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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 153, de 16/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 153
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 147
celebrada el martes, 16 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Turno por alusiones previo al orden del día ... (Página 7736)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de coordinación del Sistema Nacional de Salud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 206-1, de 15 de febrero de 2002. (Número de expediente 122/000183.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación del marco institucional de garantía del derecho constitucional a la comunicación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 179-1, de 30 de noviembre de 2001.
(Número de expediente 122/000161.) ...
(Página 7747)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una Comisión de naturaleza técnica para estudiar los criterios de actuación a que deben someterse auditores, consultores, analistas financieros, así
como las relaciones entre ellos y con las sociedades para las que prestan servicios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 319, de 8 de marzo de 2002. (Número de expediente 162/000447.) ... (Página 7757)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de un Plan urgente de inmigración para la Comunidad Autónoma de Canarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 295, de 28 de enero de 2002. (Número de expediente
162/000409.) ... (Página 7762)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas a adoptar ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 15 de marzo de 2002. (Número de
expediente 162/000449.) ... (Página 7762)
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 162/000450.) ... (Página 7772)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de la red y los servicios ferroviarios en Galicia y los proyectos del Gobierno para su modernización e integración en itinerarios de alta velocidad. (Número de expediente 173/000123.) ...
(Página 7781)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad en el transporte.
(Número de expediente 173/000124.) ... (Página 7785)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con la escalada de violencia en Palestina. (Número de expediente 173/000125.) ... (Página 7789)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Turno por alusiones, previo al orden del día ... (Página 7736)
En un turno por alusiones, previo al orden del día, concedido por la Presidencia en virtud del artículo 71 del Reglamento, interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 7737)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de coordinación del Sistema Nacional de Salud ... (Página 7737)
La señora Rumí Ibáñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la toma en consideración de la proposición de ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud ante la manifiesta incapacidad del Gobierno para dar respuesta a
las nuevas necesidades y a los nuevos retos que se le plantean al sistema sanitario español tras la culminación del proceso de transferencias del pasado 1 de enero. Opina que la ministra de Sanidad ha sido incapaz de articular un proyecto de ley
que responda a las necesidades actuales del sistema público de salud español, por lo que su grupo se ha visto obligado a realizar un ejercicio de responsabilidad política elaborando el texto que hoy someten a la consideración de la Cámara. Pasa a
explicar los elementos más importantes de su proposición de ley, reafirmando su profunda convicción de que la actual Ley general de Sanidad, promulgada en 1986 por un gobierno socialista, sigue manteniendo una indudable validez en la mayor parte de
su articulado, que no contó entonces con el apoyo de los escaños de la derecha.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Mingo Zapatero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de coordinación del Sistema Nacional de Salud, se rechaza por 114 votos a favor y 190 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación del marco institucional de garantía del derecho constitucional a la comunicación ... (Página 7747)
Presenta la proposición de ley, para en su toma en consideración, el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Defiende la necesidad de constituir un organismo democrático de la comunicación o,
singularmente, de lo audiovisual, ya que España es el único país de Europa que no lo tiene constituido. Explica esta necesidad de una forma diferente pero complementaria a las otras seis veces en que lo ha intentado, y lo hace basándose en el
artículo 20 de la Constitución, que dice que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, así como la necesidad de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión. Desarrolla el contenido de dicho artículo de la Constitución y critica duramente la política audiovisual del Partido Popular, acusándoles de privatizar de manera encubierta la televisión pública y de ejercer un control gubernamental,
negándose sistemáticamente a la creación del consejo de la comunicación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Díaz-Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación del marco institucional de garantía del derecho constitucional a la comunicación, se rechaza por 123
votos a favor, 172 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 7757)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión de naturaleza técnica para estudiar los criterios de actuación a que deben someterse auditores, consultores, analista financieros, así como
las relaciones entre ellos y con las sociedades para las que prestan servicios ... (Página 7757)
Presenta la proposición no de ley el señor De Juan i Casadevall, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Con esta iniciativa se pretende, dice, instar al Gobierno de la nación a la creación de una comisión de naturaleza
técnica que estudie los criterios de actuación a los que deben someterse los auditores, consultores y analistas financieros, así como las relaciones entre ellos y con las sociedades cotizadas, con el objeto de aumentar la transparencia y la
seguridad, a la luz de los cambios estructurales y de los recientes acontecimientos internacionales, y examine el estado actual, la vigencia y el posible desarrollo del código de buen gobierno de las empresas. Tras explicar el contenido de la
proposición no de ley, se refiere a las dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y Catalán, solicitando finalmente a la Cámara el voto favorable, desde la convicción de que la comisión técnica es el mejor cauce para dotar
de mayores cotas de seguridad y transparencia al gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y para estudiar los criterios de actuación a los que deben de sujetarse, en el ejercicio de sus funciones, los auditores, consultores y analistas
financieros.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor De Juan i Casadevall.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión de naturaleza técnica para estudiar los criterios de actuación a que deben someterse auditores,
consultores,
analistas financieros, así como las relaciones entre ellos y con las sociedades para las que prestan servicios, en los términos derivados del debate y puesto de manifiesto el texto de la enmienda transaccional, se aprueba por 179 votos a
favor, dos en contra y 109 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de un plan urgente de inmigración para la Comunidad Autónoma de Canarias ... (Página 7762)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas a adoptar ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias ...
(Página 7762)
El señor López Aguilar presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Expone que la inmigración irregular no ha dejado de ser un problema a pesar de la reforma de la ley aprobada 'in extremis' al final de la anterior
legislatura para subsanar el efecto llamada. La inmigración, añade, es sin duda ninguna uno de los desafíos más importantes que en estos momentos tiene delante la Comunidad Autónoma de Canarias, ante el que no puede responder por sí sola, porque el
Gobierno de la nación, en función de la distribución de competencias que asegura la Constitución, tiene responsabilidades muy importantes, indeclinables e innegables. Ese es el motivo por el que el Grupo Parlamentario Socialista trae a la Cámara
esta proposición no de ley para la adopción de un plan urgente, específico y especial de inmigración para la Comunidad Autónoma de Canarias, que haga frente a los problemas que plantea la inmigración irregular en dicha comunidad. Da una serie de
datos que avalan sus argumentos y explica las medidas que proponen en su proposición no de ley para solucionar el problema.
Defiende la segunda proposición no de ley la señora Julios Reyes, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Afirma que los movimientos migratorios son el fenómeno social más importante de este siglo, no siendo un problema
coyuntural ni debido al efecto llamada, sino producto del abismo cada vez mayor entre en el primer y el tercer mundo, que ocasiona un verdadero éxodo. Canarias, explica, es la frontera europea con el África subsahariana, donde las diferencias del
mundo rico y el pobre son abismales y se expresan en su más cruda realidad; siempre ha sido una sociedad multicultural y tolerante, pero está viviendo las consecuencias nefastas de la confrontación social ante este problema, que no se resuelve
adecuadamente. Su proposición no de ley aboga por unas medidas concretas y por una política de Estado y europea que afronte de forma integral el problema y reconozca las especificidades de Canarias, que pasa a explicar.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen el señor López Aguilar y la señora Julios Reyes.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de un plan urgente de inmigración para la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos derivados del propio debate y con la incorporación
como enmienda de adición de la presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 116 votos a favor y 172 en contra.
Sometida a votación, a continuación, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas a adoptar ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias, en los términos derivados del propio
debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que ha sido aceptada por el grupo proponente, se aprueba por 176 votos a favor, 106 en contra y tres abstenciones.
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia ...
Defienden la proposición no de ley presentada conjuntamente por todos los grupos los señores Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista; Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la carta de
derechos humanos de los ciudadanos ante la Justicia, se aprueba por 279 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 7781)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la situación de la red y los servicios ferroviarios en Galicia y los proyectos del Gobierno para su modernización e integración en itinerarios de alta velocidad ... (Página
7781)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la situación de la red y los servicios ferroviarios en Galicia y los proyectos del Gobierno para su modernización, integración e itinerarios de alta velocidad el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. La moción tiene dos partes claramente diferenciadas: la primera se refiere a los servicios de Renfe en Galicia y la fórmula para mejorarlos sensiblemente, aun teniendo en cuenta el estado actual de las
infraestructuras; y la segunda al modelo ferroviario.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Hernández Cerviño, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Sometido a votación, en primer lugar, el punto primero de la moción, de acuerdo con la petición formulada por el grupo proponente y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza dicho punto primero por 109 votos a
favor, 151 en contra y una abstención.
Sometido a votación, en segundo lugar, el punto segundo, se rechaza asimismo por 102 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad en el transporte ...
(Página 7785)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere a los índices de siniestralidad en el transporte, afirmando que España está a la cola en cuanto a la seguridad
en el tráfico viario, excepción hecha de Grecia y Portugal. El Libro Blanco del transporte de la Unión Europea, añade, marca el objetivo de reducir la siniestralidad de las carreteras comunitarias a la mitad en los próximos diez años, proponiendo
actuaciones en dos frentes: armonización de las sanciones y fomento de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad vial. Como en la respuesta del ministro de Fomento a la interpelación no se mostraron medidas tendentes a conseguir este
objetivo, es por lo que su grupo presenta esta moción en la que proponen una serie de medidas que, de ser adoptadas, mejorarán la seguridad viaria.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Rejón Gieb, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Contreras Pérez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad en el transporte, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 96 votos a favor y 155 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con la escalada de violencia en Palestina ... (Página 7789)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Manifiesta que desde que se celebró el debate de la interpelación urgente el miércoles pasado,
el Estado de Israel continúa la ocupación del territorio de la Autoridad Nacional Palestina, continúa la masacre de civiles, continúa la destrucción de todas las infraestructuras y continúa, en suma, la eliminación definitiva de la estructura civil
palestina. Asimismo, Sharon se niega a cumplir la legalidad internacional, a pesar de la petición reiterada de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, cuando por el contrario se ha producido la condena del terrorismo por la Autoridad
Nacional Palestina.
Ante esta situación, añade, nadie puede permanecer en silencio, porque lo que está ocurriendo en Palestina es una vergüenza para toda la humanidad y una demostración del fracaso del método Bush para acabar con el terrorismo.
Considera muy importante que salga reforzada la Autoridad Nacional Palestina, pero también la Unión Europea, que ha sido despreciada por el Estado de Israel y muy concretamente por Sharon, y que se llegue a un acuerdo en este Parlamento para que la
Unión Europea y el Gobierno español comprendan que solamente con la creación de un Estado palestino viable y estable la zona podrá tener un futuro. De lo contrario se continuará con una situación que no lleva más que a recrudecer el conflicto, a
aumentar las muertes y el terrorismo y a impedir una salida pacífica.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora García Manzanares, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con la escalada de violencia en Palestina, de acuerdo con el texto
de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la Presidencia, se aprueba por 241 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las once y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TURNO POR ALUSIONES, PREVIO AL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Antes de entrar en el orden del día, de acuerdo con la petición formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que le ha sido concedida por la presidencia, y a los efectos de la aplicación del artículo 71, tiene la palabra
por un tiempo máximo de tres minutos el señor Llamazares, al objeto de aclarar las inexactitudes que él entendió que se produjeron en el debate del miércoles pasado.
Tiene la palabra, señor Llamazares, pero, de acuerdo con el contenido del Reglamento, sin entrar en el fondo de la cuestión.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Durante la sesión de control celebrada el pasado miércoles 10 de abril, el presidente del Gobierno sostuvo dos afirmaciones que quisiéramos contrastar con el acta en la mano. En primer lugar, que la Ley de partidos de 1978 era una norma
preconstitucional y, en segundo lugar, lo que es más grave, que dicha ley, tanto en su votación como en modificaciones posteriores, contó con la oposición del Partido Comunista de España.
Estas afirmaciones son rotundamente falsas tomando las actas como criterio de verdad. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Comunista votó a favor de la Ley de partidos e hizo un importante esfuerzo en pro del consenso constituyente,
retirando buena parte de las enmiendas. Tampoco es cierto que en aquella sesión se estableciese ningún acuerdo entre los grupos parlamentarios sobre modificaciones posteriores, solamente hubo una propuesta del portavoz de la UCD, que consideraba
necesario mejorar el texto con un tribunal de garantías; tan sólo esa propuesta. En el 'Diario de Sesiones' del 21 de junio se recoge el voto favorable del Grupo Parlamentario Comunista a la Ley de partidos, expresado a través de su portavoz señor
Solé Barberá. Decía lo siguiente: 'La ley que acabamos de aprobar es una ley que hemos votado favorablemente, y la hemos votado porque consideramos que, fundamentalmente, básicamente, en un mínimo necesario pero en un mínimo suficiente, resuelve
el problema de los partidos políticos en nuestro país'.
Por otra parte, como digo, no existió consenso alguno para reformar dicha ley. Solamente la Unión de Centro Democrático habló de un tribunal de garantías, oponiéndose a dichas modificaciones otro Grupo Parlamentario que no era el Comunista,
sino el de los Socialistas Catalanes.
Es falso también que la Ley de partidos de 1978 sea una norma preconstitucional. Les recuerdo que la Ley de partidos fue votada por el mismo Congreso que
aprobó la Constitución, fue promulgada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de diciembre de 1978 -por lo tanto dos días después del referéndum de ratificación de la Constitución española- y, sobre todo, fue negociada de forma simultánea a
la Comisión Constitucional. Decían los ponentes constitucionales: '...quizás un poco influenciados por la tremenda labor de nuestros compañeros en la Comisión Constitucional, hemos preferido que se tratara en este momento al hablar ante esta
Cámara de una ley tan importante como la de los Partidos Políticos, de conseguir también de alguna forma este famoso consenso tan extraordinariamente satisfactorio para todos nosotros'.
Señorías, sin entrar a juzgar si el presidente del Gobierno faltó a la verdad a sabiendas...
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, su tiempo ha concluido.
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 122/000183.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, de coordinación del Sistema Nacional de Salud.
Para presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy la toma en consideración de la proposición de ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en la Cámara ante la manifiesta incapacidad del Gobierno para dar respuesta a las
nuevas necesidades y a los nuevos retos que se le plantean al sistema sanitario español, tras la culminación del proceso de transferencias del pasado 1 de enero. Un proceso que se materializó, por paradójico que resulte, con la práctica ausencia de
la ministra de Sanidad, recayendo el peso sustantivo de las negociaciones en los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, por parte del Gobierno, y en los respectivos consejeros de Sanidad y de Hacienda, por parte de las comunidades
autónomas. Un proceso de la suficiente envergadura como para requerir que, desde el Ministerio de Sanidad, se hubiese acompañado de una propuesta concreta que sentase las bases de un marco legal acorde con la nueva realidad, con la nueva realidad
de un sistema nacional de salud descentralizado en el conjunto del territorio del Estado. Este objetivo no se ha hecho realidad, aun siendo obvio que representa una necesidad para dotar de estabilidad al sistema. La mejor prueba de que ha debido
representar una prioridad en la acción del Gobierno viene avalada por los anuncios efectuados desde altos responsables del departamento de Sanidad, anticipando que las transferencias se verían acompañadas por una ley como la que, finalmente, los
socialistas traemos a esta Cámara. Señorías, la falta de rigor en la acción política del Gobierno, más concretamente de la ministra de Sanidad, que ha sido incapaz de articular un proyecto de ley que responda a las necesidades actuales del sistema
público de salud español, ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a realizar un ejercicio de responsabilidad política elaborando el texto que hoy sometemos a consideración.
Permítanme que antes de sintetizar los elementos más importantes del mismo reafirme nuestra profunda convicción en torno a que la actual Ley General de Sanidad, promulgada en 1986 por un gobierno socialista -por cierto que al frente de dicho
ministerio se encontraba Ernest Lluch-, sigue manteniendo una indudable validez en la mayor parte de su articulado.
Pues bien, la perspectiva histórica que nos ofrecen los años transcurridos desde la aprobación de esa ley pone en evidencia el
acierto, por parte del Ejecutivo socialista, en torno a un texto que en aquel momento no contó con el apoyo de los escaños de la derecha y que hoy, tras sexto año de gobierno del Partido Popular, la Ley General de Sanidad, tan denostada en aquel
momento, sigue vigente. Paradojas de la política.
La proposición de ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud viene, por tanto, al Parlamento no de la mano del Ejecutivo, sino del primer grupo de la oposición como resultado de la ineficacia del Gobierno y de la mayoría que lo
sostiene.
Reclamamos a la mayoría que se comporte a la altura de la responsabilidad y vote favorablemente la toma en consideración, y lo hacemos porque creemos que es facilitar el inicio del debate que permita la más rápida aprobación de la ley. No
existen razones que puedan justificar que precisamente quienes no han podido, cuatro meses después de las transferencias, presentar este proyecto legislativo rechacen, por razones de índole estrictamente partidista, nuestra capacidad de iniciativa.
Nuestro texto pretende fundamentalmente consolidar y mejorar el actual Sistema Nacional de Salud en tres áreas. En primer lugar, contiene una serie de medidas para asegurar la naturaleza pública del Sistema Nacional de Salud, en coherencia
con lo establecido por la Constitución y también por la propia Ley General de Sanidad, optando al mismo tiempo por modernizar y actualizar sus contenidos. Así, entendemos que el Sistema Nacional de Salud ha de basarse en el aseguramiento único y
público, en la financiación pública por impuestos, con una provisión mayoritariamente pública en la que la competencia entre servicios públicos y privados no esté contemplada, y con cobertura universal
y gratuita en el momento del uso. Este grupo mantiene que los conciertos con la iniciativa privada para la provisión de servicios han de abordarse con una perspectiva meramente complementaria y preferentemente con proveedores privados sin
ánimo de lucro.
Permítanme que una vez más ante esta Cámara los socialistas nos reafirmemos en nuestra convicción de que un sistema sanitario que busque la equidad y trabaje por la disminución de las desigualdades ha de hacerlo de manera imprescindible
desde su calidad pública, ya que ésta es precisamente la mejor garantía para hacer prevalecer siempre los intereses generales por encima de cualquiera de naturaleza particular o corporativa.
Cualquier tentación dirigida a incrementar el papel de la provisión privada en los servicios de salud debe ser contenida, hasta controlada, controlada con firmeza y desde luego desde el ámbito normativo. Por ello, la proposición de ley que
les presentamos incluye algunos aspectos dispositivos que aseguran el cumplimiento del mandato constitucional y de la Ley General de Sanidad de una forma nítida, clara y rotunda.
En segundo lugar, una parte importante de su articulado tiene como finalidad asegurar la más efectiva coordinación entre las administraciones públicas. La culminación del proceso de transferencias sanitarias al finalizar el año 2001 ofrece
un panorama inédito en la organización de los servicios sanitarios españoles. Ha llegado, por tanto, el momento de proporcionar un decidido impulso a una coordinación que necesariamente ha de ser fluida y eficaz entre las comunidades autónomas y el
Gobierno de la nación.
No les queda duda que buena parte de las expectativas que los ciudadanos depositan en un sistema descentralizado, como es el español, en materia de servicios públicos descansa en la confianza de que las distintas administraciones serán
capaces de despejar cualquier riesgo de descoordinación en sus actuaciones y, consecuentemente, garantizar un funcionamiento con el más alto grado de cohesión y de eficacia posible.
La iniciativa que hoy tomamos en consideración contempla una reforma del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una reforma que refuerza claramente el papel de las comunidades autónomas y también de los mecanismos de
coordinación entre las administraciones, por supuesto en beneficio del ciudadano y del ejercicio de sus derechos en el conjunto del territorio nacional.
Este grupo parlamentario entiende que en el nuevo escenario surgido de la descentralización el Consejo interterritorial ha de ser reformado para adecuarse al nuevo modelo de distribución competencial y estar integrado por los responsables de
sanidad tanto del Gobierno Central como de las comunidades autónomas.
La iniciativa que hoy debatimos contiene una propuesta que entendemos da respuesta a este objetivo, al objetivo de reformar un órgano cuyo funcionamiento ha de ser evaluado por el Senado dado el carácter territorial que tiene esta Cámara.
Quisiera subrayar también la importancia que adquiere, desde nuestro punto de vista, que se concedan nuevas competencias al Consejo interterritorial, permitiéndole tener a su alcance mecanismos eficaces de coordinación y asegurando que las
comunidades autónomas accedan a nuevas competencias acordes con sus nuevas responsabilidades. De ahí que propongamos que el consejo sea competente para aprobar las nuevas prestaciones del sistema nacional, que se incorporen al catálogo de
prestaciones básicas y universales y que tengan capacidad, compatible con el ejercicio de las competencias que tienen las comunidades autónomas, para incorporar prestaciones en sus respectivos ámbitos territoriales.
También proponemos que disponga
de las competencias para la aprobación de nuevos medicamentos e, incluso, para la modificación de los precios de aquellos medicamentos que ya están financiados por el sistema.
Para el Grupo Parlamentario Socialista la coordinación constituye un elemento central de nuestra propuesta, porque nuestra voluntad es la de estar a la altura de los retos del Estado autonómico. En materia de salud resulta imprescindible
que, tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, tengan capacidad y obligación de establecer conjuntamente decisiones de alcance nacional sobre la materia, en las que ambas administraciones, además de ser competentes, son corresponsables en su
financiación. Quiero subrayar expresamente esta cualidad de nuestra proposición de ley, que no sólo respeta, sino que impulsa el papel de las comunidades autónomas en las decisiones más importantes de la política sanitaria. Aunque mucho me temo
que algunos de los grupos que hoy nos puedan decir que no, quieran más adelante que hagamos el camino juntos, incluso con un texto que tenga un carácter marcadamente centralista. El funcionamiento y las competencias que proponemos para el Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud nos permitirá dar un salto cualitativo importante para asegurar la coordinación que hoy precisa nuestro sistema público de salud.
En tercer lugar, nuestra proposición de ley contempla un abanico de aspectos relativos a la ampliación y al refuerzo de los derechos de los ciudadanos. Derechos que se nos antojan esenciales en la línea de reforzar y ampliar la capacidad de
uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de bienestar, precisamente el pilar de la sanidad pública.
Lo hacemos porque entendemos que se tiene que adecuar a las nuevas demandas y a las nuevas necesidades que surgen al calor de los cambios
que se operan en nuestras sociedades. Estas propuestas responden a la capacidad que entendemos debe exigirse a todos los que ostentamos responsabilidades públicas, para percibir nuestro Estado
de bienestar, no como un objetivo alcanzado y por ello cerrado en sus límites, sino más certeramente como un instrumento de igualdad, entendido desde una perspectiva dinámica, con la vocación política de ampliar progresivamente, tanto los
derechos que comprende, como la cualidad de las administraciones públicas para dar respuesta eficaz a los mismos, esto es, atender más y mejor a los ciudadanos. A partir de esta voluntad, proponemos la extensión del derecho a la segunda opinión
facultativa en el conjunto de servicios del sistema o la determinación de tiempos máximos de espera, superados los cuales el paciente tenga derecho a elegir otro centro, con cargo a los presupuestos de su servicio autonómico de salud. Porque las
listas de espera que desde el Gobierno de la nación se han maquillado para ocultar su incremento requieren respuestas de este tipo que acaben con un importante problema. También a reconocer el derecho a ser atendido en cualquier servicio del
Sistema Nacional de Salud, cuando un paciente esté desplazado temporalmente, sin otro requisito que la presentación de la tarjeta sanitaria individual.
Por eso, nuestra proposición apuesta por establecer un sistema de compensación entre comunidades
autónomas, que responda a la realidad de los servicios prestados entre ellas. Quiero señalar también, entre otras medidas, la propuesta de fomentar, de manera paulatina, las habitaciones de uso individual en los hospitales públicos, con el objetivo
de proteger la intimidad y la dignidad de los pacientes. Creemos, y así lo hemos hecho explícito en esta proposición, que todos los hospitales públicos de nueva creación han de diseñar sus estructuras funcionales atendiendo a este principio.
Quisiera apelar a la responsabilidad de los grupos para que permitan que este Parlamento comience a debatir, con carácter inmediato, una norma general cuya elaboración y aprobación no admite más demora, y desde luego que es imprescindible
para abordar el contexto sanitario después de las transferencias. El Gobierno ha incumplido su responsabilidad. No existe razón alguna que se nos haya trasladado, tan siquiera con el ánimo de justificar el retraso, que desde luego a todas luces es
injustificable. A la mayoría parlamentaria me dirijo para solicitarle que dé una oportunidad al debate parlamentario, que no se excuse en razones que carecen de fundamento para rechazar nuestra oferta, una oferta que va dirigida a entablar un
diálogo sincero en torno a esta proposición, un diálogo intenso que nos conduzca a un consenso necesario en torno a una norma que es imprescindible. Ustedes no han podido traer a la Cámara una propuesta que ordene, que coordine la sanidad española,
y nosotros desde el Grupo Socialista sí hemos hecho real esta iniciativa.
Finalmente, me dirijo también a los escaños del Grupo Popular instándoles a que no intenten justificar su posible rechazo anunciando una vez más la inminencia de un proyecto de ley que finalmente nunca acaba por ver la luz. Acudir a
argumentos de esta índole quizás sirvan para salir del paso hoy, pero no vienen a dar una respuesta a la necesidad de disponer cuanto antes de un texto legal necesario. El Gobierno, y más en concreto la ministra de Sanidad, no ha sido capaz de
cumplir ni con su deber ni con su responsabilidad. Ahora no cometan el error de rechazar la posibilidad de debatir sobre un texto que nosotros sí ponemos a su alcance.
Muchas gracias, (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, voy a explicar el voto negativo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición de ley, tanto por cuestiones de forma como de fondo e incluso, si se me permite, diría también por cuestiones de apariencia. De forma, porque
pensamos que la coordinación del conjunto de los servicios públicos sanitarios del Estado español, de ser necesaria, debe formularse a través de procedimientos multilaterales, a través del diálogo entre los órganos competentes de las comunidades
autónomas y no de forma unilateral, como se pretende por medio de esta iniciativa. Para nosotros medidas unilaterales, recentralizadoras, como las que, a nuestro juicio, contiene esta proposición de ley, desde luego no puede merecer nuestro voto
afirmativo.
Por razones también decía de fondo, porque uno se pregunta qué es lo que contiene esta proposición de ley, lo que aporta, que no esté ya recogido en la Ley General de Sanidad de 1986. Esta ley supuso la universalización de la atención
sanitaria. Contiene una regulación básica de principios de la organización de los servicios sanitarios. Por tanto, a qué viene reiterar y prolongar, ampliar cuestiones recogidas en esta ley que, por cierto, la proposición de ley no pretende ni
siquiera derogar. Estamos de acuerdo con medidas puntuales, como las que se pueden referir, por ejemplo, al catálogo de prestaciones, pero no podemos votar a favor de una proposición de ley que impide lo que para nosotros sigue siendo la esencia
del autogobierno, es decir, la capacidad de las comunidades autónomas, ahora de todas, de diseñar políticas propias en aquellas materias que, como la sanidad, son de su competencia. Para el Bloque Nacionalista Galego la integración de las partes,
el funcionamiento armónico de los diferentes servicios públicos sanitarios debe partir, más que de la imposición unilateral, de la negociación y del acuerdo libre alcanzado entre todas ellas.
Finalmente, vamos a votar también en contra de esta proposición de ley por razones de apariencia. Compartimos
con el grupo proponente que la ministra de Sanidad carece de la actitud y de la capacidad mínima para desarrollar el cargo que ya hace más de dos años se le encomendó. Compartimos con el grupo proponente que la trayectoria del Ministerio de
Sanidad desde hace dos años, el tiempo que lleva esta legislatura, es una trayectoria errática y llena de fracasos, incluso diría de escándalos. No se puede aprovechar este trámite para hacer una censura a la ministra y al Gobierno, y menos a
través de una ley que destila cierta desconfianza hacia las comunidades autónomas; como si fuese el Estado el único que promueve derechos fundamentales o el único que protege los derechos de los ciudadanos en su relación con las instituciones
sanitarias. Eso ya lo hacen las comunidades autónomas y hay que dejárselo a los parlamentos y a los gobiernos autonómicos, de acuerdo con su dirección política en cada caso.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo tampoco puede apoyar esta iniciativa. En cuanto a su contenido en algunos puntos podríamos coincidir con matices, pero en otros muchos no coincidimos. Obedece a concepciones diferentes del papel que tienen dentro del Estado
la Administración central y las administraciones autonómicas. En el caso del título, por ejemplo, más apropiado que hablar de una ley de coordinación -tal como se plantea en el contexto del Ministerio de Administraciones Públicas-, es hablar de una
ley de cooperación, máxime cuando se trata de competencias transferidas a las comunidades autónomas.
En algunos apartados del texto se invaden competencias de gestión de las comunidades autónomas, e incluso competencias de planificación que ya están ejerciendo. No concebimos oportuno un debate en esta Cámara que afecte a asuntos
competenciales de las comunidades autónomas, en una prestación pública como ésta o en cualquier otro ámbito -en este caso, además las competencias sanitarias de gestión están transferidas al cien por cien a las comunidades autónomas-, sin que todas
y cada una de ellas puedan participar en la génesis de un futuro proyecto de ley. Cualquier ley de estas características debe partir del debate y la participación de las comunidades autónomas en el seno del Consejo interterritorial, donde están
presentes las comunidades para iniciar cualquier procedimiento, si se quiere que este llegue a buen puerto. En el Consejo interterritorial deben participar con el mismo rango el Ministerio y las comunidades autónomas, con independencia del partido
que gobierne en cada comunidad.
El proyecto debe partir del consenso para que el debate no se convierta en estéril. No se trata ya del fin de la ley, sino de que tengamos realmente un debate y de que en el Sistema Nacional de Salud dispongamos de
una ley capaz de cohesionar y vertebrar el sistema, aspiración que compartimos todos. Aprovecho la ocasión para decir que esperamos que el texto que remita el Ministerio de Sanidad a esta Cámara -según ha dicho reiteradamente- cumpla con estos
requisitos. Es decir, que dicho texto sea previamente elevado al Consejo interterritorial y que tengan la posibilidad de participar en él todas las comunidades autónomas. Cuando dicho texto llegue a la Cámara es imprescindible que cuente con un
amplio consenso de las comunidades autónomas a través del Consejo interterritorial -vuelvo a repetir-, con independencia de los gobiernos que pueda haber en cada una de las comunidades autónomas. Somos conscientes de que probablemente estamos
hablando de concepciones y modelos diferentes tanto de los dos partidos estatales -Partido Popular y Partido Socialista- como en las concepciones que sobre el modelo podamos tener los grupos nacionalistas, pero es imprescindible tener un debate
sosegado y transparente en los dos ámbitos, si queremos que esto confluya realmente en un pacto de Estado en torno al Sistema Nacional de Salud. Es necesario un debate en esta Cámara, pero previamente también un debate con las comunidades
autónomas. Hay que aprovechar esa oportunidad para profundizar realmente en la realidad constitucional de nuestro Estado español, que es la realidad del Estado de las autonomías, y en proponer un proyecto de ley de cooperación que pueda mejorar y
perfeccionar las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas y también de éstas entre sí. Es necesario mejorar la relación de las comunidades autónomas con el Estado central y asumir definitivamente con todas sus consecuencias el modelo
de descentralización del Estado -que, por otro lado, es irreversible- así como la gestión del Sistema Nacional de Salud hacia las comunidades autónomas. En un debate sobre este mismo tema en el seno de la Comisión de Sanidad, con la comparecencia
de la ministra, dije -era una expresión coloquial, pero entiéndase lo que quiero decir- que el Ministerio tiene que cambiar el chip -y ahora lo vuelvo a repetir- no sólo en la forma y en el fondo de la concepción de esa futura ley que se traiga a
esta Cámara sino que lo ha de cambiar ya en el día a día. Lo ha de cambiar ya porque las transferencias de gestión a las comunidades autónomas ya se han realizado y la gestión de las prestaciones en su totalidad implica también algo más. Nos
movemos ya en un escenario de competencias compartidas en donde necesariamente debe concurrir una división de papeles entre las competencias del Estado y las autonómicas; en todos los ámbitos, incluso en el legislativo, en el que se ha venido en
llamar legislación básica del Estado, en el de la planificación del Estado y, cómo no, en el de la financiación que, como ustedes saben bien,
ha cambiado recientemente. Esto es necesario para poder ejercer entre todos un eficaz entendimiento entre las diferentes administraciones responsables. Esto implica que avancemos -como se está haciendo- hacia un Estado descentralizado; es
una situación irreversible ya en general y más concretamente en el Sistema Nacional de Salud. Ha de profundizarse en los principios que están recogidos en la Constitución y en ellos deben sustentarse gran parte de los elementos que han de
desarrollarse en las formas de relación entre las administraciones sanitarias desde el punto de vista de la cooperación. Este principio tiene especial vigencia cuando estamos hablando de un servicio público, como es el caso del servicio sanitario,
en el que los principales protagonistas de la prestación de los servicios cara al ciudadano y los principales responsables de la gestión son ya las comunidades autónomas. Esto recobra un mayor valor y ha de asegurarse un exquisito compromiso basado
en la lealtad institucional, entendiendo que el Estado somos todos, el conjunto de todas las administraciones, tanto la central como las administraciones autonómicas, tanto el Ministerio de Sanidad como las consejerías competentes en materia
sanitaria. Este sentido, señorías, se afianza hoy por hoy puesto que el gasto público cada vez está ya más canalizado precisamente a través de las administraciones autonómicas. Más que la Administración del Estado son las comunidades autónomas las
que canalizan los presupuestos hacia las prestaciones de servicios, hacia los ciudadanos.
También es importante que todas las facultades normativas, que como decía con anterioridad han venido en llamarse competencias legislativas básicas del Estado, impliquen en su elaboración una toma de decisiones compartida, una toma de
decisiones corresponsable, una toma de decisiones desde la lealtad, puesto que todas estas decisiones, como ustedes saben, señorías, afectan directamente a las comunidades autónomas, en muchos casos a la calidad de las prestaciones y al gasto y al
control presupuestario. En este sentido debemos afrontar un debate claro, transparente y responsable para encauzar las bases de esta necesaria relación de cooperación y hemos de profundizar para realizar un diagnóstico sobre la situación y el papel
del Consejo interterritorial en el Sistema Nacional de Salud. A todas luces son insuficientes los mecanismos que hoy por hoy tiene el Consejo interterritorial para cumplir las nuevas funciones que las transferencias del Estado a las comunidades
autónomas exigen; ha de hacerse una puesta en común por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas sobre este diagnóstico y sobre cuáles son las necesidades de cooperación, cuáles serían los mecanismos más factibles para arbitrar y
garantizar que dicha cooperación responda a algo en lo que estoy segura que todos adquirimos compromiso, que es vertebrar y cohesionar en el futuro el Sistema Nacional de Salud.
Estas, señorías, son las razones por las que no vamos a votar a favor de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y esperamos que el texto que se presente en esta Cámara cumpla con los requisitos que hemos solicitado, cumpla
con el consenso y la participación de los diferentes partidos políticos y también de las comunidades autónomas y que no esté sesgado por una visión excesivamente centralista del Estado.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, conscientes de que el artículo 149.1.16 atribuye al Estado la coordinación en materia sanitaria, a mi formación política le ha sorprendido la presentación de este texto por el Grupo Socialista, porque ignoramos desde cuándo por
esta formación política se ha considerado la necesidad de establecer esta coordinación por ley. Nos preguntamos si se trata de contrarrestar las iniciativas o las propuestas que desde el Gobierno, si bien no plasmadas en textos cuya paternidad o
maternidad sepamos con certeza, se han ido esgrimiendo, o asumidas las competencias en materia de sanidad por la totalidad de las comunidades autónomas se considera la conveniencia de hacer más rígido el sistema de coordinación que el que hasta
ahora ha existido.
