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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 206, de 19/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 206
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 199
celebrada el martes, 19 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa legislativa popular:
- Para la estabilidad y la seguridad en el empleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 240-1, de 10 de mayo de 2002. (Número de expediente 120/000006.) ... (Página 10416)
Modificación del orden del día ... (Página 10428)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa legislativa popular:
- Para la estabilidad y la seguridad en el empleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 240-1, de 10 de mayo de 2002. (Número de expediente 120/000006.)(Votación.) ... (Página 10429)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, de modificación de determinados artículos de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 155-1, de 22 de junio de 2001. (Número de expediente 122/000138.) ... (Página 10429)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del procedimiento de verificación de los ingresos de los solicitantes de ayudas públicas convocadas por las Administraciones Públicas. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 439, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 162/000591.) ... (Página 10441)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un Plan de medidas extraordinarias y urgentes para la atención de los sectores sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del
buque tanque 'Prestige', la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza. (Número de expediente 162/000598.) ... (Página 10447)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al siniestro del 'Prestige' en la costa gallega. (Número de expediente 162/000596.) ... (Página 10447)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al accidente del buque 'Prestige' sufrido en las costas gallegas. (Número de expediente 162/000599.) ... (Página 10447)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 435, de 8 de noviembre de 2002. (Número de expediente 173/000163.) ... (Página 10455)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique las razones por las que se niega a modificar su política de eliminación progresiva de subsidio agrario, como recoge el llamado 'Decretazo', que además del
rechazo social general tiene el rechazo de las dos Comunidades Autónomas afectadas: Andalucía y Extremadura. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 435, de 8 de noviembre de 2002. (Número de expediente 173/000164.) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 435, de 8 de noviembre de
2002. (Número de expediente 173/000165.) ... (Página 10466)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular (Página 10416)
Para la estabilidad y la seguridad en el empleo (Página 10416)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa popular, y a petición de distintos grupos parlamentarios, el señor secretario (Oliart i Pons) da lectura al documento en el
que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación por las Cámaras de la proposición de ley.
En turno a favor interviene el señor Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal, y los señores Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día (Página 10428)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de sustituir la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista que figura como punto 4 del orden del día por la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes para la atención de los sectores sociales de
la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque tanque ''Prestige', la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza; asimismo, por
la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a siniestro del 'Prestige' en la costa gallega, y por la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al accidente del buque 'Prestige'
sufrido en las costas gallegas, para su debate acumulado, lo que se acuerda por asentimiento
Asimismo, la Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 34, relativo a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar de las causas, consecuencias y medidas del Gobierno ante el siniestro del 'Prestige' en las costas gallegas, sea debatida en primer lugar dentro del epígrafe VI, correspondiente a
las interpelaciones urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular (Página 10429)
Para la estabilidad y la seguridad en el empleo. (Votación) (Página 10429)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular para la estabilidad y la seguridad en el empleo, se rechaza por 132 votos a favor, 149 en contra y cinco abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 10429)
De los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, de modificación de determinados artículos de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de organización del Centro de IInvestigaciones Sociológicas
Intervienen en la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley conjunta los señores López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Erkoreka Gervasio, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ayala Sánchez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, de modificación de determinados artículos de la Ley 39/1995, de 19 de
diciembre, de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas, se rechaza por 120 votos a favor, 154 en contra y 14 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 10441)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del procedimiento de verificación de los ingresos de los solicitantes de ayudas públicas convocadas por las Administraciones Públicas (Página
10441)
Defiende la proposición no de ley el señor Souvirón García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Con esta iniciativa su grupo pretende que se simplifiquen las relaciones entre la Administración y los administrados,
evitando dilaciones, desplazamientos, gastos y, en definitiva, molestias que, considera, pueden ser evitadas en el estado actual de madurez de la Administración pública, al mismo tiempo que se perfeccionan y racionalizan algunos procedimientos de
gestión interna administrativa, lo que permitirá liberar
medios, tanto materiales como personales, y todo ello sin menoscabar las garantías necesarias para todo acto de la Administración pública que tenga como objetivo el reparto de bienes de carácter público. Explica el contenido de la
proposición no de ley y fija la posición de su grupo con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del procedimiento de verificación de los ingresos de los solicitantes de ayudas públicas convocadas por las
Administraciones Públicas, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la primera enmienda de las dos que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 289 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes para la atención a los sectores sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del
buque-tanque 'Prestige', la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza (Página 10447)
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al siniestro del 'Prestige' en la costa gallega (Página 10447)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al accidente del buque 'Prestige' sufrido en las costas gallegas (Página 10447)
El señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la proposición no de ley en nombre de su grupo y, de forma singularizada, en nombre de los seis diputados socialistas gallegos que no pretenden en modo alguno monopolizar
la defensa de la comunidad gallega como lo vienen poniendo de manifiesto a lo largo de la legislatura. Tras hacer una dura crítica al Gobierno por no estar presente ninguno de sus miembros en el debate, en especial al vicepresidente primero, señor
Rajoy, explica los 15 puntos que integran su propuesta de resolución y que no contienen, en modo alguno, según su opinión, planteamientos utópicos sino un auténtico plan nacional de contingencias que ya ha sido exigido en diferentes ocasiones.
Defiende la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez Sánchez. Afirma, en primer lugar, que el Bloque Nacionalista Galego actuó con diligencia a la hora de enfrentar esta catástrofe puesto que registró la interpelación que
va a ser sustanciada en la sesión de mañana el día 14, jueves de la semana pasada, y también la proposición no de ley que es ahora objeto de debate, y lo hicieron porque sabían que iba a haber consecuencias perjudiciales que ahora pueden valorar en
toda su dimensión. Recuerda que su grupo se ha preocupado continuamente desde 1996, y especialmente durante el año 2001, de que se diese solución a los problemas derivados de la seguridad, el control, la prevención y la lucha contra la
contaminación en nuestras costas, especialmente en las gallegas, demandas que, se queja, no contaron con el apoyo del Partido Popular ni del mayor partido de la oposición. Se refiere a una serie de catástrofes ocurridas en las costas gallegas,
critica la actuación del delegado del Gobierno, y propone en nombre del Bloque Nacionalista Galego unas medidas que solucionen a corto e inmediato plazo las consecuencias de la catástrofe.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Sainz García defiende la proposición no de ley en relación con el accidente del 'Prestige', que ha causado graves daños sociales, económicos y medioambientales en las costas
de Galicia. Afirma que el Gobierno actuó de forma coordinada con la Xunta de Galicia y desde el primer momento, a diferencia de lo dicho por el portavoz socialista, se hizo de la manera más rápida, más eficaz y técnicamente posible, a pesar de las
condiciones climatológicas totalmente adversas, en función de un criterio de prelación lógico: primero, salvar vidas humanas y, segundo, proteger nuestras costas y nuestros mares. Defiende las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular
y por el presidente de la Xunta de Galicia y manifiesta que
no ha sido posible llegar a un acuerdo con los otros dos grupos proponentes de similares iniciativas por la intransigencia del Grupo Socialista, ofreciendo una enmienda transaccional a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego,
abierto desde el primer momento al diálogo, en la que se incluyen 13 puntos que buscan compensar las pérdidas económicas a los mariscadores, a los marineros, a la empresa de acuicultura y comercializadores y exigir garantías para evitar que hechos
como los actuales sigan produciéndose, mejorando el marco normativo internacional de seguridad marítima.
En defensa de las enmiendas presentadas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor Rodríguez Sánchez acepta la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso porque recoge sustancialmente, dice, los aspectos básicos de su proposición no de ley y los puntos que consideraban incuestionables.
La señora Sainz García retira la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y agradece la acogida del Bloque Nacionalista Galego a la enmienda transaccional propuesta por su grupo.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes para la atención de los sectores sociales de la Comunidad Autónoma
de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque-tanque 'Prestige', la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza, en sus propios términos, se rechaza
por 119 votos a favor, 155 en contra y 19 abstenciones.
Sometida a votación, a continuación, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al siniestro del 'Prestige' en la costa gallega, en los términos derivados del debate y de la enmienda transaccional de sustitución que ha
sido propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y aceptada por el señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 292 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 10455)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda (Página 10455)
El señor Morlán Gracia presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la moción consecuencia de interpelación urgente, con el objetivo de exponer ante la Cámara cuáles son sus propuestas en materia de suelo y de vivienda, y lo hacen
respetando el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con las comunidades autónomas respecto al Plan 2003-2005, plan que les parece insuficiente y que no hace frente a todos los problemas que existen en materia de acceso a la vivienda. Por último,
plantea la reprobación del señor ministro de Fomento porque, según él, durante su mandato de dos años y los cuatro anteriores no tuvo sensibilidad alguna para que los jóvenes, los discapacitados, las familias monoparentales y la gente con escasos
recursos pudieran acceder a la vivienda, y anuncia la aceptación de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Morlán Gracia.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique las razones por las que se niega a modificar su política de eliminación progresiva de subsidio agrario, como recoge el llamado 'decretazo', que además del
rechazo social general tiene el rechazo de las dos comunidades autónomas afectadas: Andalucía y Extremadura (Página 10462)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Rebate las dos argumentaciones centrales del señor ministro de Trabajo en el debate de la
interpelación
urgente: primera, que la actual situación de conflicto que se vive en Andalucía se mantenía prácticamente por un interés partidista respondiendo a esa presión que ejercen los partidos de izquierda sobre los trabajadores del campo y,
segunda, que nadie sería perjudicado por las medidas que el Partido Popular había aprobado, y pide la rectificación urgente para volver a la situación anterior al decretazo.
En defensa de la enmienda presentada a la moción interviene el señor Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral (Página 10466)
El señor Campuzano i Canadès defiende en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la moción consecuencia de interpelación urgente que su grupo presentó hace un par de semanas sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral porque considera que es un problema real y grave del conjunto de la sociedad que afecta a las víctimas de los accidentes de trabajo y a sus familias y atañe al conjunto de la
sociedad, a los poderes públicos especialmente y a los actores sociales, organizaciones sindicales y empresariales. Expone los 11 puntos de su moción y lamenta que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en esta ocasión no haya tenido la
flexibilidad y el sentido político suficientes para alcanzar en la Cámara un acuerdo sobre esta materia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda; González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista; Vázquez Vázquez y la señora Lasagabaster Olazábal,
del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en los términos derivados del debate, se rechaza por 109 votos a favor, 160 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique las razones por las que se niega a modificar su política de eliminación
progresiva del subsidio agrario, como recoge el llamado decretazo, que además del rechazo social general tiene el rechazo de las dos comunidades autónomas afectadas, Andalucía y Extremadura, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 112 votos a favor y 160 en contra.
Sometida finalmente a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral,
en los términos derivados de la enmienda transaccional que ha hecho llegar a la Presidencia el grupo proponente, se rechaza por 123 votos a favor, 147 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
- PARA LA ESTABILIDAD Y LA SEGURIDAD EN EL EMPLEO. (Número de expediente 120/000006.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo decimotercero de la Ley orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa popular, y a petición de distintos
grupos parlamentarios, iniciamos el debate con la lectura del documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación por las Cámaras de la proposición de ley.
Señor secretario primero.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Con la venia, señora presidenta.
Proposición de ley de iniciativa legislativa popular para la estabilidad y la seguridad en el empleo. Documento justificativo.
El sistema democrático español aparece configurado en nuestra Constitución a partir de un adecuado equilibrio entre mecanismos de participación indirecta y de participación directa. Así, junto al cauce básico y fundamental de la elección de
representantes populares, singularmente a través de las elecciones legislativas, la Constitución recoge otras vías de participación democrática directa en las decisiones políticas. La iniciativa legislativa popular es, como señala la ley orgánica,
uno de esos mecanismos que permiten poner en funcionamiento el proceso legislativo, configurándose como una forma de participación de los ciudadanos. Aunque corresponde a los partidos políticos, como los órganos de manifestación de la voluntad
popular y como los instrumentos fundamentales de la participación política, la labor esencial de producción normativa, mecanismos como la ILP constituyen una forma de participación -propia de los Estados modernos y de las democracias más avanzadas-
de los ciudadanos y sus organizaciones en ese proceso.
La iniciativa legislativa popular es sin duda un instrumento que sirve a los ciudadanos para que estos puedan también plasmar las aspiraciones sociales necesitadas de una respuesta inmediata y participar activamente en la toma de decisiones
políticas. La Comisión promotora de esta iniciativa y UGT comparten y defienden plenamente el modelo constitucional en virtud del cual poseen la iniciativa legislativa el Gobierno, el Congreso y el Senado, las asambleas de las comunidades autónomas
y el pueblo a través de este procedimiento. En el ámbito socioeconómico la estabilidad y la seguridad en el empleo constituyen una de las principales demandas y preocupaciones de la sociedad española. La elevada temporalidad en el empleo y las
condiciones de inseguridad son desde hace años desgraciadamente características singulares de la realidad del empleo en España. En efecto, la falta de estabilidad en el empleo y unas condiciones de trabajo que no cumplen con los niveles y
estándares de los países de la Unión Europea constituyen una de las preocupaciones sociolaborales más extendidas en la sociedad española.
En el terreno de recuperar la estabilidad del empleo se realizaron esfuerzos relevantes por parte de los agentes sociales en 1997 con la firma del Acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo, AIEE, cuyas medidas para fomentar los
contratos indefinidos han logrado que casi 1.600.000 trabajadores alcanzaran la estabilidad en su empleo. Este resultado positivo no ha permitido sin embargo reducir el volumen de empleo temporal, que incluso ha aumentado, ni reducir apenas la tasa
de temporalidad del empleo. Un fenómeno tan aparentemente paradójico, aumento muy fuerte del empleo fijo pero ninguna reducción del empleo temporal, se explica porque el AIEE concentró sus medidas más importantes en el fomento de la contratación
indefinida, quedando pendientes reformas simétricamente eficaces en materia de contratación temporal. La regulación de los principales contratos temporales proviene en realidad, con muy pocas modificaciones, de la década de los ochenta, cuando la
temporalidad del empleo no alcanzaba el 15 por ciento del empleo asalariado total y cuando la utilización de los contratos temporales respondía generalmente a las causas objetivas para las que estos habían sido previstos. La propia Administración
ha señalado reiteradamente que se cometen frecuentes abusos y un uso inadecuado de los contratos temporales, que cubren puestos de trabajo estables o son rescindidos intermitentemente para eludir el pago de salarios y cotizaciones sociales. El
propio Instituto Nacional de Empleo, a instancias de las organizaciones sindicales, ha analizado los datos del registro de contratos, poniendo de manifiesto la inapelable realidad de las prácticas de rotación en el empleo a través de la sucesión
continua de múltiples contratos temporales realizados por las mismas empresas, con los mismos trabajadores y para los mismos puestos de trabajo.
Estas evidencias, entre otras muchas disponibles, muestran que múltiples aspectos de la regulación vigente de los contratos temporales han quedado obsoletos, no responden a las circunstancias actuales de utilización y han quedado desfasados
por la evolución a lo largo de años de fomento del empleo temporal, que han creado hábitos perversos. La reciente reforma laboral apenas ha realizado en este terreno retoques superficiales, muy lejanos desde luego de las reformas amplias y eficaces
que requiere la regulación de los contratos temporales para restablecer su utilización causal y poder hacer frente a las demandas sociales de estabilidad del empleo.
Por ello la Comisión promotora de esta iniciativa y la UGT consideran necesario canalizar las demandas sociales que se centran en la exigencia de garantías de estabilidad y seguridad que deben acompañar al trabajador tanto de manera real
como efectiva. La conveniencia y oportunidad de que en nuestro país se adopten las medidas legislativas contenidas en la iniciativa adjunta, aparte de las cuestiones anteriormente señaladas, viene avalada por distintos tipos de razones: Por la
situación de nuestro mercado de trabajo, sus índices de precariedad y siniestralidad. Sus consecuencias negativas afectan en primer lugar y principalmente a los trabajadores directamente afectados, pero también se producen
importantes repercusiones negativas sobre el sistema económico y la productividad de las empresas. Por la falta de resultados del reciente proceso de diálogo social sobre contratación y empleo y por la ausencia de medidas en nuestra
legislación vigente que se hayan mostrado eficaces para asegurar de manera suficiente la calidad del empleo. Para garantizar una adecuada aplicación de los principios y contenidos de las directivas comunitarias sobre tiempo parcial y contratos de
duración determinada.
Para introducir mecanismos eficaces frente a los más negativos incumplimientos empresariales de la normativa sobre contratación y salud laboral, como por ejemplo las propuestas sobre encadenamientos de contratos o sobre
responsabilidad de los empresarios principales en relación con los empresarios contratistas o subcontratistas.
Por otra parte, los efectos de una elevada temporalidad y por tanto de la falta de estabilidad en el empleo son negativos, tanto en el plano económico como social y de los recursos públicos, lo que incide en la conveniencia de superar lo más
rápida y eficazmente posible la situación actual. Entre estos efectos negativos pueden resaltarse los siguientes: En el plano económico. Sobre la inestabilidad de la economía, porque el elevado volumen de trabajadores temporales ha venido a
convertir el empleo en un elemento de ajuste empresarial, profundizando y ampliando los ciclos recesivos de la actividad económica. Sobre la demanda interna, porque la incertidumbre sobre el futuro laboral junto a los bajos salarios de los más de
tres millones de trabajadores temporales debilitan la consolidación del consumo familiar, dificultando el acceso al crédito, la inversión en vivienda y el consumo de bienes duraderos. Sobre la competitividad de las empresas, a través de varios
caminos. En primer lugar, porque desincentiva la inversión empresarial en formación de trabajadores que no son estables. En segundo lugar, debido a la inferior productividad de los trabajadores recién llegados a la empresa y con cortos periodos de
permanencia. En tercer lugar, sobre la flexibilidad interna de las empresas, porque impide el desarrollo de la capacidad de adaptación a los contenidos cambiantes del trabajo y a los requerimientos crecientes de la calidad en el mismo. Y, en
cuarto lugar, por la fuerte desmotivación del trabajador que conoce bien su inestabilidad y la situación precaria a la que está sometido. Todo ello afecta a los niveles de productividad de la empresa y también al desarrollo de cualidades de la
producción, diferentes del precio, básicas para el mantenimiento de la competitividad. Sobre el crecimiento económico y sobre empleo, teniendo en cuenta que los factores precedentes debilitan la recuperación de la economía. Tanto la profundización
de las recesiones y el debilitamiento de demanda interna como la fragilidad de la competitividad de las empresas son elementos que reducen la capacidad de crecimiento a largo plazo.
En el plano social, sobre la siniestralidad laboral, ya que las cifras confirman que los trabajadores temporales tienen una accidentabilidad mucho más elevada que los restantes. Sobre las pensiones, porque la permanente rotación de los
contratos, la permanencia en el desempleo y los periodos de cotización establecidos para obtener el derecho a pensión dificultan notablemente el acceso a la misma en condiciones equivalentes al resto de los trabajadores. Sobre el acceso a la
vivienda, porque la inestabilidad laboral y la eventualidad de las rentas hacen muy difícil la adquisición de vivienda y la consecución del crédito bancario. Sobre los salarios y las condiciones de trabajo en general, ya que se ha comprobado que
tanto unos como otros son mucho más deficientes para estos trabajadores. Sobre las carreras profesionales, porque aparte de la menor formación que reciben los trabajadores eventuales no pueden desarrollar una carrera profesional normal debido a la
duración limitada de su permanencia en las empresas. Sobre el modelo social y la cohesión, porque la inestabilidad laboral genera dependencia, dificulta el desarrollo personal, la autonomía, y fomenta la ausencia de proyectos viables.
Genera
asimismo una relativa marginación y claras dificultades para una inserción completa en todos los ámbitos de la vida social.
En el ámbito de los recursos públicos, sobre la financiación de la Seguridad Social y los ingresos públicos. La inferior duración de los contratos temporales y su remuneración están provocando una aminoración de la financiación del sistema
de Seguridad Social y del sistema fiscal en general. El enorme volumen de trabajadores temporales afecta especialmente a los ingresos por cotizaciones sociales, lo que añade un perjuicio a los problemas que plantea el reducido nivel de empleo y el
volumen elevado de paro. Sobre el gasto social. La elevada temporalidad, la enorme rotación que conlleva y la gestión del empleo realizada por las empresas mediante estas fórmulas les induce a externalizar costes de estructura que deben soportarse
impropiamente por los sistemas de protección social, que se encuentran de esta manera sobrecargados. Esto último, en definitiva, supone que se están asumiendo socialmente costes que son particulares.
No cabe duda de que la calidad del empleo comienza por la seguridad en el trabajo, por eso es necesario corregir la siniestralidad laboral que tanto preocupa en nuestra sociedad, incidiendo sobre la relación tiempo de trabajo y salud
laboral, puesto que se ha constatado objetivamente una relación entre el aumento del tiempo de trabajo y el aumento de la siniestralidad. Ciertamente, el objetivo sindical de 35 horas de trabajo semanales se encuentra en periodo de implantación en
numerosos convenios en el sector privado y en buena parte de las administraciones públicas.
Por otra parte, los promotores de esta iniciativa estamos convencidos de la necesidad de un refuerzo y promoción desde la ley para universalizar la jornada
semanal de 35 horas. En este
contexto, la propuesta concreta que se formula pretende ser consecuente y ajustada a la finalidad de protección de la salud, planteándose como una jornada de duración máxima sin posibilidad de promedios o compensación con otros periodos de
tiempo y limitada por ello a aquellos sectores y actividades considerados especialmente peligrosos.
Por todo ello, el eje sobre el que se plasman en la iniciativa adjunta estas aspiraciones es la recuperación en la calidad en el empleo como elemento constitutivo del avance social. Ello se concreta en una serie de líneas que recogen estas
aspiraciones y que son las siguientes: Primero, el desarrollo del principio de estabilidad en el empleo que determina la necesidad de dar preferencia a la contratación indefinida como regla general, estableciendo la contratación temporal sólo por
necesidades objetivas de producción, garantizando así la eficacia de la norma frente a los abusos y fraudes en el trabajo. La gran lacra de nuestro mercado laboral es la temporalidad. En el momento actual y en el mejor de los casos las
modificaciones introducidas no corrigen los abusos que se producen por la excesiva utilización de este tipo de contratación. El problema de la temporalidad exige medidas que favorezcan el uso de la contratación temporal cuando verdaderamente
existen necesidades temporales, impidiendo su utilización abusiva y fraudulenta. Por ello, son cuestiones fundamentales: eliminar la situación económicamente ventajosa que ofrecen frente a la contratación indefinida y establecer límites
temporales, superados los cuales el trabajador pueda ver cómo su contrato temporal se convierte en indefinido con la consiguiente estabilidad en el empleo. En relación con lo anterior, es fundamental el conocimiento por parte de los representantes
de los trabajadores de cuál es el comportamiento de la contratación en las empresas a fin de intentar promover y garantizar a los trabajadores la posibilidad de que puedan acceder a puestos de trabajo de duración indefinida.
Segundo, en materia de contratación pero con relación al trabajo a tiempo parcial es necesario compatibilizar la necesidad de flexibilidad que tienen las empresas a la hora de decidir la organización del trabajo, con las garantías que son
necesarias para un adecuado desarrollo del individuo y por tanto de su vida personal y familiar. Esta conciliación no queda asegurada por la regulación vigente, lo que redunda en una grave pérdida de calidad en el empleo, especialmente femenino.
En tercer lugar, en materia de seguridad y salud en el trabajo, no cabe duda de que en las actividades y trabajo de especial peligrosidad es necesario tomar medidas que permitan reducir la siniestralidad laboral que tan preocupante es para nuestra
sociedad. Una de estas medidas sin duda ha de ser la reducción del tiempo de trabajo y de la consiguiente exposición en dichos sectores. En cuarto lugar, en materia de subcontratación también es necesario establecer medidas que impidan que se
eludan las obligaciones empresariales relegando los derechos laborales y medidas encaminadas a extender la responsabilidad del empresario principal sobre otro tipo de obligaciones independientemente de su naturaleza, lo que además debe ser conocido
de manera amplia, sin cortapisas en la información, como prerrogativa de los representantes de los trabajadores. También en materia de condiciones de trabajo y encaminado a garantizar las mismas, es necesario atajar la cesión ilegal que se produce
como consecuencia de los cambios en los sistemas de organización del trabajo, lo que obliga a considerar tales circunstancias y por tanto a contemplar en la norma la ilegalidad de determinados elementos de esas conductas.
En cuanto a la transmisión de empresas, garantizar las condiciones de trabajo que venían rigiendo con anterioridad a la transmisión es fundamental a la hora de continuar en el desarrollo del principio de la estabilidad en el empleo y la
información que debe darse en dicha transmisión también se encuentra dentro de este principio. En materia de prevención de riesgos laborales, las propuestas de modificación están encaminadas a incidir en aquellas situaciones que se vienen
produciendo en la práctica y que se refieren fundamentalmente a incumplimientos empresariales. Y en esta materia es fundamental que el derecho de información que se debe proyectar en las relaciones entre los representantes de los trabajadores y la
empresa se desarrolle con mayor intensidad, plasmándose en actuaciones concretas de dichos representantes que deben ser tenidas en cuenta dentro del propio sistema de prevención de riesgos laborales. La mayor responsabilidad que deben tener algunas
empresas como las de trabajo temporal, la mayor información que se debe dar en este terreno y la especial vigilancia en los incumplimientos que se realicen por parte de las empresas debe ser especialmente tenido en cuenta.
En definitiva, todas estas medidas que se desarrollan a través del articulado de la proposición que forma parte de esta iniciativa pretenden poner fin a la situación de nuestro mercado laboral, a sus índices de temporalidad y de
siniestralidad. Porque, en último término, la mejora de la calidad de vida y del bienestar de los ciudadanos españoles es asimismo un elemento favorecedor de la competitividad de las empresas, de su productividad y del crecimiento del sistema
económico.
Señora presidenta, he terminado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario primero.
Turno a favor de la iniciativa. (Pausa.)
Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, quiero empezar por expresar mi agradecimiento al resto de los grupos parlamentarios que ban a apoyar esta iniciativa popular, especialmente a Izquierda Unida, porque hayan acordado, que
hayan aceptado que sea el representante del Grupo Socialista
quien ocupe el turno a favor, sin perjuicio del que luego ocuparán ustedes para fijar su respectiva posición. En todo caso muchas gracias por su deferencia.
De entrada he de manifestarles que subo a esta tribuna en nombre del Grupo Socialista para decir de manera entusiasta sí a esta proposición de ley que nos presenta la UGT a través del procedimiento de la iniciativa legislativa popular.
Probablemente habría sido mucho más útil que, en vez de la lectura de esa exposición de motivos que ilustra la proposición, su propio secretario general, aquí presente, Cándido Méndez, hubiera tenido la oportunidad de dirigirse a esta Cámara para
defenderla. Hubiera sido lo mejor. En todo caso, bienvenidos, señores representantes de la UGT, autores de esta proposición de iniciativa legislativa, que encuentra por nuestra parte todo un conjunto de razones para que esta Cámara acepte su toma
en consideración. La primera es recordar que se trata de una iniciativa legislativa popular. La Constitución, señorías, establece un procedimiento para que la soberanía directa, para que la soberanía popular, que se expresa normalmente a través de
los partidos políticos, pueda hacerlo directamente, puesta tomar la iniciativa legislativa y, pasando una serie de condiciones y una serie de filtros, pueda proponer al Legislativo una determinada iniciativa. Es una propuesta que sustituye, por su
propia dirección, por su propia representación directa, a los propios partidos políticos o al propio Gobierno, que es el que tiene, en un régimen democrático parlamentario, la iniciativa legislativa normalmente.
Pues bien, cuando una iniciativa legislativa popular atraviesa todos los obstáculos que la Constitución establece para su procedimiento, supera todos los filtros, obtiene toda la representación que le es exigible, no parece razonable de
entrada decirle que no. Una iniciativa popular está cargada de un plus de legitimidad. A mí me parece que, a una iniciativa que surge de la base, que surge, como esta iniciativa, de las fábricas, de donde está sufriéndose el problema, se le diga
que no sencillamente porque se considera que hay otras soluciones es como si a un chaval al que exigimos un esfuerzo para aprobar el curso escolar, cuando hace ese esfuerzo y aprueba le decimos: Ahora te quito el premio.
Si hemos previsto el procedimiento y hay una organización que ha cubierto los trámites y los procedimientos, digámosle sí. Segundo, si quien ha hecho este procedimiento es un sindicato, no un colegio profesional, no una representación
corporativa, no un grupo de interés sino un sindicato, un sindicato que representa pongamos a un millón de afiliados, que representa al 40 por ciento largo de los delegados sindicales que se eligen en las fábricas, por tanto, a la representación
directa del movimiento obrero, si es un sindicato el que ha hecho la recogida de las firmas para tomar esa iniciativa, démosle este segundo plus. Es una iniciativa popular, no en función de un grupo de interés, de un colegio profesional. Yo
recuerdo que hace unos meses vimos aquí una iniciativa de este carácter planteada por el grupo de farmacéuticos. Está bien, no le quito ninguna legitimidad, pero por favor, señorías, recuerden que esto lo plantea un sindicato, uno de los dos
sindicatos importantes y representativos del país, que a su vez -tercero- ha hecho una recogida de firmas en los tajos y en las fábricas en poco más de dos o tres meses y ha recogido casi un millón de firmas. Le bastaban 500.000, sí, pero casi
800.000 personas, trabajadores la mayoría de ellos en las fábricas, a petición de la UGT, se han incorporado a esta reivindicación, le dan en definitiva y desde el punto de vista de la formalidad de esta iniciativa que estamos examinando un plus de
legitimidad que no permite en mi opinión, democráticamente, con facilidad decir: No tomo en consideración esta propuesta. Además esta proposición se plantea no sobre una cuestión que le es ajena, como sería que la UGT hubiera traído a esta Cámara
una iniciativa legislativa sobre, pongamos por caso, un problema agroalimentario o de telecomunicaciones, sino que está legitimada porque con ella el sindicato muestra una preocupación que surge en su ámbito, en el núcleo y en el corazón mismo de
las relaciones laborales, lo que tanto importa a la representación que tiene el sindicato.
Quinto. Esta propuesta viene a plantearse sobre uno de los problemas más importantes del mercado laboral, sobre dos de las anomalías más significativas y que caracterizan por excelencia la complejidad o problemática que tienen las
relaciones laborales en España, como son las altísimas temporalidad y siniestralidad. Todo esto no hace más que incidir en la legitimidad que reclamo para que esta Cámara diga sí a esta proposición. Porque, señorías, coincidirán conmigo que en
estas materias tampoco la UGT pretende con su iniciativa sustituir al Gobierno. Más bien lo que interpreto es que, una vez demostrada la ineficiencia de las medidas planteadas por el Gobierno o, dicho de una manera más clara, constatado el fracaso
de la reforma laboral de marzo del 2001 sobre estas mismas cuestiones, la UGT adquiere una legitimidad para decir: Usted ya ha legislado, ya lo ha intentado. Analicen ustedes, señores parlamentarios del Poder Legislativo, la propuesta que yo les
hago.
Ustedes coincidirán conmigo, señorías, en que la reforma del 2001, hecha literalmente para estos objetivos por el Gobierno, es decir, buscando una reducción de la temporalidad, un aumento del empleo y una reducción de la siniestralidad, dos
años después de su puesta en práctica en marzo del 2001, no ha permitido constatar avance alguno. Es por esto por lo que añado que hay un argumento más en favor de decir sí a esta propuesta, y es que la UGT no pretende sustituir al Gobierno en lo
que, por otra parte, con toda razón, correspondería al Gobierno de la nación legislar, inclusive a la oposición. No, es que la UGT dice: Señorías, llevamos dos años con estas medidas y esto no va bien;
por favor, vean ustedes nuestra propuesta. Para atacar ¿qué? Para atacar, como les decía antes, un problema capital. Señorías, no es que la altísima temporalidad sea un problema que sufren sólo los cuatro millones de trabajadores que
tienen un nivel de altísima rotación en contratos eventuales sucesivos -hay aproximadamente cuatro millones de trabajadores en España que están rondando esta desgracia en la contratación laboral-, sino que la Unión Europea nos ha expresado también
esta situación como una anomalía grave del mercado laboral español. No es solamente un problema de los que lo sufren, sino que es también un problema de la economía española y de las empresas españolas, porque de la dualidad se deriva una
incapacidad para formar a los trabajadores, lo que es vital para una buena producción, para una alta productividad y para una mejora de la competitividad. Es que por la falta de fijeza no se plantean planes de organización de las empresas para
mejorar su eficiencia productiva y de la altísima temporalidad española se deriva, sin duda, lo que llamamos un trípode de problemáticas que son, a efectos de todo el mundo, lo que está caracterizando un mercado laboral depauperado, emprobrecido;
una relación laboral de bajos salarios, con alto nivel de fraude en la contratación porque nadie es capaz de denunciar los incumplimientos sucesivos de contratación de jornada y de convenios. Cuando se tiene un contrato temporal no se es libre para
reclamar a la Inspección de Trabajo o a la autoridad laboral que se cumpla la legislación laboral mínima. Hay un alto nivel de fraude en la contratación, hay un dualismo sociolaboral cada vez más evidente; hay una altísima siniestralidad, una baja
productividad y poca formación. Es un problema de la economía española, señorías, y hay que atacarlo.
