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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 10/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 183
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 176
celebrada el martes, 10 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 9139)
Toma en consideración de Proposición de Ley de Comunidad Autónoma:
- De la Junta General del Principado de Asturias, sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos y efectos postales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 209-1, de 22 de febrero de 2002. (Número de expediente
125/000018.) ... (Página 9140)
Modificación del orden del día ... (Página 9148)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, integral contra la violencia de género (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm.
183-1, de 21 de diciembre de 2001. (Número de expediente 122/000163.) ...
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas relativas a la liberalización del suministro de energía eléctrica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 150, de 16 de marzo de 2001. (Número de expediente
162/000252.) ... (Página 9163)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para coordinar actuaciones ante brotes de legionelosis. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 399, de 6 de septiembre de 2002. (Número de expediente 162/000548.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos de actuación del Gobierno para garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana en Cataluña durante el presente proceso de sustitución policial. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 390, de 25 de julio de 2002.
(Número de expediente 173/000146.) ... (Página 9178)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas en el término municipal de Zaragoza.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 390, de 25 de julio de 2002. (Número de expediente 173/000147.) ... (Página 9181)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley agraria norteamericana (Farm Bill). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 390, de 25 de julio de 2002. (Número de expediente 173/000148.) ... (Página 9185)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 9139)
Toma en consideración de proposición de Ley de Comunidad Autónoma ...
(Página 9140)
De la Junta General de Principado de Asturias, sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos y efectos postales ... (Página 9140)
Intervienen en la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos y efectos postales los señores García Valledor, Álvarez Saavedra y la señora Carcedo Roces, todos ellos
representantes de la Junta General del Principado de Asturias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora García Arias, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Rozada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos y efectos postales, se rechaza por 144 votos a favor, 165 en contra
y dos abstenciones.
Modificación del orden del día ... (Página 9148)
La Presidencia, conforme al artículo 68. 1 del Reglamento y de acuerdo con la Junta de Portavoces, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de tramitar el punto séptimo del mismo, relativo a los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, tras el punto octavo, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de
la ocupabilidad, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de Ley ... (Página 9148)
Del Grupo Parlamentario Socialista, integral contra la violencia de género (orgánica) ... (Página 9148)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley integral contra la violencia de género, del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Navarro Garzón. Explica que la violencia de género es aquella que se ejerce motivada por la
necesidad de controlar del agresor, para que la mujer sepa en todo momento quién tiene la autoridad y quién manda, y en esa relación, donde la agresividad es la característica fundamental, de vez en cuando se produce la agresión física, que es la
más llamativa y visible, pero la vida cotidiana está compuesta de violencia psicológica y sexual que no sólo sufren las mujeres sino también, de forma directa o indirecta, los menores que conviven en esa familia. Tras analizar las raíces de esa
violencia y la responsabilidad de todos y de todas de erradicarla de la sociedad, explica las medidas llevadas a cabo desde 1989, cuando el Senado aprobó un informe donde se planteaba el problema y los orígenes de los malos tratos así como las
iniciativas para afrontarlo.
A continuación expone que la violencia de género es un problema social, que supone un atentado a los derechos humanos y que éstos siempre deben ser protegidos por ley. De ahí que su grupo proponga una ley integral que garantice a las
mujeres su derecho a la vida, a vivir en libertad y a la salud, apostando por una igualdad real entre hombre y mujeres. Explica el contenido de la proposición de ley y termina pidiendo el voto afirmativo de todos los grupos a su toma en
consideración y leyendo un texto remitido por un grupo de mujeres.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley integral contra la violencia de género del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 151 votos a favor y 165 en contra.
Proposiciones no de Ley ... (Página 9163)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas relativas a la liberalización del suministro de energía eléctrica ... (Página 9163)
El señor Gámir Casares, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que viene a corregir técnicamente y al mismo tiempo poner al
día una proposición no de ley del año 2001, situándola dentro de los dos pilares básicos de la economía del Gobierno del Partido Popular, como son el déficit cero y la política de liberalización económica. A continuación pasa a explicar los puntos
más importantes de la enmienda, que son la necesidad de que este proceso de liberalización se inicie el 1 de enero de 2003, con los medios legales y materiales necesarios; la necesidad de incrementar la oferta existente de electricidad y de gas,
recordando una serie de cifras al respecto; y la petición de que el Gobierno comparezca anualmente ante el Parlamento para explicar cómo evoluciona la planificación.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas relativas a la liberalización del suministro de energía eléctrica, en los términos derivados del debate y con el texto de la enmienda
transaccional que ha sido presentada, se aprueba por 169 votos a favor, 113 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para coordinar actuaciones ante brotes de legionelosis ... (Página 9171)
La señora Rumí Ibáñez defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, una proposición no de ley que responde a la convicción de su grupo de que es una obligación de los poderes públicos responder
con agilidad a los problemas que surgen periódicamente en nuestra sociedad y que preocupan a los ciudadanos, en especial aquellos problemas de salud pública, como es el caso de los brotes de legionelosis que se vienen repitiendo a menudo en
España. Acusa a la máxima autoridad sanitaria de haberse limitado a trasladar responsabilidades a las comunidades, olvidando que una sanidad transferida no equivale a un Ministerio de Sanidad insolvente. Se refiere a los brotes de legionelosis
ocurridos este verano, reclamando una vez más al Gobierno un proyecto de ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud que permita disponer del armazón jurídico necesario para una efectiva coordinación en beneficio de todos los ciudadanos,
garantizar sus derechos de igual forma en cualquier lugar del territorio y lograr disponer de mecanismos de coordinación entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad y Consumo, siempre desde el respeto al marco compentecial.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para coordinar actuaciones ante brotes de legionelosis, se rechaza por 110 votos a favor, 167 en contra y tres abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9178)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos de actuación del Gobierno para garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana en Cataluña durante el presente proceso de sustitución policial ... (Página
9178)
Defiende la moción el señor Pedret i Grenzner, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Muestra la preocupación de su grupo por la inseguridad de los ciudadanos frente a la precariedad laboral, frente a la mortalidad en los accidentes
de trabajo, frente a la inseguridad de las prestaciones de la Seguridad Social, frente a un mercado de trabajo desestructurado y frágil, pero también frente a la delincuencia, pequeña y grande, que atenta a la convivencia, especialmente en Cataluña
en el momento actual donde, como consecuencia de la sustitución policial, el estímulo para que los funcionarios de Policía de los cuerpos estatales permanezcan en sus destinos es escaso por no decir nulo. Afirma que los niveles de protección de los
ciudadanos de Cataluña son inferiores a los que serían necesarios y que el mantenimiento del instrumento policial es necesario, aunque no el único, porque la inseguridad no se combate sólo con la Policía. Por ello, proponen en su moción una serie
de medidas absolutamente razonables para asegurar la tranquilidad y el derecho a la libertad de los ciudadanos en Cataluña en estos momentos.
En defensa de la enmienda presentada a la moción interviene el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre propósitos de actuación del Gobierno para garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana en Cataluña durante el presente
proceso de sustitución policial, se rechaza por 94 votos a favor, 156 en contra y siete abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas en el término municipal de Zaragoza ...
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que esta moción presentada por la Chunta Aragonesista dimana de la interpelación formulada al
ministro de Defensa el pasado mes de junio, en la que se demandaba información sobre los planes del Gobierno con respecto a la utilización futura de instalaciones militares en la ciudad de Zaragoza, y considera llegado el momento de emprender de
modo inmediato actuaciones entre las administraciones públicas implicadas -el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Zaragoza fundamentalmente- para conseguir que
se dé cumplimiento a una demanda plenaria, justa y razonable, manifestada por los grupos municipales representados en esa ciudad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Labordeta Subías.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas
en el término municipal de Zaragoza, en los términos derivados del debate y de la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente, se aprueba por 260 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria como consecuencia de la aprobación de la nueva ley agraria norteamericana (Farm Bill) ...
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Companys Sanfeliú, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Recuerda la interpelación urgente del pasado mes de junio en la que su grupo preguntó al
señor ministro de Agricultura sobre el futuro del sector agrario, preocupados por los efectos que la 'Farm Bill' pudiera tener en el conjunto del mercado agrario mundial y por cómo podía afectar a España su aplicación. Sin entrar a analizar dicha
normativa, asegura una vez mas que sus efectos van a ser muy perjudiciales para el conjunto del sector productivo y que, como siempre, quienes la van a padecer con más intensidad van a ser los países en vías de desarrollo, con una economía basada en
gran parte en la agricultura. Opina que la Unión Europea no ha sido capaz de dar respuesta adecuada a esta iniciativa de Estados Unidos, a juzgar por las propuestas de modificación de la Agenda 2000, y considera que quizás sea el momento de dar un
paso adelante, por lo que su grupo ha presentado esta moción a la Cámara en la que se insta al Gobierno a que analice cómo puede afectar esta ley americana al sector agrario y ganadero y tome las medidas necesarias.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista; Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria como consecuencia de la
aprobación de la nueva ley agraria norteamericana, en los términos derivados del debate y que se corresponden con la enmienda transaccional presentada por el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 236 votos a favor.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor, va a proceder al juramento una nueva diputada. Les ruego que ocupen sus escaños.
Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Encarnación Rogado Hernández, en sustitución de don Fernando Fernández de Troconiz Marcos,
para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora ROGADO HERNÁNDEZ: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña María Encarnación Rogado Hernández ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDAD AUTÓNOMA.
- DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SOBRE PRESENCIA DE LAS LENGUAS DEL ESTADO EN LOS SELLOS Y EFECTOS POSTALES. (Número de expediente 125/000018.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley de Comunidades Autónomas, en este caso de la Junta General del Principado de
Asturias sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos y efectos postales.
En primer lugar, y para la presentación y defensa de la iniciativa, en nombre de la Junta General del Principado de Asturias, tiene la palabra don Francisco Javier García Valledor.
El señor REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (García Valledor): Señora presidenta, señorías. La Junta General del Principado aprobó, en sesión celebrada el pasado 22 de noviembre de 2001, la proposición de ley que
hoy se presenta en este Pleno del Congreso para su toma en consideración.
El Parlamento asturiano, haciendo uso de su capacidad de iniciativa legislativa, recogida, al igual que para el resto de asambleas legislativas autonómicas del Estado, en el artículo 87.2 de la Constitución, y también en el propio Estatuto
de Autonomía de Asturias, en su artículo 24.3, ha adoptado de forma unánime presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados esta iniciativa que pretende avanzar en el necesario reconocimiento de la realidad multicultural y plurilingüística de
nuestro Estado. La Constitución, en su artículo 3, establece la pluralidad lingüística de España como riqueza de nuestro patrimonio cultural y mandata su respeto y protección. Poco hemos avanzado, señorías, en el desarrollo de este precepto
constitucional y en la concepción de un Estado plurinacional y pluricultural donde el conjunto de los pueblos que conforman España se reconozca, compartiendo la riqueza de sus culturas.
La iniciativa legislativa que hoy trasladamos desde la Junta General trata de situar en un ámbito muy preciso, en un ámbito muy concreto, como es el de los sellos y efectos postales españoles, la expresión necesaria del multilingüísmo, de la
multiculturalidad del Estado español, a semejanza de otras experiencias que se desarrollan en nuestro entorno europeo, como pueden ser las de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega o Suiza. Es esta una pequeña iniciativa, pero una
iniciativa cargada de un enorme contenido, para hacernos reflexionar sobre la necesidad de defender unos patrimonios culturales, sobre cuya pérdida nos ha vuelto a poner en alerta el informe presentado recientemente por la propia UNESCO, y
trasladada, además, desde una comunidad, desde un país como Asturias, cuya lengua propia, el asturiano, sufre un enorme riesgo de retroceso y pérdida.
El reciente premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Georges Steiner, nos trasladaba en la entrega de los galardones la siguiente reflexión, que quiero compartir con ustedes. Decía el señor Steiner: No hay ninguna lengua
pequeña. Algunas lenguas del desierto de Kalahari tienen más matices sobre el concepto de futuro del subjuntivo que aquéllos de los que disponía Aristóteles. Lejos de ser una maldición, Babel ha resultado ser la base misma de la creatividad
humana, de la riqueza de la mente, que traza los distintos modelos de existencia. De modo incluso más drástico que la actual destrucción de la flora y la fauna, la eliminación de las lenguas humanas -se calcula que podrían quedar unas 5.000 de las
20.000 que existían hace poco- amenaza con vulgarizar, con estandarizar los recursos internos y sociales de la propia raza humana. Seguía diciéndonos Steiner: Por tanto, no me consta que haya un problema más urgente que el de la preservación del
don de lenguas, del Pentecostés, el de la défense et illustration, por usar una expresión conocida desde el Renacimiento, de cada idioma, sin excepción, por muy reducido que sea el número de sus hablantes, por muy modesta que sea su matriz económica
y territorial. Aprender un idioma, leer sus clásicos, contribuir a su supervivencia, aunque sea en modesta medida, es ser más que uno mismo.
La proposición de ley que presentamos para su toma en consideración es una propuesta razonable para incorporar las lenguas del Estado diferentes al castellano a los sellos y efectos postales españoles, es decir, el gallego, el catalán y el
euskera, y las lenguas que aún no son oficiales de acuerdo con sus estatutos, el asturiano, aragonés y occitano del Valle de Arán. Es una iniciativa que fue presentada de forma conjunta por todos los grupos parlamentarios de la Junta General y
aprobada unánimemente por el Parlamento asturiano. Es una iniciativa que, a su vez, recoge el impulso y la aportación de diferentes organizaciones sociales no sólo asturianas, como la Xunta pola Defensa de la Llingua, sino también de ámbito
estatal, como la Organització pel Multilingüisme. Es una iniciativa social que tiene también un refrendo institucional en un número muy importante de ayuntamientos del Estado español, que representan en la actualidad a más de seis millones de
españoles.
Por todo ello, señorías, termino pidiéndoles su voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley que les trasladamos desde el Parlamento asturiano. Termino instándoles a ser coherentes con el voto que los distintos
grupos parlamentarios, que los
socialistas, populares e Izquierda Unida de Asturias expresamos en el Parlamento asturiano.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Asimismo, en nombre de la Junta General del Principado de Asturias, tiene la palabra don Reinerio Álvarez Saavedra.
El señor REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Álvarez Saavedra): Señora presidenta, acudo en representación de la Junta General del Principado, utilizando un resorte parlamentario importante, interesante, que
garantiza que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas de España puedan dirigirse al Parlamento de la nación para hacer las propuestas que estimen oportunas, después de los debates sustanciados en los respectivos parlamentos. En este
caso estamos sustanciando una iniciativa en torno a la incorporación de las lenguas del Estado a los sellos postales, sellos automáticos de franqueo variable, etiquetas postales, etiquetas postales conmemorativas, postales, tarjetas de correo,
aerogramas, pruebas oficiales, pruebas oficiales conmemorativas y cualquier otro efecto postal emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Esta propuesta, que hemos apoyado todos los grupos políticos en la Junta General del Principado, viene hoy aquí a través de tres ponentes de tres grupos políticos de la Cámara regional, que acuden a esta Cámara para presentarla a sus
señorías. Yo quiero trasladarles que tanto el grupo parlamentario al que pertenezco, el Grupo Parlamentario Popular, como toda la Junta, han querido ser permeables a demandas e inquietudes de la sociedad civil, y la incorporación de determinadas
lenguas supone cumplir la demanda de determinados colectivos entre los cuales existe esa inquietud. Por lo tanto, la Junta General ha querido ser permeable, los grupos políticos han querido ser permeables y cumplir con ese principio de
participación política y de dar cuenta, tramitar, considerar y, en su caso, aprobar o rechazar todas aquellas cuestiones sobre los asuntos por los que siente inquietud la población de las diferentes comunidades autónomas, en este caso los vecinos de
Asturias.
También he de decir que esta iniciativa se refiere a un aspecto especialmente querido por las sociedades civiles, como es todo lo referente a la comunicación epistolar, una comunicación que al fin y al cabo tiene una importancia singular, y
es que si hoy estamos viviendo un proceso de mundialización, la parte esencial de ese proceso es que son las sociedades civiles de cada nación, los pueblos del mundo los que están viviendo precisamente ese proceso, es decir, son los ciudadanos los
que están viviendo en este momento directamente este proceso global. Pues bien, hace muchos años -en España hace 150 años, y en otros países hace más- se comenzó a crear los servicios postales que han servido para articular sociedades e incluso yo
diría que en muchos casos para articular realidades nacionales y países. Esa realidad, como son los servicios postales, es muy querida por los ciudadanos. Además, todos los ciudadanos del mundo que tienen ese servicio se identifican con él.
Insisto, en España desde hace 150 años, y en algunos casos muchos años más atrás, significó precisamente que muchos ciudadanos del mundo pudieran vivir el prólogo de este proceso de globalización, comunicándose, intercambiándose datos, experiencias
y sentimientos. Y creo que este es otro aspecto importante.
Por lo tanto, comparezco aquí en representación de la Junta General del Principado para presentarles esta iniciativa que, insisto, da cumplida atención a demandas que en su momento nos han trasladado los ciudadanos y que la Junta General del
Principado, como sede de la representación popular, tiene el deber de conocer, reconocer y tramitar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez.
Por último, en representación de la Junta General del Principado, tiene la palabra doña María Luisa Carcedo Roces.
La señora REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Carcedo Roces): Muchas gracias, señora presidenta, buenas tardes.
Señora presidenta, señorías, como viene recogido en la exposición de motivos de la proposición de ley que hoy sometemos a su consideración, distintas comunidades autónomas han llevado a cabo iniciativas similares a la aprobada por unanimidad
en la Junta General del Principado de Asturias mediante la que se pretende el uso de las distintas lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales. También en la exposición de motivos se anota la referencia constitucional a la
lengua oficial, el castellano, así como la diversidad lingüística del Estado, preservando para los distintos estatutos de autonomía la declaración del carácter oficial en cada territorio. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
establece la protección y promoción del uso del bable/asturiano considerándolo como la lengua tradicional asturiana, sin asignarle carácter de cooficialidad y preservando en todo caso la voluntariedad en su aprendizaje. La Ley del Principado de
Asturias de 1998, de uso y promoción del bable, desarrolla estas prescripciones estatutarias. A tenor de lo dispuesto en la Constitución española las distintas comunidades autónomas adquieren un decisivo protagonismo en la protección, defensa y
promoción, así como la difusión, de las respectivas lenguas, razón por
la que se pone en marcha esta iniciativa solicitando se permita utilizar los sellos y otros efectos postales como soporte para lograr este objetivo. Esta experiencia ya ha sido puesta en marcha en otros países de Europa.
La especial responsabilidad que las comunidades autónomas tienen en la promoción y difusión de las lenguas recogidas en sus respectivos estatutos autonómicos es razón suficiente para hacer uso de la posibilidad de iniciativa legislativa
prevista en el artículo 87.2 de la Constitución española. En el caso del Principado de Asturias la presentamos en el día de hoy a la consideración de sus señorías. Esta responsabilidad justifica la evidente desproporción, que en este caso
denominaría procedimental, que existe entre la simplicidad del objeto y contenido de la proposición de ley aprobada por unanimidad en sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias y la complejidad de su tramitación, complejidad que
viene determinada por la competencia legislativa en la materia que reside en esta Cámara y la mencionada capacidad de iniciativa legislativa de las comunidades autónomas, según lo previsto en el citado artículo de la Constitución española. A pesar
de esta compleja y larga tramitación, la sencilla ley que en el día de hoy se somete a la consideración de SS.SS. regula la promoción de lenguas de ámbito regional, hayan sido declaradas oficiales o no, según sus distintos estatutos. En el caso
del bable/asturiano no teniendo la condición de lengua oficial, se encuentra regulado en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, mandatando su protección y la promoción de su uso, respetando en todo caso la voluntariedad
de su aprendizaje. De esta forma, las comunidades autónomas, en el caso del bable/Principado de Asturias, adquieren la responsabilidad sobre este hecho puntual que en Asturias aportamos al conjunto del patrimonio lingüístico de nuestro país.
El método que se propone para la difusión de las diversas lenguas en los tres artículos que componen la proposición de ley es, evidentemente, sencillo, lo cual pone de manifiesto una nueva desproporción. En este caso sería instrumental y en
sentido inverso al anterior, ya que con poco esfuerzo se puede obtener un efecto exponencial, lo que justifica sobradamente en nuestra opinión esta propuesta, porque a través de un sencillo, barato y eficaz medio, ya que el correo es capaz de llegar
a todos los rincones, es posible conseguir el objetivo constitucional y estatutario de promoción y protección de las lenguas, en este caso de la tradicional asturiana. El procedimiento de difusión a través de sellos y demás efectos postales
significa el traslado de una cultura inmaterial, como es la lengua, a un peculiar soporte material que es capaz de concentrar la cultura, símbolos, historia o ideales de un país, pudiendo convertirse así en uno de los instrumentos de mayor eficacia
en el reconocimiento de la diversidad lingüística de nuestro país, la gran riqueza de matices que las diversas lenguas pueden aportar y cuya conservación y legado al futuro es tarea y responsabilidad de todos nosotros.
Con los argumentos expuestos, me atrevo a solicitar de SS. SS. que la dinámica de la desproporción procedimental e instrumental apuntada pueda ser rota en esta sesión plenaria y que el resultado de los votos aquí emitidos para la toma en
consideración de esta proposición de ley sea rigurosamente proporcional con el resultado de unanimidad obtenido en la Cámara regional asturiana, la Junta General del Principado de Asturias.
Unanimidad que insisto en resaltar, ya que asuntos como la
lengua forman parte del patrimonio colectivo, y su uso con fines partidistas, sectarios o interesados puede abrir dinámicas nada deseables para la convivencia en torno a las reglas de que nos dotamos, a partir siempre de la asunción de nuestra
historia colectiva.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Carcedo.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Nuestra intervención es fundamentalmente para dar nuestro voto favorable a la proposición de ley de comunidades autónomas presentada por la comunidad de Asturias y para agradecer que hayan tenido la consideración de que participe la lengua
aragonesa, junto con la asturiana y la aranesa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta iniciativa de la Junta General del Principado de Asturias, como lo viene haciendo en todos los casos de proposiciones de ley que se refieren precisamente a la defensa de la realidad plurilingüe
del Estado español. Y lo hace además en este caso compartiendo la idea de que los símbolos del Estado español deben corresponderse también a esta realidad plural desde el punto de vista lingüístico. Cabe recordar que hace más de 150 años el
Gobierno del Estado español empezó a utilizar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para crear la idea de que el Estado español era unilingüe y que existía una sola nación que era España. Ese efecto psicológico y social tan importante va siendo
hora de que cambie y se adapte al carácter plurinacional del Estado. La iniciativa del Parlamento de Asturias, de la Junta General
del Principado, parte de una filosofía constitucional que aunque no compartimos en su practicidad tenemos que aceptar, desde el punto de vista legal, pero sobre todo compartimos la tesis, que fue enunciada por alguno de los intervinientes en
representación del pueblo asturiano, dejando claro que las lenguas, al margen de su desarrollo cultural, tienen todas una estructura capaz de servir al desarrollo de todo tipo de pensamientos. No hay, por tanto, lenguas superiores ni inferiores.
En este aspecto, pensamos que la política de respeto y protección que el pueblo asturiano y en concreto sus representantes democráticos están dispuestos a vehiculizar a favor de lenguas que no tienen la categoría de cooficial, desde el punto de
vista estatutario y constitucional, es digna de respecto aunque debe llevar a otras conclusiones de más largo alcance.
En todo caso, señora presidenta, quiero acabar reafirmando nuestra posición favorable a que los símbolos del Estado y en concreto los emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre correspondan a esta pluralidad de la lengua oficial del
Estado, de las lenguas cooficiales en distintas comunidades autónomas, el catalán, el gallego y el vasco, y lo que, según los representantes de Asturias, debe ser respeto y protección para aquellas lenguas que sin ser cooficiales deben ser tenidas
en cuenta, como es el caso del asturiano, el aragonés y el occitano. Espero que la sensibilidad lingüística del pueblo asturiano y en concreto de sus representantes democráticos acabe también por ser sensible a la existencia de la lengua gallega en
la parte oriental de Asturias. Lo digo porque todos sabemos que las lenguas afortunadamente no coinciden con los repartos administrativos que se establecen sobre los territorios.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Una vez más, un parlamento autonómico, en este caso la Junta General del Principado de Asturias, nos presenta una iniciativa de contenido plurilingüe. De los antecedentes de la proposición de ley que se nos plantea en el día de hoy se ve
que es la sexta comunidad autónoma que viene a esta Cámara con iniciativas de este tenor y de esta naturaleza, iniciativas que con un sentido u otro han sido sistemáticamente rechazadas en esta Cámara.
Nos preguntamos cómo puede ser posible en un Estado de derecho, cuando todas las comunidades autónomas que cuentan con lenguas oficiales distintas del castellano están instando a esta Cámara al uso regular, al uso habitual, al uso
normalizado de sus propias lenguas en documentos oficiales, que esta Cámara siga dando la espalda, negando estas iniciativas y rechazándolas sistemáticamente, unas veces con unos contenidos, otras con otro tipo de razonamientos. ¿Por qué aquello
que es normal en la calle y en las comunidades autónomas entre ciudadanos bilingües no se trata de implementar en la normalidad institucional de sus propios documentos en el Estado, máxime cuando estas iniciativas, en concreto la que analizamos hoy,
es una iniciativa plenamente constitucional y plenamente autonómica? Difícilmente se podrá decir que es inconstitucional lo que están plantando los parlamentarios que en el día de hoy nos acompañan en la Cámara. Entonces, si es constitucional y si
es el Estado de derecho el que tiene que poner las normas de funcionamiento en el Estado, ¿por qué esta Cámara, señorías, se niega a cumplir sistemáticamente la ley? Si son los criterios del Estado de derecho los que deben de regir la convivencia,
y en este caso el uso de las lenguas por los ciudadanos bilingües, si la iniciativa que se nos presenta es una iniciativa plenamente constitucional y ajustada a los estatutos de autonomía y en concreto en este caso al Principado Asturias, ¿por qué
sistemáticamente esta Cámara está rechazando estas iniciativas? Uno de los diputados que han presentado la iniciativa nos ha dicho que esto es muy normal en muchos países de la Europa comunitaria, y así es.
Nos preguntamos por qué, si en esta
Cámara queremos regirnos con criterios europeos, y en este caso con criterios europeos de países que cuentan con más de una lengua oficial, seguimos empeñándonos en hacer reduccionismo, en este caso reduccionismo lingüístico, por qué no queremos
ver, señora presidenta, la realidad del Estado en el que vivimos o, preguntándonos de otra manera, por qué la España monolingüe impone sus criterios sobre la España plurilingüe. Por parte de dos portavoces se ha hecho un llamamiento a la coherencia
en el voto, coherencia que no ha estado presidida en las cinco veces anteriores que se han presentado iniciativas de este tenor a propuesta de otros parlamentos autonómicos.
Quizá hoy sea el día de la coherencia. La última vez que el Parlamento de
las Illes Balears presentó una iniciativa similar, concluía mi intervención diciendo que muchas veces suele ser verdad ese dicho popular de tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompe. Quizá sea hoy el día en que algunos diputados puedan
convencer a sus compañeros de circunscripción de la bondad del planteamiento que están realizando, y ciertamente supondría una alegría para todos aquellos diputados que seguimos insistiendo en la realidad y en la naturaleza pluricultural y
plurilingüe del Estado español. No querer verlo así, querer rechazar este carácter y esta naturaleza de Estado pluricultural y plurilingüe, no hace más que sentir desafección por parte de muchos ciudadanos de este Estado que precisamente ven que
aquella realidad culturalmente más pobre, con menos calidad cultural quiere imponer su criterio a otras realidades culturales con
mayor riqueza, en este caso con mayor riqueza lingüística, con mayor tolerancia y comprensión.
Aquellas señorías que predican pluralidad en sus discursos políticos, tienen hoy una buena oportunidad de subrayar el carácter pluricultural y plurilingüe del Estado. Aquellos que voten no a estas iniciativas, que renuncien por favor al uso
nominalista de todo concepto de pluralidad y tolerancia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, como ustedes saben este es un problema, lo han dicho anteriores portavoces, que ya hemos debatido aquí varias veces a lo largo de esta legislatura en algunas de sus vertientes.
Diferentes instituciones del Estado, tanto en sus vertientes autonómicas como en otras vertientes, se han dirigido a las Cortes Generales en el ejercicio de su capacidad de iniciativa legislativa ante las mismas para solicitar que sellos,
efectos postales, monedas y otros símbolos de la soberanía reflejen, como no podía ser menos, la pluralidad lingüística interna de nuestro Estado español. De hecho, durante el mes de julio del año pasado tuvimos la oportunidad de debatir unas
proposiciones prácticamente idénticas a la que hoy nos ocupa, con la única diferencia de que las comunidades autónomas que las remitían en aquella ocasión al Congreso de los Diputados eran distintas, fueron las Islas Baleares, Cataluña, Navarra y
otras. En todas aquellas ocasiones a las que me he referido, estas iniciativas se han estrellado contra la altiva y centralista mayoría absoluta del PP, amparándose siempre en unas argumentaciones que nosotros no dudamos en calificar como
nacionalistas, escasamente de nacionalismo español y poco respetuosas con la letra y el espíritu del título VIII de nuestra Constitución.
No obstante en esta ocasión, tanto siguiendo las palabras del portavoz del PNV señor González de Txabarri cuando decía que a lo mejor esta es la ocasión de que toque la flauta, más o menos venía a decir, y uno piensa que podría ser la
ocasión en que cambiara ese sentido de voto. Me informan que, como en otras ocasiones, el Partido Popular ha votado en aquella comunidad a favor de esta iniciativa, pero en esta ocasión ha venido nada más y nada menos que el secretario general del
partido de aquella comunidad a defenderla, y uno piensa que cuando tan alto rango dentro de su partido viene a defenderla estando en la puerta las elecciones autonómicas, no va a sufrir una desautorización por parte del partido matriz. No obstante,
cuando ha terminado su intervención cortas han sido las palmas, y como dicen los castizos menos van a ser las orejas.
En todas las ocasiones precedentes, señorías, y también en ésta, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha apoyado las proposiciones de ley que nos han llegado desde las comunidades autónomas, para que éstas, una vez admitidas a
trámite, puedan ser elaboradas, reelaboradas y mejoradas en la preceptiva Comisión de esta casa. Desde nuestro punto de vista es un problema de mera sensibilidad autonómica, de simple comprensión integral del Estado español. Se puede comprender el
Estado español bien como una nación, como un patrimonio cultural y lingüístico unitario, o bien como un Estado complejo, que tiene la tremenda suerte de disponer de una cultura e idiomas comunes y varias culturas y lenguas propias de ciertas
nacionalidades y regiones, que también forman parte, o al menos deben formar parte del patrimonio cultural propio de todas las españolas y los españoles. Cada uno es muy libre de mantener las posiciones que considere oportunas a este respecto. Es
evidente que la libertad de expresión le avala en este como en otros campos, pero también es verdad, señorías, que nuestra Constitución describe a España como un Estado complejo, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Es cierto que esta
definición no la hace con la claridad y rotundidad que a nosotros nos gustaría, pero ahí está el artículo 2 de nuestra Carta Magna y los numerosos estatutos de autonomía para proscribir cualquier tipo de lectura centralista, monocultural o
monolingüística de nuestro actual ordenamiento constitucional. Izquierda Unida, como fuerza política federalista que es, tiene clara cuál es su forma de entender la lengua y los símbolos culturales del Estado español. Para nosotros tan español es
el castellano, como el catalán, el euskera o el gallego, y de la misma manera tan españolas son las lenguas asturiana, aragonesa u occitana, como el propio castellano; ergo para nosotros tan español es un sello en castellano como un sello en
catalán, euskera, gallego o en las lenguas asturiana, aragonesa u occitana.