Señorías, en esta legislatura se ha hablado de coordinación, a veces concepto mezclado con el de cooperación, respecto de la totalidad de la Administración o de los sectores públicos que se gestionan; sin embargo también en algunas
ocasiones se ha hablado sectorialmente de esta materia, y parece ser que ha sido pospuesta, o de momento aparcada, por decirlo en lenguaje coloquial, esta idea de hacer una ley general de coordinación, sí se abre paso la de hacer una ley sectorial
en materia de sanidad, materia en la que reconocemos que coinciden dos elementos aparentemente contradictorios: de una parte, una querencia constitucional y estatutaria de descentralización de la gestión, con lo que esto conlleva de capacidad
autonómica para diseñar políticas propias, y, de otra parte, una organización uniforme en todo el territorio nacional a través de lo que se sigue llamando el Sistema Nacional de Salud.
En materia de sanidad pública los factores de centralización y descentralización fueron muy prontamente fijados por el Tribunal Constitucional en su sentencia 32/1983, que acotó con precisión cuál es el alcance de este artículo 149.1.16;
por ello nos preguntamos por qué este cambio de criterio, si hasta ahora se ha considerado que la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad, reproducía casi literalmente estos pronunciamientos constitucionales -después también la Ley 25/1990,
la llamada Ley del medicamento-, y a
partir de ahí las comunidades autónomas han ido asumiendo o articulando sus competencias por este sistema que a través de estos dos textos legales se establecía. El cuadro quedaría incompleto si no se hiciese referencia a la materia de
Seguridad Social a través de lo que es la Ley de Bases de la Seguridad Social o el catálogo de prestaciones sanitarias, ya que la otra gran vinculación que tenía con la materia de Seguridad Social, que era la financiación, que de una parte era
presupuestaria y de otra a través de las cuotas de la Seguridad Social, parece -si hacemos caso a lo que se nos ha manifestado- que a partir de los presupuestos del año 2002 ha desaparecido completamente.
Se ponen como coartada para la necesidad de establecer un sistema más rígido a través de una norma con rango legal exigencias técnicas y económicas, incluso razones de índole de integración europea, pero los instrumentos diseñados por las
leyes sanitarias al servicio de la cooperación son más que suficientes, que son, como todos ustedes conocen: el Consejo interterritorial; los convenios interadministrativos, multilaterales y bilaterales como instrumento para formalizar acuerdos en
asistencia sanitaria y en salud pública; los planes de salud como instrumentos para ordenar y programar las actividades sanitarias y los criterios generales de coordinación como directrices para conseguir la unidad y la coherencia de un sistema que
creemos que es -nosotros así lo queremos- descentralizado. Es decir, señorías, nuestro modelo constitucional no es el de una ley sino que más bien apostamos por la coordinación consensuada, que es la que hasta ahora ha ido bien en siete comunidades
con competencias asumidas. Se nos dirá que el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud ni siquiera es en realidad un órgano que pertenezca a la Administración general del Estado sino que lo es del Sistema Nacional de Salud; no
obstante, su secretaría permanente se integra como órgano del Ministerio de Sanidad y a través de él existe la suficiente referencia, a instancias centrales, para que el papel que le pueda incumbir al Estado en esta tarea de coordinación pueda
articularse a través de este instrumento. Hasta ahora su papel de amigable componedor con mayor o menor fortuna en determinadas ocasiones había quedado ahí, cuando se estableció, por ejemplo, el catálogo de prestaciones sanitarias, el hasta ahora
establecido en el Real Decreto 63/95, aunque hubo algunas dificultades mayores en lo que se ha dado en llamar segundo medicamentazo, el Real Decreto 1663/98, que tuvo contestación incluso en la Comunidad Foral de Navarra, regida por gobiernos de
parecido color a los que ahora sostienen teorías centralizadoras o coordinadoras desde normas con rango de ley.
También quiero referirme a otros hitos que ha habido en relación con las ideas de coordinación en la sanidad. Es forzoso referirse al llamado informe Abril Martorell, el de la Comisión de análisis y evaluación del Sistema Nacional de Salud,
presentado en el año 1991, que en ningún momento, a pesar de hablar de la necesidad de coordinación, mencionó la exigencia de normas con rango de ley y ni siquiera de normas legales cuando en la legislatura pasada se aprobó el informe de la
subcomisión para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Salud, mediante el estudio de las medidas necesarias para garantizar un marco financiero estable y modernizar el sistema sanitario. Cierto es que para cuando se llegó a las
conclusiones el Grupo Socialista había abandonado la Comisión. Nos remitimos, por tanto, a nuestra querencia de que el Consejo interterritorial por la vía de la generación de acuerdos y de estándares técnicos debe ser el sistema elegido más que los
instrumentos normativos.
Vemos enormes pegas al proyecto que hoy se nos presenta y nos hacemos respecto de él distintas preguntas, si bien ya desde ahora adelantamos que nos parece notablemente mejor que el que con paternidad o maternidad dudosa se
está esgrimiendo como procedente del propio Ministerio, sin que desde él se haya reconocido en ningún momento que es el texto que oficialmente se está barajando presentar como proyecto de ley a esta Cámara.
La primera duda ya la he manifestado, y es si se trata de contrarrestar una iniciativa que ha tenido el Gobierno del Partido Popular o si es una convicción del Grupo Socialista de necesidad de mayores rigideces en el sistema. En segundo
lugar, nos queda la duda de saber qué es lo que se está coordinando, salud pública o asistencia sanitaria, y es importantísimo que en un texto de esta envergadura esta duda quedase despejada. No nos oponemos en modo alguno a que lo que se ha hecho
emblema de esta necesidad de coordinación, que es la tarjeta sanitaria, deba tener en todas partes unos requisitos técnicos homologables, pero -repetimos- esto es convenible entre las comunidades autónomas; es perfectamente posible llegar a
acuerdos y no creemos que sea necesaria la fijación de estos estándares por norma legal. Otra pega importante es la de qué tiene que ver la coordinación con los centros de referencia.
Mediante el establecimiento de ellos -por cierto, ya existe el
Carlos III, para qué extenderlo a otros- se acaba por devolver al Ministerio competencias en materia de gestión que una vez asumidas por todas las comunidades autónomas no le quedan en absoluto; repetimos que se trata de recuperar gestión para
instancias centrales, que no es el modelo constitucionalmente querido. Desde nuestra perspectiva, de lo que se trataría es de acordar el uso solidario de unos recursos, no de que los gestione el Ministerio.
Otro problema todavía mayor que éste es el de cómo habrían de acordarse las prestaciones básicas. En la querencia del Grupo Popular, o de lo que conocemos como modelo que el Gobierno propone, estas se establecerían por ley, lo que nos
parece bien en líneas generales; sin embargo, lo que se nos presenta desde el Grupo Socialista admite que estas se hagan por reglamento. Nuestra postura en esto es intermedia, una fijación
por ley de las líneas generales nos parece indispensable; sin embargo, reconocemos que la entrada del reglamento introduce elementos de mayor flexibilidad, de mayor acercamiento a las circunstancias concretas en cada caso y podía tener
aprovechamiento, pero siempre desde la reflexión conjunta entre las distintas comunidades autónomas y las instancias centrales. En todo caso, la claridad y la concreción nos parecen imprescindibles en esta materia y no ir ámbito a ámbito, como se
vio en la toma en consideración de distintas iniciativas, sin ir más lejos en la última Comisión de Sanidad que tuvimos. Otro importantísimo problema es el de las compensaciones. Desde el punto de vista del Grupo Popular aparece muy claro que
desde el Gobierno se coordinaría, establecería los precios y luego distribuiría; para nosotros, hasta ahora la bilateralidad entre las comunidades que deben compensar servicios prestados a usuarios de otras comunidades ha ido bien, y esta es la
tendencia por la que apostamos. Entre las propias comunidades autónomas se establecerían estos criterios de compensaciones por enfermos de otras que fuesen asistidos.
Otro asunto espinoso para nosotros es el de los centros de excelencia. Nos parece que no deben ser determinados con el único criterio que se establezca desde el Ministerio, sino que algo deben tener que decir las instancias centrales. Cada
uno tiene su propio sistema. Se está viendo esto en cuanto a los modos de gestión y con distintos sistemas de gestión los sistemas sanitarios están funcionando unos mejor que otros pero, en lenguaje coloquial, cabría decir que dentro de su propia
casa cada uno ha de determinar cuáles son sus estándares de prestaciones. Por tanto, los criterios de excelencia, aun admitiendo que puedan ser controlados desde instancias centrales, la determinación de sus criterios técnicos deberá ser aprobada o
acordada desde todas las comunidades autónomas a través del Consejo interterritorial. Dentro de esta idea general, que ahora se ha extendido tanto, de hablar de coordinación entre comunidades -por cierto, lo que no siempre se diferencia del
concepto de cooperación; la ministra cuando compareció en la Comisión habló de cooperación en materia sanitaria, el texto de la proposición de ley del Grupo Socialista se denomina de coordinación pero en los dos, en la comparecencia y en el texto
de la ley, se combinan ambas materias sin excesivos matices-, nos parece que de momento no está justificado en este sector material. Hoy por hoy no es una exigencia esta reserva al Estado de una competencia constitucional de coordinación que se
articule con una norma de tanta rigidez como de rango legal. Por esto, por razones que sin duda son radicalmente distintas a las que esgrimirá el partido mayoritario, hoy por hoy consideramos que nuestra votación a esta iniciativa ha de ser que no,
dejando ya claro que sus contenidos nos satisfacen más que lo que figura como texto apócrifo atribuido al Gobierno y que desconocemos, si bien algunas pautas como la del establecimiento de organismos o agencias centrales nos suscitan enormes
suspicacias. Estamos todavía por ver qué es lo que desde el Gobierno se propone. Hoy por hoy estamos analizando la proposición del Grupo Socialista y no entendiendo el porqué de su traída a esta Cámara; gustándonos más que la del Grupo Popular,
todavía nuestro criterio político es decir que no a una norma que coordine las competencias en materia sanitaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha estado siempre a favor de la descentralización sanitaria por dos razones fundamentales: primera, porque la atención sanitaria, su infraestructura, su gestión y su organización
deben adaptarse a las necesidades y peculiaridades del estado de salud y sociosanitario de cada comunidad, y esto sòlo puede cumplirse de forma óptima desde un servicio de salud descentralizado; y, segunda, porque acercando la gestión al territorio
y, en definitiva, al usuario, se facilita la participación de la comunidad en el control y mejora del sistema sanitario público y se posibilita una atención de salud más integral, democrática y responsable que, en general, exige participación. Las
transferencias afectan al dispositivo asistencial del Sistema Nacional de Salud, que es un instrumento fundamental de garantía del derecho a una atención sanitaria de calidad, en condiciones de equidad para todos los individuos y en todas las
comunidades autónomas; por tanto, gratuito en el momento del uso, que no realice discriminaciones según recursos, edad, procedencias o razas, etcétera. El presupuesto sanitario debe constituir un sistema de solidaridad entre las comunidades
autónomas más ricas y las que tienen menos recursos, que en general tienen más paro, más mortalidad, más morbilidad, etcétera. Para que se ejerza este efecto de solidaridad entre comunidades autónomas es necesario que el reparto del presupuesto
sanitario contemple estas diferencias y necesidades.
El proceso transferencial adolece de deficiencias que no han garantizado adecuadamente los principios de solidaridad entre comunidades autónomas y de equidad en el acceso a las prestaciones, elementos imprescindibles para establecer de forma
homogénea el derecho a protección de la salud que consagra la Constitución. El panorama de las transferencias realizadas dibuja un escenario caracterizado por lo siguiente. No se ha desarrollado una política de coordinación sanitaria que merezca
tal enunciado, ni se han desarrollado acciones para garantizar las prestaciones mínimas y suficientes
en todo el territorio del Estado. El instrumento de coordinación sanitario previsto en la Ley General de Sanidad, el Consejo interterritorial del SNS, no ha ejercido esta labor coordinadora y ha servido para poco más que para recabar apoyos
a la política sanitaria de turno. No se ha aprobado el plan integrado de salud, que contempla la Ley General de Sanidad; tampoco se ha desarrollado la función de alta inspección y no se vigila desde el Estado la calidad ni la equidad, etcétera.
Todo ello se traduce en diferencias en la cartera de servicios en las distintas comunidades autónomas, en diferentes actuaciones de salud pública ante problemas similares que no se explican por las distintas necesidades de los territorios y que, en
ocasiones, afectan a atenciones consideradas básicas que no se cubren por igual en las distintas comunidades autónomas. Se detectan diferencias de presupuesto sanitario no debidas a necesidades sanitarias reales; la distribución del presupuesto
sanitario obedece más a razones de apoyos políticos que a necesidades asistenciales; la ejecución del presupuesto se analiza o audita con criterios de control de gasto, pero no con análisis de rendimiento sanitario; hay importantes diferencias en
infraestructuras sanitarias públicas como consecuencia de la ausencia de estándares básicos o unas mínimas normas de necesidades e infraestructuras; las comunidades autónomas más vinculadas a los intereses empresariales dedican el presupuesto a
subcontratar conciertos más que a crear estructura sanitaria pública, concertar en vez de crear red pública. Como consecuencia, disponen en este momento de la mitad de camas públicas por cada mil habitantes que el resto del Estado, y ciudades como
Barcelona tienen cubiertas escasamente al 60 por ciento de la población con infraestructura del nuevo modelo de atención primaria: centros de salud.
Eso sí, son los que más dinero público reciben por habitante para sanidad, a pesar de lo cual son
los que más deuda han generado. La política de personal común ha brillado por su ausencia, estableciéndose a través de las transferencias ya realizadas importantes diferencias en dotación de plantillas, retribuciones, etcétera. No se ha
desarrollado una verdadera participación y lo poco que existe tiene un carácter meramente consultivo. En definitiva, la descentralización sanitaria, tal como se ha realizado, no se ha convertido en un instrumento de mejora de equidad o de
solidaridad en la atención de la salud de la población. Esto viene teniendo consecuencias en los parámetros de salud. Así se detectan diferencias en la mortalidad comparada de hasta un 40 por ciento entre la comunidad autónoma con mayor
mortalidad, Andalucía, y la de menor, Aragón. Ante esta situación, la consecución de una adecuada coordinación entre los distintos servicios regionales de salud se convierte en el principal objetivo para asegurar un adecuado funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud, a través de una ley de coordinación sanitaria que debería haber sido una iniciativa gubernamental mediante el consenso político y social; ley que debería haberse elaborado conjuntamente con el proceso transferencial y el
acuerdo de financiación pero que, después de varios meses de impasse y tras las transferencias sanitarias, sigue sin ser presentada por el Gobierno.
Discutimos hoy la proposición de ley de coordinación del Sistema Nacional de Salud presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que plantea esta iniciativa obviamente desde la oposición y sin el consenso y/o apoyo social y político
necesario para ser eficaz. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta tres peros a esta proposición de ley.
En primer lugar, en cuanto a la referencia que hace a la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión,
mostramos nuestra oposición por introducir elementos empresariales en la gestión de servicios sanitarios públicos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Estos elementos empresariales que, a nuestro juicio, crean
elementos de competitividad y mercantilistas que suponen el desmantelamiento de los controles de derecho público sin que funcionen los elementos de control de derecho privado o la introducción del régimen laboral de contratación, incorporando a la
sanidad pública la abultada oferta de precariedad en la contratación y el despido o la posibilidad de la selección de riesgo. En segundo lugar, criticamos el escaso nivel de participación en el consejo político del Sistema Nacional de Salud, órgano
de representación directa de las comunidades autónomas.
En tercer lugar, no admitimos la exclusión de los inmigrantes no regularizados como titulares de derechos. Por lo demás, en sus siete capítulos y 23 artículos aborda los problemas del Sistema
Nacional de Salud con propuestas que son un punto de partida para alcanzar una ley de cooperación sanitaria que solucione los problemas antes mencionados.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz Antero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora portavoz del Grupo Socialista, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán respecto a la proposición de ley del Grupo Socialista que la señora Rumí ha tenido a bien defender esta tarde en la Cámara, de
coordinación del Sistema Nacional de Salud, como ustedes la titulan.
He leído el texto que ustedes presentan y el apartado tercero de la exposición de motivos sintetiza de manera clara la motivación que el Partido Socialista ha tenido para presentar esta proposición de ley, que podríamos resumir de la
siguiente manera. Formalizado a principios de este año el proceso de transferencias que supone el ejercicio de las competencias en materia de asistencia
sanitaria del Insalud a las 10 comunidades autónomas que estaban pendientes de esta responsabilidad, damos por concluido un largo proceso que ha durado más de 20 años, una primera etapa, con siete comunidades autónomas, que se inició en
Cataluña en el año 1981 y terminó con la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 1994, y una segunda etapa en la que el Gobierno del Partido Popular, de conformidad con el compromiso electoral que había adquirido, impulsa la descentralización de la
gestión sanitaria de las otras 10 comunidades autónomas que han estado gestionadas por el Insalud -es decir, por el Ministerio de Sanidad- hasta, como decíamos, enero del año 2002. Esta nueva realidad nos sitúa en un nuevo escenario lleno de retos,
es cierto, pero, al menos para mi grupo parlamentario, también lleno de nuevas oportunidades pues para Convergència i Unió la descentralización es condición sine qua non para modernizar y mejorar el sistema, es decir, para atender mejor a los
usuarios del mismo. La nueva realidad puede ser la oportunidad tan largamente esperada de dar el empuje definitivo a la modernización del sistema de salud o puede ser, según como se articule, una losa, un lastre que nos impida seguir avanzando en
la consolidación de un modelo sanitario universal, equitativo y solidario, que deberá ser capaz de dar respuesta a los grandes retos que la sanidad del siglo XXI tiene por delante; retos como el envejecimiento de la población, muchas enfermedades
crónicas hasta hace poco terminales, los avances tecnológicos y, por qué no decirlo claramente, las expectativas que los usuarios están demandando ya del sistema. Fácilmente estaremos todos de acuerdo en estas premisas, pero cabe preguntarse si los
instrumentos legales de los que vamos a dotarnos para seguir estos fines sirven o no, en este caso si la proposición de ley del Grupo Socialista que discutimos sirve o no.
Primera pregunta: ¿es necesaria una ley de coordinación o sería más adecuado una ley de cooperación? Según el diccionario, coordinar es sinónimo de armonizar, de acoplar, de hacer compatibles cosas distintas para que no se estorben;
cooperar es ayudar o influir, unir la propia acción o influencia a otras para producir cierto resultado. Mi grupo opina que la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista no sirve para cooperar -que es la acepción que nosotros preferimos-,
pero ni siquiera sirve para coordinar si coordinar significa hacer compatibles cosas distintas para que no se estorben. La proposición de ley que presenta el Grupo Socialista es en muchos aspectos intervencionista respecto a las competencias de las
comunidades autónomas. ¿Tiene sentido que digan que el Sistema Nacional de Salud establecerá las medidas necesarias para que los hospitales públicos dispongan de habitaciones de uso individual? Usted misma lo ha recordado cuando ha hecho la
exposición, señora Rumí. Con toda sinceridad -se lo digo con simpatía, señorías del Grupo Socialista-, que estén ahora en la oposición no creo que sirva de excusa para que les haga olvidar las dificultades de cuando estuvieron en el Gobierno. ¿No
creen que antes de esta cualidad de hostelería el sistema tiene retos más importantes? ¿Creen que la ley debe definir quién puede o no ser proveedor, sujeto de un concierto con los servicios de las comunidades autónomas? Parece que ustedes sí lo
creen, nosotros no. ¿Quién va a decidir el catálogo de prestaciones básicas, el Ministerio de Sanidad y Consumo oído el Consejo Interterritorial de Salud? Pregunto: ¿el oído es vinculante o no? ¿Puede el ministerio imponer sus criterios sin el
consentimiento de las comunidades autónomas? Nosotros creemos que no.
La proposición de ley que ustedes traen al Pleno, desde nuestro punto de vista, no resuelve de manera satisfactoria los retos consecuentes con la actual situación. Algunas cuestiones las define en exceso, tal como les decía,
intervencionista; otras es inoperante por defecto. Mi grupo no les va a dar hoy el voto favorable para la toma en consideración de la misma, pero no cerramos ninguna puerta. Estamos abiertos y dispuestos a cooperar con ustedes y con el grupo que
sustenta al Gobierno. Lo hemos hecho siempre y queremos seguir haciéndolo, pero su propuesta no nos satisface.
Tampoco significa que estemos dando por supuesto que el proyecto de ley que el Gobierno ha anunciado que va a presentar sea, a priori,
mejor que el que hoy ha presentado el Grupo Socialista. Con toda sinceridad, si hemos de guiarnos por los prolegómenos de lo que se está discutiendo, no tenemos en el día de hoy - y contextualizo en el día de hoy- demasiadas perspectivas positivas
u optimistas de que de esta ley de cooperación nazca como debería salir un proyecto de ley de esta índole. Una ley de cooperación que intenta dar respuesta a una nueva realidad del Sistema Nacional de Salud debería ser ya, cuando entra en la
Cámara, el reflejo y la inquietud de lo que sienten y opinan las 17 comunidades autónomas que están en el Estado. Mal empezaremos si esta ley representa solamente la voluntad del ministerio, aunque esté sustentada por el Grupo Popular que ostenta
la mayoría de la Cámara. Insisto en esta idea con un optimismo ponderado, porque todavía no la han presentado y cabe la esperanza de que SS.SS, el Grupo Popular y el ministerio, al final, apuesten por buscar donde se debe buscar, que es en el
Consejo interterritorial de Salud. Que este acuerdo, este texto permita vernos reflejados a todos con las distintas sensibilidades, que permita hacer que cada uno de nosotros coopere - en el sentido más positivo de la palabra- aportando aquello que
cada uno puede aportar al conjunto del sistema, pero que nadie vea mermadas sus competencias, que ninguna de las 17 comunidades vea mermada las capacidades de dar mejor servicios a los ciudadanos porque estemos ante una ley intervencionista que no
pretenda otra cosa que retrotraer parte de las competencias que ha cedido.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes a todos. Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición con relación a la proposición de ley sobre coordinación sanitaria, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. La
conveniencia o la necesidad de esta ley ha sufrido numerosos debates en los años 2000 y 2001. Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ya recogía esta iniciativa en su programa electoral y los distintos debates que tuvieron lugar en nuestro
grupo parlamentario y en el Ministerio de Sanidad y Consumo han puesto de manifiesto la conveniencia de elaborar una ley que, incidiendo en el espíritu de cooperación y de coordinación entre la Administración general del Estado y las comunidades
autónomas, consiga criterios de mejora en el Sistema Nacional de Salud. Para llevar a cabo esa función el ministerio ha redactado diversos borradores, se ha puesto en contacto con todas las comunidades autónomas y ha tenido reuniones a la hora de
valorar los distintos borradores.
He leído con atención su proposición de ley, señora Rumí, y me ha venido a la memoria uno de los borradores que algún medio de comunicación logró poner en Internet el viernes 17 de diciembre, cuyo título era: borrador de anteproyecto de ley
por el que se establecen acciones integradas en materia sanitaria. La similitud de ese borrador con la proposición de ley que usted nos presenta esta tarde es elocuente, y eso no es malo. Porque en aquellos aspectos en que es bastante similar con
los criterios que el Ministerio de Sanidad y Consumo defiende, nosotros estaremos en condiciones de llegar a acuerdos con ustedes en el futuro, como la ministra de Sanidad y Consumo ya ofreció en la Comisión de Sanidad y Consumo del pasado mes de
febrero, donde les tendió la mano como hace siempre, en una política de consenso y de diálogo que es imprescindible para garantizar el mejor Sistema Nacional de Salud para todos los españoles. En estos artículos de la ley que se refieren al
incremento de la salud pública, a planes integrales de salud, a nuevas técnicas y procedimientos en la acción diagnóstica y terapéutica, a reforzar el papel del consejo interterritorial como órgano asesor de coordinación, de cooperación y de
evaluación, y a que haya una composición del mismo más acorde con las comunidades autónomas, e insistir en aspectos en relación con el Instituto de Salud Carlos III en su papel de investigación, de formación o de vigilancia epidemiológica, la
similitud es tal que nuestro grupo parlamentario -y lo veremos cuando debatamos la ley del Gobierno- estará en condiciones de tender la mano al diálogo. Pero, de repente, al redactar esta proposición de ley cambian y dejan de aparecer aspectos que,
a nuestro juicio, son imprescindibles en una ley de cooperación, de colaboración, de coordinación o de integración del Sistema Nacional de Salud. Me estoy refiriendo a aspectos tan concretos e imprescindibles, repito, como definir el catálogo de
prestaciones por ley, que es un criterio básico que da garantía a todos los ciudadanos; a la valoración de lo que es imprescindible para que se pueda producir la cooperación entre las distintas administraciones, que no es otra cosa que la gestión
de la información, a la que no hay ni una sola referencia en esta proposición de ley, cuando la ministra ya había apostado por ello y había comunicado a todos los grupos parlamentarios cual era la intención y la propuesta que debe llevar a cabo la
agencia de gestión y evaluación de la información para que las comunidades autónomas y el consejo interterritorial tuvieran la garantía necesaria para poder llevar a cabo todos sus criterios de mejora de la calidad. Otros dos aspectos primordiales
a la hora de ser recogidos en una ley de cooperación o de coordinación son la regulación de los fondos de cohesión, verdadera garantía de cooperación entre todos los ciudadanos españoles y entre todas las administraciones, y la alta inspección del
Estado para garantizar que las comunidades autónomas y la Administración general del Estado ofrecen las garantías de una asistencia de calidad y equidistante e igual para todos los ciudadanos españoles.
Con independencia de esas carencias, que son importantes, quiero resaltar algunos aspectos de esta proposición de ley que se alejan extraordinariamente de todos los grupos políticos, porque ustedes, al final, lo que pretenden es hacer un
totum revolutum en un consejo interterritorial que pierde los criterios de acuerdo y de convenio, que son imprescindibles en una ley de coordinación. Van incluso hasta el voto ponderado y retiran las competencias no solamente a la Administración
general del Estado, sino también a las comunidades autónomas. Ofrecen derechos a los ciudadanos que no tienen que estar en esta ley y marcan una supuesta redefinición de la Ley General de Sanidad dispar, repetitiva y que conduce a la inseguridad
jurídica. Todos estos son argumentos de peso, señora Rumí, por los que el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a la toma en consideración de esta iniciativa y no sólo porque el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno vayan a presentar una
ley de coordinación después de escuchar a todas las comunidades autónomas y a todos los partidos políticos, también al suyo, al que brindamos una vez más el consenso.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mingo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de coordinación del Sistema Nacional de Salud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 114; en contra, 190.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE REGULACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE GARANTÍA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA COMUNICACIÓN. (Número de expediente 122/000161.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación del marco institucional de garantía del derecho constitucional a la comunicación.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Alcaraz. (Rumores.-Pausa.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio pues es preciso que continuemos con el debate.
Adelante, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, voy a defender la necesidad de constituir un organismo democrático que España aún no ha constituido; es el único Estado de Europa que no tiene constituido este consejo, llámese de la comunicación o
llámese singularmente de lo audiovisual. Estamos hablando de la necesidad de constituir una autoridad democrática ni más ni menos que en el terreno de la comunicación. Se ha dicho que estamos en la sociedad de la información, en el siglo de la
comunicación y, sin embargo, en España no tenemos una autoridad democrática que rija los destinos, repito, ni más ni menos que de la comunicación.
Para explicar la necesidad de la creación de este consejo de la comunicación, que defiendo en esta Cámara creo que por sexta vez, voy a empezar en una trayectoria diferente pero complementaria con respecto a las que he empleado
anteriormente, voy a empezar, señorías, leyendo el artículo 20 de la Constitución, que dice que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones; se reconoce también la necesidad de comunicar
o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y que la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades; se habla de que estos derechos no pueden restringirse
mediante ningún tipo de censura previa. Habla también el artículo 20 en su punto 3 de que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. En el punto 4 se dice que estas libertades tienen su límite en el respeto a la
propia imagen, a la protección de la juventud y de la infancia, el tema de la intimidad. Finalmente, se dice que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Pues bien, este artículo 20 sólo se puede cumplir cuando se desarrollen sus resoluciones parciales a través de leyes; si no, es imposible cumplirlo. Asevero que no se está cumpliendo en este país el artículo 20 con respecto a la libertad
de comunicación y la libertad de información; se cumple parcialmente en aquellos puntos que han servido para desarrollar una ley específica. Por ejemplo, aquí hay un punto que dice que estas libertades tienen un límite, que es el derecho al honor,
a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y de la infancia. A partir de ahí, en lo que se dice fue el pacto del capó, después de lo que fue la comparecencia del señor Tejero en esta Cámara, se desarrolla la ley respecto al
derecho a la intimidad, y se cumple porque hay un control democrático a través de la aplicación de esa ley y de la actuación, en su caso, de los tribunales. Sin embargo, respecto al resto de los temas no se puede cumplir porque el artículo 20 sólo
existe en la metafísica de la Constitución. Por ejemplo, cuando se dice que hay que garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, si no se ha desarrollado la ley de acceso a dichos medios de los sindicatos,
de los grupos sociales, de los grupos políticos, ¿cómo se puede cumplir la Constitución? ¿Quizá siguiendo lo que dice anteriormente, cuando dice que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado? ¿Basta con la Comisión de Control de Radiotelevisión Española para cumplir lo que se dice en el artículo 20 de la Constitución? No, porque la Comisión de Control de Radiotelevisión española es limitadisima y sólo sirve
para que el director general correspondiente controle realmente a la Comisión de Control. Por ejemplo, cuando se habla de garantizar la pluralidad, ¿cómo se garantiza esa pluralidad? ¿A través de la Comisión de Control? ¿Qué leyes, qué organismos
vigilan la regulación de la pluralidad democrática, de la pluralidad de los partidos políticos, de las fuerzas políticas en la sociedad española? Ninguna, señorías. En el resto de los países, sí, y en comunidades españolas, por ejemplo, en
Cataluña de manera muy específica, aunque no total; en Andalucía
se va a montar el consejo de lo audiovisual; en alguna comunidad hay un atisbo de intentar controlar esta situación de manera democrática, es decir, intentar que se aplique el artículo 20 de la Constitución, pero aquí, no. Esto es una
selva. No se regula la comunicación, no para que haya más libertad precisamente sino para que nadie pueda reivindicar la falta de libertad.
Al final de la legislatura anterior, este Pleno del Congreso de los Diputados aprobó cinco proposiciones de ley, una de ellas del Partido Popular, de cara a la constitución de lo que algunos llamábamos consejo de la comunicación y otros
consejo superior de lo audiovisual o consejo de lo audiovisual. Nos reunimos al final de aquella legislatura para intentar consensuar un texto común, había más sensibilidad porque había menos mayoría absoluta. Intentamos este consenso, pero al
final no fue posible, primero, porque estaba la extinción de la legislatura muy cercana y, segundo, porque había dos temas respecto a los cuales no conseguimos acortar distancias, la independencia del consejo, pedíamos nosotros, y que fuese no un
consejo asesor, no algo vacío, sino un consejo con capacidades de todo tipo, también capacidades de exención. No fue posible y el panorama actual, en función de la mayoría absoluta y en función también de la falta de una autoridad democrática en el
terreno de lo comunicativo, ha hecho que se arrase la posibilidad del derecho a la igualdad de oportunidades, a la pluralidad, del derecho de acceso, de la constitución de consejos asesores, prohibir en cierto grado la concentración de medios,
etcétera. No hay posibilidad de una radiotelevisión pública consensuada con una ley estable, una ley democráticamente aceptable y, desde el punto de vista financiero, con una financiación ajustada a derecho, en función del Protocolo de Amsterdam.
Estamos en una situación absolutamente desprotegida, donde no existe otra política que la del Gobierno y donde no existe una autoridad democrática que regule la aplicación del artículo 20, el artículo de la libertad de comunicación e información.
Nosotros presentamos esta iniciativa por la necesidad de constituir este consejo de la comunicación. Hasta ahora lo que hemos observado con respecto a estos temas que se están debatiendo en esta Cámara es que el grupo mayoritario lo primero
que dice es que no -supongo que la señora Mato lo primero que va a decir es que no es aceptable-, y luego ya piensan en los argumentos, argumentos que espero que por lo menos sean fundamentados, bien relacionados, sistematizados, porque hasta ahora
lo que estamos obteniendo es un no. ¿Por qué? Porque no. Espero que la señora Mato nos diga por qué no constituir en esta Cámara y para todo el país, primero, la posibilidad de coordinar, desde las competencias propias del Estado, las que sean,
los consejos que se están constituyendo y, en segundo lugar, regular el artículo 20, el derecho a la comunicación y a la información. ¿Por qué no? ¿Por qué España es el único país de la Unión Europea que no tiene este consejo? Otros tienen
consejo u organismos correspondientes a lo que es la máxima autoridad democrática en comunicación. Se lo digo de otra manera: ¿Por qué no existe en España una autoridad democrática con respecto a la comunicación? ¿Por qué tiene que regular el
Gobierno, desde la arbitrariedad, a nuestro juicio, en todo caso siempre desde la discrecionalidad, la política de comunicación de este país? A nuestro juicio tiene que ser un organismo independiente, no a propuesta del Gobierno, como se ha hecho
en alguna comunidad autónoma, sino a propuesta de esta Cámara. Nosotros pensamos que diez miembros del consejo pueden ser propuestos por esta Cámara, cinco por las organizaciones sindicales y otros cinco por las organizaciones profesionales que
existan en este país. Si no se ve esta distribución de escaños en el seno del consejo de la comunicación, estamos dispuestos a cualquier otra distribución siempre que se parta del principio de independencia, del principio de extracción
parlamentaria. Es decir, que no sea a propuesta del Gobierno y ratificado por este Congreso de los Diputados, con una serie de competencias que lo saquen de ser un simple fantasma a un simple consejo asesor y que empiece a regular una situación que
merece esa regularización, como intentaré indicar hablando de las competencias que nosotros asignamos a este consejo de la comunicación.
Por ejemplo, en cuanto a la concentración de medios, en este país se hablaba muchísimo, cuando el Partido Popular estaba en la oposición, de la existencia de un monopolio mediático. Pues bien, lo que ha hecho el Partido Popular no es una
ley antitrust, antimonopolio, como anunció, sino crear otro monopolio en la banda contraria, incluso más fuerte que el monopolio que se denunciaba anteriormente por el Partido Popular. Se han roto todos los niveles anticoncentración, que eran
pocos, pero algunos existían en este país; no existe posibilidad de evitar la patología de la concentración y no se ha regulado en función de lo que ha dicho la Unión Europea, partiendo del libro verde o de cualquiera de las resoluciones en las que
se pedía a los distintos países que regularan la cuestión de la patología de la concentración. Otra competencia sería la pluralidad, la protección de las minorías, la protección de la juventud, la protección de la mujer, la calidad de la emisión en
la hora de prime time -estamos haciendo una democracia llena de telebasura, y hablar de telebasura es hablar de una parte importante del tiempo que dedica la gente a ver, a conocer, a entender lo que es este país-; hablamos del derecho de acceso,
de la creación de los consejos de redacción, de la transparencia en la propiedad, de la concesión de licencias de radio y televisión a nivel estatal. Estamos hablando de la regulación -esta vez sí, no como se hizo con motivo de la televisión
digital- de las emisiones de interés general, que no se respetan a partir de la denominada Ley del fútbol; aquello fue una intervención del mercado que
no ha servido para nada, porque esta ley no se respeta. Hablamos de la necesidad de regular la objeción de conciencia -los periodistas están absolutamente desasistidos, cada vez más cerca de convertirse en simples redactores, ni siquiera en
periodistas- y hablamos también de la necesidad de regular la publicidad. El mundo publicitario ha invadido la televisión, hay una saturación total, tanto en la pública como en la privada, y no hay forma humana, porque el Gobierno ni siquiera
quiere -el Gobierno es el único que pude defendernos de la saturación de publicidad- que se aplique la ley que se deriva de la Directiva sobre la Televisión sin Fronteras. En esa situación estamos. España es en la actualidad el único país de la
Unión Europea que carece de este organismo independiente, de esta autoridad democrática de la comunicación. Tampoco existe un mapa homogéneo ni un organismo de carácter estatal que coordine el sector desde la independencia, coordinando, por
ejemplo, lo que se hace en Madrid, Cataluña o Andalucía.
