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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 146, de 14/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 146
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 140
celebrada el jueves, 14 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del senado:
- Proyecto de Ley reguladora de los boletines oficiales de las provincias.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, núm. 54-1, de 2 de noviembre de 2001. (Número de expediente 121/000054.) ... (Página
7357)
Avocación por el Pleno de Proposiciones de Ley: - Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificaciones del Código Civil en materia de nacionalidad. (Número de expediente 122/000102.) ... (Página 7361)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. (Número de expediente 122/000109.) ... (Página 7361)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de nacionalidad.
(Número de expediente 122/000150.) ... (Página 7361)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.780.478.207 pesetas (52.771.736,84 euros), para atender al pago de la deuda de la Confederación Hidrográfica del Segura con Unión Eléctrica Fenosa, S.A. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 62-1, de 10 de diciembre de 2001. (Número de expediente 121/000062.) ... (Página 7361)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 4.526.820.642 pesetas (27.206.740 euros), y de un suplemento de crédito, por importe de 6.463.864.627 pesetas (38.848.608,82 euros), para atender al pago de
obligaciones con la Organización de Naciones Unidas por operaciones de mantenimiento de la paz, correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, respectivamente. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 63-1, de 21 de diciembre de 2001.
(Número de expediente 121/000063.) ... (Página 7361)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.340.528.415 pesetas (26.087.101,17 euros), para el pago de sentencias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el gravamen
complementario de la tasa del juego. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 65-1, de 4 de enero de 2002.
(Número de expediente 121/000065.) ... (Página 7361)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de la Formación Profesional y de las cualificaciones. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 64-1, de 27 de diciembre de 2001. (Número de expediente 121/000064.) ...
(Página
7362)
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie A, número 66-1, de 15 de febrero de 2002. (Número de expediente 121/000066.) ... (Página 7384)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 7357)
Proyecto de ley reguladora de los boletines oficiales de las provincias ... (Página 7357)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Troconiz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de los boletines oficiales de las provincias, que son aprobadas.
Avocación por el Pleno de proposiciones de ley ... (Página 7361)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad ... (Página 7361)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad ... (Página 7361)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de nacionalidad ...
(Página 7361)
La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley sobre modificaciones del Código Civil en
materia de nacionalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y de la proposición de ley
de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de nacionalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, lo que se aprueba por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 7361)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 8.780.478.207 pesetas (52.771.736,84 euros), para atender al pago de la deuda de la Confederación Hidrográfica del Segura con Unión Eléctrica Fenosa S.A ...
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 4.526.820.642 pesetas (27.206.740 euros), y de un suplemento de crédito por importe de 6.463.864.627 pesetas (38.848.608,82 euros), para atender al pago de
obligaciones con la Organización de Naciones Unidas por operaciones de mantenimiento de la paz, correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, respectivamente ... (Página 7361)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.340.528.415 pesetas (26.087.101,17 euros), para el pago de sentencias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el gravamen
complementario de la tasa del juego ...
(Página 7361)
Sometido a votación en primer lugar el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 52.771.736,84 euros, para atender al pago de la deuda de la Confederación Hidrográfica del
Segura con Unión Eléctrica Fenosa, S.A., se aprueba por 261 votos a favor.
Sometido a votación en segundo lugar el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 27.206,74 euros, y de un suplemento de crédito por importe de 38.848.608,82 euros, para atender al pago de obligaciones con
la Organización de Naciones Unidas por operaciones de mantenimiento de la paz, correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, respectivamente, se aprueba por 261 votos a favor.
Sometido finalmente a votación el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 26.087.101,17 euros, para el pago de sentencias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el gravamen
complementario de la tasa de juego, se aprueba por 261 votos a favor.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 7362)
Proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones ... (Página 7362)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). Manifiesta su satisfacción por tener el honor de presentar por primera vez en nuestro país una norma legal específica para intentar superar
la insuficiente o nula comunicación que tradicionalmente ha marcado las relaciones entre el ámbito educativo y el laboral, entre los planteamientos estrictamente académicos y las circunstancias reales que condicionan la incorporación al mundo
laboral.
Está convencida de que con este proyecto de ley se abre una nueva etapa que, reconoce, tiene sus raíces y fundamentos en el camino
recorrido durante los últimos años, años de muchos esfuerzos dedicados a superar la asignatura pendiente de la formación profesional en España.
Explica los principios en los que se fundamenta el proyecto de ley y sus objetivos básicos y
agradece las aportaciones que, está segura, se producirán en la tramitación parlamentaria, que sin duda contribuirán a completar y a mejorar el texto propuesto.
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Rodríguez Sánchez, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista, y Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a la votación de las enmiendas de totalidad de devolución firmadas por los señores Rodríguez, Núñez, Saura y Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto, que son rechazadas por 112 votos a favor, 167 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se rechaza por 128 votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 113 votos a favor, 167 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 115 votos a favor, 166 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo, firmada por la señora Lasagabaster Olazábal, se rechaza 127 votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 125 votos a favor, 164 en contra y tres abstenciones.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería ...
El señor ministro de Defensa (Trillo-Figueroa Martínez-Conde) presenta, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el
acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería. Explica que el objetivo de la modificación no es otro que el de lograr un sistema que dote a España de unas Fuerzas Armadas profesionales, con un reclutamiento
estable y con garantía de futuro, sin olvidar que el principio general es, de acuerdo con la Constitución, que los españoles sean los que nutran los ejércitos, por lo que la excepción está limitada tanto en número como en procedencia como en
destino; sin embargo, no por ello es una incorporación desigual, sino que trata de integrar de una manera realista a quienes de nosotros, de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico, tienen especiales vínculos derivados de la historia común.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen los señores Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Puigcercós i Boixassa, del Grupo
Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Alcaraz Masats solicita la palabra en virtud de los artículos 71 y 73 del Reglamento, que le es denegada por la presidencia, por lo que hace constar su protesta.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas de totalidad de devolución presentadas por los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y señores Saura y Puigcercós, del Mixto, al proyecto de ley de modificación de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería, se rechazan por 94 votos a favor, 173 en contra y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS BOLETINES OFICIALES DE LAS PROVINCIAS.
(Número de expediente 121/000054)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de los boletines oficiales de las provincias.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta, dado que no se tocó el aspecto que hacía referencia a la regulación de los boletines oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias con
respecto a las mancomunidades provinciales allí existentes y se ha respetado por tanto la posición del Gobierno autonómico de Canarias. Mi grupo se congratula por el mantenimiento, en los exactos y mismos términos con que salieron del Congreso de
los Diputados, de las otras enmiendas relativas a algunas cuestiones de ampliación de plazos para la publicación de los mismos en lengua vernácula. Respetamos lo que se ha aprobado en la Cámara Alta y por tanto como las restantes enmiendas son de
perfeccionamiento, aparte de las puramente gramaticales o técnicas, votaremos favorablemente todas las enmiendas del Senado.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El proyecto de ley reguladora de los boletines oficiales de la provincia que volvemos a analizar en esta Cámara, después de su tramitación en el Senado, como se sabe contó con el apoyo del Grupo Vasco en el debate que tuvo lugar en la
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas el pasado 18 de diciembre, que actuaba a esos efectos con competencia legislativa plena.
Las enmiendas que se han introducido en el Senado son, la gran mayoría de ellas, de muy poco nivel. Hay algunas que podrían calificarse de técnicas, haciendo una concesión, porque en muchos casos son meras correcciones de errores de
transcripción. Hay, sin embargo, un par de ellas que tienen más relevancia y que apoyaremos, pero no sin llamar la atención sobre una pequeña circunstancia. Nuestro apoyo al proyecto de ley se basó en la aceptación por parte del Grupo Vasco de una
enmienda transaccional que presentó en su día el Grupo Popular sobre la base de sendas enmiendas que nuestro grupo había presentado en contra de las disposiciones adicionales tercera y quinta del proyecto de ley. Esta enmienda transaccional, que
fue, insisto, apoyada por nuestro grupo y por el conjunto de los grupos de la Cámara, ha sido sin embargo enmendada de nuevo por el Grupo Popular en el Senado, demostrando cierta incoherencia de actuaciones.
El texto que resulta de la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado nos satisface no tanto como el texto que había resultado de esta misma Cámara. Yo estoy convencido de que el texto que transaccionamos aquí era
mucho más claro, más acorde con lo que exige el proceso de actualización de los derechos históricos que reconoce la disposición adicional primera de la Constitución, pero de alguna manera responde a la finalidad que perseguía nuestra enmienda
original y por tanto la vamos a aceptar, pero no sin dejar constancia de esta pequeña desazón.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Nosotros en estos momentos no somos nada proclives con respecto a la disposición transitoria segunda que se ha incorporado en el Senado. A diferencia del portavoz del PNV, que tiene todos sus derechos de opinar lo que
quiera, nos parece una enmienda de mal gusto.
No solamente nos parece una enmienda de mal gusto, sino que además está en discordancia con respecto a decisiones que se están tomando en otros ámbitos donde se está metiendo mucha más prisa. Pongo por
caso un ejemplo: se ha aprobado en la Comisión de seguimiento del pacto de Estado por la justicia, y por lo tanto ha tenido ya entrada en el registro de este Parlamento, la carta de los derechos del justiciable. En uno de esos derechos se dice que
cualquier ciudadano o ciudadana puede no solamente declarar ante la justicia en su lengua cooficial, sino comunicarse perfectamente. Los que estuvimos redactando esos textos, señorías, éramos conscientes de las dificultades que podía generar en
muchos juzgados, a la hora de buscar traductores, porque los jueces, los oficiales o los administrativos no conocieran esa otra lengua. Llevamos muchos años con la Constitución y con legislaciones sobre lenguas aprobadas y no nos parece serio
introducir una enmienda en el Senado en el sentido de que el artículo 5 diga que el Boletín Oficial de la Provincia será redactado, además de en castellano, en la lengua cooficial del territorio
conforme a lo establecido en la legislación específica de la comunidad autónoma correspondiente. Pues bien, señorías, se vuelve a traer una enmienda diciendo que entrará en vigor dentro de dos años. Entendemos que hay funcionarios
suficientemente capacitados y preparados en algunas de las diputaciones forales históricas y en las restantes comunidades autónomas como para poderlo redactar tanto en castellano como en la respectiva lengua cooficial. Por lo tanto, entendiendo que
el resto de las enmiendas son de mejora técnica, en ésta vamos a votar en contra.
Creemos, además, que no se corresponde con los ritmos que en otras decisiones se están tomando.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este proyecto de ley nace de una proposición no de ley que el Grupo Popular presentó en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, en la que se pedía una regulación por ley de los boletines oficiales de las
provincias. Nuestro grupo, ante esa posible regulación, veló específicamente para que esa nueva normativa pudiera contemplar la integración, si una comunidad autónoma así lo quiere, de sus boletines provinciales con el diario oficial de la
comunidad, ya que llegaban a producirse duplicidades y un mismo texto de un ayuntamiento aparecía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el diario oficial de la correspondiente comunidad autónoma. Pues bien, para evitar esa
duplicidad, puesto que había esa voluntad, se arbitró la disposición adicional primera, que mi grupo valora globalmente de forma positiva, ya que permite no una integración como sección independiente, sino una integración global de los boletines
oficiales de las provincias con el diario oficial de la comunidad autónoma. Nosotros no compartimos la nueva atribución competencial a una provincia que supone este proyecto de ley; en cambio, valoramos positivamente esa disposición adicional
primera.
Al hilo de lo que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, quisiera dar una explicación de la disposición transitoria segunda. Este proyecto de ley no es bueno económicamente para las diputaciones, ya que no resuelve muy bien el
régimen económico. En Cataluña, concretamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, se publican los anuncios de los ayuntamientos en la lengua en la que ellos mismos los envían, que mayoritariamente es en catalán. Pues bien, si el
artículo 5 se aplicara mañana mismo, obligaría en este caso a la Diputación de Girona a implantar un servicio de traductores para poder cumplir lo que dice dicho artículo. Hasta el momento no ha pasado nada y se ha publicado en la lengua en la que
el ayuntamiento ha enviado el anuncio. Ahora bien, si llevamos a cabo esa integración -esperamos que se pueda hacer este mismo año por ley del Parlament de Cataluña- habrá dos versiones, la catalana y la castellana, lo que implicará crear por uno,
dos o tres meses un servicio que las diputaciones no tienen, por lo que las mismas nos pidieron que ese artículo no fuera de inmediata aplicación. Así pues, existirán dos versiones, puesto que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña se
edita en catalán y en castellano, y se dará pleno cumplimiento al artículo 5. Nosotros planteamos ese problema al Gobierno y el ministro de Administraciones Públicas nos propuso como solución temporal, que nosotros aceptamos, esa disposición
transitoria segunda, que es el origen de este texto.
Por lo demás, vamos a votar a favor de las enmiendas del Senado y queremos congratularnos del grado global de acuerdo y de consenso al que hemos sido capaces de llegar en relación con este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición de mi grupo parlamentario en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de los boletines oficiales de las provincias. Vamos a votar favorablemente la mayoría de las
enmiendas del Senado, excepto las que se refieren a los apartados 2 y 3 del artículo 11, para las que pedimos votación separada.
Desde mi grupo parlamentario entendemos que, aunque ha habido un cierto consenso parlamentario en la aceptación de algunas enmiendas, tanto en esta Cámara como en el Senado, no tenemos que olvidarnos que la misión por parte del Grupo
Parlamentario Popular siempre ha ido encaminada a corregir errores gramaticales o de numeración del articulado, que obviamente son incuestionables.
Me voy a referir a las enmiendas que nos vienen del Senado: Dos de ellas corresponden a errores de transcripción, una de tipo gramatical y otra de numeración; otra es de especificación o de precisión; las tres a las que he hecho
referencia que vamos a votar en contra porque no estamos de acuerdo; otra que modifica la disposición adicional quinta; y, finalmente, se añade una disposición transitoria para aplazar en dos años la entrada en vigor de la cooficialidad de la
lengua, a que se refiere el artículo 5, con la que estamos de acuerdo.
Voy a hacer un pequeño balance sobre lo que ha sido el trámite parlamentario del BOP en esta Cámara y en el Senado. Nos presentaron un proyecto de ley para su
debate cuyo esqueleto fundamental era un borrador consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias, a excepción del régimen económico del BOP, con respecto al que no entendemos su cambio de actitud, pues supone claramente
una regresión de la situación inicial de partida. La Federación Española de Municipios y Provincias siempre ha mantenido un posicionamiento claro de supresión de lo que recogen los apartados 2 y 3 del artículo 11, que nos lo ha hecho llegar a los
distintos grupos parlamentarios para que presentáramos enmiendas en el Congreso y en el Senado. Ustedes han hecho oídos sordos a esta petición, al desarrollar un planteamiento paternalista o de tutela que está lejos del espíritu de esta regulación
normativa, como si les costara perder la competencia de los boletines oficiales de las provincias a favor de las diputaciones, que lo llevan haciendo durante años sin que hubiera un reconocimiento normativo. En este sentido les recuerdo que han
estado cuatro años dándole vueltas, dejando siempre la puerta abierta a su regulación como competencia estatal.
El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido la competencia exclusiva de las diputaciones, por lo que siempre hemos mantenido la supresión de los apartados 2 y 3 del artículo 11 de este proyecto de ley. En consecuencia, vamos a votar en
contra de las tres enmiendas procedentes del Senado que hacen mención a dichos apartados, a pesar de entender que la que se refiere a la letra b) del apartado 2 del artículo 11 es simplemente una corrección gramatical. Las dos enmiendas restantes
vienen a sumarse al hecho de querer limitar o tutelar la capacidad normativa de las ordenanzas municipales mediante los apartados 2 y 3 de este artículo 11, en clara contradicción con lo que se reconoce en otro artículo del mismo proyecto de ley,
concretamente en el artículo 2, en el que se establece que cada diputación provincial regulará el modo y forma de gestión del boletín, su edición, distribución y venta. A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio,
pudiendo a tal efecto también establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares. Por tanto, consideramos que lo que quiere realizar el Gobierno con los apartados 2 y 3 del artículo 11
es una injerencia competencial encubierta que contradice la propia Constitución y la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, donde se establece que las diputaciones provinciales gozan de autonomía plena para la gestión de sus
respectivos intereses, lo que contradice el principio de subsidiariedad e infringe el artículo 9 de la Ley reguladora de las haciendas locales, que dispone que las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales
determinarán las fórmulas de compensación que procedan.
En definitiva, han perdido la oportunidad de regular más autónomamente en base nuestro ordenamiento territorial. Ustedes tenían todo a su favor, la predisposición de todos los grupos parlamentarios y el consenso de la FEMP, pero con su
empecinamiento de querer mantener los apartados 2 y 3 del artículo 11 ensombrecen en parte la voluntad reguladora de esta competencia, creando un problema económico donde no existía. Esperemos que este no sea el espíritu de su pacto local.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quirós.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández de Troconiz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señora presidenta, señoras y señores diputados, créanme que no era mi intención en absoluto subir a la tribuna, pero en razón de que un orador acaba de hacerlo, evidentemente, no tengo más remedio que
dirigirme a SS.SS. desde aquí. En principio, la intervención debe ser muy breve, porque el Senado plantea las típicas enmiendas de corrección gramatical. Corrección gramatical que sería importante que los servicios de esta Cámara y los de la otra
casa tomasen buena nota, porque curiosamente, si comparamos las correcciones gramaticales que el Senado dice que se dan en el dictamen aprobado en su día por la Comisión de Administraciones Públicas de este Congreso de los Diputados, en realidad son
defectos de transcripción. Posiblemente sea en el dictamen o bien en la publicación realizada en el Senado, porque, constatada la publicación del proyecto de ley remitido por el Congreso en el Boletín de la Cámara es gramaticalmente correcto. Sin
embargo, el Senado lo enmienda. Estos pequeños defectos de transcripción, errores gramaticales, no dan lugar a enmiendas ni pueden tener el sustrato ni el contenido de una enmienda y más bien parece una mera revisión mecanográfica la que debía dar
lugar a la corrección de estos defectos.
El resto del conjunto de las enmiendas formuladas por el Senado -ya se ha dicho aquí- son de escaso calado; son enmiendas que concretan algunos aspectos técnicos de la ley, como decir en el artículo 6 que la referencia al artículo 12 no es
correcta, sino que debe ser el artículo 11. Apostrofar que es la Administración anunciante aquella que remite el anuncio al boletín oficial de la provincia y que debe ser correctamente anunciado. Se establece una corrección en cuanto a las
exenciones posibles sobre quién debe pagar aquellos anuncios que se remiten por parte de la Administración de justicia, suprimiendo el párrafo en el que se dice que les puedan beneficiar expresamente. También se introduce como excepción a la
exención aquellos supuestos de comparecencias en los procedimientos ejecutivos de recaudación de tributos o tasas parafiscales por parte de la Administración del Estado, comunidades autónomas o corporaciones de derecho público. Asimismo se
introduce una disposición transitoria segunda -como se ha explicado antes perfectamente y con buen juicio por parte del señor Jané- en el sentido de no obligar a retrasar dos años la entrada en vigor de la cooficialidad de la lengua, sino
todo lo contrario, que se puede adelantar, pero que se dé un plazo prudencial para que precisamente aquellos destinatarios de la ley puedan amoldarlo a sus peculiaridades, a sus posibilidades, a sus necesidades. También se modifica la disposición
adicional quinta, que fue pactada y transigida en Comisión. La redacción que se da es muy parecida a lo que sucede con la disposición adicional tercera, que se refiere a la Comunidad Foral de Navarra. En este sentido, parece razonable unificar los
criterios que se sigan con los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.
Señoras y señores diputados, me gustaría mostrarles mi enorme y personal satisfacción, que no les puedo ocultar, por la tramitación y el origen de esta ley. Esta ley surge de una pregunta que realicé al Gobierno hace diez años y
posteriormente de una proposición no de ley que también salió de mi pequeño, querido, obsoleto y viejo ordenador. Por tanto, no puedo ocultarles mi personal empeño en esta ley y mi personal satisfacción.
En cuanto al contenido general de la ley, entiendo que es armónica y establece aquellos principios fundamentales que deben regir la publicación del boletín oficial de la provincia. Se establece un ente gestor del boletín, que se limita
exclusivamente a publicar aquello que le remite bien la Administración de justicia, bien otra administración pública en los estrictos términos en que se remite, sin que pueda haber ningún tipo de control de legalidad ni se pueda intervenir ni
demorar la publicación ni modificar el contenido de la publicación. Es un elemento esencial y fundamental que no existía y en muchísimas ocasiones se utilizaba por parte de aquellas personas, de aquellas autoridades públicas que tenían que
introducir esa palabra que se había elaborado con la terminología al uso de: insértese, que se utilizaba en muchas ocasiones como puro y simple control de legalidad. Desaparece el principio fundamental, obligatoriedad de publicación, inserción
obligatoria, supuestos en que deben ser publicados, obligación por parte de los ayuntamientos de suscribirse al boletín oficial de la provincia, establecimiento posible de convenios de colaboración entre diferentes administraciones públicas,
incorporación de medios telemáticos, medios electrónicos para la publicación, edición y recepción del boletín oficial de la provincia.
Llegamos tal vez al punto que más debate ha suscitado en relación con este proyecto de ley, que es el relativo a los derechos económicos, a las tasas a percibir por parte de las diputaciones provinciales en relación con la inserción de
anuncios publicados en estos boletines oficiales.
Efectivamente, la Federación Española de Municipios y Provincias, en relación con las diputaciones provinciales, quería que se cobrase absolutamente cualquier tipo de publicación. Pero maticemos,
no se podía hacer ya, porque existe una sentencia del Tribunal Supremo, como saben ustedes perfectamente, y además el Senado introduce una enmienda en este artículo regulador de los derechos económicos por publicación en el boletín oficial de la
provincia en que se recoge dicha sentencia. Hay otras enmiendas que dicen que en aquellos puntos en que la inserción en el boletín oficial de la provincia suponga un servicio público no puede ser objeto de tasa, porque para que haya lugar a una
tasa se requiere un beneficio particular a persona determinada, cosa que no se da en el supuesto de que la inserción constituya en sí mismo una labor, una función de servicio público. Por tanto cobrar todo y por cualquier caso, sí, pero con
matizaciones. Y no olvidemos algo: al lado de las diputaciones provinciales están los principales clientes del Boletín Oficial de la Provincia, que son los ayuntamientos. Frente a las diputaciones, que querían cobrar todo, están los
ayuntamientos, que no querían pagar nada. En este sentido la ley concilia adecuadamente intereses de diputaciones provinciales e intereses de ayuntamientos, estableciendo aquellos casos de inserción en los que no ha lugar al cobro de la tasa por
ser de servicio público y exceptuando de acuerdo con las excepciones que también se introducen en la normativa reguladora de otros boletines oficiales dentro del Estado, básicamente el de éste. Así mismo, si las diputaciones provinciales tienen
recursos suficientes y entienden que algunos ayuntamientos no tienen recursos adecuados para poder sufragar estos anuncios (estamos hablando, señoras y señores diputados, de bajísimas cuantías económicas, de muy poco dinero), la ley también prevé
que puedan establecer exenciones en el cobro de esta tasa.
Por favor, no se diga nunca que este proyecto de ley infringe el artículo 9 de la Ley de haciendas locales, porque estaría bueno que una ley no pudiese modificar otras leyes. Es más, esta ley -créanme, señoras y señores diputados- no
conculca en absoluto los derechos económicos de las diputaciones provinciales. Léanse las excepciones a la exención. Son claras, prolijas, suficientes y contundentes. No va a haber ningún problema económico con las diputaciones provinciales en la
publicación del Boletín Oficial de la Provincia, y por supuesto, como el Estado no tendrá nunca que compensarlas en esta medida, no habrá ningún problema.
Créanme, el Estado y el Grupo Popular no quieren favorecer a los ayuntamientos en contra de
las diputaciones, ni muchísimo menos. Se trata de conciliar adecuadamente los intereses de ambos.
Votaremos a favor de todas las enmiendas presentadas por el Senado. Me congratulo personalmente del proyecto de ley y espero que dé sus frutos, frutos básicamente de claridad en la exposición legislativa, puesto que antes estaba regulada
por ordenes ministeriales viejas, obsoletas y de difícil conocimiento, ya que solamente
estaban publicadas en el Alcubilla y ni siquiera se recogen en la modernas colecciones legislativas.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, perdónenme por mi tardanza en la intervención. Tampoco era mi intención subir a la tribuna, y me hubiera conformado, si las circunstancias hubieran sido otras, con una somera intervención
desde el escaño.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández de Troconiz.
Señorías, vamos a iniciar la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de los boletines oficiales de las provincias.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Senado al artículo 11, apartados 2 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 173; en contra, 80; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda por la que se añade una disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 252; en contra, cuatro; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 253; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIONES DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000102)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000109)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CIVIL EN MATERIA DE ADQUISICIÓN Y RECUPERACIÓN DE NACIONALIDAD.
(Número de expediente 122/000150)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley sobre modificaciones del Código
Civil en materia de nacionalidad.
Igualmente, de conformidad con el mismo artículo, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
Asimismo, de conformidad con el mismo artículo, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de
nacionalidad.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 8.780.478.207 PESETAS (52.771.736,84 EUROS), PARA ATENDER AL PAGO DE LA DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA, S.A.
