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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 12/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 144
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 138
celebrada el martes, 12 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de modificación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, con el fin de introducir un permiso de paternidad
en los supuestos de parto. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 157-1, de 29 de junio de 2001. (Número de expediente 122/000140.) ... (Página 7262)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 173-1,
de 23 de noviembre de 2001. (Número de expediente 122/000155.) ... (Página 7263)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de corresponsabilidad laboral y familiar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 196-1, de 1 de febrero de 2002. (Número de expediente 122/000174.) ...
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 104-1, de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente
122/000090.) ... (Página 7274)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre paz y seguridad en el nuevo orden internacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 302, de 8 de febrero de 2002. (Número de expediente 162/000423.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad y nuevo orden internacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 258, de 2 de noviembre de 2001. (Número de expediente 162/000367.) ... (Página
7281)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 319, de 8 de marzo de 2002. (Número
de expediente 162/000448.) ... (Página 7289)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de los informes del servicio exterior. (Número de expediente 173/000114.) ... (Página 7296)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. (Número de expediente 173/000115.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha para el próximo año, en los tres principales procesos que se discutirán en la Cumbre de Barcelona: las
grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural. (Número de expediente 173/000116.) ... (Página 7304)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 7262)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de modificación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, con el fin de introducir un permiso de paternidad en
los supuestos de parto ... (Página 7262)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras ... (Página 7263)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de corresponsabilidad laboral y familiar ... (Página 7263)
El señor Saura Laporta defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto que pretende introducir en la Ley 39/1999 la posibilidad de que los hombres puedan pedir también cuatro semanas de permiso
inmediatamente posteriores al parto de la mujeres, sin que sean incompatibles con las 16 semanas actualmente vigentes. Explica el sentido de su propuesta, que es continuar avanzando en la conciliación de la vida familiar y laboral y situar a España
en la onda de lo que hoy son ya iniciativas parecidas aprobadas en diversos países de la Unión Europea, y confía en que, con el voto favorable de la Cámara, se pueda iniciar un trámite parlamentario que permita al Estado español hacer posible que el
trabajo familiar no sólo sea cuestión de mujeres sino también de hombres.
El señor Aymerich Cano, también del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la toma en consideración de la segunda proposición no de ley sobre la corresponsabilidad
laboral y familiar, ya que casi tres años después de la vigencia de la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar no se cumplen ninguna de las expectativas que en su momento levantó su promulgación, debido a que no forma parte de una
política integral de protección a la familia y de promoción real de la igualdad entre hombres y mujeres, limitándose a ser una transposición rutinaria e incompleta de la normativa europea, y critica el argumento del aumento de gasto que seguramente
esgrimirá el Grupo Popular para oponerse a la toma en consideración de su iniciativa.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista defiende la toma en consideración de la proposición de ley sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y de las
trabajadoras, la señora Navarro Garzón.
Considera que la conciliación entre la vida laboral y familiar sigue siendo una asignatura pendiente en el proceso de equiparación de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, resaltando dos problemas
principalmente: en primer lugar, la necesidad de adaptar las leyes, los tiempos y las políticas en general al objetivo de que hombres y mujeres puedan tener un empleo remunerado sin tener que renunciar a la maternidad o a la paternidad; y en
segundo lugar, la falta de equilibrio en las responsabilidades familiares y en las tareas domésticas entre hombres y mujeres. Critica el Plan integral de apoyo a la familia del Partido Popular, entre otras cosas porque carece de presupuesto que lo
haga posible, y pide el voto afirmativo de la Cámara a la iniciativa de su grupo, que podrá ser mejorada y ampliada en el trámite de enmiendas, Considera que su iniciativa, que habla principalmente de individualizar derechos en los permisos
parentales y del cuidado de las personas mayores, es realista y pedagógica, remueve obstáculos que impiden la igualdad real, posibilita un marco jurídico y social que permite la inserción de los varones en los ámbitos tradicionalmente considerados
privados y promueve conductas que redundan en un modelo de familia que sea escuela de democracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de modificación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras, con el fin de introducir un permiso de paternidad en los supuestos de parto, se rechaza por 139 votos a favor, 160 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y
trabajadoras, se rechaza por 140 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de corresponsabilidad laboral y familiar, se rechaza por 128 votos a favor, 163 en contra y 12
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos ... (Página 7274)
Defiende la proposición de ley para su toma en consideración el señor Otxoa de Eribe Elorza, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Solicita el establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos
basándose en la Ley 10/1998, de residuos, de 21 de abril, que en su artículo 25 contempla la posibilidad de que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan establecer medidas económicas, financieras y fiscales
adecuadas para el fomento de la prevención, la aplicación de tecnologías limpias, la reutilización, el reciclado y otras formas de valoración de residuos, así como para promover las tecnologías menos contaminantes en la eliminación de los mismos.
Se refiere al Plan nacional de residuos urbanos aprobado por el Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000, que incorpora las directrices, prioridades y criterios establecidos por la Unión Europea en la directiva 1991/156, así como las
recomendaciones y estrategias en la gestión de residuos establecidas en la conferencia de Estokolmo de 1972, en la conferencia de Río de 1992, en el V Programa de acción de la Unión Europea hacia un desarrollo sostenible y en la resolución del
Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos. Reconoce que el establecimiento de dicho impuesto puede no ser muy popular, pero considera que es una obligación ineludible del Parlamento, en primer lugar,
porque ya está establecido en casi todos los países de la Unión y, en segundo lugar, porque es necesario legar a las próximas generaciones
un panorama medioambiental mucho más definido, no primando el vertido indiscriminado como la más barata de las soluciones que se ofrecen.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Marón Beltrán, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos, se rechaza por 15 votos a favor, 163 en
contra y 117 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 7281)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre paz y seguridad en el nuevo orden internacional ... (Página 7281)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad y nuevo orden internacional ... (Página 7281)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Arístegui y San Román. Manifiesta que el mundo no cambió a partir del 11 de septiembre, como se viene diciendo por la opinión pública, sino que viene
cambiando desde1989, cuando cayó el muro de Berlín. Los historiadores que estudien esa época -opina- llegarán a la conclusión, y con razón, de que la humanidad se confió y quedó sumergida en un limbo inconsciente, del que despertó el 11 de
septiembre. Se creyó que se había ganado la guerra fría y que ya no existían riesgos o amenazas reales cuando lo cierto es que había más de cien conflictos de baja intensidad a lo largo y ancho de la geografía del mundo. Afirma que hay que ser
conscientes de que el mundo ha cambiado, de que los fines de la globalización son positivos pero los medios elegidos no son muchas veces los más adecuados para tratar de lograr la paz, el progreso y la prosperidad para todos los pueblos de la
tierra, y es por lo que su grupo, buscando el espíritu que también animaba la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, ha querido presentar esta iniciativa a la Cámara.
En defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad y nuevo orden internacional, interviene el señor López Garrido, quien asegura que nada más suceder los acontecimientos del 11 de
septiembre su grupo parlamentario presento la proposición no de ley que hoy tiene el gusto de defender. El objetivo sigue siendo el mismo: la lucha contra el terrorismo en todas sus dimensiones, es decir, lucha contra los efectos del terrorismo,
lucha contra las causas inmediatas o mediatas y lucha contra los obstáculos que hubiera a la hora de poner en práctica esa política tan importante como es la lucha contra el terrorismo, incluso en el campo supranacional, sin olvidar que los efectos
políticos de esa acción terrorista podrían socavar y terminar rompiendo el fondo de la cultura democrática, que son las libertades. Afirma que hoy, pasados seis meses del 11 de septiembre, resulta totalmente oportuno que esta Cámara debata y se
pronuncie sobre las proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular, máxime en un momento en el que España preside la Unión Europea y está a punto de celebrarse una cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno. Explica el contenido concreto de la proposición no de ley, destacando algunos puntos que considera esenciales.
En defensa de las enmiendas presentadas a las proposiciones no de ley intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda, y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores López Garrido y Arístegui y San Román.
