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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 208, de 21/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 208
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 201
celebrada el jueves, 21 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de registro 103319.) ... (Página 10522)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:
- Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 5 de julio de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales',
serie A, número 345, de 27 de septiembre de 2002.
(Número de expediente 110/000201.) ... (Página 10523)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 348, de 8 de octubre de 2002. (Número de expediente
110/000202.) ... (Página 10523)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Checa, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 349, de 8 de octubre de 2002. (Número de expediente 110/000203.) ...
(Página 10523)
- Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte y la República de Sudáfrica, por otra, hecho en Pretoria el 11 de octubre de 1999. 'BOCG.
Sección Cortes
Generales', serie A, número 352, de 14 de octubre de 2002.
(Número de expediente 110/000204.) ... (Página 10523)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Fundaciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 105-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000105.) ... (Página 10523)
- Proyecto de Ley por la que se conceden varios créditos extraordinarios por importe total de 64.283.447,91 euros, para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivados de gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros,
transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 108-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000108.) ... (Página 10533)
- Proyecto de Ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 113-1, de 16 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000113.) ...
Avocación por el Pleno de proyectos de ley:
- Proyecto de Ley sobre la Orden Europea de Detención y Entrega. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 118-1, de 31 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000118.) ... (Página 10547)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
- Solicitud, formulada por 78 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión de Investigación sobre los hechos que han dado lugar a la imposición de una multa de casi 100 millones de euros por el fraude de las
ayudas al cultivo del lino durante las campañas 1999-2000 y 2000-2001. (Número de expediente 156/000017.) ...
(Página 10547)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputado ... (Página 10522)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores Diputados ... (Página 10522)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 10523)
Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 5 de julio de 2002 ... (Página
10523)
Sometido a votación, se aprueba por 207 votos a favor y dos abstenciones.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002 ... (Página 10523)
Sometido a votación, se aprueba por 210 votos a favor.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Checa, hecho en Valencia el 13 de mayo de 2002 ... (Página 10523)
Sometido a votación, se aprueba por 210 votos a favor y una abstención.
Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, hecho en Pretoria el 11 de octubre de 1999 ...
Sometido a votación, se aprueba por 212 votos a favor.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 10523)
Proyecto de ley de fundaciones ... (Página 10523)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de fundaciones intervienen los señores Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, que retira sus enmiendas, y Romeu i Martí, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de fundaciones, que son rechazadas.
Sometido a votación, a continuación, el texto del dictamen del proyecto de ley de fundaciones, se aprueba por 268 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones.
Proyecto de ley por la que se conceden varios créditos extraordinarios por importe total de 64.283.447,91 euros, para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivados de gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros,
transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior ... (Página 10533)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión sobre este proyecto de ley, se aprueba por 265 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones.
Proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales ... (Página 10533)
En defensa de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
A continuación se somete el texto del dictamen de la Comisión, que es aprobado.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley ... (Página 10547)
Proyecto de ley sobre la Orden europea de detención y entrega ... (Página 10547)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley sobre la orden europea de detención y entrega, lo que se
acuerda por asentimiento.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página 10547)
Solicitud, formulada por 78 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre los hechos que han dado lugar a la imposición de una multa de casi 100 millones de euros por el fraude de las ayudas
al cultivo del lino durante las campañas 1999-2000 y 2000-2001 ... (Página 10547)
El señor Caldera Sánchez-Capitán presenta en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la iniciativa porque, según sus palabras, democracia es transparencia y cuando se cometen irregularidades y hay responsabilidades políticas el lugar
adecuado para exigirlas es el Parlamento. Se refiere a tres comisiones de investigación creadas en la Cámara, la del supuesto fraude a la Agencia Tributaria, la del lino y la de Gescartera; la primera se cerró porque no se pudo probar nada, y la
segunda y la tercera se cerraron en falso, siendo en estos dos últimos casos instituciones ajenas al Parlamento quienes defiendan los intereses de los ciudadanos. A continuación se centra en el objeto de la iniciativa que su grupo trae hoy a la
Cámara, que es la solicitud de que se constituya de nuevo una comisión de investigación sobre el fraude del lino, porque la primera no sirvió para nada y son la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Antifraude de la Unión Europea y la propia Comisión
Europea quienes han coincidido en el diagnóstico de que hubo fraude generalizado en el régimen de ayudas comunitarias en el sector del lino textil. Critica la postura adoptada por la señora De Palacio, entonces ministra de Agricultura, y recuerda
las conclusiones a que se llegó en la fallida comisión de investigación sobre el fraude del lino.
Por último pide al grupo mayoritario que voten a favor de la creación de la comisión de investigación y no vuelvan a tapar con el humo negro y espeso
del lino que se quemó fraudulentamente esas responsabilidades, porque si lo tapan otra vez, dice, estarán manchando su dignidad y la de esta Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Del Burgo Tajadura, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pide la palabra en virtud del artículo 71.3 del Reglamento, que le es denegada por la presidencia.
Sometida a votación la solicitud formulada por 78 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre los hechos que han dado lugar a la imposición de una multa de casi 100 millones de euros por
el fraude de las ayudas al cultivo del lino, durante las campañas 1999-2000 y 2000-2001, se rechaza por 97 votos a favor y 167 en contra.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 103319.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TURQUÍA, PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN MADRID EL 5 DE JULIO DE 2002. (Número de expediente 110/000201.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA, HECHO EN VALENCIA EL 13 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000202.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA CHECA, HECHO EN VALENCIA EL 13 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000203.)
- ACUERDO EN MATERIA DE COMERCIO, DESARROLLO Y COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, POR OTRA, HECHO EN PRETORIA EL 11 DE OCTUBRE DE 1999. (Número de expediente
110/000204.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en alguno de los cuatro puntos de este epígrafe? (Pausa.) Entonces procederemos a las votaciones sucesivas.
Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a favor, 207; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Bulgaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 210; a favor, 210.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Checa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 211; a favor, 210; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte y la República de Sudáfrica, por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 212; a favor, 212.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES. (Número de expediente 121/000105)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, dictamen de la Comisión sobre le proyecto de ley de fundaciones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les agradecería que guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado seis enmiendas a este proyecto de ley de fundaciones.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Puigcercós, por favor.
Adelante.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy a decir de entrada que como el Gobierno de Cataluña tiene competencia exclusiva en esta materia, en leyes de carácter orgánico o de base lo lógico por nuestra
parte hubiera sido no presentar enmiendas, pero estas seis enmiendas hacen referencia a los fines que tiene que perseguir una fundación, a las funciones de idoneidad de las personas que puedan llevar a cabo una fundación y, en definitiva, al
protectorado. Según la propuesta de Esquerra Republicana, hemos asistido a un espectáculo no finalizado en el tema de la Fundación Francisco Franco. Una figura tan importante como una fundación, que se rige por derecho público, que puede recibir
subvenciones públicas, tiene que tener más control en cuanto a los fines que persigue, que tienen que coincidir con los valores democráticos y con la defensa de los derechos humanos. La Fundación Francisco Franco, que ya se debatió largamente en
este Parlamento en una interpelación del señor Saura, no responde a la persecución de fines democráticos y a la defensa de los derechos humanos. Buena parte de nuestras enmiendas hacen referencia al control que tiene que tener el protectorado, en
definitiva, a la persecución de fines, a la defensa de las libertades y a la idoneidad de los miembros que tienen que formar parte del protectorado.
Nuestras enmiendas podrían subsanar algunos defectos que recoge la ley de fundaciones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
También con mucha brevedad voy a defender las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego mantiene vivas en este estado de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de fundaciones. A pesar de reconocer que muchas de estas enmiendas
se hallan de alguna manera -y subrayo de alguna manera- recogidas en el texto del dictamen, las mantenemos vivas porque, o bien consideramos que nuestra redacción es técnicamente más afortunada, o bien que el reflejo que tienen en el texto del
dictamen no es lo suficientemente claro y amplio como para que retiremos nuestras enmiendas. En este sentido, queremos clarificar la delimitación competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, limitando la competencia estatal sólo a
aquellas fundaciones que tengan un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma, y que en estos casos el protectorado sea ejercido sólo por la Administración del Estado, que se diga lo mismo sobre la inscripción en el registro llevado
por la Administración estatal y que se diga también para las fundaciones de interés general. Por razones de seguridad jurídica pretendemos que se puedan realizar en el registro anotaciones preventivas, igual que sucede en otros registros públicos,
y que se supriman del texto de la ley las referencias a las fundaciones públicas, porque pensamos que aquí de fundaciones únicamente tienen el nombre y en realidad de lo que se trata es de un ente instrumental de la Administración, es decir, de lo
que los administrativistas llaman la huida del derecho, que no debería figurar en esta ley sino en la LOFAGE o en leyes de este cariz.
En último lugar, aunque sabemos que esto va a tener pocas posibilidades de éxito, dadas las relaciones y contraprestaciones -así se puede hablar de ello en este momento- entre el Partido Popular y la Conferencia Episcopal, enmendamos el
proyecto de ley para garantizar el carácter laico y aconfesional del Estado. Sabemos que tiene pocas posibilidades de éxito, sabemos que en la Ley de calidad de la educación y en la Ley de asociaciones se recogen prescripciones en este sentido, y
quizá los últimos documentos de la Conferencia Episcopal tengan algo que ver con este tipo de dádivas estatales, pero nosotros creemos que las fundaciones, también las de origen religioso, deben someterse al régimen general previsto en esta ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich. (El señor Puigcercós i Boixassa pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, doy por defendidas las enmiendas del señor Núñez Castain, del Partido Andalucista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, es de justicia reconocer en esta ocasión, lo mismo que otras veces somos críticos -y entendemos que tenemos que serlo- con algunas actuaciones tanto del Gobierno como del
partido que lo soporta, la buena labor que han hecho los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y en particular el señor Bermúdez de Castro. Creo que ha hecho un esfuerzo que es digno de reconocer, a fin de conseguir el mayor grado de consenso
en una ley que es muy importante, toda vez que viene a articular, quizás de una manera excesiva hacia un lado, a una gran parte de la sociedad civil, tan necesario a la hora de actuar en un Estado moderno, en una sociedad moderna y en la
profundización del sistema democrático. Por tanto, sean mis primeras palabras de reconocimiento, que creo que es la palabra más adecuada.
En consecuencia, Izquierda Unida, al verse reflejada tanto en enmiendas directamente aceptadas, la mayor parte, como en enmiendas transaccionadas, que vienen a recoger el espíritu, incluso muchas veces también la letra, de nuestras
propuestas, mantiene simplemente tres enmiendas, que por supuesto vamos a someter a votación. Nos gustaría que, bien aquí o en el trámite
del Senado, se hiciera un esfuerzo por parte del Partido Popular, aunque sé que nos van a decir, y es legítimo, que algunas de las enmiendas son redundantes, pero, como se suele decir por mi tierra y me imagino que por cualquier otra tierra
cambiando el producto, no es mal año por mucho trigo, pues no es mala la redundancia muchas veces porque los ejecutivos y las instituciones son muy olvidadizos y es conveniente recordarles determinadas obligaciones, determinados mecanismos de
control y hacer un seguimiento de la puesta en práctica y de las consecuencias que pueden tener las leyes una vez que salen de este laboratorio.
Entre las enmiendas que mantenemos, hay una en la que opinamos que estatutariamente se deberá establecer una cobertura que, mediante aseguramiento, tenga como fin cubrir las responsabilidades civiles en las que puedan incurrir los patronos
frente a la fundación o frente a terceros. Ya sé que me van a decir que es redundante, que hay otras legislaciones que le dan esa cobertura, pero yo creo que es interesante -y permítanme a esta hora de la mañana la pequeña ironía-, sería hasta
conveniente incluir en las leyes de los partidos que haya un aseguramiento para cubrir las responsabilidades civiles a los secretarios generales y a los presidentes llegado su momento. Por tanto, si puede servir para abrir esa práctica, bienvenido
sea.
También mantenemos las enmiendas 71 y 72. Hemos comprobado en el debate que, en cuanto a la enmienda 71, todas las fuerzas parlamentarias sin exclusión, unas de una forma y otras de otra, unas con un matiz y otras con otro, están
preocupadas por si en este desarrollo, que además ha sido dividido, por un lado las fundaciones y por otro los mecenazgos, no pudiéramos estar creando una especie de Estado paralelo, mediante el cual las fundaciones estuvieran dañando gravemente al
Estado social. A ese fin planteamos en nuestra enmienda que anualmente, aquí, en sede parlamentaria, el Gobierno nos traiga un informe donde de forma detallada se vean las mejoras que las fundaciones están suponiendo para los servicios, las
prestaciones que están dando, los bienes públicos recibidos por los ciudadanos, etcétera; un informe sobre las subvenciones, las transferencias y la función que están cumpliendo, para que, a la vista de todo esto, los representantes de los
ciudadanos podamos plantear resoluciones que puedan significar correcciones, actuaciones o mejoras en el texto aprobado. Se podrá decir -y es legítimo también- que eso está en el Reglamento del Parlamento, que puede surgir de su iniciativa, sean
ustedes imaginativos e impulsen en ese sentido.
Eso es verdad, pero sería tanto como decir que no tiene que haber un presupuesto todos los años, que basta con que los grupos parlamentarios lo pidan, que sean imaginativos en un momento determinado,
y habrá un debate de presupuesto todos los años, y mientras no se lo pidan el Gobierno funciona con su propio presupuesto.
Por último, señorías, hago mías muchas de las palabras que don Carlos Aymerich ha pronunciado en este sentido. Uno está cansado de ver los convenios, mal llamados concordatos, entre el Reino de España y la Santa Sede, y se dice: por
respeto a los convenios, esto tiene que quedar fuera. Me gustaría que me dijeran en qué renglón se entra en contradicción con aquellos acuerdos, que nosotros respetamos -podremos estar o no de acuerdo, a pesar de que nuestra votación en su momento
fue en contra, la del Grupo Parlamentario Comunista-, porque esos convenios no pueden ser un cajón de sastre donde entre cualquier roto y cualquier descosido. Allí no se dice nada que entre en contradicción con esta ley de fundaciones y en esta ley
de fundaciones no se dice nada que entre en contradicción con esos convenios. Por tanto, señorías, no busquemos la especificidad. Incluso no creo que sea bueno ese carácter tan específico para las fundaciones de la Iglesia católica. Estamos en un
Estado de derecho, en una sociedad tremendamente tolerante y más con el hecho religioso. Esta Cámara probablemente sea de las más respetuosas de la Unión Europea acerca del hecho religioso y el respecto a la Iglesia católica. Para igualarnos a
otros solamente nos falta traer al Papa aquí, al Congreso. Somos tremendamente respetuosos en ese sentido y no creo que sea conveniente hacer ese plus de especialidad a la Iglesia católica.
Algo que se financia, que se subvenciona, que va a tener
una cobertura o va a actuar en determinado servicio público se debe regir con esta norma.
Independientemente de que se transaccionen o de que se mejoren algunas de las enmiendas que nosotros mantenemos vivas, hemos dicho de antemano -lo dije en Comisión y lo mantengo- que nuestro voto es afirmativo, reconociendo desde un grupo
que presentó enmiendas a la totalidad que ha habido un esfuerzo notable, notorio, por parte de los portavoces del Grupo Popular para que se llegue a este punto de consenso.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con la aprobación hoy del dictamen de la Comisión Constitucional relativo al proyecto de ley de fundaciones se va a poner fin a la tramitación de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados. El producto resultante, tuvimos
ocasión de manifestarlo ya en Comisión, es, al menos para el Grupo Vasco, satisfactorio, como creo que también lo es para el conjunto de los grupos de la Cámara. Se trata de un proyecto importante, de innegable transcendencia, que incide sobre un
derecho constitucional, el derecho de fundación, que
está recogido en el artículo 34 de la Constitución, y pretende reformar la Ley de 24 de noviembre de 1994 con objeto de actualizar sus contenidos, adaptándolos a los requerimientos de una sociedad más abierta, más flexible, que reclama una
mayor autonomía y apuesta cada vez más claramente, en consonancia con las líneas que imperan en el ámbito europeo, por impulsar el fenómeno de la fundación como cauce adecuado para facilitar la participación de los ciudadanos en la consecución de
fines de interés general. Prácticamente todas las medidas de reforma que contempla el proyecto se incardinan en alguno de estos principales objetivos, que están expresamente proclamados además en la exposición de motivos.
El documento inicial, el proyecto que el Gobierno remitió a la Cámara, ha sido notablemente enriquecido con las aportaciones de todos los grupos de la Cámara tras un importante proceso de aproximación, de entendimiento y de negociación que
se sitúa -habrá que reconocerlo- en la mejor línea del parlamentarismo. Resulta forzoso reconocer en este punto la disposición, la apertura y la capacidad de diálogo que ha tenido el portavoz del Grupo Popular, el señor Bermúdez de Castro, a quien
se debe en buena medida el éxito del entendimiento alcanzado. Pese a todo, el Grupo Vasco ha mantenido una enmienda. Presentó originariamente más de 20, pero de esas 20 la gran mayoría han sido incorporadas al texto de una u otra manera, bien sea
literalmente o bien sea en sus contenidos materiales, y alguna que otra ha sido retirada porque carecía de sentido con la nueva orientación que ha recibido el texto. Mantenemos viva una enmienda que no ha sido incorporada al texto, que no ha sido
considerada tampoco -seguramente por razones fundadas, en el sentido de que lo que se plantea es la reforma de una norma distinta a la que específicamente se ocupa de la regulación de las fundaciones-, pero que es conveniente mantenerla porque
creemos que es una aportación importante al fenómeno fundacional, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de la gestión pública local.
Me explico. El proyecto contiene una regulación bastante completa de lo que son las fundaciones públicas del Estado, una regulación concisa, es cierto, breve, pero suficiente del fenómeno fundacional público estatal.
Las fundaciones
públicas estatales se definen en el artículo 44 del proyecto, el artículo 45 regula el procedimiento que ha de seguirse para su creación y el artículo 46 establece escuetamente su régimen jurídico.
Además, hay dos disposiciones adicionales, la
tercera y la cuarta, que también hacen referencia al fenómeno público fundacional, al específico del ámbito sanitario, estableciéndose que las fundaciones públicas sanitarias, aquellas a las que se refieren las normas que se citan en estas dos
disposiciones adicionales, la tercera y la cuarta, se regirán por su normativa específica. La regulación que se recoge en el proyecto es muy flexible, muy amplia, que instituye además con carácter general una nueva fórmula de organización
administrativa para la gestión de los servicios públicos en el caso del Estado, una fórmula distinta por cierto a las previstas con vocación codificadora en la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, que
aspiraba -y así lo reconocía su exposición de motivos- a tipificar la Administración institucional en torno a dos tipos solamente de organismos, los organismos públicos y los entes públicos empresariales.
Esta norma viene a romper ese esquema rígido que contempla la LOFAGE. Por tanto creemos que se trata de una regulación amplia, flexible y muy tolerante en lo que se refiere al régimen jurídico de la Administración institucional. Este mismo
criterio debería seguirse en lo que se refiere al reconocimiento de la misma capacidad a los entes locales, porque la regulación de este nuevo tipo de ente público para la Administración general del Estado está consagrada ya en esta ley
-evidentemente las comunidades autónomas, haciendo uso de su capacidad autoorganizativa, podrán también crear entes parecidos o similares, que permitirán flexibilizar las fórmulas organizativas de las que podrán dotarse de cara a desempeñar sus
funciones, a desarrollar su labor de servicio-, pero nos queda pendiente el ámbito local.
Nosotros pretendíamos con la única enmienda que mantenemos viva, la enmienda número 31, abrir un cauce para que esta fórmula organizativa pública pueda proyectarse y hacerse extensiva también al ámbito local. En el ámbito local existe una
tipología de entes públicos reconocida ya en el artículo 85 de la Ley de bases de régimen local, pero la realidad pone de manifiesto que existen entes de servicio creados de hecho en algunas administraciones locales que carecen de una cobertura
específica desde el terreno de la normativa que rige el derecho de fundación. Por tanto, esta enmienda, que pretende someter a la consideración de la Cámara este específico problema, podría ser incorporada al texto del proyecto para que en los
entes locales exista asimismo una cobertura específica de cara a la posibilidad de crear entes fundacionales específicos del ámbito local, que les posibiliten gestionar sus servicios públicos con arreglo a este modelo organizativo. Sería una
aportación positiva. La enmienda desde luego no pretende ser cerrada, está abierta a cualquier tipo de transacción o de aportaciones de otros grupos; no pretende ser un esquema rígido y definitivo, sino que se limita, como antes decía, a exponer
un problema que existe en la realidad y aspira a someterlo a la consideración de la Cámara. Insisto en que podría ser una aportación positiva para la solución de un problema que de hecho existe en la Administración local.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias.
Muy brevemente. Intervengo para dar por retiradas las enmiendas a la ley de fundaciones, en tanto en cuanto entendemos desde la posición andalucista que las garantías que hemos ido pidiendo en nuestras enmiendas se han ido recogiendo en el
texto que se ha trabajado en ponencia. Quiero agradecer también la aceptación en el texto de la enmienda andalucista respecto a la garantía solidaria de los patronos.
Doy por retiradas las seis enmiendas restantes, porque entiendo que ese espíritu garantista está recogido en el texto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Romeu.
El señor ROMEU I MARTÍ: Señora presidenta, señorías, cuando se realizó el debate a la totalidad del proyecto de ley de fundaciones, presentado por el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista no presentó enmienda a la totalidad, tal y
como manifestó desde esta misma tribuna mi compañera Amparo Valcarce. No lo hicimos por entender que el texto presentado por el Gobierno era válido, aunque a nuestro parecer mejorable. En definitiva era una buena base para poder trabajarla y
mejorarla atendiendo a nuestros criterios.
Las enmiendas que nuestro grupo presentó, y que entendemos básicamente incorporadas en cumplimiento de nuestros objetivos, intentaban por una parte intensificar la naturaleza propia de las fundaciones y su filosofía para que sus fines y
objetivos no se vieran truncados por prácticas posteriores que no se correspondieran con la propia finalidad de las fundaciones. En este sentido hemos querido evitar que las fundaciones se conviertan, por ejemplo, en meras sociedades de tenencia de
bienes o de gestión de herencias. Nosotros entendemos las fundaciones, tal como lo hace la Constitución española, la Unión Europea y el Tribunal Constitucional, como un instrumento de vertebración social, de movilización de la sociedad civil y por
tanto instrumentos para conseguir objetivos que inviertan en el interés general y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. A la vez entendemos, junto con el resto de los grupos parlamentarios, que es necesario que conste
fehacientemente en el texto la necesidad de incluir como fines fundacionales la defensa de los valores democráticos, los valores que recoge el texto constitucional y el fenómeno de la economía social, para que se evidencie la voluntad del legislador
de que las fundaciones son instrumentos de defensa de la libertad, la democracia, la participación social y busquen siempre los máximos beneficios sociales, para evitar que las fundaciones se utilicen como un instrumento al servicio de ideologías
decadentes que atentan contra los derechos de todo ser humano. Hemos intentado recoger el sentir de las fundaciones constituidas en la actualidad para que este proyecto sea un margen eficaz y facilite su funcionamiento, siempre atendiendo la
necesaria participación de la Administración.
Entendemos que las fundaciones no pueden ser el sustituto de otros elementos de integración y vertebración social, como son por ejemplo las asociaciones, y en este sentido hemos acordado el establecimiento de la cantidad mínima para la
constitución de las fundaciones en 30.000 euros, cuantía que reduce sensiblemente la presentada en el proyecto de ley y que entendemos cantidad suficiente para que se inicien los trabajos fundacionales con garantía de cumplimiento de sus objetivos.
