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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 165, de 28/05/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 165
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 159
celebrada el martes, 28 de mayo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica por la que se incluye un artículo 314 bis en el Código Penal tipificando el acoso moral en el trabajo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 176-1, de 23 de noviembre de 2001.
(Número de expediente 122/000158.) ... (Página 8343)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la regulación de las relaciones de trabajo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 219-1, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000194.) ...
(Página 8351)
Proposiciones no de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ampliar el período de vigencia del permiso de conducir de las personas que padecen diabetes.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 339, de 19 de abril de 2002. (Número de
expediente 162/000494.) ... (Página 8359)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Reglamento General de Conductores para actualizar y adecuar a los avances de la medicina y a los tratamientos médicos posibles, la obtención del permiso de conducir por parte de
los diabéticos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 329, de 25 de marzo de 2001. (Número de expediente 162/000466.) ... (Página 8359)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de los plazos para la obtención y renovación del permiso de conducir por los enfermos de diabetes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 335, de 12 de
abril de 2002. (Número de expediente 162/000480.) ... (Página 8359)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre medidas para eliminar el trato discriminatorio que sufren las personas con diabetes en el Reglamento General de Conductores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 339, de 19
de abril de 2002. (Número de expediente 162/000484.) ... (Página 8360)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre modificación del vigente Reglamento General de Conductores (Real Decreto 772/1997) para evitar el trato discriminatorio a los diabéticos en la obtención y renovación del permiso de
conducir. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 349, de 10 de mayo de 2002. (Número de expediente 162/000501.) ... (Página 8360)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 21, de 29 de mayo de 2000. (Número de expediente 162/000038.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre objetivos y previsiones en materia de pesca durante la Presidencia española de la Unión Europea.
(Número de expediente 173/000135.) ... (Página 8374)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios y propósitos políticos del Gobierno en relación con las víctimas del terrorismo.
(Número de expediente 173/000136.) ... (Página 8380)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para fomentar la competitividad del sector turístico. (Número de expediente 173/000137.) ... (Página
8386)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8334)
Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se incluye un artículo 314 bis en el Código Penal tipificando el acoso moral en el trabajo ... (Página 8343)
El señor López Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende una iniciativa de modificación del Código Penal para que se tipifique como delito el acoso moral en el trabajo y recuerda que no hace mucho tiempo su grupo
presentó una iniciativa semejante, que fue rechazada con los votos mayoritarios del Grupo Popular, cuya finalidad era modificar la legislación laboral. Considera que el acoso moral en el trabajo es uno de los fenómenos más dañinos en la relaciones
laborales y personales y viene dado por un clima generalizado, constante y sistemático de degradación de las condiciones de empleo. Se remite a lo expuesto en el debate de la proposición de ley presentada tiempo atrás para modificar la legislación
laboral y justifica la presentación de esta segunda proposición de ley, de modificación del Código Penal, basándose en la respuesta que dio hace algunos meses la portavoz entonces del Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz. Recuerda las
ocasiones en que ya se trató en el Parlamento
y en las instituciones comunitarias sobre el acoso moral o el hostigamiento psicológico en el trabajo y se refiere al estudio hecho por la Unión Sindical de Madrid región, de Comisiones Obreras, dedicado al acoso moral en el trabajo.
Asimismo se refiere a dos sentencias, una del Tribunal Supremo y otra del Juzgado de lo Social número 2, en Vitoria, en las que se hace una definición pormenorizada de lo que es el acoso moral, por lo que es claro, añade, que los tribunales están
hablando ya de lo que es el acoso moral, anticipándose al legislador, pero falta la regulación como delito en el Código Penal, que es lo que hoy su grupo trae a debate.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se incluye un artículo 314 bis en el Código Penal tipificando el acoso moral en el trabajo, se rechaza por 114
votos a favor, 163 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la regulación de las relaciones de trabajo ... (Página 8351)
Defiende la proposición de ley para su toma en consideración la señora Castro Fonseca, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Comienza la intervención explicando, desde su óptica, los rasgos generales que presenta el
mercado de trabajo y criticando la reforma laboral emprendida por el Gobierno. A continuación justifica la convocatoria de huelga general anunciada por los sindicados mayoritarios diciendo que se trata de una huelga contra una reforma injusta que
deteriora la calidad de vida de los españoles y de las españolas. Acusa al Gobierno del Partido Popular de carecer de una verdadera política de empleo, limitándose simplemente a tratar de paliar la coyuntura económica. Los problemas no están en la
protección al desempleo, añade, sino en los desajustes de formación y cualificaciones, y la proposición que su grupo trae a la Cámara trata de reconducir el fracaso de la reforma introduciendo instrumentos que de verdad tiendan a reducir los grandes
males, la temporalidad y a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Velasco Sierra, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se rechaza por 109 votos a favor, 168 en contra y siete abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 8359)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para ampliar el periodo de vigencia del permiso de conducir de las personas que padecen diabetes ... (Página 8359)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Reglamento general de conductores para actualizar y adecuar a los avances de la medicina y a los tratamientos médicos posibles, la obtención del permiso de conducir por parte de los
diabéticos ... (Página 8359)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación de los plazos para la obtención y renovación del permiso de conducir por los enfermos de diabetes ... (Página 8359)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre medidas para eliminar el trato discriminatorio que sufren las personas con diabetes en el Reglamento general de conductores ... (Página 8360)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre modificación del vigente Reglamento general de conductores (Real Decreto 772/1997) para evitar el trato discriminatorio a los diabéticos en la obtención y renovación del permiso de conducir
... (Página 8360)
Presentan las cinco proposiciones no de ley, todas ellas encaminadas a suavizar los requisitos necesarios para la obtención y renovación del permiso de conducir por las personas diabéticas insulinodependientes, la señora Torme Pardo, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; el señor Sánchez Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y los señores Saura Laporta y Núñez
Castain, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la enmienda transaccional suscrita por los grupos proponentes de las cinco proposiciones no de ley, se aprueba por 281 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas ... (Página 8366)
Defiende la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Olmedo Checa. Se trae a debate una vez más la violencia de género, una realidad que está afectando a los derechos más fundamentales, como son el
derecho a la vida y el derecho a vivir sin violencia de un número importante de mujeres. Manifiesta que la violencia contra las mujeres es universal, puesto que ningún país ni ninguna cultura se ha podido escapar de ella, y considera que este grave
problema no se aborda con el nivel de compromiso que requiere. Recuerda todo lo que se ha hecho para perseguir la violencia contra las mujeres por los diferentes organismos públicos desde 1975 y, aunque no niega las buenas intenciones del plan
actual del Gobierno, opina que su desarrollo no ha cumplido con las expectativas ni con los objetivos que se anunciaron en su presentación, por lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista se considera necesario poner en marcha medidas más
eficaces y que se actúe con el mismo compromiso, la misma determinación y la misma prioridad con que se actúa en el grave problema del terrorismo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto, y la señora Seller Roca de Togores, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas interviene la señora Olmedo Checa.
Sometida a votación en sus propios términos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas, se rechaza por 105 votos a favor, 156 en contra y 20 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8374)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre objetivos y previsiones en materia de pesca durante la presidencia española de la Unión Europea ... (Página 8374)
El señor Díaz Díaz presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a la vista de las propuestas de la Comisión Europea para la reforma de la política pesquera común, propuestas que
considera muy lesivas para los intereses de la pesca española. Recuerda que el 7 de mayo se aprobó por unanimidad una moción muy similar a la actual, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, pero su grupo, dando por válido lo aprobado, no se
contenta con ello y quiere sacar hoy adelante una propuesta ampliamente consensuada sobre una política pesquera no discriminatoria, equilibrada y sostenible, para lo que propone una serie de medidas que pasa a explicar.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Exposito Molina, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Díaz Díaz.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre objetivos y previsiones en materia de pesca durante la presidencia española de la Unión Europea, en sus propios términos, se rechaza por 100 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios y propósitos políticos del Gobierno en relación con las víctimas del terrorismo ...
(Página 8380)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Uría Etxebarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Sube a la tribuna, dice, con el espíritu de tener muy claro que un texto bueno posible debe excluir en
política a otro mejor pero imposible. Considera que la moción que su grupo trae a la Cámara posibilita la aceptación por parte de todos, como ya ocurriera con la ley de solidaridad, alrededor de la cual se construye hoy la interpelación y la
posterior moción. Explica el contenido de la moción y pide, en base a la idea de solidaridad, que se reconozca a todas las víctimas, sin distinción de ideologías, de cara a conseguir los valores de convivencia, tolerancia y libertad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Uría Etxebarría.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios y propósitos políticos del Gobierno en relación con las víctimas del terrorismo, con la incorporación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 117 votos a favor y 154 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para fomentar la competitividad del sector turístico ... (Página 8386)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Sánchez i Llibre, en nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Manifiesta que su moción tiene como finalidad impulsar una serie de medidas que favorezcan e
impulsen la industria turística española, que ha de continuar contribuyendo al desarrollo y al crecimiento sostenible de la economía, a la generación de empleo y a un mayor incremento de la cohesión económica y social. Explica las propuestas que
contienen los seis puntos de su moción, entre las que destaca dos muy significativas como son la tipificación de la normativa que hace referencia a los municipios turísticos, a los que propone dotar de un régimen especial que les permita una mejor
captación de turistas, así como la ampliación de su capacidad de gestión económica, para conseguir un mayor equilibrio de recursos de acuerdo con sus necesidades financieras. A continuación se refiere a las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para fomentar la competitividad del sector turístico, con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que han sido aceptadas por el grupo proponente, se aprueba por 159 votos a favor y 93 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA POR LA QUE SE INCLUYE UN ARTÍCULO 314 BIS EN EL CÓDIGO PENAL TIPIFICANDO EL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO. (Número de expediente 122/000158.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica por la que se incluye un artículo 314 bis en el Código
Penal tipificando el acoso moral en el trabajo.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a defender en poco tiempo una segunda iniciativa legislativa en relación con uno de los fenómenos más dañinos en las relaciones laborales
y personales, los llamados casos de acoso psicológico en el trabajo o acoso moral. Nosotros defendimos hace algunos meses una proposición de ley para modificar la legislación laboral, que fue rechazada por los votos mayoritarios del Grupo Popular
-luego me referiré a ella-, y en esta ocasión defendemos una modificación del Código Penal para que se tipifique como delito el acoso moral en el trabajo.
Antes de entrar en esta iniciativa y en su pormenorización, debe recordarse que el acoso moral, el acoso psicológico, el llamado psicoterror en el trabajo es una de las lacras que asola las relaciones laborales, fuente de enfermedades,
fuente de depresiones, fuente incluso de suicidios, y que, naturalmente, no existe por casualidad, sino que tiene que ver con todo un clima generalizado, constante y sistemático de degradación de las condiciones de empleo, entre otras la
precarización en el empleo que introduce, condiciona y explica, entre otras razones, la existencia cada vez mayor de ese fenómeno del acoso psicológico o acoso moral en el empleo.
Esta tarde no voy a reproducir aquí, porque sería absurdo que lo hiciese, toda esa parte de nuestra intervención y la de otros grupos parlamentarios que realizamos hace algunos meses explicando, recordando y profundizando en qué es el acoso
moral y el acoso psicológico. Entiendo que esta Cámara ya ha sido suficientemente ilustrada y conoce perfectamente lo que es. Voy a entrar un poco más a fondo en estas iniciativas y me voy a referir en particular a la iniciativa de esta tarde, que
plantea una modificación en el Código Penal en relación con la respuesta que nos dio hace algunos meses el Grupo Parlamentario Popular, en boca de la señora Sainz, lo que justifica el hecho de que defendamos hoy una modificación del Código Penal.
Recordemos que en este Parlamento ya se ha tratado este asunto, es decir, en cuanto a iniciativas parlamentarias esto viene de lejos, porque el 19 de junio de 2001, hace casi un año, el Senado aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a
la promoción de una regulación del acoso moral o del hostigamiento psicológico en el trabajo, como lo llamaba esta proposición. Un poco después, el 19 de noviembre del año pasado, se aprobó en esta Cámara -no solamente en el Senado, sino en esta
Cámara- una proposición no de ley parecida en su contenido, hablando del acoso moral en el trabajo, en la que se planteaba más o menos lo mismo y se instaba a que hubiera una regulación de ese acoso moral.
Como consecuencia de ello, nosotros presentamos estas dos proposiciones de ley y la que se refiere a la modificación de varias leyes, en concreto cinco leyes de la legislación laboral, que regulan las relaciones de trabajo en el campo
privado y también en la Administración pública, tras la que se produjo este debate que ustedes conocen y una defensa del no por parte del Grupo Parlamentario Popular fundamentalmente sobre la base de que esto lo tenía que estudiar Europa, las
instituciones europeas, y que nosotros tendríamos que ir detrás de lo que dijera Europa, porque como lo estaba estudiando, no era oportuno que se regulase en ese momento, aunque evidentemente el Grupo Parlamentario Popular no se opuso a que se
tuviese que regular el acoso moral. Evidentemente el Grupo Parlamentario Popular no manifestó que estuviera a favor del acoso moral, lo que dijo es que no había que regularlo laboralmente porque Europa estaba en ello.
En aquel momento nosotros dijimos que Europa no tenía competencias en determinadas cosas y, desde luego, muchos menos en lo que se refiere a una regulación penal. A pesar de todo, hicimos las correspondientes preguntas a las instituciones
comunitarias. La eurodiputada socialista, doña Rosa Miguélez, hizo sendas preguntas al Consejo y a la Comisión sobre qué estaba pasando con el acoso moral en Europa. Las respuestas vinieron por parte del Consejo y por parte de la Comisión.
Quisiera referirme brevemente a ellas, porque es importante tenerlas en cuenta a efectos de decidir sobre la toma o no en consideración de nuestra proposición de ley. El día 10 de abril de este año, el Consejo contesta a la eurodiputada, doña Rosa
Miguélez, lo siguiente: El Consejo es consciente de la envergadura de la cuestión que plantea S.S. y que afecta al corazón mismo del concepto de calidad del empleo, pero ha trabajado en la definición de los objetivos cualitativos respetando el
reparto de competencias que, de acuerdo con el tratado -y nosotros lo decíamos entonces-, incumben en primer lugar a los Estados miembros, en el marco de su plan de acción nacional para el empleo. El Consejo de Ministros de la Unión Europea,
presidido por España en el momento en que se realiza esa contestación, manifiesta que, según el tratado, la regulación del acoso moral en el trabajo corresponde en primer lugar a los Estados miembros. Por otra parte -decía el Consejo en la misma
respuesta-, no podría prevalerse el Consejo de un derecho de iniciativa, puesto que le corresponde a la Comisión hacerlo y no al Consejo. Pero ya dice claramente que corresponde a los Estados miembros tomar la iniciativa.
La Comisión también respondió el 9 de abril diciendo más o menos lo mismo que decía el Consejo de Ministros, aunque anticipa, en un comunicado que tengo aquí delante, de fecha 11 de marzo de 2002, titulado Cómo adaptarse a los cambios en la
sociedad y en el mundo del trabajo, una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad 2002-2006, que la Comisión evaluará si conviene que haya en el futuro un instrumento de la Comisión -no dice cómo- que se plantee el tema del acoso moral en el
empleo. Pero esta comunicación es importante, porque habla de importantes enfoques u orientaciones hacia el futuro para hacer que las relaciones laborales tengan más calidad, que haya más salud y seguridad en el trabajo, y una de ellas es
precisamente la cultura de la prevención del riesgo. Dice la Comisión que la no intervención política en ello tiene unos enormes costes. Es decir, la pasividad, la no intervención política en temas, por ejemplo, como el acoso moral en el trabajo,
tiene profundos costes, costes personales, costes económicos y costes sociales. Eso dice la Comisión en esa comunicación. Por tanto, está claro que lo que dice la Unión Europea es: ustedes, Estados miembros, según el tratado, tienen que tomar la
iniciativa, tómenla y trabajen en ese sentido, porque esto tiene enormes costes de todo tipo, y para un trabajo con salud y con seguridad la prevención del riesgo del acoso moral en el empleo es fundamental. Eso nos dice la Unión Europea. Por eso
nosotros defendemos aquí esta tarde esta proposición de ley, más necesaria que nunca, sobre todo después de la aprobación del decreto-ley, este célebre decreto-ley sobre el desempleo que entró en vigor ayer, este decreto-ley por sorpresa con que nos
ha sorprendido -valga la redundancia- el Gobierno.
Tengo aquí delante un estudio hecho por la Unión Sindical de Madrid región de Comisiones Obreras dedicado al acoso moral en el trabajo, un estudio profundo y detenido donde se dice que las causas fundamentales de que se produzca este
fenómeno estriban en el cambio en las condiciones de empleo o en los cambios culturales. Habla, por ejemplo, de ciudadanos que están obligados a triunfar económica y socialmente y, si no, se llevan una enorme decepción, como le ha pasado
recientemente a una canción española en un concurso televisivo. Además, señala como un ejemplo del empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo los contratos temporales, la precarización laboral. Este tipo de trabajadores sometidos a
estos contratos -dice este estudio de Comisiones Obreras- necesita trabajar más y mejor que sus compañeros, ya que hipotéticamente este plus de rendimiento les dará más probabilidades de acceder a una prórroga del contrato. Este es un caldo de
cultivo muy importante para estos supuestos de acoso moral en el trabajo. Una de las cosas que hace este decreto-ley con el cambio de los salarios de tramitación es abaratar el despido, incentivarlo, rebajar la protección judicial ante el despido
y, por tanto, empeorar las condiciones de empleo. La reforma prevista de la ley básica de empleo del Gobierno con la generalización del contrato de inserción, que antes estaba pensado solamente para las administraciones públicas y ahora se
incentiva, se subvenciona, se generaliza, es un típico caso de contrato llamado coloquialmente contrato basura; es un contrato temporal, precario, que se va a ampliar a todo tipo de situaciones no solamente en determinados casos de la
Administración pública. Esto es también un ejemplo de degradación de las condiciones de empleo y, por tanto, de una situación que va a hacer más posible el acoso moral en el trabajo, va a crear condiciones todavía peores para las relaciones
laborales que explican ese acoso moral en el empleo. Por eso es más necesario que nunca esta regulación que hoy se plantea aquí como reforma del Código Penal incluyendo un artículo 314 bis. El artículo 314 bis, que proponemos a la toma en
consideración de esta Cámara, diría lo siguiente: Los que mediante reiterado acoso moral o psicológico degraden o consientan que se degraden las condiciones de trabajo de alguna persona y no cesen o adopten las medidas que eviten el mismo, tras
requerimiento o sanción administrativa, serán castigados con la pena de arresto de seis a doce fines de semana o multa de tres a seis. Apartado segundo: Si el culpable de acoso moral hubiere cometido el hecho prevaliéndose de una relación de
superioridad, la pena será de arresto de 12 a 24 fines de semana o multa de seis a doce meses. Esta es la propuesta que hacemos de regulación del Código Penal.
Es importante que el Código Penal, que prevé las conductas más intolerables en una sociedad, más graves, prevea también el acoso moral con estas cautelas, que son muy grandes en nuestra regulación, porque hace falta que haya habido una
reiteración, hace falta que haya habido incluso un requerimiento, mediante una previa sanción administrativa o laboral, y hace falta que esa persona, el acosador, continúe con esa conducta de acoso. Entonces es cuando se produce esa pena, que no es
alta comparada con la regulación de otros países, como es el caso de Bélgica o Francia. Bélgica, en el año 1996, ya incluyó en su Código Penal el acoso moral. Empezó por hacer una regulación penal, antes de hacerla laboral, que la ha hecho
recientemente, concretamente en el artículo 442 de su Código Penal, de 30 de octubre de 1998. Francia ha incluido un nuevo supuesto de acoso moral en el artículo 222 de su Código Penal, a través de la Ley de 17 de enero de este año, llamada Ley de
Modernización Social. Estos son los países que han incluido el acoso moral como delito.
Nosotros creemos que esto debe hacerse así. Los tribunales españoles ya están protegiendo al trabajador que sufre el acoso moral. Quisiera citar sólo dos sentencias muy recientes al respecto: una sentencia de 4 de octubre de 2001, del
Tribunal Supremo, que habla, por vez primera en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del acoso moral y que atiende la solicitud de la persona
objeto de ese acoso moral, una persona a la que se le sometió en un ayuntamiento a la inactividad absoluta como una forma de sanción; y otra sentencia, también reciente, de 31 de enero de este año, del Juzgado de lo social número 2 en
Vitoria, donde se hace una pormenorizada definición de lo que es el acoso moral. Por tanto, sobre la base del artículo 15 de la Constitución, se atiende a la petición de las personas, en este caso dos mujeres -suelen ser las mujeres las que más
sufren el acoso moral- a las que se les relegó a cometidos degradantes en su trabajo por no se sabe qué razones, que llevaron a depresiones, a enfermedades profundas, a una situación de sufrimiento psicológico intolerable que dio lugar a una demanda
que fue acogida por el tribunal.
Por tanto, los tribunales laborales y contencioso-administrativos están hablando ya, anticipándose incluso al legislador, del acoso moral, pero falta una regulación en el Código Penal, que es la que defendemos hoy, para tipificarlo como
delito. Esto es algo que evidentemente no podrá hacer Europa, porque no tiene competencias para una regulación por la vía penal, y es importante que en nuestro código haya una señal muy clara de que nuestra sociedad no va a tolerar que exista acoso
moral en el trabajo, no va a tolerar que lo que sucede en el campo de las relaciones familiares y en los malos tratos se proyecte también a los malos tratos en el campo laboral. Por tanto, es necesario que nuestro país siga esa onda marcada por las
instituciones europeas, por otros países de la Unión Europea, y tengamos en nuestro Código Penal una defensa para cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que sufren cotidianamente acoso moral en su trabajo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el último par de años se han sucedido, tanto en el Congreso de los Diputados y en el Senado como en los distintos parlamentos autonómicos, distintas propuestas para combatir el llamado acoso moral en el trabajo. Y es que los
datos sobre su incidencia evidencian una tendencia creciente de este fenómeno, una táctica propia de países desarrollados, que consiste en ir desgastando psicológicamente al trabajador hasta conseguir que se autoexcluya. Las consecuencias de esta
práctica afectan de forma negativa tanto a la persona que las sufre como a su entorno laboral y familiar. Este problema, evidentemente, no es nuevo, pero los actuales modelos de organización del trabajo han incrementado su incidencia, ya que sólo
buscan la mejora de los beneficios sin tener en cuenta a las personas. Esto ha provocado un aumento de la conciencia social sobre este tipo de acoso.
Chunta Aragonesista cree que ha llegado el momento de que la sociedad se dote de instrumentos eficaces que permitan afrontar la situación tanto desde el marco preventivo o sanitario como desde el marco legal. Pero tan importantes como las
medidas legales son las medidas preventivas y por eso, Chunta Aragonesista, en la referida proposición, pide que se realicen campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias negativas para la salud que comporta este acoso, dirigidas a los
trabajadores, ya que en muchos casos no son conscientes de que las sufren, y también dirigidas a los empresarios, para que conozcan la pérdida de eficacia y competitividad que les suponen los casos de acoso.
Además, pedimos que la Inspección de
Trabajo tome conciencia del problema y persiga estas prácticas o que los médicos de la sanidad pública conozcan las consecuencias que origina y puedan diagnosticarlo adecuadamente.
En consecuencia, cualquier proposición que vaya dirigida a la consecución total o parcial de las anteriores medidas será apoyada por Chunta Aragonesista, en la creencia de que sólo desde el conocimiento y la protección adecuados se podrá
avanzar hacia la prevención, control y desaparición de esta cada vez más alarmante práctica y hacia la democratización de las relaciones laborales.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Eusko Alkartasuna va a votar favorablemente esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para tipificar el acoso moral en el trabajo con un nuevo artículo en el Código Penal. Ciertamente esta Cámara, como lo han
hecho el Senado y los parlamentos autonómicos, en concreto el vasco, ha hablado y debatido respecto a la gravedad del acoso moral en el trabajo, la vulneración que supone de la dignidad de las personas, de los derechos de los trabajadores y, en
definitiva, lo que supone de vulneración a la convivencia en una sociedad en los ámbitos laborales.
Recientemente, el 5 de marzo, todos los grupos parlamentarios aludíamos a la gravedad de la situación no sólo en cuanto a la vulneración de esos derechos fundamentales sino también en cuanto a las consecuencias que ello acarreaba a la propia
sociedad. Se citaban cifras a nivel europeo del número de trabajadores que, desgraciadamente, estaban afectados por este tipo de actuaciones, bien por parte de los superiores o bien por parte de los trabajadores del mismo nivel, del mismo estatus,
y
también hablábamos de las consecuencias económicas que ello conllevaba para la propia sociedad. Pero llegado a ese punto, a lo que en ningún caso se llegaba es a pasar este primer trámite para proceder a hablar de cómo podía ser o cómo debe
ser esa regulación.
Ciertamente, los tribunales ya han iniciado a lo largo de los últimos tiempos, a través de sus sentencias, la necesidad, la obligación de proceder a definir exactamente de qué tipo de conducta se está hablando, qué tipo de responsabilidades
existen, ya sean contractuales, ya sean administrativas o de otra índole, en definitiva, cómo poder comprobar una cuestión clave que es la prueba. Sin embargo, el hecho de que los tribunales lo estén haciendo sobre la base de los principios
generales, sobre la base de determinadas normas que existen en el Estatuto de los Trabajadores, la dignidad del trabajador u otros principios generales, no nos exime de proceder a lo que nos corresponde, que no es otra cosa que el establecer una
regulación detallada respecto de la definición de estas conductas y, en definitiva, de cuáles deben ser los castigos, las sanciones administrativas, así como la prevención, que es una cuestión fundamental; en este caso incluso se nos ofrece el
incluir determinados artículos en el Código Penal para realizar una sanción penal a estas conductas.
Creo que es el momento de que se pase de las grandes definiciones, de las grandes vaguedades en cuanto a lo que está sucediendo, a las regulaciones concretas. No nos sirve el argumento de que hay un grupo de trabajo a nivel europeo.
Efectivamente, y aquí se ha citado, no hay competencia a nivel europeo, aunque está bien que haya un grupo de trabajo, pero creo que sería conveniente que procediéramos a examinar cómo podemos regular una cuestión que no es fácil, una cuestión que
está en la sociedad y que requiere un conocimiento y un estudio exhaustivo de cuáles son las actuaciones, de cuáles son las conductas que no son admisibles en esta sociedad.
La tramitación de esta proposición creo que debiera servir -no en este caso, pero sí en anteriores o en posteriores ocasiones- para regular esta cuestión también en el ámbito laboral. En definitiva, votaremos a favor porque, más allá de las
grandes consideraciones, debemos proceder ya a la regulación y a la tipificación de esta cuestión.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Es verdad que recientemente hemos discutido en este Congreso algunas proposiciones de ley sobre esta regulación de la normativa del acoso moral, una de ellas defendida en su momento por el señor López Garrido.
Por lo tanto, la presente
iniciativa nos parece coherente con aquellas y también nos parece lógico prever un castigo penal más severo en los casos más graves de acoso moral en el trabajo, tal y como acontece con otras conductas en ese mismo ámbito.
Como ha sucedido en el debate y votación de las iniciativas mencionadas, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de la presente proposición de ley porque es evidente que existe una creciente preocupación por este
fenómeno del acoso moral en el trabajo, que afecta a un importante porcentaje de la población trabajadora y que incluso ya ha sido objeto de sentencias judiciales pese a no estar definido legalmente. Diversos estudios sostienen que uno de cada tres
trabajadores en activo manifiesta haber sufrido acoso moral en algún momento de su vida laboral. También hay que resaltar que otras cámaras parlamentarias, como el Parlamento Europeo, ya han tratado este asunto.
Ante estos datos, y para concluir, compartimos la atención preferente que se otorga en la iniciativa al acoso moral en el trabajo y vamos a apoyarla porque, de salir adelante, serviría para perfeccionar legalmente la protección de los
trabajadores y de las trabajadoras frente a esta práctica. Además, es innegable que en unas circunstancias de creciente competitividad en el trabajo y de falta de democratización plena en las relaciones laborales, se crea un caldo de cultivo para
que este tipo de acoso se extienda. Ante esta realidad, yo creo que no se pueden cerrar los ojos y debe ordenarse jurídicamente esta cuestión para proteger a los trabajadores. En consecuencia, anuncio el voto favorable del Bloque Nacionalista
Galego a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on.
Como ya se ha comentado anteriormente por los compañeros diputados, este es un tema que ya hemos discutido varias veces en esta Cámara, recientemente en algunas proposiciones de ley. La fundamental virtualidad de esta proposición, que
anuncio que la vamos a apoyar, es que trata de entrar en aspectos específicos de una regulación concreta porque en las anteriores proposiciones de ley, bien intencionadas todas, debatimos más principios genéricos y una especie de acercamiento en
esta materia. En estos momentos nadie discute que la cuestión que debatimos es que, fundamentalmente en una democracia de calidad, cualquier tipo de acoso, sea juvenil, sexual o laboral, es sinónimo de ausencia real
de convivencia democrática y de respeto a los derechos elementales en dichos ámbitos.