Por otra parte, el marco legislativo audiovisual se caracteriza por una excesiva dispersión, una serie de regulaciones sobre el cable, la televisión por ondas terrestres, por satélite, mediante acceso condicional, según la titularidad
-privada o el resto-, por ámbito geográfico -televisiones o radios locales, terceros canales, autonómicas-, y el telespectador recibe la comunicación como si fuera un único servicio; no sabe si es cable, terrestre digital o por satélite, sino que
recibe un servicio que se mantiene disperso en una auténtica jungla legislativa.
En cuanto al contenido, es evidente que no se aplica la Directiva de Televisión sin Fronteras -como he dicho antes- y que los telespectadores sufren una auténtica saturación publicitaria. Estuvimos a punto de definir un modelo de televisión
pública, pero la mayoría absoluta eliminó esta posibilidad y día a día aplica de hecho el desguace de una auténtica televisión pública para el futuro, de la cual desconocemos dos aspectos fundamentales, la dimensión de la casa y la posible
financiación estable en el marco europeo.
Respecto a la televisión digital terrestre, el modelo del Partido Popular, basado en la utilización de una plataforma de pago -Onda Digital, S.A.- como locomotora en la migración hacia la digital, ha fracasado totalmente con el anuncio de la
liquidación el 25 de abril de Quiero Televisión. El Partido Popular no tiene ya política en un tema de enorme importancia, como es la migración hacia la digital. No se ha otorgado un papel relevante a la televisión pública en el proceso de
migración a la televisión digital, como se está haciendo en la mayoría de los países de la Unión Europea. La televisión pública no juega ningún papel en el cambio hacia la tecnología digital.
La televisión local carece de plan técnico, como desarrollo reglamentario de la Ley de 1995, y están surgiendo distintas televisiones locales ligadas a los grupos de comunicación general, a los que he aludido anteriormente, de modo que el
pluralismo real queda eliminado también aquí. La televisión por cable, a pesar de la ley que hicimos, tiene un bajísimo índice de penetración en nuestro país y se está desaprovechando la digitalización en la televisión para la introducción de los
nuevos servicios de la sociedad de la información.
No hay política del Partido Popular en este terreno. Aquí están los 10 puntos que le acabo de dar, señora Mato. No hay política, la única política que tienen ustedes es privatizar, o privatizar de manera encubierta, controlar de manera
gubernamental y no aplicar el artículo 20 porque no quieren que se desarrolle a través de las leyes. Se trata, en último lugar, como me dirá usted desde esta tribuna, de no crear la autoridad democrática que hace falta para que dinamice estos
aspectos que no se cumplen, el consejo de la comunicación. Dígame usted que no, señora Mato, pero, por lo menos, haga usted el favor de argumentar largamente, porque los últimos noes que nos ha dado el Partido Popular han sido patéticos, enclenques
en cuanto a los argumentos; ni siquiera se molestan ya en buscar una argumentación sistemática, no para convencernos a nosotros sino a esta esta Cámara que se toma en serio la democracia parlamentaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para exponer la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley reguladora del marco institucional de garantía del derecho a la comunicación, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Es evidente que el campo de las comunicaciones ha variado sustancialmente en los últimos 20 años, tanto en el Estado español como en el entorno europeo. Entre los hechos que en mayor medida han contribuido a este cambio, figuran la
innovación tecnológica y la llamada liberalización del sector de la comunicación, con el paso del monopolio público de Radiotelevisión a un sistema mixto, si bien manteniendo el servicio público el Estado. Este proceso ha sido muy similar en los
países de nuestro entorno, si bien la puesta en marcha de este sistema mixto de medios de comunicación fue acompañada de la creación de órganos institucionales encargados de velar por la independencia de los medios de comunicación. En esa línea se
sitúan países como Francia, Canadá o Estados Unidos, que cuentan con organismos administrativos independientes encargados
de controlar el respeto por las obligaciones legales de los medios de comunicación en los que tienen participación los representantes del sector, tanto empresas como profesionales de la comunicación.
Desde esta perspectiva, esta proposición de ley viene a cubrir ese vacío pues el proceso de liberalización del sector de la comunicación en el Estado español no se acompañó de la constitución de un órgano consultivo y asesor encargado de
velar por el respeto de los medios de comunicación a las normas legales que les afectan, no sólo las de carácter técnico, organizativo o económico, sino también por el respeto de los mismos al pluralismo político, la libre competencia y la defensa
de valores o principios fundamentales como el respeto a los menores, la defensa del carácter pluricultural y plurilingüe del Estado español, etcétera.
Por eso vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa pues, como decíamos, la consideramos un texto aceptable que puede servir de base para avanzar en la puesta en funcionamiento de un órgano institucional que se encargue de
garantizar el derecho a la comunicación, si bien nosotros advertimos de antemano que tenemos algunas diferencias en cuanto a la concreción de sus funciones, especialmente en la designación de los administradores del Consejo de Radiotelevisión pues,
siendo un servicio público esencial, la potestad de designación debe mantenerse en las Cortes Generales.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta hoy para su debate una proposición de ley que, en una primera aproximación -al menos desde una perspectiva estrictamente formal-, puede ser calificada como de extraña; digo que de
extraña porque algunos de sus contenidos por lo menos ofrecen un perfil confuso, aquejado de alguna indeterminación, de alguna imprecisión. Esto no quiere decir que el objeto y finalidad últimos de la iniciativa no estén claros y diáfanos, sobre
todo después de la intervención del portavoz del Grupo de Izquierda Unida; al contrario, parece que estos objetivos finales sí se vislumbran con bastante claridad.
Los puntos que, a nuestro juicio, ponen de manifiesto la existencia de algún elemento de confusión en esta proposición de ley son fundamentalmente cuatro. En primer lugar, apreciamos una disociación, quizás un desajuste, entre el título y
el contenido de la proposición de ley. Según su rúbrica, el objeto de la proposición de ley consiste en regular el marco institucional de garantía del derecho constitucional de comunicación. Sin embargo su articulado no es tan pretencioso, es más
modesto y menos ambicioso, se limita a crear y establecer el régimen jurídico básico de un organismo público, que se llamaría consejo de la comunicación. Difícilmente puede decirse que este organismo público, que reuniría en sus manos un amplio
conjunto de facultades en relación con la defensa del interés público en el mundo de la comunicación, en el ejercicio del derecho fundamental a la información, agotaría en sí mismo el marco institucional de garantía del derecho fundamental previsto
en el apartado d) del punto primero del artículo 20 de la Constitución a comunicar y recibir libremente información veraz a través de cualquier medio de difusión. Por tanto, en primer lugar, apreciamos como elemento de confusión formal un cierto
desajuste entre el título y el contenido del proyecto de ley.
La proposición ofrece también un perfil oscuro, un perfil confuso, a la hora de definir el tipo de organismo que se pretende crear porque el artículo primero de la proposición, en su apartado segundo, dice literalmente que el consejo de la
comunicación -que es el órgano que se quiere crear- es un órgano consultivo del Gobierno y de las Cortes Generales en materia de comunicación. Dejemos a un lado ahora el dato, ciertamente extraño por infrecuente en nuestro ordenamiento jurídico, de
que el órgano consultivo lo sea al mismo tiempo del Ejecutivo y del Legislativo, lo que nos llama la atención es el hecho de que ni por la caracterización que recibe el consejo de la comunicación desde el punto de vista de la tipología de entes
públicos que contempla el ordenamiento jurídico, ni por las funciones que se le asignan constituye en puridad un órgano consultivo. Por un lado, el consejo de la comunicación se configura en la proposición como un ente de derecho público de los
previstos en el artículo 6 apartado 5 de la Ley General Presupuestaria.
¿Qué tipo de entes son los que aparecen mencionados en este precepto de la Ley General Presupuestaria? Hoy, tras la reforma operada en esta Ley por la Ley de acompañamiento
del año 2001, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, este apartado de la Ley General Presupuestaria se refiere a las fundaciones estatales, es decir, aquellas que se definen como las que tienen una dotación participada mayoritariamente, directa o
indirectamente, por la Administración general del Estado, sus organismos autónomos o los demás entes del sector público estatal; se refiere a las fundaciones que la doctrina conoce como fundaciones en mano pública para distinguirlas de las
fundaciones estrictamente públicas, que reciben una regulación, como se sabe, específica en el ámbito de la legislación sanitaria.
Haciendo abstracción ahora del hecho de que este tipo de personificación de la actividad de los poderes públicos es objeto de críticas por parte de la doctrina ius publicista, lo cierto es que la fundación estatal no
está pensada para la administración consultiva, ni parece que constituye una fórmula organizativa adecuada para el ejercicio de funciones consultivas. Por otro lado, aunque entre las funciones que la proposición de ley asigna al consejo de
la comunicación existen algunas de naturaleza consultiva, tal sería el caso, por ejemplo, de las previstas en los apartados d), e), f), g) e i) del artículo 5, figuran otras que parecen más propias de la administración activa, sería el caso, por
ejemplo, de las previstas en las letras a), b), c), m), n) y la genérica de la letra r) del mismo precepto.
Un tercer foco de confusión, a nuestro juicio, en relación con el organismo público que se quiere crear a través de la proposición de ley, es la indefinición también de las funciones del propio consejo de la comunicación, porque el ámbito
competencial que se le encomienda incluye un amplio elenco de materias en el que se pueden recoger hasta ocho diferentes tipos de funciones, algunas de tipo consultivo, que son las que en principio caracterizan al organismo público en virtud de su
artículo 1, apartado 2, otras de vigilancia genérica para la protección de una serie de valores que han de ser protegidos en el desempeño del derecho de la comunicación, como el pluralismo político, el pluralismo lingüístico, los derechos de las
minorías, la infancia, la juventud, etcétera; hay una serie de funciones de nombramientos de miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y representantes del sector público estatal en empresas de la comunicación, otras
funciones de propuesta a las Cortes Generales para el nombramiento del director general del Ente Público Radiotelevisión Española, algo que sorprende porque, hoy por hoy, el nombramiento de este cargo no corresponde todavía a las Cortes Generales
-somos muchos los grupos parlamentarios que aspiramos a que esto sea así, pero todavía no se ha conseguido-; hay funciones de propuesta, un complejo de facultades relacionadas con la garantía del derecho fundamental en relación con determinados
acontecimientos deportivos o culturales o de cualquier otro tipo -se indica- de carácter oficial y de naturaleza profesional, semejante a la prevista en la Ley 21/1997, de 3 de julio, sobre emisiones y retransmisiones de acontecimientos y
competiciones deportivas, pero sin precisar el modo en que estas funciones han de repartirse entre el nuevo consejo y el consejo que creó aquella Ley; se supone que aquel consejo desaparecería pero no lo explicita esta proposición, de ahí que este
también sea un aspecto que tiene algún elemento de confusión, de indeterminación. Hay un conjunto de facultades genérico, abierto e indeterminado para cualquier actuación que el consejo considere necesaria para la garantía, desarrollo y tutela del
artículo 20 de la Constitución y un conjunto de facultades de carácter instrumental que en lugar de recogerse formalmente aparte aparecen entremezcladas con las funciones propiamente materiales que se encomiendan a este organismo público.
En último lugar, cabe advertir también cierta imprecisión en el modo en el que el consejo de la comunicación incidirá sobre el modelo de distribución de poder territorial que resulta del bloque de la constitucionalidad. Su ámbito de
actuación se circunscribe, en principio, al complejo organizativo público del Estado, entendiendo el Estado en sentido estricto como el conjunto de instituciones que pertenecen al aparato central del Estado. Así lo especifica el artículo 1,
apartado 2, cuando se le califica como órgano consultivo del Gobierno y de las Cortes Generales. También la disposición adicional tercera contribuye a abonar esta interpretación en la medida en que prevé la posibilidad de que las comunidades
autónomas puedan ejercer en su ámbito las funciones que el consejo de la comunicación desempeñará en relación con el Estado. En fin, el artículo 6, letra l) de la proposición dice que el consejo podrá establecer sistemas de coordinación y
colaboración con los equivalentes autonómicos. Todos estos datos ponen de manifiesto, efectivamente, que estamos hablando de un organismo que centrará su actividad en el complejo organizativo público del Estado, concebido en sentido estricto. Pero
hay otros preceptos de la proposición que permiten dudar de la veracidad o de la certeza de esta conclusión. Cuando el artículo 5, letra e), establece que informará con carácter preceptivo todos los procedimientos referentes a la asignación de
frecuencias y concesiones de radiodifusión o la letra h) del mismo artículo señala que atenderá las reclamaciones y quejas que se produzcan en todo el Estado, nos cabe la duda de si afecta también a los poderes autonómicos, aun cuando en ambos casos
se establezca que será sin perjuicio de lo dispuesto en las normas autonómicas. Pero la expresión 'sin perjuicio' puede perfectamente ser interpretada en el sentido de que quedan a salvo las previsiones que las instituciones autonómicas puedan
establecer en relación con intervenciones de los poderes autonómicos sobre el ejercicio del derecho de intervención, que se añadirían a las intervenciones previstas en la propia ley en relación con estos mismos aspectos.
En lo que se refiere a estos elementos de imprecisión, de la lectura del texto parece que puede inferirse que lo que la proposición pretende es profundizar en la línea abierta por la Ley 21/97, de 3 de julio, que nosotros apoyamos, mediante
la creación de un organismo independiente y representativo tanto del arco parlamentario como de los intereses económicos y profesionales del sector de la comunicación que, por decirlo muy resumidamente, vele por la defensa de los valores y
principios que han de respetarse en este ámbito y garantice la defensa del interés público en la emisión, difusión y retransmisión no sólo de las competiciones y acontecimientos deportivos sino también de todos aquellos hechos culturales o de
cualquier otro tipo de carácter oficial y de naturaleza profesional, por reproducir una expresión que utiliza la propia proposición.
Desde este punto de vista, nosotros tenemos un acuerdo básico con el propósito fundamental de la iniciativa, y en este sentido anuncio el apoyo del Grupo Vasco a la toma en consideración de esta proposición, apoyo que evidentemente será
crítico en la medida en que si la proposición fuera tomada en consideración, ejerceríamos nuestro derecho a enmienda para intentar corregir estos aspectos que a nuestro juicio es preciso enderezar y clarificar, aspectos a los que antes he hecho
referencia y que ponen de manifiesto un fondo de indeterminación, de inconcreción, de imprecisión en algunos aspectos sobre todo organizativo-formales del organismo público que se pretende crear.
La señora PRESIDENTA: Señor Erkoreka, le ruego concluya, por favor.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo, señora presidenta.
Sería preciso, por tanto, hacer una depuración técnica que, en su caso, se articularía a través de ese tipo de enmiendas, y sin más, expreso el apoyo del Grupo Vasco a la iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, creo que podemos afirmar que se reproduce hoy en esta Cámara el debate que tuvo lugar en el mes de noviembre del año 2000 con motivo de la toma en consideración de tres proposiciones de
ley, finalmente rechazadas, de los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto, mediante las que se pretendía el mismo objetivo que persigue la proposición no de ley que ahora discutimos, es decir, la creación de un consejo
superior de la comunicación o de los medios audiovisuales.
Aquel debate al que me he referido reproducía a su vez otro que tuvo lugar el 23 de junio de 1998 en esta misma Cámara, aunque ese debate tuvo lugar en dos contextos diferentes: un contexto parlamentario diferente, en el que el Grupo
Parlamentario Popular no disponía de la mayoría absoluta como ahora, y otro contexto no parlamentario pero sí de una coyuntura audiovisual diferente. Han pasado sólo cuatro años, pero en ese tiempo ha habido unos avances de las tecnologías de la
información y de la comunicación que nos sitúan en otro escenario de presente y sobre todo de futuro. En ese debate se discutieron, como ha indicado el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, cinco proposiciones de ley, una de
las cuales llevaba el sello del grupo proponente y otra llevaba, si se me permite la expresión, el copyright del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al que represento, y se aprobó la toma en consideración de ambas proposiciones.
Pese a estos debates a los que me he referido y a otros sectoriales, es evidente que esta Cámara ha sido incapaz de asumir en los últimos años una posición única para lograr un acuerdo mínimo político que permita disponer de ese instrumento
legal que en el fondo todos perseguimos pero que todavía hemos sido incapaces de lograr; un instrumento legal que se puede llamar consejo de la comunicación, consejo superior de audiovisuales, etcétera, que regule aspectos tan importantes como los
que anteriormente han mencionado otros portavoces, entre los que cabe destacar la regulación de la concesión de licencias, la regulación de mecanismos de elección de los cargos directivos de los medios de comunicación públicos del Estado, la
programación de interés público, el control de los contenidos, la adecuación de la publicidad a la legislación aplicable y también el control de los derechos de la infancia y de las minorías así como la potestad sancionadora, como ha indicado hace
unos instantes el portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
No es intención de este portavoz reproducir la argumentación que yo mismo tuve ocasión de defender en este último debate al que me he referido del mes de noviembre de 2000, sobre todo teniendo en cuenta que el contenido de esta proposición
de ley que ahora discutimos es casi idéntico al de la proposición de ley que discutimos por aquel entonces. De todas maneras, creo que es obligación de este portavoz hacer unas consideraciones respecto al contenido que hoy nos propone el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, y por coherencia, creo que es obligación de este portavoz reiterarme en todos y cada uno de los argumentos que defendí en esta tribuna en el mes de noviembre de 2000 con motivo del debate de las tres proposiciones de ley
anteriormente citadas y que constan en el correspondiente 'Diario de Sesiones'. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Catalán quiere dejar constancia de nuevo de la necesidad de que el Estado español cuente de una vez por todas con una regulación
del ámbito audiovisual que nos equipare a la situación que viven la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. Anteriormente se ha referido algún portavoz a que el Estado español es el único país de la Unión Europea que no dispone de un
organismo de esta naturaleza que regule las cuestiones a las que me he referido relativas al medio audiovisual a nivel estatal. Creo que el Estado español comparte esta situación con un pequeño Estado, Luxemburgo, pero en todo caso no es esta la
situación en la que se merece estar el Estado español. No tiene, pues, según nuestro criterio, ningún sentido, desde ningún punto de vista, que España esté en el vagón de cola en un tema como el que ahora nos ocupa. De todas formas, creo que se
pueden hacer las cosas de muy diversas maneras. Nosotros no tenemos por qué decantarnos por una opción determinada en
función de lo que haya acordado un país u otro de la Unión Europea. Creo que hay diversos modelos a los que acogerse, y en todo caso debería ser en su momento un modelo acorde con la realidad social, la realidad política y especialmente la
realidad audiovisual del Estado español.
En segundo lugar, quiero recordar que el Grupo Parlamentario Catalán presentó ya en su día, creo que unas fechas antes de que tuviera lugar el debate de las tres proposiciones de ley a las que me he referido, una proposición no de ley por la
que se instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley de creación de un consejo superior de los medios audiovisuales. Después de las diferentes argumentaciones aportadas por los diferentes grupos parlamentarios, y teniendo en cuenta la posición
adoptada y reiterada -supongo que hoy tendremos ocasión de escuchar estas ciertas reiteraciones en los argumentos del Grupo Parlamentario Popular-, yo creo que no tiene sentido práctico -político y parlamentario sí, pero no práctico- seguir
presentando a estas alturas, al menos por ahora, nuevas proposiciones de ley en la línea de las que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En ese sentido, creemos que la pelota, como la expresión nos indica, está en el
tejado del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular y que a ellos les corresponde abrir conversaciones o profundizar en los diálogos que desde hace tiempo se vienen manteniendo con el resto de fuerzas políticas y presentar el correspondiente
proyecto de ley, aunque de alguna manera es lo que persigue nuestra proposición de ley, que, dicho sea de paso, no ha sido substanciada todavía. Aun así -y a los hechos nos remitimos-, no hemos percibido voluntad política del Grupo Parlamentario
Popular ni del Gobierno, como no podía ser de otra manera, de traer a esta Cámara un proyecto de ley que tenga por objetivo crear un organismo de los que estamos ahora tratando, sea cual sea su naturaleza jurídica, sean cuales sean las funciones que
se le asignen, sea cual sea el ámbito de su actuación. Creemos que debería traerse a esta Cámara la creación de este organismo, un organismo autónomo, independiente del Poder Ejecutivo central, que regule el ámbito audiovisual del Estado, y ello es
así porque creo recordar que desde el mes siguiente a la tramitación de estas proposiciones de ley un senador del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interpeló en el Senado a la ministra de Ciencia y Tecnología y en respuesta a esa
interpelación la ministra prometió seguir insistiendo en los estudios, ya que había varios modelos para adaptar, como decía. En todo caso, ha transcurrido más de un año y a este diputado no le suena que haya ningún anteproyecto que esté a punto de
entrar en esta Cámara en formato de proyecto de ley.
En tercer lugar, quiero destacar, como en otros ámbitos, el papel desarrollado por las comunidades autónomas en este campo en los últimos dos años. Yo creo que ha sido importante y que vale la pena hacer una breve referencia a ellos. Creo
que es políticamente relevante el hecho de que algunos gobiernos y parlamentos autonómicos, en el marco, obviamente, del ejercicio de sus correspondientes competencias, hayan actuado, hayan regulado y hayan ejercitado sus competencias y por tanto
hayan legislado el campo de actuación, las funciones y las prerrogativas de organismos reguladores de la programación y de los contenidos de los medios audiovisuales en sus respectivos territorios. Y quiero aquí de nuevo, como hice ya en anterior
ocasión y como también ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, reivindicar la iniciativa política del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña, que por unanimidad, en un asunto tan sensible
como el que estamos ahora tratando, aprobó la Ley 2/2000, de creación del Consejo del audivisual de Cataluña. También quería referirme a iniciativas legales más recientes como las que han tenido lugar en el Parlamento de Navarra y también más
recientemente en la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, en el mes de abril del año 2001. Creo que es importante este recordatorio porque pone de manifiesto que algunas comunidades autónomas van por delante del Gobierno del Estado en legislar,
como decía anteriormente, algo tan sensible y trascendente como es el órgano regulador de los medios audiovisuales, su naturaleza y su funciones, para alertar del riesgo que se cierne sobre estos órganos de ámbito autonómico en el supuesto -no
estamos afirmando nada, pero en todo caso tenemos la duda razonable- de que la futura norma estatal que pudiese derivarse de esta iniciativa parlamentaria o, en su caso, del proyecto de ley futuro que aporte a esta Cámara el Grupo Parlamentario
Popular o el Gobierno no sea respetuosa con la distribución competencial que emana del bloque constitucional. Este podría ser el caso -y lo digo en condicional, pero podría ser el caso- de la proposición de ley que ahora debatimos en el supuesto de
que prosperara a la luz de las competencias que se pretenden atribuir al consejo de la comunicación.
En cuarto lugar, y enlazando con esta última consideración, paso a enumerar de forma también telegráfica algunas cuestiones contenidas en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) no puede compartir o respecto a las que mantenemos serias dudas e incluso reservas. Más allá de algunos cambios que introduce respecto de la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida en mayo de 2000, hay una cierta contradicción en que en la exposición de motivos se hace depender el futuro órgano del Ministerio de Fomento y en la parte dispositiva se hace depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Creemos que puede
ser un error formal, pero creemos también que en las funciones que se le añaden a este organismo
en la proposición de ley que ahora debatimos en relación con las funciones que se otorgaban en la proposición de ley del año 2000 se puede constatar un sesgo intervencionista -permítanme la expresión-.
La señora PRESIDENTA: Señor Martí, le ruego concluya, por favor.
El señor MARTÍN I GALBIS: Sí, señora presidenta, acabo.
Ante estas prevenciones, nuestro Grupo parlamentario no puede dar apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley y en todo caso queremos reiterar nuestro compromiso y voluntad política de que en esta legislatura el Congreso de
los Diputados apruebe finalmente un modelo consensuado de órgano regulador de las competencias en el ámbito audiovisual del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque queremos ser coherentes con lo que hemos venido
manteniendo en esta Cámara a lo largo de los últimos años y especialmente desde que este asunto tomó cuerpo a partir de los trabajos de la Comisión Especial del Senado sobre Contenidos Televisivos en el año 1995, que suscitó el apoyo unánime de
todos los grupos parlamentarios en aquel momento y que también suscitó que cinco grupos parlamentarios adoptaran en la pasada legislatura la iniciativa de presentar proposiciones de ley básicamente con la misma finalidad y el mismo objetivo, que es
la creación de un órgano independiente que unos llaman consejo de la comunicación, otros comité de medios audiovisuales y otros consejo de lo audiovisual, pero que en definitiva se trata de crear un organismo independiente que tenga capacidad de
asesorar e intervenir en el sector de lo audiovisual en nuestro país, lo que además tiene relación con el desarrollo de un artículo que intenta proteger derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el artículo 20 de nuestra Constitución, que
aquí ha sido mencionado. Este es el marco en el que nos estamos moviendo esta tarde.
Las tecnologías de la comunicación avanzan que es una barbaridad y están en un estado permanente de evolución. Lo que no evoluciona es el Grupo Parlamentario Popular, que permanece firme, monolíticamente asentado en una posición que me
atrevería de calificar de incoherente con lo que defendieron en la pasada legislatura, por lo que deberían dar alguna explicación ante este planteamiento. Se ha dicho aquí repetidamente que en lo relativo a disponer de un órgano independiente de
asesoramiento tanto al Gobierno como al Parlamento y que proteja a las minorías, a la infancia, a la juventud, en definitiva, que tenga algo que decir en el sector audiovisual, España es una desgraciada excepción en la Unión Europea y en los países
más desarrollados del planeta. España es en este asunto una desgraciada excepción, y solamente lo es porque así lo quiere el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular. No logramos entender las verdaderas razones para que esto
sea así, aunque, si me lo permiten SS.SS., yo voy a intentar establecer alguna línea de investigación en este sentido.
El 20 de noviembre de 2000 la portavoz del Grupo Parlamentario Popular dio dos razones para oponerse a las proposiciones de ley que se estaban debatiendo en ese momento. Dijo que el procedimiento de presentar proposiciones de ley no era el
adecuado para regular un asunto como ese y que por lo tanto sería el Gobierno el que presentase un proyecto de ley -ahora veremos cuándo dijo usted que presentaría ese proyecto de ley el Gobierno- y dijo también que las proposiciones estaban caducas
porque no contemplaban la irrupción de Internet en el ámbito de la comunicación, el papel de la televisión digital por satélite, el de las televisiones locales e incluso el papel de la telefonía móvil, que usted planteó en esta tribuna. Y cuando
concluyó ese debate dijo literalmente lo siguiente: El próximo año -y estaba usted hablando en noviembre de 2000- tendremos sin duda la ocasión de debatir en esta Cámara una iniciativa para crear este consejo -el consejo de lo audiovisual o el
consejo de la comunicación-; una iniciativa en la que, como he dicho, se tendrá en cuenta la opinión de todo aquel que tiene algo que decir en el sector audiovisual y en el sector de las comunicaciones. Y añadió: En ese momento, señorías,
podremos comprobar quién está del lado de los televidentes, quién está del lado de los ciudadanos, quién quiere un consejo o quién sólo se llenaba la boca diciendo que quería un consejo audiovisual. Espero que en esa ocasión ustedes puedan
demostrar lo que hoy han manifestado aquí en esta Cámara. Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, como siempre, cumplirá su palabra, que no es otra que la que ha dado a los electores en el programa electoral. Noviembre del año 2000. Si no
me equivoco, estamos en primavera del año 2002, pasó el año y no hubo proyecto de ley del Gobierno en esta Cámara. Si mi información es correcta, el registro está huérfano de esta iniciativa del Gobierno. ¿Por qué el Gobierno no quiere traer a
esta Cámara una regulación que desarrolla el artículo 20 de la Constitución y no quiere regular la creación de un órgano independiente que pretende, en la medida de las posibilidades y de la regulación que creamos conveniente adoptar, establecer la
transparencia en la titularidad de los
medios audiovisuales, de las telecomunicaciones e Internet y el cumplimiento de las legislaciones y normas reguladoras de la producción; que tiene que velar por el pluralismo político, económico, cultural y religioso para que sean
respetados por los operadores de radio, televisión e Internet; que promueva la protección del resto de los valores constitucionales, especialmente de la juventud y de la infancia, y que sancione a quien haga apología del terror, de la violencia, el
sexismo, el racismo y la xenofobia; un órgano cuyos representantes sean elegidos por consenso en esta Cámara; que preste una función de asesoramiento al Gobierno y al Parlamento en esta materia; que informe a estas Cortes, etcétera? ¿Por qué no
trae el Gobierno ese proyecto de ley, por qué el Grupo Parlamentario Popular no quiere abordar este asunto? Las explicaciones que se nos ocurren a mi grupo son varias. Si el Gobierno ha anunciado que tiene la pretensión de traer la regulación del
sector audiovisual de las televisiones digitales, ¿por qué no trae con anterioridad un proyecto de ley que regule el consejo para que le asesore, para que le informe y para que canalice democráticamente el acceso a la información de colectivos, de
ciudadanos, de usuarios? Probablemente el Gobierno, desde su posición de dominio de mayoría absoluta, se sienta seguro, y yo estoy seguro de que se siente así porque de lo contrario no tiene explicación que no quiera dar cauces de participación
democrática a través de un órgano independiente a los colectivos que tienen derecho a tenerla, en definitiva a los ciudadanos, a través del artículo 20 de la Constitución. Y creemos que no lo hace porque se siente muy cómodo en esta situación, ya
que esa posición de dominio que sin duda le da la mayoría absoluta se traslada al dominio de los medios de comunicación, y no solamente de los de titularidad pública, sino también de algunos privados. Las prácticas que hemos visto realizar a
miembros de consejos de administración de empresas que antes eran públicas y ahora son privadas y están en los medios de comunicación a favor siempre de las posiciones del Gobierno abundan en esta tesis que estoy manteniendo en esta tribuna: al
Gobierno no le interesa dar cauce a la participación democrática de los ciudadanos a través de un órgano que es perfectamente democrático y que tiene que velar por el cumplimiento de aspectos fundamentales de nuestra Constitución. Por tanto, ante
esa posición, lo incoherente fue que en su momento el Grupo Parlamentario Popular defendiera una posición contraria. Es verdad que no estaba en mayoría absoluta, lo que probablemente explica esa situación, pero la contradicción es palpable, y nos
gustaría que nos dieran alguna explicación. Yo creo que la explicación que nos va a dar la portavoz del Grupo Parlamentario Popular va a ser muy sencilla: No se preocupen ustedes -a nosotros ya me imagino lo que nos va a decir: 14 años de
gobierno, en fin, está claro, cuento con ello-, que el Gobierno traerá el proyecto de ley a esta Cámara porque nosotros cumplimos nuestros compromisos con los ciudadanos. Pero, por favor, señora Mato, para ser más creíble, no dé plazos porque ya
dio uno y no se cumplió, y por lo tanto, si quieren, sean coherentes con el planteamiento al menos de su programa electoral y establezcan cauces de participación al resto de grupos parlamentarios. Nosotros creemos que esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida da una buena oportunidad para abrir este debate y esta discusión, porque como sigamos a este ritmo vamos a batir el récord parlamentario mundial por las veces que se debate la misma iniciativa en esta Cámara,
y yo creo que está bien que batamos ese récord del mundo porque si se trata de garantizar los derechos de las ciudadanos, esa es nuestra obligación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, señorías, debatimos hoy una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que, como dice su título, propone la regulación del marco institucional de garantía
del derecho constitucional a la comunicación.
Es verdad que esta proposición, salvo en su título y respecto a la ampliación de funciones, a las que sólo han hecho referencia algunos parlamentarios y otros han omitido, es muy similar a la debatida
el 21 de noviembre del año 2000, y con el permiso de SS.SS y del señor Díaz-Cano, tengo que decir que, efectivamente, en esa fecha de noviembre, en la que yo tuve la oportunidad de intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular, dijimos que no
podíamos apoyar esa proposición de ley porque estaba obsoleta, y en el día de hoy sigue estando igualmente obsoleta. Y digo eso porque es verdad que la tecnología avanza muy deprisa, como ha dicho algún portavoz desde esta tribuna, y es verdad que
también los medios de comunicación avanzan muy deprisa. El portavoz de Izquierda Unida se refería a la necesidad de que no hubiera monopolios y de que la información llegara por más vías a los medios, pero nadie me podrá negar, señor Díaz-Cano, que
después de 14 años de Gobierno del Partido Socialista y después de sólo seis años de Gobierno de Partido Popular la situación de los medios de comunicación dista mucho de la que había entonces. Hoy es mucho más parecida a la que tienen en el resto
de Europa que lo era hace exactamente seis años. Por cierto, señorías, por ser rigurosos, tengo que decir que es cierto que hay organismos independientes en algunos países, pero no en todos, y también es verdad que la solución no es sólo crear
consejos -y ahora voy a ir a la segunda parte-; nosotros sí somos partidarios de crearlo, pero es cierto que hay otras soluciones, entre las que se puede destacar el control por la autoridad
ministerial, como es el caso actual de España y otros países de nuestro entorno, como Austria, Finlandia y Portugal; el control por autoridad regional, lo que significa que el control de los contenidos es llevado a cabo en cada región por
las consejerías correspondientes, como el caso de Alemania y Bélgica; es también el control por la autoridad nacional independiente, como sería el caso del consejo superior de medios audiovisuales y es el caso de Francia, Suecia e Italia, y también
hay también otro caso, que es el control por la autoridad nacional independiente de carácter consultivo, que podría ser algo parecido a lo que se propone aquí, pero con la diferencia de que en este caso no tiene potestades decisorias, que
corresponderían a la autoridad ministerial.
Por tanto, señorías, como digo, hay más opciones que la de regular un único consejo audiovisual.
En todo caso, en el debate que tuvimos en el año 2000 mi grupo parlamentario se planteaba la pregunta de si creíamos que una proposición que se había presentado en el año 1998, como es el caso de esta proposición, en materia de
telecomunicaciones, con los avances que todo el mundo reconoce que se producen, podía seguir siendo útil y vigente en el año 2000. En esa ocasión mi grupo dijo que creíamos que no podía seguir siendo vigente, como lo decimos ahora. ¿Por qué?
Porque el pasado jueves tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de debatir en esta Cámara el proyecto de ley reguladora de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, un proyecto de ley que sí es de presente, que recoge
las garantías necesarias para dar confianza a los ciudadanos en el uso de Internet y para garantizar una más rápida expansión de la sociedad de la información para todos, y en la proposición de ley que estamos debatiendo en el día de hoy no se
recoge para nada esa nueva forma de comunicación, como tampoco se recoge que hay mucho más pluralismo.
Hablaba el señor Díaz-Cano del posible control y de lo cómodos que nos sentimos con él. Yo creo que mucho más cómodo se está en el control cuando hay un monopolio o dos cadenas de televisión que cuando hay una pluralidad enorme de medios de
comunicación en España. Por tanto, creo que era mucho más cómodo y más fácil controlar a los medios de comunicación hace unos años que en estos momentos.