Entendemos, señorías, y voy terminando, que es razonable y perfectamente normal que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emita efectos postales en castellano y en cuantas lenguas sean sugeridas por las comunidades autónomas respectivas.
De hecho lo auténticamente anormal es que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre no haya tomado buena nota del contenido de la Constitución de 1978, y veintitantos años después del advenimiento de la democracia todavía estemos reclamando que
produzca sellos y efectos postales en el resto de las lenguas españolas. Que en los primeros 130 años de la historia de la citada fábrica es hasta cierto punto normal que sólo apareciesen en castellano los sellos españoles, dado que el ordenamiento
constitucional proscribía las expresiones culturales y lingüísticas españolas no castellanas; pero la Constitución de 1978 debe significar una normalización cultural y lingüística en el campo postal, que aunque no sea un tema central, sí es un
asunto de cierta relevancia
simbólica, y ustedes saben que los símbolos los carga el diablo. Como saben SS.SS., España tuvo que soportar 40 años una simbología franquista excluyente; por tanto ahora es bueno, normal y recomendable que en democracia y en materia
postal España sea un país, como dice la Constitución, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Debemos aceptar con normalidad y sosiego los símbolos propios de una democracia multinacional, multicultural y multilingüística como es la
española, pues el símbolo, también en democracia, ayuda a consolidar instituciones y principios. Por otra parte, es necesario recordar que la lectura sistemática de los artículos 2, 149.1.21, 149.1.28 y 149.2. de nuestra Constitución implican que
en un Estado multinacional, multicultural y multilingüístico como el nuestro, sólo el nivel común de gobierno dispone de competencias en materia postal, y al ser también el único con una obligación constitucionalmente explicitada de servicio y
tutela de la cultura española, es lógico que el Gobierno esté obligado a emitir efectos postales en español, pero también en el resto de las lenguas españolas. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de
la toma en consideración de las tres proposiciones de ley presentadas por Asturias, no sin antes, como hemos hecho con todos los representantes de las comunidades autónomas, agradecer a esta comunidad autónoma el sereno uso que han hecho de la
facultad que le otorga el artículo 87.2 de la Constitución.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Permítame empezar mi intervención con las palabras con que terminaba la del portavoz que me ha precedido, dando la bienvenida a esta Cámara a los representantes del Parlamento de Asturias en este caso, y felicitarles por el ejercicio que han
hecho de esta facultad de iniciativa legislativa que la Constitución reconoce a las cámaras autonómicas. Es práctica de mi grupo -que yo recuerde sin excepción- votar siempre a favor de la admisión a trámite de cualquier iniciativa legislativa que
traiga a esta Cámara un Parlamento autonómico, porque nos parece por principio que debe entrar y debe seguir su cauce cualquier iniciativa, independientemente de que la compartamos o no, que pueda plantear un Parlamento autonómico. En el caso de
hoy evidentemente nuestro voto favorable, que ya adelanto, va muchísimo más allá, porque ciertamente el contenido de esta iniciativa que vamos a votar favorablemente (aunque nos tememos que la mayoría absoluta de la Cámara no nos acompañe en esa
intención), coincide sustancialmente con otras iniciativas prácticamente idénticas que se han planteado aquí en esta Cámara y concretamente con otra planteada por el Parlamento de Cataluña pero también por otros parlamentos autonómicos, y más en
general coincide con una defensa que venimos haciendo distintos grupos políticos -pero creo que puedo decir sin faltar a la verdad que mi grupo de una forma muy especial- del reconocimiento a la pluralidad lingüística en los distintos símbolos y
documentos que caracterizan a un Estado, desde los documentos oficiales hasta las páginas web de contenido oficial, pasando por el carnet de identidad y el carnet de conducir, el papel moneda mientras eso fue posible antes del euro, y los sellos y
efectos postales, que es lo que hoy suscita este debate. Por tanto coincidimos absolutamente con el planteamiento que justifica esta iniciativa, y por eso manifestamos nuestra satisfacción. Siempre hemos considerado que los símbolos de identidad y
los símbolos de reconocimiento cultural deben tener su reflejo y a su vez deben reflejar la pluralidad lingüística que caracteriza a España. Sigue habiendo mucha gente en España, sigue habiendo mucha gente en esta misma Cámara que sólo ve una
España monolingüe en castellano y que es incapaz de reconocer la diversidad y la pluralidad que en su propio seno se contiene, probablemente porque tiene determinados miedos que en el fondo reflejan inseguridad sobre la fuerza de su propia
identidad, puesto que de otra manera no se explicaría. Quien estuviera convencido de la fuerza de su propia identidad cultural y de su propia personalidad nada temería, sino más bien al contrario, ante un reconocimiento pleno, perfecto,
constitucionalmente correcto y culturalmente desarrollado de lo que es la diversidad lingüística que existe en España. Sin embargo, lo que hoy es la mayoría de la Cámara se sigue resistiendo a hacer eso, no porque desprecie el valor del símbolo.
Aquellos que siguen creyendo que España es un país que sólo habla en castellano no desprecia el valor del símbolo, porque cuando en algún caso en el ámbito internacional peligra la simbología de la lengua castellana o peligra de alguna forma el peso
del reconocimiento al castellano en el mundo, bien se preocupan aunque sean anécdotas en el ámbito europeo, en el ámbito internacional, de poner todos los medios, porque son muy conscientes del peso que tiene la tilde sobre la 'ñ' en un ordenador,
una determinada bandera en un momento dado, un determinado impreso de tipo europeo, de tipo internacional, etcétera, que reconozca o no reconozca la lengua castellana en ese caso tiene una enorme trascendencia a efectos del propio reconocimiento de
identidad; y sin embargo esas mismas personas que son -insisto-, quienes hoy ocupan el poder en España y quienes hoy representan la mayoría absoluta en esta Cámara, siguen despreciando el reconocimiento de la pluralidad lingüística en esos símbolos
cuando es a favor de otras lenguas. De ahí que nosotros sigamos votando a favor. No soy muy optimista
sobre el resultado de esta iniciativa hoy. Creo que estaremos de nuevo dando coces contra el aguijón y no sé cuántas veces, como decía el portavoz del Grupo Vasco, tendrá que ir el cántaro a la fuente para que al final se rompa. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Por lo menos, como en tantas otras ocasiones nos queda el consuelo de la historia y el consuelo del 'Diario de Sesiones'. Estoy seguro que al final de esta legislatura se podrá elaborar un libro entero -un libro entero, señorías- sólo con
las actas taquigráficas de los debates lingüísticos que ha habido en esta Cámara durante la legislatura. Por esas actas taquigráficas recogidas una detrás de otra, un 'Diario de Sesiones' detrás de otro, el Partido Popular quedará en evidencia ante
sus votantes y ante la historia que en algún momento pondrá las cosas en su sitio, como aquel que se empeñó en negarse a reconocer a España como es, en fabricarse una España que no existe, en ocultar la realidad a los ciudadanos ante los que debe
responder y en seguir pretendiendo que España es una y castellana; cuando no es una cosa ni la otra.
Por todo ello, por la diversidad que tiene España y porque creemos que efectivamente la tiene, hoy daremos nuestro voto favorable a esta iniciativa que se refiere a algo tan pequeño como es reconocer la pluralidad lingüística en un efecto
postal.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS: Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero dar una bienvenida afectuosa en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a los comisionados de la Junta General del Principado de Asturias, que han venido para
defender la proposición de ley sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos y efectos postales, aprobada en sesión de 14 de junio de 2001.
La iniciativa que nos proponen pretende unir dos elementos esenciales de la vida cotidiana, la lengua y los símbolos -en este caso los sellos de correos y otros efectos postales-, en consonancia con lo que mandata nuestra Constitución en su
preámbulo y en su artículo 3. Compartimos con los grupos de la Junta del Principado, y en concreto con el Grupo Socialista, que una ley que incorpore las lenguas españolas -en este caso, la tradicional asturiana- a los sellos y otros efectos
postales ofrece una oportunidad histórica para que otras lenguas del Estado -y en concreto el asturiano que la Junta General proclamó lengua tradicional- se proyecten en el conjunto del Estado y más allá de nuestras fronteras.
Puede así abrirse una
ventana al mundo y dar a conocer la valiosa riqueza lingüística que tiene nuestro país, así como acercar las instituciones del Estado a la pluralidad lingüística de sus habitantes. Los sellos de correos, que tienen un innegable valor estético y
pedagógico como vehículo de transmisión cultural, son una imagen identificadora del Estado que los emite.
Como se ha dicho aquí, el asunto no es nuevo en esta Cámara. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de proposiciones de ley originadas en una serie de parlamentos autonómicos y que han venido presentando en el Congreso a través de sus
legítimos representantes en los territorios autonómicos, con la petición de que mostremos nuestra voluntad política de incorporar en los símbolos estatales las lenguas del Estado distintas del castellano. Las iniciativas se hacían eco de la casi
nula presencia de las lenguas minoritarias en ese elemento cotidiano que son los efectos postales. Aunque en 151 años sólo se han emitido 38 sellos con una o más palabras en catalán, gallego o euskera, y a pesar de que han aparecido de vez en
cuando sellos con temas y personajes vinculados a la región asturiana, no se ha emitido ni un solo sello en su lengua ni tampoco en aragonés o en occitano del Valle de Arán.
Sobre la cuestión que hoy debatimos aquí existe un antecedente en la legislatura anterior, cuando el Partido Popular necesitaba el apoyo de otros grupos para gobernar, que se aprobó en la Comisión de Educación y Cultura en mayo de 1999. La
iniciativa no tuvo prácticamente ningún resultado que por otro lado no tenía en cuenta el bable asturiano ni el aragonés, por no tener la consideración de lenguas oficiales.
Se ha recordado aquí por los distintos portavoces que el 6 de marzo de 2001 discutimos y votamos distintas propuestas procedentes de otros parlamentos regionales donde el grupo del Partido Popular apoyó las distintas propuestas; sin
embargo, cuando vinieron estas iniciativas al Congreso de los Diputados no sirvió para nada el aval de esos tres parlamentos y tampoco sirvió el aval de sus grupos parlamentarios, de los grupos parlamentarios del Partido Popular. Sobre la
coherencia del Partido Popular creo que es innecesario hacer más comentarios en vista de la noticia o del rumor que hay respecto al voto negativo del Partido Popular. La verdad es que no acabo de comprender -espero que me lo explique claramente el
portavoz del Grupo Popular- esa posición que se mantiene en los parlamentos regionales, y por otra parte el voto en contra que se plantea en esta Cámara.
Solicitamos señorías, señora presidenta, el voto favorable -tal como vamos a hacer nosotros- a esta propuesta, porque creemos que se ajusta al derecho vigente. La Ley 24/1998 sobre el servicio postal universal y la liberalización de los
servicios postales no determina en ninguno de sus artículos en qué lengua pueden o deben emitirse sellos o cualquier efecto postal; el texto no propone que las diferentes emisiones de sellos aparezcan obligatoriamente todas ellas en las distintas
lenguas del Estado ni que la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos pierda su derecho a la utilización
exclusiva de la denominación Correos o del término España, o que estas denominaciones, elementos comunes identificativos del país de emisión y del operador encargado de la prestación del servicio postal, sean traducidas cuando se emitan
nuevos sellos; tampoco se proponen emisiones monolingües, como se ha dicho, ni se insta a emitir íntegramente en cada una de las lenguas oficiales además del castellano, o que todos los sellos aparezcan en las distintas lenguas oficiales
simultáneamente.
Finalmente, no se pretende tampoco la emisión de efectos postales limitados a su venta en una comunidad autónoma determinada, sino muy al contrario se propone difundir una imagen plural dentro y fuera de España y expresar una
cultura política que considera como bueno, positivo, interesante e incluso como un valor añadido del Estado español esta diversidad lingüística.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora García Arias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me corresponde, en nombre el Grupo Parlamentario Popular, tomar posición respecto a esta proposición de ley sobre la presencia de las lenguas del Estado en sellos y efectos postales. En primer lugar tengo que
decir que nuestro grupo parlamentario, por las razones que voy a exponer y que por otra parte acaba de requerir la propia diputada asturiana, la señora García Arias que interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, no la va a tomar en
consideración sencillamente, señora García Arias, porque no la ha tomado en consideración jamás su partido en el Principado de Asturias, e intenta venir a lavar la cara aquí ahora con la propuesta de que sea Correos del Estado quien resuelva el
problema que tiene que resolver su grupo parlamentario, su Gobierno en el Principado de Asturias, y que pudiendo haberlo hecho aún no lo ha realizado. Pero esta esquizofrenia, o como se le quiera llamar de la política del PSOE, niega por una parte
en el Principado la posibilidad de llegar a la oficialidad a través de todos los instrumentos puestos en marcha en la reforma del estatuto, y viene por otra a solicitar a esta Cámara lo que negó a los asturianos cuando debatieron la reforma del
estatuto. Como decía la portavoz, señora Carcedo, traen aquí una enmienda por unanimidad, pero no ha dicho por qué su grupo parlamentario, siendo mayoritario en Asturias, negó esa unanimidad a los demás grupos (unanimidad que deja las puertas
abiertas para que la oficialidad pueda ser una realidad con un quórum determinado) entre ellos Izquierda Unida y nuestro grupo parlamentario. No lo han hecho, no se han puesto en marcha y ahora ven un resquicio para intentar crear confusión -como
la ha habido aquí, a mi juicio, en las intervenciones de algunos portavoces de grupos nacionalistas- como si no fuese una realidad ya el hecho de que las lenguas oficiales estén en los sellos.
Por tanto, señorías, aquí vamos a intentar poner a cada uno en su sitio, no vamos a hablar de incoherencias, porque la incoherencia mayor que aquí se ha planteado es justamente la del grupo parlamentario que viene a plantear una cuestión en
esta Cámara, cuando en el Principado hace justamente lo contrario. A nuestro juicio, señorías, no es serio ni para el bable, ni para los asturianos, ni para esta Cámara este juego al que nos tiene acostumbrados el Grupo Socialista.
Saben perfectamente los portavoces intervinientes, porque no se les puede ni siquiera poner en duda ese conocimiento, que en la Comisión de Autonomías del Senado ya está aprobado desde noviembre de 2001 el fomento de la utilización de las
diferentes lenguas oficiales españolas en los sellos y demás efectos postales, manteniendo en todo caso la utilización del castellano en los elementos identificadores comunes de los signos de franqueo en el ámbito nacional e internacional, es decir
las palabras Correos y España. Luego el problema está resuelto y si el Principado no resuelve el problema -y es claro que el presidente Vicente y el propio secretario general, el señor Javier, desde Asturias lo pueden hacer- no habrá duda de que al
igual que ocurre con las demás lenguas oficiales, y aquí tengo la información, podrá accederse a ello.
En 2001 y 2002, señorías, se han emitido catorce sellos con literatura distinta del castellano: siete en catalán, seis en gallego y uno en valenciano. En hojas informativas de las emisiones de sellos, además de los idiomas habituales
-inglés, francés, alemán y español- se incluye el idioma al que hace referencia el sello. Matasellos que incluyen otras lenguas, en el año 2001, 85; en el año 2002, 45. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pretendemos? ¿Buscar una incoherencia, como
aquí se ha dicho, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Principado y aquí? No, porque si alguien ha habido con un pronunciamiento siempre coherente en este tema, con cesiones incluso, muy bien lo saben los grupos de Izquierda Unida y del
PSOE en el Parlamento ha sido el Partido Popular, que en la última reforma del estatuto se abre y da un paso más para llegar a la oficialidad de la lengua, si así lo estima oportuno el Gobierno del Principado con mayoría socialista o su propio grupo
parlamentario. Eso no lo han hecho y era por donde tenían que haber empezado para evitarse confusión y para que todo el mundo entienda por qué nos oponernos a la toma en consideración de una propuesta que en modo alguno puede llevarse a cabo a
través de pedirle al ente Correos del Estado que resuelva el problema que el Principado en el ámbito político y parlamentario no ha sido capaz de resolver. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, como así lo ha dicho el portavoz de nuestro grupo
parlamentario, Álvarez Saavedra, que intervino hoy aquí como lo hizo en esa iniciativa para
la toma en consideración en el Parlamento asturiano, dejando claro que las puertas para arreglar el problema en Asturias quedaban abiertas. Por tanto, no es aquí donde nadie tiene que esperar que Correos resuelva el problema, sino evitar
que esa esquizofrenia del PSOE de decir una cosa allí y venir aquí a decir lo contrario pueda crear todavía más confusión.
¿A quién? A nosotros no porque ya nos conocemos demasiado y sabemos de qué pie cojea el Partido Socialista.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Fernández Rozada. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de proposición de ley de comunidades autónomas. Proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias, sobre presencia de las lenguas del Estado en los sellos
y efectos postales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 144; en contra, 165; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de tramitar
el punto VII del mismo, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, tras el punto VIII, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000163.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, integral contra la violencia de género (Orgánica).
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Navarro. (Rumores.)
Señorías, ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan de la manera más rápida posible al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, durante el presente año 2002 51 mujeres han sido asesinadas en España víctimas de la violencia de género: Adriana, Carmen, Ángela, Evangelina, son sólo algunas, pero todas son mujeres con nombre y apellidos; mujeres de carne y
hueso, mujeres que crecieron y vivieron pensando que podrían tener una familia y una vida tranquila y que han muerto a manos de personas a las que en algún momento quisieron y en las que en algún momento confiaron. Su delito no fue otro que nacer
mujer, porque la violencia de género es aquella que se ejerce motivada por la necesidad de controlar; es la más dura manifestación de la desigualdad que aún hoy padece nuestra sociedad.
Con esta violencia, el agresor pretende aleccionar a la mujer; que la mujer sepa en todo momento quién tiene la autoridad y quién manda. En esa relación, la agresividad es la característica fundamental y, de vez en cuando, se produce la
agresión más visible, la física, a pesar de que la vida cotidiana está además compuesta por violencia psicológica y sexual que, por cierto, no sólo sufren las mujeres, también la sufren, de manera directa e indirecta, los menores que viven y
conviven en esa familia; menores que, además, tienden a repetir después lo que han visto, lo que entienden que es la forma normal, la forma natural de relacionarse dos personas, desde la falta de respeto, desde el autoritarismo, por tanto, estamos
dañando psicológica y, en muchos casos también, físicamente a los menores.
De esta violencia no somos culpables ni los hombres ni las mujeres individualmente, pero la responsabilidad de erradicarla es de todos y de todas. De esa violencia sólo son culpables quienes la ejercen, precisamente, porque las raíces de
esa violencia están en el modelo de sociedad que ha permitido a los hombres tener el poder sobre las mujeres, considerar que forman parte de sus propiedades, creerse con el derecho a decidir sobre su vida. Nuestra sociedad ha ocultado durante
demasiado tiempo este tipo de muertes y de agresiones, consideradas hasta hace poco como parte de las relaciones humanas y de la intimidad de las personas.
Incluso, muchas veces, era la propia familia, el entorno familiar más inmediato a la
víctima, quien trataba de acallar y de ocultar esta violencia.
Por desgracia, todavía nos encontramos con frases tan terribles que justifican de alguna forma esa violencia,
como aquel famoso 'algo habrá hecho', cuando se hablaba de que una mujer había sido asesinada o una mujer había sido agredida. Afortunadamente hoy, ni siquiera en broma, a nadie se le ocurre decir 'algo habrá hecho'.
La violencia no está
justificada nunca contra nadie, pero mucho menos cuando se ejerce únicamente para demostrar esa autoridad por encima de todo y ese control a las mujeres. En este contexto, es fácilmente entendible que las mujeres que sufren malos tratos vivan
situaciones de una gran tensión emocional y afectiva. Se sienten culpables de su propia desdicha, pierden la autoestima y todo eso afectará no sólo a su vida familiar y a su relación personal, sino que también le genera problema en su actividad
social y relacional.
Ana Orantes moría en el año 1997, después de que su ex marido la rociara con gasolina y la quemara. Todos y todas recordamos aquella muerte. Esta mujer, que fue muy valiente, había denunciado la situación en la que vivía a pesar de que
sabía que ponía en peligro su vida; pero ella quería hacerlo, precisamente para que otras mujeres tuvieran en cuenta su valentía y rompieran también con la situación de violencia en la que vivían. Ella, como otras muchas mujeres, murieron tras
denunciar a su agresor. La justicia no le dio respuesta. Sin embargo, la realidad de la violencia de género y de la lucha contra ella no empezó en el año 1997.
Muchas organizaciones llevaban años apoyando a las víctimas y reclamando políticas
para combatir esa situación. En 1984 se pone en marcha la primera casa de acogida en este país. En 1983 se hace la primera campaña contra los malos tratos. En 1989 el Senado aprobó un informe donde se planteaba el problema y los orígenes de los
malos tratos, y propone iniciativas para abordarlo y afrontarlo. Es en estos años cuando se empiezan a desarrollar diferentes programas, tanto desde el Gobierno de la nación como desde las propias comunidades autónomas y ayuntamientos.
Hay que
reconocer que en este momento el mayor esfuerzo se está haciendo principalmente desde las comunidades autónomas y, en muchos casos, desde los ayuntamientos, financiando los recursos con sus propios presupuestos, porque quien realmente conoce el
nombre, el apellido y la cara de las mujeres y de sus hijos menores que están sufriendo esa violencia son los responsables institucionales, en este caso, de la institución más cercana a los ciudadanos como es el ayuntamiento. De ahí que el
compromiso que tenemos que adquirir todas y todos es transferir dinero suficiente para que se puedan desarrollar todas las medidas necesarias con garantía para la vida de las mujeres y de los menores.
Durante los años 1998 y 1999 las organizaciones expertas en el tema, organizaciones de mujeres que llevan muchos años trabajando en esta cuestión, plantearon la necesidad de una ley integral contra la violencia. Este es un problema de
Estado y es necesario afrontarlo con políticas de Estado y, por tanto, en todos los ámbitos. Todos y todas recordaremos que en la campaña electoral del año 2000 el presidente del Gobierno actual y candidato en aquel momento, en una reunión con la
Plataforma de mujeres artistas -muchas de ellas nos acompañan esta tarde- y con las organizaciones de mujeres, se comprometió a elaborar esa ley integral si era presidente del Gobierno. También se comprometieron el Partido Socialista y todos los
candidatos de todos los grupos parlamentarios representados esta tarde en esta Cámara, que hoy, consecuente y coherentemente, van a apoyar la iniciativa que se ha presentado. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de
ley en el mes de junio del año 2000. Entendíamos, igual que entendemos hoy, que estábamos hablando de un tema de Estado y, por tanto, queríamos que fuera el Gobierno, en colaboración con todos los grupos de la Cámara, quien presentara y elaborara
esa ley integral. Ante nuestra sorpresa, el Grupo Parlamentario Popular, en junio del año 2000, votó en contra de aquella proposición no de ley. Ante esa votación en contra, el Grupo Parlamentario Socialista, junto con las organizaciones de
mujeres, empezó a trabajar en el texto que vamos a debatir esta tarde.
Hoy esta sociedad sigue escandalizada ante la sucesión de agresiones y malos tratos, algunos con resultado de muerte; no todos, pero sí la mayoría de ellos, son la crónica de una muerte anunciada, muerte que sufren en muchos casos no sólo
las mujeres sino también los menores a su cargo. He hablado de 51 mujeres muertas en lo que va de año, pero también son varios menores los que han perdido la vida como consecuencia de la violencia de género que su padre ejercía sobre su madre. Por
eso, el Partido Socialista presentó el año pasado esta proposición de ley integral, que pretende ser un instrumento para erradicar esa violencia.
Ni tenemos ni pretendemos tener ninguna receta mágica. Sabemos que estamos ante un problema muy
complejo, que requiere soluciones complejas, imaginativas y eficaces; el compromiso colectivo de todos los grupos políticos, pero también de las organizaciones sociales, de las organizaciones de mujeres, y un compromiso activo de toda la sociedad
para rechazar rotundamente esta violencia.
¿Por qué creemos que es importante una ley? Sobre todo porque estamos hablando de un problema social que supone un atentado a los derechos humanos, que siempre deben ser protegidos por ley; de ahí que defendamos que se apruebe esa ley
integral. Esta sociedad tiene que garantizar a las mujeres su derecho a la vida, a vivir en libertad y a la salud.
Afortunadamente, no todas las mujeres que presentan denuncias mueren, pero la mayoría de ellas, después de presentar una denuncia,
dejan de vivir en libertad. Tampoco la tenían antes de presentar esa denuncia, pero ponerla, romper con la situación de violencia no significa que puedan seguir viviendo en libertad, y tenemos que garantizar esa libertad para ellas y para sus hijos
menores. Entendemos que la seguridad es un derecho de ciudadanía;
derecho de ciudadanía que a las mujeres nos costó mucho trabajo conquistar, pero que hoy, afortunadamente, tenemos reconocido legalmente en nuestra Constitución, aunque todas y todos los que estamos aquí también sabemos que a veces entre los
derechos legales y los derechos reales hay todavía un gran abismo, sobre el que también tendremos que adquirir un compromiso colectivo para eliminar todas aquellas barreras que siguen existiendo, no legales pero sí reales; el famoso techo de
cristal al que aludimos muchas veces las mujeres. Sin embargo, creo que ésa no es la cuestión de la iniciativa de hoy aunque creo que forma parte de la raíz del problema. La raíz del problema de la violencia se encuentra precisamente en esa
subordinación histórica que las mujeres hemos tenido respecto de los varones. Y ni los hombres tienen la culpa ni las mujeres tampoco. Todos somos fruto y víctimas a la vez de la educación que hemos recibido, y la educación que hemos recibido nos
ha separado a hombres y mujeres en papeles totalmente distintos. Hemos de tener un compromiso activo para romper esa forma de relacionarnos hombres y mujeres, para relacionarnos desde la igualdad. Esta sociedad será más justa y más equilibrada
desde el momento en que unos y otras podamos hacerlo desde la libertad y elegir libremente con quién queremos o no compartir nuestra vida. No sólo se beneficiarán las mujeres que están siendo maltratadas, nos beneficiaremos todas las mujeres y, por
extensión, se beneficiará la sociedad entera y los millones de hombres que están también en contra de esa violencia.
Al principio decía que los responsables de la violencia son sólo los que la ejercen. Miguel Lorente siempre nos habla de que la única característica en común que tienen los agresores es que todos son varones, pero hace una salvedad:
afortunadamente, no todos los varones son agresores. (Aplausos.)
La ley está para garantizar derechos. La aprobación de medidas puntuales, que siempre serán bienvenidas y apoyadas por el Grupo Parlamentario Socialista, significa que seguiremos poniendo parches a una situación dramática; significa que
actuamos sobre las consecuencias que provoca el delito, pero una vez consumado. Tenemos que trabajar para erradicar el problema, para erradicar las causas que generan esa violencia. Las medidas puntuales son actuaciones limitadas a un determinado
momento y vinculadas, normalmente, a los criterios políticos de cada gobierno y en cada momento. Sin embargo, la ley refuerza la idea de compromiso colectivo frente a la violencia y convierte este problema en una prioridad a combatir, en una
actuación que también interviene sobre la causa de esa violencia y que pretende acabar con ella, poniendo el acento en el fin de la desigualdad. Por este motivo, esta ley está enmarcada en una apuesta clara a favor de la igualdad real entre hombres
y mujeres, que también se ha visto evidenciada por la presentación de otras iniciativas en esta Cámara cuyo objetivo era la igualdad real en los campos laboral, social y político. Además, estamos planteando una intervención integral, puesto que la
regulación de este problema en diferentes legislaciones ha generado falta de coordinación y falta de eficacia, siendo más operativo que desde una sola norma se puedan abordar los diferentes aspectos de esta situación. Cuando una mujer presenta una
denuncia es cuando más peligro corre su vida. Por tanto, cuando una mujer denuncia tenemos que proteger, tenemos que garantizar su seguridad. A las mujeres tenemos que decirles que denuncien porque es imprescindible que lo hagan, pero cuando una
mujer presenta una denuncia no puede volver a ser agredida y mucho menos asesinada. Las que han muerto este año, las que han muerto en años anteriores, han muerto después de presentar no una sino hasta 10, 15 y 17 denuncias. Eso no podemos
consentirlo.
Lo mejor de esta propuesta, lo que garantiza su calidad, es la coordinación y su carácter integral. Cada medida, de forma individual, nunca tendrá el mismo efecto. La perspectiva integral nos obliga a regular no sólo las conductas
represivas sino también las preventivas, educativas, sociales, sanitarias, asistenciales y de protección. En definitiva, todas aquellas consecuencias que se deducen de las agresiones a las víctimas. La dispersión normativa en cada campo de la
actividad social o jurídica dificulta las soluciones, mientras que, trabajando desde una ley única, la concentración de medios y elementos materiales puestos en coordinación resultarán de mayor eficacia.
Esta proposición de ley plantea reformas en el sistema educativo para trabajar con los menores y los adolescentes -educar en igualdad, educar en el respeto a los valores, en el respeto a la diferencia- y trabaja sobre la igualdad, la
publicidad y la necesidad de sensibilizar a la sociedad. Es una proposición que actúa mejorando nuestra legislación civil y penal, de forma que sea más efectiva la protección a las víctimas, y desarrolla una jurisdicción especial creando juzgados
de igualdad y asuntos familiares, así como secciones especializadas en la fiscalía. Esta proposición establece, además, nuevos sistemas de ayuda a las mujeres, no sólo a través de la ampliación de la prestación por desempleo y de las ayudas que se
facilitan a través de la Ley de asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, sino que también mejora los derechos laborales de las mujeres. Mujeres que tienen que abandonar su vida y su lugar de trabajo, al que no pueden
volver nunca más, para refugiarse en muchos casos en una casa de acogida.
Esta iniciativa tiene además la virtud de permitir la coordinación de sus propuestas con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuyo compromiso y trabajo -yo ya lo ponía de manifiesto anteriormente, pero quiero recalcarlo- es
fundamental para acabar con esta lacra social, pero necesitan financiación y
apoyo para dar respuesta a las demandas existentes. En definitiva, esta propuesta es estructural y su objetivo último es modificar el actual sistema de relaciones entre las personas y entre ellas y las instituciones, puesto que tenemos que
evitar las situaciones de maltrato y, por supuesto, cuando éstas se producen, garantizar la absoluta protección a las mujeres sin ningún tipo de duda.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, le ruego concluya, por favor.
La señora NAVARRO GARZÓN: Ahora mismo.
Estamos actuando sobre las causas y el origen de la violencia. Hemos oído decir a algún responsable político en estos días que es una ley muy amplia y que requiere de muchos recursos. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista y las
organizaciones de mujeres, tenemos datos de expertos sobre lo que cuesta la violencia de género, lo que cuesta a esta sociedad cada agresión que se produce sobre una mujer o un menor.
Seguramente más que poner en marcha esta ley. Pero,
sinceramente, no creo que sea el día de hablar de dinero, no creo que sea el día de hablar de algo más que no sea el costo que supone en vidas humanas esta violencia.
Eso es lo único que nos importa. (Aplausos.) Teniendo en cuenta que prevenir
siempre es más barato que curar y además infinitamente más justo.
En esa línea, hace unos días, en el Parlamento Europeo, se pedía a todos los países de la Unión tomar medidas para que se produzca el alejamiento efectivo de quienes agreden a las mujeres y que esto se aplicara por ley, tal como se hace en
este momento en Austria, donde sí existe una ley integral. El Grupo Popular lo aprobó en el Parlamento Europeo, nos gustaría que también lo apoyara aquí.
El ministro Zaplana, en su comparecencia ante la Comisión esta mañana, ha planteado dos cuestiones por las que no está de acuerdo con esta propuesta. La primera cuestión es que tiene lagunas y la segunda es que hay medidas que no comparte.
