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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 164, de 23/05/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 164
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 158
celebrada el jueves, 23 de mayo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Numeros de expediente 004/000084; 004/000335; 004/000164; 0004/000063; 004/000110; 004/000387 y 004/000211.) ...
(Página 8273)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
- Convenio entre el Reino de España y la República Francesa en materia de protección y de seguridad civil, hecho en Perpiñán el 11 de octubre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 273, de 8 de marzo de 2002. (Número
de expediente 110/000159.) ... (Página 8274)
- Convenio de cooperación científico-técnica entre España y Ucrania, hecho en Kiev el 7 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 274, de 8 de marzo de 2002. (Número de expediente 110/000160.) ...
- Acuerdo para la conversión de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino, en Organización Internacional de la Viña y el Vino, hecho en París el 3 de abril de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 276, de 8 de marzo
de 2002 (corrección de error en serie A, número 278, de 12 de marzo de 2002). (Número de expediente 110/000162.) ... (Página 8274)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana, relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 279, de
15 de marzo de 2002. (Número de expediente 110/000163.) ... (Página 8274)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Islandia, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 22 de enero de 2002.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 280, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 110/000164.) ... (Página 8274)
- Convenio entre España y Australia sobre Seguridad Social, hecho en Madrid el 31 de enero de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 281, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 110/000165.) ...
- Convenio celebrado por el Consejo de la Unión Europea de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados Miembros de la Unión Europea,
firmado en Bruselas el 29 de mayo de 2000, y Declaraciones que España desea formular en el momento de su aceptación.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 286, de 8 de abril de 2002. (Número de expediente 110/000166.) ...
- Declaraciones sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982). 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie
A, número 287, de 8 de abril de 2002.
(Número de expediente 110/000167.) ... (Página 8274)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 67-1, de 15 de febrero de
2002. (Número de expediente 121/000067.) ...
(Página 8275)
- Proposición de Ley sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 241-1, de 16 de mayo de 2002. (Número de expediente 122/000216.) ... (Página
8284)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 93-1, de 24 de abril de 2002. (Número de expediente 121/000093.) ... (Página 8299)
Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2000.
- Propuestas de Resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 2000. (Número
de expediente 245/000003.) ... (Página 8327)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 8273)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores diputados ... (Página 8273)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 8274)
Convenio entre el Reino de España y la República Francesa en materia de protección y de seguridad civil, hecho en Perpiñán el 11 de octubre de 2001 ... (Página 8274)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 228 votos a favor y una abstención.
Convenio de cooperación científico-técnica entre España y Ucrania, hecho en Kiev el 7 de noviembre de 2001 ... (Página 8274)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 232 votos a favor.
Acuerdo para la conversión de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino en Organización Internacional de la Viña y el Vino, hecho en París el 3 de abril de 2001 ... (Página 8274)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 231 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana, relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2001 ... (Página 8274)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 232 votos a favor y seis abstenciones.
Convenio entre el Reino de España y la República de Islandia, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 22 de enero de 2002 ...
(Página 8274)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 238 votos a favor.
Convenio entre España y Australia sobre Seguridad Social, hecho en Madrid el 31 de enero de 2002 ... (Página 8274)
Sometido a votación el texto del dictamen es aprobado por 236 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Convenio celebrado por el Consejo de la Unión Europea de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea ...
(Página 8274)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 238 votos a favor y uno en contra.
Declaraciones sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982) ...
(Página
8274)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 238 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 8275)
Proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre) ... (Página 8275)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Vázquez Vázquez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Merino Delgado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las distintas enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, que son rechazadas.
Asimismo se procede a la votación del texto del dictamen de la Comisión, que es aprobado por 180 votos a favor, 107 en contra y 13 abstenciones.
Proposición de ley sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad ... (Página 8284)
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición de ley intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley, que son rechazadas.
A continuación, se someten a votación las disposiciones derogatoria y final del texto del dictamen, que son aprobadas por 303 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.
Finalmente se somete a votación el resto del texto del dictamen, que es aprobado por 188 votos a favor, ocho en contra y 116 abstenciones.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 8299)
Proyecto de ley orgánica de partidos políticos ... (Página 8299)
Presenta, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley orgánica de partidos políticos el señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua). Manifiesta que el Gobierno, en consonancia con las preocupaciones de los ciudadanos, concede al proyecto de
ley la máxima importancia en cuanto que viene a desarrollar previsiones constitucionales esenciales y a introducir mejoras capitales para el presente y el futuro de nuestra democracia y nuestras libertades. A continuación explica el proyecto de
ley, centrándose en el examen tanto de las finalidades como de su fundamento y contenidos.
Defienden las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Saura Laporta, la señora
Lasagabaster Olazábal, y los señores Aymerich Cano, Labordeta Subías, Puigcercós i Boixassa y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se suspende la sesión a las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Trias i Vidal de Llobatera, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Caldera Sánchez-Capitán, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Arenas Bocanegra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se rechaza por 34 votos a favor, 277 en contra y una abstención.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas a la totalidad de devolución, se rechazan por 20 votos a favor, 278 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 19 votos a favor, 278 en contra y 14 abstenciones.
Propuestas de resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año 2000 ... (Página 8327)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 2000 ...
En defensa de las propuestas de resolución presentadas intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Barrero López, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a las propuestas 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista y 25 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Ollero
Tassara.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno por alusiones interviene el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a sus propuestas de resolución intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometidas a votación las propuestas de resolución números 9, 10, 11, 14 y 16, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechazan por cinco votos a favor, 152 en contra y 93 abstenciones.
Sometidas a votación el resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechazan por 88 votos a favor, 151 en contra y 10 abstenciones.
Sometidas a votación las propuestas de resolución números 19, 20, 21, 22, 26 y 27, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueban por 242 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la propuesta de resolución número 25 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada, se aprueba por 244 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometidas a votación las propuestas de resolución números 1, 2 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por 88 votos a favor, 151 en contra y 11 abstenciones.
Sometidas a votación las propuestas de resolución números 3 y 6 del Grupo Parlamentario Socialista, esta última con la corrección técnica indicada, se aprueba por 244 votos a favor y seis abstenciones.
Sometida a votación la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 93 votos a favor, 152 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 93 votos a favor, 151 en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la propuesta de resolución número 8 del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada, se aprueba por 241 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.
Se levanta la sesión a las seis y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Números de expediente 004/000084; 004/000335; 004/000164; 004/000063; 004/000096; 004/000110; 004/000387
y 004/000211.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD CIVIL, HECHO EN PERPIÑÁN EL 11 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000159.)
- CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA ENTRE ESPAÑA Y UCRANIA, HECHO EN KIEV EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000160.)
- ACUERDO PARA LA CONVERSIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO, EN ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO, HECHO EN PARÍS EL 3 DE ABRIL DE 2001. (Número de expediente 110/000162.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA, RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES, HECHO EN MADRID EL 17 DE DICIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000163.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ISLANDIA, PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 22 DE ENERO DE 2002.
(Número de expediente 110/000164.)
- CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y AUSTRALIA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN MADRID EL 31 DE ENERO DE 2002. (Número de expediente 110/000165.)
- CONVENIO CELEBRADO POR EL CONSEJO E LA UNIÓN EUROPEA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA,
FIRMADO EN BRUSELAS EL 29 DE MAYO DE 2000, Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU ACEPTACIÓN.
(Número de expediente 110/000166.)
- DECLARACIONES SOBRE LA ADMISIÓN DE LA JURISDCCIÓN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR (CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, MONTENGO BAY, 10 DE DICIEMBRE DE 1982). (Número de expediente 110/000167.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo desea fijar posición en alguno de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores?
(Pausa.) Entonces procederemos a la votación sucesiva de los distintos dictámenes.
Señorías, votamos, en primer lugar, el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el convenio entre el Reino de España y la República Francesa en materia de protección y de seguridad civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 228; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido convenio.
Convenio de cooperación científico-técnica entre España y Ucrania.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 232.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo para la conversión de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino en Organización Internacional de la Viña y el Vino.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor 231; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana, relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 232; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio entre el Reino de España y la República de Islandia, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo hecho en Madrid el 22 de enero de 2002.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 238.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio entre España y Australia sobre Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 236; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio celebrado por el Consejo de la Unión Europea de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 238; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Declaraciones sobre la admisión de la jurisdicción del Tribunal internacional del derecho del mar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 238; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETOLEY 16/2001, DE 27 DICIEMBRE.) (Número de expediente 121/000067.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, dictamen de Comisión del proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, procedente del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre. Para la defensa de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio. Hay un diputado de pie en su escaño esperando para hacer uso de la palabra. Les ruego que ocupen sus escaños y permitan que
el Pleno continúe. (Continúan los rumores.)
Un momento, señor Vázquez, porque no va a ser posible que se le escuche.
(Pausa.) Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible y doy por defendidas las enmiendas de Eusko
Alkartasuna a este proyecto de ley, un proyecto sobre el que expresamos nuestro desacuerdo con la presentación de una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, debatida el pasado 7 de marzo.
Estamos delante de un proyecto más del Gobierno que
sin pausa va introduciendo sucesivas reformas que paulatinamente van creando un marco de protección social cada vez más restrictivo, por decirlo de alguna manera, más acorde con los vientos dominantes del... yo ya no sé si se llama neoliberalismo,
a veces con el apoyo de agentes sociales, aunque en este caso solamente un sindicato firmó el acuerdo previo que da lugar a este proyecto de ley, y supongo que será por algo. Estamos delante de una auténtica contrarreforma en el terreno social y
laboral, así como en otros campos, y de la que la reforma del seguro de desempleo que se nos viene encima será un nuevo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez, por favor.
Señorías. (Pausa.) Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que, en nuestra opinión, estábamos delante de una auténtica contrarreforma en el terreno social y laboral, como en otros campos, y la reforma del seguro de desempleo que se nos viene encima será un punto más en este avance imparable de
la política del Gobierno. Con nuestras enmiendas, a las que me voy a referir brevemente, nos oponemos a extender la edad de jubilación más allá de los 65 años para poder compatibilizar
trabajo y percepción de una pensión de jubilación. Esta disposición, que puede parecer muy avanzada y muy acorde con la prolongación de la vida media de los ciudadanos, aunque en realidad en un contexto como el que estamos en el que los
niveles de paro son muy elevados especialmente entre los jóvenes, o medidas como estas van a dificultar aún más el acceso al trabajo de este colectivo. Por lo demás, mantenemos en forma de enmiendas parciales las propuestas contenidas en el texto
alternativo al que me referí. Así creemos que el derecho a la jubilación anticipada debe ser extendido como medida de reconocimiento a quienes hayan cotizado más tiempo y con independencia de que el cese de la actividad laboral sea por voluntad del
trabajador o de la empresa. Debería extenderse la posibilidad de jubilación anticipada a todos los regímenes especiales y con los mismos requisitos. Por otro lado, es poco defendible la asignación de cuotas de la Seguridad Social respecto a los
trabajadores por cuenta ajena por 65 años o más. Consideramos excesivo y contradictorio con el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social, que el Gobierno preconiza y pregona constantemente, el establecimiento de bonificaciones de cuotas
en empresariales para trabajadores de 60 o más años.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Asimismo, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Simplemente intervengo para defender una enmienda que hace referencia a la supresión de un nuevo apartado 3, que se ha introducido en el artículo 161 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. El objeto de esta supresión
persigue que se universalice el derecho a la jubilación anticipada de todas las personas trabajadoras, de forma que padezcan los menores costes posibles.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Egunon, señora presidenta. Señorías, intervendré muy brevemente.
El Grupo Vasco es consciente de que en estos momentos el Estado central ostenta la competencia exclusiva para dictar esta norma, y que las comunidades autónomas ostentan las competencias de ejecución en materia laboral y además en un ámbito
bastante restringido, que en cuanto a la Seguridad Social es la señal evidente del eterno cumplimiento del pacto estatutario. Hemos presentado una única enmienda al artículo 14 y la hemos mantenido viva. Es una enmienda que modifica las normas
reguladoras del programa de fomento de empleo y que, por otra parte, reiteramos sin éxito en todas las leyes de acompañamiento que tocan ese tema de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social como incentivos de empleo. Tratamos -vemos
que inútilmente- de preservar el régimen competencial autonómico e impulsar su desarrollo pendiente respecto a las comunidades autónomas que, a pesar de ostentar títulos competenciales suficientes, no pueden gestionar los programas de políticas
activas de empleo que articulan incentivos a través del mecanismo instrumental de las bonificaciones, ante la negativa injustificada de la Administración del Estado para proceder a su traspaso, como he comentado anteriormente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida le preocupa la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social, pero también la fortísima desigualdad existente en cuanto a las condiciones de acceso a la jubilación
anticipada y a las prestaciones mal llamadas de prejubilación. Izquierda Unida no es partidaria de una retirada de los trabajadores antes de tiempo del mercado de trabajo, aunque sí hemos reclamado la reducción de la edad de jubilación para
aquellos que realizan trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. La jubilación flexible debe ser entendida como el derecho de los trabajadores a escoger el momento de su retiro y no sólo a prolongar su vida laboral, sino también a
anticipar voluntariamente su edad de jubilación. Esta última posibilidad está actualmente muy restringida por los excesivos coeficientes reductores que hacen de España el país que más penaliza la jubilación anticipada voluntaria. Ante esta ley
debemos señalar que probablemente nos encontramos ante una de las últimas oportunidades para la afirmación del derecho a reducir la vida laboral y acompasar el tiempo de trabajo a las nuevas condiciones tecnológicas y productivas. El acuerdo
alcanzado que sostiene esta ley era probablemente la última posibilidad de conseguir este nuevo derecho, por eso tiene más valor todavía; no obstante, el problema más agudo que se presenta respecto a la edad de retiro laboral no es el de la
jubilación anticipada voluntaria, sino el del ajuste de plantillas mediante la prejubilación de trabajadores en
plena edad productiva a los 60, 55 o incluso 50 años. Aun siendo una alternativa socialmente mucho aceptable que el desempleo de larga duración, esa jubilación anticipada forzosa supone una pérdida de experiencia, de conocimientos y de
impulso al crecimiento de los países.
Otro rasgo inaceptable de estas prácticas es el desigual tratamiento a los trabajadores de las pequeñas empresas respecto a las grandes en el acceso a las prestaciones llamadas de prejubilación, desigualdad derivada de la nula atención que
se presta a las extinciones de contratos de trabajadores de edad que no se tramitan a través de expedientes de regulación de empleo, que no son los más numerosos; situación discriminatoria que podría ser subsanada mediante una prestación específica
de prejubilación o mediante un perfeccionamiento de la prestación por desempleo. Por mucho que se proponga alargar la vida activa, la realidad es que las empresas siguen prescindiendo de los trabajadores de edad ya sea para reducir o para
rejuvenecer sus plantillas. A pesar de toda la retórica acerca de la empleabilidad y la formación a lo largo de toda la vida, lo cierto es que ni las empresas ni las instituciones aplican tales recomendaciones para los trabajadores de edad. Por
ejemplo, según los datos del INEM de los 152.840 alumnos que recibieron formación ocupacional en el 2000, sólo el 3,1 por ciento eran mayores de 50 años. En relación con los parados en ese tramo de edad, más de cincuenta años, los alumnos que
recibieron formación fue del 1,4. En suma, la formación ocupacional además de escasa no concentra a los trabajadores más jóvenes. En este contexto valoramos la ley presentada y las enmiendas que propone Izquierda Unida.
Esta ley debe afirmar rotundamente el derecho a jubilarse a los 65 años a todos los trabajadores. En ese sentido, señalamos la necesidad de incluir en el ámbito de la ley a los trabajadores por cuenta ajena del campo, los únicos que
quedarían fuera del mismo, ya que tampoco estaban contemplados en la legislación que amparaba las cotizaciones anteriores al año 1967, debido a que las cotizaciones en la Seguridad Social agraria por cuenta ajena no originaban derecho a jubilación
anticipada antes del primero de enero de 1967. La exención de cuotas para los trabajadores que han cotizado más de 35 años supone una merma de recursos para la Seguridad Social. Con esta medida se rompe un principio básico de la Seguridad Social
cual es que toda actividad debe comportar cotización. Si el Gobierno quiere que ese alargamiento de la vida activa esté subvencionado debe hacerlo a través de presupuestos distintos a los de la Seguridad Social. En segundo lugar, las
bonificaciones en las cuotas empresariales a los trabajadores de 60 años o más, además de ser compatibles con otras establecidas con carácter general en los programas de fomento de empleo, serán a cargo del INEM, lo cual supone una clara vulneración
de la recomendación primera del Pacto de Toledo. Nuestras enmiendas pretenden que no se establezca discriminación en el cálculo de la base reguladora o años de cotización cuando estos supongan 35 años, independientemente de que la jubilación sea
ordinaria o anticipada penalizando como hace la ley la jubilación anticipada de largas carreras de jubilación.
Por último, proponemos que se proceda a calcular la cuantía de todas las pensiones de jubilación efectuadas a partir de los 60 años y cuyos perceptores tengan menos de 65 años de edad con el propósito de adecuarlas al contenido de la
presente ley, ya que esta puede ser más favorable que las condiciones de las que disfrutan actualmente. Esta ley permite optar al trabajador por cualquiera de las dos opciones posibles para trabajadores incluidos en expedientes de regulación de
empleo al señalar el convenio especial entre 55 y 61 años y permitir la negociación sindical en los períodos anterior y posterior a estos tramos de edad, lo que constituye sin duda un aspecto positivo especialmente en aquellos casos en los que la
única perspectiva de los 65 años suponía interminables años de situación precaria. En definitiva, siguen abiertas algunas dudas que ya se expresaron ante el decreto correspondiente, pero las que se generan tienen que ver fundamentalmente, por una
parte, con la actitud contradictoria del Partido Popular respecto al Pacto de Toledo y, por otra, con la contradicción de la derecha entre sus gestiones a corto plazo y una política económica que no sólo no apuesta por el futuro sino que aboca a las
próximas generaciones a notables dificultades; de hecho, se compadece en poco con medidas que se presentan como fruto del acuerdo social, políticas de reforma unilateral del mercado de trabajo y el desempleo, la desidia respecto a la situación del
empleo o la escasa consideración que los asuntos sociales suponen en sus recientes esfuerzos de liderazgo europeo e incluso universal.
Señorías, en el campo que nos reúne hoy existen posibilidades evidentes de mejora y aspectos cuestionables, pero al final esas dudas nos remiten a la voluntad política de cohesión social; voluntad política que percibimos con demasiada
frecuencia lastrada por los perjuicios políticos radicalmente liberales, de los que ustedes hacen gala en su política económica. Los pensionistas de hoy son posiblemente afortunados receptores de un notable esfuerzo sindical y, por qué no decirlo,
de los gestos populistas que exige la sucesión en el campo de la derecha.
Seguimos, sin embargo, teniendo sombras en lo que se refiere a las carreras profesionales y a las pensiones de los trabajadores más jóvenes.
Esa dificultad de planificar a
plazo crea una cultura de inseguridad que lesiona muchos derechos de los trabajadores actuales.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, concluimos en este momento en el Congreso el trámite del proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Ya hemos tenido varias ocasiones -dos en el Pleno y otra en Comisión- para
expresar las posiciones de los diversos grupos parlamentarios sobre este proyecto de ley derivado de un decreto-ley y del acuerdo de desarrollo de la Seguridad Social de abril del año pasado entre el Gobierno, Comisiones Obreras y la CEOE. Ya
manifestamos en su momento en el Pleno que la orientación del decreto y del proyecto de ley era positiva, respondía a los planteamientos de la recomendación número 10 del Pacto de Toledo y a los de la Unión Europea en los últimos tiempos en esta
materia. Pretendemos alargar la vida activa del conjunto de las personas trabajadoras, especialmente de los trabajadores en esas fases finales de su vida laboral. Intentamos superar la edad real de jubilación que se sitúa entre los 61 y 62 años
para evitar el despilfarro humano y económico que supone ese hecho, mediante el retraso voluntario con el incentivo de incrementar las pensiones de los trabajadores que así lo hagan, bonificando a las empresas que así lo hagan y compatibilizando de
manera clara la pensión y el trabajo. Además con este proyecto de ley abrimos, quizás con timidez, la posibilidad de la generalización de la jubilación anticipada para todos los trabajadores con una idea, no tan sólo de alargar la vida laboral
activa de las personas, sino de incrementar nuestras tasas de ocupación en aquellos sectores que hoy empiezan a indicar que no se produce con la suficiente intensidad. Tenemos demasiada gente mayor de 55 años que podría estar trabajando y que hoy
ya está jubilada o prejubilada. Es esta la orientación general del proyecto de ley y es a la que Convergència i Unió desde el primer día ha manifestado su apoyo porque responde a la lógica del Pacto de Toledo, porque es el desarrollo de un acuerdo
social y porque corresponde a lo que la Unión Europea nos indica en esta materia.
A lo largo del debate parlamentario hemos manifestado con mucha claridad y mucha contundencia que este proyecto de ley olvida a determinados colectivos, que no recoge la singularidad y las necesidades de colectivos importantes de ciudadanos.
De manera muy destacada este proyecto de ley no reconoce la especificidad de los trabajadores con algún tipo de minusvalía, con algún tipo de discapacidad, y tampoco reconoce con la suficiente singularidad la situación de los trabajadores autónomos.
Sobre estos dos aspectos es donde nuestro grupo parlamentario está haciendo un esfuerzo político para conseguir que también este sea un proyecto de ley de jubilación gradual y flexible para este colectivo de trabajadores.
En el ámbito de las personas con alguna discapacidad hemos de reconocer que a lo largo de estos últimos años, en estas dos últimas legislaturas, se han hecho importantes esfuerzos para crear más ocupación de trabajadores con alguna
minusvalía, las cifras son claras y contundentes.
Estamos lejos aún de haber cumplido aquello que nos marcaba la LISMI, esa reserva del 2 por ciento, pero se ha hecho un esfuerzo de pacto con el CERMI para incrementar la ocupación en centros
especiales de trabajo y en empresas ordinarias. Para continuar incrementando nuestra capacidad de creación de ocupación en este terreno también necesitamos adaptar la Seguridad Social a las necesidades de las personas trabajadoras con algún tipo de
discapacidad. Es más, debemos ser conscientes de que el proceso de envejecimiento que vive nuestra sociedad afecta de manera especialmente negativa a los trabajadores discapacitados.
Convergència i Unió ha planteado tres enmiendas muy claras. La primera enmienda contempla la posibilidad de introducir la jubilación anticipada de manera específica para los trabajadores con alguna discapacidad. La Cámara debe reconocer
que es muy difícil pedirle a un trabajador que tiene alguna discapacidad importante que esté trabajando hasta los 65 años. Eso es imposible para muchos de estos trabajadores. Es más, hoy ya en centros especiales de trabajo, con plantillas de
trabajadores discapacitados y con una cierta presencia en el mercado de trabajo (recuerdo un debate con trabajadores y responsables de un centro especial de trabajo en Sabadell que nos indicaba que la gente, al llegar a los 50 años, se tiene que
ir), es imposible, por la propia evolución de su patología, que se queden más allá de esta edad. A ese esfuerzo de presencia de trabajadores discapacitados en el mercado de trabajo la Seguridad Social tiene que darles una especial salida, una
especial satisfacción. Debemos ser capaces de introducir unos coeficientes de reducción de su pensión suficientemente responsables, de tal manera que no conviertan ese esfuerzo de trabajar en una penalización. Por ello solicitamos la jubilación
anticipada para los trabajadores con alguna discapacidad.
Segunda cuestión. También como resultado de la propia evolución de las enfermedades, de las disfunciones físicas o psíquicas que afectan a trabajadores con alguna discapacidad, existe un aumento de la propia discapacidad de aquella persona.
Caso muy claro: las personas que han sufrido el síndrome de la polio, lo que ahora se define como el síndrome de la pospolio. La propia Unión Europea recomienda para estos trabajadores que se les reconozca su derecho a la incapacidad permanente,
que se les reconozca la posibilidad de tener una mayor pensión como resultado de la propia evolución de su situación. Hoy existe el absurdo de que a una persona que tiene un accidente se le puede reconocer
una incapacidad permanente y un trabajador discapacitado que ve aumentar su deficiencia o su disfunción no puede acceder a esa incapacidad permanente. En la lógica del principio de no discriminación y de igualdad ante la ley, nos parece que
reconocer a los trabajadores discapacitados la posibilidad de acceder a una incapacidad permanente es positivo y necesario.
La tercera enmienda en este ámbito se refiere a facilitar la compatibilidad entre las prestaciones no contributivas y los empleos remunerados. Hoy existe esa posibilidad, pero no estamos incentivando de verdad que una persona que recibe una
pensión pequeña por incapacidad pueda también incorporarse al mercado de trabajo. Pretendemos reforzar ese planteamiento.
Se trata de tres enmiendas extremadamente razonables, que han sido planteadas en la Cámara por los representantes del CERMI en la Comisión del Pacto de Toledo y ante los grupos parlamentarios y que no entenderíamos que hoy no se aprobasen.
Si eso fuera así, la mayoría demostraría una falta de sensibilidad ante una realidad que está en la calle, que está en los centros especiales de trabajo, que está en las factorías donde trabajan personas con alguna discapacidad. Nos parece que
España puede recorrer un importante trecho en este tema; estamos hablando de cerca de 400.000 personas con algún tipo de discapacidad que no trabajan y que podrían incorporarse al mercado de trabajo en base a un régimen de la Seguridad Social que
reconociese su especificidad. Por tanto, no estaríamos hablando sólo del aumento de nuestra población activa en este segmento de la sociedad, sino que estaríamos dando la oportunidad a que el Estado, la Seguridad Social y la Administración
reconociesen ese esfuerzo a estas personas que hoy quieren trabajar.
El segundo bloque de enmiendas que nosotros planteamos en este proyecto de ley son las que afectan a los trabajadores autónomos. Nos parece que la Cámara cuenta hoy con un amplio consenso respecto a la necesidad de equiparar la situación de
los trabajadores autónomos con los trabajadores que cotizan bajo el régimen general. Planteamos dos enmiendas, una de ellas muy razonable que mandata al Gobierno a un desarrollo reglamentario sobre la posibilidad de la jubilación parcial. Nos
parece que el proyecto de ley reconoce esa posibilidad, pero que no va a facilitar el acceso a esa situación a los trabajadores autónomos. En segundo lugar, planteamos el desarrollo de la posibilidad de la jubilación anticipada para los
trabajadores autónomos. Hoy no tiene ningún sentido que ampliemos la posibilidad de la jubilación anticipada a todos los trabajadores y olvidemos de nuevo -subrayo de nuevo- a los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos piden a esta
Cámara menos discursos y más acción, menos discursos y más capacidad de modificar nuestras legislaciones. Este es un segundo elemento que consideraríamos muy razonable que el proyecto de ley que nos plantea el Gobierno incorporase.
Finalmente, nuestro grupo parlamentario reconoce que en el ámbito de las personas que hoy ya están prejubiladas existe una problemática social importante y grave. Existen algunas enmiendas que plantean el resto de grupos de la Cámara que
van a encontrar nuestro apoyo, pero Convergència i Unió ha preferido una opción más razonable desde el desconocimiento de cuál es la realidad exacta de este mundo. Por lo tanto, pedimos al Gobierno que haga llegar a la Cámara un estudio sobre cuál
es hoy la situación de los trabajadores prejubilados, para que nos pueda permitir tomar aquellas medidas que socialmente sean más justas y económicamente más sostenibles, precisamente como desarrollo de uno de los conceptos que el propio acuerdo de
desarrollo de la Seguridad Social de abril de 2001 incorpora, es decir, que se puede mejorar la situación de los trabajadores prejubilados en función de las posibilidades presupuestarias. Pedimos que ese elemento que forma parte de la letra y del
espíritu de los acuerdos de abril pueda incorporarse también en el texto de la ley.
Nos parece que estamos planteando enmiendas razonables, posibles, que responden a problemas reales de la sociedad y que no tendría ningún sentido ni lógica que este proyecto de ley saliese de esta Cámara sin reconocer a los trabajadores
discapacitados y autónomos sus necesidades.
Estamos obligados a dar respuesta también a estas problemáticas. Yo confío en la sensibilidad y el sentido común del grupo de la mayoría para que hoy podamos aprobar estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Buenos días señoras y señores diputados. Paso, en nombre de mi grupo parlamentario, a defender las enmiendas a este proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo cuando se votó la convalidación del real decreto-ley que fue
el origen de este proyecto de ley, ya que explicamos en esta tribuna que creíamos que no servía para cumplir aquellos objetivos que decía perseguir. Así lo explicamos en cada uno de sus artículos y nos abstuvimos en la votación con el fin de dar un
voto de confianza en el trámite de la ley y presentar una serie de enmiendas encaminadas a complementar los artículos que nosotros creíamos que no debían quedar como estaban. Pues bien, señorías, ni durante la ponencia ni después en Comisión fue
posible que nos aceptaran ninguna enmienda, no sólo al Grupo Parlamentario Socialista sino a ninguno de los grupos de la Cámara. Ayer decía el presidente del Gobierno que cómo podía ser que los sindicatos no
encontraran en la propuesta del Gobierno ni un punto que fuera aceptable.
Pues bien, señorías, en los mismo términos que ustedes no han encontrado aceptables ninguna de las enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios. Además,
quiero hacer una reflexión. Si el método que usa el grupo parlamentario para la discusión de estas enmiendas es el mismo que utiliza el Gobierno para negociar con los agentes sociales, no me extraña que haya la convocatoria de huelga prevista.
Respecto a los temas puntuales, el proyecto dice: extensión de la jubilación anticipada. ¿Qué pretenden las enmiendas socialistas? Pretenden poder equiparar las jubilaciones anticipadas que prevé el decreto, que sean de aplicación real a
todos los trabajadores que sean despedidos y que reúnan las condiciones que aquí se establecen. En primer lugar, nosotros pretendemos definir qué es una jubilación forzosa. Por ejemplo, los trabajadores que son jubilados anticipadamente, que
provienen de acuerdos de comités de empresa o de expedientes, que tienen una adscripción individual a la jubilación anticipada. La realidad es que se trata de jubilaciones forzosas porque están obligados a jubilarse, ya que provienen de un
expediente. Si no hubiera existido el expediente no se jubilarían. No se puede contemplar en la ley que a aquellos trabajadores mutualistas, que tienen más cotizaciones que otros, se les perjudique y no se obligue a la empresa a firmar un
convenio, con los posteriores al 1 de enero de 1967, cuando no ocurre lo mismo con los anteriores a esa fecha.
En cuanto a los coeficientes reductores por jubilación anticipada, como bien decía el señor Campuzano, existen una serie de colectivos prejubilados, que todos los grupos parlamentarios conocemos y que reivindican justamente sus derechos,
porque son trabajadores que con cuarenta años de cotización han sido obligados a jubilarse anticipadamente y les ha quedado una pensión de miseria porque, en muchos casos, se les ha aplicado el 8 por ciento de reducción por cada año que han
anticipado su jubilación. Y, señorías, son jubilados obligados, en ningún caso ninguno de ellos se hubiera jubilado si no hubiera perdido el puesto de trabajo, no le hubieran despedido o no hubiera habido un expediente o un acuerdo de
prejubilaciones en su empresa.
Pues bien, señorías, las enmiendas socialistas van encaminadas a que a esos colectivos que ya llevan años prejubilados se les aplique estos coeficientes reductores, sin generar atrasos. En algunos casos hablaríamos del 6 por ciento, es
decir, que a los que les están aplicando el 8 por ciento pasarían al 6 por ciento. Pero además, también incluiríamos aquí a todos aquellos que provienen de despidos individuales, despidos improcedentes evidentemente. Les recuerdo a SS.SS.
que en
este país más del 90 por ciento de los despidos provienen de despidos individuales y no de expedientes de empresa. Nosotros en esta ley y en muchas otras estamos legislando para aquellos trabajadores despedidos que provienen de un expediente de
regulación de empleo o de rescisión de contrato, y nos olvidamos de ese 90 por ciento de despidos que provienen, repito, de despidos individuales o improcedentes en todo caso.
Por otro lado, dice la ley que pretende alargar voluntariamente la jubilación, es decir, que todo trabajador que quiera pueda seguir trabajando más allá de los 65 años. El Grupo Parlamentario Socialista apoya la medida y le parece bien,
pero lo que no le parece bien es que la ley penalice precisamente a aquel trabajador que decida prolongar su vida activa más allá de los 65 años. El trabajador que tome esta decisión, si tiene la desgracia de que le sobreviene una invalidez
permanente, no se la reconocerían y, por consiguiente, pasaría automáticamente a la jubilación, perdiendo en este caso un derecho que tiene como trabajador en activo. Ustedes saben que un trabajador en activo al que se le reconoce, por ejemplo, una
gran invalidez pasa a cobrar el 150 por ciento de su base reguladora. En cambio, aquí al que siga trabajando a partir de los 65 años no se le reconocería ese derecho. Además, a aquel que adelanta su jubilación se le descuenta entre un 8 ó un 6 por
ciento por cada año que la adelante y, sin embargo, al que sigue trabajando más allá de los 65 años le decimos: a usted en vez del 8 ó el 6 le aplicamos un 2 por ciento más. Señorías, hay que ser un poco más coherentes. Nosotros proponemos que
todo aquel que siga trabajando más allá de los 65 años, por cada año trabajado de más se le aplique un 4 por ciento más a la hora de su jubilación. Pero claro, ¿qué se puede esperar cuando aún sin estar aprobada todavía esta ley de jubilación
flexible, que permite prolongar la jubilación, el Grupo Parlamentario Popular ya está preparando la ley financiera, en la cual obliga a jubilarse a todos los presidentes de las caixas? No se puede pretender con esta ley que la gente siga trabajando
más allá de los 65 años, y ahora venga una ley financiera... Eso sí, si eres cura puedes seguir hasta los 80 ó 90, pero si no eres cura, a jubilarte a los 70 como los presidentes de caixas. (Aplausos.) Señorías, está claro que lo único que
pretenden es el control absoluto, el poder para ejercerlo por parte de todas las instituciones.
Termino con dos temas. En primer lugar, estamos en contra de las exoneraciones de las cuotas a los empresarios, porque eso significa que ese dinero no entra en la Seguridad Social. Si hay que bonificar, bonifiquemos las cuotas que
estimemos oportunas, pero no exoneremos cuotas, porque además va contra el espíritu del Pacto de Toledo. Como decía el señor Campuzano, las enmiendas socialistas pretenden que el resultado de la jubilación anticipada, la prolongación de la
jubilación y la exoneración de cuotas beneficie al colectivo de autónomos, lo que significaría cumplir la recomendación del Pacto de Toledo de equiparación de los distintos regímenes.
Apoyaremos todas las enmiendas de Convegència i Unió. ¿Por qué? Porque algunas de ellas plantean cuestiones que no hemos tenido en cuenta y que son necesarias.
Preguntaba el señor Campuzano cómo se entendería que no se aprobaran ciertas enmiendas. Pues igual que no se entienden muchas cosas que aprobamos aquí, señoría. Parece ser que la realidad tiene un camino y nosotros vamos por otro distinto;
aunque algunos nos quedemos sin voz de tanto hablar aquí de la realidad.
Termino como empecé, señorías. Habida cuenta de la actitud intransigente que el PP ha tenido con las enmiendas, y creyendo como creemos que el proyecto de ley no recoge realmente lo necesario para una verdadera jubilación flexible ni para
la prolongación de la edad de jubilación con todas las garantías, mi grupo parlamentario votará en contra de este proyecto de ley. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
En turno de fijación de posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero detallar las características más importantes de esta ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la Cámara.
Consideramos que es novedosa y progresista, que introduce gradualidad y, sobre todo,
progresividad, puesto que por primera vez se viene a cumplir a rajatabla el acuerdo al que Comisiones Obreras, COE y el Gobierno llegaron en 2001; acuerdo importantísimo para lo que detalla esta ley y de lo que hablaré más adelante. Es también una
ley rigurosa, que evita que incurramos en la irresponsabilidad a que podrían llevarnos algunas de las enmiendas, sobre todo las que ha presentado el Grupo Socialista o el de Izquierda Unida; cuando uno las cuantifica ve exactamente dónde nos
podrían llevar en cuanto a la sostenibilidad del sistema. Además, esta ley no discrimina a ningún colectivo de régimen especial respecto al régimen general; mantiene el principio de contributividad y, lo que es más importante, hace compatible
trabajo y pensión.