Aparte de esto, señorías, y por dejarlo bien claro, sin perjuicio de que haya o no en estos momentos una autoridad independiente que vele para que se cumpla el artículo 20 de la Constitución, para que la infancia y la juventud estén
protegidas, para que los anuncios publicitarios cumplan el tiempo y los contenidos que precisa la incorporación de la Directiva de Televisión sin Fronteras, lo que no podemos compartir, y creo que nadie lo compartirá en esta Cámara, es que la
ausencia de ese órgano independiente significa que el control de los contenidos de los medios audiovisuales y el respeto de los derechos fundamentales no se esté llevando a cabo. Todo el mundo compartirá conmigo, si es que así lo creen, que se está
realizando ese control con rigor y objetividad, ciertamente no a través de un órgano independiente sino a través de otros medios.
Lo que me preocupa mucho más de esta proposición de ley es que no se ha modificado para que sea una proposición de ley de futuro que recoja los avances que las tecnologías permiten a los ciudadanos, sino que se ha modificado para hacerla
mucho más intervencionista. En el día de hoy estamos debatiendo una proposición de ley tan intervencionista que corresponde a un partido que tiene como objetivo controlar lo más posible desde la Administración del Estado, desde el control político,
cualquier asunto. Lo digo porque es verdad que en esta proposición se han incorporado una serie de nuevos cometidos a la comisión. Me gustaría saber qué opinarían en esta Cámara si mi grupo parlamentario presentara una iniciativa en la que
quisiera no sólo tener la competencia para nombrar, sino también para cesar a los directivos y a los miembros de los consejos de administración de las empresas directamente relacionadas con el ámbito de la comunicación. Me gustaría saber qué
opinión tendrían de nuestro grupo parlamentario si presentáramos una iniciativa en la que atribuyéramos a un consejo la vigilancia del sector económico nacido en torno a la comunicación. Me gustaría saber qué opinarían en esta Cámara si creáramos
una comisión en la que le diéramos todo el control de los procedimientos referidos a la asignación de frecuencias y a las concesiones de radiodifusión y, por cierto, estaríamos haciendo dejación de una competencia exclusiva del Estado en manos de
una comisión. Y también me gustaría saber qué opinarían si yo propusiera en esta Cámara que esa comisión, ese órgano que creamos, fiscalizara los créditos y los avales que se otorgan por la Administración, por el sector público, a empresas
titulares de medios de comunicación.
Me parece, señorías, que esta proposición de ley dista mucho de lo que todos los grupos parlamentarios proponíamos y queríamos, y supongo que seguimos queriendo, cuando lo debatimos en el año 1998, y por supuesto dista mucho también de la
propuesta que está recogida en nuestro programa electoral y que cumpliremos en esta legislatura, porque, como ustedes saben, nuestros programas electorales son para cumplirlos, y probablemente antes de que acabe la legislatura podamos tener un
consejo audiovisual y también una ley general de lo audiovisual.
Usted me decía que no entiende por qué no se presenta un proyecto de consejo audiovisual antes de presentar un proyecto de ley audiovisual.
Pues bien, nuestro grupo parlamentario entiende que en el marco regulador de todo el sistema
audiovisual, que ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años, es donde se debe englobar un órgano que coordine la actividad que le den en ese ámbito audiovisual. Por tanto, señorías, es verdad que nuestro grupo parlamentario sigue pensando en la
necesidad de crear un órgano regulador y de
que se cree un marco adecuado para todo el sector audiovisual. De hecho, SS.SS. saben que la ministra de Ciencia y Tecnología ya ha abordado en algunas ocasiones, ha presentado, ha propuesto y ha informado en esta Cámara de los trabajos
que se vienen realizando para crear precisamente ese marco del sector audiovisual. Una ley general que vendrá a esta Cámara y que tendremos oportunidad de debatir, que a mí me gustaría -y lo insto desde aquí- que tuviera el consenso de toda la
Cámara porque creo que todo lo que sea ir de la mano y en consenso en lo que se refiere a los medios de comunicación es bueno para la sociedad y para los ciudadanos, máxime cuando ya tenemos una amplitud de miras y no vemos lo audiovisual como una
cadena de televisión pública y dos cadenas en abierto, como había hasta ahora, que es la impresión que me da al leer la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Por cierto, miren si está anticuada que el órgano independiente
lo adscriben al Ministerio de Fomento. Imagino que es un error, pero también es consecuencia de que esta proposición viene de proposiciones anteriores.
Simplemente el paso de tener un Ministerio de Fomento a tener un Ministerio de Ciencia y
Tecnología implica que han cambiado mucho las cosas y que vamos por otro camino.
En esta proposición de ley se propone que la designación de los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión Española se haga por este órgano, que la designación del director general de Radiotelevisión Española sea a propuesta
de este órgano y, en relación con las emisiones y retransmisiones deportivas y los acontecimientos, que se modifique -lo supongo, no lo dice- la ley orgánica que aprobamos en esta Cámara en el año 1997 para que se le quiten al consejo las
competencias que se le atribuyeron para las emisiones y retransmisiones deportivas.
Al final, me da la impresión de que el grupo proponente pretende quitar todas las competencias que tienen algo que ver con el tema audiovisual que tienen atribuidas algunos órganos de la Administración del Estado para atribuírselas a una
comisión que estaría por nacer. Nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber una comisión que defienda a los ciudadanos y lo que la Comisión de contenidos del Senado nos propuso, que es velar por el cumplimiento de los requisitos de la
Directiva Televisión Sin Fronteras, que España ha incorporado. En ese punto estaríamos de acuerdo; no estaríamos de acuerdo en que se quiten competencias a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para dárselas a este consejo, ni en
quitar algunas competencias al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a este Parlamento o al Tribunal de Defensa de la Competencia para dárselas a esta comisión.
Señorías, el sistema de nombramientos que ustedes proponen, que el señor Alcaraz ha dicho que está dispuesto a revisar, suena un poco antiguo. Al final, ustedes proponen un nombramiento por tercios: un tercio lo nombraría el Parlamento,
otro tercio lo nombrarían los sindicatos y otro tercio lo nombrarían los empresarios. La verdad, me parece que es mucho más razonable, lógico y prudente que los nombramientos los haga esta Cámara, que es la representación popular, y no lo recogido
en la proposición de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Señora Mato, le ruego que concluya.
La señora MATO ADROVER: Finalizo, señora presidenta.
A nosotros, con la mayoría suficiente que tenemos en esta Cámara, -la hemos revalidado porque los ciudadanos saben que cumplimos nuestros compromisos, como hicimos en las pasadas elecciones-, lo que nos importa son los ciudadanos y ellos
saben que en nuestro programa electoral está contenida la ley audiovisual y la existencia de este órgano. Los ciudadanos pueden estar tranquilos, de hecho están tranquilos, porque saben que ese compromiso se va a convertir en una realidad; ahora
bien, en una realidad que recoja de verdad la situación en que estamos. A este grupo parlamentario no nos gustaría hacer un órgano audiovisual que en dos meses se quedara obsoleto, como la proposición de ley que estamos debatiendo en el día de hoy.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Mato.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de regulación del marco institucional de garantía del derecho constitucional a la comunicación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 123; en contra, 172; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CREAR UNA COMISIÓN DE NATURALEZA TÉCNICA PARA ESTUDIAR LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN A QUE DEBEN SOMETERSE AUDITORES, CONSULTORES, ANALISTAS FINANCIEROS, ASÍ
COMO LAS RELACIONES ENTRE ELLOS Y CON LAS SOCIEDADES PARA LAS QUE PRESTAN SERVICIOS. (Número de expediente 162/000447.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión de naturaleza técnica para estudiar los
criterios de actuación a que deben someterse auditores, consultores, analistas financieros, así como las relaciones entre ellos y con las sociedades para las que prestan sus servicios.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor De Juan. (Rumores.)
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo, aquéllos que lo vayan a hacer, en silencio. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego que aquéllos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio.
Adelante, señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como se desprende de una somera lectura de la parte dispositiva de la proposición no de ley objeto de debate, esta iniciativa pretende instar al Gobierno de la nación a la creación de una comisión de naturaleza
técnica que estudie los criterios de actuación a los que deben someterse los auditores, consultores y analistas financieros, así como las relaciones entre ellos y en relación a las sociedades cotizadas, con el objeto de aumentar la transparencia y
la seguridad a la luz de los cambios estructurales y de los recientes acontecimientos internacionales. Asimismo se pretende que esta comisión examine el estado actual, la vigencia y el posible desarrollo del código de buen gobierno de las empresas.
Como sin duda SS.SS. conocen, durante la pasada legislatura el Gobierno, a instancia del vicepresidente y ministro de Economía, acordó la creación de una comisión especial para el estudio de un código ético de los consejos de administración
de las sociedades. Producto de esa comisión fue la aparición del código de buen gobierno de las sociedades, más conocido como código Olivencia. Se trata de un código que estudia el funcionamiento, el gobierno de las sociedades y que está
especialmente pensado para la problemática que suscita la gestión y administración de las sociedades cotizadas, sin duda por su propia especificidad, derivada de la existencia de un amplio segmento de capital flotante, de la poca o escasa
participación o implicación del pequeño accionista en la gestión social, etcétera.
En dicho código se tratan diversos temas relacionados con el gobierno corporativo, fundamentalmente de aquellas entidades que para su financiación apelan al mercado de capitales. Temas tales como el ejercicio de la función de supervisión
del consejo de administración, su composición, funcionamiento, estructura, la figura del consejero independiente, los deberes de lealtad del consejero, su régimen retributivo, el régimen de transparencia en la gestión, la implicación o papel del
inversor institucional, las relaciones del consejo con los auditores o las distintas comisiones en que puede dividirse el consejo.
Se trata, en definitiva, de 23 recomendaciones para mejorar el gobierno corporativo de las entidades cotizadas, que
incorpora nuestro país a la tendencia generalizada en el derecho comparado, iniciada con el célebre informe Cadbury, en Gran Bretaña, y seguida por el no menos conocido informe Vienot, en Francia, de reflexionar sobre el funcionamiento del consejo
de administración de estas entidades que, a su vez, concluye con la elaboración de un código ético.
Pasados cuatro años desde la aprobación del código Olivencia, ha llegado el momento de reflexionar sobre la vigencia de aquellas recomendaciones y sobre la conveniencia de incorporar alguna de esas recomendaciones u otras al ordenamiento
jurídico con el carácter de auténticas normas jurídicas, como se ha hecho con algunas de sus aportaciones. Estoy pensando en el control de operaciones vinculadas que se ha incluido en el proyecto de ley financiera, que ha iniciado su andadura
parlamentaria en esta Cámara. Se trata de incorporar una reflexión sobre la eventual transformación de las normas blandas, eso que en derecho anglosajón se llama soft law, en auténticas normas jurídicas, bien sean de carácter dispositivo o
preceptivo.
Por lo demás, tras la publicación del código Olivencia, han surgido nuevas problemáticas relativas a las sociedades cotizadas y a las entidades financieras. Escándalos tan sonados como el caso Enron, han puesto en entredicho la credibilidad
de los sistemas contables y de las auditorías de cuentas. Por ello, la iniciativa, además de la actualización y modernización del código Olivencia, pretende tratar otros aspectos que son los siguientes. En primer lugar, la auditoría y la
consultoría.
Entendemos que la comisión debería estudiar un paquete de medidas para impulsar la transparencia informativa sobre el trabajo y derechos económicos o condiciones económicas en que los auditores prestan sus servicios en las sociedades
cotizadas, con especial referencia a aquellos servicios de consultoría que desarrollan, así como desarrollar los mecanismos para que exista un mayor nivel de colaboración con los organismos supervisores de los mercados y las entidades financieras.
Y reflexionar también sobre la posibilidad de que las sociedades cotizadas informen en su memoria sobre estas cuestiones. En segundo lugar, hay que hacer referencia a los analistas financieros. Recientemente, el regulador bursátil norteamericano,
la Securities and Exchange Commission, la SEC, acaba de elaborar unas normas más estrictas tendentes a evitar el conflicto de intereses entre los analistas de Wall Street. Las normas serán obligatorias, y la SEC, el regulador bursátil, actuaría
como órgano administrativo para velar por su cumplimiento. En definitiva, se trata de tutelar la independencia de los analistas financieros, velar por el establecimiento de lo que se llaman murallas chinas en las entidades financieras, etcétera.
En nuestro país también se ha producido alguna iniciativa en ese sentido.
No vamos a olvidar que en algún segmento del sector, alguna asociación ha promovido en ese sentido un código de ética y conducta profesional. Habrá que hacer
referencia también, señorías, a las normas contables. A raíz del caso Enron, la Comisión Europea ha realizado una propuesta dirigida a que las normas contables europeas se conviertan en patrón internacional.
Frente a los principios contables
generalmente admitidos en Estados Unidos, las US-GAAP, normas de obligado cumplimiento para todas las empresas que cotizan en los mercados americanos, también para las empresas europeas obviamente, la Unión Europea viene proclamando la superioridad
de las International Accounting Standards, es decir, las normas contables que habrán de seguir más de 7.000 empresas que cotizan en los mercados bursátiles europeos a partir de 2005. Desde Bruselas se considera que estas normas europeas responden
mejor a una perspectiva internacional frente a las US-GAAP, que obedecen a una realidad nacional particular y que por lo demás no han podido sustraerse a un desfalco de las proporciones tan desmesuradas como el caso Enron.
Por último, hay que hacer un esfuerzo también en incrementar la transparencia en la gestión de las empresas para que las fuerzas del mercado depuren por sí mismas prácticas poco convencionales o fraudulentas. Del caso Enron se deduce que la
solución no radica tanto en establecer normas de incompatibilidad o de prohibición como en introducir reglas de transparencia y de acceso a la información por parte de terceros. En ese sentido, podría plantearse la mejora de los distintos códigos
éticos de gobierno de las empresas cotizadas tendentes a fortalecer el papel de los consejeros independientes, dotándoles de mayor poder para que puedan supervisar y controlar las funciones que desarrolla el personal ejecutivo; fortalecer e
independizar los comités de auditoría interna para que sean capaces de detectar las malas prácticas de gestión y supervisar la labor de las auditorías externas; obligar a las empresas a que reflejen con claridad y transparencia sus relaciones con
auditores, consultores o bancos de inversión; o establecer mecanismos de retribución de directivos que no estén vinculados a la evolución a corto plazo del valor de las acciones de la compañía, desincentivando de esa forma las tentaciones de
manipulación de la cotización.
A nuestra proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Partido Socialista y otra del Grupo de Convergència i Unió. Mi grupo va a rechazar la enmienda del Partido Socialista por cuanto viene a establecer plazos y entendemos
que no procede el establecimiento de plazos, que es una labor que debe realizarse con la necesaria reflexión y sosiego, y por cuanto entendemos que tampoco aporta nada nuevo al texto o a la parte dispositiva de nuestra iniciativa no legislativa. En
segundo lugar, la enmienda de Convergència i Unió sí aporta elementos nuevos en cuanto que hace una explícita referencia a la normativa europea, y en ese sentido hemos presentado una enmienda transaccional a la enmienda presentada por Convergència i
Unió, cuyo texto obra en poder de la Mesa. Si se acepta esa enmienda transaccional, mi grupo votaría favorablemente y por tanto aceptaría la enmienda.
Por todo ello, interesamos del conjunto de la Cámara el voto favorable a esa iniciativa parlamentaria que hoy presentamos -concluyo ya, señora presidenta-, desde la convicción de que la comisión técnica es el mejor cauce para dotar o para
inyectar de mayores cotas de seguridad y de transparencia al gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y para estudiar los criterios de actuación a los que deben de sujetarse, en el ejercicio de su funciones, los auditores, consultores y
analistas financieros.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir con brevedad porque este tipo de proposiciones, francamente, nos parece que son de salón. No se dice absolutamente nada.
Esto lo puede hacer el Gobierno sin necesidad de que tengamos un debate sobre la conveniencia o no de
no hacer absolutamente nada. Si quieren, lo tenemos, pero me parece un poco absurdo. Además, esto tiene historia; no sé cómo se atreven a presentarlo, porque permite recordarla. Ya hicieron algo parecido en 1997. Crearon una Comisión especial
-eso sí, por iniciativa del Gobierno- para el estudio de un código ético de los consejos de administración de las sociedades. Esa comisión se pasó un año haciendo ese trabajo. Su presidente era Manuel Olivencia y el vicepresidente, Luis Ramallo.
Lo lógico sería que la misma comisión siguiera con este trabajo, que por lo visto no fue satisfactorio, porque han pasado ya cuatro años; han tenido tiempo suficiente. De modo que el problema no es el plazo que ponemos en nuestra enmienda, sino la
tardanza en incorporar algún activo legal de lo que la Comisión determinó.
Pues bien, no sólo no han propuesto ninguna medida sino que, después de cuatro años, sin hacer balance de lo acontecido con este código de buen gobierno, proponen ahora crear otra comisión para que estudie exactamente lo mismo. ¿Hasta
cuándo vamos a estar creando comisiones fuera de este Parlamento? No tiene ningún sentido. Las comisiones técnicas las puede crear el Gobierno cuando quiera, repito; no tiene por qué hacernos perder el tiempo con estas historias. Así que me
voy a centrar en algo fundamental, que es la propuesta que nosotros hemos hecho. Tratando de que haya algo de sentido en lo que ustedes al parecer proponen, les hemos pedido un balance sobre cuáles han sido los efectos de la aplicación del
código Olivencia en el plazo de un mes; hablamos de un mes porque ya llevan cuatro años, pero estamos dispuestos a ampliar el plazo a tres meses, por ejemplo. Se trata de saber cuántas empresas lo han aplicado, porque hay que recordar que este
código es voluntario, exactamente como el que ustedes proponen. Les decimos también que nos traigan las iniciativas legislativas, ya que ustedes creen que las medidas propuestas por la comisión Olivencia fueron correctas. Eso sería lo lógico y lo
razonable en un Gobierno que cree en la democracia; como ustedes no creen, lo que hacen es volver a decir que hacen algo pero sin hacer absolutamente nada.
Nosotros sí nos hemos tomado la molestia de indagar qué ha pasado con la comisión Olivencia. Hemos descubierto que sólo 18 empresas de este país han asumido ese código ético. De las 18, ocho o nueve eran empresas públicas que ahora son
empresas privatizadas. Fíjense cómo han asumido el código ético que entre ellas está Telefónica, y ya hemos visto las medidas éticas que ha tomado Telefónica. Ha habido empresas que han modificado de forma absolutamente arbitraria los reglamentos
del consejo de administración antes de ser privatizadas; hemos visto de todo, precisamente en las que asumieron el código ético. ¿Saben para qué ha servido el código ético y la comisión Olivencia? No sé si los integrantes cobraban algo, pero
muchos de ellos están hoy en los consejos de administración de muchas empresas. Para eso sí ha servido. Tendrían que decirnos si esa comisión va a trabajar gratis, si la van a pagar ustedes y, si es así, en qué, en euros o en consejos; en
consejos, no de los que se oyen, sino de los otros.
Me parece, señores del Partido Popular, que la sociedad no se traga ya estas cosas. No se traga que, después de cuatro años, vuelvan ustedes a pedir la creación de una comisión técnica para hacer exactamente lo mismo, que es exactamente
nada, y que, además, nada sea obligatorio.
Entonces, ¿para qué lo crean? No me hable de códigos en otros países que tienen una práctica, una experiencia y una seriedad. No me hablen de eso, háblenme de algo concreto. ¿En qué va a mejorar esto lo
que ustedes han hecho durante cuatro años? ¿En qué va a mejorar el gobierno de las empresas? ¿Qué modificaciones legales van a introducir ustedes en la Ley del mercado de valores, en la Ley financiera, etcétera? Ustedes dicen que esas
conclusiones del código Olivencia o de esa comisión han servido de base para la ley financiera. Entonces, ¿por qué proponen ahora otra comisión? ¿Por qué no proponen en este Parlamento una subcomisión, por ejemplo, que ya con esas conclusiones
técnicas aborde el aspecto político de la legislación? Es que no acabo de entenderlo.
En fin, como tampoco se trata de hacerles el juego, si ustedes quieren creen otra comisión técnica que dure otros cuatro años para no hacer absolutamente nada, mientras suceden los escándalos que estamos viendo recientemente, uno tras otro,
en sociedades, en las comisiones que tienen que velar por nuestro mercado de valores y por la transparencia. Mientras eso sucede y ustedes no hacen nada, creen esa comisión técnica. Nosotros no la apoyaremos, pero tampoco nos opondremos; nos
abstendremos y ustedes responderán ante los ciudadanos de lo que ustedes hacen, que es exactamente no hacer nada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, dirigida básicamente a crear una comisión de naturaleza técnica para que se
puedan estudiar todos aquellos criterios de actuación a los que deben someterse todos los auditores, consultores y analistas financieros, así como también poder analizar todas aquellas relaciones entre ellos mismos y las sociedades para las que
prestan sus servicios. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha estudiado detenidamente esta proposición no de ley y ha presentado una enmienda -como decía- que va básicamente en la misma dirección y con los mismos objetivos que la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular.
Sinceramente pensamos que es una enmienda que complementa perfectamente los objetivos que persigue el Grupo Parlamentario Popular y los amplía en todos aquellos aspectos que están dirigidos y orientados desde la
óptica internacional. También incorporamos algunos aspectos basados en la perspectiva económica que van en la dirección de regular todas aquellas actividades de auditoría. El Grupo Parlamentario Popular, en su presentación de esta iniciativa y en
sus explicaciones, nos ha dicho ya que aceptaba la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nos ha ofrecido una transaccional que he tenido la oportunidad de leer y con la que estamos de acuerdo básicamente. Al
mismo tiempo agradecemos su sensibilidad para poderla aceptar, lo que comportará lógicamente el voto positivo del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Pensamos que dicha iniciativa parlamentaria se enmarca también dentro de una coyuntura económica
positiva para que este Congreso de los Diputados pueda aprobarla. En primer lugar, hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos positivos en los cuales el Gobierno ha venido trabajando últimamente, que son los conocidos como el código
Olivencia, donde se dan una serie de recomendaciones positivas para que se puedan llevar a cabo una serie de aspectos que permitan un gobierno de las sociedades éticamente correcto, al mismo tiempo que puedan tener una mayor eficacia para exhibir
con más notoriedad y con más grandeza todas aquellas cuestiones referidas a las sociedades y por tanto también dirigidas a proteger todos los intereses de los accionistas, básicamente de aquellas sociedades que están ligadas al mercado de valores, a
las que les ha de comportar, lógicamente, una mayor transparencia no solamente en cuanto al mercado, sino también en cuanto a sus accionistas.
Nos parece asimismo interesante decir que esta iniciativa viene en un momento de coyuntura económica favorable, en el sentido de que se han producido algunos acontecimientos internacionales que han puesto de manifiesto algunas deficiencias
de los sistemas contables de auditoría y supervisión. También, debido al grado de internacionalización de nuestra economía, parece oportuna la creación de una comisión técnica de esta envergadura para que no se vuelvan a producir todos estos hechos
económicos que han perjudicado el sistema financiero de algunos países vecinos nuestros y ligados en algunas orientaciones económicas al comportamiento de la economía española.
Por este motivo, nosotros, desde Convergència i Unió, hemos presentado esta enmienda, que, como decía al inicio de mi intervención, va orientada básicamente a los objetivos que persigue el grupo proponente, a la creación de esta comisión de
naturaleza técnica, para que se puedan estudiar todos aquellos criterios de actuación a que deberán someterse los auditores, los consultores y los analistas financieros, y a que se puedan estudiar con detalle todas las relaciones entre ellos mismos
y con las sociedades a las que prestan sus servicios, para que finalmente se pueda incrementar la transparencia y la seguridad, a la luz de los cambios estructurales y como consecuencia de los últimos acontecimientos que se han producido
recientemente. Nuestra propuesta incorpora también todas aquellas cuestiones que se tendrían que tener en cuenta cuando se inicien los estudios de dicha comisión técnica, para que se puedan incorporar todas aquellas cuestiones que afectan al
derecho comparado, a las diferentes legislaciones de los países de la Unión Europea y a todos aquellos convenios y tratados internacionales aplicables.
Incorporamos un aspecto que pensamos que puede ser de interés -y de ahí que creamos que es positiva la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular al aceptar nuestra propuesta- y es que dicha comisión pueda analizar las propuestas y
recomendaciones que se están impulsando en el seno de la Unión Europea, relativas a todas aquellas prácticas de corporación gobernante, en el sentido de poder dar mayor transparencia y mayor seguridad a todas las relaciones entre los diferentes
administradores de las sociedades, entre los socios de dichas sociedades y entre los consultores, auditores y administradores. Pensamos que la incorporación de este aspecto podrá garantizar una mayor protección de las inversiones y que al mismo
tiempo podremos dar una regulación más efectiva de la actividad auditora.
Como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Popular que ha aceptado básicamente el objetivo final de nuestra enmienda, la vamos a retirar y vamos a aceptar la transaccional, para poder ya dar luz verde a la creación de esta
comisión técnica.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley que nos ha traído el Grupo Parlamentario Popular tanto en la fórmula que se someta como la que nos hacen llegar de una enmienda transaccional que recoge en mayor amplitud el
contenido inicial de esta proposición no de ley. Mi grupo considera que esto no sólo es necesario sino urgente e imprescindible. Tengamos en cuenta que los ministros de la Unión Europea, en la última reunión del Ecofin en Asturias, han hablado de
esta preocupación y han adoptado el acuerdo de darse estas garantías; acabamos de ver que se ha hablado de ello por la resonancia que ha tenido en Europa el escándalo de la quiebra de la empresa Enron de Estados Unidos.
El problema es que la Unión
Europea hasta el año 2005 no tendrá una legislación pertinente sobre transparencia en las auditorías y en las garantías correspondientes. Si vamos a tener que esperar hasta el año 2005 a que Europa tenga ya esta norma, lo que se llama el IAS, los
estándares de control de cuentas internacional a nivel europeo... Ya Alemania, con una ley de 1999, de transparencia empresarial en las auditorías, puso un puente para salvar el vacío que había; lo mismo hizo Italia, con una ley de 1999, de hace
tres años, para transparencia de empresas.
En España llueve sobre mojado. De las comisiones de investigación que hemos tenido en esta Cámara en los últimos años, ha habido dos más llamativas: la de Banesto en su momento implicó a dos auditoras, a Price y a Andersen; después,
Gescartera implica también a otra empresa de auditorías, Deloitte and Touch.
Quiero recordarlo, señorías, para que cuando se pida esta comisión -se lo pediría al Gobierno en esta reclamación que le va a hacer la Cámara a partir de hoy de creación de esta comisión técnica, que es necesaria y que trabaje rápidamente
una vez que conozca parámetros, cómo vayan estas intenciones en la Unión Europea para el IAS que he señalado, de estándares de calidad en las auditorías de las empresas para el año 2005-, de cara al inversor en Bolsa tengamos todas las garantías
pertinentes. La preocupación que en estos momentos embarga al Parlamento norteamericano, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, es precisamente ofertar a los inversores bursátiles norteamericanos las garantías de que los valores que se
cotizan en Bolsa y que están sometidos a las auditorías correspondientes ofrecen todas las garantías de este mercado económico-financiero.
En España tenemos la Ley 19/1988, de las empresas auditoras. Se nos ha quedado obsoleta. Lo hemos visto en el caso Banesto y en el caso Gescartera. Pero lo que sí quiero recordar en este momento a la Cámara, señorías, es que, cuando el
año pasado aprobábamos en esta Cámara el informe de la Comisión de investigación de Gescartera, en las propuestas de resolución que se hicieron al final, en las propuestas de mejora y en las conclusiones, señorías, por cuatro veces esta Cámara
planteó el problema de las auditorías. En las propuestas de mejora, la número 7, la número 23 y la número 25 instan al Gobierno a dar el aumento de las garantías que las empresas auditoras deben ofertar en sus servicios. A mayor abundamiento, en
las restantes, denominadas Otras conclusiones, la número 4 vuelve a insistir en que se haga precisamente este perfeccionamiento de la legislación de las empresas de auditoría.
Es insostenible en este momento como garantía al sistema bursátil, al sistema financiero español, al inversor en Bolsa, a los organismos supervisores. No nos olvidemos de que en el informe de la Comisión Gescartera, y se hizo de forma
similar en el de Banesto, se indicaba que, en el caso concreto de Gescartera, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tomó unas decisiones muy importantes basadas en la información, que después resultó falsa, que le estaba dando la empresa
auditora de Gescartera, Deloitte and Touch. Por tanto, si ya tomamos cuatro acuerdos al respecto en el informe, conviene que esto sensibilice rápidamente a la Administración y este equipo técnico que aquí se propone empiece a trabajar
inmediatamente. Va a tener el quinto mandato de esta Cámara para que esto se resuelva. Esto, señora presidenta, justifica el énfasis que queremos dar a un tratamiento de urgencia de la oportunidad que tiene esta iniciativa, pero que no se vaya a
sumar a las cuatro que tomamos en Gescartera, que parece que nadie las ha leído y las aprobó esta Cámara.
En las conclusiones números 7, 23, y 25, de Gescartera, se encomendaba a la Administración que pusiera al día las garantías de las empresas
auditoras. Vamos a resolverlo de una vez, porque sería bochornoso que dentro de unos meses nos reuniéramos otra vez para aprobar alguna indicación sobre las empresas de auditoría. El inversor español de Bolsa no puede seguir en esta falta de
garantías, en esta indefensión.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
¿Algún otro grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, a efectos de aceptación o rechazo, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señora presidenta, nos hemos pronunciado ya en el sentido de no aceptar la enmienda del Partido Socialista por las razones que hemos expuesto. Con relación a Convergència i Unió, hemos ofrecido una
transacción que del curso de la intervención del señor Sánchez i Llibre se desprende que ha sido aceptada.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Juan. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear una comisión de naturaleza técnica para estudiar los criterios de actuación a que deben someterse
auditores, consultores, analistas financieros, así como las relaciones entre ellos y con las sociedades para las que prestan servicios, en los términos derivados del debate y puestos de manifiesto en el texto de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 179; en contra, dos; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda por tanto aceptada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ADOPCIÓN DE UN PLAN URGENTE DE INMIGRACIÓN PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (Número de expediente 162/000409.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN CANARIAS.
(Número de expediente 162/000449.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de un plan urgente de inmigración para la Comunidad Autónoma de Canarias, que, de acuerdo con la ordenación del debate, se discutirá
conjuntamente con la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas a adoptar ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio, al objeto de poder continuar con el debate.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López Aguilar.
Señorías, ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio.
Adelante, señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señora presidenta, señoras y señores diputados, llevamos dos años de legislatura y de la inmigración irregular se ha hablado ya varias veces en esta tribuna. Por algo será. (La señora vicepresidenta, Mariscal de
Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Quedamos en que la legislatura arrancaba con la inmigración irregular como tema estrella y en que había una solución, una reforma de la ley aprobada en la anterior legislatura; una reforma que iba a subsanar el efecto llamada que se
imputaba de forma anticipada a la ley aprobada in extremis al final de la anterior legislatura. Se aprobó la ley que proponía el Partido Popular, la ley que era el eje de su campaña electoral y dos años después la inmigración irregular no ha dejado
de ser un problema. Ha sido tratada en esta tribuna en distintas ocasiones. Las razones son muy buenas, tienen que ver con que la inmigración es presentida en la sociedad española en general como un desafío al que no se está respondiendo, al que
no se está haciendo cara adecuadamente y también es presentida, en Canarias en particular, de una manera dramática.
El fundamento es muy claro, es cuantitativo y sobre todo cualitativo. La inmigración es, sin duda ninguna, uno de los desafíos más importantes que en estos momentos tiene delante la comunidad autónoma canaria, pero es un desafío ante el que
no puede responder por sí sola. Es un desafío en el que tiene competencias y responsabilidades muy importantes, indeclinables e innegables, el Gobierno de la nación en función de la distribución de competencias que asegura nuestra Constitución. Es
un desafío al que, sin embargo, se está haciendo oídos sordos con un irresponsable peloteo en el que todas las autoridades, cuyos niveles de competencias y de responsabilidad están comprometidos en ese desafío, están intentando escurrir el bulto y
eludir su responsabilidad de modo que los datos que nos va arrojando la realidad a la cara no hacen sino empeorar. Ese es el motivo por el cual el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta tribuna una proposición no de ley para la adopción de un
plan urgente, específico y especial de inmigración para la comunidad autónoma canaria; un plan urgente que haga frente a los problemas que plantea la inmigración irregular en la comunidad autónoma canaria.
Veamos los datos cuantitativos. En el segundo semestre del año 2001 más de 3.300 inmigrantes arribaron irregularmente a las islas Canarias. La inmensa mayoría de ellos, como es perfectamente comprensible, llegaron a las islas de
Fuerteventura y Lanzarote; frontera oriental del archipiélago canario y frontera sur ultraperiférica de la Unión Europea.
Hay un incremento de este flujo migratorio que tiene que ver, naturalmente, con el incremento de la actividad criminal y
mafiosa de las bandas organizadas que trafican con personas en los países ribereños del norte de Africa, pero sobre todo con la percepción clara de que las autoridades españolas no están haciendo ni lo que deben ni lo que pueden frente a esta
situación. De hecho ha habido indicios claros de un desvío de flujos migratorios desde la frontera del estrecho de Gibraltar hacia Canarias, que era la frontera preferencial de acceso a España y a la Unión Europea, y los datos cuantitativos están
ahí para demostrarlo con total claridad.
Se creo la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, con la intención de lanzar un mensaje de que no solamente la ley, sino que un dispositivo orgánico estaba ahí para hacer frente al problema.
¿Cuál ha sido el reflejo
sobre la realidad? A la vista de todos los datos, empeorarlo. El delegado del Gobierno ha viajado en más de una ocasión a Canarias y ha tenido contacto con las autoridades autonómicas, insulares y locales y no le hemos escuchado ninguna propuesta
específica que haga confiar a las autoridades canarias que de forma urgente se van a adoptar las medidas eficaces que son necesarias para resolver los problemas que se están planteando. Por tanto, hay que volver a tomar el punto de partida con toda
claridad.
Hay una competencia ineludible del Gobierno de la nación en materia de extranjería, en materia de inmigración, en materia de visado, asilo y refugio, por tanto, en materia de control de la frontera exterior, de definición de una política de
flujos migratorios, en materia de control de fronteras, de documentación de extranjeros, de expedición de visados.
Estamos hablando de una competencia del Gobierno de España, del Gobierno de la nación absolutamente indeclinable y tenemos una
competencia del Gobierno autonómico en materia de atención e integración social, es decir, en materia de la primera atención sobre todo de aquellas personas que puedan arribar a nuestras playas, a nuestras costas, a
nuestro territorio en situaciones más dramáticas. Por tanto, es necesario establecer un plan de medidas urgentes a partir del cual sea posible poner en marcha dispositivos de acogida necesarios para atender y, sobre todo, para financiar en
cuantía suficiente la entidad de este desafío, coordinando de manera sinérgica mediante el diálogo y la cooperación constante al Gobierno de España con los gobiernos autonómicos, los cabildos y ayuntamientos, buscando soluciones no solamente
retóricas, no solamente fotos y páginas de prensa, sino eficaces que transformen la situación que la realidad nos está describiendo.
