Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 189, de 25/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 189
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 182
celebrada el miércoles, 25 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Declaración institucional ... (Página 9408)
Modificación del orden del día ... (Página 9409)
Preguntas ... (Página 9409)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea. (Número de expediente 172/000207.) ...
(Página 9422)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de telecomunicaciones del Gobierno. (Número de expediente 172/000209.) ... (Página 9427)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Declaración institucional ... (Página 9408)
La señora presidenta hace una declaración institucional, en relación con el atentado terrorista que ha costado la vida al cabo de la Guardia Civil don Carlos Beiro Montes y herido a cuatro compañeros suyos, que se aprueba con el asentimiento
de la Cámara.
Modificación del orden del día ... (Página 9409)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto número 34, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003, lo que se acuerda por asentimiento.
Preguntas ... (Página 9409)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo explica el Gobierno la subida de precios en agosto, en el actual contexto económico? (Número de expediente
180/001498) ... (Página 9409)
Del Diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio de Economía en relación con las denominadas cuentas anónimas del HSBC? (Número de
expediente 180/001499) ... (Página 9410)
Del Diputado don Federico Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo han evolucionado en el primer semestre del año los índices que miden la calidad del suministro eléctrico? (Número de
expediente 180/001500) ... (Página 9411)
Del Diputado don Leocadio Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los resultados derivados de la aplicación del Plan de Profesionalización de jueces y ficales previsto en la Ley
Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Agilización de la Justicia? (Número de expediente 180/001504) ... (Página 9412)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno tener concluidos los estudios técnicos necesarios para fijar la secuencia en la que se
debe acometer la construcción de las pistas norte o sur previstas en el Plan Director del Aeropuerto Tenerife Sur? (Número de expediente 180/001482) ... (Página 9412)
Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuándo va a cumplir el Ministerio de Fomento su compromiso de retirar los escombros del fondo marino del Puente
de As Pías en Ferrol que entre otros factores han provocado el cierre del banco marisquero? (Número de expediente 180/001483) ... (Página 9413)
De la Diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para emprender las obras de reforma del Teatro Municipal
de Girona? (Número de expediente 180/001485) ... (Página 9415)
Del Diputado don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Fomento en relación al convenio suscrito en 1994 entre el MOPU y la Junta de Andalucía
para la financiación y ejecución de obras de carretera en el corredor Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras? (Número de expediente 180/001502) ... (Página 9416)
De la Diputada doña Soledad Becerril Bustamante, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las principales actuaciones en el ámbito cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2002? (Número
de expediente 180/001505) ... (Página 9417)
Del Diputado don Francisco Murcia Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene pensado el Gobierno algún tipo de colaboración con la República Federal de Yugoslavia? (Número de expediente
180/001506) ... (Página 9417)
Del Diputado don Salvador Sanz Palacio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido los principales acuerdos tomados en la cumbre del G-ocho celebrada en Canadá qué pueden afectar a España?
(Número de expediente 180/001507) ... (Página 9418)
Del Diputado don Juan José Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Por qué no actúa el Gobierno del Estado en la solución del problema hidráulico que causa las inundaciones en el área de
Bilbao? (Número de expediente 180/001486) ...
(Página 9419)
De la Diputada doña Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué mejoras van a suponer los programas de innovación profesional previstos en el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, y que sustituyen a los actuales programas de garantía social? (Número de expediente 180/001503) ...
Del Diputado don Jordi de Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo van a contibuir los Presupuestos Generales del Estado del año 2003 a la evolución de la economía española? (Número
de expediente 180/001501) ... (Página 9421)
Interpelaciones urgentes ... (Página 9422)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea ... (Página 9422)
Presenta la interpelación urgente el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. No es la primera vez que su grupo presenta una iniciativa parlamentaria sobre la privatización de la compañía Trasmediterránea,
analizándose meses atrás en la Comisión de Economía del Congreso dos proposiciones no de ley en las que se pedían resoluciones como garantía de cumplimiento del cuadro básico de servicios de contratos de interés público, con exposición de un plan
estratégico, con un estudio económico de viabilidad, con un plan de explotación comercial para un horizonte de 10 años y con un especial compromiso del mantenimiento de la calidad de los servicios. Al Grupo Socialista, añade, le preocupa la calidad
del servicio, la libre competencia, la garantía de las comunicaciones marítimas y, fundamentalmente, la estética y la ética del proceso de privatización, es decir, la transparencia y la calidad, y no se sienten nada satisfechos con lo que ha
ocurrido hasta la fecha con el proceso de privatización de las empresas públicas, por lo que pedirán, en la moción consecuencia de la interpelación urgente, que la Cámara se pronuncie en cuanto a la profundización y búsqueda de la claridad de la
información.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero). No considera oportuno el momento de hacer la interpelación porque lo único que ha habido hasta la fecha en relación con
la privatización de Trasmediterránea ha sido el pronunciamiento del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, estando sujeto en la actualidad al dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, al
Servicio de Defensa de la Competencia que, a su vez, lo remite al Tribunal de Defensa de la Competencia.
Después de pasar por estos filtros, añade, será el momento de conocer el sentido mismo de esa privatización. En cuanto a la preocupación del
Grupo Socialista por que el proceso de privatización se lleve a cabo con todas las garantías, el señor ministro afirma que pueden estar tranquilos porque esas garantías son las que han sustentado el primer trámite del proceso de privatización:
garantía de una adjudicación que ha hecho la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales al grupo que más precio ha ofrecido por la adquisición de la compañía y sobre la base de un plan industrial sólido, que viene a reforzar la actividad de la
compañía y a garantizar su continuidad; y garantía asimismo para los trabajadores puesto que existe el máximo respeto a los puestos de trabajo, buscando no sólo el mantenimiento de la plantilla sino su ampliación. Considera que el interpelante
tiene legítimo derecho a hacer las críticas políticas que considere oportunas, pero opina que sus argumentos son un sumando más en la lista ya interminable de sumandos que se refieren a una crítica política del proceso de privatización, y afirma una
vez más que el proceso de privatizaciones en España se ha hecho desde los principios de concurrencia, transparencia y competencia como nunca se había hecho en nuestro país, animando al Grupo Socialista a participar en la subcomisión de
privatizaciones que se ha creado esta misma mañana en la Cámara.
Replica el señor Segura Clavell, duplicando el señor ministro de Hacienda.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de telecomunicaciones del Gobierno ... (Página 9427)
El señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, interpela al Gobierno sobre la política de telecomunicaciones, basándose en el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del año 2001.
Reconoce que algo se ha
avanzado, lo que por otra parte es lógico en años de avance tecnológico en materia de telecomunicaciones, pero se pregunta si la política seguida por el Gobierno del Partido Popular favoreció o entorpeció una extensión social y territorial más justa
del acceso a las telecomunicaciones o si las vías escogidas son las que mejor garantizan el futuro desarrollo de la sociedad de la información y de los beneficios a ella ligados, mostrando la postura del Bloque Nacionalista Galego totalmente en
contra de la concentración empresarial en este sector no sólo por razones ideológicas sino por razones de equilibrio territorial.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps). Anuncia que en su primera contestación se va a ceñir a la política de telecomunicaciones del Gobierno, puesto que ese es el enunciado de la
interpelación, aunque se muestra dispuesto a discutir sobre algunas cuestiones concretas suscitadas en la interpelación en el turno de réplica. Afirma que la política de telecomunicaciones del Gobierno, que se ha caracterizado desde el principio
por una voluntad constante de liberalización y de apertura a la competencia de un sector cuyo desarrollo y progresión es vital y estratégico para el crecimiento económico y la prosperidad de España, persigue dos objetivos: impulsar la competencia y
garantizar los derechos de los ciudadanos en tanto que usuarios, para lo cual se está procediendo a la adaptación del marco legal.
Replica el señor Aymerich Cano, duplicando el señor ministro de Ciencia y Tecnología.
Se suspende la sesión a las seis y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Ante el brutal atentado terrorista perpetrado ayer en la localidad navarra de Leiza, que ha costado la vida al cabo de la Guardia Civil don Juan Carlos Beiro Montes y herido a cuatro compañeros suyos, la presidencia, de acuerdo con la Junta
de Portavoces, plantea a la Cámara la siguiente declaración institucional: El Congreso de los Diputados manifiesta la más contundente repulsa por este cruel atentado, al tiempo que traslada a la familia del guardia civil fallecido su expresión más
sincera de condolencia y solidaridad. Asimismo, hace llegar sus mejores deseos de pronto restablecimiento a los guardias civiles heridos. El Congreso de los Diputados reitera que no existe objetivo político alguno que pueda perseguirse en
democracia utilizando la amenaza o el asesinato. Por ello, cualquier forma de violencia es moralmente aborrecible e incompatible radicalmente con el ejercicio de la acción política. Por último, el Congreso
de los Diputados, al igual que ha venido haciendo en ocasiones anteriores, reafirma su compromiso con la lucha contra el terrorismo y hace pública su convicción de que los valores de la paz y la libertad, así como la firme defensa del Estado
de derecho que nuestra Constitución consagra, fundamentan la unidad de los demócratas frente a quienes pretenden imponer sus propósitos totalitarios a través del terror y la violencia.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, asunto previo al orden del día. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del
punto número 34 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no
comunitarios para el año 2003. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Señorías, antes de entrar en el punto del orden del día, quiero comunicarles que se encuentra en la tribuna de invitados el presidente de la Asamblea de la República de Portugal acompañado de una representación de todos los grupos
parlamentarios. Desde aquí queremos enviarle nuestro saludo, señor presidente. (Aplausos.)
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO EXPLICA EL GOBIERNO LA SUBIDA DE PRECIOS EN AGOSTO, EN EL ACTUAL CONTEXTO ECONÓMICO? (Número de expediente
180/001508.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar las dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno.
Pregunta número 22, que formula el diputado don Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, a pesar del periodo de desaceleración de la economía mundial, la economía española está mostrando un comportamiento mejor que el de la mayoría de las de nuestro entorno. Esto se puede comprobar, por ejemplo, mirando la
evolución de las tasas de crecimiento en las que se observa un diferencial positivo con respecto a la media europea. Además, recientemente algún destacado miembro europeo ha puesto a España como ejemplo del buen hacer de sus gobernantes en materia
económica. Sin embargo, señorías, algún dato no ha acompañado esta evolución de la economía española. Como imaginarán SS.SS., me estoy refiriendo a la tasa de inflación, cuyo último dato no ha sido tan positivo como nos hubiera gustado. En
concreto en el mes de agosto los precios subieron un 0,3 por ciento, de manera que la tasa de inflación interanual se situó en el 3,6 por ciento. Tanto mi grupo parlamentario como yo mismo, señorías, estamos convencidos de que esta situación será
transitoria y que en fechas no muy lejanas se podrá observar un cambio en la evolución del IPC. Es decir, que no vemos en este repunte de la tasa de inflación un problema estructural de la economía española, puesto que las diferentes reformas
emprendidas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular han facilitado un sistema económico mucho más flexible y competitivo que ha dado como resultado la posibilidad de que el IPC se redujese durante muchos periodos. En consecuencia, señorías,
la explicación que desde mi grupo encontramos más realista es la que hace referencia como principal causa de esta elevación del IPC -aunque puede ir acompañada de alguna otra- a la situación económica internacional y en concreto al precio del
petróleo. Sin embargo, mi grupo quisiera que el Gobierno explicara en esta Cámara, en sede parlamentaria, cuál es a su juicio la causa de esta elevación de la inflación, por lo que le pregunto al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía: ¿Cómo explica el Gobierno la subida de precios en septiembre en el actual contexto económico?
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, la evolución del índice de precios al consumo en los primeros ocho meses del año presenta un comportamiento al alza que ha llegado al 3,6 por ciento y la inflación subyacente se mantiene en una tasa elevada aunque inferior en
tres décimas a la de mayo y junio y similar a la del 3,8 por ciento que teníamos en diciembre del año 2001.
El comportamiento de la inflación se explica, en primer lugar, por la evolución de los precios de la energía, a los que ha hecho referencia
S.S., aproximadamente 12 puntos entre diciembre del año 2001 y agosto del año 2002 en que la diferencia en dólares en precios de barril ha pasado de 19 dólares a 30, como sabe la Cámara. Las decisiones tomadas por esta Cámara e impulsadas por el
Gobierno para financiar las nuevas transferencias
sanitarias a las comunidades autónomas, a través de una elevación de los impuestos indirectos, tendrán también un efecto exclusivamente en este año pero que todavía estamos sintiendo. El segundo elemento que más impulsa el IPC es el
mantenimiento de los precios alimenticios en el entorno del 5 por ciento y, por último, la mayor parte de los servicios, con excepción de los telefónicos, que están en tasas negativas de crecimiento, y de los bienes industriales, que crecen a tasas
muy moderadas del 2,4 por ciento, inferiores en cuatro décimas a las de diciembre pasado y que muestran un comportamiento dual de los precios en España entre los sectores abiertos a la competencia internacional y los más protegidos. Hay un número
muy reducido de productos que explican los 2,1 puntos incrementados en lo que llevamos de año, de los que la mitad -6 décimas por parte de la energía y 5 décimas por parte de restaurantes, bares y cafeterías- explican el alza de la inflación, lo
cual indica un exceso de demanda en el caso de bares y cafeterías, así como unos márgenes empresariales que se están manteniendo durante este tiempo y que tendrían que ver con el crecimiento de la economía. Las condiciones monetarias, que en España
evolucionan de manera distinta y más intensas que en el resto de Europa, explicarían también la base monetaria de la inflación y ello es en parte consecuencia del crecimiento de la economía española, que como sabe S.S. es...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL MINISTERIO DE ECONOMÍA EN RELACIÓN CON LAS DENOMINADAS CUENTAS ANÓNIMAS DEL BANCO HSBC?
