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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 155, de 18/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 155
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 149
celebrada el jueves, 18 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 1/2002, de 22 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa, acaecidos desde los últimos
días del mes de septiembre hasta finales del mes de febrero de 2002 en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla. ('BOE' núm. 71, de 23 de marzo de 2002).
(Corrección de error en 'BOE' núm. 85, de 9 de abril de 2002.) (Número de expediente 130/000026.) ... (Página 7847)
- Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002, en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de La Laguna (isla
de Tenerife). ('BOE' núm. 83, de 6 de abril de 2002). (Número de expediente 130/000027.) ... (Página 7847)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:
- Declaración de ciertos Gobiernos Europeos relativa a la fase de producción de los Lanzadores ARIANE, hecha en París el 7 de junio de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 275, de 8 de marzo de 2002. (Número de
expediente 110/000161.) ... (Página 7858)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de
coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 43-1, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 121/000043.) ... (Página 7859)
- Proyecto de Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 64-1, de 27 de diciembre de 2001. (Número de expediente 121/000064.) ... (Página
7867)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 76-1, de 27 de marzo de 2002. (Número
de expediente 121/000076.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 77-1, de 27 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000077.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 78-1, de 27 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000078.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 79-1, de 27 de
marzo de 2002. (Número de expediente 121/000079.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 80-1, de 27 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000080.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 81-1, de 27 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000081.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 82-1, de 27 de marzo
de 2002. (Número de expediente 121/000082.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 83-1, de 27 de marzo de 2002. (Número de
expediente 121/000083.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 84-1, de 27 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000084.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 85-1, de 27 de marzo
de 2002. (Número de expediente 121/000085.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 86-1, de 27 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000086.) ... (Página 7885)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 87-1, de 27 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000087.) ... (Página 7886)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 88-1, de 27 de marzo de
2002 (corrección de error en A-88-2, de 1 de abril de 2002) (Número de expediente 121/000088.) ... (Página 7886)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 89-1, de 27 de marzo de 2002. (Número de
expediente 121/000089.) ... (Página 7886)
- Proyecto de Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 90-1, de 27 de marzo de
2002. (Número de expediente 121/000090.) ... (Página 7886)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 74-1, de 27 de marzo de 2002. (Número de expediente 121/000074.) ...
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Número de expediente 121/000092.) ... (Página 7896)
- Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 75-1, de 27 de marzo de 2002. (Número de expediente
121/000075.) ... (Página 7896)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 7847)
Real Decreto-ley 1/2002, de 22 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa, acaecidos desde los últimos
días del mes de septiembre hasta finales del mes de febrero de 2002 en las comunidades autónomas de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla ... (Página
7847)
Real decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de la Laguna (isla de
Tenerife ... (Página 7847)
El señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey) comparece ante la Cámara para presentar los dos reales decretos-leyes que tienen como finalidad el establecimiento de un catálogo de medidas de diversa índole
que, en su conjunto, contribuyan a paliar las consecuencias de la climatología, favoreciéndose así el restablecimiento de los servicios, la reparación de daños y, en definitiva, la devolución de la normalidad a las zonas afectadas, pasando a
explicar las medidas adoptadas en los dos decretos para conseguir dicho objetivo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Torrado Rey y el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y los señores Ayala Sánchez y Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, en primer lugar, el Real Decreto-ley 1/2002, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa,
acaecidos desde los últimos días del mes de septiembre hasta finales del mes de febrero de 2002 en las comunidades autónomas de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla, se aprueba por
301 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley aprobado, a petición de algún grupo parlamentario, se rechaza por 114 votos a favor, 189 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz
de Tenerife y en San Cristóbal de la Laguna (isla de Tenerife), se aprueba por 305 votos a favor.
Asimismo, sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, solicitada por algún grupo, se rechaza por 112 votos a favor, 189 en contra y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 7858)
Declaración de ciertos gobiernos europeos relativa a la fase de producción de los lanzadores Ariane, hecha en París el 7 de junio de 2001 ...
(Página 7858)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la declaración de ciertos gobiernos europeos relativa a la fase de producción de los lanzadores Ariane, hecha en París el 7 de junio de 2001, se aprueba por 303 votos
a favor y una abstención.
Tras un incidente en las votaciones, la Presidencia, a petición de los portavoces de los grupos parlamentarios, decide continuar la sesión con el siguiente punto del orden del día.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 7859)
Proyecto de ley por el que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de
coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias ... (Página 7859)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i
Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Zambrano Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al dictamen de la Comisión, que son rechazadas.
Sometidos a votación los artículos 1, 2 y 3 del proyecto de ley, se aprueban por 179 votos a favor y 117 abstenciones.
Sometidas a votación las disposiciones adicionales, finales y la exposición de motivos, se aprueban por 175 votos a favor, dos en contra y 119 abstenciones.
Proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional ... (Página 7867)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Saura Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; el señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las distintas enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de cualificaciones y de la formación profesional
A continuación se somete a votación el texto del dictamen, con la incorporación de las enmiendas aprobada, que es aprobado por 182 votos a favor y 127 en contra.
Asimismo se procede a la votación de conjunto del proyecto de ley, por tener carácter orgánico, que se aprueba por 183 votos a favor, 124 en contra y dos abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7885)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7886)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7886)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7886)
Proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión ... (Página 7886)
El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta, en nombre del Gobierno, los quince proyectos de modificación de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas de régimen común y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión, que incorporan los acuerdos alcanzados por las diferentes comisiones mixtas Estado-Comunidad Autónoma celebradas durante el mes de febrero pasado, dando paso al desarrollo del acuerdo de financiación aprobado el pasado año, que sólo
será plenamente aplicable y efectivo en las quince comunidades autónomas a que se refieren a través de estos proyectos de ley. Explica el nuevo sistema de financiación autonómica, que entró en vigor el pasado 1 de enero, y manifiesta que éste ha
nacido con vocación de estabilidad, primero, porque se refuerzan los principios de suficiencia, autonomía, solidaridad y responsabilidad de las comunidades autónomas; segundo porque por primera vez el sistema cuenta con el apoyo de todas las
comunidades autónomas y, tercero, porque garantiza el mejor futuro de la prestación de los servicios públicos (en especial sanidad, educación y servicios sociales), estimula la iniciativa y corresponsabilidad de las comunidades autónomas y reconoce,
a su vez, las diferencias, asegurando por otra parte la equiparación de las prestaciones y servicios públicos en todo el territorio español, culminando así un largo proceso de desarrollo autonómico.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 7896)
Proyecto de ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página 7896)
Proyecto de ley orgánica complementaria de la ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página 7896)
Proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006 ... (Página 7896)
El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) muestra su satisfacción por presentar ante la Cámara los tres proyectos de ley relativos al Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tienen su tramitación directa y en
lectura única, quedando así incorporados al ordenamiento jurídico positivo los acuerdos alcanzados entre la
Administración del Estado, la Administración del País Vasco y la diputaciones forales en torno al Concierto Económico y al cupo. Explica las intensas y prolongadas negociaciones llevadas a cabo, cuyo resultado positivo permitirá a los
ciudadanos y empresas vascas disfrutar del mejor concierto económico alcanzado nunca en la historia y añade que dicho concierto dota al País Vasco de un marco financiero estable y permanente, le otorga mayor capacidad fiscal y financiera, facilita
las relaciones entre el contribuyente y las administraciones tributarias, refuerza la colaboración entre el Estado y las haciendas forales, entrelazando en definitiva la economía del País Vasco con la del conjunto de España y estimulando su mutuo
desarrollo económico.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión, se rechaza por tres votos a favor, 247 en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión, se rechaza por cinco votos a favor, 243 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión, se rechaza por tres votos a favor, 244 en contra y ocho abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión, se rechaza por tres votos a favor, 245 en contra y siete abstenciones.
Sometido a votación de conjunto el texto del proyecto de ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aprueba por 255 votos a favor y uno en contra.
Sometido a votación de conjunto el texto del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aprueba por 256 votos a favor.
Sometido a votación final de conjunto este último proyecto de ley por su carácter orgánico, se aprueba por 253 votos a favor y dos en contra.
Sometido a votación de conjunto el texto del proyecto de ley por la que se aprueba la metodología del señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006, se aprueba por 253 votos a favor.
Se levanta la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 1/2002, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS, TEMPORALES Y OTROS FENÓMENOS NATURALES RELACIONADOS CON LA CLIMATOLOGÍA ADVERSA, ACAECIDOS DESDE LOS ÚLTIMOS
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE HASTA FINALES DEL MES DE FEBRERO DE 2002 EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA, ILLES BALEARS, CANARIAS, CATALUÑA, REGIÓN DE MURCIA, COMUNIDAD VALENCIANA Y CIUDAD DE MELILLA, (Número de expediente 130/000026)
- REAL DECRETO-LEY 2/2002, DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES ACAECIDAS EL 31 DE MARZO DE 2002 EN SANTA CRUZ DE TENERIFE Y EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (ISLA DE
TENERIFE). (Número de expediente 130/000027)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
De acuerdo con la ordenación del debate, se procederá a debatir conjuntamente el Real Decreto-ley 1/2002, de 22 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos
naturales relacionados con la climatología adversa, acaecidos desde los últimos días del mes de septiembre hasta finales del mes de febrero de 2002 en las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Región de Murcia,
Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla, con el Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y
en San Cristóbal de La Laguna (isla de Tenerife).
Para la presentación de ambos reales decretos-leyes, tiene la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, comparezco hoy en este Pleno para someter a SS.SS. el trámite de convalidación por esta Cámara, en primer lugar, del Real Decreto 1/2002, de 22 de marzo, por el que se adoptan medidas para reparar los daños
causados por las intensas lluvias y temporales que desde finales de septiembre del pasado año hasta febrero del actual se produjeron en varias comunidades autónomas, concretamente en Andalucía, en las provincias de Jaén, Sevilla, Huelva, Málaga,
Granada y Almería, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y ciudad de Melilla. El fin de esta norma es el establecimiento de un catálogo de medidas de diversa índole que en su conjunto contribuyan a paliar las
consecuencias de la climatología, favoreciéndose así el restablecimiento de los servicios, la reparación de daños y, en definitiva, la devolución de la normalidad a las zonas afectadas.
Como ustedes sin duda recordarán, numerosas zonas de la costa, puertos e infraestructuras diversas, agricultura y bienes tanto públicos como privados sufrieron las consecuencias de estas lluvias, de vientos huracanados y de un oleaje de gran
intensidad que produjeron, como decía, daños de distinta consideración. Tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores, el Gobierno ha abordado la situación poniendo en marcha los mecanismos necesarios para dar una adecuada respuesta a la situación
creada. Por eso, la norma que el Gobierno traslada hoy a este procedimiento parlamentario contiene las siguientes medidas que, en extracto, voy a destacar: primero, medidas administrativas relacionadas con la declaración de zonas de actuación
especial en las áreas que se vieron afectadas para que los departamentos ministeriales competentes puedan proceder a la reparación de los daños; medidas sobre el régimen de contratación en la reparación de infraestructuras o reposición de bienes
públicos estatales dañados por los temporales; medidas fiscales, que consisten en exenciones en la cuota del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza tanto rústica como urbana para el presente ejercicio; reducción de la cuota del impuesto de
actividades económicas de forma proporcional al periodo de cese de la actividad a causa de los agentes climatológicos que acabo de mencionar; reducciones fiscales para las actividades agrarias que se determinarán por el Ministerio de Hacienda y, en
particular, se recoge la reducción de los índices de rendimiento neto que sirven para calcular los rendimientos de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre el valor añadido; medidas laborales orientadas a considerar los
eventuales expedientes de regulación de empleo como consecuencia tanto de los daños producidos por las inundaciones como provenientes de una situación de fuerza mayor; establecer exenciones y moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social,
y en el caso de suspensión de la actividad empresarial a causa de los daños producidos se podrá exonerar al empresario del pago de estas cuotas por el tiempo que dure la suspensión; garantizar que en el caso de extinción del contrato laboral como
consecuencia de esos daños las indemnizaciones de los trabajadores se paguen por el Fondo de Garantía Salarial; habilitar a las autoridades laborales para que en el caso de suspensión de la actividad o reducción de la jornada laboral en función de
los daños puedan autorizar que el tiempo de percepción de prestaciones por desempleo no sea computable a efectos de consumir los períodos máximos establecidos. Igualmente, se podrá autorizar que los trabajadores afectados por expedientes de
regulación de empleo a resultas de estos daños puedan percibir prestaciones por desempleo, incluso aunque no hubieran cotizado el tiempo mínimo necesario para tener derecho a ellas.
El real decreto-ley prevé también la aplicación de las ayudas de emergencia establecidas por la Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, que comprenden ayudas de emergencia para particulares por daños personales y en
viviendas y enseres de primera necesidad; ayudas a particulares con acreditada escasez de recursos por destrucción total o daños graves en sus viviendas y por destrucción y daños en los enseres de primera necesidad; ayudas a corporaciones locales
con escasez de recursos para compensar los gastos que hayan debido efectuar dada la situación de emergencia, si dichos gastos superan el 3 por ciento de sus partidas presupuestarias para gastos corrientes; y resarcimiento de todos los gastos, daños
y perjuicios a las personas físicas o jurídicas que hubiesen efectuado una prestación personal o de bienes ante la situación de
emergencia producida.El real decreto regula también una línea preferencial de crédito por un importe de 18 millones 30.000 euros, ampliable por el Ministerio de Economía, cuya finalidad es la reparación o reposición de instalaciones
industriales y mercantiles, vehículos comerciales, locales de trabajo y explotaciones agrarias y ganaderas que se hubieran visto afectados por los temporales. El tipo de interés aplicable al prestatario será del 3,75 por ciento, con un plazo máximo
de amortización de cinco años. Por último, el Ministerio de Administraciones Públicas podrá proponer el pago de subvenciones de hasta el 50 por ciento del coste de los proyectos que ejecuten las entidades locales, para reparar o restituir
infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios esenciales, así como la red viaria de las diputaciones provinciales, hasta un importe máximo de 4 millones y medio de euros. Para atender a esta medida el Ministerio de Hacienda habilitará
los créditos necesarios.
En definitiva, señoras y señores diputados, se trata de contribuir a normalizar situaciones que han afectado en algunos casos de manera especialmente intensa a muchos ciudadanos. Con esta medida se establece una razonable ayuda que sin duda
contribuirá al normal desarrollo de las actividades laborales y de la vida diaria en las zonas afectadas, que es el objetivo que todos compartimos.
Paso ahora a presentar el segundo real decreto-ley, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo del año 2000 en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de La
Laguna, ambas en la isla de Tenerife.
Como ya les informé a todos ustedes en la sesión de control del pasado miércoles en respuesta a dos preguntas orales del Grupo Popular y de Coalición Canaria, el Gobierno ante la gravísima situación que se
produjo en Santa Cruz de Tenerife y en San Cristóbal de la Laguna por las lluvias torrenciales el 31 de marzo, aprobó un conjunto de medidas dirigidas a contribuir al restablecimiento de la normalidad en esa zona. El resultado es el Real
Decreto-ley 2/2000, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas de carácter urgente, que expondré a continuación para su convalidación por esta Cámara. Desde el principio constitucional de solidaridad, el Gobierno se comprometió a realizar un
esfuerzo excepcional en colaboración y coordinación con las restantes administraciones públicas (Gobierno canario, Cabildo de Tenerife y ayuntamientos de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna) para paliar y reparar los daños personales y materiales
que se produjeron. Así, el real decreto-ley contempla un amplio abanico de medidas, algunas de las cuales ya aparecen recogidas en otros decretos-leyes aprobados con anterioridad.
Dada la excepcionalidad y la magnitud de la catástrofe, el texto
recoge o incluye otras medidas o amplia las que ya habían venido siendo habituales, lo cual hace que dentro del carácter extraordinario que tienen este tipo de normas, éstas tengan un especial significado.
Dicho esto, quiero destacar tres cuestiones de orden general. En primer lugar, la celeridad con la que se ha aprobado la norma, la máxima que los plazos permiten. En segundo lugar, la prioridad absoluta que se ha dado a la concesión de
ayudas personales o en viviendas a la vista de los cuantiosos daños y perjuicios que las lluvias ocasionaron. En tercer lugar, el importante nivel de colaboración entre las administraciones públicas implicadas, lo que ha permitido la constitución
de una comisión que está trabajando sobre este asunto y la coparticipación de la comunidad autónoma al 50 por ciento en el abono de subvenciones por daños en viviendas, enseres y vehículos.En cuando a las medidas que constituyen el contenido de este
real decreto-ley, voy a destacar las siguientes. La primera recoge un régimen especial de ayudas por daños personales y materiales, que sustituye al regulado en la Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, en la que sólo se
contemplan ayudas para personas con acreditada escasez de recursos. Este régimen especial de ayudas contempla la concesión de una ayuda de 15.000 euros a los familiares de las personas fallecidas, así como a aquellas que hayan quedado en una
situación de incapacidad absoluta. Se prevé igualmente el abono de los gastos de hospitalización a las personas afectadas, si estos no cuentan con un sistema público o privado; todo ello con independencia de la situación económica de los
damnificados. Se establece un régimen especial de ayudas para daños en viviendas y enseres, que podrá llegar hasta 27.500 euros, de los cuales el 50 por ciento será sufragado por al Administración central del Estado y el resto por las otras
administraciones implicadas. Se establecen ayudas en relación con vehículos siniestrados, con un límite de 9.000 euros para automóviles y 3.600 para motocicletas y ciclomotores, que se financiarán de la misma manera que las ayudas anteriormente
citadas. Además de estas medidas, se abordan en el real decreto-ley otras cuya finalidad primordial es la de contribuir al restablecimiento de la normalidad. Entre ellas, esta normativa incluye exenciones en impuestos sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana del ejercicio 2002, para viviendas y establecimientos industriales dañados y obligados a trasladarse (cuando no se produzca el traslado, la exención será proporcional al tiempo de cierre); reducción proporcional al tiempo de
paralización de la actividad en el impuesto sobre actividades económicas a aquellas industrias, establecimientos y profesionales afectados; reducción de 1.000 euros en la cuota del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, cuando
se adquieran vehículos nuevos o usados para sustituir a los siniestrados.
Asimismo, se suprimen las tasas de tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducir o de circulación que se hayan destruido o
extraviado como consecuencia de este siniestro. Hay que señalar que
todas estas medidas no se contemplaban en los últimos reales decretos leyes aprobados por daños catastróficos.
En otro orden de cosas, se conceden exenciones y moratorias en el pago de las cuotas de la Seguridad Social a aquellas empresas que hayan tenido que paralizar su actividad, así como medidas favorables en relación con las prestaciones por
desempleo a los trabajadores afectados. Se establecen líneas preferenciales de crédito por el Instituto de Crédito Oficial en condiciones ventajosas, con el fin de que los afectados puedan atender la reparación o reposición de instalaciones
industriales y mercantiles, vehículos particulares o comerciales y locales de trabajo que se hayan visto inutilizados. Esta línea de crédito tendrá una cuantía de 18.030.000 euros. El Ministerio de Fomento, a través de la entidad pública
empresarial SEPES, podrá convenir con la Comunidad Autónoma de Canarias la financiación del 50 por ciento de la construcción de viviendas de protección oficial, para ubicar a titulares de viviendas situadas en zonas de alto riesgo que resulten
afectados por medidas que impliquen su traslado forzoso. Por último, en aplicación de la citada orden de 1993, el Gobierno se hará cargo de los gastos de emergencias siempre que su importe supere el 3 por ciento de las partidas presupuestarias de
gastos en bienes y servicios de la corporación local.
El real decreto ley incluye también las previsiones necesarias para que las actuaciones públicas se lleven a cabo con la máxima urgencia posible y con el menor número de trabas administrativas,
previendo instrumentos de coordinación entre las distintas administraciones públicas. Por otra parte, a diferencia de supuestos similares, se han dejado para un momento posterior las ayudas a los ayuntamientos para la reparación de sus
infraestructuras básicas ya que, ante la rapidez con que se ha aprobado la norma, ha sido imposible realizar el balance de daños producidos. Una vez concluya la valoración se aprobará una segunda norma para incluir a los ayuntamiento afectados e
instituciones locales en general, a fin de que recuperen sus infraestructuras públicas. Por último y como no podría ser de otro modo, el real decreto incorpora las previsiones económicas necesarias para el cumplimiento de los fines establecidos.
En conclusión, señoras y señores diputados, mediante la puesta en marcha de las medidas que establece este real decreto-ley, sobre cuya necesidad sin duda estaremos de acuerdo, debemos contribuir, como ocurría en el caso anterior, a
normalizar la vía cotidiana de las personas afectadas de la manera más urgente e inmediata posible.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Turno en contra de los decretos? (Pausa.)¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar y por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria se congratula, a través de este portavoz que tiene el honor de hablarles en este momento, de traer nuestro voto positivo para la convalidación de estos dos reales decretos-leyes que nos acaba de
presentar el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, señor Rajoy, a quien Coalición Canaria quiere también en este momento dar un testimonio de reconocimiento por las características que se han señalado precisamente en el
segundo decreto.
Con respecto al primer decreto de ayudas se ha incluido también -junto a otras comunidades autónomas y provincias afectadas por distintos daños climatológicos, y sobre todo en el sector agrario- a Canarias, y especialmente a un sector muy
sensible de producción y de exportación, un cultivo eminentemente social -sobre todo en la provincia de Las Palmas- como es el del tomate. Los daños que este sector viene soportando en la economía agrícola canaria fundamentalmente se producen en
dos campos: la competitividad (a veces con reglas de juego olvidadas por parte del exportador marroquí que trabaja con una política salarial que no tiene punto de comparación en cuanto a la justicia social con la que hay en Europa y concretamente
en España y que hace un efecto dumping sobre las producciones que se ven fuertemente castigadas por esta competencia con el tomate marroquí) y recientemente la calamidad de una plaga, el virus denominado de la cuchara del tomate, que ha afectado
fuertemente a sus producciones, sobre todo en la isla de Gran Canaria. También ha habido aquí un buen entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autónomo de Canarias, que ha
podido exponer algo que no está ocurriendo en la Península y es que para darle entrada a esta ayuda en el sector canario agrícola había que hacer una aportación muy sensible del Gobierno de Canarias, y la comunidad autónoma es la única que tiene un
seguro colectivo para estas producciones. Esto ha permitido que, cubriendo el Gobierno autónomo con cargo a sus presupuestos un 30 por ciento del seguro colectivo del tomate, se le haya podido dar entrada, dado que el Ministerio de Agricultura
mantenía unas reglas que nos parecen correctas: si el agricultor no está asegurado, no se le cubre el riesgo en caso de haber una catástrofe de tipo climatológico. Por estas razones, por entender que se recoge aquí fielmente la situación y que se
hace un esfuerzo solidario por parte del Ministerio de Agricultura con la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a los seguros colectivos que tiene establecidos -nosotros deseamos que se puedan extender también a otras comunidades autónomas-
vamos a dar nuestro voto de apoyo para la convalidación de este real decreto-ley que se ha citado en primer lugar en la exposición de esta mañana.
En segundo lugar está el decreto-ley relativo a la catástrofe ocurrida el día 31 del mes pasado en la isla de Tenerife que ha afectado, concretamente, al municipio de la capital, Santa Cruz, y también al de la ciudad limítrofe de La Laguna.
Quiero destacar aquí tres cuestiones en las que coincidimos plenamente con la didáctica expositiva que el señor vicepresidente primero del Gobierno ha realizado. En primer lugar, la celeridad con que se ha actuado. No habían pasado 24 horas de la
catástrofe cuando ya el Gobierno central había mandado allí al señor ministro de la Presidencia, señor Lucas, para que -en coordinación con las actividades que estaban desarrollando los entes locales, ayuntamientos, Cabildo y Gobierno autónomo- se
pudiera hacer ese cierre de solidaridad que había que hacer. En segundo lugar, también hay que destacar la presencia esa semana de altos cargos del Ministerio del Interior y concretamente del señor vicepresidente primero, a quien vuelvo a hacer un
reconocimiento por la celeridad con que hizo acto de presencia para dar un impulso y llevar el mensaje de que iba a haber una colaboración estrecha, de solidaridad, entre las distintas administraciones. Además queremos destacar de una manera muy
especial que en este tipo de catástrofes a veces nos olvidamos de los daños particulares, y aquí se les ha dado prioridad. Ha sido ejemplar el que se haya hecho así y que, junto a daños que han ocurrido en infraestructuras de tipo público -bien en
el puerto de Santa Cruz o en instalaciones municipales, locales o insulares- se ha dado prioridad a aquellas familias que perdieron vivienda, enseres, automóviles, motos, etcétera, que son sus instrumentos de trabajo. El temporal castigó más
duramente a los barrios más débiles económicamente y con mayores necesidades de tipo asistencial, económico y social. Esta prioridad ennoblece un sentido de prontitud de la política para que no haya allí ningún sesgo a favor de intereses ni
privados ni públicos que no tengan una prioridad que no pueda ser superada por lo que es la de justicia social en un Estado social y de derecho como es en este momento el Reino de España.
En tercer lugar, hay que destacar algo que nos está facilitando el trabajo. Este diputado en la tarde de ayer mantenía una reunión, precisamente en conexión con el Gobierno autónomo de Canarias y las autoridades locales, con la señora
subsecretaria del Ministerio del Interior, doña Ana Pastor, a quien quiero reconocer aquí el trabajo de coordinación presupuestaria que viene realizando precisamente para que esta coordinación entre las administraciones, aparte de su ejemplaridad,
como he dicho, tenga su eficacia. Esa aportación (no solamente la económico- presupuestaria, sino la colaboración que ha habido entre todas las instituciones públicas y privadas desde las distintas aportaciones ministeriales, las Fuerzas Armadas a
través del Ejército de Tierra, las entidades como Cruz Roja, Ayuda en Carreteras, Anaga que se volcaron)ha permitido tener una estrecha colaboración. En este momento se puede decir que hay una entidad y sintonía entre la Administración central del
Estado en los distintos ministerios, entre el Gobierno autónomo de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna con las restantes entidades que están colaborando en solucionar este problema.
En el decreto que se trae va a haber un antes y un después en la Administración pública española. Hasta ahora los decretos-leyes por daños catastróficos traían una especie de plantilla, de organigrama muy clásico, de repeticiones (ayudas de
cuotas a la seguridad, descuentos, líneas de crédito preferencial, etcétera), un esquema clásico. Aquí con estas prioridades a que nos hemos referido, tanto el señor vicepresidente primero como este diputado que tiene el honor de hablarles, se
introducen unos conceptos que no estaban en la estructura sistemática y plantilla de la clásica redacción del Boletín Oficial del Estado de los decretos-leyes de ayudas, como son fundamentalmente las ayudas excepcionales por daños personales, las
ayudas excepcionales para viviendas, enseres y vehículos, el régimen especial de aplicación de las ayudas ordinarias por daños, las actuaciones con el Consorcio de Compensación de Seguros, los convenios con otras administraciones públicas y las
competencias fundamentales que se van a derivar de algo también muy interesante como es la creación de la comisión interministerial. Desde aquí hago un ruego -insisto- al señor vicepresidente primero del Gobierno de que está en sus manos
precisamente el mantenimiento de esta tasa de dinámica de intensidad de la comisión interministerial por su categoría de vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, para que esta comisión interministerial, dado que la preside la Dirección
General de Protección Civil, que ha dado muestras de este celo pero también de eficacia profesional, siga cumpliendo sus órdenes .
Quiero destacar aquí al señor don Juan San Nicolás, director general de Protección Civil, que ha estado desde el
primer momento en la brecha para atender esta solución (ahora el decreto-ley pone esta comisión interministerial bajo la presidencia de la coordinación de la Dirección General de Protección Civil) y mandarle este mensaje de que no decaiga esa
intensidad en todas las actuaciones que tienen que coordinarse entre los distintos representantes de los ministerios.
Estas razones, señora presidenta, son sobradas, aparte de las dichas por el ministro proponente, para que nuestro grupo se sienta solidario, dentro de lo que es el pésame de la tragedia que ha costado ocho vidas humanas, y pida a la Cámara
en este principio de solidaridad a todos los grupos parlamentarios su voto favorable para la convalidación de este real decreto ley, como va a hacer con entera satisfacción, justicia y responsabilidad política mi grupo parlamentario, secundando la
propuesta que nos ha expresado aquí hoy el señor vicepresidente primero del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señor ministro, intervengo para mostrar el acuerdo de nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a la convalidación de los dos reales decretos-leyes.
No voy a repetir, en un momento determinado, los parabienes que, dentro de la tragedia, como decía el señor Mardones, dedicamos al Gobierno por la prontitud de las decisiones tomadas, además de por la valentía de algunas de aquellas
decisiones -es de justicia reconocerlo pero no hay que repetirlo mucho, porque por parte de un partido de la oposición tampoco es muy bueno-. (Risas.) Queremos seguir planteando algo que en la práctica es normal. Cuando se produce la catástrofe,
salvo aquella mucho más grave, como la de Tenerife, pero incluso en ésta, se va a una plantilla, a un modelo tipo; incluso alguna fuerza política para plantear su propia iniciativa ha recurrido a modelos o tipos similares. Sería conveniente que el
Gobierno, poniéndose de acuerdo con otras administraciones, se buscara una especie de ley tipo, de ley marco, que pudiera servir de modelo, adaptable o adaptado en cada momento a las circunstancias de la tragedia que se pudiera producir. Por tanto,
seguimos insistiendo en la necesidad de que eso existiera de una manera formal, cuando existe de una manera real.
Mi grupo plantea, señor ministro, que al menos el segundo decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley -lo pedimos también en la intervención anterior- porque, aun alabando y reconociendo las partes positivas que tenía, nosotros
consideramos en su momento que había enmiendas que podían mejorarlo. Las compensaciones o ayudas -nada compensa una vida, indiscutiblemente- por la pérdida de vidas humanas eran pequeñas, escasas, sobre todo si se comparaban con las de la pérdida
del vehículo; aquello no tenía estilo. Existe la necesidad -parece que con todas las desgracias de este tipo siempre aparecen los buitres- de controlar mejor aquellas ayudas, subvenciones, exenciones que se pueden producir a personas que ven
dañados su negocio, etcétera, pero que se pueden utilizar -y se están utilizando, desgraciadamente, como casi siempre- en algunos casos para determinada picaresca laboral, para solventar problemas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
aunque en este caso ha sido una riada desgraciada que ha pasado por Tenerife. Por tanto, manifestamos nuestro acuerdo y queremos plantear que el segundo de los reales decretos-leyes sea tramitado como proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
En la convalidación de los decretos que estamos debatiendo en este momento, los dos para adoptar medidas urgentes para reparar daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la citada climatología
adversa, como dice el primer decreto, y prácticamente lo mismo, por las lluvias torrenciales en el segundo decreto, anunciamos nuestra votación favorable a dicha convalidación. No faltaría más.
En primer lugar, debemos hacer constar nuestro pesar por las pérdidas de vidas humanas, principalmente por ser más numerosas las referidas al segundo decreto, por lo que acaeció en Tenerife, aunque las hubo en las situaciones que acaecieron
desde el mes de septiembre del año anterior hasta el mes de febrero en otras comunidades autónomas. Por tanto, que conste otra vez el pesar de nuestro grupo por las pérdidas materiales de esas personas, familias y empresas por lo que les supone
perder los enseres de su hogar y de su trabajo, ya sea dentro de la industria o en el ámbito agrario.
Los decretos están formados por doce artículos, siete de los cuales contienen conceptos coincidentes en uno y otro decreto, y los demás expresan las distintas características de las zonas y de los hechos acaecidos. En las disposiciones
adicionales se exponen las posibles soluciones para estos casos. Se citan los ámbitos de aplicación, se habla de los daños en infraestructuras públicas, de los beneficios fiscales, de medidas laborales, de convenios con otras administraciones
públicas, etcétera. Todo ello para cumplir el básico interés de los mismos, que no es otro, como ya se dice en su título, que el de paliar los daños causados.
Respecto al primer decreto, de fecha 22 de marzo, quiero dejar constancia de que nuestro grupo en principio tuvo una discrepancia, aunque la equivocación fue subsanada en la corrección de errores del Boletín Oficial del Estado número 85, de
9 de abril. En la ennumeración de las provincias de Cataluña afectadas por los temporales sólo se citaba a Girona, Barcelona y Tarragona y faltaba la provincia de Lleida, que verdaderamente había sufrido muchos daños, básicamente en el sector
agrario. Se produjeron fuertes heladas que afectaron mucho al sector agrario, principalmente al olivarero, muchas contingencias no tienen cobertura en el marco del seguro agrario combinado y el decreto nos
parece suficiente para arbitrar medidas, pero había que establecer la corrección. Como dicha corrección fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, no tenemos inconveniente en votar favorablemente ambos decretos.
Respecto al decreto sobre Tenerife y las lluvias torrenciales acaecidas, la semana pasada ya expresamos nuestra posición, por tanto, no me extenderé más.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, la señora Torrado.
La señora TORRADO REY: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con respecto al Real Decreto-Ley 1/2002.
En primer lugar, quiero destacar la lentitud con la que el Gobierno afronta el reto de dar respuesta a los afectados por los fenómenos naturales adversos; lamentablemente, cada vez son más frecuentes, se repiten de forma más habitual en
determinadas comunidades autónomas y, sin embargo, no se mejora la eficacia para afrontar de manera urgente estos problemas. Señorías, la finalidad de esta norma es ayudar a las miles de personas afectadas y, si no se actúa con rapidez, se causa
graves perjuicios, además de los que ya sufrieron, a las personas y a los bienes de las comunidades autónomas a las que nos referimos.
En el mes de diciembre se aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a que se concluyesen, cuanto antes, los trabajos de evaluación y cuantificación de los daños causados por los temporales del mes de noviembre. Pues bien, una
vez más, nos encontramos debatiendo, cinco meses después, las medidas urgentes, entre comillas, que se van a adoptar. Mucho nos tememos que no sea casual esta falta de eficacia, que la falta de reacción del Gobierno del Partido Popular, dilatando
en el tiempo la convalidación de estos reales decretos, sea una argucia pensada para que los efectos sobre los Presupuestos Generales del Estado sean mínimos y ese ansiado déficit cero se cumpla. Escudarse continuamente en la complejidad del
proceso de evaluación de daños es carecer de imaginación para buscar fórmulas más ágiles, mecanismos que coordinen a las distintas administraciones del Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, de manera que las ayudas lleguen
como queremos: con rapidez y con eficacia para que se recupere en breve la normalidad en las zonas afectadas.
Lamentamos la tardanza con que van a llegar las ayudas, pero también lamentamos que las expectativas entre quienes podrían verse beneficiados se conviertan hoy en insatisfacción ante las graves deficiencias de este real decreto, que viene a
empeorar lo que ya venía establecido en anteriores decretos y que, de manera sucinta, voy a describir. Por ejemplo, en el actual no se establece una minoración en el impuesto sobre determinados medios de transporte y, sin embargo, en el Real
Decreto-ley 2/1998, se minora el impuesto en 165.000 pesetas para aquellos vehículos que repongan a los dañados; a pesar de que esté transferida la recaudación a las comunidades autónomas, el Estado tiene la capacidad normativa para exonerar. En
cuanto a las medidas laborales, antes se exoneraba el 100 por cien del pago de determinadas cuotas a la Seguridad Social y ahora sólo el 50 por ciento y, lo que nos parece más grave, no se dota presupuestariamente nada más que las ayudas que se
establecen en el artículo 2, hasta el 50 por ciento en los daños de infraestructuras municipales y red viaria de diputaciones, cabildos y consejos insulares, por una cantidad ridícula, créanme, 4,5 millones de euros, es decir, en pesetas, que es lo
que entendemos, 750 millones. Les recuerdo que estamos hablando de las comunidades autónomas de Andalucía (provincias de Jaén, Sevilla, Huelva, Málaga, Granada y Almería), Illes Balears, Canarias, Cataluña (provincias de Girona, Barcelona, Lleida y
Tarragona), la región de Murcia, Comunidad Valenciana (provincias de Castellón, Valencia y Alicante) y la ciudad de Melilla. Podemos imaginarnos las expectativas que tendrán los ayuntamientos afectados de conseguir, después de todos los trámites a
los que les someten, alguna migaja de este pequeñísimo pastel.
