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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 182, de 26/08/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 182
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 175 (extraordinaria)
celebrada el lunes, 26 de agosto de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 9113)
Debate de propuestas en relación con el artículo 11 de la Ley orgánica 6/2002.
- Propuesta de resolución, de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, por la que se insta al Gobierno a que solicite la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, de conformidad con lo establecido
en los artículos 9 y 11 de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. (Número de expediente 225/000001) ... (Página 9113)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 9113)
Debate de propuestas en relación con el artículo 11 de la Ley orgánica 6/2002 ... (Página 9113)
Propuesta de resolución, de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, por la que se insta al Gobierno a que solicite la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, de conformidad con lo establecido en
los artículos 9 y 11 de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos ... (Página 9113)
En defensa de la propuesta de resolución presentada, así como para la defensa de la enmienda de adición, interviene en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor De Grandes Pascual, manifestando que la
iniciativa formulada conjuntamente con el Grupo Socialista responde a un imperativo democrático que a todos sin excepción les obliga, como representantes de la soberanía nacional, cual es hacer uso de los mecanismos legítimos del Estado de derecho
para actuar en defensa de la democracia frente a los que, por dar cobertura a las acciones criminales de Eta, se autositúan al margen de lo que significa el respeto a los más elementales derechos humanos y la convivencia en paz. No hay democracia
sin libre concurrencia de partidos y de ideas, pero tampoco la hay si esta concurrencia no es pacífica, y por ello la democracia debe defenderse y protegerse ante cualquier forma de violencia.
Con la Ley de Partidos se concreta el principio, la exigencia constitucional que ya venía contemplada, pero no desarrollada, en la ley de 1978, según la cual los partidos deberían respetar en su actuación los principios democráticos y los
derechos humanos y el que no lo hiciera dejaría de ser legal en democracia. En este sentido considera llegada la hora de instar la aplicación de los nuevos procedimientos legales al servicio de la libertad, restándoles a los asesinos una plataforma
que les es fundamental para el ejercicio de su acción delictiva. Nada justificaría que el Congreso permaneciera ajeno a una tarea que le corresponde como voz legítima y plural de a sociedad española.
Añade que han presentado una enmienda que viene a completar y fundar en derecho las razones que justifican la urgencia y la oportunidad de iniciar el proceso de ilegalización de Batasuna, enmienda que contiene una relación fáctica que
permite deducir de forma inequívoca que concurren las circunstancias que conforme al artículo 9 de la ley permitirán en su caso a los órganos jurisdiccionales competentes proceder a la ilegalización de Batasuna.
Completa la defensa de la propuesta de resolución, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Caldera Sánchez-Capitán, señalando que se hallan ante un acto relevante en el que van a solicitar la aplicación de la Ley de Partidos
para que Batasuna quede fuera de la ley, decisión que se inscribe en el profundo convencimiento del Partido Socialista de que la lucha antiterrorista es una política de Estado y de ahí que propusieran la firma de un Pacto por las libertades y contra
el terrorismo y apoyaran la Ley de Partidos Políticos, comprometiendo además ante los ciudadanos españoles la posición del Partido Socialista de que ese pacto será duradero hasta que Eta desaparezca. Afirma que no puede ser legal quien niega el
derecho a la vida y por eso mismo se aprueba la Ley de Partidos, para concretar los principios y los valores constitucionales que tienen que respetar los partidos políticos en su actividad y hacer frente al riesgo más persistente contra la
democracia española que existe en este momento y que es el terrorismo y su brazo político, pues quien atenta contra esos valores no merece vivir en la legalidad. Agrega que hicieron la Ley de Partidos Políticos para defender la democracia y cree
que es mejor no hacer una ley que hacerla y no aplicarla, no cumplirla. Hoy necesitan aplicar esa ley porque no deben esperar a que los enemigos de la democracia sigan intentando cada día usar espacios de impunidad para la destrucción de la propia
democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olázabal, y señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mauricio Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Trías i Vidal de Lobatera, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió)
Sometida a votación la propuesta de resolución de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, por la que se insta al Gobierno a que solicite la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, de conformidad
con lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, con la incorporación de la enmienda de adición presentada por los grupos proponentes, es aprobada por 295 votos a favor, 10 en contra y 29
abstenciones.
Se levanta la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central
doña María Yolanda Gil López, en sustitución de doña María Angeles Amador Millán, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora GIL LÓPEZ: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Doña María Yolanda Gil López ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
DEBATE DE PROPUESTAS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002.
- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE SOLICITE LA ILEGALIZACIÓN DE HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK Y BATASUNA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 225/000001)
La señora PRESIDENTA: Punto único del orden del día: Debate de propuestas en relación con el artículo 11 de la Ley orgánica 6/2002. Propuesta de resolución, de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, por la que se
insta al Gobierno a que se solicite la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. En primer lugar y
para la defensa de la proposición de resolución presentada por los grupos de referencia, así como para la defensa también de la enmienda de adición presentada, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, señorías, la iniciativa que conjuntamente presentamos hoy los grupos parlamentarios Popular y Socialista responde a un imperativo democrático que a todos sin excepción nos obliga como
representantes de la soberanía nacional, un imperativo afecto a la irrenunciable obligación de hacer uso de los mecanismos legítimos del Estado de derecho para actuar en defensa de la democracia frente a aquellos que por dar cobertura a las acciones
criminales de ETA se autositúan al margen de lo que significa el respeto a los más elementales derechos humanos y a la convivencia en paz.
La Constitución de 1978 abrió un horizonte histórico para la reconciliación de los españoles a partir de un equipaje de valores sobre los que dar forma a la plena normalización de la libertad, el pluralismo y la tolerancia conjugados en la
voluntad de construir una sociedad de todos y para todos y en la que todos pudieran tener lugar y voz propia, una sociedad en la que nadie fuera perseguido en función de su pensamiento y en la que por lo mismo a nadie le estuviese permitido ejercer
coacción o violencia sobre los otros para pretender anular por la fuerza el derecho de aquéllos. No hay democracia sin libre concurrencia de partidos y de ideas, pero tampoco la hay si esta concurrencia no es pacífica. Por ello la democracia debe
protegerse y defenderse ante cualquier forma de violencia. Y si los partidos son piezas o instrumentos claves para la participación política en las democracias modernas, nunca pueden vulnerar los principios democráticos que les dan vida. Y si en
una democracia de partidos los partidos son el pueblo, nunca deben conculcar los derechos humanos, porque ello equivaldría a traicionar su propia razón de ser, a atacar a quienes representan y a los principios que les dan vida. Eso es lo que
hicimos con la Ley de partidos, concretar un principio, una exigencia constitucional que ya venía contemplada, pero no desarrollada, en la Ley de 1978. Los partidos deberían respetar en su actuación los principios democráticos y los derechos
humanos y el que no lo hiciera dejaría de ser legal en democracia.
Pues bien, en el contexto de la España abierta, democrática y plural de nuestro tiempo, la banda terrorista ETA es una injustificable anormalidad ajena por completo a la razón, a la ética y a la historia. El afán asesino del terrorismo
etarra se ha hecho presente no sólo a través de sus pistoleros, sino también mediante la articulación de una red de entidades que es esencial para el desenvolvimiento de su bárbara estrategia. La aniquilación física y social que ETA determina sobre
cuantos no comparten sus métodos y proyectos se articula a través de ese conjunto de entidades frente a las que la ley ha de ser aplicada, con todas sus consecuencias, para no dejar espacios abiertos a la actuación ilegítima de quienes públicamente
avalan y justifican el terror porque forman parte indubitada del entramado colectivo de aquél. En ese escenario, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y la actual Batasuna han sido -en tracto sucesivo- pieza capital para la ejecución dialéctica y
material de los fines terroristas.
La vinculación probada de cargos orgánicos y públicos de cualquiera de las citadas organizaciones a la propia estructura activa de ETA, la utilización de sus sedes como lugar de almacenaje de propaganda, armas, explosivos e información de la
banda; la permanente justificación de los crímenes etarras y su participación directa en la coacción y en la amenaza contra todos aquellos que piensan de forma diferente; el papel protagonista de muchos de sus miembros en la comisión de actos
bandálicos contra personas y bienes públicos y privados devienen en irrefutables fundamentos de hecho que permiten apreciar que ETA y Batasuna son una idéntica e inseparable realidad. Por eso es llegada la hora de instar la aplicación de los nuevos
procedimientos legales al servicio de la libertad, restándoles a los asesinos una plataforma que les es fundamental para el ejercicio de su acción delictiva.
Los dramáticos sucesos vividos este verano como consecuencia de la actuación criminal de ETA han vuelto a evidenciar la inquebrantable sumisión de Batasuna a los dictados de la banda, sin que quepa ya el más mínimo margen de error en la
formulación de tal diagnóstico. Batasuna es un mero instrumento de agitación al servicio de la violencia que busca ser multiplicada en sus efectos mediante la tensión metódicamente calculada que la citada organización impulsa con sus actuaciones
institucionales y sociales. Los portavoces batasunos son en todo punto voceros repetitivos de la dialéctica etarra y permanentes apologetas -cuando no oráculos infalibles- de la bajeza sanguinaria de aquélla.
En este orden de cosas es obvio que los poderes democráticos deben dar una respuesta acorde con las exigencias de la legalidad para impedir que Batasuna siga siendo herramienta básica de agresión a los valores que inspiran la configuración
de nuestro ordenamiento, por cuanto que esa agresión se traduce en la amenaza contra toda nuestra sociedad mediante la aceptación del crimen como instrumento de actuación política. Por eso, es incuestionable que a Batasuna se le ha agotado ya el
tiempo de rectificar, y ciertamente ha tenido innumerables oportunidades para hacerlo.
Señorías, la iniciativa que en esta tarde me cabe el honor de defender plasma la meditada convicción de estar ante un momento determinante, un momento determinante frente al que Batasuna se ha situado por sí misma y que, en consecuencia,
exige impulsar las vías previstas en la Ley de partidos para que esta Cámara exprese, en sus términos correspondientes, el sentido de la voluntad clara de la inmensa mayoría de los ciudadanos en orden a que, en su caso, los tribunales sentencien la
ilegalización de aquellos que decididamente han apostado por el terror y por el crimen.
Nada justificaría que el Congreso permaneciera ajeno a una tarea que le corresponde como voz legítima y plural de la sociedad española, o que supeditara su
decisión a chatas argumentaciones de tecnicismo u oportunidad.
Los proponentes de la iniciativa hemos presentado una enmienda que viene a nuestro juicio a completar y fundar en derecho las razones que justifican la urgencia y la oportunidad de iniciar el proceso de ilegalización de Batasuna, en lo
concerniente al papel que le confiere la ley al Congreso de los Diputados. En nuestra enmienda se contiene una relación fáctica que permite deducir de forma inequívoca que concurren las circunstancias que conforme al artículo 9 de la ley
permitirán, en su caso, al órgano jurisdiccional competente proceder a la ilegalización de Batasuna.
Constituyen comportamientos concretos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de la ley y que se han realizado a la luz de lo previsto
en la misma, con conocimiento de su carácter transgresor y en la conciencia clara de que significaba una provocación y un desprecio proclamado a lo dispuesto en la Ley de partidos. Concurren, señorías, por tanto, los requisitos exigidos para la
iniciación del procedimiento judicial de declaración de ilegalidad del entramado de Batasuna y, en consecuencia, los proponentes instamos al Gobierno desde el Parlamento para que proceda conforme previene la ley.
La ley, señorías, estableció que la libertad de actuación de los partidos tenía que tener como límites el racismo, la justificación de la violencia y el apoyo político al terrorismo. Quedó claro que el partido que superara esos límites
dejaría de ser legal en nuestra democracia a través de un procedimiento que convinimos en denominar jurídico-democrático o constitucional. Para mayor garantía, se estableció una enumeración detallada de supuestos que permiten a los partidos el
conocimiento exacto de los límites que no pueden sobrepasar en su actuación. Se planteaba sin duda una oportunidad para corregir una trayectoria de algunos partidos que a todas luces incurrían en actividades incompatibles con
los valores democráticos y en la ofensa de los más elementales derechos humanos.
Batasuna no sólo no ha modificado sus comportamientos, sino que de forma provocadora y altanera ha despreciado la ley y pareciera que quisiera reiterar uno tras otro los tipos legales que permiten su ilegalización.
No es cierto que sólo se
les pueda imputar el cobarde silencio de no condenar los actos terroristas, sino que expresamente los han justificado anunciando más sufrimiento y más muerte. La enmienda que hemos presentado, con su relación fáctica, me permite no tener que
reproducir en mis palabras todos y cada uno de los supuestos en los que ha incurrido Batasuna y que le hacen acreedor de la ilegalización. A mayor abundamiento, me remito al informe de la Abogacía del Estado que el Gobierno ha hecho llegar a través
de la Cámara a todos los grupos. Un informe, por cierto, que ha despejado cualquier duda y que es contundente en orden a afirmar que las conductas descritas entran de lleno en los supuestos de la Ley de partidos y vulneran de manera grave y
reiterada los principios democráticos.
Permítanme, señorías, evocar tan sólo algunos hechos que han quedado imborrablemente en nuestra memoria. Permítanme recordar a Ana Urchueguia, alcaldesa de Lasarte, objetivo de una estrategia para aterrorizar a toda una sociedad, para que
no pueda desarrollar sus derechos democráticos en libertad. Ella personifica ante todos nosotros lo que es ser agredida, insultada, perseguida y expulsada en el pueblo donde ha sido democráticamente elegida. Permítanme que recuerde la gallardía
del alcalde de Vitoria, cuando exigió al portavoz de Batasuna que condenara los asesinatos, que defendiera sus ideas, pero que proclamara el desprecio a la violencia como habían hecho otros. Ya conocen la respuesta: el objetivo de Batasuna, dijo,
no era que ETA dejara de matar.
Y qué decir de las reacciones de los portavoces de Batasuna con ocasión del brutal y salvaje atentado de Santa Pola que segó la vida a dos personas y, entre ellas, a una niña de seis años. Una vez más, no es que su
respuesta fuera el silencio, sino su negativa expresa y reiterada a condenar. Y todo ello culminado con las declaraciones del señor Otegi, que imputó expresamente la responsabilidad de los asesinatos a las instituciones democráticas, exculpando a
sus autores y anunciando que habría más, justificados en ese incalificable eufemismo de la prolongación del conflicto político que vive Euskal Herria. Finalmente, ha sido la propia ETA la que se ha pronunciado en términos inequívocos en favor de
Batasuna, intentando amedrentar a los demócratas y amenazando a cuantas fuerzas políticas no se opongan a la ilegalización de su partido, es decir Batasuna y su entorno.