Las dos cuestiones se pueden resolver -siento que no esté el ministro- en el trámite parlamentario. En cuanto a las lagunas que tenga la ley, yo les invito a que aporten sus sugerencias y serán subsanadas, y en aquellos temas en los que no estemos
de acuerdo, estoy segura de que llegaremos a ese acuerdo porque, tanto ustedes como nosotros y como todos los grupos de esta Cámara, lo que pretendemos es erradicar esa violencia. Por lo tanto, no hay ningún problema.
La señora PRESIDENTA: Señor Navarro, le ruego concluya definitivamente.
La señora NAVARRO GARZÓN: Ahora mismo, señora presidenta.
Quiero terminar pidiendo el voto afirmativo de todos los grupos, también del Grupo Parlamentario Popular, para que hagamos de esta propuesta una propuesta compartida de toda la Cámara. Y pido su benevolencia...
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, lleva consumido prácticamente más de la mitad en exceso del tiempo que le corresponde. Le ruego que concluya en 30 segundos. (Rumores.)
La señora NAVARRO GARZÓN: En 30 segundos, si me lo permite, sólo quiero leer algo que ha escrito un grupo de mujeres esta tarde: La sinrazón de tanta barbarie sólo se hace visible ante los ojos de la sociedad cuando pagan con su vida las
víctimas de esta violencia, pero hasta que la muerte no se produce y su noticia se difunde con el consiguiente escándalo, todo el peregrinar de las mujeres maltratadas en su injusto desamparo discurre ignorado por todos. Estas mujeres, que han sido
capaces de salir de su infierno y con ello han conseguido recuperar su dignidad y conquistar su vida, no sólo piden ayuda a la sociedad sino que además hacen un llamamiento a todas las mujeres que sufren malos tratos para que no pierdan la
esperanza, porque aunque el camino a recorrer es largo y penoso, es siempre mejor la lucha que la resignación.
Gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidenta.
Intervengo para manifestar el voto favorable de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de la proposición de ley del Partido Socialista Obrero Español. Creemos que erradicar la violencia de género es uno de los grandes retos del
siglo XXI. Empezar a erradicar la violencia de género pasa por estar atentos al lenguaje que se utiliza -sexista en muchos casos-, a la educación que se da a los niños y a las niñas, a nuestros roles en la sociedad, a las agresiones verbales
solapadas y sobre todo a nuestro pensamiento. El reto es desde luego complicado porque son miles de años de avasallamiento y eso no se cura en un siglo, y no se ha curado tan siquiera en lo que se ha venido en llamar el siglo de las mujeres. La
sociedad es machista desde el Génesis, como aquello de la costilla de Adán. Ya Simone de Beauvoir en El segundo sexo avanzó que para liberar a las mujeres había que cambiar también a los hombres, y tenía razón; por lo menos habría que cambiar a
muchos hombres. La violencia de género es en este momento la principal causa de daño a las mujeres y es una figura responsable de daños físicos, de enfermedades crónicas y también mentales. Parece que ahora se están empezando a multiplicar las
denuncias contra los
agresores. Aún así, sólo un 10 por ciento de las mujeres maltratadas están denunciando los hechos y un 82 por ciento de los violentos permanecen en libertad. Por otro lado, muchas mujeres mueren -ya lo sabemos- a causa de la violencia y el
98 por ciento de estas mujeres que han muerto habían presentado denuncias contra su agresor. Esto quiere decir que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido efectivas ni suficientes. Vamos a emprender una nueva vía con esta propuesta.
Mejorémosla entre todos los grupos y erradiquemos para siempre esta violencia del mundo de las mujeres.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Iniciamos este período de sesiones, este Pleno, con dos debates -el de hoy y el de mañana con la interpelación de Izquierda Unida- sobre un problema o, mejor dicho, un drama individual y colectivo como es la
violencia de género tan presente y desgraciadamente tan frecuente en la sociedad. La violencia de género invisible hasta hace poco y ahora visible, desgraciadamente muy grave el aumento de su virulencia, debe hacernos pensar que tenemos que poner
todos los medios y recursos a nuestro alcance para hacer frente a la misma. Poco a poco, a nivel internacional con la Conferencia de Pekín y con otra serie de iniciativas, se van tomando vías y caminos para hacer frente a esta violencia de género;
lo mismo pasa en la Unión Europea y también a nivel estatal y especialmente, como señalaba antes, a nivel autonómico. Desde luego en el País Vasco, en Euskadi, estamos tratando de hacer muchas cosas en relación con este drama que señalaba antes.
Hoy se nos propone una iniciativa legislativa integral. No es este el momento para plantear cuestiones de contenido sobre las cuales pudiéramos tener divergencias y por ello haríamos algunas aportaciones. En todo caso, ahora es el momento
de apostar -y así lo hacemos desde Eusko Alkartasuna- por esta iniciativa legislativa ¿Por qué? Por cuatro razones. En primer lugar, porque esta sería una nueva prueba de la voluntad política de todas las fuerzas parlamentarias para hacer frente a
la violencia de género, una señal inequívoca a la sociedad en relación con esta cuestión. En segundo lugar, permitiría evitar la excesiva fragmentación entre los aspectos preventivos, de formación, sociales, policiales, civiles y penales en el
tratamiento de esta cuestión. En tercer lugar, podría ser un debate amplio y recogería las diferentes ideologías o maneras de ver este drama, y una cuestión esencial es que nos permitiría hacer una evaluación rigurosa de lo hecho hasta ahora, lo
que echamos en falta en relación con anteriores planes estatales. Falta una evaluación rigurosa e imparcial, en muchos casos ajena a la Administración, que determine qué medidas son mejores que otras; en definitiva, cómo avanzar en el futuro. En
cuarto lugar, podríamos hablar de una cuestión muy fundamental: cuál es el presupuesto, qué financiación es necesaria para hacer frente y poner en marcha estas medidas. Son cuatro razones que nos llevan a votar a favor, sin perjuicio de que en el
debate pudiéramos aportar todos ideas para mejorar la iniciativa legislativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley integral sobre la violencia de género, y lo va a hacer a pesar de albergar ciertas dudas acerca de la eficacia de alguna de las
medidas que en ella se proponen, de echar de menos algunas otras e incluso de considerar que algunas de las propuestas contenidas en esta iniciativa pueden invadir competencias autonómicas en materia de servicios sociales y de asistencia social.
Sin embargo, para el Bloque Nacionalista Galego éstos no son problemas que no se puedan resolver con diálogo, que no se puedan resolver a través de la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley, y anunciamos que de aprobarse su toma en
consideración presentaremos enmiendas. El mensaje que debe salir esta tarde de este Pleno es que estamos ante un verdadero asunto de Estado, a pesar de que la ausencia de todo el Gobierno, la no presencia de ningún ministro, dé a entender lo
contrario.
Son muchas las mujeres que mueren al mes como consecuencia de la violencia de género; son muchas las mujeres españolas y extranjeras que son explotadas sexualmente en bares de carretera del Estado español, a pesar de que la Guardia Civil
reciba el premio otorgado por la patronal del sector. Frente a este problema las iniciativas gubernamentales, poco ambiciosas y mal financiadas, se han demostrado inútiles.
En el Bloque Nacionalista Galego no creemos que en éste ni en otros ámbitos las leyes tengan un poder taumatúrgico. Sabemos que sólo con una labor consciente de educación para la paz y la igualdad, que sólo con la superación del sexismo que
en la actualidad aún impregna las diferentes sociedades que conviven en el Estado español, que sólo con un sistema social más justo que permita una tasa de ocupación más alta de las mujeres y un trabajo más estable, sólo con estos procesos
encontrarán solución éste y otros fenómenos de violencia. Entretanto algo hay que hacer y como punto de partida nos parece válida esta proposición de ley.
Sin embargo, decíamos, tenemos algunas precisiones que hacer. En materia competencial, los
títulos que se alegan en la proposición de ley nos parecen débiles, que carecen de la fuerza necesaria como para amparar
una normativa de este tenor, sobre todo en materia -ya dije- de servicios sociales y de asistencia social. Nos parece también que, siendo una ley integral, se olvida la situación de muchas mujeres extranjeras que son víctimas en el Estado
español de violencia de género y, en especial, objeto de explotación sexual. Y tratándose de una ley integral debería haber algún tipo de previsión respecto al acceso a la vivienda de las mujeres que son objeto de violencia doméstica y que se ven
impelidas a cambiar de lugar de residencia, a través, por ejemplo, de las correspondientes previsiones en los planos plurianuales de vivienda.
Como dije, son objeciones y propuestas que realizamos con el mejor espíritu y con el ánimo de mejorar una proposición de ley que, como ya indiqué, consideramos un paso adelante en la resolución -a pesar de que el Gobierno no lo piense así-
de uno de los problemas más graves que atenazan y sufren nuestras sociedades.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Señorías, es frecuente que hablemos en esta Cámara sobre la violencia de género, y está bien; está más que ampliamente justificado porque no es ni más ni menos que el reflejo de lo que continúa ocurriendo en nuestra sociedad. (Rumores.) Lo
cierto es que a pesar del esfuerzo que se realiza desde el Gobierno central, los autonómicos y locales, sea cual sea el signo político de estos, la capacidad de resolución sigue siendo insuficiente, produciéndonos a todos una profunda impotencia.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Julios, por favor, a ver si conseguimos que haya un poco de silencio.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias.
Aunque suele existir consenso en esta Cámara cuando se aborda este problema, lo cierto es que en muchas ocasiones no ha pasado de ser unos acuerdos alcanzados del orden de una declaración institucional, y aunque esto sea importante, y lo es,
no hemos sido capaces entre todos de romper la tendencia constantemente al alza de las cifras de violencia. Las cifras de mujeres maltratadas e incluso de las que mueren son alarmantes, y como nos decía la portavoz del Grupo Socialista y
compartimos se ha convertido en un problema de Estado. Esto merece que reaccionemos en esta Cámara, que busquemos urgentemente un espacio de debate sereno y profundo. Hemos de buscar cambios cualitativos, imaginativos, en la forma de combatir este
fenómeno. Nuestra responsabilidad es lograr impactar y producir cambios en la tendencia actual. Algunas comunidades autónomas, incluso gobernadas por partidos políticos distintos, han iniciado desarrollos legislativos de este tipo, como por
ejemplo Galicia, Castilla-La Mancha y recientemente, en el pasado junio, Canarias. La iniciativa fue presentada por el Grupo de Coalición Canaria y en su toma en consideración fue apoyada tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Socialista.
Nuestro grupo ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de desarrollar una ley de prevención y protección integral de la mujer ante la violencia de género, pues con independencia de las que se desarrollen en los parlamentos autonómicos,
estos no tienen competencias para abarcar modificaciones tanto en las normas procesales como en las sustantivas penales y civiles. Por eso anunciamos nuestro voto afirmativo en la toma en consideración de este proyecto de ley.
Quiero aprovechar esta tribuna para decir que las formas utilizadas en este caso por el Grupo Socialista no nos parecen las más adecuadas si es que se pretende llegar a un consenso que nos permita avanzar. Previamente al debate de hoy en
esta Cámara hubiera sido necesario un esfuerzo de consenso entre todos los grupos políticos, incluyendo también al Grupo Popular, para haber llegado hoy a una iniciativa conjunta de todos los grupos políticos que posibilitara alcanzar un mayor
consenso, máxime cuando, como saben, todos los grupos políticos que estamos presentes en esta Cámara hemos presentado iniciativas sobre este tema tanto en esta Cámara como en los respectivos parlamentos y gobiernos autonómicos. Por otro lado, el
Ministerio de Trabajo desde hace unos días -y hoy lo ha reiterado el ministro en su comparecencia- ha anunciado una serie de medidas de orden legislativo que creo que serán positivas. También hubiera sido una oportunidad importante para buscar y
lograr un consenso hoy en esta Cámara.
Señorías, entendemos que no es este un tema sobre el que quepan oportunismos ni la estrategia de buscar vencedores o vencidos. Las únicas víctimas ante este problema son las de la violencia. Sinceramente espero que exista coherencia entre
lo que se dice y lo que se hace. En este mismo sentido espero que el Grupo Socialista reflexione de forma constructiva sobre las críticas vertidas al proyecto de ley que a este respecto presentó Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias,
porque las competencias del Estado que se reconocen en este debate, en esta Cámara y en la proposición de ley que ustedes plantean no dejan de serlo cuando el debate se reproduce en una comunidad autónoma como, por ejemplo, la de Canarias. Hago
también extensivo este comentario al Grupo Popular en Canarias.
La regulación legal actual, señorías, está centrada en la resolución de problemas puntuales, está dispersa en múltiples normas y en algunas ocasiones es incapaz de resolver los problemas que se plantean. Por ejemplo,
sabemos que el 90 por ciento de las mujeres que pierden la vida están en procesos de separación y que muchas de ellas han presentado denuncias, pero el sistema ha sido incapaz de protegerlas. También son conocidas situaciones que provocan
riesgos que se producen a raíz de resoluciones judiciales que permiten la relación de un ex cónyuge violento con la víctima y sus hijos. Son múltiples, señorías, los foros internacionales, declaraciones de Naciones Unidas y recientemente del
Parlamento Europeo que instan a los Estados a integrar la legislación, a simplificar los procesos de divorcio, la custodia de los hijos o las compensaciones económicas, por ejemplo. Estamos ante un fenómeno complejo. La violencia familiar o
doméstica está enraizada en el seno de unos patrones culturales predominantes en nuestra sociedad, en donde a través de las conductas violentas se reflejan las situaciones de abuso de poder representadas mayoritariamente por el hombre, pues son los
que hoy por hoy sustentan una posición dominante en nuestra sociedad, y padecidas por mujeres y niños que junto a los ancianos ocupan las posiciones más vulnerables tanto en la familia como en la sociedad. Estamos ante un fenómeno cuya verdadera
magnitud desconocemos, pues aunque el número de denuncias se ha ido incrementando, el conocimiento en cifras sobre la violencia es relativamente reciente y aún así no reflejan realmente la magnitud del problema. Todavía existen obstáculos que
impiden a las víctimas denunciar una relación violenta por causas de dependencia sicológica, económica, presencia de niños, problema de viviendas, falta de capacitación y posibilidad de empleo. En la medida en que seamos capaces de ofrecer una
mayor protección y dar respuestas más ágiles a las demandas y denuncias de las víctimas aumentarán los casos denunciados que permanecen ocultos; y algo que es importantísimo, la prevención de los mismos. No olvidemos que la violencia de género es
diferente a otras formas de violencia que se presentan como hechos delictivos puntuales. La violencia de género es un problema cronificado. Se trata, señorías, de la ordenación de un sistema integral de prevención de violencia y protección de las
mujeres que son víctimas de la violencia.
El proyecto de ley que ahora está siendo tramitado en Canarias está también planteado como una norma que afronta la violencia desde una perspectiva integral. En ella se regula la tipificación de las distintas formas de violencia contra la
mujer. Esta es, a nuestro modo de ver, una carencia, una falta de concreción del texto que hoy se nos presenta por el Grupo Socialista y que, de seguirse el trámite parlamentario correspondiente, intentaríamos aportar para su enriquecimiento, pues
con independencia de que las formas de violencia estén o no tipificadas como delito o faltas penales o como infracciones administrativas por la legislación vigente, la ley debe definir a qué tipo de violencia va dirigida, abarcando desde los malos
tratos tanto físicos como psicológicos o sexuales, los abusos sexuales a menores, el acoso sexual, el tráfico o la utilización de mujeres con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, mutilación genital femenina, violencia contra
los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como malos tratos económicos. La ley que hemos planteado en Canarias cuenta con una cobertura financiera de 45,5 millones de euros, unos 7.600 millones de pesetas, encauzados a través del
programa canario para la prevención y erradicación de la violencia y aprobado ya en un consejo de gobierno.
Asimismo, en la ley se propone el desarrollo de un sistema canario integral de prevención y protección de las mujeres contra la violencia en
el que se sistematizan soluciones para enfrentar el problema desde sus múltiples aspectos (educativos, sanitarios, social, etcétera), integrando funcionalmente a todos los centros y servicios disponibles en el sistema, a la vez que se otorgan
competencias a las distintas administraciones públicas. Como es natural, se dejan las puertas abiertas para la coordinación de materias competencia del Estado, pero claves en este caso. Hablamos, por ejemplo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de la Administración de Justicia. Son aspectos que, siendo competencias del Estado, además de aquellos que abarquen la adecuada coordinación con las comunidades autónomas, son los principales en los que debe centrarse el proyecto de
ley a nivel estatal. Hay funciones que son propias del Poder Judicial y de la Administración del Estado, y las comunidades autónomas necesitan que haya un desarrollo estatal sobre esta materia. Pero esto ha de hacerse desarrollando la legislación
y haciendo que funcionen los foros de coordinación y cooperación, que ya existen, entre las administraciones central y autonómica, y no creando más superestructuras administrativas.
Hay aspectos del proyecto de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista con los que no estamos de acuerdo y que si prosperara la iniciativa intentaríamos enmendar. Reflejan y arrastran una concepción centralizadora de los poderes de
la Administración del Estado ineficaz para la resolución de problemas como, por ejemplo, la creación de las delegaciones del gobierno contra la violencia. Ya hemos manifestado nuestra opinión al respecto. Invertir más recursos en estructuras
administrativas no va a resolver el problema, máxime cuando muchas de las funciones que se adscriben a la delegación del Gobierno son competencias de las comunidades autónomas y ya se están desarrollando. Estamos de acuerdo en una mayor inversión
en fondos estatales, pero -repito- no en estructuras administrativas y sí en recursos directos para las actividades preventivas y asistenciales.
Concluyo, señora presidenta. Señorías, estamos perdiendo la oportunidad de responder desde esta Cámara reaccionando ante una necesidad de nuestra sociedad, ante el padecimiento de la violencia que sufren miles de mujeres. Y digo reaccionar
porque estamos hablando
de hacer desde esta Cámara lo que es gran parte de su razón de ser, su principal función y por la que nos han votado los ciudadanos: legislar, modernizar la legislación, adaptarla a las necesidades y coordinar la dispersa legislación
existente para dar respuesta a un problema acuciante que ocasiona una alarma social. Lo grave es que no podemos mirar a otra parte, pues la responsabilidad y quienes únicamente pueden propiciar un avance legislativo son el Gobierno y los grupos
políticos de esta Cámara.
Insisto en que estamos perdiendo la oportunidad de decir todos juntos a los agresores que basta ya, y sobre todo a quienes sufren este tipo de violencia, que las mujeres y hombres que les representamos democráticamente
queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para combatir este crónico y desgraciadamente cotidiano sufrimiento.
La señora PRESIDENTA: Señora Julios, le ruego concluya, por favor.
La señora JULIOS REYES: Voy concluyendo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Concluya, por favor.
La señora JULIOS REYES: Por lo expuesto anunciamos nuestro voto afirmativo a la toma en consideración de esta proposición de ley, pero ante la probable evidencia de que no prospere en el día de hoy queremos proponer a todos los grupos de
esta Cámara la posibilidad de que no quede aquí este debate y que podamos presentar entre todos una iniciativa conjunta en esta legislatura, pues es criterio de Coalición Canaria que no se hace más por buscar titulares, sea cual sea el escaño en
donde estemos sentados; se hace más cuando se buscan soluciones.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo acepta la oferta que hizo el portavoz del Grupo Socialista, señor Caldera -eso sí, no dirigida a nosotros sino intentando seducir al Partido Popular-, de que esta proposición es sólo el comienzo de un camino. Como tal y
no como aceptación de todo su contenido vamos a votar a favor de ella. Nuestro grupo duda, ha dudado hasta ahora por lo menos, de que sea imprescindible una ley integral contra el maltrato, pero el problema está ahí, cada vez se conoce más por lo
menos, es dramático y existe la sensación de que hay muchos planes, o se dice que los hay, pero pocas soluciones. La sociedad parece pedir algo más y somos conscientes del valor simbólico de la representación popular que esta Cámara ostenta. La
ley no es sólo regla jurídica sino que tiene una importante función política. Desde luego, la solución no es sólo normativa, pero hoy creemos que es necesario trasladar a las personas maltratadas el interés de actuar en su favor de las Cortes
Generales. La función simbólica y representativa cobra fuerza para nosotros hoy ante el drama social del que estamos hablando. La ley a la que debiera llegarse tendría que ser, desde nuestra perspectiva, abierta y flexible para que no ahogue lo
que ya se ha hecho en distintas instancias, pero a la vez no podría ser sólo un catálogo de pías intenciones, con lo que perdería credibilidad.
He dicho que el texto de la ley no nos gusta y nos parece que choca, viniendo como viene del Grupo Socialista, con las manifestaciones de su secretario general que este fin de semana ha hablado de aumentar el protagonismo de las comunidades
autónomas, de autonomismo con mayúsculas, y luego el texto la verdad es que se concreta a la creación de órganos estatales, por supuesto, una delegación del Gobierno, como si la existencia de la Delegación del Gobierno para la Inmigración y la
Extranjería no fuese bastante para disuadir de que un órgano de este estilo no es la panacea para la solución de los problemas, y luego planes y fondos nacionales siempre; eso sí, se dice, de conformidad con las comunidades autónomas en todo lo que
se norma. Esta expresión no salva el que se respete el reconocimiento constitucional al reparto de competencias. Las cosas no van a ir mejor porque se centralicen. La defensa del interés general no la tiene solamente el Estado sino que
constitucionalmente se habla de defensa de intereses respectivos, los del Estado, los de las comunidades autónomas, los de los ayuntamientos, y esos intereses respectivos se concretan en cada nivel competencial en el reparto que el propio texto
plasma y que desde luego la proposición no respeta porque -repetimos- con esa coletilla no se salva el auténtico reparto de competencias. Esto, desde luego, deberá corregirse. La ley no servirá para nada si complica el panorama y sobre todo si
sirve para paralizar otras iniciativas; porque otras iniciativas hay. En el ámbito vasco existe hace tiempo un acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a las víctimas del maltrato doméstico y de las agresiones sexuales que está
funcionando muy bien y que en este mismo mes se va a plasmar en la aprobación de un plan de seguridad, ya elaborado y que creemos que es pionero para mujeres maltratadas que incluye el apoyo social a las víctimas. Desde Emakunde se nos manifiesta
que la Ertzaintza ha mejorado notablemente, urgida por este acuerdo, en el trato y en la recogida de datos respecto de estas cuestiones. Las juntas generales de Vizcaya, que yo conozca, tienen aprobado una ponencia sobre malos tratos a mujeres y
los ayuntamientos, a partir de Eudel, están llevando a cabo políticas concretas en esta materia . Desde luego, todos han adoptado la decisión de personarse en cuantas diligencias que afecten a su ámbito competencial se
abran en relación con mujeres maltratadas, y se está extendiendo -en la última el propio lehendakari estaba presente- la concurrencia a las manifestaciones por cuestiones del maltrato llamado doméstico.
Si se me permite manifestarlo, no es sólo la perspectiva de las víctimas, que es la que tiene en cuenta la ley, la que debe ser objeto de óptica.
Bien está mirar hacia las víctimas, merecen todo nuestro apoyo, pero creemos que en estas
Cortes Generales se debería pensar también dónde está el enfoque del auténtico problema. ¿Qué pasa con una sociedad que genera agresores de mujeres? ¿Qué pasa para que peguen? ¿Qué se hace con los que pegan? Ponemos en duda, incluso, que sea
buena la política de los llamados pisos de acogida. ¿Por qué extender la idea de que es la mujer maltratada la que ha de abandonar el piso y no plasmar en normas que obliguen a que sea el que maltrata quien abandone el hogar familiar?
Lo que digo requiere estudios mucho más profundos, pero vuelvo a las propuestas que se hacen. El impacto de género en las normas, la asistencia gratuita y especializada, incluso el impacto de género en los presupuestos de la comunidad
autónoma, todo ello se viene haciendo ya, por ejemplo, en el ámbito vasco. No repitamos lo que ya existe o lo que ya se está haciendo desde instancias competenciales. Evitemos también -y ahora me dirijo al Gobierno- ser populistas en esta materia.
Esta semana, el ministro señor Zaplana, quizá llevado por el ímpetu o el fervor del ministro nuevo, ofrecía -así lo recogían los medios de comunicación, al menos- que todas las maltratadas percibiesen el desempleo. No digamos frases huecas: no hay
desempleo sin que haya existido empleo previo.
Nuestra formación política formuló en términos de posibilidad una iniciativa de este estilo el año pasado, y es cierto que tuvo el voto favorable de toda la Cámara. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Uría, por favor. El nivel de murmullo que hay en la Cámara hace su intervención apenas audible.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias por su amparo, señora presidenta.
Repito que el Grupo Vasco formuló el año pasado, con ocasión de la tramitación de la ley de acompañamiento, una medida posible en este campo. Planteaba, como hace la iniciativa actual, considerar en situación legal de desempleo a aquellas
mujeres que, habiendo sido empleadas, se veían forzadas por el maltrato a abandonar el puesto de trabajo que venían ocupando. A esto, repito, se opuso el Partido Popular en aquel entonces, tanto en Comisión como en Pleno, con alegaciones que
constan en el 'Diario de Sesiones'.
Quiero pensar que lo que el señor Zaplana proponía era una ayuda social, sin más, cuya cuantía podrá ser igual o superior a la del desempleo. ¿Por qué insisto en esta cuestión? Porque los títulos competenciales, las características
jurídicas e incluso la Administración llamada a pagar, son distintos en uno y otro caso, y creemos que la cuestión se presta al populismo cuando no a la confusión. Desempleo es Seguridad Social, es título estatal, tal y como se viene entendiendo;
por tanto, llamándolo desempleo, sí le correspondería al señor ministro ponerse las medallas de la toma por parte del Gobierno del Estado de esta nueva medida en beneficio de las mujeres maltratadas. Sin embargo, si de lo que se trata, como creo,
es de pagar unas cantidades como asistencia social a personas maltratadas que no han sido empleadas previamente, y sin que ello tenga nada que ver con la situación de empleo, estaríamos en título que corresponde a las comunidades autónomas. Muchas
comunidades autónomas ya lo vienen haciendo y no cabe que lo anuncie un ministro del Gobierno del Estado. Insisto en que es un ministro nuevo que pudo hacerlo llevado por el entusiasmo, pero sorprende más al tratarse de una persona que acaba de ser
presidente de una comunidad autónoma que ha anunciado en estos días medidas importantes en esta materia. Quiero pensar que no pretende restar competencias asumidas ya por la Comunidad Valenciana, de la que ha sido presidente.
Las proclamas individuales, las falsas progresías, no ayudan nada en esta materia. Aceptemos todos -nosotros los hacemos- la necesidad de poner en común y también la de respetar lo que cada uno esté haciendo ya en el nivel competencial de
las respectivas administraciones. Hay necesidad de estudio serio. Abordemos, si así se desea, la ley estatal como respuesta a una demanda social, plasmación de lo simbólico de nuestra representación, y trabajemos en ella. Tal es el deseo de
nuestra formación política. Creemos que nadie debe verse forzado a vivir con su asesino potencial y tampoco debe vivir nadie con miedo a esa amenaza constante y latente; pero también queremos, señorías, que desaparezcan las denuncias y proclamas
espectáculo que sólo generan deseos de venganza, potencial venganza. La formación política a la que pertenezco apuesta por el trabajo serio y no por el propagandismo, y por ello votará afirmamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Quiero empezar mi intervención saludando a las compañeras del movimiento feminista que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados.
Junio del año 2002. Leila, 27 años, Madrid, asesinada por su ex novio. Día 25 de junio, Ana María, 29 años, Tenerife, asesinada por su marido, en trámites de separación. Carmen, Zaragoza, 55 años, asesinada por
su marido. Estas son las muertes, señorías, del verano. Esto exige un silencio sepulcral en esta Cámara; esto exige que, de una vez, nos pongamos a pensar en que las mujeres nos merecemos mucho más respeto que estar hoy hablando aquí,
cuando tenemos poca tribuna y muchas cosas que decir. (Aplausos.) Concepción, Tortosa, Tarragona, asesinada por su pareja de hecho, por su compañero. Evangelina, Granada, 74 años, toda una vida al lado de su asesino. Silvia, una mujer extranjera
que compartía sus ilusiones y sus anhelos con nosotros en España, asesinada en Alicante también a manos de su marido. María, asesinada en Alicante. Tres mujeres en tres días; estamos hablando todavía del mes de julio. Continúo. Pilar, asesinada
en Cataluña por su marido, 55 años. Dolores, asesinada en Alicante por su marido, 29 años. Hemos pasado a agosto, señorías.
Celeste, Alicante, asesinada por su marido, 33 años. Josefa, en León, asesinada por su propio hijo. Carmen, Madrid, 90
años, señorías, conviviendo casi toda una vida con el que fue capaz de acabar con la suya. María Begoña, Basauri, Vizcaya, 35 años, asesinada con por su compañero. María Luisa, 45 años, asesinada en Valencia el 28 de agosto de 2002.
Señorías, ¿ustedes creen que las diputadas de esta Cámara, las mujeres españolas, vamos a resignarnos a ver morir a nuestras hijas y a nuestras nietas a manos de la violencia de género sin que ustedes, señoras y señores del Gobierno del
Partido Popular, que es a quienes hay que pedir cuentas, pongan encima de la tribuna el valor del consenso para resolver un problema tan grave como es el de terrorismo de género? (Aplausos.) Por respeto a las mujeres, señorías, he leído sus
nombres. ¿Saben por qué? Porque ustedes, que tanto pregonan y tanto hablan de las víctimas del terrorismo de ETA -a las que nosotros respetamos, compartimos el dolor de sus familaires y sabemos que es necesario ayudarles- se olvidan de las
víctimas del terrorismo de género. Por estas mujeres que esta diputada ha nombrado en la tribuna no ha habido minutos de silencio, señorías, no ha habido actos de desagravio, no ha habido actos de apoyo a las familias de las víctimas. No voy a
hablar de los hijos porque ese es el señuelo que se nos cuelga siempre a las mujeres, voy a hablar de las mujeres. Ustedes saben que la vida de las mujeres está en los hijos y saben también por qué.
Ya va siendo hora de que nos tomemos esto en serio. Es una situación de terror a la que se ven sometidas miles de mujeres. Señorías, las denuncias han empezado, el problema se ha hecho visible. Las mujeres hemos sido maltratadas toda la
historia y ahora es cuando se empieza, en la sociedad e incluso en esta Cámara, a tomar conciencia de ello. El maltrato es histórico, lo venimos padeciendo las mujeres históricamente; ahora se ha hecho visible gracias a que las mujeres se atreven
a denunciar. ¿Hasta dónde tenemos derecho, señoras y señores del Partido Popular, a exigir a las mujeres que sean heroínas y sigan denunciando sin que ustedes pongan encima de la mesa el dinero necesario para cambiar, con mayúsculas. la vida de
las mujeres? No vamos a resignarnos.
Señorías, es difícil salir a esta tribuna para hablar de una cuestión como esta sin poner el corazón, porque yo, señorías -se habrán dado cuenta hace tiempo- soy mujer, y me pregunto cómo es posible que tanto hombre sabio en esta Cámara,
tanto tribuno, no se hayan enterado de que el terrorismo de género es una cuestión de Estado que exige, señorías, políticas de Estado. Vuelvo, por tanto, a insistir en el valor del consenso para que todas y todos en esta Cámara hagamos un esfuerzo,
para que todos y todas en esta Cámara pongamos encima de la mesa nuestros planteamientos y para que todas y todos escuchemos a las mujeres, porque lo que no se hace con nosotras se hace contra nosotras, señores del Partido Popular. Ustedes ya han
hecho dos planes contra la violencia y esos planes desgraciadamente -me habría encantado que hubieran acertado- han fracasado. Han fracasado y no basta con el anuncio de un paquete de medidas en los medios de comunicación por el nuevo ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, que sinceramente ni tiene tiempo para ponerlas en marcha en lo que queda de legislatura ni hay dinero presupuestado para que eso sea realidad. Por favor, tengamos en cuenta la realidad y si de verdad el Partido Popular
quiere, que lo demuestre, para eso tienen ustedes la facultad de gobernar, cosa que por cierto nos pesa cada día más, sobre todo a las mujeres. (Risas.)
