CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2002 VII Legislatura Núm. 172

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 166

celebrada el martes, 18 de junio de 2002

ORDEN DEL DÍA:


Modificación del Orden del día ... (Página 8628)


Toma en consideración de Proposiciones de Ley:


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la reforma del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, para
introducir mejoras en las prestaciones de los regímenes especiales de la Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 190-1, de 25 de enero de 2002. (Número de expediente 122/000168.) ... (Página
8629)


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 148-1, de
1 de junio de 2001. (Número de expediente 122/000132.) ... (Página 8629)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se desarrolla el derecho a la formación y a la empleabilidad de los trabajadores en la empresa.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 237-1, de 10 de mayo de 2002. (Número de
expediente 122/000212.) ... (Página 8637)

Página 8624


Proposiciones no de Ley:


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 234, de 21 de septiembre de 2001. (Número de expediente 162/000351.) ...
(Página 8644)


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kyoto. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 222, de 31 de julio de 2001. (Número de expediente 162/000355.)
(Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión número de expediente 161/000910.) ... (Página 8644)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 162/000457.) ... href='#(Página8644)'>(Página 8644)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de 2002. (Número de expediente 162/000527.) ... href='#(Página8652)'>(Página 8652)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad. (Número de expediente 173/000141.) ... (Página 8658)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el Gobierno de reforma de la protección por desempleo. (Número de expediente 173/000142.) ...
(Página
8662)


- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de corrección de los mismos. (Número de expediente 173/000143.) ... href='#(Página8666)'>(Página 8666)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



Modificación del orden del día ... (Página 8628)


La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que los puntos 2 y 3 pasen a debatirse antes del punto 1, lo que se aprueba por asentimiento.



Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8629)


Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la reforma del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, para introducir
mejoras en las prestaciones de los regímenes especiales de la Seguridad Social ... (Página 8629)


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general ... (Página 8629)


Página 8625


En defensa de la toma en consideración de la primera proposición de ley interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Recuerda diversas iniciativas producidas desde el 20 de junio del año 2000 con el mismo objetivo,
que es la igualación de los derechos de los trabajadores autónomos del régimen RETA con los trabajadores del régimen general, y la contestación que dio el señor Azpiroz Villar, ponente del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de que las
proposiciones no de ley sólo instaban moralmente al Gobierno y que echaba en falta una iniciativa legislativa, esto es, las modificaciones legales oportunas a favor de los trabajadores autónomos. Por eso, añade, el Grupo Parlamentario Mixto
presentó esta proposición de ley a comienzos del año 2002, que no se refiere sólo a los trabajadores autónomos, aunque los considera como un sujeto privilegiado, sino también a los trabajadores agrarios y a los trabajadores del mar por cuenta
propia. Opina que la toma en consideración de esta proposición de ley sería un paso cualitativo muy importante y un camino de homologación casi completa y que, en todo caso, de no ser aprobada, serviría para seguir presionando al Gobierno a fin de
que abandone la filosofía inicial de que hizo gala basada exclusivamente en el nivel de cotización de estos regímenes especiales.



Defiende la toma en consideración de la segunda proposición de ley el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto. Se refiere asimismo a los casi tres millones de trabajadores autónomos con que cuenta en la actualidad el
Estado español, cifra que continúa creciendo debido a la externalización de parte importante de los procesos productivos, en especial de los que están vinculados al mantenimiento, la informática y las nuevas tecnologías, y a la aparición de los
trabajadores autónomos dependientes que se caracterizan por ser considerados legalmente como trabajadores por cuenta propia pero que en realidad mantienen una situación de dependencia económica de una o varias empresas o incluso de una o varias
administraciones públicas. Pone de relieve los efectos negativos que conlleva esta situación para las personas afectadas y plantea la necesidad de articular un marco adecuado de cobertura de prestaciones sociales similar al régimen general de la
Seguridad Social, en el que un mismo esfuerzo contributivo comporte igual protección social. Manifiesta finalmente que, por lógica, el partido que apoya al gobierno tendría que votar favorablemente la toma en consideración de las proposiciones de
ley que presentan el Bloque Nacionalista Galego y Esquerra Republicana de Catalunya.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Peris Cervera,
del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa a la reforma del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para introducir mejoras en las prestaciones de los regímenes especiales de la Seguridad Social, se rechaza por 120 votos a favor, 160 en contra y dos abstenciones.



Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen
general, se rechaza por 119 votos a favor, 159 en contra y tres abstenciones.



Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se desarrolla el derecho a la formación y a la empleabilidad de los trabajadores en la empresa ...
(Página 8637)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista el señor Jáuregui Atondo. Se trata, dice, de un tema del máximo interés como es la incorporación al Estatuto de los Trabajadores del derecho
individual del trabajador a la formación permanente, sea cual sea su nivel profesional. Explica que la cualificación profesional de un país se ha convertido en uno de los elementos capitales de su capacidad competitiva y critica la política seguida
en España en este aspecto, donde las empresas gastan poco en formación de sus empleados y donde la inversión en I+D es insuficiente y atrasada. Considera importante este debate, primero, porque la revolución tecnológica lo exige; segundo, porque
se ha terminado la concepción que se tenía de la vida en el sentido de que se formaba uno de joven, trabajaba de maduro y descansaba de viejo; y tercero, porque de la capacidad que tenga cada trabajador para desarrollar varias profesiones dependerá
su mayor o menor capacidad de ocupación. Finalmente explica el contenido de la proposición de ley que persigue corregir las carencias que existen en el Estatuto de los Trabajadores en relación con el derecho a la formación como un derecho básico y
la falta de regulación de las condiciones que se derivan del mismo, así como de las responsabilidades


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de los empresarios y de los propios trabajadores.



En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y la señora Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se desarrolla el derecho a la formación y a la empleabilidad de los trabajadores en las empresas, se rechaza por 103 votos a
favor y 175 en contra.



Proposiciones no de ley ... (Página 8644)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático ... (Página 8644)


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kyoto ... (Página 8644)


Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático ... (Página 8644)


En primer lugar, la señora De Lara Carbó, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a elaborar y presentar en el plazo máximo de un año la estrategia española
contra el cambio climático, fruto del consenso y del diálogo entre las distintas administraciones y agentes implicados.



El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la segunda proposición no de ley en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds. Critica la actitud de algunos Estados que dificultan la formulación de políticas fuertes de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y acusa a España de no contar con políticas activas en este campo y de incumplir el Protocolo de Kioto en cuanto a los límites cuantitativos de las emisiones y al principio de
suplementariedad. Por el contrario, añade, el Gobierno debería de impulsar políticas contra el cambio climático que incluyeran el refuerzo de los elementos de planificación territorial y urbanística en manos de ayuntamientos y comunidades
autónomas, el ahorro energético, el fomento de transportes colectivos y el cambio en las fuentes de energía primaria, incentivando las energías renovables.



Por último, el señor Sabaté Ibarz defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Acusa al Gobierno de haber dejado pasar el tiempo sin establecer medidas de reducción de gases de efecto invernadero y armonizar el
desarrollo económico con el ecológico, en unos años de crecimiento económico más propicios a tales efectos, y cita las declaraciones de organizaciones sensibilizadas por el tema como Greenpeace, que denuncia los graves incumplimientos por España del
Protocolo de Kioto y el escaso interés por adoptar una política sostenible de acuerdo con los compromisos internacionales. A continuación explica el contenido de su proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a remitir con carácter
inmediato la estrategia española de lucha contra el cambio climático.



En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley interviene el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.



A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen la señora De Lara Carbó y el señor Labordeta Subías.



Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que ha sido aceptada por el grupo proponente, se aprueba por 179 votos a favor, siete en contra y 100 abstenciones.



Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kioto, se rechaza por 104 votos a favor, 176 en contra y cinco abstenciones.



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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático, se rechaza por 103 votos a favor, 176 en contra y seis abstenciones.



Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias ... (Página 8652)


Defiende la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rumí Ibáñez. Manifiesta que con la presentación de esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha querido traer al Parlamento un debate importante que afecta
a millones de ciudadanos y afirma que la Cámara tiene la responsabilidad de pronunciarse mayoritariamente para proporcionar un impulso a las políticas públicas de apoyo a las familias españolas que, durante los últimos años, han sido relegadas de
manera tan grave como sistemática en la acción del Gobierno. Aboga por un respaldo a las familias sin agravios ni restricciones absurdas y anuncia hasta 35 actuaciones que van desde la vivienda, la fiscalidad, la educación y la atención a las
dependencias, hasta otras más específicas que vienen a conformar una estrategia pública para el bienestar de las familias y que, en su mayoría, pueden ser desarrolladas a lo largo de la presente legislatura.



En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Rumí Ibáñez.



Sometida a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias, se rechaza por 104 votos a favor, 164 en contra y 15 abstenciones.



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8658)


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad ... (Página 8658)


Presenta y defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Frutos Gras, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta que lo hace con el claro objetivo de que el Gobierno retire el proyecto de
ley y abra de nuevo la negociación con los sindicatos, en lo que compete a los sindicatos, y con este Parlamento, en lo que compete a los intereses generales de todo el mundo -asalariados y no asalariados-, para discutir a fondo sobre las
prestaciones al desempleo y otros elementos que han surgido de forma colateral a este debate.



En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente interviene las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.



A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Frutos Gras.



Sometido a votación en primer lugar el punto primero del texto de la moción, se rechaza por 95 votos a favor y 174 en contra.



Sometido a continuación a votación el punto segundo de la moción, se rechaza igualmente por seis votos a favor, 175 en contra y 88 abstenciones.



Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el Gobierno de reforma de la protección por desempleo ... (Página 8662)


Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora López i Chamosa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Explica que la moción que su grupo trae hoy a debate es consecuencia


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de la interpelación urgente de la semana pasada y contiene los mismos puntos y en los mismos términos que la proposición no de ley debatida el martes pasado, es decir, que se derogue el decreto, que se presente en la Cámara un informe que
analice la situación del mercado de trabajo y del sistema de protección, que se solicite una memoria al Consejo Económico y Social y que se abra un gran proceso de diálogo.



En defensa de las enmiendas presentadas a la moción interviene la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora López i Chamosa.



El señor Gil Lázaro pide la palabra por alusiones, petición que es rechazada por la Presidencia.



Sometida a votación en sus propios términos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el Gobierno de reforma de la
protección por desempleo, se rechaza por 96 votos a favor y 169 en contra.



Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de corrección de los mismos ... (Página 8666)


Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Núñez Castain, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda el debate mantenido con ocasión de la interpelación urgente la semana pasada sobre las bolsas de exclusión en
las grandes ciudades que son absolutamente impermeables a la acción de la política y se refiere, en concreto, al núcleo de Martínez Montañés, conocido como las 3.000 viviendas en Sevilla, donde no entran los servicios, ni la sociedad, donde no hay
censo, donde no se puede cobrar la luz ni la basura ni el agua, donde no se sabe cuántos niños están sin escolarizar, donde no se sabe cuánta delincuencia convive dentro de la marginación y la pobreza y donde sólo existe desánimo e impotencia.
Explica que la moción pretende dos cosas: una, saber donde existen esos puntos negros, y dos, emprender una acción piloto ahora mismo en el núcleo de las 3.000 viviendas de Sevilla, solicitando el consenso de la Cámara para la aprobación de su
iniciativa.



En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen la señora García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



En turno de fijación de posiciones interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Núñez Castain.



Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de
corrección de los mismos, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 103 votos a favor y 156 en contra.



Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.



MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.



La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.



Antes de iniciar el orden del día, conforme el artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que los puntos 2 y 3, correspondientes a la toma en consideración de
las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa a la reforma del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social
para introducir mejoras en las prestaciones de los regímenes especiales de la Seguridad


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Social, y la del señor Puigcercós, sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general, pasen a debatirse antes del punto 1, correspondiente a la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se desarrolla el derecho a la formación y a la empleabilidad de los trabajadores en la empresa.



¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)


En consecuencia, queda aprobada la modificación de orden del día.



TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA A LA REFORMA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA
INTRODUCIR MEJORAS EN LAS PRESTACIONES DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 122/000168.)


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PUIGCERCÓS), SOBRE EQUIPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS CON LA DE LOS TRABAJADORES QUE COTIZAN POR EL RÉGIMEN GENERAL. (Número de expediente 122/000132.)


La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la reforma del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social para introducir mejoras en las prestaciones de los regímenes especiales de la Seguridad Social, que se debatirá conjuntamente con la proposición de ley, asimismo del
Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen general.



En primer lugar, para la presentación y defensa de la primera proposición de ley, tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, el 20 de junio del año 2000 se debatió en este Pleno del Congreso una proposición no de ley en relación con la igualación de los derechos de los trabajadores autónomos del RETA con los del régimen general. En
aquel momento la proposición no de ley fue defendida por el señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y por quien les habla, del Bloque Nacionalista Galego. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular dijo que ese mismo día, el
20 de junio, acababan de hacer la petición de que se conformase una subcomisión dentro de la Comisión de Economía y Hacienda para estudiar la problemática de la microempresa y del trabajador autónomo y el señor Azpiroz Villar, ponente de dicho
grupo, decía que las proposiciones no de ley instaban solamente moralmente al Gobierno y que en todo caso echaba en falta una iniciativa legislativa, esto es, las modificaciones legales oportunas a favor de los trabajadores autónomos.



El Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, a comienzos del año 2002, es decir, en enero, presentó esta proposición de ley relativa a las reformas que habría que hacer en el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para introducir mejoras en las prestaciones de los regímenes especiales de la Seguridad Social, esto es el RETA, el REA y el REM. Por lo tanto esta iniciativa no se
refiere solamente a los trabajadores autónomos, aunque los toma como un sujeto privilegiado, sino también a los trabajadores agrarios y a los trabajadores del mar por cuenta propia. Es cierto que en aquel momento ya se advertía que cualquier tipo
de modificación habría que hacerla dentro de los resultados de la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, tal y como se estaba evaluando en la Comisión ad hoc de este Parlamento. En todo caso, señorías, pasó mucho tiempo y seguimos
aún con una gran distancia respecto de lo que son las necesidades y reivindicaciones en estos sectores. En conjunto, de aprobarse esta iniciativa, beneficiaría, de manera más o menos extensa, prácticamente a 2.968.578 personas, el 18,52 por ciento
del total de los afiliados del sistema. De ellos, 2.647.529 pertenecerían al RETA, que presenta cifras de crecimiento muy positivas durante los últimos años. En particular, por hablar de mi país, de Galicia, afectaría a 165.681 afiliados al RETA,
a 63.593 afiliados al REA y a 12.280 afiliados al REM, en este último caso, el 80 por ciento del total de los trabajadores del Estado. Por tanto, la media en Galicia aumentaría sensiblemente, ya que nos aproximaríamos a casi el 27 por ciento de los
afiliados a la Seguridad Social, esto es, 241.754 personas. Hay que señalar, como lo hicimos en junio del año 2000, que el RETA presenta la mejor relación activos/pasivos de todo el sistema, en concreto, 3,36 activos por pasivo, un punto superior
al régimen general, y que además las contribuciones al RETA por parte del Estado son muchísimo más bajas que en el régimen general, en concreto, 6,30 euros por afiliado frente a 22,30 euros en el régimen general.



Las negativas del Gobierno hasta ahora, a pesar de haberse aproximado desde una posición muy negativa


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inicial a, por lo menos, considerar que habría que hacer ciertas homologaciones, se basaron siempre en que en el RETA habría un menor esfuerzo contributivo -así aparece en el informe del secretario de Estado de Seguridad Social de marzo de
1998- y aquí es donde nosotros queremos hacer especial hincapié en una cuestión: o concebimos el sistema de protección social como un sistema de seguro social profesional nada más, por lo tanto con solidaridad intergeneracional, o bien, además, lo
concebimos como un sistema de redistribución de rentas entre activos de distintas profesiones o sectores, sin abandonar las notas de proporcionalidad y contributividad. Por tanto es muy necesario que se extiendan las prestaciones de que disfrutan
los trabajadores del régimen general a todos los incluidos en los sistemas de Seguridad Social. De esta manera nos podríamos desmarcar de una tendencia vigente y visible en el Pacto de Toledo que tiende a priorizar la contributividad y la
proporcionalidad. Nosotros pensamos que se debe escapar de un sistema de corte corporativista, que segrega el sistema en razón de la estructura ocupacional, y de un sistema de capitalización, aunque en menor medida -cierto es-, tal como recomienda
el Pacto de Toledo, que sólo mira las prestaciones en base a las contribuciones. Por esto todas las medidas que nosotros proponemos tendrían una incidencia muy positiva. En concreto, de extenderse los artículos 128 y 133 de la Ley General de la
Seguridad Social a todos estos regímenes especiales, habría un pago de subsidio por incapacidad temporal desde el cuarto día de baja del trabajador o trabajadora, que hoy es desde el decimosexto día. En segundo lugar, la prestación por incapacidad
temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional se cobraría desde el día de la contingencia y con una base superior de la base reguladora si se extienden también a estos regímenes los artículos 128 a 133. En tercer lugar, sin
exigencia de periodos previos de carencia cuando el hecho causante de la pensión de incapacidad permanente, viudedad u orfandad sea derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, quedaría perfectamente cubierta esta contingencia si se
aplican los artículos 174 y 175. Además, si hay un reconocimiento a la prestación por incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes no invalidantes, habría que extender la cobertura que da el artículo 137.1 y el artículo 139. En fin, se
lograría la posibilidad de inclusión de lagunas de cotización para el cálculo de pensiones, la mejora del cómputo de los efectos de las pensiones de incapacidad y el reconocimiento de la incapacidad permanente cualificada a los 55 años si se
extienden a estos regímenes los artículos 140.4, 142 y 143. Además, sería muy importante sobre todo para muchas profesiones penosas y peligrosas, especialmente en el mar, el reconocimiento de la jubilación parcial, la imprescriptibilidad de las
pensiones de jubilación y el derecho a la jubilación anticipada. Esto sería crucial, por ejemplo, en los trabajadores del mar por cuenta propia en Galicia y se lograría extendiendo las coberturas del artículo 166 y del artículo 161.2, y, cómo no,
también sería muy importante una disposición adicional para que se bonifiquen las cotizaciones satisfechas por trabajadores de los regímenes especiales en caso de baja por maternidad, referido lógicamente a las mujeres.



Señorías, esta proposición de ley sería un paso cualitativo muy importante y un camino de homologación casi completa que en todo caso, de no ser aprobada en este momento, esperamos que sirva para seguir presionando al Gobierno a fin de que
abandone la filosofía inicial de que hizo gala, basada exclusivamente en el nivel de cotización de estos regímenes especiales.



Nada más y muchas gracias, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.



Señor Puigcercós, para la defensa de su iniciativa.



El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.



Señoras diputadas, señores diputados, en la actualidad el Estado español, como decía el señor Rodríguez, cuenta con casi tres millones de trabajadores autónomos, una cifra que continúa creciendo debido a la externalización de parte
importante de los procesos productivos, en especial de los que estaban vinculados al mantenimiento, la informática y las nuevas tecnologías. Dentro de este grupo estamos asistiendo a la aparición de una nueva figura, la de los trabajadores
autónomos dependientes, que se caracterizan por ser considerados legalmente como trabajadores por cuenta propia, pero que en realidad mantienen una situación de dependencia económica de una o varias empresas o incluso de una o varias
administraciones públicas. Por tanto su situación es muy similar a la de los trabajadores por cuenta ajena, con la salvedad de que padecen los inconvenientes que comporta la menor cobertura de prestaciones sociales derivadas del régimen especial de
autónomos.
Actualmente los trabajadores autónomos y los nuevos emprendedores que deciden acceder al mercado de trabajo bajo esta figura se ven obligados a cotizar a la Seguridad Social por un régimen especial que aunque prevea unas aportaciones
menores a las del régimen general, también comporta un nivel de protección social menor a la que se percibiría en las mismas circunstancias si se cotizara por el régimen ordinario. Esta situación conlleva efectos negativos para las personas
afectadas, que van desde las prestaciones inferiores por enfermedad o jubilación hasta la imposibilidad de acceder a un subsidio de desempleo. Por este motivo y ante la previsión nada descabellada de que esta nueva tipología de trabajador vaya en
aumento, es necesario articular un marco adecuado de cobertura de prestaciones sociales similar al del régimen general de la Seguridad Social, en el que un mismo esfuerzo contributivo


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comporte igual protección social. Se trata de una propuesta lógica y perfectamente asumible. Ya en el Pacto de Toledo se recomendaba proceder a la equiparación progresiva de los diversos regímenes especiales de la Seguridad Social teniendo
en cuenta al mismo tiempo la proporcionalidad y equidad entre el esfuerzo cotizante y las prestaciones sociales a las que se tiene derecho. En realidad la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad
Social, ya instaba al Gobierno, a través de su disposición adicional primera, a valorar la posibilidad de avanzar en la mejora de las prestaciones del régimen especial de trabajadores autónomos con el objetivo de aproximarlas a las previstas por el
régimen general. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)


Finalmente debe tenerse en cuenta que el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en concreto el apartado 5 del artículo 10, faculta al Gobierno para disponer la integración en el régimen general de la Seguridad Social de
los regímenes especiales que se rijan por leyes específicas, siempre que esto sea posible, respetando las peculiaridades de los grupos afectados y el grado de homogeneidad entre el régimen general y el régimen especial correspondiente. En el fondo
lo que pretendemos con nuestra proposición de ley es fomentar la igualdad de derechos y deberes de los trabajadores y evitar la existencia de agravios comparativos. En concreto Esquerra Republicana de Catalunya reclama que en un plazo inferior a
seis meses se disponga la equiparación del grado de protección social entre el régimen especial de los trabajadores autónomos y el régimen general, así como la equivalencia progresiva de los tipos y bases de cotización previstos en cada caso.
Nuestra propuesta, por tanto, va destinada al conjunto de los trabajadores autónomos, los que son dependientes trabajando en el mercado cautivo, los que no son dependientes en ese sentido sino que trabajan en el auténtico libre mercado empresarial,
los que ofrecen servicios a empresas y los que prestan servicios a personas, algunos de ellos profesionales liberales y otros más en el ámbito del comercio. Sin duda se trata de un colectivo complejo y heterogéneo, pero esto no tiene por qué
impedir la búsqueda de soluciones generales para su problemática. Lo que sí está claro es que en estos momentos dicho colectivo está unificado por un trato desfavorable y una serie de desventajas en la protección social. Ya hemos remarcado que se
trata de un colectivo cada vez más numeroso y con una mayor incidencia en la actividad productiva y en el empleo, un colectivo que representa una actividad de futuro que crece por encima de lo que lo hace el resto de actividades y que, a nuestro
entender, requiere una política económica específica que dé una respuesta satisfactoria a las demandas planteadas.
En este sentido, nuestra propuesta es muy clara y persigue un objetivo muy concreto y perfectamente realizable: revisar el sistema
de protección social que se aplica sobre los trabajadores autónomos para impedir que el grado de protección de que disponen sea inferior al de los que cotizan por el régimen general. Se trata, lo repetimos una vez más, de evitar la discriminación
que sufre, por lo que respecta a la cobertura social, un colectivo clave para la economía del Estado español, tanto por su capacidad de generación de empleo como, en definitiva, por su contribución a la creación de valor añadido. Por estas razones
la mejor respuesta que puede dar el Gobierno a la situación actual pasa por un compromiso claro y firme con el mundo de los trabajadores autónomos; un compromiso que elimine las diferencias en materia de protección social y cree un entorno
favorable para el desarrollo y la potenciación de la actividad de los autónomos, con la convicción de que muchas de las actividades iniciadas acabarán consolidándose, generarán más empleo y más valor añadido para el Estado español.



Señoras diputadas, señores diputados, no deja de ser una paradoja que aquellas personas que asumen más riesgos en su quehacer laboral, porque en la mayoría de los casos son emprendedores, es decir, apuestan por su autoempresa, crean negocio
y aportan un valor añadido al mercado de trabajo, sean los peor tratados por la legislación. Desde el actual Gobierno, al albur de una huelga general, se exige a los trabajadores que sean copartícipes de la empresa, que asuman y compartan
responsabilidades. ¿Se puede exigir más compromiso y asunción de responsabilidad a quien decide crear su propia empresa y asumir sus propios riesgos? Por lógica y por coherencia, el partido que apoya al Gobierno tendría que votar favorablemente
estas dos proposiciones de ley, la que presenta el Bloque Nacionalista Galego y la que presenta Esquerra Republicana de Catalunya, dos proposiciones de ley de equiparación del grado de protección social entre el régimen especial de los trabajadores
autónomos y el régimen general.



Gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.



¿Grupos que desean intervenir en turno de fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.