Señorías, nosotros compartimos el principio de confianza en las fundaciones y en el protectorado y entendemos la necesaria simplificación de los procedimientos y la propia autonomía de los órganos de la fundación, pero también entendemos, por las
razones que he explicado anteriormente, que no pueden quedar ajenos al control de la Administración, dado su papel y su capacidad económica. Por eso hemos presentado enmiendas, que se han aceptado, respecto de la concreción de los planes de
actuación, los presupuestos y la definición de las memorias de actuación que tienen que presentar los patronatos.
El Grupo Socialista entiende y comparte la necesidad de potenciar el fenómeno fundacional, definir el papel del protectorado, facilitar los procesos de fusión, atendiendo siempre a la voluntad, en su caso, del testador; sustituir en algunos
casos la exigencia de autorización por la simple comunicación como elemento para agilizar trámites y procedimientos y finalmente constituir el consejo superior de fundaciones, tal como establece la ponencia del proyecto de ley presentado.
Compartimos y reconocemos muy favorablemente la adecuación del texto presentado por el Gobierno para que se reconozca, se regule y se compatibilice con la legislación autonómica y por tanto no aparezca margen para la interpretación respecto de los
ámbitos competenciales del Estado y de las comunidades autónomas competentes en esta materia.
En resumen, señora presidenta, las enmiendas que hemos presentado y que hemos tratado de acordar en la ponencia pretendían fundamentalmente, en primer lugar, garantizar la seguridad jurídica de todas las situaciones que se deriven de las
fundaciones, evitando al máximo las posibles interpretaciones o lagunas futuras del articulado. En segundo lugar, evitar la vulneración de los fines y los objetivos básicos que rigen la propia filosofía e idiosincrasia de una fundación y el
posterior desarrollo de su actividad. En tercer lugar, mejorar el control y seguimiento de las fundaciones para que sus fines no se vean vulnerados.
En cuarto lugar, entendemos que las fundaciones son un instrumento del denominado tercer sector
para facilitar y ayudar a la vertebración de la sociedad y potenciar los principios
democráticos, mediante la búsqueda y consecución de fines sociales de interés general. En quinto lugar, hemos pretendido favorecer su funcionamiento, los procedimientos dentro de un margen explícito que hagan constar sus planes de
actuación, memoria del ejercicio y origen y destino de los fondos económicos recibidos, tanto por las entidades públicas como por entidades privadas.
Dicho todo lo anterior, creo necesario -como han hecho los compañeros que me han precedido- manifestar nuestra consideración hacia el resto de grupos parlamentarios participantes en la ponencia y hacia los esfuerzos que unos y otros hemos
realizado para conseguir un texto lo más acorde posible con nuestros principios y que en definitiva busque la máxima vertebración social y la garantía del respeto a los objetivos y finalidades básicas para las que se crean las fundaciones.
A pesar de lo manifestado, el Grupo Socialista mantiene vivas dos enmiendas de las presentadas, que son las que afectan a las disposiciones adicionales segunda y tercera. La disposición adicional segunda trata de las fundaciones de
entidades religiosas y nuestra enmienda insiste en la necesidad de la supresión de esta disposición que anuncia que lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia católica y en los acuerdos y
convenios de cooperación suscritos por el Estado con otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación para las fundaciones creadas o fomentadas por las mismas.
Entendemos que hoy resulta
necesario revisar los efectos de la redacción propuesta en el proyecto de ley a la luz de los artículos 9 y 14 del texto constitucional, que establecen los principios de legalidad e igualdad, ya que no puede prevalecer ningún tipo de discriminación.
Nos parece necesaria la aplicación de la presente ley a todas las fundaciones sin excepción.
Por lo que respecta a la enmienda que mantenemos de supresión de la disposición adicional tercera, afecta a las fundaciones públicas excluidas, concretamente las fundaciones públicas sanitarias a las que se refiere el artículo 111 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, texto que pretendemos suprimir con esta enmienda en coherencia con la posición de este grupo parlamentario respecto de estas fundaciones públicas sanitarias, por
entender que estas no tienen carácter fundacional. Nosotros pensamos que las fundaciones públicas sanitarias son un instrumento que se introdujo en su día para la posible privatización de la sanidad, por lo que los socialistas siempre hemos
entendido la posibilidad de empresas públicas de gestión sanitaria que permitan que los poderes públicos tengan el verdadero control directo sobre estas entidades y no sobre fundaciones que dan margen a la iniciativa privada para la gestión y la
práctica de la sanidad. A excepción de estas dos enmiendas que mantenemos vivas en este debate, el resto las hemos intentado negociar y concretar conjuntamente con los otros grupos para que la ley que tratamos tenga el máximo consenso y apoyo y sea
un mecanismo real y eficiente en la regulación y en el funcionamiento de un instrumento a disposición de la sociedad que entendemos importante y vertebrador.
Finalmente, señora presidenta, quiero reiterar el agradecimiento por el talante abierto y negociador de todos los grupos y por la permanente necesidad y vocación de acercar posturas y tratar de llegar a acuerdos para conseguir un texto que
regule las fundaciones, que las agilice y que mejore su control. En definitiva, conseguir un texto legal estable no sujeto a rápidos cambios y que sirva a la filosofía, a los orígenes y a los principios de las fundaciones.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romeu.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente el dictamen que hoy llega al Pleno enviado por la Comisión donde hemos debatido este proyecto de ley de fundaciones, porque entiende que se recupera el espíritu que tuvimos en 1994, en mitad de la V
Legislatura, para aprobar la Ley 30 de ese mismo año y que en aquel consenso que tuvimos todos los grupos se quedó a medio camino con respecto al texto que hoy nos llega. Ese espíritu de mejorar la Ley de fundaciones de 1994 se ha concretado de
manera muy eficaz, muy consensuada y muy inteligentemente llevada, y mi grupo llega a este trámite de Pleno sin ninguna enmienda viva porque prácticamente todas fueron recogidas, bien en su sentido literal, bien en el espíritu de su intencionalidad,
por el ponente del Grupo Parlamentario Popular, señor Bermúdez de Castro. Nos sentimos perfectamente reconocidos en esta ley de fundaciones.
Entre mis amarillos papeles del seguimiento de las fundaciones querría recordar hoy un artículo que se publicó en julio de 1997, en el diario EL PAÍS, firmado por el entonces presidente del centro de fundaciones, don Antonio Saenz de Mier,
que decía que aquel espíritu que tuvimos en 1994 no concretó una ley que hubiera sido la mejor de las deseables y que era necesario perfeccionar el texto de la Ley 30/1994. Hoy lo hemos conseguido, hoy hemos puesto al servicio de la sociedad
española un instrumento jurídico que está de acuerdo con la talla de la demanda. Si en la sociedad hay una demanda de fundaciones, el traje jurídico que las arrope no puede ser de una talla muy inferior a la que permita a este fenómeno social,
económico y político, realizarse en su plenitud. Y creo que le brindamos el instrumento institucional complementado con el proyecto
que habíamos aprobado en esta Cámara -hoy en el Senado- para los incentivos fiscales al mecenazgo. En primer lugar, temas ambiguos de interés general de la Ley 30/1994 están hoy representados con una palabra singular y propia que es el
mecenazgo, ese incentivo fiscal, y se han superado los dos escollos fundamentales que lastraron la ley de 1994, el recelo y la desconfianza, recelo y desconfianza salidos más del ámbito fiscal, hacendístico, de la Administración y, por qué no
decirlo, también político, porque los ámbitos fiscales están supeditados -y deben estarlo- en una sociedad democrática al criterio más pluralista, amplio y por tanto democrático de la opinión pública y de la voluntad política de corregir las leyes
técnicas, que en otros temas puede ser un instrumento puramente fiscal pero que aherrojaba este fenómeno de las fundaciones en esos principios de recelo y de desconfianza.
Nos encontramos por tanto en estos momentos con un instrumento jurídico del que el tiempo dirá de sus bondades, pero al menos el legislador ha puesto a su disposición este instrumento donde quedan perfectamente sistematizados todos los
aspectos de casuística y de ordenamiento jurídico concreto para evitar áreas oscuras, áreas de inseguridad jurídica, áreas de indeterminación o de indefinición. Es un proyecto flexible y generoso en cuanto a las exigencias patrimoniales y
constitutivas; veremos la práctica, que va a encomendarse a la responsabilidad de la sociedad civil y de todas las entidades que vayan a promover la creación de una fundación. Ahí tenemos el patronato con las exigencias a los patronos, que era
necesario definir en cuanto a sus responsabilidades jurídicas y financieras y de todo orden direccional en el buen gobierno de las fundaciones. Tenemos la figura del protectorado; algunas voces todavía críticas hablan de que tal vez tenga un
sistema muy intervencionista, muy directo, de un órgano de la Administración. Bien, vamos a aceptarlo como una tutela temporal y provisional y el tiempo dirá, según la madurez que alcancen los patronatos, los patronos y el funcionamiento de
gobierno, si el protectorado es un auténtico órgano coadyuvante, orientativo, que cumpla unos requisitos de visto bueno para el registro de fundaciones. También esperamos un gran consenso de participación entre las administraciones públicas, la
Administración central del Estado, los patronatos, las fundaciones; en una palabra, para que el consejo superior de fundaciones sea un instrumento vivo y activo.
Con esta figura jurídica e institucional dentro del campo de las fundaciones
aportamos, desde el Poder Legislativo, un instrumento de garantía y un punto de encuentro, para que las instituciones, que actualmente están reagrupando fundaciones, también puedan tener un lugar de opinión cualificada importante a estos efectos.
Señora presidenta, mi grupo se congratula de que hayamos encontrado un escenario donde ha habido las aportaciones que he comentado por parte de todos los portavoces que nos hemos sentado a recoger una exigencia social y transformarla en una
buena ley cuando se apruebe definitivamente por las Cortes Generales. De aquí que nuestro voto sea un voto de un verdadero sentido de conexión con la sociedad, un verdadero voto positivo en el mejor sentido político, democrático y parlamentario de
la palabra.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, tras su dictamen en la Comisión Constitucional, llega hoy al Pleno de la Cámara un proyecto de ley importante, el proyecto de ley de fundaciones, que, una vez superado el trámite de
ponencia y Comisión, tiene un amplio clima de consenso. De ahí que mis primeras palabras sean de felicitación al señor Bermúdez de Castro y al resto de ponentes por haber sido capaces de lograr este consenso en una ley importante como esta que va a
regular las fundaciones, porque es un mensaje que damos a la sociedad civil.
Cuando regulamos las fundaciones no hacemos otra cosa que regular un fenómeno social importante, que en Cataluña tenemos muy presente que enriquece la sociedad y que expresa claramente la pluralidad. Las asociaciones, las fundaciones, todo
lo que llamamos tercer sector. Quiero recordar que en Cataluña, donde también tenemos competencias en este ámbito -concretamente el artículo 9, apartado 24, del Estatuto de Cataluña reconoce unas competencias en materia de fundaciones-, ya hicimos
una ley específica en el año 1982, que fue modificada en el año 2001. La ley de 2 de mayo del año 2001 del Parlament de Catalunya regula también las fundaciones. Hoy somos capaces de dar un mensaje de consenso hacia ese mundo fundacional, un mundo
que la propia Comisión Europea, en su comunicación de 30 de marzo del año 1998, ha reconocido que tiene una relevancia especial, que contribuye a la creación de empleo, que ejerce una actividad importante y esencial en las políticas de desarrollo y
que contribuye a un concepto que desde la Unión Europea se ha enfatizado y que yo quiero destacar. Contribuyen las fundaciones a lo que se denomina ciudadanía activa y a la propia democracia, porque enriquecen la pluralidad de la sociedad, porque
proporcionan una amplia gama de servicios, porque representan los intereses de los ciudadanos ante las administraciones públicas y, en definitiva -dice la Unión Europea a través de la Comisión-, porque las fundaciones asumen una función muy
importante en la salvaguardia de los derechos humanos.
Hoy este consenso es importante, porque el consenso significa que trasladamos una seguridad jurídica en
el marco normativo. Las fundaciones saben que de esta Cámara, el Congreso de los Diputados, y posteriormente del Senado, saldrá una ley que previsiblemente perdurará en el tiempo porque nace de ese consenso. Por lo tanto, ante posibles
cambios de gobierno, no habría una litigiosidad ante el marco normativo de las fundaciones y podrían desarrollar su actividad conociendo ese marco, sabiendo que hay seguridad en el mismo.
Además quiero destacar que es un marco normativo adecuado
porque flexibiliza las fórmulas organizativas de las fundaciones, reduce el intervencionismo público y evita rigideces. Es un marco normativo que mi grupo considera adecuado, especialmente porque hemos conseguido pulir una posible fuente de
conflictos competenciales. Al final, tras el trámite de ponencia y Comisión, hemos modificado la disposición final primera y hemos logrado que en el ámbito competencia también pueda existir un acuerdo. De ahí que la valoración sea positiva.
Consideramos igualmente positivo que se separe en dos el proyecto, que era único en el año 1994. Quiero recordar que en el año 1994 la primera regulación de los incentivos fiscales a las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y la
regulación de las fundaciones iba en un único proyecto, proyecto que fue impulsado en su día por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que en distintas legislaturas había pedido una ley de mecenazgo. Mi grupo ahora, como digo,
considera positivo que se desgaje en dos, porque los incentivos fiscales van muy ligados siempre a lo que es la normativa fiscal del año en curso, normativa fiscal que es mutable por propia naturaleza, a veces demasiado. De hecho, nos quejamos de
que las leyes de acompañamiento van muchas veces engrosando cambios normativos en normas fiscales. Preservamos de esta forma que la regulación jurídica de las fundaciones irá de forma independiente, con lo cual va a poder perdurar en el tiempo con
la seguridad jurídica en el marco normativo, consiguiendo potenciar el fenómeno fundacional, fenómeno -quiero recordar una vez más- que en Cataluña es muy rico y muy plural pero que necesita una potenciación por parte de los poderes públicos.
Necesitamos en definitiva superar lo que podría ser una desconfianza hacia ese mundo. Las fundaciones son parte de la sociedad civil que prestan un servicio público, que prestan servicios a la comunidad. En muchas ocasiones contribuir a una
fundación es otra forma de pagar impuestos, porque quien hace una donación a una fundación está colaborando en lo que después es un fin de interés general.
Mi grupo se congratula del clima de consenso y de que se desgaje en dos lo que era una única normativa en el año 1994. En definitiva se congratula de que este nuevo marco normativo, que respeta las competencias autonómicas, pueda realmente
dar el mensaje al conjunto de la sociedad de que hacemos una apuesta en positivo para que las fundaciones puedan ser cada vez más importantes, más ricas y más plurales.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Grupo Parlamentario Popular, señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con la satisfacción de haber alcanzado entre todos los grupos parlamentarios un alto grado de consenso aprobamos esta mañana en el Congreso el dictamen de la Comisión Constitucional de la nueva ley de fundaciones. No creo
equivocarme si afirmo que este proyecto de ley entró con buen pie en esta Cámara, porque, en esa práctica tan saludable que tiene el Gobierno de intentar legislar no sólo para la sociedad sino sobre todo con ella, ya se había producido con carácter
previo un intenso diálogo con el sector fundacional, de suerte que cuando el proyecto de ley fue remitido por el Gobierno a esta Cámara contaba ya con el respaldo de las fundaciones en la medida en que recogía buena parte de sus demandas y de sus
reivindicaciones. Nosotros hemos completado ese trabajo a través del diálogo entre los grupos y con las asociaciones de fundaciones y desde el reconocimiento del importante avance que supuso la aprobación de la vigente Ley de fundaciones de 1994,
que puso fin a la anterior normativa incompleta y preconstitucional, pero también conscientes de la necesidad de dotar de un nuevo marco jurídico a este sector, que ha experimentado un importante auge y desarrollo en la última década. Señorías, se
trataba de ponernos de acuerdo en los principios y en el modelo que desarrollase los elementos esenciales sobre los que se asienta la institución fundacional. Afortunadamente, lo hemos conseguido; lo hemos conseguido, además, sobre la base de un
principio que va a servir de cauce y no de freno a todo ese caudal y capacidad de iniciativa que viene demostrando la sociedad española para colaborar con los poderes públicos en la consecución de fines de interés general. Me estoy refiriendo, como
anunciaba anteriormente el señor Mardones, a un principio tan importante como el de confianza.
La confianza en la sociedad civil, en las fundaciones y sus gestores -así como en la acción tutelar de la administración, unida a una concepción de las relaciones entre los poderes públicos y las fundaciones basadas en la cooperación- ha
sido el principio, la filosofía, que impregna el conjunto de la nueva ley de fundaciones. Por ello, no es de extrañar que en su contenido se refleje una mayor autonomía, por tanto un menor grado de intervención de los poderes públicos en la vida de
las fundaciones, con objeto de seguir potenciando el fenómeno fundacional e incentivando el ejercicio del derecho de fundación, que está cobrando una importancia creciente en nuestra sociedad. Ese incremento que se está produciendo en el ejercicio
del derecho de fundación es un reflejo de lo que es y quiere
seguir siendo la sociedad española, una sociedad abierta, fuerte y creativa, que día tras día viene reclamando un papel protagonista ante los poderes públicos, una sociedad que ha tomado conciencia de su capacidad de aportación en causas de
interés general, preocupada por la comunidad, una sociedad solidaria como es la española. Una sociedad que está demostrando con creces esa voluntad de actuación, ese dinamismo, esa importante capacidad de iniciativa, merece ese factor de confianza
para que pueda seguir contribuyendo, junto a los poderes públicos, a la consecución de fines que interesan y benefician a todos por ser de interés general. Una de las mejoras que hemos introducido en el texto ha sido completar la definición del
interés general, considerando que las fundaciones cumplen la finalidad de fomentar la tolerancia, de perseguir la promoción y atención de personas en riesgo de exclusión o de promover la defensa de los valores democráticos y de los principios
constitucionales.
Otro de los acuerdos más importantes alcanzados, que afecta a uno de los elementos esenciales de la fundación, ha sido establecer la presunción de suficiencia de la dotación en 30.000 euros, pretendiendo con ello garantizar un mínimo volumen
patrimonial que permita asegurar el cumplimiento de los fines a los que se orienta la fundación, si bien esa cantidad podrá ser rebajada, nunca incrementada por el protectorado, mediante la presentación de un estudio económico que garantice la
viabilidad de la fundación.
De otro lado, se establece como regla general que la mera dación de cuentas o comunicación al protectorado de los actos de disposición de los bienes se decida por el patronato como órgano de Gobierno de la fundación. ¿Por qué?
Sencillamente porque el derecho de fundación es una manifestación del derecho de libertad y su ejercicio un acto de liberalidad privado, que afecta unos bienes al cumplimiento de un fin de interés general y, como tal, no exige más intervención de la
Administración en su función de tutela que aquellas que se deriven de la salvaguarda del fin fundacional. Por ello, mantenemos como excepción a la regla general la necesidad de autorización previa del protectorado para la enajenación o gravamen de
los bienes y derechos que formen parte de la dotación, precisamente para preservar la integridad de la misma como garantía de cumplimiento de los fines fundacionales.
Otra novedad es que los excedentes de cada ejercicio no tendrán que destinarse, como hasta ahora, a incrementar la dotación, sino que el patronato, dentro del principio de autonomía que impregna el conjunto de la norma, podrá decidir
destinarlos a incrementar las reservas patrimoniales. De otro lado, se deja a criterio de la fundación que el domicilio sea el lugar donde se encuentre la sede de su patronato o el lugar donde desarrolle principalmente sus actividades, siendo este
último elemento territorial el criterio delimitador de inscripción de la fundación, bien en el Registro Nacional de Fundaciones bien en los respectivos registros autonómicos, pues ha quedado perfectamente claro y reflejado en el proyecto el respeto
a los títulos competenciales existentes y la aplicabilidad preferente de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan.
Estas mejoras que hemos introducido en el trámite parlamentario, unidas a otras tantas que se han puesto de manifiesto por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y a aquellas novedades que en el día de presentación de
este proyecto de ley glosó desde esta tribuna el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, configuran un nuevo régimen jurídico de las fundaciones más completo, más garantista y un instrumento útil que debe servir de impulso y desarrollo
del movimiento fundacional.
En relación a las enmiendas que permanecen vivas, Izquierda Unida nos propone que se establezca un seguro que cubra la responsabilidad de los patronos. Nosotros entendemos que es una mención innecesaria, que debe estar incluida en ese
principio de autonomía del patronato; es una decisión que puede adoptar el patronato lícitamente, siempre y cuando ese seguro no se dirija a cubrir la responsabilidad de los patronos frente a la propia fundación. De la misma manera, entendemos que
no debe regularse por ley la obligación del Gobierno de rendir cuentas de las fundaciones del sector público estatal ante esta Cámara, en la medida en que esa posibilidad ya está prevista, a través de la correspondiente iniciativa parlamentaria,
dentro de los mecanismos de control al Gobierno que prevé el reglamento de esta Cámara.
Respecto a la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, que propone regular las fundaciones del ámbito estatal en el ámbito local, no vamos a apoyarla, sin perjuicio de que sigamos trabajando para encontrar, entre todos, un texto de consenso
en el trámite parlamentario del Senado.
Otro grupo de enmiendas pretende suprimir o modificar la disposición adicional que hace referencia al régimen específico de las fundaciones de entidades religiosas. Ya tuvimos ocasión de pronunciarnos sobre este tema con ocasión del debate
de la enmienda a la totalidad. Por ello, hoy volvemos a reiterar que esa previsión legal no es ninguna novedad porque ya aparecía contemplada en la vigente Ley de Fundaciones de 1994, en una disposición que no fue enmendada ni objetada por ningún
grupo parlamentario de esta Cámara. Lo que estamos haciendo en el nuevo proyecto de ley es reproducir la misma disposición aclarando, eso sí, que además de a la Iglesia Católica, nos referimos al resto de las iglesias y confesiones religiosas. Con
ello respetamos el sistema de fuentes establecido en el ordenamiento jurídico español; como ya hizo el anterior Gobierno socialista, lo que hacemos es respetar lo establecido en los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, que
tienen plena vigencia y la consideración de tratado internacional, por lo que nunca
podríamos modificar su contenido a través de esta ley, que no deja de ser una ley ordinaria.
Por último, con relación a la objeción que plantea el Grupo Socialista respecto a las fundaciones públicas sanitarias, quiero significar que ya la vigente Ley de 1994, en su artículo 6, permitía que las personas jurídico-públicas pudieran
constituir fundaciones, por lo que tampoco es ninguna novedad. Lo que hicieron la Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de 1997, y la Ley de acompañamiento del año siguiente, no fue otra cosa que
establecer que, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la gestión y administración de centros, servicios y establecimientos sanitarios, podría llevarse a cabo a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad
pública admitidas en derecho, entre las cuales se encuentran, lógicamente, las fundaciones públicas sanitarias. Hoy ya se han transferido las competencias sanitarias a todas las comunidades autónomas y muchas de ellas, de todo signo político,
siguen utilizando la institución fundacional como modelo de gestión de determinados centros sanitarios, y le pongo como ejemplo la Fundación Hospital Manacor o la Fundación Hospital de Arriondas, en Asturias, por poner ejemplos de comunidades
autónomas gobernadas por responsables pertenecientes a su grupo parlamentario. Por ello en el proyecto de ley, respetamos las competencias que hoy tienen las comunidades autónomas, estableciendo el carácter supletorio de la nueva ley de
fundaciones.
