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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 201, de 31/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 201
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 194
celebrada el jueves, 31 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página 10020)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, núm. 113-1, de 16 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000113.) ...
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de calidad de la educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, núm. 104-1, de 31 de julio de 2002. (Corrección de error en serie A, número 104-4, de 16 de septiembre de 2002, y serie A, núm. 104-8, de
16 de octubre de 2002). (Número de expediente 121/000104.) ... (Página 10047)
- Proyecto de Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, núm. 106-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000106.) ...
(Página 10075)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 152-1, de 11 de junio de 2001.
(Número de expediente 122/000135.) ... (Página 10084)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:
- Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002 y del intercambio de Notas Verbales entre ambos
países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, núm. 340, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 110/000198.) ... (Página 10088)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Madrid el 26 de junio de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, núm. 343, de 13 de septiembre de 2002. (Número de expediente 110/000199.) ... (Página 10089)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, núm. 344, de 13 de septiembre de
2002. (Número de expediente 110/000200.) ... (Página 10089)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de sanidad vegetal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, núm. 53-1, de 26 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000053.) ... (Página 10095)
- Votaciones ... (Página 10093)
Enmiendas del Senado (continuación):
- Proposición de Ley reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 251-1, de 4 de junio de 2002. (Número de expediente 122/000223.) ... (Página 10095)
- Proposición de Ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 214-1, de 1 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000190.) ... (Página 10096)
- Proposición de Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 134-1, de 27 de abril de 2001. (Número
de expediente 124/000002.) ... (Página 10096)
- Proyecto de Ley de medidas de reforma del sistema financiero. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, núm. 69-1, de 8 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000069.) ... (Página 10098)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Modificación del orden del día ... (Página 10020)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 35 relativo al dictamen
de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, lo que se acuerda por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10020)
Proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales ... (Página 10020)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero), en nombre del Gobierno, cumpliendo un importante compromiso electoral que es un paso más en el proceso de vertebración administrativa del Estado en España. Afirma
que con este proyecto de ley las corporaciones locales van a disponer de un sistema más moderno, porque adapta la financiación local a la nueva realidad económica y social; eficiente, porque mejora la asignación de los recursos y fomenta la
creación de empleo; corresponsable, porque eleva la capacidad normativa de los ayuntamientos, y suficiente, porque garantiza a las corporaciones locales los recursos necesarios. Asimismo explica que las modificaciones normativas de la Ley
reguladora de las haciendas locales que contiene este proyecto de ley contribuyen a mejorar la asignación de los recursos y los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Expone el contenido concreto del proyecto de ley y explica las ventajas
de la supresión del impuesto sobre actividades financieras y de la reforma en general para la autonomía y la suficiencia financiera de las corporaciones locales, las posibilidades que se abren a las corporaciones locales para mejorar la tributación
de las familias numerosas, los discapacitados, la conciliación de la vida familiar y el trabajo y las actividades que protejan el medio ambiente.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Labordeta Subías, Rodríguez Sánchez y Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario Mixto; Cuesta Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Replica el señor ministro de Hacienda y duplican los señores Puigcercós i Boixassa, Rodríguez Sánchez, Cuesta Martínez y Rejón Gieb.
Cierra el debate el señor ministro de Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Cuesta Martínez pide la palabra, que le es denegada por la Presidencia.
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señores Saura, Puigcercós, Labordeta, Rodríguez y Núñez, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, se rechazan por 119 votos a favor, 181 en contra y 20 abstenciones.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 10047)
Proyecto de ley orgánica de calidad de la educación ... (Página 10047)
Defienden las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de la educación los señores Labordeta Subías, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castaín, Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes,
de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Chacón Piqueras,
del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de calidad de la educación por los grupos parlamentarios Mixto, Coalición Canaria, Vasco (EAJ-PNV), Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Catalán (Convergència i Unió) y Socialista.
Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, en una sola votación, se aprueba por 185 votos a favor y 129 en contra.
Votación de conjunto ... (Página 10075)
Sometido a votación final y de conjunto el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, por su carácter de ley orgánica, se aprueba por 182 votos a favor y 131 en contra.
Proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página 10075)
Defienden las enmiendas presentadas al proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Costa Campi, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores ... (Página 10084)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 10088)
Protocolo de enmienda del Convenio de cooperacion para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002 y del intercambio de notas verbales entre ambos
países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales ... (Página 10088)
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas
consulares, hecho en Madrid el 26 de junio de 2002 ... (Página 10089)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002 ... (Página 10089)
No haciendo uso los señores Diputados del turno de fijación de posiciones en ninguno de los dos acuerdos, se pasa al siguiente punto del orden del día.
Enmiendas del Senado ... (Página 10095)
Proyecto de ley de sanidad vegetal ... (Página 10095)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Amarillo Doblado, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 10093)
Proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Votación) ... (Página 10093)
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por los grupos parlamentarios Mixto, Coalición Canaria, Federal de Izquierda
Unida, Catalán (Convergència i Unió) y Socialista.
A continuación se somete a votación el texto del dictamen del proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo en una sola votación, que es aprobado por 178 votos a favor, 10
en contra y 96 abstenciones.
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. (Votación) ... (Página 10094)
Sometido a votación el texto del dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores, se aprueba por 283 votos a favor y
una abstención.
Votación de conjunto ... (Página 10094)
Sometida a votación final y de conjunto la proposición de ley por tener carácter de ley orgánica, se aprueba por 282 votos a favor y uno en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 10094)
Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002 y del intercambio de notas verbales entre ambos
países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales.
(Votación) ... (Página 10094)
Sometido a votación, se aprueba por 275 votos a favor y nueve en contra.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas
consulares. (Votación) ... (Página 10095)
Sometido a votación, se aprueba por 283 votos a favor y una abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002. (Votación) ... (Página 10095)
Sometido a votación, se aprueba por 274 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones.
Enmiendas del Senado ... (Página 10095)
Proyecto de ley de sanidad vegetal. (Votación) ... (Página 10095)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad vegetal.
Proposición de ley reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos ... (Página 10095)
No haciendo uso los señores Diputados del turno de fijación de posiciones, se somete a votación, en primer lugar, la enmienda del Senado al artículo 3 de la proposición de ley, que se aprueba por 269 votos a favor, 13 en contra y dos
abstenciones.
A continuación se someten a votación el resto de las enmiendas del Senado a la referida proposición de ley, que son aprobadas por 282 votos a favor y una abstención.
Proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto ...
(Página 10096)
Al no hacer uso los señores Diputados del turno de fijación de posiciones, se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto, que son aprobadas por 274 votos a favor, uno en
contra y seis abstenciones.
Proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica ... (Página 10096)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Fidalgo Francisco, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se aprueban por 252 votos a favor y 10
abstenciones.
Proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero ... (Página 10098)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Finalmente se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero.
Se levanta la sesión a las seis y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la
Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 35 relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
En consecuencia, queda excluido.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
-PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. (Número de expediente 121/000113.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto VIII del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Punto 36: Proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.)
Señorías, un ministro del Gobierno se encuentra esperando a que SS. SS. le permitan hacer uso de la palabra. Ruego que desalojen el hemiciclo a aquellos que estén dispuestos a hacerlo.
Señor ministro, cuando quiera.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, tengo la satisfacción de acudir una vez más a esta Cámara con un proyecto de ley que propone una importante reforma de nuestra Hacienda pública. Después de la
implantación del nuevo sistema de financiación autonómica sancionado por las Cortes el año pasado, damos ahora un paso más en el proceso de vertebración administrativa del Estado en España.
El Gobierno cumple con este proyecto de ley un importante compromiso electoral. Nuestra política económica se apoya en una sociedad que cada día sabe apreciar más el papel central que desempeñan los emprendedores para el bienestar general.
Por eso, como afirmó el presidente Aznar en el discurso de investidura, reducimos sus impuestos y proponemos eliminar el impuesto de actividades económicas para el 90 por ciento de los negocios.
Con este proyecto de ley las corporaciones locales
van a disponer de un sistema más moderno, eficiente, corresponsable y suficiente; moderno, porque adapta la financiación local a la nueva realidad económica y social; eficiente, porque mejora la asignación de los recursos y fomenta la creación de
empleo; corresponsable, porque eleva la capacidad normativa de los ayuntamientos; y suficiente, porque garantiza a las corporaciones locales los recursos necesarios.
Las modificaciones normativas a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que contiene este proyecto de ley contribuyen a mejorar la asignación de los recursos y los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Una Administración más
cercana es también una Administración más especializada y sensible a las necesidades de sus ciudadanos y puede prestar los servicios públicos con mayor acierto y eficacia. Con este proyecto de ley, 2.118.000 autónomos, profesionales y pequeñas
empresas dejarán de pagar el impuesto de
actividades económicas. De ello se van a beneficiar, por citar algunos ejemplos, las siguientes personas físicas: 600.000 comerciantes, incluidos casi 200.000 restaurantes, cafeterías y bares; 200.000 profesionales y empresarios de la
construcción; 70.000 empresarios y profesionales manufactureros; 165.000 empresarios del transporte, incluidos 60.000 taxistas; casi 200.000 gestores administrativos, financieros y de seguros. Es un apoyo más a los emprendedores y a las pequeñas
empresas. La reforma del IAE favorecerá también la creación de empleo al eliminar el factor trabajo para el cálculo de la cuota del impuesto. Modernizamos los impuestos locales para adaptarlos a la nueva realidad económica de España, un país
descentralizado con elevado potencial de crecimiento, en el que las corporaciones locales tienen más competencias y más responsabilidades y deben disponer también de mayor capacidad para adecuar los recursos a las necesidades de sus ciudadanos.
Con
esta reforma avanzamos en el cumplimiento de los principios de autonomía y suficiencia financiera consagrados en la Constitución española. Aunque las corporaciones locales, y sobre todo los ayuntamientos, cuentan ya con una considerable autonomía
financiera porque obtienen casi la mitad de sus recursos a través de impuestos locales, esta reforma, la nueva reforma, incrementa el grado de autonomía y refuerza la corresponsabilidad fiscal. La cesión de impuestos estatales y la clara ampliación
de la capacidad normativa en los tributos locales contribuyen a este fin.
Igualmente, la reforma garantiza la suficiencia financiera de los ayuntamientos, ya que aumentan sus fuentes de financiación con la cesión de impuestos, con fondos complementarios y, por si queda alguna duda, con el respaldo de un crédito
presupuestario para que ninguna corporación local vea mermados sus recursos como consecuencia de la reforma. En cualquier caso, la reforma da mayor estabilidad a los ingresos de las corporaciones locales al ligarlos a la evolución general de la
economía y al flexibilidad la capacidad recaudatoria de los impuestos locales. En definitiva, con esta reforma, igual que con la reforma de la financiación autonómica, damos más estabilidad al sistema de financiación territorial y contribuimos a la
vertebración del modelo político de descentralización en nuestro país.
La madurez del proceso de descentralización competencial y administrativa nos ha permitido acometer el diseño de un modelo de financiación de aplicación general por el cual todos los ayuntamientos van a tener la misma capacidad normativa y
los mismos criterios de asignación de recursos. Contribuimos por tanto a ordenar el proceso de descentralización que se ha acelerado en los últimos años. En el año 2001 se consolidó un modelo estable de financiación autonómica con el nuevo sistema
de régimen común y la renovación del concierto económico con el País Vasco, y este año pretendemos completar este proceso con la actualización del convenio económico con Navarra y la reforma de la financiación local. Si hacemos una comparación con
alguno de los países con tres niveles de gobierno, observamos que la participación de nuestras administraciones centrales en el total del gasto está por debajo de la de Alemania y Austria, aunque se encuentra por encima de Suiza o Estados Unidos.
En cuanto al nivel intermedio de gobierno, el peso de nuestras comunidades autónomas en el total del gasto está por encima de Alemania, Austria, Estados Unidos y Suiza. La descentralización de nuestro sector público está, por tanto, muy avanzada,
aunque todavía hay que completarla en el ámbito de las corporaciones locales. Nuestras entidades locales ejercen en torno al 13 por ciento del total de gasto en el año 2001, cifra que se encuentra por debajo de la participación que este nivel de
gobierno tiene en el gasto de cualquiera de los países antes mencionados.
Señorías, la reforma de la financiación de las haciendas locales es, ante todo, una reforma estructural que mejora la eficiencia económica y la asignación de los recursos y contribuye de forma permanente al progreso económico y al bienestar
de los ciudadanos, pero es también una reforma oportuna, que suprime el impuesto de actividades económicas a más de 2.100.000 pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos en el mejor momento. La supresión del IAE favorece a las pequeñas
empresas y a los autónomos, pero en realidad favorece a todos, porque también gracias a ella mejorará la economía y crecerá el empleo. También favorece a las administraciones municipales porque, al igual que las demás administraciones, se van a
beneficiar del incremento de actividad económica y de empleo derivado de las rebajas impositivas previstas para este año, tanto la del IRPF como la del IAE. La cesión de impuestos estatales y la relación que tienen muchos de los tributos locales
con el nivel de actividad -impuesto de bienes inmuebles, impuesto sobre contribuciones, impuesto sobre vehículos, etcétera-, unido a la evolución de las transferencias en función de los ingresos del Estado, facilitarán ese beneficio para las
entidades locales. La consolidación presupuestaria y la consecución del equilibrio han sido determinantes en nuestra evolución económica. Al saneamiento de las cuentas públicas han contribuido todos los niveles de Administración y las
corporaciones locales en buena medida, con un considerable esfuerzo de consolidación presupuestaria. Entre todas las administraciones hemos conseguido un incremento del ahorro bruto del sector público de cinco puntos del producto interior bruto en
los últimos seis años. La reducción del déficit público ha sido la causa determinante de la fuerte bajada de los tipos de interés que está en la base de la expansión económica de estos años. La bajada de los impuestos ha completado y potenciado
este impacto económico de la disciplina presupuestaria. El crecimiento y la creación
de empleo inducidos por la reducción de las cargas tributarias ensanchan las bases de los impuestos y hacen posible que, con menor esfuerzo individual, mejore la recaudación de las administraciones públicas. Todos los niveles de
Administración han participado y todos se han beneficiado también de los resultados de esta política económica. Se ha beneficiado la Administración del Estado y, de un modo destacado, la Seguridad Social, las administraciones de las comunidades
autónomas y las corporaciones locales. Entre 1995 y 1999 los ayuntamientos españoles han incrementado sus ingresos casi un billón de pesetas, 6.000 millones de euros, que supone un incremento cercano al 30 por ciento, han consolidado sus posiciones
de equilibrio presupuestario o de superávit y han conseguido recortar su deuda pública medio punto en porcentaje de producto interior bruto desde el 3,89 por ciento de 1995 al 3,36 por ciento de 2001. Estos datos demuestran sin lugar a dudas que la
estabilidad de las cuentas públicas nos interesa a todos porque, como se advierte, la capacidad de financiación de todas las administraciones públicas depende en última instancia del crecimiento económico y de la creación de empleo.
Señorías, en este marco de política económica de estabilidad presupuestaria, reducción de impuestos, crecimiento económico y creación de empleo tiene su lugar y su sentido esta reforma de la financiación local. En efecto, la mayor autonomía
financiera que proporciona el nuevo sistema, junto con la estabilidad en la obtención de los recursos y el incremento de la capacidad normativa para las entidades locales, permiten mantener y fomentar la contribución de estas entidades a la
consecución de los objetivos generales de política económica, a la vez que aumentan sus recursos para mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos. La Constitución española consagró los dos principios generales de la financiación de las
entidades locales, el principio de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses en el artículo 137 y el principio de suficiencia financiera en el artículo 142. Sobre estos principios se desarrolló la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, donde se establece la capacidad de las entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas y la participación de las propias corporaciones en la obtención y empleo de los recursos financieros, en la determinación del volumen de
recursos necesarios y en la libre organización de su gasto. Por otra parte, la Ley de Haciendas Locales materializó el principio de suficiencia financiera poniendo a disposición de las entidades locales dos vías fundamentales e independientes de
financiación: los tributos propios y la participación en los tributos del Estado, que, a su vez, funciona como instrumento de solidaridad entre las distintas corporaciones locales. Aunque la Ley de Haciendas Locales fue un paso positivo en la
evolución de la hacienda local, tampoco puede afirmarse que con su promulgación finalizasen todos los problemas financieros de las corporaciones locales. Por ello, y aunque a finales de 1998 se cumplían diez años de vigencia del sistema de
financiación de las haciendas locales contenido en aquella ley, a la vez que finalizaba el régimen quinquenal entonces vigente de participación en los tributos del Estado, el Gobierno del Partido Popular se planteó la oportunidad de llevar a cabo
una revisión en profundidad del sistema de financiación de las entidades locales, al tiempo que se fijaba un nuevo régimen de participación en los tributos del Estado para el quinquenio 1999-2003.
Esta reforma parcial, realizada en el año 1998,
garantizó la suficiencia financiera con la introducción del PIB nominal como índice de evolución de los ingresos provenientes del Estado. Así, en este último período y desde 1999, el crecimiento medio interanual de la participación de los
ayuntamientos en los ingresos del Estado es del 8,2 por ciento, mientras que en el quinquenio 1994-1998 fue del 5 por ciento. La corresponsabilidad también se incrementó. La reforma supuso la eliminación de los tipos mínimos en algunos tributos y
el establecimiento de una mayor discrecionalidad por parte de los municipios en la fijación de bonificaciones. Igualmente se amplió la delegación de las funciones de liquidación, gestión y recaudación a todo el conjunto de ingresos de derecho
público, precios públicos, y no sólo a los tributarios. Se reforzó asimismo la solidaridad. Se cambió la fórmula que determinaba el reparto de la participación en los ingresos del Estado entre los diferentes municipios, introduciendo variables más
solidarias, como el inverso de la capacidad recaudatoria en ayuntamientos de igual población.
Se introdujo también una cláusula de garantía de percepción mínima para todos los municipios y una adicional para los municipios menores de 5.000
habitantes.
El éxito de la reforma de 1998 anima al Gobierno a plantear un marco de financiación definitivo para las entidades locales, al igual que lo hizo el año pasado con las comunidades autónomas. Como ocurriera con la primera reforma, el Gobierno
consideró que, antes de iniciar las negociaciones con los representantes de las administraciones locales para acordar la reforma de su financiación, era conveniente contar con el parecer de expertos en financiación local sobre las líneas maestras
del nuevo sistema de financiación. A tal fin, el 11 de julio de 2001 se constituyó una Comisión de expertos con participación de representantes de la Administración del Estado, de las entidades locales, a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias, y también del mundo académico, a la cual le fue encomendada la tarea de analizar la situación actual de la financiación de las corporaciones locales y elaborar un informe sobre un nuevo sistema de financiación. La Comisión
ha venido trabajando y reuniéndose periódicamente durante un año. El 3 de julio de este año presentó
su informe al Gobierno. Tras su detenido estudio, el Gobierno elaboró un borrador de reforma que fue expuesto tanto a la Federación Española de Municipios y Provincias como a la Comisión Nacional de Administración Local. El constante
diálogo con estas instituciones municipales ha sido y sigue siendo de decisiva importancia en el desarrollo de este proyecto de ley.
Señora presidenta, señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos es una verdadera reforma de toda la financiación de las entidades locales, tanto de sus tributos como de la financiación que reciben del Estado por transferencias. Sin
embargo, hay que explicar que, aunque la presente ley contiene todos los aspectos referentes a la reforma, no todos entran en vigor a la vez. El proyecto de ley prevé que la reforma de los tributos locales surta efecto a partir del 1 enero de 2003,
mientras que los aspectos que afectan a la reforma de las transferencias entrarán en vigor en enero de 2004, que es el momento en el que vence el quinquenio financiero comenzado en 1999. El Gobierno da prioridad, por tanto, a la reforma de los
tributos locales, ya que la modernización del sistema impositivo en todos los ámbitos de gobierno y las rebajas impositivas que contribuyen a reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo constituyen el principal objetivo del Gobierno,
más en un año en el que la evolución de la economía mundial requiere un mayor impulso interno.
Por esta razón, el primer objetivo económico de esta reforma tributaria es impulsar la creación de empleo. Para ello, se propone la supresión del
impuesto sobre actividades económicas para un total de 2.118.000 autónomos, pequeñas y medianas empresas y profesionales, es decir, para el 92 por ciento de los contribuyentes. Esto significa que ninguna persona física que ejerza una actividad
empresarial, profesional o artística tendrá que pagar este impuesto. Igualmente, las sociedades que tengan unos ingresos inferiores a un millón de euros quedarán también exentas del IAE. Serán precisamente el comercio minorista, los restaurantes,
bares, hospedajes y los transportistas los sectores más beneficiados de esta reforma. Con independencia de las exenciones, estos contribuyentes tendrán que seguir cumpliendo sus obligaciones censales y declarar el alta o baja en las actividades,
dada la importancia estadística de esta información.
Para aquellas empresas que continúen pagando el IAE, se elimina el elemento tributario número de trabajadores a la hora de calcular la cuantía de la cuota. Se superan así las críticas al actual IAE como impuesto desanimador del empleo. Se
exime del IAE el primer año del alta a las actividades profesionales y se establece una bonificación del 50 por ciento de la cuota durante los cinco primeros años de ejercicio de la actividad. Igualmente, se deja en manos del correspondiente
ayuntamiento la potestad de bonificar hasta en un 50 por ciento la cuota de las actividades empresariales en sus primeros cinco años de actividad. Los ayuntamientos podrán también establecer una bonificación del 50 por ciento por creación de
empleo. Con estas medidas se intenta aliviar la carga fiscal en los primeros años del ejercicio de la actividad económica, logrando que la empresa se consolide en el mercado y active su creación de empleo.
En segundo lugar, se incentiva la utilización de las bonificaciones sociales en diversos impuestos. En el IAE se apoya a la familia y a las mujeres trabajadoras. No se computa para el cálculo de la cuota la superficie que destine a
guardería de los hijos de empleados y clientes.
Esta medida complementa claramente la política social y familiar desarrollada por el Gobierno con la actual reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dentro del impuesto sobre
bienes inmuebles se faculta a los ayuntamientos para que puedan establecer bonificaciones de hasta el 90 por ciento de la cuota del impuesto a favor de las familias numerosas. Más de 500.000 familias numerosas podrían beneficiarse de esta
bonificación. También dentro del impuesto sobre bienes inmuebles se amplían las bonificaciones ya existentes para las viviendas de protección oficial. En el IBI actual este tipo de viviendas tienen una bonificación del 50 por ciento de la cuota
durante los tres primeros años y el futuro IBI faculta a los ayuntamientos a prorrogar, si así lo desean, esta bonificación o una inferior durante tres años más. En este impuesto, el IBI, la reforma permite a los municipios gravar las viviendas
permanentemente desocupadas con un tipo superior al de las viviendas habituales o segundas viviendas. Se pretende así fomentar el mercado de viviendas en alquiler, al igual que planteamos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En
el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se flexibilizan los requisitos de exención exigidos a los coches de discapacitados. Así, con independencia de los caballos fiscales, estarán exentos del impuesto los coches que estén matriculados a
nombre de discapacitados con grado superior al 33 por ciento de minusvalía, cuando sean conducidos por estos o se utilicen para su traslado.
En tercer lugar, y en diversos impuestos, se fomenta la política de protección del medio ambiente. Dentro del impuesto de actividades económicas, se permite a los ayuntamientos bonificar hasta un 50 por ciento de la cuota a aquellas
empresas que utilicen o produzcan energías renovables, que realicen sus actividades industriales en instalaciones alejadas de las zonas poblacionales, o que establezcan un plan de transporte para sus empleados que tenga por objeto reducir el consumo
de energía y las emisiones contaminantes. Igualmente, en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se amplían hasta el 75 por ciento las bonificaciones potestativas de los ayuntamientos a aquellos vehículos que
utilicen determinados carburantes o motores especiales en atención al medio ambiente.
El último de los objetivos de la reforma es adaptar la tributación local a la realidad económica en la que se desarrolla. El impuesto sobre actividades económicas está prácticamente congelado desde su creación, salvo una pequeña
actualización del 3,5 por ciento en el año 1995. La actualización que se propone en este proyecto de ley no llega a la mitad del crecimiento que los beneficios empresariales han tenido en los últimos años. Las nuevas tarifas del IAE, al igual que
en la situación actual, no superan el límite legal del 15 por ciento del beneficio medio presunto. En este sentido, los contribuyentes del IAE que no estén exentos multiplicarán su cuota de tarifa por unos índices de ponderación que oscilan entre
el 1,29 y el 1,35; cuota que podrán luego deducirse como gasto del impuesto sobre sociedades. Es decir, la cuota de las empresas que pagan se incrementa un 32,1 por ciento de media. Con todo, esta medida se traduce en 550 euros anuales para las
empresas del primer tramo, que facturan entre un millón y cinco millones de euros, lo que aproximadamente supone un 0,05 por ciento de su cifra de negocio. Para las empresas del último tramo, el incremento medio sería de unos 72.000 euros, lo que
supone un 0,07 por ciento de su cifra de negocio. Por otra parte, las características del sector de telefonía en la actualidad son radicalmente distintas de las que había en el momento en que se elaboraron las tarifas del IAE. En efecto, a fecha
de hoy, en el sector de la telefonía se puede diferenciar claramente entre telefonía fija y telefonía móvil. A tal punto que ésta última tiene un mayor peso económico que la primera. Este cambio ha de ser recogido en las nuevas tarifas, por lo que
se actualizan los elementos tributarios utilizados en el grupo 761, servicios telefónicos, de acuerdo con la realidad del mercado.
Otro elemento que es necesario actualizar es la actual tasa del 1,5 por ciento sobre los ingresos que pagan las empresas por la utilización del dominio público en la prestación de suministros como agua, gas, electricidad y
telecomunicaciones. Esta reforma implica que también paguen esta tasa las empresas eléctricas usuarias que empleen redes ajenas por la parte que ahora no pagan. Es decir, se amplía el pago de esta tasa a todas las vertientes del mercado eléctrico,
la producción, la distribución y la comercialización. Esta reforma de los tributos locales vendrá respaldada por un crédito ampliable que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003. Este crédito salvaguarda con holgura la
suficiencia de todas las corporaciones locales que se ven influidas por la reforma. En el año 2004, tal y como antes señalé, entrará en vigor la reforma de lo que denominamos parte financiera, que no es otra cosa que la actual participación en
ingresos del Estado que ahora reciben las corporaciones locales. Llegado este momento, en el 2004 la cuantía a distribuir entre las entidades locales estará integrada por al actual PIE más la compensación que se derive de la aplicación del crédito
ampliable. Así, este crédito cuya cuantía estamos todavía pendiente de determinar de manera conjunta con la Federación Española de Municipios y Provincias, se consolidará permanentemente en la financiación de las corporaciones locales. La reforma
de la parte financiera pretende atender a tres objetivos claros: la suficiencia de las corporaciones locales, incrementando su autonomía; la solidaridad entendida como capacidad para prestar un nivel mínimo de servicios; y la estabilidad de los
recursos financieros a lo largo del tiempo. En cuanto a la suficiencia y autonomía de las corporaciones locales, debo señalar que tanto para las diputaciones provinciales y cabildos insulares, como para los ayuntamientos que tengan más de cien mil
habitantes o sean capitales de provincia o de comunidad autónoma, se establece una cesión de impuestos estatales que vendrá a sustituir a una parte de la participación en ingresos del Estado que ahora reciben. En concreto, a los ayuntamientos se
les cede el 1,68 por ciento del IRPF recaudado en cada municipio, el 1,78 por ciento del IVA estatal y el 2 por ciento de los impuestos especiales estatales. Los impuestos de tabaco e hidrocarburos se reparten en función del consumo de cada
municipio y el resto de impuesto indirectos, en función del índice de consumo de cada comunidad autónoma y de la población del municipio.
El establecimiento de una cesión del IVA y de los impuestos especiales beneficiará a los ayuntamientos turísticos, ya que así se ajustará mejor su financiación a la población flotante. Esta cesión no supone la asignación de capacidades
normativas o de gestión, pero sí incrementa considerablemente la autonomía financiera de las corporaciones locales.
Como complemento a esta cesión, tanto en las diputaciones provinciales y cabildos insulares como en los ayuntamientos, se creará un
fondo complementario de financiación que cubra la diferencia entre la participación en ingresos del Estado y la cesión. Este fondo, que pretende garantizar la suficiencia de los entes locales y la prestación de sus servicios, evolucionará en la
misma medida que lo hacen los ingresos tributarios del Estado.
Por lo que se refiere a la solidaridad, el anterior fondo complementario de financiación tiene ya una función equilibradora en las corporaciones locales que lo reciben, ya que garantiza la prestación de los servicios y, además, permite que
las corporaciones locales con menor capacidad tributaria -por debajo del ITE nacional- equilibren la evolución de sus ingresos a través de una mayor evolución del fondo al ITE nacional y viceversa. Sin embargo, no es este el único instrumento de
solidaridad.
Los ayuntamientos de menor tamaño recibirán una transferencia directa en función de sus necesidades de gasto ya que, al tener generalmente
menor capacidad tributaria, no les sería beneficiosa una cesión de impuestos estatales. La transferencia se repartirá entre los ayuntamientos basándose en tres variables: el 75 por ciento en función de la población ponderada de cada
municipio, el 12,5 por ciento de acuerdo con el inverso de su capacidad tributaria, y el 12,5 por ciento según el esfuerzo fiscal realizado por estos ayuntamientos. Así, cuanta mayor sea la población y menor la capacidad tributaria del municipio,
mayor será la transferencia recibida. La evolución de esta transferencia, al igual que el fondo complementario de financiación, será realizada de acuerdo con los ingresos tributarios del Estado. Igualmente en aras de la solidaridad, la ley
establece que la financiación recibida por los municipios derivada del Estado en el año 2004 en ningún caso será inferior a la que haya correspondido en el año 2003.
El nuevo sistema pretende también garantizar cierta estabilidad en la obtención de los recursos por parte de las corporaciones locales. Son varios los cambios que van a contribuir a la mayor estabilidad de los recursos. En primer lugar,
los ayuntamientos contarán con una mayor capacidad normativa sobre sus tributos locales, por lo que su margen de maniobra se incrementa, y también la posibilidad de beneficiarse de la buena evolución de estos impuestos. Así, ante los cambios
previstos para el impuesto sobre actividades económicas, las corporaciones locales consolidarán dentro de su financiación las cuantías que se deriven de la asignación del crédito ampliable previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2003.
En segundo lugar, los ayuntamientos de mayor tamaño, junto con las diputaciones y cabildos, obtienen una parte de sus ingresos a través de la cesión de impuestos estatales, por lo que se podrán beneficiar de la evolución general de la economía en la
recaudación de estos impuestos. En tercer lugar, tanto el fondo complementario de financiación como la transferencia en función de las necesidades de gasto evolucionan de acuerdo con los ingresos tributarios del Estado, lo que facilita un beneficio
más acorde con el crecimiento de la economía y con la financiación de los demás niveles del Gobierno, tanto el central como el autonómico.
Señora presidenta, señorías, una vez más, el Gobierno propone a las Cortes una reducción de los impuestos. En esta ocasión, la reforma del impuesto de actividades económicas significa que las pequeñas empresas, los profesionales y los
trabajadores autónomos se libran de una carga tributaria que no tiene justificación desde el punto de vista de la eficiencia económica ni desde el de la equidad social. Esta importante reducción fiscal para más de 2.100.000 contribuyentes
-comercios, bares, cafeterías, transportistas, taxistas, trabajadores autónomos de la construcción, electricistas, fontaneros, agricultores o profesionales libres de cualquier actividad- se produce en el marco de la reforma de la financiación de las
haciendas que acabo de describir. Esta reforma mejora la autonomía y la suficiencia financiera de las corporaciones locales y eleva la solidaridad del sistema. Esta reforma también abre nuevas posibilidades a las corporaciones locales para mejorar
la tributación de las familias numerosas, los discapacitados, la conciliación de la vida familiar y el trabajo y las actividades que protejan el medio ambiente.
En resumen, señorías, cuando rechacen con su voto las enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley contribuirán a que desaparezca uno de los impuestos más injustos de nuestro sistema tributario, beneficiarán directamente a más de 2
millones de ciudadanos españoles y a sus familias y dotarán a las corporaciones locales de un sistema de financiación más autónomo, con mayor capacidad de recaudación y mejor adaptado a los servicios que prestan a los ciudadanos. Como he reiterado,
todos los ayuntamientos saldrán beneficiados de esta reforma, pero los auténticos beneficiados serán los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor Montoro, Iniciativa per Catalunya-Verds presenta esta enmienda de devolución porque está absolutamente convencida de que este proyecto no supone una respuesta satisfactoria a las necesidades de financiación
local, ni siquiera supone hacer frente a la insuficiencia estructural de la Administración local que, como usted sabe, permanece estancada desde 1988, año en que se legisló la nueva Ley de Haciendas Locales. ¿Qué es este proyecto de ley que ustedes
nos traen aquí? Es el cumplimiento de una promesa electoral de Aznar, la supresión del IAE, que se articula mal y que, de acuerdo con lo que ustedes hacen con otros proyectos de ley, no va a solucionar problemas sino que va a crear más. Este
Gobierno tiene un defecto: las respuestas que da ante cuestiones que hay que mejorar y solucionar crean más problemas. Luego lo veremos en la ley de calidad y lo vemos también en esta ley sobre la que, por cierto, mi diagnóstico y mis propuestas
no son desde la oposición de izquierdas sino que hoy, señor Montoro, no hay prácticamente un alcalde o un concejal que esté satisfecho de su propuesta; no sólo no están satisfechos, sino que rechazan de forma importante su propuesta. ¿Por qué?
Porque este proyecto de ley no significa mayores recursos para los ayuntamientos; porque este proyecto de ley no significa una modernización de la fiscalidad
local; porque este proyecto de ley, en contra de lo que usted dice, no significa una mayor autonomía fiscal local sino que hace depender aún más a los ayuntamientos de las decisiones estatales; porque este proyecto de ley no contempla que
hoy el mundo municipal y local del Estado español es plural; porque no es un proyecto de ley flexible; y porque este proyecto de ley es muy deficiente técnicamente.
La primera idea que tiene uno cuando lee el proyecto de ley es la de perplejidad; perplejidad que nace de intentar articular una reforma de las finanzas locales a partir de una promesa electoral del señor Aznar de supresión del IAE.
Evidentemente, el IAE es un impuesto que hay que superar -en eso estamos absolutamente de acuerdo-, pero la fórmula que nos proponen es, a nuestro entender, inaceptable. En primer lugar, porque ustedes efectúan un recorte definido, concreto, que se
sabe, cuantificado, de las finanzas locales y no existen compensaciones a medio y largo plazo absolutamente definidas; es decir, hay una ambigüedad y una confusión en relación con estas compensaciones. En segundo lugar, porque la propuesta de
supresión del IAE afecta de forma diferente a los ayuntamientos. Usted ha dicho que se da la posibilidad de participación en impuestos estatales a ayuntamientos de más de cien mil habitantes. En Cataluña, por ejemplo, de los 960 municipios afecta
sólo a 10. De hecho, ustedes equiparan la actividad económica de los municipios a lo que pagan los domicilios particulares. Evidentemente, hay que superar el IAE, pero pedimos al Gobierno que sea más imaginativo y que diferencie la fiscalidad de
un domicilio particular de una actividad económica.
Acabo, señora presidenta, señor Montoro, diciendo que esta reforma no da solución a los retos de la financiación local. Quiero hacerle una pregunta: ¿Por qué razón la reforma de la Ley de Haciendas Locales no avanza en la línea de la
reforma de la financiación autonómica? Es necesario que los ayuntamientos tengan una participación estable, potente y consolidada en los tramos del IRPF y del IVA. Todo lo demás, intentar articular la reforma de la Ley de Haciendas Locales a
partir de la supresión del IAE, no sólo no da respuesta a las necesidades de suficiencia municipal, sino que significa, desde el punto de vista de la equidad, injusticia y posiblemente va a significar mayores tensiones sociales en muchos municipios.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós, para la defensa de la enmienda de devolución.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, en la campaña electoral anterior, que dio lugar a la constitución de esta legislatura, el Partido Popular prometió la erradicación del impuesto de actividades económicas para buena parte
de las pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Es un acto de justicia, y así lo reconoció mi partido. Hay que reconocer que es necesaria la remodelación de este impuesto. Han tenido dos años para realizar esta promesa electoral y
establecer la compensación que los ayuntamientos necesitarían porque, como usted bien sabe, el IAE es una parte importante de los ingresos para los ayuntamientos, para los entes locales. Han tenido dos años, pero ustedes no han hecho una profunda
remodelación de las haciendas locales que buscara la fórmula que la comisión de expertos recomendaba, que era mayor integración del modelo con las comunidades autónomas, ceder a las comunidades autónomas más capacidad, y se presentan hoy aquí con
una ley que refuerza el papel del Estado central, crea una especie de radialidad interadministrativa, porque hay una relación entre Estado-ayuntamientos y Estado-comunidades autónomas separadas; aquí no hay lo que sería la consolidación del modelo,
ceder a las comunidades autónomas y a los entes locales, y tampoco han buscado una solución definitiva para los ayuntamientos. Usted sabe -lo decíamos en el debate de la enmienda de totalidad a los presupuestos- que hoy los ayuntamientos -no todos,
pero sí una parte importante de las ciudades grandes y medias- tienen graves problemas. Según un informe de la Federación de Municipios de Cataluña, hoy los ayuntamientos de las ciudades grandes y medias están soportando un exceso de carga, de
actuaciones que prestan sus servicios sociales, su política social y educativa, que no les toca competencialmente y que supone un incremento presupuestario del 18 por ciento. Es decir, que del total del presupuesto de los entes locales, un 18 por
ciento se dedica a tareas que específicamente no les corresponden como entes locales.
En lugar de buscar un modelo que definitivamente compense a los entes locales, un modelo de participación en la cesta de impuestos, lo que busca esta propuesta no es sólo suprimir el IAE, cosa que podemos celebrar, sino que la podríamos
definir como una chapuza porque no busca una solución definitiva, no integra los diferentes niveles administrativos y nos lleva a un modelo de dos velocidades, un modelo que conllevará paradojas. Habrá una serie de ayuntamientos, de municipios que
van a incrementar sus partidas a partir del crecimiento del presupuesto estatal y otros que participarán de una cesta de impuestos y que tendrán su capacidad de crecimiento. Esto nos llevará a situaciones injustas, porque algunas capitales de
provincia con menos habitantes que otras ciudades se beneficiarán de la velocidad primera, y ciudades que no serán capitales de provincia, con muchos más habitantes y con muchos más problemas, que no participarán de la cesta de impuestos. Este es
un problema grave. El segundo problema
es la indefensión por el modo en que ustedes han llevado este proceso. No son comprensibles las prisas con las que han hecho este impuesto, mal deben ir los sondeos, mal deben ir las recomendaciones del señor Arriola; han tenido dos años
para hacer esto y se hace en un momento en que los ayuntamientos están en fase presupuestaria, estableciendo sus ingresos y ustedes alteran profundamente el proceso en los entes locales llevándoles al caos.
Señor Montoro, esta enmienda a la totalidad que presentamos desde Esquerra Republicana sólo pretende introducir racionalidad a esta propuesta. Las enmiendas al articulado tendrán un debate profundo, real, porque lo que hace falta aquí es
una propuesta que solucione de una vez por todas los problemas de los ayuntamientos, de los municipios, sean pequeños, medianos o grandes y, sobre todo, que no haya esta sensación...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Le ruego que concluya, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo, señora presidenta, diciendo que no haya esta sensación de modelo radial, de que desde el Estado se fortalece la arbitrariedad a la hora de enfocar la política fiscal de los ayuntamientos.
Gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor ministro, señorías, Chunta Aragonesista solicita la devolución del presente proyecto de ley por tres motivos fundamentales: en primer lugar, porque provoca inseguridad en los
ayuntamientos en un momento en el que precisamente se están elaborando los presupuestos para el próximo año; en segundo término, no se aceptan las propuestas de numerosas organizaciones municipalistas y, en tercer lugar, existe una falta de
consenso político generalizado en una reforma que afecta a las tres fuentes de ingresos más importantes de las haciendas públicas locales: el IAE, el IBI y las aportaciones del Estado.
La Constitución española en su artículo 142 dice que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas. Con la reforma que se pretende
ahora no se garantiza por parte de los entes locales este precepto constitucional, ya que no da solución a los problemas que éstos tendrán al suprimir una importante fuente de ingresos. Estando de acuerdo en que el impuesto de actividades
económicas era injusto, dado que no beneficiaba la economía productiva ni la creación de empleo, denunciamos que el Gobierno no es capaz de solucionar adecuadamente el problema que conlleva la supresión de este impuesto, la merma de ingresos para
los ayuntamientos fundamentalmente. En sus últimos informes, el Defensor del Pueblo ha manifestado la necesidad de resolver el problema de la falta de financiación adecuada de los ayuntamientos, entre otras cuestiones para evitar tener que recurrir
a la venta de suelo público, con la incidencia que tiene en la subida del precio de la vivienda. Sin embargo, esta reforma, lejos de solucionar el problema, lo agrava. De hecho, en Aragón ha sido estimada en 54 millones de euros anuales la merma
que va a suponer esta pérdida de ingresos para los ayuntamientos.
La reforma no recoge algo que Chunta Aragonesista ha defendido siempre, como es la singularidad territorial aragonesa. Este es un hecho diferencial debido al tipo de poblamiento existente, muy atomizado, y a una estructura de población muy
envejecida que con reformas como la que se pretende agranda la fragilidad económica y financiera de nuestros ayuntamientos. Siguen sin recogerse en esta ley esas medidas para cubrir la suficiencia financiera de las corporaciones locales, ya que en
los ayuntamientos que no sean capital de provincia ni tengan más de cien mil habitantes -en Aragón más del 95 por ciento-, las transferencias se repartirán de forma adecuada a sus necesidades, pero únicamente en función de la población, del esfuerzo
fiscal e inversamente a la capacidad tributaria. En otro orden de cosas, señor ministro, se niega a los entes locales, en aras de la estabilidad presupuestaria, acudir al crédito con la sola finalidad de poder afrontar las inversiones que se hacen
y se deben hacer por ellos, a pesar de que muchas de ellas se han de financiar en varios años. ¿Quién puede financiar en un solo año un centro de acogida de emigrantes, centros de educación, centros de deportes, parques o adquisición de suelo para
vivienda? Se aboca con ello a que los entes locales interrumpan obras de importancia para cada localidad y así poder dar el servicio que reclama la ciudadanía.
Señor ministro, ustedes rebajan los impuestos y los ayuntamientos y las comunidades autónomas van a tener que subirlos para sobrevivir. Ellos van a ser los malos y ustedes van a ser los buenos. Al final, va a haber un enfrentamiento entre
ustedes y los ayuntamientos y comunidades autónomas.
Por todos estos motivos, pedimos la devolución del presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, para entender nuestra postura, quiero empezar por decirle que estamos a favor de la modificación del actual sistema de participación en los ingresos del Estado si se integran en los presupuestos de las comunidades autónomas,
única forma que hay de que las características de estas comunidades sean tenidas en cuenta y las necesidades de su configuración local también. Sabe S.S. que hay criterios muy distintos a considerar según se trate de Galicia o de otra parte del
Estado español. Partimos del supuesto de que se deberían elaborar leyes de haciendas locales de cada comunidad autónoma, sería la forma de establecer criterios de reparto propios y de financiación adicional si la comunidad autónoma lo considerase
oportuno.
El proyecto de ley de reforma que ustedes presentan no corresponde a este modelo y lo consideramos abiertamente perjudicial para la inmensa mayoría de los ayuntamientos. ¿Por qué? En primer lugar, porque establece una diferenciación entre
ayuntamientos de más de cien mil habitantes y capitales de provincias de las comunidades autónomas frente al resto. Son diferencias objetivas de necesidades de financiación. Ustedes hablan de una estructura dual de financiación, equiparando en
algunos casos ésta a las comunidades autónomas. En segundo lugar, su reforma favorece a los ayuntamientos muy grandes, margina a los menores de cien mil habitantes y agrava las insuficiencias financieras de las administraciones locales.
Estamos de
acuerdo, pero no de la forma en que se hace, por eximir del IAE a personas y sociedades que facturan menos de un millón de euros anuales. En tercer lugar, la cesión de parte de la recaudación estatal del IRPF, IVA e impuestos especiales para suplir
las pérdidas por el IAE se reciben solamente si se superan los ingresos del PIE. No se ha articulado un mecanismo claro que pueda llevar a que el recurso del fondo complementario, la compensación por minoración, se realice en todos los casos.
Hay otra razón fundamental, desde la perspectiva de nuestro país. El 98 por ciento de los ayuntamientos de Galicia salen claramente perjudicados con este modelo. Hay un caso particular, señor ministro, que es la ciudad de Ferrol, que queda
excluida de la cesta de impuestos, de la compensación por pérdidas de IAE, sin ingresos en gran parte del IBI porque está ocupada en el 20 por ciento de su suelo urbano por Defensa y de su suelo rural el 3 por ciento y sin el IAE de las empresas que
cotizan en Madrid. Es la quinta ciudad gallega y duplica a muchas capitales de provincia.