En cuanto a las líneas preferenciales de crédito, se establece un plazo de devolución de cinco años, siendo en los anteriores decreto de siete. No entendemos por qué el tipo máximo de interés sube del 2,5 al 3 por ciento y el margen de
intermediación bancaria, del 0,5 al 0,75. Tampoco se concreta en el real decreto cuál es el compromiso presupuestario para las indemnizaciones de daños en producciones agrarias; quizás no ha habido tiempo de evaluar.
Todos estos aspectos nos reafirman en la consideración de que nos encontramos ante un real decreto más rácano que los anteriores, y la única forma de mejorarlo, señorías, es tramitándolo como un proyecto de ley. Además, habría que tratar
otros aspectos a los agricultores, pues son ya demasiados los factores que nos llevan en una dirección, en acabar con las pequeñas explotaciones familiares. Son ya demasiados años seguidos con pérdidas sustanciales de la renta agraria, es
preocupante que nos encontramos en el mismo nivel que en el año 1996. En definitiva, son los más perjudicados cuando la meteorología es adversa. Este decreto debería darles respuesta claras porque, ¿qué ocurre con las explotaciones agrarias que
han sufrido daños irreversibles en sus plantaciones? Me refiero en especial a las heladas del mes de diciembre en Lleida, Tarragona y Aragón -comunidad esta última que no está incluida en este decreto- y que afectaron al olivar de tal manera que la
producción tardará varios años en recuperarse.
¿Qué ocurre con los agricultores que no cumplan el requisito de tener aseguradas sus cosechas con el seguro agrario combinado? Pondré un simple ejemplo, los agricultores de uva de mesa del Vinalopó, que estaban esperando la declaración de
zona catastrófica en agosto porque perdieron el 40 por ciento de la cosecha, han visto también mermadas sus cosechas en este mes de noviembre en un 30 por ciento. Estos agricultores tienen un índice de aseguramiento cercano al 80 por ciento, pero
sólo cumple el requisito de este Real Decreto un 3 por ciento de los asegurados. ¿Qué va a pasar con los préstamos concedidos a los agricultores para planes de mejora y otras inversiones? Sería necesario establecer una línea de créditos para la
refinanciación.
En definitiva, señorías, a pesar del tiempo transcurrido para la tramitación de este real decreto, el Gobierno no se ha esmerado, no ya en dar unas ayudas rápidas -lo que es evidente-, sino en que, al menos, fueran realmente efectivas. Por
lo tanto, señorías, pido encarecidamente su voto para que sea tramitado como proyecto de ley para subsanar todas las deficiencias y que se convierta en la verdadera herramienta de ayuda que desean todos los afectados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torrado.
Por el mismo Grupo parlamentario, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Con la venia, señora presidenta.
Señor vicepresidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, en esta fase de convalidación de este eal decreto-ley vinculado a los daños sufridos en la isla de Tenerife y particularmente en el área metropolitana de Santa Cruz de
Tenerife, que integra los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario y una parte del municipio Tegueste en la zona de la cordillera de Anaga, paraje natural, se felicita por este debate y por la presentación de este real
decreto-ley.
Como ya anunciamos la semana pasada, este Grupo parlamentario va a votar a favor de su aprobación y solicitaremos su tramitación posterior en forma de proyecto de ley como consecuencia de nuestro posicionamiento político, pues creemos
que puede darse un paso al frente en sus contenidos.
Señorías, en muchas ocasiones se habla de la coherencia parlamentaria.
Este grupo parlamentario no quiere evaluar la coherencia de los restantes grupos, pero sí quiere dejar muy claramente reflejada en el acta la línea argumental que hemos
venido defendiendo justamente desde el pasado 31 de marzo. Señorías, el 31 de marzo se produjo aquella catástrofe natural que trajo consigo pérdida de vidas humanas, de bienes materiales, de bienes muebles y sobre todo un quebranto no
suficientemente calculado aún porque no es posible cuantificar económicamente determinados tipos de daños.
Desde el día siguiente, este Grupo parlamentario fijó claramente su posición. En ese sentido, dos días después -el martes 2 de abril-,
presentamos ante el Registro de la Cámara una proposición no de ley cuyo contenido no captaron los portavoces de otros grupos parlamentarios como consecuencia de que la leyeron de forma superficial.
En esa proposición no de ley nosotros decíamos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración de un real decreto-ley sobre un programa extraordinario y urgente para reponer los daños causados por el temporal que asoló
parte de la isla de Tenerife los días 31 de marzo y 1 de abril pasados. También decíamos, después de la exposición de motivos justificativa del mismo, que tal real decreto-ley debería contener, -y quiero reiterarlo para que quede clara constancia-,
al menos, un conjunto mínimo de artículos que afecten a las siguientes actuaciones concretas, y planteábamos diez artículos consecutivos. Nosotros decimos al Gobierno que ese proyecto de real decreto ley deberá contener, como mínimo, los siguientes
aspectos. Ayudas de emergencia a familiares y unidades de convivencia por daños personales y materiales en sus viviendas y enseres de primera necesidad. Además, decíamos que las ayudas de emergencia y de carácter inmediato para paliar los daños
causados por los temporales se han de regir por una serie de normas; las ayudas a las familias y unidades de convivencia económica por daños personales serán complementarias respecto a las que reciban de otras administraciones; añadíamos que era
necesario un crédito extraordinario de al menos 25 millones de euros para añadir al presupuesto en vigor, sección 16, Ministerio del Interior, servicio 0.1, dirección y servicios generales de seguridad y protección civil, programa 223 A protección
civil, concepto 483, que sería un concepto nuevo de ayudas para reponer los daños causados por el temporal que asoló la isla de Tenerife. Tal crédito, que tendrá el carácter de ampliable, -reitero, decíamos que tal crédito, que tendrá el carácrter
de ampliable-, se destinará a las ayudas de emergencia y con carácter inmediato a familias y unidades de convivencia económica por daños personales y materiales en sus viviendas y enseres de primera necesidad -esto estaba previsto en otro artículo
del proyecto al que acabo de hacer referencia- y sin perjuicio de las líneas de crédito contemplas en otro de los artículos referidos a la reparación y reposición de instalaciones industriales y mercantiles, de vehículos comerciales, de vehículos de
particulares y locales de trabajo de profesionales.
Señorías, en nuestra proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista se dirigía a la Cámara y le decía el martes día 2 de abril -recogido en el registro de la Cámara- que el Gobierno debería elaborar un real decreto ley que
contenga, como mínimo, una serie de elementos.
Nuestro grupo parlamentario fue el único
que recogió - y así consta en los boletines de la Cámara- propuestas concretas. Otros grupos no tomaron esa línea argumental; cada grupo se responsabiliza de lo que dice, que se recoge en el 'Diario de Sesiones'.
En el día de hoy,
nosotros daremos nuestro voto a favor, porque estimamos que muchos de los contenidos de este real decreto ley están inspirados en la propuesta que nosotros hacíamos.
Es cierto que, a lo largo de los últimos años, se han convalidado reales decretos leyes que tienen contenidos parciales adaptados a las realidades de los fenómenos meteorológicos que se han querido combatir económicamente como consecuencia
de los daños personales sufridos. Este grupo parlamentario había leído el correspondiente a los daños sufridos en Biescas, a los experimentados en determinadas zonas de Extremadura hace unos tres años, que trajeron consigo acuerdos con el
Ministerio de Fomento. Sin embargo, señorías, nosotros creemos que, además de traer medidas concretas de apoyo a actuaciones mercantiles individuales, a este real decreto ley le falta un capítulo esencial que nosotros pedimos al Gobierno que lo
introduzca en él, el de las actuaciones en las infraestructuras, de titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, del de la Laguna y del cabildo insular. Señorías, el real decreto ley trae algunos conceptos, como el de exonerar del impuesto de
matriculación a los vehículos; como recordarán SS.SS, así lo ofreció el Grupo Parlamentario Popular en la campaña del año 1996. También ofreció en la campaña electoral del año 2000 la eliminación del impuesto de actividades económicas y aquí se
recoge que se va a eximir de dicho impuesto para el año 2002 a aquellas entidades mercantiles que se hayan visto afectadas.
Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, este grupo parlamentario se identifica, en su globalidad, con los contenidos de este real decreto ley. Estima que pueden ser mejorables, por lo que presentaremos enmiendas si se tramita
posteriormente como proyecto de ley, y deseamos que todas estas medidas puedan servir para paliar los graves perjuicios personales experimentados por este municipio. Nos felicitamos por haber servido de grupo parlamentario inspirador, por haber
definido con absoluta claridad -y así está recogido en el Boletín del Congreso de los Diputados- nuestro posicionamiento demandando al Gobierno que lo recogiese, en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, en real decreto-ley que tenía que
traer a la Cámara inexorablemente. También tengo que decir, porque este diputado lo ha publicitado en reiteradas ocasiones, que estimamos muy positivo el posicionamiento de los responsables gubernamentales desplazándose a Tenerife para poder
comprobar la magnitud de la catástrofe y, consiguientemente, presentar iniciativas de forma más fundada, como este real decreto-ley que trae el Gobierno para su convalidación.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la convalidación del Real Decreto-ley 1/2002, de 22 de marzo, por los daños ocasionados en seis comunidades
autónomas y la Ciudad Autónoma de Melilla, desde los últimos días de septiembre hasta finales de febrero; posición que, efectivamente, va a ser favorable como lo ha sido la de otros grupos parlamentarios, excepción hecha del Grupo Socialista, que
para este real decreto ha manifestado su postura contraria.
Nuestra postura es favorable porque este Real Decreto-ley solventa de forma adecuada los objetivos del mismo. Ello, y no otra cosa, es lo que en el Congreso de los Diputados podemos y debemos exigir al Gobierno.
Como condición para la
convalidación de un real decreto-ley, es necesaria la conjunción de dos requisitos. Por un lado, la existencia de extraordinaria y urgente necesidad -requisito que se cumple- y, por otro lado, que no afecte al ordenamiento de instituciones básicas
del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, el régimen de las comunidades autónomas o el derecho electoral general, requisito que también se cumple. Todo ello para el más fiel respeto y cumplimiento del artículo 86 de la
Constitución española. También hay que señalar que el Gobierno en esta ocasión, al igual que en otras -estamos debatiendo conjuntamente la convalidación de otro real decreto-ley por los daños ocasionados en Tenerife-, ha actuado con suma
diligencia, con carácter inmediato, para solventar estos daños que no solo afectan a infraestructuras públicas, sino también a bienes privados.
Señorías, yo entiendo que se pueda criticar el contenido de una disposición de esta naturaleza y entiendo que se pueda criticar la actuación del Gobierno -se puede criticar se esté o no se esté convencido de la crítica, cada uno tiene sus
razones para ello, unas de tipo ideológico, otras simplemente partidarias-, pero en este caso, señoría, la crítica no tiene justificación real. Es cierto que ver por televisión las imágenes de los desastres causados por las lluvias, el mar y el
viento y escuchar los testimonios de los damnificados nos produce una desazón, una impotencia, que nos puede llevar a pensar que toda ayuda es escasa y toda urgencia lenta. Es cierto, toda ayuda material es poca para recuperar los seres queridos en
los casos de muerte y toda ayuda es poca para recuperar los bienes que se han conseguido
año tras año, con esfuerzo y abnegación para, en un solo momento y sin culpa, ver cómo la fuerza de la naturaleza destroza y arrebata aquello por lo que tanto se ha luchado. El dicho popular recoge este sentimiento: Esto no lo puede pagar
el dinero.
Los sucesivos desastres que ocurrieron en estas comunidades y Ciudad Autónoma de Melilla en estos últimos meses justifican la adopción de las medidas urgentes y extraordinarias que recogen el real decreto-ley en orden a paliar las funestas
consecuencias de los mismos. El Gobierno aprueba una disposición con una serie de medidas administrativas que contribuyen a normalizar la situación creada y que establecen ayudas económicas de distinta naturaleza para recuperar el normal desarrollo
y la actividad diaria.
Señora representante del Partido Socialista, cada ocasión merece un tratamiento objetivo, no se pueden comparar situaciones heterogéneas. Por mucho que se esfuerce, cada desgracia, cada supuesto de daños desastrosos supone una aplicación;
buena prueba de ello es la diferencia que hoy hemos apreciado aquí entre el real-decreto que convalida estos daños catastróficos y el real decreto-ley que adopta las medidas para los desastres ocurridos en Tenerife y que les lleva a votarlos a
favor. Sean objetivos y analicen la diferencia que existe entre los daños de una naturaleza y los de otra naturaleza y en otra ocasión.
El señor vicepresidente ha hecho en su intervención una detallada exposición de las medidas administrativas, fiscales y laborales adoptadas y de la línea preferencial de créditos por más de 18 millones de euros -ampliables, señoría- y de las
subvenciones por cuatro millones y medio de euros para sufragar el 50 por ciento de los proyectos de obra pública; medidas que sería tedioso repetir y que a juicio de este grupo parlamentario se corresponden con las necesidades básicas de los daños
causados y ponen de manifiesto la sensibilidad y solidaridad del Gobierno para con los damnificados.
Por otro lado, y ya para concluir, señorías, en los últimos ejercicios han sido varios los fenómenos de distinto tipo que han causado graves daños a bienes y personas en España, desde terremotos hasta inundaciones, pasando por huracanes,
grandes accidentes, etcétera, y en todos ellos el Gobierno del Partido Popular ha dado cuenta y muestras de solidaridad, ha dado muestras de eficacia y siempre ha sido sensible para tratar de remediar estas desgracias de fuerza mayor, pero siempre
también con control para obtener la mayor rentabilidad social de los fondos públicos empleados; cuestiones ambas, señorías -solidaridad por un lado y eficacia y control por otro-, que han de estar presentes en la actuación pública y que en el
Partido Popular son principios inspiradores y programáticos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
Asimismo por el Grupo Parlamentario Popular, señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Popular en relación con el Real Decreto-ley del año 2002 por el que se instrumentan una serie de ayudas para los
damnificados como consecuencia del temporal habido en Santa Cruz de Tenerife el pasado día 31 de marzo.
Como saben SS.SS., la semana pasada se debatieron ampliamente en esta Cámara varias iniciativas de distintos grupos y preguntas orales en Pleno, como ha recordado el señor vicepresidente del Gobierno, con lo cual me ahorro tener que insistir
en los conceptos entonces expresados en esta Cámara. Sin embargo, no puedo por menos que reconocer de entrada la celeridad con la que el Gobierno actuó enviando al ministro de la Presidencia cuando no habían transcurrido 24 horas de la tormenta,
yendo también a los pocos días el señor vicepresidente del Gobierno y sobre todo aprobando en el Consejo de Ministros del día 5 un real-decreto que dejaba cortas las ayudas contempladas en otros reales decretos anteriores, en concreto las previstas
en la Orden de 18 de marzo del año 1993, modificada por otra Orden de 30 de julio del año 1996, y anticipándose en consecuencia al debate en esta Cámara de las iniciativas parlamentarias que instaban al Gobierno a adoptar medidas en relación con
esta catástrofe. Es por esta razón por la que no entiendo la insistencia del señor Segura, quien sabe muy bien que le reconozco sus méritos parlamentarios y su capacidad de trabajo, en pedir la tramitación de este real decreto como proyecto de ley
para que se recoja lo contemplado en su iniciativa. En modo alguno puedo estar de acuerdo en su tramitación como proyecto de ley, porque entonces disminuiríamos las ventajas que contempla este real decreto.
Yo tengo necesariamente que recordar al señor Segura que la semana pasada se dijeron cosas muy fuertes, como yo no había oído en esta Cámara, y por eso me extraña que insista en las ventajas de su iniciativa parlamentaria. El señor Sedó,
del Grupo de Convergència y Unió, llegó a decir, señor Segura, se lo recuerdo, que el pueblo de Tenerife no se merecía su iniciativa, que consideraba electoralista, por lo cual le daba un cero bananero en su intervención. Yo creía, señor Segura,
que no iba usted a insistir en las ventajas de su iniciativa, por lo que no tengo más remedio que recordarle muy por encima las ventajas de este real decreto sobre su propuesta. En primer lugar, lo que nunca pensó el señor Segura fue que el
Gobierno se anticipara a su iniciativa y aprobara un real decreto el día 5 cuando hasta la semana siguiente no se debatía en esta Cámara su iniciativa, con lo cual, como dijeron también el señor Sedó y el señor Mardones, S.S. se limitó a copiar
literalmente
un real decreto de fecha 22 de marzo, sin tener en cuenta que el Gobierno había mejorado sustancialmente, como ha dicho el señor vicepresidente del Gobierno, la iniciativa de su grupo. Y le recuerdo, porque también lo dijo aquí don Gabriel
Mato, portavoz del Grupo Popular, en la anterior ocasión, que mientras usted propone por destrucción de vivienda 1,5 millones de pesetas, el real decreto establece un límite máximo de más de 4,5 millones y que mientras su iniciativa prevé por cada
persona fallecida 2 millones de pesetas, el real decreto-ley contempla 2,5 millones. Recuerdo a S.S. que el 50 por ciento corresponde al Estado, pero el real decreto-ley no establece los porcentajes con los que habrán de contribuir las distintas
administraciones autonómicas y S.S. fuerza a que un 20 por ciento o ponga el Gobierno de Canarias, un 20 por ciento el Cabildo insular y un 10 por ciento el ayuntamiento. Recuerdo también a S.S. que en su propuesta se dice que se instruya al
Instituto de Crédito Oficial para instrumentar una línea de préstamos por importe de 10 millones de euros. Pues bien, el real decreto del Gobierno establece un importe que se eleva a más de 18 millones de euros. Las diferencias, señor Segura, son
tan abismales a favor del real decreto, como comprobaron todos los grupos, que nadie se ha explicado en esta Cámara cómo S.S. se empecinó en defender la semana pasada una iniciativa del Grupo Socialista a todas luces muy inferior a los beneficios
contemplados en el real decreto-ley que hoy tratamos de convalidar.
Recuerdo también a S.S. que se encuentra pendiente de dictar la norma que se refiere a las infraestructuras, una vez hecha la evaluación de los daños, que ya ha sido realizada y que el Gobierno pondrá en marcha rápidamente, con lo cual su
propuesta queda también oscurecida por esta iniciativa que le indico.
Antes de terminar mi intervención quisiera poner de manifiesto dos cosas.
Primero, la colaboración que ha existido entre las distintas administraciones autonómicas y la Administración del Estado; segundo, el reconocimiento por todos los
grupos políticos de la celeridad con la que el Gobierno ha actuado, y digo todos los grupos políticos porque el senador señor Saavedra, a diferencia de lo que hizo su grupo en esta Cámara, instrumentó un acuerdo con todos los grupos en el Senado y
dijo expresamente que no le dolían prendas en reconocer la celeridad con la que había actuado el Gobierno de la nación. Por eso, repito, no me explico su actuación de la semana pasada, pero menos me explico la del día de hoy insistiendo en algo que
yo creía que había quedado suficientemente aclarado la semana pasada.
Por todo esto, termino mi intervención felicitándome una vez más por la celeridad del Gobierno, por el reconocimiento que todos los grupos políticos han hecho de la celeridad con que el Gobierno ha actuado y, en todo caso, insistiendo en que
estas ayudas se instrumenten con celeridad y rapidez -y estoy seguro de que el Gobierno lo hará- porque se trata de personas necesitadas que tienen una economía modesta. Estoy convencido de que la sensibilidad del Gobierno hará posible que estas
personas puedan recibir las ayudas en el menor tiempo posible.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Soriano.
Sometemos a votación la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
En primer lugar, Real Decreto-ley 1/2002, de 22 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias, temporales y otros fenómenos naturales relacionados con la climatología adversa, acaecidos
desde los últimos días del mes de septiembre hasta finales del mes de febrero de 2002 en las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304, a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Rumores.)
Respondiendo a la petición de algún grupo parlamentario, sometemos a votación la tramitación como proyecto de ley de este real decreto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 114, en contra, 189; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto ley convalidado. (Rumores y protestas.)
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2002, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales acaecidas el 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife y en San
Cristóbal de La Laguna (isla la Tenerife).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Rumores y protestas.)
Asimismo, sometemos a votación la convalidación del real decreto-ley como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 112; en contra, 189; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.
(Rumores y protestas.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- DECLARACIÓN DE CIERTOS GOBIERNOS EUROPEOS RELATIVA A LA FASE DE PRODUCCIÓN DE LOS LANZADORES ARIANE, HECHA EN PARÍS EL 7 DE JUNIO DE 2001. (Número de expediente 110/000161.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de que abandonen los escaños quiero decirles que vamos a entrar en el punto siguiente del orden del día, que es el punto VII, en el que, hasta donde llega el conocimiento de la presidencia, no va a
haber intervenciones, por lo que lo someteríamos a votación antes de que abandonen los escaños.
Punto VII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.-Rumores y protestas.)
Vamos a iniciar la votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Declaración de ciertos gobiernos europeos relativa a la fase de producción de los lanzadores Ariane, hecha en París el 7 de junio
de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 303; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Rumores.-Protestas.)
Señorías, les ruego que guarden silencio, y si hay algo que comunicar a la presidencia, que sean los portavoces de los grupos los que pidan la palabra. Si está produciéndose alguna irregularidad en la votación, ruego a SS.SS. que, en lugar
de alborotar, lo comuniquen a los respectivos portavoces para que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara y previa cuestión de orden, se me pida la palabra. (El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Con la venia, señora presidenta.
Nos gustaría que por los servicios de la Cámara se pudiera comprobar lo que apreciamos a simple vista, que es que están rellenos todos los votos en el cuadro, lo que no se corresponde con los vacíos que vemos en el final de la Cámara. Este
es un hecho que se viene apreciando con reiteración, y por el prestigio de la Cámara nos gustaría que no fuera así. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
Ruego a SS.SS. que permanezcan en sus escaños al objeto de poder comprobar la correspondencia de los diputados presentes en el hemiciclo con el resultado de la votación electrónica que se ha producido hasta este momento. Ruego a los
servicios de la Cámara que procedan a la comprobación. Por tanto, insisto, ruego a SS.SS. que no abandonen ni sus escaños ni el hemiciclo y a los servicios de la Cámara que cierren las puertas. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)
Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, quiero hacer constar que en la votación la diputada doña Zoila Riera estaba presente y ha ido a recoger toda la documentación para el próximo punto. Si cierran, sería uno de los huecos que podrían
encontrar, habiendo votado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó. Los servicios de la Cámara lo tendrán en cuenta. (Rumores.-La señora Fernández de la Vega Sanz pide la palabra.)
Señorías, guarden silencio.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA: Señora presidenta, creo que la primera comprobación que hay que hacer es ver si ha habido algún diputado más que después de la votación ha salido de la Cámara. (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de la Vega, de la misma manera que el señor Sedó lo ha comunicado, pido al resto de los portavoces de los grupos parlamentarios que si tienen constancia de que algunos de sus miembros han abandonado el
hemiciclo, como no se ha apreciado desde la presidencia, lo hagan constar.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Señora presidenta, yo puedo acreditar en este momento que ha habido una diputada, la señora Alborch, que acaba de entrar; lo que no puedo acreditar es que pueda haber alguno que haya podido salir. Pido
que se compruebe. (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Un momento, señora Fernández de la Vega. (Rumores.-Protestas.)
Señorías, ruego guarden silencio. Señoras y señores diputados, ruego permanezcan en sus escaños y ruego a
los servicios de la Cámara que cierren las puertas de atrás del hemiciclo.
(Fuertes rumores.--Protestas.) (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de acuerdo con los sistemas electrónicos de votación de la Cámara, el único sistema de comprobación en este momento es la emisión del listado por orden alfabético de los diputados que han emitido su voto. En
el momento en que los servicios lo proporcionen, que será cuando técnicamente salga dentro de unos minutos, los secretarios de la Mesa procederán a leer el listado de los diputados que han emitido su voto para comprobar su presencia en el hemiciclo.
Por tanto, ruego a SS.SS. tengan paciencia durante los minutos que faltan hasta que se emita el listado.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio, al objeto de poder continuar con la sesión plenaria.
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Sí, señora presidenta.
En razón de que ha sido mi grupo quien ha iniciado la resolución de un incidente, que no hemos provocado nosotros pero que nos parece que el hecho tenía todo el fundamento de apreciar que no se estaban produciendo las votaciones con rigor,
dado el caso de que en modo alguno, por lo que se puede apreciar, afectaba al sentido de la votación, y en el buen sentido de la unanimidad de los portavoces de entender que este incidente no debe llegar más allá que para la buena marcha de los
trabajos del día, nosotros pedimos que no se proceda, haciendo eco... (Rumores.-Protestas.) Si se quiere, sí. (Continúan los rumores y las protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores y las protestas.--Varios señores diputados: ¡Ya está bien!)
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Sí, señora presidenta.
Reitero que lo que recojo no es sin más una petición de mi grupo, sino la petición de todos los portavoces, porque si hubiera la más mínima duda de cómo debe resolverse este incidente, nosotros persistiríamos en nuestra petición. Lo que
pasa es que hemos recogido el buen sentido de que no llegue el incidente más allá y que sirva para que en el futuro todo el mundo tenga rigor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
Entiendo que el silencio es manifestación, reiteración de lo expuesto por los portavoces a la presidencia hace un momento de que no se proceda a la lectura por parte de todos los grupos. (Asentimiento.)
De acuerdo. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor.
Antes de continuar con el debate, comunico a la Cámara lo siguiente: La votación de conjunto, por tener carácter orgánico, del proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional, se producirá a la finalización del
debate de dicho proyecto de ley, pero en ningún caso antes de las doce y media de la mañana. Asimismo, comunico a la Cámara que la votación final de conjunto, también dado el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley
por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, se producirá al final del debate del referido proyecto de ley y no antes de las tres de la tarde. También anuncio a SS.SS. que la sesión no tiene prevista
ninguna suspensión hasta el final del debate de todos los proyectos de ley que tenemos en el orden del día.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN AYUDAS SOCIALES A LAS PERSONAS CON HEMOFILIA Y OTRAS COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS QUE HAYAN DESARROLLADO LA HEPATITIS C COMO CONSECUENCIA DE HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON CONCENTRADOS DE FACTORES DE
COAGULACIÓN EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 121/000043.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan
desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias.
En primer lugar y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster y, posteriormente, el señor Aymerich. (Rumores.)
Un momento, señora Lasagabaster, si va a intervenir desde el escaño, hasta que el nivel de murmullo de la Cámara permita que su intervención sea escuchada. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y rápidamente, a ser posible (Rumores.).
Señorías, estamos esperando para poder continuar el debate. Les ruego que las conversaciones, si tienen que mantenerlas, las tengan fuera del hemiciclo.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En este trámite queremos defender las cinco enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley, enmiendas que hacen referencia a distintos aspectos del propio proyecto. En primer lugar, hay dos enmiendas al artículo 1 que se refieren a
la titularidad del derecho a la hora de recibir esas ayudas sociales. Se pretende ampliar las ayudas no sólo a las personas que hayan sido infectadas como consecuencia de aquello a lo que se refiere originariamente el proyecto de ley, sino a
aquellas personas que hayan recibido tratamiento con transfusiones sanguíneas o productos derivados de la sangre, en el ámbito del sistema sanitario público. Igualmente, en el artículo 1 hablamos de ampliar, o al menos facilitar, la demostración,
la prueba y la ampliación a estas personas.
En ese sentido, lo que hacemos es facilitar la inclusión de personas que no hubieren estado inscritas en el censo que se realizó en el año 1999.
Otra de las enmiendas hace referencia al aumento de las ayudas sociales.
Tratamos de que estas ayudas -otra cosa es si estamos o no conformes con el término ayudas- se amplíen de tres millones de pesetas a cinco millones de pesetas.
Creemos que esto no es, en absoluto, imposible. Y no es sólo que no sea imposible, hablar de dinero es una cuestión de saber qué puede o no puede hacer el ámbito sanitario. En todo caso, es algo que ya existe en Cataluña, por lo que no estamos
hablando de pretensiones ilógicas. Al contrario, entendemos que es normal lo que se está haciendo en otras naciones, como Cataluña, y ampliarlo a cinco millones de pesetas.
También hablamos de la ampliación de los beneficiarios en el artículo 1.2.
Lo que hacemos es anular un requisito de convivencia de dos años anteriores al momento del fallecimiento.
Otra de nuestras enmiendas hace referencia a la disposición adicional primera, en la que, siguiendo el objetivo de nuestras enmiendas en este proyecto de ley, tratamos de ampliar las ayudas a otras personas evitando requisitos que no deben
plantearse. Nuestro objetivo es ampliar la percepción de estas ayudas a otras personas que no han desarrollado en este momento la enfermedad pero que están infectadas como consecuencia de transfusiones o de actuaciones en el ámbito del sistema
sanitario público. En el artículo 3.2, por lo que se refiere a los tiempos, el plazo que originariamente fue de dos meses debería ampliarse más de lo que finalmente resultó en el trámite de Comisión.
Estas son nuestras enmiendas que lo único que pretenden es ampliar, facilitar y mejorar un proyecto de ley con relación a quiénes tienen que ser titulares, que entendemos deben ser más que los que recoge el proyecto de ley, quiénes deben ser
beneficiarios, que también deben ser más que las que recoge el proyecto de ley, aumentar el montante de la ayuda y dar más facilidad a la hora de proceder a la gestión de los papeles necesarios para poder acreditar determinadas cuestiones que se
exigen en el propio proyecto de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente, quiero anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley y a las enmiendas que se acaban de defender, que persiguen mejorarlo. Este voto favorable no nos impide
formular una objeción de principio. Desde nuestro punto de vista, igual que sucede con un decreto-ley que se aprobó hace años no para indemnizar sino para dar ayudas sociales a los infectados por el virus de inmunodeficiencia humana a causa de
transfusiones realizadas en los servicios sanitarios públicos, no estamos ante un problema de ayuda social, estamos directamente ante un problema de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La Administración pública sanitaria
infectó a estas personas, no hablamos de que haya culpa, ni siquiera de que haya negligencia, pero la responsabilidad administrativa es objetiva.
No estuvimos de acuerdo en la legislatura anterior con la reforma del artículo 141 de la Ley 30/1992, que limita estas indemnizaciones, y lo que nos parecería más adecuado, más que aprobar leyes ad casum, por otro lado restrictivas a la hora
de delimitar quiénes son sus beneficiarios y cuál es el montante de la ayuda, sería elaborar una norma general que limitase, igual que se hace en el ámbito de los seguros privados, las indemnizaciones que la Administración debe pagar por errores o
por daños provocados por la Administración sanitaria. Nos parece una vía bastante más lógica y coherente desde la consideración de estos daños como causantes de responsabilidad patrimonial y no únicamente que legitimen a los afectados para tener
una mera expectativa de que en algún momento en esta Cámara aprobemos normas singulares en las que graciosamente les concedamos ayudas sociales, por otro lado, de montante muy limitado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa, ya que las enmiendas presentadas, excepción hecha de la número 11, que subsiste, están introducidas en el texto aprobado en Comisión.
Quisiera manifestarme ante esta Cámara en términos competenciales parecidos a los expuestos por el señor Aymerich. Nuestra formación política vio, en principio, con suspicacia esta iniciativa, puesto que se trata de establecer ayudas
sociales respecto de un título competencial que al Estado ya no le incumbe. La jurisprudencia constitucional tiene establecido que el poder de gasto no es autónomo, sino que va unido siempre a un título competencial. Nos disuadió de ello el dato
de que se trata de una circunstancia o de un hecho excepcional, que no es previsible que pueda volver a repetirse, por lo menos no respecto de esta dolencia concreta, puesto que hablamos de un virus identificado y descrito en tiempos relativamente
recientes. La equiparación con las normas que se establecieron al fijarse por decreto-ley las ayudas referidas al sida nos parece que ha estado bien traída por el representante del Bloque Nacionalista Galego en los términos en los que lo ha hecho.
Por ello, por la excepcionalidad de la medida, nuestra formación política dio su voto favorable y presentó las enmiendas que constan y que, repito, ya han sido introducidas en Comisión. Nos queda una, que tiene un enlace directísimo con esta
explicación. Nos sorprende además que no haya sido aceptada desde el propio ministerio, porque técnicamente no tiene ya ningún sentido.
En el anteproyecto que se barajó de esta ley existían, además de las ayudas sociales, que quizá no son tales, y tiene razón el señor Aymerich al calificarlas más bien de indemnización o de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, otro
tipo de ayudas, respecto de las cuales nuestra formación política puso objeciones. Este tipo de ayudas desaparecieron para cuando el proyecto es presentado a la Cámara y, sin embargo, en la exposición de motivos queda una referencia a las mismas.
Nos parece que esta referencia en la exposición de motivos no tiene traslación alguna en el articulado actual, que por eso lo votamos, y que debiera desaparecer. Lo hemos manifestado así una y otra vez sin que hayamos tenido aceptación, pero nos
parece una incorrección de técnica legislativa hablar en la exposición de motivos de algo que no existe, ni siquiera como previsión reglamentaria, en lo que como texto de la ley se aprueba. Por esta razón, seguimos sosteniendo esta enmienda, a
pesar de estar relativamente satisfechos con el resultado de lo aprobado.
Queremos manifestar que nos unimos, aunque nosotros no teníamos enmienda en ese sentido, a las enmiendas números 3, 7 y 15 de otras formaciones políticas, en lo que hace referencia a que la cuantía de las ayudas o de la responsabilidad que
se reconozca no sea la de los 18.030,36 euros, sino más bien la de los 30.050,605 euros, que es el tope fijado ya en la única ley estatal que existe al respecto, que es la aprobada por el Parlamento de Cataluña. Por consiguiente, manifiesto que
respecto de esas enmiendas el grupo al que represento dará su voto afirmativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como resultado de una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, que fue aprobada, se estableció que las personas
afectadas por hemofilia u otras coagulopatías congénitas que, a consecuencia de haber recibido tratamientos periódicos con concentrados de factores de coagulación, contrajeron el virus de la hepatitis C en un momento en el que no era posible
disponer de los medios oportunos para prevenir esta transmisión, tendrían derecho a una ayuda social consistente en una prestación económica que tiene por objeto aligerar de alguna manera lo gravoso que representa ser portador del virus de la
hepatitis C en personas que, además, ya sufren un proceso crónico como la hemofilia.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) esgrimió además, como justificación a la enmienda, que existía un precedente -lo ha recordado en su intervención el señor Aymerich- de establecer ayudas sociales para situaciones análogas
a la expuesta. Tal es el caso del Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se acordó una prestación económica a las personas que habían sido contagiadas del virus del sida, como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema
sanitario público.
El tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Ley 55/1999 hasta hoy se justifica en la complejidad que ha representado establecer el censo de afectados y, posteriormente, la preparación del proyecto de ley que, como SS.SS. saben,
fue publicado el mes de julio del año pasado. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presentó seis enmiendas a este proyecto de ley del Gobierno. De estas, las números 16 y 17 fueron aceptadas en el trámite de ponencia y, por lo tanto,
están incluidas en el texto. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) En estas enmiendas nosotros solicitábamos que quedase explícito que aquellas personas que reciban ahora esta compensación renuncian a cualquier
actuación contra las administraciones o contra cualquier hospital o centro concertado del sistema sanitario público. Las otras cuatro enmiendas no fueron aceptadas y por lo tanto mi Grupo las mantiene vivas. Paso brevemente a argumentarlas.
En la enmienda número 13 mi grupo solicitaba que en el artículo 1.1 quedase constancia de que podían ser beneficiarios de esta ayuda social aquellas personas o los herederos de aquellas personas que, no figurando en el censo definitivo,
acreditasen de manera fehaciente que habían sido contaminados y que, por tanto, podían
ser objeto -insisto, porque estaba fehacientemente demostrado- de la percepción de esta compensación. Mi grupo parlamentario piensa que esto, que es esencial, tenía que estar articulado en el propio -valga la redundancia- articulado de la
ley y no establecerse por disposición transitoria, como prevé el proyecto de ley.