En cualquier caso, y termino, señora presidenta, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Hemos alcanzado un acuerdo en lo fundamental y quiero reconocer aquí el esfuerzo y el talante dialogante que han mostrado todos los
portavoces y ponentes, señores Leguina, Romeu, Labordeta, Erkoreka, López de Lerma, Jané, Mardones, a quienes además agradezco los reconocimientos que me hacen desde esta tribuna, que en este caso, por ese esfuerzo dialogante, negociador y por el
acuerdo alcanzado, son recíprocos. Mi agradecimiento también a mi compañero Federico Souvirón y, en este caso -y no le voy a decir, señor Rejón, que sin que sirva de precedente, ojalá sirva de precedente-, también al señor Rejón, con quien hemos
realizado la negociación más difícil, pero también la más satisfactoria porque, después de que hubiera presentado una enmienda a la totalidad, hemos conseguido que el Grupo de Izquierda Unida se sume a este consenso. Por tanto, es muy importante
hacer un especial reconocimiento al Grupo de Izquierda Unida. Por supuesto, agradecer, como siempre, la labor del letrado, que, con mucha paciencia, nos ha ayudado a encontrar textos que reflejasen, si no en la totalidad, sí al menos parcialmente,
las pretensiones de cada grupo, de suerte que hemos conseguido que esta ley, que en origen era del Gobierno, hoy también lo sea de todos los grupos parlamentarios.
Termino, señora presidenta. Si importante es el alto grado de consenso, mucho más importante es el convencimiento de haber logrado un buen texto legal, una ley que, además, nace con vocación de permanencia en el tiempo, una ley que afronta
los principales problemas y da respuesta a las demandas de las fundaciones y que va a servir para mejorar las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos y para favorecer la participación y el compromiso creciente de los españoles en la
consecución de fines de interés general, en mejorar la sociedad en la que viven. En definitiva, una ley que servirá para avanzar y dar un paso más en el reconocimiento de la importantísima labor que realiza a favor de nuestra sociedad el conjunto
de las fundaciones en España.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley de fundaciones y del dictamen. En primer lugar, votamos las enmiendas del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 115; en contra, 153; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 75 y 77 del señor Aymerich, asimismo del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 119; en contra, 155; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 79 y 80.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 101; en contra, 154; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 81, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 101; en contra, 166; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 57 y 71.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 100; en contra, 155; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 72, asimismo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 100; en contra, 166; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 122; en contra, 152; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 102; en contra, 165; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 268; en contra, dos, abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 64.283.447,91 EUROS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DERIVADOS DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS,
TRANSFERENCIAS CORRIENTES E INVERSIONES REALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. (Número de expediente 121/000108.)
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley por la que se conceden varios créditos extraordinarios por importe total de 64.283.447, 91 euros, para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivados de gastos
corrientes en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones reales del Ministerio del Interior.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Votación del dictamen de la Comisión sobre este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 265; en contra, ocho; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. (Número de expediente 121/000113.)
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas del señor Saura.
En lo que se refiere a la enmienda que mantenemos viva, pretende algo evidente, una cuestión implícita en el propio proyecto de ley, tienen que preservarse las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco y también de la Comunidad
Foral de Navarra en materia de fiscalidad. En todo caso, aunque tuviera que ser evidente... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster, por favor.
Señorías, hay una diputada en el uso de la palabra intentando que se oiga su intervención. Les ruego que guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Decía brevemente que el proyecto de ley tiene que respetar las competencias que en materia de fiscalidad corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de su concierto y a la Comunidad Foral
de Navarra en virtud de su convenio. Por ello hemos querido expresarlo de una manera clara y hemos presentado esta enmienda, con la cual se pretende preservar esas competencias que corresponden a estas dos comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado 28 enmiendas a este proyecto de ley de haciendas locales. Creo que vale la pena empezar por la que nosotros creemos importante y básica.
(La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Lo lógico sería que esta ley, una vez aprobada, entrara en vigor el 1 de enero de 2004, pues retrasar su entrada en vigor beneficiaría a los ayuntamientos. La prisa que se ha dado el
Gobierno en introducir el debate de esta ley y ponerla en aplicación ha dejado en una situación difícil y compleja a muchos ayuntamientos, cuyos presupuestos y ordenanzas, en definitiva su previsión de ingresos, estaban en fase de aprobación. La
prisa del Gobierno sólo responde a fines electoralistas.
Era evidente que esta era la promesa que había hecho el Partido Popular, ha tenido casi tres años para ponerla en práctica con tranquilidad, buscando una formulación real de la mejora de la
financiación de las haciendas locales, no lo ha hecho y ahora nos encontramos con esa situación.
En segundo lugar, buena parte de nuestras enmiendas hacen referencia a la necesidad de acabar con una situación que está planteando la propuesta del Partido Popular, que es la dualización de los ayuntamientos en dos velocidades: unos
ayuntamientos capitales de provincia y ciudades de más de cien mil habitantes, que participarán de una cesta de impuestos, y aquellos que en este caso no van a participar, artículo 112. En Esquerra Republicana entendemos que esta dualización es
negativa. En segundo lugar, hacemos la propuesta de que se baje el listón de cien mil habitantes hasta cinco mil, porque así evitamos la dualización y acabamos con una situación injusta de muchos municipios que con menos de cien mil habitantes
tienen mucho más gasto municipal, con presupuestos más elevados, que muchas capitales de provincia. En cuanto a los municipios no contemplados en el artículo 112 -a propuesta del Partido Popular los de menos de cien mil habitantes que no son
capitales de provincia-, las comunidades autónomas tendrían que tener más participación en la gestión de los fondos con los cuales tienen que manejarse estos municipios. En definitiva, hace falta un modelo más homogéneo para los municipios que no
estén contemplados en el artículo 112, que la evolución de sus ingresos tenga más homogeneidad y exista un control por parte de las comunidades autónomas.
En tercer lugar, hay que aumentar la participación de la cesta de impuestos de los municipios del artículo 112. Hay que ampliar la participación en la cesión del IRPF, del impuesto sobre el valor añadido y de los impuestos especiales,
básicamente del rendimiento líquido, y también aumentar todo lo que no está cedido a las comunidades autónomas de rendimiento líquido. Señores del Partido Popular y de los partidos que consideren que esta es una buena ley, la descentralización es
real cuando comunidades autónomas y entes locales pueden participar de los impuestos del Estado, no así el modelo que ustedes están creando para los municipios que están fuera del artículo 112.
También proponemos en nuestras enmiendas la creación de un nuevo impuesto de pernoctación en los municipios turísticos, que vendría a subsanar las deficiencias que tienen las haciendas locales de los municipios turísticos que con la
estacionalidad ven incrementados sus gastos en materia de tránsito urbano, seguridad ciudadana, recogida y tratamiento de residuos, o suministros básicos, como, por ejemplo, agua y electricidad. Los ayuntamientos podrían crear una ordenanza fiscal
para compensar este sobreesfuerzo de financiación en la estacionalidad.
Incluimos también en nuestras enmiendas la propuesta unánime del Ayuntamiento de Barcelona: la Carta Municipal de Barcelona. Creemos que Barcelona tiene unos gastos de capitalidad que hay que compensar y hubiera sido una buena oportunidad
que en esta ley se planteara estos gastos que pueden tener capitales como Barcelona. También se hubiera podido aprovechar esta ley para acabar con ciertos privilegios; por ejemplo, el privilegio de las concesionarias de autopistas que están
exentas, según diferentes acuerdos del Gobierno, del pago del impuesto de bienes inmuebles. Esto no puede continuar así porque muchos ayuntamientos dejan de percibir unos ingresos que podrían subsanar buena parte de sus miserias en las haciendas
locales. El caso de Telefónica lo incluimos en una enmienda porque consideramos que tendría que contribuir por su utilización de línea. Hemos introducido también una modulación ambiental sobre el impuesto de actividades económicas para aquellos
grupos económicos que no estén exentos de este impuesto, en definitiva, una modulación ambiental para aquellas empresas que generan a los municipios un coste ecológico de residuos.
Señorías, esta ley era necesaria porque hacía falta subsanar el grave problema que tienen las haciendas locales, pero la prisa electoralista nos ha llevado a una supresión del IAE que no ha solucionado ni de lejos los graves problemas que
tienen hoy los ayuntamientos, problemas de financiación, problemas de funciones que se extralimitan a las habituales, políticas sociales que tendría que asumir el Estado y algunas veces las comunidades
autónomas y que, como dice siempre la Federación de Municipios de Cataluña, lleva a un 18 por ciento más de gasto que no está contemplado entre sus obligaciones como ayuntamientos.
Muchas gracias señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Nuñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.
Nuestras enmiendas van a ser retiradas por cuanto el Partido Andalucista y el partido del Gobierno hemos trabajado para llegar a un acuerdo respecto a la financiación de las haciendas locales. Consideramos satisfactorio garantizar esa
compensación necesaria, tanto en la bolsa de impuestos como en la participación de ingresos del Estado, respecto a la reducción de ingresos municipales consecuencia de la supresión del IAE, en la que estamos de acuerdo, y, sobre todo, en el
compromiso del Gobierno de incorporar, entiendo que por primera vez -aunque es la tercera vez que lo intenta este diputado- la figura del municipio turístico. Desde el punto de vista andaluz, el municipio turístico es algo básico que da
prestaciones a una población muy superior a la empadronada y en tanto en cuanto la financiación local depende del número de habitantes, existía una tremenda injusticia respecto a estos municipios. Hemos obtenido el compromiso del Gobierno de que
los municipios mayores de 20.000 habitantes que tengan carácter turístico y establecido el criterio para medirlo, que serán aquellos municipios que tengan más número de viviendas de segunda residencia que de viviendas principales, según el censo de
viviendas, es decir, aquellos municipios que dan un servicio importante a una población flotante que no está censada, van a poder incorporarse a esa cesta de impuestos y además tener el 2,04 por ciento de los impuestos especiales de hidrocarburos y
tabaco. Es decir, una compensación a esos ayuntamientos de todo el país, que financian el país porque el turismo es nuestra primera industria, pero que soportan esos costos. Hay muchos temas todavía en el tablero.
Quedan cuestiones que hay que seguir resolviendo, sobre todo el tema de las grandes ciudades. Cuando llegue a la Cámara la ley de las grandes ciudades habrá que ver cómo se resuelve el sistema competencial y el sistema de financiación de
las grandes ciudades en tanto en cuanto reciban nuevas competencias.
Respecto al fondo retiro las enmiendas debido al acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno. Esperemos que el texto final incluya el compromiso de ese descenso de los primeros 100.000 habitantes a 75.000, y, sobre todo, la consideración
de municipio turístico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego mantiene todas sus enmiendas en la medida en que no han sido aceptadas las destinadas a acabar con la estructura dual de financiación del proyecto de ley del Gobierno. Seguimos oponiéndonos, y esperamos que se
rectifique, a la diferenciación entre ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y capitales de provincias de las comunidades autónomas frente al resto. En muchísimos casos no hay una diferencia objetiva de necesidades de financiación y, por lo
tanto, esta estructura dual, que permanece en la ley, aunque se intente paliar, hasta ahora no se ha hecho. Por lo tanto, el mantenimiento de nuestras enmiendas en esta dirección es claro.
En segundo lugar, el proyecto de ley sigue favoreciendo de forma clara a los ayuntamientos muy grandes, con una tendencia incluso a opacar o igualar las competencias con las comunidades autónomas. Si se sigue profundizando en este tipo de
línea tendremos una estructura competencial en el Estado español abiertamente perjudicial, por lo menos para lo que son los gobiernos de las comunidades autónomas. En ese sentido, hay enmiendas de nuestro grupo que iban destinadas a que quedase
claro que en el organigrama competencial las comunidades autónomas tenían un papel fundamental en la organización de la Administración local, que no vemos tampoco perfilada en esta ley como sería de nuestro gusto.
Tampoco se esclarece, como sería necesario, qué va a pasar con la cesión de parte de la recaudación estatal del IRPF, IVA e impuestos especiales, como sustitución de las pérdidas que va a provocar sin duda la eliminación del IAE. No hay
claridad en los recursos en relación con el fondo complementario. En ese sentido la ley para nosotros sigue siendo abiertamente preocupante para el 98 por ciento de los ayuntamientos en Galicia, en especial muy preocupante para un ayuntamiento que
está afectado por los intereses de Defensa y que deja de cobrar importantes ingresos al año por falta de pago del IBI, y no hablemos incluso de una sustitución del IAE que hoy ya no se cobra precisamente por ser empresas que cotizan en Madrid.
En este aspecto, como la ley no se ha mejorado en el sentido de acabar con esa estructura dual y tiende a eliminar o perjudicar las competencias de las comunidades autónomas, nuestro grupo mantiene todas las enmiendas y votará en contra del
dictamen.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, solía decir desde esta tribuna y desde los mentideros periodísticos el entonces autodenominado y denominado jefe de la oposición don Manuel Fraga Iribarne, que los socialistas acertaban
cuando rectificaban. Mutatis mutandis, salvando las diferencias claras entre el señor Fraga Iribarne y yo y entre el Gobierno del señor Aznar y el del señor González, tengo que decir aquello de que ustedes aciertan cuando rectifican. Sirvan como
botones de muestra, entre otros, algunas rectificaciones, cortas, en el llamado decretazo, y espero que de alguna forma, en aplicación o en desarrollo de algunas disposiciones, se corrijan elementos del subsidio agrario, del PER. Desde luego
tendrán que convenir conmigo, y creo que tendrán que convenir con toda la Cámara desde el buen estar, en que se ha producido una rectificación, a nuestro entender interesante, y por tanto en ese camino ustedes han acertado.
¿Qué ha pasado, señorías, entre el Pleno, la Comisión y hoy? Sencillamente ha imperado el sentido de lo político sobre el sentido de la mera economía pesetera -no sé cómo se dice eso en euros; entiéndase sin desprecio, sin sentido
peyorativo- del señor Montoro. El señor Montoro y su excesivo canto al déficit cero han sido puestos en cuestión -y puedo dar fe de ello-, aunque luego se desmienta por los ministerios políticos o por la dirección política de su partido
representada por el señor Arenas, que no está dispuesto a que su partido siga pagando, vía opinión pública y vía encuestas, decisiones como la del decretazo y decisiones como la del proyecto de ley de haciendas locales. Incluso el señor Montoro
tiene que agradecer que no se haya puesto en marcha todo un proceso, que se ha puesto en parte, pero no una respuesta bastante fuerte que estaban preparando todos los ayuntamientos, incluidos los del mismo signo que el partido que soporta al
Gobierno, frente a las medidas depredadoras y paternalistas tomadas por el Consejo de Ministros al presentar el proyecto de ley de haciendas locales. Tiene que estar agradecido, porque, cuando se hace una mala ley y la sociedad se levanta frente a
ella, los ministros generalmente en esta casa suelen terminar en la segunda o tercera fila. El señor Montoro tiene que agradecer que antes de que se haya producido una movilización más amplia de los ayuntamientos se le haya obligado a rectificar.
Se ha rectificado, porque, por parte de todos los ayuntamientos, por parte de la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara, se ha mostrado no solamente la inconveniencia, el mal hacer de la norma, sino incluso auténticos fallos técnicos que
mostraban que la ley parecía que se hubiera elaborado más que por algún nostálgico del modo de entender los ayuntamientos -no me quiero referir a otra cosa- con criterios paternalistas, por personas poco avezadas en el conocimiento de la legislación
y del mundo municipal. Frente a todo esto, frente a una movilización -ustedes saben que se estaba preparando una respuesta fuerte por parte de los ayuntamientos-, ustedes han decidido rectificar.
Mi grupo parlamentario saluda el esfuerzo realizado para lograr el acuerdo alcanzado la tarde-noche del lunes de esta semana entre el Gobierno y los grupos municipales representados en la dirección de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Bienvenido sea ese acuerdo. No obstante, señorías, me gustaría -y deberemos ser todos muy cautelosos y deberían funcionar los mismos mecanismos de negociación y de acuerdo- que los textos luego fueran muy acordes con el espíritu y con
la letra del acuerdo, porque aquí ha habido experiencias, como la Ley de financiación autonómica, donde se llega a un acuerdo político, pero a la hora de perfilarlo, de irle sacando la punta y de encajarlo en la normativa, parece que siempre se
quedan plumas fuera. Por tanto, aunque sé que se ha avanzado bastante en la redacción y algunos puntos han quedado tal cual redactados para su incorporación -me imagino que se introducirán enmiendas en el Senado, que se podrían haber introducido
hoy aquí, hubiera sido interesante haber avanzado el trabajo y haber traído aquí propuestas o espero que las traigan ustedes a lo largo del debate-, tendremos que ser muy vigilantes ante el hecho porque, al fin y al cabo, lo que se va a votar aquí,
salvo que ustedes hagan una maravillosa operación de malabarismo, es el mismo texto del dictamen. No obstante, confiando en que se cumpla y desde el respaldo al acuerdo, mi grupo parlamentario retira las enmiendas que van desde la número 90 hasta
la 105 y las 132 y 133, que tienen que ver fundamentalmente con el impuesto de actividades económicas.
Dicho esto, permítannos una reflexión: esto no son formas. Bien está lo que bien acaba, pero esto no son formas. Ustedes tenían que haber negociado antes de haber traído aquí la ley. Esta negociación se tenía que haber celebrado y haber
llegado a un acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias antes de entrar aquí el proyecto de ley. La han traído ustedes a uña de caballo y con cara de perro, no digan ustedes que no, porque hasta sus propios
alcaldes y alcaldesas dicen que no se ha producido negociación. En todo caso, la presencia del Gobierno, la presencia de representantes de la FEMP en esa comisión de estudios, en esa comisión mixta -que incluso ha tenido falta de papeles, de
comunicación-, ha supuesto muchas veces una actuación torticera. Por tanto, señorías -y vuelvo a insistir-, no son formas.
Nosotros les pedimos que negocien todo con quien quieran, con quien deban o con quien tengan que negociar, pero que negocien
con quienes verdaderamente representen a los sectores y luego traigan ustedes aquí las leyes; después, aquí, desde la soberanía y capacidad que tenemos, cada uno tirará, bajo su responsabilidad, para un lado o para otro, si entienden que no han
recogido
ustedes ese espíritu o si no están de acuerdo, aunque entiendan que sí han recogido ese espíritu. Lo que no es de recibo, señorías, es que no negocien, que traigan ustedes aquí las leyes, que se presenten las enmiendas de los grupos
parlamentarios y que lo que tendrían que haber hecho lo hagan ustedes tarde. Eso no es serio, señorías, porque ahora se cruje, se fuerza el proceso lógico de negociación, de acuerdo y de desarrollo parlamentario. Señorías, estamos aquí sin
pretender ser correo de transmisión de nadie y sin querer que nadie sea nuestro correo de transmisión, pero pediría que esa famosa centralidad del Parlamento se concrete en un mayor respeto a estos órganos. Negocien ustedes todo, pero antes de
traerlo aquí, porque no son de recibo -y bien está lo que bien acaba y espero que concluya en el Senado bien- esas modificaciones que tienen lugar durante todo el proceso. Señorías, vamos a respaldar aquellas partes que se correspondan con el
acuerdo -aun sabiendo que no es nuestro modelo, pero cada uno tiene que saber la fuerza que tiene-, pero no coincidimos con el marco. Como suelo decir, a un candidato a la presidencia se le calentó la boca y dijo que iba a quitar el IAE -eso que se
debía haber hecho en su tiempo, con seriedad y rigor, pero no se hizo- y ahora, como aquello hay que vestirlo, ustedes se llevan el camino por delante y dicen que van a hacer una ley de haciendas locales. Esto es cualquier cosa menos una buena ley,
cualquier cosa menos una ley de haciendas locales; incluso aparece aparte la propia ley del catastro. Es decir, señorías, se ha perdido una buena ocasión para haber hecho -de la misma manera que se hizo una Ley de financiación autonómica- una
buena ley de financiación de las haciendas locales. Podríamos haber estado en acuerdo o en desacuerdo -incluso quiero recordar a SS.SS. que, aun estando en desacuerdo, reconocimos lo que había de avance en la Ley de financiación autonómica- y
también esperábamos que en la ley de haciendas locales hubiera habido avance. Sin embargo, señorías, creo que no lo ha habido. Sigue habiendo, a nuestro entender, mucho paternalismo porque, en el fondo, mientras que en la Ley de financiación
autonómica se va introduciendo una mayor capacidad de autonomía, de corresponsabilidad, se va avanzando para que las autonomías tengan no sólo capacidad de gasto sino de ingreso, con esta ley, al quitar el IAE -vuelvo a insistir en que estamos de
acuerdo- y no crear ninguna figura impositiva similar o bien haberlo hecho como un pago a cuenta del impuesto de sociedades en las personas jurídicas, como muy bien se planteaba desde Convergència i Unió, nos encontramos con que los ayuntamientos,
en lugar de tener más autonomía y corresponsabilidad, han dado un paso hacia atrás; han dejado de recaudar para poner la mano, algo que hemos criticado, señorías, porque entonces no es una ley de haciendas locales sino una ley de cómo el Gobierno
va a dar determinado dinero a las haciendas locales en un momento concreto, se diga lo que se diga.
Señorías, voy terminando. En el otro apartado de la ley -al que mantenemos las enmiendas- hay cuestiones que nos llaman muchísimo la atención. Es curioso cómo quieren ustedes plantear, justificándolo o no, la excesiva exención o posible
bonificación, por ejemplo, en el IBI hacia las familias numerosas. Señorías, en este país familias numerosas son de un determinado pensamiento religioso, son de una determinada capacidad económica y son aquellos que creen, pueden, deben y se pueden
permitir tener una familia porque tienen pisos lo suficientemente grandes donde alojarlos. Hay estudios estadísticos, señorías, que dicen que son los matrimonios de derechas con alto poder adquisitivo -está en los índices- los que tienen familias
numerosas y luego aquellos sectores, como llamaba el joven Marx, del lumpen proletariado, pero no creo que las chabolas tengan que pagar IBI en un momento determinado, ni algunas viviendas sociales del extrarradio.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rejón, le ruego concluya.
El señor REJÓN GIEB: Voy terminando, señorías.
Tengo que insistir en que hay mucho de bonificación paternalista en algunas propuestas del IBI y recuerdo una última cuestión: digan toda la verdad en el tema del IAE, no vaya a ser que luego los pequeños y medianos empresarios empiecen a
reclamar. Ustedes -es verdad y nos alegramos- les han quitado el IAE, pero luego en el impuesto de sociedades y en el IRPF tendrán que pagar una de cada tres pesetas que antes pagaban por el IAE. Ustedes no les han quitado todo el IAE, solamente
el 65 por ciento. Mantenemos, no obstante, la enmienda 137, aunque respete el IAE, por aquello de que justamente tiene más o menos el mismo texto y el mismo espíritu del acuerdo al que ustedes han llegado con la FEMP acerca de la compensación. Me
gustaría ver las contradicciones, que me encantan.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en un debate que afecta directamente a los ayuntamientos y al conjunto de las corporaciones locales, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere que las
primeras palabras sean de recuerdo al excelentísimo señor Jaume Cardona i Vila, que fue alcalde de Artesa de Segre, que fue el primer presidente del Consell Comarcal de la Noguera, que actualmente era senador y miembro de la Mesa del Senado y que
además, señora presidenta, señorías, durante una legislatura fue miembro también de esta
Cámara y que ayer falleció. Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo y de admiración hacia la figura del excelentísimo señor Jaume Cardona i Vila.
Señora presidenta, señorías, mi grupo mantiene para el Pleno las mismas enmiendas que habíamos presentado inicialmente, trece, dirigidas a varios objetivos. En primer lugar, nosotros compartimos la exención del IAE, lo hemos hecho siempre.
Esta es una propuesta que me atrevo a decir que es de Convergència i Unió. Fuimos los primeros en plantearla en anteriores legislaturas. Xavier Trías, como portavoz del grupo, firmó la primera proposición no de ley que entró en esta legislatura y
era sobre supresión del IAE, proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado 9 de mayo del año 2000. Mi grupo quiere reiterar una vez más que está de acuerdo en que se lleve a cabo esta exención del IAE para todas las
personas físicas y para una gran mayoría de personas jurídicas, pero justo en este aspecto, el de las personas jurídicas, mi grupo plantea una enmienda, la número 156, porque consideramos que esta exención es insuficiente, deberíamos ampliarla no
únicamente a esas personas jurídicas que tienen un nivel de negocio inferior al millón de euros, sino hacerla extensiva a lo que la propia Ley del Impuesto de Sociedades considera que es la empresa de reducida dimensión, que son aquellas que tienen
un nivel de negocio inferior a los cinco millones.