(Número de expediente 180/001509.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado Don Andrés Ayala Sánchez.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, desde hace tiempo viene haciendo mención no sólo a que la Comisión de prevención del blanqueo de capitales estaba realizando una investigación acerca de las irregularidades de las llamadas 138 cuentas anónimas u opacas
del HSBC, sino también de que cuando dispusiera de más información daría cuenta a la Cámara, todo ello en coherencia con su línea de actuación y con la política marcada por el Partido Popular de llegar hasta el final en las investigaciones sobre
cualquier tipo de acción punible. Señor vicepresidente, al parecer ya se tienen más datos, si no definitivos sí que puedan servir de información acerca del resultado de las investigaciones, acerca de las actuaciones de las personas implicadas y de
las propuestas de actuación a adoptar, si es que, como también parecer ser, ha habido actuaciones sancionables. Por ello, señor vicepresidente, creo oportuno que en la Cámara nos informe sobre qué medidas ha adoptado el Ministerio de Economía en
relación con las denominadas cuentas anónimas del Hong Kong and Shangai Bank Corporation
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Ministerio de Economía, a raíz de la comunicación del Banco de España, comienza una actuación en la cual se pone en conocimiento del servicio ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones
monetarias que el banco que S.S. ha mencionado, el HSBC, no ha atendido su solicitud de que facilitase la identidad de los clientes, los verdaderos dueños, los finales, de las 138 cuentas de las que la citada entidad era titular, abiertas en la
sucursal de España de ese banco. El banco alegaba el secreto bancario para no facilitar esta información. Ante estos hechos, el servicio ejecutivo decide iniciar unas actuaciones previas para obtener más datos y averiguar si existió alguna posible
infracción. Siguen los trámites impuestos de los que he dado puntual información a la Cámara, y las conclusiones y las actuaciones previas se ponen en conocimiento de la secretaría de la Comisión de la prevención del blanqueo de capitales, la cual
decide el 6 de marzo de este año iniciar expediente sancionador contra el banco. Con fecha 17 de septiembre -por tanto hace muy pocas fechas- y una vez incoados los trámites procedimentales previstos en la ley, el instructor del expediente ha
elevado una propuesta de resolución a la Comisión y, a la vista de la gravedad de los hechos, ésta decide establecer una propuesta de sanción. Esta propuesta de sanción se le ha comunicado al interesado, en este caso a la entidad financiera, para
que alegue lo que le parezca conveniente. También se ha solicitado un informe al órgano supervisor, es decir, al Banco de España. Una vez que estos dos trámites se concluyan, la secretaría de la Comisión elevará al ministro de Economía, que es
quien debe imponerla, su propuesta de resolución y en su caso de sanción. En estos momentos no hay una propuesta firme -que se comunicará también al fiscal y a la Agencia Tributaria si hubiera lugar-, por lo que no puedo hablar todavía de la
cuantía exacta de las sanciones.
En cuanto sea remitida la
comunicaré a la Cámara, siguiendo la posición del Gobierno de informar al Parlamento sobre esta cuestión según vayan produciéndose los acontecimientos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON FEDERICO SOUVIRÓN GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO LOS ÍNDICES QUE MIDEN LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO? (Número
de expediente 180/001510.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, del diputado don Federico Souvirón García.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, voy a preguntarle sobre la calidad del suministro eléctrico. No es la primera vez, pues ya tuve ocasión de hacerlo el pasado mes de febrero y, si bien la importancia del asunto sigue siendo la misma, hay algunas
circunstancias que han cambiado y de ahí el sentido de mi pregunta. La importancia sigue siendo la misma porque es un tema que afecta de manera fundamental no sólo a los consumidores domésticos sino a los comerciantes, a los industriales, al sector
servicios, en definitiva, a todo el mundo. Las circunstancias han cambiado porque en los últimos días hemos recibido el documento final de planificación de redes energéticas y en el momento de la pregunta anterior estábamos recibiendo el documento
base para trabajar sobre él. Entre un momento y otro ha habido un amplio debate en el que lógicamente no ha estado ajeno el tema de la calidad. Por tanto, no hay duda de que en los últimos tiempos el Gobierno ha fomentado ese asunto dándole la
importancia que tiene. También ha cambiado otra circunstancia y es que en el pasado mes de febrero aún estaba reciente la fecha del 17 de diciembre, cuando se produjo el célebre apagón de Barcelona que hizo que algunos agoreros vaticinaran que en
los próximos meses íbamos a entrar en una crisis permanente, de forma que las interrupciones del servicio iban a ser poco menos que un día sí y otro no. Esas fechas coincidían precisamente con el primer semestre de este año 2002. Yo no sé si no he
estado suficientemente atento, pero la verdad es que no me ha parecido que esos presagios se hayan cumplido. Como estoy seguro de que usted ha estado más atento al asunto, le pregunto cómo han evolucionado en el primer semestre del año los índices
que miden la calidad del suministro eléctrico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Souvirón.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada, el TIEPI, es el índice que se utiliza para medir la calidad del suministro, valora a nivel agregado la duración de las interrupciones que se producen en el
sistema eléctrico y va ponderando en cada caso la potencia afectada. Entre el primer semestre del año 2001 y el primer semestre del año 2002 ha habido una reducción de estos tiempos de interrupción del 22 por ciento, pasándose de 1,47 horas a 1,14
horas, lo que supone una continuación de la tendencia que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años. En mi opinión y en la del Gobierno, los resultados confirman plenamente la validez del modelo de liberalización puesto en marcha por
el Gobierno, que además de producir una considerable reducción de las tarifas eléctricas para los consumidores está realizando una sustancial mejora de la calidad del servicio e impulsando un importante nivel de inversiones, que se han multiplicado
por más de dos entre los años 1998 y 2002, pasando de 1.350 millones de euros en el año 1998 a 3.085 millones de euros en el año 2002. Como consecuencia de ello se está produciendo un importante crecimiento de la demanda en España, a lo largo de
los últimos años, que nos está acercando a las cotas de consumo de la Unión Europea. El documento de planificación a que ha hecho referencia S.S. permite a la sociedad española conocer cuáles son las previsiones del Gobierno para las inversiones
privadas que se van a producir tanto en grandes redes de electricidad como de gas, así como las necesarias para satisfacer la demanda con unas hipótesis de crecimiento realistas a lo largo de los próximos diez años a través de plantas de generación.
Los problemas de distribución que pudieron producir algunos apagones los pasados meses, y sobre todo en otros momentos, han sido superados en muchos casos como consecuencia de los acuerdos entre comunidades autónomas -que son las responsables de
aplicar la legislación sobre distribución- y ayuntamientos, en coordinación con el Gobierno de la nación. Quiero valorar muy positivamente la coordinación entre administraciones públicas en beneficio de los ciudadanos. Además, como sabe la Cámara,
con fecha de este año se ha aprobado una orden...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON LEOCADIO BUESO ZAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE PROFESIONALIZACIÓN DE JUECES Y FISCALES PREVISTO EN LA LEY
ORGÁNICA 9/2000, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/001514.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia, la número 28, que formula el diputado don Leocadio Bueso Zaera.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, la modernización de la justicia que la sociedad demanda constituye un ambicioso objetivo que debe propiciar la mejor salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos. Con independencia
del pacto de Estado, que como dijo el señor ministro el pasado día 11 es una gran oportunidad fruto de la gran generosidad de todos los grupos parlamentarios para que nuestra justicia recupere el tiempo perdido y fruto del diálogo y el consenso,
porque el objetivo es que el ciudadano tenga mejor y más pronta justicia, la Ley orgánica 9/2000, de medidas urgentes para la agilización de la justicia, respondía a adoptar medidas muy urgentes por el excesivo número de jueces y fiscales sustitutos
para profesionalizar la justicia. La inmediatez del plazo de ejecución son 36 meses y estamos a mitad de ese plazo para cumplir los objetivos marcados. Por ello, señor ministro, le pregunto: ¿Cuáles son los resultados derivados de la aplicación
del Plan de profesionalización de jueces y fiscales, previsto en la Ley orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para la agilización de la justicia, y qué otras medidas piensa tomar en esa dirección?
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, efectivamente el Plan de medidas urgentes entró en vigor hace ahora 20 meses y buscaba acometer la solución a uno de los problemas más graves de nuestra justicia, cual era el elevadísimo número de personas que no siendo
jueces profesionales de carrera sin embargo estaban impartiendo justicia. Esa figura del juez sustituto, el Ministerio de Justicia, de acuerdo con los grupos parlamentarios que apoyaron la ley, entendía que debería ser sustituida por jueces
profesionales. La medida, cuando llevamos 20 meses de funcionamiento y, en consecuencia, le quedan 16 meses, ha alcanzado ya más de un 90 por ciento de eficacia, de tal manera que si en aquel momento había 588 jueces sustitutos, ahora 9 de cada 10
de aquellos son jueces profesionales. Esta medida, bien pensada y luego desarrollada, ha permitido por primera vez en nuestra historia que la justicia resuelva más asuntos de los que entran. En efecto, en este momento han entrado en la justicia
6.683.000 asuntos y se han resuelto 6.721.000. Se ha invertido por primera vez esa tendencia en la que cada año se acumulaban pleitos pendientes de ese mismo año y de años anteriores. Esta profesionalización de la planta, que permite mejorar la
agilidad, la eficiencia y la calidad de la justicia, va acompañada de nuevas medidas.
Impulsaremos el plan hasta alcanzar el objetivo del cien por cien de éxito y también el apoyo presupuestario del próximo ejercicio, que supone un incremento del
8,5 por ciento en el capítulo de justicia, con 150 millones de euros destinados específicamente a la modernización de la justicia y al desarrollo del pacto de Estado. Estas son iniciativas que permitirán una justicia de calidad, más ágil y más
eficaz. Junto a ello vamos a impulsar, señor diputado, de acuerdo con todos los grupos parlamentarios, el nuevo estatuto de la carrera judicial, de la carrera fiscal, de los procuradores, habiendo aprobado ya el de los abogados, así como el de los
secretarios judiciales y el resto del personal al servicio de la Administración de justicia, desde la convicción de que la plena profesionalización de la justicia redundará en beneficio... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ FECHA TIENE PREVISTO EL GOBIERNO TENER CONCLUIDOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA FIJAR LA SECUENCIA EN LA QUE SE
DEBE ACOMETER LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PISTAS NORTE O SUR PREVISTAS EN EL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO TENERIFE SUR? (Número de expediente 180/001492.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento. En primer lugar la número 8, que formula el diputado don Paulino Rivero Baute.
El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, en marzo del presente año, el Boletín Oficial del Estado publicaba una orden del Ministerio de Fomento por la cual se aprobaba definitivamente el Plan director del aeropuerto Tenerife Sur. La
actuación más importante
prevista en ese plan director es la ampliación de su campo de vuelos en que se contempla la construcción de dos nuevas pistas, una al norte a 1.380 metros de la actual y otra al sur a 350 metros de la pista actual.
La diferencia entre
acometer primero una u otra depende del tiempo, la capacidad, el presupuesto, etcétera. En este momento la prioridad depende de los estudios de viabilidad que ha encargado el Ministerio de Fomento.
¿Cuándo tiene previsto el ministerio concluir los
citados estudios?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Ministerio de Fomento, en cumplimiento de las previsiones del plan director y de acuerdo hasta ahora en términos verbales con el Gobierno de Canarias, ha autorizado a la empresa Ineco -repito que de común acuerdo verbal
con el Gobierno de Canarias- a que a su vez subcontrate una asistencia técnica con la empresa holandesa Naco, que sería la encargada de evaluar las características técnicas, funcionales, operativas, económicas y ambientales de las dos alternativas,
con la finalidad de aconsejar cuál debe acometerse en primer lugar y las razones para ello. Este encargo, que fue hecho verbalmente a Ineco el 25 de julio por el secretario de Estado, ha dado lugar a que entre los días del 5 al 8 de agosto los
técnicos de esa empresa y los de Ineco se entrevistaran con responsables de Aeropuertos, del Gobierno de Canarias, del Cabildo, de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio, de tal manera que los próximos días presentarán a Ineco, y por
tanto al ministerio y al Gobierno de Canarias, una propuesta de contenidos del estudio en la línea del encargo que le he mencionado, de metodología, y un plazo que nosotros estimamos que debe ser de dos meses. Si con esta propuesta formal de Naco a
través de Ineco, el Gobierno de Canarias respalda, junto con el Ministerio de Fomento, la propuesta que se nos hace, en ese momento iniciaremos el proceso de encargo oficial que desembocará, a partir del momento del inicio del encargo, en el consejo
sobre las propuestas en la secuencia que deben hacerse en función de la evolución de los tráficos y las características constructivas de las obras. Sabe S.S. que lo que está en cuestión en estos momentos no es la voluntad de dar respuesta a las
necesidades del aeropuerto de Tenerife, sino elegir el camino más adecuado desde el punto de vista de la racionalidad funcional y de la racionalidad económica.
Para eso las dos alternativas, en función de la evolución de los tráficos y de las
dificultades constructivas, tienen en uno u otro supuesto su razón de ser. Eso es lo que espero que el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento acepten a través del asesoramiento de la empresa holandesa Naco.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Sí, señora presidenta.
Señor ministro, me consta que esta es una prioridad en su departamento y yo le pido que con el trabajo que se ha venido realizando impulse este expediente para que el encargo del proyecto pueda ser una realidad antes de que el Tenerife Sur,
que como bien sabe el señor ministro es uno de los primeros aeropuertos de España en función del número de pasajeros que mueve, sufra un estrangulamiento y dañe la imagen de una isla que, como todo el archipiélago, en estos momentos tiene como
instrumentos fundamentales para su desarrollo social y económico los aeropuertos. Por eso espero que el entendimiento entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias sea pronto una realidad, que a partir de esos dos meses se produzca de
forma inmediata el encargo del proyecto y lleguemos a tiempo para corregir una situación que en estos momentos tiene el Tenerife Sur no acorde con la realidad de la España actual y de un archipiélago que es uno de los destinos turísticos más
importantes del mundo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro, le quedan escasos segundos.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias.
Mantengo el compromiso de los dos meses a partir de la aceptación por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento de la propuesta que nos eleve Ineco
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁNDO VA A CUMPLIR EL MINISTERIO DE FOMENTO SU COMPROMISO DE RETIRAR LOS ESCOMBROS DEL FONDO MARINO DEL PUENTE AS
PÍAS EN FERROL QUE ENTRE OTROS FACTORES HAN PROVOCADO EL CIERRE DEL BANCO MARISQUERO? (Número de expediente 180/001483.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 9, que formula el diputado don Francisco Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en enero de 1998, el Discoverer Entrerprise impactó contra el puente de As Pías en Ferrol. Han pasado cinco años y siguen depositados en los fondos marinos los escombros -hierro, cemento y alquitrán-, que están dañando
irreversiblemente el más importante banco de almeja natural de toda Galicia, del que viven 600 familias legalmente, sin contar las que están en una situación de carácter ilegal.
Desde hace dos años, en vista de que no se tomaban cartas en el asunto, no solamente los afectados sino también este diputado venimos presentando iniciativas en forma de preguntas por escrito e incluso proposiciones no de ley, en mayo del
año 2002, una vez que había un acuerdo con los interesados para realizar un proyecto con la demarcación de carreteras y ejecutar de una vez una obra tan importante. Desgraciadamente lo que tenía que pasar ya pasó: el deterioro, la degeneración del
banco y el cierre al marisqueo por parte de la Consellería de Pesca.
Presentamos esta pregunta en un momento que era crucial. Tenemos conocimiento de que el Gobierno declaró esta obra como de emergencia, después de que nosotros presentáramos la pregunta, pero queremos que usted concrete aquí, en sede
parlamentaria, cuándo va a cumplir el Ministerio de Fomento su compromiso de retirar los escombros del fondo marino del puente de As Pías en Ferrol, que entre otros factores han provocado el cierre del banco marisquero.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, permítanme una precisión. Su pregunta es del día 18 de septiembre y la declaración de emergencia es del día 2 de septiembre, firmada por el
secretario de Estado.