En la enmienda número 14 mi grupo insistió, sin fortuna, en que no hacía falta que el proyecto de ley estableciese cuál había de ser el orden de prelación de los beneficiarios de la compensación económica, sino que simplemente se
estableciese que, en caso de haber fallecido el propio afectado, los beneficiarios fuesen los legales, los que establece la ley.
Nos parecía que era una manera simple de ejemplificar algo que, además, todos compartimos y que parece ser casi de
sentido común.
Desde nuestro punto de vista, la enmienda número 15 es sustancial y por eso quiero detenerme en ella. En esta enmienda se detalla el quántum compensatorio. El grupo que sustenta al Gobierno puede esgrimir, y esgrimió, que tres millones de
pesetas -lo digo en pesetas para hablar tal como se aprobó en la enmienda a la Ley de acompañamiento- era una cantidad sobre la que el propio Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se manifestó y, por lo tanto, era la cantidad que fue aprobada.
Es cierto. Por ello no es la intención de esta portavoz rebatir una cuestión que figura escrita y que está en el 'Diario de Sesiones'. Tan cierta es esta premisa como que, durante el tiempo transcurrido, la gravedad del tema y la posibilidad de
contactar con las personas afectadas que han sufrido estas circunstancias ha sensibilizado -creo yo- a SS.SS. y a todos los grupos parlamentarios ante el hecho de que estamos frente a una situación muchas veces trágica y que cualquier cantidad que
estipulemos queda muy corta para compensar la situación realmente terrible, trágica y penosa que viven estas personas y sus familias. Pero cuando hablamos de compensaciones siempre hay que establecer alguna y tan cierto es que cualquier persona
afectada estaría dispuesta a no percibir ninguna indemnización con tal de no añadir otro mal al mal que ya tiene, como que, ya que las cosas son así, cuanto mayor indemnización o compensación puedan percibir, más fácil les hacemos poder soportar las
situaciones que acarrean.
En este sentido, la Consellería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña acordó que en Cataluña se adelantaba la indemnización al colectivo de afectados y además se fijó la cifra, que fue pactada con este colectivo, de cinco millones de
pesetas. Señorías, no quisiera yo magnificar el hecho de que cinco en vez de tres son dos millones más, porque es evidente. Tampoco quiero decir que con estos cinco millones, las personas contagiadas en Cataluña estén libres de sufrir el resto de
su vida consecuencias terribles para su estado de salud y para una convivencia social normal. Lo que sí que quiero decir es que, aun a sabiendas del riesgo que corría la Generalitat de Cataluña de que la indemnización que adelantaba no se viese
compensada por el Gobierno central, asumió este compromiso, lo formalizó e indemnizó a los perjudicados. Es un problema de sensibilidad, se trata de hacer todo lo posible, dentro de un margen que forzosamente tiene que estar constreñido a unas
cifras, para ayudar a personas que lo necesitan. Mi grupo ha intentado, al igual que otros grupos, convencer al grupo que sustenta al Gobierno para que extendieran lo que se ha hecho en Cataluña al resto de hemofílicos afectados del territorio del
Estado español. Es cierto que lo mismo que ha hecho el Gobierno de Cataluña pueden hacerlo otros gobiernos de las comunidades autónomas. Pero a mí me parece lógico y coherente con la posición que nosotros hemos defendido que hoy, en la sede del
Congreso, mi grupo parlamentario pida y solicite al grupo que sustenta al Gobierno -y por eso mantenemos viva esta enmienda- que indemnice en esta misma cantidad a todo el colectivo de afectados.
Como comprenderán, señorías, y me refiero especialmente al Grupo Popular, mi grupo parlamentario va a votar a favor de la enmienda que en este mismo sentido han presentado el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, porque coincidimos
completamente en el quántum indemnizatorio. Lamento que, siendo un proyecto de ley que tuvo un amplio consenso, no hayamos formalizado este mismo consenso hoy sobre la indemnización. Es evidente que el objetivo de todos nosotros no es tanto que
cuando se establezcan situaciones de este tipo tengamos arbitrados sistemas de compensación como evitar que en lo sucesivo se den situaciones de este tipo. Hoy contamos con unos medios con los que podemos asegurar, entre comillas, que no volverán a
darse situaciones de este tipo, pero también nos parece que sería de justicia -ya que este es un hecho irreversible que se dio en el pasado, sin ánimo de buscar culpables- que hoy el Gobierno hubiera hecho posible que esta ley saliese de aquí con un
amplio acuerdo. Al no ser así, anuncio que mi grupo parlamentario, en coherencia a todo lo que he expuesto, se va a abstener en la votación al dictamen.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desearía que este trámite parlamentario no sea un nuevo diálogo de sordos -miro al Grupo Popular- como lo fue el paso de este proyecto de ley por ponencia y Comisión, resultando que la mayoría absoluta del PP trae hoy al Pleno algo
que no difiere en nada, al menos en lo sustancial, del proyecto que presentó el Gobierno, pese a la opinión manifestada de
nuevo hoy aquí por el resto de grupos en sus enmiendas y en la votación que tuvo lugar en Comisión. Sé que es tan sólo un deseo de algunos grupos y de los enfermos afectados, pues el Gobierno y el grupo que lo sustenta parece que han tomado
ya la decisión de consagrar -de hecho la señora ministra no se encuentra entre nosotros, entiendo que le de cierta vergüenza estar aquí en estos momentos- las desigualdades con este proyecto de ley. Por si no fuera así y quedaran aun algunos
resquicios para la esperanza -ojalá me equivoque, nada me gustaría más-, mi grupo ha mantenido vivas para debatir en Pleno una serie de enmiendas que defenderé en este turno. Antes conviene señalar que, según el informe científico, el último de que
se dispone, emitido por consenso de la Real Academia de Medicina, la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, la Sociedad Española de Virología y el Instituto de Salud Carlos III, antes de 1989 no existía ningún procedimiento que permitiera
identificar las unidades de sangre infectadas o prevenir de forma fiable la transmisión transfusional del virus de la hepatitis C. Hasta 1990 no se dispuso de los medios técnicos adecuados para prevenir su transmisión. Por ello, señorías, quiero
indicar que no hubo responsabilidad ni de los profesionales de la sanidad ni de las autoridades sanitarias en los contagios que se ocasionaron al recibir estos tratamientos.
Aun así, dado que a padecer una enfermedad, como les sucede a lo hemofílicos, se ha sumado otra, con problemas añadidos en todos los ámbitos de la vida, como la señora Riera mencionaba, este grupo considera oportuna y necesaria una ley que
preste una ayuda social, una indemnización, a quienes en su día fueron contagiados con el virus de la hepatitis C. Pero en ningún caso la ley que apoyamos puede ser esta. En primer lugar, la ley se nos presenta tarde y mal, para no faltar a la
impronta de la señora ministra. En esta ley se discrimina negativamente en origen, desde el propio texto, a los ciudadanos españoles hemofílicos que fueron contagiados de hepatitis C, dependiendo, señorías -esto es muy fuerte-, del pedazo de
territorio español en que residan. Así, nos encontraremos, caso de que el grupo mayoritario persista en su empecinamiento, con españoles hemofílicos que fueron contagiados de hepatitis C, que viven en Cataluña, que percibirán una ayuda social por
el hecho de ser contagiados de hepatitis C, sin que tengan que haber desarrollado dicha enfermedad. Mientras que un gallego, un extremeño, un murciano, y así hasta dieciséis comunidades autónomas, más ceutíes y melillenses, sólo percibirán ayuda
social si han desarrollado la hepatitis C o, lo que es lo mismo, si han sido contagiados, no recibirán ayuda, obviando, como señala la evidencia científica, que la totalidad de pacientes que presentan infección por VHC acaban irremediablemente
desarrollando la hepatitis crónica.
Señorías, la periodicidad evolutiva de este tipo de hepatitis es larga, aproximadamente entre 15 y 25 años, por lo que es ahora cuando se están viendo las consecuencias de esas infecciones víricas y por tanto pueden estar apareciendo casos
de cronicidad no solamente hoy, sino en los próximos años. Pero el Ministerio de Sanidad no está dispuesto a reconocerlos y parece que el Grupo Popular tampoco. Y no se puede argumentar, como se hizo en otros foros, que es una exigencia de la ley.
No es así, es voluntad del Grupo Popular y del Gobierno, ya que la enmienda, a la que se refería la señora Riera, que dio lugar a este texto que hoy nos presentan, sólo hablaba de personas contaminadas o contagiadas, no que hubieran desarrollado la
enfermedad. Por si esta agresión y este agravio fueran pocos, leemos un párrafo más de este nefasto proyecto de ley, artículo 2, y nos encontramos con ciudadanos contagiados y que han desarrollado la cronicidad de la hepatitis C que, por el solo
hecho de no residir en Cataluña, en lugar de recibir los cinco millones de pesetas que populares y convergentes consideran justo que perciba un afectado catalán, van a recibir tan sólo tres millones. Te exijo que estés más enfermo. Yo sé que
ustedes no, ustedes consideran justo que se reciban cinco, así lo hicieron, también para los demás.
Es terrible comprobar, señorías, sobre qué principios ha sustentado el Gobierno esta tremenda ofensa y discriminación de unos enfermos frente a otros. Se les exige estar más enfermos y, además, se les va a ayudar menos que a los que residen
en Cataluña. ¿En qué artículo de la Constitución española han encontrado ustedes, que tanto la defienden, la fuente para sacralizar este agravio, esta desigualdad? El Grupo Popular, que en Cataluña aprobó que la ayuda fuera para contagiados y por
un importe de cinco millones de pesetas, tendrá que explicar en esta Cámara, en este Parlamento, por qué propone para los catalanes cinco y para el resto de los españoles tres. Y la ministra de Sanidad, ausente, tendrá que explicar fuera de esta
Cámara, ya que no lo hace aquí, a todos los españoles, incluidos los que residen en Cataluña, que tampoco están de acuerdo con esto, por qué han decidido que hay unos enfermos de primera y otros de tercera regional. Eso habrá que explicarlo.
El proyecto de ley presentado por el Gobierno y apoyado por el Grupo Popular vulnera el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Por todo ello, mi grupo no puede apoyar esta ley y mantiene la enmienda número 6, que iguala a
todos los titulares del derecho bajo la condición de contagiados o contaminados, a semejanza de la ley aprobada por el Parlamento catalán. Y la número 7, que fija la misma cuantía -exactamente como hace el resto de grupos- para todos los españoles
en cinco millones de pesetas o, lo que es lo mismo, 30.056,51 euros. Sobre estas dos enmiendas de mi grupo, que reponen el principio de igualdad, gira el resto de las presentadas, salvo la que afecta concretamente a la retirada del censo, a la que
también hacía referencia la señora Riera.
Solicitamos la retirada del texto porque, como conocen todos los grupos y así lo han manifestado en reiteradas ocasiones los propios enfermos a través de la Federación Española de Hemofilia, el procedimiento de elaboración del mismo se
produjo cuando menos de manera un tanto tortuosa y, como es habitual, de nuevo, faltando a los plazos, incumpliéndose todo. Hubo que esperar hasta el 21 de noviembre de 2000 para conocer el censo definitivo del ministerio y digo del ministerio
porque este censo no es definitivo para los enfermos ni para la federación. Tampoco se pudieron hacer las cosas como había que hacerlas en la Comisión por decisión exclusiva del ministerio: el procedimiento fue caótico, no se solicitó a todos los
hospitales la información necesaria, algunos hospitales se negaron a remitir los datos alegando cuestiones de confidencialidad. Por decisión exclusiva del ministerio, no se remitieron datos de los afectados ya fallecidos ni determinadas pruebas, lo
que ha producido en ese censo de hecho la exclusión de un buen número de enfermos; vamos, que no existen porque lo ha decidido el ministerio y porque lo han decidido ustedes, aunque ustedes y todos los miembros de esta Cámara que nos ocupamos de
este tema les hayamos recibido en nuestros propios despachos. De tal modo que en este enrevesado camino el mismísimo subsecretario del ministerio, el que estaba entonces, pues ahora ya no está -también es parte de la política de estabilidad de
personal de la señora ministra-, el señor subsecretario saliente tuvo que levantar alguna reunión en el ministerio con la comisión ya reunida en torno a una mesa para aprobar finalmente, a pesar de tan tortuoso recorrido, un censo que aún hoy tiene
pendientes más de 300 reclamaciones que no han sido contestadas por el ministerio. Aun así, a pesar de todas estas evidencias, el texto, el proyecto, el dictamen, insisten en el articulado y en la disposición adicional primera en hacer del censo el
eje de la prestación de un derecho y de su titularidad. Por ello mi grupo mantiene vivas las enmiendas en las que eliminamos la referencia al mismo (6, 8 y 9) y ampliamos el derecho a aquellas personas vivas o fallecidas que hayan resultado
infectadas. Y la número 10, a la disposición adicional primera, ya que no se puede dejar al albur de un reglamento que elaborará en un futuro indeterminado el Ministerio de Sanidad el reconocimiento de un derecho tan importante como este.
Nos encontramos, señorías, con un proyecto de ley de escasos tres artículos que, según nuestro criterio, concentra el mayor grado de discriminación que puede uno hallar en sólo tres folios. Rompe con la equidad y la igualdad que deben
caracterizar a la ley y abre un trecho más de un sendero peligroso por el que caminan sin complejos el Gobierno y el grupo que lo sustenta. La semana pasada decía el ministro Montoro en esta Cámara, en respuesta a un parlamentario de mi grupo,
también de mi tierra, que el Gobierno apoyará clara y explícitamente a aquellas familias que reúnen condiciones personales y familiares que implican mayores gastos, y leo textualmente. Ese mismo Gobierno trae al Parlamento leyes como esta, que no
sólo suponen un insulto a este Parlamento sino a los enfermos, que deben pensar que los afectados catalanes y sus familias tienen un algo más. No, con rotundidad, no tienen nada más, no es un agravio, no es su culpa, no es un problema más que
tengan los contagiados. Seamos claros, hay una explicación para todo, señora Riera.
Este diferente tratamiento se debe quizá a la situación en la que se encontraba el Gobierno de don José María Aznar cuando en 1999 hubo una transaccional que dio
origen a este proyecto. En ese momento el Grupo Popular no tenía mayoría absoluta. Hoy sí y estos son los resultados.
Espero, a pesar de todo, señores del Grupo Popular, no tener que oír de nuevo en su argumentación defender esta ley con el principio de solidaridad, como ya oí con anterioridad. Pedir que unos estén contagiados y otros más enfermos, con un
pie en cierto sitio que no me gustaría mencionar, ¿eso es solidaridad? ¿Fijar tres millones de pesetas para unos y cinco para otros es solidaridad? Ustedes pidieron cinco para los afectados catalanes. Una vez más, bajo el ampuloso y largo título
de esta ley nos encontramos, no con la solidaridad, no con el reparto de la riqueza, no con la expansión del estado de bienestar que reclama continuamente mi grupo, sino con su contrario: la reducción del estado de bienestar, mientras ustedes hacen
alharacas y propaganda que malamente se compadecen con la realidad. Señores del Grupo Popular, la diferencia de coste entre lo que ustedes proponen y lo que proponemos el resto de los grupos no llega a 3.000 millones de pesetas. Por esa cantidad,
señores del Gobierno -que no hay ninguno-, señores del Partido Popular y del Grupo Popular ¿están dispuestos a consagrar la desigualdad en esta Cámara? Mi grupo, no. Por ello, nos vamos a abstener en la votación del dictamen. Ustedes están aún a
tiempo de reflexionar. Rectifiquen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Pérez.
Turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Manifestaré en principio que por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad se presentaron tres enmiendas in voce, que, como se ve, no han sido recogidas. En esta fijación de posición
voy a tratar de exponer el razonamiento que esas enmiendas tenían, que no era otro que estar con los afectados y de acuerdo en que se les asigne una ayuda social. Ahora bien, este grupo no va a votar favorablemente el dictamen final y se va a
abstener por tres razones fundamentales que ya hemos expuesto en el debate de este proyecto. En primer lugar, por el agravio comparativo que crea el Gobierno indemnizando con tres millones a los afectados en lugar de con cinco, como se hizo
en el Parlamento catalán. No podemos consagrar por ley una desigualdad; podríamos hacer aquí todo un discurso de la igualdad territorial. En segundo lugar, no deja abierto el censo para nuevas incorporaciones a medida que puedan surgir nuevos
diagnósticos. En tercer lugar, porque sólo incluye a los que desarrollan la enfermedad de hepatitis C y lo que nosotros deseamos es que la ayuda social abarque a todos los que han sido inoculados con el virus.
Como decíamos al principio, estamos de acuerdo con la necesidad de una ayuda social para estos pacientes pero no estamos de acuerdo en su cuantía y homogeneidad y no estamos de acuerdo tampoco con el criterio de punto final introducido en
esta ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy una proposición de ley que se limita a regular las condiciones y la cuantía de las ayudas sociales a las que pueden acceder las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que reúnen los requisitos que se
especifican.
Les recuerdo a SS.SS. que el Gobierno presenta esta ley recogiendo literalmente el mandato contenido en la Ley 55/1999, conocida también como de acompañamiento, que encomendaba al Gobierno elaborar un censo de los afectados con limitación
de fecha y a presentar esta ley recogiendo los requisitos de la enmienda que lo originó. La ley se presenta una vez elaborado el censo, que se ha hecho no sin dificultades, como saben SS.SS., y por eso ha venido con un poco de retraso, porque la
elaboración del censo llevó consigo crear un comité técnico que determinó los criterios de inclusión y después una comisión gestora que ha perseguido y propiciado un amplio nivel de participación, integrando representantes de los afectados, de las
comunidades autónomas y de la Administración general del Estado, además de los especialistas expertos. Se aprobó provisionalmente el censo, que fue publicado en julio de 2000 para alegaciones, hasta consensuarse por unanimidad el censo definitivo,
a pesar de todos esos levantamientos a que se ha hecho mención, el 21 de noviembre de 2000. Resalto esto y no hago consideraciones clínicas ni científicas porque, después de oír hablar a algunos hace unos días en Comisión y hoy en Pleno, parece que
el Gobierno no hubiera tenido la sensibilidad y la decisión política de cumplir con el mandato recibido para regular la ayuda social a este colectivo y no hubiera presentado esta ley, que recoge, como dije antes, todo lo demandado en la Ley 55/1999,
a instancias de una enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Parece que no se hubiera elaborado un censo y este no se hubiera consensuado y aprobado por unanimidad y que el Gobierno no hubiera mantenido el principio de igualdad y de
equidad en esta ley, tanto en razón de la patología -a todos los que desarrollaron la hepatitis C, infectados, afectados, como se decía en la enmieda- como de la residencia, para todo el territorio español.
¿Qué ha ocurrido entonces para que la mayoría de ustedes, en sus intervenciones, no recojan el verdadero fin de esta ley, que es el cumplimiento por el Gobierno del mandato recibido a través de una ley y sin embargo tachen al Gobierno de
hacer lo contrario de lo que tenía demandado y ha hecho? Después de meditarlo serenamente, creo que la clave está en que ha ocurrido en medio un hecho diferencial, hecho que por otra parte es inevitable en el ámbito de competencia de las
comunidades autónomas. Así, el mismo partido que presentó la enmienda origen de esta ley, seis meses después, y, repito, en uso de su legítima competencia, decide mediante ley ampliar en su comunidad tanto los titulares como la cantidad de ayudas,
decide ser más generoso, entre comillas. Digo que entre comillas porque en la misma ley, en su disposición adicional trigésimo séptima, puntos 2 y 3, se recoge que las ayudas del Estado y las de Cataluña no son acumulables y, además, que la persona
que solicite la ayuda de la Generalidad deberá renunciar por escrito, previamente y mediante cesión al Tesoro de la Generalidad, a lo que le pudieran reconocer a consecuencia de la Ley del Estado 55/1999. Pero, ojo, hasta un importe de cinco
millones, 30.000 euros, y no sólo los 3 millones, 18.000 euros, que solicitaban en la enmienda que ha originado esta ayuda.
O sea que, de producirse esto, la Generalidad no pagaría nada. Esto es tan cierto como que está recogido en la ley.
Dejando esto claro, cabría preguntarse si CiU o su Gobierno autónomo rompen el principio de equidad al presentar esta ley ampliada para su autonomía después de haber solicitado para todas otras ayudas de menor cuantía. En un ejercicio de
buena voluntad tenemos que decir que no, porque lo hace donde tiene competencias y no restringe que los demás puedan hacer igual. Es más, creemos que abre una puerta de esperanza a otros enfermos para que el resto de las comunidades pueda sumarse a
organizar con sus recursos lo mismo que hace la Generalidad.
Evidentemente, no es incongruente ni incoherente que diga una cosa en el Parlamento y después, en uso de sus competencias, decida ampliar las ayudas a sus administrados. Sí podríamos
sopesar su oportunismo al introducir una adicional en su ley que le permita recuperar no sólo lo solicitado en la enmienda, sino la totalidad de la cuantía de las ayudas
que aprueba en su ley. Por eso, en este punto tenemos que decir que no es una solidaridad, una sensibilidad coherente, congruente, sino ventajosa, sumarse hoy a la petición de que sea el Gobierno central el que asuma toda la carga de las
ayudas sociales.
Sigamos preguntándonos. ¿Rompe acaso la equidad el Gobierno cumpliendo el mandato que recibió por ley? ¿Acaso una decisión que toma un gobierno autónomo debe asumirla el Gobierno central? Entonces, señorías, ¿para qué esta Cámara y para
qué los presupuestos autonómicos? ¿Acaso el Gobierno da más recursos proporcionalmente a Cataluña que al resto de las autonomías para asistencia social y sanidad? Si no es así, ¿en qué se basan para decir que el Gobierno es insolidario o rompe la
equidad si proporciona a todas las comunidades las mismas condiciones para que puedan hacer lo mismo, conforme a sus competencias en ayudas sociales? Por otra parte, si lo demandado era claramente denominado como ayudas sociales, ¿cómo es posible
que todavía utilicen la palabra indemnización? Señorías, se trata de ayudas sociales no reparadoras. No se trata de un derecho con la obligación de reparar. Quien repara es el juez. Aquí, quien ayuda es el Estado como Estado, a pesar de que,
como saben SS.SS., las ayudas sociales sean competencias transferidas a las comunidades autónomas, tal y como nos ha recordado acertadamente la señora Uría, ya que el Estado, en determinados casos excepcionales como este y de acuerdo con la
jurisprudencia existente, puede hacerlo como lo hizo con el sida y también en otras iniciativas de apoyo social en virtud del artículo 149.15ª de la Constitución. Por eso, no lo retiramos y figura en la exposición de motivos como compromiso del
Estado.
¿Cómo es posible, señorías, que después de haber elaborado un censo, demandado y consensuado por unanimidad, ahora se diga que no al censo? ¿Cómo se puede hacer una llamada a la coherencia al Grupo Popular, por parte del Grupo Socialista,
diciéndonos que lo expliquemos y además para que votemos lo que votaron nuestros compañeros en Cataluña, y hacerlo como si ambas ayudas fueran excluyentes y no complementarias? Además, cuando tienen los antecedentes que tienen en su partido y en su
comunidad, señorías, que también es la mía, y de alguna más gobernada por su partido. ¿O es que persigue que yo le recuerde la coherencia territorial de su partido en el Plan Hidrológico Nacional y en la Ley de financiación? Señoría, la ministra
no se ha ido de aquí por ninguna vergüenza. Se ha ido porque está reunida en la Comisión delegada.
Coherencia, señoría, es cumplir un mandato recibido en todos sus términos, diciendo lo mismo cuando se está en minoría que en mayoría y teniendo
además la amplitud de miras y la comprensión para reconocer el derecho y las competencias de cada gobierno autónomo para destinar su partida de presupuestos sociales a lo que estime conveniente, siempre que no se cierren las puertas ni se planteen
desigualdades de origen para que todas las autonomías puedan hacer igual. Se pidió en varias enmiendas posibilitar la apertura del censo a nuevas incorporaciones y se incluye esta posibilidad en la adicional primera; igualmente, se acepta ampliar
el plazo establecido para solicitar las ayudas de dos a cuatro meses, y para los beneficiarios de las ayudas en caso de fallecimiento se aplican los supuestos de prelación previstos en la Ley de ayuda a víctimas del terrorismo.
Por último, y en resumen, el Grupo Popular va a mantener el mandato de la Ley 55/1999, recogido literalmente en esta, después de aceptar varias enmiendas de los grupos PNV y CiU y otras parciales, como hemos dicho.
Así es que algo difiere
el texto de como entró. Lamentamos, por las circunstancias expuestas, no poder alcanzar en esta ley, cuyo fin y carácter es puramente social, un consenso más amplio con el resto de los grupos que hubiese propiciado un voto por unanimidad, pero
-haciendo mías las palabras de la portavoz del PNV en Comisión- las necesidades sociales son infinitas, los medios y los presupuestos son limitados y quien gobierna tiene la obligación y la responsabilidad de administrar y decidir justamente qué
destina a cada materia. Estamos convencidos, señorías, de que de no haber existido la ley catalana ampliando la cuantía de las ayudas sociales a los enfermos de su comunidad, que -repito- no es excluyente y no impide al resto de las comunidades
asumir la misma solidaridad porque reciben iguales recursos del Estado, la oportunidad no hubiera existido y el consenso hubiera sido total. Pero, en definitiva, todos compartimos la filosofía del proyecto al tratarse de una ayuda social importante
a un colectivo que lo merece y lo necesita por padecer esta patología social. Nos parece que ha sido esa ley la que ha llevado a SS.SS. a extrapolarla al resto de las autonomías, sin duda queriendo lo mejor para estos enfermos, pero sin pararse a
pensar que el resto de las autonomías tienen también las competencias transferidas en ayudas sociales, iguales medios y la misma libertad para poder aumentar y ampliar estas ayudas, y que el Gobierno ha cumplido con el objeto de esta ley en toda su
extensión y literalidad, con el mandato que él originó.
Ojalá, señorías, que después de aprobada esta ley, para la que pido a todos su voto favorable, muy pronto y con la misma coherencia que lo hizo en Cataluña votando ampliar la solidaridad y las
ayudas, mi partido y los de ustedes puedan votar en el mismo sentido en el resto de las autonomías de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Zambrano. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido
tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas tributarias.
En primer lugar, dentro de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, votamos la número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 126; en contra, 169; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, ocho; en contra, 170; abstenciones, 118.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 18; en contra, 263; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 15 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 127; en contra, 167; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 18; en contra, 169; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, votamos la enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 124; en contra, 168; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 105; en contra, 168; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del dictamen. En primer lugar, sometemos a votación los artículos números 1, 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 179; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los referidos artículos.
Votamos a continuación las disposiciones adicionales, finales y la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 175; en contra, dos; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del texto del dictamen.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. (Número de expediente 121/000064)
La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional. (Rumores.)
Señorías, debemos continuar con el debate. Les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio, a ser posible.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas del señor Núñez y voy a hacer unas reflexiones en relación con las presentadas conjuntamente por Eusko Alkartasuna y Esquerra Republicana de Catalunya.
Lo normal en este trámite
hubiera sido tratar de explicar qué aspectos de un proyecto de ley -en este caso de formación profesional- no han podido llegar a ser objeto de una aprobación en la Comisión; exponerlos, por tanto, y tratar de convencer a SS.SS.
respecto de lo positivo o beneficioso de nuestras aportaciones. Sin embargo, permítanme que les diga que en este trámite resulta casi imposible, diría yo, llevar a cabo lo que debiera ser el objeto del debate porque, aunque no pude estar en
la Comisión -una no puede llegar a todo- y a pesar del tono positivo, agradable y de cortesía parlamentaria de sobra conocido que siempre tiene el señor Azpiroz, portavoz en este caso, en el contenido realmente no se puede hablar de debate ni de
aportación o intercambio de aportaciones constructivas. Ha sido un debate de un proyecto de ley y es muy significativo que haya habido en esta Cámara nueve enmiendas de totalidad, cinco de las cuales han sido de texto alternativo, cosa realmente
curiosa.
Lo que se dijo en aquella Comisión se puede volver a reproducir aquí. Hubo un ejercicio claro de rodillo parlamentario. En definitiva, poco interés en tratar de ver por qué tantas formaciones políticas presentaban aportaciones y sistemas
distintos, especialmente en una materia donde se reconoce y se advierte que hay sistemas de formación profesional que están siendo realmente buenos -todo es mejorable y se puede mejorar- en determinados territorios, en este caso con mejoras que hay
que hacer en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y no se quiere oír ninguna de las aportaciones que desde esa perspectiva se están realizando. Nosotros habíamos presentado 11 enmiendas. No me importa reconocer que podían llamarse enmiendas
alternativas; es decir, se plantea la misma enmienda alternativa en diferentes enmiendas parciales. Lo decimos con sinceridad porque resultaba difícil hacer aportaciones a un proyecto de ley que no compartíamos, como así lo señalamos, ni en la
manera de integrar los distintos aprendizajes, formal, no formal e informal, los distintos subsistemas; que miraba hacia atrás, no hacia el futuro y que no respondía a los objetivos que ha planteado la Comisión Europea, en definitiva los
responsables que están trabajando en esta materia profundamente desde el Consejo Europeo de Lisboa y mucho antes; que no respetaba lo que son las competencias y, en nuestro caso, el plus competencial que aparece recogido en la disposición adicional
con relación a las competencias educativas; y que no insertaba lo que es la formación profesional en un sistema educativo. Por tanto, con nuestras 11 enmiendas tratábamos de presentar el sistema que nosotros entendemos que puede ser más fructífero
para llegar al objetivo de plantear que la ciudadanía, todas las personas a lo largo de nuestra vida, vamos a tener que aprender, ser educados, recibir información, aprendizaje y combinarlo con las necesidades productivas que tiene una sociedad.
Esto es lo que nosotros habíamos planteado en las enmiendas parciales. Somos conscientes de que va a ser difícil que esto se admita y somos conscientes de que este proyecto de ley con todo el respeto a todo el mundo no es bueno y lo estamos viendo.
Recientemente hemos visto (el señor Azpiroz lo conoce perfectamente porque, como yo, procede también de la Comunidad Autónoma del País Vasco) una feria de muestras que han visitado alrededor de 35.000 personas solamente de formación
profesional, donde en el sistema educativo, en la formación profesional, gracias a Dios, el 46 por ciento accede como primera opción, algo que es importante. Es evidente que en Francia llega al 60 por ciento y que es una cuestión que hay que
mejorar. Claro que hay que dotar de más medios de financiación a esta formación profesional y que hay mejorar especialmente el papel de las mujeres en determinados sectores, sistemas o aprendizajes de la formación profesional, electrónica,
mecánica. Hay muchas cosas en las que tenemos que estar en primera línea, pero en definitiva es un sistema que por lo menos hasta ahora se puede mejorar y ha tenido sus frutos. El proyecto de ley que nos presentan hoy, ojalá nos equivoquemos,
mirará hacia atrás, nunca al futuro.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, prácticamente podría suscribir toda la intervención de la señora Lasagabaster, porque creo que los elementos que ha dado se van a repetir prácticamente en todas las intervenciones de los distintos portavoces de
los grupos parlamentarios. Este proyecto nos llega aquí prácticamente igual, con el mismo redactado que inicialmente se planteó. Evidentemente, hoy va a tener la aprobación de la mayoría parlamentaria del Partido Popular, pero es un proyecto
educativo que, una vez más, nace con toda la legitimidad de la mayoría absoluta del PP, faltaría más, pero con la oposición de toda la oposición parlamentaria, de los agentes sociales y de una parte importantísima de las comunidades autónomas.
Quiero destacar que el Gobierno del Partido Popular está impulsando una serie de cambios legislativos en materia educativa que tienen el elemento básico ausente y necesario para que la política educativa sea eficaz, que es consenso.
No es posible desarrollar modificaciones importantes en materia educativa en contra de todos -o prácticamente todos- los partidos de la oposición, en contra de los agentes sociales y en contra de las comunidades autónomas, en el sentido de
que esta ley -como dijimos ya y repetimos- invade competencias autonómicas. Desde ese punto de vista, no voy a pasar a defender las enmiendas que hemos planteado, sino, simplemente, a recordar los cuatro o cinco aspectos más importantes a los que,
a nuestro entender, la ley no da cumplimiento o que son aspectos erróneos.
En primer lugar, es una ley que, evidentemente, ha de ser planteada desde el punto de vista de la relación con el mundo del trabajo, pero es una ley excesivamente economicista y, si me lo permiten, poco humanista. Es una ley que invade
competencias de las comunidades autónomas y que en todo el trámite parlamentario no ha tenido ni una sola modificación en este sentido. Es una ley que no hace mención alguna a lo que debería ser uno de sus aspectos más importantes, la financiación
de la formación profesional, y es una ley que sigue profundizando en el camino de la privatización y que contempla aspectos para nosotros peligrosos, como el hecho de que las empresas puedan dar títulos con validez académica.
Por todas estas razones, señoras y señores diputados, votaremos en contra del proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Por último, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado 37 enmiendas a este proyecto de ley orgánica del Gobierno, pero dentro de una interpretación que considera que el artículo 149.1.30 de la Constitución española puede tener lecturas muy
diferenciadas. Por ejemplo, una lectura que dio pie a la conformación de la LOGSE o la LOPEG o una lectura como la que da pie a este proyecto de ley.
Nuestras enmiendas, que son enteramente constitucionales y ni siquiera representan nuestra concepción político-educativa, irían destinadas a mejorar la ley dentro del actual marco competencial. Nos preocupan especialmente los siguientes
temas, a los cuales dirigimos nuestras enmiendas. En primer lugar, construir un modelo de FP integrado realmente, donde quepan la educación reglada, la ocupacional y la continua, de forma que la Administración central sólo sirva de coordinación
entre los distintos sistemas de FP que establezcan las comunidades autónomas, para que tengan el grado de homologación necesario y suficiente, sobre todo en cuanto a la impartición de títulos, y que además dependa, en todo caso y desde el punto de
vista de la Administración central, de un solo ministerio, el de Educación. En esta línea, pensamos que para mantener la estructura coherente del sistema integrado no son necesarios los centros de referencia que plantea la ley como dependientes, a
través de convenio, del Estado y de las comunidades autónomas.
El segundo paquete de enmiendas va destinado a incardinar realmente la FP en su entorno socioeconómico. No pensamos que deban ser la movilidad y la libre circulación de los trabajadores los criterios básicos de esta ley, o sus objetivos
finales, sino que deberían ser simples posibilidades colaterales, pero guardando como principio básico el de incardinar en el entorno socioeconómico, para poder trabajar en la propia tierra, en el propio espacio territorial del Estado español, lo
que es legítimo, el derecho al trabajo en el propio país.
El tercer tipo de enmiendas va destinado a paliar los problemas de la privatización y la recentralización. En este sentido, establecemos que en las empresas privadas todos los programas de colaboración con las administraciones públicas
deberían hacerse a través de las comunidades autónomas, así como impedir los abusos que las empresas privadas puedan cometer explotando mano de obra bajo el pretexto de que se está educando desde el punto de vista de la formación profesional y
establecer claramente que el Estado va a coordinar la estructura de catálogos oficiales, de cualificaciones o catálogos nacionales, como los llama el proyecto de ley, de mutuo acuerdo con las comunidades autónomas, de tal manera que sus contenidos
educativos puedan ser establecidos en parte por éstas, que se tenga en cuenta el entorno socioeconómico y que la FP pueda estar perfectamente adecuada a los espacios donde se imparte. También quiero decir que sería fundamental, y por eso lo
defendemos en una enmienda, que se transfiera la enseñanza continua a las comunidades autónomas, que ya tienen la ocupacional.
Por último, está el problema de la democracia. Pensamos que no se debe violar el criterio de que los directores de los centros integrados sean escogidos por el Consello Escolar, en la línea de la LOPEG. La ley que presenta el Partido
Popular representa una involución en este aspecto, que no es de recibo ni de nuestro agrado. También pensamos que la ley debía remover los obstáculos a la educación con un verdadero sistema de becas y ayudas a gestionar por las distintas
comunidades autónomas.
Estos son los motivos que nos llevan con total realismo, y de una manera muy limitada pero perfectamente constitucional, a oponernos al proyecto de ley de formación profesional que hoy sigue defendiendo el Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Quería manifestar lo que ya dijimos en el debate en la Comisión de Educación sobre esta reforma de la FP de que nuestro grupo ve la necesidad y la urgencia de reformar la actual formación profesional.