La otra gran anomalía que nos presenta esta iniciativa es justamente la siniestralidad, que es una consecuencia de lo anterior. Según los datos que ayer mismo daba la prensa, en 2002, hasta el mes de agosto los muertos por accidente laboral
han vuelto a aumentar. Son casi 780 los que han muerto este año en España en ocho meses, casi cinco muertes cada día si contamos los días laborables. Es una estadística realmente insoportable, pero no es solamente un coste humano sino también
económico para la sociedad española. ¿Qué hacemos frente a esto? Nada. Aquí hay unas propuestas que gustarán más o menos, pero la UGT nos propone una serie de reformas que, en mi opinión, van al corazón del asunto, por ejemplo, cuando la UGT nos
propone, señorías, recuperar la causalidad en la contratación temporal. En la legislación laboral española hay dos grandes modalidades sobre las que se inscribe la contratación temporal: una es la contratación por obra al servicio; otra, la
contratación temporal por acumulación de pedidos por cuestiones del mercado. Pues bien, en estos dos conceptos hay un paraguas que abarca un incumplimiento sistemático y reiterado de la legislación laboral. No hay causalidad hoy en día, cualquiera
contrata como quiere, pero siempre temporalmente; 90 de cada cien contratos que se hacen en España son temporales; en el año pasado se hicieron catorce millones y medio de contrataciones y aumentó el paro en cien mil personas.
Señorías, estas anomalías hay que combatirlas, y la propuesta de UGT es lógica: hay que atacar, dicen ellos, la causalidad; hay que evitar, como dicen también, el encadenamiento de contratos temporales en un mismo puesto de trabajo; hay
que evitar el encadenamiento de varios contratos temporales a un mismo trabajador; hay que evitar el abuso de ley en el contrato de formación; hay que establecer responsabilidades del contratista principal en la prevención de riesgos laborales en
los casos de subcontratación sucesiva e ilimitada, como se produce en las obras y en cantidad de servicios en muchas empresas; hay que reducir la jornada para reducir riesgos laborales allá donde la actividad por una jornada prolongada produce
accidentes, y esto se está viendo. Hay que tomar estas medidas, señorías, y la UGT las ha propuesto.
Termino. La UGT hace una iniciativa que propone, en última instancia, una serie de reformas en nuestra legislación laboral que pueden gustar más o menos, pero no nos impone sus soluciones. Lo que hoy estamos votando aquí simplemente es
tomar en consideración la iniciativa y aprovechar la oportunidad que nos brinda para que entre todos podamos discutir estos problemas y estas anomalías. No me vale que el Partido Popular me diga hoy aquí que el Gobierno ya está intentando corregir,
porque ha fracasado, porque ya está constatado que en esta materia no han avanzado nada las cosas, ya se sabe. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad de tratar entre todos este tema? ¿Por qué no decimos sí a esta iniciativa, creamos una ponencia
y llamamos a Comisiones Obreras, a CEOE y a los expertos, les pedimos que nos digan sus puntos de vista y negociamos y consensuamos las reformas laborales necesarias para corregir estas anomalías? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Quién puede negar esta
necesidad y la conveniencia de decir que sí a esta propuesta?
Pues bien, señorías, recapitulemos: es una iniciativa popular que surge de la base, que tiene esa legitimidad; que viene de un sindicato que no es un grupo corporativo sino un sindicato mayoritario que supone prácticamente la mitad de la
representación sindical que hay en España; que está avalada por casi un millón de firmas; que se refiere a un tema que está en el corazón mismo de su representación: las relaciones laborales; que no quiere sustituir al Gobierno, sino suplantar
su propio fracaso; que quiere corregir con medidas que son razonables un fracaso y unas anomalías evidentes en nuestro mercado laboral, con propuestas acertadas o no -en mi opinión, acertadas-, pero que pueden ser discutidas entre todos y pueden
ser objeto de un nuevo consenso entre nosotros.
¿Cómo podemos decir que no
a esto, señorías? Yo voy a decir, en nombre del Grupo Socialista, que sí, pero no me explico cómo alguien puede decir que no en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi intervención es para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular de UGT para la estabilidad y seguridad en el empleo. Cuando en marzo de 2001 el Gobierno del Partido
Popular aprobó el decreto de reforma del mercado laboral, desde Chunta Aragonesista ya avisamos que se perdía una gran oportunidad para tomar medidas que resolvieran lo que casi todas las fuerzas políticas coincidíamos en señalar como los
principales problemas del empleo, que son la alta tasa de temporalidad y su consecuencia más dramática: la siniestralidad. Entonces no sólo no se buscó el necesario consenso con las fuerzas políticas en un tema tan fundamental, sino que se rompió
el diálogo social y el Gobierno legisló en contra de la opinión de las organizaciones sindicales, apostando por un modelo de competencia empresarial basado en bajos costes laborales y en un mercado de trabajo centrado en la precariedad en el que
realizar contratos estables se ha convertido en una excepción, mientras la contratación temporal, el encadenamiento de contratos, la subcontratación o las empresas de trabajo temporal son la norma. En Chunta Aragonesista creemos que las necesidades
de la empresa no justifican esta situación ni en la elevada temporalidad en la contratación ni en la reducción de la calidad en el empleo.
Desgraciadamente, la tasa de temporalidad en el Estado español sigue siendo muy superior a la registrada en Europa (32 por ciento frente al 14 por ciento en la Unión Europea), una situación que incide de forma especial en dos importantes
problemas sociales. El primero es la baja calidad del empleo en las mujeres y los jóvenes, donde se concentra el mayor porcentaje de temporalidad, lo que supone menos derechos laborales y peores condiciones que el resto de los trabajadores, y el
segundo, la siniestralidad laboral, ya que las trabajadores y los trabajadores temporales y las subcontratadas y subcontratados siguen teniendo el triple de accidentes que las personas fijas. En definitiva, la reforma laboral del año 2001 ha
fracasado, no ha solucionado estos problemas y, por si fuera poco, un año y medio después tenemos un importante aumento de desempleo. Desde Chunta Aragonesista vamos a respaldar la iniciativa legislativa popular de UGT porque sus planteamientos son
coincidentes con medidas que ya en el año 2001 planteábamos desde Chunta Aragonesista. No es una utopía conseguir que un trabajo fijo sea realizado por un trabajador fijo. No queremos resignarnos a pensar que los trabajadores deben tener menos
salarios, menor protección social o un despido más barato para tener un empleo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Anuncio el voto afirmativo de Esquerra Republicana de Catalunya a esta incitativa legislativa popular para la estabilidad y la seguridad en el empleo y agradezco desde aquí el apoyo que han dado muchos trabajadores y trabajadoras a esta
iniciativa legislativa popular capitalizada, dirigida e impulsada por la Unión General de Trabajadores (UGT).
Nuestro voto va a ser afirmativo por dos razones. En primer lugar, por una razón de calidad en el empleo, para garantizar un empleo estable y acabar con la situación de alta precariedad en el empleo, de alta temporalidad y del círculo
perverso que se ha creado hoy en día para muchos jóvenes y muchas mujeres, pero también para muchos parados de más de 40 años que buscan de nuevo empleo, y que es la temporalidad, que impide su asentamiento en el mercado laboral con unas mínimas
condiciones. También coincidimos plenamente con esta iniciativa en el sentido de que la seguridad en el empleo incide directamente en la calidad en el empleo.
En segundo lugar hay una razón de profundidad. Queremos un empleo estable y queremos seguridad en el empleo, sobre todo para la eficiencia del empleo. Hoy no se puede exigir calidad y eficiencia en los puestos de trabajo si no hay
continuidad y una sensación de calidad en el empleo.
Esto está hoy en quiebra en el modelo que el Partido Popular ha impulsado en las relaciones laborales. Un trabajador tiene que sentirse seguro y tener la sensación de que su especialización y su
trabajo van a tener futuro, y desde Esquerra Republicana decimos que esto está en quiebra.
Una razón de más para apoyar esta iniciativa.
Finalmente, la subcontratación es uno de los elementos principales de siniestralidad en el trabajo. La inseguridad no sólo contractual, sino también la inseguridad en el puesto de trabajo es un peligro para muchos trabajadores. Según
Esquerra Republicana, son razones de peso para dar nuestro apoyo incondicional a esta iniciativa legislativa popular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En nombre de Eusko Alkartasuna también anuncio nuestro voto a favor de esta proposición de ley presentada por iniciativa popular. Esta proposición tiene dos ejes, que desde luego compartimos: el primero y más significativo hace referencia
a la pretensión de mejorar la contratación tanto en el aspecto de estabilidad como en el de garantizar su seguridad jurídica, y el segundo hace referencia a formular de forma más clara y precisa el viejo axioma de las relaciones laborales de que lo
normal en la contratación laboral es el contrato indefinido y la excepción, la contratación temporal. Por ello nos parece que estos dos ejes contienen una serie de medidas oportunas al tratar de configurar el contrato laboral en unos términos
claros y precisos, recogiendo para ello tanto los criterios que ha ido sentando la jurisprudencia como la praxis ya desarrollada en los convenios colectivos. Se pretende eliminar aquellas zonas grises que han podido amparar en el pasado ciertos
fraudes en la contratación laboral.
Igualmente estamos de acuerdo en reforzar las funciones de la representación legal de los trabajadores, por cuanto, por una parte, se atribuye una representación ex lege extendida a los comités de empresa de la empresa principal sobre los
trabajadores de empresas contratistas, ETT y empresas cedentes, en la que no existe representación legal, y, por otra, se especifica y concreta el papel de la negociación colectiva en la perfección de la causalidad, duración y demás temas
relacionados con la salud laboral. Sin embargo, hay un aspecto en el que, caso de que prosperara esta proposición de ley -y nos gustaría que así fuera- manifestaríamos una reserva, y es el hecho de la supresión del llamado contrato de inserción.
Este es un instrumento mediante el cual los servicios públicos pueden desarrollar experiencias de reinserción laboral de desempleados y sectores en situación de exclusión social. Creemos que esta es una cuestión que puede ser positiva. Está siendo
utilizada por algunas administraciones públicas, en concreto el Gobierno vasco, y aunque todavía no se ha valorado su incidencia en las políticas de inserción social, nos parece que debe mantenerse.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy brevemente quiero manifestar el apoyo del Partido Andalucista a esta iniciativa popular, como no podía menos desde una tierra donde los índices del problema de paro o de relaciones laborales son muy superiores a la media española, donde
hay empleo inestable, con un tanto por ciento que en el sector agrario es el triple que el del resto de España - y hemos visto que en las últimas medidas del Gobierno no se ha entendido esa especificidad de la temporalidad del empleo agrario-. Es
una tierra en la que la situación psicológica general es la de estar en el mejor de los presentes y en el peor de los futuros y de falta de fe o confianza en todos los sistemas de relaciones de empleado-empleador, de estabilidad en el empleo y de
estabilidad en los ingresos. Como no podía ser menos, como digo, nos parece que debemos apoyar esta iniciativa, y una vez que se tramite y si saliera, podríamos matizar algunos de los puntos. Por tanto, sin dar más argumentos, desde la posición en
la que hablo y desde la tierra por la que hablo, no puedo más que apoyar esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
También con brevedad, voy a expresar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular para la estabilidad y la seguridad en el empleo. En nuestra
opinión, es una iniciativa importante que incide en la necesidad de resolver una de las preocupaciones más importantes de la gente, que es conseguir un empleo estable y de calidad, es decir, trabajar con unas mínimas condiciones de dignidad y con un
mínimo de derechos. Esta iniciativa vuelve a poner de manifiesto, como algunos venimos sosteniendo desde hace tiempo, que la filosofía que orienta la política económica y social de este y también de otros gobiernos es profundamente negativa para
los trabajadores y trabajadoras, porque hace recaer sobre estos la responsabilidad de hacer rentables a las empresas.
Es decir, el modelo económico y social que en este momento impulsa el Gobierno busca que las empresas alcancen cada vez más
beneficios y mejoren eso que se da en llamar su competitividad, y eso se hace fundamentalmente a costa de los trabajadores y trabajadoras, que deberán adaptarse cada vez más en exclusiva a los intereses empresariales para que este fin se alcance.
Eso trae consigo lo que ya es una evidencia para todos: tasas de temporalidad elevadísimas, reducción de derechos laborales, peores condiciones de trabajo y bajos salarios, al tiempo que se mantienen altas tasas de paro. Por recuperar una
terminología hoy en desuso, para mejorar las cuentas de resultados de las empresas, lo que hacen estas políticas es fomentar una mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras. Tal como dice
la iniciativa, esta tendencia no se detiene con el tiempo, sino que se amplía y afecta cada vez a mayor número de personas, con incidencia desigual: mayor, por ejemplo, entre jóvenes y mujeres y en áreas o espacios más deprimidos
económicamente.
Las sucesivas reformas en el campo laboral y social, que tampoco conviene olvidar que fueron apoyadas con entusiasmo por algunos de los que ahora se lamentan de sus resultados, no sólo no han frenado sino que han contribuido a facilitar el
actual marco de relaciones laborales, y hay que tratar de impedir que estas sigan avanzando por un camino que es equivocado porque es perjudicial para la mayoría de la población. No es cierto, como se sostiene desde el poder, que el aumento
constante de los beneficios empresariales sea la garantía de una mejor situación de los trabajadores y trabajadoras, y no es cierto puesto que está ya a la vista de todos. Compartimos, por tanto, el fondo de la propuesta que hoy se debate: es
necesario conseguir que las normas legales fomenten la consecución de empleo estable y de calidad, como es necesario impulsar políticas que garanticen la posibilidad de trabajar en la propia tierra y es necesario igualmente que nos dotemos de un
modelo económico y social distinto, que busque menos el beneficio como norte y se preocupe más del bienestar colectivo de la mayoría de la sociedad.
Concluyo, señora presidenta, diciendo que vamos a votar la toma en consideración de esta proposición de ley. Tomarla en consideración permitiría sin duda realizar un debate a fondo y concluir soluciones concretas y prácticas que pongan coto
a una situación insostenible ya para muchas personas.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, mi intervención va a ser breve.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ve con profundo respeto la intención de esta propuesta que llega hoy a la Cámara a través de un sindicato y fruto de la iniciativa popular. Estamos de acuerdo en el fondo de un problema que tanto
mi grupo parlamentario como el Gobierno autónomo de Canarias consideran objetivo prioritario de su política laboral. Nos movemos en un escenario doblemente complejo y diferente en muchos aspectos del que se presenta en el territorio peninsular del
Estado español. Esos dos hecho son: la estructura laboral y de los problemas laborales de Canarias, una comunidad autónoma cuyo producto interior bruto lo genera el sector servicios en más de un 70 por ciento, lo que tiene una correlación con ese
mundo laboral, y al mismo tiempo el Gobierno de Canarias mantiene una línea de cooperación y diálogo con el Gobierno central, a través del Ministerio de Trabajo, que se plasma en una serie de disposiciones y apoyos de índole económico y
presupuestario a los que se denomina Plan integral de empleo canario.
Aunque estamos de acuerdo con muchas de las ideas que presenta esta iniciativa, tenemos que ser muy respetuosos con la forma. Digo esto no sólo por lo que se deriva del binomio Gobierno de Canarias-Gobierno del Estado, a través del
Ministerio de Trabajo, sino también en cuanto a la estructura representativa sindical y laboral del archipiélago canario.
Eso se deriva fundamentalmente de que queremos ser en estas formas respetuosos con las mismas por la razón de que el Plan
integral de empleo canario es objeto de permanente negociación entre la Administración autonómica y los sindicatos representativos en el archipiélago. Siempre hemos deseado mantener el diálogo no sólo con UGT, sino también con Comisiones Obreras y
los sindicatos propios del territorio autonómico canario, nacionalistas o no, que, con mayor o menor implantación, tienen una representación definitiva en la vinculación de Coalición Canaria con algunos de estos sindicatos nacionalistas. Deseamos,
pues, mantener el equilibrio de nuestro escenario legislativo, sociológico, laboral, económico y político, que es distinto del que aquí se plantea.
Por las razones expuestas, respetuosos con esta iniciativa pero también con la representación sindical, laboral, sectorial y estructural económica del archipiélago canario, con su legislación y normativa específica, basada, como digo,
fundamentalmente en la existencia del Plan integral de empleo canario, en el que la lucha contra el paro y el desempleo son factores prioritarios, y lo que se deriva de ello, por tanto, la estabilidad y la seguridad en el empleo como circunstancias
correctoras del mismo, nos llevan, por tanto, señora presidenta, a abstenernos en la votación sobre la toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: ¿Pasará sin pena ni gloria también, como las otras iniciativas legislativas populares? ¿Se continuará despreciando aquí el trabajo, el sacrificio y el tiempo democráticamente utilizado para interesar a una parte de la
sociedad española en cómo funciona la democracia? ¿Se continuará haciendo como otras veces con una iniciativa legislativa popular que recoge 800.000 firmas, que pasa por el Parlamento y se echa a la papelera en una hora y media? ¿Van ustedes a
permitir eso? ¿O van a permitir que se lleve a debate en la Comisión y que discutamos? Ustedes
tienen la mayoría para decir si conviene o no, si encaja o no con el programa del Partido Popular o si puede encajar; negociemos, pero no despreciemos de ninguna forma el trabajo realizado por una organización sindical como la Unión General
de Trabajadores y por muchos trabajadores que se han sentido implicados en esta lucha por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la gente de este país, que en definitiva es una participación democrática de primer orden.
Aquí está la cuestión, señores del Partido Popular. ¿Será autista este Parlamento de nuevo? Hagan ustedes un esfuerzo de sensibilidad y aprueben la tramitación de esta iniciativa legislativa. Los últimos datos que tenemos de la encuesta
de población activa del tercer trimestre de este año muestran que el paro aumenta aproximadamente en unas 800 personas al día; que la pérdida de impulso en la creación de empleo es de un 22 por ciento, más o menos, en relación con el año anterior;
que en medio millón de hogares no hay ningún miembro de la familia que esté trabajando; que el paro de menores de 25 años afecta a un 22 por ciento de la población potencialmente activa -15 por ciento en la Unión Europea-; que 31 de cada 100
contratos que hay continúan siendo temporales y, por tanto, precarios; que la siniestralidad laboral aumenta y que un millón de personas en paro no recibe ningún tipo de prestación por desempleo. Esta es la realidad, y no genera seguridad en una
sociedad, no genera corresponsabilidad, sino que genera sombras de temor y de inseguridad que no dicen nada en favor de la democracia y de su consolidación. Hay además elementos en los que no voy a entrar, como que, por ejemplo, el salario mínimo
interprofesional ha bajado cuatro puntos desde 1996, es decir, que no ha habido por otro lado un aumento de los salarios de una forma extraordinaria en función de que los sindicatos hayan presionado a favor de los que tienen empleo estable y seguro.
No, no lo ha habido tampoco en nuestra sociedad. Si nos centramos en los jóvenes, vemos que siete de cada diez tienen trabajo temporal o contratos a la carta, como han señalado ya otros portavoces desde esta tribuna, sin causalidad, es decir, se
termina el contrato y se hace otro y otro, sin causalidad.
Estos contratos provocan, como ustedes saben porque tienen mejores analistas que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, descualificación, desmotivación, falta de compromiso, sobre todo
de los sectores de la juventud, más accidentes laborales, despilfarro de energías, por tanto, inseguridad e inestabilidad.
La iniciativa legislativa popular de la Unión General de Trabajadores -y desde aquí saludo a sus representantes- plantea normas más racionales de la utilización de los contratos temporales, un elemento nada revolucionario, por cierto,
bastante moderado, que podría encajar en sus programas sociales, al menos los que tenían hace poco. Por cierto, echo en falta la presencia del señor Zaplana, que últimamente ha salido a la palestra con gran ímpetu provocando rápidamente una serie
de acuerdos con los sindicatos; debería estar aquí recogiendo lo dicho en este debate, tampoco es que estén presentes muchos diputados y diputadas para recoger lo que puede ser una sensibilidad expresada a través de una iniciativa legislativa
popular.
Quieren regular desde esta iniciativa legislativa popular el empleo a tiempo parcial, y algo que es fundamental, señores y señoras del Partido Popular, definir muy en concreto las responsabilidades empresariales en la contratación, las
garantías laborales y los derechos que debe haber para el conjunto de los trabajadores, la subcontratación abusiva que hay en este país, que afecta directamente a la seguridad y a la salud laboral de muchos trabajadores, que afecta, naturalmente, al
paro, en definitiva, normas para la aplicación de la ley. Es una iniciativa legislativa popular que ni siquiera viene de un grupo parlamentario de la oposición, sino que simplemente viene de una organización social, en este caso una organización
sindical, que dice: señores, detectamos estos problemas y estamos dispuestos a negociarlos. Me da la impresión de que todavía esperan la respuesta del Gobierno cuando éste dijo que les iba a contestar en un plazo prudente de tiempo. Creo que el
Gobierno todavía no les ha contestado y hace de esto ya un montón de meses.
Esta iniciativa pretende reducir y regular el tiempo de trabajo para mejorar la salud y la seguridad en los sectores y actividades de mayor riesgo, que es otra de las propuestas que hay en la iniciativa legislativa popular o en la
proposición de ley. Es decir, una acción frente a la potencial, o real, pasividad del Gobierno para hacer frente a todas estas realidades, porque cuando hemos discutido en esta Cámara de forma reiterada los problemas de la siniestralidad laboral,
de los accidentes de trabajo y de la temporalidad hemos llegado siempre a una conclusión, que el Gobierno planteaba de forma retórica muchas alternativas, muchos programas, pero en la práctica las cifras continuaban siendo tozudas: la
siniestralidad laboral aumentaba, la temporalidad no bajaba y la precariedad en el trabajo no se reducía.
En resumen, es una iniciativa legislativa popular para un empleo de calidad, para aumentar la salud y la seguridad de los trabajadores de nuestro país, actuando contra las causas negativas que producen los accidentes laborales, la
siniestralidad laboral, la temporalidad, la precarización del trabajo, para hacer una sociedad más justa, más segura y más democrática. Sería la ocasión de oro para que el Partido Popular demostrase esta alta sensibilidad en un momento en que
todavía no se celebran las elecciones de forma inmediata, pero sí están en el horizonte, pues los programas económicos, sociales y laborales se tienen que presentar teniendo un currículum detrás que diga: señores, en los momentos necesarios
nosotros hemos sido capaces de negociar,
de pactar con la sociedad o con sectores de la sociedad para atender las justas aspiraciones de esta sociedad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Antes que nada quiero saludar, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, a la dignísima representación de la Unión General de Trabajadores que nos acompaña en esta sesión. Como apuntaba el señor Jáuregui, ojalá nuestro
reglamento permitiese que este tipo de iniciativas fuesen defendidas en la tribuna por aquellos grupos sociales que las han elaborado y que han hecho ese esfuerzo ingente de recogida de firmas.
En este debate, mi grupo va a adoptar una posición de respeto al trabajo realizado por la Unión General de Trabajadores. Somos conscientes de la complejidad y de las dificultades para la puesta en marcha de las iniciativas legislativas
populares y también de que cerca de 800.000 firmas deben merecer de esta Cámara y del conjunto de los grupos parlamentarios, más que el respeto, la toma en consideración de esta iniciativa. Lo decimos desde la discrepancia sobre aspectos
sustanciales de aquello que nos plantea la Unión General de Trabajadores.
Estamos convencidos de que esta iniciativa y el debate que se suscita hoy, o el que se podría suscitar en el caso de que la Cámara tomase en consideración esta iniciativa, nos ayudaría a dinamizar la discusión política y social sobre nuestro
mercado de trabajo. A pesar de haber vivido con intensidad este debate en estos últimos meses como resultado del decretazo, de la huelga general y de la posterior modificación de las posiciones del Gobierno, es evidente que continúa siendo
reclamado por el conjunto de la sociedad. Hoy mismo el Gobierno hacía pública la última encuesta del CIS, donde un 64 por ciento de los españoles manifestaba que su principal motivo de preocupación era el paro. Seguramente esa preocupación sobre
el paro va más allá de la perspectiva de no tener empleo y tiene mucho que ver con la inseguridad que existe en cuanto a las perspectivas inmediatas para muchas familias del conjunto de la sociedad. Sólo por esto esta iniciativa ya merecería ser
tomada en consideración. Señorías, también es evidente que, cuando una iniciativa la plantea uno de los principales agentes sociales del conjunto del Estado español como es la Unión General de Trabajadores, la Cámara no puede ser ajena a la
importancia de la Unión General de Trabajadores, a la importancia de los sindicatos en la configuración de nuestro Estado social, democrático y de derecho. Es más, buena parte del éxito económico y del éxito social que ha supuesto el proceso de
transición y de consolidación de la democracia en el conjunto del Estado español tiene mucho que ver con el sentido de la responsabilidad que las fuerzas sociales, muy especialmente los sindicatos, han desarrollado a lo largo de estos años. Nos
parece que el éxito colectivo de estos 25 años de historia en España tiene mucho que ver con la responsabilidad que en los momentos graves han demostrado las fuerzas sociales.
Estas son las razones que van a llevar a Convergència i Unió, insisto, desde la discrepancia -creo que la UGT conoce nuestra discrepancia-, a votar favorablemente esa toma en consideración, desde el convencimiento de que hoy el paro, la
inseguridad en el mundo del trabajo, continúa siendo la principal preocupación de las familias. También estamos convencidos de que a lo largo de estos últimos cinco o seis años se ha producido un vuelco importante en la realidad de nuestro mercado
de trabajo, con la creación de más de tres millones de puestos de trabajo y con la disminución de la precariedad existente. También es de justicia plantear en este debate que hoy el escenario de la discusión es diferente del que podía existir en
1995. Convergència i Unió se siente copartícipe en la toma de decisiones políticas en España desde 1993, aún gobernando el Grupo Socialista, y muy especialmente desde 1996, gobernando el Grupo Popular, porque las políticas que se han impulsado a lo
largo de este período, a pesar de que han tenido efectos discutibles, como son el aumento de la precariedad en nuestro mercado de trabajo, sí han servido para alejarnos de aquellas cifras de paro tan espectaculares que padecía nuestra sociedad.
Hace quince días, la Unión Europea nos recordaba que en 1997 nuestra tasa de paro era del 17 por ciento, nuestra tasa de paro de larga duración era de cerca del 11 por ciento, nuestra tasa de paro de los jóvenes era de más del 13 por ciento
y nuestra tasa de paro femenino era de más del 23 por ciento. La Unión Europea nos recuerda, en cifras del año 2001, que nuestra tasa de paro está en el 10,6, la de paro de larga duración en el 5,1 -se ha reducido más de la mitad-, la del paro
juvenil en el 9,1 y la de paro femenino en el 15,5. Hay que decir que en este período se han recuperado cifras negativas desde la perspectiva de la cohesión social del conjunto de la sociedad.
Estamos convencidos de que hay que hacer un esfuerzo importantísimo para crear ocupación, para aumentar nuestras tasas de actividad y hay que seguir reduciendo el paro, ser capaces de reducir con intensidad la precariedad existente en
nuestro mercado de trabajo, de aumentar la productividad de nuestro sistema colectivo, de introducir elementos de mayor formación y educación para el conjunto de las personas trabajadoras. La competitividad de España debe depender en el futuro de
la formación del conjunto de los trabajadores
no de la existencia de salarios bajos o trabajo en precario. Esto hay que hacerlo en un contexto económico diferente del que hemos vivido a lo largo de estos últimos años. Además, señorías, lo debemos hacer en la configuración de un nuevo
escenario en el mundo del trabajo que hasta ahora no ha estado demasiado presente en los debates parlamentarios en esta Cámara, de todo lo relacionado con el impacto de las nuevas formas de organización empresarial, con el impacto de la presencia de
las nuevas tecnologías en el mundo de la empresa, de los cambios estructurales en el mundo de la familia. Todo ello, junto con una nueva cultura de la gestión empresarial, modifica sustancialmente los paradigmas en los que nos hemos movido hasta
ahora en el mundo del trabajo. La temporalidad, el tiempo parcial, la presencia de las ETT, el auge del trabajo autónomo, los falsos autónomos, el trabajo autónomo dependiente, la presencia de la subcontratación, configuran un nuevo marco de
relaciones laborales que merece ser estudiado desde la doble perspectiva de ser capaces de mantener la flexibilidad que nuestras empresas necesitan para ser competitivas y, al mismo tiempo, mantener y potenciar una protección social suficiente de
las personas trabajadoras ante el desempleo, la enfermedad, el paro, la maternidad y el accidente de trabajo. Debemos ser capaces de asumir una gestión diferente de la temporalidad, propiciar trabajo autónomo con dignidad y protección, y otorgar en
todas estas materias un papel central a la negociación colectiva y al papel que deben jugar en ella los agentes sociales, los sindicatos y las organizaciones representativas del mundo de la empresa.
Estamos convencidos de que la proposición de ley, la iniciativa legislativa popular que nos plantea la UGT, está demasiado anclada en una visión del mundo de las relaciones laborales previa al año 1994. Esta es nuestra discrepancia con las
cuestiones de fondo que nos plantea la Unión General de Trabajadores. Todos coincidimos al entender cuáles son los principales problemas de nuestro mercado de trabajo hoy, aunque quizá discrepemos sobre alguna de las soluciones que se pueden
apuntar. Es más, estamos convencidos de que hoy el Gobierno de España tiene la obligación de dar un nuevo impulso a la política de creación de empleo, un nuevo impulso a la lucha contra la precariedad, que sea capaz de hacer más atractiva la
contratación estable e indefinida. Ahí habrá que plantearse a fondo el estudio de una reducción generalizada de las cotizaciones sociales para el empleo indefinido, pues hoy es posible hacerlo en el contexto de una Seguridad Social con excedentes
importantes. Está pendiente el desarrollo de una potente política de creación de empleo en los denominados nuevos yacimientos de empleo, muy vinculados con los servicios de proximidad de las familias y las personas.
En este contexto de reflexión amplia sobre las necesidades de nuestro mercado de trabajo es donde un debate parlamentario en el seno de una ponencia, como el que se derivaría de la toma en consideración de esta iniciativa de la UGT, a
nuestro grupo le parece positivo; por tanto, nuestro grupo estaría de acuerdo con esta toma en consideración.
Previsiblemente eso no será posible, y lo lamentamos, pero animamos a la Unión General de Trabajadores a que continúe realizando su
trabajo en defensa de los derechos de las personas trabajadoras.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez Corgos tiene la palabra.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, debatimos la toma en consideración de una proposición de ley derivada del mecanismo de la iniciativa legislativa popular. Cuando yo oía al secretario de la mesa hablar de las razones que justificaban la
iniciativa legislativa popular se refería a razones de solución inmediata.
Señorías, creo que la legitimidad de los proponentes, de la Unión General de Trabajadores, no se puede discutir y el Grupo Parlamentario Popular valora el esfuerzo que supone la recogida de firmas que imponen la Constitución Española y la
Ley orgánica que regula el derecho a la iniciativa legislativa popular, pero tampoco podemos desconocer, señorías, la legitimidad de las leyes aprobadas por las Cortes Generales.
La democracia no es solamente la democracia institucional
representada por las instituciones del Estado, sino también el comportamiento democrático y el uso de los instrumentos democráticos en todos los ámbitos de la vida pública.
Así, a lo largo de estos últimos años en los que España partía de una situación tremenda desde el punto de vista del empleo y sobre todo desde el punto de vista del desempleo -el señor Frutos nos decía que actualmente hay 500.000 familias en
España que tienen a todos sus integrantes en el desempleo; yo quisiera recordarle que hace seis años, en 1996, la cifra era el doble: eran un millón las familias que tenían a todos sus integrantes en el desempleo-, el Gobierno del Partido Popular
ha articulado unos mecanismos, como las diferentes mesas de diálogo social en las que la organización sindical proponente ha tenido ocasión de participar, de cuyos resultados esta Cámara se ha hecho eco, como no podía ser de otra manera,
plasmándolas en los correspondientes instrumentos normativos.
La proposición de ley que hoy se nos plantea contiene la reforma de siete leyes: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley general de la Seguridad Social, la Ley 12/2001, de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden Social y la Ley 14/1994, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Señorías, puedo afirmar que el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo, como todos los grupos parlamentarios han manifestado, en conjunto, con la exposición de motivos de esta proposición de ley, con su esencia. Es cierto que asistimos
a una excesiva temporalidad en el mercado laboral español, pero he de decirles que la última encuesta de población activa, referida al tercer trimestre de este año, señala que hemos tenido un incremento de la ocupación de 116.200 ocupados y la mejor
noticia es que el crecimiento se ha concentrado en el empleo indefinido, que ha crecido en 137.200 trabajadores, de manera que la tasa de temporalidad se ha reducido en dos décimas. Señorías, cuando asistimos al incremento de las tasas de
temporalidad en la Unión Europea, podemos pensar que estamos en el buen camino al reducir la temporalidad en nuestro país. Sin embargo, no dejamos de reconocer que estamos ante una de las graves deficiencias estructurales de nuestro mercado de
trabajo y que algo habrá que hacer, pero, señorías, no vamos a acabar con la temporalidad ni vamos a mejorar el empleo con las medidas que se plantean en esta proposición de ley. En muchos aspectos, estamos volviendo a la regulación anterior a
1994, y a mí me sorprende al actitud del Partido Socialista porque fue él el autor de aquella reforma. Otras de las reformas que se plantean se derivan del contenido de determinadas sentencias judiciales, que han sido sacadas de contexto y que lo
único que harían sería establecer mecanismos de rigidez en nuestro mercado de trabajo que nos llevarían a un incremento del desempleo.
