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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 162, de 21/05/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 162
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 156
celebrada el martes, 21 de mayo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 8176)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 207-1, de 22 de febrero de 2002. (Número de expediente 122/000184.) ...
(Página 8176)
Modificación del orden del día ... (Página 8185)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 207-1, de 22 de febrero de 2002. (Número de expediente 122/000184.) ...
(Página 8185)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre protección social por desempleo en el nivel asistencial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 220-1, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000195.) ...
(Página 8186)
Página
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los militares de complemento. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 349, de 10 de mayo de 2002. (Número de expediente 162/000505.) ... (Página
8192)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas urgentes contra la inseguridad en la Comunidad Valenciana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 344, de 29 de abril de 2002. (Número de expediente 162/000497.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la seguridad en las centrales nucleares españolas y el futuro de la energía nuclear en la planificación energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 352, de 17
de mayo de 2002. (Número de expediente 173/000132.) ... (Página 8208)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes para combatir el racismo y la xenofobia y su tratamiento público con respecto a la inmigración. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 352, de 17 de mayo de 2002. (Número
de expediente 173/000133.) ... (Página 8212)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la reincidencia sobre la seguridad ciudadana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
352, de 17 de mayo de 2002. (Número de expediente 173/000134.) ... (Página 8216)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 8176)
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 8176)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares ... (Página 8176)
El señor Moragues Gomila, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, somete a la consideración de la Cámara una proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades públicas de los militares. Es consciente de que puede ser una
cuestión controvertida, no tanto por el tenor literal del texto que, en caso de ser tomado en consideración, estarían dispuestos a modificar, como por la principal novedad que contempla en su artículo 9º, que es la regulación del derecho de
asociación de los militares. Recuerda la modélica adaptación de la sociedad española y, por ende, de sus Fuerzas Armadas, al proceso de reforma democrática que tuvo lugar en el país, y fundamenta el porqué y el cómo de su iniciativa en dos
conceptos básicos imprescindibles, como son, por un lado, un ejército plenamente profesional y, por otro, la adaptación necesaria de este colectivo a unas normas democráticas de funcionamiento. A continuación explica la necesidad del reconocimiento
del derecho a asociarse de los militares, que se ha convertido, dice, en un clamor de carácter europeo, basándose en experiencias de otros países y en sentencias favorables de los tribunales. Refiriéndose a las condiciones que el director general
de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa consideró necesarias para poder hablar del asunto, como el que se hiciera con un total respeto a la Constitución y en el momento oportuno, asegura que su proposición de ley las cumple
fielmente, pues es totalmente respetuosa con la Constitución y se plantea en el momento más oportuno, por
las razones expuestas anteriormente. Comprende que el Gobierno no acepte que la oposición le marque su calendario legislativo y se niegue a admitir una iniciativa que no sea suya, pero anima al grupo mayoritario a presentar una iniciativa
en este sentido, a la que su grupo se mostrará receptivo, porque la única intención que les anima es sacar a debate político la conveniencia de discutir la regulación del derecho de asociación, desde la Constitución y con una total y plena confianza
en los militares por parte de todas las fuerzas políticas y del resto de la sociedad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 8185)
La Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de sustituir la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, que figura
con el número 33, por otra del mismo grupo parlamentario sobre objetivos y previsiones en materia de pesca durante la presidencia española de la Unión Europea, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de
ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que se aprueba igualmente por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) ... (Página 8185)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares ... (Página 8185)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley orgánica, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, se rechaza por 123 votos a favor, 165 en contra y dos
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre protección social por desempleo en el nivel asistencial ... (Página 8186)
El señor Ruiz López (don Antero), en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, explica que la propuesta que su grupo presenta a la Cámara para su toma en consideración va en dirección contraria a la pretendida reforma del
desempleo que impulsa el Gobierno.
Después de dejar sentado que en Izquierda Unida no se piensa que el desempleo sea voluntario, ni que los parados sean un grupo de vividores que obtienen rentas de esta situación, ni que la mayoría de perceptores,
especialmente los del subsidio asistencial, tengan posibilidad de encontrar empleo, como afirma el Gobierno, muestra su confianza en que en la reunión que se mantiene en estos momentos entre el ministro y los sindicatos se demuestre la
responsabilidad que tiene el Gobierno y se impida una conflictividad laboral que consideran innecesaria e injustificable. A continuación explica los hechos reales del actual sistema, del que pretenden incrementar la cobertura con esta proposición
de ley, y acusa al Gobierno de haber marginado del crecimiento económico a los grupos de renta más baja y muy especialmente a los desempleados.
Considera necesario y urgente dar un cambio radical a la política que se está desarrollando en materia
de protección por desempleo y reformar la actual normativa, para propiciar una mejora en las condiciones de acceso a la prestación contributiva y asistencial y en la cobertura e intensidad de las prestaciones, y aspira a una integración social
basada en una calidad de vida digna que sólo puede proceder de una red asistencial disponible para hombres y mujeres que viven y trabajan en este país.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre protección social por desempleo en el nivel asistencial, se rechaza por 124 votos a favor y 163 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 8192)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los militares de complemento ... (Página 8192)
El señor Campoy Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, expone la proposición no de ley sobre los militares de complemento basándose en el nuevo modelo de Fuerzas Armadas adoptado en la Ley 17/1999. La
profesionalización, explica, es el eje central de unas fuerzas armadas modernas que tienen, en su mayor parte, carácter temporal para permitir la necesaria renovación, no siendo ajenos a este proceso de transformación los militares de complemento,
adaptándose a las necesidades de la defensa en la que están enclavados como pieza fundamental en su configuración. Recuerda que dentro del personal con compromiso temporal, los militares de tropa y marinería han sido potenciados por la ley con un
conjunto de medidas en relación con la promoción interna, formación y reinserción laboral, medidas que no tienen una extensión suficiente en los militares de complemento. A continuación pasa a referirse a las enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios Socialista, Mixto y Catalán y afirma, para concluir, que su grupo presenta esta proposición no de ley con el objetivo de aumentar y mejorar las oportunidades de promoción, formación y reinserción laboral para todos los militares de
complemento, como parte esencial de las Fuerzas Armadas, de forma y manera que reciban una valoración suficiente por el servicio tan importante que realizan, a la vez que ofrezca un valor añadido atractivo que asegure los efectivos necesarios.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley intervienen los señores Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda defendida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que no había sido distribuida a los grupos por no estar correctamente referenciado el número de expediente, interviene el señor
Campoy Suárez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los militares de complemento, en sus propios términos, se aprueba por 152 votos a favor, 139 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas urgentes contra la inseguridad en la Comunidad Valenciana ... (Página 8201)
Presenta la proposición no de ley de medidas urgentes contra la inseguridad en la Comunidad Valenciana el señor Pla Durá, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Afirma que la inseguridad ciudadana es un grave problema, en contra de
la opinión del señor Aznar, siéndolo mucho más en la Comunidad Valenciana, donde se han alcanzado las tasas de delincuencia más altas de toda su historia, con un crecimiento incontrolado. Da una serie de datos que avalan su aseveración y añade que
de esta situación no son responsables ni los socialistas, porque el Partido Popular lleva seis años gobernando, ni los emigrantes, pese a que el Gobierno insista en responsabilizarles. La situación, por tanto, dice, siendo compleja, tiene que ser
afrontada desde la responsabilidad y con decisión en la articulación de medidas de ámbito policial, judicial y social. A continuación fija la posición de su grupo en relación a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas planteadas interviene el señor Pla i Durá.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas urgentes contra la inseguridad en la Comunidad Valenciana, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
que han sido aceptadas, se rechaza por 117 votos a favor y 161 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 8208)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la seguridad en las centrales nucleares españolas y el futuro de la energía nuclear en la planificación energética ... (Página 8208)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Urán González, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Recuerda los extremos del debate de la interpelación urgente, que se centraban en dos sucesos:
la entrada en una central nuclear de un grupo ecologista y las declaraciones de la comisaria de la Unión Europea -señora Loyola de Palacio- sobre este hecho. Muestra la preocupación de su grupo por la seguridad y el futuro que pueda tener la
energía nuclear en nuestro país y en la Unión Europea -sobre todo en nuestro país- y por la línea de actuación que se mantiene en este asunto, pasando a explicar los puntos de su moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción interviene el señor García Breva, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Urán González.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la seguridad en las centrales nucleares españolas y el futuro de la energía nuclear en la planificación energética,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido aceptada, se rechaza por 110 votos a favor y 160 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes para combatir el racismo y la xenofobia y su tratamiento público con respecto a la inmigración ... (Página 8212)
La señora Rumí Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presenta una moción consecuencia de interpelación urgente cuya aprobación -opina- debería constituir el necesario desenlace de un debate sobre el racismo y la xenofobia
que, por iniciativa de su grupo, se dio apenas hace dos semanas. Alerta sobre los ascensos electorales experimentados por fuerzas y movimientos políticos significativos y considera lamentable que se haya tratado de sacar provecho político del
fortalecimiento de la extrema derecha con lecturas tan oportunistas como desafortunadas. El Grupo Parlamentario Socialista apela una vez más a la responsabilidad de las fuerzas políticas para comenzar a liderar desde el Parlamento la batalla que la
política democrática se halla obligada a librar contra los intolerantes, contra todos aquellos cuyos actos, por minoritarios que resulten todavía, se repiten cada vez con mayor frecuencia en nuestras calles, convirtiéndose en fundado motivo de
preocupación para los ciudadanos. Finalmente confía en que la enmienda transaccional, en la que se ha hecho un esfuerzo por incorporar las enmiendas presentadas, será respaldada por todos los grupos, puesto que es importante este respaldo
mayoritario en la lucha contra la intolerancia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes para combatir el racismo y la xenofobia y su tratamiento público con respecto a la inmigración, en los términos de la
enmienda transaccional que ha sido aceptada por los grupos, se aprueba por 267 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la reincidencia sobre la seguridad ciudadana ... (Página 8216)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Se refiere a la multirreincidencia de los pequeños hurtos o faltas contra la propiedad, sin
ningún tipo de consecuencias para los infractores, puesto que son detenidos y puestos en libertad más de cien veces, sin pasar por la prisión preventiva, fenómeno que provoca una sensación entre los ciudadanos de creciente inseguridad e impunidad,
por lo que su grupo parlamentario considera oportuno que desde el Congreso de los Diputados se intente aportar una solución a este fenómeno de la multirreincidencia.
Explica los cuatro puntos de la moción que va en este camino y anuncia una
enmienda transaccional que tendrá en cuenta algunas de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pedret i Grezner, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas, interviene el señor Jané i Guasch.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la reincidencia sobre la
seguridad ciudadana, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido repartida a los grupos, se aprueba por 243 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa del acatamiento a la Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Rosario Juaneda Zaragoza, en sustitución de don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, para prestar
juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora JUANEDA ZARAGOZA: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Doña María Rosario Juaneda Zaragoza ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS MILITARES. (Número de expediente 122/000184.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los
militares.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señora presidenta.
Elevamos hoy a la consideración de la Cámara una proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades públicas de los militares que entendemos puede ser una cuestión controvertida, no tanto por el tenor literal de nuestro texto -que
quiero decir desde el principio de mi exposición que es un texto que, en caso de ser tomado en consideración, estaríamos dispuestos, no lo duden, a negociar y modificar para que se concite a su alrededor el más amplio acuerdo posible- como por la
principal novedad que contempla en su artículo nueve, la regulación del derecho de asociación.
Saben todos ustedes, señorías, que las Fuerzas Armadas, por la Constitución y por otras leyes, tienen limitado el ejercicio de algunos derechos fundamentales y libertades públicas, situación que no es ni ha sido ninguna novedad de nuestro
Estado. En los países de nuestro entorno, en la mayoría de los ejércitos de las naciones desarrolladas ha estado limitado y muchas veces prohibido el ejercicio del derecho de asociación sindical o política, aunque hay que reconocer también que
estas situaciones han ido evolucionando hacia un estado diferente de cosas y hoy podemos afirmar que la mayoría de países ya han regulado de manera distinta y permitido el ejercicio de los derechos de asociación y en algunos casos incluso el derecho
de sindicación ha sido reconocido.
No se trata de que les recuerde hoy cuál ha sido el proceso de adaptación de la sociedad española y por ende de nuestras Fuerzas Armadas al proceso de reforma democrática que ha tenido lugar en nuestro país, pero creo que podemos decir con
orgullo que el proceso de adaptación de nuestras Fuerzas Armadas a la democracia ha sido muy relevante y ha conformado prácticamente el único caso de realidad estable entre los países que en los últimos veinticinco o treinta años han transitado
hacia la democracia, constituyéndose por ello en un ejemplo, en un modelo democrático, diría yo, de relaciones cívico-militares; modelo basado en aquellas primeras y ya lejanas leyes básicas de Reales Ordenanzas de 1978 y la Ley Orgánica por la que
se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar de 1980 que impulsó el general Gutiérrez Mellado; en las reformas de la justicia militar de la época del ministro Rodríguez Sahagún; en la incorporación de la mujer
y en el primer régimen del personal militar profesional en tiempos del ministro Narcís Serra; acabando en la actual Ley de Régimen
del Personal de las Fuerzas Armadas del ministro Eduardo Serra, primer código que regula el funcionamiento de un ejército completamente profesional. O sea, señorías, que ha habido una adaptación legal paralela o, mejor dicho, en paralelo a
la transformación del rol de las Fuerzas Armadas, de su definición profesional, de su formación, es decir, de las características del ejercicio de la profesión militar. O, por decirlo de otra manera, se ha añadido a un proceso de transformación
profesional otro de adecuación a las normas democráticas de funcionamiento social.
Creo, señorías, que estos dos conceptos que acabo de mencionar, por un lado, un ejército plenamente profesional y, por otro, la adaptación necesaria de este
colectivo a unas normas democráticas de funcionamiento, que en toda sociedad evolucionan, avanzan, se renuevan o se complementan, para adaptarlas a los cambios producidos en esta misma sociedad, pueden ser los conceptos básicos imprescindibles para
comprender el porqué y el cómo de nuestra iniciativa en estos momentos.
Un ejército plenamente profesionalizado, que cuenta ya con una legislación, que ha tenido que abrirse a esta realidad de preocupación por sus asuntos profesionales, con la creación y la regulación de los consejos de personal, con los que, se
quiera o no, se ha abierto una tímida vía para la representación que puede y debe tener el personal militar ante la Administración de defensa. La creación de los consejos de personal que representaron, a mi entender, un avance importante de la Ley
17/1999, hemos de lamentar hoy que, tres años después de la promulgación de esta norma, aún no esté en funcionamiento, para lo cual tendremos que esperar bastantes meses, y, lo que es aún peor, tenemos que lamentar también que no haya querido darse
a estos consejos un sesgo democrático que otras instituciones armadas, como la Guardia Civil, sí han dado a sus consejos asesores. Pero es innegable, señorías, que, en la medida en que se superen barreras y que las Fuerzas Armadas vayan integrando
más su funcionamiento al del conjunto de la sociedad, será inevitable que se acentúen las exigencias de una mayor democracia participativa como resultado de la influencia de los criterios y valores socialmente imperantes.
A esta realidad, señorías, no conviene darle la espalda, no podemos darle la espalda sin que ello signifique que debamos olvidar que existe un conjunto de razones suficientes para que se establezcan normativas particulares de acuerdo con la
Carta Magna, que las establece también para otros colectivos de servidores del Estado. Una administración militar de un país como España, que no puede olvidar que los países de nuestro entorno más inmediato, como les decía hace un momento, han ido
modificando en los últimos años sus posiciones en relación con el derecho de asociación de los militares y se ha pasado, de un panorama asociativo militar que sólo alcanzaba hace algunos años a algunos países nórdicos, a una situación en la que sólo
tres países en Europa, además de España, no tienen reconocido el derecho de asociación, y de ellos, uno, el Reino Unido, ya ha anunciado su intención de revisar esta situación y se plantea en breve plazo reconocer literalmente el derecho de
sindicación de sus militares, excluyendo el derecho a huelga. Un ministerio como el Ministerio de Defensa, que no puede olvidar los pronunciamientos favorables de los tribunales, reconociendo el derecho a asociarse a los militares en situación
ajena al servicio activo, algunas de cuyas sentencias podemos comentar en otro momento pero que han dado un avance importante, casi espectacular, al ejercicio de este derecho de asociación. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa
la presidencia.)
Nada permite afirmar, señorías, que una asociación, y cito literalmente la sentencia del Tribunal Constitucional al que acabo de referirme, por el hecho de perseguir la satisfacción de intereses económicos, sociales o profesionales de sus
asociados, se convierta en un sindicato o pueda ser equiparado a sí mismo, algo que está expresamente prohibido, no por la Constitución, sino por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y que ha sido reiteradamente utilizado como argumentos por el
Ministerio de Defensa, los del actual Gobierno y los de gobiernos anteriores, también los de la época de mayoría socialista, para no atender las peticiones que en el sentido de legalizar las asociaciones se venían produciendo. Pero, como decía
antes, con o sin sentencias, estamos en un nuevo tiempo, en un tiempo del que la petición de ejercer un derecho básico, como es el derecho de asociación para y por los militares, se ha convertido en una reivindicación, en un clamor de carácter
europeo.
Hace muy pocas jornadas, en la octogésima quinta reunión del Presidium de Euromil, celebrado en Sevilla el 27 de abril, se produjo una declaración en la que, haciendo referencia a todos los acuerdos producidos por innumerables organismos
internacionales, se reclamaba de las autoridades civiles y militares y del resto de fuerzas sociales de España que de una vez por todas se reconocieran los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas. Y
añadía la declaración: Ellos deben tener la posibilidad de poder crear asociaciones profesionales para representar sus derechos sociales, económicos y profesionales en una sociedad abierta y democrática. Si bien es cierto que esta declaración se
debatió y aprobó sin presencia de autoridad militar alguna, a pesar de haber sido invitadas, no es menos cierto que se llevó a cabo ante un alto cargo del Ministerio de Defensa, quien en su intervención ante la asamblea fijó las condiciones en las
cuales sería posible abrir este debate en España. Concretamente, el director general de Relaciones Institucionales, refiriéndose al derecho de asociación, dijo que, si era necesario hablar, el ministerio estaba dispuesto a hacerlo pero con dos
condiciones: la primera, que se produzca con un total respeto a la
Constitución y, la segunda, que se haga en el momento oportuno. Señorías, pienso que nuestra proposición dispone de las dos condiciones previas que el ministerio requiere: es totalmente respetuosa con la Constitución, como no podía ser de
otra forma, y además creemos firmemente que estamos en un momento no oportuno, sino oportunísimo, por las razones que acabo de desgranar en mi intervención y que resumo en que estamos en un nuevo tiempo, el tiempo de unas Fuerzas Armadas
profesionalizadas y completamente integradas en nuestra sociedad, en un entorno europeo donde el ejercicio de este derecho es ya una realidad prácticamente total, y contamos con suficiente bagaje jurídico para tener la seguridad de no equivocarnos.
Lamentablemente, suponemos, por los pronunciamientos efectuados hasta el día de hoy, que el grupo mayoritario, el que tiene ahora la responsabilidad de gobernar, no va a apoyar nuestra proposición, y de alguna forma es comprensible.
Difícilmente un gobierno, y más con mayoría absoluta en el Parlamento, puede aceptar que la oposición le marque su calendario legislativo y más en un tema que ha sido tan controvertido. No lo comparto, pero lo entiendo. La única forma que tiene el
Gobierno de enmendar el error que hoy va a efectuar su grupo parlamentario es que la iniciativa sea suya. Propongan, por tanto, ustedes una ley y nos encontrarán receptivos, dispuestos a debatir y a aprobar una normativa que hoy nos parece ya
necesaria, imprescindible. Quiero decirles, señorías, que aún a sabiendas de que la postura del grupo mayoritario podía ser contraria a la propuesta socialista, nuestra intención desde el primer momento ha sido absolutamente clara: poner en la
agenda del debate del interés político la conveniencia de discutir la regulación del derecho de asociación. Y hacerlo además desde la constitución de una total y plena confianza en los militares por parte de todas las fuerzas políticas y por parte
del resto de la sociedad. El colectivo militar, como he dicho anteriormente, ha dado suficientes muestras de madurez, de respeto a las decisiones democráticas, por lo menos al mismo nivel que el resto de la sociedad española, y por tanto y a pesar
de la historia que todos debemos conservar fresca en nuestra memoria hoy toca dar un nuevo paso en el ejercicio de la normalización, que, como decimos en la exposición de motivos de nuestra proposición, vendrá prácticamente a completar el desarrollo
legislativo de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución. Pienso que esta falta de confianza que antes mencionaba y que aún puede existir debe ser superada rápidamente. Las Fuerzas Armadas han dado sobradas
muestras de ser merecedoras de ser tratadas con todas las previsiones constitucionales, sin ninguna limitación añadida, y esta que estamos tratando hoy lo es. El ejercicio de la libertad entraña sus riesgos, es verdad, pero sólo puede y debe
fundamentarse en la confianza de y para todos, y es lo que el Grupo Parlamentario Socialista plantea hoy, sabiendo y asumiendo que a algunos les parecerá muy tarde y a otros les parecerá demasiado pronto.
Para acabar, señora presidenta, me gustaría hacer un breve comentario a la otra cuestión relevante que nuestra proposición de ley resuelve, a mi entender, que no es otra que el convencimiento de que la regulación de todos estos derechos no
puede hacerse más que desde la promulgación de una ley orgánica que termine de una vez por todas con el debate recurrente sobre si las reales ordenanzas tienen o no engarce constitucional. Nuestro texto propone, en su disposición derogatoria, la
derogación de los artículos 168 al 224 -si no lo estuvieran ya- de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Queremos que las Reales Ordenanzas se conviertan en lo que siempre han tenido vocación de ser:
una norma moral que rige las actitudes y comportamientos de los componentes de nuestros ejércitos. No obstante, en un plazo de tiempo no demasiado largo se debería hacer una relectura de las Reales Ordenanzas para su puesta al día. Una lectura en
positivo, reconociendo los servicios que este texto ha prestado en su larga trayectoria, en unos momentos especialmente delicados para nuestro país y para nuestras Fuerzas Armadas. No puedo por menos que hacer votos por que contemos para esta
lectura o revisión -como quieran llamarla- con un grupo de militares que tenga tan claro el momento en que viven -y sobre todo el futuro que nos espera- como lo tuvo aquella comisión de 18 militares que, con el general Martínez Galinsoga a la cabeza
y por instrucciones del general Gutiérrez Mellado, puso con sus trabajos sobre el código regulador en los inicios de nuestra transición política las primeras piedras de un proceso que propició poco a poco el reencuentro entre la sociedad civil y las
Fuerzas Armadas.
Estas son, en fin, señoras y señores diputados, las razones por las cuales piensa el Grupo Socialista que vale la pena que su iniciativa sea tenida en cuenta. De todos modos, si hoy no se acepta nuestra propuesta por el voto en contra
mayoritario de la Cámara, estén convencidos de que no se cierra ningún proceso. Con su negativa de hoy a debatir nuestro texto -si es que llega a producirse- no se acaba nada; más bien al contrario, se empieza. Se inicia el tramo final de un
camino que saben ustedes tan bien como yo que es irreversible y que no tiene más final, que no tiene más destino, que reconocer el ejercicio del derecho de asociación. Y ello porque es una reclamación justa del colectivo militar, porque es un signo
de homologación con otras realidades circundantes, porque debe ser un reconocimiento público de las instituciones políticas de que la normalización democrática de nuestro país solo será completa cuando abarque a todos sus colectivos; y, por fin,
porque ya no es tiempo de dar más signos de desconfianza hacia un conjunto de ciudadanos sólo especiales por las funciones que se les encomienda, pero ciudadanos
españoles -no lo olviden- que tienen todo el derecho del mundo a ser tratados con la normalidad que se desprende de la Constitución.
Seguramente, hoy no será posible avanzar más en esta dirección, pero la decisión está tomada y sólo será
cuestión de tiempo alcanzarla.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Sin duda alguna, esta ley orgánica sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares que presenta el Grupo Parlamentario Socialista significa un paso positivo, entre otras cosas porque intenta adaptar al nuevo marco
jurídico constitucional existente en el Estado español lo que hasta ahora era regirse por unas Reales Ordenanzas claramente preconstitucionales, aquellas que se elaboraron en 1978, antes de aprobarse la Constitución española.
A estas alturas nadie va a dudar de que los militares deban tener también los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución española. Otra cosa es que haya que adaptar el ejercicio y disfrute de estos derechos
fundamentales y libertades públicas a las particularidades y limitaciones que tiene el cuerpo militar según la propia Constitución. No obstante, la condición de militar está sometida a esos derechos fundamentales y este criterio aparece esbozado en
la disposición final séptima de la Ley 17/1999, del régimen personal de las Fuerzas Armadas. En todo caso, como recuerda el grupo proponente, actualmente estamos en una situación totalmente diferente a la de 1978.
Primero, porque hay unas Fuerzas
Armadas profesionalizadas y un contexto democrático que, después de más de 20 años, tiene que conllevar a que se perfile, diseñe y delimite de forma democrática el disfrute de estos derechos democráticos por parte de los militares. Que los
militares deban estar sometidos a disciplina y deban garantizar la seguridad en muchos aspectos no puede estar en contradicción con el disfrute de estos derechos fundamentales. En concreto, la dignidad de la persona -que queda bien establecida en
la proposición de ley-, la neutralidad política y sindical, que no quiere decir que los militares no tengan ideas y que tengan derecho, también pautado y controlado, a la libertad de expresión; por supuesto, formando parte de un Estado
aconfesional, no tienen por qué tener confesionalidad religiosa, aunque puedan verse obligados en nombre de la representación del Estado a participar en actos de carácter religioso pero como meros funcionarios, no como partícipes activos y
confesionales de los mismos; y el derecho de reunión, aunque haya límites. Es curioso que la proposición de ley dedica especial atención al derecho de asociación en su artículo noveno, en consonancia con el reconocimiento de que hay derecho a que
existan consejos asesores de personal, a través de los cuales plantear toda la problemática de tipo profesional.
Como Bloque Nacionalista Galego solamente queremos decir que, en caso de que esta proposición salga adelante, presentaremos enmiendas para mejorarla. Algunas de ellas son las que hacen referencia -porque no acabamos de entender cuál es el
sentido o sí lo entendemos excesivamente- a que se vayan a tolerar asociaciones de ámbito internacional y sin embargo no se permitan asociaciones de ámbito territorial dentro del Estado español. Se me ocurren cantidad de reivindicaciones
profesionales que sí pueden agrupar, por ejemplo, a los militares que vivan en Galicia, o que vivan en Andalucía o que vivan en Cataluña. Igualmente no podemos entender por qué razón se puede emplear el gallego, el catalán y el vasco en el servicio
al público por parte de la estructura militar, del servicio del ejército y sin embargo quedan excluidos estos idiomas de uso interno en actos y relaciones de servicio en los territorios de Galicia, Euskadi y Cataluña.