Entre las razones destacamos la
necesidad de adecuación de los recursos humanos a los nuevos cambios que se están produciendo en la sociedad. La innovación tecnológica
de la información y de la comunicación hacen que el contenido en sí del trabajo se esté modificando y, en definitiva, han producido cambios en los nuevos perfiles de la gran mayoría de los puestos de trabajo. Esto hace obligatorio una
adecuación de los sistemas educativos, y concretamente en la formación profesional, para dar respuesta a una mejor preparación de los recursos humanos y sus posibilidades de competitividad e inserción en el mercado laboral.
En Canarias, donde el sector servicios ocupa una parcela predominante en la economía y en el mercado laboral, esto no es sólo entendido sino que además es demandado. El sector servicios aglutina un conjunto de actividades diversas y
heterogéneas, en el que surgen constantemente nuevas oportunidades de empleo que exigen cada vez un mayor nivel de competencia técnica y profesional, apostando, como se está haciendo actualmente en Canarias, por una oferta de una mayor calidad.
Flaco favor haríamos para la empleabilidad de nuestra población si no apostamos por articular una formación que ponga en igualdad de condiciones a la población canaria a la hora de competir con población foránea por los puestos de trabajo que se
generan en el archipiélago y fuera de él. Lo que es evidente es que el proceso actual de globalización conlleva que la internacionalización de las empresas busquen los trabajadores más cualificados donde quiera que se encuentren. Ahora bien, hay
que tener en cuenta que la evaluación de las reformas que se introduzcan en el sistema y su calidad no sólo deben tener en cuenta criterios o indicadores de eficiencia o eficacia de sus objetivos en sí mismos, por importantes que sean. La
evaluación definitiva de la calidad y las reformas que se vayan introduciendo vendrá dada, en última instancia, por indicadores de efectividad, es decir, la capacidad de impactar en la realidad en la sociedad, de introducir los cambios positivos que
ésta espera del sistema, no en el papel de la ley ni en el plan teórico de los discursos, sino en la práctica.
En el caso de la formación profesional entendemos que se expresará en los índices de inserción profesional que se consiga, en la capacidad de dar respuesta a las expectativas laborales, tanto del estudiante como del que ya está inserto en el
mundo laboral. Esto ha de ocurrir tanto si se vive en Madrid, Cataluña, Andalucía o Canarias. Pero para que esto sea así, la ley, sin perder el carácter de validez y de homologación de un sistema de reconocimiento de titulaciones y
cualificaciones, ha de dotarse de elementos de flexibilidad que permitan a los diferentes y distintos territorios del Estado español cumplir con sus objetivos. Este es el sentido de alguna de nuestras enmiendas al artículo 2, apartado 3, que habla
de los principios básicos del sistema nacional de cualificación y formación profesional, una de las cuales se ha introducido en el texto, que hacía referencia a que uno de los principios fuera la participación y cooperación de las diferentes
administraciones públicas en función de sus respectivas competencias.
Voy a comentar las enmiendas que no están incorporadas en el texto. La enmienda número 191 recoge que uno de los principios sea el de la promoción del desarrollo económico y adecuación a las diferentes necesidades de los sistemas
productivos territoriales. Creemos que si las principales estrategias perseguidas en esta ley son las de coordinar las políticas de formación con las políticas activas de empleo, y si lo que se pretende es acortar distancias entre las tasas de
desempleo de los diferentes territorios e inclusive favorecer la libre circulación de trabajadores, sólo se podrá hacer asimilando las diferencias territoriales que separan actualmente y que producen las desigualdades en el mercado laboral.
La enmienda número 189, en la línea de la anterior, expone que se incluya que el sistema nacional de formación integra el conjunto de sistemas existentes en las comunidades autónomas. Pensamos que no se parte de la nada. Se trata de
organizar algo ya preexistente y de reformarlo con unos nuevos conceptos de integración. Por eso entendemos -y ponemos el ejemplo del sistema nacional de salud, que está constituido por los subsistemas de los sistemas de cada comunidad autónoma-
que es importante reflexionar sobre esta enmienda.
La enmienda número 192, que intenta que se incluya como uno de los principios que la formación profesional sea un elemento de cohesión social, con atención a los grupos con mayores dificultades de integración y a los afectados de mayores
tasas de desempleo como, por ejemplo, es el caso de la población femenina. Desde distintos foros europeos se explica que la formación profesional puede y debe contribuir en gran medida a la lucha contra el desempleo y la exclusión social.
La enmienda número 195, al artículo 7, apartado 2, trata de la elaboración del catálogo nacional de cualificaciones. Actualmente, y tal como está planteado, es el Gobierno del Estado el que determinará y ordenará los diferentes niveles, el
catálogo, etcétera. Nosotros pensamos que sea el Gobierno con la participación de las comunidades autónomas. No se trata de invalidar el papel del Consejo General de Formación Profesional. Se trata de introducir los necesarios mecanismos -y lo
decimos así en la enmienda-, no que se regule cómo van a participar las comunidades autónomas, pero que se considere la necesidad de regular la participación de las mismas en este punto, porque es un elemento imprescindible, a nuestro modo de ver,
para garantizar los objetivos y fines de la ley. No se puede suplir el ámbito de los foros sectoriales de ambos ministerios por el ámbito, que es necesario también, de participación a través del Consejo General de Formación Profesional.
La enmienda número 197 hace referencia al artículo 10, sobre la oferta de la FP, donde nosotros decimos
que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen la oferta de formación profesional para su ámbito territorial a través del correspondiente catálogo autonómico de cualificaciones profesionales.
Pensamos que se tiene que plasmar en el ámbito territorial, haciendo una oferta concreta que, además, incluya información, planificación y sectorización que, al respecto, se vaya a hacer en cada territorio.
En cuanto al artículo 11, que trata de los centros de formación profesional, me detengo porque nosotros valoramos que uno de los aspectos más positivos que tiene esta ley es el del carácter integral, integrar las tres modalidades de la FP:
la reglada, la continuada y la ocupacional. Ahora bien, en cuanto a competencias se refiere y a las que se venían ya desempeñando por cada una de las modalidades, hay que recordar que la FP inicial o reglada es competencia de la administración
educativa y, concretamente, en Canarias, de la autonómica. La FP ocupacional es competencia de la Administración laboral y su ejecución corresponde bien a la Administración general, o a la autonómica, según esté transferido o no; en Canarias lo
está. La FP continuada es un área que corresponde a la Administración laboral competente y se gestiona fundamentalmente a través de los pactos que se realizan con los agentes sociales. Con eso lo que quiero es expresar que, si bien en esta ley se
da un paso importantísimo de cohesión e integración en las modalidades de formación profesional, lo cierto -y esto era ya un mandato de la LOGSE en su momento que no se ha llegado a articular- es que de ahí a la fecha actual se han producido
cambios, y muchos de los aspectos que hoy se pretenden integrar están transferidos a las comunidades autónomas. Muchas de ellas ya llevan tiempo gestionándolo.
Insistimos en que esperamos que en lo que queda de trámite parlamentario, tanto en esta Cámara como en el Senado, se reflexione sobre lo que es obligado reflexionar, sobre la necesidad de que dotemos de flexibilidad a esta ley para que las
administraciones laborales y educativas competentes en las comunidades autónomas puedan hacer efectivos los objetivos y los fines contenidos en esta ley. Esto debe reflejarse en todos los sentidos en este artículo que hemos comentado. Por ejemplo,
nuestra enmienda número 151 al artículo 11 pretende que se diga: Reglamentariamente, el Gobierno y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias adaptarán la composición y las funciones de los centros
integrados de formación profesional a sus características específicas. En el caso, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, nuestro territorio es muy diverso y la comunidad autónoma debe participar, como es lógico, en identificar estas
diferencias territoriales para la planificación, sectorización y gestión de los centros integrados.
En la enmienda número 153 relativa al artículo 17, que habla del establecimiento y coordinación de procesos de evaluación, planteamos que las comunidades autónomas participen en el proceso de dirección y reglamentación de los órganos de
gobierno y de dirección de estos centros integrados de formación. Resaltamos en este caso que no debemos perder la visión del contenido educativo de esta actividad y que debe haber una importante participación de las comunidades autónomas porque en
última instancia este es un texto que -como tiene que ser- presenta el Ministerio de Educación y por eso no hay que perder esa visión del contenido educativo de esta actividad. Si empleo y educación están inminentemente ligados en las tareas de FP,
lo están para lo bueno y para lo malo. Con esto quiero decir que ambos deben armonizar un perfecto mecanismo de feed-back y un tándem en que se autoevalúen el uno al otro.
Así debiera ser y para que esto sea real, con independencia de que estamos
de acuerdo en que es necesario un mismo lenguaje y un sistema común de información y de indicadores en todo el Estado que hagan que la información esté estandarizada y sea comparable, lo cierto -es fácil de entender- es que las comunidades autónomas
también necesitan desarrollar estas herramientas de autoevaluación para poder evaluar sus propios objetivos específicos en esta materia en función de las necesidades de cada territorio. Insisto en que debe dotarse de flexibilidad a la ley en este
sentido, lo que no entra en contradicción con los fines en sí mismos de la ley, más aun cuando además de reconocer la situación que ya existe -esto se hace- enriquecería a la ley y encauzaría de mejor forma lo que, sin duda alguna, por
responsabilidad van a tener que seguir implementando y poniendo en marcha las comunidades autónomas. Sinceramente es una pena que este tipo de reflexiones no se haya podido realizar con la debida serenidad por lo acelerado del trámite parlamentario
de esta ley, en concreto las sesiones de debate.
Planteamos una adición a la disposición adicional primera con el objetivo de dar respuesta a una reivindicación del propio profesorado de formación profesional que nos parece justa como es facilitarles el tránsito entre los subsistemas. Por
último, planteamos la supresión del apartado 2 de la disposición final primera, porque el desarrollo de esta ley, y la regulación que con posterioridad habrá de producirse, no puede ser competencia exclusiva del Estado. Esta es la línea argumental
que he venido desarrollando y las comunidades autónomas deben tener un papel activo muy importante en el desarrollo reglamentario.
Señora presidenta, anunciamos nuestro voto afirmativo de este proyecto de ley porque es necesario que se produzca una reforma de la formación profesional en este país de manera urgente, y solicitamos que en el debate de hoy se incorporen
alguna de las enmiendas planteadas por Coalición Canarias que mejoran el texto respecto a la participación de las comunidades autónomas,
dejando constancia de las discrepancias que he manifestado a lo largo de mi intervención. Esperamos que en el trámite parlamentario del Senado sean valoradas y discutidas con mayor profundidad. También quisiera dejar constancia en el
ámbito del desarrollo reglamentario que se efectúe con posterioridad respecto a esta ley, y que como ustedes saben no conlleva el paso de un control parlamentario, de nuestra preocupación de que se sea exquisitamente escrupuloso con las competencias
autonómicas que ya están transferidas y que se consulte y se dé participación previamente a las mismas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a defender las enmiendas 41 a 54 presentadas a este proyecto de ley, que son las mismas que en su día presentó articuladas en un proyecto alternativo al que presentaba el Gobierno en esta Cámara. Comenzaré
reconociendo que, aunque en los trámites previos a la presentación de este proyecto de ley en la Cámara los debates no habían sido posibles ni razonables en sus propios planteamientos -ni siquiera se pudo debatir este tema en el debate de totalidad,
porque nos encontramos ante un sumatorio de monólogos en esta Cámara-, el trámite en Comisión ha permitido la defensa de las distintas posiciones, los contrastes de criterios en relación con estos temas y la posibilidad de manifestar cuáles son las
posiciones que los distintos grupos parlamentarios mantienen en relación con este proyecto de ley de las cualificaciones profesionales y de la formación profesional. Nosotros seguimos manteniendo las mismas posiciones, a pesar de haber hecho el
esfuerzo de oír y de intentar asimilar las posturas que el Grupo Parlamentario Popular, en solitario, nos ha manifestado en el trámite en Comisión. Desde nuestra perspectiva, el Gobierno y el Grupo Popular están empeñados en sostener un proyecto de
ley que se basa en un acuerdo entre la patronal española y determinados sindicatos que tienen sus propias mayorías en ámbitos concretos y que, según los distintos fondos que las organizaciones empresariales y sindicales reciben para la financiación
de la formación profesional, entienden que es necesario anteponer ese criterio a cualquier otro. Aquí está la principal discrepancia que manifiesta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre los contenidos que están reflejados en este proyecto de
ley. Anteponer el criterio de financiación de las organizaciones empresariales y de determinadas organizaciones sindicales es un craso error. El Ministerio de Trabajo ha pactado este proyecto de ley con estas organizaciones sociales, y a partir de
ahí los criterios del mundo educativo han decaído y no están presentes en el proyecto de ley.
Tenemos una convicción y es que la propia realidad educativa y del mundo de la formación profesional va a anular, neutralizar, guardar en el baúl de los recuerdos -díganlo SS.SS. como quieran- los contenidos de este proyecto de ley. La
realidad al final se impone, por mucho que las organizaciones sindicales, empresariales o determinados grupos pretendan anteponer unos criterios frente a otros. La realidad de una formación profesional que goza cada vez más de un mayor prestigio,
que en determinadas comunidades autónomas funciona con criterios de calidad y excelencia, va a relegar los criterios y fundamentos que se recogen en este proyecto de ley, que es en realidad el primero que con rango de ley conoce el Estado español, y
que va a quedar lamentablemente en el baúl de los recuerdos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Nosotros hemos presentado una alternativa que responde a un modelo de excelencia y de calidad que en al ámbito
vasco funciona con prestigio, está muy interrelacionado con el mundo laboral, tiene sus propias vías de financiación y, en definitiva, recoge las pretensiones tanto del mundo educativo como del mundo laboral. El Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular han antepuesto los criterios del mundo laboral y las competencias del Ministerio de Trabajo a la defensa que del mundo educativo debía haber realizado. El Ministerio de Educación, en definitiva, ha sido un invitado de piedra que asiste como
notario a los debates: ni participa en ellos ni da opinión ni es capaz de sostener aquellos criterios que desde su propio ministerio debía poner encima de la mesa. Una vez más insiste en este planteamiento cuando estamos avanzando en esta reforma
educativa que empezó desde el tejado, empezó por las universidades; se pasa ahora a la formación profesional y desconocemos... (La señora ministra de Educación, Cultura y Deporte pronuncia palabras que no se perciben.) Claro que se lo repito,
señora ministra, es que es realmente imposible debatir con usted. Tras debatir dos proyectos de ley en esta Cámara ningún grupo parlamentario ha conseguido debatir con usted; usted es una muda, es una notaria, no intenta ser elegante; es en el
Gobierno notaria de lo que otros miembros de su gabinete realizan.
Tras dos proyectos de ley y con distintas intervenciones es realmente imposible debatir con usted porque usted se niega sistemáticamente al debate. Lo hemos podido hacer con otros compañeros -lo reconoció el señor Azpiroz- y portavoces del
Grupo Parlamentario Popular en los trámites en Comisión que, aun desde posiciones radicalmente distintas y divergentes, se puede debatir democráticamente, manteniendo posiciones. No pasa nada, señora ministra; el franquismo ya
pasó. No pasa absolutamente nada por debatir razonablemente y mantener las propias posiciones. Usted insiste erre que erre en mantener sus posiciones y a usted nadie se le sube a la parra. ¡Qué le vamos a hacer! Esta tribuna, señora
presidenta es precisamente para debatir y para sostener posiciones. Nosotros lamentamos esta postura del Ministerio de Educación que se empeña en que los proyectos de ley pasen como un paseo militar por esta Cámara y en que el título que era a) y
b) sea ahora b) y a) y con esto se diga que se mantienen enmiendas, pero seguimos en las mismas. ¿Se puede discutir, señora ministra, de cómo se financia la formación profesional? ¿Se puede sostener en esta Cámara que hay un modelo francés?
Ustedes que dicen que cumplen las directivas europeas.
Ayer oyéndola por la televisión en la Comisión de la Unión Europea, uno se pregunta ¿pero está señora dormirá tranquila?¿Dormirá tranquila diciendo las cosas que dice? Usted dice: Yo copio
el sistema europeo y sigo las directivas europeas. ¿Y la financiación de la FP, señora ministra? ¿Qué dicen las directivas de la financiación de la FP? ¿Cree usted que puede mantener un modelo retrógrado de los años cincuenta, los empresarios
cobrando nóminas...? ¿Pero esto qué es? Estamos en el siglo XXI. ¿Se puede decir que las vías de financiación de la FP -las que tienen vías presupuestarias-, aquellas que vienen a través de fondos europeos, aquellas que se basan en las nóminas,
tuviesen una fuente, tuviesen control parlamentario, supiéramos de lo que estamos hablando? ¿Sería razonable? No, para usted no: La financiación corre a cuenta de las comunidades autónomas. No es así, y usted lo dice con toda la tranquilidad del
mundo; es capaz de sostener cualquier cosa y quedar impasible, impasible el ademán, como decía el clásico. (Rumores.) No es así. Es posible debatir si la financiación tiene que seguir un modelo retrógrado, de la época franquista, cuando
determinados colectivos consiguieron meter en nóminas la financiación de lo que eran las escuelas de aprendices, o decir: bueno, vamos a poner criterios de transparencia, vamos a llevar esto al debate parlamentario, a presupuestos, a unificar las
vías de financiación; hay un modelo francés, hay un modelo en otros Estados de la Unión Europea, se puede debatir sobre esto. Nosotros hemos hecho una propuesta concreta. Es verdad que somos los únicos que lo hemos hecho, pero se puede debatir
sobre esto. Usted mira para otro lado. No aguanta ni la mirada, señora ministra. (Rumores.) Hace gestos pero no aguanta ni la mirada. Hay que mirar al orador que interviene en la tribuna. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se
perciben.) Claro, eso es democracia. También debatir. La democracia no es sólo obtener mayoría absoluta, no lo es; eso también, eso legitima las posiciones, pero democracia es tener determinados valores, ser capaces de discutir, ser capaces de
rebatir, y eso es lo que no se hace en el Pleno de esta Cámara, señorías.
Como digo, hemos hecho un planteamiento financiero alternativo que nos hubiese gustado poder discutir; no se puede debatir. Hemos planteado cuestiones académicas sobre la forma de elección de los directores de centro, sobre cómo se
organiza la evaluación en estas materias, sobre la reversibilidad y sobre la comunicabilidad de los itinerarios de la FP; en trámite de Comisión se nos remite a la Ley de Calidad. Por eso insistimos en que se está haciendo la reforma educativa
desde el tejado.Eestamos ahora en la estación intermedia, en lo que se llamaban grados medios, y no sabemos de dónde partimos ni de dónde vamos a recibir toda esa información, estos alumnos y los expedientes. Razonablemente habrá que hablar de
estas cosas en la Ley de Calidad, pero ¿van ustedes a reformar estas leyes porque no responden a lo que en aquel momento se vaya a hacer? ¿No hubiese sido más razonable poner los bueyes delante de las carretas que las carretas delante de los
bueyes? Nos parece que sí, pero tampoco aquí el método ayuda a hablar de las cosas. No podemos hablar de todo eso porque todo va en la Ley de Calidad. Uno de los problemas de la FP revierte y se centra en la reversibilidad de los itinerarios y en
la comunicabilidad entre ellos. ¿Es posible saber cuál es la postura del Gobierno en relación con estos temas? Además de esa remisión a la Ley de Calidad nos gustaría saber como van a quedar los grados referentes a la formación profesional en
estas materias.
En último lugar, señora presidenta, hay un conjunto de enmiendas que hacen referencia a los ámbitos competenciales de este proyecto de ley que han sido suficientemente expuestas por la portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco coinciden básicamente con la presentación que ha realizado la señora Julios en relación con estos temas. No entendemos cómo el Gobierno es capaz de centrar su óptica y focalizar el debate desde el Estado,
desde la centralidad, y no ser capaz de observar los sistemas y subsistemas de formación profesional que están vigentes en el Estado y que están funcionando, algunos mejor, otros peor. Cómo, teniendo un sistema de formación profesional como el
vasco, que en análisis y auditorías académicas que se han realizado tanto desde Europa como desde su propio ministerio por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, y que en todos y cada uno de los parámetros objeto de análisis queda como el
mejor, el de más excelencia, el que mejor resultados académicos tiene, el que está más imbricado en el mundo laboral; cómo es posible que teniendo un modelo así no se quieran observar esos temas. Discrepamos radicalmente del planteamiento
competencial en el que está basado este proyecto de ley. Lo ha explicado la señora Julios y en Comisión se extendió el señor Guardans en estos temas. No se trata de ser reiterativo, se trata de exponer las posturas. Estos argumentos y estas
enmiendas responden a un modelo alternativo que plantea el Grupo
Parlamentario Vasco, por eso presentamos un texto alternativo en el inicio del debate. Participamos del criterio de que es difícil imbricar las posiciones que se mantienen aquí con las que mantiene el Gobierno pero, cuando menos, señora
ministra, lo que sí le agradecería es poder debatir, poder rebatir y poder entender los posicionamientos de unos y otros. Ese es el debate democrático y no otro.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señora ministra, señorías, en primer lugar, desde mi grupo parlamentario, quiero agradecer a la señora ministra que el Gobierno -perdón, mejor sería decir el partido que soporta al Gobierno- haya
arrasado todas las iniciativas y todas las propuestas que los grupos políticos de la oposición hemos presentado para intentar mejorar su proyecto de ley de formación profesional. De verdad, le doy las gracias. Pueden ustedes mirar a donde les dé
la real de sus ganas porque tampoco se va a perder una gran cosa del otro mundo; no obstante, como decía, le doy las gracias porque ustedes están enseñando su verdadera cara a la sociedad ya que de consenso, nada; de diálogo, nada de nada; de
ambigüedad y abstracción con relación a este tema, todo; y, por último, de centralismo político y de frenar avances -qué decir-: una jartá, como también dice el clásico.
Introducción aparte, señorías, sí me gustaría destacar algunas cuestiones antes de abordar el debate en sí. Señora ministra, hoy no debe usted irse de este debate sin que nadie le diga -permítame recordárselo- que desde el año 1996 su
Gobierno no ha hecho absolutamente nada por la formación profesional en este país. Si no, ¿por qué desde 1998, fecha de la firma del segundo plan nacional, no ha desarrollado la norma básica reguladora del Sistema Nacional de Formación Profesional
y Cualificaciones, entre otras cosas? ¿Se debe a algo, señora ministra? Desde luego, lo que se ha visto a las claras es que ustedes, cuando tienen mayoría relativa -como sucedía en la anterior legislatura- corren como nadie para cerrar acuerdos
sociales con tal de hacerse la foto, pero cuando tienen mayoría absoluta -como en ésta- igual les da no cumplirlo. Nos preguntamos: ¿No estábamos hablando, señora ministra, de descentralizar competencias, no ya a las comunidades autónomas sino
también a las propias corporaciones locales? La verdad, señora ministra, es que nos tiene bastante confundidos.
Señora ministra, mi grupo sigue insistiendo en que no han desarrollado el sistema nacional de cualificaciones, no han desarrollado un sistema integrado de información y orientación profesional, no han actualizado los títulos de FP, no han
revisado todo el plan de financiación. Si estas cuestiones están recogidas en un plan firmado en su día con Comisiones Obreras y UGT ¿por qué no lo cumplen? Sencillamente porque ustedes no están interesados en cumplir acuerdos con la izquierda
social en este país. ¿Por qué, en cambio, sí cumplen con la concertación en todos sus niveles de la educación en este país, con la FER en especial? ¿Acaso le deben algo a la Iglesia católica? ¿Por qué no invierte su Gobierno y los gobiernos
autonómicos de su partido en mejorar el sistema público de educación y de formación? La respuesta a la vista de los hechos, es obvia pero vayamos al texto.
Su compañera, secretaria general de Educación y Formación Profesional, afirmó que el texto es susceptible de mejora y confiaba en que durante la tramitación parlamentaria se suscitasen cuestiones que contribuyesen a la máxima adecuación del
texto legal a los fines que se pretenden, que no son otros que la configuración de un sistema integrado de FP acorde con el resto de los países más avanzados, etcétera. Pues estamos aquí en un nuevo paréntesis. En marzo de 1998 se firmó este mismo
objetivo, el mismo que en abril de 2002; cuatro años después, señora ministra, seguimos igual. Alguien puede pensar que se están cachondeando de nosotros, pero ustedes son personas muy educadas y jamás se cachondearían de nadie. Por tanto, tengo
que pensar sencillamente que ustedes han puesto de manifiesto dos hechos: uno, que incumplen de mala manera y, dos, una tremenda ineficacia.
La oposición, y nuestro grupo parlamentario dentro de ella, ha contribuido con propuestas y alternativas a mejorar el texto y garantizar la coordinación y corresponsabilidad entre administraciones y agentes sociales, así como con medidas
serias de financiación, pero ustedes lo han tirado todo abajo. ¿Para qué nos decía su compañera que sugiriéramos cuestiones si nos iban a pasar a todos por el rodillo parlamentario, por la piedra? Le voy a responder con dos reflexiones. Una, que
los gobiernos del Partido Popular, tanto el estatal como los autonómicos, raras veces cumplen con lo que firman, por ejemplo: segundo Plan Nacional de Formación Profesional. Sin ir más lejos, aquí, en la propia Comunidad de Madrid, en el Acuerdo
por la calidad de la educación, firmado por Gallardón en 1999, se decía que en ese mismo año se pondría en marcha en Madrid un plan regional de FP; ad calendas graecas. Dos, que los gobiernos del Partido Popular reaccionan años después de que las
necesidades se manifiesten y argumenten. Años ha que el consejo general de formación profesional señaló la conveniencia de redactar una ley que incidiera en la integración y globalidad de las diferentes modalidades de FP y ahora nos presentan este
texto con un bagaje, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, de cuatro años de parálisis, incumplimientos y engaños a la opinión pública y a los agentes sociales
con respecto a lo comprometido en el ya referido segundo Plan Nacional de Formación Profesional.
Este proyecto de ley tal como ha quedado, además de constatar algo evidente, la necesidad de dotar de rango jurídico una de las patas de la política de empleo, también constata el no compromiso del Gobierno de llevar a efecto los elementos y
objetivos en él recogidos, que no son otros que los susodichos del segundo Plan Nacional de FP; no obstante, señorías, señora ministra, también hemos hablado en positivo -ha hablado mi compañera Marisa Castro- durante la tramitación parlamentaria.
Ya les dijimos que saludábamos positivamente que ustedes situasen en el centro del proyecto de ley el concepto básico de cualificación, que mencionasen un sistema integral de formación profesional, los centros integrados, el necesario sistema
nacional de cualificación, etcétera. Nuestro grupo le ha manifestado con su texto alternativo y su bloque de enmiendas que entendía la conveniencia de desarrollar todo lo reseñado, esto es, la filosofía inherente a lo planteado, filosofía firmada
con los sindicatos de clase UGT y Comisiones Obreras, Comisiones Obreras y UGT en 1998.
También hemos dicho por activa y por pasiva que el texto era y es ambiguo; es decir, perfilaba y perfila qué hay que hacer, pero no concreta quién, cómo, ni
con qué dinero. En este aspecto, nuestro trabajo parlamentario se ha centrado en concretar lo que hay que hacer, quién debe hacerlo, cómo hay que hacerlo y con qué.
Es necesario hacer algunas consideraciones más con relación al proyecto de ley, tal como parece que va a quedar. ¿Qué tiene en contra de haber recogido de forma más extensa el papel de la negociación colectiva como instrumento que articule
los derechos en el ámbito de la formación con los derechos laborales? No lo entendemos. En cuanto a la participación, cooperación y corresponsabilidad entre las diferentes administraciones en el desarrollo del sistema, la sensación que han dejado
tras su aplastante no a las diferentes alternativas es la que presumíamos: que su Gobierno está intentando limitar y cercenar competencias de las comunidades autónomas por un lado y, por otro, deja absolutamente de lado el papel de las
corporaciones locales; ese es el papel que ustedes en su día decían que podrían jugar. ¿Acaso no saben que muchas tienen ofertas formativas propias, incluso observatorios locales de empleo? ¿Qué ha ocurrido con la financiación en el texto? Hago
mía la intervención del portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Si la secretaria general de Formación afirmó que cada día sería más difícil acometer cualquier política de empleo sin integrar en la misma un componente de formación de alta calidad,
¿no quiere decir esto que con la financiación actual no podemos acometer más acciones que las que tenemos en el presente? ¿Qué pasa con los módulos del Plan de formación ocupacional? ¿No creen que deberían revisarse para mejorar y ampliar esta
oferta formativa? ¿Qué pasaría si se retirasen los recursos dedicados ahora por los fondos sociales? ¿No tendría este texto que asegurar una financiación fija desde los Presupuestos Generales del Estado? Nuestro grupo, durante la tramitación,
definió la alternativa a un modelo de financiación. ¿Y qué pasa con definir algún tipo de incentivo, fiscal o de otro tipo, para favorecer el incremento de la inversión de la empresa en formación?
Señora ministra, la verdad es que usted y su Gobierno tienen unos olvidos importantísimos aunque se los hemos recordado desde la oposición, pero ustedes, si te vi, no me acuerdo. Se han olvidado ustedes del calendario, de los requisitos que
han de tener los centros para poder considerarse integrados. Nuestro grupo parlamentario no lo ha olvidado, se lo hemos planteado y, señora ministra, como le decía antes, si te he visto, no me acuerdo. Se han olvidado de los profesionales que
tendrán que encargarse de la formación profesional, sus requisitos, su forma de acceso, la necesaria negociación colectiva para ver las condiciones laborales, etcétera. Señoría, sorprende también su olvido. Con todas estas reflexiones queda
demostrada la coherencia del trabajo parlamentario hecho por la oposición, en particular por nuestro grupo político, pero no así por el suyo y su Gobierno, que está en entredicho por el retraso, por el incumplimiento hasta hoy y, por último, por su
ambigüedad, que ya no sé si es calculada o no.
Concluyo resumiendo lo que nuestro grupo parlamentario ha defendido. En primer lugar, instrumentos definidos para llevar a cabo el sistema nacional de formación profesional y cualificaciones que garanticen en todo momento la participación,
poder de decisión y, sobre todo, la corresponsabilidad entre las diferentes administraciones y sectores implicados, esto es, comunidades autónomas, corporaciones locales y agentes sociales. En segundo lugar, planificación de una formación
profesional que beneficiase a colectivos desfavorecidos -jóvenes fuera del sistema escolar, minorías étnicas, discapacitados, paradas y parados de larga duración, etcétera- para que puedan acceder a un puesto de trabajo a través de las acciones de
las políticas formativas. En tercer lugar, un plan de financiación que favorezca la potenciación de la formación profesional en sus diferentes modalidades, que favorezca la creación de centros por sectores productivos y que favorezca una
compensación interterritorial para que no haya lugar a una formación profesional de primera y otra de segunda entre las distintas comunidades autónomas. Además, hay un mandato constitucional muy claro al respecto.
En definitiva, y termino, hemos definido unas prioridades y un calendario para ejecutar la política de FP porque es fundamental definir esas prioridades y ese calendario. La duda que hoy seguimos teniendo es por qué ustedes y su Gobierno,
que tienen esa responsabilidad, no lo han hecho.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, ya estamos aquí de vuelta, en un viaje que el Reglamento de la Cámara marca y que de alguna manera las formas parlamentarias imponen, pero que, en términos democráticos y en términos de contenido, desgraciadamente
ha sido absolutamente estéril e inútil.
Hace unas semanas tuvimos aquí un debate de totalidad sobre esta ley en el cual todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, dijimos al Gobierno que esa ley no era buena, que se
la llevara por el mismo camino por el que la había traído y que trajera otra, y le proponíamos por dónde tenía que ir la que tenía que traer. Eso fue la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por cada uno de nosotros. El
Gobierno, haciendo uso legítimo de su mayoría absoluta, despreció -y subrayo la expresión, despreció- la opinión de todos los demás representantes del arco parlamentario, se empeñó en mantener su texto, y no sólo eso, sino que decidió que cualquier
tipo de aportación que no fuera propia a ese texto no merecía ser tenida en cuenta. Más allá de la gran retórica parlamentaria, de dar la vida a este parlamento y de otro tipo de cosas que venimos oyendo desde hace tiempo sin que se corresponda con
la realidad, nos encontramos con que hubo una reunión de ponencia en la cual se incorporaron -no podía ser menos- las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular (será que les había quedado alguna cosa en el tintero al redactar el proyecto de ley),
dos detalles técnicos que cambiaban dos artículos de número y una enmienda que hacía referencia a la Unión Europea. Nada más. El texto fue a Comisión y tres cuartos de lo mismo, pasó virginalmente por la Comisión, se despreciaron una por una todas
las enmiendas de los demás grupos, y aquí estamos hoy, de nuevo cada uno de nosotros poniendo sobre la mesa nuestras enmiendas, que en el fondo coinciden prácticamente en su literalidad con el contenido de ese texto de enmienda a la totalidad, de
ese texto alternativo que en su momento habíamos planteado. Es decir, que hoy terminamos un círculo, desgraciado círculo, que deja sin contenido este debate y que permitirá que hoy, con sus exclusivos votos, porque no tendrá los nuestros, ni
probablemente tenga los de ningún otro grupo, con sus exclusivos votos, democráticos, pero sólo los suyos, se apruebe un texto que saldrá de aquí directamente hacia el Senado, imagino que con la misma suerte, y del Senado directamente a la mesa del
Tribunal Constitucional. Ése es el ciclo. Ustedes han optado por eso: Congreso, Senado y Tribunal Constitucional, por este orden. En el Tribunal Constitucional, afortunadamente -estamos muy convencidos algunos-, les pondrán a ustedes en su sitio
y les recordarán que la mayoría absoluta tiene sus límites, y los límites de la mayoría absoluta están, para suerte de todos, para suerte de la democracia y para suerte de las instituciones, en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en lo
que se viene en llamar el bloque de constitucionalidad; bloque que esta ley hoy rompe. No sólo es una mala ley, sino que es una ley inconstitucional, en su contenido y en buena parte de su articulado.
Me corresponde explicar, se supone -aunque, como ya digo, con muy poca esperanza, pero voy a intentar mantener la liturgia de este momento-, las enmiendas de mi grupo, que son todas, y es lo que voy a intentar hacer.
Las enmiendas vivas,
señorías, por si alguien no lo ha entendido bien, son todas las enmiendas de CIU. Hoy están vivas todas y, por tanto, voy a reiterar todas las enmiendas, que es lo mismo que decir todas las objeciones que tiene mi grupo contra este texto, que son
las mismas que teníamos hace meses, desde el mismo momento que tuvimos conocimiento de este texto.
Evidentemente, presentamos distintas enmiendas al planteamiento general de la ley, enmiendas concretas que vayan traduciendo esa objeción en manifestaciones a lo largo del texto. Nos oponemos a que esta ley tenga esa sensación de
intromisión y pierda ese carácter que debe tener de básico, de simple ley básica, una ley que fija un marco para luego ser desarrollado por las comunidades autónomas. Aquí ha hablado la portavoz de Coalición Canaria del juego de sistemas y
subsistemas, de la comparación con el Sistema Nacional de Salud. Hay muchos modelos, cualquiera menos éste, que pretende imponer un modelo uniforme, todo por ley orgánica, decidido por el Ministerio, aprobado por esta Cámara con su mayoría absoluta
y que se impone, de manera absolutamente común y uniforme, al conjunto de España como si no existieran comunidades autónomas, salvando, eso sí, a efectos de forma, supongo, referencias que van añadiendo en la ley a las administraciones competentes,
sin que quede claro quién es quien ni quién tiene cada papel.
Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es exactamente el contrario.