Las causas de la violencia de género, señorías, son estructurales, exigen, por tanto, respuestas estructurales. Quiero saludar la iniciativa socialista, no tanto -ellos ya lo saben, ellas también- porque yo crea que los problemas de las
mujeres se van a resolver con leyes, sino porque, desgraciadamente, tiene que mover ficha la oposición porque el Gobierno se conforma con la autocomplacencia de contarnos, cada vez que salimos a la tribuna, que ya están haciendo cosas, que las hacen
muy bien, pero aquí no han venido los planes de evaluación, no han venido las evaluaciones de los planes contra la violencia, los planes de igualdad salen a toque de clarinete del 8 de marzo, no hay seriedad. Señoras y señores del Partido Popular,
señorías, no hay seriedad, las mujeres les importamos muy poco.
Hay que cambiar las cosas y eso exige una respuesta política. En primer lugar, exige querer cambiar las cosas. Hay en esta Cámara quien quiere cambiar las cosas. Vamos a ver si somos capaces de convencer a los que no quieren y después
hablamos, señorías, de todo lo demás que es legítimo, de lo que les pueden preocupar a los nacionalistas las leyes básicas, que es legítimo, de las competencias. Miren ustedes, aquí lo que no hay es voluntad política y, en ausencia de voluntad
política, todo lo demás es papel mojado.
Además de querer, señoras y señores del Gobierno, hay que abordar el problema desde un punto de vista
integral. Así pues, la solución del problema exige medidas de tipo económico, social, político y, naturalmente, cómo no, de tipo jurídico, que vayan dirigidas fundamentalmente a desarrollar las democracias supuestamente avanzadas desde el
punto de vista de las mujeres, es decir, con las aportaciones de las mujeres. Sin participación de las mujeres, señorías -y aquí no distingo izquierda ni derecha y mucho menos centro, que es una entelequia (Risas.)-, las democracias serán
raquíticas. Una Europa gobernada únicamente por hombres no es la respuesta necesaria. Una Europa gobernada paritariamente por hombres y mujeres tendría una mayor consciencia, una mayor sensibilidad y hubiera intervenido de otro modo contra las
violaciones en masa de las mujeres en Bosnia, contra las políticas de los talibanes afganos, que llenan de oprobio a las mujeres del mundo; una Europa paritaria intervendría en este momento en contra de la guerra como instrumento masculino
manipulador de la política. Las mujeres luchamos por la paz, estamos en contra de la guerra, estamos a favor del diálogo, de la negociación, tenemos valores que en sí mismos y deben ser aceptados en el marco de las instituciones y de la política.
Una Europa de las mujeres sería también un escenario mucho más amable, mucho más acorde, mucho más adecuado para dar una respuesta al genocidio de género que venimos padeciendo las mujeres.
Si hoy las mujeres tenemos derechos políticos, señoras y señores de la Cámara, si hoy los ejercemos en algunos lugares del mundo es porque antes de nosotras hubo mujeres feministas, organizadas o no, por la igualdad o por la diferencia, de
Boston o de Inglaterra, españolas de Alcorcón, de Fuenlabrada o de Coslada, mujeres a las que debemos rendir un homenaje en esta Cámara, señorías, porque ellas fueron las que lucharon por cambiar nuestras vidas, sin complejos y sin atajos, con una
generosidad política y personal que nos hace sentirnos hoy a las diputadas de esta Cámara orgullosas herederas de su legado.
Reivindico el feminismo desde esta tribuna, una vez más, porque es importante que haya mujeres en la política, pero no basta con que haya mujeres -siento que no esté el presidente del Gobierno-, no basta con presentar a trece mujeres
alcaldesas, hay que presentar mujeres que se comprometan con los valores de la igualdad, hay que presentar mujeres feministas además de mujeres que no lo sean. Nosotras hemos luchado para que todas las mujeres puedan estar en la política, pero no
importa qué mujeres están sino qué compromiso adquieren, de qué hablan en las tribunas y qué es lo que dicen. Nosotras, comprometidas con esos valores de la igualdad, con la realidad de las mujeres, dispuestas a poner voz a su silencio y a exigir
en su nombre que se acabe este estado de cosas, exigimos en esta Cámara que se acabe ya este sufrimiento del colectivo de las mujeres y que dejemos de hacer políticas coyunturales, que dejemos de hacer políticas-parche que con uno u otro ánimo -sin
prejuzgarlo- siempre nos conducen al reencuentro con el patriarcado y sus valores. Traducido al castellano, señorías, no queremos, no nos da la gana, no queremos que dentro de 25 años las diputadas que vengan detrás de nosotras suban a esta tribuna
para tener que repetir nuestros discursos, no queremos que nuestras hijas entren en el circuito de la violencia de género, no queremos que entren las de ustedes, no queremos más mujeres sufriendo por algo que hemos de arreglar entre todos, señorías.
Por eso, una vez más, termino mi discurso diciendo que las mujeres nos merecemos un pacto de Estado, el más necesario de todos los que ustedes se han planteado en el escenario de la política. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señora Castro, le ruego que concluya.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta, termino.
Señorías, señores del Partido Popular, señoras diputadas del Partido Popular, esta medida que trae hoy a la Cámara el Grupo Socialista puede que no sea la panacea, pero podía ser el punto de encuentro que nos pusiera a todos en ese motor de
arranque del consenso que están esperando las mujeres. Sinceramente, señorías, si no votan a favor de esta iniciativa no es que ustedes lo tengan difícil aquí para explicárselo a los grupos parlamentarios, es que dudo de que puedan explicárselo a
sus propias hijas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sufrir malos tratos es una de las vivencias más traumáticas que puede padecer una persona. La violencia de género, física, sexual o psicológica, que se da en la familia y también en la sociedad, en el trabajo, en los medios de
comunicación y en la publicidad, vulnera gravemente los derechos humanos de las mujeres y constituye un grave obstáculo para el crecimiento y el desarrollo social. La violencia de género es una violación general de los derechos humanos, del derecho
a la seguridad, a la dignidad, a la libertad, del derecho a la integridad física y psíquica y del derecho a la vida, y sus consecuencias repercuten en numerosos aspectos de la vida de las víctimas, en su salud psíquica y física desde luego, pero
también en su situación laboral, en sus condiciones de trabajo, en la vivienda, en su situación económica, muchas veces dependiente del agresor, y alcanzan a otros miembros de la familia, en especial a los hijos, para quienes las consecuencias de la
violencia son igualmente devastadoras.
Este problema, grave de por sí, tiene además una extraordinaria magnitud.
Las diferentes estadísticas de la Unión Europea nos dicen que al menos una de cada cinco mujeres, con independencia de la situación económica, social o cultural de la
familia, han sido víctimas de malos tratos. En España, la asociación de mujeres separadas y divorciadas, que viene realizando desde 1998 una seguimiento para conocer el número de mujeres asesinadas y las circunstancias de cada caso, nos dice que
desde 1998 a 2001, es decir, en cuatro años, 278 mujeres han muerto a manos de sus parejas.
Es evidente, señorías, que desde los poderes públicos, cada uno desde su responsabilidad, es imperativo impulsar y adoptar medidas que sean eficaces para erradicar esta violencia y para proteger a las víctimas. Mi grupo parlamentario, mi
formación política, la federación de Convergéncia i Unió, es especialmente sensible al tema que nos ocupa. La erradicación de la violencia de género ha sido, y es, una de sus prioridades políticas y, por ello, Cataluña, donde tenemos
responsabilidad de Gobierno, es una de las comunidades pioneras en la adopción de medidas en lo que consideramos que son los ejes básicos para la efectiva erradicación de este grave problema: formación, información y creación de recursos
asistenciales. El Govern de la Generalitat de Cataluña viene adoptando desde hace muchos años, y dentro naturalmente de su marco competencial, medidas en materia de prevención, difusión y sensibilización, medidas de atención a las víctimas, medidas
en materia de educación e información, medidas de dotación de recursos sociales, medidas en materia de salud y también en materia de detección y de control estadístico. Sin ir más lejos, el último plan integral de prevención de la violencia de
género y de atención a las mujeres se aprobó por el Govern el pasado 30 de abril y contempla 89 medidas a implementar entre los años 2002 a 2004.
Creemos, señorías, que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara comparten este objetivo de erradicación de la violencia de género y también implementan medidas al respecto. El propio Gobierno del Partido Popular ha aprobado
dos planes integrales, el primero y el segundo realizados contra la violencia doméstica. Estoy segura de que su portavoz va a exponernos detenidamente todas las actuaciones que se están llevando a cabo, pero no quería dejar de señalar y de
reconocer, porque creo que es de justicia hacerlo, que la erradicación de la violencia doméstica es una de las prioridades de su acción política. Hay que reconocer, pues, las múltiples actuaciones que se están realizando, pero también tenemos que
reconocer que, desgraciadamente y a pesar de todos los esfuerzos, los resultados nos dejan una cierta sensación de impotencia. La memoria de la Fiscalía nos dice que en el año 2000 se ha incrementado con respecto al año 1999 en un 35 por ciento el
número de asuntos que se han seguido por maltrato familiar, porcentaje que, a su vez, había aumentado un 38 por ciento con respecto al año anterior. Este aumento de denuncias -se ha señalado aquí por otros portavoces- puede deberse a que, como
resultado de las campañas que desde las administraciones se han llevado a cabo, las mujeres se atreven a denunciar.
¿Qué sucede a partir de que se produce esta denuncia? Sucede, señorías, que existe una gran dispersión, dispersión de juzgados, dispersión de procedimientos, dispersión de criterios judiciales a la hora de adoptar las medidas cautelares y,
en general, insuficiente protección de la víctima, que se ve obligada a realizar un via crucis judicial y a contemplar, impotente, cómo la denuncia, que debería haber sido el primer acto de su salvación, de su libertad, de su seguridad, puede
convertirse incluso, si no se le ofrece una protección eficaz, en una incitación para nuevas agresiones que, en demasiados casos, culminan con la muerte. Aquí, hay que volver a recordar no solo el número de 274 víctimas en los cuatro años
anteriores, sino también las más de 50 mujeres asesinadas en lo que va a de año, y hay que recordar -se ha hecho hoy aquí- que, en casi todos los casos, las mujeres habían denunciado previamente.
Señorías, mi grupo parlamentario ha manifestado desde esta tribuna, con ocasión de otras iniciativas que se han visto sobre este mismo tema, que no era partidario de remitir únicamente a la aprobación de leyes la solución de este problema
sin, antes de modificar la regulación legal, estudiar el comportamiento y la eficacia de las ya existentes. Durante este tiempo -la última reforma data de 1999- hemos estudiado atentamente las recomendaciones que se han venido haciendo al respecto
desde distintas instancias -foros contra la violencia, asociaciones de mujeres, asociaciones de jueces, asociaciones de juristas y abogadas, la propia Fiscalía- y, sobre todo, la realidad de que siguen muriendo mujeres y la realidad de que casi
todas las víctimas habían denunciado previamente la situación. Ante esto, nuestra conclusión no puede ser otra más que la de que se hace necesario abordar una nueva regulación legal que consiga, sobre todo y como objetivo fundamental, una
protección más eficaz de las víctimas.
Por todo ello, hoy, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la toma en consideración de la iniciativa que estamos viendo, y va a hacerlo a pesar de que la iniciativa incluye un listado de medidas que, a
nuestro entender, pueden conculcar los títulos competenciales que tienen atribuidas algunas comunidades autónomas. No nos gusta, y lo sabe perfectamente la señora Navarro porque nos hemos pronunciado específicamente en otras ocasiones sobre este
tema, la figura de la delegación del Gobierno contra la violencia de género porque se le atribuyen algunas funciones que corresponden claramente a los gobiernos autonómicos; no nos gusta la invasión que, a nuestro entender, se hace del artículo 9,
apartado 27, del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
donde se establece que la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de promoción de la mujer.
Señorías, esta iniciativa, cualquier iniciativa, debe ser escrupulosamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y, a nuestro juicio, esta iniciativa que estamos viendo y que nos propone el Grupo Parlamentario
Socialista, no lo es. A pesar de ello, y por la importancia que ya he señalado que para mi grupo parlamentario tiene el asunto que nos ocupa, vamos a votarla favorablemente, en la seguridad de que en la tramitación parlamentaria, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) introducirá, por la vía de enmiendas, las modificaciones necesarias para que este instrumento legal que hoy se nos presenta se ajuste a la organización competencial del Estado que nos hemos dado. Vamos a
votarla favorablemente, anunciando que, si se toma en consideración, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentará enmiendas no solo, como ya he dicho, de orden competencial, sino también para reforzar lo que a nuestro entender
debe ser el eje central de la legislación para combatir la violencia: la protección de la víctima. Desde Convergència i Unió creemos que cuando se produce una denuncia por maltrato, siempre, en todo caso, deben adoptarse medidas de protección de
la víctima si ésta las solicita, y ello con independencia de la calificación técnico-jurídica que se dé a la conducta denunciada, porque la experiencia tristemente nos demuestra que este tipo de agresiones siempre son graves, ya que cuando se
producen se han derribado previamente, una tras otra, todas las barreras del respeto hacia la otra persona. La ley debe caer con todo su peso sobre todo aquel que denuncie en falso.
Precisamente por eso debemos reforzar la credibilidad que nuestro
sistema legal da a la víctima, porque la realidad hace evidente la necesidad de la protección. Casi todas las mujeres asesinadas habían denunciado con anterioridad, y muchas de ellas no una vez, sino en reiteradas ocasiones.
Algo falla, señorías,
en nuestro sistema legal, cuando no es capaz de otorgar una protección efectiva a la víctima, y por ello hay que modificarlo.
También creemos que hay que hacer recaer los inconvenientes de la protección sobre el agresor y no sobre la víctima. Nuestra regulación legal debe propiciar que con inmediatez a la denuncia sea el agresor quien deba dejar el domicilio y no
la víctima si no quiere. Asimismo debe propiciar un control efectivo del alejamiento del agresor. Las víctimas pueden solicitar las pulseras de control electromagnético, las pulseras de telealarma, si así se sienten más seguras, pero debieran ser
los agresores quienes las llevaran obligatoriamente, porque así se facilitaría el control policial de la medida de alejamiento. Finalmente -porque no es momento, señorías, de realizar un análisis exhaustivo o pormenorizado de las enmiendas que mi
grupo realizará-, debe contemplarse en su especificidad la protección de las mujeres inmigrantes, y también es en esta regulación legal contra la violencia donde debe situarse la penalización de las conductas de mutilación genital.
Señorías, finalizo mi intervención expresando de nuevo la convicción de que la erradicación de la violencia de género no debiera ser tratada de manera partidista; tendría que considerarse materia de consenso y de pacto, porque la violencia
de género es un problema social que nos afecta a todos, que afecta a toda la sociedad. Por eso hoy sería bueno el consenso de todos los grupos parlamentarios, máxime cuando el ministro Zaplana ha anunciado unas medidas al respecto, medidas que
valoramos positivamente y que desde ahora les decimos que vamos a apoyar. Este consenso y este pacto, señorías, sería bueno porque permitiría que de esta Cámara saliera hoy un mensaje positivo para toda la sociedad y en especial para las víctimas
de la violencia.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem. (Aplausos.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición ante la proposición de ley sobre la violencia de género, violencia que sufren las mujeres y que es un tema de una enorme gravedad. Señorías, estamos ante un problema que a pesar de atentar
contra la dignidad de las personas, contra los derechos humanos, contra la libertad, contra la integridad y, en muchos casos, como aquí se ha recordado, contra la propia vida, fue considerado durante muchos años, demasiados, como algo privado y
oculto. Hoy tenemos claro que es un problema social que merece toda nuestra preocupación, todo nuestro dolor, la reacción que está teniendo el Gobierno y el compromiso de este Parlamento y, por supuesto, del Grupo Popular, dispuesto siempre a
apoyar desde la responsabilidad cuantas medidas contribuyan de verdad a ayudar a esas mujeres víctimas y a prevenir esta lacra social. Desde luego, señorías, la violencia, como muy bien conocen ustedes, no es algo que suceda ahora sino que trae
causa de muchos siglos en muchos comportamientos abusivos, discriminatorios de los hombres -también se ha recordado- y del conjunto de la sociedad que así lo consentía o al menos, señorías, lo silenciaba. Por tanto, es éste un problema antiguo y
cierto y nos preguntamos ¿qué se ha hecho en España y desde cuándo se ha hecho algo? La realidad es tozuda y elocuente: nada o muy poco -porque fue poco lo que pudo exhibir la diputada del Grupo Socialista- se hizo en España hasta que llegó el
Gobierno del Partido Popular (Rumores y protestas), quien de forma pionera en Europa -pionera en Europa, sí, señorías- elaboró dos planes integrales contra esta lacra social.
Desgraciadamente, las cifras de mujeres que mueren de esa forma violenta siguen produciéndose y a todos
nos duelen y a todos nos estremecen, si bien desde el Grupo Popular vemos con esperanza que cada vez hay más mujeres que denuncian este tipo de hechos, que denuncian estos malos tratos. Nos parece acertado e importante porque sin duda la
mujer va cambiando la resignación por el ejercicio de esos derechos, y estoy segura de que al hacerlo lo hace también porque se encuentra claramente más ayudada y tiene una mayor protección. No en vano, como decíamos, el Gobierno está dando una
respuesta integral al problema mediante políticas no sólo de educación y de promoción de la igualdad, cuyos resultados sabemos que no son de efecto inmediato pero que son fundamentales, sino también con políticas claramente específicas contra la
violencia, de las que son buen ejemplo esos dos planes integrales en los que han participado distintos ministerios, pero en los que han participado con sus ideas todas las comunidades autónomas de distinto signo político, y también ha habido
propuestas hechas por distintas asociaciones así como por la Federación de Municipios y Provincias. Son planes, en definitiva, basados en una coordinación y cooperación de todos, hechos con un enfoque global y que se articulan en torno a grandes
áreas que ahora ustedes, -y nos alegra- incorporan al texto de esta ley. Naturalmente tenemos que estar de acuerdo con ello, por ejemplo en la sensibilización y la prevención. Se han hecho tres importantísimas campañas.
Por cierto, en educación y formación el Grupo Popular quiere la formación de todos los fiscales, de todos los jueces, no sólo de unos cuantos específicos para abordar ese tema, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así,
se han impartido más de 400 cursos y más de 25.000 profesionales los han hecho. Ha habido actuaciones en sanidad con ese protocolo sanitario, medidas legislativas y procedimentales, reformas del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal muy importantes; medidas asistenciales que han permitido que en este momento haya 260 centros de acogida, con más de 4.133 plazas; y esos centros de emergencia, de absoluta y nueva creación y de medidas claramente
de investigación. Además, todas ellas están articuladas en una serie de objetivos -que también ustedes incorporan en esa ley y que nosotros compartimos y nos alegramos de ello- para conseguir una educación basada en los valores del diálogo, respeto
y tolerancia, para alcanzar una mejor protección -cómo no- de la víctima mediante las mejoras de la legislación de las que aun hoy hablaba el ministro. También vemos la penalización más contundente de comportamientos inadmisibles de los agresores o
el completar ese mapa de recursos sociales en todo el territorio nacional. Lo compartimos, y ahí están esos planes y ese trabajo que ha permitido esos objetivos de estos seis años. La preocupación sobre este gravísimo problema que supone la
violencia que sufren las mujeres ha sido una constante del Instituto de la Mujer y del actual Gobierno, y prueba de ello es que no es algo esporádico. Hoy, el ministro aportaba una serie de medidas importantísimas, que aquí alguien duda que se van
a cumplir, pero hasta ahora lo que el Partido Popular puso sobre la mesa se ha cumplido. En todo caso, esa sería una cuenta con los electores, que seguro que estaba cumplida y saldada en las próximas elecciones. (Aplausos.)
Quiero decirles también, señorías, que sólo desde la demagogia más irreal e irresponsable se puede decir, como aquí se ha dicho, que después de dos años de legislatura no se ha hecho más que ponerle parches a esto. Si ustedes dicen esto,
díganme qué tendría que decir el Grupo Popular cuando en 14 años de gobierno lo único que hicieron fue guardar en el cajón un informe del Senado. (Aplausos.-Rumores.) Como aquí han recordado, se hizo un informe, pero lo guardaron en el cajón, y
vino el Grupo Popular a transformarlo en acciones y en planes decididos. Díganme qué han hecho ustedes en esos 14 años para luchar por lo que era un problema. No les gustan los planes, no hicieron acciones, no hicieron leyes... (Fuertes
rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Sainz, por favor. (Continúan los rumores.-La señora Cunillera i Mestre: Tranquilízate Albendea que te queda mucho todavía.-El señor Cuesta Martínez: Seis años.)
Señorías, ruego guarden silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: Hoy, el Grupo Socialista trae una proposición de ley cuyo objetivo, como se ha dicho, señorías, el Grupo Popular comparte, pero no aporta nada nuevo ni a lo que está haciendo el Gobierno ni a lo que están haciendo
las comunidades autónomas, que el Grupo Popular reconoce porque han participado en esos planes. La inmensa mayoría de esas medidas están ya, señorías, en el segundo plan que se hizo con las aportaciones de todos y otras entran claramente en
litigio, en confrontación con las competencias asumidas por las comunidades autónomas o incorporan cosas heterogéneas, como es el fondo de pensiones. Tengan por seguro, señorías, que si el Grupo Popular viese que iba a ser un instrumento nuevo y
adecuado o más eficaz para abordar este problema nosotros seríamos los primeros en apoyarlo, pero sinceramente no vemos ventajas. (Rumores.)
Les hemos escuchado con respeto y silencio, déjenme que les diga cuáles son, aparte de los que hemos dicho, otros inconvenientes. En primer lugar, la proposición de ley plantearía problemas jurídicos con las competencias asumidas por las
comunidades autónomas, porque ustedes ignoran que han asumido competencias en educación, en sanidad, en servicios sociales, en vivienda, etcétera. La proposición de ley incorpora contenidos que no serían propios de una norma con rango de ley y, en
cambio,
olvida otros necesarios e importantes en este trabajo. Lo que ustedes plantean, y lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, es que es necesario una sola norma, pero lo de ustedes no es una sola norma, señorías. Lo que ustedes dicen es:
Modifiquemos las leyes de educación, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eso es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. No digan que es una sola norma, es la suma de normas, como está haciendo el Grupo Popular con sus
planes y acciones. (Aplausos.-Rumores.)
Incorporan el fondo de garantía de pago de alimentos, que ya ha sido debatido aquí y razones se han dado para ello, e insisten, señorías, en la creación de la delegación del Gobierno contra la violencia doméstica.
Ya hemos dicho que las
funciones que le corresponden no suponen ninguna novedad y que además se inmiscuirían en las competencias autonómicas.
Como ejemplo de confrontación con las comunidades autónomas, yo voy a recordar unas palabras del debate sobre este tema que
ustedes quieren incorporar de la portavoz de Convergència i Unió, ilustre y gran parlamentaria. Decía: De los ocho apartados en que se concreta el cometido y contenido de esta delegación del Gobierno, al menos tres invaden las competencias de
algunas comunidades autónomas. Luego continúa diciendo: Lo mismo puede decirse por lo que respecta a las medidas que frente a la violencia de género se adoptan en las comunidades autónomas en materia de prevención, educación, policiales -al menos
en Cataluña- sanitarias, sociales, de reinserción e incluso en la definición de los criterios y requisitos mínimos para las casas de acogida. Sigue diciendo: Invade claramente las competencias. Por otra parte, entendemos que la finalidad que
persigue la iniciativa se lleva a cabo a través de estructuras ya existentes, sin necesidad de crear en principio unas nuevas. Elocuente intervención, que nosotros aplaudimos, de la portavoz de Convergència i Unió. (Rumores.)
En todo caso los objetivos que persigue esta proposición de ley se alcanzan, señorías, del mismo modo mediante los planes de Gobierno que son integrales, que están sistematizados por áreas, que resultan más ágiles, más operativos y
claramente eficaces y que permiten además incorporar constantemente de forma abierta todas aquellas actuaciones posibles sea cual sea la naturaleza de las mismas, legales o meras actuaciones puntuales. Buen ejemplo de ello es que hoy el ministro,
en ese marco de trabajo del Gobierno del Partido Popular, ha anunciado importantísimas medidas. En definitiva, son planes que no buscan sólo que la respuesta de los poderes públicos sea integral y coordinada sino también una respuesta práctica más
ágil, más efectiva y más rápida que permita una mejor coordinación con las comunidades autónomas sin generar problemas de competencias. Esta, señorías, es la verdadera prueba del algodón del Gobierno del Partido Popular: su trabajo durante todos
estos años, sus planes y sus actuaciones. La prueba del algodón de ustedes, sin duda, la tuvieron durante los 14 años de oportunidad claramente perdida para demostrar las bondades de esta propuesta. (Aplausos.)
Termino diciendo, señorías, que el Gobierno y el Grupo Popular llevan 6 años de propuestas, de acciones y de planes. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Si, los únicos, por mucho que les duela, que se han
hecho en este país. Ello nos parece el camino más ágil, el instrumento más adecuado y mucho mejor que el que hoy ustedes presentan aquí desde la oposición. Este es nuestro compromiso con la sociedad española y sin duda, con esas mujeres con las
que compartimos el dolor y con las que luchamos cada día para tratar de ayudarlas y protegerlas. (Rumores.) Señorías, pensamos que es el camino correcto.
Ustedes creen que el correcto es el suyo, pero nosotros creemos que es el nuestro.
Respétenlo porque esa es la regla de la democracia, para eso gobernamos y es el camino correcto.
Es más, les voy a hacer a ustedes también una propuesta: les invitamos a que desde el diálogo se unan a ese camino. De verdad, si ustedes quieren el acuerdo, yo les invito -nosotros lo deseamos sinceramente- a que retiren su texto
(Rumores.) y desde mañana mismo nos pongamos todos los grupos a trabajar para crear un texto conjunto de todos los grupos de la Cámara... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora SAINZ GARCÍA: ...que recoja las aportaciones que entre todos consideramos más eficaces. Esa es una oferta... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Sainz, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que continúe la diputada que está en el uso de la palabra, de la misma manera que todos los intervinientes anteriores han podido hacerlo.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, termino diciendo que esa es una oferta que el Grupo Popular hace desde el convencimiento de que lo único que nos mueve es proteger a las víctimas y erradicar de la sociedad esta tremenda lacra
absolutamente inadmisible de una sociedad democrática, libre y solidaria como la sociedad española. (Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, integral contra la violencia de género.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 151; en contra, 165.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Protestas en la tribuna de invitados.) Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas de aquellas personas que están perturbando el orden. (Continúan las protestas.) Ruego a los
servicios de la Cámara desalojen las tribunas de las personas que perturban el orden. (Continúan las protestas.) Ruego a los servicios de la Cámara desalojen de las tribunas a las personas que estén perturbando el orden. (Al abandonar las
invitadas del movimiento feminista la tribuna diciendo: ¡Dónde están, no se ven, las mujeres del PP!, son aplaudidas por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista.)
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS RELATIVAS A LA LIBERALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (Número de expediente 162/000252.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas relativas a la liberalización del suministro de energía eléctrica. (Fuertes rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con la sesión. Ruego que aquellas señoras diputadas y señores diputados que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y de la manera más rápida posible. (Pausa.)
Adelante, señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señora presidenta, señorías, voy a defender la enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que lo que viene a hacer es corregir técnicamente y al mismo tiempo poner al día una proposición no
de ley que venía del año 2001.
Quizás hay que situar esta enmienda y su texto dentro de los dos pilares básicos de la política económica del Gobierno del Partido Popular; esos dos pilares básicos son, por un lado, el déficit cero y, por otro lado, la política de
liberalización económica. En esos dos pilares básicos nos diferenciamos tanto de la política del Gobierno de España, cuando gobernaba otro partido, como también de lo que hoy se hace en otros países europeos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de
Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Por citar a nuestro propio país, en España en el último año de gobierno de otro partido, del Partido Socialista, el déficit era el 7,3 por ciento frente al déficit cero en la actualidad o, por ejemplo, en materia
de liberalización, y de liberalización eléctrica, en el año 1994 a este Parlamento vino la LOSEN.
Como portavoz de la oposición, tuve entonces la oportunidad de decir que aquella LOSEN era una ocasión frustrada de haber iniciado por parte del Gobierno español de aquella época la liberalización eléctrica, como ya lo habían hecho otros
países europeos de nuestro entorno.
Si esa es la comparación de nosotros con nosotros mismos, incluso en relación a Europa nuestra política fiscal y también de liberalización es en general más avanzada, y quizá ésta sea una de las razones por las cuales en este momento en
cifras de crecimiento, y para no irnos más lejos, en este último semestre España ha crecido al 2 por ciento y Europa de media al 0,5 por ciento; es decir, hemos crecido cuatro veces más que Europa, en parte porque dos de los pilares de nuestra
política económica son la política de déficit cero y la de liberalización. En este contexto, una parte importante de la política de liberalización es la liberalización eléctrica y, en general, energética.
La enmienda que hemos presentado tiene una serie de puntos de entre los que me voy a referir a los más importantes. El primero de ellos es que se inicie la liberalización el 1 de enero de 2003, y para ello se pongan los medios legales y
materiales necesarios. En ese sentido hay que recordar que Europa está discutiendo si en el 2005 realizará esta liberalización que España va a iniciar el 1 de enero de 2003. Pero para que esta liberalización se pueda realizar hace falta una serie
de instrumentos, y entre ellos una política de tarifas adecuada.
Recordemos brevemente cuál ha sido la política de tarifas en el lenguaje de los hechos gobernando uno u otro partido. En los diez últimos años de Gobierno del Partido Socialista las tarifas eléctricas subieron un 41 por ciento. Desde que
gobierna el Partido Popular las tarifas eléctricas se han reducido en términos nominales cerca de un 20 por ciento, en términos reales cerca de un 30 por ciento.
Por cierto, he visto alguna declaración del Grupo Parlamentario Socialista, referida a una norma del Gobierno de que las tarifas no bajarían más del 9 por ciento. Quiero recordar, entre otros datos, que en los años 2001 y 2002 en términos
reales las tarifas han bajado cerca del 8 por ciento. Pero aún hay más, el compromiso del Gobierno es que las tarifas en el futuro bajen en términos reales, es decir, suban no ya solamente por debajo de la inflación, sino por debajo de la inflación
esperada a nivel europeo, por debajo del 2 por ciento. Sin duda hay economistas en este hemiciclo que reconocerán que lo fundamental son los precios reales y no los nominales.
Pero aún hay más. Si hasta ahora he hablado de amplias áreas de disenso, sobre todo en el lenguaje de los hechos, entre cómo se gobernó por el Partido Socialista y cómo se ha hecho por el Partido Popular, aquí sí puedo hablar de un área de
consenso. El consenso es la metodología para fijar las tarifas en adelante, y puedo hablar de un área de consenso porque me puedo remitir a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista de febrero de este año que decía que la
metodología
de fijar las tarifas debía ser pública, objetiva, transparente y no discriminatoria. Precisamente un texto del Grupo Parlamentario Popular, que en aquel momento por razones procedimentales no se pudo votar, decía lo mismo, pero en la
enmienda a la proposición no de ley que presentamos recogemos literalmente ese texto que también tiene su origen en el Grupo Parlamentario Socialista. Luego hay consenso en la metodología, aunque haya claro disenso en la política de los hechos
realizada por uno y por otro partido. Es precisamente esta política tarifaria la que permitirá, por un lado, el beneficio del consumidor y, por otro, asegurar que haya oferta adecuada y al mismo tiempo competitiva para que la liberalización sea
real y no tengamos problemas tipo efecto California, etcétera.