Dicho esto y agradeciéndole la pregunta, porque nos da la oportunidad de repetir la información que ya hemos facilitado en su momento, quiero reiterarle que el importe de la ejecución de las obras de emergencia acordadas para la retirada de
los escombros que cita S.S. se estima en estos momentos en 885.300 euros, contando con la colaboración de la Dirección General de Carreteras y de Puertos del Estado para acometer estas obras. Estimamos que el volumen total de escombros y
materiales sedimentados alcanza unos 5.000 metros cúbicos. Por esta razón, la adjudicación de esta emergencia por parte del secretario de Estado está prevista a lo largo del mes de octubre -espero que sea a principios de octubre, más que a finales-
y el plazo estimado para extraer este volumen de escombros -repito, plazo aproximado, porque este tipo de obras son muy difíciles de precisar en cuanto a las características del material y los medios a utilizar- es de unos tres meses. Para
retirarlos está previsto, señor diputado, que se actúe in situ con un compresor, para reducir su tamaño, para facilitar su retirada con retroexcavadora y pulpo hidráulico y para que no quede en el lugar del vertido ningún elemento que pueda resultar
perjudicial en el futuro para la actividad mariscadora. En todo caso, la Secretaría de Estado, una vez finalizadas las obras, procederá a realizar un control del estado final del fondo mediante batimetría y vídeo submarino, que nos permitiría una
última corrección si quedara algún elemento sin resolver en esta fase de emergencia de las obras.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, quiero instarle especialmente a que las obras comiencen cuanto antes. Usted visitó recientemente la ría de Ferrol y sabe que está sometida a un impacto ambiental brutal, y en este caso concreto, de las obras depende que
puedan recuperar su fuente de vida muchas personas y muchas familias. Usted comprenderá que cinco años son muchos para esperar a una obra que ahora, de repente, se declara de emergencia. Esto indica que por indiferencia, por insensibilidad o por
creer que no se trataba de un problema importante, se estuvo retrasando algo que afectaba crucialmente a la economía y a la sociedad de una comarca que ya está bastante depauperada. El efecto cualitativo concentrado en una zona vital, como es el
puente de As Pías, puede llevar a una situación explosiva desde el punto de vista social. Yo le incito, y le pido encarecidamente, a que tome usted cartas en el asunto de forma directa y...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez, su tiempo concluyó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Voy a hacer una precisión más, señor diputado. Para el cumplimiento de estas previsiones es imprescindible que previamente la Xunta de Galicia modifique la ubicación de una tubería
de agua que abastece a Fene. Espero que no haya ningún problema en la coordinación de los trabajos con la Xunta de Galicia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ZOILA RIERA I BEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EMPRENDER LAS OBRAS DE REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL DE
GIRONA? (Número de expediente 180/001485.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 11, que formula la diputada doña Zoila Riera i Ben.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el Teatro Municipal de Girona cerró sus puertas en el mes de abril del año 2001 para afrontar unas obras de reforma que, como usted sabe, son totalmente imprescindibles, tanto para mejorar sus características técnicas como
para mejorar su seguridad. Ha transcurrido un año y medio desde que el teatro se cerró y en este momento en Girona tenemos el teatro cerrado y las obras por empezar. Le ruego, señor ministro, que me diga, si puede, cuál es la respuesta que piensa
dar el ministerio para intentar solucionar esta situación.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora diputada, este es uno de los ejemplos en los que hay que acompasar la voluntad política al respeto a las normas administrativas. El proyecto que encargó en su día el ayuntamiento, cuya versión constructiva financió el Ministerio de
Fomento, dio lugar a la licitación de las obras mediante concurso en el BOE de 18 de julio de 2001, que se adjudicaron el 7 de noviembre de 2001 a la empresa ganadora Constructora Hispánica.
El 6 de noviembre de 2001 el ayuntamiento comunicó la designación de la dirección facultativa encargada de dirigir las obras. El 14 de diciembre de 2001 se firmó el acta de comprobación de replanteo y el 8 de febrero de este año se firmó el
acta de inicio de las obras. Antes del comienzo de las mismas, la dirección facultativa nombrada por el Ayuntamiento de Girona expresa la necesidad de adaptar el proyecto a la nueva normativa de incendios, y el 11 de julio de 2002, ante la
imposibilidad de que la modificación del proyecto que exigía esta normativa fuera inferior al 20 por ciento, ha habido que proponer a la comisión de seguimiento la resolución del contrato por mutuo acuerdo, sin liquidación ni lucro cesante. El 29
de julio de 2002 se inició el expediente de resolución de contrato, que ha sido aceptado por la empresa e informado favorablemente por el ayuntamiento y la abogacía del Estado. Esto se comunicó a los arquitectos, que previsiblemente entregarán en
octubre el nuevo proyecto modificado, sobre el cual se va a proceder a la nueva licitación de la obra, puesto que paralelamente, en el mes de septiembre, la Secretaría de Estado y la Intervención del Ministerio de Fomento están realizando los
trámites previos a la formalización del acuerdo de resolución. Espero que a partir de la licitación del proyecto desaparezca este tipo de incidencias, que el proyecto sea el que todos deseamos, que la adjudicación del concurso se haga de la manera
más rápida posible y que, por fin, un teatro tan importante para completar las dotaciones culturales de Girona sea una realidad en el plazo establecido en el concurso de construcción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor ministro, por su respuesta.
Como habrá comprobado, mi pregunta tiene más una voluntad de colaborar, en la medida en que me sea posible, a esclarecer una situación que evidentemente es perjudicial para la ciudad, que no la de buscar culpables -por utilizar esa
expresión- y mucho menos responsabilidades en exclusiva.
Por descontado, los argumentos que usted esgrime aquí son de peso y sin duda han condicionado de manera negativa que el proceso esté totalmente paralizado. Ya sé que usted conoce la realidad de este tema en Girona, pero simplemente quiero
evidenciarle que la ciudad de Girona, por sus mismas características, no es una ciudad donde un teatro, sea un equipamiento más. El Teatro Municipal es el teatro de la ciudad. Tenemos solamente otra sala, que funciona gracias a la iniciativa y a
los recursos privados, en concreto la Sala Planeta, que está haciendo una gran labor porque está aportando importantes iniciativas culturales a nuestra ciudad, pero evidentemente no se puede pretender que sustituya, en el sentido de que podamos
prescindir de la actividad que debe desarrollar el Teatro Municipal.
Yo agradezco la colaboración que el ministerio siempre ha manifestado en este sentido y simplemente le pido, señor ministro, que procure que, a ser posible, el retraso que ya estamos registrando sea lo más breve posible en la parte que a
usted compete, puesto que evidentemente no puede decidir sobre la que es responsabilidad del equipo de gobierno de la ciudad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Sí, señora diputada, pero he dejado claro que el origen del problema es un desacuerdo entre
los redactores del proyecto y la dirección facultativa, ambos equipos designados por el Ayuntamiento de Girona.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON AURELIO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL CRITERIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACIÓN CON EL CONVENIO SUSCRITO EN 1994 ENTRE EL MOPU Y LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA LA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CARRETERA EN EL CORREDOR BAHÍA DE CÁDIZ-BAHÍA DE ALGECIRAS? (Número de expediente 180/001502.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula el diputado don Aurelio Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el convenio de las dos bahías, bahía de Algeciras-bahía de Cádiz, preveía la financiación por ambas administraciones al 50 por ciento de la ejecución y financiación de las dos más importantes carreteras de Cádiz, la A-381 y
la 340, así como la interconexión de ambas carreteras, y fue firmado en 1994 por el Gobierno socialista en Madrid, Sevilla y Cádiz. Este convenio era incompleto y de imposible cumplimiento y, por ello, necesitó firmarse una adenda para modificarlo,
un año después. La terminación de la primera fase, que estaba prevista para 1997, aún no ha finalizado; curiosamente, la carretera A-381 se empezó con la llegada del Gobierno del Partido Popular y su financiación, y para la 340 no se habían hecho
ni tan siquiera los proyectos. Hoy están terminadas, en tiempo récord, la circunvalación de Chiclana, las obras de mejora de El Colorado, la Casa de Postas, los accesos a Conil y La Lobita, y están redactados los proyectos de Chiclana-Conil y
Conil-Vejer.
Para recuperar el tiempo perdido, S.S. propuso cancelar ese convenio y que cada administración ejecutase la carretera de la que era titular, propuesta rechazada en el Senado y aceptada posteriormente en un nuevo ofrecimiento que usted hizo
al presidente de la Junta de Andalucía, que aceptó verbalmente. Para ratificar este acuerdo, se han presentado iniciativas en el Parlamento andaluz, en la Diputación de Cádiz y en el Congreso. Se consensuó en las dos primeras, pero no en el
Congreso, donde se introdujo una fecha de ejecución técnicamente imposible de cumplir y, además, se propuso prolongar la carretera hasta San Roque, que ni había sido objeto del convenio de las dos bahías ni tampoco había sido ofrecido por S.S. al
presidente de la Junta de Andalucía. Tampoco aceptaron en el Congreso una enmienda nuestra, en el sentido de que todo el proceso se iniciaría una vez que la Junta hubiera devuelto las cantidades transferidas por el Ministerio de Fomento en concepto
de financiación del 50 por ciento de la A-381.
Ante esta situación, los incumplimientos y la falta de unidad de criterios del Partido Socialista, le pregunto: ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Fomento en relación con el convenio suscrito en 1994 entre el entonces Ministerio de
Obras Públicas y la Junta de Andalucía para la financiación y ejecución de obras de carretera en el corredor bahía de Cádiz-bahía de Algeciras?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el primer criterio que reitera el Ministerio de Fomento es su voluntad de cumplir el convenio -esa es la primera alternativa, cumplir el convenio-, para lo cual el Ministerio de Fomento ha terminado la variante de Chiclana,
ha licitado el tramo Chiclana-Conil y ha enterado a la Junta de Andalucía para que licite la obra correspondiente al tramo autovía Conil-Vejer. Además, tenemos en marcha los proyectos de acondicionamiento de los tramos de Vejer-Algeciras y estamos
al día en el pago del 50 por ciento de las cantidades que nos corresponden por Jerez-Los Barrios. Estamos dispuestos a continuar, pero ahora la licitación de la obra le corresponde a la Junta de Andalucía.
En el otro supuesto, si la Junta de Andalucía -como así nos lo ha hecho llegar, incluso el propio presidente- está dispuesta a estudiar la alternativa que nosotros mismos ofrecemos, estaríamos en condiciones de aceptar la cancelación del
convenio. Eso sí, cancelar el convenio significa retrotraer las cantidades entregadas en virtud del convenio. A partir de la devolución de las cantidades entregadas, el Ministerio de Fomento licitaría inmediatamente el tramo Conil-Vejer y
cambiaría los acondicionamientos del Vejer-Algeciras por estudios informativos y proyectos de tramos de autovía entre Vejer y Algeciras. Esa es la alternativa que con toda claridad una y otra vez hemos venido reiterando.
Todo forma parte de un
paquete, no se puede ni quitar ni añadir nada. Los convenios se cumplen en su literalidad y el Ministerio de Fomento hoy está al día. Bien es verdad que el convenio de los plazos iniciales que suscribieron el ministro de Obras Públicas señor
Borrell y el presidente señor Chaves va con mucho retraso. Hoy el Ministerio de Fomento ha recuperado su retraso y está al día en el pago de las cantidades que le correspondía abonar a la Junta de Andalucía y, además, está en condiciones de
facilitar la cancelación del convenio para lo cual la Junta de Andalucía previamente debe
retornar las cantidades entregadas por el Ministerio de Fomento. Uno u otro, pero no la mitad de uno y la mitad de otro o uno completo y además alguna adenda a conveniencia de parte; o uno, cumplirlo u otro, cancelarlo. El Ministerio de
Fomento deja a la Junta de Andalucía que elija lo más conveniente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTUACIONES EN EL ÁMBITO CULTURAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES EN 2002? (Número
de expediente 180/001505.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Asuntos Exteriores.
En primer lugar, la número 29, que formula la diputada doña Soledad Becerril Bustamante.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra la presencia cultural de España en el exterior es un factor importante en las relaciones con otros países fundamentalmente entre la Unión Europea y también países iberoamericanos. También es un instrumento muy importante
para dar a conocer nuestro patrimonio cultural y para deshacer imágenes estereotipadas, imágenes del pasado o confusiones sobre nuestra propia historia. Todos los esfuerzos que podamos hacer en cuanto a nuestra presencia cultural en el exterior
siempre nos parecerán poco, seguramente porque nuestro patrimonio es enorme y porque también nuestra cultura, historia y todo lo relacionado con nuestro pasado y presente despiertan un gran interés. Supongo que el ministerio tiene que hacer un
esfuerzo muy grande para mantener e incrementar esa presencia cultural, pero también tiene medios importantes y una sociedad recientemente constituida para impulsar esta acción cultural exterior.
Me gustaría saber, señora ministra, cuáles son los proyectos más importantes que tiene su ministerio para divulgar este patrimonio cultural, que merece la atención no sólo de la comunidad nacional sino también de toda la comunidad
internacional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Becerril.
Señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, como ha dicho la señora Becerril, la dimensión cultural inspira toda la política exterior española y algunas iniciativas específicas. Se trata de promover la cultura española en el exterior en sus dimensiones de diversidad y
de pluralidad.
La señora Becerril me preguntaba por algunas iniciativas concretas. Le podría mencionar entre otras una red cada vez más densa de consejerías culturales, Institutos Cervantes, centros y oficinas culturales en el mundo. Contamos también con
un programa de becas y de doctorados en el exterior. También es importante el programa de restauración de patrimonio que se ejecuta mayormente en Iberoamérica. Luego hay acciones en el ámbito de la cinematografía principalmente en Iberoamérica,
que se canalizan a través del programa Ibermedia. La política cultural la desarrollan instituciones tan veteranas como la Academia de España en Roma, la Casa de América o la recién creada Casa de Asia en Barcelona, además de la Sociedad Estatal
para la Acción Cultural Exterior que ha citado la señora Becerril.
Quiero hacer una mención especial al Instituto Cervantes, que se ha convertido en el organismo puntero dedicado a la promoción del español en el mundo y que ha elaborado un plan de expansión que se concentra en Europa, Estados Unidos y
Extremo Oriente. Así próximamente contaremos con centros operativos en Berlín, Lyon, Lubiana y con aulas Cervantes en Yakarta, en Kuala Lumpur y en Nueva Delhi. También está previsto abrir un centro en Washington y otro en la costa oeste
americana.
Por último, quisiera referirme en concreto a nuestra política cultural durante este año: Así el Plan de acción cultural del año 2002 que estamos ejecutando con la colaboración de las comunidades autónomas, en ese entendimiento plural y
diverso del que hablé antes, y de instituciones extranjeras. Dicho plan promueve el arte contemporáneo español, los nuevos valores de la música española y otras manifestaciones culturales de España a través de esa red cultural en el mundo a la que
también me he referido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO, DON FRANCISCO MURCIA BARCELÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PENSADO EL GOBIERNO ALGÚN TIPO DE COLABORACIÓN CON LA REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA? (Número de expediente
180/001506.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don Francisco Murcia Barceló.