Sometido a votación el punto 6 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre paz y seguridad en el nuevo orden internacional, se aprueba por 184 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
Sometida a votación el resto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 282 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
Sometidos a votación los apartados 3, 4, 7, 10 y 13 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre seguridad y nuevo orden internacional, se rechazan por 125 votos a favor, 168 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación el resto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 292 votos a favor y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo ... (Página 7289)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista defiende la proposición no de ley la señora Pajín Iraola. Se refiere a la Conferencia internacional de financiación para el desarrollo que tendrá lugar en Monterrey, México, y que ha sido
organizada por las Naciones Unidas junto con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y explica los objetivos de su proposición no de ley concerniente a la ayuda oficial al desarrollo. Analiza el
grado de compromiso del Gobierno español con respecto a la ayuda al desarrollo en general y al O,7 por en particular y señala que es imprescindible anunciar el aumento significativo e inmediato de la ayuda oficial de España al desarrollo,
impulsándolo con vistas a alcanzar con la mayor brevedad posible el compromiso de los países donantes de destinar el 0,7 del producto interior bruto, estableciendo un calendario específico para destinar un 0,15 a los países menos desarrollados. A
continuación explica las líneas de trabajo expuestas en su proposición no de ley encaminadas a la cancelación total de la deuda bilateral oficial pendiente de los países menos adelantados que se encuentran entre los más endeudados, a la cancelación
de la deuda multilateral en el marco de la iniciativa ampliada a favor de los países menos adelantados que sean países más endeudados y al examen caso por caso de las medidas para el alivio de la deuda de los países menos adelantados que no sean
países más endeudados como parte integrante de los procesos de desarrollo. Termina su intervención apelando a la responsabilidad y solidaridad de la Cámara.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda interviene la señora Pajín Iraola.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la posición del Gobierno ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo, sustituyendo el punto primero por el punto
primero de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y adicionando al texto inicial del Grupo Parlamentario Socialista los puntos 3, 5 y 6 de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
así como el texto transaccional puesto de manifiesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 135 votos a favor y 169 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 7296)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de los informes del Servicio Exterior ... (Página 7296)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Marín González, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere a las falsas informaciones del viaje del ex presidente del Gobierno a Marruecos, afirmando que es la
primera vez en la historia de la democracia española en que se ha utilizado información diplomática para montar una operación política, considerando que se han roto las normas básicas del Servicio Exterior relativas a la confidencialidad y deber de
reserva, por lo que solicita la reprobación de los ministros portavoz del Gobierno y de Asuntos Exteriores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de los informes del Servicio Exterior, se rechaza por 119
votos a favor y 166 en contra.
La Presidencia deniega el uso de la palabra a los señores Morano Masa y De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales ... (Página 7300)
El señor Sánchez i Llibre defiende la moción consecuencia de interpelación urgente que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para instar al Gobierno a que adopte una serie de medidas para luchar contra la morosidad.
Reitera los argumentos dados en el debate de la interpelación y explica los puntos de la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para luchar contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada por el grupo proponente a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 272 votos a favor y nueve
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha para el próximo año, en los tres principales procesos que se discutirán en la cumbre de Barcelona: las
grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural ... (Página 7304)
El señor Ruiz López (don Antero) defiende la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señala, al igual que hizo en la interpelación, que la cumbre de Barcelona pensada
para evaluar los objetivos de la cumbre de Lisboa, se está convirtiendo en una cumbre de liberalismo y de reformas estructurales, abandonándose desde el principio los restantes retos europeos como son la creación de puestos de trabajo, reforzar la
cuestión social o mejorar el medio ambiente. La cumbre de Barcelona, dice, tenía una doble exigencia, ponerle política al euro y ponerle alma social a la política; en las dos cuestiones ha fracasado y a ellas se refieren los seis puntos de la
moción que ha presentado Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista; Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Ruiz López, y a los solos efectos de indicar si acepta que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sea asumida parcialmente interviene el señor Azpiroz
Villar.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha para el próximo año en los tres
principales procesos que se discutirán en la cumbre de Barcelona: las grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural, en los términos de la enmienda transaccional que se ha hecho llegar a la Mesa, con la
incorporación de los puntos 1, 6, 7, 8, 13 y 18 de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, así como de los puntos que contiene la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, se rechaza por 102 votos a favor y 170 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS, CON EL FIN DE INTRODUCIR UN PERMISO DE PATERNIDAD
EN LOS SUPUESTOS DE PARTO. (Número de expediente 122/000140)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AMPLIACIÓN DE DERECHOS QUE POSIBILITEN UNA REAL CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS TRABAJADORAS. (Número de expediente 122/000155.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), DE CORRESPONSABILIDAD LABORAL Y FAMILIAR. (Número de expediente 122/000174.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Se va a proceder al debate acumulado de las siguientes proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de modificación de la Ley
39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, con el fin de introducir un permiso de paternidad en los supuestos de parto; del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación
de derechos que posibiliten una real conciliación de la vida profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras, y del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de corresponsabilidad laboral y familiar.
En primer lugar y para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto firmada por el señor Saura, el señor diputado tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, una proposición de ley de modificación de la Ley 39/1999, que promovía la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. El
objetivo de la iniciativa que hoy defiendo es introducir en la Ley 39/1999 la posibilidad de que los hombres puedan pedir también cuatro semanas de permiso inmediatamente posteriores al parto de las mujeres -saben SS.SS. que en estos momentos hay
tres días de permiso para los hombres- y que estas cuatro semanas no sean incompatibles con las 16 semanas que actualmente están vigentes.
El sentido de la propuesta es claro: se trata de continuar avanzando en la conciliación de la vida familiar y laboral y de situar a España en la onda de lo que hoy son ya iniciativas parecidas aprobadas en diversos países de la Unión
Europea. Hace muy pocos días han salido unos datos de Eurostat sobre la tasa de ocupación de la mujer, que en España se sitúa por debajo del 40 por ciento, cuando en la Unión Europea está situada en el 54 por ciento; además, en España, este dato
inferior al 40 por ciento contrasta con el de la tasa de ocupación de hombres, que se sitúa en el 60 por ciento. Hay muchos factores que explican esta baja tasa de ocupación de las mujeres, pero yo hoy quisiera señalar dos, para luego detenerme en
uno. Hay una primera gran razón, que es el desarrollo insuficiente del Estado de bienestar en España, fundamentalmente en lo que hace referencia a los servicios de proximidad, atención a niños de cero a tres años y a personas de la tercera edad.
Esto significa que en España, por cada 1.000 habitantes, sólo hay 89 personas que trabajan en este tipo de servicios, cuando en la Unión Europea, por cada 1.000 habitantes, son 113 personas las que lo hacen. Dicho de otra manera, si en el Estado
español hubiera el mismo ratio de personas que se dedican a los servicios de proximidad, estaríamos hablando de la creación de más de un millón de puestos de trabajo. Pero lo que me interesa destacar es que en el Estado español una parte
importantísima del Estado de bienestar descansa sobre las familias, y cuando digo esto me estoy refiriendo a que descansa sobre las mujeres. La segunda razón es que en el Estado español la división sexual del trabajo, la cultura del patriarcado,
hace que hoy por hoy el hombre se vea como el prototipo del trabajo productivo y que sea la mujer la que se ocupe del trabajo doméstico. Ciertamente en los últimos años se ha producido una mayor incorporación de la mujer en el mundo del trabajo,
pero eso ha significado, en la mayoría de los casos, una sobrecarga de trabajo, unas dobles o triples jornadas para las mujeres que hoy están compatibilizando la actividad laboral con el trabajo doméstico. También algunos datos recientes de
Cataluña nos dicen que la media de horas semanales que las mujeres dedican a la atención familiar o doméstica es de 44, mientras que sólo son 6 las que los hombres dedican a estos menesteres. La consecuencia de esto es que Cataluña y España se
sitúan hoy en los índices más bajos de natalidad de Europa.
No voy a detenerme, porque no tengo tiempo y no es el objeto de esta iniciativa, en la falta de servicios de ayuda a la familia, pero sí que quiero detenerme en la falta de corresponsabilización o de implicación de los hombres en el trabajo
doméstico que, como he dicho antes, conduce a que sobre las mujeres recaigan hoy dobles y triples jornadas. Pero no sólo es un problema para las mujeres, pienso que el actual sistema de división de los roles del trabajo crea también problemas para
los hombres. Hoy hay muchos hombres que no son autónomos, que no son capaces de realizar elementales tareas para su supervivencia o que no han sabido aprovechar lo que significa de enriquecimiento personal la atención o el cuidado que prestan las
mujeres. Por tanto, la iniciativa que les traemos aquí no sólo plantea la igualdad de los hombres y de las mujeres en el terreno laboral, sino que plantea unas perspectivas de igualdad en el mundo familiar. Evidentemente, esto significa un gran
cambio cultural pero también medidas legislativas que vayan en esta dirección.