Por tanto, ¿qué proponemos? Que aquellas que van a seguir pagando IAE, porque se encuentran entre el millón y los cinco millones de euros, puedan deducirse totalmente de la cuota del impuesto
sobre sociedades ese IAE que han pagado. Sería una forma de no perjudicar a las haciendas locales, porque seguirían pagando ese IAE, pero en cambio se lo podrían deducir esas empresas de reducido tamaño con personalidad jurídica.
Incluso en el
Senado podríamos buscar la manera de que puedan hacer esa deducción por establecimiento, no tanto por persona jurídica, porque lo que grava el IAE son establecimientos físicos concretos y por eso deberíamos atender al nivel de negocio de cada uno de
esos establecimientos. Esta es nuestra enmienda 156, que en ningún caso discute la exención del IAE sino que la amplia, porque, repito, es una propuesta que desde Convergència i Unió se cree que va a ser beneficiosa y que va a estar a favor de la
economía productiva. El IAE era un impuesto injusto, que ya de por sí gravaba la actividad económica, porque uno quería instalar un negocio y de entrada tenía que pagar el IAE a pesar de no saber si ese negocio iba a dar frutos favorables o no.
Por tanto, estamos de acuerdo con esa fórmula para que queden exentos.
De la misma manera, con la misma intensidad, tal y como también planteó mi grupo parlamentario en el año 2000, eximamos del IAE pero compensemos a las corporaciones locales, compensemos a los ayuntamientos, de tal forma que no pierdan ni un
euro. Este fue el compromiso político al que se llegó en esta Cámara. Había una exención, pero había también, y con la misma intensidad, un compromiso de que se compensaría, de que atenderíamos la autonomía financiera de las corporaciones locales,
su suficiencia. Decíamos: No van a perder ni un solo euro, van a mantener su nivel de ingresos. Por tanto, queremos una fórmula de compensación.
Mi grupo se congratula de que se esté llegando a un nivel de acuerdo con los ayuntamientos para buscar esa compensación, porque no puede ser de otra manera, tiene que haber esa compensación. De todas formas, planteamos un modelo alternativo
basado en las conclusiones a que llegó el second congrès de municipis de Catalunya, basado también en las resoluciones aprobadas por la Asociació catalana de municipis i comarques y por la Federación de Municipios de Cataluña. ¿Cuál es ese modelo
alternativo? Es un modelo que si se llevara a cabo, en caso de aprobarse nuestras enmiendas, las números 150, 151 y siguientes, comportaría una compensación efectiva a todas las corporaciones locales mediane un sistema en el que todas ellas, no
únicamente las que tienen determinado número de población sino todas ellas, participarían en los grandes impuestos estatales, en el IRPF, en el IVA, en los impuestos especiales, etcétera; los ciudadanos no pagarían más impuestos sino que la
compensación vendría de los impuestos que ya se están pagando. Se crearía, además, un fondo complementario por si con esa participación alguna corporación no pudiera compensar o ver garantizado el nivel de ingresos que actualmente está percibiendo.
Por tanto, compensación del IAE, participación de todos los municipios en esos tributos estatales y aumento significativo del peso de las haciendas municipales en el conjunto de las administraciones públicas. Ese peso está estancado, estamos en el
13 por ciento, es de los más bajos de la Unión Europea, tenemos que dar un impulso a las corporaciones locales, a la financiación local y nuestro modelo lo permite: compensaría el IAE, incrementaría los recursos, incrementaría la autonomía y la
suficiencia financiera, además lograría algo que para Convergència i Unió es crucial, que es la financiación de las comarcas, su participación en los tributos del Estado. Esto lo hemos reclamado siempre, lo hicimos ya en el año 1988, en una
legislatura en la que el PSOE elaboró la actual Ley de haciendas locales que ahora se modifica parcialmente; nosotros ya pedíamos esa financiación de las comarcas, igual que pedimos la financiación de las áreas metropolitanas, de las entidades
municipales asociativas y de las demás entidades supramunicipales. Este modelo que plantea Convergència i Unió respeta las competencias autonómicas y comportaría una intervención del Parlamento de cada comunidad autónoma en la distribución de los
recursos que corresponden a todas las corporaciones de esa comunidad autónoma: comarcas, áreas metropolitanas, entidades municipales. Y una articulación que reflejaría también la necesaria financiación
de municipios que tienen determinadas especificidades: municipios turísticos, municipios pequeños, municipios con urbanizaciones, municipios con segundas residencias y con una población muy diseminada, municipios con núcleos segregados,
municipios de montaña. Nuestro sistema atendería a todas estas especificidades, daría respuesta a las mismas.
Nuestra enmienda 155 atiende específicamente a la financiación que Convergència i Unió considera que debe tener el Ayuntamiento de Barcelona. Como capital de Cataluña y como gran ciudad debe tener una financiación específica reconocida en
la Ley de haciendas locales.
Pedimos también que se reconozca para Barcelona la financiación que ya se acordó en Cataluña con un amplio consenso, la financiación de su Carta Municipal, la que se acordó por unanimidad en el Parlament de Catalunya a
través de la Ley 22/1998. Hoy pedimos aquí que se respete. Somos el único grupo parlamentario que hoy ha traído una enmienda expresa pidiendo esa financiación para Barcelona: de las más de 200 enmiendas presentadas la única que atiende a la
financiación de Barcelona es la 155 porque es la única que pide el reconocimiento de esa Carta Municipal, que es la financiación que Barcelona se merece. Quiero destacar un aspecto, señora presidenta, señorías. Cuando se redactó la carta en el año
1998 existía el IAE y por tanto la misma no atendía a lo que sería la compensación por ese impuesto que ahora Barcelona dejará de ingresar. Por ello contempla mi grupo parlamentario también en esa enmienda 155 que debe compensarse al Ayuntamiento
de Barcelona por ese IAE que va a dejar de ingresar, de ahí que sea un complemento a la propia Carta Municipal. Se nos plantea una transacción, al igual que en Comisión, que mi grupo acepta y valora positivamente porque todo lo que sea trasladar
hoy aquí lo que fue un consenso en Cataluña va a merecer una aportación positiva, y mi grupo se congratula de que haya más grupos que se suban al final al planteamiento que ha hecho Convergència i Unió en su enmienda 155.
Nuestra enmienda 158 quiere establecer en la Ley de haciendas locales -no a través de un crédito en los presupuestos sino en la ley- esa compensación para todos los municipios por la pérdida de los ingresos que va a suponer el IAE. Que se
les compense el cien por cien y que esté en la ley, que esté en el articulado de la ley. Estoy de acuerdo en el compromiso político a que se llega y lo valoro positivamente, pero debemos dar seguridad jurídica a los municipios en un momento en que
están aprobando sus ordenanzas municipales, sus presupuestos para 2003.
Tenemos que aportarles esa seguridad jurídica y esa es la intención, como digo, de nuestra enmienda 158: establecer que se va a compensar, que tengan esa seguridad jurídica.
Termino, señora presidenta, señorías, esperando que en el Senado pueda evidenciarse un mayor grado de consenso alrededor de esta reforma. Esta no es la reforma que quería Convergència i Unió. Mi grupo plantea un modelo alternativo, ya que
le interesaría una nueva ley de haciendas locales y no un parche concreto, que valoramos positivamente en lo que tiene de exención del IAE, pero mi grupo apuesta por una nueva ley que reconozca las comarcas, que reconozca la realidad metropolitana,
que establezca la financiación que Barcelona se merece. También se merece una financiación específica el municipio de Madrid, pero el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lo que hace es una apuesta de futuro para intentar que en el
Senado pueda ampliarse ese grado de consenso y dar mecanismos efectivos que reflejen que apostamos de forma decidida por una compensación para todos los ayuntamientos, que apostamos por un aspecto importante, como es hacerlo con la garantía de que
es a favor de las corporaciones locales y de una mayor financiación. No se trata simplemente de asegurar lo que ya tenían, sino de hacer una apuesta potente para que en un futuro podamos aumentar ese 13 por ciento y consigamos que las corporaciones
locales tengan la financiación, la suficiencia y la autonomía que se merecen.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Dado el recuerdo que S.S. ha tenido hacia la figura del excelentísimo señor don Jaume Cardona, senador y miembro de la Mesa del Senado, quiero expresar en nombre de la Cámara el sentimiento de pesar por su fallecimiento.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señorías, mi grupo se suma a esta expresión de condolencia por el fallecimiento de quien ha sido un ejemplo en su dedicación pública en el Parlamento. Hacemos nuestras las palabras expresadas
por la presidenta, que nos representan a todos.
Tenemos ante nosotros, una vez más porque vuelve al Pleno, el dictamen de la Comisión de Economía sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley de Haciendas Locales, la Ley 39/1988. Mi grupo mantiene las enmiendas que hemos presentado, las
números 164 a 207, que intentan mejorar claramente este proyecto de ley. Además, lo que hoy vamos a aprobar en el Congreso no es lo que va a ser con carácter definitivo. Hoy cumplimentamos un trámite para que procesalmente se pueda presentar otra
cosa en otro ámbito, es decir, en el Senado. En esa coherencia, nosotros tenemos que conservar las enmiendas que hemos sostenido.
Anuncio -ya lo ha expresado el portavoz del grupo de Convergència i Unió- que también mantenemos la enmienda transaccional socialista a la número 155 de Convergència i Unió, en el sentido de perfilar mejor el reconocimiento de la Carta
Municipal de Barcelona en los términos en los que creemos que refleja literalmente
los acuerdos municipales de esta ciudad; un anhelo que tengo que resaltar que ocupa y preocupa permanentemente no sólo al actual alcalde sino a muchos miembros de la corporación que durante los últimos años han venido intentando lograr que
se complemente, desde el punto de vista legislativo, el reconocimiento de los contenidos de la Carta Municipal de Barcelona.
Hoy vamos a debatir el dictamen de la Comisión sobre una ley que tiene un hondo calado. No es una ley cualquiera, lo decíamos ya en el debate de totalidad, pero esta Cámara no ha tenido ni la oportunidad ni el tiempo necesario para
mejorarla, para reflexionarla o para negociar porque se ha impuesto por parte del Gobierno una cierta dialéctica de tramitación de urgencia. Es más, esta forma de actuar contrasta con el precedente de la Ley de Haciendas Locales de 1988 para cuya
elaboración se negoció con los grupos parlamentarios y con la Federación Española de Municipios y Provincias durante más de un año. Como algunas de las medidas requerían adaptaciones importantes por parte de las corporaciones locales, tuvieron una
vacatio legis en un caso de un año, y en otros casos extendiéndose hasta el 1 de enero de 1992. Hay un contraste. Aquí vamos de nuevo con un trágala. Creemos sobre todo que se ha perdido una oportunidad histórica para abordar con rigor un tema de
Estado. Ya lo había expresado, señora presidenta, señorías, con motivo del debate de totalidad: España ha ultimado -quedan algunos flecos y la necesidad de algunas reformas importantes como la del Senado- la construcción del Estado de las
autonomías y hay que reconocer que el protagonismo, tanto de la política territorial como de la descentralización política española, desde 1978 se ha focalizado en la construcción del Estado de las autonomías y, por lo tanto, en las propias
comunidades autónomas. Sin embargo los ayuntamientos desde 1979 vienen jugando un papel fundamental, no solamente en la construcción de nuestro país, en la garantía de la estabilidad democrática, sino en la vertebración de España, en la
modernización y en la prestación de servicios públicos esenciales, hasta tal punto que los propios ayuntamientos hoy suplen muchas deficiencias de otras administraciones en la prestación de esos servicios públicos esenciales y esas suplencias no
están contempladas a la hora de establecer un marco de financiación.
Les pongo algunos ejemplos de cómo hoy los ayuntamientos suplen a los servicios públicos de otras administraciones se refiere a las políticas de integración social de inmigrantes. Hoy hay ayuntamientos que están poniendo en la mejora de los
equipamientos públicos y al servicio de políticas de integración social de inmigrantes grandes sumas de dinero a costa de sus presupuestos sin recibir ni un solo euro de la Administración central porque siguen sin existir planes de cooperación entre
los ayuntamientos y el Gobierno. Muchos ayuntamientos pagan incluso hasta la gasolina de la Guardia Civil y los gastos de la policía, suplen deficiencias que en materia de seguridad tiene este Gobierno, es decir, las deficiencias de los servicios
públicos; hay que hacer ese reconocimiento.
Pues bien, la mejor manera de reconocer el papel de los ayuntamientos en España es desarrollar el principio constitucional de la autonomía local y de la suficiencia financiera de las propias corporaciones locales. ¿Cómo debemos hacerlo?
Definiendo ya el encaje de ese principio de autonomía local en el Estado de las autonomías. El modelo de financiación local debe contextualizarse en el propio Estado de las autonomías; y lo que tenemos ante nosotros ni por el método ni por la
forma ni por los contenidos está contextualizado en un planteamiento de defensa de la autonomía local en el ámbito del Estado de las autonomías.
Lamentablemente no ha sido así, además de que ha habido deslealtad institucional. Se ha hurtado no
solamente a los municipios sino a esta Cámara instrumentos de conocimiento para poder evaluar el alcance de las decisiones que vamos a adoptar; hemos trabajado sin conocer los datos y sin poder calcular los efectos y las consecuencias del nuevo
modelo de participación en los ingresos del Estado. Ya lo planteaba en el debate de totalidad: ¿Cuánto cuesta la supresión del IAE, alguien ha hecho realmente el cálculo? ¿Cuánto va a aumentar como contrapunto la recaudación del impuesto de
sociedades al desaparecer los derechos de deducción que se aplicaban por el mantenimiento del impuesto de actividades económicas? ¿A cuánto alcanza el epígrafe del impuesto de actividades económicas para los operadores de los móviles? ¿Qué alcance
y previsiones de recaudación existen? ¿Cómo se va a repartir entre los ayuntamientos? ¿Cómo se va a territorializar la distribución de terminales de telefonía móvil por municipio? ¿Qué mecanismos de liberación se crean? ¿Cómo evitar la
discriminación de los pequeños territorios y de los pequeños ayuntamientos en relación al resto de ayuntamientos a través del nuevo sistema de participación en los ingresos del Estado? ¿Cómo va a operar la llamada cesta de impuestos, es decir, la
participación de los ayuntamientos en los rendimientos obtenidos por la hacienda del Estado en las figuras impositivas de mayor potencialidad como IRPF, IVA y algunos impuestos? Aquí no ha habido cálculos. Yo creo que no estamos en condiciones de
afirmar al cien por cien que no va a haber ayuntamientos perjudicados con este sistema.
Voy a ponerles un ejemplo que demuestra cómo no ha habido cálculos ni información. El día 10 de octubre -cuando el texto se encontraba prácticamente en tramitación parlamentaria- el presidente de la diputación de Badajoz (miembro de la
comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias), que quería negociar, se dirige al Gobierno en los siguientes términos: me es absolutamente necesario, para poder entrar en la negociación del nuevo sistema, conocer los datos
de la forma más completa y actualizada posible de dichos impuestos en nuestra provincia y en los municipios; y le pide datos concretos del IRPF,
IVA e impuestos especiales. La respuesta que le da el director del gabinete de la Dirección General de la Agencia Tributaria, con fecha de 31 de octubre, es la siguiente: Lamento comunicarle que no será posible atender tal petición, por
cuanto que la apretada planificación de los trabajos de la Agencia Tributaria impide la utilización de los recursos humanos y materiales de la misma en desarrollos específicos o a la medida distintos de los previstos. Es decir, se les niega la
información. Han ido a una negociación sin poder conocer los datos territorializados de las principales figuras tributarias con mayor potencialidad y, por lo tanto, sin poder conocer el alcance, representación o consecuencias del nuevo modelo de
participación en los ingresos del Estado que diseña esta ley. Yo creo que esto ha sido un claro ejemplo de deslealtad institucional.
El Gobierno, ni siquiera ahora, da garantías de compensación en el texto que estamos analizando en la Cámara. En el debate de totalidad yo ya expresé que el Gobierno invita a champán porque van a pagarlo los ciudadanos. Este proyecto sigue
sin contemplar las compensaciones. Es más, llegados a este punto, me interesa resaltar las enmiendas 192 y 196 del Grupo Parlamentario Socialista a la disposición adicional tercera. El proyecto dice lo siguiente en esa disposición adicional
tercera: a efectos de lo establecido en esta ley, no será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del apartado dos del artículo 9 de la Ley 39/1988.
Con esta lectura seguro que ustedes no saben de qué estamos hablando.
Respecto a lo que
no es de aplicación, esta disposición dice lo siguiente: las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan. Dichas fórmulas tendrán en cuenta las
posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las entidades locales; es decir, compensaciones. El texto del Gobierno dice que no serán de aplicación las compensaciones. Se suprimen las compensaciones. Yo creo que con esta afirmación
siguen pagando las copas los ayuntamientos. Ahora bien, llegados a este punto, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad política de los últimos días y las expectativas que se abren ante lo que ha acontecido. Y tengo que decir que, gracias a
la oposición útil del Partido Socialista Obrero Español, a la firmeza de algunos partidos políticos, a las federaciones territoriales de municipios, al trabajo serio y riguroso de algunos grupos en el ámbito de la Federación Española de Municipios,
no precisamente del Gobierno, y sí especialmente de los socialistas....
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, le ruego vaya concluyendo.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señora presidenta.
Gracias a este tesoro y afán constructivo, en los últimos día se ha producido una rectificación en toda regla por parte del Gobierno. El Gobierno ha reconocido su error y da marcha atrás. El Gobierno reconoció que no se puede aprobar esta
ley sin un acuerdo con los municipios y ahora intenta -y lo ha conseguido- un cierto principio de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. El Gobierno reconoció en este acuerdo que la ley perjudicaba el funcionamiento de los
servicios públicos, reconoció que era necesaria una compensación, reconoce también que hay una discriminación con los pequeños municipios, reconoció el Gobierno que con esta ley no se garantizaba la suficiencia financiera y el Gobierno reconoció que
era necesario, por lo tanto, compensar a los ayuntamientos por la pérdida de recursos que le suponen algunas decisiones. El Gobierno va a presentar otra ley, y se lo agradecemos, a través del Senado y esta práctica, aunque no es muy ortodoxa, nos
permite alimentar las esperanzas.
Quiero expresar públicamente, señora presidenta, señoras y señores diputados, el apoyo de mi grupo al principio de acuerdo -sin duda impulsado por los socialistas en la Federación Española de Municipios y Provincias- a los cambios que se han
introducido sobre esta ley. Además, es positivo y necesario que la Cámara conozca el contenido de esos cambios. Estos cambios, señoras y señores diputados, dicen lo siguiente: El Estado compensará íntegramente a cada ayuntamiento, diputación
provincial, cabildo y consejo insular la cantidad que deje de ingresar como consecuencia de la supresión del impuesto sobre actividades económicas de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, lleva consumido el tiempo con exceso.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, me parece de vital importancia para la Cámara que se conozcan los términos de los acuerdos, porque es la mejor manera de conocer qué es lo que vamos a votar.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Le ruego que lo haga con brevedad.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Con mucha concreción.
Para el año 2003 el importe de la compensación será igual a la diferencia entre los derechos liquidados por el IAE en los ejercicios de 2000 y 2003. Para el 2004 y sucesivos dicha compensación se consolidará mediante su incorporación a la
participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Los municipios de más de 75.000 habitantes y los que, aun contando con población inferior, sean capitales de provincia o de comunidad autónoma, diputaciones, cabildos y consejos
insulares, participarán por el nuevo sistema de cesión de una parte de los rendimientos de IRPF, IVA e impuestos especiales. Asimismo los municipios de
20.000 habitantes que, conforme a la normativa de su correspondiente comunidad sean considerados municipios turísticos, participarán también en la cesión del rendimiento de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, labores de tabaco,
etcétera.
Para recuperar el rendimiento de la tasa por aprovechamiento del vuelo, suelo y subsuelo de las vías públicas municipales, las empresas explotadoras de servicios de suministro -agua, gas electricidad, telefonía fija- quedarán sujetas al pago
del 1,5 por ciento de su facturación, aunque no sean titulares de las redes. Los derechos liquidados -esto es importante- en 2003 por el impuesto de actividades económicas de la telefonía móvil no minorarán la compensación que reciban por la
supresión del IAE los ayuntamientos. Es más, se dice claramente: el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias constituirán una comisión técnica para llevar a cabo estos acuerdos, así como para incorporar al
proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988. Hay, por tanto, un compromiso de incorporar todos estos contenidos mediante enmiendas en el Senado.
Termino, señora presidenta. Mi grupo está esperanzado, va a hacer un seguimiento y va a plasmar también en enmiendas estos acuerdos en el Senado. Lamentablemente, este dictamen no recoge el tenor de los acuerdos, pero mi grupo está
satisfecho porque ha contribuido a los mismos. Estaremos vigilantes. En un espléndido artículo, el hacendista catedrático de Oviedo Javier Suárez Pandiello reflexionaba sobre el impuesto de actividades económicas y la financiación local. El
artículo, señora presidenta, señorías, se titulaba: Ante la financiación local, terapia o eutanasia. Nosotros hemos apostado por la terapia y, sobre todo, con nuestra actitud, con nuestro trabajo, hemos evitado -así espero que ocurra con las
enmiendas que se incorporen en el Senado- una carnicería contra los ayuntamientos, contra los servicios públicos y, fundamentalmente, contra las ciudadanas y los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Cuesta.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular se suma a la condolencia expresada aquí por el portavoz de Convergència i Unió y por la presidenta de la Cámara por el fallecimiento del señor Cardona.
Señoras y señores diputados, el Grupo Popular sube hoy a la tribuna con la voluntad de certificar el cumplimiento de un compromiso electoral; compromiso que se fraguó durante la pasada campaña, que llevamos a nuestro programa electoral y
que obtuvo el respaldo mayoritario de la sociedad española. Por aquel entonces dijimos que si teníamos responsabilidades de gobierno suprimiríamos para todos los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas ese impuesto injusto que es el
impuesto de actividades económicas. Hoy ha llegado el momento de cumplir ese contrato electoral y decir con toda la solemnidad parlamentaria que la ocasión requiere que el proyecto de ley objeto de debate suprime el impuesto de actividades
económicas para todos los autónomos y para aquellas pequeñas y medianas empresas que tienen una cifra de negocios inferior a un millón de euros; que el 93 por ciento de las pequeñas y medianas empresas, que son la principal fuente de riqueza y de
creación de empleo en nuestro país, se liberarán de un impuesto que constituía una traba fiscal al inicio de las actividades productivas, y que 2.200.000 contribuyentes experimentarán un ahorro fiscal medio de 400 euros, que va a engrosar su partida
fiscal de ahorro con la rebaja del IRPF.