Ante todo eso nos preguntamos: ¿a qué hay que esperar? ¿Podemos esperar de brazos cruzados mientras unos pocos dedican todos sus esfuerzos a imponer su política matando a los demás, y otros cuantos les acompañan multiplicando desde la
política los daños del terror, contribuyendo a generalizar el miedo y el dolor, provocando la exclusión de los adversarios con el vano propósito de imponer por la fuerza lo que no consiguen con el apoyo democrático? Jover Zamora denuncia que la
indiferencia ante el dolor ajeno sitúa a quienes simplemente dejan hacer ante la más triste de las posiciones que pueda corresponder al hombre como protagonista de la historia. Por eso nuestra responsabilidad histórica, como ha dicho el ministro
Michavila, es afrontar con determinación, efectividad y también con solvencia jurídica las amenazas que realmente padecemos, y muy en especial la principal de todas, como es la confusión entre la política y el terrorismo practicada por unos,
alentada por otros y aprovechada por todos los que han elegido la opción de la exclusión.
Señorías, no es posible tomar en consideración algunas de las valoraciones que tuvimos ocasión de escuchar en la reciente sesión de la Diputación Permanente. Sin duda en el transcurso de los últimos días y en esta misma sesión algunos se
han dejado y se van a dejar una parte muy importante de su credibilidad, y de ello tendrán que responder ante la sociedad. Cuando ETA mata y Batasuna aplaude no es posible esconderse detrás de las teorías unidas con alfileres para huir de la
responsabilidad que nos compete, en función de lo que esta Cámara es y representa. Cuando ETA mata y Batasuna aplaude no es posible intentar desligar al Parlamento de la función impulsora que le corresponde. En suma, cuando ETA mata y Batasuna
aplaude no es posible quedarse en la mera declaración de principios, sino que resulta imprescindible estar de modo activo allá donde se debe estar, esto es, al lado de quienes dan la cara y al lado y en el recuerdo de los perseguidos y de las
víctimas. (Aplausos.)
No debe haber, pues, temor ni riesgo alguno por la participación e impulso del Parlamento en el inicio de este proceso. Estamos ante la aplicación de una ley que cuenta con un claro respaldo parlamentario y con un contenido impecable e
intachable desde el punto de vista constitucional, y que, además, incorpora la más moderna doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sólo como excusa podrá invocarse el temor de que el Parlamento se implique porque este procedimiento
fracase. No, señorías, el fracaso del Parlamento no sería que este procedimiento no prosperase, sino que estas conductas de Batasuna, claramente antidemocráticas, no hubieran sido contempladas en los supuestos del artículo 9 de la ley. Eso hubiera
significado que no habríamos sido capaces de defender nuestro sistema de libertades y los valores de convivencia de la democracia misma.
El inicio de las actuaciones del juez Garzón ha servido como argumento a algunos para declarar la inutilidad por innecesaria de la Ley de partidos y el procedimiento de ilegalización de un partido por la vía constitucional, al entender que
con la vía penal no quedarían
ya espacios de impunidad para los partidos. Pues se equivocan; se equivocan ahora, como se equivocaron entonces con los argumentos para oponerse a una ley tan necesaria para nuestra democracia como la Ley de partidos. La vía
constitucional, señorías, persigue actividades antidemocráticas; la vía penal, actividades delictivas. La primera trata de demostrar que Batasuna apoya políticamente a ETA; la segunda -la penal-, que Batasuna forma parte de ETA, que es ETA. El
hecho de que exista una reacción por ambas vías que convergen en Batasuna demuestra únicamente la gravedad de las conductas que hoy analizamos. No es que sus actividades sean antidemocráticas, que lo son; es que, además, pueden ser delictivas.
No hicimos la Ley de partidos para ilegalizar una banda terrorista, sino para evitar que estuvieran en el juego democrático partidos que justifican la violencia o que apoyan políticamente el terrorismo. Para evitarlo hoy y en el futuro; y
para que los que hoy fuesen ilegalizados no pudieran constituir mañana un partido nuevo para seguir atacando y destruyendo la democracia con su actividad. Ahora bien, si persisten en invocar como única vía la penal, deberían al menos despejarnos
una duda, porque muchas de las conductas antidemocráticas del artículo 9 a día de hoy no constituyen ilícitos penales, no son delitos. ¿Acaso quieren que las pasemos al ámbito de lo penal, o lo que nos dicen es que deben quedar sin sanción
jurídica? Lo primero no nos parece conveniente; lo segundo es una irresponsabilidad porque permitiría espacios de impunidad en la actividad de los partidos.
Otros discursos, señorías, merecen mayor contestación. El nacionalismo democrático vasco sigue teniendo que reflexionar conforme al sentido de su trayectoria histórica, y así decidir de modo concluyente con quién quiere estar. Ese es un
ejercicio imprescindible en el que no cabe el desdoblamiento dialéctico consistente en repudiar las acciones de ETA y, a la vez, autoemplazarse en esta Cámara a modo de defensor del vínculo de la inacción frente a Batasuna. Tal empeño es imposible
en función de la rotunda realidad de las cosas. Una realidad que el PNV pretende distorsionar para sustituirla por un relato inaceptable, orientado a tapar la miseria de Batasuna, quizás con la intención de disfrazar en ello sus propias
contradicciones y servidumbres. Contradicciones y servidumbres que se plasmaron de nuevo en el discurso que en nombre del PNV se pronunció el pasado lunes ante la Diputación Permanente. Un discurso lamentablemente anclado en el autismo político en
el que el PNV vive durante los últimos años.
¿Cabe admitir como respetable, señorías, que se impute a los demócratas la comisión de un juego perverso para hacer uso de la ley en defensa de los derechos más esenciales de todos y cada uno de nuestros conciudadanos cuando es Batasuna
quien está instalada en la perversidad de la exaltación permanente del crimen y del terror? ¿Cabe, señorías, admitir como respetable que se impute a los demócratas el ejercicio de una escalada represiva contra Batasuna simplemente por aplicar la
legalidad cuando es Batasuna, por el contrario, quien de modo permanente ejercita una inmisericorde represión contra quienes no aceptan el sucio chantaje de sus amenazas? ¿Cabe admitir como respetable que se acuse a los demócratas de pretender
subvertir gratuitamente el mapa político del País Vasco cuando son ETA y Batasuna -y sólo ETA y Batasuna- quienes ejecutan tal intención mediante la utilización de la violencia en todos sus grados y formas?
Señorías, yo digo que no. Yo digo que no es respetable mirar a otra parte para no ver lo que Batasuna es. Yo digo que no es respetable acusar de electoralismo a quienes estamos defendiendo la vida y la libertad, mientras que el PNV mira
hacia Batasuna supeditando su posición al solo cálculo de los votos a ganar. ¿Es que cree el PNV que sería más democrático consentir que una minoría violenta siga amenazando y actuando contra quienes no se reconocen como nacionalistas y que el
Estado de derecho renunciara al deber de velar por el cumplimiento y la aplicación de la ley para todos por igual? ¿Cree el PNV que sería más democrático olvidarse de todos aquellos a los que Batasuna acosa y persigue dándole a ésta potestad de
hecho para imponer su ley de la fuerza por encima del espíritu y la letra de la legalidad vigente?
A todo ello, señorías, digo también que no. Digo no a las viciadas insinuaciones de quienes tratan de ampararse en la existencia de un supuesto conflicto que no es más que el producto de la locura criminal de unos pocos que sobran
definitivamente. Digo no, en suma, a esta maléfica doctrina que afirma que frente a Batasuna lo mejor es no hacer nada para no dotarles de la hipotética fortaleza de su clandestinidad. (Aplausos.)
No tienen, señorías, ninguna razón los que ponen en duda la supuesta vulneración de derechos fundamentales. Ya recordamos el otro día -lo hacía mi compañero el señor Bermúdez de Castro- que sin Batasuna el pluralismo político seguiría
siendo posible pues hasta las mismas ideas de este grupo, detestables para nosotros, hay quien las está propugnando pero excluyendo expresamente la violencia. La Ley de partidos no persigue ideas, sino las conductas que quieren terminar con la
libertad ideológica. Quizá sea oportuno en este punto recordar que en muchos países la ley permite ilegalizar partidos políticos por razones ideológicas. No ha sido ese nuestro modelo. No se ha hecho una ley contra las ideologías; se ha hecho
una ley a favor de los partidos políticos, que impulse la convivencia y la tolerancia. Una ley que ilegaliza hechos reiterados y explícitos de apoyo al terrorismo. Señorías, todas las ideas, todas las ideologías, todos los proyectos pueden
defenderse si no se emplean los instrumentos del terror como forma de imposición. Hace falta mucha complicidad en los fines para considerar que debe ser legal un partido que, de manera reiterada y sistemática, dé cobertura, organice, financie y
contribuya a las acciones de desorden, violencia,
intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo. Como dice un ilustre constitucionalista: la democracia tiene la capacidad de no dejarse nunca atropellar sólo a condición de mirar cara a cara a la realidad.
Señorías, estamos aquí -sumando juntos iniciativa y representación- dos fuerzas políticas que, mediante el diálogo y el acuerdo, hemos sido capaces de estar a la altura de lo que nos reclamaba la ciudadanía y nuestra convicción. Estamos
aquí dos fuerzas políticas cuya iniciativa conjunta va a ser respaldada por otras para ampliar así un marco de coincidencia esencial en el compromiso de continuar trabajando sin desmayo contra ETA y sus terminales. Estamos aquí para evidenciar que
la democracia no hincará jamás la rodilla ante el chantaje de los asesinos.
Señorías, termino. La voz de la vida y de la libertad no será acallada nunca por el sonido tenebroso de las bombas y de las pistolas. Batasuna es la máscara tras la que se esconde el rostro real de ETA; Batasuna es el yunque sobre el que
ETA se hace presente en el día a día de la sociedad vasca para golpearla a su capricho; Batasuna es vivero, ordenanza y refugio de los asesinos; Batasuna es una deformidad de nuestro sistema de partidos y, ante ello, esta Cámara tiene la
obligación ética y el deber político de intervenir. Por eso, cuando al finalizar este debate mi grupo parlamentario exprese su voto favorable a esta propuesta de resolución, lo haremos desde la convicción de estar prestando un servicio al presente
y al futuro de la sociedad vasca y de la sociedad española. Lo haremos desde la certeza de estar más que nunca al lado de aquellos que por defender la libertad han sido asesinados o viven cotidianamente sujetos a amenaza. Lo haremos, en suma,
señorías, como manifestación explícita de nuestra irrenunciable condición de mujeres y hombres libres, con la conciencia tranquila, con la cabeza muy alta y con las manos limpias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, señorías, es este un acto relevante en el cual vamos a solicitar la aplicación de la Ley de partidos para que Batasuna quede fuera de la ley. Esta decisión se inscribe en el profundo
convencimiento que anima al Partido Socialista de que la lucha antiterrorista es una política de Estado. De ahí que propusiéramos la firma de un pacto por las libertades y contra el terrorismo, de ahí que apoyáramos la Ley de partidos políticos.
Quiero comprometer ante los ciudadanos españoles la posición del Partido Socialista. Ese pacto será duradero hasta que ETA desaparezca, ese pacto lo mantendremos hasta que los agentes del terror desaparezcan, pero quiero recordar aquí que no es un
pacto excluyente, señorías, ni es un acuerdo contra nadie. El hecho de que hoy no votemos todos la aplicación de la Ley de partidos políticos no impedirá que mañana el Partido Socialista siga persiguiendo la unidad de todos los demócratas en la
lucha contra el terrorismo. (Aplausos.)
Señorías, la Constitución española concede un papel relevante a los partidos políticos, y es lógico. Asociarse es un derecho de los ciudadanos para la participación política. Por ello el ordenamiento jurídico concede prerrogativas y
privilegios a los partidos políticos: por ejemplo, su financiación pública. Sin embargo, señorías, he escuchado en estos días determinadas posiciones que afirman que el derecho a la asociación política no tiene límites. No es verdad, esos límites
existen, la Constitución española los establece con toda razón cuando dice que los partidos políticos son libres en el respeto a la Constitución y la ley.
El Tribunal Constitucional también ha proclamado los límites en la actividad política de los
partidos, cuales son el respeto a los principios democráticos y al orden constitucional. Incluso quiero recordar que la Ley de partidos políticos del año 1978 ya permitía la disolución de un partido político por la autoridad judicial competente
cuando éste no respetara los principios democráticos. Por tanto, claro que el derecho de asociación tiene límites.
También quiero recordarles que todos los derechos y libertades fundamentales tienen límites. Sólo hay uno que no lo tiene: el derecho a la vida. Sólo hay un derecho que es el presupuesto del ejercicio de todos los demás, que es absoluto y
sin límite alguno: el derecho a la vida. Y, en nombre de mi grupo, proclamo aquí que estoy absolutamente seguro que todos los grupos políticos aquí representados proclaman inequívocamente como valor supremo el derecho a la vida. Quien lo niega es
ETA y su brazo político, Batasuna. Por tanto, pregunto a los ciudadanos españoles: Quien así se comporta, ¿merece vivir en la legalidad? No, señorías, no puede ser legal quien niega el derecho a la vida. Pero diré más: en la Constitución
española, en su título I, se establece también el respeto a la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes. Esos derechos deben ser profundamente respetados. Por eso me pregunto: ¿Es imprescindible soportar como legal
la actividad de aquellas organizaciones cuya ideología es incompatible con el sistema democrático y cuya actividad diaria constituye un ataque directo a los derechos de los ciudadanos y a la dignidad de la persona? No, señorías; creo que no
podemos consentirlo. Porque la libertad ideológica es cierto que ampara en España cualquier idea, por aberrante que esta sea, y que existen límites no sólo en la ley penal sino también en el ejercicio del respeto al derecho de los demás, pero
cuando el derecho de asociación, por ejemplo el de un partido político, en la vertiente de su constitución y funcionamiento de partido permita a este desplegar una actividad, incluso de carácter institucional, dirigida a destruir el régimen de
libertades y la integridad de la persona, ¿puede esta organización política ser legal? Creo que no, señorías; no puede serlo. ¿Existen en España personas
que consideran, por ejemplo, que el hombre es superior a la mujer o que consideran que los ciudadanos, en razón de su raza, de su religión, de su etnia, han de tener distintos derechos? Puede ser que sí y la ley penal establece las
conductas que, teniendo en cuenta estas ideas, suponen ataques a la integridad física de las personas o su discriminación. Ahora bien, si una organización política desarrolla una actividad constante y sistemática que aun sin incurrir en estos
delitos los favorece, apoya o legitima, ¿debería permitirlo la democracia? No, señorías, creo que no; no lo debemos permitir cuando organizaciones políticas con ideología totalitaria realizan esa actividad constante y programada desde la legalidad
para embestir contra el sistema democrático. Por eso mismo se aprobó la Ley de partidos: para concretar los principios democráticos y los valores constitucionales que tienen que respetar los partidos políticos en su actividad, para hacer frente al
riesgo más persistente contra la democracia española que existe en este momento, y ese es el del terrorismo y su brazo político, pero no el único, señorías. Hay otros riesgos, porque la democracia es un sistema basado en valores que debemos
defender y quien atenta contra esos valores no merece vivir en la legalidad, y también porque el artículo 10 de la Constitución española establece que los derechos fundamentales deberán ser interpretados de acuerdo con aquellos convenios de carácter
institucional que este país ha suscrito, entre ellos el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, que proclama la inequívoca conexión democrática de un régimen político cuando éste respeta el conjunto de los derechos humanos.