(Número de expediente 121/000062)
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 4.526.820.642 PESETAS (27.206.740 EUROS), Y DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 6.463.864.627 PESETAS (38.848.608,82 EUROS), PARA ATENDER AL PAGO DE
OBLIGACIONES CON LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS POR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2000 Y 2001, RESPECTIVAMENTE. (Número de expediente 121/000063)
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 4.340.528.415 PESETAS (26.087.101,17 EUROS), PARA EL PAGO DE SENTENCIAS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
LEGISLADOR POR EL GRAVAMEN COMPLEMENTARIO DE LA TASA DE JUEGO. (Número de expediente 121/000065)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
¿Algún grupo quiere intervenir en relación con alguno de los tres proyectos? (Pausa.)
En ese caso, sometemos a votación, en primer lugar, el dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 52.771.736,84 euros, para atender al pago de la deuda de la Confederación
Hidrográfica del Segura con Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 261.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 27.206.740 euros, y de un suplemento de crédito, por importe de 38.848.608,82 euros, para atender al pago de obligaciones con la Organización de Naciones Unidas por
operaciones de mantenimiento de la paz, correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, respectivamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 261.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 26.087.101,17 euros, para el pago de sentencias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el gravamen complementario de la tasa de
juego.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 261.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS CUALIFICACIONES. (Número de expediente 121/000064)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones.
Para la presentación del referido proyecto de ley, tiene la palabra la señora ministra de Educación y Cultura. (Rumores.)
Señorías, ruego que ocupen sus escaños o que aquéllos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida y en silencio.
(Pausa.)
Cuando quiera, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señorías, tengo el convencimiento de que hoy debe ser un día de especial satisfacción y esperanza para el mundo de la formación profesional,
entendida en su más amplia acepción. Por primera vez en nuestro país se promueve una norma legal específica para intentar superar la insuficiente o nula comunicación que tradicionalmente ha marcado las relaciones entre el ámbito educativo y el
laboral, entre los planteamientos estrictamente académicos y las circunstancias reales que condicionan la incorporación al mundo laboral. Por este motivo quisiera subrayar ante todo que estamos ante un proyecto de ley que se asienta en la
cooperación entre el campo educativo y el campo laboral; un proyecto que ha sido promovido conjuntamente por los ministerios de Educación y de Trabajo, desde el convencimiento de que es imprescindible la estrecha colaboración entre ambos y desde el
convencimiento también de que ese mismo espíritu de colaboración está presente en los distintos ámbitos autonómicos. Sólo desde ese espíritu de colaboración entre las administraciones de educación y de trabajo será posible que la ley que finalmente
apruebe este Parlamento consiga eficazmente los objetivos que se pretende.
Este proyecto de ley de formación profesional concibe la misma desde una visión integradora, en la que lo esencial es proporcionar a los ciudadanos, además de una preparación cualificada, la posibilidad de mejorar y adaptar permanentemente
esa cualificación de acuerdo con la evolución y los cambios continuos que con un ritmo creciente se están produciendo en el mundo actual. Es necesario ofrecer a los ciudadanos los medios y las oportunidades para que su formación inicial, cualquiera
que sea su nivel, pueda complementarse, actualizarse y profundizarse a lo largo de toda la vida. Esta es la razón, señorías, por la que estoy convencida de que con este proyecto de ley se abre una nueva etapa que, justo es reconocerlo, tiene sus
raíces y fundamentos en el camino recorrido durante los últimos años, que han sido años de muchos esfuerzos dedicados a superar la asignatura pendiente de la formación profesional en nuestro país. Debemos agradecer y reconocer ese esfuerzo previo
que nos permite hoy abrir este debate sobre una propuesta
concreta que, en gran medida, es fruto de ese camino recorrido.
Es indudable que en los últimos años ha aumentado el prestigio social de la formación profesional, aunque aún estemos lejos de los índices que este tipo de estudios presentan en los principales países de la Unión Europea. Ese aumento de la
estimación social hacia la formación profesional hay que atribuirlo, entre otras causas, a la nueva orientación de estas enseñanzas, que en el ámbito educativo ha supuesto la regulación de 139 titulaciones, un notable incremento cualitativo y
cuantitativo de medios y recursos materiales, un buen profesorado y unas más amplias expectativas del mercado laboral. El conjunto de estos factores nos permite afirmar que hoy un 67 por ciento de los estudiantes acceden a un empleo cualificado en
un plazo inferior a los seis meses desde la fecha de conclusión de sus estudios. Pero igualmente es indudable que nuevos factores y circunstancias de especial relevancia están incidiendo de modo muy directo en el concepto de formación que durante
muchos años se ha considerado válido. Por una parte, los profundos cambios en los sectores de producción y servicios exigen nuevos modelos organizativos adaptados a las nuevas estructuras ocupacionales y, consecuentemente, la definición de las
distintas competencias y cualificaciones profesionales. Para atender estas nuevas exigencias es necesario adecuar los recursos existentes para conseguir un sistema de formación profesional más dinámico y flexible que, a partir de una sólida
formación de base, fomente la adquisición de conocimientos técnicos y de aptitudes y habilidades sociales que tengan significación para el empleo.
Por otra parte, la evolución demográfica de nuestra sociedad nos conduce a una creciente proporción
de población de edad avanzada y a un estancamiento o disminución de la población joven, con la circunstancia añadida de que un porcentaje cada vez más elevado de esa población en edad activa o formativa lo constituye la inmigración.
Por tanto, en este nuevo escenario, los sistemas de educación y formación tienen que atender a esa realidad desde una perspectiva que contemple tanto los factores pluriculturales como los multilingües como también de capacitación para la
integración efectiva en los sistemas productivos con las debidas garantías. Son todos ellos elementos imprescindibles que deben tenerse en cuenta para asegurar una cohesión social basada en los principios que sustentan la justicia social y la
igualdad de oportunidades. En este sentido, a la formación en todas sus dimensiones le corresponde un papel esencial. Por todo ello, señorías, en el actual sistema de formación profesional hay aspectos relevantes que exigen una revisión especial y
la consiguiente adopción de medidas con el fin de que el camino iniciado tenga una continuidad coherente con las nuevas demandas que ya se están produciendo en la sociedad. Esta revisión se impone debido a la evolución del sistema productivo y, de
modo muy especial, con el fin de que nuestro sistema responda a los objetivos y características que se derivan del concepto de formación profesional que está prevaleciendo en la Unión Europea.
Nuestro actual sistema está organizado en tres vías o subsistemas: la formación inicial o reglada, la formación ocupacional y la formación continua, que no guardan la lógica relación entre sí pese a su evidente interrelación y coincidencia
de objetivos. En la actualidad, no disponemos de una referencia básica común que permita homologar sin dificultades la formación impartida en cada uno de los tres subsistemas.
Tampoco estaban abiertas las necesarias vías para estimular el progreso
profesional a través de la formación profesional y para garantizar el reconocimiento y validez de las cualificaciones profesionales logradas, cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para su adquisición.
Así las cosas, ¿cuál es el fundamento del proyecto de ley que les presento? Sus señorías saben muy bien que desde los distintos sectores del ámbito de la formación y del empleo se ha venido señalando la urgente necesidad de dotar a nuestro
sistema de FP de un adecuado nivel de permeabilidad y flexibilidad. Esta demanda buscaba que se respondiera con eficacia, por una parte, a las demandas de cualificación planteadas desde el sistema productivo y, por otra, había necesidad de definir
con precisión el alcance y correspondencia de esas cualificaciones con las establecidas en los países de la Unión Europea. A esta doble exigencia pretende responder el II Programa Nacional de Formación Profesional, cuyo contenido esencial
constituye la base en la que se sustenta la ley que ahora presentamos. Partimos, por tanto, de un amplio marco de coincidencias sobre el diagnóstico y sobre las soluciones que fueron acordadas por las administraciones y por sus agentes sociales en
el Consejo General de la Formación Pofesional, que elaboró y propuso para su aprobación dicho programa nacional en 1998.
El nuevo programa nacional, tal como expresamente se indica en él, se asienta sobre los siguientes pilares: Primero, la consideración de la formación profesional como inversión en capital humano. Segundo, la integración de la formación
profesional con las políticas activas de empleo en clave comunitaria. Tercero, la participación de la Administración General del Estado, de los agentes sociales y de las comunidades autónomas dentro del Consejo General de la Formación Profesional.
Cuarto, la creación del sistema nacional de cualificaciones.
Conforme a estos principios, se establecen los siguientes seis objetivos básicos. Primero, creación del sistema nacional de cualificaciones, con participación de las comunidades autónomas, que permita la formación a lo largo de la vida a
través de la integración de los tres subsistemas de formación profesional; segundo, profesionalizar para la inserción a través de empresas;
tercero, desarrollar un sistema integrado de información y orientación profesional; cuarto, garantizar la calidad de la formación profesional, su evaluación y su seguimiento; quinto, el marco europeo de la formación profesional; y sexto,
programar la oferta a grupos con necesidades específicas. Para la consecución de estos objetivos está previsto en el propio programa nacional la regulación del sistema nacional de cualificaciones profesionales mediante una norma básica que
garantice la participación en él, su desarrollo y ejecución por parte de las comunidades autónomas y de los agentes sociales, de acuerdo con sus competencias. Pues bien, señorías, este proyecto de ley que ahora presentamos constituye esa norma
básica que las administraciones y los agentes sociales necesitan y piden a través del Consejo General de la Formación Profesional.
A partir de los principios y objetivos del referido programa nacional se han ido elaborando los documentos y propuestas que durante el último año han sido sometidos a la consideración y debate de las administraciones y de los agentes
sociales, para concluir en el proyecto que ahora se presenta. A lo largo de este proceso se han producido desde muy distintas perspectivas observaciones y aportaciones que sin duda han contribuido a una mejora sustancial del proyecto primitivo, al
tiempo que se ha promovido un estado de ánimo coincidente en la necesidad de disponer de una ley de formación profesional y de las cualificaciones. La finalidad, por tanto, de este proyecto de ley es ordenar de forma integrada el sistema nacional
de formación profesional y de sus correspondientes cualificaciones a través de los distintos instrumentos y acciones que se establecen en la misma ley. Lo que perseguimos es que quede configurado un marco ordenador de las distintas cualificaciones
demandadas por el sistema productivo, así como de la formación requerida para obtener esas cualificaciones y del correspondiente reconocimiento o acreditación de su posesión. Este marco garantiza la necesaria estabilidad y fiabilidad del conjunto
del sistema formativo. De este modo conseguimos que, a través de cualesquiera de los subsistemas de vías o vías de formación, nuestro sistema formativo pueda, primero, coordinarse con las políticas activas de empleo; segundo, promover la formación
a lo largo de la vida; tercero, garantizar la validez y transparencia de la formación adquirida a través de cualquier vía; y cuarto, facilitar la libre circulación de los trabajadores.
La configuración de este marco es el resultado de la aplicación conjunta y coordinada de los distintos instrumentos y acciones: el catálogo nacional de las cualificaciones, los procedimientos de evaluación y acreditación de las
cualificaciones, la información y orientación y la evaluación y mejora de la calidad del propio sistema. El eje sobre el que se articula todo el sistema es el catálogo nacional de las cualificaciones profesionales, que se crea en la propia ley y
que esencialmente estará constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas. Los restantes instrumentos y acciones -evaluación y acreditación, información y orientación y evaluación y
mejora de la calidad- tienen en el catálogo un referente obligado y necesario.
La organización y contenido del catálogo de cualificaciones profesionales se fundamenta en dos objetivos principales. Por una parte, una relación directa entre la formación y el empleo, y por otra, la integración de las diversas ofertas
formativas de formación profesional. La determinación de las cualificaciones que deben ser incluidas en el catálogo y la fijación de los contenidos formativos que a cada una de ellas les corresponda se realizarán a partir de la observación y
análisis permanente del sistema productivo. Pretendemos de esta forma, señorías, posibilitar una ordenación de la oferta que mantenga actualizadas las competencias profesionales de las personas para facilitar el acceso al empleo, tanto si se trata
de la primera incorporación al mundo laboral como si la finalidad es mantener y mejorar el empleo. Quiero señalar aquí la confluencia de esfuerzos entre las administraciones públicas, los agentes sociales y el mundo empresarial. Esta confluencia
de esfuerzos ha sido y es la clave para conseguir que el sistema responda con eficacia y seguridad a los objetivos que nos hemos marcado en este proyecto de ley.
Respecto del segundo de los objetivos indicados, es decir, asegurar la formación a lo largo de la vida, el proyecto de ley establece que todas las ofertas formativas que conduzcan a la obtención de titulaciones y certificaciones con validez
en todo el territorio nacional estarán referidas a los contenidos y prescripciones del catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Prevé, asimismo, el reconocimiento y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral o a través de aprendizajes no formales. Para conseguir esto se establecen procedimientos que garanticen la fiabilidad y la igualdad de oportunidades. Esto abre así nuevas posibilidades, hasta ahora inexistentes, para un amplio sector de la
población. Me refiero a las posibilidades de estimular la promoción personal y profesional ante la expectativa de alcanzar una titulación especializada mediante la agregación de competencias; favorecer la movilidad y adaptabilidad de la oferta y
de la demanda laboral; garantizar la transparencia del mercado a través de la identificación de competencias y cualificaciones, cualesquiera que sea su vía de adquisición, con un único referente: el catálogo nacional. Se trata, en definitiva, de
conseguir la integración de todas las vías de formación, incluyendo la adquirida por la práctica laboral, gracias al citado catálogo nacional de cualificaciones profesionales.
De la consecución de los dos objetivos que acabo de señalar se va a desprender que se promueva eficazmente la formación a lo largo de la vida mediante el reconocimiento, como he dicho, con carácter acumulativo de competencias profesionales
adquiridas por distintas
vías. Segundo, que se facilite la organización de las ofertas formativas de manera flexible, conforme a los intereses y circunstancias de las personas. Tercero, que se posibilite que las administraciones puedan diseñar ofertas formativas
adaptadas a las necesidades de las personas y de los grupos con especial dificultad de integración en el mercado laboral.
Sin duda, señorías, la eficacia de un sistema como el previsto en este proyecto de ley depende, en gran medida, de la acogida que tenga entre sus potenciales usuarios y esa demanda está previamente condicionada por la disponibilidad de una
información rigurosa y de una orientación adecuada. Esta es la razón por la que el proyecto de ley dedica uno de sus títulos a la información y orientación profesional. La información debe proporcionar al ciudadano datos precisos sobre las
posibilidades y requisitos para la adquisición de las distintas cualificaciones a través de las distintas vías y de las posibilidades de acceso al empleo que en cada caso ofrece. La información debe también, en determinados casos, estar acompañada
de un asesoramiento u orientación que facilite la toma de decisiones personales. Se trata, por tanto, de una función que requiere una especial atención y de modo muy especial una coordinación y una cooperación entre los distintos responsables de
ejercerla. Por este motivo el proyecto de ley atribuye especialmente esta función a las administraciones públicas, sin excluir la participación de otros sectores, entre los que expresamente se cita a los agentes sociales.
A la Administración del Estado le corresponde en este campo una función coordinadora orientada a promover la necesaria cooperación entre las diferentes instancias en que se produce y se demanda la información. Esta labor no merma ni afecta
en nada las facultades organizativas, procedimientales y ejecutivas propias de las competencias que corresponden a las distintas administraciones. Estoy convencida, señorías, de que la transformación que todos pretendemos depende, en muy gran
medida, del acierto con que logremos transmitir a los ciudadanos las posibilidades que les ofrece el sistema formativo. En este empeño tienen una responsabilidad directa todas y cada una de las administraciones actuando bajo principios de
cooperación y de coordinación.
Señoras y señores diputados, los logros conseguidos mediante la aplicación del sistema establecido en el proyecto de ley requieren de una observación y valoración permanente y sistemática de su desarrollo y de su ejecución, sólo así quedará
garantizada en cada momento una eficaz adecuación entre las distintas acciones que se promuevan desde el sistema de formación profesional y las necesidades formativas de las personas y las que plantee el sistema productivo. Con esta finalidad el
proyecto de ley atribuye al Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, el establecimiento y coordinación de los procesos generales de evaluación del sistema nacional de formación profesional y cualificaciones, sin
perjuicio de las competencias que en esta materia correspondan a las comunidades autónomas. Se trata, señorías, de una función -ésta de la evaluación- que se sitúa en dos niveles o planos distintos: el general, que afecta al sistema considerado en
su conjunto, y el particular, que está referido a las competencias de programación, dirección y ejecución que corresponden a las administraciones autonómicas en sus respectivos ámbitos territoriales.
Por otra parte, la integración efectiva de los subsistemas de formación profesional debe afrontarse desde unos planteamientos de flexibilidad en la organización de las ofertas formativas. Esta flexibilidad debe hacer posible conjugar la
máxima eficiencia en la utilización de los recursos disponibles y la garantía de que la formación impartida cumple unos adecuados requisitos de calidad. Y es exclusivamente con esta finalidad, señorías, por lo que el proyecto de ley amplía la
tipología de la actual red de centros, a fin de posibilitar que las administraciones creen o autoricen centros integrados de formación profesional. Estos centros se caracterizan por impartir las distintas ofertas de formación profesional, sin
perjuicio de que los actuales centros mantengan el mismo régimen jurídico con el que fueron creados o autorizados y continúen impartiendo las enseñanzas para las que han sido autorizados. Los centros integrados representan un nuevo tipo de centro
que responde con más exactitud a la filosofía y a los principios en que se fundamenta este proyecto de ley.
Son centros en los que van a convivir distintos tipos de formación con unos mismos objetivos, distintos destinatarios con unos mismos
intereses y también distintas metodologías con unos mismos contenidos. Lo que pretendemos con los centros integrados es que a través de ellos se produzca una real interconexión, una osmosis entre los tres subsistemas de la formación profesional,
con el fin de extraer de cada uno de ellos sus aspectos más positivos para trasladarlos al resto del sistema.
Indudablemente, la impartición de las ofertas de formación profesional confiere a estos centros unas características singulares que los
diferencian del resto de los centros tanto en su organización como en su gestión. Los centros integrados habrán de establecer y mantener relaciones directas con el entorno productivo, empresas y agentes sociales; habrán de gestionar y planificar
recursos y medios adecuados a la complejidad y flexibilidad de los distintos tipos de información que imparten y a la variedad de los destinatarios de esa formación, alumnos en edad escolar, trabajadores ocupados, trabajadores en situación de
desempleo, etcétera. Estas singularidades han aconsejado prever para los centros integrados de titularidad de las administraciones educativas un régimen organizativo que no coincide en todos sus extremos con el establecido con carácter general para
los centros docentes, tanto en lo que se
refiere a la dirección como a los órganos de gobierno. Esta es la razón, señorías, de que el proyecto de ley atribuya a las administraciones el nombramiento de los directores de estos centros, previa consulta a los órganos colegiados del
centro, observando en todo caso los principio de mérito, de capacidad y de publicidad. Hemos entendido que en este procedimiento concurre la necesaria objetividad para garantizar la igualdad de condiciones entre los distintos candidatos al puesto,
pero también se da la adecuada flexibilidad para que las administraciones puedan considerar las condiciones y circunstancias que en cada caso requieran para llevar a cabo el nombramiento del director más idóneo. Por último, está la participación de
la comunidad escolar, a través de los órganos colegiados. Del mismo modo y por iguales razones debe efectuarse una adaptación de la composición y funciones de los órganos de gobierno de estos centros, composición que deberá incluir a los agentes
sociales más representativos del entorno, para lo cual el proyecto de ley prevé un desarrollo reglamentario.
Señoras y señores diputados, el proyecto de ley contiene un mandato a la Administración del Estado para que desarrolle actividades de innovación y experimentación dentro del marco de competencias que al Estado le corresponden en esta
materia. Estas actividades pueden llevarse a cabo desde y en el ámbito de la propia Administración del Estado, o pueden requerir la colaboración de las comunidades autónomas, colaboración que será requisito imprescindible e indispensable cuando
tales actividades afecten al ámbito material sobre el que tengan competencias. Por eso este proyecto de ley establece que la innovación y la experimentación, cuando han de ejecutarse en centros específicos implantados en las comunidades autónomas y
sobre los que éstas ostenten la titularidad, necesitan de la participación de las administraciones autonómicas a través de convenios de colaboración. Lo que nos proponemos con esta disposición, señorías, es muy sencillo y a la vez muy ambicioso,
ambicioso pero necesario y también viable. Pretendemos promover un marco eficaz de colaboración entre todas las administraciones para que todas pongan a disposición de las demás los avances e iniciativas innovadoras que contribuyan a una continua
mejora del sistema de formación profesional. Estos centros están llamados a ser el lugar de encuentro entre las administraciones, el sector productivo y el de la formación, en definitiva de todos quienes están directamente relacionados con la
formación profesional, aportando recursos y los mejores especialistas para la mejora continua del sistema que crea este proyecto de ley. Sin duda, sus aportaciones serán la base para adoptar medidas y para promover acciones que contribuirán
decisivamente a la modernización y mejora de la calidad de nuestro sistema. Los centros, por otra parte, estarán especializados en cada uno de los sectores productivos de acuerdo con el nivel de implantación y sus características en la comunidad
autónoma, pero su proyección se extenderá a la totalidad del territorio nacional. Creo sinceramente, señorías, que esta iniciativa responde de manera plena a los principios de cooperación y colaboración inherentes a nuestro Estado autonómico, y
contando con la libre opción de las comunidades autónomas se inscribe, como no podría ser de otro modo, en el plano de máximo respeto al orden de la distribución competencial.
Señorías, para la presentación de los aspectos más relevantes de este proyecto de ley he pretendido aportar algunas reflexiones y consideraciones sobre el alcance y finalidad que encierran algunas disposiciones, especialmente sobre aquellas
que han suscitado interpretaciones y controversias. Acepto, desde luego, la legitimidad de todas las posiciones, pero quisiera apelar a la buena voluntad de todas SS.SS. para entender este proyecto de ley en su conjunto, tal como expuse al
principio de esta intervención. Todas y cada una de las previsiones del proyecto son piezas calculadas y necesarias para la aplicación coherente de ese conjunto, y difícilmente puede interpretarse el alcance y sentido de cada una de ellas
aisladamente si no se relacionan las partes con el todo. La consecución de los fines que perseguimos, que están -repito- en el II Programa Nacional de Formación, requiere esa coherente aplicación de las previsiones del proyecto de ley, pero además
el éxito de la consecución de los fines que todos perseguimos exige necesariamente la contribución y la corresponsabilidad convencida de los poderes públicos y de los agentes sociales, en la medida en que a cada uno de ellos corresponda adoptar
medidas, desarrollar actuaciones, formular propuestas o colaborar y participar en su desarrollo y aplicación. Este espíritu y voluntad de cooperación se manifiestan especialmente en la referencia al Consejo General de la Formación Profesional, por
su condición de órgano consultivo y de participación institucional con atribuciones específicas en esta materia, del que forman parte tanto las administraciones como los agentes sociales. Pero el papel del consejo no excluye otros ámbitos y
procedimientos que se consideren adecuados y cuya regulación expresamente se ha propuesto para considerarlos en los correspondientes desarrollos reglamentarios, con el fin de no condicionarlos a los límites estrictos que exige una regulación con
este rango.
Quisiera reiterar de esta manera mi convicción de que, tanto en el desarrollo reglamentario de esta ley como en su aplicación, es necesario contar con el parecer y con la colaboración de todas las instancias a las que concierne esta materia,
tanto las administraciones como los agentes sociales. De ahí nuestra decidida voluntad de mantener abiertos todos los cauces de diálogo y de cooperación que sean posibles para que la efectiva aplicación de esta ley se lleve a cabo desde el
convencimiento de que sus resultados van a situar a nuestro sistema de formación profesional en los niveles
que todos deseamos. Esta es una de esas ocasiones que puede calificarse -créanme- como única y no nos podemos permitir desaprovecharla. Si queremos evitar que nuestros sistemas de formación se vean desbordados por el cada vez más rápido
proceso de cambios en el mundo productivo, no podemos desaprovechar esta ocasión.
Abogan también a favor de la aprobación de este proyecto de ley la necesidad de impedir que nuestros trabajadores vean limitado su horizonte de progreso personal y profesional y el propósito de ofrecer a nuestros jóvenes las cualificaciones
y preparación que les capacite plenamente para su incorporación a la vida laboral y social. Recuerdo también que este es un proyecto decidido a traducir en hechos las exigencias que derivan del principio de formación permanente a lo largo de la
vida, un principio que, como SS.SS. saben, se ha convertido en el medio necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y consecuentemente el progreso y la cohesión social. Son estas las razones que en última instancia nos han movido al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a promover este proyecto de ley. Estoy segura de que todas las aportaciones que durante esta fase de tramitación parlamentaria se produzcan estarán movidas por
esos mismos objetivos y sin duda contribuirán a completar y a mejorar el texto propuesto. Por eso quiero anticiparles, señorías, mi agradecimiento y mi reconocimiento que quiero hacer extensivo a todos quienes con su esfuerzo y con su comprensión
han hecho posible este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley se han presentado nueve enmiendas de totalidad, entre las cuales hay cinco presentadas por diputados del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar y para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Para el Bloque Nacionalista Galego estamos ante otro gran proyecto educativo del Gobierno destinado en sus palabras a vertebrar España, esto es, a centralizarla y homogeneizarla, que son los auténticos objetivos del Gobierno y muy
especialmente de su presidente el señor Aznar. Los tres criterios filosóficos o conceptuales en que se basa la ley son, en primer lugar, la de aprovechar el proceso de integración del Estado español en la Unión Europea para realizar el diseño
educativo centralizado, en este caso la formación profesional, claramente controlado por la Administración central, y un sistema educativo que tiene gran importancia por su vinculación al mundo laboral y a la economía productiva. En segundo lugar,
se basa en un concepto que es el de la movilidad laboral en atención al mercado único europeo, que va a determinar el sistema de formación profesional desvinculándolo claramente de lo que se llama la economía local, en frase de la LOGSE, lo cual es
especialmente grave ya que se incita a la movilidad laboral en partes del territorio del Estado español caracterizados precisamente por una emigración histórica. Y en tercer lugar, cuando se habla de sistema integrado, la otra gran
conceptualización, seguimos ante un sistema complejo, confuso y variado pero que posibilita una mayor privatización o confusión entre lo público y lo privado.