El Grupo Popular sube a la tribuna para decir que el nuevo impuesto de actividades económicas, el que van a pagar exclusivamente aquellas empresas con cifra superior a un millón de euros, será un impuesto más justo, un impuesto que se pagará
en función de la capacidad económica del sujeto pasivo y no por el mero ejercicio de una actividad económica. Será un impuesto que no penalizará el empleo, que incentivará fiscalmente la creación de puestos de trabajo, que va a facilitar la
constitución de empresas con un primer año de exención y con una posible bonificación sucesiva en los cinco años siguientes, que será sensible con el medio ambiente y que contribuirá a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Quiero subrayar, señora presidenta, que el proyecto de ley que estamos debatiendo pone negro sobre blanco, convierte en realidad normativa una convicción política, la convicción del Partido Popular de que es bueno para la economía productiva
bajar impuestos cuando eso obedece a inapelables exigencias de justicia fiscal y de eficiencia económica. Por ello, el nuevo proyecto de ley hace un notable esfuerzo por la modernización de nuestro sistema tributario local, ampliando la capacidad
normativa de las haciendas locales, penalizando fiscalmente las viviendas desocupadas mediante el IBI, favoreciendo en el mismo tributo a las familias numerosas, protegiendo a los minusválidos y estimulando el empleo de energías no contaminantes en
el impuesto de circulación o, finalmente, eliminando una indeseable doble imposición en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
El Grupo Popular también sube a la tribuna para certificar un fracaso, el fracaso del Partido Socialista. Cuando se inició la andadura parlamentaria de este proyecto de ley dijeron que iban a mantener una actitud de combate, porque veían en
el proyecto de ley signos de inconstitucionalidad, pero de las enmiendas presentadas
y del propio contenido hoy de la intervención del señor Cuesta en este debate se desprende que estamos asistiendo a un ejercicio de malabarismo parlamentario por parte del Grupo Socialista. El Grupo Socialista, que creó el IAE, tiene hoy
precisamente una enmienda en la que postula la supresión total del impuesto de actividades económicas; una enmienda que no nos merece el apoyo básicamente por tres motivos: primero, por su falta de credibilidad, porque se han opuesto a todas las
rebajas fiscales, tanto la del IRPF de 1998 como la que está en trámite parlamentario hoy, como la de las mejoras fiscales a la pequeña y mediana empresa; se opusieron en su momento a la supresión del IAE. Los gobiernos socialistas tienen los
ayuntamientos con mayor presión fiscal. No nos parece hoy en absoluto que tenga credibilidad esa enmienda del Grupo Socialista. El Partido Socialista hoy es un junco que mueve el viento.
Segundo, porque pretenden beneficiar a la gran empresa, es
decir, suprimirlo también para aquellas que tengan una cifra de negocios superior a un millón de euros. No les preocupa, por tanto, bajar impuestos a la pequeña y mediana empresa, víctima propiciatoria de su voracidad fiscal cuando eran un partido
de Gobierno; no les preocupa, por tanto, beneficiar su estatuto, sino que sencillamente responden a su política fiscal, claramente contradictoria. Y tercero, como decía, porque es una enmienda contradictoria con otras enmiendas que existen, en la
que lo que proponen ustedes es restringir la supresión del IAE para los autónomos, fieles, aquí sí, a su trayectoria de no aliviar la carga fiscal a los autónomos. Por tanto, señorías, aclárense: o son partidarios de suprimir el IAE o son
partidarios de restringir esa supresión, porque me da la impresión de que hoy entender la política tributaria del PSOE es naufragar en un mar de contradicciones, y mucho me temo, señor Cuesta, que de ese naufragio colectivo no nos salva el
socialismo libertario del señor Zapatero.
Quiero decirle otra cosa: bromas con la financiación local, pocas; se lo digo por lo que usted decía de la gasolina de la Guardia Civil. Este país todavía recuerda algunos presupuestos del Grupo Socialista que condenaban a la Guardia
Civil a patrullar a pie. No recuerdo, porque no me alcanza la memoria, si era en la época o no del señor Roldán, pero queda en la memoria colectiva, señor Cuesta, y quiero decírselo; repito, bromas con la financiación local, pocas. Todo el mundo
sabe que los ayuntamientos andaluces tienen que financiar la construcción de escuelas que no acomete la Junta de Andalucía; por tanto, seriedad y reflexión.
El Grupo Popular, señora presidenta, sube a la tribuna también para certificar que el modelo de supresión del impuesto de actividades económicas y el nuevo modelo de financiación local goza del apoyo unánime de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Esta mañana precisamente el Gobierno suscribe un acuerdo con la FEMP, en la que están presentes los partidos representados en el arco parlamentario, lo que va a determinar ciertamente la introducción de modificaciones en
este proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria en el Senado. Eso, señor Cuesta, es plenamente ortodoxo, porque el Senado tiene plena capacidad legislativa, igual que el Congreso, y plena capacidad de enmienda, y quiero decírselo porque
usted ha dicho lo contrario.
Quiero subrayar también, señora presidenta, que se han mantenido conversaciones -es justo decirlo- con Convergència i Unió, con la cual se detectan algunas coincidencias sobre el sistema de compensación que pueden dar lugar a la introducción
de modificaciones en el Senado, pero sobre todo -y voy concluyendo- lo que quiero certificar con ese acuerdo unánime de la Federación Española de Municipios y Provincias es que el Partido Socialista se ha quedado sin argumento. Decían que iban a
tener una actitud de combate con el proyecto de ley por la supresión del IAE sin compensación y por la falta de diálogo, pero su belicismo, señorías, no les ha dado ningún fruto. El proyecto de ley tiene compensaciones.
Establece una participación
en una cesta de tributos; establece un fondo complementario de financiación; además, el proyecto de ley de presupuestos del 2003 prevé un crédito ampliable, para que la supresión de IAE no sea en detrimento de los ayuntamientos, y todo ello tiene
el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ustedes hablaban de falta de diálogo, pero, señor Cuesta, dos no dialogan, dos no llegan a acuerdos si uno de ellos no quiere; ese es el caso del PSOE, pero no el de la Federación
Española de Municipios y Provincias. En todo momento se ha hablado con la FEMP. En el comité de expertos que alumbró el anteproyecto de ley estaba representada la FEMP y producto de esos diálogos hoy se está formalizando el acuerdo del Gobierno
con ella. Ese es, señorías, el órdago que hoy lanza el Partido Popular al Partido Socialista. Durante la tramitación en Comisión dijo el Grupo Socialista que lanzaba un órdago al Grupo Popular sobre la supresión total del IAE.
Hoy nosotros les
lanzamos ese órdago. ¿Están o no conformes con los acuerdos de la Federación Española de Municipios y Provincias, a los que ha llegado con el Gobierno de la nación, sobre la supresión del IAE y el nuevo modelo de financiación? ¿Están o no están de
acuerdo con lo que ha pactado el vicepresidente socialista de la FEMP con el Gobierno? Si están a favor, díganlo y voten en consecuencia. Si están a favor de esos acuerdos, digan si lo van a apoyar con sus votos o si van a hacer como en la
financiación autonómica en la que desautorizaron a sus propios representantes votando en contra.
Señora presidenta -concluyo ya-, creo que la lealtad a los acuerdos, a la palabra dada es una condición necesaria para ser alternativa de Gobierno.
Nunca serán una oposición creíble si no respetan los acuerdos que suscriben sus
representantes. Precisamente la credibilidad de un proyecto se mide por la capacidad de cumplir
lo que se promete, y convendrán conmigo, señorías, que esa no es precisamente su especialidad. Por eso he empezado mi intervención diciendo que el Grupo Popular subía hoy aquí a cumplir un compromiso electoral. Decía Ortega que la palabra
es un sacramento de difícil administración, y en su boca y a la hora de cumplir algunos acuerdos se ha convertido en un sacramento de fácil profanación.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor de Juan. (El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
Sí, señor Cuesta, ¿a qué efectos?
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Me ha hecho una pregunta y yo gustosamente le contesto.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, su turno de intervención ya finalizó y no existe en este momento ningún turno de contestación a preguntas. Gracias, señor Cuesta. (La señora presidenta ocupa la
presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas y del dictamen de la Comisión respecto al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.
En primer lugar, enmiendas de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 26; en contra, 159; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las números 55 y 63.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 102; en contra, 171; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 56, 59, 60 y 70.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 116; en contra, 158; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 57, 58, 61, 62, 65, 68 y 69.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 102; en contra, 160; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 64, 66, 67, 71.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 15; en contra, 159; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, la número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 94; en contra, 172; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 9, 10,12, 24, 27 y 29.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 115; en contra, 160; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 19, 21, 26 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, nueve; en contra, 160; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 13; en contra, 249; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 31, 32 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 25; en contra, 161; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Quedan rehazadas.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 102; en contra, 159; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Al haber sido retiradas las enmiendas del señor Núñez Castain, iniciamos la votación de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
En primer lugar las números 37 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 102; en contra, 160; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 38.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 116; en contra, 158; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 25; en contra, 160; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las números 73, 74, 76, 79, 80, 88, 89, 107, 110, 112, 121, 124, 130, 134 y 136.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 100; en contra, 159; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 137.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 113; en contra, 159; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 72, 75, 118 y 125.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 14; en contra, 160; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 84, 85, 111, 117 y 120.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 13; en contra, 172; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 123.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 13; en contra, 259; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 122, 126 a 129 y 131.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 111; en contra, 159; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 77, 78, 81, 83, 86, 87, 106, 108, 109, 113 a 116, 119 y 135.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 101; en contra, 172; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 82.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 97; en contra, 159; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar las números 158, 160, 162 y 163.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 106; en contra, 159; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 159 y 161.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 26; en contra, 248; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional a la enmienda número 155.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 113; en contra, 161; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 24; en contra, 161; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar las números 168, 180, 192, 196 y 197.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 109; en contra, 158; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 177, 178, 182, 183, 185, 187 y 198.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 102; en contra, 171; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 102; en contra, 161; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos el artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 171; en contra, 17; abstenciones, 92.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación los artículos 39 y 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 159; en contra, 25; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 21 a 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 270; en contra, cuatro; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
A continuación votamos el artículo 5 en lo que se refiere a la modificación del artículo 63.2.a), último párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 161; en contra, 113; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 170; en contra, 15; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 269; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos la disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 161; en contra, 113; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
A continuación votamos el apartado II, párrafos 1 y 2 del preámbulo, así como la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 174; en contra, 100; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Por último votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 260; en contra, 14; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
- PROYECTO DE LEY SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCION Y ENTREGA. (Número de expediente 121/000118.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley sobre la orden europea de detención y
entrega. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
- SOLICITUD, FORMULADA POR 78 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS QUE HAN DADO LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA DE CASI 100 MILLONES DE EUROS POR EL FRAUDE DE LAS
AYUDAS AL CULTIVO DEL LINO DURANTE LAS CAMPAÑAS 1999-2000 Y 2000-2001. (Número de expediente 156/000017.)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Solicitudes de creación de comisiones de investigación. Solicitud, formulada por 78 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre los
hechos que han dado lugar a la imposición de una multa de casi 100 millones de euros por el fraude de las ayudas al cultivo del lino durante las campañas 1999-2000 y 2000-2001.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Caldera. (Rumores.)
Señorías, es preciso que contiuemos con el debate, por lo cual ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan de la manera más rápida posible. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio, ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo en silencio, a ser posible.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, democracia es transparencia y cuando se cometen irregularidades y hay responsabilidades políticas el lugar adecuado para exigirlas es el Parlamento. Bajo su periodo de mandato se han constituido tres comisiones de investigación,
mejor dicho, dos, porque una -recuerdan aquella acusación de que el Partido Socialista perdonó 200.000 millones a sus amiguetes- no fue una comisión de investigación, fue una infamia propia de figurar, con todos mis respetos para Borges, en la
Historia universal de la infamia. Crearon la Comisión de investigación y la tuvieron que cerrar. ¿Saben por qué? Porque no pudieron probar nada. Las otras dos comisiones de investigación que se han creado en su mandato fueron la Comisión de
investigación del lino y la Comisión de investigación de Gescartera, ambas cerradas en falso, y en ambas ocasiones, señorías, han sido y serán instituciones ajenas a este Parlamento quienes defiendan los intereses de los ciudadanos. En el caso de
la Comisión del lino, la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción de la Comisión Europea y la propia Comisión Europea, y en el caso de Gescartera, sin ninguna duda, los jueces, los fiscales y los medios de comunicación, porque ustedes
están
disminuyendo la capacidad y la competencia de este Parlamento, lo están haciendo así. (Aplausos.)
Fíjense qué casualidad, en dos de esas comisiones de investigación hay protagonistas comunes. En aquella que suponía la acusación de que el Partido Socialista había perdonado 200.000 millones de pesetas había altos cargos nombrados por el
PP que también coinciden en el caso de Gescartera, la señora Valiente. ¿Lo recuerdan? Doña Pilar Valiente. En aquella Comisión de investigación ustedes ofrecieron multitud de datos que no probaban nada y, sin embargo, en Gescartera no ofrecen los
datos que sí probarían mucho. De ambas cosas es responsable el mismo ministro, el señor Rato, pero en una ocasión dio datos que no probaban nada y ahora, que sí conoceríamos cómo se podría probar la complicidad política y las serias
responsabilidades en el caso de Gescartera, los guarda celosamente.
Vayamos a la comisión del lino que pedimos que se constituya hoy en esta Cámara, señorías. (Un señor diputado: ¡Otra!) Otra sí, porque aquella no sirvió para nada. (Aplausos.) Los hechos: desde octubre de 1997, señorías, la Comisión
Europea venía advirtiendo a las autoridades españolas, a la señora De Palacio, que existían cazaprimas del lino y que las autoridades españolas -aquí está el documento- no establecían las necesarias medidas de control. El consejero de Agricultura
de Castilla-La Mancha, el 27 de abril de 1999, se dirigió a la señora De Palacio explicándole que se estaban detectando este tipo de situaciones y solicitándole que pusiera en marcha las medidas de control oportunas. La Junta de Extremadura,
señorías, denunció este caso. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Agricultura dirigido por Loyola De Palacio? Agricultura ordenó pagar ayudas al lino, pese a las sospechas de fraude.
¿Cuál fue, señorías, la reacción del Partido Popular? La
señora De Palacio declaró lo siguiente: Las denuncias del lino son un montaje electoralista. Eso dijo la señora De Palacio. (La señora Fernández de la Vega Sanz: ¡Qué vergüenza!-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Después de esa declaración, señoras y señores diputados -lo veremos, se lo leeré ahora-, la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Antifraude de la Unión Europea y la propia Comisión Europea han coincidido en
la siguiente decisión y en el siguiente diagnóstico: Hubo fraude generalizado. Fíjense ustedes cuál fue el comportamiento de la señora De Palacio, después de negar que hubiera algún fraude: cuando esto ocurrió salió corriendo a presentar una
denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional diciendo que se habían cometido graves delitos. ¿En qué quedamos, señorías? ¿Había fraude o no había fraude? La propia señora De Palacio se desmentía a sí misma con ese
comportamiento.
El Partido Popular buscaba culpables en todas partes, acusaba a todo el mundo, preguntaba a todo el mundo, menos a quien debía. ¿Saben ustedes a quién debía preguntar? A los altos cargos del Ministerio de Agricultura que se llevaban el
dinero. (Aplausos.) Ahí tenía que haber preguntado. No preguntó -y ahora lo veremos- donde debía, es decir, a los altos cargos del Ministerio de Agricultura, nombrados por Loyola De Palacio, que estaban defraudando y percibiendo cantidades
multimillonarias de forma fraudulenta, como ahora ha demostrado la Comisión Europea. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Isasi, le ruego guarde silencio. Señor Isasi, le ruego guarde silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Se creó, señorías, una Comisión de investigación, no les quedó a ustedes más remedio; Comisión de investigación que se cerró en falso. Observen ustedes alguna de las conclusiones de esa Comisión de
investigación. Conclusión número cuatro: Existen elementos suficientes para creer que, con independencia de las deficiencias del actual sistema de ayudas europeas, se trata de un cultivo -el lino- que podría desarrollarse con éxito y tener salida
comercial en diversos sectores. Hoy no se cultiva nada de lino en España; que santa Lucía les conserve la vista. (Aplausos.) Conclusión número seis: No se detecta que exista en este sector un índice de fraude relevante ni en comparación con
otros cultivos que dan derecho a la percepción de ayudas procedentes de la Unión Europea ni en términos absolutos. Eso decían ustedes en las conclusiones de la Comisión de investigación.
Decisión de la Comisión Europea, señoras y señores diputados, adoptada en el mes de octubre, hace un mes: Se ha llegado a saber la existencia de un fraude generalizado en la producción de lino textil en España. (La señora Fernández de la
Vega Sanz: ¡Qué barbaridad!) La única conclusión posible que cabe extraer de cuanto precede es que las autoridades españolas, sea por lo que fuere -y ahora sabemos por lo que fue- se abstuvieron de implantar el sistema de control que era necesario.
Las autoridades españolas no reaccionaron adecuadamente frente a esta situación. Al no establecer medidas rigurosas de control dejaron que los hechos se siguieran desarrollando, permitiendo la situación que describe el informe de la Oficina
Antifraude. Por eso las autoridades españolas deben asumir plenamente la responsabilidad de estos hechos, incluidas las consecuencias financieras. ¿Saben ustedes cuáles son esas consecuencias financieras? Una multa de 16.000 millones de pesetas,
señorías. Una multa de 16.000 millones de pesetas que habrá de pagar, según ustedes, el conjunto de los ciudadanos españoles; según nosotros, luego le diré quién tiene que pagarlo.
Señorías, los beneficiarios, porque hubo beneficiarios, ¿verdad? Hubo beneficiarios identificados con nombres y apellidos, señoras y señores diputados. Les diré quiénes son. El señor López de Coca, presidente del FEGA -fíjense ustedes-,
cuya responsabilidad era la siguiente: desarrollar y definir las órdenes ministeriales para la declaración de superficies o regulación de ayudas, casi nada; el señor Moro, delegado del Gobierno del PP en Castilla-La Mancha; el señor Ruiz Paz,
presidente de una empresa pública: Mercasa; el director general de Agricultura del Ministerio de Agricultura. ¿Ustedes saben en qué consistía el fraude? Existía en la certificación, en la expedición de certificados falsos de producción de lino y
se hacía a través de unas transformadoras. Les voy a dar un dato relevante que debería remover sus conciencias, señorías.
(Rumores.-Varias señoras y señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Sólo dos de los altos cargos citados,
nombrados por el Partido Popular y por tanto de su entorno político, los propietarios de las empresas transformadoras Colino y Colisur, ¿saben ustedes cuánto lino transformaron? Mejor dicho, ¿saben ustedes cuánto lino falsificaron? El 24 por
ciento del total. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) ¿Saben ustedes cuánto? Veinte millones de kilos de paja de lino declarado sobre 84 millones en la campaña 1998-1999. ¿Y saben ustedes que incluso familiares directos del conductor de la
señora ministra, Loyola de Palacio, llegaron a percibir cantidades también millonarias? Se conoce que escucharía alguna conversación y se dijo: ¡Yo no puedo quedarme fuera de este gran negocio, también tengo que participar en él! (Aplausos.-Una
señora diputada: ¡Qué escándalo!) Sólo coincido con una conclusión de la Comisión de investigación que ustedes cerraron. ¿Saben cuál es? Aquella que dice que el cultivo del lino era minoritario en España. Es verdad, salvo en un terreno: en la
planta noble del Ministerio de Agricultura, donde todos los altos cargos se dedicaban al cultivo del lino. Ahí no era minoritario (Aplausos.-Rumores.), ahí era mayoritario.
Señorías: los responsables. ¡Porque hay responsables, claro que sí! Fíjense lo que dice la Fiscalía Anticorrupción: La existencia de un fraude generalizado más que meras irregularidades en la aplicación en España del régimen de ayudas
comunitarias en el sector del lino textil. Y le voy a decir algo más, ya que tenemos delante al diputado, entonces ministro, señor Posada, que declaró en el Senado -fíjense ustedes lo que declaró el señor Posada, lo que le honra-: Loyola de
Palacio conocía la actividad de estas personas. (Varias señoras y señores diputados: ¡No!-Varias señoras y señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Lo dijo el señor Posada, lo estoy leyendo, señorías.
(Rumores.) 'Diario de
Sesiones' del Senado, 12 de mayo de 1999: La actividad de estas personas la conocía doña Loyola de Palacio y cualquiera del ministerio. Pues, si conocían estas actividades, ¿por qué no tomaron medidas para acabar con el fraude, señoría? Si
conocían las actividades -y las conocían-, ¿por qué no adoptaron las medidas necesarias para evitar el fraude? Seguramente porque no les convenía.
Seguramente porque estaban ustedes tapando aquella actividad y buscaban culpables.
Culpabilizaron al señor Bono; es decir, a quien detiene al ladrón le hacen responsable de esos hechos. (Aplausos.-Varias señoras y señores diputados: ¡Ahí, ahí!) No parece que piense lo mismo el señor Fischler.
Fíjense: Fischler celebra
que Bono haya actuado contra el abuso de las primas al lino. El comisario de la Unión Europea. Señorías, ¿qué hizo el Gobierno español para evitar esta multa? Fíjense ustedes en lo que hizo: presentar una serie de alegaciones, a las cuales
responde así la Comisión Europea: Los servicios de la Comisión refutan en su integridad las críticas de las autoridades españolas. Señorías, denle una medalla al mérito civil al redactor de estas alegaciones porque desde luego fueron refutadas en
su integridad por parte de los servicios de la Comisión Europea.
Pero aquí hay inocentes, señorías. Los inocentes son los agricultores, a los que ustedes quieren hacer pagar el fraude que cometieron muy pocos. Y nosotros les decimos: No. Señoras y señores diputados, ¿quién debe pagar? Los
responsables. Les he identificado sólo dos altos cargos nombrados por el PP que dijeron que transformaban el 25 por ciento del lino con derecho a ayudas. Les voy a hacer una propuesta para ver si se manifiesta su voluntad de transparencia. Den
instrucciones a la Abogacía del Estado para que, una vez pagada esa multa a la Unión Europea, la repercuta sobre estos defraudadores. (Aplausos.) Esta posibilidad existe en el ordenamiento jurídico español. No hagamos pagar a justos por pecadores.
Una vez pagada la sanción, den ustedes instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para que quien la pague sean los verdaderos culpables del fraude.
Acabo, señorías. La situación de la ex ministra Loyola de Palacio es insostenible. Ella comprometió ante el Parlamento Europeo su renuncia si se derivaba responsabilidad en esta materia. La hay y plena. Yo siempre tuve a la señora De
Palacio por una persona cumplidora de su palabra. No lo ha hecho ni seguramente lo hará, ustedes sabrán por qué.
Les voy a leer algo sobre las complicidades. Alguien escribió hace unos años lo siguiente: Las complicidades. Daba en el clavo el personaje de Herodoto cuando apuntaba que lo peor de la corrupción en la democracia consiste en las
complicidades que crea, complicidades entre los miembros de un partido político o facción, complicidades entre los responsables de los poderes públicos y los sujetos económicos que tienen que relacionarse con ellos. Este conjunto de complicidades
es, sin duda, el mayor envilecimiento de la vida democrática. Yo lo creo así, y ustedes han dado paso a esas complicidades.
Fíjense, quien escribía esto era el señor Aznar en España, la segunda transición. (Aplausos.) ¡Qué visión tuvo de lo que iba a ocurrir durante estos años en España!
Señorías, ustedes deben votar a favor de la creación de esta comisión de investigación, y les diré por qué: porque la transparencia es a los corruptos lo mismo que la luz a los vampiros. (Rumores.) Por eso yo les pido que ayuden a
descorrer las cortinas, porque si ustedes no las abren serán cómplices de unos pocos. Señorías, creo que la gran mayoría de quienes aquí se sientan -de su grupo parlamentario, del Grupo Socialista, de todos los grupos parlamentarios- son personas
honradas. Lo creo sinceramente. (Rumores.) Ahí, según ustedes, no están las honradas, no? (Aplausos.) Lo dice usted, yo sí creo que la mayoría de los servidores públicos son honestos, pero para demostrarlo ustedes tienen que votar que sí a la
creación de esta comisión de investigación. No vuelvan a tapar con el humo negro y espeso del lino que se quemó fraudulentamente esas responsabilidades, porque si lo tapan otra vez estarán manchando la dignidad de ustedes y de esta Cámara.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, discutimos hoy aquí la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el posible fraude en torno al cultivo del lino. Uno no puede empezar sino recordando aquellos
compromisos que el Partido Popular adquirió en el año 1996 acerca de que no iba a impedir en ningún caso la constitución de comisiones de investigación cuando esta Cámara lo plantease. Aquí hay que recordar los compromisos del Partido Popular de
regeneración democrática y de dar vitalidad al Parlamento, porque estamos en un caso donde es evidente que es necesaria una comisión de investigación para que determine responsabilidades.