Por último, señor ministro, pensamos que hay una deslealtad institucional.
Ustedes actuaron unilateralmente desde la Administración central, trastocaron el sistema de ingresos de los municipios y, sin embargo, establecen limitaciones de
endeudamiento por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Su proyecto es jerárquico y discriminador porque va a haber cuatro o cinco grandes ciudades que van a salir muy beneficiadas.
Ustedes hablan del polo de atracción de estas grandes urbes, con
todos los peligros que esto representa para las comunidades autónomas donde están ubicadas. Por lo demás, hay municipios que pierden con la cesión y los que no participan de la misma también van a tener menos ingresos; por tanto, se va a tener que
gravar a los residentes con mayores impuestos.
La supresión del IAE se traslada como carga fiscal a otras partes, a los sujetos que antes pagaban el IAE y que ahora lo pagan como sujetos pasivos: el incremento del IBI, el del ICIO o los vehículos
de tracción.
Nosotros somos partidarios de la supresión del IAE, señor ministro, tal como ustedes lo hacen, pero no a través de esta trampa.
Acabo, señora presidenta, diciendo que nos preocupa que esta ley tenga vocación de permanencia, porque niega el papel de las comunidades autónomas como articuladoras en relación con las haciendas locales. No se consensuó con la Federación
Española de Municipios y Provincias y mucho menos con la Federación Gallega de Municipios y Provincias; agrava las deficiencias actuales; perjudica a la mayoría de los ayuntamientos, en particular a los de Galicia e incrementa la presión fiscal
local. Son suficientes motivos para pedir la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez, para la defensa de su enmienda presentada.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Señora presidenta, señor ministro, señorías, hoy se ha dicho aquí varias veces que el proceso de conformación del Estado en estas tres administraciones que conforman el Estado, la central, la autonómica y la local,
no se ha llevado simétricamente. Se ha producido un cambio importantísimo en el país respecto al modelo de distribución competencial a favor de las comunidades autónomas, pero el papel de las corporaciones locales tanto respecto al mapa
competencial como sobre todo a los ingresos es todavía claramente de un rango inferior. Nosotros pensamos que las entidades locales son otra parte del Estado y por tanto hay que hablar más de concurrencia paritaria que de dependencia jerárquica.
Quizás hasta ahora las decisiones de la Hacienda estatal se han tomado en dos foros: el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local. Creemos que habría que inventar un procedimiento mediante el cual las
tres administraciones concurrieran paritariamente en la Hacienda local y decidiesen cómo distribuyen. Somos más partidarios de hablar de participación
que de cesión de tributos, como si fueran de uno que se los cediera a otro, en vez de ser todos copropietarios.
Estamos de acuerdo en los grandes principios -y no vamos a insistir en ello- de suficiencia, equidad y corresponsabilidad que debe tener la financiación, pero en el proyecto de ley que nos presenta el Gobierno hay carencias importantes.
Debe haber una mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y en los de las comunidades autónomas, por lo menos desde nuestro punto de vista; debe reforzarse su autonomía financiera, tanto en tributos municipales o locales
como en tributos compartidos y tasas, y debe recogerse lo que nosotros llamamos principio de diversidad en tanto en cuanto es difícil clasificar a los ayuntamientos tan sólo por su población. Hay agrociudades, hay ciudades con una fuerte estructura
comercial, hay ciudades que son centros de decisión y se está produciendo una distribución de ingresos fiscales muy poco paritaria. En un momento en que las multinacionales están en todas partes pero tributan en pocas, en un momento en que los
grandes tributos recaudatorios -IVA, IRPF o el impuesto sobre sociedades- gravitan sobre las capitales y sobre los centros de decisión, no me parece que haya un sistema justo mediante el cual todos los territorios, sean comarcales o autonómicos,
puedan detraer los tributos en proporción a lo allí realizado como imposición porque hay un desequilibrio grande en esta imposición. Creo que debe recogerse ese principio de diversidad. Una figura como la del municipio turístico -de la que
llevamos tiempo hablando y que alguna vez he mencionado en esta Cámara- es fundamental.
Son municipios que tienen una población flotante muy importante a la que prestar servicios y cuyos ingresos, sin embargo, dependen de la población de hecho.
Hay competencias que los ayuntamientos han tenido que asumir y no tienen los recursos necesarios para ello, por ejemplo, en asuntos sociales, competencias sanitarias básicas, mantenimiento de educación o de colegios; competencias para las que no
disponen de ingresos, pero sí tienen que dar la cara ante los ciudadanos en la prestación de esos servicios.
Señor ministro, la supresión del IAE es la gran figura que provoca este debate y es el cumplimiento de una promesa electoral. Cuando uno decide suprimir un impuesto habría que decidir o bien renunciar a esos ingresos -en el caso de este
impuesto, que era municipal, no parece que el Estado lo haya hecho- o bien solucionar desde el principio cuál es la reforma fiscal que corrija ese impuesto que técnicamente no era correcto y que nosotros somos partidarios de eliminar.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Núñez, le ruego que concluya.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Termino, señora presidenta.
Queda por delante la tramitación, hemos mantenido conversaciones con el Gobierno y esperamos que a lo largo de aquella se resuelvan las incógnitas que tienen los ayuntamientos, que no saben cómo van a recibir esas cantidades que provenían
del IAE, y que se tengan en cuenta algunos matices importantes respecto a diversidad, autosuficiencia y equidad con los que se debería corregir este texto que hoy tenemos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, subo en nombre del Grupo Socialista a esta tribuna para defender la enmienda a la totalidad de devolución presentada por mi grupo al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. A lo largo de su exposición le he venido escuchando, señor ministro, y tengo que decir que ni mi grupo ni este diputado hemos salido de la preocupación que nos embargaba al inicio de la tramitación de
este proyecto y que fundamenta nuestra enmienda de totalidad y de devolución.
Aunque parezca un tema un tanto especializado o restringido, que se centra en un ámbito muy concreto, yo quisiera llamar la atención de la Cámara de que estamos ante algo
mucho más importante, ante un tema que afecta al desarrollo del modelo de Estado que tiene este país; estamos probablemente ante uno de los elementos más importantes de lo que va a ser la estructura o la forma política de nuestro país, porque no
les quepa duda que el encaje del concepto de autonomía local en el marco del Estado de las autonomías va a ser probablemente el asunto de nuestra política territorial del que más se va a hablar, porque estamos en una realidad dinámica, y, por lo
tanto, va a tener una transcendencia más allá de planteamientos electorales en lo que es el futuro devenir político de España y de nuestra sociedad. Me preocupa, y se lo digo sinceramente, porque no vemos ninguna conexión entre el proyecto de ley
de financiación local con lo que debería ser un modelo serio y riguroso de autonomía local. Es más, se lo digo muy abiertamente, cuando el presidente del Gobierno hizo aquel anuncio en el marco de un discurso de hora y media, dedicando trece
segundos a una expresión conocida como la segunda descentralización, que luego se hizo famosa, mi grupo parlamentario, con un afán constructivo, acudió a un diálogo con el Partido Popular, que pretendía además que fuera con todos los grupos
parlamentarios, ofreciendo un pacto local, pero entendíamos que uno de sus contenidos, que trataba de desarrollar algo fundamental para el futuro de España, como es el cierre de
la política territorial, dar cuerpo al concepto de autonomía local, tenía un primer requisito. Hoy en España no se puede decir desde Madrid lo que tienen que hacer las autonomías con los ayuntamientos, porque el Gobierno y el Parlamento
tienen todavía que tomar decisiones que tienen transcendencia directa en el ámbito local, y no se puede hablar de competencias sin hablar de financiación. Por lo tanto, hemos considerado, y así se lo hemos expuesto a su Gobierno y a su partido a
principios de este año, que cualquier planteamiento de descentralización, de profundización de la autonomía local, si quieren ustedes de pacto local, pasa por la negociación del modelo de financiación local y por un consenso. Le hablo además de la
metodología del consenso porque estamos hablando de política territorial, estamos hablando de desarrollo constitucional y, por lo tanto, deberíamos de aplicar la misma metodología de consenso que existe en el ámbito de lo que son aspectos nucleares
de nuestro sistema político, de nuestro orden jurídico constitucional. Se trata además de garantizar la suficiencia financiera.
Yo no vengo hoy aquí a hacer una defensa corporativa de instituciones, sino a hablar de suficiencia financiera. Vengo
a hablar de la función de las ciudades y los municipios. Fíjese que la solución al problema de las ciudades es la solución a los problemas básicos de nuestra civilización, y cuando hablamos de financiación local estamos hablando de garantía de
eficiencia de los servicios públicos y, por lo tanto, estamos hablando de ciudadanas y de ciudadanos. Es decir, el ciudadano es pieza nuclear, elemento fundamentalmente concernido por el proyecto de ley que hoy está discutiendo esta Cámara. Le
digo que este proyecto no está ni a la altura de la importancia del problema ni a la altura del concepto de autonomía local ni a la altura de nuestro tiempo y, sobre todo, tampoco tiene una mentalidad ni responsabilidad de Estado, que es la que
tendría que inspirar un proyecto de este calibre. Estoy preocupado porque no hay modelo territorial en la política del Gobierno, por la falta de cohesión que este proyecto genera, por los desequilibrios que se crean en perjuicio de los pequeños
municipios y por la falta de diálogo y de lealtad institucional que ha habido en la gestación de este proyecto.
Estamos preocupados por el caos y la incertidumbre que generarán el conjunto de medidas que se van a diseñar aquí en relación al
funcionamiento de los servicios municipales básicos. Estoy preocupado porque con este proyecto de ley pierden sin ninguna duda las ciudadanas y los ciudadanos de este país.
Señor ministro, usted viene hoy a la Cámara cabalgando a lomos del caballo de la bajada de impuestos. Se nos presenta como el nuevo Robin Hood, porque en algún momento han pretendido justificar algunas medidas diciendo que les van a subir
los impuestos a otros. Se presenta usted como el Jinete del antifaz, como el nuevo Zorro o como Robin Hood. Lo malo, señor ministro, es que el caballo es falso, radicalmente falso, de cartón piedra, porque su proyecto de ley sube los impuestos.
Usted, señor ministro, es mejor jinete de tiovivos o de carruseles que ministro de Hacienda. De todas formas, como les veo venir y conozco sus intenciones, voy a empezar por exponer los temas en los que existe algún tipo de acuerdo por parte de mi
grupo, para que no haya malas interpretaciones.
Señor ministro, sí a la supresión del impuesto de actividades económicas.
Ahora bien, han tardado, porque se lo habíamos pedido desde hace un año.
Yo mismo en esta tribuna defendí una proposición de
ley que garantizaba una reforma importantísima que beneficiaba sobre todo a los jóvenes, a los pequeños autónomos y emprendedores, a los comerciantes y a los pequeños empresarios; proposición que obtuvo el rechazo de su grupo parlamentario. Esto
ha ocurrido el 18 de diciembre del año pasado y ustedes votaron en contra. Esta Cámara también se lo pidió el 9 de mayo en una resolución del año 2000 y ustedes lo vienen prometiendo desde 1996 en su programa electoral. Por cierto, señor ministro,
para haber tardado seis años, nos presentan un mal texto, podrían haberse esmerado un poco más y, sobre todo, podrían haber hecho mejor las cuentas, el cálculo de costes de las medidas, vinculando más los beneficios, incluso la figura tributaria,
suprimiendo las deficiencias del sistema, aplicando mejor la progresividad fiscal y compensando a los ayuntamientos por lo que van a dejar de percibir o de ingresar, para hacer frente, para pagar, para satisfacer y garantizar el funcionamiento de
los servicios públicos.
Cuando hablo de ayuntamientos estoy hablando de ciudadanos, que es lo que realmente nos preocupa detrás de este proyecto de ley. Hacen falta medios para garantizar la calidad de los servicios públicos y lo que usted provoca
con su dinámica es la asfixia de los ciudadanos poniendo en peligro el funcionamiento de los servicios públicos. Señor ministro, sí a la supresión del impuesto sobre actividades económicas, pero sin trampas.
Su medida tiene trampas, es hipócrita
y, además, pretende engañar a los ciudadanos.
Ustedes inventan -y uso la terminología del proyecto de ley- el bien inmueble de características especiales. ¿Para qué? Para cambiar el IAE por un catastrazo comercial. Ustedes crean un IBI comercial, señor ministro. ¿Soy exagerado?
¿Considera que mis palabras incurren en la exageración? Veamos sus palabras. Recientemente en esta Cámara el señor Jané le preguntaba de qué forma vamos a garantizar que la modificación del IAE en ningún caso suponga un perjuicio o menores
ingresos para las corporaciones locales. Respuesta del señor ministro de Hacienda: Las vías para ello son reformar el conjunto de la tributación local para que las corporaciones locales puedan hacer también un uso cada vez más responsable y con
mayor margen de lo que es la propia corresponsabilidad fiscal y la capacidad de maniobra que les da la actuación en
materia tributaria. Es decir, que los ayuntamientos suban impuestos. Su medida -me lo recordaba un compañero de escaño con gran experiencia municipal, el ex alcalde de Valladolid y diputado Tomás Rodríguez Bolaños-, su planteamiento y sus
palabras son: Yo invito a champán, que paguen los ayuntamientos; yo simulo que bajo impuestos para que otros los suban. Es más, su Gobierno está suplicando a los ayuntamientos para que suban los impuestos. Con esta alternativa que les dan
colocan a los ayuntamientos en una situación delicada: una de dos, o dejan de prestar servicios públicos o tienen que subir impuestos. Esta va a ser la resultante final de su proyecto de ley.
Sí también a la posibilidad de los ayuntamientos de establecer bonificaciones para las familias numerosas en el caso del impuesto sobre bienes inmuebles. Las ordenanzas fiscales, según el nuevo artículo 75.4, podrán regular una bonificación
en este impuesto. Ahora bien, ¿es sujeto pasivo el o la cabeza de familia numerosa que viva en alquiler o es sujeto repercutido? Le pondré un ejemplo. Si es propietario y familia numerosa, puede beneficiarse, efectivamente, de la bonificación con
esta regulación, pero si es inquilino, en ningún caso, porque el IBI se repercute en el recibo de la renta y salvo que el propietario de la vivienda pueda acogerse a la bonificación, el inquilino cabeza de familia numerosa no podrá ser beneficiario
de esta medida. Habría que establecer algún tipo de previsión para que el IBI, en el caso de que el inquilino sea familia numerosa, también tuviera un tratamiento singularizado. En todo caso, a las familias numerosas habría que darles un trato
vinculándolo más a la situación económica, al impuesto sobre la renta de las personas físicas, a la situación o a la calidad de vida y por lo tanto buscar otras figuras tributarias u otros mecanismos mucho más eficaces para favorecer e incentivar a
estas familias.
Ustedes crean lo que podríamos llamar también la exención por causa de apostolado en el impuesto sobre bienes inmuebles, de tal manera que modifican un artículo declarando exentos los bienes inmuebles de los centros privados concertados.
Aquí ustedes hacen una previsión muy clara: por esta supresión o exención del IBI a los centros privados concertados voy a compensar a los ayuntamientos, y ¿quién compensa a los ayuntamientos? Las comunidades autónomas; hayan tenido que ver o no
con las medidas, son las comunidades autónomas las que van a tener que satisfacer aquellas decisiones que por razones confesionales o discrecionales de las propias corporaciones locales estimen que hay que eximir del IBI a los centros privados
concertados.
Hablan ustedes de gravar los inmuebles vacíos con un tipo especial.
Cuidado también en esta materia. Aquí hay un directo planteamiento de subida de impuestos. Esto no está suficientemente aclarado. Además, la medida, tal y como la tienen
redactada, plantea problemas en la gestión tributaria. ¿No sería mejor hablar también de los suelos que se retienen para especular? Porque existe un grave problema en la política de vivienda.
Señor ministro, mi grupo es favorable a la autonomía local de los ayuntamientos para que tengan mayores márgenes de selección de sus prioridades políticas en el ámbito de los tributos locales. Lo que pasa es que ustedes con este proyecto de
ley-trampa les colocan en ese dilema de o dejan de prestar servicios o tienen que subir inevitablemente impuestos. Usted quiere apuntarse la medalla de la bajada de impuestos, pero está disparando con pólvora ajena. Este proyecto de ley además es
una chapuza, es una absoluta improvisación. Al caos que están generando sus presupuestos generales, porque yerran en las previsiones macroeconómicas, en las dotaciones y cuantificaciones de servicios esenciales, quieren que les siga una nueva
situación caótica que extienden hacia todos los ayuntamientos de este país, porque con este proyecto de ley están generando incertidumbre y la están generando porque al día de hoy las corporaciones locales tienen cerradas prácticamente sus
ordenanzas y tienen muy avanzada la elaboración de sus propios presupuestos. ¿Qué consejo les da, señor ministro, a los ayuntamientos españoles hoy? ¿Qué cumplan la ley vigente, qué aprueben en plazo sus ordenanzas y presupuestos o qué esperen con
los brazos cruzados a ver cuáles son las futuras ocurrencias del Gobierno de aquí, de este trámite, a que esta ley llegue al Boletín Oficial del Estado cuando pase por el Senado y vuelva a la Cámara para ratificar las enmiendas que el Senado se
digne a introducir? Su proyecto carece de previsiones, de cálculos económicos y además de espíritu democrático. Niegan toda información y toda posibilidad de proyectar o de calcular las consecuencias económicas de estas propuestas. ¿Cuál es la
cuantía? Usted ha hablado de que habrá una cuantía a través de un crédito ampliable que todavía no sabe cómo definir. Dice: vamos a hablarlo con alguien, con la FEMP. Si hablan como lo han hecho hasta ahora, hasta el momento a la FEMP le han
tirado a la cara un proyecto de ley cuatro días antes de que fuera al Consejo de Ministros y ni siquiera lo que fue a Consejo de Ministros coincidía en su literalidad con lo que les entregaron cuatro días antes. Si el modelo de diálogo que tienen
es ese, es tremendo, pero lo que me parece una irresponsabilidad mayúscula es tomar determinadas decisiones fiscales sin haber hecho antes el trabajo práctico, el análisis, el cálculo de esa cuantía del crédito ampliable. ¿Dónde van a ubicar ese
crédito ampliable? ¿Cómo y cuándo? Me parece todo un disparate porque traen ustedes este proyecto de ley, la ley de medidas de acompañamiento o los Presupuestos Generales del Estado permanentemente cosidos con alfileres y nos quieren llevar a
todos a ver las soluciones el último día, cuando esta Cámara no tenga
ninguna posibilidad de discutir esas medidas y, por tanto, sean inevitables las consecuencias en perjuicio de los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, le ruego vaya concluyendo.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, voy concluyendo.
Señor ministro, esa es una metodología lamentable y, sobre todo, no está a la altura de las circunstancias de un tema tan importante, que tiene que estar conectado a algo que es clave para nuestro ordenamiento jurídico o para nuestra
política como es el modelo de política territorial. ¿Cuánto cuesta la supresión del IAE? ¿Cuánto va a aumentar la recaudación del impuesto sobre sociedades, por ejemplo, al desaparecer la deducción que se aplica por el impuesto de actividades
económicas? ¿Qué significa el nuevo epígrafe del IAE para los operadores móviles? ¿Qué alcance y previsiones de recaudación, qué mecanismos de nivelación se crean? ¿Cómo evitar la discriminación entre pequeños y grandes ayuntamientos? Faltan
datos territorializados porque crean aquí un mecanismo nuevo de participación en los ingresos del Estado, pero no le han dado a ningún ayuntamiento la más mínima información de los datos territorializados del comportamiento de las diferentes figuras
tributarias. Se han negado a dar esos datos y, por tanto, es imposible calcular cuál es el escenario y las consecuencias económicas de este proyecto de ley.
Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, este proyecto es una absoluta chapuza que además ha incurrido en una deslealtad institucional descomunal. Lo aprobado por el Consejo de Ministros no coincide con lo que se
entregó a la FEMP, pero en 2001 la propia Federación Española de Municipios y Provincias ya se quejó al Gobierno por la falta de información. Es más, ustedes mienten, porque en la exposición de motivos hablan de una comisión técnica que se crea
para evaluar los trabajos preparatorios del proyecto, comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma, de la que han seguido, dicen en su exposición, muchas de sus indicaciones. Radicalmente falso, señor ministro. No asumen ustedes
ninguna de las indicaciones de esa comisión técnica. Podemos hacer el ejercicio práctico de comparación. Pero es que además le han negado información a esa comisión técnica para que pueda hacer su trabajo, no ha podido trabajar, no han sido
ustedes leales, no han dialogado con la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo ha dicho recientemente la propia comisión de haciendas locales de la FEMP, lo han dicho las federaciones territoriales en comunicado conjunto.
Este
planteamiento ha sido criticado por la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, por la Federación de Municipios de Cataluña, por la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, por la Asociación Aragonesa de Municipios, etcétera.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, le ruego finalice ya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señora presidenta, ya voy finalizando.
Tienen ustedes soliviantado a todo el ámbito municipal, que es la mejor prueba y demostración de que aquí no ha habido la más mínima lealtad institucional.
Finalizo, señora presidenta. Señor ministro, muy seriamente, se lo decía al principio, la financiación local es un tema nuclear y clave del modelo de Estado que queremos, es un tema nuclear y clave para definir el futuro de la autonomía
local en el ámbito del Estado de las autonomías. Por tanto, debe ser objeto de un pacto con todos los grupos parlamentarios oyendo la voluntad del municipalismo, de la Federación Española de Municipios y Provincias, oyendo también a las comunidades
autónomas, que son las que en última instancia tienen que concretar los desarrollos futuros y la configuración de ese concepto de autonomía local, en clave de diálogo y de coordinación. Ustedes son un peligro, se lo digo abiertamente, para el
concepto constitucional de unidad de España, para el concepto constitucional de esa unidad plural, porque no tienen política territorial. Le propongo un pacto, señor ministro: aprobemos la supresión del impuesto de actividades económicas,
suprimámoslo ya, con efectos de 1 de enero de 2003. Esta es una decisión que se puede tramitar dentro de este trimestre. Compensemos simultáneamente por el coste de esos 300.000 millones de pesetas -más de 1.800 millones de euros- que dejan de
ingresar los ayuntamientos, demos a esa compensación un carácter consolidado, no por un año, sino con carácter duradero -podríamos consolidar la compensación integrándola en la participación en los tributos del Estado-, y retire el resto del
proyecto. Usémoslo como base para la negociación de un nuevo modelo de financiación local. Abra la negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias y con los grupos parlamentarios y no imponga un trágala autoritario, una
improvisación y un caos que sólo va en perjuicio, señoras y señores diputados, señor ministro, de los ciudadanos y de la calidad de los servicios públicos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Cuesta.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, durante la república romana los romanos, los hombres -desgraciadamente la política la hacían solamente los hombres- del Lacio plantearon que a senador en el Senado de la república romana no podía llegar cualquiera, en virtud
de no sé qué cosa, sino que tenía que ir a través de una serie de escalones, de puestos, donde se cogiera experiencia. Era lo que se conocía como el cursus honorum o carrera senatorial. El objetivo no era otro que quien llegara a senador hubiera
sido edil, pretor o cuestor, y cuando fuera senador no dijera tonterías sobre las cosas de los municipios, o sobre las cosas de la hacienda por haber sido cuestor, o de la justicia por haber sido pretor.
Señorías, en esta democracia que nos hemos dado no hace falta llegar a hacer todos ese curso, basta sencillamente con tener el respaldo popular.
Sin embargo, sería muy conveniente que las leyes que afectan a instituciones del Estado
distintas de las que podemos representar aquí en un momento determinado no solamente se encargue su redacción a sesudos profesores de la escuela del señor Montoro, o a sensatos hombres ilustres de la escuela del señor Rato, sino que si estamos
hablando de municipios se encargue también a gente con práctica y con conocimiento del municipalismo.
El señor ministro sin duda me podrá dar un listado de hombres y mujeres conocedores del municipalismo que han ayudado a redactar este proyecto de ley, no lo pongo en duda. Desde luego hay un tufillo de desconocimiento de la práctica y de la
realidad municipal en todo el proyecto de ley, pero no pongo en duda que ustedes hayan utilizado personas versadas en el municipalismo para redactar el texto, lo que pasa es que yo le tendría que decir que son personas que practican un municipalismo
del ancienne régime, que es la forma más educada que le puedo decir del anterior régimen, del franquismo. No quiero entrar en juegos de otras fuerzas políticas porque no es mi estilo, sino decirle que está hecho por alguien que concibe los
ayuntamientos como se concebían en el anterior régimen, es decir, unos ayuntamientos tutelados, unos ayuntamientos ramificaciones del Estado, unos ayuntamientos gestores de los terminales de la Administración central. Esa es toda la filosofía que
recorren, y con ese pensamiento, señor Montoro, es lógico que ustedes traigan aquí una ley digna de un nuevo despotismo ilustrado, fíjese que le hablo incluso de ilustrado, es aquello de todo para el pueblo pero sin los pueblos, todo para los
ciudadanos pero sin las ciudades y sin los ayuntamientos.
Ustedes han decidido saltar por encima de los representantes legítimos de los ciudadanos en los ayuntamientos para decidir sobre ellos sin tener en cuenta a los ayuntamientos, algo así como:
invito a copas a los ciudadanos españoles pero que paguen los ayuntamientos, y así da gusto.
Ustedes se han subido en sus púlpitos preelectorales o electorales y se han dedicado a decir, urbi et orbi: Ciudadanos y ciudadanas españoles ved cómo el generoso Aznar, alcalde mayor de todos los ayuntamientos de España ha decidido quitar
los impuestos que tenéis que pagar a los ayuntamientos; lo que le decía antes, ha decidido invitar a copas pero que paguen los ayuntamientos. Le están diciendo ustedes a todos los españoles: Ved cómo el generoso Aznar -que si la media europea de
dedicación a la vivienda pública es de cien dedica solamente nueve- ha decidido que a partir de ahora no solamente se bonifique con el 50 por ciento los tres primeros años de la VPO sino que se pueda bonificar por toda su vida; ved cómo el generoso
Aznar, que aquí trae planes y planes de mantenimiento de las energías más clásicas, más antiguas y más contaminantes, ahora se pone, a costa del bolsillo de los ayuntamientos españoles, a ser generoso y a bonificar las instalaciones de energías
alternativas; ved cómo el generoso Aznar -si fuera verdad que está rebajando la presión fiscal cuando los datos dan que desde que gobierna el Gobierno del Partido Popular toda la presión fiscal ha aumentado en este país un 1,7 por ciento- no
solamente baja los impuestos a nivel del Estado, que digo que es mentira, y ahí están los datos, sino que además ha decidido bajarles los impuestos a los ciudadanos ya que los ayuntamientos no lo hacen. Señorías, me parece de una tremenda cara dura
política después de que aquí se haya aprobado, contra la opinión mayoritaria de los ayuntamientos españoles, una Ley de estabilidad presupuestaria. Primero se les dice: ustedes no pueden endeudarse y luego se les quitan ingresos por impuestos e
incluso impuestos.
Señorías, estamos pasando de la involución autonómica a una involución municipal. Para ustedes no hay más Estado que el de José María o san José María y cierra España; ustedes tienen una concepción de Estado centralista que para hacerlo
tal cual está demandando de una práctica autoritaria, señor ministro. ¿O no es práctica autoritaria las formas con que ustedes se han rodeado para la gestación de esta ley, señorías? Primer flash de la gestación de esta ley: al candidato a la
presidencia del Gobierno se le calienta la boca y dice que va a quitar el IAE, pero en lugar de coger, que fue una de las grandes medidas en su campaña electoral, y ponerse a trabajar una ley en seriedad con los ayuntamientos, no flirteando con una
comisión que se le engaña, se le quita información, se le cambian los informes, no, no, con seriedad. En lugar de ir haciendo una nueva ley de Haciendas Locales, que se está demandando, ustedes la olvidan, y cada vez que se les pregunta aquí -está
lleno el 'Diario de Sesiones' de esos mecanismos de control-, ustedes hacen cavilaciones, dicen que se está estudiando. Por último, señoría, lo que ha dormido tres años hay que aprobarlo en tres días, no se ha negociado, ahí están todos los
documentos y las declaraciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y la
propia realidad, no se ha informado. Aquí hay distintos portavoces que han denunciado no solamente que no se ha informado sino que se ha engañado a distintos componentes de todo este proceso, y ahora nos vienen con un trámite de urgencia.
Y lo que es peor, señorías, es que todo esto se hace, esta ley necesaria de Haciendas Locales, indistintamente del contenido, en el peor momento para los ayuntamientos españoles. Sin duda para ustedes, desde el punto de vista electoral o
preelectoral es el mejor momento, sin duda, señor Montoro, lo habrán estudiado y sin duda les vendrá bien. Pero para los ayuntamientos, es que acaban ustedes de lanzar la pelota cuando están subiendo a la red, que es el peor momento que un jugador
de tenis tiene en un partido, y ustedes les están pillando a contrapié, como diciendo: Miren ustedes como se la voy a colar, cómo le he engañado. Señor ministro, están haciendo sus presupuestos. ¿Qué ponen en los presupuestos? Con la ley actual
tienen que poner: Previsión de ingresos de IAE, tienen que ponerlo, por mucho que aquí estemos discutiendo ellos tienen que ponerlo y, en virtud de eso, tienen que colgar ahí determinados gastos.
Cuando salga de aquí lo que salga, que veremos lo que sale, señor ministro -ahí está el antecedente del decretazo-, ¿qué hacen los ayuntamientos, señor ministro? ¿Disminuyen ingresos, cambian partidas...? Señor ministro, ¿se compromete
aquí, sube y dice que para el año 2003 y sucesivos, sucesivos con el año 2004, a partir de la participación en los cestos de los impuestos, se compromete, digo a que en el año 2003 todos los ayuntamientos españoles van a tener asegurada la misma
cantidad, vía Presupuestos Generales del Estado, que pierden por el IAE? Ministro, dígame si usted se compromete aquí, desde la tribuna, a decir que todos los ayuntamientos, menos los pícaros, que en los últimos años han subido muchísimo el IAE -a
esos no, estaría de acuerdo con usted-, vía Presupuestos Generales del Estado van a tener el mismo dinero, van a recibir la misma cantidad. Si es así y usted se compromete, en nombre de mi grupo retiro la enmienda a la totalidad, aunque la enmienda
a la totalidad no sea simplemente por el tema del IAE, si usted se compromete aquí que vía Presupuestos Generales del Estado van a tener la misma cantidad, van a recibir la misma cantidad. Es más, señor ministro, me puedo comprometer, en nombre no
de mi grupo parlamentario sino del grupo político de Izquierda Unida que los alcaldes y alcaldesas, los pocos o los muchos, poquitos, que habemos en el Estado español de Izquierda Unida, si usted asegura, garantiza, que en los Presupuestos Generales
del Estado hay cantidad suficiente y van a recibir la misma cantidad, le puedo asegurar que inmediatamente nuestros ayuntamientos congelan la cantidad de recaudación por el IBI, van a congelar la misma cantidad que el año pasado, con lo cual, señor
mío, en todo caso es descender hasta los impuestos, en la misma línea de lo que usted está planteando. Pero, señor ministro, suba aquí y comprométase, pero no puede. No va a subir y no se va a comprometer. Ojalá se comprometiera, señor ministro,
yo sería el primero en alegrarme. No puede aceptar ese compromiso porque no es un problema de dinero. Ustedes tienen un problema de concepción política, su concepción del Estado, y a partir de la concepción del Estado, la concepción de cómo están
las relaciones entre Estado central, Estado autonómico y los municipios. En esa concepción de Estado no tiene cabida la suficiencia financiera recogida en el artículo 142 de la Constitución.
Con esta nueva ley, que era necesaria y que se
demandaba, ustedes no garantizan la suficiencia financiera, ni garantizan la autonomía de los ayuntamientos, muy al contrario -y luego se lo explicaré-, ni garantizan la estabilidad de los recursos municipales. Señor Montoro, con esta ley, y así lo
ha denunciado la Federación Española de Municipios y Provincias, no dan respuesta a los gastos de suplencia. Cerca de tres de cada diez pesetas que se gastan en un ayuntamiento es para cubrir servicios y competencias de educación, de sanidad, de
servicios sociales, y otros que no son competencia municipal, sino que por la práctica se le han ido transfiriendo y obligando por la vía de los hechos consumados desde las comunidades autónomas y desde la Administración central. Señor ministro, en
su concepción de Estado no tiene cabida una salida constructiva de Estado para los ayuntamientos. La salida que les dejan a los ayuntamientos no es otra que la que dijo usted en el Pleno de 2 de octubre. En el 'Diario de Sesiones' 192, página
9.516 dijo: Que los ayuntamientos aprovechen la capacidad de maniobra que les da la actuación en materia tributaria. Blanco es, la gallina los pone, en la sartén se fríen y por la boca se comen. Que suban los impuestos. Ustedes dicen que suban
los impuestos, pero luego vendrán los candidatos y las candidatas del Partido Popular, por ejemplo, y dirán: Fernández Díaz acusa a Clos de querer ahogar a los barceloneses con impuestos. Y no es que Clos me caiga muy bien. O la portada de La
Vanguardia, el gran candidato de todos los ayuntamientos de España, señor Aznar, dice: Los ayuntamientos socialistas fríen a los españoles a impuestos o los alcaldes socialistas se dedican a subir los impuestos. Tampoco pasaré yo a la pequeña
historia por ser el gran defensor de los socialistas, ni mucho menos, pero no se puede ser así. No se puede por un lado querer la Ley de estabilidad presupuestaria, quitar determinados impuestos, que luego le diré que estoy totalmente de acuerdo
con usted en quitar ese impuesto, y al mismo tiempo mandar a sus candidatos, a sus candidatas y a su artillería pasada... pesada -perdón en lo de pesada y lo de pasada- a decir: Se dedican a subir los impuestos. Eso no es sólo filibusterismo
gubernamental, eso es dejar en gente ética a los trileros de la calle Sierpes, y que perdonen los trileros
de la calle Sierpes por la ofensa. Me imagino que el señor Merino entre preparar la iniciativa de hoy y su candidatura no ha podido salir en Córdoba a decir que doña Rosa Aguilar se dedica a freírles a impuestos, pero estoy esperando que de
un día para otro lo haga. No obstante, señor Merino, como sé que esta es su última intervención y usted se va a dedicar a la noble lucha electoral, desde mi grupo y desde mi persona le reconocemos su trabajo y su buen hacer. No le deseo el buen
resultado final por razones obvias, pero es de bien nacido reconocer su trabajo en un momento determinado. Como decía, si ustedes están encajonando a los ayuntamientos, no se les puede decir luego que suben los impuestos, porque dirán: Si no me
deja otra manera de actuar.
Descendiendo al infierno de este proyecto de ley, primero se dice que lo que se quita del IAE de ingresos se les va a compensar a los ayuntamientos con la participación en una cesta de impuesto muy similar a la que tienen las comunidades
autónomas. Pero, señor Montoro, eso entra en vigor el 1 de enero de 2004, si entra en vigor. ¿Y en 2003 qué? El lugar, señor Montoro, no es el impuesto de actividades económicas, sino en la parte de la PIE, la participación en los ingresos del
Estado que usted le quita. Señor Montoro, los ayuntamientos lo van a pasar muy negro a partir de ahora, porque hasta ahora su participación en los ingresos del Estado subía según el PIB nominal, el crecimiento más la inflación; a partir de ahora
va a subir conforme suba la recaudación, y si ustedes por una vez hacen verdad aquello de bajar los impuestos, van a bajarles también los ingresos a los ayuntamientos. O si ustedes desvían impuestos indirectos hacia tasas, pues también van a perder
esos niveles de recaudación.
Paso al segundo elemento en lo concreto de este proyecto de ley. Ustedes se dedican a decir: invito a copas, pero que paguen los ayuntamientos, exenciones, bonificaciones, mejoras. Deje a los ayuntamientos. Pero me dirán: pero si los
ayuntamientos pueden ponerlo. Se está generando la dinámica de a ver quién es el bonito o la bonita que no aplica las bonificaciones que vienen en esta ley. Hay una presión social que se está generando en ese sentido. Me dirá usted, por ejemplo,
y creo que algo ya se ha dicho aquí: la exención de los IBI destinados a centros docentes acogidos al régimen de concierto educativo deberá ser compensada por la Administración competente. ¿Se entiende Administración competente a las comunidades
autónomas? ¿Qué dicen las comunidades autónomas? ¿Les ha preguntado usted si están dispuestas a compensar o tendrán que estar en pleito los ayuntamientos con ellas?
Por otro lado dice que se va a subir o se puede subir una determinada cantidad del impuesto sobre construcciones, pero la tasa se descuenta.
Señor ministro, a partir de este momento le puedo decir que la mayoría de los ayuntamientos, por no
decir la totalidad de los ayuntamientos de las grandes ciudades, van a perder dinero al descontar los ingresos por las tasas, porque ya están casi en el máximo todos. Usted me podrá decir: Es que eso va a beneficiar... ¿A quién? ¿De verdad se
cree usted que lo que bajan ustedes en tasas de licencias de obras va a repercutir sobre los compradores de la vivienda o va a beneficiar a los promotores? ¡Por Dios, señor ministro! Que se lo explique el señor ministro de Fomento, que sin duda en
el tema de la vivienda tiene más práctica que usted. ¿Qué se entiende por inmueble desocupado? ¿El del IRPF, 180 días? Además, como se le permite la segunda residencia, si yo tengo un chalé en la sierra y tengo un piso en la ciudad, pues digo que
vivo en la ciudad y el chalé en la sierra es segunda residencia. Los ayuntamientos no controlan los catastros. Le puedo decir que el centro de gestión catastral no está en condiciones hoy día de decir qué viviendas están ocupadas y qué viviendas
están desocupadas. ¿Se va a crear un cuerpo de inspectores de viviendas? Sobre todo es curioso. El otro día leía un artículo me imagino de uno de los suyos, el director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, Miguel Ángel Sánchez Sánchez,
en El País. Decía: Vamos a fijar un tipo y a las viviendas ocupadas les vamos a rebajar. No, hay que ver lo que es la perversión del lenguaje. Se va a fijar un tipo y a la vivienda desocupada se le va a subir, que es distinto. Es lo mismo, pero
sin embargo es como venden ustedes. Dígame, señor ministro, cómo se va a hacer en ese sentido. Hablando de catastro y de censo, ¿qué hacemos con los equipos de gestión censal que hay en los ayuntamientos -que en ayuntamientos medios, de capital de
provincia, son diez o doce funcionarios o funcionarias, que están trabajando para poner al día, mediante una buena inspección y un buen control, y para fijar todos los niveles del IAE- ahora que usted ha suprimido el IAE, bien suprimido, señor
ministro? Le pido, señor ministro, que amplíe el plazo para poder renunciar los ayuntamientos a los equipos censales. Estaba fijado hasta el 1 de octubre, amplíe el plazo para renunciar a los equipos censales.
¿Qué interés tiene para ellos ver,
vigilar, todo el censo en un momento determinado del impuesto sobre actividades?
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rejón, le ruego vaya concluyendo.
El señor REJÓN GIEB: Voy concluyendo, señora ministra.
Un minuto de tiempo es tiempo, como decía María Antonieta.
Señor ministro, en cuanto a municipios pequeños, municipios grandes, los municipios grandes van a verse compensados con una subida del IAE en los tramos altos. Los municipios pequeños no tienen desgraciadamente esos tramos del IAE. En
cuanto al IAE, era necesario, pero era un impuesto que castigaba sin duda al
que tuviera más trabajadores y trabajadoras, pero el que usted rechace un mal impuesto de la época socialista no significa que lo que usted traiga sea bueno. La negación de una cosa negativa no es un sí afirmativo, señor ministro. Desde
luego, reconociendo que hay cosas muy interesantes en las exenciones y bonificaciones que usted plantea, que deben permanecer, habría que rebajar sin duda, señor ministro, buscando más la media de los cotizantes del IAE, el tope del millón de euros
de beneficios.
Lo que me preocupa, sobre todo, señor ministro, es con qué se va a compensar a los ayuntamientos españoles. Mi grupo parlamentario coincide plenamente con la propuesta que hace Convergència i Unió de que determinadas cantidades sigan
pagando el IAE y descuenten del impuesto de sociedades cuando tengan que pagar a la Administración central. Entonces sería verdad que, además de invitar a copas, las pagan ustedes.
Para mi grupo parlamentario, la salida es que usted retire un proyecto de ley que no se ha negociado con las partes; el decretazo se tocó con los sindicatos, al menos en algunos aspectos. Negocie; no hay prisa, salvo sus prisas
electorales. Hágase bien; lléguese a un IAE que fije la exención en la media. Estoy de acuerdo con todas las bonificaciones que propone usted. Sobre todo, dé garantías a los ayuntamientos.
Termino, señor ministro. Ustedes han demostrado en algunas cosas, como las privatizaciones, que son maestros en tirar con pólvora ajena; si siguen adelante con este proyecto de ley demostrarán que son maestros en tirar con pólvora del
primo de los dueños de la ajena, es decir, de los ayuntamientos.
Termino, ya de verdad. Los señores de Castilla les recordaban a los jóvenes reyes, en el momento del juramento: Recordad, señor, que sois igual que nos, y todos juntos más que vos. Pues bien, recuerde el señor ministro que todos los
ayuntamientos españoles son muchos más que él; y, si no, al tiempo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Rejón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
La defensa de las enmiendas a la totalidad que he oído me impone la obligación de contestar desde esta tribuna. Lo haré de la manera más breve y sintética posible, sin repetir los argumentos en defensa del proyecto de ley que trae el
Gobierno a la Cámara.
Quiero insistir en dos grandes elementos. En primer lugar, el proyecto de ley de Haciendas Locales responde a una concepción del Estado descentralizada desde el punto de vista administrativo y, en definitiva, a un Estado configurado en
España en el que haya una descentralización política muy importante, la propia del Estado de las autonomías, y donde las corporaciones locales jueguen un papel fundamental, que tiene que ir a más en el futuro. Por eso el Gobierno está impulsando la
segunda descentralización y, en definitiva, el trasvase de competencias y de recursos presupuestarios desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos, cuestión que es fundamental para que la vertebración política del Estado en España se
complete, a partir del proceso de descentralización autonómica, que ha sido muy importante, que hemos avanzado decisivamente en esta legislatura, en la legislatura en la que el Partido Popular ha gobernado España con mayoría absoluta, en la
legislatura en la que hemos aprobado una financiación autonómica, de acuerdo con todas las comunidades autónomas, también de acuerdo con las gobernadas por el Partido Socialista, y en contra del Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación de la
Ley de financiación autonómica en esta Cámara, señorías, que fue el colmo de las paradojas políticas, una más que no revela más que la posición incoherente y endeble del Partido Socialista cuando llega la hora de la verdad, que es la hora de la
estructuración del Estado en España, de la definición de la descentralización política y administrativa; la hora de la verdad, que es la de la fijación de las fuentes de financiación de ese Estado descentralizado desde el punto de vista político y
administrativo. Esa es la auténtica realidad: la carencia que tienen muchas de SS.SS. de un modelo de descentralización política en nuestro país, un modelo que se atenga a los principios de la Constitución; una cosa es lo que puedan tener SS.SS.
en la cabeza, que no se atiene a los principios de la Constitución española -allá SS.SS. con sus planteamientos políticos-, y otra cosa muy distinta es vertebrar un Estado descentralizado en nuestro país desde el punto de vista político y
administrativo y avanzar nada menos que en la definición de la financiación estable y segura, sólida de las políticas que dependen de nuestras corporaciones locales.
En segundo lugar, quiero insistir en que hay una diferencia muy clara entre las políticas que propugna el Partido Popular y su Gobierno, y que trae de nuevo a la Cámara esta mañana, que son las políticas de reducción de los impuestos a los
españoles, señorías. Hay grupos políticos en esta Cámara que sistemáticamente, una por una, se oponen a todas las bajadas de impuestos que trae el Gobierno a esta Cámara, señorías, una por una.
Se han opuesto a la bajada de los impuestos de las
pequeñas y medianas empresas; se han opuesto a la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el año que viene y se han opuesto, tal como están defendiendo SS.SS. esta mañana, a esta nueva bajada del impuesto sobre actividades
económicas. No es válido que suban a esta tribuna a decir que están de acuerdo con la supresión del IAE, pero de otra manera.
Señorías, seamos serios y coherentes. El Gobierno trae la supresión del IAE para 2.100.000 contribuyentes y hay que explicarles, a esos ciudadanos que no van a pagar el impuesto sobre actividades económicas el año que viene, que en esta
Cámara hay grupos políticos, encabezados por el Grupo Socialista, que se están oponiendo a ello.