Hablamos, en primer lugar, de reconocer la responsabilidad del Gobierno de la nación, estamos hablando de reconocer a España como país de inmigración, el carácter dramático que la presión de la inmigración irregular está teniendo en
Canarias, la responsabilidad pública de las autoridades en la definición y gestión de políticas migratorias y en la ordenación y canalización de migraciones con destino a nuestro territorio. Igualmente estamos hablando de todo ese conjunto de
medidas que tienen que empezar a cambiar la situación. Hace falta, dentro del plan urgente de inmigración para Canarias, asegurar la colaboración, la coordinación efectiva y constante de las autoridades en todos los aspectos relacionados con la
llegada irregular de inmigrantes -acogida, traslado y, en su caso, devolución-; un funcionamiento engrasado de la subcomisión constituida en el seno de la comisión bilateral Gobierno de Canarias-Gobierno de la nación; la vinculación y la
coordinación entre el plan GRECO y un plan canario de inmigración; asumir sin ambages la responsabilidad de incrementar de manera significativa los medios humanos y materiales para controlar la costa canaria; interceptar las embarcaciones que
intentan llegar a la costa y, desde luego, atender en condiciones de seguridad a aquellas que están en condiciones de llegar, sin riesgos para las vidas humanas, que se embarcan en esa aventura; realizar igualmente, acometiéndola y asumiéndola, una
inversión significativa en medios técnicos para el control de la afluencia de inmigrantes y, naturalmente, también para los gastos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que están realizando una labor ímproba con medios patéticamente
insuficientes. Hace falta establecer de manera inmediata y efectiva, no en conversaciones, no en anuncios que nunca se realizan, los centros y áreas de acogida que sean necesarios. También estamos hablando de diversificar, por supuesto, la oferta
de acogida.
Hacen falta centros para estancias de corta duración y centros para estancias de períodos más amplios, de manera que no se normalice -porque no tenemos por qué tolerarlo- que el período máximo de estancia en los centros de
internamiento, que está contemplado en la ley en 40 días, sea el período de internamiento en el que las personas que llegan por primera vez a Canarias tengan que pasar por una experiencia terrorífica de inmersión con nuestra realidad y nuestra
cultura. Hay que asumir los gastos derivados de la acogida de inmigrantes y, naturalmente, de su atención médico-sanitaria y de todos los derechos inherentes a esa situación de debilidad y desasistencia que caracteriza a esa primera arribada.
Estamos hablando de asegurar las condiciones higiénicas y de habitabilidad dignas y humanas durante los períodos de retención, como son la asistencia médica individualizada, la asesoría jurídica y la asistencia letrada individualizada, no
colectiva, de modo que cumpla los mandatos de la Constitución y de sus leyes de desarrollo de una manera que les resulte comprensible, a través de intérprete. Hace falta asegurar la posibilidad de comunicarse con sus familias. Cualquiera que haya
visitado esos centros -y varios diputados lo hemos hecho- sabe que esas personas están incomunicadas. Se trata de personas que tienen familias, tienen historia, tienen biografía, padres, madres, cónyuges o hijos y resulta inconcebible que durante
40 días estén sin ver el sol, sin respirar aire fresco y sin poder comunicar a sus familias que, contra todas las dificultades, han conseguido sobrevivir y llegar a Canarias, que están en el punto de destino de una tierra de ensoñación o de
promisión como es España, en definitiva, la Unión Europea. Hace falta asegurar que aquellos que puedan garantizar el ejercicio del derecho de asilo puedan poner en marcha el expediente con asistencia jurídica individualizada. Y también hace falta
explicar por qué no tienen un acceso libre los medios de comunicación que quieren dar cuenta de esa situación dramática que están viviendo centenares de personas, hacinados en establecimientos claramente inadecuados. Se me ha dicho que es por la
protección de su derecho a la intimidad. Me parece absurdo, es una explicación jurídicamente insostenible. No es el derecho a la intimidad de quienes están siendo retenidos y hacinados en centros manifiestamente inadecuados lo que está en juego,
ni siquiera el derecho a la propia imagen, sino que se trata del derecho a informar a esta sociedad y a la opinión pública de en qué condiciones y de qué manera se está reteniendo a esos extranjeros en centros y establecimientos manifiestamente
inadecuados e insuficientes, de forma que sólo su libre disposición a autoorganizarse y a convivir los unos con los otros, sin conocerse previamente, explica que no se hayan producido hasta el momento altercados ni desórdenes públicos de
dificilísima o imposible reparación y de consecuencias gravísimas, que deben ser calculadas, porque gobernar es prever por parte de quienes son responsables de esa situación. Estamos hablando de todo el recorrido para asegurar que esas personas son
atendidas en la protección de sus derechos fundamentales y, por supuesto, que son identificadas ágilmente en el momento en que tienen contacto con las autoridades en tierra española.
Los inmigrantes que puedan ser identificados como nacionales de un país con el que exista la posibilidad de devolución deben ser puestos en ese dispositivo,
pero aquellos que deban permanecer, por ausencia de alternativas, en nuestro territorio tienen que ver preservados íntegramente sus derechos fundamentales.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, le ruego vaya concluyendo.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo.
En aquellos casos en los que los centros y dispositivos de acogida de inmigrantes se vean desbordados, como es el caso manifiesto de los centros de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, hacen falta adoptar los mecanismos transparentes y
regulares de derivación de estos inmigrantes, bajo la responsabilidad y supervisión del Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Canarias y de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.
Resulta completamente intolerable que a estas alturas de la película tengamos que estar contemplando cómo se desvían irregularmente fondos de no sé qué saco de reptiles para poner a esos inmigrantes en órbita y sacarlos del paisaje urbano,
de las capitales de la comunidad autónoma canaria. Intentando que no afeen el paisaje urbano se les paga un billete con nocturnidad y alevosía para que resulten una molestia, entre comillas, en alguna otra parte. Es completamente incalificable
este comportamiento...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, es consciente de que ha excedido con creces el tiempo. Le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo.
Hace falta establecer un protocolo de actuación uniforme respecto al futuro de estas personas, a su derivación y también a su seguimiento documental de aquellos inmigrantes que deben permanecer en España. En definitiva, es necesaria una
intensa actividad de coordinación de organizaciones y personas para que se pueda hacer frente a esta realidad dramática detrás de la cual están las mafias, las organizaciones criminales que explotan, facilitando primero la inmigración y después su
explotación laboral en territorio español en condiciones inaceptables para una sociedad desarrollada.
Quiero decir que nuestra proposición es una proposición articulada.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, ha concluido todo su tiempo.
El señor LÓPEZ AGULAR: Estamos dispuestos...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, ha concluido todo su tiempo.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo.
Estamos dispuestos...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, le ruego concluya ya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Estamos dispuestos a convenir con Izquierda Unida y con aquellos grupos que hayan planteado enmiendas adicionales.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Aguilar, desobedece reiteradamente las indicaciones de la presidencia. No creo que sea la mejor forma de actuación.
Gracias, señor López Aguilar.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Todos somos conscientes de que los movimientos migratorios son el fenómeno social más importante de este siglo. No estamos ante un problema coyuntural y su origen, como hemos venido diciendo desde hace tiempo, no es por ningún efecto
llamada, es producto del cada vez mayor abismo entre el primer y Tercer Mundo. Es este efecto salida el que ocasiona un verdadero éxodo.
Recientemente, en la conferencia internacional de Monterrey ha sido reiterada la evidencia de que la globalización está poniendo de manifiesto la falta de equidad en el crecimiento que genera el sistema económico vigente y profundizando en
la brecha entre países ricos y pobres. Canarias es la frontera europea con el África subsahariana donde las diferencias del mundo rico y el pobre son abismales y se expresan en su más cruda realidad: la inmigración ilegal aun a costa de la propia
vida y bajo el auspicio y el engaño de las mafias organizadas de tráfico de seres humanos. La comunidad canaria es producto de un mestizaje y siempre ha destacado por ser una sociedad multicultural y tolerante, pero esta misma sociedad también está
viviendo las consecuencias nefastas de la confrontación social ante este problema de la demagogia y de la no adecuada resolución en tiempo y en forma y por eso traemos hoy esta propuesta a la Cámara.
Es necesario que la ciudadanía en Canarias sienta el respaldo de todos en este Parlamento, apostando por medidas concretas y por una política de Estado y una política europea que afronte de forma integral el problema y reconozca las
especificidades de Canarias. Esta es una de las diferencias con respecto a la propuesta del Partido Socialista. Ellos plantean un plan urgente. Coalición Canaria habla de soluciones y compromisos concretos. La propuesta socialista está desfasada
en el tiempo. No son tiempos para seguir haciendo planes, son tiempos para comprometerse y ejecutar lo ya planificado. Por eso, y porque ante la opción de que este debate sólo sirva para exponer posiciones testimoniales
o partidistas y la opción de ser este un debate que genere un compromiso de esta Cámara y del Gobierno del Estado ante la problemática de la inmigración en Canarias, hemos optado, por responsabilidad, por esta segunda.
Desde que Coalición Canaria presenta esta iniciativa hasta ahora se han intensificado las negociaciones entre el Partido Popular y Coalición Canarias, así como entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico, por lo que proponemos que lo
aprobado hoy en esta Cámara recoja el compromiso de lo acordado y suponga un avance en unos mayores niveles de concreción, instando para ello al Gobierno del Estado para que en la próxima reunión de la subcomisión Canarias-Estado para la inmigración
se plasmen ya una serie de medidas y compromisos específicos y, además, que éstos sean revisados periódicamente. Los puntos concretos, tanto a corto, medio y largo plazo donde nuestra propuesta plantea que debieran establecerse compromisos son: 1.
incrementar la ayuda a la cooperación para el desarrollo con los países del África subsahariana. La presidencia europea de España tiene que apostar con fuerza para que Europa se decida a desarrollar una política exterior y de cooperación con
África. Esta es otra de las diferencias que tenemos con la propuesta del Partido Socialista, en la que destacamos la ausencia de medidas que vayan al origen del problema. No entendemos, no concebimos una respuesta integral al fenómeno migratorio
que no aborde de forma urgente un mayor esfuerzo en la cooperación para el desarrollo con África.
2. Políticas de control de fronteras. Se han ido produciendo mejoras, pero es necesario un compromiso específico para seguir mejorando el control de las fronteras de Canarias, implementando los recursos que a través del SIVE permitan el
blindaje de las fronteras de Canarias igual que se ha hecho con las del Estrecho.
3. Centros de acogida y de estancia temporal. Han de adquirirse compromisos -ni más ni menos que los ya planificados entre ambos gobiernos- que consisten en lo siguiente: Cuatro centros de internamiento de inmigrantes, cuya ubicación
queda recogida en la enmienda negociada con el Partido Popular, que además es la propuesta del propio Parlamento de Canarias. Nosotros proponemos que cada uno de estos centros tenga 250 plazas. Dos centros de migraciones -antes de estancia
temporal-, también de 250 plazas, ubicados en las dos islas capitalinas. Pero, insistimos, el número de plazas ha de ser limitado. El número de plazas no es, como dice la propuesta del Partido Socialista -he ahí la gran diferencia entre la
propuesta del Partido Socialista y la de Coalición Canaria-, tantas como sean necesarias, tantas como vayan llegando. Canarias tiene una limitada capacidad de acogida, posición refrendada por el propio Parlamento de Canarias, por el Foro Canario de
la Inmigración y por el Gobierno de Canarias. El conjunto de plazas no debe superar las 1.500, ya que esta es la capacidad de asimilación de Canarias en lo que se refiere a inmigración irregular. De lo contrario, y lo digo con claridad, se
provocaría una peligrosa e innecesaria fractura social. Además, no hay que olvidar que en nuestro territorio existe una población de hecho muy superior a la censada y un tránsito de unos 12 millones de personas al año. Han sido otros países, y
desde luego no Canarias, los que en épocas pasadas colonizaron África y manipularon su desarrollo social, económico e incluso político. Muchos de estos ciudadanos africanos que emigran van buscando llegar a esos países de Europa y no es justo que
Europa, desde su posición de superioridad, no adquiera un mayor compromiso para con ellos y también para con Canarias, España y Europa. Este no es un problema, como se ha insinuado en estos últimos días, que se pueda simplificar diciendo que hay
falta de respuesta o compromiso de los servicios sociales de Canarias. Si en la Unión Europea ya se habla de la limitada capacidad de acogida de la Unión en condiciones dignas y con respeto a los derechos humanos, ante la evidencia de nuestra
realidad insular, de un territorio extremadamente limitado por su tamaño y por la discontinuidad de su comunicación terrestre con cualquier continente, comprenderán el agobio que a la ciudadanía de Canarias le ha ido produciendo la incomprensión, el
no reconocimiento de nuestra limitada capacidad de acogida.
Señorías, las competencias en materia de inmigración, extranjería y asilo no son de las comunidades autónomas. Canarias no tiene competencias estatutarias ni para regularizar extranjeros, ni para dar asilo, ni para repatriar o realizar
convenios con países terceros. En lo que a servicios sociales se refiere, las competencias del Gobierno de Canarias son de segunda acogida, es decir, actuaciones dirigidas a facilitar la integración del inmigrante regularizado en la sociedad
canaria, buscarle empleo, formación, educación, campañas de tolerancia. Esto lo está haciendo y lo seguirá haciendo el Gobierno de Canarias. Lo que no puede hacer es legalizar a las personas que la Administración del Estado les ha negado los
papeles, lo que no puede hacer es propiciar la empleabilidad de estas personas a las que la legislación actual les impide suscribir contratos laborales en condiciones de legalidad. Sin estas condiciones no se puede realizar una integración social.
Es responsabilidad de todos que no continúe esta situación. Por ello, en la propuesta de Coalición Canaria planteamos la necesidad de llegar a un acuerdo. Hay una diferencia importante con los planteamientos del Partido Socialista para el
futuro de Canarias en lo que se refiere a inmigración y debemos llegar a un acuerdo sobre un punto que para nosotros es fundamental, que ha sido recogido textualmente en la enmienda transaccional y que dice así. Un compromiso de planificar medidas
específicas para Canarias cuando la capacidad de acogida de los centros mencionados se supere, evitando
con ello la concentración de personas sin alternativas en nuestro suelo.
El reconocimiento esta tarde, por parte del Gobierno del Estado y por parte del Partido Popular concretamente de este punto, supondrá un avance importantísimo.
Es responsabilidad del Estado controlar la inmigración irregular, y cuando sus posibilidades fracasan éste no puede dejar el problema en las calles, teniendo conocimiento de que se trata de personas cuya estancia es irregular y que tienen un
alto riesgo de exclusión social. Debe seguir siendo también responsabilidad del Estado buscar salidas a esta situación y en esta búsqueda nos encontraremos con la premisa de la colaboración, avanzando con más eficacia y con más coherencia y
reconociendo la limitada capacidad de acogida de Canarias. No se puede esperar a que las administraciones locales y los ayuntamientos -que son los que en última instancia tienen competencias en servicios sociales básicos- tengan capacidad de dar
cobertura de por vida a personas cuya permanencia es ilegal, cuya integración laboral también lo es y cuyo derecho a circular libremente no puede ser limitado. Por ello proponemos que cuando se superen los cuarenta días de retención legal y la
capacidad de acogida de los centros de las islas se haya superado, no debe limitarse la Administración del Estado a trasladarlos a las calles de una o de otra isla, debe utilizar la red nacional de centros de acogida para inmigrantes, contemplado en
el reglamento de la Ley 8/2000 y en el propio Plan GRECO elaborado por el Ministerio del Interior, así como permitir su libre circulación hacia Europa.
En el último punto proponemos la necesidad de un acuerdo sobre la integración social de los inmigrantes. Es necesario avanzar en lo ya establecido en el programa GRECO, mediante convenios entre la Administración del Estado, la autonómica y
la local en materias básicas.
No se trata, insisto, de buscar grandes titulares, sino, fundamentalmente y por responsabilidad, soluciones. Entre todos tenemos que ser capaces, y con responsabilidad, de dar respuestas ágiles para que España, y en
este caso Canarias, como lo debe hacer el resto de Europa, dé una respuesta adecuada, integral, humana, eficaz y tolerante.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, han sido varias las veces que desde esa tribuna se ha tocado este tema. Nosotros planteamos en nuestras enmiendas, como paso previo, una
especie de parar el reloj. En primer lugar, instamos al Gobierno de la nación a garantizar (cualquiera que sea la situación administrativa de los inmigrantes que en estos momentos se encuentran en España y en consonancia con los tratados
internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado español) los siguientes derechos humanos. Primero, condiciones higiénicas y sanitarias y de habitabilidad dignas y humanas durante los períodos de retención de los inmigrantes.
Segundo, asistencia médica. Tercero, asesoría jurídica y asistencia letrada. Cuarto, la posibilidad de comunicarse con sus familias. Quinto, condiciones para el ejercicio del derecho de asilo cuando éste fuese pertinente, y sexto, el libre acceso
de los inmigrantes a los medios de comunicación, de forma que éstos puedan dar a conocer su situación, a la vez que se permite a los medios cumplir con su cometido constitucional de tener informada libre y verazmente a la ciudadanía española.
En segundo lugar, instamos al Gobierno de la nación a cooperar, incluso financieramente, con las comunidades autónomas y corporaciones locales en materia de gestión de flujos migratorios, con especial atención a los casos de Canarias y de
Andalucía, por estar estas comunidades autónomas especialmente afectadas por los mismos. Alguien ha dicho antes que somos la frontera, la parte de enfrente. Todo ello, está claro, porque reconocemos -lo reconoce cualquier persona de buena fe- que
hay que rectificar la fracasada política de inmigración y extranjería ante la evidencia de que la Ley 8/2000 nació muerta por la ruptura del consenso político institucional y social que había suscitado la anterior Ley de extranjería. Hay que
rectificar esta política porque no está frenando en modo alguno las mafias de la inmigración y sí está suponiendo un duro recorte y agresión a los inmigrantes que llegan a nuestro país en lo relativo a los derechos humanos sancionados por el derecho
internacional vigente y por nuestra propia Constitución. Muchas de estas cosas que estamos planteando, señorías, dentro de un rato, sin duda en la próxima iniciativa, vamos a votarlas favorablemente porque todos hemos refrendado algunas cuestiones
cuando hablábamos de los derechos del justiciable. Yo espero por supuesto que se produzca la admisión de la enmienda por los grupos correspondientes y espero el respaldo del grupo mayoritario.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mato.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, analizamos en la tarde de hoy dos proposiciones no de ley sobre inmigración, la primera de ellas del Grupo Socialista, en la que se nos plantea la adopción
de un plan urgente de inmigración, y lo hace por medio de su portavoz el señor López Aguilar. Tengo que reconocer que albergaba la esperanza de que la defensa de esta proposición no de ley la hiciera la señora Rumí, y la tenía entre otras
cosas porque era la autora de la proposición no de ley y porque sabía lo que me iba a pasar, sabía que tras oír la intervención del señor López Aguilar iba a tener dudas sobre el contenido de la misma y sobre si venía marcada por la ignorancia, por
la irresponsabilidad o por la demagogia, o quizá por las tres cosas; sigo en esa duda. De lo que no tengo duda ninguna es de que esa intervención viene marcada también, aparte de por exigencias del guión y por compromisos electorales, por la
necesidad -a usted que le gusta hablar de fotos- de complementar la fotografía que se hizo hace escasos días en Fuerteventura. Sobre eso nada que objetar, obviamente.
Permítanme que pierda unos segundos en resaltar lo paradójico que resulta que por parte del Grupo Socialista se hable en el día de hoy de un plan urgente -y lo ha reiterado aquí el portavoz socialista-, cuando ha sido el propio Grupo
Socialista el que ha tardado voluntariamente tres meses en traer a esta Cámara este plan, del 16 de enero que entra en la Cámara al día de hoy, 16 de abril. Yo a este plan lo denomino el plan diez, y no porque sea sobresaliente, ni mucho menos,
sino porque es cuando menos la décima prioridad en los últimos tres meses del Grupo Socialista. Diez han sido las proposiciones no de ley que el Grupo Socialista ha planteado a esta Cámara desde aquel ya lejano día 16 de enero, y evidentemente se
presentaron proposiciones no de ley de temas tan sumamente importantes para los españoles como el de la situación de los presos de Guantánamo, las medidas de reparación moral y económica a los presos durante el régimen franquista y la forma con que
el Instituto Nacional de Estadística publicaba los datos del IPC. Esos eran temas desde luego más importantes que este plan urgente sobre inmigración. Ahora bien, si parlamentariamente es evidente que no ha sido eficaz este planteamiento, sí lo ha
sido mediáticamente. Ha habido más de diez declaraciones públicas de distintos líderes del Partido Socialista, entre otros del señor López Aguilar, del señor Segura, de la señora Rumí y del propio señor Caldera, quienes se han referido a la
importancia de esta propuesta. La conclusión que yo saco de esto es la que lamentablemente se nos ocurre a casi todos, que lo urgente era salir en prensa y no otra cosa; que como siempre se trataba de una cuestión de imagen, y nada más.
(Una
señora diputada: Muy bien.)
Por último, antes de entrar en el contenido de la enmienda del Grupo Popular, que paso a defender, a todos nos hubiera gustado también obtener alguna clarificación por parte del portavoz socialista. Todos tenemos grabada todavía en la mente
la manifestación de su secretario general, el señor Rodríguez Zapatero, con motivo del tan fructífero viaje a Marruecos, cuando afirmó sin ápice de sonrojo que el rey de Marruecos estaba especialmente sensibilizado con el asunto de la inmigración y
que él compartía esta sensibilidad. Nosotros desde luego no compartimos esas sensibilidades en el mismo sentido que el rey de Marruecos y que el propio señor Rodríguez Zapatero.
Hablar de inmigración es siempre difícil y hay que hacerlo con especial cuidado, teniendo en cuenta sobre todo que estamos hablando de seres humanos; de personas que son engañadas y explotadas de forma cruel por las mafias que comercian con
ellos; de seres humanos que se encuentran metidos en un círculo de marginalidad, de pobreza, de indigencia, de prostitución y de actividades delictivas para sobrevivir, y eso cuando menos requiere seriedad en los planteamientos. Ese ha sido el
planteamiento del Partido Popular desde hace mucho tiempo. Le recuerdo, porque lo ha hecho el portavoz socialista, que ya en 1999 advertimos que cuando se aprobara esa ley iba a tener unos efectos nada deseables.
Entonces nos quedamos solos, hoy
ya no lo estamos tanto. Hay quienes han sabido reconocer su error y han cambiado de posición, de lo cual nos alegramos.
La enmienda que presentamos viene a matizar la proposición no de ley de Coalición Canaria en cuanto a las medidas a adoptar y que en cierta manera ha explicado ya la portavoz de Coalición Canaria, a la que agradezco su exposición y su
talante, que a veces contrasta, desgraciadamente, con el que muestran determinados miembros del gobierno de Canarias. Le consta a la señora diputada que este planteamiento parte del firme compromiso del Gobierno de España de cumplir todas esas
cuestiones. Mi intervención y la justificación de la enmienda presentada va a partir de la base de un reconocimiento expreso a la actuación del Gobierno de España en relación con este fenómeno. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de todas las
administraciones. Hacemos una serie de planteamientos que paso a explicar. Pedimos que en el seno de la subcomisión Canarias-Estado se concreten las medidas en relación con el fenómeno de la inmigración, prestando especial atención a diversos
aspectos: en primer lugar, el compromiso de incrementar la cooperación para el desarrollo con los países del África subsahariana, incluyendo convenios de cooperación para canalizar los flujos de inmigración regular, así como las repatriaciones de
la inmigración irregular, cooperación en la que todos confiamos, a pesar de que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias el pasado 27 de febrero afirmara tajantemente -leo textualmente- que es una ingenuidad pensar
que las políticas de cooperación van a reducir el flujo de inmigrantes a nuestro país. Sobran las palabras al respecto. Por otra parte, planteamos el compromiso de incremento claro y rotundo de los recursos para el control de la frontera de
Canarias a través del SIVE, compromiso en cuanto a la ejecución y puesta en funcionamiento de cuatro centros de internamiento de inmigrantes (Lanzarote, Fuerteventura,
Tenerife y Gran Canaria), y cuya capacidad vendrá determinada por la citada subcomisión. Es mucho más sensato, en vez de hablar de cifras cerradas, que sea la propia subcomisión la que establezca cuál es la capacidad de cada uno de los
centros. Por cierto, resultan llamativas en relación con estos centros también las declaraciones de algún miembro del Gobierno de Canarias y también las del portavoz socialista en el sentido de agilizar las obras en relación con El Matorral en
Fuerteventura, cuando hace escasas semanas podíamos ver manifestaciones en las que las fuerzas vivas de este partido en Fuerteventura encabezaban una manifestación en contra de este centro.
Planteamos también dos centros de migraciones para atención y, en su caso, derivación de solicitantes de asilo, desplazados, refugiados, apátridas o de inmigrantes que se hallen en situación de vulnerabilidad o corran riesgo de exclusión
social. También tenemos el compromiso de planificar medidas específicas para Canarias cuando la capacidad de acogida se supere, de forma que se evite la concentración de personas sin alternativas, usando para ello la red nacional de acogida de
inmigrantes; red nacional que en su conjunto tiene en cuenta al resto de comunidades autónomas. En este punto hay que resaltar una palabra que es solidaridad.
La capacidad de acogida de Canarias es en todo caso limitada y los esfuerzos de uno no
pueden justificar en modo alguno la desidia y la irresponsabilidad de otros. No se puede pedir a Canarias ni a determinados municipios más de lo que pueden soportar. Solidaridad no es sólo una palabra bonita, es mucho más. Por último, se destaca
la necesidad de llevar a cabo convenios entre las administraciones del Estado y las administraciones locales para la atención e integración social de los inmigrantes. Este es un punto fundamental en política de inmigración. Ante este fenómeno no
cabe eludir responsabilidades. Es reprochable que se quieran asumir competencias pero luego no se ejerzan adecuadamente. Sin duda alguna, el Estado ejerce las suyas en cuanto a la inmigración sin ningún tipo de recelos, no sólo ya con la creación
de la propia Secretaría de Estado, que se ha mencionado aquí, sino también económicamente, lo que hacen algunas corporaciones locales y diversas organizaciones no gubernamentales. Sinceramente, no tengo el convencimiento, y lo lamento, de que otras
administraciones hagan exactamente lo mismo y se pierdan en alentar disputas mediáticas que al final no conducen a nada. Cuando hablamos de atención estamos hablando de asistencia sanitaria, de asistencia social y de apoyo, cuestiones a las que
todos -repito-, todos los inmigrantes tienen derecho, y las administraciones públicas el deber inexcusable de prestárselo de conformidad con sus competencias. Cuando hablamos de integración social de los inmigrantes nos referimos a los que quieren
empezar una nueva vida en nuestro país, en nuestras comunidades autónomas; unos inmigrantes a los que además de los servicios básicos podamos ofrecerles un puesto de trabajo y una vida digna plenamente integrados entre nosotros, aunque también para
esta integración es necesario el apoyo de todas las administraciones.
Termino haciendo una reflexión, que no puede ser otra que el fenómeno de la inmigración es complejo, que no sólo afecta a España, sino al resto de Europa, y que requiere un análisis desprovisto de cualquier connotación política. Sus
soluciones no son inmediatas; seamos sinceros, no engañemos a la gente, no engañemos a los ciudadanos. La solución a los problemas que plantea la inmigración requerirá de mucho tiempo y de decisión política, pero también la unidad de todos. La
inmigración en modo alguno tiene por qué ser un problema en sí misma. La inmigración lejos de ser un problema es una oportunidad, como la que aprovecharon muchos miles de canarios que emigraron en busca de una vida mejor, y en muchos casos la
hallaron. Ayudemos también nosotros a aquellos que quieren esa oportunidad, pero ayudémosles siendo conscientes de las posibilidades que cada uno tiene. Es fácil llenarse la boca con palabras como integración o solidaridad, pero para hacerlas
efectivas hay que trabajar y mucho. Desde el Partido Popular lo estamos haciendo, únanse a nosotros en ese camino.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mato.
¿Turno de fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, con actitud que quizá sea poco ortodoxa desde el punto de vista de la práctica parlamentaria, nuestro grupo va a dar su voto favorable a las dos iniciativas, no tanto en su literalidad como en el espíritu y la inquietud que las
anima, por lo que tienen de llamada de atención. Hemos oído reproches entre las dos formaciones políticas mayoritarias sobre si se hacía más desde las comunidades autónomas o desde el Estado. Pasando de ellos, no quiero dejar de traer a esta
Cámara la sorpresa y el estupor que me causó oír a una alta autoridad del Estado manifestar el otro día que el problema en Andalucía ahora estaba sensiblemente mejor porque el efecto llamada que había propiciado la Ley 4/2000 se había visto ya
corregido por la modificación de la Ley 8/2000. Señorías, esto es una auténtica insensatez cuando todos conocemos que en Andalucía han descendido los flujos de inmigrantes ilegales por la llegada dramática de inmigración irregular al archipiélago
canario. Repito, no somos tampoco insensatos a la hora de abordar este problema y no quisiéramos hacerlo en los términos tan excesivamente optimistas que ha manifestado el representante del Grupo Popular, cuando
ha dicho que la inmigración no es un problema, que la inmigración es un enriquecimiento. Con esto podemos estar todos de acuerdo, señorías, pero también es cierto que desde la propia Unión Europea se habla ya de capacidad y acogida en la
Unión y en sus Estados miembros en condiciones dignas y con respeto a los derechos humanos, y a esto es a lo que hay que tender. El oír decir en días pasados a un ex magistrado del Tribunal Constitucional que se había pasado respecto de los
inmigrantes ilegales de la condición de no ciudadanos a la de cuasi ciudadanos sigue pareciendo sangrante y las administraciones públicas, los poderes públicos en su conjunto tienen algo que hacer para poder dar garantías de una entrada a quienes
huyen de la miseria y -por qué no- de los fenómenos bélicos en condiciones de absoluto respeto a la dignidad humana, pero de acuerdo con unas planificaciones que permitan el acogimiento en condiciones de respeto a la garantía de su dignidad humana.
Las organizaciones humanitarias han hecho informes en los últimos tiempos -todos ustedes los conocen- referidos a la situación concreta de las islas Canarias, en los que se habla de violación de los derechos de los inmigrantes y de los solicitantes
de asilo; violación que no tengo yo tan claro que sea imputable a unas u otras autoridades, sino más bien a la imposibilidad física de atender la masiva entrada de personas que pretenden ser acogidas. Esto requeriría una llamada a la sensatez de
todos y el reconocimiento de que deben adoptarse políticas distintas de las llevadas a cabo hasta ahora. Por cierto, quisiera hacer justicia a la que fuera diputada de esta Cámara, la señora Cava de Llano que, tras su visita a los centros de
acogida de inmigrantes, tuvo magníficas intervenciones en las medios de comunicación sobre la situación, trasladando a los ciudadanos que no hemos visitado el lugar las condiciones reales en que se encontraban estas personas.
Las dos iniciativas presentadas y las enmiendas que se han aportado se mueven en el marco de lo hasta ahora regulado, aunque contengan críticas a las reformas de que fue objeto la Ley 4 por la Ley 8, que yo también he mencionado. Parecen
dar por bueno otros productos normativos, como el reglamento o el Plan Greco. La llamada debería ir en la línea del reconocimiento de un fracaso político de lo que se preveía en materia de inmigración, a la vista de lo que luego ha resultado llegar
a ser. Del Plan Greco se ha desdicho ya el delegado del Gobierno para la Inmigración, que en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior dijo que algunos de sus planteamientos no los asumía ya el Gobierno, e incluso que había
sido una equivocación la introducción de los mismos dentro de este texto.Nos hemos equivocado, mi grupo tampoco se quiere quedar al margen de ello; no se ha enfocado el problema de la inmigración de manera correcta, pero todavía estamos a tiempo.
Quizá este sea el momento -cuando estamos en la presidencia española de la Unión Europea- para ver entre todos qué capacidad de acogida tenemos realmente en el marco de la Unión, pero de acogida en condiciones dignas y con respeto a los derechos
humanos -insisto una vez más, señorías, aun a riesgo de parecer pesada-. A ello estamos llamadas las comunidades autónomas, y algunas creemos estar haciendo los deberes con dignidad, pero también las autoridades estatales, que en modo alguno pueden
salir del envite con esta alegría. Lo planificado en esta legislatura sobre esta cuestión concreta ya ha evidenciado su fracaso.
Por la llamada de atención, porque hay que reflexionar sobre esta cuestión, y porque mi partido no quiere quedar al margen de estos procesos de reflexión, lo adecuado en el día de hoy es dar nuestro voto favorable a ambas iniciativas, con
las enmiendas que las formaciones políticas proponentes decidan aceptar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
La Cámara vuelve a mostrar hoy una especial sensibilidad, a raíz de estas dos iniciativas, por la situación en las islas Canarias ante el fenómeno de la inmigración. No es la primera vez que discutimos esta cuestión. Ya en la legislatura
anterior el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria expuso su preocupación por la evolución del fenómeno en aquellas islas.
Se viene poniendo de manifiesto desde hace algunos años -la señora Uría lo recordaba hace un momento- que el flujo
migratorio proveniente del continente africano ha encontrado en las islas Canarias capacidad de recepción, mientras que antes se canalizaba hacia Andalucía. Las políticas llevadas a cabo en Andalucía habrán dificultado seguramente la entrada
irregular de inmigrantes y han facilitado la opción de las islas Canarias. La Cámara comparte la preocupación de los portavoces en cuanto a la capacidad de acogida de las islas, y también le preocupan las críticas que algunas ONG del prestigio de
Human Right Watch han hecho a la situación de los inmigrantes indocumentados retenidos en los centros de Fuerteventura y Lanzarote. Todos coincidiremos en calificar esa situación de inaceptable e insostenible, e igualmente coincidimos los grupos en
considerar insostenibles determinadas opiniones vertidas por responsables políticos de las islas Canarias, como el alcalde de Las Palmas. Hoy a través de estas iniciativas se nos plantean compromisos concretos, fundamentalmente en el texto que
presenta Coalición Canaria, enmendado por la propuesta del Grupo Popular. Estos compromisos tendrán el apoyo de Convergència i Unió.
Quiero hacer cinco apuntes muy breves. Primero, cualquier política de inmigración necesitará un esfuerzo
económico del Estado, y esta proposición no de ley que vamos a aprobar lo pone de manifiesto. Si no hay esfuerzo económico por parte del Gobierno del Estado va a ser imposible regular los flujos migratorios y hasta hoy el esfuerzo económico
del Estado para regularlos ha sido escaso. Segundo, que la resolución en la gestión de la inmigración irregular, basándose en las leyes hoy vigentes, debe tener muy claro el sentido humanitario de estas actuaciones. Lo sucedido en Fuerteventura y
Lanzarote no es aceptable desde la lógica humanitaria y desde la lógica de la ley.
Tercera idea, combatir de verdad la irregularidad está muy relacionado con el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y con la capacidad real de gestión de los
flujos migratorios. Lo que provoca hoy la existencia de inmigración irregular es la economía sumergida y esa es la incapacidad de gestionar los flujos migratorios de manera adecuada. Aún hoy, abril de 2002, esa es una cuestión pendiente. Cuarto,
debe existir una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión de los flujos migratorios, y en el caso de Canarias -está muy claro- una mayor participación del Gobierno de las islas podría permitir una mayor racionalidad en esa
cuestión. Esa mayor participación va a ser muy importante, por ejemplo, en algo que se va a votar hoy aquí, que es la capacidad de planificar medidas que puedan permitir que aquellos inmigrantes que estén retenidos más de 40 días en un centro de
internamiento sean derivados hacia otros espacios. Si esta política no se hace de común acuerdo con las comunidades autónomas donde vayan a vivir estas personas, será una política equivocada. Hasta ahora se ha actuado muy mal en esta materia. En
Cataluña, en Barcelona concretamente, hemos visto cómo de manera vergonzante inmigrantes indocumentados procedentes de las islas Canarias llegaban a la ciudad de Barcelona sin el mínimo conocimiento ni del Ayuntamiento ni del Gobierno de Cataluña.