Paso a fijarme en la parte de la enmienda que se refiere a la política de oferta, a la necesidad de incrementar la oferta existente de electricidad y de gas, y una vez más tengo que recordar algunas cifras al respecto.
Entre 1990 y 1996, se
incrementó la capacidad de generación en 1.700 megavatios, y desde 1997 a 2002, esa cantidad será de 6.200 megavatios, casi cuatro veces más gobernando el Partido Popular en relación con los últimos años del Partido Socialista. En este momento hay
hasta 33.000 megavatios en trámite para entrar en funcionamiento, de los cuales 25.000 ya han pasado por una primera parte de ese trámite, como es su exposición pública. En resumen, vemos que con el Partido Popular existe una política de incremento
de la oferta, que es la que puede permitir la realidad de la liberalización de la demanda, unida a una política de aumento de la competitividad. Por ejemplo, en este momento el porcentaje de mercado de las dos grandes empresas eléctricas, Endesa e
Iberdrola, es menor que en el año 1996. En estos últimos años, algo tan importante como las comercializadoras han incrementado su importancia. La política del Gobierno ha llevado a que no hubiera fusiones no aceptables entre las grandes empresas
del sector. Nos encontramos con que este incremento de la competitividad ha llevado a que de cuatro pasen a seis las empresas básicas. Nos encontramos con una política de incremento competitivo de la oferta apoyada, de una parte, por las
interconexiones internacionales eléctricas que, a su vez, tienen como base importante la negociación del acuerdo de Barcelona, que plantea que llegue por lo menos hasta el diez por ciento y, de otra parte, el apoyo de las energías renovables. Si
hasta ahora hablaba de diferencias básicas en el lenguaje de los hechos cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobernaba el Partido Socialista, ahora tengo que mencionar diferencias en el lenguaje de las palabras en el actual equipo directivo
del PSOE, cuando hablan de energías renovables. Porque un día pueden defender la reducción de los impuestos de los hidrocarburos, política nada favorable, por cierto, a las energías renovables, y otro día, porque es políticamente correcto, defender
con ardor la política de energías renovables.
El último punto de la enmienda a la proposición no de ley que presentamos trata de que el Gobierno comparezca anualmente ante el Parlamento para explicar cómo evoluciona la planificación. Ese punto es debido a que próximamente el Gobierno
aprobará la planificación, tanto obligatoria como indicativa, y la enviará al Parlamento. He de recordar el intenso grado de diálogo, que tuvo lugar el curso pasado en el Congreso, con el que se ha realizado esa planificación, que ha incluido una
subcomisión específica muy relacionada con esa materia. Ese afán de diálogo nos va a llevar a que en este momento se haya presentado ante la Mesa un texto transaccional en el que recogemos parte de la enmienda de Convergencia i Unió para, desde el
diálogo, profundizar en ese texto transaccional, recogiendo las ideas presentadas por Convergencia i Unió.
Termino refiriéndome a un dicho clásico que dice que nunca hay viento favorable cuando no se conoce el rumbo. Aquí ha habido una época en que no se conocía muy bien cuál era el rumbo en política de déficit presupuestario, que ya hemos visto
cuál era en la realidad, ni cuál era el rumbo en política de liberalización energética. La LOSEN no fue la liberalización energética, ya que planteaba un modelo de centralización.
Sin embargo, con el Partido Popular en el Gobierno el rumbo es
claro. El rumbo es déficit cero, el rumbo es política de liberalización. La suma de esos dos factores son los pilares que han permitido que España en el último semestre haya podido crecer el 2 por ciento, cuando Europa lo hacía al 0,5 por ciento,
y que España, conociendo el rumbo al que vamos, haya podido crecer cuatro veces más de media de lo que lo ha hecho Europa.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gámir.
Para la defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Urán por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Gámir, la verdad es que en general el Grupo Popular siempre nos sorprende y no acabamos -y de eso ya estamos convencidos- de sorprendernos todos los martes por la tarde cuando vemos las iniciativas de este grupo
parlamentario. Si se nos ocurriera presentarlas el resto de los grupos de la Cámara tendríamos que escuchar lo que nos dirían desde el Grupo Popular en el sentido de que el Gobierno ya lo está haciendo, ya lo va a hacer o desde luego ya lo tiene
hecho. Pero no solamente es que el Gobierno ya debería tener hecha esa iniciativa que ustedes presentaron, sino que además, después del debate, al que usted hacía referencia en su intervención, en la subcomisión de planificación de las
infraestructuras energéticas la verdad
es que quedaba completamente fuera de lugar. De ahí que mi grupo parlamentario haya presentado una enmienda de sustitución, porque realmente la iniciativa que ustedes presentaron no nos conducía a ningún sitio del que ya no estuviéramos y
se ha revelado como un gran fracaso de la política de liberalización de los servicios energéticos o de la energía, como ha sucedido con la política del Partido Popular.
En 1997 -y no hablamos de ayer ni de antesdeayer, hablamos ya de hace unos cuantos años- el Partido Popular, en el Gobierno ya, hace una modificación de la Ley del sector eléctrico, acordada a través de un protocolo con las compañías
eléctricas. En ella se llega al acuerdo de no subida tarifaria como mínimo hasta el año 2003; para el año que viene ya se prevé una subida de tarifas. Además, planteaban una serie de medidas y de escalonamientos, si quieren ustedes, para la
competencia y para la liberalización del sector, y empezaban por los grandes consumidores de energía. Han sido incapaces de llevar a la práctica su propia política -que no compartimos-, y no la de mi grupo parlamentario, la del Grupo Federal de
Izquierda Unida. No han sido capaces de ser precisamente consumidores en una determinada situación, sin entrar en la tarifa, porque les sale más caro que si entran en la que tienen el resto de los consumidores. No lo digo yo, lo dicen los propios
consumidores, las grandes compañías consumidoras de electricidad, que ninguna ha llegado a acuerdos con compañías eléctricas. Han presentado una enmienda de modificación intentando adecuar un poco más a la realidad lo que ustedes estaban planteando
en su iniciativa del año 2001. Además, siguen empeñados en llevar al infinito el crecimiento en la actividad de generación de energía eléctrica, sin tan siquiera plantearse en ningún momento que esto tiene un límite no solamente mediambiental, sino
físico, a la hora de poder seguir instalando plantas de generación de energía eléctrica, además de medioambiental.
Han hecho una planificación de las infraestructuras energéticas basada fundamentalmente en las plantas de ciclo combinado, con unas grandes dosis de emisiones de CO2, y eso contraviene el protocolo de Kioto que el Reino de España ya ha
firmado y ha ratificado esta Cámara. Y ahora vuelven otra vez a decirnos en su iniciativa que para que de verdad se puedan cumplir las condiciones y cualquier consumidor, incluso los domésticos, pueda elegir suministrador a partir del 1 de enero
del año 2003, se tienen que tomar medidas que se supone que el Gobierno debería estar tomando, puesto que es su política la que están desarrollando, no la de otros grupos parlamentarios o no la de otras formaciones políticas, sino la suya, y ustedes
parece ser que se lo tienen que recordar. Se olvidan en su iniciativa, entrando en su dinámica, que no es la nuestra y que desde luego no vamos a respaldar, de que solamente tendrán que elaborar unas tarifas de acceso a las redes de transporte para
que realmente el consumidor pueda elegir. Pero lo que no se plantean es que yo como consumidora doméstica, a pesar de que el Gobierno hiciera lo que ustedes dicen, no puedo cambiar de compañía eléctrica, porque mi compañía eléctrica sólo suministra
aquí; no hay ninguna otra que me pueda ofrecer energía en la zona donde yo vivo. No hay ninguna otra compañía eléctrica, se pongan ustedes como se pongan.
Es una falacia, señorías, eso de que estamos en un mercado competitivo o liberalizando realmente la energía. Al contrario, estamos ante el oligopolio de las grandes compañías energéticas, que hacen con los usuarios lo que quieren; y con el
Gobierno, también. No nos podemos creer lo que ustedes nos plantean, con independencia de que lo compartamos o no, y, además, nos parece una verdadera tomadura de pelo y una pérdida de tiempo para esta Cámara.
No voy a defender ya las enmiendas que hemos presentado, y con esto concluyo, presidenta. Hablan ustedes de diálogo constantemente: el grado de diálogo en la planificación energética, el grado de diálogo en esta iniciativa. Sin embargo,
el diálogo parece existir sólo con un grupo político de esta Cámara: el Partido Popular y en algunos casos también con Convergència i Unió. El resto de los grupos parece que no existen. No hay diálogo. Si acaso, hay acercamiento a otros grupos
políticos y acuerdo con ellos. Diálogo sería si se llevase a cabo con todo el mundo, con independencia de que se llegase o no a acuerdos. Sin embargo, ni siquiera tienen ustedes la delicadeza de molestarse en hablar con el resto de los grupos
parlamentarios que forman parte también de esta Cámara.
Como han llegado ustedes a un acuerdo y tienen una transaccional que seguimos sin compartir, mi grupo parlamentario retira las enmiendas que ha presentado, no sin antes decir que votará en contra, a pesar de la transaccional y del esfuerzo
que estoy segura de que habrá costado a su grupo y al de Convergència i Unió. A nosotros no nos complace el acuerdo y tampoco hemos tomado parte en él.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sanchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular que estamos debatiendo, con la intención de aportar profundidad y de hacerla extensiva
a otras fuentes energéticas, como el gas, fuente importantísima dentro del sector energético español y europeo. Tratamos de dotar de mayor eficacia y fortaleza al objetivo que persigue esta iniciativa parlamentaria: la liberalización del sector
energético; que sea más transparente y eficiente. A nuestro modo de ver, tiene que llegar a todos los consumidores sin excepción para que se puedan dar las necesarias condiciones de competitividad desde el punto de vista de los costes
energéticos industriales y domésticos. Igualmente, hay que conseguir más competitividad, eficiencia y claridad en lo que se refiere a la calidad. Sin calidad, poca eficiencia podríamos atribuirle; no pueden bajar los costes energéticos a costa de
la calidad.
Puesto que esta proposición no de ley va dirigida a mejorar la planificación energética para que los suministros se puedan efectuar con calidad, nos parece oportuna. De este modo, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda en la
misma dirección, queriendo darle mayor profundidad en determinados aspectos y complementándola al incluir otras fuentes energéticas, como el gas. Lamentamos que, dentro de esta negociación parlamentaria, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida no haya podido ser copartícipe. Los diputados de su grupo parlamentario saben perfectamente que cada vez que ha existido una iniciativa parlamentaria en la que haya participado activamente Convergència i Unió -y, cabe decirlo, también el
Grupo Parlamentario Popular-, siempre hemos intentado que también participaran los diferentes grupos de la Cámara en estos aspectos donde es interesante poder formalizar un consenso, especialmente desde el punto de vista energético.
Hemos mantenido
muchas conversaciones y algunas reuniones con su grupo parlamentario, así como con el Grupo Parlamentario Socialista, para poder configurar un acuerdo global de todos los grupos parlamentarios que forman la Cámara.
Por ello, nuestro grupo parlamentario ha incorporado en dicha enmienda todos aquellos aspectos relevantes desde el punto de vista energético, como pueden ser la planificación de las estructuras básicas, la eficiencia energética, la
prospectiva energética al 2010 evaluando el cumplimiento de los compromisos en renovables y en emisión de gases precursores del efecto invernadero, así como todos aquellos aspectos que hacen referencia a la investigación y al desarrollo energético,
a la calidad del suministro eléctrico, a las propuestas del modelo de formulación energético para avanzar en la competencia y en la integración en el mercado europeo interior de la energía; también distintas propuestas que se refieren al análisis
de las diferentes comunidades autónomas al efecto de poder complementar este cuadro de planificación en el que pueda caber el consenso con las diferentes administraciones para conseguir, básicamente, este objetivo global y final, que es el de
mejorar la eficiencia energética en cuanto a los costes industriales y a los costes de las economías domésticas para que puedan alcanzar a todas las familias españolas, no olvidando un aspecto importante también de competitividad que hace referencia
a los costes industriales, lo que es cierto que se ha mejorado ostensiblemente en los últimos años. Nosotros esperamos, en base a estas propuestas que está elaborando la Secretaría de Estado de Economía, que los precios de aplicación a partir del 1
de enero de 2003 también vayan en la dirección de la rebaja que se ha venido experimentando en los últimos años, concretamente a partir de la liberalización del año 1996, que después se ha complementado con la liberalización del real decreto del año
2002. En este sentido hemos presentado estas enmiendas que tienen el objetivo al que me he referido anteriormente. En base a la enmienda que ha presentado nuestro grupo parlamentario y también a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular hemos podido llegar a un acuerdo, que pienso que es positivo para el sector energético en general.
Cabe destacar que hemos logrado consensuar con el Grupo Parlamentario Popular la posibilidad de que se sigan adoptando todas las medidas necesarias para la renovación del parque de generación y desarrollo de las interconexiones
internacionales no sólo desde el punto de vista energético, de electricidad, sino también, como ha propuesto nuestro grupo parlamentario, hacerlo extensivo al gas para que permitan ampliar la oferta existente en el mercado interno respetando,
lógicamente, la libre iniciativa empresarial en el sentido de que se mantenga la necesaria diversificación de las fuentes de energía. También hemos presentado otro aspecto que hace referencia a la implementación del procedimiento de la medida de la
calidad del servicio en su aspecto de continuidad a los efectos de posibilitar la aplicación de los descuentos a partir del año 2003 para que, al mismo tiempo, se puedan iniciar todos aquellos contactos con las comunidades autónomas y el sector
eléctrico para aprobar las instrucciones técnicas complementarias que vayan en la dirección de mejorar, incrementar y profundizar sobre todos aquellos aspectos que hacen referencia a la calidad del producto de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. También hemos consensuado con el Partido Popular la posibilidad de que se puedan mantener todos aquellos contactos periódicos con las diferentes comunidades autónomas para analizar las inversiones necesarias
que puedan garantizar el adecuado abastecimiento, así como la calidad del servicio eléctrico a la que me he referido anteriormente.
Finalmente, también hemos consensuado un aspecto que consideramos muy importante, como puede ser que, una vez aprobada la planificación de las infraestructuras energéticas básicas de la energía eléctrica, tanto desde el punto de vista
energético como también desde el punto de vista de gas natural, se pueda elaborar un calendario de instalaciones a ejectuar, sin que ello pueda significar un retraso en las instalaciones más urgentes.
Es por este motivo que, a través de este
acuerdo que hemos conseguido con el Partido Popular, pensamos que esta enmienda presentada por Convergéncia i Unió complementa la iniciativa del Partido Popular, en el sentido de mejorar la competitividad de los costes de las energías eléctricas,
tanto desde el punto de vista industrial,
como desde el punto de vista doméstico, sin olvidar también la calidad del suministro de energía eléctrica que es muy importante para que finalmente podamos conseguir esta competitividad que va en la dirección de la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, el señor Labordeta tiene la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Estamos de acuerdo en alguna de las cuestiones que se plantean en la iniciativa objeto de debate, especialmente en las que se refieren al mantenimiento de las inversiones necesarias para garantizar el adecuado abastecimiento, porque de hecho
en Aragón particularmente soportamos de manera demasiado habitual los problemas de los cortes en los suministros.
Sin embargo, el objeto de la intervención es manifestar la postura contraria de Chunta Aragonesista a uno de los puntos concretos de
la proposición no de ley del Partido Popular, el referido al desarrollo de interconexiones internacionales que permitan ampliar la oferta existente, propuesta que está en la línea conocida en los últimos días por la que desde el Ministerio de
Economía y Red Eléctrica se han planteado recuperar el proyecto de autopista eléctrica Aragón-Cazaril. Recordamos que ya en su día, a iniciativa de Chunta Aragonesista, las Cortes de Aragón se mostraron en contra de este proyecto y ahora nuevamente
se ha reactivado la oposición en las zonas afectadas. Es un proyecto que ataca directamente a un espacio natural muy frágil y a una economía de la zona basada en el turismo y su riqueza medioambiental que se vería dañada por una infraestructura de
este tipo. En este año internacional de la montaña nos parecería una paradoja que España aprobase una conexión de este tipo, que tenemos que rechazar rotundamente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Queríamos resaltar, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, tres cuestiones que nos parecen claves desde el punto de vista formal. En primer lugar, que estamos ante una proposición presentada tardíamente, inconexa y sin contenido real
para solucionar los problemas del suministro eléctrico. Es curioso que incluso ya era tarde en el 2001 y en su formulación original hablaba de desarrollar urgentemente, cosa desde luego bastante impropia en el caso de un partido que además está
gobernando.
En segundo lugar, nos parece que la finalidad de esta iniciativa es puramente propagandística, ya que intenta dar soporte mediático al anuncio de la subida de tarifas eléctricas, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Economía y las
empresas del sector.
En tercer lugar, ya es una costumbre inveterada que el Partido Popular nos habitúe precisamente a instar a su Gobierno a realizar acciones a las que está obligado, tales como el desarrollo reglamentario de las leyes.
Hay un segundo aspecto que afecta al contenido y que puede parecer paradójico, pero que para el Bloque Nacionalista Galego está muy claro, y es que esta iniciativa no ataca los problemas de fondo del sistema eléctrico, ya que la denominada
liberalización del sistema está contribuyendo a reforzar la situación de oligopolio de Endesa e Iberdrola, que controlan el 80 por ciento del sector eléctrico en el Estado español. Esa posición abusiva en el mercado hace que las dos empresas
controlen los precios del mercado mayorista, los grandes consumos, que ya está liberalizado, paradójica e irónicamente, lo que conlleva precios mayores que los regulados para las tarifas. Lo hemos comprobado en las noticias de la prensa de hace
unos días.
Además de la estructura del mercado, dominado por dos empresas, hay que añadir que en el Estado español no hay una separación real, solamente nominal a efectos contables, entre generación, transporte y comercialización de la energía, cosa
que no ocurre en otros Estados de nuestro entorno. Por tanto esto va a reforzar aún más la posición de dominio de empresas eléctricas, la capacidad de presión sobre el Gobierno y los consumidores para imponer sus intereses.
Señora presidenta, hay tres evidencias que quiero resaltar. En primer lugar, la que hace referencia a la garantía de potencia, que es un mecanismo que favorece la consolidación de las empresas eléctricas, ya que garantiza el funcionamiento
y viabilidad de esas empresas productoras de energía y no la cobertura de la demanda, que debería ser garantizada por las propias empresas que operan en el sector. Por tanto, al tratarse de un servicio esencial, el Gobierno debería exigir a las
empresas abastecimiento y calidad en el suministro de energía y no subordinarse a los intereses de las mismas.
En cuanto a la cuestión de la calidad, en concreto le diré que desde el punto de vista de Galicia ésta empeoró drásticamente en el año 2001, a pesar de seguir siendo excedentaria en producción de energía eléctrica.
Por lo demás, hasta el
año 1999 todos sabemos que las tarifas incluían un porcentaje destinado a planes de mejora de electrificación de los cuales se destinaban a Galicia 3.000 millones, un tercio del total del Estado.
Pues bien, en el desarrollo reglamentario de la ley
el Gobierno tenía que contemplar de nuevo la inclusión de esos planes de mejora, dada la deficiente calidad del suministro eléctrico,
especialmente en zonas rurales; por eso mismo el problema es notorio en Galicia.
Por último, quiero decir al portavoz del Partido Popular que el Real Decreto-ley 6/2000, que fijaba una reducción de hasta un 9 por ciento en las tarifas eléctricas sólo se cumplió parcialmente hasta llegar al 4 por ciento; aún así, el
Gobierno pactó con las empresas eléctricas una subida nominal de las tarifas para los próximos años, incumpliendo, por tanto, las promesas electorales. A ninguno de estos aspectos -y habría muchos más- se da respuesta en la proposición no de ley
del Partido Popular y por eso vamos a votar en contra.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sobre la iniciativa que nos ocupa en este momento, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas relativas a la liberalización del suministro de energía eléctrica, mi grupo quiere decir lo siguiente. En primer
lugar, desde mi agrupación, por el área territorial de Canarias, nos sentimos ajenos al problema que se plantea en esta iniciativa. Nuestro grupo va a votarla favorablemente en el sentido de contribuir a la enmienda conjunta que ha recibido mi
grupo, suscrita entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Catalán (Convergència i Unió), aunque entendemos que como se refiere al escenario del territorio español peninsular no afecta para nada a las competencias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.El tema de la electricidad en Canarias es totalmente distinto, jurisdiccionalmente, al que rige en la Península. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Canarias, señora presidenta, se rige por una ley especial y específica de su
competencia, aprobada el 2 de diciembre del año 1997, la Ley 11, de regulación del sector eléctrico en Canarias, por una cuestión obvia: su carácter archipielágico, ya que está a miles de kilómetros de centros de producción peninsular y que incluso
dentro de Canarias la producción no es archipielágica sino que se realiza dentro de cada isla. Cada isla genera su propia energía, basada en combustibles fósiles del petróleo, en centrales eléctricas en las que se produce la energía por la quema
del fuel pesado, que también se emplea por la única compañía que opera en el sector, una compañía, dentro del grupo de Endesa, denominada Unelco, que trabaja prácticamente en un régimen de monopolio.
Nuestro grupo está a favor de todo lo que sean unas líneas competenciales para el consumidor o el usuario de cualquiera de los sectores, del sector privado, del sector empresarial o del sector servicios, para estas cuestiones. No en balde,
señora presidenta, en el preámbulo de la citada Ley 11/1997, que en su día se aprobó por el Parlamento de Canarias, se dice que característica importante de la generación eléctrica en Canarias es la práctica imposibilidad de almacenamiento de la
energía y también las importantes inversiones necesarias para conciliar los incrementos de la demanda con los de la oferta disponible. El problema -sigo leyendo- no sólo se plantea en las plantas de generación sino también en las líneas de
transporte y distribución, que deben estar capacitadas para suministrar la energía demandada. Prueba de ello es que la singularidad canaria no se le ha escapado al legislador y por ello el estatuto de autonomía de nuestra comunidad autónoma, de un
modo singular dentro del conjunto de las restantes comunidades autónomas españolas, otorga a Canarias competencia exclusiva en instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, de acuerdo con las bases del régimen minero y
energético.Por esta razón, quiero hacer aquí esta salvedad, y nosotros podemos asumir que en el punto 2 de la enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Popular y de Convergència i Unió, que es de asunción de la política energética canaria eléctrica,
se inste al Gobierno a que elabore una metodología pública objetiva y transparente y no discriminatoria para la fijación de las tarifas y los precios regulados en el sector eléctrico, que favorezca tanto a las inversiones de las empresas como a los
beneficios para los consumidores. Pero que quede bien claro que nuestro voto en este tema es de solidaridad, aunque la competencia en el área de Canarias, por las peculiaridades territoriales, productivas y organizativas de la electricidad, es
exclusiva y propia del Parlamento autonómico canario y en las iniciativas de su Gobierno autónomo, por las peculiaridades productivas y organizativas. Por tanto, si el Gobierno actúa en razón de esta iniciativa parlamentaria, que se tenga en cuenta
esta salvedad para evitar así posibles contenciosos, ya que alguno de ellos ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, que ha tenido que tomar algunas de las medidas impuestas en la ley de acompañamiento de hace unos años aprobada por el
Parlamento autónomo de Canarias.
Esta es nuestra postura de solidaridad, aunque manifestamos nuestra exclusiva competencia en este tema, porque estamos dispuestos siempre a favorecer al consumidor y a mantener un equilibrio en las inversiones del sector productor. La
alternativa que existe en el área peninsular de poder cambiar de compañía, de obtener fuentes energéticas procedentes de otras conducciones, incluso internacionales, como las suministradas por Francia o Portugal en los mercados alternativos de la
energía eléctrica, en Canarias no existe; por tanto, debe ser considerada en documento legislativo aparte.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Socialista, señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular responde, una vez más, a una estrategia, a la que ya nos tiene muy acostumbrados, sobre todo en las sesiones de los martes, y es que presentan una serie de
iniciativas pobres, con un contenido mínimo o para dar un poco de botafumeiro al Gobierno; en definitiva, cuando hay una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, nos vienen a entretener a esta Cámara. Señorías, es la estrategia de la nada, una
estrategia muy poco respetuosa con esta Cámara y, en el caso de hoy, me atrevería a decir que es ofensiva. Voy a explicar por qué es ofensiva, sobre todo en el tema del procedimiento.
La proposición no de ley que se presenta es del 16 de marzo del año 2001.
Es una proposición no de ley que es una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a una moción del Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de
interpelación, para hablar de una nueva regulación en el sector eléctrico. Es decir, lo único que se pretende con esta iniciativa es seguir en esa estrategia, sobre la base de un cacareado modelo liberalizador, como aquí nos ha explicado el ponente
del Grupo Parlamentario Popular, uno de los pilares, la política fiscal, y el modelo liberalizador; un modelo liberalizador, señor Gámir, que es bastante equívoco e inconsistente. Es una estrategia liberalizadora que ha sido incapaz de dar
competencia, en caso alguno existe la competencia efectiva y, desde luego, no ha repercutido tampoco en ningún beneficio para el consumidor. Es más, el consumidor lo único que ha tenido que soportar ha sido un deficiente suministro, sin posibilidad
de tener compensación económica alguna, porque eso ustedes lo dejan ad calendas graecas y, para más inri, se les anuncia este verano, con el agravante de la agostidad, ustedes anuncian que van a subir las tarifas, porque van a subir, señor Gámir.
Yo no recuerdo al señor Rato hablar en esta Cámara de bajada de tarifas. Estoy hablando en precios reales, estoy hablando en precios relativos. No, no, no: bajada de tarifas, y está aprobado en el real decreto, en un real decreto que trajeron
ustedes a esta Cámara en el año 2000; es decir, es un incumplimiento de un compromiso del Gobierno de un real decreto ley votado por esta Cámara. ¿Pero qué sentido tiene traer ahora, sacar del baúl de los recuerdos, esta proposición no de ley y
traerla a esta Cámara? Pues la verdad es que no lo entiendo, porque si antes tenía el objetivo de llevar a cabo unas medidas para liberalizar de cara a 2003, había dos años por delante, pero es que han pasado 18 meses.
¿Ahora, en tres meses, se va
a poner todo en marcha para que la liberalización se produzca en enero de 2003? La verdad es que, señores del PP, esto no tiene sentido alguno. Pero es que hoy, en el procedimiento, ustedes han rizado el rizo, o sea, han llegado ya al máximo. ¿Y
cuál es el máximo? Pues han presentado una enmienda de sustitución. A las 12, ustedes van y, a su propia proposición de hace año y medio, le presentan una enmienda de sustitución. ¿Cuál es el objetivo que pretenden? ¿Qué objetivo persiguen?
Desde luego la liberalización no; la liberalización del suministro de energía eléctrica, no. A lo mejor persiguen otro objetivo, menos confesable, que ya fue anunciado, como ya he dicho, que es subir el precio de la luz. Para ustedes, la
liberalización es subir el precio de la luz.
En este procedimiento, la verdad, creo que no pueden, señores del Partido Popular, sentirse nada orgullosos de haber hecho este filibusterismo parlamentario, porque esto es filibusterismo parlamentario, y mi grupo no ha presentado enmienda
alguna porque, a la vista de lo que era, decíamos: O pretenden tomarnos el pelo o tienen algún objetivo detrás. Y yo lo siento por algún grupo de esta Cámara que, con toda la buena voluntad de llegar a acuerdos, ha presentado una serie de pequeños
añadidos a la proposición y se han quedado colgados de la brecha, de la brocha, perdón, no de la brecha: en la brecha colgados de la brocha; se han quedado ustedes teniendo que hacer una enmienda transaccional, en la que les han metido un punto 7
que no corresponde para nada con el título de la proposición que es para la liberalización del suministro eléctrico.
Ustedes hablan de lo que pase cuando aprobemos la planificación de las infraestructuras energéticas. Sinceramente, esto no tiene
por dónde agarrarse. Por ello digo que el procedimiento me parece ofensivo para la Cámara, y lo digo con mucho dolor. Me parece que no se puede utilizar la Cámara para hacer esto.
Vayamos al contenido, y aquí, en el contenido, he tratado de hacer un esfuerzo para ver lo que hay en la proposición y lo que se ha planteado en la enmienda. Los dos primeros puntos de la proposición del Grupo Parlamentario Popular se
mantienen en el punto 1 de la enmienda, y lo que se dice es que se tomen las medidas legales necesarias para que se pueda poner en marcha la liberalización que por ley empieza el 1 de enero de 2003. Me parece muy bien. Pero lo que habrá que decir
es cómo garantiza el Gobierno que haya esa liberalización en el año 2003, es decir, primero tendrá que garantizar que haya un sistema o unos sistemas de medida y de control de la energía consumida, un sistema que esté homologado, un sistema que esté
a disposición de los consumidores y que tengan fácil acceso. Segundo, habrá que pensar que lo que hay que asegurar es que tengan la capacidad de elegir porque, que yo sepa, señorías, aquí, en el año 2003, capacidad de elegir suministrador,
perdónenme, pero lo veo muy difícil, no en Canarias solamente, sino en toda la Península, bastante difícil elegir suministrador y cambiarse de suministrador; por tanto, a tres meses, señorías, es impensable. Tercero, que los precios de la energía
en el mercado y las tarifas de acceso a las redes no sean disuasorios, porque hay un informe de la Comisión Nacional de la Energía sobre el consumo eléctrico en el
mercado peninsular en el año 2001, que señala que el número de consumidores conectados en baja tensión que adquieren energía eléctrica en el mercado se ha reducido en el año 2001 frente al año 2000, en parte por los altos precios que se
dieron en el mercado y en parte por el elevado coste de la tarifa de acceso para esos suministradores. Es decir, que desde que unos consumidores podían elegir, lo único que hemos hecho ha sido retroceder. Todos ustedes han leído las crónicas
periodísticas de estos días.
El punto 3 de la proposición inicial es el punto 4 de la enmienda. Aquí no está claro lo que se pretende en el texto, porque si sólo se pretende la estabilidad en el suministro eso depende de que haya instalada una potencia suficiente y de
que haya unas redes de transporte y distribución que den la cobertura adecuada. Desde hace 18 meses, ¿qué ha hecho el Gobierno en esto? ¿Lo va a hacer ahora en tres meses? Esta proposición existe desde hace 18 meses, o sea que todavía tienen que
seguir haciendo esto. La verdad es que no se entiende muy bien, a no ser que se refieran a otra cosa. A lo mejor se refieren a que haya contratos bilaterales físicos o mercados derivados, una aspiración del mundo financiero que no sé si este
momento, después de lo de Enron, es el más adecuado para llevarla a cabo. Ustedes lo tienen que aclarar.
El punto 4 es el punto 5 de la enmienda, más dos guindas: colaboración de las comunidades autónomas y meter un poquito de energías renovables. Está muy bien, pero el Gobierno no incluye el desarrollo de las conexiones internacionales en el
documento de planificación, ni en el borrador ni en el nuevo. No se cumple el Consejo europeo de Barcelona. La capacidad de interconexión del 10 por ciento de la potencia no aparece en el documento. Entonces, ¿a qué viene esto? Hay una falta de
credibilidad total. Que haya colaboración con las comunidades autónomas lo dice la ley, por tanto no es ninguna aportación. En cuanto a las energías renovables, otra vez falta de credibilidad. ¡Si hay un incumplimiento claro del Plan de fomento
de las energías renovables del año 1999! ¡No se ha cumplido nada! La verdad es que después de la última espantada del presidente del Gobierno, que no ha asistido a la cumbre de Johannesburgo, de credibilidad, señores del Partido Popular, cero.