El señor Cuesta ha dicho esta mañana que está de acuerdo con suprimir el IAE. Señorías, traemos aquí una propuesta de supresión del IAE, déjese usted de pactos y acuerdos y retire la enmienda a la totalidad. Ese es el pacto, señoría. Deje
usted, señor Cuesta, a sus ayuntamientos dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias que negocien con el Gobierno de España las enmiendas a este proyecto de ley de Haciendas Locales para perfeccionar ese sistema y esa financiación
local. Permita usted a sus ayuntamientos, a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista -que fundamentalmente están de acuerdo con este proyecto de ley- que negocien con el Gobierno importantes contenidos de ese proyecto de ley en la
tramitación parlamentaria. Pero el Partido Socialista vuelve, en definitiva, a utilizar a sus gobiernos -en este caso a sus gobiernos municipales- para hacer oposición al Gobierno de España. Ese es un craso error político, señoría, que ustedes
intentaron hacer en la financiación autonómica. No les salió porque se les rebelaron sus gobiernos autonómicos y ahora lo vuelven a plantear estratégicamente en la financiación local. (Aplausos.) Esa es la única verdad de esta enmienda a la
totalidad que presenta esta mañana el Partido Socialista.
Por tanto, señor Cuesta, ese es el único pacto que cabe hacer aquí y es que usted retire una enmienda a la totalidad que carece de sentido, que usted retire una enmienda a la totalidad que
se opone a la supresión del IAE y permita que haya una negociación política en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Senado para llevar adelante la tramitación parlamentaria de aquellos cambios que dicha federación
decida que pueden y deben incorporarse a este proyecto de ley; posición frente a la que el Gobierno está abierto.
En lo que se refiere a la seguridad de financiación a los ayuntamientos, puedo darla esta mañana, como ya he dicho en mi primera intervención. En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 hay un crédito ampliable y, por tanto,
sólo nos falta precisar la cuantía del crédito ampliable para compensar a los ayuntamientos de la merma de recaudación del impuesto sobre actividades económicas. Esa compensación se adicionará a las compensaciones que se derivan de la vigencia de
la actualización del IAE y de dicha vigencia de actualización para las empresas de telefonía móvil. Por tanto, señorías, hay elementos suficientes para compensar, y puedo afirmar hoy desde esta tribuna que no habrá ayuntamientos perdedores en la
nueva operación financiera de las haciendas locales. Lo que sí habrá será órganos de gobierno municipales que se oponen a la supresión del IAE y lo hacen por razones políticas.
Esa es la única verdad que tenemos que explicarles a los ciudadanos,
señorías, que hay gobiernos municipales que por hacer oposición al Gobierno de España se oponen a la supresión del impuesto sobre actividades económicas, que hay grupos políticos en esta Cámara que se oponen a la supresión del impuesto sobre
actividades económicas y no a la reforma de la financiación local. Cuando SS.SS. comprueben en los años sucesivos que hay una compensación eficaz en los presupuestos de los ayuntamientos a través de los presupuestos del Estado -puesto que hay un
crédito ampliable que obviamente no es una aportación de un año sino que es una aportación recurrente a la financiación territorial, a la financiación local de España- podrán decirles después a esos ciudadanos que tenían los recursos presupuestarios
pero que se opusieron a la supresión del impuesto sobre actividades económicas, que es lo que acaban de hacer, señorías, una vez más, esta mañana.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
¿Algún grupo enmendante desea intervenir? (Pausa.)
Señor Puigcercós, sabe que dispone de un minuto.
El señor PUIGCERCÓS Y BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, como diría Louis Van Gaal, es usted muy malo. Se lo he dicho, esto es una chapuza, y ustedes lo saben. Tenían dos años para hacerlo y no lo han hecho. Podían haber negociado, buscar las bases de un modelo estable de
financiación que a base de la equidad estableciera modelos de participación en cestas para todos y no crear dos velocidades.
Ustedes las están creando y están penalizando a aquellos entes locales que por iniciativa propia pueden buscar fórmulas de
participación en el impuesto de sociedades, en el IVA, para compensar su esfuerzo en captar inversiones, en captar negocio, no lo han hecho. No es una descentralización, lo que ustedes hacen es que el Estado controle aún más las subvenciones -en
forma de subvención, de participación de los impuestos- de los ayuntamientos.
Le vuelvo a repetir para acabar, este modelo que tienen ustedes es radial, es: participación del Estado con las comunidades y otra vez paralelo participación con los entes locales. Lo lógico hubiera sido ceder a las comunidades autónomas y
éstas a los entes locales, pero ustedes como Estado tenían que haber cedido.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, está claro que al centrar usted la defensa del proyecto de ley del Gobierno en el tema del IAE descalifica esencialmente el proyecto del Gobierno. Si el proyecto del Gobierno tuviera otra trascendencia mayor se dedicaría a
combatir y contradecir los argumentos que les dimos, pero usted no rebate los problemas que nosotros anunciamos que va a provocar la ley. En concreto cuando afirma que exclusivamente nadie va a perder, quiere decir que hay muchos que no van a
mejorar y entonces tendremos los mismos problemas que tienen las haciendas locales hoy en día, pero agudizados, porque hay algunos que sí van a tener que recurrir o bien a ser pedigüeños o bien a plantear temas alternativos para poder sufragar
gastos que tenían hoy por hoy perfectamente cubiertos.
No se trata de un debate sobre el IAE, que para tranquilizarle quiero decir que en concreto los ayuntamientos que pueda gobernar el Bloque Nacionalista Galego lo van a retirar, sino sobre el conjunto de las medidas fiscales, si son adecuadas
o no para todos los ayuntamientos del país, no solamente para los grandes o para los que son capitales de provincia. Este es el tema de discusión básico y el argumento en el cual nos basamos para oponernos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro, con toda cordialidad y sin ánimo de ofenderle, la verdad es que me ha dejado usted una vez más perplejo después de escucharle.
Ahora parece ser que
los inventores del Estado de las autonomías son ustedes. Me parece que algo tendremos que ver los demás en lo que es la construcción del Estado de las autonomías, su diseño constitucional, su desarrollo posterior en diálogo con las comunidades
autónomas.
Pienso que usted se ha dejado guiar por una concepción absolutamente superficial de la política, y me parece que un ministro de la nación no puede incurrir en superficialidades y en falsedades como ha hecho usted.
Estamos hablando, y se lo
decía al señor ministro, de un tema que es de vital importancia, que es la configuración territorial de España y que es incardinar el modelo definitivo de lo que es la autonomía local en el marco del Estado de las autonomías, y con este proyecto de
ley ustedes se alejan radicalmente.
Les hemos propuesto un método hace mucho tiempo de hacer las cosas, y es que cualquier acuerdo de pacto local tiene que hablar de financiación local. No se puede hablar de competencias y no hablar de financiación local. Ustedes traen aquí
un planteamiento absolutamente deshilachado, irresponsable, frívolo y además incurriendo en tremendas improvisaciones.
El método dice mucho. Ustedes aquí han toreado, han engañado, a la Federación Española de Municipios la han estafado radicalmente. No se puede venir a sostener el tipo de falsedades que acaba usted de pronunciar en esta tribuna. Señor
ministro, el único grupo parlamentario que en esta legislatura trajo a la Cámara una proposición de ley articulada, cuantificada, de supresión del impuesto de actividades económicas, ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Otros grupos han
planteado otro tipo de iniciativas, mociones, proposiciones no de ley, etcétera, pero nosotros hemos traído a esta Cámara una proposición de ley muy ajustada y rigurosamente analizada; ustedes la rechazaron y ahora traen una propuesta. Yo se lo he
dicho claramente: retire el proyecto para negociar la financiación local en el contexto de ese pacto local, oyendo a los ayuntamientos, pero también oyendo a las comunidades autónomas, porque ustedes no se han dignado a escuchar su voz en esta
materia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Aprobemos con carácter de urgencia, inmediato, para que entre en vigor el 1 de enero de 2003, la supresión del impuesto de actividades económicas, eso sí, garantizando a las corporaciones
locales la capacidad de gestión y de prestación de los servicios públicos.
Señor ministro, es irresponsable venir a esta Cámara, proponer medidas fiscales y por dos veces sostener que aún no hizo los cálculos para conocer a cuánto ascienden las consecuencias de esta medida. ¿A cuánto asciende el crédito ampliable
del que usted nos habla? Dígalo esta mañana, comprométase, hable usted de alguna cantidad ante esta Cámara. ¿O pretende meterlo de tapadillo por debajo de alguna mesa camilla? Sería un insulto al Parlamento. Señor ministro, me parece que su
planteamiento carece de rigor.
También podría hacer un juicio de intenciones sobre la política fiscal del Gobierno, porque ustedes están pidiendo a los ayuntamientos que suban los impuestos. ¿Qué hay detrás de su afirmación de que aumenten el recorrido fiscal? Le voy a
hacer una reserva mental. Personalmente me cuesta mucho trabajo pensar que determinadas personas que por tener una sociedad instrumental sólo están pagando el IAE y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, como el señor Piqué, dejen de pagar
ahora el IAE y prácticamente paguen sólo el impuesto por el vehículo de motor; cuesta pensar que el señor Piqué, que el único impuesto que pagaba era el IAE, deje de pagarlo.
Estoy de acuerdo en suprimir el impuesto de actividades económicas.
Compense a los ayuntamientos, hagamos esa reforma y planteemos todo el mecanismo
de la financiación local en ese marco de construcción del Estado de las autonomías.
Finalmente, señor ministro, le diré que mucho poder me está reconociendo.
Parece que aquí estamos coaccionando y limitando la capacidad de expresión de los ayuntamientos en España. No suelo tener ninguna influencia en Convergència i Unió,
pero le puedo leer el comunicado que firmaron el pasado viernes los alcaldes de Convergència i Unió con los alcaldes del Partido Socialista de Cataluña, donde dicen literalmente que la actitud del Gobierno central en relación con la aprobación del
proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales, ha provocado una enorme inseguridad jurídica a los ayuntamientos y en general a los ciudadanos. Es una reforma precipitada y sin diálogo.
Plantean entre los
acuerdos un conjunto de medidas de las que perfectamente se puede concluir que hay una deslealtad claramente institucional por parte de su Gobierno.
Este mismo acuerdo, en parecidos...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego que concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señora presidenta, ya concluyo.
Este mismo acuerdo lo formula la Federación Aragonesa de Municipios y la Asociación Aragonesa, y ahí hay otros partidos y otros alcaldes distintos a los del Partido Socialista, en el que también lamentan, y además denuncian, la marginación a
la que se somete a los pequeños territorios, a los pequeños municipios, porque aquí hay también un planteamiento de desequilibrio territorial, de desigualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos.
Señor ministro, no lo dicen sólo las federaciones de municipios, lo dicen los técnicos de doña Rita Barberá. Los técnicos de la alcaldesa de Valencia han elaborado un informe en la propia Federación Española de Municipios y Provincias, que
dice lo siguiente. Valoración de proyecto: inconsistencia técnico-jurídica, se observa que no se introducen mejoras de gestión de los tributos ni respecto de las competencias de los entes locales para su mejor gestión. Las corporaciones locales
no tienen tiempo ni información para adoptar decisiones coherentes sobre la presión fiscal que quieren aplicar sobre sus contribuyentes.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Puedo seguir leyendo este informe.
Señor ministro, no tengo ningún poder sobre doña Rita Barberá, no tengo ningún poder sobre los alcaldes del Partido Popular, y le puedo decir que esta ley es una agresión a los ciudadanos, es una agresión al concepto de integración y de
equilibrio territorial en España, es una agresión a la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos, que es lo que nos preocupa, es una agresión a la autonomía local. Señor ministro, esta ley es un insulto al Parlamento por su
falta de rigor, por su falta de cuantificación, por su falta de lealtad institucional.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.
Hubiera sido bueno que usted siguiera de alcaldesa en Zaragoza, porque nos hubiera dado luz sobre alguno de estos temas, aunque no le quiero decir que no lo esté haciendo bien como presidenta.
Señor ministro, sigo teniendo serias dudas sobre si al final los ayuntamientos de España, independientemente del pacto local que habrá que poner sobre la mesa, fundamentalmente de las comunidades autónomas, y de sus buenas voluntades -porque
yo necesito cifras, datos, asientos-, se van a quedar con menos dinero del que vienen recibiendo en este momento.
Item más, por ejemplo, cuando usted habla en el proyecto de ley de participación en los tributos del Estado, el 1,875 del IRPF, el
1,789 del IVA, el 2,04 de los impuestos especiales.
Hemos echado los cálculos con los datos que disponemos, que no son más que a los que usted tiene acceso, y en ese cálculo no se supera el 50 por ciento de la financiación actual de cada uno de los ayuntamientos que se ven afectados por este
sistema. Item más, no se transfieren competencias normativas de gestión, de liquidación, de recaudación y de inspección, que sería interesante por aquello de la corresponsabilidad y de compartir. En el montante global, y eso me parece muy grave,
señor Montoro, no se tiene en cuenta la recaudación correspondiente al 30 por ciento cedido a las comunidades autónomas. Por tanto seguimos teniendo esa duda. No me diga el crédito ampliable y, si me permite la expresión aunque no exista el
concepto, haga un crédito desampliable, eche usted dinero de más y, luego, lo que le sobre lo puede dedicar al superávit financiero.
Lo bueno sería que aquí estuviéramos hablando ya de matices, porque todo lo hubiera tenido usted trabajado, trenzado, consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias y con otras que hay en el resto del territorio español en
el ámbito autonómico. Eso sería lo bueno.
Termino, señora presidenta. El artículo 137 de la Constitución nos recuerda a todos que el Estado se organiza territorialmente en municipios. Son Estados, señor ministro, no lo olvidemos. Usted viene aquí no
sin los municipios. No viene a traernos una ley sin haberla negociado con los municipios. Desgraciadamente, viene usted a traernos una ley contra los municipios y mi grupo parlamentario -basándose en la Constitución- le pide que traiga una
ley contando con los municipios.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Para finalizar esta parte del debate sólo repetiré el argumento esencial del mismo. Estamos ante un proyecto de ley que incrementa la autonomía financiera y que, por lo tanto, avanza en el proceso de madurez de la toma de decisiones de
nuestros municipios en el ámbito fiscal. Estamos ante un proyecto de ley que garantiza la suficiencia financiera de nuestras corporaciones locales y, en definitiva, estamos ante un paso más en la vertebración del Estado español para hacer que la
Administración más cercana sea también la más suficientemente dotada y más eficiente en la prestación de los servicios públicos. Ese es el proyecto de ley que trae el Gobierno a esta Cámara, dentro del que también se incluye la supresión del
impuesto de actividades económicas que SS.SS. se están esforzando esta mañana en evitar. A través de esa propuesta de devolución del proyecto de ley de haciendas locales SS.SS. esconden la intención de evitar que se suprima ese impuesto de
actividades económicas para 2.100.000 contribuyentes. No le den más vueltas. Ya sabemos cuáles son sus políticas y lo demuestran donde gobiernan. Esa es la diferencia entre unas políticas y otras. Donde ustedes gobiernan los ciudadanos pagan más
impuestos y donde gobierna el Partido Popular hay una moderación de la fiscalidad, que es la que se abre ahora a través de este proyecto de ley de haciendas locales y que es la concreción de una promesa electoral y el cumplimiento, por tanto, del
compromiso adquirido con los electores en las elecciones generales del año 2000.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cuesta el debate está concluido. (El señor Cuesta Martínez pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Cuesta, ha habido réplicas y contrarréplicas y desde esta presidencia se da por concluido el debate.
Comenzamos el turno de fijación de posición.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo de Coalición Canaria viene a fijar posición en este debate sobre la reforma de las haciendas locales a favor del proyecto de ley. En mi opinión, el debate que hemos tenido hasta ahora tiene una cierta contaminación
electoral. En cierto modo es inevitable porque tenemos elecciones municipales dentro de seis meses. Sin duda alguna, la eliminación prácticamente total de un impuesto como el de actividades económicas abre un debate sobre quién baja impuestos y
quién no y sobre quién gestiona con una mayor presión fiscal y quién con menor.
En ese debate -embarullado, por cierto, y muy electoral- los elementos esenciales de la ley desaparecen. Desgraciadamente, esta ley se va a convertir en la ley del impuesto de actividades económicas. Creo que estamos todos de acuerdo en
que este impuesto es injusto y pernicioso desde el punto de vista de la actividad económica y social y que, por tanto, la decisión de su eliminación para todas las actividades y grupos económicos, para los trabajadores autónomos y para los pequeños
y medianos empresarios, es esencialmente justa. En eso estaríamos todos de acuerdo y lo votaríamos a favor. Incluso el Grupo Socialista se ha pronunciado en este sentido. Pero en este debate se introducen otros dos debates que son los esenciales.
El primero, un debate sobre qué modelo de Estado discutimos y en qué modelo de Estado estamos. Este país se dotó de una Constitución hace ya más de 20 años y partiendo de ella nos ha costado muchísimo trabajo descentralizar un Estado centralista y
convertirlo en un Estado autonómico. Los funcionarios y los gobernantes de la Administración central, desde esa inercia histórica de siglos, se han resistido enormemente y ha costado más de 20 años hacer la descentralización política de España
hacia el Estado autonómico, todavía no culminada, por cierto, pero en gran parte realizada. Aquí se ha dado el dato antes de que este es un país que se puede equiparar, e incluso ganar, a los Estados más descentralizados del mundo en cuanto al
poder competencial y de recursos de la Administración central y el de las administraciones autonómicas, pero es evidente -también se ha dicho aquí hoy- que los entes locales necesitan una descentralización que pase por el incremento de sus
competencias y de sus recursos financieros a través de leyes como ésta. Es una de las asignaturas pendientes del desarrollo constitucional y democrático de la sociedad española.
Primera cuestión por la que hay que pronunciarse: ¿Quiénes son los grupos parlamentarios que están a favor de un municipalismo democrático, a favor de la descentralización y de que la gestión se realice desde el principio de subsidiariedad
en el nivel más próximo y de mayor eficacia, donde el poder público tiene una sensibilidad y una proximidad mayor al ciudadano? En eso estamos. Sin embargo, se hace de forma distinta ese debate en todo el país. Algunas comunidades autónomas
se resisten a la descentralización local, por la misma razón, porque hay funcionarios de comunidades autónomas, hay políticos de comunidades autónomas. Yo he vivido la experiencia de alcaldes enormemente municipalistas que pasan al nivel de
gestión de la diputación, que en Canarias es el cabildo, y entonces se hacen cabildistas, y luego pasan a la Administración central o a la Administración autonómica y dicen que la comunidad autónoma es el mejor gestor.
La gran tarea que hoy está planteada en este país es la descentralización local. Nosotros creemos que el municipio -lo está demostrando en toda España- es un instrumento de gestión muy importante para un montón de competencias que en el
nivel autonómico, en el nivel provincial o insular o en el nivel central no es el adecuado. Para eso hace falta una ley de reforma de las haciendas locales. ¿Esta ley avanza o no en la autonomía financiera, política y administrativa? Avanza y por
eso nos pronunciamos a favor; es un avance evidente, no sólo porque elimine o no el impuesto de actividades económicas, que, en mi opinión, señor Montoro y señores de la oposición, es una decisión importante, puede ser de gran efecto electoral,
pero no es lo esencial de lo que estamos discutiendo; tener una administración local y una fiscalidad local moderna es lo que estamos discutiendo.
Se abre el gran debate de que a finales del siglo XX un país con renta por habitante de 10.000 euros, por decirlo de alguna manera, miraba hacia los poderes públicos y a las administraciones públicas con un sentido tutelar (la Administración
pública tenía que tutelar), pero un país que ha llegado al nivel de desarrollo y de rentas, que se han duplicado desde hace años, tiene que empezar a crear (y este es uno de los debates de esta ley y de otras que hay que discutir en el pacto local)
una nueva generación de administradores públicos basada no en la demagogia electoral de quién baja o quién no baja impuestos. Hay que intentar que el administrador público sea un gestor que cueste lo menos posible al ciudadano.
La Administración pública no es el lugar de un debate de feria sobre quién vende más bueno más bonito y más barato. Hay una gran irresponsabilidad en eso, porque este país necesita sobre todo ciudadanos maduros, ciudadanos responsables que
entiendan muy bien que los impuestos que pagan son gestionados eficientemente. No es mejor la Administración pública que menos impuestos cobre, sino la que mejor y más eficientemente gestione los recursos que necesita obtener de los ciudadanos; se
hacen administraciones transparentes. Hoy hay administraciones locales en las que hay alcaldes que creen que si no cobran el agua tienen más votos y en las que si el padrón de tributo sólo lo gestionan en el 40 por ciento ó 50 por ciento obtienen
una mayor complacencia de los ciudadanos y mayores votos. El problema es que hay tributos locales, tributos del Estado y tributos de las comunidades autónomas que deben de hacerse a través de pactos de financiación local desde las comunidades
autónomas. Los tres niveles de la Administración pública -central, autónoma y ayuntamientos, en este caso, entidades locales, cabildos y diputaciones- tienen que empezar a gestionar con mayor transparencia.
En este país, el ciudadano no puede seguir creyendo que la mejor Administración es la que menos impuestos cobra y la que más servicios da.
Somos los ciudadanos europeos más exigentes en servicios públicos y los que menos asumen la necesidad
del esfuerzo fiscal. Por tanto, la posición de mi grupo es, en primer lugar, potenciar los impuestos locales. Hay que dar capacidad política y tributaria a las administraciones locales. Por ejemplo, cada vez que se recauda el IBI, impuesto de
bienes inmuebles (instrumento de una potente capacidad de recaudación fiscal, que no digo que haya que subirlo), para la mejora urbana de la ciudad y de los servicios públicos, siempre es un catastrazo. Una campaña del catastrazo que queda muy
bien, porque en este país el interés público está devaluado y el interés privado supervalorado. Muchas veces, el interés general de los ciudadanos está en un nivel muy inferior al interés privado de los ciudadanos. En ese sentido yo no soy
liberal, como algunos señores del Partido Popular. Creo en la necesidad de los servicios públicos, en la eficiencia de los mismos y en la corresponsabilidad fiscal. El impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, en la mayoría de los ayuntamientos
españoles, tiene una capacidad recaudatoria muy baja en las rentas más altas y, seguramente, una capacidad recaudatoria demasiado alta en las rentas bajas. Hay que hacer un sistema más justo y dar flexibilidad a ese instrumento. La capacidad de
recaudación del IBI en España es muy inferior al porcentaje que le corresponde en relación a las rentas por habitante de este país, que tenía sentido hace 10 años, pero que hoy no lo tiene.
En el impuesto de vehículos, en el impuesto de construcción y de obras o en los impuestos de plusvalías de los terrenos ocurre lo mismo, por lo que habrá que flexibilizarlo para adaptarlo a la realidad de cada una de nuestras ciudades. Es
decir, la autonomía de los ayuntamientos pasa porque se cumpla el 50 por ciento, por decir una cifra, de la capacidad recaudatoria de la Administración local. A los ciudadanos hay que decirles que se les cobra la recogida de basuras o la limpieza
porque tiene un precio, pero que no se le incluye en el impuesto de bienes inmuebles, para, de alguna manera, no cobrársela. Las tasas municipales también deben aplicarse a los ciudadanos con un concepto de justicia, siendo los barrios y zonas de
las ciudades con menor capacidad adquisitiva los que tengan una presión fiscal muy inferior a la que tengan las rentas más altas. Pero los barrios más ricos de las ciudades españolas tienen una presión fiscal municipal bajísima, que no
se corresponde. En un mes, gastan en regalos en un gran almacén lo que gastan todo el año en impuestos municipales. Por tanto, es verdad que los ayuntamientos tienen que ganar la batalla en la participación en el IVA o en otros impuestos.
La ley establece claramente que, a partir de ahora, un ayuntamiento nunca va a tener menos ingresos que los que tiene hoy.
Para eso hay un crédito ampliable y es necesario garantizar a los ayuntamientos españoles un nivel de ingresos de suficiencia
financiera.
Tenemos que dar la batalla para que las comunidades autónomas descentralicen poder y recursos.
No hago un discurso aquí y luego no me lo aplico. En Canarias lo hemos puesto en práctica con excelentes resultados, después de un debate larguísimo y conflictivo, porque desde el ayuntamiento se ve una parte del problema, desde el cabildo
otra y desde la comunidad autónoma otra.
Sintetizar la visión común del interés general y el papel de cada Administración pública no es nada fácil, pero hemos avanzado y llevado a cabo una gran descentralización. Y, de acuerdo con nuestro PIB,
tenemos uno de los fondos de compensación municipal más altos de España.
La señora PRESIDENTA: Señor Mauricio, le ruego concluya, por favor.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Por todas estas razones, nuestro grupo considera que hay que avanzar en la suficiencia financiera, en la autonomía local, así como en defender y luchar por los ayuntamientos, no sólo con la participación del
IVA, porque si todo se basa en impuestos como este, en el impuesto sobre la renta o los impuestos especiales, la separación de competencias y funciones entre la Administración central y autonómica acabaría rigiéndose por el principio de que pague el
de arriba mientras yo no me corresponsabilizo hacia abajo.
Señor Montoro -termino, señora presidenta-, nosotros estamos de acuerdo, aunque es verdad que hay que seguir hablando con la Federación Española de Municipios y Provincias y mejorar el texto en el trámite de enmiendas.
Yo he hablado de los
intereses generales de los ayuntamientos y entes locales españoles. Los canarios estamos lejos y tenemos un régimen económico-fiscal distinto y reconocido por nuestra Constitución. Sólo le falta una cosa muy importante a este proyecto de ley, y es
que en la exposición de motivos -le pediría que usted lo redactara- se especifique que Canarias tiene un carácter especial porque no tiene ni IVA, no tiene impuestos especiales o están transferidos, etcétera, y como tal el fondo complementario de
financiación tiene que contabilizar esa realidad para que nosotros no perdamos capacidad ni suficiencia financiera en las corporaciones locales canarias.
La señora PRESIDENTA: Señor Mauricio, concluya por favor.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Termino, señor presidenta.
Con eso es suficiente. Es verdad que usted deja ese vacío. Ese es su papel; pero el mío es recordarle que Canarias es diferente por su régimen económico-fiscal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputado, señor ministro de Hacienda, como viene siendo habitual, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso no presenta enmiendas a la totalidad cuando el proyecto
se refiere a aspectos tributarios en los que la competencia legislativa recae en las Juntas Generales de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, así como en el Parlamento Foral de Navarra. Ello no quiere decir que el Grupo Vasco
no tenga una posición definida en relación con el proyecto de ley de reforma de las haciendas locales que hoy se debate en esta Cámara. Se pueden resumir en tres apartados las modificaciones estructuradas por el proyecto de ley reguladora de las
haciendas locales.
En primer lugar, se plantea una mejora técnica en la configuración de la casi totalidad de los tributos locales, desde la posibilidad de establecer por parte de los municipios un gravamen incrementado del IBI para viviendas desocupadas hasta
la extensión del sujeto pasivo a los casos en que se empleen redes ajenas de la tasa por aprovechamiento de dominio público -si bien se excluyen los servicios de telefonía móvil-, pasando por la extensión de la exención del impuesto sobre vehículos
a los discapacitados con minusvalía igual o superior al 33 por ciento, así como modificaciones en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos y del impuesto sobre construcciones. Estas medidas son básicamente aceptables.
Conviene destacar que la reforma ha recogido la modificación de que no haya diferencias entre municipios en función de la población a la hora de establecer tipos impositivos. A este respecto debo señalar que este es el criterio de las normas
forales de los territorios históricos de Euskadi desde el año 1990.
En segundo lugar, se plantea una reforma estructural en el impuesto sobre actividades económicas. Así, se exime a todas las personas físicas y a otros sujetos pasivos del mismo cuya cifra neta de negocios sea inferior a un millón de euros.
Se prevé que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2003, si bien se habilita a los ayuntamientos para aprobar sus ordenanzas hasta el 1
de abril de 2003. Por su parte, los sujetos pasivos que se consideren exentos, salvo las personas físicas, deben comunicarlo antes del 25 de julio de 2003. Esto, señor Montoro, va a ocasionar a nuestro juicio graves problemas de gestión.
Muchos ayuntamientos ya han tomado la decisión aprobando ordenanzas con previsiones para el año 2003, por lo que habrá que reconsiderar todos esos acuerdos, adoptar nuevos y, lo que es peor, estudiar cómo hacer frente a la disminución de recursos.
Sorprendentemente no se establece compensación a los ayuntamientos por el montante económico que puede suponer la medida. Así, se dice expresamente en la disposición adicional quinta que no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de la
Ley de Haciendas Locales. Por su parte, el nuevo modelo de participación en los tributos del Estado no entra en vigor hasta el 1 de enero de 2004 y, por tanto, no está pensado para paliar los efectos de la reforma del IAE. Esto quiere decir que la
reforma del IAE se va a hacer a costa de los ayuntamientos, los cuales pueden optar por soportar la merma recaudatoria o tratar de trasladarla en la medida de lo posible a los sujetos pasivos no exentos. En este caso han de valorar la repercusión
que ello va a tener en la economía de esas empresas, en el empleo y en la negativa y reticencia de esas empresas a que de manera no muy justa se les traslade el coste de la reforma. Por otra parte, hay que ver la viabilidad de esa posibilidad
municipio por municipio.
En tercer lugar, se plantea una reforma de la participación de los municipios en los tributos del Estado, reforma que no estará en vigor al menos hasta el 1 de enero de 2004 si consigue, señor Montoro, un acuerdo con sus municipios. Tal y
como está planteada la reforma no se garantiza el principio de suficiencia financiera ni se afrontan las necesidades de mejora de la financiación, reivindicación planteada de manera insistente por los municipios de régimen común. Ni tan siquiera se
ha tenido en cuenta una mejora del sistema de financiación que permitiese a los municipios paliar los efectos de la exención masiva en el IAE. De poco sirve la utilización de nuevas fórmulas o modelos si la cantidad que se reparte es la misma o
menor.
Señor Montoro, en nuestra opinión hay maneras más fáciles y eficaces de solventar lo que usted pretende con este proyecto. Si lo desea, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no tiene inconveniente en explicárselo, aunque me da la sensación
de que no aceptará nuestra oferta. Por lo argumentado y dado que los territorios históricos en Euskadi son los competentes para legislar en esta materia, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se va a abstener en la votación de las enmiendas a la
totalidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro de Hacienda, Convergència i Unió siempre ha mostrado una actitud contraria al IAE; siempre. La mostró cuando se creó en su día en la actual Ley de
Haciendas Locales -manifestamos un claro rechazo a ese impuesto- y en todas las legislaturas. Quiero recordar, señorías, que en esta misma legislatura la primera proposición no de ley que firmó Xavier Trias como portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) fue para que se suprimiera el IAE que afectaba directamente a las pymes y a los autónomos. Siempre hemos considerado que era un impuesto injusto, que era una carga para la actividad productiva, que perjudicaba la
creación de empleo y la economía productiva, y muy especialmente perjudicaba y perjudica a los autónomos, a los comerciantes, a las pequeñas empresas, a los emprendedores. Por ello mi grupo presentó esa proposición no de ley que fue debatida en
esta Cámara y fue aprobada por unanimidad el 9 de mayo del año 2000; proposición no de ley en la que se pedía una exención del IAE para los autónomos, para las pymes, y se pedía también en el mismo texto una compensación para los municipios a fin
de que en ningún caso perdieran ingresos por esa supresión. Se pedía asimismo en esa proposición no de ley -que repito que fue aprobada- un consenso con las corporaciones locales.
Hoy se nos trae a la Cámara un texto que exime del IAE a las personas físicas y a aquellas personas jurídicas que facturen menos de un millón de euros al año. Mi grupo está de acuerdo en esa exención. Por eso no pedimos la devolución,
porque estamos de acuerdo en que estén exentos del IAE todas las personas físicas y todas las personas jurídicas que facturen menos de un millón de euros al año. Coincidimos en este planteamiento porque lo hemos hecho siempre desde Convergència i
Unió.
Nos atrevemos incluso a decir que para nosotros llega tarde este planteamiento porque se ha venido reclamando insistentemente desde Convergència i Unió este cambio en el IAE. Quiero recordar esa proposición no de ley que se aprobó por
unanimidad el 9 de mayo de 2000; también otra que se aprobó el 10 de abril de 1997, en la pasada legislatura, en el sentido también de modificar radicalmente la fiscalidad que suponía el IAE. Por tanto, llega tarde y llega incluso de una forma
insuficiente, porque cuando hablamos de pequeños emprendedores tenemos que tener en cuenta que aquellas empresas que facturan menos de 5 millones de euros tienen la consideración de empresas de tamaño reducido, y nosotros vamos a proponer que
aquellas empresas, personas jurídicas, que tengan entre un millón y cinco millones de euros de facturación al año, si pagan el IAE -que deberán
pagarlo de acuerdo con la nueva ley- puedan deducirlo de la cuota del impuesto sobre sociedades que han pagado. Compartimos la exención pero pedimos para las empresas con un millón a cinco millones de euros de facturación que puedan deducir
el IAE que pagan de su correspondiente impuesto sobre sociedades.
Por tanto, primer punto, IAE. Compartimos esa exención, que es la propuesta que siempre había hecho Convergència i Unió, que no pagaran IAE los autónomos, las pymes, los emprendedores, pero a la vez pedimos una compensación para los
ayuntamientos y pedimos diálogo. Señor ministro, nuestro grupo considera que nos estamos alejando de lo aprobado por unanimidad el 9 de mayo del año 2000, porque la reforma que se plantea ha estado presidida por una falta de diálogo. No ha habido
diálogo previo con las corporaciones locales que dé sus frutos y no ha habido diálogo parlamentario. Mi grupo parlamentario no ha recibido del Gobierno una invitación a consensuar la forma de realizar esa compensación. Entendemos que se ha hecho
de una manera precipitada y sin garantizar la autonomía y suficiencia de recursos de los ayuntamientos, especialmente de los pequeños y medianos. Para nosotros, señor ministro, que compartimos la exención del IAE, esta reforma de hoy es parcial.
No es la reforma a la que aspiraba Convergència i Unió. Nosotros aspirábamos a que se estableciera un nuevo modelo de financiación local que mejorara de forma real y efectiva los recursos económicos de los municipios, que reconociera claramente las
competencias de los mismos y les diera una suficiencia financiera. Tal como se presenta hoy el proyecto -y mi grupo espera poderlo cambiar durante el trámite parlamentario-, creemos que ese equilibrio financiero de las corporaciones locales no
queda garantizado.
Usted decía en el debate que se va a compensar vía un crédito ampliable en los presupuestos, pero esto no es una garantía porque ¿cuál será la cifra de ese crédito? Nosotros aspiramos a un modelo estable, seguro, que se incluya
en la ley, que realmente dé a las corporaciones locales una suficiencia y una autonomía financiera y no se encuentren ante una disyuntiva. Dejan de percibir un recurso, el IAE, y se les coloca ante la disyuntiva de o tener que incrementar la
presión fiscal -mi grupo no desea que los ayuntamientos se vean obligados a incrementar la presión fiscal-, o bien se les dice: Ustedes, como van a recibir menos recursos, lo que deben hacer es prestar menos servicios o con un menor nivel de
calidad; planteamiento que tampoco compartimos.
Por tanto ¿cuál es la posición de Convèrgencia i Unió? Mantener la exención del IAE. No vamos a enmendar ni una coma al artículo en que se especifican los colectivos que están exentos del IAE. Mantendremos esa exención pero le daremos una
alternativa, vía enmiendas parciales, que supondrá garantizar la autonomía y suficiencia financiera de nuestras haciendas locales para que puedan seguir prestando los servicios que el ciudadano les reclama. Para ello nuestras enmiendas van a
dirigirse especialmente a todas las corporaciones locales. Debemos garantizar que las grandes ciudades, pero también los pequeños y medianos municipios, todos puedan tener garantizado un nivel suficiente de ingresos, pero garantizado en la ley, no
a través de créditos, que tengan un mecanismo de seguridad. La exención del IAE, señor ministro, debe compensarse.
Nuestros municipios no pueden ni deben perder ni un euro de sus ingresos y la compensación debe realizarse de forma definitiva y
estable a través de un modelo que otorgue a los ayuntamientos y al resto de corporaciones locales la autonomía y suficiencia financiera que merecen de acuerdo con los servicios que deben prestar. Para Convergència i Unió el nuevo modelo debe
garantizar esa suficiencia financiera, debe hacerla extensiva a todos los entes locales, ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y entes metropolitanos. Para ello nosotros vamos a plantear una participación en la cuota estatal de tributos
del Estado, concretamente en la del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales; participación que debe permitir que todos los ayuntamientos, no únicamente los de más de 100.000 habitantes o las capitales de provincia, puedan participar de esos
impuestos y que, por tanto, se garantice a través de esa participación la financiación necesaria de todos los ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y entes metropolitanos. Pedimos esta participación que deberá complementarse con un fondo
de equilibrio y garantía financiera para asegurarnos que ningún municipio va a perder ni un solo euro y, si no se cubre con la cuota de impuestos, que se cubra a través de ese fondo de compensación. Reclamamos también las competencias de las
comunidades autónomas en materia de financiación local; competencias que deberán reconocerse también para los parlamentos de las comunidades autónomas a fin de poder establecer los criterios de distribución de los fondos estatales destinados a sus
entes locales, atendiendo también a las especificidades territoriales. Quiero recordar la singularidad de determinados municipios: municipios turísticos, municipios pequeños, municipios con urbanizaciones de segundas residencias, municipios con
núcleos segregados, municipios con viviendas muy diseminadas en su territorio, municipios de alta montaña, etcétera.
Debemos reconocer esas especificidades y reconocer también que el parlamento autonómico es el que debe poder hacer esa
distribución.
Señor ministro, en definitiva lo que vamos a pedir es que se abra el diálogo con los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Quiero recordar que el pasado 25 de octubre el Consejo Nacional de la
Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y el de la Federación de Municipios de Cataluña, en una reunión conjunta, mostraron una
preocupación por este proyecto de ley -entienden que les va a suponer una pérdida de capacidad financiera- y por una inseguridad jurídica -se tramita este proyecto de ley justo en el momento en que están aprobando sus ordenanzas fiscales y
sus presupuestos para el año 2003-. Debemos dar respuesta a esa inseguridad jurídica, debemos establecer en la ley criterios objetivos de seguridad y que claramente garanticen esa compensación efectiva.
La señora PRESIDENTA: Señor Jané, le ruego concluya.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino haciendo una invocación al necesario respeto de las competencias autonómicas en este ámbito. El proyecto de ley sigue ignorando el papel de las comunidades autónomas en materia de financiación local, sigue
ignorando la financiación de las comarcas y, más aún, señor ministro, ignora en el caso de Cataluña la financiación especial que debe tener la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona debe tener una financiación especial. Se aprobó por
unanimidad en el Parlament de Catalunya la Ley 22/1998, de la Carta municipal, y con nuestras enmiendas vamos a reclamar también un trato específico para la ciudad de Barcelona, como entenderíamos que lo tuviera la ciudad de Madrid.
Señora presidenta, señorías, termino ya pidiendo que se aproveche el trámite parlamentario para introducir garantías, para introducir certezas, para que exista esa suficiencia y autonomía financieras, para que las corporaciones locales ganen
peso, que lo están perdiendo. Su participación en el PIB global en los últimos veinte años ha aumentado tres décimas y el del conjunto de las administraciones públicas tres puntos. Para nosotros debe corregirse en la misma línea que decidió en
Cataluña la mayoría absoluta de todos los ayuntamientos en el II Congrés de Municipis de Catalunya que se celebró, en donde se hacía una apuesta por ese aumento de la participación...
La señora PRESIDENTA: Señor Jané, le ruego concluya definitivamente, por favor.
El señor JANÉ I GUASCH: ...de las corporaciones locales en el conjunto de las administraciones públicas. Este es nuestro objetivo y el talante de nuestro grupo. Hoy nos vamos a abstener, a la espera de que durante la tramitación
parlamentaria podamos encontrar esas certezas que hoy no nos da el proyecto de ley que se ha presentado
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras para agradecer al señor Rejón las afectuosas palabras que me ha dedicado.
Traía preparado un discurso basado en el contenido del proyecto de ley que hoy se ha presentado, pero evidentemente el debate político electoral que se ha planteado requiere que modifique mi discurso y dé cumplida respuesta a esa propuesta
de debate político electoral que el Partido Socialista ha planteado en el día de hoy. Señor portavoz del Grupo Socialista, quiero decirle que hay una diferencia básica entre el ministro Piqué y el Partido Socialista, y es que el ministro Piqué paga
sus impuestos y compañeros suyos del Partido Socialista están en la cárcel por robar. (Aplausos.-Algunos señores diputados: ¡Muy bien!) Eso para ir centrando el debate político electoral que usted ha querido traer a esta Cámara.
Hoy aquí venimos a hablar de ayuntamientos, de avanzar en la segunda descentralización, de quitar un impuesto que puso el Partido Socialista.
Yo comprendo que a ustedes les duela que el Partido Popular quite impuestos que ustedes pusieron,
impuestos que perjudicaban la creación de empleo. A ustedes también les molesta que el Partido Popular cumpla compromisos electorales, pero es que esa es la norma de actuación del Partido Popular: lo que ponemos en nuestros programas electorales
lo cumplimos a rajatabla. Ustedes prometían 800.000 puestos de trabajo, dejaron tres millones de parados; ustedes prometían subir pensiones, dejaron la Seguridad Social en quiebra; ustedes proponían honestidad y trajeron la corrupción a España.
Y así podemos seguir una detrás de otra.
Nosotros prometimos reformas para España y las estamos llevando a cabo.
Llega la hora de los ayuntamientos y aquí está la reforma de los ayuntamientos. Pueden ustedes tener la seguridad y la tranquilidad
de que los ayuntamientos no salen perjudicados, de que tienen seguridad jurídica en la tramitación de ordenanzas y de presupuestos que están haciendo en esos momentos porque se establece un sistema que permite adecuarlo a la norma que aquí vamos a
tramitar. Como español me duele que el Partido Socialista no apoye que bajemos impuestos a los discapacitados; como español me duele que el Partido Socialista no apoye que bajemos impuestos a las familias numerosas; como español me duele que el
Partido Socialista no apoye -tanto como están hablando de viviendas- que pongamos un gravamen a aquel que tiene una vivienda desocupada. (Aplausos.) Eso es lo que a mí me duele; me duele la hipocresía del Partido Socialista. Hay que recordarles
-y bien que se los ha dicho el señor ministro- quién los ve y quién los verá. ¿Se acuerdan ustedes de la financiación autonómica, por la mañana planteando recursos de inconstitucionalidad y por la tarde su presidente firmando con el Gobierno? Pues
me da la impresión de que con sus
alcaldes va a pasar tres cuartos de lo mismo, ustedes por un lado y los alcaldes, que son personas más sensatas políticamente que ustedes, están de acuerdo con el modelo, por mucho que les estén presionando en la Federación Española de
Municipios y Provincias. (Aplausos.)
Señor Cuesta, usted ha hecho un discurso en el que le he contabilizado 60 insultos y descalificaciones. Eso es lo que el Partido Socialista ofrece a España: discursos, descalificaciones y fiestas. Las fiestas sí que las organizan muy
bien. Yo esperaba hoy -se lo digo de verdad- haber tenido un debate con el nuevo líder de las finanzas españolas, el señor Rodríguez Zapatero. Me hubiera gustado ver otro aspecto teatral y que el señor Rodríguez Zapatero hubiera subido hablar de
ayuntamientos con el Grupo Popular. Hubiéramos hablado de ayuntamientos y le hubiéramos demostrado cómo el Partido Socialista es el que sube impuestos en los ayuntamientos y el Partido Popular es el que baja impuestos en los ayuntamientos y en
España. (Aplausos.) Y aquellos que critican el equilibrio presupuestario lo único que hacen en los ayuntamientos es despilfarrar dinero y subir los impuestos a los contribuyentes. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Demagogo!) ¿Perdón?
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Merino continúe con su intervención.
El señor MERINO LÓPEZ: Es que no me dejan con los insultos, señora presidenta.
Señores del Partido Socialista, este es un proyecto de ley moderno para España, un proyecto de ley que hace progresar a los ayuntamientos, un proyecto de ley ajustado a las necesidades de España y beneficioso para el conjunto de los
ciudadanos de cada una de las ciudades grandes y pequeñas de España, en definitiva, que beneficia al conjunto de los ciudadanos.