Eso habrá de corregirse. Ha habido ayuntamientos de las islas Canarias que han manifestado que han pagado los billetes para que estas personas llegasen a la Península. Eso es inaceptable y, por tanto, me gustaría que quedase muy claro que este
compromiso que nos une va en esa orientación. Una última cuestión -coincidiendo con la intervención del Grupo Popular-, tan sólo desde la pedagogía se puede abordar este asunto, desde la convicción de que los problemas que existen alrededor de la
inmigración van a encontrar soluciones en el medio y largo plazo; eso es lo que debemos ser capaces de explicar a la opinión pública. Que nadie se crea que van a existir soluciones a corto plazo ni con esta proposición no de ley ni con los planes
ni con las leyes, sino que estamos ante un fenómeno complejo y difícil. Esa pedagogía que se reclamaba hoy se hubiese podido ejercer si los grupos proponentes de estas dos iniciativas hubiesen podido llegar a un acuerdo; hubiese sido lo razonable
e inteligente. Esperamos que en próximas ocasiones podamos hacer este esfuerzo de consenso que en esta materia todos entendemos que debería orientar nuestra acción política.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor López Aguilar, a los exclusivos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene usted la palabra.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Simplemente quería decir que aceptamos la enmienda de adición planteada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señora Julios, a iguales efectos.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero decir que aceptamos la enmienda planteada por el Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación, en primer lugar, de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la adopción de un plan urgente de inmigración para la Comunidad Autónoma de Canarias, que se somete a
votación en los términos derivados del propio debate y con la incorporación como enmienda de adición de la presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 116; en contra, 172.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la referida proposición no de ley.
Sometemos, a continuación, a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas a adoptar ante la problemática situación de la inmigración irregular en Canarias, que se somete a votación en los
términos derivados del debate, con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente y que ha sido firmada por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 176; en contra, 106; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, SOBRE LA CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA.
(Número de expediente 162/000450.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, sobre la Carta de derechos
de los ciudadanos ante la justicia.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, en ocasión similar a esta, hace pocos días, comentaba lo insólito de una situación en la que abordamos un debate sin que sea presumible la existencia de actitudes discrepantes sobre su
contenido. Hoy, afortunadamente, ya puedo hacerlo con la sensación de estar llevando a cabo algo habitual. Es una muestra de la buena salud del pacto de Estado por la justicia que el Gobierno y todos los grupos parlamentarios estamos esforzándonos
por sacar adelante.
En el punto decimotercero de aquel pacto se señalaba como uno de los objetivos a conseguir una carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia que atienda a los principios de transparencia, información y atención adecuada, indicando que
establecerá los derechos de los usuarios de la justicia. Desde entonces han pasado ya unos meses que han dado lugar a que podamos constatar determinados aspectos de interés. En primer lugar, cuáles están siendo las prioridades a través de las
cuales se va desarrollando este pacto de Estado, porque en la primera sesión de la comisión de seguimiento que con participación de representantes del Gobierno y de todos los grupos parlamentarios se llevó a cabo el 26 de septiembre del año 2001, a
propuesta del ministro de Justicia, se abordó de una manera prioritaria la regulación de este punto y se acordó que la propia comisión de seguimiento se constituyera en grupo de trabajo y elaborara su contenido. Este contenido implica un compromiso
de todos los protagonistas de la vida de la justicia porque, más que grandes novedades de rango legislativo, lo que se pretende con esta carta es dar paso a un nuevo talante, a una nueva actitud en la que va a ser decisiva el enfoque que a estas
situaciones presten jueces, fiscales, abogados, procuradores; en resumen, todos aquellos de los que depende el día a día de la justicia. De ahí que se hayan ido llevando a cabo reuniones con todos los sectores implicados que han aportado
sugerencias, que han anticipado un compromiso de colaboración, sin perjuicio de que estas reuniones se reiteren -como es fácilmente previsible que hoy se apruebe aquí esta iniciativa- para concretar su puesta en marcha y la manera de hacerla más
eficaz. Después de esos contactos con los diversos sectores plasmados en el texto de esta carta, el pasado 5 de marzo se aprobó y tuvimos ocasión de presentarla a los medios de comunicación en esta Cámara los representantes de todos los grupos a
raíz de una nueva reunión de esa comisión de seguimiento.
Junto a ese compromiso de todos los protagonistas del mundo de la justicia, esta carta va a llevar consigo una toma de conciencia de los propios ciudadanos; ciudadanos que, con frecuencia, a diferencia de lo que ocurre cuando vienen a
visitar esta Cámara, a asistir a alguna de sus sesiones, se sienten en su casa, que es donde están. Y es lógico que así sea en cualquier instalación de uno de los poderes del Estado. Hay que conseguir también que cuando los ciudadanos acudan a la
sede de un órgano judicial se sientan igualmente en su casa, no se sientan súbditos donde son ciudadanos y no se vean remota o indirectamente penalizados cuando muchas veces son víctimas de un atropello, de un delito, de algo que ha afectado a sus
derechos. Esta carta va a servir para que los ciudadanos adopten una actitud de exigencia, de requerimiento de estos 41 derechos que se les reconocen a lo largo de todo su texto. Estos 41 derechos se agrupan en tres partes fundamentalmente. La
primera es la que va a recoger derechos de particular relevancia para todos los ciudadanos y que tiene que ver con esa justicia transparente, con esa posibilidad de contar en todo momento con un conocimiento lo más detallado y exacto posible del
funcionamiento, el estado y la actividad de cada uno de los órganos judiciales, de manera que el ciudadano sepa su problema, cómo se está abordando, con qué ritmo y qué circunstancia pueden estar justificando el que sea uno o otro. En segundo
lugar, derechos que tienen que ver con la accesibilidad y la sencillez, tanto en las notificaciones que se participen a los ciudadanos como en las propias resoluciones judiciales, atendiendo a una mayor cercanía y a un mayor grado de comprensión de
su contenido. Igualmente, un particular cuidado en la puntualidad de los actos judiciales en dar explicaciones si en alguna circunstancia excepcional se produce la suspensión de alguno de ellos y organizar siempre las comparecencias que deban
realizar los ciudadanos del modo menos gravoso y menos perjudicial. Es fácil entender que todo ello va a suponer, como decíamos antes, un particular esfuerzo y atención de todos los protagonistas implicados en estas situaciones. Por otra parte, se
aspira a dar paso a una justicia responsable ante el ciudadano, atenta a sus reclamaciones y sugerencias, presta a las reparaciones que sean oportunas, cuando a ello haya lugar y, a la vez, ágil y tecnológicamente avanzada.
Junto a éstos, en un segundo grupo, tenemos unos derechos para ciudadanos particularmente desprotegidos.
En primer lugar, para las víctimas del delito. Tenemos, afortunadamente, un sistema muy garantista respecto a los imputados o inculpados, pero que en ocasiones, en el funcionamiento diario de la justicia, puede olvidarse de la existencia de
una víctima del delito y del modo de tratarla, muy particularmente si nos referimos a delitos cuya denuncia ha proliferado últimamente porque su existencia era anterior, como los de violencia doméstica, por ejemplo. Que se preste la información
oportuna con claridad, que funcionen las oficinas de atención a las víctimas de estos delitos, que todo ello se realice con un particular respeto a la dignidad y la intimidad de las víctimas, es otro de los objetivos de esta carta, en la que
nuevamente se contempla la situación peculiar de los menores, de los discapacitados sensoriales, físicos o psíquicos o, igualmente, la de los extranjeros inmigrantes que, no en vano, se van a ver sometidos a una particular gama de restricciones o
atropellos de sus derechos de los que se suelen ver exentos los nacionales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Por último, unos derechos destinados a robustecer la confianza que ha de existir siempre entre el
ciudadano y su abogado o su procurador, derechos en cuya redacción han intervenido de manera muy particular los respectivos colegios profesionales aportando sus sugerencias que, como he dicho antes, implican a la vez claramente un compromiso de
colaborar para llevarlas a cabo, entre otras cosas, para dar paso a una mejora en lo posible de una justicia gratuita, de calidad y especializada.
Esto es lo que venimos a traer aquí sin ignorar que, a la vez, todo esto implica un compromiso para los grupos parlamentarios, que no nos limitamos a servir de elementos de coordinación o a levantar acta notarial de lo que se ha conseguido
en contacto con los diversos sectores, sino que asumimos también nuestra parte en el compromiso, la parte que nos toca, que es la de hacer todo lo posible para garantizar la eficacia de esta carta, para que no se convierta en papel mojado y para ir
realizando un seguimiento, con comparecencias de quien se considere necesario, que nos permita garantizar que esta carta se va a convertir en realidad.
Es para mí un motivo de satisfacción intervenir en nombre de mi grupo y abrir este turno de intervenciones, para solicitar de toda la Cámara el apoyo para esta carta de los derechos de los ciudadanos ante la justicia.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, cuando hablamos de derechos de los ciudadanos ante la justicia hablamos de una especie de historia interminable, como aquella novela de Ende que se llevó al cine; una historia
interminable de dificultades, de lejanía, de burocracia, de lentitud en uno de los aspectos más importantes en la vida diaria de las personas. La justicia no es sólo un asunto de poder, sino que es un asunto de la vida cotidiana. Millones de
personas al año, millones de ciudadanos y de ciudadanas se encuentran con la justicia sin quererlo o queriéndolo y su vida depende, en buena medida, de lo que suceda en la justicia y de las decisiones de los tribunales. La justicia es una aduana de
los derechos y es lo que permite garantizar la existencia de esos derechos que están en la Constitución y en las leyes, pero, sobre todo, es algo que afecta a los ciudadanos en sus distintas modalidades de actuación, en las relaciones civiles con
otros ciudadanos y ciudadanas, en algo tan sencillo como el alquiler de una casa o la compraventa de un coche; en las relaciones con la Administración pública, con los ayuntamientos o las comunidades autónomas, en el campo penal -evidentemente, el
más desagradable para aquel que es víctima o acusado de un delito- o en el campo laboral. En todos estos casos, la vida de una persona siempre se encuentra con la justicia y el mal funcionamiento de la misma afecta a su vida directamente. Esa ha
sido una asignatura pendiente siempre y la calidad de la justicia es la calidad de la democracia.
El Grupo Socialista llegó a la conclusión de que era muy importante que los ciudadanos se implicaran directamente en la reforma de la justicia, es decir, que los afectados tomaran las riendas de los derechos ante la justicia y que, a través
de una carta de derechos, se les hiciera saber que tienen esos derechos -cosa que muchas veces ni siquiera se sabe-, que pueden exigirlos y que pueden poner a funcionar fuertemente y con energía la justicia. Por eso, hace cosa de un año y algunos
meses, concretamente en febrero del año pasado, el Grupo Socialista presentó -y este es el origen del debate de hoy de la carta que espero que se apruebe por unanimidad esta tarde- una proposición no de ley sobre los derechos de los ciudadanos ante
la justicia. Ya hablábamos en esa carta de cosas que aparecen en la proposición no de ley sobre la que vamos a debatir y decidir esta tarde, como son el coste de la intervención de los abogados ante la justicia, la forma en la que se trata a la
gente en los tribunales, el derecho a que uno sea escuchado por el juez, el derecho a un juicio sin dilaciones, la información sobre las quejas, etcétera.
Estas cosas estaban en esa proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista en esta
Cámara en febrero de 2001. Paralizamos esta iniciativa en su momento. Entró varias veces en la Comisión de Justicia, pero el Grupo Socialista prefirió no cometerla a discusión para hacerla partícipe con los demás grupos parlamentarios y formar
parte, incluso, del pacto de la justicia. En ese caso, el Grupo Socialista renunció a un cierto protagonismo, que hubiera sido algo efímero, al encabezar una proposición no de ley -la primera que se presentaba en esta Cámara- con una carta de
derechos de los ciudadanos
ante la justicia. Hicimos bien en paralizar nuestra iniciativa y someterla al conjunto de grupos parlamentarios porque no cabe duda de que lo que hoy debatimos, esta carta de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas ante la justicia,
es mejor que la que tuvimos entonces puesto que es más amplia, ha tenido la participación de una serie de grupos operadores de la justicia a los que se refería el señor Ollero, de todos los grupos parlamentarios, así como el apoyo y el compromiso
del Gobierno, y esto es lo más importante de todo. Hicimos bien en no querer el único protagonismo y en que todos los grupos de la Cámara tuvieran el mismo, que lo apoyaran. Por cierto, no estaría mal que el Gobierno tomara nota de esta actitud
para otras iniciativas que van a venir pronto a esta Cámara como, por ejemplo, la Ley de Partidos Políticos; sería muy importante que el Gobierno renunciase a tener la exclusiva en la lucha contra el terrorismo, algo que a veces le preocupa
excesivamente, y se abriese al consenso en este tema tan importante. Nos gustaría que este modelo de funcionamiento fuese el mismo en todo aquello que tiene que ver con el pacto por la justicia. Los demás grupos han participado de esta iniciativa
y han dado lugar a esta carta de derechos de los ciudadanos, algunos de cuyos aspectos han sido señalados por el orador anterior. Yo quisiera solamente destacar algunos porque es una carta larga. Por ejemplo, que va a haber oficinas de atención al
ciudadano en todo el territorio judicial, algo que depende de la implicación del Ministerio de Justicia, así como del Consejo del Poder Judicial. En esta carta se dice que habrá horarios de mañana y tarde, que los ciudadanos serán atendidos y
escuchados por los jueces y por los secretarios. Se dice -es algo revolucionario- que se cumplirán los plazos legales -es una obligación- y que el Ministerio de Justicia, junto con el Consejo General del Poder Judicial, van a establecer unos
baremos sobre lo que debe durar un procedimiento, algo a lo que urgimos rápidamente al Ministerio de Justicia. Se dicen cosas importantes que significarán cambios trascendentales en la justicia y en la vida cotidiana de la gente que tiene que ver
con ella. Se protege especialmente a las víctimas del delito -yo quiero destacar el caso de las mujeres maltratadas- y se hace especial hincapié en la carta. Las mujeres maltratadas en este país no tienen la seguridad de contar con un apoyo
económico inmediato ni tampoco la de ser protegidas de inmediato. En la carta se dice que el ciudadano o ciudadana que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido de forma inmediata por juzgados y tribunales, especialmente frente al que
ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar. En este momento no sucede en este país y es importante que aquí se diga y se garantice.
También se facilita a los menores y a los discapacitados el acceso a la justicia. Quiero añadir que
a los inmigrantes, a los con papeles y a los sin papeles, se les garantizan todos los derechos de la carta de los ciudadanos y de las ciudadanas ante la justicia, cosa que no pasa con la Ley de Extranjería, que les niega a los sin papeles muchos
derechos fundamentales; la carta no distingue entre los con papeles y los sin papeles, a todos les conceden los derechos. Es importante también -lo decía el señor Ollero- la relación del cliente con el abogado. Estos derechos son una verdadera
revolución en este país si realmente se cumplen. Tengamos en cuenta, señoras y señores diputados, lo que decimos al final de la carta porque es un compromiso muy serio. En la proposición no de ley, que no es una ley, hay una redacción inusual
porque se dice que los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta carta. Tienen derecho, no tendrán, no desean, no instan, no; tienen derecho a exigir derechos -valga la redundancia- desde mañana mismo y
a hacerlo (uno de los objetivos de esta carta es que los ciudadanos conozcan esos derechos) ante la justicia, para lo cual hay una vinculación a jueces y magistrados, a fiscales, a secretarios judiciales, a abogados, a procuradores, etcétera. De
ahí que el Ministerio de Justicia -y está aquí presente el ministro de Justicia- y las comunidades autónomas con competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía general tienen que adoptar inmediatamente las disposiciones oportunas.
Vamos a establecer un contacto inmediato con estos órganos para que la carta sea posible, para que no sea algo declamatorio y cuyo fracaso conduzca al descrédito, en este caso del conjunto de la Cámara y de quienes hemos participado en esta carta de
derechos de los ciudadanos. La Comisión de Justicia de interior se constituye en garante y seguidora de estos derechos y, además, se dice que en la memoria del Consejo General del Poder Judicial tiene que haber una parte destinada a detallar las
quejas de los ciudadanos. Ya veremos si mañana, cuando venga el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, en esa memoria existen esas quejas detalladas. Será la primera ocasión de saberlo.
En definitiva, esto es un verdadero compromiso político del más alto nivel con los ciudadanos. Nosotros les decimos a los ciudadanos que exijan estos derechos y que tenemos que hacerlos posibles porque es muy importante para la
profundización democrática y para la credibilidad de ese pacto de la justicia. Aunque es una proposición no de ley que aprueban los grupos, el Gobierno tiene una especial responsabilidad.
También tiene una responsabilidad económica, cosa que no
hemos visto en el anterior presupuesto y que esperamos ver en el próximo porque esto implica determinados gastos en la justicia a la hora de poner en práctica estos derechos, que no son inocuos desde el punto de vista económico. Por eso es por lo
que el Gobierno tiene que implicarse fuertemente en ello, no solamente la Cámara. El Grupo Socialista está decidido a poner toda la carne en el asador, a trabajar todo lo que sea necesario para que esta carta de derechos de los ciudadanos y
ciudadanas sea una realidad desde mañana mismo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Garrido.
Para la defensa de la proposición, por parte del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han dado una explicación sucinta del contenido de la carta de derechos, por lo que pretendo ahorrarles a SS.SS una reiteración, que podría no ser la última, respecto de ese
contenido. Querría destacar algunos aspectos importantes.
Por un lado, la carta de derechos podría pertenecer a esa categoría de carta de servicios que, incluso en nuestro país pero también en países de nuestro entorno, se han ido extendiendo para
garantizar la posición de los usuarios de servicios públicos. Cierto es que, en la medida en que la justicia es un poder del Estado y un servicio público, el contenido de la carta aparece trufado de ese doble contenido y de algún aspecto más. Los
grupos parlamentarios hemos huido de efectuar una reiteración de aquellos derechos fundamentales que aparecen en la Constitución en los artículos 24 y 25, pero tampoco podría decirse que nos limitamos a señalar aquellos derechos que corresponden a
los ciudadanos en tanto que usuarios del servicio, porque hacemos referencia a algo más que a derechos de usuarios. Se incluyen derechos políticos, por ejemplo, cuando se trata del derecho -en aquellas comunidades autónomas con varias lenguas
oficiales- a utilizar la lengua oficial que elijan en sus relaciones con la Administración de justicia. No estamos hablando pura y simplemente de derechos del usuario, sino que hacemos referencia a estos derechos políticos. Junto a esos derechos
políticos que corresponden al ciudadano en cuanto usuario del servicio, se incluyen aquellos otros que derivarían de una buena práctica administrativa. Conocemos la diferente naturaleza de los derechos que aquí se incluyen, porque no es lo mismo el
derecho a tener un trato correcto, a que las actuaciones comiencen puntualmente, que el derecho a conocer el estado de un determinado procedimiento o al que me he referido anteriormente de carácter lingüístico. Sin lugar a dudas, los derechos son
de naturaleza diferente. Ya el Libro Blanco de la justicia reclamaba la necesidad de la carta de derechos en el pacto de Estado por la justicia, así se incluyó. Por otra parte, nos encontramos con algunos antecedentes. Mi grupo parlamentario, de
la misma manera que otros grupos han querido señalar los suyos, no puede dejar de hacer hincapié en que hace aproximadamente un año en esta Cámara se debatió una moción derivada de una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) sobre la situación o el estatuto patrimonial de los discapacitados, en la que buena parte del contenido iba referido a los derechos de los mismos ante la Administración de justicia. Hemos podido ver con satisfacción cómo el
contenido de esa moción se ha trasladado a la carta de derechos respecto de aquellas personas, juntamente con los menores, las víctimas y los extranjeros -en este caso los discapacitados- que se encuentran necesitadas de una especial tutela y
protección en sus relaciones con la Administración de justicia.
Se ha señalado aquí también que no se trata de una labor exclusiva de los grupos parlamentarios. La participación, la intervención y el apoyo del Ministerio de Justicia ha sido importante, pero muy importante también ha sido la audiencia de
las asociaciones judiciales, de fiscales, de secretarios judiciales, de los sindicatos de la Administración de justicia, así como también de los colegios profesionales. Todo lo cual hace que sea una carta que en buena parte tiene una buena dosis de
autorregulación por parte de todos aquellos que intervienen y participan en la Administración de justicia.
Debo señalar, por otra parte, que se hacía imprescindible abordar esta posición del ciudadano en este caso como usuario de la Administración de justicia. Si acudimos a la Memoria del Defensor del Pueblo del año 2000, que fue por lo demás
publicada en el 'Diario de Sesiones' en octubre del año 2001, vemos que se hace una especial referencia a estos temas. No es de recibo el supuesto que señala el Defensor del Pueblo de un minusválido que, habiendo sido citado por el juzgado de
Lorca, debe estar más de cuatro horas en la entrada sin poder acceder al juzgado por obstáculos, en este caso arquitectónicos, hasta que por fin sale un funcionario a tomarle declaración. Tampoco es de recibo, como señala el Defensor del Pueblo,
que una persona enferma, que ha padecido unas lesiones, sea citada para someterse a un examen forense en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid y deba permanecer tres horas de pie, esperando ser examinada por el forense sin poder sentarse
porque, como ocurre también en otros casos, han sido citadas varias personas a la misma hora. Esto es algo que pretende resolver también esta Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia.
Mi Grupo parlamentario tenía algunos bloques más de interés. Primero, dar seguridad jurídica al ciudadano que se pone en relación con la Administración de justicia, tanto en cuanto al tiempo como en cuanto a los costes económicos. De ahí
que solicitásemos en nuestra propuesta, por un lado, que se señalase por la Administración o del Consejo General del Poder Judicial no sólo la duración media de los procedimientos judiciales, sino que el ciudadano pudiese conocer la duración media
de un procedimiento en un juzgado determinado. Debo decir que este segundo aspecto, muy ambicioso, ha sido recogido sólo parcialmente en la carta de derechos, pero en el apartado de transparencia sí se señala el derecho que tienen todos los
ciudadanos a conocer la situación de cada uno de los órganos jurisdiccionales, cuáles son los asuntos que han entrado, los
que han salido y cuál es el estado de esos procedimientos. Mi grupo parlamentario a lo que aspira es a que este planteamiento, que se verifica desde el principio de transparencia, permita a los ciudadanos conocer exactamente la situación en
la que se encuentra un juzgado que debe tramitar una demanda o una querella presentada por ellos.
Hay un segundo aspecto también fundamental, el de los costes económicos.
Debo decir a SS.SS. que mi grupo parlamentario tenía interés en que se conociera con certeza los honorarios de los abogados, que se ha trasladado a la carta de
derechos y que ha sido incluso propuesto y acogido por el Consejo General de la Abogacía, pero como los costes del proceso no sólo son los del abogado propio, sino que, en virtud de las costas procesales, son también los del abogado ajeno y, además,
nos encontramos con las indemnizaciones a los testigos y el importe de los honorarios de los peritos, debemos expresar nuestra satisfacción cuando en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia se acoge este
planteamiento y se señala que el abogado debe informar a su cliente no sólo de sus honorarios, sino también de cuáles serían las consecuencias de ser condenado a costas en el mencionado proceso y, por tanto, atribuirle también el conocimiento del
resto de gastos que pueden producirse en el mismo.
Al tema de la lengua ya me he referido anteriormente.
Tenemos también un notable interés en que en aquellos supuestos en los cuales el ciudadano puede comparecer ante la justicia sin abogado y procurador tuviese también el apoyo que le corresponde. De ahí que solicitásemos el suministro
gratuito de formularios en estos casos, así como también una especial tutela de los derechos, que también se ha visto en ese caso reflejado, de la misma manera que otros principios que pudiéramos llamar de buena práctica, de urbanidad, como el tema
de la puntualidad, al que anteriormente me he referido, o el trato correcto, así como también que las actuaciones de la Administración de justicia se realicen de la forma menos gravosa.
Me he referido ya al interés que teníamos en la tutela judicial y el acceso a la justicia de los discapacitados y ciertamente hemos demostrado nuestra satisfacción por la forma en que estos derechos han sido recogidos.
Pretendíamos también que la carta recogiese los derechos ante el ministerio fiscal y en el Registro Civil. No ha sido ese el planteamiento de otros grupos, de ahí que esto deba abordarse en otro ámbito.
También teníamos mucho interés no ya en los aspectos pura y estrictamente de contenido, sino en los aspectos de promoción, de protección de estos derechos, porque a nadie se le oculta, respecto a los derechos de los ciudadanos ante la
Administración de justicia, que la unidad de atención al ciudadano, dentro del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial, da un tratamiento a las quejas y reclamaciones que no tiene parangón con el tratamiento que se efectúa, por
ejemplo, por el Defensor del Pueblo, y no sólo en los derechos ante la Administración de justicia, sino, en general, respecto de los derechos ante la Administración, de ahí que planteásemos una modificación importante, una potenciación del servicio
de quejas y reclamaciones del Consejo General del Poder Judicial para que pueda otorgar adecuada satisfacción a estos derechos.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Diego López Garrido, señalaba que mañana veríamos cuál es la referencia que se contiene a este respecto en la memoria del Consejo General del Poder Judicial que nos presentará su
presidente. Debo señalar que la referencia es escasa, que dificulta notablemente saber cuál es el grado de protección de estos derechos que se efectúa por parte del Consejo General del Poder Judicial, que se nos ofrecen unos cuadros estadísticos
que difícilmente nos permiten conocer cuáles son realmente los motivos de estas quejas y reclamaciones y, ciertamente, como señala la carta de derechos en uno de sus apartados, debe potenciarse notablemente la información a suministrar por parte del
Consejo General del Poder Judicial al Congreso de los Diputados en esta materia, de la misma manera que también el Congreso de los Diputados tendría mucho que decir respecto de aquellas quejas que le llegan vía derecho de petición, artículo 29 de la
Constitución.
Como se ha señalado anteriormente, tenemos una gran responsabilidad. Se atribuye a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el seguimiento del grado de desarrollo y cumplimiento de esta carta; es algo que mi grupo, juntamente
con el resto, está dispuesto a realizar porque ciertamente, se trata de obviar, de alejar esa famosa maldición, como hemos dicho en algún otro momento, de 'tengas pleitos y los ganes'. Se trata de que la Administración de justicia sea también una
administración amable para el ciudadano.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, hablaba antes el portavoz del Partido Popular de lo extraño que resultan estas cosas, pero, si es para bien, no sean malas estas extrañezas.
El documento que hoy debatimos es, en términos generales, más que correcto, dado que a nuestro entender, y yo creo que al entender de la inmensa mayoría de esta Cámara, por no decir la totalidad, contiene las principales demandas de las
ciudadanas y ciudadanos con relación a la Administración de justicia. Así, dicho documento incluye prescripciones cuya literalidad Izquierda Unida no tiene reparo alguno en considerar,
en términos generales, muy positiva. Nos estamos refiriendo a las prescripciones relativas al derecho de los ciudadanos, por ejemplo, a la información sobre los procedimientos judiciales, transparencia, accesibilidad al léxico judicial,
calidad del trato recibido por el usuario del servicio público justicia, posibilidad de expresarse en todos los idiomas oficiales en el Estado español, elementos tales como formular quejas y reclamaciones, exigir responsabilidades por errores
judiciales o usar las modernas tecnologías en la Administración de justicia.
De la misma manera, señorías, el documento contiene prescripciones específicas para las víctimas del delito, menores, discapacitados, inmigrantes, abogados y procuradores, respecto de las cuales Izquierda Unida no tiene mayores reparos que
oponer. Sin embargo, estos textos sobre el papel ciertamente correctos nacen en un contexto administrativo, financiero y político que hace muy difícil que se lleven a la práctica de una forma eficaz. No podemos ni debemos engañarnos. Si el propio
pacto de Estado surgió ante la grave y preocupante situación de la justicia, no pensemos que, sencillamente con buena voluntad y textos positivos en la letra, se pueden solucionar las cosas. Por lo tanto, nosotros queremos recordar alguno de los
elementos estructurales. No es bueno, aunque yo me uno en la parte fundamental, que haya sesiones de botafumeiro. Mi grupo y yo nos preguntamos: ¿Es posible impulsar de forma eficaz el contenido de esta carta de derechos en una Administración de
justicia cuya oficina judicial pertenece todavía, en buena medida, a concepciones, estructuras y diseños del siglo XIX? Este catálogo de buenas intenciones judiciales está provocando, sin duda, la sonrisa, la incredulidad, incluso el enfado, de
funcionarias y funcionarios de justicia que tienen que luchar a diario con la precariedad de medios materiales y con la disfuncionalidad de una oficina judicial primitiva y ajena a los nuevos tiempos. Esperamos y hacemos votos para que la reforma
de la oficina judicial sea un elemento que abra, facilite, faculte y dé mas medios a todo el mundo de la Administración de la justicia, con el fin de que esta carta de los derechos vea una luz mucho más fuerte.
Nos hacemos una segunda pregunta: ¿Es posible llevar esta carta de derechos a la práctica sin dotar partidas presupuestarias específicas para su cumplimiento y desarrollo real y efectivo? Como todo lo relativo al pacto de Estado por la
justicia, no dudamos de las buenas intenciones, pero ignoramos dónde están los cuantiosos fondos necesarios para llevar las palabras al campo de los hechos. Del mismo modo, nos planteamos si es posible impulsar la efectividad de los derechos
contenidos en esta carta, así como las reformas administrativas que la misma implica, sin la colaboración de comunidades autónomas e incluso de corporaciones locales.
Este documento podría servir para un Estado centralizado; salvo por la correcta
mención al derecho a expresarse en las lenguas oficiales del Estado español, el conjunto de medidas a impulsar tiene en cuenta a la Administración general del Estado, al Consejo General del Poder Judicial, a los tribunales superiores de Justicia de
las comunidades autónomas, a las salas de Gobierno, al fiscal general del Estado, etcétera, pero no a las comunidades autónomas, algunas de ellas con competencias y medios materiales y humanos ya transferidos y otras, según declaraciones de varios
ministros, en camino de serles transferidas. Sin embargo, la carta, señorías, no solo adolece de un voluntarismo en apariencia inocente al desconocer el entorno administrativo, financiero y político en el que debe aplicarse, sino que a lo anterior
debe sumarse el hecho de que, desde la óptica de Izquierda Unida, se resuelven mal tres aspectos claves de la citada carta. El primero: se sigue depositando el control efectivo de la justicia gratuita en los colegios profesionales. Sin perjuicio
del respeto que nos merecen todos los colegios profesionales en su vertiente de asociación profesional, no consideramos que éstos sean los más idóneos para tutelar intereses contrarios a la propia esencia de su función. No parece de recibo que
aquella organización que vive de la justicia retribuida sea a la vez la gestora de la justicia gratuita.
Consideramos que esta es una tarea en la que las potestades administrativas delegadas son claramente dañinas para el interés general.
Este es
un aspecto que, junto con la falta de una inversión audaz y decidida en materia de justicia gratuita, está lastrando ese instituto siempre necesario en un Estado social y democrático de derecho como es España.
En segundo lugar, el esquema general de garantías de los derechos de esta carta es el tradicional del derecho administrativo, es decir, derecho a exigir por parte del administrado la obligación de proveer de la Administración y los
tribunales como última ratio protectora del principio de juricidad. A este esquema tradicional se le añade el control parlamentario -esperemos que éste corra mejor suerte que el punto 21.3 del texto del pacto de Estado para la justicia-, pero
seguimos sin ver cómo se va a superar la contradicción y diferencia fundamental respecto a la jurisdicción contencioso administrativa de que, en el caso de la justicia, la Administración incumple sus obligaciones y la que decide sobre tal
incumplimiento es la misma: los tribunales de justicia. Se nos espetará que no hay otras posibilidad, pues los tribunales tienen el monopolio de lo jurisdiccional y, por tanto, son ellos los que ya hoy en día entienden de las demandas por errores
judiciales o funcionamiento normal de la justicia. No decimos que sea sencillo diseñar un mecanismo adicional de protección de los derechos de los usuarios de la justicia, pero sí entendemos que debería de haberse establecido un procedimiento
individualizado, sumario y preferente de satisfacción procesal de las demandas de los ciudadanos en relación a los derechos de esta carta que vaya
más allá del derecho a las quejas y sugerencias, más propio del ámbito del derecho de petición que de la potenciación de la prescriptividad jurídica plena de los derechos contenidos en esta carta.
Por último, seguimos sin conocer cuál va a ser el rango normativo final de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia. Ha habido distintas propuestas y queremos verlas. Su texto actual remite más al estilo de un catálogo de
buenas prácticas administrativas o al de una carta de servicios que al de una verdadera norma jurídica. Se nos ha garantizado que esta carta se va a convertir en ley, esperemos que así sea y que además lo sea en un período de tiempo breve. De nada
nos servirá un catálogo de buenas intenciones colgado en todas las dependencias judiciales si los derechos contenidos en la carta no son ciertos, no están bien tipificados, no son exigibles ante los tribunales mediante un procedimiento especial y el
resto de administraciones públicas pueden ser encausadas por incumplimientos activos o pasivos.
Concluyendo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere agradecer sinceramente al grupo de trabajo el esfuerzo realizado, y muy especialmente a doña Margarita Uría y a don Diego López Garrido, pondera los grandes avances
habidos en la materia, sigue manteniendo importantes dudas respecto a la efectividad futura de esta carta, pero en aras a un mejor servicio público a la ciudadanía aparcaremos nuestras dudas y recelos, vamos a votar a favor de la misma y, eso sí,
seremos muy estrictos en el seguimiento de la suerte que vaya a tener en el futuro esta Carta de derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas ante la justicia.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón,
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, señorías, señor ministro, debo manifestar a la Cámara que la actitud del Grupo Vasco ante esta iniciativa, que desde el principio nos parecía interesante al pensar que se trataba de algo
parecido a lo que ya se aludía en numerosos documentos, como el Libro Blanco, que ha sido citado por otros intervinientes o pedido desde distintos documentos de asociaciones judiciales, ha ido de menos a más a medida que se ha ido tramitando. Al
enfrentarnos a ello creíamos que, se trataba de dar una explicación sencilla y orientadora de lo que podía ser el servicio público de la justicia, o lo que en el ámbito de la Administración se llama una instrucción de servicios, o un catálogo bien
intencionado de proclamas al estilo de los que ya hay en otras administraciones; por ejemplo, en el caso vasco existe ya una publicación de derechos y deberes del ciudadano ante la Administración de justicia enormemente meritoria en su contenido,
de la misma manera que, también en ese afán didáctico, existe una unidad específica dedicada a los estudiantes de secundaria, o por lo menos así se llamaban en los tiempos en que la unidad está confeccionada. Sin embargo, creemos que esto ha
acabado siendo algo más, es un código de derechos y condiciones de eficacia de estos derechos, que es ya de inmediata ejecución en buena medida además de un tratado de buenas prácticas. Creemos que el mérito no es sólo de quienes hemos sido
ponentes o proponentes de la iniciativa, sino que además hemos recibido más que ayuda desde el propio ministerio a través de Alberto Dorrego y de Joaquín Delgado, a los que me parece justo citar desde esta tribuna.
Nos parece importante, y no solamente simbólico, el que, aunque sea en una proposición no de ley, aparezca recogido aquello a lo que tiene derecho a exigir un ciudadano de una justicia moderna y abierta: una justicia transparente, el acceso
a documentos, la información de carácter procesal, una justicia comprensible, una justicia atenta con el ciudadano, todo ello con cada una de sus especificaciones, que la convierten en no sólo meras proclamas. Una justicia responsable ante el
ciudadano, lo cual deberá ser objeto de pormenorización en normas posteriores, una justicia ágil, tecnológicamente avanzada, incluye, además de las proclamas, compromisos que lo son ya para las administraciones públicas, cosas que desde ahora es
obligado hacer. El que se tenga a los más débiles especialmente presentes en el catálogo nos parece importante, tanto se trate de las víctimas del delito, de la protección a los menores, de la protección a los discapacitados, auténtica novedad
porque hasta ahora no existía recogido en texto alguno, incluso de los inmigrantes. Las dos proposiciones no de ley aprobadas esta tarde, hacían referencia a ello, y yo he aludido a la condición de casi ciudadanos que todavía tienen en muchas
ocasiones ante la idea de poder hacer valer algunos de sus derechos.