El punto 5 desaparece. Menos mal, porque si no llega a desaparecer significaría que el Grupo Parlamentario Popular tiene constancia clara de que el Gobierno incumple sus obligaciones. Por lo menos ahí ustedes han limpiado un poquito el
cristal. El punto 6 corresponde al punto 3 de la enmienda, con una redacción distinta en la que cambian 'implantación' por 'estudiar la implantación' y 'regulación de la garantía de potencia' por 'metodología estable para el cálculo de la garantía
de potencia'. Es decir, ahora ya no implantan, ahora hay que estudiar la implantación; ahora no hay que regular la garantía de potencia, sino que hay que pensar en una metodología que regule. ¡Pero si la garantía de potencia no aparece en el
documento de planificación! Además el documento de planificación dice expresamente que no van a tratar la garantía de potencia porque no corresponde a la planificación. No entendemos absolutamente nada.
El punto 7 desaparece en la enmienda, ¡menos mal!, y añaden un nuevo punto 8, que mantiene las obligaciones de comparecencia del Gobierno en esta Cámara, con una redacción bastante más suave que la que existía en la otra proposición.
Sinceramente prefiero la anterior, porque lo único que hacen aquí es dulcificar. Finalmente, señor Gámir, incorporan un punto nuevo, efectivamente, el punto 2 de la enmienda. Ese es el punto nuevo, y ese es el punto que usted ha dicho en esta
tribuna que está cogido de una antigua proposición del Partido Socialista. Efectivamente, así es, señor Gámir, pero cójame usted toda la proposición del Partido Socialista, que era la implantación de un nuevo sistema regulatorio. No coja usted
aquello que el Gobierno ha pactado con las eléctricas. No coja usted lo que interesa para que a esta Cámara pueda venir una modificación del Real Decreto 2000, con un nuevo real decreto que establezca una metodología de tarifas para que vuelva a
subirse la luz en España y los consumidores vuelvan a tener sobre sus espaldas los incumplimientos y la irresponsabilidad del Gobierno en esta materia.
Sinceramente, señoras y señores del PP, me parece que esto es una nueva mascarada del carnaval energético en el que estamos metidos y, una vez más, con el disfraz de la liberalización, de que tanto le gusta hablar a mi compañero, el señor
Gámir. Y con la estabilidad regulatoria lo que se hace es ocultar los incumplimientos del señor Rato y del Gobierno del Partido Popular, ya que las tarifas no van a bajar. Vuelvo a insistir, el señor Rato no decía: va a haber una bajada del 9 por
ciento en términos relativos, no. Lea usted el real decreto, señor Gámir, y escuche todas las declaraciones del señor Rato por ahí. El señor Rato incumple sus promesas y lo que se ha votado en esta Cámara y las tarifas en lugar de bajar van a
subir, porque es el compromiso que se ha adquirido con las eléctricas.
La señora PRESIDENTA: Señora Mendizábal, le ruego concluya, por favor.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señora presidenta, nada más. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mendizábal.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas relativas a la liberalización del suministro de energía eléctrica, que se somete a votación en
los términos derivados del debate y con el texto de la enmienda transaccional que ha sido presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 169; en contra, 113; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA COORDINAR ACTUACIONES ANTE BROTES DE LEGIONELOSIS. (Número de expediente 162/000548.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para coordinar actuaciones ante brotes de legionelosis.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rumí. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños, al objeto de poder continuar con la sesión. (Pausa.)
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la iniciativa que traemos hoy a la Cámara responde a la convicción del Grupo Parlamentario Socialista de que es una obligación que compromete a los poderes públicos responder con agilidad a los problemas que surgen periódicamente
en nuestra sociedad y que preocupan a los ciudadanos, en especial aquellos problemas de salud pública, como es el caso de los brotes de legionelosis, que se vienen repitiendo a menudo en España. Además requieren, antes que evasivas o silencios,
intervenciones responsables y un catálogo de actuaciones eficaces que permitan atajar la crisis y trasladar confianza a los ciudadanos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Créanme que lamento decir que esta imprescindible capacidad de resolución ha brillado por su ausencia en el caso de la máxima autoridad sanitaria, que en una tardía comparecencia se ha limitado prácticamente a trasladar responsabilidades a
las comunidades, olvidando que una sanidad transferida no equivale a un Ministerio de Sanidad insolvente. Los brotes son demasiados frecuentes y su evolución justifica la preocupación que embarga a muchos ciudadanos. Según los datos del Centro
Nacional de Epidemiología los casos confirmados de legionelosis se multiplicaron por siete entre 1997 y 2001 y se triplicaron desde 1999 hasta el año 2001.
Por tanto no basta con que proclamemos que no existen razones para la alarma; es
imprescindible que las llamadas a la tranquilidad vayan acompañadas de actuaciones que permitan a los ciudadanos percibir en el futuro inmediato que dicha tendencia se invierte progresivamente.
Ciñéndonos ahora tan sólo a los brotes de este verano, con el resultado de cuatro fallecimientos en Mataró, Úbeda y Baracaldo y más de un centenar de personas afectadas, no puede sino dar lugar a una reacción seria, rigurosa y efectiva por
parte de nuestras autoridades sanitarias. Si el Gobierno asume su responsabilidad y si el Gobierno tiene a la salud pública como una de sus prioridades, no se entiende la ausencia de la ministra y su silencio a lo largo del desarrollo de estos
brotes epidémicos, trasladando una vez más la sensación de que el ministerio se encontraba cerrado por vacaciones. Me adelanto a algunos argumentos que pudieran salir hoy aquí de que las comunidades autónomas disponen de las competencias en materia
de salud pública, y somos conscientes del importante papel que les corresponden para actuar en situaciones de crisis. Confío que el Grupo Parlamentario Popular no cometa hoy el mismo error en que incurrió la ministra de Sanidad y Consumo tratando
de cargar las responsabilidades exclusivamente en las comunidades autónomas, negando así cualquier margen o posibilidad de actuación por parte del ministerio.
Ante situaciones de crisis en la salud pública, como a la que nos estamos refiriendo y que además ha dispuesto de una heterogeneidad territorial, no es posible que el ministerio se lave las manos como si éstas les resultaran ajenas. Los
expertos en salud pública vienen demandando desde hace tiempo un esfuerzo para que se haga realidad la elaboración desde el ministerio de acciones coordinadas del conjunto del Sistema Nacional de Salud para abordar numerosos problemas de salud
pública como el sida, calendarios vacunales, la legionelosis y otros. El desarrollo de estas acciones es compatible con el marco competencial de las comunidades autónomas. No estamos cuestionando el papel que éstas deben desempeñar; esta
iniciativa trata de situar al ministerio frente a sus responsabilidades porque es su responsabilidad velar para que los problemas de salud pública que afectan a los españoles se afronten con los mejores instrumentos al alcance de las
administraciones sanitarias, tanto de la central como de las autonómicas.
Señorías, desde que se culminó el proceso de transferencias del Insalud a las diez comunidades autónomas pendientes de su traspaso, el Grupo Parlamentario Socialista ha venido reclamando del Gobierno un proyecto de ley de coordinación del
Sistema Nacional de Salud. Hemos querido con ello disponer del armazón jurídico necesario para una efectiva coordinación en beneficio de todos los ciudadanos, garantizar sus derechos de igual forma en cualquier lugar del territorio y lograr
disponer de mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo. Respetuosa -insisto- con el marco competencial autonómico, la proposición de ley de coordinación
del Sistema Nacional de Salud elaborada por el Grupo Parlamentario Socialista establecía en su capítulo tercero, de actuaciones en materia de salud pública y de vigilancia del estado de salud, que correspondería al Ministerio de Sanidad y
Consumo la capacidad de ejercer la coordinación ante crisis de salud y situaciones de alerta sanitaria que excedieran del ámbito de una comunidad autónoma y/o generasen riesgos de carácter nacional o trasnacional, así como desarrollar y sostener una
red nacional coordinada de información epidemiológica y de alerta sanitaria.
El rechazo del Grupo Popular a la toma en consideración de esta proposición de ley nos ha abocado a que en la actualidad dispongamos de fundamentos legales claramente insuficientes para actuar ante situaciones como las que han surgido de
nuevo este verano con la legionelosis. La ausencia de esta norma de coordinación nueve meses después de haberse culminado los traspasos constituye una grave irresponsabilidad tanto del Gobierno como del Partido Popular, que además no puede
prolongarse por más tiempo. Es preciso también añadir a esto la actitud ciertamente insolvente del Gobierno -permítanme la expresión-, echando balones fuera y no concediéndose ni el menor espacio para actuar protegiendo la salud de los ciudadanos
ante una crisis sin duda de alcance nacional.
¿Qué se requiere entonces para que el ministerio se decida a intervenir, a reunirse, a cooperar con las comunidades, a liderar una actuación consensuada ante las autoridades sanitarias autonómicas, y no sólo frente a los brotes que ya habían
surgido, sino también en cuanto a las tareas de prevención? ¿Qué más hubiera sido necesario para que se decidiera a actuar, a abandonar su voluntaria e incomprensible relegación? Les reitero, señorías, que esta inacción nos resulta totalmente
rechazable, sobre todo para quienes estamos persuadidos de que un Estado descentralizado encuentra su mejor coherencia cuando es capaz de definir actuaciones eficaces desde la garantía de la coordinación y de esta responsabilidad el Ministerio de
Sanidad ha abdicado. Es evidente, por tanto, que los ciudadanos españoles y nuestro Sistema Nacional de Salud necesitan de un eficaz mecanismo de coordinación y de un Ministerio de Sanidad y Consumo fuerte, con capacidad de iniciativa, con
capacidad de arbitrar medidas preventivas eficaces, y que finalmente realice acciones de e información veraz que permitan todas ellas disminuir la sensación de alarma social se que han vivido una vez más en los últimos meses.
La legislación existente para prevenir estos brotes y en concreto el decreto elaborado el año pasado que establece los criterios sobre el mantenimiento de los sistemas e instalaciones de refrigeración, representan un punto de partida que
valoramos positivamente en lo que se merece. Sin embargo, los brotes siguen siendo una realidad más frecuente de lo deseable y estamos obligados a perfeccionar en cuanto sea necesario los instrumentos legales y las actuaciones dirigidas a
combatirlos con las mayores garantías de eficacia. Creemos por ello que es preciso elaborar un plan nacional de prevención frente a la legionelosis que sea coordinado con todas las comunidades autónomas. Una actuación coordinada que debe
comprender el desarrollo de un programa de control exhaustivo de las torres de refrigeración, tanto de edificios públicos como privados, la revisión y mejora de la normativa legal que regula estas instalaciones, y finalmente que se plantee una
revisión del sistema de información epidemiológica, permitiendo la creación de una red nacional coordinada de información epidemiológica y de alerta sanitaria para facilitar la acción preventiva.
Esto nos lleva a no poder aceptar la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) porque no es el momento de medidas aisladas y sí de una estrategia global que genere cohesión territorial y que ofrezca una respuesta integral al problema.
También instamos de nuevo al Gobierno a que presente ese proyecto de ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud por todos los motivos antes expuestos, y creemos necesario constituir una comisión de expertos que elabore un Libro Blanco sobre
salud pública en España, con el fin de hacer efectiva la coordinación del Ministerio de Sanidad y Consumo y desarrollar una nueva política en este ámbito de acuerdo con las comunidades autónomas. La seguridad y también la tranquilidad de los
ciudadanos requiere antes que rechazos y empecinamientos inútiles la lucidez necesaria para incorporar nuevos desarrollos como los que está proponiendo hoy el Grupo Socialista, y los propone para una mejor estrategia sanitaria de nuestro país. Esto
es lo importante, lo lamentable es que se rechacen iniciativas porque las presenta el Grupo Socialista, aunque éstas sean de interés para los ciudadanos.
Muchas gracias.(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Rumí.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo entiende que la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista tiene interés de buscar solución a un problema que se ha repetido este año en diferentes comunidades autónomas. Se han producido brotes y ha
sido difícil determinar el origen de los mismos, localizados en determinadas instalaciones que o bien no cumplían con una normativa legal y por tanto carecían de un control, o que tenían normas técnicas constructivas de regulación que se han
manifestado insuficientes para evitar un problema que ha sido problema de salud. La actuación de las autoridades
locales y autonómicas en el ámbito de control industrial han mostrado la capacidad de resolución en sus respectivos ámbitos y las inspecciones de control sobre las instalaciones han abierto el camino a la solución. Se ha producido también
un problema añadido por la situación de acumulación de afectados por legionelosis y la alarma social correspondiente por el crecimiento de forma acelerada de los procesos de infección del virus de la legionela en los casos donde ha habido estos
brotes.
Es ésta una situación clara en el tema sanitario que pone de manifiesto dos cosas: en primer lugar la necesidad de actual públicamente con la legislación sobre un problema en el fondo común pero específico de cada comunidad autónoma, y en
segundo lugar la necesidad de evolucionar hacia un perfeccionamiento de la sanidad global del Estado como una mejora del sistema sanitario transferido a las comunidades autónomas que cuente con su correspondiente legislación emanada de los
parlamentos autonómicos y con corresponsabilidad en la gestión sanitaria.
Poco podemos evolucionar en nuestro desarrollo del Estado de las autonomías si no somos capaces de creer en la corrección del camino andado y crear en el propio sistema de salud pública los mecanismos de corrección y cooperación para que
cada comunidad autónoma sea capaz de desarrollar en el marco adecuado de la política de salud sus necesidades reales y que sea equivalente en todo el Estado español. Para ello hay un elemento de cooperación importante que es el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y dentro de él la Comisión de Salud Pública.
Nuestro grupo cree que esta Cámara debe velar muy especialmente por la eficacia del Gobierno y su gestión por evitar las duplicidades normativas y evitar
la creación de organizaciones verticales que remitan a actuaciones parlamentarias autonómicas y a regulaciones de coordinación de una determinada norma de Gobierno estatal.
Un plan estatal en estos momentos no aportará ninguna ayuda a la resolución del problema, dada como hemos dicho la problemática específica de la legionela en cada comunidad. Es por ello que nuestro grupo presenta la enmienda de modificación
a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de favorecer la actuación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como garante de la adopción de las medidas de investigación, prevención y control de la
legionelosis.
Nos consta que hasta el momento han tomado muchos y diversos acuerdos sobre normas constructivas en torres refrigeradoras, por ejemplo, y también se ha llegado a un acuerdo sobre los desinfectantes autorizados a utilizar al respecto.
Nuestra enmienda se basa en una adecuación de la propuesta del Partido Socialista a la realidad existente y a la eficacia demostrada en las recomendaciones propuestas y en el sentido participativo que todos los miembros, expertos y representantes de
las comunidades autónomas han mostrado en esa Comisión Nacional de Salud.
Además resulta, y así lo ha mostrado la interviniente del Partido Socialista, la señora Rumí, que venimos de la reciente transferencia de la sanidad a todas las comunidades autónomas y posiblemente el sistema estatal de salud adolezca en
estos momentos de una falta de experiencia.
Nuestro grupo cree que hay que profundizar en la vía de la cooperación interterritorial y hay que agilizar la gestión del Consejo Interterritorial de Salud para acumular experiencias comunes, extraer
conclusiones y a través del propio sistema recomendar a las distintas comunidades autónomas los elementos para que los diferentes parlamentos elaboren una política sanitaria adecuada a las necesidades del territorio.
Dentro de esta línea de trabajo y dentro de la propuesta socialista, promover para casos como la legionelosis la creación de un grupo de expertos que elabore un Libro Blanco sobre la salud pública en España, y de esta forma no habrá que
acudir permanentemente a la redacción de normas con salvedades competenciales para nuestras comunidades autónomas que normalmente ya las tienen. Corresponde pues a esta Cámara marcar las iniciativas que permitan el desarrollo de las competencias de
autogobierno en nuestras comunidades autónomas y establecer la corresponsabilidad que tanto se nos reclama a los nacionalistas, que por tanto se nos permita ejercerla y que nuestros modelos de gobierno, en este caso el de la sanidad, nos permitan
trabajar para constituir un desarrollo de nuestras propias ideas de calidad de servicio y de gobierno; que la convivencia respecto a las reglas del juego nazca de este espíritu de convivencia y de corresponsabilidad.
Estos son nuestros principios y los que han inspirado nuestra enmienda y la confianza en el camino andado. Existe un marco legal suficiente para que las comunidades autónomas actúen frente a este problema desde la posición de coherencia y
en relación con la responsabilidad recibida y aceptada con la transferencia de la sanidad, determinando cuál es el papel del Ministerio de Sanidad que también entendemos tiene que ser fuerte. Por encima de estas relaciones de las comunidades
autónomas, nuestra propuesta no se basa en una idea excluyente sino al contrario abierta al desarrollo competencial de las transferencias acordadas a las autonomías, aunque dentro de la misma finalidad legislativa de eficiencia y colaboración entre
las comunidades autónomas.
Por esta razón, y dada la diferencia entre la posición de nuestro Grupo Catalán (Convergència i Unió) con la proposición no de ley que nos presenta a aprobación el Grupo Socialista, nuestro voto será negativo a la misma, ya que es muy
diferente a la propuesta que nosotros entendemos debía prosperar en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, para justificar brevemente el voto negativo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley, por razones similares a las que acaba de exponer el señor Grau.
Desde el Grupo Socialista hay una tentación de amenazarnos siempre con leyes de coordinación sanitaria, como si en la Ley General de Sanidad no hubiese ya instrumentos para coordinar, en el sentido del artículo 149.1.16 de la Constitución,
los diferentes servicios de salud de las distintas comunidades autónomas, y como si la coordinación fuese una especia de fórmula mágica para resolver cualesquiera problemas.
Seguramente la coordinación no es una fórmula mágica para resolver
problemas, y en el camino nos quedaría la esencia de la autonomía que desde nuestro punto de vista, y así lo dice el Tribunal Constitucional en muchas sentencias, es la capacidad de que cada comunidad autónoma formule políticas propias en ámbitos de
su competencia, por tanto también en el ámbito sanitario y en el ámbito de la salud pública.
Otra cosa es que se coopere, que se colabore, es decir que las comunidades autónomas con competencias en materia sanitaria, y en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, elaboren planes voluntariamente, sin imposición unilateral,
intercambien experiencias, intercambien información y entre todas puedan solucionar problemas que, como también dijo el señor Grau, presentan peculiaridades y diferencias de unos territorios a otros, que en el caso de establecer un plan, mal llamado
nacional -sería un plan estatal- no los resolvería sino que caería en los más viejos vicios del centralismo, que es proponer soluciones iguales para situaciones diferentes. Como nosotros ya tenemos experiencia de lo que supone proponer soluciones
iguales a problemas diferentes, vamos a votar no a esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Para manifestar brevemente la posición de nuestro grupo. Compartimos la preocupación expresada en la exposición de motivos de la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista, pero no el contenido de sus propuestas. Desde
nuestro punto de vista, estamos de acuerdo con lo manifestado por los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Entendemos que se están invadiendo competencias ya transferidas a las comunidades autónomas, y no me refiero sólo a
las recientes transferencias de la gestión de asistencia sanitaria de la Seguridad Social; estamos hablando de competencias transferidas con antelación a la transferencia del Insalud a las comunidades autónomas, en cuanto a la planificación y
control de la salud pública. En este sentido compartimos la enmienda expuesta por el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque entendemos que corresponde al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud llevar a cabo la
coordinación, identificar los principales elementos de coordinación y avanzar en lo que pudieran ser los consensos necesarios, desde un punto de vista científico y técnico a la hora de dar directrices y protocolos, pero no a la hora de ejecutar
programas verticales. La función del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ahora más que nunca, y nuestro grupo lo ha dicho en anteriores intervenciones, debe asumir un papel más activo en la planificación y coordinación del
Sistema Nacional de Salud.
Fundamentalmente es a quien corresponde la labor de coordinación de las actividades ya realizadas en este campo desde las comunidades autónomas.
La concepción de programas verticales realizados desde la Administración
central no sólo está en desuso desde hace ya mucho años en cualquier país desarrollado desde el punto de vista de la descentralización de las administraciones públicas, sino en los tratados de Administración sanitaria. Entendemos que los programas
verticales no son eficaces. La tendencia actual es el desarrollo de programas de carácter horizontal y programas de carácter transversal que estén ligados a las particularidades de cada territorio. Obviamente, eso única y exclusivamente se puede
hacer desde las administraciones autonómicas que tienen dichas competencias, sin menoscabo por supuesto del papel del Ministerio -en este caso dotado en nuestra legislación actual por medio del Consejo Interterritorial de Salud-, sin menoscabo,
digo, de la necesaria labor de coordinación y de consenso, en la que en éste como en otros temas debe volcarse de cara a la participación y a las propuestas de las comunidades autónomas para desarrollar unas actuaciones lo más consensuadas y
homogéneas posibles en función de las necesidades de cada territorio. Por tanto, apoyaríamos la enmienda presentada por el Grupo Catalán, pero de lo expuesto por el Grupo Socialista entendemos que no es tomada en consideración, y por lo explicado
no podremos apoyar la propuesta que ustedes nos plantean hoy.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta iniciativa le sugiere al Grupo Vasco varias cosas. La primera, si no tiene un tono de alarma excesiva. Es tentador desde luego criticar al Gobierno, pero por ello no caigamos en términos de gran alarma donde no hay motivo
para ello, en términos de alarma social grave, repito. En segundo lugar, esta iniciativa que se propone tiene los mismos problemas que he indicado respecto de la primera proposición de esta tarde: siempre que se pretende arreglar algo desde los
dos partidos de ámbito estatal mayoritarios en esta Cámara, finalmente todo se traduce en centralización o reordenación de las competencias y sugerencia de nuevos órganos, aunque en este caso se disfracen bajo la idea de una comisión de expertos
para la elaboración de un libro blanco. Para arreglar un asunto se retoca el reparto competencial, eso sí diciendo siempre sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, que como es conocido siempre es en perjuicio de las
competencias que vienen ya gestionando esas comunidades autónomas.
En cuanto a la referencia a la remisión a una ley de coordinación, todo el mundo conoce que no somos excesivamente partidarios de la existencia de esta norma. Nos hemos pronunciado ya sobre su existencia o no, no sobre texto cierto porque
todavía no conocemos que exista, con ocasión de la comparecencia de la anterior ministra de Sanidad. Estamos a la espera de conocer los textos nuevos, pero en principio nos parece innecesaria una norma que coordine por haberse consumado el reparto
competencial.
En lo que se refiere a los órganos de coordinación, creemos que ya existen en el seno de la Comisión de Salud Pública. Ciertamente ha conocido tiempos mejores, pero a pesar de todo desde nuestra perspectiva funciona y esperamos que vuelvan
esos tiempos mejores, y creemos que es posible lo que debiera ser la pretensión de esta proposición no de ley.
Sigue suscitándonos sorpresa que se hable por parte del secretario general del Grupo Socialista de autonomismo con mayúsculas como leitmotiv de sus iniciativas, supongo que de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas, y que sin
embargo siempre se aproveche para reordenar las competencias en el sentido de obtener una mayor centralización. Nos sorprende que sea el Grupo Socialista precisamente quien dé una baza al Gobierno cuando está por ahí -se suscita en los medios- que
precisamente los intentos de centralización que vendrán por parte del Gobierno en materia sanitaria van a tener como campo de experimentación la salud pública, y nos parece que le dan una baza en bandeja, salvo que compartan el criterio. Es
evidente que el vigente Real Decreto 909/2001 es malo, es ambiguo y en algunos puntos es incumplible, pero a pesar de ello desde las comunidades autónomas, al menos desde la que yo conozco más que es la vasca, se está intentando respetar. De cara a
la próxima reunión de la Comisión de Salud Pública prevista para el día 19, se ha remitido a todas las administraciones sanitarias un cuestionario, por cierto -y esto sí me parece oportuno señalarlo- con cierto estilo Rotenmeyer de ordeno y mando,
que convendría pulir en el futuro si se quiere dar cierta cordialidad y normalidad a las relaciones de los órganos que están llamados precisamente a conseguir esta entente entre las distintas administraciones sanitarias, pero que con todo tendrá
cumplida respuesta, respuesta correcta, manifestando o evidenciando que las comunidades autónomas tienen los deberes hechos y voluntad de cumplir y de colaborar en lo que les incumbe. La idea de la omisión de expertos y del libro blanco, ya lo he
manifestado, no nos entusiasma en absoluto, no nos parece que sea necesaria y creemos que incluso podría camuflar una base teórica que permitiese una reordenación competencial de la que mi formación política, como nacionalista que es, está siempre
recelosa.
Nos hubiera gustado que se aceptase un arreglo de la iniciativa propuesta por el Grupo Socialista en los términos que proponía el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero no ha sido así. A todo lo que he manifestado sobre que
el contenido real no nos gusta, añadiré una última razón: conocido es que el Gobierno y la Administración siguen existiendo a pesar de que haya cambios personales, pero nos parece obligado un margen de cortesía parlamentaria. Todavía no ha
comparecido en esta Cámara la ministra de Sanidad, y tiene anunciada fecha cierta para la semana que viene. Nos parece que, de momento, lo prudente es abstenernos en cuanto a lo que se nos propone en esta iniciativa.
Muchas gracias, señoría.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, en lo que llevamos de legislatura, esta es la tercera vez que se trae a esta Cámara una iniciativa legislativa en relación con la legionelosis. Por tercera vez también, la iniciativa llega a la Cámara precedida de una tremenda
alarma social. Nadie se inventa nada; es que la legionela atacó de nuevo este verano y la alarma social es innegable. La alarma está producida por los brotes de legionela incontrolados, verano tras verano, en diversas ciudades de España.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida también tiene que decir lo mismo en esta Cámara por tercera vez. Ante la alta incidencia de legionela, con numerosos brotes epidémicos y alta incidencia de morbi-mortalidad, algunos de ellos
producidos en centros públicos -hospitalarios, además-, junto a la ineficacia
-ahora intentaré explicar por qué- de las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, entendemos en mi grupo parlamentario que es necesario plantearse el reforzamiento de las medidas preventivas.
No nos gusta cómo ha actuado el Ministerio de Sanidad en este asunto -no vamos a engañar a nadie-. No voy a utilizar adjetivos. Simplemente diré que no se han afrontado los problemas de salud pública del país, y esto ha quedado
manifiestamente claro, por desgracia, para muchísimas y muchísimos españoles este verano. Este es uno de los indicadores de salud pública, como lo es el mal trato a las mujeres, aunque hoy no hayamos entrado a ese trapo porque para todo no hay
tiempo en una tarde.
Hace más de dos años, y a raíz de los últimos brotes epidémicos de legionela, el Ministerio de Sanidad anunció, después de diversas iniciativas de la oposición, que se adoptarían con carácter de urgencia medidas para prevenir los factores de
riesgo relacionados con esta enfermedad. Se publicó el Real Decreto de julio de 2001 y no lo cuestionamos puesto que tenía un objetivo claro, la salvaguarda de la salud pública, y todos vamos en la misma lancha. Sin embargo, ya entonces nos
preguntamos cómo iban a financiar ustedes este decreto, y hoy tenemos, desgraciadamente, que decir y denunciar su incumplimiento por falta de financiación, entre otras cosas. Las medidas legislativas contenidas en el decreto, que fueron aprobadas
tarde, no han tenido apoyo económico para su puesta en marcha, señorías. La falta de ayuda para la financiación de las reformas necesarias en centros y edificios públicos limita muchísimo la eficacia de la norma. La falta de presupuestos en los
centros sanitarios retrasa las reformas necesarias para poner al día las instalaciones.
Por otra parte, los últimos brotes demuestran algo que nos debe preocupar a todos, al menos a los responsables del área de salud: existe una clara falta de control sobre los focos de riesgo, que desde hace tiempo conocemos como difusores de
esta enfermedad. Algo tendrán que decir aquí los servicios de inspección. Ya sabemos que las transferencias están en marcha; ya sabemos que las responsabilidades son compartidas, pero entendemos que no es aceptable que desde el Ministerio haya
esta falta de previsión. El Ministerio de Sanidad está, desde nuestro punto de vista, poco preocupado por las consecuencias sanitarias que puede tener este tema y creo que está más preocupado por las consecuencias políticas. Hay que invertir la
pirámide de la preocupación y hay que empezar por los problemas sanitarios que origina esta falta de coordinación o de control.
Recordamos también que el grupo parlamentario al que represento en esta tribuna, Izquierda Unida, presentó el año pasado
una iniciativa en esta Cámara instando al Gobierno de la nación a adoptar las medidas oportunas para la puesta en marcha del decreto que ustedes posteriormente pusieron en marcha. Dispuestos también a hacer un poco de historia les quiero recordar
que en esta Cámara el grupo parlamentario al que represento planteó hace un año aproximadamente una iniciativa reiterándonos en los mismos planteamientos que nos vemos obligados a reiterar hoy. En salud pública, señorías, no hay demanda, no hay
listas de espera, no hay presión mediática ni ciudadana. Es una disciplina que se dedica a la prevención de riesgos de salud en la población y a la promoción de la salud de los ciudadanos. Ambas cosas, es cierto, son poco tangibles y, por ello, a
veces poco vendibles. Tal vez por eso al Partido Popular se le olvide la salud pública con harta frecuencia.
Por tanto, señorías, tenemos claro que en un mundo globalizado, donde impera la economía de mercado, la salud pública tiene poco futuro, pero Izquierda Unida va a apoyar cuantas iniciativas vengan a esta Cámara y, por supuesto, va a
desarrollar iniciativas en el futuro, ya que el Gobierno del Partido Popular ha demostrado una falta de interés en la salud pública desde el punto de vista económico, ya sabe el portavoz que se dedica menos del 0,1 por ciento de los recursos totales
que se invierten en sanidad a la salud pública, y con esto está todo dicho. Otro problema que nos preocupa es la regularización de la salud pública como una disciplina que no está contemplada en este país.
En definitiva, señorías, y para terminar, insistimos, más allá de los debates de las invasiones de competencias que habrá que tener en cuenta, creemos necesario establecer mecanismos eficaces de cooperación y coordinación con las comunidades
autónomas en materia de salud pública.
Hay que dotar al centro de salud pública de referencia nacional de un papel realmente efectivo en la investigación de los problemas de salud pública y elaborar medidas de control; hay que establecer medidas
para potenciar la investigación en salud pública en el ámbito autonómico y también en el ámbito nacional; hay que mejorar la dotación de los recursos humanos y materiales; hay que adoptar medidas para resolver la interinidad entre los
profesionales de la salud pública, definir, por tanto, sus funciones, cosa que están reivindicando -el señor Mingo lo sabe porque hemos hecho trabajo de campo juntos-; potenciar la formación continuada de los profesionales; homologar a los
profesionales españoles de salud pública con los europeos asegurando sistemas de alerta que garanticen la detección inmediata de problemas de salud pública.
Por último, señorías, nuestro voto va a ser favorable a la proposición no de ley que hoy trae a la Cámara el Grupo Socialista. Estamos a favor de la elaboración de un plan de prevención frente a la legionelosis, que este plan de prevención
tiene que tener una fuerte financiación, que hay que mejorar las instalaciones, que hay que tener un censo de las instalaciones -no puede ser que en el verano salgan los aviones a localizar las torres, señorías, porque esto no es Zimbawe- y tenemos
que estar a favor, necesariamente, de ese plan de prevención frente a la legionelosis; tenemos que estar a favor necesariamente de la ley de coordinación o de cooperación -a mí me gusta más llamarla así- del Sistema Nacional de Salud que
estamos esperando. La ministra ha hablado ya públicamente del tema y parece que ustedes también están por la labor de poner la ley en marcha. Obviamente no podemos manifestarnos en contra de algo que no puede venir más que a aportar luz en la
materia, que es la constitución de esa comisión de expertos que elabore un libro blanco sobre la salud pública en España, porque ya va siendo hora, señorías.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes.