¿Lo
hace Batasuna? No, señorías, no lo hace; por lo tanto, no debe merecer vivir en la legalidad. Por ello, hago la siguiente pregunta. Una organización política que no respeta el derecho a la vida, que no respeta la dignidad humana, que no respeta
los derechos humanos, ¿debe ser legal? Mi grupo cree que no debe serlo.
También debemos justificar la aplicación de la Ley de partidos. Esta ley tiene dos meses de vigencia. Por cierto, el hecho de que no se haya aplicado antes demuestra, frente a las posiciones interesadas de aquellos que decían que estaba
prevista para ser aplicada el día después, que esto no es así, desmiente esas intenciones. No pensábamos que ETA detuviera su actividad sanguinaria ni que Batasuna fuera capaz de alejarse de la senda de su actividad antidemocrática, pero han tenido
una extraordinaria oportunidad. Ante esa oportunidad, Batasuna ha seguido igual. ¿Cuáles son los criterios de quienes hoy -y respeto esa decisión- se niegan a aplicar la ley para dejar fuera de la misma a Batasuna? Criterios de oportunidad,
señorías. ¿Qué más oportunidades necesita Batasuna después de 25 años disfrutando de la legalidad? ¿Ha sido capaz de construir un proyecto autónomo, respetuoso con los principios democráticos? No. ¿Ha sido capaz de disponer de autonomía, de
forjar un proyecto político alejado de la banda terrorista ETA? No, señorías, no ha sido capaz de hacerlo.
Hicimos esta ley para defender la democracia. Creo que es mejor no hacer una ley que hacerla y no aplicarla, no cumplirla. Hoy necesitamos aplicar esta ley porque no debemos esperar a que los enemigos de la democracia prosperen haciendo
camino, sigan intentando cada día espacios de impunidad para la destrucción de la democracia. ¿Qué más evidencias debemos esperar? ¿Qué más evidencias debemos observar? Ese conjunto de evidencias, si esperamos a que se acumulen -ya lo están
haciendo en estos dos meses de entrada en vigor de la ley-, ¿para qué nos serviría después? ¿Solamente para proclamar con más énfasis cuánta razón teníamos? ¿Es que dudamos del uso totalitario que Batasuna haría de ese espacio de legalidad?
Señorías, la inacción, la espera, la paciencia democrática ya no son posibles. ¿Alguien duda de que esa inacción, espera o paciencia democrática alteraría el rumbo totalitario de Batasuna? No. Quien así lo piense debería explicarlo aquí, porque,
como decía Rousseau, señoras y señores diputados, lo que uno debe hacer depende mucho de aquello en lo que uno debe creer, y nosotros creemos que hoy hay que aplicar esta ley para defender la democracia, porque Batasuna la ha incumplido.
Señorías, vamos a pedir la aplicación de esta ley con todas las garantías.
Batasuna incumple todos los supuestos establecidos en el artículo 9 de la Ley de partidos políticos, por increíble que parezca. La exposición de motivos que
acompaña la proposición no de ley, el informe de los servicios del Estado así lo demuestran. Batasuna vulnera las libertades y los derechos fundamentales de la persona porque promueve atentados contra la vida. Ahí están las amenazas de sus
dirigentes, la última la del señor Otegi. Batasuna vulnera las libertades porque promueve la exclusión y la persecución ideológica, la persecución de la persona por motivos de ideología y de nacionalidad. Sobran ejemplos. Batasuna ha promovido la
expedición de un documento nacional de identidad que se da sólo a los ciudadanos a los que ellos acreditan o consideran que son vascos, en un superior ejemplo de limpieza étnica e ideológica que niega todo derecho de ciudadanía. Batasuna fomenta,
propicia y legitima la violencia para la obtención de objetivos políticos. Batasuna coopera directamente, complementa y apoya políticamente la acción de ETA y además lo hace de forma activa; ahí está el uso de sus sedes, la doble militancia, la
participación en el mal llamado cobro del impuesto revolucionario. Y Batasuna, señorías, por si había alguna duda más, es parte de ETA. El informe del fiscal y la actuación del juez Garzón así lo demuestran.
Batasuna proporciona elementos
materiales, humanos y recursos económicos para la acción de ETA y Batasuna se integra en una jerarquía en la que es ETA quien lleva la iniciativa y quien toma las decisiones: ETA ordena, Batasuna acepta.
Me quedaré sólo con dos elementos de los que propone el fiscal: la financiación pública y la elaboración de listas electorales, elementos esenciales, señorías, para la
participación política. De modo que es ETA quien recibe esa financiación y de modo que es ETA quien decide si se participa en las instituciones y quiénes forman parte de esas candidaturas. ¿Necesitamos algún ejemplo más para conocer la
verdadera naturaleza de Batasuna? Ninguno, señorías. Así pues, Batasuna no ha sido capaz de tirar de ETA hacia la paz, ha sido ETA quien ha tirado de Batasuna hacia la guerra; la guerra contra la democracia, la guerra contra la libertad, una
guerra que no vamos a consentir que ganen, entre otros instrumentos, con la petición de aplicación de esta ley que ha de dejar fuera de ella a esta organización política.
Señorías, la democracia también es incompatible con proyectos organizados para destruirla. En el debate de toma en consideración de la Ley de partidos ya dije que esa ley servía para defender la democracia frente a aquellos proyectos
organizados que pretenden subvertirla o destruirla. La democracia está obligada a perseguir conductas y acciones, pero también proyectos organizados en torno a ideas incompatibles con los principios básicos de la democracia y los derechos humanos
más elementales. La democracia no persigue la idea del independentismo ni el proyecto organizado para conseguirlo, siempre que se haga con respeto a los principios democráticos y al sistema democrático. La democracia no interfiere en las ideas y
creencias, en la intimidad personal e individual, pero la democracia no puede tolerar que se organicen socialmente esas ideas para ser promovidas a través de una actividad, aunque fuere sin violencia, porque quien promueva el totalitarismo, quien
promueva el racismo, quien promueva la exclusión de las personas por su origen social, no pude disfrutar de los beneficios del ordenamiento jurídico para desarrollar esa promoción, porque la democracia es ante todo un sistema de valores. Y Batasuna
tiene el dudoso privilegio de defender ideas totalitarias mediante la coacción, tiene el dudoso privilegio de ofrecer un planteamiento de exclusión ciudadana, de proponer un marco territorial que ignora la voluntad de los ciudadanos y de hacerlo
mediante el acoso, el maltrato, la persecución política e ideológica. Todo ello configura un proyecto político y no sólo un conjunto de actividades incompatibles con la democracia. Batasuna, señorías, considera a ETA la vanguardia del pueblo vasco
sin que nadie les haya conferido esa representación democrática, y en nombre de ese pueblo que ellos consideran superior a los individuos que lo componen se puede cometer cualquier crimen para satisfacer las delirantes funciones históricas que ellos
les asignan. ¡Cuántas semejanzas, señorías, con las doctrinas racistas, nazis, de mediados de siglo, que sembraron la tragedia en Europa!
También, en nuestra opinión, es necesario el respeto a los principios democráticos fundamentales. Así lo ha puesto de manifiesto - y ya se dijo antes- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera, señorías, que no sólo en la
actividad política debe un partido respetar los principios democráticos, sino que su proyecto, su ideario debe ser también compatible con el respeto a la dignidad humana y a esos principios democráticos.
También tenemos que valorar los efectos de la aplicación de la ley, porque para nosotros hay una importantísima justificación ética, política y moral. Equivocadamente se dijo la semana pasada por algún interviniente en la Diputación
Permanente que los proponentes considerábamos que con esta ley se acababa con el terrorismo. No, señorías, nadie ha dicho tal cosa. No consideramos ésta una pócima milagrosa para acabar con el mismo pero sí un paso indispensable para combatirlo, y
además, como dije antes, una obligación ética, una obligación moral, una obligación relativa a la dignificación política frente a quienes sufren persecución personal.
Porque la verdadera excepcionalidad que se da en el País Vasco es el riesgo de la
vida de quienes defienden las libertades, la carencia de las víctimas, la cruel burla de la víctima por el verdugo, y no debemos callar la verdad de esa situación, porque mentir, señorías, es también no declarar una verdad que deba moralmente
manifestarse. ETA amenaza; Batasuna promete y anuncia mayores sufrimientos. Creo que era en los proverbios donde se decía que la esperanza del malvado es la ira. Pues bien, señorías, la esperanza de la democracia es su superioridad moral.
No
podemos mantener inacción alguna porque en estos momentos se ha desatado un desafío total, un desafío existencial contra la democracia que debemos preservar.
Acabo, señora presidenta. No puedo ocultar que hoy habrá distintas posiciones políticas a la hora de votar la proposición no de ley que proponemos. No habrá unanimidad. Quiero que sepan los ciudadanos españoles que al Partido Socialista
le gustaría que hubiera esa unanimidad. Sin embargo, sí creemos que existe unanimidad en esta Cámara en la defensa de la democracia, la condena de ETA y el rechazo a la violencia política por parte de todos los grupos aquí representados.
Señorías, no es lo mismo discrepar de esta proposición no de ley considerando que deben ser otros poderes -en este caso el Ejecutivo- quienes insten la ilegalización de Batasuna, que considerar que con esta ley se persiguen ideas, se
persiguen proyectos alternativos o se pretende hacer partidismo por parte de quienes la suscriben. No es así, y lo digo con todos los respetos. Aquí hay posiciones contradictorias que desde luego nosotros respetamos. Sabemos que Izquierda Unida
ha hecho un importante esfuerzo, desde un voto contrario a la Ley de partidos políticos a una abstención; hoy nos gustaría que votara que sí.
Igualmente en relación con Convergència i Unió. Pero jamás hemos dudado, nunca, de su inequívoco
compromiso con la lucha antiterrorista, señorías; nunca. (Aplausos.) Ahora bien, es verdad que ha habido argumentos contradictorios por cuanto, si se plantea que el Parlamento no puede instar la acción del Gobierno, se está negando una facultad
esencial al mismo. ¡Cómo no va a poder instar el Parlamento la acción del Gobierno! Y si se piensa que hay un riesgo
de que caiga sobre todo el sistema político una hipotética decisión de algún tribunal de reponer en la legalidad a Batasuna o de no aceptar su ilegalidad, cualquier norma que aquí aprobáramos correría ese riesgo porque puede ser recurrida
ante cualquier tribunal.
Con esta ley, señoras y señores diputados, respetando todas las posiciones, no se pretende suspender elecciones, señor González de Txabarri, lo que se pretende es garantizarlas en igualdad de condiciones.
No se pretende perseguir a nadie.
(Aplausos.) Los únicos que persiguen son ETA y su frente político, Batasuna. No se persigue incautar ningún bien. ¿De qué bienes hablamos? Sólo conozco una incautación, aquella que mediante el terror desarrolla ETA y apoya Batasuna: el mal
llamado impuesto revolucionario. Por eso hoy, señorías, consideramos que es el momento oportuno de aplicar esta ley. Y si el Tribunal Supremo declara fuera de la ley a Batasuna, habrán coincidido los tres legítimos poderes del Estado en la defensa
de la democracia. Señorías, ni se persiguen ideas ni proyectos compatibles con principios democráticos ni hay interés electoral o partidista. Se persigue a quienes matan por la vía penal y a quienes apoyan a quienes matan por la vía
jurídico-político-constitucional.
Sin embargo, estas discrepancias, señorías, no pueden hacernos renunciar ni olvidar que tenemos un futuro por delante, y en ese futuro el Partido Socialista quiere aproximar más que separar, atender argumentos antes que contraatacar,
preferimos tratar de convencer que reforzar la confrontación. La aplicación de la ley, señorías, exigirá acuerdo antes que zonas de desencuentro. Por eso creemos que tampoco se deben mezclar asuntos, problemas y estrategias, ni ofrecer
compensaciones o rechazos, otorgamientos o negaciones. Por último, creo que debemos conducirnos con prudencia en las declaraciones. Yo no tengo duda de que quien no siga hoy a la mayoría por ello sea connivente con el terrorismo.
Señorías, vamos a votar que sí a esta proposición no de ley. Tenemos una convicción moral alimentada durante 25 años, también política, y hoy lo acredita Batasuna y se ve en el comunicado reciente de la banda terrorista demostrando que es
más ETA que nunca. ¿Para qué quieren la legalidad de un sistema político que quieren destruir? Señorías, queremos paz en un territorio atormentado por los fanáticos totalitarios que así lo quieren, un territorio donde se persigue el pluralismo,
los elementos naturales de la comunidad en que nos insertamos, que tienen como base el pluralismo político y sus representantes, izquierda, centro y derecha, son perseguidos en el País Vasco.
No puedo acabar, definitivamente, sin citar las palabras de una víctima.
Créanme que no elijo a esta víctima por afinidad ideológica. Se trata de Bárbara Dührkop, quien en la sesión de Conmemoración del 25 aniversario de la constitución
del Senado habló en nombre de las miles de víctimas inocentes del terrorismo, de los cerca de mil fallecidos y de los miles de afectados por la banda terrorista. Ella hablaba además en nombre de los tres senadores y del diputado asesinados durante
la democracia, don Manuel Broseta, senador de UCD, don Manuel Giménez Abad, del Partido Popular, y don Enrique Casas, del Partido Socialista. ¡Qué muestra más extraordinaria, sin ninguna duda, del pluralismo político existente en España! Pluralismo
que ETA ha decidido destruir. Pues bien, hablando en nombre de todas aquellas víctimas -a las que yo añadiría la de Ernest Lluch-, Bárbara Dührkop recordó un poema del poeta John Donne. Decía así aquel poema: Ningún hombre es una isla en sí
mismo. Cada muerte nos disminuye porque somos parte de la humanidad. No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por todos nosotros.