Concluyo, señora presidenta. Apoyaremos que se tome en consideración esta proposición de ley orgánica sobre derechos fundamentales pero en todo caso consideramos que en el debate parlamentario debería ser modificada para que fuera mejor y
para que reuniese completamente lo que son los derechos humanos básicos y elementales, que no pueden estar coartados o contradichos precisamente por una interpretación muy sui generis de lo que es el ejército dentro del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, señorías, para este portavoz de Coalición Canaria hablar de la defensa del asociacionismo militar es un tópico. Está reiterado en varias intervenciones en los últimos años en esta Cámara. Mi
voto hoy va a ser también consecuente y congruente con la línea que ha expresado el señor Moragues, que tengo que decir que, a mi juicio, se ha ajustado plenamente a una lectura del espíritu y de la letra de la Constitución. Esto tardará el tiempo
que quiera el Ministerio de Defensa que tarde. Pero, si se puede arreglar ya el tema de Gibraltar, parece que es más difícil arreglar el tema del asociacionismo en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas netamente constitucionales que, en su acto de
jura de bandera, juran esa bandera y esa Constitución, que es
un compromiso que está por encima de cualquier otra formalidad puramente litúrgica.
En esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares se hace un alarde de compromiso parlamentario que nosotros vamos a secundar a la vista de lo que siempre hemos
interpretado en la lectura de nuestra Constitución. En segundo lugar, de lo que es la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado año, ya notificada a una asociación militar, que viene prácticamente a anunciar que el Parlamento debe derogar el
artículo 181 de la Constitución y reconocer a los militares profesionales o de la reserva o de retiro, cualquiera que sea su situación, el derecho que tienen el resto de los ciudadanos civiles o corporativos del Reino de España.
¿Cómo se les puede negar a los militares lo que no se les niega a los jueces? De los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, los jueces, tienen plena y naturalmente reconocido su derecho de asociación y son los que pueden privar al
ciudadano hasta de la libertad, son los que ejercen el principio que emana legislativamente de las Cortes. Y a eso me quiero referir, no tanto para reiterar la sentencia del Tribunal Constitucional, que viene a abogar en estas tesis, como lo que
dicen las Reales Ordenanzas, porque da la sensación de que alguien en el Ministerio de Defensa se ha empeñado en hacer una lectura sesgada de lo que dicen las propias Reales Ordenanzas. Y recuerdo a SS.SS. que el artículo 181, el que está en
cuestión, dice: Los miembros de las Fuerzas Armadas, por cuyos intereses vela el Estado, no podrán participar en sindicatos y asociaciones con finalidad reivindicativa. Es decir, así como deja a los sindicatos en esa propia expresión de léxico,
sindicatos, sí califica a las asociaciones con fines reivindicativos. Y la sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a ser clara en esto. Dice: No se puede tener sindicatos encubiertos con el nombre de asociaciones con finalidad
reivindicativa. Pero si la asociación no tiene finalidad reivindicativa, entiende este diputado que no le afecta para nada esta interpretación restrictiva que viene emanando de un determinado órgano ministerial.
Es más, si se fijan SS.SS., el artículo 181 dice: Los miembros de las Fuerzas Armadas por cuyos intereses vela el Estado. Es que alguien está traduciendo Estado por Gobierno y Estado es esta Cámara. Y cuando se me ha dicho: No, eso que
lo apruebe el Gobierno o la Administración, las Cortes no tienen por qué entrar aquí. ¿Cómo que no? ¿Quién aprobó la Constitución entonces, un ministerio o el Parlamento soberano de la soberanía española expresada en el primer título de la
Constitución? El Estado, que sepamos, hasta ahora son tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Y tan Estado son los jueces que tengan que defender derechos de ciudadanos justiciables o aplicar justicia para reivindicar y corregir
defectos como precisamente la defensa del Estado que también se encomienda a este Congreso de los Diputados. Luego este Congreso de los Diputados está perfectamente legitimado para preocuparse de que todos los ciudadanos del Estado español
disfruten de los mismos derechos, con las reglamentaciones pertinentes, que ampara la Constitución. Aquí estamos hablando de lo que en el moderno lenguaje europeo se llaman ciudadanos de uniforme, de la misma manera que podríamos hablar de los
jueces como ciudadanos togados y de quienes ejercen el derecho; llevan un símbolo exterior del poder que ejercen, de la representación que tienen, de la actividad profesional o del oficio que realizan en la sociedad. Y esto es importante.
Yo, como diputado del Parlamento español, en nombre de mi grupo, queremos sentirnos incorporados plenamente a este principio constitucional, defender a unos ciudadanos de uniforme y decir al Ministerio de Defensa que tiene algo tan sencillo
como aceptar la sentencia del Tribunal Constitucional y hacer un reglamento a las asociaciones militares. Así de sencillo. Si no nos estamos oponiendo a que un reglamento venga a hacer cuestiones de prohibición que sean inconstitucionales o
contrarias a un derecho común. Cuando, como recordaba en una de mis últimas intervenciones en anteriores procesos de debate legislativo, hasta Portugal acaba de reconocer por ley este derecho de asociación; cuando prácticamente todos los países de
nuestro entorno europeo de la OTAN están en el pleno reconocimiento, a nadie se le ocurre, y menos en una estructura de pensamiento militar, que se puede circular con un derecho sin un reglamento. Es sencillamente, reconocido el derecho, que el
Ministerio lo reglamente. ¿Qué quieren evitar la proliferación de miniasociaciones, localismos, etcétera? Señores, limiten el número o señalen la cifra mínima para pertenecer a una asociación.
Por estas razones, nosotros entendemos que es necesario, de una vez por todas, hacer el avance, dar el paso decisivo en este reconocimiento.
Porque si el artículo 169 de las Reales Ordenanzas dice: El militar tiene los derechos civiles y
políticos reconocidos en la Constitución sin otras limitaciones que las impuestas por ella -que no las impone-, por las disposiciones que la desarrollen -sigue en base constitucional- y por estas ordenanzas, lo que no puede ocurrir es que aquí esté
un señor, como están algunos, interpretando que estas ordenanzas están por encima de las disposiciones que desarrollan la Constitución y por encima de la propia Constitución española. Eso no lo puede tolerar un sistema parlamentario democrático en
el que estamos tratando de normalizar para que no se levanten suspicacias, porque hasta este momento nadie ha dado una explicación de esta obcecación en negar esta interpretación constitucional, ya avalada por una sentencia del Tribunal
Constitucional, ni ha dado nadie una interpretación de la obcecación administrativa sobre estos temas. Nosotros desearíamos que una proposición de
ley como esta entrara a trámite. Estamos de acuerdo en el fondo con lo que ha planteado en cuanto a la asociación y hacemos valer nuestras observaciones por cuanto entendemos que deben estar abiertas no solamente a militares profesionales
en activo sino también a militares profesionales en la reserva y no restringir este derecho porque precisamente las asociaciones que han venido dando esta batalla -y ustedes lo saben perfectamente-, las que han recurrido incluso ante el
Constitucional, con las que nos hemos reunido muchos diputados -incluso aquí se citaba la última con Euromil en Sevilla hace dos semanas-, están constituidas fundamentalmente por militares de la reserva o en un tercer estado en la situación
administrativa que hubiera.
Hagamos que la gran familia militar se sienta cómoda con la Constitución, porque tienen encomendada su defensa, tienen encomendada la seguridad del pueblo español frente a cualquier agresión exterior, y quienes mejor tienen que defender la
Constitución, que somos nosotros, como representantes del pueblo español, también les representamos a ellos.
Ellos no podrán ejercer una opción política, pero sí tienen derecho a votar, y todo voto es un compromiso y una obligación democrática para
todos nosotros.
Por estas razones, si esto fuera admitido a trámite, presentaríamos las enmiendas correctoras pertinentes, tal vez simplificando mucho más la ley, dejándola en sus justos términos e instando al Gobierno a que trajera el reglamento que deje
tranquila a la Administración, si es que tiene alguna suspicacia. En cualquier caso, consideramos esta iniciativa positiva en la línea que este diputado y mi grupo hemos defendido sistemática y reiteradamente ante esta Cámara, y por tanto vamos a
votar a favor de su toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, el Grupo de Izquierda Unida ha solicitado los derechos de asociación, participación, sindicación, es decir, los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares durante un largo espacio de tiempo, clamando en el
desierto. Recuerdo una proposición no de ley debatida en Comisión en 1996 y anteriormente, incluyendo siempre este tema, puesto que estamos en el seno de un Estado social y democrático de derecho, en los sucesivos programas electorales.
Desde ese punto de vista, siempre nos hemos planteado hasta qué punto cabe limitar en un Estado social y democrático de derecho los derechos fundamentales a unos ciudadanos que son funcionarios de un ministerio, por muy peculiar que sea.
Nos hemos planteado siempre cómo puede releerse desde el punto de vista democrático el principio de jerarquía, singularmente afectado en una organización militar en el seno de un Estado social y democrático de derecho. Para nosotros la respuesta
siempre ha sido la misma: hay que limitar los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos lo menos posible y siempre en el marco de lo que permita la Constitución. Pero no sólo decimos esto, no sólo decimos lo menos posible
sino que, a nuestro juicio, hay que llegar no a conceder sino a reconocer el estatus de ciudadanía plena a los profesionales españoles del Ejército, porque no cabe otra salida desde el punto de vista de una lectura leal de la Constitución, lectura
que hasta ahora no se ha hecho. El tiempo nuevo de la lectura no es que llegue ahora, era en 1978 cuando tenía que haberse hecho, y no en función de previsiones de otros Estados de la Unión Europea, como hay que hacer aquí por contagio la lectura
adecuada de la Constitución que en su momento aprobamos.
La proposición de ley del Grupo Socialista nos parece en principio bien, tarde pero bien, porque nosotros insistíamos en años anteriores en que esto debería reconocerse y nunca obtuvimos la respuesta adecuada. Pero no sigo por ese camino
para no entristecer al señor Moragues. En todo caso, sí quisiera hablar de algunas limitaciones que contiene el texto del Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, el derecho a la sindicación de los profesionales del ejército. No se recoge, y
nos parece que es un derecho fundamental. Si se lee de manera literal, sin ningún tipo de interpretación, el artículo 28.1 de la Constitución, vemos que dice que la ley podrá limitar este derecho, pero al decir podrá también quiere decir que podrá
no limitarlo. Por lo tanto, si nosotros queremos reconocer el estatuto de ciudadanía plena a los profesionales del ejército, tendremos que leer que la Constitución da la salida a no limitar este derecho fundamental como es el derecho de
sindicación.
Porque si se reconoce el derecho de asociación, queramos o no, si a la vez no se reconoce el de sindicación, las asociaciones se van a transformar en sindicatos encubiertos, aunque esta es una razón no de peso sino táctica, derivada de
la razón fundamental, y es que el estatus de ciudadanía plena es o debe ser innegable.
No entendemos tampoco por qué se deja fuera del ámbito de aplicación de esta proposición de ley a los militares en la antigua situación de reserva transitoria. No tiene ningún sentido a nuestro juicio. De otra parte, consideramos que no
aparece bien delimitada la categoría de disciplina. No aparece bien descrita porque, a partir de una descripción ambigua, no se aplica de manera completa el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los militares. Esto
sería imposible si la lectura que se hace de la categoría de disciplina se hace con unas gafas del ejército; no, tenemos que hacerlo con gafas civiles, gafas constitucionales, para que el concepto de disciplina tenga una
definición garantista que no impida el ejercicio real concreto y diario de los derechos fundamentales.
A nuestro juicio, también se limitan excesivamente las actividades políticas de los militares. Por ejemplo, si muchos textos de los que aquí debatimos, incluso aprobamos, están siendo tutelados por militares que tienen que venir de
tapadillo a indicarnos cosas y a matizar cuestiones -y también al Grupo Parlamentario Popular le asisten muchos militares-, ¿por qué no les reconocemos el derecho pleno con respecto a su actividad política normal y real? No los tengamos en la
clandestinidad sino abramos el texto de manera que la actividad política sea plena también para los profesionales del ejército.
Pensamos que no se tipifica bien el derecho de asociación de los militares. Es una lectura muy sui generis la que hace el Grupo Socialista porque, por ejemplo, se introducen controles materiales en los actos de registro de las asociaciones
militares, cuando la Constitución sólo prescribe controles materiales para todo tipo de asociaciones; se prohibe formar parte de los órganos de Gobierno a los militares retirados; se modifica parcialmente el régimen disciplinario de los militares
con tal vaguedad y apertura que podríamos estar ante una violación de los principios de tipicidad penal y por tanto del artículo 25 de la Constitución, y una serie de cuestiones que nos hacen ver que es un derecho que no se puede encorsetar de la
manera en que aparece en el texto del Grupo Socialista.
Pues bien, a pesar de todo, vamos a apoyar la proposición de ley, sabiendo además de la sensibilidad del señor Moragues a la hora de aprobar las enmiendas que sin duda interpondríamos a este texto que por ser el primero no está mal con
respecto al ejercicio pleno de las libertades y de los derechos constitucionales para los militares españoles. Pero nos vamos a encontrar con un tapón, porque el Grupo Parlamentario Popular es un conspicuo debilitador del Estado social y
democrático de derecho en lo que se refiere a los derechos de los profesionales del ejército y a otros muchos derechos que ahora no viene a cuento evocar, y les voy a dar algunas razones de esta singularidad del Grupo Parlamentario Popular, que
restringe de tal manera la lectura que nos coloca a los militares realmente en el frontispicio, pero por la parte de fuera, de la Constitución.
En mayo del pasado año se filtra a la prensa que el Gobierno sustentado y soportado por el Partido Popular pretende prohibir por ley el derecho de los militares a asociarse. Lo leemos en los medios de comunicación y un mes más tarde leemos
que renuncia (suponemos que por la presión pública que se establece, porque releen bien el texto constitucional) a esa prohibición por ley, pero anuncian que en su futura ley orgánica de asociación los militares serán expresamente excluidos. Meses
más tarde, en noviembre del año 2001, el Tribunal Constitucional pega un auténtico revolcón al Ministerio del Interior, convenientemente aleccionado en este caso por el Ministerio de Defensa, y el tribunal concede amparo constitucional a una
asociación militar no registrada de carácter reivindicativo. En este mismo mes, varios grupos parlamentarios nos oponemos a la nueva ley orgánica de regulación del derecho de asociación, entre otras cosas, por el tratamiento que da a los derechos
fundamentales y libertades públicas de los militares españoles, y en estos meses nos hemos enterado de cuál es el auténtico rostro del Partido Popular con respecto a la materia del asociacionismo militar. Excluyen, por ejemplo, también, en la
última reforma que hemos hecho de la Ley 17/1999, de las Fuerzas Armadas, en cuanto a la participación en los órganos representativos o en los órganos de participación, a los inmigrantes que se alisten a las Fuerzas Armadas. O sea que no tienen
ustedes claro que se deba aplicar de manera plena la Constitución por lo que respecta al ejercicio de una profesión en el seno de un ministerio singular, como es el de Defensa, pero ministerio en definitiva.
Señorías, pensamos en consecuencia que la situación es grave, y por ello no sólo el Tribunal Constitucional o la Audiencia Nacional española han tenido que intervenir para frenar la forma que tiene el Partido Popular de entender este asunto,
sino que hasta la internacional europea de militares pidió en Sevilla -creo que se ha dicho antes aquí- el pasado 25 de abril el respeto al derecho de los militares españoles a asociarse libremente.
Esperemos que no se nos trate con exabruptos, sino finamente, como acostumbra a hacer el señor Atencia, y creo que en todo caso lo que le queda al señor Atencia es anunciar elegantemente desde esta tribuna cuándo el Partido Popular va a
cumplir la Constitución en este tema.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir brevemente para exponer nuestra posición sobre la admisión a trámite de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Nuestro grupo ya apostaba en el debate del proyecto de ley del personal de las Fuerzas Armadas por que se avanzase en el tratamiento de los derechos y las libertades de los militares e hizo propuestas que mejoraban sensiblemente el proyecto
de ley que presentó el Gobierno. Se aceptaron varias enmiendas, una de ellas a propuesta de nuestro grupo parlamentario, que fue transaccionada posteriormente y en la que se obligaba al Gobierno a que antes del 31 de diciembre de 2002 remitiera a
las Cámaras los proyectos de ley necesarios
para adaptar a la legalidad vigente el ordenamiento legal de la defensa nacional y el régimen de derechos y deberes de los militares. Por tanto, es una magnífica ocasión para que, aprovechando esa situación, se dé un paso en la línea de la
adaptación del ordenamiento vigente a la realidad actual y de una manera específica por lo que se refiere al régimen de derechos y deberes de los militares.
Los cambios en materia de defensa han sido espectaculares en los últimos años: el fin del servicio militar, la incorporación de la mujer, la creación de un ejército profesional, la incorporación de extranjeros ahora, la plena integración a
la Alianza Atlántica, etcétera. Por lo tanto, tenemos un ordenamiento vigente que hay que adecuar a esa nueva situación, y un ejemplo claro puede ser la necesidad de la modificación y sobre todo la adaptación a la realidad vigente de las actuales
Reales Ordenanzas de los tres ejércitos. Afortunadamente, disponemos de un ejército que nadie pone en duda que responde a los parámetros de un Estado moderno, y hay que continuar trabajando en ese sentido. Una normativa que regule los derechos y
las libertades de los militares es, sin duda, un paso adelante. También somos conscientes de que ese es un tema delicado que hay que tratar con sumo cuidado. Por ese motivo, nuestro grupo parlamentario no votará a favor de la admisión a trámite de
la proposición de ley que estamos debatiendo porque tenemos la firme convicción de que será el propio Gobierno el que, de acuerdo con el contenido de la disposición final séptima de la Ley 17/1999, hará una propuesta que nos gustaría que, a pesar de
las matemáticas parlamentarias, estuviese lo suficientemente consensuada con las diferentes fuerzas políticas de la Cámara y que nos permitiese disponer de una legislación avanzada también en esos temas.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venía, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a fijar nuestra posición en relación con la iniciativa que acaba de ser defendida por el Grupo Socialista con carácter de proposición de ley orgánica reguladora de
derechos fundamentales y libertades públicas de los militares.
En primer lugar quisiera hacer alguna referencia a la intervención del señor Moragues, que ha calificado de oportunísimo el momento en que se plantea esta iniciativa. Como después ustedes verán, nos encontraremos en el dilema de si el
término viene de oportunidad o de oportunismo, señor Moragues. Y no es un chiste fácil, porque usted ha hecho una lectura curiosísima de la historia en la que olvida el cambio copernicano de su grupo parlamentario, que no sólo negaba determinados
derechos que ahora quiere reconocer sino que además estaba en contra -su grupo parlamentario en su conjunto y algunos distinguidos miembros del mismo- incluso del proceso de profesionalización que hoy nadie discute, y que además como consecuencia de
ello plantean esta iniciativa, y yo creo que hay que poner las cosas en sus justos términos.
En su iniciativa ustedes proponen que, con calidad de ley orgánica, se regulen los derechos y libertades fundamentales de los militares en una ley específica por cuatro razones. Por una parte, porque las Reales Ordenanzas son anteriores a
la Constitución; entraron en vigor no sé si un día o dos antes de la Constitución. En la doctrina está perfectamente claro el debate sobre las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, pero en cualquier caso creo que es un mero elemento de
referencia. En segundo lugar, ustedes quieren refundir en un solo texto legal el ejercicio por los militares de estos derechos fundamentales, así como las particularidades y limitaciones que les afectan. En tercer lugar, aspiran a contemplar la
profunda transformación, que nadie discute, de las Fuerzas Armadas, su modernización, etcétera, sin tener en cuenta que es un proyecto legal. Por último, la innovación más relevante es la regulación del derecho de asociación, al que las señorías
que hasta ahora han intervenido han dedicado todo su tiempo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tengo que decir, señorías, que entendemos que conviene centrar la cuestión. Veamos cada uno de los aspectos que se han planteado por separado aunque sea de forma muy telegráfica. Conviene
recordar, señorías, tal como reconoce la propia exposición de motivos de la iniciativa del Grupo Socialista que estamos analizando, que el catálogo de derechos y deberes del militar se contiene, como hemos dicho, en las Reales Ordenanzas de las
Fuerzas Armadas españolas, concretamente en su tratado tercero, compuesto por dos títulos, en el primero de los cuales -y no le hago ninguna referencia más precisa- se regulan la totalidad de los derechos que se contienen en el texto que el Grupo
Socialista hoy nos propone. Por tanto, señorías, de prosperar la iniciativa del Grupo Socialista, quedarían vacíos de contenido los preceptos de las Reales Ordenanzas que componen dicho título, con lo que estos perderían en gran medida su sentido
en su calidad de referentes últimos del código de valores propio de la institución militar, por cuanto el conjunto de deberes y derechos constituyen expresión esencial de dichos valores, tal y como se desprende de su artículo primero.
Un examen del articulado del texto que nos propone el Grupo Socialista -y después veremos por qué el Grupo Parlamentario Popular no lo va a respaldar- permite descubrir, junto con la analogía existente entre el contenido de la mayoría de los
preceptos de la proposición
de ley y sus homólogos de las Reales Ordenanzas, lo incompleto que resulta el catálogo de derechos y libertades que se incluye en el texto de la proposición, sin que se justifique la ausencia de derechos tan primordiales como son los de la
participación política, la tutela judicial efectiva, la libertad de circulación o los límites de su ejercicio motivados por la exigencia de la disponibilidad, por citar los más destacados de entre los que se contemplan en el título correspondiente
de las Reales Ordenanzas cuya derogación se previene. Por otra parte, señorías, no parece congruente que, con el propósito de reunir, como sin duda anima la iniciativa del Grupo Socialista, en una norma específica los derechos y las libertades
fundamentales de los militares, ésta incluya algunos de sus deberes pero no todos ni los más importantes, pues si el deber de neutralidad política y la prohibición de sindicación -indebidamente calificada por S.S. de neutralidad- son, junto con el
deber de reserva, manifestaciones importantes de la particular naturaleza de la relación que vincula al militar con el Estado, no es menos cierto que los deberes consagrados en el artículo 170 de las Reales Ordenanzas -limitaciones para el uso de la
fuerza- o en el 186 -ofrendar su vida en defensa de la patria- tienen carácter prioritario, pues es a partir de ellos desde donde cobran su exacto sentido el resto de las limitaciones al ejercicio de los demás derechos y libertades cívicos.
Particular atención merece, por último, en esta introducción el tratamiento que se da al derecho de asociación, que ocupa un lugar destacable en la iniciativa del Grupo Socialista, como he dicho anteriormente, tanto por la extensión del
precepto dedicado a regular su ejercicio -el artículo 9 de la iniciativa que discutimos-, como por la importancia que se otorga a dicha regulación en la exposición de motivos, en la que se califica como la innovación más relevante de la proposición
de ley del Grupo Socialista. Conviene recordar a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista que han presentado esta iniciativa que ésta se registró en la Cámara cuando aún estaba en discusión y en tramitación parlamentaria en las Cortes
Generales el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación. Esta iniciativa se registra en el mes de febrero del presente año y la ley es aprobada definitivamente por el Pleno de esta Cámara el 7 de marzo de este año, es publicada
en el Boletín Oficial del Estado del 26 de marzo siguiente y entrará en vigor el próximo día 26 del presente mes de mayo. Señorías, creo que hubiese sido más oportuno que hubiesen esperado a ver el contenido de ese proyecto de ley y las referencias
y remisiones que hacía a la legislación específica en relación con los militares para ver si, además de otras cuestiones, era el momento oportuno para plantear su iniciativa. Yo creo que con estas meras remisiones de carácter general se vacía una
parte importante de las Reales Ordenanzas, y el derecho de asociación, al que ustedes dan un carácter especial, está previsto en la ley orgánica que regula este derecho constitucional a través de una remisión específica.
Estas serían razones
suficientes para decir que, al margen de cualquier cuestión de fondo, en el momento formal que se plantea y tal como se plantea, no podemos respaldar esta iniciativa. Pero no me voy a quedar en eso por respeto a esta Cámara y a S.S.
Hay una serie de razones que justifican sobradamente que el Grupo Parlamentario Popular no pueda respaldar hoy este proyecto de ley. Señor Moragues, me remito a la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas,
que establece en su disposición final séptima, como usted sabe, que el Gobierno, antes del 31 de diciembre del año 2002, deberá remitir al Congreso de los Diputados los proyectos de ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la defensa
nacional y el régimen de los derechos y deberes de los militares al modelo de Fuerzas Armadas profesionales. Como se ve, el Gobierno tiene un mandato en una ley que respaldó ampliamente esta Cámara para regular determinados aspectos que afectan a
la defensa nacional y especialmente los derechos y libertades de los militares. Por tanto, esperemos a que lo haga el Gobierno, que es el que tiene la iniciativa, dentro del plazo que tiene establecido, y a partir de ahí que cada uno aporte su
propio mandato. Es un mandato parlamentario, un mandato de carácter legal que no se encuentra simplemente ante la tesitura de quién tiene la capacidad legislativa, que sin duda la tienen esta Cámara, los grupos parlamentarios, las comunidades
autónomas, la iniciativa popular y el propio Gobierno, sino que aquí expresamente se faculta al Gobierno. Por tanto, no ha terminado el plazo y además, señorías, si me permiten la expresión, la toma en consideración de esta proposición supondría no
sólo un adelanto del mandato hecho por el legislador al Gobierno sino en cierto modo un incumplimiento del mismo.
Hay una segunda cuestión a la que me gustaría hacer referencia. La falta de carácter orgánico de las Reales Ordenanzas a la que se alude en la exposición de motivos de la iniciativa defendida por el Grupo Socialista no parece justificar la
proposición, ya que dicho carácter viene amparado, como SS.SS saben, por otras normas. Entre ellas, cabe citar el artículo 150.1 de la Ley del régimen del personal de las Fuerzas Armadas, que determina que el régimen de derechos y libertades de los
militares profesionales es el establecido en la Constitución, en las disposiciones de desarrollo de la misma y, según lo previsto en la Ley orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, en las
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, en la Ley reguladora del derecho constitucional de asociación, de 26 de marzo de este año 2002, que todavía no ha entrado en vigor pero que ya ha sido aprobada definitivamente por esta Cámara, se
dice literalmente: Los miembros de las Fuerzas Armadas o de los institutos armados de naturaleza militar habrán de atenerse a lo que dispongan las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el resto de sus normas específicas para el ejercicio del derecho de asociación. Por tanto, señorías, los derechos y libertades fundamentales de los militares, especialmente los que se refieren a
la asociación, tienen que ser regulados en esa ley específica, en las Reales Ordenanzas, y no en ninguna otra disposición que el Grupo Socialista, legítimamente, aunque en mi opinión de forma errónea, quiere ahora plantear de forma omnicomprensiva.
Por último, la naturaleza del texto único que propone el Grupo Socialista no es tal, y daré alguna referencia. En el artículo 10 se dice lo siguiente: El militar podrá ejercer el derecho de petición individualmente en los casos y
formalidades que señala la ley reguladora del mismo. Su ejercicio nunca podrá generar el reconocimiento de un derecho que no sea de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y se remite a otras normas, cuando usted quiere establecer una norma de
carácter general omnicomprensiva. Hay otras referencias, como la Ley orgánica 4/2001, donde en concreto se habla de la realización específica, referencia que ahorro a SS.SS.
Por todo lo anterior, señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no puede compartir la iniciativa que se somete hoy a consideración de esta Cámara por razones de forma y de tiempo. Las cosas hay que plantearlas en su
momento oportuno, y me refiero a la mención que específicamente hace la Ley del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, la referencia al derecho de asociación que hace la ley específica reguladora de este derecho constitucional, y creo que habrá
que actuar en esos términos.