¿Cuáles son las consecuencias de esta conceptualización o de este motor de la ley? En primer lugar, una legislación abusiva, al amparo del artículo 149.1 de la Constitución española, como pueden comprobar ustedes en los artículos con
consideración de básicos que definen fines, instrumentos, regulación, objetivos, requisitos, catálogo, evaluación y cualificaciones, y falta todavía, señorías, el desarrollo reglamentario.
Por tanto, va a quedar una pequeña parte de la gestión y de
la administración del sistema de la formación profesional en manos de las comunidades autónomas, pero con una incapacidad total para participar en la definición del modelo. Pensamos que este es un sistema muy jerarquizado, donde las comunidades
autónomas prácticamente tienen al final el mismo papel decisorio en el diseño del sistema que las empresas privadas, los sindicatos o cualquier otro tipo de organización social. La segunda consecuencia es el desarrollo de un sistema de formación
profesional que se va a desvincular en muchos territorios del sistema productivo propio, cuando ya lo está hoy en gran medida. En concreto, se trata de preparar mano de obra cualificada para la emigración a otros centros territoriales no solamente
del Estado español sino de la Unión Europea. Como gallego tengo que hacer especial hincapié en esta idea porque a la altura del siglo XXI sigue siendo un derecho humano elemental el derecho a vivir del propio trabajo en el propio país. Con esta
ley, la Comunidad Autónoma de Galicia no va a poder siquiera completar el 45 por ciento del currículo de estas enseñanzas porque quien define y establece el catálogo nacional de cualificaciones es el Gobierno central, sin propuestas previas de la
comunidad autónoma. En tercer y último lugar, los pretextos razonables del Gobierno cuando habla de la integración se convierten en resultados poco asumibles. Sigue habiendo una dualidad de competencias entre el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Trabajo, sin que realmente las del Ministerio de Trabajo se transfieran a las comunidades autónomas. Un sistema complicado y confuso sobre la base de centros integrados que serán muy pocos en las comunidades autónomas, como se puede
demostrar a lo largo de la lectura de toda la ley: centros de educación reglada, centros ocupacionales, centros continuos y centros de referencia denominado nacional, como se puede comprobar en el artículo 11
y en especial en el artículo 11.7. Además, se va a posibilitar una privatización mayor. Las empresas van a poder impartir educación reglada y van a poder homologar sus títulos desde los certificados propios.
Además, se establece en
algunos casos un criterio de gestión totalmente antidemocrático en el nombramiento por designación de las administraciones de los directores de centros integrados, e incluso una invasión abusiva de carácter competencial obsesiva cuando se opta por
regular incluso la composición y funcionamiento de los órganos colegiados. Este sistema nacional, como lo denomina la ley, de formación profesional y cualificaciones establece totalmente la planificación y la gestión del sistema, como se puede
comprobar en los artículos 5.1, 7, 8 y 10.
Para el Bloque Nacionalista Galego, perplejamente, cabe preguntarse: ¿es este el modelo más descentralizado del mundo? Señorías, me remito a la evidencia de los hechos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, estamos viendo hoy una ley de formación profesional que tiene que ver intensamente con el progreso y con el desarrollo. Estamos viendo una ley que, por lo escuchado, podemos coincidir en
el reto, en conseguir esa integración de los tres grandes subsistemas donde se encuentra hoy enclavada la denominada formación profesional: la enseñanza reglada; la formación continua, en definitiva la articulación de la enseñanza que da la
Administración educativa, la enseñanza que se imparte a través de empresarios y sindicatos; y la formación ocupacional, también impartida directamente por la Administración.
Estaremos de acuerdo en que lo que estamos formando tiene que estar íntimamente relacionado con la oferta, con el mercado de trabajo. También estaremos de acuerdo en que el mercado de trabajo es profundamente heterogéneo, no es nada
homogéneo en nuestro Estado. Por tanto, el sistema productivo tiene mucho que ver con cada territorio, y cada territorio tendrá que ver qué figuras de formación profesional son las más adecuadas para el progreso y para el desarrollo de su sistema
productivo. Hay competencias constitucionales para todas las administraciones. Es evidente que la Administración del Estado tiene la competencia sobre la normativa básica o sobre los requisitos y la unificación respecto a los contenidos de
titulaciones; pero también es evidente que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia educativa.
Señorías, esta no es la ley que resuelve esta articulación; es la ley que aparca. La formación reglada no entra en cómo está organizada actualmente a través de la LOGSE, de hecho no funciona bien, tiene serios problemas de integración, no
resuelve las prácticas, no se ha encajado en los nuevos institutos de enseñanza secundaria esa teórica opción entre formación profesional y educación general -eso está aparcado en esta ley- y tampoco se resuelve la articulación entre los otros dos
subsegmentos.
Tampoco se resuelve lo competencial, y aquí hay dos grandes temas: por un lado, la articulación de los subsistemas y, por otro, la articulación de las competencias. Yo creo que no desarrolla la normativa básica sino que se mete
claramente en competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, no es casualidad que hoy haya aquí cinco textos alternativos y que se estén posicionando todos los grupos políticos sobre esta cuestión. Eso significa que no está resuelta esa
articulación, ese consenso tan necesario no sólo entre las administraciones sino con los agentes sociales, que también participan.
Señorías, si no resolvemos de una forma coherente este tema de la formación profesional no arreglaremos la integración en el mercado de trabajo en una sociedad dinámica y flexible. Y la flexibilidad tampoco se contempla aquí. El mundo
cambia a mucha velocidad y la formación profesional tendría que ir en paralelo a esos cambios. Es bastante rígido el esquema, es bastante intervencionista y no resuelve la articulación con el sistema reglado. Esas son las causas por las cuales los
andalucistas entendemos que este proyecto debía retirarse, articularse los subsistemas y resolverse la articulación competencial.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en primer lugar, doy por defendida la enmienda a la totalidad de Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya y, en segundo lugar, en cuanto a la enmienda a la totalidad de Esquerra Republicana de Catalunya,
debo decir que responde básicamente a dos grandes criterios. No me voy a extender en el ritornello, en el frecuente Guadiana en que se ha convertido este Gobierno de mayoría absoluta de usurpación, de ocupación de competencias exclusivas de las
comunidades autónomas.
Aquí hay un problema de fondo, un problema de modelo social, un modelo de privatización permanente de la educación y de los servicios públicos. En ese sentido, tenemos la sensación de que hay la voluntad de desregularizar la educación, de
desregularizar la formación profesional y dejarla en manos de aquellas empresas o, mejor dicho, de aquellos empresarios sin empresa, incluso a veces de algunos sindicatos, patronales que han abusado sistemáticamente de la formación
ocupacional o de la formación continua. Son frecuentes los escándalos y, en definitiva, la falta de control de unos fondos que tenían que servir para mejorar la relación de muchas personas con el mundo laboral y su inserción o reinserción
laboral. No ha sido así. Ese problema lo trasladamos hoy a una asignatura pendiente de la democracia, la formación profesional. Vamos a desregularizar todo el sector con una falsa privatización y con la falsa sensación de que a partir de una
mejor conexión -como se nos decía desde el Gobierno- entre el mundo de la empresa y el mundo de la formación profesional podría mejorar esta inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. No es así. A nuestro entender, hay tres aspectos de esta
privatización. En primer lugar, permite que los centros privados y paraprivados, que han desarrollado la mayoría de los cursos de formación profesional y formación continua, se incorporen con todas las de la ley al sistema educativo. En un momento
de posible ampliación de la Unión Europea, con el consiguiente recorte de dinero procedente de Europa para formación, estos centros pasarían a ser también subvencionados directamente por la Administración y podrían -y eso es lo más delicado- emitir
títulos de validez académica. En segundo lugar, permite la necesidad más inmediata, que las empresas sean determinantes en el diseño de la formación, tengan o no que ver con intereses formativos del alumnado. Así, lo que tiene de positivo la
aproximación de la formación al mundo laboral puede quedar anulado si no es el centro educativo el que dirige la formación global del alumno. Y en tercer lugar, la privatización de la formación profesional facilita que algunas empresas incorporen
la formación a su negocio en base a la financiación pública. Por otra parte, parece ser que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere ofrecer al profesorado de formación profesional la posibilidad de la pluriocupación a cambio de que
acepten la ley, pero esta ley abona el terreno de la privatización y puede conducir a una situación muy desfavorable para el profesorado. Citaré algunos motivos. Si bien se priorizará en recursos y formación a las familias profesionales que sean
rentables para el empresariado, ¿alguien se ha preguntado qué pasará con las familias de servicios? Las empresas o las diversas fundaciones transformadas en centros educativos podrán seleccionar los módulos a impartir y el resto se hará en los
centros públicos. Por tanto, la oferta de formación profesional reglada puede pasar a ser una oferta residual, sin apenas interés para la vida privada.
Cada empresa o fundación denominará o seleccionará sin ningún requisito previo al profesorado
de sus módulos. En principio, todo el mundo podrá impartir clases y acreditar títulos si la empresa o la fundación lo decide. La jerarquización de los centros agravará las diferencias de formación entre unos y otros alumnos de formación
profesional. En dos palabras, el profesorado de formación profesional y de los institutos de educación secundaria puede quedar ahogado en un mar de cursos, formadores y empresas, sin que quede claro su papel vertebrador de un servicio de formación
profesional que debería ser público. Sin duda nos hallamos ante un proyecto de ley preocupante por múltiples motivos.
Para acabar, citaré cinco aspectos capitales que no se contemplan con suficiente claridad en el texto elaborado por el Partido Popular. En primer lugar, la ley debería dar prioridad a la formación profesional reglada y un trato equitativo a
todas las familias profesionales, independientemente de su rentabilidad crematística y mediata. En segundo lugar, la capacidad de acreditación y titulación debería ser exclusiva de los centros públicos. En tercer lugar, debería rechazarse la
extensión de la pluriocupación sistemática entre el profesorado; la distribución de las horas lectivas en la formación reglada, ocupacional y continua debería hacerse sin cargas extraordinarias para los profesores y profesoras. En cuarto lugar, es
necesario que se respeten las plenas competencias educativas de las comunidades autónomas. Y en quinto lugar, la elección de los equipos directivos debería ser democrática en todos los centros de enseñanza. Podría poner muchos más ejemplos de por
qué no estamos conformes con el texto propuesto por el Partido Popular, pero ya han quedado bastante claros los motivos por los cuales solicitamos la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, estamos hablando de una cuestión crucial en el mundo y en la sociedad en que vivimos para el presente y para el futuro.
Se ha señalado por el Consejo Europeo de Lisboa, por la Unión Europea, la importancia del
aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, los cambios que van a tener lugar en relación con la era del conocimiento, por lo que es fundamental la existencia de tres objetivos claves en esta materia.
Hay que incrementar el nivel de formación de
base consiguiendo el equilibrio adecuado entre todos los componentes culturales, científicos, tecnológicos y las dimensiones teóricas y prácticas de la vida. Hay que conseguir la convergencia de las formaciones iniciales y de las continuas
integrando todas las ofertas de formación profesional específicas. Y tenemos que adaptar los sistemas de formación y establecer sistemas flexibles de reconocimiento de las competencias y adaptación a las mismas. Esto es lo que hay que hacer, es lo
que se está haciendo en Europa y es lo que usted no hace, señora ministra.
Tengo que decirle, señora ministra, que no estoy de acuerdo con su primera afirmación, que ha habido nula
comunicación entre el mundo laboral y el educativo. Desde luego en el País Vasco esto no es así. Tenemos unos sistemas de formación profesional integrados, hay centros integrales que funcionan ya desde el año 1986, por lo que en este tema
realmente hemos sido pioneros, y por tanto su manifestación no puede referirse a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El proyecto de ley que nos presenta no responde a los cambios urgentes e importantes que son necesarios para conseguir estos objetivos. ¿Por qué? Primero, porque no integra en ningún caso los distintos aprendizajes: el aprendizaje formal,
el aprendizaje no formal y el aprendizaje informal, todos absolutamente vitales en todas las épocas de la vida de una persona para obtener la cualificación necesaria en cada momento para adaptarse a las necesidades de los sectores productivos. Por
mucha declaración que realicen en la exposición de motivos tampoco han sabido integrar los tres subsistemas de la formación profesional: la formación reglada, la formación ocupacional y la formación continua. El elemento clave es cómo integrar
toda esta serie de sistemas; cómo integrar esta serie de aprendizajes; cómo establecer correctamente las cualificaciones; cuáles son los sectores productivos o cualificaciones necesarias y básicas a nivel estatal; y cuáles son aquellas que son
específicas para cada uno de los territorios, para cada una de las comunidades autónomas, que responden a las especialidades de sus propios sectores productivos. Esto es lo que tendría que haber hecho y lo que no ha hecho.
Tampoco ha respetado de manera clara el reparto competencial, que es una cuestión bien patente. Ustedes no tratan de coordinar, cooperar y articular mecanismos conjuntos sino que tratan de dirigir, con lo que no estamos de acuerdo. Tampoco
respetan los hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas, por ejemplo de la Comunidad Autónoma del País Vasco en lo que se refiere a la competencia educativa, cuya competencia aparece perfectamente integrada no solamente en el Estatuto de
Gernika sino que además tiene un plus competencial que la liga directamente a los derechos históricos reconocidos en la disposición adicional primera de la propia Constitución. Esto es así de claro. Tampoco admiten ustedes el hecho diferencial
-aunque ciertamente lo es- cuando hablan de empleo y de promoción económica, lo que aparece también recogido en nuestro ordenamiento jurídico.
Estos son los dos graves defectos de su proyecto de ley, por lo que como otros muchos grupos parlamentarios, pues curiosamente es de las primeras veces que ha habido cinco textos alternativos en esta Cámara lo que es muy significativo, hemos
querido plantear una enmienda alternativa tratando de articular un sistema en el que participe todo el mundo que tiene competencias, que es necesario porque está pegado a la tierra, porque está pegado a las necesidades, porque saben perfectamente
cuáles son las necesidades de los sectores productivos, de la vida económica, de la vida educativa, etcétera. Se trata de hacer entre todos un sistema que nosotros entendíamos tenía que incluir unos elementos de carácter estructural claves, un
catálogo de cualificaciones, un sistema de reconocimiento y certificación de la competencia que estuviera ligado al catálogo de cualificaciones, un catálogo modular integrado de formación asociado al sistema de cualificaciones que actuara como marco
orientador y una red de centros formativos que ofertasen este catálogo, organizado de la manera más correcta para atender las necesidades de la formación.
Este sistema, y tengo que ser muy sucinta a la hora de explicarlo, era el que teníamos que
hacer entre todos, estableciendo los mínimos, las bases y las cuestiones comunes para todos. Por poner un ejemplo, qué cualificación tiene que tener una persona que desarrolle tareas administrativas. Posteriormente, cada una de las comunidades
autónomas, en virtud no solamente de su propio nivel competencial jurídico sino de sus propias necesidades, tendría que tener la posibilidad de articular cuáles son las necesidades que tienen más pegadas a su propia tierra, a su propia vinculación
económica, profesional, educativa, etcétera.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego que concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señora presidenta.
Ustedes no contemplan esto en absoluto. En definitiva, su proyecto de ley nos lleva es a que dicho proyecto no tenga éxito, a que volvamos otra vez a repetir los mismos errores que se cometieron hace tiempo y a que la formación profesional
no tenga la validez, la importancia y la transcendencia que como cuestión clave tiene en la Unión Europa. Nosotros hemos empezado a trabajar hace mucho tiempo, tenemos más de 45.000 alumnos que han pasado por el sistema de promoción profesional y
tenemos más de 17.000 trabajadores y más de 12.000 desocupados que están articulando e integrando todos los sistemas y subsistemas de la formación profesional y los niveles de aprendizaje.
Considero que en este proyecto de ley tienen que enmendarse la plana, y les ruego que acepten sinceramente las aportaciones que para el bien de todos estamos realizando aquí en este momento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señora presidenta, señora ministra, señorías, ha comenzado usted su intervención diciendo que hoy es un día de especial satisfacción y esperanza. Los motivos
son claramente bien distintos a los que usted formulaba. Es la primera vez, señora ministra, que esta Cámara en el período democrático presenta nueve enmiendas de totalidad a un proyecto de ley, de las cuales cinco tienen texto alternativo.
Es todo un récord. No ha pasado nunca. Los letrados de la Cámara podrán dar cuenta de estos precedentes. Si a esto se le llama satisfacción y esperanza, alguna explicación nos tendrá que dar a lo largo del debate, pues espero que usted intervenga
respondiendo a los argumentos que expresamos.
Tras un otoño caliente, que se les ha hecho pasar a las universidades, convulsionadas por una reforma unilateral e innecesaria, hoy nos ha presentado usted el segundo proyecto de ley de contenido educativo enmarcado en esta contrarreforma
educativa que ha emprendido el Partido Popular sin novedades en el frente, con las mismas consignas, con el mismo estilo, haciendo oídos sordos a los agentes educativos y sociales implicados en este sector. Ustedes imponen su ley y campan por sus
respetos, no admiten interlocución alguna de agentes sociales ni de otras administraciones educativas competentes en materia de educación y trabajo afectadas por esta reforma. Señorías de la derecha, se les ha subido la mayoría absoluta a la
cabeza. Resulta razonable admitir que los esquemas educativos que regulan la FP en España han quedado obsoletos y caducos; en consecuencia procede la actualización, incluso con rango de ley por primera vez -como ha dicho usted, señora ministra-,
de estos procesos educativos y formativos de las enseñanzas profesionales, pero así no, señora ministra. Ni estos son los objetivos ni este es el procedimiento.
Ustedes siguen empeñados en legislar con el espejo retrovisor puesto.
Este es el
elemento central de las reformas que están planteando, y señorías ya no estamos en la España de los años cincuenta, estamos en el siglo XXI. ¿Por qué quieren retrotraernos a aquellas épocas? En realidad lo que el Ministerio pretende es imponer
unilateralmente un único sistema de FP centralizado y uniforme para todo el Estado español, sin tomar en consideración sus peculiaridades educativas y la realidad socioeconómica en que radica dicha realidad formativa.
Este proyecto de ley no está redactado y diseñado desde una perspectiva de calidad. El marco general de referencia de la nueva FP al mundo del trabajo exige una redefinición de los objetivos formativos en función de las competencias
exigidas por el mundo laboral, pero desde la perspectiva integral de la calidad, es decir de la productividad de la economía, pero sin descuidar las facetas humanísticas que tiene un proceso educativo.
Estos procesos educativos deben estar
centrados en la persona y en este proyecto de ley subyace excesivo economicismo. No hay, señora ministra, aportaciones del Ministerio de Educación, este es un proyecto de ley redactado en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha
metido mano a diestro y a siniestro, más a diestro que a siniestro ciertamente.
El Ministerio de Educación presenta el proyecto de ley como si fuese suyo, pero la doctrina que domina la redacción del proyecto de ley es meramente economicista, está
redactada desde el sector laboral no desde el sentido educativo. Además, este proyecto de ley es excesivamente ambiguo. Nótese, señorías, cuantas veces se acusa al Partido Nacionalista Vasco de ser ambiguo. Nosotros defendemos la ambigüedad
constructiva, siempre que sea para llegar a acuerdos, siempre que sea para encontrar puestas en común, pero este proyecto de ley está redactado en las antípodas de la Ley de Universidades. Allí se empeñaron en hacer los reglamentos en el proyecto
de ley, aquí no. ¿Qué querrán decir aquí? ¿Dónde andarán? Aquella ley era excesivamente reglamentista, este proyecto se limita a enumerar criterios muy generales dejando al aire los aspectos sustanciales que desde el punto de visto educativo es
necesario legislar.
El texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Vasco, al igual que el del Grupo Parlamentario Socialista o el del Grupo Parlamentario Catalán, tiene un alto contenido educativo para estructurar estas formaciones profesionales. En
nuestra opinión el proyecto del Gobierno carece de la estructura educativa básica. Señora ministra, la actual FP del Estado no es homogénea en casi ninguno de sus parámetros. La realidad educativa, la sociocultural, la sociolaboral, la inversión
en recursos humanos y presupuestarios nos presenta un cuadro muy complejo en el conjunto de la formación profesional en el Estado. Ustedes se ponen a legislar en esta materia y nos presentan un proyecto de ley generalista, vago, redactado con mucha
desgana, cual si fuera el segundo pilar de la contrarreforma educativa que están emprendiendo.
Señora ministra, sabe muy bien -lo tiene espléndidamente redactado en los informes técnicos que tiene su ministerio- que Euskadi cuenta con un sistema integrado de FP de calidad y excelencia. Desde que el Gobierno vasco redactó en 1997 el
Plan vasco de formación profesional denominado Lanbidez, generó un gran impulso de calidad, una gran dignificación de la formación profesional. Esa es una realidad, señora ministra, ese no es un objetivo. Ustedes se empeñan en criticar el sistema
educativo vasco, pero cuando luego hacen evaluaciones objetivas del sistema, resulta que es el mejor, sobre todo en formación profesional. Esa es una realidad, señora ministra, ese no es un objetivo, y desde el conocimiento de esa realidad
comprenderá mejor nuestra estupefacción al analizar la propuesta que nos realiza. ¿Qué pretende transmitir a los titulares de los centros de FP, a los sindicalistas o a los empresarios? ¿Que tienen que parar? ¿Que porque los demás están muy
retrasados todo el mundo debe esperar? ¿Qué intenta transmitir? ¿No sería políticamente mucho más razonable y sencillo observar lo que es pionero, lo que es posible, lo que es real? ¿No sería mejor reconocer que hay una comunidad autónoma que lo
está haciendo mucho mejor, intentar ponerse sus propios
parámetros de calidad y marcar un camino en esa dirección, y no decir al que va bien: espérese, quieto? No parece que eso sea lo más razonable, por eso presentamos un texto alternativo a este proyecto de ley, basado en una mejora de la
realidad que conoce la FP en Euskadi, que no es ninguna utopía, es una realidad experimentada y en proceso de optimización.
Entendemos que es razonable que se ponga en vigor una ley básica, flexible, que se consensúe con las comunidades autónomas y con los agentes sociales en los términos que planteamos en nuestro texto alternativo. Ustedes citan reiteradamente
en su texto el marco europeo de la educación y de la formación profesional, pero, señora ministra, en el análisis del texto articulado de la ley que ustedes presentan no hay más calificativo territorial que nacional, nacional arriba y nacional
abajo, sistema nacional de formación profesional, catálogo nacional de cualificaciones profesionales y certificados. ¿Dónde queda la dimensión europea de la educación? ¿Para algunas declaraciones grandilocuentes de las cumbres europeas? Señora
ministra, vuelve usted a tropezar en la misma piedra que en la Ley de Universidades. Esto es lo que se llama política de educación de campanario, señora ministra, porque no ven más allá de los Pirineos, no les alcanza ni más allá del Ebro. Esa es
la realidad, y por eso presentamos un texto alternativo que se redacta desde el respeto a las competencias en las materias que nos afectan, porque el proyecto de ley del Gobierno en nuestra opinión refleja una clara falta de sensibilidad hacia la
vigente ordenación jurídica y territorial del Estado. Resulta paradójico constatar que la única novedad que presenta el proyecto de ley es la previsión de habilitación a la Administración general del Estado para que pueda crear y sostener centros
de FP por propia iniciativa, generando una dualidad de redes sin sentido ni funcionalidad alguna, y además con el grave riesgo de diseñar una FP de primera división, minoritaria, elitista y estatal, y otra de regional con las aulas a rebosar, con
los alumnos con menor recorrido y titularidad académica. Señora ministra, esto no es un Plan ADO para el deporte, esta es una ley de formación profesional; aquí no hay alto rendimiento ni deportistas de elite, aquí hay alumnos que se deben formar.
Además, señorías, este proyecto de ley tampoco aborda los aspectos académicos de la formación profesional, el proyecto de ley ni siquiera expone los objetivos académicos de la formación profesional. Integra los tres subsistemas vigentes en
la actualidad, pero no aborda las cuestiones curriculares y pedagógicas pendientes de resolución. Por ejemplo, las pasarelas siguen sin definirse una vez más; no se quiere abordar esta problemática. Las fórmulas de paso de la FP de grado medio al
superior y de éste a los estudios superiores siguen sin abrirse. Se plantea por primera vez que sea la Administración la que nombre los directores de los centros por libre designación, marginando a los consejos escolares.
Señora ministra, sus
propuestas rezuman autoritarismo y clasismo.
Intentan poner lo retro de moda (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.).
Una de las aportaciones que presenta el Grupo Parlamentario Vasco a este debate es la financiación de la formación profesional. Ustedes nos presentan un proyecto con coste cero, porque lo que se destina a estas materias es suficiente.