La bonificación o exoneración de cuotas de la Seguridad Social para crear empleo para la mujer y, sobre todo, para los mayores de 45 años, es otro de los aspectos más importantes de esta ley; aspecto que no se quiere reconocer, por lo que
expresaba hace un momento la representante del Grupo Socialista. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Cuando hablamos de bonificación o exoneración de cuotas de la Seguridad Social, estamos hablando de
exoneración de cuotas para crear empleo y, por lo que hemos visto en estos dos últimos años, para crear empleo para la mujer y para los mayores de 45 años. Por otro lado, es verdad que el Gobierno dedicará más de 60.000 millones a la prolongación
de la vida laboral, y también lo es que la ley introduce medidas para evitar las prejubilaciones abusivas. Sin embargo, muchas de las enmiendas que el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida han presentado promueven o tratan de fomentar,
como ahora veremos, la prejubilación; y eso no puede admitirlo nuestro grupo.
En la fase en que nos encontramos, el Grupo Popular, al que represento, hará una valoración del proceso de debate del proyecto de ley del sistema de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible; sobre todo
hará una valoración de las razones por las que no se han podido incorporar al proyecto más enmiendas de las que se han incorporado, como hubiera sido su deseo.
Hemos de recordar que el presente proyecto de ley partía de una enmienda a la totalidad planteada por el Bloque Nacionalista Galego que, como SS.SS.
conocen, fue rechazada por esta Cámara al defender un sistema de protección social alejado
sin duda de lo que hoy es una realidad en la Unión Europea y de la iniciativa que -no debemos olvidarlo- trae causa de este decreto-ley, que no es otra que el acuerdo del año 2001. A este decreto-ley se presentaron 65 enmiendas parciales que, sin
duda, no han creado una especial polémica; en lo fundamental existía una aceptación tácita por parte de los principales grupos de la Cámara. El texto que se discute, no se debe olvidar, es el desarrollo de aquel acuerdo del año 2001 al que he
hecho referencia antes. Quiero resaltar esto porque muchas de las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos parlamentarios y, en concreto, por el Grupo Parlamentario Socialista se derivan del referido acuerdo del año 2001 y van a ser
rechazadas porque no favorecen en nada la plasmación de aquel acuerdo; al revés, incrementan su coste y no implican el cumplimiento taxativo de aquel acuerdo.
En relación con las enmiendas de Izquierda Unida, hemos de mantener lo que en su día ya expusimos ante la Comisión de Política Social y Empleo. Su sistema -que es muy respetable- es incompatible con las ideas del Gobierno y del Grupo
Popular en relación con lo que debe ser un sistema de jubilación gradual y flexible que se plasmaron en el acuerdo del 9 de abril. La línea argumental de las enmiendas de Izquierda Unida pretende introducir en la ley las jubilaciones anticipadas en
contra de lo expresado por las directrices europeas y, sobre todo, en contra de todos los criterios que se han asumido a lo largo de las distintas cumbres europeas. El presente proyecto de ley fomenta precisamente la prolongación de la edad de
jubilación entre los trabajadores al entenderse, ante todo, que la esperanza de vida cada vez es mayor y que, sin embargo, las carreras laborales son cada vez más cortas; el hombre y la mujer se incorporan cada vez más tarde al mercado de trabajo.
Por ello, mi grupo va a rechazar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sin duda mi
grupo coincide con el espíritu de esas enmiendas que ha planteado; me parecen muy positivas y, sobre todo, las quiero agradecer porque se ha visto su talante de colaboración a lo largo de toda la tramitación parlamentaria de este proyecto
de ley. Son de interés para nosotros, sin duda, porque son aportaciones importantes. Estoy seguro de que nuestro grupo va a seguir en el Senado tratando de sacar adelante algunas de las cuestiones importantes que ha planteado -en muchas de ellas
coincidimos, sin duda- y que por razones de índole técnica no podemos aceptar en este momento, pero con las que coincidimos en su espíritu. Coincidimos, efectivamente porque, como el representante del propio Grupo Catalán ha manifestado, desde 1997
el número de empleos creado precisamente para esos colectivos ha sido muy importante y las ayudas, subvenciones y bonificaciones en los contratos no han tenido nunca las cuantías que tienen hoy. Nuestro grupo parlamentario sabe -y su grupo también,
señor representante de Convergència i Unió- que estamos de acuerdo en que habrá que avanzar en nuevas modalidades de empleo, en nuevas modalidades de prestaciones simultáneamente y de forma específica para este colectivo.
Por eso le decía que debo
agradecer sus aportaciones y que, sin duda, vamos a tener ocasión de poder avanzar en esa dirección. Coincidimos en aspectos tales como la simultaneidad de percibir prestación y salario. Es más, ya lo hemos puesto en práctica, por analogía, en
determinados casos de desempleo que, como usted sabe, permiten percibir en este momento parte del subsidio y el salario en función del trabajo realizado.
Hay que valorar también en su justa medida el coste de estas enmiendas y, a partir de ahí, poder hacer una valoración mucho más seria. No olvidemos que el coste de las 65 enmiendas que se plantean a este proyecto de ley supera los 200.000
millones de pesetas. En este momento no va a ser ese el criterio de este grupo parlamentario y del Gobierno a la hora de aceptar o no las enmiendas; su intención es cumplir, sobre todo, el acuerdo del año 2001 porque era un acuerdo importante,
positivo, en el que nosotros pusimos mucho esfuerzo y que ahora toca cumplir en cada uno de sus apartados.
Permítanme que les recuerde lo que, en su día, ya les mencioné. Los acuerdos son buenos si acometen y abordan cuestiones importantes para la sociedad, y malos si no lo hacen, y ese acuerdo del año 2001 que ahora estamos cumpliendo con este
proyecto de ley es bueno porque aporta cosas positivas para la sociedad.
En ese mismo sentido, debo contestar respecto a la enmienda número 42, de don Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya-Verds, en la que se abundaba en cuestiones que nosotros no podíamos aceptar.
Igualmente ocurre con la enmienda número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que pretende unas normas especiales de título competencial en relación con la introducción de un nuevo artículo 15, que no podíamos aceptar al
estar ligado a los programas de fomento de empleo que hay que tener presente también con las bonificaciones de las cuotas empresariales, que no son una mera ejecución de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sino que constituyen
un verdadero régimen económico y parte fundamental de ese régimen económico de la Seguridad Social; no son una mera ejecución de sus servicios, de que habla el artículo 149.1.17ª de la Constitución, y por ello no podíamos aceptarlo.
En lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, sin duda, todas ellas buscan una cuestión que nosotros rechazábamos y siempre hemos rechazado: fomentan las jubilaciones anticipadas. Esta semana hemos podido leer en
prensa precisamente una manifestación del señor Eguiagaray, hasta hace poco diputado del Grupo Parlamentario Socialista, donde nos decía que las jubilaciones anticipadas son un disparate. Sin embargo, ustedes las defienden en estas enmiendas de
forma reiterada, lo cual, sin duda, supone una gran incoherencia, porque la mayoría de las enmiendas que presentan fomentan esa jubilación anticipada, y no solo la fomentan sino que se apartan de los principios generales del acuerdo de 2001, por lo
que la disposición adicional primera, que solo tendrá en cuenta y computará la cotización efectiva del beneficiario, excluye en mérito a elementales normas cualquier tipo de bonificación contributiva, de modo que la cuantía de la pensión ha de
referirse únicamente a las cuotas reales, sin que por ello suponga transgresión del artículo 14 de la Constitución española. Permítanme que les recuerde lo que, en su día, ya les mencioné. Las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario
Socialista no pueden ser aceptadas por este grupo parlamentario. Este proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible es positivo porque incorpora flexibilidad en la edad de jubilación, se enmarca
dentro del objetivo de generar confianza en el sostenimiento y solvencia del sistema de protección social y pretende conciliar la posibilidad de libre elección del momento de la jubilación por parte del trabajador con los retos que constituyen la
evolución demográfica, la mayor esperanza de vida de las personas y las exigencias de modernización del aparato productivo. Esta nueva ley que vamos a aprobar, incorpora las líneas básicas de la Unión Europea, adecua el momento de la jubilación y
la percepción de la pensión al ciclo de la vida laboral, combina las situaciones en las que se encuentra la persona activa y suprime los incentivos que alientan la jubilación anticipada.
Quiero agradecer aquí el esfuerzo que han hecho todos los grupos parlamentarios con aportaciones concretas, si bien es cierto que, ante todo, este sistema de jubilación flexible nace con las características para que tenga éxito: es fruto de
un acuerdo, no lo olviden ustedes, señorías; este proyecto de ley es fruto de un acuerdo
que permite impulsar un sistema de jubilación flexible, pero que, además, respeta la jubilación anticipada cuando sea necesaria, a la vez que promueve medidas motivadoras de la permanencia en activo de los trabajadores mayores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Merino. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación del dictamen de Comisión del proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, procedente del Real Decreto-ley 16/2001.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Mixto.
En primer lugar, las números 17 y 18, presentadas por el señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 133; en contra, 165.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 19, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 120; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 23; en contra, 275; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 42, del señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 25; en contra, 271; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 41, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 118; en contra, 166; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 28; en contra, 260; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 3, 8 y 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 119; en contra, 180.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 4, 5, 6, 7, 9 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 21; en contra, 276; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por último, enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 133; en contra 165.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la enmienda número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 135; en contra, 163; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 59 y 64.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 126; en contra, 162; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 135; en contra 163, abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las números 26, 28 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor 136; en contra, 163.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 38.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 116; en contra 178; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 33, 34, 35 y 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 109; en contra, 173; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 125; en contra, 164; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 103; en contra, 185; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 37.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 120; en contra 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 109; en contra, 177; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 121; en contra, 164; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Señorías, votamos a continuación el texto del dictamen en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 180; en contra, 107; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de Comisión referido al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD (Número de expediente 122/000216.)
La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión de la proposición de ley sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual ruego que quienes vayan a abandonar el
hemiciclo, lo hagan de la manera más diligente posible y en silencio.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, discutimos una proposición de ley resultado de la conjunción de tres proposiciones de ley de otros tantos grupos parlamentarios, que pretende, otra cosa es que lo consiga, dar
satisfacción a una vieja demanda de la emigración gallega y de la emigración española, una vieja demanda formulada por el Consejo General de la Emigración y por asociaciones de emigrantes, y es que de esta Cámara, del Parlamento español, saliese una
nueva ley de nacionalidad. Una ley de nacionalidad que, según reclamaban los emigrantes, no es únicamente una reforma del Código Penal ni una nueva regulación de las condiciones, de los requisitos y de los procedimientos para acceder, en su caso
para perder, la nacionalidad española. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
A la vista del informe de la ponencia y del dictamen de la Comisión -dictamen de la Comisión que sólo lo hemos podido leer esta mañana, y uno no entiende por qué, después de tantos años de retraso, hay que proceder ahora con una
precipitación tal que impide que lleguemos a este debate con el dictamen de la Comisión publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-, entendemos que se pierde una oportunidad de oro para avanzar en dos sentidos. En primer lugar, para
aprobar una verdadera ley de nacionalidad y, en segundo lugar, para avanzar en el reconocimiento de plenos derechos de ciudadanía a aquellos trabajadores y a sus familias que, provenientes de otros países, tienen voluntad de establecerse
permanentemente en territorio español. Pensamos que reconocer plenos derechos de ciudadanía es la mejor forma de enfrentar el fenómeno, incipiente, de racismo y de xenofobia y lamentamos que la oportunidad no se aproveche.
Desde el Bloque Nacionalista Galego nos congratulamos de algunos de los aspectos de esta ley. Por ejemplo, que se elimine la discriminación de género que aún existía para transmitir la nacionalidad a los hijos y, también, que se eliminen
los límites, algunas veces absurdos, que aún restringían el acceso a la nacionalidad española por opción. Sin embargo también tenemos que poner de manifiesto que en el dictamen de la Comisión persisten -esperemos que puedan ser superados hoy en
este trámite; si no, desde luego, no renunciamos a que lo sea en el Senado- algunos defectos y algunas restricciones que limitarán de forma muy importante la eficacia de esta ley. Me estoy refiriendo al reconocimiento de la nacionalidad española a
los nietos y a las nietas de españoles y de españolas de origen. La precipitación con la que se obró a la hora de transaccionar determinados puntos de esta proposición de ley lleva a que en el artículo 20, apartado 2, letra f), se incurra en una
evidente incoherencia en su redacción. Se habla de que puede optar a la nacionalidad española, con un período de residencia de un año, el nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente español. Lógicamente, el nacimiento
es de padre o de madre; de abuelo o de abuela no proviene ningún tipo de nacimiento. Ejemplo de precipitación y, también, de una falta de entendimiento y de comprensión de qué es lo que realmente quieren los emigrantes españoles. Lo que quieren
los emigrantes españoles no es que se les reste a los nietos un año de residencia. En este momento, los naturales de Estados latinoamericanos -la mayoría, por tanto, de los descendientes españoles de segunda generación que no tienen la
nacionalidad- pueden adquirir la nacionalidad española por residencia, con dos años de residencia legal y continuada en territorio español. Con esta proposición de ley, lo único que el Partido Popular regala a los nietos es un año de residencia,
pero no elimina el principal obstáculo que para estas personas se erige entre ellas y el acceso a la nacionalidad española, que es la Ley de extranjería. Estas personas van a seguir sometidas a la Ley de extranjería. La entrada y la residencia en
territorio español van a tener que verificarse de acuerdo con lo previsto en la draconiana Ley de extranjería, aprobada por el Partido Popular. A pesar de lo que dispone el artículo 40 de esta Ley de extranjería, donde se excluye de la
consideración de la situación nacional de empleo para conceder el permiso de trabajo a los hijos o nietos de españoles de origen que no tengan la nacionalidad, no llega a eliminar las trabas que existen para su entrada. Trabas como que se les exija
que acrediten de forma suficiente que cuentan con recursos para su subsistencia o como la obtención del permiso de residencia.
El 6 de mayo del año pasado, el Bloque Nacionalista Galego presentó y debatió una proposición no de ley en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados en la que, entre otras cuestiones, instábamos al Gobierno a suprimir,
para los descendientes de los emigrantes españoles que no cuenten con la nacionalidad, la exigencia del visado o de cualquier otro requisito que les impida residir y trabajar libremente en territorio español. Tanto el Partido Socialista como el
Partido Popular votaron en contra de esta proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, pero nosotros, por si acaso cambiasen de opinión, la hemos vuelto a registrar esta misma semana. No ayudamos en nada y no les hacemos ningún favor a los
nietos de españoles de origen, a esa segunda generación, que como en Italia reclaman acceder a la nacionalidad española con restarles un año de residencia. En este momento el Consulado italiano de A Coruña está desbordado por descendientes de
españoles que están en Galicia, que no pueden acceder a la nacionalidad española, y que sí pueden acceder a la nacionalidad italiana.
Sinceramente, creo que hay buena voluntad de todos los grupos en este aspecto y me parece que situaciones como
éstas
deberían llevarnos a todos a reflexionar y solucionar este tipo de cuestiones antes de que esta ley acabe su tramitación en las Cámaras.
El Bloque Nacionalista Galego quisiera incidir en otra cuestión. Una ley de nacionalidad, decíamos, es algo más que una mera reforma del Código Civil, una ley de nacionalidad tiene también que establecer -y así lo pide el Consejo General de
la Emigración- un verdadero estatuto de derechos y deberes, con el fin de superar la inseguridad jurídica existente actualmente entre todos aquellos ciudadanos que junto con la española cuentan con otra nacionalidad y solventar, aunque sea en parte,
la dramática situación social, sanitaria y económica por la que están atravesando, en Argentina y en otros Estados latinoamericanos, muchos ciudadanos gallegos y españoles.
A este fin de proporcionar seguridad jurídica y también, por qué no decirlo, un mínimo de bienestar material a estas personas, responden las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley y que de nuevo, de no
ser aceptadas en esta Cámara, serán reiteradas en el Senado. Por ejemplo, una enmienda modifica determinados requisitos temporales para el cobro de subsidio y prestaciones al colectivo de emigrantes retornados. Sé que este es mal momento para
proponer una enmienda de este tipo cuando el Gobierno acaba de presentar su propuesta de reforma laboral y de las prestaciones por desempleo, entre las que se incluye un endurecimiento de las condiciones para acceder al subsidio de emigrante
retornado, pero nosotros no pensamos renunciar a esta reclamación. Otra enmienda trata de extender la asistencia sanitaria a los españoles no residentes y a los emigrantes retornados, un derecho también irrenunciable para nosotros; nos gustaría
que en una verdadera ley de nacionalidad estuviese recogido este derecho.
También presentamos una enmienda relativa a la aclaración de cómo, cuándo y en qué condiciones los españoles adheridos a convenios de doble nacionalidad han de ejercer sus
derechos políticos para eliminar una situación de descontrol y una situación no sólo de inseguridad jurídica sino de probable -en ocasiones casi seguro- fraude electoral que se da en sucesivos procesos electorales. Otra enmienda se dirige a
elaborar un plan de asistencia y servicios sociales a los españoles emigrados. Una enmienda inexcusable si queremos que esta ley sea eficaz persigue dotar a las embajadas y oficinas consulares españolas en el extranjero y, en especial en los países
donde hay un importante contingente de emigrantes, de los medios y recursos necesarios para que las expectativas que esta ley pueda abrir se puedan materializar en un tiempo adecuado.
Esperamos que la ley se mejore. No queremos obstaculizar su avance porque reconocemos que hay elementos positivos, pero tampoco queremos ser cómplices de un proyecto insatisfactorio, de un proyecto que no llega a colmar las demandas, que no
llega a colmar lo que tantas veces a este diputado y a diputados de otros grupos nos han manifestado los representantes de la emigración española, el Consejo General de la Emigración. Queremos una ley de nacionalidad, queremos reconocimientos de
derechos económicos, sociales y sanitarios para todos los españoles, residan donde residan, y queremos que se reconozca, como ya se hace en otros países europeos sin ningún tipo de trabas, la nacionalidad española a la segunda generación.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señor JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En el debate de la toma en consideración de la proposición de ley que hoy vamos a aprobar en relación con la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, el Grupo de Coalición Canaria comentaba que dicha modificación nos parecía
oportuna y necesaria por diversas razones.
No voy a repetirlas ahora en su totalidad, pero quisiera destacar algo que venimos diciendo reiteradamente. Canarias y España en general tienen una reciente historia de ser un pueblo de emigrantes, una
emigración hacia muchos lugares, pero centrada fundamentalmente en los países de Sudamérica y realizada la mayoría de las veces en condiciones de clandestinidad y casi siempre de desamparo. Lo cierto es que tenemos una deuda histórica con esas
generaciones de emigrantes canarios y españoles, de los que quedan vivos algunos aunque con bastante edad, pero esa deuda también la tenemos con sus descendientes. Asimismo, es necesario recordar que estas personas aportaron durante muchos años,
aunque desde la lejanía, medios de subsistencia a la familia y creación de riqueza a nuestra sociedad. Coalición Canaria siempre ha entendido que la sociedad tiene una deuda con esas generaciones y sus descendientes.
Nuestro grupo ha trabajado aportando enmiendas en la línea de dar respuesta a alguna de las reclamaciones que han venido realizando los representantes de la emigración, el Consejo General de la Emigración, entre las que cabe destacar
suprimir el sistema de plazos que ha estado vigente en diferentes períodos de tiempo hasta ahora y que ha impedido que determinadas personas pudieran acceder a la nacionalidad. En última instancia, se trataba de aprovechar la oportunidad de la
modificación a través de esta propuesta de ley favoreciendo el reconocimiento de la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padre o de madre, de abuelo o de abuela que originariamente hubieran sido españoles, porque es de justicia
que no se les dé un tratamiento de extranjeros.
Paso a resaltar las enmiendas más importantes que mantenemos vivas, las referentes a la proposición de ley 122/109 que es la que estamos discutiendo, el resto de proposiciones decae para simplificar el proceso de votación. Mantenemos la
enmienda número 2, de modificación del artículo 17 del Código Civil, en la que proponemos que sean españoles o españolas de origen los siguientes: a) hijos de español o española. Nos parece esta definición más correcta, más exacta en relación con
la realidad, que la que persistiría de no modificarse, que es la que actualmente consta en el Código Civil y habla de nacidos de padre o madre española. Esta definición presenta inconvenientes, se encorseta la relación paternofilial a una condición
biológica; se es hijo de padre y de madre, pero difícilmente se es nacido de padre. Por lo tanto, aunque incluso por otros argumentos exista un capítulo en el Código Civil que haga referencia a las adopciones, nos sigue pareciendo oportuno
modernizar este concepto en el Código Civil pues es diferente -y hay que mirar en ese sentido el diccionario- ser nacido de que ser hijo de.
Además, este concepto ha dificultado la incorporación en el texto de hijos de español o española
fundamentalmente, pues muchos hijos de españolas que nacieron en el emigración y cuyas madres, durante un período, tuvieron que renunciar a dicha nacionalidad tuvieron dificultades para la adquisición de la nacionalidad española. El término de ser
hijo de español o de española, a nuestro entender, perdura en el tiempo con una mayor claridad que la condición de la situación administrativa o biológica ligada al nacimiento.
Proponemos que quede igual el resto de los apartados del artículo 17, aunque en nuestra enmienda planteamos la inclusión de un apartado nuevo, el e), en este artículo, en el sentido de que los hijos de emigrantes españoles nacidos durante el
abandono temporal de la nacionalidad española por sus padres puedan acceder a ser españoles de origen. Es una fórmula que, a nuestro entender, permite resolver el agravio comparativo entre españoles según que estos, por razones económicas o
políticas, tuvieran que abandonar España para sobrevivir y, por estas mismas razones, sus padres tuvieron que renunciar a la nacionalidad. Estos hijos -insisto, no estamos hablando en este punto de los nietos, sino de la primera generación- lo son
de españoles de origen y nacidos en España que emigraron y que, por diversas razones, perdieron la nacionalidad; estas personas, en condiciones normales, si sus padres no hubieran emigrado, habrían sido españoles de origen. Cabe recordar aquí el
artículo 14 de la Constitución que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A
nuestro modo de ver, la circunstancia personal o social de la emigración de sus padres no debe de privar a los hijos de ser españoles de origen. Hago también mención al artículo 11, puntos 1 y 2, de la Constitución. El artículo 11.1 dice que la
nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley y el artículo 11.2 que ningún español de origen -como eran sus padres- podrá ser privado de su nacionalidad. En este sentido y en relación con
algunos de los argumentos utilizados en comisión y en ponencia, insisto, por ejemplo, en lo que manifestaba el portavoz del Partido Socialista, que estaba de acuerdo con el fondo pero no con que figurase en este apartado de español de origen porque,
según esto -comentaba-estaríamos dando la nacionalidad por ley a personas que quizá no la quieran. Hago este comentario para su reflexión, porque se puede renunciar a los derechos como ejercicio de libertad individual, pero no se debe sustraer
legalmente la potestad de ejercerlos.
Otra enmienda que mantenemos viva es la número 3, de modificación del artículo 19, que habla también de determinadas circunstancias que permitan adquirir la nacionalidad española de origen. En otra de las enmiendas proponemos simplemente
una pequeña modificación, que cuando se hable de la posibilidad de adquirir la nacionalidad del extranjero menor de 18 años que ha sido adoptado por un español, se incluya español o española por los argumentos que antes ya había comentado. El
segundo punto quedaría igual y proponemos un tercer punto, que también pueda optar a la nacionalidad española de origen el hijo mayor de edad de quien haya recuperado la nacionalidad española de origen. Los argumentos son los mismos que he
comentado hasta ahora.
En cuanto a las enmiendas al artículo 20, que habla de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, aunque no de origen, en la proposición no de ley se recoge que puedan optar aquellos cuyo padre o madre hubieran sido originariamente
españoles y nacidos en España. El matiz de diferencia con la enmienda que mantenemos viva es que podrán optar a la nacionalidad española aunque no a la nacionalidad de origen. Nos parece que este es un paso adelante con respecto a la situación
actual, pero en la enmienda número 5 nosotros dábamos un paso más en lo que se refiere a nacionalidad y no de origen, incluíamos, además del padre o la madre, el abuelo o la abuela. Por tanto, este derecho se haría extensivo a la segunda
generación, es decir, a los nietos de los que han sido originariamente españoles. Esta enmienda tampoco ha sido recogida en el texto del dictamen que hoy votaremos, aunque sí hemos de reconocer que se ha suscitado un debate a lo largo de la
ponencia y de la comisión que ha producido una mejora con respecto al texto originario por una enmienda in voce del Partido Popular, que fue aceptada por unanimidad y que consiste en incorporar la posibilidad de que, tras un año de residencia,
puedan adquirir la nacionalidad los nacidos fuera de España, no sólo de padre o madre sino también de abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. Valoramos positivamente
esta incorporación, aunque es evidente que queda a medio camino con respecto a lo planteado por mi grupo.
Planteamos una última enmienda que propone una disposición adicional, de forma que a la entrada en vigor de esta modificación del Código Civil los que no eran españoles y que con la nueva redacción puedan serlo puedan ejercer ese derecho sin
limitación de tiempo.
Por último y antes de concluir, quisiera hacer algunas consideraciones de carácter general. En primer lugar, el talante que se ha mantenido por los ponentes de los diversos grupos políticos, incluso desde la legítima divergencia de
criterios, ha permitido un cierto grado de aproximación.
En este sentido quiero reconocer que la portavoz del Partido Popular ha escuchado algunas de las contradicciones que aparecían en el texto originario, que a nuestro entender se pusieron de
manifiesto durante el debate, lo que ha posibilitado algunas modificaciones puntuales que, aunque no con todo el alcance que pretendíamos, sí mejoran el texto inicial.
En segundo lugar, y ya para concluir, nuestras enmiendas y el sentido de lo que hemos venido exponiendo tienen la intencionalidad de resolver de forma más definitiva los problemas relacionados con la posibilidad de obtener la nacionalidad
por los emigrantes españoles, fundamentalmente de la emigración española generada en épocas relativamente recientes de nuestra historia en las que España, bien por razones políticas, económicas o de supervivencia, era un país emisor de emigrantes.
Tenemos una deuda histórica para con estas generaciones que debiera ser saldada y la modificación de esta ley debería aprovechar la oportunidad para resolverla en sus últimas consecuencias.
Dicho esto, anunciamos nuestro voto favorable en el día de hoy por entender que, si bien no se resuelven todas las situaciones que es de justicia que debieran ser resueltas, lo cierto es que este texto representa un avance con respecto a la
situación actual que permitirá resolver la situación, si no de todos, sí de un buen número de emigrantes que se podrán ver beneficiados. Este paso merece el apoyo de la Cámara o por lo menos de nuestro grupo parlamentario, el Grupo de Coalición
Canaria. Asimismo, anunciamos nuestro voto afirmativo a aquellas enmiendas de otros grupos que comparten nuestro mismo espíritu o la misma inquietud y reiteraremos nuestras enmiendas en el proceso de debate en el Senado, solicitando se reflexione,
durante el resto del proceso de esta ley, en alguna de las consideraciones que hemos expuesto, ya que, a nuestro entender, es el momento de resolverlas. Estamos hablando de la segunda generación que debe tener el derecho, si no a la nacionalidad de
origen como la tienen sus padres, sí a no ser tratado como extranjero para obtener la nacionalidad española.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para hacer una muy breve intervención y con el mismo criterio con el que lo hice en comisión, entendiendo que estamos haciendo una tramitación con excesivas prisas. Estamos abordando unas iniciativas que se
refieren a un problema de urgente solución, pero ello no debe ser sinónimo de tratamiento aturullado. Tras unas ponencias en las que todo iba con calma, nos hemos visto sorprendidos con una convocatoria de la sesión de comisión en un día no
habitual -un lunes- y con una duración inusitada para llegar a este trámite, en el día de hoy, sin que ni siquiera se haya publicado el dictamen. Se trata, señorías, del Código Civil - norma que es eje y cimiento- y del título I de su libro I, y la
sensación de vértigo, a la que aludí en comisión, no se le ha disipado todavía a esta diputada.
Las tres iniciativas, siendo sobre lo mismo, se presentaban con distinto matiz, si bien, la idea de la recuperación de la nacionalidad por los inmigrantes originariamente españoles está en el núcleo de lo pretendido y en el alcance de este
logro radica el elemento a juzgar por el resultado. Desde luego, es mejor que la regulación actual -las reformas del pasado reciente fueron enormemente restrictivas-, pero no llega a ser lo pretendido por todas las formaciones políticas, excepto
por el grupo mayoritario. Los nietos, señorías - pese a que la transacción ofertada y aceptada en comisión supone una mejora- reciben tratamiento de extranjeros, ya que es a través de las normas de esta área con las que se subsana o arregla su
acceso, sin tenerles como españoles de origen.
Examinados el dictamen -que, insisto, se ha elaborado con enormes prisas- y las enmiendas presentadas por mi grupo en el momento inicial, salvo la que retiramos referida a la vacatio legis, nos parece que lo que con ellas pretendíamos sigue
teniendo sentido en este momento de la tramitación. Pretendíamos reformar el artículo 17; ser españoles de origen y no de opción es algo gráfico y simbólico del reconocimiento del ser, más que una vía distinta de llegar a lo mismo, que es el
argumento justificativo que se da desde el grupo mayoritario.
Respecto al artículo 22 -el núcleo de la reforma que se nos propone desde la mayoría-, también insistíamos en determinadas cuestiones. Una de ellas, a la que por cierto nunca se ha respondido, es por qué no están los asilados junto a los
refugiados. Insistí en comisión en que al comienzo de la tramitación de la proposición del Partido Popular esto era al contrario, estaban los refugiados y no los asilados y ahora se han
invertido los términos. Creemos que lo correcto es que, entre los beneficiados de un período más corto para la adquisición de la nacionalidad, deben estar las dos situaciones distintas en relación con la condición jurídica de estas
personas. Que no se tenga en cuenta la comunidad de lengua respecto de lenguas oficiales distintas del castellano ha sido, desde luego, una pretensión inútil; contábamos con ello, conocida la sensibilidad de la mayoría por el plurilingüismo, por
muy oficial que este sea. Nuestra propuesta de incluir a los saharauis junto a los guineanos, andorranos o sefardíes entre los que se benefician de períodos más cortos, no ha recibido respuesta distinta del voto negativo. El catálogo recogido en
el actual artículo 22 es tachado por toda la doctrina de muy poco homogéneo y desde luego sigue siéndolo. Nos preguntamos por qué esta exclusión cuando, sin embargo, como tuve ocasión de manifestar en comisión, tiene reconocimiento judicial, tanto
por las sala de lo civil como de lo contencioso, que les reconocen ese derecho a optar por pertenecer a una comunidad que fue históricamente española, con el mayor beneficio en cuanto a los tiempos exigidos de residencia. Ya es conocido que mi
formación política apuesta por el derecho de autodeterminación del Sahara y por que pudieran tener, si así lo desean, su propia identidad nacional, pero para los que en este momento deseen la nacionalidad española es evidente que el Sahara fue
español hasta ayer, que tiene igual lengua y que, además, se tienen, señorías, deudas concretas con ellos por las circunstancias en las que se produjo su abandono. ¿Seguirán teniendo que ir al reconocimiento judicial, caso por caso? Porque,
insisto, los tribunales sí lo reconocen; la no inclusión en la norma, en contra de la jurisprudencia, nos parece absurdo.
El apartado f) de nuestro artículo 22 pretendía algo que también es solicitado y que tiene un calado social, beneficiando a quienes fuesen perceptores de prestaciones de invalidez permanente como consecuencia de enfermedad profesional o
accidente de trabajo acaecido en España. Nos parecía de justicia social y es demandado por distintos sectores el reconocimiento de estas situaciones. La referencia a relaciones de hecho, que tampoco se ha acogido, la creemos efectuada con todas
las garantías de acreditación de permanencia e inscripción en registros públicos, como ya está normado en distintas leyes autonómicas, y sería deseable que se recoja de una vez en norma con rango estatal.
Nuestra enmienda número 26 deberá formularse en términos distintos cuando este texto pase al Senado, puesto que la supresión de los requisitos de residencia, pese a que nos parece que ha quedado limitada, no se cohonesta con el tenor literal
de la enmienda, tal y como la teníamos formulada. Algo parecido ocurre con la enmienda referida a la disposición transitoria segunda, que carece de todo objeto, y procedo formalmente a retirarla por entender que ni siquiera su contenido, como
ocurría con la anterior referida a la no necesidad de residencia, tiene sentido en el momento actual.
Señorías, he dicho que iba a ser breve y lo cumplo. Lo aprobado es, insisto, mejor que lo que hay. Creemos que puede arreglar situaciones, pero no es exactamente la respuesta esperada y demandada de reinserción de la tercera generación de
inmigrantes en el ámbito social español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya hemos repetido en varias ocasiones durante la tramitación de estas proposiciones de ley, el hecho de que tres grupos parlamentarios -Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida- hayamos presentado sendas proposiciones de ley
tendentes a modernizar el régimen de la nacionalidad española es prueba inequívoca de que la sociedad española ha sufrido en estos últimos decenios cambios sociales de profundo calado y de que dichos cambios deben tener su reflejo en la forma en la
que se adquiere, pierde o solicita la nacionalidad.
Ciertamente, cada uno de los grupos parlamentarios tiene sus propios matices y consideraciones diferentes en cuanto a la actualización y acomodo a la realidad social de la nacionalidad española. Sin embargo, todos contemplamos la necesidad
de reforma y actualización, lo cual evidencia que ésta es inaplazable. Desgraciadamente, el Grupo Parlamentario Popular no ha tenido a bien apoyar los aspectos más notables de la proposición de ley de mi grupo parlamentario; de hecho ha ignorado
todas y cada una de nuestras propuestas, a pesar de lo anterior.
Sirva de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el comentario sobre cuáles son nuestros objetivos y anhelos en materia de nacionalidad. El primer objetivo es posibilitar que los hijos de los inmigrantes
que han nacido en España sean españoles y españolas de origen. Este debería ser uno de los pilares básicos de una verdadera política de Estado sobre inmigración. Los españoles debemos asumir que España está cambiando y que los hijos de los
inmigrantes que nacen, crecen, se educan y se socializan en España son a todos los efectos españoles. El segundo objetivo de la proposición de ley de este grupo parlamentario al que represento es facilitar que los inmigrantes que ya están en España
puedan acceder a la nacionalidad española sin tener que esperar nada más y nada menos que una década, como ocurre ahora. No creo que deba ser objeto de largo debate, pues se
entiende fácilmente que cinco años es tiempo más que suficiente para vincularse a una comunidad estatal y para compartir buena parte de sus valores y realidades hasta el punto de querer formar parte de la misma.
Por otra parte, Izquierda
Unida entiende que no sería de recibo defender la nacionalidad española de los hijos de los inmigrantes y, a la vez, poner difíciles requisitos para los padres de esos niños y niñas.
El tercer objetivo de nuestra proposición de ley es la protección de los refugiados y asilados a través de la concesión de la nacionalidad española en unas condiciones razonables para éstos. A la gente de Izquierda Unida le gustaría que
España copiase de los países nórdicos, con una impecable tradición en materia de asilo y refugio. España ha permanecido hasta hace pocos años fuera de los grandes circuitos internacionales, pero ahora como socios de la Unión Europea y como Estado
occidental de medio calibre, debemos aceptar una de las obligaciones que conlleva el desarrollo económico y la democracia; obligación que no es otra que el asilo y el refugio de los perseguidos de la tierra.
El cuarto objetivo de la proposición de ley de este grupo parlamentario es restablecer la deuda histórica con sefardíes y moriscos, a través del paliativo tardío e insuficiente del reconocimiento de la nacionalidad.
Hace más de 500 años
España empezó una de las mayores operaciones de limpieza étnica conocida en la historia de occidente. La historiografía oficial hasta hace muy poco se vanagloriaba de algo que, sin duda, debería avergonzarnos. Restituyamos al menos parcialmente a
los descendientes de esos moriscos y sefardíes con el reconocimiento de algo que es suyo y que nunca se les debería haber sido retirado: la nacionalidad española. Por otra parte, no deberíamos tener el mínimo recelo hacia la inmigración árabe,
puesto que los árabes no están llegando en estos momentos a España, sino que, en términos históricos, vuelven a una tierra que fue su hogar durante más de ocho siglos, a la que dieron esplendor y en la que dejaron un profundo vacío cuando fueron
expulsados por el integrismo católico.
El quinto objetivo y último, y no por ello menos importante sino todo lo contrario, es garantizar el derecho a la nacionalidad española a hijos y nietos de madres, padres y abuelos españoles. Todo ello sin que quepa discriminación alguna
entre hijos y nietos de español o de española.