Nuestro modelo es que se fije un marco básico aquí, y ese marco sea desarrollado en función de las competencias autonómicas y de las necesidades autonómicas en cada una
de las comunidades autónomas -ahora entro un poco más en detalle, intentando ceñirme al tiempo- y mencionando, y eso es otra enmienda concreta que ustedes han ignorado, a las administraciones locales, cosa sorprendente. Tienen ustedes más
ayuntamientos que nosotros y algunos bastante más importantes que los que podemos tener en sintonía con Convergència y Unió y, sin embargo, los han despreciado olímpicamente. Yo no sé si a las administraciones locales del Partido Popular les
preocupa la
formación profesional; sé que a las administraciones locales que dirige Convergència i Unió sí les preocupa la formación profesional, tienen actividades concretas de formación profesional. Ustedes aquí las desprecian, las ignoran, ni las
mencionan, ni las tienen en cuenta para nada, ni como dato de la realidad actual, porque esta ley no trabaja sobre la nada, trabaja sobre una realidad en España, ni como dato de lo que va a ocurrir a partir de ahora. Sencillamente, para ustedes los
ayuntamientos no existen; por vía de enmienda, los han introducido al final para programas específicos de discapacitados, y poco más, no como uno de los agentes que intervienen en la formación profesional, sobre todo en el ámbito de la formación
profesional continua.
Catálogo. ¿Cuál es el eje de nuestras enmiendas en cuanto al catálogo de formación profesional? De nuevo, recordar, solicitar, pedir al Gobierno, que tenga más sentido común del que tiene; que vayamos a un modelo de catálogo básico,
permanentemente actualizable y no congelado. No tiene ningún sentido congelar el catálogo de las cualificaciones. Se trata de elaborar un catálogo al que las comunidades autónomas puedan aportar especificidades; que, respetando ese marco básico,
cada comunidad autónoma, que es la que conoce la realidad económica e industrial del territorio, pueda aportar especificidades que respeten el cuerpo básico; eso, ustedes lo han despreciado. Hay que permitir -y también se han negado a ello- que
las comunidades autónomas puedan sugerir y presentar aportaciones a ese catálogo, convirtiéndolo en algo en permanente actualización. Pues no, ustedes prefieren una cosa rígida, congelada, aprobada por el ministerio, y en todo caso revisable por él
cuando graciosamente lo tenga a bien. No nos parece que eso tenga ningún sentido. Hemos dicho montones de veces que no es lo mismo la situación industrial en Euskadi que en Jaén, ni la formación pesquera en la costa mediterránea que en la gallega;
no tiene nada que ver. Tiene que ver algo, sí, lo básico, y lo básico es lo que les corresponde a ustedes fijar. Deben permitirse las especificidades concretas del territorio, lo que ustedes niegan y rechazan; deben permitirse no sólo por razón
competencial, sino por sentido común. Por la razón de tomarse en serio la formación profesional y atender a las necesidades del mercado de trabajo, debe permitirse lo que ustedes niegan y rechazan aquí. Prefieren que lo haga alguien desde un
laboratorio de la calle Alcalá, investido de toda la sabiduría y rechazando que los que están en el territorio y que reciben los input del territorio puedan realmente adaptarlo a lo que ocurre en realidad.
Ocultan ustedes a las comunidades autónomas, no las mencionan para nada, y esa es otra de las enmiendas que van apareciendo. Cuando se habla a veces, como salvaguarda, de las administraciones competentes, hay que dejar claro qué puede hacer
la comunidad autónoma. Por ejemplo, ¿quién expide los títulos? No son las administraciones competentes; los títulos, que tienen validez en todo el territorio nacional, los expiden las comunidades autónomas, y así se debe decir. Dejar abierta la
posibilidad de que los títulos puedan ser expedidos por otras administraciones va contra las competencias que los estatutos de autonomía atribuyen, yo diría que a todas las autonomías. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la
Presidencia.)
Evaluación y acreditación. Otro asunto de primerísimo orden que también irá directamente al Tribunal Constitucional. Las competencias ejecutivas en materia educativa las tienen las comunidades autónomas; el ministerio no tiene
competencias ejecutivas, y no nos cansaremos de decirlo. ¿En virtud de qué título se reserva el ministerio la evaluación y acreditación de la formación profesional? Lo decía en la Comisión y lo repito hoy: ¿De dónde viene el miedo que tienen
ustedes a las administraciones autonómicas, incluidas las suyas, pues algunas las gobiernan ustedes? ¿Por qué no es la administración autonómica la que evalúa y acredita -como su título competencial permite- a los centros de formación profesional,
que son de titularidad suya y paga ella? ¿Por qué? ¿En virtud de qué título? Es algo que no tiene ningún sentido y por lo que, en algún momento, la jurisdicción constitucional les pondrá en su sitio.
Centros. Nos oponemos frontalmente a la creación de una red de centros de referencia nacional, y por tanto la enmienda pretende su supresión.
Serían una especie de satélites extraterritoriales controlados por el ministerio, implantados en
las comunidades autónomas, pequeños centros que ustedes dirigirán y que ya veremos quien financia, porque la gracia es que dicen quién los dirigirá pero no quien los financiará -eso también es muy propio-, ustedes los implantan en las comunidades
autónomas, se supone que con algún tipo de convenio con la comunidad de que se trate, y los dirigen desde aquí; pero eso, ¿en virtud de qué, con qué título? ¿Creen ustedes que pueden legislar despreciando los títulos competenciales? No tienen
título para hacer eso; no es sólo una opción política, es que no lo pueden hacer. No se creen ustedes el sistema autonómico. Los centros integrados son de titularidad autonómica, y ustedes ignoran que ya existen. Primero, legislan sin tener en
cuenta lo que hay, como si aparecieran en un territorio virgen; sin embargo, hay centros, y los hay que funcionan perfectamente. Ustedes no los reconocen, son de titularidad autonómica, pero ustedes desprecian la realidad. A partir de ahí,
ustedes pretenden decidir en los centros integrados -que son y seguirán siendo de titularidad autonómica- quién nombra al director, cómo se gobiernan y cómo se rigen; no sólo lo ponen en la ley, sino que en la ley habilitan al Gobierno para que
reglamentariamente se decida cómo son los órganos de gobierno de esos centros que son de titularidad autonómica. Los financia la comunidad autónoma y, en cambio, el Gobierno va a estar decidiendo quién y
cómo se dirige ese centro. Es tan obvio, señorías, que a este portavoz -no sólo como portavoz, sino como jurista- le escandaliza que su mayoría absoluta pueda aprobar una ley como esta.
Hay una última enmienda que simplificaría todos estos problemas, algo tan sencillo como reconducir toda esta ley a una ley básica y ordinaria en todos estos puntos que nos preocupan. Si ustedes tienen ganas de dedicarse a decir todas estas
cosas pero, al final, en disposición adicional, lo reconducen, modifican el título en virtud del cual pretenden estar legislando y dejan claro que después las comunidades autónomas podrán legislar de forma distinta, ahí no tendríamos problema, esta
ley se convertiría en papel mojado en todas aquellas comunidades autónomas que decidan legislar, pero no, ustedes le atribuyen carácter básico, carácter orgánico y entran a galope en los parlamentos autonómicos. Lo que están haciendo hoy aquí es
entrar a caballo en cada uno de los parlamentos autonómicos, como el general Pavía, e imponer su propia voluntad. Eso es lo que están haciendo con esta ley en este ámbito. Lamentablemente, comparado con el de la ley de calidad, parece que es un
tema menos importante sobre todo para los medios de comunicación, aunque también para ustedes, por cierto. Hoy estamos cometiendo un ataque frontal a la distribución competencial, que está pasando bastante desapercibido por el ámbito en el que se
produce.
Termino. Esta ley es muy mala técnicamente porque es indefinida, absolutamente indefinida. Eso no lo digo yo, lo dijeron los propios agentes sociales y se lo dice el dictamen del Consejo Económico y Social.
Lo leí en el debate de
totalidad y hoy lo reitero sin leerlo: es muy difícil pronunciarse sobre la eficacia de esta ley porque todo lo deja absolutamente en el aire. Sin embargo, habilita al Gobierno para que sea quien, con carácter básico, lo pueda desarrollar, es un
cheque en blanco al Gobierno para que desarrolle esta ley como estime oportuno. Es una ley tremendamente rígida, por lo que no viene a resolver las necesidades de la formación profesional en España, que congela el catálogo de formación profesional,
que impedirá la adaptación de la formación a los trabajadores y a los potenciales trabajadores y crea un marco jurídico absolutamente estéril; estéril es aquello que no da frutos, señorías, y esto hoy es estrictamente estéril. Es una oportunidad
perdida que tendrá un recorrido muy corto.
Por si a alguien no le hubiera quedado claro, termino diciendo que votaremos en contra del texto. Respecto de las enmiendas de los demás grupos, en Comisión mi grupo fue distinguiendo entre las que nos parecían más oportunas porque
coincidían con nuestro planteamiento -no sólo en el ámbito competencial, sino de fondo-, los casos en que teníamos una discrepancia de modelo con las propuestas de los demás grupos y los casos en los que, por distintos argumentos, nos absteníamos.
Hoy, el sentido de nuestro voto va a ser ligeramente distinto porque entendemos que estamos ante una escenificación que supone dejar claro que esta ley es suya y sólo suya. Por tanto, mi grupo se abstendrá -mezclando los síes con los noes sale una
abstención- en la votación del conjunto de todas las enmiendas de todos los grupos y, a partir de ahí, votará en contra del texto propuesto por la Comisión.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora ministra, cada proyecto de ley que usted trae a esta Cámara hace que el Gobierno y el Partido Popular se queden un poco más sólos. Tenemos que decirle que el proyecto de ley de la formación profesional ha
sido durísimamente criticado por los expertos.
Ocho comunidades autónomas le han transmitido con firmeza su oposición al mismo. Además, en el trámite de ponencia y Comisión, el Grupo Parlamentario Popular se quedó solo, absolutamente solo. La
sensatez habría aconsejado al Gobierno retirar este proyecto de ley; por el contrario, el Grupo Parlamentario Popular se ha empecinado en continuar, en sostenella y no enmendalla. Al Grupo Parlamentario Socialista no se le han admitido enmiendas,
ninguna, y hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar un proyecto que, desde nuestro punto de vista, es inservible, por lo que tengo que decir que nosotros reiteramos aquí todas nuestras enmiendas. Lo que se ha aceptado es pura y simplemente el
cambio en el título de la ley, una cuestión referida a los ayuntamientos -bienvenida sea- y una referencia a la Unión Europea. En un plató de televisión se nos ha anunciado que probablemente hoy se nos admita otra cuestión referida al profesorado.
No es suficiente, no es suficiente para hacer válido un proyecto de ley inservible, señora ministra, que es un artificio centralista, que es cicatero y además estigmatiza a la formación profesional.
Lo más grave que se puede decir de una ley es que es inservible, que no puede resolver aquellos asuntos para los que ha sido pensada. Es inservible porque no va a impulsar la formación profesional, porque ustedes no han definido quién lo
tiene que hacer, ni de qué manera, ni con qué instrumentos, porque, además, este proyecto de ley no resuelve la integración de los tres subsistemas, de la formación profesional reglada, de la ocupacional y de la continua. Es inservible porque no
define de una manera correcta y adecuada las cualificaciones; no lo hace porque ustedes van con una óptica miope, porque pretende la uniformización y no hace que las cualificaciones sirvan precisamente para aquello que deben servir, para la
acreditación de los trabajadores, para la movilidad en el marco de España y de la Unión Europea. Con este proyecto de ley, señora ministra,
ustedes no van a conseguir, ni muchísimo menos, calidad y prestigio para el sistema de formación profesional, bien al contrario. Le pedimos firmemente una reflexión sobre lo que piensan hacer con la formación profesional. No puede haber
calidad, ni prestigio, ni dignificación social de la formación profesional, cuando ustedes sacan la tecnología del curriculo básico de la educación obligatoria en España. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que ustedes hagan un sistema de
segregación de los estudiantes para identificar aquellos que no pueden promocionar, a los que fracasan, y derivarlos a un itinerario técnico profesional? Al estudiante que no obtiene su título de educación secundaria se le deriva a la formación
profesional, el que suspende la reválida va a la formación profesional; hay un itinerario noble, de prestigio, académico, elitista, y hay otro pobre, el que ustedes definen como el itinerario técnico profesional y hay otro, hay un itinerario
caritativo, el de los quince años, aquel itinerario del aprendizaje profesional. Señora ministra, esto es letal para la formación profesional.
¿Cuál es la razón para provocar tanta irritación en las comunidades autónomas? Porque usted es irrespetuosa con las competencias que en exclusiva corresponde a las comunidades en materia de educación, de trabajo. Haga una reflexión sobre
la red de los centros de referencia nacional, haga una reflexión sobre su afán centralizador y uniformizador en la definición del catálogo de las cualificaciones profesionales; eso no es lo que se está haciendo en el marco europeo, eso la aleja a
usted de la cohesión, la aleja de la modernidad.
¿Cómo es posible apostar por la calidad en la formación profesional cuando no está previsto ni un solo euro para financiar este proyecto de ley? Es, de verdad, pobre y cicatero porque no hay un solo euro para financiar un proyecto
indispensable para la modernización de este país. Nosotros creemos que con el planteamiento en este proyecto de ley de las cualificaciones y de la formación profesional, ustedes están pensando en la educación, en el sistema productivo y en la
economía de la España de 1950, y no están pensando en la España del Siglo XXI, en la España de la sociedad del conocimiento.
Nosotros estamos persuadidos de que es posible hacer una ley distinta de las cualificaciones y de la formación profesional. Frente a ese proyecto inservible, ese artificio centralista, ese modelo caduco, obsoleto y fracasado que nos
recuerda más a la Ley general de 1970 que a la modernidad, y que, además, es inservible por la falta de financiación, nosotros tenemos otro modelo, porque creemos que se puede hacer una ley eficiente de las cualificaciones y de la formación
profesional, que se puede hacer un proyecto políticamente relevante, descentralizado, coordinado y participativo. Creemos que este proyecto tiene que ser eficiente, tiene que responder a los retos de nuestro sistema productivo, a los retos del
empleo, así como a la formación.
En la cumbre de Lisboa, se estableció claramente que la formación es indispensable para avanzar en el empleo. En la cumbre de Lisboa, formación y empleo eran pilares indispensables de cohesión social, y nosotros queremos recordar que en la
cumbre de Barcelona se acordó reforzar el pilar de Lisboa, que quiere hacer de la educación y de la formación, del aprendizaje permanente, una de las señas de identidad de las sociedades europeas; unas sociedades cohesionadas, unas sociedades que
tienen la voluntad de incorporarse a la sociedad del conocimiento con un liderazgo mundial.
Señora ministra, para lograr esa eficiencia es necesario un esfuerzo de país, un esfuerzo de país que haga de la formación profesional una opción estratégica, porque nos estamos jugando un aspecto que es básico, el empleo. La empleabilidad
en España no es precisamente un adjetivo, es sustantivo, porque somos el país de la Unión que está a la cabeza en los niveles de desempleo, un desempleo estructural que está vinculado a la falta de formación. Además, la estructura del mercado de
trabajo en España no facilita la movilidad de los trabajadores, y también es imprescindible la movilidad en el marco de la Unión Europea.
Empleabilidad y movilidad tienen que ser objetivos para los que esta ley ha de ser instrumento eficiente.
Las sociedades modernas, la española y otras europeas, saben que en un mundo globalizado la competitividad, la competencia, va a venir dada, sobre todo, por los niveles de cualificación de sus trabajadores, porque la productividad de
nuestras economías es también garantía de bienestar social. Por eso nosotros, además de un proyecto de ley eficiente, queremos un proyecto políticamente relevante. Creemos que es necesario reforzar el papel de la formación profesional y el sistema
de las cualificaciones en el marco de una agencia nacional que dirija e impulse el sistema de las cualificaciones y de la formación profesional. Pero además creemos que para que sea políticamente relevante, ha de ser cooperativo con quien tiene las
competencias, cooperativo entre el Gobierno central de España y el de las comunidades autónomas. Por eso le decimos que tiene que ser descentralizado. Nuestro país es políticamente descentralizado, pero además es diverso en sus nacionalidades y
regiones, es diverso en su estructura económica, en su red industrial, diverso en las entidades locales, sean ayuntamientos o mancomunidades, y diverso en su tejido productivo. En nuestro país esa diversidad se manifiesta económicamente sobre todo
en la importancia que tiene la pequeña y mediana industria, que aquí no están contempladas, no se les ha mirado.
Por eso es tan importante que tengamos muy presente la diversidad de nuestro tejido industrial y empresarial. Son precisamente las
pymes las que hoy en nuestro país están creando más empleo y las que más demandan la formación y la cualificación para sus trabajadores. Pero el hecho de que el proyecto sea políticamente relevante y descentralizado también nos
exige que en la base haya cooperación. Por eso es tan importante un sistema coordinado en el que estén presentes el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y que estén muy presentes también en la integración de los tres
subsistemas los agentes sociales. No se puede definir un sistema de las cualificaciones y de la formación profesional sin poner en valor el papel que los sindicatos y los empresarios tienen en esta cuestión. Desde luego, sin ese nivel de
participación no puede entenderse de ninguna de las maneras un proyecto que mire al futuro, y un proyecto que mire al futuro significa tener conciencia plena de que no nos encontramos no en la España de 1950, que no nos encontramos en el siglo XIX,
en la revolución industrial, sino que España está hoy en el concierto de las naciones más desarrolladas del mundo y por tanto ha de hacer frente al reto de la globalización pero también al de la sociedad del conocimiento. Y a usted le recuerdan los
documentos de la Comisión Europea y los del Consejo Europeo que para ello es necesaria más inversión en conocimiento, más financiación para el sistema de formación, educación, innovación, desarrollo e investigación.
Señora ministra, nosotros le proponemos un sistema, le proponemos que al menos cumpla un objetivo que está perfectamente relacionado con el pilar básico de la estrategia de Lisboa, y es que en los próximos cuatro años se haga el esfuerzo
para que España alcance la media de inversión de la Unión Europea en el sistema de formación. Para hacer ese esfuerzo presupuestario es absolutamente imprescindible el acuerdo político básico. Por eso creemos que nuestro modelo de formación
profesional, con los ejes que he señalado, tiene un punto fuerte, y es que ha de ser debatido y acordado con los agentes sociales y con las comunidades autónomas y ha de alcanzar el máximo apoyo posible en esta Cámara. Es la forma de responder a
ese reto. Lo contrario nos conduce indefectiblemente al fracaso.
Nosotros entendemos que en un modelo en el cual se estructure un sistema de cooperación entre Gobierno central y comunidades autónomas hay que establecer también los mecanismos de financiación específicos para esos elementos de cooperación
entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas. Pero además creemos que en los Presupuestos Generales del Estado hay que hacer un esfuerzo mayor para la cooperación con los ayuntamientos, que están haciendo una
importantísima labor en cuanto a la financiación de los programas de inserción profesional.
Señora ministra, la financiación no forma parte por tanto de un discurso político que puede venir bien en un determinado momento, sino que es la parte
sustancial de lo que sus colegas están haciendo en otros países que tienen la voluntad de estar a la cabeza en la innovación, el desarrollo, la formación y la cohesión social. Si ustedes mantienen la posición que han mantenido en la Comisión, se
equivocan. Yo quiero reconocer el esfuerzo personal del portavoz del Partido Popular, señor Azpiroz, pero no ha tenido el apoyo ni del Grupo Parlamentario Popular ni del Gobierno, y esto es muy serio y muy grave. Señora ministra, usted se equivoca
(Rumores.) y debe rectificar porque esto es demasiado importante y trascendente para nuestro país. A todos nos interesa que usted no se equivoque, y por ello le pido hoy con firmeza que rectifique. Si no lo hace, señora ministra, lamentablemente
creemos que usted tiene vocación de emular al guerrillero Juan Martí, el Empecinado. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Valcarce.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, o casi buenas tardes, señora ministra, señoras y señores diputados. Nosotros vamos a hacer una valoración, como no puede ser de otra forma, en este trámite del proceso de debate que ha tenido el proyecto de ley hasta el momento
presente.
Partimos, como se ha recordado, de nueve enmiendas de totalidad y cinco textos alternativos; partimos también de algo que algún portavoz ha reconocido, y lo agradecemos porque creo que es coherente, de que cuando existen diversas
alternativas al modelo que plantea el Gobierno y que defiende el Grupo Parlamentario Popular, en lógica coherencia, no es fácil siempre admitir el espíritu de las enmiendas parciales que derivan de esos textos alternativos; sería una incongruencia.
Algún portavoz lo ha reconocido, y nosotros lo agradecemos. Pero junto a esto hay que reconocer que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular también hemos hecho un esfuerzo de aproximación a las iniciativas puntuales que otros grupos nos han
planteado y que se ha traducido en números concretos.
Algún portavoz ha subido aquí y ha dicho que no se ha aceptado ninguna y algún otro ha dicho que ha habido desprecio. Con todo respeto, no hay desprecio. ¿Qué ocurre? ¿Es que no puede haber
disentimiento? ¿Estamos obligados a aceptar lo que proponga la oposición, sea lo que sea? Más aún, ¿qué ocurriría si nosotros aceptáramos las diversas enmiendas planteadas por la oposición? ¿Qué modelo de formación profesional se derivaría de
todo esto? Se derivarían varios modelos diferentes.
Recordaba acertadamente el señor González de Txabarri que, por ejemplo, el suyo ha sido un modelo en el que apostaban por una fórmula de financiación similar a la del sistema francés y en el que
abogaban por la supresión de las cuotas de formación. Ha sido el único grupo que lo ha planteado. Ha habido otras cuatro enmiendas con texto alternativo y unas decenas de enmiendas consecuencia de esas otras cuatro enmiendas con texto alternativo.
Por tanto, ¿qué marco tendríamos si accediéramos
a la pretensión que plantean ustedes cuando dicen: escúchennos y atiéndannos? No hacerlo no significa en modo alguno desprecio a nadie.
Significa defender legítima y dignamente otra posición política, que podrá gustar más o menos. Si
gustara siempre lo que hace el Gobierno, evidentemente todos ustedes estarían aquí. Como no es así, hay diversos partidos, diversas concepciones y diversas posiciones políticas, que es justamente lo que caracteriza la pluralidad y la diversidad del
sistema democrático. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
Pese a ello, tanto en Ponencia como en Comisión ha habido incorporaciones que entiendo que tienen su importancia. Me va a permitir dar el dato de las enmiendas que han sido aceptadas y que en este mismo trámite -porque todavía no ha
concluido el trámite en el Congreso de los Diputados- también lo van a ser porque, tal y como anticipé en Comisión, hemos seguido estudiando las propuestas por si había posibilidad de incorporar al proyecto del Gobierno para mejorarlo aspectos
positivos de las mismas.
Al Grupo Parlamentario Socialista se le admitió la enmienda número 6, que tiene su importancia. Se trata de una modificación del título, como en la enmienda número 4, que determina en parte la filosofía de este proyecto.
Tienen razón y la
hemos aceptado. Es una ley que se fundamenta, como viene establecido sistemáticamente en su articulado, sobre las cualificaciones, que son las que después exigen un determinado nivel de formación. Se refiere a la cualificación como demanda real
del mercado de trabajo y como detección de los cambios que se experimentan y de las necesidades que se producen en el mismo. Nosotros la hemos aceptado porque nos parece que tiene su interés desde esta perspectiva. También vamos a aceptar ahora la
enmienda número 27 -que posteriormente leeré-, que creo que también tiene su importancia. Y hemos transaccionado con ustedes la enmienda número 19.
Al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, como le expuse a la señora Julios en Comisión, le hemos aceptado una enmienda en ponencia y ahora vamos a aceptar varias a las que posteriormente me referiré, en total seis, de las cuales van a
ser transaccionadas cuatro en el trámite y aceptadas dos.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha dicho que no le hemos aceptado ninguna, y debemos de leer mal las cosas porque, que yo sepa, ha sido aceptada la enmienda número 256 y transaccionada la número 232.
Al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se le han aceptado las enmiendas números 103 y 104 y se le ha transaccionado la 102.
Al Grupo Parlamentario Mixto se le va a aceptar en este trámite -y también hablamos de esto en Comisión- la enmienda 60, de la que hablaremos más adelante. Se ha aceptado la enmienda 215 del señor Núñez y la número 212 viene incorporada al
ser aceptada la enmienda número 200 del Grupo Popular, así como la número 174 del señor Saura cuando se aceptó la enmienda número 104 del Grupo de Izquierda Unida.
Se han incorporado, pues, 19 enmiendas más las 11 del Grupo Popular, es decir, en total 30 enmiendas, y esto en un debate en el que se dice que el Partido Popular pasa el rodillo. Se han incorporado más de un 10 por ciento de enmiendas,
cuando además todos hemos reconocido las divergentes filosofías que sustentan los puntos de vista de cada uno. He de reconocerles que he sido oposición durante muchos años y que he defendido al grupo que sustenta al Gobierno desde hace seis años,
pero he tenido muchos años de oposición y muchas de las cosas que se han debatido y se han ventilado no me han gustado. Me he acostumbrado a perder muchas votaciones, pero siempre he respetado el criterio de quien tenía la mayoría, que me parece
que es algo que caracteriza a la democracia. Les voy a decir más: me hubiera gustado que en muchos debates hubiera existido la apertura, la flexibilidad y la cintura necesarias para intentar acoger desde posiciones tan divergentes incorporaciones
y mejoras del texto. Lo digo honradamente. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
Quiero agradecer la intervención del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Se nos ha dicho que nos hemos aproximado escasamente a la oposición. Podemos endosar el argumento y decir que la oposición se ha acercado escasamente al
proyecto del Gobierno. Incluso puedo decir que no sé si alguno ha leído el dictamen de la Comisión, por lo que se ha dicho aquí. Tengo mis dudas. Agradezco, como he dicho, la intervención del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria desde el
reconocimiento de que hay algunas enmiendas cuyo sustento es divergente con nuestro criterio y cuya filosofía es diferente de la nuestra. Hay determinadas enmiendas que creemos que obedecen más a un exceso de celo o a subrayar una precisa confianza
a la hora de estimar los campos competenciales. Voy a reconocer que, efectivamente, tratándose como se trata este proyecto de una ley de bases, una ley marco, una ley abierta y que en consecuencia va a precisar de un amplio desarrollo
reglamentario, si este desarrollo se hace mal, puede llegar a incurrir en inconstitucionalidad, cómo no, pero si el desarrollo reglamentario se hace como estamos convencidos de que lo va a hacer este Gobierno, pueden quedar perfectamente aquietadas
sus preocupaciones porque no vamos a incurrir en ello. Algunos han dicho aquí que va ir como un cohete -no sé si llegará a término o explotará en el camino- del Senado al Congreso y de aquí al Tribunal Constitucional. Tal vez. Yo he de decir que
hasta el momento los informes que han dictaminado la materia, incluido el del nada sospechoso Consejo de Estado, que creo que es un órgano de prestigio y que desde luego sabe bastante más de derecho constitucional que este humilde orador, han dicho
que no encontraban
causa de inconstitucionalidad en el texto que estamos debatiendo aquí. Por lo tanto, yo respecto mucho las afirmaciones que se hacen, pero también contrapongo -que es lo propio del debate- las razones, los argumentos y los motivos por los
cuales discrepamos de las afirmaciones que han vertido quienes me han precedido en el uso de la palabra, que creo que en este caso carecen de razón.
Como decía, agradezco la intervención de Coalición Canaria y anuncio que vamos a incorporar enmiendas de ese grupo que tienen su importancia y que creo que van a enriquecer y mejorar el texto del proyecto. De esta manera, le puedo decir a
la señora Julios que vamos a aceptar la enmienda 151, que se refiere al artículo 11.6, tan debatido a lo largo de la ponencia de la Comisión y del debate plenario inicial y hoy también, enmienda por la cual establecemos que reglamentariamente, como
ustedes dicen, el Gobierno y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adaptarán la composición y funciones de los centros de formación profesional a sus características específicas.
Creemos que esto da acogida a una pretensión unánimemente manifestada y que resuelve las dudas que algunos pudieran tener en cuanto a la claridad del texto del proyecto de ley al respecto.
Nos parece que es una enmienda importante y que, como he
dicho, mejora el texto. También aceptaremos la enmienda número 154, relativa a la disposición adicional primera, que dice: 'A los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal Laboral
al Servicio de las Administraciones Públicas, la impartición de la formación, en sus distintos ámbitos, tendrá la consideración de interés público.' Vamos a aceptar 3 enmiendas transaccionales, la primera a la suya número 148, relativa al artículo
8.1, por la cual incluiremos la expresión contenida en su enmienda '...y tendrán los efectos que les correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea', en vez de la cita concreta que se hacía en el texto del proyecto. La enmienda
transaccional que también le proponemos a su enmienda número 152 al artículo 15.1 del texto del proyecto se refiere a desarrollar fórmulas de cooperación y coordinación entre todos los entes implicados. Por fin, la enmienda 191, que es la última en
su numeración pero la primera referida al articulado, se refiere al artículo 2.3.b) nuevo, que nosotros vamos a incluir, porque también hemos incluido en Comisión otras letras, como letra f), con el siguiente texto: La promoción del desarrollo
económico y adecuación a las diferentes necesidades territoriales del sistema productivo. Con esto somos plenamente sensibles respecto a la materia y lo incardinamos con lo que ya prevé el artículo 10.2 en relación con la potestad de las
comunidades autónomas de hacer un plus en sus títulos en cuanto a materias que pueden adaptar a los requerimientos concretos que se planteen a nivel local, y lo dejamos expresamente señalado.
He dicho que aceptábamos también la enmienda número 27 del Grupo Socialista relativa a la disposición adicional segunda, en la que nos plantean un texto que asumimos plenamente: 'Habilitación de profesionales cualificados. De acuerdo con
las necesidades derivadas de la planificación de la oferta formativa, la formación profesional regulada en esta ley podrá ser impartida por profesionales cualificados' -y aquí viene la adición que incorpora el Grupo Socialista- 'cuando no exista
profesorado cuyo perfil se corresponda con la formación asociada a las cualificaciones profesionales, en las condiciones que determinen las correspondientes administraciones competentes'.
Vamos a asumir también la enmienda número 60 del Bloque Nacionalista Galego, que se refiere a algo que nos parece oportuno, como es añadir al final del punto 4 del artículo 3 respecto a las fórmulas con las cuales se va a formar a nuestros
ciudadanos en cuanto a medidas de autoempleo y en cuanto a formas societarias que existen en el derecho mercantil español para poder crear una empresa, la frase 'y en especial las de la economía social.' Nos parece muy acertado ponerlo de relieve,
sobre todo para aquellos que provengan de la formación, que ya desaparece, llamada ocupacional, que es gente que tiene que buscar un empleo y para quienes puede ser de interés la fórmula de economía social para incardinarse en el mercado laboral y
crear riqueza. Estas son las enmiendas que planteo, y reitero nuestro agradecimiento a Coalición Canaria. Seguirá, no obstante, el debate en la Cámara Alta, donde espero que también se sigan estudiando con detenimiento las propuestas que formula
por ver si alguna otra se puede finalmente incorporar al texto que aprobemos dentro de unos meses en esta Cámara. Agradezco su posición y creo que entre sus propuestas y nuestra admisión ha mejorado el texto y justo es reconocerlo.
No voy a entrar en un debate que ya se ha realizado, que es el de la prevalencia -en opinión de algunos- de la parte educativa sobre la laboral. Expresamente lo señala así el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en su enmienda de totalidad y
otros, sin decirlo claramente, mantienen en el fondo esa misma posición.
Respecto a la financiación de la formación profesional, como ustedes saben, viene por vía del Estado, por vía de las comunidades autónomas y por los fondos europeos. Me voy a detener un momento en esta cuestión, a la que, como no podía ser
de otra forma, han dado importancia todos los grupos. En el año 2001, según los datos que he podido conseguir, el conjunto de la formación ha supuesto una cifra en todo el sistema de 646.692 millones de pesetas: 287.000 a la formación profesional
base inicial; 137.000 a formación ocupacional; 79.000 a programas de formación de empleo y casi 143.000 millones a formación continua. He de decir que ya hay un sustento económico y financiero
que respalda ampliamente las posibilidades de actuar en el campo de la formación. Estamos hablando de cifras realmente importantes, pero creo que hurtaría al debate una posición de partida en la filosofía del Grupo Parlamentario Popular y
del Gobierno, que es que no sólo se trata de incrementar los fondos económicos, que se van a incrementar, entre otras razones porque todo lo que deriva de cuotas va a tener un incremento, como lo está teniendo la afiliación y la cotización al
Sistema de la Seguridad Social, con casi 16 millones de cotizantes, y lo va a tener por los lógicos ajustes presupuestarios de incremento del Estado, de las comunidades autónomas y de Europa, sino que también se trata -y es un objetivo nuclear de la
ley que se ha mencionado escasamente- de que ya no haya tres subsistemas, que no hablemos de educativo y no educativo, sino que haya una integración, algo ex novo, un nuevo sistema que permita crear sinergias y optimizar recursos materiales y
humanos de forma que nuestro sistema sea más eficiente. Porque se han destinado ya cuantías muy importantes a esta financiación, como se ve por las cifras que he dado. Se trata no sólo de esto, sino también de que los recursos que tenemos
funcionen más eficazmente y los optimicemos y los utilicemos razonablemente. Creemos que la ley va a producir criterios de eficiencia favorables a que este ahorro sea positivo para desarrollar más acciones.
Quiero agradecerle, señora ministra, que nos haya traído este texto a la Cámara y quiero agradecerle además el buen tono de aguantar sentada algunas impertinencias. No sé si va en el sueldo, como algunos dicen. Yo creo que no y le
agradezco no sólo que esté, sino sobre todo que nos haya traído un texto que creemos que supone un reto para nuestro sistema. Un texto que ha venido avalado por nueve comunidades autónomas, por la Administración del Estado, por los interlocutores
sociales, al menos aquellos que vienen y firman, a lo mejor no determinadas secciones, como es el caso ciertamente de la educativa. Es un texto que nos abre una posibilidad, como he dicho, de optimizar un sistema integrado; nos abre la posibilidad
homologar y convalidar nuestros títulos y certificaciones con las europeas y facilitar la movilidad y el empleo de nuestros ciudadanos; que moderniza el sistema; que establece la posibilidad de la formación a lo largo de toda la vida; que
establece que las cualificaciones no sean entes que queden anquilosados u obsoletos, sino que sean entes vivos actualizables y mejorables con la participación directa de empresarios y agentes sociales. Además, todo esto, por mucho que se diga lo
contrario, viene plenamente incardinado y vinculado, como no puede ser de otra forma, con la participación directa de las comunidades autónomas a través del Consejo de Formación Profesional, donde tienen la posibilidad de participar. En la ley
hemos incorporado, sobre todo con las prevenciones y mejoras que entendíamos que no eran precisas pero que preocupaban a algunos, la referencia puntual a que cualquier actualización y cualquier modificación va a tener que contar con los agentes
sociales y con las comunidades autónomas a través del Consejo de la Formación Profesional. En definitiva, nos parece que es una ley que entre las reformas planteadas por el Gobierno del Partido Popular debe servir como un elemento más para
continuar a la búsqueda del objetivo principal del pleno empleo. Hace poco, un año, se denostaba la reforma laboral, como dije en el debate plenario anterior, por carente de apoyo social. Hoy más bien se denosta lo contrario.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Azpiroz, le ruego concluya.
El señor AZPIROZ VILLAR: Voy a concluir, señora presidenta.
Decía que se ha denostado el apoyo que ha tenido esta ley, y a nosotros nos parece que tanto esta ley como la otra son instrumentos eficaces para el empleo. La otra se tradujo en un 30 por ciento de incremento de la contratación indefinida
y en una mejora de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Nosotros no creemos que los problemas del empleo sean estructurales. Cuando se dice que los problemas son estructurales, nosotros tememos que quien lo afirma tenga posiciones
inmovilistas. Como creemos que los problemas no son estructurales, hemos planteado modificaciones legales y acuerdos sociales y tenemos 2.750.000 empleos más en seis años, 16 millones de cotizantes, mayor empleabilidad femenina, mayor empleabilidad
de juventud y esperamos confiadamente en el apoyo de todos a esta ley para que contribuya a seguir empleando a más jóvenes, incorporar a la mujer y a los parados de larga duración y ser un elemento formativo de primer grado y también un elemento
práctico de primer grado de empleo y ocupación de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiroz. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas y del dictamen de la Comisión del proyecto de ley orgánica de las cualificaciones y de la formación profesional. En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por la
número 60, del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 291; en contra, dos; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 113; en contra, 179; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Núñez.