En conclusión, señora presidenta, en primer lugar, la técnica de regular los derechos y libertades de los militares en una norma específica al margen de las Reales Ordenanzas supone privar a éstas de uno de sus contenidos esenciales,
vaciándolas en gran medida de su sentido originario como referente último de los valores específicos castrenses.
En segundo lugar, el contenido del texto articulado de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista resulta incompleto por
una parte e incongruente por otra con sus pretensiones de coherencia, totalidad y globalidad. En tercer lugar, los derechos y libertades de los militares, por mandato de la Ley del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, debe regularse en el
plazo que la propia ley establece. Tenemos un plazo que termina el 31 de diciembre del presente año, y en ese ámbito es el Gobierno el que tiene la legitimación de formularlo. En último lugar, la regulación del derecho de asociación del derecho de
los militares, en su caso, se tiene que establecer en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, tal como establece expresamente -conviene recordarlo y reiterarlo- la ley orgánica que regula el derecho constitucional de asociación, cuestión que
forma parte del calendario legislativo de esta legislatura, primero de las ordenanzas de cada ejército y finalmente del conjunto de las ordenanzas de las Fuerzas Armadas españolas. Por tanto, señorías, señora presidenta, el Grupo Parlamentario
Popular no va a respaldar la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista por razones de coherencia con las leyes aprobadas por las Cortes Generales, por razones de técnica legislativa y de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Partido
Popular. Por lo tanto, nuestro voto será negativo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Antes de proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, propongo a la Cámara la siguiente modificación del orden del día. Conforme al artículo
68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de sustituir la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista
que figura con el número 33 por otra del mismo grupo parlamentario sobre objetivos y previsiones en materia de pesca durante la presidencia española de la Unión Europea.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día.
Asimismo, señorías, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de
la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley citada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS DE LOS MILITARES. (Número de expediente 122/000184.)
La señora PRESIDENTA: Ahora, señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Socialista sobre derechos fundamentales y libertades públicas de los militares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 123; en contra, 165; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE PROTECCIÓN SOCIAL POR DESEMPLEO EN EL NIVEL ASISTENCIAL. (Número de expediente 122/000195.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre protección social por desempleo en el nivel asistencial. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el
señor Ruiz. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego abandonen el hemiciclo u ocupen sus escaños. (Pausa.)
Adelante, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, la propuesta que hoy presenta aquí el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va en dirección contraria a la que impulsa el Gobierno con su pretendida reforma del desempleo, a propósito de la cual esperemos que esta tarde,
en la reunión que tiene el ministro con los sindicatos, se demuestre la responsabilidad que ha de tener el Gobierno e impidamos una conflictividad laboral a nuestro juicio innecesaria e injustificable. En Izquierda Unida no creemos que el desempleo
sea voluntario, como parece creer el Gobierno, no creemos que los parados sean un grupo de vividores que obtienen rentas de esta situación, como parece creer el Gobierno, ni creemos que la mayoría de perceptores, especialmente los del subsidio
asistencial, tengan posibilidad de encontrar empleo como también afirma el Gobierno.
Los hechos reales del actual sistema, cuya cobertura pretendemos incrementar con esta proposición de ley, son los siguientes. El sistema que tenemos cubre a poco más del 42 por ciento de los parados según la encuesta de población activa que
se acaba de publicar. La intensidad de la protección es de las más bajas de la Unión Europea y de las más cortas -hay que recordar que al menos en siete países los subsidios de desempleo son indefinidos-. Las exigencias a los parados en nuestro
país son de las más duras; por el solo hecho de no aceptar un empleo se puede perder la prestación de manera definitiva. El 51 por ciento de los que acceden a una protección contributiva provienen de contratos temporales en permanente rotación.
El fraude que se demuestra es muy bajo, no llega ni siquiera al uno y medio por ciento. La mayoría de los trabajadores no agotan las prestaciones que marca el sistema, que como saben son de 24 meses. A todo ello hay que añadir el superávit en este
capítulo presupuestario, que es espectacular -dos billones de pesetas acumulados desde 1998 hasta ahora-, excedentes que confiscatoriamente se destinan en general a cualquier finalidad distinta a la que corresponde y en particular a subvencionar a
las empresas y a realizar rebajas fiscales regresivas. En este contexto el Gobierno ha marginado del crecimiento económico de esta legislatura a los grupos de renta más baja y muy especialmente a los desempleados. En esta legislatura han
descendido tanto la cuantía de las prestaciones por desempleo como el número de trabajadores en paro con derecho a la misma: se ha reducido en casi 450.000 personas. Además, se han agravado los vacíos de protección en el caso de los trabajadores
temporales, de los que han agotado las prestaciones y de los que no reúnen los requisitos de acceso y padecen una situación de necesidad, en definitiva, de quienes podrían beneficiarse de un subsidio asistencial. Mientras, se ha destinado una
ingente cantidad de recursos, tanto por la vía fiscal como a través del gasto, a beneficiar a las empresas y a las rentas más altas. Las primeras han incrementado sus beneficios más de un 70 por ciento en esta legislatura.
Hemos insistido a lo largo de los últimos años en la necesidad de reforzar la normativa para incrementar y extender la protección por desempleo. Sin embargo, el Gobierno ha practicado su habitual política de culpabilizar a los parados y no
ha tenido en cuenta la propuesta de las organizaciones sindicales. Yo ya sé que a continuación el portavoz del Partido Popular, que seguramente será el señor Azpiroz, me dirá que nadie ha dicho que los parados son unos vagos. Allá cada cual con lo
que quiera entender, con lo que dice el Gobierno y con las pretensiones que se plantean en esa modificación que se pretende hacer del desempleo, pero desde luego yo ayer escuchaba al señor ministro de Trabajo en una comparecencia en la Comisión de
Política Social y Empleo, en la que efectivamente no les llamaba vagos, pero hablaba de la insolidaridad, y, por tanto, será un calificativo más que tengamos que añadir a esta carrera de despropósitos que se quiere poner en marcha para justificar
algo que es injustificable.
El Gobierno en esta legislatura ha mantenido un criterio restrictivo en el acceso a las prestaciones que ha provocado un alto nivel de desprotección de los parados que sitúa a España en los niveles más bajos de la intensidad de protección
por desempleo de la Unión Europea. Ya adelantaba antes que el sistema cubre a poco más del 42 por ciento de los parados.
En esta legislatura, a través de las sucesivas leyes de acompañamiento, el Gobierno ha ido limitando cada vez más el derecho a
la protección por desempleo o ha reducido su intensidad protectora. Así, por ejemplo, se han endurecido los requisitos para acceder a la prestación asistencial; se ha restringido el alcance del desempleo parcial; se ha reducido la prestación de
incapacidad
temporal en las situaciones de desempleo y se ha eliminado la retribución por horas extraordinarias del cálculo para fijar la base reguladora de las prestaciones por desempleo. A través del presupuesto del INEM el Gobierno, además de
retirarse de la financiación de este instituto, se ha apropiado de los excedentes por cuotas para financiar otras políticas distintas en lugar de mejorar la situación de los parados.
Es necesario y urgente dar un cambio radical a la política que se está desarrollando en materia de protección por desempleo; reformar la actual normativa para propiciar una mejora en las condiciones de acceso a la prestación contributiva y
asistencial y en la cobertura y en la intensidad de las prestaciones; es decir, lo urgente y necesario es hacer lo contrario de lo que impulsa el Gobierno del Partido Popular. Nuestra propuesta se refiere hoy al subsidio asistencial. Dicho
subsidio en realidad, aunque de forma indirecta, también es contributivo al ser necesario haber pagado previamente para poder acceder a la mayoría de los tipos de prestación. En cualquier caso, su finalidad es cubrir situaciones de necesidad. La
principal restricción del acceso a este subsidio está marcada por la estricta definición de la suma de cargas familiares y el límite de rentas del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. El grupo de edad con mayor participación en la
percepción del subsidio, de 55 a 59 años, representa el 32,6 por ciento del total de subsidios; el 73 por ciento de las mujeres con derecho a prestaciones reciben este subsidio asistencial. El protagonismo del subsidio es todavía mayor si se acota
el grupo de edad de 55 a 59 años, dada la obligación de jubilarse anticipadamente de todas las personas que cumplan con las condiciones de acceso a la prestación contributiva del régimen general de la Seguridad Social. En este grupo de 55 a 60 años
siete de cada diez prestaciones son asistenciales gracias a la específica prestación existente para los mayores de 52 años, cuya posibilidad de encontrar empleo es prácticamente nula. En definitiva, mujeres y personas de más de 55 años son los
grupos que mayoritariamente perciben estas prestaciones. Si suman estos grupos, tendrán el 82 por ciento de los perceptores del subsidio asistencial, y para que no se hable de abuso en las prestaciones contributivas, debe saberse que son más los
perceptores que por la modalidad de contratación no han tenido derecho a esta prestación, un 27 por ciento, que aquellos que las han agotado, un 25 por ciento. Nuestra propuesta se refiere a esos grupos sociales que se dice desear proteger, es
decir, a los mayores, a las mujeres y a los inmigrantes, y pretende lo siguiente: primero, eliminar barreras de entrada que derivan de la injusticia que nace del sistema de contratación; segundo, establecer una duración que permita cubrir las
especiales condiciones de necesidad que se expresan en este colectivo y, tercero, establecer unas cuantías que permitan una vida digna. La propuesta de nueva política asistencial es coherente con un modelo de cohesión social del que huye el Partido
Popular. Deseamos una integración social basada en una calidad de vida digna, que sólo puede proceder de una red asistencial disponible para hombres y mujeres que viven y trabajan en este país.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra el señor Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para decir que el Bloque Nacionalista Galego saluda la presentación de esta iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que pretende la mejora de la protección por desempleo de los parados que
tienen menos recursos o con cargas familiares, una protección que, en nuestra opinión, es elemental en un Estado democrático y socialmente avanzado. Consideramos esta proposición, además de oportuna, realizable, ya que la actual situación
financiera del INEM en los últimos años presenta superávit -por ejemplo, entre enero y noviembre de 2001 alcanzó los 3.000 millones de euros-, lo que viene a significar que la protección por desempleo se sufraga íntegramente por las cotizaciones
sociales, sin necesidad de recurrir a otros ingresos del Estado, con lo que existe un margen de maniobra, desde el punto de vista económico, para aumentar las prestaciones por desempleo, como propone esta iniciativa, y no reducirlas aún más, como
pretende el Gobierno. De aprobarse el contenido de esta proposición de ley, supondría aumentar el número de beneficiarios de las prestaciones por desempleo en el Estado español, algo que es necesario porque el régimen de protección vigente presenta
uno de los niveles más bajos de la Unión Europea y con unas prestaciones cuyos periodos de percepción son mas cortos, además de insuficientes, y donde la intensidad protectora cae más rápidamente, que es lo que se trata de combatir con la presente
iniciativa y, en consecuencia, alargar la intensidad protectora en casos de rentas inferiores y cargas familiares.
Es un dato constatable que a la alta tasa de temporalidad en el Estado español hay que añadir que el porcentaje de trabajadores que perciben prestaciones por desempleo es inferior a la media europea y que dentro del Estado español, en
algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, aún se dan niveles de cobertura inferiores a esa media estatal.
Por tanto, ante esta situación y como ya hemos manifestado en otras ocasiones, apoyaremos cualquier iniciativa que persiga una
mejora en la protección por desempleo, como la que hoy defiende el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y nos posicionaremos en contra de las propuestas regresivas que bajo criterios estrictamente economicistas ahondarían en una mayor
desprotección
de los desempleados, como pretende el Gobierno. Por tanto vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Txueca.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta. Arratsaldeon, buenas tardes, señorías.
A la hora de exponer brevemente la posición del Grupo Vasco sobre esta proposición de ley que nos presenta Izquierda Unida, anticipo que nuestra postura va a ser favorable a su toma en consideración, fundamentalmente para su debate. No
vamos a entrar en si las consideraciones de su exposición de motivos y el articulado que se plantea para su eventual desarrollo son los adecuados o no -probablemente podríamos matizar algún aspecto-, pero en lo que sí coincidimos es en la necesidad
de abrir un intenso debate para abordar la situación y el conjunto de medidas de protección social que precisan aquellas personas que en general, por diversos motivos, están siendo excluidos de la realidad laboral, yo diría que hasta social, en este
país.
En esta proposición se aborda básicamente la situación de los desempleados sin derecho a prestación, pero en general esta reflexión se debe realizar para el conjunto de personas y colectivos que a pesar de los ciclos económicos de bonanza
como los actuales, a pesar de los empleos creados, van a carecer de los recursos básicos para sobrevivir, se hallan cada vez más fuera de los circuitos laborales, carecen de trabajo y, por tanto, de la posibilidad de ejercer sus derechos de
ciudadanos. Se necesita seguir estableciendo mecanismos que equilibren y garanticen la solidaridad y la dignidad humana en esta cada vez más sociedad de mercado.
No es el momento de debatir semántica o filosóficamente si estamos hablando de un subsidio asistencial, de una renta mínima o, como plantea en este caso Izquierda Unida, de protección social por desempleo. Se trata de abordar en este
Congreso de los Diputados un debate muchísimo más amplio, que algunas comunidades autónomas han abordado y yo diría que resuelto de diversas maneras y con diversas cuantías, y lo digo con cierta satisfacción desde la propia Comunidad Autónoma de
Euskadi, que está poniendo en práctica unas cantidades muy similares a las aquí planteadas hoy por Izquierda Unida, pero desde el punto de vista de rentas o salarios mínimos, que coinciden con las cantidades propuestas.
Por tanto lo que estamos
proponiendo y por lo que apostamos es por que se abra ese debate para que los ciudadanos que se encuentren en las situaciones descritas sepan que ellos también son objeto de derechos básicos que les garanticen los medios mínimos para ejercer su
dignidad como ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre de Convergència i Unió quiero fijar nuestra posición con relación a la proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la protección por desempleo en el nivel asistencial. Anticipo nuestra posición en contra que
basamos, primero, en que estas cuestiones se abordarán en el proyecto de ley de medidas de reforma de la protección por desempleo que ha presentado el Gobierno en estos días y cuya concreción esperamos en las próximas semanas. Convergència i Unió
ha manifestado su no aceptación de los planteamientos actuales de la propuesta y la necesidad de establecer una enmienda a los mismos. Sabemos que estos planteamientos deben ser revisados en profundidad y por ello nuestra posición va más allá de la
vía de la corrección del proyecto de ley del Gobierno y daremos apoyo a medidas alternativas. Como razón de oportunidad, creemos que la propuesta que hoy se debate en esta Cámara es una alternativa al proyecto de ley que el Gobierno va a presentar
dentro de pocos días y la aprobación legislativa de aquélla sería posterior a la de este último. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Hechos estos prolegómenos, debemos indicar nuestra posición en relación al fondo de la proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida. No somos en absoluto contrarios al espíritu de esta iniciativa. Convergència i Unió ha
manifestado ya el objetivo de la protección social de los colectivos con dificultades especiales de inserción. Ya ha admitido o por lo menos ha propugnado en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de este año la adecuación de fondos
suficientes para tener cobertura en este sentido. La política a llevar a cabo -ya se ha hecho en varias comunidades autónomas con éxito desigual- tiene que contar con un punto de actuación doble: en primer lugar, debe tener recursos
presupuestarios suficientes para que las coberturas den a los colectivos asistencia social manteniendo una prestación por desempleo en los contratos de reinserción. Por nuestra parte, anticipamos la presentación de una enmienda a la propuesta que
ha hecho el Gobierno en el sentido de que ciertos colectivos especiales, como ex presidiarios, drogadictos o personas mayores, puedan acceder a prestaciones especiales de desempleo, en coherencia con decretos existentes, como la Orden de 19 de
noviembre de 1997, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas
por parte del INEM en colaboración con la Administración general del Estado y con las comunidades autónomas, o la Orden de 26 de octubre de 1998, sobre la concesión de subvenciones del INEM a corporaciones locales; en ambos se exige -o al
menos se recomienda- la existencia de resultados socioeconómicos derivados de la aplicación de estos proyectos de empleo. Si se piden resultados socioeconómicos, esta Cámara debe lógicamente exigir la aplicación del subsidio de desempleo a estos
casos de ocupación.
La mejor forma de llevar a cabo esta cobertura social del desempleo es estimular a estos colectivos con políticas activas que permitan la formación y ocupación directa de sus miembros mediante ayudas especiales a contratos especiales, y que
las ayudas pasivas sean consecuencia o corolario de estas acciones que redunden en la creación de derechos reales de estas personas a las que la Cámara quiere cubrir. Matizar las coberturas con estos contratos y mediante la cobertura social del
desempleo debe ser nuestro objetivo. Nuestro grupo entiende que cualquier cobertura especial con los fondos provenientes de las cotizaciones laborales debe incluir, junto con el espíritu de solidaridad que debe llevarnos a asegurar los derechos de
desempleo de determinados colectivos, políticas activas con vistas a la reinserción laboral.
Aun estando de acuerdo con el contenido de la propuesta, nuestro grupo no lo está con la oportunidad de su tramitación ni en cuanto a los resultados que espera obtener, de manera que su posición será contraria a la misma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
El debate que se plantea hoy en esta Cámara, y que afecta a las prestaciones por desempleo en el nivel asistencial, se encuadra, sin duda alguna, en una realidad mucho más amplia: la situación sociolaboral por la que pasa en estos momentos
nuestro país. Una realidad verdaderamente preocupante, que están generando un clima social tenso debido a la actitud totalmente regresiva del Gobierno y a las medidas puestas en marcha sobre todos estos aspectos. No podemos obviar los parámetros
actuales del mercado laboral, la ruptura del diálogo social y el recorte de los derechos de los trabajadores que ha provocado la reforma planteada por el Gobierno en materia de protección a los desempleados, basada en considerar defraudadora a la
persona parada y en buscar un ahorro en el presupuesto de las prestaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer algunas reflexiones que puedan centrar el debate. En cuanto a la situación del mercado laboral en nuestro país, debemos decir que las políticas puestas en marcha por el Partido Popular han
conseguido, sin duda alguna, la devaluación de las condiciones laborales. Contamos con una temporalidad del 31,7 por ciento, 19 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Sufrimos una alta rotación en los puestos de trabajo; por poner un
ejemplo, el 57 por ciento de los contratos temporales tienen una duración menor a tres meses. Podríamos hablar también del aumento del subempleo en la población juvenil, dato referido ayer por el ministro en esta Cámara. A esto unimos la alta
siniestralidad laboral en la que España está a la cabeza de las estadísticas de la Unión Europea. En definitiva, una pérdida cada vez mayor de la calidad en el empleo de nuestros trabajadores y un mercado laboral cada vez más sensible a los ciclos
económicos. Frente a esta situación, el Gobierno se ha venido vanagloriando en los últimos tiempos del descenso del desempleo gracias a sus políticas en esta materia. Pero hace unos días asistimos a la presentación de los datos de la EPA, que son
totalmente esclarecedores. El paro subió en 189.000 personas en el último trimestre y se han destruido 65.000 empleos; la primera vez, desde 1995. Siento decirles, señorías, que esta realidad es poco halagüeña y se contradice por completo con la
propaganda que hemos tenido que sufrir por parte del Gobierno en este sentido. Además, debo recordarles que la reforma del mercado de trabajo que se aprobó en esta Cámara hace aproximadamente un año no ha cumplido en absoluto los objetivos que
tenía planteados y ha dado unos resultados sorprendentes por su negatividad, algo que ya nuestro grupo parlamentario señaló en su momento. Ahora, ante esta realidad, el Gobierno reacciona de forma totalmente regresiva. Se plantea una reforma de
las prestaciones por desempleo que no pretende mejorar el sistema de protección -necesario en estos momentos por el aumento del paro-, sino la desprotección de los parados además de considerarlos defraudadores. También nos encontramos con que estas
medidas de ahorro se centran en las prestaciones por subsidio asistencial. Como siempre, los que más dificultades tienen son los que sufren los intentos de este Gobierno de conseguir sus propósitos de estabilidad presupuestaria.
Izquierda Unida trae a la Cámara esta proposición de ley relativa a la protección por desempleo en el nivel asistencial. Respecto a su contenido, debemos hacer una serie de matizaciones que deben ser tenidas en cuenta. En referencia a los
beneficiarios del subsidio, esta iniciativa aumenta la cobertura de la protección, aunque prescindiendo de dos elementos que configuran el nivel asistencial, y que son la edad y las responsabilidades familiares del beneficiario. Asimismo, esta
iniciativa restringe el ámbito de protección pues elimina a un colectivo como son los menores liberados de un centro
de internamiento mayores de 16 años y aquellos que han concluido un proceso de deshabituación de su drogodependencia. Por otra parte, sería aconsejable que siguiera regulándose el concepto de carencia de rentas propio del nivel asistencial.
En cuanto a la duración del subsidio, la iniciativa de Izquierda Unida plantea una percepción indefinida lo que, a nuestro entender, desdibuja en cierta manera el nivel asistencial, por lo que consideramos que es otro de los aspectos que podrían ser
modificables a través del debate. Serían necesarios cambios en esta proposición de ley, por lo que vamos a votar favorablemente su toma en consideración.
Digo esto en coherencia con lo que venimos sosteniendo en el ámbito sociolaboral, sobre la
necesidad de debatir y dialogar sobre estos aspectos. Lo que realmente necesita la política de empleo en España es una mejora del sistema y una negociación global sobre una reforma de todo el servicio público de empleo, que debe hacerse en el marco
de un diálogo social que en estos momentos está roto por el Gobierno. Debemos hablar en profundidad de las políticas activas de empleo, de formación y también, cómo no, de la adecuación de las prestaciones, porque los socialistas entendemos posible
la reforma de la protección por desempleo, pero no a costa de desproteger a los desempleados sino con el interés de avanzar en garantizar que tengan cubiertas sus necesidades esenciales.
Votaremos favorablemente esta proposición con el fin de propiciar este debate tan necesario en un momento como el actual. Queremos decirle al Partido Popular que, con ocasión de esta proposición, puede hacer una demostración de ese espíritu
dialogante del que tan faltos andan últimamente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, lo primero que quiero decir es que no voy a hablar -como ha hecho algún portavoz- de las prestaciones de desempleo, porque no se ajustan al objeto del debate que hoy nos ha propuesto el Grupo de Izquierda Unida,
que se refiere a modificaciones relativas al subsidio de desempleo y no a la prestación. Tampoco voy a entrar -ya lo hicimos ayer en el debate en Comisión- en el juego de los descalificativos empleados en relación con el bloque de medidas propuesto
por el Gobierno respecto a la reordenación del sistema de protección de desempleo. Ayer oímos frases tan lindas como criminalizar, que los no trabajadores eran vagos o defraudadores, etcétera. Esto no obedece en modo alguno a la verdad; parece
que tampoco sirve en demasía que uno los proclame en público, porque luego se reitera que esto no es así.
No voy a entrar en ese debate porque mi obligación hoy aquí, en representación del Grupo Popular, es mostrar las razones de obvia oposición a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida en relación con el subsidio por desempleo. Lo hacemos,
como algún portavoz que me precedió en el uso de la palabra dijo, desde la perspectiva -el proponente al inicio de sus palabras lo recordaba- de que hoy va a ser un día en el cual hay una oportunidad, si existe voluntad entre todas las partes, de
avanzar en el diálogo e incluso de llegar a algún acuerdo en relación con el bloque de medidas de reordenación del sistema de la protección por desempleo.
La iniciativa que hoy nos trae aquí se funda en la modificación de los artículos 215, 216, 217 y 219 del Real Decreto legislativo l/1994, constitutivo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Izquierda Unida nos propone
tres reformas: en primer lugar, eliminar el requisito de exigencia de responsabilidades familiares y/o, en su caso, el de la edad de 45 años. En segundo término, establece que la duración máxima del subsidio por desempleo es indefinida, es decir,
seis meses renovables sin ningún control temporal y, por tanto, indefinida en todos los supuestos del subsidio. En tercer lugar, nos propone modificar la actual cuantía de la prestación, consistente en el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, incrementándolo hasta el cien por cien. Con carácter general, vamos a contestar a cada una de estas tres globales concepciones en que se funda la iniciativa. En primer lugar, consideramos que la edad o las responsabilidades
familiares implican una mayor dificultad en el acceso al empleo o una mayor necesidad de protección por parte de quien tiene responsabilidades familiares que justifican un trato, si se puede expresar así, más favorable que otro, porque, como digo,
tiene una mayor necesidad o una mayor dificultad en su inserción laboral. En cuanto a la duración indefinida del subsidio, entendemos que hay una diferente concepción filosófica. Hay que decirlo con claridad porque es así. Me parece muy legítimo
lo que usted expone, pero no lo compartimos porque ir a una duración indefinida del subsidio provocaría casi con plena seguridad una desincentivación de la búsqueda de empleo, un aquietamiento en muchas personas a la hora de ser agentes activos para
encontrar trabajo dentro de las expectativas y demandas del mercado laboral. La duración ilimitada es en este aspecto desproporcionada. En todo caso, el Gobierno y las diversas modificaciones que a lo largo del tiempo se han venido introduciendo
han hecho que se hayan contemplado supuestos relativos a casos en los que está justificado dotar de intemporalidad al subsidio, por ejemplo, aquellas personas mayores de 45 años que hoy en día pueden acceder no sólo a prestaciones de orden económico
-pongo por caso del programa del RAI, la renta activa de inserción-, así como acciones
formativas que fomenten un mayor grado de empleabilidad en la persona y no sean tan sólo un necesario aporte y financiación económica de los mismos.
El tercer aspecto, pasar del 75 al cien por cien del salario mínimo interprofesional, nos obliga a algunas otras consideraciones. La primera -y me olvido del gasto presupuestario- es que hay gente -400.000 personas se decía ayer en la
Comisión de Política Social y Empleo- que en nuestro país está trabajando con la percepción de un salario equivalente al mínimo interprofesional. Esas personas tienen que cotizar a la Seguridad Social, por tanto, el neto que perciben es inferior al
salario mínimo interprofesional de algunos de nuestros conciudadanos. Izquierda Unida propone un subsidio de desempleo ilimitado y con una prestación económica superior a la que van a tener algunas personas que están trabajando hoy en nuestro
mercado laboral, lo cual supone un agravio, un absurdo y una desmotivación para aquellas personas que se encuentran realizando dicho trabajo en tales condiciones. Pero hay más, resulta que muchos de los trabajadores que están cobrando las
prestaciones contributivas por desempleo van a tener menor percepción en la prestación contributiva que en la prestación no contributiva o en el subsidio asistencial. Piense usted en cualquier trabajador que haya ganado o cotizado 110.000 pesetas,
aplíquele el 60 por ciento a los últimos meses de su prestación por desempleo y convendrá S.S. conmigo en que esa cuantía es inferior en bastantes pesetas al salario mínimo interprofesional que ustedes postulan que constituya la renta económica del
subsidio de desempleo. Todas estas razones que incurren, sinceramente, en una desincentivación de la búsqueda de empleo, son suficientes para rechazar la pretensión que ustedes plantean hoy aquí.