Es cierto que hoy ya se están produciendo cambios en la concepción de la maternidad y de la paternidad y que cada vez hay más hombres, sobre todo jóvenes, que quieren una relación más intensa con sus hijos y con sus hijas, una relación más
profunda o una relación más emotiva y es en este marco en el que quiero situar nuestra iniciativa. En definitiva, nuestra iniciativa plantea la necesidad de que se mejore lo que fue la Ley de conciliación de 1999. Una ley que significó avances
importantes pero que también tuvo insuficiencias importantes y posiblemente la mayor insuficiencia es que esta ley avanzó en que las mujeres puedan compartir su trabajo familiar con el laboral pero prácticamente no avanzó nada en que los hombres
puedan compartir su actividad laboral con el trabajo doméstico. Desde ese punto de vista, esa ley continúa reproduciendo la desigualdad, la falta de corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en el trabajo familiar.
La iniciativa que sometemos a su consideración es muy clara y ya la planteamos en el Parlamento catalán. En aquel momento Convergència i Unió y el Partido Popular votaron en contra con dos argumentos: el primero, que esto era competencia
del Congreso. Pues bien, hoy estamos discutiéndolo aquí. Y el segundo, que era una iniciativa insuficiente, que técnicamente no era perfecta. Esto tampoco sería problema porque estoy seguro que con enmiendas de Convergència i Unió y del Partido
Popular se podría mejorar la iniciativa que hoy presentamos o que presenta el Partido Socialista Obrero Español o el Bloque Nacionalista Galego. Avanzo que votaremos favorablemente estas dos iniciativas.
Esta iniciativa no da respuesta al problema global que he planteado, pero sí hace avanzar de forma importante en esta necesidad de corresponsabilización entre las mujeres y los hombres en el trabajo familiar y además nos situaría ya en la
estela de lo que otros países tienen aprobado. Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia tienen ya legislaciones en un sentido parecido o similar al que hoy les proponemos.
Por tanto, espero que las señoras diputadas y los señores diputados voten
positivamente esta propuesta, que se inicie un trámite parlamentario que permita también en el Estado español hacer posible que el trabajo familiar no sólo sea cuestión de mujeres sino que también sea cuestión de hombres.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, llevamos ya casi tres años de vigencia de la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar y la verdad es que esta ley no cumplió ninguna de las expectativas que levantó en el momento
de su promulgación. No forma parte de una política integral de protección a la familia, a todas las familias, y de promoción real de la igualdad entre hombres y mujeres. Se limita a ser una trasposición rutinaria y, por cierto, incompleta de la
normativa europea.
No hay detrás de ella, como el Gobierno que hoy cumple dos años demuestra con su actuación, ninguna voluntad real de avanzar hacia un nuevo reparto de roles y de superar una legislación social que parte de un prototipo masculino
de trabajador, es decir, de un trabajador exento de cualquier responsabilidad en el cuidado de los niños o en el hogar. Es más, esta ley, y esto no lo dice sólo el BNG o no lo afirma sólo este diputado, incluso puede ser regresiva respecto de la
situación anterior en la medida en que más que modificarla refuerza el tradicional reparto de funciones sociales en la familia y en la reproducción. Dado que las medidas de reducción de la jornada laboral o de concesión de excedencias y permisos
para el cuidado de hijos o de familiares enfermos son mayoritariamente aprovechadas por las mujeres, esta ley sirve como coartada para evitar el desarrollo de un sistema público de atención a las situaciones de dependencia o de guarderías, en
especial cuando no se establece un permiso parental independiente del de las madres o cuando estas medidas, lejos de ser universales, alcanzan únicamente a las mujeres que desarrollan un trabajo remunerado y en la economía legal, es decir, no a las
que trabajan en casa de forma no remunerada o a las muchas, cada vez más, que lo hacen en la economía sumergida. Quizás esta falta de políticas familiares y de políticas de igualdad dignas de tal nombre tenga algo que ver con que la tasa de
natalidad en el Estado español sea la más baja del mundo, triste récord al que mi país, Galicia, tras doce años de Gobierno del Partido Popular, contribuye de forma generosa. Por idénticos motivos, quizás también que el paro femenino duplique el
masculino o que la tasa de actividad femenina esté muy lejos de la media europea y, desde luego, muy lejos de los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa, que a este ritmo no se van a poder cumplir, tenga algo que ver con esta pasividad del
Gobierno del Partido Popular. Esta situación, que contrasta fuertemente con lo que sucede en otros Estados europeos, no parece que esté llamada a ocupar ningún lugar en la agenda del Gobierno español de cara a la próxima cumbre de Barcelona. Por
eso, ya que la iniciativa no parte ni del Partido Popular ni del Gobierno, es necesario que desde la oposición intentemos avanzar en las reformas de una normativa y, sobre todo, de unas políticas que nos mantienen a la cola de Europa en natalidad,
en actividad, en bienestar y en igualdad, avanzar hacia unas políticas de protección a la infancia más justa, que no se apoye sólo en desgravaciones fiscales de las que sólo se aprovechan las familias con mayores rentas y, que en definitiva,
considere la reproducción como un bien social cuyos gastos deben ser igualmente socializados. Porque el dinero invertido en proteger a los niños, en
fomentar la actividad remunerada de las mujeres y, en fin, en favorecer un reparto más igualitario de las cargas domésticas y familiares no es, desde nuestro punto de vista, un gasto, es una inversión que produce bienestar y calidad de vida
y que evita problemas ulteriores derivados del desarraigo y de la precariedad como, por poner un ejemplo de actualidad, el fracaso escolar. No valen, por tanto, argumentos como los utilizados por el Partido Popular la semana pasada en el Parlamento
gallego para rechazar una iniciativa similar defendida por el Bloque Nacionalista Gallego, que la puesta en marcha de esta propuesta es inviable por suponer un gasto de 984 millones de euros. Este argumento no nos sirve no sólo porque podríamos
recordar gastos mucho mayores realizados en materias que en nada, más bien al contrario, suponen bienestar para los ciudadanos (podríamos hablar de aventuras bélicas en Afganistán), sino también porque cuando el superávit de la Seguridad Social se
utiliza para cuadrar el presupuesto, cuando el dinero del INEM se utiliza para subvencionar las empresas sin que estas subvenciones, y así lo reconoció la semana pasada en esta Cámara el secretario de Estado de Empleo, hayan servido para disminuir
la tasa de temporalidad, en fin, cuando el gasto del Estado en protección social es de los más bajos de la Unión Europea, 164.000 millones de pesetas no pueden servir como argumento para mantener a las mujeres fuera del mercado del trabajo o, en el
mejor de los casos, doblemente empleadas.
Así pues, señorías del Partido Popular, el argumento del coste, el mismo que invoca el Ministerio de Hacienda para cerrar las cinco guarderías que se mantienen aún en las delegaciones de Hacienda de A Coruña, Barcelona, Madrid, Málaga y
Zaragoza, no sirve; deben ustedes inventar otro para oponerse a las medidas que contiene esta proposición de ley; inventar otro argumento, por ejemplo, para rechazar que los permisos por nacimiento de hijos y de hijas se extiendan también a los
supuestos de acogimiento y adopción, incluso a la adopción internacional, y que los establecidos por el cuidado de familiares se puedan extender también para el caso de que el enfermo o impedido sea el cónyuge o persona con el que el trabajador o
trabajadora conviva en situación análoga al matrimonio, en la línea por cierto de lo establecido en la Directiva 96/34, que se refiere no a enfermedades graves sino a enfermedades o accidentes que hagan indispensable la presencia del trabajador.