Comienza la votación.(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 111; en contra, 180; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 111; en contra, 182; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por la señora Lasagabaster y el señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 110; en contra, 181; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 197.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 18; en contra, 180; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 151 y 154 y las transaccionales a las enmiendas números 148, 152 y 191.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 296; en contra, cuatro; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 113; en contra, 181; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Votamos, en primer lugar, la enmienda número 50.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 18; en contra, 181; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 112; en contra, 179; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 124.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 20; en contra, 182; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 113; en contra, 182; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 246.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 24; en contra, 180; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 128, en contra, 180; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la número 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 294; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 111; en contra, 182; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del dictamen, con la incorporación de las enmiendas aprobadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 182; en contra, 127.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
A continuación, vamos a proceder a la votación de conjunto del proyecto de ley, por tener carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 183; en contra, 124; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el número de votos exigidos. (Aplausos.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA GENENRALIDAD DE CATALUÑA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000076)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000077)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000078)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000079)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000080)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000081)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000082)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD VALENCIANA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000083)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000084)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (NÚmero de expediente 121/000085)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000086)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000087)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000088)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000089)
- PROYECTO DE LEY DEL RÉGIMEN DE CESIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN Y DE FIJACIÓN DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESIÓN. (Número de expediente 121/000090)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar el punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Se han presentado enmiendas de totalidad al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, asimismo, al proyecto de ley del régimen de cesión
de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, asimismo, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión y, por último, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
De acuerdo con la ordenación del debate efectuada en la Junta de Portavoces, se hará un solo debate para las cuatro enmiendas a la totalidad de estos cuatro proyectos de ley.
En primer lugar, para la presentación de los proyectos de ley, tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Montoro. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños o guarden silencio, a los efectos de poder continuar el debate.
Adelante, señor Montoro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, es para mi un honor presentar los proyectos de ley de modificación de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas de régimen común y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Son un total de quince
proyectos de ley que incorporan los acuerdos alcanzados por las diferentes comisiones mixtas Estado-comunidad autónoma, celebradas durante el mes de febrero pasado. Son, en definitiva, el último trámite para desarrollar el acuerdo de financiación
aprobado el pasado año. Sólo a través de estos proyectos de ley el nuevo régimen de cesión de tributos será plenamente aplicable y efectivo en las quince comunidades autónomas a que aquellos se refieren.
Señorías, el nuevo sistema de financiación autonómica, que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha nacido con vocación de estabilidad. Primero, porque se ha diseñado un sistema en el que se refuerzan los principios de suficiencia,
autonomía, solidaridad y responsabilidad de las comunidades autónomas. Y segundo, porque el sistema cuenta, por primera vez, con el apoyo de todas las comunidades autónomas. El nuevo sistema garantiza el mejor futuro de las prestación de los
servicios públicos, en especial de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales; estimula la iniciativa y corresponsabilidad de las comunidades autónomas, ya que aumenta su capacidad normativa; y, a su vez, reconoce las diferencias y
asegura la equiparación de las prestaciones y servicios públicos en todo el territorio español. En resumen, conseguimos que el Estado español esté mejor vertebrado a partir de la aplicación del nuevo sistema de financiación.
Sin duda, uno de los grandes avances del nuevo sistema consiste en la profundización del principio de corresponsabilidad fiscal. Como consecuencia de ello, se han ampliado capacidades normativas de las comunidades autónomas en los impuestos
cedidos, es decir, en los impuestos sobre patrimonio, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre sucesiones y donaciones. Por lo que respecta al impuesto sobre las renta de las personas físicas, además de incrementar
el porcentaje de cesión hasta el 33 por ciento, se introduce una amplia capacidad normativa. De esta manera, por ejemplo, las comunidades autónomas podrán variar libremente su parte de la tarifa con dos únicas condiciones: que esta sea progresiva
y que conserve el mismo número de tramos que el Estado. Se incorpora, además, la cesión de la recaudación, sin capacidad normativa, de otros impuestos del Estado: el 35 por ciento del impuesto sobre el valor añadido, el 40 por ciento de los
impuestos especiales de fabricación sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre productos intermedios, sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre las labores del tabaco y sobre los hidrocarburos, y el cien por cien del impuesto
sobre la electricidad. Por otra parte, se ceden dos nuevos impuestos con capacidad normativa: el impuesto especial sobre determinados medios de transporte y el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados
hidrocarburos, condicionado este último a la financiación de la sanidad y del medio ambiente. En los estatutos de autonomía se determina que el alcance y las condiciones de la cesión de tributos se establecerá por la comisión mixta y que el
Gobierno tramitará este acuerdo como proyecto de ley.
Los proyectos de ley que se presentan en previsión de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LOFCA proponen las siguientes medidas: en primer lugar, se modifica el contenido de los estatutos de autonomía, recogiendo los tributos objeto de
cesión. En segundo lugar, se fija el alcance y las condiciones de esta cesión, de acuerdo con lo establecido por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. En los casos que prevé esta ley, también se regula la atribución de competencias normativas. Y en tercer lugar, se prevé el régimen transitorio de la cesión efectiva
del impuesto especial sobre determinados medios de transporte y del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, con efectos a 1 de enero de 2002. No obstante, la Agencia Estatal de Administración Tributaria continuará con la
gestión de los mismos en tanto no se produzca el traspaso de servicios adscritos a dichos tributos.
Las condiciones de la cesión son idénticas en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias. En este caso, la diferencia con el resto de los proyectos de ley consiste en que en la relación de tributos que se ceden, que establece el
artículo 1, no figuran: el impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco y determinados medios de transporte, ni el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que no existen en su
territorio debido a su especial régimen fiscal.
Señorías, con la aprobación de estos proyectos de ley estamos culminando un largo proceso de desarrollo autonómico. Después de la intensa y difícil negociación del nuevo sistema de financiación y del acuerdo conseguido, me gustaría resaltar
el esfuerzo y la colaboración de todas y cada una de las comunidades autónomas, sean del color político que sean.
No estaría de más que determinados grupos políticos de esta Cámara reflexionaran sobre la entidad, naturaleza e intensidad del acuerdo
político conseguido, porque puede y debe servir de lección sobre cómo poner los intereses de los ciudadanos por delante de las estrategias de partido.
Nuestro país ha vivido un intenso proceso de descentralización política y administrativa en muy poco tiempo. En 25 años, las comunidades autónomas han pasado de la inexistencia a ejercer, en el año 2000, el 26,6 por ciento del gasto
consolidado del Estado. En ese mismo año su participación en el total de recursos consolidados era del 9,1 por ciento y los recursos autónomos, después de la cesión del 15 por ciento del IRPF con capacidad normativa en 1996, representaban el 49 por
ciento de sus ingresos. Ahora, con el nuevo sistema, se prevé que las comunidades autónomas manejen un total de 51.000 millones de euros, es decir, unos 8,5 billones de pesetas del año 1999, lo que supone más del 40 por ciento del total de gasto
del sector público. Pero van a controlar ese dinero, sin duda alguna, con mayor corresponsabilidad en la gestión de los recursos. En efecto, con el nuevo sistema hemos aumentado los recursos autónomos, pasándolos del 49 por ciento, que he citado
antes, al 68 por ciento de los ingresos totales de las comunidades autónomas, y hemos avanzado todo lo posible en la cesión de la capacidad normativa. Hemos mejorado así la responsabilidad de las comunidades autónomas en la política fiscal y, sobre
todo, en las funciones de asignación de recursos y redistribución de la renta al poder combinar sus diferentes fuentes tributarias y, al mismo tiempo, hemos acercado las competencias en materia tributaria de las comunidades autónomas de régimen
común a las que tradicionalmente las venían ejerciendo, tanto País Vasco como Navarra, reduciendo, en consecuencia, las diferencias entre el régimen común y el foral.
La estabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica, que se fundamenta en la madurez de la atribución de competencias y en el desarrollo de la autonomía financiera y se refuerza con el acuerdo unánime de todas las comunidades, nos
permite augurar una larga vida a estos proyectos de ley que hoy he tenido el honor de presentar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
En primer lugar y para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, ¿por qué una enmienda a la totalidad de los proyectos de ley referidos a Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares? Por una sencilla razón: este no es nuestro modelo; este no es el modelo que
defiende Esquerra Republicana de Catalunya para la totalidad de països catalans. Nosotros creemos que hace falta un modelo que culmine y satisfaga las necesidades de la población de estas partes del Estado.
En primer lugar, debemos referirnos a la falta de transparencia del modelo propuesto por el Gobierno del Partido Popular, que no cuenta con un sistema de balanzas fiscales que, desde nuestro punto de vista, es absolutamente imprescindible.
Lo es por mucho que haya alguien que se pregunte qué utilidad pueden tener las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales, la transferencia de flujos fiscales y financieros, son un elemento de más transparencia democrática. La falta de
transparencia,
la opacidad del sistema es para tapar lo que todo el mundo sabe en Cataluña, en las Islas Baleares o en el País Valenciano. Aquí hay un expolio sistemático de recursos a partir de un déficit fiscal crónico con esta parte del Estado. Hay un
expolio, un drenaje fiscal, un robatorio fiscal, en definitiva, que se va acumulando año tras año, ejercicio tras ejercicio. Esta es la denuncia y por eso no podemos estar de acuerdo con este modelo de financiación, con esta cesión de tributos.
Es obvio que en una sociedad del bienestar los individuos ricos, las personas físicas ricas y los territorios, naciones y regiones ricas transfieren recursos a los más pobres. Esto no debe ser objeto de discusión, pero sí debe serlo el
nivel de suficiencia, teniendo en cuenta la capacidad, los esfuerzos fiscales y la solidaridad que debe tener el sistema. Actualmente la cuestión de hasta qué punto una comunidad autónoma debe transferir recursos a las otras es una pregunta que aún
continúa sin respuesta en el Estado español, pero que debería plantearse y resolverse tal como lo han hecho modelos federales más desarrollados como el de Alemania o el de Canadá. En cualquier caso, es un hecho que la balanza fiscal de los países
catalanes con el Estado español es claramente negativa. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el déficit fiscal se sitúa alrededor de los 1,3 billones de pesetas, unas 220.000 pesetas por habitante y año, que superan el 8 por ciento del producto
interior bruto catalán con tendencia a incrementarse. Esto, en términos alemanes, bajo la tutela del Tribunal Constitucional de Karlsrhue, sería inconstitucional. Para aquellos que se amparan en la Constitución alemana en determinadas cuestiones,
una referencia en ese aspecto sería muy positiva.
No puede pasarse por alto la evidencia de que el actual modelo de solidaridad es un fracaso y una falsedad. Nos ofrecen una supuesta solidaridad como coartada del centralismo. Se justifican políticas discriminatorias en financiación, en
inversión pública o en fiscalidad, con el objetivo de igualar los diferentes territorios del Estado, pero en ningún caso se alcanzan los objetivos iniciales. Es más, el sistema de financiación ha ahogado a las comunidades autónomas con más
servicios traspasados. La inversión pública ha tendido a invertir más en las zonas más desfavorecidas sin que fuera necesario, olvidándose de que su stock de capital público ya era mucho más grande que en muchas regiones que disponían de muchos
otros medios, como, por ejemplo, becas, viviendas de protección oficial o recursos para la investigación o deporte. Porque para nosotros, aunque ustedes quieran ignorarlo, el principal problema sigue siendo el déficit fiscal de los países
catalanes, Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares y Pitiusas.
En el caso de Cataluña ya hemos indicado que el déficit fiscal se sitúa alrededor de los 1,3 billones de pesetas, aunque sus cifras no serán las mismas porque no tienen en cuenta factores como el denominado efecto sede social. Un tema por
cierto de moda con el litigio Terra-Lycos, entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la Generalitat, la concentración en Madrid de las sedes sociales de las grandes empresas y de la recaudación de los impuestos de estas, aunque su actividad se reparta
por otras regiones.
Esto es algo sobre lo que habrá que hablar largo y tendido en esta Cámara. Ustedes han empezado la guerra. Les recuerdo que el Partido Popular es quien preside la Comunidad Autónoma de Madrid. A partir de la decisión de la
Junta arbitral se abre un nuevo terreno de juego.
Tendremos la obligación, tendremos el imperativo categórico las comunidades autónomas de reivindicar que aquellas fábricas que externalizan, que trabajan, que operan en determinadas zonas o
servicios, tengan que tributar allí y no en la capital del Estado.
Otro factor que no debe olvidarse es el diferente grado de cumplimiento fiscal, que es más elevado en Cataluña que en otras comunidades autónomas, donde, según la mayoría de estudios, el fraude fiscal es más alto. También ha de tenerse en
cuenta el efecto del coste más elevado de la vida en Cataluña o en las Islas Baleares. La capacidad adquisitiva de un euro en Cataluña es menor que la media y por ese motivo el gasto del Estado en nuestro país sería menor, si se calculase en
términos reales, y por tanto el déficit fiscal, mayor. En concreto, el déficit fiscal corregido sería de 1,62 billones de pesetas el año 1998, en euros 9,7 millones, 270.000 pesetas per cápita, ya que a los 1.326 millones citados anteriormente
deberían añadirse los ajustes por su efecto social, 29.000 millones de pesetas, el de cumplimiento fiscal, 55.0000 millones de pesetas, y el de compatibilización de flujos fiscales, en términos reales, 209.000 millones de pesetas. Sin embargo, esta
situación no es nueva. A lo largo de la historia, Cataluña ha aportado mucho más al Estado español de lo que ha recibido en forma de gasto e inversión, lo mismo que sucede en el País Valencià y en las Islas Baleares.
El modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno en el caso del País Valenciá supone la consagración de una deuda que ha crecido desde los más de 2.600 millones de euros en 1995 a 5.900 millones de euros en el 2000, según
cifras del Banco de España. Ello supone que el País Valencià supera en un 4 por ciento la media de endeudamiento de las diferentes comunidades autónomas, que asciende a un 10,3 por ciento del PIB del País Valencià. Por añadidura, el modelo
propuesto supone una discriminación importante de los habitantes de esta comunidad respecto a las autonomías, con un nivel competencial similar, ya que recibe 300 euros menos por habitante y por año. Por si fuera poco, la diferencia entre lo que
recauda el Estado en el País Valencià y lo que retorna en diferentes conceptos es más de 1.800 millones de euros negativos, casi 300.000 millones de pesetas, para esta comunidad. Con ello llegamos inevitablemente a la conclusión de que este modelo
de financiación propuesto por el
Gobierno es claramente contrario a los intereses y a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas del País Valencià.
Por lo que respecta a las Islas Baleares y Pitiusas la situación es casi idéntica, ya que estamos hablando de un déficit fiscal de 218.000 millones de pesetas, año 2000, 1.310 millones de euros, una cifra realmente elevada, que representa
alrededor del 10 por ciento del PIP balear. Fíjese lo que decía antes del tribunal de Karlsrhue. El 10 por ciento del producto interior bruto de las Islas Baleares y Pitiusas. Otro factor esencial en todo este asunto es la inversión pública
discriminatoria que reciben los países catalanes. En realidad, la inversión pública se ha utilizado constantemente como supuesto elemento de redistribución y de solidaridad, pero sin seguir ningún tipo de criterio de equidad en función de la
población ni de la eficiencia económica. Vamos a poner algunos ejemplos. En el caso de Cataluña, la inversión pública del Estado en las diferentes comunidades autónomas ha discriminado a Cataluña de forma sistemática. En el período 1987/1996, la
media española se situaba en 134.000 pesetas por habitante, mientras que Cataluña sólo recibía 85.000. Y en el período inmediatamente posterior, 1997/2000, la media per cápita española llegaba a las 159.000 pesetas y en Cataluña sólo alcanzaba las
88.000 por habitante. En las Islas Baleares y el País Valencià sucede algo parecido. En el País Valencià, por ejemplo, las inversiones del Estado han descendido un 13,3 por ciento en 1995 y han pasado a un 11,1 por ciento en 2000, siendo, a
excepción de las comunidades forales, la última comunidad del Estado en inversión por habitante y año.
Ante esta situación, la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya incide en la necesidad de establecer el concierto que nosotros definimos como concierto cooperativo. Un concierto económico, un sistema que, basado en el concierto
económico de que gozan las comunidades autónomas de régimen foral, propone un período transitorio en el cual, para garantizar la estabilidad del marco financiero de las comunidades autónomas, los països catalans aportarían recursos a un fondo de
cooperación que favorezca el desarrollo de las zonas más deprimidas del Estado. Con este modelo, los gobiernos de Catalunya, València y las Illes Balears se convertirían en la única autoridad tributaria en sus respectivos territorios, por lo que
gozarían de capacidad normativa, recaudatoria, de gestión normativa y de control de la totalidad de los impuestos pagados por los ciudadanos y las ciudadanas de los països catalans. Sobre todo un impuesto especial, el impuesto de sociedades.
Esto
tiene que permitir la consecución de un Estado competitivo, que estimule el esfuerzo y premie el buen hacer de cada comunidad autónoma y su capacidad para captar inversión. Una Administración pública eficaz, capaz de captar más inversiones. Este
modelo conllevaría el establecimiento del cupo, de la compensación o el pago que realizan al Estado las comunidades autónomas que gozan de este modelo de financiación, para afrontar los gastos que este continúa realizando en su territorio.
Nuestras razones, señoras diputadas, señores diputados, señor Montoro, son evidentes, son razones políticas, son razones de objetividad económica ante los hechos. Hay una discriminación patente, hay una situación de expolio, de drenaje, de
robatorio fiscal, hacia unas zonas determinadas del Estado. Es así. La prueba es la incapacidad de su Gobierno en esta legislatura y en la pasada legislatura de publicar las balanzas fiscales.
Como decíamos, es evidente que la balanza fiscal, la
determinación de los flujos financieros del Estado central a las comunidades autónomas es en definitiva una consecución de transparencia democrática. No es así, hay opacidad, es un sistema poco claro, y este modelo de financiación que hoy
aprobaremos, esta cesión de tributos se edifica sobre un modelo opaco, poco transparente y que mantiene el déficit crónico de inversión, el déficit crónico de financiación para Catalunya, para el País Valencià y las Illes Balears.
Muchas gracias, señores diputados, señoras diputadas, señor ministro, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas presentadas respecto a la cesión de tributos a la Comunidad Autónoma de Galicia, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señor ministro, señorías, el modelo de descentralización política y administrativa en que se asienta el actual Estado de las autonomías se caracteriza por una descentralización -por cierto, cada
vez menor- del gasto y por el mantenimiento de un control férreo sobre los ingresos públicos por parte del Gobierno central. Estamos ante un modelo escasamente autonomista, que facilita el diseño y la ampliación del marco competencial por el lado
del gasto, pero no en lo relativo a los ingresos. Se consolida, pues, un marco de dependencia financiera en el que está ausente la imprescindible responsabilidad fiscal, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta particular situación
de dependencia permanente es presentada por las fuerzas políticas estatales como la reafirmación del carácter solidario del Estado con las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, las fuerzas estatales presentan esta situación como la eterna
Galicia subvencionada, que tanto les gusta, cuya situación de dependencia pretenden mantener de forma indefinida.
El nuevo sistema de financiación autonómica, del que deriva el proyecto de ley que estamos debatiendo, es la continuación lógica de este modelo y, desde el punto de vista de las nacionalidades históricas, no soluciona ninguno de sus graves
problemas. En el Bloque Nacionalista Galego no compartimos este modelo porque
no mejora significativamente el nivel de autonomía fiscal de las haciendas territoriales, no proporciona el volumen de recursos necesario para que sea factible una convergencia real en la prestación de servicios públicos por parte de las
comunidades autónomas afectadas por el sistema y consolida una situación que no puede merecer la aprobación de una fuerza política que defiende consecuentemente los principios de autonomía y suficiencia en la articulación de un modelo de
financiación respetuoso con el carácter plurinacional del Estado español.
Nosotros defendemos una responsabilidad fiscal plena basada en los siguientes principios. En primer lugar, un carácter asimétrico que diferencie las necesidades de financiación propias de Galicia y de las otras comunidades, sin definición
nacional; en segundo lugar, una territorialización completa de los tributos que componen el sistema fiscal, incluido el impuesto de sociedades, y con capacidad normativa plena para adaptarlos a las necesidades de nuestro país; en tercer lugar, un
cambio normativo que propicie la efectiva tributación en la Hacienda gallega de todas las manifestaciones de capacidades económicas generadas en Galicia. Ya se hizo referencia al caso Terra-Lycos. Nosotros podríamos hablar de muchos otros, como
Endesa, Unión Fenosa, que, expoliando los recursos de Galicia, causando en Galicia graves impactos ambientales tributan en la Comunidad Autónoma de Madrid -supongo que eso habrá también que analizarlo-. En cuarto lugar, crear una Administración
tributaria propia a partir de la transferencia de medios humanos y materiales de la Agencia Tributaria, que actualmente opera en el territorio gallego, y un mecanismo de redistribución interterritorial vinculado a la renta relativa que sirva de
elemento de reducción real de las actuales diferencias en los niveles de servicios e infraestructuras y contribuya a una convergencia real entre los diferentes territorios del Estado. Ninguno de estos principios, sin embargo, se recoge en el
proyecto que hoy estamos debatiendo. Con el nuevo sistema, las instituciones políticas gallegas sólo pueden ejercer capacidad normativa sobre el 21 por ciento de los recursos que administran, un 0,5 por ciento más de lo que era en el sistema
anterior.
La capacidad de autofinanciación, que el propio ministro acaba de situar en el 68 por ciento de media, en Galicia no llega ni siquiera al 40 por ciento de los recursos utilizados. Otras comunidades autónomas alcanzan porcentajes cercanos al
cien por cien. En cuanto a proporcionar el volumen de recursos necesarios para cubrir el coste de prestación de los servicios en Galicia, las variables utilizadas son claramente discriminatorias para mi país. Poca importancia de la dispersión
promocional -hay que tener en cuenta que más de la mitad de los núcleos de población de todo el Estado español está en Galicia- e insuficiente ponderación de la población mayor de 65 años. En lo relativo al equilibrio territorial, el fondo de renta
relativa para comunidades con índices de renta más bajos se dota con una cantidad ridícula, un 0,29 por ciento de la cifra inicial de todos los recursos disponibles, 25.000 millones de pesetas. El Fondo de Compensación Interterritorial, por su
parte, queda con la misma dotación y sin cambiar el sistema de reparto, consolidando por tanto la situación subalterna de mi país. Mientras tanto, el FEDER, obtenido para ser invertido en las regiones Objetivo 1, sigue siendo invertido en otras
partes del Estado para infraestructuras que en Galicia aún habrán de esperar diez o más años. Su nuevo modelo no incorpora ninguna fórmula efectiva de participación de las comunidades autónomas en la Agencia Tributaria, no prevé mecanismos que
impidan situaciones de deslealtad institucional por parte del Gobierno central que merman los recursos de las administraciones autonómicas, como modificaciones unilaterales del IRPF, en detrimento de los ingresos autonómicos. Por lo demás, la
inexistencia de un plazo concreto que acote el horizonte temporal de vigencia de este nuevo modelo pretende congelar definitivamente las características definidoras del mismo. Esta circunstancia certifica la existencia de una política de freno e
involución en el desarrollo de la articulación territorial del Estado, tal y como hemos podido comprobar en los últimos meses y hoy mismo en esta sesión.
Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego formula la presente enmienda de totalidad, con petición de devolución al Gobierno, y manifiesta su oposición a un sistema de financiación autonómica que discrimina a Galicia frente a otras
comunidades autónomas y que imposibilita por tiempo indefinido una convergencia real en los niveles de renta y de dotación de infraestructuras públicas de Galicia con otros territorios del Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón. (Pausa.)
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta. Pido disculpas en primer lugar. Hay que reponer fuerzas, de cara a los dos próximos debates.
Como en el debate, creo que con buen criterio por parte de la Mesa, se ha fijado que haya una sola intervención en torno a las cuatro enmiendas de totalidad, es todavía un poco más complicado el posicionamiento, toda vez que son dos grupos
parlamentarios, uno, Esquerra Republicana de Catalunya, que presenta tres, fundamentalmente a aquellos territorios conocidos como los países catalanes, y el BNG, que presenta Galicia. A su vez, la argumentación utilizada para Cataluña, en el caso
de la cesión de tributos para Cataluña,
no es idéntica a la que se utiliza para el País Valenciano y las Islas Baleares.
Nuestro grupo parlamentario, reconociendo en su momento -y seguimos reconociéndolo a pesar de los pesares- el avance que significaba este modelo sobre modelos anteriores, avisando y advirtiendo que el acuerdo sobre financiación autonómica
iba a tener difícil encaje en el presupuesto y en la norma, como luego se pudo comprobar en el cruce de decir: me has engañado tú; no, has sido tú el que me has engañado, mantiene esa misma postura. Estamos en desacuerdo con el modelo, aun
reconociendo, como decía antes, los avances, interesantes, desde un punto de vista político y de cantidad, pero que no eran suficientes, que incluso podrían generar desequilibrios, y están generándolos, incluso políticos, a la hora de capacidad.
Aunque las capacidades normativas sean todas iguales. Luego no hay una capacidad normativa real, igual para todos, en ese sentido.
Fijada nuestra posición, que nosotros estamos en contra del modelo, sin embargo no compartimos el hecho de que en este momento se traigan aquí cuatro enmiendas de totalidad, desde el respeto a cualquier grupo parlamentario para decidir su
propia estrategia. No soy quién ni además es el estilo de mi grupo ni de mi persona dar lecciones a nadie sobre cómo tiene que administrar su estrategia parlamentaria. Es más, nos opusimos en nuestro momento y queda clara la oposición. En
determinadas comunidades autónomas donde con mayor o menor presencia política estamos en los parlamentos autonómicos, nos hemos posicionado generalmente en contra, con posturas críticas, ante el sistema de financiación. Incluso en muchos
parlamentos hemos planteado, con una fortuna indiscutiblemente negativa, sin ninguna fortuna, que los gobiernos autonómicos correspondientes no suscriban el acuerdo con el ministerio, con el Gobierno y con la Administración central. Hemos perdido.
Y, como decía el ministro en su intervención, aquí viene él con sus deberes hechos. A mí no me gustan tal como los ha hecho, pero viene con los deberes hechos, diciéndonos que es el producto de acuerdos, a través de las diferentes comisiones mixtas
y de las distintas comunidades autónomas. Y, señorías, desde una concepción federalista, federalizante, que tiene mi fuerza política, yo ya no soy más papista que el Papa, mi fuerza política no enmienda la plana a unas comunidades autónomas que,
por mor de su voluntad y de su soberanía, han querido llegar a un acuerdo y han llegado a él con el ministerio.
Llegado ese momento, nuestra fuerza política respeta tanto la estrategia como algunas razones, aunque no compartimos, por ejemplo, la enmienda a la totalidad en el caso de la cesión de los tributos a Cataluña, que habla más o menos casi de
un expolio de un millón y medio. Como decía el bueno de Talleyrand, eso de los expolios es como las traiciones -eso del expolio lo añado yo-. Es cuestión de fechas. Por tanto, dejemos las cosas tranquilas. Aun reconociendo la legitimidad de
cualquier fuerza política para desarrollar su propia estrategia y para dar los contenidos, entendemos que, una vez que ya se ha cerrado el ciclo -peleamos aquí, se peleó en el Senado y se han peleado en los parlamentos autonómicos y no lo hemos
conseguido- y la mayoría o bastante mayoría de las fuerzas políticas y parlamentarias que gobiernan en las 15 comunidades autónomas han decidido firmar, me parece que no es conveniente plantear la enmienda a la totalidad en este momento. Porque,
insisto, sería ser más papistas que el Papa. Sería algo así como si el Bundestag le leyera la cartilla al Bundesrat o al revés.
Con los acuerdos ya cerrados a través de las distintas comisiones mixtas, a nuestro entender, aquí debe repetirse el posicionamiento político. Eso nunca es malo; no es mal año por mucho trigo. Pero entiendo que no sería conveniente
presentar esa enmienda a la totalidad. Por eso, nosotros no nos vamos a oponer a la enmienda de totalidad, porque hay parte de su filosofía que compartimos. Pero tampoco vamos a respaldarla. Vamos a abstenernos, desde esa coincidencia en el fondo
pero no en que sea el momento procedimental adecuado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar negativamente las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente por Esquerra Republicana y por el Bloque
Nacionalista Gallego, ya que nuestro grupo está de acuerdo con el proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalitat de Cataluña, así como con la fijación, el alcance y condiciones de dicha ley. Aprovecho esta
intervención para decir que también estamos de acuerdo con los otros 14 proyectos de ley, que van acumulados en este debate parlamentario.
Como digo, estamos de acuerdo con este proyecto de ley y por este motivo vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad ya que a nuestro entender, con la aplicación del mismo y a través de su aprobación vamos a dar un paso muy
importante en la mejora de la autofinanciación de Cataluña y del resto de comunidades autónomas que también van a estar dentro de este régimen general. Desde mi grupo pensamos que la aplicación de dicha ley va a comportar más autonomía financiera
para las comunidades autónomas, más autosuficiencia de recursos y más corresponsabilidad fiscal -con lo que esto implica de más soberanía fiscal al aplicarse los tributos cedidos que van incorporados en
esta ley-. Con la puesta en práctica de esta ley se va a crear un fondo específico de sanidad, lo cual comportará beneficios interesantes; también se incorpora la consolidación de los beneficios obtenidos en los períodos anteriores. Por
primera vez, con esta ley será efectiva la participación de la Generalitat de Catalunya en la Agencia Tributaria del Estado. Al mismo tiempo desde nuestro grupo parlamentario creemos que este modelo es mucho más solidario que el habíamos aprobado y
apoyado en los últimos convenios de financiación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, ya que comporta la creación de un fondo de suficiencia por el cual se asignan recursos en función de las poblaciones de las diferentes comunidades
autónomas. También se crea un fondo específico de sanidad que comporta beneficios importantes para todos aquellos habitantes o ciudadanos desplazados de una comunidad autónoma a otra, así como también para las incapacidades temporales. Asimismo se
ha creado un fondo relativo a las rentas en función de las comunidades autónomas con menos capacidad de renta y la asignación de unos fondos de nivelación y de unos fondos de compensación interterritorial.
A nuestro entender, en su globalidad, es un modelo solidario respecto del Estado con el resto de comunidades autónomas. Es cierto que, con su aplicación, los recursos que va a administrar en este caso la Generalitat de Catalunya en los
próximos cinco años se incrementarán en un 50 por ciento en relación con los recursos que hasta la fecha veníamos administrando. Y no es menos cierto que, al igual que las tres revisiones de financiación autonómicas que se han llevado hasta la
fecha, concretamente desde el año 1986, Convergència i Unió ha conseguido concretar un nuevo modelo que nos va a permitir evolucionar positivamente en las dos direcciones que siempre hemos defendido en esta Cámara. La aplicación del nuevo sistema
de financiación nos va a permitir aproximar los resultados económicos a los que se desprenden del modelo de financiación que hoy administran las comunidades de régimen foral, como es el caso del País Vasco y de Navarra, y también ir hacia un modelo
de financiación que permita reequilibrar progresivamente las diferencias existentes de los flujos económicos entre el Estado y Cataluña y el resto de comunidades autónomas.
Desde Convergència i Unió siempre hemos venido reivindicando la aplicación y la promulgación de las balanzas fiscales y en el debate del estado de la nación de la pasada legislatura conseguimos aprobar que por parte del Gobierno se
publicaran dichas balanzas fiscales. No es menos cierto que este objetivo no lo hemos conseguido, pero creemos que, con la aplicación de este nuevo sistema de financiación, las diferencias fiscales que existen en la actualidad, concretamente, entre
Cataluña y el resto del Estado y la Administración central, van a ir disminuyendo progresivamente. Aunque lógicamente en Convergència i Unió no hemos conseguido todo lo que pretendíamos en este nuevo acuerdo de financiación, hay que reconocer
públicamente que este acuerdo es un gran acuerdo y es un buen acuerdo para Cataluña. Yo diría más, es el mejor de los acuerdos en materia de financiación que se ha llevado a cabo últimamente, siendo a su vez un acuerdo solidario con el resto de las
comunidades autónomas del Estado español.
En esta negociación nosotros pretendíamos conseguir una cesta de impuestos que abarcara todos los que pagan los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas y al final ha quedado en este acuerdo. La mayoría de los impuestos están en
esta cesta pero alguno no hemos conseguido que esté en esta cesta. De todas formas repito que es un buen acuerdo.
Tampoco conseguimos en el último acuerdo de financiación que estuvieran los impuestos especiales. Hoy ya es una realidad evidente
que los impuestos especiales están en el nuevo acuerdo de financiación y esperamos sinceramente que en los años 2006, 2007, consigamos cumplir el objetivo de que el impuesto de sociedades esté en la cesta de impuestos con corresponsabilidad fiscal
para todas las comunidades autónomas.
¿Cuáles son los aspectos más importantes y novedosos de esta ley? En primer lugar, que los recursos de la Generalitat de Catalunya procederán de los ingresos y no de la actualización del gasto que hasta la fecha se venía practicando en el
último acuerdo de financiación. En una palabra, señorías, que los tributos que pagan las ciudadanas y ciudadanos catalanes y también del resto de las comunidades autónomas van a ir directamente a financiar las comunidades autónomas. Vamos a dar la
vuelta a la dependencia autonómica que se venía ejercitando hasta el año 1996 y 2001 en función de unas participaciones, de unas transferencias del Estado a las comunidades autónomas. En este sentido, tal y como ha dicho el señor ministro, va a
haber autosuficiencia financiera de los tributos recaudados por las comunidades autónomas, que en el caso de Cataluña va a llegar al 86 por ciento de autonomía financiera y sólo tendremos un 14 por ciento de dependencia, en función de las
transferencias que se puedan ejercitar desde el Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
También hemos acordado una participación efectiva en una importante cesta de impuestos. Concretamente, de los 13 impuestos que se pagan en Cataluña va a haber una participación efectiva muy importante en 11 de ellos.
Según ha explicado el
ministro en su intervención, va a haber una participación efectiva e importante en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el IVA, en el impuesto sobre el tabaco, sobre los alcoholes, sobre hidrocarburos, el cien por cien en impuestos
sobre la energía, en impuestos sobre matriculación, sobre sucesiones y donaciones, sobre patrimonio, sobre transmisiones patrimoniales y el cien por cien sobre la tasa del juego. Tendrá lugar la creación de un nuevo impuesto, como es el impuesto
sobre venta de minoristas
de determinados hidrocarburos, que va a permitir una financiación complementaria para las comunidades autónomas que hagan aplicación del mismo.
Por último, se ha incrementado, aspecto muy valorado por Convergència i Unió, la capacidad normativa del Parlamento de Cataluña para modificar todos los impuestos allí pagados. En una palabra, señorías, con la aplicación de este nuevo
sistema de financiación vamos a tener más soberanía fiscal para los parlamentos que quieran ejercitar una capacidad normativa sobre los impuestos cedidos o sobre los impuestos de nueva creación. En definitiva, se mantiene la capacidad normativa
preexistente y se amplía la de los impuestos cedidos, atribuyendo la capacidad normativa a todos aquellos tributos en los que se vuelve a participar.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) Por tanto, señorías,
señoras y señores diputados, desde Convergència i Unió valoramos muy positivamente este nuevo acuerdo de financiación que va a dar más autonomía financiera a las comunidades autónomas, más autosuficiencia de recursos y más soberanía fiscal para
todas aquellas comunidades autónomas que quieren aplicar la capacidad normativa. En este sentido agradecemos la colaboración y la sensibilidad que ha existido entre el Gobierno de la Generalitat, sustentado por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, y el Ministerio de Hacienda para que, finalmente, este acuerdo sea una realidad. En definitiva, nosotros pretendíamos unos objetivos más amplios y la consecución de los mismos ha llegado a unos porcentajes que yo diría son muy
elevados. En el tintero han quedado otras cuestiones que nosotros no vamos a dejar de reivindicar cuando llegue la negociación del nuevo sistema de financiación que va a ser, como todas SS.SS saben, a partir del año 2007.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.