Todos los grupos parlamentarios somos conscientes del interés y presión social que hay por este tema en Latinoamérica. Cientos de miles de argentinos, centroamericanos, mejicanos, etcétera, que son a
su vez hijos o nietos de españoles, tienen derecho a poder optar también por la nacionalidad española. Parece que la igualdad radical entre hijos de español o española se va a garantizar con esta norma, pero sigue en pie el problema de los nietos.
Lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular le dé la espalda a todos estos descendientes de españoles que, sin ninguna duda, tienen tanto derecho como otros a lograr la nacionalidad española. Hemos hecho lo que estaba en nuestra mano para que
esto no fuese así, pero la sinrazón en este caso del Grupo Parlamentario Popular es en este tema tan rotunda como en otros muchos. De todas las propuestas realizadas por Izquierda Unida y que han sido convenientemente rechazadas por el Grupo
Parlamentario Popular, se deduce con claridad que la ley, el Código Civil, debería haber asumido ya la realidad; es decir, España es blanca, negra, asiática, mulata. España es cristiana, agnóstica, musulmana, hebrea. En definitiva, España es
multicultural. Y esto, mal que le pese a la derecha española, no se puede ocultar o reprimir.
Acabo, señorías, con unas palabras sobre la posición de mi grupo parlamentario respecto a las otras proposiciones de ley cuyo trámite parlamentario también está próximo a finalizar. Apoyaremos las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista porque compartimos su fundamento y porque estamos de acuerdo con la mayor parte de sus propuestas y soluciones; apoyaremos las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios por razones similares; y no apoyaremos
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular por motivos que hemos puesto suficientemente de relieve a lo largo de la tramitación de estas tres proposiciones de ley. Parece que el Partido Popular no se ha dado cuenta de que los fenómenos
migratorios están cambiando la demografía española; parece que no quiere ver que España camina con paso firme hacia la pluralidad y la multiculturalidad. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Es evidente que el Partido Popular sí se ha
apercibido de todos estos fenómenos, pero los rechaza. Para Partido Popular España es blanca, católica y habla un solo idioma. La contumaz negación de la evidencia pone de relieve el carácter nacionalista del Partido Popular.
Este Partido Popular
sueña con contingentes de inmigrantes que vienen a trabajar unos años a España, cubren los picos negativos de mano de obra y se van después con viento fresco a sus países de origen. Este Partido Popular sueña con madres españolas, blancas y
católicas -evidentemente-, elevando la natalidad hasta el extremo de no necesitar a los inmigrantes.
Pues bien, este Partido Popular, a una fuerza política como Izquierda Unida, internacionalista, multiculturalista y federalista, le produce
vergüenza y sonrojo. Por ello, como ya he dicho, votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y tomaremos las oportunas medidas de cara a la votación final en el Pleno.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tal y como anunció desde esta tribuna mi compañero, el diputado Manel Silva, en el debate de toma en consideración de las iniciativas que hoy estamos viendo, ha formulado
diversas enmiendas y aportaciones a lo largo del proceso legislativo; aportaciones que responden a los ejes que mi grupo considera que se deberían tener en cuenta a la hora de abordar esta modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
Un primer grupo de enmiendas ha ido dirigido a facilitar la recuperación de la nacionalidad no sólo por los emigrantes, sino también por sus hijos y nietos. Estamos hablando de aquellas personas que, por distintas razones -económicas o
políticas, que les condujeron al exilio-, tuvieron que emigrar a otros países y allí perdieron su nacionalidad de origen, la española, en la mayor parte de los casos porque se vieron obligados a renunciar a ella para poder adquirir la del país que
les acogía, y así integrarse viviendo y trabajando en él. Una vez perdida la nacionalidad, estas personas no pudieron transmitirla a sus descendientes, los cuales, de no haber mediado esta emigración o exilio, hubieran sido todo españoles de origen
a tenor del principio de transmisión de nacionalidad ius sanguinis que informa nuestro ordenamiento jurídico. Estamos hablando de aquella española de origen que, en virtud de normas discriminatorias afortunadamente superadas hoy, no pudo transmitir
la nacionalidad a sus descendientes. Estamos hablando también de todos aquellos que, cuando sus padres recuperaron la nacionalidad española, eran ya mayores de edad y no pudieron, por tanto, seguir automáticamente la recuperada nacionalidad de sus
progenitores, lo que sí hicieron sus hermanos menores de edad; son familias en las que hay hermanos que son españoles y hermanos que no pudieron acceder a la nacionalidad.
Es bien cierto que la proposición del Grupo Popular ha ido encaminada a facilitar la recuperación de la nacionalidad de origen y la opción a la nacionalidad española -ésta ya no de origen- a los hijos y nietos de emigrantes; sin embargo, lo
hace de una forma un tanto limitada, a nuestro juicio. Las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado y mantiene se dirigen, en primer lugar y principalmente, a que sean considerados españoles de origen no sólo los hijos sino también
los nietos de español o española. Sé que se nos puede hacer la objeción -que ya se nos ha hecho- de que, de esta manera, estamos otorgando la nacionalidad de origen a personas que ni siquiera sabemos si la quieren.
Esta regulación legal vendría a
resolver, desde nuestro punto de vista, las distintas situaciones en las que se encuentra la generación de nietos de emigrantes, que es la generación con la que ahora nos encontramos. Es más, con la regulación que el Grupo Popular propone en el
artículo 24.3 del Código Civil, para mantener esa nacionalidad atribuida por nacimiento se requeriría una declaración positiva, expresa, en un plazo a contar desde la mayoría de edad -que ustedes proponen que sea de tres años y nosotros de cinco- de
querer conservarla, por lo que todo aquel que no tuviera interés en tener la nacionalidad española y no realizara esta manifestación de voluntad la perdería, evidentemente. Con ello, a nuestro entender, queda perfectamente superada la objeción que
se nos hace desde el Grupo Popular.
Nuestras enmiendas propugnan, pues, nacionalidad de origen para los nietos de español o española, pero también propugnan que tengan la posibilidad de opción y la recuperación de nacionalidad no sólo los hijos sino también los nietos de
españoles de origen que nacieron en España. De aprobarse nuestras enmiendas se atendería no sólo la petición que se nos viene haciendo desde colectivos de emigrantes y de descendientes de emigrantes -quiero citar expresamente tanto al Casals dels
Catalans de California como al colectivo de la Germanó Catalana de Camagüey en Cuba y también, cómo no, al colectivo de Morados que nos ha venido visitando estos últimos días-, sino también las propuestas del Consejo General de la Emigración y,
especialmente, el mandato contenido en el artículo 42 de la Constitución española. Nuestro grupo ha presentado también una enmienda que, de aprobarse, supondría la atribución de nacionalidad ius soli en determinados supuestos en que los padres, aún
siendo extranjeros, llevan un tiempo suficiente de residencia en España al nacimiento de sus hijos. Me refiero concretamente a la posibilidad de que fueran españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros si al menos uno de ellos, al
tiempo del nacimiento del hijo, tuviera residencia permanente en España. La residencia permanente, señorías -ustedes lo conocen bien-, no se obtiene antes de cinco años al menos, y esta posibilidad de atribución de la nacionalidad de origen en
estos supuestos, además de acorde con la regulación de otros países de nuestro entorno -cito, por ejemplo, a Portugal, Alemania o el Reino Unido-, nos parece, sobre todo, una buena política de integración para los hijos de aquellos que tienen
suficientemente avalado su arraigo con más de cinco años de residencia en España. Por lo demás, supondría sólo un pequeño paso adelante, aunque importante, respecto a la regulación actual que ya prevé la posibilidad de concesión de la nacionalidad
con un año de residencia al que haya nacido en el territorio español. Nuestras enmiendas, señorías, propugnan también la reducción de los plazos previstos por nuestro ordenamiento para la concesión de nacionalidad por residencia. Hoy, en el siglo
XXI, cinco años de residencia serían suficientes como plazo general para demostrar el arraigo que se precisa para adquirir la nacionalidad. No nos opondríamos a que la integración debiera justificarse, además de por la residencia, por un cierto
conocimiento de los idiomas oficiales o cooficiales -me
refiero a los idiomas de las comunidades autónomas-; plazo general de cinco años que en nuestra propuesta se reduciría a dos para los supuestos ya contemplados en nuestro actual ordenamiento y también para supuestos como el de los
refugiados, en sintonía con lo dispuesto en la convención de Ginebra. Proponemos que este plazo pudiera también reducirse para los otros países de la Unión Europea, siempre que en este supuesto exista reciprocidad de trato para los españoles en
esos países.
Por último, hemos creído conveniente presentar enmiendas tendentes a que la pérdida de la nacionalidad española sea, como principio general, únicamente a causa de renuncia expresa y no por situaciones tácitas, muchas veces desconocidas por
el que la pierde. Hemos presentado tres enmiendas encaminadas a ampliar los plazos para la conservación de la nacionalidad y, finalmente, otras de carácter meramente técnico o armonizador de los textos. Hasta aquí, nuestras enmiendas, que
mantenemos. Sin embargo, no sería justo no reconocer que el texto aprobado en la Comisión supone un avance importante respecto a la legislación actual. El dictamen aprobado posibilita la recuperación de la nacionalidad a los emigrantes y a sus
hijos sin necesidad de residencia en España -hasta aquí, la regulación vigente-, pero también sin necesidad de renunciar a la nacionalidad del país que les acogió. Esta es una petición reiterada de nuestro colectivo de emigrantes y quiero
explicitar, en nombre de mi grupo parlamentario, que nos alegramos especialmente de que se resuelva de forma satisfactoria. Se introduce asimismo la posibilidad de optar a la nacionalidad española no de origen a los hijos de los originariamente
españoles y nacidos en España sin necesidad de residencia y sin limitación de edad y, por tanto, sin plazo preclusivo para hacerlo; era una limitación de la que habían adolecido las reformas que con el mismo propósito se habían hecho en años
anteriores.
El Grupo Parlamentario Popular ha admitido el espíritu de la enmienda número 47, presentada por nuestro grupo, y ha retirado de su texto el requisito de que la residencia tenía que ser efectiva, además de legal, continuada e inmediatamente
anterior a la petición. Y lo ha hecho por atender a nuestro argumento de que, habiéndose fijado ya por el Tribunal Supremo, especialmente a partir de la sentencia de 19 de mayo de 1988, el que el término de continuada debiera entenderse como
efectiva, el hecho de añadir un vocablo nuevo podía dar a entender que se estaba introduciendo un nuevo requisito que, tal como estaba introducido, era jurídicamente indeterminado, por lo que podía dar lugar a dispares interpretaciones
jurisprudenciales. Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular, atendiendo a las enmiendas de todos los grupos -están también recogidas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); tengo que reconocer, como ha
hecho alguna portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, el buen talante de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular al escuchar los distintos argumentos-, ha introducido, mediante la modificación del artículo 22, la posibilidad de que
los nietos de españoles nacidos fuera de España puedan obtener la nacionalidad española por residencia de un año.
Por todas razones, señorías, nuestro grupo parlamentario va a dar su apoyo al dictamen que hoy se nos presenta. Creemos que lo que en él se dispone son unas buenas medidas y por ello vamos a apoyarlo; buenas medidas, pero insuficientes y,
en consecuencia, mantenemos nuestras enmiendas y vamos a votar también favorablemente las enmiendas de otro grupo que están en sintonía con las nuestras, con el deseo de que la aceptación de las mismas en lo que queda de trámite parlamentario
suponga una mejor respuesta de nuestra regulación de la nacionalidad a las justas peticiones que desde distintos colectivos se nos vienen haciendo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista hizo posible, en el Pleno del 5 de febrero de 2002, que pudiéramos acometer esta reforma del Código Civil en materia de nacionalidad utilizando nuestro propio cupo. Después hubo otros intentos
fallidos: en diciembre de 1996, diciembre de 1999 y junio de 2000, en los que la mayoría del Grupo Parlamentario Popular impidió abordar este problema con anterioridad.
A nuestro juicio (la realidad social así lo indica), teníamos tres grandes bloques de problemas que solucionar al acometer esta modificación legislativa. El primero y fundamental era el tratamiento de los hijos y nietos de los emigrantes.
En este sentido, el resultado final ha sido de una escasa respuesta, de algún paso pero pequeño y corto. Un segundo bloque de problemas era el de los que han venido a nuestro país o puedan venir y quieran integrarse con nosotros, incluidos los
ciudadanos de la Unión Europea. No les hemos dado ninguna respuesta. Y un tercer bloque es el relativo a los que nacen en España hijos de extranjeros que ya tienen la residencia permanente en España. Conforme manifestamos en ponencia y Comisión,
inexplicablemente, tampoco les hemos dado ninguna respuesta. El texto aprobado en la Comisión sólo por el Grupo Popular -insisto, sólo por el Grupo Popular- ha sido poco generoso y cicatero. Hoy, la cortesía parlamentaria y los acuerdos de
gobierno han llevado a escuchar la manifestación de la portavoz de algún grupo que dice que va a votar a favor del dictamen. El dictamen ya está votado, hoy sólo votamos aquí las enmiendas. Insisto,
el dictamen ha sido exclusivamente votado por el Grupo Popular, que no ha aceptado casi ninguna enmienda y que ha defraudado buena parte de las expectativas creadas. Por otra parte, el Partido Popular ha cometido un error importante,
políticamente poco ético, al abrir un supuesto y ficticio debate entre emigración e inmigración. Aquí no hay colisión de intereses, en absoluto; una cosa es la regulación y los preceptos que se modificaban o se pretendían modificar para resolver
los problemas de la emigración, fundamentales por cierto, y otra la de aquellas personas que, por el flujo de la inmigración, quieren integrarse en nuestra sociedad o aquellos que nacen con residencia permanente, que nada tiene que ver con la
aceptación o modificación de unos preceptos ni entra en colisión con los otros. No ha habido consenso cuando se nos pregunta. No puede haber consenso cuando ni siquiera el requisito previo del consenso, que es el diálogo, no ha existido, aunque
generosamente lo haya manifestado alguna portavoz; al menos con el Grupo Socialista no ha existido ningún diálogo, excepto el formal de ponencia y Comisión, estrictamente impuesto por la tramitación legislativa.
Creemos, en definitiva -y paso ya a defender las enmiendas-, que el Grupo Popular se ha encontrado obligado a realizar una reforma en la que no creía, y cuando alguien no cree en algo difícilmente puede dar una respuesta adecuada y favorable
a las demandas que se realizan. El Grupo Socialista mantiene vivo el conjunto de enmiendas que han sido rechazadas en Comisión. Paso a argumentar brevemente las más importantes. La primera, al artículo 17, para el reconocimiento de la españolidad
de origen, solicita que sean considerados españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros si al menos uno de ellos hubiera nacido o (esta es la propuesta) fuere residente legal permanente -conforme ya hemos manifestado- en España.
Señorías, el residente legal permanente, conforme recoge la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece el concepto de residencia permanente en cinco años y quien
tiene la residencia permanente tiene la vocación de continuar en España.
Además, se le ha reconocido ya que puede seguir de forma permanente en España. ¿Qué explicación, qué justificación tenemos para que el hijo o hija de esas personas que nazca
aquí lleve una cruz de discriminación en origen porque no tenemos la gallardía de reconocer que tiene derecho a ser español o española? Ustedes serán los responsables de tenérselo que explicar, cuando transcurra el tiempo, a ese conjunto de
ciudadanos que, les adelanto, cuando el Partido Socialista gobierne tendrán resuelto el problema y no serán discriminados desde el nacimiento.
En el artículo 19.2, para resolver un problema importante en la emigración, recogemos el derecho de opción del hijo mayor de edad de quien haya recuperado la nacionalidad española. Se da la paradoja -y no podemos entender por qué no se
acepta esta propuesta- de que en una misma familia española en la emigración con cuatro hijos, dos mayores de edad de 18 y 20 años y dos menores de 15 y 17 años, en la que recuperan la nacionalidad los padres, los hijos de 15 y 17 sean españoles y
los de 18 y 20 no. ¿Esto tiene alguna justificación? Espero que nos la den. Mejor sería dar una respuesta.
Importantísima enmienda es la relativa al artículo 20 1.b) del Código Civil en el que el Partido Socialista pretende dar respuesta a la demandada exigencia de que los nietos de españoles de origen puedan optar por adquirir la nacionalidad
española. La enmienda consiste simplemente en que puedan optar aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español, quitando el requisito de 'y nacido en España' que exige el Partido Popular. Porque quien emigró era español; el hijo
que había nacido en España y era pequeño cuando se marchó, también, pero los hijos de los hijos no han nacido aquí, luego no van a poder en su mayoría optar por la nacionalidad española. El artículo 22 lleva una serie de importantes enmiendas al
precepto en su conjunto, que voy a resumir mucho debido al tiempo limitado que tenemos, que se refieren a la adquisición de nacionalidad por residencia. Nosotros decimos que se adquiera con carácter general con cinco años, por lo que comentábamos
antes; ahora está en diez. ¿Qué justificación tiene mantener, en contra de la Ley orgánica 8/2000, los diez años en vez de los cinco? El derecho comparado europeo tiende más a este tiempo. La doctrina nos dice que la integración ya se ha
producido con esos cinco años, etcétera. No encontramos argumentos para no producir esa rebaja a cinco años. Para los refugiados solicitamos de cinco a dos. Y para los ciudadanos de la Unión Europea, si vamos en un proyecto político común,
económico de futuro, ¿qué razón existe para que un italiano que lleva ocho años en España con vocación de quedarse aquí, o un alemán, o un inglés no adquiera la nacionalidad española si no lleva diez años y, lo que es peor, si tiene hijos que
tampoco sean españoles conforme al artículo 17? Alguna explicación deberían dar. No creen en ellos. La nacionalidad no es suya.
La nacionalidad es un concepto importantísimo y un reconocimiento de derechos que no podemos negar gratuitamente.
También recogemos un año para los requisitos que se establecen en las parejas de hecho.
Solicitamos en el apartado 4, a lo que ni siquiera nos han contestado, que se quite un anacronismo del antiguo régimen, relativo a que se informe sobre la
conducta cívica por los alcaldes y jueces de paz sobre si se trata de una señora o un señor que son de buen vivir. Esto es indecente en un sistema democrático. Aparte de que la mayoría que tiene decencia se niega a informar de algo que es
subjetivo. Podremos informar de requisitos objetivos: tiempo de residencia, empadronamiento, lugar de trabajo, pero no de qué conducta tiene este
señor. Manténgase el grado de integración social que se puede avalar con datos objetivos, pero suprímase de una vez los datos subjetivos y no nos hagan esperar dos años como en el resto de las enmiendas.
El artículo 22.2.f) -por cierto me ha enfadado bastante ver en la prensa que el Partido Popular ha regalado a los nietos de los emigrantes que puedan ser españoles con que lleven un año- viene de una propuesta nuestra, fundamentalmente de la
oposición, en el inicio, de la portavoz de Coalición Canaria. Instamos a que se interpretara el artículo 22 f).
Reconozcan al menos eso. Por otro lado, no se concede el derecho de opción a la nacionalidad, lo que se hace es rebajar los dos años
que ya existían con los países de tratamiento privilegiado: Iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. En lugar de dos años se lo rebajamos a uno. Estamos vendiendo que hemos solucionado el problema de los nietos, pero no lo
hemos solucionado. Sí se soluciona si se aceptan y aprueban nuestras enmiendas. En cuanto a exigir un año de residencia, ¿quien puede -quien no está en una situación económicamente boyante- permitirse venir de Chile o Argentina a España a residir
un año para que luego le den la nacionalidad? ¿Cómo se puede vender esto como el gran logro para que los nietos de emigrantes consigan la nacionalidad?
En el artículo 26 solicitamos la eliminación del requisito de la renuncia propia para poder adquirir la española, porque es otra limitación a la posibilidad de adquirir la nacionalidad española cuando ya se tiene el resto de los requisitos.
En el artículo 24, en relación con la pérdida de nacionalidad por adquirir otra distinta a la nuestra -están excluidos de esa pérdida los países iberoamericanos y los de tratamiento privilegiado del artículo 24.1-, solicitamos que se
incluyan los países de la Unión Europea. Igualmente solicitamos la supresión -y voy abreviando- del párrafo cuarto, porque es un nuevo supuesto de pérdida de nacionalidad y bastantes hay ya.
Solicitamos la supresión del artículo 25.1, porque se recoge un nuevo supuesto de pérdida de nacionalidad cuando se utiliza tres años aquella a la que se declara haber renunciado al adquirir la española. Como quiera que nosotros decimos que
no hay que renunciar a la propia para adquirir la española, obviamente este precepto no debiera ser de aplicación.
En cuanto al artículo 26, para la recuperación de la nacionalidad, solicitamos eliminar el requisito de ser residente legal en España para poder recuperar la nacionalidad, requisito que no es de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de
emigrantes y que en los demás casos es dispensable por el ministro de Justicia. Quitemos eso que es gravoso para mucha gente y facilitemos que sin ser residente legal, requisito dispensable, puedan adquirir la nacionalidad española.
A las disposiciones transitorias primera y segunda no hace falta hacer referencia.
La enmienda 32, a la disposición final, que hacía referencia a la entrada en vigor de la ley y a la vacatio legis de tres meses, es la única que nos ha aceptado el Partido Popular, lo cual le agradecemos. Al menos pueden decir que han
aceptado alguna enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
En definitiva, hemos dejado pasar una gran oportunidad. No ha habido siquiera diálogo, señora Muñoz, exclusivamente el formal de ponencia y Comisión. No ha habido siquiera respuesta a las propuestas que hemos realizado hasta el trámite de
Comisión. Hemos esperado hasta el día de hoy algún gesto o alguna explicación a las propuestas realizadas en Comisión, pero tampoco lo hemos recibido. El Partido Popular se ha limitado a coger su texto, a calcarlo en las enmiendas y a rechazar,
excepto dos matices, el conjunto de las enmiendas realizadas por toda la oposición coincidentes en muchos casos. Por eso se han quedado solos.
La señora PRESIDENTA: Señor Villarrubia, le ruego concluya.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Termino ya.
Por eso el Partido Popular se ha quedado absolutamente solo en la aprobación del dictamen, cuando todos teníamos la voluntad de que este tema pudiera salir con cierto grado de consenso. Alguna cosa hemos resuelto, pero lamentablemente
tendremos que esperar un poco más de tiempo para resolver el resto.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Para turno de fijación de posición, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer a todas las asociaciones de españoles en el exterior, a sus representantes y también a los miembros del Consejo General de la Emigración sus aportaciones. Ellos han hecho posible esta reforma. También
quiero agradecer a todos los grupos sus aportaciones, especialmente a aquellos que han mantenido un tono positivo en esta tramitación parlamentaria, pero además quiero añadir, aunque le pese al señor Villarrubia, el fuerte compromiso del Partido
Popular.
Había aspectos fundamentales que había que modificar en este Código Civil, aspectos fundamentales tan importantes como la gravísima discriminación que habían sufrido las mujeres casadas con extranjeros, debido a una norma preconstitucional
que hacía que no pudieran transmitir la nacionalidad española a sus hijos. Simplemente por hacer esa modificación hubiera
merecido la pena lo que estamos tramitando hoy aquí. El Partido Socialista tuvo la oportunidad de poder corregir esta discriminación, pero la verdad es que hizo una política de cremallera, cerrando y abriendo los plazos en los que se podía
optar. Fue una posibilidad que se perdió, pero nosotros queremos corregir hoy de manera permanente esa discriminación.
Además, hemos querido garantizar los derechos de los emigrantes y de sus descendientes, sobre todo en tres pilares fundamentales, que a nuestro juicio han tenido relación con todos y cada uno de los artículos de esta modificación. En primer
lugar, queríamos favorecer la opción de todos los descendientes de españoles, de aquéllos que tuvieron que emigrar y que por cualquier motivo tuvieron que hacerse nacionales de otros países.
También queríamos facilitar su recuperación y, además,
evitar su pérdida.
Estos tres pilares han sido posibles gracias a las aportaciones de todos los grupos, especialmente -si me lo permiten- de Coalición Canaria y de Convergència i Unió, así como del Partido Nacionalista Vasco.
Desgraciadamente, no comparto
algunas de las afirmaciones que se han hecho desde esta tribuna, pero la verdad, señorías, es que hablar de inmigración, decir que no se conoce la realidad de España y decir que el Partido Popular no sabe lo que es la inmigración es como decir que
el Partido Socialista no sabe que todavía hay más de dos millones de españoles residiendo en el exterior. Si a ellos les parece corta esta reforma, le voy a decir, en base a sus enmiendas, cómo de corta se queda esta reforma.
Ustedes hablan -por lo menos son los argumentos que nos han hecho llegar en ponencia y Comisión- de hacer español a todo aquél que nazca de padre con un permiso de trabajo o un permiso de residencia permanente. Tengo que decir que en esto
hay una gran mejoría con respecto a su proposición inicial, porque antes ustedes simplemente decían que fueran residentes.
Yo creo que, después de haber hecho la aportación que matizaron los portavoces de Coalición Canaria y de Convergència i Unió,
es importante que ustedes hayan reconocido que al menos tenían que tener cinco años de residencia.
Fíjense ustedes, hacen directamente español de origen a alguien que ni siquiera ha dicho que quiera ser español. Ustedes le dan la nacionalidad de origen cuando, hoy por hoy, nuestro Código Civil permite que esos niños nacidos en España,
independientemente de la situación administrativa de sus padres, puedan optar a la nacionalidad española, y creemos que esa parte es muy importante. Tengo que decir al portavoz de Izquierda Unida que esos niños que van a nacer, a crecer, a
escolarizarse en nuestro país pueden ser españoles al año, si así lo desean. Usted presupone que todos quieren ser españoles y, además, quiere que directamente se les dé la nacionalidad. Pero eso no ocurre en ningún país de la Unión Europea y creo
que, hoy por hoy, si queremos armonizar las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración, también este concepto debe ir unido al resto de las políticas de la Unión Europea.
Como otra de sus grandes reformas que no se han recogido en este texto, ustedes proponían cinco años de residencia en vez de diez para los extranjeros. Y yo le digo que sí, que seguro que hay un número muy importante de extranjeros que
tengan que residir diez años para poder ser españoles, pero les quiero decir algo más respecto a lo que ustedes nos han avanzado, que de esos diez años simplemente son dos los que necesita la gran mayoría de extranjeros que residen en nuestro país
para poder optar a la nacionalidad española. La gran mayoría de extranjeros que residen en nuestro país se puede beneficiar de esos dos años, no diez.
Creo que es importante que también se recoja esa posibilidad.
Usted hablaba de la Unión Europea, y la Unión Europea, en relación con ese privilegio unilateral que usted quiere conceder, ya habla de ciudadanía europea. Va mucho más avanzada, señor Villarrubia. Es más, concreta beneficios y derechos de
los que gozan los nacionales de los Estados miembros, y lo hace concretamente en el artículo 17 del Tratado de la Comunidad Europea. Me parece que eso es importante, señor Villarrubia.
¿Por qué va España a otorgar a un ciudadano de cualquier país
de la Unión Europea el ser nacional cuando el resto de los países de la Unión Europea no lo hacen con los españoles? El plasmarlo en nuestro ordenamiento supone una actuación unilateral cuando en Europa ya se está hablando de algo mucho más amplio
que la doble nacionalidad, que es el concepto de ciudadanía; mucho más amplio, señor Villarrubia.
Hablan de parejas de hecho. Ustedes aquí meten las parejas de hecho sin haber tenido ocasión de poder debatirlo ni siquiera de poder introducirlo en nuestro ordenamiento. Dicen que con un año de residencia un extranjero que conviva libre,
pública y notoriamente con un español podrá ser español. Sinceramente le digo que creo que hay otros conceptos a la hora de poder materializar el que un extranjero pueda integrarse en nuestra sociedad antes que concederle la nacionalidad española
por el simple hecho de convivir con una española.
Hay un tema fundamental, importantísimo, que usted pasa de puntillas y se salta, y es el tema de los nietos. Por primera vez, señor Villarrubia, se incluye a los nietos. En los últimos diez años su grupo parlamentario ha modificado el
Código Civil en tres ocasiones, en los años 1990, 1993 y 1995, y ninguna vez ha introducido el término nieto, ni por asomo, señor Villarrubia. Es más, nosotros pedimos que los nietos tengan un año de residencia porque entendemos que tienen que
tener un vínculo, pero fíjese en lo que le voy a decir. Yo no sé si usted, señor Villarrubia, era diputado cuando, en el año 1995, se hizo la modificación del Código Civil, pero me hubiera gustado porque se lo hubiera
expuesto de manera impetuosa y vehemente, como lo ha hecho aquí, al señor ministro de la Presidencia, entonces el señor Rubalcaba. El señor Rubalcaba, por aquel entonces, ya decía: Es muy razonable que, con relación a los nietos de
emigrantes, la recuperación de la nacionalidad española requiera un cierto grado de vinculación, del que será índice la vuelta a territorio español, fijando en éste su residencia legal o, en su defecto, la dispensa de este requisito cuando concurran
circunstancias excepcionales. Me hubiera gustado que hubiera sido usted diputado y, si lo era -que no lo sé, no tengo ese dato-, que se lo hubiera dicho a su ministro de la Presidencia. Si un nieto de español -como digo, por primera vez se
introduce ese término- quiere ser español, se le va a dar la facilidad de poder conseguirlo. Y le digo por qué. Porque, además, en la nueva Ley de extranjería, la que tramitó esta Cámara y que fue mayoritariamente aprobada, se introdujo una
modificación sustancialmente importantísima para los nietos de españoles, y es que están exentos de presentar la situación nacional de empleo a la hora de conseguir un permiso de trabajo y residencia. Una condición que a nuestro juicio posibilita
que puedan tener la nacionalidad.
¿Reivindicaciones? Las expuestas aquí. Cosas tan concretas como favorecer la recuperación. Yo creo que ésa era una de las cuestiones más importantes y que más se nos había demandado por parte de todos los colectivos que residen en el
exterior. Es cierto que en algunas ocasiones era difícil poder recuperar la nacionalidad. ¿Cómo estamos favoreciendo esa recuperación? Hemos suprimido el requisito que se exigía de renunciar a la nacionalidad del país de residencia, y eso es muy
importante. Pásese usted por el Consejo General de la Emigración y se lo dirán muchos de los que están allí representando a países con los que no hay convenio de doble nacionalidad, cuyos hijos tienen que verse obligados a renunciar a la
nacionalidad de residencia si quieren optar por la nacionalidad española. Ese ha sido un gran escollo, que se modifica con la actual redacción propuesta por el Partido Popular. A mí me parece importantísimo, al igual que me parece muy importante
que en esta nueva redacción se suprima el requisito de hacer el servicio militar. Otro logro, también hay que decirlo porque aquí se olvidan las cosas muy fácilmente, del Gobierno del Partido Popular, que suprimió el servicio militar.
Yo creo que todas esas cosas son importantes, pero lo más importante es reconocerlas porque si no se reconocen, quitan veracidad a su discurso, se queda vacío. Si usted aquí nos viene a hablar de puntos que después se le desmontan, la
verdad es que es difícil que usted lo pueda mantener, aunque también le tengo que decir que ha estado poco acertado en los ejemplos. La verdad es que los ejemplos que ha puesto no han sido los más adecuados, después le explicaré por qué. Todos los
ejemplos que usted ha puesto, en todos los casos tienen posibilidad de ser españoles.
Para terminar, quiero decirles que, a nuestro juicio, este avance es sustancial, sobre todo porque recoge derechos a emigrantes y a sus descendientes. En el año 1995 no estábamos de acuerdo con la totalidad del proyecto de ley de reforma
que ustedes trajeron, pero lo apoyamos.
Por eso le digo que en cierta manera me apena que ustedes modifiquen con tanta alegría el sentido de su voto, que apoyen algo y que dejen de apoyarlo un momento después.
Nosotros pensábamos que aquí, además de tener un concepto de Estado, había que tener voluntad política. Hoy usted ha demostrado con toda claridad que no tienen ninguna de las dos cosas. Yo pienso que en el trámite parlamentario del Senado
recapacitarán y podrán dar un voto favorable a esta reforma porque, aunque usted decía que aquí no se va a votar, y que además nos vamos a quedar solos, siento decirle que no solamente con lo que hemos oído a los anteriores portavoces en la tribuna,
sino que ahora, cuando se vote el dictamen -porque se va a votar el dictamen de la Comisión, señor Villarrubia-, se evidenciará que los que se han quedado solos han sido ustedes. Yo espero que recapaciten, que reorganicen su estrategia política y
que no pase lo mismo que en la tramitación de la Ley de extranjería, que fueron cambiando de criterio según las circunstancias políticas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.)
Señorías, iniciamos la votación del dictamen de Comisión a la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
Comenzamos por la votación de las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Aymerich. En primer lugar,
votamos las números 8 y 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 40; en contra, 168; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 121; en contra, 166; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 19.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 142; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 21; en contra, 170; abstenciones, 121.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que no han sido retiradas. En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 10; en contra, 168; abstenciones, 134.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 2 y 4 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 32; en contra, 165; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 133; en contra, 167; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 113; en contra, 166; abstenciones, 32.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, nueve; en contra, 267; abstenciones, 36.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos a continuación la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la proposición 122/102. En primer lugar, la enmienda número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 42; en contra, 164; abstenciones, 106.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 127; en contra, 168; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 23; en contra, 171; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación a continuación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la proposición 122/150. En primer lugar, la enmienda número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 16; en contra, 170; abstenciones, 126.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 2 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 120; en contra, 168; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 3 y 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 14; en contra, 274; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por último votamos las enmiendas números 4 y 7 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 15; en contra, 171; abstenciones, 125.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 34; en contra, 169; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las números 48 y 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 39; en contra, 167; abstenciones, 106.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 46 y 51.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 141; en contra, 163; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 144; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 142; en contra, 169; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 20 y 24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 123; en contra, 167; abstenciones, 20.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 142; en contra, 167; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 23 y 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 144; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 120; en contra, 169; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen de la Comisión. En primer lugar, votamos la disposición derogatoria y disposición final.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 303, en contra, tres; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 188; en contra, ocho; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del texto del dictamen.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de ex pediente 121/000093.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden de día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad al proyecto de ley orgánica de partidos políticos.
En primer lugar, para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Justicia. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida y silenciosa posible y el resto ocupe sus escaños.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me corresponde el honor de ocupar esta tribuna para presentar, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley orgánica de partidos políticos, proyecto al que el Gobierno -en consonancia con la preocupación de los
ciudadanos- concede la máxima importancia, en cuanto que viene a desarrollar previsiones constitucionales esenciales como las contenidas en los artículos 1, 6, 22 ó 23 de la Constitución, y también introduce mejoras que no dudamos en calificar de
capitales para el presente y futuro de nuestra democracia y nuestras libertades.
Estoy absolutamente convencido de que los miembros de esta Cámara van a dedicar el mismo interés y el apoyo que merece siendo como es en términos políticos y constitucionales uno de esos textos de clave de bóveda, cuyo debate y votación cabe
inscribir dentro de las categorías parlamentarias acuñadas por Churchill en el capítulo de votación crucial, de encrucijada, de jalón de tiempo histórico. Voy a detenerme, por ello, con el grado de detalle que permite este trámite, en el examen
tanto de las finalidades como del fundamento y contenidos del proyecto de ley, siendo consciente, no obstante, de que este primer debate parlamentario ha venido precedido de un largo período de dos meses de intenso debate público, que ha permitido a
SS.SS y al conjunto de los ciudadanos familiarizarse con el mismo y a las diversas fuerzas políticas plantear sus respectivos criterios, ir prefigurando también acuerdos e incluso, como ya ha sucedido con varios grupos de esta Cámara, concretándolos
y rubricándolos de modo que ya cabe comenzar este debate en la conciencia de que tan importante proyecto gozará, con las mejoras que se estimen oportunas en su tramitación parlamentaria, del apoyo abrumadoramente mayoritario de las Cortes Generales.
Como además de conocidos los propósitos perseguidos con esta nueva ley de partidos políticos son transparentes y sencillos de concretar, comenzaré por resumirlos con un enunciado general: se trata de renovar la legislación actual de los
partidos políticos, preconstitucional y muy escueta, insuficiente para disciplinar las realidades que se han desarrollado desde 1978, sustituyéndola por un nuevo estatuto jurídico, que pensado y elaborado con rigor y seriedad -por supuesto, con una
factura constitucional irreprochable y un más que escrupuloso respeto a los principios de nuestro Estado de derecho- fortalezca y mejore con un régimen más perfilado, garantista y completo nuestro derecho de partidos y, en definitiva, nuestra
democracia y nuestro régimen constitucional.