Con carácter concreto también, he de hacer alguna mención específica a la literalidad de su propuesta. Hace escasos minutos en parte lo hacía en este debate la representante y portavoz del Grupo Socialista en la Cámara, cuando recordaba
algo importante que Izquierda Unida no ha tenido en consideración: su reforma del artículo 215.1 letra c), al hablar del derecho de aquellas personas liberadas de prisión está omitiendo -supongo que no será voluntario, pero el hecho cierto es que
lo está omitiendo-, en primer lugar, a los menores liberados de un centro de internamiento que lo hayan sido por la comisión de delitos y al salir tengan 16 años o más; en segundo lugar, a aquellas personas que hayan hecho un tratamiento de
deshabituación de drogodependencias y por tal motivo hayan visto remitida la condena privativa de libertad que tenían por la comisión de un delito, que es lo que establece en la actualidad el artículo 87 del Código Penal. He de decir que la
incorporación a este ámbito de aplicación de estos ciudadanos lo fue como consecuencia de la redacción del artículo 1 de la Ley 36/1999, de 18 de octubre, que ustedes quitan de su texto. Supongo que ha sido involuntario, pero evidentemente lo hemos
de manifestar porque la realidad cierta es lo que acabo de decir: quedan fuera del ámbito expreso de protección de la iniciativa de Izquierda Unida aquellos menores que han sido liberados de un centro de internamiento y aquellos que han hecho un
tratamiento de desintoxicación por toxicomanías, como compensación y remisión de una pena privativa de libertad.
Pero voy más allá todavía, y creo que nadie lo ha expresado esta tarde, hasta el momento. En mi opinión, su artículo 17 produce una paradoja. Lo voy a leer para que quede claro que no soy yo quien lo dice, sino que lo dicen ustedes. En el
artículo 217.1 se hace una afirmación que yo entendía que era nuclear y genérica para todos los que van a ser beneficiarios del subsidio por desempleo asistencial. Dice: La cuantía del subsidio por desempleo será igual al salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento. Sin embargo, en el punto 2 nos vienen a aclarar que no obligadamente esto es siempre así. Nos dicen lo siguiente: No obstante lo anterior, la cuantía del subsidio para mayores de 45 años se determinará en
función de las responsabilidades familiares. ¡Hombre!, esto es algo que se contempla en el texto en vigor y que ustedes en el artículo 215 han suprimido. Nos llevamos la grata sorpresa de que finalmente ustedes también van a tener la elasticidad
de amoldarse a las circunstancias concurrentes en cada persona, responsabilidades familiares. Cuando lo vamos leyendo entendemos que a aquella persona que sea titular de responsabilidades familiares se le va a permitir un mayor grado de acceso, un
mayor grado de protección, un mayor grado de cobro económico, justamente por ser titular de responsabilidades familiares. La sorpresa es que esto no es exactamente así. Nos dicen: No obstante lo anterior, la cuantía del subsidio para mayores de
45 años se determinará en función de las responsabilidades familiares del trabajador apreciadas conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 215, de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Cuando el trabajador tenga uno o ningún
familiar, el 75 por ciento. No acabamos de entender bien cuál es el motivo por el que declaran con carácter general el cien por cien y a quien tenga o no tenga una carga familiar le dejan en el 75 por ciento anterior.
A todas estas razones, señora presidenta, señoras y señores diputados, hay que unir la diferente concepción filosófica en cuanto a que una cosa es mejorar la protección que hay que dar a nuestros conciudadanos en situaciones de necesidad,
que hay que ser solidarios y que hay que avanzar en ello y otra cosa es establecer mecanismos que al final elaboren sistemas que limiten la iniciativa, el quehacer, el compromiso y responsabilidad de nuestros ciudadanos para que puedan desarrollar
las posibilidades de empleo que existan, crear riqueza, tener una dignidad laboral, un empleo mejor y no quedarse en ocasiones -como pudiera ocurrir por las razones que expuse- aquietados ante un subsidio
indefinido que, como una especie de maná, algunos acogerían cuando están en disposición de contribuir a su sociedad y de participar en el progreso de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre protección social por desempleo en el nivel asistencial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 124; en contra, 163.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS MILITARES DE COMPLEMENTO. (Número de expediente 162/000505.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los militares de complemento.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Campoy. (Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual ruego que abandonen el hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, lo más rápidamente posible
y en silencio.
Adelante, señor Campoy.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el nuevo concepto de defensa que hoy predomina en los países desarrollados como el nuestro ha ido configurando un modelo de Fuerzas Armadas adecuado a las nuevas necesidades de aquélla. En este modelo, adoptado en la Ley
17/1999... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento señor Campoy, por favor.
A ver si conseguimos que haya en la Cámara el mínimo nivel de silencio para que se le pueda escuchar.
Adelante.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Como decía, en este modelo, adoptado en la Ley 17/1999 de régimen de personal, la profesionalización es el eje central de unas Fuerzas Armadas modernas que tienen, en su mayor parte, carácter temporal para permitir
la necesaria renovación. Los militares de complemento no han sido ajenos a este proceso de transformación, adaptándose a las necesidades de la defensa en cuya configuración están enclavados como pieza fundamental. Por definición, tanto en la Ley
17/1989, que los denominaba entonces militar de empleo con la categoría de oficial, como en su actual regulación, más detallada que la anterior, se mantiene el mismo concepto de militar que complementa o completa los cuadros de mando, esto es,
cubriendo la falta de efectivos en los dos primeros empleos de la escala de oficiales y superior de oficiales. En consecuencia, su figura cobra valor en tanto en cuanto permita atender esta necesidad haciendo viable el modelo en lo que respecta al
número de cuadros de mando. De ahí que el carácter temporal, como ocurre con los militares de tropa y marinería, sea consustancial a su condición, de modo que cualquier medida que no respetase esta premisa quebraría el modelo de Fuerzas Armadas con
las graves consecuencias que ello podría conllevar.
Su carácter temporal no ha de ser incompatible con el acceso a la condición de permanente que -y hay que señalarlo- resulta sumamente beneficioso para el conjunto de las Fuerzas Armadas, ya que
permite atender necesidades de la defensa teniendo en cuenta su especial formación, preparación y experiencia. Dentro del personal con compromiso temporal, los militares de tropa y marinería, que componen la mayor parte, han sido potenciados por la
ley con un conjunto de medidas en relación con la promoción interna, formación y reinserción laboral; medidas que no tienen una extensión suficiente para los militares de complemento.
En relación con las enmiendas presentadas, la firmada por el Grupo Socialista rompe, a nuestro juicio, el equilibrio que mantiene nuestra legislación en materia de personal de Fuerzas Armadas y no podemos admitirla en ninguno de sus dos
párrafos. El primero por cuanto, aun no añadiendo nada al fondo de nuestro texto, implica una aparente improvisación que en ningún caso es admisible; antes al contrario, ya existe un modelo planificado hasta 2014 en el que va a incidir de manera
clara la proposición no de ley del Grupo Popular si finalmente merece la aprobación de la Cámara. En referencia al segundo párrafo de la enmienda del Grupo Socialista y también al primer apartado de la presentada por el Grupo Mixto, consideramos
que utilizar el recurso de la prórroga, expresa o tácitamente, no haría sino empeorar la situación con el transcurso del tiempo ya que, en vez de encaminarnos hacia los objetivos de proporción entre cuerpos y escalas, supondría un revés para el
modelo adoptado, puesto que dilataría el tiempo de aplicación de una norma que es absolutamente exigible, inevitable y necesaria; además de producir agravios para cuantos no quedaran beneficiados por la misma, nos conduciría al envejecimiento de la
escala, que es exactamente lo contrario al fin perseguido.
Del mismo modo, el segundo apartado de la suscrita por el Grupo Mixto tampoco puede ser atendido, por cuanto el punto segundo de nuestra proposición no de ley resuelve de forma más clara la misma intención.
Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, le ofrecemos una enmienda transaccional que evita el defecto fundamental de su texto de atentar contra el principio de igualdad, del que deberíamos ser los máximos valedores en esta
Cámara, y que paso seguidamente a leer: Potenciar la ejecución de convenios con empresas y organizaciones empresariales y la realización de cursos de formación específicos que posibiliten la inserción en el mercado laboral de los militares de
complemento que finalicen su relación de servicios con las Fuerzas Armadas y preferentemente de aquellos que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 y en la disposición adicional cuarta de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal
de las Fuerzas Armadas, lo hagan a partir del 31 de diciembre y a lo largo de los dos años próximos. Creemos que dicha transaccional enriquece nuestra iniciativa, respetando su espíritu y el principio de igualdad, y esperamos que sea acogida por el
Grupo Parlamentario Catalán.
Para concluir nuestra valoración sobre las enmiendas presentadas, consideramos que carecen de una visión global, visión global de la que hasta ahora había hecho gala el Grupo Socialista. También he de señalar que adolecen de poner en
relación los intereses del colectivo con los del resto del personal y con la exigible adecuación de los medios a los fines. Asimismo, no existe una ponderación que en justicia permita mantener un equilibrio entre los derechos de los militares en su
conjunto y, más que integrar a un colectivo, agravia al resto. Si las medidas que proponen chocan frontalmente con el modelo actual, deberíamos preguntarnos si lo que pretenden es cuestionar el modelo.
A la vista de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa, que es producto de un análisis reposado y riguroso en el que hemos estudiado cada una de las demandas y las soluciones que fueran compatibles con
nuestra legislación y con el modelo aprobado por todos, resultante del dictamen de la Comisión mixta reflejado en la ley, con el que estamos decididamente comprometidos y obligados. De ahí que las medidas que proponemos, fieles a los principios
generales del dictamen, mejoren notablemente las condiciones que actualmente ostentan. Consideramos que el instrumento elegido, es decir una proposición no de ley, sirve perfectamente para la finalidad perseguida, puesto que su aprobación
compromete igualmente al Gobierno en su cumplimiento con las reformas legales oportunas. No podemos admitir que ello signifique una falta de voluntad suficiente. Del contenido de la misma queda manifiesta la determinación de este grupo por mejorar
la situación de las personas que componen este colectivo, pues hay que asumir que si, por una parte, el modelo exige la necesidad de contar con un número de efectivos con una relación de carácter temporal, por otra parte, la viabilidad del actual
modelo exige proporcionar a los militares de complemento posibilidades reales de formación, promoción y reinserción laboral, por dos razones, para asegurar el reclutamiento necesario ofreciendo mayor atractivo y por el deber moral de proporcionar un
futuro profesional aceptable, que satisfaga las aspiraciones personales de quienes voluntariamente prestan servicios en las Fuerzas Armadas de manera temporal, aportando una formación de alto nivel y cubriendo necesidades que son imprescindibles
para el buen funcionamiento de la defensa. Por tanto, hemos sido sumamente sensibles a la situación de los militares de complemento partiendo del aspecto humano que siempre subyace, y desde esta base hemos tratado de presentar propuestas que no
menoscabaran el equilibrio que he señalado.
En consecuencia, estamos satisfechos de haber hallado medidas que permitirán mejorar las condiciones laborales y que permitirán sobre todo una mayor proyección profesional, y en consecuencia personal, de forma que quienes quieran tengan
posibilidades reales de promoción interna.
Sería incongruente que esto significara la reserva de una plaza para cada uno de los miembros que van cesando en su relación, es decir que terminan su relación, porque no consideramos justificada la
terminología que ha sido utilizada de manera maniquea. Términos como echar, despedir o expulsar no se corresponden con la verdad, que no es otra que reconocer que toda relación laboral que no es permanente tiene una fecha de finalización cierta y
asumida, de modo que el que suscribe un compromiso con las Fuerzas Armadas conoce a priori el término del mismo.
Dicho esto, en la medida en que las plantillas lo permitan, este grupo es partidario de aumentar progresivamente el número de plazas de promoción interna para los militares de complemento. Somos conscientes de que el ministerio está
realizando un esfuerzo en este sentido, como lo prueba el hecho de que las plazas para promoción interna de los militares de complemento han experimentado el mayor crecimiento de la oferta para este año, un 68 por ciento. Nosotros instamos al
Gobierno a que siga con este incremento hasta alcanzar el 20 por ciento fijado, lo que permitirá que la mayor parte de estos militares pueda aspirar a una plaza. Sin embargo, por todo lo expuesto, también somos conscientes de que una parte pequeña
no podrá permanecer, ya porque desee dejar las Fuerzas Armadas -que es posible-, ya porque no conquistó la plaza o porque no optó por la misma, pues hay que lamentar que queden plazas desiertas en determinados cuerpos, lo cual aconseja que el
ministerio provea fórmulas que impidan esta situación de desaprovechamiento de plazas destinadas a la promoción interna.
Para quienes no permanezcan, la proposición contiene una serie de medidas que faciliten su salida laboral si no cuentan con alternativas. En este sentido, habrá
que ofrecer mayor grado de formación a los que se encuentran en la última etapa del compromiso suscrito, especialmente en los cuerpos generales.
Así, proponemos dos vías que potenciarán alternativas para aquellos que cesan; una, hacia la
Administración general del Estado, de manera especial donde mejor puedan seguir ofreciendo su especial preparación y formación, en particular, dentro del propio Ministerio de Defensa o Guardia Civil; medida que se completa con la consideración como
mérito del tiempo de servicios prestados, que redundará en mayores y mejores oportunidades. Otra dirigida hacia el sector privado, que se concreta en una iniciativa innovadora y que posibilitará una fuente de ofertas de empleo mediante la creación
de un bolsa de trabajo a través de convenios que el ministerio suscriba con empresas o con organizaciones empresariales. Además, la proposición no de ley incluye un mayor acceso a cursos de especialización, lo que mejorará su formación y con ello
aumentará también sus posibilidades de futuro.
Por último, en coherencia con la política que mantiene el Partido Popular y su Gobierno en materia de conciliación de vida familiar y laboral implementando la igualdad hombre-mujer, instamos al Gobierno a eliminar los posibles obstáculos que
puedan impedir la igualdad de condiciones en todo lo concerniente a pruebas de acceso, promoción y formación.
Para concluir, señora presidenta, señorías, el objetivo de esta iniciativa es aumentar y mejorar las oportunidades de promoción, formación y reinserción laboral para todos los militares de complemento como parte esencial de nuestras Fuerzas
Armadas, de forma y manera que reciban una valoración suficiente por el servicio tan importante que realizan, a la vez que ofrezca un valor añadido de atractivo que asegure los efectivos necesarios. Conjugar justicia con seguridad ha sido el fin
que, modestamente, consideramos se ha alcanzado con esta iniciativa que he tenido el honor y la satisfacción de presentar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campoy.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular nos presenta hoy para su debate una interesante iniciativa dirigida al colectivo de oficiales de complemento de nuestras Fuerzas Armadas. No estoy tan convencido de que la urgencia en presentar su propuesta y el marco
elegido para su debate -el Pleno de este Congreso de los Diputados- sea lo mejor para poder acercar posiciones, intercambiar opiniones y, algo siempre conveniente cuando hablamos de temas de personal militar, acordar un texto que satisfaga los
distintos puntos de vista que hasta el momento se defienden en el interior de la Comisión de Defensa. Digo esto, señorías, porque desde el grupo que represento no compartimos la manera en que se ha inducido, preparado o impulsado este debate que
tenemos hoy. Todos los miembros del Grupo Popular de la Comisión de Defensa saben muy bien que existen varias iniciativas en comisión y en Pleno que persiguen el mismo fin que hoy se nos propone. Quiero recordar que nuestro grupo, a inicios del
mes de octubre, presentó una proposición no de ley sobre el apoyo a la promoción profesional de los militares de complemento sustancialmente parecida en esencia, y algunas veces también en presencia, a la que hoy discutimos.
¿Por qué he dicho que no compartimos maneras si podríamos estar de acuerdo en buena parte de lo que hoy se nos propone? Muy sencillo, señorías, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular sabe perfectamente que, así como hemos estado
meses manteniendo contactos sobre cuál podría ser el procedimiento y el contenido de una propuesta para intentar solucionar o al menos paliar alguno de los problemas que el colectivo de oficiales de la escala de complemento tiene hoy planteados,
esperábamos algún gesto o alguna invitación para que se pudiera concitar un acuerdo mayoritario a partir de la propuesta del Grupo Popular. Tan es así, que nuestro grupo nunca quiso forzar el debate de nuestra propuesta, a pesar de llevar, como he
dicho antes, más de siete meses presentada a la espera de poder alcanzar, en el momento oportuno, un acuerdo de base. Cuando, finalmente, el Grupo Popular dispone del texto -me consta que trabajosamente negociado con el Ministerio de Defensa-, se
nos descuelga con su rápida inclusión en el Pleno, sin darnos ninguna opción al acuerdo ni tan solo a producir un debate o un cambio de opiniones con los otros grupos.
No nos parece la mejor forma para que todos podamos trabajar, aportar y reflexionar sobre temas como el que hoy nos ocupa, sin que olvidemos ni por un momento, señores del Grupo Popular, al menos para este portavoz que les habla, la
importancia que tienen sus propuestas porque son las únicas que tienen garantía de permanencia, las únicas que podrían solucionar, si quisieran, los problemas que están planteados, porque cuentan con la fuerza de los votos necesarios para ello.
Señoras y señores diputados, esto es agua pasada y debemos continuar, pero he creído conveniente dejar constancia de nuestro malestar por unas formas de proceder que no nos han parecido las más adecuadas.
Con relación a la proposición objeto de debate, he de decirles, en primer lugar, que la exposición de motivos contiene, a mi entender, una importante inexactitud -quiero pensar que es esto- cuando recuerda que, tras diversos avatares
legislativos, la Ley 17/1999 supuso un cambio radical, ya que esta posibilitó el acceso de los oficiales de complemento a la condición de permanente.
Sencillamente esto no es así. La Ley 17/1989 de Régimen Jurídico del Militar Profesional, en su artículo 105, apartado 3, reconoce la posibilidad de que los militares de empleo, como se llamaba entonces a los que ahora conocemos como
oficiales de complemento, pudieran establecer una relación de servicios de carácter profesional permanente, aunque ésta solo era posible a través de la enseñanza militar de formación prevista, porque -esto también lo dejaba muy claro la Ley 17/1989-
los militares de empleo prestaban sus servicios con una relación de carácter profesional no permanente, y pertenecer a estas escalas no significaba, ni ha significado nunca, que fuese una puerta de acceso para la permanencia por muy buenos
profesionales que todos estos militares puedan ser, que me consta lo son.
Actualmente, la Ley 17/1999 abunda en lo dicho al remitir en su artículo 43, apartado 3, a que los militares de complemento, para acceder a una relación de servicios de carácter permanente, tendrán que optar por ingresar en los centros
docentes militares de formación. Es más, quiero recordar, asimismo, que la Ley 17/1989, que tuvo entre otros cometidos el de implantar un nuevo modelo de Fuerzas Armadas introduciendo importantes cambios en la estructura de sus cuerpos y escalas,
se preocupó muy mucho de la situación de este colectivo de cuadros de mando no permanentes e intentó resolver, mediante un proceso de excepción, la cuestión de los militares de empleo permitiendo su integración automática a los que llevaban más de
seis años y el acceso a la condición de militar de empleo, que se creaba con esta ley, a los que llevaban menos tiempo.
Aunque también es verdad que tanto la Ley 17/1989 como la Ley 17/1999 han creado una extensa casuística en los tribunales, donde
continúan dirimiéndose reclamaciones sobre derechos presumiblemente conculcados por esta legislación que afecta también a nuestro colectivo de oficiales de complemento.
Me he permitido esta digresión, señorías, para decir ante la Cámara que nuestro grupo, que estuvo de acuerdo con el concepto de no permanencia de los oficiales de empleo en la Ley de 1989, continúa manteniendo la misma postura sobre la no
permanencia para los oficiales de complemento en el año 2002, con una nueva ley impulsada por el nuevo Gobierno conservador en 1999. En este sentido, compartimos planteamiento con el grupo mayoritario, pero no podemos estar satisfechos con el texto
resolutivo que se nos presenta, puesto que no hace más que reiterar, y de forma igualmente vaporosa, es decir, sin compromisos tangibles, lo que en múltiples ocasiones han declarado altos cargos del ministerio, ministro incluido, y que nunca se ha
cumplido. A saber, que el ministerio debe impulsar para los militares no permanentes procedimientos que sirvan para que, al finalizar su compromiso con las Fuerzas Armadas, los militares de complemento que no hayan optado por alguna de las plazas
de promoción interna puedan volver a la sociedad civil con las menores dificultades, o mejor dicho, con las mayores ventajas posibles tras haber dejado en los ejércitos los mejores años de su vida. Este es el compromiso, incluso con carácter
normativo y en vigor, que se tiene con estos militares y, por no haberse cumplido, debe encontrarse una solución; solución que, siento decirlo, no es la que nos presenta el Grupo Popular porque la suya no es una solución global y, al no ser global,
es injusta, porque discrimina, máxime cuando las medidas que se proponen y las previsiones ya contempladas por la norma eran obligaciones de la Administración con estos profesionales; medidas y obligaciones que ya no podrán aplicarse a los
militares de complemento que finalizan su compromiso a partir de este mismo año y que difícilmente podrán aplicarse a los que en los inmediatos años deberán proceder a su baja en los ejércitos. De ahí el contenido de nuestra enmienda, por mucho que
el portavoz del Grupo Popular nos acuse de que nuestra enmienda no tiene visión global. Al contrario, nuestra enmienda quiere tener en cuenta todas las promociones, incluidas las primeras, las que terminan su compromiso el 31 de diciembre de 2002,
que ustedes, en su propuesta, no tienen en cuenta. De ahí que en nuestra enmienda propongamos, en primer lugar, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2006 de todos los compromisos de los militares de complemento que finalicen antes de esta fecha,
para que también ellos puedan ser beneficiarios de las medidas que el Ministerio de Defensa deberá articular en cumplimiento del acuerdo que hoy saldrá de esta Cámara y que nos propone el Grupo Popular.
La otra medida que proponemos es que, de una vez por todas, con la máxima urgencia posible y para que todos puedan conocer las posibilidades futuras de acceso y de promoción, se establezca un modelo genérico de provisión de plazas en las
Fuerzas Armadas, con la planificación a medio plazo de las plazas para el acceso a militar de complemento y de las de promoción interna reservadas a estos para el acceso a las escalas de militares de carrera, de forma que todos conozcan desde el
primer día de su permanencia en las Fuerzas Armadas cuáles son las previsiones y las posibilidades de ser militares de carrera. Esto tampoco es ninguna novedad, sino la reiteración de una previsión establecida por la Ley 17/1999 en su artículo
21.1, que tampoco ha cumplido el Gobierno, por mucho que el portavoz del Grupo Popular nos diga que tienen modelo hasta el 2014. No es verdad; es verdad que tienen un modelo, pero no un modelo de provisión de plazas. Tan es así que, a preguntas
del diputado que les habla, el Gobierno contestó, con fecha 21 de mayo de 2001, que era intención del Ministerio de Defensa aprobar el modelo genérico de provisión de plazas dentro del segundo semestre de 2001 y, que yo sepa, hasta el momento no se
ha hecho nada.
En resumen, señorías, la problemática que se plantea a los componentes de la escala de complemento en la
mayoría de sus extremos es en mucha parte consecuencia de la inoperancia del Ministerio de Defensa. Si hubiera cumplido lo previsto en la legislación y se hubieran hecho realidad algunas de las intenciones que en su momento se explicitaron
por parte de sus responsables, hoy no se verían en la situación en que se encuentran.
Por nuestra parte, tengo que decir que si no se aceptan nuestras enmiendas -como creo que va a pasar- no podremos votar afirmativamente el contenido de esta proposición, a pesar de que, como ya he dicho anteriormente, podamos compartir el
tenor de su texto resolutivo.
Para terminar, sólo me queda lamentar que de las palabras dichas por el portavoz del Grupo Popular en la sesión de la Comisión de Defensa del día 8 de mayo, cuando se pronunció por negociar las enmiendas que los grupos pudieran presentar y a
lo que nos animó reiteradamente, nada más se supo -al menos, este portavoz nada más supo-, por lo que quiero manifestar públicamente la voluntad de nuestro grupo parlamentario de participar, si ello fuera posible, en hallar una solución especial
para estas primeras promociones de oficiales de complemento, para quienes difícilmente pueden ser de aplicación las soluciones que puedan encontrarse hoy o mañana, o lo serán en peores condiciones que para el resto de componentes de la escala de
oficiales de complemento.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moragues.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Conviene recordar que en el año 1989 se creó la figura del militar de empleo, categoría de oficial, como una forma de interrelacionar la sociedad y las Fuerzas Armadas y como una forma también de utilizar a un personal cualificado de tipo
universitario para que, de forma dúctil y versátil, pudiese desempeñar determinado tipo de funciones y actividades en las Fuerzas Armadas. Fue en el año 1991 cuando estos oficiales militares de empleo llegaron a realizar sus cometidos a las
primeras unidades y pudieron comprobar que había un claro vacío legal al respecto.
En 1994 se desarrolló un reglamento que no venía más que a delimitar las funciones y a crear además las perspectivas de la figura que se había propuesto en la Ley de
1989. Así, este reglamento dice textualmente: La consecución del fin perseguido se ve facilitada con la implantación de un sistema que dé respuesta favorable a las aspiraciones personales de promoción y estabilidad en el empleo proporcionando
oportunidades claras de acceso a militar de carrera mediante la ampliación al máximo de los cuerpos y escalas a los que pueden acceder por este sistema y facilitando la realización de estudios y la obtención de títulos que, además de permitir el
cambio de cuerpo al que complementa, facilite la reincorporación a la vida civil.
Obsérvese que el reglamento dice específicamente un claro acceso a la carrera militar. De todas maneras pasados los años, cuando llega la Ley 17/1999, en relación con la profesionalización de las Fuerzas Armadas, se vuelve otra vez a la
denominación de oficiales de complemento, precisamente para completar las escalas de oficiales, y de nuevo se promete una integración clara en el ejército o bien un acceso o vuelta a la vida civil en condiciones óptimas.
Pues bien, señorías, nos encontramos con que 900 profesionales del ejército se pueden encontrar, a partir del 31 de diciembre de este año, con que poco a poco tendrán que volver a sus casas, a pesar de que es obvio que el ejército español
necesita más personal. De esta forma, las personas que hayan cumplido 38 años de edad o tengan 12 años de servicio en activo verán que tienen que volver a la vida civil a pesar de que ninguna de las promesas se ha cumplido. En efecto, llevamos 11
años en que prácticamente no hubo vacantes para su ingreso como militares de carrera, por lo menos de forma clara y notoria y como se podría haber hecho; en segundo lugar, no se realizaron los cursos debidos para que se pudiese volver a la vida
civil en condiciones óptimas y, en tercer lugar, no se dieron facilidades para integrarse en la vida civil a través de cualquier otro tipo de proceso.
Es por eso que nos encontramos en un momento en el que caben tres posibilidades, dos de ellas lógicamente inasumibles para el Bloque Nacionalista Galego. Una de ellas es irse a casa y aceptar las consecuencias de una interpretación
totalmente errada, y diríamos que interesada, de la ley. La segunda es lograr una prórroga de las condiciones actuales mientras no se logre una inserción laboral mayoritariamente en otros órganos de la Administración civil del Estado, como viene a
proponer en cierta manera el Partido Popular. Una tercera, que es la que defiende el Bloque Nacionalista Galego, sería la modificación de la ley vigente para que los que lo soliciten puedan ser militares de carrera al superar un curso de
adaptación. Defendemos esta posición no solamente por motivos humanos -los muchos de estos militares que pueden tener mujeres e hijos especialmente y que pueden acabar sin oficio ni beneficio a una edad ya avanzada-, sino porque nos parece
coherente no solamente con el espíritu del reglamento citado, que desarrolló la Ley de 1989, sino también con las promesas de la Ley de 1999, porque no se atenta a la profesionalización del ejército y porque pensamos además que están desempeñando
funciones para las que están perfectamente capacitados. Es por esto que hemos registrado una proposición de ley, en la línea que acabamos de defender, para modificar la Ley 17/1999.