En el Grupo Vasco, y coincidiendo completamente con la proposición de ley que se plantea, en el orden práctico tenemos una preocupación sobre la probatoria del propio acoso en muchas situaciones. Dos son los problemas básicos con los que
normalmente nos encontramos en este campo, y la primera es la dificultad, a veces, de prueba suficiente de que las causas de la situación que soporta el acosado sean consecuencia del acoso moral y psicológico. No olvidemos que en el desarrollo del
propio proceso de mobbing, de las cuatro etapas diagnosticables, dos de ellas están basadas no solamente en el objeto del acoso en sí, sino que son elementos cualificados las posturas y actitudes que adoptan sus propios compañeros, descalificando a
veces hasta a la propia víctima, argumentando que la causa principal proviene de su personalidad, inadaptación o actitud ante el trabajo. La otra es que tampoco hay que olvidar que las falsas acusaciones, interesadas o no, de acoso moral convierten
en dichos casos al supuesto acosado en acosador y en instrumento y agente de aquello que precisamente queremos combatir.
Dado que esta proposición de ley avanza, por lo menos, en una regulación práctica y trata de adaptar la legislación a la práctica real, desde el Grupo Vasco vamos a apoyar esta proposición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para mostrar el apoyo de mi grupo parlamentario a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros entendemos que el acoso psicológico -palabra, término o concepto que
nos gusta más que el de acoso moral, porque este tiene unas connotaciones más religiosas y afectivas y, por tanto, un menor encaje desde un punto de vista político o legislativo-, como decía en su primera intervención el portavoz del Grupo
Socialista en una iniciativa similar aunque con distinta finalidad, si bien es de tardío conocimiento, hace 20 ó 25 años, tiene una definición y una investigación en el ámbito del mundo occidental. Sin embargo y a pesar de que no se han
desarrollado suficientes métodos de evaluación -podríamos hablar de que existe todo un acoso psicológico encubierto, al igual que existen otra serie de acosos encubiertos-, hay quien define para el Estado español un porcentaje en torno al 15 por
ciento de la masa de trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando, pues, de un tema suficientemente serio, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, y que sin duda afecta a la propia calidad del trabajo. Se pierden activos de
trabajadores y trabajadoras. Una de cada tres de las personas que sufren ese acoso psicológico es de muy difícil -por no hablar de imposible- recuperación. Son muchas las pérdidas por los tratamientos de estrés. Los costes del tratamiento como
consecuencia de esta lacra del acoso psicológico superan con creces los 5.000 millones de pesetas por año, es decir, estamos hablando de una cantidad que está en torno al 50 por ciento de ese PER o AEPSA, a cuyos perceptores el Gobierno quiere,
según ellos, meter en cintura. Es un campo que todavía está abierto y en el que hay que seguir trabajando e investigando. Desde luego es interesante, para poner coto a ese campo desconocido que se está abriendo y que no es conveniente que siga
avanzando, entrar en una penalización. Hubiera sido interesante haberla reflejado tanto en todo el derecho laboral como, tal como se formula en la propuesta que hoy se trae, en el Código Penal.
Señorías, me van a permitir irónicamente decir que entiendo que el Partido Popular vote en contra. Si la tipificación del acoso moral o psicológico -me gusta más psicológico- estuviera vigente, por analogía se podría culpar al Gobierno, por
las medidas sobre la reforma laboral, de un delito de acoso psicológico a los trabajadores y a las trabajadoras.
Cuando se oye definir este acoso como destilar maledicencia y críticas subrepticias desde la superioridad, parece que uno está
escuchando todas esas críticas y todas esas maledicencias que por parte de la presidencia del Gobierno y de los distintos voceros de la parte de abajo del partido que sustenta al Gobierno se han ido vertiendo acerca de la situación de los parados y
de las paradas en este país, de tal manera que en esta situación de maledicencia, donde no solamente va a ser una desgracia estar parado o tener un parado en la familia, sino que ya aparentemente va a ser una vergüenza porque parece que está
comiendo a costa de los demás, se está produciendo todo un acoso psicológico que al fin y al cabo va a tener consecuencias sobre una mayor docilidad, sobre una mayor entrega y sobre una mayor productividad en plan Stajánov, que a lo mejor es lo que
busca muchas veces la persona que acosa en la empresa o, en este caso, el Gobierno hacia la gente que está trabajando.
Nada más y muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para manifestar nuestra posición ante esta proposición de ley que presenta el Grupo Socialista. Nuestro voto será negativo
porque la propuesta se basa en penalizar una situación que adolece de la necesidad de definir más claramente la vía laboral y la penal a la hora de establecer su sanción correspondiente. Es precisa una definición más clara del acoso moral
de una forma general, y así lo ha recordado el proponente, en los debates que se han producido en el Senado, en el Congreso, por lo que he visto en el Parlamento Vasco y en el Parlament de Catalunya, en los cuales siempre ha prevalecido una
conciencia social a favor de la solución de este problema para definir la necesidad de una regulación y la tipificación como de falta grave cuando se produce el acoso moral. Asimismo el Parlamento Europeo emitió un informe en el cual las
consideraciones previas pasan por la definición de este problema, un problema que afecta en el Estado español al 11 por ciento de nuestra población activa, o sea, que podemos hablar de un problema que sufren de 1,8 a 2 millones de personas y según
dicho informe puede afectar a casi 12 millones de personas en Europa.
Quisiera recordar aquí que en 1998 se produjo en Francia un caso de acoso moral a un empleado por parte de un gerente o directivo que había nombrado la empresa y que por envidia y usurpación del puesto o de la categoría que tenía la persona
sobre la cual estaba mandando provocó el suicidio de ésta al cabo de unos meses. Este empleado dejó una nota diciéndole al gerente de la empresa: no está bien lo que han hecho conmigo. Este directivo no pudo ser acusado porque en el Estado
francés existía un vacío legal que no ligaba el acoso moral y la definición de la sanción con este delito que de hecho se produjo.
En Convergència i Unió entendemos que se debe establecer el derecho del trabajador directamente contra el acoso y no una relación directa del Código Penal con el contrato laboral. De alguna forma y siendo una vía final, es una
interferencia, es dar una prevalencia a la represión del problema y no a la raíz del mismo, que es su propia existencia. Volviendo al informe europeo, el mismo nos recuerda que era necesario definir y acotar el acoso moral en el ámbito europeo y
establecer básicamente unas políticas de prevención coordinadas y finalmente unos procesos adecuados.
La propuesta que hace el Partido Socialista Obrero Español tiene el mismo objetivo, pero tiene una distinta vía de solución, ya que la da más bien
desde la vía de salida, que es la de la represión cuando se ha producido el acoso. Plantear esta vía sin haber definido el problema en sí ni las vías adecuadas para su erradicación no es una solución; es optar por su represión, pero no hay una vía
de prevención del problema en sí. Si no hay una previa definición del derecho de los trabajadores ni la posibilidad de una actuación automática, poco estamos haciendo para erradicar una conducta que es bastante general. Si los acuerdos que hasta
ahora se han obtenido se basan en el consenso de la defensa del puesto de trabajo, de la defensa del trabajador, la vía a seguir debe ser esta, y si penalizamos al que realiza el acoso moral, admitimos de facto la existencia del problema y no
estamos contemplando el derecho del más débil al atajar la situación desde el momento en que se produce.
Recordando al empleado francés que sucumbió ante el acoso moral, le hubiera servido más para su autoestima haber podido formular al inicio de
la situación una denuncia que hubiera permitido cortar de raíz las notas de provocación que el ejecutivo le fue enviando y aun existiendo un cuerpo legal penal que le hubiera condenado, no se hubiera resuelto el problema definitivamente en el caso
que he citado. Lo que todos pretendemos es evitar el acoso, aparte de resolverlo, y que su solución se consiga por su penalización a través de la vía del derecho y no por su represión. Por ello, nuestro grupo, estando en el fondo de acuerdo en que
es un tema que hay que resolver, pero no en las vías que se proponen, mantendrá su voto negativo a esta propuesta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para fijar posición en nombre del Grupo Popular sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Efectivamente, como aquí se ha recordado, hace escasamente dos meses debatíamos dos proposiciones de ley, una
del Grupo Socialista y otra de Izquierda Unida, sobre el acoso moral en el trabajo. El Grupo Popular en ese momento manifestó su sensibilidad y su preocupación por este fenómeno que se viene detectando en el mundo laboral en todos los países
desarrollados aproximadamente desde los años ochenta como un problema específico. Este dato lo extraigo precisamente de la Conferencia de ministros y de ministras que sobre la igualdad de oportunidades de la Unión Europea y sobre la violencia
contra las mujeres se celebró en Santiago de Compostela, a la que se ha aludido precisamente aquí, en nombre del grupo proponente, y en ese documento se dice que aunque afecta tanto a hombres como a mujeres, de los escasos estudios realizados se
desprende que este fenómeno incide de una manera diferencial y también más grave en las mujeres. Allí también se pide -y esta es la matización que hago a las palabras del portavoz del Grupo Socialista- que se siga trabajando y profundizando en el
conocimiento sobre esta cuestión que estamos abordando, de cuyo texto tengo aquí precisamente la reproducción.
En las proposiciones de ley a las que hacíamos referencia se proponía la modificación de la legislación laboral, como se ha recordado, para incorporar el concepto de acoso moral en el trabajo, y ahora, en esta proposición de ley, como ya se
ha dicho también por todos
los que han intervenido, lo que se pide es modificar el Código Penal añadiendo un nuevo artículo, el artículo 314 (bis), en el que quedaría tipificada la figura delictiva del acoso moral o psicológico. ¿Qué dice el Grupo Popular? Nuestro
grupo no puede más que reiterar lo que señaló hace esos escasos dos meses. ¿Qué decíamos? Sin duda, como ha reconocido el portavoz del Grupo Socialista, que es un tema preocupante, que somos conscientes de la magnitud y de las consecuencias que
tiene y de los efectos también sobre los trabajadores y que desde luego no solamente es importante que se abra un debate público sobre ello, sino que sobre todo -quiero incidir porque insistíamos en ello- es preciso definir de una forma muy clara y
muy precisa el alcance del concepto de acoso moral, mucho más cuando se trata de llevarlo, señorías, al Código Penal, para después de esa definición, después de que exista ya un acuerdo y quede claramente definido lo que se entiende por ese acoso
moral, dar una mayor seguridad jurídica y también una mayor efectividad a cuantas normas legales se considere que puede ser bueno incorporar dicho concepto, a fin de dar una mayor garantía sin duda al tratamiento de este tema que nosotros
consideramos preocupante. Por todo ello nosotros seguimos pensando que debe realizarse de forma coordinada con los Estados miembros de la Unión Europea.
Yo le recuerdo al grupo proponente, porque hacía mención a ello, que sabe que el Parlamento Europeo aprobó a finales de 2001, creo que en el mes de septiembre, una resolución sobre el acoso moral en el trabajo y en esa resolución lo que
solicitaba de la Comisión era que elaborara un libro verde sobre este tema y que ese libro verde, junto con una serie de medidas a adoptar frente al acoso moral, tendría que estar elaborado antes de octubre de este año 2002. Lo que quiero decirle
es que esto no es contradictorio con lo que él ha dicho que reconocía la Comisión. Nadie duda de que es competencia de cada uno de los Estados miembros incorporarlo a su legislación. Lo que nosotros hemos dicho es que Europa está trabajando sobre
este tema, que es preciso definir y concretar el alcance de la figura del acoso moral y nosotros, por tanto, reiteramos que consideramos prematuro regular cualquier aspecto del acoso moral llevándolo a la legislación tanto laboral como penal, de una
manera unilateral en España, sin tener en cuenta los resultados de este trabajo y las conclusiones a las que puedan llegar, en las que, por otro lado, están participando los gobiernos y, por tanto, también España. Creemos que eso tiene que ser base
para una serie de propuestas y actuaciones que hay que hacer, y lo reconocemos, pero también sabemos que se está trabajando en ellas. Por tanto, señor López Garrido, no se trata de ir detrás, sino de trabajar coordinadamente en un tema grave y
preocupante, pero que requiere de rigor para ser, entre otras cosas, claramente efectivos.
Deseo destacar que en la proposición de ley orgánica que debatimos el nuevo delito que se introduciría se vincula a los demás atentatorios contra los derechos de los trabajadores, especialmente al 314, si bien por su tratamiento punitivo
después se relaciona fundamentalmente con el artículo 184, el del acoso sexual. No se trata de que entremos en el contenido ni de que haya objeciones, señor López Garrido, acerca de la penalización de las situaciones más graves de acoso moral en el
trabajo, en tanto que agresión intencionada, cuya ilegitimidad ética es evidente, y quiero destacarlo. Lo que sí es verdad es que desde un punto de vista formal también podemos significar que habría una cierta o aparente contradicción, porque lo
que se deduce de la propuesta de aplicar penas a la comisión de ese nuevo injusto descrito en el artículo 314 (bis) es que estas serían menores que las que están en el artículo 314, que está siendo en estos momentos a veces utilizado como referencia
también, puesto que se trata de una discriminación laboral a una persona víctima de acoso moral, conducta que caracteriza fundamentalmente de una manera más clara este supuesto. Es verdad que usted lo vincula con el 184 del Código Penal que, al fin
y al cabo, trata del acoso sexual. No queremos cuestionarlo, pero sí lo mencionamos. Otro asunto que queremos señalar es que dado que la tipificación penal que se propone en el texto está redactada de modo que debe existir previamente un acto
administrativo de requerimiento o sanción, ello exigiría que con carácter previo se regulase el acoso moral en la legislación laboral, como es lógico y usted entiende perfectamente, lo que, como SS.SS. conocen, al no haber sido tampoco aprobado por
esta Cámara, en este momento tampoco se podría producir.
No deseo terminar sin dejar de señalar que aunque no exista un tipo penal específico que sancione el acoso moral, las sanciones pueden incardinarse en diversos tipos delictivos relacionados con la violencia psicológica, con la seguridad y
con la salud laboral, como aquí también se ha puesto de manifiesto por otros grupos parlamentarios. Por todo ello, señorías, nuestro grupo no puede apoyar ahora la proposición de ley. Consideramos más oportuno esperar a los resultados y a las
conclusiones a las que lleguen esos estudios europeos sobre el acoso moral antes de regular cualquier aspecto, ya sea este sociolaboral, como se pretendía hace dos meses, o bien penal, como ahora estamos aquí argumentando. No obstante, queremos
reiterar nuestra voluntad de seguir trabajando para elaborar las mejores soluciones a ese problema, y lo hacemos, señorías, desde la responsabilidad, convencidos de que sobre este tema el Gobierno no está de brazos caídos, sino que está trabajando y
de forma coordinada con los miembros de la Unión Europea, que es, a nuestro juicio, el mejor camino y desde luego el compromiso del Grupo Popular, que apoya a un Gobierno que viene dedicando constantes y continuos esfuerzos para profundizar
en la aplicación de ese importante principio de la igualdad de oportunidades y de una manera además muy especial en el mundo laboral.
Buen ejemplo de ello es que precisamente desde la presidencia española de la Unión Europea se está
trabajando intensamente para abordar todos los tipos de violencia contra las mujeres y buen ejemplo también es esa Conferencia de Santiago de Compostela -mi ciudad-, a la que usted ha hecho referencia, y gracias también al esfuerzo y al empeño del
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales se acaba de aprobar -se ha dado un impulso importante y será casi un acuerdo histórico en relación con una directiva que lleva a la actualización de las necesidades y de las demandas- el principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres. Sinceramente creemos que esto es importante, pero sobre todo lo es -y ahí tengo que discrepar sobre todo de los portavoces del Grupo Socialista y de Izquierda Unida- que en nuestro país afortunadamente haya hoy
muchas más mujeres que están desempeñando un puesto de trabajo y que se esté trabajando con firmeza contra las discriminaciones. Precisamente, en cuanto a ese Real Decreto de reforma de la protección al desempleo que ustedes, aprovechando la
circunstancia de la modificación del Código Penal, han traído a referencia, creemos que las mujeres, muy al contrario, lo esperan con gran interés porque se las reconoce y se les da unas ventajas muy importantes, sobre todo a las trabajadoras que
han sido madres, por otro lado fruto de un compromiso electoral del Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCÍA: Termino, señora presidenta, diciendo que las mujeres en nuestro país, afortunadamente, cada vez más, participan y contribuyen al progreso de una sociedad, que es la española, cada vez, repito e insisto, más
solidaria, más libre y más justa para todos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, por la que se incluye un artículo 314 (bis) en el Código Penal tipificando el acoso moral en el trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 114; en contra, 163; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO. (Número de expediente 122/000194.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la regulación de las relaciones de trabajo. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la
señora Castro. (Rumores.)
Señorías, continuamos con el debate. Ocupen sus escaños y abandonen el hemiciclo en silencio quienes lo vayan a hacer.
La señora CASTRO FONSECA: Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para tratar de un tema de amplio interés no sólo en esta Cámara sino para el conjunto de los ciudadanos
de este país. Los rasgos generales del mercado de trabajo son bastante claros para quien quiera aproximarse a ellos con un mínimo de rigor y de sensibilidad. Se ha reducido el nivel de empleo hasta niveles preocupantes. La reforma laboral,
unilateralmente emprendida por el Gobierno, no ha reducido la temporalidad ni tampoco el encadenamiento de contratos. La reforma del desempleo propuesta por el Gobierno del Partido Popular viene a confirmar el subempleo como forma de trabajo
habitual en este país. Por último, se constata que este Gobierno no desea el diálogo social en materia de mercado de trabajo. Las dos piezas claves del mismo, la regulación contractual y la protección, se imponen sin diálogo social, mejor dicho,
señorías, contra el diálogo social. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
Tanto por la coyuntura actual de menor crecimiento del empleo en España como por el objetivo que se ha marcado la Unión Europea, el Gobierno debería tener como primera preocupación la creación de más y mejor empleo, buscando para ello la
participación y el concurso de los agentes sociales porque esa es la única forma, señoras y señores del Partido Popular, de aproximarse a los objetivos. Por el contrario, debilitar el sistema de protección por desempleo y persistir en la reforma
unilateral que impusieron ustedes el año pasado, no crea empleo, como hemos venido comprobando ya durante el tiempo en que ha estado en vigor la reforma, y pone en mayores dificultades a aquellas personas que tienen la desgracia de perder su puesto
de trabajo. El señor Aznar ha sembrado de minas el mercado de trabajo y ahora se sorprende de que la respuesta de los agentes sociales, a los que ha venido despreciando en sus políticas cotidianas de empleo, sea convocar una huelga general. En
nuestra opinión, deben ustedes dejar de agitar los fantasmas que crea su propia paranoia. No es una huelga contra España, señorías, no es una huelga
contra ninguna imagen ni contra ningún símbolo; es una huelga contra una reforma injusta que precisamente deteriora la calidad de vida de los españoles y de las españolas. Por encima de España están los españoles y las españolas; no hay
España sin ciudadanos porque eso sería una pura entelequia. Ese es uno de los problemas que tenemos en esta Cámara, que algunos conciben la patria como una entelequia. La patria no es más que aquello que permite a los ciudadanos crecer y convivir
democráticamente y ser felices o infelices, lo que toque cada rato. Es el Gobierno precisamente, y no los agentes sociales ni los grupos políticos que los apoyamos, quien daña la imagen de Europa en España en esta materia. Es este Gobierno quien
ha logrado que se reduzca el europeísmo en España; es este Gobierno quien, rompiendo el compromiso de un mercado de trabajo equilibrado y un modelo de rentas para la cohesión, pone en riesgo el apoyo ciudadano a la construcción europea.
La reforma unilateral del mercado de trabajo y la modificación de la regulación del desempleo en los términos planteados son expresión de su renuncia a las políticas de empleo y de protección social, tan demandadas por el conjunto de la
población. Sin empleo de calidad, señoras y señores del Partido Popular, y sin protección al desempleo no puede existir compromiso democrático cívico con un proyecto político. Ustedes no tienen un proyecto para España, tienen un proyecto para las
grandes empresas.
Ustedes no defienden un proyecto de empleo, defienden un proyecto única y exclusivamente dirigido al crecimiento de los beneficios. Ustedes no están impulsando un proyecto de rentas equilibradas, están impulsando un proyecto de
concentración de la riqueza. Ustedes no auspician la igualdad de oportunidades y la cohesión social; si no cambian su política, pasarán a la historia por ser los auspiciadores de la insolidaridad. Estas son, señorías, señor presidente del
Gobierno, las razones de la huelga; esas razones que el señor Aznar ha decidido no entender u ocultar a los ciudadanos porque es más cómodo y más rentable en términos mediáticos criminalizar a los sindicatos, culpabilizando a los parados y paradas
y despreciando las políticas de empleo que otros grupos políticos venimos planteando en esta Cámara. Porque esta es la clave de la reforma laboral, impulsada el pasado año por ustedes y la reforma del desempleo impuesta recientemente a golpe de
decretazo.
Los datos de empleo son muy negativos y se acompañan de una ralentización en la reducción de la tasa de paro y una paralización del proceso de aproximación a la Unión Europea en tasa de empleo total y de actividad femenina, palabras que les
llenan la boca, y siento que no esté presente el ministro de Trabajo. ¿Dónde está ese compromiso con las mujeres que ustedes cacarean tanto en los periódicos y en los medios de comunicación? La tasa de actividad femenina en España está cada vez
más lejos de la media de la actividad femenina en Europa. Tomen buena nota. Por otra parte, se evidencian ya dos consecuencias negativas de la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular. La temporalidad del empleo no se ha
reducido, ha comenzado el proceso de sustitución de empleo a tiempo completo por falsos -no sé cómo llamarlos- desempleos a tiempo parcial. Son dos consecuencias, sin duda, de la nefasta reforma laboral que Izquierda Unida denunció desde su
imposición y que confirman una vez más el carácter inútil, regresivo y perjudicial de la reforma del Gobierno del Partido Popular y, en definitiva, anticipan, junto a la caída del empleo, el completo fracaso que va a obtener esta reforma. Los datos
de empleo corroboran, además, las críticas que desde mi grupo parlamentario hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años en todo lo relativo a la política de empleo del Gobierno del Partido Popular, y que han sido sistemáticamente negadas
por ustedes.
El Gobierno del Partido Popular, como se ha demostrado una vez más, carece de una verdadera política de empleo y se limita a tratar de paliar la coyuntura económica, la política macroeconómica trata el empleo como si fuera una simple
variable del resultante del crecimiento, los planes de empleo están vacíos de contenido y no abordan ni solucionan ninguno de los problemas que tiene hoy el empleo en España. Estos problemas no están en la protección al desempleo que ahora
obsesiona al Gobierno de Aznar.
Se encuentran, señoras y señores del Partido Popular, en los desajustes de formación y cualificaciones; en la falta de mano de obra especializada en cada vez más actividades es absolutamente frecuente; en las
disparidades geográficas en las tasas de paro; en los problemas con la gestión de las ofertas y demandas de empleo; en la insuficiente incorporación de la mujer al mercado de trabajo; en la extrema debilidad de las políticas de empleo, tanto en
relación con nuestras necesidades derivadas de la tasa de paro más elevada de Europa, como respecto a la situación en el resto de la Unión Europea. La reforma laboral realizada por ustedes unilateralmente decía impulsar la creación de empleo,
especialmente a partir de tiempo parcial, y favorecer la contratación de mujeres y jóvenes. Para nosotros -lo dijimos entonces y lo repetimos ahora-, la reforma contiene aspectos muy negativos, como la modificación del contrato a tiempo parcial, y
carece de las medidas imprescindibles para reducir la temporalidad y la rotación como una mejor redefinición de las causas para poder hacer contratos de duración determinada y adoptar medidas concretas para evitar el encadenamiento abusivo de los
contratos temporales. La temporalidad en el año 2001 sólo se ha reducido tres décimas con respecto al año anterior. La tasa media se situó en el 31,7 por ciento y presenta aspectos estructurales que se siguen manteniendo absolutamente intactos.
Por un lado, cerca del 82 por ciento del empleo temporal se concentra en 17 ramas de actividad, si bien la excesiva temporalidad afecta en términos
relativos a todas las ramas. Sólo tres ramas de la actividad reúnen el 50 por ciento de los contratos eventuales -estamos hablando de agricultura, de hostelería y de otras actividades empresariales-, mientras que la construcción y otras
actividades empresariales relacionadas con ese mundo concentran cerca del 60 por ciento de los contratos de obra o servicio.
Por otra parte, la temporalidad sigue afectando sobre todo a los jóvenes, a ese colectivo también denostado de tanto hablar
de ellos y que igualmente luce mucho, como el de las mujeres; sin embargo, el 50 por ciento del total de los trabajadores temporales son jóvenes menores de 30 años. Ese es el futuro que ustedes les prometen a los jóvenes y, aunque es verdad que en
menor medida, la situación de las mujeres no es precisamente mucho mejor que la de los jóvenes. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
En nuestra opinión, la elevada temporalidad está asociada a una intensa rotación y a este encadenamiento brutal de los contratos temporales, un encadenamiento que en la misma empresa afectó en el año 2001 a cerca de un millón de trabajadores
y trabajadoras, es decir, al 24 por ciento del total de los trabajadores temporales. Este fenómeno también está concentrado en 10 ramas de actividad y, de hecho, sólo la construcción y el comercio al por menor agrupan el 25 por ciento del total de
los trabajadores afectados. La reforma supuso una importante ampliación del contrato indefinido, fomentando el empleo generalmente de mujeres y de personas desempleadas que llevaban más de seis meses en el paro, y además se recuperó la bonificación
de las cuotas empresariales para la transformación de contratos temporales en indefinidos, incluido el de tiempo parcial; aspectos que han contribuido a mantener durante el año 2001 el peso de la contratación indefinida, incluido el contrato
ordinario, sobre el total de la contratación registrada incluso con un aumento respecto al año anterior en el que se produjo un estancamiento.
Pero no hay que olvidar, señorías, que el salto fuerte de la contratación indefinida se produjo a partir
de la reforma pactada de 1997, pasando del 4 por ciento de entonces al actual 9 por ciento. Lo que consigue la reforma del año 2001 es mantener -por ser generosos- dicha tónica. Lo que ha sucedido es que las empresas han sustituido la realización
de contratos indefinidos iniciales por conversiones al volver a estar éstas bonificadas. El problema es que el incentivo a la conversión fomenta la utilización del contrato temporal como contrato de entrada a la empresa frente al contrato
indefinido. Iba a decir frente al contrato clásico, pero, por el camino que van ustedes, va a dejar de serlo. Es lo que ha sucedido durante el año 2001 con los jóvenes desempleados, que han visto reducir en 170.000 los contratos indefinidos
iniciales respecto tan sólo al año 2000. Sin embargo, en nuestra opinión, el contrato indefinido ordinario mantiene un crecimiento sostenido, independientemente de las sucesivas reformas y de la mayor apertura realizada en el 2001 al contrato de
fomento de empleo. Incluso este año se han registrado en el INEM más contratos ordinarios a jornada completa que iniciales de fomento, lo que parece confirmar que el coste de la indemnización por despido es más secundario para las empresas que las
propias bonificaciones que ustedes les ofertan. La contratación indefinida ha sido meramente testimonial en el caso de los perceptores de prestaciones de desempleo, del REASS y de la renta activa de inserción, que son otros colectivos para los que
la reforma estableció bonificaciones. Se ha frenado el crecimiento de los contratos indefinidos ordinarios entre las mujeres, especialmente en los contratos a jornada completa, tal vez debido a un cierto trasvase hacia el tiempo parcial como
consecuencia de la supresión del límite del 77 por ciento de la jornada para estos contratos más que por la apertura realizada al contrato de fomento para el colectivo de las mujeres.