Se trata también especialmente de incidir en la regulación de la vertiente democrática de la estructura de los partidos y de su actividad y de concretar a tal efecto las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento
democrático y de una actuación siempre sujeta a la Constitución y a las leyes. Estos aspectos, como es sabido, eran los menos desarrollados en la normativa anterior y la experiencia de dos décadas los reclama hoy como inexcusables, sobre todo si se
tiene en cuenta que, como dice con toda claridad la exposición de motivos del proyecto, por razón de la actividad del terrorismo que padecemos, resulta indispensable identificar y diferenciar entre nosotros con toda nitidez aquellos partidos
políticos que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que estos sean, con respeto de los métodos y principios democráticos de aquellos otros que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la
discriminación y la violación de los derechos y de las libertades; diferenciarlos, claro es, para actuar en términos de consecuencia, procediéndose, en su caso, y de acuerdo a lo que propicia la ley, a la disolución del partido que incurra en
semejantes conductas. Para hacer posibles todos estos extremos el proyecto parte de una serie de principios que nadie en esta Cámara, a mi modesto juicio, debería considerar polémicos y que voy a condensar, a efectos expositivos en tres grandes
rúbricas. En primer lugar, la legislación de partidos debe ajustarse a las necesidades del tiempo en que ha de ser aplicada. En segundo lugar, en esa legislación el principio de libertad que rige la vida de los partidos políticos no excluye en
modo alguno la existencia de límites y controles de intensidad y naturaleza variable. Y, en tercer lugar, las respuestas del ordenamiento a la transgresión se ajustarán
a la dimensión que ésta tenga y en el marco de las respectivas previsiones constitucionales y legales, siendo lo normal que la ilegalización sea la consecuencia ante el caso extremo de puesta en riesgo de la propia democracia y del propio
Estado de derecho. Pues bien, bajo estos tres enunciados generales se encuentran, lógicamente, muy numerosas cuestiones de dogmática constitucional en las que no puedo detenerme. Subrayaré, por tanto, solo las más relevantes entre nosotros a los
efectos de este debate.
La posición constitucional y el papel de los partidos modernos y su creciente dimensión y complejidad en el seno de sociedades y procesos políticos igualmente cada vez más complejos y sofisticados demandan regulaciones más completas que en
el pasado, pero sobre todo ese mayor detalle normativo viene impuesto por la extensión de la idea de control en las democracias exigentes de nuestro tiempo y del principio de tutela judicial efectiva, que elimina, y también para los partidos
políticos, los ámbitos exentos de control judicial. No hace falta que me detenga en demostrar que lo anterior se hace todavía más evidente si se pone en relación con el supuesto extremo de puesta en riesgo de la democracia y destrucción del
ordenamiento. No voy a entretenerles tampoco, señorías, con un repaso completo del derecho comparado, pero conocen bien que ante estos supuestos los países democráticos ponen máximas cautelas y reaccionan con la más grave respuesta. También entre
nosotros a día de hoy, con la ley escueta de 1978 que ahora nos proponemos mejorar y completar, la violación de la democracia lleva aparejada la sanción máxima de la disolución del partido político, al menos en la letra de la ley. Puestos ahora a
hacer operativa esa previsión y en íntima relación con lo que decía al comienzo, la nueva legislación está obligada, en consecuencia, a afrontar con franqueza y precisión en el diagnóstico, pero también con decisión y con eficacia, las soluciones a
los problemas que se nos plantean aquí y ahora. No se trata, por tanto, señorías, de fabricar con cuatro naderías retóricas convencionales e inocuas una ley de partidos muy aparente, de salón, que a nadie pueda ni remotamente inquietar o incomodar;
ni menos aún de llevar intencionadamente a cualquier lector poco avisado, bajo la ficción de una legislación sin aristas perturbadoras y como el que tapa el sol con un dedo, a la falsa creencia de que vivimos en una democracia sin amenazas. Bien al
contrario, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad histórica afrontar con determinación, efectividad y con la máxima solvencia técnica las amenazas que realmente padecemos, y muy en especial la principal de todas, como es la confusión
practicada por unos, alentada por otros y aprovechada por todos ellos entre la política y el terrorismo.
Es un hecho que entre nosotros, mientras la inmensa mayoría trabajamos desde hace cinco lustros en un marco de convivencia inédito y privilegiado en nuestra historia moderna, plasmado en la Constitución, por desarrollar una democracia
consolidada cada vez más avanzada, por crecer y transformar para incrementar el bienestar común, por abrir puertas y ventanas hacia la pluralidad interior y hacia el mundo exterior, unos pocos dedican todos sus esfuerzos a imponer su política
matando a los demás y otros cuantos les acompañan multiplicando desde la política los daños terribles que se propician desde la operativa del terror, contribuyendo a generalizar el miedo y el dolor, provocando la exclusión de los adversarios con el
vano propósito de imponer por la fuerza lo que no consiguen con el apoyo democrático. (Aplausos.) Cualquiera que sea la concepción de la democracia que se tenga, nadie puede considerar admisibles tales conductas e ignorar que las mismas cuestionan
de raíz el Estado de derecho y el imperio de la ley, ponen en riesgo el Estado democrático y aniquilan los derechos humanos. Ante ello, señorías, el legislador, todos ustedes tienen legitimidad plena tanto desde la lucha contra el terror como desde
la defensa de la democracia para cerrar cada vez más los espacios de impunidad, para acabar con la agresión y para expulsar al terrorismo de la política y para evitar que el terrorismo se sirva de la política para obtener sus fines. (Aplausos.)
Señorías, no pueden ser los partidos, como efectivamente ocurre ahora aquí, en España, depósito de armas, viveros o refugio de asesinos, cátedra de violencia o centros de apoyo logístico a los terroristas; no pueden ser aparato de financiación,
gestión o propaganda de las bandas violentas. No se usan las instituciones para generalizar el miedo, tejiendo una malla de terror y exclusión en cada pueblo. No se usan las subvenciones públicas para completar las redes de financiación mafiosa,
que empiezan con el secuestro, el robo o el chantaje; y no se ocupa un escaño o una concejalía para practicar mejor la delación. (Aplausos.) Todo ello y tantas otras cosas que se le suman son sencilla y llanamente una perversión de la democracia
que ni se puede ni vamos a admitir. Esa inadmisibilidad no se deduce sólo del respeto a los principios más elementales, sino que viene impuesta también por la constatación de los efectos de esas conductas en el vivir cotidiano de las personas.
Sencillamente, no hay democracia si una colectividad vive con pánico la vida diaria. Ante esa democracia precaria el Estado debe articular todos los medios -todos- para la salvaguarda y la promoción de la democracia frente a sus enemigos, para
proporcionar defensa a los indefensos y para el disfrute de las libertades básicas por quienes se ven privados de ellas. Por eso no es sólo legítimo sino obligado que nos planteemos lo que otros resolvieron hace tiempo.
La democracia -ha escrito un ilustre constitucionalista- tiene la condición de no dejarse atropellar, sólo a condición de mirar cara a cara a la realidad. He tenido ocasión de decirlo en esta tribuna otras veces: el terrorismo y sus apoyos
pueden ser reducidos y derrotados por procedimientos legales y democráticos, sin
disminuir un ápice el estándar colectivo de los derechos ni comprometer a quienes, sin hacer uso de la violencia, mantienen cualquier ideología.
Para ello han de adoptarse todas las iniciativas que, siendo constitucionales y razonables,
resulten eficaces, contemplando además el terrorismo como lo que es: un fenómeno de amplio espectro y múltiples terminales. Se equivocan, o quieren sencillamente equivocarnos, quienes plantean a los ciudadanos una democracia indefensa y resignada
en la que, frente a los que utilizan la política para continuar su guerra particular, frente a quienes expulsan a los que no piensan como ellos de sus pueblos y en algunos casos de sus vidas, sólo quieren oponer silencio solidario en los funerales y
resignación para asumir las condiciones que nos imponen para dejar de matarnos. En fin, la respuesta del ordenamiento -ya quedó dicho- ha de ser democrática y jurídicamente impecable; y es tarea de todos porque en la democracia los límites de cada
uno se reflejan sobre la calidad de la democracia en su conjunto y se vuelven así límites para todos. Por eso concluye Gustavo Zagrebelsky que es el único sistema de vida y de gobierno cuya cualidad es un promedio que abraza a todos, estando en él
prohibido tomar partido exclusivamente por uno mismo.
Señorías, no es que estemos cargados de razones para hacer una ley como la que se propone; es que, como acabo de decir, estamos obligados a ello.
Esa era la convicción firme del Gobierno al formular su propuesta inicial, y en ello se
ratifica ahora, con más intensidad si cabe, tras escuchar las distintas razones esgrimidas en el debate público democrático que ha provocado y en las enmiendas presentadas al proyecto.
He dicho al comienzo de mi intervención que el proyecto que se
presenta tiene una impecable factura jurídica; añado aquí que es equilibrado y prudente en términos políticos. Quiero ahora acreditarlo, deteniéndome especialmente en sus elementos nucleares, en sus aportaciones más novedosas y en los puntos que,
de acuerdo con lo expuesto hasta aquí, resultan más delicados y controvertidos.
El capítulo I de la ley está dedicado al procedimiento de creación de los partidos políticos, no introduce grandes modificaciones de fondo sobre lo ya conocido: desarrolla el principio de libertad respetando el criterio de no intervención
que se deduce de la propia Constitución y perfecciona los procedimientos para la creación de los partidos políticos completando las previsiones actualmente existentes y aclarando algunas dudas y vacíos. Como todo ello no ha generado en el debate
hasta este momento más que acotaciones puntuales, alguna de ellas por cierto muy desenfocada, paso directamente al capítulo II que, junto con el III, son los que contienen las mayores novedades de la ley al concretar los criterios básicos para
garantizar el mandato constitucional de que la organización, funcionamiento y actividad de los partidos políticos deben ser democráticos y ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. El proyecto de ley define los elementos
esenciales para que la estructura interna y el funcionamiento de un partido puedan considerarse democráticos y enumera los derechos y deberes básicos de sus afiliados, varios de ellos de nuevo cuño. Como estos preceptos tampoco han levantado
comentarios mayores, me voy a centrar en reseñar diversas cuestiones -estas sí muy importantes- en relación con el artículo 9, objeto lógico de todas las atenciones dado que en él se contienen los elementos para asegurar el respeto de todos los
partidos a los principios democráticos, a los derechos y libertades de las personas y a los mandatos contenidos en la Constitución y en las leyes. Comienzo por resaltar con toda rotundidad, lo que ya conocen todos los diputados y también los
ciudadanos, a pesar de la propaganda persistente de algunos por confundir esta realidad: con esta ley no se persigue y, en consecuencia, no resulta posible ilegalizar un partido por las ideas que defiende o por los fines que preconiza, de tal
manera que los únicos fines explícitamente vetados a los partidos españoles son aquellos que incurren directamente en un ílicito penal. El elemento determinante es entonces la actividad que el partido desarrolle, pudiendo ser declarado ilegal
cuando con tal actividad se vulneren los principios democráticos o se persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante una de tres conductas que enuncio resumidamente: atentar
sistemáticamente contra los derechos fundamentales; fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones que hacen posible la democracia y el pluralismo; o
completar la acción de organizaciones terroristas para la consecución de los fines de éstas o contribuyendo a multiplicar los efectos de la violencia y del miedo que generan. Visto lo hasta aquí dicho, señorías, ¿con qué argumentos puede cualquier
demócrata oponerse a la ilegalización de un partido en el que concurren estas y no otras circunstancias? ¿Cómo puede afirmarse sin faltar absoluta y abrasadoramente a la verdad que con ello se está dañando el derecho a la participación política en
libertad? ¿Cómo se puede sostener sin sonrojo insuperable que poner estos límites, y sólo estos límites, a los partidos políticos es inconstitucional y antidemocrático porque se cercena la libertad de asociación o de opinión? Más aún, aunque se ha
criticado incluso la suma extraordinaria de cautelas y garantías que el precepto incorpora para que las causas de una hipotética disolución sólo puedan aplicarse en supuestos verdaderamente extraordinarios, la prudencia y el equilibrio al que aludía
anteriormente, brillan especialmente en la estructura y en la literatura de este concreto precepto.
Permítanme que recuerde las razones principales de ello.
Piénsese, en primer lugar, que la serie de conductas que enumera vienen a sustituir y a concretar la lacónica
declaración de 1978; esta concreción es así garantía y límite y no expansión o indeterminación.
Para evitar, además, la ilegalización de conductas aisladas, se exige expresamente que las vulneraciones mencionadas se realicen de forma reiterada y grave, poniéndose así de relieve una conducta plenamente incompatible con la democracia.
Pero, además, para valorar estas actividades se exige comprobar toda una trayectoria de quiebra de la democracia y de ofensa a los principios constitucionales, al método democrático y a los derechos de los ciudadanos. Por tanto en la repetición o
acumulación de actividades vuelve a insistirse cuando, a continuación, la ley enumera las conductas que constituyen otros tantos elementos indiciarios que permiten conocer con evidencia cuándo un partido se está apartando radicalmente de la
democracia y de la Constitución. Cada una de esas conductas son, en sí mismas, ya muy graves, no obstante lo cual la ley propone, extremando la prudencia, atender tan solo a los supuestos insorportables de acumulación.
Algunas de esas conductas son: acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil siempre ligada a la actividad de los terroristas que persiguen intimidar, hacer
desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma.
Quién puede criticar que no sea legal en democracia incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios
terroristas, o mantener un número significativo de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista, o promover o participar en actividades que tienen por objeto recompensar, homenajear o distinguir las
acciones terroristas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas.
Me parece que no hace falta que siga leyendo cada una de las cuestiones que establece específicamente la ley, como la suma de ellas pueden producir la ilegalización.
No puedo dejar, señorías, de añadir tres comentarios, para no dejar por buenos algunos argumentos erróneos y que deben quedar descalificados, al menos, para el 'Diario de Sesiones'.
Se sostiene literalmente en más de una enmienda, aunque con desigual fortuna en la redacción, que el proyecto es contrario a la Constitución, no existiendo en la de 1978 cláusulas de intangibilidad, es decir, materias que la propia
Constitución declare irreformables; no puede imponerse una exigencia de lealtad hacia los principios y valores constitucionales. Pues bien, obviamente, no es así: que en la Constitución española no existan cláusulas de irreformabilidad no quiere
decir que no haya que acatar y respetar la Constitución, de igual manera que esta obligación de acatamiento no debe confundirse con una obligación de adhesión a la misma.
La segunda es más una aclaración de hecho que de derecho. Hay quienes estos días han apelado a la suficiencia de la vía penal para resolver estas cuestiones sin necesidad de instrumentar esta segunda vía de enjuiciamiento democrático. Todo
es opinable. Pero lo que llama la atención es que, quienes sugieren tal alternativa, son básicamente los mismos que suelen oponerse, y que de hecho se han opuesto, a las reformas penales que se traen a esta Cámara precisamente para reforzar la
lucha contra el terrorismo. (Aplausos.)
En fin, se han formulado también propuestas gradualistas que sugieren consecuencias intermedias menos drásticas que la disolución. No es eso lo que reflejan los modelos comparados ni la mejor doctrina pero, al margen de ello, lo que
interesa dejar claro es que la ley que ahora se presenta se conforma a tal punto para los extremos de ofensa a la legalidad, la democracia y los derechos, que la única consecuencia razonable y posible para tanto horror es precisamente la disolución.
La segunda gran novedad que el proyecto introduce es la regulación de la competencia y el procedimiento para la disolución judicial de un partido político por no respetar los principios democráticos, procedimiento, por cierto, que nunca ha
sido desarrollado anteriormente. El elemento central de tal regulación es que sólo se considera competente a la autoridad judicial para decretar, ante violaciones repetidas y graves, la disolución del partido, sin perjuicio, obviamente, en su caso,
de un subsiguiente recurso de amparo.
Por razón de la posición, significado e importancia constitucional de los partidos políticos y de las propias decisiones que afectan a su disolución, se ha estimado que el juez competente ha de ser el Tribunal Supremo y, dentro del mismo, la
Sala especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que simboliza, por su composición, al propio Pleno del Tribunal Supremo; constituye, de alguna manera, un pleno reducido ya que en su composición está presente el
propio presidente del Tribunal Supremo, lo están también los presidentes de todas las salas y dos magistrados, el más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.
Se regula también, como conocen SS.SS., el proceso judicial en única instancia, conformado sobre la base de la escritura, con una serie de trámites convencionales que compaginan los principios de seguridad jurídica y derecho de defensa con
el de celeridad, procurando que la incertidumbre que puede provocar la iniciación del mismo no se incremente con una tramitación dilatada.
Saben SS.SS. que, en relación con estos extremos, el único aspecto realmente debatido ha sido y es el de los sujetos legitimados para instar ante el Tribunal Supremo la declaración de ilegalidad. Como saben, el Gobierno ha propuesto en el
proyecto que dichos sujetos sean el propio Gobierno, el ministerio fiscal y 50
diputados o 50 senadores. En las enmiendas de idéntico contenido que han presentado sobre este punto los Grupos Popular y Socialista, fruto del acuerdo global alcanzado sobre la ley entre ambos grupos y el Gobierno, se ha mantenido el mismo
esquema, sustituyendo el citado número de diputados y senadores por un acuerdo de cada una de las cámaras que, de manera vinculante, habrán de instrumentarse procesalmente a través del Gobierno. Quiero transmitirles sin ningún tipo de reserva
nuestra satisfacción por este acuerdo, dado que desde el primer momento el Gobierno ha insistido en la máxima conveniencia democrática de que esta institución parlamentaria, que por mandato constitucional representa al pueblo español, pudiese
intervenir en este proceso, como ocurre en los ordenamientos comparados. De hecho, tengo la firme convicción de que la presencia y la aportación de esta Cámara será decisiva en los procesos que se acometan en cumplimiento de lo dispuesto en esta
ley.
Me detengo finalmente, en este recorrido por el contenido de la ley, en los efectos de la disolución judicial de un partido político y en la regulación del fraude de ley. Tras la notificación de la sentencia se procederá al cese inmediato
de toda la actividad del partido político en cuestión y se presumirá fraudulenta y, por tanto, no podrá prosperar la constitución de una formación que continúe o suceda al declarado ilegal y disuelto. La disolución supondrá también la apertura de
un proceso de liquidación patrimonial, destinándose el patrimonio neto resultante a actividades de interés social o humanitario.
Siendo la persecución del fraude uno de los complementos que tienen que ser obvios y esenciales de esta nueva regulación de los partidos, quiero destacar que la ley insiste repetidamente en ello sobre diversas variantes, en diversos momentos
de su articulado y en aquellas disposiciones complementarias que trasladan a las agrupaciones electorales la prohibición de que un partido político disuelto persiga continuar fraudulentamente su actividad con ese formato, o en las que impiden, sin
tacha alguna de retroactividad, porque no le es achacable a este proyecto, que un simple cambio de nombre realizado con la intención de evitar la aplicación de esta ley evite efectivamente dicha aplicación.
Pues bien, señorías, pese a lo que acabo de describirles, algunos han dicho de esta ley que hoy examinamos enormidades irrepetibles y se han presentado enmiendas de totalidad por parte de tres grupos parlamentarios: Izquierda Unida, Vasco
(PNV) y varios diputados del Grupo Mixto. A las enormidades no me voy a referir por respeto a esta Cámara, a los que sufren de verdad en nuestros días auténticos estados personales de excepción y también a la inteligencia de los ciudadanos a los
que pretendidamente se quiere convencer con semejantes argumentos.
Me van a permitir que haga dos excepciones, una por su inmediatez y otra por su calado, y ambas por su desmesura. Ayer, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Anasagasti, decía que nuestra democracia era de baja calidad, en
referencia a la ley de partidos políticos y al debate que hoy se inicia, cuando previsiblemente va a ser apoyada de manera libre y democrática por el 90 por ciento de los representantes legítimos de los ciudadanos en el Congreso y en el Senado. Y
se atreve a decirlo, y otras enormidades, el PNV que lleva más de 22 años gobernando y teniendo mayoría en un Parlamento donde toda su oposición tiene que llevar escolta, donde se sienta en la Comisión de Derechos Humanos quien ha sido uno de los
jefes de los terroristas, Josu Ternera; (Aplausos.) donde desde la tribuna se justifican las actividades criminales, como hemos visto hace muy pocos días en todos los medios de comunicación, los asesinatos a sangre fría, el tiro en la nuca de la
banda terrorista ETA.
Señor Anasagasti, eso no es una democracia de baja calidad. Eso es simplemente una vergüenza. (Aplausos.)
Por añadidura, para hacerse entender ustedes, les explican, al referirse a esta ley, y les han explicado estos días a los ciudadanos de bien que van a ser los siguientes en una larga lista de ilegalizaciones, confirmándose por fin el papel
de víctimas que vienen autoatribuyéndose sin posterior confirmación en todas las desgracias que nos suceden a los demás. Ya decía Andre Maurois de alguno de sus biografiados, que es un inconveniente tener vocación de apóstol cuando no se tiene
vocación de mártir. Escuchen bien todos los ciudadanos a los que se dirigen estos gobernantes que, únicos en el mundo, no tienen responsabilidad alguna por su desgobierno, siendo así que, como buenas víctimas, la culpa, como la incapacidad para
dialogar, es siempre de todos los demás. Escuchen bien esta persistente impostura y la flaqueza de los argumentos que utilizan en esta coyuntura histórica ya que no para impedir, para deslegitimar los esfuerzos que todos los demás hacemos para que
las víctimas reales dejen de serlo y tomen buena nota de que sus argumentos son también simple y llanamente mentira. (Aplausos.)
En lo que se refiere a las enmiendas a la totalidad, tras estudiarlas, lógicamente, con toda atención, puedo concluir que en un buen número de casos responden a preocupaciones y temores concretos que estamos en condiciones de disipar, a
tenor de la descripción de propósitos y contenidos que ya he formulado durante esta intervención y con la mayor voluntad de acuerdo para perfeccionar cualquier cuestión técnica que lo merezca y para armonizar incluso las sensibilidades de lenguaje
que a cada uno de nosotros nos acompaña, tal y como ya hemos acreditado al cerrar los acuerdos conocidos con el Partido Socialista y al haber avanzado significativamente por el mismo camino con otros grupos como Coalición Canaria y Convergència y
Unió. A los autores de estas enmiendas les invito por tanto a atender las razones que he expuesto en nombre del Gobierno y a seguir con ánimo abierto este debate, en el que una gran
mayoría de la Cámara les va a pedir que compartan sus legítimas y fundadas razones y se sumen al consenso.
Hay en cambio otras enmiendas que se presentan para hacer visible y justificar una oposición a la ley que ya estaba decidida incluso antes de conocer su texto y que es diariamente argumentada con extrema dureza al margen de este debate
parlamentario. Me refiero a las presentadas por las tres fuerzas políticas que hoy conforman el Gobierno tripartito en el País Vasco. Además, y no lo digo en absoluto como mera fórmula retórica, basta con que repasen las declaraciones públicas
inmediatamente anteriores al día 23 de marzo, para que comprueben la absoluta exactitud de esta afirmación, o con que comparen las diferencias de tono y contenido entre las declaraciones públicas de sus líderes y los más moderados textos de las
enmiendas presentadas en el registro de la Cámara, que básicamente se han limitado a acumular todos los argumentos jurídicos que han visto pasar por su lado en estos meses, sean mayores o menores, sean razonables o disparatados.
A estos enmendantes anunciados y tristemente previsibles les invito también, por sentido de la responsabilidad y por coherencia con mis propias convicciones, a escuchar y a sumarse al consenso, aunque soy bien consciente de que no poseo
ningún elixir contra los prejuicios y tampoco contra las ensoñaciones étnicas y de que no les voy a conmover si les doy con toda limpieza el buen consejo de que no cometan un error literalmente histórico, vinculando de tal manera su destino al de
los amigos y compañeros de la violencia. (Aplausos.)
Me voy a limitar por tanto a dejar constancia una vez más ante esta Cámara y ante los ciudadanos de la radical discrepancia de fondo que explica la puntual oposición a esta ley, como en el pasado su oposición a las repetidas reformas
legislativas que esta Cámara ha examinado para mejorar la lucha contra el terrorismo, o su crítica irritada y ácida a los progresos admirables de los jueces para desentrañar el entramado terrorista.
Señorías, cuando para algunos nunca es oportuno tomar las decisiones necesarias, cuando nunca se atina con las soluciones que se proponen, cuando se avisa de que todas las medidas no harán otra cosa que favorecer en el fondo a los violentos,
cuando nada hay que hacer que no sea meramente cosmético para superar la brutal e inhumana división entre víctimas y verdugos, es sencillamente que nada quiere hacerse y nada se quiere que hagamos los demás.
Pero ahí también se equivocan, porque por nuestra parte, cuando establecemos justamente las prioridades contrarias, es porque compartimos la convicción de que la apertura a la razón moral sólo puede venir desde la resistencia activa, del
compromiso sin ninguna reserva con las víctimas y con los que a diario ponen en riesgo su vida y la voluntad real y firme de derrotar al terrorismo, negando cualquier tipo de comprensión hacia sus crímenes. Es también porque no vamos a ignorar que
se apoya políticamente al terrorismo mediante actividades amparadas por la legalidad, que contribuyen decisivamente a eso que llaman socialización del dolor y a la generalización del miedo y la intimidación; porque igualmente no vamos a reducir la
lucha por la democracia y contra el terror a la resistencia heroica e individual de miles de hombres y mujeres en el País Vasco, y porque creemos en fin que no compartir todo lo anterior es en definitiva negar la democracia, dejar a una comunidad
sin horizonte ni esperanza y traicionar a un pueblo.
Señora presidenta, señorías, termino. Henry James, en una de sus novelas más celebradas, transcribe el siguiente diálogo: ¿No le preocupa a usted el progreso humano? No lo sé, nunca le he visto -le responde su interlocutor-, ¿podría usted
mostrarme alguno? Puedo mostrarle un esfuerzo honesto hacia él. Eso es exactamente esta ley, un esfuerzo honesto y razonable hacia el progreso humano, para el que solicito el apoyo de todos, en la seguridad de que pronto haremos en común un buen
uso de la misma, para que se proscriba cuanto antes de la legalidad a quienes judicial y políticamente han confirmado y van a seguir confirmando su connivencia con el entramado del terror, a quienes se resisten a la normalidad democrática porque en
ella nada tienen que ganar, a quienes burlan las instituciones mientras se aprovechan de ellas en beneficio de la causa terrorista, a quienes ofenden la memoria de las víctimas mientras jalean y exculpan a los asesinos, a quienes, en definitiva,
están deslegitimando generalizadamente el Estado de derecho, procurando la desaparición de la democracia y el pluralismo y contribuyendo decisivamente a que el conjunto de los ciudadanos pacíficos no puedan disfrutar sus derechos en una convivencia
en paz y en libertad.
Para ello es para lo que les pido su voto y su ayuda.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Turno a favor de las enmiendas de totalidad por el orden de presentación.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, señor presidente del Gobierno, con ocasión de su investidura como presidente del Gobierno asumió en esta Cámara el compromiso de situar el Parlamento en el centro de la vida política del país.
Sin embargo, en abierta contradicción con ese -creo- importante compromiso programático, un destacado dirigente de su partido se permitió declarar públicamente hace poco que no estaba dispuesto a aceptar ni una sola modificación a este proyecto de
ley orgánica, porque su texto -decía- está cerrado, está pactado, artículo por artículo, punto por punto y coma por coma. Puede resultar sorprendente e incluso chocante, pero es así, es un ejemplo, uno
más, del especial modo que tiene el Partido Popular de concebir lo que es un parlamento erigido en el centro del debate político, un parlamento situado en el centro de la vida política de un país.
En un gesto que viene repitiéndose de modo preocupante a lo largo de la legislatura, el Gobierno, también en este caso, quería cerrar definitivamente un pacto en sede extraparlamentaria, fuera del Parlamento, y, además, solamente entre dos
formaciones políticas de las numerosas que tienen representación en este Congreso, en esta Cámara, para convertirlo en una especia de Santo Grial, intocable, inalterable, inmodificable y, desde luego, inmune a los efectos que, al parecer, son tan
perniciosos del debate y de la enmienda parlamentaria.
Los hechos posteriores parece que han puesto de manifiesto que ese pacto no existió o, por lo menos, no existió con el grado de detalle que pretendía el Gobierno, pero finalmente el pacto se ha sellado; no sabemos si en todos sus artículos,
en todos sus puntos y en todas sus comas, pero se ha sellado, y se ha hecho con otro grupo parlamentario que hasta ayer estaba con nosotros, en esta misma Cámara, criticando este tipo de actuaciones elusivas del Parlamento por parte del Gobierno,
que estaban adquiriendo un protagonismo y una presencia enormemente preocupantes.
Además, se ha hecho allende los muros de la institución parlamentaria, fuera del Parlamento. La prensa de las últimas semanas ha dado buena cuenta de que sus
contenidos se ataron y bien ataron, primero, en el Ministerio de Justicia y, luego, se nos dice incluso que en la sede del Partido Popular, dos foros, como todo el mundo sabe, perfectamente parlamentarios. Y ahora vienen al Congreso de los
Diputados, no ya evidentemente a ser debatidos, al menos en el sentido que el debate parlamentario tiene en las democracias deliberativas, sino en todo caso a que la Cámara les estampe el sello que oficializará definitivamente su visto bueno.
No sé si saben hasta qué punto estos modos de proceder dañan la imagen del Parlamento y contribuyen a desprestigiar el sistema de partidos. No sé si saben hasta qué punto este tipo de actitudes hace que los grupos parlamentarios que somos
sistemáticamente excluidos de este tipo de conciliábulos, que de hecho suplantan al Parlamento en sus quehaceres deliberativos e incluso en sus funciones decisorias, se cuestionen el sentido de su participación en una institución que, cada vez de
modo más claro y evidente, ya no es sino el patio de armas sobre el que se desarrollan los desfiles militares en los que, como muy gráficamente dijo un ministro de este Gobierno al principio de la legislatura, se están convirtiendo los trámites de
las iniciativas parlamentarias en esta misma legislatura. Sólo un profundo compromiso con la democracia y una firme confianza en las posibilidades de la institución parlamentaria impulsan al Grupo Vasco a participar, pese a todo esto, en un trámite
en el que, en el mejor de los casos, nos dejarán presenciar el desfile militar o nos dejarán escuchar el sonido que producen las botas de los desfilantes al golpear contra el suelo en su marcha militar. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Cámara, le ruego que guarde silencio.
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Pese a todo, insisto, el Grupo Vasco se propone participar leal y plenamente en la tramitación parlamentaria de esta ley -una ley, por lo demás, evidentemente nuclear y fundamental para el sistema democrático- aportando sus puntos de vista,
defendiendo sus posiciones y enmendando aquellas de las que discrepa, exactamente igual que como lo viene haciendo desde que accedió por primera vez a las Cortes Generales, allá en el año 1917, con excepción, claro está -y parece oportuno recordarlo
precisamente hoy y en este debate-, de los períodos, bien dilatados por cierto, en los que el Partido Nacionalista Vasco estuvo ilegalizado.
Hoy, el proyecto de ley orgánica de partidos políticos constituye una auténtica sorpresa para quien haya seguido con una cierta atención el desarrollo del programa legislativo del Gobierno porque, en la sesión de investidura, el presidente
prometió efectivamente algunas modificaciones del régimen de los partidos políticos, dijo literalmente que era necesaria una reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos, pero nada, absolutamente nada dijo a propósito de una eventual
reforma de la Ley de partidos políticos de 4 de diciembre de 1978. Y hoy, sin embargo, dos años después, el Gobierno remite un proyecto de ley orgánica que viene a reformar la Ley de 4 de diciembre de 1978, pero dejando sorprendentemente intacto el
único aspecto del régimen de los partidos políticos que prometió reformar, y todo ello sin aportar ni un solo dato, ni uno solo, que justifique, que explique y que nos permita conocer por qué o qué es lo que a juicio del Gobierno ha ocurrido durante
estos dos años para que lo que entonces era apremiante ahora ya no lo sea, y lo que entonces no se consideraba necesario revista ahora una urgencia inaplazable. El giro resulta tan chocante que sólo una hipótesis puede encontrarle una explicación
coherente, la de que el Gobierno está firmemente decidido a convertir este proyecto de ley en un instrumento para la propaganda política, como lo viene efectivamente haciendo durante los últimos tiempos.
A nuestro juicio, el proyecto de ley orgánica es seriamente cuestionable desde una perspectiva jurídico-constitucional. Muy resumidamente esta conclusión se apoya en dos datos: Primero, la inexistencia, efectivamente señor ministro, en la
Constitución de una cláusula de intangibilidad.
Efectivamente, no es una razón
desdeñable, sino importante porque no existe. Como sí existen efectivamente normas fundamentales de otros Estados democráticos, lo que hace que el reconocimiento de la libertad ideológica y del pluralismo político sea en el Estado español
máxima o se manifieste en su máxima expresión. Segundo, en la inexistencia en el texto constitucional -también a diferencia de otras constituciones democráticas-, de previsiones específicas orientadas a impedir la constitución o a permitir la
disolución de un partido político por defender idearios totalitarios o incompatibles con el régimen de libertades o con el sistema democrático.
Este no es un dato irrelevante. Ustedes desde el Gobierno con frecuencia, cuando quieren desautorizar
las reivindicaciones de otros grupos políticos que defienden, por ejemplo, una presencia de las comunidades autónomas en las instituciones europeas semejante a la que disfrutan los Länder alemanes, invocan siempre la Constitución y nos dicen: No,
no. Es que la Constitución española es distinta a la alemana, y ese es un dato fundamental e insoslayable. ¿El argumento sirve para aquello y no sirve para esto? ¿Donde hay previsiones específicas esto es posible y donde no las hay es igualmente
posible?
Además, en relación con esto me interesa destacar que la inexistencia de este tipo de previsiones en la Constitución española no obedece ni al azar ni a la casualidad, sino que es algo expresamente querido por el constituyente. Les
recomiendo que se lean los trabajos parlamentarios de la Constitución española y que presten especial atención a la suerte que corrió la enmienda número 655, que la Agrupación Independiente del Senado presentó contra el entonces artículo 6 del
proyecto constitucional con objeto de introducir en él una cláusula equivalente a la que en el artículo 21 de la Ley Fundamental de Bonn alemana permite declarar la inconstitucionalidad de un partido político por atentar contra el orden fundamental,
libre y democrático. Recomiendo también que se lean la argumentación de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios en contra de esa enmienda, y muy singularmente la del portavoz socialista Sáinz de Baranda, que es muy elocuente -les
recomiendo también a los socialistas que se la lean- donde dice literalmente que una previsión de este tipo sería una limitación muy grave del derecho de asociación política que podría llevar a la desaparición de la mayor parte de los partidos
democráticos españoles. En una democracia de partido, señoras y señores diputados, los partidos son el pueblo. Por ello, mutilar el sistema de partidos disolviendo un partido político equivale a deformar la voluntad popular y por tanto a pervertir
el sistema democrático.
Hay un dato más a tener en cuenta. (Rumores.) Tranquilícense, señores del Grupo Popular. Prácticamente la totalidad de los países cuyas normas constitucionales prevén este tipo de mecanismos impeditivos o disolutorios hace años que ya han
dejado de utilizarlos, con excepción de Turquía y a la que, por cierto, nos estamos acercando últimamente peligrosamente. Basta una superficial aproximación a la vida política de todos estos países para comprobar que en su seno operan y concurren a
las elecciones, incluso obteniendo en ocasiones resultados no desdeñables, partidos cuyos idearios resultan bastante poco conciliables con los requerimientos de un régimen democrático de libertados basado en la dignidad del ser humano y en los
derechos fundamentales que les son inherentes. Como ha señalado Dieter Grimm, un ex magistrado del Tribunal Constitucional alemán, en aquel país hoy las instituciones y los partidos políticos pueden optar entre activar los mecanismos
constitucionales que permiten declarar la inconstitucionalidad de un partido o pueden combatirles ideológicamente en la arena política. La realidad pone de manifiesto que en Alemania desde hace 50 años optan sistemáticamente por el combate
ideológico en la arena política, y ésta es la alternativa. Lo digo para quienes nos preguntan por la nuestra. Esta es la alternativa: aplicar el Código Penal a las conductas delictivas, con toda la contundencia que sea precisa, a las conductas
delictivas de las actuaciones de los partidos políticos, y combatir ideológicamente todas aquellas actividades, conductas y actuaciones de los partidos políticos que, sin ser delictivas, hieran la sensibilidad democrática. Con esto la democracia
española está suficientemente defendida, señor ministro, pero ¡ojo!, sin superar el límite inexorable que jamás se puede superar en estos casos, sin destruirse a sí misma. Está defendida, pero sin destruirse a sí misma que es lo que ocurre con las
democracias cuando quiebran el pluralismo político. Por eso sorprende que en un momento en el que estos excepcionales mecanismos de injerencia de los poderes públicos en el sistema de partidos políticos están siendo abandonados por los países que
los tienen constitucionalizados -que, insisto, no es el caso español-, y ahora que además desde la filosofía política se apuesta por revisar los tradicionales modos de actuación de los partidos políticos como medio para combatir un descontento
social que acaba alimentando inexorablemente las formaciones populistas de extrema derecha, se pretenda incorporar al ordenamiento jurídico este tipo de mecanismos mediante una regulación como la que se nos propone, absolutamente desproporcionada,
que supone más de la mitad del espacio escrito que ocupa el proyecto de ley en una muestra de elefantiasis preocupantísima.