Nosotros entendemos que no lo es, discrepamos radicalmente de este planteamiento, porque así la formación profesional seguirá siendo el pobre entre los pobres. Entendemos que procede articular las bases mínimas para que exista un planteamiento
financiero de referencia que respalde la reforma de la formación profesional, y desde este planteamiento quisiéramos destacar dos notas. La primera que se unifiquen las fuentes de financiación por las que se soporta hoy día la formación
profesional, porque de lo contrario es una auténtica entelequia el objetivo integrador que propugna el proyecto de ley. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional ya precisó que las cuotas de formación no forman partes de los recursos de la
Seguridad Social. El espíritu y la letra del Pacto de Toledo van en esta línea. Aquí el contexto europeo es también aplicable, o por lo menos es un criterio de referencia insoslayable, y éste apunta a la pertinencia de que todos los sistemas de
formación estén soportados desde la misma fuente de naturaleza tributaria, por ser un activo al que la sociedad en su conjunto debe contribuir equitativa y solidariamente.
Desde este planteamiento, señora ministra, se eliminarían muchos efectos distorsionadores que hoy se proyectan sobre los costes de empleo, porque el actual modelo de financiación de la formación profesional también aquí responde a una
sociedad de los años cincuenta, en las nóminas, a cuenta de los trabajadores y empresarios, con empresarios recaudadores; éste es un modelo caduco, obsoleto, es único en Europa. Avancemos cuando menos hacia el sistema francés de financiación de la
formación profesional, teniendo en cuenta además aspectos sustanciales de financiación del modelo anglosajón. Se hubiera podido esperar de un proyecto de ley que intenta ser puente entre la empresa y los sectores educativos que planteara fórmulas
para que las administraciones públicas estimulen fiscalmente a las empresas para fomentar la formación permanente de sus empleados, a través de incentivos fiscales que consideren la educación y la formación como inversión real y actividad de interés
general. Este modelo anglosajón de estímulos fiscales a las actividades de interés general, señorías, parece que no consigue implantarse. Ni sistema francés ni sistema anglosajón, aquí el sistema que se puso en los años cincuenta y que arreen los
trabajadores y los empresarios.
Señora ministra, creemos que son aportaciones que plantea el Grupo Parlamentario Vasco a este debate. Entendemos que con el texto articulado que presentamos en el día de hoy estaríamos en condiciones de que
el sistema de formación profesional en el conjunto del Estado diera un salto cualitativo relevante, tanto desde el punto de vista educativo como laboral y de financiación. Esperamos que estas propuestas gocen de aceptación general entre
SS.SS., porque ya a estas alturas del debate es de aceptación general que los textos que presenta el Gobierno no resisten la comparación con los que presentan los grupos de la oposición. Elijan cualquiera, el del Grupo Catalán, el del Grupo Vasco,
el del Grupo Socialista, cualquiera de ellos supera su proyecto en cualquier criterio.
Analícelo, señora ministra, ponga a alguien a estudiar esos temas y entenderá que es razonable aceptar en el día de hoy cualquiera de los textos que le presentan
los grupos de la oposición, frente al que usted propugna.
¿Por qué optar por un proyecto corto de miras, retrógrado y sin financiación pudiendo elegir textos alternativos de calidad, con objetivos ambiciosos de futuro, para dignificar los estudios de la formación profesional al uso en Europa, con
financiación regulada, siguiendo por ejemplo el modelo francés complementado con el anglosajón? Esta es la pregunta que dejamos en la tribuna, señora ministra; esperamos su contestación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de su enmienda de texto alternativo, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Desde Lisboa a Estocolmo, las estrategias de la Unión para hacer de Europa el continente del pleno empleo, de la cohesión social, depositan en el sistema de formación profesional las mayores responsabilidades y esperanzas. Todos coincidimos
aquí en que una formación profesional permanente y de calidad es la base del empleo, es la base de la empleabilidad. Es ya común afirmar que en la sociedad del conocimiento y de la globalización la cualificación profesional será clave para la
cohesión social.
El Gobierno ha presentado hoy a esta Cámara su proyecto de ley de formación profesional y de las cualificaciones. El Grupo Parlamentario Socialista cree sin embargo que más allá del discurso retórico no está en condiciones de alcanzar los
objetivos que aquí todos decimos compartir.
¿Por qué? Nosotros tenemos que decir una vez más que nos preocupa el procedimiento previo. Ha habido debate, pero ha sido imposible el acuerdo y esta cuestión, cuando nos referimos a la formación
profesional, es muy seria por todo lo que nos estamos jugando. Este proyecto de ley va dirigido probablemente a 15 millones de ciudadanos españoles; va dirigida a la formación no sólo de nuestros jóvenes, no sólo a la formación profesional
reglada, también a la formación que van a recibir los parados, y España es el país de la Unión afectado por mayores niveles de desempleo, sobre todo un desempleo vinculado a la falta de cualificación -me estoy refiriendo a la formación ocupacional-,
pero también va dirigido a la formación permanente que han de recibir los trabajadores empleados, es decir lo que conocemos como la FORCEM; sin embargo nosotros hemos podido comprobar el profundo desacuerdo que hay con el proyecto de ley que
presenta el Gobierno. Ni los agentes sociales ni la oposición parlamentaria ni las comunidades autónomas respaldan este proyecto. En esta Cámara, en la Comisión de Educación del Congreso han comparecido expertos, sindicatos, organizaciones
empresariales, representantes de las familias, representantes de los estudiantes y han formulado durísimas críticas al proyecto, y ocho comunidades autónomas han expresado su absoluto rechazo al proyecto del Gobierno. Esto es así y nos preocupa la
falta de ese consenso básico que es imprescindible para el éxito de cualquier ley de formación profesional.
Este proyecto de ley también llega sin un diagnóstico previo. Nosotros hemos escuchado al Gobierno decir reiteradamente que esta ley era imprescindible por las ineficiencias, las insuficiencias y hasta el fracaso del II Programa Nacional de
Formación Profesional, y resulta que ese II Programa Nacional de Formación Profesional lo ha establecido el Gobierno del señor Aznar en 1998; por tanto ese fracaso es exclusiva responsabilidad de este Gobierno. Ahora bien, han llegado a presentar
este proyecto de ley sin decirnos cuáles son los fracasos, las insuficiencias e ineficiencias de ese programa. A mi grupo parlamentario le interesa saber especialmente cuál es el nivel de ejecución de las previsiones de financiación de dicho
programa, porque fue presentado de una forma verdaderamente importante por el Gobierno -en aquel momento por los ministros de Educación y de Trabajo, señores Arenas y Aguirre-, y además se dijo que iría acompañado de una financiación de 2,5 billones
de pesetas. ¿Dónde está? Dónde está la ejecución de ese II programa nacional para que podamos hacer ahora y aquí un más completo seguimiento de la importancia de este proyecto que presenta el Gobierno? Por eso nuestra primera crítica es decir que
el proyecto nos parece irresponsable e improvisado.
Pero hay más, si nosotros vamos al proyecto nos parece inoperante, será inoperante porque no prevé ningún mecanismo para que el sistema nacional de las cualificaciones y la formación profesional pueda funcionar; no resuelve la bicefalia de
trabajo y educación. ¿Cómo es posible que un sistema por sí mismo funcione sin más? Nosotros le auguramos desde luego, el más completo fracaso.
Desde nuestro punto de vista es un proyecto de ley técnicamente imperfecto. Sólo le vamos a dar dos datos para su consideración. El primero, ¿cómo es posible
que estemos hablando de un proyecto de ley de formación profesional, cuyo objetivo aparente es integrar los tres subsistemas de la formación profesional reglada, ocupacional y continúa y luego nos encontremos sorprendentemente que no se
define ninguna de ellas? Es bastante lógico porque mientras el anteproyecto de ley de la formación profesional caminaba a trompicones por el Consejo, la Conferencia, el Consejo escolar, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social, el
Ministerio de Trabajo reformaba vía decreto la FORCEM, reformaba vía decreto los mecanismos de formación de los trabajadores empleados, la formación continúa.
Existe una segunda cuestión y nos permite decir que nos extraña que en este proyecto no se hable de la formación profesional reglada. Es que eso está en otro proyecto del Gobierno que hemos conocido esta misma semana y se trata de una de
las famosas bases del proyecto de ley de calidad de la educación, que desde nuestro punto de vista prevé unos mecanismos absolutamente dañinos para el prestigio de la formación profesional, ya que establece un sistema por el cual se identifica el
alumno que fracasa, y al alumno que no promociona en las vías académicas de más valor, en las vías académicas de más prestigio se le deriva hacia lo que el documento del Gobierno denomina los itinerarios de orientación técnico-profesional.
Esto en
lo que se refiere a la educación secundaria obligatoria.
A la vez se crea también otro mecanismo como son los cursos de iniciación profesional a los 15 años, cuando los alumnos no han alcanzado siquiera la educación secundaria obligatoria, y a los alumnos que no pueden continuar académicamente en
el sistema ordinario se les deriva a los 15 años hacia esta iniciación profesional y después al mundo del trabajo.
Pero hay más, en los ciclos formativos se establece un sistema de accesos y pasarelas en los cuales no se garantiza la formación
académica adecuada sino que lo aquí estamos viendo es una reconstrucción del viejo sistema del viejo sistema de 1970; un sistema obsoleto, caduco y fracasado; esta es la propuesta que aquí se nos hace.
El proyecto de ley del Gobierno es irrespetuoso con las competencias de las comunidades autónomas por los excesos centralistas ¿Por qué este intento, tantas veces subrayado, por recuperar competencias de educación que el Gobierno ya ha
transferido a las comunidades autónomas? ¿Por qué es necesario recrear una red nacional de centros de formación profesional de referencia nacional? ¿Cuál es la razón si todas las competencias en educación están transferidas a las comunidades
autónomas? Es posible poner en marcha centros de innovación que sean referentes para un determinado sector productivo y hacerlo con el impulso, la cooperación, el convenio y la financiación que quiera disponer el Gobierno central, pero con la
necesaria y siempre imprescindible participación de las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en este terreno. Estamos hablando de la importancia que la formación profesional tiene en la cohesión social. Sin embargo, aquí no se tiene en
cuenta el papel que ya desarrollan los ayuntamientos, papel que debe reforzarse, sobre todo por las nuevas necesidades que tiene la inserción profesional en especial de los colectivos y sectores sociales más desfavorecidos.
El proyecto de ley es además pobre y cicatero. Lo es porque no dedica ni una sola línea a la financiación de los objetivos que pretende la ley.
Ahora bien, si rebuscamos entre la documentación aportada por el Gobierno para completar la
presentación ante esta Cámara del proyecto de ley de la formación profesional y de las cualificaciones, podemos ver que viene una memoria económica, una memoria económica, señorías, en la cual ha trabajado más el procesador de textos que la hoja de
cálculo. Esto es porque la cuestión más notable que se dice en esa memoria económica es que los objetivos de esta ley no necesitan ninguna financiación adicional, cuestión que no puede entenderse cuando estamos hablando de un proyecto de ley que
tiene que contribuir al desarrollo y expansión de la formación profesional, a mejorar la calidad, a dotar a los centros de más y mejores recursos, no sólo humanos sino también materiales, donde es imprescindible incorporar decididamente las nuevas
tecnologías ¿Cómo es posible que en una ley que tiene como objetivo que la formación llegue a todos como derecho básico se diga que los recursos actuales son suficientes y que no genera ninguna necesidad de financiación adicional?
Por todo ello, mi grupo parlamentario coincide con la oposición en esta Cámara. Este proyecto de ley va a marcar un hito histórico. Tiene nueve enmiendas de totalidad, nueve enmiendas de devolución de un texto que no compartimos y, además,
cinco de ellas con texto alternativo. Mi grupo parlamentario votará favorablemente todas las enmiendas con texto alternativo porque el esfuerzo realizado por los grupos políticos de esta Cámara, las aportaciones riquísimas que se hace en ellas son
de tal validez que permiten que podamos trabajar con todos ellos para hacer de verdad la ley de la formación profesional que necesita este país.
Señorías, mi grupo parlamentario pretende elaborar la ley de la formación profesional y de las
cualificaciones que necesita nuestro país. Creemos que una ley de la formación profesional es útil; es útil para mejorar el prestigio y calidad de la formación profesional, para cooperar a la mejor formación de los trabajadores, empleados y no
empleados, permitirá la empleabilidad, mejorará sus condiciones y la movilidad de los trabajadores en el ámbito español, pero también en el ámbito de la Unión Europea. Para ello es necesaria la creación de un sistema nacional de las cualificaciones
y la formación profesional que necesita el impulso político decidido, que debe hacerse mediante una agencia nacional de las cualificaciones y de la formación profesional, donde estén integrados en su comité interministerial los ministerios
del Gobierno de España que tengan competencias en materia de formación profesional, pero también tiene que haber un consejo en el cual estén todas las comunidades autónomas, para que de forma coordinada y cooperativa dirijan el sistema
nacional de las cualificaciones y la formación profesional. No puede funcionar el sistema si da la espalda a los agentes sociales, no puede funcionar sin la decidida participación de los sindicatos y las empresas, pero tampoco puede funcionar si no
tenemos en cuenta a los ayuntamientos. Nosotros pensamos que tiene que haber un mecanismo técnico para el desarrollo del sistema nacional de las cualificaciones, porque es imprescindible definir el catálogo de las cualificaciones profesionales, un
catálogo modular donde tengan especial papel las comunidades autónomas y los agentes sociales.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Valcarce, debe ir concluyendo. Su tiempo ha terminado.
La señora VALCARCE GARCÍA: Es necesario un sistema de reconocimiento, evaluación y certificación de las competencias, lo mismo que establecer qué formación está asociada al sistema de las cualificaciones, y es necesario que los
trabajadores, empleados o parados cuenten con un sistema de información y orientación profesional.
Nosotros no pensamos que esto pueda hacerse si no se cuenta con los profesores y por ello hemos dedicado un capítulo importante a esta cuestión. Tampoco creemos que esto pueda hacerse si no hay centros integrados en los cuales la
participación se vea reforzada y no quebrada con un sistema de nombramiento de directores designados en vez de elegidos por un consejo de centros donde han de estar todos aquellos que participan en la formación profesional. Además, señorías, si no
se aprovecha esta ley para hacer un esfuerzo adicional de financiación que sitúe el gasto en formación profesional o la inversión en formación profesional en España en la media de lo que con respecto al PIB dedican los países europeos no se habrán
conseguido estos objetivos.
Quiero terminar mi intervención recordándoles que el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 apostó decididamente por el empleo, la cohesión social y el desarrollo de la ciudadanía. Precisamente el fortalecimiento de las acciones en materia
de educación y aprendizaje permanente es el objetivo de la próxima ya cumbre de Barcelona. Señorías, con lo que hoy hemos escuchado aquí al Gobierno, de la lectura atenta y estudio detallado de su proyecto de ley de la formación profesional y las
cualificaciones, mucho nos tememos que el presidente Aznar en la cumbre de Barcelona, en educación y en el aprendizaje permanente, hará lamentablemente un discurso hueco y se presentará con las manos vacías.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Valcarce.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y para la defensa igualmente de su enmienda, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Buenos días, señorías. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, una vez más subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para poner de manifiesto nuestra discrepancia con el planteamiento que el Partido Popular trae a esta Cámara en materia de
formación profesional.
De entrada, todos y todas entendemos que la formación profesional es una pieza clave de las políticas de empleo, pero el Partido Popular ha buscado más que nada un escaparate y trae a la Cámara un proyecto que, de alguna manera, entiendo que
la señora ministra -que tiene una acendrada capacidad volitiva, que no le discuto desde luego pero para convencer a los suyos porque a nadie más- plantea como si fuera una panacea. Una vez más tenemos que decir sin empacho que es verdad que este
proyecto de reforma de la formación profesional es un decreto que ha sido más consensuado, que ha tenido un cierto consenso con los agentes sociales, pero hemos de decir también, alto y claro señora ministra, que desde luego no con este grupo
parlamentario. Voy a explicárselo porque creo que hay una diferencia de conceptos. Pienso que mueve ficha quien gobierna porque quien gobierna tiene la obligación de compartir el diagnóstico respecto a la realidad política y social sobre la que
quiere actuar, y si usted no mueve ficha tengo que entender, como portavoz de un grupo parlamentario de oposición, que no tiene ni el más mínimo interés en conocer la opinión de este grupo parlamentario. Más allá de eso, señora ministra, estoy
segura de que usted, en lo que tiene que ver con el proyecto anunciado por el Gobierno de reforma educativa, tomará buena nota de sus errores y espero que ahí sí podamos, al menos, de tratar de ponernos de acuerdo. Esa es la voluntad de mi grupo
parlamentario: el consenso como clave esencial en lo que tiene que ver con reformas tan sustanciales y tan importantes para el conjunto de la sociedad española como son las reformas educativas.
Señorías, el presidente del Gobierno -como ya han dicho algunos compañeros y compañeras portavoces de otros grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra- firma en el año 1998 un acuerdo con los sindicatos y el Ejecutivo
no ha hecho nada con relación a los objetivos acordados en el II Plan Nacional de Formación Profesional. La respuesta a ese plan la tenemos hoy aquí con su proyecto de ley, que viene a sustanciar jurídicamente los acuerdos a los que había llegado
el señor Aznar con los agentes sociales. De modo que este proyecto de ley en realidad, tal y como ustedes lo plantean, viene únicamente a dar carta de
naturaleza jurídica a los acuerdos de 1998 suscritos en el II Plan Nacional de Formación Profesional.
Nosotros entendemos que los gobiernos del Partido Popular reiteradamente incumplen acuerdos en esta materia. No solamente incumplen ustedes el acuerdo de 1998, sino que, por poner un ejemplo de la comunidad autónoma a la que represento en
esta Cámara, el señor Ruiz Gallardón, que también es de su partido, incumple el acuerdo firmado con los sindicatos en el año 1999. De manera que ustedes llegan tarde y mal -aunque, evidentemente, en una materia como esta nunca es tarde- porque,
señora ministra, el Consejo General de Formación Profesional señaló hace años ya la conveniencia de redactar una ley que incidiera en la necesaria integración de los tres subsistemas de la formación profesional y, por tanto, se planteaba un proyecto
de ley con una filosofía integradora, de globalidad. Ustedes vienen aquí con un texto que lo que evidencia y pone encima de la mesa básicamente es un bagaje de cuatro años de parálisis política, de incumplimientos, cuando no de engaños a la opinión
pública y a los agentes sociales, con respecto a aquello a lo que ustedes se habían comprometido en el II Plan de Formación Profesional. Me atrevería a ir más allá y a decir que los engaños vienen desde el año 1996, porque ustedes llevan ya seis
años gobernando y porque tienen, por tanto, esa responsabilidad. En este sentido me gustaría que no se hagan comparaciones con etapas anteriores porque ese discurso no procede y porque estamos en otro momento político, estamos en el momento
político del Partido Popular que, por cierto, entendemos que debería finalizar lo antes posible, pero que, evidentemente, depende de la voluntad democrática de los ciudadanos y no de la de esta modesta portavoz.
Este proyecto de ley, señora ministra, no hace más que constatar la necesidad de dotar de rango jurídico los acuerdos incumplidos por su Gobierno. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que este proyecto debe reflejar el
compromiso del Gobierno para llevar adelante y a efecto los elementos y objetivos que se recogen en el mismo y que no son otros que los que ustedes habían acordado ya en el año 1998.
No aparece en su proyecto de ley ninguna mención para establecer
medidas de carácter financiero que favorezcan y garanticen una mayor participación de las empresas en la formación; es decir, facilitar la inversión de las empresas en formación con contrapartidas fiscales negociadas. También echamos en falta la
apuesta decidida de figuras clave, como son el permiso de formación para las trabajadoras y trabajadores, reforzando de este modo, y como no podría ser de otra forma, el derecho que todas y todos tenemos a la formación. No concretan ustedes,
señores del Grupo Popular, señores del Gobierno, ni siquiera se plantean un instrumento de coordinación única de la política de cualificaciones y de formación profesional, más aún cuando de hecho sabe usted muy bien, señora ministra, que existe ya
un órgano con competencias en esta materia, como es el Centro Nacional de Recursos para la Orientación. Este proyecto de ley piensa potenciar la formación profesional en España, pero no sabemos ni cómo, ni con qué, ni cuándo.
Volvemos a los
sesenta.
Ustedes saben igual que yo que para mejorar cualquier proyecto hace falta invertir y, además, planificar la inversión. Esto lo sabe cualquier persona, aunque nunca haya trabajado fuera de su casa. Cualquier digna ama de casa de este país
sabe que esto es preciso. El Partido Popular, sin embargo, parece ser que lo ignora. Respecto a los profesionales que trabajan en el sector, su proyecto de ley, señora ministra, no indica sus condiciones laborales, ni siquiera alude a la
negociación colectiva con las organizaciones sindicales a la hora de valorar estas cuestiones. Ya sé que usted va a utilizar como coartada el acuerdo con los sindicatos, pero nosotros tenemos derecho a ir más allá y decirle que nos preocupa la
ambigüedad del texto en este sentido porque tememos que nos podremos encontrar con la potenciación del empleo en precario, dejando la formación ocupacional y continua como si fuera una cuestión de puras horas extraordinarias.
Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, señora ministra, ¿no le parece a usted razonable que las comunidades autónomas puedan y deban participar y trabajar activamente no sólo por las competencias que les han sido atribuidas, sino
también a través de sus consejos autonómicos de formación profesional? Señora ministra, creo que no hacen falta argumentos, el imperio de la razón debería hacerles a ustedes reflexionar sobre la conveniencia de respetar las competencias de las
autonomías, de darles el protagonismo necesario en estas cuestiones, pero usted una vez más hace oídos sordos ante los múltiples requerimientos que se le vienen haciendo en esta Cámara sobre esta materia.
Su proyecto de ley, señora ministra, nace ya obsoleto. Fíjese qué curioso.
(Perdone que me ría, señora ministra, pero mi risa no tiene ninguna mala fe, simplemente es un gesto de complicidad.) Su proyecto de ley es obsoleto porque ustedes
nos están ofertando el pacto local continuamente y resulta que hacen una reforma de formación profesional y se les olvida el papel protagonista que tienen ya muchos ayuntamientos con una oferta formativa propia, incluso algunos tienen observatorios
locales de empleo, y se les olvida también definir en el proyecto de ley cuál va a ser el papel de las corporaciones locales en materia de formación profesional.
También queremos manifestarle nuestro desacuerdo con la libre designación de los directores de centros integrados de formación profesional. Señora ministra, sobran argumentos. Nosotros siempre hemos defendido la participación de toda la
comunidad educativa a la hora de plantearnos la elección de directores o de órganos de dirección en los centros. Esto de la libre designación de directores no es que sea obsoleto, es que es
antidemocrático y, francamente, a estas alturas de la democracia no se debe permitir este tipo de métodos.
Señora ministra, con relación a la filosofía del texto que nos trae usted a la Cámara, le queremos plantear algunas cuestiones o directrices de planificación que entendemos necesarias y que tienen que ver con las estrategias de desarrollo,
los requerimientos del empleo y el sistema productivo. Las estrategias de desarrollo son necesarias porque harán preciso que la oferta formativa garantice con tiempo la adaptación a las presentes y a las futuras necesidades de las empresas, pero no
únicamente a eso, señora ministra, también a las necesidades permanentes de formación no sólo de los trabajadores y trabajadoras en activo sino igualmente de los futuros trabajadores, trabajadoras o colectivos específicos en situación social
desfavorecida, los de larga duración, discapacitados, y qué vamos a decir de los escolares fuera del sistema escolar con las reformas educativas ya en marcha que ustedes han traído a esta Cámara y con la ley de calidad que nos espera, ley de calidad
que, si no la modifican, va a expulsar del sistema a muchísimos alumnos. Por tanto, vamos a tener que actuar en esta dirección reforzando más si cabe para que esos colectivos socialmente desfavorecidos no queden fuera de lo que debería ser la
protección de la ley. Requerimientos del empleo, entendiendo este elemento como base de cara a intentar conseguir el pleno empleo, es decir, una relación permanente formación-empleo, con creación de puestos de trabajo, mejora de las cualificaciones
profesionales y, consecuentemente, señora ministra, mejora del sistema productivo, es decir, del conjunto de producción, en suma mejora de las cualificaciones, en suma mejora de las condiciones laborales, en suma mejora de las condiciones de acceso
al mundo del trabajo y mejora de la productividad en las empresas.
Por todo esto nuestro grupo parlamentario ha hecho un esfuerzo notable en esta ocasión y ha querido singularizar la formación profesional, porque entendemos que el proyecto de ley por parte del Ministerio ha tenido un tratamiento no
solamente erróneo sino desacertado, que ha impedido que este debate tenga la influencia mediática que tiene que tener, corriendo un tupido velo sobre el proyecto de formación profesional, poniendo encima de la mesa el proyecto de ley de calidad, que
es sumamente importante, y tratando la formación profesional como si de una mera maría se tratara.
Nuestro grupo parlamentario, por el contrario, ha querido significar que en el centro de nuestras preocupaciones sobre la reforma educativa también está la ley de formación profesional. Hemos hecho este esfuerzo para traer a la Cámara un
texto alternativo y le decimos claramente que, de ser rechazados los textos alternativos presentados hoy por cinco grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, nuestro grupo parlamentario trabajará activamente en el seguimiento del desarrollo
reglamentario de la ley de formación profesional y sobre todo les exigiremos que establezcan un calendario de trabajo que al menos nos quite la incertidumbre sobre si van a incumplir también este proyecto de ley.