La mayor intensidad de la reforma recayó en el contrato a tiempo parcial, reforma que no ha aumentado por el momento la relevancia de esta forma de empleo, como tampoco lo hizo la pactada entre sindicatos y Gobierno a finales de 1998. La
tasa de empleo a tiempo parcial sigue situada en torno al 8 por ciento, independientemente de cuál sea la regulación legal del contrato. Si la reforma produce un aumento de los contratos registrados a tiempo parcial es debido, por una parte, a la
supresión del límite de jornada ya mencionado y, por otra, a las bonificaciones establecidas para la conversión de cualquier tipo de contrato temporal, incluidos los de jornada completa. Pero tampoco en este caso la última reforma mejora
sustancialmente la estabilidad por encima de lo conseguido en la breve vida de la reforma pactada con los sindicatos en 1998. Se pasó del 6,2 al 10,6 de contratos indefinidos; ahora estos contratos suponen tan solo el 11,6 por ciento. Comparando
ambas reformas, la del año 2001 que no ha conseguido reducir el crecimiento de los contratos temporales y del empleo a tiempo parcial, cosa que sí hizo la reforma anterior, y la actual tasa de crecimiento del empleo indefinido, que se sitúa en el 15
por ciento, hay que decir que es menor que la producida tras la reforma de 1998, que se situaba en el 20 por ciento. En definitiva, la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular no ha conseguido ninguno de los objetivos por los que
supuestamente fue puesta en marcha; no ha reducido la temporalidad y no ha resuelto el encadenamiento de contratos porque detrás de la reforma no había voluntad política ni medidas destinadas a resolver estos problemas. Así se lo hicimos saber
entonces y así lo constatamos hoy. Lo que sí hace su reforma es mantener la contratación indefinida en niveles parecidos a los alcanzados en la de 1997, pero, vuelvo a insistir, por las bonificaciones establecidas, especialmente las recuperadas
para la conversión de contratos temporales en indefinidos. Queda demostrado que los límites a la extensión del contrato a tiempo parcial en nuestro país
no están en su regulación legal, que fue el argumento que utilizó el Gobierno del Partido Popular para producir su desregulación, sino en la competencia que hace al contrato a tiempo parcial el alto volumen de empleo temporal y precario. En
una palabra, el resultado de su aplicación -cada vez más frecuente- del rodillo parlamentario y del desprecio más absoluto al diálogo social ha sido el fracaso político. Deberían aprender del pasado para resituar su posición en la reforma del
desempleo. Están a tiempo. Su reforma, además de inútil para solucionar el insoportable problema de la temporalidad, ahonda en la regresividad y precariedad de nuestro mercado laboral, segmentando aún más a la población trabajadora.
Su propuesta
no sólo no nos nos gusta a nosotros, sino que no les puede gustar a los que están en paro, ni a los que son susceptibles de estar en paro, ni a los que han estado en el paro; y como en este país casi nadie se libre del paro -sólo se libran
determinadas clases privilegiadas que no tienen que ir al mercado de trabajo-, ya sabemos todos que su reforma es un fracaso.
La proposición que nosotros traemos a esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene, señoras y señores del Partido Popular, el objetivo de reconducir el fracaso de su reforma, introduciendo instrumentos que
de verdad tiendan a reducir grandes males como la temporalidad y a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Pretendemos definir los grupos de empresa, restaurar obligaciones registrales que maticen la autonomía del empresariado, redefinir
los contratos formativos, el contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo. En una palabra, señoras y señores del Gobierno, pretendemos frenar la vulnerabilidad de las relaciones laborales, la sucesión de contratos, la segmentación del mercado
de trabajo y una flexibilización que ha concebido un mercado laboral a la carta para que los empresarios sigan galopando sobre sus ganancias sin importarles en absoluto cuál es la vida de sus trabajadores. Sinceramente, señoras y señores del
Partido Popular, esto se ha convertido en un nuevo trágala inaceptable para las trabajadoras y trabajadores de este país y para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Castro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el mes de marzo del pasado 2001, el Gobierno del Partido Popular aprobó el decreto de reforma del mercado laboral. Fue una oportunidad para tomar medidas que resolvieran lo que todas las fuerzas coincidíamos en señalar como el
principal problema del empleo: la alta tasa de temporalidad. Una tasa de temporalidad que en el Estado español es muy superior a la registrada en la Unión Europea: el 31,6 frente al 13,8 en Europa. Una situación que incide de forma especial en
dos importantes problemas sociales: el primero, la baja calidad del empleo en las mujeres y los jóvenes, donde se concentra el mayor porcentaje de temporalidad, lo que supone menos derechos laborales y peores condiciones que el resto de
trabajadores y, un segundo problema, relacionado con la siniestralidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras temporales y subcontratados que tienen el triple de accidentes que las personas fijas. Esa oportunidad no se aprovechó y el
Gobierno apostó por un modelo de competencia empresarial basado en bajos costes laborales y en un mercado de trabajo centrado en la precariedad del empleo. Para resolver estos problemas había que tomar medidas en el siguiente sentido: reducción de
la contratación temporal, precisando sus causas para conseguir que un trabajo fijo sea realizado por un trabajador con un contrato fijo, hay que buscar que los contratos temporales salgan realmente más caros que los indefinidos; incorporación de
medidas normativas y económicas efectivas que limiten el encadenamiento abusivo de los contratos temporales de cualquier modalidad; y, por último, limitación por ley de la abusiva práctica de la subcontratación, revisando el carácter de contrato de
obra y servicio que tanto repercute en la temporalidad y en la siniestralidad.
Desde Chunta Aragonesista apoyaremos cualquier fórmula para buscar formas de integración de mujeres, jóvenes, inmigrantes, parados de larga duración, etcétera, sin que suponga una merma de sus derechos laborales.
No podemos resignarnos a
pensar que deben tener menos salario, menos protección social o un despido más barato para tener un empleo. Por estas razones daremos nuestro voto favorable a esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En los últimos años el Gobierno ha emprendido diversas reformas laborales que, aprovechando un ciclo económico alcista, han coincidido con periodos de generación de empleo cuyos efectos se demuestran ahora con toda crudeza. Se insistía en
la necesidad de modificar las rígidas estructuras laborales para lograr mayor movilidad en el mercado de trabajo y con ello ganar en creación de empleo neto. Ahora que han transcurrido 5 años desde la reforma inicial de 1997, complementada
por la de 2001, observamos que se ha comenzado a destruir empleo, como demuestra la EPA del primer trimestre de 2002. Además, el empleo que se ha creado después de las reformas laborales es precario, con menos garantías para los
trabajadores. Por lo que respecta a Galicia -a pesar del cambio metodológico de la EPA que no cuenta con las personas que no buscan empleo activamente-, se detecta una diferencia de 36.700 parados más entre el cuarto trimestre de 2001 y el primer
trimestre de este año, es decir, el desempleo creció un 29,6 por ciento, alcanzando la cifra de 163.000 personas. Ante estos datos, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego es impropio que se hable de éxito de las reformas laborales, de
que las mismas sirvan para crear más y mejor empleo o de que la flexibilización del mercado de trabajo sirva para propiciar las condiciones necesarias para incorporar al trabajo a más personas.
La presente iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende modificar la legislación laboral para que en el Estatuto de los Trabajadores se vuelva a recoger una regulación más equitativa en determinados contratos temporales,
que han sido retocados por el Gobierno en la última reforma laboral sin contar con el acuerdo de los agentes sociales. El Bloque Nacionalista Galego considera positiva esta iniciativa, pues ante un escenario de recesión económica o por lo menos de
reducción de beneficios empresariales, la actual laxitud normativa en determinados contratos temporales puede dar lugar a extinciones de contratos de forma masiva, sin que haya beneficios sociales para los trabajadores. Además, consideramos
positivo que se retome este debate al tratarse de un colectivo de trabajadores cada vez más importante, al situarse la tasa de temporalidad en comunidades autónomas como Galicia en torno al 34,2 por ciento. De aprobarse esta iniciativa estaríamos
recogiendo mejoras en las regulaciones de trabajo de casi un tercio de los trabajadores por cuenta ajena de Galicia, así como de muchos trabajadores del Estado español.
Ante la evidencia de que con la aprobación de esta iniciativa saldrá beneficiada una inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras y como demostración de nuestro apoyo a una política laboral diferente de la que practica el Gobierno del
Partido Popular que restaure una posición justa y adecuada a los trabajadores y trabajadoras en las relaciones de trabajo, vamos a votar a favor de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Esta iniciativa de Izquierda Unida se produce en un momento en el que el debate abierto en el Estado por el decreto que aprobó el Gobierno la semana pasada poco o mucho condiciona las discusiones que podamos tener los próximos días en esta
Cámara. Izquierda Unida, como cualquier grupo parlamentario, está absolutamente legitimado para traer al Pleno sus alternativas en cualquiera de las políticas que el Gobierno desarrolla.
La toma en consideración de esta proposición de ley
constituye el núcleo duro, el eje vertebrador de las políticas que en el ámbito de la legislación laboral impulsaría Izquierda Unida en el caso de que tuviese capacidad para conformar mayorías. Desde este punto de vista, no podemos criticar el
ejercicio legítimo de plantear sus alternativas, pero si aterrizamos en ese debate abierto desde este viernes, incluso desde antes, supongo que todos coincidiríamos en que lo responsable sería esperar al debate que vamos a tener dentro de unas
cuantas semanas, intuyo que el día 13 de junio, cuando la Cámara se ha de pronunciar sobre la convalidación de ese real decreto que el Gobierno ha aprobado. Aunque fuera por esa razón formal, hoy no corresponde tomar en consideración esta
proposición de ley de Izquierda Unida. Más allá de este aspecto formal, que todos compartiríamos, nos parece importante destacar dos aspectos.
Primero, desde 1996, y con la excepción del año pasado, las propuestas que esta Cámara ha aprobado en materia laboral de modificación del Estatuto de los Trabajadores o de la Ley general de la Seguridad Social han ido precedidas de un amplio
consenso con la mayoría o con una parte al menos de los agentes sociales. Esta ha sido una de las características de los debates que sobre estas materias hemos tenido en esta Cámara. En términos generales, ese conjunto de reformas ha sido
positivo. Hoy todos criticamos en parte la propuesta que el Gobierno ha aprobado el pasado viernes, precisamente por no ser fruto de ese diálogo. Esta iniciativa de Izquierda Unida, de la cual yo no dudo que se habrá discutido con los agentes
sociales con los que este grupo debe tener mayores sintonías, también nos llega sin ese aval del acuerdo social. Eso no quita legitimidad al conjunto de los grupos políticos, a Izquierda Unida o a Convergència i Unió para traer a la Cámara sus
propuestas. La capacidad de iniciativa de los agentes no puede ser con menoscabo de nuestra capacidad de iniciativa, pero, en coherencia con la posición que hemos mantenido en esta legislatura, no nos parecería razonable la toma en consideración de
esta iniciativa.
Existe una segunda consideración: hacer frente a los retos que tiene en materia de empleo nuestra sociedad, fundamentados aún en la persistencia de importantes tasas de paro -continuamos siendo el Estado de la Unión Europea con la mayor
tasa de paro-, nuestra relativamente baja tasa de actividad -lo situamos en función de los objetivos marcados en Lisboa-, nuestro alto índice de precariedad -somos de los Estados de la Unión Europea con un mayor número de contratos
de carácter temporal- y nuestra mayor tasa de siniestralidad, a pesar de que en los últimos meses han empezado a aparecer datos que nos indican que estamos empezando a corregir esos elementos. No entendemos que este conjunto de cuestiones,
que constituyen los elementos negativos de nuestra situación de empleo, puedan encontrar respuesta, desde un punto de vista legislativo, en la introducción de una mayor rigidez en nuestra normativa de carácter laboral.
Nos parece que crear empleo, luchar contra la precariedad, aumentar nuestra tasa de actividad y ser capaces de luchar contra la siniestralidad laboral no va a pasar en los próximos años por introducir en el Estatuto de los Trabajadores
elementos que no faciliten la creación de empleo. El gran reto que tiene marcada la sociedad española, así como lo tiene marcado el conjunto de la Unión Europea, es ser capaces de hacer compatible la flexibilidad que hoy exigen las nuevas maneras
de organizar nuestras empresas con un suficiente nivel de protección social, combinando flexibilidad y seguridad. Si alguna crítica podríamos hacer a la propuesta que nos plantea el Gobierno o a la que nos plantea Izquierda Unida es que hay un
desequilibrio entre el binomio flexibilidad-seguridad.
Por todo ello nuestro grupo no va a apoyar esta toma en consideración y porque no nos parece oportuna en el momento en que se produce, a escasos días de un debate parlamentario importante sobre la convalidación del real decreto, por
coherencia con la exigencia de que las propuestas lleguen como resultado del diálogo social y, finalmente, quizá también por la discrepancia de fondo en un planteamiento demasiado rígido que introduce la propuesta de Izquierda Unida. En todo caso,
bienvenido todo aquello que nos estimule al debate en esta materia.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos debatiendo hoy aquí una cuestión que está influyendo poderosamente en la realidad social y económica de España, que está centrando el debate político más importante en lo que va de legislatura y que forma parte del
conflicto en que hoy se desenvuelven las relaciones entre sindicatos y Gobierno. Ese es, desde nuestro punto de vista, el fin por el que Izquierda Unida presenta esta proposición de ley. Podemos tener mayor o menor grado de acuerdo con esta
proposición, pero lo que no se puede hacer en esta Cámara, señorías, independientemente de lo que hagamos dentro de unos días, se vote favorable o negativamente la convalidación de un decreto-ley, es no debatir las cuestiones esenciales que hoy en
día se están debatiendo en la calle y que están repercutiendo en las relaciones Gobierno y sindicatos.
Hablamos hoy, por tanto, de un mal funcionamiento del Ministerio de Trabajo y de la merma de derechos que están padeciendo los trabajadores españoles como consecuencia de la reforma laboral de hace un año y el decretazo del viernes pasado.
Yo les digo, señorías, que en vez de debatir las cuestiones desde el grito patriótico o desde la insidia contra los sindicatos, el Gobierno haría muy bien con ser un poco más honesto con la realidad y darse cuenta de que después de hacerse en España
más de 14 millones de contratos en los últimos 12 meses -que nos lo recuerda mucho el Gobierno-, hay actualmente 100.000 parados más este mes que en el mismo mes del año pasado.
En los últimos días he oído hablar mucho de fraude y he oído al presidente del Gobierno preguntar en esta Cámara si es lógico que las personas que están trabajando tengan que pagar a los que no quieren trabajar. Una pregunta, señorías, que
resulta una formidable acusación contra el mismo Gobierno que preside, porque es ilegal que cobre el desempleo quien no quiere trabajar, y si esto ocurre, es responsabilidad de la Inspección de Trabajo, que depende del Gobierno. Señorías, voy a
darles un dato del propio Gobierno. Según los datos del año 2001 del Instituto Nacional de Empleo, se hicieron en nuestro país 578.000 controles de desempleo. De estos, se abrieron 20.000 expedientes, resultando sancionados 14.000, el 1,14 por
ciento de fraude en las prestaciones por desempleo. Y me podrán decir: Pero es que hay más. Pues muy bien, que la Inspección de Trabajo, que depende del Gobierno, actúe. Si no actúa, será responsabilidad suya por no hacer las cosas como hay que
hacerlas.
Frente a estos datos, yo quiero dar otro: de cada dos contratos temporales inspeccionados, uno estaba hecho en fraude de ley. Ahí es donde está el fraude, señorías. Pero de ese fraude no quiere hablar el Grupo Parlamentario Popular. ¿Por
qué no se denuncia este fraude? ¿Por qué el señor Aznar y los señores ministros no hablan de este fraude? Muy fácil: porque saben ustedes perfectamente que quienes cometen este fraude no son los trabajadores, y es más fácil acusar al más débil.
Como he dicho anteriormente, Izquierda Unida presenta una proposición de ley en la que vemos puntos positivos y puntos negativos. Yo les digo, señorías -incluidos los diputados del Grupo Popular, que, según dicen, tratan de mejorar el
mercado de trabajo con un nuevo decretazo-, que si de verdad están todos ustedes conformes en que el mercado de trabajo no funciona adecuadamente, en que se están haciendo contratos temporales fraudulentos continuamente y que hay que poner coto a
todo esto, votemos a favor de esta proposición de ley y entre todos, con nuestras enmiendas, tratemos de conseguir que las cosas funcionen bien.
Hay una cosa que me sorprende de este Gobierno -hay muchas, pero esta es una de ellas-, y es que se quejan ustedes de que se convoque una huelga general durante la presidencia española de la Unión Europea y apelan a los intereses de España.
¡Ni que fueran contradictorios con los intereses de todos los españoles! Pero le voy a decir otra cosa: ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han hecho esta huelga mucho más grave que la convocada por los sindicatos durante la presidencia
europea, y se lo voy a explicar. En la cumbre de Barcelona se acordó dar entrada a los agentes sociales, sindicatos y empresarios, en la formulación de los planes de empleo, y así se recogió en las conclusiones del presidente Aznar en ese consejo.
Pues bien, pocas semanas después, acabada la cumbre, el Gobierno aprobó el Plan de empleo de España sin haberse reunido ni una sola vez con los agentes sociales. ¡Eso es diálogo! ¿Cabe más huelga que esa? ¿Cabe una mayor hipocresía? El Gobierno,
desde que tiene la mayoría absoluta, se ha olvidado continuamente del diálogo social. Hace un año el Gobierno aprobó una reforma laboral sin contar con los sindicatos, en la que abarató el despido y desreguló el contrato a tiempo parcial que había
pactado el entonces ministro señor Pimentel con los sindicatos. Fue la primera bofetada del Gobierno al diálogo social.
Ahora, en este glorioso semestre de la primera presidencia europea del señor Aznar, le ha dado la segunda bofetada reduciendo
la protección por desempleo, en vez de ampliarla. Por eso no deja de ser hipócrita acusar a los sindicatos de utilizar la presidencia para convocar una huelga general, cuando ha sido el propio Gobierno el que ha utilizado la presidencia para colar
el decretazo.
¿Por qué quiere este Gobierno reformar el desempleo? ¿Por qué una reforma, cuando al seguro de desempleo le sobra medio billón de pesetas con el que está financiando las cuotas empresariales a la Seguridad Social, además de las nóminas del
INEM? ¿Por qué esta reforma, cuando lo que el mercado laboral está reclamando a gritos es que se controle el mal uso que se está haciendo de la contratación temporal? ¿Por qué esta reforma, en vez de una mejor ordenación de las relaciones
laborales que corrija los abusos de la sustitución de trabajadores fijos, mayores de 50 años, por jóvenes con Seguridad Social bonificada y con despido basura? Sencillamente, señorías, porque les interesa esta precarización y porque no quieren
reconocer que su reforma laboral, la que hoy intentamos cambiar, ha sido un fracaso y ha aumentado el número de contratos temporales y el número de parados. Y porque el Gobierno ha demostrado que es incapaz de atajar el fraude en la contratación
temporal.
Señora presidenta, quiero decir por último que la apuesta del Gobierno español es un modelo laboral barato, precario, flexible y desregulado como factor clave de competitividad, y esto es lo mismo que hacía Abundio: vender el coche para
comprar gasolina, es decir, pan para hoy y hambre para mañana. Así es como se ha devaluado nuestro marco sociolaboral y como hemos venido perdiendo puestos en el ranking europeo de competitividad. ¿Dónde ha quedado Lisboa, señorías?
El análisis de nuestro mercado de trabajo debe hacerse, cualitativa y cuantitativamente, mirando a la Unión Europea y estableciendo políticas para aproximarnos a las medidas y a las exigencias de la Unión para el año 2010. Desgraciadamente,
nuestro país tiene muchos récords negativos con respecto a los países de la Unión Europea. Ya se han mencionado aquí algunos: máxima tasa de paro en la Unión Europea: 11,4 por ciento España, 7 por ciento la Unión Europea; máxima tasa de paro
juvenil: el 22 por ciento España respecto al 15 por ciento de la Unión Europea; máxima tasa de paro femenino: un 21 por ciento; mínima tasa de actividad: 53,6 por ciento por el 61 de la Unión Europea; mínima tasa de actividad femenina: 41 por
ciento; máxima tasa de eventualidad: 32 por ciento respecto al 13 por ciento de la Unión Europea; máxima tasa de rotación en los contratos temporales: el 57 por ciento de los contratos son inferiores a tres meses; mínima tasa de empleo a tiempo
parcial: 8 por ciento respecto al 18 por ciento de la Unión Europea, y una altísima siniestralidad. Podría continuar.
Señorías, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos innovar y modernizar nuestro marco laboral. Por ello venimos proponiendo importantes iniciativas sobre empleo, empresas y leyes reguladoras de las relaciones laborales,
mientras el Gobierno impone políticas neoliberales, desregulatorias y antisindicales. Porque el mercado laboral necesita un cambio profundo y una adaptación a las recomendaciones de la Unión Europea, vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque
creemos que con ella y con las enmiendas que podamos presentar mejoraremos mucho más las cosas que dedicándonos a llamar irresponsables y antipatriotas a los sindicatos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Velasco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, asistimos a un nuevo debate sobre las relaciones laborales en España y he asistido a una presentación de esta proposición de ley por parte de la señora Castro con un discurso caótico, un discurso al que nos tiene
acostumbrados y que hemos venido escuchando repetitivamente a lo largo de las dos últimas legislaturas.
Afortunadamente, no hemos hecho mucho caso de esos discursos caóticos, y esa omisión ha propiciado que nuestro país haya creado en los últimos
cinco años casi tres millones de
empleos. Tasas del 35 por ciento de temporalidad y tasas del 24 por ciento de desempleo, eso fue lo que nos encontramos cuando el Partido Popular comenzó a gobernar. Han sido varias las reformas que se han acometido y cuyo relato hemos
tenido ocasión de escuchar en este trámite parlamentario. La reforma de 1997, que introduce un nuevo contrato para el fomento de la contratación indefinida y modifica la regulación de los contratos formativos y de la contratación temporal, en los
términos propuestos por los interlocutores sociales. La reforma de 1998, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en relación con el contrato a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad, propiciado por acuerdo entre el Gobierno
y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, dirigido a fomentar la utilización de la contratación indefinida a tiempo parcial, equiparándola en derechos laborales y de seguridad social a la contratación a jornada completa. La reforma del año pasado,
tan criticada por todos los grupos parlamentarios, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que consolidó en la legislación laboral el contrato para el fomento de la
contratación indefinida, introdujo limitaciones y garantías adicionales en los contratos temporales, la indemnización de ocho días de salario por año de servicio y el incremento de cotización por contingencias comunes en un 36 por ciento cuando la
duración sea inferior a siete días, e introdujo además garantías en el régimen jurídico del contrato a tiempo parcial, para dar un mayor impulso y dinamismo a esta modalidad contractual.
Todas estas reformas fueron acompañadas en los programas anuales de fomento de empleo por bonificaciones en las cotizaciones sociales de los contratos de carácter indefinido, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, de aquellos
colectivos especialmente afectados por el desempleo.
Y todas estas reformas han producido efectos muy positivos en términos globales respecto de la creación de empleo y la reducción del paro en el quinquenio 1997-2001. En consecuencia, llama la
atención que algo bueno ven el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el resto de los grupos parlamentarios cuando la proposición de ley se limita a los contratos formativos, en prácticas y para la formación, y el contrato a tiempo
parcial. No se incluye ninguna medida respecto a contratos de duración determinada, ni sobre la indemnización a su finalización, ni sobre la cotización adicional cuando no se superan los 7 días, aspectos que sí fueron abordados el año pasado por la
Ley 12/2001.
Igualmente, habrá que poner de manifiesto la importancia de los agentes sociales en la regulación de las relaciones laborales. Sus señorías han olvidado citar que a finales del año 2001, CEOE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT suscribieron
el acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva en el año 2002. En el capítulo II, apartado tercero de este acuerdo, que lleva por título criterios en materia de empleo, se establecen una serie de objetivos, entre otros, mantener el empleo
contribuyendo a evitar ajustes traumáticos, así como incrementarlo y fomentar su estabilidad. Los agentes sociales señalan que el objetivo de estabilidad en el empleo no es óbice para el mantenimiento de un marco de contratación temporal y que la
legislación laboral permite a la negociación colectiva adaptar las diferentes modalidades contractuales a las necesidades actuales y previstas que se plantean en las empresas. Nos dicen los agentes sociales que resulta por tanto conveniente que los
convenios colectivos asuman un papel protagonista fomentando el uso adecuado de las diferentes modalidades de contratación, de forma que las necesidades permanentes de las empresas se atiendan a través de contratos indefinidos; las necesidades
coyunturales, mediante la contratación a tiempo parcial, y las necesidades formativas o de inserción, mediante las modalidades contractuales que tengan ese carácter.
Entrando en el contenido de la proposición de ley que hoy nos han planteado, respecto a la atribución a los grupos de empresas de la condición de empresarios, que además incluye la definición que se contiene en la proposición de ley, los
grupos de empresa han sido definidos por la jurisprudencia. Pero al margen de esta regulación, la que propone S.S. es insuficiente porque no tiene en cuenta las consecuencias que se podrían derivar en cuanto a la responsabilidad empresarial en
materia de subcontratación de obras o servicios, en materia de sucesión de empresa, de representación de los trabajadores o de negociación colectiva. La definición se separa además de la existente en materia de derechos de información y consulta de
trabajadores en empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Es regresiva en relación con la definición que se propugna en el ámbito de la Seguridad Social en el anteproyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social, que da una nueva redacción al artículo 127.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La adición de un nuevo apartado h) al artículo 4.1 del Estatuto de los Trabajadores estableciendo como derecho laboral el de
estabilidad en el empleo, viene a complementar el artículo 35 de la Constitución, el derecho constitucional al trabajo, configurando el derecho al trabajo como el derecho al trabajo indefinido, lo que, si bien es aceptable desde el punto de vista de
la doctrina jurídico-laboral, deja sin legitimidad a las modalidades contractuales de carácter temporal.
En cuanto a la modificación de los artículos 8.2 y 8.5 del Estatuto de los Trabajadores exigiendo forma escrita para todos los contratos de duración determinada -ahora se exige a partir de cuatro semanas- e información sobre los elementos
esenciales del contrato que debe darse por escrito, sea cual sea la duración -que también se exige a partir de las cuatro semanas-,
entendemos que es una regulación excesivamente rígida y que va más allá de lo establecido en la Directiva 1991/533.
Respecto a la nueva regulación que proponen para los contratos en prácticas y para la formación, entendemos que la nueva regulación que proponen para el contrato en prácticas desfavorece la contratación de discapacitados, puesto que eliminan
ustedes la posibilidad de la contratación de trabajadores discapacitados en el quinto o sexto año posterior a la obtención del título habilitante. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Se reduce además el juego de la negociación colectiva en
materia de período de prueba.
En cuanto al contrato para la formación, se vuelve a la definición de estos colectivos que estaban establecidos ya en el año 1997, eliminando los nuevos colectivos que se han incluido en la reforma del año pasado.
Se reducen las
posibilidades de negociación colectiva respecto del número de contratos para la formación a realizar y respecto de su duración.
En lo que respecta a la modificación que proponen para el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato a tiempo parcial se regula prácticamente en los mismos términos de dicho estatuto, según la redacción que le daba el Real
Decreto-ley 8/1997, separándose de la regulación del Real Decreto-ley 15/1998, que se basó en el acuerdo sobre trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad concluido en noviembre de 1998 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales más
representativas. Suprime los elementos innovadores de flexibilización que se han venido introduciendo en esta modalidad contractual para dar respuestas a las necesidades del mercado de trabajo y a las de carácter personal, familiar, formativo y
profesional de los trabajadores a tiempo parcial. Se separa de la directiva en aspectos tales como que los trabajadores a tiempo parcial tengan los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo o que la conversión de un contrato a tiempo
parcial en contrato a tiempo completo o viceversa tenga siempre carácter voluntario para el trabajador. Prohibe las horas extraordinarias, incluso las que tengan por objeto la prevención o reparación de siniestros o daños extraordinarios o
urgentes, y no regula las horas complementarias. Pero es que además establecen ustedes dos aspectos que necesitan algún comentario.
Respecto a la base de cotización a la Seguridad Social y demás aportaciones que se recauden conjuntamente con aquella que estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, que es lo que
ustedes piden, esta especificación no constituye ninguna novedad, sino que se aprueba anualmente en desarrollo de lo establecido en esta materia en las órdenes ministeriales del Ministerio de Trabajo que en enero desarrolla la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
Por último, señorías, he de decirles que los comentarios respecto a la justificación de la huelga convocada como consecuencia de la aprobación del decreto sobre regulación del desempleo no nos convencen en absoluto.
Entendemos que la
convocatoria de huelga realizada por las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT, a la que han hecho una nueva convocatoria esta tarde tanto el representante del Grupo Socialista como la representante del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, poco o nada tienen que ver con la nueva regulación de la protección por desempleo. Es más una huelga política de intento de crispación de la sociedad, pero este país ha creado en los últimos cinco años casi tres millones de empleos
y se ha reducido la tasa del desempleo del 24 por ciento al 11 por ciento, y eso es algo que SS. SS. también deberían valorar a la hora de hacer discursos caóticos y descalificadores.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la regulación de las relaciones de trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 109; en contra, 168; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA AMPLIAR EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PERMISO DE CONDUCIR DE LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES.