El Gobierno del Partido Popular está dispuesto, señorías, a abordar todas las materias que los agentes sociales nos quieran plantear, pero debemos dar la misma oportunidad a todos los agentes sociales, tenemos que darles la oportunidad de
que se sienten en una mesa de diálogo social donde se aborden las reformas necesarias en nuestro mercado de trabajo. A partir de ahí podremos establecer las ponencias que creamos convenientes, podremos analizar las distintas iniciativas
legislativas que provengan del Gobierno o de los distintos grupos del Congreso de los Diputados o del Senado. Sería dejar en mal lugar al Gobierno y al resto de los agentes sociales abordar una materia tan importante desde la perspectiva
unilateral, desde la proposición de un sindicato, de un único integrante de lo que han sido tradicionalmente las mesas de diálogo social, porque son materias que tenemos que abordar en su conjunto. Señorías, el principio de estabilidad en el empleo
no lo vamos a consolidar introduciendo rigideces en nuestro mercado laboral.
Quiero analizar desde otro punto de vista lo que se refiere a la rigidez en la edad de jubilación. Sus señorías saben que el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social de abril de 2001, que dio lugar al Real
Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, y posteriormente a dos reales decretos que están aprobados por el Consejo de Ministros y pendientes únicamente de publicación en el Boletín Oficial del Estado, recoge en parte las conclusiones de la
presidencia del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002.
Señorías, hablar de nuevo de la rigidez en la edad de jubilación sería ir contra las recomendaciones de la propia Unión Europea.
Por otra parte, en materia de siniestralidad laboral, está abierta la mesa del diálogo social que se ha reunido el pasado 14 de octubre; el ministro el otro día nos habló de los compromisos concretos que se habían alcanzado para terminar
con una propuesta antes de final de año y sucede lo mismo con otras materias. Por lo tanto, les remito de nuevo a las mesas del diálogo social, a que propongan allí las correspondientes modificaciones normativas y, desde luego, el Grupo
Parlamentario Popular las va a asumir y debatir en esta Cámara con los restantes representantes del pueblo español.
Nada más, señorías.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de sustituir
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que figura como punto 4 del orden del día, por la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes para la
atención de los sectores sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque tanque Prestige, la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de
similar naturaleza; asimismo, por la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto relativa a siniestro del Prestige, en la costa gallega, y por la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al
accidente del buque Prestige sufrido en las costas gallegas, para su debate acumulado.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 34, relativo a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, para informar de las causas, consecuencias y medidas del Gobierno ante el siniestro del Prestige en las costas gallegas, sea debatido en primer lugar dentro del epígrafe VI, correspondiente a las
interpelaciones urgentes.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado el referido cambio en el orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR:
- PARA LA ESTABILIDAD Y LA SEGURIDAD EN EL EMPLEO. (Número de expediente 120/000006.) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativas legislativas: Toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular para la estabilidad y la seguridad en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 132; en contra, 149; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
(Protestas.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 39/1995, DE 19 DE DICIEMBRE, DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS.
(Número de expediente 122/000138.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV) y
Mixto, de modificación de determinados artículos de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo, si lo van a hacer, en silencio.
(Continúan los rumores.) Señorías, ruego que mantengan las conversaciones, a ser posible, fuera del
hemiciclo.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido. (Pausa.)
Adelante, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, la encuesta que hoy hemos conocido del CIS, sobre intención de voto, es el mejor ejemplo de la necesidad de la proposición de ley que defendemos una serie de grupos parlamentarios esta
tarde en esta Cámara. Una encuesta fallida, porque se intentó hacer en un momento que coincidía con una huelga general...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López Garrido, por favor.
Señorías, ruego que las conversaciones las mantengan, a ser posible, fuera del hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Una encuesta que por razones no aclaradas se tiró a la basura. Los datos recogidos no sirvieron para nada, quizás porque era un momento no propicio políticamente para hacerla.
La encuesta de esta mañana es una encuesta tardía. Se incumple sistemáticamente la ley, que exige para entregarla quince días como máximo desde que se acaba el trabajo de campo. Se ha esperado un mes y medio para hacerlo y esto, unido a la
alianza que se tiene siempre entre el presidente del CIS, el Gobierno y Televisión Española, da que los resultados manipulativos o instrumentales se multiplican y hoy nos han dicho que el Partido Popular ganaría en nueve comunidades autónomas
olvidando que en ni en Aragón ni en Baleares podrían formar Gobierno incluso con los datos del CIS. Esta encuesta adolece de una falta absoluta de credibilidad, con datos sorprendentes o increíbles como que en las autonómicas futuras posibles nada
absolutamente ha cambiado. Sin embargo, a pesar de todo la encuesta no puede evitar que haya un cambio muy importante en las elecciones generales dentro del panorama político electoral español. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López Garrido. Siento tener que interrumpirle, pero no se le está escuchando. Señorías, les ruego guarden silencio y ocupen sus escaños a ser posible. Hay un diputado en la tribuna al que no es
posible escuchar. (Pausa.)
Adelante.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Decía que es una encuesta increíble, quizá hasta con causas mágicas, porque en la intención de voto más simpatía en las elecciones generales el Partido Socialista aparece por encima del Partido Popular en cerca de cuatro puntos, pero después
en el resultado global general, con eso que se llama en la jerga coloquial la cocina, el Partido Popular obtiene cuatro puntos más que el Partido Socialista. No se sabe por qué razón, con qué criterios, pero se produce ese efecto que yo llamo
efecto mágico y que es absolutamente inexplicable e inexplicado, pero siempre a favor, casualidad, del partido del Gobierno. Da la impresión en la encuesta de que allí donde es seguro que el Partido Socialista ganará por mayoría absoluta no importa
que tenga más, pero allí donde se prevé que haya una lucha más cerrada hay un toque evidente a favor del Partido Popular, es decir, una coincidencia con los intereses políticos del Partido Popular.
La encuesta de esta mañana cuenta con la falta de credibilidad que tiene todo aquello que desde un tiempo a esta parte hace el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ya se equivocó hace unos años. En las elecciones autonómicas de 1999 la
misma encuesta dio al Partido Socialista siete puntos menos de los que después obtuvo y una media de cinco escaños menos en cada Parlamento de lo que después obtuvo. Por tanto, se trata de una encuesta con falta de credibilidad, como el propio CIS,
que se ha convertido en instrumento al servicio del Gobierno y de su criterio político, por tanto, un instrumento manipulado sistemáticamente como todo aquello que no debería serlo por ser patrimonio general de Estado, de la sociedad como, por
ejemplo, los medios de comunicación públicos. Aquí pasa exactamente lo mismo y tiene el mismo síndrome.
La evolución del CIS ha pasado de una situación de importante crecimiento en su prestigio nacional e internacional, con modificaciones legales como aquellas que se aprobaron en el año 1995 a iniciativa del Partido Popular, que presentó una
proposición de ley que fue aceptada curiosamente por el Partido Socialista ya que hubo un consenso, algo muy distinto de lo que hoy sucede en este hemiciclo ante las iniciativas de la oposición. Eso mejoraba, perfeccionaba la democracia, regulaba
mucho más lo que era el CIS y se aceptó por el Partido Socialista en aquel momento. Sin embargo, a partir del Gobierno del Partido Popular hay que decir que ese prestigio nacional e internacional que ha ido adquiriendo el CIS está a punto de ser
definitivamente hundido y la falta de credibilidad de las encuestas del CIS es evidente. Hay un manto de sospecha ya sobre todo aquello que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, especialmente en esas encuestas que tienen un efecto
político, una intención de voto y puede afectar, por tanto, a la futura posibilidad de voto en las elecciones al ser patrimonializado por el partido del Gobierno o por el Gobierno mismo.
La manipulación política del CIS se ha visto acrecentada y hay datos que lo atestiguan en los últimos años. Primero, en la estimación de voto, en donde se pasa -yo decía antes mágicamente- siempre, casi siempre, a una estimación de voto que
le da más al principal partido de la oposición y que luego se transmuta en menos cuando se dan los resultados finales.
También incluso en la forma de hacer las preguntas. Recordemos aquella pregunta que conectando la inmigración con la
delincuencia hizo una encuesta del CIS, que interesaba para ese momento al Gobierno; o aquello que fue utilizado desde la propia mesa del Consejo de Ministros por el ex ministro Pío Cabanillas para combatir una huelga general, esa supuesta encuesta
o posición opuesta a la huelga por parte de la sociedad española.
Hay encuestas cuya razón no se entiende por qué, salvo porque interesa al criterio político del Gobierno; aquella que se hizo sobre la dimisión de Nicolás Redondo, o sobre la sucesión de Aznar, que primero no interesaba y luego sí interesó,
o sobre la presencia de Piqué, extrañamente, en unas encuestas sobre elecciones en Cataluña, cuando Piqué no era ni siquiera candidato a esas elecciones, o todas estas utilizaciones que hace el Gobierno de quedárselo en la retaguardia, utilizarlo
-esta encuesta por ejemplo que hemos conocido hoy ha sido utilizada sistemáticamente por el presidente del Gobierno estos últimos días, estas últimas semanas- hasta que interesa presentarla. Por cierto, presentación que hace el Gobierno, no el
presidente del CIS que sería lo lógico, que hace el Gobierno como símbolo de la relación estrecha de esa encuesta entre el CIS y las preferencias o los intereses del Gobierno; que hace el Gobierno cuando interesa; cuando no interesa, no se hace,
por ejemplo, la encuesta con los resultados del debate sobre el estado de la Nación, que no salió nada bien para el Partido Popular y que eran contrarios al presidente del Gobierno, no se presentó por el Gobierno; o las elecciones vascas del 2001.
La necesidad de esta proposición de ley que hoy defendemos es incuestionable ante un organismo que ha pasado de tener un importante prestigio nacional e internacional y de una profesionalidad evidente, que la tienen quienes trabajan en el
CIS, a ser un organismo manipulado, tan manipulado que tiene una ausencia absoluta de credibilidad. Es importante sacar a este organismo del debate político, convertirlo en un instrumento al servicio de la democracia para que este Parlamento sepa
lo que la gente quiere, lo que la gente opina y que no sea utilizado para influir en la opinión de la gente, que es lo que ahora sucede con el CIS.
Nosotros defendemos en esta proposición que sea un organismo público para que tenga independencia
del Gobierno, que su presidente sea elegido por dos tercios del Congreso para que tenga un consenso importante y no sea
un presidente de partido, para que el Parlamento lo controle con transparencia, para que presenten sus programas, para que se presenten todas las encuestas en estas Cortes, no algunas sino todas las encuestas que hace el CIS, y todo lo que
hay en esas encuestas, incluyendo la matriz de los datos, para que pueda aquí ser utilizado en toda su extensión aquello que se pregunta a los ciudadanos; para que se sepa con qué criterios de estimación se produce ese cambio entre la intención más
simpatía y el resultado final, para que haya también en estas Cortes Generales un conocimiento de los cualitativos, que no es exactamente encuestas, que son importantes acciones del CIS que deben ser conocidas también por este Parlamento.
Por todo eso, utilizando también los avances tecnológicos, consideramos que debe hacerse una modificación importante de la vigente ley del CIS.
Esta posición del Partido Socialista no es de mera oposición, sino que es una alternativa, es un
compromiso. El Partido Socialista adopta un compromiso ante esta Cámara de que cuando gobierne va a llevar a cabo aquello que propone en esta proposición de ley, es decir, que el CIS sirva al Parlamento para saber qué quiere el pueblo español al
que representamos, y no para utilizarlo, para influir, para condicionar, para determinar la opinión de la gente. Nosotros creemos que los partidos políticos deben perfeccionar la democracia, mirando hacia el futuro. Hay partidos que prefieren el
pasado y mirar siempre al pasado como es el caso del Partido Popular, pero el Partido Popular debería tener muy presente algo que la Biblia dice con sabiduría: que aquel que mira hacia atrás corre el riesgo de quedar convertido en estatua de sal.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señoras y señores diputados, quiero mostrar dos pequeñas pinceladas de ingenuidad, aparte de una pequeña corrección de género al portavoz del Grupo Socialista. Fue aquella que miró hacia atrás, no
aquél que miró hacia atrás, se convierte en estatua de sal. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Dos pinceladas de ingenuidad. Primera, si se estudia, se ve, se comprueba el informe del presupuesto por programas de la función 25, Ministerio de Presidencia, cuando se ve el tema del CIS, puesto por unidades de gestión, de trabajo, se ve
que para el año en curso 2002 hay 36 encuestas programadas y que para el año 2003 sube a 50 el número de encuestas programadas. Primera ingenuidad, me imagino, y quiero ser ingenuo, es creer que debido a que entramos en un año electoral, el 2003,
municipales, autonómicas de los antiguamente denominados del 143, el Gobierno va a hacer muchas encuestas para que si detecta que no hay una alta participación incentive los mecanismos de participación o, si hay una alta confusión sobre qué se vota,
incentive mecanismos de formación.
Digo que es una primera ingenuidad porque, si no, no quisiera pensar que el Gobierno va a aumentar en 14 el número de encuestas a realizar durante el año 2003 para tener una mejor información antes que nadie y
hacer el uso que le convenga de las determinadas encuestas
Segunda ingenuidad. No voy a entrar en los datos de la encuesta de esta mañana, pero en la penúltima página del documento que se nos ha entregado se dice: Dado que los datos de los indicadores intención de voto e intención de voto más
simpatía, son datos directos de opinión y no suponen ni proporcionan por sí mismos ninguna proyección de hipotéticos resultados electorales, en este anexo se recogen los resultados de aplicar un modelo de estimación a los datos directos de opinión
proporcionados por la encuesta. Obviamente -termina- la aplicación a los mismos datos de otros modelos podría dar lugar a estimaciones diferentes.
Bien. Es aquello de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Vamos a hablar con seriedad. Es evidente que uno puede proyectar como quiera los datos, uno puede proyectar como le dé la gana y utilizar distintas simulaciones, trabajar con distintos parámetros, con archivos más o menos sesgados o
manipulados o con archivos perfectamente correctos pero lo que está claro, señores míos, es que aunque haya distintas escuelas sociológicas, al fin y al cabo, si se trabaja con una discreta honestidad el producto de la cocina tiene que ser similar
porque, si no, no digan ustedes a este país que después de sesudos trabajos se pueden dar estos resultados u otros totalmente distintos en virtud de la técnica que se utilice. Yo tengo que pensar que, o bien es un dato de ingenuidad, o bien que
distintos técnicos, grupos, colectivos dentro del CIS exigen que para que este trabajo tenga el sello, el membrete CIS, tendrá que tener esta cautela porque muchos de ellos no se hacen responsables de esa desviación de cocina que se pueda producir.
Señorías, varios grupos de esta Cámara, desde nuestra legitimidad, queremos hacer frente a un problema con esta proposición de ley, porque por mucho que hoy se puedan rasgar las vestiduras, ya que estamos en términos bíblicos, las y los
diputados del Partido Popular, es evidente que el CIS bajo los gobiernos del señor Aznar se ha convertido en un instrumento al servicio de los intereses demoscópicos, ideológicos y electorales del Partido Popular. Y digo al servicio del Partido
Popular, pues no creo siquiera que el CIS esté al servicio del Gobierno, cosa que ya de por sí sería suficientemente grave. No creo que sea necesario aburrir a SS.SS. con los ejemplos
que ya antes citaba el portavoz del Grupo Socialista, pero ya saben que si el PP quiere provocar una sensación de aumento del crimen, de reducción de la presión fiscal o incluso de grandes posibilidades electorales del ministro candidato en
las catalanas, perseguido por la justicia y protegido por el fiscal general del Estado, entonces se recurre al dócil y maniatado CIS del hermanísimo y se inducen mediática y demoscópicamente los deseos del PP y del señor Aznar, a pesar de que estos
no tengan nada que ver con la realidad, pues todos sabemos que los impuestos con el PP suben, que España sigue siendo uno de los países menos violentos de la OCDE y que el señor Piqué no es precisamente querido por el electorado catalán. La
situación que someramente ejemplifico es ciertamente grave, señorías, pues el CIS no debería estar al servicio del Gobierno del PP sino al servicio de España y de sus ciudadanos. Técnicamente el CIS, como cualquier otro ente público, está,
consecuencia del artículo 103.1 de nuestra Constitución, al servicio de los intereses generales y no de los intereses particulares del señor Aznar y su delfinario más o menos abierto.
La confianza que esta Cámara ha puesto en el Gobierno a través del actual régimen legal del CIS ha sido frontalmente traicionada. El CIS -y me estoy refiriendo a su dirección política no al personal a su servicio, para el que este grupo
parlamentario no tiene sino palabras de elogio, apoyo y comprensión- bajo el Gobierno del Partido Popular se ha convertido en un instrumento más de la propaganda del partido que soporta al Gobierno y del propio señor Aznar.
La situación ha llegado a ser tan grave que lo que está en juego no es sólo la par conditio competitiva entre los diferentes partidos políticos, sino la propia esencia de la democracia. Los ciudadanos, señorías, no pueden esperar recibir
información veraz del CIS, lo cual viola su derecho constitucional en el mismo sentido contenido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. A uno le llama la atención, señorías, cómo en países del ámbito occidental a anteriores presidentes de una
determinada república se les ha llevado a los tribunales precisamente por ocultar o manipular datos económicos en plena campaña electoral. Esos ciudadanos y ciudadanas desinformados, los españoles y españolas, y manipulados por el Gobierno del PP
no podrán ejercer de forma correcta una buena cantidad de derechos y libertades constitucionales claves en democracia. Me estoy refiriendo a la libertad ideológica, a la libertad de pensamiento, a los derechos de asociación y manifestación y por
supuesto también al voto como expresión del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes o de forma directa como confiere el artículo 23 de la Constitución.
Como se puede observar, señorías, el daño que está causando el PP con la instrumentalización del CIS a la calidad de la democracia española es realmente preocupante. Parece que esta gravedad ha sido percibida por casi toda la oposición,
hasta el extremo de que cuatro grupos parlamentarios han firmado de forma conjunta esta proposición de ley.
Este dato no puede ser pasado por alto, cuatro grupos parlamentarios que representamos a partidos, que, por supuesto unos mucho más y otros
menos, gobernamos diferentes instituciones del Estado, que por tanto estamos acostumbrados a la gestión de la res publica y de instituciones análogas al CIS y que, sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que la situación del CIS no es ya
simplemente grave, sino terminal e intolerable.
En este contexto la solución que propugnamos es sencilla: quitémosle esa sobrecarga de gubernamentalización al CIS y pongámoslo bajo la guía, vigilancia y tutela de esta Cámara. Entendemos que un CIS bajo el impulso parlamentario tiene
muchas mayores posibilidades de servir al interés general y al conjunto de la ciudadanía. Fíjense que no estamos hablando de arrebatar el CIS al Partido Popular, sino de someter la dirección estratégica y control de dicho ente a este Parlamento, en
el que por la representación que le han dado los españoles y las españolas, el Partido Popular seguirá sin duda ostentando en esta legislatura una posición privilegiada. Pretendemos un CIS dirigido por una persona elegida por mayoría de dos tercios
del Congreso, un CIS cuyo programa anual sea predeterminado por el Congreso, un CIS que remita todas las encuestas -cocina incluida, con los distintos manuales, según reza en la antepenúltima página- a esta Cámara. Un CIS que responda políticamente
de su gestión ante el Congreso es un CIS más democrático, más imparcial y por encima de todo un CIS al servicio de la ciudadanía. No estamos manejando ningún exotismo jurídico-constitucional. El Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas siguen
un esquema similar en tanto que órganos de relevancia constitucional que ejercen sus funciones por delegación de las Cortes Generales. Sin llegar a tanto, Radiotelevisión o la seguridad nuclear también se someten a controles, impulso y tutela
parlamentarios de diferente tipo. No manejamos, pues, propuestas irrealizables sino plenamente adecuadas en tanto que terapias para la enfermedad terminal que aqueja hoy al CIS.
Señorías, voy terminando. Esta proposición de ley pretende que el CIS deje de ser una función más al servicio del Partido Popular, como esas que hace unos días se han fusionado, para pasar a ser una entidad de derecho público al servicio de
España y de los españoles. Voten ustedes lo que consideren oportuno, diputadas y diputados del Partido Popular, ya me guardaría mucho de indicarles, ni incluso someramente, lo que deben ustedes votar, pero sepan que un voto en contra de esta
proposición de ley sólo puede ser leída como su apuesta política por la instrumentalización del Estado en contra de una ciudadanía española, como una apuesta por la depauperización de la democracia española y
como una bofetada en la cara a los derechos constitucionales de los españoles y españolas. En definitiva, deben elegir hoy entre la arbitrariedad y la instrumentalización y el abuso de poder y la democracia que es de interés general. Sepan
que no nos cabe la menor duda de que como demócratas, en demasiados casos todavía débiles y tiernos, escogerán lo primero en contra de la necesidad de España y de la ciudadanía española. Y acabo con un aviso para navegantes. Este es, mutatis
mutandis, el modelo del CIS que defiende mi fuerza política en las Cortes y el modelo que defendemos todas las comunidades autónomas, pero además es el modelo que Izquierda Unida defenderá en todo tiempo, es decir, el modelo que propugnamos frente
al Gobierno del Partido Popular, pero también es el modelo que defenderemos cuando los españoles y las españolas tengan a bien en breve, eso espero, cambiar el gobierno de la nación. Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta proposición de ley que varios grupos de la Cámara presentamos conjuntamente hace ya más de un año, poco después del escándalo que provocó la irregular actuación del CIS en vísperas de las elecciones autonómicas vascas del 13
de mayo de 2001, es el resultado inevitable, diría yo, obligado, casi insoslayable, de la experiencia acumulada durante los últimos años. No es hija del capricho, ni pretende ser una humorada. Tampoco puede acusársele de precipitada. Nace, como
he señalado, directamente de la experiencia, de una experiencia que a lo largo del último lustro ha ido poniendo de manifiesto que el CIS, el organismo público del Estado que tiene por objeto el estudio científico de la sociedad española, como
enfáticamente proclama el artículo 1 de la ley que lo regula, acusa una serie de deficiencias que de continuar en la situación actual lo inhabilitarían definitivamente para desempeñar con seriedad y con rigor las funciones que tiene legalmente
encomendadas.
De entre todas las deficiencias que se le pueden achacar caben destacar tres que, a nuestro juicio, revisten especial gravedad y que requieren por ello una urgente corrección, y específicamente a ellas se destina la iniciativa que paso a
defender. En primer lugar, el CIS adolece de la independencia necesaria par actuar, como exige la ley, con arreglo a criterios exclusivamente científicos. Cuando por las funciones que tiene encomendadas un organismo público ha de sujetar su
actuación a lo que en el mundo del derecho se llama la lex artis, es decir, a las reglas, a las pautas que rigen en un ámbito de conocimiento científico determinado, las interferencias del poder público constituyen siempre un elemento problemático y
perturbador que obstaculiza, cuando no impide, el adecuado desarrollo de su cometido.
La dirección política a que hace referencia el artículo 97 de la Constitución, cuando relaciona las atribuciones que corresponde al Gobierno respecto a la Administración pública, sólo tiene sentido en las unidades del aparato administrativo
estatal a través de las cuales se articulan y se desarrollan los programas de actuación política que resultan vencedores en las convocatorias electorales. La Administración pública en estos casos se encuentra al servicio de las opciones políticas
que las formaciones triunfadoras de las elecciones adoptan para servir con objetividad los intereses generales, porque esta es la finalidad institucional propia de la Administración pública en virtud del específico mandato constitucional. Pero en
las unidades administrativas que han sido creadas específicamente para actuar con estricta sujeción a los criterios de carácter científico, sólo se puede servir con objetividad el interés general si se respetan escrupulosamente estas pautas de
carácter científico. La pretensión de ejercer sobre estas unidades una dirección de carácter político sólo es fuente de inconvenientes y de disfunciones. La ley política acaba inexorablemente imponiéndose a la ley científica, que es la que debe
prevalecer, lo que supone alterar, subvertir el sentido de la unidad administrativa en cuestión. Y precisamente porque existen organismos que por definición, por su propia naturaleza están sometidos al imperio único y exclusivo de la ley
científica, se crearon las administraciones independientes, que son, como gráficamente expresa la disposición adicional décima de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, las que tienen legalmente reconocida
independencia funcional o una especial autonomía con respecto a la Administración general del Estado.
Ese es el sentido de organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional de la Energía, dotados, como administraciones
independientes que son, de la independencia funcional necesaria para actuar según prescriben las pautas científicas. EL CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, según postula su ley reguladora, tiene por objeto el estudio científico de la
sociedad española. Es evidente, pues, que su actuación ha de guiarse exclusivamente con arreglo a criterios de carácter científico. Las injerencias del poder político son perturbadoras y problemáticas, son siempre disfuncionales porque distraen al
organismo de su principal misión, impidiéndole cumplir sus funciones con eficacia.
En segundo lugar, el CIS ofrece también un serio déficit de transparencia.
Siendo como es un organismo destinado al análisis social, su actividad reviste una gran opacidad con respecto a las cámaras legislativas, que apenas conocen sus
programas de actuación y sólo acceden al resultado de algunos de sus trabajos, no de
todos, sin que en la mayoría de los casos además dispongan de ocasión para participar en una evaluación genérica de su actividad, que es imprescindible en el contexto de un régimen parlamentario. Evidentemente, no estamos reivindicando aquí
un control político parlamentario orientado a sustituir las interferencias políticas del Gobierno, que hemos denunciado, hemos criticado y además nos parece que son motivo de crítica, por una interferencia del Parlamento, que sería también política
y probablemente tan perturbadora como la del Gobierno o más. Sólo reclamamos un control parlamentario orientado a garantizar que el CIS desarrolle sus actividades como legalmente tiene que hacerlo, con estricto sometimiento a los criterios
científicos que han de guiar su actividad por prescripción legal.
En tercer lugar, el CIS acusa, en algunos aspectos de su actuación, una deficiente adaptación a las exigencias de la moderna sociedad tecnológica y de la información. Es esta una deficiencia que no afecta al funcionamiento interno del
organismo, pero sí a su relación con el Parlamento y con la sociedad. La más clara manifestación de este déficit es que, en pleno siglo XXI, los resultados de las encuestas se siguen entregando en soporte papel, y no en soporte magnético, lo que
impide su tratamiento automatizado por los receptores de la información.
La proposición de ley que presentamos aspira a corregir estas graves deficiencias del CIS. No pretende suprimir el organismo, no pone en cuestión su existencia ni tampoco altera sus funciones; sólo pretende subsanar las deficiencias que
impiden hoy que cumpla adecuadamente su misión, sin interferencias ni perturbaciones, y que a sus trabajos se les pueda extraer la máxima rentabilidad social. Para corregir la falta de independencia a que he hecho referencia, proponemos la
modificación del artículo 10 de la Ley reguladora del organismo, que es, como saben, el que regula el régimen de nombramiento de su presidente. En este punto, la reforma persigue asegurar que el cargo sea ocupado por alguien de la máxima
competencia científica y, además -y esto es fundamental-, por alguien dispuesto a poner su cualificación profesional y formación científica al servicio de la correcta orientación del trabajo que ha de desarrollar, y no -como ocurre ahora,
desgraciadamente- al de la cobertura o apariencia de racionalidad de las caprichosas, arbitrarias y políticamente sesgadas decisiones que proceden de La Moncloa. La propuesta pretende evitar que en el seno del CIS se sigan tomando decisiones
siguiendo criterios tan poco acordes con la ortodoxia científica como el del calor sociológico, que, como todo el mundo recordará, se utilizó para justificar la incorporación de un ministro del Gobierno a una encuesta de opinión.
Para mejorar la transparencia, proponemos la reforma del artículo 4 de la ley, previendo una mayor presencia del Parlamento en el momento de la elaboración del programa anual y, por supuesto, en la supervisión de las memorias posteriores.
Por fin, la modernización de los servicios que presta el CIS pretende alcanzarse mediante la reforma del artículo 7 de la Ley reguladora del organismo.
Como puede verse, señorías, se trata de una propuesta cabal, razonable y perfectamente razonada, que sólo persigue un mejor funcionamiento del organismo, garantizar el cumplimiento de la misión que el mismo tiene asignada e incrementar su
rentabilidad social. Es una proposición, por tanto, a la que sólo concebimos que pueda oponerse alguien desde una posición contraria a la mejora del funcionamiento del organismo, a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la misión que
legalmente tiene asignada y a la de incrementar su rentabilidad social.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya apoya esta iniciativa por una cuestión elemental: cuando uno entra en la Facultad de Ciencias Políticas, le enseñan que lo importante es el control de la agenda
política.
La agenda política se puede controlar de diferentes formas. Una, legítima, es la mayoría absoluta, el tempo legislativo. Otra forma, no tan legítima, es el control de los medios de comunicación; cuando son públicos se practica el control
directo de los mismos, y cuando son privados se hace mediante procesos que podríamos calificar de peculiares, con los cuales se llega a la hegemonía en determinados medios de comunicación. Y otro instrumento es el Centro de Investigaciones
Sociológicas.
La deriva que ha tomado el centro en los últimos años, bajo la égida del Partido Popular, supone la alteración permanente de la agenda política.
Una alteración que se ha visto con preguntas, cuestionarios, sondeos, encuestas, encuestas
cualitativas que, en definitiva, lo que hacían era apoyar o modificar las decisiones que tomaba el Gobierno y, concretamente, el Partido Popular. No olvidemos un tema que hoy flota en las diferentes intervenciones que han hecho los partidos de la
oposición: El CIS se mantiene con fondos públicos, con fondos de los Presupuestos Generales del Estado y no tiene que ser un instrumento a favor de un partido y, en este caso, del partido que sustenta al Gobierno. La modificación de la agenda
tiene mucho que ver con que se condiciona el debate público, con que a partir de los cuestionarios se crean preguntas perniciosas o se inducen respuestas que son utilizadas después desde las plataformas del Gobierno, sean medios de comunicación
públicos o privados; con que se filtra aquello que interesa o se esconde y se silencia aquello que no le interesa al Gobierno, aquellas preguntas que cercenan en definitiva sus bases electorales o sus bases de opinión publica. En
definitiva, hay una alteración de lo que tendría que ser un centro independiente al servicio de esta Cámara y al servicio de todos los ciudadanos que contribuyen a los Presupuestos Generales del Estado que son los que mantienen el Centro de
Investigaciones Sociológicas. Por esta razón, Esquerra Republicana de Catalunya apoya esta proposición no de ley -y en su momento la suscribimos- básicamente porque hay dos propuestas que creemos importantes e interesantes. Se garantiza la
transparencia y la publicidad. Esta Cámara, como fedataria pública de la voluntad popular, se atribuye la posibilidad de controlar no sólo la comparecencia regular del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, sino también su elección
por dos terceras partes. Este es un mecanismo frecuente en otras tradiciones parlamentarias y nosotros consideramos que sería oportuno y no sólo para el caso del que estamos hablando, para el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este control
parlamentario de la memoria, de la elección del presidente y, en definitiva, de la comparecencia regular, se vería reforzado por lo que decíamos, por la transparencia y la publicidad: que todos los grupos parlamentarios, que la Cámara tenga
conocimiento de lo que está haciendo, de las previsiones y no sólo de los resultados publicados finalmente, sino de todo el proceso de elaboración de los diferentes sondeos y encuestas.
Entendemos que esta es una buena propuesta que permitiría que el CIS dejara de ser definitivamente un instrumento partidista y un instrumento gubernamental para la alteración de la agenda pública. Por estas razones la suscribimos y la vamos
a votar favorablemente.
Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Es difícil añadir alguna razón más a lo que ya se ha dicho por los grupos que firmamos y presentamos esta proposición de ley. En nombre de Eusko Alkartasuna me gustaría resumir las cuatro líneas generales que entendemos que son positivas a
la hora de plantear esta reforma en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es evidente que dotar de mayor transparencia e independencia a dicho centro (no estamos hablando en ningún caso, que quede claro, del trabajo que llevan desarrollando
durante mucho tiempo sus funcionarios) es una buena cuestión, es importante.
Una segunda consideración que se ha suscitado en este debate hace referencia a la nueva forma de designación del presidente del centro.
Creemos que la participación del Congreso de los Diputados en su elección -en este como en otros muchos
temas- es también relevante en la medida en que hace participar a la representación de los ciudadanos y conlleva un consenso mayor que el que pueda tener hoy la elección del presidente. En tercer lugar, una característica importante es mejorar,
profundizar y de alguna manera modernizar lo relativo a las formas materiales de acceso a su banco de datos. Por último, el conocimiento -no inmiscuirse en el desarrollo de los trabajos- más detallado del que hoy tenemos por parte de los grupos
parlamentarios de las Cortes Generales. Cuatro características que creemos que son importantes, independientemente de lo que hubiera sucedido en el pasado; pero si tenemos que expresar el porqué de presentar esta proposición en este momento,
creemos que realmente es urgente la modificación que pretendemos. Hoy se ha hablado -no lo voy a repetir- de que no merece un aprobado la casuística de las diferentes intervenciones del Centro de Investigaciones Sociológicas.
El tema de las elecciones autonómicas vascas; el hecho de que no se hiciera pública dentro del plazo legal la difusión y publicación de las encuestas electorales, realmente merece un suspenso en esta actuación para los responsables máximos,
no hablo, evidentemente, de los trabajadores. El hecho que la cocina, es decir las estimaciones electorales, los repartos de escaños, dejara mucho que desear si observamos los resultados finales, también es una cuestión a estudiar.
Tenemos otra
serie de elementos de otras encuestas que nos han dicho que realmente estas cuatro características que hoy pretendemos introducir en la reforma de esta cuestión no es que fueran necesarias, sino que son urgentes.