En consecuencia, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida les invitamos a trabajar con responsabilidad para que se desarrollen con rigor y seriedad, y además consensuadamente con los agentes sociales, con las corporaciones
locales y con las comunidades autónomas, todas las cuestiones relativas a la definición de la estructura y el contenido del catálogo de cualificaciones. Por tanto, habrá que dotar igualmente de medios a fin de que se desarrollen todas las funciones
relativas al establecimiento de criterios que definan los requisitos y características que han de reunir las cualificaciones profesionales para luego ser incorporadas al sistema nacional de cualificaciones profesionales.
Tendrán que consensuar
también la metodología de base para identificar las competencias profesionales y definir el modelo que en definitiva ha de adoptar una cualificación profesional, para que también sea incorporado el modelo al sistema. Tendrán que establecer el
procedimiento que permita corresponsabilizar a las agencias o institutos de cualificaciones que puedan tener las comunidades autónomas, así como a los diversos agentes sociales, tanto en lo que sería la definición del catálogo de cualificaciones
profesionales, como en la actualización de las demandas sectoriales, el desarrollo normativo y los órganos de gobierno de los centros integrados. Tendrán que sentarse a hablar, porque no pueden hacer esto al margen de las comunidades autónomas, de
los agentes sociales ni de las corporaciones locales. Señora ministra, tampoco pueden ignorar que todo el mundo está interesado y quiere participar en el desarrollo normativo de los criterios de calidad, indicadores y procedimientos de evaluación
que el sistema va a poner en marcha.
Nuestro grupo parlamentario ha querido participar no sólo con el sentido de la generosidad política que hemos de tener todos y todas en estas cuestiones, sino también con el de la responsabilidad. A pesar de que ustedes no han querido
contar con nosotros, nosotros hemos querido contar con ustedes, hemos querido contar con el conjunto de la Cámara y traer aquí nuestras ideas mediante un texto alternativo que recoge los aspectos que nos parecen más relevantes de la formación
profesional. Garantizamos la participación y cooperación de las políticas formativas y, cómo no, la financiación. Es probable que se repita el argumento. Como todos somos repetitivos, y ustedes más que nadie porque para eso son el Gobierno, no me
vuelvan a contar que es una ley de bases y no de financiación. Ya lo sé porque me lo dijo el señor Rozada en su día en la reunión que celebraron la CEAPA y Comisiones Obreras. Sin embargo, una ley de bases no está exenta de definir plazos,
criterios y objetivos para potenciar al
máximo una formación profesional necesitada de esa elevación de rango, y esto requiere financiación.
En definitiva, nuestro texto viene a responder a cuestiones importantes que ustedes o han omitido involuntariamente o no las han puesto en el proyecto de ley porque no han reflexionado sobre ellas o sencillamente no piensan desarrollarlas
porque no tienen el interés preferente que tiene para nosotros. Por estas razones pedimos el voto para nuestro texto alternativo, porque ofrece instrumentos definidos para llevar a cabo todo lo que sería el sistema nacional de formación profesional
y cualificaciones, así como el catálogo modular correspondiente, garantizando la participación, sobre todo la corresponsabilidad, entre las diferentes administraciones y sectores implicados, es decir, comunidades, corporaciones locales y agentes
sociales. Plantea la financiación necesaria para crear centros integrados de formación profesional con los criterios y requisitos mínimos consensuados que han de cumplir, para que cualquier chiringuito no pueda convertirse en un centro integrado de
formación profesional.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Debe concluir, señoría, su tiempo ha terminado.
La señora CASTRO FONSECA: Voy terminando. Un plan de financiación que favorezca la potenciación de la formación profesional en sus diferentes modalidades y la creación de centros productivos por sectores que favorezca una compensación
interterritorial, para que no haya lugar a una formación profesional de primera y otra de segunda según la comunidad autónoma en la que tengas la suerte de nacer o vivir. Si no se ve compromiso alguno por parte del Partido Popular de asumir con
qué, cómo y cuándo se va a llevar a cabo esta ley, nosotros seguiremos trabajando, más allá de que también definimos ya las prioridades y el calendario para ejecutar las políticas de formación profesional. Señora ministra, esto no es un brindis al
sol, es una reforma educativa muy importante que afecta a un conjunto importantisimo de la comunidad educativa y de un modo especial a la clase trabajadora.
Para concluir diré que entre nuestras consideraciones tenemos una preocupación. No se menciona en el texto la negociación colectiva a la hora de ver cuáles van a ser los requisitos que tendrán que cumplir los profesionales de los centros de
formación profesional, tanto docentes como de servicios complementarios, así como sus condiciones laborales.
Por tanto, mi grupo parlamentario ha considerado la conveniencia de establecer este método, este calendario y reivindica desde aquí que la
negociación colectiva aparezca en el texto.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Castro, debe concluir.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias por su atención, señora ministra.
Espero que en este largo camino de la reforma educativa que ha emprendido el Grupo Popular vayamos siendo capaces de encontrarnos más que de desencontrarnos, que es
lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Ese es al menos el deseo de mi grupo parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Castro.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, yo no entiendo muy bien cómo puede usted iniciar y concluir su intervención con tono de euforia diciendo que hoy es un gran día, porque si algo tiene o debería tener hoy este día para usted es tristeza, profunda tristeza
política -usted asuma las cosas y deje que le influyan en su vida personal tanto como usted quiera-, porque hoy está batiendo un récord parlamentario como ningún ministro. Ha traído usted aquí un proyecto de ley que por primera vez en la historia
democrática española, como le ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y yo lo reitero, tiene tantas enmiendas a la totalidad. Eso es una barbaridad, señora ministra. Es algo que para usted no puede ser motivo de satisfacción sino de
dolor y, por lo menos, de profunda reflexión para usted, para el Gobierno que representa y para el grupo parlamentario que le apoya. Ha de ser motivo de profunda reflexión sobre los graves errores que se pueden cometer cuando se tiene mayoría
absoluta y se pierde la perspectiva de la realidad, cuando uno tiene mayoría absoluta y pasa a creer que por ello ha quedado investido del poder de la verdad, por más que cada uno de los grupos representados en esta Cámara le estén diciendo con
distintos tonos que no llevan ustedes razón.
Hoy por primera vez en muchos años presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo a una ley. No lo hacemos con gusto ni en el marco de ninguna estrategia política de la que nos mostremos especialmente satisfechos, lo hacemos
muy a nuestro pesar. Lo hacemos empujados por la intransigencia de fondo -más allá del profundo respeto personal que pueda tener y tengo a los interlocutores del Grupo Popular, con quienes he podido tratar estos días-, que es lo que en política
cuenta, ante los planteamientos que les hemos expuesto, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo al que hemos estado dispuestos hasta hoy mismo -le diré más- e incluso a partir de hoy mismo. Ante esa situación no nos queda más remedio que
presentar esta enmienda a la totalidad.
El Grupo Parlamentario Catalán acepta prácticamente todas las premisas del texto que ustedes han traído.
Acepta la necesidad de coordinar la formación profesional en sus tres modalidades actuales, que era un mandato de la LOGSE en su tiempo, un mandato que no quedó desarrollado y que ustedes hacen bien en intentar desarrollar; lo compartimos.
Compartimos la necesidad de ir a un sistema integrado de formación profesional, porque además tiene todo su sentido.
Hacemos propios los objetivos que se desarrollaron en el II Programa Nacional de la Formación Profesional, aprobado en 1998, del
cual trae causa esta ley. Las directrices para el año 1998-2002 las hacemos propias. Por tanto, el espíritu que está detrás de este texto lo hacemos propio. Que nadie crea que CiU se opone a que aquí se legisle ni a lo que se aprobó con pleno
consenso de todas las fuerzas sociales y las comunidades autónomas y que se encarnó en ese Programa Nacional de la Formación Profesional. De hecho ahí -usted lo ha citado cuando ha manifestado sus objetivos- se hablaba expresamente del respeto a
las comunidades autónomas. Eso es lo que ustedes hoy aquí han modificado y trastocado.
El Grupo Parlamentario Catalán no se opone a una nueva ley, lo cual no nos impide reconocer que la formación profesional en Cataluña funciona casi perfectamente. No hace falta decir -igual que han estado haciendo ustedes en el ámbito
educativo- que las cosas son un desastre para proponer reformas legislativas. En Cataluña, que es de donde puedo hablar con un cierto mayor conocimiento, la formación profesional funciona muy bien, estamos muy satisfechos de cómo funciona, por lo
que no será esta ley ni ninguna otra la que venga a cubrir parches del sistema porque no los necesita, en Cataluña por lo menos. Tengo conocimiento de que en otras comunidades tampoco. Efectivamente, se puede mejorar e ir a una mayor coordinación
e integración total del sistema; perfecto. Eso no tiene nada que ver con otro debate, que es el del prestigio social de la formación profesional, el de la relación entre la formación profesional y el sistema educativo en general. Esa es otra
cuestión que, por cierto, ustedes no resuelven, no afrontan ni intentan resolver. Eso sí les compete a ustedes y queda absolutamente virgen en esta ley. El funcionamiento de la formación profesional como tal no es malo, por lo menos en el ámbito
en el que Convergència i Unió políticamente tiene responsabilidades.
El texto que traen ustedes tiene por lo menos tres graves defectos estructurales, lo que nos hace imposible intentar cambiarlo con enmiendas parciales, obligándonos a presentar una a la totalidad. Son defectos que además probablemente van a
impedir la propia eficacia de la ley, no son sólo una crítica política teórica; van a impedir que la ley, en caso de que se apruebe tal cual está, pueda cumplir con los objetivos que ustedes pretenden asignarle. Insisto, hemos hecho llegar al
Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular estos problemas y hasta hoy no hemos obtenido respuesta. Más bien hemos obtenido una respuesta absolutamente negativa; respetuosa, pero negativa. En primer lugar, este texto es absolutamente indefinido.
Uno puede, en teoría, ser muy partidario de que las leyes dejen las cosas para un mayor detalle posterior. Eso, en teoría, puede tener sus ventajas en otros ámbitos, pero no es tolerable ni constitucionalmente posible cuando estamos hablando de una
ley que tiene carácter básico. Cuando una ley tiene carácter básico es aquí, en sede parlamentaria, donde se debe precisar si se respetan o no las competencias que tiene el Estado en el ámbito legislativo y las que tienen las comunidades autónomas
para su desarrollo, pero esto aquí ustedes no lo hacen. Ustedes se están dando a sí mismos un cheque en blanco para atribuir por vía reglamentaria el carácter básico a toda una serie de disposiciones que hoy no podemos fiscalizar. Eso, señora
ministra, no lo podemos aceptar, primero, por que es mala técnica legislativa por sí solo; segundo, porque puede ser inconstitucional y, finalmente, porque nos impide pronunciarnos sobre a dónde va realmente este texto, qué consecuencias va a tener
y cómo va a afectar. Lo dijo el propio Consejo Económico y Social en su dictamen. Les leo un párrafo del dictamen del Consejo Económico y Social al anteproyecto, que en este punto no ha modificado nada y que habla de esta indefinición en este
ámbito y en otros -abro comillas-: Dadas las características del anteproyecto concebido como norma básica y cuyo articulado resulta en ocasiones extremadamente genérico y ambiguo, el Consejo Económico y Social llama la atención sobre la importancia
del futuro desarrollo reglamentario al que el anteproyecto se remite a efectos de la configuración efectiva de aspectos primordiales de un nuevo sistema de formación profesional. De la cabal regulación de estos aspectos, como la distinción precisa
de las funciones que competen a las autoridades laborales y educativas o la regulación de los efectos del reconocimiento de las acreditaciones, depende en buena medida el éxito del nuevo modelo y su contribución a la mejora de la calidad y el
prestigio de la formación profesional en España. Por tanto, ustedes no han hecho bien los deberes, ya que han traído una ley que dice muy poco y que tiene graves riesgos, puesto que expresa que lo que diga el Gobierno en su desarrollo tendrá
carácter básico, y eso no puede ser. Ustedes tienen que traer aquí bases claras. Este es el primer grave defecto.
El segundo grave defecto que para nosotros tiene esta ley es que ignora el reparto competencial entre las comunidades autónomas y el Estado, no respeta la realidad de ese reparto competencial ni en el ámbito laboral ni sobre todo en el
educativo. En el marco del desarrollo del artículo 27 de la Constitución ustedes tienen unas competencias y las comunidades autónomas tienen otras que son muy amplias. En el caso de Cataluña, por ejemplo, la Generalitat tiene plenas competencias
para regular y administrar la enseñanza en toda su
extensión (niveles, grados, modalidades y especialidades) y a ustedes, como Estado central, les corresponde la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos o profesionales. No se trata de una
mera discusión jurídica, sino que tiene enormes consecuencias. Ustedes pueden llegar hasta donde pueden llegar y a partir de ahí se tienen que parar, correspondiendo a las distintas comunidades autónomas -lo que he leído para la Generalitat vale
para muchas otras- desarrollarlo. La excusa de ampararse en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que habla de la igualdad entre los ciudadanos, no puede servir para entrar como un elefante en una cacharrería y arrasar la distribución
competencial. La igualdad entre los ciudadanos de España por supuesto debe ser protegida, pero debe serlo por cada una de las distintas comunidades autónomas y de las diferentes administraciones autonómicas que tienen competencia para hacerlo No
les legitima a ustedes la teórica salvaguarda de esa igualdad entre todos los ciudadanos, que es en la que se intentan amparar aquí, para arrasar e ignorar el reparto competencial entre unos y otros, para pasar por encima del sistema autonómico y
para reconocer que hoy el Ministerio de Educación tiene sus competencias transferidas. Eso a usted le cuesta aceptarlo en muchos ámbitos y este es un caso claro. Podría poner varios ejemplos, pero no voy a desgranar toda la ley.
En cuanto a los centros integrados ustedes plantean la cuestión como un régimen organizativo que queda exento del control autonómico, como algo que ustedes dirigen desde aquí. Eso no tiene sentido con el reparto competencial, señora
ministra, y usted lo sabe. Los centros de referencia nacional de los que habla esta ley se plantean poco menos que como un injerto -permítaseme la expresión- de la Administración general del Estado implantado en las distintas comunidades autónomas
y controlado por el Ministerio. Eso no se corresponde con el reparto competencial. El control y la evaluación de la calidad de todo el sistema constituyen funciones ejecutivas, que corresponden a las comunidades autónomas, puesto que son las que
tienen competencias ejecutivas. No pueden ustedes reservarse, como hacen en este texto, el control de toda la calidad, dejando a las comunidades autónomas como si fueran delegados de tercera del Ministerio de Educación, porque no lo son, sino que
tienen su propia legitimidad -lo he dicho más de una vez- y en todo caso sus propias competencias. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Ustedes pueden fijar bases -retenga usted esta palabra, señora ministra-, porque con
ellas se pueden hacer muchas cosas y tienen ustedes mucho poder con eso. Utilícenlo correctamente. Insisto en lo que he dicho antes. La atribución de carácter básico al conjunto de la ley nos impide saber qué más van a meter ustedes, porque se
autofacultan para presentar al Consejo de Ministros un decreto por el cual se atribuye carácter básico a cosas que en este momento no sabemos qué contenido tienen y que se impondrán a todas las comunidades autónomas.
Finalmente esta ley tiene un tercer gran defecto estructural: no se trata de cambiar una coma, y se plantea con la absoluta independencia de que ustedes tengan o no competencias para llevarlo a cabo. Aquí podemos entrar en un juego
jurídico, conceptual, entre las competencias laborales, en las que ustedes tienen más peso, y las educativas, en las que lo tienen las comunidades autónomas. Con independencia de eso, ustedes pretenden con este texto que España desde el punto de
vista de la realidad social, económica y laboral española sea única y uniforme, y eso no puede ser. Se lo han dicho empresarios, se lo han manifestado en comparecencias y se lo hemos dicho nosotros y ustedes lo ignoran. Ustedes pretenden que
Vilanova i la Geltrú y Vigo tengan la misma titulación profesional y pretenden que Jaén y Mondragón tengan las mismas necesidades profesionales, pero no las tienen, señora ministra. El argumento de la unidad del mercado de trabajo y de la movilidad
laboral, que es válido, no es suficiente para ignorar la realidad de la diversidad del mercado laboral español. Con el de la movilidad laboral se podrían encontrar con que desde Bruselas -puesto que el mercado de trabajo europeo es único- se
pretenda dictar un catálogo de formación profesional y de titulaciones único para toda Europa, que valga por igual para Jaén y para la frontera alemana con Polonia. El día que un funcionario de Bruselas de tres al cuarto lo intente, verán ustedes
como reaccionan, pero tendrán nuestro apoyo, porque evidentemente no tendría ningún sentido. Por tanto, con esta ley, en primer lugar, impiden que en el catálogo nacional de cualificaciones haya aportaciones de las distintas comunidades autónomas
que se integren en él, en lugar de ser un catálogo hecho de arriba abajo, que nazca de la realidad económica y laboral; y, en segundo lugar, impiden distinguir entre un tronco común básico, que es el que garantiza la movilidad laboral, y
complementos específicos fijados por las comunidades autónomas que atiendan a la realidad social, laboral, empresarial y económica. Esto ustedes lo obstaculizan aquí, porque lo quieren centralizar y uniformizar, lo que no tiene sentido económico,
social ni político; con absoluta independencia de que ustedes tengan o no competencia para hacerlo, lo que ya discutiremos. Esto no significa -como ha pretendido decir alguien de la CEOE que está muy cerca de este texto, porque sabemos que parte
de la CEOE está muy cerca de este texto, aunque lo decimos con todo respeto, pero hay que decirlo- que CiU pretenda romper la unidad del mercado laboral en España o que CiU esté diciendo que hay 17 mercados de trabajo en España. Convergència i Unió
no dice que haya 17 mercados de trabajo en España, porque hay solamente uno; ni siquiera eso: hay un mercado laboral europeo y luego hay realidades económicas, sociales y políticas diversas, de las que España es una parte respecto de Europa y de
las que -vuelvo
a decir- Mondragón es muy distinto de Jaén, así como los puertos catalanes son muy distintos de los puertos gallegos, por lo que las necesidades de formación de un conservero gallego no tienen nada que ver, más allá del tronco común, con las
que pueda tener un pescador en Palamós. Señora ministra, pretender que el catálogo de formación profesional sea idéntico, único y sin posibilidad de disparidad es absurdo.
Voy a terminar diciendo que nosotros hemos estado abiertos al diálogo y seguimos estándolo, por lo que le pedimos que reflexionen. Más allá de nuestra disposición al diálogo lo que no nos pueden pedir ustedes es que renunciemos a la defensa
de las competencias de la Generalitat de Catalunya y, en conjunto, del sistema autonómico. No nos lo pida, en esto no podremos transigir, porque sería una traición a nuestros propios planteamientos más esenciales que nos han traído aquí y que han
traído aquí al conjunto de estos diputados. Así como tampoco nos pueden pedir que demos la espalda a la realidad social, económica y empresarial, al tejido económico que tenemos detrás y a las necesidades que nos reclama.
No nos lo pidan, porque
ese tipo de traición no la podemos plantear. Una vez dicho esto, hemos presentado un texto en el que, si simplemente le dan la vuelta a todos los argumentos que he planteado, verán que es lo que trae. Este texto pretende solucionar y afrontar la
formación profesional respetando escrupulosamente las competencias del Gobierno, reconociendo claramente la unidad del mercado laboral español; no pretendemos robar ni un gramo de competencia que no tengamos pero si reconocemos la diversidad y
pretendemos que se reconozca la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan realizar aportaciones, que se reconozcan las competencias de las distintas administraciones autonómicas -de todas ellas- en su ámbito y que se construya un auténtico
sistema integrado de formación profesional que resuelva...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Guardans, le ruego que vaya concluyendo.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Voy terminando.
...y sirva como instrumento para dar impulso al mercado de trabajo a través de la auténtica actualización de la titulación profesional de nuestros jóvenes y de los trabajadores de la formación continua
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras y señores diputados, señora ministra. En primer lugar, quiero agradecer el tono empleado con carácter general por los intervinientes a la hora de defender las diversas enmiendas de totalidad y muy especialmente a
aquellos que se han tomado la molestia y el trabajo de presentar unos textos alternativos, lo cual demuestra su esfuerzo y viene a acreditar algo que a veces se discute en las leyes -en esta no-, como es la oportunidad política que tenemos de
debatir este proyecto de ley hoy en esta Cámara.
También quiero agradecer en los trámites previos los intentos que hemos tenido, infructuosamente, de diálogo con Convergència i Unió, porque -como veremos más adelante- tenemos dos concepciones jurídico-legales diferentes en relación con las
cuestiones que acaba de suscitar su portavoz. Lo intentamos, yo agradezco esa voluntad, que nosotros también mostramos, pero no ha podido materializarse en nada concreto y oportuno.
No puedo empezar sin hacer una breve referencia a la evolución histórica de donde trae causa este proyecto de ley y recordar -como no puede ser de otra forma- el II Programa Nacional de Formación Profesional para el ejercicio 1998-2002.
Este programa fue objeto de pleno acuerdo entre los interlocutores sociales y las administraciones que participaron en él, incluida la representación de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco. Con este proyecto de ley el Gobierno no
hace otra cosa que cumplir el mandato que se derivó de este programa nacional que enmarcaba las directrices y principios básicos que debían inspirar una reforma que inicialmente no se planteó con el rango legal de un proyecto de ley. La aprobación
del anteproyecto del Consejo General de Formación Profesional el 31 de mayo de 2001 se realizó con la ausencia de alguna comunidad que lo abandonó, pero con el apoyo de todos los que allí estuvieron, incluida la mayor parte de administraciones
autonómicas. El Consejo General de Formación Profesional fue modificado por Ley 19/1997, para darle cabida, entrada no sólo como órgano de consulta, sino de participación de las comunidades autónomas españolas. Es por ello que tuvieron la
oportunidad de pronunciarse en un foro que además recogía las iniciativas y era un foro unitario de lo que podían representar competencias y acciones del Ministerio de Educación y Cultura, por una parte, y del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por otra. Tanto es así que algunos grupos parlamentarios en sus textos alternativos, en contra de manifestaciones vertidas luego en la tribuna, han venido expresamente a reconocer el carácter participativo institucional del Consejo
General de la Formación Profesional y que el II Programa de Formación Profesional fue fruto del diálogo. Así lo señala la enmienda de totalidad de Eusko Alkartasuna en su primer párrafo y la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en su tercer párrafo,
lo que agradecemos. Ha habido un consenso, ha habido un acuerdo.
Se podrá decir que el Gobierno tal vez no haya sido excesivamente imaginativo, podemos asumir esta crítica; o se podrá decir -lo reconocemos- que no se
cumplió con el calendario marcado en el Programa Nacional de Formación Profesional.
¿Qué ha hecho el Gobierno con este proyecto? Ha impulsado un consenso social institucional para cubrir una demanda que se viene planteando en nuestra sociedad, para cubrir una demanda en un momento en el cual se describe muy a menudo desde
las diversas filas parlamentarias que hay un problema de desaceleración económica y un problema de contracción en la creación del empleo. Por bien que nos haya ido en seis años, en los últimos meses nuestra capacidad de seguir creando empleo no
llega a los estándares para que podamos reducir las tasas de desempleo de los inscritos en el INEM. A la par que se dice eso se plantean visiones diferentes en cuanto a instrumentos que vienen básicamente articulados entre otros por los
interlocutores sociales. Hoy mismo en el Consejo de Barcelona, siguiendo lo que se aprobó en Bruselas el 7 de marzo en el Consejo de Empleo y Política Social, se va a volver a debatir y se van a volver a inspirar principios de desarrollo de lo que
debe ser el papel de los interlocutores sociales entre otras cosas en la formación profesional. Agradezco la intervención de algunos portavoces en ese sentido, como la del Grupo Socialista, reconociendo expresamente la importancia que tiene este
proyecto como instrumento de empleo. Por tanto el Gobierno ha planteado un impulso al consenso social y lo ha hecho desde el respeto a ese acuerdo y desde la convicción de la oportunidad política del proyecto. Las propias enmiendas de totalidad lo
acreditan.
Lo acredita nuestra necesidad de equipararnos a la Unión Europea en el porcentaje de ciudadanos españoles que transitan hoy por el bachillerato en comparación con los que lo hacen por la formación profesional. Según datos de Eurostat en
España el porcentaje de bachilleres es del 59 por ciento, frente al 41 por ciento de alumnos de la formación profesional, lo que significa que España tiene 17 puntos de diferencia en relación con el promedio de la Unión, sin hablar de los países
como Alemania o Bélgica, con los que tenemos 27 puntos de diferencia. ¿Qué decir de la incorporación de la mujer a la formación profesional? La diferencia entre España y la Unión Europea en este sentido es de 13 puntos. En España es del 54 por
ciento en hombres y del 46 por ciento en mujeres, mientras que en la Unión Europea es del 41 por ciento en hombres y del 59 por ciento en mujeres. A nosotros nos parece que este proyecto de ley es oportuno y que atiende viejas reivindicaciones en
el campo de la formación profesional, como es la agrupación de los tres subsistemas en uno, integrado y unitario. Se introduce una novedad importante, siguiendo directrices comunitarias, cual es que la experiencia laboral o la experiencia no
formal, la experiencia personal del trabajador, pueda servir como competencia al objeto de conseguir cualificaciones reconocidas. Este es un avance inmediato e importante que van a poder percibir nuestros ciudadanos, que va a permitir valorar su
experiencia de trabajo y como persona para poder tener un mayor reconocimiento y poder acceder a unas mejores condiciones de trabajo. La homologación de nuestras cualificaciones a las de la Unión Europea, la incorporación de la mujer, la
consecución de un sistema integrado y el establecimiento del catálogo de cualificaciones son argumentos nucleares del proyecto de ley, que nadie en el fondo puede discutir.