El ministro de Agricultura no puede venir al Parlamento y señalar con el dedo a las comunidades autónomas y, luego, el Grupo Popular impedir que se investigue si eso es verdad. Si tan convencido está el ministro de Agricultura, si tan
convencido esta el Grupo Popular de que aquí hay responsables, que son las comunidades autónomas, ¿por qué impedir que se investigue, por qué impedir que este Parlamento pueda llegar a sacar conclusiones? Es evidente que el Partido Popular hoy no
puede negarse a constituir la comisión de investigación sin quedar como cómplice de lo que ocurra y también sin hacerle un serio daño a la propia democracia.
Impedir que se investiguen políticamente unas circunstancias tan graves como las que han
ocurrido en torno al cultivo del lino es ni más ni menos que contribuir a que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones democráticas, en este Parlamento. Por tanto, el primer planteamiento que hay que hacerle al Grupo Popular es que
en este momento tiene que elegir entre ser obstáculo a la democracia o contribuir a que la democracia se consolide en este país; es el primer papel que deben de jugar aquí las diputadas y los diputados del Grupo Popular. Si eligen bloquear que se
investigue, repito, habrán jugado hoy un triste papel, que les situaría precisamente al lado de aquellos que no quieren que la democracia funcione en este país.
Dicho esto, si hay un motivo en estos momentos para crear la comisión de investigación, junto con el caso de Gescartera, que también es evidente, es el fraude en torno al cultivo del lino, en primer lugar porque, efectivamente, como ya se ha
dicho, aquella Comisión se cerró de mala manera, con prisas y sin dejar que terminase su trabajo; se cerró incluso con algún que otro escándalo, como el hecho de que se borrasen algunas cintas importantes para alcanzar conclusiones; fue una
Comisión de la que algo se pudo aprender, que no solamente se quemaba el lino sino que también se borraban cintas en este Parlamento. También es importante que se cree esta comisión porque hay que dar una respuesta a los ciudadanos sobre lo que ha
ocurrido en torno al cultivo del lino.
Nos sorprende que el Partido Popular sea tan tolerante y tan benévolo con gente, habiéndose ya demostrado que ha habido fraude generalizado, y luego sea tan terriblemente duro con los jornaleros del campo de Andalucía y Extremadura, en los
cuales sigue sembrando la duda de corrupción y a los cuales sigue poniendo como supuestos corruptos, incluso llegando a eliminar el sistema, enmascarándolo, diciendo que como hay fraude, hay que pasar a otro sistema donde no haya fraude. Pues bien,
señorías, ya sabemos dónde está el fraude en el campo español: el fraude está en el lino y en otros sitios similares, y ahí es donde hay que investigar, ahí es donde este Parlamento tiene que investigar, porque es evidente que ha habido fraude
generalizado.
El Grupo Popular, en lugar de ir al fondo de la cuestión en la Comisión de investigación, solamente entró con una preocupación, bloquear a la entonces eurodiputada, hoy comisaria, Loyola de Palacio; era el único objetivo que tenía el Grupo
Popular desde que empezó la Comisión hasta que terminó, e impidió que la Comisión trabajase con normalidad y con un mínimo de seriedad (los documentos no llegaban o llegaban tarde, después de los comparecientes) y, al final, cerrojazo para que, de
madrugada, la señora Loyola de Palacio declarase y llegase a tiempo para poder ser nombrada comisaria. Al final, lo único que consiguió fue forzar una votación para que, con la mayoría parlamentaria, eso sí, con el apoyo de algunos grupos que hoy
quizá no se lo darían, sacasen adelante una resolución que,
evidentemente, no tenía nada que ver con la realidad. Tanto es así que al final ha sido desmentido no solamente por la fiscalía española sino por los organismos de la Unión Europea y por la propia ex ministra, que vino a presentar una
denuncia que nada tenía que ver con lo que ella misma había declarado en la Comisión de investigación. Fue triste el papel que jugó Loyola de Palacio porque presentó una denuncia que, repito, en nada se parecía a sus propias declaraciones en la
Comisión de investigación y, mucho menos, a las conclusiones. Si a estas alturas el Grupo Popular sigue diciendo en esta tribuna que no hay un fraude generalizado, no solamente está intentando negar una evidencia, sino que puede estar siendo algo
más, puede estar siendo cómplice de los que están siendo juzgados en estos momentos; situando en una posición muy difícil a todo el Gobierno español frente a la Unión Europea. Es evidente que si negamos algo que todo el mundo tiene ya claro, en
lugar de contribuir a que eso se esclarezca, nos situaremos en una posición de bloqueo y de obstrucción a la justicia. Por cierto, quiero recordar un triste episodio cuando se intentaba negar documentación de la comisión de investigación al juez
que instruye el caso. Tuvo que ser este diputado quien se ofreciese directamente al propio juez para entregarle la documentación que la propia comisión, que el propio Parlamento negaba a la justicia. El Partido Popular no puede continuar ni un día
más con este papel de obstrucción, situándose como cómplice de aquellos que se han llevado el dinero, dinero que ahora hay que devolver. La gran duda es quién va a pagar.
A los ciudadanos les interesan dos temas de este debate. Primero, saber si el Partido Popular bloquea una comisión de investigación. En nuestra tierra, en Andalucía, hay un refrán muy claro que dice que el que se pone el parche antes de
que se haga la herida es por algo. Si el Grupo Popular bloquea hoy aquí que se investigue, será porque algo tiene que temer.
Quien nada teme, no tiene nada que ocultar; quien algo teme, tiene algo que ocultar. Este es el primer tema que interesa
a los ciudadanos, si el Grupo Popular va a permitir de nuevo que se investigue o si el Grupo Popular va a bloquear que se investigue. Y repito que, si lo impide, ellos sabrán por qué y los ciudadanos, también. El segundo tema que preocupa a los
ciudadanos es quién va a pagar. Para eso hay que saber las responsabilidades, para lo que sería bueno el trabajo de esta comisión de investigación. Si el Grupo Popular bloquea esa comisión, está diciendo a los españoles que al final pagarán
aquellos que el Grupo Popular quiera que paguen, que serán todos los españoles.
Señores del Grupo Popular, sería terriblemente injusto que al final todos los agricultores, todos los españoles tuviéramos que pagar lo que es cada vez más claro que es el fraude de unos pocos. Ustedes tienen la posibilidad de situarse hoy
aquí en el plano de la normalidad y decir que se investigue, decir desde esta tribuna que no tienen ustedes nada que temer y que por tanto abren las puertas de este Parlamento para que se investigue sobre el caso. También para que de las
conclusiones que saquemos se derive quién tiene que pagar. Si no, ustedes dejarán en muy mal lugar al ministro Cañete, que ya no tendría autoridad para repetir más veces que los culpables son las comunidades autónomas en exclusiva.
Si ustedes no
dejan que se investigue ese asunto es porque no están seguros de esas conclusiones. No podemos permitir que al final sean todos los españoles los que acabemos pagando. Eso es algo que preocupa hoy a muchos agricultores, quién va a pagar esos más
de 16.000 millones de pesetas, que habrá que pagar. Habría que investigar, ahí tenemos una ocasión para que al final paguen exclusivamente quienes sean responsables. En ese sentido esa comisión puede aportar muchas ideas y sacar conclusiones en
positivo. Aquella comisión no sacó ninguna conclusión, porque ustedes no querían y al final ya se ha dicho cómo ha acabado el cultivo del lino en nuestro país, ha desaparecido. Ustedes no tenían ningún interés más que proteger a los suyos. Y no
pueden seguir por ese camino.
Es evidente que hay motivos más que fundados para constituir esta comisión de investigación. Hay interés en la agricultura por saber quién va a pagar. Su oposición significaría perder cualquier credibilidad democrática y además situarse
como protectores de aquellos que deberían ser denunciados por esta Cámara como responsables políticos de la situación. Nosotros -ya lo dijimos en nuestras conclusiones y no lo vamos a repetir- creemos que hubo responsabilidad política, que el
Partido Popular, que la entonces ministra tuvo responsabilidad política por permitir que en su ministerio anidaran cazaprimas. Hoy tienen ustedes la posibilidad de abrir o cerrar este Parlamento a la investigación. Si lo cierran, sepan que ustedes
habrán contribuido a la pérdida de credibilidad de la democracia y el pueblo, al que ustedes impiden hoy esa información, les pedirá responsabilidades.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy la petición de la apertura de la comisión de investigación con un doble objeto. Lo digo porque es importante que, más allá de la retórica
del portavoz -brillante, como todos conocemos-, sepamos qué es lo que se va a someter a votación aquí, porque lo que se pide es mucho menos de lo que desde la tribuna usted ha lanzado. Lo que ustedes someten hoy aquí a votación es una comisión de
investigación, que tiene un doble objeto.
Primero, investigar el funcionamiento de las plantas transformadoras, tal y como es descrito por el informe de la OLAF y en la comunicación de la Comisión Europea al Gobierno. Segundo, analizar y evaluar la corrección y eficacia de las
medidas y controles tomados por el Gobierno para prevenir posibles fraudes en la concesión de ayudas. No se está pidiendo otra cosa ni ustedes mismos lo piden. Si lo piden, veremos cuál es la posición de mi grupo. Hoy yo me pronuncio sobre lo que
ustedes piden. Y lo que ustedes piden no tiene hoy sentido, señor Caldera, y se lo digo con todo respeto.
Empiezo mi intervención por el final. Ustedes hoy han cometido un gravísimo error trayendo esta iniciativa a la Cámara, un gravísimo error político. ¿Por qué? Porque lo primero que piden ya está hecho. Está perfectamente hecho, está en
el 'Diario de Sesiones', está incluso en la Audiencia Nacional, puesto que así se envió desde esta Cámara. Hubo una comisión de investigación que investigó exactamente lo que ustedes piden que se haga: el funcionamiento de las plantas
transformadoras tal y como es descrito por el informe de la OLAF. Lo describió perfectamente, explicó cómo funcionaba, explicó que efectivamente podía haber habido una compra de certificados, que no estaba probada, explicó que funcionaba muy mal un
sistema de subvenciones, absurdo tal como estaba concebido, y explicó que no tenía la relevancia -y así se fijó en las conclusiones- que se le estaba atribuyendo en los medios de opinión pública. Y por tanto, cuando lo ridiculiza usted desde la
tribuna, es bueno que tenga las ideas claras, y que las tengan los ciudadanos. Estamos hablando de hipotético fraude en el 0,6 por ciento del total de la superficie cultivada que recibe ayudas compensatorias y del 0,5 por ciento, hipotético fraude
de parte del 0,5 por ciento, del total de ayudas comunitarias en un sector. Por tanto, cuando la comisión dijo que no es relevante, es que no es relevante. Es que un 0,5 por ciento no es relevante. Puede ser importante políticamente. Sobre el
conjunto no es relevante. Eso es lo que se dijo y se mantiene.
¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que la comisión sostuvo dos cosas. Una, qué ocurría con las personas concretas que habían sido mencionadas respecto de responsabilidades hipotéticas del Gobierno y, a partir de ahí, quién
tenía la responsabilidad de controlar, fiscalizar y en su caso pagar políticamente por el error que se hubiera cometido.
Señor Caldera -como usted a veces dice en otros casos-, no sé si le han informado correctamente. La comisión de investigación,
la OLAF y la Comisión Europea, es decir, esta comisión de investigación, más la OLAF, más la Comisión Europea, sin ningún tipo de matiz, han dejado claro que efectivamente faltaron controles y que esos controles los tenían que hacer las autoridades
competentes y que las autoridades competentes en España son las comunidades autónomas, sin matices y sin ningún tipo de condicionamiento. (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La carta de la Comisión Europea que arranca este expediente... (La señora Cunillera i Mestres: ¡Abran la comisión de investigación, hombre!)
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, ¡guarde silencio!
La señora CUNILLERA I MESTRES: No puedo creer que siempre sea yo.
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, guarde silencio.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La carta de la Comisión Europea de la que arranca este expediente dice que las entrevistas en las comunidades autónomas, administraciones responsables de los controles y verificaciones, estaban destinadas,
etcétera, etcétera. (El señor Cuadrado Bausela: No era eso.) Y a partir de ahí, una vez que el informe de la Comisión Europea dice quién es competente, pasa a utilizar la expresión las administraciones competentes y les imputa una serie de
barbaridades. Yo no doy por buena la versión de la OLAF, como desgraciadamente, echando piedras sobre su propio tejado, está haciendo una comunidad autónoma. Pero es que el propio informe de la OLAF dice: La responsabilidad y competencia para la
realización de los controles y verificaciones de las actividades que dan lugar a la percepción de ayudas directas -como las del lino, por si alguien no lo ha entendido- en el ámbito de la política agrícola común en España pertenecen exclusivamente a
las administraciones de las comunidades autónomas. Por ello los servicios de las comunidades autónomas son responsables de la gestión y ejecución de los controles a los que deben someterse los productores de lino y las instalaciones de
transformación, con el fin de comprobar que se cumplen las condiciones para optar a ayudas comunitarias. (Rumores.-El señor Cuadrado Bausela: ¿Qué controles? ¿Qué controles?)
Esto no lo dice el Partido Popular ni Convergència i Unió, lo dice la OLAF. (Protestas.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué vergüenza!-El señor Cuadrado Bausela: ¡Madre mía!) Estoy leyendo el informe de la OLAF, señor Caldera.
Vamos a suponer, como hace el Gobierno de Castilla-La Mancha y mi grupo no lo hace, que damos por bueno que ha habido fraude generalizado -cosa que impugno, cosa que creo, por la información de que pudimos disponer aquí, que no es cierta y
no está probada, es una generalización absolutamente gratuita-, vamos a suponer, como hipótesis de trabajo, que eso es absolutamente cierto, vamos a suponer que sí, que hay fraude generalizado, lo cual contradice alguna de sus
afirmaciones, porque en su intervención -y le animo a releerla en el 'Diario de Sesiones'- va alternando y dice que el fraude lo cometieron unos pocos y que hubo fraude generalizado. Un día dice que el fraude lo cometieron unos pocos y otro
día dice que hubo fraude generalizado. Pero, como digo, vamos a suponer que sí, que hay fraude generalizado. Pues si lo hay, alguien tiene que pagar políticamente por ello y no está aquí (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Está en Bruselas.) y es
quien tenía que haber interpuesto los controles para que ese fraude no se produjera.
Porque en otras comunidades autónomas, señor Caldera, concretamente en la mía, que conozco, sí se llevaron a cabo esos controles y no aparece ni siquiera
mencionado en el informe de la OLAF. Aparecieron funcionarios de la OLAF en Cataluña y verificaron que esos controles se habían llevado a cabo perfectamente. (El señor Cuadrado Bausela: No es cierto.) Y no merece el más mínimo reproche. (El
señor Caldera Sánchez-Capitán: No tenían tierras en Cataluña.) Evidentemente este es otro de los argumentos para impugnar el propio informe de la OLAF y las conclusiones de la Comisión Europea, que son absolutamente contradictorias, diciendo, por
un lado, que la corrección financiera tiene que ser del cien por cien para a continuación decir que efectivamente había fraude sólo en algunos sitios.
Si había fraude sólo en algunos sitios, la corrección financiera no puede ser del cien por cien.
Sin entrar ahora -porque esto no es el objeto directo del debate- en la impugnación, que espero que hagan los servicios jurídicos del Reino de España, de este informe de la OLAF y de la carta con correcciones financieras que propone la
Comisión, que en opinión de este portavoz es insostenible, absolutamente insostenible, es gratuito, es superficial, todo él, pero, repito, sin perjuicio de que eso se impugne primero en el órgano de conciliación y después ante el Tribunal de
Justicia, lo que hoy corresponde dejar claro es que este Parlamento cumplió su trabajo y lo terminó. Y lo terminó. El trabajo de esta Cámara terminó aquí. Tendrá que explicar una comunidad autónoma ante sus propios electores y ante su propio
Parlamento por qué está obstaculizando ese control, por qué ha decidido colaborar -como informa la propia OLAF- con los servicios de inspección de la Comisión Europea en contra de los intereses de sus propios agricultores y en contra de los
intereses de los demás agricultores de España, por qué ha decidido poner por escrito una comunidad autónoma española que hay fraude generalizado. Que lo justifique, y lo voy a decir con nombre y apellidos, que lo justifique el señor Bono. Es un
problema que tendrá que explicar en su comunidad autónoma.
A mí, que no formo parte de esa comunidad, no me preocupa. Me preocupa, me preocupa terriblemente y por eso respondo hoy de la posición de mi grupo, que alguien, para aludir sus propias responsabilidades, que las tiene, por la Constitución,
por su estatuto y por el decreto de transferencias, intente impugnar lo que los demás han hecho bien. Porque eso es absolutamente irresponsable y contradictorio con el modelo de Estado autonómico que nosotros tenemos, señor Caldera, y con el modelo
de Estado autonómico que su colega en Cataluña va predicando. Yo le animaría a que explicara a su colega Pascual Maragall lo que usted entiende por federalismo, cómo entiende usted ese federalismo que van predicando por ahí. Nosotros sí nos
creemos el estado autonómico y nos lo creemos a las duras y a las maduras. A las duras y a las maduras. Tenemos nuestras responsabilidades, las ejercemos, y el día que nos equivoquemos al ejercerlas, pagaremos por ello. Y si tenemos que pagar una
multa ante la Unión Europea por haber incumplido nuestras obligaciones, la pagaremos.
Lo que no haremos es venir a decir que nosotros queremos competencias cuando las cosas van bien y cuando hemos incumplido nuestras obligaciones, reconocidas por
el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, reconocidas por la Constitución en materia agrícola en la competencia correspondiente y materializadas en un decreto de transferencia, intentar eludir a base de que eso sea responsabilidad de todos.
Ese no es nuestro modelo ni es el modelo que ustedes predican cuando lo tienen que predicar y cuando vienen hablando de federalismo y de modelo autonómico. Sean ustedes coherentes. Este Parlamento no puede fiscalizar la posible falta de control
que se haya producido en Castilla-La Mancha. Que lo haga el Parlamento de Castilla-La Mancha y, si no lo quiere hacer, que responda ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha. No intenten ustedes sacar esto de aquí.
A partir de aquí habrá que ver cuál es la evolución de los acontecimientos. Le corresponde al Reino de España, y esperamos que lo haga con el apoyo de Castilla-La Mancha -que no ha recibido hasta ahora, en perjuicio de los agricultores
españoles, señor Caldera-, impugnar este informe, y esperamos que el Gobierno de Castilla-La Mancha apoye a la Asesoría Jurídica del Reino de España al hacerlo (Rumores.) y que ponga todos los medios a su disposición, como están haciendo las demás
comunidades autónomas que podrían verse afectadas por esta resolución, para poder defender una posición jurídica unitaria en defensa de todos.
Que se deje de una maniobra política que no sé a dónde les conduce y que no tengo ningún interés en
juzgar. Son ustedes muy libres de fijar sus estrategias políticas y a dónde quieren ustedes disparar, no a costa de los agricultores ni a costa del buen nombre de las demás comunidades autónomas, que sí han realizado su actividad política y su
actividad de control como deben. (La señora Cunillera i Mestres: No es verdad.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Guardans.
Señora Cunillera, la llamo al orden.
Adelante, señor Guardans.
La señora CUNILLERA I MESTRES: No tiene por qué llamarme al orden.
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, guarde silencio.
Adelante, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se ha permitido poner por escrito, primero en su negociación directa con los órganos que venían a inspeccionarla y después en las alegaciones, que había fraude
generalizado. Luego ha reconocido que había fraude generalizado en su propio territorio. (El señor Cuadrado Bausela: Es una vergüenza.) Está puesto por escrito.
Si ha habido fraude generalizado, que no lo sé porque esto no es un organismo judicial, si lo ha habido, tiene un responsable, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. (Fuertes protestas y aplausos.) Punto. Punto. Y donde no lo
ha habido y ha habido inspección y ha habido control, el único mérito es de las demás comunidades autónomas. Y eso, insisto, ni lo dice el portavoz de CiU ni lo dice el Grupo Parlamentario Catalán, lo dice la OLAF y lo dice la Comisión Europea. Y
le animo a usted y animo a los medios de comunicación y a quien tenga algún interés en enterarse de este tema a que se tome la molestia de leer un espeso informe, porque efectivamente no es un documento cómodo de leer, en el que se deja claro quién
responde de qué.
Si usted luego quiere hablar de las responsabilidades concretas de personas que estaban en el Ministerio de Agricultura o no, eso se debatió y lo podemos debatir otro día. Suponiendo que eso fuera así, nunca sería fraude generalizado,
serían personas con nombres y apellidos. Y además querría recordarle que a esas personas con nombres y apellidos quien les concedió esas ayudas, que, según usted alega, fueron fraudulentamente conseguidas, fue el Gobierno de Castilla-La Mancha.
(La señora Cunillera i Mestres: No es verdad, mentiroso.) En todo caso, y termino, señora presidenta, yo pido... (La señora Cunillera i Mestres: ¿Cuánto os ha costado?)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Agradeceré al Grupo Parlamentario Socialista un poco de coherencia... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Guardans, por favor. (Pausa.) Señorías, guarden silencio. Adelante, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Agradecería un poco de coherencia en este punto con el modelo de reparto competencial. Lo diré hasta la saciedad: los controles y la ejecución de las ayudas son competencia autonómica. El Ministerio de
Agricultura ni puede ni tiene la más mínima facultad (El señor Cuadrado Bausela: Que sí, hombre, que sí.) con el derecho vigente para otorgar ni una sola subvención agrícola en este ámbito. (El señor Cuadrado Bausela: Hay unas normas.-La señora
Fernández de la Vega Sanz pronuncia palabras que no se perciben.) No puede fijar una subvención.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Guardans.
Señor Cuadrado, señora Fernández de la Vega, no están en el uso de la palabra, les ruego guarden silencio.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Yo les agradezco que me aporten datos para poder hacer algún comentario. Lo que hace el Ministerio de Agricultura es fijar determinadas normas. Esas normas no están impugnadas, ni son objeto del procedimiento,
ni son alegadas ni una sola vez como que violenten para nada el derecho comunitario, ni una sola de ellas. No hay ni una sola línea, ni en la carta que propone las correcciones financieras ni en el informe de la OLAF, que diga nada, absolutamente
nada, en perjuicio de las normas generales en las que se fundaba el reparto de las ayudas. Lo que hay es una impugnación de los controles ejercidos en aplicación de esas normas. Y los controles ejercidos en aplicación de esas normas, y puede ser
la vigésima vez que lo digo, son de cada comunidad autónoma.
Por tanto, termino, recuperemos entre todos, primero, la dimensión del problema. Hay mucho dinero en juego, efectivamente, si las correcciones financieras se aplican. Lo hay, pero eso no tiene ningún fundamento si se intenta reclamar el
cien por cien de las ayudas concedidas cuando la propia Comisión reconoce que no hay fraude del cien por cien. Luego entre todos, porque los intereses que tenemos son compartidos, demos consistencia al Servicio Jurídico del Reino de España, que
tendrá que defender esto con los argumentos que se le faciliten, permitamos que esto no vaya a ninguna parte, ya sea en el organismo de conciliación o en el eventual recurso posterior entre el Tribunal de Justicia, hagan ustedes las campañas
políticas de descrédito que tengan por oportuno, porque están ustedes en su perfecto derecho de hacerlo, pero no a costa de faltar a la verdad, ni de generalizar fraude donde no lo ha habido, ni de impugnar los controles que han realizado
perfectamente las demás comunidades autónomas, ni de renunciar a las competencias que tienen las comunidades que ustedes gobiernan. Porque nosotros reclamamos competencias y las reclamamos para ejercerlas.