(Número de expediente 162/000494.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES PARA ACTUALIZAR Y ADECUAR A LOS AVANCES DE LA MEDICINA Y A LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS POSIBLES, LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR POR PARTE DE
LOS DIABÉTICOS. (Número de expediente 162/000466.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE MODIFICACICÓN DE LOS PLAZOS PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL PERMISO
DE CONDUCIR POR LOS ENFERMOS DE DIABETES. (Número de expediente 162/000480.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE MEDIDAS PARA ELIMINAR EL TRATO DISCRIMINATORIO QUE SUFREN LAS PERSONAS CON DIABETES EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES. (Número de expediente 162/000484.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), SOBRE MODIFICACIÓN DEL VIGENTE REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES (REAL DECRETO 772/1997) PARA EVITAR EL TRATO DISCRIMINATORIO A LOS DIABÉTICOS EN LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL PERMISO DE
CONDUCIR. (Número de expediente 162/000501.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
De acuerdo con la ordenación del debate, efectuada en la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente las siguientes iniciativas: En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso para ampliar el periodo de vigencia del permiso de conducir de las personas que padecen diabetes, junto con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del reglamento general
de conductores para actualizar y adecuar a los avances de la medicina y a los tratamientos médicos posibles, la obtención del permiso de conducir por parte de los diabéticos. Asimismo, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) sobre modificación de los plazos para la obtención y renovación del permiso de conducir por los enfermos de diabetes. Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre medidas para eliminar el trato discriminatorio que sufren
las personas con diabetes en el reglamento general de conductores y por último la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre modificación del vigente reglamento general de conductores para evitar el trato discriminatorio a los
diabéticos en la obtención y renovación del permiso de conducir. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos el debate, por lo cual ruego a quienes vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy debatimos cinco proposiciones no de ley, todas ellas muy similares en su contenido, tanto en lo que son los motivos que las fundamentan como en los propios textos resolutivos, y es que todas ellas responden a una preocupación
compartida por los distintos grupos parlamentarios, preocupación que nos han trasladado las personas que padecen diabetes a través de sus asociaciones y federaciones, en el sentido de que las exigencias de renovación del permiso de conducir para las
persona diabéticas insulinodependientes son excesivas, y hoy en día, con los avances médicos que se han producido, no tiene razón de ser un período de vigencia del permiso tan corto, que es seis meses en el caso de los conductores profesionales y un
año en el caso de los no profesionales.
Los grupos que hoy presentamos estas iniciativas, así como otros que aunque no han presentado una proposición de ley en el mismo sentido sí que han demostrado también su sensibilidad y su posición al respecto en el debate de otras
iniciativas, nos hemos hecho eco de esa preocupación y de las reivindicaciones planteadas. Por ello solicitamos la modificación del Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de conductores, con objeto de
ampliar los plazos requeridos para la renovación del permiso de conducir de aquellos titulares del mismo que padecen diabetes.
Ahora bien, en lo que se refiere al permiso de conducir, a los requisitos exigidos para la obtención del mismo, a los plazos de vigencia, a las limitaciones específicas que se exigen a determinadas personas por razón, por ejemplo, de padecer
una enfermedad, hemos de tener siempre presente y no olvidar un valor fundamental como es el de la seguridad vial. Se trata, por tanto, de regular esta materia de forma prudente y equilibrada, garantizando que las personas que son titulares de un
permiso de conducir reúnen, además de los conocimientos, los requisitos psicofísicos necesarios. Ello hace que en algunos casos, como es el que hoy debatimos, el de las personas que padecen diabetes, haya que establecer unas limitaciones
específicas en cuanto a la vigencia del permiso de conducir, que se les exijan unos períodos de renovación más frecuentes, pero a la vez hay que tener en cuenta la situación real de las personas que padecen esa enfermedad, los avances médicos que se
han venido produciendo en el conocimiento y en el tratamiento de la misma, así como en las medidas de formación y autocontrol de quienes la padecen, de manera que sin poner en peligro ese valor a proteger, que es la seguridad vial, se establezcan
exigencias adecuadas y sobre todo proporcionadas. En este sentido, teniendo en cuenta precisamente esos avances que se han producido, que mejoran sustancialmente la calidad de vida de las personas afectadas por diabetes, permitiendo que puedan
participar con normalidad en las distintas actividades de la vida, parece sensato y prudente que se proceda a una ampliación de la vigencia del permiso de conducción.
Las propuestas que hoy presentamos son fruto del diálogo que se viene desarrollando por parte de las asociaciones y de las federaciones de personas con diabetes, con representantes de los distintos grupos parlamentarios,
con el Gobierno, fundamentalmente a través de la Dirección General de Tráfico, así como de la Subsecretaría de Interior. Ese diálogo se ha traducido en una gran sensibilidad hacia esa problemática, y prueba de ello es que ya en diciembre
del año pasado, en la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, debatimos y aprobamos por unanimidad una proposición no de ley presentada por el señor Saura, que aceptó en ese momento una transacción ofrecida por el Grupo Parlamentario
Popular. En ella instábamos al Gobierno a continuar el diálogo ya iniciado con asociaciones y federaciones de diabéticos con el fin de adecuar la legislación vigente a las necesidades específicas de las personas que padecen esta enfermedad.
Por otra parte, y también fruto de esa sensibilidad ante el mayor esfuerzo económico que tienen que hacer determinadas personas, como son los diabéticos, puesto que han de renovar su permiso de conducir con una frecuencia mucho mayor a la
establecida con carácter general, el Gobierno introdujo en la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado una bonificación de la cuantía de la tasa, que creo recordar que era del 80 por ciento en el caso de que aquella renovación
fuera únicamente por un período de un año o plazo inferior a un año. Asimismo, el Gobierno, fruto de ese proceso de diálogo y de los informes aportados por la Sociedad Española de Diabéticos, ha iniciado la reforma del reglamento general de
conductores, proponiendo una ampliación de la vigencia del permiso de conducir. En ese sentido, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, en respuesta a una pregunta de una senadora del PNV, señalaba que se ha propuesto una
ampliación hasta cuatro años respecto a los conductores diabéticos insulinodependientes no profesionales, a los que ahora mismo se les exige la renovación anual del permiso; y respecto a los conductores profesionales se propone un período de
vigencia máximo de un año, cuando en estos momentos es de seis meses, siempre, por supuesto, que el médico competente no recomiende un plazo inferior en razón de las condiciones específicas de esa persona. Con estas propuestas, según tengo
entendido, estarían de acuerdo los afectados.
Yo creo que vamos por buen camino. Las reivindicaciones que nos plantean las personas afectadas por diabetes en el nuevo contexto del conocimiento y tratamiento de esta enfermedad son prudentes. La reforma iniciada por el Gobierno, sin
poner en peligro la seguridad vial, tiene en cuenta las nuevas circunstancias, los nuevos avances médicos que se han producido, y hoy damos un paso más al debatir estas proposiciones no de ley, un paso más que es fruto nuevamente del diálogo al
haber acordado estos cinco grupos que hemos presentado una proposición no de ley de características, y sobre todo de finalidad similar, un texto único, un texto transaccional por el que instamos al Gobierno a modificar en el plazo de seis meses el
real decreto al que ya me he referido con objeto de ampliar los plazos que se exigen para la renovación del permiso de conducir de las personas que padecen diabetes, texto que en su contenido íntegro obra ya en poder de la Mesa.
Quiero concluir esta intervención expresando la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular ante lo que para nosotros es la culminación de ese proceso de diálogo que ya se inició hace meses con todas esas personas afectadas de diabetes, con
los distintos grupos parlamentarios y con el Gobierno, Como fruto de ese diálogo, como digo, hoy podemos aprobar por unanimidad ese texto que hemos consensuado entre todos y contribuir a que las exigencias que se efectúan con relación a estas
personas con esta enfermedad sean acordes con la situación que realmente tienen en la actualidad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta. Con su permiso.
Quiero que mis primeras palabras, aunque existe una enmienda transaccional, sean una referencia para aquellas personas que a través de sus representantes en la Liga Europea de Diabéticos, de la Federación Española de Diabéticos y de la
Sociedad Española de Diabéticos han estado luchando y trabajando durante años para conseguir lo que parece que hoy puede ser un hecho: la modificación del reglamento general de conductores del año 1997. El Grupo Parlamentario Socialista ha tenido
muy en cuenta esta lucha permanente que han mantenido estas asociaciones y la Liga Europea de Diabéticos no sólo ahora sino desde el año pasado, cuando en ponencia y comisión se trató el tema importantísimo de la reforma del texto articulado de la
Ley de tráfico y seguridad vial y posteriormente, y de forma más específica, en la Comisión de Justicia e Interior. Es decir, ya hace tiempo que presentamos esta problemática porque creíamos que era de justicia y porque no podíamos permitir que se
produjera durante más tiempo el agravio comparativo tan tremendo entre las personas diabéticas y aquellas otras personas que no padecen esa enfermedad y sin embargo pueden tener otras enfermedades más graves sin las reticencias ni restricciones que
tienen los diabéticos. Concretamente lo que proponemos es la modificación del anexo IV, punto 8, del reglamento general de conductores, debido fundamentalmente a la obsolescencia en la que ha caído esta disposición legal ante la evolución de la
ciencia médica, el perfeccionamiento de las técnicas de autocontrol y la actualización de la cultura de los afectados, en este caso los diabéticos, que en los últimos años han modificado positivamente su calidad de vida. De no modificarse
estaríamos creando, como decía antes, una situación de agravio y marginación hacia las personas que padecen diabetes.
El actual reglamento de conductores, señorías, nació en el año 1997 y nació viciado. Nació viciado porque no tuvo en cuenta, a la hora de redactarse, la opinión de los colectivos de diabéticos, que podrían haber proporcionado una
información y un asesoramiento importante a las autoridades y sin embargo no se les escuchó ni se les consultó. El actual reglamento de conductores discrimina social y económicamente a las personas diabéticas, en el primer caso restringiéndoles sin
base científica la vigencia del permiso de conducir y en el segundo ocasionándoles unos gastos y perjuicios económicos que el resto de los ciudadanos no soporta, incluso, como decía antes, los que padecen otras enfermedades más graves. Paso a
enumerar uno y otros: reducción del tiempo de vigencia a un año o seis meses según el tipo de carné de conducir que se quiera obtener o renovar; hacerse las fotografías correspondientes para el carné de conducir; cumplimentar toda la
documentación requerida por las jefaturas provinciales de Tráfico; el pago de las tasas para cada renovación a la Jefatura de Tráfico y a los centros de reconocimiento médico; el pago del certificado del endocrino; solicitar los permisos de
empresa con el consiguiente perjuicio, como mínimo dos días, y el examen en el centro de trabajo sobre las habilidades en la conducción. Pues bien, todos estos perjuicios se les ocasionan a los diabéticos en un año y en seis meses, y tienen que
hacer frente a todos estos gastos. Paradójicamente, en este país, donde hemos aprobado unas normas restrictivas para los diabéticos, sin embargo no existe una base científica de investigación como en otros países (Inglaterra y Estados Unidos) en la
que pueda relacionarse la accidentalidad en vehículos a motor y el padecimiento de diabetes; tampoco se ha hecho en España un estudio estadístico de causa de muerte en accidente de tráfico. Así lo reconoce el propio Instituto Nacional de
Estadística y obran en mi poder sendos escritos dirigidos a la Federación de Diabéticos Españoles por la presidenta y el director general de dicho instituto que lo corroboran.
Ante el inmovilismo injustificado de la Dirección General de Tráfico a la hora de tomar decisiones en esta materia, se hace necesario que se adopten medidas para modificar el reglamento de conductores, sin que ello presuponga la no exigencia
de garantías médicas suficientes que a la hora de conducir un vehículo deban ser observadas por las personas que padezcan diabetes. Es necesario justificar nuestra propuesta y para ello hemos de acudir a los informes de los expertos, no muchos en
España, pero sí necesariamente a dos, uno inglés, el doctor MacLeod, y otro, el doctor Alberto Lecube, médico del hospital Vall d'Hebrón de Barcelona. El doctor británico, MacLeod, en un estudio efectuado en Inglaterra sobre las condiciones médicas
y su contribución a los accidentes de tráfico, y en respuesta a la segunda Directiva de la Unión Europea 91/4389, sobre restricciones para el permiso de conducir a los diabéticos, dice que el alcohol es el factor más importante en los accidentes de
tráfico y que en filmaciones de dos mil accidentes implicando colisiones frontales la epilepsia fue la causa más común, interviniendo en el 39 por ciento de los choques; la diabetes intervino en el 16,5 y el infarto fue la causa en un 10 por
ciento. Como decíamos antes, en España no existen estadísticas al respecto, sin embargo en Estados Unidos y en Inglaterra, donde sí existen, se ha llegado a la conclusión de que el incremento en las restricciones de conducción impuestas a todos los
conductores diabéticos tratados con insulina no dieron como resultado una mejora significativa de la seguridad vial. La hipoglucemia está implicada en la etiología de un pequeño número de accidentes de tráfico entre pacientes tratados con insulina,
pero el índice total de accidentalidad en este grupo no excede significativamente el dato para los conductores no diabéticos. El profesor y doctor Albert Lecube dice que en ninguno de los estudios epidemiológicos que han revisado las enfermedades
que sufrían las personas implicadas en accidentes de tráfico, tanto en España como en otros países, se ha podido demostrar que ni los diabéticos en general ni los tratados con insulina en particular tengan más accidentes de tráfico que las personas
sanas o con otras patologías. Sin embargo, como decía antes, es necesario tomar ciertas medidas precautorias, y así es conveniente que en los viajes prolongados se efectúen controles de glucemia capilar a intervalos cortos, parar de forma regular
para hacer las comidas y evitar la toma de alcohol.
Que nosotros aprobemos hoy intentar que se modifique el reglamento de conductores, que lleguemos a una transaccional instando al Gobierno a que se cumplan una serie de medidas que favorezcan a estos enfermos, no quiere decir que abandonemos
ni por un momento las medidas precautorias y médicas que deben adoptarse para que se garantice la seguridad vial, no solamente de esas personas sino también de los que pueden estar enfrente.
Siguiendo estas recomendaciones, y salvo el consejo del
endocrinólogo, debe solicitarse a las instancias adecuadas que se iguale a los diabéticos con el resto de conductores cuando deseen obtener o renovar el permiso de conducir. Los actuales períodos de renovación no están justificados al ser incierto
que los diabéticos se vean involucrados en un mayor número de accidentes de circulación. Como ya se sabe, actualmente están limitadas las vigencias a seis meses o un año. Por otra parte, la revisión anual o semestral a la que se obliga al
diabético no va a reducir el número de hipoglucemias que pueda presentar mientras conduce. Lo más importante, sin duda, son las campañas de educación vial que recuerdan a los ciudadanos que cuando se conduce deben seguirse unas normas básicas de
comportamiento y precaución útiles tanto para los diabéticos como para los no diabéticos.
Para terminar, y en armonía con lo manifestado por la Sociedad Española de Diabéticos, la Liga Europea de Diabéticos y la Federación de Diabéticos Españoles, y dando cumplimiento también a la Directiva 2000/56, de la Unión Europea, que a su
vez modifica otra, la 91/439, quiero dar lectura a lo que sería nuestra propuesta literal, con el fin de que quede bien clara nuestra posición. Dice: En relación con las personas afectas de diabetes comprendidas en el grupo I del anexo IV del
reglamento de conductores, siempre que sea preciso el tratamiento antidiabético se deberá aportar un informe médico favorable. En el caso de tratamiento con insulina el período de vigencia del permiso de conducir será de cuatro años. En el grupo
II los afectados de diabetes mellitus tipo 1 y quienes requieran tratamiento con insulina, aportando informe favorable de un endocrinólogo, podrán obtener o prorrogar el permiso de conducir por un año. En las demás situaciones que precisen
tratamiento con antidiabéticos orales se deberá aportar también informe favorable de un especialista y el período de vigencia del permiso de conducir será de tres años. En cualquier caso, consideramos que dada la periodicidad, más de lo normal, a
que están sometidas estas personas que padecen diabetes, habrá de contemplarse una reducción en las tasas. También sería conveniente que el Gobierno diera las órdenes oportunas, a fin de que los centros de reconocimiento valoraran especialmente el
riesgo de hipoglucemia de los pacientes diabéticos y que la Administración, en colaboración con las sociedades científicas, elaborara unos folletos informativos para los pacientes para que puedan ser distribuidos en los centros sanitarios.
Esto es, a grandes rasgos, lo que nosotros consideramos que se debe contemplar en el real decreto que modifique el reglamento de conductores, a fin de que estas personas, que tanto han sufrido durante estos años, puedan tener un tratamiento
exactamente igual que el resto de los humanos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez Garrido.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a principios del año 2001 la Asociación de Diabéticos de Girona inició una campaña de sensibilización sobre el trato discriminatorio que sufren las personas diagnosticadas de diabetes para renovar el carné de conducir, en el
sentido de que el actual reglamento general de conductores aprobado por el Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, establece la obligatoriedad de renovar el permiso de conducir cada año si la persona diabética precisa tratamiento con insulina y cada
seis meses los que siendo insulinodependientes tienen licencia de conducir del grupo C y D. La campaña iniciada en Girona consistió en mandar cartas al Ministerio de Interior y a la señora ministra de Sanidad solicitando la reforma de la ley y
denunciando además que el trámite actual sólo representa gastos económicos y pérdida de tiempo, ya que los reconocimientos médicos a los que se les somete son meramente formales, pues ni los centros disponen de médicos endocrinos para hacer un
análisis detallado ni se solicita a la persona afectada que lo aporte. Las cartas que se mandaban a los ministerios decían que los diabéticos no son un peligro social y solicitaban que se modificase la ley. Las más de 6.000 cartas que sólo en la
provincia de Girona se cursaron a los ministerios no fueron suficientes para convencer a los responsables políticos de la conveniencia de modificar el real decreto. Por consiguiente, la campaña que se había iniciado en Girona se extendió, a través
de la Asociación de Diabéticos de Cataluña, al territorio de Cataluña y al País Vasco, en que las asociaciones respectivas fueron las más combativas y las que de alguna manera lideraron el problema en el conjunto del territorio del Estado español.
El éxito que las asociaciones de diabéticos de Cataluña y el País Vasco alcanzaron en sus territorios incentivó a que los responsables de estas asociaciones encomendasen a la Federación Española de Diabéticos difundir la campaña por todo el
territorio.
Señorías, así fue, y esta campaña mediática, contundente, respetuosa, de concienciación, podemos decir que ha tenido un éxito importante. Si todos los grupos políticos presentamos hoy una iniciativa en este Parlamento no es fruto de la
casualidad. Mi grupo parlamentario reconoce, y yo en concreto, que el hecho, anecdótico pero cierto, de que fuera en Girona donde se iniciara la campaña posibilitó sensibilizar a la opinión pública sobre este tema de manera muy temprana, antes de
que la campaña fuese más divulgada. Pero es evidente que hoy en día cinco grupos parlamentarios han presentado una propuesta que, como decía la señora Torme, persigue el mismo fin. Algunos, como defendía el diputado del Grupo Socialista, quizá
entran más en el detalle de cómo se debería modificar el reglamento y otros, como mi propio grupo parlamentario, consideramos que lo importante es dejar claro que las asociaciones y la federación, de acuerdo con el ministerio correspondiente,
lleguen a establecer unos plazos por consenso, plazos que por supuesto deben ser muy superiores a los actualmente establecidos, pero también respetuosos con las características de cada una de las personas afectadas. Probablemente, la mejor manera
que tenemos hoy de ayudarles desde la Cámara es no reglamentar excesivamente el modo de operar y dejar que sea el colectivo, que al fin y al cabo es el protagonista real de esta iniciativa, el que llegue a acuerdos con el ministerio correspondiente.
Señorías, hoy todos los grupos hemos firmado una transaccional, transaccional con la que por descontado
mi grupo está conforme, puesto que recoge prácticamente la literalidad del texto que nosotros presentamos. Y pensamos que el motivo de felicitación es doble, puesto que, gracias a esta proposición no de ley, que estoy segura que no será un
simple brindis al sol, pues estoy convencida de la voluntad política del Gobierno -todos los grupos así lo vamos a refrendar- de llegar a formalizar lo que hoy aquí se va a instar, esta iniciativa posibilitará que el colectivo de personas afectadas
por la diabetes vivan la situación de tener un carné de conducir con entera normalidad, que es lo que realmente corresponde a los que padecen esa enfermedad. La medicina ha avanzado muchísimo, así como el sistema de salud de nuestro país, siendo
hoy en día precisamente las personas que viven más controladas las que de alguna manera son conscientes de que padecen una enfermedad crónica, pero la controlan y la viven de manera normal. Tanto es así que existen estudios del año 1998 efectuados
en Inglaterra -digo esto para aliviar la preocupación que pueda tener algún grupo parlamentario respecto a la seguridad de los diabéticos al volante- que demuestran que precisamente tienen menos accidentes que el resto de las personas. Esto es
lógico, señorías, ya que se trata de personas a las que se les ha diagnosticado una enfermedad y son conscientes de que tienen que controlarse con toda seguridad, porque les va la vida y su salud en ello, no se permiten algunas licencias que otras
personas que no padecen dicha enfermedad a veces inconscientemente sí se permiten antes de ponerse al volante. Por tanto, señorías, tranquilidad absoluta, puesto que hoy aquí no estamos cometiendo ninguna insensatez; al contrario, estamos
posibilitando que un importante colectivo de personas pueda vivir su situación sin agravio comparativo, algo que no responde a la realidad de cómo conllevan su normalidad. Además, estamos evitando una discriminación que, como he dicho al principio
y como denunciaba el propio colectivo, no tan sólo, que también, es gravosa económicamente y no tan sólo, que también, les ocasiona múltiples perjuicios, como pérdida de tiempo, etcétera, sino que además es totalmente ineficaz para conseguir el fin
que se persigue. Nadie, no nos engañemos, por estar sometido a estos controles iba mejor provisto de lo que, en función de sus peculiaridades, necesita de tratamiento. Se trataba de un puro trámite formal, a nadie se le pedía un informe de un
endocrino, por lo que lo más sensato que podemos hacer hoy en la Cámara es ajustar la realidad legal a la actualidad que la sanidad permite para estas personas y a lo que es su modo de vida. Además, como decía, podemos celebrarlo dos veces, porque
en el fondo esta también es una victoria de todo el sistema de salud, que ha conseguido que muchas personas que antes llevaban una vida muy mermada por sus características patológicas hoy la puedan vivir en plenitud de facultades, no debiendo ser
considerados en ningún momento ciudadanos de segunda.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, defiendo una proposición no de ley en el sentido que han expresado los y las anteriores portavoces: evitar la discriminación de las personas con diabetes en el reglamento general de conductores, es decir, en la
renovación de permisos.
En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a las federaciones y a las asociaciones de diabéticos; seguro que hoy no estaríamos debatiendo aquí esta iniciativa sin su trabajo, sin sus campañas. También quiero recordar que en diciembre de
2001 se aprobó en la Comisión de Justicia e Interior una propuesta de Iniciativa per Catalunya-Verds, donde ya se instaba al Gobierno a que modificara el reglamento general de conductores en lo que hace referencia al permiso de conducir;
posteriormente, el propio Gobierno nos ha contestado que está trabajando sobre una revisión de cuatro años para el grupo primero de diabéticos y de un año para el segundo. Los argumentos que en diciembre de 2001 se daban para proponer en aquel
momento aquella iniciativa -que se aprobó- son los mismos que voy a dar hoy, de forma muy breve y que ya se han expuesto. Se trata de un reglamento con unas condiciones claramente discriminatorias para estas personas, que no tiene en cuenta la
evolución ni los avances sanitarios y científicos y, por otra parte, tampoco se conoce personalmente a las personas que tienen diabetes. Aquellos que tenemos amigos o familiares en esta situación somos conscientes de que, hoy, estas personas pueden
conducir en las mismas condiciones de seguridad que las demás. Hay una ignorancia en la sociedad, y también en el reglamento, con relación a este tipo de enfermedades que es lo que ha determinado que, hasta ahora, el permiso de conducción para
estas personas sea de seis meses o de un año.
La iniciativa de hoy en el sentido de que el Gobierno en seis meses presente una modificación es positiva y también la transaccional que hemos acordado es de continuar dialogando, pero quisiera destacar dos puntos. Primero, que a nuestro
entender el diálogo ha sido insuficiente; ha habido una sola reunión en la que la Dirección General de Tráfico ha hecho saber el contenido de las modificaciones. Sería importante seguir dialogando, que se desarrolle un diálogo profundo que de
alguna manera pueda mejorar lo que hoy es ya la propuesta de modificación. Segundo, la experiencia de esta modificación y de la propia campaña demuestra que es fundamental que los sectores afectados, en este caso las asociaciones de enfermos
diabéticos, tomen la iniciativa e impulsen propuestas legislativas como ésta,
que va a significar una clara mejora para el conjunto de personas que tienen esta enfermedad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, 25 años son demasiados, y es lo que tiene el reglamento que afecta al asunto que estamos tratando; el colectivo de afectados no es una minoría, porque, según parece, hay más de 2.500.000
personas diagnosticadas y otro millón sin diagnosticar; es decir, que estamos hablando de más de tres millones de personas afectadas. En Andalucía, el censo de diabéticos diagnosticados supera las 440.000 personas. Con esto quiero decir que
estamos hablando de un colectivo muy numeroso afectado por una normativa demasiado antigua. No hay que reflexionar mucho para saber cómo vivía un diabético en el año 1977, cómo vive ahora mismo y cómo puede vivir el año que viene. Los avances de
la medicina van a tal velocidad que un diabético, con los mecanismos de autocontrol, hace una vida perfectamente normal, con actividades cotidianas, entre ellas la conducción. Además, señoría, indicaría otra cuestión, la responsabilidad de la
persona. No sé por qué hay que examinar cada 4 años a una persona, que es responsable de sí misma y de esa enfermedad, cuando las llamadas personas normales tampoco pueden conducir sin dormir y nadie los examina para comprobar si van dormidos, no
pueden conducir si no se encuentran bien, tienen fiebre y están malos y nadie los controla para ver si están malos o no. Hay que dejar una capacidad de decisión personal al individuo, que es responsable de sus actos, para ver su propio estado de
salud, y no hay persona que siga más detenidamente su estado de salud que un diabético, que lo sigue por horas.
De forma que me sumo al consenso de la Cámara. Los andalucistas vamos a apoyar, como no puede ser menos, esta moción, sobre todo porque da un plazo al Gobierno. Deberíamos de tener un Parlamento mucho más ágil y, a la velocidad que van las
cosas hoy día, responder con más rapidez. No obstante, hoy es un día en el que estamos de acuerdo y hemos puesto un plazo bastante razonable, por lo que hoy este colectivo debe de sentir la satisfacción de que la Cámara al completo ha sido sensible
a sus peticiones.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi formación política no ha presentado hoy una iniciativa en relación con esta cuestión. Sin embargo, su preocupación por ella es antigua y así consta en el 'Diario de Sesiones'. Ya en el año 1998 presentamos enmiendas a los
presupuestos generales intentando que las tasas que tenían satisfacer por la renovación tan constante de su permiso de conducir pudiesen verse reducidas. Si el valor que se protege con la obtención obligatoria de un permiso o licencia para poder
conducir es el valor seguridad vial, nos parecía que a quien padecía determinadas dolencias o a quien se cree, tutelando un interés público, que tenía que renovarlo con mayor frecuencia, no podía salirle más caro que al resto de los ciudadanos, por
lo que proponíamos una fracción consistente en la tasa que satisfacía por este concepto entre el número de veces que tenía que renovarlo para que quedase proporcional a la tasa que cotiza, en razón de esta renovación del permiso, un ciudadano
llamemos normal, sin ningún tipo de padecimiento físico. Señorías, en aquel entonces -quiero manifestar que fruto de una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Popular, con el que entonces nos era más fácil negociar que ahora-, la tasa
quedó reducida a la mitad de lo que era; aunque no era lo que nosotros pretendíamos -dividirlo en 6 periodos-, hubo una notable mejora para las personas que tienen este padecimiento.
Desde allí a aquí -tal como han manifestado quienes me han precedido en el uso de la palabra-, la medicina y la tecnología han avanzado sensiblemente en relación con el tratamiento de esta dolencia. Hoy en día es admitido por todos, por la
comunidad científica, por la sociedad médica e incluso los propios enfermos que padecen esta dolencia así lo manifiestan, que están en perfectas condiciones para tener unas circunstancias normales en cuanto a los periodos de renovación. Tomando en
consideración la iniciativa, en los términos en los que consta la enmienda transaccional aprobada por todas las formaciones políticas, no hacemos sino justicia a quienes en este momento se ven en una situación más desfavorecida, cuando -repito- lo
que se intenta es tutelar el valor seguridad vial, que en modo alguno ellos ponen en cuestión dadas las posibilidades de control de la dolencia que existen hoy, por lo que no existe ninguna razón atendible para que se encuentren en situación
distinta a la del resto de los ciudadanos. Modifiquemos esta traba que pesa sobre los enfermos de diabetes, para lo que desde luego se contará con el voto favorable de mi formación política.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere manifestar que siempre es una buena noticia para los ciudadanos que en el Parlamento adaptemos la legislación a las expectativas sociales, en este caso de un colectivo
social muy amplio, el de afectados por la diabetes.