Nos ha gustado especialmente cómo se recoge la conducta deontológicamente correcta en las prácticas de las profesiones ante la Administración de justicia, ahora que las buenas maneras se están perdiendo en tantos ámbitos. A los abogados les
ha gustado cómo ha quedado plasmada la idea de cliente informado y sus obligaciones respecto de ellos en cuanto a tener que hacer, con carácter previo, una valoración de qué puede suponer un procedimiento concreto en cuanto a duración y también en
cuanto a lo que podrá costar como retribuciones.
No creemos, como se ha manifestado desde Izquierda Unida, que sea poco más que voluntarista la eficacia de los derechos tal y como aparece recogida en la parte final de la proclama, sino que nos parece suficientemente tuitiva para todos.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir ya su cumplimiento. El Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias en
la materia, el Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y los colegios profesionales tienen ya tarea concreta respecto de lo que en la carta se proclama. De la misma manera que es significativo que el Congreso de los
Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, vaya a llevar a cabo un seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y el cumplimiento de esta carta. Es además, y esto es muy significativo, una guía en las reformas normativas
abiertas, que son muchas, con ocasión del pacto de Estado para la reforma de la Justicia.
Repito, señorías, para mi formación política esto es algo más que una mera proclama voluntarista. Creemos que con ello la Justicia como poder se acerca , como servicio público se mejora o, al menos, ese ha sido nuestro deseo al participar
en la elaboración y dar hoy nuestro voto a esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria se suma, una vez más, a esto que no ha sido un debate -casi parece una exégesis de textos sagrados- para hacer un comentario positivo de adhesión. Coalición Canaria se siente reconfortada con
la presentación de esta iniciativa parlamentaria, respecto de la que ha habido unanimidad de criterios, por una idea que sale de las reuniones de las conferencias sectoriales de las siete comunidades autónomas que tienen la competencia de justicia
transferida. Quiero recordar las reuniones de Valencia, de Barcelona y más concretamente la de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada el 22 de mayo de 2001. Desde el primer momento, las conferencias sectoriales presentaban iniciativas en
concordancia y convergencia de ideas con lo que el ministro Acebes estaba impulsando con su equipo desde el Ministerio de Justicia; teníamos que buscar una serie de puntos y un catálago que permitiera esta renovación, esta nueva imagen de
modernización y de servicio público de la Justicia. No podía ser menos porque estamos bajo el imperativo del artículo 117 de la Constitución española. Si la justicia emana del pueblo, el pueblo tiene que sentirse, de alguna manera, reconocido en
lo que vayan diciendo los textos legales.
No puede emanar la justicia del pueblo y encontrarse el pueblo llano, el ciudadano, el justiciable, con una serie de escenarios con dificultades, rechazo, falta de transparencia, de comprensión, de
comodidades en esa justicia, que teórica y constitucionalmente emana de él, donde ese derecho formal no tenga que ser un derecho real, un reconocimiento real.
Precisamente en este sentido es en el que está enfocada positivamente -y nos
congratulamos de ello- esta Carta de derechos del ciudadano, del jusrticiable, ante la Justicia, que es a lo que se tiene derecho en un Estado democrático como es el Estado español en este momento.
Por tanto, había que ofertar este catálogo. Se han citado aquí 41 derechos; yo quiero resaltar fundamentalmente la sistemática que se ha seguido -muy atinadamente también con las aportaciones inestimables del equipo de altos funcionarios
del Ministerio de Justicia- para ahormar y colocar todas esas premisas que iban saliendo de las conferencias sectoriales en sus tres grandes epígrafes, donde, por un lado, se reconocen estos derechos y, al mismo tiempo, se va a comprometer una serie
de personas, de profesionales y de instituciones, en el cumplimiento de los mismos. Conseguir una justicia moderna y abierta a los ciudadanos desde la transparencia, desde la equidad, desde el buen acomodo de usos y costumbres, va a exigir una
cultura de la justicia.
Tenemos que llegar a eso, a una cultura en todos los estamentos implicados, tenerlo ya como un don de gentes, una cultura que permita que ese derecho constitucional del 117 pase de derecho formal a situación real. En la
exégesis que estamos haciendo de estos acuerdos, esto tiene que ir impregnando leyes en forma y contenido.
Se preguntaba acertadamente hace unos momentos en esta tribuna el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida qué rango iba a tener esto. También hemos tenido este debate con la carta de derechos en la Unión Europea. Hasta
que se llegue a un acuerdo de cómo se van insertando esos principios en las normativas, en las directrices y en las leyes, tenemos una oportunidad para conseguir esta cultura de la justicia, que va a significar tener una justicia transparente,
comprensible, atenta con el ciudadano -ahí es nada-, responsable con todas las personas implicadas en la misma. Al final -y creo que la sistemática que hemos hecho entre todos en este documento es acertada-, se habla de una eficacia de esta carta
de los derechos. La eficacia habrá que demostrarla profesional, presupuestaria y funcionalmente. Aquí se implica a tres grande estamentos. En primer lugar, al ciudadano y a todo un acervo de profesionales, jueces, magistrados, fiscales, oficiales
de las oficinas judiciales, médicos forenses, abogados y procuradores, que tienen que estar implícita y explícitamente implicados en conseguir por su parte esos principios que están en la carta. En segundo lugar, las instituciones, desde el
Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, a los colegios profesionales, todos, tocando cada uno con su música respectiva la misma partitura que establecen estos 41 derechos que se contemplan en la
carta.
Finalmente, el Congreso de los Diputados, para poder tener aquí periódicamente aquellos informes para un seguimiento eficaz de esta carta. En este sentido, sería bueno que, en la memoria del
Consejo General del Poder Judicial, venga anualmente a esta Cámara el índice, el seguimiento, el resultado, la toma de razón de cómo van funcionando estos derechos que tienen que ir impregnando todas las instituciones de la justicia,
penetrando por ósmosis en ellas. Ése es el fin que todos perseguimos y nuestro grupo se suma con su voto favorable a lo que es una labor democrática y parlamentaria de todos, ya que todos estamos obligados al perfeccionamiento y a la eficacia de la
misma para que no quede esto sencillamente en una retórica de ocasión. De ahí nuestro voto positivo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Como no podría ser de otra manera, quiero mostrar el apoyo del Grupo Mixto, y en concreto del Bloque Nacionalista Galego, a esta Carta de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la justicia que desde nuestro punto de vista debe
tener el fin de acercar la justicia a los ciudadanos y, desde la consideración de la justicia como servicio público, promover una justicia más eficaz, más rápida, más transparente y, desde luego, más responsable ante los ciudadanos y ante sus
representantes, por tanto ante esta Cámara. El BNG y el Grupo Mixto seremos celosos y exigentes en la fiscalización del cumplimiento de estos derechos y también en la denuncia de sus incumplimientos.
Esta carta permite exigir, por ejemplo, que las reparaciones por el funcionamiento anormal de la Administración de justicia puedan hacerse efectivas sin que ello suponga un nuevo calvario judicial añadido al pleito inicial. Desde luego,
esto emplaza a esta Cámara, y singularmente al Gobierno, a promover las reformas necesarias de las normas con rango de ley que regulan la exigencia de responsabilidad a la Administración de justicia -a los jueces- por el funcionamiento anormal de
este servicio público para que el procedimiento pueda ser viable, es decir, para que sea un procedimiento que no haga desistir a los ciudadanos que intenten seguirlo debido a su lentitud o gravosidad. Emplaza también a exigir una protección más
eficaz de las víctimas y en general de las personas que pueden encontrarse en una situación desigual a la hora de relacionarse con la justicia: las mujeres, los disminuidos físicos y psíquicos, los menores, los inmigrantes, con o sin papeles, y
también las personas que se hallan privadas de su libertad y cuya relación con la Administración de justicia y amparo judicial presenta tantas fallas, bien sea en su relación con los jueces de vigilancia penitenciaria o con el tribunal sentenciador,
bien sea en su derecho de defensa en el ámbito de los procedimientos disciplinarios; emplaza en fin a exigir que las relaciones con operadores jurídicos tan importantes como abogados y procuradores se produzcan en un marco previsible para los
ciudadanos, desde el punto de vista de las tarifas pero también desde el de la superación de ciertas adherencias corporativistas que aún siguen lastrando a estas importantes profesiones jurídicas. Emplaza además a exigir que, pasados casi 24 años
de la aprobación de la Constitución española, el carácter plurilingüe del Estado impregne también a la Administración de justicia, un ámbito que como poder y como servicio público se ha mostrado especialmente resistente y recalcitrante a la hora de
admitir la pluralidad lingüística del Estado español. La carta que ahora estamos aprobando declara expresamente el derecho de cualquier ciudadano a ser atendido -digo bien, atendido- en la lengua oficial que elija; un derecho por tanto que va más
allá de la mera interdicción de la indefensión y que emplaza a la Administración de justicia a arbitrar las medidas precisas para dar cumplimiento a este derecho. De nuevo estamos todos emplazados a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en
un sentido que el Bloque Nacionalista Galego ha propuesto ya varias veces en esta Cámara: el de establecer en el ámbito de la justicia la plena oficialidad de las lenguas oficiales distintas del castellano y exigir también la capacitación
lingüística de los jueces y magistrados que vayan a prestar servicio en territorios que tengan alguna de estas lenguas como oficiales. Pasados ya, como he dicho, casi 24 años desde la promulgación de la Constitución, no vale hablar de períodos
transitorios ni vale tampoco, desde nuestro punto de vista, hablar de dar un margen o un tiempo para que estos derechos puedan ser plenamente efectivos.
El Bloque Nacionalista Galego espera que el compromiso que asume hoy la Cámara aprobando un texto que, por otra parte, no tiene carácter normativo sea cumplido por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial arbitrando medidas y,
sobre todo en el caso del Gobierno, poniendo a disposición de la justicia los fondos necesarios. Aguardamos, en fin, que la necesaria reforma de la justicia como servicio público logre un resultado mejor que el conseguido por la reforma de la
justicia como poder, resultado este último que, a la luz de lo acontecido en los últimos meses, podemos considerar fracasado de forma estrepitosa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (PNV), de Coalición Canaria y Mixto sobre la Carta de
derechos de los ciudadanos ante la justicia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 279; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA SITUACIÓN DE LA RED Y LOS SERVICIOS FERROVIARIOS EN GALICIA Y LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO PARA SU MODERNIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN ITINERARIOS DE ALTA VELOCIDAD. (Número de expediente 173/000123.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Mixto sobre la situación de la red y los servicios ferroviarios en Galicia y los proyectos del Gobierno para su
modernización e integración en itinerarios de alta velocidad.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La moción que presentamos como consecuencia de la interpelación debatida la semana pasada tiene dos partes claramente diferenciadas. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rodríguez, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía que la moción tiene dos partes, una de ellas referida a los servicios de RENFE en Galicia y la manera de mejorarlos aun teniendo en cuenta el estado actual de la infraestructura y la segunda al modelo ferroviario en cuanto a las
infraestructuras que el Bloque Nacionalista Galego considera que se debía aplicar en nuestro país a partir incluso del propio modelo del Gobierno.
En relación con el primer tema, la semana pasada advertíamos que la reducción del número de usuarios del ferrocarril en Galicia se producía precisamente en los casos de los trenes regionales, aquellos que estaban siendo más utilizados,
prácticamente por seis millones de personas. ¿Por qué se producía esta reducción? Sin duda, porque el funcionamiento del sistema, aun teniendo en cuenta sus limitaciones, sus grandes limitaciones, comparado con el resto del Estado, es abierta y
progresivamente deficiente. Es por eso por lo que pensamos que hay que tomar medidas para que, teniendo en cuenta el horizonte del año 2010, en este período de tiempo tan largo el funcionamiento del tren en Galicia sea lo menos malo posible. Es
por eso por lo que pensamos que se debería tener en cuenta que el hecho de actuar sobre la actual vía entre A Coruña y Vigo modernizando las infraestructuras habría que planificarlo suficientemente bien para que no se interrumpiese un servicio ya de
por sí muy deficiente. Recuerden que se tarda tres horas en llegar de Vigo a A Coruña, apenas 165 kilómetros, o bien en trenes rápidos, en los que se tardan dos horas y veinte o treinta minutos. Si ahora hay dificultades por el estado de las obras
que llaman de alta velocidad, que no lo son, para colocar un segundo carril al lado del viejo o hacer pequeñas variantes, tendremos cuando menos hasta el año 2007 una perturbación excesiva precisamente en el corredor más utilizado de nuestro país.
Por otro lado, no es de recibo seguir manteniendo una comarca de 500.000 habitantes, como la que constituyen A Coruña y Ferrol, sin integrarla por ferrocarril. Solamente haría falta el esfuerzo de que gran parte de los trenes que salen de A
Coruña para Vigo tuviesen su punto de origen en Ferrol y no habría problema de ningún tipo aun contando con el mismo material. Además, la integración de la Galicia interior en unos servicios de cierta calidad puede ser posibilitada gracias a unas
mejoras relativas que se han realizado en la línea entre Ferrol-Betanzos-Lugo-Monforte y que podrían producir la reducción de tiempos de viaje que cuando menos posibilitase que los 200 kilómetros de distancia que hay entre cualquiera de las dos
ciudades, Ferrol o A Coruña, con Monforte se pudiese realizar en dos horas y media, y no en las tres actuales. Y qué decir del tan demandando apeadero de Elviña, donde está la Universidad de A Coruña, por el que pasa el tren justo a 50 metros de
las facultades y no hay manera, a pesar de la predisposición incluso del rectorado a poner una parte del dinero, de que se pongan de acuerdo de una vez por todas para hacerlo y posibilitar que los estudiantes que vienen de Ferrol, de Betanzos o de
Lugo puedan bajarse en ese apeadero, cerca de sus facultades, para dinamizar y potenciar el tren antes de esperar a tener un modelo algo aceptable en el año 2010. O qué decir de la falta de relación transversal de la Galicia costera con la Galicia
del interior. Es necesario que las ciudades de Vigo y Pontevedra tengan comunicaciones más frecuentes con Lugo y con Ourense, igual que el mismo Santiago, y, por qué no decirlo, posibilitar una mayor relación con El Bierzo y con todo la Comunidad
de Castilla y León. Señorías, hoy en día muchos viajeros de trenes regionales tienen que abandonarlos porque ven que se quedan con un palmo de narices cuando intentan coger un tren regional que llega a la estación de Monforte con cinco minutos
escasos de diferencia para transbordar al expreso que va camino de Hendaya y de Euskadi y no pueden cogerlo porque el tren llega siete minutos más tarde. Solamente hay que tener la voluntad de que ese cruce se pueda realizar y que RENFE se
comprometa a que esos billetes
tengan siempre validez dejando un margen de maniobra algo mayor. O por qué no citar que ciudades como Ferrol y Lugo están sin una relación directa diurna con Madrid. Por cierto, alabo que se haya puesto un servicio de Talgo desde Algeciras
hasta Madrid, pero ¿no tienen este derecho las ciudades de Lugo y Ferrol? ¿Tenemos que seguir montándonos obligatoriamente en autobuses o ir a A Coruña para poder hacer un trayecto diurno? ¿ Y cuándo se va a poner un material adecuado para la
relación transfronteriza Vigo-Porto, que realmente parece una caravana del oeste? ¿Es que esa relación transfronteriza no merece estar mejor tratada y figurar en todos los equipos informáticos de RENFE, en los que, por supuesto, no figura?
Señorías, yo creo que es muy poco pedir que se hagan estas ligeras mejoras en un período de diez años, hasta el año 2010.
La segunda parte de la moción se refiere al modelo ferroviario. Nosotros seguimos siendo fieles al modelo aprobado por unanimidad del Parlamento de Galicia en 1995, con ligeras mejoras o retoques para hacer un modelo coherente, es decir,
interoperativo en toda Galicia; un modelo que merezca, cuando menos en los itinerarios fundamentales, el nombre de alta velocidad, y no solamente por motivos de carácter administrativo. Para eso pedimos que haya doble vía -poco pedir- y
electrificación en todos los itinerarios que el Gobierno califica de alta velocidad y, en concreto, que el eje atlántico Ferrol-A Coruña-Vigo-frontera portuguesa esté acabado en el año 2007, incluida la catenaria, que la dejan para el año 2010.
Por otra parte, pensamos que no es de recibo que acabe un itinerario de alta velocidad en Monforte y que no se lleve, aunque sea con vía única pero modernizada, claramente mejorada, hasta Monforte. ¿Por qué vamos a dejar El Bierzo, una
relación fundamental para el ferrocarril, o la relación de Galicia con toda la meseta norte? ¿Es que para ir a Burgos o para ir a Barcelona hay que ir forzosamente a Valladolid, por Zamora, o para ir a León vamos a tener que seguir montados en un
tren antediluviano? ¿Y por qué no, señorías, continuar el itinerario de una vía electrificada desde Lugo hasta Betanzos para empalmar con el itinerario de alta velocidad del eje atlántico? Pensamos que igual que los proyectos transfronterizos de
Barcelona-frontera francesa o Madrid-Vitoria-Dax se toman como proyectos prioritarios, el trayecto Vigo-Oporto debe merecer esta consideración del Gobierno. Nosotros pedimos en todo caso que se mejoren sensiblemente las velocidades medias en todo
el itinerario hasta Madrid o hasta Lisboa para que pueda ser un modelo homólogo, no decimos similar, igual, idéntico u homogéneo, sino homólogo a los modelos de itinerario que se están implantando en el resto del Estado español. Igual que esperamos
que la relación intermodal con los puertos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez, su tiempo ha concluido.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nada más. Esperamos el modelo asturiano para Galicia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Cerviño.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Por enésima vez debatimos en este Pleno sobre el tema de la alta velocidad en Galicia y los argumentos se repiten por un Gobierno que nos quiere presentar una realidad virtual sobre las infraestructuras ferroviarias de nuestra tierra. Un
argumento tenaz y repetido no se convierte en verdadero a fuerza de repetirlo porque hay ciertas realidades que destruyen ciertas lógicas. Ya se han dado los datos, pero hay que añadir más cosas. Cuando el Gobierno socialista presidido por Felipe
González implantó la alta velocidad en España, es decir, la modernidad en el corredor Madrid-Sevilla, nos presentó el escaparate que deberíamos mirar para los futuros modelos de alta velocidad en España y además, como no podía ser menos, el modelo a
superar. Con ese ánimo presentamos aquí una enmienda de adición a la moción que discutimos. Nuestro tono es crítico, pero al mismo tiempo queremos ser constructivos. El problema es que la moción que se discute está dividida en dos partes y
solicita en su mayoría el cumplimiento de un acuerdo parlamentario en Galicia que se hizo tres años después de la inauguración del AVE Madrid-Sevilla. Y ahora, siete años después, seguimos esperando la mejora de la red convencional ferroviaria y
nos encontramos además con el problema de la velocidad.
Señorías, el futuro acucia y no tenemos solución. La moción plantea, como se ha dicho, en conjunto dos cuestiones: servicios y obras, y nosotros creemos que hay que distinguir conjuntamente entre el ayer, el hoy y el mañana. Creemos que
el ayer y el hoy se confunden en la realidad, porque no notamos ningún adelanto -ya sé que hay convenios, inauguraciones de traviesas, etcétera-, y el mañana se nos presenta incierto y a muy largo plazo, con un modelo de alta velocidad muy
conservador. No tenemos claro el proyecto y mucho menos la finalidad de la alta velocidad en Galicia.
La alta velocidad es una fuente de riqueza; la modernización de la red convencional también; la interoperatividad necesaria en algún tramo y la
intermodalidad, una obligación. Pero, pese a los argumentos empleados recientemente por el señor Cascos, nos mostramos escépticos. Es cierto que va haber doble vía en el eje Atlántico, pero ¿a qué velocidad? ¿Será una velocidad competitiva dentro
de 10 años? ¿Qué frecuencias habrá en esas líneas?
También es cierto que está dibujada una red en todas las direcciones. ¿Por qué esconden la discusión de un
proyecto con el hecho de que antes no había planes de alta velocidad en Galicia? Asuman ustedes que llevan en el Gobierno seis años y más de diez en Galicia y que gobernar significa hacer. ¿Y qué han hecho? Dedicar este año en los
Presupuestos Generales del Estado 3.000 millones de pesetas a estudios en la línea de alta velocidad a Galicia, no en Galicia, y utilizar el dinero de la Xunta de Galicia para encubrir su falta de esfuerzo presupuestario,
Me gustaría recordar hoy al señor ministro el hecho de que los trazados saldrán del debate cívico institucional, como él mismo quería. ¿Qué debates se han hecho? ¿Se ha aceptado alguna propuesta? Porque han de saber ustedes que ha habido
propuestas, alegaciones, entrevistas, etcétera, que no han surtido ningún efecto salvo el de anunciar reducciones en los tiempos de viaje, de acuerdo con la presión social que se les venía encima. Van a hacer ustedes 231 kilómetros en siete años,
doble vía en el eje Atlántico y mucha vía sencilla; graves limitaciones, por ejemplo, entre Vigo y Orense y una velocidad de 200 kilómetros para mercancías, que en otros países, como Alemania, está claramente superada.
No venimos a hablar aquí de cuestiones técnicas ni de trazados. Queremos centrar el debate político en torno al futuro de la alta velocidad en Galicia y la modernización de la red, y por eso planteamos la enmienda que en último caso es una
alternativa del Partido Socialista. Marquen plazos precisos, doten de presupuestos, debatan con los ciudadanos y desde aquí yo propondría que procuren un acuerdo, una convención, un convenio similar al que hicimos los socialistas sobre las
autovías.
Nuestra posición viene dada por la enmienda de adición. Queremos tiempos de viaje inferiores a las tres horas; trazados equilibrados y cohesionados; acuerdos con los municipios para que se integren lo mejor posible todas las dotaciones
necesarias; superar la limitación de velocidad de 200 kilómetros en todo el eje Atlántico; aclarar a la mayor brevedad el modelo que va a regir el tratamiento de las mercancías y agilizar todos los planes de renovación y modernización.
Por lo visto, no se va a apoyar nuestra enmienda, que creemos muy razonable. La votación dejará constancia del error: el PP, por omisión y aceptar lo inaceptable, y el Bloque, por no ser valiente en la defensa de la alta velocidad hasta
sus últimas consecuencias y quedarse en la repetición de un acuerdo de 1995, que se acuerda o ya acordado.
Nosotros votaremos a favor, indudablemente, pero con la conciencia de que la moción es incompleta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernández Cerviño.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, anuncio nuestro respaldo a la moción que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego.
He escuchado con respeto las intervenciones tanto del portavoz del Bloque Nacionalista Galego como del Grupo Parlamentario Socialista, y me han recordado muchos de los problemas y de las bondades que el AVE produjo en la comunidad autónoma
por la que uno lleva muchos años trabajando y peleando. Es evidente que el tren de alta velocidad, el AVE, representa una gran inversión, algunas veces mucha más de la presupuestada, y que introduce, como su propio nombre indica, una alta velocidad
muy competitiva con respecto al ferrocarril convencional y a otros medios de transportes y también tiene una serie de elementos que algunos llaman modernidad. Pero no es menos cierto que al actuar sobre una estructura ferroviaria antigua, obsoleta,
desmembrada, con un ancho de vía distinto al que utiliza el AVE y sin haber estudiado las interconexiones por las que la alta velocidad va cruzando y rompiendo como un bisturí las vías comerciales, los beneficios del AVE, que desde el punto de vista
del transporte, de tiempo o comercial son innegables, se ven muy aminorados.
Parece como si hubiera un ferrocarril de alta velocidad para una minoría que puede pagar con tarjetas de plástico y que tiene unos determinados medios y una cierta
capacidad económica, y otra vía ferroviaria antigua que tiene, no ya materiales de finales del siglo XX, sino incluso en algunos casos de los años cincuenta.
Por lo tanto, señorías, partiendo de los aciertos -que los hubo- en el AVE andaluz, en el AVE Madrid-Córdoba-Sevilla, y también de los errores -que también los hubo- como el hecho de que entrara como un elefante en una cacharrería en una
estructura ferroviaria, insisto, obsoleta y que acababa de sufrir el impacto de los cierres mediante decreto de las líneas altamente deficitarias, habría que mejorar lo que en su momento se hizo bien y corregir lo que indiscutiblemente se hizo mal.
Creo que la moción que presenta el BNG es muy medida, muy seria y muy realista, porque Galicia, como Andalucía, como Castilla y como Valencia, es mucho más, desde un punto de vista de interconexión, desde un punto de vista ferroviario y
desde un punto de vista del transporte, que aquellas dos delgadas líneas ferroviarias de la alta velocidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Al analizar la moción, nuestro grupo ve muy claramente en el esquema que presenta el señor Rodríguez
dos puntos claves que están muy bien diferenciados. Cada uno de estos dos puntos está subdividido en nueve epígrafes. Estamos de acuerdo con el primer punto por cuanto todos los epígrafes se refieren a distintas solicitudes o instancias al
Gobierno, sobre todo para mejorar los servicios que se están realizando dentro de la red ferroviaria que actualmente existe en Galicia. Son unos servicios que están relacionados con la explotación comercial, dependientes de RENFE. Aunque RENFE sea
del grupo Fomento, son un tipo de servicios sobre los que influye directamente RENFE. Esta compañía debe actuar con la misma independencia que en otros temas y aquí, por su cuenta, sin necesidad de grandes actuaciones o decisiones del ministerio,
puede solventar mucha de la problemática que Galicia tiene en el funcionamiento del servicio ferroviario que actualmente existe.
El segundo punto -que también tiene sus nueve epígrafes- se refiere sobre todo a circunstancias relacionadas directamente con las infraestructuras del Ministerio de Fomento, muchas de las cuales, como fue explicando el señor ministro, ya
están en marcha o en proyecto dentro de corredores de alta velocidad o bien son objeto de mejoras de otro tipo. Hay que tener en cuenta, además, que incluso cuando hay corredores de alta velocidad y ancho de vía europeo, nos encontramos con que en
anteriores estudios del Plan Director de Infraestructuras para Galicia -anteriores al año 1996- no se consideraba prácticamente nada, simplemente había un esquema de tres líneas de actuaciones complementarias. Por lo tanto, pedimos votación
separada de los dos puntos y daremos nuestro apoyo al primero.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, posiciono al Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción del Grupo Parlamentario Mixto, anunciando nuestro voto negativo por las razones que argumentaré en este brevísimo espacio
de tiempo del que dispongo.
Como decía el otro día muy bien el ministro de Fomento, señor Alvarez-Cascos, Galicia es la comunidad autónoma que, afortunadamente, tiene los compromisos temporales y presupuestarios más concretos de todos los que el Ministerio de Fomento
tiene en relación con la alta velocidad y la red convencional. Está recogido en convenios entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento, que están publicados en el Boletín Oficial del Estado, y en planes de infraestructuras como el Plan de
infraestructuras 2000-2007, que está perfectamente documentado; convenio que obliga a las partes hasta el año 2007 a ejecutar una inversión de 962 millones de euros en el acondicionamiento del eje atlántico y de 246 millones de euros en el
acondicionamiento de la red convencional.
Recordemos que vamos a actuar sobre 682 kilómetros nuevos de alta velocidad y a modernizar los 1.050 kilómetros de la red convencional actualmente existente.
Usted se ha referido, señor Rodríguez, a la red convencional. Por citar algunas de las importantísimas inversiones que se han ejecutado y que continúan ejecutándose, en la línea Ourense-Monforte-Lugo se ha actuado con una renovación parcial
de la vía, están operativas ya obras desde Sarria a Lugo, se está actuando en el puerto seco de Monforte, se está trabajando de Monforte a Sarria y va a quedar una vía perfectamente dotada para la salida de las mercancías, lo que preocupa mucho a
los gallegos. El puerto seco de Monforte se va a convertir en una plataforma que va a contribuir al desarrollo intermodal de los puertos y de las obras de infraestructura en general de Galicia. Podría hablarle a usted también de la renovación de
las obras de Lugo-Betanzos-A Coruña-Ferrol, donde ya están operativas desde Cuntis hasta Ferrol y donde se están ejecutando obras desde Lugo hasta Cuntis. Es decir, la ejecución de obras en la red convencional no es una quimera, es una realidad
operativa, como usted también constata en el texto de su moción.
Por lo que respecta a la referencia que usted hace a los puertos gallegos, todos tienen comunicación ferroviaria excepto uno, el de Marín, pero, gracias a la actuación decidida del Gobierno del Partido Popular, ésta se va a iniciar dentro de
muy pocos meses, aunque les pese a muchas plataformas auspiciadas por su formación política.
Por lo que se refiere a la red de alta velocidad, como le decía el señor ministro de Fomento el otro día, nos vamos a regir por esa normativa de interoperabilidad europea adaptada a la normativa española, que es la que vincula, y con arreglo
a ella definiremos el número de vías necesario para asegurar en todo momento la capacidad y para responder a la demanda existente. En el eje atlántico, 237 kilómetros en doble vía, electrificado y con ancho internacional, señor Rodríguez, y hace
muy pocos días, al día siguiente de estar usted interpelando al ministro, nueva licitación de un tramo, en este caso de la variante de Bregua, 63 millones de euros; asegurada también, contrariamente a lo que usted dice, la conexión viaria con
Portugal, Vigo-Porto. Muy pronto se determinarán los estudios de viabilidad y se resolverá el concurso para poder acometer esta importantísima comunicación. Está definido también, señor Rodríguez, el eje troncal de entrada de la alta velocidad a
Galicia y perfectamente definidos los tres ramales desde mi ciudad, Ourense, que partirán hacia Vigo por el Miño, hacia Monforte (Lugo) y hacia Santiago. Por lo tanto, el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular aquí y el Gobierno del
Partido Popular en Santiago están en condiciones de asegurar, primero, la mejora de la red integral convencional gallega; segundo, la conexión ferroviaria de las siete principales ciudades
gallegas con Madrid en menos de cuatro horas; tercero, la intercomunicación en alta velocidad entre las ciudades gallegas, y cuarto, la conexión con el eje atlántico en parámetros de alta velocidad.
Señor Rodríguez, éste es un plan serio, con apoyo presupuestario. ¿Es un plan serio el del Bloque Nacionalista Galego? ¿Es un plan serio que se dé el espectáculo que se acaba de dar en la ciudad de Vigo, donde los regidores de Vigo y
Pontevedra del Bloque Nacionalista Galego han defendido la opción en L, excluyendo la entrada a Santiago de Compostela? ¿Es una opción seria la que defendía la portavoz nacionalista del Ayuntamiento de Santiago, que decía que no era admisible el
planteamiento localista de sus compañeros de Vigo y Pontevedra y que lo razonable era el plan del Ministerio de Fomento? ¿Es una posición razonable la del alcalde de Ferrol, que defendía el plan de fomento o es un plan razonable el de la portavoz
del BNG en el Ayuntamiento de Lugo, que defendía la entrada por Monforte? Eso no es un plan serio. Nosotros hemos refrendado nuestro plan ferroviario ante las urnas en el mes de octubre. El pueblo gallego nos ha dicho: Creemos en vosotros,
apostamos por vuestro proyecto. Y nos ha dado mayoría absoluta.
Respecto al planteamiento socialista sobre la alta velocidad y su calificación de escaparate respecto a lo que se ha hecho en Andalucía cuando aquí no se planificó ni un solo kilómetro de alta velocidad, es simplemente para decir: sin
comentarios. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Señor Rodríguez, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presenta por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, no la aceptamos para que se puedan votar por separado los puntos primero y segundo.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Gracias.
Sometemos a votación, en primer lugar, de acuerdo con la petición formulada por el grupo proponente y también por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el punto primero del texto de la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
que comprende los apartados desde la letra a) hasta la letra i), ambos inclusive.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261, a favor, 109, en contra, 151, abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el referido apartado.
Votamos a continuación el apartado segundo del texto de la moción, que comprende las letras de la a) a la i).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259, a favor, 102; en contra, 150; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.
(Número de expediente 173/000124.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad en el transporte.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Contreras.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el miércoles de la semana pasada el Grupo Parlamentario Socialista interpeló al Gobierno sobre las medidas a adoptar para mejorar la seguridad en el transporte viario y ferroviario. Según todos los indicadores empleados como
índices de siniestralidad, el número de fallecidos por cada cien mil habitantes o número de fallecidos por millón de vehículos y kilómetros, España está a la cola con relación a la seguridad en el tráfico viario, excepción hecha de Grecia y
Portugal. El Libro Blanco del transporte de la Unión Europea marca el objetivo de reducir la siniestralidad de las carreteras comunitarias a la mitad en los próximos diez años. Para ello propone actuaciones en dos frentes: armonización de las
sanciones y fomento de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad vial. En este sentido no encontramos en la contestación por parte del Ministro de Fomento, que respondió en nombre del Gobierno, ninguna medida tendente a conseguir este
objetivo. Por esta razón, la moción que presentamos como consecuencia de la interpelación dedica sus primeros cinco puntos a sugerir una serie de medidas que, de ser adoptadas, mejorarán la seguridad viaria. Proponemos que se establezca un plan de
aplicación de la telemática y demás tecnologías de la comunicación e información, lo que se ha venido en llamar sistema inteligente de transporte, a la circulación urbana e interurbana en España, con objeto de dotar a las infraestructuras viarias de
aquellos sistemas avanzados de apoyo a la circulación que mejoren la seguridad.
Simultáneamente, se debe incentivar la participación española en los proyectos europeos de seguridad en el transporte, con especial incidencia en los integrados en el
programa de inversiones multianual, denominado MIP, que persigue los siguientes objetivos: mejorar la garantía de seguridad, mejorar la eficacia en el transporte, alcanzar una movilidad duradera y procurar la compatibilidad del transporte y
el medio ambiente.
Un elemento especialmente sensible en caso de accidente son los túneles.
En las carreteras españolas existen más de 100 kilómetros de túneles, en los que es preciso garantizar la seguridad de forma específica. En la moción pedimos la
elaboración de un informe sobre iluminación, circuito cerrado de televisión, señalización variable, detección de humos e incendio, ventilación, extintores y salidas de emergencia en cada uno de los túneles de las carreteras y red ferroviaria de
España.
Creemos necesario cambiar la metodología de estudio de puntos negros o, más recientemente, tramos de concentración de accidentes por la de puntos blancos, tramos de 25 kilómetros de carretera en los que no se ha producido ningún accidente en
un mínimo de cinco años, como método para construir carreteras más seguras y mejorar las características de seguridad de las ya existentes.
Señorías, según la Asociación Española de la Carretera, la red de carreteras del Estado, integrada por 24.105 kilómetros, y en la que se concentra el 73 por ciento de vías de alta capacidad, necesita, según el resultado de una evaluación
visual de los años 1997 y 1999, una inversión extra de 121.000 millones de pesetas. La red autonómica, integrada por 70.837 kilómetros, necesita una inversión extra de 273.000 millones de pesetas. Se necesitan casi 400.000 millones de pesetas para
poner las carreteras, la red nacional y la autonómica, en condiciones óptimas. El presupuesto destinado por Fomento a la conservación de carreteras para el año 2002 será de 90.450 millones de pesetas, cantidad claramente insuficiente, según
expertos en el tema, tanto por el estado actual de la red de carreteras como por la cantidad de kilómetros a conservar.
Recordemos que el incremento para carreteras en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 ha sido de un 4 por
ciento, mientras que para el ferrocarril ha sido del 16 por ciento y para aeropuertos del 40 por ciento, a pesar de que el 80 por ciento del tráfico se produce en la carretera.