Deben inventar también otro argumento para votar en contra de que el actual permiso por lactancia sea sustituido por un más amplio derecho de reducción de jornada laboral para el cuidado y crianza de hijos menores de un año de edad, reconocido por
partes iguales y sin posibilidad de transferencia entre ellos al padre y a la madre. También deben inventar otro argumento para impedir que la igualdad real entre los progenitores, al margen de la diferencia objetiva que supone el hecho biológico
de la procreación, suponga reconocer al padre un permiso propio, independiente y compatible con el de la madre que no sea fruto de la cesión de parte del que a ésta le corresponda. Inventen e inventen bien, señores del Partido Popular, porque la
existencia de un permiso parental propio independiente viene establecido en la propia Directiva 96/34 que ustedes traspusieron de forma tan cicatera como incompleta, y desde luego inventen, señores del Partido Popular, cómo rechazar que el riesgo
por lactancia sea contemplado como tal en la Ley de prevención de riesgos laborales, cómo votar en contra de la protección económica de los padres a través de la ampliación de las prestaciones de la Seguridad Social en estos supuestos al cien por
cien de la correspondiente base reguladora, de la supresión del periodo de carencia actualmente exigido para que la madre, durante el descanso obligatorio, pueda acceder a las correspondientes prestaciones, o cómo rechazar también que en todas estas
cuestiones los funcionarios, el personal estatutario de la Seguridad Social y los miembros de las Fuerzas Armadas sean equiparados a los trabajadores por cuenta ajena.
Creo, señoras y señores del Partido Popular, y me gustaría equivocarme en este caso, que no tienen otro argumento que de nuevo el del gasto, pero este argumento hoy no vale, ni a nosotros ni desde luego a la diputada que ayer, cansada de
tanta ranciedad y de tanto sexismo, los abandonó.
Creo que si perseveran por este camino y no votan a favor de estas iniciativas, desde luego no va a ser la única mujer que los deje.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
La conciliación entre la vida laboral y familiar sigue siendo una asignatura pendiente en el proceso de equiparación de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La falta de un reparto de las responsabilidades familiares y las
tareas domésticas junto con las dificultades de conciliación son todavía un lastre para muchas mujeres que pretenden acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones.
Cuando hablamos de conciliación de la vida laboral y familiar estamos hablando de varios problemas pero de dos principalmente que hay que tener en cuenta. El primero es la necesidad de adaptar las leyes, los tiempos y las políticas en
general al objetivo de que hombres y mujeres trabajen sin tener que elegir entre ser trabajadores y trabajadoras y padres o madres, es decir, que hombres y mujeres puedan tener un empleo remunerado y al mismo tiempo no renunciar a la maternidad o a
la paternidad.
El segundo problema es la falta de equilibrio en las responsabilidades familiares y en las tareas domésticas
entre hombres y mujeres, es decir que hombres y mujeres tienen que compartir no sólo la esfera pública en general sino los espacios privados, las responsabilidades familiares y domésticas. Sé que eso no se consigue sólo con elaborar una
ley, pero la ley tiene que crear el marco y la pedagogía suficiente para que se pueda hacer. Lo cierto es que al día de hoy la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral no ha ido acompañada de un proporcional reparto en las tareas
domésticas y en las responsabilidades familiares. La realidad es que las mujeres, trabajen o no fuera del hogar, siguen ocupándose casi en exclusiva del trabajo no remunerado que supone el cuidado de hijos y familiares y por supuesto de las tareas
domésticas, con una dedicación de tiempo superior en algo más de cuatro horas a la que realizan los varones. La distancia se ha reducido desde el año 1996 en 18 minutos; desde el año 1996 los varones dedican 18 minutos más a las tareas domésticas
que realizaban en el año 1996. Esa reducción es debida fundamentalmente no a que ellos dedican más tiempo a las tareas domésticas sino a que las mujeres dedican menos, ya que los hombres no han aumentado de manera significativa su dedicación a esas
tareas. La familia y el hogar pueden y deben ser lugares de encuentro y realización personal para todos sus miembros. En este sentido es fundamental que las tareas domésticas sean asumidas como un trabajo importante de la actividad cotidiana,
repartido equitativamente entre todos los miembros de la familia. La responsabilidad del cuidado de las personas dependientes sigue siendo un obstáculo para que la mujer participe enteramente y progrese en el mercado laboral en toda Europa, es
verdad, pero principalmente en nuestro país. Sin embargo, todo el enfoque que se hace para el cuidado de estas personas es absolutamente discriminatorio. Se sigue presuponiendo que los cuidados son responsabilidad exclusiva de las mujeres. Por
eso hay que ofrecer otro enfoque para no perpetuar esa discriminación. Además, la problemática que se plantea en la práctica en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar no puede resolverse de una manera eficaz sin contemplar la
perspectiva de género en todas las políticas encaminadas a tal fin. Es necesaria una oferta seria y suficiente de servicios públicos, asequibles y de calidad, de escuelas infantiles, servicios a personas mayores y personas dependientes del entorno
familiar y de una mayor garantía laboral para los períodos de excedencia y permisos para el cuidado de la familia. Quiero señalar la importancia de esta oferta ya que España se encuentra en el último puesto en el número de plazas para atender a
menores de cero a tres años, así como en la atención a personas mayores en el hogar y en las instituciones. Sin el desarrollo de estos servicios del Estado de bienestar tan básicos como tan necesarios, hablar de posibilitar la conciliación como lo
ha venido haciendo el Gobierno resulta, como mínimo, una frivolidad.
Aunque el problema de la conciliación es común en todos los países europeos, resulta paradójico que el problema es menor cuando hay pleno empleo y la mayoría de las mujeres trabajan fuera de la casa y a tiempo completo; es decir, en
semejantes condiciones a los varones. En España, más que un problema de conciliación, las mujeres tenemos un problema de empleo. Recordemos que las mujeres españolas tienen la tasa de desempleo más alta de toda la Unión Europea. Las mujeres no
tienen empleo y las que lo tienen encuentran más dificultades para conciliar porque al mismo tiempo los varones tienen menos conciencia del reparto de las responsabilidades domésticas. En aquellos países donde existe una legislación avanzada sobre
conciliación se ha avanzado en el reparto de responsabilidades, y nos referimos siempre a países nórdicos como Suecia, Noruega o Dinamarca. Allí las medidas de desarrollo y de reparto desde hace años tienen como resultado el que se compartan más en
igualdad unas tareas y otras.
Las iniciativas que hasta ahora ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular no dan respuesta a estos problemas que acabo de mencionar. En muchos casos las medidas aprobadas siguen perpetuando los roles diferenciados para hombres y
mujeres. Relacionada con la proposición que estamos presentando en este momento el Partido Popular impulsó alguna propuesta como la famosa Ley de conciliación de vida familiar y laboral, aprobada en el año 1999, que fue una ley bastante esperada
pero que no recoge para nada ni siquiera la indicación que se hacía en la Directiva comunitaria de año 1996 de individualizar derechos en los permisos parentales. Esa ley no recoge las modificaciones legislativas necesarias que la sociedad está
demandando en este sentido. Es una ley que, si bien hay que reconocer que incorporó algunos derechos, no ha supuesto un avance para la verdadera conciliación sino que más bien ha ido dirigida a que las mujeres conciliemos mejor nosotras con
nosotras mismas. Estas medidas son claramente insuficientes y deberían aumentarse y ampliarse para proporcionar realmente un reparto equitativo de las responsabilidades familiares.
Otra de las medidas impulsadas y de gran relevancia para el tema que aquí estamos debatiendo es el famoso Plan integral de apoyo a la familia, que recientemente aprobó el Gobierno, que es un plan más a añadir a la lista de planes que se
elaboran sin medidas específicas y concretas, por lo que entendemos que es otra declaración de intenciones, máxime cuando no viene acompañado de partidas presupuestarias para su ejecución. Entrando más en detalle en ese plan que es importante a la
hora de conciliar la vida familiar y laboral, hay una clara distinción a favor de las familias numerosas, es decir, con tres o más hijos, a la vez que predispone y anima a las que tienen uno o dos a que construyan familias numerosas.