Respecto al impuesto de actividades económicas, sólo quiero decirles que 2.100.000 contribuyentes van a dejar de pagarlo. El Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular se sienten orgullosos de este proyecto del Gobierno y no lo va
retirar porque beneficia a los ciudadanos. Lo mismo que nos sentaremos con los discapacitados y les explicaremos nuestra rebaja de impuestos, ustedes tendrán que sentarse con los discapacitados y decirles por qué no quieren que el Partido Popular
les baje los impuestos. Vayan a las familias numerosas y explíquenselo. Vayan a las personas paradas y explíquenles por qué no quieren que el Partido Popular baje impuestos. En definitiva, nosotros estamos mejorando España, estamos reformando
España, y ustedes no han estado con sus votos en ninguna de las reformas que están haciendo que España esté a la cabeza de Europa y sea la quinta potencia en el mundo donde se le reconoce una economía más fuerte, más eficaz y más moderna. El
problema no lo tiene el Gobierno ni el Partido Popular; el problema lo tienen ustedes con sus contradicciones, con sus votos negativos cada vez que bajamos los impuestos y con sus votos negativos cada vez que aplicamos en España una reforma que
beneficia al conjunto de los ciudadanos. Dentro de un rato lo vamos a ver con la ley de calidad de la enseñanza; ya lo hemos visto con el Plan Hidrológico Nacional, lo hemos visto con la segunda rebaja de impuestos y lo seguiremos viendo, año tras
año, porque me da la impresión de que, aunque no se lo crean, les quedan muchos años de oposición.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
¿A efectos de qué artículo pide la palabra, señor Cuesta?
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Se lo voy a decir muy claramente, a los mismos efectos de que el señor diputado...
La señora PRESIDENTA: ¿A efectos de qué artículo, señor Cuesta?
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Un turno...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, no tiene la palabra.
Señor Cuesta, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, indíqueme exactamente qué número de artículo invoca que se aplique.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: El 71.3.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta, el artículo 71.3 no es de aplicación en este momento por cuanto los turnos de réplica a la enmienda de devolución se han planteado por parte del ministro, y el señor Merino ha utilizado su turno de
fijación de posición.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: ¿Es fijación de posición o turno en contra, señora presidenta?
La señora PRESIDENTA: Es fijación de posición lo que ha realizado. Señor Cuesta, no tiene la palabra. El turno en contra y el debate lo ha llevado el propio ministro.
Muchas gracias.
Sometemos a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señores Saura, Puigcercós, Labordeta, Rodríguez y Núñez, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida al proyecto de ley de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 119; en contra, 181; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (CORRECCIÓN DE ERROR EN SERIE A, NÚMERO 104-4, DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2002, Y SERIE A, NÚMERO 104-8, DE 16 DE OCTUBRE DE 2002.) (Número de expediente 121/000104.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Señorías, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131 del Reglamento de la Cámara, conforme al cual la presidencia ha de anunciar
con antelación que habrá de procederse a la votación final sobre el conjunto del texto por tener carácter orgánico el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, se anuncia a la Cámara que la votación final de conjunto no se producirá antes
de las 13:30.
Proyecto de ley orgánica de calidad de la educación. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego a aquellas diputadas y diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan de la manera más rápida posible y en silencio.
Dentro de las enmiendas presentadas y mantenidas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra para su defensa, en primer lugar, el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, señora ministra, queremos expresar nuevamente nuestro rechazo a esta ley de calidad de la educación. Una ley de esta envergadura debería contar con un mayor grado de consenso de la
comunidad educativa porque, de otro modo, supondrá la apertura de un período de confrontación que no conviene a nadie y posiblemente agrandará las ya preocupantes diferencias entre los colegios públicos y los concertados. Todas las comunidades
autónomas regidas por gobiernos que no son del Partido Popular han manifestado su rechazo, así como buena parte de los agentes sociales, padres, alumnos y profesores, aun a costa de una información en la que, aparentemente, todo había sido un
fracaso: la manifestación, la huelga, etcétera; manipulación a la cual ya estamos habituados.
Pensamos que la LOGSE debería haberse adaptado a las nuevas exigencias de la sociedad, pero esos cambios deberían ir en dirección opuesta a la planteada en esta ley. La Administración educativa debería garantizar mejores oportunidades a los
sectores más desfavorecidos y no suponer, como va a ocurrir, una gran fractura social. Además en esta ley se insiste en determinados elementos que no compartimos como la situación que se impone con la segregación de itinerarios, segregación que
conseguirá fundamentalmente que los menos preparados -los inmigrantes, las capas sociales más pobres, con menor preparación intelectual- sean separadas a la edad de los 16 años... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta, por favor.
Señorías, ruego que guarden silencio y mantengan las conversaciones, a ser posible, fuera del hemiciclo.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Como decía, la segregación en itinerarios va a producir que las capas sociales peor preparadas y más humildes como los inmigrantes se encuentren, a partir de los 16 años, separadas y sean las elites las que
vuelvan a ocupar nuevamente la posibilidad de ir en solitario a la universidad.
Los nombramientos de los directores de los centros es un caso absoluto de sentimiento dictatorial. Se había conseguido que fueran los claustros quienes los nombrara y ahora van ustedes a imponerlos a dedo, exactamente lo mismo que se hacía
en épocas pretéritas en las que uno era profesor de instituto y tenía que soportar a aquellos directores que nos mandaban de las inspecciones y de las delegaciones provinciales. La permanencia de la religión en horario escolar nos parece realmente
una catástrofe, así como la falta de apoyo a la inclusión de conocimientos -básicos, a nuestro juicio- como el conocimiento y valoración del entorno social y cultural en que los estudiantes van a hacer sus estudios.
Por todas estas cuestiones, señora ministra, mantenemos nuestras enmiendas y votaremos en contra de este proyecto de ley con el cual ustedes han conseguido dar un paso atrás. Creo que en este momento usted ha practicado el leninismo, pero
al revés: un paso adelante y dos pasos atrás.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta. Doy también por defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Desde Iniciativa per Catalunya-Verds manifestamos una vez más nuestro rechazo a la ley de presunta calidad
de la educación y pasamos a defender las más de 80 enmiendas que hemos planteado. Este debate de hoy se produce a 48 horas de una movilización importante del conjunto de la comunidad educativa que ha manifestado un rechazo contundente a
esta ley. Podemos discutir si ha sido del 60 o del 70 por ciento, pero con cualquier cifra de rechazo que se pueda decir creo que la ministra debería abrir un nuevo período de consultas y de reconsideración de los aspectos más importantes que son
rechazables en esta ley. Porque la gran movilización que se ha producido no se ha hecho por cuestiones concretas, sino que se produce fundamentalmente porque, insisto, es una ley que ha sido calificada de retrógrada y de elitista por la mayoría de
las organizaciones sociales, políticas y por la mayoría de la comunidad educativa; una ley que beneficia a la escuela privada en detrimento de la escuela pública y una ley que, en definitiva, como decía el señor Labordeta, va a desfavorecer a los
sectores más necesitados. Por tanto, es una ley que no cumple con el principal objetivo de la enseñanza y de la educación que es generar desde la Administración pública un marco de igualdad de oportunidades donde todas las personas puedan
desarrollar sus capacidades.
Hemos reiterado las características que no nos gustan de esta ley. En primer lugar es una ley que potencia dos redes de educación: una red pública fundamentalmente asistencial y una red privada que cada vez gana mayor peso. Es una ley que
no contempla evidentemente la necesidad de financiación y, la que contempla, es fundamentalmente privada. Es una ley que disminuye los elementos de democracia y de participación tanto de los claustros como de los consejos escolares. Es una ley que
hace que un chico o una chica hayan de decidir un itinerario de educación a los 14 ó 15 años cuando a esa edad, como decía alguien, es muy difícil incluso que sepan qué desean cenar una noche. Es una ley que vulnera las competencias de las
comunidades autónomas y es una ley que -y es una de las cuestiones más importantes- no se hace sobre la base de un gran consenso social, cuestión fundamental a la hora de definir desde el Gobierno central y desde el Parlamento una política de
educación. Por tanto, señoras y señores diputados, esta es una ley que avanza en la educación como artículo de consumo; una ley en la que la educación no es un instrumento, un elemento de compensación de desigualdades, de contribución a la
cohesión social, a la integración social o al progreso. En definitiva, es una ley -creo que por eso es por lo que el Partido Popular no reconsidera ninguno de los elementos importantes- que avanza en un modelo de sociedad elitista y segregadora, un
modelo de sociedad en el que el Partido Popular intenta avanzar no sólo en las leyes de educación, sino en las políticas sociales y económicas.
Por todas estas razones mantenemos nuestras enmiendas y rechazamos el proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señora ministra, las 57 enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana de Catalunya tienen como objetivo intentar paliar lo que significará un grave deterioro de la escuela pública. De entrada, no se
contemplan en la ley dos aspectos fundamentales: en primer lugar, la financiación -de ello se habló el martes en el Pleno-, y cuando la ministra hablaba de esfuerzo por parte de los alumnos -hablaba sistemáticamente de esfuerzo-, aquí el único que
se echa en falta es el esfuerzo financiero por parte de la Administración del Estado. En segundo lugar, toda la comunidad educativa coincide en un aspecto fundamental por el que la ley pasa de puntillas: el fracaso escolar se fragua en primaria.
Cuando un alumno o una alumna llega a secundaria sin los conocimientos básicos consolidados son carne de fracaso escolar en un 90 por ciento, y esta ley no contempla la base del fracaso escolar. La ley consolida un modelo de segregación, consolida
un modelo de diferentes ritmos, de diferentes velocidades, que no va a ayudar al objetivo inicial de la educación que es garantizar procesos de igualdad. Tampoco va a intentar buscar la fórmula de controlar la gestión y la calidad que están
ofreciendo hoy las escuelas privadas que reciben fondos públicos. En la ley no hay ningún apartado significativo que haga referencia al control de calidad y de la gestión que se hace en las escuelas privadas que reciben fondos públicos. Es más, en
ningún momento se busca la fórmula para que los padres pueda escoger el centro para sus hijos. Además, consolida el sistema de itinerarios, en los cuales se obliga a la escuela pública a ofrecer todos los itinerarios, y en cambio la privada podrá
escoger los mejores, con lo cual se vuelve a discriminar y se ponen trabas a que la escuela pública pueda tener capacidad competitiva con la escuela privada.
En definitiva, creemos que los expuestos serían motivos centrales para que la comunidad educativa rechace abiertamente esta ley y nuestras enmiendas van en ese sentido. Pero hay más, consideramos que esta ley -sobre todo vamos a hacer
referencia al artículo 102, de la alta inspección- es un ataque frontal a la lengua catalana y a la lengua propia de otras comunidades, de otros países del Estado, es un ataque frontal a que la lengua propia sea la lengua vehicular en la educación,
que sea el elemento de cohesión, la lengua de cohesión social de los alumnos. Lo es porque lo que
hace el artículo 102 es que da vía libre a la alta inspección para que pueda sancionar el hecho que ha sido el éxito de la inmersión lingüística en el caso de Cataluña. Esto lo hacen ustedes con una mayoría absoluta que va a cercenar un
consenso que se labró durante muchos años, incluso en el antifranquismo.
También es un paso atrás en lo que a religión se refiere. Hemos vuelto a los años setenta. Se está consolidando un modelo de religión que se creía ya superado, con una Constitución que proclama la aconfesionalidad del Estado. Ustedes
mismos están optando por un modelo de catecismo, por un modelo doctrinario que no ofrece ningún puente con la diversidad, religiosa o no religiosa, creciente en el Estado.
Finalmente, quisiera hacer una reflexión, y es que sin fondos, sin atajar el problema del fracaso escolar que se fragua ya en primaria, yendo en contra de la mayor parte del profesorado -se vuelve a crear el cuerpo de catedráticos, ¡pero qué
es esto!-, y sobre todo con esta voluntad de no dialogar con la comunidad educativa y de dejar más a la intemperie a la escuela pública, creo, señores de la mayoría, que están haciendo un flaco favor a la educación, están haciendo un flaco favor, en
definitiva, a la capacidad que puede tener la escuela como modelo de socialización de valores. Por el contrario, creo que ustedes ya tienen...
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego que concluya.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo, señora presidenta.
Creo que ustedes ya tienen en Operación Triunfo lo que podría ser un modelo de socialización de valores, pero en la escuela no lo tienen, todo lo contrario, van a hundir la escuela pública y van a promocionar lo que les interesa a ustedes,
que es la escuela privada.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAíN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, cuando tuvimos la oportunidad de ver el texto global de la ley, creo que terminé la intervención diciendo que esperaba que en su tramitación se recuperara el consenso que se pudiese, se reconsideraran las
cuestiones de fondo que estamos debatiendo y se incorporaran las innovaciones o aportaciones que pudieran hacer otros grupos. Mucho me temo que ninguna de las tres cuestiones han sido resueltas en la tramitación.
Respecto a la primera, recuperar el consenso, creo que estamos en un auténtico diálogo de sordos, de gente que dice: los míos piensan así, todos, y de gente que dice: la contestación es total. El problema aquí no es solamente falta de
consenso, que sería que no estamos de acuerdo, sino el importante rechazo social de muchos sectores, y desde luego, por lo que respecta a Andalucía, de padres, de enseñantes, de administrativos, de lo que se llama el sector docente; no sólo es que
no estén de acuerdo con determinados planteamientos sino que hay un fuerte rechazo social. No se han resuelto dos cuestiones de fondo fundamentales: los temas competenciales, que siguen exactamente igual; no se ha hecho una relectura de la ley en
función de las competencias de las comunidades autónomas. Pero hay un tema vital, que es el tema económico, el tema de la financiación. Se sigue diciendo que una cosa es la norma y otra cosa es cómo se paga, que ya se verá quién y cómo, sin
embargo se innova, se ponen nuevos itinerarios, nuevas estructuras, nuevos derechos de enseñanza desde muy pequeños que no se sabe cómo se cuantifican ni cómo se pagan. Tampoco se han incorporado otras cuestiones, otras innovaciones u otras
opiniones.
Yo no quiero repetir el discurso, pero lamento que en un tema tan vital para la sociedad como es la educación no se haya alcanzado ni siquiera un mínimo razonable de consenso en la Cámara, que en un tema que nos afecta no se haya manifestado
la menor voluntad de corrección o de diálogo y que estemos en este pulso entre los que creen que llevan toda la razón y los que creen que no llevan ninguna razón, es decir, con pocas posibilidades de transmitir a la sociedad cordura ante un tema tan
vital como la enseñanza de los pequeños.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego mantiene las 58 enmiendas que presentó a la ley orgánica de calidad de la educación y lo hace porque piensa que es el mejor retrato de lo que piensa el Bloque Nacionalista Galego que debe ser el sistema
educativo en el Estado español.
Resumiendo a grandes rasgos nuestras enmiendas podríamos enumerarlas de la siguiente forma. En primer lugar, aquellas que van destinadas a establecer valores y principios en los que se debe basar la educación, especialmente el respeto a la
pluralidad cultural, lingüística y social en el Estado español, la reflexión crítica como un valor fundamental del sistema educativo, el respeto por los derechos humanos fundamentales y la laicidad o aconfesionalidad del sistema educativo. En
segundo lugar, aquellas que van destinadas a que los sectores sociales más desfavorecidos puedan ser integrados debidamente en la enseñanza, por lo menos
en lo que corresponde a las obligaciones del Estado y de las administraciones públicas, a través de un sistema de becas y de ayudas gestionadas por las comunidades autónomas que puedan llevar a la convergencia con los estándares europeos;
además, la gratuidad del material didáctico, especialmente en la educación infantil ahora que va a ser gratuita, y el establecimiento de objetivos ponderados en toda esa etapa de la educación obligatoria que se base sobre todo en la conformación y
consolidación de habilidades de carácter comunicativo.
Desde este punto de vista sería fundamental establecer la evaluación continua y global de todo este período de la enseñanza y, por tanto, la tendencia a la desaparición de los exámenes como el
elemento ordinario para juzgar al alumnado. Hace unos días una prestigiosa pedagoga recordaba que estamos muy lejos de este objetivo, más bien lo vamos a agudizar en un sentido contrario.
Hay un elemento fundamental de nuestras enmiendas y es que el Estado español asuma con carácter básico la presencia de la lengua propia de cada comunidad autónoma como troncal en los estudios educativos de la enseñanza no universitaria, se
trate de la enseñanza primaria, de la secundaria o del bachillerato. El objetivo fundamental es que todos los alumnos comprendan y se expresen con corrección en cualquiera de las dos lenguas como un valor del sistema educativo general.
Otros elemento fundamental para nosotros es la consideración del carácter comprensivo de la etapa de la enseñanza secundaria obligatoria, dando a los centros autonomía para que puedan hacer un diseño educativo propio a partir de lo que es el
respeto por las asignaturas troncales, diseño que debería ser perfectamente asumido y gestionado por las comunidades autónomas, con la instauración de un título único al final de esta etapa obligatoria. Por lo demás, todos los temas relacionados
con la formación del profesorado deben estar en manos exclusivas de la comunidad autónoma, igual que la variación de los centros y de los alumnos. Consideramos que los conciertos deben ser sometidos a un carácter restrictivo solamente allí donde la
enseñanza pública no pueda atender las demandas sociales y, en todo caso, podrían ser adaptados por las respectivas comunidades autónomas.
Hay una cuestión muy importante desde nuestro punto de vista, y es que además de que la autorización de los libros de texto corra por cuenta de la Administración educativa deberían hacerse gratuitos a través de un proceso progresivo que
pensamos que es un elemento sustancial del sistema educativo en este momento. Por último, que sea el claustro de profesores el que tenga un papel fundamental en la planificación pedagógica y la elección democráctica de todos los cargos directivos
del sistema educativo. La enseñanza religiosa debe considerarse como una enseñanza a la que se tiene derecho, pero fuera del sistema educativo académico, y habría que buscar otras soluciones a las que plantea el proyecto de ley.
Acabo diciendo, en primer lugar, que nuestras enmiendas van destinadas a dejar claro que las comunidades autónomas tienen competencia plena y que ésta debe ser una ley de bases; en segundo lugar, a establecer un sistema educativo no
regresivo desde el punto de vista social y que impulse la escuela pública; en tercer lugar, a instaurar valores laicos, democráticos y plurales desde todo punto de vista. Sería una interpretación de la Constitución española, tenemos que
reconocerlo, favorable a las naciones que integran el Estado español.
Por último, he de señalar que el señor conselleiro de la Xunta de Galicia afirmó ayer mismo que la respuesta a la ley de calidad había sido muy importante en Galicia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Buenos días, señorías, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta.
Desde el inicio de este debate, Coalición Canaria ha expresado su posición sobre la necesidad de una reforma del sistema educativo. Habíamos comentado que esta reforma debía nacer no desde la frustración sino, por el contrario, desde la
valoración positiva del nivel educativo alcanzado por los jóvenes durante estas últimas décadas en España donde, sin duda, ha jugado un papel determinante el carácter universal y compensador del sistema educativo público en España. Antes de que se
iniciara el debate de esta posible ley, Coalición Canaria inició un proceso de reflexión y consenso con los interlocutores sociales en Canarias, que culminó, en el año 2000, con la firma del pacto por la educación. Este fue y es un pacto por la
calidad de la educación en Canarias. Coalición Canaria gobierna en Canarias y optando por la calidad, entendió que ésta debía propiciarse a través del consenso y del diálogo; propuesta a la que respondieron de forma responsable y constructiva la
mayoría de los interlocutores sociales. Estas dos actitudes propició que pudiera fraguarse el pacto.
Desde el inicio de este debate hemos propuesto que este fuera el camino, pero es evidente que Coalición Canaria no está en el Gobierno central ni
es el principal grupo de la oposición en esta Cámara. Estos dos grupos -el que sustenta al Gobierno y el grupo mayoritario de la oposición- son los que deciden, en última instancia, optar por el consenso o por la confrontación. La confrontación ha
sido el camino escogido. Desde sus inicios se descartó afrontar esta reforma con la consideración de lo que, desde nuestro punto de vista, debiera haber sido un tema objeto de pacto de Estado. Somos conscientes de que el resto de los grupos de
esta
Cámara desecharon también esta opción. Unos, probablemente, por sincera convicción y otros más por una opción de oportunidad. Coalición Canaria, a pesar de que hubiera resultado más cómodo, no ha optado por discursos de carácter más
electoral como los que hemos venido escuchando; discursos que no están basados en una alternativa precisa ni en propuestas claras sobre lo que debe ser la reforma educativa que necesita España. Ante esta situación, decidimos no estar de convidados
de piedra en un rifirrafe -permítaseme la expresión- de acusación entre los dos grupos mayoritarios ni sumarnos cómodamente al bloque de la oposición para evitar posibles críticas en período preelectoral. No podemos hacerlo porque Coalición Canaria
sí tiene un proyecto educativo con contenidos y alternativas concretas que defender, que desarrollamos en Canarias y que también hemos defender cuando se debate la legislación estatal. Así lo entendemos y así lo hemos hecho. Hemos tratado
seriamente, a través de nuestras enmiendas, de modificar el texto en aquellos aspectos que nos parecían fundamentales. Presentamos 74 enmiendas de las que se han incorporado unas 54, valoramos positivamente el diálogo mantenido por nuestro grupo y,
por supuesto, las modificaciones incorporadas.
Vamos a desglosar nuestra enmiendas en cinco bloques, el primero de los cuales va dirigido a mejorar el texto en lo relativo al carácter compensador del sistema educativo ante las desigualdades sociales. Nos parecía que el texto presentado
por el Gobierno carecía de los aspectos, conceptos y principios básicos. Comentaré incorporaciones importantes como es, por ejemplo, preservar la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar lo que hasta ahora se ha venido en llamar
medidas de atención a la diversidad en la ESO y la ordenación de la oferta de las asignaturas optativas, tanto en la ESO como en el bachillerato. También pretendemos algo fundamental: que los distintos itinerarios conduzcan a un idéntico título de
la ESO y con un idéntico valor académico. Es una posición que hemos venido defendiendo desde el inicio de la negociación con el ministerio, incluso antes cuando sólo existían los llamados borradores de base. Nuestra propuesta, elaborada por la
Consejería de Educación de Canarias -así consta en los documentos enviados-, detallaba que no debía existir un itinerario denominado técnico-profesional sino tecnológico, tal como se refleja en el texto que hoy debatimos. También nos parece
fundamental la aclaración de que los programas de iniciación profesional pueden conducir al título de la ESO y, por supuesto, que las políticas de becas y ayudas del ministerio tengan en cuenta la singularidad de los territorios insulares y la
distancia al territorio peninsular. Con este bloque de enmiendas -no voy a enumerarlas todas- que fueron incorporadas al texto, podremos desarrollar lo que ha venido anunciando el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, la elaboración de
una ley canaria de compensación de desigualdades a través del sistema educativo que pueda hacerse dentro del ámbito de desarrollo de la presente ley.
El segundo bloque de enmiendas se refiere a mejoras en la calidad de todo el proceso educativo: que la evaluación en educación primaria sea del conjunto de las áreas, reforzando el sentido integral de esta etapa educativa; o que la
evaluación de diagnóstico no tenga por qué ser una prueba, sino una evaluación general. Mantenemos todavía diferencias, somos conscientes de que en la calificación final del bachillerato ha de dársele un mayor valor a la media del expediente
académico del alumno.
Proponíamos un 60 por ciento frente al 50 por ciento del texto del Gobierno. No obstante, nos parece un avance importante el que el texto del Gobierno que se aprueba hoy no se especifique sino que se deje para desarrollo
posterior. Por otro lado, es un hecho a destacar el que las universidades deben primar la nota del bachillerato como criterio de admisión de los alumnos, sobre todo en aquellas titulaciones cuyo acceso esté limitado. Que la nota media sea un
elemento que facilite la entrada en la universidad puede ser una opción y un estímulo para los estudiantes que durante el bachillerato tengan definida la carrera que quieren estudiar.
Las enmiendas del tercer bloque pretenden incluir mejoras en la ley en cuanto a propiciar el esfuerzo no sólo de los alumnos sino también de los profesionales de la enseñanza, de los padres y de la sociedad en su conjunto. Se ha recogido
que es obligación de todos, y uno de los principios del sistema educativo, transmitir los valores comunes de una sociedad participativa y democrática, incluido el de la igualdad de derechos entre los sexos. También se ha incorporado el compromiso
de las administraciones educativas de favorecer el derecho de asociación de alumnos y padres y, dentro de los derechos de los padres, es importante haber incorporado la participación en el control y gestión del centro, así como en todas aquellas
decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos. Se han incorporado asimismo enmiendas que favorecen el fomento de las actividades complementarias o extraescolares. Mantenemos viva la enmienda número 70, con una
transaccional, pues en el apartado que habla de la responsabilidad civil de los profesores, de la administración educativa, se deben incorporar las funciones que, incluidas en la programación general anual, se realicen tanto dentro como fuera del
centro escolar.
Por último, de los dos bloques restantes, uno hace referencia a que la participación de la concertada se realice desde las necesidades del sistema educativo -ahí ha habido enmiendas que se han incorporado-, y otro pretende que las
competencias de las comunidades autónomas, así como el posible desarrollo legislativo, queden más aclarados en este texto. Me refiero a los programas de coordinación territorial, de la formación del profesorado o de la inspección educativa. La
enmienda -voy a citar sólo una- número 54 pretende que en los programas de iniciación profesional no sólo se recoja, como hace el texto, que la formación tenga una estructura flexible y de carácter modular. Por otra parte, en una ley
orgánica no se debe fijar la duración en dos cursos académicos. Desde nuestro punto de vista, el criterio debiera ser fijado con posterioridad, en el desarrollo reglamentario, y según las distintas familias profesionales.
El resto de enmiendas que voy a citar hacen referencia al mecanismo de selección y cese de la dirección del centro. También aquí mantenemos posiciones diferentes a la de la ley y al resto de propuestas que hacen los grupos de la oposición.
Nosotros entendemos que el modelo actual es ineficaz y que, como en cualquier empresa o institución, la dirección es un elemento importante y clave para la gestión y eficacia del centro.
Señorías, flaco favor le estaremos haciendo al sistema
público, si profundizar en cuáles son las mejores fórmulas organizativas o de dirección de los centros escolares no pasa por una reflexión sensata, valorando pros y contras de nuestra experiencia en las distintas comunidades autónomas, así como en
el resto de países europeos, donde hay diferentes modelos, pero, la mayoría, en la misma línea de profesionalizar los puestos de dirección. Lo que nos parece un error es fomentar que este tipo de debate no se pueda tener en España sin estigmatizar
las opiniones y las posiciones, simplificándolas como debates de derechas o de izquierdas; y lo digo por mi propia trayectoria personal de defensa de los servicios públicos y porque estoy sinceramente convencida de que esto, más que generar
progresos en los servicios y en la Administración pública, genera una contracultura. Las instituciones no funcionan sin liderazgo y algo ocurre en nuestro sistema educativo cuando, en más de la mitad de las ocasiones, no existen candidatos para la
dirección. Nos preocupa la propuesta del mecanismo del concurso de méritos que hace el Gobierno, por el riesgo de que se burocratice aún más el sistema. Proponemos un sistema mixto, donde el Consejo Escolar proponga una terna entre la que la
Administración educativa designe el director. Somos conscientes de que nuestra posición no ha prosperado. No obstante, seguiremos manteniéndola, tanto aquí como en el Senado, en la búsqueda de alternativas para que las administraciones educativas
puedan, en el desarrollo legislativo y reglamentario, caminar hacia un mecanismo que permita buscar un perfil de dirección profesional que combine liderazgo con mecanismos de control y de rendición de cuentas; donde la administración pueda evaluar
periódicamente la gestión del director, y donde los usuarios y profesores participen en la selección, en la búsqueda de los perfiles más adecuados para cada centro y en su evaluación. Voy terminando, señora presidenta.
Señorías, el núcleo central de este debate se centra en la posición política que adoptan los grupos parlamentarios ante las nuevas necesidades de la sociedad, así como en optar o no por que los servicios públicos, y por tanto la
Administración pública, estén en constante evolución para responder con eficacia y eficiencia a dichas responsabilidades. A nuestro modesto entender, esto implicaría desterrar de estos debates la confrontación y el hecho de hablar de reformas y
contrarreformas, según se gobierne o se esté en la oposición. Desde nuestro punto de vista, se trata de un ejercicio de madurez política. No se defiende más al sector público en general, y al educativo en particular, por exaltar pasivamente sus
teóricas y reconocidas bondades, por muy ardorosamente que lo hagamos. Los servicios públicos y los profesionales que en él trabajan, incluidos los gestores y la Administración, han de ganar la batalla ante el ciudadano en el día a día, ofreciendo
calidad y resultados, eficiencia y cumplimiento de objetivos. Somos conscientes de la dificultad que para los grupos minoritarios de esta Cámara supone transmitir nuestras posiciones y convicciones en debates polarizados, enfrentando las posiciones
de los dos grupos mayoritarios de esta Cámara. Ahí está el valor de la democracia, y es responsabilidad de todos respetar las posiciones y aportaciones de las minorías. Es saludable no acallarla y, mucho menos, manipular sus planteamientos.
Nuestro grupo votará afirmativamente esta ley, pues valoramos positivamente los cambios sustanciales introducidos en los aspectos fundamentales. Estas aportaciones son de interés general para el sistema educativo en España. El valor de las
incorporaciones del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria es asegurar que las comunidades autónomas que quieran hacer una apuesta decidida por la calidad del sistema educativo en todos los sectores de la sociedad tengan preservadas sus
competencias para poder hacerlo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Julios.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
No pienso dedicar ni un minuto a la delicadeza que preside la tramitación de este proyecto de ley porque un Gobierno que no dialoga más que con quien comulga con ruedas de molino; una ministra, ahora ausente, que se niega a mantener el
diálogo institucional mínimo, y un grupo parlamentario que tramita a uña de caballo un proyecto de ley fundamental en un sector estratégico como es el de las enseñanzas no universitarias, no lo merece, señorías. No pienso dedicar ni un segundo más
porque no ofende quien quiere.
Las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Vasco -las 51 que presentó tal cual al proyecto de ley- están redactadas desde la perspectiva de dotar a los sistemas educativos de criterios y de parámetros de calidad. Señorías, en
la sociedad en la que hoy vivimos las empresas, el comercio y los profesionales tienen muy vivo el concepto de calidad en las tareas que desarrollan. Una de las características de las sociedades modernas avanzadas es ofrecer servicios de calidad.
Existe abundante bibliografía actualizada sobre objetivos, procedimientos y planteamientos de calidad, incluso existen ingenieros especialistas en las empresas de fomento y control de calidad de los productos y servicios que se ofertan. En opinión
del Grupo Parlamentario Vasco, es desde esta perspectiva desde donde debía haberse estructurado y redactado una ley de calidad de la educación, en sintonía con la calidad que preside las actuaciones de las empresas punteras del país. Y en esta
línea están redactadas las enmiendas al articulado que presenta el Grupo Parlamentario Vasco. Sí a la calidad de la educación estructurada sobre principios ad sum en la sociedad actual, por ejemplo: la valorización y revalorización social de la
tarea profesional del profesorado; el desarrollo de los hábitos de aprendizaje el aprender aprender; la integración social; la innovación educativa; la participación de los distintos agentes de las comunidades y administraciones educativas; la
interrelación escuela-sociedad; el respeto a las competencias, tanto a las obligaciones como a los derechos, de los distintos agentes y administraciones educativas competentes en estas materias; el plurilingüismo o bilingüismo como factor de
calidad; una arquitectura educativa flexible y sistemas de oportunidades de respuestas integradoras, generadoras de opciones para la igualdad de oportunidades.
En este decálogo por la calidad de la enseñanza se basan las enmiendas al articulado
que defiende el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el día de hoy. Son criterios al uso, como he dicho, en programas de calidad y excelencia de empresas de aceptación general en la sociedad actual. Por ejemplo, son criterios imprescindibles
para la obtención de certificados ISO de calidad europeos.
Señorías, en nuestra opinión, el proyecto que presenta el Gobierno y que sostiene en esta Cámara el Grupo Popular opta por una perspectiva completamente distinta y caduca del concepto de calidad. El proyecto de ley entiende la calidad
educativa en clave de obtención de buenas notas en su acepción más clásica y más elitista. El alumno debe superar exámenes, reválidas, pruebas generales. Señorías, están legislando con el ojo puesto en el espejo retrovisor, con la vista fija en
los años setenta y realizan, en consecuencia, un planteamiento segregador y segregacionista. Plantean la educación como una carrera de obstáculos para los estudiantes, una carrera de vallas donde el estudiante debe saltar los requisitos mínimos de
los exámenes. Cualquier especialista en calidad de oferta y servicios se echa la mano a la cabeza al escuchar estos planteamientos.
He tenido la oportunidad de leer en el suplemento de El País de este domingo una entrevista que realizaban a la conocida y prestigiosa pedagoga Marta Mata, en la que decía que el uso que se está haciendo del término calidad en educación es
para hacer llorar. Compartimos este criterio, señora ministra. Las 51 enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) constituyen una alternativa educativa al proyecto del Gobierno. Bien cierto es que hay aspectos de los sistemas
educativos que hay que encauzar, que hay lagunas que hay que rellenar, que hay deficiencias que hay que subsanar. No nos consideramos defensores a ultranza de la LOGSE, no somos fundamentalistas de los sistemas compresivos, pero presentamos en
nuestras enmiendas los aspectos sustanciales que hay que actualizar para generar dinámicas educativas tendentes a la consecución de factores multiplicadores de calidad. En esta primera ley de educación que se pretende poner en vigor en una
coyuntura en que todas las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, en una coyuntura en la que es importante subrayar que el plurilingüismo, el bilingüismo en los sistemas educativos como en el conjunto de la
sociedad constituyen un factor de calidad, el Gobierno no contempla esta perspectiva empeñándose en su política de campanario de ver siempre como el burro con las kartolas puestas. Hay que equilibrar los conceptos de necesidad de cambio y de
reformas del sistema educativo -que nosotros reconocemos- con el de la relevancia de la estabilidad y el valor de la continuidad del sustrato del sistema educativo.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en estas materias presentan un sistema alternativo que reconociendo las bondades de determinados aspectos de los sistemas educativos que hay que reformar, presentan alternativas
concretas. Por enumerar algunas, señora presidenta, entre las asignaturas comunes del bachillerato no figura en el proyecto de ley ninguna asignatura de ciencias y dado que se trata de una materia necesaria para el desenvolvimiento en la vida
ordinaria, algunas matemáticas aplicadas debieran introducirse como asignatura común dentro del bachillerato. En relación con los llamados itinerarios formativos surgen, en la redacción que sostiene el Grupo Popular y el Gobierno para el alumnado
del segundo ciclo de la ESO, itinerarios con la finalidad de que los alumnos puedan obtener del sistema educativo el máximo aprovechamiento según sus intereses y aptitudes. Teniendo en cuenta que estamos ante una etapa educativa obligatoria y que
esa diversidad de ofertas de enseñanzas flexibles lleva a obtener el mismo título de graduado en educación secundaria obligatoria, el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que lo más correcto sería incluir en los objetivos y contenidos de la etapa de la orientación laboral y profesional los que posibiliten a los alumnos que cursen los distintos itinerarios un
conocimiento real del mundo laboral, evitando así todo sectarismo y que los programas de iniciación profesional se conviertan de hecho en una vía para apartar a los más torpes reduciendo en la práctica el límite de la educación obligatoria a los 15
años. Una de las novedades de esta ley orgánica es la prueba general de bachillerato que se estima necesaria para obtener el título de bachiller y cursar estudios universitarios y de formación profesional de grado superior. Esta prueba general,
cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno del Estado, no sustituye, por lo menos hasta ahora, a la selectividad, lo que demuestra el desmedido afán evaluador de la reforma educativa proyectada, aspecto que hay que delimitar en estos
trámites parlamentarios, por lo que el Grupo Parlamentario Vasco propone la supresión de esta prueba mientras no se delimite el conjunto de pruebas que se le solicitan a los alumnos.
Con relación al aspecto integrador que, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco debiera presidir toda orientación del sistema educativo, nuestro grupo presenta un conjunto de enmiendas para que quede suficientemente recogido tanto para
aquellos que tienen dificultades en los procesos de aprendizaje o discapacidades, como para aquellos alumnos hijos de inmigrantes con dificultades en el seguimiento de sus programas escolares; es decir, ofrecemos un aspectos integrador en estos
sistemas de enseñanzas no universitarias. Igualmente, presentamos un paquete de enmiendas para que el factor bilingüe o plurilingüe sea estimado como un factor de calidad en la enseñanza y se contemple en las distintas previsiones sobre materias
curriculares que se realizan en la ley.
Señor Guerra Zunzunegui, en nuestra opinión, este proyecto de ley no se acopla debidamente al marco constitucional, a las previsiones del artículo 27 de la Constitución española, por omnicomprensiva; no se ajusta a las previsiones del
Estatuto vaso. He tardado dos segundos en decirlo, y no se me conteste que el Grupo Parlamentario Vasco presenta enmiendas competenciales porque nuestro grupo está planteando una alternativa educativa en esta Cámara.
Para terminar, señora presidenta, quisiera manifestar la honda preocupación del Grupo Parlamentario Vasco por la imagen que hemos trasladado a esta Cámara sobre los trámites y la forma de llevar las relaciones institucionales al discutir
esta ley de calidad. Tengo la sensación de que desde esta misma Cámara no estamos educando a la sociedad en términos de calidad, de que hemos dado un espectáculo lamentable a la sociedad porque se nota falta de calidad de educación en la relación
de los distintos grupos parlamentarios, en la incapacidad que manifestamos para tener una relación civilizada -no ya de calidad, sino civilizada- entre nosotros mismos, por ese empeño en cerrarse cada uno -nosotros asumimos las responsabilidades que
se nos puedan atribuir haciendo autocrítica de nuestras posiciones-; pero la sensación que se da a las comunidades educativas, a los distintos agentes educativos, es lamentable y queremos dejar constancia de esta honda preocupación. El otro día un
grupo de chavales en Zarautz me preguntaba cómo era posible que un conjunto de diputados y diputadas no fuera capaz de sentarse a hablar, a dialogar, a discutir y a presentar alternativas con el Ministerio de Educación. Es la pregunta que se hacen
muchos profesores, muchos padres y alumnos que tienen edades como para plantearse estas cuestiones. Hemos dado un mal ejemplo de calidad educativa, yo diría que hemos dado un ejemplo de mala educación a la sociedad. En lo que respecta a nosotros,
quisiéramos hacer constar esta honda preocupación y pedir disculpas por la responsabilidad que le pueda concernir a nuestro grupo parlamentario.
Para terminar, señora presidenta, quisiera hacer una consideración a los señores diputados del Grupo Popular. Ustedes tienen mayoría absoluta en esta Cámara con el 40 por ciento de los votos, esa es la realidad electoral en esta
legislatura, y están intentando imponer en solitario su modelo educativo, un modelo educativo que conoce el rechazo generalizado de los demás grupos representados en esta Cámara. Y ustedes se rasgan las vestiduras y claman al cielo cuando se
realizan planteamientos políticos que en su opinión deben conocer aceptaciones más generalizadas, orientaciones más transversales, por constituir proyectos centrales para la convivencia de los ciudadanos. Yo quisiera hacerles desde la tribuna,
señores del Grupo Popular, una pregunta: ¿Pueden ustedes explicar a esta Cámara si resulta razonable imponer su modelo educativo a todas las administraciones educativas, a todos los agentes y comunidades educativas, con un exiguo 40 por ciento de
los votos?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Hace exactamente un año, señora ministra, esta diputada subía a esta tribuna para hacer otro debate sobre otra ley, también educativa, la LOU, fuertemente contestada por amplios sectores de nuestra sociedad que pedían su retirada. Fue
sometida a un debate parlamentario precipitado, despachando más de ochocientas enmiendas parciales en doce horas de trabajo de Comisión,
y ustedes lograban colocarla con esa dinámica parlamentaria en el Pleno de la Cámara. En aquel momento, señora ministra, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida manifestábamos aún cierto optimismo, pensábamos que se podían
recomponer aún los jirones, que el Senado podría ser la cámara milagrosa y que en ese marco podíamos recuperar los consensos ante una ley que, por su trascendencia y vocación, debía ser una ley de Estado y no de partido. (La señora vicepresidenta,
Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señora portavoz de Coalición Canaria, este sí es un debate de derechas y de izquierdas. En la educación es donde se deja la impronta, la huella ideológica. Y esto no es inocente, el PP lo sabe y nosotros también, no vamos a engañarnos. Si
se quiere echar una mano, se echa una mano, y si se quiere dar agua al que tiene sed, se le da agua, pero este es un debate ideológico fundamental para la izquierda y también para la derecha, y todas y todos tenemos la obligación de hacer el
esfuerzo de escucharnos, que no de oírnos, poner en práctica esa maravillosa dialéctica de El Quijote y acabar acercando posiciones en pro de los ciudadanos del futuro de este país. Esa es la historia, no hay más, y lo demás son cuestiones que
iremos desgranando a lo largo de la intervención.
Hoy, un año después, estamos repitiendo, como si se tratara de rebobinar una cinta de vídeo, el mismo calendario y el mismo proceso seguido ante esta nueva ley que ustedes traen a la Cámara, mal llamada LOCE, ley de calidad, nombre del que
nosotros discrepamos porque tenemos parámetros distintos para medir lo que es la calidad y lo que no lo es. Más de 1.160 enmiendas se despachan, señorías, señoras y señores del Gobierno, en 17 horas de Comisión. Pero hay una diferencia, con su
actitud, señora ministra, el Gobierno del Partido Popular -porque me dirijo tanto al Gobierno como al grupo que lo sustenta-, ustedes han conseguido que hoy no alberguemos la esperanza de que esta ley pueda dar frutos a su paso por el Senado.
Ustedes han convertido el paso de las leyes educativas por el Congreso y por el Senado en una especie de trámite burocrático, de imperativo legal al que acuden con un espíritu de prietas las filas, de nada de diálogo y de nada de negociación. No
sólo, señora ministra, están ustedes haciendo un flaco servicio a la educación, no sólo, señoras y señores del Gobierno, están ustedes haciendo un flaco servicio a los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Ustedes están haciendo, con esta tramitación
parlamentaria, un flaco servicio a la democracia. Por cierto, les sugiero que se pongan a estudiar y traigan un proyecto de calidad democrática; a ver si resisten ustedes el análisis.
No quisiera insistir ahora en los puntos por los que el pasado 10 de octubre pedimos la devolución del texto al Gobierno, que eran: la falta, como ustedes saben, de un diagnóstico riguroso, serio y compartido, sobre nuestro sistema
educativo; la ausencia de un debate previo, sereno, riguroso y estructurado con los sectores sociales implicados; la falta de una memoria económica que permitiese ver hacia dónde y con qué volumen financiero se pretende abordar esta reforma,
además de nuestro desacuerdo, obviamente, con la filosofía subyacente y con las propuestas de su texto articulado. Todo ello, señora ministra, mantiene su vigencia, pero nosotros, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, hoy vamos a
centrarnos en el dictamen de la Comisión, que se nos somete a aprobación en el contexto del trabajo que esta Cámara ha realizado en un cortísimo período de tiempo.
Señora ministra, cuantas veces ha tenido usted la ocasión, y si no la ha tenido la ha buscado, de salir en los medios de comunicación, usted ha mentido a la sociedad española. (Rumores.) A mí me ha llamado demagoga la ministra dos mil veces
en la tele, todos los días, con su vocecita, y no ha gritado nadie. Cuantas veces ha tenido usted o buscado la ocasión de salir en la tele, ha mentido a la sociedad española, me reitero; le ha dicho usted que la oposición estaba anclada en el no;
que no presentaba alternativas; que se limitaba a decir que no a su proyecto de ley. Pues bien, la realidad es muy otra, como pueden certificar los medios. Usted lo sabe y lo oculta deliberadamente. Su texto de proyecto de ley, señora ministra,
permítame que se lo recuerde hoy, mereció la solicitud de devolución al Gobierno por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, salvo Coalición Canaria y naturalmente el grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo del Partido Popular. Pongo el
énfasis en que tres grupos parlamentarios, entre ellos el de Izquierda Unida, presentaron en esta Cámara texto alternativo articulado a su ley de calidad. Eso no es hacer cultura del no, señora ministra. Eso es hacer cultura responsable, desde la
oposición responsable que usted tiene la suerte de tener, cosa que no nos pasa a nosotros con el Gobierno. Tres grupos parlamentarios -que, en voto popular, son más representativos que los que apoyan el proyecto de ley- le hemos presentado
propuestas alternativas globales. Ustedes no están dispuestos a parar, a reflexionar, ni a analizar, porque a lo que ustedes están dispuestos es a dejar la impronta de la huella educativa de la derecha. Legítimamente, sí, pero no me gusta nada.
¡Qué quiere que le diga!
Lo ocurrido en la Comisión de Educación del 24 de octubre es claramente sintomático. Los grupos de la oposición, señora ministra, no estamos por el no. A esta Comisión se le han remitido, y usted lo sabe mejor que nadie, 1.160 enmiendas,
muchas de ellas con textos densos que necesitaban tiempo de análisis y discusión para poder hacer síntesis superadoras.
Pero para ustedes el pescado ya estaba vendido y el
paso por Comisión era un puro trámite. Varios grupos nos hemos abstenido de participar en ese juego parlamentario, y otros, aún participando, han denunciado esta práctica. Señora ministra, la oposición de esta Cámara no somos los
comisionados del no, pero tampoco vamos a consentir que el Partido Popular nos convierta en los comisionados del trágala. Que quede clarito.