Señorías, lo que vienen a suscitar estas dos proposiciones de ley que se presentan hoy no es ni más ni menos que lo que el Grupo Federal de Izquierda Unida viene planteando desde hace años en sendas iniciativas que igualmente hemos
presentado en esta Cámara, esto es, que los regímenes especiales de la Seguridad Social se equiparen en prestaciones y cobertura al régimen


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general. El colectivo de autónomos españoles, a pesar de representar un 20 por ciento de la población activa, más de tres millones de trabajadores y trabajadoras directos y casi nueve millones de personas vinculadas por relación familiar,
tiene un escaso nivel de representación institucional en nuestro país, producto de la diseminación objetiva del colectivo social. Esta falta de presencia conlleva una escasa capacidad de reivindicación para solucionar los problemas más acuciantes
del sector.
De esta forma, mientras las medianas y grandes empresas de una parte y los trabajadores y trabajadoras asalariados de otra han avanzado en los últimos años en la mejora de sus condiciones, los trabajadores autónomos están muy lejos de
ver contempladas satisfactoriamente sus legítimas reclamaciones. El desarrollo del trabajo autónomo en España se encuentra en un periodo emergente. Las condiciones de la nueva economía y la externalización de los servicios de las empresas generan
cada vez más un trabajo jurídicamente independiente que no tiene la suficiente cobertura ni regulación social adecuada. Los autónomos tradicionales, así como los nuevos autónomos, configuran un sector económico y social que se encuentra en los
mínimos de la protección social y soporta el máximo esfuerzo fiscal. Debe considerarse que en la actualidad está cambiando aceleradamente la composición social de este colectivo. De los 2.700.000 autónomos, 1.800.000 son trabajadores
independientes sin asalariados, más de un tercio son ya mujeres y la edad media se ha reducido de 40 a 35 años en los últimos tres años, siendo cada vez más titulados superiores los que se incorporan a este sistema de trabajo por cuenta propia. En
este sentido nos hemos pronunciado en diversas ocasiones en esta Cámara por la promulgación de un estatuto de autónomo, así como por la superación urgente de algunos de los problemas más acuciantes de este sector.



En materia de Seguridad Social, se ha demandado el reconocimiento de las prestaciones por contingencia de enfermedad profesional y accidente laboral en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y el acceso
voluntario a la jubilación anticipada para los trabajadores autónomos. Defendemos esta integración adecuando las prestaciones y las obligaciones. Sería adecuado que se intentara, por ejemplo, una cotización de los autónomos en función de su base
imponible, una circunstancia que ayudaría a conseguir iguales prestaciones. Es conveniente recordar que en proposiciones anteriores hemos demandado esta equiparación para los autónomos tanto en lo relativo a los grados de invalidez, como en el
resto de prestaciones: orfandad y asimilación de la situación de las mujeres autónomas -disposición adicional de esta proposición de ley-. Prácticamente todos los artículos de la Ley General de Seguridad Social que la proposición de ley pretende
derogar se refieren a los grados de invalidez permanente y a la incapacidad temporal que existiendo en el régimen general no existe en autónomos, como por ejemplo la invalidez cualificada del 75 por ciento para mayores de 55 años en el régimen
general, mientras que en autónomos sigue en el 55 por ciento. En lo relativo a la maternidad se pretende que las trabajadoras autónomas tengan las mismas bonificaciones en Seguridad Social, es decir, el cien por cien de las cuotas, mientras se está
de baja maternal, como lo prevé el propio régimen general. Otra de las circunstancias que se pretende cambiar es el cobro de las prestaciones de autónomos, que en vez de empezar a cobrar una incapacidad temporal a partir del decimoquinto día de
baja se cobre a partir del cuarto, como en el régimen general. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se paga a los autónomos que están de baja médica una ayuda de 25 euros entre el cuarto y el decimoquinto día, supliendo la
cicatería del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Otros gobiernos autonómicos están supliendo con ayudas no contributivas lo que la Administración central no resuelve por ley.



Izquierda Unida se posiciona a favor de estas proposiciones de ley, pero desde nuestra postura de equiparar los regímenes especiales de la Seguridad Social con el régimen general, tanto en lo que se refiere a prestaciones como a
cotizaciones. No tiene ningún sentido que trabajadores y trabajadoras, por el hecho de estar encuadrados en regímenes distintos, si realizan las mismas funciones, tengan tratamiento distinto, tanto en las prestaciones como en las cotizaciones.



Nada más y muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.



Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.



Nuestro grupo parlamentario, desde hace tiempo, viene coincidiendo con los contenidos de fondo que plantean estas dos iniciativas, que son simplemente la equiparación del régimen de protección social de los trabajadores autónomos, del RETA,
con el conjunto de trabajadores del régimen general; una preocupación que ya tuvimos ocasión de manifestar en las discusiones del Pacto de Toledo y en la que tuvimos oportunidad de incidir en los debates parlamentarios que llevaron a la elaboración
de la Ley de racionalización y consolidación del sistema de la Seguridad Social, de lo que se derivó un mandato específico al Gobierno de elaboración de un informe sobre las diferencias entre los trabajadores autónomos y los trabajadores del régimen
general a efectos de la Seguridad Social. A mi grupo no le satisfizo el informe que el Gobierno evaluó a raíz de la disposición que preveía aquella ley, puesto que partía de una consideración extremadamente negativa. Entendía la Seguridad Social a
través de dicho informe que las diferencias que existían entre los dos


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regímenes derivaban de la propia consideración del trabajo autónomo.
Señorías, a pesar de ese informe negativo, mi grupo ha venido insistiendo a lo largo de estos años en la necesidad de equiparar estas situaciones a efectos de protección
social. En esta misma legislatura se ha puesto en marcha una subcomisión parlamentaria en el seno de la Comisión de Economía del Congreso, que hace pocos días aprobó un informe que, aunque sea tímidamente, rompe por primera vez las consideraciones
a las que apuntaba aquel informe del Gobierno de hace unos pocos años. El informe que ha aprobado la Comisión de Economía sobre la microempresa, los emprendedores y los trabajadores autónomos reconoce la necesidad de avanzar sobre aspectos
sustanciales en materia de incapacidades y de prestación por desempleo, apuntando también que sobre otras cuestiones importantes, como la jubilación anticipada y el trabajo autónomo a tiempo parcial, pueden existir dudas. Asimismo, insta al
Gobierno a realizar un estudio de la situación de los trabajadores autónomos dependientes. En definitiva, se trata de un informe que marca por primera vez una serie de líneas, de las que se puede derivar una acción legislativa importante del
Gobierno si de verdad existe la voluntad de avanzar hacia esa equiparación.



Desde esta lógica, mi grupo, entendiendo que este informe va a marcar un antes y un después en esta materia, ve con simpatía estas dos iniciativas. Una de ellas, la que propone el Grupo de Esquerra Republicana, es una copia casi literal de
la iniciativa que en su momento hizo llegar a esta Cámara el Parlament de Cataluña, que fue apoyada por mi grupo; lógicamente, esta tarde también va a apoyar la iniciativa que plantea Esquerra Republicana. En cuanto a la iniciativa del Bloque
Nacionalista Galego, en la medida en que asimismo responde a esa misma lógica, mi grupo también le va a dar su apoyo, sabiendo que estamos ante propuestas que en este Pleno tienen un carácter simbólico de reconocimiento de este papel central, en la
creación de ocupación y en la cohesión social de nuestras sociedades, de los trabajadores autónomos, de reconocimiento de esta situación de discriminación existente en nuestro marco legal por lo que hace referencia a la protección social, pero
sabiendo también que estas proposiciones de ley no se van a tomar en consideración, lamentablemente. Lo decisivo es el debate que el próximo jueves va a tener lugar en el Pleno de esta Cámara, en donde se va aprobar el informe de la Comisión de
Economía, que, insisto, marca por primera vez unas líneas concretas a seguir para avanzar hacia esa equiparación. Por tanto, reconociendo el mérito y la oportunidad de las dos iniciativas planteadas, a las que vamos a dar nuestro apoyo, entendemos
de todas maneras que lo importante y lo decisivo en esta materia va a ser el debate del próximo jueves. Ojalá se tomasen hoy en consideración estas iniciativas y se reforzase aquello que el jueves el Pleno impulsará. En todo caso, espero que en
próximas ocasiones los grupos proponentes tengan más suerte y más éxito en esta materia.



Nada más y muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias señor Campuzano.



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peris.



La señora PERIS CERVERA: Gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las dos proposiciones de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. Ambas pretenden nada más y nada menos
que mejoras en las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia. Tengo que decirles, señores del Grupo Parlamentario Mixto, que no corren buenos tiempos para plantear la mejora de prestaciones de la Seguridad Social y, entiéndanme que, no es
porque lo que plantean no sea justo y equitativo, que lo es, sino simplemente por una cuestión de realismo. No podemos obviar que el Gobierno del señor Aznar va justamente en sentido contrario, en la dirección de recortar derechos y prestaciones a
los trabajadores, lo cual nos obliga a que, en vez de mantener posiciones de vanguardia, es decir, de ir alcanzando más y mejores cuotas de protección social, nos tenemos que ir a la retaguardia. Dicho en el argot de fútbol, que tanto le gusta al
señor Aznar, se trata de que en este país los trabajadores y las trabajadoras se tienen que poner a defender su portería porque el equipo del señor Aznar ha decido que quiere meterles un gol. ¿Qué es, señorías, el decretazo, sino un recorte de
derechos sociales? ¿Es que acaso piensa el Gobierno que el sistema de protección social ha tocado techo y hay que recortarlo? ¿Es que piensa el Gobierno que recortando los derechos sociales más pronto que tarde habrá equiparado los regímenes y por
tanto habrá conseguido lo mismo que con los trabajadores del campo, es decir, igualarlos por debajo? A nuestro grupo, el camino iniciado por el Gobierno le parece inadecuado, y obvio otros calificativos que sin duda merecen este tipo de propuestas.



Al hilo de esta reflexión, permítanme que traiga a colación nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar prestaciones sociales suficientes, así como la suficiencia económica de los ciudadanos mediante pensiones
adecuadas. Por ello, les animo, señores del Partido Popular, a que cuando abracen la Constitución no lo hagan como un arma arrojadiza contra los demás sino para cumplir su contenido, incluidos estos artículos. Señorías, la historia de la Seguridad
Social es una historia, a trancas y barrancas, de una conquista social, de un sistema creado para proteger a los trabajadores cuando determinadas circunstancias les impiden seguir prestando su trabajo; es la historia del paso del Estado de
beneficencia al Estado


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de bienestar, donde las prestaciones no son ayudas o concesiones, sino, en todo caso, derechos.



Quiero decirles, señor Rodríguez y señor Puigcercós, que el Grupo Parlamentario Socialista comparte el objetivo de estas proposiciones de ley y, por tanto, votaremos a favor de su toma en consideración.
Señorías, se trata simplemente,
aprovechando la coyuntura económica y sin recortar las prestaciones existentes, de avanzar en la mejora de algunas prestaciones, como las de los trabajadores por cuenta propia, las de los trabajadores autónomos, las de los pequeños agricultores o
las de los trabajadores del mar. Desde que nació el sistema público de protección social se ha ido avanzando en la mejora de dicha protección, pero con mucha frecuencia nos hemos olvidado de los regímenes especiales. Por tanto, parece adecuado
introducir las modificaciones encaminadas a eliminar las diferencias de protección, iniciando de modo progresivo la equiparación entre los diferentes regímenes, tal como establece el Pacto de Toledo en su recomendación 6. Es cierto, señorías, que
en nuestro sistema se dan casos de desprotección que no obedecen a ningún tipo de explicación. Me detendré en algunas de ellas, aunque ya las ha mencionado el señor Rodríguez en su primera intervención.



Hablemos de la incapacidad permanente cualificada. Señorías, todos ustedes saben que cuando a un trabajador se le declara una incapacidad total permanente tiene derecho a una prestación que equivale al 55 por ciento de su base reguladora.
Pues bien, la Ley General de la Seguridad Social prevé que a ese trabajador, si llega a los 55 años y no tiene capacidad de integrarse en el mercado de trabajo, se le incremente esa prestación en un 20 por ciento. Esta posibilidad se niega a los
trabajadores por cuenta propia, aunque reúnan todos los requisitos. Nosotros entendemos que dicha posibilidad se ha de reconocer al conjunto de los trabajadores, porque tenemos que admitir que un trabajador, cuando tiene declarada una incapacidad
permanente total y no ha conseguido un puesto de trabajo a los 55 años, difícilmente lo va a conseguir. También en este Parlamento se ha hablado de ello hace poco, porque se está tramitando un proyecto de ley para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y flexible para los supuestos de jubilación anticipada. Nosotros hemos planteado que los trabajadores autónomos, los trabajadores por cuenta propia, puedan acceder a la jubilación anticipada como el resto de los trabajadores
por cuenta ajena.



En relación con la incapacidad temporal, IT, no es tampoco la primera vez que se debate en esta Cámara. Todas SS.SS. saben que los trabajadores del régimen general empiezan a percibir su prestación a partir del cuarto día de su baja. Pues
bien, el resto de los trabajadores autónomos, pequeños agricultores, trabajadores del mar, empieza a cobrar esta percepción a partir del decimoquinto. Si a ello unimos que estos trabajadores siguen manteniendo la obligación de cotizar, todo nos
lleva a que un trabajador autónomo en su primer mes de baja cobra la astronómica cuantía de seis euros al día, toda una cantidad con la que -espero que ustedes al menos compartan esto- nadie puede sobrevivir.



Quiero prestar especial atención a la situación de los empleados de hogar.
Los empleados de hogar, cuando causan baja por enfermedad, señorías, cobran su primer euro a partir del día 30 de baja. ¿Por qué me quiero detener?
Fundamentalmente porque el colectivo dado de alta en el régimen de empleado de hogar está compuesto en su mayoría por mujeres; una vez más, las mujeres tienen el sistema de protección social más desfavorable.
Estas situaciones hay que enmendarlas.
Sé que alguien puede aducir que la solución es fácil -incrementamos la cotización y mejoramos las prestaciones-, pero no olvidemos, señorías, que si esto lo hiciéramos en el caso de las empleadas de hogar, automáticamente colocaríamos a la mayoría
de estas mujeres en la economía sumergida y con dotación cero, porque las rentas que perciben por este trabajo no les permiten en ningún momento incrementar la cotización.



También me permito recordar al Partido Popular que la Seguridad Social contempla como una de sus fuentes de financiación las aportaciones del Estado y que, además de la proporcionalidad, la equidad es un principio fundamental de la acción
protectora. El Partido Socialista no rehuye el debate de la contributividad, pero el de la equidad tampoco, porque cuando se firmó el Pacto de Toledo se tuvo bien cuidado de especificar que lo no contributivo se financiara con los presupuestos
generales del Estado, cosa que todavía no ocurre, y que lo contributivo se financie básicamente con las cotizaciones sociales. Este pequeño matiz abre la posibilidad de que puedan entrar otras fuentes de financiación, por lo que cobra especial
relieve en este momento en que estamos hablando de los regímenes especiales. Por ejemplo, señorías, si en el campo la solución fuera incrementar las cuotas que pagan los pequeños agricultores, estaríamos asestando el último golpe al campo -el
primero se ha dado eliminando el PER, el subsidio que perciben los trabajadores temporeros del campo-; si además incrementáramos la cuota que pagan los pequeños agricultores, estaríamos llevando a un abandono masivo del campo, actividad, señorías,
que les guste o no, no puede estar regulada exclusivamente por el mercado. Nosotros compartimos que la contribución tiene que ser proporcional, pero se admiten matizaciones como en los casos reseñados.



Quiero terminar mi intervención haciendo un recordatorio al Partido Popular. Señores del Partido Popular, los trabajadores y las trabajadoras de este país, por cuenta propia o por cuenta ajena, son magníficos currantes que tienen derecho a
prestaciones dignas, que quieren que la convergencia con la Unión Europea sea también social, que quieren que el Gobierno deje de reducir el gasto social, pero, sobre todo, quieren que se les mire con el respeto que se merecen, porque cuando a un
trabajador se le reconoce una prestación es porque ha cotizado y


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tiene derecho a ella. Señores del Partido Popular, ni son insolidarios ni son defraudadores ni son vagos.



Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Peris.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Corres.
(Hace uso de la palabra el señor Burgos Gallego.)


El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, decía Ortega que la realidad no puede ser mirada sino desde el punto de vista que cada cual ocupa fatalmente en el universo, y el sitio que ocupan los grupos proponentes en el universo
parlamentario hace que interpreten dicha realidad de tal manera que, por énfasis mal escogido y por sentido mal orientado, acaba por no ser tal realidad sino mera ficción. Porque ficción y simplificación, señorías, es decir en una exposición de
motivos que en España no ha habido avances hacia la convergencia real con otros Estados de la Unión Europea negando la evidencia; la ha habido y la hay, señorías. Entre otros muchos datos, por eso tenemos ahora cuatro millones de afiliados más en
la Seguridad Social, un fondo de reserva de un billón de pesetas para garantizar el futuro, acuerdos sociales que han facilitado subidas de todas las pensiones mínimas, especialmente de las de los más necesitados, como las pensiones de viudedad o de
orfandad, que han garantizado el poder adquisitivo, consolidando además los aumentos de esas pensiones o la revalorización garantizada por ley que, por cierto, deja a nuestros mayores a salvo de las incertidumbres en relación con la evolución de los
precios, y otras muchas mejoras que hacen que hoy nuestro sistema de protección social esté saneado y garantizado. Si eso no es convergencia real, no sé qué entienden ustedes por convergencia real.



Señorías, ya hemos constatado que éste no es en absoluto un debate novedoso, trataremos de que al menos sea ilustrativo, anticipando nuestro voto en contra. Desde luego, la relevancia que hoy tiene en nuestra sociedad el sector de los
autónomos es innegable. Es un sector clave en la creación de riqueza y empleo, con más de tres millones de personas trabajando por cuenta propia. En el mes de mayo hemos alcanzado un nuevo récord histórico también en el régimen de trabajadores
autónomos, con más de 2.658.000 personas afiliadas a este régimen, 360.000 más que en marzo del año 1996, y tan sólo en esta legislatura 115.000 personas afiliadas a este régimen; un crecimiento de afiliación que además es seis puntos superior en
las mujeres que en los hombres. Estos datos justifican este debate y todos los que hagan falta en esta cuestión.



Las proposiciones de ley se enmarcan en una serie de disposiciones legales reglamentarias, estudios e informes que sostienen, sin duda alguna, la evidente apoyatura legal que tienen los regímenes especiales en nuestro ordenamiento y, según
ha manifestado reiteradamente el Tribunal Constitucional, sólo cabe hablar de trato discriminatorio si a situaciones objetivamente iguales se da un tratamiento diferente, y las situaciones obviamente, señorías, difieren.



En el estudio citado del año 1998, remitido a esta Cámara, se concluía que las diferencias que existían entonces entre los regímenes ya en ese momento eran escasas y algunas de ellas obligada consecuencia de las propias características del
trabajo autónomo. En la relación entre la acción protectora y el esfuerzo de cotización previo, se constataba que el 95 por ciento optaba por cotizar por la base mínima, por tanto, el esfuerzo contributivo, que depende aquí de la voluntad de los
interesados que tienen la oportunidad de elegir la base de cotización, respondía a su propia voluntad, a su propio criterio; es decir, de producirse la menor protección, derivaría únicamente de un menor esfuerzo de cotización. No es posible,
señorías, incrementar la protección sin mayor esfuerzo de cotizaciones, so pena de producir una quiebra de la equidad y de la contributividad, que son dos pilares básicos del sistema. El principio de igual nivel de protección a igual esfuerzo
contributivo es el que ha de regir, a partir de ahora, a la hora de adoptar nuevas medidas; por eso, sus proposiciones de ley van exactamente en el sentido contrario. Desde nuestro punto de vista, introducir otro tipo de consideraciones distintas
a las del propio esfuerzo contributivo de cada uno no es acorde, en absoluto, con los principios en que se fundamenta nuestro sistema.



Lejos de darse la situación que ustedes describen en las proposiciones de ley, la realidad indica que la relación entre la pensión percibida y las cotizaciones efectuadas es favorable, señorías, a los regímenes especiales. Dicho de otra
manera, la pensión recibida por peseta cotizada es mucho mayor en los regímenes especiales. Esta situación tiene, sin duda, su justificación histórica, pero el camino futuro no puede ser otro que una equiparación gradual, progresiva y ajustada a
las posibilidades del sistema.



Hemos dicho en numerosas ocasiones que, sin perjuicio de intentar conseguir el grado de homogeneidad preciso, la subsistencia en el futuro del régimen especial de trabajadores autónomos, o de otros, obligará a mantener singularidades
protectoras, aunque, por supuesto, las mismas deban tener su amparo en causas objetivas; sin duda se han producido enormes avances en ese camino de la homogeneización. Por citarle algunos, simplemente quiero decir que se ha unificado el sistema de
cálculo de las pensiones de jubilación e invalidez; que se han reconocido las mismas condiciones y cálculo de su cuantía para las prestaciones de muerte y supervivencia en los regímenes de autónomos y en el régimen general; que se ha ampliado la
capacidad protectora con la eliminación del requisito de que el beneficiario de la pensión de incapacidad permanente total tenga 45 años de edad; que no se exige ningún


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período previo de cotización para el acceso a las pensiones de invalidez derivadas de accidente; que se ha extendido el derecho a las prestaciones familiares por hijo a cargo en las mismas condiciones que el régimen general; que se ha
reconocido en idénticos términos -que no existían- las prestaciones de la maternidad o se ha instaurado que las trabajadoras autónomas puedan disfrutar de la prestación de riesgo durante el embarazo, que antes no tenían, y se ha exonerado de
cotizaciones a los autónomos mayores de 65 años que deseen seguir trabajando.



Se ha avanzado, por tanto, de manera muy importante en los últimos tiempos y se va a seguir avanzando, pretendiendo cumplir, entre otros, los acuerdos sociales firmados por este Gobierno y los compromisos contraídos en esta Cámara.
Exponentes de esa política de futuros cumplimientos van a ser dos cuestiones de enorme relevancia para el sector de los autónomos, reivindicaciones históricas de este colectivo, como son la decisión de extender el ámbito de la incapacidad permanente
total cualificada o la cobertura de los riesgos profesionales. Son dos reivindicaciones históricas que este Gobierno ha sabido y ha querido atender, que este año serán una realidad, señorías, como lo serán las medidas para evitar la discriminación
de la mujer en el medio agrario y asegurar la corrección en el encuadramiento y en la afiliación de las mujeres en ese mismo régimen agrario.



Fíjese hasta qué punto se ha avanzado, señor Puigcercós, en concreto por lo que se refiere a su proposición de ley, que en su exposición de motivos habla usted de la equivalencia progresiva de los tipos y bases de cotización previstos en
cada caso y nos encontramos, señoría, con que, por lo que hace a los tipos, la equiparación ya es actualmente un hecho, ya son los mismos que en el régimen general. Por lo que hace a las bases, lo que usted propone es, sencillamente, de imposible
cumplimiento. Como es sabido, la ausencia del elemento salario de los trabajadores autónomos impide que, al contrario de lo que sucede con los trabajadores por cuenta ajena, tal elemento pueda tomarse como la referencia básica en la fijación de las
bases de cotización. Tan sencillo como eso.



Mi grupo defiende ese camino adecuado, progresivo, basado en estudios rigurosos y en la precisión de las repercusiones de las medidas adoptadas, que es el que nos parece más idóneo en una materia tan sensible como ésta. Preferimos
desarrollar, plena y prioritariamente, los compromisos suscritos en el marco del diálogo social porque seguimos pensando que favorecen a los ciudadanos y al equilibrio y sostenibilidad del sistema. Otros, señorías, abogan ahora por olvidar esos
avances y recurren a la caprichosa confrontación. Es su responsabilidad; la nuestra, desde luego, es seguir poniendo voluntad política y objetivos a desarrollar.



Desde el Bloque Nacionalista Galego, ustedes proponen, simple y llanamente, la completa homogeneización de prestaciones económicas entre regímenes, no aceptando excepciones o exclusiones de aplicación a los regímenes especiales. Eso va en
contra de las conclusiones y las recomendaciones del Pacto de Toledo, de la propia esencia de los acuerdos sociales y de los propios deseos de los colectivos, que piden y exigen que se tengan en cuenta las especificidades de cada uno de esos
colectivos. Ya hemos dicho que esa necesaria homogeneidad, en cumplimiento además de numerosos acuerdos de esta Cámara, ni puede ni es conveniente que sea absoluta. La convergencia final en dos grandes regímenes, uno por cuenta propia y uno por
cuenta ajena, habrá de contemplar necesariamente especificidades en muchos casos, por ejemplo, en el ámbito agrario. La equiparación absoluta, incondicionada y con carácter inmediato que se nos propone en alguna de las proposiciones de ley es
inasumible, va contra la voluntad de este Gobierno, de los agentes sociales y de los sectores afectados, como así nos lo han hecho ver en sus numerosas comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo. Este Gobierno se considera, señorías,
suficientemente comprometido con esa equiparación hasta donde sea posible, pero en los términos acordados por los grupos parlamentarios, los agentes económicos y sociales en el Pacto de Toledo. Hay suficientes iniciativas que abundan en esa
dirección y creemos, desde el Grupo Popular, que la aprobación de las medidas propuestas por el informe de la subcomisión del estatuto de la microempresa, el trabajador autónomo y el emprendedor, que tendremos la ocasión de debatir y aprobar el
próximo jueves en esta Cámara, constituye precisamente la línea acertada para seguir equiparando gradualmente la acción protectora del RETA y del régimen general.



Dispenso a SS.SS. de citarles las 14 propuestas de futuro por donde entendemos ha de discurrir la acción del Gobierno en esta materia: están publicadas y a su disposición. Algunas de ellas, como las contenidas en la reforma del desempleo
impulsada por este Gobierno, ya están en vigor y ya favorecen a los autónomos, por ejemplo, que las prestaciones por desempleo puedan ser utilizadas para cubrir cotizaciones sociales al iniciar una actividad por cuenta propia -por cierto, sin su
voto favorable- o la reducción de costes a la Seguridad Social durante los primeros años de actividad.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Burgos, le ruego vaya concluyendo.



El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo.



Señorías, creo que, en cumplimiento del mandato de esta Cámara, hemos de esperar a la aprobación de ese informe, a su enmarcación en las propias conclusiones que emitirá la Comisión del Pacto de Toledo.