Tenemos que
hacer posible que sean las familias las que decidan libremente cuántos y
cuándo quieren tener a sus hijos. En cuanto a las medidas fiscales, que también recoge este plan, pretenden introducir nuevas ayudas dirigidas a compensar a las madres varios años después del nacimiento, así como a incorporar importantes
beneficios vinculados al nacimiento de un tercer hijo. No podemos pasar por alto que estas medidas de carácter aislado para las mujeres fomentan en exclusiva la ausencia de éstas en el mercado laboral por un largo periodo de tiempo, siendo
precisamente las mujeres las que encontramos mayores problemas para volver a incorporarnos al trabajo remunerado después de varios años de ausencia. A veces, medidas que creemos que pueden ir en la dirección de romper esa discriminación lo que
hacen realmente es perpetuarla. Se habla también de un mínimo vital, pero no se especifica para qué tipo de beneficiarios, sólo se habla de circunstancias personales y familiares del declarante. Y así un largo etcétera sin concreción y, lo más
importante, como he dicho, sin presupuesto. Estas consideraciones que acabo de hacer son a modo de ejemplo puesto que el plan presenta muchas inconcreciones, incoherencias, medidas cuyo contenido no queda suficientemente claro y por ello precisa de
un informe más detallado y, vuelvo a repetir, de presupuesto que haga posible su ejecución.
Quiero dar algún dato que confirma la inutilidad de esa propuesta. El 98,12 por ciento de las personas que cogieron permiso de maternidad en el 2000 son mujeres. En la práctica nos encontramos con que siguen existiendo dificultades
cotidianas para conciliar el empleo y la familia y, lo que es más importante, las mujeres son quienes padecen esa situación que demuestran los datos que voy a darles a continuación. Las tasas de empleo femenino disminuyen cuando las mujeres tienen
hijos pequeños mientras que en los hombres produce el efecto contrario; tener un hijo, tener una familia para un hombre es una seguridad, para una mujer es un obstáculo añadido. En España la tasa de empleo de las mujeres entre 20 y 44 años
disminuye en 27 puntos porcentuales con la presencia de un hijo menor de seis años. Según la encuesta de fecundidad, las mujeres que tienen menos hijos son las desempleadas y las que trabajan de forma temporal; evidentemente las amas de casa son
las que más hijos tienen y después las que tienen un trabajo estable. Como decía en el inicio de mi intervención, según datos de la Unión Europea respecto a la prestación de servicios financiados públicamente para el cuidado de niños y niñas, en
concreto en cuanto al porcentaje de plazas disponibles para menores de tres años, España ocupa el último puesto de los países de la Unión Europea. El porcentaje de población infantil cubierta por estos centros es la mitad de los niños de los demás
países europeos. En cuanto a los servicios para personas mayores y personas dependientes, España ocupa el tercer puesto delante sólo de Grecia y de Italia. El porcentaje vuelve a ser más bajo también en este sentido que en los demás países de la
Unión Europea.
La propuesta que estamos presentando esta tarde, para la que yo espero el voto afirmativo de la Cámara porque estoy segura de que si se toma en consideración será ampliada y mejorada con las enmiendas que cada grupo parlamentario estime
conveniente aportar a la misma, habla principalmente de individualizar derechos en los permisos parentales. Queremos que haya un permiso por paternidad y nuestra primera intervención va encaminada precisamente a hacer efectiva la incorporación de
los hombres, de los padres, a las responsabilidades familiares y al cuidado de los hijos e hijas, otorgándoles cuatro semanas de permiso de paternidad de forma exclusiva y compatible con el permiso de la madre. Así, incorporamos el permiso de
paternidad como un derecho independiente del padre, intransferible, flexible en su ubicación para hacerlo más efectivo y compatible con el permiso que le transfiere la madre desde la titularidad de su derecho. No podemos olvidar que, hoy por hoy,
un padre puede coger hasta 10 semanas de baja por paternidad siempre que la madre trabaje; cuando la madre no trabaja el padre no tiene derecho a nada puesto que lo disfruta como un derecho derivado. Me parece absolutamente justo que un padre
tenga la misma posibilidad que la madre de disfrutar de su hijo desde el momento en que nace. El permiso que concebimos así, el permiso de paternidad, es una pieza fundamental para conciliar la vida profesional y familiar y se erige en un
instrumento clave en la promoción de la igualdad de oportunidades. Esta medida tiene dos vertientes muy claras. Por un lado conseguimos que los padres puedan ejercer el legítimo derecho de cuidar de su hijo y de su hija y a largo plazo también
conseguiremos una normalización en el mundo laboral de un hecho tan básico como es la maternidad y la paternidad eliminando discriminaciones hacia uno de los géneros, pues al tener los padres y las madres los mismos derechos, al realizar el
empresario una selección de personal no distinguirá desde la perspectiva clásica y casi siempre discriminatoria hacia las mujeres y, en cambio, se introducirán elementos de selección positivos, es decir, se tendrá en cuenta la valía, la experiencia
profesional, más que el hecho de ser candidato o no a tener un hijo o una hija y, por tanto, una baja laboral relacionada con la maternidad. Ese permiso paternal es una de las claves de la igualdad porque suma beneficios. Además, nos encontramos
con que el interés supremo del menor se ve fortalecido, ya que en ningún momento se produce merma de la atención parental, recoge medidas específicas para las familias monoparentales en las adopciones, también regula las vacaciones, la cotización
por la excedencia a fin de que se consideren como efectivamente cotizados a la Seguridad Social los periodos de excedencia, dado que nos podemos encontrar con que si se une una excedencia a otra por un largo periodo de tiempo se irán restando
de la vida laboral de una mujer a los efectos de tener derecho a una pensión o a cualquier otra prestación de la Seguridad Social y se verán entorpecidos. El cuidado de personas mayores es otra de las virtudes de esta propuesta. Hay que
entender la protección de la familia en un sentido amplio y con independencia del vínculo legal establecido dentro de la misma. De ahí que permita que el cuidado del cónyuge también dé derecho a permisos y excedencias, así como de las demás
personas que convivan, acorde con las nuevas tendencias de la sociedad. Y puesto que el concepto de familia está en continua ampliación, nuestra propuesta establece los mismos derechos tanto en el caso de matrimonios como de personas cuando
convivan en análoga relación de afectividad.
En definitiva, la presente propuesta mejora sustancialmente la ordenación vigente puesto que recoge las demandas de la sociedad y propicia de forma real un reparto equitativo de las responsabilidades familiares. Nuestra iniciativa es
realista y pedagógica, remueve obstáculos que impiden la igualdad real, posibilita un marco jurídico y social que permite la inserción de los varones en los ámbitos tradicionalmente considerados privados y promueve conductas que redundan en un
modelo de familia que sea escuela de democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula de las iniciativas que han tomado estos tres grupos para traer algo que nos tiene que hacer reflexionar, buscando un consenso general en la Cámara, como hicimos en el año 1999 en la anterior legislatura, con el apoyo
del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno, concretamente con la Ley 39/1999 para la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. En primer lugar, dentro de lo que fue aquel espíritu de consenso del año 1999 para
fundamentarlo en unos derechos reconocidos en la maternidad, concretamente en un derecho de maternidad expresado como apoyo a esa condición posible de la mujer, hoy día nosotros tenemos que dar un paso más hacia adelante.