Estas modificaciones parten de un concepto de militar profesional que engloba a los militares de carrera que constituyen los cuadros de mando con una relación de servicios de carácter permanente, a los militares de complemento que completan
los anteriores con una relación de servicios de carácter temporal, que puede transformarse en permanente cumpliendo determinados requisitos, y a los militares profesionales de tropa y marinería que constituyen los efectivos de esta categoría de los
ejércitos que mantienen una relación de servicios de carácter temporal y, al igual que los militares de complemento, su relación de servicios puede transformarse en permanente cumpliendo determinados requisitos.
Por otra parte, también pensamos que hay que hacer una nueva definición de los cuerpos y escalas, así como de los cometidos de sus miembros y las funciones que ejercen, con el objetivo de buscar una mayor permeabilidad entre las diferentes
escalas. Aquí cabría precisamente la integración de los afectados de los que hoy estamos hablando.
Por todo ello hemos presentado dos enmiendas de modificación, en concreto a los apartados 1 y 2 de la proposición no de ley del Grupo Popular, en el sentido de acabar con las vaguedades, asumir las responsabilidades del Gobierno en la esfera
del Ministerio de Defensa y, por supuesto, nada tenemos en contra de que se busquen soluciones para la vida civil tanto en la empresa privada como en la Administración pública, pero queremos que quede claro, primero, que se debe de suspender
cualquier tipo de proceso de cese de los militares de complemento de origen universitario que cuenten con 38 años o doce de servicio activo en las Fuerzas Armadas, primer tipo de compromiso; y segundo compromiso, proceder a las reformas
reglamentarias oportunas y, en su caso, proponer las legales necesarias para garantizar procesos de promoción interna que supongan la integración real como militares de carrera de los militares de complemento de procedencia universitaria que deseen
permanecer en activo en las Fuerzas Armadas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, tengo que felicitar al Grupo Popular por su rapidez en presentar y debatir esta propuesta, que analizaremos a lo largo de esta mi primera intervención.
Hay dos temas importantes y que quedan claros: que efectivamente el Grupo Parlamentario Popular es consciente de que existe un problema en el ejército por lo que se refiere a la continuidad de algunos colectivos y que parece que ha
estudiado el tema y quiero entender que está buscando una solución, aunque vista la transacción que me han hecho llegar, estoy dudando de si realmente quiere resolver el problema de una forma clara.
De todas formas, si nos ceñimos a la proposición no de ley, hay que destacar varios aspectos. En la propia exposición de motivos -que como saben SS.SS. no se vota pero que sirve para expresar la voluntad del legislador- de una forma
absolutamente clara, después de explicar que la modificación de la Ley 17/1999 supuso un cambio radical que posibilitó el acceso de oficiales de complemento a la condición de permanentes, se dice: el acceder a la condición de permanentes mediante
el correspondiente proceso de promoción interna no sólo es aconsejable, sino que resulta beneficioso para el conjunto de las Fuerzas Armadas. Repito, no sólo es aconsejable, sino que resulta beneficioso para el conjunto de las Fuerzas Armadas.
En el punto 2 de la proposición no de ley existe un claro mea culpa que a mi entender les honra, porque no es normal que se reconozcan las propias deficiencias cuando de una forma clara se afirma que una de las principales reivindicaciones
que están haciendo al Gobierno -dice textualmente- es que lleve a cabo una política de promoción interna efectiva que facilite concurrir a las correspondientes pruebas a todos los militares de complemento que deseen la integración permanente en las
Fuerzas Armadas, en la mayor proporción posible que las plantillas reglamentarias permitan.
¿Cuál es el problema? Que si los oficiales de complemento quieren ser militares de carrera sólo tienen la posibilidad de promoción interna, vía que en realidad prácticamente no ha existido, como claramente se recoge en la proposición no de
ley.
En aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 17/1999, a partir del 31 de diciembre de 2002 y a lo largo de los próximos dos años cesarán su relación con el ejército alrededor de 140 oficiales, que además no podrán presentarse a
los procesos selectivos porque algunos tendrán más de 37 años. ¿Qué pretende el ministerio? Disponer de gente joven técnicamente bien preparada, cuya formación no le haya costado nada, con unos sueldos pequeños y disponer de ellos en los mejores
años de su vida para, luego, a los 37 años, si te he visto, no me acuerdo.
Personalmente creo que es uno de los hechos que más negativamente han influido en la captación de soldados profesionales. Pero como entendemos que la voluntad del
legislador en la Ley 17/1999 no se cumplió por lo que se refiere a las reales posibilidades de promoción, creemos que se ha cercenado un derecho personal. Como consecuencia de ello, hay que poner en marcha los mecanismos adecuados para permitir la
integración de forma efectiva del mayor número de oficiales de complemento en las Fuerzas Armadas. El Gobierno debería de articular
mecanismos adecuados para impulsar cursos de formación para el acceso a los cuerpos y escalas que complementen a los oficiales que cesen en su relación de servicio en los próximos dos años, establecer un porcentaje de plazas de promoción
interna que permitan mantener al máximo este potencial de recursos humanos al servicio de las Fuerzas Armadas, así como evitar, a través de las normativas adecuadas, que los colectivos que realmente no han tenido los mecanismos de promoción
profesional y estabilidad en el empleo que les reconoció la legislación anterior se vean obligados a abandonar las Fuerzas Armadas. Por ese motivo, hemos presentado una enmienda de adición que es absolutamente light, absolutamente de mínimos, con
la voluntad de encontrar un consenso que abra la luz a ese colectivo.
Después de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es difícil que nuestra enmienda pueda prosperar. Entendemos que la transacción que nos ofrece está pensada más en la recolocación que en la continuidad. Para
recolocación ya tenemos al INEM. En todo caso, yo intervengo a favor de la vocación de gente en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias señoras y señores diputados.
(El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
Un momento, señor Mardones, porque parece ser que hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una enmienda de sustitución -que se ha traspapelado, por cierto, pero que aparecerá para la votación- a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. En
el debate sobre la reforma de la Ley 17/1999 nosotros no retiramos las enmiendas que se referían a los cabos primeros y militares de complemento, no lo hicimos a pesar de un cierto compromiso que en el seno de la Comisión emitió el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular; un cierto compromiso nada más porque utilizó el verbo estudiar varias veces pero nunca el verbo solucionar en el marco del debate, en función de los términos que allí se estaban utilizando por los enmendantes, que
éramos sólo el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Fuimos, eso sí, vapuleados varias veces porque se nos decía que una ley de reforma de la Ley l7/1999 que afectaba sólo a la integración de los
inmigrantes en el ejército no teníamos por qué reformarla desde otro punto de vista. Primero, dijimos que el Reglamento nos amparaba perfectamente, y segundo, que nos parecía un tema de justicia que el ejército no había cumplido y tenía que
cumplir, y que por eso manteníamos la enmienda. Por cierto, aprovecho para saludar a los afectados, porque están dando una batalla que nos parece absolutamente justa, que comprendemos y que estamos avalando desde nuestra numéricamente modesta
posición.
Se ha demostrado que el Grupo Popular no quería solucionar el problema, no lo va a solucionar en los términos justos en que debiera solucionarlo.
Por eso mantenemos esa enmienda, que esperemos que sea votada, aunque ya sabemos la posición
del grupo mayoritario, que con su mayoría absoluta va a machacar esta posibilidad.
Estamos tratando un problema que afecta a algo menos de un millar de hombres y mujeres españoles diplomados y licenciados universitarios a los que las Fuerzas Armadas hace unos años llamaron para que con su trabajo contribuyeran al
sostenimiento de un servicio público. Esto no es una razón de familia, de herencia, de quiénes son los militares y quiénes no, esto es un servicio público y estos hombres y mujeres han cumplido de manera adecuada. El hecho de que esté ocurriendo
esto demuestra una vez más la falta de proyecto del Partido Popular, la falta de modelo de ejército. No sólo tiene un modelo de ejército mal dimensionado, el compromiso que realiza con los soldados profesionales no sólo es malo, ambiguo, incierto y
la gente o no entra o se va, sino que en un momento en que no se cumplen las expectativas con respecto al número de soldados profesionales que tienen que ingresar, en un momento en que hay una pérdida cuantitativa y cualitativa en el ejército, se
pierde también, por una falta de solución, de decisión y de apoyo a un modelo racional por parte del Partido Popular, una cantidad y sobre todo una calidad de gente en las Fuerzas Armadas que debieran estar ahí mejorando ese modelo y mejorando las
Fuerzas Armadas de España. Las Fuerzas Armadas no han cumplido con estos cientos de mujeres y hombres españoles pues no les han permitido acceder como militares de pleno derecho a la carrera militar ni se les ha formado adecuadamente para
reinsertarse en el mercado laboral.
Basta comprobar el ridículo número de militares de complemento a los que se les ha permitido integrarse como oficiales de pleno derecho de las Fuerzas Armadas, o la ausencia total de cursos de formación y
capacitación profesional. Eso no lo puede negar el Partido Popular. Hay aquí un fracaso serio, un incumplimiento muy serio, una falta de palabra.
Se está jugando con la gente. No sólo se está jugando con los soldados profesionales, con ese
compromiso incierto e ilegal que suscriben, sino que, a nuestro juicio, se está jugando con esta gente. Este ensañamiento con los militares de complemento es incomprensible en un contexto en el que las Fuerzas Armadas profesionales no terminan de
cumplimentar su diseño, su futuro. Y no valen negaciones de la realidad, compañeros de Cámara; no valen porque no tienen aval racional. A este colectivo se les ha exigido sus
obligaciones profesionales de manera estricta y, sin embargo, no se ha cumplido en las Fuerzas Armadas con sus derechos. No se ha respondido, no ha habido la contraprestación lógica y leal que tiene que haber, es decir, el acceso a una
carrera militar y/o la formación profesional para la reinserción laboral. No se ha cumplido. Y ahora se intenta hacer una redacción que invierte la lógica de las cosas, la lógica del compromiso y que rompe la lealtad.
El señor Trillo creía que esto iba a pasar desapercibido, pero al enmendar tanto Convergència i Unió como el Grupo Federal de Izquierda Unida, el Grupo Popular ha visto esta presión parlamentaria y también mediática que se ha interpuesto en
su camino y por eso estamos viendo aquí hoy esta proposición no de ley que va a arreglar algunas cosillas, algunos matices, con comillas, pero que no entra en el fondo de la cuestión. El Grupo Popular se ha visto obligado a presentar este tema por
estas circunstancias de la presión parlamentaria a la que me acabo de referir.
Sea como fuere, es evidente que los cabos primeros y los militares de complemento están en una mala situación por falta de sensibilidad del Partido Popular. Es evidente
que las administraciones anteriores -y no sólo la que ahora ostenta el poder político- tampoco han sido sensibles a esta presión legal, leal y lógica que han hecho estos cuerpos de complemento y de cabos primeros. Parece que nunca se les ha
aceptado dentro de las Fuerzas Armadas por eso del pedigrí militar y, al final, se les ha buscado una salida que no es lógica ni adecuada y a la que nos oponemos.
La proposición no de ley del Partido Popular es lo mínimo que se despacha en botica, lo mínimo que podían hacer; pero un mínimo que no cubre ninguna de las esperanzas ni reivindicaciones de los militares de complemento, porque en ella se
pierden de vista muchas cosas. Los militares de complemento tienen, antes que nada, señores del PP, derecho a una carrera militar plena; esto en primer lugar, este es el primer derecho: el acceso a una carrera militar en plenitud de derechos.
Sólo en su defecto, en segundo lugar y de manera muy subsidiaria -en caso de que se rechace la posibilidad anterior con motivos bien argumentados-, tienen derecho a la formación profesional adecuada para su reinserción en el mercado privado civil.
Pero el proceso no funciona en sentido contrario; no es justo que lo haga, como ocurre en la moción que presenta el Partido Popular. No se trata de mandar al mercado privado o civil a los que sea y que se puedan integrar en la carrera militar sólo
unos pocos en condiciones que no creemos aceptables. De hecho, lo que demanda la legislación en vigor es exactamente lo contrario, lo mismo que demanda el sentido común y la cultura del servicio público. Porque estamos ante un servicio público;
por mucha metafísica que quieran ustedes echarle al ejército, este es un servicio público más. Dejémonos de historias, arrogancia y demás; esto es un servicio público y hay que cumplirlo como tal: hay que aprovechar al máximo unos recursos
humanos formados con dinero público para el servicio público. Hemos formados con dinero público unos recursos humanos de calidad y ahora les decimos: puerta. No es lógico y no es correcto.
Nuestra enmienda intenta solucionarlo sin obviar el problema real.
Pensamos que el problema debe solucionarse en todos sus apartados con una enmienda de sustitución, teniendo en cuenta, naturalmente, las condiciones a que acabo de
referirme: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a iniciar un proceso de consolidación de puestos de trabajo en las escalas de adscripción para todos los militares de complemento que lo soliciten y que durante los años 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006 resulten afectados por el artículo 91.1 de la disposición adicional cuarta, apartado segundo, de la Ley 17/1999. Instamos también a respetar todos los principios que en el proceso de consolidación de los puestos de trabajo
de los militares de complemento hemos reseñado a lo largo del debate en Comisión de la reforma de la Ley 17/1999.
Ustedes no van a responder con sensibilidad, no van a responder con respeto a lo que hemos invertido con dinero público en un servicio público; van a responder con cicatería. No van a responder al trabajo que se ha hecho, no van a
responder al impacto en la calidad que supondría no preservarlos para las Fuerzas Armadas como servicio público; van a hacer una limpieza de gente que merece estar en las Fuerzas Armadas y que, en todo caso, merece una preparación para su
reinserción en la sociedad civil, cosa que tampoco se ha hecho.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, en estos temas de colectivos profesionales, sobre todo de los que están prestando un servicio al Estado, a España, en la milicia, mi grupo ha mantenido siempre el criterio de tratar de aunar las voluntades de los grupos
parlamentarios de la Cámara y venir con iniciativas firmadas o presentadas por los diversos grupos parlamentarios de la Cámara huyendo siempre de un criterio unicista, que nosotros respetamos pero que no practicamos porque entendemos que está
condenado al fracaso; tampoco venimos aquí a hacer una exhibición de defensa de derechos legítimos pero con la perspectiva de que no se va a ganar.
El Ministerio de Defensa en estos momentos nos plantea una política muy contradictoria. Acabamos de aprobar en Comisión un proyecto de ley sobre la integración, la recepción en las Fuerzas Armadas de
extranjeros, después de un debate en Pleno y que ahora está camino del Senado. Con ello hemos hecho ya una modificación de la Ley 17/1999, del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, y resulta que nos viene aquí una iniciativa para
meter dentro de las Fuerzas Armadas a personal de tropa y marinería extranjeros. Metemos al Ministerio de Defensa en el jardín de solucionar un problema laboral y de inmigración vía utilización de las Fuerzas Armadas, cosa que ya tuvimos ocasión de
criticar aquí. Las Fuerzas Armadas no están para eso. Pues bien, mientras se abren esas puertas a personal extranjero de tropa y marinería, resulta que a un personal vocacional, a lo que era y es la escala de oficiales militares de complemento, se
les dice que se vayan de las Fuerzas Armadas por unas cuestiones puramente reglamentarias. Esto tendrá que explicarlo alguien porque si para tapar la carencia de demanda de personal de tropa y marinería -que era la verdadera razón de fondo de lo
que está ocurriendo- se recurre a traer extranjeros, ¿cómo se hace esta expulsión en nuestros cuadros de oficiales cuando son hombres y mujeres que han sabido compatibilizar una doble vocación, la profesional correspondiente a su carrera o
titulación universitaria de origen con la vocación militar? Es muy peligroso en una política de defensa olvidarse de un valor de sus profesionales como es la vocación. No están ahí solamente por una cuestión universitaria, académica o de estudios,
sino por una adscripción a un nuevo valor profesional que exige vocación. Son también ciudadanos de uniforme, como decíamos hace pocas horas en el debate que teníamos sobre las asociaciones militares. Lo que no se puede hacer es tratar de resolver
un problema que tiene que solucionar internamente el Ministerio de Defensa endosándoselo a la sociedad civil, al sector empresarial industrial del mercado laboral. Esto no es Estados Unidos donde hay una comunicación inmediata entre Fuerzas Armadas
e industria de defensa que absorbe a los profesionales militares que por cuestión de edad reglamentaria tienen que pasar a un servicio civil. No se puede poner en el primer punto que se les facilite el tránsito al mercado laboral civil.
¿Quién
garantiza esto? ¿Cómo se puede, con las dificultades que hay ya para emplear a personas de edad, endosar esto a la sociedad civil? Tampoco se puede endosar la solución del problema a las administraciones públicas porque en el punto 4 de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que recojo porque debe estar reflejando la teoría o doctrina que le han impuesto en el Ministerio de Defensa, se viene a decir que sea mérito para su ingreso en las administraciones públicas. En el punto
5 se habla de Administración general del Estado. Señorías, en estos momentos, la creación de puestos de trabajo civiles corresponde a las comunidades autónomas. El propio ministro de Administraciones Públicas, señor Posada, ha dicho que hay que
reajustar las plantillas de los servicios centrales de los ministerios porque han sido tantas las transferencias hechas a las comunidades autónomas que el personal de los ministerios se ha quedado, por así decirlo, sin nada que hacer; o se facilita
su traslado a las administraciones autonómicas o esto no funciona. ¿Qué garantías hay para que los oficiales de complemento -que no están todos en Madrid, sino en las distintas regiones militares que o bien coinciden unas y otras o están
superpuestas- puedan acceder a puestos de las administraciones autonómicas? ¿Dónde está ese compromiso aceptado por las comunidades autónomas de hacerse cargo de un personal procedente de las Fuerzas Armadas? Es que la solución de este problema no
se le puede endosar ni al mercado laboral ni a las administraciones públicas de las comunidades autónomas. Por tanto, resuélvase dentro del Ministerio de Defensa, que tiene posibilidades de hacerlo.
Aquí se han hecho unas aportaciones, que mi grupo quiere valorar, a través de las cuatro enmiendas, con la que ha presentado últimamente el señor Alcaraz por el Grupo de Izquierda Unida, que creo que tratan de solucionar un problema que no
admite demora en la medida en que, como propone la enmienda socialista -nosotros estaríamos de acuerdo y lo apoyaríamos si se hubiera aceptado por el Grupo Parlamentario Popular-, se lleve hasta el 31 de diciembre del año 2006 una prórroga para
solucionar estos problemas personales y profesionales. Nos parece también de sentido común lo que ha planteado el Bloque Nacionalista Galego, el señor Rodríguez, porque si tienen 38 años y tienen 12 años de servicio en activo en las Fuerzas
Armadas, eso no se puede eliminar del patrimonio profesional que tienen nuestras Fuerzas Armadas, no se puede eliminar a personas vocacionalmente adaptadas a la cuestión militar.
De la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, dejando aparte el punto 7 porque no tiene que ver nada la conciliación familiar con estos problemas que estamos planteando ahora, diría que votaría favorablemente el punto número 2, porque si
lo lee bien el Gobierno (y creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió lo ha señalado al ver las contradicciones que hay en la exposición de motivos, que dedica más párrafos al tema de tropa y marinería, que no tiene
que ver nada con esto, salvo en lo que se refiere a la contratación temporal) se daría cuenta que no es de recibo comparar una situación de temporalidad en las Fuerzas Armadas, los tres años que se señalan para tropa y marinería, con los años que
lleva ya la oficialidad de complemento. Vamos a buscarle una lógica y un sentido a la política del Ministerio de Defensa, que no puede despatrimonializarse. Ya está bien de desguazar hospitales militares; ya está bien de vender patrimonio
militar, lo que no podemos encima es enajenar el patrimonio humano profesional que tienen nuestras Fuerzas Armadas, verdadera columna vertebral de todo el sistema profesional vocacional que tiene que existir ahí.
El punto número 2 dice: Llevar a cabo una política de promoción interna efectiva que facilite concurrir a las correspondientes pruebas a todos los militares de complemento que deseen una integración. Lo de deseen una integración sobra
porque el que no quiere integrarse de sobra está, pero no creo que nadie con un título profesional quiera cambiar un sueldo militar por irse a la eventualidad de un sueldo civil, si es que están valorando en ese momento el título de médico, abogado,
ingeniero, perito o aparejador. Esto desde luego tiene que hacer reflexionar al propio Ministerio de Defensa. Me quedaría con una iniciativa que se hubiera circunscrito solamente al punto 2: que tome conciencia el Ministerio de Defensa de que, al
amparo de la Ley 17/1999, tiene capacidades para solucionar internamente este problema y, vuelvo a decir, sin necesidad de endosarlo -porque no me parece serio y desde luego siempre he tratado a estos colectivos cuando he hablado con ellos desde el
principio del respeto y la solidaridad y sobre todo tratando con seriedad su problema-, de desviar toda la solución de este problema a otras entidades que no tienen absolutamente nada que ver con esto ni se ha pactado con ellas para solucionarlo.
Aquí se está reconociendo por pasiva que algo está fallando en la política de promoción interna a la que se había comprometido la Ley 17/1999, porque aquí viene una acusación implícita, y el Ministerio tiene que entender que lo debe resolver por sus
propios medios.
Nosotros desearíamos que hubiera habido aquí un gran consenso de integración para solucionar con seriedad este problema, en unos momentos en que la profesionalidad de nuestras Fuerzas Armadas pasa por una situación difícil, que tiene
problemas de desmotivación y problemas vocacionales. Puede discutirse la puesta en almoneda de cualquier activo patrimonial, pero lo que no se admite en un sistema democrático y de valores es faltar a la seriedad de unos profesionales que cumplen
con un servicio, en este momento de uniforme, al Estado o a la nación y sencillamente buscarles desde dentro la solución. Si se utiliza esta vía nosotros sí vamos a votar cualquier iniciativa que pase por esta Cámara porque, como se dice, menos
aceite da un ladrillo. Como he puesto de manifiesto, es únicamente donde está el compromiso y no en el mercado libre, industrial, empresarial o en las administraciones públicas, porque nadie las ha llamado ni ellas están en disposición de ofrecer
esos puestos de trabajo, enfrentándose con los sindicatos. Esto tiene que tener una solución que creo que la seriedad en el tratamiento de las Fuerzas Armadas exige. Basta con que el Ministerio ponga la voluntad y el deseo de solucionar un
problema en el que es perentorio que todos estemos de acuerdo.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Pausa.)
Señor Campoy, esta presidencia ha podido deducir de su intervención que no admite la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto. De la intervención del señor Companys he creído entender
que no acepta la transaccional que le plantea el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Campoy, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda que ha defendido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y que no había sido distribuida a los grupos porque habían referenciado
con error el número de expediente de esta iniciativa parlamentaria.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Con el riesgo que conlleva haber tenido nada más que un minuto para ojear la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida, podemos comprobar que va en la misma línea de siempre de despropósitos y vulnera frontalmente nuestra
proposición no de ley y la legislación vigente en estos momentos. Por tanto, la vamos a rechazar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre los militares de complemento, en sus propios términos al no haber sido aceptadas las enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 152; en contra, 139; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA INSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 162/000497.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas urgentes contra la inseguridad en la Comunidad Valenciana.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Pla.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
Adelante, señor Pla.
El señor PLA DURÁ: Señora presidenta, señorías, hace solo tres meses, el 20 de febrero, el presidente del Gobierno, señor Aznar, nos instaba desde esta misma tribuna a no creer, ni mucho menos, que una mayoría de los españoles piensa que la
inseguridad ciudadana es un grave problema, ni siquiera en España. Una vez
más, nos dejó atónitos la perspicacia de la que hizo gala el presidente del Gobierno, pero lo cierto es que, piense lo que piense el señor Aznar, la inseguridad ciudadana es un grave problema, y lo es mucho más en la Comunidad Valenciana,
donde se han alcanzado las tasas de delincuencia más altas de toda su historia. En la Comunidad Valenciana asistimos, desde hace meses, a un crecimiento incontrolado de la delincuencia, y eso es difícilmente discutible. La tasa de criminalidad en
la Comunidad Valenciana es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas: 20,5 puntos más que la media nacional por cada 1.000 habitantes. El número de delitos registrados el pasado año, según datos del propio Ministerio del Interior, ha
aumentado un 25 por ciento respecto al año anterior. Solo en el primer trimestre de este año ha habido un incremento del 12,8 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, más del doble del incremento que ha habido en el conjunto de
España. El año pasado se quemaron en Valencia 342 coches; sólo en lo que llevamos de año se han quemado 114 vehículos. La provincia de Valencia tiene el dudoso honor de contar en nuestro país con el mayor número de municipios donde se supera la
ratio de criminalidad anual: un total de 85 municipios. La provincia de Alicante registra incrementos importantes. Sólo en lo que va de año, en este trimestre, un 20,2 por ciento, por no hablar del centro de la propia ciudad de Alicante, donde el
aumento es del 137,9 por ciento. En el sur de la provincia, batimos todos los récords. Solo en Torrevieja, en el mes de enero, se produjeron 32 delitos diarios. Al norte, en la provincia de Castellón, la inseguridad creció el año pasado un 29 por
ciento respecto al año 2000. Una de cada tres familias ha sido víctima de algún delito, y de esto no somos responsables los socialistas.
Ustedes llevan ya gobernando seis años y, por tanto, no vale ya la política del retrovisor. Tienen ustedes la
responsabilidad política plena en el gobierno de la nación y en muchas de las principales instituciones del país. De la actual situación, tampoco son responsables los inmigrantes, pese a que desde el Gobierno se insiste con reiteración en
responsabilizarlos.
Quiero citar, por su importancia, las afirmaciones de Enrique Beltrán, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien entiende -y cito textualmente-: Que los inmigrantes no son los responsables del aumento
de la delincuencia. Las cifras que se dan desde el Gobierno y que culpabilizan a los inmigrantes en abstracto se deben, según el propio fiscal, al triste fenómeno de la inmigración mal tratada que no tiene más remedio que delinquir. A mayor
abundamiento, ustedes saben perfectamente que los inmigrantes con trabajo presentan índices de delincuencia inferiores a los de los nacionales con trabajo. Por tanto, para empezar a actuar de verdad en esta materia lo que tienen que hacer es no
buscar excusas y asumir sus responsabilidades, las responsabilidades del Gobierno que tiene que gobernar. Fíjense, la dotación presupuestaria destinada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sufrido un continuo descenso desde que
gobierna el Partido Popular. En 1996 el presupuesto destinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suponía el 0,63 por ciento del PIB, mientras que en el presente año sólo alcanzará el 0,52 por ciento. Desde que gobierna el Partido
Popular la plantilla del cuerpo nacional de Policía ha disminuido en un 6,5 por ciento, y si se trata de medios materiales y recursos técnicos el descenso ha sido mucho mayor, un 16 por ciento. Por cierto, el Gobierno desoyó claramente en el último
debate sobre los Presupuestos Generales del Estado las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista que exigía un aumento de los fondos destinados a la seguridad ciudadana.