Por eso firmamos esta proposición de ley y por eso vamos a votar a favor de la misma. Creo que estas cuatro características harían que hubiera un apoyo por parte de todos los grupos parlamentarios porque, en definitiva, lo único que se
pretende es más transparencia y mejorar el funcionamiento de un centro que desde luego es muy importante en la vida colectiva de todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Ninguno de los últimos gobiernos españoles ha sido hasta ahora capaz de darle al CIS la autonomía y los medios que este organismo precisa para desarrollar adecuadamente las funciones que le asigna la ley y que se podrían resumir en una: dar
una imagen fiel y precisa
del Estado, de la opinión, de las tendencias que se observan en la sociedad española, por decirlo mejor en las distintas sociedades que conviven en el seno del Estado español. Desde luego es algo muy distinto de lo que el CIS hace
actualmente: manipulación de la opinión observada en beneficio de los intereses del Gobierno, de los intereses del partido que lo sustenta; ocultación de datos incómodos y es que el CIS, al igual que Radiotelevisión Española, ha dejado de ser un
medio público para convertirse en un medio gubernamental, en un medio de propaganda al servicio del gobierno español de turno, hasta el punto de que la dirección de este organismo es premiada igual que últimamente se viene premiando la presidencia
de Radioteleivisón Española, con un puesto en el Consejo de Ministros, es decir, oficializando lo que de hecho eran los presidentes del CIS, miembros del Gobierno.
El Bloque Nacionalista Galego apoya esta proposición de ley. Nos gustaría ir más allá, plantear cosas como, por ejemplo, la participación autonómica, como mínimo de las comunidades autónomas que como Galicia tienen carácter nacional, en la
dirección de ese centro que es de todos, del Estado; plantear cuestiones como las condiciones laborales en que muchos de los trabajadores del CIS han de desarrollar sus funciones, pero apoyamos, como decía, esta proposición de ley porque es de
mínimos democráticos. Quizá ahora todos los grupos podamos conseguir juntos lo que ninguno de los grandes partidos españoles fue capaz de conseguir por separado. Quizá podamos conseguir que el presidente del CIS se elija por una mayoría reforzada,
que garantice la presencia y la participación de todos los grupos de esta Cámara; que el CIS tenga que dar realmente cuentas al Parlamento y podamos conseguir, en definitiva, que funcione de una forma transparente y pública, no sólo publicidad de
los resultados, sino también publicidad de los métodos, de la elección de las preguntas, de la elección de los temas sobre los que es inquirida la población española. Estos son, por tanto, mínimos democráticos que se recogen en esta proposición de
ley y que el Bloque Nacionalista suscribe y apoya.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.)
En nombre de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Al final de la V Legislatura, tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara el proyecto de ley que ahora se trata de modificar. Quiero recordar que en el 'Diario de Sesiones' número 157 de plenos, de fecha 22 de junio de 1995, estando presentes
en la Cámara 278 diputados, en aquel primer trámite en el Pleno del Congreso de los Diputados votamos los 278 a favor de esta ley que ahora se trata de modificar con esta iniciativa de varios grupos parlamentarios. Estamos ya detectando un consenso
que ahora no existe.
Mi grupo y este portavoz que ahora habla tuvo ocasión entonces de pronunciarse. Hubo unas intervenciones muy razonables, magníficas en testimonio de ese consenso, tanto del señor Michavila, hoy ministro de Justicia, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, como de la señora Alberdi, por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Ahí encontramos ese punto de consenso en una ley, al final de una legislatura, en el último mandato del Gobierno socialista, de don Felipe González,
presidente del Gobierno, para solucionar unas tensiones que se habían producido en las interpretaciones de los informes del Centro de Investigaciones Sociológicas, entre la regulación que venía desde el año 1990 y el decreto correspondiente que
reglamentaba su organización y funcionamiento.
Llegados a este punto, y comparando ambos textos, tengo que adelantar que mi grupo considera mejor pieza jurídica y legislativa la que tenemos, la Ley 39/1995, que la solución que ahora se nos propone. Mi grupo parlamentario va a votar en
contra de esta iniciativa que ahora nos llega por las siguientes razones. En primer lugar, por la que ya he apuntado de falta de un consenso generalizado, como el que tuvimos en 1995 cuando todos los grupos parlamentarios votamos por unanimidad en
este Pleno del Congreso de los Diputados. Al menos en mi grupo queremos ser congruentes con aquel planteamiento.
La Ley 39/1995 consideraba y considera al CIS como un organismo autónomo de carácter administrativo. Ahora se trata de que sea un organismo público, con personalidad jurídica; no se dice nada de su patrimonio y creemos que eso es
importante. Cuando se habla de la organización, de lo que es la LOFAGE, la Ley 6/1997, se introduce en esta iniciativa una cosa muy peculiar y curiosa. Se dice que el presidente ahora ya no lo va a nombrar el Gobierno. Nosotros entendíamos que al
presidente de un organismo de estas características, inserto con su carácter de autónomo dentro de la Administración general del Estado, era el Gobierno del Estado el que debía nombrarlo, ya que nombra a sus cargos representativos, y le podía dar la
categoría que quisiera. Lo que es extraño es que proponiéndose el nombramiento por dos tercios de esta Cámara se diga que el presidente tiene que tener rango de subsecretario.
¿Cómo se encaja entonces, en cuanto al rango de subsecretario, que creo
que está señalado en el artículo 15 de la LOFAGE y que dice cómo se incardina dentro de una estructura ministerial, que tiene dependencia de un ministro o de un ministerio, que no aparezca ahora aquí ni ministerio ni ministro, pero sí un
subsecretario? Esta es una cosa curiosísima dentro de la Administración civil del Estado. Este es otro de
los argumentos que tenemos para oponernos a la toma en consideración de esta iniciativa.
Pero es más, en la iniciativa, después de elevar al rango de subsecretario a este presidente, se especifican los motivos para cesarle. Dado que lo nombrarían -de aprobarse esta iniciativa- dos tercios del Congreso de los Diputados, sin que
haya aquí ninguna remisión al Senado, para una autoridad que va a estar en este ámbito de competencias, se dice que se le cesará por las siguientes causas: hay que cesarle por dos tercios, igual que se le nombra. Por renuncia; si ha renunciado,
¿puede la Cámara invocar el voto de dos tercios de la misma para cesar a quien ha renunciado a un cargo? Cuando se dice por condena por delito doloso, estar incurso en una sentencia de un tribunal judicial por delito doloso, ¿puede este Parlamento
por una mayoría de dos tercios cesar a esta personalidad, que además tiene el cargo de subsecretario? Esto requiere que volvamos a reencontrarnos en el consenso de 1995, si no esto no avanzará.
Si esta es la modificación legal que se pretende, quiero decir aquí que entre la Ley vigente 39/1995 y esta iniciativa me quedo con la de 1995, con todas las deficiencias coyunturales que se le puedan achacar al CIS, aunque mi grupo no entra
a hacer ninguna valoración ni de tipo doloso ni de tipo peyorativo. Posiblemente el Gobierno de turno tenga que hacer una adecuación de los decretos, como se hizo en 1990, de organización, funcionamiento y normativa interna del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Pero creo que hay suficientes garantías democráticas en la Ley que aprobamos en 1995, cuando su propio artículo 2 viene a proponer como principios de actuación del Centro de Investigaciones Sociológicas que se hará de
acuerdo con los principios de objetividad y neutralidad.
Exijamos esos principios en el juego democrático Gobierno-oposición en la demanda que se tenga que hacer, así como la igualdad de acceso a sus datos, el respeto a los derechos de los
ciudadanos y al secreto estadístico. Este fue uno de los artículos claves de la Ley 39/1995 que, en los discursos de la señora Alberdi, el señor Michavila y de cuantos intervinimos en aquel debate, testimonió cómo se había encontrado un texto
aceptable democráticamente en el consenso parlamentario que teníamos.
Flaco servicio haríamos a una organización si dejamos pasar un organismo en su actual situación de autónomo, con carácter administrativo, a público y con estas características. No sé si con esta iniciativa se pretende transformar al CIS en
una especie de defensor del pueblo para los análisis estadísticos -figura cuyo nombramiento sale de este Parlamento- o en el presidente del Tribunal de Cuentas, ambos con otras condiciones y estructuras.
Señora presidenta, mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa. Nos mantenemos en esta postura y esperamos a las correcciones necesarias que puedan hacerse vía decreto a la actual Ley 39/1995, de organización del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Esta ley fue aprobada por un gobierno de signo ideológico distinto al actual, ha prestado unos servicios y cada uno debe interpretar, cuando hay una encuesta de intención de voto, según salga el dato, si el organismo
es bueno, malo, conveniente o perjudicial para los intereses de una formación política.
Mi grupo está a favor de un consenso y de un sistema democrático para estas instituciones. Por esta razón, nos reafirmamos en la continuidad de la aplicación de la Ley 39/1995 y nos oponemos a esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, uno desea y a la vez necesita huir de la inmediatez como la que se ha registrado hoy en esta Cámara mediante el traslado a la misma del último estudio sociológico del Centro de
Investigaciones Sociológicas, CIS. Es bueno huir de esa inmediatez para situar las cosas en una perspectiva más atemporal, más objetiva, más imparcial, si me permiten, más neutra.
Decir, como se ha dicho aquí, que los datos de hoy son
sorprendentes e increíbles de manera indiscriminada, cuando van en contra de uno, tiene una carga no sólo subjetiva sino emotiva. Es difícil de concebir que el resultado que se otorga, por ejemplo, en Castilla-La Mancha -y el señor Bono es el mejor
colocado de todos-, sea creíble por real y lo que dicen de Cataluña sea increíble y sorprendente porque no gusta a una parte y los demás lo tomamos como una fotografía, que es un estudio sociológico de un momento dado sobre una población dada y que
ni vaticina nada ni sustituye a las urnas. Por esto queremos huir de la inmediatez.
Nuestro grupo parlamentario, que parte de una muy común aceptada premisa de que todo es mejorable, y por supuesto las leyes que aprobamos en esta Cámara, se pregunta si el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, su régimen jurídico,
sus funciones, sus actividades, etcétera, es perfectible. Esa es la pregunta que podemos hacernos aquí entre todos a partir de la propuesta que se ha presentando. A esta pregunta nuestro grupo parlamentario no puede decir otra cosa que sí, que
obviamente es perfectible, y añadimos que no sólo lo es en su organización, en su funcionamiento, quizás en sus dotaciones humanas y también, por qué no, en su dotación económica, sino también en su actividad científica y, por supuesto, en sus
resultados. El punto de partida de la proposición de ley que nos ocupa nos resulta inaceptable porque no tiene objetividad, es parcial. Dicen sus autores -su punto de vista merece nuestro respeto- que hoy existe una demanda social de una mayor
transparencia e independencia del CIS.
Yo me pregunto: ¿la sociedad de 1995, bajo gobierno socialista, se conformaba con una menor transparencia e independencia? ¿Acaso esa sociedad era inmadura y necesitaba de tutelas cuando se trataba de reconocerse a sí misma, de
autoauscultarse a través de estudios sociológicos? ¿Esa sociedad de 1995 que afortunadamente para todos -también para la sociedad- alcanzó un consenso, como decía el señor Mardones, a través de la hoy vigente ley era menos democrática o, si se
quiere, más conformista que la actual? Uno cree que no, y cree además que la auténtica mayor transparencia, la gran transparencia se dio en el momento de poder facilitar a los diputados y a los senadores, pongamos por caso, el acceso a su banco de
datos y obligar al CIS a trasladar a las Cortes Generales las encuestas que en el ejercicio de sus funciones se llevan a cabo; es decir, elevar los resultados a la condición de públicos a través de la institución parlamentaria.
Señorías, no creemos que un mayor avance en la sociedad de la información deba llevar, como se nos dice, a dar falsa nueva naturaleza al CIS intercambiando organismo autónomo -que es lo que se dice hoy en la ley- por organismo público con
autonomía funcional, que es lo que se lee en la propuesta de ley. Si los principios de objetividad, neutralidad, igualdad de acceso a los datos disponibles, respeto a los derechos de los ciudadanos y secreto estadístico -es decir, todos los
principios que hoy están enumerados en el artículo, creo recordar, 3 de la vigente ley- se conservan porque en nada lo modifican los proponentes, yo me pregunto: ¿un simple cambio terminológico conlleva una naturaleza jurídica distinta? No
participo de esta tesis. Otros pueden avalarla e incluso discutir mi negativa, pero un simple cambio terminológico no justifica por sí mismo un cambio en la naturaleza jurídica. Tampoco podemos avalar que el presidente del CIS sea elegido por el
Congreso de los Diputados, al estilo de lo que ocurre con el Defensor del Pueblo -ni más ni menos, alto comisionado de las Cortes Generales-, o los miembros del Tribunal de Cuentas o algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial o del
Tribunal Constitucional. Además, como decía el señor Mardones muy acertadamente, le colocamos -permítanme la expresión coloquial- el rango de subsecretario. Esto no sólo es insólito, me parece que es un auténtico disparate. Si esta Cámara no
elige a los señores ministros -ya sólo nos faltaría esto-, ¿cómo vamos a elegir a un subsecretario? Me parece que es una contradicción conceptual respecto de lo que ordena nuestro Estado democrático y de derecho, no sólo respecto de la Constitución
sino de la propias normas emanadas de esta Cámara. No nombramos a los señores ministros y vamos a nombrar, eso sí, a un subsecretario. Señorías, me parece algo insólito.
Señora presidenta, nuestro grupo parlamentario apoyó en su momento la hoy vigente Ley 39/1995, de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. Lo hizo en aquel entonces por varios motivos, pero especificaré uno fundamental.
Resultaba vergonzoso -lo digo así de claro- que un organismo de esa importancia estuviera regulado hasta entonces, hasta el año 1995, por una ley -la Ley 4/1990- de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, a través de los Presupuestos Generales
del Estado, el Gobierno de entonces, con mayoría absoluta socialista, indicó -digámoslo así- a esta Cámara que se debía regular el hoy Centro de Investigaciones Sociológicas, y eso duró 13 años repito, duró 13 años.
Sacarlo de los presupuestos,
digámoslo así, sacarlo del secuestro, que sí que lo es, otorgarle autonomía, reconocerle persona jurídica, señalarle principios de actuación impecablemente democráticos, listarle sus funciones y someterlo al conocimiento y control democrático,
también en esta Cámara, fue el gran paso hacia la transparencia. Recuerdo que costó 13 años, exactamente los mismos que el Grupo Socialista estuvo en el Gobierno, y el resultado, como ha dicho literalmente su portavoz en este debate, es que su
prestigio ha crecido a nivel nacional e internacional.
Si nos ceñimos al tiempo, este prestigio forma parte en el tiempo de otro color político; así de claro. Yo no digo que tenga prestigio a nivel nacional e internacional, sólo cito una frase de
mi distinguido amigo López Garrido.
En definitiva, señorías, no participamos de la literalidad de la propuesta porque encontramos que sus fundamentos,al menos los que están en la exposición de motivos, no son suficientes para el giro de tantos grados que se quiere impulsar;
tampoco participamos de algunos comentarios que se han hecho aquí, aunque a veces hayamos quedado tan sorprendidos delante de algunos resultados de las encuestas como quienes han intervenido previamente, sobre todo de los comentarios del portavoz de
Gobierno de turno que los han acompañado. Nosotros, que no participamos de esto pero tampoco estamos obnubilados por la bondad de las encuestas ni de los resultados, reconocemos que la organización y el funcionamiento del CIS -también su papel
científico- son francamente mejorables. De ahí que en la línea habitual de nuestro grupo parlamentario de no negarse a la aceptación de proposiciones de ley que vienen de otros grupos -porque, aun siendo discutibles y siendo discutidas en este caso
en su contenido, pueden mejorar lo existente- vamos a abstenernos en función de ese contenido; es decir, nuestro grupo no va a apoyarlo pero tampoco va a negarle absolutamente el voto.
Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López de Lerma.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señores diputados proponentes, esta tarde cuando acabe el debate deberían primero llamar al CIS y darle a su presidente las gracias por haber publicado hoy esta macroencuesta, que es la que realmente les ha dado
argumentos para poder sustentar aquí una proposición de ley de por sí bastante pobre. La publicación de hoy demuestra precisamente que el CIS es independiente, que publica sus trabajos cuando debe y que no está sometido a los devaneos partidistas
ni del orden del día de la Cámara ni de otras cuestiones. De todos los argumentos que hemos oído esta tarde aquí más de la mitad se basan precisamente en la macroencuesta que hoy se ha publicado por el CIS, macroencuesta, señor López Garrido, que
cumple escrupulosamente las reglas y las normas establecidas en la ley del CIS; es una encuesta definitiva, no son datos provisionales. Los datos provisionales se tienen 15 días antes de publicarlos, pero para esta encuesta, que es definitiva, se
tienen tres meses antes de su publicación. Por tanto, se ha cumplido la legislación del CIS.
A mí me gustaría saber si la encuesta les sirve o no les sirve porque después de descalificarla con todos los epítetos que han tenido a bien han querido significar algunos resultados que sí les sirven. ¿En qué quedamos: la encuesta es
buena o la encuesta es mala? Si ustedes cogen lo que quieren y desprecian lo que no quieren, lo que están haciendo es tener una postura sectaria y desprestigiar, como suelen hacer siempre; nada más cogen lo que les interesa y lo que no les
interesa o no es moderno, o no es homologable, o no cumple con la moral u otros principios. También han manifestado argumentos relativos a los desaciertos del CIS en anteriores encuestas, que no son verdad. Señor López Garrido, en las autonómicas
anteriores, en las andaluzas y en las del año 2000 el CIS clavó los resultados electorales, y en las generales del año 2000 le dio al PSOE ocho diputados más, que luego no tuvo, y al Partido Popular, 14 menos. El problema del CIS y el de la
publicación y el de la macroencuesta es que ese globo del empate técnico que estaban tratando de airear y de pasear por España, como si fuera una propaganda de un producto americano, se les está pinchando y, como ha dicho el presidente Aznar, es un
globo que está subiendo absolutamente pinchado.
Ahora es cuando el CIS tiene prestigio; desde el año 1995, no anteriormente, nadie lo está echando atrás. Yo quiero significar que todas las encuestas y todos los trabajos que el CIS realiza se
publican y se remiten a la Cámara para general conocimiento, y es el CIS precisamente el que elige todos los temas. Es curioso esta tarde leer teletipos de prensa en los cuales el señor Alcaraz se felicita por los resultados del CIS. Señor Rejón,
pónganse de acuerdo, a ver si les gusta o no les gusta la encuesta. Qué les voy a contar a ustedes de qué es lo que ha estado diciendo el señor Bono cuando ha tenido conocimiento de las encuestas del CIS.
Entrando ya directamente en la proposición no de ley, evidentemente se da un extraño maridaje entre los grupos proponentes. Además es una copia, ampliada posteriormente, de una del Grupo Socialista y trata de incorporar modificaciones en
los artículos 1, 8 y 10 y añadir una disposición final primera que al principio no tenía. Esta proposición no de ley trata de cambiar un régimen jurídico de organismo autónomo a organismo público, que no se entiende muy bien, y algunas otras
cuestiones. Las felices y rigurosas intervenciones del señor Mardones y del señor López de Lerma, intervenciones que yo quiero agradecer por su rigor, me evitan tener que entrar en razonamientos de técnica legislativa, de la que adolece de forma
clara la proposición no de ley.
Los argumentos de la exposición de motivos son inexistentes, los hemos cogido hoy en relación con la macroencuesta que se ha publicado. Tratar de justificar un cambio de naturaleza jurídica cuando la LOFAGE
solamente establece como organismos públicos los organismos autónomos o las entidades públicas empresariales es querer utilizar mal la disposición adicional décima, porque ustedes necesitarían haberle dado un contenido a la proposición de ley que no
tiene. Pretender que esta proposición de ley sea su normativa específica es mucho pretender cuando sólo habla de que habría que dotarla de autonomía funcional. Esa autonomía funcional ya se tiene como organismo autónomo; como tal tiene
personalidad jurídica propia, patrimonio y tesorería propias y autonomía por descentralización funcional. Por tanto, esta pretensión de modificar la naturaleza jurídica y organizar un tercer género de organismo público que no se justifica sólo
tiene una razón de ser, que es tratar de cambiar la naturaleza del presidente del CIS y cuál sea el órgano que lo nombre. Las deficiencias de su argumentación han quedado de manifiesto con las magníficas exposiciones, reitero, tanto del señor
Mardones como del señor López de Lerma.
Señorías, el CIS de hoy no es el que funcionó durante 13 años sin regulación, con una referencia en la Ley de presupuestos del año 1990 y con una primera regulación en el año 1995. El CIS de hoy no es el que en la huelga general de 1988
hizo cuatro estudios, dos prehuelga y dos poshuelga, que nunca difundió; tampoco el que en la huelga de 1992 hizo tres estudios, dos antes y uno después, que nunca se difundieron. El CIS de hoy no es el que en la huelga de 1994 hizo cinco
estudios, tres antes, uno durante y uno después, que tampoco se conocieron. El CIS de hoy no es el que, previo encargo del Gobierno, no sólo manipuló un estudio de aceptación de ciertas propuestas independentistas del empresariado, sino que se lo
facilitó al partido en el Gobierno con ocultación al resto de las fuerzas políticas. Ese no es el CIS del que dispone el Estado español. El CIS de hoy ni esconde ni manipula nada, al contrario, hace públicas permanentemente todas las encuestas,
todas las bases de datos, y están a disposición
no sólo de los diputados y senadores, sino de todos los ciudadanos que se acerquen al CIS y adquieran las bases de datos en las que se sustenta toda esa documentación.
Este extraño maridaje, que señalaba al principio, para la presentación de esta proposición no de ley que sostiene el Grupo Socialista junto con el PNV e Izquierda Unida, que sostiene precisamente al Gobierno vasco, me lleva a plantearme si
se lo han preguntado al Partido Socialista Vasco y les han significado de qué manera se manipulan los datos en el País Vasco. En ninguna comunidad autónoma se sufre mayor manipulación que la que se da en el País Vasco por el Gobierno, sustentado
por el PNV y por Izquierda Unida. Señor Erkoreka, yo les propondría -me parecería muy cabal- que en el Parlamento vasco ustedes propusieran una ley como la del CIS que vaya a regular las encuestas y los trabajos que se hacen dentro de su comunidad
autónoma, de la misma manera que podrían hacerlo en las comunidades autónomas que están regidas por el Partido Socialista. Hasta el año 1995, precisamente a propuesta e impulso del Partido Popular, no se tuvo una regulación concreta ni vendible de
lo que era el CIS, y se consensuó con todas las fuerzas políticas, porque respondía como ha recordado el señor López de Lerma a las necesidades que en ese momento tenía la sociedad española, necesidades que se siguen manteniendo hoy. El CIS de hoy
es el que publica todos sus trabajos con independencia, nitidez y absoluta transparencia. Me gustaría que me señalaran un solo caso en el cual ustedes, después de estudiar -como nos consta que estudian- todas las bases de datos que son públicas,
pudieran decir qué se ha falseado el resultado de la encuesta después del análisis y del estudio de esas bases de datos.
Señor Rejón, en ningún caso se trata de una ingenuidad la frase que al final señala la encuesta del CIS, esa que podría resumirse como que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia; no.
Precisamente, lo que demuestra esa
frase es la honestidad y el rigor con el que se ha hecho la encuesta. Honestidad y rigor que le va a permitir a usted analizar los resultados, utilizando los parámetros que usted entienda y quiera, y sacar las conclusiones que a su interés le
venga, pero esa frase no le puede dar argumentos -justo lo contrario- para tratar de perder la credibilidad que el CIS tiene. Simplemente con acceder a la página web del CIS, que es bastante sencillo, ustedes pueden tener información completa y lo
es para todos los ciudadanos. Luego, el contenido de la proposición de instar para que los diputados y los senadores puedan tener toda la documentación es absolutamente ocioso, porque el CIS, por supuesto, a impulso del Gobierno, está cumpliendo la
ley muchísimo más allá de sus necesidades. Ni publica las intenciones de voto con los 15 días que le permite la ley, sino muchísimo antes, ni agota los tres meses para poner en la base de datos la integridad de las encuestas y de todas las matrices
que han dado lugar a la misma.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Ayala, le ruego concluya.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
No voy a hacer ninguna referencia a la petición de que sea el Congreso de los Diputados el que elija a un subsecretario para que dirija el CIS, porque sería una mezcla del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que indudablemente supondría
una quiebra importante del Estado de derecho, pero me gustaría significar que puestos a exponer razones para la modificación del CIS también debía haberse ofrecido alguna para establecer aquel régimen de sanciones para aquellos que se saltan su
normativa y además la legislación que le es complementaria, cual es la Ley electoral. Es muy sencillo, muy fácil reclamar aquí el estricto cumplimiento de la legislación del CIS y cuando no les interesa hacer pública una encuesta en el momento en
que la Ley electoral lo tenía prohibido e incluso hacerlo en esta vía parlamentaria. Hay una distinta vara de medir por parte de sus señorías. Una ley es buena y una legislación se aplica bien mientras sirve a sus consignas; si no, está alejada
de la moral, está alejada de la modernidad o simplemente de la homologación.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Ayala, debe concluir. Debe concluir su intervención, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señorías, el control de la calidad de la homologación son los resultados electorales.
Solamente quiero significar que desde que gobierna el PP se dispone de un sistema legal, trasparente, riguroso, objetivo y profesional que está en el frontispicio de la actuación del CIS. Por ello vamos a votar en contra de esta proposición
de ley que sólo trata de hacer creer a los ciudadanos que no se crean los estudios serios y sí los que están manipulados por los proponentes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ayala. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco ( EAJ-PNV) y Mixto, de modificación de determinados artículos de la Ley
39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 120; en contra, 154; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS SOLICITANTES DE AYUDAS PÚBLICAS CONVOCADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente
162/000591.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del procedimiento de verificación de los ingresos de los solicitantes de ayudas públicas convocadas por las administraciones públicas. Para la
presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Souvirón. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños para poder continuar con el debate.
Adelante, señor Sourvirón.
El señor SOUVIRON GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, con la iniciativa que trae hoy el Grupo Parlamentario Popular para su debate en el Pleno se pretende que el Gobierno modifique el procedimiento de verificación de los ingresos de aquellos ciudadanos que solicitan
ayuda de las administraciones públicas.
¿Para qué? Simple y llanamente para simplificar las relaciones entre la Administración y los administrados, evitando dilaciones, desplazamientos, gastos, en definitiva, molestias que pueden ser evitadas en
el estado actual de madurez de nuestra Administración pública, al tiempo que se perfecciona y racionaliza algún procedimiento de gestión interna administrativa, lo que permitirá liberar medios, tanto materiales como personales, que pueden ser
empleados en el servicio público para cubrir otras necesidades; todo ello, como es lógico, sin menoscabar las garantías necesarias para todo acto de la Administración pública que tenga como objetivo el reparto de bienes de carácter público. Para
ello proponemos que si en este momento es preciso que el ciudadano que pretenda obtener una ayuda de la Administración pública tenga que acreditar previamente a su solicitud el nivel de ingresos y para ello tenga que dirigirse a la Agencia
Tributaria y obtener el oportuno certificado, a partir de ahora este proceso se evite de forma que el ciudadano haga una declaración en el momento de su solicitud de cuál es el importe de sus ingresos o rendimientos netos que no tiene obligación de
liquidar en el correspondiente impuesto de la renta de las personas físicas, y sea la Administración que convoca el concurso para obtener las ayudas la que, tras los trámites oportunos y dentro de las normas jurídicas, una vez que haya decidido
quiénes son los beneficiarios de esas ayudas y con la autorización previa de los mismos, se dirija a la Agencia Tributaria para obtener la verificación de la autenticidad de esos datos que dio el ciudadano en el momento en que hizo la
correspondiente solicitud.
Esto es lo que proponemos hoy a los grupos parlamentarios y para ello vamos a pedir el voto afirmativo, ya que creemos que es una iniciativa que beneficia a un gran número de ciudadanos, que es oportuna y posible.
Es oportuna porque todo lo
que facilita la vida del contribuyente o del ciudadano siempre es oportuno, además porque participa plenamente de la filosofía de la segunda simplificación administrativa que persigue el Gobierno, con el objetivo de que sean menos los documentos que
el ciudadano tenga que aportar en sus relaciones con la Administración, y también porque está en perfecta concordancia con la última reforma introducida en la Ley del régimen administrativo común, por las leyes de modificaciones fiscales,
administrativas y de carácter social para el año 2002, que prevén como objetivo que aquellos documentos que estén en poder de la Administración no tengan que ser nuevamente suministrados por los ciudadanos.
Esta es, por tanto, la pretensión del Grupo Parlamentario Popular, que piensa que esta iniciativa también es posible dada la situación de la gestión de la Agencia Tributaria, que es considerada como excelente, y no por el Grupo Parlamentario
Popular sino por la propia alianza mundial de tecnologías de la información, al concederle el premio de excelencia en el año 2000, o por la propia Comisión Europea al reconocer como buena práctica la que ejercita el servicio de la Agencia Tributaria
en su actividad a través de Internet. Por tanto, se dan todas las circunstancias para que en este momento podamos plantear una iniciativa como la que hoy traemos a la Cámara.
Voy a aprovechar también para fijar la posición de mi grupo con respecto a las enmiendas que se han presentado a nuestra iniciativa, dos del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Con respecto a la del
grupo Parlamentario Socialista que plantea que toda nuestra iniciativa se haga de acuerdo con las competencias de las comunidades autónomas, no podemos más que estar de acuerdo y, por tanto, la vamos a admitir. No podemos manifestarnos en el mismo
sentido en cuanto a la que afecta al segundo párrafo de nuestra iniciativa, porque creemos que va en contra de la propia filosofía que intentamos mantener en este asunto, ya que si hay que estar pendientes de cada una de las convocatorias para fijar
los ingresos que tienen que justificarse por parte del peticionario no vamos a unificar criterios sino que vamos a seguir diversificándolos y, por tanto, no vamos a avanzar en el sentido que queremos.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, la vamos a rechazar, salvo que considere, como lo hacemos nosotros, que al tomar en consideración la primera enmienda del Grupo Parlamentario Socialista se da por incluida la pretensión
que ellos manifiestan.
Nada más, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Souvirón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de pasar a defender la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista me parecería pertinente hacer algunas consideraciones en torno a la labor que han realizado los diputados del Grupo Popular con relación a la
modernización de las administraciones públicas, que es lo que estamos viendo esta tarde. Durante más de dos años y medio, en esta legislatura, el Grupo Popular no ha presentado ninguna propuesta para la modernización de las administraciones
públicas, y de la misma manera el Gobierno no ha presentado ni un solo proyecto legislativo que se corresponda con la mejora de las administraciones públicas ni con el acercamiento de los ciudadanos a la Administración.
Por ello precisamente en el
debate de los presupuestos del año 2002 hubo que decirle al entonces ministro, señor Posada, que el Ministerio de Administraciones Públicas había sido el más gandul de esta legislatura, no había traído ni un solo proyecto y ustedes tampoco habían
presentado ninguna iniciativa parlamentaria a esta Cámara. Por tanto, nos encontramos con que en lo que llevamos de legislatura, en más de dos años y medio, SS.SS. han estado durmiendo en sus escaños y el Gobierno durmiendo en sus laureles.
Por contra, tengo que recordarle, señor Souvirón, ya que usted viene ahora a estas nuevas lides de las administraciones públicas y aparece en nuestra Comisión, que el Grupo Parlamentario Socialista en estos dos años y medio ha presentado
nada menos que 264 iniciativas -y no es algo que diga yo, sino que está en los papeles y en los datos del Congreso- frente a ninguna que han presentado ustedes, por lo menos de cierta importancia.
Como hay que ser justos, le diré, señor Souvirón, y
al señor Albendea si estuviese aquí también se lo diría, puesto que es el nuevo portavoz de esta Comisión -veo que sí está el señor Albendea-, que sí han presentado dos cosas: una, correspondiente a la publicación de los boletines oficiales de las
diputaciones provinciales; y la otra correspondiente a la creación del colegio de prácticos del puerto, ambas aprobadas con nuestro apoyo. Esas son las dos únicas iniciativas que ustedes han presentado en esta legislatura y que no tienen
absolutamente -aunque estén bien- ninguna enjundia para modernizar la Administración pública.
¿Qué es lo que ocurre ahora? Que nos aparece un nuevo ministro, el señor Arenas, y se da cuenta de que lo que ha dicho durante este tiempo el Grupo Parlamentario Socialista es absoluta y rigurosamente cierto, y se pone a correr. Y como
además de ministro resulta que es el secretario general del Partido Popular, les echa un pulso a los señores Montoro y Rato y les obliga, después de haber estado durante dos años diciendo que no al aumento salarial de los empleados públicos, a
firmar y hacerse una foto en el acuerdo sindical. A nosotros no nos parece mal, ya lo hemos dicho en el último debate de presupuestos que acabamos de celebrar. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que han tenido que hacer al final en ese acuerdo sindical es
firmar con los sindicatos de la Función pública todas y cada una de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en todos y cada uno de los presupuestos generales que hemos venido discutiendo en esta legislatura. De manera que lo
que han hecho al final es firmar un incremento salarial por encima del IPC, cosa que para el señor Montoro era anatema y no se podía hacer. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien, aunque lo hayan estado negando, que los empleados públicos han
perdido seis puntos en su capacidad adquisitiva. Han tenido que incrementar las pagas extraordinarias, cosa que continuamente nos han estado diciendo que no en Comisión y en Pleno. Han tenido que eliminar la tasa del 25 por ciento de reposición de
efectivos, enmienda que nosotros hemos presentado y que ustedes continuamente nos han estado negando. Y, por último, a causa de esa tasa del 25 por ciento, se ha creado una altísima temporalidad de empleo en las administraciones públicas, un 20 por
ciento; es más, un 23 por ciento. Y ahora, en el acuerdo sindical aparece que tiene que bajar a un 8 por ciento. Nosotros, insisto, estamos completamente de acuerdo, lo que ocurre es que lo han hecho tarde y con carreras.