Quiero referirme a un aspecto de gran relevancia de los contenidos en ese informe de la subcomisión: la cobertura de la incapacidad permanente a los autónomos


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a partir del cuarto día y hasta el decimoquinto, que será impulsada por este Gobierno y por este grupo parlamentario mediante un sistema voluntario de cotización.



Señorías, nuestro país tiene un sistema de protección social más sólido, más solvente, más equitativo y más solidario, donde empleo y protección van unidos, y además es un sistema capaz de resistir los embates de los que piensan que toda
situación pasada fue mejor o que una huelga vale más que mil palabras o que cien mil. Los autónomos pueden estar seguros de nuestros compromisos con sus demandas, con sus inquietudes, con sus reivindicaciones. Ellos son la clave y el objetivo del
pleno empleo.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Burgos, concluya ya.



El señor BURGOS GALLEGO: Voy finalizando, señora presidenta.



La preocupación fundamental de mi grupo es que los autónomos no sean dentro de 48 horas los principales perjudicados por una huelga general, tan perjudicial para sus intereses como para los intereses generales de España.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Burgos. Le ruego disculpe el error de la Presidencia al hacer el llamamiento, pero tenía mal tomada la referencia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)


La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a
la reforma del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, para introducir mejoras en las prestaciones de los regímenes especiales de la Seguridad Social.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 120; en contra, 160; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre equiparación de la situación de los trabajadores autónomos con la de los trabajadores que cotizan por el régimen
general.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 119; en contra, 159; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DERECHO A LA FORMACIÓN Y A LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.
(Número de expediente 122/000212.)


La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se desarrolla el derecho a la formación y a la empleabilidad de los trabajadores en la empresa.



Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Jáuregui. (Rumores.)


Señorías, estamos intentando continuar con el debate. Les ruego que las conversaciones, a ser posible, las mantengan fuera del hemiciclo.



Adelante, señor Jáuregui.



El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, la proposición que aportamos hoy a la Cámara hace referencia a un tema que tiene el máximo interés, más en el momento en que se encuentra el debate sociolaboral en España en las
vísperas de una tensión social cada vez más importante sobre el futuro de las relaciones laborales en nuestro país a propósito de la convocatoria de huelga para el próximo jueves. Pues bien, en ese contexto, señorías, la proposición de ley que les
planteamos hace referencia a la necesidad de incorporar a nuestro código laboral, a nuestro Estatuto de los Trabajadores, una nueva regulación de lo que llamamos el derecho a la formación profesional y la mejora de la empleabilidad. En realidad, la
propuesta recoge su sentido de una cuestión que está hoy contemplada en todo el mundo como una cuestión central en las relaciones laborales, cual es la de dotar a todos los trabajadores... (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Jáuregui, por favor.



Adelante.



El señor JÁUREGUI ATONDO: Como decía, señorías, la cuestión central es dotar a todos los trabajadores del llamado derecho individual a la formación permanente, lo que podríamos definir como permitir que cada trabajador, sea cual sea su
nivel profesional y su edad, pueda adquirir y renovar sus cualificaciones de manera permanente.



La cualificación profesional de un país se ha convertido en uno de los elementos capitales de su capacidad competitiva. Es una evidencia que gran parte de las decisiones de inversión de las empresas se deciden en función de cuál es
precisamente la capacitación profesional de sus empleados, de su población. Es evidente que en España se están acometiendo en los últimos


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tiempos reformas importantes en el carácter educativo de los alumnos y de los universitarios con las leyes de educación general y de educación universitaria, que están por otra parte sometidas a una gran controversia, pero déjenme que les
diga que España no camina bien en este reto de la capacitación, de la cualificación profesional de su población laboral. Les daré dos datos que lo definen: en primer lugar, las empresas en España gastan poco en formación de sus empleados, somos el
país número catorce de la Unión Europea en la estadística de gasto de cada empresa en esa materia, y en segundo lugar, es conocido el dato de que nuestra aportación en I+D es un gasto insuficiente y retrasado.



La cuestión es qué tenemos que hacer para que en nuestro país los trabajadores -no hablo ahora de los alumnos en la educación general, no hablo de los universitarios, sino de los que estamos trabajando- estemos en una recualificación
profesional permanente. En ese sentido, señorías, tengo que decirles que también nuestro país está retrasado en esa conexión entre formación profesional y tecnología, en la llamada educación permanente y el desarrollo curricular de todos los
ocupados. Si tuviéramos que diseñar un país modélico precisamente en esa tarea, yo les diría que España debería conseguir que todos los trabajadores, insisto, los ocupados, todos los que están trabajando, tuvieran una tarjeta individual de
cualificación profesional a la que fueran incorporando, como un doctor incorpora diplomas a las paredes de su despacho, en una filosofía y en una cultura de formación permanente, lo que podríamos llamar las mejoras de las cualificaciones que fuera
adquiriendo.



¿Por qué es tan importante este debate, señorías? En primer lugar, porque la revolución tecnológica lo exige. Se dice que estamos en la revolución tecnológica más importante de la historia de la humanidad, y seguramente así es porque la
combinación de la microelectrónica, de la informática, de las telecomunicaciones y de la biogenética constituyen una revolución tecnológica absolutamente imparable, en progresión geométrica, mucho más potente que la primera revolución industrial de
finales del XVIII, con la máquina de vapor, mucho más importante que la segunda revolución industrial de finales del XIX, con el motor eléctrico. Hoy todo está cambiando continuamente y hace falta que los trabajadores se adapten a esa revolución
tecnológica permanente y exponencial.



En segundo lugar, porque esa vieja concepción de la vida que teníamos de que nos formábamos de jóvenes, trabajábamos de maduros y descansábamos de viejos se ha terminado, porque hoy todos nos educamos, trabajamos y descansamos a la vez a lo
largo de toda nuestra vida. Por tanto, la incorporación de una formación permanente es una condición necesaria también para la forma en la que se concibe trabajo y vida.



Y en tercer lugar, porque de la capacidad que tenga cada trabajador para desarrollar varias profesiones, para tener lo que se llama ahora una mayor empleabilidad, dependerá su mayor o menor capacidad de ocupación.
Gran parte del problema
que tenemos con el paro, ahora que se debate otra vez este tema, es que la mayoría de nuestros trabajadores en paro tienen una baja cualificación profesional. Es el caso típico, por ejemplo, de muchas mujeres que nunca han trabajado y que no tienen
una experiencia laboral ni una cualificación adecuada. Por tanto, estamos hablando de que la cualificación profesional aumentará nuestra empleabilidad y, por consiguiente, la ocupabilidad de nuestros desempleados. La flexibilidad que tienen las
empresas con sus plantillas demanda que los trabajadores que puedan sufrir una rescisión por exigencias del mercado tengan una mayor capacitación de empleabilidad si previamente han ido mejorando su cualificación profesional. Que no nos pase como
ocurrió en los años ochenta, que expulsamos del mercado laboral a muchos trabajadores que trabajaban como simples especialistas en la siderurgia, en la construcción naval, etcétera, y que después se encontraron sin ninguna capacitación para volver
al trabajo.



Este debate ha tenido una enorme importancia. Por ejemplo, fíjense que curioso, en las elecciones francesas de hace unos meses -no en las legislativas, pero sí en las presidenciales- hubo un gran debate entre Jospin y Chirac respecto a un
doble modelo alternativo a esta cuestión que es básica en Francia. Jospin insistía en que hay que hacer una discriminación positiva dando más formación a los que han tenido menos durante su etapa escolar o universitaria. Chirac proponía una cuenta
formación que abonase el Estado, para que el empleador y el trabajador pudieran gestionar conjuntamente el desarrollo de ese proyecto curricular. Lo cierto es que en las políticas de empleo del primer y segundo pilar de la Unión Europea se
establece que la condición elemental para hacer frente a la voluble evolución de los mercados en las empresas es precisamente aumentar la empleabilidad de los trabajadores. Es un concepto muy moderno y en toda la tecnocracia europea se encuentra
absolutamente instalado el hecho de que hay que aumentar la formación de los trabajadores ocupados para darles más empleabilidad. Esto también lo dice el pilar segundo de las estrategias europeas cuando habla de la capacidad para adaptar el trabajo
a los trabajadores y a las empresas.



Pues bien, señorías, esta es una cuestión de gran importancia en todo el mundo occidental y, desde luego, en toda Europa, porque se ha llegado a decir que la capacidad de formación de los trabajadores es el factor clave de competitividad
dentro de los países occidentales o respecto de nuestras inferiores condiciones en costes de salarios sobre los países de menores costes salariales. Por tanto, si la formación es clave para poder competir, España no tiene una legislación
suficiente. Esta es la idea que preside nuestra proposición de ley. Nuestro Estatuto de los Trabajadores no reconoce el derecho a la formación como un derecho básico, no


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regula adecuadamente las condiciones que se derivan del derecho a la formación de los trabajadores y tampoco establece una regulación suficiente ni estimulante respecto a las responsabilidades de los empresarios y de los propios trabajadores
en relación al derecho a la formación y a la promoción profesional. Nuestro proyecto de ley quiere corregir esto. Por eso nuestra propuesta de ley, que tiene siete páginas de exposición de motivos, siete artículos y varias disposiciones
transitorias y adicionales, recoge, en primer lugar, en el frontispicio de esta propuesta, que los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores reconozcan como un derecho laboral básico de todos los trabajadores la formación y la promoción
profesional. Incluso en el artículo 5 se ha de reconocer como deber del trabajador su formación profesional, puesto que para poder contribuir a la mejora de la productividad de la empresa tiene que formarse y está obligado a formarse.
Incorporamos, pues, señorías, al derecho a la formación el deber de la mejora de su cualificación profesional, incorporamos una regulación mucho más concisa y mucho más expresa de las obligaciones empresariales para permitir y fomentar que el
trabajador pueda desarrollar su currículum profesional, que pueda proponerle al empresario aquello que quiere hacer y éste le facilite, en el desarrollo de acciones formativas, ese derecho a la formación.



Junto a esto, el proyecto de ley incorpora dos idea que me parecen capitales y con las que quiero terminar mi intervención. En primer lugar, la regulación de los planes de formación profesional. Pedimos a la empresa que elabore un plan de
formación profesional dentro de su propia empresa que establezca precisamente qué acciones de formación va a desarrollar, cómo va a cumplimentar los deseos de formación de los trabajadores, con qué medios, con qué recursos, con qué permisos, con qué
instrumentos, dentro de la fabrica, fuera de la fábrica, etcétera. Tiene como contenido el desarrollo de una idea que ha de presidir la formación profesional en las empresas a partir de esta ley, y es que cada empresa tiene que hacer un plan de
formación profesional, negociarlo con los sindicatos y ejecutarlo junto a ellos. En segundo lugar, la ley contempla los denominados fondos de empleabilidad. Los fondos de empleabilidad, en esta filosofía tan europea que antes les señalaba,
pretenden que las grandes empresas, por acuerdo de la negociación colectiva, tengan lo que llamaríamos un fondo económico que incorpora diversas aportaciones de las administraciones públicas, de los propios trabajadores, de la propia empresa, de la
Unión Europea, planes regionales, etcétera. Permite que esos fondos de empleabilidad se orienten a la gestión de los planes de formación profesional que antes he citado y además tienen como misión la búsqueda de un colchón amortiguador de los
ajustes de plantilla, de manera que si en una empresa hay un ajuste de plantilla obligado por razones de mercado, autorizado por la autoridad laboral, los trabajadores afectados tienen un fondo que les permite reubicarlos en empresas de alrededor o
que permite lo que llamaríamos una gestión de su tránsito hacia un nuevo empleo. De esta manera estamos gestionando una variable que, al fin y al cabo, está ya en el horizonte de todos los trabajadores, cual es que si su empresa tiene que reducir
su plantilla,pueda recolocarse con una empleabilidad mayor porque ha adquirido una formación profesional durante el tiempo anterior. Esto es lo que pretende la ley.



Señorías, termino. Es una ley necesaria, es una ley importante, la hemos elaborado con enorme rigor técnico, permitan la petulancia; creo que es una ley seriamente construida, con solvencia jurídica, que responde a los tiempos, que
demandan que se haga en España una ley de esta naturaleza; cubre una laguna importante que tiene nuestro país. Quizás solo tiene un defecto, y es que la ha presentado la oposición, pero no creo que sea un defecto suficiente como para que ustedes
la puedan rechazar.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.



¿Turno en contra? (Pausa.)


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.



Intervenimos desde Eusko Alkartasuna para fijar la posición en relación a esta proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que responde a cuestiones que son vitales en la época en la que vivimos. Efectivamente,
como señalaba el señor Jáuregui, estamos hablando de un momento en que la revolución tecnológica exige un alto grado de cualificación profesional de todos nosotros, independientemente de la tarea a la que nos dediquemos a lo largo de nuestra vida.
Digo a lo largo de nuestra vida porque estamos en la llamada era del aprendizaje permanente, donde probablemente nos tengamos que reciclar todos constantemente para alcanzar los retos a que nos lleva la sociedad actual y la futura. Esto resulta
bastante complicado y requiere un cambio de mentalidad, requiere que todos pongamos de nuestra parte, tanto las propias empresas como los trabajadores, para hacer frente a ese aprendizaje permanente. Esta reflexión nos parece interesante; es
posible que haya cuestiones que puedan ser mejoradas, que puedan estudiarse para ver las ventajas e inconvenientes. Es decir, es una reflexión suficientemente relevante como para tomarla en consideración y hacer ese debate. Además, dentro de la
propia proposición hay elementos muy positivos, como es que el trabajador pueda pedir reciclarse en la empresa o que se tenga en cuenta, cuando se produje la adjudicación de determinado puesto de trabajo, que ese trabajador


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conoce o está suficientemente formado, por ejemplo, en materia de riesgos laborales, que ahora es una cuestión que no tiene la relevancia que debiera tener. Otro aspecto positivo es el hincapié que se hace en el aprendizaje permanente, en
que se garantice el aprendizaje permanente, o la referencia a las personas que tienen más riesgo de perder su puesto de trabajo por no tener la necesaria cualificación profesional, los trabajadores de más edad. Por otra parte, esta proposición no
establece diferentes categorías, lo que garantiza los derechos de todos los trabajadores.



En definitiva, nos parece un elemento a analizar, que será interesante participar en ese debate, sin perjuicio de que a lo largo del mismo -por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración- veamos que hay cosas que se pueden
mejorar, que hay elementos que no son todo lo positivos que parecen en un primer momento o qué dificultades puede encontrar llevar a la práctica esta iniciativa. En todo caso, vamos a votar a favor, entendiendo que es uno de los retos que tiene la
sociedad actual.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.



¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)


¿Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, al contemplar esta proposición deben enfatizarse las vinculaciones entre la formación profesional y muchos otros institutos de derecho del trabajo, como los derechos humanos básicos del trabajador, el contrato individual de
trabajo, el puesto de trabajo, los cambios en las tareas asignadas, el tiempo de trabajo y de descanso, la suspensión del contrato y el despido, la negociación colectiva y los pactos sociales y acuerdos marco. Es conocido que el reconocimiento de
la oportunidad, a la vez que la necesidad de formación de los trabajadores, ha sido una cuestión relegada a un segundo plano, tanto en el derecho laboral interno español como lo fue durante largos años en el comunitario.



Asimismo, se ha detectado la dificultad que el derecho a la formación de los trabajadores tiene para incorporarse al contrato de trabajo, es decir, para considerar el referido derecho como uno más de los elementos inherentes a la relación de
trabajo ordinaria y, consecuentemente, como objeto de singulares obligaciones contractuales del empresario y el trabajador. Este intrincado anclaje de la formación de los trabajadores en el seno de las empresas también se ha visto complicado, tanto
por el silencio que hasta hace escaso tiempo guardaban los convenios colectivos sobre tal cuestión como por alguna sentencia del Tribunal Constitucional que, frente al derecho fundamental de la educación, diera preferencia al poder de la
organización empresarial. Tal panorama ha sufrido un cambio importante en España a partir de los diferentes acuerdos estatales y autonómicos sobre formación continua resultantes de la concertación social. Estos acuerdo han servido, sin duda, para
sentar unas bases sólidas a fin de que los trabajadores puedan ejercitar real y efectivamente su derecho a la formación, sin querer ocultar con ello que todavía restan cuestiones importantes pendientes de solución o de mejora.



Nuestra idea para conceptualizar la formación profesional de los trabajadores y posteriormente configurar jurídicamente el derecho correspondiente, es decir, el derecho de los trabajadores a la formación profesional, es, en primer lugar, no
reducir el derecho a la formación estrictamente relacionada con el puesto de trabajo o profesión, sino ampliarlo hasta la formación cultural, social y personal del trabajador, provocando así que el derecho a la formación se relacione directamente
con el derecho constitucional a la educación fundamentalmente.



En segundo lugar debemos analizar la contractualización del derecho a la formación de los trabajadores considerando con detalle la incidencia que dicho derecho tiene en cada una de las fases del ciclo vital del contrato de trabajo, desde la
fase previa de colocación hasta la extinción contractual. En este contexto es evidente lo difícil que resulta en la práctica compaginar la contratación de duración determinada con la formación de los trabajadores así contratados. Debemos constatar
el desequilibrio que existe entre el poder de la organización empresarial y el ejercicio del derecho a la formación y señalar que la formación debida a los trabajadores contratados mediante empresas de trabajo temporal es una cuestión susceptible de
necesaria mejora. Debemos señalar asimismo que las últimas reformas legales en punto a la regulación de tales empresas no han representado mejora alguna al respecto, sino que, al contrario, han introducido mas dudas sobre la cuestión.



La tercera cuestión que debe considerarse es la negociación colectiva en cuanto a la formación profesional del trabajador. La concertación social, de la que devienen, entre otros, los acuerdos de formación continua tanto estatales como
autonómicos, configuran un nuevo marco del derecho a la formación profesional de los trabajadores. Debe señalarse la importancia que tiene la implantación del denominado permiso individual de formación profesional retribuido, que, suspendiendo el
contrato de trabajo, permite al trabajador asalariado cursar estudios de muy diferente condición sin que por ello mermen sus derechos de protección social. Debemos plantearnos igualmente que respecto a la participación de la empresa en materia de
formación profesional, de acuerdo con las aportaciones realizadas por los acuerdos de formación continua, estos acuerdos no


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ofrecen un marco mucho más amplio que el establecido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, salvo en lo que se refiere al derecho de información y consulta en las instancias de participación de los trabajadores en las empresas. En
general, los convenios colectivos estatales sectoriales no ofrecen una regulación detallada de los derechos de formación del trabajador, mientras que en los convenios de empresa es habitual que se incluyan cláusulas sobre formación. Especial
interés pueden tener las garantías que se establezcan para garantizar la carrera profesional del trabajador insertando el derecho a la formación en las diversas regulaciones laborales, ya que, como se ha señalado, existe una incidencia directa de la
formación en todo el ciclo de vida de un contrato de trabajo.



Esta proposición impulsa una nueva regulación que camina en la dirección de corregir las cuestiones apuntadas, aunque no las aborde completamente.
En este sentido, toda medida que tienda a garantizar la adaptabilidad y empleabilidad de los
trabajadores a través de la formación frente a la amplia disponibilidad empresarial de mecanismos y adopción merece ser apoyada, y así lo hará en este caso el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.



Nada más. Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.



Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.



El señor GRAU BULDÚ: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) para informar de la posición negativa de nuestro grupo respecto a esta proposición de ley y manifestar que no vamos a tomar
posición en contra en razón de su contenido, ya que en el fondo estamos de acuerdo, sino por otras razones.



La aplicación del principio de economía legislativa aconseja no tener vivas varias iniciativas legislativas que versen sobre los mismos extremos. Por ello entendemos que los extremos que trata esta proposición de ley podrán debatirse en la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley que proviene del Real Decreto-ley 5/2002, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección para la desocupación y mejora de la ocupabilidad. Por ello, los diputados del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) votamos a favor de la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley a fin de que todos los grupos parlamentarios y los interlocutores sociales puedan plantear las mejoras que consideren necesarias. En este extremo,
para Convergència i Unió todo intento de vincular en mayor medida las políticas activas de ocupación con las políticas pasivas es un hecho positivo. Relacionar las prestaciones por desocupación con el asesoramiento y la formación así como facilitar
ofertas de trabajo de forma personalizada son buenas políticas para que encuentren trabajo las personas paradas, especialmente cuando se priorizan aquellos colectivos que tienen más dificultades.



Las medidas tendentes a incentivar la formación de los trabajadores, y de forma especial la de los autónomos, es una de las prioridades de nuestro grupo, y a pesar de poder estar conformes en general con la filosofía de la proposición de ley
que se presenta hoy por el Grupo Socialista para su aprobación, en el momento actual debemos tener en cuenta que se halla en trámite parlamentario el citado real decreto-ley y que está a la vista el proyecto de ley básica de empleo. Consideramos,
pues, que estos aspectos deben ser tratados de forma unitaria por economía legislativa y por seguridad jurídica.



Cabe decir respecto a los trabajadores autónomos que su formación ya ha sido objeto de atención por parte de nuestro grupo parlamentario a través de conclusiones de la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador
autónomo y del emprendedor. Nuestro grupo ya ha hecho propuestas para mejorar el acceso a la formación de emprendedores mediante la implementación de programas a nivel local en colaboración con las asociaciones profesionales y con las cámaras de
comercio. Las personas que desean iniciar un proyecto empresarial de nueva creación difícilmente dispondrán de los conocimientos necesarios para realizar la gestión y la dirección del proyecto de nueva creación.
Por ello, en aras de la promoción
del autoempleo, particularmente de aquellos colectivos especialmente desfavorecidos, debe posibilitarse la celebración de convenios para la realización de acciones formativas, preferiblemente a nivel local, a través de la colaboración de los
servicios públicos de empleo, de las asociaciones profesionales y las cámaras de comercio, entre otras instituciones. También hemos propuesto fomentar el acceso a la formación empresarial de todos aquellos colectivos que desean impulsar un proyecto
de autoocupación empresarial o profesional. De esta forma, en el informe de conclusiones finalmente aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda, que votaremos este jueves en el Pleno, se ha incluido instar al Gobierno a incorporar en los
distintos niveles educativos módulos formativos que estimulen el espíritu emprendedor y las vocaciones empresariales y que permitan a los estudiantes adquirir las nociones básicas sobre el proceso necesario para crear una empresa y para analizar la
viabilidad de proyectos empresariales. Al mismo tiempo, consideramos importante seguir impulsando el fomento del estudio de idiomas por la importancia que su conocimiento tiene en orden a la internacionalización de los proyectos empresariales de
las microempresas. También hemos aprobado instar al Gobierno a seguir impulsando la conexión de los estudios de formación profesional y los estudios universitarios de carácter medio superior con el entorno empresarial, al objeto de potenciar la
interacción en el sistema educativo con las pymes y las microempresas


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en su entorno, y así complementar las necesidades formativas. Se insta también al Gobierno a continuar mejorando el acceso a la formación de emprendedores mediante la implantación de programas en colaboración con asociaciones profesionales,
cámaras de comercio y servicios públicos de empleo, entre otras instituciones. También se insta al Gobierno a mejorar la calidad de la enseñanza empresarial mediante la formación permanente de formadores y la utilización de nuevas tecnologías de la
información.
Se insta también al Gobierno a continuar impulsando políticas de apoyo a los viveros de empresas incubadoras como un instrumento para evitar la tasa de mortalidad empresarial e invertida. Se insta finalmente al Gobierno a continuar
impulsando la formación continua de los pequeños empresarios autónomos.



Por todo lo anterior, y como entendemos cubiertas las propuestas del Grupo Socialista, no en la forma exacta de su proposición sino en el contenido e intención de la misma, votaremos en contra de la proposición de ley, en la confianza de que
el debate sobre formación tenga muy pronto lugar en esta Cámara.



Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.



Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Corres.



La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.



Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la posición de mi grupo respecto a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista en relación con la formación y empleabilidad de los trabajadores en la
empresas.



Quisiera comenzar señalando que efectivamente compartimos con el grupo proponente la sensación de que las permanentes transformaciones, tanto económicas como tecnológicas, así como los cambios en las estructuras de las organizaciones
empresariales han ido influyendo paulatinamente en la cualificación profesional de los trabajadores, lo cual ha puesto a su vez de manifiesto nuevas necesidades como la de contar con recursos humanos cualificados y en permanente actualización para
poder así contribuir a la generación y al mantenimiento de un empleo de calidad. En esta línea, si consideramos que la formación profesional es una parte fundamental de las políticas activas de empleo, se hace necesario promover todas aquellas
medidas que favorezcan el diálogo social en este ámbito. Por ello existe en nuestro país tanta normativa para garantizar la promoción y la formación profesional de los trabajadores, con el fin de dotar de una mayor estabilidad al empleo. Pero para
demostrar que se han ido dando pasos importantes en este tema, pasaré a comentar algunos de los más destacados.



Ya en 1986, a través de la Ley 1/1986, de 7 de enero, por la que se creó el Consejo General de Formación Profesional, se dieron pasos importantes.
Su reciente reforma para dar entrada también a los representantes de las comunidades
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla es una prueba de estos pasos. Con esta reforma se ha logrado que el nuevo consejo sea un órgano consultivo de carácter tripartito en el que participen no sólo las organizaciones empresariales y
sindicales, sino también las administraciones públicas. El 19 de diciembre de 1996, el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales, CEOE, CEPYME, UGT y Comisiones Obreras, suscribieron un acuerdo de bases sobre política de formación
profesional y otro acuerdo tripartito sobre formación profesional.



Con el objetivo fundamental de dar respuesta a las demandas de mercado de trabajo y promover nuevas oportunidades de empleo, el Partido Popular incluyó en su programa electoral, y como una de sus prioridades fundamentales, la formación
profesional. Por ello, el Ministerio de Trabajo y el de Educación, Cultura y Deporte se pusieron manos a la obra y constituyeron la mesa para la negociación de la formación profesional, en la que se marcarían las directrices en esta materia. En el
programa nacional de formación profesional, elaborado por el propio consejo y aprobado por el Gobierno del Partido Popular el 13 de marzo de 1998, se consideró también oportuna la creación de un órgano de apoyo al propio consejo y se puso con ello
en marcha el Instituto Nacional de las Cualificaciones.



La cumbre extraordinaria de Luxemburgo dio también un giro sustancial en la orientación de las políticas de empleo, incluyendo como pilares básicos mejorar la capacidad de inserción profesional y fomentar la capacidad de adaptación de las
empresas y sus trabajadores. Siguiendo estos criterios de la cumbre de Luxemburgo, se aprobó en nuestro país el Plan nacional de acción para el empleo del Reino de España, plan que incluye, como no podía ser de otra manera, medidas para conseguir
más empleo y de más calidad, fomentar la empleabilidad e incrementar las políticas activas de empleo.



En diciembre del año 2000, el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales firmaron el tercer acuerdo nacional y tripartito de formación continua, vigente hoy porque tiene duración de cuatro años. El Gobierno creó también el 1
de junio de 2001 la fundación tripartita para la formación en el empleo, fundación que tiene representación tanto de Gobierno como de empresarios y sindicatos y que tiene entre sus principales funciones la de impulsar y difundir entre los
empresarios y los trabajadores el subsistema de formación continua y asignar recursos para poner en marcha los programas necesarios para cumplir tales objetivos. Finalmente, el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea celebrado el mes
de mayo pasado ha estudiado también iniciativas para mejorar la formación profesional y ha aprobado una resolución sobre el


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aprendizaje permanente como instrumento para mejorar la promoción laboral de los trabajadores. Convendría también recordar que el pasado 4 de junio quedó aprobada en el Senado la Ley de cualificaciones y formación profesional, a través de
la cual se integran los tres subsistemas de formación y con la que se pretende la obtención de objetivos comunes, como los que el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado; ley que lamentablemente no contó con el apoyo del grupo parlamentario
proponente de la proposición que hoy debatimos. Desde el Grupo Parlamentario Popular, así como desde el Gobierno, existe una verdadera voluntad por encauzar de la mejor manera la formación de los trabajadores en el seno de las empresas. Otro
ejemplo de ello es el proyecto de ley recientemente presentado de medidas urgentes para la reforma de las prestaciones por desempleo, que incluye medidas dirigidas a fomentar la formación y la mejora de la empleabilidad de los trabajadores.



De todo lo dicho hasta ahora podemos concluir que el concepto de formación profesional ha cambiado. Hoy en día se trata de conseguir una formación permanente a lo largo de la vida laboral, y en esa línea es en la que está trabajando el
Gobierno del Partido Popular.



Pasaré ahora a analizar algunas de las supuestas aportaciones del proyecto de ley que se ha presentado. En primer lugar, respecto a la propuesta de introducir como obligación para el empresario la de programar y financiar anualmente
acciones formativas y, en el caso de las empresas de más de 50 trabajadores, realizar un plan de trabajo de formación profesional, mi grupo entiende que resulta más adecuada la normativa actual ya que plantea la formación en el trabajo como una
opción de la empresa y un derecho del trabajador, que puede solicitar un permiso de formación remunerado, según consta en el III Acuerdo nacional de formación continua, firmado, como he señalado anteriormente, por empresarios, sindicatos y Gobierno.
En segundo lugar, la normativa actual ya recoge bastantes de los aspectos que se plantean en la proposición de ley del Partido Socialista. Respecto a la inclusión de los conocimientos adquiridos a través de la formación profesional entre los
factores de definición de la clasificación profesional, el artículo 22.1 del Estatuto de los Trabajadores dice textualmente que se entenderá por grupo profesional el que agrupe las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la
prestación. Por lo que se refiere al establecimiento del derecho de los trabajadores a desarrollar acciones formativas para promocionar y mantener su empleabilidad, el III Acuerdo nacional de formación continua establece que la misma debe servir
para adaptarse permanentemente a la evolución de las profesiones y los contenidos de los puestos de trabajo, para promocionar socialmente y también para estar prevenido a la hora de superar las posibles dificultades de las empresas en proceso de
reestructuración económica o tecnológica. Respecto a la prohibición del empresario para ordenar realizar actividades laborales distintas a las convenidas y sin comprobar que el trabajador haya adquirido la formación adecuada ni establecer las
condiciones económicas derivadas de tal formación, el artículo 39.1 del Estatuto de los Trabajadores apunta como limitación para la movilidad funcional en la empresa la pertenencia al grupo profesional. Si no existiese tal grupo, habría que acudir
a las categorías profesionales equivalentes. El artículo 39.2 del Estatuto de los Trabajadores establece también que la movilidad funcional para realizar acciones no pertenecientes al grupo o categoría profesional equivalente sólo podrá llevarse a
cabo cuando se den unas circunstancias técnicas u organizativas muy determinadas y siempre por un tiempo imprescindible, pero esa movilidad funcional se hará siempre sin perjuicio de la formación y promoción remunerada para el trabajador, según las
funciones que desarrolle. En relación con la obligación del empresario de comprobar la adecuada formación del trabajador en materia de riesgos laborales, el artículo 19 de la Ley de prevención de riesgos laborales recoge tal cuestión. El artículo
23 del Estatuto de los Trabajadores recoge también los permisos de formación, de concurrencia y de elección de turno de trabajo cuando cursen estudios aquellos trabajadores que lo deseen. Por último, el artículo 24.1 del Estatuto de los
Trabajadores establece que los ascensos en la clasificación profesional se darán siempre teniendo en cuenta la formación, los méritos, la antigüedad de los trabajadores, etcétera.



En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que el actual sistema de formación continua es adecuado y suficiente para garantizar tanto la formación como la promoción de los trabajadores en la empresa y para procurar su
empleabilidad, al mismo tiempo que se garantiza la competitividad de las empresas. Por lo tanto, por entender que ya existe un marco normativo suficiente que regula tanto el derecho a la formación del trabajador como la empleabilidad del mismo, por
creer asimismo que la iniciativa presentada no aporta nada nuevo en esta materia ni en materia de prevención de riesgos laborales y por la sorpresa que nos produce, máxime en el momento en que nos hallamos, que a través de la proposición de ley se
quiera trasladar a una regulación legal lo que a nuestro juicio no debería traspasar el ámbito de la negociación colectiva, es por lo que mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, votará en contra de la proposición de ley presentada ante esta
Cámara.



Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Corres.



Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se desarrolla el derecho a la formación y a la empleabilidad de los trabajadores en las empresas.



Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 103; en contra, 175.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 162/000351.)


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE CONTROL DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE KIOTO. (Número de expediente 162/000355.- PROCEDENTE DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN. (Número de expediente
161/000910.)


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A UNA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente 162/000457.)


La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático.



Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora De Lara. Esta iniciativa se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre control del cambio climático y ratificación del
Protocolo de Kioto, así como con la del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático.



Adelante, señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.



Señorías, ha transcurrido poco más de un mes desde que en España finalizó el proceso de ratificación nacional del Protocolo de Kioto, tratado internacional que, como bien saben SS.SS., pretende frenar el progresivo calentamiento del planeta.
Y han transcurrido apenas unos días desde que la imagen del ministro español de Medio Ambiente, Jaume Matas, en su condición de representante de sus colegas de la Unión Europea, procediendo en la sede de Naciones Unidas a la ratificación conjunta
del citado protocolo, culmina un largo esfuerzo europeo precisamente durante la presidencia española, que tuvo su inicio en la cumbre de Río hace diez años.



Permítanme, señorías, que manifieste la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular porque el gran reto medioambiental de la presidencia española, la ratificación conjunta de la Unión Europea, se ha cumplido y podremos acudir a la cumbre de
Johannesburgo con el protocolo en vigor. En varias ocasiones, y desde esta tribuna, los grupos de la oposición habían solicitado, en mi opinión de manera demagógica, esa ratificación. Se había solicitado antes de que en La Haya, en Bonn y en
Marrakech las conferencias de las partes definieran los mecanismos de flexibilidad y se adoptaran unos acuerdos que permitieran que la mayoría de los países, con algunas excepciones importantes, decidieran las reglas del juego. Es ahora cuando se
ha podido proceder a la ratificación. En este contexto, lo importante es que el compromiso de reducción de los niveles de contaminación va a ser una norma de obligado cumplimiento para cualquier Gobierno, sea del color político que sea. El Grupo
Parlamentario Popular presenta hoy esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a elaborar y presentar, en el plazo máximo de un año, la estrategia española contra el cambio climático, fruto del consenso y del diálogo entre las
distintas administraciones y agentes implicados. Como conocen SS.SS., la elaboración de esa estrategia es tarea que compete al Consejo Nacional del Clima, cuya composición y funciones fueron modificados por el Ministerio de Medio Ambiente para
permitir la participación de las comunidades autónomas, las entidades locales y las organizaciones económicas, sociales y sindicales. El consejo se constituyó el 29 de abril y la próxima semana se reúne la comisión permanente. Solicitar, como
hacía la propuesta socialista, que el Gobierno remita esa estrategia con carácter inmediato supone, cuando menos, una frivolidad impropia de un partido que aspira a ser alternativa de Gobierno, aunque desgraciadamente, señorías socialistas, y
ciñéndonos al ámbito medioambiental, que es el que hoy nos ocupa, estamos ya acostumbrados a sus frivolidades y a sus demagogias. Tampoco vamos a apoyar la autoenmienda que ha hecho el Partido Socialista al reconocer la frivolidad cometida, ya que
insiste no sólo en un plazo de seis meses, que posiblemente sea demasiado escaso, sino en la presencia del consejo asesor, algo que nosotros creemos innecesario porque, como he dicho, en el Consejo Nacional del Clima están representadas todas las
administraciones y sectores implicados.



Señor Saura, tampoco compartimos su idea de que somos nosotros los que debemos indicar al Consejo Nacional del Clima cuáles deben ser los objetivos a incluir en la futura estrategia. Dejemos que sean los sectores que están en el Consejo
Nacional del Clima, las distintas administraciones allí representadas, las que decidan cuáles deben ser las medidas que hay que tomar, porque estamos hablando de un tema muy serio que va a modificar la política energética española, la política de
transportes, la política medioambiental, asunto en el cual no podemos entrar en demagogias. Vamos a aceptar la enmienda de Convergència i Unió, que propone pequeñas modificaciones, como que nuestro texto indique que sea en el plazo más breve
posible; pretende aclarar, aunque


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ya lo decía el texto inicial, que intervengan las administraciones implicadas y hace una aclaración a las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo con sus modificaciones y las incluimos en nuestro texto.



Se ha dicho, y es cierto, que España se desvía en la actualidad de sus compromisos de limitar el incremento de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no es menos cierto que los datos que se manejan se refieren a
emisiones brutas, a las que lógicamente hay que descontar el efecto sumidero de nuestros bosques y la aplicación de los mecanismos de flexibilidad que se establecieron. No obstante, ello no debe servirnos de excusa y España debe realizar un mayor
esfuerzo en la aplicación de medidas para combatir el problema del cambio climático desde todos los ámbitos. Pese a ello, conviene hacer dos aclaraciones importantes: primera, el incremento de emisiones va íntimamente ligado al crecimiento
económico y en los últimos años España ha experimentado un crecimiento económico superior al de la media europea. El producto interior bruto ha crecido un 4 por ciento en los últimos años. Las actuaciones deben ir destinadas a frenar el
crecimiento de las emisiones y a garantizar el desarrollo económico para seguir creciendo, pero de una manera mejor.



Segundo, en el caso de España, y dado el carácter autonómico de nuestra forma de Estado, la gestión de las políticas medioambientales está totalmente transferida a las comunidades autónomas y no debemos eludir, desde la realidad, el hecho de
que la existencia de no pocos ámbitos de decisión política hace compleja la respuesta al problema. Además de todas las medidas que el Gobierno tiene la responsabilidad de llevar a cabo, es necesaria la colaboración y la acción de todas las
comunidades autónomas y de todos los sectores sociales. Es precisa la colaboración de cada uno de nosotros para combatir el problema ambiental más grave de este siglo y proteger la salud del planeta. Ni es justo ni cierto decir, como han
proclamado algunos grupos políticos, que el Gobierno no ha hecho nada.
Muchas son las medidas y actuaciones que se han iniciado tendentes a disminuir nuestras emisiones que, indudablemente, empezarán en breve a dar sus frutos. Tal es el caso de la
puesta en marcha del Plan de Energías Renovables, que pretende que en el año 2010 el 12 por ciento de la energía primaria sea de fuentes renovables. Seguro que SS.SS. conocen que somos la segunda potencia en Europa en energía eólica, después de
Alemania, con tecnología y fabricación propia. Y también conocen SS.SS.
cómo se está incentivando la biomasa en su doble vertiente de biomasa residual y cultivos energéticos. Tal es el caso de la apuesta decidida por las centrales de ciclo
combinado, renovando las centrales térmicas más obsoletas y contaminantes, lo que significará, a su vez, la disminución del 10 por ciento de las emisiones. Seguro que SS.SS. conocen el dato de que los únicos países de la Unión Europea que han
reducido sus emisiones son el Reino Unido y Alemania, y las han reducido apostando por las centrales de ciclo combinado. Tal es el caso de la apuesta decidida por las infraestructuras ferroviarias, por los combustibles menos contaminantes, por el
transporte público. Tal es el caso de la ley aprobada recientemente en esta Cámara sobre el control integrado de la contaminación, cuya aplicación, como conocen SS.SS., mejorará la calidad de las aguas, la calidad del suelo y reducirá sensiblemente
las emisiones de dióxido de carbono. Se calcula que dejarán de emitirse 12 millones de toneladas a la atmósfera. Tal es el caso de la aplicación del Plan Nacional de Residuos en las distintas comunidades autónomas, que implicará la disminución de
las emisiones de metano, otro de los gases de efecto invernadero, o el Plan Forestal Nacional, que se está consensuando con las comunidades autónomas, que prevé plantar 5.000 millones de árboles en los próximos años y que permitirá a España
descontar de sus emisiones un total de 55 millones de toneladas de dióxido de carbono.



Señorías, desde una postura seria y rigurosa, ¿alguien puede decir que el Gobierno de José María Aznar no ha hecho una clara apuesta por el medio ambiente? ¿Alguien puede negar los esfuerzos emprendidos para frenar el crecimiento de las
emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Alguien puede olvidar que la gestión del medio ambiente está transferida a las comunidades autónomas y son ellas las responsables de la gestión y del cumplimiento? ¿Alguien puede creer que sin la
colaboración de todos los ciudadanos, sin que nos sintamos todos a la vez parte del problema y de la solución, podremos afrontar el reto planteado con garantía de éxito?


Termino solicitando su voto positivo a nuestra proposición no de ley. El esfuerzo debe entenderse como un camino que, como apuntó bellamente el poeta, se va haciendo al andar. Y en la defensa del medio ambiente, no permanecer inmóviles, no
dar pasos atrás sino adelante, supone nada menos que ganar el futuro. Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.



Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna a defender esta proposición no de ley en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds.



El cambio climático se ha convertido, con justicia, en una de las preocupaciones ambientales más acuciantes para el conjunto del planeta.
Los esfuerzos internacionales han sido importantes, a la par que decepcionantes. En efecto, la
actitud de algunos Estados clave está viniendo a dificultar la formulación de políticas fuertes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El papel jugado por la Federación Rusa,


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quien aún no ha ratificado el protocolo, Japón y los Estados Unidos ha diluido el rigor de las medidas a adoptar, está aplazando su implementación o directamente la está obstaculizando. La Unión Europea, por su parte, ha asumido un papel
importante y de liderazgo internacional respecto del cambio climático. A ella debemos la existencia del Protocolo de Kioto y el mantenimiento del impulso político. La Unión Europea se ha comprometido, pues, en buena lógica, a efectuar reducciones
de emisiones con un mayor grado de ambición desde el punto de vista cuantitativo.
Algunos Estados comunitarios, como es el caso de Alemania, se han propuesto reducciones incluso de mayor calado de las inicialmente previstas y sin recurrir al
prehistórico recurso de la energía nuclear, como propone la comisaria Loyola de Palacio y el propio lobby nuclear.
Durante este primer semestre del año 2002, en el cual España ha ejercido la presidencia de turno de la Unión, los países comunitarios
han procedido a ratificar el protocolo con miras a dotarlo de mayor impulso político en el camino hacia Johannesburgo.



España no cuenta, sin embargo, con políticas activas en este campo. Las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido en más de un 30 por ciento desde 1990, lo cual supone rebasar en más del doble el límite establecido para el primer
periodo de cumplimiento, esto es, 2008-2012.
Por el momento, la iniciativa impulsada por el Gobierno se reduce a la negociación con las empresas de un marco legal que permita el establecimiento de un mercado de emisiones; negociación que parece
apuntar a un mercado ampliamente desregulado. Por otro lado, a la falta de política sobre cambio climático hay que añadir algunos desarrollos legislativos que, como la Ley del Suelo, incentivan la urbanización difusa y, por tanto, la utilización
del transporte privado, auténtica piedra de toque de la reducción de emisiones de efecto invernadero. En estos momentos, España está incumpliendo de manera más que evidente el Protocolo de Kioto. Lo incumple en lo relativo a los límites
cuantitativos a las emisiones, pero también en lo tocante al principio de suplementariedad, que prevé que los llamados mecanismos de flexibilidad sean de utilización suplementaria a las otras medidas de reducción de emisiones. El Gobierno debería
impulsar políticas contra el cambio climático que incluyeran el refuerzo de los elementos de planificación territorial y urbanística en manos de ayuntamientos y comunidades autónomas, el ahorro energético, el fomento de transportes colectivos y el
cambio en las fuentes de energía primaria, incentivando las energías renovables.



Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.



Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático, tiene la palabra el señor Sabaté.



El señor SABATÉ IBARZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la política de medio ambiente de este Gobierno se podría resumir en un refrán de la lengua del señor ministro, que es la mía, que dice: Qui dia passa, ane empeny, cuya
traducción literal sería: Quien día pasa, año empuja. Si vamos al sentido de la frase, la traducción más adecuada vendría a ser: Si pasas los días sin hacer nada, tampoco pasa nada.



Para no remontarnos más atrás -y podríamos hacerlo-, el 20 de septiembre de 2000, ya casi hace dos años, en la Comisión de Medio Ambiente se aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a la elaboración, durante el
primer semestre del año 2001, del plan de acción sobre el cambio climático, al objeto de garantizar el cumplimiento de los compromisos de Kioto sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Y fue la tarde y la mañana del primer día, y del
segundo, como dice el Génesis, con la diferencia de que aquí los días se convirtieron en años y el Gobierno no hizo nada, creyendo acaso que tampoco nada sucedería. Señora presidenta, no ha sido así. Aquí, en unos años de crecimiento económico más
propicios para establecer medidas de reducción de gases de efecto invernadero, para armonizar el desarrollo económico con el ecológico, ha perdido el Gobierno un tiempo precioso. El Gobierno ensalza la firma del Protocolo de Kioto y su grupo
parlamentario, también, obviamente. El Protocolo de Kioto era un compromiso reiterado en las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken, es decir, de una presidencia y de un Consejo anterior. Mientras tanto, la dinámica del incremento del nivel de
emisiones de gases de efecto invernadero en España ha resultado espectacular. Según los últimos datos oficiales, en el año 2000 dicho nivel superaba en un 33 por ciento al correspondiente al del año 1990, colocando a nuestro país en la peor
situación dentro de la Unión Europea en cuanto a la distancia existente entre la situación actual y el horizonte asumido al aceptar los compromisos del Protocolo de Kioto. Mientras tanto, la política ambiental comunitaria no ha formado parte de las
seis prioridades establecidas por el programa de la presidencia española de la Unión Europea. Y mientras tanto también, la elaboración durante el primer semestre del año 2001 del plan de acción sobre el cambio climático al que he hecho referencia
anteriormente, y a la que comprometió también el Grupo Popular, duerme el sueño de los justos.



Con este bagaje, ¿cómo se va a presentar el Gobierno al Consejo Europeo de Sevilla?. Estos días causa sonrojo leer declaraciones gubernamentales como: La presidencia española de la Unión Europea afirma que los 15 pueden desempeñar un
verdadero papel de liderazgo en la próxima cumbre de Johannesburgo, organizada por la ONU. Pues bien, escuchen ustedes a todas


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las organizaciones, a las más sensibilizadas por estos temas. Greenpeace ya les ha dicho que van a quedar en evidencia en Sevilla. Cito textualmente: Bajo la presidencia española la Unión Europea está perdiendo liderazgo en cuestiones
ambientales. No hay sobre la mesa objetivos ni calendarios ni indicadores concretos. Y añade: Las relaciones con el ministerio están rotas por el profundo desprecio de este departamento hacia la participación social. Porque ésta es otra, si la
participación social es indiscutible en algún ámbito de la política, es decir, en el gobierno de las cosas comunes, es en medio ambiente porque sin esa participación ni se elaboran estrategias adecuadas, ni luego se pueden llevar a cabo. Y es que
desde 1997, año en el que el Gobierno se cargó el Consejo Asesor de Medio Ambiente, cinco años ya, el Gobierno desprecia la participación. Cuando se le pregunta sobre ello, habla de contactos bilaterales, de contactos con las comunidades autónomas
y dice que está en revisión; cinco años para una revisión.
Mientras tanto, el Gobierno tiene a todos los grupos y organizaciones más sensibilizadas por este problema del cambio climático, uno de los mayores de la humanidad, que ya no saben qué
hacer ni qué decir. Denuncian los graves incumplimientos, el escaso interés por adoptar una política sostenible de acuerdo con los compromisos internacionales y recuerdan que hace un año se comprometieron a tener elaborado el documento final del
plan de desarrollo sostenible antes del fin de la presidencia española y de la conferencia de Johannesburgo, pero, a fecha de hoy, no hay nada.
Ellos han cumplido sus deberes, como lo hicimos nosotros los socialistas desde la oposición hace más de
un mes cuando presentamos nuestra alternativa sin que el ministerio la haya dado por recibida.



Nuestra proposición no de ley insta al Gobierno a remitir con carácter inmediato la estrategia de lucha española contra el cambio climático. No podía ser de otra manera. Ni frivolidad ni demagogia. Recuerdo una vez más, que ustedes,
señoras y señores del P.P., solicitaron al Gobierno, como el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, que el plan de acción sobre el cambio climático estuviera elaborado durante el primer semestre de 2001 y ahora se desdicen y lo prolongan
dos años más, hasta el 2003. Eso sí es frivolidad, no respetar a esta Cámara y jugar con la opinión pública. No es admisible tanta demora. Ya aceptamos que si no está hecho necesitará un tiempo, pero suponemos que algo ya habrá trabajado. Si a
finales de septiembre de 2000 dijeron que necesitaba nueve meses para elaborar un plan de estas características, no entendemos que ahora, después de dos años con lo que se supone y dice que han trabajado, necesite más de nueve meses y lo fijen en un
año. Por ello, hemos presentado una enmienda que lo deja en seis meses, es decir, a finales de año. Esperamos que la acepten. Es importante lograr el consenso en una cuestión de este calibre. Nosotros se lo ofrecemos y esperamos que no nos
defrauden a nosotros ni a los ciudadanos que asisten estupefactos y atónitos a un proceso que nadie sabe por qué se está llevando tan rematadamente mal. Ya hemos oído que se va a aceptar una enmienda consistente en fijar sine die el compromiso. Se
dice que en el menor tiempo posible. Creemos que va a ser peor que la proposición no de ley del Grupo Popular que por lo menos fijaba el plazo en un año.



Voy a terminar. No voy a citar a Machado, entre otras cosas porque creo que no dijo: Se va haciendo camino al andar -Dios mío, más anglicismos, no-, sino se hace camino al andar. Lo voy a hacer parafraseando a Gracián, que dijo: Hay
mucho que hacer y es poco el vivir y no se vive si no se hace. Si el Gobierno no hace no vive, lo cual ya es de lamentar, pero aún más triste y horroroso es que no nos dejen vivir con la calidad que nos merecemos al resto de los ciudadanos y a las
generaciones futuras que se lo van a demandar.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sabaté.



Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.



El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán comparte algunas de las valoraciones, de los análisis que han hecho los tres portavoces que han intervenido hasta ahora: del Grupo Popular, del Grupo
Socialista y del Grupo Mixto. No es ninguna cuestión incompatible. Podemos aceptar que hay cosas que no se han hecho suficientemente bien, que hay mucho camino por andar y también creemos que se han hecho cosas, aunque estamos a medio camino. Es
la teoría clásica de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hay elementos positivos en todos los planteamientos defendidos hasta ahora, pero hemos preferido presentar una enmienda posibilista que puede ayudar. No estoy de acuerdo con lo que decía
el portavoz socialista respecto a que iba a ser peor la enmienda que el texto inicial presentado por el Grupo Popular. En todo caso, si la estrategia puede aprobarse antes de un año va a ser positivo, pero no necesariamente tenemos que hacer las
cosas precipitadamente con el riesgo que ello conlleva. Asimismo, coincido con los portavoces que han tomado la palabra anteriormente en que estamos ante una de las cuestiones más relevantes no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino
en un contexto mucho más general que afecta a nuestro modelo de desarrollo y a la viabilidad económica de nuestro sistema productivo. Es un hecho objetivo -por poner un ejemplo muy claro que ayuda a entender el problema en sus términos y en su
completa dimensión- que la temperatura de la tierra aumentó 0,6 grados en el siglo XIX, mientras que las previsiones de aumento de la temperatura de la tierra


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para el siglo XXI se fija en alrededor de 5,8 grados centígrados, según el panel intergubernamental de cambio climático. Es fácil imaginar las consecuencias que este aumento, si se confirma, puede tener en el futuro para nuestro sistema de
vida en el planeta. Estamos, pues, ante un serio problema que nos afecta a todos, por lo que nadie puede sentirse ajeno ante sus efectos ni dimitir de sus responsabilidades. Esto es importante porque, como decía la portavoz popular, este tema
afecta especialmente al Gobierno del Estado, aunque también las comunidades autónomas, como administraciones competentes para gestionar la mayor parte de los temas medioambientales, van a tener que poner toda la carne en el asador y las
corporaciones municipales o las corporaciones locales, que también están involucradas en la cogestión de algunas de las líneas de las políticas medioambientales en nuestro país. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la
presidencia.)


Es un hecho objetivo que para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible deben introducirse modificaciones estructurales en el sistema económico, que van a tener un coste económico y social evidente pero que debemos asumir
solidariamente entre todos nosotros. En ese sentido, la lucha contra el cambio climático y la elaboración de la estrategia española contra el cambio climático deben incardinarse en el contexto más general de la estrategia española de desarrollo
sostenible, que ha citado anteriormente algún portavoz, así como en el marco de los compromisos internacionales asumidos adoptados por el Estado español. Por cierto, es verdad que llevamos un retraso en la adopción de esta estrategia española de
desarrollo sostenible, pero esperamos que en los próximos días entre en este Congreso algún texto para debatirlo definitivamente.



Como se ha dicho, ¿con qué instrumentos o con qué medios contamos para abordar esta lucha contra el cambio climático?En primer lugar, el Protocolo de Kioto es a la vez instrumento y objetivo en sí mismo, es un protocolo felizmente
ratificado por esta Cámara y por la Unión Europea, por el Estado español, bajo la presidencia española de este primer semestre que está a punto de concluir. Ciertamente, las últimas cifras oficiales relativas a emisiones de CO2 y de gases de efecto
invernadero por parte del Estado español son más que preocupantes. Aquí tenemos que coincidir todos porque son datos objetivos. El ministro de Medio Ambiente ha reconocido hace pocas fechas que los gases de efecto invernadero ponen a España -creo
recordar que eran palabras literales- en estado de alerta.
Después de hacerse público que estamos ya alrededor del 34 por ciento de las emisiones con relación al 2002, teniendo en cuenta que el protocolo sólo nos permite el 15 por ciento en el
periodo del 2008-2012, es una cuestión que debe preocuparnos. Sin embargo, hasta esa fecha tenemos tiempo para rectificar y para tomar medidas. Vale la pena recordar que en el año 2005 los Estados tendrán que demostrar avances concretos en la
obtención del objetivo global. Estamos a tres años -si se puede aceptar esta interpretación- no sólo para adoptar sino para implementar las primeras medidas que conlleven resultados concretos.



En segundo lugar, tenemos otro instrumento que también se ha citado aquí, otra vía a seguir, que son las energías renovables, el ahorro energético y el aumento de la eficiencia energética; son vías por las que este Congreso, el Gobierno y
los gobiernos autonómicos en general estamos actuando con unos ciertos avances. Quiero constatar que mi grupo parlamentario presentó hace pocas fechas ante el registro de esta Cámara una iniciativa parlamentaria por la que se insta al Gobierno a
presentar en breve plazo un proyecto de ley de fomento y de impulso de las energías renovables, así como a presentar un plan de eficiencia energética que garantice que las previsiones contenidas en el plan de fomento e impulso de las energías
renovables en España sean una realidad finalmente dentro del plazo que este mismo plan establece. Como se ha comentado, es verdad que en algunas de las líneas de las energías renovables llevamos un cierto retraso y que en la energía eólica somos
líderes mundiales, pero esto no tiene que hacernos olvidar que otras energías renovables están muy retrasadas en cuanto a su implementación y su desarrollo por diversas cuestiones, tanto económicas como tecnológicas. Esperemos que la semana que
viene, en la Comisión de Medio Ambiente, podamos debatir y aprobar esta proposición no de ley que plantea la presentación de este proyecto de ley de energías renovables. Esperamos asimismo que la subcomisión de seguimiento de las infraestructuras
energéticas -dentro de la Comisión de Economía- pueda la semana que viene, paralelamente, discutir y aprobar -mi grupo parlamentario así lo espera- algunas conclusiones o propuestas de resolución en esta misma línea de potenciar las energías
renovables y la eficiencia energética.



La Oficina Española del Cambio Climático es otro instrumento importante que ha hecho una buena aportación en la preparación de todas las cumbres, especialmente en las dos últimas, las cumbres de Bonn y de Marrakech, que tuvieron lugar en el
año 2001. Como esta oficina ha hecho técnicamente una buena función, el Gobierno debería aprovechar al máximo sus competencias, sus recursos humanos y potenciarla al máximo de cara a los próximos tiempos. También tenemos el Consejo Nacional del
Clima y la Comisión permanente, que ya se han citado anteriormente. Disponemos de informaciones que nos permiten esperar que en próximas fechas este Consejo acuerde y proponga las medidas oportunas que orienten la estrategia española de cambio
climático. Esperamos que eso se confirme por el bien de la lucha contra el cambio climático. Entendemos sin embargo que las discusiones que se derivan de la participación de las comunidades autónomas, de las entidades ecologistas y otras
administraciones y


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agentes implicados en dicho Consejo Nacional del Clima, no deberían hacer posible ni quizás aconsejable la aprobación de dicha estrategia de manera inmediata, tal y como plantea el Grupo Parlamentario Socialista. A nosotros nos parece que
deberíamos perseguir el diálogo franco y la búsqueda del máximo consenso en esos temas de interés de Estado, de interés global, como es el cambio climático, y evitar al máximo la precipitación.



Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pensamos que es mejor una estrategia consensuada que vea la luz al cabo de 8 ó 10 meses desde la fecha de hoy que tener una estrategia no consensuada, forzada, precipitada, y que se apruebe
en un plazo de 6 meses, como piden ustedes.
Por tanto, seamos más flexibles, porque usted ha demostrado una cierta rigidez. Finalmente, existe otro instrumento que es la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que aprobamos la
semana pasada en el Pleno. Aunque sus efectos no van a verse hasta finales del 2007, será un buen instrumento que va a coadyuvar a la obtención de resultados.



Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, por todo ello presentó la enmienda que ya conocen todas SS.SS. y ya avanzo que valoramos y aplaudimos que sea aceptada por la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. Entendemos que es una salida digna que intenta contribuir a una solución positiva para todos y pedimos que este nuevo texto de alguna manera tenga el apoyo de la Cámara; ello ayudará a que en próximas fechas podamos aplaudir la aprobación
final de esa estrategia española de lucha contra el cambio climático.



Nada más y muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.



Turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.



Mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley que nos ha traído el Grupo Parlamentario Popular y que ha defendido su portavoz, en la forma que también ella lo ha dicho de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió.



Existen tres propuestas de fecha para presentar este estudio o esta estrategia española contra el efecto invernadero y contra la emisión de gases. Teníamos la inicial, del Grupo Parlamentario Popular, de un año, la que oferta el Grupo
Socialista, de seis meses, y la de menor tiempo posible que presenta el Grupo Catalán. Lo de seis meses yo lo veía muy difícil, porque no sólo hablamos de un plan simple y estratégico que pueda diseñar un ministerio. En el texto que traen los tres
grupos se habla, además de ese plan estratégico, de esa estrategia española hecha por la Administración central, de la estrategia de las distintas administraciones, incluidas las autonómicas. Mi grupo cree que la estrategia del plan español es una
suma de estrategias territoriales. No es lo mismo que se esté contaminando desde una comunidad autónoma con un fuerte sector industrial emisor de gases que desde otras zonas del territorio español, como es el caso por ejemplo de Canarias, donde no
hay industria pesada pero sí hay determinadas contaminaciones producidas por la generación de energía eléctrica basada en el fuel; los comportamientos son totalmente distintos. De aquí que elaborar una estrategia española es elaborar una suma de
estrategias territoriales. Y esto no se hace fácilmente en seis meses ni a lo mejor en un año, porque tiene que coordinarlo el Ministerio de Medio Ambiente con las demás administraciones, concretamente con las comunidades autónomas competentes en
materia de energía, de industria y de medio ambiente.



Qué duda cabe que estamos ante un problema complejo y multidisciplinar. Ya los acuerdos de Bonn, en la última conferencia, y la presentación que haya que hacer en Johannesburgo obliga a los países signatarios del Protocolo de Kioto,
aprobado por cierto en noviembre de 1997, a presentarse con una norma de rigor. España, afortunadamente -y quiero destacar la celeridad que ha tenido el Gobierno español en posibilitar y aunar voluntades de la Unión Europea-, se presenta no sólo
como país que ha ratificado recientemente el Protocolo de Kioto, sino que se presenta dentro de un bloque que tiene una tremenda responsabilidad en dar cumplimiento a las exigencias de emisiones máximas señaladas en dicho Protocolo de Kioto.
Estamos hablando de uno de los tres grandes bloques mundiales, junto al bloque que forman Estados Unidos y Canadá, el bloque de países de Oriente, que puede capitanear Japón y la China continental, y el bloque que trae la Unión Europea, que puede
marcar una pauta de comportamiento.



Porque donde los efectos invernadero pueden producir unos daños irreversibles en el sistema ecológico europeo será precisamente en los países de la Unión Europea, que tienen que tener también un efecto sobre aquellos otros países
pertenecientes en su día al área de la Unión Soviética, donde, según los informes que llegan, no se respeta para nada la protección del medio ambiente en la emisión de gases contaminantes que deterioran la capa de ozono y que son los responsables
directos del efecto invernadero. Sin que entre en este mundo de protección la actual Federación Rusa, los países de su entorno, que hacen caso omiso por sus producciones energéticas e industriales, nos obliga a esta situación.
Pero al menos, en
nuestra esfera de responsabilidad, la de España, y dentro del escenario de la Unión Europea, vamos a ser consecuentes y, si en el plazo de un año tenemos la estrategia española contra


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el efecto invernadero de la contaminación y de la emisión de gases, nos podíamos dar todos por contentos. No sé lo que tardará el Gobierno en obtener de las distintas comunidades autónomas competentes en la materia, de las distintas
administraciones, del sector de la industria, de la agricultura, de la energía, del medio ambiente, un plan estratégico que sea medianamente entendible y operativo en las limitaciones que tenemos.
España ha sobrepasado algunos de los mínimos que
tenía, se acerca a los dinteles que nos autoriza el Protocolo de Kioto y por tanto tenemos un margen muy estrecho -coincido en esto en algunas apreciaciones de juicios de valor que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- para que
todo esto tenga una racionalidad. Nos va en juego mucho, aunque solamente por sensores de tipo físico podamos estar detectando el deterioro y el efecto invernadero negativo sobre nuestro medio ambiente.
La oportunidad de la iniciativa presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy mediante esta proposición no de ley, tal y como salga de la Cámara, demuestra que todos tenemos una preocupación honda y responsable para solucionar este tema.



De aquí que mi grupo, señora presidenta, votará favorablemente esta iniciativa en el texto consensuado.



Nada más y muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mardones.



Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Otxoa.



El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.



Señorías, quiero explicar la postura del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso sobre las tres proposiciones de ley que se han presentado hoy en esta Cámara. No voy a incidir en los datos ya expuestos por algún portavoz en
cuanto al incumplimiento del compromiso establecido por el partido del Gobierno y por el Gobierno mismo, dado ante esta Cámara, relativo a la presentación de un plan de acción sobre el cambio climático, que no se ha producido en el plazo previsible
y prometido, ni tampoco voy a incidir, por ser ya conocido, en los datos sobre la superación de los límites establecidos por el Protocolo de Kioto, a los que el Gobierno no parece poner coto. Esta aleluya que me ha salido no es ninguna gracia, es
una triste realidad.



Ante esto creemos que para salvar el tipo, se presenta una proposición no de ley que entendemos oportunista, genérica, incluso propagandística, y vacía de contenido. Nosotros esperábamos que hubiese unos compromisos más concretos y no ha
sido así. La propuesta del Partido Socialista pone coto en el tiempo a esa primera del Partido Popular, pero tampoco aporta gran cosa, puesto que no puntualiza. Nos gusta más la del Grupo Mixto, que entra en la puntualización de objetivos
concretos. Parece ser que es un problema presentar ante esta Cámara, en el plazo previo establecido, el plan de acción sobre el cambio climático. Si tienen dificultades, les propongo que estudien el programa marco medioambiental establecido por el
Gobierno vasco para el periodo 2002-2020. Eso sí que es un programa bien estructurado, con metas, con objetivos a corto y medio plazo, puesto que establece dos periodicidades, 2002-2006 y 2006-2020, y donde se asumen más de 200 compromisos
concretos en orden a la consecución de esos objetivos y al mismo tiempo se habilitan seis indicadores tipo de evaluación medioambiental constante para ir fiscalizando si esos objetivos se van logrando y si esos compromisos a los que alude el
Gobierno se cumplen. No les voy a dar una relación de esos 200 compromisos, pero les puedo decir que hablan de recursos, de residuos, de la protección de los biosistemas, de la diversidad de ecosistemas, de la conservación y protección del medio y
se mete, como muy acertadamente a nuestro entender ha explicado el Grupo Mixto, con el aprovechamiento territorial, no solamente con el transporte, sino con la implantación humana en el territorio. En fin, una serie de compromisos -más de 200-
aprobados por el Gobierno vasco. Esta Cámara merece que se tomen compromisos concretos, que no vemos en esta proposición. Por tanto, a las dos primeras nos vamos a abstener y vamos a aprobar la perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto. Y digo
que nos vamos a abstener porque tampoco nos podemos oponer a que se presente ese programa en esta Cámara, pero, como digo, nos hubiese gustado que fuese más concreto y de ahí nuestra abstención.



Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Otxoa.



Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.



El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.



No voy a extenderme mucho sobre disquisiciones filológicas, porque lo ha hecho muy atinadamente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí quiero, con todo respeto, decir a la portavoz del Grupo Popular que se podía haber
buscado otro motivo poético para intentar explicar la actuación de su Gobierno en un asunto como este. Quiero recordar que empezaba algo así como caminante no hay camino, se hace camino al andar, que decía el bueno de don Antonio, y precisamente el
problema es que aquí había un camino trazado que el Gobierno no ha andado. Por eso, como digo, no ha sido nada acertada la utilización -por cierto, no correcta, pero eso es lo de menos- de los versos.



Esta Cámara ha ratificado recientemente el Protocolo de Kioto. La gente, todos, conocíamos las condiciones del protocolo y la cuota parte que le correspondía a


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España controlar en el porcentaje de aumento de emisión, en el reparto dentro de la burbuja europea. Se conocía y sin embargo ustedes no hicieron ningún camino. Hubo en septiembre de 2000 iniciativas de mi grupo parlamentario diciendo:
tiren ustedes adelante. Y ustedes se durmieron y se siguen durmiendo en los laureles y ahora vienen y dicen: quiero un año más. No, señores del Gobierno, señorías del partido que soporta al Gobierno, no es de recibo que encima vistan de
adecuación al momento lo que ha sido una auténtica indolencia -eso sí que era una indolencia- en cuanto a políticas medioambientales. Cuando en el Protocolo de Kioto se daba a nuestro país un crecimiento idóneo de emisiones con respecto al año
1990, para este ciclo de 10 u 11 años, de un 15 por ciento, nos encontramos con que no solamente el 30 sino además un 10 por ciento más. Las emisiones que se han producido son más del doble y lo que hubiera sido una cosa interesante, de haberlo
cogido a tiempo y haber ido matizando y modernizando paulatinamente una serie de sectores, nos encontramos ahora con la ansiedad y la angustia dramáticas de que hay que poner en marcha una estrategia que tendrá que acometer de manera fuerte
políticas de fomento del uso del transporte público. Hay que dejar claro que el responsable de la emisión de los gases de dióxido de carbono es fundamentalmente el transporte. También tendrá que tenerse en cuenta toda la planificación energética
presentada por el Gobierno y que se está debatiendo en esta Cámara, donde el aumento de CO2 que supone la construcción de centrales de ciclo combinado va a seguir disparando ese porcentaje de emisiones. A todo ello habrá que plantear planes de
ahorro y eficiencia energética así como un impulso mucho más activo de estas políticas. A mí no me sirve de nada que me diga usted que somos el segundo país del mundo en energías eólicas, porque somos el primer país europeo en dependencia externa.



Señorías, la política de lucha contra el cambio climático ha sido y es inexistente para el ministro de Medio Ambiente y para el Gobierno del Partido Popular. No existe ni una sola medida y ahora el Grupo Popular nos habla de dar un año al
Gobierno para que elabore la estrategia española que ya debería estar elaborada y más que elaborada a tenor del tiempo transcurrido desde la creación de la Oficina Española de Cambio Climático, que solo fue, por cierto, una mera trasposición de
nombre de una entidad que ya venía funcionando y de un organismo con más tiempo.
Por este motivo, señoría, nosotros vamos a respaldar tanto la iniciativa del Grupo Socialista como la del Grupo Mixto y vamos a votar en contra de la iniciativa del
Grupo Popular.



Nada más y muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.



Señora De Lara, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.



La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.



Como he indicado, el Grupo Parlamentario Popular acepta la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, que introduce pequeñas modificaciones en el texto. No acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque creemos que seis meses
no sería tal vez tiempo suficiente. Y ya he indicado que con las modificaciones de Convergència i Unió queda un texto que creemos correcto.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora De Lara.



Señor Labordeta.



El señor LABORDETA SUBÍAS: Yo presenté una enmienda de adición y la voy a defender -supongo que no la aceptarán- y rechazaré la enmienda del PP.
Esta es la razón fundamental.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Labordeta. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estrategia española contra el cambio climático, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que ha sido aceptada por el grupo proponente.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 179; en contra, siete; abstenciones, 100.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre control del cambio climático y ratificación del Protocolo de Kioto.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 104; en contra, 176; abstenciones, cinco.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una estrategia de lucha contra el cambio climático.



Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 103; en contra, 176; abstenciones, seis.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS. (Número de expediente 162/000527.)


La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias.



Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rumí.



La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señora presidenta, señorías, con la presentación de esta proposición no de ley, el Grupo Socialista ha querido traer al Parlamento un debate importante que afecta a millones de ciudadanos. Esta Cámara tiene la
responsabilidad de pronunciarse mayoritariamente para proporcionar un impulso a las políticas públicas de apoyo a las familias españolas, que durante los últimos años han sido relegadas de manera tan grave como sistemática en la acción del Gobierno.
Es más que probable que desde los bancos de la derecha se responda con una lista de medidas, ya anunciadas, a partir de las iniciativas que el Partido Socialista ha tomado en relación con el bienestar de las familias españolas, pero la reacción
gubernamental ha sido... (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Rumí, por favor.



Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio a ser posible.



Adelante, señora Rumí.



La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Decía que la reacción gubernamental ha sido, por precipitada, o bien errónea o, en el mejor de los casos, claramente insuficiente. No se puede improvisar, tal y como se ha hecho, para intentar paliar siquiera ante
los ojos de los ciudadanos un abandono que se prolonga por más de seis años, los mismos que llevan en el Gobierno quienes han hecho siempre uso y abuso del concepto mismo de la familia, como si fuera su patrimonio, como si les correspondiera en
propiedad. Ya podemos contar con un diagnóstico certero y difícilmente rebatible, pues se apoya en datos constatables, sobre cuál ha sido la política familiar del Partido Popular. La familia es para este Gobierno la penúltima prioridad en materia
de una política social ya sumida en una acrecentada precariedad. Le dedica tan solo el 2,1 por ciento de las prestaciones sociales, de tal modo que la media europea de recursos destinados a la familia es un 400 por ciento superior a la española.
Esa es la realidad y podrían aportarse otras cifras que tan sólo confirmarían esta grave situación de abandono. El problema al que nos enfrentamos no tendrá solución si el Gobierno se empecina en mantener una política de recorte de los gastos
sociales, porque la primera víctima de esta línea de acción gubernamental es precisamente la familia, que se ve privada del respaldo público imprescindible para avanzar en el objetivo de conciliar la vida laboral y la vida familiar, con la cobertura
de las nuevas necesidades sociales que surgen en nuestro entorno.



En suma, no se puede escatimar, rebajar, dos billones de pesetas, algo más de 3.000 millones de euros al año, que es lo que significan 2 puntos menos del producto interior bruto en inversiones sociales, en sus primeros cuatro años de
Gobierno, y además seguir manteniendo un discurso con objetivos aparentemente compatibles con el mantenimiento del Estado del bienestar. Muy al contrario. Lo que está sucediendo es que se ataca con crudeza el gasto cuando los ciudadanos se
enfrentan a nuevas necesidades sociales, cuando el envejecimiento constituye ya una afortunada realidad y existen más personas mayores que precisan de algún apoyo para la realización de sus actividades cotidianas, cuando la mujer debe incorporarse
con plenitud al mundo del trabajo y se necesitan más escuelas infantiles, cuando más esfuerzo público se requiere para cubrir la atención a las personas dependientes, entre ellas más de 3.000.000 de discapacitados. Es el momento en el que asistimos
a una franca detracción del gasto dirigido a este objetivo. Y es en este contexto, el de una sociedad que se precia de avanzada, donde las familias requieren del respaldo de los poderes públicos, del apoyo imprescindible para hacer frente a las
cargas que hoy deben afrontar prácticamente en solitario.
Esa es la realidad de las familias españolas. Además esto es difícil de desmentir, si se tiene un mínimo de rigor, por un Gobierno que tiene la responsabilidad de haber situado el gasto
público, dedicado a protección de la familia, con relación al producto interior bruto, en el nivel más bajo de toda la Unión Europea. Unos términos que, desde luego, no dejan lugar a dudas: el 0,4 por ciento de recursos directos dirigidos a las
familias. Los discursos, señorías, lo soportan casi todo, pero en este caso ni las machaconas apelaciones al pasado, que nada resuelven a los ciudadanos, ni los maquillajes presupuestarios pueden ocultar que precisamente aquellos que presumen de
tener la patente de la familia son quiénes más han ignorado a las familias españolas. La respuesta gubernamental a las propuestas que hemos elaborado los socialistas en relación con las familias, y que hoy traemos a la Cámara con esta iniciativa,
ha abundado en los errores que ya presiden toda su etapa de Gobierno, porque las escasas actuaciones en esta materia se han dirigido básicamente por el lado de los ingresos y, en una casi imperceptible medida, por el lado del gasto, ya que han sido
medidas fiscales, por


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cierto de carácter regresivo, que han beneficiado a las rentas más altas.
Por lo que se refiere a la conocida paga de los 100 euros, se da buena cuenta de su carácter restrictivo, porque excluye a los cientos de miles de mujeres que no
trabajan, aunque deseen hacerlo. Señorías, accedan a realizar la red de escuelas infantiles públicas que les estamos proponiendo, porque comprenden y darían respuesta a más de 250.000 familias y prestarían un inestimable apoyo a las mujeres que
desean incorporarse a una vida laboral activa y que soportan una discriminación añadida, pues son las que en mayor medida y con mayor dedicación hacen frente a las cargas familiares.



Así es como se está actuando desde este Gobierno y así no se puede hacer política de familia en serio, porque así tan solo se quiere salir del paso para intentar contrarrestar las propuestas que les lanzamos desde la oposición. Desviar la
atención ha sido el único objetivo que ha guiado al Grupo Parlamentario Popular al presentar una enmienda inaceptable, porque es más de lo mismo, es decir, lo que están haciendo siempre: mucho discurso y ningún recurso, pero las familias españolas
necesitan recursos. Siguen improvisando y se siguen equivocando. No se trata de salvar la cara, sino de comprometerse con la familia. Que las familias se constituyan hoy en las destinatarias más acusadas de los déficit de atención pública exige
que definamos una estrategia que pasa necesariamente por más Estado de bienestar, es decir, por la modernización del sistema público de servicios sociales, transfiriendo al Estado la atención a las cargas y a las responsabilidades que actualmente
son sólo de las familias. Porque mantener la ayuda a domicilio, la cobertura de los centros de día y la educación de 0 a 3 años en unos niveles de absoluta precariedad significa que lo que no hace el Estado lo han de hacer los particulares, bien a
través de la contratación privada, bien asumiendo directamente las cargas. Un doble rostro de desigualdad: El de las familias y el de las mujeres, como las principales perjudicadas. Este es el rostro que asoma por esta auténtica quiebra de la
acción pública que el Grupo Parlamentario Socialista le está proponiendo comenzar a superar. Por cierto, nos queda por delante un debate pendiente que la derecha siempre acaba por rehuir, un debate sin duda de una capital importancia para el futuro
de nuestra sociedad, como es el de la responsabilidad pública en la atención a las situaciones de dependencia, a las nuevas necesidades sociales, un debate directamente vinculado también con la situación de las familias, porque las familias son las
que suplen, por medio de los cuidados de carácter informal, las carencias de un Estado cuya construcción se ha paralizado desde hace 6 años. Para abordar este tema de atención a las dependencias cabe pronunciarse entre dos modelos radicalmente
distintos: O se hace desde una estrategia pública, ampliando el Estado del bienestar, o se hace desde la cobertura privada. La posición del Grupo Parlamentario Socialista, ya la conocen, es la de afrontar la atención a las nuevas necesidades
sociales con la consolidación de nuevos derechos sociales.
¿Cuál es la posición del Partido Popular?