No puedo concluir -no lo voy a hacer, no sólo por cortesía parlamentaria, que también- sin tan siquiera intentar referirme a las diversas enmiendas con texto alternativo. Empezaré por la del grupo Socialista. En nuestra opinión no aporta
ninguna novedad fundamental en relación con el texto que traemos a debate hoy aquí. Plantea una agencia nacional de cualificaciones y la configura como un órgano paritario, que deja en segundo plano y casi sin contenido -superponiéndose por
supuesto a los consejos sectoriales- al Consejo General de la Formación Profesional o, dicho con otras palabras, relativizando y bajando el diapasón de la importancia de los interlocutores sociales en este asunto. Elimina competencias exclusivas
del Estado, pues reconoce formalmente la competencia del Estado en el artículo 149.1.7, pero suprime los puntos 2 y 3 de la disposición final, que es el título competencial en el cual se funda el Estado. Estamos disconformes también con la
configuración de la que ustedes dotan al artículo 11, relativo a los centros de formación.
Aunque pueda haber coincidencias -y las hay- entre los diversos enmendantes, hay también importantes diferencias. Llamo la atención de SS.SS. a este
respecto, porque dentro de un momento tendremos oportunidad de ver que hay grupos que apoyan con su voto a otros. A mí me parece que este es un signo de asunción de los postulados de la enmienda que se vota a favor. Si esto es así, se nos tendrá
que explicar ex post por qué se van a votar algunas enmiendas que voy a discutir ahora. Por ejemplo, hay una cierta identidad entre las enmiendas del PNV, de Eusko Alkartasuna y de Convergència i Unió, aunque también tienen sus diferencias. Por
ejemplo, Convergència i Unió no explicita lo que hay que agradecer al PNV, quien propone un modelo con el cual nosotros no estamos de acuerdo, pero propone un modelo. Nos dice: La parte educativa tiene una vis atractiva, de forma que devora,
fagocita y anula el título competencial de Estado que contiene el artículo 149.1.7. Se hace una interpretación del artículo 27 de la Constitución que nosotros no compartimos. ¿Es eso lo que el PSOE piensa o está de acuerdo con la propuesta que
formula el PNV en su texto alternativo de anular las cuotas de formación? ¿Eso es lo que piensa el Grupo Socialista? A nosotros nos sorprende, pero tal vez piensen ustedes eso y ya veremos con su libre voto qué es lo que plantean al respecto.
Convergència i Unió no lo evidencia con tanta claridad pero yo creo que, en definitiva, en parte del modelo planteado en el debate subyace esto.
A nosotros nos parece que ya ha habido disposiciones al respecto, como una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, la 195/1996, sobre un conflicto constitucional entre el Gobierno vasco y la LISOS, en la que el Tribunal
Constitucional reconoció claramente lo que, a nuestro criterio, tenía que reconocer. Sin perjuicio de que, en términos prácticos, nosotros podamos pensar que no hay que obviar una perspectiva importante, la de que, en definitiva, la formación es un
instrumento, la formación se produce cuando hay una cualificación y la cualificación se produce cuando hay un requerimiento de empleo por parte del mercado laboral y de las empresas. Por tanto, en el origen, la causa final es un empleo que se debe
satisfacer reconociendo una cualificación y dotando de una formación para poder cubrir esa expectativa de empleo.
Izquierda Unida propone un consejo de coordinación interterritorial, algo parecido a la agencia de ustedes, por lo que damos nuestros argumentos por reproducidos, y nos plantea un título nuevo de tres artículos referidos a la calidad de la
enseñanza. Nos parece que la calidad de la enseñanza desborda de una forma muy significativa el contenido material del proyecto que hoy traemos aquí, ya que esperamos que en breves fechas venga el proyecto de ley de calidad, por muchos de nosotros
deseado. En ese sentido, obviamente, no estamos de acuerdo con la enmienda de Izquierda Unida.
Quiero decir que el tema de la constitucionalidad lo ha resuelto el dictamen del Consejo de Estado que es, como saben ustedes, un órgano consultivo del Estado. Las premuras de tiempo hacen que no lea el dictamen, pero claramente viene
reconocido en el mismo que este proyecto de ley se basa en títulos competenciales del Estado, sin perjuicio de que algunos puedan o no entender que en un momento determinado se desbordan.
Y algunos se han precipitado al poner la venda sobre la
herida, en el sentido de que habrá un desarrollo reglamentario que será, en última instancia, el que verificará si esto es así, si incurre en inconstitucionalidad ese instrumento, y entonces habrá que actuar, o si no se quiebra principio alguno de
competencia de comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluiré enseguida, señor presidente, diciendo que el artículo 10.2 del proyecto de ley también contempla la posibilidad del incremento por las comunidades autónomas de los títulos profesionales, lo cual permite
adecuarlo a esas singularidades de que se habla.
Hace un año en esta Cámara, en este hemiciclo, tuvimos la oportunidad de ser criticados de forma muy amplia por muchos grupos que decían que la reforma laboral, que en forma de real decreto que se convalidó traía el Gobierno aquí, era ajena
a la sociedad, huérfana de apoyo, lejana a los interlocutores sociales y, por tanto, era una mala reforma. Hoy traemos un proyecto de ley que, en buena medida (ahí están los acuerdos del Consejo de Formación Profesional firmados por los sindicatos
y las confederaciones empresariales), es fruto del acuerdo y del consenso y sigue esas directrices. Por tanto o la crítica que se hacía hace un año era inadecuada o las enmiendas que hoy se plantean son incorrectas. En todo caso, es claro que aquí
hay un apoyo de agentes que participan en la formación profesional, cuya financiación proviene del Estado, proviene de Europa, proviene de las comunidades autónomas en la reglada y proviene de las cuotas de formación que crecerán, como están
creciendo las afiliaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, y que del año 2002 a 2006, como se sabe y se dice en la memoria, suponen más de 33.000 millones de pesetas.
Voy a hacer una apelación. Me parece que hay un elemento que trasciende de lo jurídico, es metajurídico, es más político, y es la necesidad social de prestigiar la formación para que deje de ser la hermana pequeña del sistema, para que
sirva eficazmente para adecuarnos a la realidad económica, para dar posibilidades de empleo, para que nuestros jóvenes tengan unos niveles adecuados, dignos y homologables con Europa que puedan favorecer su movilidad en España y en Europa, y sirva
para dotarles de ese valor añadido que les permita acceder y cubrir también las necesidades y requerimientos de nuestros empresarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Azpiroz, vaya concluyendo.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo ya, señor presidente.
Creo que el trabajo realizado debe dar oportunidad a que el desarrollo reglamentario futuro y la puesta en marcha de este proyecto de ley vengan apoyados, con las críticas que sean precisas, por parte de todos los grupos políticos y, a ser
posible, también de todas las comunidades autónomas. Ese es el reto y el emplazamiento. Así, entre todos, contribuiremos a hacer un bien a nuestra sociedad y a toda España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiroz. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos las votaciones de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley orgánica de la formación profesional y de las cualificaciones.
En primer lugar, se va a votar conjuntamente las enmiendas de devolución firmadas por los diputados
del Grupo Parlamentario Mixto señores Rodríguez, Núñez, Saura y Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 112; en contra, 167; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 128; en contra, 164; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 113; en contra, 167; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 115; en contra, 166; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda firmada por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 127; en contra, 164; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último votamos la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 125; en contra, 164; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, AL OBJETO DE PERMITIR EL ACCESO DE EXTRANJEROS A LA CONDICIÓN DE MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERÍA. (Número de
expediente 121/000066)
La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar
profesional de tropa y marinería.
A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad, de devolución. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Defensa. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio, por favor, al objeto de poder continuar con el debate.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señora presidenta, señorías, presentamos hoy ante la Cámara un proyecto de ley que viene a modificar mínimamente la Ley 17/1999, de personal de las Fuerzas Armadas, al objeto
de permitir el acceso de extranjeros a la condición de tropa y marinería profesional. Saben SS. SS. que nos encontramos inmersos en un proceso de plena profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas.
Tras la finalización del servicio militar obligatorio, el pasado 31 de diciembre, todos nuestros efectivos son ya soldados y marineros profesionales y tenemos que ser capaces de responder al reto lanzado precisamente por la Cámara, en unión
del Senado, de lograr un sistema que dote a España de unas Fuerzas Armadas profesionales con un reclutamiento estable y que tenga garantía de futuro. Viene el sistema a sustituir el que durante más de 200 años ha estado vigente. Por eso digo que
es una operación difícil en la que siempre hemos querido contar con el más amplio acuerdo de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
No sería, señoras y señores diputados, un sistema capaz de proyectarse para los próximos 25, 30 ó
40 años de la vida de España si no tuviera en cuenta la realidad actual de la sociedad española y, en consecuencia, uno de los fenómenos más característicos de la nueva sociedad de este comienzo de siglo que constituyen los flujos migratorios. A
eso quiere atender este proyecto de ley, que en modo alguno viene a cumplir ningún otro objetivo como los que han pretendido en su justificación algunas de las enmiendas de totalidad, de devolución que se han presentado. No, señorías, con este
proyecto
de ley no pretendemos completar el número del objetivo de fuerza en soldados y marineros. Comprenderán SS. SS. que si en este momento tenemos en torno a los 76.000 efectivos de tropa y marinería profesional, aún cuando estuviera ya
vigente la ley proyectada que hoy presentamos, el objetivo de fuerza no se incrementaría mucho por 2.000 más, no sería una cantidad claramente significativa a efectos del objetivo. Se trata por tanto de otro objetivo, que es el de dotar al nuevo
sistema de capacidad de futuro y de realismo social. Por ello, hemos diseñado un sencillo proyecto de ley que permite la incorporación de determinados extranjeros residentes en nuestro país a las Fuerzas Armadas profesionales.
Es verdad que el principio general, como no podía ser menos, de acuerdo con la Constitución, es que nutran los ejércitos los españoles, y, consecuentemente, que la excepción esté limitada, y ese es exactamente el principio inspirador de este
proyecto, cuya ratio en todo momento alcanza a limitaciones cualitativas y cuantitativas para la incorporación de extranjeros. Pero si es una incorporación limitada, tanto en número como en procedencia como en destino, no por ello es una
incorporación desigual. Es una incorporación que trata de integrar de una manera realista a quienes con nosotros, de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico, tienen especiales vínculos derivados de la historia común.
Decía, señora presidenta, señoras y señores diputados, que tratamos de incorporar de una manera avanzada el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas a las respuestas que desde el Estado se está dando al problema o a la realidad
de la inmigración. Hasta este momento, las Fuerzas Armadas tan sólo podían participar o habían participado a través de su colaboración en el control de los flujos migratorios. Ahora tratamos de intervenir de manera activa en todo el proceso de
integración social de los residentes extranjeros, así como en el codesarrollo en los países de origen.
El contenido del proyecto que presentamos, ya lo he dicho, es bien sencillo. Se limita cabalmente a introducir en el seno de la citada ley, que viene a modificar la Ley 17/1999, las modificaciones pertinentes al objeto de permitir el acceso
de extranjeros residentes a la condición de militar profesional de tropa y marinería, para lo que se precisa tan sólo, desde el punto de vista formal o de técnica legislativa, añadir un párrafo más a cuatro artículos de la ley, los artículos 2, 62,
63 y 148, e introducir otro artículo más de nueva planta, el que figura proyectado como artículo 68 bis.
Se trata con esta escueta modificación legislativa de acercar la fisonomía de nuestras Fuerzas Armadas profesionales a la realidad social que defienden y de favorecer la plena integración e inserción social de los extranjeros residentes, que
se verá sin duda impulsada con su participación en una función tan básica y esencial para el Estado, como es la defensa nacional. Para esta operación legislativa y para esta operación social y política nada se opone, antes al contrario, en el
derecho internacional, en el derecho comparado o en el derecho constitucional y en el ordenamiento interno.
Por recordar algunos datos jurídicos, el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo a la cuarta Convención de La Haya sobre las leyes y usos de la guerra en tierra de 1907, que se considera precepto de ius cogens,
de derecho necesario por su carácter de derecho internacional consuetudinario, contemplaba expresamente esta hipótesis, y así se ha hecho en los ordenamientos comparados de países a los que sin ninguna duda ni se les puede imputar carencia de
capacidad de integración, ni menos aún, si se quiere, capacidad operativa de sus Fuerzas Armadas.
Puedo recordar que en Francia sigue persistiendo la histórica legión extranjera, en la que se incorporan nacionales de hasta 138 países diferentes. En Estados Unidos un 5 por ciento de sus efectivos está constituido por extranjeros
residentes, como en el proyecto de ley, que pueden aspirar a cualquier unidad, salvo que se requiera habilitación de seguridad superior al grado de confidencial por razones de seguridad, lo cual también es un precepto tenido en cuenta en nuestra
redacción. En el Reino Unido de Gran Bretaña se admite a los ciudadanos de la Commonwealth o de Irlanda del Norte desde el nacimiento, además de la recluta de voluntarios tradicionales de Nepal, que constituyen la prestigiosa unidad de los gurkas
que, por cierto, reciben una paga inferior y menos beneficios sociales que el resto. Hay, pues, legitimación plena, no sólo política, internacional y de derecho comparado.
Me ha preocupado, señoras y señores diputados, encontrar en las justificaciones de las enmiendas de totalidad un término peyorativo, el término mercenarios. No, señorías, no se puede emplear esa expresión con propiedad. Sólo desde la
ignorancia, que estoy seguro es superior a la mala fe, se puede mencionar a los mercenarios en un proyecto de ley como este; ignorancia, digo, por cuanto, en efecto, supone, sin duda con buena voluntad no con mala fe, la crasa ignorancia de la
Convención de 4 de diciembre de 1989 de Naciones Unidas, que define muy claramente lo que son mercenarios y que no tiene nada que ver, seriamente nada que ver, con lo que estamos hablando. El artículo 1 -no hace falta seguir muy adelante en esa
convención para enterarse- define a los mercenarios como aquellos que son especialmente reclutados para luchar en un conflicto -primera diferencia-, a los que, además, se les promete una compensación material superior a la prometida o pagada a los
combatientes regulares -segunda diferencia-; no son nunca residentes en el territorio -tercera diferencia-; no pasan a ser miembros de las Fuerzas Armadas -cuarta diferencia-, y no son enviados en acto de servicio como fuerzas armadas, quinta
diferencia. Emplear, en consecuencia, el
término mercenario, si es una metáfora es de mal gusto, y si trata de incorporar un concepto técnico revela la ignorancia de quien la alega.
Tampoco internamente en nuestra Constitución ni en nuestro derecho derivado existe ningún inconveniente para esta operación legislativa, política y social. Ningún inconveniente en la Constitución, ningún inconveniente en la Ley orgánica de
criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar -la Ley 6/1980, modificada por la mayoría socialista en 1984-. (El señor Martínez Sanjuán: Buena mayoría.) Para algunas cosas ahora veremos que en efecto, aunque contradictoria
con la minoría actual.
Históricamente, además, es un sistema muy arraigado en la tradición española. Por ejemplo, por citar el antecedente más inmediato, me remitiré al Decreto de 28 de enero de 1920, que creó el denominado Tercio de extranjeros, por no referirme
a aquellas disposiciones, breves pero históricas, que posibilitaron las Brigadas Internacionales, que tampoco tuvieron nada que ver, por cierto, con el concepto que acabo de rechazar, para operaciones como estas y que merecieran ser tratadas con
seriedad.
Hay algo que me gustaría destacar para responder a alguno de los comentarios que he escuchado de mi buen amigo el señor Sanjuán en la Cámara. En efecto, la mayoría socialista en su día no modificó la Ley orgánica de criterios básicos en
este punto, que podía haberlo hecho, la modificó en otros y bien modificada; como sí modificó la Ley del servicio militar de 1984 y aprobó luego el Reglamento de 1986, eso ya no la mayoría parlamentaria, sino el Gobierno que soportaba a aquella
mayoría parlamentaria, junto a los demás. Pues bien, la mayoría socialista, el Gobierno socialista, no rechazó la posibilidad de incorporar extranjeros; antes al contrario: de 1982, gran victoria, a 1986, más mermada, pero no por ello menos
victoria, mantuvo abierta la posibilidad de incorporar extranjeros a las Fuerzas Armadas, lo cual dice mucho de la coherencia del Partido Socialista en aquellas fechas, de su sensibilidad social histórica. No sé cómo podrá justificarse la
incoherencia que significa ahora presentar una enmienda de totalidad negando lo que ustedes hicieron durante aquellos años de Gobierno.
Con todo, como he dicho al comienzo, esta ley no pretende ni modificar el objetivo, ni lograr el objetivo de fuerza, ni menos aún desplazar o distorsionar en el ordenamiento jurídico ese deber, esa responsabilidad de la defensa nacional, que
ha de recaer, obviamente con carácter general y prioritario, sobre los españoles. De forma que en modo alguno se pretende con el proyecto de ley desplazar la responsabilidad de la defensa militar de España de nuestros ciudadanos, que continuarán
siendo la inmensa mayoría de quienes integren los ejércitos de España.
Precisamente por su carácter excepcional en el sentido jurídico, es decir, limitado, es por lo que la ley contempla de manera limitada la incorporación de extranjeros. Lo hace
previendo la incorporación únicamente a la categoría de militar profesional de tropa y marinería; lo hace también limitando el tiempo de permanencia a tres años y lo hace reservando, como es natural, la permanencia, la responsabilidad y el
ejercicio de autoridad a quienes tienen plenamente la nacionalidad española. Retengan eso: a quienes tienen la nacionalidad española. En consecuencia, no se les otorga a los extranjeros que se incorporan durante un plazo limitado de tres años.
Digo esto porque hay un nuevo argumento en ese caso de falta de inteligencia, si no de sensibilidad, del Grupo Socialista, por cuanto dicen: se les limita la posibilidad de acceso a los empleos superiores; quiere usted traerlos sólo como mesadas.
Pues, no, señorías, basta leer con detenimiento, sin prejuicios, la ley para entender que cuando se llevan tres años se accede, si se quiere, a la nacionalidad española y, consecuentemente, el beneficio es doble: adquieren la nacionalidad española
y pueden ascender a todos los empleos militares o continuar con carácter permanente. Es así de sencillo, bastaba una más serena lectura de la ley que la que se ha hecho.
Además, señoras y señores diputados, también el principio de limitación va referido a aquellas unidades en las que pueden recibirse extranjeros y que estarán fijadas por el Gobierno, pero que anticipo -porque es así de claro en la exposición
de motivos y en las conversaciones preparatorias que hemos tenido, no suficientes para convencer al, por lo demás, siempre atento a estos temas principal partido de la oposición- serán las unidades de operaciones especiales; la legión, que volverá
a ser legión extranjera, única unidad donde hoy todavía permanecen extranjeros, de acuerdo con las leyes y los reglamentos del Gobierno socialista, en coherencia, nosotros sí, ellos parece que no; infantería de marina, etcétera.
El vínculo jurídico que se crea entre quienes se incorporen -insisto, residentes ya en España, legales por tanto, obviamente- y el Estado es un vínculo jurídico público de carácter especial, que ha querido descansar sobre una realidad
previa: la relación particular de solidaridad que nos vincula con determinados países con los que España ha mantenido y mantiene tradicionales vínculos históricos, culturales y lingüísticos, de manera que forman parte de esa comunidad histórica que
se proclama en nuestra propia Constitución y que se prevé de manera semejante, absolutamente análoga, en el Código Civil.
Por si fuera poco y para evitar malas interpretaciones, de acuerdo con el mejor derecho internacional, se proclama y garantiza el respeto a los intereses soberanos de cualquier otro Estado al incorporarse expresamente en el proyecto una
cláusula en virtud de la cual se permitirá el acceso a los nacionales de estos países que, en virtud de su legislación interna o de lo establecido
en convenios internacionales, no hayan de perder su nacionalidad al entrar al servicio de las Fuerzas Armadas españolas ni tengan prohibición de alistamiento militar en las mismas.
¿Que por qué se eligen esas comunidades, aparte de por razón de coherencia constitucional, de coherencia con la historia, de coherencia con la tradición y de coherencia con el Código Civil? Pues, normal: porque entre las distintas olas de
la inmigración (no soy yo, sino la autoridad de alguien que creo que puede ser a nuestros efectos bastante indiscutible, como el profesor Giovanni Sartori, en su conocida obra sobre multietnia, interetnia, etcétera) se dice que, en efecto, la
integración es posible si se diferencian los factores de los distintos flujos migratorios; y es tanto más posible cuando los factores que pueden unir son la lengua, la cultura, las creencias, las tradiciones comunes, que es exactamente lo que
buscamos en aquel colectivo de inmigrantes residentes al que nos dirigimos.
Como digo, los que puedan incorporarse al amparo de esta ley a las Fuerzas Armadas profesionales habrán de tener residencia legal en España y podrán luego acceder a la nacionalidad y, en consecuencia, continuar con el servicio a España, si
así lo desean, como un servicio ya de su propia nación -integración mayor no cabe- y con los mismos derechos y garantías que los demás españoles, faltaría más.
Sólo me resta, señoras y señores diputados, para no alargar el debate, pedir ahora, y no hacerlo luego, el apoyo que aún es posible a aquellos grupos que en otras ocasiones han demostrado sensatez y que, aun a pesar de estos días nublados,
ayer mismo volvieron a demostrarla en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea respecto de los objetivos de la presidencia española. No querría pensar que el tiempo y el ambiente influyan sobre quienes con tanto arrojo, como muchas
veces sacrificio, han sostenido posiciones de Estado en reciprocidad a las que sostuvimos nosotros. No quiero pedirlo más arriba porque si no me obligarían a discutir con quien siempre es gratísimo hacerlo, y mucho más cuando desde hace tanto
tiempo compartimos asiento en esta Cámara, con el señor Alcaraz.
Agradezco, eso sí, el apoyo a los grupos que nos lo han dado y les insto a que perseveren en el mismo hasta el final; al cabo, se trata de una operación en la que no sé cómo algunos van a explicar su supuesto progresismo.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, debo pedir disculpas por el mal estado de mi voz, pero ni el tiempo, ni la calefacción que sufrimos los diputados que estamos destinados en el tendido del 8 son las mejores recetas para cuidar un constipado. Por tanto, y
por adelantado, perdón por el estado de mi voz, señorías. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista presenta enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley sobre el acceso de extranjeros a las Fuerzas Armadas, que acaba de presentar el ministro
que, por cierto, no se ha limitado a presentar el proyecto, sino que en su intervención ya ha contestado a las argumentaciones de los grupos antes de plantearlas, en un trámite que me deberán reconocer que es un tanto extraño. Aun así, y en una
materia como es la defensa, en la que no es habitual por nuestra parte proponer este tipo de iniciativas, el Grupo Socialista ha decidido presentar hoy una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del texto. Al contrario -y eso que el
Grupo Socialista ha tenido que aguantar más de una crítica por ello-, siempre hemos tenido a gala, tanto cuando éramos el grupo que daba soporte al Gobierno como ahora que estamos en la oposición, mantener una postura básica de pacto. No porque no
tengamos ideas propias, no porque en más de una ocasión no tuviéramos diferencias con el texto inicial que nos proponía el Gobierno, sino sencillamente porque pensamos, antes cuando teníamos responsabilidades de gobierno y ahora que desarrollamos
nuestra actividad en la oposición, que la defensa es materia que requiere el máximo acuerdo político y, cuanto menos, el acuerdo de los dos grandes partidos del arco parlamentario; que, por extensión, la política de defensa tiene como agentes
pasivos o activos a las Fuerzas Armadas y que éstas deben desarrollar sus actividades internas o externas en un clima lo más cercano posible a la neutralidad política, lo más alejado posible de la batalla política diaria. Recordaba precisamente
este principio nuestro portavoz, señor Marsal, en el debate del pasado jueves sobre la ley de creación del Centro Nacional de Inteligencia, cuando decía que nuestra postura era fruto del convencimiento de que era necesario un consenso básico en
aquella ley, y añadía que era una ley que no podía cambiar cada cuatro años, dependiendo del color del Gobierno de turno. Hoy, como el pasado jueves, salvando las diferencias con el asunto que tratamos, perseguimos esa estabilidad legal, que es,
que debe ser garantía para los ciudadanos, garantía para los destinatarios de la ley, en este caso ciudadanos extranjeros, garantía también para el modelo de Fuerzas Armadas que queremos y naturalmente garantía para nuestro sistema de defensa.
Sinceramente, creemos que la ley que hoy nos presenta el Gobierno para su toma en consideración no goza de este carácter básico de estabilidad necesaria en las normativas que deben regir la defensa de nuestro país, y no precisamente porque
intente regular un hecho singular. La incorporación de extranjeros en los
ejércitos es algo, como nos ha recordado el señor ministro, que tiene paralelismos en la actualidad en varios países de nuestro entorno geográfico o estratégico. Tampoco lo es porque a nuestro grupo este hecho le plantee diferencias
conceptuales profundas. No, en absoluto, señor ministro. Nuestro grupo se opone a este proyecto o, mejor dicho, solicita su devolución porque entiende, lisa y llanamente, que es un proyecto mal hecho. De sencillo lo ha calificado el propio
ministro que ha defendido hoy este texto. Nosotros pensamos que está mal hecho, que está poco pensado y que en lugar de solucionar algunos de los problemas que hoy tienen planteados nuestras Fuerzas Armadas, le pueden crear algún problema añadido.