Frente a esta tesis no falta quienes insisten en la plena constitucionalidad de la ley -lo ha defendido muy bien el señor ministro- y nos preguntan: ¿Cómo puede ser compatible todo esto con que el artículo 6 de la Constitución diga que la
actuación libre de los partidos políticos se desarrolla siempre con respeto a la Constitución y a la ley? ¿Qué supone ese precepto, nos preguntan? Les contestamos: A nuestro juicio, en un
marco constitucional como el español, sin cláusula de intangibilidad y que reconoce al pluralismo político como su máxima expresión, esta regla del artículo 6 sólo puede interpretarse como una remisión a los concretos preceptos de la norma
fundamental que contienen alguna previsión específica de carácter imperativo sobre la organización o las actividades de las asociaciones, que son dos: la propia cláusula del artículo 6 que impone a los partidos políticos una estructura interna y un
funcionamiento de carácter democráticos y las previsiones contenidas en los apartados 2 y 4 del artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, este planteamiento no resulta de una lectura caprichosa y arbitraria de la Constitución. Es la que ha
hecho el propio legislador postconstitucional.
Es la que ha hecho el legislador penal desde la aprobación de la propia Constitución porque el legislador penal ha actuado en todo momento dando por supuesto que la Constitución sólo permite la
ilegalización de un partido político cuando éste incurre en un ilícito penal, y porque ha actuado dando esto por supuesto ha hecho extensivo el espacio de lo punible hasta los fines y los objetivos de las propias asociaciones.
Además, no sólo ha
hecho esto, es decir, no solamente ha creado tipos penales que permiten extender la fiscalización judicial hasta los fines de las asociaciones, no. Además, ha tipificado como delictivos fines asociativos que son perfectamente ideológicos, que
penetran plenamente en el terreno de lo ideológico, identificando como punible el grueso del ideario y la actividad de un partido político que pueden reputarse como contrarios a los principios democráticos, de suerte que exactamente los mismos fines
que en otros sistemas democráticos pueden justificar la ilegalización de un partido político a través de la vía político-constitucional aquí son directamente causa de ilicitud penal.
En el derecho español de partidos políticos se puede decir que el cauce penal ha subsumido el cauce político constitucional, ha invadido el espacio que en otros sistemas ocupan los procedimientos político-constitucionales para la
ilegalización de un partido político al tipificar como delito el grueso de lo que pueden considerarse actividades contrarias a los principios democráticos. El derecho español de partidos políticos ha criminalizado ya todas las conductas contrarias
a los principios democráticos y como el derecho punitivo cuenta con su propio régimen de garantías, garantías materiales y procesales, no solamente procesales, no se puede ilegalizar a un partido político sin acreditar en un proceso penal, y con
todas las garantías propias de este tipo de procedimientos, que concurren todos los elementos del tipo penal recogido en el artículo 515 del Código Penal.
En este supuesto cabe preguntarse: ¿Respeta este proyecto de ley orgánica el marco constitucional? A nuestro juicio, la respuesta es negativa, rotundamente negativa. Primero, porque vulnera la libertad ideológica, así de claro, señor
ministro. El proyecto permite la ilegalización de un partido político por no respetar los principios democráticos y los valores constitucionales. En un régimen de libertades los principios democráticos son también valores constitucionales, si no,
no sería un régimen de libertades. Sin embargo, en este caso la conjunción copulativa y, que une ambas referencias, la referencia que se hace a los principios democráticos y la que se hace a los valores constitucionales, pone de manifiesto que en
la mente de los redactores del proyecto existen unos valores constitucionales distintos de los principios democráticos que si no se respetan puede ser motivo de ilegalización de un partido político.
Por tanto, hay una clara criminalización, una
clara caracterización de los elementos ideológicos como susceptibles de ilegalización. Si estos valores constitucionales son distintos a los principios democráticos, se tratará, lógicamente, de valores que son opciones, por supuesto, legítimas, del
constituyente, pero que al no ser exigencias inexorables del sistema democrático no se dan en todos los regímenes políticos de esta naturaleza.
En un sistema político como el español, en el que ningún contenido de la Constitución está excluido de la posibilidad de ser reformado, lo que permite a los partidos políticos defender con plena legitimidad constitucional planteamientos
contrarios a los contenidos de la Carta Magna, exigir bajo sanción de ilegalización que los partidos políticos respeten los valores constitucionales distintos de los principios democráticos constituye una seria quiebra del principio de libertad
ideológica y del pluralismo político. Léase, por ejemplo, la sentencia de 15 de febrero del año 1990 del Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, o la amplia ya jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es clarísima en este
sentido. Esto lo dijimos, señor ministro, desde el momento mismo en que se puso en circulación el primer borrador del proyecto de ley orgánica que ahora debatimos, y desde el Gobierno y desde el Partido Popular nos respondieron con formas
exquisitas, como acostumbran cuando se refieren a nosotros, propias de un parlamentarismo versallesco, podría decir yo, llamándonos mentirosos y falsarios, así de claro. Después esto que dijimos nosotros lo han dicho otros, pero no han sido
merecedores de estos amables epítetos que nos dirigieron a nosotros y luego, por lo que vemos, han pactado ustedes con otros grupos políticos la eliminación de esos aspectos que, a nuestro juicio, justificaban esta afirmación; por tanto, o éramos
mentirosos o no lo éramos, señor ministro.
Por otro lado, la construcción técnica sobre la que se articula en el proyecto la definición de las causas que dan lugar a la ilegalización de un partido político es también muy cuestionable desde el punto de vista constitucional. El
proyecto hace depender una de las medidas más graves que pueden adoptarse en un régimen de libertades como la ilegalización de un partido político, de una presunción que asocia legalmente y de modo
automático la incursión en alguna de la farragosa, heterogénea y no siempre nítida relación de conductas que se recogen en el punto 3 del artículo 9 del proyecto, con el supuesto, de hecho, determinante de la ilegalización. El problema se
agrava a partir del momento en que las conductas que activan la presunción no sólo se predican del partido en sí, sino de un número significativo de personas vinculadas al mismo, entre el que se incluyen hasta los meros afiliados. Se aprecia aquí
un claro desconocimiento de las garantías materiales y procesales del derecho punitivo que transfiere automáticamente, sin ningún razonamiento ni motivación lógica, las responsabilidades individuales de los miembros de una asociación a la propia
asociación, quebrando todos los principios que inspiran, insisto, el derecho punitivo. Si a ello se añade que en la relación de conductas de los miembros de un partido que pueden determinar la ilegalización de éste coexisten actuaciones claramente
delictivas con otras que pueden ser criticables o no pero que conforman modos legítimos de ejercer algunos derechos fundamentales, resulta patente el desconocimiento del principio de proporcionalidad. Además el proyecto de ley orgánica supone un
fraude evidente al conjunto de garantías y principios condensados en los artículos 9, 24 y 25 de la Constitución al crear un nuevo cauce para imponer a unos mismos sujetos las mismas sanciones que el ordenamiento jurídico penal les impone por la
comisión de unos hechos delictivos pero sin respetar las garantías del derecho punitivo; fíjese hasta qué punto el fraude es evidente. ¿Significa esto que el grupo vasco se opone a la ilegalización de partidos políticos terroristas, xenófobos o
racistas, como fácilmente se prodiga por ahí? En absoluto. Por supuesto que es partidario de su ilegalización.
Precisamente por eso, porque es partidario de su ilegalización, apoyó en su día con su voto la aprobación del artículo 515 del Código
Penal.
Invito por tanto a todos los que tengan previsto formular preguntas retóricas en relación con este tema que dejen de hacerlo, que las olviden, que se las ahorren. El grupo vasco es partidario de la ilegalización de partidos políticos
terroristas, xenófobos y racistas, pero el grupo vasco sostiene también que el Código Penal suministra hoy ya todas las herramientas necesarias con todas las garantías precisas para ello.
La señora PRESIDENTA: Señor Erkoreka, le ruego concluya, por favor.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El grupo vasco sostiene que el proyecto de ley orgánica no supone en absoluto un avance en la lucha contra el terrorismo, el racismo y la xenofobia porque nada nuevo, nada absolutamente nuevo añade a lo ya previsto en el artículo 515 del
Código Penal. Sin embargo sí supone un grave quebranto de la libertad ideológica y del pluralismo político, contrario a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Sí supone un retroceso en las garantías
previstas en la legislación penal para la ilegalización de un partido político, porque defrauda manifiestamente los principios de los artículos 9, 24 y 25 de la Constitución, y sí, por supuesto, encaja perfectamente también en los planes
propagandísticos del Gobierno y del grupo político que lo sustenta. Eso sí que es evidente.
Tengo que hacer una pequeña referencia a una insidia que ha dejado caer el señor ministro de Justicia en relación con nuestro grupo parlamentario, nuestro portavoz y la formación política que sustenta al grupo parlamentario, una referencia
que evidentemente es para rechazar esta consideración insidiosa. Una vez más, como viene siendo habitual por parte de muchos portavoces del Grupo Popular, ha capitalizado a las víctimas y ha caracterizado al colectivo de las víctimas como si fueran
un bloque monolítico, un bloque homogéneo y que además se encuentra exactamente en la misma línea política del Partido Popular: las víctimas son mías, yo las represento y están conmigo, soy yo su portavoz, están en lo que yo digo. Primero, hay
víctimas que se han pronunciado explícitamente -y me consta que usted lo sabe, señor ministro- en contra de este proyecto de ley: Eduardo Madina -¿lo conoce?- se ha pronunciado explícitamente en contra de la ley; Gorka Landáburu -¿lo conoce?-
también se ha pronunciado explícitamente en contra del proyecto de ley -supongo que no les negarán la condición de víctimas por el hecho de que no se pronuncien a favor del Partido Popular-; en tercer lugar, el hijo de Javier Ybarra Bergé -lo
conocerán también- se pronunció abiertamente en contra de este proyecto. Por tanto, el colectivo de las víctimas es, también en lo ideológico, un colectivo heterogéneo y usted ha marcado una frontera injusta e inexacta entre las víctimas, situando
a un lado las víctimas y a otro las no víctimas, que no se corresponde en absoluto con la realidad.
Le voy a dar otro dato. El señor Anasagasti, al que usted ha hecho referencia, lleva en este momento -y me consta, porque lo veo todos los fines de semana- exactamente la misma defensa de escoltas que lleva cualquier diputado. (Rumores.)
Esto lo digo, señor ministro, para ver que los límites...
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Erkoreka, le ruego concluya, por favor, lleva sobrepasado en más del 50 por ciento el tiempo concedido. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor ERKOREKA GERVASIO: En tercer lugar, una pequeña consideración.
Efectivamente, la descripción que usted ha hecho del Parlamento vasco con la oposición con escoltas, eso es así, pero en el Parlamento de Navarra, que yo creo que está
gobernado por UPN, se produce exactamente la misma situación,
con la gente del Gobierno y la oposición, todos. (Rumores.), y supongo que eso no será culpa de los nacionalistas vascos, ni del PNV, ni del Grupo Vasco en el Congreso, ni mía, ni del señor Anasagasti ni nada que se le parezca, será culpa
de otros señores, a los que se puede combatir y se está combatiendo -supongo que se está combatiendo- perfectamente a través del Código Penal.
Para concluir, señora presidenta, cuando se aprobó la ley de 1978 los grupos de la Cámara y especialmente el mayoritario, el Grupo de UCD, pudieron afirmar con satisfacción que aquella ley que se aprobaba en aquel momento era de todos, no de
uno o de otro grupo. El señor Meilán, portavoz del grupo en el Pleno de la Cámara, dijo rotundamente: esta ley es de todos. Pues bien, nada parecido podrá decirse con respecto a esta ley, que no lo es, y si tomamos como referencia al País Vasco,
que es el principal destinatario de la ley, si no el único, no solamente no es de todos, sino que es de una clara minoría.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, ha tenido usted algo que se llama lapsus freudiano, ha intervenido usted ante esta Cámara con mayor agresividad hacia fuerzas políticas democráticas y hacia el Gobierno democrático del País Vasco
que con respecto a la organización terrorista ETA. (Aplausos.) Señor Acebes, yo no sé si seré su enemigo, por su intervención parece ser que sí. Usted no es mi enemigo, usted es mi adversario, y ETA, lo mismo que para todos los miembros de esta
Cámara, es mi enemiga, eso que lo sepa usted por si hay confusiones. (Rumores.-La señora Mato Adrover: La hay.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señores diputados del Partido Popular, permitan intervenir a las minorías, ya que no les han permitido que intervengan en la elaboración de la ley.
Señores parlamentarios del Partido Popular, señor Aznar, quiero recordarles la frase de Benjamín Franklin que decía, que aquellos que para avanzar en la seguridad lo hacen a costa de las libertades, no merecen -no merecemos- ni las
libertades ni la seguridad. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita la devolución de este proyecto de ley por innecesario y contraproducente, por razones jurídicas, pero también y sobre todo por razones políticas: porque rompe
el consenso constitucional sobre la ley de partidos -su ley es una ley de mayorías y no una ley de consenso-; porque recorta libertades públicas y garantías procesales propias del Estado de derecho; porque es una ley de excepción y, también,
porque estamos convencidos de que no es útil en la lucha contra ETA. Esta nueva ley rompe, en primer lugar, el consenso constitucional y constituyente, dado que mientras la ley anterior suscitó el apoyo de todas las fuerzas políticas parlamentarias
presentes en las Cortes Generales -era la tercera ley de partidos-, esta nueva ley va a nacer con mucho menor apoyo; mayoritario sí, pero menor, y además sin el apoyo de instituciones y organismos vitales en la democracia pluralista que tenemos en
este país como son las instituciones y la sociedad vasca que, en estos momentos, están al margen de esta ley.
La democracia española, señorías, por si no lo recuerdan, ha sido breve y frágil; largos períodos de autoritarismo han sido interrumpidos por cortos intervalos democráticos. Teniendo en cuenta esta perspectiva, la reforma del año 1978
fomentaba la creación de partidos políticos y los reconocía para resaltar su importancia. Pues bien, esta nueva ley de ilegalización de partidos convierte una ley de control formal en una ley de control material de los partidos políticos. En
definitiva, convierte una ley abierta y tolerante en relación con los partidos y la participación democrática en una ley de patologías que se comporta de forma desconfiada y sitúa bajo sospecha a los partidos políticos y a los ciudadanos que quieren
participar en la política. Desde mi grupo parlamentario no negaremos que la negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista -si bien ha sido escasamente aceptable desde el punto de vista democrático- ha logrado pactar una serie de
enmiendas que, hay que decirlo con claridad, hacen menos malo el texto inicial. Sin embargo sólo hemos pasado de un texto frontalmente anticonstitucional, y que pone los pelos de punta a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad democrática,
a una ley refrito, a una ley in pectore -que aparece entre enmiendas y texto original- que continua teniendo, en nuestra opinión, aspectos inconstitucionales y que es, por encima de todo, una ley de excepción.
Esta nueva ley orgánica de procedimientos de ilegalización de partidos políticos, incluso con las enmiendas acordadas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, mantiene la obligación de los partidos de respetar en su actividad no
sólo los principios democráticos, sino los valores constitucionales, disposición que consiste en algo jurídicamente indeterminado. Con estas disposiciones imprecisas, ambiguas, ambivalentes, se podría disolver -no digo que lo hagan ustedes- a
cualquier partido que, por medios pacíficos, legales y constitucionales, propusieran marcos alternativos al actual. Señorías, ninguna ley puede convertirse en una espada de Damocles contra los proyectos políticos
alternativos, pacíficos y democráticos, sean estos federalistas, republicanos, independentistas o contrarios a la política neoliberal.
Estas y otras opciones políticas, que ustedes pueden considerar políticamente inconvenientes, no son
jurídicamente ilícitas, al menos en un sistema democrático. El Gobierno del Partido Popular se empeña en justificar esta contaminación y desnaturalización de nuestro modelo de partidos políticos y de nuestra democracia pluralista con la lucha
jurídica desde la excepcionalidad contra el fenómeno excepcional que es el terrorismo asesino de ETA. Es decir, contrapone el Partido Popular democracia y eficacia en la lucha antiterrorista. Sin embargo, queremos llamar la atención de los grupos
parlamentarios y de los ciudadanos españoles sobre la nula eficacia de las medidas excepcionales que se han tomado en los últimos años contra ETA y su entorno. En democracia lo que deteriora la legitimidad del sistema democrático es, además,
ineficaz. Si no, dígannos, señores del Partido Popular y señores del Gobierno, qué ha sido de las modificaciones del Código Penal recientemente realizadas por su Gobierno. ¿Cuál ha sido el resultado de la modificación de la Ley del Menor? ¿Cuál
ha sido el resultado de bloquear una sentencia del Tribunal Supremo en materia de financiación de partidos? El resultado ha sido la ruptura, por ejemplo, en la Ley del Menor, del principio constitucional de igualdad en el tratamiento de los
menores, así como la ruptura de los compromisos internacionales firmados por España en materia de protección del menor. El daño jurídico y político ha sido cierto. Sin embargo, el beneficio obtenido, al menos, incierto, si no nulo, aunque alguien
sí ha salido beneficiado de todo esto. Me estoy refiriendo a la imagen pública del Gobierno y del Partido Popular, campeones de la lucha contra ETA y contra la violencia. Se han dedicado ustedes, eso sí, a sembrar dudas sobre la lealtad de las
fuerzas políticas y de las instituciones que ustedes no controlan y ahora se ocupan de lanzar nuevos señuelos a la opinión pública con la huida hacia delante que significa la ley de partidos. Les pregunto si también esta descalificación es para 25
años de democracia, porque ha sido una democracia que ha mantenido impunes a los partidos políticos que sustentan a la organización terrorista ETA. ¿Por qué ustedes, a lo largo de estos seis años no han iniciado un procedimiento de ilegalización,
no han animado a su fiscal general del Estado para iniciar un procedimiento de ilegalización contra la organización Batasuna? Tienen que explicarlo ustedes ante esta Cámara.
Estamos ante una política de imagen que no aporta ninguna efectividad
real en la lucha antiterrorista y que, sin embargo, daña gravemente el ordenamiento jurídico y constitucional de nuestro país. Es una ley de publicidad engañosa del Partido Popular. Tiene el Gobierno del Partido Popular, además de la propensión a
la dureza, que oculta su pobreza de resultados en materia antiterrorista, la costumbre de acabar con los problemas, con todos los problemas, con la prohibición. Es un recurso propio de la derecha autoritaria que anida también en el Partido Popular.
Esta nueva ley no va a acabar con ETA o va a hacer desaparecer a Euskal Herritarrok de forma milagrosa. Como decía antes, los problemas no desaparecen tapándolos o prohibiéndolos. A ETA se la derrota policial y judicialmente y para ello
hay medios más que suficientes en nuestra legislación. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Y a Euskal Herritarrok o a Batasuna se la derrota en las urnas mediante medidas políticas y procesando a todos
aquellos que delinquen. Señores del Partido Popular, nadie quiere más que nosotros la derrota de los terroristas de ETA y el fin de Batasuna. (Rumores.-El señor del Burgo Tajadura: Estella.) El resto de las fuerzas políticas pueden querer tanto
como Izquierda Unida la derrota de ETA, pero no más.
El camino elegido por el Gobierno y por ustedes no es el adecuado. Ser víctimas del terrorismo -no son los únicos- les otorga toda la autoridad moral, pero ni un ápice de razón política y mucho
menos les otorga la verdad absoluta, que es lo que quieren tener ustedes en materia antiterrorista y en muchas materias políticas. El camino para acabar con ETA y su entorno es el Estado de derecho sin atajos, es el trabajo de los jueces, de los
fiscales y de los policías, pero también el camino hay que buscarlo en el trabajo de los políticos para encontrar soluciones a los problemas políticos. Aquí es donde ustedes suspenden de forma absoluta en materia antiterrorista. El camino del
señor Aznar sigue siendo el de destruir los puentes de diálogo y el de criminalizar al adversario, el de aislar a los nacionalistas y federalistas por fines puramente políticos y partidistas.
Señorías, señores del Partido Popular, las enfermedades sociales se combaten atacando sus consecuencias, pero también sus causas. España y Euskadi están enfermas. Tenemos dos lacras y no una. Una, la banda terrorista que mata, que
extorsiona, que secuestra y que atemoriza; otra, la lacra de un partido político, respaldado por miles de ciudadanos, que no sólo no condena semejante actividad, sino que la justifica.
Desde el 11 de septiembre, su obsesión antiterrorista nos lleva a la simplificación y a la ceguera política. Sin embargo, no deben engañarse, la enfermedad política de España y de Euskadi no es que Euskal Herritarrok se presente a las
elecciones, sino que haya entre 150.000 y 200.000 personas dispuestas a votarles. Ése es el problema político del País Vasco. Este problema, este cáncer de la democracia española y de la democracia vasca, no se soluciona con la prohibición. Un
espacio político y social no desaparece si nos tapamos los ojos. De hecho, la clandestinidad -y se lo digo claramente- les va a hacer más fuertes políticamente en el victimismo, va a reforzar su subordinación y dependencia a la organización
terrorista ETA. ¿O no sabemos que las dos direcciones están
ya en Francia? Además, sus propios servicios de información les dicen que será más difícil combatir a ETA con EH en la clandestinidad. Me han respondido que lo que he dicho y lo que digo hoy es una injuria.
Demuéstrenlo, demuestren que
los servicios de información no les han informado que esta ley es una dificultad en la lucha antiterrorista; si no, utilicen el viejo mecanismo de mandarme un notario para que tome nota de mi injuria.
Señor Aznar, este problema se soluciona con la unidad de los demócratas, con diálogo y distensión entre las fuerzas políticas y entre las instituciones vascas y españolas y, al fin, con la derrota electoral de Heuskal Herritarrok. Mucho nos
tememos que el Partido Popular va precisamente en la línea contraria, rompe el diálogo político antiterrorista entre todas las fuerzas políticas democráticas, ignora a las instituciones y a la opinión pública mayoritaria del País Vasco, que rechaza
con claridad su ley. Su estrategia consiste en dañar a nacionalistas y federalistas, cerrar la puerta a las salidas políticas de quienes abandonan la violencia y ganar votos en el resto de España mediante esta política.
En este contexto, Izquierda Unida quiere ser muy clara. Para derrotar a ETA necesitamos el Código Penal -que ya tenemos-, los jueces y fiscales -que ya tenemos-, la policía -que ya tenemos-, pero además el diálogo, el consenso entre los
partidos políticos y entre las instituciones vascas y españolas; consenso y diálogo de los que carecemos. Para meter en la cárcel a elementos afectos a ETA o a Batasuna que cometen delitos, no necesitamos modificar la Ley orgánica de partidos
políticos, y ustedes lo saben. El Código Penal contiene instrumentos suficientes para procesar por la vía penal, en tanto que asociación ilícita, a cualquier organización política que practique o que apoye al terrorismo, pero hasta ahora, y se lo
repito, ningún Gobierno, ni su Gobierno, ha interesado a la Fiscalía General esta iniciativa de ilegalización.
Sin tocar la legislación sobre partidos políticos, la Audiencia Nacional no sólo ha enviado a la cárcel a docenas de militantes de Batasuna, sino que ha ilegalizado a organizaciones políticas del entorno de Batasuna, y a nadie se le oculta
que estaba en marcha la ilegalización por parte del juez Garzón. ¿Es esto -les pregunto- lo que incomoda al Gobierno del Partido Popular? ¿Tiene el Gobierno del Partido Popular algo contra un posible procesamiento judicial de Batasuna por los
jueces? ¿O quiere el Partido Popular tan sólo una ilegalización teledirigida, transmitida en prime time por todas las televisiones progubernamentales a mayor gloria del señor Aznar y del Gobierno del Partido Popular? Quizás esta situación, la de
los tribunales de justicia, explique la trágala a que han sometido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial; quizás explique las prisas del señor Aznar por no cambiar ni una coma; quizás explique por qué el Partido Popular
prefiere una ley excepcional de caso único, con promotores de parte, tribunales ad hoc, propósito retroactivo y ausencia de garantías procesales y penales; quizás explique también su desprecio a este Parlamento y su preferencia por una negociación
entre bambalinas.
Señorías, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo deben implicarse en un proceso judicial de ilegalización de un partido. Atribuir esta competencia a una parte del Parlamento o al Gobierno tiñe de interés político y partidista una
iniciativa que debe responder a estrictos criterios de legalidad. Consideramos también un disparate la atribución de competencia jurisdiccional en esta materia a la Sala Especial del Tribunal Supremo; especial solamente por su composición, pero no
especializada, sino desconocedora de saberes constitucionales. La decisión de disolver un partido debería corresponder bien al ámbito penal bien al del Tribunal Constitucional.
Señor Aznar, hace casi seis años que el Partido Popular dirige el Gobierno. Debe responder ya ante la ciudadanía por la evidencia de que el problema terrorista no sólo no se ha solucionado en España gracias a su política, sino que, de
hecho, políticamente al menos, se ha retrocedido en esta materia. En lo que se refiere a la nueva ley orgánica de partidos políticos -de ilegalización de partidos políticos-, el Gobierno del Partido Popular deberá responder a partir de ahora ante
los ciudadanos vascos y españoles cuando se compruebe que el efecto neto de esta nueva ley supone un reforzamiento político y electoral de Batasuna, mayores dificultades en la lucha contra el terrorismo, un debilitamiento sustancial de la cohesión
de los demócratas españoles y de las instituciones españolas y vascas, la contaminación de nuestro modelo constitucional de partidos políticos y un ataque frontal a la democracia española. Ningún ciudadano de bien estará en contra del fin de ETA y
de su entorno, así como del fin de Batasuna; ningún ciudadano de bien quiere alimentar en modo alguno el entramado terrorista; pero ningún ciudadano de bien debe ser azuzado para saltar por encima de la democracia en nombre de un fin que ustedes y
nosotros deseamos. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
En definitiva, señorías, para combatir el terrorismo y defender el Estado de derecho no es necesaria una ley de excepción, existen alternativas más democráticas y más eficaces. Salgan ustedes del círculo excluyente del pacto antiterrorista
forjando la unidad política de todas las fuerzas democráticas sin excepciones. Promuevan la mayor cooperación con las instituciones vascas, en vez de sembrar dudas sobre su lealtad y sembrar la confrontación. Superen las carencias y deficiencias
en la gestión y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y respalden con mayor eficacia la labor de los jueces, fiscales y policías.
En definitiva, derrotemos a ETA manteniendo viva la democracia y
dejando las puertas abiertas a la paz. Demos todos una oportunidad a la paz.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Iniciamos el debate de las enmiendas presentadas por distintos diputados del Grupo Parlamentario Mixto, que comparten turno.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Iniciativa per Catalunya-Verds ha presentado una enmienda de devolución a este proyecto de ley, fundamentalmente por una razón: estamos profundamente convencidos de que es un grave error político, a pesar de que
el mismo tendrá un apoyo muy mayoritario de la Cámara. Pensamos que es un grave error político, que es un proyecto de ley desafortunado y que puede ser traumático para Euskadi. Estamos convencidos de que este proyecto de ley no va a significar
mejorar el evidente déficit democrático de Euskadi y estamos seguros -ojalá me equivoque, me gustaría mucho equivocarme- de que este proyecto de ley va a tener repercusiones negativas sobre la estabilidad social de Euskadi.
Es un grave error que no
me sorprende del Gobierno del Partido Popular, porque la política del Partido Popular en relación a Euskadi es la continuidad de los errores, no es un error aislado. Sí me sorprende que desde posiciones progresistas y nacionalistas se pueda dar
soporte a este proyecto de ley que, insisto, va a ser un grave error político.
Señor ministro, el problema no es si estamos a favor o en contra del terrorismo o si hay unos que se solidarizan con las víctimas y otros no.
Ese es, de alguna manera, un planteamiento falso que debería estar ausente del debate
parlamentario. Tampoco la cuestión es si hay o no normas suficientes en el Código Penal para perseguir a las personas que cometen delitos de terrorismo y a las personas que justifican este delito. Lo que se discute políticamente, señoras y señores
diputados, es que esta ley va a permitir que Batasuna, que hoy está en una situación difícil, ocupe permanentemente el escenario político en los próximos meses. Batasuna va a ocupar el escenario político en los próximos meses; lo va a ocupar como
víctima de la democracia y se le va a posibilitar reagrupar y recuperar el apoyo social que ha ido perdiendo. Por eso digo que esta es una ley que significa un grave error político. No va a servir para disminuir el apoyo a los terroristas, va a
radicalizar -quién lo duda- la situación política de Euskadi -evidentemente la situación política de Euskadi no está para que se radicalice más- y además abre una dinámica en Euskadi que, hoy por hoy, es imprevisible.
Por esas razones fundamentales pedimos la devolución de este proyecto de ley. Además quiero decir -como se ha dicho anteriormente por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco-, que la Ley de partidos políticos fue una ley de consenso,
pero esta ley, que es una ley no dirigida a los partidos políticos sino a ilegalizar Batasuna, no sólo no es una ley de consenso, señoras y señores diputados, sino que ustedes nos traen una ley, fundamental en un Estado de derecho, condicionada
precisamente por los terroristas. Por todas estas razones pedimos la devolución de este proyecto de ley. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este es un debate clave que incide en algunas de las cuestiones básicas de una sociedad que se precie de democrática, entre otras, la libertad ideológica, el pluralismo político y la participación política.
El proyecto de ley que
hoy nos presenta el Gobierno crea, para Eusko Alkartasuna, una honda preocupación en lo que se refiere al respeto de esos principios claves de un sistema democrático. Planteamos una oposición frontal al mismo, tanto en lo que se refiere a la
oportunidad de su presentación como al contenido.
Señorías, el ordenamiento jurídico actual recoge de manera clara la normativa que se aplica a los partidos políticos con un criterio general, perfectamente pactado, de amplia libertad y con el exclusivo límite de un funcionamiento
democrático en los mismos. También recoge el ordenamiento jurídico la regulación de las patologías, la prohibición de las asociaciones secretas o paramilitares y, desde luego, las asociaciones ilícitas, y hay un amplio abanico de normativa en el
Código Penal: la regulación de los supuestos, la graduación de las responsabilidades o la competencia de los jueces y tribunales para resolver estas disoluciones.
¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que exista la necesidad de presentar este proyecto de ley? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Por qué, señor ministro? Es hora de hablar claro, hoy y aquí, en esta tribuna. Para nosotros, políticamente, la
motivación es puramente partidista y cortoplacista. El Gobierno quiere mantener esa supuesta firmeza en Euskadi, frente a Euskadi, pero lo que quiere simplemente es promover la confrontación, generar la crispación, algo que ya vienen haciendo desde
hace mucho tiempo. ¿Para qué, señor ministro? Por la propaganda, para conseguir réditos electorales fuera de Euskadi -ésta es la pura realidad-, desde luego no en Euskadi: ya les hemos recordado el 13 de mayo de 2001. No intentan resolver los
conflictos pendientes, no intentan buscar una paz en Euskadi y, como ha dicho algún portavoz anteriormente, al parecer,
según los servicios de información, ni tan siquiera avanzarán en la lucha antiterrorista.
¿Cuál es la motivación jurídica? Es evidente. Ustedes quieren un instrumentos jurídico que sea un guante a su medida, a la de sus intereses, para no tener que acudir a la vía penal, hacer otra vía político institucional que les sea más
cómoda; cómoda en la legitimación para instar la demanda, cómoda en la Sala que vaya a resolver el tema de la disolución, cómoda en la definición de las conductas que van a ser objeto de disolución de un partido. En resumen, un instrumento
jurídico cómodo para ustedes, más allá de lo que hoy establece el ordenamiento jurídico. Para esto, señor ministro de Justicia, vulneran los principios claves de un Estado de derecho, el principio de seguridad jurídica, de irretroactividad de las
leyes penales y de las leyes sancionadoras, de tipicidad, de protección de bienes jurídicos protegidos, de proporcionalidad, y así, un largo etcétera. Éste es el contenido, que a usted poco le debe importar porque se ha limitado a decir,
menospreciando cualquier opinión crítica jurídica al respecto, que nos hemos limitado a copiar cualquier observación contraria a esta ley. Señor ministro, ha menospreciado a todos los que hemos hecho observaciones jurídicas perfectamente
fundamentadas y también a la mitad del Consejo General del Poder Judicial, a muchos profesores y catedráticos de universidad de derecho administrativo, de penal o de constitucional, a muchas personas que han fundamentado su oposición jurídica a este
proyecto de ley, al Convenio Europeo de Derechos Humanos e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
No le voy a citar el elenco detallado que hemos presentado en la enmienda a la totalidad, porque al parecer a ustedes, al Gobierno o al Partido Popular, esto no les interesa, al parecer no le interesa al ministro de Justicia porque no hace
referencia a las observaciones jurídicas. Esto es lo grave de la cuestión e indica lo que está pasando.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Ya concluyo, señora presidenta.
Me referiré a dos cuestiones más allá de lo expuesto. Aquí no está el presidente del Gobierno, pero incluso como anécdota simplemente tiene encima de la mesa el señor Aznar la regulación de los partidos políticos europeos. ¿Qué va a pasar
con este proyecto de ley, si va en contra incluso de lo que tiene encima de la mesa a nivel europeo? ¿Es que no se han dado cuenta todavía? ¿En qué mundo viven? Cuando hablan de que hay que rechazar la violencia, señorías, tendrán que aplicarse
el cuento, porque yo les podría citar -y creo que también en la oposición- muchos nombres de personas que tendrían que condenar al franquismo, con el que colaboraron activamente, para que ustedes puedan actuar como partido político. Eso es lo que
tendrían que hacer y no otra cosa. Si se aplican ustedes mismos la ley, ni tan siquiera podrían ser partido político.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Termino, señora presidenta.
Decimos no a la confrontación, no a la vulneración del sistema democrático.
Concluyo, señora presidenta, con una cita de Montesquieu. Decía: Una cosa no es justa por el hecho de ser ley; debe ser ley porque es justa. Este proyecto de ley terminará siendo ley, pero nunca será justa.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, el Bloque Nacionalista Galego pide la devolución de este proyecto de ley, en primer lugar, porque es un proyecto de ley precipitado y, en segundo lugar, por dos razones fundamentales, por
razones de índole técnica, porque es una ley materialmente sancionadora que, sin embargo, no cuenta con las garantías materiales y procesales del derecho penal, es una ley que contempla una incromprensible -y seguramente inconstitucional-
restricción de la legitimación para instar a la ilegalización de un partido y que en la práctica blinda a unos y condena permanentemente a otros a contar con la amenaza de un proceso de ilegalización incoado precisamente por sus competidores
políticos y electorales.
Pasando a las razones políticas, si en el ordenamiento vigente se cuenta con instrumentos para ilegalizar a un partido político que en esta misma legislatura demostraron ya su viabilidad, uno no entiende por qué, ahora y de esta manera, este
proyecto de ley. Como decía, existiendo estos instrumentos, una de dos, o bien estamos ante un atajo (y dijo el presidente del Gobierno, señor Aznar, claro está que cuando no tenía mayoría absoluta, que en esta materia los atajos son siempre los
peores caminos y, al final, si de acabar con el terrorismo se trata, de los más largos) o bien lo que se quiere es restringir el pluralismo, aumentar aún más el autoritarismo del sistema y reprimir ideologías, y esto, señorías, reprimir ideologías,
siempre es un mal negocio; es un mal negocio para la democracia, pero es también un mal negocio para aquellos que ceden al chantaje del Gobierno, de un Partido Popular cada vez más radicalizado y un Partido Popular que se muestra insaciable.