Señorías, ningún proyecto político puede estar por encima de una sola vida humana. El día que consintamos que un proyecto político está por encima de una vida humana se habrá abierto la compuerta para la desaparición de la dignidad humana.
Impidámoslo en nombre de la superioridad ética y moral de quienes defendemos el derecho a la vida.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Caldera.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, en primer lugar y de modo rotundo y absoluto, queremos desde Chunta Aragonesista denunciar las actitudes políticas de Batasuna y denunciamos con toda la firmeza que siempre hemos
mostrado al terrorismo de ETA, que ha obligado a viejos y entrañables amigos a abandonar su tierra natal y ha acabado con la vida, de modo miserable, de ciudadanos que, o nada tenían que ver con la violencia política que ellos predican o, por el
contrario, buscaban la intermediación para llegar a soluciones definitivas y terminar con esta lacra que puede acabar arrastrándonos a todos los españoles a circunstancias que en ningún momento podemos imaginar.
Ante esta denuncia total y absoluta lo lógico sería que nuestra postura estuviese al lado del sí y no de la abstención, que es la que vamos a mantener y justificar, y la que desde Chunta Aragonesista nos gustaría explicar para que, de una
vez por todas, se respetasen las opciones políticas diferentes y no cayésemos, como hacen Batasuna y ETA, en descalificar a todos aquellos que estamos contra ellos desde una u otra posición.
Nos abstenemos por las siguientes razones. En primer lugar, por razones jurídicas basadas en los análisis de constitucionalistas tan importantes como el señor Pérez Royo, que afirma que ni el artículo 6 de la Constitución ni el 22 refrendan
que el Poder Legislativo se puede inmiscuir en
las peticiones que hoy se solicitan, según lo establecido en los artículos 9 y 11 de la ley Orgánica 6/2002; o en el análisis del catedrático de la universidad de Barcelona, señor Queralt, que afirma que la Ley de partidos aplica conceptos
jurídicos indeterminados y ambiguos que son más que opinables. Para cerrar este apartado quiero terminar con las palabras del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, que indica, entre paréntesis: parece
fuera de toda duda que la nueva Ley de partidos se ha planteado en el fondo como una ley ad casum y, como tal, ilegalizar a Batasuna puede poner a disposición de esta escoria social una oportunidad de ocupar permanentemente el escenario político
como víctima de una democracia española y recuperar el apoyo social que progresivamente había ido perdiendo.
En segundo lugar, queremos basar nuestra posición en el análisis que otros partidos abstencionistas han hecho y que afirman que en un sistema democrático el Parlamento legisla y corresponde al Gobierno ejecutar y hacer cumplir las leyes, por
lo que resulta un tanto absurdo que el Ejecutivo y el ministerio fiscal tengan que esperar que el Legislativo les indique lo que deben hacer. Un dirigente moderado, como el señor Durán i Lleida, afirma rotundamente que debemos evitar toda tentación
de hacer politiquería con el terrorismo y, desgraciadamente, estamos viendo cómo se utilizan estos debates para lanzar denuncias, a veces manipuladas y amarillistas, contra todos aquellos que se consideran contrarios, por ahora, políticos y que nos
posicionamos de distinta manera frente a la aplicación de esta ley.
Desde Chunta Aragonesista queremos afirmar que es la hora de la ley y no de las palabras ni de los gestos. Por eso estamos de acuerdo con la vía llevada a cabo por el señor Garzón y por la Audiencia Nacional, aún sabiendo que en los
territorios ocupados por Batasuna este partido va cambiando ya de siglas, lo que nos obligará, por este camino emprendido ahora, a volver a reunirnos para ilegalizar eso que ellos llaman socialismo nacionalista o abertzale.
La señora PRESIDENTA: Señor Labordeta, le ruego concluya.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Termino, presidenta.
Hoy nos abstenemos con la intención de que la ley, ya admitida por el Parlamento, inicie su camino, y ojalá nos equivoquemos de medio a medio y que el final sea el deseado para el bien de todos los ciudadanos de este país.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señorías, permítanme que fije la posición de Eusko Alkartasuna respecto a su solicitud. Nuestra respuesta es clara y precisa: votaremos no. No, porque aplican un instrumento jurídico que vulnera aspectos
básicos de un sistema democrático, como son la libertad ideológica o la participación política; porque aplican una norma que colisiona con principios jurídicos claves de un Estado de derecho, la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la
tipicidad, entre otros. ¿Se puede introducir en la aplicación de esta ley, una interpretación jurídica del silencio contraria al ejercicio de la libertad ideológica? ¿Puede ser válido aplicar una ley que permite y alienta la retroactividad de las
sanciones, como ha quedado de manifiesto en este debate, o clara y literalmente en el propio informe jurídico, en concreto en su página 19? Esto es lo que nosotros no podemos permitir. ¿Consideran positivo convertir a las Cortes Generales en parte
de los procesos de ilegalización, pudiendo alguien tener la tentación de utilizarlos en las disputas ideológicas u otros intereses afectando gravemente al sistema político y abocando a una confusión grave de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial? Estos son unos ejemplos, pero hay desgraciadamente más.
También nos oponemos desde el punto de vista político. Esta es una medida que hará más difícil la resolución del conflicto, el logro de la paz; es una medida que puede generar una mayor crispación, confrontación y fractura social.
Señorías del Partido Popular y del Partido Socialista: ¿Se han preguntado por qué una mayoría de la sociedad vasca, no sólo nacionalistas vascos, según los diferentes estudios y sondeos, sea del Gobierno vasco o sea de la universidad dirigida por
el señor Llera, opina de forma contraria a esta ley y está en contra de la ilegalización de Batasuna? Creo que es un buen elemento de reflexión para todos ustedes.
Señorías, haré una última reflexión. Ante los tiempos que se avecinan, Eusko Alkartasuna quiere dejar claro a todos ustedes que están aquí, y también a los que no están, que nosotros no vamos a colaborar en la crispación y que, muy al
contrario, trabajaremos para evitar la desestabilización política. No aceptamos que nadie nos diga, bajo advertencia, condición o presión, qué tenemos que decir, pensar o votar; no creemos admisible que se comercie el cumplimiento del Estatuto con
esta cuestión. Nuestras únicas referencias, como siempre lo han sido, son la defensa de los derechos de todos y de todos los derechos, desde la vida a todos los demás, y el referente del diálogo como único instrumento para resolver los conflictos y
los problemas en Euskadi y en cualquier lugar.
Señorías, y me dirijo especialmente al Grupo Popular, están rompiendo todos los puentes, todos los cauces de comunicación entre nosotros, y esto no es bueno. Desde Eusko Alkartasuna vamos a seguir intentando hablar con todos y de todo lo
que hay que hablar para resolver los problemas. Seguiremos intentando hablar con ustedes,
aunque parece que ustedes no quieren, porque creo que hablando, y sólo hablando, se entiende la gente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ETA ha amenazado a aquellos diputados que hoy voten sí o se abstengan. Queremos decir a ETA que, aunque nuestro voto será negativo, nos incluya en la lista de amenazados... (Rumores.) Hoy es un gran día para escuchar señoras y
señores diputados. Porque nuestro no no es fruto de ninguna ambigüedad ni mucho menos de ninguna justificación del terrorismo, es un no desde la condena inequívoca del desprecio y del asco al terrorismo. Nuestro no tiene otros fundamentos que
resumiré en tres frases: Votamos que no porque pensamos que la iniciativa que se va a aprobar hoy es constitucionalmente dudosa, jurídicamente innecesaria y políticamente ineficaz. El auto del juez Garzón ha dejado en evidencia la Ley orgánica de
Partidos Políticos cuando se argumentaba que estábamos indefensos y que eran necesarios nuevos instrumentos. El auto del juez Garzón ha dado la razón a los que dijimos que el Código Penal era más que suficiente para perseguir conductas delictivas y
que, por tanto, era innecesario modificar una ley como la Ley orgánica de los Partidos Políticos con un solo objetivo, la ilegalización de Batasuna.
Permítanme que les diga, además, que no sólo el informe sino la nota del Ministerio de Justicia que hoy da soporte a la proposición no de ley es a nuestro entender enormemente superficial, apresurada y de escasa consistencia. Prácticamente
todos los argumentos son la reiteración de la no condena por Batasuna del atentado de Santa Pola. El atentado de Santa Pola remueve las tripas, es ética, moral y políticamente reprobable, amoral, abominable, pero jurídicamente es discutible que la
no condena sea motivo suficiente. Estos días ha habido prestigiosos juristas que han dicho que es absolutamente insuficiente para declarar la ilegalización de Batasuna.
Señoras y señores diputados, la lucha antiterrorista tiene tres patas, la policial, la judicial y la política, y el gran reto de la pata política es conseguir el aislamiento social de la violencia y la disminución del soporte social de su
entorno. Ese es el gran reto de la política. Que nadie se engañe, esto requiere de forma imprescindible una gran concertación unitaria de todas las fuerzas democráticas. No se va a acabar con el terrorismo desde la confrontación de los demócratas
por mucho que la pata policial y la jurídica sean eficaces.
El sentido de nuestro voto es ése. Es absolutamente necesario reorientar la actual estrategia antiterrorista del Estado español, reorientarla en el sentido de hacer una sola línea divisoria entre los terroristas y los demócratas. Lo otro,
intentar patrimonializar la lucha antiterrorista, intentar instrumentalizar determinados momentos por dolorosos que sean, puede quedar muy bien mediáticamente, puede ser efectivo para conseguir votos, pero estamos profundamente convencidos de que
con eso no se va a conseguir acabar con el terrorismo. Porque queremos acabar con el terrorismo, aunque el no, hoy y aquí, es un voto difícil, porque estamos convencidos de que ése es el camino, señoras y señores diputados, vamos a votar que no.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya votará no a esta proposición no de ley y a la enmienda consiguiente que han presentado el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Defendemos nuestro voto contrario a esta iniciativa de ilegalización de un partido político desde la legitimidad que otorgan a Esquerra Republicana más de 70 años defendiendo los valores democráticos y los derechos humanos, es decir,
defendiendo la libertad y condenando la violencia venga de donde venga. Nuestra condena al terrorismo y a la violencia es firme, firme y contundente. Otros, desgraciadamente, no pueden exhibir esta legitimidad por su complicidad con una dictadura
fascista o por su autismo ante el terrorismo de Estado.
Hay tres razones para que Esquerra Republicana de Catalunya se oponga a este proceso. En primer lugar, nosotros sí creemos que este conflicto, el conflicto que atenaza al País Vasco y que tiene repercusión en todo el Estado, es de
naturaleza política. Así lo entendemos y así lo asumimos.
En definitiva, no solo bastan las medidas judiciales y las policiales para acabar con este conflicto, hace falta también medidas políticas. En ese sentido, tomen nota, señores del Grupo
Popular y del Grupo Socialista, de cómo el Gobierno británico ha solucionado el conflicto de Irlanda del Norte. Ustedes añadían en el documento anexo la jurisprudencia comparada y ponían el ejemplo del caso francés. Pues tomen nota también de
cómo, en el conflicto de Córcega, el Gobierno francés intentó la ilegalización del Movimiento Nacionalista Corso y tuvo que dar marcha atrás. No le sirvió y fue el Gobiero Jospin el que intentó buscar una salida política al problema corso. Un
problema, pues, de naturaleza política.
En segundo lugar, los motivos que aduce la coalición Partido Popular-Partido Socialista para solicitar la ilegalización abundan con la causa de la no condena por parte de Batasuna de los atentados y los asesinatos perpetrados por ETA.
Señorías, el silencio es una bajeza, una vileza o una inmoralidad ante un atentado o un asesinato, pero si aceptamos esta senda jurídica y sentamos esta jurisprudencia
habrá que preguntarse cuándo el Poder Judicial actuará contra aquellos que se niegan a condenar una dictadura terrorista como el franquismo o aquellos otros que exaltan o justifican el terrorismo de Estado.
En tercer lugar, más allá de la aritmética parlamentaria de su mayoría española, la del Partido Popular y la del Partido Socialista Obrero Español, se va a aplicar una ley en un pueblo, el pueblo vasco, la nación vasca, donde la mayoría de
la población tiene una opinión contraria a este proceso y a la aplicación de esta ley. Fíjense en los resultados del euskobarómetro de la universidad pública del País Vasco, el mismo barómetro que ustedes jaleaban y reflejaban en sus medios de
comunicación cuando el señor Mayor Oreja era lendakari in pectore. La mayoría de los vascos son contrarios a la ley y a su aplicación y, además, entre los favorables a esta ley son mayoría los que consideran que servirá para bien poco.
¿Por qué, pues, los partidos españoles quieren imponer una solución que agravará el problema? A nuestro parecer, hay dos razones claras. En primer lugar, nosotros creemos sinceramente que algunos partidos, lejos de buscar soluciones,
consideran que van a sacar buenos réditos electorales en la España española. En segundo lugar, se pone contra las cuerdas al legítimo Gobierno vasco, ya que se le acrecienta un conflicto que ya de por sí es suficientemente complejo y dramático,
condenando a más de 200.000 electores a la clandestinidad y a la ilegalidad.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Aquello que el nacionalismo español no pudo ganar en las elecciones de mayor de 2001, las elecciones vascas pasadas, quieren conseguirlo desgastando un Gobierno y alterando la geografía electoral vasca.
Para acabar, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, nosotros creemos que hace falta una reflexión final. No es ninguna casualidad que la totalidad de partidos vascos, catalanes y gallegos de esta Cámara no voten
afirmativamente la aplicación de esta ley. Creo que los partidos de ámbito español tendrían que reflexionar por qué -repito- los partidos catalanes, vascos y gallegos no votamos afirmativamente a esta ley. Tenemos la certera sospecha, la duda
razonable, de que detrás de esta ley y de este proceso político y mediático...
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya, por favor.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: ... se oculta un acecho a la diferencia y al derecho a defender nuestra identidad democráticamente.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, los andalucistas pensamos que detrás del voto afirmativo a la ilegalización de Batasuna, está la inmensa mayoría de la población española, quizás con una diferencia con
respecto a otros planteamientos, la diferencia de que subyace una esperanza ante medidas fuertes, radicales, consecuencia de la Ley orgánica de Partidos Políticos, tomadas en agosto, la esperanza de estar al menos en el camino de acabar con ese mal
endémico que es el terrorismo vasco.
Yo tengo esa esperanza y también la convicción de que apoyar esta ilegalización es apoyar la defensa de unos valores. La democracia, señorías, no puede ser solamente el gobierno de los más, de la mayoría, la democracia es la defensa de los
valores, de los valores constitucionales, de los valores en los que se sustenta nuestra convivencia. Por tanto, apoyar a los que están al otro lado de la raya de la violencia es apoyar la defensa de los valores.