Hay una cosa que sorprende, señor Souvirón, y es que no sé si los sindicatos se fían de este acuerdo, que mediáticamente ha tenido buenas consecuencias para la Función pública. Entre que no se fían del todo, después de lo que pasó en 1997,
y que ha sido uno de los debates importantes en esta legislatura en Pleno y en Comisión, nos encontramos con que hay una iniciativa legislativa popular, nada menos que una proposición de ley, presentada por Comisiones Obreras, para la protección de
la eficacia de los acuerdos y pactos en las administraciones públicas y garantizar el poder adquisitivo de sus empleadas y empleados. Esto ocurre recién firmado ese acuerdo, por lo que no debe existir mucha fiabilidad por parte de los sindicatos
hacia el Gobierno del Partido Popular. Ahora no sólo firma el ministro a toda prisa un acuerdo sindical, donde entran todas sus
enmiendas y las iniciativas parlamentarias del Grupo Parlamentario Socialista que ustedes habían rechazado, sino que, señor Souvirón, después de dos años y medio sin traer nada a esta Cámara, excepto lo de los boletines de las diputaciones
provinciales y la creación del colegio de prácticos del puerto, nos encontramos con que en un solo mes presentan tres proposiciones no de ley. Una, que ya se ha visto en el Pleno hace unos días, relativa al uso de Internet. Otra, relativa al
estatuto de la Función pública directiva. ¡Pero si llevamos cuatro años intentando que saquen adelante el estatuto de la Función pública, que hoy duerme en el cajón de los recuerdos del ministro, y ahora nos traen el de la función directiva! Y, por
último, la que debatimos esta tarde, que es pura y simplemente una proposición no de ley para simplificar los procedimientos que han de seguir los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones. Nosotros a esto no decimos que no y hemos
presentado una enmienda, de la que ha dicho que va a aceptar una parte.
Lo cierto es que durante estos años ustedes han dejado morir al Ministerio de Administraciones Públicas y ahora le tienen que hacer el boca a boca deprisa y corriendo. ¿Qué importancia tiene lo que esta tarde se nos plantea para traerlo
nada menos que al Pleno de esta Cámara y no a una comisión? A nosotros nos parece bien, pero, aún así, hemos tenido -y me alegro de que la haya aceptado- que presentar una cláusula de salvaguardia. A ustedes se les olvida continuamente que están
gobernando un Estado autonómico. Tienen que interiorizar de una vez que no es lo mismo el Gobierno del Estado que el Estado y que no es lo mismo el Gobierno de la nación que la nación. Por eso, ante lo que ustedes proponían como si fuesen todas
las administraciones públicas, hemos tenido que añadir la cláusula: sin perjuicio de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas. Me alegro que ésa la hayan aceptado. Nosotros vamos a votar que sí, porque como no han traído nada
-y ya le he indicado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 264 iniciativas parlamentarias-, cualquier cosita que planteen se la aceptamos, claro está, admitiendo esa cláusula de salvaguardia, y me alegro que hayan caído en la cuenta,
porque realmente iba contra la configuración actual del Estado español, que es un Estado autonómico.
En relación con la segunda, la vamos a votar a favor, porque todo lo que sea ir hacia delante, aunque sea tan poquito, lo aceptamos. Pero, ¿por qué no quieren sustituir rendimientos netos por ingresos? Ingresos es muchísimo más amplio.
Por ejemplo, en la convocatoria de ayudas públicas, la Comunidad Foral de Navarra habla de ingresos porque es más amplio. ¿Se tiene que dar una ayuda pública a una familia a la que, por ejemplo, le haya tocado al lotería? Se supone que no. Por
tanto, el término ingresos es más amplio, se acerca más a la realidad de las familias. Sin embargo, rendimientos netos queda totalmente en el aire, y habrá muchos elementos, muchos datos que desde luego no contarán para las administraciones.
Por último, señor Souvirón, lo que ustedes tienen que hacer es gobernar y no marear la perdiz. Las tres iniciativas que han traído este mes no son de Pleno, no son para que una Cámara en pleno las esté debatiendo, son de Comisión, porque no
tienen la enjundia de una verdadera iniciativa parlamentaria a debatir en un Pleno ni de un proyecto legislativo del Gobierno.
El otro día, el jueves creo recordar, escuchando una radio de ámbito nacional oí decir a un tertuliano: el Partido Popular promete que si gobierna eliminará el impuesto sobre sucesiones. Y otro diputado le contestaba: pero si ya están
gobernando. Se lo recuerdo, señor Souvirón, gobiernen y cumplan todas las promesas que han hecho respecto a la Administración pública, ya que hasta ahora no han cumplido ninguna. Dicho todo eso, a esta pequeñita medida que traen desde luego el
Partido Socialista no tiene más remedio, sobre todo cuando aceptan parte de nuestra enmienda, que votar que sí.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor Erkoreka tiene la palabra.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición no de ley que nos ocupa es la segunda del Grupo Popular en lo que llevamos de período de sesiones que versa sobre temas vinculados con la racionalización organizativa y funcional de la Administración pública. Ambas
iniciativas, aquella primera y esta segunda de ahora, forman parte, según parece, de un grupo más amplio de proposiciones sobre la misma materia o en relación con materias asociadas o afines que el grupo mayoritario ha inscrito ya en el Registro de
la Cámara o tiene previsto hacerlo próximamente.
Señorías, en una legislatura como la actual, que ha superado ya su ecuador y en la que las iniciativas vinculadas a la modernización administrativa puede decirse que al menos hasta hoy han brillado rotundamente por su ausencia, el súbito
interés del Grupo Popular por traer a la Cámara este tipo de debates no puede ser evidentemente casual, obedece a razones muy sólidas y parece que bastante claras, a las que evidentemente no es ajeno el hecho de que recientemente se haya producido
un cambio en la cúpula del ministerio competente en el ramo. Como tampoco lo es, por otra parte -y hay que ponerlo de manifiesto-, la necesidad de hacerse con cierto activo en esta materia, ya que estaban ayunos de patrimonio de cara a próximas
convocatorias electorales. El Grupo Vasco nada tiene que objetar al hecho de que, rompiendo la tónica que ha marcado la
primera parte de la legislatura, el Grupo Popular se sienta ahora tan intensamente atraído por la modernización de las estructuras y procedimientos de actuación de las administraciones públicas. Sí quiere, sin embargo, llamar la atención
sobre un riesgo real que existe, frente al que convendría adoptar alguna medida a fin de evitarlo.
La proposición no de ley que debatimos hace pocas semanas en el Pleno de esta misma Cámara, sobre la introducción de las nuevas tecnologías en la Administración general del Estado, se limitaba a solemnizar una obviedad, una evidencia, y así
tuve ocasión de denunciarlo en nombre de mi grupo parlamentario desde este mismo escaño. Una obviedad de la que -como ocurre casi siempre con las obviedades- difícilmente podía discreparse, y así lo hice saber, pero que tampoco suponía avance
efectivo alguno -como suele igualmente ocurrir con las obviedades- ni entrañaba compromiso firme, digno de consideración para el Gobierno. Fue precisamente esta vacuidad y futilidad de la iniciativa lo que hizo que cosechara muchos votos negativos
en la Cámara, y aun quienes no votamos en contra de la misma no pudimos evitar la sensación de que, al aprobarla, la Cámara no estaba impulsando la acción del Gobierno, sino, en el mejor de los casos, intentando aparentar que lo hacía.
Es cierto que, en cuanto a los contenidos, la presente proposición no de ley no es equiparable a aquella; antes bien, es claramente diferente, no nos duelen prendas en reconocerlo. En contraposición con aquella, esta encierra cierto
contenido y cierto compromiso. El problema, en este caso, puede ser justamente el contrario: el contenido de la iniciativa nos parece excesivamente puntual, concreto y circunscrito a un supuesto muy singular y específico; tanto, que casi parece
impropio de un debate parlamentario. El Parlamento, señorías, no puede estar analizando, debatiendo y aprobando todos los días todas las iniciativas que se le ocurran al Gobierno sobre la organización y sus procedimientos de actuación, por
puntuales, singulares y específicos que sean. Hacerlo podría provocarnos la sensación de que hemos hecho mucho, pero sería una sensación falsa, equiparable a la de los alimentos dietéticos -si me permiten la comparacion-, que están expresamente
diseñados para que, en muy pequeñas cantidades, provoquen en el consumidor una falsa sensación de hartazgo. Uno tampoco puede, pues, evitar en esta ocasión la impresión de que, de nuevo, no estamos impulsando la acción del Gobierno, sino
solemnizando y avalando desde el punto de vista parlamentario un proyecto concreto de mejora administrativa, que el Gobierno tenía previsto abordar de todas maneras y que, como ha terciado la ocasión, ha traído a la Cámara para debate y para que se
solemnice el aval parlamentario a la iniciativa, que se llevaría a cabo de cualquier manera, con independencia de que este debate tuviera lugar o no. Supuesto esto, el riesgo que deberíamos evitar, señorías, es el de que, bien sea por su excesiva
imprecisión o bien por su excesiva concreción, las iniciativas que traiga el grupo mayoritario a la Cámara en el ámbito de la modernización administrativa acaben despistándonos a todos, desorientándonos; acaben transmitiendo a los parlamentarios la
sensación de que han hecho algo, cuando en realidad, por exceso o por defecto, no han hecho absolutamente nada.
El Grupo Vasco comparte -no podría de ser de otra manera- la necesidad de continuar con el proceso de modernización administrativa iniciado por las organizaciones públicas de nuestro entorno durante los últimos años. Un proceso que tiende a
sustituir el paradigma burocrático que durante muchos años ha regido las organizaciones administrativas por otro novedoso y servicial, que concibe la Administración como un instrumento al servicio del interés general. Es cierto que la modernización
administrativa pasa inexorablemente por la racionalización de los procedimientos, entre otras cosas, lo que evidentemente exige simplificar los trámites eliminando los que resulten innecesarios, suprimiendo aquellos que resulten repetitivos. Pero
la modernización administrativa, señorías, no puede convertirse en un pretexto para la recentralización del sistema político, no puede ser una coartada que justifique la injerencia del Estado en ámbitos competenciales propios de otros niveles
administrativos distintos al Estado. No se nos oculta que una larga tradición administrativa española, que probablemente se remonta hasta Adolfo Posada o incluso más atrás, justifica la centralización del sistema político apelando a un argumento
definitivo, que es el de la eficacia. Se argumenta que un sistema centralizado permite una actuación más eficaz de la organización administrativa, pero la eficacia que se anuda a la centralización es siempre solamente una eficacia burocrática, no
una eficacia concebida en términos sociales o serviciales. Existe, pues, un riesgo de que la búsqueda de la eficacia administrativa se convierta en un pretexto para la centralización y es preciso controlar ese riesgo. Esa es precisamente la
finalidad que persigue la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley, porque con su redacción actual la proposición puede contribuir a que la búsqueda de una mayor agilidad en el funcionamiento de la Administración pública -algo en
principio plausible y positivo- permita al Estado socavar competencias ajenas en la medida en que posibilita fijar un único sistema de verificación de ingresos que reciben los solicitantes de ayudas públicas que se impondrá inexorablemente a todas
las administraciones públicas del Estado. Se trata, pues, de una suerte de homogeneización procedimental que resulta especialmente problemática en el caso de los territorios con haciendas propias, porque en estos casos la injerencia no solamente se
produce en relación con las administraciones públicas que otorgan las ayudas de las que se trata, sino que además se produce en relación con la propia Administración tributaria,
algo para lo que a nuestro juicio no habilita al Estado, en absoluto, el título competencial recogido en el apartado décimo octavo del artículo 149.1 de la Constitución, en relación con las bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
Por ello nuestro grupo planteaba una enmienda en la que se perseguía definir exactamente cuál es el ámbito de aplicación de la proposición. En principio la proposición iba a circunscribirse al ámbito de la Administración general del Estado
y de los organismos públicos adscritos o dependientes de la misma, y con respecto a la aplicación de este sistema de verificación al resto de las organizaciones administrativas operaríamos con arreglo a los mecanismos de colaboración y cooperación
previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Sería la manera de respetar escrupulosamente los ámbitos competenciales correspondientes. Hay una enmienda similar, más genérica, del Grupo Socialista, que pretendía que se salvara la competencia de las
comunidades autónomas a través de una cláusula que dijera expresamente que lo que se prevé en la parte resolutiva se producirá sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho que
él considera que nuestra enmienda está subsumida en la del Grupo Socialista. Quiero pensar que el Grupo Parlamentario Popular entiende así que cuando la proposición no de ley incorpore a su parte resolutiva la cláusula que resulta de la enmienda
que ha planteado el Grupo Socialista se refiere exactamente a lo que nosotros planteamos en nuestra enmienda. Si esto es así, estamos dispuestos a aceptar la proposición no de ley y votarla a favor, siempre y cuando se acepte la enmienda del Grupo
Socialista, y parece ser que se ha anunciado que efectivamente va a ser así.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta. Voy a ser breve.
Mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, bien entendido lo que acaban de decir tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) como el del Grupo Socialista y en el entendimiento
con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, estando reconocida explícita e implícitamente la competencia correspondiente a la Administración pública. Dado que el texto de la iniciativa habla en plural de administraciones públicas, nosotros
entendíamos que eran tanto la Administración general del Estado como las administraciones públicas de cualquier tipo, sean de ámbito de comunidad autónoma, a nivel del propio Gobierno de una comunidad autónoma, las distintas consejerías o
administraciones que den estas ayudas, bien sean instituciones, como en Canarias los cabildos, bien sean las corporaciones locales o los ayuntamientos, etcétera.
Hecha esa salvedad, digamos, de lo que está en el título VIII de la Constitución española y en los estatutos de autonomía y que se trata de una serie de ayudas que, como bien dicen las iniciativas, están todas, y si hay este reconocimiento
no solamente implícito sino explícito, no tenemos ningún inconveniente y vamos a apoyarla, dado que esto constituye agilización, flexibilización y racionalización en el sentido de que, si hay una concesión de ayudas entre los peticionarios,
informada favorablemente, será esa propia administración la que solicite de los órganos fiscales correspondientes desde la declaración de la renta hasta cualquier otra competencia, no sólo estatal, de la Administración fiscal del Estado, sino de las
administraciones autonómicas correspondientes en sus consejerías de Hacienda.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, vaya por delante que este grupo parlamentario entiende que la propuesta realizada por el grupo que sustenta al Gobierno es perfectamente razonable. El procedimiento que figura en esta proposición no de ley permite
conciliar rapidez administrativa con los derechos de los propios administrados. Es evidente que ningún ciudadano se introducirá en un procedimiento de solicitud de ayuda, subvención o servicio público sin previamente haber hecho una apreciación,
aunque sea superficial, sobre sus posibilidades de cumplir los requisitos reglamentarios y que una vez reciba tal ayuda, subvención o servicio debe poder estar en la situación de presentar la documentación exigida, sin que ello involucre a los
administrados que no hayan recibido de forma efectiva esas ayudas, subvenciones o servicios públicos. De hecho, este tipo de modus operandi administrativo se aplica ya a innumerables procedimientos administrativos, con notable ahorro de esfuerzos
administrativos, así como aliviando la carga burocrática sobre la ciudadanía, que nos imaginamos que es el objetivo de esta iniciativa.
A modo de ejemplo meramente, como todos ustedes sabrán, tal es el procedimiento que se sigue en los procesos de selección de personal al servicio de las administraciones públicas. De esta manera no se realizan miles de trámites
administrativos que no tienen sentido cuando sólo unos pocos administrados son los que acaban superando dicho procedimiento
de selección. Al igual que en el caso que les comento, este tipo de procedimiento se usa en otros muchos casos de forma eficaz y eficiente. A mayor abundamiento les diré que este tipo de procedimiento administrativo es perfectamente
compatible con el texto y el espíritu de nuestra Constitución, mandato de eficacia administrativa del artículo 103.1, y de la misma reciente LOFAGE, en su cuádruple versión de economía, eficacia, eficiencia y calidad de la acción de las
administraciones públicas.
Quiero dejar bien claras dos cuestiones, porque, en virtud de todo lo que he dicho, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará a favor de la proposición. No queremos que este voto favorable del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida se tome como un voto acrítico, pues nada puede estar más distante de la realidad en estos momentos en nuestro planteamiento. No nos parece de recibo que el Grupo Parlamentario Popular se dedique a labores de impulso del Gobierno del
propio Partido Popular, puesto que mal andamos si el Partido Popular tiene que impulsar la acción del Gobierno que sustenta. Ya hemos mostrado en otras ocasiones anteriores que deploramos estas prácticas de autobombo por las que el grupo
parlamentario del Partido Popular insta a hacer algo al Gobierno del propio Partido Popular. Como dice el presidente de su partido, menos predicar y más dar trigo. Los grupos parlamentarios de la oposición no tenemos más remedio que acudir a las
proposiciones no de ley, pero en su caso el recurso a este tipo de iniciativa es más bien una burla a la Cámara que un servicio a la ciudadanía. Por tanto, déjense de proposiciones no de ley y, si creen que hay que desarrollar este tipo de medidas,
utilicen los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, que nosotros creemos que serán más eficaces.
El problema en España, en cualquier caso, no es tanto que para acceder a ayudas, servicios, subvenciones, etcétera, haya que presentar papeles y más papeles, que sin duda es un problema, sino que, bajo el Gobierno del Partido Popular, su
política antisocial está provocando que los ciudadanos no tengan opción a pedir ayudas, subvenciones o servicios públicos, simplemente porque estos están siendo esquilmados por el Gobierno regresivo del Partido Popular.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular por varios motivos. En primer lugar, porque desde nuestra óptica
política entendemos que con esta iniciativa legislativa mejoramos y simplificamos las relaciones entre la Administración y los administrados. También nos parece que, aunque quizás en este caso es un paso cuantitativamente poco importante y puede
ser que poco ilustrativo ante los ciudadanos, esta cuestión no deja de ser un signo de modernidad importante de cara a la Administración tributaria y de cara, por qué no decirlo, a mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.
Esta simplificación no deja de ser en el fondo una manera de incrementar las buenas relaciones o de enseñar cada día más a los ciudadanos, a los contribuyentes, la cara amable de la Administración pública, ya que no podemos olvidar que en este caso
la Administración pública, en su relación con los administrados, no deja de ser una administración que actúa en régimen de monopolio y que no tiene competencia de otras administraciones, para que los ciudadanos puedan escoger entre una u otra. Esto
también es válido para las administraciones autonómicas.
Desde Convergència i Unió entendemos que se han dado algunos pasos significativos en la mejora de las relaciones entre la Administración y los contribuyentes. Por ejemplo, por citar alguna acción relevante que desde Convergència i Unió
hemos apoyado, hubo una iniciativa parlamentaria en el sentido de que, cuando existía un saldo deudor de la Administración con el contribuyente en el momento de hacer la declaración de la renta, pudiera ser abonado inmediatamente. Hoy en día esto
ya es una realidad, antes no ocurría y cuando uno tenía una renta negativa tenía que esperar muchísimos meses hasta que le devolvía el dinero la Administración. Hoy ya es un paso cualitativamente importante. También es cierto que desde la
Administración, yendo a las relaciones entre el pequeño productor y la Administración, se van a dar pasos cualitativamente importantes, por ejemplo, con la aprobación del proyecto de nueva empresa, en el sentido de que, cuando un ciudadano quiera
sacar adelante su proyecto empresarial, en vez de tardar cuatro o seis meses en conseguir los permisos de la Administración, con la aprobación de este proyecto legislativo, en 24 o en 48 horas podrá hacerlo.
Es cierto por tanto que se han dado pasos significativamente importantes, aunque también lo es que queda un larguísimo camino por recorrer. Pero pienso sinceramente, señorías, que pasos como este es lo que realmente el administrado, el
contribuyente, el ciudadano español sabe apreciar; cuando existe un signo de modernidad, de simplificación y de buenas relaciones, enseñar la cara amable de la Administración. Por este motivo, a pesar de que queda un larguísimo camino por
recorrer, mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa parlamentaria, también congratulándose de que en este aspecto el portavoz del Grupo Popular haya aceptado las dos enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista; aunque quizás no acepte la del Grupo Parlamentario Vasco, sí ha dicho que en el fondo aceptaba el contenido de esa enmienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Souvirón, por su intervención desde la presidencia se ha entendido que aceptaba la primera enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Así es, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Pausa.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños. Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del procedimiento de verificación de los ingresos de los solicitantes de ayudas
públicas convocadas por las administraciones públicas. Se somete a votación en los términos derivados del debate y con la incorporación de la primera enmienda de las dos que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 289; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES PARA LA ATENCIÓN A LOS SECTORES SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA QUE RESULTEN PERJUDICADOS POR EL ACCIDENTE DEL
BUQUE TANQUE 'PRESTIGE', LA REGENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS COSTAS AFECTADAS, ASÍ COMO PARA LA PREVENCIÓN FUTURA DE SINIESTROS DE SIMILAR NATURALEZA. (Número de expediente 162/000598.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA AL SINIESTRO DEL 'PRESTIGE' EN LA COSTA GALLEGA. (Número de expediente 162/000596.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL ACCIDENTE DEL BUQUE 'PRESTIGE' SUFRIDO EN LAS COSTAS GALLEGAS. (Número de expediente 162/000599.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes para la atención de los sectores sociales de la Comunidad Autónoma de Galicia que
resulten perjudicados por el accidente del buque tanque Prestige, la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al siniestro del Prestige en la costa gallega y con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al accidente del buque Prestige sufrido en las costas gallegas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura. (Pausa.-Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio para poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como saben perfectamente, el pasado miércoles 13 de noviembre el petrolero monocasco Prestige, construido hace 26 años, matriculado en Bahamas y perteneciente a la naviera Mare Shipping Inc., sufrió una rotura de
casco a consecuencia de la cual comenzó a derramar fuel-oil. Su posición en la proximidad de las costas de Galicia amenazaba una auténtica catástrofe ecológica. Señorías, a lo largo de los últimos días hemos visto cómo ha actuado la Sociedad
Estatal de Salvamento Marítimo y que por parte de la Administración marítima española se han puesto todos los medios a su alcance, que son muy escasos, tal como establece el Plan Nacional de Salvamento Marítimo, con el objeto de impedir lo que puede
llegar a convertirse -y hay mucho avanzado en esa desgraciada circunstancia- en una nueva desgracia para el litoral de la costa de Galicia.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy esta proposición no de ley para la elaboración de un plan de medidas extraordinarias y urgentes a adoptar por el Gobierno español para la atención de los sectores sociales de la Comunidad
Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque tanque y para la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza. Presentamos esta proposición no
de ley y este diputado interviene en representación del Grupo Parlamentario Socialista pero lo hace esencialmente, de forma singularizada, del conjunto de diputados socialistas gallegos que, en número de seis, no pretenden en modo alguno monopolizar
la defensa de la comunidad gallega y así lo vienen poniendo de manifiesto a lo largo de la presente legislatura. Los diputados socialistas gallegos son Carmen Marón Beltrán, María Jesús Arrate Varela, Guillermo Hernández
Cerviño, Ceferino Díaz, José Blanco, Alberto Fidalgo y quien les habla en condición de coordinador de un trabajo realizado por ellos.
Me pregunto, señorías, ¿dónde está el ministro de Fomento? ¿Dónde está el ministro de Medio Ambiente? ¿Dónde están los ministros del Gobierno? Lamentablemente, para que quede en el 'Diario de Sesiones', no hay un ministro en esta Cámara,
señorías. (Aplausos.). El ministro de Fomento está participando en una charla organizada por el Grupo Recoletos, el ministro de Medio Ambiente no se sabe dónde está, el presidente de Gobierno tampoco se sabe dónde está. Debe quedar claro y
absolutamente reflejado en el 'Diario de Sesiones' que los ministros están de excursión. ¿Dónde está el ministro Rajoy? (Varios señores diputados: Trabajando.-Rumores.) Subido en un helicóptero. Que venga aquí, a las Cortes Generales, a defender
en el Parlamento los intereses de la comunidad gallega. (Aplausos.) El ministro Rajoy hoy, una semana después, junto con el delegado del Gobierno, ha hecho una excursión a bordo de un helicóptero de la empresa Helimer y ha llevado a todos los
medios de comunicación; está utilizando políticamente una desgracia que ha tenido lugar en las costas gallegas para el numerito político al que nos vienen acostumbrando. (Aplausos.-Rumores.) Sí, señorías, sí, señorías. Aquí tendrían que estar,
porque esta es la vida democrática, porque las Cortes Generales (Rumores.), señorías, tienen que servir para eso. Yo les recomendaría a los diputados del Grupo Parlamentario Popular, y si hay algún senador, también, que leyesen -y por eso, desde
luego, vamos a reflejar y a explicar cada una de las propuestas de resolución que hace el Grupo Parlamentario Socialista- todos y cada uno de los 15 puntos que integran la propuesta de resolución.
Nosotros pedimos, primero, que con carácter urgente se constituya una comisión mixta que integre a los ministerios con competencia en la materia, la Xunta de Galicia, los ayuntamientos, las asociaciones representativas de los sectores
sociales y económicos afectados, con el objeto de configurar todo un conjunto de actuaciones institucionales tendentes a garantizar, mientras duren los efectos del siniestro, el nivel de rentas de los empresarios y de los trabajadores de los
sectores de la pesca, el marisqueo, la acuicultura, y todas aquellas actividades conexas de comercialización de los productos derivados de la mar; también todas aquellas actividades turísticas, de restauración, recreativas, vinculadas al litoral.
En el segundo punto nosotros planteamos, y debe quedar claro en el 'Diario de Sesiones', que se ha de elaborar y ejecutar con urgencia un plan de evaluación del daño medioambiental causado y de las medidas para la regeneración del litoral afectado,
así como un seguimiento temporal de ejecución de las mismas hasta la completa restitución del ecosistema marino a la situación existente antes del accidente. Señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, les ruego que transmitan el contenido
de esta segunda propuesta al ministro de Medio Ambiente, hoy ausente de la Cámara. (Rumores.)
En tercer lugar, señorías, planteamos que el Gobierno tendrá que elaborar con carácter urgente un real decreto-ley que habilite un crédito ampliable, con una dotación inicial de 60 millones de euros, así como los créditos necesarios para la
financiación y atención de aquellas medidas derivadas de los acuerdos alcanzados en la comisión mixta que hemos pedido en el punto primero y para realizar las actuaciones exigidas en el punto segundo, a cuyos efectos se solicitará apoyo económico a
la Unión Europea y al Fondo de compensación de accidentes derivados del transporte de hicrocarburos, que, como saben SS.SS., es el Oil Polution Fund. Y les recomendaría que transcribiesen este punto al señor vicepresidente primero del Gobierno, hoy
de excursión en un helicóptero. El real decreto de que hablamos tendrá las previsiones financieras pertinentes en forma de créditos ampliables para ser utilizados por los ayuntamientos con el objeto de atender las necesidades sociales vinculadas a
la restauración de los daños. En cuarto lugar, nosotros planteamos materializar en los organismos internacionales competentes en la materia de transporte marítimo, concretamente en la OMI, la voluntad española de modificar el actual dispositivo de
separación del tráfico marítimo a la altura de Finisterre, proponiendo su alejamiento de la costa gallega hasta los límites más extremos técnicamente posibles, y además que se incluya en el mismo una nueva vía obligatoria para todos los buques
tanque que transporten mercancías peligrosas o contaminantes todavía más alejadas de la costa que las actuales, reservadas al tráfico ordinario de mercancías no peligrosas y pasajeros. Conviene que se lo transmitan al ministro de Fomento, señorías.
En los puntos sucesivos nosotros proponemos aspectos tan concretos y tan relevantes como, por ejemplo, en el punto número 10, que se dote a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, Sasemar, de los remolcadores con potencia superior a los
20.000 HP y estacionar al menos uno de esos buques en las costas de Galicia en régimen de permanencia. Señorías, díganselo al ministro de Fomento, para que modifique los contenidos del Plan nacional de salvamento marítimo. (Aplausos.) Digo esto
porque, según datos que tiene este diputado, solamente en la costa afectada existían dos remolcadores de 8.000 HP de potencia, con una evidente incapacidad para atender la solución del problema. Nosotros hablamos de un barco de 20.000 HP, como
tienen los países limítrofes, y planteamos también dotar a la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo de buques específicos con capacidad de recogida de hidrocarburos, que los tienen los países vecinos y no los tiene España. Estamos hablando de
barcos que tienen en su proa un conjunto de brazos articulados que permiten abrazar la zona
contaminada y bombear el producto a un tanque en las proximidades. En el punto 12 pedimos -díganselo al presidente de la Xunta también- que se instalen depósitos de material específico de protección de la costa y de lucha contra la
contaminación. Nos estamos refiriendo a barreras de protección, barreras absorbentes, skimer, etcétera, en distintas zonas de la costa gallega, para permitir la acción inmediata en caso de siniestro.
Y también queremos que la Sociedad Estatal de
Salvamento Marítimo disponga de técnicos en Galicia para su utilización y adiestramiento de los efectivos humanos. En el punto 15 planteamos la creación de la agencia de seguridad marítima en España. Ese es el conjunto de iniciativas, y no son en
modo alguno planteamientos utópicos. Estamos exigiendo un plan nacional de contingencias, como lo hemos exigido en diferentes ocasiones.
Señorías, nosotros queremos hacer un reconocimiento explícito a los empleados de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, que se han jugado la vida, mal dirigidos por un Gobierno que no está enfocando los temas con el rigor con el que
tiene que enfocarlos. Obviamente, el Gobierno no es el responsable del accidente, qué duda cabe, pero sí de la existencia de un equipamiento muy pobre incapaz de dar solución a los problemas que tenemos en determinados puntos del litoral. Y les
voy a dar un dato. A lo largo de esta semana, el oscurantismo ha sido extraordinario. Por ejemplo, la página web de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo no ha dado ni una sola información. Sin embargo, de la página web de la equivalente
sociedad de salvamento marítimo francesa, que se denomina Cedre, aquí tengo, todos los días, cada tres horas, la actualización del informe que en este caso se le ha dejado exclusivamente al delegado del Gobierno en Galicia.
Señorías, nosotros hacemos un planteamiento positivo y constructivo, con una exposición de motivos que SS.SS. deberían considerar para ejercer luego responsablemente el ejercicio del voto, apoyando nuestra propuesta de resolución integrada
en 15 puntos. Queremos poner de manifiesto que disponemos de una amplia información sobre lo que ha ocurrido y que leemos declaraciones en prensa de cargos públicos del Partido Popular pero sabemos que el Partido Popular se plegó en la tramitación
parlamentaria del Reglamento por el cual en el Parlamento Europeo se impulsaba el doble casco exigible a los buques tanque y sabemos cómo actuaron los lobbies de los armadores haciendo que el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo y
los españoles miembros del mismo permitiesen que se difiriese en el tiempo la adopción de medidas.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Este barco, al que debería habérsele prohibido su atraque en cualquier punto comunitario, no podría estar navegando si la normativa comunitaria que defendíamos los socialistas hubiese salido adelante en las instituciones comunitarias, pero
fue votada en contra por el Partido Popular, que se plegó a los intereses de los armadores españoles y comunitarios. (Aplausos.-El señor Caldera Sánchez Capitán: ¡Bravo!-Protestas.)
Nada más. Muchas gracias.
Señorías, señora presidenta, saluden a los ausentes señores ministros.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego quiere comenzar diciendo que actuó con diligencia a la hora de enfrentar esta catástrofe.
Registramos la interpelación que va a ser sustanciada mañana el día 14 jueves de la semana
pasada y también la proposición no de ley que es objeto ahora de debate. Y lo hicimos porque sabíamos que iba a haber consecuencias perjudiciales para nuestro país, y ahora podemos incluso valorarlas en toda su dimensión. No nos acordamos, por
tanto, señorías, de Santa Bárbara cuando truena. Es más, las señoras y señores diputados de este Parlamento saben con qué insistencia, y a partir de un cupo muy reducido, el Bloque Nacionalista Galego se ha preocupado continuamente desde el año
1996, pero especialmente durante todo el año 2001, para que se pusiese solución a los problemas derivados de la seguridad, el control, la prevención y la lucha contra la contaminación en nuestras costas, especialmente en las costas de nuestro país.