Por eso, señor ministro, enmarcada en este sentido de lealtad y de sensatez que tenemos suficientemente contrastado, debe entenderse nuestra enmienda de esta mañana, no porque tengamos ningún prejuicio sobre el tema de fondo que nos propone la ley.
Será facilísimo ponernos de acuerdo nuestro grupo con el suyo, señor ministro, en cuanto ustedes recuperen la sensatez, al menos en la escritura.
Sé que el Grupo Parlamentario Popular tiene suficientes votos para tomar en consideración el proyecto de ley. También sé que desde el Grupo Parlamentario Popular se me puede argumentar que éste es el primer paso en la tramitación
parlamentaria del proyecto y que podemos discutir posibles cambios en los trámites sucesivos. Pero déjenme decirles que nuestro desacuerdo con el proyecto tiene raíces más profundas, que difícilmente pueden arreglarse en Comisión en estos momentos
y sin un texto alternativo. Diferencias que ya tuvimos ocasión de manifestar, por cierto, a los responsables de su departamento, señor ministro, que no fueron tenidas en cuenta y que pueden agruparse en tres grandes apartados. En primer lugar,
creemos que esta es una iniciativa que debía salir como consecuencia del debate de la revisión estratégica en el que está inmerso el Ministerio de Defensa. Bien es verdad que ésta es una revisión estratégica que tengo la sensación de que, a medida
que ha ido pasando el tiempo, ha ido perdiendo gas -como algunas otras cosas, es verdad, señor ministro- y en estos momentos no sabemos muy bien qué podemos esperar de ella. Pero nos parecía, y así se lo manifestamos al ministerio, que esta
iniciativa debía surgir del contraste de ideas que la revisión estratégica plantea y que, tal como los responsables del debate ya han anunciado, deberá tener en cuenta la cuestión del modelo de Fuerzas Armadas nacido del dictamen de la Comisión
Mixta Congreso-Senado y de su aplicación hasta el momento. Además, nos resulta muy difícil de aceptar que el ministerio no haya realizado un estudio previo de cuáles podrían ser las consecuencias de la apertura de las Fuerzas Armadas al personal
extranjero, tal como consta en el dictamen del Consejo de Estado al recoger las observaciones contenidas en el informe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 8 de noviembre de 2001, en el que literalmente se dice: Se estimaría conveniente, si
no se hubiera hecho, realizar un estudio previo, etcétera.
Si efectivamente no se ha hecho ese informe, es una improvisación indigna de su departamento, señor ministro, y si se ha hecho y los estados mayores lo ignoran, es algo peor: es desorganización, es descoordinación; algunos de los peores
pecados que pueden afectar a la estructura militar.
Yo he de confesarle, señor ministro, que no me puedo creer que no exista este informe, porque la posibilidad de contratar a extranjeros es un rumor o una noticia que podemos calificar de antigua.
Hace alrededor de un año que al menos en un medio de comunicación pudimos leer un artículo titulado: Defensa necesita 2.000 inmigrantes al año para paliar el déficit de tropa. En él se avanzaba el contenido del proyecto de ley que hoy se nos ha
presentado, que por cierto era menos restrictivo que el texto definitivo que hoy se nos presenta. Es decir, esta propuesta no es una improvisación. Además, tuvo un ensayo previo, que fue la campaña de reclutamiento de españoles residentes en
algunos países latinoamericanos y que acabó con unos resultados ridículos, no solamente por el número de captaciones obtenidas sino, como saben muy bien SS.SS., por los conflictos diplomáticos y políticos que suscitó esta iniciativa en alguna
república americana. ¿Cómo puede ser entonces que con estos precedentes no exista un informe previo? Y si existe, ¿cuáles son las solas razones por las cuales no es conocido por al menos el Estado Mayor del Ejército de Tierra? Y ya que hablamos
de razones, ¿alguien podría explicar a la Cámara por qué no se han recogido las dos sugerencias que hace el Estado Mayor del Ejército de Tierra referidas a la duración del compromiso y las limitaciones de empleo contempladas en el proyecto?
La segunda razón por la cual no podemos estar de acuerdo con el proyecto es por el propio contenido literal de la ley, del cual, vuelvo a repetirlo, no nos separa la idea central, la posibilidad de incorporar ciudadanos extranjeros a las
Fuerzas Armadas; lo que nos separa son las limitaciones, las indefiniciones, las inconcreciones, los déficit que el propio texto plantea. Creemos que el proyecto peca de un excesivo desarrollo reglamentario en temas esenciales de la regulación que
propone. Por ejemplo, la determinación de los países cuyos ciudadanos pueden optar a la oferta, el cupo de extranjeros a incorporar, las unidades afectadas, etcétera, en un ejercicio de deslegalización que no parece el más oportuno. Y, encima,
todo esto que no se menciona en el texto se explica a los medios de comunicación cuando se presenta públicamente el proyecto. Sabemos, porque como les decía lo han publicado los medios de comunicación y nadie lo ha desmentido, que el destino
reservado a los extranjeros será prioritariamente o especialmente nuestras unidades de choque. Será la brigada legionaria, será la brigada paracaidista o la infantería de marina, unidades todas ellas de enorme raigambre y las más condecoradas de
nuestros ejércitos,
es cierto, pero también las que tienen la tasa de alistamiento más baja de las Fuerzas Armadas por la dureza de su adiestramiento y por los riesgos de sus despliegues. Así, nos encontramos con que mientras todo lo que se regula son
limitaciones (es reducir expectativas, es marcar diferencias entre el colectivo de extranjeros y los nacionales y reservar para ellos lo que los españoles no queremos), la ley no les ofrece a cambio ninguna ventaja. Se acepta que los ciudadanos
extranjeros interesados pongan en riesgo incluso su vida y la generosidad del proyecto los paga con cero incentivos. Parece como si el texto normativo y su justificación lo hubieran escrito distintos departamentos ministeriales.
En otro orden de cosas, el proyecto de ley tampoco contempla la situación de los que adquieran la nacionalidad española durante la relación de servicio, los que no quieran abandonar las nacionalidades originarias. No se justifica la
limitación a un solo compromiso de tres años, no hay encaje con el resto de normativa sobre extranjería, etcétera; omisiones que no nos parecen definitorias de la mejor técnica legislativa posible, señorías. No hace referencia a la situación de
los ciudadanos de la Unión Europea en relación con el principio general de no discriminación por razón de nacimiento y a las normas comunitarias sobre libre circulación de trabajadores, y abre, además, un debate complicadísimo sobre el acceso de los
extranjeros a la función pública, en el que mientras se prohibe el acceso a otros ámbitos de la función pública, se permite su ingreso en el ámbito de defensa a algunos extranjeros, de los que se excluye a los naturales de la Unión Europea,
seguramente el ámbito en el que su restricción es más comprensible. Por tanto, no parece que deba ser por aquí por donde debe iniciarse este camino.
En definitiva, señor ministro, señoras y señores diputados, excesivos interrogantes jurídicos, excesivas dudas técnicas sobre un texto como el que nos ocupa y que a nuestro entender es prácticamente imposible de enmendar.
La tercera y definitiva razón por la que solicitamos la devolución es la diferencia que mantenemos con el Gobierno sobre el modelo de Fuerzas Armadas que se quiere alcanzar. No es momento hoy de debatir esta cuestión, nuestro grupo ya ha
presentado a la Cámara una propuesta sobre efectivos de fuerza y tendremos ocasión de debatirlo en el futuro, pero mientras tanto, señorías, yo les recomendaría que este proyecto que hoy se nos presenta se entienda concernido más por razones de
número, de contingente de fuerza, que por las razones sociales derivadas de supuestas posturas sobre integración de inmigrantes, a pesar de lo que ha dicho el señor ministro sobre las escasas posibilidades de alistamiento que plantea el proyecto.
Por tanto, a mi entender, debería ser debatido desde la constatación de que sería más fácil enfrentarse al problema desde la realidad en la que se mueve el alistamiento de nuestros ejércitos y que tan alejado está de las previsiones de la Ley
17/1999, que, por cierto, hoy se propone modificar por primera vez. Desde la constatación, en definitiva, de la necesidad de replantearnos el estado actual de la cuestión, y éste no es otro que, pese a los ingentes esfuerzos llevados a cabo por el
ministerio, y que yo le reconozco, no se cumplen las expectativas previstas, a pesar de todas las modificaciones a la baja que se han llevado a cabo en los requisitos para facilitar el reclutamiento.
Estamos convencidos desde el Grupo Socialista de que estamos abocados, si queremos ser serios, si queremos ser rigurosos, a replantearnos el actual modelo de Fuerzas Armadas y a hacerlo desde la defensa de criterios de calidad y no de
cantidad. No es tan importante tener un mínimo de 102.000 soldados como que los que tengamos estén bien formados, estén bien adiestrados y bien dotados, porque así estarán motivados para cumplir sus cometidos.
Señorías, la sociedad española está dispuesta a hacer un determinado esfuerzo en número de efectivos humanos y al menos hoy por hoy este esfuerzo no llega a cubrir las previsiones de la ley. Por múltiples razones, y seguro que no la menor,
por razones demográficas, pero es así.
En estos momentos la sociedad no se siente amenazada y no tiene claro que deba hacer esfuerzos complementarios.
Por otro lado, este Gobierno está dispuesto a llegar a lo que ha llegado en sus presupuestos económicos, extremo que naturalmente tiene bastante que ver con la situación que viven nuestras Fuerzas Armadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Moragues, le ruego vaya concluyendo, por favor.
El señor MORAGUES GOMILA: Enseguida termino, señora presidenta.
A partir de aquí, sólo nos queda casar las dos magnitudes: esfuerzo social y presupuestos, porque la suma de estas dos magnitudes también nos marcará los límites de nuestras acciones en seguridad y defensa, tanto dentro de nuestro país como
en nuestra participación en actuaciones internacionales.
Por todo ello, señorías, señor ministro, señora presidenta, solicitamos la devolución de este proyecto que hoy nos presenta el Gobierno para su toma en consideración, conscientes como somos de que su aceptación, tal como nos la presentan,
puede empeorar el estado actual de nuestros ejércitos, y no creemos que los que corren deban ser tiempos de experimentos.
Contrastemos la realidad, reflexionemos sobre la posibilidad de incrementar las disponibilidades, aumentemos las eficiencias
de la organización, revisemos las ideas sobre el modelo y seguramente que, después de todo ello, o no será necesario este proyecto de ley, o será un proyecto distinto, que hará creíble la exposición de motivos
que encabeza su propuesta, porque hoy por hoy, como ya les he dicho, nadie puede creer que lo que motiva esta iniciativa sea el esfuerzo de solidaridad que hacen las Fuerzas Armadas hacia el fenómeno de la inmigración.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Moragues.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la defensa de su enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, cuando hace aproximadamente un año este tema se filtró a través de los medios de comunicación, nosotros pensamos que se trataba de una filtración exótica y aventurada en función de la respuesta que obtuvo por
parte de los grupos parlamentarios, de los analistas y de los distintos medios de comunicación, una propuesta que al final se había diluido y que no se iba a plasmar a través de la reforma de la Ley 17/1999, de las Fuerzas Armadas. Pensábamos eso,
y además tampoco insistimos demasiado en la idea, ya que era tan exótica que en definitiva creíamos que no se iba a plasmar, señor Trillo. Luego resulta que se nos presenta esta reforma de la ley, que indudablemente está obteniendo una respuesta
seria por parte de las posiciones progresistas de esta Cámara, empezando, como acabamos de ver, por la intervención del señor Moragues, una sensatez progresista que compartimos, aunque nosotros vamos más allá y profundizamos en ella.
La reforma que ustedes plantean nos parece exótica, prepotente e incluso humillante. Desde el punto de vista técnico, en el que no voy a incidir ya que aquí se ha hecho un discurso que compartimos, y desde el punto de vista del momento en
que esta reforma aparece, pensamos que la misma es una reforma a la desesperada, dirigida a personas desesperadas. Así es como nosotros lo vemos después de analizar el contexto social en España.
Existe una serie de leyes previas a esta reforma,
leyes que no se pueden olvidar y a las que ahora me voy a referir, como la Ley de Extranjería o la ley relativa al cambio que todos queremos operar en el Código Civil de cara a la adquisición de la nacionalidad, que deberían estar en la base de esta
propuesta que ustedes hacen y que no lo están. Por tanto, desde un punto de vista progresista, teniendo en cuenta que no compartimos su posición respecto a la Ley de Extranjería y que no vamos a compartir, por ser muy limitada, su posición en
relación con la reforma del Código Civil relativa a la nacionalidad, tampoco podemos compartir esta propuesta que ustedes hacen ni desde ningún punto de vista técnico ni formal ni de contenido, y tampoco por las consecuencias sociales que esta ley
va a tener. La gente más sensata -ha habido quien lo ha hecho por escrito, tal y como se ha manifestado aquí- pide que dejen de hacer ustedes experimentos. Ya hicieron uno, forzados por la presión del ejército español, en relación con la dimensión
del modelo de las Fuerzas Armadas.
Distintos grupos dijimos en la Comisión Mixta que se desarrolló a lo largo de la VI Legislatura que ese modelo no se cohonestaba con la realidad social ni por su dimensión ni por la relación soldados-oficiales ni
por la serie de contraprestaciones o de regulaciones de cara al ingreso en las Fuerzas Armadas, a la formación que éstas iban a dar o a la recepción de los soldados españoles profesionales. Todo eso se ha cumplido, señor Trillo. Ustedes no han
analizado la situación como consecuencia de esta posición errónea que desarrollaron en la Comisión Mixta; ahora se van a meter en la reforma de una ley que puede tener consecuencias muy serias en lo social, en la serie de noticias que se van a
desprender de esta situación. Sin embargo, siguen adelante porque creen que existe una especie de impunidad social, de impunidad mediática.
Ustedes tienen mayoría absoluta y piensan que todo es posible, incluso esta solución exótica que dan a un
problema muy concreto, el cual tiene otro tipo de solución. Podrían haber adoptado tres soluciones y han adoptado la peor, porque a nuestro juicio es tan mala que ni siquiera es una solución. Primera solución: redimensionar las fuerzas, el
ejército, la relación soldados-oficiales. Esta es la primera solución y la fundamental. Una segunda solución -que es complementaria y que incluso si ustedes no querían ir más allá se podría haber reducido a sus propias consecuencias- es terminar
con la situación actual mediante un compromiso por parte del soldado en lo que hace dentro del ejército, cómo se le trata y cuáles son los resultados que obtiene en función de la organización de la formación y del supuesto reciclaje de los soldados
profesionales. Esta podría ser una segunda solución, que tampoco han adoptado, aunque han tomado algunas medidas a la baja en cuanto al reclutamiento pero no son suficientes. La tercera solución que nosotros pensábamos que bajo ningún concepto
iban a adoptar resulta que es la que adoptan. Desde la izquierda nuestra postura sobre los inmigrantes no permite aceptar este texto de la ley. No podemos aceptar su política sobre la extranjería y los inmigrantes porque realmente lo que van a
conseguir son soldados por debajo de convenio, con un compromiso que no llega ni a ser un compromiso basura sino que es un compromiso detritus, lo que va a provocar una situación de choque más directo entre los sectores que se han enunciado
anteriormente. Lo que no quieren los españoles es lo que ustedes van a dar a una serie de personas que no tienen otra salida y que incluso trabajando en esos sectores de las Fuerzas Armadas no van a tener ningún derecho porque, hablando
específicamente de los derechos fundamentales, la Ley de extranjería tampoco se lo permite. Esta solución tampoco es aceptable
desde el punto de vista de la Ley de extranjería y desde el punto de vista de la concepción que tienen ustedes sobre la adquisición de la nacionalidad. Nosotros hemos introducido una serie de enmiendas, incluso hemos presentado una
proposición de ley para cambiar el Código Civil, para que no sólo se solucione -naturalmente no en términos restrictivos- la nacionalidad de los españoles y de sus descendientes sino también la nacionalidad de los inmigrantes actuales y de sus
descendientes. Si esto no se soluciona, lo que realmente conseguirán es meterles en una especie de reválida sin derechos, en una situación muy difícil que un gran número de españoles ya no aceptan, y tendrán que pasar esta reválida de una manera
muy especial, no como usted ha dicho para conseguir la nacionalidad inmediatamente, a los tres años, porque esto no queda claro en absoluto, como tampoco queda claro que se consiga su inserción real en la sociedad española ni en ese compromiso de
los tres años ni más allá de los tres años.
Señor Trillo, ustedes no parten de que el índice demográfico de España va a la baja, de que en los próximos años habrá un descenso tremendo de la población o de que la edad media de los españoles en un plazo medio será de 55 años, lo que
puede ser una explicación muy general y muy global que en absoluto tiene que ver con los temas circunstanciales que estamos tratando en este momento y con las medidas circunstanciales que adoptan a la desesperada con problemas técnicos de
primerísima magnitud.
Fundamentalmente ustedes intentan compensar y tapar un error serio en el modelo de ejército, que está teniendo consecuencias muy graves, y ustedes ya no saben cómo quitarnos las pistas a la hora de seguir lo que es un
auténtico fracaso. Señor Trillo, ¿por qué no buscamos una solución seria? Vamos a modificar la Ley de extranjería en los aspectos que usted ya conoce que nosotros reclamamos, y vamos a ampliar la posibilidad de obtener la nacionalidad a los
inmigrantes y a sus sucesores en la dirección en la que nosotros estamos planteando las enmiendas correspondientes y las proposiciones e iniciativas de todo tipo. A partir de ahí, hablemos en general de los extranjeros en el ejército español, pero
de una manera rigurosa. Usted ha dicho aquí: gente cercana a la cultura, al lenguaje, a las creencias. Efectivamente se está buscando gente de un determinado contexto geográfico, que incluso tiene más problemas con respecto a nuestra situación
política y jurídica que los ciudadanos de la Unión Europea. No han justificado esa selección, esa omisión de los ciudadanos de la Unión Europea. Ello significa que ustedes han improvisado este proyecto queriendo tener gente sumisa, pobre, católica
y que hable castellano. La selección la hacen -permítame la expresión, señor Trillo- de una manera descarada. No es ni jurídica ni social ni políticamente aceptable, desde ningún punto de vista. Es una posición técnica, una posición jurídica y
una posición política que nosotros bajo ningún concepto podemos aceptar y por eso pedimos la devolución del proyecto. No es aceptable. No es posible aceptar desde el punto de vista progresista, desde el punto de vista de la izquierda, esta doble
sumisión de los legales residentes -como ustedes los llaman- porque su situación social no les permite otra salida. No es posible aceptar las condiciones a las que ustedes someten a esta gente por sus creencias, por su cultura o por razones de
lengua.
Hay otro problema, señor Trillo, que nosotros vamos a introducir como enmienda, el que se refiere a los cabos primero y a los militares de complemento, que puede afectar a unas tres mil personas aproximadamente.
Nosotros presentamos una
serie de enmiendas de cara a esa posible solución, teniendo en cuenta los compromisos que el ejército adquirió con ellos en relación con su inserción definitiva en el ejército o con una preparación adecuada tendente a su reinserción en la vida
civil. Ninguno de los dos compromisos se ha cumplido y, teniendo en cuenta que se van a quedar muy desprotegidos por los compromisos que no se han cumplido, es el momento de solucionar esta situación con la reforma de la Ley de las Fuerzas Armadas.
Por ello nosotros presentamos esta serie de enmiendas, señor Trillo.
Esta es nuestra justificación desde la izquierda. No es posible admitir que gente desprotegida, en muchos casos desesperada, tenga que aceptar esta situación. La van a aceptar sin derechos, con un compromiso que si es malo en el caso de
los españoles, en su caso es un compromiso absolutamente sin vallas, sin ninguna posibilidad de defensa. Creíamos que era un globo sonda de alguien que exóticamente lanzaba esta idea para ver cómo la recibíamos desde el exterior y al final se ha
confirmado.
Señor Trillo, es un error muy serio. Iremos viendo cómo se desarrolla a lo largo del tiempo y ya verá usted cómo tenemos de nuevo razón. La tuvimos, no sólo nosotros sino distintos grupos, cuando le dijimos en la Comisión mixta que el
modelo de ejército que estaban diseñando no se mantenía en pie, que hay que redimensionarlo, y la tenemos ahora cuando hablamos de las consecuencias muy serias que puede haber tanto dentro del ejército español cuanto con respecto a la serie de
cuestiones que tengan como consecuencia una repercusión social seria, que la va a haber, señor Trillo.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de la enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, señor ministro, de entrada voy a dar por defendida la enmienda a la totalidad del señor Saura, de Iniciativa per Catalunya, y
paso a defender la enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya.
Tenía razón el señor Trillo con la definición de mercenario, pero el diccionario actual de la lengua española es también escueto -usted lo conoce bien- y dice: Tropa que sirve a un país extranjero por un cierto estipendio. Me reconocerá
que desde el punto de vista de redacción literaria la denominación de mercenario se ajusta a la realidad. La enmienda a la totalidad de Esquerra Republicana de Catalunya pretende devolver este proyecto al Gobierno sencillamente para que el
Gobierno, en concreto el Ministerio de Defensa, replantee la solución del problema e incluso replantee cuál es el problema exacto, porque aquí no acertamos ni en el problema. Si no se analiza cuál es el problema, la lógica formal obliga a que la
solución también sea errónea. ¿Y cuál es el problema? La falta de tropa para el modelo de ejército profesional, una superinflación de oficiales y altos mandos y un déficit absoluto de tropa, en este caso de soldados y marinería. ¿Qué solución nos
ofrece el ministerio en este caso? Contratar extranjeros. De entrada, el problema está mal planteado.
Estamos ante lo que podríamos llamar, desde la lógica formal, un pseudoproblema. Esto es así porque cuando el problema se enfoca mal, la
solución puede ser fatal, incluso a veces nefasta.
En principio hay que disentir del problema de fondo. ¿Falta tropa o no falta tropa? A nuestro parecer no. Aquí hay un problema de fondo del modelo de Fuerzas Armadas y una falta de proyección a la hora de diseñar el fin del servicio
militar obligatorio. Lo que hay que hacer es redimensionar y adelgazar el ejército español bajo tres parámetros: en primer lugar, una apuesta clara y rotunda por la creación de un ejército europeo; en segundo lugar, las necesidades de hoy, en
cuanto a defensa y misiones de paz, que distan mucho de las expectativas en número del Gobierno; y en tercer lugar -el más importante a nuestro parecer-, la yuxtaposición entre las prioridades sociales de un presupuesto y las de defensa, que
debería llevar a reducir el presupuesto militar en todos sus ámbitos. Estamos ante el clásico dilema en teoría económica entre la mantequilla y los cañones. En este momento nosotros estamos por la mantequilla. Como decía en el primer parámetro,
seguramente apostar por el ejército europeo profesional solucionaría buena parte de los problemas.
El mal planteamiento del problema crea otro problema, y en términos militares tenemos un problema colateral. ¿Cuál es? Con este proyecto el Gobierno va a consagrar una ley en la que va a crear extranjeros de primera y extranjeros de
segunda, y modestamente debo decir que democráticamente es de difícil comprensión que una ley como ésa pretenda ser aprobada por esta Cámara al final del trámite. ¿Cómo se consolida esta discriminación? Se podría decir que extranjeros de primera
son aquellos procedentes de naciones con especiales y tradicionales vínculos históricos, culturales y lingüísticos con el Estado español, mientras que los extranjeros de segunda serán aquellos que no tengan estos vínculos.
En una ley de un Gobierno
esto es como mínimo peligroso. Para este Gobierno, parafraseando a Orwell, todos los extranjeros son iguales, pero algunos extranjeros son más iguales a nosotros. Esta sería la versión orwelliana de su ley. En segundo lugar, por si eso no fuera
suficiente, la ley aumenta el problema. ¿Por qué? Porque aquellos extranjeros que de acuerdo con la ley pasen el primer filtro, sean extranjeros de primera y lleguen a las Fuerzas Armadas, tendrán un contrato de tres años como máximo, tendrán
vetado el acceso a la mayor parte de unidades y especialidades, tendrán la obligación de jurar la bandera -como se hace en otros países que usted ha citado como legislación comparada-, guardarán y harán guardar la Constitución española, pero no
tendrán los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del Estado; por ejemplo, no tendrán un acceso claro a la función pública.
Resumiendo, el Gobierno ha empleado aquí una doble moral. Los inmigrantes no son buenos para tener una situación regularizada, pero sí lo pueden ser para el ejército; no son óptimos para obtener la regularización y evitar que sean
explotados por patrones y empresarios sin escrúpulos, pero sí para formar parte del ejército; no pueden tener la documentación para trabajar en una oficina, en una fábrica, en empresas de servicios o en el campo, pero sí para tomar las armas. Esto
no acaba de cuadrar con las manifestaciones que hizo el presidente del Gobierno en una sesión de control, ni con las que hizo el ministro del Interior, señor Rajoy, relacionando directamente el aumento de la delincuencia con el aumento de
inmigrantes. Imagínense ustedes la comparación que se produce: por un lado los inmigrantes son buenos para el ejército y, por otro lado, hay quien dice injusta y demagógicamente que el problema de la delincuencia es directamente proporcional al
aumento de la inmigración en el Estado español.