En el preámbulo de nuestro texto alternativo, señora ministra, decíamos desde Izquierda Unida que avanzar en la calidad supone apostar por una educación cuyo principal objetivo consista en asegurar a todos y cada uno de los alumnos y alumnas
el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en el marco de esta sociedad democrática que hemos conseguido construir. Se trata, pues, de una concepción de la calidad que,
como ustedes muy bien saben, se asocia ineludiblemente al principio de oportunidades de igualdad en el acceso, en el proceso y en el resultado. Porque lo que concierne a la educación obligatoria, una educación de calidad, o sirve para que el
conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o sinceramente, señoras y señores del Partido Popular, no sabemos de qué calidad están hablando.
Lo afirmábamos con rotundidad en nuestro texto, porque de la lectura de su
proyecto de ley concluimos que ustedes van por otros derroteros bien distintos. Ustedes no tratan de compensar las desigualdades de origen, ustedes sencillamente las asumen, les ponen el sello, les dan cauce a través de los diferentes itinerarios y
utilizan antiguas y nuevas barreras selectivas.
En esto, y créame que me da tristeza tener que decirlo, pero lo voy a decir, ustedes no sintonizan ni siquiera con el preámbulo de la Ley 14/1970, que decía: Se trata en última instancia de construir un sistema educativo permanente no
concebido como criba selectiva de los alumnos sino capaz de desarrollar hasta el máximo la capacidad de todos y cada uno -entonces no había la variable de género, estamos hablando de 1970- de los españoles. Ustedes, señora ministra, han utilizado
la calidad como señuelo, pero lo venden en una amalgama de títulos, capítulos, secciones, artículos y disposiciones que sucintamente responden a esos claros objetivos de la huella educativa de la derecha. A pesar del esfuerzo, a pesar de lo que
hemos puesto encima de la mesa para convencerles, no hemos sido capaces de modificar ni una sola de sus posiciones. No hemos sido capaces, qué desgracia, de impedir que ustedes recuperen recetas y fórmulas trasnochadas de nuestra legislación y
práctica educativa. Le pregunto, señora ministra, en qué estudio empírico, en que corpus teórico basa el Partido Popular o el ministerio sus hipótesis para que podamos identificar en esta Cámara o en el conjunto de la sociedad española su mejora de
calidad, cuando nos tenemos que enfrentar a que en la enseñanza de los niños de cero a seis años rompe el ciclo educativo, se desgaja de la educación infantil y pasa a tener un carácter, vamos a decirlo con respeto, educativo asistencial. Señora
ministra, las decisiones de promoción y titulación no pueden ser un mero proceso administrativo de contar cuántas asignaturas no están superadas. Olvidan ustedes la capacidad de los equipos de profesores para valorar las situaciones con globalidad,
realizando evaluaciones integradoras y no burocráticas, porque de eso estábamos hartos todos nosotros, que hemos pasado por esa situación.
Es una lástima que ustedes confundan la calidad educativa y que digan que de verdad tienen fundamento cuando han sido capaces de que los profesores de secundaria, que realizan las mismas actividades, estén en dos cuerpos de funcionarios
diferentes, porque se le ha ocurrido al ministerio. Es francamente sorprendente. A ustedes también se les ha ocurrido, sin que nosotros hayamos podido evitarlo, que los bachilleratos sean tres y nada más que tres, haciendo desaparecer el
tecnológico y cerrando la posibilidad de que en el desarrollo legislativo las comunidades autónomas puedan crear, además, otros. Y no tienen ningún pudor en asimilar una prueba general a una reválida del plan de l954. No entiendo qué le han hecho
a usted las actuales pruebas de acceso a la universidad para que valide una fórmula. ¿Qué tiene que ver con el plan que he citado de l954? Más grave aún, ustedes condicionan el título de bachiller a la superación de esa prueba. Mientras antes el
título era una consecuencia administrativa de haber hecho los dos cursos, de haber aprobado las materias de los dos cursos, ustedes ahora condicionan el título de bachiller.
Por cierto, señora ministra, le recomiendo que tenga un espíritu un poco más autocrítico, porque francamente no sé cómo decírselo. Lo que yo estoy diciendo, lo que estamos diciendo hoy la oposición no está en ningún manual de Izquierda
Unida, ni de la izquierda plural, ni de la izquierda europea, ni de la izquierda mundial. ¿Sabe usted dónde está, señora ministra? En el libro blanco de 1969 previo a la Ley General de Educación. Que los directores sean elegidos por la
Administración y no por los consejos escolares ¡vaya avance! Esto es calidad democrática. En 1970 hablábamos ya, en la España que aspiraba a ser Europa, de otros parámetros bien diferentes, hablábamos de áreas y de materias. (Sólo nos falta el
guateque, esto es una vuelta al pasado absoluta). No hemos podido evitar tampoco, y bien que lo sentimos, que ustedes retoquen, para estropearla, parte de la legislación contenida en la LODE, en la LOGSE y en la LOPEG. Parece como si tuvieran
ustedes necesidad de demostrar su capacidad de metomentodo. Si fuera para bien, seguramente estaríamos agradecidos; pero francamente, mejor quédense quietos, porque cada vez que se mueven producen verdadera
convulsión en el conjunto de la comunidad educativa, en esta Cámara y en la sociedad española.
Voy a ponerle un ejemplo concreto. Usted se ha empeñado en quitar el carácter de órgano de gobierno al claustro y al Consejo Escolar, pensando que con ello iba a dar un varapalo a las inquietudes asamblearias izquierdistas, que
probablemente, señora ministra, sean una obsesión personal suya, pero que no son desde luego de Izquierda Unida, que es un grupo político que es de izquierdas, no izquierdista. Los órganos de gobierno de los institutos nacionales de bachillerato
serán unipersonales y colegiados. Atienda, señora ministra. Son órganos colegiados el claustro de profesores, el consejo asesor y el consejo de dirección.
Artículo cuarto del reglamento orgánico de los institutos de bachillerato, aprobado por
real decreto en el año 1977, en desarrollo de la Ley General de Educación de 1970, siendo ministro don Aurelio Menéndez y Menéndez, hace más de 25 años, cuando todavía no había habido elecciones democráticas ni estaba aprobada la Constitución.
Ustedes no nos han permitido impedir tampoco el recorte de la autonomía, y cuando decimos esto nos referimos a la marcha atrás que supone en la autonomía de los centros. Los centros pierden autonomía con la ley de Pilar del Castillo.
Cuando decimos los centros nos referimos a la capacidad de los miembros de la comunidad escolar a participar y tomar decisiones sobre la manera de organizarse y dirigirse. Se recortan las competencias de los claustros, los consejos escolares, las
juntas de evaluación. Justifican sus decisiones en la necesaria eficacia, entre comillas, término que también habría que discutir conceptualmente, para ver si compartimos. Por otro lado, invaden competencias. Esta es una ley centralista,
claramente centralista. Invaden competencias educativas de las comunidades autónomas. El Gobierno hace en esta ley una interpretación abusiva del artículo 149 de la Constitución. Parece desconocer que las comunidades autónomas, algunas desde hace
más de 20 años, otras de forma más reciente, han gestionado o gestionan la educación adaptando y modulando a su realidad específica el marco básico general establecido en las disposiciones de carácter orgánico. En esta ley el Gobierno desciende a
regular hasta la saciedad múltiples aspectos que deberían ser regulados, en nuestra opinión, por las comunidades autónomas en un primer nivel y por los propios centros educativos en un segundo nivel decisorio.
Con esta ley, señora ministra, pretenden que la educación se gestione a los dictados de la calle Alcalá. Olvidan ustedes, por cierto, que la escuela sobre la que quieren legislar es la del Estado de las autonomías, no la de El florido
pensil, felizmente superada. Tampoco hemos podido evitar que ustedes tomen decisiones que suponen una clara agresión a la escuela pública y un retroceso en derechos básicos conquistados con muchos años de lucha, sin haber atendido ustedes las
necesidades de la enseñanza obligatoria, donde hacen falta más recursos humanos y financieros para poder atender adecuadamente la diversidad del alumnado; para poder atender a su recuperación; para disminuir, en suma, el fracaso escolar; para
satisfacer con plazas públicas la demanda de escolarización, sobre todo en educación infantil y formación profesional.
Ustedes, por el contrario, dan luz verde a conciertos educativos en tramos no obligatorios, concertando la educación infantil.
En lugar de profundizar...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, le ruego que vaya concluyendo.
La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta.
En lugar de profundizar en las medidas de atención a la diversidad, que estaban elaboradas con criterios de compensación educativa, acaban ustedes con ellas, ustedes acaban con lo diverso. Levantan acta y ¡se acabó! Diversifican los
centros: centros de elite, de especialización curricular, centros privados concertados, que impartirán itinerarios guapos -como decimos en mi tierra-, centros públicos donde se concentrará por el contrario el fracaso. Desde nuestro grupo
parlamentario anunciamos que vamos a seguir siendo especialmente beligerantes en esta materia, señora ministra, porque, en un Estado democrático, social y de derecho, la enseñanza privada ha de ser subsidiaria de la pública, y no al revés.
Crean ustedes un área de sociedad, cultura y religión para dar satisfacción y obtener el aplauso de la jerarquía de la Iglesia católica.
Le decía yo, durante el debate de la LOU, que su ley no la iba a bendecir ni Dios; esta la ha
bendecido la Conferencia Episcopal, pero estoy segura de que Dios, tampoco. En nuestro grupo parlamentario tenemos claro, señora ministra, que la enseñanza religiosa, en tanto que doctrina, no debe tener cabida en el sistema educativo; son otros
los ámbitos en los que las confesiones religiosas deben atender a la formación de sus correligionarios o fieles. Otra cuestión son las claves culturales que, en relación con los mitos y religiones, es necesario conocer para poder interpretar
adecuadamente la historia, el arte, la música y otras disciplinas; la formación necesaria, sin embargo, debe darse en cada área o materia.
Como siempre me falta tiempo. No han aceptado incluir la no discriminación de origen sexual en la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. No quiero olvidarme de decirle esto. Nos parece intolerable que, con fondos
públicos pagados por todas y todos los españoles, se concierten aulas para impartir la enseñanza básica con instituciones que rechazan la coeducación en su ideario; fíjese de qué estamos hablando. En 1969, las personas con inquietudes nos
reuníamos en la Rosa Sensat, allá en su tierra,
para tratar de la coeducación; a usted se le ha olvidado. La coeducación es una premisa esencial para una sociedad que pretende superar los estereotipos y erradicar cualquier forma de incomunicación o de violencia de género.
No han engañado a nadie, sépalo, señora ministra. Los padres y las madres, los profesores y profesoras, los alumnos y alumnas, han conseguido, a pesar de su oscurantismo y de sus buenas palabras, hacerse una idea aproximada de las
consecuencias de la aplicación de esta ley en el futuro de sus vidas; y ello a pesar de la ceremonia de la confusión a la que han querido ustedes invitar a todos desde el ministerio. La movilización del 29 de octubre, que hemos apoyado por su
amplitud -medida, claro, en términos objetivos; otra cosa es si lo hacemos en escala Cabanillas-, debería ser motivo de reflexión para usted y el Gobierno del Partido Popular.
Nuestro grupo parlamentario, Izquierda Unida, votará en contra de este dictamen que se le presenta, y no cejaremos, en lo que queda de debate parlamentario -creámelo-, en el empeño por llegar a un amplio consenso, aunque sea partiendo de
cero. Es un asunto trascendental para ustedes, pero también para la oposición, para esta Cámara. Por eso le decimos una vez más: señora del Castillo, está usted a tiempo; no pase a la historia por pretender sustituir, en un tema tan
trascendental como este, el amplio consenso que precedió a la Logse con una especie de victoria pírrica, que sólo puede contentar a espíritus carentes de autocrítica, a espíritus poco críticos, que nada van a aportar ni a la educación pública de
este país ni al conjunto de la sociedad española. Señora Del Castillo, esta es su ley. Me entristece saber que usted va a pasar a la historia por la ley más breve de la democracia española en materia educativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Guardans. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, me alegro de que esté usted aquí, le agradezco en nombre de mi grupo que esté usted siguiendo este debate desde el banco azul. Convergència y Unió afronta este debate de hoy -que, dependiendo de lo que ocurra en
el Senado, puede acabar siendo el último debate que tengamos en esta Cámara sobre la llamada ley de calidad de la educación- con un cierto sentimiento de pena. Aunque respetaría que a otros grupos políticos la situación en la que estamos hoy les
generara una especial satisfacción -me parecería legítimo, cada uno tiene su estrategia política y no estamos aquí para dar lecciones a nadie-, yo puedo hablar en nombre de mi grupo y desde la posición del mismo la situación de enfrentamiento total
con la que vemos esta ley no es en absoluto fuente de satisfacción. Que estemos afrontando hoy una reforma educativa con la gente en la calle, con toda la Cámara en contra -excepto quien tiene la mayoría absoluta y Coalición Canaria- y con tensión
social en un sector básico, que acaba derivando, además, por la forma en que se ha planteado, en una tensión entre escuela pública y privada; que en algo que para nosotros es un tema de Estado lleguemos a una situación de empantanamiento como la
que se deriva de esta votación de hoy es una pésima noticia. Para nosotros no hay pues la más mínima satisfacción, sino un sentimiento -no sé si llamarlo de dolor porque sería excesivo y no se tomaría en serio- de pena, de lástima, de oportunidad
perdida.
Desde Convergència i Unió, hoy no sacamos de esto nada positivo, nada bueno. Entendemos que hay un solo responsable de esta situación y es el Gobierno del Partido Popular; un solo responsable que tendrá que rendir cuentas ante su
electorado y ante el conjunto de la ciudadanía de haber llegado a la triste situación en la que nos encontramos hoy. Por lo menos en lo que respecta a mi grupo -de los demás no puedo hablar- hay algo que ustedes no han entendido y no han querido
entenderlo desde que nos sentamos por primera vez para intentar negociar hasta hoy y, por lo que veo, en lo que queda de tramitación parlamentaria en el Senado. Ustedes no han entendido, no han querido entender, que tenemos un límite que no podemos
superar. Nosotros podemos dialogar sobre el contenido de la reforma educativa, podemos hablar y podemos negociar -que es lo que se hace en política-, ceder un poco por aquí y plantear nuestras opciones de modelo por allá, pero lo que un grupo
parlamentario como el nuestro no puede hacer, ni le pueden pedir ustedes que haga, sin sentir que está traicionando a los cientos y cientos de miles de votos que nos han traído aquí, sin traicionar nuestra propia identidad como grupo parlamentario,
es votar favorablemente una ley contra las propias competencias de la Generalitat de Catalunya. Ese es un punto de no retorno. El otro día, en otro debate de política general -me parece que era el debate de presupuestos-, decía Xavier Trias: Si
yo hago esto, me tengo que ir a casa. Lo decía en relación con otras leyes, pero con esta vale exactamente igual. Si nosotros votamos favorablemente esta ley nos tenemos que ir a casa. Es lo que ustedes no han conseguido entender; se lo hemos
explicado por activa y por pasiva. Podemos renunciar a pedir más. Tenemos nuestras aspiraciones en el ámbito autonómico, las tenemos, ustedes las conocen y a veces las planteamos en forma de enmienda, pero a la hora de la verdad, cuando se trata
de un tema de Estado, podemos renunciar -lo hemos hecho- a pedir aquí todo lo
que en el fondo querríamos, podemos hacerlo, lo hemos hecho; podemos renunciar a aplicar modelos alternativos y aceptar que quien tenga la mayoría establezca el suyo, siempre y cuando no perjudique y sea beneficioso. Lo que no podemos -e
insisto en que lamentablemente ustedes no lo han conseguido entender- es ir atrás, es pretender tener nuestro apoyo en una ley que vacíe las actuales competencias de las comunidades autónomas en el ámbito educativo, no sólo que no vaya todo lo lejos
que nosotros creemos que se podría ir, administración única, etcétera, en el modelo territorial del Estado, es pretender que nosotros les demos a ustedes un cheque en blanco para que perforen los fundamentos mismos de toda la política educativa, en
nuestro caso de la Generalitat de Cataluña y, por extensión, del conjunto de las comunidades autónomas, y eso es lo que hace esta ley, y si ustedes hubieran entendido esto hubiéramos negociado de otra manera pero, lamentablemente, es un punto que
ustedes no han sido capaces de captar, y se lo digo, de verdad, con todo el respeto y el buen tono que intenta tener esta intervención.
Esta ley se basa en la desconfianza absoluta en las comunidades autónomas, también en los centros educativos, también limita la autonomía de los centros, pero se basa en una sensación, materializada en textos, no simplemente espiritual, sino
traducida en textos, traducida en norma jurídica, de desconfianza profunda en las comunidades autónomas, de desconfianza en las capacidades de las administraciones educativas para tomar sus propias decisiones. Según ustedes, con esta ley en la
mano, con lo que la ley dice, con lo que la ley introduce en el sistema actual, que no estaba hasta ahora, las administraciones educativas no son de fiar y donde hasta ahora las administraciones educativas autorizaban, aprobaban, reglamentaban, a
partir de esta ley sólo podrán autorizar, aprobar, reglamentar e incluso legislar pidiendo permiso al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Eso es lo que hacen ustedes con esta ley, y en más de 50 ocasiones, donde antes las comunidades
autónomas hacían o deshacían, porque también son Estado y porque entre todas contribuyen al proyecto general, a partir de la aprobación de esta ley sólo lo podrán hacer respetando los requisitos mínimos, respetando aquellas condiciones básicas, sólo
dentro del marco que se haya fijado en Madrid, etcétera, con toda la terminología que ustedes van introduciendo a lo largo de este texto.
Enmienda tras enmienda el Grupo Parlamentario Catalán ha intentado, una detrás de otra -y son decenas de enmiendas las que siguen vivas hoy y votaremos-, ir recapacitando sobre este tema e intentar explicarles a ustedes que eso no es
posible; enmienda tras enmienda hemos intentado hacer ver al Gobierno que nosotros por lo menos -virgencita, virgencita que me quede como estoy- en términos competenciales quedémonos donde estaba la LOGSE, que tampoco es en términos competenciales
la panacea, tampoco es que sea lo que Convergència i Unió propondría, pero por lo menos que quede ahí. Y ustedes no, ustedes una por una han ido votando contra todas y cada una de nuestras enmiendas y eso es lo que hoy nos lleva a votar nada menos
que contra una ley orgánica que intenta rehacer el sistema de calidad de la educación. Evidentemente, anunciamos que esta ley, tal como está, acabará en el Tribunal Constitucional y será éste el que acabe poniendo las cosas en su sitio.
¿Significa eso que todo el resto de la ley, en lo que no es competencial, nos gusta? No, también lo dejo claro. Por supuesto hay otras cosas que nos preocupan, algunas frontalmente, otras que simplemente no son el modelo que habríamos
planteado, pero en las que, en el mejor de los casos, quizá podríamos haber llegado a un acuerdo. Desde el propio sistema de itinerarios, que no es el mismo el de la ley de hoy que el del primer documento de bases que en su momento elaboraron,
hasta la propia existencia de la prueba general de bachillerato, que nosotros por enmienda impugnamos, la creación del cuerpo de catedráticos, hay muchas cosas que son muy distantes a lo que nosotros querríamos. El propio planteamiento pedagógico
de fondo que tiene esta ley no es nuestro modelo. Pero se lo digo bien claro: probablemente habríamos podido llegar a un acuerdo, si ustedes hubieran sido capaces de entender que ni ahora ni nunca pueden pedir al Grupo Parlamentario Catalán
dispararse contra su propio pie y aprobar leyes que vacíen de contenido el Estado autonómico.
El gobierno, sea de derechas o de izquierdas, que no entienda eso, nunca tendrá a su lado en ninguna ley al Grupo Parlamentario Catalán.
Acuerdos, podía haberlos habido, y son acuerdos que de hecho nos reclama la sociedad y ustedes lo saben y lo sabemos nosotros porque hablamos con la misma gente. La sociedad nos pedía acuerdos y nos los ha estado pidiendo durante esta
tramitación parlamentaria, que ustedes voluntariamente han querido que no fuera tal, que fuera un caballo al galope, despreciando lo que era la posibilidad de tener auténtico diálogo parlamentario en esta sede, han renunciado ustedes a tener eso.
Mucha gente del sector educativo, de Cataluña y del conjunto de España, nos ha pedido, por activa y por pasiva: poneros de acuerdo, intentad llegar a acuerdos. Ha sido absolutamente imposible. Es gente que acepta muchos de los principios de la
ley, gente con la que nosotros podemos compartir algunos de los principios de esta ley, desde la reforma del modelo de dirección de los centros escolares, por ejemplo, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, eso lo podemos
compartir; reformar en parte cómo funciona la evaluación en los centros, no la evaluación general de diagnóstico, sino la evaluación. Hay algunos temas concretos que podíamos haber compartido: reforzar la
calidad en los centros; esto lo compartimos, no hacemos dogma de la LOGSE, no tenemos la LOGSE como si fueran las Tablas de la Ley, no nos pueden echar en cara eso porque no es verdad. Aceptamos que la LOGSE puede ser reformada, porque
tiene cuestiones que en la práctica se pueden reformar, pero no de esta manera y no a costa de recuperar competencias que el ministerio no tiene y de dejar absolutamente vacíos de contenido a la Administración autonómica y a los parlamentos
autonómicos, que también en el ámbito educativo tienen competencias.
Es muy fácil descalificar la posición de CiU, como ha hecho en algunas ocasiones algún responsable ministerial, con argumentos de coyuntura política. Yo no voy a entrar de nuevo en ese debate, ya lo hice en Comisión. Animo a quien se vea
en esa fácil tesitura de decir: es que estos en el fondo no sé sabe muy bien qué tipo de estrategia quieren respecto del PP, a leerse una por una las 118 enmiendas pendientes; 118 enmiendas, señorías, que hoy se van a someter a votación, que
ustedes van a votar en contra, a ver si eso es estrategia política o hay ahí un modelo alternativo.
En tantos sitios donde antes se hablaba del acuerdo de las comunidades autónomas hoy se habla del informe previo de las comunidades autónomas.
¡Oído cocina! Nada más. En tantos otros sitios donde el Gobierno no tenía nada que decir hoy
sólo se podrá actuar si se respetan requisitos mínimos del Gobierno. Donde antes no había normativa básica hoy sólo se podrá hacer en el ámbito de la normativa básica. Son decenas y decenas de ámbitos a los que esta ley va dirigida.
Yo no tengo tiempo en esta intervención, lo voy a hacer muy por encima, de entrar a comentar cada una de esas enmiendas, aunque teóricamente este trámite en Pleno también esté para eso, pero no tengo tiempo. Puedo comentar algunos temas,
algunos ejemplos muy obvios. Educación preescolar, que no tiene que ver con el derecho fundamental a la educación, está reconocido por la propia jurisprudencia, no tiene que ver con la igualdad entre todos los españoles; sin embargo, la
organización, que es de las comunidades autónomas, a partir de ahora lo es sólo de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, incluso para la autorización de los centros hay que atenerse a partir de ahora a lo que decidan ustedes
desde la calle Alcalá. La falta de equiparación entre la lengua y la literatura catalanas, gallegas, vascas y españolas en la propia distribución de materias. Por jugar con el tema competencial de nuevo, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza
básica para alumnos. No había nada, no había ninguna norma en el ámbito de la enseñanza básica para alumnos y a partir de aquí ustedes establecen que las comunidades autónomas sólo podrán fijar la enseñanza básica para alumnos, que es voluntaria,
que es libre, que no tiene nada que ver con el derecho fundamental a la educación, aplicando requisitos mínimos que se hayan fijado por el Gobierno. ¿Hay o no hay aquí desconfianza? ¿Por qué no se fían ustedes de las comunidades autónomas? ¿Es
que creen ustedes que las comunidades autónomas se van a dedicar a autorizar centros de enseñanza básica para alumnos como quien autoriza mercados ilegales? Es una desconfianza brutal. Organización del bachillerato. Se establece una serie de
reglas, de modalidades de bachillerato, eso sí, poniendo un artículo que dice que a partir de ahí el Gobierno hará de su capa un sayo; y el Gobierno podrá, previo informe de las comunidades autónomas -ni siquiera de acuerdo con ellas-, modificar
todo lo que hoy aprobamos.
Por eso, una de las cosas que más miedo -y utilizo esa expresión- nos da en esta ley no es sólo lo que dice sino lo que a partir de ahora puede decir. Lo más grave de esta ley no son sólo aquellos casos concretos en los
que la ley orgánica violenta por sí sola competencias autonómicas, sino las decenas y decenas de remisiones gratuitas que hace al Gobierno para que, con carácter básico, dicte lo que estime oportuno, en algunos casos ni siquiera por decreto de
Consejo de Ministros sino por orden ministerial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Evidentemente que nos quedamos sin competencias.
Uno de los temas que también hoy se van a someter a votación es la evaluación general de diagnóstico. De nuevo desconfianza, de nuevo pretenden retener desde aquí una posibilidad de ir a examinar cómo se está llevando la educación en España
pero no de una forma muestral, que permita tener una identificación de si se está desarrollando la calidad educativa como se debe o no -algo que no nos parece motivo de oposición-, sino con una forma exhaustiva donde las comunidades autónomas sean
simples ejecutores de una prueba diseñada y preparada desde Madrid, que en el fondo a muy corto plazo, en cuanto se reproduzca dos o tres años seguidos, deje sin sentido la competencia que en materia de currículum tienen las comunidades autónomas.
Eso es una barbaridad. Los artículos 17, 27 y 95 son los que básicamente establecen este tema. La evaluación del profesorado es competencia de las comunidades autónomas. ¿Lo es hoy? No, a partir de la ley orgánica es previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos básicos que el Gobierno establezca. ¿Dónde queda entonces la competencia autonómica? No lo sabemos, dependerá de lo que ustedes libremente tengan a gracia conceder a las comunidades autónomas.
Respecto a la autonomía pedagógica de los centros -y esto no es sólo competencial, aunque también-, ustedes la debilitan. Simplemente estoy espigando alguna de las enmiendas porque no hay tiempo de entrar en las 118. Somos partidarios de
reforzar, en este caso ni siquiera de quedarnos como estamos, la autonomía de los centros educativos y ustedes la debilitan. Hay desconfianza en los propios centros y también en
las administraciones educativas, que hasta ahora podían delegar determinadas funciones que son de la Administración en el propio centro y que ustedes, por ley orgánica de carácter básico, lo prohiben; ya no se podrá hacer.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, concluya, por favor.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Voy terminando.
El Consejo Escolar lo dejan absolutamente debilitado. La inspección educativa, otro de los temas en términos competenciales de calado de los que hemos hablado y en los que ha sido absolutamente imposible llegar a un acuerdo, ¿a quién le
corresponde? A las comunidades autónomas, que son las que tienen competencia en materia de inspección, y de nuevo ustedes la dejan sin contenido. Podría seguir porque, insisto, son 118 enmiendas, dos días de debate en la Comisión, y no sé si tiene
especial sentido reproducirlas aquí. Está el 'Diario de Sesiones' donde se refleja la justificación de cada una de esas enmiendas en Comisión y, como están todas vivas, ese 'Diario de Sesiones' tiene toda su vigencia.
Termino como empezaba. Hoy es un mal día para ustedes, para nosotros y para el sector educativo porque, por su exclusiva responsabilidad, no podemos llegar a un acuerdo. Eso lo pagarán ustedes, sobre todo porque estamos profundamente
convencidos de que, como tenemos razón, esta ley tiene plazo de caducidad. Esta ley sólo durará hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ella y, por la importancia de la materia que está implicada, esperamos que sea más pronto que
tarde. Como les dije en Comisión, lo que les ocurrió a los portavoces del Partido Popular en materia del suelo, a los portavoces en su tiempo en materia de derecho de la competencia y a tantos otros portavoces que despreciaron cuando desde esta
tribuna y desde esos bancos se les dijo: están ustedes violentando competencias de forma flagrante, y simplemente miraban al cielo, como si aquello no fuera con ellos -que tuvo que llegar el Tribunal Constitucional y ponerles en su sitio-, es
exactamente lo que, por desgracia para la educación, ocurrirá hoy.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No quiero terminar sin agradecer expresamente el trabajo que en esta ley y en esta tramitación han prestado los servicios de la Cámara. Una de las consecuencias de esta lamentable tramitación que han presentado
ustedes es haber forzado toda la maquinaria parlamentaria; por tanto, como desde mi grupo no nos solidarizamos para nada con la triste forma de tramitar leyes que están ustedes implementando, es de justicia reconocer el trabajo realizado por los
servicios de la Cámara que ha permitido que hoy, casi con la tinta caliente, y jurídicamente bien revisado, tengamos los textos que se van a someter a votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace algunas semanas, menos de un mes, tuve ocasión de subir a esta tribuna para defender el proyecto de ley que, como alternativa al del Gobierno, presentó mi grupo parlamentario. Menos de un mes, todo un récord. La LOU parecía
imbatible pero la ministra de Educación lo es también de Deporte y en materia de velocidad no hay récord que se le resista. Ni el presidente Aznar ha corrido más rápido. Esta Cámara dispuso de un minuto para discutir cada enmienda de la LOU. En
la mal llamada ley de calidad el tiempo ha sido de 53 segundos: un triste récord, señora ministra.
Ayer la escuchaba diciendo en televisión que todo el mundo apoyaba esta ley. Y me preguntaba: si esta ley es tan magnífica, si está tan dialogada y está tan consensuada, si tantos padres, tantos profesores y tantos alumnos la apoyan con
tanto entusiasmo, ¿por qué está insensata carrera? ¿Por qué no se recrea la ministra en su magnífica ley? ¿Por qué condenarla a un procedimiento sumarísimo y atropellado como este? ¿Por qué la esconde? No aspiro a que conteste en esta Cámara, no
es su estilo.
Aquí nunca da la cara. Pero le avanzaré una respuesta: ustedes esconden la ley porque les faltan argumentos y les sobra soberbia. Es algo, señora ministra, que usted ha escuchado ya muchas veces en esta Cámara. Le diré más.
Parapetada en su mayoría absoluta ha violentado por segunda vez hasta extremos inconcebibles los principios en los que se asienta nuestra vida parlamentaria. ¿Cómo calificaríamos, si no, un proceso de tramitación en el que se han violentado los
plazos, se ha obligado a ponentes, letrados e incluso a los servicios de la Cámara a trabajar a destajo y se ha forzado una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces un viernes por la tarde? ¿Cómo calificar, si no, un proceso de tramitación
al que incluso han renunciado alguno de los grupos de esta Cámara simplemente para salvaguardar su dignidad como representantes del pueblo español?
Señora ministra, señores diputados del grupo mayoritario, ustedes han degradado hasta extremos insoportables la dignidad parlamentaria con la tramitación de este proyecto de ley. Con ello no sólo nos insultan a los parlamentarios, en este
caso a los socialistas, sino que insultan ustedes a los millones de españoles que nos votaron. Les diré más: creo que insultan incluso a los que les votaron a ustedes. Espero que no osen, por
tanto, volver a hablar de dignificar la vida parlamentaria porque nunca en la historia de la democracia española se hizo tanto por degradarla como han hecho ustedes, primero con la LOU y luego con esta ley. (Aplausos.)
Señorías, hace menos de un mes, durante el debate de totalidad de este proyecto de ley tuve ocasión de explicar que, a juicio de mi grupo, esta ley venía a romper cinco trabajosos consensos que administraciones competentes, partidos
políticos y comunidad educativa habíamos construido desde que aprobamos la Constitución: la coexistencia en España de una red de centros sostenidos con fondos públicos -públicos unos y de carácter privado otros- dirigidos todos ellos a la
satisfacción de las necesidades de escolarización de nuestros alumnos; un segundo consenso sobre el carácter participativo de nuestros centros; la garantía de la existencia en España de una educación obligatoria hasta los 16 años; un sistema
educativo como servicio público esencial que, por tanto, atañe a todos, Administración estatal y autonómica, y del que deriva la voluntad de diseñar y aplicar con consenso las grandes líneas de nuestra educación, y finalmente un compromiso del
conjunto de la sociedad con su sistema educativo para dotarle progresiva pero incansablemente de los recursos personales y materiales necesarios para hacer frente cada día a los nuevos retos. Señora ministra, su proyecto y también toda su política
educativa ha venido a romper tantos esfuerzos, tantos compromisos y tantos acuerdos. Nosotros, por el contrario, le decíamos que esta era una buena ocasión para reflexionar conjuntamente sobre las deficiencias de nuestro sistema, para introducir
cambios que, lejos de romper esos consensos, los reforzara. Les dijimos que existe una política alternativa a la suya que no segrega sino que incluye, que no baja la guardia frente al fracaso escolar sino que lo previene, que no recorta la
participación de las familias sino que la promueve, que no otorga privilegios a la educación privada sino que se preocupa también por los derechos y las necesidades de la escuela pública, que incentiva al profesorado en lugar de desanimarlo, que
busca el consenso educativo en lugar del enfrentamiento y que fija compromisos económicos para la mejora de la calidad de nuestros centros en lugar de esconder tras ominosos silencios la tijera presupuestaria a la que nos tiene usted tan
acostumbrados. Esa era la dirección de nuestro proyecto y también de nuestras enmiendas parciales.
Pues bien, señorías, el trámite que hoy cerramos aquí apresuradamente, lejos de impedir o diluir las quiebras de esos consensos, ha acentuado alguno de los aspectos más inquietantes, particularmente, señora ministra, en lo que se refiere al
diferente tratamiento que reciben los centros privados concertados y los centros públicos. Los socialistas le hemos dicho que queremos una educación privada de calidad pero que también queremos una educación pública de calidad porque no todo el
mundo, señora ministra, puede pagarse ir a un centro privado. Por eso las enmiendas del Grupo Popular han ido a peor, porque han venido a consagrar, por ejemplo, la existencia de centros especializados cuyo verdadero carácter ni siquiera el
Gobierno y ni siquiera los ponentes del Partido Popular han sabido precisar. Pero, tras las enmiendas aprobadas, una cosa sabemos: que tendrán criterios complementarios propios para la admisión de alumnos, criterios que aplicará naturalmente la
dirección del centro -una vieja aspiración que vamos cumpliendo, el Estado paga y yo selecciono-. Pero hay más, no se ha aclarado, sino todo lo contrario, qué tipo de itinerarios deben impartir los centros sostenidos con fondos públicos, aunque sí
ha quedado claro que no tienen por qué impartirlos todos. No hay que ser adivino para saber el sentido de este artículo: habrá centros que den sólo los itinerarios de primera, que los hay, otros que los den todos y algunos que den sólo los de
segunda; tampoco hay que ser un genio para adivinar quién dará unos y quién dará otros: los itinerarios de primera para los centros de primera, los privados pagados por todos, y el resto para los centros públicos. En resumen, segregación de
alumnos y su lógica correspondencia, diferenciación de centros. ¿Por qué no han aceptado ustedes nuestras enmiendas que trataban de que centros públicos y privados concertados tuvieran de verdad iguales derechos e iguales obligaciones, por qué no
han aceptado enmiendas para que las comisiones de escolarización entiendan no sólo de la admisión de alumnos sino también de las exclusiones de los alumnos? Además, señora ministra, donde existían convenios para financiar selectivamente la
educación infantil para aquellos padres o en aquellas zonas en las que se necesita, ustedes han impuesto conciertos, es decir, gratuidad para toda la privada eduque a quien eduque, porque la pública gratuita ya lo era, señora ministra. Usted lo que
ha hecho ha sido financiar la educación infantil privada con dinero de todos los españoles y permitirles además seleccionar a los alumnos. Es más, usted ha abierto una nueva vía para subvencionar también a los centros privados de ciclos formativos
de grado medio y superior. Para financiar a la privada en esta Cámara no hay déficit cero. El problema, señora ministra, es de prioridades. ¿Le parece a usted sensato que la Comunidad de Madrid financie obligatoriamente la educación infantil en
La Moraleja cuando hay estudiantes de secundaria en Madrid en barracones? (Rumores.) Sí los hay. Me parece que la prioridad es la contraria. (Aplausos.) Tiene usted razón cuando nos dice que hay sectores de la educación que apoyan esta ley. Sólo
le pido que explique a la sociedad española quiénes son, lo que usted les ha dado a cambio y lo que ha dejado por tanto de dar a la escuela pública. ¿A quién le puede extrañar en estas condiciones que el martes alguna organización muy
representativa de la
enseñanza privada confesional sacara una nota, muy jaleada en sus medios de comunicación, diciendo que la huelga en el sector privado era del 0,0 por ciento? Se les olvidó añadir dos cosas: que la huelga no había sido convocada en el
sector privado y que la nota la sacaba por indicación del ministerio, a ver si creábamos un poco más de confusión. (Aplausos.)
En fin, sobre esto de la mentira por omisión nunca ha habido mucha claridad en la doctrina, excepto para usted que es ya toda una experta.
¿Se acuerda cuando presentó la LOU al grito de: vamos a suprimir la selectividad? Tal como le dijo
el Grupo Socialista en aquel momento, hoy trae aquí una ley que, lejos de suprimir nada, consagra el 2 por 1; donde ayer nuestros jóvenes tenían un solo examen para acceder a la universidad, ahora tendrán dos o más de dos. También se ha empeñado
el Partido Popular en el trámite parlamentario en abundar en la quiebra de un acuerdo esencial en nuestro sistema educativo, el que la vida en nuestros centros debía de ser participativa; se han empeñado ustedes en que los déficit democráticos no
se solucionan mejorando el servicio público para ganar confianza, sino en todo lo contrario, cuando falla la democracia lo que hay que hacer es recortarla -menuda lección-. Y aún se empeñan en decirnos que no, que no se resta participación en
nuestros centros. Después llega la ley y descubrimos que el Consejo Escolar deja de ser órgano decisorio para serlo consultivo, o sea, ya no toma decisiones; que dejará de ser el encargado de aprobar incluso lo más imprescindible, el proyecto
educativo de un centro. ¿Eso no es recortar participación? Entre el primer texto y el que hoy viene aquí hemos conseguido el más difícil todavía: los directores, hoy democráticamente elegidos, pasarán todos ellos en los centros públicos a ser
designados por la Administración. Gran solución, señorías. Y miren que hemos ofrecido propuestas: fortalecer la dirección de centros, aumentar su autonomía, sus competencias, mejorar su formación, así como dotarles de más recursos materiales,
económicos y de más estabilidad. Nada de esto hay en su proyecto de ley. La respuesta a los problemas no ha sido mejor democracia, sino menos democracia. ¿Creen que así les vamos a facilitar el trabajo? ¿De verdad puede creer alguien que podemos
pedirle más eficacia a los directores restándoles la legitimidad imprescindible para ello: ser elegido por todos? Más bien nos parece que el Partido Popular quiere trasladar al conjunto de la sociedad española esa fórmula tan plural que tienen
para elegir a sus líderes y a sus candidatos. En vez de que todos elijan a uno, resulta que uno los elige a todos. Señorías, si elocuente y grave es esta decisión, lo es mucho más alejar de nuestras escuelas a padres y madres de alumnos. No hay
análisis internacional que no nos diga que, en el seno de las nuevas relaciones sociales, la familia y la escuela deben andar cada día más de la mano, con el objetivo de garantizar más y mejor educación para todos. Que, lejos de separar escuela y
familia, lo que procede es buscar cada día vínculos más estrechos, porque muchos de los problemas que abordamos aquí no son de la escuela, sino que van a la escuela. Por eso, quienes legislamos, y el resto de poderes públicos, tenemos la obligación
de hallar los mecanismos para que ese tandem imprescindible trabaje de la mano por el mejor funcionamiento del sistema educativo. Sólo hemos recibido descalificaciones por parte del Gobierno y del Partido Popular a unas enmiendas que buscaban ese
diálogo y esa cooperación democrática, al igual que cuando hemos puesto en marcha programas específicos para facilitar el apoyo de las familias al aprendizaje de sus hijos, no para que nadie sustituya a los profesores, sino para que tomen conciencia
de los problemas de su hijo en la escuela, se acerquen a ella, se informen, se formen y lleven a cabo un programa que el centro considere útil para sacar a un niño del retraso escolar. Cuando el trabajo se lo impida, eso acarreará derechos
laborales, que no supongan carga retributiva alguna al empresario y, sólo en caso de familias con menor renta, compensaciones de la Seguridad Social.
Presentamos enmiendas porque creemos que la sociedad que todos estamos construyendo requiere de un nuevo marco de relaciones laborales y de una Seguridad Social más activa y menos reactiva para quienes deseen contribuir voluntaria y
activamente a la creación de una sociedad más justa y equilibrada. También ahí están solos. Pero no acaban ahí las quiebras de los consensos. En el breve trámite transcurrido hasta hoy, han sustraído esos derechos de escolarización hasta los 16
años, tan complicados pero tan necesarios, señora ministra, tan ambiciosos como beneficiosos. De nuevo, han optado por el camino más corto, olvidando que el objetivo era más y mejor educación para todos, optando por segregar y separar a los chicos
con problemas de aprendizaje y, finalmente, alejar de nuestras aulas a los 15 años a quienes tienen mayores dificultades, antes de que termine la etapa obligatoria. Siempre optan por las soluciones más fáciles, las más baratas, tan sólo a corto
plazo, y siempre las más injustas. Había otras recetas de otras filosofías que, frente a la segregación, buscaban la prevención y trataban de intervenir sobre los problemas de aprendizaje de nuestros escolares, a tiempo de superar las dificultades.
Para ello era imprescindible hacer lo contrario que han hecho ustedes en educación infantil. Ya se lo han dicho todas las enmiendas de la oposición. Convertir la etapa en asistencial sólo contribuye a reducir la calidad de la educación infantil,
en vez de reforzar el carácter educativo. ¿Por qué lo hacen? Y, además, ¿por qué no nos dan ningún argumento? ¿En qué va a mejorar la calidad de la educación el hecho de reducir los requisitos que deben cumplir centros y profesionales que
imparten esa etapa? Y, al final de tanto silencio, señora ministra, hay
una pregunta que surge a gritos: ¿por qué no le quitan de una vez el nombre de calidad a esta ley? Porque nada tiene que ver la calidad con cada una de las propuestas que incluye este texto.
Pero cuando pasamos a la educación primaria hay más de lo mismo. ¿Qué hay en ella para combatir el fracaso escolar? Nada. El informe de la OCDE acaba de tirar de nuevo de las orejas a su Gobierno en materia de gasto público, pero el
Gobierno sólo pasea los datos que le interesan, y nos dicen que los niños españoles tienen déficit en comprensión lectora, cultura matemática y científica. Las enmiendas de nuestro grupo solicitaban que nuestros alumnos recibieran más horas de
lectura diaria y de clase en estas materias, porque hay una evidencia empírica que ustedes quieren ocultar: la práctica totalidad del alumnado que acaba el sexto curso de educación primaria con evaluación positiva cursa con éxito la educación
secundaria. Si de verdad el objetivo de su ley fuera acabar con el fracaso escolar, actuaríamos en primaria y daríamos más horas de clase a nuestros jóvenes en esa etapa, para lo que nos pide la OCDE: reforzar las matemáticas, expresión oral y
escrita, materias clave para evitar el fracaso de mañana. ¿Por qué no han aceptado ni una hora más de clase en nuestras escuelas para combatir esos déficit? ¿Por qué la única asignatura que refuerza esta ley no son las matemáticas, ni la expresión
oral y escrita, sino sólo la religión? ¿Creen que engañan a alguien? Porque al señor Rouco no le han engañado y por eso dijo hace un par de días que él no iba a hacer huelga, porque la señora Del Castillo tal vez no había colmado todas las
necesidades de los alumnos españoles, pero sí las de la Conferencia Episcopal. Convendrán conmigo que fue muy revelador.
Al llegar a la etapa de secundaria, el Gobierno se rinde definitivamente frente al fracaso escolar y baja los brazos de manera rotunda frente a esos problemas de aprendizaje. ¿Creen ustedes que separar en un aula a todos los alumnos que
presentan retrasos desde los 12, 14 ó 15 años va a mejorar su rendimiento? Colocar juntos a todos los que tienen dificultades no hace sino multiplicar las de cada uno de ellos. ¿No les parece más eficaz para combatir el retraso escolar de esos
alumnos darles más clase? Nos dicen ustedes que los itinerarios son reversibles y que por eso no son segregadores, pero su proyecto de ley niega esas afirmaciones. Les daré sólo un ejemplo. Establecen a los 14 y a los 15 años tres tipos de
itinerarios: científico, humanístico y tecnológico.