Es mal momento para ceder al chantaje cuando las elecciones que vienen de Europa aconsejan más bien todo lo contrario. Si el debate lo hacemos en el campo
delimitado por la derecha, sobre el discurso de la derecha y sobre la agenda política de la derecha, estaríamos abdicando de nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad, la de los demócratas, es crear conciencia, es decir a la gente
que el autoritarismo nunca es solución. En definitiva, puestos en la tesitura, si no aspiramos más que a ser un Partido Popular civilizado, si no aspiramos más que a mimetizarnos con un Gobierno extremista, la gente siempre va a preferir el
original a la fotocopia. Sé que muchos diputados y diputadas de esta Cámara comparten estas reflexiones y quiero apelar por ello a su dignidad y a su coherencia política invitándoles a votar en contra de un proyecto de ley que es dudoso que vaya a
acabar con el terrorismo, pero que es seguro que va a debilitar la democracia.
En el Bloque Nacionalista Galego seguimos pensando que en política hay una gran línea divisoria, la que separa a aquellos que apoyan y justifican el terrorismo de aquellos que como el BNG siempre lo denostan y lo combaten.
Sin embargo, en
la política española y europea cada vez más se puede apreciar la existencia de otra división, la que separa a los que seguimos creyendo en la democracia y en la libertad y que la democracia y la libertad son siempre la mejor solución de aquellos
que, como el Partido Popular, están a la espera de cualquier excusa para limitar la democracia o liquidarla. Estas fronteras dejan ver bien claramente cuáles son las verdaderas amenazas que hoy existen para la democracia. De un lado, sin duda
alguna, el terrorismo; de otro lado, también sin duda alguna, aquellos que aprovechan el terrorismo como arma electoral y como excusa para limitar derechos y restringir libertades.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señorías, anuncio a la Cámara que, a petición de portavoces de algunos grupos parlamentarios, suspenderemos la sesión al finalizar el debate de las enmiendas de totalidad y la reanudaremos a las cuatro de la tarde con la fijación de
posiciones.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías... (Rumores.) ¿Hablo o me callo? Parece que alguien pedía la palabra.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Pero alguien pide la palabra.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señorías, a la Chunta Aragonesista le habría parecido de sentido común que una cuestión como la que estamos tratando hubiera tenido, como mínimo, un tratamiento similar a la Ley de cooperación autonómica o al
nuevo Pacto local. En ambos casos sí se envió desde el Ejecutivo, o del partido que sustenta al mismo, toda una serie de documentación y borradores de la normativa a desarrollar a todos los partidos con representación en el Congreso, con lo que
pudimos todos los que lo consideramos conveniente aportar cuantas objeciones consideramos oportunas, incluso antes de la propia tramitación parlamentaria. Se debería, a nuestro juicio, haber intentado un diálogo similar, amplio, con todos los
directamente implicados, también representantes -no debería olvidarse- de la soberanía popular y de millones de ciudadanos y ciudadanas que estamos radicalmente, y lo hemos demostrado, en contra del terrorismo.
La enmienda a la totalidad fue planteada en un momento en el que la división provocada por esta ley había afectado también al Consejo General del Poder Judicial, donde se criticaban numerosos e importantes preceptos nada menos que por no
respetar los principios básicos constitucionales de la ley que tanto dicen defender. De hecho, se indicaba en los votos particulares que la ley podía presentar un problema jurídico, dada su débil determinación a la identificación de las conductas
susceptibles de provocar la ilegalización de un partido político, la carencia absoluta de criterio de gradación y, por tanto, la ausencia de consideración alguna respecto al principio de proporcionalidad, temas que todavía siguen latentes en el
proyecto de ley, según el informe que nos ha dado el señor ministro. Ahora, nos encontramos con un acuerdo del que sólo conocemos lo que se nos transmite desde los medios de comunicación, del que no se nos ha hecho partícipes, del que hay
valoraciones tan dispares en las que unos afirman que se ha cambiado de arriba abajo la ley y otros anuncian que apenas se ha tocado nada sustancial. Incluso, y a pesar de las afirmaciones del señor ministro esta mañana, hemos conocido opiniones
que, a pesar de todo, admiten que la ley tampoco conseguirá alcanzar todos sus fines. ¿Han valorado adecuadamente los efectos que traerá su modo de aplicación y sus consecuencias?
En cualquier caso, si no existen cambios importantes como resultado de sus negociaciones, la enmienda de devolución presentada tiene toda su vigencia; por contra, si los ha habido, ¿no consideran que sería igualmente positivo tener un nuevo
informe del Consejo General del Poder Judicial para opinar sobre el tema?
Nosotros suscribimos la siguiente manifestación del Consejo General del Poder Judicial: La regulación de los partidos políticos y muy especialmente el imprescindible establecimiento de un sistema de disolución e ilegalización del partido
que, amparándose formalmente en la condición de tal, colabore con el terrorismo, hubieran sido merecedores de un informe que el Pleno
del Consejo aprobara por la máxima mayoría, idealmente la unanimidad, signo prometedor de haber alcanzado un instrumento legislativo válido para la vida de los partidos y, sobre todo, válido para la erradicación del terrorismo. Además,
entendemos que para perseguir los actos terroristas ya está el Código Penal, que se está demostrando y haciendo muy bien, y que los jueces aplican a todos aquellos que incumplen la ley.
Quizá sea ingenuo recordar que son ilegales las acciones y no las ideas y tememos que a la larga acabaremos haciendo realidad el conocido poema de Bertold Brecht. Por todos estos motivos pedimos la devolución del texto al Gobierno.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, hace pocas semanas el sociólogo catalán Salvador Cardús escribía un artículo sobre la paradoja en la que este Gobierno nos ha instalado. Por un lado, este Ejecutivo y el Partido Popular
tienen una gran capacidad para prospectar aquellos problemas que preocupan de veras a los ciudadanos, pero en lugar de solucionarlos el Gobierno español sólo legisla, y legislar y solucionar, a menudo, no es exactamente lo mismo. Luego viene la
marabunta de medios de comunicación progubernamentales -que por cierto pagamos todos- con aclamación del proyecto de legislación. A este estilo pertenecen la ley orgánica de universidades, la ley de calidad de la enseñanza, la ley que hoy
discutimos y la de extranjería que se nos anuncia. Al final, sólo propaganda, más embrollo, más problemas, más conflicto y, en el caso de Euskal Herría, más gasolina al fuego, pero eso sí, grandes réditos electorales. En la España azul todo se
reduce a agitación y propaganda.
Con esta ley, el Gobierno español degrada la calidad democrática. No todas las democracias son iguales, y ustedes hoy pretenden llevar a cabo una ley que establece una censura política e ideológica que, por lo que parece, pretende excluir y
poner al límite también a todos aquellos que siempre hemos condenado la violencia viniera de donde viniera.
Esquerra Republicana de Catalunya tiene 71 años de historia democrática, otros no pueden decir lo mismo, y de forma democrática y pacífica proponemos otra forma de Estado, incluso el derecho a la autodeterminación. Ahí redunda el
diferencial de calidad democrática.
Fíjense en cómo la democracia británica ha sido capaz de encontrar las vías de diálogo y de solución en Irlanda del Norte y, aunque les duela a ustedes, va a reconocer el legítimo derecho a la autodeterminación
del pueblo gibraltareño. Es más, no hace tanto que Timor Oriental ha sido reconocido hasta por ustedes.
Esquerra Republicana ha presentado un texto alternativo a esta ley. Lo hemos hecho conscientes de que esto no es, ni mucho menos, un debate político ni administrativo; es, ante todo, un debate político. Una ley de partidos necesitaría el
consenso de la mayoría de los partidos y grupos de esta Cámara, pero no ha sido así. Una vez más los partidos españoles, con una demostración de fuerza, imponen su ley. Por esto, Esquerra Republicana de Catalunya, que siempre ha condenado y
combatido la violencia venga de donde venga, considera que hay que perseguir penalmente e incluso ilegalizar a aquellas organizaciones que llevan a cabo actos delictivos, actos de violencia y de terrorismo, pero hay otras formas de violencia que
coartan la libertad y la democracia. ¿Es una forma de violencia o no que un partido pretenda la eliminación permanente de la pluralidad cultural, lingüística y nacional de los diferentes pueblos que conforman el Estado? ¿Es una forma de violencia
o no cuando desde el aparato del Estado se promueve el terrorismo y la guerra sucia? ¿Es una forma de violencia o no que un partido promueva la discriminación de las personas por razones de sexo, opinión, origen, nacimiento o raza? ¿No es una
forma de violencia, la más deleznable de todas, asumir ideas, esquemas y actuaciones de una dictadura fascista como fue el franquismo?
Ustedes han querido abrir este debate político sobre las actitudes democráticas. Les voy a recordar que el recorte de la independencia del Poder Judicial, de la Fiscalía del Estado o del mismísimo Tribunal Constitucional que han llevado a
cabo significa también una degradación de la democracia. Ustedes tendrían muy fácil dejar claro que no se juzgan o condenan ideas. Comprométanse aquí a aceptar nuestra enmienda, en la cual dejamos claro que en ningún caso se podrán ilegalizar
aquellas opciones políticas que democráticamente promuevan el derecho a la autodeterminación de las naciones, del Estado o la consecución de la república como forma de Estado. Comprométanse. Si no es así, la democracia española se va al furgón de
cola de la Unión Europea. Se lo digo especialmente a mis compatriotas de Convergència i Unió: Comprométanse a respetar la opinión de sus bases sobre el derecho de Cataluña a la autodeterminación.
Finalmente, me gustaría hacer una reflexión. Decía Rousseau que el progreso técnico conlleva el progreso moral. No es verdad. El salto socioeconómico y de modernidad que ha dado el Estado español en los últimos años no ha comportado un
salto democrático, porque si en Alemania se hizo una constitución contra el fascismo, aquí se hizo la Constitución con el fascismo y así, madurar es muy difícil; madurar es muy difícil y nuestra calidad democrática se resiente.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por último, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervendré muy brevemente. Dado que estamos en el fondo de la cuestión, quiero recordar cuál es la posición de los andalucistas respecto a Batasuna evocando las palabras del portavoz andalucista en el año 1990, cuando subido en
esta tribuna y mirando a la cara al portavoz de Batasuna le negó autoridad moral para hablar en esta Cámara, porque encubría los crímenes de ETA y porque era el brazo armado de ETA. Queda claro, pues, lo que pensamos de lo que es Batasuna.
Señor ministro, también pensamos que esta es una ley clave y vamos a apoyar su tramitación. Estaremos buscando hasta el final dos cuestiones.
Yo sé que es una ley clave, pero las piedras claves se sustentan en un arco, y este arco de la
ley de partidos tiene que tener riñones, porque si no corremos el riesgo de meter en una urna la piedra clave. Y los riñones son dos: por un lado, el consenso, porque la piedra clave que lo sostiene debería ser este arco. La mayoría de las
piedras de un arco no constituyen un arco sólido, hay que tener todas las piedras del arco, todos los partidos parlamentarios enemigos de la violencia y del terrorismo deberían conformar este arco. El otro riñón, señorías, es la legalidad, la
constitucionalidad.
Yo espero que sigamos con los esfuerzos hasta la aprobación de la ley para conseguir que estén todas las dovelas, todas las piedras del arco, para que técnicamente sea impecable. Sin estos dos riñones, señor presidente, señora presidenta,
señor ministro, señorías, nos vamos a quedar con una piedra clave que no tiene donde apoyarse. Esta es la posición andalucista: apoyo a la tramitación para conseguir el consenso y la absoluta y nítida constitucionalidad de esta ley. Espero que lo
alcancemos si no al 100 por ciento, al 99; si no al 99, al 97. Flaco favor vamos a hacer al país con una ley de partidos que no esté consensuada por los partidos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
¿Desea algún grupo hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
Iniciamos entonces el turno de fijación de posición.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre de Coalición Canaria para fijar posición en este debate frente a las enmiendas de totalidad y de devolución que han pedido diversos grupos parlamentarios, según las razones que han
explicitado desde esta tribuna en la mañana de la jornada plenaria de hoy.
Nosotros queremos hacer este turno de fijación de posiciones situándonos para valorar un proyecto de ley de este tipo en una razón histórica de la democracia española en 1977 y en 1978, en lo que se llamaron las posturas políticas del
consenso. La Ley 54/1978, de Partidos Políticos, fue una ley preconstitucional que hubo que consensuar para que fuera posible, después de la legalización que hizo directamente el Gobierno del Partido Comunista, la aprobación y el desarrollo unos
meses después, a finales del año 1978, de la Constitución española. Este diputado y mi grupo queremos volver a encontrarnos con ese espíritu de consenso. Y ese consenso implica una mayoría de voluntades políticas que tienen que estar -y aquí nos
situamos nosotros- en la defensa a ultranza del Estado español, del Estado social y de derecho, que señala nuestra Constitución.
La defensa del Estado social y de derecho implica un principio de que la democracia tiene que ser defendida desde dentro de la democracia. No hay víctimas de la democracia entre los demócratas. Las víctimas de la democracia son los
enemigos de la democracia. Lamentablemente, en el panorama español lo que ha habido han sido víctimas del terrorismo, víctimas de la intolerancia y víctimas de la obcecación. Y ahí es donde tenemos nosotros que cortar el nudo gordiano de una
manera constitucional.
Este proyecto de ley que nos llega tiene, a nuestro juicio, que cumplir dos condiciones: la conveniencia de esa ley y al mismo tiempo la necesidad de que cumpla unos requisitos. En primer lugar, la conveniencia está plenamente justificada,
al igual que la necesidad, ante el imperativo de las circunstancias con que el terrorismo y los grupos que lo apoyan vienen haciendo un uso espurio -sobre todo los grupos de apoyo- del sistema democrático. Hay que comenzar por tener las ideas muy
claras respecto a que no se puede tolerar que la democracia sea utilizada como instrumento de fraude de ley. Yo diría que esa conveniencia no es ni del Gobierno ni del partido político sino que es una conveniencia del Estado español, de la
democracia española, de los demócratas y, en definitiva, del pueblo español
de uno y otro extremo, de norte a sur y de este a oeste de la Península Ibérica y de sus comunidades autónomas insulares. Nos afecta a todos los españoles porque es la defensa de los que queremos la libertad, la defensa de los que queremos
la democracia y los derechos que tenemos inalienablemente reconocidos en la Constitución española. Por tanto, la conveniencia de esta ley para nosotros es indiscutible.
En segundo lugar, respecto a la necesidad de que este proyecto de ley cumpla una serie de requisitos, para nosotros esos requisitos deben basarse fundamentalmente en la Constitución. Hay quien hace lecturas sesgadas, por ejemplo, del
artículo 6 de la Constitución española, que se refiere a los partidos políticos. Claro que el artículo 6 le da la libertad de creación y de funcionamiento de partidos políticos al pueblo español, pero le dice que ajustándose a la Constitución y a
la ley, y aquí estamos entonces ante esta figura ya de la Constitución pero al mismo tiempo del proyecto de ley que vamos a tener que desarrollar.
Respecto a las dos condiciones que he mencionado para la conveniencia y la necesidad de la ley, para nosotros hay que cumplir unos requisitos. El texto del proyecto del Gobierno los trae en esta línea y las enmiendas que vamos a presentar,
en los trámites de ponencia y de comisión, los distintos grupos parlamentarios creo que apuntan, al menos las de mi grupo y las que he leído de los otros grupos parlamentarios, ese sentido de perfeccionamiento. Es decir, una necesidad de ajustar el
texto definitivo de la ley a los principios de la Constitución española y de las leyes que la desarrollan en ese principio democrático y constitucional. Por tanto, para nosotros, claras las ideas de que ya garantiza la Constitución el principio de
no retroactividad y el principio de la legitimidad, nosotros pretendemos con una de nuestras enmiendas que esa legitimidad recupere aquel espíritu de consenso que presidía la Constitución española hasta nuestros días, para que no nos salgamos de un
principio fundamental que ya se estableció en 1978. Había tres cuestiones fundamentales y en verdad las únicas que en un sistema democrático de partidos tienen que ser consensuadas: la Constitución, en primer lugar; la Ley Electoral, en segundo
lugar, con su sistema de partidos; y en tercer lugar, el rechazo a todo intento de métodos violentos de alcanzar un objetivo. Estos tienen que ser tres pilares fundamentales de todo texto de consenso, y este tercero es el rechazo, en el sistema
democrático, donde caben todas las expresiones de libertad de ideas y de pensamiento, pero no cabe ni un milímetro de tolerancia a quien trate de imponer sus ideas por vía de la violencia, del terrorismo, de la sangre y de amedrentar al ciudadano
normal, al ciudadano que espera que sus poderes institucionales, los tres poderes fundamentales del Estado, lo amparen y lo defiendan: las Cámaras, Congreso y Senado, representativas de la soberanía del pueblo español; el Gobierno, y el Poder
Judicial, y en eso se tienen que asentar y sentar todos nuestros principios de defensa, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer y defender.
Antecedentes ha habido. Cuando mi grupo, por ejemplo, defiende, como va a defender en el texto cuando estemos en ponencia y en comisión, una vez salvados los principios de máxima representatividad parlamentaria para ampliar la base de
legitimidad que tenga que tener el Parlamento, y que se tiene a instancia que tiene que ser el Poder Judicial, con sede en el Supremo, en este caso, nosotros defenderemos -y voy a decir por qué- que haya una sala especial, frente a los que se oponen
a la misma. En los antecedentes, no ya de 1978, que he mencionado, de la ley de partidos, el Gobierno de UCD, cuando trata de negar en 1980 la inscripción en el registro de asociaciones de Herri Batasuna, terminó presentando una demanda de
ilegalidad en el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid, que fue rechazada. Llega el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y presenta también una oposición de registro ante el Ministerio del Interior de Herri Batasuna, que termina en
una sentencia de la Sala tercera de lo contencioso-administrativo, porque Herri Batasuna lo lleva por vía de lo contencioso-administrativo, que dice que no había cuestiones de ilegalidad y que por tanto la Administración tenía que registrar
obligatoriamente a Herri Batasuna en el registro de asociaciones -sentencia de 1984 de la Sala tercera de lo contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo- porque se trata de primar ahí -es curioso, en esta sentencia lo había recogido-, el
derecho de asociación. Hoy tenemos que cuestionar que, con la Constitución en la mano, ese derecho de asociación no está por encima del derecho democrático de libertad y del derecho democrático de adecuación a la norma constitucional, y esto tiene
que quedar bien claro.
Se vuelve después a recurrir posteriormente, y en 1986 se da una sentencia, ya de la Sala primera del Tribunal Supremo: fracaso también, porque le quita la razón a la Administración, al Gobierno, y hace obligatoria la inscripción. Pues
bien, eso ha demostrado que había un déficit de protección legal y democrática del sistema español parlamentario de libertades constitucional frente a los partidos que quisieran hacer fraude de ley y ser instrumentos de imagen de estructuras que,
por vía de la violencia, pudieran ir en contra de los intereses del Estado. De ahí que sea necesaria una sala especial porque, vistas las frustraciones ante la Sala tercera de lo contencioso administrativo y ante la Sala primera del tribunal penal,
está claro que es necesaria una sala especial donde estén representadas todas las jurisdicciones especiales del Tribunal Supremo para poder solventar en mejor derecho y justicia este tema y que a cualquier entidad que quiera recurrir le quede la vía
del Tribunal Constitucional para asentar esta sentencia.
Nosotros queremos que con el perfeccionamiento del trámite que va a tener este proyecto de ley en la
Cámara, en ponencia, en comisión y finalmente en el Pleno, quede bien claro que los principios constitucionales y de legalidad y defensa democráticas van a ser intachables, incuestionables y de plena soberanía y plena aceptación, porque
entendemos que estos principios que a nosotros se nos señalan como cuestiones verdaderamente constitucionales son los signos inequívocos, inapelables e impecablemente redactados en letra y espíritu de la Constitución española.
Nosotros entendemos que esta fuerza del imperio de la ley es necesaria y que esta cuestión que estamos ahora debatiendo acerca de la conveniencia y de la necesidad va a hacer posible que nadie tenga que sonrojarse de disponer de un
instrumento que a fin de cuentas trata de defender el Estado de derecho, de hacer posible la convivencia entre todos los españoles y que los principios de legalidad sean exigibles y exigidos a toda entidad que por sí misma quiera constituirse en
enemiga de la democracia, que es constituirse en enemiga de pueblo soberano español. En esa línea estará Coalición Canaria, que entiende que debe apoyar este primer proyecto del Gobierno que viene después de tantos años en el vacío que teníamos
para seguir adelante con estos poderes de soberanía popular.
Tendremos que votar en contra de todas las enmiendas de totalidad porque no hay alternativa para solucionar un problema que hace verdaderamente conveniente, necesaria e imprescindible
esta ley al servicio sencillamente de lo más noble que consagra nuestra Constitución: el pueblo español.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Trias.
El señor TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA: Señora presidenta,
señoras y señores diputados, realizamos hoy el debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de partidos políticos que ha presentado el Gobierno. La ley actualmente en vigor es del año 1978, contiene sólo seis artículos y cosechó en su
día un amplio consenso de las fuerzas políticas. Ahora el Gobierno considera necesario impulsar una nueva ley, y ello se hace en un momento de tensión política en el que esta reforma genera actitudes que afectan a los sentimientos y, yo diría más,
a las pasiones de los ciudadanos y fuerzas políticas, y muy especialmente en el País Vasco.
El proyecto que se nos presenta es más reglamentista que la ley actualmente vigente y de manera concreta centra un mayor detalle en aquellos artículos dedicados a la disolución e ilegalización de un partido político con una voluntad clara
-no nos engañemos- de propiciar con su redacción la ilegalización de Batasuna. Ante este proyecto de ley, la primera pregunta que debemos hacernos es si es necesaria esta reforma.
Son muchos los que creen que en el actual ordenamiento jurídico
penal ya existen los instrumentos que podrían permitir la ilegalización de un partido que se demostrara que da su apoyo al terrorismo. No obstante, lo cierto es que esto hasta la actualidad no se ha producido y en esto se basan los que creen que es
necesaria. Una segunda pregunta: ¿Es admisible que una ley de partidos políticos introduzca elementos que pueden conllevar la ilegalización de una fuerza política que utiliza la violencia y el terrorismo en defensa de sus ideas? Nosotros creemos
sinceramente que sí. Las preguntas no acaban aquí. Debemos plantearnos la utilidad última de este proyecto de ley. ¿Servirá realmente para luchar de forma eficaz contra el terrorismo? ¿Servirá para contribuir a la pacificación del País Vasco?
¿Será efectivo para hacer retroceder a quienes directa o indirectamente apoyan el terrorismo? Señorías, desde Convergència i Unió tenemos serias dudas. El partido mayoritario en el País Vasco, el PNV, en su enmienda a la totalidad presentada hoy
afirma que el proyecto no va a contribuir a lograr la paz y normalizar la vida política en el País Vasco, antes al contrario, según el PNV, el proyecto reforzará el argumento de quienes afirman la imposibilidad de defender en el seno de la
democracia española reivindicaciones políticas de signo vasquista. Para el PNV este proyecto de ley contribuirá a radicalizar posiciones, polarizará a la sociedad, intensificando el enfrentamiento y abocando a la fractura social. Este es,
señorías, el diagnóstico que el PNV realiza de este proyecto de ley, y no es un partido cualquiera, es el que en este momento tiene el Gobierno en el País Vasco. Nosotros también dudamos de la eficacia de este proyecto de ley en la lucha contra el
terrorismo.
¿Cuál es el contenido del texto? Señorías, el texto, tal y como se nos ha presentado por el Gobierno, no merece una valoración positiva por parte de Convergència i Unió. Es un texto que, si finalmente fuese aprobado tal y como está -aunque
ahora se nos diga que esto no es así-, podría permitir la ilegalización de un partido político por defender ideas que se alejasen del actual ordenamiento constitucional y que, por ejemplo, pretendiese defender un marco territorial distinto del
Estado a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos que lo integran o que pretendiese superar la actual monarquía parlamentaria que nuestra Constitución propugna o introducir otros cambios que actualmente defienden
partidos antisistema y que no están contemplados en nuestra Constitución. El texto presentado por el Gobierno podría también permitir una aplicación retroactiva de la nueva normativa a situaciones generadas con anterioridad y al amparo de una ley
distinta; seguro que esto debe tener que corregirse.
Tanto el Consejo de Estado como varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, al igual que distintos especialistas jurídicos, han puesto de relieve las deficiencias técnicas de este proyecto de ley, deficiencias que han llevado a
que se hagan negociaciones y a que el Grupo Popular haya presentado 17 enmiendas a un texto de 12 artículos. No obstante, nuestras discrepancias ante el texto que presenta hoy el Gobierno no son únicamente jurídicas. Tenemos también discrepancias
relacionadas con el momento y con las formas en que este proyecto ha sido planteado.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) siempre ha propugnado el necesario consenso para la elaboración de la normativa que integra el denominado bloque de constitucionalidad. Este consenso siempre es necesario, pero
cobra un valor fundamental cuando tratamos de regular el marco de convivencia y actuación en la vida pública que en un Estado democrático ejercemos todos a través de los partidos. En este sentido, la ley de partidos debe ser un marco aceptado por
este amplio consenso, un consenso que hoy no es posible porque el momento en que el proyecto se presenta se enmarca dentro de una estrategia política concreta, impulsada por el propio Gobierno y dirigida específicamente a la lucha contra el
terrorismo en el País Vasco. Es este el momento en que se enmarca este proyecto de ley y, siendo ello así, las formas en las que se ha llevado a cabo la gestación de esta nueva normativa no han sido tampoco las más idóneas para hacer posible el
consenso. En un proyecto de ley como este, que tendrá una aplicación e incidencia sobre la vida política del País Vasco, en su elaboración y en la negociación de las enmiendas al mismo, las dos fuerzas mayoritarias, tanto el PP como el PSOE, no han
tenido en cuenta al PNV, que es la fuerza política que, con una amplia mayoría y apoyo popular, gobierna el País Vasco y tiene la máxima responsabilidad en el conjunto de sus instituciones.
Nosotros, desde Convergència i Unió, siempre hemos creído en el diálogo, un diálogo que muchas veces debe hacerse desde la discrepancia, aunque sólo sea para saber cuáles son los aspectos que nos separan. Para Convergéncia i Unió es
absolutamente necesario el diálogo entre las distintas fuerzas democráticas. Lamentablemente, en esta ocasión este diálogo no se ha producido, y desde Convergència i Unió seguiremos insistiendo en su necesidad.
Por todas estas razones, quiero anunciar que hoy el voto del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió será positivo a la enmienda a la totalidad que ha presentado el PNV. Un voto que significa una muestra más de nuestra profunda
convicción de que la solución definitiva al terrorismo vasco sólo puede conseguirse a través de la estrecha colaboración con el nacionalismo democrático vasco, cuyo principal exponente es el PNV.
Convergència i Unió quiere dejar claro que somos una federación nacionalista que trabaja para el desarrollo económico y social y el autogobierno de Cataluña, así como para su reconocimiento en el marco de un Estado plurinacional. Trabajamos
con un espíritu dialogante y constructivo y, de acuerdo con ello, nos hemos implicado siempre en la gobernabilidad de España con un talante positivo. En todas las legislaturas nuestra actitud ante la lucha antiterrorista ha sido nítida.
Siempre
hemos contribuido con nuestro voto y con todos los medios posibles a que se pudiera luchar con eficacia contra el mismo. Siempre hemos luchado contra el terrorismo y, al mismo tiempo, siempre hemos respetado y apoyado la reivindicación nacional
vasca a través de medios pacíficos.
De acuerdo con la voluntad constructiva que CIU ha tenido siempre, hemos planteado 38 enmiendas al articulado. Son unas enmiendas que están dirigidas a conseguir básicamente dos aspectos: que ningún partido pueda ser ilegalizado en ningún
caso por su ideología y que la ley no tenga un carácter retroactivo. Quiero reconocer expresamente que desde Convergència i Unió hemos estado negociando con el Partido Popular y con el Partido Socialista estas enmiendas y hemos llegado a puntos de
acuerdo importantes que con toda probabilidad llevarán a la aprobación de las mismas, algunas de forma literal, a través de redacciones transaccionales, e incluso algunas de ellas están incluidas en la redacción que han hecho de sus enmiendas el
Partido Popular y el Partido Socialista. Por tanto, a partir de hoy, todos los grupos - y también los que rechazan frontalmente el proyecto- tenemos presentadas enmiendas al articulado. Deberemos debatir y estudiar todas y cada una de las
enmiendas y al final del trámite parlamentario todos deberemos realizar un balance; deberemos valorar cuál ha sido el resultado de las distintas enmiendas presentadas.
Desde Convergència i Unió adelanto que si nuestras enmiendas, tal y como se nos ha dicho, son aceptadas, votaremos afirmativamente el proyecto de ley, lo que dará lugar a que su modificación con la incorporación de mayores garantías que
demostrarán claramente que una ley como la de los partidos políticos nunca puede servir para perseguir ideas, para perseguir la pluralidad, para perseguir a quienes defienden en una España plural la libre determinación de los pueblos que la
integran. Cualquier idea debe poder ser defendida por un partido político si respeta la democracia y los derechos humanos y no se ampara o utiliza nunca un método violento o terrorista para imponerla.
Esperamos que el proyecto de ley que hoy debatimos salga de esta Cámara siendo un proyecto distinto, un proyecto que no criminalice ninguna idea si se defiende por métodos pacíficos, un proyecto que no sea retroactivo y que separe bien las
responsabilidades de los distintos poderes del Estado cuando se promueva
ante el Poder Judicial la ilegalización de un partido que apoye la violencia.
Durante estos días he leído en los medios de comunicación y he oído decir que nuestra posición es incoherente, que es una posición incomprensible.
Unos más simpáticos dicen que hacemos surfing; otros dicen que queremos quedar bien con todo
el mundo; otros dicen que es una situación de esquizofrenia o que es un doble o triple lenguaje. No es cierto. La votación de hoy y las votaciones que haremos las próximas semanas quieren dejar claras dos cosas por parte de Convergència i Unió.
En primer lugar, nuestro rechazo absoluto al terrorismo y a aquellos que lo apoyan y nuestro apoyo claro a la lucha antiterrorista. En segundo lugar, nuestra apuesta decidida por el diálogo entre las fuerzas políticas democráticas que rechazan la
violencia, especialmente los partidos nacionalistas vascos. Espero y deseo que un día estar contra el terrorismo y a favor del diálogo no sea considerado una incoherencia. Esta es, ha sido y siempre será nuestra posición política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Trias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señorías, creemos que esta ley es necesaria, y se han expresado dudas aquí esta mañana acerca de que con esta norma se pudieran perseguir ideas. Pero ¿hay alguien que pueda pensar que el Partido
Socialista, el que más tiempo estuvo perseguido en España por defender las libertades, daría su apoyo a un texto que persiguiera las ideas? (Rumores.-La señora Castro Fonseca: ¡Eh! ¡Eh!) También, señorías, se ha expresado, legítimamente, la duda
de que este texto no se acomode a los principios de la Constitución española. Pero ¿alguien piensa que los socialistas, defensores desde la primera hora de la fuente de las libertades que recoge nuestra Constitución -algo que no todos pueden
decir-, daría su apoyo a un texto que limitara esas libertades? No, señorías. Porque nuestro sistema constitucional ha prestado gran importancia y relevancia a los partidos políticos y les ha reservado el cumplimiento de funciones esenciales. Y
hay numerosas razones que lo explican. De una parte, la conversión de los partidos a lo largo del siglo XX en actores decisivos para la organización política de la sociedad, para la participación de todos nosotros, de los ciudadanos, en la vida
pública, para su intervención en los procesos de toma de decisiones de la vida colectiva. De otra parte, hubo un largo período de prohibición y persecución de los mismos a lo largo de nuestra historia, denigrados además por la propaganda a lo largo
de décadas, pero finalmente ganó la convicción de que su fortalecimiento era imprescindible para el asentamiento definitivo de la democracia entre nosotros. Por ello, hay muy pocas decisiones constitucionalmente implícitas en nuestra norma
constitucional y entre ellas hay varias que se refieren, señorías, a los partidos políticos. Se constitucionalizan los partidos, se recupera así el atraso al que condujo la dictadura en relación con los sistemas políticos de nuestro entorno, se
fortalece el papel de los partidos, propiciado por la atribución de competencias en la propia Constitución, como incluso el de protagonizar consultas reales que conducen a la presentación de candidatos a la presidencia del Gobierno.
Sólo formalmente se puede decir que la actual Ley de partidos es preconstitucional, porque en realidad fue paralela a la Constitución, y, a lo largo de las casi dos décadas y media de funcionamiento de nuestro sistema político
constitucional, tanto el sistema de partidos como el electoral han producido globalmente los rendimientos básicos que requería el funcionamiento estable de nuestro sistema institucional y, previsiblemente, seguirán proporcionando esos rendimientos
sin que sea necesario retocarlos, aunque quizás fuera conveniente, sin apresuramientos, ir propiciando cambios que mejoran la calidad de la vida y de la participación democrática, de acuerdo con las condiciones actuales de nuestra sociedad, por
fortuna ya tan distintas a las de hace 25 años. De manera que los cambios que hoy abordamos se centran en la necesidad de dar respuestas apropiadas al problema que de forma persistente ha dañado y amenazado a la democracia española, pero también,
señorías, a los problemas que podrían amenazarla en un futuro no muy lejano. Quiero que los ciudadanos españoles sepan que para el Partido Socialista no estamos sólo ante una ley reactiva frente al reto del terrorismo, sino también ante una norma
preventiva o proactiva frente a los retos de la intolerancia, el racismo y la xenofobia, que amenazan igualmente a la democracia y a sus valores esenciales.
Los partidos políticos son manifestación relevante del derecho de asociación. Es un derecho fundamental pero no ilimitado en su uso. Más aún, los partidos disfrutan de un derecho de asociación reforzado que entraña importantes
prerrogativas. Pues bien, cuando ese derecho reforzado se usa para vulnerar otros derechos fundamentales deja de serlo y esos derechos que protege nuestra Constitución en su artículo 10 se deben interpretar de conformidad con los acuerdos
internacionales ratificados por España y, como recuerda el Consejo de Estado, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, hecho en Roma en 1950, proclama la conexión de un régimen político verdaderamente democrático con el respeto de los
derechos humanos. Por tanto, la regulación estatal, las normas que aquí aprobamos, deben orientarse no tanto a preservar el Estado en sí, cuyas formas pueden cambiar, sino a preservar el propio sistema democrático, que es lo que nunca puede
cambiar. Por eso, ésta será una ley para los derechos y las libertades de todos, una ley de
defensa del régimen jurídico democrático y con esta ley se puede, repito, defender cualquier idea, cualquier proyecto, pero no la violencia, no el terrorismo, no el racismo, que vulneran derechos fundamentales y por tanto el régimen jurídico
democrático. No legislamos sólo mirando a los problemas del pasado y del presente, sino a los que tenemos por delante, entre los que destaca obviamente la necesidad de dotarse de instrumentos precisos para derrotar al terrorismo. Esta norma será
una ley de partidos, no será una ley antiterrorista; una ley -lo será- que propicie la defensa de la democracia frente a las fuerzas organizadas políticamente que tratan de aprovecharse de las libertades y de los instrumentos democráticos para
acabar con ellas.
Los socialistas nos hemos empeñado en promover el más amplio consenso posible en torno a esta ley, un consenso más amplio que el que tenemos con el Partido Popular en relación con el pacto por las libertades y contra el terrorismo. El
objetivo de este último, del pacto por las libertades y contra el terrorismo, es también defender la democracia, pero su instrumento principal es asegurar a los terroristas que no obtendrán rédito político por sus acciones, cualquiera que sea en
cada momento el Gobierno de España. Hoy, ETA no tiene esperanza, porque hay una política de Estado contra el terrorismo; por cierto, a la que no ha sido ajena la responsabilidad y altura moral de la oposición. Para ampliar el consenso alcanzado,
algo que una norma como una ley de partidos -que afecta a las reglas de juego democrático- sin duda aconseja, insistimos en ampliar ese consenso. La ley de partidos apela a estas reglas del juego, cuya vulneración -y no las ideas políticas- es
justamente lo que puede conducir a la ilegalización de una determinada fuerza política. Por eso era imprescindible no sólo contar con un apoyo cualitativo suficiente en esta Cámara, sino contar además con los mayores apoyos de procedencia diversa
que subrayaran la razón moral de esta norma, con el apoyo de fuerzas políticas con mayor variedad de proyectos que mostrara con claridad que no son los proyectos políticos, sino los comportamientos de apoyo a la violencia los que nos proponemos
prevenir, impedir, perseguir y prohibir.