Mi grupo no va a entrar en cuestiones puramente formales de los textos articulados que nos llegan aquí porque de lo que se trata es de votar una toma en consideración para que, en trámites posteriores, si ello es factible, se hagan las
correcciones adecuadas con las enmiendas pertinentes. Desde que entró en vigor la Ley 39/1999 diversos expertos en Derecho constitucional han venido cuestionando si el derecho de maternidad en la figura jurídica del matrimonio no tiene también que
ser llevado al derecho de paternidad, porque el artículo 14 de la Constitución deja sentado claramente que nadie puede ser discriminado por razón de sexo. La aplicación de la Ley 39 de 1999 puede llevar a que se haga una auténtica discriminación, a
la luz del artículo 14 de la Constitución española, entre derechos en el nacimiento de la criatura, derechos de la madre y derechos del padre. La Ley 39/1999 supuso un avance positivo en los derechos de maternidad, pero ha quedado flojo ese
reconocimiento del derecho de paternidad. A este argumento constitucional yo sumo el derecho que se está generando ya en Europa, el derecho comparado con países que lo tienen. Recordemos, aunque sea a modo anecdótico, que el primer ministro
británico, señor Blair, hace uso de ese derecho que le reconoce la legislación laboral británica para pedir un permiso de paternidad que refleja una imagen de consolidación de la unidad básica de la familia, de la pareja o de los cónyuges. Por otro
lado, nos estamos encontrando con un pronunciamiento de hechos consumados que vienen a tener una demanda concreta junto a esta cuestión, tanto constitucional como de la Unión Europea, que es llevar hacia adelante la protección y el incentivo de una
circunstancia muy preocupante en Europa y más concretamente en España, ya que nos situamos prácticamente en la cola de las tasas de natalidad en la Unión Europea; todo aquello que vaya dirigido a hacer desaparecer los obstáculos (económicos,
domésticos o fiscales de la pareja matrimonial) para que no baje más la tasa de natalidad por una cuestión económica o laboral, porque en el fondo cuando discutimos en 1999 las razones de armonizar la vida conyugal con el trabajo de uno y otro
cónyuge dentro y fuera del hogar intentábamos que desaparecieran los obstáculos del permiso de maternidad de entonces que pudiesen dificultar la decisión de la pareja de tener hijos. Cuando estamos buscando incentivos fiscales, desgravaciones en el
IRPF, auxilio a la familia numerosa, etcétera, para consolidar y elevar las tasas de natalidad en España, toda aportación a este principio debe ser positivo.
Nosotros nos hemos sentido muy reconocidos en muchos principios en la exposición de motivos y en la racionalidad tanto del señor Saura, por parte del Grupo Mixto, como en lo expuesto por los otros portavoces, recogiendo lo que fue el
espíritu que debatimos en la Ley de 1999 y que recoge la exposición de motivos del Grupo Parlamentario Socialista de que aquella omisión -vamos a llamarla así- que hubo respecto al derecho de paternidad pueda ser ahora corregida, puesto en armonía
con el título correspondiente y el artículo 14 de la Constitución, con las indicaciones que viene haciendo la Unión Europea y con lo que viene siendo un imperativo categórico de evitar el descenso de la tasa de natalidad en España. Cuantas más
facilidades demos a los permisos de maternidad y paternidad, menos obstáculos habrá, de ahí que mi grupo considere favorables estas iniciativas. Desearía que con la toma
en consideración se hagan las aproximaciones posibles con el grupo mayoritario y, por tanto, las vamos a votar favorablemente por estas razones de fondo que he dicho, señora presidenta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, arratsalde on, buenas tardes.
Señorías, por un lado, una de las reflexiones básicas que se suscitan a la renovación del Pacto de Toledo y de cara a asegurar el futuro del sistema público de las pensiones es el de garantizar para nuestro futuro el mantenimiento de los
equilibrios entre la población activa y la población pasiva y que lo que se ha venido a llamar la termita demográfica no lo determine e hipoteque nuestro futuro. Por otro lado, es evidente que la tasa de fertilidad, de fecundidad del Estado
español, es de las más bajas de la Unión Europea y en algunas comunidades como la nuestra, Euskadi, son más bajas todavía y en posiciones más preocupantes si cabe. Alguien me dirá: Sí, pero con las políticas que estamos tomando ya se aprecian
cambios en la tendencia y se está recuperando ligeramente durante estos dos últimos años, siendo ya en la actualidad el índice del 1,23/1,25. No nos engañemos. El factor fundamental, lo que realmente ha contribuido a esta subida es el nacimiento
de niños nacidos de madres inmigrantes, que siendo un fenómeno en sí positivo y aportador no nos debe cegar a que el problema y su tendencia siguen sin encontrar una senda de crecimiento propio. No podemos ignorar por qué las mujeres y las parejas
no desean o no pueden procrear mínimamente en tasas de sustitución poblacional vegetativa. No podemos ignorar el aumento de las tasas de actividad femenina y sobre todo los objetivos que nos hemos marcado, el del 60 por ciento en dicha tasa de
actividad, en las cumbres de Lisboa y Estocolmo para el año 2010. Asimismo es un hecho y una realidad que la tendencia en la edad de maternidad está aumentando en mujeres de más de 30 años, mujeres plenamente incorporadas en la vida laboral.
Todos, por tanto, son factores que nos indican claramente que hay que incentivar las políticas de conciliación laboral y familiar en las empresas y, asimismo y colateralmente, se tienen que promover ayudas familiares mayores y suficientes que
incidan en dicha tendencia.
Según el informe de la OCDE estamos a la cola de Europa, y digo de Europa y no de la Unión Europea porque estamos por debajo de la República Checa y de Turquía en subsidios directos y ayudas familiares. Es un hecho también que hay muchas
familias a las que las desgravaciones fiscales no les sirven porque no tienen para desgravar. Es un hecho también la insuficiencia de la política de guarderías, que ya se ha comentado anteriormente, y las necesidades de atención que tienen las
personas mayores integradas en la unidad familiar y que normalmente recaen en las mujeres. Por todo ello, desde el Grupo Vasco apoyaremos las iniciativas que trabajen en esta dirección y, como en este caso, apoyaremos las proposiciones que permitan
que entre todos podamos debatir y acordar qué otras medidas hay que propiciar, qué otras medidas están propiciando los países de nuestro entorno para seguir fomentando el aumento de nuestras tasas de fecundidad y el equilibrio de una vida familiar
satisfactoria y conciliada con la vida laboral, fundamentalmente para las parejas y particularmente para las mujeres.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, en primer lugar quiero felicitar a los grupos proponentes -Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario Socialista- y agradecerles la oportuna iniciativa que han traído a la Cámara. Y en segundo lugar, aunque ya he dicho
que voy a intervenir brevemente puesto que no quiero cansar a SS.SS. con ningún argumento repetitivo, quiero manifestar que estoy perpleja porque no esperaba que se dijera aquí con tanto descaro que se ha elaborado esta ley para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral para que las mujeres paramos a la carta que disponen los hombres. Si este es el objetivo de la ley ustedes han fracasado, señores del Partido Popular, pero también hemos fracasado los ciudadanos y
ciudadanas de este país. Las políticas demográficas no se consiguen de esta manera, señorías, y las mujeres no vamos a parir a la carta. Si ustedes quieren que las mujeres nos animemos a parir hace falta tratar cuestiones que aquí no se plantean
con claridad. En primer lugar, ustedes, que tanto hablan de la familia, del municipio y del Estado, reconozcan que la maternidad es un bien social, que ya va siendo hora de que lo hagan. (El señor Txueka Isasti pronuncia palabras que no se
perciben.) No se lo digo a usted sino al Gobierno. Le he mirado a usted porque le tengo más cerca, pero se lo digo al Gobierno. Las mujeres hemos detectado -y es un tema que nos preocupa- que para que los hombres se animen a compartir las tareas
llamadas domésticas o privadas tienen que estar entrenados para la autonomía personal, y no lo están. En este sentido las políticas educativas juegan un papel clave en la educación de los hombres para la autonomía personal; y cuando hablo de
autonomía personal me refiero a planchar las camisas o a cuidar a los niños, esas cosas para las que tan bien estamos entrenadas las mujeres. Además, señorías, conciliar la
vida familiar y laboral no es sólo un beneficio para nosotras las mujeres, sino también y fundamentalmente para ustedes los hombres. No hay más que ver cuántos niveles de salud gana un colectivo social cuando es capaz de afrontar la vida
con autonomía personal, algo que también brilla por su ausencia. Nadie educa para la autonomía personal a los señores, con lo cual largo nos lo fían a las mujeres para que podamos seguir confiando en leyes que sinceramente, y sin ningún ánimo de
desprecio, son papel mojado. Si abordamos el tema desde otro punto de vista, ¿dónde está el potente paraguas de bienestar social que necesitamos los hombres y las mujeres, pero sobre todo las mujeres, por ese rol histórico de cuidadoras eternas de
los padres, de los novios, de los hijos, de los vecinos y de todo el mundo? Ese papel no nos lo puede negar absolutamente nadie. Somos las protagonistas históricas de los cuidados, pero nosotras, orgullosas de nuestra historia, queremos
desprendernos de esas obligaciones que realmente nos impiden realizarnos como personas.