Gran parte de lo que nosotros pedimos en aquel momento fue rechazado por el partido que apoya al Gobierno y otras veces tampoco contó con el apoyo del mayor partido de la oposición. Realmente fue triste comprobar cómo nuestras demandas y nuestras
iniciativas de control eran respondidas con actitudes autocomplacientes diciendo que todo estaba muy bien, pero nosotros sabíamos que no estaba bien por una experiencia histórica de la que después les hablaré. No estamos, por lo tanto, ahora ante
un acto casual, no estamos ante el producto de una fatalidad, del azar, de los designios divinos o de fenómenos de la naturaleza que no son controlables o reducibles. Estamos, señorías, ante un fenómeno estructural, reglado, derivado de la falta de
medios, de desinterés y de irresponsabilidad específicamente con Galicia. ¿Quieren que les recuerde algunos hechos desastrosos y catastróficos
desde 1969, desde que yo empecé precisamente el trabajo laboral? Erkowit, envenenamiento de la ría de Ares. Policomander, llovió petróleo en todo el Morrazo y en gran parte de Galicia y las vacas se negaban a comer la hierba. Urquiola,
una marea negra espantosa en A Coruña. Casón, todo el país en vilo temiendo incluso que llevara mercancías de carácter radiactivo y un aquelarre por toda Galicia de transporte de la mercancía peligrosa de unos lugares a otros. Mar Egeo, aún pueden
recordar cómo llegaron los ecos aquí últimamente cuando se iban a pagar las últimas limosnas a los afectados, y ahora, en el año 2002, el Prestige. Hagan la cuenta y verán cómo sale una catástrofe ecológica de magnitudes impresionantes cada siete u
ocho años desde el año 1969. En fin, una catástrofe tras otra. El Gobierno nos reconoció ya en el año 2000 que el mayor número de emergencias se daban en el corredor de Fisterre, 733 por año, el mayor número de todo el Estado español. Naufragios,
accidentes, muertes, lavado de tanques y de sentinas continuamente. No les voy a decir el sinnúmero de iniciativas por las manchas de petróleo en los puertos de Ribeira, Ferrol, A Coruña o Vigo, pero ustedes las pueden conocer leyendo el 'Diario de
Sesiones'.
Señorías, se trata en este momento -después hablaremos de lo demás- de buscar un sentido a lo que vamos a hacer y buscar soluciones rápidas y urgentes. Es cierto que el Gobierno ha demostrado insensibilidad e irresponsabilidad ante una
actuación que habría de ser más diligente y más preocupada. Fue lamentable y patético ver al delegado del Gobierno intentando controlar la información, incluso dirigir un equipo que por muy esforzado que fuese estaba condenado al fracaso e
intentando decir lo que no era cierto. Los vecinos de toda la costa comprobaban cómo la marea negra estaba en sus puertas mientras que oficialmente se decía que no había peligro. ¿Dónde estaba el ministro de Fomento? ¿Dónde estaba el ministro de
Pesca? ¿Dónde estaba el ministro de Medio Ambiente? Comentaremos mañana la estrategia del Gobierno en relación con el caso y lo que significa políticamente. Resulta patético y esperpéntico, por lo demás, ver que una tragedia como esta, además de
la irresponsabilidad del Gobierno, fue contemplada con pasividad por todos los gobiernos de la Unión Europea. Fue patético ver cómo se les quiso lanzar la bomba a los portugueses en esta jerarquía de imperios cada vez más caducos donde todos son
irresponsables respecto de su casa, pero quieren responsabilizar a los demás de las cosas que cada uno hace mal. Nunca se pudo comprobar cuánta distancia hay entre la retórica medioambiental y los hechos y, desde luego, no podemos exonerar al
Gobierno español.
Hablamos, señorías, de soluciones a corto plazo e inmediato y de esto me voy a preocupar como representante del Bloque Nacionalista Galego. Es una auténtica catástrofe porque no hay un caso más ejemplar de afectación del ecosistema, pero de
un ecosistema en el que está incardinado el hombre a la tierra y al mar como medio de producción, como fuente de riqueza. Si siempre es terrible un desastre ecológico, lo es mucho más cuando pone en duda o pone trabas a la adhesión del hombre a la
tierra en general y a su propia tierra en particular. Nosotros no estamos, señorías, por que nuestro país siga emigrando, y si no ponemos un remedio eficaz en este momento, la emigración será la solución para esta catástrofe y una nueva
desvinculación del hombre respecto de su tierra. Muchos de ustedes están asustados con el fenómeno de la inmigración de los países del Tercer Mundo, y yo les pido que consideren que debemos empezar por nuestro propio país a conseguir que la gente
no tenga que emigrar.
Vayamos pues a las medidas que proponemos. Para nosotros es esencial que se promulgue un decreto de medidas urgentes que contemple la cobertura económica sin paliativos de ninguna clase durante todo el tiempo que duren las consecuencias de
la catástrofe para mariscadores, marineros, para los comercializadores y la acuicultura; exención de pagos a la Seguridad Social y otros impuestos del Estado; moratoria de créditos; campaña de imagen para los productos que están vinculados a
nuestro mar o también para aquella gente que vive del turismo y que sufrirá por tanto un duro golpe; actuar, señorías, en definitiva, como un Estado responsable con sus ciudadanos, un Estado que tiene que actuar no como actuó otras veces, con
intransigencia, no solamente respecto de sus responsabilidades, sino también respecto al FIDAC, a la compañía aseguradora y al amparo a todos los afectados que vayan también por la vía penal.
El segundo aspecto para nosotros esencial, y así lo pudimos comprobar en el diálogo con todos los afectados y con todas las cofradías de pescadores, al margen del color político, con los vecinos y con las asambleas que hicimos, es que se
analice el estado del ecosistema marino y su evolución y se haga un plan para su regeneración y limpieza entre la Xunta de Galicia y el Gobierno del Estado, con la colaboración económica adecuada y la ejecución a su debido tiempo. Si esto no se
hace, señores, podremos ser Bienvenido, Mr. Marshall en este momento, sobre todo para las épocas de Navidad, a lo cual ya nos tienen acostumbrados todos estos desastres. Cuando viene Navidad, se les da un aguinaldo a los indígenas para que puedan
seguir subsistiendo. No crean que esta vez va a ser tan fácil esta solución. Va a haber que dar respuestas definitivas y sobre todo a largo plazo, en fin, un tercer paquete de medidas que esperamos incluso sustanciar y concretar mejor en la moción
consecuencia de la interpelación de mañana donde se pide la prevención, el control, las medidas de seguridad de los medios técnicos y humanos adecuados, que es lo que defendemos, y también la información a este Parlamento del Gobierno y la
depuración de las responsabilidades a que hubiese lugar.
Voy acabando, señorías, con lo siguiente. Este es un impacto contra toda la sociedad gallega; es un ataque a la mayor potencia pesquera de la Unión Europea. De una vez por todas, el Gobierno del Estado tiene que considerar este un
problema que afecta al Estado español y una responsabilidad política propia. No estamos ante un episodio trágico, inexplicable, fatal o resignado. Tenemos que ser consecuentes aceptando las demandas de las mayorías sociales afectadas, no
convirtiéndonos solamente en Papá Noel para Navidad. Hoy es un momento de urgencia y yo les pido a todos ustedes que cuando menos aboguen por votar los dos paquetes de medidas concretas a los que me he referido. Tiempo habrá ya esta semana y la
próxima para debatir profundamente y exigir el cumplimiento de otras medidas de más largo alcance a las que desde luego nosotros no renunciamos en el terreno de la seguridad y del control del tráfico marítimo. Pensamos que estamos a tiempo aún de
hacer una resolución común que podamos votar todos, y desde luego el Bloque Nacionalista Galego, responsablemente, aceptará todo lo que vaya por el camino de la concreción del real decreto de medidas urgentes, tal como nosotros y los afectados lo
pensamos, y el plan para recuperación de nuestro sistema ecológico, que es la garantía de futuro. De todos ustedes espero una posición favorable a estas demandas, que son las demandas de Galicia en este momento.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo en nombre de mi grupo para defender una proposición no de ley en relación con el accidente del Prestige, que ha causado, como saben, graves daños sociales, económicos y medioambientales en las costas de Galicia.
Iniciamos este trámite y debate sobre este accidente que causó desde el primer momento gran preocupación en la sociedad gallega y de forma solidaria en toda la sociedad española. Y es que estamos, señorías, ante un hecho grave y ante el que
me gustaría en primer lugar destacar cómo el Gobierno actuó de forma coordinada con la Xunta de Galicia y cómo desde el primer momento, a diferencia de lo que ha dicho el portavoz socialista, se ha actuado de la manera más rápida, más eficaz y
técnicamente posible, a pesar de unas condiciones climatológicas tan adversas, luchando contra una climatología tremendamente dura y difícil.
Pero ahí estaban los medios técnicos, ahí estaba la diligencia y ahí estaba la decisión de un Gobierno, el
del Partido Popular, como nunca tuvo en otras catástrofes el Gobierno del Partido Socialista, señor Segura, y ha actuado de manera responsable. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!-Protestas.)
Quiero además decirle, señor Segura, que si la demagogia es un mal camino en la vida política, creo que es inadmisible, es triste y es esperpéntico utilizarla en unas cuestiones de dramatismo, de desastre y de tragedia que afecta a tantas
personas. Mal camino el emprendido por usted, señor Segura, en este debate. El Gobierno ha actuado además con un criterio de prelación muy lógico: primero, salvar vidas humanas; segundo, proteger nuestras costas y nuestros mares.
Dicho esto, hay que destacar también que el Gobierno, y no sólo el Gobierno central, sino también la Xunta de Galicia, con nuestro presidente gallego don Manuel Fraga, tuvieron presente la situación de miles de familias damnificadas y de
forma solidaria y justa se les transmitió la tranquilidad de que el Gobierno, consciente de la crítica situación planteada, procedería rápidamente a indemnizarles para resarcir los daños y las pérdidas sufridas. El Gobierno del Partido Popular
tiene muy claro que prioritario es ayudar a tantas familias que trabajan en uno de los sectores productivos más importantes de Galicia. Lecciones en este sentido, ninguna, señores del Grupo Socialista. (Rumores.) El Gobierno del Partido Popular ha
sido el que ha solucionado -y muy reciente lo tiene esta Cámara- el problema de miles de familias afectadas por el Mar Egeo, por el mal enfoque, por el abandono y por la ineficacia del Gobierno socialista anterior. (Aplausos.-Protestas.) Los
gallegos lo tienen tan claro, que llevan muchos años dándoles la espalda en las urnas, que es donde se pronuncian los ciudadanos en una democracia.
(Rumores.) En esa línea y con esa responsabilidad, el Gobierno constituyó con la mayor celeridad una
comisión interministerial para que, con la colaboración de la Unión Europea y la Xunta de Galicia, pusiese en marcha las acciones pertinentes para paliar los daños económicos y ecológicos que haya producido ese siniestro. Ello para enmarcar todas
las acciones que se van a llevar a cabo de seguimiento de los efectos para darles prontas soluciones, algunas de las cuales hoy el vicepresidente Rajoy -usted tampoco se entera de nada, señor Segura-, desde Galicia, no paseando sino en contacto con
la realidad y con los problemas de la que es su tierra y a la que quiere, sin duda, como queremos todos los gallegos, ya ha anunciado, como el real decreto en el que se incluirán los recursos y medidas para paliar todos los daños. (Rumores.) No se
trata de dar cifras en el aire, como hacen ustedes, sino de garantizar con la evaluación que se cubran de verdad todas las necesidades y además con celeridad.
Quiero también indicar que el Grupo Popular ha pretendido llegar, señorías, a un acuerdo con los dos grupos proponentes de las dos proposiciones no de ley, pero no fue posible por la intransigencia del Grupo Socialista. (Protestas.)
Consideren que cuando el
Grupo Popular aceptó esta mañana modificar a la una de la tarde el orden del día para que se pudiera ver una proposición no de ley de ustedes, no fueron capaces de aceptar el retraso en un tiempo pequeño en la presentación de unas enmiendas
del Grupo Popular. Esa es la respuesta de ustedes a la cortesía y al espíritu abierto del Grupo Popular.
(Aplausos.-Protestas.) Pero como a nuestro grupo sólo le mueve dar de verdad solución a los problemas causados y contribuir a mejorar la
seguridad, ofrece ahora una transaccional a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, abierto -hay que decirlo- también desde el primer momento al diálogo, en la que se incluyen 13 puntos que buscan compensar las pérdidas económicas a
los mariscadores, a los marineros, a la empresa de acuicultura y comercializadores y exigir garantías para evitar que hechos como los actuales sigan produciéndose, mejorando el marco normativo internacional de seguridad marítima. En esa línea están
las propuestas 1, 2, 3, 4 y 5, que solicitan estudiar la separación del tráfico de la costa para garantizar la seguridad en caso de accidente, o la exigencia inmediata de doble casco para este tipo de buques o para que se localicen zonas de refugio
predeterminadas que no pongan en riesgo el medio ambiente y la vida de nuestras costas; que se aumente la inspección y control sobre los buques, eliminando en Europa los territorios exentos de los controles establecidos por la Unión Europea que
operan como paraísos en los que se incumplen las normas mínimas de seguridad. La 6 solicita que se cree un fondo europeo para indemnizar estos daños con una cuantía y agilidad suficientes, extremo este por el que España viene luchando y reclamando,
porque es un problema no sólo de España sino de Europa que exige la solidaridad de todos y que España viene claramente liderando. La 7 solicita continuar con la mejora de los medios de salvamento y lucha contra la contaminación, siguiendo el Plan
nacional de salvamento marítimo del 2002 al 2005, con especial atención, por razones obvias, a Galicia. Pensamos en mejores remolcadores con mayor potencia o en buques con capacidad de recogida de hidrocarburos y, por supuesto, de material
específico de protección de las costas. La 8 hace referencia a las acciones jurídicas nacionales e internacionales que el Gobierno ha puesto en marcha porque consideramos necesario que los responsables paguen y compensen los daños causados. La 9
recoge la constitución de una comisión interministerial con la participación de los ministerios en coordinación con la Xunta y entidades locales afectadas. Se contempla también la coordinación con las organizaciones sociales. La 10 reproduce el
nuevo punto 8 de la del Bloque Nacionalista Galego, cual es la de dictar un real decreto-ley, hoy anunciado por el vicepresidente del Gobierno, como antes decíamos, para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales para todos los
afectados, con las medidas concretas que contempla la término de la proposición del Bloque Nacionalista Galego, que de verdad van a garantizar la cobertura de todos los daños, y no vaguedades a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos
anteriores. La 12 recoge la articulación de campañas de calidad, seguridad y salubridad de los productos de la pesca, acuicultura y marisqueo. Por fin, la 13 sería la 9 del Bloque, que solicita estudiar, en colaboración con la Xunta de Galicia, la
situación del ecosistema marítimo y su evolución y elaborar un plan para su recuperación integral, dotándolo de las partidas económicas suficientes para su ejecución, con la participación de los sectores que viven del mar, especialmente las
cofradías de pescadores.
Todas estas propuestas, señora presidenta, señorías, son compromisos claros, respuestas importantes, inmediatas, solidarias y justas, como nunca el Gobierno socialista hizo ante situaciones similares o incluso más graves que se han
producido. (Rumores.) Yo lo digo con la satisfacción de ser diputada del Partido Popular pero de ser gallega, y lo que pido, señorías, a las diputadas y diputados gallegos del Partido Socialista, que no han sido capaces de subir a esta tribuna
(Protestas.), es que en todo caso apoyen la iniciativa transaccional si el Bloque Nacionalista Galego la acepta, porque siempre ha estado abierto al diálogo. Señorías, esa es una respuesta sin duda sin precedentes hasta la fecha, una respuesta
clara y firme y un compromiso de un Gobierno del que nos felicitamos además de tener presente al ministro de Fomento. Aquí está el ministro de Fomento (Rumores.), en el Congreso de los Diputados.
No le gusta, pero para nosotros y para mí como
gallega, repito, es una satisfacción poder presentar estas propuestas de soluciones para los damnificados y de medidas de prevención para que no puedan pasar estas catástrofes, y sin duda con el aval de la presencia del ministro de Fomento, siempre
diligente en atender los problemas de Galicia y de toda España. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, menos mal que en el Reglamento de la Cámara no hay ningún impedimento para que podamos intervenir los diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, con independencia de nuestra circunscripción electoral
(Aplausos.), a la hora de defender algo que se ha convertido en un problema para el Estado español y en un problema mucho más concreto y más directo para la Comunidad Autónoma de Galicia.
Señorías, en esta tribuna se ha dicho que el Gobierno había actuado con diligencia y que se habían tomado
las medidas adecuadas. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Gobierno actuó con bastante desconcierto, porque si tenemos que atender a las declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia, primero
no pasaba nada, la mancha no llegaba cuando ya estaba el gasoil infectando la costa gallega y no había problema para desplazar al buque. La situación marítima, los escasos recursos que se tienen en aquella costa y además la situación del mar hacían
que no se pudiera trabajar ni en las condiciones de seguridad exigidas ni con la rapidez que el desastre requería. Si hacemos caso de las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, no pasaba nada, no había sucedido nada. Y si
tenemos que atender a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, lo único que hizo fue corregir al ministro de Agricultura y decir que estábamos ante una gran catástrofe. Pero no se han tomado las medidas adecuadas.
En mi grupo parlamentario creemos que es importante y necesario que se tomen en esta Cámara los acuerdos necesarios para paliar el desastre económico, además del ecológico, que ha supuesto, una vez más, un accidente de estas características
para los habitantes de la costa gallega, y en concreto para la Costa da Morte. Cuando no se habían terminado de recuperar de accidentes como el del Mar Egeo, que sufrimos hace diez años en la misma costa, cuando no se han podido recuperar ni tan
siquiera los ecosistemas afectados en aquel momento, volvemos a tener otro desastre de estas características. En estos momentos perdemos la oportunidad de instar desde esta Cámara al Gobierno para que se empiecen a tomar medidas de prevención.
Porque estos accidentes se están produciendo cada equis tiempo y pueden tener una sucesión más breve en el tiempo, entre otras cosas, porque los barcos que transportan el petróleo cada vez están en peores condiciones, se hace menos caso de las
recomendaciones de la Organización Marítima Internacional y ninguno a las recomendaciones de la Unión Europea, ni se están tomando en cuenta las necesidades que se han planteado en el Parlamento Europeo de modificar las directivas europeas para
poner en práctica de una manera seria y rigurosa los acuerdos internacionales existentes en materia de seguridad marítima, sobre todo en el transporte de sustancias contaminantes y peligrosas.
Señorías, volvemos a perder la oportunidad. Hay que tomar la iniciativa desde esta Cámara. Hay que instarle al Gobierno para que los países de la Unión Europea cumplan con la legalidad internacional en el marco de la Unión Europea. Pero
además, señorías, hay que instarle al Gobierno para que lleve una propuesta a la Unión Europea y ésta, a su vez, a los organismos internacionales para que, de una vez por todas, los buques que transportan materias contaminantes y peligrosas reúnan
las condiciones de seguridad suficientes para evitar que se vuelvan a producir catástrofes de estas características no sólo porque en estos momentos afectan a la costa española, sino porque mañana pueden afectar a la portuguesa, a la francesa o a
cualquier otra costa del mundo. Los ecosistemas, tanto el marino como el terrestre, son frágiles y nos afectan a nivel mundial no sólo porque nos ha tocado ahora a nosotros,que también, sino porque sus consecuencias están llevando a unas
condiciones de mortandad a los caladeros de pesca que nos pueden conducir a una situación insoportable y dramática a la hora de mantener la pesca, las flotas pesqueras y las necesidades alimentarias del todo el mundo. Por lo tanto, no deberíamos
perder esta oportunidad.
Nosotros no vamos a votar en contra sino que, al contrario, vamos a apoyar la iniciativa transaccional a la que han llegado el Grupo Parlamentario Popular y el Bloque Nacionalista Galego porque creemos que es necesario que se arbitren las
ayudas para los pescadores y las familias afectadas por no poder mariscar en esta campaña, que además esperaban que tuviera buenos resultados. También estamos de acuerdo en que se haga un plan integral para regenerar de manera integral la costa
afectada en el que debe participar el Gobierno central. Es importante que que no se quede en palabras sino que se lleve a cabo el plan de recuperación integral, porque es necesario no sólo para que se pueda trabajar en mejores condiciones, sino
también para recuperar cuanto antes el ecosistema y para que el Ministerio de Medio Ambiente deje de ser un adorno en el Gobierno central y adopte alguna vez políticas que vengan a preservar y mejorar las condiciones medioambientales, aunque sea a
raíz de un accidente de estas características.
Por tanto, vamos a votar a favor de esta enmienda transaccional. De la misma manera, si el Grupo Parlamentario Socialista mantiene su proposición no de ley en los términos en los que está, la votaremos también a favor. Es importante que se
aumenten las dotaciones de salvamento en las zonas que se pueden ver afectadas por una mayor incidencia de este tipo de buques que transportan materias nocivas y peligrosas y también es importante que las medidas se tomen a partir de este momento,
no dejar que pasen otros 10 ó 22 años para volver a discutir sobre el mismo tema sin que se hayan mejorado las condiciones, en este caso y de manera más primordial para Galicia, pero también para toda la zona costera del Estado español, entre otras
cosas porque ninguna zona está libre de que se produzca en sus costas un incidente de características similares al ocurrido en la costa gallega.
Nuestras enmiendas estaban destinadas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, pues tal como ha sido redactada y presentada en esta Cámara antes de la transaccional con el BNG, nos parecía esperpéntica, porque hablar
simplemente de la creación de una comisión interministerial, que ya se estaba constituyendo, no nos parecía que fuera dar una solución al problema. Además, pensamos que el Gobierno del
Estado español y esta Cámara tienen que instar a los diferentes organismos internacionales para que se pongan en marcha las medidas de prevención, de control y de inspección de todos los buques que, si no van a recalar, transiten por aguas
que nos puedan afectar en caso de accidente.
Aplazaremos el debate si no sale aprobada la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, pero al final se tendrá que producir en esta Cámara para mejorar las condiciones del transporte marítimo, sobre
todo de sustancias peligrosas y contaminantes.
Señorías, ésta es la posición de nuestro grupo parlamentario y en ese sentido se habían presentado las enmiendas, exclusivamente dirigidas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, lamenta profundamente la catástrofe ecológica y económica provocada por el petrolero Prestige en las costas
gallegas y quiere expresar desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo gallego, muy especialmente con los afectados, pescadores, mariscadores, armadores y sus respectivas familias.
En segundo lugar, mi Grupo Parlamentario quiere manifestar su apoyo total, pleno, a cuantas iniciativas y medidas se impulsen, ahora y en el futuro, por las administraciones públicas competentes, al objeto de paliar las catastróficas
consecuencias que va a tener, y que ya está teniendo, el vertido de estas miles de toneladas de fuel oil que ya afectan, según nos informan las últimas noticias, a más de 200 kilómetros de la costa coruñesa, no sólo las medidas que limiten el
impacto ambiental y económico, sino también las que puedan instarse ante la Unión Europea y ante los organismos internacionales para fortalecer las exigencias y los requisitos que debe cumplir este tipo de transporte marítimo.
Mi grupo, fiel a la tradición parlamentaria, quiere huir de cualquier tipo de confrontación política partidista o con tintes electoralistas que pueda darse en esta Cámara. En todo caso, lo que hay que buscar son soluciones, hay que
conseguir grandes consensos para evitar mayores males. Mi grupo, insisto, no se dejará arrastrar por determinadas expresiones o debates partidarios que buscan un desgaste, procedimientocon el que no estamos de acuerdo.
Aunque es pronto todavía para evaluar los daños que pueda producir este vertido, las cifras que se barajan en este momento están alrededor de los 90 millones de euros, 15.000 millones de pesetas; seguro que, al final, serán mucho mayores,
porque no son más que el preludio de lo que podría ser la mayor tragedia ecológica y económica que haya afectado a las costas gallegas.
Lamentablemente, como han dicho ya anteriores portavoces, existen varios antecedentes de accidentes marítimos que han tenido como protagonistas a buques cisterna y petroleros. El naufragio del buque Mar Egeo, en 1992, citado anteriormente,
aún está muy presente en la memoria de los ciudadanos de Galicia, teniendo en cuenta, además, que todavía no se ha compensado a los afectados. Quiero recordar también que en diciembre de 1999, se produjo en las costas francesas, próximas a las de
mi país, Cataluña, un importante vertido de petróleo por el buque Erika. Como consecuencia de este accidente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), expresando gran interés político, presentó en esas fechas una batería de preguntas
al Gobierno orientadas a conocer los medios materiales y humanos cuya coordinación o titularidad correspondía al Ministerio de Fomento, por tanto al Gobierno del Estado. En el contexto del debate que se produjo a raíz del accidente de este
petrolero, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, reunido en Bruselas el 30 de marzo de 2000, llamó la atención sobre la necesidad de abordar propuestas legislativas encaminadas a fortalecer el control portuario de los petroleros, a mejorar el
control de los organismos de inspección de buques y a prohibir progresivamente el acceso a los puertos de la Unión Europea a los buques de casco simple, de aquí a 2015. Hay una coincidencia generalizada en que ese plazo de 2015 debe acortarse; no
podemos esperar hasta entonces y padecer otros accidentes como el que ahora tratamos. Han pasado tres años y hemos avanzado poco, tanto en el nivel estatal como en el de la Unión Europea, en la consecución de los objetivos que nos marcamos
entonces.
Por eso, es de toda lógica y absolutamente inaplazable -y mi grupo parlamentario se suma a las exigencias presentadas en esta línea- que se tomen con urgencia cuantas medidas sean necesarias, en el Estado español, en la Unión Europea y en el
nivel internacional, para garantizar una mayor seguridad marítima. No creo que mi condición de portavoz de medio ambiente de mi grupo parlamentario me delate si afirmo que nuestros ecosistemas están llegando al límite en cuanto a agresiones
sufridas por la acción humana, y en este punto reitero lo que decía el portavoz del BNG. Si queremos que sigan existiendo ecosistemas económicamente productivos, si no queremos que la actividad económica que nos proporcionan desaparezca para
siempre en breve plazo, debemos protegerlos con más diligencia. En definitiva, la comunidad internacional no puede permanecer de brazos cruzados ante la reiteración de este tipo de accidentes. En el caso que nos ocupa, aún es más grave que el
vertido haya sido provocado por la rotura del casco del Prestige como consecuencia
de la presión del oleaje, sin terciar contacto físico alguno con elementos ajenos al mismo.
Mi grupo parlamentario dará apoyo a cuantas iniciativas y medidas se impulsen para paliar los efectos de la marea negra que se cierne sobre las costas gallegas y para limitar al máximo las posibilidades de que se produzca un nuevo episodio
como el que nos ocupa, en función del texto final que puedan acordar los grupos parlamentario proponentes, dando un apoyo especial -lo subrayo- a las medidas planteadas por el Bloque Nacionalista Gallego. En el caso de que la enmienda transaccional
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular pueda ver la luz por el acuerdo del otro grupo proponente, el Bloque Nacionalista Gallego, mi grupo parlamentario dará su apoyo a dicho texto.
Confiamos en que finalmente puedan tomarse las medidas que hace tiempo deberían haberse tomado, pero que no se ha hecho por algunas circunstancias. Además, estamos en un ámbito que va mucho más allá del ámbito del Estado porque afecta a
instituciones internacionales y de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señor Rodríguez, al efecto de ordenar las votaciones, tiene usted la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señora presidenta.
Aceptamos el contenido de la enmienda in voce formulada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular a nuestra proposición no de ley; una enmienda transaccional que recoge sustancialmente los aspectos básicos de nuestra proposición no de
ley y los puntos que considerábamos incuestionables. Lo hacemos en ese sentido.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Entiendo que lo que se va a someter a votación es este texto en sustitución de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto y supongo que el Grupo Parlamentario Popular retira su iniciativa.
La señora SAINZ GARCÍA: Efectivamente, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Popular retira su iniciativa y agradece el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz.
En primer lugar, sometemos a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la elaboración de un plan de medidas extraordinarias o urgentes para la atención de los sectores sociales de
la Comunidad Autónoma de Galicia que resulten perjudicados por el accidente del buque-tanque Prestige, la regeneración y recuperación de las costas afectadas, así como para la prevención futura de siniestros de similar naturaleza.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 119; en contra, 155; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al siniestro del Prestige en la costa gallega, en los términos derivados del debate y de la enmienda transaccional de sustitución que ha sido propuesta por
el Grupo Parlamentario Popular y aceptada por el diputado señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 292.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos.)
Señorías, antes de entrar en el punto IV, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, anuncio a la Cámara que serán debatidas sucesivamente las tres mociones y se procederá a su votación al finalizar el debate de la última moción.
(Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA. (Número de expediente 173/000163.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Morlán. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual ruego a aquellas señoras diputadas y señores diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan de la manera más rápida posible y en silencio.
Adelante, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, le tengo que decir, en principio, que no es cierto lo que dice el señor Arenas, que esto es una cacería individualizada, porque indudablemente para hablar de cacerías ya le tenemos a usted, que sabe más que
nosotros.
Hemos presentado esta moción consecuencia de interpelación con el criterio de exponer ante esta Cámara cuáles son nuestras propuestas en materia de suelo y en materia de vivienda. Lo hacemos respetando el acuerdo al que usted ha llegado con
las comunidades autónomas respecto al Plan 2003-2005, pero como nos parece un plan insuficiente, un plan que no hace frente a todos los problemas que existen en materia de acceso a la vivienda, hemos formulado una serie de alternativas que
entendemos que pueden mejorar sustancialmente el plan que usted ha elaborado. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Pretendemos que 90.000 jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler mediante la creación de un parque público de viviendas; pretendemos que 30.000 familias con escasos recursos económicos puedan acceder a un parque público de viviendas
en alquiler; pretendemos que puedan acceder a la compra de ese total de 90.000 viviendas, durante la vigencia del plan -en todas las propuestas me estoy refiriendo a lo mismo-, los jóvenes que compran primera vivienda y las familias con menores
ingresos; pretendemos que sean 30.000 jóvenes durante la vigencia del Plan los que accedan a alquiler de vivienda, nueva o usada, a precio tasado; pretendemos que haya una adquisición de suelo para que se construyan 30.000 viviendas de VPO sobre
suelos públicos, autonómicos o locales. Por último, pretendemos, señor ministro, señorías, que, junto a esas medidas que van directamente a hacer frente al problema urgente de acceso a la vivienda de muchos sectores y colectivos que no pueden
hacerlo, exista un acuerdo con comunidades autónomas y con ayuntamientos, que ese acuerdo traiga consigo que el 40 por ciento del suelo de titularidad pública lo sea para un programa de construcción de viviendas públicas, un programa de alquiler
para jóvenes, y que el 20 por ciento sea para compra.
Pretendemos que usted retire o derogue el Real Decreto 4/2000 que tiene usted parado en esta Cámara desde hace dos años, cosa vergonzosa; no entendemos por qué razón no han sido capaces de
hacer frente a este debate que tenía que haber tenido lugar en la Comisión de Infraestructuras y que no se ha llevado a cabo.
Queremos que ustedes retiren los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, pero para que sea una propuesta equilibrada decimos: Ustedes retiran sus recursos y nosotros retiraremos los recursos que hemos formulado ante el
Tribunal Constitucional contra su legislación sobre el suelo. ¿Por qué? Porque pretendemos que exista un acuerdo de verdad por el que se modifique la legislación del suelo, mediante el que se permita que haya un régimen de valoraciones distinto al
que ustedes plantean en su normativa estatal, que haga referencia al valor de reposición del suelo y no al valor de mercado. Esa es la fórmula más correcta para que los suelos públicos, los suelos de este país urbanizados y urbanizables, puedan
servir de base para nuevas viviendas y posibiliten, mediante un precio más rebajado que el actual, que existan precios de vivienda inferiores a los actualmente establecidos.
Usted nos ha hecho una oferta de pacto de suelo. ¿En qué medida aceptamos nosotros esa oferta de pacto de suelo? En la medida en que se cumplan los siguientes requisitos que nos parecen fundamentales. En los suelos de titularidad pública
que ustedes los están vendiendo -y si no, hay que ir a la Ley de presupuestos y a la Ley de ordenación de la edificación, para ver cómo se modifican-, queremos que haya participación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas; el suelo
público tiene que ser del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, no como en la enmienda que han presentado ustedes donde dicen que, como este problema es de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que sea el suelo de
los mismos el que se utilice para que se gestione más adecuadamente la construcción de viviendas y para que disminuya el valor de las mismas. Esa propuesta, señor Ortiz, es inaceptable. Nuestra propuesta es más equilibrada, daría una solución más
adecuada a los problemas del suelo y haría frente a las posibilidades de acceso a la vivienda en este país.
Por último, señorías, en nuestra moción planteamos la reprobación de usted, señor ministro, que sigue hablando por teléfono muy tranquilo, se ve que no le interesa nada. ¿Por qué le reprobamos? Usted dirá: Estos socialistas se han vuelto
locos y quieren reprobarme por algo que estoy haciendo perfectamente bien. Sinceramente no, no lo está haciendo usted bien, señor ministro; no lo está haciendo bien porque, durante su mandato de dos años y en los cuatro años anteriores, no han
tenido sensibilidad alguna especial para que los jóvenes, los discapacitados, las familias monoparentales, la gente con escasos recursos puedan acceder a la vivienda. También le reprobamos porque sus últimas afirmaciones públicas son un desastre,
es el ejemplo más puro de la frivolidad; la vivienda es un asunto de la suficiente envergadura e importancia como para que cuando lo analicen vean que responde a la exigencia de muchos colectivos, muchas personas que viven en este país que tienen
dificultades para acceder a la vivienda. El ministro del ramo no puede hacer este tipo de afirmaciones que únicamente conducen al descrédito de la política del Gobierno, a la insensibilización social y al cabreo generalizado, como está sucediendo
en estos últimos tiempos. El artículo 47 de la Constitución les importa un auténtico rábano. Ustedes tienen que ver cuál es la función social de la vivienda, qué pasa con las políticas del suelo y en qué consiste el desarrollo de ese artículo,
pero no hacen caso alguno. Asimismo, les reprobamos por su opacidad en la gestión y, como es lógico, por su persistente tenacidad en mantener que las políticas del suelo son las mejores que existen. Señorías, señor
ministro, esto merece que el Grupo Socialista plantee su más rotunda reprobación con la intención de que usted modifique sus criterios, sus políticas y llegue a acuerdos con quien tiene que llegar, que son las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, pero en igualdad, no imponiendo sus criterios ni en posición de trágala, como está haciendo con la enmienda que imagino que después defenderá el Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Morlán, le ruego concluya.