Termino ahora, de verdad, señora presidenta y le agradezco esta propina de pocos minutos. (Rumores.-Risas.) Es el único punto donde pediría también, en este ejercicio de coherencia de todos juntos, al Gobierno, que efectivamente hoy se está
acordando, y le damos toda la razón, que en el ámbito agrícola la competencia de las comunidades autónomas es exclusiva.
Y en todos sus documentos deja muy claro que el Ministerio de Agricultura no puede hacer absolutamente nada sin las comunidades autónomas.
Agradeceremos al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular que recuerde muy bien esto cuando
planteemos los debates sobre la participación de las comunidades autónomas en las decisiones de la Unión Europea, porque cada vez que nosotros ponemos como ejemplo la agricultura, al traer a esta Cámara la participación de las comunidades autónomas
en la toma de decisiones de la Unión Europea, se nos mira como si estuviéramos planteando tonterías. Saben ustedes, y hoy les conviene a ustedes recordarlo, que el Gobierno no puede hacer nada y que el Gobierno, cuando va a Bruselas a negociar, no
puede hacer nada sin los consejeros detrás.
Es verdad, pero es verdad hoy y es verdad cuando CiU les recuerda que hay que modificar la participación de las comunidades autónomas en esos mecanismos de toma de decisiones.
Nada más. Muchas gracias. (Fuertes protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Varios señores diputados: ¡Que se besen, que se besen!)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guardas.
¡Señorías, guarden silencio!
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Del Burgo. (Un señor diputado: Del Burgo, no lo vas a mejorar.-Fuertes rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señora presidenta, señorías, hace 25 años pisé por vez primera este hemiciclo en representación de los electores que habían depositado en mí su confianza en Navarra y puedo decirles que desde entonces he
procurado realizar mi actividad política con respeto a mis convicciones y sobre todo tratando de ser honrado, señor Caldera. Y precisamente porque quiero seguir siendo honrado he subido a esta tribuna y subo para descalificar totalmente el discurso
demagógico y falto a la verdad y calumnioso que usted ha hecho en esta tribuna hace unos momentos. (Fuertes aplausos.-Fuertes protestas.)
Señor Caldera, cuando se cerró la Comisión de investigación...Por cierto, he oído un comentario que no puedo dejar pasar, cuando el señor Guardans, cuya intervención por supuesto agradezco, por su brillantez y corrección (Rumores), estaba en
el uso de la palabra he oído que alguien decía: Cuánto le habéis pagado. Señora diputada, usted no es digna de estar en este hemiciclo. (Fuertes aplausos.-Fuertes protestas.-La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, no le doy la palabra en este momento.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Que lo retire.
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, señora Cunillera, no le doy la palabra en este momento.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Que lo retire.
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, le llamo al orden. No tiene la palabra, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Que lo retire.
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, guarde silencio. Señora Cunillera, no me obligue a llamarla al orden más veces. Señora Cunillera, guarde silencio.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Yo no puedo consentir...
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, señora López González, señora Valentín, les recuerdo que la dirección del debate la lleva la presidencia y que en este momento, señora Cunillera, no tiene la palabra.
(Protestas.)
La señora CUNILLERA I MESTRES: Que lo retire, que lo retire. (Fuertes protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor Del Burgo.
La señora CUNILLERA I MESTRES: No puede ser que la dignidad me la dé a mí el señor Del Burgo. Que retire eso, señora presidenta. (Continúan las fuertes protestas.)
La señora PRESIDENTA: No va a continuar el debate en tanto en cuanto no haya el debido orden en la Cámara. Y, señora Cunillera, le reitero que no está en el uso de la palabra.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Él no me da a mí la dignidad. La dignidad de estar en esta Cámara me la dan a mí los electores. Usted me debe proteger.
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!
Señor De Luis, guarde silencio. Señor Bermúdez de Castro, guarde silencio.
Señora Cunillera, no tiene la palabra.
Puede continuar, señor Del Burgo. (Protestas.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: Voy a intentar continuar, porque todavía queda mucho más, señores parlamentarios, queda mucho más. No voy a retirar unas palabras cuando se ha hecho una acusación tan grave como es la de comprar a un
parlamentario para que mantenga en esta tribuna una posición política. No voy a retirar esas palabras. (Fuertes protestas y fuertes rumores.-Varios señores diputados: ¡Fuera, fuera, fuera!)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Del Burgo.
¡Señorías, guarden silencio! ¡Señorías!
Señor Martínez-Pujalte, le agradeceré que guarde silencio.
Señorías, a lo largo de este debate se han cruzado y se han oído desde la presidencia manifestaciones de un nivel ofensivo importante. (Protestas.) Desde la presidencia, en aras de permitir que el debate continuara, aunque ha identificado
perfectamente a los diputados y diputadas que habían hecho esas manifestaciones, no ha querido llamar al orden a esas señorías. Creo que es conveniente para esta Cámara que continuemos el debate por la senda de la cortesía parlamentaria, que es
obligada.
(Protestas y rumores.)
¡Señorías, guarden silencio! (Continúan las fuertes protestas.)
Si al finalizar el debate, los miembros de esta Cámara que desde sus escaños han pronunciado manifestaciones ofensivas hacia el diputado anteriormente interviniente retiran esas palabras, la Presidencia le pedirá al señor Del Burgo que
retire lo que él ha dicho. (Fuertes aplausos.-Fuertes protestas.) Señorías, tienen de tiempo hasta la finalización del debate para decidir. Si aquellos que han imputado manifestaciones ofensivas al anterior diputado interviniente las retiran, se
retirará todo del 'Diario de Sesiones'.
Puede continuar, señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señorías, queda mucho todavía por oír (Rumores.), si me dejan, claro. Todo el escándalo del lino -y sé que no les va a gustar lo que les voy a decir, pero es la verdad- tiene su origen en una gran calumnia.
(Rumores.-La señora López i Chamosa: ¡Vamos, si los ladrones vamos a ser nosotros!-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.- La señora López y Chamosa: ¡Hago lo que me da la gana!)
La señora PRESIDENTA: Señora López, guarde silencio.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Es radicalmente falso que, bajo la protección de la entonces ministra Loyola de Palacio, una trama de altos cargos, con información privilegiada, se hubieran convertido en cazaprimas y se estuvieran forrando con
la percepción de jugosas subvenciones europeas destinadas a fomentar el cultivo del lino textil, como el señor Caldera ha vuelto a reiterar aquí. Fue una gran mentira la imputación a tales altos cargos de que, al verse descubiertos, provocaran
incendios en las compañías agramadoras para eliminar pruebas. Ninguna de las acusaciones vertidas por el Gobierno del señor Bono y por el propio señor Bono era cierta, pero no importa: una mentira repetida una y otra vez acaba por hacer mella en
la opinión pública, por más que en la comisión de investigación se desmontaran, una por una, todas las acusaciones.
Les voy a leer, señorías, una circular enviada a todos los agricultores por el Gobierno del señor Bono tras el estallido del escándalo, en la que les decía que las anomalías detectadas en el caso del lino no son más que un problema originado
por cuatro o cinco personas en las que concurren las siguientes circunstancias. Son altos cargos del Ministerio de Agricultura o de la Administración central, perciben importantes ayudas por el cultivo del lino o están relacionados con las
industrias transformadoras en las que se han producido diversos incendios. No es un asunto generalizable a todos los agricultores que reciben ayudas; se trata de algunos cazaprimas que, mientras los agricultores ponen su esfuerzo y su trabajo,
obtienen importantes subvenciones a costa del prestigio de agricultores profesionales. Pues bien, si todo esto era como lo describía en principio el señor Bono, ¿cómo es posible que la Comisión Europea reclame ahora la devolución de las ayudas
percibidas, no por ese grupillo de supuestos cazaprimas, sino por todos y cada uno de los agricultores españoles cultivadores del lino textil? (Aplausos.) Pues muy sencillo, señorías, porque cuando el señor Bono vio que la imputación de una trama
de corrupción en el Ministerio de Agricultura se venía abajo y del famoso escándalo de corrupción no había ni la menor huella y podía, además, ponerse de manifiesto que sus servicios -y tengo documentos que así lo acreditan- no habían realizado
ningún control digno de tal nombre en la campaña 98-99, entonces hizo como hacen los calamares cuando se ven en peligro, soltó tinta para oscurecer y embadurnarlo todo a su alrededor. Así lanzó la teoría del fraude generalizado. (Aplausos.)
Bruselas ha sancionado a España porque todos, absolutamente todos los agricultores españoles, en connivencia con la veintena de empresas transformadoras que hay en España, han defraudado a las arcas comunitarias mediante la expedición de
certificados falsos de transformación, que luego servían para cobrar las subvenciones. Así de burdo, así de sencillo y así de falso. Lo único cierto de todo este asunto es que el Gobierno de Castilla-La Mancha es responsable de haber convertido a
todos los cultivadores del lino en delincuentes porque, al sostener que las empresas agramadoras carecían de capacidad suficiente para transformar todo el lino de la campaña 98-99, dio el gran argumento a los inspectores de la OLAF para proponer la
corrección financiera por fraude generalizado.
Sin embargo, el señor Bono no ha estado sólo, señorías, ha contado con la inestimable cooperación de la Fiscalía Anticorrupción, y vamos a hablar ahora de eso, señorías. (Rumores.) Sé que lo que voy a decir es muy grave, pero lo hago con
plena responsabilidad y sobre todo con pruebas irrefutables que obran en mi poder. La Fiscalía Anticorrupción hizo un informe -lo ha citado el señor Caldera aquí y ha leído algunos párrafos-
en el que manejó las informaciones suministradas por la Junta del señor Bono, amén de otras indagaciones propias, según dice. En la elaboración de ese informe invirtió más de año y medio y al final ha sido clave para la imposición de la
multa al Estado español, pues en él se formula la conclusión de la existencia de fraude generalizado. Pues bien, ¿saben en qué se basa la existencia de fraude generalizado? Se lo voy a decir. En que una de las empresas transformadoras, porque ya
no hay inspección más que sobre ésa que se llama Colino, transformaba 4.697.973 kilogramos en la campaña 1997-98, cuando no tenía capacidad para hacer esa transformación puesto que tenía una capacidad para unos tres millones y medio de kilos. Tengo
la certificación de la propia Junta de Castilla-La Mancha que acredita que no es cierto que Colino, en la campaña 1997-1998, transformara 4.697.000 kilos, sino 3.183.000, cifra que estaba muy por debajo de la capacidad autorizada a la agramadora de
Colino. Ese error garrafal, por no decir un dato falso, del fiscal anticorrupción, es lo que da lugar a que se afirme que hay fraude generalizado y se extienda, por tanto, a todos los agricultores españoles la existencia del fraude.
(Aplausos.)
Hay más. No es extraño que la OLAF, con unos avalistas como el señor Bono y como el fiscal anticorrupción, llegue a las conclusiones que ha llegado. Como saben ustedes -y también se ha recordado-, hay un sumario abierto en el Juzgado de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el del famoso señor Garzón. Lleva una vida lánguida desde el 2 de febrero, que me parece que se abrió, porque por una serie de circunstancias la Fiscalía no acaba de contestar a requerimientos de
impulso judicial o porque el juez tiene otros trabajos -mucho más importantes, sin duda- de los que ocuparse. Hemos hablado de fraude generalizado. Eso significaría que, ante el Juzgado número 5, tendría que haber habido un colapso como
consecuencia de la declaración y de la personación de los miles de agricultores españoles que han defraudado.
Puesto que son miles y miles los agricultores españoles que han cultivado el lino, los que han defraudado y los que tienen que devolver
las ayudas comunitarias, según la Unión Europea, tendrían que colapsar el juzgado del señor Garzón. ¿Saben ustedes cuántos son los agricultores de toda España imputados por el gigantesco fraude? (Varios señores diputados: los del ministerio, los
del ministerio.-Rumores.) No lo saben, ¿verdad? No llegan a veinte, veinte agricultores son los que constituyen el fraude generalizado de toda España. (Aplausos.-Rumores.) Más aún. ¿Saben cuánto facturaron las empresas transformadoras por el lino
imputado fraudulentamente a esos agricultores? La cifra de 31.500 euros. En total, en toda España, el fraude generalizado que investiga el señor Garzón se reduce a que las compañías agramadoras habían facturado a los agricultores supuestamente
imputados en el fraude nada menos que 31.500 euros, que -se lo recuerdo- al cambio en pesetas asciende a 5 millones.
Ese es todo el fraude generalizado que se está investigando en estos momentos. El asunto del lino, señorías, señor Caldera, sí
señor, es de escándalo, pero por todo cuanto acabo de decir y por muchas cosas más sobre las que podríamos seguir hablando, pero que harían interminable esta intervención. (Varios señores diputados: dilas, dilas.)
Sólo una pequeña pincelada para hablar de la OLAF. Yo casi puedo hacer un doctorado en lino porque me tocó estar en la Comisión de Investigación y he seguido, por curiosidad, la evolución de los acontecimientos, que por cierto, han
demostrado que todo lo que se dijo en la comisión de investigación era cierto. (Rumores.-Protestas.) ¿Sabían ustedes cuántos controles han hecho in situ, en España, los inspectores de la OLAF, que dicen que ha habido fraude generalizado, para
llegar a la conclusión del fraude generalizado? Tres, de veinte agramadoras, tres; ninguna en Castilla-La Mancha, por cierto. Una en Extremadura y dos en Castilla-La Mancha. (Varios señores diputados: Castilla y León.) Perdón, en Castilla y
León. ¿Sabían que Cataluña -lo ha recordado el señor Guardans- mereció todos los pronunciamientos favorables de la OLAF y que también tiene que devolver, gracias a la responsabilidad o irresponsabilidad del señor Bono, las ayudas percibidas?
El Estado español, las comunidades cultivadores del lino y los agricultores españoles, si nadie lo remedia, están a punto de ser víctimas de un inicuo atropello, contra el que debemos elevar nuestra más enérgica protesta. (Rumores.) La
resolución de la Comisión Europea, haciendo suyo el informe de la OLAF, que además hacía suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción, ha vulnerado los principios más elementales del derecho sancionador, a saber, que nadie puede ser condenado o
sancionado sin pruebas y, por supuesto, sin ser oído. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Sobre la base de meras hipótesis, suposiciones discutibles, las más de las veces arbitrarias e incluso sustentadas -ya lo hemos visto- en datos erróneos,
inexactos, por no decir falsos, se ha condenado a todo un sector productivo del Estado español acusándole de atentar contra las arcas comunitarias en un asunto tan sensible como es el de la percepción de las subvenciones de la política agraria
común.
(Rumores.) Yo espero que el Gobierno, como representante del Estado ante las instancias comunitarias, cuente con el inequívoco respaldo de las comunidades autónomas, que han negado la existencia de fraude generalizado en las campañas objeto
de corrupción.
Señor Caldera, ¿sabía usted que el propio señor Bono ha rectificado parcialmente su acusación de fraude generalizado, porque solamente la circunscribe a la campaña de 1998-1999, pero no a las demás, y le dice al Estado español que le
defienda? Yo estoy de acuerdo con que la Unión Europea ha aplicado correctamente determinados métodos, pero no estoy de acuerdo con las cifras que da
la OLAF, ni siquiera con las de 1998-1999, la ampaña del fraude generalizado. Ha tenido algo de vergüenza torera el señor Bono porque sabe lo que se le viene encima. (Protestas.)
Señorías, el señor Guardans ha hecho una referencia al contenido de la proposición del Grupo Socialista, que efectivamente debería haber sido algo más prudente y no traer aquí su propuesta de creación de un comisión de investigación. Es
verdad que la mejor defensa es un buen ataque y, como el anuncio de la imposición de la corrección financiera ha llenado de inquietud e indignación a los agricultores, había que dar un golpe de efecto -ustedes están en esto muy especializados
últimamente- (Rumores.) con la presentación de esta iniciativa para demostrar que los socialistas nada tienen que ver con el desaguisado del lino, sino que la responsabilidad, ¡cómo no!, es del Gobierno. Prueba de que se trata de una acción
parlamentaria -usted, señor Caldera, no la ha defendido porque ha hablado de todo menos de lo que era el objeto de la comisión- para la galería es la falta de rigor con que está redactada la proposición.
Señorías, a estas alturas, ¿cómo se puede
venir sin rubor a esta Cámara para proponer que constituyamos una comisión de investigación, para investigar la actividad de las empresas transformadoras del lino textil? ¿No se han enterado todavía que tanto la OLAF, como la Comisión Europea e
incluso la Fiscalía Anticorrupción consideran que todo lo relacionado con el lino está sujeto al control único y exclusivo de las comunidades autónomas? ¿Cuál es la legitimación de este Congreso para erigirse en fiscalizador de la actuación de la
Administración de las comunidades autónomas cuando están actuando en el normal ejercicio de sus competencias? Ya sé que en esto del Estado autonómico hay una cierta desorientación en las bancadas socialistas por aquello del federalismo simétrico,
asimétrico o pluscuamperfecto, pero a pesar del desconcierto imaginaba que al menos se sabían la asignatura autonómica -hay excelentes juristas en sus filas- y conocían con exactitud cuál es el papel fiscalizador de las Cortes Generales y cuál el de
los parlamentos autonómicos. Por cierto, señorías, nosotros no lo podemos hacer en esta Cámara porque no somos competentes para investigar, pero ustedes sí. Lo tienen muy fácil, vayan a las Cortes de Castilla-La Mancha, presenten esta iniciativa,
convenzan al señor Bono primero de que no manipule las cosas y que deje actuar a la comisión de investigación. (Rumores.) Allí están todos, las agramadoras, los agricultores, también los funcionarios de la Junta, es decir, aquellos que reconocen
que no han hecho los controles, hasta el consejero de Agricultura, por supuesto sin excluir al propio presidente de la comunidad. Allí están todos los protagonistas, todos los documentos, todas las pruebas, salvo que algunas ya no existan.
Habría
sorpresas interesantes, seguro que para más de un telediario, pero no para las televisiones del señor Bono. (Rumores.)
Tampoco tiene rigor alguno la segunda y última propuesta de la proposición socialista que pide que la investigación se ciña a comprobar cómo ha cumplido el Gobierno de España su labor de prevención en el fraude del lino. De nuevo tropezamos
con la misma piedra. Ya sé que, aunque lo dijera la comisión de investigación o la Comisión Europea o el fiscal anticorrupción o el Tribunal Constitucional, ustedes no van a dar su brazo a torcer, pero a lo mejor creen a su compañero García Page
-creo que es el portavoz del Gobierno del señor Bono-, quien no hace mucho tiempo -y cito textualmente- dijo: El Gobierno regional no sólo no niega que la comunidad autónoma tiene las competencias de control y vigilancia del fraude -no sólo no
niega-, sino que las reclamamos; tanto es así, que hemos investigado y detectado el fraude. Luego ¿por qué vienen a esta Cámara a pedir responsabilidades cuando son ustedes los que tienen en la mano todo lo que se necesita para poder hacer una
investigación? (Aplausos.-Rumores.)
Termino, señora presidenta, con otra perla del Gobierno del señor Bono.
Cuando estaban todavía en el discurso de la trama -que hoy ha vuelto a recordar el señor Caldera- de cuatro o cinco cazaprimas (Rumores.-Protestas.), los agricultores
de Castilla-La Mancha recibieron una circular que les decía lo siguiente: Tengan la seguridad de que las ayudas a la agricultura por el cultivo del lino no corren peligro alguno y que el Gobierno de Castilla-La Mancha las defenderá ante quien las
cuestione. Manera de defender: acusar después de fraude generalizado a todos los agricultores. (Aplausos.-Protestas.)
Se dice que la política es una de las más nobles actividades del ser humano, pero, señorías, también puede ser una de las más viles. Fue una vileza intentar acabar con la brillante carrera política de una mujer honrada, valerosa y eficaz
como Loyola de Palacio. (Protestas.-Rumores.) Sí, señorías, fue una vileza calumniar a ciertos cargos y a otras personas relacionadas con el Ministerio de Agricultura al imputarles, a sabiendas de su inocencia, la constitución de una trama
corrupta; fue una vileza acusar más tarde a todo un sector productivo de fraude generalizado, causando importantes perjuicios económicos a muchos agricultores y arruinando para siempre un cultivo prometedor, pero sobre todo es una vileza haber
dañado tan gravemente, por bastardas razones electorales, la imagen de España y de los intereses de los agricultores.
(Rumores.-Protestas.)
Señorías, el tiempo -no lo dude, señor Caldera- acaba por poner a cada uno en su sitio (Un señor diputado: ¡A ver si es verdad!) y estoy seguro de que los responsables de este escándalo, tarde o temprano, responderán por lo que han hecho;
también estoy seguro de que entre los responsables no habrá ni un solo miembro del Partido Popular. (Fuertes y prolongados aplausos.-Fuertes protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Del Burgo. (La señora Cunillera pide la palabra.)
Señora Cunillera, ¿a efectos de qué artículo pide usted la palabra?
La señora CUNILLERA I MESTRES: Artículo 71, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, el artículo 71, como usted muy bien sabe, deja a juicio de la presidencia, cuando se trate de conceder un turno por alusiones, interpretar si ha habido juicios de valor o inexactitudes.
Señora Cunillera, sin ánimo de continuar con el indebido debate que hace un rato hemos tenido cuando usted no estaba en el uso de la palabra (La señora Cunillera: No ha habido debate, señora presidenta.) y, por tanto no debía haberlo,
aunque usted estaba de pie en su escaño hablando sin estar en el uso de la palabra, sin ánimo de continuar con ese debate, esta presidencia ya ha hecho una interpretación del Reglamento y del acontecimiento ocurrido antes y mantiene lo dicho, señora
Cunillera. El señor Caldera me está pidiendo un turno de réplica y lo va a tener y no sé si posteriormente para cerrarlo lo pedirán el señor Guardans y el señor Del Burgo.
Desde esta presidencia, señora Cunillera -y no me gustaría decir nombres- se ha oído perfectamente la frase, cuando el señor Guardans se retiraba de la tribuna: ¿Cuánto le habéis pagado? (La señora Cunillera i Mestres: No.-Protestas.-El
señor Albendea Pabón: Lo hemos oído todos.) Señora Cunillera, señorías, guarden silencio. Señor Albendea, la dirección del debate la lleva la presidencia, no necesito ninguna ayuda. Señora Cunillera, si al finalizar el debate por parte de algún
miembro del Grupo Socialista se dan por retiradas esas palabras, yo daré por retiradas las del señor don Jaime Ignacio del Burgo y pediré que no conste en el 'Diario de Sesiones'. (La señora Cunillera i Mestres: Hay que venir con un bozal.) Señora
Cunillera, no está en el uso de la palabra.
Señor Caldera, tiene la palabra para el turno de réplica.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Créanme que lamento mucho lo que le he escuchado al señor Del Burgo, porque le recuerdo que la dignidad para sentarse en esta Cámara y la confianza la dan y la quitan los ciudadanos, no usted.
(Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Lamento también el trato distinto con que se conduce la presidencia dependiendo de quién formula las expresiones. Recuerdo que al señor Mayoral, por decir en esta tribuna que una diputada del PP hacía
oposición de colegio de monjas, se le obligó a rectificar; y recuerdo que interviniendo yo en esta tribuna, porque dije que el entonces portavoz del Gobierno, señor Cabanillas, había mentido, desapareció la expresión del 'Diario de Sesiones'. Sin
embargo, el señor Del Burgo ha dicho que la señora diputada, miembro de la dirección del Grupo Socialista, no es digna de formar parte de esta Cámara. Eso es gravísimo, señor Del Burgo, y créame que lo lamento profundamente.