Señorías, hoy aquí yo también hablo, como casi todos los portavoces, con la legitimidad que da la sangre andaluza puesta encima de la mesa los últimos 25 años; sangre que nunca es anónima, porque tiene color rojo y es muy similar, y que a
veces ha silbado muy cerca. Por dar un ejemplo, no tengo más remedio que citar al más cercano, a Asun y Alberto Jiménez Becerril, compañeros míos de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, fríamente asesinados en las calles sevillanas mientras
paseaban.
Yo también tengo dudas y críticas, señorías. Como andalucista, tengo la legitimidad de defender la identidad de cualquier pueblo, de cualquier cultura, pero nunca, nunca, nunca con la violencia, porque el fin jamás justifica los medios.
Todo aquel que defienda una idea, nacionalista, no nacionalista, independentista, no independentista, pasándose a la raya de la violencia queda, por lo menos desde mi punto de vista, absolutamente descalificado. Críticas, señorías, a que esta
propuesta sea bipartidista por expreso deseo de los dos grandes partidos, y que no hayamos sido llamados los demás grupos para construir esta propuesta y, a lo mejor, alcanzar un mayor grado de consenso. Críticas también a aquellos grupos que, por
razones tácticas, estratégicas, de fondo, de forma, legales, jurídicas o judiciales, se abstienen en un tema tan nítido y claro como rechazar la violencia. Tengo la absoluta seguridad -hoy por lo menos tengo esa convicción- de que tras el voto
afirmativo andalucista está la unanimidad absoluta del pueblo andaluz respecto a que se apliquen con firmeza los criterios democráticos parar acabar con esta lacra.
Señorías, sería bueno que en el camino que nos queda por delante, como ya han dicho algunos portavoces, recuperemos pluralidad, pluripartidismo, recuperemos fuerzas entre todos, se construyan escenarios de diálogo y no usos partidarios, no
siempre santos, de temas tan graves como el de la violencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Es esta una cuestión políticamente importante, pero es también importante que se respeten los distintos criterios y posiciones sobre el tema, si es que realmente estamos en un contexto democrático. Si lo que realmente preocupa es el combate
contra ETA, no parece lógico, prudente ni democrático aprovechar las legítimas discrepancias entre los distintos grupos políticos sobre la conveniencia o no de la ilegalización de otro partido para intentar hacer creer a la sociedad que todos los
que no estamos con el Gobierno somos ambiguos en el combate contra el terrorismo. En este combate nos reafirmamos a partir de la aplicación del Código Penal y la persecución de las conductas delictivas.
El Bloque Nacionalista Galego no cree que la ilegalización de Batasuna sirva para acabar con el terrorismo. A corto plazo lo va a fortalecer y avivar. La vida política en Euskadi se va hacer más tensa y conflictiva, va a ser más difícil
separar lo que son opiniones, pensamientos e ideas de lo que son delitos. Sin duda, esto va a contribuir a deteriorar el funcionamiento democrático de las instituciones y a tensionar irracionalmente la sociedad. Tomar una mayoría así, con la
mayoría de la sociedad vasca y de las instituciones de Euskadi en contra, que son las que van a padecer básicamente y en primera instancia las consecuencias, nos parece poco prudente.
El Bloque Nacionalista Galego votó en contra de la Ley orgánica de Partidos Políticos porque, entre otras cosas, establece métodos para la ilegalización que no nos parecen adecuados, concretamente, involucrar a esta institución en el proceso
de ilegalización, un caso único entre los Estados de nuestro entorno. El proceso debe ser judicial, sin interferencia ni condicionamiento de otros partidos políticos, ni presiones previas institucionales sobre los tribunales. Había mecanismos más
que suficientes para iniciar procesos rápidos de ilegalización por la vía judicial e, incluso, con consecuencias inmediatas sin sentencia firme. A los hechos me remito.
Las formas de intervención pública del partido del Gobierno y de su tan leal como seguidista partido de la oposición en este tema, son preocupantes. Pactan, de forma unilateral y sin la más mínima consideración con el resto de las fuerzas
políticas, la forma de actuar, destilan el mayor desprecio por el pluralismo político y, no contentos, lanzan campañas de descrédito, dosificadas y adecuadas conforme al destinatario, contra los que sencillamente no piensan exactamente igual que
ellos. A veces parece que el objetivo de sus intervenciones públicas no es el terrorismo sino cómo sacar réditos electorales ideológicos a base de crear confusión en la sociedad sobre las posiciones de los demás.
Es difícil no entrever en su
conducta un modelo político excluyente, basado en el bipartidismo como ideal político.
El BNG es una organización política nacionalista de Galicía. Está más interesado que nadie en que desaparezca el terrorismo en el Estado español. Primero, porque lo consideramos una conducta criminal, moral y humanamente inconcebible; no
se puede justificar en nombre de un ideal político... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rodríguez, por favor.
Señorías, guarden silencio.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En segundo lugar, porque hoy es uno de los factores que más sirven en el Estado español para justificar la involución política y para desacreditar socialmente de forma sinuosa a los movimientos nacionalistas, que
son precisamente signo de pluralismo y ejercicio de democracia.
Nos debemos a nuestro país, Galicia, y a una concepción de la democracia que merezca tal nombre. Ustedes tienen su camino político y aplican una ley aprobada democráticamente, a la que nos opusimos en su momento; lo respetamos. Sin
embargo, no compartimos que vaya a producir los efectos socialmente deseados en el combate contra el terrorismo, y no nos podemos sentir identificados con muchas de sus formas de intervenir y comportarse en el debate político en cuanto a este tema,
impropias -para nosotros- de una democracia. Por todo esto, no nos vamos a comprometer con su iniciativa, nos abstendremos.
Todos tendremos que enfrentar el futuro después de la resolución que será aprobada hoy aquí. El BNG lo hará desde la valoración de lo que considere mejor para la defensa y consolidación de la democracia en el Estado español y desde el total
rechazo del terrorismo.
Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio y ocupen sus escaños.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tal como ya se ha hecho púbico, va a votar a favor de la resolución, presentada por los grupos Popular y Socialista,
que insta al Gobierno a la ilegalización de Herri Batasuna. No hemos tenido ninguna duda, ningún tipo de vacilación.
Lo que hoy se plantea aquí es la condena del terrorismo en sus actuaciones y en sus formas políticas. La Ley orgánica de Partidos Políticos que hemos aprobado recientemente dice, desde el punto de vista más claro y firme de las convicciones
democráticas, que es necesario ilegalizar aquellas organizaciones que fomenten, legitimen, las actuaciones terroristas o que apoyen a grupos terroristas. La violencia no puede ser un instrumento de la acción política.
El primer mensaje que sale hoy de este Congreso de los Diputados es el de que nadie tendrá ningún dividendo político como resultado de crímenes y acciones terroristas. Ese mensaje es un paso importante frente a las organizaciones
terroristas, que tienen a veces la expectativa, sin duda falsa y artificial en ese mundo marginal y absurdo en que viven, de que, a través de crímenes contra seres humanos, como la niña a la que acaban de matar en Santa Pola, pueden avanzar hacia la
independencia del País Vasco.
El primer debate que debe tener lugar aquí hoy es que el Estado español, que desde 1978 hasta hoy ha construido un Estado democrático con la Constitución democrática, está llegando a un nivel de madurez por el que abandona los viejos
complejos de la transición según los cuales la culpa de las acciones violentas las tenía el sistema autoritario anterior, por lo que había que dialogar para integrar a los violentos en la vía constitucional y democrática. Han pasado muchos años y
los que hoy dicen aquí que sería bueno continuar con el sistema actual están en contradicción con la experiencia histórica de muchos años, que muestra que las ofertas de diálogo e integración en la vía constitucional y democrática no nos han
permitido avanzar en absoluto en la eliminación del terrorismo y la violencia. Por tanto, el primer mensaje va dirigido a las organizaciones terroristas: no hay ningún avance posible a través del asesinato, del crimen o de la delincuencia.
No es que esté en peligro el Estado democrático -como en algún momento he entendido que se decía hoy aquí-, no es que ETA u otra organización terrorista pongan en peligro el Estado democrático. El Estado democrático no está en peligro, en
absoluto, no está en peligro ni lo estará en ningún momento. Es verdad que el sufrimiento, el terrible dolor que sentimos todos por la matanza de seres inocentes nos hace acentuar los elementos dramáticos de nuestro discurso político. Una cosa es
que sea intolerable desde el punto de vista humano el asesinato, la muerte, de un inocente y otra cosa muy distinta que esté en peligro el Estado democrático. Esta no es una ley para la defensa del Estado democrático, es una ley para combatir el
terrorismo y para eliminar, si es posible, las organizaciones terroristas cuanto antes, evitar crímenes e intentar evitar a la sociedad española los elementos de dolor y sufrimiento que viene soportando en estos últimos tiempos.
Mi grupo parlamentario no entra inicialmente en consideraciones sobre temas que son de convicciones y de principios en torno a cuestiones de oportunidad, de eficacia y sobre si detrás de esta ley se esconden otros asuntos. Lo que está en
cuestión, en la opinión de mi grupo parlamentario, es exclusivamente un principio democrático: el derecho a la vida, como se ha dicho hoy aquí. La sociedad democrática española ha dado tres datos que confirman la solidez de su Estado democrático a
lo largo de los 23 años de Constitución. El primero es que fue capaz de hacer una Constitución y desde ella combatir, frente al terrorismo marginal, la posibilidad de que se pudiera acabar con él desde la acción terrorista del Estado o desde las
organizaciones del Estado. Por eso hemos condenado el GAL y todo tipo de organizaciones que creyeron que la muerte de unos se podía combatir con la muerte de otros. El derecho a la vida empieza por el derecho a la vida de todos, incluidos los
terroristas que tienen que estar en la cárcel. Por eso, ningún sector importante de la sociedad española ha puesto nunca en cuestión -y este es el segundo gran dato- cambiar el artículo constitucional del no a la pena de muerte.
Hay quien, llevado
de un sentimiento terrible de indignación y de desesperación, piensa que la pena de muerte es un instrumento para combatir el terrorismo. No lo es, y no lo es porque el derecho a la vida, que es un elemento básico y fundamental de la Constitución
española, sirve tanto para combatir el terrorismo como para decir que un Estado democrático es sólido y fuerte con los instrumentos legales, pero tiene que utilizar todos los instrumentos legales, todos los instrumentos del Estado de derecho. El
instrumento que utilizamos hoy, irreprochable, es el de la ilegalización de una organización que apoya el terrorismo, que promueve, instiga e intenta legitimar la acción terrorista.
Señoras y señores diputados, no hay ninguna duda de que hay dos mensajes, uno hacia los terroristas y otro hacia la sociedad española. Digamos a la sociedad española que este Estado es fuerte, que no está en peligro, que es verdad que vamos
a pasar en los próximos meses por momentos de mayor crispación y de tensión, pero que la tensión en el corto plazo ayuda a resolver los problemas en el medio plazo y que intentar escabullir ese tema, dar la espalda a la realidad, no asumir la
responsabilidad del Estado democrático, no conduce a que a medio plazo se pueda resolver el problema. El problema se resuelve tomando iniciativas como la de hoy y, al mismo tiempo, teniendo la serenidad y la firmeza de decir que vamos a pasar
momentos difíciles. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mauricio.
Señorías, es imposible, con el nivel de murmullo que hay en la Cámara, oír las intervenciones de los diputados desde la tribuna. Les ruego, por favor, y les reitero una vez más, que guarden silencio y que, a ser posible, ocupen sus escaños.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta, por su amparo para conseguir que me pueda dirigir a las señoras y señores diputados.
Termino ya diciendo que, en esos momentos difíciles que vamos a soportar, en esos momentos de crispación y de histeria que vamos a sufrir en los próximos meses, es muy importante, por un lado, mantener la unidad de los demócratas, dejar muy
claro que lo que condenamos hoy es el terrorismo y no las ideas independentistas de nadie; si alguien cree que se está combatiendo el nacionalismo hay que decirles que el artículo 2 de la Constitución habla de regiones y nacionalidades y que nadie
lo va a cambiar, como nadie ha podido cambiar el artículo que condena la pena de muerte como instrumento legal del Estado. Si alguien cree que lo que se está dando aquí es un paso para atacar el nacionalismo democrático, se confunde. El
nacionalismo democrático participará en el Estado nacional en el proyecto de la construcción europea. En la Europa de hoy ya no es posible hablar de fenómenos de segregación y de independencia. La Europa de hoy necesita jugar un papel en el mundo
y para eso es necesario que los Estados nacionales sean fuertes, pero que sepan reconocer en su interior los hechos diferenciales, como reconoce la Constitución española.
Mi grupo vota que sí. Aunque mi grupo sea pequeño aporta algo importante en esta votación. En estas últimas semanas, desde una visión apasionada que yo no critico, alguien ha dicho que el voto en esta Cámara se va a dividir hoy entre los
grupos que cuentan con víctimas de atentados y los grupos que no los tienen. Esa es una visión cínica, no es verdad; es un debate maniqueo. Mi grupo no ha sufrido nunca ningún atentado hasta el día de hoy - no sé si empezaremos a sufrirlo a
partir de ahora-, pero lo que quiere dejar claro es que un grupo nacionalista que no sufre atentados está contra el terrorismo con todo vigor y firmeza, no duda ni vacila y es la mejor manera de desarrollar el nacionalismo democrático dentro del
Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Anasagati.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señora presidenta, señorías, no sé si recordarán ustedes que hace menos de mes y medio tuvo lugar aquí el debate del estado de la Nación, en el que nuestro grupo parlamentario le formuló al presidente del
Gobierno cuatro preguntas. La primera, si no consideraba que lo mejor que le podía ocurrir a la situación política vasca era que el ciudadano vasco con sus votos ilegalizara a Herri Batasuna, Batasuna Euskal Herritarok. El 13 de mayo votaron 8 de
cada 10 vascos y Batasuna pasó de 14 parlamentarios a 7. En las elecciones municipales iba a tener una derrota histórica. Sin embargo, aquí no se asumió el resultado electoral del 13 de mayo. Esa misma noche se dijo que la sociedad vasca no era
una sociedad madura y quizá una de las claves de lo que ahora está ocurriendo sea esa. La segunda pregunta que nosotros formulamos fue que si en 1977 se hubiera procedido de la misma manera, ilegalizando a ciertos partidos políticos, la historia de
la transición no hubiera sido la que es actualmente. En aquella oportunidad se tuvo un especial cuidado por sumar e integrar y, para quien delinquiera, la aplicación del Código Penal. La tercera pregunta que le hicimos al presidente del Gobierno
era si no pensaba que se trataba de una bandera que nosotros teníamos que quitar a ese mundo, en el sentido de que en democracia se pueden defender todas las ideas, lógicamente no racistas, xenófobas ni contra la vida, pero que en un sistema abierto
democrático se pueden defender todas las ideas. En cuarto lugar, pusimos el ejemplo de Irlanda. Ya sabemos que el proceso político irlandés no tiene nada que ver con éste, pero había un método importantísimo cogido con alfileres.