Para terminar, señoras y señores diputados, el problema es otro. Reduzcan ejército, reduzcan efectivos, oficiales y -lo más importante- reduzcan presupuesto de defensa. Aprovechen lo que el señor Aznar define muy particularmente como un
papel preponderante en la nueva Europa para plantear un ejército europeo único y profesional, y aborden de verdad y sin doble juego la regularización de aquellas personas extranjeras que pueden trabajar. Sólo regularizándoles podremos evitarles
condiciones de vida infrahumanas y podremos garantizarles condiciones de vida dignas, que es en definitiva lo que buscan.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Puigcercós.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, al consumir este turno para fijar la posición de mi grupo, Coalición Canaria, ante estas enmiendas de totalidad de devolución y algunas con texto alternativo, quiero en primer lugar hacer una toma de posición
sobre la sensatez, dado que la pelota de la sensatez ha estado presente en la dialéctica normal, elegante, que han practicado tanto el señor ministro de Defensa como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de su iniciativa de
enmienda de totalidad. Lo quiero decir para que después nadie nos acuse, ni a mi grupo ni a mí, de falta de sensatez, si en los proyectos de ley la sensatez también está en la línea de presentar enmiendas que tengan un sentido constructivo, que
sean complementarias al articulado. Mi grupo no ha presentado enmienda alguna de totalidad y anuncio que tampoco las hemos presentado al texto articulado. Sólo hemos presentado una al preámbulo o exposición de motivos de este proyecto de ley, que
ya está en el registro, por las circunstancias que algunos de los oradores que me han precedido en la tribuna han expresado en este tema. Por tanto, quisiera que la sensatez se recondujera. Mi grupo va a votar en contra de estas enmiendas de
totalidad que se han presentado porque el meollo de la ley está fundamentalmente en su articulado, qué es lo que necesita el Ministerio de Defensa.
Dicho esto y para que no falle esa química o sintonía que con la persona parlamentaria, política y humana de don Federico Trillo me honro en mantener, mi discurso va más dirigido a las estructuras redactoras del Ministerio de Defensa. En
gobiernos de UCD, al frente de tres subsecretarías, he tenido la experiencia administrativa de tener que bregar con lo más difícil para un cargo de la Administración, defender lo que le han hecho sus subordinados, porque a veces hay que defenderse
de lo que hacen con su mejor saber, entender y lealtad. No hago ninguna otra crítica sino la de las coyunturas de una de las cosas más arduas que se dan, porque a veces hay que dar la cara en circunstancias en que uno mismo -se sea ministro o se
sea diputado- no comparte el punto de vista.
Por tanto, los documentos justificativos han de estar permanentemente hechos. Entiendo que con la exposición de motivos de este proyecto de ley nos hemos metido en una justificación que pudiéramos decir
que no venía a cuento, pero sí viene a cuento que la hagan completa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando analizamos los documentos que acompañan al proyecto de ley y el dictamen del Consejo de Estado vemos que éste es tremendamente informativo al
respecto. Cuando el Consejo de Estado hace el análisis, en el punto segundo dice: expediente adjunto (don Federico Trillo, en su condición de jurista y profesional, conoce perfectamente esta sistemática de rigor con que el Consejo de Estado
analiza los proyectos del Gobierno para su dictamen) y cuando habla de los documentos que se han aportado cita la memoria justificativa, la memoria económica, que no tiene repercusión alguna. Vemos el informe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra, de 8 de noviembre de 2001, y -¡oh sorpresa!- el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra hace dos observaciones que recoge el Consejo de Estado, y una de ellas es altamente preocupante porque dice: Se estimaría conveniente, si no se
hubiera hecho, realizar un estudio previo de cuáles podrían ser las consecuencias de la apertura de las Fuerzas Armadas al personal extranjero. Sin embargo, curiosamente, el informe del Estado Mayor de la Armada, de 8 de noviembre, es favorable;
el informe del Estado Mayor del Ejército del Aire, de la misma fecha, es también favorable; en el informe del jefe del Estado Mayor de la Defensa hay algunas observaciones, muy puntuales; el informe del director general de Personal, de 12 de
noviembre, es favorable; la Asesoría Jurídica General es favorable, y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa también es favorable.
Si volvemos al preámbulo, diríamos: Con esta justificación, que es un principio de solidaridad con la inmigración, que nosotros compartimos, ¿cómo es que en el expediente presentado al Consejo de Estado no hay ningún dictamen del Ministerio
de Trabajo? ¿Cómo es que nadie de toda esta estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y curiosamente ni el Consejo de Estado, ha pedido un informe al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración? Este proyecto de ley llega aquí
con un preámbulo que justifica la solidaridad contenida en el articulado para contribuir, desde el Ministerio de Defensa y desde las Fuerzas Armadas, a resolver el problema de la inmigración, y si hay un delegado del Gobierno, no una oficina de una
ONG perdida por ahí, sino un delegado del Gobierno con rango de secretario de Estado, cargo que ostenta quien fue, con el equipo del entonces presidente del Congreso de los Diputados y hoy ministro de Defensa, vicepresidente primero de esta Cámara,
el señor Fernández-Miranda, ¿cómo es que no viene un informe del delegado del Gobierno para asuntos de extranjería y de inmigración, incluso dándole sus bendiciones y diciendo que está conforme, como lo han dicho el jefe del Estado Mayor de la
Armada o el jefe del Estado Mayor del Aire? Alguien, quien hubiera sido, tenía que haber ordenado que se hiciera el estudio que echa en falta el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra por una cuestión de sentido común y de lógica, y es que
alguien debería haber estudiado las consecuencias de la apertura de las Fuerzas Armadas al personal extranjero. Pero, repito, en el expediente que ve el Consejo de Estado no hay dictamen alguno ni del Ministerio de Trabajo, competente en estos
temas, ni del Ministerio del Interior ni
menos del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración. Por tanto, hay que evitar que aquí se produzca un problema.
Mi grupo, en su línea respecto a los ministerios de Defensa y del Interior, donde lo supeditamos todo a una política de Estado y de solidaridad, va a contribuir con su apoyo a este proyecto de ley, como hicimos hace apenas una semana en esta
Cámara con el del Centro Nacional de Inteligencia, cuando dijimos: Votaremos el compromiso del Gobierno; el Gobierno quiere este sistema de inteligencia y nosotros hacemos nuestra aportación positiva, con lealtad a la Constitución española y a
nuestras creencias técnicas, y por eso presentamos nuestra batería de enmiendas, no con el fin de oponernos sino de complementar y perfeccionar un documento.
Si hay un problema de fondo, no nos compliquemos más la existencia ni invoquemos cuestiones culturales, históricas ni lingüísticas, porque imagínense si al teniente coronel Millán Astray, en 1920, se le hubiera ocurrido plantearse para el
Tercio de extranjeros la exigencia de defender los méritos culturales de una nación. El que Grecia sea la patria del pensamiento filosófico, de la cultura, de la ética y de la estética no significa que todos los griegos, los de entonces y los de
ahora, sean unos estetas o unos perfectos conocedores del canon helenístico de la belleza o de la armonía de la arquitectura o del teatro. Es decir, no se pueden aplicar cuestiones genéricas a un señor.
En el Tercio de extranjeros de la Legión
española, desde 1920, con las modificaciones que se hicieron en 1939 y las posteriores hasta nuestros días, no existieron digamos, esas exigencias y ha tenido personas de cualquiera de los cinco continentes, como tiene Francia en su Legión
extranjera o el Reino Unido en sus unidades operativas especiales de gurkas.
Tenemos que tratar de evitarle complicaciones al Gobierno. Nos parece bien que se invoque aquí el principio de solidaridad, pero creemos que no es el Ministerio de Defensa el llamado a solventar el problema de la inmigración. Además, esto
puede traer una consecuencia y es que aquí alguien pida que este principio de solidaridad lo tengan también la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Administración de funcionarios civiles del Estado. ¿Por qué se puede resolver un
problema por una vía, que cuantitativamente nos parece que puede ser inferior, y no por otra? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar a los extranjeros por este principio de solidaridad, aunque tengan a su favor razones lingüísticas, culturales e
históricas y sean guineanos, filipinos, argentinos, venezolanos o mejicanos descendientes de españoles en tercero, cuarto o quinto grado de consaguinidad? Curiosamente en nuestras fuerzas, que cuentan con personas de otras nacionalidades, han sido
mayores los contingentes de soldados de origen marroquí, por ejemplo, las tropas regulares, las denominadas MIAS, las fuerzas indígenas, las fuerzas nómadas del Sahara, que estuvieron bajo mando de oficialidad del Ejército español, puesto que no se
permitió la entrada de extranjeros en los cuadros de mando, eran solamente tropa o suboficiales en su caso. Creo que no sería bueno que esto tuviera, digamos, un efecto de contagio en las otras administraciones públicas. Si se quiere abrir el
Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil a estas cuestiones por un principio de solidaridad, vamos a meditar este tema. Mi grupo hubiera dicho que no hay que poner ni quitar una coma al articulado ni introducir enmiendas a este proyecto de ley
y lo vamos a defender; pero posiblemente nosotros hubiéramos hecho otro preámbulo, con otra justificación, sin meternos en un jardín para complicar directamente este tema con administraciones e institutos armados del Estado, que tienen más
posibilidades, o con los cuerpos de la Administración pública.
Curiosamente, nosotros hemos venido apoyando todas las medidas que permitieran cumplir el objetivo de fuerza, aunque hemos tenido que ir bajando de 120.000 a 110.000 y actualmente nos
encontramos con que hay que tener 86.000 hombres y mujeres en clase de tropa y marinería a 31 de diciembre.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego vaya concluyendo, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Curiosamente, el ministerio ha tenido que ir haciendo esfuerzos para cambiar su primera normativa o reglamento, como abrir los 365 días del año las delegaciones del Gobierno para el que quiera entrar en las
Fuerzas Armadas en tropa y marinería pueda ir cualquier día sin esperar al llamamiento. ¿Por qué estamos rebajando las condiciones psicotécnicas del soldado? Debemos darnos cuenta también de que si hay un problema de este tipo en una empresa
privada -estamos ante una ley de la oferta y la demanda-, si no tiene técnicos en ordenadores y procesadores porque no tiene una oferta adecuada o su demanda no está en los precios de cotización del mercado, ésta aumentará su presupuesto. Por
tanto, mi grupo apoyará todo el incremento de presupuestos que vaya encaminado a este tema.
Nos encontramos con dos problemas en la nación española y en el Ministerio de Defensa del mismo tenor pero de distinto signo, y es que a España llegan extranjeros hasta en pateras y al Ministerio de Defensa no llegan ni los nacionales.
Señor ministro, esta armonización es la que a nosotros nos permite ir en contra de estas enmiendas de totalidad y buscar una solución sensata. Por ello votaremos a favor del proyecto del Gobierno, aunque hayamos presentado una enmienda a la
exposición de motivos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para fijar su posición tiene la palabra el señor
Companys. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al
objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería. De hecho se pretende, mediante la modificación de cinco artículos y la adición de uno nuevo, que extranjeros que cumplan con determinados
requisitos tengan la posibilidad de incorporarse a las Fuerzas Armadas. En el fondo se trata de encontrar una solución al problema creado por la supresión del servicio militar obligatorio que ha comportado la desaparición de los soldados de
reemplazo y, por tanto, debe buscarse una sustitución de los mismos que permita la creación de un ejército profesional regular que debe ser voluntario, remunerado y eficiente. Como en España, por las circunstancias que sean, los jóvenes no han
optado suficientemente por la incorporación al ejército profesional, es lógico que se busquen soluciones alternativas que permitan cubrir los efectivos previstos posibilitando el acceso de extranjeros a las Fuerzas Armadas. El Gobierno podía haber
optado por un modelo más permisivo en el que se permitiera la incorporación de cualquier ciudadano extranjero, por una solución parecida a la que han apostado países como Francia o Estados Unidos. No es menos cierto que al permitir el acceso sólo a
extranjeros hispanohablantes por razones históricas de mayor facilidad para la integración cultural, etcétera, se ha decantado por un modelo más restrictivo que tiene su correspondiente referente internacional en el modelo británico. Efectivamente,
el derecho comparado nos ofrece diferentes modelos para la incorporación de ciudadanos extranjeros, todos ellos legítimos y homologables. La propuesta del Gobierno es mejorable y por ello presentaremos una serie de enmiendas con la voluntad de que
se integren en la actual redacción y la mejoren. Tenemos algunas dudas, señor ministro, que usted ha puesto encima de la mesa. Una de ellas es que una vez incorporados a las Fuerzas Armadas y adquirida la nacionalidad española, aquellos que
quieran seguir en las Fuerzas Armadas deben poder hacerlo. Eso ha de quedar claro. Usted lo ha explicado, pero en la redacción no queda suficientemente claro, de conformidad con el artículo 95, de la Ley 17/1999, de 18 de marzo, del Régimen
personal de las Fuerzas Armadas. Esa propuesta a nuestro entender estaría de acuerdo con los objetivos que el Gobierno se fija en la exposición de motivos de dicha ley donde textualmente habla, refiriéndose a los soldados profesionales extranjeros,
de su plena integración y su colaboración con la política de personal de las Fuerzas Armadas.
Nuestro grupo parlamentario entiende que en el trámite de enmiendas tendremos oportunidad de presentar propuestas que pueden enriquecer el actual redactado, Sobre todo en la línea de dar seguridad a los nuevos aspirantes no es posible exigir
el máximo y luego ser cicateros en las contraprestaciones. Si bien es cierto que el proyecto de ley como he dicho antes es mejorable, no hay motivo para la presentación de enmiendas a la totalidad, y por esa razón no lo hemos hecho ni vamos a dar
soporte a ninguna de ellas.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Companys.
Por último y también en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en este turno de fijación de posiciones en nombre del Grupo Popular, no voy a hacer muchas referencias al texto que hoy se nos ha presentado. El ministro de Defensa ya ha explicado que este proyecto de
modificación puntual de la ley del año 1999 que regula el régimen del personal de las Fuerzas Armadas para permitir el acceso de los extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería, tiene como finalidad permitir este acceso a
los nacionales de determinados países que tienen especiales vínculos con España y que además son residentes en nuestro país. Este proyecto, como ha quedado claro en la intervención del ministro de Defensa, se plantea desde la coherencia y la
globalidad del proyecto político del Partido Popular y de la acción del Gobierno de José María Aznar en lo que afecta a la política de defensa, al desarrollo del ejército profesional y también a esa política de inmigración que se ve con ámbito de
globalidad. Se persigue acercar la fisonomía de nuestras Fuerzas Armadas a la realidad de la sociedad española a la que defiende, así como favorecer y facilitar la plena integración e inserción social de los extranjeros residentes en nuestro país.
No hace falta que me remita, señorías, ya lo ha hecho con toda profusión y brillantez el ministro de Defensa, a que no hay ningún tipo de limitación en el derecho internacional para la incorporación de ciudadanos de otros países a los ejércitos. Ha
hecho referencia al derecho consuetudinario, al derecho internacional, al derecho comparado de países como Gran Bretaña y Estados Unidos, con una larga tradición de ejército profesional que tiene un importante número de soldados de otras
nacionalidades, o Francia un país que como nosotros recientemente ha incorporado el ejército profesional y también tiene esto perfectamente establecido. Tampoco hace falta recordar, señorías, que en nuestra tradición española ha sido una realidad.
El ministro ha hecho referencia al año 1920, cuando se regula el tercio de extranjeros, la reglamentación de la legión en el año 1970, y
concretamente la Ley del servicio militar del año 1984 y el reglamento que la desarrolla, aprobado por el Gobierno socialista, precisamente mantuvo abierta la posibilidad de incorporación de extranjeros a las Fuerzas Armadas. Por tanto,
nada debe extrañar lo que hoy plantea aquí el Gobierno.
Este proyecto se plantea en plena coherencia con la Ley de extranjería, de derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros residentes en España, de diciembre de 2000, y también en el propio proceso de profesionalización de las Fuerzas
Armadas que tiene su eje central en la Ley de la profesionalización, Ley 17/1999 reguladora del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, que establece como condición para el acceso a nuestro ejército el ser español, nada impide que una norma del
mismo rango, como ha dicho el ministro de Defensa, permita el ingreso de extranjeros en nuestras Fuerzas Armadas. Esto además se hace en este proyecto de ley de forma realista, de manera equilibrada y estableciendo una situación respecto a los
ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, que mantienen vínculos derivados de nuestra historia común.
Me ha sorprendido que en este debate se hayan planteado determinadas enmiendas a la totalidad; unas las puedo comprender porque parten de una concepción distinta del modelo de Fuerzas Armadas que tenemos en España, en la Unión Europea y en
el mundo occidental -allá ellos que se lo plantean y que son modelos diferentes-; pero resulta absolutamente sorprendente oír decir hoy al portavoz del Grupo Socialista, señor Moragues, por una parte que la iniciativa es improvisada, y segundos
después dice que la iniciativa no es improvisada porque el Gobierno lleva estudiándola hace tiempo. También me ha sorprendido oír al señor Moragues decir que el Grupo Socialista está de acuerdo con el fondo de la cuestión, y curiosamente presentan
hoy una enmienda a la totalidad de devolución. Si usted está de acuerdo con el fondo de la cuestión tiene dos opciones, la mejora en la presentación de enmiendas parciales o presente un texto alternativa coincidente con el texto del Gobierno pero
con sus matices, ya que las dos cosas en términos parlamentarios serían perfectamente encajables.
Sin duda, señoría, me viene la tentación que rápidamente rechazo de creer que sólo el intermitente estado febril de su secretario general ha dictado esta enmienda que hoy se discute (Rumores.), y también ese estado febril ha movido el
intento del Grupo Socialista de olvidar sus responsabilidades que hasta el día de ayer tenía presentes y en el día de hoy parece que ha olvidado. (Continúan los rumores.) Sinceramente, no encuentro otra razón, pero en cualquier caso rechazo la
tentación, señor Moragues, la rechazo.
Señora presidenta, del conjunto de enmiendas, y después me referiré a la del Grupo Socialista en concreto, hay unas que parece se oponen a la incorporación de extranjeros a nuestras Fuerzas Armadas, a su integración social, y sinceramente
quien plantee eso está actuando con verdadera insolidaridad; no se puede llenar la boca de progresismo de salón, y cuando se plantea una iniciativa de progreso, sensata, equilibrada y de integración social, inmediatamente se dice que no, algunos
con argumentos que no sé si los han pensado. Por el contrario, si proponen que pudieran incorporarse todos los extranjeros sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de condición, estaríamos cayendo en una
verdadera irresponsabilidad. Vivimos en el ámbito de un Estado de derecho de un país que tiene sus compromisos, y creo que las cosas hay que plantearlas con sentido común, con sentido del equilibrio.
Señorías, en materia de inmigración es más
necesario que nada el equilibrio. Ni el cierre a cal y canto de nuestras fronteras ni abrirlas de par en par sin ningún tipo de regulación ni de límites. Eso es lo que hace este proyecto que es una fórmula realista, e insisto equilibrada.
El Grupo de Izquierda Unida plantea una enmienda llena de reproches al nuevo modelo de Fuerzas Armadas diciendo que no lo hemos dotado; que no lo respaldaron y que no comparten. No voy a entrar en si ustedes tienen modelo o no tienen
modelo, si es que lo tienen o si existe en alguna parte del mundo, sin duda no lo conozco. En cualquier caso, es una posición coherente que respeto aunque no comparto, pero la verdad es que me resulta sorprendente al ver el tenor literal de la
enmienda del Grupo de Izquierda Unida que diga cosa como las siguientes: Todo lo que sea favorecer la integración de los inmigrantes, entre nosotros será bienvenido; magnífico, pero esa es una una cosa y otra bien distinta es permitir que personas
que carecen de la nacionalidad española sean instruidas, armadas y autorizadas a defender los principios, valores, derechos y libertades que en la Constitución española se consagran cuando su nacionalidad y su ordenamiento jurídico es otro. Señor
Alcaraz, me sorprende, porque esto traducido al francés, en la Asamblea Nacional francesa lo suscribiría el señor Le Pen. No es propio de usted.
El Grupo Mixto plantea un conjunto de enmiendas que, como decía antes, inciden fundamentalmente de un modelo diferente de Fuerzas Armadas, y este no es el debate, e inciden en algún asunto con los mercenarios, que sin duda me remito a las
palabras del ministro que define lo que es mercenario desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de lo que es el ámbito jurídico, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y además olvidan la propia
realidad de países de nuestro entorno que tienen perfectamente regulado todo lo que se refiere a la presencia de extranjeros en sus Fuerzas Armadas.
El Grupo Socialista tiene como eje central de su iniciativa la última parte de ese escrito, curiosamente creo que influido por ese proceso febril en el que hablan del fracaso de la profesionalización y dicen que esta es la fórmula para
buscarle una salida. Señores del Grupo
Socialista, en primer lugar niego la mayor. La profesionalización, un gran acierto de la sociedad española que ha hecho posible el Gobierno de José María Aznar con un amplísimo respaldo parlamentario, marcha razonablemente bien. Estamos en
el 80 por ciento, en números redondos, de cumplimiento de ese objetivo, y por tanto creo que las cosas deben reconocerse. Pero es que si tal fuera el caso, como dice el Grupo Socialista, no nos limitaríamos en la propuesta que ha hecho el Gobierno
y que el Grupo Popular respalda a los residentes legales; si tal fuera el caso no nos limitaríamos a determinados países; si tal fuera el caso no limitaríamos la propuesta a determinadas unidades militares, tampoco limitaríamos a tres años el
compromiso de permanencia y a los tres años se tienen que ir del ejército. En definitiva, si tal fuera el caso, no nos limitaríamos al 2 por ciento total de efectivos de la tropa y marinería profesional; por tanto está bien buscar argumentos, pero
ese carece por completo de fundamentación.
Se dan dos argumentos más por parte del Grupo Socialista, que son muy débiles, cuando dice que se dejan al desarrollo reglamentario algunas cuestiones. Sin duda la determinación de los ciudadanos de los países que podrán acceder a nuestras
fuerzas armadas dice que irán a desarrollo reglamentario y la posibilidad de prorrogar el compromiso cuando se está tramitando la nacionalidad española...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Atencia, su tiempo ha concluido.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Voy terminando, señora presidenta.
La primera cuestión simplemente responde a que la política internacional es dinámica y hay que tener un instrumento ágil. La segunda es una recomendación expresa recogida en el proyecto, que hace el Consejo de Estado.
Respecto a la discriminación en el acceso a la función pública, simplemente remitiré a SS.SS. no sólo a que lean detenidamente el proyecto de ley, sino a que lean el dictamen del Consejo de Estado que es absolutamente claro en esta materia,
no sólo el dictamen que acompañaba al proyecto de ley cuando era anteproyecto, sino el dictamen que el propio Gobierno solicitó y que el mes de julio emitió el Consejo de Estado en relación con la presencia de ciudadanos extranjeros en nuestro país.
Precisamente para terminar señora presidenta, quisiera hacer un par de comentarios sobre los europeos, cuestión que han planteado algunos, y tiene que ver con el Consejo de Estado. Fue expresamente consultado el Consejo de Estado sobre esta
situación, y contestó que por una parte el derecho comunitario no obliga en absoluto a abrir a los nacionales europeos la incorporación a las Fuerzas Armadas; en segundo lugar, que ningún país de la Unión Europea lo ha hecho ni lo ha regulado.
Por último, en relación con lo que ha planteado el señor Mardones, me gustaría decirle en relación con los informes que el Gobierno ha dispuesto para presentar este proyecto de ley, que el anteproyecto, señor Mardones...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Atencia, le reitero que termine, por principio de igualdad con el resto de los portavoces.
Su tiempo ha concluido, termine, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Termino enseguida, señora presidenta, por ese principio de igualdad curiosamente aplicado, con el debido respeto.
El anteproyecto de ley obviamente ha sido consultado con los restantes departamentos y concretamente con la Secretaría de Estado de Inmigración y en el Consejo de Ministros y en la Comisión de subsecretarios no es que no se diga nada, no es
que no se ponga objeción alguna; es que lisa y llanamente se está de acuerdo con el proyecto de ley. Por tanto, señoras y señores diputados, señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular manifiesta el absoluto respaldo a este proyecto de ley, por
entender que responde a la realidad de la defensa española, a la necesidad de una política de inmigración y a un proyecto global al que se da solución. Sus señorías tienen posibilidad de mejorarlo en el trámite parlamentario, pero sin duda y con el
mayor respeto no podemos compartir las enmiendas a la totalidad por los argumentos que hemos dado y algunos que nos guardamos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Atencia.
¿Qué artículo invoca S.S., señor Alcaraz, para pedir la palabra?
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, el 71 por lo de Le Pen y el 73 porque ha hecho un turno en contra cuando no lo habían aceptado.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Alcaraz, sabe S.S. que formalmente lo que ha consumido el Grupo Popular es un turno de fijación de posiciones y después de este turno no corresponde turno en contra.
Esta viene siendo la
práctica parlamentaria de esta Cámara y lo lamento, señor Alcaraz, pero no le concedo la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: ¿Lo de Le Pen, señora presidenta?
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Lo siento, señor Alcaraz, a juicio de esta presidencia no tiene S.S. la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Que conste mi protesta por la forma de interpretar el Reglamento.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Alcaraz, no tiene S.S.
la palabra. Constará su protesta, señor Alcaraz.
Gracias. (Rumores.)
Señorías ruego guarden silencio. (La señora López i Chamosa, pronuncia palabras que no se perciben.)
Señora López, le ruego guarde silencio. Al resto de los señores y señoras diputadas les ruego que guarden respeto dentro del hemiciclo hasta que se inicie la votación.
Gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y señores Saura y Puigcercós, del Grupo Mixto, al
proyecto de ley de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 94; en contra, 173; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de devolución.
Se levanta la sesión.
Eran la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.