Yendo al turno de réplica, lamento lo que los señores Guardans y Del Burgo han hecho aquí esta mañana. ¿Saben ustedes qué es? Un turno en defensa de los defraudadores. (Fuertes aplausos.) ¡Cómo lo lamento! Señor Guardans, usted no ha
estado a la altura de lo que representa su grupo parlamentario en esta Cámara, seguramente guiado por dos consideraciones.
Primera, la vergüenza que debe sentir por haber votado las conclusiones de aquella comisión de investigación que un organismo
como la Unión Europea refuta en su integridad, y es a lo que me he referido. Dos, ahora entiendo por qué hoy se ha hecho público que el Grupo Popular apoyará en el Parlamento de Cataluña los presupuestos del próximo año. Lo ha pagado usted bien.
(Aplausos.-Protestas.) Señor Guardans y señores del Grupo Popular, ahora lo entiendo. (Fuertes protestas.) Señor Guardans y señores del PP...
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: La tesis fundamental que ustedes exhiben... (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Es una tesis falsa. Dicen ustedes que las competencias de control pertenecen a las comunidades autónomas. Sí, pero ¿sabe usted sobre qué base? Sobre la base de la normativa que define el Ministerio de
Agricultura, que no definió ninguna para permitir el fraude. (Fuertes aplausos.-Protestas.) Claro, claro, no definió ninguna.
Por cierto, señor del Burgo, en relación con la señora de Palacio, me he cuidado mucho de afirmar exclusivamente que no ha honrado su palabra.
¿Por qué lo califica usted de vileza? Usted traía escrito el discurso y no se puede venir con
los discursos escritos, antes hay que escuchar lo que dice el proponente. Sencillamente he hablado de que comprometió su responsabilidad ante el Parlamento Europeo y, como la tiene, no ha honrado su palabra.
Diré más, señorías. Se han escuchado aquí esta mañana acusaciones muy graves. Señor del Burgo, usted, desde esta tribuna, ha acusado de prevaricación al fiscal anticorrupción. (Varios señores diputados del Grupo Socialista: Sí, sí.) Creo
que eso es muy grave. Sí, sí. Esto no es nuevo, no es de ahora. El PP acusa al fiscal anticorrupción de arbitrariedad. Ustedes han acusado
de arbitrariedad a una institución como la Fiscalía. Usted dijo que el informe de la Fiscalía Anticorrupción era un papelito. ¿Sabe usted por qué? En el fondo todo tiene una explicación, señor del Burgo, porque a ustedes les molesta, les
quema en las manos, como les quemó el lino, la Fiscalía Anticorrupción. Ustedes no la soportan, no la aguantan (Aplausos.) y por eso van a elaborar una reforma del Estatuto del ministerio fiscal, para descabezar y acabar con la Fiscalía
Anticorrupción (Aplausos.) porque nunca la han admitido. Por eso creo sinceramente que su ataque a la Fiscalía Anticorrupción tiene que ver con ese estado de cosas.
Señorías, aquí lo que ha ocurrido de verdad ha sido que, con independencia de lo que diga la Fiscalía Anticorrupción -ustedes dirán que son pocos afectados-, tenemos aquí un problema encima de la mesa y es que la Comisión Europea impone a
España una sanción de 16.000 millones de pesetas. Si son ustedes tan inteligentes, señores Guardans y del Burgo, hagan adecuadamente las alegaciones y no vengan aquí a hacer discursos políticos para tapar a los defraudadores. Les diré más. La
propuesta de sanción de la Comisión Europea, señor Guardans, ¿sabe a qué comunidad autónoma afecta fundamentalmente? ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe? ¿Sabe usted que, de la sanción que hay que abonar, el 55 por ciento corresponde a Castilla y León y
sólo el 30 a Castilla-La Mancha? ¿Lo sabe usted? ¿A qué viene esa obsesión con el señor Bono, que fue quien defendió al conjunto de los agricultores y quien persiguió -como ha dicho Fischler- el fraude? ¿A qué viene? (Aplausos.) Señor Guardans,
no ponga el ejemplo de Cataluña. Le diré una cosa, si los altos cargos del Ministerio de Agricultura hubieran tenido tierras en Cataluña se habría dado el fraude.
No presuma usted de que en Cataluña no se cultivó lino; no se cultivó porque
quienes indujeron al fraude, quienes protegieron el fraude, quienes engañaron al conjunto de los agricultores -y aquí está el dato que les he dado-, fueron altos cargos del PP, señor del Burgo, fueron ellos quienes favorecieron la extensión de un
fraude, del que hoy la Comisión Europea dice que tiene unas características claras: fraude generalizado. ¿Cómo se puede llamar si no a que Colino y Colisur, las empresas transformadoras del señor Ruiz Paz y del señor López de Coca, o de sus
familiares directos, que tanto monta monta tanto...? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿No? ¿Que fueran los hijos no es importante? ¿Cómo explicar que por sus manos transitara el 25 por ciento del conjunto de las ayudas? ¿Cómo pueden ustedes
decir que estamos cometiendo una vileza, como usted ha dicho, con el conjunto de los agricultores? No, con el conjunto de los agricultores no. Lo que queremos -aclárese, señor Guardans- con esta comisión de investigación es lo que ustedes no han
hecho en esta intervención, descubrir a los culpables y sancionar a los culpables, no a quienes sólo se les puede pedir responsabilidad política por ausencia de controles, sino a quienes se llevaron el dinero. Ustedes están defendiendo que no
investiguemos, que no repercutamos, que no repitamos la multa contra aquellos que fraudulentamente utilizaron los recursos públicos para enriquecerse. Esa es la única intención que tiene el Grupo Parlamentario Socialista al presentar la reapertura
de esta comisión de investigación. Ya sabemos por tanto que ustedes no lo van a hacer. Ya sabemos que lo mejor para ustedes sería que la Comisión Europea dijera que no ha habido fraude, que quienes se han llevado el dinero disfrutaran de él, que a
los que se han llevado el dinero nadie les pudiera establecer las sanciones necesarias por aquellos hechos fraudulentos y que a quienes lo autorizaron o lo consintieron con su responsabilidad política desde el Ministerio de Agricultura no se la
exigiéramos.
No cuenten ustedes con nosotros para eso porque vamos a seguir defendiendo los intereses del conjunto de los agricultores españoles. Vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas. (Protestas.) Y si es necesario, señorías, lo haremos
en los tribunales. (La señora Mato Adrover: ¡A ver si te atreves!-Protestas.) Sí, sí, permítanme decirles que, si es necesario, haremos en los tribunales una acción para que esta multa la paguen los verdaderos responsables, quienes engañaron y
defraudaron, varios de ellos altos cargos nombrados por el Partido Popular. (La señora Mato Adrover: ¡Si es necesario!-Aplausos.-El señor Centella Gómez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor Centella, aunque no ha habido turno en contra, se ha entendido desde esta presidencia que por el contenido de las intervenciones del turno de fijación de posición del señor Guardans y del señor del Burgo cabía un turno de réplica por
parte del grupo proponente. Sin embargo, su grupo, señor Centella, no ha consumido turno en contra; luego, por tanto, ni en la razón ni en la forma ni en el fondo. (Protestas.) Dos minutos, señor Centella, pero no le corresponde. (Protestas.)
Dos minutos, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muy brevemente, señora presidenta, sólo para resaltar dos temas.
Primero, mostramos la solidaridad de este diputado y de nuestro grupo con la diputada que ha sido insultada desde la tribuna. (Aplausos.), y le decimos a la presidenta que ha creado un mal precedente al equiparar un comentario en el pasillo
con una acusación desde la tribuna. Es un mal precedente, señora presidenta. (Protestas.) Espero que en el futuro rectifique usted.
Segundo, le diré al señor Del Burgo, al diputado del Partido Popular, que aquí hemos venido a discutir la creación de una comisión de investigación y si no tienen nada que temer no nos explicamos por qué la frenan, que se vuelven a ponerse
la venda antes de que les salga la llaga porque saben que tienen llagas. Lo que
está haciendo el Grupo Popular esta tarde es frenar que se constituya una comisión de investigación, algo a lo que se habían comprometido con el pueblo español que no iban a frenar nunca. Dijeron que nunca frenarían una comisión de
investigación y hoy van a frenar una porque saben que hay responsabilidades en el Partido Popular. Si no, no lo harían; si estuvieran tan convencidos de lo que han dicho desde la tribuna; si estuvieran tan convencidos de que solamente hay
responsabilidad en un lado, no frenarían la comisión de investigación. Por tanto el Partido Popular no sólo está amparando hoy aquí a los defraudadores, sino que está dañando a la propia democracia. El Partido Popular frenando que se investigue en
este Parlamento está dañando gravemente la credibilidad de la institución. Lo que hoy va a votar el Partido Popular no es por tanto quién tiene razón en el caso del lino, sino impedir que el Parlamento investigue sobre un tema que preocupa a muchos
españoles. Esa es la gran responsabilidad del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Yo comparto con el señor Caldera una cosa, por lo menos una: la dignidad de cada grupo político y la dignidad de cada diputado viene refrendada por los ciudadanos que le han traído aquí. Yo, personalmente como diputado, y mi grupo
respondemos ante los ciudadanos que nos han traído aquí y estamos afrontando este debate con enorme tranquilidad precisamente porque sabemos que el pilar de la posición que estamos defendiendo hoy es el respeto a la verdad. ¿O cree usted que no
sabíamos cuando yo subí a esta tribuna a defender esta posición que no iba a ser del agrado del Grupo Socialista? ¿Usted cree que no se le había ocurrido a este portavoz que ustedes pudieran salir con esos argumentos baratos, rastreros y pobres de
decir que estoy defendiendo esto porque le han aprobado el presupuesto en el Parlamento de Cataluña? (Un señor diputado: ¡Qué listo!) ¿Usted no cree que este portavoz y este grupo hubieran tenido hoy muchísima más comodidad haciendo una
intervención más o menos neutra, tecnocrática, de esas que a nadie interesan porque no se acaban de entender? ¿Es que no es consciente de que sabemos perfectamente que hoy el Partido Socialista puede sentirse molesto por mi intervención? Este
diputado como portavoz y este grupo asumían ese riesgo y responde de él ante los ciudadanos, sin que se sienta atacado en absoluto en su dignidad porque la coherencia con el voto a favor de las conclusiones de la comisión de investigación, la
coherencia con haber leído y estudiado el informe de la OLAF -cosa que tengo la impresión de que usted no ha hecho, por alguna de las palabras que ha pronunciado creo que ha leído sólo resúmenes-, de haber estudiado todos los documentos y de haber
dedicado muchas horas a la comisión de investigación, todo eso y no los presupuestos ni ningún otro tipo de afirmación que usted gratuitamente puede lanzar -no se preocupe, de mi dignidad ya me preocupo yo y de la de mi grupo también- es lo que me
ha hecho realizar esa intervención. Los ciudadanos que nos han traído aquí saben que es estrictamente en defensa de la verdad y esa verdad, en este caso, incluso aunque políticamente a algunos les guste más o menos, favorece al Ministerio de
Agricultura y al Partido Popular. Es la coherencia y la verdad lo que va poniendo a lo largo de la legislatura a cada uno en su sitio. La demagogia, el poner el ventilador, el hacer simplemente juicios de intenciones gratuitos, pase lo que pase,
vengan las cosas de donde vengan, porque como pueden perjudicar a una comisaria que fue ministra de Agricultura o al Gobierno así se sostiene, eso les retrata a ustedes y a su partido. Al mío le retrata decir la verdad aunque a veces nos suponga
que se nos diga que lo hacemos por no sé muy bien qué razón. Así pues -como digo-, coherencia en primer lugar con la verdad y, en segundo lugar, coherencia con un modelo de Estado en el que creemos, en el que se fundamenta toda nuestra actuación
política, que es un modelo de Estado que cree en las competencias exclusivas, y, como he dicho antes, a las duras y a las maduras. Nosotros defendemos las competencias exclusivas cuando venimos a pelearnos aquí con el Grupo Popular sobre la
participación de las comunidades autónomas en Bruselas. (Rumores.) Yo les he escuchado con silencio, les agradecería que lo hicieran igual, por favor. Es lo único que les pido, que escuchen -o no escuchen- pero que, por lo menos, guarden silencio.
Se lo pido con respeto. (La señora Fernández de la Vega Sanz: Eso, la presidencia.) No la presidencia, yo se lo pido esta vez.
Demostramos coherencia con un modelo que es un modelo de Estado autonómico, y ese modelo, en el ámbito concreto de la política agrícola común, dice lo que dice: que la Unión Europea fija una serie de ayudas y que el Ministerio de
Agricultura es quien recibe un paquete financiero pero no lo puede administrar, lo transmite a las comunidades autónomas que tienen transferidas esas competencias y éstas conceden cada una de las ayudas, las gestionan y verifican si se han cumplido
todos los requisitos correctamente. Ese es un modelo descentralizado. Ese es nuestro modelo autonómico en el ámbito agrícola. Nosotros defendemos que, aunque a ustedes en este momento les convenga dar la imagen de un modelo de Estado centralizado
porque les viene bien por razones políticas, nosotros nos oponemos. El Estado está descentralizado en este punto como ningún otro en Europa y eso lo tenemos que defender, como defendemos la buena fama de los agricultores catalanes. Usted ha dicho
algo tremendo que espero que sus compañeros del Partido Socialista de
Cataluña tengan buen cuidado en explicar. Usted ha dicho -y reléase el 'Diario de Sesiones'- que los agricultores catalanes no han defraudado porque no han podido. (El señor Cuadrado Bausela: Eso es falso. No ha dicho eso.) Es
fantástico. (Protestas.) Está ahí dicho. Está en el 'Diario de Sesiones'. El portavoz del Grupo Socialista dice que los agricultores de Cataluña no han defraudado porque no han tenido ocasión, que si hubieran podido hubieran defraudado. (La
señora Cunillera i Mestres: No ha dicho eso.-El señor Caldera Sánchez-Capitán: No, no.) Es usted muy libre de administrar su propio caudal.
Le voy a decir dos cosas muy sencillas para terminar, señor Caldera. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Di la verdad, altos cargos.) Una primera, señor Caldera, que apoyo totalmente: quien defrauda, paga. Por tanto, los agricultores que
han defraudado, sean 20 ó 600 agricultores, sean miles, sean todos los de Castilla-La Mancha, como sostiene el señor Bono, porque eso es lo que dice el señor Bono. Lo que el señor Bono ha transmitido a la OLAF, a la Oficina de Lucha Antifraude, es
que es un fraude generalizado. Luego el señor Bono, él -y dando instrucciones, me imagino, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha- ha transmitido por escrito a la Oficina de Lucha Antifraude que en su comunidad hay fraude generalizado.
Luego, por lo menos, sabemos, con reconocimiento expreso de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que ahí puede haber habido fraude generalizado. Pues si eso es así, según sostiene por escrito la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, esos agricultores deberán devolver y quien se lo tendrá que reclamar es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Estoy seguro de que eso no es así y espero que así se pruebe, pero, por lo menos, hoy por hoy la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha dice eso y está enviado a Bruselas. Luego ese es el primer punto donde estamos de acuerdo, quien ha defraudado que pague y quien ha cumplido sus obligaciones no paga. Ese es el modelo autonómico.
La segunda cuestión que creo que tiene tremenda importancia es que me diga usted un solo sitio, una sola línea en todo el informe de la OLAF, en toda la carta de la Comisión Europea donde se haya fiscalizado la actuación del Ministerio de
Agricultura y se repruebe al Ministerio de Agricultura, una sola acción u omisión (El señor Cuadrado Bausela: Dos.), una sola norma que no fuera como debía ser, una sola acción concreta. El informe de la OLAF -que SS.SS., entiendo, no han leído, a
algunos nos ha tocado leerlo porque venimos aquí a defender este tema- empieza con una introducción que dice: vamos a aclarar el panorama jurídico, que es un poco complicado, y aclaremos quién tiene las competencias en cada cosa. Y dice de nuevo
-lo que he leído antes- que las competencias de control son de las comunidades autónomas, que ésas son las administraciones competentes a las que se va a referir en todo el resto del documento. A partir de ahí, realiza su inspección sobre la acción
de las comunidades autónomas y sobre las empresas -algunas, porque además no fiscaliza todas-, y sobre esas comunidades autónomas hace reproches. Luego, por favor, coherencia no sólo con lo que es teóricamente en otros ámbitos su respeto al Estado
autonómico, sino con el propio contenido de este informe y el propio contenido de esta resolución.
Esperamos, y termino, que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Grupo Socialista en la medida en que pueda influir se ponga en el bando de la defensa de los agricultores (La señora Valentín Navarro: ¿Les vas a dar lecciones?),
deje de hablar de fraude generalizado, aporte todo lo que pueda para que informe de la OLAF y la carta de la Comisión Europea, proponiendo la corrección financiera que de ahí se derive, sean revocados por no tener fundamento y por hacer imputaciones
sin pruebas y concentren sus estrategias de ataque contra quien estimen oportuno sin perjudicar a nadie y sin faltar a la verdad. (La señora Valentín Navarro: Colaborando en el fraude.)
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señora presidenta.
Señor Caldera, tampoco sabe cómo funciona esto; siento mucho decírselo pero se lo tengo que repetir. El Ministerio de Agricultura no dicta normas propias de control, se limita a trasponer las que vienen de Bruselas exacta y estrictamente
porque no podría hacer otra cosa. (El señor Cuadrado Bausela: ¿Qué dices?) Esas mismas normas de control y de inspección son las que luego se publican por las propias comunidades autónomas. Luego, el Ministerio de Agricultura como tal no tiene
capacidad normativa ninguna para innovar nada de lo que se refiera a las directrices que vienen de Bruselas. Entérese bien, señor Caldera.
Dice que hemos hecho aquí una actuación como defensores de los defraudadores. Lo único que he puesto de manifiesto aquí es que de un fraude imputable a cuatro o cinco cazaprimas del Ministerio de Agricultura se ha pasado a la acusación de
fraude generalizado y eso es lo que no me cuadra, señoría, porque si son cuatro cazaprimas, la Comisión Europea diría: miren ustedes, cuatro cazaprimas que tienen estas responsabilidades son los que han defraudado a la Unión Europea, pues que
paguen. Sin embargo, ¿por qué la acusación de fraude generalizado? Porque el señor Bono, cuando vio que no había trama, decidió extender la acusación de fraude generalizado para lavar su propia responsabilidad.
Esa es la verdad.
Luego le he dicho que en el juzgado del señor Garzón se está investigando la famosa trama generalizada,
propuesta por el fiscal, que se circunscribe a 20 agricultores en toda España, que son los que supuestamente habrían concertado con las agramadoras de toda España para recibir certificados de transformación falsos y por las que las empresas
transformadoras cobraron 31.000 euros.
Eso es todo lo que está investigando el juez titular del juzgado número 5. Me reconocerá, señor Caldera que, mientras no haya una resolución judicial, tengo perfecto derecho de formular una crítica al informe
del fiscal especial anticorrupción y a decir con plena responsabilidad, porque tengo pruebas para ello, que todo el informe está basado en un tremendo error. No digo ni siquiera que sea un dato falso, que podría decirlo, pero por lo menos es un
tremendo error, que le ha llevado a establecer esas conclusiones manifiestamente erróneas, por no decir equivocadas o falsas. El señor fiscal anticorrupción, que ya sabe que ha cometido el error, no quiere rectificar. Mantener ese error es lo que
está costándole a España esa corrección financiera de la OLAF. Eso es lo que yo he puesto de manifiesto, señoría. Yo le deseo mucha suerte a la comisión del fiscal anticorrupción -que hasta ahora no ha tenido, aunque haya sacado algunos casillos
adelante-, pero no se pueden destacar grandes cosas de su actividad. Yo le desearía que hiciera grandes cosas.
También me gustaría decirle que la Comisión Europea no ha hecho más que imponer una corrección o sanción financiera. Eso es un acto administrativo, no judicial, y está sujeto a la posibilidad de recurso, de acuerdo con los mecanismos
institucionales de la Unión Europea, y usted tendría que saber que lo que diga la Comisión Europea no es dogma de fe, sino que se puede discrepar. (Rumores.) ¿Es que no se va a poder discrepar de lo que digan en Bruselas los señores inspectores
técnicos de la OLAF? Eso sería poco menos que dejar al Estado español en manos de unos burócratas de Bruselas, dicho con toda claridad.
Señor Caldera, yo comprendo que hay asuntos en los que el Grupo Parlamentario Socialista tiene derecho a seguir hacia delante. Estoy absolutamente de acuerdo, y reconozco los esfuerzos que ustedes han hecho para mirar hacia delante, (La
señora García Manzanares: Te vas a enredar.), pero, por favor, no miren excesivamente hacia atrás y no intenten establecer paralelismos con actuaciones que eran única y exclusivamente suyas. (Rumores.) Yo no quiero recordar cosas, porque no me
parece correcto ni tampoco lo quiero hacer, pero le pido que sea un poco más prudente, señor Caldera. (La señora García Manzanares: Quien te ha visto y quien te ve.) No mienta la soga en casa del ahorcado.
(Protestas.)
Señorías, con esto termino. (La señora García Manzanares: Termine de una vez.) Nuestro grupo parlamentario es plenamente consciente de que cuando vote en contra de esta comisión de investigación lo hará porque responde a los principios
constitucionales de reparto de competencias de este Parlamento. Por cierto -y perdone, señora presidente, porque se me había olvidado decírselo-, nosotros no hemos encubierto nada en la comisión de investigación. Fíjese lo que decíamos: (La
señora García Manzanares: Lo que decían en otras legislaturas.) Las comunidades autónomas poseen los instrumentos legales y administrativos necesarios para llevar a cabo un adecuado control de la producción del lino, de forma que no se produzcan
irregularidades ni hechos que pudieran ser constitutivos de delito, como podría ser la venta de certificados de transformación, que acreditaría una transformación ficticia, con la finalidad de obtener la ayuda a la que no se tendría derecho en
ningún caso. De haberse producido tales irregularidades, éstas sólo se podrían detectar y reprimir por los servicios de inspección de las comunidades autónomas. Hasta el momento, estamos en sede judicial, vamos a esperar. En cualquier caso,
señoría, el grupo parlamentario al que represento es consecuente con el principio fundamental del respeto a la verdad y a los intereses generales de todos los ciudadanos españoles. (Aplausos.-El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿A qué efectos pide la palabra, señor De Grandes, qué artículo?
El señor DE GRANDES PASCUAL: Artículo 71.3, alusiones al decoro y a la dignidad de un grupo parlamentario. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor De Grandes, no está en el uso de la palabra.
El artículo 71.3, tantas veces invocado en esta Cámara, es el que hace referencia al derecho de intervención por alusiones, como le decía hace un momento a la señora
Cunillera, y deja a la interpretación de la presidencia cuándo esos incidentes han ocurrido. Indudablemente, a lo largo de esta última parte de la mañana en el desarrollo de este debate ha habido distintos incidentes. Esta presidencia ya ha dicho
la solución que planteaba. De la intervención del portavoz del Grupo Socialista no ha creído deducir esta presidencia que quería retirar las manifestaciones que se habían oído al retirarse de la tribuna el señor Guardans. Por tanto, tampoco le ha
pedido al señor Del Burgo que retire lo dicho. A partir de ahí esta presidencia da por finalizado el debate.
Muchas gracias, señor De Grandes, no tiene la palabra.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Represento a 182 diputados y quiero hablar.
(Protestas.-El señor Cuadrado Bausela: En los teatros.)
La señora PRESIDENTA: Señor De Grandes, no tiene la palabra. Muchas gracias.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Quiero que conste la protesta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor De Grandes, no tiene la palabra.
Sometemos a votación la solicitud formulada por 78 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre los hechos que han dado lugar a la imposición de una multa de casi 100 millones de euros por
el fraude de las ayudas al cultivo del lino, durante las campañas 1999-2000 y 2000-2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 97; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la creación de la comisión de investigación.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde