Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 169, de 11/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 169
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 163
celebrada el martes, 11 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular:
- Sobre principios básicos de ordenación del medicamento. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 203-1, de 8 de febrero de 2002.
(Número de expediente 120/000005.) ... (Página 8470)
Avocación por el Pleno:
- Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas de modificación del procedimiento abreviado. (Número de expediente
122/000199.) ... (Página 8479)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 230-1, de 19 de abril de 2002. (Número de expediente
122/000206.) ... (Página 8479)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respaldo a la conversión de Sevilla en el tercer polo aeronáutico europeo. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de 2002.
(Número de expediente
162/000529.) ... (Página 8487)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de 2002. (Número de expediente 162/000521.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la derogación del Decreto-ley de reforma de la protección por desempleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de 2002.
(Número de expediente 162/000523.) ... (Página 8493)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para reducir la conflictividad en materia de propiedad intelectual. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7
de junio de 2002. (Número de expediente 171/000138.) ... (Página 8502)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 365, de 7 de junio de 2002.
(Número de expediente 173/000139.) ... (Página 8506)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de Cultura y Religión en el Anteproyecto de Ley de Calidad de la Educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 365, de 7 de junio de 2002. (Número de expediente 173/000140.) ... (Página 8510)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ...
(Página 8470)
Sobre principios básicos de ordenación del medicamento ... (Página 8470)
Por el señor secretario (Oliart i Pons) se da lectura de la exposición detallada de las razones que, según los firmantes de la iniciativa, aconsejan la tramitación.
Intervienen en el debate el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Valentín Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular sobre principios básicos de ordenación del medicamento, se rechaza por 288 votos en contra y dos abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página 8479)
Proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado ...
La señora presidenta comunica a la Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final de la
proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8479)
Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil ... (Página 8479)
El señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la proposición de ley que su grupo propone en base a que es necesario modernizar y racionalizar el régimen estatutario aplicable a la Guardia Civil, recordando a
tal efecto la opinión favorable del director general de la Guardia Civil, en la Comisión de Justicia e Interior, sobre las asociaciones profesionales en la Guardia Civil. Se refiere a la naturaleza de la Guardia Civil, más cercana al Cuerpo
Nacional de Policía que a las Fuerzas Armadas, por lo que, dice, no tiene sentido que el Cuerpo Nacional de Policía en este momento disfrute del derecho de sindicación mientras que la Guardia Civil tiene vedada cualquier actuación de carácter
asociativo a efectos profesionales. Por otra parte considera llegado el momento de suprimir los efectos indeseables de esa naturaleza híbrida, que es no ser ni militares ni funcionarios, lo que no contribuye a garantizar una operatividad, una moral
y una eficacia en el trabajo de los guardias civiles. Plantean esta cuestión por sentido de la responsabilidad y pretenden construir un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios a partir de esta proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil, se rechaza por 120 votos a favor y 169
en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 8487)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respaldo a la conversión de Sevilla en el tercer polo aeronáutico europeo ... (Página 8487)
Defiende la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora Becerril Bustamante. Tras exponer la situación de la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A. y su importancia histórica, se
refiere a la participación de dicha empresa en la construcción del Airbus para transporte militar y a la importancia que esta decisión, que se concretó a principios de mayo en Berlín por los ministros de Economía de Alemania, de Industria del Reino
Unido, de Ciencia y Tecnología de España y por el director general de Aviación Civil de Francia, tiene para la industria de Sevilla y Andalucía en particular y para la industria española en general, porque se trata de que en la sede de
Construcciones Aeronáuticas de Sevilla, aunque no exclusivamente, se ensamble y se entregue el avión A-400 M o avión de transporte militar llevado a efecto por el consorcio. Asegura que es un proyecto de extraordinaria importancia para la industria
española, con una inversión en diez años de 1000 millones de euros y con un alto componente tecnológico. Por todo ello, su grupo presenta esta proposición no de ley, en la que espera contar con el apoyo de todos los grupos, y comparte el espíritu
de las enmiendas presentadas en el sentido de que desde el Gobierno no sólo se apoye, se vigile o se anime este proyecto sino que también se haga contando con las instituciones públicas de Andalucía, con los ayuntamientos afectados, y exista una
estrecha colaboración entre el Gobierno y la Junta de Andalucía.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista; Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Becerril Bustamante.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respaldo a la conversión de Sevilla en el tercer polo aeronáutico europeo, en sus propios términos, se aprueba por 284 votos a favor, uno
en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo ... (Página 8493)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la derogación del Decreto-ley de reforma de la protección por desempleo ... (Página 8493)
El señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presenta la proposición no de ley en la que piden la derogación del Decreto-ley que regula el desempleo porque, explica, a su grupo le parece injusto y antisocial,
porque creen que no favorece el empleo, porque perjudica a los trabajadores y porque se ha hecho sin consenso, rompiendo el diálogo social. Explica estos extremos y aconseja reanudar un diálogo social con sindicatos, empresarios y comunidades
autónomas, porque una huelga general es un problema para el país que no beneficia a nadie.
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez) el señor Rodríguez Sánchez. Destaca en primer lugar dos opiniones del señor Aznar sobre la huelga general: una, que estaba convocada
para fastidiar, como si no tuviera ninguna justificación racional; y otra, para hacer daño a España, confundiendo el Gobierno con el todo, y acusa a la cifras macroeconómicas enarboladas por el Gobierno de estar ocultando una realidad de
precariedad laboral, de indignidad, de tratar a las personas como mercancías, personas que viven en la inestabilidad y sin seguridad. Tras dar unas cifras totalmente distintas a las del Gobierno sobre el mercado del trabajo, hace una serie de
preguntas sobre las consecuencias que va a tener el decreto-ley de reforma de la protección por desempleo y sobre la huelga general convocada para el 20 de junio. Asimismo pide prudencia y diálogo con los sujetos sociales, que tienen algo que decir
porque son los que soportan económicamente el sistema que se está discutiendo.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Jáuregui Atondo y Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre derogación del Real decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por
120 votos a favor, 171 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la derogación del Decreto-ley de reforma de la protección por desempleo, con la incorporación, asimismo, de las
enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 122 votos a favor y 169 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8502)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para reducir la conflictividad en materia de propiedad intelectual ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Guardans i Cambó.
Considera que del debate de la interpelación urgente con la señora ministra salió un diagnóstico común
que resume en tres puntos: que en el ámbito de la propiedad intelectual en España hay problemas graves a la hora de poder representar a efectos de gestionar y cobrar o pagar los derechos correspondientes; que hay intereses legítimos en conflicto,
y que, ante la constatación de la realidad ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden mirar los toros desde la barrera, como si las cosas no fueran con ellos. Explica la
naturaleza de lo que es el derecho de propiedad intelectual y aboga por una configuración legal en su ejercicio, en su extensión y en sus modalidades, teniendo en cuenta todos los intereses legítimos. Afirma que con su proposición no de ley
quieren aportar un granito de arena, aunque son conscientes de que el problema no se resolverá del todo, y pasa a exponer el contenido concreto de la proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Calomarde Gramage, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Guardans i Cambó.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para reducir la conflictividad en materia de propiedad
intelectual en los términos de la enmienda transaccional expuestos por el grupo proponente, se aprueba por 269 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana ... (Página 8506)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto la señora Lasagabaster Olazábal, en nombre del señor Puigcercós i Boixassa, que se encuentra convaleciente de una operación.
Explica las nueve medidas
que se proponen por Esquerra Republicana de Catalunya en la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua y cultura catalanas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Lasagabaster Olazábal.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana, en sus propios
términos, se rechaza por 23 votos a favor, 147 en contra y 92 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de cultura y religión en el anteproyecto de ley de calidad de la educación ... (Página 8510)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Valcarce García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Explica que la moción concierne directamente a la educación, pero implica simultáneamente el ejercicio de
derechos fundamentales como son la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Considera que el derecho a la educación tiene su fundamento en el derecho a la libre formación de conciencia, por lo que la educación ético-cívica constituye el
núcleo fundamental de la enseñanza y tienen que cursarla todos los alumnos.
Asimismo considera que, de acuerdo con la Constitución, la enseñanza confesional de la religión no forma parte de la programación general de la enseñanza, resaltando la
contradicción existente entre el carácter no confesional del sistema educativo español y la pretensión de evaluar académicamente las creencias y la fe.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Valcarce García.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de cultura y religión
en el anteproyecto de ley de calidad de la educación, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 95 votos a favor, 154 en contra y tres
abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
- SOBRE PRINCIPIOS BÁSICOS DE ORDENACIÓN DEL MEDICAMENTO. (Número de expediente 120/000005.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día. Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. Sobre principios básicos de ordenación del medicamento.
Por parte del secretario primero de la Cámara, se dará lectura de la exposición detallada de las razones que según los firmantes de la iniciativa aconsejan la tramitación.
El señor SECRETARIO PRIMERO: Exposición detallada de las razones que aconsejan la tramitación y aprobación por las Cámaras de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular sobre principios básicos de ordenación del medicamento.
Primera. El medicamento es un bien esencial de interés universal que exige un máximo control técnico sanitario, administrativo y profesional.
Segunda. La Organización Mundial de la Salud tiene reiteradamente declarado que el modelo farmacéutico español, de modo especial dentro de lo que se ha dado en llamar la farmacia mediterránea, constituye un ejemplo a seguir por razón de su
óptimo funcionamiento, singularmente desde el punto de vista del servicio sanitario prestado a la población, a través no sólo de la dispensación de medicamentos y de la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, sino del consejo
sanitario a los pacientes, la información sobre la utilización de los medicamentos y la colaboración con aquéllos y con las administraciones públicas en el uso racional del medicamento y en otros servicios sanitarios de interés general, exigidos por
la expuesta consideración del medicamento.
Tercera. Ello, no obstante la actual regulación del control, custodia y conservación de medicamentos y de las oficinas de farmacia, adolece de un alto grado de dispersión legislativa que, aparte de provocar inseguridad jurídica, propicia
situaciones que dificultan el efectivo acceso de todo ciudadano y ciudadana en condiciones de igualdad al medicamento y al servicio sanitario prestado por los farmacéuticos.
Cuarta. Finalmente no cabe ignorar que, desde hace varios años, algunas disposiciones han venido a debilitar o cuestionar el modelo que, en garantía del medicamento y de los derechos de los ciudadanos, concibe la farmacia como servicio
sanitario y que, por otra parte, desde determinados sectores económicos se propugna la desregulación de la farmacia con miras economicistas y de mercado que supondrían la destrucción final del modelo farmacéutico sanitario regulado, con graves
perjuicios para la población y el interés público general. Todo lo cual justifica la tramitación y aprobación por las Cámaras de la adjunta proposición de ley, según se justifica detalladamente en este escrito y se desarrolla en la exposición de
motivos de la proposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario primero.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre esta proposición de ley de iniciativa legislativa popular, posición que va a ser negativa a la toma en consideración por las razones que sumariamente paso a exponer.
En primer lugar, compartimos la declaración que se hace en el artículo 1, en el sentido de que el medicamento es un bien esencial de interés universal que exige el máximo control técnico sanitario, administrativo y profesional, pero lo que
no compartimos desde el Bloque Nacionalista Galego es el desarrollo que después se hace, o la solución que se aporta, para concretar o implementar en la práctica esta declaración general. No lo compartimos porque, en primer lugar, pensamos que esta
proposición de ley invade competencias legislativas de las comunidades autónomas, en concreto de la Comunidad Autónoma de Galicia. Será ese el ámbito, el Parlamento gallego, hablando con los agentes, laboratorios y también con los colegios
farmacéuticos de Galicia, en el que se deba valorar la necesidad de modificar la legislación gallega en este sentido, que desde el Bloque Nacionalista Galego también se critica y se promovió en diversas ocasiones su modificación. En segundo lugar,
porque determinadas previsiones que se contienen en esta proposición de ley nos parece que pueden resucitar conflictos relativos a cómo se deben vender determinados productos, no estrictamente medicamentos, conflictos que de alguna manera ya han
sido resueltos, y estoy hablando
de material higiénico, pañales, compresas, preparados, etcétera, que en este momento son de venta libre, pero haciendo notar que en las farmacias estos preparados tienen un precio sustancialmente superior, más caro que en otro tipo de
establecimientos. En tercer lugar, porque nos parece que previsiones como las contenidas en esta proposición de ley, como la de establecer límites a la propiedad de oficinas de farmacia, son plausibles, pero deben ser introducidas en normas
autonómicas. En cualquier caso, en esta proposición de ley faltan otras previsiones, como pueden ser las relativas a la sanidad penitenciaria, a la publicidad de los medicamentos, que deberían figurar en una proposición de ley básica que se llama
de ordenación del medicamento. Más bien se trata en este caso de regular un conflicto, que es real y que esta Cámara deberá abordar, que enfrenta a los titulares de oficinas de farmacia con los laboratorios. Este es un problema que esta Cámara
deberá abordar, en especial la Comisión de Sanidad y Consumo, pero no parece que una proposición de ley como la que se propone sea la mejor vía de solucionarlo. Por tanto, anunciamos el voto negativo del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, hoy estamos debatiendo la toma en consideración de una proposición de ley de iniciativa popular, proposición de ley que plantea una serie de principios básicos de ordenación del medicamento.
En primer lugar, y en relación a la exposición de motivos, quisiera resaltar algunos aspectos que nos parecen importantes. Primero, la concepción del medicamento como un producto sanitario y no como una simple mercancía objeto de consumo y
sujeta a las leyes del mercado. La utilización del medicamento forma parte y debe formar parte siempre de un proceso asistencial, y es utilizado bien con fines preventivos, diagnósticos o, lo que es más frecuente, con fines terapéuticos. Desde
esta perspectiva, nuestro grupo también concibe cualquier tipo de medicamento, sean estos financiados o no financiados por el sistema público. Y de la misma forma, han de ser así las políticas de uso racional del medicamento, que deben ir dirigidas
a todo tipo de medicamentos financiados o no. A nuestro entender, bajo este prisma es como debe valorarse todo el ciclo o la cadena del medicamento, su producción, distribución, prescripción, dispensación y definitivamente su consumo.
Quisiera expresar posiciones ya manifestadas de forma reiterada por mi grupo, por Coalición Canaria, en diversas ocasiones y sobre todo en relación con el papel de las oficinas de farmacia como un establecimiento sanitario. Quiero recordar
la moción presentada y aprobada por unanimidad en esta Cámara el 19 de diciembre del año 2000, en donde se instaba al Gobierno a que, a través del Consejo interterritorial de Salud, se elaborara un plan integral de medidas de control del gasto
farmacéutico y de uso racional del medicamento, para abrir los cauces de participación con todos los sectores implicados. Hablábamos de la industria, de la distribución, de la dispensación, por tanto de las oficinas de farmacia, de los
prescriptores y, cómo no, de los usuarios. Pues bien, entre los principios básicos que figuran en esa moción de cómo debe regirse dicho plan, figuraba, además de la potenciación del uso racional del medicamento, consolidar y mejorar la calidad de
las prestaciones y la prescripción del medicamento en el Sistema Nacional de Salud, primando una valoración sanitaria fundamentalmente del problema antes que una valoración comercial o estrictamente económica. Otro de los principios que
manifestábamos en dicha moción era la necesidad de consolidar y mejorar la calidad de la prestación farmacéutica, desarrollando los aspectos contenidos en la Ley General de Sanidad, sobre la consideración de la oficina de farmacia como un
establecimiento sanitario involucrado en la dispensación del medicamento, en el uso racional del mismo, en la divulgación de los genéricos entre los ciudadanos y, en última instancia, en la educación y en la cultura sanitaria del ciudadano.
Entendemos, como hemos dicho en anteriores ocasiones, que la oficina de farmacia es uno de los sectores que con sus aportaciones ha contribuido más, a través de los decretos producidos en los diferentes conciertos con las comunidades autónomas, que
son las gestoras que, en última instancia, tienen que dar cobertura a dicho gasto. Una de las razones por la que probablemente surge esta iniciativa, la podríamos encontrar en el temor producido por diversos acontecimientos, como fue en su momento
el Real Decreto 5/2000, de medidas urgentes, que no fue consensuado con los principales sectores implicados, entre ellos con las oficinas de farmacia, y el constante crecimiento del gasto no ha producido la reacción por parte de la Administración
del Estado, única que tiene competencias para el desarrollo de medidas estructurales, competencias que en muchas ocasiones no las ejerce, tampoco las delega y tampoco las comparte con las comunidades autónomas. El temor a que nuevamente el Gobierno
central del Estado vuelva a tomar medidas unilaterales que repercutan directamente en la oficina de farmacia puede que esté en la génesis de esta proposición.
Pero la posibilidad de que esto no pueda ocurrir no va a ser a través de lo contenido
expresamente en esta proposición de ley. En algunos casos porque -y manifiesto ya la posición de nuestro grupo de no apoyar la presente proposición de ley- esta proposición de ley no propone nada nuevo que no esté recogido ya,
bien en la Ley del Medicamento o bien en la Ley General de Sanidad.
Comentábamos el artículo 1 ó el 2, que hablan de que corresponde en exclusiva a las oficinas de farmacia la dispensación de los medicamentos, o que se puedan desarrollar
conciertos entre las oficinas de farmacia y las administraciones públicas. Eso ya se está produciendo en las comunidades históricamente transferidas, y se seguirá produciendo en las que recientemente se han transferido. A su vez, no compartimos lo
contenido en esta proposición de ley porque, además de que a veces hace referencia a aspectos ya contenidos en la legislación actual, precisamente lo que está reclamando Coalición Canaria es que se desarrolle lo contenido en las leyes que no se han
terminado de desarrollar, pero que se haga con un sentido totalmente distinto al recogido en esta proposición de ley. Me refiero a que algunos de los aspectos contenidos en esta proposición de ley invaden competencias autonómicas que ya han sido
transferidas y que están siendo gestionadas.
El hecho de que el Gobierno fije los precios, recogido en el artículo 3, para toda clase de medicamentos, es algo que ya se está produciendo, es lo que está haciendo el Gobierno. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Lo que reclamamos desde Coalición Canaria es que esta competencia debe estar compartida con las comunidades autónomas. Aclaro, no estamos diciendo que se produzcan diferencias de
precios a lo largo del territorio del Estado. Entendemos que el usuario debe acceder en condiciones de igualdad allá donde viva. Pero lo que sí es cierto, y más incluso después del desarrollo de la Ley de estabilidad presupuestaria, es que
decisiones como qué medicamentos se financian y cuáles son sus precios, inducen claramente a un gasto en las comunidades autónomas. Por lo tanto, son decisiones que deben ser compartidas en el seno del Consejo interterritorial y a través de las
comisiones técnicas correspondientes.
Por otro lado, gran parte de lo desarrollado en otros artículos, como el 5, son ya competencia de las comunidades autónomas. Hablar de que vuelva a ser la Administración central la que fije los horarios, por ejemplo, o los ratios de
población con los cuales deben establecerse las farmacias, son competencias de las comunidades autónomas. Concretamente en Canarias se está consensuando con el sector, además de los conciertos, la ley de ordenación farmacéutica de Canarias. Son
pasos importantísimos para mejorar la accesibilidad de la prestación farmacéutica allá donde se produce, en los territorios, y mejorarla con los criterios propios de cada comunidad autónoma. En ese sentido, estamos de acuerdo en preservar la
prestación farmacéutica y en potenciar las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios y que incluyan otro tipo de actividades, incluso de educación, actividades encaminadas a mejorar la relación con el sistema sanitario. Igual que el
sistema sanitario tiene que estar en constante evolución, modernizando su gestión, entendiendo que el ciudadano, el usuario es el centro a partir del cual deben establecerse los nuevos mecanismos de gestión del sistema público y las mejoras en el
acceso, la prestación farmacéutica debe ir evolucionando a través de las oficinas de farmacia.
Por todo lo expuesto, nosotros no podemos apoyar la presente proposición de ley, pero aprovechamos para, desde esta tribuna, recordar la necesidad de cumplir la moción que se aprobó por unanimidad en diciembre de 2000, en la que se instaba
al Gobierno a desarrollar un plan integral, con participación de todas las comunidades autónomas a través del Consejo interterritorial y con participación de los sectores implicados. Como hemos manifestado en diversas ocasiones, dicha moción sigue
viva puesto que los acuerdos a los que se llegó en su momento se hicieron sin el consenso del Consejo interterritorial y sin tener en cuenta algunas de las premisas que se planteaban en dicha moción, en la que se hablaba de la necesidad de un
diagnóstico común entre todos los sectores que permitiera la toma de medidas estructurales. Desde nuestro punto de vista, la realidad está ahí: la factura de farmacia sigue creciendo muy por encima de las previsiones realizadas en su momento.
Nosotros habíamos comentado desde diversas tribunas que los acuerdos que se habían producido con Farmaindustria conllevaban un crecimiento por encima del PIB nominal y eso se está cumpliendo. La distancia cada vez será mayor porque la financiación
del sistema sanitario público a través de los nuevos mecanismos de financiación tendría que crecer correlativamente al PIB durante los tres primeros años y no es lo que se está produciendo actualmente con el crecimiento del gasto actual en
medicamentos. Por eso, insistimos en que los contenidos de la moción siguen estando vivos. No hemos visto la plasmación por parte del Gobierno de muchos de los acuerdos que se tomaron con estos sectores. Por tanto, seguimos instando a que la
misma se cumpla y que se encauce nuevamente, a través del Consejo interterritorial y de los sectores implicados, la elaboración del plan integral mencionado en la moción que acabo de recordar y que, desde nuestro punto de vista, es fundamental para
seguir preservando la prestación del medicamento en el Sistema Público de Salud, de forma que sea capaz de ir dando respuesta a las nuevas necesidades que, indiscutiblemente, la población seguirá demandando.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero comenzar saludando a quienes desde la tribuna asisten a este trámite y son protagonistas del laborioso proceso que requiere la iniciativa legislativa popular -el más laborioso de todos los previstos- para participar en la
formación de la voluntad del Estado a través de la iniciativa legislativa.
Cuando la Constitución aceptó la inclusión de un principio de democracia semidirecta lo hacía sin demérito de la democracia representativa y con el carácter que le da la doctrina kelseniana cuando dice que ha de ser entendida para contribuir
al mantenimiento de los principios parlamentarios. En ningún caso pueden constituir una alternativa a los mismos, porque es sabido que el sistema constitucional español articula, es la opción del constituyente articular el modelo de representación
política a través del sistema de partidos, tal y como se establece en el artículo 6 de la Constitución. Reconocida sin embargo esta posibilidad, quedó diferida su articulación a la ley y la ley concreta que la reguló estableció un trámite de
admisión y presentación en la Cámara que no estaba en el proyecto inicial. El proyecto del texto por el que actualmente se regula la iniciativa legislativa popular no preveía, repito, este procedimiento de toma en consideración. Establecido sin
embargo que es necesaria la toma en consideración uno ha de conducirse en ella conforme a los criterios de necesidad de la norma y corrección técnica para apostar por que deba o no tener entrada en este hemiciclo, siendo estos los parámetros por los
que mi formación política ha formado su voluntad.
Necesidad de la norma. Entendemos que la previsión constitucional de reserva al Estado de la legislación sobre productos farmacéuticos en el 149.1.16.ª está ya regulada en este momento, no voy a decir que satisfactoriamente para la
formación política a la que represento, pero está ya recogida en la Ley General de Sanidad y en la Ley del Medicamento. A partir de ahí tienen entrada las comunidades autónomas, que en el caso de la proposición que se nos presenta ni siquiera
tienen cita en el texto de la norma. Quienes nos la han presentado en persona a los distintos portavoces mencionaban que ya existe en la misma norma una cita expresa a las administraciones o entidades públicas. Peor me lo ponen puesto que en el
sistema constitucional las comunidades autónomas no son sólo administraciones o entidades públicas sino que son poder político y es la forma elegida por el constituyente para articular el poder político, la distribución territorial del poder
político. Por lo tanto, las competencias que en esta materia tienen establecidas -y que por cierto han ido desarrollando, en el caso de la comunidad autónoma vasca a través de la Ley 11/94, creo que la generalidad de las comunidades tienen
establecidas sus propias normativas sobre farmacias- creemos que están totalmente ausentes de los textos que se nos presentan, y para una formación de matiz nacionalista como es la mía, pero en todo caso respetuosa de la delimitación competencial,
como deben ser todas, hacen muy difícil la toma en consideración de una norma de este estilo.
Ocurre además que la mera cita del artículo 43 de la Constitución, cuando consagra el derecho a la salud de todos los españoles, su mera cita, repito, no basta para ahuyentar el marcado carácter de protección corporativa, creemos, o incluso
de tono claramente mercantilista que tiene el texto que como iniciativa legislativa se presenta ante esta Cámara. Cierto es que hay algunas cuestiones que son meritorias, tal y como quedan plasmadas, por ejemplo el intento de limitación de la
propiedad, pero distintas leyes autonómicas ya lo contemplan, o también algunos aspectos referidos a la publicidad. Pero la exclusividad que se atribuye a las oficinas de farmacia en determinadas materias o incluso la propia conflictividad que se
transparenta con la industria de farmacia nos parece que es absolutamente ajeno a los títulos competenciales o a la mera cita del artículo 43 que se dice defender.
Señorías, de lo que vengo diciendo hasta ahora se ve que el contenido de la norma a mi formación política le gusta poco. Creemos además que el artículo 4 hace un flaco favor o desconoce normativa vigente que a mi formación política en su
día no le gustó en absoluto, como es el Decreto Ley 5/2000, que sin embargo luego no ha resultado inútil de cara a articular las actuales relaciones desde las distintas administraciones competentes, las de las comunidades autónomas, repito, que
ejercen poder político y no sólo administración, por ejemplo en el caso vasco. De la misma forma que todo el contenido de los artículos 5 y 6 entiendo que corresponden a la competencia de las comunidades autónomas, que lo vienen además ejercitando
conforme se acredita con la existencia de leyes de farmacia, además de muy distinto sesgo conforme sea la zona del territorio del Estado que elijamos, teniendo en cuenta que hacen uso legítimo del principio, que creemos que es también
constitucional, de que autonomía es diversidad y cada uno ejercita el poder político, dentro de las competencias, por supuesto, conforme a lo que cree que son las políticas propias con las que se ha comprometido respecto de sus ciudadanos, poco
aporta para nosotros el texto que se nos presenta en cuanto al uso racional del medicamento y al título de sanidad y sobre todo en lo que hace referencia a la calidad de la prestación. Nos parece que no tiene un tono marcadamente sanitario y no
dice nada desde luego en cuanto a la mejora de la prestación de lo que desde nuestra perspectiva es a todas luces un servicio público. Habrán ya deducido, señorías, que nuestra formación política no es partidaria por lo tanto, como quienes me han
antecedido en el uso de la palabra, y el voto de mi grupo será no a la toma en consideración de esta iniciativa, respetando, repito, el mérito y el trabajo de quienes la han traído a la Cámara, pero no estando de acuerdo ni con su oportunidad ni con
el tenor concreto.
Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, querría decir que nos merece mucho respeto esta iniciativa legislativa popular que viene a la Cámara respaldada por más de medio millón de firmas y que es expresiva de la voluntad popular de mantener en los términos actuales
el sistema de dispensación de medicamentos, porque la proposición de ley sobre principios básicos de ordenación del medicamento no representa, desde nuestro punto de vista, innovación alguna sobre lo que han venido a ser los principios reguladores
ya establecidos tanto en la normativa básica estatal como en las distintas leyes y decretos de ordenación farmacéutica aprobados por las comunidades autónomas hasta la fecha.
Tras la aprobación de la Constitución española se ha venido aprobando una serie de leyes cuyo objetivo es hacer efectivo el mandato contenido en su artículo 43 en condiciones de igualdad efectiva. Las leyes estatales aprobadas son la Ley
14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril; Ley 25/1990, del Medicamento, de 20 de diciembre, y Ley 16/1997, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia, de 25 de abril. En todas ellas se efectúa una regulación no sólo de los
medicamentos y productos sanitarios, sino también de las distintas entidades y establecimientos sanitarios que participan en lo que se viene denominando como cadena del medicamento, en la que se incluyen la fabricación, su distribución mayorista y
su dispensación por las oficinas de farmacia.
Por otro lado, al asumir las comunidades autónomas las competencias en materia de ordenación farmacéutica, se han venido aprobando distintas leyes de ordenación en las que se han recogido los principios
básicos en relación con los medicamentos, así como la regulación de las oficinas de farmacia y demás establecimientos sanitarios relacionados con el medicamento. En todas estas normas se recoge que las oficinas de farmacia son los establecimientos
sanitarios facultados para la custodia, conservación y dispensación de medicamentos, asegurándose, mediante la planificación sobre la base de módulos de población y distancias, la accesibilidad y la calidad en el servicio y la suficiencia en el
suministro de medicamentos en los términos que establece la Ley 16/1997, el acceso de los usuarios en todo momento a la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud sobre la base de la ordenación de horarios y turnos de guardia y
vacaciones que se establece en las comunidades autónomas y sobre la base de los conciertos suscritos entre las administraciones y la propia representación farmacéutica a través del consejo general o los consejos autonómicos de colegios competentes.
Asimismo se recoge la regulación de la fijación de precios de los medicamentos a través de los artículos 100 y siguientes de la Ley del Medicamento.
Complementariamente a lo que acabo de exponer, algunas de las innovaciones que plantea esta proposición de ley nos parecen positivas, pero también hemos de decir que una buena parte de las innovaciones, que en nuestra opinión son muy
poquitas, no se ajusta tampoco a las distintas directivas europeas: las referidas a los productos sanitarios y su dispensación exclusiva en las oficinas de farmacia (Directiva 93/42), la fijación de precios de toda clase de medicamentos (Directiva
89/105) y la prohibición con carácter general de su publicación (Directiva 2001/83) En definitiva, el contenido del artículo 2 de esta proposición de ley que viene a la Cámara como producto de una iniciativa popular, referente a la custodia,
conservación y dispensación de medicamentos, está ya recogido en el artículo 93.2 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. El punto 2 del artículo 2, sobre la dispensación, por lo que se refiere a la propiedad y a la titularidad de
las oficinas de farmacia, también está recogido en el artículo 103.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que se refiere a la actuación profesional de los farmacéuticos y a las responsabilidades que adquieren en su ejercicio
profesional. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia, recoge un aspecto que personalmente me parece muy llamativo. En opinión de esta portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, este artículo extrema la defensa del sistema, lo cual me parece que es una razón para oponernos a la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, aunque no es norma de mi grupo. Tenemos por sistema votar siempre a favor
de las tramitaciones parlamentarias, máxime cuando vienen precedidas de una iniciativa legislativa popular que nos merece el máximo de los respetos.
Por todo lo que he dicho, por no aportar esta proposición de ley innovación alguna a lo ya regulado por las leyes estatales y autonómicas ni aportar nuevas garantías para el bienestar de los ciudadanos en la atención integral a la salud o
acciones o funciones que supongan nuevos beneficios o reducción de riesgos de los medicamentos sobre lo que ya está establecido por la Ley General de Sanidad y por la Ley del Medicamento, con mucho dolor de corazón y con mucho respeto para los
farmacéuticos que han llevado a cabo esta recogida de firmas y para los ciudadanos que han contribuido a que esta iniciativa llegue al Parlamento, tenemos que decir que vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más, señorías, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, paso a fijar la posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre esta proposición de ley de iniciativa popular. Saludo a los representantes presentes en la tribuna y voy a intentar razonar los motivos
de nuestra discrepancia con el texto.
La proposición de ley se sustenta en un principio que nosotros, por descontado, compartimos. No podemos mantener el derecho a la salud sin garantizar la atención farmacéutica; los dos conceptos no pueden darse disociados. Por
consiguiente, el medicamento no puede verse como un producto de consumo, sino como un bien esencial que debe estar regulado para promover su uso racional y que debe ser dispensado por profesionales farmacéuticos. Nada que objetar a esta
declaración, que pensamos que se corresponde con el artículo 1 de la proposición de ley. En todo caso debemos constatar que, a nuestro juicio, tampoco aporta nada novedoso sobre la actual Ley del Medicamento.
El artículo 2 de la proposición de ley define a quién corresponde la dispensación de medicamentos. Mi grupo parlamentario no comparte el criterio de que solamente y en exclusiva -subrayo la palabra exclusiva- sean las oficinas de farmacia
las que dispensen los medicamentos, sin perjuicio de los que se dispensen por los servicios de farmacia de los hospitales para su aplicación dentro de los mismos. Negar la posibilidad de que los servicios farmacéuticos de atención primaria y los
hospitales dispensen medicamentos a usuarios que necesitan de un control muy especial nos parece que en absoluto es beneficioso para el sistema ni mucho menos para los usuarios. Este artículo contradice la Ley del Medicamento y además vulnera las
leyes de ordenación farmacéutica de las comunidades autónomas. Por otra parte, consideramos que el artículo 2.2, que define las funciones del farmacéutico, olvida algunas tan importantes como las de promoción de la salud, educación sanitaria,
colaboración con las administraciones sanitarias y coordinación con las estructuras de atención primaria. El hecho de que prohíba ejercer la profesión a través de personas jurídicas no aporta tampoco ninguna novedad sobre la actual legislación.
El artículo 3 de la proposición de ley establece a quién corresponde fijar los precios de los medicamentos, el crecimiento anual, y excluye cualquier posibilidad de publicidad, de promoción y de descuentos sobre los mismos. Consideramos que
las medidas propuestas en este artículo 3 no sirven para los objetivos que se fijan y además son evidentemente contrarias al Real Decreto 5/2000, presentado por el Ejecutivo a esta Cámara y aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. La
proposición de ley que debatimos invierte el sentido, niega la posibilidad de descuentos a los ciudadanos; en cambio, deja claro de manera más o menos explícita que posibilita los descuentos a las oficinas de farmacia respecto a los mayoristas y a
los laboratorios.
El artículo 4 fija que el margen profesional de las oficinas de farmacia y de la distribución sea proporcional al precio del medicamento, cualquiera que sea dicho precio. Nada más lejos de lo que mi grupo cree adecuado.
Esta propuesta la
estimamos obsoleta y anacrónica. Las tendencias actuales, al contrario de lo que la proposición de ley establece, tienden a plantear distintas formas de retribución, teniendo en cuenta incluso que muchas veces la actuación profesional pasa por la
no dispensación de ningún producto y que en absoluto existe una relación directa entre el precio del medicamento y la dedicación y el esfuerzo del profesional frente al usuario. Es más, con la propuesta de un margen fijo podría darse un incentivo
negativo al profesional contraviniendo el objetivo de potenciar el uso racional del medicamento.
El artículo 5 de la iniciativa propone que todas las oficinas de farmacia de la zona geográfica se rijan por los mismos horarios. Nos parece una propuesta rígida que no favorece en absoluto el mejor servicio al usuario. La libre opción de
ampliar horarios responde a una demanda social real y creciente. La regulación de unos mínimos servicios de obligado cumplimiento que aseguren el acceso al medicamento las 24 horas del día está sobradamente garantizada por las leyes de ordenación
farmacéutica de las comunidades autónomas.
El artículo 6 prevé que las administraciones públicas y los colegios de farmacéuticos puedan acordar conciertos para la prestación del servicio farmacéutico con el objetivo de que las oficinas de farmacia puedan facturar directamente al
colegio o a la Administración pública correspondiente. Señorías, la concertación ya está prevista en la actual Ley del Medicamento, en su artículo 97.2. El objetivo de los conciertos y el contenido de sus cláusulas debe ser objeto de negociación
de cada servicio autonómico de salud y del respectivo consejo del Colegio de Farmacéuticos en función de la Ley de ordenación farmacéutica de cada comunidad autónoma.
Resumiendo, señorías, consideramos que la proposición de ley no es ni oportuna ni mucho menos idónea. La mayor parte de su articulado es una reiteración de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y de la Ley 25/1990, del Medicamento, y en
aquellos casos en que aporta alguna novedad lo hace en detrimento de las competencias de las comunidades autónomas, injiriéndose en la capacidad de las mismas para establecer los criterios de ordenación farmacéutica más acordes con sus necesidades y
su realidad.
Además la proposición de ley no contiene, a nuestro modo de ver, ningún aspecto innovador
que responda a las demandas sociales: limita la libertad de horarios; prohíbe la publicidad de los medicamentos obviando que está controlada; limita la dispensación de medicamentos a las oficinas de farmacia o a los que de uso interno
pueda suministrar el hospital. Negar la posibilidad de que los servicios farmacéuticos de atención primaria y de los hospitales dispensen medicamentos que requieren de especial supervisión o vigilancia puede ser un criterio de interés corporativo y
un tanto monopolizador, pero difícilmente puede esgrimirse que sirva para mejorar la atención a la salud de los ciudadanos y garantizar la atención farmacéutica del usuario. Por consiguiente, señorías, se desprende que la posición de mi grupo
parlamentario no puede ser otra que la de no votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. No obstante, quisiera hacer compatible esta postura en contra de la toma en consideración con el respecto y el reconocimiento hacia
los profesionales y las personas que, pensando que hacían un servicio a la comunidad, pensando que estaban trabajando en relación con un aspecto tan importante de la sanidad como es la garantía del servicio farmacéutico, han hecho una aportación y
así queremos entenderlo. La discrepancia, señorías, forma parte de aquello que es positivo, constructivo y, evidentemente, forma parte del juego democrático.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para expresar nuestra posición sobre la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular sobre principios básicos de ordenación del medicamento. Antes de
entrar en el fondo de la cuestión y con independencia de nuestra coincidencia con su contenido, quiero mostrar nuestro reconocimiento y nuestro respeto por los promotores de la iniciativa, y me van a permitir que lo personalice en don Salvador
Ibáñez Hernando, hoy ya fallecido, que inició precisamente la tramitación de esta proposición de ley, porque -repito-, con independencia de nuestra coincidencia con el contenido, hay que resaltar que fue una persona dedicada durante gran parte de su
vida a defender la profesión farmacéutica. Por supuesto quiero mostrar nuestro reconocimiento a los ciudadanos que han firmado esta iniciativa, que nos exige, como grupo parlamentario, hacer una reflexión y un análisis lo más exhaustivo posible
para que nuestras conclusiones sean objetivas y argumentadas.
Estamos ante un texto que, aunque compartamos algunas ideas y algunas reflexiones, no podemos aceptar en su conjunto, porque ni supone un mejor servicio para el ciudadano, ni más cómodo ni más cercano, ni elimina las trabas con las que se
encuentran los profesionales farmacéuticos para hacer de la farmacia su modo de vivir -si así lo quieren- y además invade competencias de las comunidades autónomas. La iniciativa comienza declarando el medicamento como bien esencial y no como un
producto de consumo. Estamos totalmente de acuerdo con esta declaración de principios, pero, señorías, recuerdo que ya existe en nuestro país esta regulación derivada del marco comunitario, bien desarrollada en lo que a la forma y contenidos
técnicos se refiere. También estamos de acuerdo en que el uso racional del medicamento tiene que ser uno de los principios inspiradores de la política farmacéutica y por supuesto en que la atención farmacéutica y la consideración del farmacéutico
como agente sanitario son otros de los pilares en los que tiene que basarse cualquier ordenación en esta materia. Compartimos, cómo no, el objetivo de que no se pueden consumir de forma indiscriminada los medicamentos y el principio de igualdad de
oportunidades de acceso de los ciudadanos a los medicamentos. Son cuestiones que nadie ha puesto en duda en esta tribuna.
Sin embargo, hay otro tipo de consideraciones que el Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptar, como mantener el
control de precios en poder de la Administración, alejando de la libertad de precios todo tipo de medicamentos, sean o no publicitarios, se necesite o no receta para su venta, incluso de las especialidades farmacéuticas publicitarias, es decir,
aquellas que se venden en las oficinas de farmacia sin receta, aquellas de las que se puede hacer publicidad controlada en medios de comunicación y aquellas que no se financian con cargo a fondos públicos.
No podemos compartir tampoco la afirmación
de evitar toda competencia económica entre las farmacias, tanto en horarios como en precios, ni de promover conciertos entre administraciones públicas y colegios farmacéuticos, incorporando a esos conciertos a la totalidad de las farmacias del
correspondiente ámbito territorial. Señorías, el control de precios de los medicamentos, en poder de la Administración, como el de cualquier otro producto esencial, no tiene como finalidad evitar el consumo indiscriminado. Su justificación es que
las administraciones deben velar para que los ciudadanos o los entes gestores, en el caso de agentes compradores públicos, tengan la posibilidad de adquirirlos a un precio razonable, como bien esencial que son. No se pueden relacionar los precios
de los medicamentos o su carácter fijo con la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a este bien de carácter esencial, sobre todo si tenemos en cuenta que el 90 por ciento del consumo de los medicamentos está financiado por la Seguridad
Social. La garantía de que el ciudadano pueda acceder al medicamento se encuentra en los servicios autonómicos de salud, que hacen posible que la gente tenga los medicamentos que le son necesarios
para el tratamiento de sus afecciones. La voluntad de la proposición de ley de evitar toda competencia económica en relación con los horarios de las oficinas de farmacia tampoco tiene una justificación suficiente, porque como ciudadanos y
como consumidores creemos que la posibilidad de tener farmacias abiertas durante más tiempo del horario normal o durante 24 horas mejora la accesibilidad al servicio o a la prestación farmacéutica y no creemos que sea el momento de retroceder en la
regulación en estas cuestiones.
En cuanto a la dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos con carácter exclusivo en las oficinas de farmacia, lo relacionado con los medicamentos está establecido ya en la Ley General de Sanidad, en la Ley del Medicamento y en la
Ley 16/1997, y en lo referente a los productos sanitarios, por ejemplo los pañales de incontinencia, esta exclusividad también existe en este momento, aunque solamente sea a los efectos de prestación con cargo a fondos públicos. En el ámbito de la
dispensación privada, en ningún país del mundo existe esta exclusividad para este tipo de productos sanitarios.
Que la atención farmacéutica o la consideración del farmacéutico como agente sanitario se refuerce nos parece bien y además lo compartimos plenamente, pero, por ejemplo, que en los medicamentos publicitarios no se pueda hacer descuentos, tal
como reza en la proposición de ley, o no se pueda hacer publicidad de los mismos -eso sí, controlada por la autoridad sanitaria correspondiente para no inducir a una publicidad engañosa o para que no sea perversa desde el punto de vista de la salud
de los ciudadanos- es otra de las cuestiones que nosotros al menos ponemos en duda.
Sinceramente valoramos el esfuerzo y la iniciativa, sobre todo cuando vemos que es consecuencia de la incapacidad del Gobierno para solucionar determinados problemas. Todavía no se ha presentado en este Parlamento el proyecto de ley de
coordinación sanitaria, que tiene que definir cuáles son las competencias del Gobierno y de las comunidades autónomas también en materia farmacéutica. Está todavía incumplida la moción que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos a
finales del año pasado y que dio lugar al llamado pacto de estabilidad farmacéutica. La señora ministra de Sanidad hace caso omiso a las mociones que el Grupo Parlamentario Socialista presenta exigiéndole que controle la promoción y la publicidad
de los medicamentos para que se haga de acuerdo con lo que está establecido en las leyes y no suponga ninguna distorsión respecto a la prestación farmacéutica, pero eso no es así. En cuanto al proyecto de ley de coordinación llevamos más de seis
meses de demora en cuanto a su presentación y nos da la sensación que hay una cierta confusión en el ministerio sobre la política farmacéutica que ha de llevarse en este país.
Señorías, estos son algunos de los aspectos de la proposición de ley de iniciativa popular sobre principios básicos de ordenación del medicamento que no podemos compartir, pero también queremos dejar claro en esta tribuna que el Grupo
Parlamentario Socialista está dispuesto a iniciar conversaciones, a trabajar de forma consensuada con todos aquellos colectivos que tengan algo que aportar y en todo aquello que mejore la prestación farmacéutica a nuestros ciudadanos, repito,
estamos dispuestos a dialogar y a trabajar. Espero además que en esas discusiones, aunque no compartamos el cien por cien de todas estas consideraciones, en el camino nos podremos encontrar -estoy absolutamente convencida- y que podremos coincidir
en algunas argumentaciones que al mismo tiempo, estoy segura, pueden redundar en la mejora de la prestación farmacéutica que nuestros ciudadanos reciben. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos apoyar esta iniciativa
popular de ordenación del medicamento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Valentín.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO JAÉN: Señora presidenta, colegas, señorías, esta proposición que entra hoy en la Cámara puedo asegurarles que ha sido estudiada profundamente desde nuestro grupo por el respeto que nos merece de donde viene y de quien
viene. Esta proposición consta de una exposición de motivos, seis artículos, dos disposiciones finales y una disposición derogatoria. En el texto se propone la regulación de la venta de medicamentos, la fijación del precio por el Gobierno, el
establecimiento del margen profesional de la oficina de farmacia y del canal de distribución, el horario de servicios de las oficinas de farmacia y publicidad de las mismas y la concertación para la prestación del servicio farmacéutico con cargo a
la sanidad pública. Entrando en el análisis de dicha proposición, tenemos que el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud. Para garantizar este derecho, el mismo artículo recomienda a los poderes públicos la
organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, añadiendo que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. A su vez, la Constitución determina en su artículo
149, como competencia exclusiva del Estado, la actividad legisladora en materia de productos farmacéuticos. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece los principios generales y el contenido del sistema de salud, las competencias
que ostentan al respecto las distintas administraciones públicas y la estructura del sistema sanitario, regulando además la incardinación de los productos farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud. A su vez, la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento, que constituye la legislación específica de la materia, identifica como objetivo primordial contribuir a la existencia de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados y con información apropiada,
a efectos de conseguir un consumo racional del medicamento. Para conseguirlo establece, en primer lugar, un principio de intervención pública, sometiendo la cadena del medicamento a autorización sanitaria y registro previo, que a estos efectos
tiene carácter constitutivo y que determina que los medicamentos no sean clandestinos; una lista cerrada de las categorías de medicamentos legales; condiciones a las que se debe ajustar la investigación de medicamentos; criterios que deben de
regir el proceso de evaluación anterior a la autorización de una especialidad farmacéutica como paso previo a la puesta al servicio del paciente; las condiciones de fabricación y el tráfico exterior de especialidades farmacéuticas; la regulación
de la vigilancia de las reacciones adversas y la revisión de medicamentos.
Junto a estos objetivos sanitarios primordiales, se establecen otros objetivos de índole económica y empresarial que complementan a los primeros. Así, el mecanismo de evaluación garantiza el acceso al mercado sin discriminaciones entre
empresas y, además, promueve la investigación y el desarrollo tecnológico más eficiente al primar productos terapéuticos relevantes. El texto legal mantiene las potestades de la Administración para la intervención directa de los precios de las
especialidades farmacéuticas; también incluye los preceptos básicos para permitir una política de fomento de transparencia del mercado, facilitando la celebración de concursos competitivos como método de compra por parte de los hospitales;
promociona la utilización de denominaciones comunes internacionales para facilitar el empleo de medicamentos genéricos; regula la facultad del farmacéutico para sustituir, bajo determinadas condiciones, medicamentos, así como el control
administrativo de la publicidad que contribuye a la transparencia del mercado. La ley inicia también el proceso de armonización con las directivas comunitarias referidas a medicamentos, proceso que se ha venido completando con otras disposiciones
de rango legal y reglamentarias de desarrollo.
En otro orden de cosas, tanto la Ley 14/1996 como la Ley 25/1990 determinan la competencia de las oficinas de farmacia legalmente autorizadas para custodiar, conservar y dispensar los medicamentos. A este respecto, la Ley 16/1997, de 25 de
abril, de regulación del servicio de las oficinas de farmacia, dispone de manera taxativa la definición de las oficinas de farmacia como establecimientos sanitarios privados de interés público sujetos a planificación sanitaria, que establecerán las
comunidades autónomas; establece las funciones de las oficinas de farmacia, los términos en los que debe producirse la ordenación territorial de dichos establecimientos sanitarios, el procedimiento de tramitación y resolución de los expedientes de
autorización de las oficinas de farmacia y los requisitos relativos a la actuación profesional, así como jornada y horario de los servicios.
Todo esto, señorías, pone de manifiesto la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de un amplio abanico de normas de máximo rango que ordenan, de forma armonizada con el resto de los países miembros de la Unión Europea, tanto el
medicamento como los productos sanitarios en su conjunto, cuestionándose, por tanto, la necesidad de una proposición de ley de este tipo. Más aún si se tiene en cuenta que la mayor parte de las previsiones contenidas en la proposición constituyen
una reiteración de lo ya dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.
En conclusión, señorías, desde nuestro grupo consideramos que esta propuesta, al margen de la buena intención de los firmantes, adolece, por un lado, de una deficiencia técnica legislativa en cuanto pretende regular de forma conjunta e
indiferenciada materias que corresponden a diferentes títulos competenciales estatales y que por tanto no pueden ser objeto de una regulación conjunta, y además de ser redundante con disposiciones contenidas en textos legales preexistentes, vulnera
las competencias reconocidas a las comunidades autónomas en materia de ordenación farmacéutica, como se ha dicho aquí de manera reiterada. Estas son las razones de que no sumemos nuestro apoyo a este trámite.
Señorías, para finalizar y en nombre de nuestro grupo parlamentario, vaya desde esta tribuna nuestro respeto por el considerable esfuerzo realizado por los promotores y también, cómo no, nuestra más distinguida consideración a los miles de
firmantes de esta iniciativa por su manifiesta voluntad de conservar y mejorar un modelo farmacéutico que tanto ellos como nuestro grupo parlamentario, coincidiendo con millones de españoles, consideramos que funciona de manera excelente y que ha
conseguido acercar el servicio farmacéutico a los más alejados rincones de nuestra geografía. Este modelo farmacéutico de amplio reconocimiento, incluso internacional, que funciona de manera excelente dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, no
cumpliría su función de servicio a la sociedad si no estuviera en constante proceso de adaptación a las demandas sociales. Así pues, coincidimos en la defensa de un modelo en el cual el medicamento, puesto por profesionales al servicio del enfermo,
ha demostrado tener un valor sanitario excepcional para el bienestar de una sociedad cada vez más longeva y que no debe ni deberá ser considerado como una mercadería de consumo indiscriminado.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Castillo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley de iniciativa popular sobre principios básicos de ordenación del medicamento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; en contra, 288; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Número de expediente
122/000199.)
La señora PRESIDENTA: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la
proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LE:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LOS MIEMBROS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 122/000206.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica reguladora del derecho de asociación profesional
de los miembros de la Guardia Civil.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Mayoral. (Rumores.)
Señorías, ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan rápidamente y en silencio, al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, hace pocos días, en la Comisión de Justicia e Interior, se produjo un diálogo realmente interesante entre el director general de la Guardia Civil y el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular. Digo que es interesante porque nos permitió clarificar dónde están las posiciones en el seno del Gobierno en una materia tan importante como es el asociacionismo profesional de la Guardia Civil. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mayoral, por favor.
Adelante.
El señor MAYORAL CORTÉS: Dijo el director general de la Guardia Civil: No tengo inconveniente en decirlo en esta sede, en sede parlamentaria, yo soy partidario de las asociaciones profesionales en la Guardia Civil.
Esto lo dijo don
Santiago López Valdivielso el día 27 de mayo de este año en la Comisión de Justicia e Interior. Y seguía diciendo el señor López Valdivielso: Su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, considera que sí debe haberlas; el mío, mi grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, no lo sé, pero en su día supongo que me pedirán opinión, y mi opinión será favorable.
Bien, a estas alturas, teniendo en cuenta que estamos tramitando ya la proposición de ley, supongo que el Grupo Parlamentario Popular habrá pedido ya la opinión al director general de la Guardia Civil; supongo que la opinión del director
general de la Guardia Civil habrá sido positiva; supongo que esa opinión será tenida en cuenta y supongo, por lo tanto, que el Grupo Popular va a votar a favor de la proposición del Grupo Socialista.
De todas maneras, lo que a continuación dijo el portavoz del Grupo Popular nos inquietó en aquel momento y nos sigue inquietando todavía porque es posible que ahí se encerrara la decisión final y última que pueda adoptar esta tarde aquí el
Grupo Popular. Dijo el portavoz del Partido Popular: El señor director general tiene derecho a emitir sus opiniones personales (es curioso que lo que diga el director general de la Guardia civil en sede parlamentaria sea una opinión personal) y mi
grupo fijará posición coincidente o no con la del señor López Valdivielso.
¿Qué se puede deducir de este planteamiento? ¿Qué se puede deducir de este diálogo? ¿Qué dice el señor vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, señor Rajoy? ¿Se opone también el señor Rajoy, está de acuerdo? Mal asunto será
que las opiniones del director general de la guardia Civil sólo sean tomadas como opiniones personales y mal asunto si el ministro del Interior permanece ajeno a un debate de las características del que hubo en la Comisión de Justicia el otro día.
En la Guardia Civil, señorías, es preciso resolver un problema evidente: la inexistencia de cauces legales que impide a sus miembros participar en la representación y resolución de sus problemas profesionales. Lo
reconoce el Defensor del Pueblo, que en su informe del año 2000 dijo lo siguiente: La situación de la Guardia Civil es desfavorable con relación al resto de los funcionarios del Estado porque carece de instrumentos internos y cauces
eficaces de resolución de sus problemas, lo que afecta negativamente a sus condiciones económicas, sociales, laborales y, en definitiva, estatutarias. Pero es que en la Guardia Civil, además, se da una circunstancia y es que, pese a que hubiera una
negativa del Grupo Parlamentario Popular con relación a la autorización del asociacionismo profesional, en realidad el fenómeno asociativo ya no es ajeno a la Guardia Civil. Existe una asociación unificada de guardias civiles; existe una
asociación de huérfanos de guardias civiles; existen mutualidades en la Guardia Civil. No basta con decir que se va a regular todo esto y se va a resolver el problema de la interlocución en el seno de la Guardia Civil a través del Consejo asesor,
porque éste tiene funciones muy limitadas y es un paso muy tímido. Ahora se celebran las elecciones para el Consejo asesor, pero son unas elecciones electrónicas sin participación asociativa. El Consejo asesor reclama, por su mera existencia, la
existencia también de asociaciones profesionales, como lo demuestra el hecho de que la Asociación Unificada de la Guardia Civil haya sido de facto interlocutor válido a lo largo del desarrollo de lo que llevamos ya de estas elecciones para la
constitución del Consejo asesor.
No se debe sacrificar, por otra parte, el actual desarrollo constitucional y legal prohibitivo del asociacionismo profesional que se deduce del artículo 18.1 de nuestra Constitución. No hay un impedimento constitucional. Lo que hay es una
posibilidad de que el legislador efectúe o restrinja el alcance del asociacionismo y del sindicalismo de carácter profesional. Nada impide al legislador pasar de la excepción a la limitación. Con relación al derecho de asociación profesional, no
hay impedimento de ningún tipo, como demuestra la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre del año 2001, donde se delimitan las funciones y se desarrolla la diferencia entre lo que debe ser una asociación profesional y un sindicato
también de carácter profesional.
Por tanto, en lo que se refiere al asociacionismo profesional, a partir de esta sentencia, lo que no legislemos aquí en esta Cámara lo van a poder obtener las asociaciones profesionales en los tribunales y, una de
dos, o abrimos aquí el cauce participativo y se regulariza la actuación de las asociaciones profesionales, o tendremos una sentencia detrás de otra, que es lo que va a permitir esa conquista de estos trabajadores, de estos funcionarios que
constituyen el colectivo de la Guardia Civil. Pero la cuestión capital, señorías, no es sólo acumular argumentos legales, constitucionales o sentencias, sino argumentos de fondo sobre la inconveniencia o conveniencia de que exista este tipo de
entidades en el seno de la Guardia Civil. Nosotros y el director general de la Guardia Civil estamos de acuerdo en que tienen que existir asociaciones profesionales. Es preciso modernizar y racionalizar el régimen estatutario aplicable a la
Guardia Civil. Esa es la razón fundamental: modernizar los aspectos obsoletos. Los elementos sustanciales tienen que ser resaltados. Hay que adaptarse al presente y hay que garantizar la eficacia operativa de este cuerpo para garantizar su
futuro.
Según la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 1994, la Guardia Civil tiene más elementos comunes con el cuerpo nacional de Policía que con las Fuerzas Armadas. En esa sentencia se describe en lo
esencial la naturaleza de la Guardia Civil.
Allí se dice que se trata de un cuerpo de seguridad dentro del colectivo de las fuerzas de seguridad, no forma parte de las Fuerzas Armadas ni sus miembros pertenecen a las mismas. Una y otra
institución, Fuerzas Armadas y Guardia Civil, tienen funciones diferentes. Esto debe ser subrayado, porque a partir de aquí es verdad que se verifica una concurrencia mayor de elementos comunes entre el cuerpo nacional de Policía y la Guardia Civil
que entre la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Por eso, no tiene sentido que el cuerpo nacional de Policía en este momento disfrute del derecho de sindicación mientras que la Guardia Civil tiene vedada cualquier actuación de carácter asociativo
a efectos profesionales.
Por otra parte, es preciso suprimir efectos indeseables de esa naturaleza híbrida que se atribuye hoy día a la Guardia Civil. No pueden permanecer por más tiempo en tierra de nadie, no ser funcionarios ni ser militares.
Y esto que digo
aquí no es que yo me lo haya inventado, esta fue la contestación que miembros de la Guardia Civil recibieron del Gobierno cuando pidieron en el año 1999 una paga extraordinaria por el deslizamiento del IPC y se les dijo en Defensa que no eran
militares y se les dijo en Administraciones Públicas que no eran funcionarios civiles.
Esa naturaleza híbrida, ese terreno de nadie, no garantiza ni contribuye a garantizar una operatividad, una moral y una eficacia en el trabajo de nuestros
guardias civiles.
Señorías, esta cuestión la planteamos por sentido de la responsabilidad, porque queremos aumentar la eficacia y el prestigio de la Guardia Civil, porque queremos impedir la acumulación de frustraciones en la Guardia Civil. Proponemos, por
tanto, señorías, y especialmente me dirijo a la mayoría, al Grupo Parlamentario Popular, proponemos construir un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios a partir de nuestra proposición de ley. Es un acuerdo que consideramos que debería ser
fácil. El director general de la Guardia Civil manifestó que era partidario de esto.
Esperemos que también el ministro. Cuando el director general de la Guardia Civil ha dicho esto es porque debe conocer a fondo el cuerpo que dirige. Si el Grupo
Parlamentario Popular vota en contra de nuestra proposición, estará desautorizando al director general de la Guardia Civil. La posición del director general de la Guardia Civil no es anecdótica ni
fruto de ninguna improvisación; se trata de un hecho muy importante y muy revelador. De ello deduzco que deben existir argumentos poderosísimos a favor de la postura de aprobar la proposición de ley que hemos traído aquí esta tarde. Sin
embargo, también quisiera hacer una advertencia que espero que de alguna manera sea tenida en cuenta por algunos de los portavoces que van a intervenir seguidamente. Espero que para rechazar esta proposición de ley no se utilicen argumentos del
pasado ni la canción de Roldán, que es una leyenda del pasado, como todo el mundo sabe. Aquí no estamos ahora para juzgar hechos ya juzgados y pasados, sino para resolver un problema del presente. Si el Grupo Parlamentario Popular ha sido
partidario del asociacionismo profesional -esperemos que lo siga siendo, salvo que hubiera sido una posición puramente oportunista en el pasado-, si el director general de la Guardia Civil es partidario del asociacionismo profesional, si el Grupo
Parlamentario Socialista presenta una proposición de ley sobre el asociacionismo profesional, ¿qué es lo que hay que hacer aquí, rechazarla poniendo como motivo que antes alguien no creía en esto, o aceptarla porque estamos todos de acuerdo? Creo
que hemos llegado a una situación en la que todos estamos de acuerdo; por tanto lo más lógico sería que esta proposición siguiera adelante. Si el Partido Popular mantiene una posición contraria no habrá asociaciones profesionales en la Guardia
Civil. Esa será la consecuencia que se deduzca esta tarde de la posición del Grupo Parlamentario Popular, y la responsabilidad será única y exclusivamente del Partido Popular.
La Guardia Civil, señorías, y con esto acabo, ha cambiado tanto como España. Nuevas generaciones de guardias civiles trabajan en su seno. La sociología del guardia civil ha cambiado, su psicología, su nivel formativo mucho más elevado,
mayor capacidad para asumir responsabilidades personales y autonomía en el ejercicio de sus actividades, conciencia clara de estar al servicio del Estado de derecho y de la democracia, cuerpo de seguridad ciudadana con capacidad policial para
garantizar los derechos, los bienes y las libertades de los ciudadanos. Altamente valorado también en las poblaciones rurales y en la sociedad en general, y los que somos de provincias con ámbitos rurales más amplios lo podemos decir porque ha sido
y es una evidente policía de proximidad, pero necesita algunos cambios en su régimen estatutario para adaptarse a estas mismas realidades. Por ello debe abrir cauces de expresión sinceros y limpios, un tratamiento de los problemas profesionales no
resueltos de manera que puedan ser afrontados con sinceridad, con luz y taquígrafos. Al hacerlo así desaparecerán factores hoy perjudiciales para la motivación y el estímulo de los agentes.
Aumentará la eficacia en el cumplimiento de sus misiones
y en la lucha contra la criminalidad, hoy muy preocupante. Por todo ello y para garantizar una mejor vida interna en la Guardia Civil, una mayor motivación de sus agentes, una mayor eficacia operativa de los guardias civiles, es por lo que hemos
traído esta proposición de ley y pedimos a la Cámara que le dé el voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mayoral.
Turno en contra. (Pausa.)
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.) En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta proposición de ley orgánica reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil. Lo hacemos con la convicción profunda de que en el régimen democrático se debió
optar porque la Guardia Civil se integrase en los cuerpos policiales. Lamentablemente desde 1966 en que se empezó el primer debate, se mantuvo a la Guardia Civil dentro de la definición de instituto armado de naturaleza militar, lo que privó y
priva incluso después del debate que hemos tenido a este respecto durante el período del gobierno del PP de transformarla en una policía de funciones especiales en todo caso. Sabemos que esta proposición de ley orgánica es una proposición
posibilista y limitada; limitada porque acepta el sometimiento a límites del derecho de asociación en estos casos, como vimos la semana anterior en relación con las Fuerzas Armadas. Queda claro que el artículo 3 de la Ley orgánica de libertad
sindical deja fuera a las Fuerzas Armadas y a los institutos armados del derecho de huelga, del derecho de asociación sindical o de militancia política, pero en absoluto podemos pensar que queden fuera del derecho de asociación establecido en el
artículo 22 de la Constitución española; por eso nos parece acertado, aunque muy limitado debido a la permanencia del instituto armado con naturaleza militar. Es fundamental que los guardias civiles puedan defender sus intereses económicos,
sociales y profesionales y que los puedan hacer formalmente y como tales de forma organizada ante el Consejo asesor de personal. Es un paso adelante en la consideración de derechos básicos de las personas, sea cual sea su condición y sus
necesidades, a sentirse representadas y con derecho a reclamar. Sin duda alguna, como ya dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, contribuirá a la transparencia y al mejor funcionamiento de la Guardia Civil.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos trae hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley para regular el derecho de asociación profesional de la Guardia Civil que es bastante peculiar. Este diputado, como portavoz de Coalición Canaria en esta
materia, viene manteniendo reiteradamente ante esta Cámara la propuesta de un reconocimiento del derecho de asociación en las Fuerzas Armadas, pero veo que se está produciendo un confusionismo entre lo que se entiende por Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil.
Siempre he basado mi argumento en que el artículo 181 de las Reales Ordenanzas debe derogarse o reinterpretarse con arreglo a la Constitución, pero las Reales Ordenanzas son las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, no de la Guardia
Civil. La Guardia Civil tiene un componente de estructura militar y una dependencia del Ministerio de Defensa, pero el artículo 8 de la Constitución es claro y contundente. El artículo 8 señala quienes son los componentes de las Fuerzas Armadas y
dice que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. No habla de la Guardia Civil ni considera a la Guardia Civil dentro del concepto de Fuerzas Armadas. Por tanto, la legislación de tipo
asociativo o profesional que les pudiera afectar tiene que ir por derroteros distintos. En estos momentos, el Cuerpo de la Benemérita, de la Guardia Civil, en cumplimiento de su vigente ley profesional se encuentra sometido a un proceso de elección
de los consejos asesores de personal. Aquí tengo que hacer un reconocimiento del cumplimiento, del ajuste ortodoxo que ha hecho la dirección general, concretamente su director general y mando de la Guardia Civil, a la legislación vigente en la
forma de elegir a los miembros de los consejos asesores de personal en el instituto de la Benemérita. Se han ajustado a la letra y el espíritu de la ley; el Ministerio de Defensa se ha ido por unos derroteros de sorteo y aquí se hace una elección
con un concepto moderno, basado también en la electrónica, y es dar facilidades a aquellos miembros de la Guardia Civil que quieran resultar elegidos para formar parte de los consejos asesores de personal del Cuerpo. Lo que mi grupo y este diputado
no ven con claridad es que se empiecen a entrelazar conceptos que no tienen nada que ver.
En primer lugar, en esta iniciativa que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista falta una limitación, un reglamento que venga a limitar el número de componentes o a señalar cuál es el número mínimo para formar una
asociación. A un cuerpo de 63.000 personas no se le puede dejar, con la estructura que tienen de jerarquía y mando, un horizonte ilimitado de posibilidades de formar asociaciones porque llegaríamos a una serie de multiplicidades que harían
totalmente inoperante, y lo que es peor conflictiva la convivencia. Siempre he defendido las asociaciones militares, a las que tarde o temprano llegaremos sobre todo existiendo ya una sentencia del Tribunal Constitucional, que ha fallado
favorablemente para una asociación militar concreta, y posteriormente otra sentencia de la Audiencia Nacional que ha cumplido fielmente el Ministerio del Interior, que es quien tiene el registro de asociaciones en razón de la Ley orgánica 1/2002,
para garantizar el derecho de asociación. La regulación del derecho de asociación señala el registro del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior ha sido fiel y respetuoso cumplidor de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la
Audiencia Nacional dándole el número correspondiente de registro de entrada a las asociaciones de militares profesionales en la reserva o en el retiro que así lo han solicitado. Lo que no nos parece tan claro para conseguir un futuro positivo a
este asociacionismo en la Guardia Civil, es decir, como se dice en el artículo 3 derechos de las asociaciones, que estas asociaciones podrán promover candidaturas a la elección de miembros del Consejo asesor de personal. Esto es un error; es un
error tremendo porque estamos hablando de dos cosas distintas, asociaciones y consejos asesores de personal. Siempre he dicho que las asociaciones tengan su ubicación física como local social fuera de los cuarteles, o acuartelamientos en el caso de
la Guardia Civil donde existe la figura peculiar de las casas-cuartel que es algo que no tienen las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire, y esto podía llevar a hacer un galimatías. Decir que las asociaciones representativas van a tener o al menos
pueden tener el 10 por ciento de los votos emitidos para los consejos asesores de personal es una limitación totalmente improcedente. Hagamos asociaciones profesionales dentro de una ley general y que se derive de lo que se legisle para el
Ministerio de Defensa, pero estar entrecruzando actuaciones e instituciones de distinta naturaleza es un error. Encima el artículo 13 lleva a un registro de estas asociaciones en la Dirección General de la Guardia Civil. Si se invoca el artículo
22 de la Constitución como derecho de las asociaciones, vaya a residenciarse el registro de estas asociaciones con toda naturalidad en el Ministerio del Interior, pues precisamente la Guardia Civil junto con la Policía Nacional es el instrumento
fundamental que tiene dicho Ministerio del Interior para realizar las competencias que por ley tiene.
Como yo no quiero contribuir a una ceremonia de la confusión de entrecruzamiento de defensa de las asociaciones militares con las correspondientes que pudiera tener la Guardia Civil y con los consejos asesores de personal, vamos a dar tiempo
para que las buenas decisiones que a juicio de este diputado ha tomado el director general de la Guardia Civil para la elección de los consejos asesores de personal funcionen y sitúen un comportamiento colegiado de este tipo dentro del instituto de
la Benemérita para que el tiempo venga a dar un maduro concepto de respuesta al tema de las asociaciones. Por esa razón, señora presidenta, mi grupo va a
votar en contra de esta iniciativa que llega hoy a la Cámara en la palabra del portavoz señor Mayoral.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, como ya hicimos hace menos de un mes desde esta tribuna con motivo del debate de otra proposición de ley que tocaba los derechos fundamentales de otro colectivo de funcionarios, en aquel
caso los militares, vuelvo a poner de relieve que mi grupo parlamentario en su programa electoral del año 2000 ya recogía la demanda de los guardias civiles españoles; una demanda para poder ejercer libremente todos sus derechos constitucionales,
incluido el de asociación.
Por otra parte, durante las pasadas legislaturas este asunto ha merecido la reiterada atención del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a través de múltiples iniciativas parlamentarias por las que se reclamaba la plenitud de los
derechos fundamentales y libertades públicas, en primer lugar de los militares españoles pero también de los guardias civiles, señorías. Sirva como botón de muestra por todo lo demás la proposición no de ley presentada a tal efecto el 26 de
noviembre de 1996 ante la Comisión de Defensa de esta Cámara. Por el contrario es una novedad que saludamos, que otros grupos parlamentarios y muy concretamente el Partido Socialista Obrero Español hayan modificado su posición sobre este tema y de
hecho la defiendan de forma pública y activa. En demasiadas ocasiones -a veces demasiadas- nos hemos sentido muy solos defendiendo el carácter de funcionarios públicos de los militares, policías y guardias civiles, y la consiguiente necesidad de
reconocer, proteger y tutelar de forma eficaz e integral todos sus derechos fundamentales y de entre ellos con especial atención, como no podía ser menos, aquellos que se refieren a la defensa de sus derechos e intereses, incluso si estos son
laborales y profesionales. Insisto, saludamos el cambio como no puede ser de otra manera, y por tanto apoyaremos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, pues más allá de las opciones técnico- jurídicas
que adopta su texto está en línea con lo que nosotros llevamos defendiendo desde hace más de una década.
Paso a exponer brevemente lo que a nuestro entender es el nudo gordiano del problema. ¿Hasta dónde, señorías, cabe limitar en un Estado social y democrático de derecho los derechos fundamentales y libertades públicas de unos ciudadanos que
son funcionarios, con unas adscripciones orgánicas y jerárquicas un tanto peculiares, pues dependen del Ministerio del Interior y son a la vez miembros de un instituto militar, pero a pesar de todo lo anterior al fin y al cabo son funcionarios?
¿Cómo debe releerse, señorías, el principio de jerarquía tan propio de la organización militar en un Estado social y democrático de derecho, en lo referente a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos guardias civiles? Para
nosotros, las respuestas a estas preguntas son claras. Dado que estamos ante derechos fundamentales y libertades públicas los mismos deben ser interpretados y aplicados según la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional de forma tutelar,
respetando su contenido esencial y siendo limitados sólo excepcionalmente y en virtud de situaciones y principios que justifiquen sobradamente tal limitación. Es evidente, por tanto, que las limitaciones de los derechos fundamentales y libertades
públicas de los ciudadanos que son a la vez militares, policías o guardias civiles, deben ser las menores posibles, tanto desde el punto de vista de los derechos y libertades afectados como desde el prisma del cariz de la limitación. Dicho esto,
que no es ni más ni menos que situar a los ciudadanos funcionarios militares y policiales en el contexto del Estado social y democrático de derecho, resumiré de forma sencilla cuál es la posición de mi grupo parlamentario. Ésta no es otra que la
protección total de los derechos de asociación, sindicación y las libertades de expresión, reunión, manifestación o ideología. Todo ese acervo de derechos fundamentales y libertades públicas no perjudica en modo alguno la operatividad de las
Fuerzas Armadas españolas o de la Benemérita y sirve para devolver el status de ciudadanía plena a los militares profesionales y guardias civiles españoles, dicho lo cual se comprenderá que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vote de
forma favorable esta proposición de ley. No vamos a entrar a debatir, pues no es el momento procedimental adecuado, el texto de la proposición de ley del Grupo Socialista, con el que sin duda tenemos serias diferencias. Para nosotros aquí y ahora
basta con la intención que tiene el mismo de mejorar el disfrute de cierto derecho fundamental por parte de los guardias civiles en tanto que ciudadanos y funcionarios. Si el Grupo Parlamentario Popular tuviese a bien admitir a trámite esta
proposición de ley del Grupo Socialista, ya tendríamos oportunidad de mostrar nuestra postura a través de las oportunas enmiendas.
Como decía, no nos basta con constatar la buena dirección a que apunta la citada proposición de ley y con dar la bienvenida al Partido Socialista a la recientemente descubierta por ellos defensa de los derechos plenos de militares, policías
y guardias civiles, y no quisiera dejar pasar este debate sin recordarle al Gobierno, al ministro de Defensa, al ministro del Interior y al grupo parlamentario que lo soporta, que aceptamos de buen grado -lo digo sin rastro alguno de ironía- el
cambio de rumbo del PSOE, pero lo que no podemos soportar es la contumacia del PP en la negación
de derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, policías y guardias civiles. No sólo rechazamos esa negación de los derechos de los colectivos citados, sino que tampoco podemos aceptar los sucedáneos del legítimo derecho a
la asociación de los guardias civiles.
Este grupo parlamentario nada tiene en contra de que se cree un Consejo asesor que mejore la comunicación entre los mandos y los números de la Guardia Civil, tampoco tenemos nada en contra de que dicho consejo sea a la vez un órgano de
carácter consultivo; ambos instrumentos, tanto el intercambio de información como la función consultiva son desde la noche de los tiempos de la Administración napoleónica medios adecuados en la búsqueda de la eficiencia administrativa, pero,
señorías, también queremos dejar claro que desde la Administración napoleónica hasta hoy han pasado muchas cosas y quizás algunas de ellas hayan pasado desapercibidas para los responsables de política de interior y defensa del Gobierno del PP. Los
guardias civiles, por muy instituto armado militar que sea la Benemérita son policías, funcionarios y ciudadanos, y como tales titulares de una serie de derechos que no tienen por qué sufrir ninguna merma constitucional.
Como bien recoge la exposición de motivos de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, la decisión de limitar el derecho de asociación de los guardias civiles no es constitucional sino legislativa, y la Constitución no obliga
a menoscabar este derecho fundamental en el caso de los guardias civiles. Es más, la propia Constitución, el propio telos constitucional basado en los derechos fundamentales y libertades públicas, implica tutela en el derecho de asociación de la
Guardia Civil y no la agresión al mismo. Insisto, por tanto, en que serán positivos cuantos consejos de intercambio de información y elevación de asesoría desde la base administrativa quiera constituir este Gobierno, vengan los que tengan que
venir, pero esos sucedáneos no pueden en ningún caso sustituir al producto auténtico, que en el caso que nos ocupa no es otro que el ejercicio pleno, integral y eficaz del derecho fundamental de todo ciudadano, sea o no guardia civil, a asociarse
para cuantos fines estime oportuno, incluso si éstos son profesionales. Por ello entendemos que con o sin Consejo asesor en la Guardia Civil ha llegado el momento de reconocer plenamente y a través de una ley el derecho de los guardias civiles, en
tanto que funcionarios y ciudadanos, a asociarse y a ejercer de forma plena e integral el derecho reconocido en el artículo 22 de la Constitución española.
Acabo con un apunte de última hora. Ya les he dicho que no somos partidarios de los sucedáneos, pero al menos exigimos que todos los miembros de la Guardia Civil puedan participar en la elección de los miembros del Consejo asesor sin que
los mandos de la misma, en vez de promover la participación en este proceso electoral se dediquen a poner obstáculos a la misma. No es menester que recorra el rosario de quejas que todos los grupos parlamentarios hemos recibido por correo
electrónico en torno a las dificultades de acceder a la tarjeta de voto, a la activación por persona distinta del votante de las respectivas tarjetas, a las dificultades para consultar la lista de candidatos o a los gastos en los que deben incurrir
los números de la Guardia Civil para votar.
Todos conocemos esas denuncias pues no han llegado por varios cauces y esperamos que el Gobierno no haga lo mismo que hace con los informes de la ONU, es decir negar la evidencia y mirar para otro lado.
Termino. Hay que decir que en el caso de las irregularidades en el proceso de elección de los miembros del Consejo asesor de la Guardia Civil el Gobierno del PP se ha superado a sí mismo. No le ha bastado con negar las acusaciones, sino
que de hecho se ha puesto manos a la obra al sancionar disciplinadamente a los denunciantes en una lectura repugnante y predemocrática del principio de jerarquía. Las irregularidades son claras. Amenazan con acabar con la escasísima legitimidad
del proceso y deben finalizar de forma inmediata de la misma manera que deben archivarse los procedimientos disciplinarios que tienen su origen en legítimas y justificadas denuncias.
No sabemos si estamos a tiempo pues el calendario electoral está muy avanzado, pero entendemos que al Gobierno hay que exigirle que los sucedáneos sean al menos correctamente desarrollados. Sea como fuere, insistimos en la enhorabuena al
Partido Socialista por su cambio de actitud en esta materia; sean bienvenidos en la defensa de la plenitud de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, policías, guardias civiles, y también insistimos en la exigencia al
Gobierno y al PP de una solución legislativa a este problema que incluya el pleno reconocimiento al derecho a la libre asociación de los ciudadanos españoles, que son además funcionarios y guardias civiles.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debo iniciar mi intervención diciendo que coincido muy sustancialmente con la que ha formulado el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria don Luis Mardones, que tiene la autoridad de haber presentado enmiendas de cara
a favorecer la asociación dentro del ámbito militar, y en algún aspecto dentro del ámbito de la Guardia Civil, precisamente en la tramitación de la Ley de asociaciones, así como también en su día en la tramitación de la Ley de régimen de personal de
la Guardia Civil.
Precisamente fue en el debate en Pleno de la Ley de asociaciones, que se celebró el 22 de noviembre del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de la sentencia de 31 de octubre del año 2001, referente al asociacionismo en el ámbito militar,
sentencia que por cierto no declara inconstitucional el artículo 181 de las Reales Ordenanzas; esa es la opinión del único voto particular que se formuló, el de don Diego González Campos. Pues bien, cuando se tuvo conocimiento de esa sentencia, el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en aquella tramitación, el señor López de Lerma, manifestó el criterio favorable a la introducción de esos elementos de asociacionismo, no en aquellos momentos en la Ley de asociaciones que efectuaba una
regulación genérica, sino a través de planteamientos más específicos. Incluso llegó a abstenerse en la votación de la enmienda número 157, del Grupo Parlamentario Socialista, y de una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que
mantenía el mismo espíritu.
Decía al principio de mi intervención que coincidía sustancialmente con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, puesto que una cosa es la pretensión de regular con mayor desarrollo y de forma más específica
el derecho de asociación de los miembros de las Fuerzas Armadas o de los institutos armados de naturaleza militar a que se refiere el artículo 3.c) de la Ley de asociaciones, remitiéndose por lo demás a las Reales Ordenanzas pero también al resto de
normas específicas que como ya digo establece la ley, y otra cosa es efectuar una regulación del asociacionismo profesional y que además se pretenda incardinar ese derecho de asociación en algo que estuvimos debatiendo en esta Cámara hace
relativamente poco y que se contuvo después en la Ley 42/1999, de régimen del personal de la Guardia Civil. Una cosa es reconocer si hiciese falta, después de las interpretaciones del Tribunal Constitucional y de la limitación interpretativa o de
la interpretación que hace de lo que puede limitar o no el artículo 181 de las Reales Ordenanzas y regular ese derecho de asociación, y otra cosa es pretender incardinarlo específicamente en el régimen de personal de las Fuerzas Armadas, en relación
con lo cual mi grupo se manifiesta más partidario de lo que contiene la Ley 42/1999. En cualquier caso también quiero recordar, aunque se habla de un régimen diferente de las Fuerzas Armadas o de los institutos armados de carácter militar, lo que
dispone la disposición -valga la redundancia- final séptima de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, que insta al Gobierno a que antes del 31 de diciembre del año 2002 remita al Congreso de los Diputados los
proyectos de ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la defensa nacional y el régimen de derechos y deberes de los militares al modelo de Fuerzas Armadas profesionales. No tenemos la más mínima duda de que el Gobierno, cumpliendo ese
mandato -esperamos que lo cumpla- que tiene como fecha límite el 31 de diciembre del año 2002, no sólo procederá a adaptar los derechos, y por tanto también el de asociación, al nuevo régimen profesional o al nuevo modelo de las Fuerzas Armadas
profesionales, sino también en su caso a efectuar el desarrollo correspondiente de los institutos armados de carácter militar, como es el caso de la Guardia Civil. Somos partidarios fervientes no sólo del director general de la Guardia Civil, sino
también del asociacionismo en el ámbito de la Guardia Civil y además estamos satisfechos de los planteamientos derivados de la interpretación constitucional del artículo 181 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, pero demos tiempo a que
llegue el 31 de diciembre de este año para ver si el Gobierno cumple o no con sus deberes. En cualquier caso, es más propio que materias de estas características las traiga el Gobierno, con todos los dictámenes e informes correspondientes, y no la
oposición que puede carecer de los mismos. Por tanto, señora presidenta, tal y como creo que se deduce de mi intervención, vamos a proceder a votar en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Grupo Parlamentario Popular, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente agradezco que el señor Mayoral haya comenzado su intervención recordando un diálogo que se producía recientemente en el seno de la Comisión de Justicia e Interior entre el señor director general de la Guardia Civil y el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, porque ese diálogo tiene una impecabilidad democrática indiscutible. Lo preocupante hubiera sido si el diálogo se hubiera producido en tonos y en formas distintas; es decir, que el director general de la Guardia
Civil, a través de su opinión absolutamente legítima, fuera quien condicionara de una manera determinante la posición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Evidentemente, como no puede ser de otra forma -y así lo ha recordado el señor Mayoral -, este portavoz señaló y valoró la importancia de la opinión en este caso personal del director general de la Guardia Civil, que tiene todo el derecho del mundo
a darla -¡faltaría más!- y a continuación especificó que, como no podía ser de otra forma, definitivamente serían el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular quienes fijarían su posición en este asunto llegado este momento.
Al señor Mayoral le ha
faltado añadir en este prefacio que ha realizado que era una cuestión que también el señor director general de la Guardia Civil admitió, entendió y valoró en los términos inevitables de que así son las cosas y así
deben ser. Por tanto, en la posición que el Grupo Parlamentario Popular va a adoptar en este momento no hay en modo alguno ninguna desautorización de nadie sino, todo lo contrario, la valoración sustancial de las opiniones de alguien y la
definición de una opinión de conjunto enmarcada en una política de conjunto de este grupo parlamentario y del Gobierno.
Agradezco también que el señor Mayoral no haya entrado en mayores consideraciones técnicas a la hora de fundamentar su proposición de ley.
Precisamente el hecho de que no haya entrado en esas mayores consideraciones técnicas demuestra,
desde un punto de vista técnico y jurídico, la endeblez de esa proposición de ley, endeblez porque en este momento es una proposición extemporánea, es decir fuera de tiempo; no fuera de tiempo por el sencillo argumento de que se podía haber hecho
antes -no voy a entrar en ello, señor Mayoral, aunque es una cuestión que le preocupa-, sino simplemente porque se hace antes de lo debido. Ha recordado el señor portavoz de Convergència i Unió, algún otro portavoz y también lo recuerdo yo mismo
que la disposición adicional séptima de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, determina un plazo antes de 31 de diciembre del año 2002 para que el Gobierno remita a esta Cámara un proyecto de ley donde se
adapte el régimen de derechos y deberes de los militares al modelo de Fuerzas Armadas profesionales. En la definición de ese nuevo régimen jurídico se deben determinar también aquellas especialidades que puedan afectar a la Guardia Civil y sus
miembros porque hacer una separación nos parecería en todo caso contraproducente. Por cierto, conviene recordar, porque parece que alguien lo ha olvidado, que la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que desarrolla el artículo 104 de la
Constitución, en su artículo 9 incluye a la Guardia Civil entre los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la configura como un instituto armado de naturaleza militar, naturaleza que reitera en los artículos 13.1 y 15.1 de la misma ley a
propósito de su estructuración jerárquica por empleos y a efectos disciplinarios, y en la que insiste el artículo 1 de la Ley 42/1999, de régimen de personal de la Guardia Civil, que también en su artículo 91 establece la sujeción de sus miembros al
régimen general de derechos y obligaciones contenidos en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Digo esto porque esta consideración de naturaleza militar, que constantemente es esgrimida por los tribunales de justicia al analizar el
estatuto de personal de los miembros del cuerpo, es fundamental a la hora de entender por qué decimos que esta proposición de ley, que hoy se somete a la consideración de la Cámara, amén de extemporánea es técnicamente incorrecta. Lo es en cuanto
al planteamiento de fondo, como acabo de recordar muy someramente, y también en cuanto a otras cuestiones más puntuales y precisas. Por ejemplo, la generalización que hace todo el texto de la proposición atribuyéndole el carácter de orgánico
supondría que todo el conjunto de esa proposición de ley -en el supuesto de que fuera admitida y finalmente llegara a adquirir ese rango de ley una vez concluido el iter legislativo correspondiente- quedaría sometido a una congelación de rango, de
manera que la más mínima modificación en el futuro de ese hipotético texto convertido en ley obligaría a tener que reproducir todo el procedimiento legislativo y todo el iter legislativo de una ley orgánica. Naturalmente, hay algunos aspectos
contenidos en la proposición de ley, como el uso de determinados establecimientos o el uso de tablones, que no parece de suyo que sean orgánicos en los términos en que la doctrina entiende que debe aplicarse el sentido orgánico, es decir aquello que
afecta al núcleo esencial del derecho, que en este caso sería el derecho de asociación.
No quiero entrar en otras cuestiones también muy puntuales del carácter técnico de la ley, pero por ejemplo en su disposición derogatoria se olvida de incluir la derogación del artículo 180 de las Reales Ordenanzas, que es absolutamente
fundamental para los fines del texto que se nos propone. Simplemente apuntaré que este texto que hoy se somete a la consideración de la Cámara es profundamente contradictorio con las posiciones esgrimidas por el Grupo Socialista con motivo de otra
iniciativa del mismo grupo, la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades públicas de los militares, que también hemos tenido ocasión de conocer recientemente. Nos parece que lo que se decía en aquel texto casa muy poco con lo que se
dice en éste.
El hecho de que el señor Mayoral haya rehuido fundamentar su iniciativa en argumentos jurídicos demuestra y acredita la endeblez de esa fundamentación jurídica y, en todo caso, la inteligencia del señor Mayoral para, a partir de esa
endeblez, tratar de establecer otras formulaciones que él mismo ha llamado argumentos de fondo. Lo que pasa es que esos argumentos de fondo son a su vez esencialmente endebles porque no son más que una magnífica colección de lugares comunes. Decir
que esta proposición de ley es esencial para modernizar la Guardia Civil, para adaptarse al presente y para garantizar su operatividad, es sin lugar a dudas una aportación nueva. Establecer un vínculo directo entre operatividad y asociacionismo es
algo que merecerá ser desarrollado en términos doctrinales porque supone una novedad. Decir que con esta proposición de ley se pretende corregir la acumulación de frustraciones en la Guardia Civil o elevar su prestigio, vuelvo a repetir, nos parece
en todo caso un elemento inteligente para tratar de construir un determinado discurso político cuando no existen razones técnicas, jurídicas y sólidas de fondo que permitan fundamentar lo que se pretende llevar adelante. Señor Mayoral, lo que sí
supone un auténtico esfuerzo de modernización de la Guardia Civil es lo que se ha hecho hasta la fecha, por más que se pretenda ignorar o minimizar. Por primera vez la
Guardia Civil dispone de una ley propia reguladora de su régimen de personal; por primera vez mediante la Orden General número 37, de 23 de septiembre de 1997, se ha regulado su horario de servicio, su número de horas, su descanso semanal y
sus compensaciones económicas por exceso de horas de servicios o por realizarlo en horario nocturno y/o festivo. No quiero entrar en detalles pero valga como ejemplo que gracias a esta iniciativa se ha establecido una jornada de servicio de 37
horas semanales para los guardias civiles, regulación que no existía hasta el año 1997; se ha establecido una compensación por horas de 300 pesetas, hoy ya de 800 pesetas, que no existía hasta el año 1997; se ha establecido un descanso semanal
mínimo de 36 horas seguidas, que no existía hasta el año 1997; se ha posibilitado la prestación del servicio en jornada partida, precisamente para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, que no existía antes de 1997; y así una
larga, larguísima aportación de novedades que realmente suponen un bluff de modernización de la Guardia Civil fundamentalmente en orden a la mejora de las condiciones laborales y de ejercicio profesional de sus miembros.
Y no quiero hablarle ya de
lo que ha supuesto de incremento de aportación en cuanto a elementos de productividad; por ejemplo, en el ejercicio del año 2001, el último ejercicio cerrado, se han sobrepasado los 13.868 millones de pesetas, en términos de destinos a
productividad, que representan casi 8.000 millones de pesetas más que de los que se disponía en el año 1996; es decir que desde el año 1996 hasta aquí se ha producido un incremento del 238 por ciento. Y no le digo ya la novedad importantísima en
orden a la modernización que ha supuesto, por ejemplo, la regulación de las autorizaciones para residir en lugar distinto al de destino; por cierto, está a punto de aparecer una segunda regulación en ese sentido profundizando en los términos de la
anterior.
Concluyo diciendo, señora presidenta, que aquí no se trata de reivindicar, como dice el señor Mayoral, argumentos del pasado, sino un principio de coherencia que le ha recordado el señor Rejón. El señor Rejón ha dado al Grupo Parlamentario
Socialista la bienvenida a no sé qué, una bienvenida a algo nuevo que se descubre hoy y no 14 años antes. Nosotros seguimos diciendo, hoy como ayer, que no creemos que sea útil para la institución y para sus miembros la creación de asociaciones
profesionales reivindicativas en el ámbito de la Guardia Civil; mantenemos ese mismo criterio hoy igual que ayer, pero al mismo tiempo generamos otra serie de alternativas como la Ley de régimen de personal, la configuración del consejo asesor de
personal de la Guardia Civil -que hoy mismo inicia su proceso electoral- y todas estas cuestiones que le he citado someramente de modernización y mejora del cuerpo. No son argumentos del pasado; es un principio de coherencia. Y como siempre me
gusta concluir con una expresión de acuerdo, el señor Mayoral ha comentado algo en lo que estoy profundamente de acuerdo; ha dicho literalmente esta tarde en esta tribuna que la Guardia Civil ha cambiado tanto como España, y tiene usted toda la
razón del mundo. Acuérdese cómo estaban la Guardia Civil y España en 1996 y mire cómo ambas están ahora.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, reguladora del derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 120; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL RESPALDO A LA CONVERSIÓN DE SEVILLA EN EL TERCER POLO AERONÁUTICO EUROPEO. (Número de expediente 162/000529.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respaldo a la conversión de Sevilla en el tercer polo
aeronáutico europeo. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Becerril. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Continúan los rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos el debate. Con el nivel de murmullo que hay en la Cámara es imposible que se pueda oír la intervención de la diputada que está en la tribuna esperando para comenzarla.
Adelante, señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señora presidenta, señorías, la política de la Unión Europea en materia de seguridad, en materia de política exterior y en materia de defensa constituye, como saben SS.SS., uno de los pilares de la Unión. La
decisión de los consejos europeos ante determinadas circunstancias de crisis, de conflictos bélicos o de demandas de carácter humanitario, que han llevado a la Unión a actuar y a decidir intervenir en estos conflictos, ha tenido consecuencias en
materia de política exterior y de defensa,
pero también tienen y están teniendo consecuencias en materia de política industrial en la Unión Europea y en el sector de la industria aeronáutica española. A pesar de las dificultades por las que han pasado algunas de estas industrias del
sector aeronáutico en los últimos tiempos, es un sector en su conjunto decisorio para nuestra economía. Este sector, como todos sabemos, es fundamental en el sistema económico y tuvo en el año 2001, según los informes de las industrias aeronáuticas
españolas, un resultado que superó en más de 11 puntos el del último ejercicio, el del año 2000. Es un sector clave no sólo por su aportación económica ni por las inversiones, sino por la cualificación de las personas que trabajan, por lo que
arrastra de investigación, por lo que arrastra de tecnologías.
Además es un sector el de la industria aeroespacial que está radicado en distintos puntos de España, desde Puerto Real a Zamudio, pasando por Toledo, Madrid y otras muchas provincias y
capitales españolas.
Como saben SS.SS. en el año 2000 la empresa pública española Construcciones Aeronáuticas, S.A. -empresa histórica, con tradición, con solvencia, con buena imagen y con presencia en el mundo aeroespacial o en el mundo de la aeronáutica-,
radicada en Sevilla, tomó una participación relativamente importante en la empresa europea de Desarrollo Aeroespacial y de Defensa, EADS. A partir de la entrada en EADS de Construcciones Aeronáuticas y a lo largo de dos años se ha venido
desarrollando un programa de la división Airbus para transporte militar destinado a las actuaciones de la Unión Europea y de otros países en momentos de crisis, en momentos de conflictos bélicos y por motivos de defensa y de seguridad. La decisión
de Construcciones Aeronáuticas de participar en esta empresa de carácter europeo es verdaderamente importante para la industria española, lo es para la industria en Andalucía y ¡qué duda cabe! para la industria en Sevilla, pero no solamente para la
industria aeronáutica de Sevilla. Como consecuencia de esta decisión que se concretó a principios de mayo en Berlín por los ministros de Economía de Alemania, el ministro de Industria del Reino Unido, la ministra de Ciencia y Tecnología de España y
el director general de Aviación Civil de Francia, y que fundamentalmente consiste en que en España y en la sede de Construcciones Aeronáuticas de Sevilla, aunque no exclusivamente, se ensamble y se entregue el avión A-400 M -esta es la
denominación-, que es el avión de transporte militar que ha decidido llevar a efecto este consorcio; como digo, desde el momento en que se toma esta decisión tenemos, por una parte, que estar satisfechos de que esto se haga en España y se haga en
Andalucía y, por otra parte, tenemos que estar empeñados en dar todas las facilidades para que este gran proyecto salga adelante ¿Por qué? Porque es un proyecto de extraordinaria importancia para la industria española. Para comenzar supone 400
millones de euros como inversión y en diez años va a suponer 1000 millones de euros, con una duración prevista de 20 años. Es un programa que tiene un alto componente tecnológico, lo cual para toda Andalucía, pero desde luego para Sevilla, es un
aliciente, un acicate para que dediquemos un esfuerzo grande a la formación de personas suficientemente cualificadas para trabajar en el sector. No solamente es una inversión directa importante, sino que es también una inversión en formación con un
alto componente tecnológico y de calidad. Por todo ello nos hemos permitido traer esta proposición no de ley, también por considerar que afecta a toda España y porque otras industrias establecidas en otras ciudades, como decía al inicio, se van a
beneficiar de este acuerdo en el que ha participado España. Es un programa y un proyecto de enorme envergadura que va a durar varias décadas y para Andalucía es una inversión que difícilmente vamos a superar en otros campos en los próximos años.
Nuestro deseo es que esta proposición cuente con el apoyo de todas sus señorías. Ya sé que han presentado enmiendas el señor Núñez, del Grupo Mixto, y el Grupo Socialista. Me permito compartir el espíritu de esas enmiendas en el sentido de
que desde el Gobierno no sólo instamos a que se apoye, se vigile y se anime a que continúe este proyecto, sino que se haga en colaboración con las instituciones públicas de Andalucía, los ayuntamientos afectados, y que haya una estrecha colaboración
entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. Por supuesto que sí. No se dice expresamente pero yo digo desde esta tribuna que nuestro ánimo es que haya en todo momento una colaboración estrecha entre todas las administraciones y el Gobierno que se
ha comprometido en este programa de largo alcance. Voy a escuchar con mucho interés las intervenciones de los demás grupos y de los enmendantes. No me parece fácil aceptar sus enmiendas porque vienen a decirnos que nos unamos a las acciones que
por algunos ayuntamientos o por la Junta de Andalucía se están haciendo en esta materia; serán complementarias. Son bienvenidas estas enmiendas, pero esta moción está dirigida hacia el Gobierno que es, como tenía que ser, el principal impulsor
dentro de la Unión Europea de este programa, que tiene un carácter supranacional. Por eso, creo que no va a ser fácil que nosotros nos unamos a esas enmiendas, pero que sepan SS.SS. y concretamente los enmendantes que en nuestro espíritu está
también pedir al Gobierno que la colaboración con ayuntamientos y con la Junta sea estrecha, sea buena y sea duradera, porque este es un programa a veinte años, que puede emplear entre puestos directos e indirectos en Andalucía aproximadamente a
diez mil personas, con un alto componente tecnológico y una formación especialmente cualificada y especializada.Por todo ello, es de extraordinaria importancia. Yo también les rogaría que lo miraran con atención, y que en años sucesivos, futuros
podamos ver con optimismo y esperanza la evolución
favorable de este proyecto que es importante para España y desde luego para nuestra tierra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Becerril.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señorías, no puedo decir que me sorprenda esta proposición no de ley porque no es la primera que llega a esta Cámara y que presenta el Grupo Popular en la que cuesta trabajo saber de qué estamos hablando. Cuesta trabajo saber si esta
proposición tiene algún sentido puesto que nos cuenta una historia ya sabida, un panorama de bondades y una serie de lugares comunes a los que, señoría, difícilmente se puede decir que no, pero el problema no es si este Parlamento tiene que discutir
todos los martes cuestiones no intrascendentes por el objeto de lo que se está tratando sino por lo que se dice en la proposición.El problema es si, ante un proyecto de esta envergadura y de la importancia que tiene para nuestra industria
aeronáutica y también para Andalucía, podemos venir aquí con una proposición no de ley que diga sólo esto, sin entrar a fondo en los problemas que indudablemente tiene.
A mí no me duele ninguna prenda por decir que en este proyecto concreto se está actuando, como se ha hecho antes desde el Gobierno del Partido Popular, de forma aceptable -se podía hacer mejor, pero es de forma aceptable- y que la conclusión
del proyecto del avión de transporte Airbus 400M nos parece acertado, pero que tiene dificultades, que tiene lagunas que conviene resaltar. Ademáspara que esto haya sido posible ha sido necesario que un gobierno autonómico, como el de la Junta de
Andalucía, haya hecho un esfuerzo sin precedentes, porque es una administración que tiene recursos escasos para estos menesteres, y lo ha hecho desde hace tiempo; y los ha hecho tan bien que por ahora la única administración que está poniendo
físicamente dinero en este proyecto es la Junta de Andalucía. Ahora lo explicaré. Por eso, me parece, señorías -no me gusta decir la palabra mezquino-, poco acertado que no reconozcan aquí -no sólo de palabra sino aceptando nuestras enmiendas- la
labor que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía para que este proyecto salga adelante, se concrete y, sobre todo, en Andalucía.
Quisiera añadir que, no como dice el preámbulo, la industria aeronáutica de Andalucía tiene mucha historia y todos los gobiernos anteriores han hecho todo lo posible para que esto se consolide aún en los peores momentos. Este proyecto no
hubiera sido posible ahora si previamente no hubiera habido ayudas y no hubiera habido visión de futuro para apoyar proyectos como el MD-11, el SAT-2000, el Boeing, etcétera. No hubiera sido posible si no se hubiera reconvertido la industria
subsidiaria de aviación de Sevilla en industria de composites, en industria de transformados, etcétera. Todo esto se ha hecho en estos años con una visión de futuro, viendo precisamente que habría que llegar a la integración en Europa de la
industria aeronáutica. Señorías, este proyecto es posible porque se ha hecho esa integración. Los pasos para esa integración no se dieron desde este Gobierno ni desde el anterior, se dieron antes de 1994 y 1992 y se han concretado recientemente en
1999. Lo que habíamos pedido es que se reconociera esto y también que se discutieran en este Parlamento las cuestiones que afectan de verdad y que ponen dificultades a este proyecto, que es necesario superar.
Señorías, hemos dejado por el camino que la cabecera de este proyecto, tal como estaba acordado, no se desarrolle en nuestro país. Al final va a ir a Toulouse y va a quedarse fuera de nuestro país. Para hablar de un verdadero polo
aeronáutico tiene que haber esa capacidad de gestión, de diseño y de innovación en ese polo aeronáutico, si no seguiremos siendo subsidiarios de otros territorios. Hemos perdido una oportunidad, aunque todavía estamos a tiempo de recuperarla. Por
eso, si se acepta nuestra enmienda este Parlamento tendría la fuerza para intentar remover un obstáculo y volver a poner las cosas en su sitio, tal como se acordó en un principio acerca de que España fuera la cabecera de este proyecto. Eso ya
difícilmente va a ser posible, sobre todo si el grupo mayoritario que apoya el Gobierno no considera esta enmienda y ha tirado la toalla incomprensiblemente como hemos visto recientemente en cuestiones como la pesca y en aspectos fundamentales que
se están debatiendo en Europa.
Además, es necesario asegurar el apoyo del Gobierno a los planes que está ya desarrollando físicamente la Junta, y no en una proyección de futuro como aquí se habla. La Junta ya ha hecho una orden de ayudas de un 65 por ciento de inversión
y ha promovido un gran polígono industrial con una inversión importantísima en los alrededores del aeropuerto para que se concreten las empresas en ese gran parque aeronáutico que pedimos en nuestra enmienda que se reconozca y se apoye y que ustedes
se niegan a hacer. Esta es la base de por qué este proyecto va a Andalucía. Si eso no se hubiera hecho no hubiera podido ir allí. Además, señorías, no estamos hablando sólo de Sevilla, sino también de la bahía de Cádiz, de infraestructuras y de
las gestiones que la Junta de Andalucía está realizando en el campo de las infraestructuras, del apoyo mediante ayudas a la inversión y de la formación que es importantísimo. La Junta de Andalucía está trabajando desde hace un año en programas de
formación, en convenios con la Universidad. Lo que pedimos aquí es que si el Gobierno central piensa colaborar en esa tarea que es necesaria,
lo haga coordinadamente con la Junta de Andalucía. La enmienda es impecable y no tiene nada en contra de la acción de este Gobierno.
Simplemente pretende reconocer, primero, el impulso y el esfuerzo de todas las administraciones (la
central, la autonómica, la local que también ha puesto su grano de arena); segundo, establecer la coordinación en los apoyos al I+D, a la formación, etcétera; tercero, que se mantenga en los acuerdos suscritos la integración de CASA en EADS y, en
particular, que se mantenga lo que se había previsto, que era que el centro logístico y la cabecera del grupo estuvieran en nuestro país.
También tenemos otra enmienda importante que se refiere a que la SEPI mantenga su participación y lo que ello conlleva en los acuerdos, que son los derechos políticos; o sea, que esa participación del 5 por ciento da derecho a la SEPI a
vetar determinadas cuestiones estratégicas. Los rumores se confirman porque, si su grupo no quiere apoyar esta enmienda, parece que es porque el Gobierno está decidido a que la SEPI se deshaga de esta participación del 5 por ciento. La importancia
no es la del porcentaje sino la de los derechos políticos que esto conlleva en cuanto a lo que tenemos que decir de la industria aeronáutica. Por tanto, nos parece que esto no tiene mucho sentido, como tampoco lo tiene rechazar que el Gobierno
comparezca cada seis meses en esta Cámara y dé cuenta del desarrollo de un proyecto como éste. Señorías, no se trata sólo de 10.000 puestos de trabajo, sino de más, pero para que estos puestos de trabajo se concreten la industria auxiliar
aeronáutica en Andalucía tiene que tener un apoyo decidido porque son, como bien se ha dicho, proyectos a 20 años o más, y eso necesita un gran esfuerzo de financiación, por tanto, la colaboración no sólo de la Administración autonómica o de las
cajas de ahorro de Andalucía, sino también el de otras entidades en el resto del Estado, ya que es lo que puede dar la seguridad de que esa industria aeronáutica que tanto trabajo ha costado mantener, junto con otras que se están implementando y
desarrollando en Andalucía, en el futuro se van a mantener. No hemos pedido demasiado, simplemente que ustedes reconozcan un esfuerzo necesario. Yo comprendo que pasarse todo el día diciendo que el Gobierno de la Junta de Andalucía no hace nada,
que el Gobierno de la Junta de Andalucía no trabaja por su tierra y que los trabajadores son unos vagos les lleve evidentemente a rechazar estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Cuevas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos ante un tema muy importante. Yo le agradezco a la portavoz del Grupo Popular, a la señora Becerril, su intervención. Mi reflexión es si en esta Cámara en este momento importante respecto al desarrollo de este proyecto
A400M de CASA en Sevilla estamos para repartir aplausos o estamos para hablar de futuro. Si en esta Cámara estamos para repartir aplausos entiendo la diatriba. El Gobierno habrá querido decir que ha hecho sus tareas estupendamente, por tanto, en
ese acuerdo que puede servir para cualquiera de los puntos que vemos aquí todos los días, el Grupo Popular dice: punto número uno, el Gobierno lo sigue haciendo bien. Pues nada, si hay que decir que el Gobierno lo sigue haciendo bien en este tema
-y parece que va razonablemente bien, con sus luces y con sus sombras-, a mi no me duelen prendas, ni en espíritu ni en letra, para reconocer que en este punto se están haciendo las cosas bien.
Aquí hay que hablar de que se están haciendo las cosas
bien por los gobiernos, porque el Gobierno no se ha inventado un polo aeronáutico en Sevilla de la noche a la mañana, sino que allí hay una empresa que, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, tiene muchos años de historia; en esa empresa con
las distintas modernizaciones, con los distintos proyectos, con las distintas alternativas hay un escenario de realidades que es el que ha provocado que en competencia con otras ciudades Sevilla se lleve el gato al agua y se convierta en el tercer
polo aeronáutico europeo junto a Toulouse y Hamburgo. Son muchas las condiciones para que haya pasado esto, y si hay que poner medallas, que se compre un saco y se repartan medallas a diestro y siniestro, pero se ha logrado. Aquí estamos para
hablar del futuro de este proyecto y para ver hasta qué punto en esta Cámara somos capaces de comprometer al Gobierno, que para eso estamos en el Parlamento de España, para continuar con este proyecto con las realidades.
¿Cuáles son las realidades que tenemos ahora mismo? Tenemos que hacer una política de formación -es una realidad-, una política de inversión en I+D -es otra realidad- y tenemos que apoyar una realidad física de parque empresarial
aeronáutico, ahora mismo en construcción las obras de urbanización mediante un convenio de una sociedad que en su día constituyeron la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Rinconada.
Por tanto, tenemos unas realidades físicas cuya acción
desde luego tiene que ser coordinada. ¿Hasta qué punto tiene que llegar el bipartidismo, férreamente enfrentado, para que antes morir que pecar, para que antes decir cualquier cosa que reconocer que el otro Gobierno lo ha hecho bien? ¿Qué pasa si
en esta Cámara decimos que en un proyecto lo está haciendo bien y lo debe hacer de forma coordinada el Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía? ¿Nos pasa algo o sólo podemos decir aquí que lo haga bien el Gobierno de España y sólo podemos
decir en el Parlamento andaluz que lo haga bien el Gobierno andaluz? ¿No podemos
decir aquí que tiene necesariamente que haber una coordinación en un plan especial de desarrollo del sector aeronáutico que contemple las políticas de formación, que coordine las inversiones en I+D y sobre todo que colabore en la
reafirmación de ese parque empresarial nasciturus que está ya allí?
Le agradezco a la señora Becerril el apoyo personal y moral de sus palabras, pero me gustaría tener el apoyo físico de su grupo. Dice que personalmente está de acuerdo en que hay que apoyar el parque empresarial La Rinconada, en la bahía de
Cádiz, en Madrid o donde sea, que hay que hacer política de I+D, pero que en este momento parece que a lo único que podemos comprometernos es a que el Gobierno siga haciéndolo bien en su política de creación de empleo de calidad. Señorías, le
pediría un esfuerzo al grupo del Gobierno. No sé -y me está mirando el portavoz de Convergencia i Unió-, si un proyecto como éste en otro sector hubiera estado en Cataluña, si estaríamos discutiendo si podíamos citar o no a la Generalitat. A lo
mejor era evidente que había que pedir la colaboración entre esos dos gobiernos, pero aquí parece que es mentar la bicha y que no hay manera de conseguir que el Gobierno en un punto relevante para el desarrollo de Andalucía y de España coordine sus
políticas de desarrollo respecto al polo aeronáutico con el Gobierno andaluz y con los gobiernos locales. Les pido, señorías, ese esfuerzo.
Apoyo sin reservas su proposición, como no podía ser menos, pero pido la recíproca: que no sea una proposición testimonial de esto va bien, sino una proposición realista de esto tendría que seguir yendo bien. Hemos escuchado muchas cifras:
25 años, 20 años, 14.000 empleos, 10.000 empleos, 3.000 empleos, 3.450 millones de euros, 400 millones de euros.
Aquí hay muchos cuentos escritos del futuro de este proyecto, pero realmente tiene esas potencialidades si trabajamos coordinadamente.
Me gustaría que en esta Cámara fuéramos capaces de ese reconocimiento, de la necesidad de unir los esfuerzos de los distintos gobiernos y no de la separación, de enfrentar a los gobiernos porque tienen un signo político distinto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracia, señor Núñez.
En turno de fijación de posiciones, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Mi grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley que ha presentado la señora Becerril en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y votará otro texto si entiende el
grupo proponente que debe aceptar cualquier otra enmienda, porque vamos al fondo de la cuestión. No me voy a fijar tanto en la forma retórica de explicitar literariamente lo que estamos discutiendo, que es que en Sevilla se consolide este tercer
polo de desarrollo aeronáutico europeo. Lo decimos por una partida neta de solidaridad desde Coalición Canaria con lo que puede representar para España, Andalucía y Sevilla tener allí radicada la industria puntera en el sector aeronáutico del
transporte pesado, precisamente para permitir el ensamblaje y entrega del nuevo diseño de avión de transporte europeo el A400M. En segundo lugar, significa reafirmar un principio de avance tecnológico español y europeo frente a la competencia
norteamericana.
Prácticamente todo lo que ha sido el transporte pesado aeronáutico ha estado y está hasta este momento en manos de la industria norteamericana, con los aviones de transporte que tiene todo el parque aeronáutico internacional y
mundial. En tercer lugar, es reafirmar que estamos apoyando un principio de la industria de defensa europea para que se consolide. Esto tiene que ser algo tangible, que se vea y que se pueda valorar directamente. También entendemos que aquí se
sigue una línea de continuidad de los gobiernos de España, que han venido potenciando desde que se firmaron los compromisos para el Eurofighter, para el Caza 2000 europeo en el sector aeronáutico, y la participación de España, a través de
Construcciones Aeronáuticas, hoy integrado todo en el gran consorcio aeronáutico europeo EADS, que nos da una sensación no por el porcentaje, sino por la calidad, como es el caso de la tecnología española en una industria como la de la fibra de
carbono en Getafe, que tiene ya una categoría y un reconocimiento nacional e internacional, sobre todo en el ámbito aeronáutico europeo. Es una cuestión de prestigio, de interés general de Estado, de armonización de la política de defensa y la
industria española, en primer lugar, pero también de los consorcios europeos; al final, es un beneficio para todos. En esa línea, mi grupo parlamentario va apoyar esta iniciativa por entender que contribuimos a un bien general y de prestigio
tecnológico para nuestro país.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando el grupo que sostiene al Gobierno presenta una proposición no de ley, debe buscar el apoyo unánime de una iniciativa que debería ser considerada de interés general y requiere un impulso superior al que puede dar el propio Gobierno en
solitario. Otro sentido no debe tener, ya que la misión del Grupo Popular no debe ser pedir cosas a su propio Gobierno. En ese sentido es como hay que considerar esta proposición y, por eso, entendemos que se queda corta. Estando de acuerdo en lo
que se plantea, podía haber sido más ambiciosa
y contundente, de manera que fuese un instrumento para que el Gobierno español tuviese mayores posibilidades de presionar para obtener mayores ventajas a la hora de situar este proyecto como puntero no solamente en Sevilla, sino en toda
Andalucía. Desde esa óptica, no se puede entrar en disyuntivas de competencia ni mucho menos intentar rentabilizarlo políticamente porque no solamente se cometería un error absurdo, sino que sería tirar piedras sobre el propio tejado del proyecto.
Por eso, consideramos que la propuesta debería haber sido más ambiciosa y no entendemos que no se quiera contemplar la involucración de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento de Sevilla en el proyecto.
La verdad es que Andalucía no está sobrada de proyectos de este tipo, no está sobrada de impulsos industriales para que las diputados andaluces hagamos un debate en esta Cámara sobre quién puede sacar mayor tajada política. Lo que tenemos
que hacer es ver cómo impulsarlo entre todos, cómo conseguir que no solamente sea un polo importante para Sevilla, sino que tenga repercusión en el conjunto de Andalucía, lo que es posible, y que todos los diputados y diputadas de Andalucía nos
pongamos a trabajar en conjunto. Nosotros ya lo hemos hecho a través de nuestro grupo municipal en el ayuntamiento de Sevilla. En el año 1997 presentamos una propuesta en el pleno municipal, como bien sabrá la portavoz del Grupo Popular por sus
propias labores municipales. Siempre hemos estado involucrados y vamos a seguir estándolo, pero -repito- la proposición podría ser más ambiciosa, más contundente. Esperamos que el Gobierno español sepa estar a la altura de las circunstancias
porque -y con esto termino- cuando el grupo que apoya al Gobierno trae una iniciativa no solamente es para pedir el respaldo unánime de la Cámara, sino también para comprometer al Gobierno, para obtener del Gobierno un compromiso mayor. Cuanto
mayor sea el respaldo parlamentario, mayor será el compromiso. Por tanto, junto con nuestro voto anunciamos una exigencia, un seguimiento. Como digo, esperamos que el Gobierno del Partido Popular sepa estar a la altura de las circunstancias porque
-repito- en Andalucía no son muchas las oportunidades de crear industria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar a favor de la proposición no de ley, ya sea en su tenor original, ya sea -si se acepta alguna enmienda- con el texto resultante, como manifestación de solidaridad con Sevilla, con Andalucía y con el sector aeronáutico
español.
Hay algunos aspectos concretos de la proposición no de ley que nos resultan satisfactorios y que constituyen buena parte de la política parlamentaria de apoyo de Convergència i Unió a la industria española. La reivindicación de la
participación y de la construcción de consorcios europeos, como es el caso del Airbus, del Eurofighter, de lo que puede pasar con el Eurocopter, la propia empresa europea Galileo, ha sido algo que Convergència i Unió ha pretendido impulsar desde el
primer momento.
Nos parece que es una política acertada, salvaguardando siempre lo que son nuestros intereses en materia de conservación de empleo o de planes de empresa. Es algo en lo que siempre nos hemos mostrado muy partidarios, además de con
la posible incorporación de Izar a un también hipotético consorcio europeo. Lo que contiene la proposición no de ley de apoyo a esta internacionalización o europeización de la industria española es algo que sin lugar a dudas nos parece muy
correcto.
En segundo lugar, es cierto que este es un momento brillante en la industria aeronáutica española no sólo por el planteamiento de la SEPI y CASA dentro de la EADS, sino también cuando se ha anunciado la construcción de una newco, una nueva
compañía que pudiera estar integrada por ITP (industrias de turbopropulsores) y participada a su vez por SENER, la SEPI y Gamesa. Fundamentalmente en el País Vasco se constituye también otro foco importante de la industria aeronáutica española que
cabe potenciar.
Lo que nos gustaría hacer constar es que buena parte de esta industria aeronáutica -nosotros quisiésemos que se hiciese extensivo a la industria aeroespacial- se desarrolla según los retornos que recibe España por su participación en
consorcios o en empresas europeas. Buena parte de la industria aeroespacial española se ha ido desarrollando a través de los retornos que provienen de nuestras inversiones en la Agencia Espacial Europea, en Hispasat o en Homesat, y desde luego muy
buena parte de la industria aeronáutica española procede también de los retornos derivados en su día de acuerdos o de convenios entre España y otros Estados para la venta de productos de CASA y en estos momentos de participación en el consorcio
Airbus, como lo será también el Eurofighter, o lo puede ser si al final España hace la opción del Eurocopter en lugar del helicóptero Apache de los Estados Unidos. Por eso mi grupo siempre ha tenido mucho interés en ver si somos capaces de
territorializar o de informar de la territorialización de estos retornos.
El día 21 de mayo se debatió en la Comisión de Ciencia y Tecnología una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la optimización de los retornos de pagos de cuotas internacionales, que mi grupo apoyó además porque
le fue admitida una enmienda que pretendía no sólo esta optimización sino
que tengamos también la información suficiente de estos retornos al final, para ver cómo se territorializan y que sepamos todos qué comunidades se benefician más o se benefician menos de ellos. Por eso, cuando el portavoz del Partido
Andalucista, señor Núñez, decía que quizás si esto lo hubiese presentado otro grupo o si esta industria aeronáutica estuviese ubicada en Cataluña se haría referencia a la participación de la Generalitat, a mi grupo le gustaría que tuviésemos un
premio. Seamos conscientes de que esta industria se desarrolla según esos retornos, que existen auténticas políticas de Estado y que lo que beneficia a una comunidad significa que no beneficia a otra. Es algo que nosotros admitimos en el ámbito
aeronáutico por solidaridad con otras comunidades, pero nos gustaría por ejemplo que en el ámbito aeroespacial, donde Cataluña sí tiene instituciones perfectamente aptas para estos desarrollos industriales, también se nos tuviera en cuenta. Por
tanto, el tema no está en si tienen que colaborar los gobiernos autonómicos y el Gobierno del Estado, que desde luego tienen que hacerlo, sino también en la transparencia, para que entre todos y a través de una correcta gestión de estos retornos
seamos capaces de efectuar una importante política industrial y de fomentar precisamente esa investigación y desarrollo, la formación de nuestros trabajadores y en última instancia potenciar en su conjunto la industria española. Por todo eso,
señorías, y a pesar de algo de lo que he dicho, procederemos a votar a favor de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
Señora Becerril, a los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señora presidenta, no vamos a aceptar las enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Becerril. (La señora presidenta ocupa la presidencia.-Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el respaldo a la conversión de Sevilla en el tercer polo aeronáutico europeo, que se somete a votación en sus
propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 284; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 5/2002, DE 24 DE MAYO. (Número de expediente 162/000521.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA A LA DEROGACIÓN DEL DECRETO-LEY DE REFORMA DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 162/000523.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derogación del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto -señores
Aymerich, Rodríguez y Vázquez-, relativa a la derogación del Decreto-ley de reforma de la protección por desempleo.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandone el hemiciclo quien lo vaya a hacer.
(Pausa.)
Adelante, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista pide en esta proposición no de ley que vamos a ver a continuación la derogación del Decreto 5/2002, que regula el desempleo. Lo hacemos, señorías, porque este
decreto nos parece profundamente injusto y antisocial, porque creemos que no favorece el empleo, que perjudica a los trabajadores, ya sean ocupados o desempleados, porque se ha hecho sin consenso y porque rompe seria y gravemente el consenso y el
diálogo social de nuestro país.
Se está diciendo con frecuencia en la propaganda oficial del Gobierno, y también en la propaganda del Partido Popular, que este decreto no causa restricciones en los derechos, que no hay regresión en las condiciones laborales y que beneficia
a todos: a ocupados y a desempleados. Hoy quiero decir, señorías, en nombre del Grupo socialista, que eso es mentira. Es mentira porque hay graves retrocesos, graves restricciones y serias pérdidas de derechos para los trabajadores, insisto,
ocupados o desempleados. Por ejemplo, señor Azpiroz, ¿es o no una pérdida de derechos la que sufren los trabajadores fijos discontinuos, que pierden el derecho al desempleo? ¿Es o no una pérdida de derechos el que los prejubilados no vayan a poder
cobrar ya el subsidio? (Varios señores diputados: Sí.) ¿Es o no una pérdida de derechos la regresión que significa la eliminación del subsidio para los que en el caso del PER, sin haber pertenecido a él, puedan querer acceder al subsidio agrario
en Andalucía o en Extremadura? (Varios señores diputados: Sí.) ¿Cómo hay que calificar la
supresión de los salarios de tramitación, como un avance o como un abaratamiento del despido y por tanto como una medida regresiva contra los intereses de los trabajadores? Señorías, todo esto se está haciendo, además de muchas más cosas,
desde una filosofía que criminaliza al parado, que lo concibe como un pusilánime, como un parásito que cobra por una actitud intencionadamente hostil hacia el trabajo y que cobra de lo que pagan los demás. Así se expresó, por ejemplo, el presidente
del Gobierno en esta Cámara y eso también es mentira. Es mentira porque en España no existe un problema grave de fraude. En cifras comparativas con las cifras del empleo de Europa, no hay un crecimiento más alto del fraude en nuestro país que en
otros sitios. Es mentira porque además, como ya he dicho, los que cobran estas prestaciones lo hacen porque han cotizado y, si hay un problema de fraude, se corrige con la inspección, pero no se generaliza la sensación de que los desempleados son
vagos. Es mentira porque ofende a la inteligencia, señorías, pensar que alguien se quiera quedar en el paro intencionadamente con 50.000 pesetas de subsidio de desempleo o con 20.000 ó 30.000 si es un parado agrario en Andalucía o en Extremadura.
(La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué dispendio!) Y es mentira porque las ofertas que se hacen a los parados en general son precarias y están mal pagadas en este progresivo proceso de devaluación laboral que sufre nuestro país. ¿Ustedes se han
preguntado por ejemplo por qué en Murcia tenemos 1.500 parados agrícolas y casi 100.000 inmigrantes trabajando? ¿No será porque estos parados españoles rechazan trabajar de sol a sol como autónomos por 5.000 pesetas al día? ¿No será por eso?
¿Quién se atreve, señorías, a llamar vago a un peón de un pobre pueblo rural, andaluz o extremeño, que no puede trabajar y que cobra 20.000 ó 30.000 pesetas de subsidio? ¿Quién? (Aplausos.)
Todos hemos oído hace pocos días hablar de perversión moral y yo les digo, señorías, que pensar así de los parados sí que es perversión moral.
(Aplausos.) Todo esto, ¿por qué?, ¿porque hay déficit en el INEM? No. El INEM no tiene
déficit, sino superávit. ¿Todo esto porque se quiere reducir la aportación del Estado al INEM porque aporta mucho? No. No aporta nada. Cero euros desde hace varios años. ¿Todo esto porque se quieren aumentar las políticas activas? No, porque
la única política activa que se aumenta es más bonificaciones a los empresarios para contratar. Entonces, señorías, ¿a qué viene todo esto? Yo creo que hay una razón política que lo explica. Además de que el Ministerio de Economía obviamente
quiere recortar las prestaciones y los costes del desempleo, aunque el INEM tenga superávit, aquí realmente hay una apuesta política y el presidente del Gobierno ha decidido emitir una señal de autoridad neoliberal; quiere liderar el pensamiento
conservador europeo y busca un ejemplo de fuerza y de prestigio -entre comillas- contra las banderas sociales del Estado protector. El paradigma de este decreto es abaratar el despido, reducir derechos de los trabajadores y reducir prestaciones a
los parados, como si la mejor política activa fuera reducir las políticas pasivas. Este es todo un contenido ideológico que el Gobierno efectivamente quiere protagonizar, con un talante y una forma que además considero que son sencillamente
intolerables. Señorías, el Gobierno aprueba el decreto al día siguiente de la convocatoria de la huelga, en un gesto de autoritarismo que es insólito, porque la huelga forma parte del tracto negociador y hay que respetar que se convoque y hay que
tomar las decisiones después de que se haya celebrado. Eso es lo que corresponde a un Gobierno democrático. Este Gobierno ha colocado a los que están con la huelga, a los sindicatos o a quienes la puedan apoyar o comprender -incluida la oposición-
en la trinchera de la anti-España, como si quisiéramos fastidiar, como se ha dicho, jorobar -en ese verbo tan especial que utilizó el presidente del Gobierno- a España y perjudicar su imagen. No, simplemente ejercen su derecho, señorías. Esto
forma parte de la propia democracia. Esto le ha llevado al presidente del Gobierno a decir que él no cederá como cedieron otros, lo que en una reunión con empresarios le ha llevado a decir: Este partido lo voy a ganar. (La señora Mato Adrover:
El pleno empleo.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Cállate!) Señorías, aunque no sea más que por este comportamiento autoritario, por este espíritu vengativo y absolutista que les lleva a enfrentarse con el Supremo, con la Iglesia, con los
sindicatos, con la oposición y con todo el mundo, merecen perder este pulso. (Aplausos.)
Así ha surgido una huelga que debiéramos evitar. Estos días he escuchado -al igual que todos nosotros- muchas cosas a propósito de nuestra responsabilidad. Voy a proponerles un juego divertido, señorías, voy a leerles algunas citas y les
voy a pedir que acierten qué dirigente socialista o sindical las realizó. Primera cita: Puedo garantizar que mi grupo no puede apoyar esta discrecionalidad en medidas tan sensibles para la opinión pública y tan fundamentales para el mantenimiento
de una política social necesaria en nuestro país. ¿Quizá fue Rodríguez Zapatero? ¿Quizá fue Jesús Caldera? No, fue Celia Villalobos, el día 11 de junio de 1992. Segunda cita: Cuando hay fraude al desempleo, no hay fraude del trabajador, hay
fraude del trabajador con un empresario, los trabajadores no son peores que los empresarios, son exactamente lo mismo, y se pueden aprovechar hasta donde puedan. ¿Quizá fue Alfonso Guerra? ¿Quizá fue Manuel Chaves? No, otra vez fue Celia
Villalobos, el día 11 de junio de 1992. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Mira que es roja!) Tercera cita: Porque el Gobierno durante estos días no debería haber incurrido en el catastrofismo. El Gobierno, a través de sus poderosos medios de
comunicación, no debería haber incurrido durante estas fechas precedentes en dirigirse al nerviosismo de la sociedad española,
a resucitar viejos fantasmas, como temores a lo que pueda ocurrir el día de mañana, no debería haberse puesto el parche antes de la herida, y haberse reducido, la huelga y su verdadera dimensión, contemplándola con naturalidad. Hay que
explicar tranquilamente que la huelga general de mañana no es una huelga revolucionaria porque no pretende la supresión de ningún orden constituido, ni tampoco es una huelga indefinida, como otras huelgas que se plantearon en España. ¿Quizá fue
Cándido Méndez? ¿Quizá fue José María Fidalgo? No, fue Calero Rodríguez, el día 13 de diciembre de 1988. (Un señor diputado: ¡Otro rojo!) ¿Quién apela a la responsabilidad de los socialistas, señorías? ¿Los que ordenaron no pagar a los
funcionarios en Castilla y León, el señor Aznar y el señor Aparicio? (El señor Sevilla Segura: ¡Aznar!) ¿Quién apela a los socialistas? Por eso, señorías, ustedes a nosotros, de responsabilidad, ni una palabra, ¿eh?, ni una palabra. (La señora
Mato Adrover: ¡Los parados!-Otra señora diputada: ¡Tres millones de parados!-La señora Chacón Piqueras: ¡Cuánto rojo!-Rumores.) Por todo eso, señora presidenta, hemos solicitado a este pleno de la Cámara que se derogue ese decreto ley. Nuestra
petición es dejar sin efecto un decreto ley que consideramos injusto y que rompe gravemente el diálogo social de nuestro país, lo que nos preocupa. (Un señor diputado: ¡Sí!) Cuando pactaban ustedes con los sindicatos, los sindicatos eran buenos y
responsables, y ahora que no están de acuerdo con ustedes, son el demonio, la antiespaña. No, señorías, no. El tracto negociador de la huelga forma parte de la democracia, pero si se puede evitar, mejor, y se evita votando hoy aquí esa derogación.
Señorías, es mejor reanudar un diálogo con sindicatos, empresarios y comunidades autónomas, porque yo soy de los que cree -y pienso que ustedes también- que una huelga es un problema para el país y que es mucho mejor un mal arreglo, aunque sea
imperfecto o incompleto, que una huelga general que este país no merece. (Aplausos.-El señor Blanco López: Aznar culpable.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Dentro del rosario de descalificaciones, amenazas y chulerías del Gobierno, y en especial del señor Aznar, emitidas para hacer creer a la población que la convocatoria de huelga para el día 20 está injustificada, hay que señalar dos aspectos
importantes: el primero, cuando dijo que la huelga se estaba preparando para jorobar, es decir para fastidiar, como si no tuviera ninguna justificación de carácter racional, y el segundo, cuando dijo que para hacer daño a España, confundiendo, como
ya es común, la parte que representa el Gobierno con el todo, y todo esto adornado con el gran optimismo de que hay 3,5 millones de ocupados más, de que hay 4 millones más de cotizantes a la Seguridad Social, de que existe superávit, de que hay un
fondo de reserva de pensiones y de que estamos ante el récord de afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, señorías, estas cifras macroeconómicas ocultan una realidad de precariedad laboral, un problema gravísimo a resolver de dignidad, de
bienestar y de no tratar a las personas como mercancía, personas que hoy viven en fragilidad y sin seguridad. La comisión permanente de la OAC -y hay que utilizar en este momento por lo menos la opinión de algún sector de la Iglesia- venía
informando recientemente en un periódico de derechas que 3.682.500 españoles están contratados temporalmente, que 1.168.100 personas en el Estado español están contratadas a tiempo parcial y que 2.179.000 están en paro. ¿Entienden ustedes lo que
esto significa? La flexibilidad de la fragilidad, que no tienen empleos fijos como nosotros, que no tienen los derechos que nosotros tenemos y que tienen una existencia personal, familiar y social que no se puede calificar de aceptable. Vayamos a
datos más concretos, señorías.
¿Cómo se puede reducir la tasa de cobertura de desempleo cuando, por ejemplo -por hablar concretamente de mi país-, en Galicia solamente disfruta de cobertura por desempleo el 48,5 por ciento de los parados, 8 puntos por debajo de la media
estatal, que está en el 56 por ciento, en un momento en el que proliferan los contratos temporales -en concreto, el 42 por ciento fueron de duración igual o inferior a un mes-, por no hablar de la proliferación de contratos a tiempo parcial. Es
más, comparados los datos de 1993 y los de hoy, se puede comprobar que en Galicia hay hoy 31.833 parados con subsidio por desempleo que viven por debajo del umbral de pobreza de Cáritas, que son casi de la mitad de los parados con derecho a
prestación y el 20 por ciento de los parados totales en Galicia. Señorías, desde 1993 hasta hoy, 2001, da la casualidad de que en Galicia hay 13.000 parados menos con prestación contributiva y hay menos de 30.000 perceptores de subsidio. ¿Esta
situación obligaba realmente a esta reducción tan espantosa que ahora ustedes quieren aplicar?
No me voy a detener en el superávit del INEM. Hoy hay una excelente situación del INEM, en concreto con un excedente de más de 621.000 millones de pesetas gracias a las contribuciones de los salarios brutos especialmente de los
trabajadores. Hay cambios, por lo tanto, cualitativos y cuantitativos que se fueron aplicando poco a poco y que ustedes quieren culminar en este momento con su reforma, que no es más que la pérdida progresiva de derechos adquiridos por los
trabajadores en otras épocas. Nos podríamos preguntar a quién joroban realmente estas medidas. Pues bien, señorías, a la inmensa mayoría social que trabaja porque
se abarata el despido y se construye un recorte directo en la prestación por desempleo, más inseguridad, más precarización. No vale esa imagen que se nos quiere vender, que se les quiere vender a muchos de los trabajadores diciendo que esto
va a encaminado a penalizar a aquellos que no quieren trabajar. Cabe preguntarse: ¿Cómo va a hacer el aparato del INEM que hoy sólo da trabajo al 17 por ciento? Es decir, solamente el 17 por ciento encuentra trabajo en ese organismo, mientras que
el 83 por ciento que lo busca lo tiene que encontrar por su cuenta? ¿Cómo se va a convertir a este aparato en una especie de policía y de control policial importantísimo sobre los trabajadores cuando no se hace lo mismo sobre las empresas? Estos
días podemos leer en los periódicos cómo trabajadores que eran enviados a alguna empresa para desempeñar una función obligatoriamente, no era esa la función que la empresa les ofrecía o incluso cómo no correspondía ni siquiera a la legalidad vigente
el destino en que se le colocaba a una mujer que tenía que andar más de dos horas de viaje para aceptar el trabajo del INEM. ¿Cómo se van a admitir las distintas modalidades que ustedes nos ofrecen? ¿No empeora la situación el concepto de empleo
adecuado que quiere emplear el INEM cuando resulta que no respeta la cualificación profesional del afectado y ni siquiera respeta que pueda tener un salario superior a la prestación que estaba recibiendo e incluso cuando le obliga a desplazarse
familiarmente, no sólo personalmente, en el tiempo del trabajo? ¿Es esta una responsabilidad social y pública de la Administración? ¿Cómo se nos puede convencer de que no se abarata el despido y se avanza hacia el despido libre cuando se está
suprimiendo el salario de tramitación por despido improcedente y sustituyéndolo por la prestación por desempleo? ¿Piensan ustedes que las personas mayores de 52 años con subsidio de renta activa de inserción tienen la obligación de desempeñar
trabajos mal pagados y solamente con que la empresa les cubra el resto del salario a partir de ese subsidio que tenían y encima transfiriendo a las empresas los derechos de prestación de trabajadores con beneficio de cuota a la Seguridad Social?
¿Cómo se puede suprimir incluso la prestación por desempleo en el empleo público subvencionado, responsabilidad de la Administración, de las corporaciones locales? ¿Cómo la propia Administración puede actuar con este criterio, que afecta sobre todo
a contratos de inserción de gente nueva? ¿Cómo, señorías, se puede pretender en este momento, cuando muchos emigrantes retornados vuelven, que se les obligue a que tengan periodos de trabajo en el extranjero superiores a los que tenían hasta ahora
para tener derecho al subsidio por el desempleo? Y qué hablar de esa especie de rapiña que hacen ustedes con los ahorros incluso de mucha gente que disfruta de algún subsidio y a los que se les va a contabilizar ingresos derivados de capital,
miserables, o ingresos derivados efectivamente de haber recibido alguna indemnización por despido. ¿Cómo es posible que se vaya a rentas tan sumamente reducidas e incluso que se les quiera privar de una cuestión elemental como es ese subsidio?
Señorías, realmente no se pueden catalogar estas medidas de positivas, ustedes van contra derechos reconocidos al trabajador a partir de una concepción totalmente asistencial, administrativista, bajo control de clientelismo político, a gente
que vive en condiciones precarias, y ustedes agudizan esas condiciones que ya fueron puestas en marcha en marzo de 2001 y, por supuesto, cuya andadura se inició en 1993 y 1994, pero aún con un carácter cualitativo muy diferente al de hoy. ¿Qué daño
se le quiere hacer a España, a qué España, con esa huelga convocada y por los que pedimos la derogación del decreto? ¿A quién se le hace daño? Realmente, señorías, lo que estamos defendiendo es un Estado español con un modelo económico armonioso,
en paralelo con su diversidad cultural y nacional. ¿Por qué no nos preguntamos lo curioso que es que coincida toda esta avalancha neoliberal contra los trabajadores con esa saña antinacionalista que estamos viviendo en el Estado español? ¿No
habría que preguntarse por qué? Ha sido siempre una característica de los momentos democráticos en el Estado español. Vayan ustedes a la época de la República, pasó exactamente igual. Ustedes lo que quieren es menos gasto público, ahorro
empresarial, y además lo quieren con varias ofuscaciones y manipulaciones políticas.
El Bloque Nacionalista Galego cree que no se puede confundir nunca una mayoría electoral de 10 millones de electores con una mayoría social, a todas luces mucho más importante si nos limitamos, incluso, a los trabajadores. Les pedimos
prudencia y cautela. No pensamos que se pueda actuar de forma unilateral y prepotente para imponer su política.
Sustitúyanla por el diálogo con los sujetos sociales, que tienen algo que decir, porque son los que soportan económicamente el sistema
que estamos discutiendo. No empleen la cantinela de los servicios mínimos para discutir el derecho a la huelga, los derechos constitucionales reconocidos, y hacer incluso un uso espúreo de la figura del real decreto-ley. Nosotros queremos,
señorías, que se pueda vivir con un mínimo de dignidad, física, moral, material y psicológica. ¿Por qué razón se van a reducir los ingresos familiares, que sin duda se van a reducir con esta pérdida de búsqueda de los mismos? ¿Por qué no
contribuyen ustedes a que se pueda estabilizar el consumo y la producción manteniendo estas prestaciones? ¿Por qué ustedes van en contra del capital humano y la cualificación de los trabajadores? ¿Por qué razón, señorías? Nosotros queremos
dejarlo aquí bien claro, después de pedir esta derogación del decreto-ley, y colaboraremos a una respuesta contundente y democrática el día 20 de junio en todo el territorio del Estado español, pero especialmente en nuestro país, Galicia. Para que
esto no ocurra, señorías, contribuyan ustedes también,
con espíritu democrático, derogando el decreto-ley y discutiendo ampliamente algo que no tiene urgencia.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vamos a apoyar estas dos iniciativas que se presentan hoy aquí por parte del Grupo Socialista y del Grupo Mixto. Únicamente hemos presentado dos enmiendas de adición y
esperamos que los proponentes no tengan ningún inconveniente para asumirlas.
Yo empezaría diciendo que el Gobierno español comienza a sentirse incómodo con la concertación social. Debe pensar que con su mayoría absoluta no tiene por qué condicionar su política al resultado de las negociaciones, tal como se ha visto
obligado a hacer con el acuerdo de pensiones, y prefiere acudir al decretazo. La negativa a negociar las políticas activas de empleo, tal como le reclaman desde hace años los sindicatos, se acompaña de propuestas para recortar derechos de los
activos, reducir prestaciones de paro y crear nuevos contratos precarios. El decretazo es, ni más ni menos, la mejor expresión de que el diálogo social ha sido cancelado unilateralmente por este Gobierno. Lo que hasta hace unos meses eran
alabanzas sobre la capacidad de diálogo sindical y presunción sobre la capacidad de concertación de este Gobierno, se ha tornado en autoritarismo y prepotencia. El presidente del Gobierno dice que quiere ganar este partido a los sindicatos. Puede
que sea legítimo querer ganar, pero lo que no es legítimo, señorías, es el juego sucio. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Y de eso precisamente trata este decreto, de jugar sucio con la concertación social,
de cambiar las reglas de juego democráticas a mitad del partido, de penalizar y criminalizar injustamente a los parados y, lo que es peor, se trata de ventajismo de la peor especie. Sin disimulo político, ni respeto alguno a la ley, el Gobierno ha
vuelto a echar mano de su poder excepcional dictando un real decreto-ley que carece de toda justificación. El Gobierno al ejercer su potestad legislativa invoca unas razones que no sólo no logran superar el menos exigente test de
constitucionalidad, sino que pretende enmascarar la verdadera motivación que justifica su decisión política. La causa de la urgente y extraordinaria necesidad de este decreto ley no se encuentra ni en los mercados externos ni en los internos, es
una motivación ajena a ellos. El ejercicio por el Gobierno de su poder legislativo excepcional es, como ha señalado algún especialista en derecho del trabajo, sencillamente la medida de ingeniería jurídico-social diseñada para abortar la huelga
general convocada por las organizaciones sindicales más representativas de este país. Es, lisa y llanamente, un puro acto de retorsión frente a la misma, rechazado por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1981 que consideró incompatible
con el derecho de huelga la clausura de un centro de trabajo, con la finalidad de obtener en un proceso abierto de negociación ventajas adicionales frente a los trabajadores en huelga.
Con la promulgación de este real decreto el Gobierno se
comporta como el peor ventajista en el mercado de trabajo. Pretende ganar un partido en el que además de protagonismo se reserva el papel de árbitro y de comité de competición. En otras palabras, inaugura una práctica que ni siquiera Berlusconi se
atrevió a ejercer: combatir la huelga general a golpe de decreto o, lo que es lo mismo, anulando por la vía de los hechos el derecho de huelga, y todo para salvar discursos ideológicos que nada tienen que ver con la realidad del desempleo.
Toda la arquitectura política del Partido Popular se construye sobre el dogma ultraliberal de que unas prestaciones de paro excesivas son la causa del paro en España. Pretende que ignoremos que el 40 por ciento de las personas inscritas en
el INEM no tienen derecho a paro, y que la mitad de los parados que lo cobran perciben el subsidio asistencial, es decir, el 75 por ciento del salario mínimo. No parece que este generosísimo nivel de protección sea la causa del paro, a menos que la
alternativa al paro sean trabajos precarios retribuidos a salario mínimo que ni garantizan el futuro de los empleos ni interesan a la economía de nuestro país. El argumento desaparece cuando se comprueba que Cataluña, que tiene el mayor nivel de
prestaciones, con el 81 por ciento de cobertura, ostenta una de las mayores tasas de empleo y menor nivel de paro de toda España, o bien cuando se considera que no son las comunidades autónomas con una menor tasa de paro las que han tenido un
crecimiento del empleo más intenso. En Aragón, Cataluña, Navarra o La Rioja es donde el crecimiento del empleo en los últimos tres años ha sido menor, mientras que en Andalucía o en Extremadura, entre otras, con altos niveles de desempleo, es donde
el empleo ha crecido más intensamente. Es decir, se pone en evidencia la inconsistencia de las teorías oficiales que creen que la solución a las diferencias regionales en tasa de paro estaría en una mayor movilidad geográfica de la mano de obra.
Con sus planteamientos el Gobierno pretende hacernos ignorar que las causas del paro son más profundas, que responden a debilidades de nuestro tejido productivo y del entorno, que se mueve, y a una política fiscal que vive de espaldas al
empleo. Por ello, muchas de las medidas propuestas tienen poco que ver con la creación de empleo y mucho con la reducción de derechos de los trabajadores y de gastos del INEM, a pesar de que el año 2001, como ya se ha dicho aquí, se cerró con
un superávit de más de 3.000 millones de euros de cotizaciones al desempleo, no destinadas a prestaciones, y de las que se ha apropiado el Estado para otras políticas. Y para buscar aliados pretende ganarse el apoyo de los empresarios
colando medidas de reducción de salarios e indemnizaciones que parecen agradables a primera vista a los empresarios, pero que sólo generarán más ineficiencia empresarial y más conflictividad. Sólo así se entiende la desaparición de los salarios de
tramitación en los despidos improcedentes, premiando al empresario que actúa contra la ley incluso incentivando los despidos, porque el empresario que después de la sentencia readmita al trabajador deberá pagar los salarios de trámite y el que
mantenga el despido, a pesar de la sentencia en su contra, no tendrá que abonarlos. Estos niveles de irracionalidad crecen a medida que se analizan otras de las propuestas del Gobierno ¿De verdad algún empresario solvente cree que la solución al
paro pasa por que los servicios públicos de empleo le envíen personas a las que pagará el salario mínimo y la diferencia hasta el salario convenio se la abonará el INEM? ¿Se ha parado a pensar la patronal en el incremento de costes y de
conflictividad que se va a producir si se compatibiliza en la práctica el cobro de indemnizaciones por despidos con la percepción del subsidio asistencial? ¿O que las empresas compensen los derechos que pierde el trabajador en los despidos pactados
y que especialmente a determinadas edades serán inviables?
Sin embargo, más allá de esta concepción salvaje del mercado de trabajo, de esta conflictividad incorporada gratuitamente a las relaciones laborales, muchos trabajadores demandan respeto a su situación ¿Qué urgente necesidad, motivada por
distantes y enigmáticas sustracciones de la economía internacional, puede amparar la supresión de la prestación por desempleo a un colectivo de trabajadores, como es el de los fijos discontinuos a fecha cierta, a los que se ha venido detrayendo de
su salario hasta ahora las correspondientes cuotas para financiar el sistema de protección al desempleo? ¿Cuál es la urgente necesidad capaz de justificar que las indemnizaciones que hubieran percibido los trabajadores despedidos mediante
expedientes de regulación de empleo aprobados por la Administración para facilitar la competitividad de las empresas, deban a partir de ahora computarse como rentas a los efectos de poder acceder a los modestos subsidios de desempleo cuya cuantía
media no alcanza los 350 euros?
Un deber de respeto hacia la dignidad ciudadana de éstos y otros muchos trabajadores damnificados está exigiendo a voces una explicación, pero lo más irracional de todo es que el Gobierno, presentando estas propuestas y cerrando el diálogo
social, no va a incentivar el empleo y va a propiciar un serio conflicto social que puede desbaratar todos los esfuerzos realizados para dinamizar la economía. Todavía estamos a tiempo de evitar seguir deteriorando el mercado de trabajo y la
conflictividad que puede suponer seguir manteniendo esta actitud. Vuelvan ustedes al diálogo social y vuelvan ustedes a comportarse como un partido democrático.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones en el turno de fijación de posición.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno ha optado por la fórmula legal, también opinable, del real decreto-ley para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Mi grupo va a fijar su posición en este trámite en unos aspectos
formales de la iniciativa que han presentado aquí el Grupo Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, por parte del Grupo Mixto. La formula del real decreto-ley puede tener todo el apoyo del principio de legalidad, pero por ser una medida
discutida y discutible se ha producido un amplio debate en toda la sociedad española en estos momentos. Creemos que tiene que ser el ámbito parlamentario el foro de encuentro de las ideas contrarias, favorables, opuestas, discutidas y discutibles
para reconducir esta situación en términos de consenso y de diálogo, y la soberanía popular tiene su máxima expresión no en organizaciones empresariales ni sindicales ni asociativas sino en el marco del parlamentarismo del Congreso de los Diputados.
El próximo jueves vamos a tener en el orden del día el punto que trae la convalidación o no del Real Decreto-ley 5 de este año, y va a ser en ese momento del orden del día donde tengamos que fijar, y vamos ahí, por parte de Coalición
Canaria, a fijar nuestra posición ante el real decreto-ley y su convalidación. Coalición Canaria va a plantear en ese debate que entre otras cuestiones hay algunas que tienen un aspecto de complementariedad que pueden ser positivas para
perfeccionar la forma y el fondo del real decreto-ley en su tramitación como proyecto de ley. La única salida que vemos en este momento desde un punto de vista parlamentario, que quiere decir desde un punto de vista democrático, es un diálogo entre
la plena soberanía de los parlamentarios y de las fuerzas políticas que aquí están representadas en el hemiciclo, para que, por vía de tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley, se puedan introducir una serie de factores. Pero además el
debate de hoy quedaría corto si nos limitáramos solamente por un supuesto a obtener una instancia al Gobierno, porque estamos discutiendo dos proposiciones no de ley que instarían al Gobierno a derogar el real decreto-ley que nos trae el debate en
cuestión. Queremos hacer este debate, en primer lugar, delante
del ministro responsable del Gobierno para estos temas, como es el señor ministro de Trabajo; en segundo lugar, que se pueda hacer ahí el debate ante el real decreto-ley. Mi grupo en este momento del procedimiento del orden del día no
entra en el fondo, que respeta, de los argumentos que han dado los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Mixto para hacer valer sus razones en contra, para pedir una derogación del real decreto-ley. No entramos en el fondo de esta cuestión
sino en la forma, y la forma en este momento no nos parece procedimentalmente oportuna para no poder llegar al debate a fondo y en profundidad ante el ministro de Trabajo y ante toda la Cámara el próximo jueves para fijar nuestra posición ante el
real decreto-ley, porque, dada la controversia producida en todo el país entre los que están a favor y los que están en contra, de los que tienen que tener una materia opinable en política, precisamente por haberse transformado el real decreto-ley
en un factor de debate político y de controversia, entendemos que el momento oportuno en el procedimiento parlamentario indicado será el próximo jueves, cuando fijemos nuestra posición ante esa pieza que ha generado todo el ardor de este debate.
Por esta razón, mi grupo ante estas dos iniciativas va a votar en contra, no entramos en su fondo, entramos en su oportunidad en este momento de tenerla en consideración, y vamos a optar por oponernos a las mismas, para esperar a que se
escuchen nuestros argumentos expuestos, una vez que escuchemos la defensa que del fondo y de la forma en que se ha llevado la aprobación del real decreto-ley por el Gobierno haga el señor ministro de Trabajo y, escuchadas sus razones, expuestas las
nuestras y las de los demás portavoces, fijaremos en ese momento nuestra posición al respecto, pero en este asunto del punto del día de hoy, vamos a votar en contra.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Arratsaldeon, señora presidenta.
Intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo Vasco en el sentido de que nosotros sí vamos a aprobar o apoyar las dos proposiciones no de ley, básicamente utilizando los mismos argumentos del portavoz que me ha precedido. También
considero que este próximo jueves vamos a tratar a fondo la convalidación o no del real decreto-ley y en el transcurso del debate aportaremos nuestra argumentación y posición. Lógicamente vamos a plantear también nuestras extrañezas y preguntas a
la gestión de los acontecimientos, a la utilización de la herramienta jurídica que supone el propio real decreto-ley, de la reversibilidad de los derechos sociales, de la mezcla no inocente que supone este real decreto-ley, de las políticas activas
y pasivas, del olvido que supone de las directrices y estrategias de empleo europeas y de la falta fundamentalmente del espíritu integrador del mismo. Por tanto, son argumentos muy parecidos a los del portavoz que me ha precedido, pero nosotros sí
vamos a apoyar las dos proposiciones no de ley planteadas esta tarde en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respeta y valora las dos iniciativas que nos han planteado el Grupo Socialista y el Grupo del BNG, pero creo que coincidiremos todos en entender que el debate sustancial sobre este real
decreto se va a tener el próximo jueves. Los grupos son legítimos de plantear en el momento procesal oportuno sus iniciativas y lógicamente el resto de los grupos también decidimos cuando nos pronunciamos sobre el fondo de las cuestiones que
preocupan al conjunto de la ciudadanía. Por esta razón nosotros no vamos a apoyar estas dos iniciativas.
Este jueves nos vamos a pronunciar sobre el fondo y la forma del debate en cuestión. Sobre la forma, desde la discrepancia con la opción que ha tomado el Gobierno, y desde el fondo, coincidiendo en aspectos del real decreto, pero también
discrepando en determinados aspectos del mismo, convencidos de que a partir del jueves este real decreto-ley va a ser tramitado como proyecto de ley. Nos parece que la contribución de este Parlamento al debate generado en estas últimas semanas pasa
por tres líneas. Primera, corregir aquello que sea corregible de la propuesta del Gobierno y que en función de lo que entienda la mayoría de la Cámara sea corregible. Espero de ahí que el sentido común se imponga por parte del Grupo Popular y
seamos capaces en el trámite parlamentario de mejorar y corregir el real decreto. Segunda, recuperar el diálogo social. Creo que una de las características de la política social económica desde 1996 ha situado a los acuerdos sociales en una de las
principales virtudes para crear empleo, garantizar estabilidad y para permitirnos avanzar en los grandes retos colectivos que tenemos planteados. El Parlamento debe ser un espacio privilegiado para recuperar el diálogo social. Y tercera, trabajar
para recuperar la sensatez en el discurso político que todos generamos alrededor de esta cuestión. A nosotros nos parece que en estas últimas semanas y días se están formulando por parte de todo el mundo propuestas demagógicas, simplistas y
alejadas de la realidad que viven los
trabajadores y los empresarios del conjunto del Estado. Por eso, esperamos de la sensatez de todo el mundo que a partir del día 13 ó el día 20 el Parlamento juegue un papel central en la recuperación de estos elementos, que son los que nos
han permitido llegar hasta donde hemos llegado colectivamente.
Convergència i Unió ha vivido con otras mayorías debates similares a éste.
Vivimos los debates de 1988, de 1992, de 1993, de 1994, con mayorías absolutas y relativas del Grupo Socialista, y nos parece que la coherencia a lo largo de estos
años nos aconseja mantener las posiciones que estamos manteniendo en estos días. No es cuestión de ser valientes o cobardes, es cuestión de ser personas responsables del quehacer colectivo. Creo que esto lo demostramos cuando gobernó el PSOE, lo
hemos demostrado en la pasada legislatura y lo estamos demostrando en ésta. Por tanto, difícilmente vamos a apoyar hoy las dos proposiciones no de ley, como tampoco lógicamente votaremos favorablemente a la convalidación del real decreto este
próximo jueves. Esperemos que el Parlamento juegue su papel.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes, señora presidenta; buenas tardes, señoras y señores diputados.
Yo soy de los que piensan que no por gritar se tiene más razón, pero si hay que gritar también lo haremos. (Aplausos.-Rumores.) Evidentemente, voy a fijar la posición negativa del Grupo Popular en relación a la solicitud de retirada -ahora
se ha corregido y adecuadamente se habla de derogación- del Real Decreto 5/2002, de 24 de mayo, ya que nuestro sistema no es un régimen nacional-sindicalista, es democrático, y no aceptamos que la condición para empezar a discutir con los sindicatos
sea que el Gobierno retire un proyecto de promoción de empleo. Ustedes piden retirar el real decreto por tres razones. La primera de orden formal, a la que no se han referido, tan solo se han referido los portavoces de Coalición Canaria y del
Grupo Nacionalista Vasco, que la figura del decreto puede ser inconstitucional. Yo les voy a dar tres razones para decir que la figura del real decreto-ley es, en primer lugar, casi consuetudinaria en esta Cámara, porque en los 13 últimos años ha
habido 16 reformas de orden laboral que han tenido la figura jurídica del decreto-ley. En segundo lugar, porque además la tramitación que se va a hacer del real decreto-ley que se convalidará el próximo jueves va a ser como proyecto de ley, y
evidentemente esto va a hacer que el trámite parlamentario no concluya antes de octubre o noviembre de este año. Esto significa que si ponemos entre las prioridades, como hacen los ciudadanos, nuestra preocupación sobre el desempleo en nuestro
país, si atendemos a las razones que ustedes tan habitualmente exponen, sea en debates presupuestarios, en mociones, en interpelaciones o en cuantas medidas quieren arbitrar en la Cámara, diciendo que el Gobierno tiene que actuar con más diligencia
y que tiene que plantear reformas para que tengamos un sistema de protección del desempleo y un INEM más eficaz y que relacione mejor la oferta del trabajo con la demanda de quien está en el paro, lógicamente no podemos perder el tiempo. Y porque
ustedes coinciden con nosotros cuando al final consideran la naturaleza urgente de esta cuestión, tal cual mañana mismo se va a ver en dos iniciativas que son interpelaciones urgentes, una de Izquierda Unida y otra del Grupo Socialista, para valorar
ya los efectos que se derivan del Real Decreto 5/2002. De manera que en este sentido quedan ampliamente disipadas las preocupaciones que argumentan.
En segundo lugar, recorte de prestaciones. ¿Dónde? Esto no es la reforma de 1992. Aquí no se está disminuyendo la cuantía del desempleo; aquí no se está ampliando el período mínimo de cotización para acceder al desempleo; aquí no se
están modificando las relaciones cotización-prestación; aquí no se está reduciendo ninguna contingencia del derecho de la prestación por desempleo, señor Jáuregui. No hemos modificado absolutamente nada de esto, ya lo hicieron ustedes hace 10
años. Nosotros no. (Aplausos.) Nosotros pretendemos imbuir una filosofía en la cual el trabajador que cae en desempleo no tenga sólo un derecho individual y capitalista, en el cual se trate de reclamar la capitalización de cotizaciones por
desempleo. Estamos pretendiendo arbitrar un sistema en el cual al trabajador se le dote de ocupabilidad, de formación, de información, de posibilidad de trabajo y de prácticas del trabajo; en definitiva, que se le dote de los recursos necesarios
para que el desempleado recupere la dignidad profesional y humana y encuentre un trabajo con el que defenderse y llevar una vida digna como corresponde a todos nuestros ciudadanos. Por eso hemos ampliado coberturas en este real decreto, y a mi me
sorprende que se critiquen.
¿Acaso es malo que se extienda a toda España una prestación por desempleo para los eventuales del campo? A mi me parece que no, que no es malo ni para Castilla y León ni para Canarias, ni para Cataluña ni para ningún
lugar, me parece que es positivo para toda España. (Aplausos.) Se incorpora la compatibilidad de la renta activa de inserción con el salario. ¿Por qué? Sólo un 3 por ciento de los que han estado en esa situación han encontrado empleo, todos los
demás se han ido a la jubilación. Se trata de romper esta dinámica. Se trata de dar una opción real a la posibilidad de encontrar trabajo. Se amplía el acceso al RAI a los mayores de 45 años en determinadas situaciones; se favorece las
situaciones de la mujer madre y su incorporación la trabajo
-parece que no les preocupa-. Se da en definitiva empleabilidad al desempleado. Usted me dice: fijos discontinuos. A mí me hubiera encantado que no dijera nada la norma, porque además creo que es innecesario -me puedo equivocar-. El
tema de los fijos discontinuos, y usted lo sabe muy bien, se reguló en la Ley 12/2001. Por lo tanto, el 1.º de enero de 2003 los trabajadores fijos discontinuos van a tener exactamente igual, ni más ni menos ni menos ni más, que la protección por
desempleo que tenían el 1.º de enero de 2002. (Varios señores diputados: No. ) Es verdad, es verdad, señora López i Chamosa. En cuanto a los salarios de tramitación, tendremos tiempo en el real decreto y posteriores debates... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Azpiroz.
Señora López, le ruego que permita al diputado que está en el uso de la palabra ser escuchado. (Pausa.)
El señor AZPIROZ VILLAR: ¿Puedo continuar, señora presidenta? El tiempo ha corrido. Lo digo a efectos de si luego me prolongo un poco más.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Adelante, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Sobre los salarios de tramitación habrá oportunidad de discutir las filosofías que sustentan un punto de vista y otro, pero nadie puede decir que las indemnizaciones por despido se han reducido, porque no es verdad.
Una indemnización es una indemnización y un salario de tramitación es un salario de tramitación, diferentes conceptos, diferente naturaleza jurídica, diferente fiscalidad y diferente situación. Ustedes ya aprobaron en la reforma anterior la
posibilidad de que el empresario no tuviera más salarios de tramitación si consignaba en el juzgado, reconociendo el despido improcedente, las cantidades de la indemnización del despido improcedente.
Ruptura del diálogo social. Yo creo que no es verdad. ¿Acaso el real decreto-ley no recoge posiciones mantenidas y reivindicadas por determinados interlocutores sociales, aunque en este caso no hayan sido ni Comisiones Obreras ni UGT? ¿No
se ha escuchado a determinadas comunidades autónomas, a la FEMP? ¿No se ha estudiado la economía social? También debatiremos esto. Estamos dispuestos, porque queremos que haya un trámite como proyecto de ley, a mejorar lo mejorable, porque hay
aspectos mejorables. Cada vez que he subido a esta tribuna a hablar de esta cuestión, y no es hoy la primera vez, lo he reconocido. El real decreto ha mejorado cosas y saldrá de esta Cámara con más mejoras y, a ser posible y ojalá así sea, con la
voluntad de otras partes de querer también diálogo social. Ahora, si hablamos de diálogo social, dejarán que me sorprenda cuando lea un teletipo de Europa Press, de las 12,19 minutos de esta mañana, en el cual, como modelo del Grupo Socialista,
leemos cómo la representación de Comisiones Obreras y UGT abandonaban esta mañana la reunión que mantenían en la Junta de Andalucía para fijar los servicios mínimos en la comunidad de cara a la convocatoria de la huelga general del próximo día 20.
¿Por qué? Al no presentar la Administración autonómica ninguna propuesta por escrito, según informaron a los periodistas los representantes sindicales. Hemos optado por no quedarnos en un encuentro -dicen- al que la Junta de Andalucía no ha
llevado ninguna propuesta, por lo que consideramos que empezar una negociación sin postura firme de la Administración autonómica es inoperante e ineficaz. Más aún me llama la atención cómo en la exposición de motivos de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, reiterado aquí -o sea, que no es un error- por su portavoz, se nos ha venido a decir que una huelga general ni más ni menos que constituye un elemento del tracto negociador. Es decir, para que haya diálogo social
tiene que haber por lo visto una huelga general. El tracto negociador del diálogo social es una huelga general. (Aplausos.) Pues yo no estoy de acuerdo y el señor Zapatero, ahora ausente, parece que tampoco está de acuerdo. No sé cuál es la
postura del Grupo Parlamentario Socialista, si la del señor Zapatero o la de usted. Escribió un artículo en La Crónica, de León, sobre la huelga de 1988 que decía: Una huelga encierra tales peligros, sobre todo si es regional o nacional, que
estimo que no se debe apelar a ella más que en casos extremados y condiciones excepcionales. (La señora Cunillera i Mestres: Las que se dan ahora.) Por lo visto, la huelga de 1988 no tenía motivos laborales. Quiero excluir que esta huelga sea
contra la presidencia española de la Unión Europea. Que venga Dios y lo vea, porque yo, créanme, hago esfuerzos por intentar comprenderles y me cuesta mucho. Como seguiremos hablando de la cuestión, no me extiendo más. Repetiré lo que fije al
principio y con eso iré concluyendo. Este régimen no es nacional-sindicalista, es democrático, y no aceptamos que la condición para empezar a discutir con los sindicatos sea que el Gobierno retire un proyecto de promoción de empleo. Es una de las
pocas veces que este portavoz ha estado de acuerdo con los socialistas, con su patrón entonces, con el señor Felipe González, que hacía esta manifestación en La Vanguardia el 17 de noviembre de 1988. (Aplausos.)
Señora presidenta, el presidente del Gobierno quiere ganar sin duda un partido, quiere ganar el partido del pleno empleo, y no como los socialistas, que donde gobiernan consiguen el paro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor Jáuregui, a los efectos de la aceptación o no de la enmienda presentada.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y puede votarse como incorporación.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): ¿Señor Rodríguez, a los mismos efectos?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a nuestra proposición no de ley. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre derogación del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada por
el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 120; en contra, 171; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la derogación del Real Decreto-ley de reforma de la protección por desempleo, asimismo con la incorporación de
la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 122; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO PARA REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (Número de expediente 173/000138.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre los criterios de política general del Gobierno para
reducir la conflictividad en materia de propiedad intelectual. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ante un problema yo creo que una de las cosas más importantes es, por lo menos, compartir el diagnóstico y de la interpelación que tuvo lugar aquí hace dos semanas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Guardans, por favor.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra y les puedo asegurar que se escuchan más las conversaciones de los diputados en los escaños que la voz del que está interviniendo en la tribuna. Les ruego que guarden silencio, ocupen sus
escaños o, si tienen que mantener conversaciones, lo hagan fuera del hemiciclo.
Adelante, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias.
Decía que por lo menos lo importante es haber hecho un diagnóstico común y de esa interpelación salió efectivamente un diagnóstico común del debate con la ministra, un diagnóstico que se puede resumir por lo menos en los tres puntos
siguientes. En primer lugar, que en el ámbito de la propiedad intelectual en España hay problemas, y problemas graves. Hay problemas en su gestión, hay problemas en el ejercicio de sus derechos, hay problemas en la determinación de la extensión de
esos derechos, hay problemas en el grado de representatividad de unos y otros a la hora de poder gestionar y cobrar o pagar los derechos correspondientes. Si me permiten una comparación un tanto frívola, a veces escuchar uno tras otro a los
representantes de los distintos intereses enfrentados en el ámbito de la propiedad intelectual hace entender muy bien el papel de Miguel Ángel Moratinos en su labor de mediación, porque los insultos que se pueden llegar a adjudicar, unos y otros,
todos los protagonistas de este ámbito, son absolutamente espectaculares y a veces todos con alguna razón o por lo menos con percepción de tenerla. Por tanto hay problemas, está claro.
En segundo lugar hay intereses legítimos en conflicto. No hay
nadie que tenga toda la razón. No hay nadie, de los que en este momento están enfrentados con otros, que pueda decir que lo suyo es la verdad y que lo que el otro plantea es absolutamente injusto. Todos saben que en algún caso, ellos o sus
colegas, ellos u otras personas de la misma categoría jurídica, si me permiten la expresión, han abusado de su posición, en unos casos negando los derechos de autor, por ejemplo, en otros excediéndose en su gestión, etcétera. No vamos a entrar
ahora a repartir culpas, pero, lo digo en términos positivos, todos ellos son auténticos intereses legítimos que merecen protección, pero que simplemente, como ocurre en tantos otros ámbitos de la sociedad, están enfrentados entre sí, buscando cada
uno la mejor posición para sus propios intereses. En tercer lugar lo que resultó del diagnóstico de ese debate es que ante esta posición,
ante esta situación, ante esta constatación de la realidad, ni el Ejecutivo ni el Legislativo -el poder político- pueden mirar los toros desde la barrera, pueden limitarse a contemplar las cosas como si no fueran con ellos, pueden
simplemente contemplar esto como si fuera una pelea sobre la cual ni el legislador ni el Gobierno tienen nada que decir.
El presidente Aznar, en una frase que bien aplicada tiene su sentido -en otros ámbitos lo discutiría, pero aquí no- ha dicho, si no me equivoco hace poco, que gobernar es decidir. Efectivamente, gobernar en este ámbito es decidir, no es
quedarse pasivo, es tomar decisiones, aun a riesgo de que pueda contentar más a unos que a otros. Como ocurre en cualquier ámbito del derecho de propiedad, el derecho del que aquí estamos hablando, el derecho de propiedad intelectual, admite una
configuración legal en su ejercicio, en su extensión, en sus modalidades, que ha de tener en cuenta todos los intereses legítimos, pero que debe modularse. Por eso la moción que presenta hoy Convergència i Unió pretende aportar un granito de arena
a este tema; no pretende resolverlo definitivamente, pero sí intentar dar un paso adelante y, sobre todo, transmitir a la sociedad y a todos los interesados que toda esta cuestión no nos es indiferente; que ni nosotros y espero que a partir de la
votación ninguno de los grupos en esta Cámara mira a estos toros desde la barrera.
Lo primero que proponemos es que se cree un organismo permanente y estable de diálogo para que la confrontación de intereses tenga un cauce distinto de los juzgados de Instrucción y juzgados de Primera Instancia de media España y, por tanto,
se pueda tener un mecanismo permanente de diálogo y comunicación entre todos los sectores interesados; un mecanismo que además permita, con las precauciones que se puedan adoptar, con el ámbito material que en su momento se pueda establecer, dictar
resoluciones finales de carácter vinculante en unos casos, quizá de carácter no vinculante en otros, y eventualmente recurribles ante los tribunales en caso de desacuerdo, pero que puedan cerrar, a reserva del recurso posterior, los conflictos
existentes, sin tener que cotejar lo que dice el juez de Primera Instancia de Teruel o el juez de Primera Instancia equis de los juzgados de plaza de Castilla, que dice lo contrario, y esperar a que el Supremo acabe unificando la doctrina y mientras
tanto siga la conflictividad. Por lo tanto proponemos la creación de ese mecanismo permanente sobre el modelo de otros que ya existen en Europa y que funcionan perfectamente.
En segundo lugar, en un ámbito muy particular, proponemos que en el conflicto que existe entre entidades de gestión que pretenden afectar al mismo ámbito y a veces representan al mismo sector de titulares de los derechos, se clarifique la
representatividad de cada uno de ellos y que, por tanto, se introduzcan mecanismos de transparencia por vía de registro u otros que permitan identificar claramente el repertorio de cada cual y en función de eso pueda evitarse el riesgo, y a veces
algo más que un riesgo en este momento, de que dos entidades de gestión estén acudiendo a cobrar la misma deuda a las mismas personas, porque visto desde el otro lado significa que quienes quieren cumplir con su obligación legal impuesta por la Ley
de Propiedad Intelectual, en el ámbito por ejemplo del canon de copia privada, ven que les es reclamada la misma deuda dos veces, no saben a quién pagar y pueden encontrarse sometidos a un proceso estrictamente por eso. Por tanto, pedimos una
aclaración del repertorio, un mecanismo de transparencia.
Finalmente, pedimos al Gobierno -y entendemos que con el apoyo de toda la Cámara- que se dé toda la prisa posible en trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva de derechos de autor en el tiempo de la sociedad de la información.
Tiene un plazo, como toda directiva, que expira a mediados de diciembre, pero no hay por qué esperar. Por consiguiente, tan pronto como sea técnicamente posible, pedimos al Gobierno que esa directiva sea traída aquí, convertirla en proyecto de ley,
aprovechando quizás ese viaje para introducir algunas de estas reformas o no, que es ya una cuestión de técnica legislativa.
Respecto de las enmiendas, todas las cuales probablemente podrán ser refundidas en una transacción, me pronunciaré al final, una vez escuchados los demás portavoces.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestra enmienda es bastante sencilla, porque es una sola frase, que es la siguiente: en lo referente a los derechos de remuneración. Diré que este debate en todo caso es pertinente y yo creo que está en el buen terreno, porque, en efecto,
en este asunto de los derechos de los creadores, por suerte existe una ley de tiempo atrás que los sacó de las cavernas.
Todavía en España algunos -no hay más que ir al Metro y ver la cantidad de CD que se venden de autores españoles y extranjeros,
como si el esfuerzo creador fuera gratis- se pensaban que este asunto de los artistas era como en el siglo XVII, y, naturalmente, esa ley hoy es aceptada por todos, esa es la gran ventaja. Lo que no está tan claro, y a ello hace referencia la
moción de Convergència i Unió, es el huevo, no el fuero. El huevo quiere decir las remuneraciones concretas que se reciben y que se pagan. Me parece que este debate, especialmente entre las entidades de gestión y las organizaciones de los paganos
-digámoslo así- viene durando demasiado
tiempo y por eso creo que es el momento, si el Grupo Popular lo tiene a bien, de que se dé una solución mediante el mecanismo más obvio, que es el arbitraje. Esta es la esencia de esta moción, con la cual estamos completamente de acuerdo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Calomarde.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, con la brevedad de tiempo que implica este trámite, quiero decir que la moción que presenta Convergència i Unió insta al Gobierno a adoptar tres tipos de medidas, en primer lugar, impulsar de acuerdo con las
comunidades autónomas un organismo mediador y arbitral de la propiedad intelectual para la resolución de todo tipo de controversias en materia de propiedad intelectual; en segundo lugar, facilitar la identificación de los titulares de derechos
adscritos a cada entidad de gestión, y en tercer lugar, como acaba de mencionar el señor Guardans, incorporar a nuestro ordenamiento con la mayor brevedad posible la Directiva del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, 2001/29.
Solamente quiero
hacer -muy brevemente, insisto- algunas consideraciones.
En una primera aproximación, la moción presentada por Convergència i Unió merece, sin perjuicio de las consideraciones a las que luego aludiré, un juicio de carácter positivo para el Grupo Parlamentario Popular, ya que en líneas generales
coincide fundamentalmente con la actuación que viene desarrollándose en este momento por el Gobierno en la materia respectiva.
En cuanto al primer punto de la moción presentada en nombre de Convergència i Unió por el señor Guardans, relativo al
impulso de un órgano de mediación o arbitraje en los conflictos de propiedad intelectual, quiero señalar que esta petición que ustedes formulan está en línea con los trabajos de reforma del texto refundido, como usted conoce, de la Ley de Propiedad
Intelectual que prepara el Gobierno, pero deben introducirse algunas matizaciones que sintetizaré lo más brevemente posible. La primera y la más importante de ellas es la necesidad de acuerdo con las comunidades autónomas para crear este órgano,
sin perjuicio de que el Gobierno tenga en cuenta las competencias autonómicas en materia de propiedad intelectual que se refieren a la ejecución de la legislación estatal y pueda consultar con ellas de cara a lograr el máximo consenso posible. En
este sentido, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional, como usted conoce sobradamente, ya se ha pronunciado sobre esta cuestión, en concreto en la sentencia 196/1997, de 13 de noviembre, en la que se afirma que el establecimiento de la
comisión mediadora y arbitral, de la que hablaré a continuación, de la propiedad intelectual forma parte de la determinación de régimen jurídico de esta materia, atribuido en exclusiva al Estado, y enlaza con otros títulos competenciales, como
legislación procesal, del artículo 149.1.6.ª, que en su conjunto determinan que en este caso la competencia para establecer la mencionada comisión corresponda exclusivamente al Estado. Podría seguir haciendo una referencia extensa de las
consideraciones y matizaciones a las que alude la sentencia que describo, pero creo -por el tiempo, insisto- que son innecesarias por conocidas. De este modo, señor Guardans, con arreglo a las breves consideraciones indicadas, quiero señalarle que,
desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, el primer párrafo de la moción por usted presentada debería quedar tal y como voy a leer a continuación de viva voz desde esta tribuna. Se trata de un texto alternativo a su punto primero de
la moción, como enmienda de modificación. En concreto, lo que propone el Grupo Parlamentario Popular sería que el primer punto de su moción quedase redactado de la siguiente forma: 1. Impulsar, a la luz de la experiencia de otros Estados de la
Unión Europea y de la Comisión mediadora y arbitral de la propiedad intelectual, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y previa consulta de las entidades representativas de los titulares de derechos y de los usuarios, el
establecimiento efectivo de un órgano especializado de solución de conflictos en materia de propiedad intelectual que se constituya en mecanismo permanente de comunicación entre los sectores afectados y de resolución de controversias en materia de
propiedad intelectual, con capacidad para dictar resoluciones, sin perjuicio, en su caso, de su revisión jurisdiccional. Este es el texto que proponemos con respecto al punto primero de su moción. Con respecto al segundo, esto es, el que se
refiere a la obligación de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual a fin de acreditar sus repertorios, desde nuestro punto de vista, esta opción resulta interesante y puede aceptarse en los mismos términos propuestos en su
moción, ya que estimamos que sin duda contribuirá a dotar al sistema de gestión de la propiedad intelectual de una mayor transparencia. Quiero señalarle igualmente, señor Guardans, que con respecto al tercer punto de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Convergència i Unió, en el sentido de trasponer a la mayor brevedad posible la mencionada Directiva europea 2001/29, es evidente que podemos y debemos estar de acuerdo, y espero y deseo que no solamente sean ustedes junto con
nosotros, sino, a ser posible, el conjunto de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Señor Calomarde, vaya terminando.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Termino ya.
Por tanto, le anuncio que esta es la línea de trabajo -como usted conoce- del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calomarde.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que este es un tema recurrente en esta Cámara y parece que hoy por fin vamos a llegar a algún punto de encuentro, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a que se presentase y luego, a última hora, se tuviese que retirar a la
carrera, incluso en algunos casos de forma vergonzante por presiones del propio partido que apoya al Gobierno. Este tema debe de resolverse porque está generando una conflictividad que perjudica tanto a los autores como al sector turístico y ha
generado una inseguridad que en muchos casos ha venido a crear un clima que era difícil de entender por parte de ambos sectores.
Nos satisface que hoy se pueda alcanzar un mínimo punto de acuerdo, aunque esperemos que el Gobierno sea capaz de cumplir con su responsabilidad, cosa que no fue capaz de hacer en la pasada legislatura, cuando en la tramitación de la ley de
acompañamiento se aprobó el compromiso de elaborar un documento que sirviese de marco para legislar este asunto.
Entendemos que ese informe se hizo, aunque no hemos conocido las conclusiones, pero la verdad es que el Gobierno no ha llegado a tomar
ninguna iniciativa. Es más, cuando el pasado mes de febrero del año 2001 se discutía una proposición del Grupo Parlamentario Mixto, el que en aquel momento hacía de portavoz del Gobierno venía a asumir el compromiso de actuar, venía a decir que era
un compromiso que había adquirido el Partido Popular en la campaña electoral -entonces reciente- y que anunciaba una iniciativa en esa dirección. Ya ha pasado año y medio y ha tenido que ser un grupo de la oposición, por lo menos un grupo de los
que no apoyan directamente al Gobierno, el que haya tomado la iniciativa para que el Partido Popular pueda asumir algún tipo de responsabilidad.
Nosotros consideramos que hoy debería de servir no solamente para alcanzar un acuerdo, sino también de
acicate para que el Gobierno, de una vez por todas, coja el toro por los cuernos. Precisamente hoy, cuando se celebra un día de movilización en defensa de los derechos de autor, aprovecho en nombre de nuestro grupo para solidarizarnos con esta
jornada de protesta, porque efectivamente el derecho de autor es el salario del artista y es un elemento que no puede ser fruto de la desidia, en este caso, del Gobierno. Y aprovecho también para señalar que hay otro sector, que es el turístico,
que también se ha visto sometido a una serie de procesos judiciales, y hay que tener en cuenta que para las pequeñas empresas, para el pequeño bar que está totalmente indefenso, la defensa jurídica puede suponer incluso más que el montante económico
del que se trate.
Quiero llamar la atención sobre este sector, que muchas veces se ha visto indefenso y desprotegido por parte del Gobierno, para que de una vez por todas comprendamos -así lo defendía nuestro grupo en el año 1998- que esto sólo se puede
resolver mediante un acuerdo de las partes implicadas.
Pero para que haya un acuerdo tiene que haber voluntad por parte del Gobierno, porque, como bien decía el diputado Guardans, hoy por hoy, oír a las partes implicadas es oír una disparidad
tremendamente crispada.
Solamente si las partes implicadas ven una voluntad del Gobierno de terminar legislando comprenderán que no hay más remedio que llegar a un acuerdo; acuerdo que, sin satisfacer a ninguna de las partes, al menos pueda sentar
una base de legalidad y resolver la inseguridad jurídica en la que se mueven ambos sectores.
Repito, nuestro voto será favorable en aras del consenso. Aunque podíamos haber hecho alguna matización, hemos preferido no presentar ninguna enmienda porque entendemos que en este caso es mejor anteponer el consenso a las visiones
particulares. Eso sí, con nuestro voto favorable va también una petición de responsabilidad para el Gobierno, al que vamos a exigir en breve, por supuesto antes de que termine el año, que de una vez por todas sea capaz de resolver el problema, sea
capaz de sentar a las partes implicadas y sea capaz de entender que los dos sectores tienen su parte de razón y que hay un sector de pequeños bares y comercios que también necesita el apoyo del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor Guardans, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas propuestas.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, señora presidenta.
Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y la del Grupo Socialista, y del refrito de ambas sale el texto que, si me permite, leeré a continuación. Es una enmienda transaccional que acoge e intenta refundir el espíritu de la del
Grupo Popular y casi la literalidad del inciso que añadía el Grupo Socialista. Afecta sólo al primer párrafo, el segundo y el tercero quedan exactamente en sus términos. El primer párrafo quedaría de la siguiente manera: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a impulsar, a la luz de la experiencia positiva de otros Estados de la Unión Europea, el establecimiento efectivo de un organismo mediador y arbitral de la propiedad intelectual que, sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y previa consulta con los representantes de los titulares de los derechos y de los usuarios, se constituya en mecanismo permanente de comunicación entre los sectores afectados y de
resolución de toda clase de controversias en materia de propiedad intelectual y, en lo referente a los derechos de remuneración, con capacidad de dictar resoluciones que podrían tener o no carácter vinculante, según los casos, y sin perjuicio, en
todo caso, de su revisión jurisdiccional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
¿Entiendo que los grupos enmendantes dan por retiradas sus enmiendas y son sustituidas por el texto transaccional? (Asentimiento.) De acuerdo, muchas gracias.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para reducir la conflictividad en materia de propiedad
intelectual, en los términos de la enmienda transaccional expuestos por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 269.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL RESPECTO A LA NORMALIZACIÓN, PRESENCIA, PROTECCIÓN Y EXPANSIÓN DE LA LENGUA CATALANA. (Número de expediente 173/000139.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Lasagabaster. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, del señor Puigcercós, la razón no es otra que el señor Puigcercós está convaleciente de una intervención quirúrgica que le ha sido practicada recientemente y, aunque está bien, no
puede desplazarse hasta este foro.
Esquerra Republicana de Catalunya, como consecuencia de la interpelación de hace dos semanas, presenta una moción instando al Gobierno a las siguientes medidas. Primero, que el Gobierno español promueva el reconocimiento de la lengua
catalana como lengua oficial de la Unión Europea en todas sus instituciones y programas, y que gestione destinar fondos públicos europeos a políticas de apoyo a las lenguas en proceso de normalización.
Una segunda medida que se propone es que se establezcan por parte del Gobierno los cambios y modificaciones legislativas necesarias para que la lengua catalana sea la lengua habitual de la Administración periférica del Estado en aquellas
nacionalidades y regiones que tengan el catalán y lenguas coincidentes como lengua propia o cooficial. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster, por favor, porque no se le escucha o no se le oye, mejor dicho.
Señorías, ruego ocupen los escaños y guarden silencio. Es imposible oír la intervención de la señora diputada.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta. Pues a ver si me oyen y me escuchan un poquito.
Quedamos en que se instaba al Gobierno a que se establezcan programas para que se facilite la formación y el aprendizaje de la lengua catalana por parte del personal de toda la Administración periférica del Estado cuando tengan que ejercer
en territorios catalanohablantes.
También, que se establezca como mérito el requisito de conocer el catalán y lenguas coincidentes para poder ejercer en las comunidades autónomas en las que éstas sean oficiales, y que se promueva la unidad de la lengua catalana, lengua
coincidente en diversas comunidades autónomas y reconocida en los ámbitos académico, científico e histórico.
Asimismo, se insta al Gobierno a que cumpla y lleve a cabo lo establecido en los artículos 31, 32 y 34 del capítulo V de la Ley 1/1998, de política lingüística del Gobierno de Catalunya, que hacen referencia al conocimiento y uso de la
lengua catalana en las empresas de servicio público, atención al público o información a las personas consumidoras y usuarios.
Una tercera medida que se propone es que se modifiquen todas aquellas disposiciones legales y preceptos administrativos que obliguen al uso exclusivo de la lengua española, de tal manera que incluyan las otras lenguas oficiales del Estado
español. Un ejemplo claro es el reglamento del Registro Civil.
También cree Esquerra Republicana de Catalunya que el Gobierno español debe promover los cambios y modificaciones legislativas oportunas para que las distintas
lenguas oficiales del Estado adquieran oficialidad en cuestiones como la moneda y timbre o documentos de relación de los ciudadanos con la Administración del Estado.
Otra de las medidas a que se insta al Gobierno hace referencia a la necesidad de garantizar e incrementar la presencia de la lengua catalana en las manifestaciones culturales de proyección exterior del Estado, del Instituto Cervantes y
también de Radiotelevisión Española.
Como sexta medida, en este elenco de medidas, se solicita que se establezca un plan para la progresiva adaptación y oficialización plena de la lengua catalana en las compañías de servicio de titularidad estatal en cuanto a información,
trámite y gestión interna, atención a usuarios e información y divulgación general, con especial atención a las compañías como RENFE, AENA e Iberia.
Se considera que el Gobierno español debe instaurar la norma de que las distintas lenguas oficiales del Estado estén presentes en todas las campañas informativas y divulgativas que éste lleva acabo, tanto en medios escritos y audiovisuales
como por cualquier otro medio.
En la octava medida se solicita que el Gobierno español establezca los contactos necesarios para que la nueva plataforma digital, fruto de la fusión de Sogecable y Vía Digital, garantice la presencia normalizada de todas las lenguas
oficiales del Estado.
Por último, señorías, en la novena medida se pide que el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas con lengua propia, promueva un plan de integración lingüística para que los ciudadanos procedentes de la inmigración puedan aprender
las diferentes lenguas oficiales de dichas comunidades autónomas, proveyéndolas de fondos para tal finalidad.
En definitiva, lo que se pretende es instar al Gobierno a que emprenda las acciones, negociaciones, cambios legislativos o modificaciones reglamentarias que sean necesarias para garantizar un mejor proceso de normalización de la lengua y de
la cultura catalanas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Mixto, como todo en la vida, tiene bondades y virtudes, pero también algunas dificultades y problemas e incluso algunos aspectos contraproducentes que nos impide darle un apoyo
completo e incondicional, por ello, hemos presentado una enmienda de sustitución.
En primer lugar, en el lado de las bondades, creemos que obedece a un objetivo general que nos parece lógico, razonable y ajustado a derecho, puesto que en su conjunto se basa en preceptos constitucionales que a nuestro entender deberían
haber sido la forma más adecuada para motivar la moción, más que los agravios históricos que evidentemente se han producido. Incluso podríamos entender que sea una comprensible reacción a desafortunadas declaraciones de la ministra de Cultura del
Gobierno español en las que afirmaba que el catalán no había sido nunca una lengua perseguida. Sobre ello no nos cabe más que decir que no admitir la existencia de hechos históricos es como no admitir los hallazgos científicos como paradigma de
irracionalidad.
Dicho esto, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es absolutamente coherente con diversas iniciativas parlamentarias -rechazadas casi siempre por el Partido Popular- basadas en la convicción de que existe un deber
moral y político del Estado de incorporar a su patrimonio todas las culturas y todas las lenguas de España. Por ello, estaríamos de acuerdo en la mayor parte de los apartados que responden a este objetivo, pero los hemos recogido en nuestra
enmienda agrupados de una forma que nos parece bastante más entendible y que no voy a repetir aquí.
Respecto a los aspectos contraproducentes, que son pocos, creemos que pueden tener efectos no deseados. En primer lugar, la moción insta al Gobierno a promover el reconocimiento de la lengua catalana como lengua oficial de la Unión Europea.
Respecto a ello hay que decir que la Unión Europea no tiene lenguas oficiales sino que lo que tiene son lenguas de trabajo. Aunque el reconocimiento y el apoyo a la diversidad lingüística forma parte de una de las líneas de mayor actividad de las
instituciones de la Unión Europea, es también evidente que existen dificultades operativas para materializar el uso de todas y cada una de las lenguas en ámbitos y en actividades oficiales, mejor dicho, es bastante difícil promover el uso de las
cada vez más numerosas y diversas lenguas como lenguas de trabajo. A todos nos gustaría, y a mí especialmente, que la actividad habitual de la Unión Europea pudiera realizarse con todas y cada una de las lenguas y también en catalán. Para el
catalán existirían motivos vinculados a la cantidad de personas que lo hablan, a la diversidad de territorios en los que está presente y otros motivos que podríamos esgrimir. No obstante, en este tema Europa está todavía en construcción. Es la
Europa de los Estados, pero también la de las regiones y nacionalidades, y queremos que sea especialmente la Europa unida, la Europa del consenso. Este no es un tema que pueda despacharse de un plumazo, con un brindis al sol, con dos líneas y en
una moción que contempla temas muy diversos. Tampoco se trata de una competición sobre catalanidad. Es cuestión de tener los pies en el suelo y
de compatibilizar cada paso y cada logro con la evolución del proyecto.
Otro tema que nos parece especialmente inoportuno es el tratamiento como de pasada y con cierta imprecisión de la promoción de la unidad de la lengua catalana. Esto lo debatimos aquí en esta Cámara hace ya algunos años y llegamos a la
conclusión de que no es un tema para debatir políticamente sino que compete a la comunidad científica y académica llegar al consenso adecuado. El consenso académico y científico no es políticamente cuestionable.
Hay otros aspectos de la moción que creemos serían merecedores de iniciativas propias, independientes y detalladas. En definitiva, señorías, compartiendo un porcentaje importante del contenido, no podemos apoyarla por su marcado y casi
exagerado carácter de trazo gordo. Creemos que de haber estado el señor Puigcercós presente en esta Cámara, al que deseamos desde aquí una pronta recuperación, hubiéramos conseguido algún consenso y un texto razonable. No siendo así, y a la espera
de mejorar las propuestas que puedan plantearse en el futuro con iniciativas más detalladas, más completas y más precisas, el Grupo Socialista, esperando estas propuestas, hoy se va a abstener.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Palma.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Lasagabaster, ha sido un honor verla en esta tribuna defendiendo dignísimamente la lengua catalana, sus derechos y su papel en el conjunto de España. Me siento muy honrado como catalán de que haya sido usted quien haya
tenido que defender esta iniciativa por la indisposición del portavoz de su grupo. Es una iniciativa tremendamente oportuna que recoge -y aunque puede sonar negativo no pretende serlo- de hecho en un solo documento toda una serie de propuestas que
ya ha ido presentando Convergència i Unió desde que empezó esta legislatura, y en la anterior también, en distintos momentos, intentando atender aspectos concretos del mal tratamiento que entendemos que tenía la lengua catalana en el conjunto de
España desde una perspectiva normativa. En algunos casos hemos conseguido alguna votación positiva; en la inmensa mayoría de los casos hemos obtenido siempre votaciones negativas y hoy es particularmente oportuno que esto se plantee de nuevo y que
se haga con una visión de conjunto.
Me parece muy ilustrativo un artículo que publica hoy en El País el ilustre filósofo Xavier Rubert de Ventós -es un artículo que les recomiendo vivísimamente- en el que subraya y recuerda cómo en su paso por la política se sintió
centrifugado, es la expresión que utiliza él, después de su paso por el Grupo Socialista. Probablemente en el otro grupo mayoritario le hubiera ocurrido igual o peor, pero en todo caso menciona al Grupo Socialista. Se sintió centrifugado, se
sintió expulsado, sobre todo por todos aquellos que le decían: 'bueno, tú eres un catalán majo, no como esos catalanes que hay por ahí'. A medida que fue sintiendo eso fue dándose cuenta de cómo se sentía absolutamente excluido, y eso es lo que
uno constata cada vez que en esta Cámara se trata de algo que haga referencia a la lengua. Se nos pide a los catalanes que sintamos como propio lo de todos, pero ustedes se resisten y siguen cada vez, y hoy volverán a dar ejemplo de ello, negándose
a aceptar como propio lo que es nuestro.
El día que ustedes empiecen a intentar a aceptar como propia la lengua catalana como algo que enriquece al conjunto del patrimonio de España, el día que empiecen a hacer eso habrán conseguido que no haya gente que se sienta centrifugada, que
se sienta expulsada del sistema político, del sistema social o que acabe considerando que allí se queden los que están en Madrid, porque son ustedes los que lo provocan, y en ese caso la experiencia de Rubert de Ventós no es precisamente respecto
del Grupo Popular.
Como he tenido ocasión de repetir más de una vez hay en este país más separadores que separatistas, y cada vez que se pierde una votación en esta Cámara, cada vez que ustedes no se toman ni siquiera la molestia de presentar una enmienda de
sustitución... Yo entiendo y puedo compartir que ustedes no asuman la literalidad de este texto, incluso nosotros lo hubiéramos redactado seguramente de otra manera, y hay algunas expresiones, algunos párrafos que probablemente hubiéramos redactado
en términos distintos, sencillamente. La tradición de cada uno es la que es.
Ustedes ni siquiera se molesten en proponer que lo que hay aquí les puede parecer bien, en intentar sacar de aquí lo que les parece positivo; no, la desprecian. Es una moción sobre la defensa del catalán, ya están estos catalanes con su
rollo. Eso es dramático para la construcción de esa España que ustedes mismos pretenden defender.
Nosotros hacemos propio el conjunto de la moción, lo hacemos propio en sus propios términos, asumimos que todo lo que propone es correcto aunque digo que en algunos casos la hubiéramos redactado distinto.
Creo que se equivoca la portavoz socialista, y perdone que le corrija; se equivoca literalmente cuando dice que la Comunidad Europea, la Unión Europea no tiene lenguas oficiales. Por supuesto que tiene lenguas oficiales, lamento decírselo,
pero por supuesto son lenguas oficiales con todas sus letras, el catalán no es una lengua oficial, y sin embargo sí lo será dentro de cuadro días el esloveno, el letón, el lituano, idiomas todos
ellos que tienen menos usuarios que la población que la ciudad de Barcelona y menos habitantes o menos hablantes que la ciudad de Barcelona. Por tanto, dentro de muy poco habrá unas lenguas de trabajo y otras que serán lenguas oficiales, y
el drama es que hay lenguas oficiales en territorios europeos -concretamente el catalán- con más literatura, con más televisión, con más discos, con más poesía, con más historia que algunas lenguas oficiales de Estados de la Unión, y si eso no se
corrige otros seguiremos sintiéndonos centrifugados, con independencia de los problemas de trabajo, que los tendrán no se preocupe, con el catalán o sin el catalán; con el letón y con el finlandés ya tendrán problemas de trabajo voten ustedes lo
que voten hoy.