Decía el señor Montoro al inicio de su intervención que el nuevo sistema cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas y creo que exagera. Usted trae hoy a la Cámara el resultado de 15 acuerdos que han tenido lugar en comisiones
mixtas a los que ha llegado el Gobierno central con cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas. El hecho de llegar a un acuerdo en Comisión mixta no es algo equivalente a dar un apoyo al nuevo sistema como usted lo plantea. El mejor
día para analizar si el nuevo sistema cuenta con el apoyo de todas las comunidades autónomas, en los términos que usted plantea, son las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de noviembre donde se rompió la unanimidad que se
había conseguido alcanzar en el acuerdo del 27 de julio. Este proceso empezó mejor de lo que acabó. Hubo unanimidad el 27 de julio, se adoptaron decisiones por unanimidad de todas las comunidades y esta unanimidad se rompe con diferentes
decisiones en los consejos de política y financiera del mes de noviembre. Esto no ha sido óbice para que usted haya llegado a acuerdos con cada una de las comunidades autónomas, creo que por dos motivos. En primer lugar, porque ustedes han
incrementado, en términos económicos, la oferta de sanidad respecto a sus posiciones iniciales, que era uno de los escollos cuantitativos. Y, en segundo lugar, porque vistos los precedentes y vista la discrecionalidad y arbitrariedad que el
Gobierno central ha empleado con quien no llegaba a acuerdos con él, es normal que nadie haya querido quedarse al pairo de sus decisiones anuales sin ningún marco de reglas estables. Este fue uno de los elementos de ruptura del consenso con algunas
comunidades autónomas, uno de los dos. Ustedes, por primera vez en la historia del Estado de las autonomías, han establecido la imposición de la aceptación de transferencias para participar -no de este modelo- de un modelo. Porque la alternativa a
la aceptación de la transferencia, cuando ustedes la imponían, era quedarse sin reglas estables, sin ningún modelo y sometidos a las asignaciones a cuentas del Estado anuales.
El otro elemento en el que ustedes rompieron el consenso fue con la introducción de una enmienda en el Senado en la ley de acompañamiento de los presupuestos sobre un nuevo impuesto por hidrocarburos. Hoy ha dicho usted una cosa
interesante, y es que está condicionado a financiar gastos en sanidad o en medio ambiente. Es cierto. Porque, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, este tipo de recargos sobre la fiscalidad de combustibles, por así llamarles, sólo puede
usarse para financiar gastos en sanidad o en medio ambiente. Al mencionar el medio ambiente ha dejado claro que la vinculación de estos gastos con la financiación de sanidad era un mero argumento ad hoc, de lo que se trataba era de aumentar los
impuestos para reducir la aportación de los fondos previos del Estado al sistema, trasladar un aumento de presión fiscal e intentar cargar con el coste político de este aumento de presión fiscal a las comunidades autónomas, todo ello revestido con
la idea de que así mejoraría la financiación de la sanidad.
Si ustedes hubieran cumplido el acuerdo de 27 de julio o si hubieran aceptado las enmiendas que en este Parlamento presentaron diferentes grupos parlamentarios, como por ejemplo el mío, hoy los españoles no estarían pagando tres céntimos de
euro más, es decir, cinco pesetas más en combustible. Pero ustedes con estas dos medidas deterioraron el acuerdo al que se había llegado y hoy, no obstante, nos trae unos acuerdos entre todas las comunidades autónomas porque,
como le decía antes, visto lo visto, nadie quiere quedarse fuera. Por tanto, no confunda el asentimiento con el apoyo. Porque le voy a sugerir una experiencia. Si usted quiere convoque una reunión con todos los grupos de investigación que
concurren a la financiación de programas de investigación que realiza el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y si quiere propóngales firmar un convenio donde se diga que apoyan la política científica del ministerio. Le van a firmar todos que sí si
les dice que si no lo firman se quedan sin. Es más o menos lo que ustedes han hecho. No confunda el asentimiento con el apoyo. Usted ha logrado quince acuerdos. Usted no ha logrado el apoyo de quince comunidades autónomas al nuevo sistema de
financiación autonómica. No lo ha logrado al menos en el punto en el que lo habían conseguido a 27 de julio.
El nuevo modelo y sus acuerdos contienen aspectos positivos que hay que valorar. Uno de ellos es -y es una reflexión antigua ya de años cuando se ha discutido sobre financiación- la configuración por primera vez de una cesta de impuestos de
potencia recaudadora. Es cierto que antes en el sistema existían ya participaciones en diferentes impuestos o existían impuestos propios de las comunidades autónomas, pero por primera vez se configura una cesta con tres impuestos potentes en
términos de recaudación: IRPF, IVA e impuestos especiales, y este tipo de cesta da estabilidad a los recursos. No aumenta la autonomía tributaria, y es lógico, porque en impuestos indirectos -insisto, ello es lógico- el margen para el ejercicio de
la autonomía tributaria por parte de las comunidades autónomas es muy limitado. Le decía que el nuevo modelo y los acuerdos tienen aspectos positivos, pero también tienen carencias o avances insuficientes. En términos de suficiencia y carácter
dinámico del modelo usted ha imprimido, como en otros ámbitos de la política económica, una excesiva rigidez fruto de un cierto doctrinarismo. Han querido soldar tanto en el papel las reglas concretas de participación que incluso en la LOFCA han
especificado porcentajes que cualquier proceso de armonización fiscal en la Unión Europea puede aconsejar cambiar. Además, señor Montoro, tengo la convicción -en eso seguramente discrepamos y es lógico- de que la rigidez no es buena amiga de la
estabilidad, que una cierta flexibilidad puede ser mejor amiga de la estabilidad.
En materia de asignaciones de nivelación, vienen reconocidas en la nueva legislación. Ahora bien, déjeme que le diga que nosotros habíamos propuesto en la tramitación parlamentaria que se incluyera alguna fórmula específica que permitiera
dar un carácter cuantificado a estas asignaciones si se daban los supuestos. Carecemos de fórmula, carecemos de expresión cuantitativa que permita dar una cuantificación a los supuestos. Nos tememos que si se produce el supuesto de hecho va a
haber interminables discusiones sobre qué fórmulas deben utilizarse para calcular las cantidades de nivelación.
Por otra parte, en materia de autonomía tributaria creo que ha existido un avance importante en la participación de las comunidades autónomas respecto de tributos que se perciben, que se cobran en su territorio.
Esto no es lo mismo que el
aumento en sí de autonomía tributaria, puesto que como le decía antes usted ha mencionado algunos avances en corresponsabilidad fiscal, en autonomía tributaria, en IRPF; pero en materia de impuestos indirectos, otra vez, como es lógico, la
autonomía tributaria no puede ser demasiado grande. Creemos que ahí se ha perdido una cierta oportunidad para ir más allá en la coparticipación de las comunidades autónomas en la gestión tributaria. Creíamos que el marco era idóneo para avanzar
más en ese sentido. Quizá nosotros no tenemos tanto recelo como ustedes sobre qué políticas sigan las comunidades autónomas en materia de nombramiento de personal, para coparticipación en gestión tributaria, etcétera. Porque lo que han creado con
el Consejo Superior de Dirección es un órgano eminentemente de consultoría y asesoría y en estos momentos podía haberse ido más allá, sobre todo cuando están bastante agotados los caminos para aumentar la autonomía tributaria por la vía del
ejercicio de las propias capacidades impositivas y tributarias.
Por último, quisiera hacer una referencia en esta evaluación general a un aspecto añadido a los acuerdos que usted nos trae, a las perspectivas financieras de las comunidades autónomas. Hace poco aprobaron ustedes, tampoco por unanimidad,
las perspectivas financieras que imponen un déficit cero con carácter anualizado a las comunidades autónomas y ayuntamientos. En cambio, para lo que es la Administración del Estado, para lo que es el Estado, las perspectivas financieras admiten
déficit anuales. Se prevé que el Estado tendrá un déficit del 0,5 por ciento del PIB en 2003, del 0,4 por ciento del PIB en 2004 y del 0,3 por ciento del PIB en 2005. Esto no es muy problemático porque está dentro de los márgenes del pacto de
estabilidad que, como explicó el señor Rato en el Senado hace unas semanas, permite que la estabilidad se considere en el 2004 como la existencia de un equilibrio presupuestario que implique déficit no superiores al 0,5 por ciento y que en términos
anuales no se supere el 3 por ciento. Lo que yo no entiendo, señor Montoro, porque usted dice luego que en general la Administración central no tiene déficit porque hay que tener en cuenta que la Seguridad Social tiene superávit, es que si usted se
permite déficit del 0,5, 0,4 y 0,3 por ciento por qué no da un poco más de flexibilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos; no menos flexibilidad que la que usted se arroga, aunque usted luego nos haga el ejercicio contable de que como la
Seguridad Social tiene superávit, lo comido por lo servido. De hecho, si el Estado hubiera abordado la financiación de todo aquello que debe separar de la Seguridad Social, como los
complementos de mínimos, el déficit del Estado sería todavía mayor. Es mucha flexibilidad -o flexibilidad, no diré mucha- para ustedes e inflexibilidad, rigidez para las administraciones territoriales.
En fin, usted trae 15 acuerdos de comisiones mixtas. El Grupo Parlamentario Socialista es respetuoso con los acuerdos que alcanza, que consigue, que logra el Gobierno central con cada uno de los gobiernos autonómicos. Por tanto nosotros
hoy no vamos a dar apoyo a las enmiendas de devolución. También le digo que vamos a presentar enmiendas para la tramitación parlamentaria porque hay aspectos que nos preocupan; respecto de alguno de ellos tenemos presentado recurso de
inconstitucionalidad.
Permítame decir hoy otra vez que, gracias a su forma de hacer, gracias a una mezcla de doctrinarismo y prepotencia, usted empezó un proceso con unanimidad en julio y ha tenido que acabarlo con amenazas.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bel.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quería hacer dos matizaciones de orden jurídico a las enmiendas de totalidad y a las intervenciones que ha habido. La Comunidad Valenciana se llama Comunidad Valenciana. Así figura en nuestro estatuto, y pediría
a los diputados de esta Cámara que se refirieran a ella por su nombre oficial, que es Comunidad Valenciana. También quiero hacer una matización de orden jurídico y de orden político. De orden jurídico, porque no existe una denominación territorial
en nuestro ordenamiento jurídico de Paîsos Catalans. Uno lo puede usar o lo puede no usar, pero en el orden político sí que está clarísimo que quien lo usa tiene una representación política en la comunidad de todos conocida y por tanto tiene el
reconocimiento de los ciudadanos porque somos una comunidad autónoma (la Comunidad Valenciana) que tenemos personalidad propia, constituimos una nacionalidad propia, con lenguaje propio y además con nuestros propios objetivos.
Entrando ya en el tema que hoy nos atañe, que son las 17 leyes que se están tramitando, algunas de ellas con enmiendas de totalidad, quiero decirle, señor Bel, que esto empezó dialogando y ha concluido con la firma de las 17 comunidades
autónomas. Le entiendo, señor Bel, porque usted tiene que defender en Madrid unas cuestiones y tiene que ir a Cataluña y defender las contrarias. Entiendo su problema y entiendo el problema del PSC. Entiendo que el PSC tenga el problema de que,
por una parte, quiere atacar en Cataluña los acuerdos de financiación autonómica y, por otra parte, hay colegas suyos y, por tanto, la estructura del partido, que tiene que apoyarlo. Pero, señor Bel, que usted tenga un problema de discurso no le
autoriza a que emplee descalificaciones frente a nadie. Yo se lo pediría. Simplemente se lo pido para que en los discursos parlamentarios empleemos las argumentaciones (que usted ha empleado y las emplea muy bien), pero no concluya en
descalificaciones porque este proceso empezó dialogando con el Partido Socialista y ha concluido con la firma de las 17 comunidades autónomas.
El acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue por unanimidad y los pactos bilaterales con comunidades autónomas han sido firmados por las 17. Hay partidos que apoyan a gobiernos que han firmado estos acuerdos. Yo he apuntado
siete, aunque quizá haya algunos más porque en Baleares hay una amalgama de partidos que al final yo no reconozco bien, pero al menos siete: Partido Popular, Partido Socialista, Convergència i Unió, Partido Aragonés Regionalista, Partido
Regionalista Cántabro, Unión Mallorquina, incluso Izquierda Unida, que gobierna en Baleares, etcétera. Hay múltiples partidos y además gobernando de manera diversa. Hay gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular, de mayoría relativa del
Partido Popular, de mayoría absoluta del Partido Socialista, de mayoría relativa del Partido Socialista y todos han firmado. Dice el señor Bel que han firmado no se sabe por qué, porque yo de su intervención no sé si han firmado porque han
practicado un ejercicio de masoquismo. Bastaba con no firmar para seguir teniendo un modelo, tenían el modelo anterior. Señor Bel, han firmado porque les ha interesado y usted mantiene aquí un discurso complejo porque mañana tiene que ir a
Cataluña y el señor Maragal defiende una cosa contraria y porque el Partido Socialista defiende cada día una cosa. Hoy ya nos adornan con un nuevo giro: van a votar que no a las enmiendas de totalidad, pero plantean unas enmiendas que no se han
pactado.
Era necesario llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica porque se cumplían las fechas y en estos años de gobierno del Partido Popular, en términos cuantitativos, se ha producido una transferencia de competencias a comunidades
autónomas casi tan grande como en los 18 años anteriores. Hoy todas las comunidades autónomas han asumido la prestación de servicios esenciales dentro de lo que se denomina Estado del bienestar. Hoy todas las comunidades autónomas, después de seis
años de gobierno del Partido Popular, tienen educación y sanidad como competencias suyas en la prestación de esos servicios. Le recuerdo que cuando nosotros llegamos, de las 17 sólo cinco tenían educación y sólo cinco tenían sanidad. Hoy las 17
tienen competencias. (El señor Bel i Queralt hace gestos negativos.) Quizá alguna tuviera competencias en educación, pero hoy todas, las 17, tienen competencias en materia de sanidad.
Una vez acabado el proceso de transferencias, era necesario que se abordara la concreción de un modelo de financiación con vocación de estabilidad. Eso es lo que se ha hecho: un gran pacto para llegar a ese modelo de financiación estable
en el futuro, un modelo que hace a las comunidades autónomas más suficientes; tienen más ingresos para prestar los servicios que tienen encomendados y por eso han firmado. Han hecho cuentas, señor Bel, porque usted no es consejero de Hacienda,
pero los consejeros de Hacienda de las 17 comunidades autónomas -y usted ha hablado con algunos; yo he hablado con muchos- venían a las reuniones con su calculadora y todos han hecho cuentas y han visto que tienen más capacidad para prestar los
servicios. Es muy importante lo que ha señalado el señor Sánchez Llibre, que no sólo es que tengan más ingresos el próximo año, sino que hay una tendencia continuada para tener más ingresos en el futuro, lo que las hace más suficientes, más
autónomas.
Hay más autonomía, señor Bel; aquí se da más autonomía a las comunidades autónomas y, por supuesto, y esto no lo ha negado usted y se lo agradezco, se hace a las comunidades autónomas más corresponsables, se les hace participar más en
el gobierno, hay una mayor corresponsabilidad fiscal, mayor corresponsabilidad que también va a exigir más responsabilidad a los gobiernos y a los parlamentos autonómicos. A partir de ahora, señor Bel, las comunidades autónomas participan en la
práctica totalidad de los impuestos del Estado. Sólo dejan de participar, señor Bel, en el impuesto sobre sociedades, en el de primas de seguros, en el IBI y en el IAE, que tiene tendencia a desaparecer. Es decir, participan en la totalidad de
impuestos del Estado y en muchos de ellos con exclusividad.
Ha hablado usted del impuesto de hidrocarburos. No vamos a hablar de eso porque usted lo sabe. El impuesto de hidrocarburos, incluso con la fase desgajada de este impuesto minorista -usted lo sabe porque es economista- en España ha
descendido en términos reales desde 1996. Usted lo sabe, señor Bel, porque sé que sabe hacer las cuentas. En términos reales, el impuesto de hidrocarburos, incluso sumando esta nueva figura, que no es más que una partición del anterior, ha perdido
capacidad tributaria.
Estamos ante un modelo que avanza en suficiencia, avanza en autonomía, avanza en corresponsabilidad, crea un marco de mayor solidaridad en España porque todos los ciudadanos, vivan donde vivan, van a tener mayor capacidad de recibir
servicios de calidad en igualdad de condiciones, y además crea fondos de solidaridad muy importantes para que todas las comunidades autónomas puedan crecer igualándose a la media española, que han sido muy bien recibidos por algunas comunidades
autónomas donde ustedes tienen responsabilidad de gobierno. Por tanto, mi grupo va a rechazar las enmiendas de totalidad.
Creemos que estamos ante un modelo enormemente positivo, un modelo de futuro que va a mejorar la capacidad de los ciudadanos de recibir servicios de mayor calidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 121/000074)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 121/000092)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SEÑALAMIENTO DEL CUPO DEL PAÍS VASCO PARA EL QUINQUENIO 2002-2006. (Número de expediente 121/000075)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Pasamos al punto X del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, proyecto de ley orgánica complementaria de la ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y
proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Para la presentación de las iniciativas, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, constituye para mí un motivo de especial satisfacción poder traer a esta Cámara y presentar a SS.SS. el proyecto de ley por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, el proyecto de ley orgánica complementaria de la ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y el proyecto de ley por la que se aprueba la metodología
de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006. Con estos proyectos de ley, de tramitación directa y en lectura única, quedarán incorporados a nuestro ordenamiento jurídico positivo los acuerdos alcanzados entre la
Administración del Estado, la Administración del País
Vasco y las diputaciones forales en torno al concierto económico y al cupo.
Como SS.SS. conocen, estos acuerdos son consecuencia de negociaciones intensas y prolongadas, y creo que esas negociaciones van a permitir a los ciudadanos y las empresas vascas disfrutar del mejor concierto económico alcanzado nunca en la
historia. Un concierto que dota al País Vasco de un marco financiero estable y permanente, le otorga mayor capacidad fiscal y financiera, facilita las relaciones entre el contribuyente y las administraciones tributarias, refuerza la colaboración
entre el Estado y las haciendas forales, entrelaza, en definitiva, la economía del País Vasco con la del conjunto de España, estimulando su mutuo desarrollo económico.
Además de su indudable importancia económica, este nuevo concierto económico tiene un gran significado político. Por primera vez en la historia foral del País Vasco, el concierto alcanza su plenitud y se consagra como una institución
permanente, sin plazos de renovación. Sin duda, es esta la mayor aportación del nuevo concierto, como expresión estable de la foralidad dentro del marco jurídico de la democracia española. El concierto afianza el régimen del Estado de las
autonomías en España, que es consustancial a la Constitución y a nuestro sistema de libertades. El acuerdo que ha hecho posible la presentación de estas leyes esta tarde ante la Cámara demuestra que, por encima de las discrepancias, aquellos que
tenemos responsabilidad de gobierno y aquellos que tienen responsabilidad de gobierno en las diputaciones generales hemos sido capaces de entendernos frente a los que quieren destruir el sistema institucional.
El acuerdo ha requerido flexibilidad por parte de todos, y el gran beneficiario es tanto el País Vasco como el conjunto de España. Con la firma del concierto el Gobierno autonómico vasco y las diputaciones han dado un gran paso en la buena
dirección, la dirección de la autonomía política que define nuestra Constitución y el Estatuto de Guernica.
Corresponde resaltar en este punto la postura favorable al acuerdo por parte de las diputaciones forales y, en particular, el papel que para
conseguir ese acuerdo ha desarrollado en todo momento el diputado general de Álava. Con la firma del concierto ganan, como decía antes, todos los ciudadanos del País Vasco, y es que el concierto une a todos los vascos frente a otras opciones que lo
que hacen es dividirles.
Señorías, el concierto es una institución histórica que forma parte esencial de la foralidad vasca. En su contenido nuclear ha operado como elemento vertebrador de las relaciones entre el País Vasco y el resto de España desde la segunda
mitad del siglo XIX hasta nuestros días, y tiene plena acogida en nuestro ordenamiento constitucional vigente. En efecto, el concierto económico, incluyendo el Instituto del cupo, es la manifestación más expresiva del régimen foral de los
territorios históricos del País Vasco. Tiene su reconocimiento y amparo en nuestro texto constitucional y su actualización general por virtud del mismo precepto, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley orgánica 3/1979, de
18 de diciembre. Por una parte, la disposición adicional primera de la Constitución española ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco plasma y conforma la
previsión constitucional en el ámbito tributario, y prevé los mecanismos para la fijación del cupo, que se concretan posteriormente en una ley quinquenal.
En particular, su artículo 41 establece que las relaciones del orden tributario entre el
Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional del concierto económico o convenios, recogiendo además los principios y bases del contenido del régimen del concierto.
Igualmente este artículo faculta a las
instituciones competentes de los territorios históricos para regular el régimen tributario dentro de su territorio, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas que contenga el propio concierto, explicitando claramente que
el concierto se aprobará por ley. Con este fundamento en la Constitución y en el Estatuto, las instituciones forales del País Vasco tienen capacidad para regular y recaudar sus propios tributos y, como consecuencia de ello, están obligadas a
contribuir al sostenimiento de las cargas generales del Estado y a la efectiva materialización del principio de solidaridad interterritorial. Estas dos vertientes del sistema foral constituyen el objeto de los proyectos de ley que me honro hoy en
presentar. El primero contiene una nueva regulación del concierto económico y el segundo la metodología para la determinación del cupo que habrá de aportar el País Vasco durante el quinquenio 2002-2006.
Quiero recordar también que durante los veinte años de vigencia, la Ley del concierto ha sido una ley viva, que se ha ido adaptando a todos los cambios de la legislación tributaria estatal y ha ido mejorando también sus competencias. Hasta
cinco actualizaciones se han producido a lo largo de este tiempo: en 1985; en junio y en diciembre, dos veces, en 1990; en diciembre de 1993 y, por último, en agosto de 1997. Es decir, durante los veinte años de vigencia el concierto se ha ido
adaptando a las nuevas condiciones fiscales del entorno nacional. El establecimiento de la vigencia indefinida por el concierto no impedirá que, siempre que sea oportuno, se realicen las actualizaciones que se entiendan pertinentes.
La historia
reciente del concierto pone de manifiesto que la economía del País Vasco está estrechamente vinculada a la del conjunto de España. Así ha ocurrido también en estos últimos años, donde se ha producido una importante mejora de la estabilidad y de las
condiciones económicas en el conjunto del país, que ha contribuido a un mayor crecimiento y a una abundante creación de empleo. Para el conjunto de España desde 1995 se han generado más de 2,6 millones de
empleos, de ellos pertenecen al País Vasco casi 140.000. Es decir, en España y en la Comunidad Autónoma del País Vasco hemos estado creciendo por encima de lo que lo ha hecho la Unión Europea; hemos creado mucho más empleo que el resto de
nuestros socios comunitarios. Sin duda, instituciones como la del concierto han servido fiel y puntualmente a esos grandes objetivos económicos.
Señorías, el término de la vigencia del concierto económico, el 31 de diciembre de 2001, sin que se hubiera aprobado un nuevo texto por la falta de acuerdo entre las delegaciones, hizo necesaria la aprobación de la prórroga para garantizar
la continuidad en el tiempo del régimen tributario foral y la seguridad jurídica del País Vasco hasta la aprobación del proyecto de ley que hoy se presenta. Gracias a que la seguridad jurídica del concierto ha estado garantizada por ley pudimos
continuar las negociaciones con la intención de llegar a un acuerdo antes de que terminase el año 2001, algo que, como SS.SS. conocen, no fue posible y tuvimos que prolongarlas durante las primeras semanas de 2002, hasta la firma definitiva del
acuerdo el pasado 6 de marzo. El acuerdo incorpora importantes mejoras; mejoras que se pueden englobar en cinco puntos. Al primero ya me he referido suficientemente: la vigencia indefinida del nuevo concierto. Junto a esta mejora quiero
destacar esta tarde el aumento de la autonomía fiscal del País Vasco; los avances para el contribuyente en sus relaciones con las administraciones tributarias, suprimiendo cargas formales y materiales tanto para las personas físicas como para las
empresas; la potenciación de los mecanismos de colaboración entre las administraciones, que eviten conflictos como los que han jalonado la historia del concierto económico; por último, el mantenimiento -incluso avance- de la capacidad financiera
del País Vasco.
Todo ello conforma un panorama de nuevas e importantes mejoras, que hacen que este concierto económico sea el mejor de los posibles y el mejor de la historia de los conciertos económicos del País Vasco.
Respecto al proyecto de ley orgánica, complementaria de la ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se deriva de la necesidad de separar los preceptos de naturaleza ordinaria de los de
naturaleza orgánica, tiene como fin reconocer dentro de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria el carácter específico de los territorios forales del País Vasco. En cuanto al proyecto de ley por el que se aprueba la metodología del
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006 comenzaré diciendo que es consecuencia de lo establecido en la Ley de concierto económico.
Tanto la Ley 12/1981, de 13 de mayo, que aprobaba el concierto económico vigente hasta el
31 de diciembre de 2001, como el proyecto de ley por el que se va a aprobar el concierto económico que regirá a partir del 1 de enero de 2002 establecen que cada cinco años, mediante ley de las Cortes Generales y previo acuerdo de la Comisión Mixta
de Cupo, se procederá a aprobar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio, conforme a los principios generales establecidos en el concierto económico, así como a aprobar el cupo del primer año del quinquenio.
La metodología de señalamiento de cupo para el quinquenio 2002-2006, aprobada en el acuerdo político que alcanzamos el 6 de marzo de este año, recoge la forma de valoración y cálculo del cupo del año base del quinquenio, año 2002, así como
la forma de su actualización en el resto de años del quinquenio. Los aspectos más significativos son los siguientes: se determinan las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma del País Vasco en un importe de 66,69 miles de millones de euros,
deduciendo del total de gastos del presupuesto del Estado el importe íntegro que a nivel estatal corresponde a las competencias asumidas por la comunidad autónoma. Se determina el índice de imputación que aplicado a las cargas no asumidas
constituye el cupo; dicho índice de imputación es del 6,24 por ciento, igual al fijado en los cupos de los años anteriores, resultando así un cupo de 4,16 miles de millones de euros. Del cupo así obtenido se deducen unos ajustes que están
recogidos en el proyecto de ley del concierto económico, fundamentalmente para imputar a las haciendas forales determinados conceptos de ingreso que se efectúan en la Hacienda central; el importe total de estos ajustes es de 3,07 miles de millones
de euros. Por la deducción de estos ajustes, se obtiene un cupo líquido de 1.090 millones de euros. También en esta nueva ley se recoge al igual que en las leyes anteriores la forma de determinar los cupos de los años siguientes del quinquenio,
así como los ajustes a consumo de la recaudación por el impuesto sobre el valor añadido y por los impuestos especiales de fabricación. En este proyecto de ley es una novedad el tratamiento que se da a la financiación de la Policía autónoma vasca.
Así en la disposición adicional quinta se dispone que el importe actual de esta financiación sea integrado en las cargas asumidas, al igual que el resto de las competencias, y quela comisión mixta de concierto acordará la financiación del incremento
que experimente la actual plantilla. Por tanto, el Estado sigue financiando el coste de la Policía autónoma vasca así como sus incrementos futuros, sólo cambiamos el método de financiación.
Con la aprobación de este acuerdo sobre el nuevo Concierto Económico para el País Vasco todas las comunidades autónomas disponen ya de un sistema de financiación estable. Estamos completando una nueva estructura financiera del Estado de las
autonomías que responde al pleno desarrollo de sus competencias constitucionales, una nueva estructura financiera con más y mejores medios que estamos seguros que redundará en beneficio de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, nosotros también nos congratulamos de que haya llegado este momento y estoy segura de que quizá todos hubiéramos preferido que hubiera sido mucho tiempo antes, pero, en fin, la realidad es la que hay. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Debatimos estos tres proyectos como se han establecido: el proyecto de ley por el que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, el proyecto de ley orgánica complementaria de la ley por el que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por último, el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología del señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006. Son unos proyectos que llegan a esta Cámara
como consecuencia de un pacto, de un acuerdo conseguido y firmado entre la representación del Gobierno del Estado y la representación del País Vasco. Son tres proyectos fundamentales, especialmente, si me apuran, el relativo a la renovación del
concierto económico. Es una pieza fundamental del autogobierno vasco y no sólo como algunos podrían pensar porque afecta a cuestiones financieras y económicas sino porque, en definitiva, supone tocar la fibra más sensible, la línea de flotación
autonómica porque entran en juego la identidad y la personalidad jurídico-política del País Vasco expresada a través de sus derechos históricos.
Señorías, un derecho histórico no es una competencia más, sino que según la mejor doctrina es la expresión de un ser, no de un tener y afecta a la personalidad más que a las competencias. No es un problema de cantidad, sino de calidad. Las
competencias se otorgan, los derechos se reconocen; son anteriores y preexistentes a la Constitución y al Estatuto; son derechos existenciales e inherentes a la propia personalidad. La Constitución de 1978 ampara y respeta los derechos históricos
y especialmente el concierto económico. Lo que respeta la Constitución en este caso no es ningún concierto concreto, sino el derecho a pactar de mutuo acuerdo sus contenidos, su duración, su modificación y también su prórroga. Ningún concierto
económico ha sido igual al anterior ni en cifra de cupo ni en el número de impuestos concertados y ni siquiera en su duración, pero todos han sido idénticos en cuanto al reconocimiento y respeto al derecho a pactar, a concertar o a convenir. Se ha
llegado a un buen acuerdo, sí; un acuerdo que, como su propia naturaleza indica, requiere que ambas partes normalmente no reciban el cien por cien de lo planteado, y ello sin perjuicio de que las partes, al menos la que quiera, pueda seguir
insistiendo en los ámbitos que corresponda en aquellas cuestiones que no pudieron ser objeto de acuerdo. Se ha hecho un repaso a los contenidos de estos tres proyectos de ley que no voy a enumerar, pero ciertamente sí coincido con el señor ministro
en señalar cómo la vigencia indefinida del concierto resulta ser importantísima por cuestiones evidentes y claras derivadas de la propia experiencia del pasado. Se ha hablado de documento de autonomía fiscal, avances para los contribuyentes,
mecanismos de colaboración entre administraciones y avance de capacidad financiera. Podríamos citar muchas de las cuestiones más concretas que aparecen en los distintos impuestos y que han sido recogidas en esos acuerdos. También se han
incorporado acuerdos que ya se habían producido anteriormente y que se recogen en estos proyectos de ley. Hace mucho tiempo, cuando en esta Cámara se debatía el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria propusimos establecer una
disposición -curiosamente recibimos el no rotundo como respuesta- que recogiera un sin perjuicio de lo que existiera con relación a la especificidad foral de lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en definitiva lo que se recogía
para Navarra, algo que era lógico, que era evidente y para lo que quizá no hubiéramos tenido que esperar tanto tiempo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Con relación al proyecto de ley relativo a la metodología de señalamiento del cupo integrar en el modelo al Insalud, al Imserso, especificidades de la Ertzaina, la cuantía del cupo que no difiere tanto ni de unos ni de otros en sus
previsiones iniciales, o mantener el índice de imputación son elementos que merecen ser reseñados. Señor ministro -no lo hago por crear ningún tipo de polémica, no es mi intención, no lo entienda así, pero sí por la necesidad de dejar rastro en
este momento de lo que ha sucedido-, si el acuerdo puede ser bueno, no creo que ese epíteto pudiera ser usado respecto de la negociación. Desde nuestro punto de vista no ha sido la mejor negociación del mundo y como comprenderá usted es lógico que
desde nuestra posición entendamos que la representación que usted ha realizado no ha sido la mejor. Ha pasado mucho tiempo sin empezar a realizar las debidas reuniones, los debidos intercambios de posiciones que hubieran facilitado probablemente
para todos el resultado final en tiempo, en forma y con menor crispación. Quiero reseñar que en esa negociación -quiero dejarlo claro para que conste- la representación del País Vasco ha presentado siempre desde el inicio textos consensuados y
acordados por todas las instituciones vascas. Desde nuestro punto de vista la representación vasca ha presentado textos y propuestas posibilistas, no rupturistas y fácilmente admisibles por la otra parte, dentro del marco político, jurídico y
conceptual que define la institución del concierto. Para nosotros la representación vasca ha
intentado siempre modular y reformular continuamente sus posiciones buscando el acuerdo. No creo que la cuestión europea a la que me referiré posteriormente hubiera sido la excusa para no llegar al acuerdo. Durante mucho tiempo, señor
Montoro, hemos observado posturas inmovilistas de la representación del Gobierno del Estado hasta llegar al desagradable trámite de una prórroga unilateral. Como señalamos en su momento y no voy a suscitar las argumentaciones que mantuvimos en esta
Cámara, nosotros comunicamos en este mismo foro que dábamos la prórroga por no presentada ni tramitada, lo que mantenemos. De todo ello también se aprende. Hemos aprendido, al menos desde el punto de vista constructivo, pero también -¡ojo!- en
defensa de los derechos que nos pudieren corresponder y nos corresponden, a tomar buena nota para defenderlos, a tomar las medidas necesarias para garantizar y reafirmar la bilateralidad del convenio, la esencia del pacto. Tomamos buena nota y
adoptaremos las medidas oportunas. No era necesario, pero ustedes así lo plantearon.
Finalmente voy a centrarme en explicar -no para volver a confrontaciones ni a debates, pero sí para explicar- lo que quizá no se entendió o no se quiso entender, el porqué de una posición, de un planteamiento, de la necesaria representación
-participación propia, participación directa, llámenlo como quieran- en la Unión Europea en defensa de un sistema fiscal propio, al mismo nivel que cualquier sistema fiscal de la Unión Europea. Esto no se les ocurre a los representantes de una
posición política porque sí. Es evidente que tiene una lógica -y es lo que queremos dejar claro-, tiene una justificación. Tiene una justificación que hace mucho tiempo ya se venía esgrimiendo, lógicamente a raíz de tanta judicialización, tanto
problema y tanta -a veces lo llamaríamos así- injusticia judicial o parajudicial, en el sentido de prejudicial, en la Unión Europea. Era un sentimiento, era la necesidad de reflexionar -dado que en el año 1981 no estábamos en la misma situación, no
estábamos integrados en la Unión Europea- en el nuevo marco, inédito, que no existía en el año 1981, de cómo encajar nuestro sistema fiscal propio en este nuevo escenario, la Unión Europea. Por tanto -repito- esta era una necesidad que existía y
que existe en la sociedad vasca, llámela sociedad política o sociedad civil.
Como prueba, muestra o ejemplo de ello no voy a citar las múltiples conferencias, las múltiples ocasiones en las que representantes de uno u otro parámetro, de uno y otro extremo de la sociedad vasca han planteado esta reflexión. Como
muestra de lo que es la sociedad civil vasca, la propia Real Sociedad Vascongada de Amigos del País -de la que en la tribuna veo a un ilustre miembro invitado- también había hecho una reflexión. Tal vez las conclusiones alcanzadas por unos u otros
pudieran ser diferenciadas, pero sí es cierto que había un interés, una necesidad, un algo que cuestionaba la obligación por parte de todos de reflexionar sobre cuál iba a ser nuestro encaje, cómo podíamos participar nosotros directamente en ese
nuevo escenario. Eso es fundamental, eso estaba detrás de esa cuestión que se planteaba, podría haber habido multitud de formulaciones, quizá diferentes, pero no la sensación de que era algo ilógico o hasta ridículo, si no imposible desde el punto
de visto de la normativa europea, lo que no es cierto.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.
Esta es una cuestión que estará siempre ahí, va a seguir estando, porque, en definitiva, nosotros tenemos que jugar, que participar, que vivir y convivir en el marco de la Unión Europea y queremos seguir manteniendo nuestro sistema fiscal
propio. Vamos a tratar de hacerlo con los demás y a buscar la mejor solución para la Unión Europea en los ámbitos correspondientes, pero se nos debe respetar; nuestra participación directa es buena para que se tenga en cuenta que es un sistema
fiscal propio, que es un derecho propio y que pretendemos ni más ni menos que los demás: que siga existiendo. Por tanto, como nosotros respetamos a los demás sistemas, deseamos que se nos respete en este sentido. Lo plantearemos en ámbitos que
sean oportunos, convenientes, razonables y esperamos que podamos tener una solución que puede ser positiva para todo el mundo. En todo caso -termino, señora presidenta-, es momento de congratularse, de terminar bien un tema que a lo largo de la
negociación no ha sido muy acertado -permítame, señor Montoro, en parte por usted y en parte por la representación que usted ostenta del Gobierno del Estado-, pero el concierto económico es un derecho, es un instrumento, es un elemento clave para la
sociedad vasca.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, arratsal-deon danori.