Nos dicen que cursar un itinerario u otro no condiciona el futuro académico ni profesional y que pueden ir después tanto al bachillerato como a la formación profesional, pero casualmente el
Gobierno en su reforma elimina el bachillerato tecnológico que hoy existe. O sea, establecemos itinerarios en tercero y cuarto de ESO -uno de ellos es el tecnológico-, nos dicen que con él también se puede ir al bachillerato y casualmente
desaparece el bachillerato tecnológico de la legislación actual. ¿Y ese itinerario no conduce directamente a la FP que, además, ustedes devalúan en esta ley? Pero de nuevo se creen que engañan a alguien.
No acabamos ahí porque su ley, además, hace abandonar el sistema educativo a los 15 años. También han conseguido empeorar el texto de la ley permitiendo que a los alumnos con más dificultades, los que más necesitan el sistema educativo, que
a los 15 años aún es obligatorio, sean los que tengan profesores menos cualificados, incluso sin titulación ninguna.
¿Esa es la respuesta que damos a quienes tienen más problemas de aprendizaje? ¿Tenemos que creernos de verdad que eso es dar más
oportunidades a estos chicos?
Señorías, les proponíamos una etapa infantil educativa, con más puestos escolares, aumento de horas lectivas para quienes presentan dificultades -cinco en primaria y tres en secundaria-, desdobles en aulas en las materias básicas y rebaja de
ratio en las zonas y centros más desfavorecidos o con alumnos con dificultades para aprender. Señora ministra, tampoco en materia territorial ha mejorado usted sus notas en este trámite. Este proyecto de ley es una manera más de ponernos un
ejemplo de cómo entienden ustedes la educación. No sólo no es una tarea compartida, sino que yo impongo mis reformas a mi entera voluntad. Por ello, en este proyecto hay flagrantes intromisiones legislativas, incluso infralegales en competencias
ajenas, y particularmente decenas de invasiones competenciales de las comunidades autónomas carentes del más mínimo sentido común.
No sólo no han aceptado las enmiendas de la oposición, no sólo han despreciado el consenso autonómico para sacar adelante esta ley, sino que encima han acabado echando por la borda un consenso más: el de la suficiencia financiera y el del
incremento paulatino del gasto público en educación. Eso sí, sobre las espaldas autonómicas cargarán ustedes, como insinuaron el martes en la Cámara, los gastos de este proyecto de ley que, además, se atreven a mandar a esta Cámara sin memoria ni
aval económicos que le acompañe. Esto no es serio, señorías, y nada tiene que ver con la colaboración entre administraciones, sino más bien con la pura deslealtad institucional. Por ello, el martes el Partido Popular volvió a quedarse solo en esta
Cámara, señora ministra, por si no lo sabe, cuando nosotros queríamos sacar de la indefensión a este Parlamento pidiendo la reunión urgente de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera del que usted habla. Pero lo que han hecho, señores del
Gobierno y del Partido Popular, es un flaco favor a este Parlamento y a la democracia española.
También en esto han obligado ustedes, solícitos ante la voluntad oscurantista del Gobierno, a que este Parlamento se arrodille frente a los abusos del
Poder Ejecutivo. Todo para esconder las vergüenzas a un gobierno antisocial que tiene que trucar las reglas del juego parlamentario
para esconder no sólo las consecuencias, sino tal vez los objetivos de su ley: Seguir invirtiendo lo mínimo en educación y seguir apostando lo máximo por beneficiar a la escuela privada y olvidarse de la pública.
La señora PRESIDENTA: Señora Chacón, le ruego concluya, por favor.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Oscurantismo en vez de transparencia, indefensión en lugar de garantías y deslealtad institucional frente a la necesaria colaboración entre las administraciones educativas. Todo un nuevo récord.
Voy terminado, señora presidenta. Usted con la ley que nos trae, señora ministra, ha roto los grandes consensos que han permitido nuestro avance educativo en democracia. No se ha quedado ahí y pretende que aprobemos una ley que olvida al
profesorado, que no contiene medidas para estimular su labor que no vayan más allá de la creación del cuerpo de catedráticos y que toda la oposición le ha dicho que nunca es el camino. Señora ministra, por tercer vez en esta legislatura llega al
final del trámite de la una ley educativa en esta Cámara prácticamente sola. Esta vez, si cabe, más sola que nunca. No es una, ni dos, sino tres veces consecutivas la misma soledad. No son uno, ni dos, ni tres, sino todos los grupos de la
oposición de esta Cámara los que le han vuelto a dejar a usted sola.
Su soledad parlamentaria es el mejor reflejo del talante autoritario con el que usted ha abordado sus reformas educativas. En la universidad legisló contra rectores, profesores y
estudiantes; en la formación profesional, contra comunidades autónomas, y aquí ha hecho algo peor, ha legislado contra la educación pública y a favor de la educación privada.
Ha legislado para excluir a los alumnos con dificultades y no para
recuperarles. Ha legislado contra la participación de las familias en la escuela, contra las administraciones autonómicas, a las que ha restado competencias, y ha legislado, incluso burlándose del Parlamento, para ocultar detrás de su memoria
económica las reformas. Eso sí, señora ministra, no le negaré coherencia; coherencia con la política de su Gobierno porque su reforma educativa, señora Del Castillo, sólo es hija del autoritarismo y de la insensibilidad social.
(Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy es un día importante. La Cámara va a aprobar con su votación un proyecto de ley importante; un proyecto de ley que estaba esperando la mayoría del profesorado, la mayoría de los padres y la mayoría de las escuelas en nuestro país.
(Aplausos.) No han dicho que era necesaria una reforma ni en Comisión ni en ninguna de las intervenciones que han tenido sus señorías. A veces han dicho que la LOGSE era manifiestamente mejorable, pero todos los que han intervenido han indicado la
necesidad de una reforma. Otra cosa es que algunos grupos crean que esto no es el ideal de reforma, pero en conjunto todo el mundo tanto en esta Cámara, como el profesorado, como los padres de alumnos, etcétera, ha manifestado que se necesita una
reforma.
El Gobierno desde hace un año remitió al profesorado, a los padres de alumnos, a los sindicatos, etcétera, las bases de la posible reforma.
Desde entonces venimos trabajando en la reforma de la calidad de la educación y aquí a esta Cámara,
y quiero resaltarlo, llegó el 26 de julio. Durante el mes de septiembre se ha ampliado el plazo de enmiendas por cuatro veces. Han venido 23 personalidades, a propuesta de los diferentes grupos, para manifestar cuáles eran sus ideas sobre la ley
de calidad de la educación. Quiero decir aquí, y lo siento mucho, que algunos grupos se ausentaron de la Comisión, va para dos meses desde primero de septiembre de plazo hábil. Siento mucho decirles, sin ninguna acritud, que al igual que ha habido
objetores escolares que querían abandonar la escuela a los 14 años también ha habido objetores parlamentarios. Abandonar antes de empezar la menor discusión en la Comisión no me parece que haya sido un ejemplo para que lo sepan en las escuelas o
para que los chicos que vienen aquí de vez en cuando se pregunten cómo es posible que algunos grupos hayan abandonado la Comisión. A los que se quedaron en la Comisión ya se lo agradecí en la misma y les dije que además cumplían con su deber.
Respecto al tiempo, tengo que hacer una loa del presidente de la Comisión, señor Nasarre, porque no aplicó estrictamente el reglamento, es decir, cada representante defendió sus enmiendas todo el tiempo que le pareció oportuno. Se
dividieron los turnos. Se hizo de todo para no aplicar estrictamente los diez minutos por turno que establece el reglamento. Yo me alegro enormemente porque así pudimos ver cuál era la posición de los diferentes grupos. Por cierto, algún grupo
habla de cientos de enmiendas.
Le diría a ese grupo que más del 70 por ciento eran de supresión; es decir, se veían en un minuto o en treinta segundos porque no pedían más que la supresión. Fueron debatidas las restantes propuestas, en las que se
pretendía cambiar hasta el Estatuto de los Trabajadores; a las familias en las que trabajen los dos miembros concederles tres días de vacaciones, no sabemos para qué, y cinco días a otras familias monoparentales, que nos merecen no sólo todo el
respto sino a las que hay que ayudar al máximo, así como a aquellas que tengan menos ingresos.
¿Cómo quieren que con esa alternativa tomáramos en serio el conjunto de las medidas que ustedes proponían?
No decían nada de si querían o no prueba general de bachillerato ni tampoco respecto a los itinerarios. Una y otra vez nos han indicado ustedes que esos itinerarios eran para separar. ¿Se dan ustedes cuenta que lo que era separador eran
los de garantía social, que eran expulsados del centro cuando nosotros al revés lo que queremos es integrarlos, es decir, todo lo contrario?
Se nos ha dicho que somos antidemocrátivos respecto a la dirección de los centros. Yo les preguntaría si son antidemócratas 13 de los 15 países de la Unión que tienen mucho más. En esos 13 es la Administración la que designa los
directores. Nosotros vamos a un sistema mixto y, por favor, no digan ustedes que ese conjunto de países de la Unión no son democráticos.
Ustedes pueden tener una alternativa, lo que no se puede es volver a intentar una guerra entre la pública y la concertada, porque eso fue superado a través del artículo 27, y aquí no se ha citado por nadie de los intervinientes,
especialmente por el Partido Socialista, un solo artículo en que se favorezca la pública y la privada. (Aplausos.)
Dicen ustedes que al plasmar en el proyecto de ley que no será obligatoria pero sí gratuita entre los 3 y 6 años con eso favorecemos a la concertada porque la pública ya lo tiene. En Aragón, con Gobierno socialista, ¿qué están haciendo? En
Castilla-La Mancha, que lo van a implantar, ¿qué hacen ustedes? ¿Están ustedes, según eso, favoreciendo a la privada? Pónganse de acuerdo. En Andalucía, no, pero ya veremos si más adelante no lo hacen, no sé si más adelante porque perderán las
elecciones, pero en lo que queda hasta las elecciones. (Rumores.) Todavía no hemos sabido cuál es la idea que tienen ustedes respecto de los directores. ¿Quieren ustedes que sigamos con el 60 por ciento que no se eligen y que se tienen que
designar en estos momentos?
Paso ahora a manifestar a los demás grupos cuál es nuestro planteamiento.
Señora Castro, de Izquierda Unida, si quiere me llama mentiroso, pero usted lo que ha hecho es pura demagogia. No ha hecho un examen del proyecto de ley mínimamente
serio, por lo que me uno a lo que dijo la señora ministra porque sabe toda la Cámara que usted ha hecho mucha demagogia. Pero ha compartido la demagogia, la ha compartido con el Partido Socialista porque cuando estábamos en Comisión leyó algo
publicado en un periódico nacional, en el cual la señora Chacón decía que algunas de las becas que se daban en este país eran inferiores al costo de la chaqueta de 180 euros de la señora ministra. Señora Chacón, ¿cree usted por un momento que
diciendo eso en los medios públicos los profesores, los alumnos y los padres que hayan leído esas frases van a tomar en serio que querían ustedes un acuerdo y que esto es un tema de Estado en el que teníamos que haber llegado a un acuerdo? ¿Pero no
lo ve completamente imposible? Es absolutamente imposible, aparte, señora Chacón, de que sabe usted que con 180 euros no es una chaqueta de firma, algo mejor en el gusto pero peor en la calidad que las que lleva S.S.
Señores del Grupo Mixto, siento que no esté el representante de la Chunta.
Me gustaría que el señor Labordeta se paseara, con mochila o sin ella, por Francia y demás países para que viera cómo se eligen los directores de los centros, pero
se ha marchado.
Por lo que respecta a Coalición Canaria, nuestro grupo le agradece que durante toda la tramitación ha hecho una crítica constructiva en ciertos aspectos, que era lo que nosotros esperábamos de varios grupos. Ante esa crítica constructiva
hemos aceptado, como usted bien sabe, muchas de las enmiendas, con gran parte de las cuales estamos totalmente de acuerdo, habiendo presentado transaccionales a otras. Se han aprobado 81 enmiendas de la totalidad de los grupos, y en lo que respecta
al Grupo de Coalición Canaria se han aprobado 52. Quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' y para los servicios de la Cámara que, en lo que respecta a la enmienda 70, con la redacción que dimos en Comisión creíamos que estaba aprobada.
Sin embargo, a la vista del dictamen de Comisión no lo está, por lo que la vamos a votar aquí con ese texto.
Quiero reiterar, señora Julios, que han hecho usted y su grupo una crítica constructiva, y eso es lo que parlamentariamente se debe hacer ante un proyecto de ley. Se lo agradecemos y estamos totalmente de acuerdo, sintiendo que tendremos
que votar en contra de algunas enmiendas. Muchas gracias, y espero que sigamos la legislatura con críticas constructivas por parte de los grupos y con enmiendas concretas.
El señor González de Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco, me ha dicho que se tenía que ir y que leería mis respuestas en el 'Diario de Sesiones'. Le diría que gran parte de sus enmiendas se refieren al tema competencial. Nosotros
entendemos, con el dictamen del Consejo de Estado, que no hay tales problemas. Ha dicho una cosa que quiero que conste en el 'Diario de Sesiones', y es que el Grupo Popular, con un escaso 40 por ciento de los votos, quiere imponer esta ley nada más
con sus votos.
Señores del Partido Nacionalista Vasco, si mis datos no fallan, con el 42,97 por ciento de votos que tuvieron ustedes y el partido Eusko Alkartasuna en el País Vasco no es que quieran imponer una ley de educación que cada equis años
se puede mejorar, quieren imponer algo mucho más importante y que es intolerable en una sociedad plural como es la sociedad vasca. (Aplausos.)
Agradezco, en nombre del Grupo Popular, la intervención del señor Guardans. Le tengo que decir con toda sinceridad que en Comisión hubo algunas cosas que yo le pedí que retirara, usted se empeñó en no retirar algunos adjetivos y yo le dije:
lo siento mucho, será un pequeño borrón en su carrera parlamentaria. Aparte de eso, lo comprendí perfectamente.
También le tengo
que decir, porque ha insistido mucho, que en la tramitación pudo hablar todo lo que quiso -no faltaría más- y defender todas las enmiendas, y a las cuatro y media de la tarde todos habíamos hecho una exposición más que suficiente y ningún
grupo pidió otro turno para ampliar alguna de sus enmiendas. Por tanto, no ha habido aquí un trágala ni una imposición.
Ha habido una parte de su intervención referida al tema competencial.
Nosotros entendemos que el proyecto de ley respeta las competencias autonómicas, pero es indudable que el Gobierno central tiene las competencias en la legislación básica
de educación, y yo creo que es lo único que se desarrolla aquí. Señor Guardans, en algunos aspectos, en contra de lo que usted dice de la LOGSE, amplía más las competencias de las comunidades. No se ría, usted sabe perfectamente, como yo, el único
y exclusivo precio que pusieron ustedes para votar la LOGSE. No quiero volver atrás, ya que no sería correcto por mi parte.
Sentimos enormemente que en las múltiples conversaciones que se han tenido en el ministerio y con representantes de este Grupo Popular dejáramos dos temas, los demás estaban acordados. Ya sé que no había un acuerdo total, pero pensábamos
que cuando quedaban nada más que dos temas, que eran la inspección y la evaluación, podríamos haber llegado a él. Usted dice, con razón, que algunas de las personalidades que comparecieron aquí nos incitaron a que llegáramos a acuerdos en materia
de educación. Ese hubiese sido el deseo tanto del Gobierno, como de la ministra, como de este grupo, pero comprenderá, señor Guardans, que con algunas actitudes de no, no, no a todo era imposible. Ojalá que en el futuro podamos llegar a acuerdos,
pero quiero reiterar que le agradezco su forma de hoy porque ha estado a la altura de lo que es usted, un buen parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, le ruego concluya, por favor.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No querría terminar, porque ese ha sido un leit motiv de todo lo que se ha dicho en los centros, en los medios de comunicación, etcétera, sin referirme a la educación en España y su financiación. Ayer era
recogido por dos periódicos nacionales el informe de la OCDE, que considera como el indicador más fiable a la hora de hablar de gasto en educación el gasto por alumno referido al PIB per cápita, en cuyo caso España se sitúa en la novena posición de
entre 24.
Además, señala este informe que en los últimos años España, en cuanto a educación secundaria, es la que ha destinado más importe de financiación por alumno.
También quiero decir, y ya termino, señora presidenta, que en cuanto a las becas, que hoy no se ha suscitado pero que es un retornello que alguno de los grupos indica siempre aquí, es indudable que este Gobierno hoy y en el futuro -y se ha
visto en el presupuesto con las becas de movilidad- cada vez irá subiendo, dentro de la lógica y de los términos del presupuesto. Le voy a dar algunos datos en conjunto.
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, le ruego concluya, por favor.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Termino, señora presidenta.
Desde el año 1996 se ha destinado a becas más del 40 por ciento en pesetas no constantes y alrededor del 24 por ciento en pesetas constantes. Si no consideran ustedes que esto es un esfuerzo, y algún día hablaremos de la gratuidad de los
libros, que ahora no tengo tiempo, no sé qué es lo que será.
Señorías, señores parlamentarios, a muchos quiero darles las gracias, a otros sentir la demagogia en sus intervenciones, y solamente decirles que quien agradecerá este proyecto de ley serán las futuras generaciones, y que es obligación de
todos mejorar la calidad en la escuela pública y en la concertada. En ese camino es donde encontrarán al Partido Popular.
(Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
Señorías, ruego un poco de silencio por cuanto la votación va a ser larga y es preciso que se escuchen con claridad los artículos y las enmiendas que se van a ir votando.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la enmienda número 3 del señor Labordeta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 13, en contra, 183; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 5 y 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 117; en contra, 181; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 4, 6, 10, 11 y 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 13; en contra, 185; abstenciones, 118.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas firmadas por el señor Labordeta, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 115; en contra, 184; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster números 492 y 513.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 124; en contra, 192.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 521 y 522.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 111; en contra, 188; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 494, 508, 515 y 519.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 130; en contra, 185; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 496, 501 y 520.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 119; en contra, 182; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 489, 493, 495, 498, 499, 505, 510, 516 y 534.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 17; en contra, 185; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 503, 507, 512 y 523.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 16; en contra, 282; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 500.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 16; en contra, 182; abstenciones, 118.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 514.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 10; en contra, 192; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 488.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 117; en contra, 185; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 502, 506, 524 y 532.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 16; en contra, 284; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 511.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, nueve; en contra, 294; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 115; en contra, 186; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar las números 420 y 448.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 30; en contra, 185; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 449.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 30; en contra, 285; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 412, 413 y 439.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 116; en contra, 182; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 419, 426, 452 y 458.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 117; en contra, 181; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 416, 418, 421, 423, 442, 445, 450 457, 459, 476 y 482.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 13; en contra, 184; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 446.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 13; en contra, 286; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 447.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 31; en contra, 282; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 112; en contra, 185; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar las números 595 y 599.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 131; en contra, 185.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 608, 609, 610 y 621.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, cinco; en contra, 293; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 606.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 22; en contra, 292; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 607, 611, 615, 616, 617, 620 y 624.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, seis; en contra, 194; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 625, 628, 637 y 645.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 14; en contra, 187; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 605.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 31; en contra, 184; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 594, 622, 631, 633 y 648.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 15; en contra, 285; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 612.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 105; en contra, 194; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 619.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 115; en contra, 183; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 614.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 106; en contra, 184; abstenciones, 25.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 618 y 651.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 104; en contra, 191; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 604.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 313; a favor, 12; en contra, 184; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 111; en contra, 182; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez Castain. En primer lugar la número 652.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 14; en contra, 181; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 653.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 13; en contra, 285; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto. En primer lugar la 548.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 13; en contra, 282; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 568, 570 y 571.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 127; en contra, 184; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 539, 540, 545 y 546.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 111; en contra, 181; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 559.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 113; en contra, 180; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 561.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 126; en contra, 180; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 536, 537, 538, 541, 590 y 591.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 14; en contra, 181; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 542, 551, 553, 576 y 578.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 12; en contra, 183; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 544, 560, 563, 583, 587, 588 y 589.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 13; en contra, 281; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 555.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, a favor, 28; en contra, 284; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 572 y 585.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 28; en contra, 285.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 113; en contra, 184; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En primer lugar votamos la enmienda transaccional a la número 70.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 293; en contra, tres; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas números 75 y 79.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, seis; en contra, 290; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 56 y 83.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 14; en contra, 184; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 54 y 88.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, seis; en contra, 292; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 115; en contra, 183; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). En primer lugar las números 351, 357, 375, 377, 384, 388, 391, 392, 395 y 396.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 130; en contra, 185.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 401.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, seis; en contra, 194; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 353, 354, 355, 358, 368 y 387.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 132; en contra, 182; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 361, 363, 373 y 383.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 116; en contra, 182; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 352, 365, 370 y 376.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 17; en contra, 187; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 356.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 33; en contra, 181; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 378, 386, 389, 390, 393, 394, 397 y 400.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 28; en contra, 185; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 360.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 15; en contra, 182; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 359.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, a favor, 29; en contra, 279; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 364.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 29; en contra, 283; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 372.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 16; en contra, 286; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 117; en contra, 185; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las números 159 y 198.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 128; en contra, 185; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 100, 103, 104, 107, 108, 109, 113, 117, 118, 121, 135, 137, 150, 151, 176, 178, 188, 229, 232, 256, 268, 270 y 272.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 112; en contra, 184; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 157.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 13; en contra, 186; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 101, 102, 111, 112, 116, 122, 124, 144, 163, 180, 190, 203, 225, 226, 230, 244, 257, 258, 315, 316, 324, 328, 332, 343 y 344.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 13; en contra, 186; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 114, 154, 170, 219 y 233.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 14; en contra 279; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 112; en contra, 184; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 1005.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 36; en contra 183; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 1023.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 29; en contra, 182; abstenciones 103.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 995, 1000, 1002 y 1013.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor 129; en contra 182; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 989, 990, 998, 1006, 1011, 1033, 1039, 1042, 1047, 1057, 1069, 1079, 1084, 1095, 1096, 1104, 1105 y 1111.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 30; en contra, 185; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 1044.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 33; en contra, 180; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 1051.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 33; en contra, 182; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1004, 1009, 1012, 1068, 1071 y 1107.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 29; en contra, 284; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1016, 1022 y 1113.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 29; en contra, 282; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1115 y 1117.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 132; en contra, 180; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1021 y 1043.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 32; en contra, 281.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1053, 1064 y 1101.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 128; en contra, 183; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1090, 1092, 1106 y 1110.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 28; en contra, 186; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 992, 994 bis, 1007, 1010, 1019, 1034, 1038, 1046, 1052, 1070 y 1088.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 133; en contra, 182.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1015, 1017, 1024, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031 y 1032.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 130; en contra, 182; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 130; en contra, 184.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las enmiendas números 899 y 937.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 117; en contra, 185; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 661, 664, 673, 832 y 917.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 112; en contra, 185; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 116; en contra, 184; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Señorías, votamos a continuación el texto del dictamen del proyecto de ley en una sola votación. (Rumores.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 185; en contra, 129.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO
La señora PRESIDENTA: Señorías, por tener el carácter de orgánico, efectuamos a continuación la votación final sobre el conjunto del proyecto de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 182; en contra, 131.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley al haberse superado el número de votos exigido. (Aplausos de los señores diputados del Grupo Popular puestos en pie a la señora ministra de Educación.)
Señorías, anuncio a la Cámara que en el orden del día de hoy está previsto el debate y aprobación, en su caso, de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995. La votación de conjunto de la referida ley no se
producirá antes de las cinco de la tarde. También anuncio a SS.SS que, en tanto en cuanto la sesión no se va a suspender, seguiremos con el debate y procederemos a iniciar las votaciones al finalizar el punto del orden del día cuyo debate concluya
a partir de las cinco.
Ruego a los servicios de la Cámara que mantengan en su lugar a la prensa gráfica por cuanto la sesión no se ha suspendido.
Señorías, vamos a continuar con la sesión, por lo que ruego encarecidamente que abandonen el hemiciclo a quienes lo vayan a hacer de la forma más rápida posible y en silencio. Queda todavía un largo debate por delante en esta sesión.
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 121/000106.)
La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo con brevedad para dar por defendidas las enmiendas del señor Núñez y para defender las enmiendas vivas del Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
Dicho proyecto de ley, como reconoce la propia exposición de motivos, pretende adaptar el vigente marco normativo fiscal a la realidad actual, lo que sin duda es necesario. Con nuestras enmiendas pretendemos incluir entre las entidades sin
fines lucrativos no sólo a las federaciones deportivas o comités olímpicos, sino también a los propios clubes deportivos debidamente constituidos y que realizan las actividades propias de su objetivo social para dejar claramente determinado la
posibilidad de que puedan acogerse a los beneficios fiscales que se prevén en esta ley, sobre todo teniendo en cuenta que estos clubes en general sufren penurias económicas y son la base de sustentación de la actividad deportiva.
Defendemos también que se defina adecuadamente lo que son espectáculos deportivos en el marco del artículo 7, apartado 10. En nuestra opinión no deberían ser considerados espectáculos deportivos las competiciones oficiales organizadas por
las federaciones en las que participen deportistas no profesionales, porque ¿puede considerarse espectáculo deportivo un determinado campeonato o competición oficial organizado por una determinada federación con deportistas de base, no
profesionales? Y, en ese caso, si el campeonato es patrocinado, ¿no quedaría, por tanto, exento del impuesto sobre sociedades? Esta pregunta se la hacen las propias federaciones y en nuestra opinión sería mejor resolverla claramente en el texto de
la ley.
Las enmiendas al artículo 19.1 pretenden incentivar el patrocinio privado y las actividades de interés general y social deduciendo totalmente en la cuota del IRPF los 150 primeros euros o pudiendo aplicar, en el caso de cantidades
superiores, las cuotas de dos períodos impositivos sucesivos.
La enmienda al artículo 22 pretende que no sólo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado sino también en la de los presupuestos de
las comunidades autónomas pueda establecerse una relación de actividades prioritarias de mecenazgo, de manera que también estas comunidades puedan participar en la definición de actividades en su ámbito de actuación. Por último, proponemos
introducir una disposición adicional tercera bis de manera que la regla de prorrata a efectos de IVA no se aplique a las subvenciones que obtienen las entidades sin fines de lucro, en línea con lo que reiteradamente demandan muchas de las
organizaciones no gubernamentales.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a mantener vivas para su debate en esta sesión de Pleno -que anuncio a los servicios de la Cámara- solamente tres enmiendas, las números 58, 62 y 65. Damos por retiradas todas las demás porque
en el trámite tanto de ponencia como de Comisión, y con el acertado y buen entendimiento del portavoz del Grupo Parlamentario Popular -quiero reconocerlo aquí- don Jordi de Juan, se produjeron una serie de enmiendas transaccionales con las de
Coalición Canaria que hacen referencia directa a las números 27, 30, 56, 57, 59, 60, 61 y 63. Estas enmiendas transaccionales aceptadas directamente, bien a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, bien porque coincidíamos con el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hacen que retiremos las restantes enmiendas. Antes de hacer una valoración general de la ley, paso seguidamente a defender las tres enmiendas que quedan vivas y que he citado anteriormente.
La enmienda número 58 al artículo 7 viene a dar una facultad al Ministerio de Hacienda para no bloquear ni dejar cerradas las actividades que se puedan mantener en la lista de actividades económicas exentas a propuesta de otros
departamentos. Imaginémonos, por ejemplo, que hay una fundación y una actuación de mecenazgo en cuestiones que pueden introducir la tecnología, la ciencia, los avances modernos. No hay que agotar, no hay que dejar en una lista cerrada y bloqueada
la relación que trae el artículo 7 del proyecto de ley. Puede haber cuestiones que merecen en un momento determinado una consideración especial. Se nos ocurre pensar, por ejemplo, en entidades que vayan a investigar la trascendencia en la salud
pública o en los hábitos de consumo de los alimentos transgénicos.
Dejémoslo abierto porque creemos que esta facultad la tiene que tener el propio departamento, bien el Ministerio de Economía o bien el Ministerio de Hacienda, separadamente.
La enmienda número 62 al artículo 19 propone una modificación de aquellas ayudas, y después las justificaré, que se hacen a los efectos fiscales.
Proponemos que: 'A efectos de la determinación de la base imponible del impuesto sobre la
renta de las personas físicas se deducirá el importe de las donaciones determinadas según lo dispuesto en el artículo 18. Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los diez años
inmediatos y sucesivos.' Se trata de una deducción del donativo aplicada directamente sobre la base imponible, ya que creemos que es el único modo de asegurar, como ocurre en el impuesto sobre sociedades, que las cantidades donadas no se vean
sometidas a una tributación adicional. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Finalmente, la enmienda número 65 trata de recuperar una figura impositiva de la que no hacía distingo el artículo 16 de la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es relativa a las becas. El proyecto del
Gobierno ha matizado lo de becas públicas, pero son muchas las entidades y estamos hablando aquí del proyecto de ley tanto del mecenazgo como del que veremos en la Cámara durante las próximas semanas sobre las fundaciones. Las fundaciones y el
mecenazgo, la sociedad civil, la sociedad privada, como muchas instituciones culturales, benéficas, altruistas, pueden también y de hecho conceden becas de perfeccionamiento de estudios, de postgrado, de especialistas en conservación de obras de
arte, etcétera. No son dadas solamente por los organismos públicos, por las diferentes administraciones públicas, sino también por instituciones privadas. Por tanto, proponemos en nuestra enmienda que estén exentas también las siguientes rentas:
aquellas procedentes tanto de rentas públicas y privadas como las que se tengan que dirigir hacia el sistema educativo, licenciatura o equivalente, doctorado o postgrado, que es una de las figuras que hoy en día están en el uso universitario y de
especialización.
Dicho esto, señora presidenta, señorías, mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por la siguientes razones. En primer lugar,
se produce ya aquí un cambio radical respecto al carácter legislativo unicista que tenía la Ley 30 de 1994, Ley de las fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Creemos que debe haber dos
cuerpos legislativos en este caso, uno dirigido a las cuestiones fiscales y de incentivos al mecenazgo y, de otro lado, el de las fundaciones, que veremos, como he anunciado, en ponencia, Comisión y Pleno en las próximas semanas antes de final de
año.
¿Por qué decimos esto? Porque la Ley de 1994 había partido de un principio de desconfianza hacia unas entidades
civiles, hacia unas entidades de la sociedad natural, fuera del ámbito administrativo que tenían que tener un tratamiento fiscal especial, por supuesto, pero no desde el punto de vista de la desconfianza, como si fueran unas instituciones
creadas para evadir impuestos o para hacer cualquier ingeniería financiera de trato oscuro. La ley mejora fundamentalmente este tratamiento, pero hay algo sustancial también en el nuevo proyecto de ley que vamos a apoyar con nuestro voto que no es
solamente el régimen fiscal, sino los incentivos. No se trata de decirle: usted tendrá solamente este régimen fiscal propio de la actuación en las fundaciones y el mecenazgo, sino que va a tener unos incentivos fiscales que se recogen
perfectamente en el título III del proyecto de ley y que nosotros intensificamos con las enmiendas que fueron perfeccionadoras para que estos incentivos fiscales al mecenazgo recojan todas aquellas posibilidades que los mecenas, personas físicas o
jurídicas, puedan hacer con donativos, donaciones y aportaciones. ¿Por qué? Porque queremos destacar la novedad que supone la concesión de incentivos fiscales a la donación de derechos y a la constitución sin contraprestación de derechos reales y
usufructos sobre bienes, derechos y valores. Creo que es una legislación muy afortunada en esta materia para que nos sintamos satisfechos de este proyecto de ley que vamos a apoyar con nuestro voto.
Estos incentivos se dirigen a aquellas
actividades de interés general no lucrativas de unas entidades que a lo largo de estos últimos años, y sobre todo después de 1994, han conseguido consolidar y solidificar unas asociaciones representativas de aquellas entidades, fundamentalmente
personas jurídicas, que se han dirigido al ámbito de las fundaciones, y quiero destacar dos que han prestado una opinión muy positiva cuando hemos estado preparando y estudiando estas cuestiones legislativas que ahora merecen este debate. Me estoy
refiriendo al Centro de Fundaciones así como a la Confederación Española de Fundaciones, dos entidades del máximo prestigio que han sabido aglutinar a una serie de fundaciones y actuaciones que van dirigidas al mecenazgo.
Esta nueva ley que estamos discutiendo, tanto de régimen fiscal como de incentivos fiscales al mecenazgo, viene a reconocer una palabra con gran naturalidad. La Ley de 1994 hablaba, en una especie de perífrasis, de empresas, entidades o
asociaciones con participación privada en actividades de interés general, y esta nueva ley que estamos debatiendo lo llama por su propio nombre: mecenazgo; nombre de amplia tradición cultural sobre todo en nuestro mundo occidental. En el debate
general recordaba yo de dónde se deriva el nombre de mecenas, y aquí se llama por su propio nombre, sin entrar en oscurantismo gramatical de participación privada en actividades de interés general. De interés general hay muchas cosas, pero desde
luego el mecenazgo tiene nombre propio. Esto es lo que nos lleva, señora presidenta, a votar favorablemente el dictamen de este importante proyecto de ley, que con entidades de base como estas que he dicho del Centro de Fundaciones y la
Confederación Española de Fundaciones, en una palabra la sociedad civil, en una armonía con los intereses fiscales del Estado a través del Ministerio de Hacienda, va a merecer yo creo que un puesto muy destacado en el mundo occidental, equiparable
al que tiene en países como el Reino Unido y Estados Unidos, donde el funcionamiento de estas entidades de mecenazgo está plenamente consagrado como el máximo valor de tipo sociológico que puede tener una sociedad democrática hacia sus valores
constructivos en la cultura, en el mundo del arte y en cualquier otra actividad científica o técnica que merezca este apoyo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Al no encontrarse presente ningún miembro del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se entienden decaídas las enmiendas 16 y 17 de dicho grupo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJON GIEB: Señora presidenta, señorías, de forma breve voy a valorar cómo cree el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que el trámite parlamentario ha modificado este proyecto de ley, es decir, vamos a valorar cómo
entendemos que se ha realizado esta modificación.
Debo reconocer que técnicamente esta ley es mucho mejor que la ley que entró en el Congreso de los Diputados. Se han aprobado una serie de enmiendas que ayudan no sólo a mejorar técnicamente la norma, sino a incluir matices y puntos de
vista de las fundaciones, ONG, asociaciones y otras organizaciones con las que los grupos parlamentarios hemos trabajado fuera de la Cámara. En esta línea, debo reconocer que algunas de las enmiendas de Izquierda Unida han sido recogidas, una al
menos literalmente, y el resto, si no literalmente, sí en el espíritu e intención en el dictamen que hoy debatimos. Esas enmiendas de Izquierda Unida asumidas por el dictamen tienen que ver sobre todo con el acercamiento de la norma a las demandas
de una serie de personas jurídicas de lo que conocemos como tercer sector. Estamos moderadamente satisfechos ante el hecho de que las citadas enmiendas hayan sido incluidas en el dictamen.
En segundo lugar, hay otro grupo de enmiendas de mi grupo parlamentario que han sido rechazadas por apartarse de forma radical, y lo entendemos, del planteamiento general del proyecto de ley del mecenazgo del Gobierno.
Este segundo grupo de
enmiendas tenía por objeto conseguir que los sin duda abundantes beneficios
fiscales que concede esta ley se destinasen, en la medida de lo posible, a las fundaciones y a otras personas jurídicas más vinculadas al tercer sector y a actividades de mayor calado social. Lamentablemente, estas enmiendas de Izquierda
Unida se han rechazado, confirmando una de nuestras impresiones y de nuestros temores más desfavorables sobre el proyecto de ley, que no es otro que la certeza de que el mismo es un traje a medida para las fundaciones de los grandes grupos
empresariales españoles. Nosotros hemos tratado de reconducir el chorro de beneficios fiscales a las fundaciones de las grandes empresas -que más que en fundaciones sociales las desarrollan como inversiones indirectas en publicidad e imagen
corporativa- hacia fundaciones y otras personas jurídicas más cercanas al espíritu y la filosofía del tercer sector y de las actividades netamente sociales. Sin embargo, constatamos que hemos fracasado en el intento y que la ley tendrá en este
escoramiento hacia los grandes intereses corporativos uno de sus principales defectos.
Para finalizar, quiero realizar algún comentario sobre la última de nuestras enmiendas, la número 12, en la que habíamos depositado ciertas esperanzas por entenderla lógica y por entender también que es muy similar en su redacción a otros
artículos hoy vigentes en legislaciones similares. Dicha enmienda pretendía asegurar que el Ministerio de Hacienda remitiera anualmente un informe al Congreso de los Diputados en el que se reseñase de forma detallada el volumen y destino de los
incentivos fiscales que se otorgasen por el Estado al amparo de esta ley.
Dicho informe posibilitaría identificar de forma precisa las entidades que han recibido beneficios fiscales, la cuantía de los mismos, así como evolución interanual de la
ayuda pública a las citadas entidades. De la misma manera, dicho informe posibilitaría hacer un juicio documentado sobre el efecto global de los incentivos fiscales de esta ley de mecenazgo sobre el llamado tercer sector y sobre el Estado social.
Pues bien, una enmienda de este tenor, que lo único que pretende es otorgar mayores posibilidades de control al Congreso de los Diputados, ha sido rechazada sin más. No acabamos de ver qué mal haría esta Cámara a los ciudadanos, a las ciudadanas y
a los contribuyentes, a todos los que verdaderamente están interesados en los gastos de la cosa pública, que supieran a cuánto ascienden los incentivos fiscales concedidos al amparo de esta ley de mecenazgo. No sabemos que razón impide que se
conociesen los destinatarios de tales beneficios fiscales. Oscurantismos de este tenor son los que dan pie a que tirando de un hilo, como del que ayer empezó a tirar el diario El Mundo, luego El País y otras revistas, coloquen en una situación de
duda y de sospecha a la denominada y nunca creída clase política. Tampoco comprendemos por qué no es pertinente un debate anual desde la base de un informe gubernamental sobre el efecto de esta ley sobre el tercer sector y el Estado social. Se nos
podrá espetar que mucha de esta información puede ser recabada de forma particular y minuciosa por los diputados en el ejercicio de su derecho a obtener información del Gobierno, vía artículo 7, o bien a través de las preguntas. Nosotros
aceptaremos esta matización, pero no nos negarán, señorías, que la visibilidad y transcendencia del informe y debate anual que proponíamos era ciertamente una cosa de mucha más enjundia que las preguntas y solicitudes de datos individuales por los
diputados.
Desgraciadamente, la negativa a la transparencia total y al debate nos hace temer que de hecho el Gobierno no es que no tenga demasiado interés, es que no tiene ninguno en que conozcamos, no sólo nosotros sino también los ciudadanos y
ciudadanas, el efecto honesto de esta ley de mecenazgo.
Acabo reiterando el reconocimiento por las mejores técnicas recogidas en el dictamen y nuestra denuncia y lamento por el escoramiento de esta ley hacia los intereses de las grandes corporaciones empresariales que dominan las más importantes
fundaciones, así como nuestro disgusto ante la negativa a la máxima transparencia sobre la aplicación futura de esta ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
En la intimidad de este mediodía subo a la tribuna para defender nuestras enmiendas vivas a este proyecto de ley de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Lo hago, en primer lugar, retomando las
argumentaciones que en este Pleno manifestó en su día nuestro portavoz en el área económica, el señor Sánchez i Llibre, o yo mismo en el debate en la Comisión la semana pasada. Estamos convencidos de que este proyecto de ley, junto con el proyecto
de ley de fundaciones en tramitación y la ya aprobada Ley de asociaciones, fundamentan un necesario proceso de modernización y fortalecimiento de nuestra sociedad civil organizada; una sociedad civil organizada que necesita de una potente política
pública de reconocimiento y de estímulo. Es evidente que en el centro de una potente política pública de reconocimiento y de estímulo debe figurar la reforma y la mejora tanto del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, como de los
incentivos a las mismas.
Tal como ha apuntado el señor Mardones, aplaudimos y coincidimos en ese hecho de que en esta propuesta legislativa el Gobierno haya optado por esa separación entre la regulación de las fundaciones y la regulación de ese
régimen fiscal y de esos incentivos.
Este proyecto de ley ayuda a superar la dicotomía entre lo público y lo privado que a menudo se plantea. Reconocemos que el interés público, el interés general también puede ser ejercido desde la iniciativa social y desde la iniciativa
privada. Estamos convencidos de que existe un espacio importante, amplio, a compartir entre las administraciones públicas y esa sociedad civil organizada. Señorías, una sociedad civil fuerte es la mejor garantía para reforzar el conjunto del
capital social de nuestra sociedad. Además, un capital social fuerte es la mejor garantía para mejorar la calidad de nuestra democracia y un buen instrumento para hacer frente a los nuevos retos que se plantean en nuestra sociedad en el terreno de
la inclusión social, de la participación democrática, de la acomodación de la nueva inmigración en nuestra sociedad, en el terreno de dar respuesta a las nuevas situaciones generadas en el mundo de las familias y en el mundo del trabajo. Esta ley
refuerza especialmente esa dimensión del tercer sector del ámbito cívico-social, que debe dar respuestas a estas grandes cuestiones. Es una ley que debe servir también para reforzar -y el señor Mardones también ha hecho referencia a ello- un cambio
de mentalidad, que se aleje la desconfianza hacia la sociedad civil que demasiadas veces caracteriza la actuación de la Administración española y muy especialmente la Administración del ámbito tributario. Hay que reconocer de verdad la utilidad
social de las entidades, al mismo tiempo que se exige lógicamente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero hay que exigir un cambio de mentalidad que se aleje de la desconfianza.
Esta ley no va a resolver cuestiones pendientes en esa política pública global que reivindicábamos, cuestiones pendientes muy directamente relacionadas con todo proceso de financiación del tercer sector, de financiación de la sociedad civil
organizada. Hay un debate abierto, no cerrado, sobre una nueva reforma en la asignación del 0,52 del IRPF para otras actividades de interés social. Nosotros esperamos que en el trámite parlamentario en curso de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, ya sea en el Congreso, ya sea en el Senado, se readapte la situación a la evolución propia de los hechos y que, a través del 0,52, continuemos reforzando esa financiación del tercer sector.
Queda una cuestión pendiente que lógicamente no podía abordar esta ley, pero si queremos que el nuevo régimen fiscal se extienda, tendremos que dotar de mayor racionalidad, desde el punto de vista social, al uso de la declaración de utilidad
pública. La utilidad pública, que afectaría a las asociaciones sin ánimo de lucro que no hubieran optado por la fórmula de fundaciones, debe ser un instrumento real y efectivo de extensión de los beneficios de esta ley, si no queremos limitarla a
un determinado tipo de asociaciones. Anuncio ya la voluntad de mi grupo parlamentario de promover iniciativas orientadas al cumplimiento de la Ley de asociaciones en esta materia: la elaboración de una nueva reglamentación de la utilidad pública
que permita, además, una mayor participación de las comunidades autónomas.
Dentro del mismo orden de consideraciones generales, tenemos que decir que esta ley nace con un marcado acento catalán, porque en 1994, a propuesta de Convergència i Unió, se elaboró por primera vez una ley reguladora del régimen fiscal de
las entidades sin ánimo de lucro y de incentivos fiscales y porque, tanto en esta como en la pasada legislatura, Convegència i Unió ha insistido al Gobierno -al Partido Popular- en la necesidad de hacerlo. Nos alegramos de haber coincidido en
considerarlo una prioridad, pero también reivindicamos ese hecho y lo relacionamos con la presentación en esta legislatura de una proposición de ley de mecenazgo, que no sometimos finalmente a la consideración de la Cámara en espera del cumplimiento
de los acuerdos alcanzados en esa materia con el Gobierno. Asimismo, muchas de las enmiendas que se han discutido durante la tramitación, y que continuarán discutiéndose en el Senado, han nacido en la sociedad civil catalana organizada.
En cuanto a las enmiendas que mantenemos vivas, conocidas ya por los servicios de la Cámara, me gustaría dividirlas en cuatro bloques. Las enmiendas 98 y 121 pretenden reconocer el papel central de un instrumento específico de las
administraciones públicas, los consorcios, que a menudo dan respuesta a necesidades sociales evidentes. Pensando en Cataluña, ponemos el ejemplo del Consorcio de la Mina, que pretende articular actuaciones de carácter público orientadas a superar
la marginación y exclusión existentes en ese barrio de Sant Adriá del Besós, próximo a la ciudad de Barcelona. Creemos que los consorcios deberían tener ese reconocimiento.
En segundo lugar, quiero destacar las enmiendas 110 y 134, que pretenden introducir en la política de estímulos fiscales las iniciativas cuya principal orientación sea el apoyo al fomento y difusión de las otras lenguas oficiales del Estado.
Desde la perspectiva del mecenazgo, este es un valor que debería ser especialmente reconocido.
El tercer bloque hace referencia al ámbito deportivo, con dos cuestiones a plantear. Las enmiendas 96 y 97 pretenden que se consideren entidades sin ánimo de lucro aquellas federaciones deportivas de ámbito estrictamente autonómico y que no
tengan homólogo en el nivel estatal. Es una realidad que existe, al menos en Cataluña, y sería bueno que la ley la reconociese. La enmienda 106 es importante -algún otro portavoz ha hecho referencia a esta misma cuestión- porque afecta a la
consideración a efectos fiscales de los ingresos derivados de las actividades deportivas de federaciones deportivas no profesionales retransmitidas por medios de comunicación. Desde la perspectiva del apoyo al
deporte como elemento de refuerzo de la integración social, ese tipo de actividades deberían tener un trato favorable.