En esta Cámara damos, pues, cumplida respuesta a una expectativa importante de un amplio colectivo social, que tiene otras expectativas que tendremos que tratar de resolver aquí mismo.
En el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida celebramos la transaccional que ha planteado el Grupo Popular con el resto de los grupos y felicitamos a todos los grupos sin excepción por el consenso alcanzado en esta materia.
Esperamos tener la misma suerte que hemos tenido hoy con la señora Torme, ponente del Grupo Popular, cuando tratemos otros temas también vitales para este amplio colectivo social y de los que viven muy pendientes, como es el de la experimentación
con fines científicos de las células madre embrionarias que pueden permitir no solamente que se les dé el permiso de conducir más tiempo, sino que va a cambiar fundamentalmente su vida. Solamente quiero felicitar a los grupos, agradecer a la
ponente del Grupo Popular, la señora Torme, su capacidad de diálogo y su interés por llegar a esta transaccional y espero que sigamos trabajando en esta línea pues es el buen camino.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Iniciamos la votación de las iniciativas que han sido debatidas en los términos de la enmienda transaccional que, suscrita por los grupos proponentes, se ha hecho llegar a la presidencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 281.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS. (Número de expediente 162/000038.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Olmedo. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego a quienes vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio y de la manera más rápida posible.
Adelante, señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, necesariamente volvemos a traer a debate la violencia de género, una realidad que, aunque está afectando a los derechos más fundamentales -como son el derecho a la vida y el derecho a vivir sin violencia- de un número importante de
mujeres, todavía no se aborda con el nivel de compromiso que requiere un problema de esta gravedad. La violencia contra las mujeres es universal, ningún país, ninguna cultura ha podido escapar de ella. En todo el mundo se estableció durante
demasiado tiempo una sociedad patriarcal que otorgaba a los hombres, incluso en las propias leyes, ese derecho -en algunas zonas del mundo todavía sigue siendo así-, lo que ha perpetuado la histórica dominación masculina y ha impedido el pleno
desarrollo de las mujeres.
Según Naciones Unidas, la violencia contra la mujer es una de las causas más importantes de enfermedades y muertes, produce un fuerte impacto psicológico y destruye su capacidad de obrar, generando un aumento en los intentos de suicidio, en
procesos depresivos y de personalidades desarticuladas e inseguras. Por una serie de intereses, creencias y prejuicios, esta violencia ha estado oculta, escondida, reducida a un problema privado, que no requería, por tanto, ninguna actuación
política y, por eso, desde el movimiento feminista siempre se ha luchado por sacarlo a la luz pública. El que este grave problema haya pasado a ser de reconocimiento general y esté en la agenda política constituye una conquista de muchas mujeres
que, desde mediados de los años setenta, trabajaron para conseguirlo.
Las primeras declaraciones de organismos públicos fueron en 1975, cuando Naciones Unidas llamó la atención sobre la gravedad de la violencia de género, declarando 1975 como año internacional de la mujer.
En España, en 1983, a raíz de la creación del Instituto de la Mujer, el trabajo y el apoyo de los colectivos de mujeres fueron los que impulsaron la puesta en marcha de las primeras campañas de sensibilización, la elaboración de materiales
educativos, los primeros centros de acogida, las primeras circulares, los cursos y los centros específicos de atención dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No es lícito por tanto, señorías, que el Gobierno y el Grupo Popular
digan que hasta que no llegaron ellos no se había hecho nada. Primero, porque no es verdad; segundo, porque es una falta de respeto hacia todas aquellas personas que llevan muchos años trabajando en estos programas, y, tercero, porque no es ético
hacer demagogia con este problema, que más bien requeriría un consenso general de todos los grupos políticos.
Desde 1983 hasta la actualidad, cada vez se han ido implicando más organismos e instituciones en este problema. Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos han puesto en marcha numerosos recursos, se han hecho importantes reformas
legislativas y se han
aprobado planes de actuación para avanzar en la erradicación de la violencia. El primero fue aprobado por el Gobierno andaluz el 17 de febrero de 1998 y el segundo por el Gobierno español el 30 de abril del mismo año, a los que han seguido
los de la mayoría de las comunidades autónomas.
Aunque todos estos avances hay que valorarlos, en el Grupo Socialista estamos convencidos de que es necesario dar un paso más, tanto a nivel europeo, donde es urgente la aprobación de directivas relacionadas con esta violencia, como a nivel
nacional, que debería pasar por la aprobación de una ley específica. No negamos, señorías, las buenas intenciones que persigue el plan del Gobierno -su existencia en sí es positiva-, pero pensamos que su desarrollo no ha cumplido las expectativas
ni los objetivos que se anunciaron en su presentación, ya que, al margen de la difusión, las grandes declaraciones y algunas reformas legislativas, el plan no ha supuesto muchas cosas nuevas; básicamente ha consistido en recoger en un documento -y
en algunos casos ampliarlos- actuaciones y programas que en gran parte ya se venían realizando, es decir, las campañas, las investigaciones, los cursos de formación y las subvenciones a programas y centros de acogida.
Tampoco ha supuesto este plan, señorías, un esfuerzo económico, por mucho que se pretenda incluir como inversión el gasto de personal de policías y guardias civiles que cubren los servicios de atención a la familia y las 114 nuevas plazas
judiciales, como si estos jueces y esta policía atendieran exclusivamente casos de violencia. La mayoría del presupuesto invertido proviene bien del Fondo Social Europeo bien del porcentaje del 0,5 del IRPF que, como todos sabemos, son presupuestos
finalistas, que vienen directamente del impuesto sobre la renta.
En el Grupo Socialista creemos que es necesario realizar un mayor esfuerzo, ya que la realidad ofrece cifras muy preocupantes; yo voy a dar aquí algunas. Desde 1996 hasta mayo de este mismo año, en España fueron asesinadas cerca de 450
mujeres, sin contar con las que murieron un tiempo después de la agresión; a causa de ello también hay un número importante de mujeres que sufren importantes secuelas, tanto físicas como psicológicas. Por otra parte, las estadísticas demuestran
que, a pesar de las reformas legislativas -lo cual es grave-, las denuncias no tienen efecto, es decir, el agresor no es detenido. Salvo los casos de muerte o graves lesiones, la mayoría se resuelve en juicios de faltas, con penas irrisorias, sin
que se anote la condena en ningún registro, lo que sin duda afecta a que estos delincuentes no pasen a tener antecedentes penales.
Las últimas campañas han insistido en animar a las mujeres a denunciar.
Pensamos que es importante, pero al mismo tiempo es peligroso. ¿Por qué? Creemos que aumenta el riesgo de sufrir la agresión. De hecho, más del 90 por ciento de las
muertes se producen cuando las mujeres han iniciado un proceso de denuncia, de separación o de divorcio. Señorías, puede implicar una irresponsabilidad seguir animando a la denuncia sin garantizar una mínima protección, imprescindible en un Estado
de derecho, que yo creo que no puede llamarse así cuando una media de 6.000 personas, entre mujeres y niños, se sienten hasta tal punto desprotegidas y vulnerables que tienen que someterse a un régimen de refugiadas en su propio país. Sabemos que
la situación no es exclusiva de España, que afecta a todos los países del mundo. En el ámbito europeo se cuenta con una legislación que, aunque es adecuada a nivel de tipificación, no ha sido hasta ahora muy eficaz. Según los últimos estudios
realizados en el eurobarómetro, una de cada cinco mujeres residentes en la Unión Europea ha sufrido malos tratos.
Con la misma preocupación que la violencia de género tenemos que abordar, señorías, el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual, puesto que es un fenómeno que atenta igualmente contra los derechos humanos y que en los
últimos tiempos está creciendo de manera alarmante, ya que supone en la actualidad una de las mafias, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, más activa y que más beneficios genera. En el informe del Fondo de población de Naciones
Unidas, de septiembre de 2000, se dice que dos millones de niñas son introducidas cada año en el comercio sexual, y la Oficina Internacional de Migraciones cifra en 500.000 el número de mujeres que a través de estas mafias son introducidas cada año
en la Europa occidental; cifra que además parece que va aumentando constantemente. En nuestro país no tenemos datos oficiales de este tráfico, disponemos de algunos realizados en campos sectorializados, por lo que es difícil extrapolarlos a la
realidad.
Tampoco sabemos el número de sumarios procesales que tienen lugar por procesos de este tipo.
Pensamos que es grave que en el conjunto de la Unión Europea no exista una línea de actuación común ni con relación a la violencia de género ni con relación al tráfico sexual, lo que sin duda hace perder eficacia en todos los países. La
presidencia española, hasta ahora, se ha limitado a recoger las actividades realizadas en cada país, así como a elaborar una guía de buenas prácticas para paliar los efectos de la violencia contra las mujeres.
En el Grupo Socialista, creemos que la prioridad debería ser la de crear un marco legal más eficaz que destierre el clima de indefensión y la impunidad, tanto de los agresores como de las mafias, y mejore y aumente los recursos de ayuda a
las víctimas. La conferencia europea sobre la violencia, celebrada en nuestro país en abril de 2000, reunió a más de 300 juristas que aprobaron un documento conocido como la Declaración de Calviá. En ella se propone a la Unión Europea una serie de
medidas para avanzar en la solución de este problema. Algunas de ellas ya han sido recogidas con posterioridad a la presentación de esta proposición no de ley,
por lo que hemos presentado una transaccional modificando la propuesta inicial y recogiendo algunas aportaciones de los distintos grupos políticos, por lo que pido el apoyo de la Cámara a esta enmienda transaccional.
Ya para terminar, señora presidenta, quiero decir que en el Grupo Socialista pensamos que es necesario no sólo declaraciones y pronunciamientos, sino poner en marcha medidas más eficaces que, ante la gravedad de estos problemas, actúen con
el mismo compromiso, la misma determinación y la misma prioridad que se está teniendo con otro problema grave, como es el terrorismo, e impulse dentro de la Unión Europea una política común en todo lo relacionado con la violencia de género.
Señorías, creo que no podemos esperar, como si no se pudiera hacer nada más, la próxima muerte.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo, Coalición Canaria, valora de forma importante y positiva la iniciativa que hoy estamos debatiendo, porque, aunque no estamos ante un fenómeno nuevo, ya que es un fenómeno que persiste en el tiempo, y no estamos ante un
fenómeno que se padece aisladamente en nuestras fronteras, puesto que es un fenómeno que se da no sólo desgraciadamente en los países en vías de desarrollo sino también en los países desarrollados, lo cierto es que sigue siendo una lacra que afecta
a nuestra sociedad y que de alguna forma es la expresión más brutal de la desigualdad y de la discriminación de género. Evidentemente, esto merece una respuesta política y social contundente.
La primera de las enmiendas que hemos presentado se refiere a que el texto que se pudiese aprobar en la tarde de hoy diga en su preámbulo que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asumir y a impulsar ante las instituciones
pertinentes y especialmente durante la presidencia española de la Unión Europea. ¿Por qué decimos esto? Porque nos parece importante que los Estados miembros, en este caso el Estado español, desarrollen sus propias responsabilidades y competencias
en este ámbito pero también nos parece importante, como ya se está planteando en los foros de la Unión Europea que debaten esto, que, en el momento en que España está presidiendo la Unión Europea, asuma el papel de instar a avanzar en el camino de
tener una estrategia y una política de la Unión Europea en los temas de violencia de género, no sólo ante la mujer sino ante las niñas y niños, como bien dice la proposición no de ley.
En un reciente informe, en febrero de este año, de la Comisión de derechos de la mujer e igualdad de oportunidades hacia el concejo y hacia el propio Parlamento Europeo, se insiste y se hace una llamada de atención sobre la preocupación, por
una parte, por el incremento que se está produciendo de tratas de mujeres con fines de explotación sexual y, por otra, por el incremento de la violencia doméstica en numerosos países.
Asimismo, en este informe hecho por la Comisión se pide a la
Unión Europea que los países de la Unión y los países candidatos a la adhesión adopten medidas urgentes para prever sanciones penales adecuadas, para preparar mecanismos de apoyo y protección a las víctimas y para abordar las causas estructurales
que en última instancia son la pobreza y la precariedad femenina. En el apartado h) de las consideraciones de este informe se reflexiona sobre la coincidencia del proceso de ampliación con el de la expansión de la trata de mujeres con fines de
explotación sexual, sobre todo a través de la prostitución, e insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes en este sentido. También, desde nuestro punto de vista, se ve ampliamente justificada la urgencia y la necesidad de avanzar en una
política europea de este tipo debido a las actuaciones de las mafias organizadas en torno al tráfico de seres humanos en relación con la inmigración ilegal, que, como SS.SS. conocen, incide desgraciadamente en la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.
La segunda de nuestras enmiendas de adición va en este sentido, añadir dos puntos más a los puntos que están incluidos en la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista. Un primer punto que permita avanzar en que la Unión
Europea estudie la necesidad de incluir en la relación de delitos que se hace en el artículo 29 y 33 c) del Tratado de la Unión los delitos contra la vida, la integridad y la indemnidad física, psíquica y moral y contra la libertad sexual de las
mujeres. Nos parece importante que la Unión Europea avance en este sentido para que posteriormente se desarrollen directivas firmes y de obligado cumplimiento en los Estados miembros. Habrá que revisar si es necesario incluir como delitos los que
hemos comentado dentro de los apartados que ya he citado en relación con el Tratado de la Unión Europea. Y consecuencia también de la enmienda que presentamos es el segundo punto, donde planteamos la posibilidad de crear en el seno de la Unión
Europea la figura de una comisionada europea para la violencia de género, que tenga como competencia la vigilancia del cumplimiento de las directivas, de las resoluciones, de las decisiones, de los dictámenes y de las recomendaciones de las
instituciones y de los órganos comunitarios en materia de violencia de género. Y podría incluirse dentro de sus funciones recoger y tramitar denuncias relativas a esta materia y elevar las propuestas pertinentes a los órganos decisorios. Se trata
de avanzar en última instancia
en lo que se refiere a aspectos legislativos, a aspectos de directrices en el ámbito de la Unión Europea, pero también de incluir algún elemento de carácter operativo o de gestión que significara la existencia de una comisionada europea para
la violencia de género que pudiera después hacer un seguimiento del impacto y de las situaciones que se puedan dar en los Estados miembros, tanto en relación con lo legislado como en relación con las denuncias que a este menester se puedan producir.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem i Palmés.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán se ha pronunciado ya en anteriores y múltiples ocasiones acerca de este tema que hoy estamos debatiendo, pero queremos afirmar una vez más no sólo que compartimos la exigencia de seguir encontrando
soluciones, de seguir buscando instrumentos adecuados y eficaces para combatir hasta su erradicación este grave y complejo problema de la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, sino que consideramos que a la hora de diseñar estas
actuaciones, a la hora de diseñar estas políticas, se deben tener muy en cuenta cuantas propuestas o sugerencias se nos hagan desde las organizaciones y desde las asociaciones que están directamente implicadas en estos temas. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
Hoy precisamente estamos debatiendo una iniciativa que recoge las propuestas que hizo un grupo de 300 juristas procedentes de diversos países de la Unión y que se aprobaron en la conferencia europea sobre la violencia que se celebró en
Calviá en el mes de abril del año 2000. Son propuestas que se refieren tanto al ámbito del Estado español como al ámbito de la Unión, porque la violencia, que se ha constatado que es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la igualdad real
entre hombres y mujeres, es un problema generalizado en toda la Unión Europea, donde las estadísticas nos dicen que una de cada cinco mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a manos de sus compañeros. Y los estudios realizados en 1999 por el
lobby europeo de mujeres constatan también que en la Unión Europea entre un 20 y un 25 por ciento de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual. Estas reflexiones nos hubieran llevado a dar nuestro apoyo a la iniciativa que hoy estamos
viendo si la misma se hubiera visto en su momento, pero el tiempo transcurrido desde que se presentó, hace ahora dos años, concretamente en mayo del año 2000, exige a nuestro entender que su texto, sin modificar ni su espíritu ni los ámbitos de
incidencia, se adapte y se enriquezca con las iniciativas que afortunadamente ya se han adoptado tanto por la Administración del Estado como por las administraciones autonómicas y también en el ámbito europeo.
Me refiero a medidas todas ellas
aprobadas con posterioridad a mayo del año 2000, medidas contenidas en el II Plan integral contra la violencia doméstica, medidas contempladas también en el II Plan integral contra la violencia del género, aprobado por el Gobierno de la Generalitat
de Cataluña, a la estrategia marco comunitaria y al programa de acción, aprobados a finales del año 2000 para los años 2001-2005.
Podríamos simplemente afirmar que el contenido de la Declaración de Calviá ha sido ya en buena medida integrado en todas estas actuaciones que acabo de relacionar y en consecuencia no apoyar la iniciativa del grupo socialista. No obstante,
la importancia que mi grupo parlamentario concede al tema que hoy estamos viendo, erradicación de la violencia, hace que hayamos presentado una enmienda de sustitución, enmienda que propone unas medidas que tienen por objeto lo que creemos desde
Convergència i Unió que debe ser la continuación de Calviá, cumplimentar el desarrollo de las medidas que allí se aprobaron y que no se han recogido en los planes ya aprobados, por un lado, y, por otro, impulsar la pronta y efectiva ejecución de
aquellas que sí se han contemplado en los planes y programas que se han ido aprobando desde mayo del año 2000.
Nuestra enmienda de sustitución -paso a comentar su contenido- suprime en primer lugar el punto 1 de la iniciativa presentada, punto que reclama la incorporación del principio de igualdad de trato y de oportunidades en la Carta Europea de
Derechos Fundamentales, y lo hace porque, como todos ustedes conocen sobradamente, la misma se aprobó ya a finales del año 2000. Además, quedó efectivamente incorporado este principio de igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos en el
artículo 23 de la propia carta. Por lo que se refiere a la incorporación de la perspectiva de género en todo el sistema educativo, lo que sería el punto 2 de la iniciativa del Grupo Socialista, consideramos que el II Plan integral contra la
violencia doméstica lo ha incorporado ya de una manera amplia en las medidas preventivas y de sensibilización. Por eso, lo que se propone en nuestra enmienda de sustitución es que desde el Gobierno se impulse una pronta ejecución de estas medidas
que, como he dicho, están ya previstas. En lo que respecta al punto 3 de la iniciativa del Grupo Socialista, lo que nuestro grupo propone es que desde el Gobierno se impulse la adopción de una estrategia marco comunitaria específica en el tema de
la violencia de género, que se sumaría a la estrategia marco actual que aborda genéricamente la igualdad entre hombres y mujeres. A nuestro entender, esto no sería ni redundante ni contradictorio, ya que reproduciría el esquema adoptado en España,
en el que
coexiste un plan para la igualdad de oportunidades con un plan específico contra la violencia doméstica. En esta estrategia marco comunitaria podrían recogerse los resultados de los debates de la conferencia de Santiago de Compostela,
celebrada los pasados 18 y 19 de febrero. También podría recogerse el resultado de los debates de los acuerdos del Consejo de Ministros de Empleo y Política Social del pasado 7 de marzo y los resultados de las medidas adoptadas por cada uno de los
países miembros.
Y al Grupo Parlamentario Catalán le agradaría especialmente que se considerara como un objetivo operativo a tener en cuenta que las medidas preventivas recogieran el principio de que fuera focalizado el perjuicio en el agresor y no
en la víctima, de manera que, si no quieren, no sean las mujeres con sus hijos las que tengan que salir del domicilio después de una denuncia, sino que sean los agresores los que lo tengan que dejar.
El punto 4 de la iniciativa alude a un tema de capital importancia para aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia, especialmente de la violencia sexual, y es que con la legislación en materia de protección de testigos y peritos
se otorga al juez una facultad discrecional en la aplicación de tales medidas, de manera que, si la protección no se concede, una mujer que, por ejemplo, está denunciando una violación está facilitando a su agresor datos que hasta el momento de la
denuncia el agresor desconocía, tales como su nombre y su dirección. Esto puede propiciar, y de hecho propicia, que muchas veces la denunciante o su entorno sean objeto de amenazas o coacciones por parte del agresor, amenazas que se evitarían si
este hubiera desconocido la identidad de la denunciante. Por eso en nuestra enmienda proponemos una redacción más concreta que la de la iniciativa del Grupo Socialista, consistente en que el Gobierno estudie si, dentro de las medidas legislativas
que va a adoptar a tenor de lo aprobado en el II Plan contra la violencia doméstica, sería conveniente la modificación del artículo 1 de la Ley orgánica 19/1994, Ley de protección de testigos y peritos, de manera que las medidas de protección
contempladas en el artículo 2 de la ley se aplicaran siempre cuando se denuncia un delito de los contemplados en el artículo 57 del Código Penal. Así se evitaría la doble agresión que sufren hoy las víctimas; una primera cuando son objeto de la
propia agresión y una segunda y hasta una tercera y una cuarta cuando son coaccionadas y presionadas para que retiren su denuncia, con la amenaza incluso de mayores males para ellas o para sus familias.
Finalmente, y por lo que se refiere a las víctimas del tráfico ilegal de personas con fines de explotación sexual, en el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, de fecha por tanto también posterior a la Declaración de Calviá, se contempla ya
la protección de estas personas, incluyéndose la posibilidad de concesión de permiso de residencia en aquellos casos en que las víctimas colaboren o cooperen con las autoridades en la persecución de las redes organizadas. Nuestra enmienda va
encaminada a que se inste al Gobierno a continuar adoptando medidas, a estudiar la adopción de medidas protectoras también en los casos en que las víctimas no se atreven a denunciar por temor a represalias con ellas o con sus familiares, incluso en
sus países de origen. Asimismo nuestra iniciativa va encaminada a instar a que el Gobierno continúe impulsando la adopción de medidas de cooperación transfronteriza en materia policial y judicial que permitan una actuación conjunta y armonizada
contra las mafias que organizan y se lucran de este tráfico de personas.
Hasta aquí, señorías, nuestra enmienda de sustitución. Han presentado enmiendas también el Grupo Popular, el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Mixto. Por parte de la portavoz del Grupo Socialista se nos ha transmitido una propuesta que
recoge en una pequeña parte lo que nosotros habíamos propuesto en nuestra enmienda de sustitución. Nos ha anunciado asimismo el Grupo Popular que se va a ofrecer la posibilidad de llegar a una enmienda transaccional que recoja en buena parte lo que
hemos propuesto todos los grupos. En caso de que el Grupo Socialista recogiera esta enmienda que va a ofrecer el Grupo Popular, nosotros retiraríamos nuestra enmienda transaccional y renunciaríamos a lo que en ella proponemos, en aras a un texto
que todos podemos votar y que por tanto podría aprobarse. Si el Grupo Socialista no admite esta oferta del Grupo Popular, nosotros mantendremos la enmienda de sustitución, que vamos a votar afirmativamente, como no podía ser de otra manera en el
caso de que se apruebe, y en el caso de que no se apruebe íntegramente anunciamos ya nuestra abstención a una iniciativa que de alguna manera no podría concluir en un texto que todos pudiéramos votar y de esta manera pudiéramos aprobar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego coincide básicamente con la proposición no de ley relativa a la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, presentada por el Grupo Socialista. Con todo, cree necesario que se contemple una enmienda de
adición que iría destinada a que se pudiese promover la reforma del Código Penal, siempre previa consulta de las organizaciones feministas y de expertos juristas, con el objetivo de que la supresión alcanzase al concepto de habitualidad como
elemento constitutivo del delito de malos tratos. ¿Por qué razón hacemos esta propuesta? Porque, dentro
de las medidas que deben emprender los poderes públicos para combatir la violencia de género, entiende el BNG que quedan algunas reformas legales pendientes que presentan gran importancia, entre ellas la revisión de la habitualidad como
elemento integrante del delito de malos tratos.
Señorías, el concepto de habitualidad se encuentra presente en el artículo 153 del Código Penal aun después de la reforma por Ley orgánica 14/1999.
La consideración del concepto de habitualidad como elemento determinante para calificar los
hechos de agresión doméstica como delito, aparte de entrar en abierta contradicción o incoherencia con hechos constatables en la realidad social, produce efectos psicológicos y de antiseguridad de la víctima y de prepotencia en el agresor. Además,
consideramos que el término habitualidad no está definido jurídicamente. Los criterios jurisprudenciales son muy variados, dependen de la interpretación que cada audiencia o juez en general considere oportuna, provocando de ese modo inseguridad
jurídica y arbitrariedad en la toma de decisiones de los tribunales. En ocasiones puede llevar a que se rijan más por criterios ideológicos que legales. Estas son las razones de nuestra enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Seller, para la defensa de las enmiendas.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, venimos esta tarde a hablar de un tema de un extraordinario interés y al mismo tiempo de una gran sensibilidad por parte tanto de las instituciones como de la sociedad en general. En este tema tan difícil y tan complicado, que
genera tanto sufrimiento, como es la violencia para las mujeres y para los niños, hay determinadas opiniones de expertos que dicen que los orígenes de la violencia argumentan su razón en las vicisitudes de la niñez y que en ello influye en gran
medida el entorno social y familiar que les rodea. En palabras de uno de los más prestigiosos psiquiatras de nuestro tiempo, el doctor Rojas Marcos, la violencia se encuentra sin duda en las semillas que siembran los primeros años de la vida, se
desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos perversos en la adolescencia. Por contradictorio que ello parezca, precisamente el hogar, ese lugar de cariño, compañía, cuidado, afecto y sobre todo que cubre las necesidades básicas del
ser humano, puede ser sin embargo el mejor y más abonado terreno para las conductas violentas, a menudo repetidas y prolongadas, donde las víctimas, mujeres y menores, se sienten incapaces de escapar al control de agresores.
Desgraciadamente,
señorías, la evolución y el progreso no han contribuido decididamente a la erradicación del aspecto más sórdido y repulsivo de la conducta humana.
Uno de estos aspectos se expresa a través del patético calvario que sufren muchos menores, una estremecedora realidad que suele darse en el estrecho círculo familiar, un horror conocido con el nombre de síndrome del niño maltratado que
perdura tozudamente junto a otras expresiones también violentas, como son la psicológica y la sexual. Junto a esta sangrante realidad se desarrolla otra, aquella que padece un gran número de mujeres a manos de sus agresores, una violencia rodeada
de desesperación, cuyo escenario habitual sigue siendo el hogar. Viene cargada de destrucción y aprovecha la vulnerabilidad de la víctima, que en el caso que nos ocupa es la mujer, hiriendo su dignidad, su mente y su cuerpo, produciendo en
ocasiones la muerte. Ambas situaciones comportan realidades aberrantes.
Como no puede ser de otra forma, la coincidencia es plena en lo que se refiere al reconocimiento de la magnitud de la problemática como lo es también la preocupación y el
deseo de seguir avanzando sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, poniendo todos los medios al alcance para la erradicación de esta aberrante violación de derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas. No en vano el programa DAFNE, que nació
al amparo de la decisión 293, del año 2000, del Parlamento Europeo, marca el establecimiento de una serie de medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, adolescentes y mujeres.
Del mismo modo, señorías, cuando el Gobierno aprobó en mayo de 2001 el II Plan contra la violencia doméstica, con vigencia hasta el año 2004, ya llevábamos aprobado un III Plan de oportunidades para las mujeres, para los hombres -por cierto
con una asignación presupuestaria- y además contábamos con un plan contra la violencia doméstica que, si mal no recuerdo, era el primero que se presentaba en España y en el que, por aquello de los ya conocidos beneficios de la aplicación de las
políticas transversales, se implicaron diferentes ministerios al amparo del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la colaboración de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
La finalidad primordial de los planes, señorías, viene dada sin duda por la necesidad de la coordinación entre las distintas instancias. Junto a todo ello, el Gobierno continúa arbitrando medidas legislativas y procedimentales que contemplan una
mayor agilidad en los procesos judiciales, unas medidas preventivas para proteger a las posibles víctimas, medidas sancionadoras contra los agresores, así como otras encaminadas por ejemplo a la formación de un turno de oficio especializado,
implantación de sistemas de telealarma para mujeres amenazadas, mayores facilidades en suma en el procedimiento de denuncia además de potenciar la labor de investigación a través de la obtención de datos fiables.
Desde mi grupo parlamentario se aprecia sin duda el interés mostrado por el Grupo Socialista a través de la proposición no de ley que estamos debatiendo, un interés que sin duda es compartido por el resto de la Cámara como es reconocida
también la labor y la actitud solidaria de la asociación de mujeres juristas Themis, reunidas en Calviá en abril del año 2000, cuya opinión y programación de acción a través de la declaración que lleva su nombre, pese a no tratarse de un documento
de carácter oficial, merece toda clase de elogios. Sin embargo, aun compartiendo el fondo de la cuestión, nuestro grupo ha presentado una enmienda de modificación al texto presentado por el Grupo Socialista que actualiza, mejora y proporciona una
mayor calidad técnica. El Grupo Parlamentario Popular encuentra coherente que en la Carta Europea de Derechos Fundamentales se incorpore el principio de igualdad de trato.