El señor MORLÁN GRACIA: Ahora mismo, señoría.
Aceptaremos las enmiendas de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego en todos los puntos menos en los que hacen referencia a la sanción fiscal de las viviendas desocupadas.
Respecto a la enmienda que plantea Convergència i Unió, es una buena enmienda, pero han llegado a tanta concreción, a tanto detalle, que es muy difícil de evaluar; por tanto, en este momento no se la podemos aceptar.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Morlán.
Señor Aymerich, para la defensa de la enmienda presentada a la moción.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Al Gobierno del Partido Popular hay que atribuirle el dudoso mérito de haber conseguido que los ciudadanos del Estado español sean, con mucho, los europeos que destinan una fracción mayor de su renta a sufragar el coste de un bien de primera
necesidad como es la vivienda. El precio medio de la vivienda en el Estado español crece a tasas del 15 por ciento anual, desde luego, muy por encima del crecimiento general de la economía, muy por encima del crecimiento de los precios de la
vivienda en los países comunitarios y muy por encima de la evolución ya de por sí en este momento elevada y descontrolada del IPC que, dicho sea de paso, no incluye entre sus componentes el precio de adquisición de la vivienda.
En los últimos cuatro años, con diferencias entre unas comunidades autónomas y otras y dentro de ellas, como es el caso de Galicia, entre unos ayuntamientos y otros dependiendo de que tengan o no tengan connivencia con las grandes empresas
constructoras, el precio de la vivienda acumula un crecimiento superior al 50 por ciento. Esto está dando lugar a una situación insostenible, a una fractura social que excluye a un número cada día mayor de personas del derecho constitucional de
acceder a una vivienda digna y, en términos generales, excluye a los jóvenes, a las familias y a las personas con menores niveles de renta. Lo ha dicho el Consejo Económico y Social: los elevados precios de la vivienda retrasan la edad de
emancipación de los jóvenes que prolongan hasta edades muy avanzadas su presencia en el domicilio familiar y, en el mejor de los casos, disfrutar de contratos precarios les impide hacer frente a los elevados costes de este bien. Ciertamente el
mercado inmobiliario es complejo y las causas que contribuyen a esta escalada de precios son múltiples, pero desde luego no se puede ocultar la connivencia e ineptitud del Gobierno español mediante la remisión al consabido España va bien, cuando
atribuye el crecimiento de los precios al crecimiento de la renta disponible. Quizás sea oportuno recordar que España sea el Estado de la Unión Europea en el que menos han crecido los salarios reales en los últimos años.
Ya dijimos que las causas son complejas pero para el Bloque Nacionalista Galego algo tendrán que ver razones como las siguientes: la insuficiencia de la oferta de vivienda protegida de promoción pública; la práctica inexistencia de oferta
de viviendas públicas en régimen de alquiler; la acumulación del suelo edificable en muy pocas manos en torno a las ciudades dando lugar a un mercado oligopólico; la inoperancia de las llamadas medidas de liberalización del suelo aprobadas por el
Gobierno porque no estamos ante un mercado realmente competitivo; la insuficiencia financiera crónica de la Administración local que pervierte la cesión obligatoria de aprovechamientos urbanísticos en un mero instrumento de financiación vía
subastas, en lugar de destinarlos a la constitución de un patrimonio municipal del suelo que permita la construcción de viviendas protegidas; el aumento de la demanda de vivienda libre como único refugio seguro para una inversión que escapa de la
economía productiva y de los mercados de valores así como para el blanqueo de capitales antes de la incorporación al euro; el aumento de la capacidad de endeudamiento provocado por la reducción de tipos de interés y la inexistencia de medidas que
garanticen la traslación de este ahorro financiero, de esta rebaja al precio final de la vivienda, es decir, que impidan la apropiación de este ahorro financiero por los promotores; la coexistencia de una demanda insatisfecha con uno de los parques
de vivienda desocupados mayores de Europa -sólo en la ciudad de A Coruña más de 20.000 viviendas- tolerado y consentido por la Administración; y, desde luego, el estímulo fiscal a la adquisición y no al alquiler de viviendas.
Todos estos elementos contribuyen en mayor o menor medida a la escalada de precios y es necesario actuar sobre todos ellos. Por eso, las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego se dirigen a los siguientes objetivos. En primer lugar,
duplicar la dotación presupuestaria del Plan de Vivienda 2002/2005 para los ejercicios pendientes de ejecución. Este incremento debería destinarse prioritariamente a la promoción pública de viviendas protegidas y actuaciones de rehabilitación
destinadas a incrementar la oferta de alquiler. En segundo lugar, flexibilizar la normativa sobre vivienda protegida permitiendo que sean las comunidades autónomas las que establezcan la tipología y tamaño de las viviendas en su ámbito
territorial. En tercer lugar, favorecer el acceso de los jóvenes y de las personas con menor nivel de renta a la vivienda mediante la incorporación al Plan de Vivienda de figuras que permitan el establecimiento de alquileres a precio tasado,
ampliar las ayudas directas para la adquisición de vivienda o alquiler para los jóvenes de hasta 35 años, impulsar la política de rehabilitación de viviendas, incorporar al nuevo IRPF que se está tramitando en el Senado una desgravación por alquiler
de vivienda y -pensamos que se puede realizar y muchos ayuntamientos están pensando en hacerlo vía ordenanza en la regulación del IBI- penalizar fiscalmente la tenencia de viviendas desocupadas -no de segunda vivienda- en núcleos urbanos con oferta
insuficiente de viviendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Aymerich, le ruego que concluya.
El señor AYMERICH CANO: Estas son las medidas del Bloque Nacionalista Galego que esperamos sean apoyadas por los demás grupos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, señor ministro, mi grupo parlamentario coincide con las palabras del señor Morlán cuando afirmaba en esta tribuna que la vivienda es un tema que hay tomar en serio y que preocupa a la
ciudadanía. Es cierto, el precio de las viviendas es uno de los temas que más preocupa a los jóvenes y a las familias y, me atrevo a decir, tanto en régimen de alquiler como para adquirir una vivienda. La escalada de precios es evidente. Por
tanto, coincidimos, señor Morlán, con el diagnóstico y con esa preocupación. Mi grupo parlamentario -usted dice con mucha concreción, porque mi grupo hace una propuesta similar a la que está implementando el Gobierno de la Generalitat con el nuevo
plan de vivienda que ha aprobado- pretende con su enmienda plantear medidas concretas que huyan de lo que pueda ser un planteamiento demagógico, y a veces se puede hacer, que intente proponer medidas que, después, en la realidad a lo mejor no pueden
producir el efecto deseado. Por ejemplo, en la moción que hoy presenta el Grupo Socialista hay una medida que yo respeto pero tengo serias dudas de que fuera eficaz. Se dice subvencionemos la adquisición de viviendas en un 50 por ciento del
precio, pero para ello deberíamos regular precios máximos protegibles porque si no, al final, estaríamos fomentando el incremento de precios. De ahí que mi grupo plantee otras medidas alternativas, medidas que tienden a promover una mayor oferta de
vivienda en alquiler.
Recordemos que España es uno de los países con menor oferta de vivienda en alquiler, de ahí que los primeros puntos de nuestra moción tiendan a fomentar la vivienda en alquiler, estableciendo claramente unas medidas, por
ejemplo, que la cuantía de la subvención al promotor de viviendas de protección pública con destino a alquiler de 25 años de duración sea de un 30 por ciento o que la subsidiación de la cuota sea de un 50 por ciento para todo el periodo. Esta es
una de las medidas, como las hay también de índole fiscal. Quiero recordar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está consensuando en estos momentos en el Senado, para el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos,
unas medidas de reforma fiscal en el impuesto de sociedades para fomentar la promoción de vivienda en régimen de alquiler y la rehabilitación de viviendas que puedan ser destinadas a alquiler. Estas son por tanto medidas concretas. También
planteamos medidas concretas en nuestra enmienda para fomentar la compra de suelo que después se destine a viviendas de protección pública y dependiendo del porcentaje de edificabilidad que destinemos a promoción de vivienda de protección pública
tendríamos una ayuda mayor.
Hay igualmente otras propuestas. Mi grupo comparte el IVA superreducido, pero no entiende el planteamiento que hace hoy la moción del Grupo Socialista. Puede haber un IVA superreducido de acuerdo con la normativa europea que está en el 4
por ciento. Pedimos el 4 por ciento para todas las viviendas de protección oficial, sean de promoción pública, sean de promoción privada, sean de régimen especial o no, que todas ellas tengan un 4 por ciento, pero no entendemos que se proponga el 2
por ciento.
Todos querríamos el 2 por ciento, pero, de hecho, la normativa europea encaja un único tipo de IVA superreducido que es el 4 por ciento. También compartimos el diagnóstico sobre que deberíamos hacer una reflexión sobre la Ley de
Arrendamientos Urbanos y de qué forma incide esa ley en ayudar o no a la promoción de la vivienda en alquiler. De ahí que reiteremos una vez más lo que mi grupo consiguió aprobar en esta Cámara y que no acaba de arrancar, como es el análisis
pormenorizado de la forma en que se está aplicando la Ley de Arrendamientos Urbanos. De ahí que tengamos una propuesta sobre este aspecto.
Por último, mi grupo quiere destacar lo que es ya una constante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en todas las legislaturas. No vamos a aprobar una moción que repruebe a un ministro, en este caso al ministro de Fomento.
Tampoco creemos que el problema de la vivienda se solventara reprobando a un ministro, porque es mucho más complejo y no se salda con una reprobación. Aun así, mi grupo quiere reiterar que tampoco reprobaba a los ministros en época socialista
cuando se presentaba por parte de otros grupos parlamentarios. Este no es nuestro estilo y, por tanto, en este punto nunca podríamos llegar a coincidir.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos otra vez debatiendo sobre la vivienda en el Pleno de la Cámara. Todos estamos siempre de acuerdo en que es un problema grave, que afecta a la ciudadanía de una manera muy directa, que es preocupante para toda la
ciudadanía, que ese problema existe, pero al final el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta se mantienen en la misma política; política que se ha demostrado errónea, que no sirve para conseguir abaratar el precio de la vivienda y que lo
que sí ha demostrado es que ha servido para aumentar los precios de la vivienda y que cada vez sea más inasequible para los sectores menos favorecidos de la ciudadanía.
Señorías, se han hecho muchas declaraciones diciendo que aumenta el patrimonio de los españoles el hecho de que aumente el precio de la vivienda, que se compran todas las viviendas que salen al mercado y, por lo tanto, es que tenemos
recursos económicos suficientes para poder acceder a ellas, y no se ha tenido en cuenta que cada vez son menos las personas jóvenes que pueden acceder a la vivienda en propiedad e incluso que no pueden acceder ni tan siquiera a la vivienda de
alquiler. En lugar de incidir desde el Gobierno con los planes de vivienda -además se ha demostrado que tampoco se llevan a la práctica-, se sigue manteniendo la intervención en la liberalización del suelo y se sigue incidiendo en este tipo de
políticas que solamente benefician a los especuladores y a las grandes inmobiliarias. Desde los grupos de la oposición venimos insistiendo permanentemente, en un intento de cambiar la política del Gobierno, en que con esa política no se consigue
solucionar el problema, pero no se quiere admitir, y otra vez más, señorías, mi grupo parlamentario, que va a votar favorablemente la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, insiste en algunos de los puntos que nos parecen
necesarios e importantes que se deben iniciar por el Gobierno en materia de vivienda para incidir en el mercado del suelo y, sobre todo, en el precio de la vivienda.
Aunque no se admita por el Grupo Parlamentario Socialista, creemos que es importante que se puedan gravar fiscalmente las viviendas desocupadas cuando se considere que están desde todo punto de vista ociosas y se pongan en el mercado de
alquiler. Señorías, planteamos que se establezca algún tipo de fórmula complementaria a las fiscales para que estas viviendas vacías se puedan ceder a la Administración pública y se pongan en régimen de alquiler dentro de programas públicos, y que
además se puedan facilitar ayudas a los propietarios para su rehabilitación.
Señorías, creemos que es importante que desde la Administración general del Estado, desde el Gobierno del Partido Popular y desde el Ministerio de Fomento se impulsen, en cooperación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales,
políticas de lucha contra el fraude en materia de uso, alquiler y venta de viviendas con algún tipo de protección oficial, que todos sabemos que también se produce. Además, señorías, hay algo importante y es la necesidad de realizar el censo de
población y vivienda, que ya se tendría que haber hecho en el año 2000 según el compromiso que se suscribió por parte de España en la Organización de Naciones Unidas, porque es un dato necesario para que se pueda hacer una buena planificación y
ejecución de políticas activas sobre la nueva vivienda y sobre el patrimonio residencial que ya pueda existir.
Es necesario que se impulse la colaboración con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la coordinación de los datos existentes de demandantes de vivienda pública, algo que parece ser que se pretende obviar por aquello de
que parece que no sea necesaria la vivienda pública o de protección oficial. También es necesario -y hemos planteado otra propuesta- que la Administración pública apoye a las cooperativas de vivienda con verdadera base social, impidiendo que se
puedan comportar de forma fraudulenta aquellas cooperativas de promoción privada que se plantean en torno a los concursos públicos. Hay que garantizar que de verdad sean cooperativas de viviendas con una base social importante y evitar que se pueda
producir cualquier otro tipo de malversación de este uso de las cooperativas.
Mi grupo parlamentario con nuestra propuesta y con el apoyo a la moción del Grupo Parlamentario Socialista intenta cambiar una política que desde todo punto se ha visto fracasada.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su enmienda, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, con la venia.
Vaya por delante que mi grupo va a votar en contra de la aprobación de la moción por razones que voy a intentar exponer en el brevísimo plazo de cinco minutos que me concede el Reglamento de la Cámara. Asimismo, hemos presentado una
enmienda que se orienta
a un objetivo fundamental, el acuerdo nacional sobre el suelo, que ha postulado el Partido Popular por una iniciativa del ministro de Fomento, muy anterior a otras a pesar de lo que se diga, e incluso ha establecido una fecha que es el
próximo 17 de diciembre.
Las razones por las cuales nos oponemos a la aprobación de la moción son claras y están enlazadas con el problema de la distribución competencial, que conoce de sobra el Grupo Parlamentario Socialista, y que sería ocioso recordar si no fuera
estrictamente necesario. El Estado central, el Estado del artículo 149 de la Constitución, no tiene competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, porque el artículo 148, apartado 1, regla 3.ª de la misma Constitución
las atribuye con exclusividad a las comunidades autónomas. Si a esto se añade la Ley de régimen local, es evidente que el Estado carece de competencias en materia de suelo que es el núcleo fundamental sobre el que se centra nuestra enmienda en el
logro de un acuerdo sobre el suelo. El Estado ha conciliado sus obligaciones como poder público -me estoy refiriendo a la expresión que utiliza el artículo 47 cuando habla de que el derecho a una vivienda digna y adecuada descansa sobre los poderes
públicos- con la limitación que comporta la famosa sentencia de 20 de marzo de 1997, que el señor Morlán recuerda sin duda mejor que yo mismo, que -como ha dicho un ilustre administrativista- ha jibarizado las competencias del Estado en materia de
suelo. Las ha conciliado a través de una ley nacional, la Ley de 13 de abril de 1998, y después con los planes sucesivos de vivienda, en los cuales, señor Morlán, no ha habido ninguna falta de sensibilidad. Le daré solo un dato: entre 1991 y 1995
se iniciaron 336.000 viviendas de protección oficial, entre 1996 y 2001, es decir, en nuestra época, si me permite la expresión, el 6 por ciento más, 345.000 viviendas. No sé dónde está la insensibilidad.
La moción no podemos aceptarla, porque, en definitiva, algunas de las propuestas que se hacen están contempladas e incluso mejoradas en el Plan de Vivienda en vigor, que es sin duda el más generoso, el de signo más social de todos los que
hemos conocido hasta ahora y otras comportan un gasto imposible de asumir en términos de equilibrio presupuestario mínimo. Sus expertos han cuantificado el gasto adicional en 3.000 millones de euros, yo creo que se han quedado cortos, son por lo
menos 5.000 millones de euros, es decir, otro presupuesto equivalente al actual, pero multiplicado por varios dígitos. Consiguientemente, no podemos aceptar sus propuestas.
En cuanto a nuestra enmienda, nuestro texto es claro. Lo que pretende es que se llegue a ese acuerdo nacional del suelo, que se propicie una coordinación entre las administraciones para lo cual el objetivo subordinado pero inmediato es
lograr un incremento de la oferta de suelo mediante los métodos que sean de coordinación entre las administraciones públicas, para lograr de esta manera una reducción del suelo urbanizable y urbanizado dada la elevada incidencia que el precio del
suelo tiene en el precio final de la vivienda. Nuestras ideas aquí son claras y no tienen duda, pero hacen falta dos cosas, señor Morlán. La primera, coherencia. En su exordio inicial ha hablado de pretendemos, pretendemos, queremos, queremos;
que ese mismo pretendemos, pretendemos, queremos, queremos se refleje en el comportamiento, en la actitud cotidiana de las comunidades autónomas donde ustedes por ahora, espero que por poco tiempo, están gobernando. La segunda cosa, que tengan una
actitud leal y sincera ante la iniciativa del Gobierno, en este caso del ministro de Fomento. En consecuencia, coherencia.
No tengo más remedio que decir unas palabras sobre la reprobación al mejor ministro de Fomento, según este portavoz y otras muchas personas que conocen el sector, de la historia de la democracia española, cuya sensibilidad ha sido evidente
ante el Plan de Vivienda actual que, vuelvo a insistir, es el más generoso, el de signo más social de los planes cuatrienales de vivienda a los que hemos asistido. He sido responsable en los viejos tiempos de un plan trienal y sé perfectamente
establecer la comparación. (Aplausos.) Consiguientemente, para los señores del Grupo Socialista, coherencia entre lo que se dice y se hace aquí y la dirección nacional del partido y lo que se hace, se dice y se practica en el ámbito de las
comunidades autónomas donde como digo ustedes, por ahora sólo por ahora, siguen gobernando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ortiz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a hablar con brevedad porque mi grupo parlamentario tiene en este momento las siguientes premisas para fijar su posición contraria a esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en forma como en contenido.
En primer lugar, desearíamos sumarnos a lo que es una denuncia de la gravísima situación de un amplio porcentaje de la población española, fundamentalmente jóvenes que quieren formar una familia, por el precio de la vivienda, tanto en el régimen de
alquiler como por el precio para acceder a la propiedad de la misma.
Coalición Canaria ha planteado muchas veces la necesidad en nuestro Archipiélago de una política de suelo accesible a esta situación de demanda económica por la población nueva española. La Comunidad Autónoma de Canarias, el territorio del
Archipiélago por sus características orográficas es precisamente una de las
de más carestía en España, hasta tal punto que los últimos informes de las sociedades de tasación inmobiliaria vienen diciendo que Canarias ocupa prácticamente el primer o segundo lugar en la repercusión del precio del suelo en la vivienda
superior a un 50 por ciento, normalmente cifras del orden del 55 por ciento. En el precio de la vivienda la repercusión del suelo está en los índices del 55 incluso a veces del 60 por ciento por la competencia que hay no solamente para obtener
suelo urbanizable y urbano para la vivienda de uso particular familiar, sino por la competencia del sector de servicios, del sector turístico que ocupa con hoteles, apartamentos, instalaciones turísticas un suelo del que van a obtener estas
actividades empresariales un rendimiento con el que es imposible competir a las nuevas generaciones que desean el acceso a la vivienda.
Desearíamos que este concepto fuera racionalizado.
Nos parece muy acertada en cuanto a sus detalles la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que trata de aportar una serie de objetivos muy concretos. Sin embargo, eso hay que enmarcarlo, y nosotros
apoyaríamos una enmienda del tipo de la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, porque ha definido, como bien ha dicho con claridad su portavoz don Luis Ortiz, que hay tres áreas fundamentales que van a repercutir en el precio de la
vivienda en las que no tiene competencia el Gobierno central, que son suelo, ordenación del territorio y vivienda, que son competencia estatutaria de las comunidades autónomas y sobre todo de los ayuntamientos, y es desde el ámbito municipal donde
hay que hacer las oportunas actuaciones y correcciones.
Se ha convocado por el Ministerio de Fomento la conferencia sectorial de la vivienda. Aquí está el marco en el que hay que presentar las distintas soluciones y competencias, porque tampoco podemos hacernos eco en la Cámara de una demagogia
por la que resulta que por unas actuaciones surgidas de los ayuntamientos, se trata de por elevación llevar la responsabilidad a un área que no corresponde. Si encima la propuesta socialista lo que pide en su último punto con estos planteamientos
es la reprobación del ministro de Fomento, mi grupo se opone rotunda y frontalmente a lo mismo, por una cuestión no solamente de dignidad política sino porque nunca hemos secundado en ningún Gobierno una reprobación a un ministro. Además no podemos
imputarle a un ministro que lleva dos años escasamente en su responsabilidad, como ocurre en el caso del señor Álvarez-Cascos -y no hago de abogado defensor de ninguna persona sino que defiendo unas circunstancias administrativas y políticas- que en
dos años parece que sea cuando se ha disparado el precio de la vivienda por unas razones imputables a la Administración general del Estado, al Ministerio de Fomento. Esto sería ir contrario a razón jurídica, política y por tanto democrática, y mi
grupo no secundará una reprobación en estos términos de imputación de una responsabilidad a quien no la tiene, ni la tiene administrativamente ni la tiene políticamente ni la tiene jurídicamente ni económicamente. Busquemos las responsabilidades
donde están y que no se encubran tantas actuaciones que han llevado a un encarecimiento del precio del suelo que el promotor inmobiliario tiene que repercutir en el precio de la vivienda, pero cuando se han sobrepasado los índices de repercusión en
el 50 por ciento, es necesario ir a las raíces y a las fuentes del sistema, que es donde está precisamente la responsabilidad.
Esperemos porque el problema es grave que este sentido común y sensatez se reoriente, se recupere y no se actúe de cara más a una demagogia preelectoral que a lo que aquí se puede conseguir. El tema es demasiado serio para que se trate
frívolamente, ni con repercusiones a quien no corresponde ni con reprobaciones indebidas, sino que se encuentre verdaderamente la solución del problema donde está la causa de su patología en la base del sistema de responsabilidades locales, y espero
que una conferencia sectorial de la vivienda dé luz para racionalizar este tema ante los ciudadanos españoles a los que no podemos engañar.
Tenemos que resolver el problema, pero no yendo por unas vías políticas, jurídicas y económicas
verdaderamente equivocadas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la lectura del debate de la interpelación sonó a la formación política a la que represento a disputa sobre un tema de los elegidos por las dos formaciones mayoritarias en esta pugna que sostienen por la alternancia, cuando nos
parece que requeriría un sosiego más profundo que el debate que permiten una interpelación y la consecuente moción.
El Gobierno popular, desde nuestra perspectiva, en esta materia en esta área ha errado o a lo mejor, también cabe pensarlo, era esto lo que quería si atendemos a la complacencia con la carestía. Esas afirmaciones de somos ricos y tenemos
pisos caros nos parece un planteamiento que resulta ofensivo con el parámetro de Estado social que la Constitución establece. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Analizadas las medidas que desde el Grupo Parlamentario Socialista se presentan, éstas tienen un sospechoso parecido con las que contiene el plan de vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cabe también considerar que no hay
soluciones geniales y que desde los planteamientos de talante social o de Estado social que he manifestado antes, cabe hacer lo que cabe hacer desde los poderes públicos y por lo tanto desde
las mismas perspectivas a cualquier Administración, a cualquier poder legislativo se le ocurren medidas parecidas.
Hay una cuestión que para nuestra formación política es prioritaria. El señor Ortiz me ha enternecido cuando ha aludido al respeto del Estado autonómico y a la delimitación competencial contenida en el artículo 149, cuando precisamente su
partido sostiene un Gobierno que ha planteado recursos de inconstitucionalidad contra todas las leyes que han legislado en este sentido los parlamentos autonómicos correspondientes. Ha aludido, además, a la necesidad de coherencia. Coherencia es
lo que le pido yo a esta Cámara. Como bien conoce la señora presidenta y los miembros de la Mesa que están presentes, coherencia es lo que desde mi formación política he solicitado, que creo se ha visto esta mañana en la Mesa.
En esta Cámara se aprobó, hace ya dos años, el Decreto-ley 4/2000, no pura y simplemente sino por el segundo sistema de los que el artículo 86 de la Constitución prevé, para ser tramitado como proyecto de ley. Este proyecto de ley no ha
tenido ninguna tramitación, excepción hecha de la del debate de totalidad con texto alternativo presentado por el Grupo Socialista, porque así lo exige la normativa cuando de decreto-ley se trata, y el nombramiento de ponentes por parte de las
distintas formaciones políticas. Hubo plazos de presentación de enmiendas sucesivamente prorrogados y a partir de ahí nunca más se supo. Nos parece que esto es una burla que elude el procedimiento constitucional y reglamentariamente querido,
puesto que un proyecto de ley respecto del cual se aprobó la urgencia, porque así lo exige cuando se trata de convalidaciones el propio texto constitucional, no se ha movido desde el 28 de septiembre. Creemos que la prioridad absoluta es que el
material ya existente en esta Cámara, en relación con este proyecto de ley, reciba el trámite urgente que requiere. En él está todo puesto que, repito, la enmienda de totalidad del Grupo Socialista incluía texto alternativo. Las demás formaciones
políticas hicimos nuestros planteamientos políticos a partir de las enmiendas parciales. No se sabe si el Gobierno sólo pretendió quedar bien, acreditar ante las formaciones políticas en esta Cámara que tenía la magnanimidad bastante para aceptar
la tramitación como proyecto de ley y en su voluntad estaba ya el no convocar jamás la ponencia y que esto no llegase a buen puerto, porque desde nuestra perspectiva es un auténtico fraude que la tramitación como proyecto de ley vaya a decaer al
finalizar la legislatura. No lo digo en vano, porque en la legislatura pasada ocurrió algo parecido y curiosamente con un decreto-ley que procedía del mismo ministro, vicepresidente entonces, que se refería a las instalaciones de
telecomunicaciones. Se tuvo también el gesto por parte del Gobierno de decir: aceptamos la tramitación como proyecto de ley; proyecto de ley que jamás se tramitó, que publicado en el Boletín Oficial está vigente desde el mismo día de su
publicación y que luego decayó al finalizar la legislatura, incumpliéndose la voluntad expresada por esta Cámara de que la tramitación fuese la de proyecto de ley. A nosotros nos parece que esta es la prioridad absoluta, que se tramite este
proyecto de ley, hay material bastante sobre él y en el seno de la ponencia y de la Comisión habrá lugar para cuantas reflexiones quieran hacerse en relación con el modelo de gestión del suelo de vivienda y de posibilidades de acceso a ella, que es
lo que en el fondo está como requisito de exigencia de tantos y tantos ciudadanos españoles.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Morlán, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señora presidenta.
De las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, aceptamos todas menos la letra n) que hace referencia a que se penalice fiscalmente la tenencia de viviendas desocupadas en núcleos urbanos con oferta suficiente de viviendas.
De las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, aceptamos todas menos la número 1 que hace referencia a gravar fiscalmente a las viviendas desocupadas. No aceptamos la enmienda planteada por Convergència i Unió y la planteada por el
Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Señor Morlán, al plantear la aceptación parcial tiene que contar con la conformidad de los grupos que han enmendado.
¿Izquierda Unida está de acuerdo? (Asentimiento.)
Los señores Rodríguez y Aymerich no están en este momento. En cualquier caso, consultaremos antes de someterla a votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE SE NIEGA A MODIFICAR SU POLÍTICA DE ELIMINACIÓN PROGRESIVA DE SUBSIDIO AGRARIO, COMO RECOGE EL LLAMADO 'DECRETAZO', QUE ADEMÁS DEL
RECHAZO SOCIAL GENERAL TIENE EL RECHAZO DE LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AFECTADAS: ANDALUCÍA Y EXTREMADURA. (Número de expediente 173/000164.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique las razones por las que se niega a modificar su política de eliminación progresiva de subsidio agrario, como recoge el llamado decretazo, que además del rechazo social general tiene el
rechazo de las dos comunidades autónomas afectadas: Andalucía y Extremadura.
Para la presentación y defensa de la moción, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, hace semanas cuando discutíamos la interpelación que ha dado origen a esta moción fueron dos los argumentos que nos planteó el ministro Zaplana: uno, que la actual situación de
conflicto que se vive en Andalucía se mantenía prácticamente por un interés partidista, respondiendo a esa presión que ejercemos los partidos de izquierda sobre los trabajadores del campo en Andalucía, con el único objetivo de desgastar al Partido
Popular; la segunda argumentación, que nadie sería perjudicado por las medidas que el Partido Popular había aprobado.
Pues bien, la primera argumentación sonaba a rancia, a antigua y le faltó al ministro sacar la conspiración judeomasónica para decir que los trabajadores del campo en Andalucía no tienen criterio propio y se dejan embaucar por el primero que
llega, cuando la realidad es que 24 horas después fueron desmentidas sus palabras por los propios secretarios generales de los sindicatos que vienen a reafirmar una vez más que tanto Comisiones Obreras como UGT tienen la voluntad de seguir exigiendo
al Gobierno que reconsidere la situación creada por el decretazo en relación con el subsidio agrario, dejando bien claro que cualquier negociación debía de pasar por la retirada de estas medidas y que Comisiones Obreras y UGT mantenían las
movilizaciones previstas en Andalucía para finales de este mes. Por tanto, es una argumentación bastante banal, bastante simple y caída por su propio peso.
Más grave era la segunda argumentación cuando decía el señor ministro que nadie se vería perjudicado por estas medidas. Para desmontar esta argumentación no hay ni más ni menos que leer la carta que ha llegado a miles de trabajadores del
campo en Andalucía; una carta que textualmente dice: la Tesorería General de la Seguridad Social podrá darle de baja en el régimen especial agrario aunque usted no lo solicite especialmente si se dan las siguientes circunstancias: primera, cuando
se dedique con carácter exclusivo a otras actividades no agrarias durante más de tres meses consecutivos; es decir, aquellos trabajadores que durante tres meses suelen ir a trabajar a la construcción o a la hostelería serán dados de baja por estas
medidas del Gobierno. El segundo punto decía: cuando las labores agrarias no se mantengan por un período de más de seis meses; es decir, que no exista comunicación de jornadas reales por este período, con lo que serán excluidos aquellos jóvenes y
mujeres que van a trabajar al campo durante cinco meses, porque no pueden trabajar por más tiempo, señorías, porque no hay más jornales en Andalucía. La tercera medida decía que se podía también retirar del régimen general agrario cuando no se
realicen labores agrarias durante tres meses consecutivos y durante los mismos no pague el importe de su contratación.
Qué fácil ven ustedes la vida y el trabajo en el campo en Andalucía, cuando la media real de jornales en Andalucía es de 50. Estos datos no solamente no los desconocen sino que sabiéndolos plantean unas medidas que suponen la expulsión de
miles de jornaleros, porque ese es el objetivo que ha tenido su plan: sacar del régimen especial agrario a centenares de miles de trabajadores de Andalucía y Extremadura.
¿Ustedes realmente creían que después de recibir esta carta los jornaleros de Andalucía y Extremadura se iban a quedar en su casa tranquilos? ¿Ustedes realmente creían que el pueblo andaluz era tan sumiso y tan poco rebelde para no salir a
la calle a protestar para exigirles a ustedes que cambien de política y que les devuelvan sus derechos? Realmente, o eran ustedes muy ingenuos o se han planteado con todas sus consecuencias acabar directamente con el subsidio agrario, con el PER;
PER, por cierto, que ustedes siguen planteando como esa sopa boba que llega a Andalucía no se sabe de dónde; ustedes siguen pensando que los jornaleros son esos señores que tienen el Mercedes aparcado en sus casas y que viven a costa del trabajo de
los demás, cuando tienen que saber que con el PER se han hecho en Andalucía infinidad de obras, infinidad de carreteras, de polideportivos, de casas de cultura, que no habrían sido posible sin este sistema.
No sigan intentando insultar a toda una serie de trabajadores que no trabajan más tiempo porque no pueden, y no pongan la lupa para buscar el fraude en el subsidio, se lo repito una vez más. El fraude en el campo sabemos dónde está, saben
ustedes que está en el lino, saben ustedes que está en todos esos grandes propietarios que se quedan con el 80 por ciento del dinero que viene de Europa. Ahí es donde hay que buscar el fraude, no en los jornaleros que demasiado tienen con llegar a
final de mes.