Por fin, mi grupo da un significado especial a la enmienda 124, exención del tercer sector en todos los niveles del Estado español, desde la lógica del refuerzo de la sociedad civil y de la capacidad democrática de nuestra sociedad. Se
pretende que los 150 primeros euros de cualquier aportación por cualquier persona física sean desgravables al cien por cien. A través de esta medida, que sabemos que puede tener un coste fiscal importante, conseguiríamos reforzar buena parte del
tejido asociativo más cercano al ciudadano, implicaríamos a más gente en actividades de interés general y, en definitiva, reforzaríamos vínculos comunitarios y el capital social de nuestra sociedad; exigencia necesaria en una sociedad moderna que
pretende hacer frente a los nuevos retos que tenemos planteados. Sabemos que esta enmienda no la vamos a poder ganar en esta tramitación parlamentaria, pero estamos seguros de que, más pronto o más tarde, se deberá avanzar hacia ese objetivo.
Finalmente, quiero recordar que en la tramitación -queremos agradecer a los portavoces del Grupo Popular su capacidad de diálogo con nuestro grupo, tanto al señor De Juan como al señor Martínez Pujalte- se han aceptado enmiendas importantes
de nuestro grupo parlamentario, la enmienda número 99, que refuerza la necesidad de que las entidades sin ánimo de lucro asuman también el fomento de los valores democráticos, la enmienda número 102, que asume la importancia de la inserción laboral
de las personas con discapacidad, la número 108, que incluye en las exenciones a los colegios mayores y a las residencias universitarias, las enmiendas números 114 y 117, que introducen mayor flexibilidad en la consideración de rentas exentas no
sujetas a retención ni ingresos a cuenta y el automatismo en la exención de los tributos locales, la enmienda número 124 que supone una ampliación de las exenciones patrimoniales y las enmiendas números 120 y 137, que reconocen como beneficiarias de
esta nueva legislación a dos instituciones singulares en nuestro país, Cataluña, que son el Instituto Ramón Llull y la Casa de Asia.
Todo ello, señorías, configura un escenario que justifica nuestro apoyo a esta ley porque estamos convencidos de que supone este esfuerzo de modernización, porque supone un impulso a la organización del sector cívico-social, porque facilita
una exención real de impuestos y porque nos ha permitido en su momento abrir este debate sobre la utilidad pública. Tan sólo quiero lamentar que la rigidez del Grupo Parlamentario Socialista no nos permita en el trámite de hoy terminar de mejorar
-a través de enmiendas transaccionales que el Grupo Parlamentario Popular iba a ofrecer al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- determinados aspectos que quedan pendientes. Espero que en
el trámite del Senado podamos resolver de manera definitiva estas cuestiones.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las enmiendas al proyecto de régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo que presentó nuestro grupo para su debate en Comisión tienen como objetivo principal ayudar a la consolidación y
expansión del conjunto del sector no lucrativo. Las medidas fiscales contempladas están dirigidas a apoyar al conjunto del sector, es decir, a todas las entidades sin fines de lucro, no distinguiendo su tamaño, en la medida -y hago esta precisión-
en que entendemos que el texto del Gobierno y también el dictamen de la Comisión están enfocados exclusivamente hacia las grandes fundaciones, ya que sólo éstas reúnen las condiciones económico-patrimoniales que contempla el proyecto de ley para
poderse acoger a las exenciones fiscales. Nuestro grupo se felicita de la presencia en nuestro sector no lucrativo de grandes fundaciones, que tienen un importantísimo papel en el fomento de la cultura y en los campos social y sanitario, pero no
comparte que el muy escaso coste fiscal que el Gobierno ha previsto en su memoria por las exenciones fiscales que se contemplan en el proyecto de ley sea absorbido de forma prácticamente exclusiva por un grupo de fundaciones que, insisto, tienen un
papel muy importante, pero que también tienen muchos más recursos.
El enfoque del Gobierno y del Grupo Popular concentra el esfuerzo, pequeño insisto, de la Hacienda pública en estas grandes instituciones y en cambio es muy cicatero con el conjunto del sector, olvidando con ello que el universo fundacional
está formado por muchas entidades de dimensión reducida, que no tienen recursos económicos para abordar sus proyectos y en cambio están realizando una formidable y abnegada labor social y cultural. Creemos que es al conjunto de este universo al que
deben ir dirigidas las medidas. Nuestro modelo de regulación, por consiguiente, está enfocado desde una perspectiva horizontal y la perspectiva horizontal significa, dentro del ámbito de competencias de este proyecto, dar exenciones fiscales
generosas al mecenazgo. De esta manera, se busca el equilibrio entre la rentabilidad social y la rentabilidad económica de donantes y receptores.
Las entidades sin fines de lucro constituyen un instrumento, complementario pero muy importante, para la acción de la política social, por tanto complementario a las responsabilidades del Estado. Si está realizando una labor social
complementaria a las funciones del Estado, es una cuestión relevante saber qué tipo de medidas de apoyo son las más eficientes, dado, además, que nos encontramos en un marco presupuestario con recursos muy escasos. El desarrollo de las medidas
exige, por razones de eficiencia y equidad, que ello se haga en armonía con el sector y con el modelo específico que tiene el sector no lucrativo, por tanto desplegando aquellos instrumentos que han demostrado en otros entornos que son más eficaces.
La tenaz y poco razonable oposición en la que se ha especializado el Grupo Popular -a pesar de estar en el Gobierno le han cogido querencia a la oposición- ha hecho imposible que nuestras propuestas quedaran recogidas en el dictamen de la
Comisión. De manera incomprensible, el Grupo Popular ha rechazado las enmiendas del Grupo Socialista cuando, más allá de cualquier interés partidista, el sector no lucrativo merecía una atención, un esfuerzo especial que justificaba un acuerdo,
como propuse en mi intervención en la Comisión, del mismo modo que mi grupo, por ejemplo, para otros sectores esta misma semana ha dado su acuerdo a proposiciones no de ley con las que había puntos de discrepancia, pero el sector que se discutía en
aquel momento merecía el consenso, merecía el acuerdo. El sector no lucrativo también lo merece y así se lo propusimos al Grupo Popular. La mayoría absoluta no debería estar reñida con el buen sentido; cuando esto no es así, como ha ocurrido en
esta ocasión y en tantas con el Grupo Popular, el resultado, señorías, es la debilidad, porque débil es el que, aun teniendo el poder, su inseguridad y falta de criterio le llevan a rechazar de entrada y de forma irreflexiva las propuestas de la
oposición. Ustedes no se han debido dar cuenta, pero en la larga suma de estos errores que ustedes van cometiendo, y a los que se aplican día a día, han incluido, por puro desprecio y prepotencia, el rechazo a nuestras enmiendas en el capítulo
relativo a las exenciones fiscales al mecenazgo.
Defendemos la creación de unos instrumentos fiscales que movilicen recursos hacia todas las instituciones, de ahí que hayamos propuesto que el coste fiscal debe estar en el patrocinio. No olvidemos que es importante definir el ámbito de las
exenciones a las rentas obtenidas por las fundaciones, dado que las de mayor tamaño realizan actividades que no siempre están relacionadas con su objetivo fundacional. Si bien existe consenso, y nosotros lo compartimos, en eximir de tributación al
patrimonio fundacional y a las rentas relacionadas, la discrepancia aparece respecto a las rentas no relacionadas. ¿Deben declararse exentas todas las rentas o las no relacionadas deben tener un trato distinto y en este caso igual o más ventajoso
que las sociedades mercantiles? Decía en Comisión que las sentencias de la jurisprudencia americana a favor de sociedades mercantiles que han denunciado un comportamiento desleal de algunas entidades sin fines de lucro son una buena orientación,
ayudan a reflexionar y son experiencias a recoger que aconsejan un tratamiento enormemente cuidadoso con las situaciones diferenciadas de cada entidad sin fin de lucro. Por ello, nosotros proponemos un procedimiento rogatorio frente a un
procedimiento ex lege.
Se ha demostrado -también hemos insistido- que la exención general tiene dos efectos. Por un lado, el coste de oportunidad que determina la decisión entre tener rentas no relacionadas o contribuciones institucionales; por otro lado, se
demuestra una cierta resistencia de potenciales mecenas a realizar donaciones cuando hay otras fórmulas de obtención de recursos, como son las de rentas no relacionadas. De manera que se demuestra, a través de investigaciones muy solventes que hay
sobre esta cuestión, que existe una cierta relación de incompatibilidad, si quieren ustedes, mejor de trade off, entre unas medidas y otras. De ahí que entendemos que en un país como el nuestro, en el que las subvenciones son muy reducidas y las
donaciones hoy por hoy también, es preciso concentrar el esfuerzo fiscal en instrumentos que ayuden a reducir ese trade off y, por consiguiente, las asimetrías que se derivan del mismo, las asimetrías entre grupos de fundaciones que no pueden
realizar actividades económicas y grupos de fundaciones que sí pueden desarrollarlas. El proyecto no ha entrado en el fondo de la cuestión porque no contempla esas reflexiones que están en toda la literatura, por ejemplo, en Estados Unidos, que es
donde está más desarrollada está la normativa de exenciones fiscales -desde hace ya cincuenta años- respecto a estas actividades.
Se debería haber entrado en otras cuestiones que también pusimos de manifiesto en el debate en Comisión, que son enormemente graves, que vienen arrastradas del proyecto de ley de fundaciones. Decíamos, y es muy importante repetirlo en el
Pleno, que se ha realizado una incorporación terminológica de mucho calado, de mucha enjundia, en el artículo 2.3 de la Ley 30/94. Leo el artículo, en la versión de la Ley de 1994, que dice: En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la
finalidad de destinar sus prestaciones a los cónyuges o parientes del fundador hasta el cuarto grado inclusive. En el texto que actualmente estamos debatiendo, se incorporan unas palabras que cambian totalmente el sentido del artículo. Se dice:
En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad -las dos palabras que se incorporan son las que vienen a continuación- exclusiva o principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los patronos. Una prohibición taxativa se
convierte en otra relativa: podrán constituirse
fundaciones con la finalidad, siempre que no sea exclusiva ni principal, de destinar prestaciones a los familiares del fundador.
El actual texto va en contra del espíritu del artículo 34 de la Constitución, tal y como puede verse en el 'Diario de Sesiones' del debate que tuvo lugar en el Senado durante la discusión del texto constitucional. Invito a SS.SS a que lean
el debate del entonces artículo 22, que es el precedente del 34, debate entre los senadores Iglesias Corral, Sainz de Baranda y Martín-Retortillo, en el que los tres argumentaban y coincidían en la defensa del interés público de las fundaciones,
señalando que en todo caso se impidiera el renacimiento de las fundaciones familiares, de las manos muertas, así como todo tipo de fraude o evasión fiscal.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Costa, le ruego vayan concluyendo.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta, voy acabando.
Por todo ello, voy a insistir aquí en el Pleno a algo que ya invité al Grupo Popular y es a la eliminación de las palabras exclusiva o principal, que después aparecen también en el texto que hoy discutimos.
Aquí ya tenemos un primer
problema y es que estamos discutiendo el texto de exenciones fiscales y nos tenemos que remitir al texto de la Ley de Fundaciones. Como los dos proyectos de ley entraron simultáneamente en la Cámara, hubiera sido deseable que este debate se hubiera
producido también con los mismos ritmos, porque ahora nos encontramos con una situación algo absurda: estamos discutiendo las exenciones fiscales a unas instituciones que todavía están en el proceso de debate parlamentario en fases anteriores.
En definitiva, señorías, nuestras enmiendas mejoran sustancialmente el proyecto de ley y refuerzan el sector no lucrativo. Nuestro grupo va a mantener el mismo sentido del voto que en la Comisión y se abstendrá, en el caso de no prosperar
nuestras enmiendas, respecto al dictamen de la Comisión.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Costa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos hoy aquí dictaminando un proyecto de ley que constituye un paso enormemente positivo para dar participación a la sociedad civil en las actividades de interés general. Es un proyecto de ley en el que, desde el Gobierno del
Partido Popular, se ha trabajado buscando el consenso con los distintos sectores y con los grupos políticos. Por eso hoy estamos en esta Cámara debatiendo un proyecto que tiene un nivel de aceptación, en las entidades a las que les afecta,
enormemente elevado.
Estamos hablando de fundaciones, asociaciones sin fines de lucro de utilidad pública, de las ONG, federaciones deportivas, un colectivo que, en su conjunto, ha dado el apoyo a este proyecto de ley que hoy debatimos y además,
convendría decir que no sin un esfuerzo negociador importante a lo largo de todos estos últimos meses, desde que se publicó el borrador del proyecto de ley, hasta que hoy damos la aprobación definitiva en el Congreso para trasladarlo al Senado.
Se ha hecho un esfuerzo evidente de diálogo que las asociaciones han reconocido y han pasado de decir que este proyecto de ley era mejorable, a decir que hoy estamos ante un proyecto de ley que avanza sustancialmente en la participación de
la sociedad civil en las actividades de interés general. Además he hecho un esfuerzo de diálogo con los grupos parlamentarios. Este proyecto de ley, que trata del marco fiscal de las entidades sin fines lucrativos, además de los incentivos al
mecenazgo, se está tramitando en paralelo al proyecto de ley de fundaciones que esta semana en ponencia alcanzó un grado de consenso elevadísimo con el resto de los grupos, así como en Comisión, donde se aceptó el espíritu de muchas enmiendas de
diferentes grupos.
Hoy querríamos haber introducido algunas novedades. Nos hubiera gustado transaccionar algunas enmiendas de Coalición Canaria y de Convergència i Unió para dar solución a diversos problemas que se han manifestado en la tribuna. Nos hubiera
gustado dar solución a un problema evidente, que es el de las federaciones deportivas cuando organizan eventos, y a otro que tienen las fundaciones cuando de su patrimonio fundacional tienen bienes muebles que gestionan y cuyas plusvalías, los
ingresos derivados de la gestión de esos bienes muebles, no deben ir a computar en la diferencia entre el 70 por ciento y el 30 por ciento. Al Grupo Socialista no le ha parecido conveniente, dentro de su derecho parlamentario que se tramitaran hoy
transacciones, aunque sea un asunto que se hace habitualmente y, por tanto, no podemos aprobar aquí estas enmiendas, pero sí lo haremos en el Senado. De la misma forma buscaremos solución a algunas enmiendas de Convergència i Unió para que algunos
consorcios que se dedican a realizar actividades de interés general, de las que se detallan en los artículos iniciales del proyecto de ley, puedan recibir donativos y que los que los conceden puedan tener derecho a las mismas deducciones que cuando
lo dan a las fundaciones.
En mi grupo parlamentario estamos muy satisfechos, porque hoy avanzamos en un proyecto de ley que va a ayudar a vertebrar la sociedad, a procurar incentivar que desde la sociedad civil fluyan iniciativas y actividades de interés general. He
oído a la portavoz socialista
y le agradezco el tono de su intervención. Ha dicho que sin la mayoría absoluta puede que no nos den la razón, evidentemente. Lo que pasa es que en este caso nos dan la razón la sociedad, las asociaciones, las fundaciones y el sentido
común. Quizá la portavoz socialista, en su paso por Estados Unidos, no se quedó con un enfoque importante, y es que no todas las actividades de interés general las tiene que realizar la Administración pública, también se pueden realizar desde la
sociedad; esto me parece importantísimo. No se pueden poner puertas al campo a que fluyan actividades desde la sociedad, desde la iniciativa privada y social que den solución a los problemas de los ciudadanos sociales, culturales, de integración,
de educación, de sanidad, de fomento del deporte; también desde la sociedad se puede hacer eso. Quizá el Partido Socialista todavía se encuentra imbuido de la filosofía de 1994, que era excesivamente proteccionista, que ponía muchas puertas a que
desde la sociedad fluyeran con libertad iniciativas en los campos culturales, sociales, formativos, educativos, sanitarios, de integración social. Es importantísimo lo que hacen las fundaciones y las asociaciones en estos ámbitos. Hoy en España
las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro están realizando una labor extraordinariamente positiva, que desde esta tribuna quiero reconocer, porque están ayudando a que nuestra sociedad se configure de una manera más solidaria, más llena
de iniciativas culturales, educativas y sanitarias. Esa labor que están haciendo las fundaciones requería una modificación legislativa como la que ha planteado el Partido Popular, que merece el voto unánime de esta Cámara, porque, señorías, tiene
la aceptación unánime de la sociedad, y si el Grupo Parlamentario Socialista no ayuda como lo hizo en Comisión -y yo le agradezco la búsqueda de consensos-, si no se incorpora a esta votación positiva, quedará al margen de lo que están opinando hoy
los ciudadanos y es que desde la sociedad civil pueden fluir actividades independientes, libres, que ayuden a configurar una sociedad más solidaria, una sociedad más moderna, una sociedad más competitiva. Lo que con esta ley se fomenta es el poder
creador de una civilización libre y se hace dejando que fluyan desde la sociedad esas iniciativas sin ponerles trabas.
En la ley hay dos partes fundamentales. La primera es el marco fiscal de las entidades sin fines lucrativos y ahí no se incorporan sólo fundaciones sino también asociaciones, ONG, federaciones. Se avanza ostensiblemente porque se dice que
todas esas entidades van a tener un marco fiscal favorable cuando desarrollen un conjunto de actividades que se detallan exhaustivamente en la ley y además en Comisión hemos ampliado con los grupos parlamentarios el elenco de posibilidades para que
se recojan todas y que no pase como con la Ley de 1994 cuando había que ir a una ventanilla y de manera discrecional se decía usted sí, usted no. No, están señaladas las actividades que van a gozar de exención y eso nos parece importantísimo.
Hay una segunda parte donde se recogen los incentivos al mecenazgo. Se han aceptado más de 35 enmiendas de los grupos parlamentarios porque el Grupo Parlamentario Popular quería que esta ley tuviera un grado de consenso muy alto dado que
nos parece que es una ley que tiene que durar en España, tiene que tener vocación de permanencia para que las fundaciones, las asociaciones, puedan planificar sus actividades con tiempo, por eso hemos aceptado muchas enmiendas. Lo que no podemos
hacer es aceptar algunas enmiendas que hoy mantiene aquí el Grupo Parlamentario Socialista porque vuelven al espíritu del anteproyecto que tuvo un rechazo social enorme. No se puede volver a poner limitaciones ni puertas a que las fundaciones
puedan desarrollar su actividad con libertad, y si el Grupo Parlamentario Socialista nos dice hoy en tribuna que van a ponerle trabas al mundo fundacional y al mundo asociativo, lo que dice mi grupo es: ¡Oiga!, yo no le quiero poner trabas al mundo
fundacional y al mundo asociativo porque quiero que el mundo fundacional y el mundo asociativo en la medida en que están colaborando con actividades de interés general tengan libertad de movimientos y puedan hacerlo con un margen de libertad enorme.
Algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista vuelven a la ley de 1994 y me parece mal porque esta ley es un avance muy importante sobre la de 1994. Volver ahora a la ley de 1994, que ya no tiene aceptación social, que ya no sirve
para dejar fluir los proyectos, no me parece bien. Por eso aunque hemos recogido en Comisión algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista -o al menos su espíritu- hay otras que son limitaciones o trabas al mundo fundacional y asociativo que
yo no puedo aceptar y no las vamos a aceptar. Quiero agradecer a Convergència i Unió y a Coalición Canaria el esfuerzo que han hecho, también de diálogo, para llegar a un texto final que creo muy positivo y al que podremos introducir algunas
mejoras en el Senado; vuelvo a reiterar que no sólo podremos sino que hay que incorporar al menos tres o cuatro detalles en el Senado que den una cobertura total a este proyecto de ley.
Se puede decir, señorías, que la segunda parte podría ser más esplendorosa. Mejoramos los incentivos respecto a los que hoy hay pero efectivamente podríamos avanzar. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone una medida
muy innovadora, como es que los ciudadanos destinen una parte de sus impuestos directamente. Ahora mismo eso se puede hacer indirectamente poniendo una cruz en el 0,52 por ciento, porque cuando hoy los ciudadanos ponen una cruz en su declaración de
IRPF y dicen que quieren destinar el 0,52 por ciento de sus impuestos a actividades fundacionales, lo pueden hacer.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, le ruego vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Lo que dice el Grupo Catalán (Convergència i Unió) es que no sólo para el conjunto sino que se destine el 0,50 para una determinada. Es un tema que habrá que abordar en el futuro y habrá que pensar si a los que dan donativos les puede
costar algo o lo que hacen es simplemente destinar una parte de los impuestos. Creo que es un debate que se puede abordar en el futuro.
La presidente me pide que vaya concluyendo, pero quiero decirles, señorías, que estamos ante una excelente ley, que avanza enormemente y que da más margen de acción al mundo fundacional y al mundo asociativo.
Empleando algunas citas de las
que a la señora Costa le gustan tanto, el Grupo Socialista está todavía con Galbraith en que no hay alternativa alguna a la gestión pública y el Grupo Popular está más con Tocqueville diciendo que nada es más fértil que el arte de ser libres.
Muchísimas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES. (Número de expediente 122/000135.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 39 del orden del día: proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) celebra que hoy, por fin, después de más de dos años de inexplicable demora en la tramitación parlamentaria, pueda venir al Pleno de la Cámara el dictamen aprobado en Comisión
sobre la proposición de ley relativa a la modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores. Se trata de una iniciativa legislativa que tiene por objeto ser un instrumento eficaz en la protección del interés de los
menores y del derecho que estos tienen a relacionarse con sus dos progenitores, intereses que se ven conculcados cuando se produce la sustracción de estos menores por uno de sus progenitores, el cual, tomándose la justicia por su mano, desplaza al
menor de su domicilio habitual, trasladándolo en muchas ocasiones de un Estado a otro para impedir o para dificultar su localización y todo ello con el efecto de que se impide el contacto con el otro progenitor.
La resolución de estas situaciones tremendamente angustiosas no sólo para el otro progenitor sino también para el propio menor encontraba mal acomodo en el Código Penal actual, ya que los tribunales, por razones técnicas, habían excluido la
aplicación para estos casos de los tipos actualmente vigentes, que llevan aparejada pena superior a un año, que por otra parte son los que permiten la emisión de una orden internacional de detención, vital para la rápida localización del menor y
para que se pueda instar su devolución.
Para superar estas limitaciones y para, en definitiva, dotarnos de un instrumento eficaz para la localización de los menores, la Cámara, por unanimidad, aprobó en junio del año 2000 la toma en consideración de las iniciativas que con esta
finalidad presentaron los grupos parlamentarios Socialista y Popular. La bondad de los objetivos que perseguían estas iniciativas que, como digo, merecieron unanimidad en su toma en consideración, unido a la generosidad y flexibilidad que es de
justicia reconocer a los grupos proponentes y especialmente a sus ponentes, la señora Alberdi y la señora Barrios, han logrado que la tramitación se haya hecho con absoluto consenso, acordando un texto transaccional que ha recogido las aportaciones
de todos los grupos y al que se ha llegado sin dificultad, lo cual, si se me permite, hace todavía más inexplicable la tardanza con la que este texto normativo verá la luz. Hoy estamos debatiendo este tema en el Pleno única y exclusivamente porque
se trata de la modificación de una ley orgánica porque, tal como he señalado, no ha hecho falta mantener ni una sola de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, por el Grupo de Convergència i Unió, todas ellas en su letra o en su espíritu se ven reflejadas en el texto que hoy estamos viendo, pero me gustaría hacer una
pequeña mención a tres de ellas, que ya anunciábamos en nuestra intervención con ocasión del debate de la toma en consideración. En primer lugar, celebramos y, en la medida en que la flexibilidad del Grupo Popular lo ha hecho posible, agradecemos
que finalmente la regulación del nuevo tipo de sustracción de menores se haya ubicado en el título XII, libro II, del Código Penal, que trata de los delitos contra los derechos y deberes familiares, porque, aunque es cierto que este delito es
pluriofensivo, ya que atenta tanto a la libertad, que era donde inicialmente se situaba la iniciativa
del Grupo Popular, como a los derechos y a los deberes familiares, en Convergència i Unió sostuvimos desde el principio que creíamos que era en los delitos contra los derechos y deberes familiares en donde debía ubicarse y ello por dos
motivos: porque, sin negar la gravedad del hecho, para un menor no puede ser lo mismo que le secuestre un familiar que un extraño, pero también por razones técnicas, ya que no podemos olvidar que la jurisprudencia impone como requisito para que se
considere delito contra la libertad el que se acredite la voluntad contraria de la víctima, lo que, tratándose de menores y de las relaciones de estos con uno de sus progenitores, resultaría no sólo de difícil acreditación, sino que lo más probable
es que la situación fuera al menos inicialmente consentida por el menor, que no vería anomalía en el hecho de marcharse con uno de sus progenitores, con lo cual, con la ubicación de este tipo en los delitos contra la libertad, corríamos el riesgo de
que los tribunales eludieran también su aplicación, como ha pasado con el actual artículo 223 del Código Penal, y por tanto siguiéramos sin contar con un instrumento imprescindible para la localización de estos menores.
Nos alegra también que las medidas cautelares propuestas en sede civil, de prohibición de salida del territorio nacional, prohibición de expedición de pasaporte y necesidad de autorización judicial para cualquier cambio de domicilio, hallen
acogida, además de en el artículo 103 del Código Civil, que es aplicable únicamente a situaciones de separación o divorcio, en el artículo 158 del mismo cuerpo legal, lo cual va a permitir que se adopten con independencia o con anterioridad a la
existencia de un proceso de separación, ya que, como se sabe, muchas de estas conductas de sustracción de menores se producen antes de que se inicie el procedimiento de separación y precisamente para no tener que observar una resolución de guarda y
custodia que se prevé desfavorable para los intereses del sustractor. El que halle acogida en el artículo 158 del Código Civil va a permitir que estas medidas se apliquen también en el caso de hijos de parejas no casadas.
Finalmente, creemos que la transacción a la que se ha llegado en la redacción del artículo 225 bis permite no sólo una definición más clara de lo que se considera sustracción, sino también que se pueda enviar un mensaje, como consecuencia de
la función pedagógica que asimismo tiene la norma, de que la rápida restitución del menor implicará bien la exención o bien la aplicación de la pena en su grado más bajo.
Señora presidenta, señorías, anuncio, como no podía ser de otra manera, el voto favorable de mi grupo parlamentario.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pigem.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal y del Código Civil que combate la sustracción o retención ilícita de menores
La presente proposición de ley fue objeto de debate en la anterior legislatura, en diciembre de 1999, y decayó por disolución de las Cámaras al finalizar la misma. Nuestro grupo volvió a presentarla en los mismos términos en esta
legislatura y todos los grupos parlamentarios, a pesar de nuestras diferencias, el 13 de junio de 2000 acordamos dar lugar a la toma en consideración de la ley para su tramitación, conscientes de que había que regular de una forma más eficaz en el
Código Penal la sustracción de menores. El Grupo Parlamentario Popular desarrollaba sus previsiones en torno a la modificación de los artículos 163 y siguientes del Código Penal, que se refieren a las detenciones ilegales en los secuestros. Por
nuestra parte, lo incardinábamos bajo la rúbrica de los delitos contra los derechos y deberes familiares, junto con otras previsiones complementarias sobre medidas cautelares. El Grupo Parlamentario Socialista, considerando que la tipificación de
la sustracción de menores por parte de los padres en el Código Penal debe de ser un delito autónomo, entendía que esa situación posibilitaría una persecución más eficaz de estas conductas y facilitaría la cooperación policial y judicial
internacional. Para el Grupo Parlamentario Socialista la protección de los derechos del menor ha sido una constante a lo largo de las iniciativas legislativas, a partir de la aprobación de la Constitución española. En este sentido, existe una
clara trayectoria en todo lo relativo a la custodia de menores. El Código Penal de 1995, entre otras innovaciones, suprimió el delito de sustracción de menores de 7 años con sustantividad propia; en cambio, agravó la pena para los delitos de
detención ilegal o secuestro. El antiguo artículo 484 del Código Penal, como ya expusimos en su día, fue muy criticado por la doctrina y además planteaba muchos problemas de aplicación. El tipo penal era difícil en la práctica y generaba numerosos
problemas que fueron objeto de estudio y, desde luego, los trabajos que se hicieron previos a la aprobación del Código Penal también nos sirven hoy para que nuestras propuestas sean más eficaces y den una respuesta más clara a las conductas que
queremos tipificar como delictivas. La mayoría de los supuestos de sustracción o de negativa a restituir a un menor se realiza precisamente por los progenitores, incluso cuando están privados legalmente del ejercicio de determinadas facultades
inherentes a la patria potestad. Ante estos casos es
necesario una respuesta penal clara y hace falta prever también las correspondientes medidas cautelares, tanto en el ámbito penal como en el civil, que eviten esas sustracciones y retenciones ilícitas de menores.
La propuesta de nuestro grupo parlamentario, entre las varias soluciones posibles, optó por la modificación del tipo y su inclusión dentro del capítulo referido a la materia familiar de los delitos contra los derechos y deberes familiares.
Esta ha sido la fórmula aceptada por la ponencia, que hemos consensuado todos los grupos parlamentarios. Una vez iniciado el trámite y tras el estudio en profundidad de las iniciativas de los dos grupos proponentes, PSOE y PP, se llegó a un acuerdo
de todos los grupos parlamentarios elaborándose en la ponencia un informe, que es el que hoy traemos aquí, para su sometimiento al Pleno. Los ponentes de los distintos grupos consideramos conveniente unificar en un solo texto las dos proposición de
ley que tomó en consideración la Cámara, ya que el objetivo de las propuestas era el mismo y se trataba de darle la forma jurídica más eficaz para la defensa de los derechos de los menores afectados por este tipo de conducta delictiva. Por ello,
propusimos en la Comisión de Justicia e Interior un texto único que refundía las dos proposiciones de ley orgánica y se tramitarían de una forma unificada.
Así propusimos una nueva propuesta del artículo 225 bis del Código Penal, en el que se
describen las nuevas conductas que resultan tipificadas como delito. También la ponencia consideró oportuno, desde el punto de vista de técnica jurídica, que esta figura quedara acogida bajo la rúbrica de los delitos contra los derechos y deberes
familiares, que fue la propuesta que hicimos el Grupo Parlamentario Socialista.
En el Código Civil también propusimos dos modificaciones tendentes a hacer efectiva la posibilidad de actuar cautelarmente, evitando así muchos supuestos de secuestros que pudieran darse, estableciendo medidas cautelares para evitar la
sustracción de los hijos por alguno de los cónyuges o sus parientes y, sobre todo, estableciendo medidas cautelares que tienen por objeto impedir la salida del menor del territorio nacional. La primera modificación del tipo cautelar afecta al
artículo 103.1 del Código Civil y establece que cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas se podrán adoptar medidas, como la prohibición de salida del territorio nacional, la prohibición de
expedición del pasaporte al menor o la retirada del mismo y el sometimiento a la autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. De esta forma, queda cubierto un flanco muy utilizado por personas de países árabes con los
que España no tiene tratados bilaterales. Además, en estos casos de rupturas conyugales, muchos secuestros de menores responden a presiones o chantajes para obtener ventajas patrimoniales o personales totalmente rechazables. Una de las ventajas
que ya hemos comentado en anteriores debates en esta Cámara es que la tipificación de la sustracción de menores como delito autónomo nos va a facilitar el conocimiento del número real de casos que se producen y, por tanto, vamos a tener una
estadística fiable que nos permita responder mejor a esta conducta delictiva y, sobre todo, coordinar la respuesta desde las distintas administraciones públicas. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) La segunda
modificación en relación con las medidas cautelares se refiere al artículo 158 del Código Civil y tiene la misma finalidad, aunque extiende su ámbito de aplicación a cualquier proceso, no necesariamente matrimonial, permitiendo la adopción de
medidas por el juez de oficio, a instancia del ministerio fiscal, de los progenitores, del propio hijo o de cualquier pariente.
Hay que reseñar que en virtud de la enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, y ya elaborado el texto inicial de la ponencia, lo mejoramos flexibilizando los supuestos de sustracción cuando se produzca la devolución
del menor dentro de las 24 horas siguientes, a fin de declararlo en este supuesto exento de pena si la devolución es inmediata, y si la misma se produce dentro de los 15 días siguientes a la sustracción la pena queda atenuada.
Quiero referirme a la incomprensible dilación en la tramitación de este proyecto, al que ya se ha referido la señora Pigem, que por razones desconocidas para todos los ponentes fue retenido el expediente en su tramitación, creemos que por el
grupo mayoritario, hasta que el grupo al que pertenezco hace menos de un mes denunció la situación y pidió la inmediata tramitación del proyecto que llevaba más de un año paralizado.
Para terminar, como ha hecho la señora Pigem, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios su disposición a buscar alternativas consensuadas que nos han permitido traer este proyecto de ley al Pleno con el voto favorable de todos y por
supuesto también de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.)
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Alberdi.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Muy buenas tardes, señoras y señores diputados.
Como han manifestado tanto la señora Pigem como la señora Alberdi, es también una gran satisfacción para el Grupo Popular encontrarnos hoy aquí dándole el visto bueno a la ponencia que hemos elaborado. Quiero mencionar a nuestra compañera,
Margarita Uría, que también ha intervenido y que seguramente por la situación de la hora y la lejanía del País Vasco ha tenido que ausentarse, porque hemos desarrollado en ponencia
desde el comienzo una labor muy positiva, aunque desgraciadamente muchas veces en este Congreso parece que no se produce.
Desde la presentación de las dos proposiciones de ley, la del Grupo Socialista y la del Grupo Popular en esta legislatura, hemos mantenido una unidad de criterio en el sentido de ver qué era lo mejor para poder penalizar el delito de
sustracción de menores por sus progenitores. En ese sentido, de las 19 enmiendas que se presentaron por los diferentes grupos, unas enmiendas sensatas que intentaban mejorar el texto y llenar algunas lagunas o errores que tenían las propias
proposiciones de ley, hay que decir que finalmente se sacó un texto adecuado para solventar un problema que aunque a ustedes les pueda parecer extraño se ha originado también por el propio ensamblaje parlamentario.
Como las anteriores intervinientes han tocado un aspecto de esta modificación, yo solamente quisiera aclarar muy ligeramente qué ha sucedido. Cuando se elabora el Código Penal de la democracia, el Código Penal en 1995, se elimina el
contenido del artículo 485 del Código Penal anterior donde se tipificaba el secuestro de los hijos con menos de siete años. Se pensó que quizás el lugar más adecuado -como se ha dicho anteriormente- era el delito de secuestro o el delito de
detención ilegal. Lo cierto es que para distinguir ese delito que comete un particular del que comete un agente de la autoridad o un funcionario se utilizó la expresión el particular, y los jueces en el momento que tenían que aplicar al secuestro
del menor por su propio progenitor, al existir la expresión el particular se veían incapacitados de poder aplicar este tipo delictivo y solamente estaban aplicando un delito de desobediencia judicial que fijaba la pena de seis meses y que estaba
dificultando gravemente la tipificación y sobre todo la medida preventiva que puede llevar a cabo todo lo que es un tipo delictivo. Es por eso que se han manifestado diferentes asociaciones y el Defensor del Pueblo, incluso se ha regulado en el
ámbito internacional porque hay que reconocer que no es un acto de amor, sino todo lo contrario, es un acto de terrible violencia, es un acto de venganza y es un acto de dañar todo lo que significa el entorno familiar al romperle a un niño o a una
niña todo lo que conlleva de cultura, de tradición, de amor y de cariño que lo rodea.
En un momento determinado -normalmente además cuando existe crisis familiar- un padre o una madre utilizan a ese menor, a esa niña o a ese niño como un auténtico instrumento para dañar a la otra parte, muchas veces con el terrible resultado
que nos hemos encontrado; las ponentes hemos hablado con casi todas las personas que están sufriendo esa situación en este momento y hemos visto, señoras y señores diputados, cómo esos niños normalmente no vuelven a su país, ni siquiera se sabe en
qué situación se encuentran y ese acto de violencia les produce tal alteración psíquica y física que difícilmente se recuperan de ese daño.
Por ello, no sólo nos tenemos que fijar en ese daño que particularmente se produce al niño y a su familia,
es que muchísimas veces los ordenamientos jurídicos son contrarios, ni siquiera se puede encontrar en otro país que el ordenamiento jurídico que se aplica es suficiente para garantizar el bienestar y la protección de los derechos del niño. Muchas
veces te encuentras con que existen unos convenios fijados de manera determinada y esa familia se pasará su vida sin paz personal y sin paz económica porque irá contratando detectives, abogados y personas que vayan buscando a ese hijo con las
informaciones que les vaya dando. No sólo es eso, es que muchas veces el progenitor que se lleva a ese hijo, que lo secuestra, que lo aparta de su entorno y de su familia, además normalmente le engaña y alega que la familia que ha quedado en España
no le quería y que no preguntan por él. Pensamos que no es sólo un delito terrible, un delito brutal, sino que además tiene efectos sobre estas criaturas y sobre sus familias.
Tengo que decir, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que nos ha parecido muy bien el resultado obtenido en la ponencia. Efectivamente nosotros habíamos propuesto regularlo como un subtipo del secuestro, pero en el debate en ponencia
nos pareció muy adecuado lo alegado por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el sentido de que verdaderamente era un delito contra las relaciones familiares, contra ese referente del niño
con el que desarrolla su vida y donde tiene su acogida. Por eso nos pusimos todos de acuerdo y creemos que este artículo 225 bis -que cuando se apruebe va a regular el delito del secuestro de menores por sus progenitores- no sólo contiene una pena
adecuada, de dos a cuatro años, que va a permitir que se puedan utilizar los sistemas internacionales de Interpol o la busca y captura para poder recuperar a ese niño, sino que además -y es muy importante- se va a poder penalizar a los familiares
que auxilien al progenitor que lleva a cabo ese terrible delito; es muy difícil que cometa el delito sólo el progenitor, normalmente es ayudado, de manera equivocada, por su familia y nos parece adecuado que se penalice en ese sentido a estos
colaboradores o cómplices. Además creemos que es muy adecuado que se agrave la pena cuando se saque al menor del territorio nacional, y en tal caso se solicita una condición y también que haya un tipo privilegiado. Estamos absolutamente de acuerdo
con que debe quedar exento de pena -por surgir las más bajas pasiones del ser humano- el progenitor que tiene la reacción de secuestrar a su hijo, pero que en las 24 horas siguientes lo piensa, comunica dónde se encuentra y hace lo posible por
entregarlo y lo entrega; asimismo suavizar la pena cuando sólo hayan transcurrido 15 días.
También quiero recordar que el artículo 224 recoge como subtipo la inducción para que el progenitor infrinja el régimen de custodia, así como la falta correspondiente, porque creemos que era necesario un sistema de protección penal. Como
este tipo de actuaciones delictivas se lleva a cabo en el 90 por ciento de los casos en momentos de crisis familiar, las medidas preventivas nos parecen esenciales. Esperemos que desde los tribunales de justicia y desde todas las asociaciones se
haga especial hincapié en la necesidad de pedir estas medidas preventivas cuando exista ese riesgo; de ahí el artículo 103 con medidas cautelares cuando se presenta la demanda de separación, divorcio y nulidad; y después el artículo 158 que tan
importante es para proteger a los menores y en el que se establece la posibilidad de que el juez, de oficio, a petición del ministerio fiscal, del propio menor o de sus familiares, pueda también pedir estas medidas en cualquier momento procesal que
se considere existe riesgo de que uno de los progenitores o un familiar vaya a secuestrar al menor.
Quiero decir que para nosotros es una gran satisfacción haber acabado en este tiempo la elaboración de la norma, aunque nos falta la exposición de motivos, pero esperamos que en la otra Cámara, en el Senado se pueda incorporar la más
adecuada; y la mayor satisfacción es que en relación a ese consejo, a ese acto de cortesía que normalmente se lleva a cabo diciendo que los niños primero cuando entramos en un avión, cuando hay cualquier problema, por primera vez en el Congreso los
grupos parlamentarios hemos demostrado que los niños aquí son lo primero.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Barrios.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, HECHO EN MADRID EL 10 DE ABRIL DE 2002 Y DEL INTERCAMBIO DE NOTAS VERBALES ENTRE AMBOS
PAÍSES, DE LA MISMA FECHA, SOBRE ASUNTOS LABORALES.
(Número de expediente 110/000198.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Concluido el debate de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores, señorías,
pasamos al debate del punto X del orden del día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
En primer lugar, protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1.º de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002 y del intercambio de notas
verbales entre ambos países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervendré con brevedad para indicar el voto negativo de Izquierda Unida a este protocolo. No vamos a repetir los argumentos que ya dimos cuando presentamos la enmienda a la totalidad, pero sí quiero señalar que lo hacemos en
defensa de lo que entendemos son los intereses de España, porque desde nuestro grupo no podemos admitir que el Gobierno del Partido Popular, mediante este protocolo, permita que servicios de inteligencia de otros países puedan campar a su libre
albedrío por nuestro país, sin tener que dar cuenta a nadie más que a su propio Gobierno. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Hace pocos días veíamos cómo nuestro Gobierno era sumiso a la hora de eximir a Estados Unidos de responsabilidades ante el Tribunal Penal Internacional. Ahora vemos un nuevo gesto de sumisión de un grupo parlamentario, de un Gobierno que
hace alarde de patriotismo cuando se viste con largas banderas, pero que luego no es capaz de defender la independencia de nuestro país frente a los intereses de Estados Unidos.
Nuestro voto es contrario porque no queremos que la base de Rota se convierta en una superbase, ni siquiera queremos que exista la base de Rota bajo supervisión de Estados Unidos; no queremos que se amplíe la base de Morón; en definitiva
no queremos que España se convierta en una pieza de guerra al servicio de los intereses de Estados Unidos. Queremos que España sea un elemento de paz; queremos que España sea un instrumento para la paz y no un instrumento para la guerra, hacia la
que mediante este protocolo seguimos avanzando.
Por eso, repito, nuestro voto es negativo; por eso nuestro voto es un voto de repulsa ante este Gobierno que hace dejación de su responsabilidad de defender los intereses de nuestro Estado, y es un voto que se hace con la esperanza de que
desde el Gobierno se comprenda que hay muchos miles de españoles y españolas que seguimos defendiendo la paz por encima de otras cosas, que seguimos defendiendo la verdadera independencia de nuestro país frente a la sumisión que
el Partido Popular y el Gobierno representan en este momento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 26 DE JUNIO DE 2002. (Número de expediente 110/000199.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto siguiente del orden del día. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO EN VARSOVIA EL 21 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000200.)
La señora PRESIDENTA: Punto 42 del orden del día: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia relativo a la readmisión de personas en situación irregular, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE SANIDAD VEGETAL. (Número de expediente 121/000053.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en el punto XII: Enmiendas del Senado.
En primer lugar enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad vegetal. ¿Grupos que desean intervenir para fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos remite el Senado a efectos de perfeccionar el proyecto de ley de sanidad vegetal, después de su trámite en la Cámara Alta. Creemos que se ha conseguido un proyecto
muy amplio, del que hacemos una valoración positiva, y creemos que puede tener efectos muy beneficiosos en el amplio campo de la producción vegetal y forestal en España.
De estas enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta, quiero destacar la relativa al artículo 45, referente a la comercialización de los medios de lucha a que se refieren los artículos anteriores, sobre todo aquellos que requieren una
inscripción en el registro oficial de productos y material fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Otro caso similar es el relativo a la enmienda al artículo 49, que señala los órganos competentes para las inspecciones
con los inspectores acreditados para adoptar las medidas correctoras pertinentes. La enmienda al artículo 55 introduce un nuevo concepto: El ejercicio de actividades de producción, fabricación y comercialización de productos fitosanitarios, sin la
correspondiente autorización administrativa. Creemos que esto marca un criterio muy bueno del control de la autorización administrativa en todos estos productos de uso fitosanitario en la lucha contra plagas vegetales, que se complementa con el
artículo 57 al señalar los grados de responsabilidad de las personas físicas o jurídicas en este campo, así como con el artículo 60 que señala el órgano competente para poder acordar, como sanción accesoria, el decomiso de las mercancías. La
mayoría de las restantes enmiendas son gramaticales o de mejora técnica.
Quiero destacar este nuevo concepto unitario que refuerza no solamente la lucha contra las plagas vegetales, sino las actuaciones de las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen productos fitosanitarios en el amplio campo de la
agricultura, y las garantías de calidad y protección de la naturaleza y de la salud humana.
Por estas razones, señora presidenta, mi grupo votará favorablemente las enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad vegetal.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
¿Otros grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño y muy brevemente, para fijar nuestra posición respecto a las enmiendas del Senado a la ley de sanidad vegetal.