También reconocemos en la segunda de las propuestas que presenta el Grupo
Socialista que la incorporación de perspectiva de género en el sistema educativo es un cometido que ya se está llevando a término por el Plan integral contra la violencia doméstica y por el Real Decreto 388/1992, que regula la supervisión de libros
de texto, y los sucesivos planes de oportunidades que contemplan entre sus objetivos la sensibilización del profesorado y la formación y eliminación de estereotipos sexistas. Con referencia al tercer punto no tenemos conocimiento de que se haya
presentado ninguna propuesta de directiva y, en caso contrario, la aproximación de legislaciones en materia penal no puede realizarse a través de directivas, como propone la iniciativa. Aun así, la Unión Europea, a través del programa DAFNE,
recuerda que la acción directa en materia de violencia sobre mujeres y niños pertenece esencialmente a los Estados miembros, aunque se ha adoptado un plan de trabajo de vigencia cuatrienal para fomentar de manera más completa la lucha contra este
fenómeno, de acuerdo con Naciones Unidas y con la Declaración de Viena, además de otros textos. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
En la propuesta que hace el Grupo Socialista tendríamos que valorar un quinto punto, que sería dotar de más protección integral en el país de destino a las víctimas de tráfico ilegal con fines de explotación sexual, pero hay que saber que el
reglamento de ejecución de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España contempla, en el caso de que concurran determinadas razones, entre las que se encuentra la de ser víctima de conductas racistas o xenófobas, que, por
razones humanitarias, puedan obtener un permiso de residencia temporal o, en su caso, la autorización de residencia en España.
Por todos estos motivos, señoría, lamentamos no poder votar a favor de la iniciativa del Grupo Socialista. Sin embargo, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación que pensamos que está en sintonía con el texto de
todos los grupos, que de alguna manera es coherente con la solicitud de todos ellos y que está con la esencia de la presentación de todas las enmiendas incorporadas.
Voy a proceder a expresar, en función del resto de las enmiendas que se han presentado, cuál sería este texto que desde mi grupo parlamentario estaríamos dispuestos a aceptar. Las modificaciones serían las siguientes. En cuanto a la
iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió), reproduciríamos el primer punto de su propuesta, sustituyendo el término 'impulsar' por el de 'considerar adoptar'. El segundo punto de la propuesta de Convergència i Unió se adicionaría al último
presentado por mi grupo y quedaría de la siguiente forma: Seguir apoyando e impulsando medidas que contribuyan a la erradicación de la violencia doméstica, estudiando la posibilidad de adoptar una estrategia marco comunitaria sobre violencia de
género, para lo cual se insta al Gobierno a impulsar y difundir el estudio sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea para luchar contra la violencia hacia las mujeres y la guía de las buenas prácticas para paliar los
efectos de la violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación.
Un tercer punto que también entenderíamos que podría ser objeto de consenso quedaría resumido de la siguiente forma: Estudiar el impulso de las medidas legislativas dentro de lo establecido en el plan integral contra la violencia doméstica,
medidas que vengan a reforzar la protección de las víctimas de malos tratos. El cuarto punto de la proposición de Convergència i Unió lo aceptaríamos en su integridad.
Pasando a las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, estaríamos dispuestos a incorporar a este texto, en el caso de que pudiéramos llevar a efecto la transacción, el sexto punto que corresponde a la enmienda 2, que quedaría
redactado de la siguiente forma: Estudiar la posible inclusión en la relación de delitos establecidos en los artículos 29 y 31 E del Tratado de la Unión Europea, los delitos contra la vida, la integridad e indemnidad física, psíquica y moral, y
contra la libertad sexual de las mujeres.
Sin embargo, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, no podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, puesto que entendemos que suprimir el concepto de habitualidad del Código Penal español sería en todo
caso un retroceso, dado que es un logro la inclusión del mismo y que ha sido una medida que de ninguna de las maneras perjudica, sino que estimula y proporciona mayor beneficio en estas situaciones de malos tratos en cuanto a las denuncias se
refiere y a darles mayor impulso.
Por tanto, esta sería la redacción de este texto al que acabamos de dar lectura, que, en cualquier caso, se ofrece a todos los grupos parlamentarios. Desde el Grupo Parlamentario Popular con sumo gusto llegaríamos a un acuerdo general.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Seller.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Francamente, estoy un poco perpleja. Dice la portavoz del Partido Popular que sería más prudente presentar una moción que dijera que iban a estudiar el impulso de las medidas que contienen los diversos planes puestos en marcha por el
maravilloso Gobierno que por primera vez, según ella, los ha puesto en funcionamiento. Pues bien, señoría, ¿sabe que una mujer española es asesinada cada cinco días en este país? ¿Suponen ustedes que esta Cámara se aguantaría si ETA matara cada
cinco días a una ciudadana o a un ciudadano de este país? ¡Y venimos aquí con estos rollos de que vamos a estudiar! No vamos a estudiar nada; vamos a resolver de una vez los problemas de las mujeres, señorías. ¡Una mujer muerta cada cinco días y
aquí todo el mundo tan pancho! Por favor, vamos a poner un poco de orden en este casa, porque no se trata de quién se apunta el tanto. Aquí se trata de que las mujeres portavoces de esta Cámara sobre esta cuestión tendríamos que haber hecho el
máximo esfuerzo para alcanzar un consenso. Y la más responsable está en aquellos bancos, que es la que tiene la mayoría absoluta y la que puede mejorar o cambiar las cosas. Ese era el espíritu que yo había percibido en las mujeres de los grupos de
oposición esta tarde, con alguna excepción, porque todo el mundo tiene peajes y yo no voy a poner a nadie en ridículo aquí.
Señorías, no me voy a poner aquí a soltar el rollo, sino a decirles que la violencia doméstica y la violencia de género son dos cuestiones diferentes. La violencia de género generalmente comprende las dos porque las mujeres estamos
incluidas en los dos paquetes. Hoy estamos hablando aquí de una violencia que es ejercida contra las mujeres, contra los niños y las niñas y, aunque me parece que no lo dice el Partido Socialista lo digo yo, los mayores, otras grandes víctimas de
la violencia doméstica que también sufren el ostracismo y el más absoluto silencio. No estamos aquí hablando solamente de mujeres, aunque evidentemente somos el eje vertebrador no sólo de la familia sino también de la sociedad, por lo que tenemos
que hablar de la violencia contra las mujeres.
Internacionalmente hemos llegado a convenir que las formas de violencia que se adoptan contra las mujeres se pueden resumir en tres: la violencia física, sexual y psicológica en la familia, con todas las consecuencias que se derivan, todo
lo relacionado con las diversas culturas; la violencia física, sexual y psicológica en el entorno social, que incluye las violaciones, los abusos sexuales, el acoso, la intimidación sexual, etcétera; y algo que no le gusta nada al señor Aparicio
que diga, pero que como no está me voy a permitir decirlo una vez más: la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado dondequiera que ocurra, eso que yo llamo violencia institucional, y que existir existe por más que
ustedes se pongan anteojeras.
Por tanto, señorías, como mujer que parte de la base de que las personas somos seres agresivos -la violencia también forma parte de nuestra idiosincrasia de seres humanos-, sé que la violencia es una cadena y que no la ejercen sólo los
hombres, aunque históricamente la han ejercido, sino que también la podemos ejercer las mujeres por el hecho de estar condenadas al ostracismo, por el hecho de ser víctimas de la violencia.
Esto no se va a acabar nunca únicamente con reformas
legislativas, señorías. Por eso no quiero perder la ocasión de decirles que mi grupo apuesta por las políticas estructurales, por ésas que de verdad van a permitirnos a las mujeres ocuparnos de nuestros hijos cuando tienen conductas violentas en la
infancia, porque su escuela no se va a ocupar, señora portavoz del PP. Después de la reforma que ustedes han hecho nadie va a creerse en este país que la escuela pública española va a ser capaz de atajar estos problemas. Me parecería muy
importante que ustedes reflexionaran sobre el modelo de escuela que nos han ofrecido a los españoles y a las españolas y vieran si es posible potenciar con ese modelo de escuela esos valores de los que está tan necesitada esta sociedad, que permitan
a los colectivos sociales que sufrimos la violencia ver la luz al final del camino.
Las mujeres ocupamos el empleo de peor calidad, seguimos soportando el peso del trabajo no remunerado, realizamos cerca del 80 por ciento del trabajo que genera la economía sumergida, continúa en este país la discriminación salarial por
trabajo de igual valor en razón del sexo, se siguen produciendo grandísimas desigualdades de género territoriales y las políticas neoliberales que ustedes y otros gobiernos en Europa y en el mundo ponen en práctica tienen consecuencias negativas
para el desarrollo integral de las mujeres. Por tanto, una vez más el Partido Popular pierde una oportunidad de oro no para reconciliarse con las mujeres españolas, sino para no seguir con este agravio comparativo que hace imposible que una pueda
intervenir con mesura y con serenidad, ese tremendo agravio comparativo que pasa por ver sólo el terrorismo de ETA y dejarnos a las mujeres a los pies de los caballos hasta que ustedes ganen la batalla electoral en Euskadi, a ver si entonces, por
fin, tenemos suerte las mujeres y el Partido Popular se empieza a ocupar de nuestros problemas, que son gravísimos.
Yo hablo de terrorismo de género; es más, hablo de genocidio y en esta Cámara no se puede reír ningún diputado que se precie de ser un ser humano ante un discurso como el que esta tarde las diputadas estamos realizando, señorías, porque esa
es otra forma de maltrato y yo, como mujer, la percibo, la siento, me ofende
y me molesta, y saben muy bien por qué lo digo. De manera que vamos a apoyar la propuesta del Grupo Socialista, ya que al fin y al cabo la misma recoge la Declaración de Calviá, en la que 300 mujeres juristas del Estado se reunieron para
hacer lo que no hacen los gobiernos -allí estuvimos las diputadas de esta Cámara-, para homogeneizar la legislación europea en materia de violencia, llegando a unas determinadas conclusiones que se han traído hoy a esta Cámara porque ustedes no han
sido capaces de informarse a tiempo de dicha declaración o no han tenido ningún interés en hacerlo. Dos años después, el Grupo Socialista trae a la Cámara la Declaración de Calviá y resulta que a ustedes les parece antigua. Y es verdad que es muy
antigua, del año 2000, pero más lo es la violencia que se ejerce contra las mujeres, las niñas, los niños y los mayores y, sin embargo, no vamos a avanzar por decir que la proposición del PSOE es antigua ni porque el PP se ponga a estudiar esos
planes, puesto que ya tendría que haberlos evaluados, algo elemental para venir a esta Cámara. El equipo que gobierna tendría que dar datos sobre la evaluación de los distintos planes de igualdad y contra la violencia que se han puesto en marcha,
pero, como nada de esto ocurre y parece que lo que nos estamos disputando aquí es el protagonismo, señorías, digo con mucha tristeza que lamento profundamente que esta tarde no se haya llegado a un consenso en este tema, manifestándome
desgraciadamente pesimista sobre nuestro futuro, el futuro del colectivo de las mujeres.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Señora Olmedo, tiene usted la palabra a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas y también a los efectos del texto que debe ser sometido a votación.
La señora OLMEDO CHECA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dejar claro...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Olmedo. Este no es un turno de réplica, sino un turno para indicar exclusivamente la aceptación o rechazo de las enmiendas. Le ruego que no reabra el debate.
La señora OLMEDO CHECA: Déjeme que se lo explique, porque resulta que se han presentado dos transaccionales y en relación con una de ellas parecía que el Grupo Popular era el que aceptaba o rechazaba la enmienda. Quiero dejar claro que
esta es una proposición no de ley del Partido Socialista y que me parece muy bien que se siga instando a hacer muchas cosas, como recomienda el PP, pero los puntos que propone no nos parecen bien, por lo que se retira la transaccional y se somete a
votación la propuesta inicial de proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Señora Olmedo, hay enmiendas presentadas por cuatro grupos parlamentarios, uno de ellos el Grupo Popular, pero hay tres enmiendas más, ¿las acepta o las rechaza?
La señora OLMEDO CHECA: Las rechazamos porque ninguna tiene que ver con...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños. Vamos a someter a votación, en sus propios términos, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la violencia contra las mujeres, niños y niñas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 105; en contra, 156; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OBJETIVOS Y PREVISIONES EN MATERIA DE PESCA DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente 173/000135.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre objetivos y previsiones en
materia de pesca durante la presidencia española de la Unión Europea.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Díaz. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate.
Adelante, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, estamos en un momento difícil para la pesca española, porque ya conocemos las propuestas de la Comisión para la reforma de la política pesquera común y estas propuestas perjudican gravemente los intereses de
nuestra pesca. Se restringe drásticamente la pesca en aguas de la Unión Europea y se limita el acceso a otros caladeros. Si la reforma sigue adelante, los días del Estado español como potencia pesquera están contados. En contraste con esta
realidad en el tema de la reforma de la política común pesquera, la mayoría parece encantada de haberse conocido. Ya cumplimos y aprobamos unánimemente
una moción, ¿para qué seguir discutiendo? Esta es la conversación y la propuesta del Partido Popular. En todo caso, lo más allá que se puede ir es reafirmarse en lo anterior. Señorías, esto es lo más fácil, la opción más cómoda, pero no
la opción más coherente. Nosotros queremos ir más allá, queremos arriesgar, no nos llega con lo dicho hace 21 días.
Nosotros queríamos sacar adelante hoy una propuesta ampliamente consensuada, una propuesta en positivo y para eso queríamos una
transacción. Esto no es posible, entre otras cosas, porque el Grupo Popular presenta como enmienda lo que ya se aprobó el 7 de mayo. He de decir que asumimos la enmienda del BNG y que la incorporamos como transacción. Asimismo, CiU tiene
problemas para que nosotros aceptemos una enmienda que nos parecía interesante, que era la referida a la coordinación con las autonomías. Aclarado que vamos a someter a votación nuestra propuesta, junto con la propuesta del BNG integrada, continúo
con mi exposición.
Nosotros damos por válido lo aprobado, pero queremos ir más allá, queremos que lo que se aprobó en esta Cámara el día 7 de mayo se cumpla. Hace 21 días aprobamos de forma unánime las bases de lo que para España era una reforma equilibrada
de la política común de pesca. Parece que hay coincidencia en esta Cámara en lo que queremos, una política no discriminatoria, equilibrada y sostenible. Tenemos claro el objeto, pero, ¿cómo alcanzarlo, cómo alcanzar esa política equilibrada? La
unanimidad del Parlamento ayuda, pero no es suficiente. El acuerdo del Parlamento debe ser gestionado por el Gobierno, que no siempre acierta o no siempre quiere. Recordemos el tema de Marruecos, en esta Cámara hubo dos unanimidades
parlamentarias, después no hubo acuerdo ni hubo una explicación satisfactoria del desacuerdo. Esta vez queremos que la Cámara apruebe también una estrategia que ayude a hacer viable el acuerdo parlamentario. Sabemos que las propuestas de reforma,
una vez sancionadas por la Comisión, deben debatirse en el Parlamento Europeo y después ir al Consejo. En función de esta información, diseñamos una estrategia que pretende hacer útil el acuerdo que todos apoyamos. Por ello proponemos las
siguientes medidas.
En primer lugar, constituir una comisión de seguimiento con todas las fuerzas políticas de la Cámara y los responsables de la administración pesquera española para, a la luz del acuerdo parlamentario, hacer el seguimiento y reforma de la
política común de pesca hasta su aprobación definitiva. En este punto, yo preguntaría: ¿quién teme el seguimiento? O ¿quién tiene confianza ciega en que este Gobierno, que en temas de pesca tiene tantos éxitos, va a conseguir sacar adelante una
reforma equilibrada? Como dato les diré que la Comisión saca adelante una propuesta de reforma en plena presidencia española, en otros casos estoy seguro de que la Comisión no se atrevería.
En segundo lugar, sabemos que algunos gobiernos que no tienen intereses concretos en la pesca suelen orientar su voto en función de su opinión pública y sabemos también que errores propios de otro tiempo y campañas interesadas de partidarios
de otra política pesquera hacen que la imagen de los pescadores españoles no sea la mejor ante la opinión pública de muchos países. Por ello, demandamos que el Gobierno, en colaboración con el sector, lleve a cabo una campaña explicativa de la
realidad de la pesca responsable española.
En tercer lugar, como es fundamental el papel del Parlamento Europeo, es necesario implicar a todos los parlamentarios españoles adscritos a diferentes grupos en la defensa de una política común pesquera equilibrada. Por respeto a la
autonomía de estos parlamentarios, proponemos una reunión entre ellos, una delegación parlamentaria del Congreso y los responsables de pesca para comprometerlos activamente en la defensa de una causa común, que nos parece también que es una causa
justa. Señorías, si esta no es la fórmula, estamos abiertos a que alguien nos diga cuál es la mejor para conseguir el apoyo de los europarlamentarios. Después del Parlamento, la última palabra la va a tener el Consejo. Por ello, desde el respeto
a la autonomía de la Comisión para hacer las propuestas que considere pertinentes, el Gobierno debe buscar aliados para bloquear en el Consejo la reforma de la política común de pesca, si esta no tiene en cuenta, junto con la sostenibilidad, los
intereses de los pescadores y los territorios dependientes de la pesca. Queremos una reforma equilibrada sin perdedores; si no es así, estamos obligados a bloquearla. Nuestros socios deben saberlo ya. Sabemos que esta es una medida de fuerza y
que si queremos sacarla adelante, hay que pagar un precio. ¿Está el Gobierno dispuesto a pagar este precio? Nosotros sí.
Por último, instamos al Gobierno a que en el tiempo que resta de presidencia española ponga todos los medios para normalizar las relaciones con el conjunto de la Comisión, eliminando las deficiencias que provocaron sus indiscreciones hasta
ahora. Lo que proponemos es razonable, es coherente con lo que aprobó esta Cámara...
La señora PRESIDENTA: Señor Díaz...
El señor DÍAZ DÍAZ: No apoyar íntegramente estas peticiones sólo indica que el voto anterior no fue en serio.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, asistimos por segunda vez en menos de un mes al debate de una moción sobre política pesquera y
más concretamente sobre la política pesquera en el marco de la política comunitaria, que, como ustedes ya saben, es actualmente una fuente de problemas para nuestro sector. Precisamente en el día de hoy, 28 de mayo, en el que discutimos la
moción, la Comisión Europea debe estar decidiendo acerca de la asunción o no de las propuestas elaboradas por el comisario Fischler, propuestas que, dicho sea de paso, nos parecen poco adecuadas para garantizar el futuro de la actividad pesquera en
España.
Quiero subrayar que nuestro grupo parlamentario no tuvo objeción alguna a votar favorablemente la moción del Bloque Nacionalista Galego el pasado 7 de mayo, a pesar de que el modelo de pesca dominante en Cataluña es muy diferente del modelo
al que mayoritariamente iban dirigidas dichas propuestas de actuación y de que ello puede suponer, por ejemplo, que en la cuestión de la reserva a los nacionales de la pesca en las 12 millas no exista una coincidencia plena entre los intereses de la
pesca atlántica y los intereses de la pesca mediterránea. A pesar de ello, consideramos que la moción en su conjunto contenía los elementos esenciales de lo que debería ser la petición del Gobierno español ante la reforma propuesta por la Comisión.
Según las informaciones que nos han llegado, el paquete de propuestas de reforma de la política común de pesca que se debate hoy en la Comisión contempla, además del calendario de reformas, un plan de acción contra la pesca ilegal, una
propuesta de reglamento de esfuerzo pesquero y la revisión de la política estructural, primando el desballestamiento de la flota, penalizando por tanto la renovación y modernización de la misma.
Con esta medida, señorías, nuestro grupo,
Convergència i Unió, no puede estar de acuerdo. No se considera oportuno abordar la reforma de una política aprobada justamente hace dos años, debe mantenerse como está hasta el año 2006. Esta es una situación que nos preocupa. Por ello, si ya
nos pareció muy oportuno el debate realizado hace escasamente tres semanas, que permitió que de manera unánime el Congreso de los Diputados fijara las prioridades que a nuestro entender debe contener la nueva política común de pesca, también nos
parece oportuna la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, atendiendo a la coincidencia de fechas entre el debate de la misma y la decisión del Colegio de Comisarios. En cierto sentido, la moción de hoy debería ser complemento de la aprobada
el pasado 7 de mayo, por lo que lo que nuestro grupo manifestó en aquel debate continúa siendo plenamente válido en este momento. Sin embargo, lo que a nuestro grupo parlamentario no le parece tan oportuno es el talante de la moción. La moción que
hoy plantea el Grupo Parlamentario Socialista, en algunos aspectos, más que de diseño de modelo, se parece a una reprobación a la conducción, por parte del Gobierno, de las negociaciones sobre pesca durante el semestre de presidencia española del
Consejo, algo que, francamente, señoría, no me pareció deducir ante los diferentes puntos de vista expuestos por la totalidad de los grupos parlamentarios en el debate de la moción del día 7 de mayo. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que
por parte del Gobierno la negociación se ha llevado razonablemente bien. Ciertamente podría haberse mejorado, porque todo es mejorable en esta vida, hasta podíamos haber llegado a un acuerdo, pero sin duda la realidad es más compleja y no creo que
el Gobierno español, a pesar de haber ostentado la presidencia de turno de la Unión, hubiera podido ir mucho más lejos de lo que ha llegado. Por ello y en primer lugar, el Gobierno debe proseguir con su estrategia de diálogo permanente con el
sector y con la tarea de concienciación al resto de países comunitarios sobre cuáles son nuestras prioridades en materia de política pesquera, precisamente las que aprobamos hará tres semanas. Nuestro grupo también considera sumamente trascendente
que se haya articulado un conjunto de países que, en un momento dado, pueden determinar el bloqueo de la propuesta de la Comisión, para obligar a esta a reconsiderar sus planteamientos. Creemos que esta es una línea de actuación plausible que no
tenemos por qué minusvalorar. Además, quiero hacer un comentario sobre el contenido de su moción. ¿Dónde están las comunidades autónomas? Porque algo tendrán que decir en este ámbito. En su moción están representados el sector, el Gobierno del
Estado, el Parlamento Europeo, los grupos parlamentarios, pero ¿y las comunidades autónomas? ¿No tienen ellas competencias sobre el sector? Por ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución que esperamos pueda ser
objeto de su aprobación. En caso contrario, no podríamos votar afirmativamente su planteamiento. Como ha dicho usted, ir más allá no es crear comisiones; es simplemente ser efectivo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Expósito.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción que plantea el Grupo Socialista nos permitiría sin duda intervenir de nuevo, en este caso como Bloque Nacionalista Galego, en este debate parlamentario acerca de la posición del Gobierno ante la reforma
de la política común de pesca. Voy a ser muy breve porque el pasado 7 de mayo y también el 26 de abril, con motivo del debate de la interpelación formulada por mi grupo político, tuvimos ocasión de expresar nuestra posición. Además, el 7 de mayo
este Pleno aprobó una resolución unánime sobre la base de esa interpelación a la que me refería, una resolución que, en nuestra opinión, tiene elementos y
líneas maestras de la política pesquera que debe atender el Gobierno. Por tanto, de lo que se trata, en la medida en que no variaron sustancialmente las circunstancias, es de que el Gobierno se aplique en esa defensa. Y digo que se aplique
en esa defensa porque la Comisión Europea, con el señor Fischler a la cabeza, se mantiene en sus trece sobre lo que ya sabíamos. Efectivamente, hoy se dieron a conocer las líneas de actuación, que en lo fundamental se encaminan -como el tiempo es
breve lo diré de forma muy resumida- a deshacerse de una parte de la flota que nos lleve a que quienes se dedican a esta actividad abandonen la pesca y a compensar, eso sí, con incentivos económicos a armadores o tripulantes. Es un poco la política
de siempre de la Unión en este tema que nosotros hemos criticado tantas veces: convertir determinadas áreas geográficas en economías absolutamente subvencionadas, como es el caso de Galicia. Desde luego, la imaginación del la Comisión Europea -y
no es porque les falte sino porque responde a determinados intereses- es bien escasa. Al señor Fischler lo más que se le ocurre es que con esta propuesta se van a destruir empleos. Los tienen evaluados, al parecer, en 28.000 hasta 2006, y tira
millas. Por tanto lo que conviene es que el Gobierno se aplique en que estas propuestas no salgan adelante, sino que se consiga una reforma de la política común de manera que se acabe con las discriminaciones existentes hasta el momento y se dé
satisfacción a un sector, el sector pesquero del Estado español, que, por cierto, fue incapaz de entrar plenamente en esa política común durante muchos años.
No voy a insistir en que se olvida básicamente la necesidad de defender la presencia de
nuestra flota en aguas internacionales, y así sucesivamente. Yo creo que el Gobierno no podrá plantarse delante de esta Cámara, cuando se apruebe definitivamente la reforma de la política común, con una victoria pírrica, con una nueva derrota o
balbuceando que no se pudo conseguir nada más, sino que debe aplicarse con suficiente rotundidad para conseguir que se reformen sustancialmente las propuestas de la Comisión en la línea, ya digo, expresada por este Congreso el pasado 7 de mayo.
Sobre la moción del Grupo Socialista yo ya tenía dudas, pero después de la intervención de don Ceferino Díaz se me ocurren más. La verdad es que yo creo que S.S. descalifica la validez o la importancia de la moción aprobada el día 7 y dice
que es insuficiente porque el Gobierno tiene tendencia a no cumplirlas. Eso ya lo sabemos, pero aun aprobando su moción de hoy, el Gobierno también se la pasará por el arco del triunfo si lo considera necesario, igualmente, porque desgraciadamente
los acuerdos de la Cámara no son vinculantes para el Gobierno. Yo, qué quiere que le diga, comprendo su preocupación, pero creo que no se resolvería con la aprobación de una nueva resolución en esta Cámara. Quiero que lo entienda. Yo no dudo del
interés de lo que ustedes plantean en su moción, pero a lo mejor, si hubiera sido planteado el día 7, se hubiera podido incluir en algún punto. Como gran novedad -yo no quería hacer referencia a esto, pero S.S. lo ha hecho-, plantea el asunto del
bloqueo como un término de rotundidad en el sentido de que el Gobierno se entregue a fondo, pero da la casualidad que en el punto 2 de nuestra moción presentada el día 7 recogíamos precisamente eso, tomar las iniciativas necesarias para bloquear la
reforma de la política común de pesca, y ustedes presentaron una enmienda de sustitución a ese punto 2 por la siguiente cuestión: buscar las alianzas necesarias para que la reforma de la política común responda a los intereses de los trabajadores
del mar, etcétera. Francamente, a mí me cuesta entender por qué el día 7 no se podía -de hecho, nosotros nos retiramos un poco de la enmienda transaccional porque ni ustedes ni el Partido Popular lo apoyaban- y hoy sí.
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez...
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo, señora presidenta.
Nosotros creemos que la enmienda que planteamos respondería más a la realidad actual, puesto que lo único que ha variado es que hoy se ha dado a conocer la propuesta de la Comisión. Por lo tanto, nos mantenemos en el acuerdo del pasado día
7.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el señor Vázquez ya nos tiene acostumbrados a sus brevedades; por lo tanto no es de extrañar que tengan que llamarle la atención para que remate sus intervenciones.
Señor Díaz, nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución a su moción y es una enmienda totalmente coherente. Como han dicho ya los portavoces de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, es una enmienda que hemos
aprobado aquí por unanimidad, o sea, no ha sido nada cómoda. Todos los grupos hemos consensuado unas directrices para que el Gobierno tenga en cuenta a este Parlamento, aunque don Guillermo Vázquez dice que el Gobierno incumple sus acuerdos en
todas las ocasiones. Usted sabe que eso no es cierto. Usted no puede decir en ningún momento que nuestro Gobierno no ha intentado defender en todos los foros al sector pesquero, lo ha demostrado y lo sigue demostrando, al igual que los distintos
grupos parlamentarios. Quiero recordarle, señor Vázquez, que hace escasas horas, en la Comisión de Pesca europea se ha parado la recuperación de la merluza que pretendía la Unión Europea.
Siguió para adelante la del bacalao,
pero la de la merluza se ha parado a instancias de un miembro del Grupo Parlamentario Popular. Vuelvo a repetirle que tampoco tienen ningún demérito sus compañeros o los compañeros del Grupo Socialista en la defensa de la flota pesquera
española en la Unión Europea. Eso es cierto.