Señorías, cuando el legislador trae a esta Cámara un proyecto como éste tiene que tener objetivos nobles y no pueden ser otros que contribuir a que las mujeres nos podamos incorporar al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, que
podamos disfrutar gozosamente de la maternidad y que podamos permitirnos el lujo no sólo de cenar cotidianamente con nuestros hijos sino también de poder jugar y divertirnos con ellos y bañarlos plácidamente. A lo que no se nos puede seguir
sometiendo a las mujeres es a este tercer grado ignominioso en el que tenemos que hacer dobles y triples jornadas agotadoras.
Señorías, las tres propuestas que han planteado los diferentes grupos parlamentarios me parecen muy oportunas. En Izquierda Unida pensamos que nadie ha puesto el dedo en la llaga y yo quiero ponerlo. Aquí parece que estamos legislando para
mujeres que son madres. Pues no. Esta ley ampara a todos los hombres y mujeres del Estado español y a todas las mujeres más allá de que sean madres o no, porque conciliar la vida familiar y laboral es un derecho más allá de que se tenga una
familia con o sin hijos. En el hipotético caso de que nos estemos refiriendo a las familias en las que hay hijos y por tanto madres, el sujeto preferente de la ley son los hijos. Quien está ganando, quien realmente gana más con una ley de
conciliación de la vida familiar y laboral son nuestros hijos, que no tendrán que verse obligados a seguir creciendo solos en los países desarrollados. Señorías, hoy el principal derecho de un niño en un país desarrollado no es el mismo que en un
país no desarrollado; probablemente en un país no desarrollado el primer derecho de un niño es comer todos los días y tener una vivienda digna; en un país desarrollado como el nuestro el primer derecho de un niño o de una niña es no crecer solo, y
hoy nuestros hijos están creciendo solos. Esta ley de conciliación de la vida familiar y laboral tiene que ir dirigida sobre todo a paliar ese crecimiento de nuestros hijos en soledad al albur de las tiranías de las nuevas tecnologías y, por
supuesto, corriendo riesgos y peligros de todos conocidos en esta Cámara. Por tanto, señorías, por introducir algún elemento más en el debate -porque todo lo demás lo han dicho el señor Saura, el señor Aymerich y la señora Navarro-, les ruego que
reflexionen y no se empeñen en ponernos a parir por este método, porque no hace falta que la presidenta de las mujeres saharauis lo dijera hace diez años para que fuera un boom, ya que las mujeres españolas seguimos manteniendo que también podemos
plantearnos huelga de úteros si el Partido Popular no se compromete rigurosa y seriamente a poner encima de la mesa ese estado del bienestar que necesitamos nosotras, nuestros hijos y los hombres a los que queremos. (Rumores.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estas tres iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya-Verds, por el Bloque Nacionalista Galego y por el Grupo Parlamentario Socialista pretenden reabrir en esta Cámara un debate importante
alrededor de nuestro marco legal de la conciliación de la vida familiar y laboral. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) En 1999 nuestro grupo, junto con el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria y el Grupo Parlamentario Vasco, impulsó la puesta en marcha de una normativa que fue el resultado de las orientaciones que habían marcado en este ámbito la Unión Europea. El balance inicial que hacemos de la puesta en marcha de esa ley es
positivo; es positivo por los contenidos precisos que se introducían en la misma y sobre todo y principalmente porque se incorporó ese concepto de la conciliación de la vida laboral y la vida personal, en concreto de la vida familiar, en el centro
del debate sobre las políticas de familia. Este es quizás el gran mérito de la Ley de 1999; una ley que se produce además en un momento en el que el conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas hemos entendido que hoy una política social
moderna en Europa -aunque algunos lo veníamos reivindicando desde hacía muchos años- exige fundamentalmente una política de apoyo a las familias. Me parece que hoy el debate está claramente orientado como mínimo en cuatro grandes ámbitos: la
puesta en marcha de una política de servicios diversificada y complementaria que pueda permitir al conjunto de las familias con personas a cargo, sean hijos o sean padres,
poder satisfacer las necesidades derivadas de esta situación; una política de fiscalidad que dé apoyo a la familia, y en este sentido la reforma del IRPF aprobada en la pasada legislatura fue un paso adelante interesante y esperamos que
también lo sea la próxima reforma fiscal; una política de subvenciones directas a las familias que tengan hijos, en la que quizás estamos avanzando tímidamente en relación con la situación en otros Estados de la Unión Europea; y finalmente, una
política que pueda permitir una efectiva conciliación de la vida familiar y laboral. Estos cuatro grandes ejes forman parte hoy de manera indiscutible de una política que debe ser potente en el ámbito del apoyo a las familias y en la que ahora
España debe avanzar mucho. Señorías, nuestro balance legislativo y de recursos movilizados en esta materia nos sitúa aún en la cola de los Estados de la Unión Europea; por tanto, el reto de modernización de nuestro sistema en este ámbito continúa
siendo fundamental. Además, señorías, convencidos como estamos de que las familias están viviendo una profundísima transformación y que por tanto nuestro concepto de familia debe adaptarse a esas nuevas realidades, hoy nadie puede entender que una
política de familia moderna sea exclusivamente una política orientada a dar respuesta a los problemas de aquellas familias compuestas por un padre, una madre y dos o tres hijos.
Hoy la realidad es otra. En el núcleo de esa nueva realidad existe el
factor básico para entender las transformaciones habidas y no es otro que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y la exigencia de las propias mujeres de ver reconocidos como derechos individuales sus aspiraciones a participar con plena
igualdad de condiciones en el mercado de trabajo y en el conjunto de la vida social. Ahí está el gran elemento transformador de la familia, y las políticas públicas en esta materia o asumen claramente esa transformación o van a ser políticas
terriblemente equivocadas.
Estas tres proposiciones de ley van en una orientación positiva y la compartimos; por tanto vamos a votar favorablemente su toma en consideración. Nos parece importante abrir en España en el año 2002 un nuevo debate sobre ese marco de la
conciliación. Al entender de Convergència i Unió debe tener cuatro ideas muy claras. En primer lugar ser capaces de distinguir todo lo que sea reforzar los derechos del recién nacido, simplemente por el hecho de ser recién nacido desde la
perspectiva de la salud y los derechos de la madre, estrictamente como madre y desde la perspectiva de la salud. En segundo lugar ser capaces de garantizar que nuestras madres puedan compatibilizar su maternidad con su presencia activa en el
mercado de trabajo. En tercer lugar estimular el compromiso también de los hombres en su propia paternidad. En este sentido, las propuestas que recogen las tres iniciativas de creación de un permiso de paternidad nos parece una cuestión esencial
para avanzar en ese papel activo que los hombres debemos tener asumiendo nuestra paternidad. Finalmente, y en el debate hasta ahora no lo hemos hecho con suficiente claridad, este proceso debe poder permitir a las empresas desarrollar sus
actividades. No podemos contraponer este esfuerzo colectivo en favor de las familias y en favor de los hijos a la propia continuidad de las empresas. Eso implica una especial responsabilidad por parte del Estado en asumir los costes económicos de
estos procesos.
Descendiendo en concreto al contenido de las iniciativas, desde Convergència i Unió, si hoy fuesen tomadas en consideración existen cuatro elementos en los que nos gustaría incidir. Uno, el derecho individual del padre que nos parece
fundamental. Dos, la creación de una nueva licencia de atención a los menores después de las 16 semanas de la licencia hoy existente. Tres, la creación de una bolsa de horas destinadas a la atención a los niños y niñas entre 0 y 3 años. Y cuatro,
la posibilidad de computar la licencia por maternidad dos semanas antes del parto.
Con este bloque de cuatro cuestiones ya sería suficiente incluso para modernizar nuestra actual ley de conciliación. Partimos de la idea -voy terminando, señorías-, y se ha dicho que la tasa de ocupación femenina en España es escasa y es
cierto, pero si analizamos por cortes de edad y nos centramos en lo que sucede en mi país, lo que sucede en Cataluña, nos encontramos con cifras diferentes. Por ejemplo, la tasa de ocupación de las mujeres entre 25 y 29 años en Cataluña llega a
cerca del 80 por ciento. En el grupo de 30 a 34, a cerca del 70 por ciento; en el grupo de 35 a 39, el 66 por ciento; en el grupo de 40 a 44, el 62 por ciento; en el grupo de 44 a 49, el 54 por ciento; y a partir de los 50 baja el porcentaje.