Sabemos que el
IRA ha supeditado toda su estrategia al Sinn Fein, pero detrás de eso hay mucha cocina política. El presidente del Gobierno no nos contestó, como tiene por costumbre en esta Cámara. Contesta en hoteles, en mítines del Partido Popular como en
Menorca, pero no contesta aquí, porque es mucho más fácil hacerlo ante una audiencia cautiva con muchos aplausos, como va a haber aquí dentro de poco. Este es el templo de la palabra y nos gustaría que el presidente del Gobierno hubiera subido a
esta tribuna -igual lo hace posteriormente- y esgrimiera los argumentos que expuso el otro día en Menorca.
Otra pregunta que también le hacíamos al presidente del Gobierno era si no creía que la Ertzaintza, al ser una policía integral, tenía que estar conectada a todos los circuitos Schengen europeos, porque, si se trata de combatir policialmente
a ETA, demos los instrumentos necesarios a la Ertzaintza, y recordábamos que en el último año había sufrido dos atentados con tres muertos y dos heridos. Sabemos que la Guardia Civil ha sufrido numerosos atentados, lo mismo que la Policía Nacional,
pero hablábamos de la Ertzantza, una Ertzantza a la que se hurta información, a la que no se permite hacer una investigación con una comisaría en Bayona y en este momento va a actuar como Policía judicial. No nos gusta la ley, pero un Gobierno
tiene que aplicarla y la Ertzantza la aplicará, como es su obligación, cuando el juez se lo imponga; por supuesto que sí.
Recibimos una respuesta: el silencio absoluto frente a lo que hablábamos del plan de Arkaute, de los ayuntamientos vascos, de los proyectos a favor de las víctimas del terrorismo. Porque aquí hay un planteamiento absolutamente nefasto, que
es silenciar todo lo positivo y, alrededor de una realidad virtual, construir un discurso político en el cual se criminaliza al nacionalismo democrático. Se llegó al punto de que el vicepresidente del Gobierno, una persona a la que nosotros
estimamos y que consideramos que es un político ponderado, se puso a reflexionar
en alta voz diciendo: ¡Caramba!, no hay atentados de ETA, aquí hay gato encerrado; ese debate que ha habido en el Parlamento vasco hablando de ese desarrollo autonómico, seguro que hay un pacto secreto con ETA porque es muy raro que en lo
que va de año solamente haya habido un atentado.
Eso fue una calumnia, eso fue una injuria realizada contra el PNV que ETA puso en su sitio cuando, desgraciadamente, actuó en Santa Pola y mató a un ciudadano y a una niña que jugaba en su casa. Un
atentado más de ETA, uno de los muchísimos atentados -más de 800- que ha habido a lo largo de una historia absolutamente criminal. Es decir, nada nuevo en la historia de ETA. Señor Caldera, ya sabemos que no hay ideología ni planteamiento político
que esté por encima de la vida humana; ya lo sabemos. Pero hay que recordar que ETA nació alrededor del año 1960, del PNV, porque en aquella dictadura el PNV condenaba la violencia y no estaba dispuesto a que se atentara contra ningún ser humano,
ni contra un torturador ni contra nadie, porque consideramos que hay algo por encima de cualquier otra circunstancia, algo sagrado: la vida humana. Por supuesto que sabemos esas cosas, señor Caldera, a pesar de que usted no nos haya mencionado.
Nada más producirse el atentado de Santa Pola, el Partido Popular y el Partido Socialista, excluyendo a todos los demás, pusieron en marcha algo previsto en ese pacto que el señor Caldera ha dicho que no se va a tocar hasta que no
desaparezca ETA; solamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. A nuestro juicio, con un planteamiento maniqueo y simplista: ilegalización igual a solución. Ahora se está diciendo que no es la panacea, pero también se ha dicho por
activa y por pasiva que ya está bien de aguantar la desfachatez. Por supuesto que ya está bien de aguantar la desfachatez, los insultos y las maneras de proceder de esas organizaciones. Hay que recordar que no está tipificado en el Código Penal,
aunque a nosotros nos repugne, que el silencio sea un delito político. Pero también tiene su aquel el que se argumente que el tema vasco no es político, como ha dicho el señor Luis de Grandes, y, sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es
plantear la ilegalización de un partido político. ¿En que quedamos? Hay que actuar policialmente y pedimos instrumentos para que se actúe policialmente, pero se está ilegalizando a un partido político diciendo que el tema vasco no tiene un
contenido político. ¿Y qué es lo primero que hizo Batasuna? Lo primero que hizo fue manifestarse ante la sede del PNV, ante la sede de Sabin Etxea pidiendo al Grupo Parlamentario Vasco que hoy no estuviéramos aquí porque estar aquí era legitimar
lo que ellos consideran un atropello contra su ideología. Ya ve usted el caso que nosotros hemos hecho. Aquí están los siete diputados del PNV. En múltiples oportunidades Herri Batasuna ha hecho llamamientos, que lógicamente, bajo ningún
concepto, podemos admitir. Luego, organizó una manifestación en San Sebastián, donde los culpables eran todo el mundo menos ellos; ellos habían permanecido silenciosos cuando, en el Parlamento vasco, todos los grupos parlamentarios condenamos
inmediatamente la brutalidad, la aberración, el crimen execrable que había ocurrido en Santa Pola. Ellos silenciaron aquello. Tiene que obedecer a una ideología totalitaria el no conmoverse ante el dolor humano. Indudablemente, eso no tiene nada
que ver con nuestro mundo, pero ellos, en esa manifestación, hicieron un llamamiento muy profundo al PNV, porque éramos una especie de traidores. Allí se oyeron gritos absolutamente inadmisibles: Gora ETA-Militarra; ertzaina, entzun: zipaio
pimpampum, etcétera. Estos días, a pesar de que Televisión Española omite ese tipo de noticias, el batzoki de Azpeitia ha sido apedreado, como también se están produciendo presiones absolutamente inadmisibles por parte de ese mundo hacia gente del
Partido Nacionalista Vasco.
Se nos criticaba que dijéramos -y lo hicimos aquí enfáticamente- que la apuesta por el Estatuto del año 1979 que hizo el PNV es la historia de un éxito político, y no nos avergonzamos bajo ningún concepto. Otra cosa es que le pidamos al
Gobierno que cumpla la ley, que es una ley orgánica, frente a ellos, que es la historia de un fracaso político. En estos 23 años no han hecho más que fracasar políticamente. La historia del estatuto es la historia de un éxito político. Lo decimos
aquí ante SS.SS.
y ante el 'Diario de Sesiones'. Y no nos avergüenza, simplemente queremos que esa ley orgánica se cumpla y ahí está el debate, a pesar de que el señor Arenas ponga como condición: se cumplirá esa ley si ustedes..., sobre todo
dirigiéndose al señor Ibarretxe, como si él no supiera que el lehendakari Ibarretxe preside un Gobierno de coalición de tres partidos, se tendría que dirigir al PNV. Indudablemente no se puede condicionar una cosa a otra. ETA emitió un comunicado
diabólico porque decía: quien vote que sí o se abstenga, ¡cuidado! Ese comunicado qué buscaba, aparte de alegrarse de que indudablemente a Batasuna se le clandestinice. Porque cuanto más en clandestinidad y cuanto más banderas puedan tener, mucho
mejor para ellos. Era poner bajo sospecha ante la opinión pública española al PNV una vez más. Aquí se aprovechó en la Diputación Permanente para mostrar la diferencia que hay, como dijo el señor López Aguilar, entre ustedes y nosotros. Decía el
señor López Aguilar: A nosotros -Partido Sodicalista- nos matan y ustedes andan libres y muy bien. Aquí no se trata de hacer un inventario de muertos, lo que queremos es que no haya un solo muerto más. Yo en el año 1976 -y perdonen esta incursión
desde el punto de vista personal-, cuando Fraga Iribarne era ministro de la Gobernación, fui detenido con una persona entrañable como Joseba Goicoetxea. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, sí, estas cosas hay que oírlas, claro que sí. (Rumores.) Y a Joseba Goicoetxea le mató ETA debajo de mi casa.
Por tanto,
no hagamos demagogia con ese tipo de cuestiones. Nos duele esta referencia del señor López Aguilar, porque el Partido Socialista conoce muy bien la historia del PNV.
Aquí hay una espiral de calificaciones y ha venido el ministro Arenas a decir que el PNV tiene que optar; tenemos que optar. El PNV optó en 1895 por la legalidad y ha sido un partido ilegalizado en dos oportunidades en su historia: bajo
la dictadura de Primo de Rivera y bajo la dictadura de Franco. En el año 1935 hubo un debate en esta Cámara, promovido por Calvo Sotelo, después de decir en el frontón Urumea de San Sebastsián: Antes una España roja que una España rota, y porque
hubo unos diputados del PNV que protestaron, pidió la ilegalización del PNV cuando todavía no existía ETA.
Por tanto, nosotros condenamos a ETA, condenamos al GAL y condenamos a aquello que fue la guerra civil, que fue el inmenso delito de sangre que produjo ETA. Aquí hay grupos políticos que tienen una especie de condena selectiva. Nosotros no
la tenemos. Condenamos a ETA, condenamos al GAL y condenamos a la guerra civil española. ¿Qué se busca con estas descalificaciones políticas? ¿Qué el entremés sea Batasuna y que posteriormente el plato fuerte sea el PNV? Porque calentando a la
opinión pública como se le está calentando, lógicamente el paso siguiente tiene que ser: aquí no hay libertad ideológica, aquí el artículo 16 de la Constitución española está de sobra, aquí no se puede discrepar, aquí solamente hay que exaltar la
unanimidad. Aquí lógicamente se empieza por Batasuna, a pesar de lo que diga el señor Luis de Grandes, porque, como él muy bien suele decir, si algo es la democracia es un régimen de opinión pública, y ¿a la opinión pública cómo la estamos
alimentando? De una manera muy unilateral, siempre en la misma dirección y sin hacer ningún tipo de selección en los mensajes.
Sabemos que este es un debate profundamente incómodo para nosotros, pero a pesar de lo que se haya podido decir, el PNV está unánimemente en este planteamiento del no. No porque no estemos en contra de ETA, sino fundamentalmente porque
discrepamos del método y porque creemos que no es la solución. Le vamos a formular al Partido Popular y al Partido Socialista unas preguntas. En primer lugar, ¿se puede discrepar en esta democracia? ¿El artículo 16 de la Constitución española
sobre libertad ideológica sirve o no para algo? ¿Por qué nos tienen que decir que abjuremos de nuestra ideología, que es profundamente democrática? ¿Por qué el presidente del Gobierno, en Menorca, nos dice que antes de ser nacionalistas tenemos
que ser demócratas? Le podemos decir a él que antes de ser nacionalista español tiene que ser demócrata, lógicamente.
En segundo lugar, el siguiente atentado. ¿Qué va a ocurrir ante el siguiente atentado? ¿A quién van a ilegalizar? Siguiendo esta espiral absurda, ¿a quién se va a ilegalizar? Nosotros tenemos la sensación de que todo se está basando en
una inmensa falsedad política, llevando a la opinión pública española el binomio ilegalización/solución. Sabemos que 25 años de paciencia es mucho tiempo, pero, a pesar de lo que nos puedan decir, en una democracia bien asentada para eso están las
leyes y el Código Penal. Por supuesto que discrepamos del juez Garzón, como discrepó el Partido Socialista con el caso GAL y el Partido Popular con el caso Naseiro. ¡O no se puede discrepar aquí sobre la conducta de los jueces! Por eso
reivindicamos que en democracia a quien delinque, Código Penal; y políticamente, si el tema tiene un componente político, que es lo que decimos nosotros, indudablemente conversación política.
Ha dicho aquí el señor Caldera que todos los que estamos en esta Cámara condenamos a ETA. ¡Fíjese qué colchón para trabajar! Suficiente para trabajar. ETA es una organización criminal impermeable que vive en una burbuja dentro de otra
burbuja, una máquina de matar; un planteamiento absolutamente totalitario. Pero nosotros también decimos que cuando se producen fenómenos de este tipo y tienen una apoyatura social como la que tienen, la terapia que utilizábamos en los últimos
tiempos era la de incluir a ese mundo en las instituciones, no excluirlo ni hacerlo clandestino. Por eso decimos con énfasis que hay que buscar soluciones, que hay que hablar, que hay que distender la situación porque esta espiral no nos va a
llevar absolutamente a ningún sitio. ¿Por qué esta sordera ante lo que dice, por ejemplo, el Parlamento vasco? ¿Es que el Parlamento vasco es una organización formada por facinerosos que no tienen derecho a opinar? Ustedes van a ganar hoy aquí la
votación abrumadoramente y todas las radios van a decir que con el 90 por ciento se ha sacado esta iniciativa adelante. Pero, ¿se va a solucionar el problema? ¿Es que lo que diga el Parlamento vasco no tiene ninguna importancia? ¿Es que 1.370
cargos públicos no tienen algo que decir? ¿Por qué esa falta de respeto institucional? ¡Por lo menos guarden ustedes las formas, escuchen, no tengan esa sordera!
Señora presidenta, de lo que se trata es de aislar también al PNV, independientemente de lo que pueda ocurrir con Batasuna y con este fracaso. Nosotros decíamos: si el juez Garzón está actuando y se ha demostrado que con el Código Penal se
puede actuar, ¿por qué involucrar a los tres poderes del Estado: al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial? Porque si fracasa esta iniciativa... Se da por hecho que el Tribunal Supremo va a ilegalizar a Batasuna. Además, no se están guardando
las formas y hoy se va a dar la noticia poco menos que de aquí sale la ilegalización de Batasuna. ¡Hombre, hay un proceso! Aquí se inicia un proceso, guardemos un poco las formas porque la democracia también son las formas. El señor Caldera ha
hecho una alusión a la eurodiputada Bárbara Dührkop. Yo le recuerdo que también hace muy pocos días una víctima de ETA como Gorka Landaburu pidió menos crispación y más unidad política. Yo también reivindico lo que ha dicho este dirigente
socialista, que ha
sufrido en su propio cuerpo el zarpazo de la intolerancia y de la agresión asesina.