Lo que quiero decir es que todos estamos intentando defender a la flota pesquera española, y no sólo lo hemos hecho el pasado día 7, sino que lo venimos haciendo en esta Cámara en reiteradas ocasiones.
Muchas veces, las posibilidades no nos acompañan y de ahí que tengamos dificultades para llegar a buenos acuerdos; buenos acuerdos que la Unión Europea sí hace, por ejemplo, con Dinamarca o con Noruega, pero no es capaz de intentar llegar a un
acuerdo con Mauritania, con Marruecos, con Senegal o lo hace con grandísimas dificultades. Es cierto que la política europea discrimina totalmente a España y en esta reforma de la política común de pesca la intenta discriminar una vez más y por
varias razones. Desde la última política común de pesca de 1992 hubo ya dos IFOP, el 2 y el 4, que España ha cumplido fiel y puntualmente. Ha reducido su flota en más de 23 por ciento, cuando otras naciones la han incrementado en un 9 o en un 10
por ciento. Ahora con las medidas de esta reforma de la PCP quieren tratar por el mismo rasero a todas las naciones, las que han cumplido y las que no. Cuando tuvo lugar nuestra adhesión al tratado, muy desfavorable para los intereses pesqueros
españoles, tuvimos unas limitaciones a determinados boxes o determinados mares, como el mar Báltico, el mar del Norte o el box irlandés. Teníamos limitaciones de acceso y ahora esas disposiciones que eran transitorias se pretende que se sean
definitivas, es decir, que la flota pesquera siga sin poder acceder a esos caladeros. Por tanto estamos diciendo que son tremendamente discriminatorias. Hay una serie de aspectos a los que lógicamente España tiene que intentar oponerse por todos
los medios.
Hay que recordar que lo que se ha aprobado esta tarde en la Comisión Europea tiene que pasar primero por el Parlamento y después tiene que ir al Consejo. Estoy totalmente convencido de que por parte del Gobierno y por parte de todos los
grupos parlamentarios, aquí y en el Parlamento Europeo, hay que intentar que esa reforma no vaya hacia delante. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, los fondos del IFOP, que son 400.000 millones de pesetas aprobados para la temporada
2002-2006, que eran en gran parte para España, estaban siendo perfectamente utilizados. Se estaba renovando y modernizando la flota, se estaba teniendo más seguridad en nuestra flota y se tenía mayor sostenibilidad y rentabilidad. Eso es lo que
pretende en este momento el señor Fischler, porque sabemos que está intentado proteger la flota del norte en detrimento de la flota del sur. No se habla para nada en la reforma de la pesca industrial, de esos barcos que pescan simplemente para
dedicar las capturas a hacer harina de pescado, en tanto que la Unión Europea es deficitaria en más de 4 millones de toneladas/año, que hay que importar de otros países. Por todos esos motivos nosotros decimos que España está totalmente
discriminada, que hay que intentar buscar la mejor solución.
Señor Díaz, la mejor solución no es la moción que usted presenta en esta Cámara hoy. La mejor solución es la que hemos aprobado el día 7, consensuada por todos los grupos para que sea la
línea directriz para nuestro Gobierno. Su moción hoy puede ser perjudicial para los intereses de la flota española, porque nosotros no podemos dar la imagen de que el Parlamento aprueba algo un día y al día siguiente aprueba totalmente lo contrario
o algo que no es de ese tenor. De ahí que, señor Díaz, el Grupo Parlamentario Popular no pueda apoyar su moción, aunque sin duda...
La señora PRESIDENTA: Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: ... seguirá apoyando con todas sus fuerzas y con todos los medios que pueda a la flota pesquera española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mantilla.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Buenas tardes, arratsaldeon.
Señorías, la Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta de reducción del 40 por ciento de la capacidad pesquera, que carece de toda justificación biológica y que justifica con una presunta sobrexplotación de los recursos pesqueros, pero
no nos da casi ningún dato que avale esta afirmación. Sobre todo, no los da el señor Fischler, al cual se le han llevado denuncias sobre la sobredimensión de la flota volantera-bonitera y la sobrexplotación por el trasvase de cuota de anchoa, por
ejemplo, entre Portugal y Francia, cuando ha demostrado además su pasividad y yo diría hasta su complicidad en estas materias. Lo que sí va a implicar, y no quiero entrar en una guerra de cifras, es el desguace, no sé si son 8.600 barcos como se ha
dicho, pero sí de miles de barcos; no sé si son cerca de 30.000 los puestos de trabajo perdidos, pero sí son miles de puestos de trabajo, y lo que sí tengo claro es que va a suponer la pérdida de una cultura de siglos ligada a la pesca en muchos
pueblos de nuestras costas, porque sí va a prohibir todas las ayudas públicas destinadas a capacitar nuestros barcos, a crear sociedades mixtas y a exportar de alguna manera los barcos a otras naciones y caladeros de fuera de la Unión Europea; sí
va a impedir que regiones europeas que al no ser Objetivo 1 y que acaban de acceder en el año 2000 a las ayudas de la reconstrucción de barcos puedan modernizar sus barcos. Esta propuesta, tal como se ha definido, está desequilibrada y es
desequilibradora.
No por temida y esperada esta propuesta es menos dura para todo nuestro sector pesquero y para nuestra realidad social ligada a la pesca y a su transformación. Por cierto, tal como lo ha comentado anteriormente el señor Mantilla, esta
propuesta no plantea, que sepamos, las mismas medidas para las flotas de las pesquerías esquilmadoras del norte de Europa que practican pescas industriales con destino a transformaciones harineras. Tampoco plantea, que nosotros sepamos, ni recoge
el final de las restricciones vigentes desde el Tratado de adhesión de 1986 y que finalizan el 31 de diciembre de este año, que nos están impidiendo el acceso en las mismas condiciones que el resto de las flotas europeas.
Soy una persona tremendamente crédula y por tanto creo en las afirmaciones que realizó en esta misma Cámara el ministro de Agricultura y Pesca, quien dijo con rotundidad que ha preparado sus propuestas, ha consensuado las mismas con el
sector y ha preparado su estrategia, que sabe lo que quiere, que tiene los objetivos claros y ha buscado aliados, porque esa es su gran responsabilidad, aliados que se definen como el grupo de seis países de la Unión Europea que se denominan amigos
de la pesca. Por tanto, hasta ahí, señor ministro y Gobierno del Estado, ninguna objeción de peso por parte del Grupo Parlamentario Vasco, porque la cuestión no estriba en eso, sino fundamentalmente en cómo se gestiona esta propuesta y esta crisis,
y esa es la gran responsabilidad que va a tener este ministro y este Gobierno en la gestión, no en la propuesta, en la que todos coincidimos y por la que todos hemos apostado con una sola voz.
Tenemos demasiado recientes las negociaciones con Marruecos, de otras características, pero también había una propuesta clara, se había consensuado básicamente con el sector y se preparó una estrategia, pero no pudo ser. Algunos teníamos
muy claro, y así lo expresamos antes de su epílogo, que entre la intransigencia y la desmesura de Marruecos y la devaluación del sector pesquero ante los otros intereses económicos de intercambio entre los dos Estados, el español y el marroquí, el
resultado sería el fin de nuestra historia secular de pesca en dichas aguas. Por desgracia acertamos en nuestro diagnóstico. Quiero creer que no va a volver a ocurrir lo mismo en esta ocasión, deseo y necesito creerlo. El paso por el Consejo, por
el Parlamento Europeo y vuelta al Consejo para su posterior aprobación permite abrigar una esperanza de actuación y modificación de este proyecto de reglamento, pero una esperanza basada en la firmeza total en que la flota del Estado necesita y
precisa seguir con su renovación y que el plazo del Tratado de adhesión ha acabado con todas sus consecuencias, una firmeza que el ministro debe emplear y creo que todos los grupos coincidimos en que no debe condicionarse a otros intereses, como ya
se está escuchando en la rumorología y mentideros europeos.
La señora PRESIDENTA: Señor Txueka, ha concluido su tiempo.
El señor TXUEKA ISASTI: No puedo dejar, y con esto finalizado señora presidenta, de plantear un cierto escepticismo en las posibilidades de bloqueo del grupo de amigos de la pesca al ver que van a estar exentos de la prohibición de ayudas
los barcos menores de 12 metros y que el ministro que ha suspendido dos veces ya la comparecencia ante la Comisión de Pesca de este Congreso sí está de pesca, pero de pesca de votos e intereses en dicho grupo de naciones amigas y en concreto de
Irlanda y Francia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Una vez más discutimos en esta Cámara sobre la situación difícil que vive el sector pesquero. Parece que estamos asistiendo a la crónica de una muerte anunciada. Ahora se nos presenta con toda contundencia una reforma que, no voy a repetir
lo que han dicho los otros portavoces, es gravemente agresiva contra el sector pesquero español. Además, estamos ante uno de los mayores fracasos de este Gobierno. Diga lo que diga el portavoz del Partido Popular, la realidad es la que es, la
realidad es que estamos asistiendo a la muerte o a la destrucción de una riqueza acumulada durante siglos y además estamos asistiendo sin reaccionar con la firmeza con que se debería actuar. Nadie se puede extrañar a estas alturas del anuncio de la
Unión Europea porque no hay ninguna novedad y además no nos debería extrañar tampoco la técnica Fischler de negociación, una técnica que se basa en presentar algo realmente negativo, incluso a veces desproporcionado, para luego hacer algunas
pequeñas concesiones y que parezca que se ha salvado algo, cuando en realidad lo que se ha hecho ha sido perder bastante en el camino. Por eso el Gobierno no nos puede venir a hacer compararaciones con lo que podemos tener sino con lo que teníamos.
Creemos que el Gobierno no está haciendo la fuerza que debía hacer y que está dilapidando apoyos parlamentarios unánimes. Cuando esta Cámara toma un acuerdo unánime no es ni más ni menos que para que el Gobierno se sepa respaldado y utilice ese
respaldo para poder negociar con mucha mayor energía; no es para acallar ni para anular debates, sino, al contrario, es para situar el debate donde tiene que situarse en estos momentos, que es ante la propuesta de la Unión Europea. Por eso
entendemos que el Gobierno no ha plantado cara y que no ha señalado con toda contundencia que estamos ante una cuestión de Estado y que está dispuesto a llegar a donde sea preciso
para frenar esta propuesta y para evitar que, como decía antes, signifique el fin de una riqueza de siglos. Se dejó pasar la negociación con Marruecos, se dejó pasar la posibilidad de demostrar que realmente este Gobierno consideraba la
pesca una cuestión de Estado, asistimos con poca fuerza y con poca capacidad de respuesta a una de las peores derrotas de nuestro sector pesquero en toda su historia y ahora no nos podemos extrañar de que intente dar otra vuelta de tuerca a este
sector, eso sí, una vuelta de tuerca que puede ser ya la definitiva porque no aguanta más, y por eso nosotros creemos que el Gobierno tiene asumida esta derrota, como ya le dijimos con motivo de la negociación con Marruecos, en que parecía que
asistía impasible a esa derrota. Se nos decía que no, pero a la hora de la verdad, señor Mantilla, los hechos son los hechos, que se fracasó en la negociación con Marruecos y ahora vamos por el mismo camino, eso sí, a costa de dejarnos atrás una
riqueza de siglos, una riqueza que precisamente no es de las que sobran en este país.
Nos gustaría saber hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno, cuál es ese elemento que el Gobierno va a utilizar para evitar que la presidencia española de la Unión Europea pase a la historia, a la triste historia de la pesca, como la
presidencia que certificó el fin de esta riqueza, como pasará el señor Aznar, como presidente de la Unión Europea en funciones que certifique la ruina de nuestro sector pesquero. Yo sé que hay un diputado malagueño del Partido Popular que está
preparando un monumento al señor Aznar. Me imagino que los pescadores no le van a hacer precisamente un monumento al señor Aznar por su presidencia de la Unión Europea, porque, repito, estamos asistiendo a esa muerte anunciada y lo estamos haciendo
con una tremenda frialdad.
Dijimos el pasado día 7 que votábamos a favor del acuerdo unánime, pero que lo hacíamos con una clara voluntad de exigir al Gobierno que cumpliera con lo que aquí se acordaba. Por eso nuestro voto hoy tiene que servir como ese recordatorio,
porque, como decía antes, el voto unánime de esta Cámara es algo muy importante, es el respaldo de la soberanía popular para que un Gobierno lo utilice, no simplemente para que un Gobierno lo guarde en el cajón o para buscar un titular de prensa.
Por eso, para terminar, creemos que hoy el Gobierno está dilapidando los acuerdos parlamentarios, está dilapidando la capacidad de respuesta del propio sector pesquero y en definitiva está siendo cómplice de esta muerte anunciada. Espero con toda
seguridad que el sector va a reaccionar y que al final el Gobierno no va a tener más remedio que asumir su responsabilidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor Díaz, de su intervención he creído deducir que aceptaba la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y no aceptaba las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ni del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DÍAZ DÍAZ: Lo que ocurre es que la enmienda del Grupo Mixto, planteada como sustitución, no puedo aceptarla.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Señorías, sometemos a votación, en sus propios términos, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre objetivos y previsiones en materia de pesca durante la
presidencia española de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 100; en contra, 162; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE CRITERIOS Y PROPÓSITOS POLÍTICOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.
(Número de expediente 173/000136.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, sobre criterios y propósitos políticos del Gobierno en relación con las víctimas del terrorismo.
Para presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Uría.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el espíritu con el que subo hoy a la tribuna es el de tener muy claro que un texto bueno posible debe excluir en política a otro mejor pero imposible. La moción que se presenta, tras una interpelación, debe recoger una propuesta
conforme a los términos del debate, y tal es lo que se pretende. Lo que traemos a la Cámara no puede ser más modoso y creemos que posibilita una aceptación por parte de todos, como ya ocurriera con la Ley de solidaridad, alrededor de la cual se
construyen hoy la interpelación y la moción.
En el punto primero se recoge lo que ya desde la explicación de posiciones sobre el apoyo a la proposición expusimos que entendíamos como contenido claro de lo que aprobábamos. Lo entendíamos porque el tenor literal lo posibilita en una
interpretación amplia pero posible, repito, y porque así se nos dio a entender que se haría por los grupos que llevaban entonces las
riendas de la negociación y por el propio Gobierno. Me estoy refiriendo al momento en el que... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Uría, por favor.
Adelante.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Luego, en la aplicación, las cosas no han sido exactamente así y quedaba como asignatura pendiente el contenido de las distintas peticiones que no han tenido cabida en esta interpretación, asignatura pendiente que una resolución judicial
favorable a nuestras tesis ha actualizado hoy. La iniciativa se ha redactado con tiento para evitar suspicacias imputando conductas en relación con tramas organizadas a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y se da la vuelta a los supuestos considerando
determinante el que la lesión se haya padecido en defensa de derechos y libertades fundamentales. Desde esta perspectiva, puede decirse que no a indemnizar a las víctimas de Vitoria, por ejemplo, de aquel fatídico 3 de marzo. Se reivindicaban
entonces derechos que hoy son plenamente defendibles, como son los derechos laborales y sindicales. Por eso nos ha sorprendido favorablemente -y reconocemos el mérito- que el Grupo Socialista haya aceptado el texto de nuestra iniciativa presentando
una enmienda que será objeto de aceptación y que supone coherencia con su comportamiento en Euskadi. Hasta ahora nos sorprendía que, no admitiendo una interpretación más extensa de la ley, sin embargo, sí hubiese votado allí nuestras propuestas de
esta interpretación extensiva y que incluso en determinadas ocasiones la formación socialista de Euskadi hubiese propuestos iniciativas de este estilo en todas las instituciones: ayuntamientos, juntas generales y Parlamento vasco. Creemos que es
un importante paso adelante y que la coherencia con su trayectoria de partido defensor de derechos y libertades democráticas les tenía que llevar a un planteamiento de este estilo. Por otra parte, esta interpretación se cohonesta perfectamente con
uno de los últimos dictámenes del Consejo de Estado en relación con las peticiones de indemnizaciones. Me estoy refiriendo a la de diciembre del año 2001, el llamado caso Muguruza.
Entiende el Consejo de Estado que no deben hacerse
discriminaciones en relación con las víctimas, que no cabe discernir por motivos ideológicos entre unas víctimas y otras.
En algunas de mis intervenciones, al pedir que la ley fuese lo más generosa posible, aludía yo al periodo de la transición, que siempre se ha calificado de modélica y que en muchos aspectos efectivamente lo fue.
¡Ojalá hoy se encontrasen
determinados talantes políticos! Pero este carácter de modélica -decía yo entonces- también requería algunas revisiones. Hubo, desde luego, un pacto, pero en él unos perdonaron y olvidaron -dicho sea entre comillas- más que otros, ya que, al no
existir ruptura, el llamado régimen -también dicho sea entre comillas-, debidamente revisado eso sí, terminó sucediéndose a sí mismo.
El novelista Vázquez Montalbán pone en boca de un personaje de su última novela una cínica observación. Interviene el protagonista de la novela ante un grupo de señoras, preocupadas por si la legalización del Partido Comunista o de las
izquierdas pudiera suponer algún cambio en sus hasta entonces tranquilas vidas. Sostiene el personaje de la novela -tranquilizando a las señoras- que la ruptura no pudo imponerse y por ello el pacto es total; es un pacto político, económico,
cultural y memorístico: no se van a tirar -dice el personaje- la memoria histórica por la cabeza. Tampoco se trata de esto ahora, pero reconozcámoslo, ¿hacía falta tanto olvido? Tenemos una deuda histórica y hoy es el día de acordar pagarla.
Suena grandilocuente, pero me parece que es momento de que reconstruyamos esa historia, esa página de quien sufrió daños por defender derechos y libertades y rescatar del olvido a sus protagonistas.
Pongamos la fuerza en estos aspectos, el daño
padecido y la defensa de las libertades, y pasemos por alto, hagamos el esfuerzo de superación de un pasado en no hacer hincapié en quiénes fueron sus autores; no repasemos las autorías.
El punto segundo que se recoge en la moción es de una obviedad pasmosa -no más glorias ni reconocimiento a quienes fueron torturadores- y resume, con expresión de abandono, la perplejidad que nos causa que en una Cámara, en un Congreso en el
que se pueden tramitar con absoluta celeridad determinadas iniciativas legislativas, otras, sin embargo, como es esta iniciativa aprobada a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, no haya tenido el impulso necesario cuando se trata de algo
que, pese a ser obvio, es ética y estéticamente exigible, y sin embargo no parece que ni el grupo proponente ni el grupo mayoritario tengan excesivas prisas en activarlo. Hagámoslo, como se hace con otras iniciativas, en lectura única.
El punto tercero, pidiendo mucho ya que es de justicia intentar igualar o nivelar los porcentajes de las pensiones, es, sin embargo, muy modesto en su redacción puesto que sólo insta al Gobierno a que proporcione datos ciertos, a que se haga
un estudio que propicie la equiparación de todos los perceptores de pensiones desde el año 1968, que es el tope puesto en la Ley de indemnización a víctimas del terrorismo. Se nos dice que esto ya se ha arreglado en distintas ocasiones, sobre todo,
tras la Ley de presupuestos del pasado año. Nosotros tenemos constancia de que no es así. Existen viudas, singularmente de militares y de policías de la primera etapa, del tiempo comprendido entre 1968 y 1981, que están percibiendo las pensiones
de viudedad -de una viudedad que fue ocasionada por acto terrorista- en los estrictos términos del 45 por ciento que tienen las viudas ordinarias. La revisión de estos supuestos, de todos los casos equiparando a todas las perceptoras,
es lo que solicitamos en los términos de lo que ya se ha avanzado, según se nos dice, en la Ley de presupuestos, que nosotros creemos que no contempla del todo los supuestos que pretendemos.
La señora PRESIDENTA: Señora Uría, su tiempo ha concluido.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Concluiré en un minuto.
La idea de solidaridad que subyace en la ley, junto con el recuerdo a las víctimas, ha de ser lo que motive hoy también nuestro voto. Volvamos otra vez a reconocer a las víctimas, a todas las víctimas, su contribución de cara a conseguir
los valores de convivencia, de tolerancia y de libertad.
Los 25 años que pronto se celebrarán en esta Cámara con motivo del aniversario de las primeras Cortes democráticas, nos parece un buen momento para conseguirlo.
Aceptaremos, por tanto, las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a nuestra iniciativa y adelanto también que nos hubiera gustado reconocer en sus propios términos la de Izquierda Unida, con cuyo tenor literal coincidimos, pero
creemos que casa mejor con el contenido de lo previsto en el texto de la moción y que, de aprobarse el contenido de la iniciativa socialista, inexorablemente su puesta en práctica va a llevar al reconocimiento de lo que la iniciativa de Izquierda
Unida pretende.
Estoy consumiendo más tiempo, señora presidenta, pero ahorraré...
La señora PRESIDENTA: Señora Uría, sabe S.S. que en las mociones se es muy taxativo con el tiempo. Le agradezco que concluya su intervención, por favor.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Querría indicar cuáles iban a ser las enmiendas objeto de aceptación o no. Lo diré en un momento posterior, si así lo considera conveniente la señora presidenta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos enfrentamos a una moción consecuencia de interpelación del Grupo Vasco (PNV) muy rigurosa, delicadamente medida y muy oportuna en el tiempo, por cuanto compromisos que esta Cámara ha suscrito con sus votos empiezan a incumplirse, en
función de planteamientos políticos e ideológicos cada vez más desfasados con ese centro político que querían asumir tiempo ha y que, con la mayoría absoluta, constantemente están desdibujando de cara a una posición pura y dura de derechas. Era una
moción medida, pero singularmente el punto primero podía aterrizar mucho más en la concreción necesaria, fundamentalmente a raíz de cierta sentencia a la que después me voy a referir.
Hemos presentado una enmienda de adición al punto primero para proceder sin dilación a la revisión de todas las peticiones de indemnizaciones como víctimas del terrorismo por acciones de las fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier
otra persona o grupo incontrolado durante el anterior régimen que han sido rechazadas y/o denegadas. Este proceso incluirá todas las modificaciones y actuaciones pertinentes para garantizar la equiparación plena de todos estos casos con la
normativa que rige en la actualidad para el resto de víctimas del terrorismo, en coherencia con lo dispuesto en la sentencia de 23 de marzo de 2002 de la Audiencia Nacional, Sala de lo contencioso-administrativo, sección octava. Efectivamente, en
esta sentencia se reconoce como víctima del terrorismo a doña María Norma Menchaca Gonzalo y se da la razón a aquellos que habíamos defendido que todas las víctimas de la violencia policial o política son susceptibles de protección e indemnización
del Estado bajo el esquema legal de indemnización de las víctimas del terrorismo. Consideramos que la citada sentencia constituye una acción de justicia en la medida en la que afirma lo siguiente: Un acto individual, incluso grupal pero ajeno a
una organización estable que altere gravemente la paz y la seguridad ciudadana, puede dar lugar a la aplicación de las normas relativas a la solidaridad con las víctimas del terrorismo. En esa dirección hay que marchar. En función del texto
original del Grupo Vasco (PNV) y de la adición que han aceptado procedente del PSOE, que conduce también a la solución que proponemos, hay algo que se deduce de este texto finalmente conseguido y es que si vota en contra el Partido Popular se está
poniendo de espaldas a la realidad política y jurídica. Como se está poniendo de espaldas a la realidad jurídica, política y democrática si no vota a favor del punto segundo de la moción respecto al cual ya tiene un compromiso esta Cámara, que
tiene los visos de ser incumplido en el próximo periodo. Se trata de excluir de cualquier reconocimiento honorífico a personas como el señor Melitón Manzanas. Nosotros ya lo dijimos en su momento, incluso a través de una pregunta oral en Pleno al
presidente del Gobierno. Estimamos que no está clara en el Partido Popular ni en el Gobierno sustentado por él la conexión de los ordenamientos jurídicos formales con la democracia. No está clara esa conexión; no hay, señores del PP, Constitución
ni derecho sin valores democráticos; no hay Constitución ni derecho sin fines democráticos. A veces da la impresión de que ustedes piensan que el señor Melitón Manzanas en el fondo era un patriota que luchó en unas circunstancias determinadas y
que como fue asesinado por ETA -cosa repudiable totalmente, piense lo que piense
cualquier persona- merece una condecoración y una indemnización. A veces da la impresión de que ustedes piensan que la patria está por encima de la Constitución, y no es verdad, no es cierto. Síntesis que ustedes han intentado
posteriormente hablando de patriotismo constitucional, pero que en absoluto conduce a la realidad de las cosas.
Cuando se olvida que detrás del hiperformalismo jurídico anidan graves riesgos para la democracia y los derechos humanos, ocurren cosas como esta de conceder una medalla a Melitón Manzanas, y no sólo la medalla sino también la indemnización
y después ganar tiempo...
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, su tiempo ha concluido. Muchas gracias.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
Ganar tiempo, decía, para no remendar esta situación absolutamente inaceptable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha presentado una enmienda a la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, que busca una interpretación más amplia de lo que en este momento, a nuestro entender, significa una interpretación correcta de la Ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo. Esta ley, como bien saben SS.SS., es consecuencia de un resarcimiento de la ciudadanía unánimemente aclamado por este Parlamento en atención a un protagonismo desgraciado de unos ciudadanos destinatarios directos del dolor
y de la humillación como consecuencia de actos de barbarie de bandas armadas, de terrorismo. Este debe ser el marco correcto en el que debe aplicarse e interpretarse la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
El Partido Nacionalista Vasco, el PNV, viene a pedir hoy a la Cámara que por esta vía se puedan resarcir todos aquellos que padecieron una violencia ejercida no ya por bandas terroristas ni a través de actos terroristas en el sentido
estricto, sino por autoridades o por poderes públicos en momentos predemocráticos, como es el caso de Vitoria de 3 de marzo de 1976, que sin duda tiene que tener una respuesta de resarcimiento de la sociedad frente a quienes ejerciendo los derechos
fundamentales se encontraron con un ataque antidemocrático a ese ejercicio, que precisan -insisto en ello- un resarcimiento civil, por vía de compensación, pero que no debe ser ésta la vía que debe aplicarse a la hora de resarcimiento civil de
quienes han sido víctimas como consecuencia del ejercicio de derechos fundamentales de aquellos que fueron contra ellos.
La posición de mi grupo en este tema -y hay una enmienda cuya aceptación agradecemos ya al Partido Nacionalista Vasco, al PNV-, es clara y yo quisiera reducirla a tres o cuatro puntos. En primer lugar, hemos hecho un esfuerzo por llegar a
unanimidad en este tema, a sabiendas de que es un tema menor en comparación con la unanimidad que tuvieron todos los grupos parlamentarios a la hora de articular una ley que definiera la solidaridad de este Parlamento con las víctimas del
terrorismo. Se consiguió en el año 1999 y, si bien sería positivo que esto fuera un reflejo de aquella unanimidad -nosotros hemos trabajado por ella-, somos conscientes de que su nivel de fuerza, de importancia y de contenido no tiene esas
características ni hace indispensable dicha unanimidad. En segundo lugar, ya hemos dicho que la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo no puede aplicarse a aquellos que no podemos definir, sean cuales sean nuestras simpatías con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad predemocráticos, como banda armada. Las fuerzas de orden público en aquella época no podían tener esa consideración ni el intérprete auténtico, que es este legislador, de aquella Ley de 1999 debe admitir esta
interpretación ni sus excesos deben considerarse como actos terroristas. En tercer lugar, quiero advertir que la interpretación de mi grupo no ampara aquella que sostiene que una última sentencia de la Audiencia Provincial amplía a esos modos
interpretativos la Ley de solidaridad de las víctimas del terrorismo. Por el contrario, lo que la Audiencia Nacional está amparando es el resarcimiento a favor de una víctima de asesinato por bandas de ultraderecha y no por bandas de la Policía, a
pesar de que en aquella época los medios de comunicación recogían esa autoría con claridad. No parece oportuno interpretar con esta extensión la ley, a pesar de esa sentencia de la Audiencia, que, insisto, no ampara esa interpretación desde nuestro
punto de vista.
En cuarto lugar, para que nuestra posición quede claramente reflejada en el 'Diario de Congresos' del Congreso y sea bien conocida por los grupos parlamentarios, hemos presentado una enmienda -se nos ha advertido que va a ser apoyada por el
grupo autor de la moción, lo cual agradecemos- cuyo apartado primero viene a solicitar de la Cámara el máximo consenso, pero buscando el establecimiento de un marco jurídico distinto que permita la concesión de reparaciones económicas y morales a
aquellos ciudadanos que hayan sufrido daños como consecuencia del ejercicio o la reivindicación de derechos fundamentales reconocidos con posterioridad en la Constitución de 1978.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino, señora presidenta.