La ceremonia parlamentaria a la que hoy asistimos es para nosotros, para el Grupo Vasco en el Congreso y para Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, la más singular de todas las que podamos celebrar en esta legislatura. Por su
intrínseca naturaleza de pacto entre el Estado y el País Vasco no se somete a nuestra discusión el articulado concreto del concierto económico. El contenido normativo en sí mismo de los proyectos de ley que se someten a la aprobación de la Cámara
es muy discreto, se limita a la ratificación del
texto acordado por la comisión mixta de cupo. Es más, a lo largo de la ya más que centenaria historia de este peculiar instrumento de articulación de las relaciones financieras y fiscales entre la Hacienda y el territorio común y las
haciendas forales, ni siquiera han sido mayoría las ocasiones en las que los sucesivos textos han sido ratificados por disposición con rango de ley. Más veces que la ley, ha sido la figura del real decreto la que ha servido a lo largo de la
historia para insertar en el sistema normativo del Estado el régimen de concierto económico que como tal, como simple real decreto, vio la luz precisamente el 28 de febrero de 1978.
La esencia del concierto nunca se ha buscado en el instrumento jurídico a través del que se le había de dar entrada en el boletín oficial. La esencia del concierto es el pacto entre el Estado y las instituciones vascas. El instrumento
jurídico es accidental y a tal naturaleza conviene perfectamente la ley de artículo único que se sentó como precedente en 1981, que se ha utilizado en las sucesivas modificaciones de aquel texto y que se propone hoy al Congreso de los Diputados para
la renovación del régimen en los términos acordados entre las representaciones encabezadas por la vicelehendakari y por el ministro de Hacienda el pasado 20 de febrero. Consideraciones aparte, lo que la aprobación del concierto concede a la Cámara
y a quienes la integramos en esta legislatura es el privilegio de hacernos protagonistas de la salvaguardia de uno de los más peculiares regímenes de federalismo fiscal que pueden encontrarse vigentes en el derecho comparado, conservado hasta hoy
por la tenaz defensa de quienes convencidos de la legítima razón que confiere la historia lo han defendido en toda circunstancia frente a la sinrazón de la fuerza, que en tiempos que hemos vivido la mayoría de los aquí presentes incluso consiguió
suprimirlo temporalmente en una parte del territorio foral. Es el concierto económico vestigio, mutilado pero al fin y al cabo vestigio, de una forma de integración política en lo que hoy es el Estado, distinta de la forzada por el derecho de
conquista y ejemplo de entendimiento y negociación que se ha renovado con periódica puntualidad cada vez que con arreglo a su propio dictado ha correspondido hacerse en los 124 años de su vigencia. Hoy el régimen de concierto económico está
reconocido con una referencia expresa y explícita por la Constitución de 1978, cuya disposición adicional proclama que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Quiere esto decir que quien cuestione el régimen de
concierto como fórmula privativa y excepcional de ordenación de las relaciones económico-financieras entre el País Vasco y el Estado, y de participación de aquél en las cargar generales de éste, no puede hacerlo sin pretender, cuando menos y en el
más pacífico de los casos -y digo esto porque para nosotros, desde luego, la legitimación del régimen de concierto no se agota, ni muchísimo menos, en su reconocimiento constitucional-, una reforma de la Constitución. Aunque por razones obvias no
seré yo quien niegue la legitimidad de disentir de la Constitución desde su agotamiento o de plantearse su modificación, aun cuando, reitero, ni siquiera la eliminación de la disposición adicional primera podría privarnos de lo que nos pertenece por
derecho propio desde que el Estado español existe como tal, entiendo que conviene dejarlo bien claro para definir, en sus exactos términos las posturas en el debate del concierto económico.
Al tantas veces repetido discurso del privilegio de los vascos que rompe el principio de igualdad entre todos los ciudadanos del Estado y que, por tanto, es inconstitucional, ha de contestarse, desde su propia lógica, que es precisamente la
invocada Constitución la que reconoce y ampara nuestro régimen y que la Constitución, cuando se invoca, ha de tomarse en su todo, incluida la disposición adicional primera, que no es, ni muchísimo menos -y a estas alturas es algo que ha dejado bien
claro la juriprudencia del Tribunal Supremo-, una simple declaración retórica sin contenido, como algunos pretendieron. Más aún, la Constitución ampara y respeta el régimen de concierto, en cuanto indiscutido por derecho histórico, de los
territorios forales exclusivamente para el País Vasco y Navarra. Ciertamente, no impide que un modelo de distribución de competencias tributarias y de atribución de rendimientos y compensaciones, como el que implica el concierto económico, se
instaure para otras comunidades autónomas, pero no lo ampara y respeta más que para el País Vasco y Navarra. Podría ser que se copie el modelo de concierto, que se aplique fuera del País Vasco y Navarra, pero, en tal caso, no sería el régimen de
concierto, sería un modelo doctrinal de federalismo fiscal, uno más entre los técnicamente posibles, desde luego no incompatible con la Constitución, pero tampoco reconocido ni consagrado por la misma ni, menos todavía, derecho histórico legitimado
en cuanto manifestación última de la forma inveterada de regulación de las relaciones económico-financieras entre el Estado y lo que es hoy una comunidad autónoma.
La disposición adicional primera, tras proclamar el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales, dispone que la actualización general del régimen foral, en su caso, se llevará a cabo en el marco de la propia
Constitución y de los estatutos de autonomía. El Estatuto de Guernica establece en su artículo 41 que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema tradicional de concierto económico.
Añade el mismo precepto del Estatuto de Guernica que las instituciones competentes de los territorios históricos, es decir, las juntas generales y las diputaciones forales, podrán mantener, establecer y regular dentro de su territorio su propio
régimen tributario ostentando, además, facultades en orden a la exacción, gestión, liquidación e inspección de todos los impuestos, salvo los que se integren en la renta de aduanas y los que actualmente se
recaudan a través de los monopolios fiscales. Semejante declaración no se encuentra en la redacción de ningún otro de los estatutos de autonomía vigentes para el resto de las comunidades, como no sea en el caso de la Comunidad Foral de
Navarra. Esta previsión del Estatuto de Guernica constituye la nota diferencial y peculiar del régimen de autonomía del País Vasco, que es, por tanto, por antecedente y tradición reconocidos por la Constitución de 1978 y por el Estatuto de 1979,
cualitativamente distinto al régimen de autonomía de todas las demás comunidades.
El texto que hoy se somete a la consideración de esta Cámara, es una nueva materialización de este pacto solemne entre el Estado y el País Vasco que exige el régimen de concierto. Largas y complicadas fueron las negociaciones que
permitieron alcanzar un acuerdo en los términos contenidos en el texto que hoy se nos presenta -pienso que fue también el ambiente en el que desarrollaron-, mas no es ya el momento de ahondar en las diferencias, sino el de felicitarnos por el
consenso. Hubo acuerdo en un texto que, con vocación de continuidad, va a permitir renovar el régimen; seguramente, ni lo hubo ni lo habrá respecto de las razones que a cada una de las partes llevaron a la aceptación del texto, pero ahí radica la
grandeza de los acuerdos. Se ha repetido por las dos partes de la negociación que el que se presenta a nuestra ratificación es el mejor concierto que podía existir. Sin duda, para ninguna de las dos es el mejor concierto, pero nosotros estamos
convencidos de que es el mejor que se pudo consensuar y como tal lo vamos a ratificar con nuestro voto favorable desde el confesado propósito de seguir reivindicando las pretensiones a las que el Gobierno vasco y las diputaciones forales renunciaron
en beneficio del pacto.
El texto que se propone para la renovación del concierto tiene carácter indefinido. No es el primer texto en la historia del concierto que renuncia a preestablecer una fecha fija de caducidad, ya lo hizo el de 1887, pero no por ello deja de
ser una nota destacable. Garantizada la revisión periódica del cupo y admitida la necesidad de adaptar el concierto a la evolución natural del sistema tributario, no existía una razón suficiente para forzar a fecha fija la renegociación del
régimen.
El texto acordado prevé un mecanismo de concertación automática de las nuevas figuras tributarias que se creen en el futuro, que constituye a nuestro entender un eficacísimo instrumento de garantía de la asimetría entre los regímenes
tributarios del territorio común y los de los territorios forales, en la más perfecta sintonía con la naturaleza del concierto; pieza de engranaje entre dos soberanías tributarias, la estatal y la foral.
En coherencia con lo anterior, reduce asimismo la relación de las llamadas competencias exclusivas del Estado y las limitaciones de las instituciones forales para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. Reconoce a los
no residentes el derecho a optar por la tributación con arreglo a la normativa foral en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el de patrimonio, acomodando el régimen de concierto a las exigencias de la jurisprudencia comunitaria en
materia de no discriminación, en definitiva, acomodando el régimen de multiplicidad de regímenes tributarios del Estado a las exigencias de la libre circulación en el seno de la Unión Europea. Incrementa hasta el doble de los vigentes los límites
de volumen de operaciones de las sociedades a efectos de vincular la tributación exclusiva y la normativa aplicable a la administración del domicilio fiscal, lo que, ciertamente, va a redundar en una notable simplificación de sus obligaciones
fiscales para un buen número de empresas. Da una solución satisfactoria y coherente con el régimen de concierto a la imposición de los grupos de sociedades que tributan en consolidación. Acomoda la especialidad en el tratamiento de las retenciones
por IRPF de las retribuciones percibidas por los funcionarios de la Administración central a los usos tradicionales de los tratados fiscales sobre doble imposición. Acomoda el inventario de competencias propias de las haciendas forales a los
mínimos marcados por el régimen de cesión de tributos a las comunidades autónomas de régimen común. Incluye la concertación del impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos. Garantiza la salvaguardia de la peculiaridad foral en el marco
de la Ley General Tributaria, cuya reforma será pronto sometida a esta Cámara. Institucionaliza la comisión de coordinación y de evaluación normativa con el manifestado compromiso de agotar las vías del consenso político antes de someter los
conflictos entre ambas administraciones al dictado de los tribunales de justicia. Modifica la composición de la junta arbitral con un sentido realista que creemos que -esta vez, sí- va a permitir el efectivo funcionamiento de la misma.
En el orden financiero, es de destacar que mantiene el índice de imputación de renta en el 6,24 por ciento, así como los de capacidad recaudatoria y ajustes al consumo y que incorpora al modelo general de financiación la sanidad y la
Ertzaintza, respetando, por otra parte, las competencias inveteradas reconocidas por el Real Decreto de 1906 al que se han referido cuantos textos le sucedieron en la articulación del concierto. A través de dos disposiciones adicionales, una de
ellas de carácter orgánico, del proyecto de ley por el que se aprueba el concierto, se da una nueva redacción a las leyes de estabilidad presupuestaria con el fin de que la aplicación de estas se entienda sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del
concierto, es decir, en el marco de la bilateralidad y del pacto que ha de presidir las relaciones económico-financieras entre las instituciones públicas de Euskadi y la Administración del Estado.
Sin duda, el gran punto de fricción en el curso de las negociaciones fue la llamada cuestión europea.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiazu, le ruego vaya concluyendo, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Lo haré, señora presidenta. Gracias.
Desde 1878, en que nació el concierto económico, hasta nuestros días, la integración del Estado en la Unión Europea en 1985 constituye muy probablemente el mayor revulsivo en el marco jurídico de referencia en el que se ha negociado y
mantenido. La cuestión de la intervención de las instituciones vascas en los foros de discusión, a las que el Estado ha cedido una parte de las competencias fiscales compartidas entre él mismo y los territorios históricos, no se planteó nunca antes
en la historia del régimen del concierto porque tales foros eran prácticamente inexistentes. A juicio de la parte vasca, abordar esta cuestión en la negociación era un punto fundamental, no sólo por su teórica incidencia en el marco de referencia
normativo, sino por la constatada problemática que la intervención de la Comisión Europea y las últimas iniciativas del ECOFIN en materia de competencia fiscal estaban planteando a las haciendas forales. La pretensión de acceder con razonables
garantías de defensa de los propios intereses en los términos que se convinieran y mejor sirvieran a los de ambas partes a los foros de discusión en los que se pueda poner en cuestión el hacer o las competencias propias de las instituciones vascas,
singularmente en el seno de los órganos de la Unión Europea, nos parecía una cuestión de mínimos. En apoyo de nuestro convencimiento, no nos podrán negar que han venido después otras comunidades autónomas, incluso las gobernadas por destacados
miembros del Partido Popular, que, salvadas las distancias, han mostrado una sorpresa parecida a la nuestra ante la todavía más sorprendente negativa del Gobierno del Estado a negociar la presencia de los gobiernos autónomos en los foros
comunitarios.
Se ha querido sacar de contexto la discusión invocando falsos impedimentos derivados de las propias instituciones comunitarias o de la Constitución.
No es ésta la ocasión para reiterar los argumentos, tiempo y ocasión intentaremos que haya
para ello. Quede sólo ahora la constancia de nuestro total desacuerdo respecto a tales falsos impedimentos. Ha quedado fuera del texto del concierto toda fórmula de intento de resolver la necesaria conciliación del régimen peculiar con la nueva
realidad del marco jurídico comunitario; ha quedado fuera porque la representación del Estado y del Gobierno central se ha negado a admitir cualquier fórmula de arreglo, se ha negado incluso a admitir la realidad -insistencia ante el problema- y ha
llegado a poner en cuestión todo el acuerdo sobre el concierto por este motivo. Se ha quedado fuera porque la parte vasca en la negociación, por sentido de la responsabilidad histórica que implicaba la renovación del concierto, renunció finalmente
a su pretensión en beneficio del acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiazu, le ruego concluya, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy concluyendo, señora presidenta.
Hoy, como les decía antes, amén de otras cuestiones, debemos valorar positivamente el propio acuerdo y así lo hacemos desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso.
No quisiera dejar de reconocer y agradecer, antes de concluir mi intervención, el esfuerzo realizado por cuantos han participado activamente en esta tarea tan importante para el futuro de los vascos.
Por la parte vasca no se puede olvidar
la magnífica labor desarrollada en el proceso de la negociación por la vicelehendakari del Gobierno vasco, doña Idoia Zenarruzabeitia, por el diputado general de Vizcaya, don Josu Bergara, por el diputado general de Guipúzcoa, don Román Sudupe, por
el diputado general de Alava aquí presente, don Ramón Rabanera, por el viceconsejero de Hacienda, don Juan Miguel Bilbao, por el diputado foral de Hacienda de Vizcaya, don Javier Urizarbarrena, por el diputado foral de Hacienda de Guipúzcoa, don
Antxón Marquet, por el diputado foral de Hacienda de Álava, don Juan Zárate, y por los directores y técnicos, algunos presentes, que han estado involucrados en este proyecto. También hemos de reconocer y valorar el trabajo y la dedicación del
ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, del secretario de Estado de Hacienda, don Estanislao Rodríguez-Ponga, del secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, don Antonio Beteta, y de cuantos directores y funcionarios han
colaborado para llegar a un acuerdo entre las partes.
En definitiva, señorías, el texto del concierto que se somete a la ratificación del Congreso de los Diputados nos parece, con la salvedad de la cuestión europea, un buen texto. Nos felicitamos de poder votar afirmativamente los proyectos de
ley que hoy se nos presentan.
Desde el grupo vasco y desde el Partido Nacionalista Vasco queremos agradecer sinceramente el apoyo favorable a estos proyectos del resto de grupos y partidos políticos que forman parte de esta Cámara. Hoy, con nuestro sí, con el sí de los
aquí presentes, contribuimos a afianzar un instrumento básico de autogobierno, como es el concierto, que redundará positivamente en el bienestar del conjunto de los ciudadanos de Euskadi.
Es una ocasión histórica la que nos brinda la ritual
renovación de un régimen especial, testimonio último de lo que pudo ser, finalmente no fue y hoy intentamos que vuelva a ser, en el nuevo marco comunitario, una estructura política fundada sobre el respeto de los usos, libertades y pactos entre
pueblos y naciones que supieron gobernarse sin exigir la renuncia a lo propio y peculiar.
Eskerrikasko. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, con bastante brevedad.
En primer lugar, y tal y como han hecho tanto la portavoz como el portavoz que me han precedido, para congratularnos de que, más pronto que tarde, se haya traído aquí un texto consensuado, de común acuerdo con los distintos niveles
institucionales de Euskadi, con la misma filosofía con que antes nos hemos posicionado respecto a la enmienda a la totalidad que han presentado tanto el BNG como Esquerra Republicana de Catalunya a estas cuestiones. Señorías, bastaría sencillamente
con que se hubiera producido un acuerdo entre la Administración central y los distintos niveles institucionales de Euskadi, para que nosotros dijéramos aquí un provéase, en la línea de Felipe II. Si ya han llegado a un acuerdo los actores, tírese
para adelante en ese tema. No obstante, señorías, a pesar de los parabienes muy educados y de buena familia del portavoz del PNV, hay momentos en los cuales no tiene por qué darse ese dicho de que bien está lo que bien acaba, ni siempre una buena
capa todo lo tapa. Aquí se han vivido momentos de tensión muy fuertes en la negociación, incluso desde la Administración central se ha intentado, mediante lecturas torticeras de las posibilidades competenciales, socavar las relaciones bilaterales
diciendo que cómo iba a negociar con las diputaciones, incluso que había intentos de quiebra de la propia legalidad y la estructura del Estado. Ahora nos congratulamos porque ha estado bien el acuerdo pero, como se ha dicho aquí, la negociación no
ha estado nada bien, sobre todo con un territorio que no es ciertamente uno de los territorios cómodos o tranquilos del Estado español, lo cual ha sido utilizado como piedras arrojadizas sobre el Gobierno vasco. Por tanto, insisto en que no está
bien todo lo que bien acaba, porque ha habido procesos que han insinuado una apertura de grietas o espitas, que nunca es bueno y que puede ser utilizado en otro momento, como bien se ha dicho aquí.
Como grupo parlamentario no voy a entrar, porque hoy no toca, sobre si la extensión del sistema del modelo de concierto a otras comunidades autónomas más allá del País Vasco y Navarra entra o no en la Constitución española. La Constitución
española da para mucho, pero no para tanto.
Como ya he dicho, no voy a entrar porque no toca hoy ni tampoco voy a considerar el momento de la validación de los derechos de un pueblo.
Podemos discutir mucho sobre eso, pero hoy no toca.
Vuelvo a insisitir, sencillamente porque los actores han llegado a un acuerdo tendrían el respaldo de mi grupo parlamentario. Entendemos que, aunque no es mucho el mejoramiento sobre anteriores textos, ha habido elementos de racionalidad y
de mejor funcionamiento. Por tanto, vaya nuestro voto favorable para los tres proyectos de ley que hoy se ponen sobre la mesa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente, como no podía ser de otra forma, los tres proyectos de ley que se debaten en esta Cámara y que ha presentado el señor ministro de
Hacienda, el proyecto de ley por el que se aprueba el Concierto Económico para la Comunidad Autónoma del País Vasco, el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley por la que se aprueba el Concierto Económico de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, así como también el proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Vamos a votar favorablemente dichos proyectos de ley, en primer lugar, por coherencia y por tradición histórica. Desde Convergència i Unió siempre hemos apoyado, defendido y votado favorablemente todo aquello que hace referencia al
fortalecimiento de aspectos relevantes que afectan al Estatuto de Guernica y al Gobierno de Euskadi, y estos tres proyectos, señoras y señores diputados, contienen aspectos relevantes a los que me acabo de referir. En segundo lugar, porque nuestro
grupo parlamentario de Convergència i Unió siempre ha respetado en esta Cámara los acuerdos alcanzados entre el Gobierno vasco y el Gobierno central. Para la aplicación y desarrollo del Estatuto de Guernica, el cupo y el concierto económico son
aspectos importantísimos. Por estos motivos, señorías, nuestro grupo apoyará con satisfacción política estos proyectos de ley.
Me dirijo en nombre del Grupo Parlamentario Convergència i Unió a nuestros compañeros diputados del Partido Nacionalista Vasco y a nuestra compañera de Eusko Alkartasuna, para manifestarles nuestro voto favorable, compartiendo la
satisfacción de los objetivos conseguidos y felicitándoles por las arduas negociaciones que han mantenido con el Gobierno central. Aprovecho también la ocasión para felicitar al Gobierno central por haber logrado este importante acuerdo, tal y como
han manifestado los compañeros de los grupos parlamentarios Mixto y Vasco, que va a redundar en un desarrollo más exhaustivo de la financiación de la comunidad autónoma vasca.
Es cierto que este acuerdo recientemente alcanzado es continuación del acuerdo de 1997, que fue muy importante, pero también es cierto que abarca aspectos importantísimos -como ha manifestado el señor ministro y han reconocido los diferentes
grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra-, como por ejemplo que no hay previstos plazos para la renovación, la ampliación de 3 a 6 millones de euros de los límites de facturación para que las empresas
tributen en el País Vasco, va a existir una mayor capacidad de recaudación en cuanto a las retenciones de los funcionarios de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales, así como la capacidad de elección de los no residentes
en cuanto a los diferentes impuestos.
También se ha incrementado la autonomías financiera de los grupos de sociedades en los diferentes ámbitos de separación de tributación y ha existido asimismo una tributación favorable en cuanto a la
concertación del impuesto minorista sobre carburantes.
En definitiva, haciéndome eco de las manifestaciones del señor ministro así como de los diferentes portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el Concierto Económico del País Vasco tiene amplia vigencia y se ha ampliado la
capacidad fiscal de las diputaciones forales. La metodología del cálculo del cupo tiene vigencia quinquenal, de 2002 a 2006, y como aspecto favorable utiliza el mismo índice de imputación del primer cupo acordado en el momento procesal oportuno en
que se aplicaron dichas metodologías.
En definitiva, señoras y señores diputados, señor ministro, este sería el acuerdo de financiación que nos gustaría tener para la Generalitat de Cataluña y para nuestra comunidad, pero también es cierto que hay mecanismos legales,
constitucionales y estatutarios que nos lo impiden.
En mi última intervención, cuando hemos defendido la cesión de tributos del Estado a la Generalitat de Cataluña, he manifestado nuestra satisfacción en el sentido de que habíamos obtenido el mejor
acuerdo autonómico que se había conseguido hasta la fecha en las negociaciones con los diferentes gobiernos. También quiero manifestar que este es el objetivo que nos gustaría alcanzar, a pesar de que hay consideraciones constitucionales y
estatutarias que no nos lo permiten, pero vamos a seguir ahondando y profundizando en las futuras negociaciones para conseguir uno de los objetivos que manifesté en mi primera intervención, en el sentido de ir intentando aproximar los resultados
económicos que se producen en los sistemas de financiación de las diputaciones forales, como pueden ser País Vasco y Navarra, a los sistemas de financiación pactados y concertados y previamente entre el resto de comunidades autónomas y la
Administración central.
Por lo tanto, señoras y señores diputados, señora presidenta, felicitaciones a los grupos parlamentarios vascos que van a apoyar dicha iniciativa sin dejar de lado la felicitación al Gobierno central por haber conseguido este pacto bilateral
que va a reforzar el Estatuto de Gernika.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta, señorías.
Gracias, señor Sánchez i Llibre, como vasca, por su felicitación.
Quiero mostrar en primer lugar mi satisfacción porque hoy por fin podemos aprobar en esta Cámara, por el procedimiento de urgencia y en lectura única, el proyecto de ley de concierto económico, el proyecto de ley orgánica complementaria del
concierto y el de la metodología sobre señalamiento del cupo para el quinquenio 2002-2006. Digo mi satisfacción porque, aunque tarde, las representaciones de las administraciones autonómica y central han alcanzado un acuerdo y, como vasca,
efectivamente me siento satisfecha.
El concierto económico es sin duda el pilar más importante del sistema foral y tiene gran raigambre en nuestra tierra, quiero recalcarlo. Sin embargo, lo que más me interesa destacar en este momento, aquí y otra vez, es que en la actualidad
el concierto económico tiene su fundamento y su legitimación en la Constitución de 1978, ya que los llamados derechos históricos extraen su garantía de ser ejercitados precisamente de la disposición adicional primera, como bien se ha dicho ya en
esta Cámara.
Dicha disposición dice: 'La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de
Autonomía.' Así precisamente, basándose en la Constitución, esta actualización fue incorporada en el estatuto de autonomía de 1979, que en su artículo 40 establece que para el adecuado ejercicio y financiación de sus competencias el País Vasco
dispondrá de su hacienda autónoma y en su artículo 41 dice que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional del concierto económico o convenio. En definitiva, el primer
aspecto que nos interesa resaltar especialmente es que el concierto económico tiene su base en el estatuto. Los derechos históricos y forales y el amparo de los mismos se sustancian precisamente en el estatuto de autonomía.
Un segundo aspecto también importante y que nos interesa destacar es, como también se ha señalado, la naturaleza de pacto. El concierto supone un acuerdo entre la Administración del Estado y la del País Vasco, concepto por tanto que
contrapone y que está totalmente alejado de lo que puede ser el principio de un privilegio. Es por tanto el concierto una institución producto de un pacto que tiene su legitimación en la soberanía popular, en el estatuto y en la Constitución.
El proyecto que hoy se presenta en esta Cámara -digo el proyecto porque me estoy refiriendo al concierto; los otros dos los considero complementarios- puede o debe considerarse en realidad como una continuación del de 1981, ya que su
aprobación surge precisamente
de que era necesario renovar el de 1981 por concebirse en aquellos momentos una duración limitada de 20 años (finalizada a finales de 2001), limitación que a partir de ahora y con esta nueva ley deja de existir por la vigencia indefinida, lo
cual también celebramos. Esta continuidad, sin embargo, no ha significado -y yo creo que es un mérito para el propio concierto- inmovilismo sino que ha sufrido durante estos 20 años múltiples modificaciones, algunas de ellas, por qué no decirlo,
como la efectuada en 1997, sin la aquiescencia de mi grupo parlamentario porque considerábamos que no correspondía aquella modificación a una reforma sustancial del ordenamiento tributario del Estado, sino que era producto de la mutua conveniencia
de los partidos gobernantes en Euskadi y en España, es decir, un acuerdo de conveniencia entre el PNV y el Partido Popular como resultado de un compromiso para la investidura del señor Aznar. Aquello nos parecía una utilización del concierto
económico en la política partidaria, utilización que tuvo su segundo acto o su segunda vuelta durante las últimas negociaciones de estos proyectos en el periodo de sesiones anterior. Asistimos entonces, señorías, a un espectáculo que nos es difícil
calificar debido a que fueron unas negociaciones totalmente opacas, sin conocer realmente cuáles eran los motivos de la falta de acuerdo y con mutuas y continuas acusaciones entre los dos bloques negociadores; situación que nos llevó, no sé si se
acordarán, a finalizar el periodo de sesiones y finalizar el año en esta Cámara con un proyecto de ley de prórroga del concierto que tampoco sirvió para aportar ninguna clarificación al tema, sino que, por el contrario, asistimos a un agrio debate,
trufado de descalificaciones entre unos y otros, y así, señorías, celebramos la despedida de año. Como usted, señor Montoro, hoy puede celebrar la suya, pero ni más ni menos que con el Concierto Económico vasco. ¡Ahí es nada!
Sin embargo, hoy no es el momento de ahondar en las diferencias, sino de resaltar y potenciar los acuerdos. Por eso, el Grupo Socialista en general y los socialistas vascos en particular queremos celebrar el día de hoy con nuestro voto
favorable a los proyectos de ley. Queremos celebrar y apoyar esta nueva andadura del concierto económico como máximo exponente de la singularidad del autogobierno del País Vasco y, desde luego, como un instrumento esencial para nuestro progreso
económico y social.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, indudablemente hoy es un día muy importante para el País Vasco y para esta Cámara. Hoy ocurre además algo poco habitual en términos de derecho comparado: una institución centenaria, como es el Concierto Económico con el País
Vasco, no sólo es revalidada en el día de hoy y modernizada, sino que también podemos decir que se ve reforzada e impulsada. Hoy aprobamos el noveno Concierto Económico con el País Vasco.
El Concierto Económico con el País Vasco y su vertiente
financiera del cupo adquieren con el pacto que las fuerzas refrendan hoy en el Congreso y en los próximos días en el Senado la máxima expresión de nuestro autogobierno en materia fiscal y financiera. También ha de decirse que ponemos de largo el
mejor concierto económico de la historia, y quiero decir con toda claridad que este acuerdo, el mejor de la historia, se logra estando el Partido Popular en el Gobierno de España. Nuestro grupo parlamentario tiene la certeza intelectual de que este
acuerdo hubiera sido imposible de no darse dos condiciones en el Gobierno actual: primera, una actitud política, ejemplificada hoy por el ministro de Hacienda, señor Montoro, de pleno respaldo a los derechos históricos del País Vasco y, segunda,
una máxima ambición política por parte del Gobierno de España para que el País Vasco logre sortear las dificultades políticas que desde hace años viene soportando. También quiero decir, saludando al mismo tiempo afectuosamente al diputado general
de Álava, que hoy nos honra con su presencia en este hemiciclo, que con toda probabilidad, señorías, tampoco este acuerdo hubiera sido posible sin el concurso del Partido Popular en las instituciones forales del País Vasco, y quiero expresar este
convencimiento, señorías, porque creo que su omisión no respondería a criterios de justicia. La Diputación de Álava ha acreditado un alto sentido de la responsabilidad en esta negociación. Han sido más que visibles los intentos del Ejecutivo
autónomo vasco para hacer prevalecer su propuesta excluyendo de esta a la Diputación de Álava. Sin embargo, en esta dura negociación Álava ha sabido mantener la calma y ha seguido reclamando un acuerdo favorable para todo el País Vasco, y después
de meses de negociación, de debates, algunos profundamente estériles como los que ha recordado la señora Mendizábal que vivimos en esta Cámara con ocasión del debate sobre la conveniencia o no de la prórroga del Concierto, que en realidad ha
demostrado la necesidad de aquella aprobación, tenemos el mejor concierto que se podía tener. Son más de 70 acuerdos, que nos ha relatado el ministro de Hacienda, que permiten reforzar nuestro sistema financiero y nuestra capacidad política en
materia tributaria. Es, en definitiva, un acuerdo en el que se ensancha nuestro potencial político de crecimiento. Es necesario destacar lo que ya han dicho el ministro y representantes de otros grupos parlamentarios, y es que nuestro sistema
tradicional de concierto no se verá más sometido a plazos de caducidad y dejará de verse sometido por lo tanto a las veleidades políticas del momento
coyuntural de turno, lo que aporta sin ninguna duda un valor importante para obtener una mayor estabilidad de las relaciones entre las haciendas forales y la Hacienda estatal.
El apoyo de estas Cortes en el día de hoy contrasta y contrastará con otros momentos en el deambular histórico del concierto desde la restauración de la democracia en España y desde que fuera presentado por el ministro señor García-Añoveros
el octavo concierto en el año 1981. Hoy va a recibir el voto favorable de la práctica unanimidad de esta Cámara.
Los recelos que existían sobre el concierto económico, al ser tildado de privilegio, han desaparecido. Los recelos del Partido
Socialista en 1997, siendo portavoz el señor Eguiagaray, que no apostó entonces por el concierto vasco, se han disipado ya y afortunadamente contamos con el concurso del voto del Grupo Parlamentario Socialista. Por lo tanto, señorías, hoy las cosas
han cambiado: el concierto económico no genera recelos fuera del País Vasco. Lo triste es que cuando cesan los recelos fuera del País Vasco aparecen dentro del propio País Vasco.
Nunca pudo imaginar nadie en el País Vasco que el máximo obstáculo de la negociación del concierto económico en esta ocasión proviniera de una formación política vasca. Los vascos siempre hemos vivido con una mezcla de estupor, indignación
e incredulidad la insólita posición del Partido Nacionalista Vasco en esta negociación. Nadie comprendía, ni nacionalistas ni no nacionalistas, por qué aquel empeño en condicionar la negociación a una cuestión como era la participación en
instituciones de la Unión Europea, que, aun legítima desde la óptica nacionalista, nada tenía que ver con dotar a todos los vascos del mejor acuerdo posible en el concierto económico. Pero hoy, efectivamente, no es un momento para reproches sino un
momento para la felicitación y para fijar la mirada en el futuro. La nueva andadura del concierto económico bien merece que este nuevo pacto entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco lo sepamos aprovechar en todo su potencial.
El concierto vasco tiene, señorías, una garantía constitucional a la que se ha hecho referencia de forma sorprendente en el día de hoy por el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, que ha venido a decir -y esto desde luego nuestro
grupo lo recordará en alguna otra ocasión- que la lectura de la Constitución hay que hacerla de forma integral. Yo, señor Azpiazu, reconozco valentía en esta afirmación que ha hecho usted hoy, pero no creo que se la reconozcan en su grupo
parlamentario, y créame que nuestro grupo le recordará en alguna ocasión que prácticamente todos los miembros de esta Cámara consideramos que de la Constitución hay que hacer una lectura integral y no la que habitualmente proviene de la que hace su
grupo parlamentario. Además de esa garantía de carácter constitucional y de carácter estatutario, los vascos tenemos la garantía de saber que el Concierto Económico del País Vasco lleva más de cien años aportando innumerables beneficios que han
permitido que el concierto sea hoy el instrumento político que mejor ejemplifica las bondades de la colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es preciso seguir ahondando en el compromiso de acentuar la idea de la lealtad
institucional y de la coordinación y colaboración entre ambas administraciones, en lugar de perdernos en la alimentación de conflictos que no benefician a nadie. Ahora es el momento de que las instituciones demostremos a los vascos, en el País
Vasco y fuera del País Vasco, que este nuevo concierto económico se puede administrar de forma juiciosa, de forma leal. Pero, señorías, para que este acuerdo de hoy no deje de ser el mejor de la historia hace falta que los llamados a ejecutarlo se
comprometan lealmente a cumplirlo y a no desaprovechar esta magnífica oportunidad. Es preciso huir de la instrumentalización política del concierto económico. Hay instituciones que no permiten ni su manoseo ni su politización, y una de ellas,
señorías, sin ningún género de duda, es el Concierto Económico del País Vasco.
Los vascos volvemos a tener una nueva oportunidad. Quizá algún día aprendamos a ser prácticos y no necesitemos de tanto barullo para llegar a acuerdos tan positivos para nuestra tierra. Mientras tanto, siempre habrá quien desde dentro y
fuera del País Vasco -y hoy se hace en estas Cortes aprobando, señor Azpiazu, no ratificando el acuerdo con el Gobierno vasco- nos recuerde que apostar por el País Vasco no sólo sigue mereciendo la pena, sino que es vital no sólo para el futuro de
Euskadi sino para el de toda España porque, señorías, lo que aprovecha a los vascos aprovecha hoy más que nunca a toda la comunidad, a toda España. Y al concierto económico que hoy aprobamos le queda todo el tiempo, sin caducidad, para seguir
constituyendo la máxima expresión de nuestro autogobierno y para seguir siendo el instrumento más vigoroso del desarrollo económico y social de la parte de nuestro país que, con toda probabilidad, más ha colaborado históricamente en el desarrollo
social y económico del conjunto de España. Este territorio, señorías, y lo digo con todo el orgullo, es el País Vasco.
Nada más, señorías, y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señorías, iniciamos la votación. En primer lugar, la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cataluña y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, tres; en contra, 247; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, cinco; en contra, 243; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, tres; en contra, 244; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, al proyecto de ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, tres; en contra, 245; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Señorías, iniciamos la votación de los proyectos de ley del punto X del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. En primer lugar iniciamos la votación de conjunto del texto del proyecto de ley por
la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 255; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votación de conjunto del texto del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 256.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votación final de este proyecto de ley, por tener carácter de orgánico.
Queda otra votación más, señorías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 253; en contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el número de votos exigidos.
Votación de conjunto del texto del proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 253.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.