El señor MURCIA BARCELÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, la política de la Unión Europea y la de nuestro país como miembro de la Unión ha estado caracterizada, desde que en octubre del 2000 tuviera lugar en la República Federal de Yugoslavia la instauración de un
Gobierno democrático y reformista como consecuencia de las elecciones celebradas en septiembre del mismo año, por el apoyo expreso al proceso de democratización, proceso al que la comunidad internacional y concretamente la Unión Europea está
contribuyendo desde su inicio, y los distintos instrumentos existentes tanto políticos como económicos que son utilizados son prueba de ello. Señorías, las iniciales ayudas de emergencia facilitadas, así como el crecimiento tan importante y
constante de los compromisos de la Unión con Serbia y Montenegro, compromiso enfocado a la obtención de avances reales tanto en la reforma política como en la económica, han contribuido a que hoy ya podamos hablar de que, adoptadas esas reformas
necesarias, sea el siguiente paso su aplicación. Seguro estoy de ello y de que contará con el apoyo de la comunidad internacional. Por tanto, señor ministro, ante el momento tan decisivo en que nos encontramos en el proceso de transición
democrática iniciado en la República Federal de Yugoslavia, le formulo la siguiente pregunta: ¿Tiene pensado el Gobierno algún tipo de colaboración con la República Federal de Yugoslavia?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Murcia.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Como muy bien ha señalado el señor diputado, a partir de octubre del 2000 se inicia una nueva etapa de relaciones entre España y la República Federal de Yugoslavia. Yo
destacaría tres ámbitos: el ámbito diplomático, el de cooperación y el económico. En el ámbito diplomático quiero resaltar el aumento exponencial de los contactos bilaterales. Así, por ejemplo, mi predecesor, señor Piqué, visitó Belgrado en
octubre del 2000 y en diciembre del 2001 el ministro de Asuntos Exteriores yugoslavo, señor Svilanovic, visitó España y yo misma he mantenido el 14 de septiembre pasado una entrevista con mi homónimo yugoslavo, en Nueva York. Esta es una vía que
queremos seguir fortaleciendo.
En el ámbito de la cooperación también nos esforzamos por hacernos más presentes en la República Federal de Yugoslavia. Hemos incrementado considerablemente nuestros intereses. Desde el citado cambio político de octubre del 2000 hemos
destinado 5,7 millones de euros a este país y este año destinaremos 2,5 millones de euros en programas de cooperación al desarrollo.
Por fin, en el ámbito económico el Gobierno está impulsando fuertemente la cooperación. El viceprimer ministro Federal y ministro de Economía, señor Labus, visitó España en el mes de junio y se firmó ad referendum un acuerdo de protección
recíproca de inversiones con el fin de sentar las bases de esta relación económica. Durante su visita el señor Labus mantuvo asimismo un encuentro con empresarios españoles en la sede de la CEOE que esperamos sirva de punto de partida e impulso
para la importante labor que el sector privado tiene ante sí en la República Federal de Yugoslavia.
Por último, señorías, y haciendo referencia a la transición económica que mencionaba el proponente de la pregunta, quisiera destacar la vía que hemos seguido durante la época de nuestra presidencia de la Unión Europea, en particular, en
estrecha cooperación en el ámbito del proceso de estabilización y asociación. Nuestro país ha apoyado y apoya los progresos realizados por la República Federal de Yugoslavia en este proceso, que desembocará en la elaboración de un estudio de
viabilidad, paso previo a la negociación de un acuerdo de estabilización y asociación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO, DON SALVADOR SANZ PALACIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS EN LA CUMBRE DEL G-8 CELEBRADA EN CANADÁ QUE PUEDEN AFECTAR A ESPAÑA?
(Número de expediente 180/001507.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula el diputado Salvador Sanz Palacio.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, al pasado mes de junio se celebró en Canadá la cumbre del G-8, que reúne a las naciones más industrializadas del planeta. España, que en aquel momento ejercía la Presidencia de la Unión Europea, también asistió. En dicha
cumbre se trataron diversas cuestiones internacionales importantes y se plantearon soluciones a las mismas. Los dirigentes, según las conclusiones de la Presidencia, reflexionaron sobre tres prioridades: una primera hace referencia a los desafíos
que representa la lucha contra el terrorismo. No hay que olvidar que era la primera reunión del G-8 después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Una segunda prioridad hace referencia al análisis de las perspectivas de crecimiento económico
mundial y el desarrollo sostenible, y una tercera a la creación de una nueva asociación para el desarrollo de África. Finalmente, se abordaron
diversas cuestiones regionales que tienen importantes implicaciones para la paz y la seguridad internacional.
España tiene, como se ha podido comprobar, un peso político y económico cada vez mayor en la escena internacional y, teniendo en cuenta que nuestro país es el sexto inversor externo mundial, ¿no sería conveniente en el futuro que
intentásemos formar parte de un eventual G-9? Hasta que esta circunstancia ocurra es evidente que el G-8, además de reflexionar, analizar o discutir, también ha adoptado acuerdos que nos afectan o que nos pueden afectar. Por eso formulo, señora
ministra, la pregunta que figura en el orden del día que dice: ¿Cuáles han sido los principales acuerdos tomados en la cumbre del G-8, celebrada en Canadá que pueden afectar a España?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sanz.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señora presidenta.
Evidentemente, todos los acuerdos tomados en la cumbre de Kananaskis afectan o pueden afectar a España. Yo destacaría, lo ha hecho muy bien el proponente de la pregunta, en los tres ámbitos señalados lo siguiente.
En el ámbito de la lucha contra el terrorismo que tanto nos afecta y que hoy mismo vuelve a estar de sangrante actualidad en nuestro país, y no es un tropo, se alcanzó un compromiso formal para el enjuiciamiento de los terroristas y se
consensuaron seis principios de no proliferación para privar tanto a los terroristas como a los países santuarios de la capacidad para adquirir armas nucleares, químicas, bacteriológicas y radiactivas, además de misiles y otros materiales
relacionados. Esta es la llamada iniciativa contra la proliferación de armas y materiales de destrucción masiva, que será financiada con 20.000 millones de dólares durante los próximos diez años.
En el ámbito macroeconómico, el G-8 apostó claramente por la defensa de los principios del desarrollo sostenible, como mejor vía para asegurar el crecimiento económico global y la reducción de la pobreza. Se trata en todos los casos de vías
de acción defendidas desde hace tiempo por España en los diversos foros internacionales y perfectamente asumidas en nuestras políticas de cooperación, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral.
Por fin, el señor proponente lo ha mencionado, está la propuesta para el desarrollo. En ésa me centraría en la interesantísima propuesta para África, el plan de acción del G-8 para África, plan de acción que actuará en apoyo de la nueva
iniciativa para el desarrollo de África, la iniciativa NEPAD, que precisamente se presentó en esa asamblea plenaria de Naciones Unidas y que tiene la importancia de ser una iniciativa de África para África y por los africanos, es decir, ahí el
protagonismo lo tiene África desde el principio al fin en la evaluación y en el seguimiento de estos procesos.
Los compromisos asumidos por el G-8 representan anualmente unos 12.000 millones de dólares adicionales en la ayuda al desarrollo hasta el año 2006, y evidentemente hay que reconocer la importancia de estos fondos en los procesos de
estabilización política y económica en este continente, por lo tanto, también ahí no sólo nos afectan sino que manifestamos nuestro pleno apoyo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.,
- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ OTXOA DE ERIBE ELORZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ NO ACTÚA EL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA HIDRÁULICO QUE CAUSA LAS INUNDACIONES EN EL ÁREA DE
BILBAO? (Número de expediente 180/001486.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Medio Ambiente.
Pregunta número 12, que formula el diputado don Juan José Otxoa de Eribe.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, este año la naturaleza ha mostrado su fuerza destructora, causando inundaciones particularmente en la cuenca del Danubio, que han inundado grandes extensiones del territorio, provocando cuantiosos daños en vidas humanas y en
patrimonio. Las lluvias intensas han puesto de manifiesto la insuficiencia de los cauces fluviales, hoy limitados por las obras de canalización de los ríos que reducen drásticamente su capacidad hidráulica.
A menor escala, pero con una intensidad parecida, la Comunidad Autónoma de Euskadi no ha sido ajena a la fuerza destructora de este fenómeno meteorológico, y así el día 26 de agosto se produjeron unas intensas precipitaciones que han
ocasionado grandes daños en cuatro municipios de Vizcaya: Bermeo, Bakio, Munguía y Busturia, y daños también importantes en otros muchos municipios de Euskadi.
Este fenómeno de lluvias intensas empieza a perder su carácter extraordinario y cada vez es más la afección que nos toca, no sólo a nuestro territorio sino que también se nota en otras comunidades autónomas, como han podido ser las
inundaciones de Cataluña y de Andalucía.
En ese contexto le preguntamos: ¿Por qué no actúa su Gobierno en la solución del problema hidráulico que causa las inundaciones en el área de Bilbao?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora presidenta.
Comparto gran parte del análisis que ha hecho S.S., y por ello el Plan Hidrológico Nacional hace una apuesta muy importante en lo que son este tipo de obras, naturalmente siempre respetando el reparto de las competencias. Además, es muy
importante que S.S. llame la atención de la necesidad de estas obras en todas las cuencas, sobre todo de laminación, que a veces son obras denostadas hasta que se producen estos accidentes meteorológicos y entonces sí que nos acordamos de ellas.
Contestando a la pregunta en concreto de S.S., nuestra voluntad es la de compartir esa sensibilidad, pero tenemos que respetar el ámbito de competencias establecido.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Señor ministro, me parece muy bien que usted respete el ámbito competencial, pero estamos hablando de una cuenca intracomunitaria que es de su absoluta competencia.
Le recuerdo que el año pasado en la discusión de los presupuestos del Estado, cuando hablábamos del destino de los recursos para el ejercicio 2002 de la Dirección General de Obras Hidráulicas, planteamos la necesidad de incorporar como obra
de interés general la solución al problema de la inundabilidad de Bilbao debido a la incapacidad de desagüe de la cuenca del río Nervión, y estamos hablando de la zona del estuario, que son aguas de su competencia. Queremos poner en evidencia esto
que ocurrió. Naturalmente, nuestra propuesta fue rechazada por esta Cámara con los votos del Gobierno y el partido que le apoya.
Posteriormente, con la discusión del Plan Hidrológico Nacional volvimos a plantear la misma cuestión, pretendiendo que la mencionada obra se incluyese en el anexo de obras hidráulicas y también fue rechazada. Le recuerdo que esto afecta a
no menos de 355.000 habitantes y que es su responsabilidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, presidenta.
Efectivamente, el 1 de julio de 1994 la Comunidad Autónoma del País Vasco asume las competencias en su ámbito territorial de programación, aprobación, ejecución y explotación de aprovechamientos hidráulicos, y están exceptuadas las obras que
tengan calificación de interés general, que este no es el caso porque así no se aprobó en el Plan Hidrológico Nacional.
También le recuerdo que es competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el otorgamiento, en su caso, de auxilios económicos a corporaciones locales, entidades o particulares para la ejecución de las obras indicadas. Por tanto, salvo
aquellas obras que se hayan declarado de interés general, que no es el caso, el ámbito competencial es el de la comunidad autónoma.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEJORAS VAN A SUPONER LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN PROFESIONAL PREVISTOS EN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN, Y QUE SUSTITUYEN A LOS ACTUALES PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL? (Número de expediente 180/001503.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La número 27, que formula doña Sandra Moneo Díez.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, a lo largo de los últimos meses se ha abierto en la sociedad española un profundo e interesante debate en torno a la necesidad de la reforma del actual sistema educativo.
Muchos son los argumentos a favor de esta reforma, y después de considerarlos hay uno que resulta irrefutable, y es que España tiene una importante tasa de fracaso escolar, y de hecho al día de hoy uno de cada cuatro jóvenes españoles acaba
la educación obligatoria sin la obtención de ningún título. Nuestro país, referente europeo en las políticas aplicadas en los últimos seis años, no puede permitirse el lujo de tener una tasa de fracaso escolar por encima de la media europea.
Es un hecho que el actual sistema educativo, rígido e inflexible, aboca a muchos jóvenes al fracaso, y eso es precisamente lo que la nueva ley pretende corregir. A nuestro juicio, un sistema educativo sólo será equitativo si para cada
individuo está abierto al futuro de un modo efectivo. No es, pues, admisible que por un exceso de rigidez, a la hora de considerar las diferencias individuales, el sistema reglado expulse de su seno a una cuarta parte de cada corte de edad.
Precisamente para evitar este tipo de situaciones, el proyecto de ley
de calidad introduce importantes novedades en cuanto a los programas de iniciación profesional. Es una realidad que los programas de garantía social no han funcionado, entre otras razones porque sitúan al joven fuera del sistema reglado,
porque dificultan su incorporación a él, porque no garantizan la certificación de cualificaciones.
Como SS.SS pueden imaginar, nada más alejado del concepto de igualdad de oportunidades, que entendemos debe primar en todo el sistema educativo.
Por todas estas razones, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué mejoras van a
suponer los programas de iniciación profesional previstos en el proyecto de ley de calidad de la educación y que sustituyen a los actuales programas de garantía social?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, el proyecto de ley de calidad de la educación, cuyo debate se va a iniciar en esta Cámara próximamente, tiene dos objetivos: Primero, avanzar, por tanto mejorar la calidad de la educación; segundo, integrar mejor a los alumnos.
Nace de dos demandas que son incuestionables: es necesario mejorar el nivel medio de conocimientos de nuestros alumnos y también es necesario prevenir y combatir el fracaso escolar. En ese segundo objetivo, que es uno de los grandes objetivos por
los cuales se hace esta reforma, se inserta esta iniciativa que se llama: Los programas de iniciación profesional.
Hay un conjunto de medidas muy distintas para prevenir y combatir el fracaso escolar en este proyecto de ley. Una de esas medidas importantes son estos programas de iniciación profesional, que no es la formación profesional, no confundir.
La formación profesional es un tipo de estudios post-obligatorios que se hace después de la educación secundaria obligatoria. Los programas de iniciación profesional están pensados para aquellos alumnos que no habiendo cumplido los objetivos
formativos de la educación secundaria obligatoria no obtienen el título de graduado en secundaria obligatoria, y hoy es uno de cada cuatro alumnos. Un porcentaje muy preocupante. Con estos programas, aquellos alumnos que habiendo cumplido 16 años,
o excepcionalmente 15, y que no tienen obligación de estar en el sistema escolar, pueden desarrollar durante dos años estos programas, reforzando los conocimientos en las materias básicas (lengua, matemáticas, pero también idioma y tecnologías) y
desarrollando módulos de formación profesional, de acuerdo con lo que establece el catálogo nacional de las cualificaciones. Cursados esos dos años, estos alumnos podrán obtener también el título de graduado en secundaria obligatoria. Se trata de
abrir una puerta más, de ofrecer una nueva oportunidad para que nuestro sistema educativo sea efectivo, real y no retórico, que impulse y desarrolle la igualdad de oportunidades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JORDI DE JUAN I CASADEVALL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VAN A CONTRIBUIR LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DEL AÑO 2003 A LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?