Pensamos que es urgente una rectificación, que se vuelva a la situación anterior al decretazo, porque ya han sido 10.000 los andaluces y los extremeños que se han visto afectados por estas medidas. Estamos hablando de cifras oficiales del
Gobierno, 10.000 personas que ya han sufrido en sus propias carnes la injusticia de sus medidas. No es una amenaza si les decimos que no habrá paz social en Andalucía mientras no rectifiquen, que no habrá paz social en Andalucía mientras no
devuelvan esos derechos a los trabajadores, porque siguen convocadas manifestaciones. El día 26 hay convocada una movilización en Málaga que, por cierto, ustedes pretenden limitar al más puro estilo autoritario. Pretenden prohibir o, por lo menos,
esconder al más puro estilo autoritario. Hay convocada una gran manifestación
por Comisiones Obreras y UGT el día 1 de diciembre en Sevilla, como también el pasado 3 de noviembre el Sindicato Obrero del Campo movilizó a miles de andaluces. Porque toda Andalucía está en contra de estas medidas. Izquierda Unida no
convoca estas movilizaciones, pero vamos a participar en ellas con todo el entusiasmo y con toda la fuerza que podamos, porque hay que exigir, una vez más, la retirada del decreto.
Quisiera terminar dirigiéndome a los diputados y diputadas que haya presentes del Partido Popular de Andalucía y Extremadura, y decirles que en pocos meses tendrán que recorrer los pueblos de Andalucía y Extremadura y tendrán que dar la cara
ante los vecinos que ahora les está llegando la carta en la que les anuncian que les están sacando del régimen general agrario. No podrán dar la cara si hoy no retiran esas medidas. Les pido solemnemente que antepongan los intereses de Andalucía y
de Extremadura a la disciplina de partido, porque estas medias encontrarán también con toda seguridad el rechazo en los votantes del Partido Popular de Andalucía. Es el momento de decir, o se está al lado de los andaluces o se está al lado de su
Gobierno. Ustedes con su voto decidirán. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va apoyar esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por muchos motivos. Me voy a referir sobre todo a uno muy importante que
hemos estado escuchando, tanto en la ponencia que debatió el decretazo como en los diferentes medios de comunicación en las últimas semanas, atacando a la dignidad de un pueblo como el andaluz y el extremeño como se está haciendo, cosa que no se
explica por parte del Partido Popular. Y digo no se explica por no ser más duro, por no decir que mienten cuando intentan explicar lo injustificable. Porque, obviamente, es un papelón lo que les queda a los señores y señoras diputadas del Partido
Popular de Andalucía y de Extremadura para explicar el decretazo en estas dos comunidades autónomas. Se dice que no se va a quitar el PER y no se va a quitar el sistema de seguros agrarios, el REA.
Si no va a entrar nadie más en el sistema y si a
los que están dentro, como ha explicado el portavoz de Izquierda Unida, les están poniendo trabas para que salgan de él, ¿cómo van a mantener el sistema? ¿Quién va a formar parte del régimen especial agrario si están sacando a unos y a los jóvenes
que se incorporan al trabajo agrario no les dejan percibir subsidio agrario ni trabajar en el PER? Una cosa va unida a la otra, que es lo que ustedes no explican. El PER es un sistema de apoyo cuando no hay trabajo en el campo, para que se cumplan
las peonadas en el Plan de Empleo Rural y puedan seguir percibiendo el subsidio agrario; subsidio, señorías, cuya renta más alta no llega a 24.000 pesetas mensuales en seis meses. ¿Alguien piensa que ante una oferta de empleo adecuada un
trabajador andaluz o extremeño la va a rechazar por cobrar 24.000 pesetas al mes, que es lo que ustedes están diciendo, que los andaluces y los extremeños no queremos trabajar en otro sistema porque estamos muy a gusto cobrando el subsidio agrario?
¿Alguien piensa que con esa miseria alguien puede estar a gusto? Los jornaleros del campo de Andalucía y de Extremadura lo que sí están es orgullosos de trabajar en el campo, que es lo que ustedes no quieren que hagan, porque es su patrimonio, el
patrimonio humano que tienen estas personas, lo que han hecho toda su vida. El otro día me lo decía un joven: es que yo estoy a gusto trabajando en el campo. No me pensaré, si me dan una buena oferta de empleo, irme a otro sistema, pero para ir a
repartir pizzas cobrando 30.000 pesetas al mes, conmigo que no cuenten. Ese es el empleo que estamos viendo en España, y lo hemos visto con el estudio de población activa de este semestre que hemos analizado también en esta Cámara.
Señorías, hay muchísimas razones para apoyar, para corregir. Se dice que el decretazo va a mejorar. No, no mejora nada; lo que pone son trabas al sistema actual, y con el sistema actual, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida,
se ha hecho mucho en Andalucía, en Extremadura y también en otras zonas agrícolas de otras regiones. Se nos ha llamado indolentes, y yo le digo al portavoz del Partido Popular que se lea el último informe del Ministerio de Trabajo sobre empleo,
cómo dicen que son los que más trabajan de todo el territorio. Se nos ha dicho también que somos insolidarios, porque no queremos que otras personas de otras comunidades autónomas lo cobren; que lo cobren, pero a nosotros que no nos lo quiten.
También nos dicen que somos subsidiados, pues no. Habría que cambiar la palabra. Hay una mejora de las rentas, de lo que han venido percibiendo por su trabajo y lo que perciben cuando no trabajan.
Señorías, trabajar en el campo es duro, pero con
este sistema lo que están consiguiendo es que los jóvenes dejen sus casas, emigren. ¿Les suena algo esa palabra? Pues eso es lo que van a tener que hacer. Van a tener que ir a los núcleos urbanos a coger el trabajo que allí se les ofrezca, a
vivir en zonas marginales. ¿Quién va a realizar las tareas del campo? Inmigrantes, y a ser posible ilegales, para que sean mucho más baratos para el empresario. Eso es lo que va a pasar y no es catastrofismo, es lo que vamos a ver en la realidad,
porque no vamos a poder trabajar sin ese complemento de rentas que era el subsidio agrario, el régimen especial agrario. No me voy a
extender en lo que ha supuesto el PER como ayuda a conseguir cultura, bienestar social, mejores calidades, crear las estructuras para las empresas a través de las escuelas de empresas...
La señora PRESIDENTA: Señor Velasco, su tiempo ha concluido.
El señor VELASCO SIERRA: Hemos presentado enmiendas para mejorar la de Izquierda Unida, que vamos a apoyar.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Velasco.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, Convergència i Unió ha seguido desde la aprobación en su día de este real decreto todo el debate generado, especialmente el relacionado con la modificación del sistema de acceso al sistema de
la protección agraria. Nos mostramos críticos con las formas que optó en su día el Gobierno por haber aprobado ese real decreto y por la afectación que se hacía a ese régimen de protección, pero también manifestamos a lo largo del trámite
parlamentario que tuvo lugar dos consideraciones: una, que es necesario recuperar el diálogo social como instrumento para construir una política laboral activa y potente. Creemos que, merced al sentido común que el Gobierno y los agentes sociales
han tenido, ha sido posible recuperar en la mayoría de los aspectos ese acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales.
También manifestábamos en el trámite parlamentario que era necesario introducir un sistema de protección a los trabajadores
eventuales del campo extendible al conjunto de los trabajadores eventuales del campo de todo el Estado y, al mismo tiempo, abordar una reforma en el sistema existente en Andalucía y en Extremadura. Quizás hubiese sido mejor que esta reforma hubiese
llegado a la Cámara también con el acuerdo de los agentes sociales e incluso con el acuerdo con los gobiernos autonómicos de Andalucía y Extremadura, pero eso no ha sido posible y Convergència i Unió se siente un poco corresponsable de no haberse
podido alcanzar acuerdo en esa materia. Convergència i Unió apoya la necesidad de extender ese régimen de protección al conjunto de trabajadores eventuales de todo el territorio del Estado y abordar en profundidad una reforma de un sistema de
protección social que nos parece que responde a otras necesidades y a otras épocas. Hoy el campo en Andalucía y en Extremadura necesita también culturas más activas y más potentes que las que existen alrededor del subsidio. Por tanto, lamentándolo
mucho, no podemos votar favorablemente esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenas noches. En primer lugar, he de decir, con todo respeto, que este me parece un debate extemporáneo. No hace un mes que el Pleno de esta Cámara aprobó el proyecto de ley de medidas de reforma del desempleo y abordó el debate de esta
cuestión, que está tramitándose en este momento en el Senado, donde pueden plantearse las enmiendas y defensas que parezcan oportunas.
Tengo que repetir que el proyecto de ley aprobado en el Congreso no recorta ningún derecho de los que ya eran beneficiarios de la situación en Andalucía y Extremadura. Lo que hace es cumplir un acuerdo sobre el empleo y la protección social
agraria, que se firmó en 1996 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los sindicatos agrarios.
Además, tengo que recordar que en el debate parlamentario se introdujeron enmiendas, a iniciativa del Grupo Popular, que producen la
compatibilidad entre el subsidio por desempleo y la realización de trabajo por cuenta ajena para los trabajadores mayores de 52 años. Para los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura que no puedan acceder al subsidio de desempleo, se ha
establecido la posibilidad de que accedan a la renta activa de inserción que, como saben, consiste en el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional -de modo que, si hablan ustedes de 24.000 pesetas, pues el doble- durante seis mese; el mismo
período que tiene actualmente el subsidio para quienes todavía poseen el derecho al mismo.
En la reforma que llevó adelante el Grupo Popular, la moción que plantea Izquierda Unida resultaría lesiva para el resto de España, puesto que abortaría la extensión de la protección por desempleo a los eventuales agrarios. Se ha dicho aquí
con razón, hace un momento, que el trabajo en el campo en Andalucía es duro; pero duro es también en La Rioja o en Aragón, y justo es que se plantee un sistema de protección a lo largo y ancho de todo el territorio español, cosa que no se haría de
aceptar la moción de Izquierda Unida, que pretende literalmente la vuelta al estatus anterior.
He de recordar también, como hizo el ministro en esta misma tribuna, que el artículo 4.3 del texto inicial, que ha salido de la Cámara en sus propios términos, establece la facultad del Gobierno de extender la protección asistencial a los
trabajadores en función de la tasa de desempleo y la situación financiera del sistema. De modo que habrá un desarrollo reglamentario, y es voluntad inequívoca, manifestada pública y reiteradamente por el ministro, que ese desarrollo sea hijo -a ser
posible- del diálogo social y del consenso. Existirá
la posibilidad de que se establezcan diversas fórmulas o medidas; medidas como, por ejemplo, la de territorializar aquellas zonas de más difícil acceso a las peonadas, como determinados pueblos de la sierra en Andalucía, que tienen
especiales dificultades. En todo caso, será fruto del debate y del eventual acuerdo dentro del marco social. Hablando de Andalucía, quizá convenga hablar de las andalucías: andalucías donde hay trabajo e inmigrantes haciendo cola, y en las que ha
subido el número de perceptores del subsidio, y andalucías con pueblos que tienen un gran problema para llegar a las peonadas.
De todos modos, hay caminos arbitrados en la reforma del desempleo presentada por el Partido Popular. Se garantiza que los que están sigan estando, y que ninguno de los jóvenes o personas que quieran incorporarse al trabajo agrario en
Andalucía y Extremadura quede sin protección; y no sólo financiera, sino también de formación y de ocupabilidad para ampliar la búsqueda de otros nichos de trabajo. Mientras, por cierto, este diputado -y estoy convencido de que también mis
compañeros de Extremadura y sobre todo de Andalucía- espera ver cuándo la Junta de Andalucía y cuándo el señor Chaves en vez de hacer tanta demagogia hacen algo por el campo andaluz y por modernizar Andalucía.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 173/000165.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral. Para la
presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Buenas noches. Subo a la tribuna a presentar esta moción consecuencia de la interpelación que planteó el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hace un par de semanas, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral. En el debate realizado con el ministro señor Zaplana mi grupo planteó lo que entiende como un problema real y grave del conjunto de nuestra sociedad, que afecta a las víctimas de los
accidentes de trabajo, que afecta a sus familias, que interpela al conjunto de la sociedad y que interpela específicamente a los poderes públicos y a los actores sociales, organizaciones sindicales y empresariales. Nos parecía que era posible y
necesario que esta Cámara pudiese alcanzar en esta materia un consenso de mínimos que marcase un espacio común del conjunto de las fuerzas políticas para impulsar una política activa, potente en una materia en la que es evidente que las cosas no han
ido bien hasta ahora; las cifras son suficientemente contundentes como para entenderlo así. Las cosas no van suficientemente bien. Lo hacíamos con una voluntad quizás ingenua de huir de oportunismos fáciles, de buscar soluciones simples y de
obviar la complejidad del problema que pretendíamos abordar. Lo hacíamos también convencidos de que en este marco convenía una nueva cultura basada en la prevención, en la responsabilidad de todo el mundo -empresas, empresarios, administraciones y
trabajadores-; una nueva cultura que se basase en los incentivos a la responsabilidad de empresarios y de trabajadores; una nueva cultura que asumiese la complejidad de por qué suceden estos accidentes, muchos de ellos mortales; una cultura que
asumiese, en el análisis de las causas de por qué suceden los accidentes, la búsqueda de las soluciones.
En este sentido Convergència i Unió ha planteado una moción con 11 puntos en los que se resume la esencia de aquello por lo que apuesta mi grupo; 11 puntos que no son más que recoger parte de las recomendaciones más significativas del
denominado informe Durán y también asumir como compromisos parlamentarios los anuncios del señor ministro de Trabajo en estas últimas semanas. Un primer punto en el que se pide un desarrollo del artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos, para
intentar atajar precisamente los problemas existentes en el ámbito de la subcontratación.
En segundo lugar, un aumento del número de inspectores, del conjunto de medios presupuestarios y técnicos de la Inspección de Trabajo. Hoy todo el mundo
reconoce que en este ámbito nuestras insuficiencias son manifiestas. En tercer lugar, una modificación de las tarifas de primas para la cotización de las empresas, de tal manera que se estimule el cumplimiento de la legislación vigente. En cuarto
lugar, la introducción de incentivos en las cotizaciones empresariales por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en aquellas empresas que consigan reducir sus índices de siniestralidad. En quinto lugar, una modificación del actual
parte de accidentes, para conseguir precisamente una información sobre las causas de los mismos. En sexto lugar, un estudio sobre la relación entre temporalidad y accidentes de trabajo; estudio pedido expresamente en el informe Durán. En séptimo
lugar, introducción de incentivos fiscales a las inversiones que en materia de riesgos laborales hagan las empresas, otra de las propuestas formuladas en el informe Durán. En octavo lugar, aumentar los recursos de la Fundación para la prevención de
riesgos laborales, priorizando las acciones de información, asistencia y promoción del cumplimiento
de la normativa existente. En noveno lugar, incorporar en los planes de investigación, desarrollo e innovación todos los aspectos relacionados con la investigación en el campo de la prevención de riesgos laborales, buscando específicamente
la colaboración con la iniciativa privada, con las empresas y los centros de investigación de innovación tecnológica. En décimo lugar, una cuestión que desde la perspectiva de las microempresas, de las pequeñas empresas, de los trabajadores
autónomos nos parece esencial para hacer posible la aplicación de una legislación que en muchos sentidos es demasiado amplia y generalista, como es facilitar la contratación, para estas iniciativas económicas, de especialistas externos para que se
ocupen de la gestión de la prevención en riesgos.
Finalmente, incrementar el conjunto de recursos de la formación continua destinados en ese ámbito, precisamente para poder capacitar a nuestros trabajadores para responder a las obligaciones legales
que para las empresas se establecen en la legislación vigente.
Son once propuestas que nos parecen de sentido común, once propuestas que perfectamente harían posible que hoy en esta Cámara se aprobase una moción. Además hemos querido ampliar esas propuestas con la voluntad de alcanzar el consenso con
los grupos enmendantes. Los grupos tienen ya una propuesta de enmienda transaccional, que entrego a la presidencia, en la que se incorporan tres enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, tres enmiendas de Eusko Alkartasuna, cuatro enmiendas del
Grupo Socialista y tres enmiendas de Izquierda Unida, que refuerzan este espacio de consenso en esta materia. Son enmiendas todas ellas que figuran también en el contenido del informe Durán y que poco o mucho también han sido anunciadas por el
Gobierno en estas últimas semanas. Tan sólo he de lamentar que en esta ocasión el Grupo Popular no haya tenido la flexibilidad y el sentido político correspondiente para poder hoy alcanzar en esta Cámara un acuerdo en esta materia. Estamos
sorprendidos de que el Gobierno sea capaz de anunciar determinadas cuestiones en los medios de comunicación, pero cuando se le pide un compromiso político en esta Cámara sea incapaz de articularlo. La seriedad y el rigor que la sociedad española
nos exige en esta materia también pasa por que el Gobierno hubiese sido capaz de promover e impulsar un acuerdo parlamentario potente en ese ámbito. No lo hemos hecho y es un error. De todas maneras, espero que el conjunto de los grupos podamos
tomar posición de manera consensuada en esta materia y podamos expresar la necesidad de la existencia de una política más potente en este asunto.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, el pasado mes de septiembre tuvimos la oportunidad de debatir en esta Cámara una propuesta de Izquierda Unida sobre siniestralidad y formular una serie de propuestas que no merecieron en ese caso la sensibilidad del grupo
proponente. Nos alegramos de que finalmente se muestren sensibles ante los datos sobre la siniestralidad laboral del año 2002, que siguen siendo desalentadores. Como hemos tenido oportunidad de señalar en esta Cámara no hace mucho, estas cifras
indican no sólo que España sigue siendo el país de la Unión Europea con peor evolución de la siniestralidad laboral, sino que lo es en materia de desempleo, el 11,09 por ciento, y el país con mayor tasa de precariedad, seguimos en el 32 por ciento.
En definitiva, lo que venimos denunciando en nuestras iniciativas es que estamos en el mercado de trabajo europeo con peor calidad.
Tras la moción presentada por Izquierda Unida el día 14 de octubre el ministro de Trabajo acudió, suponemos que para dar realce con su presencia, a la reunión de la mesa tripartita de salud laboral, donde respondió positivamente al
planteamiento unitario que en un documento presentaron los sindicatos. A pesar de ser una buena ley, las tasas de siniestralidad son muy elevadas y las de mortalidad laboral escandalosas.
Sabemos las causas, y fuerzas políticas y sindicales hemos
aportado soluciones. De hecho, en esa misma mesa tripartita, que en el último año sólo mantuvo una reunión, se habían acordado acciones que se congelaron por falta de decisión política, y que son las que ahora se han vuelto a poner sobre la mesa.
Las más importantes son: un plan de actuación específico sobre el grupo de empresas que concentran la mayoría de accidentes graves y mortales; el fortalecimiento de los efectivos y de la acción de la inspección de trabajo; la puesta en marcha, y
su implementación económica, de un programa de formación; el desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales para actuar sobre las responsabilidades de las empresas que comparten un mismo centro de trabajo,
contratas y subcontratas. Entre los compromisos del Gobierno se encuentran igualmente el establecimiento de una nueva tarifa sobre accidentes y enfermedades profesionales, la habilitación de delegados o responsables sindicales para la vigilancia de
la prevención con competencias en sectores de empresas o la reforma de la función y de la estructura de mutuas; todos fueron asumidos allí como objetivos para el corto plazo. El compromiso del ministro fue que todos estos aspectos se desarrollasen
por acuerdo y se pusiesen en vigor antes del 31 de diciembre. La representación de la CEOE mostró reticencias en cuanto al plazo; de hecho hay asuntos bloqueados, como el desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos
laborales con la complicidad de las organizaciones
empresariales. En este sentido, la preocupación del grupo proponente va con retraso, desde luego con respecto a las propuestas que hemos presentado otros grupos y a los acuerdos que hoy tenemos sobre la mesa.
Qué decir de las enmiendas que
está planteando el Grupo Popular: o no han asumido que efectivamente el ministro va por delante de ellos o no se creen en realidad lo que está planteando el ministro en esa mesa.
El objetivo que nosotros deseamos impulsar es que las acciones comprometidas se pongan en marcha en la fecha indicada por el ministro, antes de fin de año, tras acuerdo en la mesa tripartita y, posteriormente, en la instancia donde están
representadas las administraciones autonómicas, Comisión Nacional de Salud Laboral, y asegurar un seguimiento de sus efectos en las estadísticas de accidentes de trabajo. Las propuestas que hemos formulado en nuestras enmiendas y en otras
iniciativas se recogen en esta moción y se refieren a diversos campos de actuación que inciden en la siniestralidad.
Señorías, termino diciendo que hoy tenemos la oportunidad de reclamar al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la mesa tripartita y de lanzar a la sociedad española el mensaje de que va en serio la exigencia al Gobierno del
cumplimiento de esos acuerdos. En esta exigencia y celeridad esperamos contar, esta vez a tiempo, con la voluntad de Convergència i Unió. Efectivamente esperamos también tener el apoyo del grupo que sustenta al Gobierno y al propio ministro que
está haciendo unas propuestas que van más allá de lo que el propio Grupo Popular está diciendo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ante todo queremos dar nuestra más cordial enhorabuena al Grupo Palamentario Catalán (Convergència i Unió) por la presentación de esta interpelación y de esta moción, que recuerdo que es la sexta en los dos años y algo que llevamos
de legislatura que presentamos en esta Cámara instando al Gobierno a que tome medidas que contribuyan a reducir la siniestralidad laboral en nuestro país. Le damos la enhorabuena porque suponemos que hoy, en contra de lo que ha hecho hasta ahora,
sí votará afirmativamente su moción, que en honor a la verdad y sin menospreciarla no aporta nada nuevo a otras presentadas en esta Cámara tanto por mi grupo, el Grupo Socialista, como por otros grupos, y en las que Convergència i Unió siempre se ha
abstenido o ha votado en contra.
Esta moción, como ha señalado el portavoz de Convergència i Unió, además recoge los cinco puntos que el ministro Zaplana planteó el pasado 14 de octubre en la mesa de diálogo social sobre prevención de riesgos laborales y sobre los que ya en
estos días se están produciendo reuniones entre los agentes sociales y altos cargos del ministerio con el fin de lograr acuerdos sobre los mismos. Suponemos, y no deja de ser una suposición, que el hecho de que hoy se presenten esas cinco medidas
al refrendo de esta Cámara se debe a que el grupo proponente o no se fía mucho de las palabras del señor Zaplana o duda realmente de la voluntad política del Gobierno de llegar a acuerdos eficaces. Hace bien en no fiarse de las palabras del señor
Zaplana y en dudar de la voluntad política del Gobierno para llegar a acuerdos, porque hay hechos que nos hacen que pensemos así. El señor Zaplana anunció el otro día en la interpelación un punto de los que ha puesto encima de la mesa, que era
incrementar la dotación de medios humanos en la inspección, refiriéndose fundamentalmente a los problemas que había en Cataluña, sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado que acabamos de aprobar congela absolutamente todos los
presupuestos relativos al tema de la inspección.
Dice también el señor Zaplana que va a aprobar un plan de formación, cuando no quiere reconocer que ese plan de formación está aprobado y consensuado entre el Gobierno, los agentes sociales, las comunidades autónomas y los empresarios desde
el año 1999, y lo único que le falta es que lo dote presupuestariamente. Todavía no se ha dotado presupuestariamente. Pero lo que más nos preocupa, y también lo ha señalado el portavoz de Convergència i Unió, es que el ministro pone encima de la
mesa a bombo y platillo (seguro que influido por la alarma social que se creó en el mes de septiembre sobre el altísimo número de accidentes laborales que se estaban produciendo) cinco puntos en nombre del Gobierno. Hoy el grupo que lo sustenta
presenta una enmienda de modificación a la moción presentada por Convergència i Unió donde sólo se recogen dos de los cinco puntos que ha propuesto el Gobierno, que ya vienen trabajándose desde hace años. Aquí hay una disfunción: o el grupo que
sustenta al Gobierno no cree en él o el Gobierno va por libre y no hay absolutamente sintonía alguna entre el grupo y el Gobierno. Por eso digo que hace bien en traer estos puntos aquí, al refrendo de la Cámara, porque hoy por hoy el señor Zaplana
se dedica a predicar. Es cierto que es un gran predicador, es un gran vendedor; vende, como ya se está diciendo en la calle, gafas de sol, pero para la noche.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Y los españoles sabemos que de noche no hay que utilizar gafas de sol.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender con brevedad las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a esta moción de Convergència i Unió. Ya nos hemos manifestado en más de una ocasión sobre este tema tan importante que es buscar fórmulas para
atajar los altos índices de siniestralidad laboral.
Esta moción presenta una serie de medidas (en general nosotros compartimos la preocupación con el grupo proponente) y una vez más demanda soluciones concretas. Se ha hecho referencia hace un
momento a que seguimos discutiendo en este foro acerca de este tema una y otra vez, la última -si no me equivoco- fue el pasado 24 de septiembre. En aquella ocasión se discutía una moción presentada por el Grupo de IU. En aquel momento algunos
grupos no consideraron pertinente apoyarla porque se estaba esperando una reunión entre el Gobierno y los sindicatos estatales, que se celebró el 14 de octubre. En todo caso, no debió ser muy fructífera porque hoy volvemos a discutir sobre este
asunto.
Por otro lado, el Gobierno insistirá en que está preocupado por este tema, recurriendo al argumento de que el Gobierno ya está en ello. En el debate del pasado miércoles el ministro de Trabajo decía que la evolución de la siniestralidad
laboral estaba a la baja este año, lo que nos debía llevar a una cierta y muy prudente satisfacción, aunque añadía que había que seguir trabajando. Ese es el problema, trabajar, concretar medidas que permitan si no eliminar, si disminuir una tasa
de sinestralidad inaceptable que está provocando cada año miles de víctimas, por lo tanto, dolor y muerte. Nosotros compartimos que las medidas que se pueden aceptar no son fáciles, tienen que ser flexibles, adaptables a distintas realidades
productivas y, por supuesto, no serán en ningún caso de efectos mágicos. Dicho esto, habrá que concluir con claridad que las medidas adoptadas hasta el momento y las disposiciones vigentes no dan respuesta a esta trágica realidad que vive el mundo
laboral, por tanto, es necesario actuar. El Gobierno no puede permanecer en el limbo de los informes, de los estudios y de los análisis por tiempo indefinido, porque es una evidencia que existen estudios, informes, análisis y propuestas concretas,
pero se trata de aplicarlas. Hay que fomentar la prevención, hay que dictar normas claras en materia de seguridad para las empresas, hay que favorecer el control y facilitar la exigencia de su cumplimiento por los propios trabajadores a través de
sus representantes, hay que impulsar la formación de los trabajadores, hay que incrementar la capacidad de inspección y control por parte de la propia Administración, hay que establecer sanciones para los incumplidores y aplicarlas y hay que mejorar
las condiciones laborales, etcétera.
Nosotros presentamos una serie de enmiendas a esta moción, en parte recogidas en una transaccional del grupo proponente, que, por tanto, no voy a reiterar. Concluyo, señora presidenta, diciendo que sí demandamos del Gobierno medidas
concretas, más eficaces, más ajustadas a la realidad y un verdadero plan de actuación global contra esta lacra. Con todo, mucho me temo que seguiremos discutiendo en esta Cámara y no sé si eso es lo que esperan de todos nosotros los trabajadores y
las trabajadoras.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, esta es una cuestión muy grave. Hoy mismo hemos de lamentar el fallecimiento de dos trabajadores en accidente laboral en Andoain, pero realmente la lista es interminable desgraciadamente. Por tanto, hay que hacer muchos
esfuerzos en esta cuestión.
Hemos planteado tres enmiendas que pretenden complementar -si se permite la expresión- la moción que hoy nos presenta Convergència i Unió. La primera de ellas está en relación con la transferencia de los recursos de la Inspección de Trabajo
a las comunidades autónomas con competencias en la materia. El ordenamiento jurídico lo permite, por tanto, sería algo bueno y oportuno. En segundo lugar, el estudio del que se habla en el punto 6 no debiera centrarse exclusivamente en unos
sectores, porque los estudios demuestran que la relación entre siniestralidad y temporalidad es clara y se produce en todos los sectores. Finalmente, hemos intentado complementar la moción en el punto 10 tratando de exhibir la idea de potenciar en
la negociación colectiva o mediante acuerdos la construcción de servicios de prevención mancomunados. Esta es una cuestión importante, por eso presentamos tres complementos a una moción que afecta a un tema sustancial que todos debemos tener
presente todos los días.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa del Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez Corgos tiene la palabra.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero comenzar diciendo que comprendo perfectamente la preocupación del señor González Vigil por el eco mediático que están teniendo las actuaciones del ministro Zaplana;
comprendo que el señor González Vigil esté deslumbrado por la actuación del Gobierno del Partido Popular y del propio ministro Eduardo Zaplana, seguramente porque no se ha comprado las gafas y no usa gafas de sol.
Señorías, de ninguna manera existe asintonía entre el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno. Sucede que el Grupo Parlamentario Popular es consciente de que el Gobierno convocó la mesa de seguimiento de la siniestralidad laboral y en una
primera reunión que se celebró el día 14 del pasado mes de octubre se ha fijado una agenda de trabajo cerrada, bastante rígida y muy limitada en el tiempo. Se han dado de fecha el 31 de diciembre del año 2002 para cerrar un acuerdo, que SS.SS.
saben perfectamente que va a venir a esta Cámara.
Durante los últimos años el Gobierno del Partido Popular se ha venido preocupando, como no podía ser de otra manera, del problema tan grave que padece la sociedad española. La lucha contra la siniestralidad laboral es un objetivo
prioritario del Gobierno de José María Aznar, por ello, el Gobierno ha venido adoptando una serie de medidas que han venido dando sus frutos. Les puedo hacer referencia al periodo enero-agosto de 2002.
Tal como decía el ministro en su
intervención, los accidentes de trabajo han descendido en números absolutos el 3,56 por ciento; también el índice de incidencia ha descendido en un 6,71 por ciento y la siniestralidad grave ha disminuido. Saben SS.SS. que el Gobierno a lo largo
de estos años ha puesto en marcha numerosos mecanismos que estaban previstos en la Ley de prevención de riesgos laborales y ha procedido a su desarrollo reglamentario, pero, como SS.SS. conocen, y lo ha reconocido el señor Campuzano, es una
responsabilidad compartida por las administraciones de diferente ámbito territorial, los trabajadores, los empresarios, la sociedad en general. Tenemos que fomentar la nueva cultura de la prevención, por ello, el ministro ha planteado a la mesa de
diálogo social sobre siniestralidad laboral cinco objetivos muy concretos que el ministro explicitó perfectamente en su intervención en la interpelación correspondiente: modificación del parte de accidente, algo que le ofrecíamos en nuestra
enmienda; un plan de choque contra la siniestralidad laboral con un plan de actuación preferente en las empresas que aglutinan el 40 por ciento de los accidentes de trabajo; actuaciones específicas en las empresas que emplean a más de 1.000
trabajadores tanto desde el punto de vista de la subcontratación como de la externalización de actividades o un plan específico en el sector de la construcción; incrementar la dotación de medios humanos en la inspección de trabajo en aquellas
comunidades autónomas con un alto índice de siniestralidad y donde la inspección de trabajo esté infradotada; la modificación de la normativa en cuanto subcontratación y externalización y la modificación de las primas de seguro obligatorio,
estableciendo un régimen de recargos y bonificaciones.
Señorías, la moción, cuya esencia y filosofía muchos podemos compartir, no es oportuna en este momento porque habrá que esperar al 31 de diciembre para saber lo que pactan los agentes sociales, lo que la sociedad española, las instituciones,
los agentes sociales y también las comunidades autónomas están dispuestos a asumir. No tengan dudas SS.SS.
de que el Gobierno va a asumir estos cinco objetivos y que legislaremos en esta Cámara sobre las materias que en ellas se contienen. Por lo
tanto, señorías, ningún tipo de asintonía. Es más, por cortesía parlamentaria, ofrecíamos esa enmienda transaccional con tres puntos e in voce le ofrezco al señor Campuzano un cuarto punto que sería promover las oportunas modificaciones normativas
en relación con la subcontratación y la externalización de actividades, aparte de un último punto que sería promover en el ámbito de las actuaciones financieras en materia de formación continua que se incrementen las dirigidas a la formación de los
trabajadores en la prevención de la siniestralidad en su puesto de trabajo. De cualquier manera, señorías, saben que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular estarán siempre en disposición de abordar la normalización de los acuerdos que lleve
la mesa de diálogo social sobre la prevención de riesgos laborales.
Nada más, señorías.
Señora presidenta, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Señor Campuzano, entiendo que la propuesta de votación es el texto que ha hecho llegar a la presidencia.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, señora presidenta. El texto con la incorporación de las enmiendas del BNG, de Eusko Alkartasuna, del Grupo Socialista y de Izquierda Unida es el que mi grupo plantea para la votación de la
Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Vázquez, respecto a la enmienda que han presentado ustedes a la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre política de vivienda, el Grupo Parlamentario Socialista ha ofrecido aceptar toda su enmienda excepto el apartado n), y para
ello hace falta contar con su conformidad.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Pues la tiene, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias, señor Vázquez.
Señorías, iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista sobre política de vivienda, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 109; en contra, 160; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno explique las razones por las que se niega a modificar su política de eliminación progresiva de subsidio agrario, como
recoge el llamado decretazo, que además del rechazo social general tiene el rechazo de las dos comunidades autónomas afectadas, Andalucía y Extremadura, que se somete a votación en los términos derivados del debate y con la incorporación de la
enmienda ...
(El señor Centella Gómez pide la palabra.)
Sí, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Era para indicar que aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Lo había deducido de su intervención. Gracias, señor Centella.
Como indicaba, se somete a votación en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 112; en contra, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral, que se somete a votación en los
términos de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la presidencia por parte del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 123; en contra, 147; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y treinta y cinco minutos de la noche.