Termino, señora presidenta. Nosotros vamos a votar que no porque creemos que es un planteamiento que nos aleja de la paz. Vamos a votar que no porque consideramos que es sacar de la UVI política a Batasuna, que iba a perder las elecciones
municipales y porque ese mundo, a pesar de lo que usted diga, no es impermeable. A pesar de todo, es un mundo formado por hombres y mujeres que tienen sensibilidad ante el dolor humano y la prueba está en que iba reduciendo su presencia electoral.
(Protestas.- Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: ¡Yo sé que es duro decir esto! Creemos que de esa manera se les saca del mundo electoral.
Están ustedes diciendo que somos los abogados defensores de Batasuna. ¡No, señor!. Somos los abogados defensores de un sistema democrático con libertad de expresión y con libertad de partidos políticos. Ya sé que me han escuchado ustedes
como quien oye llover y que nuestros argumentos no sirven para nada porque todo está absolutamente preconcebido, y saldrán diciendo por ahí que el PNV sigue siendo sospechoso poco menos que de dar cobertura a ese mundo. Un mundo que a quien más
daño hace es a las víctimas directas, a sus familiares, a su entorno. Pero, profundamente, le hace un daño terrible a Euskadi, le hace un daño terrible al Gobierno vasco, le hace un daño terrible al propio PNV. Indudablemente que sí, por supuesto
que sí. Si hay algún grupo político que quiere que termine esto de una bendita vez es el Partido Nacionalista Vasco.
Van a ganar su votación, pero desgraciadamente no creemos que van a solucionar el problema. No lo digo con satisfacción. Desgraciadamente, no se va a solucionar el problema. El problema solamente se va a solucionar -policialmente sí y lo
decimos; con el Código Penal sí y lo decimos- hablando, distendiendo y dialogando.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta. Señor presidente, señorías, estamos comprometidos del lado de los demócratas, del lado de todos y cada uno de los diputados y diputadas que estamos en esta Cámara contra el terrorismo.
Nuestro compromiso es desde la Constitución y desde el Estado de derecho y la muestra de que la Constitución y el Estado de derecho permiten la lucha legal, policial, penal y política contra el terrorismo es el recentísimo auto del juez Garzón. Por
el contrario, estamos convencidos de que esta iniciativa política de ilegalización, que ustedes presentan hoy aquí, es discutible desde el punto de vista constitucional. Nos hemos opuesto a la Ley de partidos en el momento de su discusión por
razones constitucionales, de hecho son muchos los juristas constitucionales que consideran que esta iniciativa legal bordea la Constitución y por eso no podemos respaldar la aplicación de una ley que, si pudiéramos -si podemos, lo haremos-,
recurriríamos ante el Tribunal Constitucional. Pero nosotros nos vamos a abstener, señorías.
Nos vamos a abstener no por cambiar el voto en contra de la ilegalización o de la Ley de partidos por la abstención a la ilegalización, sino porque
consideramos que es hora ya de empezar a buscar puntos de encuentro entre las fuerzas políticas democráticas frente al terrorismo. Lo que nunca debió romperse, es necesario que se vuelva a recomponer. Y si por nuestra parte es necesario realizar
algún esfuerzo, manteniendo nuestras críticas a la Ley de partidos y nuestra consideración de que esta iniciativa no es solamente inconstitucional sino que tenemos dudas razonables de que pueda ser eficaz, no tenemos inconveniente en tratar de
acercar posiciones al resto de las fuerzas políticas democráticas. Téngase en cuenta, señorías, que esta iniciativa no es únicamente unilateral y que debe ser respondida favorablemente por el resto de los grupos parlamentarios. No vale que cuando
alguien tienda la mano se le pida que coma en la mano. Cuando alguien tiende la mano, hay que responder favorablemente a esa iniciativa.
Ya en la época de la dictadura franquista -porque ha existido dictadura franquista en este país- Izquierda Unida, entonces el Partido Comunista de España, rechazó cualquier utilización de la violencia para remover al franquismo y criticó
frontalmente la violencia de ETA. Ya desde entonces.
Por eso no nos parece de recibo que se hable hoy aquí y se compare la iniciativa de ilegalización de la institución democrática frente a Batasuna con la ilegalidad en su momento del Partido
Comunista de España, porque entonces quien era ilegal era el régimen y no el partido político democrático. No aceptamos ese tipo de comparaciones. Condenamos en el día de hoy, como hemos condenado siempre, las acciones terroristas de ETA.
Consideramos que no hay ninguna razón en democracia para utilizar la violencia, ni razón ética ni política que avale la utilización de la violencia y las víctimas, todas ellas inocentes. Del mismo modo hemos criticado y expresamos nuestra repulsa
por aquellos que no se desmarcan de la violencia o que la justifican, y en los últimos días por aquellos que amenazan a los demócratas. Nosotros no le damos ninguna credibilidad a la campaña de Herri Batasuna que utiliza, y en nuestra opinión
deteriora, el nombre de la democracia y dice confrontar con el fascismo.
El fascismo es el que sufren ciudadanos y ciudadanas en el País Vasco que no tienen derecho a la
vida, a la libre expresión, a andar tranquilamente y en libertad por las calles del País Vasco. Esa sí es una muestra de autoritarismo y de restricción de las libertades. Nosotros también reconocemos a las víctimas y somos solidarios con
ellas. En concreto, por si alguna vez no lo hemos dicho, aunque lo hemos dicho siempre, reconocemos la autoridad moral de quien más sufre el terrorismo, la autoridad moral del Partido Socialista y del Partido Popular. Pero, señorías, reconocer
autoridad moral no significa reconocer el monopolio de la verdad, ni tampoco que existe una sola interpretación de la lucha frente al terrorismo. Por eso no admitimos que este debate frente al terrorismo que hoy tenemos en esta Cámara se presente
por parte del presidente del Gobierno como el debate en el que se van a fotografiar las fuerzas políticas democráticas de este país. Bonito resultado del debate del Congreso de los Diputados si únicamente es ad maiorem dei gloriam del Partido
Popular y de su iniciativa de legalización y para dividir a las fuerzas políticas democráticas entre aquellas que asienten a la iniciativa del Partido Popular y aquellas que somos críticas, que no tenemos la misma posición que mantiene el citado
Partido Popular. Pensamos que es un flaco favor al debate parlamentario de esta Cámara, un flaco favor a la democracia.
No nos gustan las fotografías. En este caso las fotografías no hacen justicia al proceso y a la lucha frente al terrorismo por parte de los demócratas españoles. Y no nos gusta la foto fija del Partido Popular en clave de buenos y malos
porque ignora muchos años de lucha antiterrorista en democracia, porque es injusta con los matices y las legítimas diferencias entre las fuerzas políticas y porque esa fotografía en blanco y negro, si acaso algo en sepia, que no incluye ni matices
ni colores, no permite recuperar la unidad de los demócratas frente al terrorismo. No estamos de acuerdo con el tratamiento que han dado el Gobierno y el Partido Popular a este debate parlamentario, y por eso agradecemos el cambio de tono del
Partido Socialista en su intervención. Hubiéramos esperado que ese cambio de tono hubiera sido generalizado; que no se criminalizase en esta Cámara al que no piensa igual que el Gobierno; que no se acusase de cobardes a aquellos que votan
abstención, tan legítimo como el sí y como el no. En ese caso la acusación de cobardía ofende.
Ofende en manos negras y en manos blancas. Esa acusación de cobardía en algunos casos bordea la calumnia, señorías. Yo espero que no se vuelva a
repetir en esta Cámara una línea que intenta dividir a los demócratas, entre los verdaderos demócratas y aquellos demócratas que no son tan verdaderos. Señores del Partido Popular, ¿qué les da a ustedes el derecho y la legitimidad para medir el
carácter democrático de las fuerzas políticas de este país? ¿Su trayectoria política? ¿Su trayectoria personal? Ninguno en esta Cámara tenemos derecho a establecer el nivel democrático de los demás y sobre todo en asuntos tan serios como es la
lucha antiterrorista y la posición frente a la violencia. Por tanto les pido, si alguna vez hay la oportunidad, que retiren esas dudas sobre los demócratas de esta Cámara y, sobre todo, que retiren las calumnias y las insidias sobre aquellos que no
votan como ustedes y entonces parece que están del lado de los violentos.
Señorías, mi grupo parlamentario piensa que no hemos preparado bien este debate, sobre todo cuando alguna fuerza política previamente al mismo ha dicho que por fin la democracia española será digna; por fin, tomaremos una decisión ética y
moral y por fin, también, se sabrá de qué lado están las fuerzas políticas democráticas de esta Cámara. Señorías, flaco favor se hace a la democracia y a la lucha antiterrorista porque nosotros -y no hablamos por otros grupos parlamentarios- nos
preguntamos qué hemos hecho durante décadas en este país sino luchar contra el terrorismo. Decir hoy que la dignidad de esta Cámara depende de la aprobación de esta iniciativa legislativa o no legislativa por parte del Partido Popular y del Partido
Socialista, decir eso, significa situar en la indignidad a las fuerzas políticas y a las instituciones democráticas españolas a lo largo de los últimos años, significa lanzar un mensaje a los españoles de que los jueces han sido venales, de que las
fuerzas políticas han sido pasivas, de que el Parlamento ha estado cruzado de brazos y de que los gobiernos no han luchado contra el terrorismo. Y eso, señorías, es radicalmente falso en honor a la democracia y en honor a la lucha antiterrorista de
tantos demócratas y de tantas víctimas en este país, es falso.
Señorías, nosotros creemos que estos debates deben prepararse de otra manera si queremos que de los debates salga más fortalecida la democracia y más débil la violencia. Por eso preferimos hoy aquí fortalecer y favorecer aquello en lo que
coincidimos y no en lo que nos diferenciamos.
Hoy nosotros no estamos de acuerdo y vamos a abstenernos, por las razones que he dicho, en la iniciativa de ilegalización, por razones democráticas, constitucionales y políticas, también por razones
políticas. Sin embargo, nosotros coincidimos con todos ustedes, con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, con Convergència i Unió, con todos los partidos políticos de las comunidades históricas e incluso con el Partido Popular,
coincidimos con todos ustedes en los valores democráticos y en la lucha contra el terrorismo. Más allá de ello, coincidimos en la coordinación internacional contra el terrorismo y hemos apoyado las iniciativas de coordinación internacional.
Coincidimos en las reformas del Código Penal, algunas veces con diferencias pero otras apoyando modificaciones del Código Penal favorables a una clarificación de la lucha antiterrorista. Señorías, coincidimos en la lucha de seguridad y en la lucha
policial. En todo eso coincidimos los que estamos aquí en esta Cámara. Es verdad que hoy vamos a hacer algún tipo de ostentación -nosotros esperamos que modesta- de nuestras diferencias, también de nuestras diferencias, pero no hay que hacer una
ostentación
obscena de las diferencias. No hay que considerar las diferencias entre los demócratas como la noticia y la iniciativa política como la cuestión menor. Nosotros consideramos que lo fundamental es debatir de la iniciativa política y no de
las posiciones legítimas que tienen las fuerzas políticas democráticas. Y nosotros, con respecto a esta iniciativa, tenemos diferencias, ¡claro que las tenemos! Desde el 11 de septiembre, señorías, vemos con preocupación que al Estado de derecho le
sustituye una concepción ejecutiva del Estado, una concepción en la que basta con lo que opine el presidente del Gobierno para que todos los poderes del Estado se pongan a su servicio. Desde el 11 de septiembre vemos con preocupación cómo se
sustituye la división de poderes por el monopolio de los poderes y el Estado de derecho por las convicciones morales del gobernante de turno. Y eso, señorías, nos preocupa, y ha sido una demostración de ese talante y de esa corriente política lo
que ha ocurrido recientemente en Menorca en las declaraciones en el mitin del presidente del Gobierno. Señorías, no es de recibo que nadie diga que abandera la lucha antiterrorista frente a todos los poderes del Estado.
Es necesario hacer
pedagogía respetando la división de poderes, respetando la autonomía del Poder Judicial y respetando también la autonomía de esta Cámara para tomar la decisión que considere oportuna.
Ese tipo de avisos no es conveniente. Espero que los jueces
sigan la lucha antiterrorista que encabeza hoy el presidente del Gobierno.
Consideramos que esa vía no es la correcta y por eso no estamos hoy en el voto sí, por esa concepción que intenta crear una nueva constitución material en nuestro país,
debilitando derechos y en algunos casos, como es la Ley de partidos, cambiando un consenso por una ley de mayorías que, en nuestra opinión también, debilita la participación de los partidos y la presencia de los mismos en la democracia española.
Señorías, dicen ustedes que es legítima una ley que además de considerar que los partidos son fundamentales en democracia limite a los partidos cuando tienen posiciones contra la Constitución y la democracia. No fue ese el espíritu del
constituyente, señorías. El espíritu del constituyente era que los partidos eran legales y solamente eran ilegales cuando cometían un ilícito penal. Esa era la posición del constituyente en la que consensuamos fuerzas políticas que vivimos parte
de nuestra historia en la ilegalidad. Señorías, ustedes no han tenido cuidado y han cambiado esa ley para un objetivo concreto, sin consenso de las fuerzas políticas, de las fuerzas políticas en su conjunto, y la han cambiado, en nuestra opinión,
para introducir, bordeando la Constitución, una nueva forma de ilegalizar partidos: la ilegalización política. Y no se puede entender de otra manera una ilegalización política cuando quien promueve esa ilegalización es una parte de la política.
Señorías, las garantías de los derechos en nuestro Estado democrático están en la división de poderes y ustedes en esta iniciativa mezclan peligrosamente al Poder Ejecutivo con el Legislativo y al Legislativo con el Judicial. Nos hacemos la
siguiente pregunta, señor Aznar. Si finalmente esta iniciativa es aprobada y resulta que los jueces opinan de manera diferente o que el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos opina diferente a lo que opina esta Cámara, ¿cómo
quedará el poder político democrático en este país en esta materia? Creemos que no en muy buena situación. Esa razón nos lleva a mantener el voto de abstención, pero también otras razones que queremos transmitirles.
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, le ruego concluya.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señora presidenta.
Señorías, tenemos al menos dudas razonables de que esta iniciativa, como decimos una iniciativa que no es la ilegalización penal sino la ilegalización política, con lo que significa de debilitamiento de la credibilidad democrática, vaya a
reducir y a acortar los plazos del fin de la violencia de ETA. Nos preguntamos si esta iniciativa va conseguir que continúen o no cargos los públicos en los órganos institucionales del Estado, si esta iniciativa va a evitar que haya nuevas
formaciones políticas de esas mismas posiciones. Les recuerdo el caso turco, tres formaciones políticas, tres ilegalizaciones y siguen subiendo electoralmente. Señorías, nosotros tenemos dudas razonables de que esta iniciativa vaya en el camino de
reducir el caldo de cultivo de la violencia.