(Número de expediente 180/001501.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda.
La número 25, que formula el diputado don Jordi de Juan y Casadevall.
El señor DE JUAN Y CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el presupuesto es por definición la expresión cifrada de un programa de gobierno, es un instrumento de priorización de las políticas de gasto público y, por tanto, de cuantificación de los compromisos políticos asumidos por
el Gobierno de la nación. Desde las pasadas elecciones, en marzo de 2000, el Gobierno ha ido aprobando sucesivos presupuestos, que han servido para impulsar las políticas de inversión pública y de cohesión social, que tan positivas han resultado
para nuestra economía. Y lo han hecho en un marco de estabilidad macroeconómica, con un intenso proceso de consolidación presupuestaria, que nos ha permitido pasar de 7 puntos del déficit público, del PIB, al déficit cero.
Creemos en esa estabilidad presupuestaria y que el juego de los estabilizadores fiscales automáticos, combinados con reformas estructurales y reformas fiscales, son los que generan bienestar y progreso en nuestra sociedad y los que nos
permiten, en definitiva, seguir avanzando en el proceso de convergencia real con la Unión Europea.
En ese contexto, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo van a contribuir los Presupuestos Generales del Estado para 2003 a la
evolución de la economía española?
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 vuelven a hacer una apuesta seria en favor del equilibrio presupuestario, y es que el equilibrio presupuestario es en sí mismo una garantía para fortalecer el crecimiento
económico de España y la consiguiente creación de empleo.
El Gobierno confía que los nuevos presupuestos promuevan un punto de nuestro crecimiento económico para el año que viene gracias, fundamentalmente, a que con un presupuesto equilibrado vamos a reducir el impuesto sobre la renta de las
personas físicas en una cuantía de 3.000 millones de euros, lo que sin duda alguna va a favorecer la recuperación del consumo, de la actividad económica en nuestro país y al mismo tiempo los elementos de confianza que se derivan del cumplimiento del
programa electoral del Gobierno.
En segundo lugar, he de destacar también que el incremento de las inversiones públicas contemplado en el presupuesto va a ser un acicate al crecimiento económico, puesto que el conjunto de las inversiones del sector público estatal se
incrementa en un 13 por ciento. Por ello estamos ante una inyección económica que va a permitir que sectores como el de la construcción sigan siendo motores de nuestro crecimiento económico para el año próximo, con la consiguiente creación de
empleo.
También hay que destacar que el equilibrio presupuestario, el ahorro de las administraciones públicas sirve para financiar la recuperación económica de España, puesto que hacemos que el Estado no compita con los agentes económicos privados,
no compita con las familias, no compita con las empresas, especialmente con las empresas más pequeñas a la hora de alcanzar el crédito bancario, el ahorro financiero de nuestro país.
Quiero recordar a la Cámara que el ahorro de las administraciones públicas ha mejorado desde que gobierna el Partido Popular en España nada menos que casi seis puntos porcentuales de nuestro producto interior bruto, lo que significa que
gracias al equilibrio presupuestario hemos financiado decididamente una recuperación económica que para el año que viene el Gobierno espera que pueda traducirse en 280.000 empleos nuevos adicionales creados en el año 2003.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA. (Número de expediente 172/000207.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, en la presente legislatura, ha presentado varias iniciativas parlamentarias vinculadas a la privatización de la Compañía
Trasmediterránea; dos de ellas se analizaron meses atrás en la Comisión de Economía del Congreso y eran proposiciones no de ley que nosotros planteábamos con el objeto de recabar el mayor conocimiento posible sobre la privatización de una compañía
que hemos alimentado todos los usuarios españoles, que juega un papel fundamental en el transporte marítimo con el Estrecho, con los dos archipiélagos y que tiene una larga y centenaria historia.
En esas proposiciones no de ley pedíamos resoluciones como garantía de cumplimiento del cuadro básico de servicios de contratos de interés público, con exposición de un plan estratégico detallado por línea, con un estudio económico de
viabilidad de la compañía, con un plan de explotación comercial para un horizonte de 10 años, con especial compromiso del mantenimiento de la calidad de los servicios a los usuarios de las rutas servidas por la compañía. Pedíamos garantía del
mantenimiento integral de las prestaciones de la compañía, de todos los servicios, de los contratos de interés público que les vincula con el Estado para los cinco próximos años en nueve rutas de interés nacional en el Estado español, garantía
mínima de cinco años de homogeneidad, independencia y estabilidad del núcleo mayoritario del capital que se responsabilizara en un futuro de la gestión de la compañía. Pedíamos garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo, así como de los
derechos y condiciones laborales de los trabajadores, tanto de los de flota como de los que prestan servicio en tierra. Pedíamos especial valoración en este tipo de servicios de la experiencia en el tráfico marítimo de los máximos responsables de
la futura gestión de la compañía, mantenimiento de las diferentes flotas que integran actualmente la compañía con especial referencia a las embarcaciones de alta velocidad -conocidas como jet-foil- que han permitido en los últimos 20 años la
comunicación entre las islas Canarias. Por último, pedíamos consulta a las comunidades autónomas. Sin embargo, estas peticiones, sometidas a votación en la Comisión de Economía, fueron desestimadas por el grupo mayoritario de la Cámara en dos
ocasiones. Algo que resulta absolutamente inconcebible, habida cuenta de la importancia de este proceso de privatización. (La señora vicepresidente, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Usted sabe perfectamente, señor ministro, que el 30 de julio pasado culminó la primera etapa del proceso
de privatización de la Compañía Trasmediterránea, que tendrá que ser acordado por el Consejo de Ministros. El consejo de la SEPI se convocó -desmiéntame si este dato es incorrecto, aunque no sería excesivamente relevante- a la una de la
madrugada del día 30 de julio pasado, verbalmente y por fax en los domicilios de los miembros del consejo, para que fuera celebrado nueve horas después y produjera la resolución que adoptó. Le agradecería, asimismo, que no hiciese referencia en su
réplica a ninguno de los contenidos de la página web del ministerio y de la SEPI sobre este proceso de privatización; hablemos sencillamente de qué ha ocurrido.
Al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa la calidad del servicio, la libre competencia, la garantía de las comunicaciones marítimas y, fundamentalmente, la estética y la ética del proceso de privatización. No podemos dejar de
manifestar, con todo el respeto que nos merecen siempre las personas, a las que no ponemos en tela de juicio, que desde el punto de vista estético resulta muy poco edificante para la ciudadanía que un antiguo ministro del Gobierno de España,
presidido por José María Aznar, participe con intereses accionariales en un consorcio que, según indicaciones de la página web de la SEPI y lo aparecido en la prensa, puede ser el beneficiario de un proceso de adjudicación; insisto, desde el punto
de vista estético -y, probablemente, también desde el punto de vista ético- resulta muy poco edificante para la ciudadanía. No es aconsejable que un antiguo miembro del Gobierno participe en el proceso de privatización de una empresa de titularidad
pública que presta un servicio público esencial vinculado con la Administración general del Estado de muchas maneras; un vínculo, por ejemplo, lo tiene a través del Ministerio de Fomento. ¿Cómo? Con el uso de un suelo privilegiado que la compañía
de titularidad pública Trasmediterránea tenía y tiene, a través del Ente Puertos del Estado, en la mayor parte de los puertos del Estado español: en Algeciras, en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Almería, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa
Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de La Palma, etcétera. En esos suelos de titularidad pública se han construido a lo largo de los años, con el importante apoyo económico derivado del contrato programa que vinculó a la Compañía Trasmediterránea con
la Administración general del Estado, las terminales marítimas, unas de mejor y otras de peor calidad; todas se convertirán previsiblemente en nuevas fuentes de ingresos no recogidas en el pliego de condiciones que la SEPI publicó.
Nos preocupa la transparencia y la claridad, señor ministro. Pedimos a la Cámara -y lo haremos previsiblemente en la moción consecuencia de esta interpelación- que se pronuncie en cuanto a la profundización y búsqueda de la claridad de la
información; una información no subjetiva, sino veraz, y de la que todos nos podamos sentir satisfechos en el futuro. Los socialistas, como ya lo han manifestado otros intervinientes en representación de nuestro grupo parlamentario, no nos
sentimos en absoluto satisfechos con lo que ha ocurrido con el proceso de privatización de tantas y tantas empresas públicas. Recordemos Telefónica, Tabacalera, Aldeasa, Endesa, etcétera.
Hoy, señorías, nos encontramos con que no tenemos conocimiento en absoluto sobre qué ocurrió con otras empresas del sector transporte. ¿Qué ocurrió con Enatcar? ¿Cuáles han sido las características de la venta de Aerolíneas Argentinas?
Muchos ciudadanos se preguntan, ¿qué ha ocurrido con la compañía Iberia? Comparando, desde luego, dos empresas de titularidad pública dedicadas al transporte de viajeros que han sido símbolos, que han sido compañías de bandera en el Estado español.
Se preguntan, a nivel del ciudadano normal -y esta Cámara tiene que hacerse eco de las preocupaciones ciudadanas-, ¿cómo es posible que la compañía Iberia, que no cotizaba en Bolsa, salga a Bolsa y se posibilite que en el 54 por ciento de las
acciones puedan los accionistas individuales o colectivos españoles acudir al mercado, adquirir acciones y coparticipar en la titularidad accionarial de la compañía Iberia? Y, sin embargo, ¿cómo es posible que la Compañía Trasmediterránea, que
lleva casi 15 años cotizando en Bolsa, con un 5 por ciento en manos de accionistas privados y un 95 por ciento en manos del Estado, no siga el mismo camino que ha recorrido la compañía Iberia? Esto habrá que explicarlo. A nosotros nos preocupa que
si el grupo que ha sido objeto de la decisión positiva de la SEPI termina controlando la Compañía Trasmediterránea, no hay duda alguna de que en determinados tráficos marítimos entre puertos del Estado español se va a producir una clara situación de
dominio, se va a producir un debilitamiento de la libre competencia, se va a producir la formación de figuras que tanto el Tribunal de la Competencia español como las instituciones comunitarias han desestimado en sendas resoluciones en los diez
últimos años. Me estoy refiriendo al tema de los fletes.
Si la familia Matutes -insisto, utilizo nombres con el mayor de mis respetos personales-, si el grupo Matutes (titular de dos empresas navieras, la naviera Umafisa y la naviera Pitra, con una cuota de mercado en el tráfico interinsular en el
archipiélago balear y en las comunicaciones de Baleares con los puertos del Mediterráneo peninsular) tiene una determinada cuota de mercado y además acuerdos comerciales con otras navieras privadas que participan en esas rutas marítimas; si además
de ello participa de forma notable -y digo de forma notable-, porque estamos convencidos -y se nos tendrá que demostrar- de que en las bases por las que se produjo la adjudicación se impide el movimiento accionarial dentro del consorcio que resulte
en el futuro titular de ese proceso de privatización; y si se va a producir, como digo, en las navieras que acabo de mencionar si entran a formar parte accionarialmente del consorcio titular de la Compañía Trasmediterránea, entonces el 85 por
ciento -está estudiado
por el Gobierno balear e igual ocurre en Canarias- va a quedar en las mismas manos y flaco servicio se les está haciendo a los ciudadanos en lo que se refiere a transporte de mercancías y pasajeros.
Señor ministro, exactamente igual le diría en relación con el archipiélago canario, que conozco con mayor intensidad dado mi lugar de residencia. La naviera Armas y Trasmediterránea, en las rutas entre las islas orientales del archipiélago
canario, controlan no ya el 80 por ciento, sino el 90 por ciento del tráfico. Como es evidente, tal como usted indicó -y yo tenía conocimiento de ello por la respuesta a una pregunta que le formulé en la última sesión plenaria-, ¿cómo es posible
que la SEPI no haya producido la consulta pertinente al servicio de la competencia de la Dirección general de la Competencia del Tribunal de la Competencia y cómo es posible que no haya pedido el dictamen pertinente a efectos de adoptar la decisión
que tiene que elevar al Consejo de Ministros de una forma total y absolutamente limpia?
Quiero que le quede claro lo siguiente. En primer lugar, nos preocupa la transparencia del proceso; proceso que está siendo seguido con un interés excepcional por los ciudadanos españoles, tal como se pone de manifiesto a lo largo de este
año en tantas y tantas páginas de prensa de los diferentes medios de comunicación.
En segundo lugar, nos preocupa que en un futuro el Consejo de Ministros, presidido por don José María Aznar, adopte una decisión de venta de una empresa a un consorcio coparticipado por un antiguo ministro que se sentaba en el Consejo de
Ministros que preside el señor Aznar, aún cuando jurídicamente fuese posible; nos preocupa desde el punto de vista de la ejemplaridad ante la ciudadanía española. La familia Matutes tiene, sin duda alguna, todo el derecho a mejorar su actividad
empresarial en el ámbito del transporte marítimo en el que tienen experiencia pero, desde luego, no nos parece oportuna su irrupción en esta empresa de titularidad pública.
En tercer lugar, señor ministro, pediremos a la Cámara que se pronuncie en el sentido de recabar la máxima información en esa línea de claridad.
En cuarto lugar, los servicios de la competencia tienen que garantizar la libre competencia y no se puede permitir que quienes participan renuncien a rutas y servicios que venían sirviendo. Hay que evaluar, y creemos que la SEPI no lo ha
hecho, un importante paquete de servicios que conlleva la Compañía Trasmediterránea, con la que las Cortes Generales españolas se ha portado de forma excepcional, porque usted sabe, señor ministro -y termino consumiendo el tiempo-, que el Grupo
Parlamentario Socialista discrepó de forma importante, haciéndose eco del pronunciamiento -que tengo en mis manos, recogido en el 'Diario de Sesiones' de las Cortes Generales- del Tribunal de Cuentas del Reino que dejaba muy claro que no existía
obligación alguna por parte de la Administración general del Estado para abonar del orden de 15.000 millones de pesetas, hace menos de ocho meses, a la Compañía Trasmediterránea, de forma generosa en concepto de liquidación del contrato-programa.
Decía: la sociedad -y leo textualmente- ante la ausencia de reglas concretas recurrió al asesoramiento de expertos jurídicos externos, que ni la propia SEPI tenía muy claro lo que tenía que hacer y desde luego dijo el Tribunal de Cuentas que en el
contrato-programa se preveían las diferentes causas que podían dar lugar a su extinción y sin embargo no se establecieron en él los criterios que habían de regir su liquidación y ha sido -y termino, señora presidenta- una actitud, vamos a decirlo
así, generosa del Gobierno la de la liquidación no justificada de 15.000 millones de pesetas en el saneamiento de la compañía Trasmediterránea. Hoy es una compañía saneada y no podemos permitir que no quede en absoluto claro ante la ciudadanía el
proceso de privatización y los servicios que se ve obligada a prestar con posterioridad.