Señorías, con esta iniciativa estamos actuando en coherencia con nuestro compromiso con el Estado del bienestar. Las familias españolas que, hoy por hoy, son las primeras víctimas de la grave descapitalización que se está perpetrando en la
acción pública esperan hoy una respuesta. Hablamos de familia en un sentido diverso, no restrictivo, porque no existen razones que puedan justificar que se discrimine a unas sobre las otras, amparándose en los diferentes modelos familiares que hoy
coexisten en nuestra sociedad, y se debe hacer sin ningún dramatismo, pese a que al Partido Popular le guste tan poco. Queremos que se respalde a las familias, sin más, sin agravios y sin restricciones absurdas. Le presentamos en nuestra
iniciativa un amplio catálogo de hasta 35 actuaciones que van desde la vivienda, la fiscalidad, la educación y la atención a las dependencias, que también abarca otras más específicas, que vienen a conformar una estrategia pública para el bienestar
de las familias y que, en su mayoría, pueden ser desarrolladas a lo largo de la presente legislatura. No es posible retrasar por más tiempo la necesaria respuesta a situaciones que las familias ya no pueden afrontar por sí solas; desde luego, si
lo hacen, es a costa de un enorme esfuerzo para todos los miembros que la integran. Hoy, señorías, sabremos si los grupos de esta Cámara quieren o no comprometerse con la familia.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.



En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.



El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, intervengo para defender la enmienda de nuestro grupo a la propuesta del Grupo Socialista. En primer lugar nos felicitamos por la entrada en esta Cámara de la propuesta a favor de la familia presentada por el Grupo Socialista,
propuesta que la introduce como un nuevo planteamiento de la cohesión social sobre la base de que ya creíamos en el principio de subsidiariedad como elemento del cuerpo social, el cual se constituye a partir de la persona; propuesta socialista que
no se produjo durante una época de mandato con mayoría en esta Cámara, cuando el valor de la familia no formaba parte del concepto de sociedad que entonces seguramente no se preconizaba. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la
presidencia.) Doy, pues, la bienvenida a la proposición no de ley del Partido Socialista.



Ahora bien, el texto que se nos presenta para aprobación es la suma directa de unas medidas prácticas y de


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compromisos ya cuantificados, que tienen más de oferta a los medios de comunicación social que de intentar incidir sobre el principio de la unidad familiar como elemento de cohesión social y, tomando la palabra de la señora diputada, es un
compromiso que han tomado con la sociedad.
Lógicamente es difícil manifestarse en contra de las proposiciones que en muchos casos son la respuesta social a las necesidades reales de la población. Precisamos más bien marcar cauces y presentar
propuestas que no hagan de ninguno de los grupos el padre de una iniciativa, sino el garante democrático de su desarrollo y cumplimiento posterior. Por ello nuestro grupo, que ya ha propuesto en esta legislatura proposiciones para la conciliación
de la vida familiar y laboral y existiendo además un plan integral de apoyo a la familia hecho por el Gobierno y hecho como compromiso de actuación, proponemos, cuando menos, tomarlo como punto de inicio, pero de desarrollo efectivo y no como una
declaración de intenciones. Alabando, pues, la proposición no de ley del Partido Socialista, entendemos que debía ser más una apertura hacia la protección de las familias, sin ofrecer de antemano soluciones que no sean pactadas.
Las referencias al
impuesto sobre la renta deben ser exactamente esto, una recomendación para que se tengan en cuenta estas ayudas que, de forma automática, tengan una actualización como tiene el impuesto. Lógicamente tendría que mejorarse la propuesta en este
sentido. En definitiva, entendemos que es oportuna la propuesta para abrir un nuevo frente, al igual que se estableció en esta Cámara para las pensiones. Debemos intentar entre todos abrir la confianza a nuestros jóvenes, abrir el diálogo para que
nuestros conciudadanos sepan que ahora, por fin, todos estamos por y con la familia.



No nos hemos opuesto al plan integral de ayuda a las familias aprobado por el Gobierno y nuestro grupo sí que ha visto rechazada una propuesta para la conciliación de la vida laboral y familiar para permitir la entrada de la citada propuesta
del Gobierno. Por ello, y en un ejercicio de concordia, hemos presentado una enmienda que abre una vía de diálogo con respecto a un tema que todos los grupos entendemos como absolutamente necesario. En prueba de nuestra aceptación y la importancia
que este tema comporta para nuestro grupo, diremos que no podemos votar en contra de una proposición si el Grupo Socialista como proponente no la acepta.
Nuestro grupo no puede manifestarse en contra de ninguna proposición que redunde en reclamar
beneficios para la economía familiar y para la educación, derechos laborales, servicios sociales, etcétera.



Nuestra propuesta, repito, intenta abrir la vía de un compromiso de todas las fuerzas políticas a favor de la familia. Si existe este plan integral de apoyo a la familia, ya operativo, proponemos seguir su ejecución e incluir acciones que
la proposición socialista nos presenta a esta Cámara hoy. Nuestro grupo sabe que es necesario persistir en un tema para que éste sea aceptado y adoptado. Creemos más en una vía de positivismo de los temas y entendemos que ninguno de los grupos
puede salir de esta Cámara hoy satisfecho porque, en unas fechas en las que recordamos el 25 aniversario de las primeras elecciones, las posiciones de cada grupo tenían una voluntad más coercitiva, una voluntad más de cohesión y de consenso que las
que podíamos tener hoy si no somos capaces de votar una proposición unívoca de todos los grupos. Cree nuestro grupo que ésta es una oportunidad que no se puede pasar por alto, y por ello apelamos a todos los grupos a presentar esta voluntad unánime
a favor de la familia; de no ser así, nuestro grupo se abstendrá en la votación de esta iniciativa, lamentando no haber podido abrir una vía de consenso a favor de establecer una voluntad, en primer lugar, del grupo del Gobierno en plantear una vía
de entendimiento y de mayor compromiso con los temas de la familia y, en segundo lugar, con el Grupo Socialista, de aceptación de principios de actuación más que de medidas concretas. En definitiva, hoy esperaba nuestro grupo un compromiso político
mayor y consensuado a favor de las familias.



Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.



Por el Grupo Parlamentario Popular, y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Estarás.



La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.



Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición con relación a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista referente a la familia.



Empezaré por decir que bienvenidos a este debate de familia después de muchos años que han tenido los señores del Partido Socialista a la familia en el olvido. (Rumores.) Tranquilos, señorías. A nadie se le escapa, en la defensa de los
valores que representa la familia, sus necesidades y su bienestar, el compromiso de las gentes del Partido Popular, no desde ahora sino de siempre. Así lo han recogido todos y cada uno de nuestros programas electorales desde que existimos y así lo
venimos desarrollando de manera permanente. Celebramos en el día de hoy el cambio de opinión experimentado por el Partido Socialista, ya que en su programa electoral del año 2000 se hablaba de la familia como una institución de carácter regresivo.
Quizá la prueba más palpable de su falta de compromiso fueron sus políticas públicas asilvestradas, inconscientes, irracionales y descontroladas con relación a la familia.
(Rumores.) Tranquilos, señorías, no son palabras de esta humilde diputada,
sino que son palabras del propio Gobierno en un informe que en el año 1994 presentó


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con relación a la familia, y es lo que decía el Gobierno del señor González en cuanto a las políticas públicas de familia. (Aplausos.)


Desde 1996 el Gobierno del Partido Popular ha hecho posibles importantes avances para la familia sobre los que conviene reflexionar y, como es un tema del que nos gusta hablar, del que hablamos permanentemente desde que existimos como
partido, bienvenido sea este debate una vez y las que hagan falta. Vamos a entrar en materia, reflexionando sobre cada uno de los puntos y de las políticas que hemos hecho, que estamos haciendo y que pensamos seguir haciendo con relación a la
familia.



En primer lugar, se han creado cerca de tres millones de puestos de trabajo, de los que la mitad corresponden a mujeres. Creo que eso es una buena política social y de familia. En tiempos de gobierno del Partido Socialista de cada 100
mujeres había 24 en el paro, hoy, 13. ¿Nos conformamos? Por supuesto que no. Por eso seguimos con nuestras reformas para conseguir el pleno empleo, que es el principal objetivo que se ha marcado este Gobierno. Se han firmado 2,8 millones de
hipotecas nuevas y se han comprado más de siete millones de coches nuevos. Sobre una hipoteca de 10 millones, ¿sabe qué pagaba una familia cada mes cuando gobernaba el Partido Socialista? Pues 92.000 pesetas. ¿Saben ustedes qué paga una familia
con el Partido Popular? Pues 49.000 pesetas cada mes.
Esas son políticas que ayudan a la familia.



Con el Partido Popular también se ha aprobado una ley de conciliación de la vida familiar y laboral, la Ley 39/1999, se ha desarrollado, y en esa ley hemos hablado de reducción de la jornada laboral y de algo tan importante como el coste
cero. A partir de esta ley, la Seguridad Social por sustitución de maternidad no cuesta nada al empresario sino que es asumida por una nueva prestación de la Seguridad Social. Gracias a esta ley se ha creado una prestación nueva, la de riesgo por
embarazo. Por cierto, la llevan en una de sus propuestas, pero tengo que decirles, señorías, que está en vigor desde hace unos cuantos años. En esta ley también se habla de reducción de la jornada laboral por motivos familiares, etcétera. Con un
Gobierno del Partido Popular también se han mejorado las pensiones de viudedad, incrementándose su porcentaje hasta un 46 por ciento de la base, vamos a aumentarlas hasta un 52 por ciento y hasta el 70 cuando sea el único ingreso que tenga el viudo
o la viuda.
Además, se ha establecido la posibilidad de que los viudos o viudas puedan contraer nuevas nupcias con unas determinadas condiciones, y eso, señorías, es ayudar a las familias.



También quiero decirles que se han aumentado las pensiones de orfandad, sobre las que se han hecho unas reformas. La Ley General de la Seguridad Social del año 1966 marcaba la edad de 18 años como tope. Estuvieron ustedes 13 años en el
Gobierno de España y con ustedes las pensiones de orfandad se hubieran seguido cobrando hasta los 18 años. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? En una primera modificación elevó la edad a 21 años y a 23 en el caso de orfandad absoluta, y hace seis
meses, en diciembre del año pasado, se volvió a recuperar este tema y la edad se estableció en 22 años y en 24 en caso de orfandad absoluta. No es razonable, cuando hace seis meses que está en vigor esa modificación, que ahora nos vengan a decir
que la edad ideal sería de 25 años. Es algo casi improvisado y que no tiene la prudencia que debería requerir un debate de familia. Se han aumentado las pensiones de jubilación y se ha creado un fondo de reserva.
En cuanto a sus propuestas de las
pensiones de jubilación para los que trabajen en su propio hogar, saben ustedes que hubo un informe del Gobierno ante la Comisión de Política Social y Empleo donde se explicó la imposibilidad de que sea una prestación de la Seguridad Social, dado el
carácter contributivo de la misma, dado el carácter proporcional y dado el compromiso de aseguramiento. Lo único que conocemos de ustedes en este tema es la propuesta que el señor Chaves hizo en el año 1994, de dar vacaciones pagadas a las amas de
casa, pero han pasado ocho años y todavía las amas de casa están esperando esas vacaciones.



Se han bajado los impuestos en el año 1998, por primera vez, lo que ha beneficiado a 3,5 billones que van a dejarse de ingresar hasta diciembre del año 2002. Y hemos anunciado una segunda rebaja fiscal que entrará en vigor el 1 de enero del
año que viene y que está íntegramente dedicada a la familia, a los discapacitados y a las personas mayores. A usted le puede parecer bien o mal lo de los 100 euros cada mes para las mujeres que tengan hijos menores de tres años, a mí me parece una
medida extraordinaria y muy similar a las que se dan en Suecia, en Finlandia, en Noruega o en Austria, en los países más avanzados en materia de incorporación de la mujer al mundo de trabajo. Hay que decir que esta medida va a beneficiar a
muchísimas mujeres, y que las medidas planteadas en esa segunda reforma del IRPF a usted le pueden parecer poco, pero van a beneficiar a más de cinco millones de familias. A mí me parece un número de personas bastante aceptable. Además, se
proponen reducciones importantes. Todas aquellas mujeres que no trabajen o trabajen y tengan un hijo menor de tres años pasarán de desgravar 50.000 a 200.000 pesetas. Se aumentan las deducciones a partir del segundo hijo; hasta ahora era a partir
del tercero. ¿Sabe cuál era el tipo más bajo de IRPF que existía en la época del Partido Socialista? El 25 por ciento. ¿Sabe cuál es ahora el tipo más bajo que hay? El 18 por ciento, muy por debajo de la Unión Europea; con ustedes, por encima
de la Unión Europea.



Señorías, quiero recordarles también que el mínimo personal exento, es decir, la posibilidad de que aquello con lo que vive una persona, su vivienda, la alimentación, todo eso ha sido una realidad gracias al Partido Popular. Y les recuerdo
también que en el año 1998,


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cuando hicimos la primera bajada de impuestos, ustedes interpusieron un recurso ante el Tribunal Constitucional y dijeron que era una reforma regresiva de todo lo que ha beneficiado a las rentas más bajas y que el Estado entraría en quiebra.
El futuro nos ha dado la razón: déficit cero.



Hemos propuesto en las comunidades autónomas un plan integral de atención sociosanitaria a favor de los colectivos sociosanitarios, que son los colectivos dependientes. Les recuerdo que hay un compromiso del Gobierno, que hasta el 31 de
diciembre está elaborando unos estudios para traer aquí todo el tema de la dependencia. El Partido Popular ha aprobado también el primer y el segundo plan de violencia doméstica. Por cierto, cuando se habla de familia, se tiene que hacer de manera
interdisciplinar. Su propuesta no habla de violencia doméstica, no habla de conflictos intrafamiliares, no habla de esa lacra social, no habla de exclusión social. Nosotros hemos planteado estos planes para que se aborde todo el tema de
sensibilización, de prevención, medidas legislativas, medidas de investigación y asistenciales. Con gobiernos del Partido Popular se han reforzado los servicios sociales que dependen de las comunidades autónomas, como son las guarderías de cero a
tres años, los centros de día para mayores, los centros asistenciales, los centros de estancias diurnas, los sistemas de teleasistencia, etcétera. ¿Quiere saber cuánto más gasta el Partido Popular en guarderías, algo que es competencia de las
comunidades autónomas? Pues bien, una peseta que gastaba en guarderías el Partido Socialista se ha convertido en 230 pesetas que gasta el Partido Popular en guarderías. (Rumores.) Por lo tanto, ha habido un incremento absolutamente considerable.
Invertimos, señorías -les doy cifras para que ustedes no se pongan nerviosos-, 21 millones de euros, ustedes invertían 10 millones de euros. Los hechos no se pueden discutir, los hechos son los hechos y son cabezotas. (Risas.)


Siguiendo con el tema de personas mayores, un tema importante, ¿sabe, señoría, dónde hay más plazas residenciales para personas mayores asistidas? En comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, donde estamos muy cerca de las
ratios que marca Europa, que son un 2 por ciento. En este caso, la comunidad que tiene mayor número de plazas asistidas para mayores de 65 años es la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que les recuerdo que el Partido Popular ha gobernado
durante 16 años. ¿Sabe dónde se registra el déficit más grande de plazas para personas asistidas mayores de 65 años? En Andalucía y en Extremadura.
Huelga decir quién ha gobernado en estas comunidades autónomas.
(Rumores.) En cualquier caso, el
Estado está haciendo un esfuerzo muy por encima de lo que hacía el Partido Socialista cuando gobernada, basándose en planes concertados con las comunidades autónomas. Concretamente, en lo que es el Plan gerontológico y el Plan de Alzheimer, el
Estado invierte un 56,78 por ciento más de lo que se invertía en el año 1996.



Me gustaría referirme al informe sobre protección social de la Unión Europea, que señala expresamente que España es uno de los países donde mayor incremento se ha producido en el último período, un 7,3 por ciento, en las políticas de ayuda a
la familia, muy por encima de la media europea comunitaria, que ha dedicado un 4,3 por ciento.



Nos hemos propuesto mejorar la calidad de la educación y establecer la gratuidad de la educación infantil. Por cierto, ¿qué comunidad autónoma tiene la educación infantil ya gratis de tres a seis años? La Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, también les recuerdo que con un Gobierno del Partido Popular, en tiempos del señor Matas. (Rumores.) Señorías, también existe un acuerdo de la propia ministra para la gratuidad de los libros de texto, que se haría de una manera gradual;
se comprometió a ello aquí y también en Comisión. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Estarás, le ruego que vaya concluyendo.



La señora ESTARÁS FERRAGUT: Voy acabando. (Continúan los rumores.)


Señorías, tranquilidad.



Asimismo el programa de regularización y coordinación de la extranjería supone la integración en este tema. Hemos aprobado un plan de vivienda del año 2002 a 2005, que supone que habrá más de 350.000 viviendas de protección oficial en
España, con una inversión de 540 millones. Hemos actualizado las prestaciones por hijo a cargo que ustedes mantuvieron congeladas durante nueve años. Hemos aprobado una reforma laboral y un plan integral de la familia, aprobado por Consejo de
Ministros el 8 de noviembre. Esto significa que aunque queda mucho por recorrer, hemos trazado el camino adecuado. Ustedes se han apuntado después de 12, 13, 15 ó 20 años. Bienvenidos sean, pero creo que estamos en el camino correcto.

Iniciativas que han planteado ustedes están hechas, algunas las llevamos haciendo desde hace muchos años y otras no perseguirían el objetivo adecuado. Por lo tanto, señorías, sigamos con nuestro plan de familia aprobado hace unos meses. Señora
Rumí, si usted acepta la enmienda que hemos presentado, estaremos encantados de poder seguir colaborando de alguna manera en los temas de familia.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Estarás.



En turno de fijación de posiciones, señor Ruiz.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.



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Señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nos felicitamos, al tiempo que felicitamos al Partido Socialista, por la presentación de esta proposición no de ley porque, contrariamente a las políticas del Partido Popular
que aquí acaba de defender su portavoz -una cosa es lo que se dice y otra distinta son los hechos-, no considera como familias sólo a aquellas que están formadas por un hombre y una mujer, como afirma doña Ana Botella, ni considera que las ayudas a
las familias consisten sólo en rebajar el IRPF. Existen -mal que le pese a doña Ana- otras formas familiares y hay familias en este país que, dados sus exiguos ingresos, no tienen obligación de declarar e incluso las hay que no existen para
Hacienda; luego es difícil para estas familias beneficiarse de una política social del Gobierno que se vehicule a través de las reducciones de los impuestos que se pagan. Si nos felicitamos es debido a que va siendo frecuente hablar en este
Parlamento de la posición que presenta España en el ranking de países por dedicación del producto interior bruto en gasto social. Recordamos una vez más que solamente somos superados a la baja por Irlanda y ya veremos cuando acabe el mandato del
Partido Popular, denuncia que reiteradamente realiza el Grupo de Izquierda Unida en todos los parlamentos.



En Izquierda Unida entendemos por políticas familiares la intervención de la Administración pública destinada a facilitar recursos a las personas con responsabilidades familiares para el desempeño de sus deberes. A pesar de la larga
tradición española en políticas familiares, se puede observar notables diferencias con el resto de los países miembros de la Unión Europea, casi siempre en desventaja para las familias españolas.
Los problemas principales de la institución familiar
tanto en España como en Europa, coincidentes pero agravados en el caso de nuestro país, son, primero, la baja natalidad. En nuestro país se da la tasa más baja de fecundidad femenina. La consecuencia inmediata es la falta de efectivos
poblacionales, no hay suficientes jóvenes para ocupar el lugar bien de los mayores que van falleciendo o simplemente de los que van saliendo del mundo laboral. En segundo lugar están los cambios profundos en la estructura familiar. La estructura
mononuclear, con pocas personas en cada núcleo familiar, muy dispersas por el territorio, anula las posibles ayudas interfamiliares ante cualquier dependencia. En tercer lugar está la incorporación de la mujer a la vida laboral, social y política
y, en cuarto lugar, la necesidad de la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Ante estos problemas y de los estudios realizados podemos inferir las siguientes características de la situación.



Las profundas transformaciones experimentadas por la familia en los últimos decenios han comportado cambios importantes en las políticas familiares de los países europeos. En estos momentos, en diversos países europeos se están llevando a
cabo investigaciones y elaborando planes que puedan contribuir a un conocimiento de los problemas familiares y a su tratamiento más efectivo. Nada hace pensar que hoy por hoy en el ámbito europeo se vaya a anunciar una política común en materia de
familia que resulte de una voluntad política única. Una de las características más marcada de las políticas familiares de la Unión Europea es su universalismo, es decir, va dirigida a la inmensa mayoría de las familias con hijos menores a cargo.
Así, la tendencia dominante de los países europeos es que los subsidios familiares tengan la característica de universales y se paguen a todas las familias independientemente de su nivel de renta. Las políticas familiares no tienen por qué ser
natalistas hoy, aunque en el pasado lo fueron en muchos países. Es muy probable que la incorporación de la mujer al trabajo remunerado o el crecimiento de la inestabilidad conyugal traiga consigo un mayor auge de las medidas de política familiar en
España. La protección económica a las familias en España tiene una doble moralidad: subsidios familiares para las familias más pobres y desgravación fiscal para las más ricas, con notable ventaja para las segundas. En lo que respecta a los
subsidios, un abismo nos separa de Europa, que por término medio gasta siete veces más. Con la nueva Ley del IRPF de 1998 la diferencia entre la protección económica de las familias de clase media y alta y las de condición modesta se amplia aún
más. Los beneficios fiscales de las desgravaciones pueden ser superiores en el caso de las familias con rentas más elevadas. Este conjunto de circunstancias contradice el mismo espíritu de la reforma de 1990 de favorecer a las familias más pobres
dedicándoles más recursos. Si queremos entender el sistema de apoyo a la familia, debe tenerse en cuenta que en España este no pasa tanto a través de la asignación económica como por desgravaciones por vivienda, etcétera, situaciones que conviene
subvertir. La nueva Ley de conciliación de la vida familiar y laboral no acierta a cumplir con sus propósitos declarados y deja para más adelante un diseño global de la política de familia. España es el país del mundo con menor tasa de fecundidad.
Mientras no se aborde seriamente una reforma en profundidad de los sistemas de protección económica a la familia, probablemente no va a aumentar la natalidad.
Todos estos puntos son susceptibles de medidas para abordar este problema desde
perspectivas progresistas. Por todo ello y como ya he dicho al principio, nuestro grupo parlamentario, aun conscientes de que no se resuelve el problema en su totalidad, se decanta por el apoyo a la proposición no de ley, cuya aprobación sería de
gran ayuda.



Nada más y muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.



Señora Rumí, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.



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La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señora presidenta, no aceptamos la enmienda de Convergència i Unió porque no se atiene al contenido de nuestra iniciativa. Tampoco aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque ninguna de sus
propuestas está cuantificada, no hay un compromiso en firme y sólo son humo.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Rumí. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)


La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes para el bienestar de las familias.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 104; en contra, 164; abstenciones, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LOS EFECTOS REALES DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR EL REAL DECRETO-LEY 5/2002, DE 24 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA
OCUPABILIDAD. (Número de expediente 173/000141.)


La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre los efectos reales de las medidas
impuestas por el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.



Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Frutos. (Rumores.)


Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños.



El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.



Presentamos esta moción después de la interpelación de la pasada semana con un claro objetivo, que el Gobierno retire el proyecto de ley y abra de nuevo la negociación, con los sindicatos en lo que a estos compete y con este Parlamento en lo
que atañe a los intereses generales de todo el mundo -asalariados y no asalariados-, para discutir a fondo sobre las prestaciones al desempleo y otros elementos que han surgido de forma colateral a este debate. Me imagino que el Gobierno no va a
retirar el proyecto de ley -ha tenido tiempo de hacerlo-. Estoy convencido de que si en el Grupo Parlamentario Popular hubiera autoridad política suficiente para hacerlo, muchos diputados y diputadas de este grupo lo harían, porque se dan cuenta de
que no merecía la pena tanta movida para tan poco resultado, con la convocatoria de una huelga general a dos días vista, pero todavía es momento para iniciar gestos que continúen el que ofreció el presidente del Gobierno el otro día: estamos
dispuestos al diálogo después de la huelga, cosa que podía haberse hecho antes, cuando hace escasamente una semana se había dicho que los partidos se jugaban para ganarse, que se quería ganar el partido y que no se quería un empate.
Supongo que se
quiere continuar ganando el partido, pero si se va con ese talante después de la huelga general, me temo que va a haber otros partidos en el horizonte, porque los sindicatos han expresado un profundo descontento con los contenidos del decreto, con
elementos colaterales al mismo y con la falta de diálogo social y de negociación. Por otra parte, los sindicatos seguramente -permítame que lo diga coloquialmente- tienen la mosca detrás de la oreja respecto a nuevas leyes y nuevos decretazos,
relativos a la huelga, a la negociación colectiva, etcétera. Por tanto la primera medida que proponemos en nuestra moción consiste en la retirada del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo porque
no es adecuado, ya que lesiona derechos históricos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras, no ya por el movimiento sindical, y a cambio no ofrece alternativas mejores para el conjunto de los desempleados ni para el mercado de trabajo.