Finalmente, en el apartado de seguridad viaria proponemos que se apruebe un plan extraordinario, con su correspondiente dotación presupuestaria, de mejora de firme, de señalización vertical y horizontal, de barreras metálicas y balizamiento,
que homologue nuestras carreteras en materia de seguridad a las de la Unión Europea.
Señorías, más exhaustiva fue la intervención del ministro en seguridad ferroviaria. Sin embargo, en el tema de pasos a nivel estimamos que es necesaria una programación temporal y económica para la supresión de los 800 pasos a nivel que
incumplen la normativa vigente de seguridad. El reciente cambio en la normativa, que afecta a la supresión de pasos a nivel, estableció un límite más riguroso de seguridad para la eliminación de pasos a nivel, pero si no se dotan las partidas
presupuestarias necesarias se convertirá en papel mojado. Por ello, entendemos necesaria la aplicación de un plan que establezca un plazo límite para la supresión de todos los pasos a nivel cuyo momento de circulación supera el máximo establecido
por la norma.
No hizo el ministro ningún comentario sobre el accidente de Torredembarra, a pesar de haber transcurrido diez días en el momento del debate. Por ello, en la moción pedimos la presentación de un informe técnico explicativo de las causas que
motivaron la colisión ocurrida el pasado 30 de marzo en el municipio de Torredembarra entre un tren Euromed procedente de Alicante y un convoy regional que, procedente de Tortosa, se dirigía a Barcelona.
En el punto octavo solicitamos la presentación de un plan de seguridad que implique la implementación de nuevas medidas de refuerzo de los sistemas de señalización y control en las estaciones en las que coexisten trenes de velocidad alta con
los convencionales de la red del corredor ferroviario del mediterráneo. Asimismo, se hace necesario el compromiso serio del Ministerio de Fomento en el sentido de impulsar la construcción de la red ferroviaria Catellón-Perafort simultáneamente a la
del tramo Lleida-Perafort...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras, su tiempo ha terminado. (Aplausos.)
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, voy a ser breve. En primer lugar, quiero manifestar el acuerdo general con la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que ha sido defendida. No obstante, nosotros entendemos que
puede mejorarse y enriquecerse con una serie de aportaciones. Voy a comenzar por la última de ellas. Creo que tiene un pequeño vicio, y es que se está planteando continuamente que se hagan informes, estudios y planes, pero no se encausan, no se
dice hacia dónde se deben remitir, dónde deben ser estudiados, dónde se deben sustanciar y, a partir de ahí, producir los efectos beneficiosos que se supone tienen que producir sobre el tema de la seguridad. Nosotros hemos planteado que en ese
plazo prudencial, los estudios, planes e informes se remitan a este Congreso de los Diputados para su análisis y discusión.
Hay un segundo elemento del que todo el mundo se acuerda, como de Santa Bárbara o de Santa Rita cuando truena -es lo mismo Santa Bárbara que Santa Rita a efectos santorales-, me refiero a plantear el tema de la seguridad de los ciclistas y
de aquellos conductores que a la salida de una curva, después de un adelantamiento, en el cruce de una carretera, se encuentran con un grupo, más o menos numeroso, de ciclistas que
están haciendo deporte o participando en una competición. Nosotros lo que planteamos es que, de la misma manera que en las grandes ciudades se está realizando -no con la presteza necesaria- la construcción y el desarrollo de carriles bici,
se vayan adecuando también tramos para carriles bici en las carreteras nacionales, con el fin de dotar de mayor seguridad a los que practican el ciclismo, así como dotarnos de una red de fomento y práctica de ese deporte.
En tercer lugar, de la misma manera que las administraciones competentes en la materia realizan en las vías urbanas e interurbanas una red de puntos negros, nosotros planteamos que las autoridades y las administraciones competentes realicen
una aportación de datos sobre puntos blancos en las vías urbanas e interurbanas, de aquellas zonas donde no hay riesgos, donde no hay presencia de accidentes, lo cual viene a demostrar la idoneidad y la bondad de esa determinada vía.
Son tres enmiendas que vienen a enriquecer, desde la humildad, como no podía ser menos, la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y esperamos que las puedan incorporar a su moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta moción podríamos decir que está dividida en grupos, los cinco primeros dirigidos a la seguridad en las carreteras, pero a mí me parece que no concuerdan con el verdadero desarrollo de la interpelación, donde hubo un buen diálogo entre
el señor Segura, interpelante la semana pasada, y el ministro. El propio interpelante decía que no había tiempo suficiente y que sería muy interesante poder debatir en la Comisión de Infraestructuras sobre un tema tan relevante, que incluso está
siendo debatido en el Senado en una ponencia específica creada al efecto. El ministro también corroboraba que sería interesante establecer algún día un debate sobre todo este amplio campo de los sistemas inteligentes de seguridad. En la moción se
nos habla de sugerencias, pero en realidad lo que se hace es aplicar imperativos.
La segunda parte, en la que quiero detenerme algo más, se refiere al tema ferroviario. Nuestro grupo se queda atónito con lo que se dijo el otro día y lo que se dice hoy. El otro día se venía a decir que el tren que tuvo el accidente, el
Euromed, circulaba a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Son muchos los pronunciamientos de los ayuntamientos de la zona. Tengo un informe muy extenso que han preparado los diputados socialistas por la provincia de Tarragona, un informe del
Partido Socialista catalán, quejándose de la forma en que está proyectada toda la línea del corredor del Mediterráneo. Sería interesante que los señores diputados socialistas de la demarcación de Tarragona consultasen las páginas, desde la 146 a la
154, de su Plan director de infraestructuras de 1993 al 2007 y verían que el corredor del Mediterráneo estaba considerado una adecuación de líneas y que por tanto no había ninguna variación en el trazado. Eso sí, con velocidades de 200 a 220. En
consecuencia, es incomprensible lo que se dice.
Nos parece de gran desvergüenza, para decirlo de una manera categórica, que incluso el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento catalán haga unas declaraciones publicadas en medios diciendo que el culpable del accidente de un choque de
trenes era el Gobierno de Cataluña. Es incomprensible pedir lo que se pide muchas veces, que es rigor, y ya que el tren pasa por la vía, que es el símil de que el Pisuerga pasa por Valladolid, se pide un compromiso del Ministerio de Fomento en el
sentido de impulsar la construcción de la red ferroviaria Castellón-Perafort. ¿Y qué es el corredor del Mediterráneo que se está construyendo? ¿O es que no lo ven? Además, simultáneamente, se pide el tramo Lleida-Perafort, y se está construyendo
actualmente mucho más allá de Perafort, ya entrando en la provincia de Barcelona. Y se olvidan de que desde Perafort hay que ir a Barcelona y hay que ir hasta la frontera francesa. Verdaderamente es incomprensible la manera en que se llevan estos
temas desde el Grupo Socialista, al menos desde el Grupo Socialista catalán.
Yo quisiera decir de todas maneras que, cuando se pidió el informe técnico explicativo, el ministro contestó que estaba a punto de llegar el informe oficial. Precisamente hoy RENFE, en una rueda de prensa, ha comentado cuáles fueron las
causas del accidente y lamentablemente parece ser que fue un fallo humano. Lamentamos mucho la falta de cortesía que tiene RENFE en algunas ocasiones con esta Cámara. Porque no le hubiese costado nada a la presidencia de RENFE, que esta mañana ha
celebrado una rueda de prensa, haber hecho llegar a los portavoces de los distintos grupos alguna información de lo que iban a presentar, más siendo un tema que sabían que se debatía hoy. Dicen que piden la comparecencia del presidente de RENFE en
esta Cámara, cuando esa comparecencia está pedida por nuestro grupo desde el día siguiente al trágico y fatal accidente.
Después de todo esto, nosotros no podemos votar la moción que hoy se nos presenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López- Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señorías, comparezco para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta moción consecuencia
de interpelación, presentada en su día por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad en el transporte. Ello me da motivo para evocar la primera intervención que tuvo el ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, en su primera
comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras en este Congreso el 15 de junio de 2000, donde estableció que el leitmotiv principal de su actuación iba a ser la seguridad con carácter general y la seguridad en el transporte.
En la moción se puede percibir claramente, como ya se ha dicho, que hay dos vertientes claras. Una es la seguridad viaria y otra es la seguridad ferroviaria. Se ha dicho también de alguna manera que el Gobierno estaba dando la espalda a
todas las nuevas tecnologías que hacían posible un incremento de la seguridad en el transporte. Y eso hace que nuestro grupo tenga que votar necesariamente en contra de esta moción. Porque el Gobierno no sólo no ha dado la espalda a esas nuevas
tecnologías, sino que participa activamente en todos los foros internacionales que están analizando y desarrollando estas nuevas tecnologías. En este momento nuestro país preside, desde el año 2001 y a través de la Dirección General de Tráfico,
alguna de esas asociaciones internacionales, como ITS Europa y Ertico. Ello hace que el próximo año se vaya a celebrar aquí un congreso internacional sobre seguridad. También hay que decir que, a través de la Dirección General de Tráfico, se
participa en el proyecto Pista y en la red telemática 6D. Asimismo existen diferentes comités técnicos referidos a esta seguridad en el transporte, como todos los que están creados alrededor de Aenor, que va a certificar y a homologar esas
calidades en la seguridad.
Desde el punto de vista presupuestario, que es muy importante, existe una partida de 1.800 millones de pesetas -todavía hablaré en pesetas- en el año 2002, para mejorar la seguridad en diversos tramos viarios de la red de alta capacidad, en
concreto, en los túneles de Somport y Viella. Y dentro de actuaciones de ITS, se encuentra el control integrado en los túneles como un objetivo prioritario de este Gobierno. En cuanto a los ferrocarriles, la seguridad en los túneles, dentro de
este control integrado del que hablaba antes, es mucho más importante que en el tráfico viario por ser un tráfico guiado, lo cual incrementa de forma estructural y automática esa seguridad. Otro de los objetivos de este Gobierno es la seguridad en
el interior de los túneles y se están tomando medidas para incrementarla de forma eficaz. Se están dotando de luces de emergencia los túneles de cercanías de Madrid, de Barcelona, incluso algunos de Málaga-Fuengirola, y también se está dotando a
todos los túneles de tráfico ferroviario de planes de emergencia.
Hay que señalar que, como derivación del plan de infraestructuras 2000-2007, el ministerio ha constituido un grupo técnico de trabajo para definir la normativa de seguridad en los túneles. Ello es importante porque con las conclusiones
incrementará en su día toda la seguridad necesaria para nuestros ciudadanos. También la participación española en el MIP de ayudas europeas a redes transeuropeas, que se concreta en la realización de estudios y proyectos en determinados corredores.
Aunque sea todavía en fase experimental, se está colaborando y se está haciendo con una participación activa por parte de la Administración española.
Quiero señalar que el ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, en sus comparecencias ante la
Comisión de Infraestructuras y en concreto en la de 17 de enero de 2001, señaló el compromiso de suprimir durante esta legislatura 800 pasos a nivel. En los dos años que llevamos de legislatura se van cumpliendo los calendarios: se han suprimido
160 pasos a nivel y en el 2002, 202, y esperamos que se complete el objetivo propuesto para esta legislatura.
Por último, la existencia de trenes que circulan por una misma línea no debe plantear problemas de seguridad sino de capacidad, y este problema, que es de capacidad...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Amor. Su tiempo ha concluido.
Señor Contreras, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señora presidenta, la enmienda tiene tres apartados. El primero, que se refiere al punto 4, dice de modificación, pero en realidad lo que hace es añadir: en colaboración con las administraciones competentes...
-lo cual es obvio y por tanto aceptamos-... de nuestras vías urbanas e interurbanas. Y al final se añade: accidentalidad y atropellos. O sea que la aceptamos tal cual, aunque en realidad son esas tres adiciones. La enmienda al punto 5 bis,
relativa a crear tramos con carriles bici, evidentemente complementa nuestra propuesta y la aceptamos. Y la última, que es añadir un nuevo punto noveno, tenía ocho la moción, también creemos que es oportuna, para que no ocurra que se den ruedas de
prensa y no tengamos el conocimiento de lo que ha ocurrido en el Congreso.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras. (Pausa.)
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad en el transporte, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 96; en contra, 155.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN PALESTINA. (Número de expediente 173/000125.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con la escalada de violencia en Palestina.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, desde que celebramos el pasado miércoles el debate en torno a la interpelación que presentamos, el Estado de Israel continúa la ocupación del territorio de la Autoridad Nacional
Palestina, continúa la masacre de civiles, continúa la destrucción de todas las infraestructuras y continúa en suma la eliminación definitiva de la estructura civil palestina. También han ocurrido desde el miércoles cosas que consideramos
importantes: una de ellas es que Sharon se niega a cumplir la legalidad internacional, a pesar de la petición reiterada de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo se ha producido la condena del terrorismo por la Autoridad
Nacional Palestina, cosa que no es nueva pero que es bueno referir, porque parece que la semana pasada se ponía en duda. Ha ocurrido igualmente que Sharon -el Estado de Israel- ha despreciado una vez más a la Unión Europea y esta vez lo ha hecho
con toda contundencia y con toda gravedad.
Decíamos la semana pasada, y hoy tenemos que repetirlo, que nadie puede permanecer en silencio, que nadie puede permanecer impasible, sin acabar convirtiéndose en cómplice de esta situación. Lo que está ocurriendo en Palestina es una
vergüenza para toda la humanidad, una verdadera vergüenza para todos los hombres y mujeres de bien; pero también es la evidencia del fracaso del método Bush para acabar con el terrorismo.
Sharon lo ha dicho y lo ha repetido, que no hace ni más ni
menos que cumplir el método Bush para acabar con el terrorismo, que es ni más ni menos que la matanza y que es ni más ni menos que las ocupaciones militares. Es también importante decir que fracasa ese método, primero porque es éticamente
reprobable utilizar la excusa del terrorismo para masacrar poblaciones civiles, pero también porque además es sencillamente ineficaz. Nadie piensa que de esta manera se pueda acabar el terrorismo.
Al contrario, con estos métodos lo único que se
hace es acrecentar la espiral de la violencia.
Es importante por eso que en este momento, frente a esta situación, frente a esta intransigencia del Estado de Israel, hagamos todos los esfuerzos, en primer lugar, por reforzar el papel de la sociedad civil, por reforzar la Autoridad
Nacional Palestina, porque es el único instrumento que posibilitaría la paz. Si al final Sharon cumple su objetivo y elimina cualquier vestigio de autoridad civil palestina, solamente quedará odio, solamente quedará más violencia y solamente
quedará más terrorismo. Es importante que salga reforzada la Autoridad Nacional Palestina, pero también es importante que salga reforzada la Unión Europea, que ha sido despreciada por el Estado de Israel y muy concretamente por Sharon. Es
importante que salga reforzada en la medida en que es el único elemento que puede contribuir en estos momentos a una salida equilibrada del conflicto. Desde Izquierda Unida no tenemos ninguna confianza en que los Estados Unidos jueguen un papel
determinante, no tenemos ninguna confianza en que los Estados Unidos contribuyan positivamente a la resolución del conflicto. Nosotros creemos que la Unión Europea tiene que tener más valentía, tiene que tener más arrojo y tiene que cumplir con su
misión. No es bueno, señorías, que la Comisión desautorice al Parlamento Europeo. Cuando hablemos de Europa volveremos a repetir los déficit democráticos de la Unión Europea, veremos cómo el Parlamento Europeo no tiene esa autoridad que cualquier
parlamento democrático debe tener. En este caso es mucho más grave y no es bueno que la Comisión desautorice al Parlamento Europeo porque de esta manera se está desautorizando el propio papel de la Unión Europea.
En este marco, señorías, creemos que es donde hay que trabajar y por eso nos parece positivo el acuerdo que hemos alcanzado aquí las fuerzas políticas y que va a permitir la aprobación de esta moción -espero que por unanimidad- en esta
Cámara. Es importante -eso sí, tiene sus limitaciones, no lo vamos a negar- porque empieza condenando expresamente la ocupación militar decidida por el Gobierno de Israel en el territorio bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina
así como las muertes y la destrucción que esta decisión ha provocado. Solamente con este inicio se puede tener autoridad moral para luego hablar de otros temas, solamente condenando expresamente la ocupación y condenando expresamente las muertes y
la destrucción se puede tener autoridad para luego plantear otra serie de medidas que también son importantes, como la condena de todos los atentados terroristas producidos; solamente de esta manera, al final del conflicto se podrá tener autoridad
para pedir, para exigir que haya dos Estados independientes y seguros en la zona, el de Palestina y el de Israel. Solamente desde ese inicio de condena de la ocupación militar y de las muertes se puede pedir a la Autoridad Nacional Palestina y al
presidente Arafat que continúe -como ha hecho recientemente- condenando los atentados terroristas.
Por eso, señorías, creemos que es importante el acuerdo, porque si importante es conseguir que se retiren
los tanques, que se frenen las matanzas, que se devuelva la tranquilidad a la zona, mucho más importante es pensar en el futuro. Después de la retirada israelí -una vez que hayan hecho su trabajo, una vez que hayan dejado tras de sí
destrucción y muerte- quedará un futuro, un futuro muy difícil donde va a haber centenares de hombres y mujeres frustrados, que van a tener muy fácil el camino de la desesperación. Solamente si la Unión Europea afronta la situación con decisión y
no se pliega al chantaje de Sharon puede tener autoridad para luego tratar de conseguir lo que los palestinos han conseguido con su sangre, que es el Estado palestino. Porque si Israel en algún momento pudo justificar su creación con el holocausto
judío, hoy, más que nunca, la sangre de hombres y mujeres palestinos justifica y exige la creación del Estado palestino.
Hoy, más que nunca, esa sangre derramada es la que les da derecho, una vez más, a exigir justicia y a exigir la creación de ese
Estado. Por eso, repito, es importante el acuerdo que podamos tomar hoy aquí, pero es mucho más importante que la Unión Europea y que nuestro Gobierno comprendan que solamente con la creación de un Estado palestino viable y estable puede tener
futuro la zona. Lo contrario sería, ni más ni menos, continuar con una situación que no lleva más que a recrudecer el conflicto, a aumentar las muertes, a aumentar el terrorismo y a impedir una salida pacífica a la situación.
Con la aprobación de hoy creo que hacemos un importante servicio a la paz, pero tiene que tener continuidad. Eso es lo que esperamos desde Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señora García.
La señora GARCÍA MANZANARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere sumarse a esta oportuna y necesaria iniciativa que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Hemos ofrecido una enmienda de sustitución que, sin contrariar su texto, consideramos que
amplía y recoge importantes aspectos que deben ser tratados, que deben ser considerados también en la resolución del conflicto que nos ocupa y que nos preocupa profundamente. La situación en Oriente próximo pone en peligro los avances alcanzados
hasta ahora, pone en peligro la cada vez más lejana posibilidad de una solución pacífica entre israelíes y palestinos y pone en peligro igualmente el establecimiento del área común euromediterránea de paz y estabilidad prevista en la Declaración de
Barcelona de 1995. Todos coincidimos en la gravedad y en que debemos aunar esfuerzos para romper la espiral de violencia que se retroalimenta generando más violencia. Los esfuerzos de la comunidad internacional, entre ellos los nuestros, deben ir
por tanto encaminados a lograr un alto el fuego que posibilite las negociaciones necesarias para lograr la coexistencia de los dos Estados: Israel y Palestina.
La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es amplia, contiene doce puntos, que no leeré a SS.SS., pero sí trataré de agrupar su contenido en las líneas generales de esta intervención. En primer lugar reclamamos el respeto a la
legalidad internacional y por tanto el inmediato cumplimiento de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Estado de Israel, que nació, no lo olvidemos, por decisión de Naciones Unidas, señorías, tiene derecho a
fronteras seguras y a vivir en paz con sus vecinos palestinos y la Autoridad Nacional Palestina debe corresponsabilizarse con la seguridad de Israel y adoptar las medidas necesarias para que cesen los atentados terroristas contra la población
israelí y no pueden servir como justificación de defensa ante los ataques israelíes. Y en este conflicto, ante el que nadie puede ser neutral pero sí debemos ser imparciales, como recordaba el señor Estrella en su intervención en la Comisión el
pasado 8 de abril, condenamos sin paliativos la actitud del Gobierno de Israel. Es inadmisible de todo punto la brutal agresión que está lanzando con una guerra que pretende la destrucción del territorio palestino, de sus instituciones legítimas,
de sus representantes y del pueblo palestino. Esta destrucción no puede justificarse como lucha antiterrorista, ni las detenciones masivas, ni las ejecuciones extrajudiciales. La escalada militar del Gobierno de Sharon viola el derecho
internacional y humanitario y no sólo no aporta ninguna solución eficaz a los ataques terroristas, sino que genera más violencia, genera llamamientos al odio entre los pueblos, enfrentamientos en la frontera con Líbano, actos de antisemitismo en
otros lugares y en definitiva sólo contribuye a incrementar la tragedia humana que sufren los pueblos israelí y palestino. El Estado de Israel no puede anular la operatividad de la Autoridad Nacional Palestina y de su presidente, legítimos
representantes del pueblo palestino, ni puede impedir el desarrollo de tareas humanitarias, ni puede impedir el acceso de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación ni los esfuerzos de las autoridades diplomáticas.
Instamos, por tanto, al Gobierno y al Consejo de la Unión Europea, conjuntamente con los Estados Unidos, la Federación Rusa y Naciones Unidas, que mantienen entre ellos una posición unitaria, a que promuevan una intensa actividad diplomática
en la región para lograr un alto el fuego inmediato. Pero, señorías, el nivel de degradación en la zona es tal, la tensión, el odio, el resentimiento, el dolor y los agravios constituyen tal contaminación que en estos momentos hacen imposible el
diálogo entre los Estados israelí y palestino, y ello exige una urgente solución internacional, hay
que separarlos ya. Sólo será esto posible con el despliegue de una fuerza internacional de interposición y de observadores internacionales bajo el mandato de Naciones Unidas. Pese a todo, señorías, queremos manifestar de nuevo nuestra
convicción de que la paz es posible. Los socialistas hemos criticado públicamente, junto a nuestros compañeros en la Unión Europea, la participación del Partido Laborista en este Gobierno de Israel.
Queremos seguir dialogando sobre la retirada del
ejército israelí de territorio palestino en la búsqueda de la paz duradera y no cejaremos en el empeño de utilizar todas las posibilidades de diálogo con amigos e interlocutores, israelíes y palestinos, para expresarles que no estamos condenados a
una violencia sin fin.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García Manzanares.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a esta moción que estamos tratando y, en todo caso, para intentar volver a expresar la posición política del BNG ante una situación grave que en nuestra opinión se
caracteriza básicamente, es decir, en lo fundamental, por la flagrante violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los palestinos por parte de Israel, cuyo Gobierno está llevando a cabo en los territorios administrados por la
Autoridad Nacional Palestina una campaña militar de una crueldad vergonzosa; una campaña militar que, en nuestra opinión, es la continuación y el intento de culminar una política israelí dirigida a la derrota y destrucción de la resistencia
palestina y de sus incipientes estructuras de poder, dirigida a seguir expulsando palestinos de su tierra y a conseguir por los que queden la aceptación de la ocupación, la aceptación de vivir como ciudadanos de segunda.
Creo que cada uno puede autoengañarse como quiera, puede hacer análisis y propuestas que aparenten equilibrio o incluso imparcialidad, pero sepan, señoras y señores diputados, que la imparcialidad es un proceso en el que cuando uno de los
bandos enfrentados goza de una ventaja enorme no hace más que consolidar esa ventaja y, por tanto, contribuye a mantenerla.
Israel, el Gobierno de unidad nacional, con su actuación sobre los territorios palestinos no está defendiéndose de los
ataques, está simplemente llevando a la práctica la política que siempre ha llevado; porque es Israel -y en esto quiero insistir- y no otro quien se ha negado a cumplir sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas, sistemáticamente y todas
ellas; quien también sistemáticamente obstaculizó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los palestinos sobre bases justas y razonables, justas y razonables; quien de ninguna manera quiere que se pueda crear un Estado palestino viable,
geográfica y políticamente, que permita una solución duradera y también beneficiosa para Israel, para los palestinos y para todos nosotros. Porque esta política además, señoras y señores diputados, está llevando a la población palestina a un
callejón sin salida.
Nosotros queremos decir que imparcialidad y equilibrio no es calificar, como hacen algunos, como terroristas exclusivamente las acciones perpetradas por los llamados suicidas palestinos contra la población israelí, mientras no se califica
así la política de este Estado, del Estado israelí, porque esta posición hace dudar precisamente de esa imparcialidad. Díganme si no si es o no terrorismo de Estado practicar matanzas, individuales o colectivas, de Chabra y Chatila a Yenin,
destruir las viviendas de ciudadanos, detener arbitrariamente a los mismos, practicar la tortura sistemática, la destrucción de las infraestructuras civiles, también la de información, incluso la infraestructura cultural, como por ejemplo el centro
que dirige el poeta palestino Darwish. Díganme si estas actuaciones del Gobierno israelí son terrorismo o simplemente excesos.
Ya hemos dicho en otras ocasiones que no damos por buenas las víctimas israelíes, pero eso no nos lleva a no ver que muchas más víctimas palestinas produce la política de Israel, una política que rechaza por inaceptable mucha gente, por
cierto, mucha más gente que gobiernos; no nos lleva a no ver dónde están los principales obstáculos; no nos lleva a no ver que la actual política agresiva e intolerante de cien ojos por ojo y de cien dientes por diente de Israel se sustenta en
buena parte en la inoperancia, en la falta de voluntad de forzar un arreglo cuando no la simple complicidad de la llamada comunidad internacional, porque es esa pasividad que sorprende y es objeto de crítica de muchas personas la que, insisto, hace
en buena parte posible esa política que aparentemente todos condenamos. Una pasividad y falta de contundencia que contrasta con lo acontecido, con las resoluciones adoptadas en múltiples ocasiones por esta comunidad internacional en casos
semejantes, y se lo voy a expresar de una manera gráfica. Es aquello que decía un dirigente norteamericano: que se actúa delante de un hijo de puta según sea el hijo de puta nuestro o no. En este sentido, contrasta el entusiasmo, la defensa de
los derechos humanos, en algunos casos recientes incluso llamando a la intervención militar con la prudencia y equidistancia que muestran los gobiernos en estos casos. Coherentemente, nosotros no estamos pidiendo, como en otras ocasiones, que se
bombardee Israel, no pedimos la intervención militar, simplemente pediríamos a esta Cámara que saliese una resolución firme que contemplase algunas medidas prácticas, como la adopción de sanciones económicas; alguna medida práctica. Se ha
presentado una enmienda transaccional que no nos resulta satisfactoria, pero, como va a ser objeto de una votación conjunta,
vamos a votarla favorablemente, esperando que sirva realmente para algo.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha concluido, señor Vázquez.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna no porque vaya a ser más extenso, entre otras cosas porque tampoco me lo permitiría, pero, aunque estemos todos cansados, y este portavoz el primero, y aunque estas horas parecen más propias para debatir temas de interés
secundario o de cierre, la realidad es que lo que estamos debatiendo aquí (donde por fortuna vamos a poder aprobar entre todos una resolución unitaria que levante la voz, con mayor o menor eficacia pero una sola voz, del conjunto de las fuerzas
políticas democráticas de España y, por tanto, del conjunto de las fuerzas políticas democráticas del Parlamento del país que hoy ostenta la presidencia de la Unión Europea) es uno de los mayores dramas humanos de la historia contemporánea, un drama
que ha calado absolutamente en nuestra opinión pública. No es un tema de alta política internacional, sino un tema que hoy se está discutiendo en los bares, en las familias: ¿Qué está pasando en Oriente Medio? ¿Por qué no estamos actuando? Uno
percibe -creo que lo perciben SS.SS., cada uno en su territorio- una sensación de mala conciencia, de decir: ¿Por qué no estamos haciendo más? ¿Qué es lo que está impidiendo que se haga más? No es un debate sobre una moción, donde el tiempo es
muy limitado, el lugar para entrar en profundidades sobre la situación en Oriente Medio, porque todos sabemos exactamente cómo están las cosas ahí.
Todos sabemos el drama humanitario en el que está en este momento viviendo el pueblo palestino; lo intolerable de la actitud del Gobierno de Israel que, a veces, se personifica, de forma más o menos gratuita, en Ariel Sharon, pero que
tiene, nos guste o no reconocerlo, el apoyo del 70 por ciento de esa población; que como reacción, sobre reacción en algún caso, o no en otros, pero reacción real a lo que es una percibida falta de seguridad de sus familias, de sus hijos, de sus
padres, de sí mismos, han dejado absolutamente un cheque en blanco a su líder, teóricamente democrático -lo era en su origen- para que entre a sangre y fuego en las territorios ocupados, para que confunda la legítima defensa de un pueblo, que la
tiene, y el legítimo derecho a existir de un país, que lo tiene, el derecho legítimo a existir dentro de las fronteras seguras, que lo tiene, se lo hemos reconocido, a confundir eso con aplastar a civiles, arrasar poblaciones, quizá -subrayo quizá,
hasta que eso se nos permita a la comunidad internacional averiguarlo- cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y todo ello para intentar proteger a su población, mientras del otro lado tampoco hay simplemente almas cándidas
sufriendo; hay esas almas cándidas sufriendo, hay niños y mujeres sufriendo, pero también hay terroristas suicidas que todos sabemos que, fruto de la desesperación, la realidad es que han tomado como objetivo de vida destruir vidas ajenas, causar
daño en poblaciones civiles, aunque sea en poblaciones civiles de Israel, y lo hacen, a veces, ante la pasividad de sus propias autoridades y lo hacen, lo cual es mucho más desgraciado, ante la sublimación como modelo de esa muerte y de esa
victimización. Esa es la situación en la que estamos hoy, que estamos contemplando pasivamente en este Parlamento, en otros parlamentos, sin hacer realmente nada entre todos, entre otras cosas, porque somos conscientes de que ni este Parlamento ni
este Gobierno ni la Unión Europea por sí sola podría hacer nada. Pero eso no significa que no podamos aportar cada uno un pequeño grano de arena. Lo que hoy se aporta aquí, una resolución unitaria de todo el arco político democrático, desde quien
ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea hasta el autor de la iniciativa, que es Izquierda Unida, y entiendo que también los demás grupos, en una resolución que les animo a leerla, porque es bastante equilibrada, porque ha intentado poner
en común lo que recogían y planteaban como distintas sensibilidades todos los grupos de la Cámara, es una aportación. Pero es una aportación que necesitará de la decisión del Gobierno de Israel, de acuerdo, pero necesitará también de la presión,
primero, de España sobre sus socios en la Unión Europea, especialmente aquellos que bloquean una actitud más firme; después de la Unión Europea sobre los propios Estados Unidos y, a continuación de Estados Unidos, sobre Israel. Ese es el ciclo en
este momento. ¡Ojalá fuera otro! Pero ese es el realista. Este ciclo empieza, entiendo, hoy aquí, cuando a unas horas más o menos intempestivas, consigamos entre todos salir de aquí con una voz unánime de lo que es la posición de todas las fuerzas
españolas sobre el conflicto y sobre cuáles son los pasos que deberían darse para solucionarlo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMAN: Muchas gracias, señora presidenta.
La preocupación de la opinión pública internacional y de la opinión pública española es máxima sobre este tema. Estamos ante unos gravísimos acontecimientos que colocan a la situación en Oriente Medio en uno de sus puntos más bajos desde
hace 20 años.
Hay que condenar, en primer lugar, como país vícitima de terrorismo que somos, de forma tajante y clara cualquier acto terrorista, puesto que ninguna idea, por
bella o legítima que pueda parecer, merece un solo herido, un solo muerto.
La espiral de violencia en la que ha entrado la zona es gravísima. Condena a la región a establecerse o a instalarse estructuralmente en una profunda inestabilidad. La situación no puede ser más difícil, especialmente para los Estados
árabes moderados de la región. Hasta ahora, en muchos lugares del mundo árabe y del mundo musulmán, no había tenido un calado, un peso en la expansión del islamismo el conflicto árabe-israelí. Sin embargo, ahora vemos cómo en el Magreb, incluso en
el Extremo Oriente, empieza a extenderse como un reguero de polvora la frustración y el odio.
Se cuestiona, incluso en este momento por parte de algunos gobiernos moderados, la vigencia de la coalición internacional contra el terrorismo. Se necesita inmediatamente un alto el fuego, un cese de la violencia y una vuelta a la mesa de
negociaciones sobre las bases conocidas; hay sobradas para construir una paz: las resoluciones de la ONU 242, 338, 1397, 1402 y 1403. Hay que afirmar desde esta tribuna la plena vigencia de los principios sobre los que se fundamentó la
conferencia de paz de Madrid de 30 y 31 de octubre del año 1991, así como la vigencia de las bases recientes, el informe Mitchell, el Plan Tenett puesto al día, ya que tiene un año de antigüedad. Hay que felicitar a los saudíes por haber presentado
una propuesta extraordinariamente importante -yo diría que histórica- que garantiza la paz y la estabilidad y disipa del horizonte el riesgo existencial y la inestabilidad, especialmente, para el futuro Estado palestino y el Estado de Israel.
Exigimos, como no podía ser menos, la retirada inmediata de las tropas israelíes de las zonas A de Cisjordania y de Gaza y el fin del aislamiento del presidente Arafat para que pueda retomar, como recientemente lo ha hecho con el secretario
de Estado Powell, sus contactos internacionales. El presidente Arafat es el legítimo representante del pueblo palestino. Las políticas hoy practicadas por el Gobierno israelí, que criticamos legítimamente sin ser por ello antiisraelíes, son
contraproducentes para la región, para la futura paz entre palestinos e israelíes e indudablemente también para los futuros intereses de Israel.
Tenemos que exigir más que nunca una condena muy clara a la Autoridad Nacional Palestina del terrorismo. Debe ser una condena sin paliativos que tenga la misma fuerza en árabe que en inglés. También tenemos que exigir que se luche
eficazmente y sin ningún tipo de cuartel contra el terrorismo y pedimos a las fuerzas israelíes que permitan la plena operatividad de la policía palestina para ayudar a erradicar la plaga del terrorismo. Además, tenemos que denunciar a los suicidas
como terroristas. No son mártires ni héroes de la causa palestina, en absoluto. Tenemos que exigir también a los medios de comunicación palestinos y a las autoridades de la Autoridad Nacional Palestina que lo hagan de igual manera.
La Unión Europea ha tenido una posición equilibrada y debe seguir construyendo una posición equilibrada. Sólo con una posición equilibrada tenemos credibilidad en todas las partes, entre israelíes y entre palestinos. Sólo así seremos
capaces de influir muy notablemente o crecientemente, no sólo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista político, en la opinión pública israelí. No nos pueden percibir como profundamente unilaterales. La
presidencia española ha estado a la altura. El discurso del presidente del Gobierno en Beirut fue elogiado. El viaje de Piqué y de Solana fueron absolutamente oportunos y el éxito de la cumbre de Madrid dio como resultado una de las declaraciones
más equilibradas e importantes que se reconoce, la conocida como el cuarteto.
Hay que explorar cualquier medio. Sabemos cuáles son las bases para lograr la paz. Doctrina existe sobradamente. Ahora lo que hay que tratar de hacer es intentar buscar nuevos métodos, quizás nuevos instrumentos.
Quién sabe si no será el
momento de empezar a pensar en una nueva conferencia de paz que logre sentar las bases para que por fin tengamos en la región una paz justa, global y duradera, como rezan las resoluciones de Naciones Unidas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arístegui.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno en relación con la escalada de violencia en Palestina, de acuerdo
con el texto de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la presidencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 241; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Eran las once y veinticinco minutos de la noche.