Nada más, señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
El señor Segura ha presentado esta interpelación en un momento del procedimiento de la privatización de Trasmediterránea que me atrevo a juzgar inoportuno porque, como S.S. ha puesto de relieve, en primer lugar, hasta ahora lo único que ha
habido es el pronunciamiento, la decisión del consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, por tanto, el proceso de privatización de Trasmediterránea está sujeto ahora a diferentes filtros. Primero, el
dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que está pendiente de emitirse; segundo, el proceso está sujeto también a las autoridades de defensa de la competencia, en concreto al Servicio de Defensa de la Competencia, que es la primera de
esas autoridades que puede tomar como decisión remitirlo, a su vez, al Tribunal de Defensa de la Competencia y una vez solventados todos estos que no son unos trámites cualquiera, sino de los que se pueden derivar condiciones para la privatización,
sería el momento de conocer exactamente cuál es el sentido mismo de esa privatización.
Su señoría ha expuesto aquí que en este proceso de privatización de Trasmediterránea, todavía en parte sólo porque la última decisión corresponde al Gobierno de España, el Grupo Socialista ha proclamado siempre que se haga con garantías. Es
que se ha hecho con esas garantías, señoría, o sea que su preocupación sobra -aunque no puede sobrar nunca, bienvenida sea-, por lo que no se extrañe de que en su momento fuera desestimada
en una votación por el Grupo Parlamentario Popular. En definitiva, esas garantías son las que han sustentado la venta de Trasmediterránea al consorcio empresarial que en el proceso del concurso ha resultado ganador. Son exactamente esas
garantías que ha enunciado S.S. desde esta tribuna, son las garantías de una adjudicación que ha hecho la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sobre las bases de un plan industrial sólido que lo que viene es a reforzar la actividad
desarrollada por la compañía, a impulsar esa actividad y a garantizar la continuidad de la compañía durante un largo periodo de tiempo a través de un nuevo proceso de inversión. Son unas garantías para los trabajadores, puesto que hay el respeto
máximo a la plantilla, a los puestos de trabajo que, en definitiva, son elemento sustancial de toda la política de privatización del Gobierno, no sólo el mantenimiento sino la ampliación de la plantilla, a poder ser, en los procesos de
privatización. Son en definitiva las garantías derivadas del propio precio de los demandantes, de los que pretendían adquirir esta compañía. La adjudicación que se ha hecho ha sido en función de un buen plan industrial, de las garantías exigidas
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y se ha otorgado al grupo que más precio ha ofrecido, efectiva y realmente, por la adquisición de esa compañía. Por tanto, las garantías están sobradamente cumplidas en ese primer trámite del
proceso de privatización.
Se refiere S.S. al hecho de que en el grupo adquirente figure un exministro del Gobierno de España. Su señoría tiene legítimo derecho a hacer las críticas políticas que entienda debe hacer a raíz de ello.
Después de escuchar al Grupo
Socialista hablar continuamente en los procesos de privatización de los amigos del Gobierno, comprenderá S.S.
que su argumento me parezca es un sumando más en una lista ya interminable de sumandos que se refieren a una crítica política del proceso
de privatización. Como S.S. ha reconocido desde esta tribuna, sí es cierto que un exministro del Gobierno de España tiene todo el derecho a desarrollar su actividad empresarial, su actividad económica en nuestro país y tiene todo el derecho
-legítimo derecho, puesto que la legislación así se lo permite- para acudir a un proceso de privatización. Señoría, si resulta adjudicatario de ese proceso, por razones objetivas que son las que he citado hasta ahora, no hay ni un solo argumento
jurídico para rechazarlo. Pero es más, es que si rechazáramos a ese grupo empresarial por el hecho de que dentro de él participa un exministro de España, estaríamos cometiendo una ilegalidad, estaríamos incurriendo en una auténtica responsabilidad
penal. Eso hubiera hecho la SEPI si hubiera procedido así.
Por tanto, estéticas aparte que S.S. y el Grupo Socialista pueden practicar pero sobre las que yo obviamente tengo mi propia concepción, entiendo que la crítica política que hace el Grupo Socialista al proceso de privatizaciones es un
auténtico despropósito, porque las privatizaciones en España se han hecho desde los principios de concurrencia, transparencia y competencia como nunca se había hecho en nuestro país, y los procesos de privatización, señoría, han cambiado la
fisonomía del sistema productivo español; han hecho de una economía como la española una economía mucho más ágil, mucho más flexible, y ahí está la prueba de que estamos soportando una coyuntura económica mundial muy difícil y eso es fruto de unas
transformaciones que se han producido en el seno de la economía española en las que las privatizaciones son un elemento fundamental, señoría, ya que las privatizaciones han actuado precisamente en sectores económicos que son fundamentales para el
funcionamiento de nuestro sistema productivo.
¿Qué el proceso de privatización de Trasmediterránea no vaya a resultar en una posición de dominio de mercado? Esa es la tarea de las autoridades de Defensa de la Competencia; por tanto vamos a dejar que trabajen las autoridades de Defensa
de la Competencia, señoría. Lo que ha hecho la SEPI ha sido adelantarse a esa situación de manera que en las propias condiciones, en las propias circunstancias del pliego del concurso ya se preveía que en el caso de que como resultado de la
adjudicación hubiera una posición de dominio, el grupo empresarial, no el grupo de Trasmediterránea sino el grupo empresarial tendría que renunciar a aquellas líneas, a aquellas actuaciones, a aquellos activos que engendraran esa posición de dominio
del mercado. Eso ya estaba previsto en el propio proceso de privatización. Ahora corresponde a las autoridades de Defensa de la Competencia identificar si se da esa circunstancia. Vamos a confiar una vez más -en esto supongo que coincidimos,
señor Segura- en esas autoridades de Defensa de la Competencia para que fijen cuáles son los criterios, las condiciones que establecen. Corresponde a ellas, una vez que se adjudique por la SEPI y nunca al revés como ha planteado S.S. desde esta
tribuna. No se puede hacer el análisis antes de que sepamos a quién se adjudica esa venta, sino que una vez que se ha adjudicado la venta es cuando actúan las autoridades de Defensa de la Competencia, igual que ha ocurrido en otros procesos de
privatización en España, como es el caso de Enatcar; pongo el caso del proceso con una empresa de transportes en la que ocurrió esto y donde se pusieron condiciones de este rango.
En lo que se refiere al contrato-programa, a S.S. le gustará o no pero esa es la garantía del servicio público. Ya sé que S.S. ha subido a esta tribuna a decir cosas que ya sabe no he compartido, críticas y no precisamente políticas, sino
aseveraciones de lo que era la liquidación de ese contrato-programa. Decir esta tarde desde esta tribuna, como ha dicho S.S., que el Gobierno ha sido generoso en la liquidación de este programa, señor Segura, me ha producido una sonrisa, porque lo
único que hemos hecho ha sido ejecutar unas liquidaciones previstas en el contrato-programa con el sello de
la Intervención General del Estado y precisamente pagando intereses de demora porque se referían a la liquidación de ese programa; por tanto no ha habido generosidad alguna en el saneamiento de una empresa pública, que trata de garantizar
un servicio público básico. El criterio del Gobierno es que lo va a conseguir, lo va a hacer con gran éxito como ha sido el caso de sus predecesoras en el proceso de privatización, en un programa que tiene como objetivo el saneamiento de un sector
público empresarial que hoy es mucho más dinámico cuando lo hemos pasado a iniciativa privada. De esta forma también estamos compatibilizando la garantía de la oferta de servicios públicos con esa iniciativa privada.
El proceso de Trasmediterránea puede culminar bien, señoría. Insto al Grupo Socialista a que apoye ese proceso, que lo va a examinar la Cámara en la subcomisión de privatizaciones que se ha abierto esta misma mañana, y ese proceso debe
culminar bien. Animo al Grupo Socialista a que se sume a la clarificación de ese proceso, en definitiva a valorar positivamente los pasos que se han dado, puesto que se están estableciendo desde unas premisas de concurrencia y transparencia que no
pueden ir sino a favor de los propios trabajadores de la compañía, y sobre todo de los millares y millares de clientes que la utilizan cada año y que constituye un enlace fundamental entre Península e islas en la geografía española.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Con la venia, señora presidenta.
Señor ministro, el contrato-programa que suscribió el Estado en diciembre de 1977 con la compañía Trasmediterránea, cuando ésta pasó a manos de la Administración general del Estado, que se encontraba en quiebra y estaba en manos privadas, se
hizo para 20 años y terminó en diciembre de 1997.
Cada año el Estado ha ido pagando los servicios prestados y los compromisos adquiridos para la renovación de flota, para la incorporación de nuevas embarcaciones y para la liquidación de las deudas
que tenía con anterioridad. El contrato-programa de 20 años no obligaba taxativamente al Estado a liquidarlo mediante aportaciones financieras que no respondiesen a las compensaciones derivadas de los servicios prestados, lo dice el Tribunal de
Cuentas del Reino de forma muy clara. Aunque en el contrato, y lo leo de nuevo para que no se sonroje ni intente devaluar la intervención de este diputado, se preveían las diferentes causas que podían dar lugar a su extinción -ninguna de las cuales
se produjo-, sin embargo no se establecieron en él los criterios que habían de regir su liquidación. Lo dice de forma clara, luego los criterios que se han aplicado para producir su liquidación han sido criterios generosos, derivados de una actitud
política del Gobierno que nosotros entendemos marcaba unidireccionalmente un proceso de privatización previo a un saneamiento y a la incorporación a una actividad de transporte marítimo de libre mercado que dejaba a las restantes empresas navieras
españolas en clara situación de indefensión. Así ha ocurrido que en pleno proceso han aparecido en la prensa (nuestras noticias son de prensa; el Gobierno no nos ha remitido ni un folio contestando a las demandas de información que desde el mes de
julio habíamos solicitado, y ya está fuera de plazo, tal como dice el Reglamento del Congreso de los Diputados), mientras está abierto ese proceso aparecen acontecimientos curiosos y es que empresas navieras, como Fred Olsen, que presta importantes
servicios en Canarias, demanda 3.500 millones de pesetas al Gobierno. Nosotros preguntamos, ¿eso está previsto? Pero es que en el proceso también ocurren fenómenos curiosos y es que la compañía Trasmediterránea empieza a descubrir que tiene
contratos blindados con determinados ejecutivos, y la compañía Trasmediterránea empieza a desprenderse de importantes activos -desmiéntalo usted, señor ministro, si lo que estoy diciendo es incorrecto-, como por ejemplo una terminal de contenedores
muy importante en un puerto muy importante del Levante español, en Valencia. En pleno proceso de privatización de Trasmediterránea la compañía va desprendiéndose de importantes activos. Y hay un proceso que a los ciudadanos nos ha dejado
aturdidos. Si había un acuerdo de confidencialidad, ¿cómo es posible que permanentemente los datos internos estén en la prensa? Si el Banco Santander Central Hispano era el asesor exclusivo de la SEPI, era el único interlocutor, ¿por qué faltando
15 ó 20 días para la toma de decisión que se adoptó el 30 de julio se quitaron de encima -terminología coloquial por mi parte- al Banco de Santander? ¿Por qué? ¿Es que el Banco Santander Central Hispano es un banco poco recomendable para ustedes?
Claro que en aquellos días ocurrieron acontecimientos y es que dos personas que participaban con intereses accionariales en los consorcios concursantes entraron por decisión del banco o de quien correspondiese en el consejo de administración del
banco.
Señor ministro, usted acaba de decir algo que a mí sinceramente me ha sorprendido. Venía leyendo en declaraciones de prensa de responsables gubernamentales en distintos niveles que se daba un peso específico a la oferta económica. Parece
ser que se puntuaba sobre 45 y el plan de flota, el plan empresarial, el plan industrial se puntuaba sobre 55. Parece ser que el grupo que ha sido beneficiario ha aportado aproximadamente un millón de euros más que otros, y eso ha sido ya
suficiente, tal como ha dicho usted. He anotado, y releeré en el 'Diario de Sesiones', que ha sido el factor determinante, no los servicios que presta.
Hay una cadena de circunstancias que llevan razonablemente a decirle al Gobierno: Reanalicen un proceso que está siendo de auténtica sorpresa procedimental con el tema del banco, con intereses desde luego cruzados, con accionistas
mayoritarios...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Segura, su tiempo ha concluido.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
El martes en la sesión plenaria este grupo parlamentario presentará la correspondiente moción, y continuaremos debatiendo este tema.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Segura, insisto en los mismos argumentos que le he expuesto anteriormente. El primero de ellos es que entender, señor Segura, que el Estado está haciendo un acto de generosidad en la liquidación de los resultados, en definitiva en un
proceso de cobertura financiera a una empresa pública, la verdad es que la generosidad yo trato de aplicarla desde el Ministerio de Hacienda, pero le aseguro que no hay tal si no se cumplen estrictamente las condiciones de legalidad de esa
generosidad.
Aquí no hay generosidad que valga -si me permite la expresión- si no es la que viene derivada de las condiciones legales.
En segundo lugar, S.S. parece que se asombra de que las empresas cuando han sido públicas racionalicen sus estructuras de producción como entienda que deba hacerlo su dirección y su consejo de administración.
Eso me parece elemental; con
independencia de que en esa empresa pública se produzca o no la privatización parece fundamental. Ignoro si se ha vendido una terminal de contenedores, pero no entiendo que eso sea precisamente un motivo para rasgarse ninguna vestidura, señoría;
al contrario serán motivos de racionalización de la estructura productiva de una empresa pública.
Señoría, si se trata de cazar fantasmas, vaya a buscarlos a los sitios donde no hay suficiente transparencia, competencia y en definitiva claridad, como hay en otros procesos de privatización que están asegurados por todos los trámites que
pasan.
Después S.S. se refiere al hecho de la retirada del banco asesor, del banco evaluador, el BSCH, que evidentemente obedece a un conflicto de intereses. Efectivamente hay un conflicto de intereses y la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales decide cambiar ese banco evaluador. Dicho conflicto es suficientemente conocido y se debe al nombramiento como miembro del consejo de administración de ese banco de uno de los potenciales adquirentes. Eso es lo único que hay. Por lo
demás, si S.S. se fía de determinadas informaciones publicadas a lo largo de varias semanas, allá S.S. Los procesos hay que hacerlos con mucha más seriedad de la que tienen ese tipo de informaciones que muchas veces son manipuladas, son manejadas
y no tienen otro origen que no sea el típico conflicto de intereses económicos que se produce en un proceso de privatización. No hay que dar mayor importancia política; lo que hay que hacer a la hora de adjudicar es actuar con transparencia, con
claridad y con esas condiciones de garantía a las que me he referido.