El resultado es que, en estos momentos, en Valencia ciudadanos anónimos cierran comercios, joyerías y gasolineras hartos de que les atraquen continuamente. El ejemplo más claro es el de los ciudadanos conocidos y voy a citar algunos de
ellos. Una fallera mayor de Valencia, que abrió ilusionada su joyería ha anunciado que va a cerrarla después de sufrir cinco atracos consecutivos en el último año. Como ya comenté en otra ocasión, en otra comparencia, la anterior delegada del
Gobierno fue asaltada en dos ocasiones, la última en presencia de sus escoltas. Como ustedes saben, hace unos días un hipermercado de Alaquás fue asaltado por encapuchados en presencia del director general de la Policía, señor Cotino, y de sus
escoltas. La situación, por tanto, siendo compleja, tiene que ser afrontada desde esa responsabilidad y con decisión en la articulación de medidas de ámbito policial, judicial y social. El ámbito de acción social debe ser afrontado de manera más
clara y efectiva por la comunidad autónoma y en este sentido se ha presentado por nuestro Grupo una iniciativa al respecto en el Parlamento valenciano.
Con carácter previo y en este sentido, quería señalar que mi grupo va a aceptar las dos enmiendas de adición presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ya que responden a la filosofía y al fondo de nuestra
proposición. Esta proposición no de ley busca una mejor respuesta del Estado a la delincuencia en la Comunidad Valenciana en torno a cuatro ejes. En primer lugar, se demanda un incremento efectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Se trata de una de las principales reivindicaciones de los sindicatos policiales en un conflicto que ya se está alargando con la Dirección General de la Policía. Según nuestros cálculos, serían necesarios para cubrir las actuales necesidades, al
menos, 1.500 policías nacionales y 500 guardias civiles más, no los poco más de 300 que anuncian ahora que van a enviar.
En segundo lugar, pedimos una mejor organización de estos efectivos, creando unidades especializadas para trabajar en
determinado tipo de delitos que por sus características especiales así lo exijan, creando comisaría de
Policía en aquellos núcleos urbanos cuya población real y número de delitos así lo aconsejen e incrementando convenientemente la presencia policial en las zonas de afluencia masiva de población de forma estacional, fenómeno habitual en los
municipios de nuestra comunidad.
Sólo por poner un ejemplo, en Gandía -una ciudad conocida por todos ustedes- el pasado verano la dotación del cuerpo nacional de Policía era de dos vehículos para hacer frente a un incremento de más 60.000 personas.
Planteamos, asimismo, coordinar la actuación de la Policía nacional con la local, algo que no ocurre en la actualidad. En estos momentos, las juntas locales de seguridad -mecanismo legalmente previsto- están claramente infrautilizadas. En tercer
lugar, solicitamos una respuesta judicial más ágil y eficaz y eso pasa por la implantación de juicios rápidos, sí, pero de forma efectiva, esto es, dotando de los recursos necesarios a los juzgados valencianos, tanto materiales como personales. El
presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha advertido que ve difícil implantar los juicios rápidos antes del verano, dado el incremento de las diligencias penales en la comunidad, salvo que se arbitren las
convenientes medidas, que no es otra cosa que medios humanos y técnicos, y sobre esto todavía no hemos oído una palabra al Gobierno. En cuarto y último lugar, nuestra proposición no de ley persigue la asistencia adecuada a las víctimas. La
Comunidad Valenciana está, como en otras tantas cosas, a la cola de España en cuanto a oficinas de asistencia a las víctimas y, por desgracia, España está a la cola del resto de países europeos. El propio secretario de Estado de Justicia, José
María Michavilla, recordaba recientemente en Valencia lo impotente que se sintió tras sufrir un robo y tener que renovar todos sus documentos.
Bueno sería por tanto que tomaran las medidas que proponemos, pero sobre todo quiero incidir en un sector que es especialmente vulnerable y al que nos referimos en la proposición no de ley: el de las mujeres maltratadas.
Sobre esta
cuestión les daré sólo un dato. En la Comunidad Valenciana uno de los incrementos más destacados es el de los delitos relacionados con la violencia familiar, con la violencia doméstica. Las denuncias han aumentado en el año 2001 un 42,67 por
ciento. Durante el pasado año la Fiscalía inició 769 procedimientos en el Servicio de Violencia Familiar, 230 más que en el año 2000. Somos conscientes de que la práctica totalidad de estas medidas implica importantes desembolsos de dinero, cómo
no, pero más importante que ello es dar solución a uno de los problemas más graves de este país, que los ciudadanos y ciudadanas sufren cada día en primera persona. Lo que pedimos por tanto en esta proposición no de ley no son medidas novedosas,
efectivamente, lo que pedimos es simplemente que ustedes actúen y que se comprometan desde el respaldo a medidas concretas en una forma de intentar empezar a cambiar la tendencia que cada día es más nefasta. El Gobierno tiene la obligación de
ponerse a solucionar de verdad los problemas de los ciudadanos.
Nos gustaría que no insistiesen, como vienen haciendo, en argumentos que el día a día pone en cuestión, como que el Gobierno ya ha tomado medidas, que ya vienen a la comunidad más efectivos, que han acordado establecer juicios rápidos o que
ya se están coordinando, porque sus palabras ya no son suficientes, porque ya no se las cree nadie. Les recuerdo que el anterior titular del ministerio vaticinó un crecimiento cero de la criminalidad para el cuatrienio 1997-2000; también dijeron
que el Plan Policía 2000 iba a ser la panacea, y ahí estamos ahora. Tampoco vale el argumento de que la eficacia policial ha aumentado, porque eso no es cierto, en primer lugar, en términos absolutos, porque el número de delitos ha aumentado; en
segundo lugar, en términos relativos, porque por un lado la tasa de infracciones esclarecidas ha disminuido en los tres primeros meses del año del 23,2 por ciento al 22,4 por ciento y, por otro lado, porque el número de detenidos por cada 1.000
infracciones ha descendido el último año de 115,4 a 109,9. Frente a estos datos no vale decir, como suele hacer el Gobierno, que durante los años 2001 y 2002 se ha producido la mayor oferta de empleo público de los últimos años -en la actualidad
salen del cuerpo nacional de Policía más agentes de los que entran a través de la academia de Policía de Ávila-, al contrario, lo que se avecina en los próximos años es un descenso todavía mayor del número de efectivos, que sólo volverá a crecer, y
ustedes lo saben, a partir del año 2004, cuando se incorpore la actual oferta. Así pues, las medidas que el Gobierno dice haber tomado estos meses siguen siendo claramente insuficientes y no han servido para resolver el problema de la delincuencia
en nuestra comunidad. No queremos más promesas que se lleva el viento. Queremos compromisos firmes, recogidos en esta proposición no de ley, en euros contantes y sonantes. Queremos soluciones y no propaganda. Queremos hechos y no palabras. En
eso consiste nuestra proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pla.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Federal presenta dos enmiendas, intentando cambiar el terreno de juego, cosa que es imposible porque la proposición no de ley tiene una lógica interna que no se puede cambiar si no es con una sustitución global. Quiero decir esto
porque no estamos de acuerdo con el terreno de juego en el que se está jugando este tema tanto por el Partido Popular como por el Partido
Socialista Obrero Español. Mañana mismo nosotros vamos a presentar un amplio documento sobre inseguridad ciudadana, que después vamos a transformar en iniciativa parlamentaria, intentando cambiar el continente, intentando cambiar el
enfoque, la óptica. No nos parece que en función de temas proporcionales estadísticos, sabiendo que la seguridad ciudadana es siempre un tema que se puede elaborar y se está elaborando subjetivamente, se pueda llegar a una serie de medidas también
proporcionales de aumento de la Policía, por ejemplo. Hay que recordar que España posiblemente sea el país europeo con mayor dotación policial.
Otra cosa es la falta absoluta de coordinación. Parece ser que la Guardia Civil, con 70.000
integrantes, actúa sólo en el 25 por ciento de los delitos y que la Policía nacional, con menor número, interviene en el 60 por ciento de los delitos. Se trata de una Guardia Civil que debiera ser civil, que debiera estar ya desmilitarizada y
coordinada de manera adecuada con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo las fuerzas y cuerpos de las comunidades autónomas.
El tema de fondo es que no se puede confundir consecuencia con causa, no se puede atacar la consecuencia abstrayéndola del contexto general de un análisis integral pensando que así se soluciona el tema. No es posible.
No es posible rodear
a cada delincuente de policías y pensar que la situación social de España, que es una gran fábrica de delincuentes, no va a seguir produciendo delincuentes. Pues claro que va a seguir produciendo delincuentes. ¿Por qué? ¿Porque no hay seguridad
ciudadana? No, no, porque no hay seguridad social en el sentido amplio del término.
Si no se amplía la seguridad en el trabajo, en la vivienda, en la protección al desempleo, la seguridad social en general -esa es la fábrica de la marginalidad y
la exclusión cuando se hace una política como la que actualmente empieza a hacerse de manera mucho más acelerada que antes, desaprovechando absolutamente el crecimiento económico y creando mayores distancias entre los que más tienen y los que menos
tienen-, se está contribuyendo a una inseguridad ciudadana latente y permanente a la vez que están intentando que todos nos despistemos mirando al dedo cuando éste señala la luna. No, no, nosotros miramos a la luna y la luna es que la seguridad
ciudadana es una consecuencia.
Efectivamente hay que mejorar la coordinación, hay que darle competencias a la Policía municipal, que no tiene, para pequeñas cuestiones, hay que dar Policía de barrio. En todo eso estamos de acuerdo, pero el tema de
fondo es otro. El tema de fondo es que hay que trabajar en los gastos sociales en un contexto social que no permita lo que actualmente se está produciendo.
Por lo tanto, nosotros no vamos a trabajar en la dirección de crear una especie de histeria colectiva en la que está trabajando tanto el Partido Popular como algunos debates que se realizan en esta Cámara, que afectan a otros partidos, sino
que vamos a ir en una dirección distinta. No creemos que haya que dar ese terreno a la derecha como ha ocurrido en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Austria, en Italia, en las elecciones municipales del Reino Unido. No vamos a entrar en ese
debate por la puerta que se está entrando, vamos a entrar por otra puerta, sin necesidad de olvidar el futuro de coordinación y de mejorar el funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sin creer que esa es la solución,
porque entonces iríamos a una involución social y política de gran tamaño que es la que se está empezando a operar en este país. Como consecuencia hemos presentado dos enmiendas, porque tampoco podemos negarnos a votar positivamente la proposición
no de ley, pero anunciamos que nuestra óptica es otra. Si se aprueban las enmiendas votaremos a favor y anunciamos que nosotros vamos a intentar cambiar el terreno de juego de este debate.
La primera de las enmiendas dice: El Congreso de los Diputados manifiesta que la mejor forma de garantizar la seguridad ciudadana no es sólo a través de las políticas de Policía, sino mediante políticas sociales públicas tendentes a
garantizar el disfrute efectivo y pleno de los derechos sociales de la ciudadanía. El empleo estable de calidad y con derechos, la asistencia social, las viviendas públicas, la sanidad, la educación, la cobertura contra el paro, las pensiones
públicas de calidad y otra serie de instrumentos del Estado social son, sin duda, la mejor manera de producir justicia social y con ello disfrutar de tasas bajas de criminalidad y de una alta sensación subjetiva de seguridad ciudadana. La segunda
enmienda de adición dice: El Congreso de los Diputados muestra su rechazo a los intentos de ciertas fuerzas políticas e instituciones públicas por vincular inmigración y extranjería con el incremento de la delincuencia, cuando es evidente que el
origen de la delincuencia, en la mayor parte de los casos, se encuentra en la exclusión social y en la penuria económica y no en el origen cultural, nacional, étnico o espiritual de los delincuentes. Por ello, el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que ponga fin a sus políticas de exclusión de los inmigrantes y adopte medidas efectivas y reales de inclusión social de este colectivo.
Señorías, si se demuestra al final que el Gobierno ha falseado las cifras con respecto a los inmigrantes, mezclando siempre inmigración con delincuencia, con respecto a extranjeros con necesidades sociales que han delinquido, y casi ha
duplicado ese número, nos encontraríamos con una forma de hacer política que alimenta el racismo y la xenofobia, cosa que ya incluimos como tipo delictivo en la reforma del Código Penal últimamente realizada en esta Cámara. Si se demuestra que se
ha hecho eso, sería la constatación de un hecho muy grave que hay que invertir de ahora en adelante en los discursos políticos que estamos haciendo los responsables de esta casa, los padres y las madres de la patria, que no seríamos responsables de
cara a un futuro legal,
tranquilo y equilibrado en este país. Hoy en este país sólo hay un millón de inmigrantes, una cifra muy por debajo de las cifras medias en distintos países europeos. Si empezamos a sacar el miedo, si empezamos a falsificar cifras, si
empezamos a implementar racismo y xenofobia, me parece que el camino es un camino de espinas, un camino absolutamente negativo. Yo pido a todos aquellos que disponen de los medios de comunicación con una facilidad tremenda en estos temas que
piensen las cosas, que sopesen la realidad que podemos crear, una realidad absolutamente subjetiva. Si lo queremos solucionar sólo con un armamento cada vez más superior del Estado en cuanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no nos vamos a
encontrar con una solución, nos vamos a encontrar en el camino con partidos políticos, con fuerzas políticas, que afortunadamente no tienen votos por ahora en el Congreso, que no son en absoluto deseables para la democracia española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. (Pausa.)
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Pausa.)
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Pla, vaya por delante que desde mi grupo, desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, compartimos algunas de las reflexiones, algunas de las argumentaciones que nos ha dado, en especial aquellas que se refieren a la
radiografía, al diagnóstico de la situación. No tanto la ceñida a la Comunidad Valenciana sino a la situación en general de que por parte de los ciudadanos hay una preocupación con respecto al tema de la seguridad que hoy nos ocupa.
El pasado día 8 de mayo y con motivo de la interpelación que sobre el tema de seguridad ciudadana formuló mi grupo parlamentario, mi compañero el diputado Jordi Jané tuvo ocasión de exponer desde esta tribuna la sensación de perplejidad que
tienen los ciudadanos al conocer que hay personas que son detenidas, y fíjese bien que digo detenidas, lo cual es necesariamente fruto de una actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las policías autonómicas o de las policías
locales, son detenidas una y otra vez, hasta 150 veces en un año una persona en concreto pero en el 60 por ciento de los casos son reincidentes. Una vez detenidas, esas personas realizan unas declaraciones en el juzgado y seguidamente son puestas
en libertad sin que se les aplique la prisión preventiva, porque jurídicamente es imposible aplicársela. Es evidente que ello crea perplejidad en la opinión pública y así lo expusimos. Esta situación de entrar los detenidos por una puerta y salir
por la otra -si se me permite esta expresión tan coloquial- es percibida por los ciudadanos como una señal de que algo no funciona y es entendida por la delincuencia como que la tónica es la de una cierta impunidad.
Mi grupo parlamentario, señor Pla, comparte la necesidad de que la seguridad ciudadana ocupe un lugar preferente en la agenda política de todos aquellos que tienen responsabilidades al respecto. Esta preocupación la plasmó mi grupo en una
propuesta de resolución en el debate de política general del mes de junio de 2001, propuesta que fue aprobada por una amplia mayoría de esta Cámara, y además ha llevado a mi grupo a formular, en el marco del pacto de Estado para la justicia, a
través del diputado Manuel Silva, propuestas concretas, entre otras un nuevo tratamiento de la multirreincidencia y la inmediata implantación del enjuiciamiento rápido de determinados delitos y faltas, los llamados juicios instantáneos, y a
articular otras iniciativas al respecto, como la interpelación, a la que ya he hecho alusión, del pasado día 9 de mayo y la consiguiente moción, que se verá esta misma tarde y que, de aprobarse, supondrá un mandato al Gobierno para, entre otras
medidas, impulsar el procedimiento abreviado para el enjuiciamiento inmediato de determinados delitos y faltas y para que el Gobierno prosiga con el incremento de plantillas policiales, que indudablemente se deben aumentar y no sólo en la Comunidad
Valenciana.
Más allá de compartir la preocupación por la seguridad ciudadana, y yendo a la iniciativa concreta que hoy nos propone el Grupo Socialista, anuncio ya que mi grupo no la va a apoyar. Su iniciativa viene a solicitar el conjunto de medidas
que a su juicio debieran adoptarse para resolver el problema de inseguridad en la Comunidad Valenciana. Si me lo permiten, quizá un marco más adecuado para hacer este debate hubiera sido el propio Parlamento de la Comunidad Valenciana -usted ha
dicho que se va a hacer también allí-, de manera que se trajeran a esta Cámara sólo aquellas propuestas que fueran de competencia estatal. Porque abordar en esta institución, en el Congreso de los Diputados, la solución de un problema como es la
seguridad pública, que afecta a los ciudadanos de todo el Estado, y hacerlo únicamente desde la perspectiva de un territorio concreto, en este caso la Comunidad Valenciana, les obliga en su iniciativa a adoptar una óptica a nuestro juicio un tanto
distorsionada.
No sería así, no sería distorsionada, si el contenido de la proposición versara únicamente sobre un tema, por ejemplo el incremento de las plantillas de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, en el que indudablemente la
competencia es estatal. Tampoco sería así si lo que estuviéramos debatiendo fuera una propuesta que hubiera aprobado el Parlamento de la Comunidad Valenciana solicitando la toma en consideración en esta Cámara de
una iniciativa legislativa, pero, a nuestro juicio, su proposición adolece de ser un totum revolutum, una amalgama de medidas de distintos ámbitos competenciales, porque reclamando medidas generales para aplicar a un territorio concreto
están solicitando al Gobierno la implantación de algunas políticas -por ejemplo, la que en su proposición figura con el número 6, elaborar un plan de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados para mujeres maltratadas- con las que
evidentemente estamos de acuerdo, pero sobre las que la competencia es autonómica, y en cambio hay otras -como la que figura con el número 4, la implantación efectiva de juicios rápidos- que también nos parecen adecuadas, pero no estamos de acuerdo
en que se implementen sólo en la Comunidad Valenciana.
Esta sería una primera objeción. Nuestro grupo parlamentario cree -y así lo plantea en sus iniciativas- que una efectiva solución de este problema debe ser forzosamente integral. Debe
abordarse, naturalmente, la suficiente o insuficiente dotación de recursos humanos y materiales, pero también la necesidad del replanteamiento del tratamiento legal que nuestro Código Penal vigente da a la multirreincidencia.
Señorías, es evidente que la situación actual que comentaba al principio, esa de que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra, que es una percepción que tienen nuestros ciudadanos, no obedece tanto a una insuficiente actuación
de las fuerzas de seguridad, que actúan bien, ni obedece sólo a una falta de efectivos policiales, sino también a la deficiente regulación del tratamiento penal que el Código de 1995 da a la multirreincidencia. Si estos temas no se abordan
paralelamente la solución no será efectiva. Habrá más policías, posiblemente se podrá detener a un número mayor de presuntos delincuentes, pero si no abordamos las modificaciones de tipo penal todos seguirán saliendo por la otra puerta. En la
iniciativa que estamos viendo no se alude a esta cuestión de la multirreincidencia ni en una sola ocasión y centra casi exclusivamente la problemática en las plantillas policiales, que no dudamos que deben seguir aumentándose y, como he dicho, no
sólo en la Comunidad Valenciana. Pero centrar la solución de la inseguridad ciudadana únicamente en el aumento de plantillas es a nuestro entender dar una visión no sólo sesgada sino también ineficaz. Por esto, y además de algún acuerdo con las
consideraciones hechas tanto por el señor Pla como por el señor Alcaraz, sobre todo la instancia de la no estigmatización de la inmigración respecto de la inseguridad ciudadana, anuncio, como ya he hecho al principio, que nuestro grupo no va a
apoyar esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, señorías.
Ciertamente, señor Pla, hay veces que una imagen vale más que mil palabras. Hoy, en esta tribuna, el secretario general del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE plantea un asunto que en la consideración y en el tono del discurso del
interviniente es de máxima gravedad, de máxima urgencia en la Comunidad Valenciana, y el secretario general del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE, llevando un tema, según él, de principalísima urgencia, se encuentra en la más rotunda y
absoluta de las soledades, acompañado tan sólo por cuatro -he contado- ilustres señoras y señores diputados de las circunscripciones valencianas (Rumores.) mientras que en mi grupo, ahí enfrente, están todos los diputados de las circunscripciones
valencianas, todas las diputadas de las circunscripciones valencianas, apoyando sin lugar a duda lo que en esta tarde lamentamos, señor Pla -lamentamos en términos políticos y también en términos personales-, tener que decirle. Porque nos gustaría
que el tono fuera otro, porque nos gustaría que el contenido fuera otro y porque nos gustaría realmente que existiera una capacidad de aportación a un debate tan importante como es el debate de la seguridad, señor Pla, y tengo que manifestar que a
lo largo de su intervención, pero sobre todo a tenor de lo que ustedes han propuesto en este documento, carecen por completo de alternativa.
Usted se ha situado en un doble plano. En primer lugar ha querido entrar en las ya conocidas disquisiciones generales del discurso demagógico, vacío de contenido y con un cierto tufo reaccionario que en materia de seguridad viene empleando
en las últimas semanas el Partido Socialista Obrero Español, y ha querido utilizar parte de ese tiempo creo yo que para no tener que entrar en los contenidos específicos de su moción. Por cierto, anunciaba usted durante días anteriores que esa
moción suponía una auténtica alternativa novedosa al problema de seguridad que tiene planteado la Comunidad Valenciana y hoy, probablemente consciente de que ya estaba el toro en la plaza y que había que torear ese toro, hoy ha dicho usted que no,
que ciertamente estas no son medidas novedosas. Pues claro que no son medidas novedosas, señor Pla. A lo que no se puede venir a esta tribuna es a intentar retratar una situación catastrófica que no se da y al mismo tiempo plantear como
alternativas exactamente lo que ya está haciendo el Gobierno y lo está haciendo bien.
Descubrir a estas alturas, como usted pretende hacer, la operación verano en el litoral valenciano demuestra o una cierta mala fe, que no quiero reconocerle, o una profunda ignorancia. ¿Sabe usted, señor Pla, que el año pasado en esa
operación verano tan novedosa que usted ahora nos propone se incorporaron a la comunidad 400 nuevos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se complementaron con 3.600 jornadas extraordinarias -jornadas extraordinarias supone
jornada remunerada del funcionario policial que presta servicio en sus días de vacaciones- y además con una dotación importantísima
adicional de medios terrestres, de medios aéreos, de medios marítimos, de medios de comunicaciones, con una red de oficinas móviles de denuncias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil situada en los puntos estratégicos del
litoral? Pues no lo sabe, señor Pla, y si lo sabe no sabemos por qué pretende S.S. articular esta operación verano como su gran aportación novedosa. Por cierto, lo que S.S. desde luego ignora es lo que este Gobierno y especialmente, porque está
en el ámbito de su competencia, el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha hecho en materia de atención a mujeres víctimas de malos tratos. Claro que han aumentado las denuncias, señor Pla, claro que han aumentado, gracias precisamente a los
nuevos sistemas de denuncias implementados por el Cuerpo Nacional de Policía y gracias a la eficacia de la actuación de la red de centros que tiene a su disposición la Generalitat Valenciana.
Presenta usted una especie de desierto en esta cuestión y no dice a la Cámara que la red de centros de la Comunidad Valenciana en materia de acogida a mujeres víctimas de malos tratos es la cuarta del país, que dispone de 19 centros, que en
este año se han puesto en funcionamiento cuatro centros nuevos. Lo peor es que no cuenta usted a la Cámara -yo supongo que su grupo parlamentario en las Cortes valencianas sí que lo habrá transmitido- la aprobación el pasado 15 de enero de un plan
integral por parte de la Generalitat Valenciana de protección a las mujeres víctimas de malos tratos. S.S. reclamaba euros contantes y sonantes. Si simplemente se hubiera leído dicho plan, no hubiera hecho falta que dijera lo de los euros, señor
Pla, porque este plan, solamente para dos años, está dotado con 16 millones de euros, 2.700 millones de pesetas. Es una cuestión simplemente de que se lo lea su señoría. Como si S.S. se leyera también otras cosas sabría por ejemplo, en materia de
preparación de las bases materiales para la aplicación de los juicios rápidos, una vez que el nuevo procedimiento esté aprobado en esta Cámara, que desde el mes de marzo de este año se está poniendo en práctica una experiencia piloto en la ciudad de
Alicante que ha permitido ya, desde el mes de marzo de este año hasta la fecha, celebrar 250 juicios en un período de quince días comprendido entre el inicio del procedimiento y la emisión de la sentencia. O si usted quisiera decir la verdad sobre
esta cuestión, o simplemente conociera la cuestión en profundidad, podría citar, a partir del principio de territorialización que se ha realizado de los juzgados de lo penal, la larga relación de nuevos juzgados de lo penal que ya se han creado en
la Comunidad Valenciana y los que está previsto crear en este mismo año.
En ese mismo contexto de cosas, señor Pla, le fallan a usted hasta las anécdotas, porque no sé quién se lo habrá contado pero lo del señor Michavila desasistido en Valencia no es así. La anécdota del señor Michavila viene referida a hace
muchos años -déjeme que no le diga cuál, para que no me diga usted que ya estamos en la cantinela de siempre- y en la ciudad de Madrid. Pero a la cantinela de siempre tenemos que volver, señor Pla, porque este Gobierno está realizando un
importantísimo esfuerzo en materia de plantillas. Usted no ha tenido más remedio que reconocerlo. En el último año se ha producido la mayor oferta de los últimos quince años en materia de nuevas plazas, nuevas plazas, insisto, para el Cuerpo
Nacional de Policía. Mientras que eso se ha producido así, se había producido con anterioridad una larga secuencia de años en la más pura y dura imprevisión de manera que ustedes envejecieron las plantillas, y, al envejecer las plantillas, las
redujeron. Señor Pla, el esfuerzo realizado por el Gobierno en términos de política general para plantillas, especialmente en la Comunidad Valenciana, ha tenido que ser muy notable. ¿Usted no sabe o no ha dicho que en el período 1997-2001 ha
crecido un 10 por ciento la plantilla de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana? No lo ha dicho y no lo ha dicho además en el contexto, vuelvo a repetir, en el contexto, que hace mucho más importante ese esfuerzo, de un envejecimiento y
disminución de las plantillas heredadas como consecuencia de sus imprevisiones.
No voy a entrar en otras consideraciones que están archidichas. Usted puede empeñarse en lo que quiera, pero los datos de verdad son los datos.
España ocupa el undécimo lugar en tasa de criminalidad en el conjunto de la Unión Europea. La
tasa de criminalidad en la Comunidad Valenciana no es superior a la tasa de criminalidad española. Las inversiones en materia de políticas de seguridad desde 1997 hasta el año 2001 han aumentado en un 17,54 por ciento. La inversión estratégica en
dotaciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solamente en el último año, ha crecido en un 36,54 por ciento. Y así, señoría, en una larga serie de cuestiones. Usted ahora me pretende descubrir el Mediterráneo al reclamar la
colaboración y la puesta en común de las bases de datos de Policía local y Cuerpo Nacional de Policía. ¿Ignora S.S. que desde hace mucho tiempo, desde 1996, pero vamos a decir que desde hace mucho tiempo, las dos bases de datos más importantes del
Cuerpo Nacional de Policía, que son precisamente las de personas reclamadas y las de vehículos sustraídos, están cruzadas y en común con las policías locales? Es ciertamente sorprendente, señor Pla, que alguien le haya metido a usted en esta
emboscada para hablar en los términos en que S.S. ha hablado, desde ese catastrofismo y desde esa profunda ignorancia real de los datos, de una cuestión en la que pretende como novedad decir que se haga lo mismo que ya está haciendo el Gobierno,
pero bien. Bien por parte del Gobierno, mal desde la indefinición de una proposición no de ley que no aporta nada, que va por detrás de lo que está haciendo el Gobierno por eso, precisamente porque estamos preocupados, siempre desde la
autoexigencia, desde el convencimiento de que se están haciendo las cosas bien, pero que siempre hay que responder mejor.