Con eso abarcamos lo que solicita el Grupo Parlamentario Vasco, haciéndonos cómplices del contenido real de su moción. Además, intentamos impulsar desde la Cámara una iniciativa parlamentaria distinta, que no distante, que permita amparar
lo que reclama hoy el Partido Nacionalista Vasco, con cuyo contenido estamos de acuerdo, aunque no con su forma. No obstante, agradecemos el voto favorable a la iniciativa que hemos presentado en forma de enmienda.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barrero.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, señorías, desde la consideración inicial de nuestro grupo, celebramos que este debate, en la primera fase, en la interpelación de la semana pasada y en el conjunto de casi todas -subrayo lo de casi
todas- las intervenciones que se acaban de producir, se haya desarrollado en unos términos serenos y constructivos, que vienen a insistir en esa idea fundacional que fue precisamente el consenso que a todos nos movió a la hora de elaborar la llamada
Ley 32/1999, de reconocimiento moral y solidaridad con las víctimas del terrorismo. Digo casi todos los discursos porque en esta tarde, hace escasos momentos, he podido escuchar un discurso -permítaseme la expresión- que entiendo intelectualmente
muy zafio. Un discurso que ofende a la inteligencia, y no solamente a la inteligencia de este grupo parlamentario, que sería lo de menos, sino que ofende a la inteligencia de la ciudadanía española, porque presentar a estas alturas ciertas
imputaciones, hacer ciertas especulaciones, intentar establecer conclusiones a la carta de algunos discursos ciertamente viejos y anacrónicos, como ha hecho el señor Alcaraz, ciertamente ofende a la inteligencia de esa ciudadanía que no hace mucho
determinó su confianza, una confianza ciertamente muy amplia, en el proyecto político del Partido Popular, probablemente porque esa ciudadanía entendía que este proyecto político representaba un compromiso con la España de la modernidad, un
compromiso con la España de la democracia, un compromiso con la España de la libertad, un compromiso con la España de la cultura de los derechos humanos. Y poner en duda todo eso simplemente para tratar de construir aquí un panfleto en los términos
de los viejos panfletos de universidad suena cuando menos ciertamente a rancio.
Dicho eso, nuestras enmiendas han pretendido seguir el tono lógico del debate que tuvo lugar la semana pasada y han pretendido seguir incluso la propia armazón lógica y la propia construcción de la moción del grupo proponente. En el primer
punto situamos simplemente nuestro requerimiento al Gobierno para que se insista en la aplicación generosa y solidaria y en la interpretación amplia de la Ley 33/1999, en los términos en que se ha venido haciendo hasta ahora y en el contexto de la
propia ley. Porque estamos hablando de una ley, y esa interpretación generosa, solidaria y amplia se tiene que hacer en el contexto y en los márgenes de esa ley, no más allá; interpretación generosa, solidaria y amplia que ha permitido el
reconocimiento de todas las víctimas, subrayo, de todas sin excepción, como se recordaba la semana pasada: víctimas de ETA, víctimas del GAL, víctimas del Batallón Vasco Español, víctimas de grupos radicales de extrema derecha. Las víctimas, sin
distinción, han sido reconocidas en los términos en que el legislador quiso que lo fueran: desde la no distinción, desde la no jerarquización, desde el reconocimiento de que todas tenían derecho a una reparación moral y a una reparación económica.
El punto segundo de nuestra enmienda es literalmente, señor Alcaraz, el mismo de la moción original, simplemente eliminando una expresión que nos parecía que no estaba en la lógica de los hechos, la expresión de que se está produciendo una
obturación o un taponamiento por parte de no se sabe quién, repito, no se sabe quién, en la tramitación de esa reforma. Esa reforma está en este momento en tramitación, entre otras cuestiones, porque este grupo parlamentario, que es el que tiene
mayoría absoluta en esta Cámara, apoyó precisamente que se tomara en consideración y porque todos coincidíamos en que se había producido un efecto no deseado por nadie y era y es necesario corregir ese efecto con vistas al futuro.
Finalmente, el punto 3 de nuestra enmienda simplemente pretende reconocer algo que es quizá una falta de información del grupo proponente, esto es, que las situaciones que relataba se daban en su momento y que han sido afortunadamente
corregidas a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año. Por tanto, no hay ninguna diferencia sustancial en lo que se refiere al marco de la Ley 32/1999; otra cosa es que alguien quiera aprovechar que el Pisuerga pasa por
Valladolid para plantear otro debate o para hacer construcciones intelectuales tan groseras como las que ha hecho esta tarde el señor Alcaraz.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Alcaraz, en el turno de las mociones no hay turno en contra; no hay intervención ni réplica.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, pero hay alusiones y se ha hablado de zafiedad y últimamente de grosería.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz.
En su intervención, señor Alcaraz, usted también ha hecho referencia a otros grupos de esta Cámara. Son
los cauces habituales por los que discurren estos debates y habitualmente, señor Alcaraz, como usted sabe muy bien, no hay réplica ni intervención por alusiones por cuanto los grupos se están refiriendo permanentemente unos a otros. (El
señor Gil Lázaro pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Gil Lázaro, le ruego guarde silencio.
Muchas gracias, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, entonces quitaremos el artículo 71 del Reglamento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En nombre de Eusko Alkartasuna manifiesto nuestro voto favorable a esta moción, como no podía ser de otra manera, desde la aprobación de la Ley 32/1999, con el sentido que quisimos y que creo que todos los grupos parlamentarios entendimos en
aquel momento, en el que quedaba claro que no iba a haber víctimas a las que se les hubiera vulnerado sus derechos humanos más elementales y entre ellos, evidentemente, el derecho a la vida, que quedaran fuera de la aplicación de esta ley. Yo
suscitaría en este Pleno que no todas las víctimas han sido atendidas en la reparación -si se puede hablar de esa palabra- de esa vulneración y citaría víctimas en concreto, porque ha tenido que ser una sentencia de la Audiencia la que diga que
efectivamente la señora Norma Menchaca fue objeto de asesinato, en definitiva, y quedan pendientes víctimas, como los obreros que fueron asesinados también el día 3 de marzo de 1976, a los que todavía les debemos muchas cosas. Podríamos citar más y
más. Hemos tenido que hacer un seguimiento de la aplicación de la ley, porque entendíamos que por naturaleza no era una aplicación extensiva, sino que era restrictiva. Hemos tenido que explicar al Gobierno que el propósito no era hacer una
aplicación restrictiva, y cuando no nos ha quedado más remedio, a través de múltiples iniciativas, como la que hoy nos ocupa, hemos tenido que presentar en esta Cámara, iniciativa tras iniciativa, propuestas para que se ampliara la aplicación a
aquellas víctimas que también tenían y siguen teniendo derecho a que se les repare a ellos y a sus descendientes por la vulneración de sus derechos. Poco a poco esta cuestión está siendo clarificada, aunque no hubiera tenido que ser así, ya fuere
por el Consejo de Estado, ya fuere por las propias sentencias de los tribunales. Por eso consideramos que es el momento, si el Gobierno no lo tiene claro, como lo tuvimos todos los grupos parlamentarios, de aprobar la iniciativa que realmente
recoja que no puede haber violaciones de derechos humanos de personas que no tengan reparación, que es lo que se pretendió. Tampoco -y esta es una cuestión en el caso contrario- se puede condecorar a personas que a su vez fueron vulneradores de los
derechos humanos, como el señor Melitón Manzanas. Creímos que la ley no iba a amparar esta cuestión, pero el Gobierno consideró que la ley le permitía dar una condecoración a un torturador, y al final tuvo en concreto el Grupo Socialista -aunque
hubo más iniciativas- que plantear en este hemiciclo una iniciativa para retirar, suprimir y modificar determinados artículos para que esto no se pudiera producir otra vez. Por tanto, yo creo que esta Cámara tiene que decirle al Gobierno que por
favor aluda a todas las víctimas, que aplique la ley -como debió ser- a todas las víctimas y que a aquellos que fueron vulneradores de los derechos humanos no se les condecore nunca más.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente en la medida en que buena parte del debate que estamos teniendo esta tarde ya tuvo lugar en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso el 31 de mayo de 2001, e incluso en el debate que culminó con la toma
en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación precisamente de la Ley 32/1999, de víctimas del terrorismo.
Tengo que manifestar en primer lugar nuestra decepción en el sentido de que nos hubiese gustado mantener elementos de consenso de aquella Ley 32/1999. En segundo lugar tengo que constatar que efectivamente la aplicación de la ley o el
contraste con diversos hechos pone de manifiesto la necesidad de abordar, estudiar e impulsar mecanismos de dignificación e indemnizatorios respecto de otras personas que murieron precisamente defendiendo derechos fundamentales de la persona y los
derechos humanos antes de la instauración de la democracia. El 31 de mayo de 2001, en aquella Comisión de Justicia e Interior mi grupo manifestó que quizá debiéramos estudiar también una ley no ya de víctimas del terrorismo, sino de víctimas de la
transición -y vamos a poner esto de la transición entre comillas-, en aquellos momentos en los que hubo gente que murió ante excesos de un poder que no cabía considerar precisamente como legítimo. En tercer lugar, pudimos enfrentarnos también a
supuestos concretos que han sido citados reiteradamente en esta Cámara y en la Comisión de Justicia e Interior y también mi grupo pudo decir aquello de que no asumíamos el dicho de que un bel morir tutta una vita onora, pues un bello morir no
dignifica la vida de aquella persona
que no la ha dignificado y que ha vulnerado derechos fundamentales o que incluso ha recurrido a la tortura. Por tanto, en aquel caso votamos favorablemente la proposición de ley del Grupo Socialista, que ya he indicado anteriormente.
Por otra parte, también somos partidarios de la homogeneización de pensiones a la que hace referencia el tercero de los apartados de la moción del Grupo Parlamentario Vasco. Por tanto, vamos a votar favorablemente dicha moción con las
enmiendas que le han sido admitidas al Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora Uría, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de alguna de las enmiendas.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señora presidenta.
Tal y como he indicado en mi intervención, acepto la enmienda del Grupo Socialista, que tiene dos partes. Primero propone la sustitución del punto número 1 y también la supresión de una frase en el punto 3, que es: con la extensión
pretendida en el punto primero. Eso es exactamente lo que dice. Se suprime del punto tercero de la moción presentada esa expresión literal. Después el punto primero de la moción presentada es sustituido por el del Grupo Socialista cuando hace
referencia a la posibilidad de resarcimiento de los daños padecidos como consecuencia del ejercicio de derechos fundamentales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señorías, iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre criterios y propósitos políticos del Gobierno en relación con las víctimas del terrorismo. Se somete a
votación con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 117; en contra, 154.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO. (Número de expediente 173/000137.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para fomentar la competitividad del sector turístico.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una moción consecuencia de interpelación para impulsar una serie de medidas que favorezcan e impulsen la industria turística española.
Nuestra moción contiene seis puntos, dos de ellos muy significativos, a los que más adelante me referiré, que van en la orientación de la exposición y de los planteamientos que hizo nuestro grupo parlamentario la semana pasada. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Sánchez i Llibre, por favor.
(Pausa.)
Adelante.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros pensamos que la industria turística española ha de continuar contribuyendo al desarrollo y al crecimiento sostenible de nuestra economía; ha de continuar incrementando la posibilidad de que el crecimiento económico en España sea
posible; ha de continuar contribuyendo a la generación de empleo y ha de continuar contribuyendo a un mayor incremento de la cohesión económica y social para que nuestro país pueda seguir siendo el segundo destino mundial de los turistas
extranjeros y para que se pueda incrementar el número de visitantes, que el año pasado fue de unos 50 millones de turistas extranjeros, así como para que se pueda incrementar el número de puestos de trabajo de la economía turística española, que
asciende a 1,5 millones de trabajadores.
También pensamos que estas medidas han de favorecer que la aportación de la industria turística española permita sobrepasar el 12,1 por ciento de la aportación actual.
De las seis propuestas que hemos planteado, hay dos muy significativas, que explicaré muy rápidamente. En primer lugar, pensamos que es necesario instar al Gobierno para que en el marco de las futuras reformas de la Ley reguladora de las
haciendas locales se haga posible la tipificación de la normativa que hace referencia a los municipios turísticos, a los que se pueda dotar de un régimen especial que les permita una mayor captación y una mayor asignación de recursos económicos, así
como que se pueda ampliar su capacidad de gestión económica para conseguir un mayor equilibrio de recursos, de acuerdo con sus necesidades financieras,
ya que, como SS.SS. saben perfectamente, los municipios turísticos españoles, debido a la estacionalidad y a la coyuntura de ese tipo de negocio, en unas determinadas temporadas del año han de incrementar sus prestaciones y sus servicios
porque se les puede quintuplicar o sextuplicar la población.
También desde este punto de vista y al margen de las legítimas competencias que tienen las distintas administraciones, tanto locales como autonómicas, en materia tributaria y turística, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
contempla y valora con preocupación la aplicación por algunas administraciones autonómicas y el deseo de aplicación por algunas administraciones locales de medidas que inicialmente van dirigidas a impulsar políticas medioambientales o turísticas,
como puede ser la aplicación de las ecotasas, que al final, seguramente como consecuencia de las relaciones entre la oferta y la demanda turística, acaban absorbiendo las diferentes empresas turísticas, gravando la estancia de los clientes, turistas
en este caso, y convirtiéndose en meras políticas fiscales que incrementan la presión fiscal, lo que en algunos casos puede representar incrementos significativos, por ejemplo, de un 50 por ciento de lo que representa la aplicación del impuesto del
IVA, o que también, según algunos estudios económicos que circulan por los sectores turísticos, pueden representar un incremento de un 20 o un 30 por ciento de sus gastos de explotación.
Por tanto, nosotros valoramos y contemplamos con muchísima
preocupación, insisto, la aplicación de una serie de medidas que inicialmente se planteaban como medidas de políticas turísticas o medioambientales y que finalmente acaban siendo meras políticas de incremento tributario, que básicamente afectan a la
industria turística hotelera.
También desde esta perspectiva hemos presentado una serie de propuestas relativas a los puntos a los que anteriormente me he referido, como es el incremento de la sostenibilidad económica y financiera de lo que puede representar la industria
turística española, así como todo lo que suponga reforzar la industria turística española para que pueda seguir generando los puestos de trabajo a los que me he referido al inicio de mi intervención.
A dicha moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se han presentado diferentes enmiendas por los grupos parlamentarios. En primer lugar voy a valorar rápidamente las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular,
manifestándoles que las vamos a aceptar. Respecto a la enmienda presentada al punto número 1, nosotros vamos a plantear una enmienda transaccional. Ya he hablado de ello con la representante del Grupo Parlamentario Popular y ahora se la hago
llegar a la Presidencia del Congreso. Nuestra enmienda dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar en el plazo de seis meses, en el marco de la Conferencia sectorial de Turismo, un informe sobre las peculiaridades
económicofinancieras de los municipios donde se desarrolla una intensa actividad turística.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decirles que no la podemos aceptar porque este ha sido uno de los puntos relevantes de la moción que hemos presentado ante esta Cámara, en el sentido de
manifestar nuestra preocupación por la aplicación de determinadas tasas, como las ecotasas, que en definitiva no son políticas medioambientales o políticas turísticas, sino que son políticas de incremento de presión fiscal sobre el turismo.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, manifestamos que, estando de acuerdo en alguno de sus términos en el fondo de la misma, creemos que esta no es quizá la coyuntura política más favorable
para presentarla, ya que en la Comisión de Economía y Hacienda ya hemos valorado algunos de los planteamientos que en ella se incluyen.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, se nos presenta una moción que es fruto del debate sobre la interpelación de la semana pasada, y es difícil hacer un pronunciamiento unitario porque tiene seis apartados totalmente
diferentes y cada uno merecería quizá un debate diferente.
Estamos de acuerdo en que la industria turística necesita una política activa que tenga fundamentalmente un objetivo, que es contribuir a ofrecer un producto turístico de calidad. Creemos que no solamente hay que promocionar sino que, a
través de políticas horizontales, hay que hacer que España pueda competir en el mercado internacional en función de la calidad y no del precio. Por eso nos extrañan algunos de los elementos que se han puesto aquí sobre la mesa, porque no
contribuyen a ello.
Izquierda Unida está de acuerdo, y así lo hemos planteado en la Comisión de Economía en reiteradas ocasiones, en la necesidad de reconocer los municipios turísticos, incluso hay acuerdos de la Comisión en ese sentido. Por eso nos extraña
que unos temas se tengan en cuenta y otros, como ha dicho el portavoz, por haberlos tratado en la Comisión, no se tengan en cuenta, pero en este tema coincidimos porque es uno de los elementos que en estos momentos están lastrando la posibilidad de
que haya un producto turístico de calidad, de que los ayuntamientos puedan ofrecer calidad en determinados servicios, ya que las arcas municipales en estos momentos no pueden hacer frente a la limpieza
vial, a la seguridad, etcétera, porque los que somos contribuyentes de estos municipios no podemos soportar estos impuestos municipales. En eso estamos completamente de acuerdo y lo votaríamos si fuese en votación separada, pero el portavoz
de Convergència i Unió ha saltado al último punto de la moción para hablar de lo que puede ser la fiscalidad turística. Nosotros creemos, y así lo planteamos en nuestra enmienda, que hace falta analizar la fiscalidad turística, pero hay que hacerlo
con seriedad. No se puede plantear en el punto 6.º de una moción. Habría que hacer un debate en profundidad. El Parlamento andaluz, por cierto, lo ha hecho durante meses y al final está planteando unas conclusiones cuya lectura recomendaría a su
señoría.
Señorías, quisiera señalar brevemente que lo que en este momento hace falta en el sector turístico en este país, con un medio ambiente en progresiva degradación, porque eso sí que está perdiendo competitividad y sí que es un elemento que
puede gravar la actividad turística, es afrontar esta situación. El hecho, por ejemplo, de que nuestro país no vaya a cumplir la normativa europea de saneamiento en nuestras costas, sí que es un elemento que grava seriamente nuestro futuro
turístico. Si desde hace años hubiese habido una finalidad en los impuestos que paga el turismo para el medio ambiente, posiblemente en estos momentos tendríamos el saneamiento de nuestras costas terminado, tendríamos también nuestro litoral en
perfecto estado y podríamos presentar en este momento un producto turístico de calidad medioambiental. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que se recauda sobre el turismo no se reinvierte con carácter finalista para recuperar el
medio ambiente. Por eso, cuando hablamos de fiscalidad, no hablamos de una mayor fiscalidad para el sector turístico, hablamos de que se invierta bien lo que se recauda. Por eso, cuando se habla de ecotasa, cuando se habla de fiscalidad turística,
hay que hablar con propiedad. A estas alturas nadie se puede creer que eso sea un elemento disuasorio para que venga el turista. Lo que es disuasorio son las malas condiciones de nuestras playas y que tengamos unas canteras sin recuperar, ya que
en definitiva hoy por hoy el medio ambiente es uno de los elementos básicos a la hora de elegir un destino turístico. Por eso, lo que garantiza la fiscalidad medioambiental es que de verdad se va a invertir bien el dinero que se recauda del
turismo. Por eso, creemos que la oposición a esta modalidad de fiscalidad -que no tendría por qué aumentar, sino que tendría que reinvertirse mejor- a lo único que puede contribuir es a que sigamos degradando el medio ambiente y sigamos degradando
el producto turístico.
Nuestro grupo no está de acuerdo con la moción de Convergència i Unió, porque no recoge la preocupación de que tengamos unas playas en mal estado o un turismo de interior cada vez más degradante del medio ambiente, pero en cambio sí está en
cuanto a la fiscalidad. Por tanto, no es creíble esa preocupación. A partir de ahí, si la votación fuese separada nuestro grupo daría el voto favorable a la mayor parte de los puntos. Si al final, como se deduce por haber aceptado alguna enmienda
transaccional, la votación es unánime, lamentamos no poder votar afirmativamente, porque, repito, que situar en estos momentos como elemento negativo en el turismo la fiscalidad no es ni más ni menos que hacer el juego a aquellos que lo que quieren
es seguir manteniendo el turismo como un negocio y no el turismo como una industria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda de supresión al punto 6 que figura en la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por un sentido de coherencia.
No acierto a entender que un grupo que gobierna en una comunidad autónoma como la nuestra, Cataluña, donde ejerce la autonomía y las funciones que le son propias en todo aquello que creemos necesario para el autogobierno, luego venga al
Parlamento nacional a cuestionar lo que legítimamente ha hecho otro gobierno poniendo una tasa en su comunidad.
Esto se hace con el objetivo de que daña el turismo y que puede tener consecuencias. Señorías, no creo que haya nadie hoy en este país
que pueda sostener que poner un euro de tasa en una factura de 220 ó 240 euros o 50 céntimos en una factura de 70 ó 90 euros, pueda poner en peligro nada. Señorías, es más, el Gobierno y todos ustedes conocen las distintas encuestas que han hecho
los semanarios alemanes a sus ciudadanos, que son turistas fundamentalmente con destino balear, y todos aprueban la ecotasa. Fíjense, absolutamente todas las encuestas la aprueban.
Señorías, además les quiero recordar que Francia, que es el primer destino turístico, tiene también puesto desde hace años una tasa, la tasa de pernoctación que la puso Chirac, cuando era primer ministro y era presidente el desaparecido
Mitterrand. Es una tasa de aplicación a todo el territorio nacional, pero queda en mano de los ayuntamientos ponerla en vigor y aplicarla en función de aquellos proyectos, programas o campañas que puedan hacer, es decir, que entran y salen de la
tasa cuando quieren. Señorías, nadie puede sostener que eso haya perjudicado a Francia en su turismo. Yo diría que la enmienda de supresión de mi grupo está más que razonada y no tiene explicación, y menos por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que venga aquí a cuestionar la autonomía de un Gobierno como el balear que ha puesto una ecotasa que destina
escrupulosamente a lo que definió la misma. Hemos de decir que podríamos haber cuestionado, porque podía haber puesto en peligro el turismo en su día, la ley del entonces presidente, hoy ministro, Matas, que prohibía la creación de ningún
otro hotel, es decir, dar una exclusividad a los hoteles que había en ese momento en Baleares.
Señorías, creo que se tiene que ser más honesto con las medidas que se toman porque estamos hablando de un sector que afecta al conjunto del país y porque estamos hablando de un sector que supone el 12 por ciento del producto interior bruto
de este país. Además, hablamos de un sector que tiene un componente estacional muy importante, y miren ustedes las medidas que se le ocurren al Gobierno para potenciar el turismo. Uno de los efectos que va a tener la reforma que plantean ahora
mismo va a ser la consecuencia negativa para los trabajadores fijos discontinuos y he de recordarle, señoría, que del millón y medio largo de trabajadores del sector un buen porcentaje, y fundamentalmente en las costas catalanas, lo son de
temporada, de seis o de nueve meses. Pues bien, el decreto de la reforma que acaba de implantar el Gobierno del PP afecta a esos trabajadores que pierden su condición como tales. Y eso sí que hace daño y no las ecotasas.
Quiero decir al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que votaríamos a favor de los cinco primeros puntos si se nos da la posibilidad de hacer dos votaciones, porque las medidas que proponen aquí son meras declaraciones de
intenciones. Con el 1,47 por ciento del presupuesto del Ministerio de Economía para destinar a proyectos de promoción de turismo poco se puede hacer, por mucho que se establezca que se quieren introducir nuevas tecnologías, que se quiere hacer
formación, lo que se quiera hacer. Se puede querer hacer lo que quieran, pero si no hay presupuesto, si no hay medios las ganas y el querer no sirven para que estos objetivos se hagan realidad en un sector como el del turismo.
La señora PRESIDENTA: Señor López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Repito, si existe la posibilidad de dividir la votación en dos, votaríamos a favor del 1 al 5 y en contra del punto 6.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, me gustaría agradecer al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y especialmente al señor Sánchez i Llibre la oportunidad que nos ofrece de debatir en la Cámara temas relacionados con
un sector básico para la economía española como lo es el turismo. Lo decía el señor vicepresidente durante su interpelación. A pesar de que el año 2001 ha sido el peor año turístico de los últimos 20 años, el contexto turístico español ha
reaccionado de manera muy positiva debido a la solvencia, a la madurez y a la capacidad de atracción del sector que en las peores circunstancias es capaz de tener récords de llegadas internacionales de turistas y seguir creciendo, debiendo reconocer
el esfuerzo de calidad realizado por los empresarios turísticos y el cuidado de nuestra imagen en el exterior.
En cuanto al primer punto de su moción, señor Sánchez i Llibre, hay que reconocer la evidencia de la existencia de municipios donde la gran afluencia de visitantes, en determinadas épocas del año, hace que la población de hecho sea muy
superior a la del derecho, por lo cual debe superar unos gastos muy superiores a los ordinarios. Pero a pesar de que es una premisa absolutamente cierta y que debemos encontrar una solución adecuada para que tantos municipios españoles no sufran
estos desequilibrios, no podemos dejar de tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, dado que las competencias en esta materia están transferidas a las mismas, y además en muchas comunidades como en la mía, en la Comunidad Autónoma
Valenciana, o en la suya, en Cataluña, hay leyes de turismo específicas que regulan la figura del municipio turístico.
Por ello, desde el Grupo Popular hemos presentado una enmienda para que se realice un informe sobre los municipios donde se desarrolla una intensa actividad turística, en el seno de la Conferencia sectorial de turismo, donde se encuentran
representantes de todas las administraciones autonómicas, para a partir de este momento poder consensuar entre todos la mejor solución posible, sin olvidar, señorías, que el Gobierno ha puesto en marcha medidas específicas para apoyar a estos
municipios, como son los planes de excelencia y dinamización y los planes de municipios sostenibles.
Plantea el señor Sánchez i Llibre en el punto 6 de su moción su preocupación por la aparición de nuevas figuras impositivas y desde el Grupo Parlamentario Popular creemos, como usted, que no estamos ante un debate de política turística sino
ante un debate de política tributaria con dos posiciones conocidas. Por una parte, los que defienden que sólo se pueden llevar a cabo políticas prioritarias como la sostenibilidad mediante aumento de impuestos, teniendo éstos una misión
exclusivamente recaudatoria, y la de quienes hemos demostrado que se pueden mejorar las políticas prioritarias de educación, sanidad, pensiones, medio ambiente, empleo y al mismo tiempo bajar los impuestos. Además defendemos un sistema tributario
que no sólo debe recaudar sino estar al servicio de la creación
de empleo. Debemos recordar, señorías, que Baleares es el único de los grandes destinos turísticos españoles que viene sufriendo descensos de la actividad turística desde el anuncio de la ecotasa. Tanto en los años 2000 como 2001 y los
datos del primer trimestre de 2002 son realmente preocupantes. Parece que esto no es fruto de la casualidad sino que algo tendrá que ver esta tasa, por lo que la puesta en marcha de la ecotasa parece, señorías, especialmente inoportuna e
incoherente con el objetivo de creación de empleo.
A mí, como a usted, señor Sánchez i Llibre, me preocupa que este tipo de comportamientos, claramente electoralistas, puedan extenderse a otras zonas y se perjudique seriamente la imagen de España y de este sector que todos reconocemos
fundamental para nuestra economía. En nuestra enmienda, además, pretendemos adicionar un punto 7 donde se insta al Gobierno a apoyar la incorporación de las nuevas tecnologías de la información. Con la creación del portal de turismo se potenciarán
los instrumentos existentes y se mejorará la información sobre la oferta turística española presente en la red, además de ofrecer al turista la gestión integral de su viaje de forma personalizada, interactiva y siempre accesible, antes, durante y
después del mismo.
Desde el Grupo Popular también hemos considerado importante añadir a la moción algo concerniente al turismo cultural e idiomático. Saben SS.SS.
que el año 2002 ha sido declarado como Año del turismo cultural idiomático y que el Gobierno ha
aprobado un plan específico con 70 millones de euros y con una serie de objetivos dirigidos a la mejora de la oferta turísticocultural con la implantación de un modelo de gestión integral de calidad de destinos turísticos que va a fomentar, como
usted pedía en su moción, la desestacionalización.
Señor Sánchez i Llibre, para terminar me gustaría decirle que vamos a aceptar la enmienda transaccional que usted nos ha presentado, agradeciéndole su voluntad de permitir llegar a un consenso en este tema tan importante para la economía
española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Camarero.
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.)
Señor Sánchez i Llibre, de su intervención he deducido que aceptaba las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, con la corrección que usted ha puesto de manifiesto con respecto al punto 1, y que no aceptaba las del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida ni las del Grupo Socialista. ¿Es así?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Exactamente, señora presidenta. Quiero manifestar que nos encantaría, si fuera posible, acceder a la petición de la diputada socialista de poder votarla separadamente, pero creo que es imposible debido al
Reglamento.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez i Llibre, cuando una moción lleva enmiendas incorporadas, con la interpretación que históricamente se viene haciendo del artículo 195, no se puede someter a votación separada, sino en una sola votación.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno para fomentar la competitividad del sector turístico,
con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que han sido aceptadas por el grupo parlamentario proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 159; en contra, 93.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.