Nosotros añadimos dos puntos a la moción de Esquerra Republicana, del Grupo Mixto, dos puntos que creemos complementan lo que decía. Uno, la presencia, la necesidad de incrementar o de aclarar la presencia de la lengua catalana en las webs
oficiales de la Administración general del Estado, en aquella comunicación que tiene la Administración general del Estado con sus ciudadanos a través de Internet, y en segundo lugar en los apoyos que desde la Administración general del Estado se
hacen a la edición de libros en función de su tema, evidentemente no a aquellos que se hagan en función de la calidad literaria en lengua castellana -termino- sino en función de su tema, por ejemplo los apoyos que hace el Instituto de la Mujer, el
apoyo a la drogadicción, temas en materia de juventud, etcétera.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Es absurdo que ahí se discrimine entre el catalán y las demás lenguas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Sí, señora presidenta, señorías. En el punto 3) de la moción que vamos a votar dentro de unos momentos, pone que el Gobierno modificará todas aquellas disposiciones legales (reales decretos, órdenes ministeriales,
leyes...) y preceptos administrativos que obliguen al uso exclusivo de la lengua española.
Señorías, soy de los que siempre defiende y defenderé que a partir de la Constitución española no quiero reconocer ninguna lengua española como tal; puedo reconocer la oficialidad del castellano como lengua oficial del Estado español, pero
nada más. En ese sentido es de esas correcciones que a uno le hubiera gustado introducir, no como enmienda pero sí en el debate, porque indiscutiblemente estamos hablando del reconocimiento de oficialidad de otras lenguas oficiales, que son lenguas
que se mueven y en las que se habla, se escribe, se siente dentro del territorio del Estado español. Lenguas que como tales y según entiende el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, deben tener al menos el tratamiento que presenta la
moción del Grupo de Ezquerra Republicana con la incorporación que ha hecho Convergència i Unió. Entendemos que sí existen en el seno de la Unión Europea lenguas oficiales; que no puede utilizarse jamás como argumento la complejidad o los problemas
que pueden dar la inclusión del catalán y de otras lenguas a la hora de meterlas como lenguas oficiales, aunque se que dan problemas, pero eso no es razón de peso para solucionarlos. Respaldamos la moción que quiere en primer lugar quitar los
restos que quedan todavía de épocas anteriores, como dice el punto 3). El hecho de modificar el reglamento del Registro Civil con la finalidad de que las inscripciones también puedan realizarse en lengua catalana, en euskera, en gallego o en
cuantas puedan considerarse como tales lenguas oficiales. Por un lado quieren limpiar todo lo que queda de rémora de épocas anteriores. También quieren, y se plantea en el punto 2), que las lenguas, en este caso el catalán y otras porque eso
abriría el paso a otras, sean la lengua habitual de la Administración periférica del Estado en aquellas nacionalidades y regiones donde tengan estas lenguas. También plantean algo de cara al futuro, como es ir abriendo, como no podía ser menos,
espacios en televisión, canales digitales, etcétera, porque al fin y al cabo, señorías, si esto no se corrige a tiempo podremos encontrarnos con que sin duda no se produzca una represión tan bestial y tan grosera como la del anterior régimen -eso
está claro que no-, pero sí se puede producir una represión más selectiva, más fina pero que en el fondo pueda tener elementos tan perversos como la anterior.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Popular, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, la moción consecuencia de la interpelación que hace 15 días presentaba el Grupo Mixto tenía una respuesta fácil en la persona de la ministra de Educación, Cultura y Deporte, al decir
que la lengua catalana goza de buena salud; y es cierto que la lengua catalana goza de una inmejorable salud.
Señora Lasagabaster, quiero reconocerle a usted el tono en que nos ha expresado la presente moción -y aprovecho para desear un pronto restablecimiento de la salud del señor Puigcercós, paisano mío-, pero también tengo que decir que en
algunas de las personas que me han precedido como portavoz en el uso de la palabra he notado cierto criterio de regañina, de discurso duro, y hasta cierto punto de acento demagógico en
muchas de las cuestiones que se están planteando en la presente moción. Es indudable que los diferentes grupos parlamentarios tendrán todos una sensibilidad distinta en cuanto a pensar que las lenguas cooficiales en las comunidades
autónomas donde existan pueden ser mejoradas en cuanto a su promoción, a su protección, a su expansión y su normalización, pero en modo alguno esto quiere decir que haya personas que puedan levantar más la voz que otras. Este Parlamento es plural y
cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara tiene diputados que provienen de las distintas comunidades autónomas, y a veces hay personas de este hemiciclo, hay distinguidos diputados de otras formaciones políticas que parecen olvidar que en
cada uno de los grupos parlamentarios, tanto del Partido Popular como de la organización política de la oposición, el Partido Socialista, existen diputados electos por las cuatro provincias catalanas cuya lengua materna es la misma que ellos
defienden, y hasta hoy no he conocido a nadie que no pueda querer a su lengua materna y que se quiera avergonzar de su lengua materna. Esta diputada que habla en este momento desde la tribuna tiene que decir que no es nacionalista, pero a catalana
no le gana nadie; a dar muestras de la catalanidad de mi tierra no me gana nadie. (Aplausos.) Pensamos que la fuerza política a la que yo represento ahora, en todos y cada uno de los ámbitos, salvo en lo que pueda vulnerar la legislación, tanto de
la Carta Magna como la legislación aplicable, cumple escrupulosamente el contenido de todas y cada una de las leyes. Por tanto, señorías, ante los términos planteados en la moción si se hacen en tono constructivo diremos, como dijo hace 15 días la
señora Del Castillo, que todo puede ser mejorado en el futuro, todo puede hablarse, todo puede tratarse; es verdad que en tiempos hubo discriminación de la lengua catalana, fue un error histórico, pero también es cierto que hoy la lengua catalana
no sólo tiene buena salud, ha sido protegida, promovida como era la obligación del Estado, ha sido expandida, y hoy en Cataluña ya no existe discriminación de ningún tipo en ninguna de las dos lenguas cooficiales. Existe la igualdad a todos los
efectos. Cualquier escrito puede ser presentado en los ámbitos de la Administración, ya no sólo de la Comunidad Autónoma, de la Generalitat de Cataluña, sino de la Administración periférica. Esta diputada que proviene de las entidades gestoras de
la Seguridad Social está harta de ver escritos allí en catalán y en el ámbito de Cataluña respondidos en catalán. Creo que si todos contemplamos los aspectos positivos, miramos sin agredir, y los vamos sumando, llegaremos a ese equilibrio tan
importante que requiere la convivencia y el reconocimiento de todas las lenguas cooficiales, que en definitiva mejoran y enriquecen la cultura catalana y la española, así como la de las otras comunidades autónomas, a la vez que nos proporciona una
mayor dimensión de comprensión, de cohabitación, de convivencia y en definitiva de ilusión en ese futuro para entendernos todos mejor. Por tanto, señorías, reconocer y votar los términos de la moción sería vulnerar el criterio con que se aplica la
legislación vigente...
La señora PRESIDENTA: Señora Montseny, le ruego concluya.
La señora MONTSENY MASIP: Termino, señora presidenta.
Pese a no votar a favor, mantenemos para el futuro nuestro compromiso de seguir avanzando.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
Señora Lasagabaster, al objeto de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Entenderán los portavoces de los grupos parlamentarios que no estoy en disposición de valorar el contenido de las mismas, y por tanto creo que lo más oportuno y coherente es dejar la moción en su texto original. Lo lamento, pero así son las
cosas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios del Gobierno español respecto a la normalización, presencia, protección y expansión de la lengua catalana, que se somete
a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 23; en contra, 147; abstenciones, 92.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL MOTIVO DE LA INTRODUCCIÓN DEL ÁREA OBLIGATORIA EN LA ENSEÑANZA BÁSICA DE CULTURA Y RELIGIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 173/000140.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de cultura y religión en el anteproyecto de ley de
calidad de la educación. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Valcarce. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora presidenta, señorías, esta moción que defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista concierne directamente a la educación, pero simultáneamente implica al ejercicio de derechos fundamentales como
son la libertad de conciencia y la libertad religiosa. El derecho a la educación tiene su fundamento en el derecho a la libre formación de la conciencia; por ello la educación ético-cívica constituye el núcleo fundamental de la enseñanza y tienen
que cursarla todos los alumnos. Valores laicos constitucionales y valores confesionales no son los mismos, ni siquiera son equivalentes, y aunque lo fueran su comprensión desde fundamentos distintos los hace inexorablemente diferentes. (La señora
vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
De conformidad con la Constitución, la enseñanza confesional de la religión no forma parte de la programación general de la enseñanza.
Recuérdese además el carácter no confesional del sistema educativo y se comprenderá lo contradictorio de
pretender evaluar académicamente las creencias y la fe. Lo que funciona como factor distorsionador del desarrollo y aplicación de los principios constitucionales es el Acuerdo de educación y asuntos culturales de 1979, en concreto la exigencia de
este tipo de enseñanza confesional en todos los planes de estudio de las distintas etapas de enseñanza y la expresión en condiciones equivalentes a las demás asignaturas fundamentales. Por eso llamamos su atención ante un proyecto del Gobierno que
a nuestro juicio rompe el carácter de neutralidad que en materia de religión han de inspirar las leyes del Estado. El Gobierno proyecta reformar la educación con su llamada Ley de calidad. En su primer diseño, en el documento de bases no se
mencionaba siquiera el asunto de la religión, el debate se limitaba a lo pedagógico.
Sin embargo, por alguna razón se ha producido un cambio... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora Valcarce.
Señorías, no es posible escuchar a la diputada que está en el uso de la palabra. Rogaría que tuvieran en cuenta que en este momento está ejerciendo una de las facultades que tienen todos los miembros de esta Cámara.
La señora VALCARCE GARCÍA: Decía, señorías, que se pretende introducir una alteración sustancial en el régimen de la enseñanza de la religión y se hace en términos que nosotros consideramos coactivos de la libertad de conciencia, pues
impone obligaciones especiales para quienes rehusan la enseñanza religiosa. Este asunto, que está en el anteproyecto de ley de calidad, no puede pasar desapercibido. Aquí está en juego algo más que un detalle del currículo escolar, aquí está en
juego lo que entendemos por aconfesionalidad del Estado, así como la interpretación práctica de los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede. Esto, señorías, no son viejas cuestiones obsoletas ni pueden obviarse diciendo que son
debates decimonónicos. Nuestra Constitución permite que exista enseñanza religiosa en la escuela, pero también nos dice que ha de ser libre y resulta muy poco sensato, además de injusto, venir ahora con sistemas que de hecho se construyen para
favorecer o fomentar la adhesión a la instrucción confesional de las religiones en la escuela. Implantar como ahora se vuelve a proponer, una materia obligatoria a los alumnos que rehúsen instrucción religiosa plantea problemas jurídicos que ya
rechazó el Tribunal Supremo.
Pero voy a ir más allá del debate contencioso de los tribunales de justicia porque en esto hay principios que no se pueden soslayar.
Ustedes, al pretender imponer una materia alternativa a la religión, evaluable y obligatoria para los que
rehusan la enseñanza de la religión, están siendo poco sensibles al respeto a la libertad de conciencia, y consecuentemente están haciendo una preocupante interpretación de la libertad religiosa. Aquí se va a poner a prueba también lo que queda de
la tradición liberal en el respeto a la libertad de pensamiento. La cuestión no es baladí. La adicional segunda, cuya retirada del anteproyecto de ley de calidad de la educación solicitamos hoy aquí, pretende imponer el estudio de una materia
alternativa evaluable a los alumnos que rehusan el estudio confesional de la religión. Esta es la vieja solución de la UCD de Otero Novás en sus famosas órdenes ministeriales del 16 de junio de 1980. Otero Novás hizo una propuesta sin ambages:
religión o ética, en tanto que ustedes pretenden ahora disfrazar la misma receta hablando de una misma área o materia llamada cultura y religión con dos opciones, una confesional y otra de carácter no confesional, pero ustedes quieren imponer con
todas sus consecuencias a los alumnos que rehusan la religión el estudio de otra materia evaluable y con validez académica. Esto es lo intolerable porque implica una coacción a la libertad de conciencia; no se puede consentir que en un país libre
quienes rehúsen ser adoctrinados confesionalmente hayan de pagar su culpa estudiando y examinándose de una materia de la que quedarían exentos si aceptasen la clase de religión.
La ministra de Educación así como las jerarquías eclesiásticas ante cuyas demandas ha claudicado, parece no haber comprendido que en nuestro tiempo todo cuanto a la religión se refiera ha de ser libre y exento de toda coacción.Pero hay más.
Reflexionen. Si ahora con la legislación vigente quienes desean libremente ir a la clase de religión confesional pueden hacerlo, ¿por qué se inventa esto? Pueden hallar la respuesta en una nota de la Comisión Episcopal de enseñanza y catequesis,
publicada el pasado 14 de marzo. En ella se reconoce
que en los colegios públicos -y cito textualmente- la caída en la demanda de la clase de religión es significativa e incesante cada año. En la ESO este curso ha sido de 2,8 puntos menos; en bachillerato, 5,4 puntos menos; en el curso
pasado la disminución de alumnos fue de 4 puntos. Fin de la cita. Es decir que la propia Comisión Episcopal de enseñanza y catequesis reconoce el imparable descenso del número de alumnos que aceptan la oferta de enseñanza religiosa confesional en
los centros públicos. No se hagan ilusiones; en los centros privados religiosos, en un serio estudio realizado el año pasado por la federación de religiosos de la enseñanza y que se titula Significatividad evangélica de la escuela católica, se
reconoce honradamente que el 67 por ciento de las familias no elige el centro por cuestiones religiosas sino por otras razones exclusivamente de índole educativa.Los datos que acabamos de reseñar muestran la lenta pero imparable caída de la demanda
de instrucción religiosa en los centros públicos y también en los centros confesionales de carácter religioso.
Señorías, algunos afirman que en tal o cual país se practican fórmulas semejantes a las que ustedes proponen. Enseguida podríamos aducir nosotros la realidad de aquellos otros países de nuestro entorno donde no se consiente la enseñanza de
la religión confesional en la escuela pública, ni la exhibición de símbolos religiosos. Cada país es fruto de su propia historia.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Valcarce, su tiempo ha concluido.
La señora VALCARCE GARCÍA: Nosotros reivindicamos, dejando atrás persecuciones y violencias, que haya un equilibrio, un consenso y un diálogo a la hora de resolver una cuestión tan importante como esta.
Señorías, quiero llamar su atención sobre una cuestión con la que quiero terminar, señora presidenta: citando un texto liberal. Un texto de las sabias palabras de Locke en su carta sobre la tolerancia: El Estado es a mi parecer una
sociedad de hombres constituida solamente para procurar, preservar y hacer avanzar sus propios intereses de índole civil. Todo poder, derecho y dominio civil está limitado y restringido sólo a promover esas cosas, y de ninguna manera la salvación
de las almas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Valcarce, muchas gracias. Ha concluido su tiempo.
La señora VALCARCE GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, compartirán tiempo la señora Lasagabaster y el señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Adelanto que votaremos favorablemente, esperando que se incluyan nuestras enmiendas, la moción que hoy se nos presenta. Retirar del anteproyecto de ley de calidad la regulación de esta disposición adicional segunda podría ir unido a retirar
en general todo el anteproyecto de ley de calidad; no sólo una disposición adicional sino todo el anteproyecto. En todo caso, queremos reseñar dos pequeñas enmiendas que hemos realizado. En una de ellas simplemente atendemos al cambio del término
escuela por el de centro educativo porque entendemos más amplio ese concepto; y la segunda porque no llegamos a entender qué se pretende con una de las propuestas de la moción socialista en cuanto a garantizar que todos los niños y jóvenes que
cursen la enseñanza básica reciban educación ético-cívica acorde con los principios y valores constitucionales. Si el Grupo Socialista entiende que es la enseñanza de una nueva asignatura creemos que no parece razonable la introducción de una nueva
asignatura sobre estas materias, y si no es así entendemos que esta cuestión ya aparece recogida en la asignatura de Ética de 4.º de ESO, que recoge parte de esa educación ético-cívica, y además ésta se contempla en todos los currículos de las
distintas etapas educativas (infantil, primaria y secundaria) de forma transversal. Por tanto, si es nueva asignatura no estaríamos de acuerdo y, si no, entendemos que ya aparece recogida en la educación que reciben los niños y niñas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que el artículo 27 de la Constitución española no es un artículo que pueda entusiasmar a los que tenemos una concepción de la enseñanza como un servicio público en un Estado laico, y de ahí provienen muchos de los problemas. En
todo caso, nosotros vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista, pero conscientes de que sería interesante, aun respetando totalmente la Constitución y precisamente por eso, acabar de convertir en el futuro la enseñanza de la religión en una
optativa extraescolar, para lo cual será necesario cambiar los acuerdos del año 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos de enseñanza y asuntos culturales. La segunda enmienda es de adición y va destinada a clarificar de una vez
por todas el espinoso tema de la relación de los trabajadores y trabajadoras de distintas confesiones, en concreto la católica, que imparten docencia y que se ven sometidos siempre al criterio discrecional de los obispos unilateralmente. Nosotros
pensamos que la relación jurídica y laboral
debía quedar clara y que no debería haber despidos si no fuera con el consentimiento de la Administración, por tanto de forma justa y equitativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, entre aquel famoso España ha dejado de ser católica de Manuel Azaña, en 1932, y el no menos famoso tomo nota, 70 años después, del señor Aznar con respecto a la postura de los obispos vascos
y de la Conferencia Episcopal hay bastante diferencia, para bien, y demuestra que se ha producido una evolución en muchos comportamientos internos y externos, tanto en las posiciones políticas como en la Iglesia católica en la estructura orgánica.
Sin embargo, mi fuerza política no juega ni con cabreos ni con descabreos.
Quizá por aquello de que creemos en la aconfesionalidad del Estado español pensemos aquello que decían los clásicos: Timeo Danaos et dona ferentes (temo a los griegos
aunque me hagan regalos) Es decir, en esta situación, un servidor no se va a descabrear ni va a cambiar su opinión con respecto a determinadas actuaciones de la cúspide de la Iglesia católica últimamente sino que va a seguir defendiendo su postura.
Nuestra postura, señorías, es que la enseñanza de la religión se haga fuera del horario, fuera del currículum y fuera de las aulas; de la religión o de las religiones, me es indiferente. No obstante, como entendemos que hay que mediar, que
hay que vivir con los tiempos, que hay que estar con la historia, hemos presentado una enmienda. Nos hubiera gustado que la moción del Grupo Socialista hubiera sido más concreta en algunos temas -suscribo esa parte de la intervención de la señora
Lasagabaster-, pero hemos presentado una enmienda ¿para qué? Para fijar lo que a nuestro entender debiera ser la enseñanza de la religión o de las religiones en el ámbito de la educación, en el ámbito de las aulas y del currículum, y es que
evidentemente negociado con las distintas religiones que tuvieran acuerdos con el Estado español se diera una historia de las religiones y del pensamiento religioso, lo cual daría mayor riqueza, mayor apertura, mayor tolerancia a los alumnos y a las
alumnas con respecto a otras confesiones religiosas. Indiscutiblemente seguiríamos reconociendo, en el espíritu de la Constitución, lo que es mayoritario, que es la religión católica en el Estado español, y sin embargo al mismo tiempo defenderíamos
la parte confesional.Ese y no otro es el sentido de la enmienda que mi fuerza política intenta añadir a la postura del Grupo Socialista.
Hay una enmienda, si quieren de estilo, en la que planteamos que siempre que en la moción del Grupo Socialista se hable de religión se haga en plural, de religiones, pues al fin y al cabo estamos hablando no solamente de la religión católica
sino de otras religiones que tienen acuerdos con el Estado español.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En turno de fijación de posiciones, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo no va a apoyar el texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista porque entre otras cosas el texto del anteproyecto de ley respecto de la enseñanza de la religión, tal y como lo conocemos ahora, no está planteado en los
términos en los que en algún momento apareció, como si por un lado estuviera la enseñanza de la religión y por otro los valores constitucionales y hubiera que escoger entre una cosa y otra. La propuesta que hoy hace el Gobierno en la reforma de la
enseñanza es más bien introducir un área, que se llamará algo así como sociedad, cultura y religión, para el que quiera confesional y el que quiera no confesional, tendrá conocimientos de cultura religiosa impartidos por alguien absolutamente ajeno
a cualquier episcopado o a cualquier creencia, al menos en términos oficiales; luego tendrá la suya propia. Por tanto, corresponderá a los alumnos y a los padres optar por una fórmula u otra, teniendo que ser una oferta obligada por parte de los
centros. Este no es un modelo que nos entusiasme, pero es el que en este momento se deriva de los acuerdos con la Santa Sede, que no difiere excesivamente de lo que actualmente rige en la mayoría de los centros educativos y que no limita para nada
el derecho a una educación religiosa para el que la quiera, incluso catequizada, que es lo que en este momento es, o una educación de lo que es cultura religiosa estrictamente no confesional. En sí mismo eso no nos parece malo; no nos parece mal
que poco a poco se consiga que la gente distinga a San Juan Bautista de Moisés en los cuadros del Prado o en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que cuando se ve una cabeza puesta sobre una bandeja se sepa que no corresponde a Moisés. Es algo que
hay que empezar a transmitir porque este mismo portavoz ha podido comprobar que hoy por hoy ambas cosas se confunden.
Lo que sí sostiene mi grupo es que si ese es el modelo por el que opta el Grupo Parlamentario Popular, en una interpretación posible de los acuerdos con la Santa Sede, hay que ser coherente con ese modelo. Si el modelo es decir que hay
enseñanza confesional y no
confesional, a elección de los alumnos y de los padres, y la confesional se adjudica a la confesión en cuestión para que libremente designe a su profesorado, entonces piensen ustedes y no dejen de lado, por ejemplo, a los 42.000 niños
musulmanes que están en este momento en los centros españoles, porque esos 42.000 niños musulmanes tienen el mismo derecho que los niños católicos a recibir la educación musulmana en virtud del acuerdo que tuvieron. Además, hacia ahí vamos. Y les
anuncio -no es una profecía sino una simple constatación- que dentro de muy poco tiempo en Cataluña -esta mañana he tenido ocasión de decirlo en la Comisión de Educación- es probable que la opción mayoritaria en términos absolutos sea la no
confesional, pero entre los que opten por la confesional la mayoritaria ya no será la católica. Por tanto, el sistema que están ustedes promoviendo es que en las escuelas públicas de Cataluña dentro de cuatro días los imames estén educando
confesionalmente y catequizando en los mismos términos en los que se hace hoy. Además, con ese criterio y ese modelo que imponen de no poder interferir para nada en el contenido de esas enseñanzas y delegarlo en los obispos también lo tendrán que
delegar en los profesores de educación musulmana. Si no lo hacen estarán violentando la Constitución y estoy absolutamente convencido de que en su momento los tribunales pondrán las cosas en su sitio. Cuando eso ocurra, cuando lleguemos a este
punto, para el cual dudo que la sociedad española esté preparada, esto es, para ver imames en las escuelas públicas enseñando educación y confesión musulmana y catequizando como hacen hoy los profesores de religión, tendremos otro debate aquí y
probablemente entonces nos atreveremos todos, como no nos atrevemos hoy, a replantear el peso de la religión en la escuela, a poner las cosas en su sitio y a sacar la religión del horario lectivo y a que cada padre y madre haga lo que le dé la gana
con la educación de sus hijos. Pero hoy el marco jurídico es el que es y lo único que pedimos es coherencia. Educación religiosa, de acuerdo, pero de todas las confesiones que existen en España.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista ha traído hoy a la Cámara una moción consecuencia de una interpelación que no tiene justificación, y voy a repetir algo que ha dicho la señora
ministra: en este aspecto seguimos lo que estipula la LOGSE. De todo esto se quiere hacer una especie de guerra de religiones y se habla de la preocupación de los padres y de que han pedido este año el 76 por ciento, en vez del 80 por ciento, que
sus hijos sean educados en la religión católica. No ha lugar a ello. Todo procede de lo siguiente. En primer lugar -hay que repetirlo aunque todos lo sepamos-, el artículo 27.3 de la Constitución establece que los padres tienen derecho a que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias ideas. Pues bien, como eso ya está en la Constitución, ustedes quieren tergiversarlo y no sé si lo que pretenden es demostrar que lo que se aprobó en la LOGSE no está
del todo claro. Les quiero reiterar lo que aquí se ha dicho. La LOGSE prevé en su disposición adicional segunda la inclusión de la religión como área o materia de oferta obligada en los centros de carácter voluntario para los alumnos y en su
artículo 3.2 añade que para aquellos alumnos -y esto es lo que ustedes demuestran ignorar- que no opten por la enseñanza de la religión los centros organizarán actividades de estudio alternativas como enseñanzas complementarias en horario simultáneo
a la enseñanza de religión.
Señores del Grupo Socialista, prefieren ustedes -y lo pongo entre comillas- que los niños o los padres que no opten por que se les enseñe la religión católica u otras religiones con las cuales hay acuerdos -que por cierto hicieron ustedes
con un Gobierno que había perdido las elecciones- jueguen al parchís, por decirlo de una manera simple, o que tengan una cultura de religión, que sepan la influencia de la religión (no solamente la católica sino las tres monoteístas en Occidente, en
África y en parte de Asia), que conozcan que nuestra civilización y toda su cultura está enormemente influida por la religión cristiana y la religión judaica. Independientemente de cuál sea su creencia, de que practiquen o no sus padres, tienen que
tener unos conocimientos. No basta simplemente con lo que ustedes dicen de una especie de formación del espíritu nacional. No. Ya se les ha dicho que en 4.º de la ESO tienen la asignatura de ética, pero es que además las sentencias del Tribunal
Constitucional (S.S. se ha referido al Supremo) dicen que toda la educación en España tiene que estar reflejada e imbuida por la obligación de enseñar la convivencia, el sistema democrático, la Constitución y todos los demás valores. Además, en lo
que respecta a la llamada alternativa -o como quieran ustedes llamarle-, en la normativa vigente se tendrá que especificar exactamente lo que se ha de preceptuar. Eso es lo que va a ser el proyecto. Todo lo demás, la influencia o no de la
jerarquía, si ha habido o no una reunión en el Escorial, que ha sido pública y notoria, no viene en absoluto a cuento. Por cierto, señora Valcarce, he recibido hoy un teletipo que dice: Cada día que pasa hay más decepción y hasta la Conferencia
Episcopal estará más a gusto con un Gobierno socialista. ¿Sabe usted de quién es esta frase? Del señor Rodríguez Zapatero hoy en Castellón. (Aplausos.) No utilicemos aquí dobles lenguajes. Algún portavoz de grupo parlamentario se manifiesta
claramente diciendo: No quiero que en la
escuela se enseñe ninguna religión, incluso entiendo que si algún día se puede modificar la Constitución se modificará. Eso yo lo respeto en cuanto que son manifestaciones de un portavoz, pero ese doble lenguaje de cuando ustedes gobernaban
y en la LOGSE introducen que debe haber además de la clase de religión para los que opten por la religión católica...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Guerra, su tiempo ha concluido.
Muchas gracias.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Ese doble lenguaje ya no se entiende. Señores del Partido Socialista, a ver si se aclaran si quieren ustedes estar mejor con la jerarquía cuando gobiernen o lo que quieren ustedes es quitar todas las religiones.
(Aplausos.-Protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Guerra, su tiempo ha concluido.
Muchas gracias.
Señora Valcarce, tiene la palabra a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Aceptamos la enmienda de adición al apartado 2, presentada por el señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto. En relación con la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por la señora Lasagabaster, aceptamos exclusivamente la
primera parte de la modificación que se refiere al centro educativo. En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aceptamos los puntos 1 y 2. Por tanto, todas ellas serán de adición a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, agradeciendo a todos los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas el tratamiento que han dado a la moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Valcarce. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo de la introducción del área obligatoria en la enseñanza básica de cultura y religión en
el anteproyecto de ley de calidad de la educación, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 95; en contra, 154; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.