Precisamente porque estamos preocupados por implementar y complementar las políticas globales de seguridad y naturalmente también las de la Comunidad Valenciana, hoy le vamos a decir que no, haciéndole además el favor de tenderle la mano,
señor Pla, de decir que usted puede representar una alternativa en la Comunidad Valenciana y que no se deje usted meter en estas emboscadas. Mientras que a usted hoy alguien le ha metido en esta emboscada, hoy mismo el presidente de la Generalitat
Valenciana ha mantenido una reunión de trabajo, en el contexto de las muchas y discretas reuniones de trabajo que mantiene con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, precisamente para implementar una serie de medidas que se
anunciarán en los próximos días. Nosotros, como tenemos la convicción de que estamos haciendo las cosas bien, le decimos no, en beneficio de los intereses de la comunidad, al texto que usted nos propone. Y se lo decimos todas las diputadas y
diputados de la Comunidad Valenciana juntos, lamentando la soledad en la que otros han dejado a su secretario general.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Pla, tiene la palabra a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor PLA DURÁ: Había manifestado que aceptaba las dos enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pla. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de medidas urgentes contra la inseguridad en la Comunidad Valenciana, con la incorporación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 117; en contra, 161.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA SEGURIDAD EN LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS Y EL FUTURO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA. (Número de expediente 173/000132.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la seguridad en las centrales nucleares españolas y el futuro
de la energía nuclear en la planificación energética.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Urán. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio.
Adelante, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace casi dos semanas discutimos en esta Cámara una interpelación sobre la seguridad de las centrales nucleares en nuestro país y sobre el futuro de este sistema de producción de energía eléctrica en el Estado español y en la Unión
Europea. Lo hacíamos a raíz de dos sucesos: la entrada en una central nuclear de un grupo ecologista, cuyos componentes accedieron a la cúpula de la central José Cabrera, y las declaraciones de la comisaria de la Unión Europea, la señora Loyola de
Palacio, sobre este hecho. A nuestro grupo parlamentario le preocupan los dos aspectos: la seguridad y el futuro que pueda tener la energía nuclear en nuestro país y en la Unión Europea, pero sobre todo en nuestro país, que es el que a nosotros
nos compete examinar, y la línea de actuación que se mantiene en este asunto.
Del debate sostenido con el ministro de Agricultura, aunque pueda parecer extraño, se desprendía claramente algo que ya sabíamos: que en España, tras la promulgación de la Ley del sector eléctrico, existe libertad de ubicación y de elección
del sistema de generación y que en realidad si hoy no estamos hablando de una nueva instalación de una central nuclear, es porque económicamente no les resulta rentable a las empresas eléctricas. Desde nuestro punto de vista, señorías, el Gobierno
central tiene la obligación de plantear políticamente, aunque sólo sea con una planificación indicativa, hacia dónde debe dirigirse la generación de energía eléctrica, con qué parámetros y con qué sistemas. Nos parece que es bastante importante,
entre otras cosas, señorías, porque creemos que no se puede hablar solamente de la necesidad de mantenimiento de las centrales nucleares sobre la base de la diversificación energética y del respeto o la necesidad de cumplimiento del Protocolo de
Kioto porque las centrales emiten menos gases de efecto invernadero. Hay problemas mucho más graves que ya se pusieron de manifiesto en la interpelación. De ahí, señorías, que mi grupo parlamentario plantee en el primer punto de su moción que se
produzca una modificación del marco legislativo existente -y nos referimos en concreto a la Ley del sector eléctrico- por la quede establecido de manera clara y rigurosa que en nuestro país no se va a instalar ninguna nueva central nuclear para
generación eléctrica.
Señorías, creemos que existen argumentos suficientes
para poder defender de manera seria y rigurosa un planteamiento de estas características, porque no nos podemos permitir, y desde luego, señorías, mi grupo parlamentario no va a aceptar, que el Gobierno diga que es un mero gestor
administrativo, que las competencias en materia territorial son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y que la elección es de los empresarios, en este caso de las empresas del sector eléctrico.
El Gobierno tiene la obligación de
marcar al menos una línea política de actuación de hacia dónde quiere que se establezcan sus recursos y sus formas de generación de la economía para que sean las más respetuosas con el medio ambiente y el entorno.
A partir de ahí, señorías, volvemos a incidir, y seguiremos haciéndolo, en esta materia por la necesidad de que se inicien los trámites necesarios para que se cierren de manera inmediata las centrales de José Cabrera y Santa María de Garoña.
Son centrales que han cumplido ya su periplo, que han cumplido sus necesidades de producción, que están amortizadas, que generan muchos problemas de seguridad y que, a pesar de todas las inversiones que los propietarios puedan hacer en la planta,
nunca llegarán a ser totalmente seguras o al menos tener la seguridad total que se plantea según los parámetros del Consejo de Seguridad Nuclear. No lo decimos sólo nosotros, lo dice el propio Consejo de Seguridad Nuclear.
Creemos, señorías, que para poder mejorar determinados aspectos y, desde luego, para garantizar que no pueden existir realmente incidentes o accidentes nucleares, es necesario establecer un programa de cierre paulatino de centrales nucleares
para que se puedan ir sustituyendo por fuentes de generación de energía renovable e incluso menos contaminante.
Existen ya nuevas tecnologías que permiten hacer esta sustitución en un plazo de tiempo que ni siquiera pretendemos acotar, sino que
sería el que se pueda acordar con todos los sectores implicados en el tema de la energía eléctrica. Además, señorías, no podemos dejar de lado la dependencia económica que existe en los municipios afectados por las centrales nucleares. La
instalación de estas centrales ha impedido un desarrollo económico de estas zonas generándoles lo que hemos llamado un monocultivo, que se ciñe única y exclusivamente o en un porcentaje muy elevado en torno a la central nuclear. Creemos que todas
las administraciones pero también el Gobierno central tienen la obligación de establecer los recursos adecuados y los programas necesarios para que estos municipios puedan ver favorecido un desarrollo distinto que no les haga dependientes
económicamente ni de la actuación económica de la central ni de los recursos que a través de Enresa se destina a los municipios afectados por centrales nucleares.
Señorías, creemos que esto es totalmente necesario, en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos, para evitar riesgos de accidentes nucleares, cuyas consecuencias creo que todos conocemos y que aunque sean mínimas, son inmensas.
Creemos, desde luego, señorías, que la obligación la tiene el Gobierno central, aunque ellos pretendan ser un mero gestor administrativo, y no solamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Gobierno tiene que marcar una política en
materia energética, porque aunque en el borrador que estamos discutiendo en la subcomisión que se ha creado para las infraestructuras energéticas no se hable de energía nuclear, es algo que está latente y que se sigue argumentando constantemente
fuera del ámbito parlamentario, no dentro de él, y creemos que es necesario dejar claro de una vez por todas que en nuestro Estado la política del Gobierno pretende no fomentar este tipo de energía, y para ello qué mejor que establecer la pauta
necesaria en la Ley del sector eléctrico y el cierre, aunque sea en muchos años, de las centrales nucleares.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Señora presidenta, señorías, en nombre del Grupo Socialista voy a defender las enmiendas que hemos presentado a la moción de Izquierda Unida. Son cuatro enmiendas, pero me voy a detener fundamentalmente en la
enmienda por la que pedimos la decisión de cierre de la central nuclear de Zorita y en la segunda enmienda, que se refiere a que en el horizonte de la planificación energética que el Gobierno ha presentado al Parlamento se acuerde la negociación con
los titulares de un programa de cierre ordenado de todas las centrales nucleares en un periodo de tiempo suficiente para que se garantice la sustitución de la potencia perdida, teniendo en cuenta las tecnologías existentes y las necesidades de
abastecimiento.
Quiero empezar diciendo que en la memoria económica del presupuesto para el año 2002 del Consejo de Seguridad Nuclear se decía que la liberalización de los mercados energéticos iba a producir una reducción en las inversiones de seguridad
nuclear. Nosotros no creíamos en octubre o noviembre del año pasado que eso iba a tener una demostración tan palpable el pasado día 25 de abril en Zorita. No obstante, se lo preguntamos a la presidenta del Consejo de Seguridad, que nos contestó
que los que dicen esas cosas no saben de qué hablan. Posteriormente pedimos también al Consejo de Seguridad Nuclear el montante que representaban las inversiones que las centrales nucleares españolas estaban haciendo en seguridad nuclear, y no nos
pudieron dar respuesta o no nos la supieron dar, y ahora se lo hemos preguntado al Gobierno para ver si nos responde.
Pero las contradicciones del Gobierno son mayores todavía. Mientras el ministro de Economía mantiene un
silencio sobre el debate nuclear, el señor Folgado ha hablado ya de abrir ese debate en el año 2005, mientras que en el documento de planificación que ha presentado el Gobierno se dice que prácticamente hasta el año 2010 no hay que abrir ese
debate, olvidándose de que en ese periodo de planificación termina la vida útil de dos centrales nucleares como son la de Zorita y la de Garoña. Y mientras las señoras Loyola de Palacio y Estevan Bolea dicen que la energía nuclear es la más limpia,
la más segura y la más barata, el ministro de Medio Ambiente prácticamente la descarta para el cumplimiento de los compromisos de Kioto. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Pero con la central de Zorita hay más contradicciones todavía. Mientras la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear habla de diez años más para esta central, dice a la vez que es una central obsoleta y que presenta fallos de
funcionamiento y mientras tanto autoriza exenciones en las especificaciones técnicas de funcionamiento el pasado mes de enero. Sin embargo, tengo que decir que en los dos últimos años no he encontrado ningún informe del Consejo de Seguridad Nuclear
que garantice la viabilidad futura de la central nuclear de Zorita, incluso los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear han manifestado en la ponencia de la Comisión de Economía el año pasado y este año otra vez que la central de Zorita está
funcionando al margen de las bases de diseño y de las especificaciones técnicas de funcionamiento y que incluso no podrá cumplir las normas internacionales de seguridad porque son posteriores a la entrada en funcionamiento de la central, de tal
forma que hoy Zorita no sería licenciada por el Consejo.
El pasado 25 de abril fallaron muchas cosas, pero eso no es lo más grave, señorías: pedimos el cierre porque su plan de mejoras de seguridad no garantiza ni la viabilidad futura de la central ni la solución a los problemas de seguridad que
presenta la sala de control de la central nuclear de Zorita. Yo la visité el pasado viernes y tengo que manifestarles que es una verdadera ratonera. Cuando he preguntado cuál es la viabilidad de esa central a partir del año 2008, nadie me ha
contestado hasta ahora. Realmente, lo que desea en privado el sector nuclear es una primera experiencia de cierre programado. Por eso nosotros pedimos en nuestra enmienda que se tome la decisión de cerrar la central nuclear de Zorita en octubre de
2002.
Con respecto a la enmienda al punto 3, tenemos que manifestar que en la subcomisión de planificación energética nadie ha hablado de hacer nuevas centrales nucleares. La estrategia del Gobierno del Partido Popular se basa en la potenciación
del gas y las energías renovables. Incluso las inversiones de las empresas eléctricas y gasísticas están ya decididas y orientadas en los próximos diez años hacia esos sectores, prescindiendo de la energía nuclear. Mientras tanto, siguen sin
resolverse temas gravísimos como son los de la seguridad nuclear y la gestión de residuos, que las empresas no están dispuestas a internalizar y que seguramente seguiremos pagando todos los consumidores. Por eso hemos planteado la enmienda al punto
número 3 que he leído al principio de mi intervención, porque creemos que es el momento de debatir y diseñar una estrategia energética para España basada en el ahorro, la eficiencia y la diversificación de fuentes de energía, de manera que se vayan
sustituyendo las fuentes más contaminantes por las más limpias y seguras y en un horizonte en el que paulatinamente podamos ir prescindiendo de la energía nuclear.
Anuncio también que retiramos la enmienda de supresión al punto 1 y mantenemos una enmienda de adición que propone añadir un punto 5 a la moción de Izquierda Unida que diría que habría que adecuar el marco jurídico e institucional a las
nuevas circunstancias, actualizando la ley de energía nuclear, del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor García Breva.
¿Grupos que desean intervenir en fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a empezar por el final. Nuestro grupo no va a apoyar la moción que hoy se nos presenta porque no creemos que esté en consonancia con la realidad de la interpelación y con lo que creemos que debe estudiarse para el futuro de la energía
nuclear en la planificación energética.
La interpelación, que seguí desde el monitor y cuyo debate leí muy detenidamente en el 'Diario de Sesiones', prometía mucho, porque además la respuesta del ministro de Agricultura, como se limitó a dar lectura de la documentación que le
debía haber preparado quien correspondiera, contenía una serie de datos muy bien organizados y orientados, cuyo estudio nos permite llegar a algunas conclusiones que podrían llevarnos a dar el no que algún día deberá llegar.
Ahora bien, la interpelación hablaba de seguridad en las centrales nucleares españoles y del futuro de la energía nuclear en la planificación energética. En la primera parte de la interpelación se citaban los hechos tanto por la
interpelante como por el señor ministro, con una diferencia: la interpelante hablaba de ocho personas que subieron a la cúpula -en las fotos se ve a ocho personas- y el ministro hablaba de seis personas; curiosamente, dicen los medios que la
mayoría de ellas eran extranjeras. Decía la interpelante: Afortunadamente,
sólo era una protesta ecologista, y ahí nos hemos quedado. Las centrales funcionan correctamente, decía el 16 de abril la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. Y de este hecho resulta que el Consejo de Seguridad Nuclear propone un
expediente sancionador a la empresa porque se empieza a hablar de si hay reducción de plantillas y no hay suficientes personas para vigilar la seguridad. Y yo pienso: ¿Quién debe llamar la atención al Consejo de Seguridad Nuclear? ¿Por qué? Pues
sencillamente porque como la vigilancia de los planes del Consejo de las centrales nucleares depende en parte del Consejo de Seguridad Nuclear, ellos tienen una cierta responsabilidad. En cuanto a los planes de seguridad interiores y exteriores,
¿quién ha estado mirando al cielo sin ver lo que pasaba? ¿El grupo ecologista debe quedarse tan tranquilo? En realidad hubo una ocupación ilegal. Decía la interpelante: Sólo querían protestar. Pero ¿por dónde pasaron, señorías? Antes de
escalar la cúpula, atravesaron dos zonas de alto riesgo. Sabían muy bien lo que hacían. Ni el vigilante podía entrar en esta zona por ser restringida, y se produce la anécdota de que cuando se avisa a la Guardia Civil y se le dice que es un grupo
ecologista, dicen que suban y pongan la pancarta, que no pasará nada. Muy bien, pero yo me planteo estos interrogantes, y en su momento haré lo posible para ver qué se ha hecho para resolver estas cuestiones.
Señorías, hay que ser serios, y la moción de hoy no refleja nada respecto a este punto. Por tanto, no podemos dar nuestro apoyo. La moción concreta en todos sus puntos el futuro de la energía nuclear y la planificación energética. El
ministro y la interpelante dijeron que se podía abrir el gran debate de este futuro, pero en un debate hay que tomar decisiones técnicas, económicas, medioambientales y políticas. Puede ser un gran debate, pero ni la moción ni las enmiendas quieren
entrar en él, ya está todo decidido, es una decisión política sin más. Posiblemente llegaremos a la conclusión de decir que no a las centrales nucleares, pero no a través de la moción de hoy sino como resultado de un debate real. Cuando llegue
este debate, nuestro grupo estará alineado, si es necesario, con el no a las centrales nucleares. Por ello, hoy no podemos dar nuestro voto afirmativo a la moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, trataré de fijar con toda brevedad la posición del Grupo Popular sobre los cuatro puntos de la moción de Izquierda Unida. Comenzaré diciendo que lo que propone la moción en su primer punto con el cambio de normativa es una vuelta
al marco legal estable, y eso significa volver a intervenir las decisiones de inversión, volver a planificar las materias primas y, en consecuencia, volver a asumir el riesgo que ahora soportan las empresas.
Este modelo ya lo conocemos, señoría, porque es el que tuvimos entre 1985 y 1995, y por eso sabemos varias cosas. En primer lugar, sabemos que es sustancialmente más caro. La prueba es que entre 1996 y 2001 se ha reducido la tarifa
eléctrica un 18 por ciento, un 30 por ciento real, y hemos ahorrado a los consumidores 3.000 millones de euros, medio billón de pesetas antiguas. En segundo lugar, sabemos también que entorpece las inversiones. Entre 1990 y 1997 sólo se instalaron
1.700 nuevos megavatios en generación; sin embargo, tras la aprobación de la Ley del sector eléctrico, han surgido proyectos para instalar más de 34.000 megavatios en ciclos combinados, lo que supone, señorías, renovar casi el 70 por ciento del
parque de generación instalado. En tercer lugar, es incompatible con una norma europea que se basa en la liberalización, en la apertura del mercado y en la competencia.
En el segundo punto de la moción piden que el Gobierno cierre las centrales de Cabrera y Garoña. Sus señorías, que conocen la legislación actual, coincidirán conmigo en que es al Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente del
Gobierno, al que corresponde proponer la normativa de seguridad nuclear y velar por su cumplimiento. Esto significa que será el Consejo de Seguridad Nuclear el que verifique las condiciones de seguridad de las centrales y proponga al Gobierno, y no
al revés, señorías, si deben prorrogarse o no las autorizaciones de funcionamiento y durante cuánto tiempo. También quiero manifestar a SS.SS. que aprobar esta medida supondría politizar una decisión que hoy por hoy corresponde al Consejo de
Seguridad Nuclear, que, como todos sabemos o deberíamos saber, es un organismo técnico e independiente y debe seguir siéndolo.
El tercer punto propone una moratoria nuclear. Señorías, no parece adecuado que el debate sobre política energética con vistas al futuro se plantee en términos de energía nuclear sí o energía nuclear no. De lo que se trata es de considerar
todas las opciones energéticas que actualmente se encuentran disponibles, teniendo en cuenta de forma particular sus efectos sobre el medio ambiente, y en ese sentido, señorías, la posición del Gobierno para los próximos 10 años está recogida en el
documento de planificación energética, que ha sido remitido a la subcomisión de seguimiento de las infraestructuras energéticas. Sé que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se abstuvo en la votación para la creación de dicha
subcomisión. Pero si ven el documento, verán que se opta por incrementar el gas y las energías renovables y por mantener el parque de producción de energía nuclear, lo que significa
que su peso en la estructura de abastecimiento se reducirá en el año 2010.
En cuanto a los países que han promovido iniciativas para desmantelar sus instalaciones nucleares, hay que decir que han planteado períodos transitorios lo suficientemente largos como para asegurar que se llegará al final de la vida útil de
las instalaciones y a la total amortización de las inversiones: Alemania en el año 2020; Suecia, ya ha decidido prorrogar la fecha que se estableció hace 20 años, en el 2010, etcétera.
Respecto al cuarto punto, quiero decir que ya existen instrumentos suficientes para aplicar la política de desarrollo regional allí donde resulte necesaria: FEDER, incentivos regionales, programa de reindustrialización, plan de la minería y
desarrollo alternativo de las comarcas mineras, etcétera. La eficiencia de estos instrumentos, señorías, pasa por una mayor coordinación de los programas existentes y no por impulsar una mayor disgregación.
Por estas razones, señorías, y por algunas más que nos hemos dejado en el tintero por falta de tiempo, quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señora Urán, a los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoría, al haber retirado la primera enmienda de supresión el Grupo Parlamentario Socialista, se admiten el resto de las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la seguridad en las centrales nucleares españolas y el futuro de la energía
nuclear en la planificación energética, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 110; en contra, 160.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PLANES PARA COMBATIR EL RACISMO Y LA XENOFOBIA Y SU TRATAMIENTO PÚBLICO CON RESPECTO A LA INMIGRACIÓN. ( Número de expediente 173/000133.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre los planes para combatir el racismo y la xenofobia y su tratamiento público con respecto a la inmigración.
Para la presentación y
defensa de la misma tiene la palabra la señora Rumí. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate.
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a la Cámara una moción cuya aprobación debería constituir el necesario desenlace de un debate al que, también por iniciativa de este grupo, dimos inicio apenas hace dos semanas. Todos
debemos extraer las lecciones oportunas de los ascensos electorales experimentados por fuerzas y movimientos políticos de la ultraderecha, que en un número de países europeos son ya significativos. Es lamentable que se haya tratado de sacar
provecho político del fortalecimiento de la extrema derecha con lecturas tan oportunistas como desafortunadas, porque la batalla contra el racismo y la xenofobia no la vamos a ganar incorporando al discurso público, siquiera por razones tácticas,
algunos de sus planteamientos; ese sí que sería un triunfo de los intolerantes. Detrás de cualquier manifestación, por circunstancial que esta sea, de racismo o de xenofobia se encuentra siempre un peligro cierto de fascismo, de intento de imponer
a la mayoría de los ciudadanos proyectos de naturaleza excluyente o totalitaria. Esta realidad obliga a todos los demócratas a no bajar la guardia, a no despreciar los riesgos potenciales que se ciernen sobre nosotros y a reforzar los instrumentos
para combatir con eficacia a quienes se aprovechan de la tolerancia de los demócratas para despreciar las reglas de la propia democracia. La inmigración es la coartada a la que recurren los intolerantes con el propósito de tratar de ganar alguna
cobertura social y, más tarde, no lo duden, algún respaldo electoral en torno a posiciones políticas ya explícitas. Sin embargo, es toda la sociedad la que acaba por convertirse en la destinataria de las acciones de los violentos, que poco a poco,
también en nuestro país, se hacen notar en nuestra vida más cotidiana, ahora en un estadio deportivo, más tarde en otros lugares públicos y finalmente hasta agrediendo a las personas en el momento de la manifestación de sus creencias u opiniones.
Con oportunidad de la interpelación que ha dado lugar a esta moción, pedíamos a la Cámara, y de manera
especial al Gobierno y al Partido Popular, un ejercicio de responsabilidad para evitar que las dramatizaciones a la hora de trasladar mensajes a la sociedad sobre la llegada de inmigrantes a España acaben por convertirse en un aliento para
quienes buscan en el imaginario colectivo de nuestro país y acaben por polarizarse entre españoles e inmigrantes. Nos preocupa el tratamiento que desde el Gobierno y la mayoría se concede a un fenómeno como el migratorio. Deben abandonar cualquier
deslizamiento en el discurso político con respecto a la inmigración, porque así desvirtúan la realidad, favorecen la estigmatización de todo un colectivo y alimentan recelos y actitudes defensivas en relación con los inmigrantes.
Desechen la
tentación de hacer de la inmigración un motivo de confrontación electoral, porque resulta sumamente peligrosa para nuestra convivencia. Además, ahora el Grupo Socialista quiere apelar una vez más a la responsabilidad de los grupos y de las fuerzas
políticas para comenzar a liderar desde el Parlamento la batalla que la política democrática se halla obligada a librar contra los intolerantes, contra todos aquellos cuyos actos, por minoritarios que resulten todavía, se repiten cada vez con mayor
frecuencia en nuestras calles, convirtiéndose en fundado motivo de preocupación para los ciudadanos. No dejemos que la impunidad acabe por convertirse en el mejor aliado de quienes se amparan en ella para desafiar la vigencia del Estado de derecho,
porque los enemigos de la democracia no admiten excepciones, merecen una respuesta firme e inequívoca desde la fortaleza de la legalidad democrática. Por ello les proponemos un catálogo de actuaciones que configuran una auténtica estrategia pública
para combatir con mayor eficacia el racismo y la xenofobia, con la puesta en marcha de un conjunto de instrumentos legales para perseguir con efectividad cualquier manifestación racista y xenófoba. En nuestra propuesta cobra especial significación
la constitución del observatorio español contra el racismo y la xenofobia.
Señorías, la legalidad pone a nuestro alcance la capacidad para combatir con acierto cualquier brote racista y xenófobo. Lo que reclamamos ahora los socialistas es la decisión necesaria e ineludible para luchar con energía y sin una sola
vacilación contra quienes defienden y amparan dichas posiciones, impidiendo que puedan ganar adeptos. No podemos permanecer con los brazos cruzados, porque con la pasividad pierden los demócratas y sólo ganan los violentos. Asegurar el futuro de
nuestra convivencia exige que las instituciones sean capaces de anticiparse a los problemas para evitar que se agraven hasta estallar. Confiamos en que la enmienda transaccional que conoce ya toda la Cámara sea respaldada por todos los grupos.
Desde luego, he de decir que desde este grupo se ha hecho un esfuerzo por incorporar en ella las enmiendas que se han presentado, porque creemos que es importante que se dé el mayor grado de respaldo en este ámbito. Así, señorías, iniciaríamos una
nueva etapa en la lucha contra la intolerancia sin duda alguna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Señora presidenta, nuestro grupo ha transaccionado ya la enmienda con el grupo proponente; por lo tanto sólo nos queda manifestar nuestra posición. ¿Lo hacemos ahora o posteriormente?
La señora PRESIDENTA: Vamos a ver qué plantea el otro grupo enmendante. Un momento, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Gil Lázaro para la defensa de su enmienda. (Pausa.)
Señor Grau, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me dice que ellos están en la misma situación, por lo que parece razonable que intervenga usted primero y, a continuación, el Grupo Parlamentario Popular, dado que han sido los dos
grupos enmendantes que transaccionan con el Grupo Parlamentario Socialista, y después lo hará el resto de los grupos en turno de fijación de posición.
Adelante, señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestra intervención es únicamente para fijar posición en tanto en cuanto nuestro grupo ha establecido ya un consenso con el Grupo Popular y el Grupo Socialista para presentar una moción con el voto unánime de todos los grupos de esta
Cámara. Realmente nos complace que se haya obtenido este resultado porque lo que pretendemos aquí es promover una serie de medidas que fomenten la cohesión social, la integración de los inmigrantes, el respeto a la pluralidad y, en definitiva, que
no hagamos un juego político de un tema tan frágil y espinoso como es el de una convivencia de colectivos que forman parte de nuestra comunidad, que han venido a veces en circunstancias penosas, que han llegado con elementos legales incompletos y
que muchas veces conviven con nosotros existiendo una cierta separación de la sociedad. Todo ello puede crear guetos o separación de grupos en nuestra convivencia y promover la fractura social. Es una problemática que afecta a las personas que
viven en nuestra sociedad y a las que van a venir. Se trata de un problema que va a continuar y en esta Cámara los grupos políticos no podemos hacer un discurso en el que este tema sea objeto de confrontación o de diferencias políticas en nuestras
propuestas. Por ello nos felicitamos por haber llegado a este consenso y por haber propuesto esta solución, precisamente
en unos momentos en los que, por ejemplo, en Cataluña, en Premià de Mar, hemos tenido una manifestación importante con motivo de la instalación de una mezquita, lo que ha producido una fractura social debido al repudio por parte de un
determinado grupo de vecinos a que se levantara en su barrio, lo cual ha generado diferencias políticas entre los grupos presentes en aquel ayuntamiento. Este repudio puede ser como el que se podría haber dado ante la instalación de una discoteca o
cualquier otra que los vecinos consideraran inadecuada para su barrio, no específicamente por causa de los árabes o musulmanes que intentan construir allí su mezquita, sino como un problema de cohesión social o de diferenciación. Por tanto
esperamos que los instrumentos que se proponen en esta moción, así como su posterior desarrollo legislativo, permitan a esta Cámara mejorar y dar soluciones a estos problemas de convivencia y que el espíritu que nos ha llevado a aprobar esta moción
por unanimidad sea el mismo que nos lleve a hacerla operativa y dar soluciones en el futuro. Nuestro discurso no tiene que consistir en lo que mucha gente quiere oír, porque a los políticos no nos corresponde hablar así; nuestro discurso tiene que
establecer los elementos de integración, de pluralidad y de convivencia que permitan a nuestra sociedad mantener la integración de personas en nuestro Estado de derecho, de forma que puedan convivir y participar, y nosotros debemos respetar la
pluralidad que todos deseamos.