En el segundo punto de nuestra moción se propone abrir una mesa de negociación con los sindicatos que inicie este verdadero diálogo. Yo propondría al Gobierno que fuera a una mesa de negociación con una hoja en blanco y que a partir del
inicio de esta negociación las organizaciones sindicales y el propio Gobierno fueran poniendo encima de la mesa las propuestas que hay con relación a cada uno de los temas a los que afecta el decreto. Al mismo tiempo pedimos que la negociación de
estos asuntos, tan delicados para el conjunto de la sociedad, no quede únicamente en manos de los sindicatos, del Gobierno y de la patronal, sino que se traigan a este Parlamento alternativas para mejorar el mercado de trabajo, la situación del
desempleo, etcétera. En este segundo punto nosotros planteamos una ampliación de la cobertura al desempleo. Si se quiere reformar la situación del mercado de trabajo y, en concreto, la situación del desempleo, refórmese iniciando un proceso en el
que haya colectivos que se sientan implicados desde el primer momento, por ejemplo, con medidas concretas para que cerca del 50 por ciento de trabajadores desempleados que no cobran nada puedan acceder al seguro de desempleo. Esta sería una forma
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iniciar este proceso. Posteriormente, apórtense todas las medidas necesarias para que el trabajador no continúe en el paro, eso que el Gobierno y el Partido Popular han denunciado cuando dicen que se sienten cómodos y, por tanto, no tienen
mucha prisa en buscarse un puesto de trabajo. Nosotros partimos de una filosofía radicalmente diferente.
Creemos que el trabajador o la trabajadora lo que busca es un puesto de trabajo y que incluso le produce enfermedades físicas y psíquicas no
encontrarlo de forma inmediata y tener que ir en romería de empresa en empresa, de ETT en ETT, a hacer cola para que le den un puesto de trabajo. Por tanto -primer elemento-, que el trabajador tenga una mínima garantía, una mínima seguridad y que
esos trabajadores y trabajadoras que no cobran ningún seguro de desempleo, nada, puedan acceder al seguro de desempleo. Con relación a la prestación contributiva, proponemos que se reduzca el tiempo mínimo necesario para poder percibir prestaciones
contributivas al desempleo, adaptándolo a la rotación existente en el mercado de trabajo. Ustedes saben que hay una situación muy flexible en el mercado de trabajo, una rotación terrible en los puestos de trabajo, en los contratos, sobre todo en
los de carácter temporal, y por tanto la prestación contributiva se tiene que adaptar a este mercado de trabajo tan volátil y tan variable.



La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, le ruego que concluya.



El señor FRUTOS GRAS: Concluyo, señora presidenta.



El resto de cuestiones que planteamos va en el mismo sentido. En relación con la prestación asistencial, que el INEM sea verdaderamente una oficina de contratación, de encuentro y de facilitación al conjunto de los trabajadores de puestos
de trabajo. A la vista de estas razones, pensamos que todavía estamos a tiempo, que el Gobierno está a tiempo de retirar este proyecto de ley y empezar desde cero una negociación y un diálogo que darían sus frutos en un tiempo.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.



Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, la señora López.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que lo único que pretende es clarificar el punto 2 de la proposición no de ley, porque entendemos que mandatar una negociación y especificar ya exactamente los contenidos de la
misma puede dar lugar a que se entienda que fijamos los límites de esa negociación. Como realmente compartimos el objetivo, que es la derogación de este real decreto-ley, en caso de que Izquierda Unida no pudiese asumir nuestra enmienda en su
totalidad, pediríamos votación separada de los dos puntos, dado que apoyaríamos el primer punto y nos abstendríamos en el segundo.



Estamos en las últimas horas para que, si hay voluntad política, el Gobierno proceda a la retirada del real decreto-ley, evitando con ello la huelga prevista para el día 20. El Grupo Parlamentario Popular ha de entender que estos días ha
tenido la suficiente información, ha conocido posiciones de colectivos que no tienen nada que ver y que han coincidido en la misma petición. Si no son un poco sordos, deberían entender que lo que están consiguiendo es crispar la vida social de este
país. Entiendan que la sociedad española no va a quedarse impasible ante el ataque frontal que significa el real decreto-ley a la protección social. Nos ha costado 25 años crearla y tejerla entre todos. Si su soberbia y prepotencia les dejan ver
la realidad, entenderán que sentándose a negociar con los sindicatos no perderían autoridad, sino que ganarían el respeto de los colectivos de trabajadores e incluso de los ciudadanos de este país, porque la forma de resolver un problema es
negociarlo y afrontarlo todos juntos. No es posible hacer un decreto como este sin tener un dictamen común de la situación laboral de este país. Es imprescindible la elaboración de ese dictamen por parte de los agentes sociales, conjuntamente con
el Gobierno, un dictamen que haga una disección y un análisis completo de la situación laboral y que a resultas del mismo hagan las recomendaciones. Ustedes simplemente se dedican a proclamar que el decreto dice cosas que no dice. Las mentiras no
se convierten en verdades a base de decirlas todos los días, pues la realidad es muy tozuda y se impone. Como el decreto está en vigor y a la gente la van llamando del INEM, la van despidiendo y diciendo que no tiene salarios de tramitación, la
gente asume cada día que pasa que lo que están diciendo los agentes sociales, lo que estamos diciendo los grupos parlamentarios, la verdad de lo que dice el decreto, y que lo único que hace el PP con sus impuestos es mandarles cartitas a casa
diciendo medias verdades, diciendo lo que no dice el decreto. Repito, por mucho que insistan no se convierten en verdades.



Desde la legitimidad democrática que tienen, lo que están haciendo ustedes es imponer dictatorialmente medidas totalitarias.
(Rumores.-Protestas.-Aplausos.) Eso es lo que dice este decreto, lo quieren imponer desde medidas totalitarias y
así, señorías, no van a pasar. ¡No pasarán, la clase trabajadora les colocará en su sitio! (Varios señores diputados: ¡Bien! Aplausos.) ¡No se lo perdonarán, señorías, y eso lo comprobarán: a todo cerdo le llega su San Martín!
(Aplausos.-Rumores.- Varios señores diputados: ¡Qué horror!)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.



Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.



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La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.



Vamos a votar favorablemente la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque, como ya hemos explicado en otros momentos, en varias ocasiones hemos votado para que se retire el
proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo, por múltiples razones.
No vamos a entrar en la dinámica de por qué no nos gusta nada y por qué no estamos a favor del contenido ni del procedimiento por el
cual se llevó a cabo lo que va a ser un proyecto de ley.



En todo caso hemos querido participar presentando una enmienda por entender que en algunos de los puntos era necesario que se abordara una cuestión que para nosotros es básica, recordar que muchas de las materias sobre las cuales se pide que
haya un debate o una negociación con los agentes sociales corresponden, por el propio ordenamiento jurídico -en este caso hablamos del Estatuto de Gernika-, a otros ámbitos competenciales, y así lo citamos en concreto. No hacemos un desiderátum
sino que citamos justamente lo que fue pronunciado, en el año 1993 y más tarde en 1995, de forma unánime por el Parlamento vasco en cuanto a qué fichas, qué materias, debían ser transferidas. En concreto hay seis o siete fichas que hacen referencia
a trabajo y Seguridad Social, pero hay también algunas muy importantes en materia de protección al desempleo, por ejemplo las relativas a las prestaciones por desempleo obviamente, pero también la promoción y gestión de empleo. Queremos recalcar
que esas materias, así como otras, lo que se refiere al INEM o a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, son cuestiones cuya práctica al día de hoy no está siendo acorde con el ordenamiento jurídico. Aunque a ustedes les parezca
mentira, es algo que no nos inventamos sino que está en el Estatuto de Gernika, es algo que ha reclamado unánimemente el Parlamento vasco en los años 1993 y 1995, que ha valorado exactamente cómo debe ser la transferencia de esas competencias.
Cuando hablamos de estas cuestiones hay que seguir recordándolo.



En todo caso, el punto primero de la moción -la retirada de lo que era real-decreto, hoy proyecto de ley- es el fundamental, y deseamos que no se vuelva a producir. Desgraciadamente no parece que haya voluntad de marcha atrás. En todo
caso, no nos parece un buen procedimiento el del real decreto-ley aunque se tramite como proyecto de ley.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.



¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.



Entre el momento procedimental del orden del día de este Pleno, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la interpelación de la semana pasada de la que trae causa, se ha producido un hecho significativo,
que es precisamente el debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley 5/2002 y un pronunciamiento del Pleno de la Cámara por el que se acordó tramitarlo como proyecto de ley. Yo me pregunto, si por una razón aritmética se aprobaran hoy estas
mociones, ¿qué pasaría con el acuerdo del Pleno de la Cámara que ha hecho suya la decisión, la voluntad y la propiedad parlamentaria de debate de la tramitación como proyecto de ley del real decreto? Por ello, sin entrar en el fondo de las
cuestiones que aquí se plantean, me voy a las puras cuestiones formales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)


Mi grupo va a votar en contra de esta moción por las razones que he expuesto porque, entre la interpelación de la semana pasada y esta moción de hoy de la que trae causa, se ha producido un hecho significativamente importante en el
procedimiento legislativo de la Cámara, que hemos acordado la tramitación como proyecto de ley de este real decreto para introducir -el portavoz de mi grupo lo dijo en esa ocasión y así lo aceptó el señor ministro de Trabajo- un texto
perfeccionable, con la contribución política de los grupos parlamentarios, soberanos representantes del poder popular, para que ese proyecto de ley en los trámites parlamentarios de ponencia y comisión mejore el contenido de cuestiones que -ya he
dicho que no voy a entrar en el fondo- se plantean como mejorables. Por la vía de enmiendas a este proyecto de ley, en razón del poder que tiene esta Cámara, lo vamos a hacer así. Sería verdaderamente un contrasentido y una imposibilidad
procedimental cambiar esa decisión soberana, mayoritaria, del Pleno de la Cámara para tramitar este real decreto como proyecto de ley. Por esa incongruencia formal, votaremos en contra de esta moción.



Nada más. Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.



Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.



Es evidente que el debate de esta tarde puede tener un marcado tono de nostalgia respecto del debate que ya se produjo en la Cámara el pasado jueves. Yo suscribiría al cien por cien la intervención del portavoz de Coalición Canaria, el
señor Mardones.



Nuestra posición en el debate del pasado jueves fue muy clara. En primer lugar, desear que la huelga se produjese


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de la mejor manera posible, que los ciudadanos y las ciudadanas pudiesen ejercer los derechos que constitucionalmente tienen atribuidos; en segundo lugar, trabajar para empezar a recuperar el diálogo social y aprovechar la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley para mejorarlo y corregir los errores que cada uno entiende que contiene esta propuesta y, finalmente, no contribuir desde la Cámara y desde el debate político a crispar una situación que por sí misma no es buena y
que nosotros definimos como de mal clima social. Es evidente que esta moción, así como la moción que plantea el Grupo Socialista, no responde a estos parámetros.



Además, señorías, yo creo recordar que la Cámara votó por unanimidad la tramitación como proyecto de ley del real decreto. Si los grupos que hoy presentan estas mociones nos plantean la retirada del decreto, quizá el pasado jueves no tenían
que haber votado la tramitación como proyecto de ley del real decreto. Nos parece poco coherente, a no ser que lo que se haga sea un legítimo acto de denuncia política, otra nueva denuncia política de ese real decreto. Es legítimo, pero nos parece
que lo coherente fue lo que decidimos el jueves: darnos la oportunidad de tramitar como proyecto de ley esta iniciativa del Gobierno.



Nuestro grupo, esta tarde, no quiere entrar en el fondo de la cuestión, lo hicimos el pasado jueves y lo vamos a hacer en las próximas semanas. Por tanto, no vamos a apoyar esta moción ni la otra del Grupo Socialista.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez Corgos.



El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, señor Frutos, tiene usted razón: el objetivo que persigue su moción, consistente en la retirada por el Gobierno, apoyado por el Grupo Parlamentario Popular, del real decreto-ley no se va a conseguir. No se va a
conseguir porque la regulación que contiene el real decreto es absolutamente necesaria en los tiempos que estamos viviendo; momentos en que necesitamos que nuestro mercado de trabajo sea cada vez más eficiente y más competitivo, cara a la
consecución de ese objetivo del pleno empleo en el año 2010, lo cual hace necesarias las reformas.



La vida va pasando y las circunstancias van cambiando. La legislación que regulaba el seguro de desempleo hasta este momento ya no nos sirve. En estos momentos, y contando con los años de Gobierno del Partido Popular, S.S. es consciente
de que se han hecho esfuerzos importantísimos, esfuerzos para los que se ha contado con el apoyo y la colaboración de los agentes sociales. Esos esfuerzos han dado lugar a que nuestra tasa de desempleo haya pasado del 24 por ciento al 11 por ciento
actual, que se hayan creado alrededor de 2.700.000 empleos, que se hayan dado de alta en la Seguridad Social cuatro millones de nuevos afiliados.



Su señoría apelaba al diálogo social, un diálogo que ha existido, que se ha intentado hasta cuatro veces, un diálogo que vamos a mantener después de la huelga general. Después del día 20, el Gobierno, el Partido Popular, el Grupo
Parlamentario Popular, están dispuestos a continuar dialogando con los sindicatos. Lo que no me parece serio es el planteamiento que me ha hecho S.S., que el Gobierno acuda a una nueva reunión con un papel en blanco. Eso no es responsable,
señoría, de la misma manera que no fue responsable que las organizaciones sindicales se negaran a presentar sus propias propuestas, se negaran siquiera a debatirlas. No me parece serio ni me parece responsable.



Es cierto que el parado busca un puesto de trabajo, y esta reforma pretende ayudar a que el parado consiga ese puesto de trabajo. No se recortan derechos. Se nos ha acusado de mentir, la señora López i Chamosa nos decía que mentimos a la
sociedad. No es cierto que le mintamos, no es cierto que los prejubilados vayan a perder derechos, no es cierto que se recorten prestaciones, no es cierto que se hayan establecido nuevos requisitos para el acceso a la prestación de desempleo, no es
cierto que se haya modificado la duración del subsidio por desempleo. La acusación inaceptable, desde luego, es la de medidas totalitarias. Señorías -se lo han repetido varios portavoces-, la Cámara, por unanimidad, ha decidido que esta reforma se
tramite como proyecto de ley. En ese trámite, todos los grupos parlamentarios tendremos la ocasión y la oportunidad de retomar el diálogo, de hablar sobre todas y cada una de las cuestiones que regula el decreto, y también de las cuestiones
colaterales a las que el señor Frutos hacía referencia.



Fue una pena que los sindicatos no se sentaran a negociar en este caso. No voy a entrar en las razones por las que esto se produjo, pero sí es cierto, y repito, que el Gobierno mostró una voluntad clara y firme en el sentido de mantener el
diálogo social.



Para concluir, señor Frutos, voy a retomar las palabras que S.S. pronunció en esta tribuna el pasado miércoles. Su señoría decía que la huelga es un acto duro, fuerte, que hay que tener convicciones. Creo que he repetido textualmente sus
palabras. Pues si es cierto que es un acto duro, que es un acto fuerte y que hay que tener convicciones -algo en lo que estoy absolutamente de acuerdo con usted-, yo le rogaría a S.S. y a la señora López i Chamosa que, si tienen alguna conexión
con las centrales sindicales, les inviten a que extiendan la participación en la huelga a quienes realmente tengan convicciones, a quienes realmente deseen acudir a la huelga, por tanto que limiten a lo estrictamente necesario la labor de los
piquetes informativos, que en ningún caso sean piquetes coactivos.



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Nada más, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Pérez Corgos.



Señor Frutos, tiene la palabra a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.



El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.



No puedo aceptar las enmiendas. La que propone el Grupo Socialista tiene un enfoque diferente; vamos a votar su moción, pero tienen enfoques diferentes y nosotros nos debemos a nuestra propia argumentación y a nuestros propios contenidos.
En cuanto a la enmienda de la señora Lasagabaster, a mi entender, es parcial ante una moción de carácter general, conteniendo además elementos que exigen más debate en relación con las prestaciones por desempleo, la caja única de la Seguridad
Social, etcétera.



Termino diciendo, señora presidenta, que los verdaderos piquetes de coacción en este país son los piquetes empresariales, que son los que atemorizan a la gente. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Frutos.
(La señora Cunillera i Mestres pide la palabra.)


Señora Cunillera, tiene la palabra, pero parece que su micrófono no funciona.



La señora CUNILLERA I MESTRES: Pensaba que estaba castigada sin micrófono.



Señora presidenta, pedimos votación separada de los dos puntos de la moción que se va a votar a continuación.



La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Cunillera. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los efectos reales de las medidas impuestas por el Real Decreto-ley 5/2002, de
24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.



En primer lugar, sometemos a votación el punto primero del texto de la moción.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 95; en contra, 174.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Votamos el punto segundo de la moción.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, seis; en contra, 175; abstenciones, 88.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS EFECTOS EN LA CREACIÓN DE EMPLEO DE LAS MEDIDAS QUE HA PRESENTADO EL GOBIERNO DE REFORMA DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 173/000142.)


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el Gobierno de reforma de la protección por desempleo.



Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora López.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.



Señorías, mi grupo parlamentario ha trasladado a la moción consecuencia de la interpelación del pasado miércoles los mismos puntos, y en los mismos términos, de la proposición no de ley debatida el martes pasado, es decir que se derogue el
decreto, que se presente aquí una comunicación que analice la situación del mercado de trabajo y la situación del sistema de protección, que se solicite una memoria al Consejo Económico y Social y que se abra un gran proceso de diálogo.



Señorías, estamos realmente haciendo un debate importante, porque confrontamos posiciones muy dispares. Decía el señor Pérez en el debate de la anterior moción que el mercado de trabajo necesita una reforma para ser más eficiente. Bien,
ningún problema, no creo que los agentes sociales ni ningún grupo parlamentario se niegue a sentarse a analizar la situación actual del mercado de trabajo y las reformas que se necesita afrontar, pero desde la tranquilidad que da una negociación en
profundidad y con seriedad, no con una espada de Damocles encima: o negocian o presento un decreto. Así no se puede negociar. Es lo mismo que estamos haciendo con la negociación colectiva: negocien porque, si no negocian, habrá decreto. Así,
señorías, no se puede negociar.



¿Diálogo después de la huelga? Imprescindible, totalmente de acuerdo. El día 21, si el Gobierno y el Grupo Popular tienen sentido común, y espero que sí, aunque no es el más común de los sentidos, se deben sentar a negociar con los agentes
sociales lo que no han negociado antes de la huelga. Señorías, no se puede llegar a una negociación y decir: esto es lo que hay, hagan lo que quieran y si no, está visto, el decreto.



Estoy realmente harta de escuchar a miembros del Gobierno hablando de los piquetes informativos, he


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escuchado ahora aquí al señor Pérez hablar de los piquetes informativos, de que hablemos con los sindicatos. Mire usted, primera cuestión, el piquete más violento que hay en este país son los informativos de Televisión Española, (Aplausos),
todos los días, dos o tres veces.
Segundo piquete, duro y en profundidad, lo que han dicho los empresarios a aquel trabajador que tiene un contrato temporal: Ojo, que si va a la huelga, no hay renovación de contrato. No se les ha ocurrido decir
nada y es un buen piquete. ¿No se dan cuenta de que en este país el 32 por ciento de la clase trabajadora no tiene libertad para hacer la huelga? ¿No se dan cuenta de que un trabajador que tenga un contrato de un año o dos de seis meses, si va a
la huelga, pierde un día y pierde el desempleo? ¿Qué libertad tiene ese 32 por ciento? Eso no son piquetes, ¿verdad? ¿No es piquete el director general del INEM de Salamanca, que dice que la huelga es ilegal, que está jurídicamente en contra?
¿Eso no es piquete? (Aplausos.) Señorías, seamos un poco conscientes. Yo he participado en piquetes informativos y nunca he tenido ningún problema ni con los trabajadores ni con ningún empresario (Rumores), y es experiencia personal, cosa que
ninguno de ustedes puede decir seguramente.
(Protestas.) O sea que la realidad es la que hay. (Aplausos.)


Señorías, el Estado de bienestar que tenemos en nuestro país, una protección social que realmente dé cobertura a aquellos más desprotegidos,


nos ha costado mucho a todos. Un país no puede avanzar dejando a una parte de su población tirada. La semana pasada decíamos aquí todos los grupos que cada vez hay más población marginada sin ninguna protección.
Señorías, si eso es lo que
dictaminamos, ¿cómo ahora nos ponemos a reformar por decreto la protección social, desprotegemos y eliminamos derechos? Dicen que no hay ninguna eliminación y yo les digo que eso es mentira. La realidad se impone y día a día van saliendo casos,
como el del trabajador al que llama el INEM y le hace ir a trabajar a un puesto de soldador siendo cofrador -es la nueva ley- o como el de una compañera que tengo donde vivo, que han esperado al decreto para despedirla, dos años de contrato, fuera
los cuatro meses de tramitación, rebaja en el despido de un 50 por ciento. No son recortes, señorías. (Aplausos.)


El presidente Aznar se puede considerar el líder del mundo mundial y el más divino de todos los presidentes, pero miente, igual que mienten ustedes, cuando dice que no recorta las prestaciones. Esa es la realidad.

(Rumores.-Protestas.-Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.



Adelante, señora López.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, porque no me dejen hablar o chillen más, no van a tener razón. Mienten y ustedes lo saben; rectifiquen, que están a tiempo. (Protestas.-Aplausos.-El señor Pérez-Hickman y Silván pronuncia palabras que
no se perciben.)


La señora PRESIDENTA: Señor Pérez-Hickman, le ruego guarde silencio.



Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.



Doy por reproducida la argumentación que he efectuado en el debate de la anterior moción, dado que era exactamente la misma enmienda, por tanto, los argumentos y las pretensiones son las mismas.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.



¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.



Repitiendo argumentos dichos por este portavoz en la moción anterior, mi grupo va a limitarse a hacer un enjuiciamiento de aspectos formales, como es votar y debatir esta moción consecuencia de interpelación que trae el Grupo Parlamentario
Socialista. Nos vamos a mantener en el compromiso parlamentario basado en el acto democrático de la votación, el pasado día 13, con 314 diputados presentes en este hemiciclo, 313 votaron a favor de la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto 5/2002 y solamente hubo una abstención. Como todos los portavoces de los grupos implícita y explícitamente manifestaron su voluntad de tramitarlo como proyecto de ley, nosotros no entendemos, y queremos ser congruentes, que cinco días
después quieran cambiar de opinión para retirar el proyecto de ley.



Por estas razones formales y por estar mi grupo incluido en los 313 votantes parlamentarios que acordaron tramitarlo como proyecto de ley, nos mantenemos en esa línea y congruentemente votaremos en contra de la tramitación de esta moción.



Nada más y muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.



Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.



El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.



Señorías, creo que los rasgos generales del mercado de trabajo son los que en realidad requieren una respuesta urgente, porque sí constituyen prioridades reales


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y son bastante claros para cualquiera que se quiera aproximar a ellos con un mínimo de sensibilidad; porque se ha reducido el empleo hasta niveles preocupantes; porque la reforma laboral, unilateralmente emprendida por el Gobierno, no ha
reducido la temporalidad ni el encadenamiento de contratos; porque la reforma del desempleo propuesta por el Gobierno vendrá a confirmar el subempleo como forma de trabajo en España, y, por último, porque se constata que este Gobierno no desea el
diálogo social en materia de mercado de trabajo, ya que las dos piezas clave del mismo, la regulación contractual y la protección, se imponen sin diálogo social o, mejor dicho, contra el diálogo social.



Una política de mejora del empleo, siguiendo las propuestas en que reiteradamente y hasta la saciedad hemos insistido junto a los sindicatos en esta Cámara, tiene que ir ligada a una política de gasto en protección por desempleo que mejore
la cobertura e intensidad de la protección por desempleo y, a la vez, de una modificación de la Ley Básica de Empleo que modernice la gestión de las políticas activas, garantizando los principios básicos de organización del servicio público de
empleo.



En este contexto, la reforma del desempleo es una responsabilidad y un reconocimiento explícito de la renuncia a la creación de empleo y la garantía de que va a mantenerse a los trabajadores españoles en una situación permanente de
subempleo. Las políticas que demanda el mercado de trabajo español son otras: aumentar la empleabilidad de las personas desempleadas, promover servicios dedicados a la atención de personas dependientes, medidas para reducir el abuso de la
contratación temporal, medidas para combatir y reducir las desigualdades por razón de género, reducir y reorganizar la jornada laboral como medida de crecimiento de empleo, y mantener la necesaria integración entre las políticas activas de empleo y
las prestaciones sociales por desempleo. El Gobierno ya ha demostrado despreciar estos temas cuando se trata del mercado de trabajo, el diálogo social y la adopción de medidas que mejoren la calidad en el mercado de trabajo. La reforma laboral ya
es un fracaso y este decretazo no contribuirá a mejorar el empleo sino el dominio de las empresas sobre el mercado laboral.



Las palabras del presidente Aznar criminalizando a un colectivo de personas que, en muchos casos, después de cotizar como activos se encuentran en el paro y, lo que es peor, sin perspectivas de poder trabajar, constituyen un auténtico
desprecio a la razón y a la dignidad de las personas. El Gobierno debe reconocer que, después de unos años de diálogo social con resultados apreciables, se desliza por la pendiente del conflicto y el enfrentamiento con los sindicatos, con políticas
de fuerte contenido conservador, a las que sólo puede responderse con la presión social de denuncias ante la insensibilidad, la desidia y la ineficacia en materia de empleo.