Termino, señorías. Somos partidarios de la Constitución y del Estado de derecho sin leyes de excepción; somos partidarios de que los jueces, y el juez Garzón en concreto, actúen sin presiones y con todas las garantías democráticas; somos
partidarios de recuperar la unidad democrática entre las instituciones del Estado y de Euskadi y la unidad democrática de las fuerzas políticas de esta Cámara; somos partidarios también de la acción social y política para agotar el caldo de cultivo
de la violencia en el País Vasco. Con nuestra abstención ni callamos ni nos lavamos las manos, ni tenemos miedo de ensuciarnos las manos tomando decisiones. Recordando a Sartre, señorías, ustedes no son aquél que se ensucia las manos para hacer
política, nosotros no somos aquellos que no quieren ensuciárselas porque no quieren hacer política. Todos los que estamos aquí estamos haciendo política frente al terrorismo y por la paz, todas las posiciones son legítimas y nosotros invitamos a
que se vea este voto de abstención como un voto de voluntad de recuperación de la unidad de los demócratas frente al terrorismo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Trías.
El señor TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy celebramos un Pleno extraordinario para instar al Gobierno a la ilegalización de Batasuna.
En la Diputación Permanente nos abstuvimos; no entendíamos la necesidad del Pleno ni la urgencia del mismo. La verdad es que asistimos a este Pleno después de muchos días de intoxicación y de declaraciones que nos han dolido de una manera
especial. Se nos ha llamado cobardes, se nos ha dicho que apoyábamos el terrorismo, que rompíamos la tradición histórica de Convergència i Unió, de no mojarnos, de ambiguos, de no estar con los demócratas, todo ello por parte de destacados miembros
del Partido Popular, de los socialistas e incluso del Partido Socialista de Cataluña.
Nos han dolido especialmente estas expresiones porque son fruto de una gran desmemoria, o de lo que sería más grave, una táctica preconcebida.
Prefiero pensar que es fruto de la desmemoria, de la amnesia, de los hechos próximos y lejanos.
Es cierto que ello se produce en un entorno complejo, con una gran carga emotiva, donde la indignación, el dolor, la crispación y el sentimiento de impotencia incrementa cada día. ETA genera una agresión traumática que impacta brutalmente sobre la
sociedad. Todos, todos nos sentimos cuestionados, interpelados y con necesidad de dar respuestas contundentes. Nos gustaría tener una varita mágica que acabara con tanto sufrimiento, el sufrimiento de todos. Necesitamos todos cada día hacer un
ejercicio de comprensión y solidaridad con los que sufren, hacerlo seguro que ayuda a entender algunas actitudes. Pero desgraciadamente no existen fórmulas mágicas. A todos nos gustaría que desapareciera ETA; es más, sinceramente creo que es un
objetivo prioritario para todos, pero creo que hay otro objetivo importante para vencer el terrorismo, un objetivo que es ser fuertes, unir a todas las fuerzas democráticas en la lucha antiterrorista por encima de legítimas discrepancias e intereses
ideológicos y de partido, buscando coincidencias y complicidades, complicidades hasta en la discrepancia, y esto lamentablemente, señorías, no se hace.
Voy a intentar, en primer lugar, recuperarles la memoria. Convergència Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña son dos partidos nacionalistas que siempre nos hemos distinguido por la defensa a ultranza del pluralismo
ideológico, de la convivencia desde la diferencia, del rechazo absoluto a cualquier tipo de violencia, sea la que sea. Somos una federación que ha hecho su acción política con voluntad constructiva, positiva, buscando el pacto y la tolerancia.
Haciendo memoria histórica, podemos afirmar que Convergència i Unió siempre ha tenido la misma posición respecto a ETA y al terrorismo. Hemos condenado siempre, sin matices, el terrorismo. Hemos dado apoyo a los gobiernos de UCD, PSOE y PP en la
lucha antiterrorista, y lo hemos hecho incluso en situaciones muy difíciles. No todos los partidos pueden decir lo mismo. Hemos colaborado estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dándoles siempre nuestro apoyo. Creemos
que la colaboración de las mismas con las autonómicas es un buen ejemplo de cooperación mutua.
Hemos expresado siempre y en todo momento nuestra solidaridad con las víctimas. Hemos apoyado siempre todas las normas de tipo legislativo, judicial y
policial en el marco de un Estado de derecho, nos hemos integrado en el Pacto de Madrid. A menudo, cierto que menos de lo deseado, hemos hecho de puente entre fuerzas políticas democráticas de ámbito español o de ámbito vasco, cuando la
confrontación dialéctica resultaba perjudicial para el Estado y favorable a los intereses de ETA.
Nunca, nunca hemos utilizado el terrorismo con fines electorales, y no todos los partidos pueden decir lo mismo. Siempre hemos estado contra la
utilización del terrorismo para desgastar al adversario.
Si nos ponemos a ejercitar la memoria más reciente, podemos observar cuál ha sido la posición de Convergència i Unió ante la Ley de partidos.
Siempre dijimos que no nos opondríamos a una ley de partidos que superara el marco
preconstitucional de la anterior normativa, que otorgara relevancia constitucional a los partidos políticos, que subrayara la consideración social de los mismos, que actualizara un estatus jurídico insuficiente, incompleto y fragmentado, que
estableciera espacios de actuación y organización conformes con los principios democráticos y dejara muy claros cuáles eran espacios no conformes con estos principios democráticos. CiU dejó muy claro que la ley tenía que adecuarse a la Constitución
y al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Votamos a favor de la enmienda a la totalidad del PNV por creer que el proyecto remitido por el Consejo de Ministros necesitaba cambios muy importantes y que
nosotros estábamos, además, dispuestos a contribuir a estos cambios con nuestras enmiendas a los mismos. Teníamos dudas sobre la oportunidad política de la ley como elemento que ayudase a mejorar la convivencia, disminuyera la crispación y como
herramienta de paz. Dijimos en su día que para ilegalizar un partido político los jueces disponían ya de instrumentos legales para actuar. Hoy este tema es de plena actualidad. Dijimos que queríamos una ley que fuera más una ley de protección de
los derechos de los ciudadanos, para construir y organizar un partido político, que una ley de ilegalización. Dijimos, también que, en ningún caso, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, tenían que intervenir en un hipotético proceso de
ilegalización de un partido. El Legislativo hace las leyes y el Poder Judicial se encarga de hacerlas cumplir. En el trámite parlamentario se introdujeron más de 40 enmiendas. Se introdujo la no retroactividad
y se aprobó una ley que impide que un partido político se pueda ilegalizar por sus ideas. Hemos hecho una ley que permite la ilegalización de un partido si da su apoyo al terrorismo o si utiliza la violencia para defender sus ideas.
Convergència i Unió votó a favor de esta ley, con una actitud que algunos, intencionada o despectivamente, llaman ambigua, pero que yo definí como firme y clara: una actitud contra el terrorismo y a favor del diálogo.
Hoy en la votación nos vamos a abstener. ¿Por qué? No se trata de una inhibición ni de una ambigüedad calculada; se trata de un acto de coherencia, respetuoso con los ámbitos de actuación de los distintos poderes del Estado. Acto de
coherencia: nunca hemos estado de acuerdo con el artículo 11.1, en concreto con que el Legislativo inste al Ejecutivo a formalizar una solicitud de ilegalización. Nuestros argumentos no difieren de las sentencias dictadas por el Consejo de Estado
o por el Consejo General del Poder Judicial, o por los mismos socialistas que, hasta hace escasos días, hacían una crítica clara de la posible politización del proceso de ilegalización de un partido. Nos abstendremos en coherencia con la defensa de
la separación de poderes: el Legislativo hace las leyes, el Ejecutivo gobierna de acuerdo con las mismas, y el Judicial cuida de su cumplimiento.
La Constitución encarga al ministerio fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y, excepción hecha del artículo 120 -responsabilidad criminal del presidente del Gobierno-, la Constitución no contempla ningún
supuesto de impulso de la justicia por parte de las Cortes Generales. Convergència i Unió está a favor de que la ley se aplique; como todas las leyes. El imperio de la ley aconseja no utilizar criterios de oportunidad política, sino criterios de
rigor jurídico, para que su aplicación sea adecuada y no fracase. Aprobada la ley, su correcta aplicación debe basarse -como la de todas las leyes- en criterios de oportunidad procesal. Ahora ya no es el momento del Parlamento; ahora es el
momento del derecho, y el derecho no lo aplica el Parlamento. Creemos que la implicación parlamentaria no es positiva ni para el Parlamento ni para asegurar la eficacia final de la aplicación correcta de la Ley orgánica de Partidos Políticos, una
aplicación que probablemente deberá llevar múltiples pronunciamientos jurisdiccionales, desde el Tribunal Supremo hasta el Tribunal Constitucional o incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Estamos de acuerdo en que se aplique la ley, sin precipitaciones y con rigor, por el Gobierno e interpretada por los tribunales que, a través de la independencia del Poder Judicial, deberían apreciar la corrección o no de los supuestos que
se consideren ilegales. Pedimos respeto a la actuación de los tribunales, sin interferir desde el Parlamento, en su plena independencia para interpretar y aplicar los instrumentos legislativos, instrumentos que hemos posibilitado desde este mismo
Parlamento, y que no los constituye únicamente la Ley orgánica de Partidos Políticos, sino también el propio Código Penal.
En este debate, el PP y el PSOE nos proponen una resolución en la que nosotros, los diputados, debemos entender que Batasuna ha incurrido de forma reiterada y grave en alguno de los supuestos contemplados por el artículo 9 de la ley. Esto
es lo que hoy se propone que votemos. Por tanto, se pide que seamos los diputados los que expresemos con nuestro voto si concurren o no tales supuestos. Para Convergència i Unió este planteamiento de votación supone formalmente una equivocación.
No nos corresponde a nosotros, ni tenemos los instrumentos necesarios para hacerlo, apreciar si en determinados hechos se dan o no las causas fijadas por la ley. Nosotros no somos fiscales ni jueces. Tampoco somos el Gobierno, que es el receptor
de toda la información que sobre la aplicación de la ley le aportan sus servicios jurídicos. Nosotros, como Parlamento, hemos recibido un informe de la Abogacía del Estado, pero ni siquiera hemos recibido un informe jurídico propio de la Cámara que
nos ilustre, desde la separación de poderes, sobre cuál debe ser hoy la posición jurídica en la aplicación de la ley que se nos propone, una aplicación que, a mayor abundamiento, tiene efectos vinculantes para el Gobierno a pesar de que se tramita
como proposición no de ley.
Nuestra abstención también es un acto de coherencia política. Apoyamos y apoyaremos firmemente al Gobierno en la lucha antiterrorista, en la acción policial y en la acción y colaboración internacional; estamos a favor de ilegalizar un
partido si da apoyo al terrorismo. Es el momento, la ley, de que actúen los jueces desde el rigor y la serenidad. Hemos colaborado y lo continuaremos haciendo en la lucha antiterrorista, pero ello no nos impide, señorías, discrepar. Entendemos de
forma distinta lo que es la colaboración. Colaborar no quiere decir aceptarlo todo. La colaboración siempre la hemos ofrecido desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra ideología, desde nuestra manera de entender la política, siempre desde
posiciones constructivas y positivas. Colaborar no es hacer el juego político al otro, sino ser capaces de pactar acuerdos y respetar las discrepancias desde el ejercicio constante de la cultura del diálogo.
No puede ser, de ninguna manera, que
estar contra el terrorismo y a favor del diálogo sean cosas opuestas o que sean tachadas de incoherentes.
Siempre, siempre hemos creído en el diálogo y por ello a veces se han generado discrepancias, discrepancias con los dos grupos mayoritarios.
No firmamos el pacto antiterrorista y no lo hicimos por considerar que se hacía con una voluntad clara de marginar al PNV. Tenemos desencuentros sobre el modelo de Estado y el espíritu bajo el cual se formalizó la Constitución. Hemos intentado
conjuntamente con el PNV y el BNG explicar nuestra apuesta por un Estado plurinacional, pluricultural
y plurilingüe. Se ha intentado siempre ridiculizar nuestras propuestas rehuyendo el diálogo. Nosotros, desde Convergència i Unió, estamos orgullosos de la colaboración que hemos tenido con los diferentes gobiernos en la lucha
antiterrorista y lo continuaremos haciendo. Por eso nos duele más lo que creemos que es una gran incomprensión hacia nuestras posiciones, las nuestras que, aunque no sean compartidas en ocasiones, sí creemos que habrían de ser comprendidas o, como
mínimo, respetadas.
Señoras y señores diputados, la abstención que votaremos hoy no significa ningún tipo de apoyo a la violencia ni a la aceptación del terrorismo ni a la comprensión de la fractura de la cohesión social que se está produciendo en el País
Vasco. La abstención es la expresión crítica respecto al uso partidista de la lucha antiterrorista. Es una llamada al restablecimiento del diálogo entre todas las fuerzas democráticas y, muy especialmente, entre el Gobierno de Madrid y el de
Vitoria, y la necesidad de respetar los límites y los equilibrios entre poderes de todo Estado de derecho. Señorías, la lucha contra el terrorismo precisa de una actuación responsable de todos los que creemos en la democracia, en el Estado de
derecho y en el respeto del pluralismo y de los derechos humanos. Todos los que condenamos la violencia estamos en el mismo lado, todos. Hoy todas las fuerzas democráticas que tenemos representación en este Congreso de los Diputados y que queremos
luchar con eficacia contra quienes siembren el terror y el miedo no debemos trasladar una imagen deformada, un falso debate, como si unos estuvieran más en contra que otros en función del voto que hoy emitan en una decisión que no debería
corresponder a este Parlamento. Desde Convergència i Unió lamentamos que debates como el de hoy puedan servir para trasladar una imagen de división entre quienes de hecho estamos en un mismo e inequívoco lado: la lucha contra el terror y la
defensa más absoluta de la libertad y la paz.
Pretender dividir a las formaciones políticas con este debate es un acto que puede generar confusión y puede alentar una imagen de división ficticia y contraproducente que lamentamos se pueda trasladar
al conjunto de la sociedad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Trías.
Señorías, vamos a iniciar la votación de la propuesta de resolución de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, por la que se insta al Gobierno a que se solicite la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y
Batasuna, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 11 de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, con la incorporación de la enmienda de adición que ha sido firmada y presentada por los grupos proponentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 295; en contra, 10; abstenciones, 29.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida propuesta de resolución.
(Prolongados aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.