En este espíritu nuestro voto será favorable y deseamos que el futuro desarrollo de esta moción, con las soluciones legislativas que se incorporen, tenga el mismo grado de consenso y de solución de cara al futuro.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Señor Gil Lázaro, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente creo que hoy es ocasión en la que la Cámara puede congratularse de poder formular, como no podía ser de otra forma, una declaración marco en la que pudiéramos converger todos los grupos frente a un fenómeno tan detestable como es
el racismo y la xenofobia. El ejercicio de responsabilidad, de sentido común y de compromiso democrático del que hoy hemos dado fe todos los grupos de la Cámara al ser capaces de articular este texto de consenso es ciertamente un nuevo punto en el
suma y sigue de los muchos que el conjunto de fuerzas políticas democráticas, las instituciones y la sociedad española vienen poniendo en práctica frente a este fenómeno; fenómeno que me resistiría a calificarlo de tal, afortunadamente, en el
ámbito de nuestra sociedad. La sociedad española, quizá porque tiene experiencias muy específicas articuladas en torno al mundo de la inmigración y también porque tiene dramáticas experiencias articuladas en torno al autoritarismo y la
intolerancia, es y seguirá siendo siempre -estoy convencido de ello- una sociedad profundamente tolerante, integradora y abierta. Cierto es que en los últimos años -y en los últimos días incluso- se han producido hechos puntuales, hechos aislados,
que han podido acreditar el riesgo -siempre existe ese riesgo- de que actitudes violentas, actitudes intolerantes, actitudes radicales pudieran tratar de levantar una bandera tan oscura y tan negra como la bandera del racismo y de la xenofobia, pero
yo creo que, afortunadamente, esa es una expresión muy minoritaria y muy puntual en nuestro país. En el año 2000 se produjeron 165 actos que técnicamente se pueden calificar como racistas o xenófobos. En el año 2001, afortunadamente, se redujeron
hasta la cifra de 116, pero el problema es que exista un solo acto de carácter racista o xenófobo; el problema es que algunos puedan tratar, efectivamente, como ha sucedido, en términos, sí, de fenómeno, y de fenómeno preocupante en otros países de
nuestro entorno, que otros, digo, puedan tratar de articular esa estrategia para, desde ahí -como señalaba la señora Rumí en su intervención-, intentar traducir en la sociedad española proyectos ciertamente insolidarios, ciertamente radicales,
ciertamente violentos, proyectos que, en definitiva, vulneran los contenidos más profundos, más rigurosos y más intensos de lo que es una convivencia en pluralidad, de lo que es una convivencia en libertad, de lo que es una convivencia en el
conjunto de una sociedad democrática. Creo que afortunadamente en España esos actos son y seguirán siendo actos aislados. Esta sociedad no permitirá que en su seno pueda brotar el germen de esa negra manifestación que es el racismo y la xenofobia.
Nuestro país, con la contribución de todos, con la contribución principalísima de esta Cámara y de los grupos que la integran, dispone de una legislación contundente contra el racismo y la xenofobia. En nuestro país afortunadamente existen
elementos institucionales para la integración social de todas las personas que en términos legales vengan a trabajar aquí; en nuestro país afortunadamente existe, gracias al apoyo y la colaboración de todos, una acción sostenida, comprometida y
eficaz contra los grupos racistas y xenófobos y, en otro orden de cosas, contra aquellos individuos, contra aquellos grupos que tratan de desarrollar una actividad criminal tan detestable como es el tráfico de personas. Sin embargo, este
diagnóstico no debe servir en modo alguno para conformarnos, sino, por el contrario, para seguir exigiéndonos más en esa actuación comprometida y vigilante frente a este fenómeno. Hoy, y con esto concluyo, señora presidenta, creo que la Cámara da
un importante paso adelante a través de esta declaración de consenso, a través de los valores que se vuelven a reiterar en el punto declarativo de la moción y a través de las medidas concretas que después, en el punto
segundo, hemos especificado de común acuerdo y que vienen a ser precisamente eso: un recordatorio de lo que ya se está haciendo y, al mismo tiempo, de la necesidad y el compromiso de actuar siempre en esa línea.
La señora PRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, su tiempo ha concluido.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo, señora presidenta, agradeciendo a todos los grupos de la Cámara, y especialmente al Grupo Parlamentario Socialista como autor de la moción, el ejercicio que todos hemos hecho para llegar a este acuerdo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula doblemente en este debate. En primer lugar, felicitamos al Grupo Parlamentario Socialista por la iniciativa que ha tenido, muy oportuna y muy necesaria, yo diría que imprescindible ante las circunstancias que estamos
viviendo en Europa e incluso en España. En segundo lugar, nos congratulamos por tener un texto consensuado a partir de la iniciativa originaria del Grupo Parlamentario Socialista, con la suma de aquellas enmiendas en el mismo sentido que han
presentado los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Popular, a las cuales ahora se suma mi grupo al votar favorablemente este texto consensuado. Esto lo decimos en nombre de Coalición Canaria, desde una zona fronteriza con
problemas de inmigración, sobre todo los que proceden del continente africano, por la llegada de personas de la zona subsahariana o del Magreb, que han venido, digamos, propiciando algunos conatos de racismo y xenofobia. Afortunadamente, no ocurre
lo mismo con aquella inmigración -Canarias es tierra de recepción de inmigrantes, legales o ilegales-, que se integra perfectamente cultural y religiosamente y en todos los órdenes sociales y sociológicos, que procede del continente americano,
concretamente de Venezuela, Cuba, México, Chile, Argentina, que incluso son de sangre originaria española, hijos y descendientes de antiguos emigrantes. Estos se integran perfectamente y no generan este fenómeno, pero otros sí. Eso es lo que
queremos evitar, que fuerzas políticas, al amparo de una democracia de libertades como tenemos en España, traten de canalizar hacia sus fines políticos principios que estamos rechazando por racistas y xenófobos; que no nos perturben la convivencia
y el debate democrático entre fuerzas democráticas, porque podemos discrepar en principios que son legislativos para el orden constituyente pero que siempre son armonizables, para no caer en la pugna electoral ni en la batalla política de fuerzas
extremas que traten, como digo, de llevar ese agua a su molino, algo totalmente irreprochable en este momento desde un punto de vista de técnica democrática pero reprochable ética y moralmente.
A ese consenso se suma nuestro grupo, señora presidenta, entendiendo que se propone una serie de medidas desde este observatorio que tiene que hacer el estudio en contra de todo brote de racismo o de xenofobia para tenerle tomado el pulso a
todo el Estado español en cualquiera de sus partes en que se pudiera dar este fenómeno. Entendemos que son positivas todas las acciones que las fuerzas de seguridad del Estado lleven a cabo para cortar de raíz cualquier brote que vaya contra esta
convivencia que aquí estamos proclamando en este momento y trate de llevarla a un enfrentamiento a veces violento -siempre violento al final- en las localidades españolas en que se pudiera dar; que esto se instrumentalice y se adecue también con
aquellas medidas que se están adoptando a través de la política de inmigración y de una ordenación para que ninguna parte de la población española se sienta agredida y nadie vaya a recaudar un voto espureo por no saber dar satisfacción a una
voluntad de los ciudadanos y que se vaya a reflejar después en un rechazo a través del racismo y la xenofobia. Por todas estas razones, más lo que se explicita en el documento que hemos consensuado, va nuestro voto de apoyo afirmativo y positivo
para su aprobación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por último, Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Como no podía ser de otra manera, anuncio el voto afirmativo de Izquierda Unida al texto que se nos presenta y lo hacemos además desde la voluntad de que no sea una declaración testimonial, que no sea una mera pose. Si son preocupantes los
avances electorales de la extrema derecha, mucho más preocupante es el avance cultural y social de ideas racistas y xenófobas.
Si de alguna manera se pudo producir la barbarie nazi en los años treinta en Alemania, no fue por una victoria electoral,
sino porque habían calado en la población una cultura y un mensaje tremendamente racistas que en cierto modo permitieron o no se opusieron a lo que allí se cometió. Por tanto es muy importante que no tengamos luego que arrepentirnos, que no
tengamos que recordar aquel famoso poema de Bertold Brecht que señalaba que se empezaba persiguiendo a los comunistas y al final se acababa persiguiendo a todo el mundo, pero ya no había quien pudiese echar una mano. Por eso es importante que lo
que aprobemos aquí no sea,
repito, una declaración meramente de pose ante la Cámara sino fundamentalmente un compromiso del Gobierno, compromiso que tiene que implicar en cierta medida una autocrítica, porque el Gobierno hasta ahora no lo ha hecho bien o no como
nosotros creíamos que tendría que haberlo hecho y se ha propiciado o al menos no se ha actuado con diligencia para combatir el racismo y la xenofobia. No se ha actuado en estos momentos, por poner un ejemplo, en El Ejido, no se ha actuado en otras
zonas para evitar que ese caldo de cultivo que allí existía se solucionase. No se han dado las viviendas, no se ha propiciado la integración y si bien no hay esos estallidos de violencia que hubo en otros momentos, pueden aparecer otros
súbitamente, y ahí están las encuestas que se han realizado en aquella zona. Repito que es importante que esta moción se lleve a cabo, es importante que se desarrolle y sobre todo es importante que todos los partidos, que todos los grupos sociales
de este país y de Europa adquiramos el compromiso de combatir el racismo como un elemento que al final puede corroer a la sociedad, puede corroer unas relaciones internacionales y puede llevarnos a la barbarie que la humanidad ya ha vivido en otros
momentos. Además, hay que tener conciencia de que la xenofobia y el racismo hay que combatirlos en el origen, con otro mundo que haga imposible las circunstancias que se dan en estos momentos de persecución de muchos seres simplemente por el hecho
de no vivir en su país de origen.
Reitero nuestro voto afirmativo, el compromiso que adquiere el Gobierno, y nuestro grupo va a estar tremendamente vigilante a la hora de exigirle al Gobierno su cumplimiento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes para combatir el racismo y la xenofobia y su tratamiento público con respecto a la inmigración, en los términos de la
enmienda transaccional que ha sido aceptada por los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 267.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA REINCIDENCIA SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 173/000134.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la reincidencia sobre la seguridad
ciudadana.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las faltas contra la propiedad, los pequeños hurtos, son infracciones que están creciendo, y quien comete la mayoría de estas faltas, de estos pequeños hurtos, es un infractor multirreincidente o habitual. Citaba en la
interpelación ejemplos destacados de una comisaría del distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, en donde en un solo año 14 personas habían sido detenidas y puestas en libertad más de cien veces, sin que hubiesen pasado por ningún tipo de prisión
preventiva. Era detenida, prestaba declaración, alguna persona cien veces -y no era un extranjero, sino que era de nacionalidad española- ó 150 veces en un mismo año en una misma comisaría. Este fenómeno de la reincidencia provoca una sensación
entre los ciudadanos de creciente inseguridad, de impunidad y ello no es positivo. Mi grupo parlamentario considera oportuno que el Congreso de los Diputados intente dar una respuesta ante ese fenómeno de la multirreincidencia. De ahí nuestra
moción que tiene cuatro puntos.
El primero, constatar que el fenómeno de la multirreincidencia, de la habitualidad, no tiene la respuesta jurídica adecuada, una respuesta que contribuya a disuadir a aquella persona que ha cometido esa falta, ese hurto, ese pequeño robo.
No tiene la respuesta; el ordenamiento no ha conseguido disuadirle. Tengamos en cuenta un dato: de cada cien detenciones, sesenta son de personas que antes habían sido ya detenidas, con lo cual quien en alguna ocasión comete una falta, un delito,
presuntamente -porque faltará el necesario proceso que acredite en cada caso si cometió esa infracción o no- no tiene esa respuesta.
En nuestro segundo punto, ante la insuficiencia jurídica del marco actual, con el máximo consenso, respetando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los acuerdos que tienen lugar en el marco del pacto de Estado para la reforma de la
justicia, pedimos que se reforme la legislación vigente. En el marco del pacto de Estado para la justicia, a través de mi compañero Manuel Silva, mi grupo solicita cuatro medidas concretas de reforma legislativa. La primera, una reforma que
permita ampliar los supuestos y causas en los que puede acordarse la prisión preventiva y que se tenga en cuenta la reiteración delictiva. La segunda, que se modifique el Código Penal para tener en cuenta la reiteración
delictiva en el momento de valorar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a dos años. La tercera, un tratamiento penal distinto de las asociaciones ilícitas. Queremos considerar como tales a aquellas
asociaciones que tienen como finalidad cometer faltas, no únicamente delitos. En Cataluña el fenómeno de la delincuencia de asociaciones, de bandas que tienen por finalidad cometer faltas en las autopistas debe poder ser catalogado en el Código
Penal como asociaciones ilícitas. Por último, modificar el tratamiento penal de las faltas contra el patrimonio, para que puedan tener la consideración de delito cuando han sido ejecutadas atendiendo a un plan preconcebido o a través de una
pluralidad de acciones, siempre que el montante económico global del conjunto de faltas cometido sea superior a la cifra mínima que se exige para entender cometido el delito. ¿Qué significa esto? Señora presidenta, significa que cuando una persona
ha cometido una falta por un montante inferior a los 300 euros, 50.000 pesetas, como no es delito, no se le puede aplicar la consideración de tal, pero si esa persona ha cometido reiteradamente esa misma falta, que podamos sumar ese montante
económico global y castigarle por ese delito.
En el tercer punto pedimos que el Gobierno acelere la preparación de la ejecución de los juicios rápidos. Ha sido una iniciativa de consenso entre todos los grupos, pero mi grupo hoy quiere reivindicar su autoría.
Los juicios rápidos han
sido una propuesta de Convergència i Unió en el marco del pacto de Estado para la reforma de la justicia, y van a ser aprobados en breve. Se está ya tramitando y la próxima semana se debatirá en lectura única ante este Pleno la proposición de ley
conjunta. Queremos que el Gobierno prepare con rapidez la implantación de esos juicios rápidos y que no falten medidas para después realizarlos con efectividad.
El último apartado de nuestra moción se refiere a la necesidad de reiterar que debe proseguirse con el incremento de plantillas policiales. En el caso de Cataluña, concretamente, se debe aplicar lo que acordó la Generalitat de Catalunya con
el Gobierno del Estado el 3 de julio de 2001: que la progresiva implantación de Mossos d'Esquadra -de la Policía catalana- no suponga en ningún caso menos plazas policiales en Cataluña; que se garantice expresamente el proceso de despliegue de los
mossos. De ahí que valoremos positivamente la aceptación de este punto: la garantía absoluta de que no habrá menos dotación policial, de que tenemos asegurada la dotación precisa.
Esta es la moción que presenta mi grupo parlamentario y que somete hoy a votación. Tendremos en cuenta algunas de las enmiendas que nos han presentado los demás grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo ha presentado varias enmiendas que tratan de centrar el debate. Venimos asistiendo últimamente a un debate sobre seguridad que nos preocupa, y podemos ligar esto con lo
dicho en el punto anterior, con el crecimiento de la extrema derecha en Europa. Digo que nos preocupa porque no entra en el fondo de la cuestión. Lo que se llama inseguridad ciudadana no es el problema, sino su reflejo; no es la causa, sino el
hecho que se produce por otras causas.
Nuestra enmienda trata de ahondar en las causas. Nadie es delincuente por una cuestión genética, de raza, o de sexo. La delincuencia tiene su origen en el desarraigo social y está ligada al deterioro de las formas de vida, que constituye
el caldo de cultivo. Más policía no es la única forma de combatir esa pequeña delincuencia de la que hablamos. En este país hay muchas policías, cosa distinta es que no estén coordinadas, que no se haya llegado al cuerpo único de policía y que, al
final, la efectividad sea mucho menor que la esperada en función del número de agentes. Si acudimos a la estadística, vemos que lo que falta en este país no son policías, sino una política diferente. Una política dirigida a los derechos sociales,
al empleo, a la vivienda pública, a una mayor cobertura del paro y, en definitiva, a un Estado del bienestar con muchos más instrumentos para generar un clima distinto. De ahí que el primer punto de nuestra enmienda pretenda situar el debate. No
existe la dialéctica entre un grupo de criminales y una sociedad que tiene que defenderse y castigarlos, sino el reto de conseguir una sociedad en la que el delincuente no tenga razón de ser. Este es el debate, y apartarnos de él nos lleva a otros
modelos de sociedad que son caldo de cultivo de la xenofobia, el racismo y la ultraderecha de la que hablábamos antes.
En la segunda enmienda rechazamos el intento de ligar delincuencia con extranjería. La prensa nacional publica hoy una nota sobre las estadísticas de un sindicato policial, que apunta con datos a que el Gobierno infló la cifra de
extranjeros detenidos en 2001. Esto es muy grave, señorías. Hay un discurso que pone en relación extranjero con delincuencia y un sindicato policial que demuestra con datos del Gobierno, elaborados por la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de
Policía y la Ertzaina, que el Gobierno infló la cifra de extranjeros detenidos en 2001. Eso sí que es elaborar un discurso que favorece el clima en el que pueden producirse hechos que se dice en esta Cámara lamentar, mientras que por detrás se
fomentan o se propician. Nos preocupa profundamente este
clima que se genera; nos preocupa que, al final, el debate trate de justificar un clima que tiene una disyuntiva: más seguridad, menos libertad. Esa disyuntiva es radicalmente falsa. Al final, no hay más seguridad si no hay más libertad;
más libertad es sinónimo de más seguridad. Ese es el debate en el que el Gobierno y otras fuerzas de derecha europea nos han querido situar y del que nosotros queremos huir radicalmente porque, repito, nadie se llame a engaño, ni la pena de muerte
aplicada en múltiples países del mundo todavía, por desgracia, ni la persecución de la delincuencia por métodos cada vez más sofisticados y más violentos en otros países abanderados de la democracia, según se dice, acaban con la delincuencia. Con
la delincuencia se podrá acabar, señorías, como nosotros planteamos, cuando haya otro mundo que sí es posible, que evite ese caldo de cultivo que es la desigualdad social donde se genera esa delincuencia; y veremos que al final siempre son los
mismos los que acaban pagando las consecuencias. Ese es el sentido de nuestra enmienda, repito, y esperamos que se centre ahí el debate en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, parece bastante claro que la delincuencia, la sensación de inseguridad de los ciudadanos, se produce por una serie de actividades delictivas y también por percepciones subjetivas de los ciudadanos. Estas actividades delictivas van
íntimamente ligadas a la desigualdad social.
El incremento de la delincuencia en los países en los que se incrementa la desigualdad social es algo absolutamente indiscutible y, por tanto, a la idea básica de evitar la desigualdad social es a la que
tenemos que tender. Pero es cierto que la sensación de inseguridad como elemento subjetivo de los ciudadanos debe también combatirse porque sólo con el sentimiento de ser seguros, sólo con la posibilidad de sentirse completamente seguros se puede
ser ciudadano libre. Debemos ser seguros para ser libres y para ejercer absolutamente esa libertad.
Con la máxima buena intención política se ha presentado hoy aquí por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) una proposición que quiere tender a esto. Creemos que la proposición es algo tosca y con la intención de
mejorarla hemos presentado una serie de enmiendas a cada uno de sus puntos. Se puede mejorar y nos hubiera gustado que se pudieran aceptar más aspectos de nuestras enmiendas si no fuera por los compromisos de voto a los que se encuentra sometido el
grupo proponente de la moción. Lo que realmente causa una sensación de inseguridad en los ciudadanos es el hecho de que existan unos cuantos personajes que habitualmente se dedican a la comisión de determinados tipos de faltas o de pequeños
delitos. Nosotros introducimos como elemento fundamental en nuestras enmiendas la habitualidad; no la multirreincidencia, por una cuestión técnica, porque en las faltas o cambiamos totalmente el Código Penal o no hay reincidencia, es imposible
técnicamente la reincidencia.
En este sentido, creemos que es buena la línea a la que se sumó también el Grupo de Convergència i Unió en el Parlamento de Cataluña el pasado 16 de mayo al hablar de habitualidad, como hacemos nosotros en nuestras
enmiendas. Además, pensamos que debemos ir a un tratamiento de la habitualidad semejante al que tenemos en este momento para los delitos y las faltas de violencia de género. Creemos que es un buen camino, quizá no excesivamente bien aplicado en
algunos casos por órganos judiciales que parecen no entenderlo exactamente, pero es un camino mucho más adecuado y mucho más seguro constitucionalmente que el de la multirreincidencia.
Respecto al tercer punto de la moción, nos parece bien que se le pida al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, que dé los medios materiales necesarios para el cumplimiento efectivo del nuevo proceso abreviado para los delitos menos
graves, pero no podemos dejar de pensar que hay varias comunidades autónomas con competencias en este tema y que debemos instar al pleno cumplimiento de los acuerdos de las Palmas de Gran Canarias, que se tomaron por todos los consejeros de Justicia
afectados.
En cuanto al cuarto y último punto de la moción, consideramos que la situación en Cataluña, como hemos dicho en reiteradas ocasiones y no voy a cansar a SS.SS. con la repetición de la tesis, requiere: a) incentivar que los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil permanezcan en Cataluña hasta que se complete el desarrollo total del despliegue de los Mossos d'Esquadra; b) el compromiso del mantenimiento de los medios materiales y de infraestructuras hasta
aquel momento, y c) que se inste al Gobierno para llegar a acuerdos con el Gobierno de la Generalitat para conseguir que, con respeto absoluto del sistema de sustitución policial, puedan entrar funcionarios de los cuerpos nacionales en el nuevo
cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Mantenemos las enmiendas. A pesar de ello y aunque no se nos admitan en la totalidad, como parece ser que es la intención del grupo proponente de la moción, vamos a votar favorablemente la moción porque en el fondo lleva buena intención,
aunque creemos que es manifiestamente mejorable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pedret.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular había presentado un conjunto de enmiendas que pretendían precisar algunas de las expresiones terminológicas y jurídicas de la moción. Nos sentimos ciertamente satisfechos con el anuncio, hecho
privadamente por el grupo autor de la moción, en orden a incorporar estas enmiendas sobre las que no haré ninguna especial mención.
Sí quiero decir que, a juicio de mi grupo, no es un texto algo tosco, como se ha dicho desde esta tribuna. Nos da la sensación de que algún discurso que hemos podido escuchar esta tarde desde esta tribuna, y no desde luego el discurso del
portavoz del grupo autor de esta moción, se puede inscribir en esa consideración tosca. No es el momento, al final de la sesión, de hacer una intervención prolija. Simplemente deseo recordar a alguien que ha podido hacer ese discurso tosco que en
una sociedad como la nuestra, una sociedad democrática y plural, sin lugar a dudas la seguridad está al servicio de la libertad. Que el tradicional binomio teórico, ese enfrentamiento, esa dicotomía entre libertad y seguridad cede en todo punto en
el contexto de una sociedad plural, en el contexto de una sociedad democrática avanzada, en el contexto de un Estado social y democrático de derecho en donde sólo la seguridad puede estar al servicio de la libertad. A partir de esa consideración,
es obvio que la articulación de ese concepto de seguridad se vertebra en función de un régimen multidisciplinar de políticas. Hay políticas sociales para la libertad y políticas sociales también para la seguridad en libertad. Hay políticas
específicas de seguridad para la libertad y hay también, como es natural, políticas legislativas, políticas procesales para la libertad y para la seguridad en libertad.
A propósito de algún discurso tosco que acabo de escuchar, tengo que recordar que no existe mejor medida social para la libertad y mejor medida social para la seguridad que la creación de empleo. Se puede discutir desde las perspectivas de
cualquier grupo parlamentario, como es natural, lo que este Gobierno está haciendo bien o mal, pero es difícil discutir el éxito de este Gobierno en la creación de empleo precisamente por entender que esa es la medida social más intensa para
establecer factores serios, rigurosos y eficaces de igualación social y para que cualquier ciudadano pueda sentir que al poder desarrollar un proyecto personal propio tiene también sitio en ese equipaje colectivo de la libertad.
En cuanto a las medidas específicas, las de naturaleza técnicamente adscritas al concepto de las políticas de seguridad, hemos hablado suficientemente esta tarde. El esfuerzo que el Gobierno está haciendo en materia de plantillas, el
esfuerzo que el Gobierno está haciendo en materia de inversiones, el esfuerzo que el Gobierno está haciendo en materia de formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en materia de especialización de esas fuerzas y cuerpos, en materia de
participación e integración del tejido social también en las políticas seguridad, está ahí.
Finalmente, en el tercer gran bloque, en lo que podría ser eso que denominaba políticas legislativas para la libertad y por tanto para la seguridad en libertad, sin lugar a dudas la iniciativa del pacto para la justicia suscrito y del que
son partícipes los grupos mayoritarios de esta Cámara, permite obviamente articular medidas de consenso que se puedan inscribir precisamente en esa voluntad de reforzar los instrumentos técnicos y legislativos del Estado de derecho. Precisamente la
interpelación en su momento y la moción hoy del grupo proponente se inscriben en ese tercer ámbito.
Hasta ahí nada más que decir. Sí tengo que señalar, para concluir, que a mi grupo le parece especialmente de justicia hacer una mención al punto cuarto de la moción. La colaboración entre el Gobierno de la Generalitat y el Ministerio de
Interior en el despliegue del nuevo cuerpo de Mossos d'Esquadra en Cataluña está siendo ejemplar; el compromiso del Ministerio de Interior de mantener las plantillas policiales sin decremento alguno en tanto en cuanto se complemente ese proceso de
sustitución, también.
En definitiva, con esto avanzamos y avanzamos bien, damos un pequeño paso más en orden a perfeccionar ese régimen que a todos nos importa y nos compromete, que es el de la seguridad en libertad. Quizá lo único que haya manifiestamente
mejorable no sea precisamente esta moción sino algún discurso en materia de seguridad. Eso sí que es manifiestamente mejorable, pero esa es otra cuestión. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Jané, ¿se asume por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el texto transaccional que se ha hecho llegar a la Mesa?
El señor JANÉ I GUASCH: Nuestro grupo parlamentario comaprte el sentido de la enmienda de Izquierda Unida, pero no puede aceptarla porque no encaja en la redacción de la moción; acepta las correcciones puntuales de las enmiendas del Grupo
Popular, y acepta de la enmienda del Grupo Socialista al incorporar el término habitualidad el lado del término multirreincidencia. Ese sería el texto que sometemos a votación y que hemos distribuido a los grupos y a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reducir los efectos
de la reincidencia sobre la seguridad ciudadana, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido repartida a los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 243; en contra, dos; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.