Los factores determinantes de esa adjudicación han sido, como he enunciado, el plan de inversión, el plan industrial, la garantía de los puestos de trabajo y en tercer lugar he hablado del precio, pero la diferencia de precio entre el grupo
al que se ha adjudicado y el siguiente está muy por encima de ese millón de euros al que se refería S.S. Estamos hablando de una diferencia de precio que ha marcado una adjudicación que hay que valorar en todo momento como hecha desde criterios de
concurrencia, transparencia y, como ahora veremos, de la competencia que se pueda derivar de las posiciones de mercado y que están en manos de las autoridades de Defensa de la Competencia.
Efectivamente, el martes próximo, el Grupo Socialista va a presentar una moción consecuencia de esta interpelación. Veremos si en esa moción el Grupo Socialista hace o no una crítica política fácil, demagógica de lo que ha sido un proceso
de privatización. Veremos si por su parte, señor Segura, hay suficiente sentido de la responsabilidad como para valorar en sus justos términos un proceso de privatización como el que ha tenido lugar en la Compañía Trasmediterránea.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro. (Una señora diputada: ¡Qué cara tiene!)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000209.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de telecomunicaciones del Gobierno.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, de acuerdo con el informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en el año 2001 y en el conjunto del Estado español hubo un crecimiento de este sector menor
al experimentado
en años anteriores; hubo -son también datos de esta Comisión- un retroceso en la inversión de más de 2.000 millones de euros y hubo también -esto no puede dejarse de destacar- un sector que creció el 184,3 por ciento respecto al año 2000,
que fue el sector del cable. De todos modos, estamos en una situación de cierto estancamiento, estancamiento también en lo que se refiere a la introducción de competencia, porque la CMT dice que uno de cada dos euros que ingresan las empresas de
telecomunicaciones es ingresado por Telefónica. No voy a negar que algo se ha avanzado en estos años; faltaría más que en años de avance tecnológico en materia de telecomunicaciones este avance no se tradujese en una mayor penetración social de
estas tecnologías. Lo que nos debemos cuestionar es si la política seguida por el Gobierno del Partido Popular favoreció o entorpeció una extensión social y territorial más justa del acceso a las telecomunicaciones, o si las vías escogidas son las
que mejor garantizan el futuro desarrollo de la sociedad de la información y de los beneficios a ella ligados. En este sentido, señor ministro, me permitirá que haga referencia a algunos problemas.
Un primer problema, en el que se engloban otros, es que el tiempo, desde mi punto de vista demuestra que no es posible lograr una competencia real y efectiva en este sector a través de la reutilización de la red propiedad del operador
dominante. Es necesario lograr y fomentar la competencia en infraestructuras capaces, y a algo de eso se refirió en su comparecencia de esta mañana. Esta mañana manifestó que su intención era apoyar a los operadores que inviertan en redes, que
inviertan en nuevas infraestructuras y que no se dediquen sólo a alquilar redes ya existentes de otros operadores. Nosotros, desde el Bloque Nacionalista Galego coincidimos en este criterio, eso sí siempre y cuando este apoyo a la creación de
nuevas infraestructuras también incida en lo que esta mañana le dije, en ese equilibrio territorial que se echa en falta, siempre y cuando dicho a poyo a nuevas infraestructuras suponga una regulación asimétrica, es decir una regulación que
favorezca a operadores entrantes dispuestos a invertir, y que no pueda ser aprovechada por el operador dominante para consolidar una situación de oligopolio.
Desde luego, actuaciones como revisar el título habilitante de que goza ex lege Telefónica en virtud de la Ley del Cable de 1995, eximiéndola de la obligación de desenvolver, de desarrollar nuevas redes de cable, desde nuestro punto de vista
es un paso atrás en este camino, no sólo porque incrementa su posición de dominio en el mercado de la telefonía fija y más allá, en el mercado audiovisual y de Internet a través del ADSL, sino también y sobre todo porque estas decisiones comprometen
el futuro de la banda ancha.
Como reconoce la propia Comisión de la Unión Europea en el informe que usted seguramente también conoce, el ADSL es únicamente un parche, una solución parcial y provisional que parte de la utilización de la red de cobre actualmente
existente, y lo que se debe hacer, por lo menos es lo que recomienda ese informe de la Comisión de la Unión Europea, es promover el despliegue de nuevas infraestructuras de fibra óptica públicas o privadas, es decir favorecer una decisión
estratégica similar a la que supuso hace más de 70 años la cobertura del territorio a través de una red de cables de par de cobre, al margen de otros beneficios, por ejemplo la ausencia de contaminación electromagnética que las redes de cable tienen
frente a las redes de telefonía móvil. Eso sí, dar cobertura a todo el territorio del Estado es bastante más caro cableando que poniendo repetidores de telefonía móvil. Por tanto, señor ministro, en este tema creo que es necesario pasar de las
intenciones a los hechos, y de verdad favorecer las inversiones en nuevas redes con mecanismos diversos: mecanismos fiscales, ayudas directas, o incluso favorecer el despliegue de estas nuevas redes a través del uso de redes públicas ya existentes,
viarias o energéticas, porque si no, como usted bien sabe, un cableado integral del territorio de un país como Galicia deviene prácticamente inabordable para las empresas. De nuevo es una recomendación de la Unión Europea que otros Estados europeos
están siguiendo, pero no es el caso del Estado español ni de su Gobierno.
En segundo lugar, también cabe hablar de la apertura del bucle local. En relación con lo anterior, todos sabemos que los costes derivados del bucle local, tanto la renovación y el mantenimiento de la red en el caso del operador dominante
como el despliegue en el caso de los operadores entrantes, son mucho mayores que los derivados de otros tramos de la red.
Sin embargo, la política seguida hasta ahora, abaratar los costes de alquiler del uso de estas redes en beneficio de
operadores sin red y desincentivando la inversión en nuevas infraestructuras, no hizo más que favorecer al operador dominante y desincentivar la inversión en nuevas redes, dificultando la entrada de esos nuevos operadores que son los que usted -y
ahí coincidimos- dice querer favorecer.
Hay otra cuestión que es la simetría regulatoria entre fijo y móvil. No se le escapa a usted, supongo que es uno de los problemas pendientes que se encontró cuando llegó al departamento, que un operador de móvil, a través del uso de la red
fija y de la existencia de una oferta de interconexión de referencia, desde el principio puede competir con los operadores de telefonía fija. Esto no sucede en el caso de los operadores de telefonía fija. Dada la falta de desarrollo de la licencia
A-2, operadores móviles virtuales deben llegar -se dice en la Orden de 14 de marzo de 2002- a un acuerdo voluntario con el operador de telefonía móvil, y usted sabe que ese acuerdo voluntario, si no hay una oferta de referencia, como sí sucede en
telefonía fija, es una utopía, es inexistente. ¿Consecuencias que ya se están produciendo? Que muchos operadores de telefonía fija, que sí invierten en crear redes pierden concursos, por
ejemplo, el de la Xunta de Galicia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que se prevé en los respectivos pliegos, no pueden responder a la demanda global de telecomunicaciones de una determinada entidad pública o de una determinada entidad
privada.
Dentro de esta asimetría entre fijo y móvil también cabe hablar de los precios de interconexión. Los precios de interconexión fijo-móvil son 11 veces superiores al precio de interconexión móvil-fijo, y este precio, siguiendo lo que usted
dijo esta mañana, no tiene nada que ver con una estructura de costes. Sabe que es mucho más barato cubrir el territorio con una red de telefonía móvil que cubrirlo con una red de cable o de telefonía fija; por tanto es evidente que aquí hay una
asimetría regulatoria que habrá que resolver. Como puede comprender, esto es especialmente negativo para operadores entrantes de telefonía fija e incluso se ve agravado por prácticas que no encuentro otra forma de calificarlas sino como prácticas
de dumping. Ciertas compañías, entre ellas el operador dominante, ofrecen a sus clientes finales precios inferiores incluso a los precios de interconexión. Aquí también la falta de reacción del Gobierno parece evidente.
Otra cuestión es la telefonía rural, más de 260.000 hogares en el conjunto del Estado, más de 80.000 en Galicia. La disposición transitoria duodécima de la Ley de servicios de la sociedad de la información establece una regulación de
mínimos, y a nosotros -así lo dijimos durante la tramitación de esa ley- nos parece totalmente insuficiente. Que hasta el 31 de diciembre del año 2004 no se sustituyan estos teléfonos rurales de acceso celular aún no se sabe por qué tipo de
tecnología, nos parece del todo insatisfactorio. Ya que estamos ante una regulación de mínimos, creo que sería necesario un esfuerzo para superar estos plazos, es decir para adelantar la sustitución de los TRAC a los plazos previstos en la ley.
Respecto a los fondos FEDER, espero que pueda haber fondos FEDER. Sí sé que el comisario de Política Regional de la Unión Europea, señor Barnier, el 26 de abril de 2002, en respuesta a una pregunta del eurodiputado del Bloque Nacionalista
Galego Camilo Nogueira, dijo que en el marco comunitario de apoyo 2000-2006 hay un plan operativo llamado sociedad de la información, que está financiado con 1.000 millones de euros, que deben ser aportados al 50 por ciento por el FEDER y por el
Gobierno español, pero que -hablo de abril del año 2002- la Comisión Europea no podía decir qué impacto tendría este plan en Galicia porque aún no había recibido ningún tipo de comunicación, ningún tipo de oferta del Gobierno español. En este
sentido usted contestará si se avanzó algo o seguimos en las mismas.
Tampoco estamos de acuerdo en la forma en que se va a realizar la sustitución de la TRAC, la telefonía rural de acceso celular, porque se va a condenar a los actuales usuarios de esa telefonía a seguir atados a Telefónica. Con la fórmula
elegida y sin haber constituido el fondo de compensación previsto en la Ley general de Telecomunicaciones para financiar el servicio universal, se está impidiendo que otros operadores entren, seguramente con tecnologías de mayor futuro, a sustituir
estos teléfonos, y ustedes saben que ofertas también había.
Respecto a las tarifas (y no quiero hacer referencia a la danza de los últimos meses, con afirmaciones, desmentidos, subimos, bajamos, etcétera), únicamente le voy a decir que estamos de acuerdo en que tiene que haber tarifas que permitan a
los operadores desarrollar un esfuerzo inversor, pero también tiene que haber tarifas que permitan el acceso de todas las personas -de todas y vivan donde vivan- a los servicios de telecomunicaciones y no, como sucede ahora, que las llamadas más
frecuentes, locales, metropolitanas y la propia cuota de abono suban y subvencionen las bajadas en otros tramos.
La tarifa plana, efectivamente no es un precio que responda a una estructura de costes, es un precio político, pero es que estamos hablando de una medida de fomento, de una medida que debe incentivar la expansión social y territorial del
acceso a Internet.
En cuanto a las antenas de telefonía móvil -y ya acabando-, sin dramatismos pensamos que es necesario modificar el Real Decreto de septiembre del año pasado y respetar las competencias municipales en la materia, por ejemplo establecer un
régimen de distancias mínimas que evite problemas como el recientemente vivido en Valdoviño, A Coruña, y que el ministerio, y no sólo las operadoras, realice una labor de inspección que a estas alturas aún no sabemos cómo se ha realizado, si es que
algo se ha realizado.
Quiero acabar diciendo algo que ya dije esta mañana. Nosotros, desde el Bloque Nacionalista Galego, estamos en contra de la concentración empresarial en este sector no sólo por razones ideológicas o filosóficas sino por razones de
equilibrio territorial, que usted puede entender perfectamente. Cualquier tipo de concentración empresarial en este sector, que ya está sucediendo, sería directamente negativo para Galicia.
Nosotros sabemos que el desarrollo de un sector de
telecomunicaciones propio en Galicia y en otras comunidades autónomas permite atraer a otras empresas intensivas en tecnología, Commcenter, por ejemplo, permite crear empleos de calidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Aymerich, su tiempo ha concluido.
El señor AYMERICH CANO: Acabo enseguida.
Esto no es lo menos importante sino que permite desarrollar un sector que elabore contenidos vitales para el desarrollo y la normalización de nuestra lengua y nuestra identidad. Y esto, señor ministro, estamos dispuestos a defenderlo
siempre.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señoría, esta mañana a lo largo de mi comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología en este Congreso de los Diputados hemos tenido ya ocasión de tratar muchas de las cuestiones que usted ha suscitado. Ha planteado cosas concretas
que me parecen muy atinadas y le anticipo mi disposición a tratarlas durante el turno de réplica, pero dado que en principio la interpelación estaba dirigida a la política de telecomunicaciones del Gobierno, entiendo que me permitirá centrarme
precisamente en cuál es esa política, con independencia de que pueda tratar algunas cuestiones concretas que usted ha suscitado ya en su primera intervención y que muestre mi predisposición a discutirlas abiertamente a lo largo del turno de réplica.
La política de telecomunicaciones del Gobierno se ha caracterizado desde el principio por una voluntad constante de liberalización y de apertura a la competencia de un sector cuyo desarrollo y progresión es vital y estratégico para el
crecimiento económico y la prosperidad de España.
Desde un primer momento la expansión y la consolidación de las telecomunicaciones han supuesto para el Gobierno uno de nuestros objetivos estratégicos más prioritarios. Buena prueba de eso fue la
acertada decisión, adoptada en el año 1996 después de entrar en el Gobierno, de renunciar al período de moratoria que la Unión Europea había dispuesto a favor de España para liberalizar el sector y propuesta por los gobiernos anteriores, de tal
manera que se mantenía la situación de monopolio de Telefónica hasta el año 2003. Esta decisión ha permitido que las ventajas y los beneficios propios de la introducción de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones se adelanten
considerablemente, ventajas y beneficios, no lo olvidemos, de los que se han aprovechado especialmente los consumidores que han visto desde entonces incrementada la calidad y la cantidad de las ofertas al mismo tiempo que disminuían, como hemos
tenido ocasión de comprobar esta mañana, sustancialmente los precios. Hoy el Gobierno continúa más que nunca apostando por dinamizar el sector como motor de impulso de nuestra economía y como instrumento esencial para implantar en España la
sociedad de la información.
Antes de entrar en el desarrollo de la política del Gobierno en relación con el sector quisiera referirme a la coyuntura específica, como lo he hecho ya esta mañana, por la que atraviesa, pues ello marca decididamente las líneas de actuación
y las medidas concretas que hemos puesto en marcha en algunos casos y que en otros queremos poner en marcha de manera más o menos inmediata. El escenario económico actual viene marcado por el escaso crecimiento de las principales economías
mundiales. A pesar de eso en España la situación sigue siendo en términos relativos favorable, ya que si bien nuestra economía experimenta un crecimiento menor al de los últimos años, en cambio continúa estando sustancialmente por encima de los
indicadores de nuestros socios europeos. Pero si me refiero a la situación del sector de las telecomunicaciones, la mayor parte de los operadores en el ámbito mundial han sufrido el impacto de lo que se llama el estallido de la burbuja tecnológica
y el consiguiente descalabro en el mercado bursátil. Además en el ámbito de la Unión Europea las más grandes y en algún caso desorbitadas inversiones realizadas con motivo de la participación en las subastas de licencias de telefonía móvil de
tercera generación, han incidido muy negativamente en los planes de negocios de algunas empresas. Ello ha ocasionado que algunos operadores atraviesen por una coyuntura muy difícil, como estamos viendo todos los días a través de los medios de
comunicación, con elevados índices de endeudamiento y con un bajo valor en Bolsa, cada vez peor, que hacen muy complicada la obtención de vías de financiación. Y aún así los operadores en España se encuentran en términos relativos, insisto, en
mejor situación. Ello se debe en gran parte a la decisión del Gobierno en su momento de no otorgar las licencias de telefonía móvil de tercera generación mediante el sistema de subasta, lo que hubiera provocado una situación mucho más dura para
nuestras empresas y un descenso de las garantías en la prestación de los servicios para los usuarios. Por tanto, estamos en nuestro país en condiciones para remontar esta situación y eso se demuestra porque en materia de empleo a lo largo del año
2001, a pesar de las dificultades, ha existido creación neta de empleo en el sector.