Una vez más una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista nos hace tratar un tema de gran interés para la salud pública como es la legionela y la legionelosis.
Al hilo de los brotes de este verano el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley en la que demanda distintas propuestas que todas ellas se están llevando a cabo en la actualidad. Además aduce, a mi juicio con gran
irresponsabilidad, señora Rumí, criterios de alerta social, angustias para la población y, lo que es más importante, que el Gobierno de la nación y los gobiernos de las comunidades autónomas no están llevando a cabo la labor preventiva en un
problema serio de salud pública. A mí me parece, y creo que es compartido por muchos de los especialistas y desde luego por varios grupos políticos, que una aproximación más seria al problema de la legionela debería recordar que en los últimos años
se han producido extraordinarios avances en la prevención y el tratamiento, y no lo digo como un hito histórico del Grupo Parlamentario Popular o del Gobierno del Partido Popular, lo digo como un hito histórico de la sanidad española y de todas las
comunidades autónomas. Fíjese que España fue el primer país que hizo la declaración obligatoria de la enfermedad en Europa, y eso data ya de 1996, pero en 1998, en un trabajo conjunto con todos los especialistas de todas las comunidades autónomas
de varios apartados de la salud, se hace un libro de recomendaciones del control y de la prevención de la legionelosis, que es catalogado por todas las instituciones sanitarias europeas como de una gran valía. Pero no sólo eso, España es el primer
país en incorporar procedimientos diagnósticos específicos para la detección precoz de la legionela con el antígeno de la orina, y eso significa, señora Rumí, que aparecen nuevos brotes que antes no estaban diagnosticados, con lo cual la prevalencia
epidemiológica de la enfermedad aumenta, pero también aumenta el diagnóstico precoz y el tratamiento más efectivo.
Pero no es sólo eso, otro hito histórico debatido en ocasiones anteriores en este Pleno y en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados estableció que en la Comisión de salud pública el Ministerio de Sanidad redactara un real
decreto, aprobado en Consejo de Ministros, después de ser estudiado por todas las comunidades autónomas y por la Federación Española de Municipios y Provincias, para marcar las pautas, desde un punto de vista higiénico-sanitario, de la prevención de
las instalaciones, de cuáles eran los mecanismos que se debían utilizar para la limpieza y el mantenimiento de la integridad en el sentido higiénico-sanitario de todas las instalaciones de aerosoles y de refrigeración.
Esta es una enfermedad que está en relación directa con el crecimiento económico del país y con el clima y afortunadamente hoy tenemos muchas más torres de refrigeración, pero afortunadamente tenemos un real decreto que es una norma
reconocida en Europa como de las más avanzadas, la más moderna y la que hay que cumplir. El Ministerio de Sanidad y Consumo, con la ministra al frente, ha seguido a través de la red epidemiológica nacional, que está creada, y el Instituto de Salud
Carlos III todos los avatares de los distintos episodios de legionela en todas las comunidades autónomas, ha ofrecido su apoyo y ha hecho un seguimiento adecuado, profesional, políticamente responsable y desde luego que no ha creado ningún tipo de
alarma, señora Rumí. En esa línea vamos a continuar, en la línea de colaboración con todas las comunidades autónomas, con todos los grupos de expertos y con todos los ayuntamientos, incidiendo en la conveniencia y en la necesidad de cumplir todo lo
que el real decreto dice, que son las medidas más modernas Y más seguras para la prevención.
Ese grado de cumplimiento nos afecta a todos: a la sociedad civil, a los responsables y a los propietarios de las torres de refrigeración, a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Se ha dicho antes que el próximo día 19 de septiembre hay una nueva reunión del Consejo Interterritorial, de la Comisión de seguimiento de la salud pública, y veremos cuáles son los resultados obtenidos y las propuestas de futuro de forma
continuada, como es lógico, para la prevención y mejor tratamiento de esta enfermedad.
Quiero recordarle que en mayo de este año el Ministerio de Sanidad y Consumo, cumpliendo con su responsabilidad de prevención de la salud pública, realizó una campaña de prevención de la legionela porque sabemos, y todos los expertos lo
conocen perfectamente, que es en el período estival donde más casos de legionela hay. Como es natural, como es lógico y como debe ser repetido en años posteriores, se hizo esa campaña de sensibilización para todas las comunidades autónomas, para
todos los ayuntamientos y para todos
los propietarios de empresas o establecimientos con torres de refrigeración o con mecanismos de aerosoles.
En relación con el segundo punto de su proposición no de ley, que es el establecimiento de una ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud, como conocen SS.SS. y hemos debatido en diversas ocasiones, el propio presidente del Gobierno
en el debate del estado de la Nación propuso una iniciativa para presentar próximamente una ley de calidad y de coordinación del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a esa acusación más o menos velada, más o menos directa, de que el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobierno del Partido Popular no tienen en cuenta las necesidades de los ciudadanos en una materia de tanta trascendencia como
es la salud pública, como es la prevención de la enfermedad, como es evitar los riesgos, quiero recordarle, señora Rumí -y creo que también es del dominio público y de todos los que nos dedicamos a estos temas-, que en el seno de la Comisión de
salud pública del Consejo Interterritorial se están llevando a cabo diversos planes preventivos en numerosísimas áreas, como usted bien conoce, así como una colaboración marcada con las comunidades autónomas que tienen las competencias. El
Ministerio coordinará, impulsará y favorecerá, pero hay que realizar el trabajo en un seno común, donde se siga trabajando en las ponencias de sanidad ambiental, en los grupos de salud laboral, en los grupos de promoción de la salud, en la ponencia
de vigilancia epidemiológica que hoy ya existe, en las situaciones especiales de alarma, en los planes nacionales de prevención de las enfermedades emergentes o en el Plan Nacional del Sida. En todos ellos el Ministerio de Sanidad y Consumo está
cumpliendo con su responsabilidad.
Por último, señora Rumí, no se trata de hacer una nueva política sanitaria, se trata, a mi juicio, de incidir en políticas correctas, en nuevas culturas sanitarias que consigan la prevención de la enfermedad e incrementar la salud de todos
los ciudadanos españoles.
Por todo ello nuestro grupo votará en contra de esta proposición no de ley del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mingo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para coordinar actuaciones ante brotes de legionelosis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 110; en contra, 167; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Que rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PROPÓSITOS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN CATALUÑA DURANTE EL PRESENTE PROCESO DE SUSTITUCIÓN POLICIAL. (Número de expediente
173/000146.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos de actuación del Gobierno para
garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana en Cataluña durante el presente proceso de sustitución policial.
Para la presentación y defensa de la moción, tiene la palabra el señor Pedret. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio para que podamos continuar con el debate. (Rumores.)
Adelante, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, a los socialistas nos preocupa la seguridad o la inseguridad de los ciudadanos; nos preocupa la inseguridad de los ciudadanos frente a la precariedad laboral, frente a la mortalidad en los accidentes de trabajo, frente a la
inseguridad de las prestaciones de la Seguridad Social, frente a un mercado de trabajo desestructurado y frágil, pero nos preocupa también la inseguridad frente a la delincuencia, frente al conjunto de la delincuencia, no sólo de la pequeña
delincuencia, sino de todas las actividades contrarias a la convivencia, y nos preocupa especialmente en el caso de Cataluña en los momentos actuales, en los que, como efecto colateral -desde luego no buscado- de un proceso de sustitución policial,
el estímulo para que los funcionarios de policía de los cuerpos estatales permanezcan en sus destinos es escaso, por no decir nulo.Unas pocas cifras son conocidas de sus señorías. En la orden general de la Dirección General de Policía, de 8 de
abril de 2002, se publicaban los resultados del concurso de traslados del Cuerpo Nacional de Policía.
De 4.948 funcionarios destinados a Cataluña, 1.077 (el 21 por ciento) solicitaron cambio de destino fuera del territorio de Cataluña. De 702
plazas en oferta en el territorio de Cataluña, 609 quedaron desiertas; se cubrió el 13 por ciento. En este proceso la brigada de información, pieza bastante importante en cualquier funcionamiento policial, se quedó con un 32 por ciento de
disminución de los funcionarios que pidieron y obtuvieron traslado fuera de Cataluña.
Cuando el Partido Socialista, por los avatares de las urnas, tuvo que dejar el Gobierno, en el Cuerpo Nacional
de Policía había 51.700 agentes en conjunto, y en este momento, en el año 2002, hay 44.900; si añadimos a ello el hecho de que de los 72.000 guardias civiles, que ustedes dicen siempre que existen, se han convertido en un censo electoral,
en el último proceso electoral de la Guardia Civil, en 66.000 electores, significa que faltan 7.000 policías y 6.000 guardias civiles, 13.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en conjunto, y ello se nota especialmente en
Cataluña por lo que antes he dicho. Por ello, señorías, consideramos que el mantenimiento del instrumento policial es necesario, aunque no es el único, porque la inseguridad no se combate sólo con la Policía. La inseguridad es el producto de una
sociedad desigual, y la nuestra es una sociedad cada vez más desigual, menos igualitaria y con mayores diferencias. Esto es evidentemente lo que produce la mayoría de la pequeña delincuencia y de lo que se aprovecha la otra delincuencia. Pues
bien, resulta que los niveles de protección de los ciudadanos de Cataluña son inferiores a los que serían necesarios. No nos sirve que en los meses de julio y agosto y en la ciudad de Barcelona se hayan producido 827 denuncias de hechos delictivos
menos. Esto no significa más que eso: 827 denuncias menos. Es una buena noticia, desde luego, pero hay que ponerla en relación con las circunstancias referentes al descenso del turismo y al funcionamiento de la Junta de Seguridad en el municipio
de Barcelona, por la insistencia del Gobierno socialista del Ayuntamiento de Barcelona, que no se produce en otros ámbitos de Cataluña en los que los índices de inseguridad han continuado subiendo, como son el resto del área metropolitana y las
comarcas de Tarragona. Por ello, señorías, proponemos aquí -a favor de los ciudadanos y en contra de nadie- una serie de medidas absolutamente razonables para asegurar la tranquilidad y el derecho a la libertad de los ciudadanos en Cataluña en
estos momentos.
Solicitamos que se acuerde que existan incentivos para que los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúen en Cataluña; que se mantengan -porque es una tentación en la que ya se está cayendo en la práctica- los
niveles de dotación de bienes inmuebles, técnicos y muebles necesarios para la función policial y que se llegue a acuerdos -lo que nos parece enormemente importante- o al menos se establezcan las conversaciones necesarias para que los funcionarios
de los Cuerpos de Seguridad del Estado, conocedores de Cataluña, de su ámbito geográfico, de su sociedad y de su idioma, puedan incorporarse, sin perjuicio del modelo de sustitución, al cuerpo de Mossos d'Esquadra que está desplegándose en Cataluña.
También es absolutamente necesario, especialmente en el caso del área metropolitana de Barcelona, el establecimiento con carácter urgente de un sistema de coordinación -que se ha demostrado eficaz en el área del municipio de Barcelona, según los
datos proporcionados por la delegada del Gobierno en Cataluña- para que todas las administraciones implicadas (la Generalitat, las administraciones locales y la Administración del Estado) puedan coordinar sus actuaciones y sus esfuerzos respecto a
la seguridad. También es importante que se prevea para el futuro -por eso lo pedimos-, cuando esté completado el despliegue de los Mossos d'Esquadra, la existencia de acuerdos de todas las administraciones implicadas para la elaboración de un plan
de seguridad global en Cataluña.
Por todo ello solicitamos de la Cámara la aprobación de la moción. Tenemos que anunciar que desgraciadamente no podremos aceptar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo de Convergència i Unió por motivos que no me da tiempo de
exponer. Solamente diré que obvia la realidad del área metropolitana de Barcelona -que por más que el Gobierno de Convergència i Unió la niegue, existe-, porque no habla de los bienes materiales y porque deja simplemente la posibilidad de ingresos
individuales en los Mossos d'Esquadra, cuando nosotros creemos que es un proceso que ha de ser general porque es el adecuado para ello. Por estas razones no la podemos aceptar, aunque reconocemos que es un avance que Convergència i Unió reconozca
que hay un problema de seguridad en Cataluña en el momento de la modificación de las atribuciones y del territorio de los cuerpos de seguridad. Además, nos parece un avance que a través de la enmienda reconozca que este Parlamento, que estas Cortes
Generales pueden discutir y tienen la capacidad de decidir sobre ello.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda global, de sustitución, a la moción presentada por el Grupo Socialista. Celebro que en su defensa el señor Pedret señale que la moción
es a favor de los ciudadanos de Cataluña -evidentemente nuestra enmienda también- y reconozca que el proceso de desarrollo de los Mossos d'Esquadra, de nuestra policía autonómica, es un proceso complejo, que tiene una complejidad inherente a lo que
es un proceso de desarrollo de un cuerpo y repliegue de otros cuerpos de seguridad ya existentes. Pero ese proceso se debe abordar sin demagogia, afrontando los problemas y haciéndolo desde los organismos que tienen competencias para ello. (La
señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) De ahí que en nuestra enmienda, como primer punto, enmarquemos que lo que el Gobierno pueda plantear lo haga en el seno del organismo que ya existe para ello, que es la
Junta de Seguridad de Cataluña, un organismo estatutario, un organismo que funciona bien, con una colaboración y un consenso grandes entre la Administración general del Estado y la Administración de la Generalitat de Catalunya, con
esfuerzos, con dificultades, pero con un ánimo constructivo de realizar a favor de los ciudadanos ese proceso de desarrollo de la policía autonómica. De ahí que en el marco de esa Junta de Seguridad nosotros compartimos que deben plantearse ciertos
aspectos.
¿Qué aspectos deben plantearse? En primer lugar, incentivar que mientras dura ese proceso de sustitución, los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando son sustituidos por los nuevos Mossos d'Esquadra -los
agentes que deben marcharse de su puesto porque va un mosso d'esquadra- puedan quedarse en territorio de Cataluña, que refuercen las dotaciones policiales de Cataluña. Lo vemos necesario. Tan necesario es que esto ya ha sido acordado en la reunión
del pasado 4 de junio de la Junta de Seguridad de Cataluña. Fue ya acordado, lo encontramos positivo, va a reforzar los activos policiales de Cataluña y se va a afrontar este proceso con mayores garantías.
En un segundo punto de nuestra enmienda de sustitución planteamos que podamos integrar a funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Mossos d'Esquadra; que sea posible atendiendo a lo que nosotros llamamos un acceso
individualizado. ¿Por qué ese acceso individualizado? Porque entendemos que es el que mejor se corresponde con la resolución 1.380, que ha aprobado este año por unanimidad el Parlamento de Cataluña, y en ella Convergència i Unió ya planteó la
necesidad de valorar los méritos y experiencia que tienen acreditados en Cataluña los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; que se les valore de forma individualizada, de forma personalizada; que se les valore su historial
policial, la forma en que han desarrollado su labor en Cataluña, para que se pueda tener en cuenta y para que se pueda facilitar esa integración. Para hacerlo somos partidarios de reformar la Ley 10/1994, que es la Ley de la Policía de la
Generalitat, para permitir el acceso al cuerpo de los Mossos d'Esquadra de estos otros funcionarios estatales.
En un tercer apartado no negamos, señor Pedret, el área metropolitana de Barcelona. Lo que queremos es que el punto quinto de su moción tenga un planteamiento global para toda Cataluña, no únicamente para el área metropolitana. Por eso en
nuestra enmienda hacemos referencia al establecimiento de canales de comunicación y participación de las administraciones afectadas, la local, la autonómica y la del Estado, en lo que se ha materializado ya en Cataluña en la creación de comisiones
territoriales.Se aprobó también en el Parlamento de Cataluña la resolución 1.376 que hace posible esas comisiones territoriales, pero no sólo para el área metropolitana, también para la comarca de la Noia, para Igualada, donde aun no están
implantándose los Mossos d'Esquadra, o para el Campo de Tarragona. Por ello hemos creado esas comisiones territoriales. Creemos que es una propuesta adecuada y quiero avanzar que ya se han producido reuniones en el área metropolitana de Barcelona.
Concretamente ha habido ya una reunión del conseller de Interior, Xavier Pomés, de la delegada del Gobierno en Cataluña y de los alcaldes de Barcelona, de Hospitalet de Llobregat y del Prat de Llobregat, para atender a problemas específicos de
seguridad que se están planteando mientras no se implantan allí los Mossos d'Esquadra.
Este es -y termino ya- el sentido de nuestra enmienda, una enmienda global que creemos que se adecua mejor a la realidad existente en Cataluña y a esa preservación de la seguridad que todos pretendemos garantizar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, muchas gracias.
Seré breve porque que este es un debate que ya se hizo en su momento. En diversos instantes de esta legislatura y de legislaturas anteriores, hemos tenido ocasión de hablar de este asunto de fondo en la Comisión de Justicia e Interior y
también ante el Pleno de la Cámara. Recientemente, en el pasado periodo de sesiones, aprobamos una moción consecuencia de interpelación de CIU en la que abordábamos esta cuestión. A nosotros nos da la sensación, dicho desde el más profundo respeto
parlamentario y político, como no puede ser de otra forma, de que esta moción que hoy se nos plantea no aporta nada nuevo al planeamiento y a la cuestión de fondo objeto del análisis porque, básicamente, esta moción nos pide que se den líneas de
coordinación presentes y futuras; nos pide diálogo interinstitucional tanto para el desarrollo del despliegue como para la incorporación, en su caso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los Mossos d'Esquadra; nos pide el
mantenimiento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el final de este proceso de despliegue y nos pide el cuidado, mientras tanto, de las instalaciones estatales. Esas son básicamente las cuatro líneas argumentales de
la moción que en este momento se somete a la consideración de la Cámara. Yo celebro que el señor Pedret las autodefina de medidas razonables porque es el reconocimiento de que, precisamente en una línea razonable de trabajo, el Gobierno de la
nación y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya -tanto monta, monta tanto- están en este caso trabajando y trabajando bien; porque, insisto, esas medidas razonables a las que alude el
señor Pedret son básicamente las líneas de actuación que se están llevando, con moderación, con realismo, con sentido común, con diálogo interinstitucional, con respeto a los compromisos recíprocamente contraídos. Pretender, a partir de
ahí, presentar un texto estableciendo un conjunto de medidas como ex novo, como correctoras u orientadoras de un proceso que ya funciona sobre la base de esas líneas generales, y que funciona bien, nos parece que puede responder a legítimas
necesidades internas de estrategia de partido, pero que no responde a cubrir unas necesidades de fondo en un proceso tan importante para Cataluña y para el conjunto del Estado como es este proceso de sustitución policial.
Yo estoy absolutamente de acuerdo y sé que el señor Pedret y el grupo proponente presentan esta moción, a nuestro juicio innecesaria, con la sana intención de hacerla a favor de los ciudadanos, y que la enmienda presentada por el Grupo de
Convergència i Unió, que es un texto que nos parece que se ajusta mucho más a la realidad del proceso que el texto original, también. El señor Pedret me tendrá que reconocer, en ese mismo proceso dialéctico y lógico, que las políticas que está
realizando el Gobierno en este asunto de referencia son también a favor de los ciudadanos.
No quiero entrar en otras cuestiones que el señor Pedret ha trazado en su discurso. Por cierto, al hacer algunas consideraciones de discurso político general estaría bien citar alguna vez alguna fuente concreta que diga que este país es hoy
en día mucho más desigual que lo fue en otro momento reciente. Yo creo que es un país más avanzado, más solidario, más moderno, en fin, un país en donde se han corregido algunas desigualdades sociales muy importantes y muy lacerantes, por ejemplo,
en materia de empleo. Pero creo sobre todo, señor Pedret, que hay un discurso que no se puede seguir haciendo, y lo he dicho infinidad de veces en debates en Comisión. En esta vida hay pocas cosas que sean indiscutibles, pero la biología y las
matemáticas son indiscutibles, y especialmente la biología. Si se nace, indefectiblemente se muere; y si se nace, se cumplen años. Un Gobierno que durante 14 años no fue capaz de prever la evolución biológica de las plantillas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado lleva al final a un envejecimiento y a una disminución de esas plantillas. Frente a eso, señor Pedret, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importantísimo en materia de oferta pública de empleo para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Le recuerdo, sin ir más lejos, que la última oferta, la del año en curso, ha sido la más importante en los últimos trece años y que hay un compromiso del Gobierno de seguir manteniendo el ritmo cualitativo
y cuantitativo de esas ofertas precisamente para paliar una situación recibida de envejecimiento biológico de las plantillas, lo que se podía haber previsto pero se sustituyó por la más incompleta inacción.
En todo caso, señor Pedret, desde el compromiso de intentar seguir haciendo las cosas bien, creemos que el proceso de sustitución policial en Cataluña se está llevando razonablemente bien, con sentido de responsabilidad y de realismo, por
parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y del Gobierno del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Gil Lázaro, su tiempo ha concluido.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo, señora presidenta.
Celebramos que usted proponga estas medidas porque son las que está aplicando el Gobierno, pero no aportan ninguna novedad y por eso no vamos a aprobar la moción.
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propósitos de actuación del Gobierno para garantizar la libertad pública y la seguridad ciudadana en
Cataluña durante el presente proceso de sustitución policial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 94; en contra, 156; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO RELATIVOS AL USO FUTURO DE LAS INSTALACIONES Y PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA.
(Número de expediente
173/000147.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas
en el término municipal de Zaragoza. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Labordeta.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Esta moción presentada por Chunta Aragonesista dimana de la interpelación formulada al ministro de Defensa, el pasado mes de junio, por la que se demandaba información sobre los planes del Gobierno con respecto a
la utilización futura de instalaciones militares en la ciudad de Zaragoza. En aquella ocasión el ministro rechazó hablar de
compensaciones. Nosotros en nuestra intervención sólo reproducíamos sus declaraciones públicas efectuadas durante una visita a Zaragoza. Como no queremos entrar en polémicas estériles, no emplearemos esta palabra sino que expresaremos con
esta iniciativa la necesidad política de emprender ya, de modo inmediato, actuaciones entre las administraciones públicas implicadas, Ministerio de Defensa y Ayuntamiento de Zaragoza fundamentalmente, para conseguir que se dé cumplimiento a una
demanda plenaria, justa y razonable manifestada por los grupos municipales representados en esta ciudad.
Esta propuesta aprobada hace un año tenía unos plazos concretos de ejecución que se han incumplido, y ahí están las actas de los plenos para comprobarlo. No queremos buscar culpables sino dejar constancia de los hechos y mirar al futuro
para conseguir el mejor acuerdo en el menor tiempo posible para el beneficio de la ciudad. En este momento me gustaría centrar parte de esta intervención en un tema que me parece preocupante, la falta de acuerdo para desbloquear el proceso
destinado a lograr la ampliación de 70 hectáreas de aeropuerto civil de la ciudad de Zaragoza con los terrenos y la base militar propiedad del Ministerio de Defensa. Este acuerdo fue firmado con el Gobierno de Aragón en la anterior legislatura hace
más de tres años. (Rumores.) Sin embargo, problemas administrativos lo han llevado al cajón de los atascos invalidando las buenas...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta.
Señorías, hay un diputado en la tribuna intentando hacerse oír, cosa que tiene bastante difícil dado el nivel de murmullo que hay en la Cámara.
Les ruego, por favor, que ocupen los escaños y, si tienen intención de continuar hablando, lo
hagan fuera del hemiciclo.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Como decía, lo han llevado al cajón de los atascos invalidando las buenas intenciones de ese buen acuerdo. De hecho, el propio ministro de Defensa, don Federico Trillo-Figueroa, reconoció el pasado 26 de junio de
2002 en este mismo hemiciclo que sí ha existido retraso en la disposición de los terrenos y que no quería descargar la responsabilidad de su ministerio.
Ahondando en esta relevante cuestión, este mismo verano, el pasado mes de agosto concretamente, hemos conocido cómo una de las pocas empresas que están ubicadas en el aeropuerto de la ciudad de Zaragoza, Mac Aviation, hacía público y
manifiesto su profundo malestar por esta situación. De hecho, anunciaba que se podría perder un negocio con la importante empresa aeronáutica British Aerospace. Los directivos de esta empresa afirmaban que el problema radica en el poco espacio
existente para el almacenamiento de aviones y el reducido tamaño de los hangares. La ampliación de terrenos que supondrían estas nuevas 70 hectáreas permitiría disponer de dos nuevas plataformas de estacionamiento para contratar el mantenimiento de
aeronaves de mayor tamaño, incluso se apuntaba la posibilidad de edificar dos hangares mayores para albergar aviones del tipo Airbus 380. El problema específico de esta empresa de almacenamiento de aviones es la necesidad de aprovechar el momento
de la retirada de aviones y, por tanto, si se pierde una oportunidad como ésta difícilmente podrá recuperar esta posibilidad de inversión. Además, hay que tener en cuenta que este ámbito de almacenamiento es uno de los campos en que los expertos en
logística indican que tiene más posibilidad de desarrollo económico, y por tanto de empleo, dada las condiciones del aeropuerto de Zaragoza tanto climáticas como de infraestructuras. Este es un mero ejemplo, creemos revelador, de la necesidad de no
demorar por más tiempo esta necesaria cesión de terrenos, aunque conocido el nuevo convenio España-Estados Unidos mucho nos tememos que otra vez tenemos hipotecadas las posibilidades de desarrollo del aeropuerto de nuestra ciudad y de todas las que
cuentan con instalaciones aeroportuarias, pero esta cuestión ya la discutiremos en otro momento.
Siendo este el aspecto puntual más destacado, consideramos -y así consta en el primer punto de la parte dispositiva de la moción- que es necesario establecer un marco global de relación con el ayuntamiento en el que se analice el futuro de
las instalaciones militares ubicadas en Zaragoza y su posible incorporación al patrimonio público de suelo o su conversión, en el caso de inmuebles, en espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía en forma de centros culturales y sociales.
Igualmente incluimos en la moción varios aspectos que sabemos más problemáticos, pero que por trayectoria y coherencia ideológica tenemos que traer a este Pleno del Congreso dada su competencia y capacidad para intentar encontrar una solución
adecuada. Ahí está la cuestión de la apertura para toda la ciudadanía de las instalaciones lúdico-deportivas del denominado Soto de la Almozara, ubicado en dicho barrio zaragozano en un lugar privilegiado junto al Ebro, que con la fórmula jurídica
más adecuada podría buscarse una alternativa razonable para la utilización civil de este espacio. Recordemos que en la parte dispositiva de la moción no estamos hablando de cesión al ayuntamiento, sino de un aspecto que ni siquiera está prohibido
por el plan general de acción social para el personal militar en el Ministerio de Defensa, de 27 de febrero de 1998.
Tampoco queremos olvidar aquellos aspectos referidos al antiguo edificio de la capitanía en la plaza de Aragón o la posibilidad de
ampliar el número de visitas a la iglesia parroquial de San Fernando en Torrero, un hermoso ejemplo de patrimonio neoclásico en Aragón, entre otra serie de iniciativas.
Se trata, en definitiva, de una serie de medidas que entendemos razonables, que tienen un objetivo público de aprovechamiento adecuado de instalaciones y terrenos, que contribuirían a mejorar las condiciones y la calidad de vida de Zaragoza
en general y de algunos barrios en particular, que dotarían de un potencial de
crecimiento económico al necesitado aeropuerto de nuestra ciudad. Somos conscientes de la necesidad de que esta tarde salga de aquí un acuerdo de futuro entre todos los grupos presentes, por lo que estamos abiertos a la disposición y a la
mejor de las voluntades de los demás grupos. Por todos estos motivos pedimos el voto favorable de la Cámara a la moción presentada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, muchas gracias.
Nosotros estamos de acuerdo con la resolución que presenta el señor Labordeta; estamos de acuerdo y así lo expresamos en nuestra actividad política allá en Aragón. De nuevo estamos ante una situación absolutamente inaceptable que necesita
el acuerdo que demanda el señor Labordeta. De nuevo estamos ante un asunto de fondo, las servidumbres militares que está pagando la sociedad de Zaragoza; servidumbres militares que entre otras consecuencias estructurales están haciendo que el
planeamiento de la ciudad se posponga incluso durante decenios. Las enmiendas que planteamos subrayan las peticiones que hace el señor Labordeta, subrayan que efectivamente hay ya acuerdos anteriores del Gobierno que no se cumplen, por ejemplo un
acuerdo de 1999. Proponemos que se recuerde este compromiso del Gobierno en el sentido de ceder 70 hectáreas del aeropuerto de Zaragoza al uso civil, con la intención de aflojar ligeramente la presión de los usos militares ejercidos sobre los usos
civiles y que implican que el aeropuerto de la quinta ciudad en población de España no tenga sino un significado muy secundario con respecto a aeropuertos de la misma entidad.
En la misma dirección, pensamos que en el futuro hay que desafectar el dominio militar sobre la iglesia de San Fernando, una de las pocas iglesias de arte neoclásico que quedan en Zaragoza, por lo menos de las no derruidas, que fue
reconvertida a usos militares por la vía de los hechos, permitiendo unos usos civiles extremadamente restringidos. Se trata de un dominio que no es aceptable desde ningún punto de vista en el siglo XXI, cuando esta iglesia fue civil en sus
orígenes, concretamente asociada a las obras civiles del canal imperial de Aragón; la apropiación militar es posterior y sería conveniente ir resolviendo esta situación que no tiene ningún sentido en estos momentos.
Señora presidenta, nosotros votaremos a favor de esta moción, que nos parece muy interesante y que desde luego sería de justicia el que se consiguiera un consenso que fuera eliminando esta presión militar sobre los usos civiles en estos dos
aspectos que nosotros hemos comentado y en el resto de los mismos que se contienen en la moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, debo empezar hoy mi intervención por alegrarme porque el señor Labordeta ha entendido que los términos utilizados en la interpelación que ha provocado esta moción, como fueron compensación, evaluación,
indemnización o daño, no son precisamente los más adecuados para describir la realidad sobre la presencia en nuestra ciudad, Zaragoza, de las Fuerzas Armadas y sus instalaciones militares.
Es verdad que de igual forma vuelve usted a cometer, creo,
un grave error al proclamar en su exposición de motivos que las instalaciones militares y terrenos propiedad del Ministerio de Defensa han provocado durante años toda una serie de importantes limitaciones y molestias al desarrollo económico, a la
ciudad y sus habitantes. Esto, señor Labordeta, es simplemente falso, y usted lo sabe. Estamos en el siglo XXI. La Zaragoza en la que hoy vivimos no es la que usted cree ver, y desde luego los militares que conviven allí continúan proporcionando
desarrollo a nuestra ciudad, ¿o es que acaso el aeropuerto, la base aérea, las maniobras militares, los acuerdos entre la universidad y la Academia General Militar, entre otros muchos más, no benefician y repercuten en positivo en la ciudad de
Zaragoza?
Aún así, señor Labordeta, al igual que hizo el ministro de Defensa con motivo de su interpelación, volvemos a ofrecerle desde el Grupo Parlamentario Popular un diálogo constructivo, que no perjudique a nadie y beneficie a todos. Por ello
hemos presentado una enmienda que propone un texto alternativo a los puntos 1 y 2, en el punto 4 coincidimos plenamente con usted y rechazamos el resto de los puntos de la moción. Me referiré, por tanto, a los dos primeros puntos por tener un texto
alternativo, y al punto 4.
En cuanto a lo expuesto por S.S. en el primero, tengo que asegurarle que el Ministerio viene desde hace tiempo colaborando con el Ayuntamiento de Zaragoza en el desarrollo urbanístico de la ciudad mediante el traspaso de la titularidad de
los bienes inmuebles que, habiendo dejado de ser de interés militar, han sido desafectados del dominio público estatal, como es el caso, que conoce usted muy bien, del acuartelamiento de San Lamberto y de la zona militar de Valdespartera, sobre la
que precisamente se tramita en estas fechas la desafectación del resto de la propiedad aún no transferida. La colaboración no es esporádica, sino que este mismo año se ha
incrementado con otras actuaciones públicas como la construcción del cuarto cinturón de la ciudad y el desarrollo de la plataforma logística, que afecta igualmente al canal de desagüe de aguas fluviales de la base aérea y al sistema de ayuda
a la navegación del aeropuerto.