La huelga general convocada ya tiene un resultado, la necesidad de reunirse con los interlocutores sociales para pacificar el mercado de trabajo. Es inevitable y el Gobierno lo sabe, Aznar lo sabe y el Partido Popular también lo sabe. Las
decisiones unilaterales, como la reforma laboral o el decretazo, han constituido un sonoro fracaso del Gobierno y la concesión de favores a la patronal no está produciendo ningún resultado apreciable para la economía española, sino, al contrario,
está infligiendo graves lesiones a los trabajadores y trabajadoras. Esta lamentable situación viene a sumarse a un sinfín de vulneraciones y manipulaciones del derecho de huelga por el contenido real de las medidas impuestas por el Gobierno
mediante el decreto.



Señores parlamentarios del Partido Popular, no tengan ustedes ningún miedo a los piquetes informativos, que se regulan en la Constitución y en el derecho de huelga. Verán ustedes cómo el día 20 podrán ejercer sin ningún problema su derecho
al trabajo y entrarán en esta Cámara sin que nadie les moleste. (Rumores y protestas.) Lo que yo no puedo afirmar es que aquellos trabajadores que quieran ejercer su derecho a la huelga van a tener las mismas facilidades. (Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.



En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.



Mi grupo también da por reproducidos los argumentos utilizados en el posicionamiento de la anterior moción.



Desde Convergència i Unió, en estos días previos a la huelga, no queremos contribuir a la crispación y a la desinformación que el debate que estamos teniendo esta tarde nos augura. Estamos convencidos de que la decisión que todos tomamos el
pasado jueves de tramitar el decreto-ley como proyecto de ley fue una apuesta de todos por recuperar el diálogo social y político. Ojalá cuando volvamos de vacaciones todos tengamos más sentido común que esta tarde.



Nada más y muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.



En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.



La señora MONTSENY MASIP: Con la venia, señora presidenta.



Señorías, oír hablar de cerdos de un lado a otro de la Cámara a mí me produce una profunda tristeza. Creo que los términos deben ser de mayor altura cuando se trata de acometer debates como el que nos ocupa. (Un señor diputado: ¡Muy
bien!-Aplausos.)


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Voy a decir otra cosa muy clara, señorías. En diciembre del año 1996 la Tesorería General de la Seguridad Social tuvo que remitir al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un recado importante: No había recursos para pagar la paga extra
de los pensionistas (Aplausos.) y había medio billón de déficit en las arcas de la Seguridad Social. (Protestas.)


La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Montseny. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.)


Señora Cunillera, le ruego guarde silencio.



Adelante, señora Montseny.



La señora MONTSENY MASIP: Después de esto, como cinco minutos dan realmente para muy poco, sólo voy a hacer tres o cuatro afirmaciones.
Nosotros, el Gobierno, vamos a tener una huelga tremendamente injusta si valoramos los resultados del
Ejecutivo. (Rumores.) El Gobierno socialista tuvo varias huelgas generales, todas razonadas, porque dejaron un país en quiebra. (Fuertes protestas.) No apoyaron a la pequeña y mediana empresa, llegamos al 23 por ciento de paro. (Aplausos.) Hoy,
gracias a las políticas socioeconómicas y a la labor de gestión de estos seis años, podemos hablar en otros términos. Y no crean que nosotros nos alegramos de sus fracasos, lamentamos que nosotros hayamos tenido que hacer lo que se ha hecho para
remontar la situación económica del país.
(Aplausos.-Rumores.)


Me acaban de pasar una hoja del PSC, recabando reagrupamiento de piquetes organizativos en Cataluña. (Rumores.) Me da hasta vergüenza que un partido que ha gobernado 13 años, después de haberse creado 3,5 millones de empleos y de altas a la
Seguridad Social en seis años, sea capaz de jugar a la demagogia en estos términos, señorías. (Fuertes aplausos.-Protestas.)


Voy a ofrecer una transacción al punto número 2 a la ponente del Grupo Socialista, ya que los demás puntos de la moción no los voy a poder apoyar. Mi grupo no puede razonar un apoyo de esta moción, porque sería como decir de alguna forma
que nosotros no hemos sido lo coherentes que predicábamos en nuestro programa electoral y en la exposición del presidente del Gobierno cuando dio a conocer su programa de Gobierno.
Apostamos por el futuro, apostamos por reformas estructurales y
creo que ese ha sido el buen camino que han marcado el equipo socioeconómico y el presidente del Gobierno. Estamos muy satisfechos con ellos y nos sentimos profundamente orgullosos con la tarea que se ha podido llevar a cabo en la sociedad
española. Por tanto, señorías, como no vamos a poder, por coherencia política, apoyar la presente moción, quiero hacer una oferta de transacción in voce al apartado número 2 de la presente moción. La moción pide presentar en el Pleno del Congreso
de los Diputados una comunicación que analice la situación del mercado en España, la evolución y la situación del sistema de protección por desempleo. Señora López i Chamosa, si usted acepta que esa comunicación se haga desde el año 1982, entonces
yo apoyaré el segundo punto de esa evolución. (Rumores.) Porque creo que las cifras hablan por sí solas. Les voy a decir una cosa: Ustedes apoyan esa huelga, pero se les va a volver en contra porque la opinión ante Europa no quedará así, sin
prejuzgar la política insolidaria y demagógica que están haciendo en este momento.



Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.



Señora López, tiene la palabra únicamente para la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, evidentemente tal y como lo plantean, no podemos aceptarlo. Si aceptan el conjunto de la moción, aceptamos la enmienda. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Si ustedes aceptan el conjunto de la moción aceptamos la enmienda, si no, no podemos aceptarla. (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.



Señora López, hay una enmienda de la señora Lasagabaster.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: No la podemos aceptar.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)


¿A qué efectos, señor Gil Lázaro? Cuando pregunto a qué efectos, me refiero a qué artículo.



El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, a la previsión del 71.3.



La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, muchas gracias.



El artículo 71, que hace referencia a las alusiones, y que usted habrá leído perfectamente, indica que se concederá cuando a juicio de la presidenta se hayan hecho alusiones. Señor Gil Lázaro, esta presidencia ha estado atenta al debate y
no se han dicho cosas distintas de las que otras veces se han dicho en esta Cámara, sin que esto quiera decir que desde esta presidencia se compartan. De la misma manera que en otros momentos no he concedido el derecho de alusión en situaciones
semejantes, no se lo concedo a usted tampoco ahora.



Señorías, sometemos a votación en sus propios términos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los efectos


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en la creación de empleo de las medidas que ha presentado el Gobierno de reforma de la protección por desempleo.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 96; en contra, 169.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE MARGINALIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS GRANDES CIUDADES Y SOBRE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN DE LOS MISMOS. (Número de expediente 173/000143.)


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de
corrección de los mismos. (Rumores.)


Señorías, guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.



Adelante, señor Núñez.



El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, la semana pasada tuvimos oportunidad de hablar de algo más que de pobreza extrema, de exclusión social, es decir, no solamente de pobreza sino de aislamiento de nuestra sociedad. Tuvimos
oportunidad de hablar de la existencia de unos núcleos duros, de unas burbujas, de unos huecos que existen en nuestras grandes ciudades, que tienen dos criterios, una dimensión y una estabilidad importantes; huecos que han sufrido muchos planes
intentando erradicar la exclusión. La exclusión, señorías, sitúa a determinadas personas no sólo fuera de los niveles económicos de bienestar sino fuera de la educación, fuera de la salud, fuera del alojamiento digno, fuera de todo lo que supone
una sociedad.



Hablamos, señorías, de que no se trata de un problema nuevo sino de un problema enquistado. Humildemente tenemos que reconocer todos que esas bolsas de exclusión han sido y son absolutamente impermeables a la acción de la política. Por
tanto, o se parte del diagnóstico, como se ha hecho en muchos puntos negros de nuestras ciudades, de que las políticas ordinarias, las políticas cotidianas seguidas hasta el momento por las distintas administraciones han resbalado sobre esos
núcleos, o estos núcleos no tienen solución. No se trata, señorías, de políticas sectoriales que existen de todas las administraciones respecto a vivienda, salud, alojamiento, espacios urbanos, integración laboral, integración social,
escolarización, etcétera. Sabemos y conocemos de la existencia del plan nacional sobre la inclusión social, y el propio ministro reconoció el otro día la impotencia de todos estos planes ante estos núcleos, sabemos de los planes de las comunidades
autónomas, sabemos de los planes de las ciudades, y sabemos y reconocemos que no hemos sido capaces de apagar ese incendio. El otro día decíamos gráficamente que son fuegos tan grandes que la acción de los cubos de agua no sirven, se evaporan y no
sirven, y decíamos también, señorías, que es un punto que requiere unanimidad, que en ningún caso puede tener un análisis partidario, que es un problema de todos y que o se aborda entre todos o no es posible la solución.



Hablábamos de un caso paradigmático, de los más graves existentes ahora mismo en España, el conocido como las 3.000 viviendas en Sevilla; hablamos de un núcleo duro, de esas 3.000 viviendas, el núcleo de Martínez Montañés; un núcleo donde
no entran los servicios, donde no entra la sociedad, donde no hay censo, donde no se sabe quién vive, donde no se puede cobrar ni la luz ni el agua ni la basura, donde no se sabe cuántos niños están sin escolarizar, donde no se sabe cuánta
delincuencia convive dentro de la marginación, de la pobreza, donde reconocemos un desánimo y una impotencia entre todos.



Señorías, ese debate discurrió en un ánimo de absoluta coincidencia con el ministro, y la moción pretende dos cosas. Primero, saber dónde están esos puntos negros. No se trata -me he leído detenidamente el plan nacional de inclusión y
otros planes- de acciones sectoriales sobre la pobreza, sobre la inclusión laboral o sobre la formación, se trata de atacar con contundencia esos puntos negros y por tanto conocer dónde están. En ese sentido habría que elaborar un informe, de
acuerdo con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales de estas grandes ciudades, que son los que tienen los grandes problemas, para que esta Cámara conozca dónde están esos graves problemas.



Segundo, una acción piloto sobre ese paradigma que es ahora mismo el núcleo duro de las 3.000 viviendas, una acción piloto sobre lo que parece que está consensuado por todas las administraciones, y así lo dice la filosofía de los distintos
planes, que exige cooperación, colaboración, coordinación; un órgano que no sabemos si es una gerencia, si es un ente, si es un consorcio, con una autoridad única que coordine las políticas sectoriales de todas las administraciones sobre ese núcleo
duro, y que las coordine de forma flexible viendo el éxito que tienen. Sus señorías saben las costumbres de las administraciones públicas de evaluar sus planes por el nivel de ejecución y no por el nivel de resultados. Por tanto, exigiremos no
saber cuánto dinero se ha gastado, que sé que ha sido mucho, sino en qué medida han sido eficaces y en qué medida no han sido tan eficaces.



Un escenario como es del Plan nacional 2001-2003 no puede ser de dos o cuatro años, sino que tiene que emprender políticas que contengan acciones a medio y


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largo plazo. Nadie en su sano juicio puede pensar que esos núcleos duros de marginalidad se resuelven en un bienio o en un cuatrienio o en una década, señorías. Pero, desde luego, lo que no podemos consentir es que convengamos en que ese
problema no tiene solución y que las cosas son así. Las cosas no son así y conviene, señorías, que cambiemos el rumbo, que reconozcamos que hay que investigar nuevas formas de acción sobre esos grandes núcleos y que la acción proviene de la unidad
y de un plan integral que, como digo, contenga estas determinaciones. Yo he visto las enmiendas que presentan los distintos grupos, y las de carácter técnico se pueden aceptar: si en vez de Gobierno dice ministerio o en vez de población dice
organizaciones sociales, yo no tengo ningún problema.



La enmienda de Izquierda Unida habla de la pobreza en general y de lo que habría que dedicar a esas políticas respecto al PIB. Me parece que esto se sale del tema. Estando de acuerdo en que habría que tener más dinero para eso, hoy
hablamos aquí de los núcleos duros en las grandes ciudades, lo que no tiene nombre ni apellidos en los grandes planes horizontales.
También hay una enmienda presentada por el grupo del Gobierno que yo le pediría que reconsiderase.



La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.



El señor NÚÑEZ CASTAIN: Termino, señora presidenta.



La enmienda dice que sigan las cosas como están, y este problema parte del reconocimiento de que si las cosas siguen como están, estos núcleos duros serán impermeables a determinadas acciones y requerirán esfuerzos extraordinarios. Yo
pediría el consenso de la Cámara ante este problema tan grave de la exclusión social en España.



Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.



Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente, tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora García.



La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.



Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos fijar en este debate nuestra posición ante una realidad bastante preocupante y que necesita de una intervención política clara desde las administraciones públicas. Es por ello por lo que
aceptaremos el contenido de la moción, que plantea una situación real que se está viviendo en muchas de nuestras grandes ciudades y que, si no se toman medidas, lejos de solucionarse, se verá agravada por nuevos factores sociales que nos encontramos
en la actualidad. Pero para tener clara la estrategia que ayude a erradicar estas situaciones de focos localizados de pobreza en nuestras ciudades, se debe actuar de un modo integral y desde dos perspectivas claras: la integración social y la
seguridad ciudadana. Estamos viendo cómo numerosos municipios tienen que hacer frente a la elaboración de planes transversales que atajen esta situación desde un punto de vista social, urbanístico y de desarrollo económico, pero también estos
ayuntamientos se están encontrando con graves dificultades, tanto de carácter económico como de entendimiento, con la población afectada.



Otro aspecto verdaderamente importante a la hora de actuar en este sentido es el análisis de las causas que generan esta marginalidad, ya que desgraciadamente nos estamos encontrando con que la igualdad de oportunidades y de acceso a los
servicios públicos no está siendo una prioridad para este Gobierno. Como dato clarificador, diremos que en España hay un 18,5 por ciento de personas que están por debajo del 60 por ciento de la media de los ingresos, cifra que está por encima de la
media europea. En ese sentido, quería hacer alusión a la intervención del ministro de la Presidencia de la semana pasada, cuando hablaba del empleo como factor importante en las políticas de inclusión social. Por supuesto que compartimos ese
análisis, pero nos parece un planteamiento verdaderamente extraño por ser de quien viene, cuando todos estamos viendo que este Gobierno, lejos de garantizar el acceso al empleo, se dedica a recortar derechos a los trabajadores. Esto nos demuestra
una vez más que este Gobierno está lanzando continuamente mensajes contradictorios en este sentido.



Otro aspecto que sin duda nos preocupa considerablemente es la situación de la población inmigrante, que por multitud de dificultades se encuentra excluida del sistema social y está asentándose en estos núcleos poblacionales, agudizando así
su problemática y su falta de integración.
Esta cuestión ha sido ya tratada en esta Cámara en diversas ocasiones, pero es indudable que en las políticas de inclusión social y en los planes integrales debemos tener también en cuenta a la población
inmigrante como un objetivo primordial para conseguir el fin de la normalización de este sector de población. El Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España, puesto en marcha el pasado año, pretende responder, entre otras
cuestiones, a la realidad que hoy estamos debatiendo, pero a su vez los presupuestos aprobados para este año no contemplan ningún esfuerzo económico que acompañe a estas actuaciones. Estamos hablando de nuevas medidas pero sin dotación
presupuestaria para ponerlas en marcha. No obstante, como compartimos la inquietud que el pasado miércoles expresaba el portavoz del Grupo Mixto en la presentación de la interpelación, somos conscientes de que para solucionar esta problemática es
necesaria una implicación de todas las administraciones para posibilitar, primero, la eliminación de estos


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focos localizados de marginación y, segundo y a nuestro entender más importante, la integración de estas personas para favorecer la igualdad social, la incorporación al mercado laboral y, en definitiva, para acabar con la existencia de
ciudadanos de segunda y tercera categoría. En el caso más concreto del barrio Martínez Montañés de Sevilla, somos conocedores de que el ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para intentar solucionar este grave problema, pero sin duda alguna
se necesita de la colaboración de las demás administraciones para poder hacer frente a todas las actuaciones que se tienen que llevar a cabo.



Por todas estas cuestiones, el Grupo Parlamentario Socialista aprobará esta moción con unas pequeñas matizaciones, sobre todo técnicas, que hemos incorporado a través de nuestras enmiendas, en las que hacemos referencia a la necesidad de
incorporar en la elaboración de este informe a las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y también que a la hora de elaborar el plan integral para la ciudad de Sevilla se especifique la dotación
presupuestaria que se necesita y se indique cuál va a ser el compromiso presupuestario de cada una de las administraciones.



Para finalizar, solicitaríamos al Partido Popular que no se siga justificando en lo que se está haciendo, porque a nuestro entender lo que se está haciendo es poco y no está bien. Por ello les pedimos que demuestren la sensibilidad social
de la que tanto hablan y sean capaces de aprobar esta moción con el fin de intentar conseguir el objetivo de erradicación de los núcleos de marginalidad de los que estamos hablando.



Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.



Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.



El señor RUIZ LOPEZ (Don Antero): Gracias, señora presidenta.



No podemos desmarcar la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social de las grandes ciudades de la situación general de todo el Estado español. Es cierto que en las grandes ciudades el espectáculo es más extenso, pero eso no
quita para que la realidad sea muy dura también en las pequeñas ciudades e incluso en los pueblos. Esta situación general de todo el Estado es sólo el resultado de la política de abandono de sus obligaciones de un Partido Popular que se ha empeñado
en esconder debajo de la alfombra toda la miseria y poner sobre la mesa unas flores de plástico para sus supuestos socios europeos. Son las obligaciones de todo Estado social y de derecho para evitar que a través de la exclusión queden fuera del
sistema los más desprotegidos. Estas obligaciones fueron aceptadas en las últimas cumbres europeas de Niza y Lisboa, donde se emplazó a los gobiernos de la Unión Europea a concretar políticas sociales para acabar con estas situaciones. En el caso
de España, este compromiso se plasmó en el Plan de inclusión social del Reino de España para los años 2001-2003. El compromiso europeo partía de la constatación de una situación que se consideraba inaceptable en cuanto a la existencia de bolsa de
exclusión y pobreza, detallaba la necesidad de realizar estudios concretos que cuantificaran y definieran las situaciones reales y que especificaran programas concretos destinados a paliar dichas situaciones, cuantificando, por último, la
financiación adicional para la ejecución de dichos programas.



La primera sorpresa, compartida por este grupo parlamentario con Cáritas Española, fue la actuación del Gobierno, que, en un nuevo ejercicio de autocomplacencia, dejó dormir en el sueño de los justos durante un año el primer apartado de la
definición de la situación. A esta primera decepción por la falta de detalles de las necesidades sociales le siguió una segunda al conocer la descripción que se realizó en cuanto a situación, programas y medios de financiación. La situación
descrita por el Partido Popular nos coloca por encima de la media europea en los parámetros de fijación de la calidad de vida y por encima de la media en renta familiar disponible. Poco se puede esperar de esta definición de la situación, pero
además, en cuanto a la definición de programas del plan, hay una nueva sorpresa ya que no hay una sola actuación nueva. Se limita el plan a unir en un bloque todos los epígrafes de la protección social española, sin una sola novedad, boicoteando la
primera condición de las cumbres europeas, planes y programas específicos.



En cuanto al presupuesto, se puede conceptuar de estafa política ya que, elaborado el plan con los presupuestos ejecutados, que no presupuestados, para el 2000 y con una subida del 7,63 por ciento para ejecutarse entre mediados de 2001 y
mediados de 2003, sin tener en cuenta la inflación, sólo nos permite creer que finales de 2003 la única conclusión del Plan de inclusión del Reino de España va a ser una nueva pérdida de participación porcentual de la protección social española
respecto del IPC, lo cual nos situará irremediablemente en el último puesto de los países de la Unión Europea -actualmente ocupamos el penúltimo-, solamente superados por Irlanda. En esta situación, y estando de acuerdo con el contenido de la
moción, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta una enmienda tendente a afianzar, al menos por esta vía, la dotación presupuestaria necesaria para atajar esa bolsa de pobreza.



Nada más. Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Albendea.



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El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta.



El señor Núñez ha presentado una moción que en su primer punto propone que se elabore un informe, de acuerdo con las comunidades autónomas, antes de finalizar el año 2002. Quiero recordarle -y él ha dado pruebas en su intervención de que lo
conoce bien- que uno de los pilares del Plan nacional de acción que aprobó el Gobierno del Partido Popular en mayo de 2001 y que tiene vigencia hasta el año 2003, es la coordinación con las comunidades autónomas para la elaboración de planes de
inclusión social.
En ese sentido, hay que decir que tienen planes propios de lucha contra la exclusión social Navarra, País Vasco, Cataluña, Galicia, La Rioja, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Andalucía no lo tiene, pero no ha sido
por descuido. Mi grupo parlamentario ha presentado iniciativas en ese sentido en el Parlamento de Andalucía y han sido derrotadas con la colaboración del Partido Andalucista, que forma Gobierno con el Partido Socialista. Usted ha sido miembro del
Gobierno andaluz y ahora sigue gobernando el Partido Andalucista con el Partido Socialista, y en el ayuntamiento de Sevilla también forman parte del Gobierno municipal y tampoco ha sido posible ninguna actuación. Esto en cuanto al punto primero.



El punto segundo de su moción se refiere al caso singular de las llamadas 3.000 viviendas de Sevilla, con la denominación oficial de Martínez Montañés. (Se produce un corte de luz en el hemiciclo.) Esto debe ser un aviso de la degradación
de esas 3.000 viviendas y debe servir para recordarles que es una barriada realmente degradada. En ese punto propone usted la creación de una especie de consorcio, con la participación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla, para
elaborar un plan que haga frente a la evidente marginalidad de esa barriada. Quiero recordarle que el Gobierno del Partido Popular ya ha hecho a nivel nacional lo que tenía que hacer y a nivel de relación con las comunidades autónomas también ha
hecho lo que tenía que hacer, y no ha conseguido hacerlo con Andalucía por las razones que ya le he apuntado. Yo creo que lo que procede, señor Núñez, es que S.S. excite el celo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla y se suban al
carro de la colaboración con el plan nacional, como han hecho las comunidades autónomas que le he citado. Pese a todo, le voy a formular una enmienda in voce consistente en añadir un párrafo a nuestra enmienda, y si usted me la admite con mucho
gusto votaremos a favor. Añadiríamos a nuestra enmienda un párrafo que diga: En coordinación con las administraciones autonómica y municipal competentes, prestará una especial atención a la barriada Martínez Montañés de Sevilla. Por el camino que
se señala en esa enmienda y en la adicional in voce que le acabo de leer, siempre encontrarán, señor Núñez, el apoyo del Grupo Popular tanto en el Parlamento de Andalucía como en las Cortes Generales; por el camino de iniciativas de oportunismo
electoral o de confrontación con el Gobierno central, desde luego no cuente con el Grupo Popular.



Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.



Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.



El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que esta iniciativa del Partido Andalucista es positiva porque lleva a la Cámara una cuestión importante en cualquier agenda de política social como es la realidad de la pobreza
en los grandes núcleos urbanos. Es una cuestión que yo diría que hemos tenido pocas ocasiones de debatir tanto en la Comisión de Política Social y Empleo como en el Pleno de la Cámara, y por tanto es una iniciativa que ya es positiva por el solo
hecho de permitirnos discutir aunque sea durante unos breves minutos sobre esta cuestión tanto en el debate de la semana pasada como en el de hoy.
Plantea una realidad concreta que mi grupo parlamentario lógicamente desconoce, pero coincidimos con
el planteamiento del señor Núñez en el sentido de que las medidas que se deban articular para hacer frente a la pobreza de carácter urbano en núcleos marginales donde las políticas convencionales no son eficaces pasa por la colaboración
interinstitucional.



Creo que en mi país, Cataluña, tenemos algunos ejemplos de colaboración entre ayuntamientos y el Gobierno de Cataluña, el Gobierno del Estado y las diputaciones para hacer frente a problemas concretos situados en ciudades del área
metropolitana de Barcelona. Por tanto, en ese sentido coincidimos con la filosofía que expresa su moción y creemos especialmente interesante el mandato que formula en su iniciativa para que el Gobierno elabore un informe sobre la realidad de la
pobreza en los núcleos urbanos. He de recordar que hace unos meses la Fundación Solomon, vinculada a La Caixa de Cataluña, presentó un estudio sobre la pobreza en Cataluña en el que situaba una nueva realidad de este entorno con un creciente
proceso de feminización de la pobreza en nuestro país: por un lado, mujeres pobres que viven solas y, por otro lado, mujeres con hijos a cargo que viven solas; una realidad, señorías, a la que yo creo que la Cámara no puede permanecer ajena. Por
tanto, yo creo que tanto el contenido literal de su moción como el espíritu que la anima son positivos y por tanto va a encontrar el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.



Señor Núñez, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.



El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, aceptamos las enmiendas de carácter técnico que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, no aceptamos la de Izquierda Unida, como he dicho, porque no se centra en el tema aunque tiene que
ver con él, y lamento que la proposición del Grupo Popular se instale en una ciega y necia confrontación que no se corresponde en ningún caso con la intervención de este portavoz durante la sesión de interpelación y durante la sesión de hoy y, por
tanto, imposible de aceptar.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.



Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la situación de los núcleos de marginalidad y exclusión social en las grandes ciudades y sobre las políticas e instrumentos de
corrección de los mismos, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que han sido aceptadas por el grupo proponente.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 103; en contra, 156.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.



Eran las nueve y treinta minutos de la noche.