Por todo ello y en línea con el compromiso adquirido por el Gobierno de impulsar el sector de las telecomunicaciones, estamos preparando un paquete de medidas para
promover una etapa de expansión de las telecomunicaciones que nos permita continuar con la inversión en el despliegue de redes e infraestructuras de banda ancha, que es un elemento esencial para desarrollar la sociedad de la información y teniendo
en cuenta que hay que tener muy claro que el desarrollo masivo de esta sociedad de la información se encuentra estrechamente unido al avance y la consolidación de las telecomunicaciones. Estamos ante un proceso irreversible. No podemos caer, como
comentábamos esta mañana, en una especie de movimiento pendular y debemos tener muy clara cuál es la dirección de nuestra política y de nuestro horizonte estratégico.
Por tanto, ante esta situación compleja, la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones persigue dos grandes objetivos: Impulsar la competencia y garantizar los derechos de los ciudadanos en tanto que usuarios, para lo cual
estamos procediendo a la adaptación
del marco legal. En primer lugar, en cuanto al objetivo de impulsar la competencia, el paquete de medidas que se aplicará en breve y que he tenido ocasión de explicar esta mañana tiene como finalidad reactivar la demanda, mejorar la
capacidad de inversión de los operadores y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los consumidores. En concreto, se trata de apoyar a aquellos operadores que siguen innovando, invirtiendo en redes e infraestructuras rápidas, seguras y de
calidad, como la banda ancha, es decir, apoyar a todos aquellos que aporten valor al mercado, a los usuarios y a la industria. Y las medidas que proponemos son básicamente las siguientes: Primera, revisar el régimen tarifario, lo que se conoce
como price cup, a fin de convertirlo en un instrumento flexible para fijar precios y asegurar la competencia. También vamos a incluir la factura única, en otros términos, el bucle virtual de abonado. Quiero insistir en que de todas las medidas las
dos últimas son de enorme importancia por afectar no sólo a los operadores, sino también a consumidores y usuarios. Además vamos a reformar en la fijación de los precios los precios de interconexión entre las redes de los nuevos operadores y las de
Telefónica, primando el criterio de capacidad contratada frente al criterio, como hasta ahora, de tiempo de duración del uso de la infraestructura. Vamos a revisar además los compromisos de inversión de los operadores de cable y de bucle local vía
radio, lo que se llama LMDS, a fin de que puedan disponer de mayor viabilidad financiera. Vamos a limitar la actividad comercial de Telefónica como operador dominante en telefonía fija con el objetivo de no descremar el mercado. Vamos a
promocionar mayor competencia en los sistemas de contratación por concurso convocados por las administraciones públicas, para poder abrir así a los otros operadores alternativos al operador dominante todo este tipo de líneas de negocio.
Por último, vamos a ir en la vía de armonizar los impuestos locales para evitar una tributación local que sea disuasoria a la hora de instalar y desplegar redes de telecomunicaciones. Y todo este conjunto de medidas se van a sumar a otras
ya adoptadas con anterioridad y que responden al mismo objetivo, que es impulsar la competencia, elevar de dos a cuatro meses las restricciones impuestas a Telefónica para realizar ofertas comerciales a aquellos clientes que hayan preseleccionado
sus servicios con otro operador y también la bajada de los precios de interconexión de los servicios de fijo a móvil, medida que fue aprobada mediante resolución de la CMT el pasado mes de junio. Asimismo y dentro de las actuaciones desarrolladas
para potenciar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, estamos llevando a cabo una política de fomento de las nuevas tecnologías de la información. El sector público puede actuar como un agente dinamizador que incentive el sector
contribuyendo a potenciar la oferta y la demanda de servicios de telecomunicaciones y ello lo estamos articulando a través de tres vías. La primera es la formación de los ciudadanos en tecnologías de la información y las comunicaciones. En segundo
lugar, incorporando esas nuevas tecnologías en la organización a través de la denominada administración electrónica y, finalmente, estableciendo deducciones y beneficios fiscales para adquirir equipos informáticos tanto en las empresas como en los
hogares.
Si me refiero al objetivo de garantizar los derechos e intereses de los usuarios de servicios, estamos trabajando en la renovación de las líneas TRAC, tema que sé que interesa especialmente a S.S., para lograr una mayor cohesión social y
territorial, y también estamos trabajando en la elaboración de una base de datos sobre los niveles de emisiones de las instalaciones de telecomunicaciones que con toda la transparencia necesaria será accesible al público a través de la red, a través
de Internet. En cuanto a la renovación de las líneas TRAC, y gracias a una iniciativa española, la nueva directiva comunitaria relativa al servicio universal incluye en el concepto de servicio universal que la conexión a la red telefónica debe
permitir en cualquier caso la transmisión de datos a velocidad suficiente para acceder de forma eficaz a Internet. Sin embargo, no hemos esperado a la trasposición al derecho propio de esta directiva, sino que nos hemos adelantado y lo hemos
incluido, como S.S.
conoce perfectamente, en la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En esa ley se establece también que para llevar a cabo la sustitución del TRAC el operador dominante en redes fijas debe
presentar en un plazo de cinco meses un plan detallado de actuación que abarque a todos los usuarios TRAC antes del final del año 2004. Además, vamos a contar, como he tenido ocasión de detallar esta mañana, con una financiación de 145 millones de
euros, más de 24.000 millones de pesetas, de los fondos FEDER para las regiones Objetivo 1, y que desde luego incluyen a Galicia.
En cuanto a las emisiones radioeléctricas y tras haber llevado a cabo un plan de inspecciones, debo decirle que los niveles de emisión no resultan en absoluto perjudiciales - y soy muy drástico y muy claro en este sentido- para la salud, ya
que están muy por debajo de todos los valores de referencia que establece la normativa. De todas formas, vamos a continuar las inspecciones, se seguirán atendiendo los requerimientos que se están recibiendo y en esta línea estamos ultimando los
trabajos para, elaborando una base de datos, que ésta sea accesible al público a través de Internet y que disponga de todos los datos de niveles de emisiones de las diferentes estaciones radioeléctricas para inspirar la máxima tranquilidad. Tras la
realización del plan de inspecciones, como digo, perseguimos en este asunto la máxima transparencia posible en beneficio de los ciudadanos.
A estas actuaciones cruciales para garantizar los derechos de los ciudadanos se suman las desplegadas con relación a los usuarios discapacitados -hemos
tenido ocasión también de tratar este tema a fondo esta misma mañana- para facilitarles el uso de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, garantizando la existencia de teléfonos públicos disponibles desde una ubicación fija,
garantizarles la accesibilidad a los servicios de información internacional y a los servicios de urgencia y también la transparencia de los precios y tarifas establecidos mediante el envío de facturas detalladas en formatos alternativos.
Finalmente, dentro de este apartado garantista de los derechos de los usuarios, quiero subrayar la promulgación de la normativa reguladora con relación a los servicios telefónicos de tarificación adicional prestados hasta ahora a través de
las líneas 903 y 906, suficientemente conocidas.
Para alcanzar los objetivos propuestos, contamos con el instrumento del marco legal, que no es un modelo rígido. Se caracteriza por su flexibilidad permitiendo su adecuación a las grandes
transformaciones que está experimentando por otra parte el sector de las telecomunicaciones.
En suma, se trata de configurar una regulación que proporcione seguridad y confianza, que sea de mínimos pero que sea sencilla y eficaz, de forma que el
mercado venga únicamente determinado al final por la ley de la oferta y la demanda. En este apartado llevamos a cabo la modificación de la Ley general de telecomunicaciones para trasponer a nuestro ordenamiento jurídico el nuevo marco comunitario
en materia de comunicaciones electrónicas y adaptar así el mercado al despliegue de la banda ancha y a la neutralidad tecnológica. Estamos elaborando un nuevo reglamento...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Termino enseguida, señora presidenta.
Estamos elaborando, repito, un nuevo reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para facilitar el acceso de los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.
Como ven, señorías, la política del Gobierno se encamina a impulsar prioritariamente el sector, no sólo por los factores de inversión e innovación, generación de empleo, creación de riqueza, etcétera, para que sea un factor de crecimiento en
nuestra economía y ejerza de motor de arrastre a otros sectores, sino también por el importante potencial de este sector para contribuir al objetivo esencial del Gobierno de incrementar la cohesión social y territorial.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, señor ministro, ya dije por la mañana que la música no me sonaba mal, pero falta la letra.
Las intenciones son buenas, pero tampoco eran malas a priori las expresadas por su antecesora y
basta esperar que se concreten en hechos y en medidas concretas. Por ejemplo, en el ámbito de la tributación local estoy de acuerdo que es necesario eliminar o establecer un régimen distinto, pero lo primero que es necesario hacer -y tengo una
pregunta parlamentaria desde ya hace casi año y medio sin responder- es eliminar el régimen fiscal exorbitante de que goza en este momento Telefónica, que por cierto grava los municipios. En cuestiones como la telefonía rural, no quiero entrar en
polémicas pero, ¿qué no esperaron a la directiva europea? Esta es la argumentación y la excusa que se nos dio muchas veces en la Comisión de Ciencia y Tecnología para justificar el no cumplimiento de una proposición no de ley que se aprobó en
diciembre del año 2000: Estamos esperando la declaración de servicio universal de la directiva europea. Yo argumentaba que no era necesario esperar, sino que es algo en que los Estados pueden adelantarse, y usted acaba de reconocerlo, pero sí
esperaron a la declaración de la directiva europea, y le voy a decir por qué, porque si no existía esa declaración difícilmente se podría acceder a los fondos FEDER. Ese es el reconocimiento de que está sin constituir el Fondo de Compensación del
Servicio Universal, de que se baja la tasa radioeléctrica, y ese dinero podría haberse invertido antes y no tener que esperar hasta diciembre de 2004 para la sustitución de los teléfonos rurales de acceso celular.
Yo no voy a entrar ya en más cuestiones concretas, voy a quedarme con su voluntad de diálogo y consenso y espero que la misma se traduzca la semana que viene en una voluntad de acuerdo y de consenso por parte del grupo que da sustento al
Gobierno. Veremos si en la moción subsiguiente a esta interpelación encontramos puntos de encuentro y lugares en los que pueda salir de esta Cámara un impulso a la nueva política de telecomunicaciones, distinta de la que se estuvo llevando hasta
ahora, que corrija los problemas creados -y esto también se lo tengo que decir claramente- y permita la existencia de un sector de telecomunicaciones propio, integrado, etcétera, de cada una de las sociedades que integran el Estado. Nosotros
pensamos que el Estado español es plurinacional, por tanto que en él conviven varias sociedades, y una sociedad debe tener su espacio de opinión pública, su espacio audiovisual propio, y esto no puede conseguirse sin un sector propio en materia de
telecomunicaciones.
No estamos hablando de compartimentos estancos, todo lo integrado que se quiera, pero decir que la regulación o la política gubernamental vendrá dictada únicamente por la oferta y la demanda -se lo dije también esta mañana-,
¿entonces para qué queremos un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Dejemos que el mercado actúe y tome
sus decisiones. Desde luego no es nuestro punto de vista y espero que tampoco sea el suyo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro de Ciencia y Tecnología.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve. Correspondiendo al tono del interpelante, señor Aymerich, le voy a decir que vamos a seguir hablando y trabajando con el mismo espíritu que hemos iniciado esta misma mañana durante la comparecencia en la Comisión de
Ciencia y Tecnología en este mismo Congreso de los Diputados. Yo estoy abierto a buscar puntos de consenso y elementos de acuerdo entre todos. Creo que la voluntad de diálogo y consenso debe de estar clara y es transmisible, sin ninguna duda, a
nuestro grupo parlamentario. Lo que no va a hacer nuestro grupo parlamentario es violentar lo que es nuestro programa y lo que son nuestros principios al respecto. A partir de ahí y con ese límite, que es un límite, por otra parte, que dicta la
racionalidad política, vamos a intentar ver si podemos encontrar puntos de conexión y, en definitiva, de encuentro. Evidentemente uno de ellos es el desarrollo de la sustitución del TRAC. Usted dice que hemos esperado a que se pudiera aplicar la
normativa europea, y yo creo que eso es razonable. Lo que es importante es que ahora tenemos una gran cantidad de recursos específicamente destinada a eso, que puede representar un gran avance. Creo honestamente que en la media que podamos
desarrollarlo a lo largo de los meses que quedan del año 2002 y de todo el año 2003, tampoco son plazos tan largos como para que podamos presentar a los ciudadanos resultados tangibles.
Las cosas no se cambian de un día para otro, ni se transforman
de un mes para otro; las cosas requieren su tiempo. Estamos hablando de muchas líneas. Si a lo largo del año 2003 conseguimos nuestros objetivos, todos, ustedes y nosotros, podremos estar satisfechos.
Un último comentario respecto a los espacios audiovisuales propios. Yo no confío todo en las fuerzas del mercado, aunque confío muchísimo en ellas porque me tengo por una persona liberal que cree en estas cosas, pero también soy muy
consciente del papel de los poderes públicos, del papel de las administraciones del Estado, de las comunidades autónomas en nuestro país, de las corporaciones locales porque, al final, un país se va construyendo con el esfuerzo de todos. Desde ese
punto de vista, ¿cómo vamos a negar el extraordinario papel jugado por las radiotelevisiones públicas de ámbito autonómico y por las radiotelevisiones públicas de ámbito local, con todos los problemas jurídicos, legales y de adaptación que sabemos
que tienen? Por eso me he comprometido a avanzar criterios y, si es posible, a presentar ante esta Cámara los nuevos principios orientadores de una nueva regulación del sector audiovisual en España, incluyendo todos estos aspectos. El papel jugado
a ese nivel es fundamental, pero no me negará usted que para eso no hace falta contraponer una cosa con la otra, sino complementarla, y esas cosas tienen mucho que ver con la iniciativa privada. En la medida en que todo ello pueda ser compatible en
beneficio de los ciudadanos, nos van a encontrar en el Gobierno en sentido favorable.
Muchas gracias, señoría.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.