En cuanto al segundo punto, señor Labordeta, debo confirmarle que el proceso está en marcha y el Ministerio de Defensa y AENA mantienen un contacto permanente. Es más, AENA ha presentado ya el proyecto básico y el Ministerio de Defensa ha
dado el visto bueno, por lo que en breve AENA iniciará los trámites oportunos para su ejecución. En cuanto a la transferencia de terrenos, ya se han iniciado los trámites burocráticos para llevarla a cabo. Por ello, adjuntamos a la enmienda que
hemos presentado inicialmente un nuevo punto, que usted ya conoce, que recoge estos argumentos que acabo de expresar.
En cuanto al punto cuarto, el Ministerio de Defensa por boca del ministro le aseguró en el debate de la interpelación que se está estudiando. Estoy convencido de que se va a llevar adelante la posibilidad de abrir la iglesia de San Fernando
permanentemente al culto y a las visitas. Es más, puedo confirmarle que en estas fechas ya ha sido programado un número de visitas guiadas.
Me hubiese gustado poder hacer referencia a cada uno de los apartados de su moción, pero los argumentos coinciden plenamente con los que expuso el señor ministro de Defensa con motivo de la interpelación. Aun así, en ese interés por ofrecer
diálogo, por ofrecer acuerdos, es por lo que hemos presentado una enmienda que simplifica y se ajusta mucho más a la realidad de lo posible que a la teoría del oportunismo. Creo sinceramente que, tanto el Ministerio de Defensa como el Ayuntamiento
de Zaragoza, están por la labor de establecer un marco global de relación sobre los usos futuros de los terrenos y bienes inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa, y agilizar también el proceso de ampliación del aeropuerto civil con terrenos de
la base aérea. Por todo ello, hemos presentado esta enmienda. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Muchas gracias, señora presidenta.
Al salir a la tribuna tengo la sensación de que la suerte está echada. Es decir, sospecho que o se acepta la enmienda del Partido Popular o decaería la moción que ha presentado el señor Labordeta en nombre de su grupo parlamentario.
Parte de la historia es que el 19 de septiembre del año 2001, el Ayuntamiento de Zaragoza celebraba una sesión extraordinaria, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se aprobó por unanimidad una enmienda de dicho grupo
que básicamente decía que el Ayuntamiento de Zaragoza elaboraría, en el plazo máximo de cinco meses, un informe exhaustivo sobre instalaciones y propiedades destinadas a usos militares, evaluación de riesgos e impactos positivos y negativos, si los
hubiere, de dichas instalaciones. Segundo, que a partir de este estudio el equipo de gobierno impulsaría la firma de un convenio global con el Ministerio de Defensa, con el objeto -y leo textualmente- de lograr acuerdos que permitan un mejor
aprovechamiento de los suelos e instalaciones militares a favor de la ciudad, especialmente de aquellos que han perdido interés para la defensa.
Un año después, la situación se resume en que el estudio no se ha realizado o, en todo caso, no es conocido por los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de Zaragoza y que no se conocen las acciones realizadas para la firma del
convenio antes aludido y tampoco su contenido.Desde luego, del desarrollo de la interpelación que vimos en su día tampoco se desprendía una voluntad concreta del Ministerio de Defensa, sí una llamada general al diálogo, que es a la que me parece que
hoy se ha ceñido fundamentalmente el diputado, también zaragozano, que me ha precedido en el uso de la palabra.
Dos constataciones. Por una parte, el incumplimiento del equipo gobernante del Partido Popular de un acuerdo tomado por unanimidad, también con los votos del Partido Popular, como S.S. conoce bien, y obviamente el elevado grado de
coincidencia, como no podría ser de otra manera, entre la interpelación y moción subsiguiente del señor Labordeta con lo aprobado a instancias del Partido Socialista, repito, en el Ayuntamiento. En consecuencia, nuestro voto será favorable a la
moción presentada por las razones ya descritas de origen -moción socialista-, coincidencia y también naturalmente coherencia. Esperemos a ver si en la votación estas tres condiciones -aunque una, la de origen, es imposible- se cumplen también.
Señorías, lo que se pretende es que se establezca un nuevo marco global de relación entre el Ministerio de Defensa y la ciudad de Zaragoza. Las necesidades de defensa han cambiado, las de la ciudad de Zaragoza también, y es necesario, desde
una perspectiva global, solucionar las disfunciones, grandes disfunciones en algunos casos, que se pueden producir. El objetivo esencial es intentar sustituir una dinámica de acuerdos parciales, que los ha habido, de acuerdos puntuales, sobre
instalaciones concretas, y sustituirlo, repito, por un planteamiento de diálogo global sobre el conjunto de instalaciones militares presentes en el término municipal de Zaragoza. La casuística, como todas SS.SS. saben, especialmente la señora
presidenta, podría ser amplísima; daré sólo un dato: el conjunto que ocupa las instalaciones militares en el término municipal de Zaragoza es del 35 por ciento aproximadamente de la extensión del mismo, y sólo por ejemplo en el campo de maniobra
de San Gregorio caben tres, repito tres, de las cinco ciudades más grandes de España. Yo creo, señorías, que este solo ejemplo abunda en la necesidad de ese acuerdo.
Señor Moreno, convendrá usted conmigo en que la relación de Zaragoza con la defensa y con el ejército ha sido cordial y en buena convivencia, salvo en períodos históricos muy concretos en los que no voy a entrar; convencidos como estamos en
este grupo de la capacidad de ambas instituciones para lograr acuerdos fructíferos para las mismas, anunciamos nuestro voto favorable a la moción del señor Labordeta o lo que el señor Labordeta acepte porque, aunque nos parece que lo que hoy se
establece es un pequeño avance, estamos convencidos de que ese acuerdo global tendrá que entrar necesariamente en toda esa casuística que he dicho que no iba a citar.
Nada más y muchas gracias (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arola.
Señor Labordeta, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, aceptamos la enmienda de modificación del Partido Popular y los tres puntos y retiramos el resto de puntos que habíamos presentado nosotros. Con lo cual quedaría un primer punto relativo al
establecimiento de un marco global, agilizar el proceso destinado a lograr la ampliación como segundo punto y, tercero, el desarrollo de los mecanismos oportunos para posibilitar un acceso a la iglesia de San Fernando.
Nada más, gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Labordeta.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre los planes del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa
ubicadas en el término municipal de Zaragoza.
Se somete a votación en los términos derivados del debate y de la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 260.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACION DE LA NUEVA LEY AGRARIA NORTEAMERICANA (FARM BILL.) (Número
de expediente 173/000148.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria como consecuencia de la
aprobación de la nueva Ley agraria norteamericana.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Companys. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor, para continuar con el debate.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en el último Pleno del mes de junio, nuestro grupo parlamentario interpeló al ministro de Agricultura, que en aquel momento ostentaba la presidencia en materia agraria de la Unión Europea, sobre el futuro del
sector agrario. Estábamos preocupados por los efectos que la Farm Bill pudiera tener en el conjunto del mercado agrario mundial y cómo podía afectarnos su aplicación. No voy a entrar otra vez en analizar dicha normativa porque es conocida de todos
ustedes, pero sí me veo en la obligación de retomar mi intervención asegurando, quizá hoy con más convicción que en la anterior, que sus efectos van a ser muy perjudiciales para el conjunto del sector productivo y que, como siempre, quienes la van a
padecer con más intensidad van a ser los países en vías de desarrollo con una economía basada en la agricultura en gran parte, aquellos a los que, por cierto, la mundialización les tenía que solucionar los problemas. Al asegurar unos precios
mínimos a las producciones sin fijar cuotas a la producción se ponen en marcha políticas que en Europa han fracasado estrepitosamente y que provocarán la aparición de stock, exceso de oferta, caída de precios de los productos, inundación del mercado
mundial de productos a bajo precio, con la ruina de los países que no tengan la capacidad de competir.
¿Qué se pretende con la Farm Bill? Pues básicamente provocar una alteración de los precios agrícolas mundiales a la baja que permitirá a los Estados Unidos ser competitivos manteniendo, a su vez, una moneda fuerte, o sea, la cuadratura del
círculo. Por tanto, los liberales de toda la vida, los impulsores de la OMC, de las propuestas de Doha, ahora, por intereses electorales, han cambiado su estrategia y van mucho más allá ya que no sólo incrementarán las ayudas a la exportación sino
que aumentarán los precios de garantía del maíz, del trigo, de la avena, del centeno, del sorgo, del arroz, del algodón, del azúcar, de las frutas, de los vegetales, nuevos subsidios a la soja y crearán líneas nuevas de promoción exterior de esos
productos. Como guinda de ese pastel, en base a la seguridad alimentaria, a partir de 2004 en el etiquetaje de los alimentos, para poder rotular un producto que esté elaborado en Estados Unidos, no sólo tendrá que aparecer que ha sido fabricado
allí efectivamente sino que, por ejemplo, en el caso de los embutidos, la carne que se utilice para su elaboración deberá provenir de animales que hayan
nacido y se hayan criado también en Estados Unidos. De hecho, estamos frente a una barrera comercial en forma de barrera sanitaria sin precentes. Tim Joslin, economista del Food Research Institute de la Universidad de Stanford, en una
conferencia en la FAO, dijo: Me llama siempre la atención la habilidad de los Estados Unidos por tener una capacidad enorme de proyectar una imagen de liberalismo en materia de intercambio comercial y de mantener siempre, al mismo tiempo,
restricciones comerciales en beneficio de sus intereses sectoriales.
De hecho, los agricultores de Valencia, en mayor medida, han sufrido acciones de este tipo. La presunta -y digo presunta- mosca mediterránea, que logró pasar todos los controles de emigración y que apareció en un supermercado, logró por sí
sola, sin demostrar su presencia y procedencia, cortar las exportaciones de clementinas en una acción proteccionista más propia de una república bananera que de la primera potencia mundial. Siendo ello grave, que lo es, y mientras estamos
debatiendo toda esa problemática que puede y va a desestabilizar los débiles equilibrios de los mercados mundiales, en la comparecencia del ministro de Agricultura de la semana pasada pudimos comprobar y debatir con cierta sorpresa la propuesta de
la Comisión Europea que trata de modificar a mitad de camino la Agenda 2000 en contra de sus propios acuerdos, que tiene una vigencia hasta el 1 de enero de 2007. La propuesta de recortar -ahora se dice modular- en un 20 por ciento el conjunto de
las ayudas directas a renta va en contra de dicha política.
Lo dije en la comparecencia y lo repito ahora, no podemos usar la palabra modulación; no es modulación, es un recorte. Se trata de eliminar de la renta de los agricultores un 20 por
ciento y parece ser que una parte de la misma se dedicará al desarrollo rural; política que sí sabemos quién va a pagar pero no sabemos a quién va a beneficiar. O sea que la política de desarrollo rural la tendrán que sufragar de su renta los
agricultores.
Eso pasa en un momento en el que el mayor productor mundial de alimentos va a dedicar en los próximos años, gracias a la Farm Bill, 180.000 millones de dólares a política agraria.
La Unión Europea aparentemente no tiene una política propia, no ha sido capaz de dar respuesta adecuada y de hecho, por no hacer, no ha sido capaz de poner en marcha un plan de producción de proteaginosas para hacer frente a los déficit que
está provocando la sustitución de proteína de origen animal por la de origen vegetal. Detrás de todos esos movimientos hay personas, hay familias que han apostado por mantenerse en el territorio, por hacer bien las cosas y les puede pasar lo peor
que puede pasar en esta vida, que es arruinarse trabajando. Quizá, como ha dicho algún sindicalista, ha pasado el momento de criticar la Farm Bill y hay que dar un paso adelante. Ahora hay que ver qué hace la Comisión Europea y, a juzgar por las
propuestas de modificación de la Agenda 2000, parece que poco.
Por ese motivo hemos presentado la moción que trata de instar al Gobierno a analizar cómo puede afectar esa ley al sector agrario y ganadero, teniendo en cuenta la modificación de la Agenda 2000, que el Gobierno dé cuenta de las conclusiones
de esos estudios a la Cámara y ver qué medidas propone, ya sea a nivel de Estado español o a nivel de modificación de normativa comunitaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender la enmienda y también para manifestar la posición del Grupo Socialista con respecto a la moción que ha presentado Convergència y Unió.
Cuando hablamos de lo que afecta la nueva Ley agrícola americana a los mercados agrarios de la Unión Europea y los españoles en particular, no solamente tenemos que hablar de pagos desligados, precios estipulados y sobre todo una gran
novedad, los pagos anticíclicos, que difícilmente pueden no afectar a los mercados, sino que hablamos también de prácticas comerciales. En la declaración de Doha se dice, además por propuesta de la Unión Europea, que se elimine todo tipo de ayudas
a la exportación. La administración norteamericana es experta en todo tipo de prácticas de ayudas a la exportación, desde créditos a compradores, incentivos fiscales para la exportación, ayudas alimentarias dudosas o monopolios de comercio exterior
hasta ayudas a empresas ubicadas, radicadas en paraísos fiscales; recuérdese la última decisión de la Organización Mundial de Comercio con respecto a las importaciones de acero. Son muchas prácticas.
Nosotros hemos incluido una enmienda para que
la moción tenga algo más concreto respecto a lo que debe hacer el Gobierno en esta materia, señor Companys, algo que permita una evaluación.
Tenemos más conflictos con los Estados Unidos, uno espectacular que es el de las clementinas; otro, el del uso de denominaciones de origen de nuestros vinos de manera fraudulenta, para no hablar de prácticas realmente inaceptables en las
exportaciones de la almendra a nuestro país, nada menos que 130.000 toneladas al conjunto de la Unión Europea, cuando la Unión Europea produce en total 70.000. Este tipo de prácticas nos preocupa y por eso presentamos una enmienda.
Voy a defender esa enmienda leyendo una moción, que ha sido aprobada por un ayuntamiento citrícola de los más importantes de España. Voy a dar la voz al Ayuntamiento de Alcira, en la Comunidad Valenciana,
que está preocupado porque efectivamente el Gobierno español no ha sido capaz de defender, ni de lejos, los intereses españoles de este sector.
Dice lo siguiente. Moción por la que se propone exigir la inminente destitución del ministro de
Agricultura, señor Arias Cañete, así como la destitución de la consellera de Agricultura, Ramón-Llin, exigir al Gobierno de la nación que tome las medidas en contra de las actuaciones en esta materia de los Estados Unidos. Lo argumenta de la
siguiente manera: Tras las declaraciones realizadas por el ministro de Agricultura, señor Arias Cañete, en relación con los cítricos valencianos pensamos que son unas afirmaciones lamentables, desafortunadas e impropias de quien sustenta el cargo
de ministro de Agricultura de España. Nos encontramos ante una claudicación sin precedentes de los populares ante las exigencias norteamericanas, resultando gravemente perjudicado el sector citrícola valenciano. Estamos ante un ministro caduco
-dicen ellos-, inoperante y, lo que es peor, perjudicial para la citricultura valenciana.
Esta moción fue presentada por Unión Valenciana, fue aprobada por todos los grupos, salvo por el Partido Popular que votó en contra. (Un señor diputado: ¡Toma ya!) En esta propuesta, que es aprobada por el Ayuntamiento de Alcira, se dice
más o menos lo que dice el Grupo Socialista en la enmienda, señor Companys, se dice: Exigir al Gobierno de la nación que tome medidas en contra de las actuaciones de los Estados Unidos que tanto daño hacen al sector citrícola.
No hace mucho tiempo el señor presidente del Gobierno nos sorprendió a todos diciendo que él era mucho más veloz que el presidente Bush. A mí no me importa que gane cuantas carreras pueda hacer con el presidente Bush, que incluso desafíe a
todo el mundo siendo capaz de poner los pies encima de la mesa del presidente Bush. ¿Sabe cuál es la carrera que yo quisiera que el presidente del Gobierno ganase a la Administración Bush? La de las clementinas, porque ¿sabe cómo está, señor
Companys? Está de la siguiente manera. Resulta que -usted lo ha dicho- hay unas larvas que nadie ha visto, nadie las ha visto -lo digo para convencerle de la importancia de aceptar nuestra enmienda-; se han suspendido las exportaciones españolas
de clementinas desde diciembre de 2001, a fecha de hoy siguen suspendidas, a punto de empezar la nueva campaña; Japón ha seguido a Estados Unidos porque como el Gobierno español es incapaz de decir si es verdad o es falso ya no hay exportaciones a
Japón. Hay concesiones del Gobierno español como no exportar a cinco estados de Estados Unidos, los que producen clementinas, en la próxima campaña. Estamos en periodo de alegaciones...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, le ruego que concluya, por favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino, señora presidenta.
Estamos en periodo de alegaciones, suspendidas las exportaciones y el señor Aznar no sabe, no contesta en esto, que es donde hay que ganarle a la Administración Bush.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señora presidenta, señorías, hoy nos presenta CiU una moción referente a la ley agraria norteamericana y la incidencia que ésta puede tener sobre el sector en España y en Europa. Quisiera decir en primer lugar,
tal como discurre el debate agrario en Europa, que esta moción es oportuna. En ese sentido, le anuncio el voto favorable del Grupo Popular y quisiera también anunciar la retirada de la enmienda presentada por nuestro grupo y que quedaría sustituida
por la transacción que presentamos conjuntamente con CiU.
Respecto a esta moción bienvenido sea todo lo que suponga avanzar en la clarificación y en el análisis de la incidencia de esta ley americana, tal como se dice en la moción, en un sector estratégico como es la agricultura y el comercio
alimentario, más aún después de la publicación en el mes de julio de la reforma a medio camino de la PAC. Consideramos imprescindible profundizar en ese estudio. Debemos saber si la Unión Europea camina con su política agraria en el buen sentido y
si se da cumplida respuesta a la protección de nuestra agricultura y nuestro comercio. Como bien saben SS.SS., después de la aprobación de la ley americana a finales de mayo, las opiniones de algunos países de la Unión Europea no se han hecho
esperar. Unos piensan que poco o nada va a influir en nuestras agriculturas. Esta opinión es la que aparentemente prevalece en la Unión Europea, pero otros pensamos, tanto CiU como incluso el Grupo Socialista, que va a afectar a las agriculturas.
Es bien cierto que en un mundo cada vez más globalizado hay demandas de mayor liberalización en el comercio de alimentos. Precisamente este año 2002, tanto en la cumbre mundial de la alimentación como en la cumbre de desarrollo sostenible de
Johannesburgo, como en la Organización Mundial de Comercio de Doha, se han debatido y se han pedido más progresos. En todas estas cumbres se pide más comercio y que los países más desarrollados den menos dinero a la agricultura. Frente a estas
respetabilísimas opiniones y frente a las conclusiones aprobadas en esas cumbres, consideramos que España y Europa necesitan mantener un sector productor y un sector industrial que cumpla con las funciones asentadas en la Agenda 2000. Sin embargo,
también consideramos desde Europa que debemos ser solidarios en esas demandas de mayor liberalización.
Frente a este panorama, Estados Unidos ha optado por aprobar esa Farm Bill, que incrementa notablemente el proteccionismo de su agricultura.
Muchos países han criticado duramente a Estados Unidos por mantener ese doble discurso, por un
lado, de exigir más a otros países y reducir sus ayudas internas y, por otro, ellos mismos incrementar sustancialmente las ayudas a sus agricultores. Como bien saben, en esta Farm Bill casi se ha duplicado el presupuesto para financiar, y con esas
cantidades de dinero se van a financiar desde investigación hasta programas de conservación medioambiental. Lo más importante es que 57.000 millones de dólares se van a destinar a pagos a los agricultores para compensarles de los descensos de
precios, son los llamados pagos anticíclicos, que constituyen una de las novedades de esta ley y que van a beneficiar a diferentes productores de maíz, sorgo, cebada, etcétera. Estas cifras, según los analistas, han distorsionado la economía de
Estados Unidos y, si se incrementan, tal como dice la ley, van a distorsionar la economía tanto en Estados Unidos como en el comercio mundial de alimentos.
Aparentemente, desde un análisis de la situación que quiera dejar de ser irreal, Estados
Unidos se distancia del compromiso adquirido en la Organización Mundial de Comercio y pensamos que esos pagos se encuentran conectados directamente a la producción; por tanto, esos pagos van a influir en los productos y, lamentablemente, en el
mercado mundial.
Frente a esta realidad americana se hace necesario analizar, tal como dice la moción, qué efectos tiene para España y para Europa. No hay que olvidar que la Unión Europea está desconectando estas ayudas desde 1992.
Parece que se sigue en
la misma senda, tal como se ha puesto en evidencia con esta reforma de la PAC. Para ser más claros, en Europa se camina en sentido diferente al seguido por los americanos. Por esta situación, por estas razones y ante el difícil compromiso que se
plantea en el futuro, se debe apoyar esta moción.
No quisiera dejar de contestar al PSOE que los problemas mundiales del comercio, de la agricultura mundial, de la agricultura de España, de Europa, no se limitan única y exclusivamente a la clementina. Qué visión tan pobre, qué visión tan
humilde; en definitiva, se alejan de lo que es la realidad europea, española y mundial. En ese sentido, apelamos al PSOE para que se acerque el Grupo Parlamentario Popular, a CiU, a la política agraria comunitaria, para poder llevar entre todos
una posición común de apoyo a la agricultura española, a la europea, en definitiva, a defender todos nuestros intereses.
La señora PRESIDENTA: Señor Pérez Lapazarán, le ruego concluya.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: En ese sentido, lamentamos esa posición del PSOE tan limitada y tan simple.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, la moción que nos presenta Convergència i Unió entra en un debate que va más allá de lo que significa la propia iniciativa, la propia ley de Estados Unidos para subsidiar su agricultura.
Plantea -ya lo ha dicho algún portavoz- la contradicción de quienes se proclaman los paladines, los máximos defensores del liberalismo, del libre mercado, mientras luego mantiene políticas claramente proteccionistas. Es decir, queda en evidencia la
ley del embudo con la que los Estados Unidos ven el orden internacional.
Porque la realidad es que la ley agrícola de los Estados Unidos aumenta masivamente las subvenciones públicas norteamericanas, dando un viraje de gran importancia, pues hace
sólo diez años se votaba en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos leyes que proponían la eliminación de todas las subvenciones a la agricultura. Por el contrario, esta nueva ley bajo la forma de tres tipos de ayudas (subvenciones
excepcionales, un pago fijo independiente de los precios de mercado y una ayuda a las prácticas respetuosas con el medio ambiente) lo que en realidad plantea no es ni más ni menos que unas subvenciones que vienen a romper el mercado, que vienen a
plantear una realidad muy diferente a la que se dice defender luego en los foros internacionales. Como decía, la ley del embudo obliga a los países en vías de desarrollo a la máxima liberalización, obliga a los países en desarrollo a desproteger
sus mercados, mientras que luego los mercados de los Estados Unidos se blindan para romper estos mercados con esas prácticas de subvenciones.
Lo primero que hace nuestro grupo es denunciar, una vez más, la iniciativa norteamericana que está en contradicción, por no decir en total oposición, con todos los acuerdos internacionales; pero sobre todo es evidente que la ley de los
Estados Unidos va en una dirección que desembocará en distorsiones muy graves para las reglas multilaterales y que contiene elementos de ayuda que son, en realidad, apoyos poco ocultos para las exportaciones. Esta situación deja en desventaja a los
países en desarrollo, pero también perjudica claramente a nuestro país, donde productos como el algodón o el arroz van a perder competitividad frente a los productos de los Estados Unidos; todo esto sucede mientras a nuestros agricultores se les
dice por la Unión Europea que en pocos años se terminarán los fondos de la Unión Europea a la producción; es decir, vamos a llevar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, a una situación de imposible subsistencia, mientras que Estados
Unidos blinda sus mercados.
En consecuencia, este Parlamento debe dejar sentado que la política de los Estados Unidos está acabando con la posibilidad de consenso sobre un futuro de la agricultura como motor de desarrollo económico, como elemento
clave para mantener a la población en el mundo rural y tal como señala la propia política agraria comunitaria; no podemos quedarnos impasibles, no podemos ver cómo las víctimas, al final, son nuestros productores agrícolas que no pueden
competir haciendo frente a esos precios bajos, mientras los Estados Unidos continuarán viendo el cheque del subsidio, que es capitalizado en valores de tierra y en costes de alquiler; todo esto -repito- mientras les decimos a nuestros agricultores
que se vayan preparando porque se va a acabar con las subvenciones y se vayan olvidando del cheque europeo.Se impone una reflexión, por tanto, sobre el futuro de la agricultura, una reflexión que es necesario hacer mirando al futuro, que es
necesario hacer para que al final la agricultura no sea solamente un jardín, no sea solamente un elemento de conservación del medio ambiente, sino que sea un elemento de futuro para el desarrollo de la zona agrícola. En este debate es necesario que
sean los agricultores el eje de nuestra atención, que sean los agricultores españoles, los agricultores europeos el eje de nuestras pretensiones, porque, en caso contrario, al final no haremos ni más ni menos que profundizar en las injusticias, en
las diferencias sociales. Por ello hemos planteado la necesidad de mantener las ayudas de la Unión Europea. Somos partidarios de esta ayuda, pero también hay que recuperar los precios de intervención, pero para todos los países. No queremos
privilegios tampoco para los agricultores de la Unión Europea. Todos los agricultores del mundo deben de ser tenidos en cuenta para evitar que a los países en vías de desarrollo se les imponga unas condiciones que tampoco puedan soportar. Lo
cruel, lo injusto, señorías, es que quienes dicen defender el libre mercado, los que dicen defender el neoliberalismo, lo defienden para los demás pero, sin embargo, son los que ponen más trabas a las importaciones.
Hace falta dar ese giro, y por eso presentamos nuestra enmienda, para que España no solamente valore las consecuencias, sino que pase a la ofensiva y presente todas las medidas legales para frenar esta injusta legislación.Esta es, señorías,
nuestra posición y lo que este Parlamento debería aprobar hoy.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra para justificar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta oportunísima moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); una moción muy oportuna, porque a través de la misma se insta
al Gobierno a analizar y a adoptar medidas que defiendan a nuestros agricultores frente a las medidas unilaterales de la Farm Bill norteamericana.Nos preocupa la Farm Bill, y ya en mayo nos dirigimos al Gobierno demandándole una posición,
demandándole, cuando aún ostentaba la presidencia semestral de la Unión Europea, que nos informase de lo que pensaba hacer en ese terreno. Una vez más y a diferencia de otros gobiernos europeos, el Gobierno español evita pronunciarse, afirma que
está estudiando las repercusiones y, en fin, lo que hace es esperar a que el conjunto de la Unión Europea se pronuncie, pero sin proponer líneas de actuación, ni en este ni en otros campos, y sin aportar iniciativas. La verdad es que en este caso
debería hacerlo; debería hacerlo porque la Farm Bill firmada el pasado 13 de mayo por el señor Bush persigue no sólo apoyar las rentas de los agricultores norteamericanos sino también controlar los mercados de alimentos a nivel internacional,
apoyando económicamente las exportaciones americanas y haciendo inviable la competencia en precios de terceros países o tomando incluso medidas proteccionistas frente a las exportaciones hacia el mercado norteamericano. Son medidas dirigidas a
conseguir una posición dominante en materia agrícola a nivel mundial, que obviamente nos afectarán si no conseguimos contrarrestarlas a tiempo. Son medidas que siguen a otras, como las que se adoptaron con el acero, y que ponen en evidencia que
existe una gran distancia entre lo que se predica y lo que se practica, que existe una gran distancia entre esa liberalización, ese libre mercado y esa libre competencia a fondo que se predica a nivel internacional y la realidad proteccionista que
Norteamérica practica cuando sirve a sus intereses, algo, por cierto, de lo que podríamos ir aprendiendo.
Es evidente que debemos defender nuestra base agrícola, sobre todo la base agrícola familiar, y nuestra soberanía alimentaria, y caminar al tiempo hacia reglas de intercambio justas a nivel internacional. Por eso se hace necesaria una
reacción del conjunto de la Unión Europea y, en singular, del Gobierno español ante esta iniciativa norteamericana dirigida a alterar los mercados. Por cierto, uno de los productos que según el propio Gobierno van a resultar afectados y primados
claramente en los Estados Unidos son los productos lácteos, la leche y sus derivados. El lácteo es un sector que en Galicia está afectado por otras decisiones negativas adoptadas por la Unión Europea y por el Gobierno español.
Esperemos que esta
vez pueda ser defendido y salvaguardado.
En resumen, votaremos favorablemente esta moción de Convergència i Unió y demandamos del Gobierno una acción política decidida, que no haga lo que tantas otras veces, simplemente plegarse a los dictados del imperio.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre la base del texto conjunto elaborado por el grupo que ha presentado la iniciativa y por el Grupo Parlamentario Popular.Razones: El pasado
martes, señora presidenta, compareció en esta Cámara el señor ministro de Agricultura, señor Arias Cañete, que comentó el informe y la posición española que había mantenido en la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas el
pasado día 15 de julio, mostrando la preocupación del Gobierno español ante el documento elaborado por el señor Fischler, comisario agrícola y pesquero de la Unión Europea, para presentarlo al Consejo de Ministros comunitario y al Parlamento
Europeo, documento que este diputado ya calificó de verdadero dislate. Pues bien, mi grupo comparte y defiende ese documento del señor Arias Cañete que refleja la posición española. Tengo que recordar aquí que en el discurso de nuestro ministro de
Agricultura en Bruselas el 15 de julio se cita cuatro veces la posible repercusión negativa en la estructura y producción agraria española, y por tanto europea y comunitaria, de la Farm Bill norteamericana para el año 2002. Cuatro veces, el señor
Arias Cañete, con inteligente intuición, se da cuenta de que hay un peligro. La nueva política norteamericana -que cambia el Acta de 1996, que venía concentrando ayudas a la tierra y no a la producción y a la comercialización-, la nueva Farm Bill
norteamericana del año 2002 va a financiar ayudas a la comercialización y a la producción. Si al mismo tiempo Europa adoptara el desatinado proyecto del señor Fischler, que propone dar ayudas ligadas a la tierra y no a las producciones, a la
comercialización y al mercado, estaríamos ante una situación gravísima para las producciones agropecuarias de la Unión Europea, entre ellas para las de España. Por tanto, mi grupo considera muy oportuno y necesario, porque se deriva del propio
discurso del señor Arias Cañete en Bruselas el 15 de julio, analizar y estudiar la repercusión que la Farm Bill norteamericana de 2002 puede suponer en nuestra agricultura y en la de la Unión Europea. Por tanto, la Cámara debe conocerlo para medir
sus graves repercusiones, sobre todo cuando ha cambiado la estrategia norteamericana para ir a una mayor potenciación y se le ocurre al señor Fischler reducir las ayudas a la agricultura de la Unión Europea, y por tanto de España, con pérdidas hasta
del 20 por ciento de las ayudas que recibe el agricultor comunitario. Por estas razones consideramos muy oportuno que se pueda realizar este estudio y esta información en los términos ya expuestos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Companys, entiendo que el texto que se va a someter a votación es el de la enmienda transaccional presentada a su grupo por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Efectivamente, señora presidenta. Me tengo que posicionar sobre las otras enmiendas que se han presentado.
La señora PRESIDENTA: Entendía que al someterse a votación el texto de la enmienda transaccional las otras dos no eran aceptadas.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: En todo caso, aceptamos la enmienda transaccional del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia de política agraria como consecuencia
de la aprobación de la nueva ley agraria norteamericana, que se somete a votación en los términos derivados del debate y que se corresponden con la enmienda transaccional presentada por el grupo proponente y el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 236.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.