Este es un punto esencial y quiero así de nuevo dirigirme a los ciudadanos españoles para decirles que, cuando esta ley esté definitivamente aprobada, podrán tener y defender los ciudadanos españoles cualquier idea, cualquier proyecto.
Entre otros, no sólo el cambio parcial de la Constitución, sino incluso total. Y reto a cualquiera que indique en qué punto de esta norma, después de las enmiendas acordadas, se prohíben organizaciones que quieran superar el marco constitucional de
modo pacífico. En ninguno. Un ejemplo servirá por todos: con la ley, cuando sea ley, se podrá defender cualquier objetivo contrario a la Constitución pero con métodos democráticos y sin embargo se podrá ilegalizar partidos que persigan objetivos
aparentemente conformes con la Constitución si lo hacen por métodos no democráticos. Apenas hace falta a estas alturas reiterar que desde el primer momento manifestamos nuestra conformidad a las modificaciones legales necesarias para afrontar con
mayor determinación esa defensa democrática. Pero tampoco creo que haga falta demostrar ahora que nuestra posición ha ido siempre dirigida a la consecución de los siguientes objetivos. Primero, que la ley subrayara más nítidamente que su objetivo
global era la defensa de la democracia, ante la cual el terrorismo etarra constituye el reto más agudo y persistente, no el único, ante el que nos enfrentamos. Segundo, que la misma alcanzara un amplio consenso, en todo caso un consenso creciente,
a cuya incorporación apelamos a quienes aún se oponen en este momento, pero que pueden alcanzar, lo creo sinceramente, un convencimiento distinto y una mayor seguridad sobre los objetivos de la norma a partir de las enmiendas que el Partido
Socialista propuso al Partido Popular y que han sido aceptadas y asumidas al texto inicial y a las que puedan incorporarse a lo largo de la tramitación, para lo cual, señorías, mostramos además nuestra plena disposición a dialogar en el trámite
parlamentario con los grupos Mixto, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida, que hoy piden la devolución de este proyecto. Tercero, que se extremara el cuidado político y la calidad técnica del texto, con el objeto de caminar con seguridad en
la dirección de los objetivos, sin dejar abiertas fisuras por donde podía escaparse la fortaleza de la norma y mermarse su indiscutible legitimidad.
Las enmiendas que hemos presentado se justifican todas ellas por estos tres objetivos y en el trabajo parlamentario seguiremos trabajando por ellos. Y manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que el Partido Popular haya rectificado
algunas de sus posiciones. Nos parecía también imprescindible, señorías, clarificar mejor el objetivo de las modificaciones que se introducían a la Ley de partidos todavía vigente, mirando al futuro y a los nuevos problemas, asegurando la buena
salud y el pluralismo de ideas y proyectos, transmitiendo con nitidez nuestra voluntad de perseguir con nuevos instrumentos los comportamientos atentatorios a las reglas democráticas así como la tolerancia activa con los mismos. Imprescindible
también precisar las conductas perseguibles que pueden conducir a la ilegalización de un partido, eliminando ambigüedades, identificando comportamientos, aclarando términos o incorporando otros. No se trata de cuestiones gramaticales sino de
garantías democráticas y las garantías en la democracia son tan importantes como las reglas. Y unas, señorías, no tienen vigor sin las otras. Tras las enmiendas que propusimos y que hoy se presentan conjuntamente, creemos de verdad que estos
objetivos están conseguidos.
He leído atentamente las enmiendas de totalidad y devolución de los grupos Mixto, PNV e Izquierda Unida y, sinceramente, creo que pierden mucho de su
sentido, porque las razones jurídico-constitucionales para impugnar este texto ya no existen. Es cierto que puede haber quien piense que sí hay razones de oportunidad política para no aprobar esta ley, es cierto, pero entonces deben
explicar qué alternativas ofrecen, porque quienes apoyan políticamente al terrorismo llevan 25 años de oportunidades. Queremos una ley que impida ese apoyo político ¿sí o no? Esta no es por tanto una ley que persiga ideas o proyectos, sólo
comportamientos de quienes no aceptan otras ideas que las suyas y tratan de imponérnoslas a todos a través de la violencia, coacción o chantaje. Esta no es, señorías, una ley que impida o atente contra el pluralismo, persigue a aquellos cuyos
comportamientos violentos atentan y ponen en peligro el pluralismo; no es una ley que vaya contra el derecho de asociación, persigue únicamente a quienes, a través de comportamientos antidemocráticos, tratan de impedir el normal funcionamiento de
las asociaciones que los ciudadanos han decidido libremente crear. En resumen, esta no es una ley que persiga ideas sino a quienes las persiguen, no elimina el pluralismo sino a quienes buscan eliminarlo, no ataca el derecho de asociación sino a
quienes atentan contra las asociaciones y los partidos políticos. No persigue ideas, no, señorías, las defiende. No atenta contra el pluralismo, lo garantiza; no restringe el derecho de asociación, lo protege.
Nos parecía también necesario evitar que el Parlamento instara directamente la ilegalización de un partido político que incumpla esta ley, porque el Parlamento debe ocuparse de diseñar y aprobar leyes y de aportar los instrumentos necesarios
para su interpretación y aplicación, pero no accionar contra el incumplimiento de la misma ante los tribunales. Ello hubiera predeterminado el sentido de la interpretación de la ley en la aplicación a ciertos supuestos de hecho y también hubiera
posibilitado una imagen perniciosa, la de que un partido político pueda instar la declaración de ilegalidad de otro partido político, algo que no es necesario, ni conveniente, ni adecuado. El papel del Parlamento queda, señorías, en el plano de la
dirección política, la acción política, un mandato al Gobierno para instar el proceso de declaración de ilegalidad.
Y nos parecía necesario también asegurar que la aplicación temporal inicial de la ley no pusiera en peligro la validación
constitucional de la misma, punto este muy importante. La aplicación de la norma dependerá de los hechos; dependerá, por ejemplo, de la propia Batasuna. Conviene constatar, señorías, que la Batasuna que hoy conocemos es incompatible con la
democracia y esta ley es necesaria porque se producen conductas reiteradas y organizadas contrarias a la democracia. Lo que se exige a Batasuna no es que abandone sus ideas sino que use los cauces democráticos, como se nos exige a los demás.
Señorías, esta no es una ley contra el nacionalismo; es una ley contra quienes apoyan la violencia.
Como alguien dejó escrito, ETA dejó hace mucho tiempo de ser nacionalista, si es que lo fue alguna vez.
Finalizo. El Partido Socialista Obrero Español, señorías, se creó a finales del siglo XIX y cuando en España empezó a respetarse el derecho de asociación, durante el siglo XX, tuvo más periodos de persecución que de legalidad. Sufrimos
persecución en la mayor parte del siglo XX. Nadie puede, pues, superar nuestra sensibilidad respecto a las garantías democráticas del pluralismo político. Tampoco es la primera vez que asumimos la defensa constituciónal y legal de las
instituciones y reglas de la democracia. Si lo hacemos de nuevo ahora, como siempre, estando en la oposición, es precisamente porque estamos hablando de las reglas mismas, del fundamento de la legitimidad democrática, ante cuya vulneración no
podemos permanecer inactivos. Es esta una ley necesaria.
Hace muchos años, María Zambrano, ante la España desgarrada por el enfrentamiento incivil de los años 1936/1939, afirmó que España era el alma estrangulada de Europa. Hoy es Europa quien
aún tiene una parte estrangulada de su alma por la violencia. Por eso debemos actuar, pero no crean que no asumimos riesgos. No crean que no los asumimos. Max Weber distinguió entre la ética de las convicciones -y frente a la convicción no hay
riesgo que la cuestione- y la ética de las responsabilidades, que exige al político valorar las consecuencias de sus decisiones. Aquí sabemos que hay riesgos, señorías, pero la política consiste en asumir los riesgos necesarios para acertar con las
soluciones. Creemos que hay muchas más razones en pro que en contra de adoptar esta decisión. Merece la pena intentarlo, porque, frente a las amenazas, no hay mayor riesgo que el conformismo de la inacción. Y, como dijo Bobbio, preservar la
limpieza de la democracia es tan importante como defenderla de sus enemigos, porque en eso mismo, señorías, reside su incontestable superioridad moral. Nuestro objetivo al apoyar esta norma y al tratar de mejorarla no ha sido otro que asegurar la
defensa limpia de los fundamentos de nuestra vida política.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arenas.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, dentro de pocos días vamos a celebrar en España el 25.º aniversario de las primeras elecciones democráticas: el 15 de junio de 1977. En 1978 los españoles, las
españolas, nos dimos una Constitución, la Constitución de la concordia, que fue un acierto colectivo y que hoy, en nuestra opinión, lo sigue siendo. Hemos sido capaces de construir también, entre todos, un sistema político en el que caben todas las
opciones. En estos años, señorías,
hemos progresado socialmente; en estos años hemos disfrutado de la libertad y de la democracia; en estos años hemos abierto nuestra economía; en estos años hemos abordado con decisión una nueva distribución del poder político en España;
en estos años hemos solventado problemas que tradicionalmente venía padeciendo la sociedad española. Y cierto es, señorías, que continúan algunos problemas, pero sobre todo persiste un grave problema: el terrorismo y el apoyo que prestan al
terrorismo determinadas organizaciones que se disfrazan de partido para tener todas las ventajas legales desde la democracia, cuando en realidad persiguen destruirla. (Aplausos.)
Señoras y señores diputados, el Gobierno trae a la Cámara en el día de hoy, con el respaldo de mi grupo parlamentario, este proyecto de ley porque tenemos un grave problema. Y la cuestión está en discutir si este proyecto de ley es eficaz
para combatir ese problema. Y es el caso, señorías, que nuestra legislación de partidos políticos ha permitido que las formaciones políticas democráticas en España se organicen, pero también es cierto que ha permitido que actúen revestidos de
demócratas los peores enemigos de la democracia. La vigente Ley de partidos políticos ha sido clave fundamental para hacer posible el pluralismo, pero es absolutamente lícito que nos detengamos 25 años después para plantearnos cómo la completamos,
porque la democracia necesita y tiene derecho a defenderse contra quienes se aprovechan del régimen de libertades para combatir la democracia desde la democracia y la libertad desde la libertad.
No puedo ocultarles que nos sentimos decepcionados al leer las enmiendas a la totalidad y al seguir también el debate parlamentario de hoy, porque creíamos que esas enmiendas nos iban a ofrecer algunas respuestas. La primera, si es cierto o
no es cierto que en España existe una amenaza real para la democracia española. Y la segunda, si esta Cámara, si el Estado de derecho, que se articula a través de la Cámara y del conjunto de nuestras instituciones, tiene derecho a combatir esa
amenaza real para la democracia española. Señorías, no se puede soslayar el problema.
Algunos eluden el fondo de la cuestión y a veces, escuchándoles, da la impresión de que no existe ninguna amenaza, no les parece que haya nada de lo que
defenderse. Con tales premisas ciertamente es comprensible la conclusión que sacan: si no existe el problema, no hemos de buscar ninguna clase de solución. Pero hay algunos, señorías, frente a los que tenemos que defendernos. Son aquellos que no
creen en las urnas, no creen tampoco en el Parlamento, no creen en la democracia y nos quieren imponer sus ideas a través de la violencia. Las reglas de juego de nuestro sistema democrático tienen que respetarse, tiene que aceptarse el imperio de
la ley y no son de recibo ficciones y apariencias, porque en la democracia se puede defender todo, vale todo, menos lo antidemocrático.
Señorías, tenemos la conciencia muy tranquila. Hemos intentado el máximo acuerdo en torno a la nueva ley de partidos, que por cierto, se diga lo que se diga, no modifica en absoluto el consenso constitucional y, si hace algo, no es más que
abundar precisamente en los principios que inspiraron el espíritu de nuestra Constitución. Yo me tengo que alegrar ante ustedes, señorías, por el acuerdo alcanzado con el primer partido de la oposición, acuerdo que esperamos que se extienda a otros
grupos de la Cámara. Ello va a significar que esta ley -así lo deseamos y a ello contribuiremos- pueda obtener el respaldo de una abrumadora mayoría, más del 93 por ciento. Por cierto, señorías, aunque democráticamente no hayan tenido a bien
escuchar esta intervención, quiero trasladar a un grupo parlamentario que me parece esperpéntico que se intente valorar una ley de estas características y de esta trascendencia en función de dónde hemos celebrado o no hemos celebrado las reuniones
el Partido Socialista y el Partido Popular. Le quiero decir a ese grupo parlamentario que nosotros estamos orgullosos del acuerdo con el Partido Socialista, como también podremos estarlo con otros partidos democráticos en esta Cámara sobre este
tema. Y, desde ese orgullo, señorías, no seremos nosotros los que tengamos que explicar otros tipos de acuerdos. A mí se me ocurre preguntar en qué localidad francesa se fraguó una reunión y un acuerdo con ETA que significó el Pacto frentista de
Estella. Esa es una preocupación distinta. (Aplausos.) No somos nosotros, señorías. Vamos a seguir hablando con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Partido Socialista en el pacto por la libertad y contra el terrorismo. Y les quiero decir
una cosa. A estas alturas de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley nos sentimos orgullosos del alto grado de consenso alcanzado y seguiremos intentando más, pero quiero recordar en esta Cámara que consenso no siempre significa
unanimidad. Y este proyecto de ley hoy probablemente cuente con más de un 93 por ciento del respaldo de la Cámara. Ahora bien, ¿lo que se pretende es bloquear la tramitación de esta ley desde posiciones políticas, por supuesto respetables, que
representan un 6 por ciento de la Cámara? ¿La aplicación del consenso significa que los que representamos al 93 por ciento de la Cámara no saquemos adelante esta iniciativa porque lo impide el 6 por ciento de la Cámara? Dicho con más claridad:
¿Si hacemos lo que dice el 6 por ciento de la Cámara somos demócratas y si hacemos lo que dice el 93 por ciento no somos demócratas? ¿Esa es la cuestión, señorías? (Aplausos.)
Apelo a sus conciencias y a su responsabilidad política. Qué hacemos en el Congreso, en el Senado y en la democracia española cuando una organización política en sus actividades utiliza la mentira y el engaño cuando
acude a inscribirse al registro, usa fondos y subvenciones públicas para financiar la violencia, airea símbolos de organizaciones terroristas en actos públicos y privados, cede los espacios gratuitos a una banda armada -como suena, a una
banda armada-, niega la condena de atentados como un respaldo a sus autores, cuenta en sus filas con una militancia de cerca de 500 personas detenidas por colaborar con el terrorismo, esconde pruebas de delitos en las sedes del partido, proporciona
información al terrorismo a través de concejales y, por último, vitorea como héroes de la sociedad a auténticos asesinos. Este es el problema real. Señorías, no estamos ante un supuesto teórico. Con frecuencia en esta Cámara nos afanamos por
salir cautelosamente al paso de posibilidades que todavía no existen en la realidad, pero que pudieran darse en el futuro. No, señorías, esta no es la situación. Los artículos de la ley que se proponen recogen desgraciadamente conductas y
comportamientos que ya se dan en la realidad cotidiana, que ocurren todos los días. Y les aseguro que a mí no me gusta nada, pero cuando algunos lean con detalle el texto de la ley se verán retratados en la misma con absoluta nitidez, nos guste o
no nos guste. Porque, señorías, en las últimas décadas nos hemos cargado de razones que justifican la necesidad de este proyecto de ley.
Mientras todo esto acontece, el resto, los demás, los demócratas, enterramos a las víctimas y damos consuelo a
las viudas, a los viudos y a los huérfanos. Mientras esto acontece, las formaciones políticas que defendemos las ideas con nuestra palabra no podemos mantener sedes abiertas en muchos casos, porque nos las atacan los violentos y los amigos de los
violentos. Mientras esto acontece, en muchas ocasiones los que defendemos nuestra idea con la palabra y con la democracia no podemos presentar listas electorales, porque hacen falta muchos muchos héroes para concurrir en ellas. (Aplausos.)
Yo les digo, señorías: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede soportar esta burla sin reaccionar? ¿Hasta cuándo pueden pensar algunos que corregir esta situación es un error político o una aberración jurídica? ¿Hasta cuándo podemos
mirarles con apariencia de impotencia y decir que no es oportuno dar una respuesta desde la ley? ¿Hasta cuándo piensa algún diputado que puede llegar la sumisión para escribir que esta ley que proponemos es inútil, que va contra la democracia y que
es una ley mordaza? Señorías, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Estas son preguntas que de forma ineludible nos tenemos que contestar. En el proyecto de ley que nos trae el Gobierno no se restringen ideas ni propuestas ideológicas, no se limita la
libertad de creación de partidos, ni el derecho de afiliación, no se exige a ningún partido ningún cheque en blanco al Estado, ni se le reclama adhesión ideológica a la Constitución, que por otra parte tiene perfectamente previstos los canales y los
mecanismos de su reforma. Por decirlo con más claridad, ser nacionalista es un derecho constitucional, tratar de imponer una idea a la fuerza constituye un ilícito penal; esa es la diferencia. A partir de ahora, habrá dos vías: la penal y la
jurídico-democrática o constitucional. No pueden confundirse, señorías, las ideas con las conductas y con las actividades.
Las ideas son legítimas, pero hay comportamientos legalmente punibles y también conductas antidemocráticas y
constitucionalmente reprochables.
Esta ley abre por primera vez en su desarrollo la puerta al ilícito constitucional a través de la Sala especial del Tribunal Supremo. No se puede afirmar, señorías, que esta es una ley que persiga las ideas, ni
del nacionalismo ni de ninguna otra organización política. Cualquier partido disfruta de una libertad absoluta para defender sus ideas nacionalistas y, si me aprietan, separatistas. Esto en el Grupo Parlamentario Popular y en mi partido no nos
asusta. Lo que sí nos preocupa es cuando un partido político no se conforma con defender sus ideas, trata de imponerlas y además no debate con los adversarios, sino que apoya a los asesinos de los adversarios políticos. Esa es la gran diferencia.
(Aplausos.) Esa es la gran diferencia. Por cierto, señorías, a nosotros nos parece básico que en defensa de nuestra democracia, de esa vía jurídico-constitucional, tanto el Congreso como el Senado puedan dirigirse al Gobierno con carácter
vinculante para solicitarle que inste la ilegalización. No podemos olvidar nunca que es en las cámaras donde reside la mayor fuente de legitimidad democrática, la sede de la soberanía popular.
No voy a consumir mucho tiempo para hablar sobre las dudas de constitucionalidad que han expresado algunos, pero me permitirán que les diga que en nuestra opinión el proyecto que nos remite el Gobierno es impecable en términos
constitucionales y que así lo han garantizado tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado.
Algunos, señorías, en el debate de hoy han planteado que este proyecto de ley va a crispar la vida democrática en el País Vasco, que este proyecto de ley va a radicalizar posiciones. Yo les pregunto desde el más escrupuloso respeto: cuando
alegan esto, ¿lo alegan en serio? ¿Qué más cabe? ¿Se puede ir más lejos del secuestro, del asesinato y del coche-bomba? ¿Se puede hablar de normalidad democrática sin distinguir minuto a minuto entre víctimas y verdugos? ¿Se puede hablar de
normalidad cuando muchos ciudadanos no pueden vivir tranquilos, dormir tranquilos, debatir tranquilos, pensar tranquilos, simplemente porque sus ideas son objetivo del terror? ¿De verdad creen que con esta ley -como dicen- se intensificará el
enfrentamiento y abocará a la fractura social? Pues yo les digo rotundamente que ustedes están confundiendo el futuro con el pasado, porque todo eso ha pasado ya en el País
Vasco. (Aplausos.) Todo eso ha pasado ya en el País Vasco. Cuando algunos con toda tranquilidad, señorías, nos han dicho -y aguantamos porque al final la democracia es eso, aguantar con respeto las críticas, incluso las más injustas- que
la voluntad política de esta ley era criminalizar las ideas, ¿se están olvidando de cuántos crímenes se han producido en el País Vasco, de cuántos asesinatos contra personas que no compartían las ideas de los terroristas? Quien hace esa afirmación
¿se olvida de cuántos han sido asesinados en el País Vasco por tener una idea de España y por defender un proyecto en común para España? Eso, señorías, sí que es criminalizar las ideas, y lo sabe muy bien la sociedad española, que creo que asistirá
sinceramente atónita a algunos comentarios extraordinariamente exagerados que se han hecho sobre el texto del Gobierno.
Hemos oído a un grupo parlamentario, que no nos concede a esta mayoría ni siquiera la posibilidad de oír nuestros argumentos, que en Alemania la idea certificada jurídicamente es que las luchas de los partidos políticos se hacen en la arena
política. Aquellos que han hecho comentarios exagerados sobre el texto del Gobierno qué dirían si observan el derecho comparado y ven que en Alemania ya se han ilegalizado dos partidos políticos y en trámite está el tercero; qué dirían cuando
observen el derecho comparado en el que se dice que un partido puede ser ilegalizado si atenta contra la República Federal o si atenta contra la soberanía nacional. Y es que cuando se hacen esas intervenciones al final se dice: España en esta
materia está en la cola de Europa. ¿Qué dirían algunos? Acudan al derecho comparado. Las democracias, no sólo en España, han tenido que defenderse de amenazas reales contra ellas realizadas siempre desde la violencia o desde el terror.
Todos los que estamos aquí tenemos claro que cuando se plantea un proyecto de ley es para que sea eficaz. También les quiero decir que este proyecto de ley ni antes tenía problemas de retroactividad, ni los tendrá ahora con las enmiendas.
No tiene efectos retroactivos. Les digo más, estoy convencido de que si esa formación política que pretendo no citar en mi intervención, esa coalición renuncia a la violencia, condena la violencia, rompe con el terrorismo y se incorpora a la
convivencia democrática, la justicia no la va a ilegalizar. Esa es la mejor prueba de que no hay retroactividad. Pero, cuidado, serán los jueces los que analicen trayectorias y antecedentes, los jueces. Cuidado, que no haya retroactividad no
significa que dejemos una puerta abierta al fraude de ley y, cuidado también, este proyecto de ley -no es nuestra intención- no alberga en absoluto la posibilidad de que la nueva ley de partidos políticos se convierta en una amnistía ni en ofrecer
nuevas oportunidades a los que machacan la libertad.
Algunos de ustedes también han sostenido que la posible ilegalización de una formación política le da alas. ¿De verdad creen que esta ley va a fortalecer al partido violento? Si uno tiene en cuenta los movimientos que está haciendo el
partido violento, no parece que piense lo mismo ese partido violento. ¿Saben lo que sucede? Que algunos, claramente, miran bajo los intereses electorales. (Rumores.) Sí, sí. Con todo respeto les he oído a ustedes y les pido que ustedes me oigan
a mí con el mismo respeto. Señorías, por muchos votos que se arrebaten a un partido violento -y tengo que decir que hay algunos que están haciendo un gran esfuerzo para mostrarse atractivos a esos efectos: la búsqueda de votos de los partidos
violentos-, no se acabará con el partido violento y el problema no estriba en que los votos del partido violento sean más o sean menos, sino en que exista como partido político un partido violento. Los beneficios de un partido político a la hora de
brindarse al terrorismo no se derivan de sus más o menos votos, de sus resultados electorales; se derivan de la mera existencia del partido. Con más claridad, es la existencia de los partidos la que suministra altavoces, propaganda, candidaturas y
fondos públicos; es la existencia de un partido con más o menos votos la que está ayudando al terrorismo a organizarse. Señorías, creo que están en un error. Lamento que se equivoquen en temas de tanta trascendencia, porque desde luego este
proyecto de ley es una pésima noticia para ETA, para su partido político y para los violentos. ¿Saben ustedes lo que de verdad le da alas a un partido violento? Lo que le da alas a un partido violento es la esperanza de una negociación política
forzada desde la violencia, eso sí le da alas y por supuesto también le da alas comprobar que algunos anteponen otras consideraciones a los más elementales principios de la democracia.
En otras intervenciones, señorías, se ha puesto de manifiesto que este proyecto no es oportuno. Pues les quiero explicar una paradoja. Resulta, señorías, que cada vez que se trae a esta Cámara un proyecto que perfecciona los instrumentos
del Estado de derecho contra la violencia, a algunos nunca les parece oportuno. Yo les preguntaría: ¿hasta cuándo lo van a considerar inoportuno? ¿Qué están esperando ya que suceda para que les parezca oportuno? Pues bien, en una de las
enmiendas de totalidad presentadas se dice que el proyecto que remite el Gobierno no es oportuno porque ya con las modificaciones que se introdujeron en el Código Penal hay recursos suficientes. Señorías, lo que no se explica en esa enmienda a la
totalidad es que aquella reforma, la que proporciona recursos suficientes, contó con el voto en contra del enmendante porque no le parecía necesaria ni oportuna, o sea, que no sólo votan en contra de los pasos adelante, sino que
utilizan pasos adelante anteriores para justificar su posición actual, eso sí, olvidando que votaron en contra de aquel paso adelante. Esa es la realidad, señorías (Aplausos.), artículo 577 del Código Penal, reforma que también nos trajo el
ministro de Justicia a la Cámara.
No me voy a alargar mucho más. (La señora Alborch Bataller pronuncia palabras que no se perciben.) No creo que la señora diputada controle el tiempo, será la presidenta quien lo haga, supongo. ¿Le molesta mucho o qué?
La señora PRESIDENTA: Señor Arenas, continúe con su discurso, por favor.
El señor ARENAS BOCANEGRA: Señora presidenta, en una sesión tan larga creo que es la única objeción que he visto en todas las intervenciones que han sobrepasado el tiempo. En cualquier caso, le agradezco su amparo.
Señorías, decía que creo que este proyecto de ley ofrece muchas más garantías que la ley anterior. Es rigurosamente cierto que abre una nueva vía a la vía penal ya abierta, la democrática constitucional. Alguien ha preguntado también en
este debate que por qué se presenta este proyecto de ley ahora. Señorías, se presenta ahora porque consideramos que lo demanda la sociedad española, se presenta ahora porque opinan lo mismo las principales fuerzas políticas y se presenta ahora
porque en esta materia el tiempo desde luego no es neutral. Será siempre una decisión del Poder Judicial. Entrarán en juego los dos más altos tribunales en España: el Supremo y el Constitucional. Algunos de ustedes han dicho que les gusta más la
Sala civil, otros han dicho que les gusta más la Sala de lo contencioso. A nosotros, modestamente, nos parece un gran hallazgo del ministro de Justicia proponernos la Sala especial del Tribunal Supremo, que es la sala más representativa en su
conjunto de tan alto tribunal.
Algún grupo enmendante nos ha dicho que no hay recurso. Se olvida que hay un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, pero también ese grupo enmendante debe estudiar el derecho comparado para comprobar que en
esta materia no existen dobles ni triples instancias, porque estamos hablando de una vía que no es la vía penal. En cualquier caso, señorías, a nosotros nos parece que las garantías son más que suficientes.
También se nos ha dicho que esta ley puede contribuir a un mayor cisma en el País Vasco. Yo les pregunto: ¿es posible un mayor cisma que el existente ahora, en que hay ciudadanos que matan, otros que lo justifican y los demás viven la
amenaza de muerte? Esta mañana se ha dicho con brillantez por parte del ministro que la oposición en el Parlamento del País Vasco vive con escolta, y se ha respondido en esta Cámara que en el caso de Navarra también vive con escolta y no gobierna
el mismo partido.
Señorías, gobernarán distintos partidos en el País Vasco y en Navarra, pero los responsables de que haya escoltas en el País Vasco y en Navarra son exactamente los mismos, los violentos y los amigos de los violentos que les
apoyan, exactamente los mismos. (Aplausos.)
Señorías, para sacar adelante este proyecto se necesita mucha decisión y también mucha convicción y no se puede atender ni a falsos pudores democráticos, ni al miedo inconfesable a lo desconocido, ni al temor al pecado de la inoportunidad.
Si así fuera, estaríamos atando de pies y manos a nuestra democracia para defenderse. No nos engañemos, el debate central no es el debate jurídico, el debate central no es el de la oportunidad, no está en la semántica; el debate real es cómo nos
defendemos de quienes quieren imponer sus ideas a través del terror.
Nosotros no queremos que en absoluto se utilice el pluralismo para atacar el pluralismo. En España se puede cuestionar cualquier aspecto de nuestra Constitución española; la
misma Constitución española establece los canales de la reforma. Ahora bien, los que están de acuerdo con la Constitución española y los que no comparten la Constitución española tienen que cumplir la Constitución española, y tienen que hacerlo
porque el Estado de derecho y la democracia misma se basan en el principio de la legalidad y en el imperio de la ley.
El debate central también gira en torno a quién quiere derrotar el terrorismo desde el Estado de derecho y quién quiere simplemente que desaparezca el terrorismo a través de una negociación y digo algo que me parece contundente pero en lo
que creo sinceramente. Hay algunos a quienes les preocupan más las iniciativas de los demócratas españoles que las barbaridades de algún partido violento vasco (El señor Leguina Herrán: ¿Quiénes?) y se preocupan más de salvar las posibilidades de
la autodeterminación que de perseguir a los extremistas violentos. Yo les quiero decir que no tengo nada que objetar a los nacionalistas democráticos. Ahora bien, si yo fuera nacionalista... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor ARENAS BOCANEGRA: ... si yo fuera nacionalista, que no lo soy, sería consecuente y sería el primer interesado en que nadie ensuciara mis ideas con sangre inocente. Nunca reconocería como correligionarios a los que matan, ni les
llamaría patriotas, ni pactaría con ellos, porque si lo hiciera, mi postura sería equívoca, ya que estaría defendiendo la democracia, pero pactando con los intolerantes, porque estaría rechazando los procedimientos pero no a quienes los emplean. Si
yo fuera nacionalista, intentaría ser consecuente. No
toleraría que nadie envileciera mis ideas con crímenes, y si alguien asesinara en nombre de mis ideas, tendría que dejarles a un lado, alinearme con las víctimas y clamar contra los verdugos.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy terminando a la hora de afirmar que nos queda trabajo parlamentario por delante. Nuestro grupo está a disposición de la Cámara para corregir y mejorar el texto, pero siempre respetando los
principios esenciales que lo inspiran. Hemos querido y queremos que este proyecto de ley tenga el máximo respaldo posible del Parlamento, como estamos seguros de que lo tiene en la sociedad española. Permítanme que presente un reconocimiento
especial al Partido Socialista Obrero Español, que ha mantenido una actitud que ha hecho posible el acuerdo y que en todo momento ha sabido diferenciar lo fundamental de lo secundario. Señorías, estoy seguro que en el acuerdo del Grupo Popular y
del Grupo Socialista el único derrotado es el terrorismo. Deseo también trasladar nuestra gratitud al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que han mostrado siempre su predisposición para
alcanzar un acuerdo. Estoy seguro de que en ponencia y en Comisión podremos concretar los aspectos sobre los que ya hemos avanzado.
En resumen, señora presidenta, esta ley tendrá sólo una gran consecuencia: fortalecer los pilares de la democracia española. Es una ley necesaria para combatir una amenaza real y una ley que privará de espacios y de oxígeno al terror. En
España se ha sufrido mucho, seguro que desgraciadamente quedan horas amargas, estamos en una nación que ha dejado escritos en los versos de uno de sus mejores poetas, León Felipe, unas palabras estremecedoras: Aquí el hacha es la ley y el hacha es
la que triunfa. Pues bien, señorías, los miembros del Grupo Parlamentario Popular no queremos nunca más la España del hacha y del terror, y aunque nos contesten con el hacha, nosotros seguiremos hablando desde la ley, porque en la ley está la
razón.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arenas.
Señorías, vamos a pasar a la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica de partidos políticos. Antes de iniciarla quiero comunicar a la Cámara que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha solicitado la
votación separada de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), petición que no es contraria al Reglamento, pero que no es habitual, por cuanto los precedentes en esta Cámara es que se voten conjuntamente todas
las enmiendas de devolución presentadas y luego, aparte, las de texto alternativo. Por ello, pregunto a la Cámara si hay algún grupo parlamentario que tenga inconveniente en que la solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sea
atendida. (Pausa.) ¿Entiendo que ningún grupo se opone a la petición de Convergència i Unió? (Pausa.) Entonces iniciamos la votación, en primer lugar, de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 34; en contra, 277; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas a la totalidad de devolución.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 20; en contra, 278; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por último, votamos la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el diputado señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 19; en contra, 278; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
(Las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie, aplauden al señor ministro de Justicia.)
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LA MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000. (Número
de expediente 245/000003.)
La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Propuestas de resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2000.
En primer lugar, para la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón. (Rumores.)
Señorías, vamos a continuar con el debate del último punto del orden del día, por lo cual, una vez más, ruego a los miembros de la Cámara que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio y de manera diligente. (Pausa.)
Adelante, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después del punto anterior uno tiene ya la conciencia y asume el papel de telonero, con lo cual procurará humildemente cumplir con el menester, máxime, señorías, cuando el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no es muy
creyente en cuanto a un trámite de esta enjundia, como ya lo hemos demostrado y lo hemos dicho en otras ocasiones, porque tiene bastante de diálogo de sordos. Además, señorías, en el actual contexto, empieza a ser ciertamente sarcástico que los
grupos parlamentarios instemos al Consejo General del Poder Judicial, cuando todas y todos sabemos que la mayoría que controla el mismo responde de forma fiel y leal a las órdenes que emanan de la calle San Bernardo o desde La Moncloa y que lo que
desde aquí se le diga al Consejo General del Poder Judicial no solamente le trae al pairo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rejón, por favor. Señorías, hay un diputado en la tribuna en el uso de la palabra al cual es imposible que se le escuche.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta, por su amparo.
Decía que no solamente le trae al pairo la mayoría del Consejo, sino que pondrá todo de su parte para que no se realicen muchas de las resoluciones que aquí hoy se aprueben, y desde el principio digo que mi grupo parlamentario va a votar
afirmativamente a todas las propuestas de resolución presentadas por la totalidad de los grupos parlamentarios.
Estamos en estos momentos en una situación verdaderamente delicada y peligrosa en el terreno de la justicia. El Gobierno, nos guste o no nos guste, dispone de un programa oculto de contrarreforma y derechización de la justicia, al que
intenta dar cobertura mediática y parlamentaria a través del pacto de Estado por la justicia, firmado en principio por el PSOE pero en cuya comisión de seguimiento estamos integrados todos los grupos parlamentarios del Congreso. Hemos de reconocer,
y no nos cabe dolor en ello, que la situación estratégica del partido que soporta al Gobierno es inmejorable, dispone de una disciplinada mayoritaria en el Consejo General del Poder Judicial que lamina la pluralidad en el seno de dicho órgano y que
lo mismo readmite en la carrera judicial a un juez declarado por sentencia judicial firme como prevaricador y con antecedentes penales todavía en vigor, por ejemplo, que realiza una política de nombramientos judiciales sectaria, o retrotrae la
escuela judicial al siglo XIX con métodos y contenidos ciertamente alejados de la España que se constituye en Estado social y democrático de derecho en el año 1978, como esta tarde y esta mañana ampliamente se ha dicho desde esta tribuna. Por otra
parte, el Partido Popular está desarrollando en este Congreso de los Diputados rodaja a rodaja su programa de contrarreforma de la justicia, es decir de vuelta a una concepción corporativa, gubernamental y alejada de la vocación de servicio público
que la justicia debería de tener en un Estado social y democrático de derecho, sin que los grupos parlamentarios que no compartimos tal programa retrógado, de involución de la justicia seamos capaces de frenar tales proyectos, y también -perdón por
la redundancia-, es de justicia reconocerlo. Finalmente no es menos cierto que gracias al control de los medios de comunicación de que dispone el Gobierno del Partido Popular, se le está vendiendo a la ciudadanía que por fin un Gobierno tiene los
arrestos de solucionar los problemas y males endémicos de la justicia española, cuando en realidad lo que está sucediendo es que caminamos como los cangrejos, en este caso hacia atrás. En este contexto seriamente adverso a una comprensión
democrática y progresista del servicio público de justicia, no podemos separar un trámite como la aprobación de resoluciones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial del rumbo general del pacto de Estado por la justicia. Esto es así por
varias razones: en primer lugar, señorías, por haber nacido el Consejo General del Poder Judicial del espíritu de consenso del pacto de Estado por la justicia y estar el Consejo consecuentemente obligado a desarrollar una política de consenso, como
bien defendía en la prensa hace unos días un reputado fiscal del Poder Judicial. Otra razón que justifica que no separemos este trámite parlamentario del rumbo general del pacto de Estado por la justicia es el hecho de que la mayoría del Consejo
General del Poder Judicial trabaja disciplinadamente al servicio del Ministerio de Justicia. Es un dato público y notorio que a determinados vocales del Consejo General se les ve tanto o más por la calle San Bernardo que por el propio Consejo.