Como decía en mi intervención cuando el proyecto se debatió en el Congreso, estábamos frente a un texto
de carácter muy técnico y que en principio no tenía que plantear problemas importantes. Eso hizo que las enmiendas que se presentaron por parte de los diferentes grupos parlamentarios no optasen en ningún momento por un modelo alternativo,
sino que iban en la línea de mejora de la propuesta que había presentado el Gobierno. La aceptación de las diferentes enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, han mejorado la redacción inicial, y hay que reconocerlo; pero siendo esto
importante, que lo es, lo cierto es que por parte del Grupo Popular no se ha querido entrar en lo que es el nudo gordiano de la ley. Me estoy refiriendo básicamente al capítulo III, en el que las pocas enmiendas que se han aceptado son de carácter
gramatical. Se continúa con el uso de la palabra monopolio -palabra trampa a nuestro entender- que en el ámbito de la Unión Europea ya es perseguible; por tanto no hacía falta. Nosotros pretendíamos que esa palabra fuese sustituida por abuso de
posición dominante, que es mucho más clara. El monopolio se deshace con un oligopolio. Dos multinacionales han deshecho el monopolio y pueden ejercer una posición dominante, como queda claramente recogido en el artículo 38 cuando dice
textualmente: 'En este sentido, se entenderá por situación de monopolio aquella en la que, de no compartirse la información, una sola empresa actuaría como titular exclusivo de los derechos de fabricación o comercialización'... Por tanto, si hay
dos empresas, no hay monopolio, pero sí hay posición dominante.
En resumen, actualmente existen dos grandes modelos: un modelo en defensa de las multinacionales, y otro a favor de los pequeños y medianos industriales españoles. Nosotros apostamos claramente -ya lo dijimos en el Congreso y lo repito una
vez más- y sin ningún tipo de complejos por la defensa de estos últimos, porque han hecho un gran esfuerzo de modernización, representan un sector importante en nuestra industria, están enraizados en el territorio, crean muchos puestos de trabajo, y
porque nuestro grupo parlamentario entiende que sin actuar de forma contraria a la ley hay que dar facilidades a nuestro sector productivo, como por cierto están haciendo los países de nuestro entorno. Me sabe mal admitirlo, pero esa parece que no
es la posición del Grupo Parlamentario Popular que en ese aspecto apuesta de forma clara a favor de los intereses de las multinacionales.
Vamos a votar a favor de las enmiendas del Senado pero si hubiese sido posible el voto al conjunto de la ley les puedo asegurar que, con la actual redacción, hubiésemos votado en contra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señora presidenta, señores diputados, aunque mi grupo va a votar afirmativamente las enmiendas incorporadas en el Senado, no por ello debemos silenciar nuestra radical oposición al proyecto de ley de sanidad
vegetal.
Es cierto que no presentamos en su momento una enmienda a la totalidad por dos razones: la primera era la urgencia de esta ley, y la segunda nuestra creencia de que en Comisión, ante la evidencia y contundencia de los argumentos, la ley
sería sustancialmente modificada, cuestión que desgraciadamente no ha ocurrido. Esta ley, tal como va a salir aprobada, resultaría ya obsoleta 30 años atrás.
Es bueno y me alegro de la coincidencia de que el ministro de Agricultura, Arias Cañete, pueda oír directamente nuestra voz desde aquí. Su obsolescencia es singular, evidente y resulta abrumadora porque si ustedes leen el texto verán que
términos como organismo modificado genéticamente o transgénicos no aparecen. Esta ley ignora todos los avances que la moderna biotecnología ha producido y argumenta para su no presencia que estas cuestiones son propias de otra ley. El azar ha
jugado una mala pasada al Grupo Popular y ha puesto en evidencia sus argumentos, ya que acaba de entrar la ley a que se referían y que, extrañamente por cierto, se suponía que tenía que abordar estas cuestiones. Me estoy refiriendo a la ley por la
que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de los organismos modificados genéticamente, trasposición por otro lado de una directiva comunitaria ya conocida. Lógicamente al leer
esta ley se puede comprobar que no aborda ninguna de estas cuestiones, puesto que el cometido de la misma son los ensayos, los trámites, los registros para la aprobación de este material vegetal.
Esta ley se denomina de sanidad vegetal y en ella el Gobierno supone que ningún organismo modificado genéticamente puede producir mal alguno para las plantas, para los ecosistemas, para los animales, ni para los seres humanos. Señorías,
esto es una grandísima temeridad que se produce cuando aún estamos sufriendo profundos quebrantos y lo que es peor pérdida de vidas humanas por una cuestión como fue la presencia de harinas de origen animal en los piensos y su relación con el
tristemente conocido caso de las vacas locas.
Señorías, es una ley de sanidad vegetal, cuyo equivalente en sanidad humana sería una ley que sólo tratase de las enfermedades infecciosas y que ignorase las degenerativas; es decir estamos dispuestos a hablar de la viruela, pero no estamos
dispuestos a hablar del cáncer. Mi grupo, señorías, no se posiciona en contra de los organismos modificados genéticamente; oposición ninguna, pero cautelas todas. La propia normativa
comunitaria nos llama ya la atención sobre algunas de estas cautelas cuando incluso pone fecha de retirada para aquellos organismos modificados genéticamente que puedan inducir a la resistencia de antibióticos. Si eso se hace a efectos de
autorización y comercialización, ¿cómo no hacerlo a efectos cautelares de sanidad vegetal? Tengan en cuenta SS. SS. que la sanidad vegetal tiene una relación directa con la seguridad alimentaria.
Por otro lado, ¿cómo se puede ignorar el potencial de contaminación? ¿Cómo se puede asegurar que no vamos a tener ningún problema de contaminación en nuestros ecosistemas naturales? La verdad es que aunque hemos intentado remediarlo con
las enmiendas propuestas por mi grupo tanto en el debate de Comisión como posteriormente en el Senado, la respuesta siempre ha sido la misma: no, no y no.
Tenemos que avisar, y lo hacemos con la solemnidad que tiene el Congreso de los Diputados, que si desgraciadamente, digo desgraciadamente y pongo énfasis en ello, ocurriese alguna desgracia por culpa de esta ley solamente habrá un
responsables y ese responsable debe quedar claro, y el 'Diario de Sesiones' así lo atestiguará, es el Grupo Popular.
En otro orden de cosas, como ya ha dicho alguno de los portavoces que han intervenido y aquí hubo unanimidad de todos los grupos menos del Grupo Popular, esta es una ley que perjudicaba y perjudica el tejido industrial de la pequeña y la
mediana empresa que aplica el uso de herbicidas y plaguicidas, por el contrario favorece a la gran empresa, y con una coincidencia literal de la totalidad de los grupos menos el Grupo Popular se hicieron enmiendas para intentar poner un sesgo
distinto a esta ley, y a pesar del esfuerzo que se ha hecho, esta ley nace con una grave insuficiencia en esta cuestión. Esta ley permite una consolidación de posiciones de comercio de privilegio para las grandes empresas, posiciones que al final
acabarán convirtiéndose en oligopolios de hecho y perjudicando a nuestro tejido industrial mayoritariamente constituido por pequeños y medianos empresarios. Subyace, señorías, una grave pregunta: ¿Por qué hace lo que hace el Grupo Popular siendo
consciente de la gravedad de esta cuestión? No hay ninguna duda, porque el Gobierno le obliga. ¿Y por qué el Gobierno asume tan temerariamente esta responsabilidad? Desgraciadamente solamente hay una respuesta: porque el Gobierno se pliega a los
intereses de las grandes empresas y sacrifica el interés de la mayoría por el interés de unos pocos.
No lo duden, señorías, el Grupo Socialista...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Amarillo, por favor.
Ruego guarden silencio. Es imposible escuchar al que está interviniendo en la tribuna.
Adelante, continúe.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Como iba diciendo, es temerario lo que el Gobierno ha hecho, lo hace porque está presionado por grandes intereses económicos y sacrifica los intereses de la mayoría a los intereses de una muy poderosa minoría de grupos de empresa, intereses
económicos muy poderosos. Nosotros le anunciamos que, cuando dispongamos de la mayoría parlamentaria suficiente, corregiremos esta ley y la enmendaremos, porque esta ley es algo más que una ley manifiestamente mejorable, es una ley temeraria que
nace ya obsoleta y anacrónica.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Gracias, señora presidenta.
Voy a procurar que el tono de mi intervención sea el que tenía previsto, pero la motivación va a variar sustancialmente en función de las manifestaciones que se acaban de hacer aquí, en la tribuna, porque, ante los epítetos, adjetivos y
descalificaciones gratuitas que se han hecho sobre este proyecto de ley, creo que hay que aclarar con meridiana definición de qué va esta ley. Es una ley que, como han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, busca
establecer un marco legal, marco que viene desde 1908, 1952, distintos convenios internacionales, así como las leyes de las plagas de campo y la Ley de defensa de montes, así como la trasposición de la Directiva comunitaria 91/414. Hemos tenido en
cuenta la adecuación de esta normativa a la figura del Estado autonómico, a los compromisos adquiridos como miembros de la Unión Europea y hemos deslindado el ámbito competencial de las distintas administraciones, tanto de la autonómica como de la
Administración general del Estado, para establecer unos requisitos que deben dar una cobertura legal a la actividad en el ámbito de la sanidad vegetal, la protección eficaz de las especies vegetales y un compromiso importante con la agricultura
sostenible para nuestro país.
Se ha hablado como nudo gordiano de esta ley en el proceso de trasposición de la directiva comunitaria de si protegía o defendía más los intereses de unos sectores empresariales denominados multinacionales o de la empresa nacional. Habida
cuenta de la trasposición directa que se hubiera podido hacer, tal como entró el proyecto de ley remitido por el Gobierno a esta Cámara, podíamos entender -y así lo entendió el Grupo Popular- que podía haber una lesión directa, dados los procesos
para la inscripción de las sustancias activas
y los distintos productos fitosanitarios elaborados en nuestro país, los costosísimos procesos -varios miles de millones de pesetas- para la inclusión del catálogo necesario a la hora de tener en cuenta la comercialización, la distribución y
la aplicación de estos productos en el ámbito nacional.
Fue el Grupo Popular quien presentó una enmienda transaccional, que yo creo que sorprendió especialmente al Partido Socialista, en la que buscábamos, dentro de una compilación del derecho actual, establecer las garantías suficientes para no
mermar los derechos de una supuesta industria multinacional que quería arrojar del mercado a la industria nacional, esa pequeña y mediana industria nacional que tenía una cuota de mercado de esos 100.000 millones de pesetas aproximadamente que
suponen los productos fitosanitarios en el ámbito nacional.
No voy a dar razones jurídicas de fondo por cuestiones de tiempo -casi una hora de debate ininterrumpido en Comisión-, que expliquen la diferencia entre posición de dominio, abuso de posición, y monopolio, al que en esta ley se hace una
referencia explícita para que no haya interpretaciones banales que pudieran salpicar cualquier tipo de interés legítimo en el uso de los derechos y los intereses de las distintas industrias.
Ahora bien, yo hago una denuncia desde esta tribuna al Partido Socialista, en tanto en cuanto que no ha sido capaz en todo el trámite de ponencia y Comisión, ni en el Senado ni por supuesto en esta Cámara, de hablar ni sola vez de lo que
supone esta ley para los agricultores, que son realmente los beneficiarios, los directos beneficiarios de este proyecto de ley. (Aplausos.) Ustedes se llenan la boca hablando de los intereses de las multinacionales en función de unas empresas
españolas, a las que nosotros respetamos y con las que hemos conseguido llegar a acuerdos tras múltiples reuniones. Solamente tengo que recordar que este proyecto de ley entró aquí hace aproximadamente un año, el 16 de octubre, y se retrasó su fase
de ponencia con el único fin y objetivo de conseguir llegar a acuerdos con la industria nacional, con la industria multinacional y con los agricultores. Esta ley tiene un papel totalmente subsidiario y hace al agricultor elemento imprescindible del
desarrollo de la misma y de la aplicación de los parámetros que marcan la Unión Europea y la trasposición de los distintos convenios internacionales llevados a cabo durante estos últimos años.
El señor Amarillo, portavoz del Partido Socialista en el Congreso, al igual que el portavoz en la Comisión y en el Pleno del Senado, del que no recuerdo el nombre, han hablado de transgénicos. Ustedes confunden churras con merinas. Se lo
hemos explicado por activa y por pasiva, les hemos pasado documentación. Es más, hoy, en un alarde de contradicción interna total, dicen que ya hay un proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente por el que se establece el régimen jurídico de
utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, es decir, lo que usted pedía figura en una ley específica del Gobierno de la nación como trasposición de una directiva comunitaria.
A usted se le llena la boca al hablar aquí de los graves riesgos, de la temeridad, de la barbaridad y de la responsabilidad que habrá que pedir en su día al Partido Popular cuando pase cualquiera de estas calamidades, cualquiera de estas
catástrofes que usted ha anunciado desde esta tribuna, pues sobre esas cuestiones, señor Amarillo, usted tendrá ocasión, o su grupo parlamentario, de trabajar en esta ley, proponer medidas y presentar a los españoles cuáles son sus alternativas.
Por cierto que por una vez, y sin que sirva de precedente, usted ha dicho hoy, después de dos años de debate, que están de acuerdo con los organismos genéticamente modificados. Nos alegramos muchísimo porque el Partido Popular ya lo dijo hace seis
años, y es más, su portavoz, don Demetrio Madrid, de nombre insigne, por lo menos para este diputado, por las relaciones que tuvimos en la pasada legislatura, ya lo manifestó públicamente, hasta que llegó esta legislatura y ustedes, yo creo que por
un oportunismo político que no les lleva a ningún sitio, empezaron a enredarse en la aprobación o no de los organismos genéticamente modificados. Estos organismos no tienen nada que ver con esta ley, pero aprovechamos para manifestar la postura
reiterada del Partido Popular cuando, con todas las cautelas desde el punto de vista del cumplimiento de la legislación comunitaria y de la legislación que en su día vamos a aprobar dentro del ámbito de las Cortes Generales, se ponga en marcha.
En definitiva, y para terminar, esta es una ley, como he dicho anteriormente, que persigue un objetivo claro de adecuación de la normativa que hasta ahora estaba muy dispersa a lo largo de todo el siglo pasado; que busca la coordinación
administrativa entre la Administración del Estado y las administraciones autonómicas; que busca la competitividad y la compatibilidad de un desarrollo armónico desde el punto de vista económico, social y medioambiental; que define las
responsabilidades tanto de los particulares como de las propias administraciones; y que, en definitiva, da un papel preponderante y fundamental al agricultor en la aplicación directa y en la puesta en marcha de esta ley. Le puedo decir, y creo que
esto sirve para esta ley y para cualquier tipo de proyecto de ley que seamos capaces de aprobar en este Congreso de los Diputados, que si al final los ciudadanos no se comprometen, no entran directamente en la aplicación de estas leyes, difícil
papel vamos a jugar en este Parlamento.
Agradezco la postura de Coalición Canaria y de Convergència i Unió de apoyo, aunque con matices, a este proyecto de ley que hoy ve definitivamente la luz y que esperamos que sea un revulsivo desde el punto de
vista de la protección de la sanidad vegetal en nuestro país.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pintado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 121/000106.) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del dictamen de Comisión al proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Comenzamos con la votación de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto. Han sido retiradas las firmadas por el señor Saura. Por tanto, iniciamos la votación con la enmienda del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, enmienda número 52.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 89; en contra, 163; abstenciones, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, cuatro; en contra, 164; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 14; en contra, 249; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 58, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 15; en contra, 263; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 62 y 65, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 14; en contra, 172; abstenciones, 97.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Al haber decaído las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), pasamos a continuación a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 46 y 47.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 11; en contra, 256; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 48.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 115; en contra, 165; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 41 y 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 113; en contra, 164; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 101; en contra, 162; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 98, 113, 121,125, 134, 136 y 138.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 16; en contra, 165; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 106, 115 y 116.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 16; en contra, 256; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 107; en contra, 165; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 67, 75, 79 y 95.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 114; en contra, 165; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 93; en contra, 165; abstenciones, 26.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Texto del dictamen en una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 178; en contra, 10; abstenciones, 96.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES. (Número de expediente 122/000135.) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Votación de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. Sometemos a votación el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 283; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO
La señora PRESIDENTA: Por tener carácter de ley orgánica, sometemos a votación final y de conjunto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 282; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado los votos exigidos para ello.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, HECHO EN MADRID EL 10 DE ABRIL DE 2002 Y DEL INTERCAMBIO DE NOTAS VERBALES ENTRE AMBOS
PAÍSES, DE LA MISMA FECHA, SOBRE ASUNTOS LABORALES.
(Número de expediente 110/000198) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, protocolo de enmienda del convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España
y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en
Madrid el 10 de abril de 2002, y del intercambio de notas verbales entre ambos países, de la misma fecha sobre asuntos laborales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 275; en contra, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS
CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 26 DE JUNIO DE 2002. (Número de expediente 110/000199) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Votamos el acuerdo entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de
misiones diplomáticas y oficinas consulares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 283; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR, HECHO EN VARSOVIA EL 21 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000200) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Votamos el acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia relativo a la readmisión de personas en situación irregular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 274; en contra, dos; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE SANIDAD VEGETAL. (Número de expediente 121/000053) (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad vegetal. En primer lugar, las enmiendas a los artículos 48.f), 58.2 y 63.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 271; en contra, dos; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de sanidad vegetal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 280; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS.
(Número de expediente 122/000223.)
La señora PRESIDENTA: Proposición de ley reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
¿Grupos que desean intervenir? (Rumores.)
Señorías, iniciamos un nuevo debate. ¿Hay algún grupo que desee intervenir? (Varios señores diputados: ¡No, no!-Rumores.)
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos. En primer lugar, votamos la enmienda al artículo 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 269; en contra, 13; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Senado a la referida proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 282; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PRÁCTICOS DE PUERTO.
(Número de expediente 122/000190.)
La señora PRESIDENTA: Proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto.
¿Grupos que desean intervenir? (Varios señores diputados: ¡No, no!-Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Fuertes rumores.-Aplausos.) Señorías, la presidencia deduce que no va a intervenir ningún grupo.
(Muchos señores diputados: ¡No, no!)
Sometemos a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de creación del Colegio de Prácticos de Puerto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 274; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. (NÚmero de expediente 124/000002.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado a la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
¿Algún grupo desea intervenir? (Varios señores diputados: ¡No!-Pausa.)
Señorías, hay petición de palabra. La tiene en primer lugar, para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría. (Rumores.)
Un momento, señora Uría. Señorías, continuamos el debate, por lo que les ruego que guarden silencio y si van a abandonar el hemiciclo, lo hagan de la manera más rápida posible y sin ruido. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante
Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo sin ningún ánimo de alargar innecesariamente este Pleno, pero sí con la finalidad de dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de que no estamos aprobando una ley cualquiera, sino una ley cuyo objeto es la regulación de los
derechos del paciente en relación con las disponibilidades sobre lo que en el futuro vaya a querer hacer en relación con sus últimas voluntades en torno a su salud y, sobre todo, en relación con los datos que necesariamente habrán de constar en
todas las historias clínicas como derechos del paciente. Nos parece que, siendo este un objeto tan cercano a los derechos sanitarios de la ciudadanía y a los derechos individuales, es importante que cuando menos quede constancia en el 'Diario de
Sesiones' de alguna intervención, porque, desde nuestra perspectiva, lo que podía haber sido un magnífico texto finalmente no queda como tal por dos aspectos fundamentales. El primero es la manía innecesaria del grupo mayoritario, y suponemos que
también del Gobierno, de convertir en básicos todos los aspectos que se regulan so pretexto de que hacen referencia a la igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. El Tribunal Constitucional ha dicho una y otra vez que
el artículo 149.1 no es título atributivo de competencias, y así consta al final en el texto que el ejercicio de la potestad que se ejercita es la del artículo 149.1.1.a y 16.a, cuando desde el punto de vista de la técnica legislativa esto es
imposible. El contenido sustancial del texto no es básico en su totalidad, con independencia de que se pueda o no estar de acuerdo con él. Creemos que hay aspectos en los que las comunidades autónomas tienen posibilidades de alteración del
contenido de la norma.
Hay otro segundo aspecto que estuvo a punto de solucionarse en el Senado y que finalmente no fue así. La ley tiene unas previsiones, permítanme que lo diga, ridículas en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora.
Contiene una única
referencia a la Ley de 1986 y ni siquiera hace referencia a lo que es el código básico en materia sancionadora, que es la Ley 30/1992. Creemos que se ha perdido una magnífica ocasión, porque cuantos más importantes son los bienes jurídicos y los
valores que un texto legal tutela, más empeño debe ponerse en garantizar que estos se cumplan. Si los valores supremos en una sociedad se incluyen en el Código Penal y a partir de ahí se va valorando de mayor a menor la importancia que se les da en
función de cómo quedan plasmados en la correspondiente potestad sancionadora, creemos que lo que esta ley tutela merecería haber tenido un catálogo amplio de infracciones y sanciones. La referencia que se hace a las normas civiles y penales no
garantiza nada en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que la ley contempla. Si normas administrativas de ínfimo rango contienen catálogos de infracciones y sanciones, no vemos por qué no se le da la relevancia suficiente a lo que esta ley
contempla, que, repetimos, desde la perspectiva del Grupo Vasco, es de extraordinaria importancia.
Ha quedado cojo el texto de la ley. Si luego centros hospitalarios, médicos individuales o personal sanitario individual deciden no cumplir lo que la norma manda, no habrá capacidad de obligar a su cumplimiento.
Creo que, a tenor de lo que
se ha visto en las campañas vertidas en prensa, han primado intereses de
índole corporativa de grandes colectivos profesionales para que finalmente la ley haya quedado coja en este apartado tan importante, a pesar de los esfuerzos -en esto sí tengo que reconocerlo- que se hicieron al respecto desde el ministerio
y desde el grupo mayoritario. Es una lástima, señora presidenta, que finalmente estos dos aspectos, el exceso de celo al regular lo básico por parte del Estado y la carencia de potestad sancionadora, vayan a convertir esta norma en claramente
imperfecta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
¿Desea intervenir algún grupo más? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir con brevedad, pero mi grupo tiene la obligación de dejar claro en este último trámite de la ley una posición que ya explicamos cuando la misma vino de Comisión para ser debatida en el Pleno y que en el trámite del Senado no
ha sido subsanada. Esta posición es la siguiente. Pensamos que estamos ante una buena ley y que además -así lo reconocimos nosotros- ha sido posible que saliese adelante razonablemente bien gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos los
grupos que estamos en esta Cámara. Todos presentamos muchas enmiendas e hicimos el esfuerzo de renunciar a algunas de las nuestras para conseguir textos que de alguna manera representaran el sentir mayoritario de todos los grupos parlamentarios.
Ahora bien, hay un aspecto que me gustaría comentar. Se trata de la disposición adicional primera, en la que se establece que toda la ley es básica, y mi grupo parlamentario ya dijo al respecto, al igual que lo ha hecho ahora la portavoz del Grupo
Nacionalista Vasco, que se vulneraba el artículo 149.1.1.a y 16.a de la Constitución. Nosotros pensamos que hubiera sido perfectamente compatible hacer una ley básica para aquellos aspectos que es necesario regular, puesto que estamos tratando
también la Ley General de Sanidad, pero al mismo tiempo esta ley básica no tenía por qué serlo con tal extensión en todos sus artículos de manera que vulnerase competencias que tienen las comunidades autónomas en exclusiva. Así pues, lamentamos que
en el trámite del Senado, en el que se ha mejorado el texto de la ley, no se haya aprovechado para subsanar esta incidencia que, como ustedes comprenderán, por ser de carácter competencial, para mi grupo parlamentario es mucho más que eso, es una
cuestión de principios. Por tanto, aunque lo lamentamos, simplemente por este motivo no va a ser posible que hoy demos nuestro voto favorable a este texto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señora presidenta, señorías, sé que es tarde y que todos tenemos prisa, pero el contenido de la proposición no de ley que en este momento estamos debatiendo merece el esfuerzo de subir a esta tribuna.
Termina aquí el recorrido parlamentario de una iniciativa que, partiendo de un Parlamento autonómico, como es el catalán, fue recibida por el Senado, tomada en consideración y remitida al Congreso para su tramitación, en donde, tras un
intenso trabajo en ponencia, se llevó a cabo una profunda transformación del texto inicial, ampliándolo e incluso dotándolo de contenidos que van más allá de la intención primigenia de la ley. Tras el acuerdo logrado con el consenso de todos los
grupos, se envió al Senado, en donde se introdujeron algunas enmiendas que clarifican y enriquecen el texto definitivo. El Grupo Socialista se congratula de que la tramitación de esta iniciativa sea fruto del buen funcionamiento y sincronía de las
instituciones que nos hemos dado, pero también de la vigencia y actualidad de la Ley General de Sanidad, que, con sus previsiones y la concepción amplia de la protección de los derechos y de la dignidad de la persona, sustenta esta iniciativa.
Los socialistas quisimos que esta ley fuese sobre todo una apuesta por la dignidad y vemos con satisfacción que, a pesar de haber sido desechadas en esta Cámara algunas de nuestras aportaciones en este sentido, su espíritu ha sido
incorporado, tras diferentes avatares propios de las mayorías en el Senado, con lo que el principio de igualdad se ve enaltecido, tal como ocurre en lo referido a la consideración explícita de las necesidades de las personas discapacitadas, ante los
derechos desarrollados por esta ley. Sólo nos queda ahora que tanto la Administración central como las autonómicas sean diligentes para hacer realidad la ley y tomen las medidas oportunas previstas para que, sin caer en burocracias entorpecedoras,
los ciudadanos puedan obtener sus beneficios con la mayor rapidez posible. Creemos además que se salvaguardan las competencias autonómicas y que cada servicio de salud desarrollará las medidas específicas adaptadas a la organización e idiosincrasia
de sus pacientes y usuarios. En todo caso, a nuestro entender queda garantizada la cobertura de los derechos en todo el Estado y, además, en consonancia con la filosofía y postulados del Convenio de Oviedo, podemos aspirar cabalmente a hacer
posible algún día más bien próximo el espacio sanitario común de los ciudadanos de Europa. A partir de ahora, en un mundo tecnológico esperanzador pero cada vez más agresivo, los españoles van a tener más
capacidad para decidir sobre aspectos fundamentales de su vida: su salud, los cuidados y los límites de esos cuidados, y van a poder decidir también sobre quienes les representen cuando ellos, por sí mismos, no puedan hacerlo.
Señorías, hemos avanzado un paso más guiados por el artículo 10 de la Constitución, que establece en su primer apartado: 'La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.' Señorías, creemos modestamente que los españoles seremos a partir de ahora más iguales, más ciudadanos y más libres. Para esto es, a fin de
cuentas, para lo que trabajamos y por lo que todos estamos aquí.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fidalgo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Voy a intervenir brevemente para manifestar la opinión favorable del Grupo Parlamentario Popular respecto a las enmiendas del Senado, que tienen una triple vertiente. De una parte, son enmiendas técnicas que
mejoran el texto y el articulado. De otra parte, son enmiendas que vienen a mejorarlo, procedentes del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Vasco, en materia de la historia clínica y en relación con la introducción de los
discapacitados en una disposición adicional. Y por último, reflejan todos los esfuerzos que se hicieron en este Congreso y que se han visto fructificados en el Senado, para que la ley sea completamente básica y para perfilar las competencias de las
comunidades autónomas, y no de los centros y servicios regionales de salud.
Finalmente, queremos congratularnos una vez más por el esfuerzo de consenso que se ha hecho en el Senado, puesto que ha visto la luz una ley que es extraordinariamente positiva para todos los ciudadanos, no sólo los enfermos sino también los
usuarios, para todos los centros, para las comunidades autónomas, para el Ministerio de Sanidad y también para todos los profesionales sanitarios.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mingo.
Señorías, procedemos a la votación de las enmiendas del Senado respecto de la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor; 252; abstenciones, 10.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente 121/000069.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 49: Proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero.
¿Algún grupo desea intervenir? (Varios señores diputados: ¡No, no! Rumores.)
Repito, ¿algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) valora positivamente el trámite parlamentario en el Senado y las enmiendas al proyecto de ley de reforma del sistema financiero ya que, a través de las
modificaciones incorporadas, el sistema financiero español gozará de instrumentos y mecanismos potentes para dar confianza, transparencia y seguridad a los mercados financieros españoles, así como a los mercados financieros internacionales. A
través de la tramitación en el Senado hemos conseguido modernizar la legislación de las cajas de ahorro, quedando perfectamente clarificados cuatro aspectos muy importantes para Convergència i Unió. En primer lugar, las cajas de ahorro seguirán
siendo entidades sin ánimo de lucro y también podrán seguir destinando una parte importante de sus excedentes para obras benéficas y sociales. En segundo lugar, a través de dichas reformas, se imposibilitará legalmente que sean un puente para una
futura privatización de las cajas. Señorías, hay que tener claro que esto va en la dirección contraria de la privatización de las cajas de ahorro. Desde Convergència i Unió apostamos por el modelo alemán y por el austríaco, y no apostamos por los
modelos francés, inglés o italiano, que han ido en la dirección de las privatizaciones. Asimismo, como tercer punto importante, a través de dicha reforma, dotaremos a las cajas de ahorro de la posibilidad de proveerlas de recursos financieros
importantes para que, si lo desean, puedan ampliar sus actividades económicas a lo largo y ancho de todo el territorio español, y hemos incorporado con esta legislación un instrumento financiero muy importante, como son las cuotas de participación,
que posibilitarán dicho incremento de actividad económica para las cajas
de ahorro. Desde Convergència i Unió ya lo intentamos en la tramitación en el Congreso y lo hemos intentado en la tramitación en el Senado, y no lo hemos conseguido, pero pensamos que es muy importante alcanzar un consenso con todas las
fuerzas políticas -Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria- en este aspecto tan importante de las cuotas de participación de las cajas de ahorro. Es cierto que no lo hemos conseguido,
pero les puedo adelantar, señorías, que desde Convergència i Unió intentaremos llegar a un acuerdo con el consenso de todas las fuerzas políticas en la ley de acompañamiento para que pueda haber unanimidad en un instrumento tan importante como son
las cuotas de participación.
Por último, señorías, gracias a una enmienda de Convergència i Unió, hemos conseguido que no fueran básicos algunos artículos muy importantes que eran de potestad legislativa de las comunidades autónomas que tenían legislación sobre las
cajas de ahorro. Por ello hemos mantenido la soberanía legislativa de las autonomías, y concretamente de la Generalitat de Catalunya, para todas aquellas comunidades que tenían legislación propia sobre las cajas de ahorro. También hemos conseguido
a través de una enmienda de Convergència i Unió en el Senado posibilitar el aplazamiento de la externalización de los planes de jubilación.
Por los motivos expuestos, vamos a votar favorablemente las enmiendas que se han tramitado en el Senado.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo expresó en los debates que han tenido lugar en la tramitación de este proyecto de ley ya en el período del Congreso su desacuerdo no sólo con el contenido del proyecto sino también con la forma en que el Grupo Popular lo
estaba tramitando, tanto en su concepción de ley ómnibus como en el incumplimiento sistemático del Reglamento parlamentario.
En todas nuestras intervenciones, en Pleno y en Comisión, ya alertábamos sobre las pretensiones que tenía el Grupo Popular en la tramitación de este proyecto en el Senado. Estas advertencias se han cumplido, lo que ha supuesto,
lamentablemente, una degradación inadmisible para la Cámara Alta. Todos los grupos de la oposición, incluso aquellos que dan apoyo al Gobierno, han denunciando, renunciando a defender sus enmiendas en Comisión, el desprecio del Grupo Popular por el
cumplimiento del Reglamento.
El Grupo Popular, como un elefante en una cacharrería, se ha dedicado a presentar enmiendas fuera de plazo, llenas de errores de todo tipo además, tanto en Comisión como en Pleno, impidiendo el debate de esas enmiendas sobre cuestiones de
enorme calado y que afectan nada más y nada menos que al 50 por ciento de nuestro sistema financiero. El resultado es un desbarajuste mayor del que ya denunciamos en el Congreso. El texto nos llega con 80 enmiendas más, con 40 textos legales
retocados y 300 artículos, cambios que no siempre afectan al sector financiero y cuya incorporación servirá para explicar lo que es una pésima técnica jurídica, deudora de una voluntad política de confundir y de dificultar el trabajo parlamentario
del resto de los grupos que componen esta Cámara. El Grupo Popular ha hecho de esta ley un carro del supermercado en una compra mensual realizada por una familia numerosa: ha ido cambiando su contenido según las ofertas de los grupos regulados.
Es absolutamente inadmisible lo que ha ocurrido.
Decía a mis colegas de la Facultad de Derecho que esta ley puede permitir crear un posgrado exclusivamente especializado en la ley financiera, con éxito asegurado porque se ha creado un nuevo nicho de mercado, el de los letrados que sólo
trabajen sobre la ley financiera, con lo que tendrán suficiente porque es de tal envergadura la complejidad y la confusión de este texto, que resulta realmente difícil, incluso para los profesionales del sector, trabajar con él.
El zafarrancho que ustedes han montado, señores del Grupo Popular, hace inmanejable esta ley, superando casi lo insuperable: las leyes de acompañamiento. Esta forma de realizar su trabajo parlamentario no es sino un reflejo de la falta de
ideas, de la inexistencia de un modelo sobre el sector, de la arbitrariedad y también de la frivolidad. El sector financiero está perplejo con ustedes y, por primera vez en la historia -y lo pueden leer en la prensa-, la acrisolada prudencia de los
responsables de las instituciones financieras se ha visto desbordada por sus disparates y se han visto obligados a hacer declaraciones públicas en contra del proyecto de ley.
Más allá de los legítimos enfrentamientos doctrinarios, es hoy evidente que ustedes gobiernan francamente mal y que están minando los fundamentos de nuestro Estado de derecho, no sabemos si voluntariamente o simplemente por incompetencia.
Su celo es demostrar que es cierto lo que les digo, y este celo se manifiesta en este proyecto de ley. Ello afecta al sector en el que la confianza es la clave de bóveda que asegura su funcionamiento.
El sector financiero exige calma, seguridad,
certidumbre y un marco regulador desbrozado de confusiones y preciso, todo lo que no tiene este proyecto de ley. Nuestro grupo quiere ayudar a crear un marco
de confianza a instituciones, inversores y ahorradores, por lo que apoyará aquellas enmiendas que pueden ayudar a mejorar el control de la información privilegiada, las competencias de la CNMV y aquellas que son trasposiciones de directivas,
pero va a rechazar el resto de enmiendas y votará en contra del proyecto.
El Grupo Popular no ha dado alternativas a esta posición. En primer lugar, ha renunciado a desarrollar un nuevo modelo institucional de los órganos supervisores. Era preciso ir hacia la integración de la supervisión en un único órgano de
control, al menos integrar pensiones y mercado de valores. Ésta era la única vía adecuada para afrontar la integración de los mercados financieros europeos. Se ha perdido también la ocasión para incorporar en nuestro ordenamiento los avances que,
en materia de corporate governance, se han abordado en el Senado norteamericano. Me refiero a este país porque, al estar afectado por una serie de escándalos asociados a la ingeniería contable y a la pasividad de las auditoras, se ha abierto un
gran debate que se ha traslado a los proyectos aprobados y se defiende ya en ellos el paso de las normas blandas a las normas de obligado cumplimiento.
Donde los despropósitos adquieren tintes valleinclanescos (y me perdonarán la Real Academia de la Lengua y Valle-Inclán) es en aquellos artículos referidos a las cajas de ahorro. En el debate de totalidad, ya dijimos al ministro de Economía
que nos temíamos que la normativa sobre cajas de ahorro iba a ser cambiada y que, en cambio -qué cosas-, no aparecía en el texto presentado por el Gobierno cuando, si ustedes repasan los medios de comunicación y las declaraciones de los directivos
financieros, éste ha sido el tema central. Ahora entendemos que el señor Rato no lo incorporara en el texto. A pesar de que -reconozco- el señor Rato no es alguien con poco ánimo, no fue capaz de justificar lo que hoy se va a tener que votar y lo
que se incorporó ya a través de las enmiendas.
Lo cierto es, señorías, que es imposible explicar las enmiendas sobre cajas de ahorro incorporadas al texto, por varias razones. Se han introducido importantes modificaciones en el régimen jurídico de las cajas de ahorro, que abren grandes
interrogantes sobre su futuro; se ha incrementado el intervencionismo al dejar muchas partes del desarrollo normativo en manos del Gobierno y regular con carácter básico asuntos claramente de competencia autonómica, como los límites de edad de los
consejeros de las cajas, a lo cual me referiré más adelante; y se efectúa una discriminación injustificada que afecta a las competencias actuales de las comunidades autónomas al establecer una dependencia directa del Ministerio de Economía para
aquellas cajas de ahorro cuya entidad fundadora sea la Iglesia católica.
El proyecto de régimen jurídico de las cajas de ahorro pretende que las competencias autonómicas, expresamente reconocidas por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 48/1988 y 49/1988, pasen a ser de competencia estatal. Sorprende que
el Grupo Catalán de Convergència i Unió, teóricamente defensor de las competencias autonómicas, haya votado, propiciado e impulsado esta enmienda, hasta el extremo de que de su contenido se inhiben, en declaraciones públicas a la prensa, los
responsables del Ministerio de Economía y, de manera informal, diputados del Grupo Popular de esta Cámara. Esto afecta, entre otros, al tema de la jubilación de los presidentes y vocales del consejo de administración y a la duración de su mandato.
Fíjense ustedes, bajo el argumento de que ese proyecto de ley quiere despolitizar las cajas, jamás las instituciones financieras, y en particular las cajas de ahorro, habían estado sometidas a tal presión política. Con el actual texto del
proyecto de ley sobre medidas de reforma del sistema financiero, en el que se ha incorporado al artículo 8 la enmienda presentada por el Grupo Popular con el apoyo de Convergència i Unió, el límite de edad de los consejeros, que es una norma no
básica reconocida por el Tribunal Constitucional en la sentencia ya referida 49/1988, pasa a ser aquí norma básica. Ciertamente -y requeriría su atención, señorías- la enmienda incorporada en el Senado que afecta al artículo 8 permite excepcionar
el límite de edad si existe una regulación distinta y alternativa en la legislación autonómica, pero obsérvese que con esta técnica, si tal determinación no existe en la legislación autonómica, se aplica la norma básica estatal.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Costa, le ruego vaya concluyendo.
La señora COSTA CAMPI: Esta situación es muy distinta del supuesto de la aplicación del derecho estatal como derecho supletorio. En este último caso, ante la ausencia de una regulación autonómica, debería interpretarse si el ordenamiento
tiene una laguna o ha optado por la libertad. Por el contrario, con la solución de la enmienda aportada por el Grupo Popular y Convergència i Unió, el silencio autonómico conduce inevitablemente a la aplicación de la norma estatal. De acuerdo con
la enmienda incorporada, el límite de edad es norma básica y no mero derecho supletorio, lo que sucede es esta norma básica se autodegrada ante la eventual aparición de una norma autonómica que establezca una regulación diferente. Parece evidente
que nos encontramos ante un motivo de inconstitucionalidad. Si algo es básico no puede ser dejado a la disposición de las comunidades autónomas, como pretende el proyecto de ley. La fórmula elegida encierra una contradicción que es un evidente
indicio de inconstitucionalidad. (Un señor diputado: ¡Tiempo!)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Perdón, señora Costa.
La presidencia tiene constancia concreta del tiempo que lleva consumido la señora diputada y se reserva el derecho de advertencia que le confiere el Reglamento. No hace falta que SS.SS. avisen a la presidencia.
Continúe señora Costa y le ruego que concluya ya, porque lleva con exceso consumido el tiempo.
La señora COSTA CAMPI: Gracias y disculpe, señora presidenta.
Por consiguiente, este texto y las enmiendas que hoy se someten a votación a su artículo 8, tal como yo aquí acabo de explicar, son inconstitucionales, a sabiendas de los grupos enmendantes. El objetivo de esta enmienda no es sino hacer
confundir una vez más los intereses de unos grupos políticos en el gobierno de las instituciones financieras que posiblemente mejor funcionan en este país
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, después de oír la intervención de la diputada socialista llena de calificativos, tengo que pedir la palabra, aunque procuraré no alargarme, para matizar algunos puntos.
En primer lugar, diré a la señora diputada que sabrá -ella que es buena conocedora del procedimiento legislativo- que el proyecto de ley ya no hay que votarlo. No se pretende confundir a nadie, aquí sólo votamos las enmiendas del Senado.
El proyecto de ley fue votado ya en esta Cámara, por tanto, no tiene que anunciar el voto, negativo o positivo, al proyecto de ley. Esa parte se la podía haber evitado.
Estamos ante una excelente ley, una ley que significa una reforma estructural del sistema financiero, que va a ayudar a tener más transparencia, más protección para el ahorrador, va a generar más confianza en los mercados y va a hacer que
las instituciones financieras funcionen mejor. Además, señorías, vamos a dar la aprobación última a un proyecto de ley que mejora la financiación de las pequeñas y medianas empresas, que van a tener capacidad de acceso a mecanismos como el
capital-riesgo con mayor facilidad.
Entiendo que el Partido Socialista vote que no, ha votado que no a todas las reformas que se han presentado en esta Cámara, pero, señorías, el voto negativo no supone que se tengan que lanzar en esta Cámara descalificaciones absolutas y
calificativos que no corresponden al debate parlamentario. Ustedes votan que no, nosotros votamos que sí. Ustedes están por el control de las empresas, por el control del sistema financiero, por la intervención pública y nosotros estamos por la
libertad del mercado, por la creación de empleo y por el funcionamiento desregulado. (Aplausos.) Entiendo que voten que no, no me parece mal, pero yo no descalifico a nadie por tener una ideología más intervencionista, más socialista, más
reguladora de los mercados. Me parece muy bien, es su ideología. Ahora, esa ideología trajo el 24 por ciento de paro, España no crecía, España iba para atrás y no teníamos convergencia real. (Aplausos.) La nuestra es empleo, crecimiento,
desarrollo. Esa es su ideología, una ideología que llevó a que España estuviera en el peor momento económico de su historia. Por eso seguimos apostando por reformas estructurales.
Dice la señora diputada que al principio en el proyecto no se hablaba de cajas de ahorro; usted puede decir lo que quiera, señora diputada, pero no engañe a la Cámara. Quizá el portavoz económico de su partido debiera haberle dicho que
tuvimos una reunión con él, con el señor Sevilla, con quien hablamos de que no iba a ir en el proyecto nada sobre cajas de ahorro para hacerlo en el trámite parlamentario. Si luego se han echado para atrás, tienen miedo del señor Maragall, del
señor Chaves o de quien sea, en esta Cámara no tenemos la culpa, lo que no tienen es un criterio definido. Si hay que decir verdades, habrá que decirlas; usted debería haber preguntado al portavoz económico de su grupo y no decir falsedades desde
la tribuna, quizá porque no conocía lo que hablamos.
Señorías, aquí hemos mejorado ostensiblemente la capacidad de desarrollo de las cajas de ahorro y el sector está enormemente satisfecho porque tenía un problema de recursos propios. Aprovechando la legislación socialista, aprovechando el
instrumento que arbitró la legislación del señor Solchaga, les hemos dado capacidad de desarrollo para que las cajas de ahorro puedan crecer y seguir aportando a la sociedad un nivel alto en el mercado financiero, porque creemos en las cajas de
ahorro. Creemos en su naturaleza jurídica actual y no nombramos presidentes de cajas a secretarios generales del Partido Socialista, como ustedes en Castilla-La Mancha ni a viceconsejeros, como en Andalucía; ustedes sí ponen a señores con carné
socialista al frente de las cajas de ahorro. Este grupo parlamentario designa a independientes que tienen un currículum adecuado.
(Aplausos.) Si hay que decir verdades, se dirán en esta Cámara. Ustedes han nombrado en todas las cajas de ahorro
donde tienen responsabilidad a personas con el carné socialista y no a personas de reconocido prestigio porque no creen en las cajas de ahorro, creen en la ocupación de las cajas de ahorro; nosotros creemos en las cajas y en el servicio que
prestan.
Señorías, nosotros vamos a votar que sí a las enmiendas del Senado, que dan cumplimiento a un proceso regulatorio del sector financiero adecuado, brillante y que supone una reforma estructural en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero.
En primer lugar, enmiendas del Senado a los artículos 6, 8 (salvo apartado 3), así como a los artículos 11, 12, 33, 34, 36, 38, 39, 49, 50, 50 bis nuevo, 52, 59, disposiciones adicionales tercera, duodécima, decimocuarta, decimosexta y
decimoséptima nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 252; en contra, cinco; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al preámbulo y al artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 173; en contra, seis, abstenciones, 77.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 41, adición de un número 8 nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, cinco; en contra, 251; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 174; en contra, 82; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.