Desde luego el tiempo pasa y nos da la impresión de que todos los buenos propósitos de mejora material y modernización de la Administración
de justicia se los lleva el viento. En las oficinas judiciales, señorías, se ríen por no llorar de la palabrería oficial del ministerio en relación a la mejora de las sedes, las condiciones de trabajo, los procedimientos o los medios. A
pie de juzgados saben de sobra que el PP en materia de justicia desde su centro de poder y decisión -ministerio, fiscal general del Estado y Consejo General del Poder Judicial- sólo va a realizar reformas que interesen o a los lobbies que sobre él
mismo presionan, y a los funcionarios de la Administración de justicia no les falta razón pues el señor Acebes hace más bien una política de fotos de cara a la galería y concesiones a los lobbies. Me explico. Se suscribe, por ejemplo, en esta
Cámara una carta de los derechos de los usuarios de la justicia con el consenso y aplauso de todos, con una literatura impecable, pero de momento señorías, solamente disponemos de eso, de literatura, cuando además la aprobemos; no se han producido
las reformas reales, ni hay un verdadero interés en aumentar los gastos públicos reales que puedan ayudar a mejorar la posición de los ciudadanos ante los tribunales y juzgados. Por otra parte el Gobierno, por ejemplo, tiene mucho interés en crear
nuevos tipos de juzgados, los mercantiles, que se convertirían en una jurisdicción especial para adinerados, que trataría con rapidez y modernidad los problemas jurídicos de las grandes empresas.
Una tercera foto, por ejemplo, serían los juicios rápidos en toda España y para ello, señorías, en vez de rascarse el bolsillo -y permítanme esta expresión coloquial- y gastar dinero público en poner medios materiales y humanos que permitan
la realización de los juicios rápidos en toda España -pues ya hay marco legal suficiente para que haya juicios rápidos-, el ministro de Justicia en vez de rascarse el bolsillo decide reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y continuo con las
fotos. En un reciente paquete normativo, el Gobierno nos hace saber que va a crear un exámen para que los licenciados en derecho puedan llegar a ser abogados y que ese exámen será realizado por los colegios de abogados. A nosotros nos parece
magnífico que se haga el exámen, estamos de acuerdo con ese proceso, pero desde luego no estamos de acuerdo en que lo hagan los colegios de abogados, no por aquello de que la zorra cuide las gallinas, sino porque no nos parece lo más adecuado que
sean los colegios quienes hagan los exámenes. Pero, señorías, no crean que el Gobierno es tan generoso que sólo atiende a los lobbies más conservadores y corporativos, también atiende sus propias necesidades y por ello impulsa una política de
nombramientos judiciales que favorece de forma descarada al ala dura de la derecha judicial y controla de forma férrea la Sala Segunda del Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado en defensa de sus ministros y altos cargos involucrados en
asuntos turbios. Ayer podíamos leer en teletipos, y hoy en los medios de comunicación, a un determinado fiscal que dice que aunque el cree que cierto ministro tiene que declarar como imputado, tiene que pedir el archivo del caso por orden directa
del fiscal general.
Pues bien, en este contexto de fotos para la galería y concesión a los lobbies corporativistas y conservadores, llega el último globo sonda. La serie de primicias dadas por determinados medios de comunicación -en concreto, El Mundo y otros-
sobre la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial para evitar la ruptura de España y para impedir que abogados de izquierdas contaminen la carrera judicial sin pasar la preceptiva oposición, nos parece la última gota o la sardina que va a
arrancar muchos de los buenos compromisos que había en este foro. Vaya por delante que nos produce vergüenza ajena que desde el Ministerio de Justicia se nos diga que ellos también han conocido la novedad de la Ley orgánica del Poder Judicial a
través de la prensa; vaya también por delante que es indignante que esas novedades se conozcan primero en la redacción de un periódico que en Congreso de los Diputados, pero sobre todo nos preocupa el hecho de que ha emergido el verdadero programa
del PP en materia de justicia; programa que consiste fundamentalmente en pasar de los administrados y no gastar ni un duro en la modernización de la justicia, hacerse muchas fotos de cara a la galería y derechizar e hipercentralizar y
desdemocratizar todo lo posible el Poder Judicial. Ante este difícil panorama para la izquierda social, política y judicial española cabe preguntarse qué hacer. Creo que en modo alguno nos podemos limitar a presentar una propuesta de resolución
más o menos respetable -que ya anuncio, como decía y repito, vamos a votar todos a favor- y aguantar el chaparrón. No sé lo que pensarán otros grupos parlamentarios, pero desde luego nosotros no estamos dispuestos a ser pacientes y educados
espectadores del funcionamiento de una maquinaria política que se está desentendiendo de las necesidades del ciudadano en materia de justicia y que se está aplicando con saña a realizar una operación de limpieza ideológica en el Poder Judicial y a
complacer a todos y cada uno de los lobbies corporativos y conservadores, alejando así más si cabe a nuestra justicia del ideal de un servicio público.
Termino, señora presidenta. Desde el respeto, le exigimos hoy, le pedimos aquí al ministro de Justicia -que al fin y al cabo es el jefe de ese proceso de derechización de la justicia española- que deje de hacerse fotos para la galería, que
empiece a gastar dinero en aquello que los ciudadanos necesitan para tener un mejor servicio público de la justicia, que ponga freno a la derechización, a la hipercentralización del Poder Judicial y que recomponga los puentes entre el ministerio,
los grupos parlamentarios integrados en la comisión
del seguimiento del pacto de Estado de la justicia, pues el nivel de instrumentalización, deslealtad y desprecio se está volviendo insoportable.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El debate de las propuestas de resolución que presentamos después de la presentación de la memoria por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial, es un debate gafado. Siempre coincide -tengo que decirlo- con otros temas de
enorme trascendencia, actualidad e interés el hecho de que lo que vamos a debatir ahora no deje de tener ese interés y hace que aparezca tremendamente matizado en un momento final del Pleno y con cierta sensación de prisa por parte de diversos
diputados. En cualquier caso el hecho de que este debate en los últimos años transcurra de esta manera, no impide sin embargo que debamos dedicar unos minutos a ello y que aspiremos a que algún día pueda ser el gran debate de la situación de la
Administración de la justicia que se realice en este Pleno. Debo tranquilizar al señor Rejón porque es absolutamente imposible que él sea telonero de nada; sus intervenciones tienen unas características que hacen imposible que pueda resignarse a
esa condición.
En cuanto a la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que deben ser posteriormente votadas, permítanme que manifieste lo siguiente. En primer lugar, señorías, y como tuve ocasión de
indicárselo al presidente del Consejo General del Poder Judicial en su comparecencia hace un mes ante la Comisión de Justicia, es absolutamente imprescindible establecer cierto cauce o tratamiento formal a las relaciones entre el Congreso de los
Diputados y el Consejo General del Poder Judicial, de ahí que la primera propuesta de resolución consista precisamente en señalar la necesidad de que en la memoria del Consejo se incluya un apartado relativo a las relaciones institucionales entre el
Consejo y este Congreso de los Diputados, donde precisamente se señalen cuáles son las propuestas de resolución aprobadas por el Congreso en un trámite como el que hoy nos ocupa, que se cumplan dichas propuestas de resolución -cosa que no ha
ocurrido con las que aprobamos precisamente el año pasado- y al mismo tiempo se incluyan también aquellas propuestas que desde el Consejo General del Poder Judicial llegan de vez en cuando a los grupos parlamentarios, a la Comisión de Justicia, en
la mayor parte de los casos propuestas de reformas legislativas y que de esta forma permitan, a través de la memoria, encauzar estas relaciones institucionales.
Atendiendo al contenido de nuestra primera propuesta de resolución, la número 19, procedemos a retirar la propuestas quinta y sexta, que aparecen numeradas como 23 y 24, en la medida que ya da cumplida satisfacción a éstas lo dispuesto en
esa primera propuesta de resolución y habiendo formulado ante el presidente del Consejo nuestra queja por no haber sido atendidas nuestras propuestas de resolución, creemos que no procede en estos momentos efectuar esa queja a través de una
propuesta de resolución aprobada ya por el Pleno.
En segundo lugar, y muy fundamentalmente a partir de la aprobación de la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia, requerimos también un adecuado tratamiento en la memoria del Consejo General del Poder
Judicial a estas quejas que formulan los ciudadanos. Queremos que se incluya una especial referencia a la unidad de atención al ciudadano por parte del Consejo General del Poder Judicial y que se expongan con detalle suficiente cuáles son las
quejas que presentan los ciudadanos sobre el funcionamiento de esa Administración de justicia. En estos momentos el tratamiento que se efectúa en la memoria, puramente estadístico y muy escaso, nos impide a los diputados conocer de qué se quejan
los ciudadanos respecto al funcionamiento de la Administración de justicia, siendo mucho más explícita la memoria que presenta el Defensor del Pueblo, lo cual no tiene ningún sentido. Por tanto solicitamos del Consejo que en las próximas memorias
se incluya esa especial referencia al funcionamiento de la unidad de la atención al ciudadano.
Se constata año tras año la disminución en algunos casos del número de sentencias que se dictan por algunos órganos y también en un determinado nivel jurisdiccional. Ciertamente la bolsa de asuntos pendientes va disminuyendo año tras año,
pero lo que no acabamos de entender es por qué, si se produce esa disminución global en algunos niveles de algunos órdenes jurisdiccionales, sin embargo no se produce esa reducción, incluso se produce el aumento de la bolsa pendiente. Concretamente
en la memoria que se nos presentó referida al año 2000 se constata una reducción del número de sentencias, por un lado en el orden laboral en los tribunales superiores de justicia, en el orden penal en las audiencias provinciales y en la primera
instancia civil. De ahí que solicitemos del Consejo que nos formule alguna hipótesis de cuál ha sido la causa de esta reducción del número de sentencias.
Qué decir, señorías, de algo que nos preocupa enormemente, que es la ejecución de las sentencias civiles. Muchas veces da la impresión de que en el momento que se dicta una sentencia ya se da carpetazo, ya no tiene interés ni siquiera
estadístico lo que ocurra a partir de ese momento, y a partir de ese momento lo que ocurre es que la sentencia se ejecuta, muchísimas veces no se ejecuta, o las más de las veces tarda muchísimo en ejecutarse, de ahí que también solicitemos del
Consejo que efectúe un seguimiento y nos informe respecto de la ejecución de sentencias en el orden jurisdiccional civil y muy concretamente de las sentencias que se dictan por parte de los juzgados de familia. Es algo que ha sido puesto de
manifiesto reiteradas veces por mi compañera Mercè Pigem y que deseo reiterar. También deseo reiterar la valoración positiva que efectuamos respecto a la decisión de la comisión de selección de pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal de
que los tribunales puedan desplazarse a determinados territorios y comunidades del Estado que tengan número de aspirantes suficiente para el desarrollo de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal.
Finalmente querríamos hacer una doble apuesta. Una apuesta por la especialización, fundamentalmente por avanzar en la separación de los órdenes jurisdiccionales civil y penal, y por tanto ir reduciendo el número de juzgados que son
simultáneamente de primera instancia y de instrucción, y porque el Consejo General del Poder Judicial vaya adelantando los deberes -entre comillas-, vaya instrumentando aquellos medios que permitirán que los juzgados de lo mercantil realicen una
labor exitosa. Obviamente, estos juzgados de lo mercantil en estos momentos no están en vigor. Todo nos lleva a pensar que a través de la aprobación de la ley concursal y de la modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial que acompaña a la
ley concursal se establecerán estos juzgados de lo mercantil, juzgados que en el mejor de los casos conocerán también de las ejecuciones del orden laboral-social, de aquellas ejecuciones que deban acumularse a estos procedimientos concursales y que
en otro caso conocerían incluso hasta de acciones declarativas laborales. Esto pone encima de la mesa la gran necesidad de especialización de los jueces que deban servir estos juzgados de lo mercantil, que no sólo deberán tener conocimientos de
derecho mercantil y de derecho privado, sino también y fundamentalmente de derecho laboral, de contabilidad y de otras materias extrajurídicas, de ahí que lo mejor será que cuanto antes se empiece a elaborar algún plan para que los funcionarios que
sirvan, que sean los titulares de estos órganos jurisdiccionales cuenten con la especialización adecuada.
Este es el planteamiento de las propuestas de resolución de Convergència y Unió. Debo señalar que vamos a votar favorablemente algunas propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista, la mayor parte, y que lamentamos mucho
abstenernos, como haremos, en las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Mi grupo, juntamente con el Grupo Popular, entiende que este trámite debe servir para formular propuestas o solicitudes al Consejo General del
Poder Judicial; que para instar del Gobierno hay otros trámites parlamentarios, los hay cada semana, y desde luego no procede instar de las comunidades autónomas porque entendemos que no es el ámbito adecuado. De ahí que compartiendo alguno de los
planteamientos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, entendemos que sus propuestas de resolución no están redactadas de forma que nos permita votarlas favorablemente. Por tanto anuncio ya esa disposición de voto y deseo que en otra memoria,
en otro año podamos tener un debate como el que el Consejo General del Poder Judicial y la situación de la justicia merecen.
Muchas gracias, señora presidenta y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, haré la defensa de las resoluciones de mi grupo con la brevedad que requiere el trámite parlamentario a estas horas de la tarde y con la esperanza, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
que en algún momento podamos recuperar la esencia real de este debate, que es un debate anual sobre los temas de justicia, consecuencia de la presentación de la memoria por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que hacerse
por obligación reglamentaria en una Comisión -no puede hacerlo en este plenario-, y la ratificación, en su caso, del debate anual sobre la justicia que debemos hacer los parlamentarios va, insisto como decía el portavoz catalán, diluyéndose con el
transcurso del tiempo, de forma que cada vez más los distintos portavoces nos limitamos a ir corriendo a uña de caballo y explicar con brevedad las resoluciones que hoy aportamos para que consigan, a ser posible, la confianza de la Cámara.
No romperé yo esta tradición ya última, pero desearíamos de verdad, señora presidenta, señorías, que a ser posible la próxima vez no hiciéramos un debate de carácter menor de un debate importantísimo acerca de una institución que es la
tercera del Estado, como sabemos
bien. No tenemos ningún apuro en reiterar nuestro aprecio y nuestra preocupación para que solucionen -ellos, nosotros, etcétera- los problemas de la justicia de la mejor manera posible.
Nuestras resoluciones son consecuencia del debate que tuvo lugar en la presentación de la memoria, planteamos ocho y creo que van a tener algunos apoyos, otros no del grupo mayoritario, pero insisto que reflejan determinados objetivos que
hemos querido remarcar este año de manera especial.
El primero es la creación de una comisión de carácter mixto Parlamento-Consejo General del Poder Judicial en la forma que el Parlamento considere oportuno. Existe ya entre dos poderes del Estado como son el Consejo General del Poder
Judicial y el Ejecutivo, pero no existe entre este Parlamento, en cuyo origen está precisamente el nombramiento de ese Consejo General del Poder Judicial, y el tercer poder del Estado. Esa comisión pensamos que sería eficaz, es sin duda necesaria,
mantendría con fluidez unas relaciones importantes y necesarias de carácter político y legislativo y tendría -ahora seguramente más- una virtualidad que nosotros no debemos dejar caer y es que haría más fácil el desarrollo y la ejecución del pacto
por la reforma de la justicia y quizá haría también más comprensible este pacto para otros protagonistas del mundo del derecho como son los del mundo judicial. Por tanto, esta comisión nos parece importante y creemos que fue recogida -no asumida
pero sí recogida con simpatía- por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, al menos no la rechazó, no dijo nada en contra en la comisión como consecuencia de su comparecencia, y nosotros, a la vista de esa actitud no pasiva, nos
animamos a solicitarla de este Parlamento.
En segundo lugar creemos oportuno que haya mayor fluidez en las relaciones Parlamento-Consejo por vía de las comparecencias en esta Cámara no sólo de la presidencia sino también de distintos vocales del Consejo especializados en distintos
sectores o que tienen competencia en ellos y que pueden dar cuenta detallada al Parlamento de su trabajo, de su interés, de sus objetivos, de sus preocupaciones o recomendar al Parlamento apoyos y necesidades que tenga este Consejo. Quiero recordar
a la Cámara (no sé si esto contará con el aprecio del grupo mayoritario y por tanto con sus votos y el apoyo necesario para que esto siga adelante) que en el artículo 23 del pacto de Estado por la reforma de la justicia ya advertíamos del interés
por mantener un nivel de comparecencias no sólo mayor sino distinto al que en estos momentos se produce en esta Cámara y que se limita a la presentación de la memoria por el presidente del Consejo. Por tanto más comparecencias, no sólo del
presidente sino también de los vocales en atención al espíritu que envuelve la resolución número 23 del pacto de Estado por la reforma de la Administración de justicia.
Junto a estos dos temas que nos parecen enormemente importantes (incrementar en el fondo las relaciones entre Parlamento como poder del Estado-Consejo General del Poder Judicial, también poder del Estado, que prácticamente no existen en este
momento) hay otros que no son sino reiteración de apuestas, de resoluciones o de peticiones que hemos venido haciendo a esta Cámara durante distintos debates en el pasado. Uno es que valoremos de verdad, con seriedad, por parte del Consejo y
también por parte de la Cámara y del Ejecutivo, la importancia de que en la jurisdicción de menores exista un número cada vez mayor de especialistas; también lo pedíamos el año anterior, se resolvió así, no tenemos noticia de que se haya producido
y por tanto lo reiteramos. Un incremento de medios para la mejor implantación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también solicitamos el año anterior en la resolución número 14 que aceptó la Cámara, y nos parece que, al menos en algunas
comunidades autónomas, esto no se ha producido. Junto a ello necesitamos que se nos dé información detallada, porque lo habíamos reclamado en su momento, de cuál es la implantación y el éxito o fracaso (creemos que ha sido más un éxito que un
fracaso) de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de jurisdicción de menores. Se prometió por parte del Consejo General del Poder Judicial, sabemos que hay unos estudios promovidos por el propio Consejo, pero la Cámara no tiene conocimiento
acerca de cuáles son los resultados de este estudio.
Creemos indispensable que se nos remitan las estadísticas judiciales con una periodicidad mensual. Se nos ha advertido por parte del grupo mayoritario que mediante una enmienda in voce se va a aceptar que esa presentación de estadísticas
judiciales se haga trimestralmente. Nos parece oportuno y votaremos a favor de esa transacción. Queremos que el Parlamento conozca al día y de manera habitual cuáles son las estadísticas judiciales porque nos parece de enorme importancia, incluso
a efectos de estimular el trabajo judicial y por tanto a reducir la pendencia que en estos momentos hay en los juzgados.
Termino ya, señora presidente. Solicitamos también un plan de actuación -no nos atrevemos a llamar de choque porque parece un exceso que puede tener otras connotaciones-, no medidas concretas sino un plan de actuación y una mayor
especialización para la persecución de todos los actos, no sólo delitos sino todos los actos que vayan en contra de la mujer, los actos que vienen definidos como violencia de género. Nos parece importantísimo; es más, creemos que se han alcanzado
logros importantes a través del trabajo del Parlamento, del ministerio por qué no, y también del Consejo General del Poder Judicial, de los que daba cuenta su presidente
en la última memoria pero nos da la impresión de que son medidas de carácter puntual, importantes pero de carácter puntual, y no un plan de actuación de carácter global, con especialización en cada uno de los partícipes en la persecución de
estos terribles crímenes como son la violencia de género. Merece la pena, porque estamos todos de acuerdo, que el Consejo General del Poder Judicial sepa por voz de los parlamentarios que precisamos un plan de actuación que ponga a funcionar y
sobre todo que dote de la máxima sensibilidad a los órganos judiciales para trasladar nuestra sensibilidad y hacer que ellos persigan sin clemencia este tipo de delitos.
Por último, una mayor formación en temas de derecho comunitario, algo que solicitamos bastantes grupos parlamentarios puesto que en el mundo profesional del derecho todavía se producen dificultades en lo referente al derecho comunitario.
Merece la pena que la Escuela Judicial y los cursos del Consejo General del Poder Judicial primen y fomenten este tipo de especialización.
Termino diciendo que nosotros sí vamos a apoyar en términos generales las propuestas de todos los grupos parlamentarios, excepción hecha de la abstención en dos o tres propuestas de Izquierda Unida, fundamentalmente porque creemos que en
alguna de ellas que instan a varias comunidades autónomas a la obligación de hacer algo no somos competentes, pero como creemos que están envueltas en buena voluntad nos vamos a abstener. En las demás, vamos a votar a favor por una razón importante
que yo creo merece la pena que tengamos en cuenta en éste y en otros debates de este carácter. Nosotros no instamos al Consejo General del Poder Judicial, es decir no le pedimos que haga algo, sino que le recomendamos a través de la voz
parlamentaria, que tenga en cuenta nuestra forma de pensar, nuestras recomendaciones y nuestras resoluciones para que la justicia funcione mejor. Por lo tanto, cuanto menos rechacemos la voz parlamentaria y mejor llegue al Consejo qué es lo que
pensamos cada uno a efectos de conseguir una Administración de justicia más eficaz y más moderna, mejor ayudaremos a que el Consejo General del Poder Judicial conozca también qué piensa el Parlamento no sólo sobre determinados temas concretos de
carácter legislativo, que abundan en esta Cámara, sino sobre las necesidades globales que tiene el mundo de la justicia, ya que tanto ellos como nosotros estamos empeñados en conseguir instrumentos y normas que la hagan más eficaz y más moderna.
Por eso vamos a apoyar, insisto, las resoluciones del resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Barrero.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a las propuestas 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista y 25 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que esto, más que una sesión del Pleno del Parlamento, parece una sesión clínica porque el señor Rejón ha colocado el diván en la tribuna, se ha sentido telonero, en una gran crisis de identidad, y el señor Silva también se ha
quejado de que este debate no tiene la dimensión que debería tener. Parece que todos estamos un poco acomplejados, y yo creo que a lo mejor habría que llamar a algún galeno para que nos anime y nos estimule, aunque quizá la solución esté en que
demos a este debate la dimensión que tiene. Yo creo que así como el anterior debate es de los que crea afición, éste acaba con ella porque es un debate absolutamente artificial en el que nos empeñamos en inventarnos unas propuestas
voluntariosamente, y yo creo que a estas alturas nadie se ha enterado de por dónde va esta cuestión. Pero, en fin, de lo que se trataba era de presentar propuestas. Nuestro grupo no ha presentado ninguna porque entendía que ya tuvimos una sesión
maratoniana, por cierto, inolvidablemente maratoniana, con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y ya nos consideramos suficientemente satisfechos en cuanto a información.
De todas maneras, cumplamos el rito. Yo lo hago libre de traumas porque es un detalle de cortesía parlamentaria no dejar de intervenir y porque además, en el afán de intentar dar algún resultado positivo a las propuestas de otros grupos,
hemos formulado tres enmiendas transaccionales, que fueron registradas un tanto tardíamente ayer, y vamos a sugerir dos modificaciones in voce al Grupo Socialista. Señalo este extremo para que el servicio de letrados pueda tenerlo en cuenta.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Rejón ha dado muestras una vez más de su preclara inteligencia renunciando a defender sus propuestas porque evidentemente son indefendibles. Ha preferido que las defienda el PSOE, con lo cual se ve
que han llegado a un acuerdo, y se ha dedicado a hacer unas propuestas de reprobación al Gobierno aprovechando que estábamos aquí para no perder el tiempo. Me parece una postura muy sensata por su parte porque al fin y al cabo es buscarle alguna
utilidad al trámite. En ese sentido le alabo el gusto, porque así me ahorra tener que entrar a discutir las propuestas, en las que hay cosas tan realmente geniales como decirle al Consejo que promueva reformas legales, cuando se supone que su grupo
puede hacer todas las proposiciones de ley que quiera. En el Consejo se van a quedar muy asombrados. Se darán
cuenta de que estaban ustedes desbordados de trabajo preparando la huelga general, pero de todas maneras yo creo que alguna proposición de ley podrían hacer, si realmente es tan urgente el asunto.
Podríamos entrar también en esta propuesta tan original de que el Gobierno diseñe un Poder Judicial que sea capaz de un funcionamiento endógeno. He mirado en el diccionario la palabra endógeno y significa dos cosas. La primera, que es una
célula que se crea dentro de otra, lo cual quiere decir que ustedes quieren que el Gobierno cree un Poder Judicial que dentro de sí mismo tenga una célula que sea el Poder Judicial. Supongo que no. La segunda, que es una célula capaz de gobernarse
por sí misma.
El asunto es que no sé cómo puede depender del Gobierno. Dejémosles que ellos se gobiernen por sí mismos, que es lo que mi grupo va diciendo una y otra vez y por eso no presentamos propuestas, porque entendemos que es un asunto un
tanto artificioso. Pero, en fin, ya que S.S. no defiende sus enmiendas, para qué las voy a atacar. Vamos a procurar que haya una cierta simetría, y paso a referirme a las del Grupo de Convergència i Unió.
El Grupo de Convergència i Unió presenta una serie de propuestas yo creo que también -ya lo ha dicho su propio portavoz- con una sensación de cumplimiento del trámite, puesto que ya hubo ocasión sobrada en la comparecencia del presidente de
ocuparnos de estas cuestiones, y aquí el Grupo de Convergència i Unió insiste y reitera lo que ya dijo brillantemente en aquel trámite. Habría que darle la solemnidad de provocar una reunión del Pleno, puesto que este debate no se ha realizado en
bastantes períodos de sesiones, y ello simplemente porque ningún grupo ha presentado propuestas de resolución, aunque últimamente algunos tienen la voluntad de hacerlo. Por ejemplo, ya se le dijo al presidente del Consejo General del Poder Judicial
que nos gustaría que en la memoria figurara el cumplimiento de estas propuestas de resolución, lo cual comprendo que es complicado, pero de todas maneras insistamos en que se esfuerce por conseguir captar su profundo significado y nos diga algo
sobre el particular. Estamos de acuerdo con eso, así como en que ello justifica sobradamente la retirada de dos de las propuestas que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hay otras cuestiones que pensamos que están
suficientemente claras en la memoria y en el debate que tuvo lugar, pero como lo que abunda no daña y nuestra voluntad en el pacto de Estado por la justicia es procurar ir siempre a lo que nos una más que a lo que nos separe, estamos dispuestos a
votarlas sin mayor problema.
Por otra parte, hemos planteado una enmienda transaccional a la propuesta número 25, que quedaría redactada en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados se congratula de la decisión de la Comisión de selección de pruebas de
acceso a la carrera judicial y fiscal, por la que los tribunales de valoración podrán desplazarse en ciertas circunstancias, entre otras, cuando el elevado número de opositores así lo aconseje, a otros territorios del Estado para el desarrollo del
primer ejercicio.
Esto va a tener lugar ya este año, por lo que proponemos esta enmienda transaccional.
Respecto a las propuestas del Grupo Socialista, hemos procurado igualmente resaltar en lo posible todo aquello en lo que sea viable un acuerdo. En este sentido, hemos presentado dos enmiendas transaccionales a las propuestas números 7 y 8.
Una se refiere, como ha indicado su portavoz en su intervención, a la violencia de género, y nuestra propuesta, que no sabemos si va a ser aceptada o no por el Grupo Socialista, es que diga lo siguiente: El Congreso de los Diputados constata la
importancia de las medidas adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para procurar una mayor formación y sensibilización frente al grave fenómeno de la violencia de género. Esta constatación sin duda es un
estímulo y un ánimo para que continúen haciendo lo que ya hacen.
En cuanto a la propuesta número 8, la transaccional que proponemos dice: El Congreso de los Diputados constata la importancia de las medidas adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial para conseguir una adecuada formación de jueces
y magistrados en el conocimiento de derecho comunitario y le anima a continuar en su realización. Se nos ha dicho expresamente que esta transaccional va a ser aceptada.
Hacemos también dos modificaciones para mejorar en lo posible aspectos técnicos. En la número 3 en concreto se dice que el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a que promueva las medidas precisas en lo
referente a los sistemas informáticos. En relación con este aspecto, quiero recordar al portavoz socialista que ya existe una comisión de cooperación tecnológica en la Administración de justicia, por lo que pedir al Consejo General del Poder
Judicial que promueva algo que ya existe no nos deja en muy buen lugar, pudiendo empeorar la opinión que tenga sobre nosotros. Proponemos que, en vez de decirse promueva, se diga siga desarrollando, ya que así se respeta la realidad.
Con respecto a la propuesta número 6, ya se nos ha dicho que se va a aceptar la transaccional. Nos parece que exigir que se nos envíe información mensual es agobiar excesivamente al Consejo General del Poder Judicial y consideramos que
sería suficiente con que la información fuera trimestral; una información que es fruto del proceso que se ha puesto en marcha partiendo de la Comisión Mixta Gobierno-Consejo General del Poder Judicial, un proceso de transparencia de la justicia
para que, aprovechando los medios informáticos, se
pueda conocer en cualquier momento el estado de los diferentes litigios, lo que sin duda puede ser útil también para nosotros.
Lamentamos mucho no poder suscribir el resto de las propuestas. La primera pretende que haya una comisión, y a nuestro modo de ver no es bueno acumular postizos. Si queremos que alguna vez haya encuentros informales con miembros del
Consejo General del Poder Judicial, nada lo va a impedir, pero no vemos lógico institucionalizar una comisión que no está prevista en el marco constitucional de relación entre los tres poderes.
Nos parece que este trámite debe estar presidido en
primer lugar por un esmerado respeto a la división de poderes para que haya un mutuo equilibrio y, en segundo lugar, por una exclusión de toda actitud de control político o de tutela paternalista. En alguna propuesta se dice que el Consejo atienda
a los sindicatos, pero yo no creo que a los sindicatos les guste ese tipo de actitudes paternalistas. Está claro que el Consejo General del Poder Judicial está sometido únicamente al imperio de la ley y no al control parlamentario; están sometidos
a las leyes que elaboramos aquí, pero el poder judicial lo ejerce cada juez en el momento en el que emite sus resoluciones y sin estar sometido sino a la ley.
Entendemos que el pacto de Estado es entre el Legislativo y el Ejecutivo, aunque esto
tenga una obvia repercusión sobre el Poder Judicial. No nos parece lógico que al gobierno del Poder Judicial le concedamos menos autonomía que a una universidad española. No recuerdo que aquí nos hayamos dedicado a discutir las decisiones de los
claustros o de la junta de gobierno de nuestras universidades; no entendemos que figure eso entre nuestras competencias. Esto nos lleva también a rechazar la segunda propuesta según la cual el presidente del Consejo General del Poder Judicial
debería favorecer comparecencias. Que yo sepa, en este Cámara ha comparecido siempre todo miembro del Consejo General del Poder Judicial que haya sido requerido para ello; no conozco ningún caso que no haya sido así. Por tanto, en ese sentido
sería casi insultante dejar entrever que alguien se resiste -se habla de alergia en alguna propuesta- a venir aquí. Nosotros los llamamos o no, pero cuando los llamamos, han venido siempre.
Respecto a la Ley del menor, las medidas a las que se aluden ya se están tomando. Respecto a la Ley de enjuiciamiento civil, por lo que se refiere al Gobierno, en esta casa ya hay trámites para controlar su labor, y por lo que se refiere a
las comunidades autónomas, este no es el lugar adecuado para intentar solventar esas cuestiones. Esto justifica nuestra postura ante las diversas propuestas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero.
¿Grupos que desean intervenir en el turno de fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Coincido plenamente con el diputado señor Ollero en la inutilidad de este trámite y en su auténtica carencia de contenido. Cuando el artículo 197 del Reglamento establece que se formularán propuestas congruentes con el objeto del debate,
considero que no se refiere en absoluto al contenido de las propuestas de resolución que se proponen hoy. Del torrente de datos en que consistió la última comparecencia del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial -la primera
durante su mandato- resulta difícil pensar que de ellas -por cierto, eran datos de los que ya se disponía puesto que eran de la memoria del año 2000, aunque se añadieron otros de la memoria del año 2001- se haya podido formular alguna conclusión
congruente. Es mérito de mis compañeros de comisión que hayan podido recoger estas propuestas, de lo que esta diputada ciertamente no se ha sentido capaz. Una vez leídas una por una, nos parecen reiterativas o parecidas a las de años anteriores o
a otras que se manifiestan por unos o por otros cuantas veces se habla de las necesidades de la Administración de justicia o de la justicia como poder.
Lo que no sabemos es qué son como instrumento propio de un poder, el Legislativo, en relación
con el gobierno del Poder Judicial. Desde nuestra percepción, nada de nada. Esta condición la hemos manifestado año tras año, al menos desde que esta diputada es portavoz en materia de justicia, y nunca hemos presentado como formación política
propuestas de resolución, y así se lo hice saber también, respetuosamente por cierto, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, y creo que no son estas horas de ahondar en cuál es el criterio técnico que nos lleva a esta conclusión.
Pero al menos adelantaré que no estamos ante un órgano que sea comisionado de las Cortes Generales, como ocurre en el caso del Tribunal de Cuentas o en el caso del Defensor del Pueblo. Nos gustaría que al menos quedase claro en el 'Diario de
Sesiones' que nuestra actitud no se puede interpretar como desinterés sino como convicción absoluta de que la mejora de la justicia en nada va a depender de lo que aquí y ahora se apruebe en esta Cámara. Tenemos ahí pendiente, por lo menos eso nos
dicen los medios de comunicación, una modificación en la Ley orgánica del Poder Judicial, en la que quizá podamos articular algún sistema que resulte más airoso para poder establecer este vínculo entre el órgano
del gobierno de los jueces y el órgano legislativo. Bien es cierto que el texto no lo tenemos ninguno de quienes somos portavoces o miembros de la comisión de seguimiento, aunque parece que está en poder de los medios de comunicación, y
esperemos tener entonces momento adecuado y oportuno para poder introducir alguna modificación en este trámite que, repito, nos parece también completamente inútil y artificioso.
Muchas gracias, señora presidenta. (El señor Rejón i Gieb pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Señor Rejón, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, por alusiones. El portavoz del Grupo Popular ha dudado de la salud mental ...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rejón, permita que le dé la palabra para continuar hablando. ¿Me hace la petición sobre la base del artículo 71, por alusiones?
El señor REJÓN GIEB: Sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muy brevemente y circunscrita a la cuestión, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Espero que la alusión a la salud mental de algunos portavoces sea meramente retórica, como corresponde al profesor Ollero.
Siguiendo con la salud mental, no es buena la esquizofrenia. No puede el señor Michavilla
correr a gorrazos en la comisión sobre el pacto de Estado por la justicia a algunos grupos que presentan iniciativas legislativas sobre justicia y pedirnos aquí que presentemos iniciativas.
Por último, señor Ollero, nosotros no trabajamos para la
huelga general, nos basta con el magnífico trabajo que están ustedes haciendo para ello.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Intervienen a continuación el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Socialista a los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Sí, señora presidenta. Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque preferimos congratularnos con todos a congratularnos solos, que para eso no nos hace falta nadie.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BARRERO LÓPEZ: Intervengo únicamente para advertir a la presidencia -no va a haber ningún otro turno- que asumimos la transaccional a la enmienda número 8 y no así a la enmienda número 7.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Barrero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, entendemos que las dos enmiendas in voce sí han sido aceptadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Barrero, los servicios de la Cámara me requieren para que le interrogue acerca de si aceptan las enmiendas 3 y 6.
El señor BARRERO LÓPEZ: Son dos enmiendas in voce que lo único que hacen es cambiar dos palabras. Se da por hecho que es una enmienda técnica.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Efectivamente, señor Barrero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las propuestas de resolución a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2000.
En primer lugar, sometemos a votación las propuestas números 9, 10, 11, 14 y 16, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, cinco; en contra, 152; abstenciones, 93.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 88; en contra, 151; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 19, 20, 21, 22, 26 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 242; en contra, cuatro; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Propuesta de resolución número 25, con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 244; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las número 1, 2 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 88; en contra, 151; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución números 3 y 6, esta última con la corrección técnica indicada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 244; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la propuesta número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 93; en contra, 152; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la propuesta número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 93; en contra, 151; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Propuesta de resolución número 8, con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 241; en contra, uno; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.