Si comparamos estas cifras con la autorización de las licencias parentales, con la existencia de servicios a las familias, con lo que nos estamos gastando, creo que el mensaje está muy claro: estamos cargando sobre una generación de mujeres jóvenes
que ya están trabajando y viviendo en pareja, la inexistencia de una política familiar, y eso a corto y medio plazo va a ser malo para el conjunto de la sociedad. El hecho de que en esas franjas donde las mujeres son más activas laboralmente, y en
un momento en el que por razones obvias sus deseos de tener hijos son más importantes, es evidente que desde el terreno político y público no estamos dando la respuesta suficiente. Todo ello, señorías, son razones que desde Convergencia i Unió,
desde la discrepancia en aspectos puntuales y concretos de las iniciativas que nos plantean, pero desde la filosofía general que compartimos, nos hace entender que es necesario reabrir el debate, tomar en consideración estas proposiciones de ley y
procurar mejorar nuestra legislación en sede parlamentaria. Esperemos que así sea.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición en nombre de mi grupo con relación a las tres proposiciones de ley que promueven cambios legislativos en varias normas, con el fin de promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras. De estas proposiciones no de ley dos de ellas son presentadas por el Grupo Mixto, Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Bloque Nacionalista Galego, y la tercera por el Grupo Parlamentario Socialista. Las tres
proposiciones de ley pretenden modificar diversos artículos de la Ley 39/1999, y entre otras medidas el permiso de paternidad como derecho independiente del padre. El Grupo Mixto, Iniciativa per Catalunya, y el Grupo Socialista establecen cuatro
semanas para el padre, mientras que el Bloque Nacionalista Galego amplía este permiso a 10 semanas para el padre y el de la madre pasa de 16 a 20 semanas. Las propuestas del Grupo Socialista y del Grupo Mixto -Bloque Nacionalista Galego- coinciden
en la regulación del mantenimiento de reserva de puesto de trabajo para los casos de excendencia por cuidado de los hijos e incorpora otras ampliaciones de los niveles de protección previstas en la Ley de conciliación del año 1999, pero no me voy a
extender en ello porque ya lo han hecho cada uno de los proponentes.
En la fijación de posición, en primer lugar quiero avivar la memoria y con las argumentaciones evitar confusiones con relación a algunas de las calificaciones, expresiones o juicios de intenciones que se han dado sobre el Grupo Popular y el
Gobierno. En ese sentido, señorías, voy a puntualizar que la Ley 39/1999, de conciliación de la vida familiar y laboral, modificó numerosas normas de rango legal e introdujo importantísimos cambios legislativos en el ámbito laboral para que los
trabajadores pudieran participar de la vida familiar y facilitar que los hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento de su nacimiento o de su incorporación a la familia al conceder a la mujer la opción de que sea
el padre el que disfrute hasta 10 semanas de las 16 correspondientes al permiso por maternidad, permitiendo además que lo puedan disfrutar simultáneamente con el permiso de la madre.
Como novedades de esta ley hay que destacar la equiparación que se estableció de protección de la maternidad biológica con la adoptiva -algo importante-, la creación de una nueva prestación económica por riesgo durante el embarazo, la
nulidad del despido cuya causa real sea la maternidad, adopción o acogimiento, la ampliación de la medida del coste cero, el permiso de lactancia que podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en el caso de que ambos trabajen,
permiso que además se extiende a trabajadores a tiempo parcial. Aunque es cierto que la ley no ha introducido como derecho individual el permiso de paternidad, sí ha ampliado la posibilidad de acceso a los mencionados permisos por parte de los
padres hasta 10 semanas, y además facilita al máximo el disfrute respectivo de dichos permisos para los padres, para la madre y el padre. Primera puntualización.
La situación actual nos remite a una ley pionera en España -porque lo fue, desde luego-, a esa Ley de conciliación y a un muy reciente real decreto de desarrollo de esta ley. En este marco es bueno recordar que en marzo de 2001 la Comisión
de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que de conformidad con la resolución del Consejo y de los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, que recomendaba se
hiciera un estudio, se instaba al Gobierno a que elaborara un estudio que evalúe la posibilidad de que se reconozca a los hombres trabajadores un derecho individual e intransferible al permiso de paternidad con motivo del nacimiento o de la adopción
de un hijo, independientemente del permiso de la madre. Recordemos que este texto se introdujo por una enmienda del Grupo Popular, por tanto era y es voluntad del Grupo Popular trabajar en esta línea. Señorías, sin duda consideramos que este
trabajo puede ser importante para posibles acciones y que esos estudios pueden hablar sobre la viabilidad de introducir en nuestro ordenamiento jurídico las modificaciones necesarias para llegar a conseguir esa propuesta que hoy aquí se realiza.
En segundo lugar, también conviene señalar que las medidas propuestas repercutirían en las relaciones entre las empresas y los trabajadores.
Esto es algo obvio, pero a nuestro juicio debe ser objeto de un debate previo entre sus respectivos
representantes en el marco del Instituto Nacional de Empleo. Así se hizo cuando se aprobó la Ley de conciliación y es la línea de concertación, esa es la línea de diálogo social que defiende el Grupo Popular y que está dando muy buenos resultados.
En ese sentido conviene recordar cómo desde que el Gobierno del Partido Popular está gobernando los destinos de España se han creado 1.400.000 puestos de trabajo para mujeres; 1.400.000 mujeres se han incorporado al mundo laboral activo, y no es
suficiente, también lo sabemos.
En tercer lugar, algunas medidas propuestas tendrían fuerte repercusión para la Seguridad Social, sobre todo al prever que se conceda una prestación económica al padre durante el disfrute del permiso por paternidad. Ese notable incremento
llegaría a un coste que se recordaba hace unos días en el Parlamento gallego, porque nosotros somos realmente coherentes, y se hablaba de 974 millones de euros. Por tanto también es lógico que antes de llevar a cabo una acción de este tipo los
ministerios de Economía y Hacienda la evalúen y tal vez consideren que este momento no es el más oportuno para proceder a introducir algunas de estas prestaciones que aquí se incorporan.
En cuarto lugar, tampoco quisiera dejar de señalar que las proposiciones de ley de referencia inciden en un incremento de las medidas protectoras, que en la práctica pueden llegar -y no lo digo yo, lo dice la OIT- a tener un efecto
disuasorio para la contratación, e incluso ese sobreproteccionismo podría empeorar la situación de empleo de las mujeres trabajadoras; pero también podría tener un efecto negativo, y lo recordaba recientemente el ministro de Trabajo, para la
contratación de los hombres susceptibles de ser padres. Por tanto el incremento en la duración del permiso maternal y el incremento del permiso paternal, como establece la proposición del Bloque Nacionalista Galego, se saldría de los esquemas de lo
que es normal en los países europeos y podría traer claramente esos efectos perversos que hemos señalado.
Me gustaría decir, señorías, que no consideramos oportuno proceder ahora a una reforma de esta ley porque acaba de ser desarrollada por la Ley 12/2001, de Medidas urgentes de la reforma del mercado de trabajo, y por el Real Decreto
1251/2001, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo. Por tanto no cabe la menor duda de que se ha llevado a cabo un importante avance en la política de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres desde que ha llegado al Gobierno el Partido Popular. Esas leyes, esas medidas y esas actuaciones coinciden además con las recomendaciones formuladas en la cumbre de Luxemburgo y están en línea con las medidas
recogidas en el Plan de Empleo del Gobierno de España, que buenos resultados está dando. Como decía, tampoco podemos olvidar que esa tan importante Ley de conciliación ha sentado las bases para promover un nuevo compromiso entre hombres y mujeres
que defiende el Grupo Popular, en ese reparto necesario y equilibrado de responsabilidades entre la vida familiar y laboral para el hombre y para la mujer. La legislación española incorpora las directrices claramente marcadas por la normativa
comunitaria en relación con la maternidad y la paternidad, y no sólo comunitaria sino internacional, superando y no quedándose atrás los niveles de protección previstos en aquellas, con lo que, repito, se ha dado un paso importante en el camino de
la igualdad y la conciliación.
Por otra parte, señor presidente, señorías, el Gobierno ha manifestado, con el apoyo integral a la familia, una prioridad importante; una de las líneas estratégicas de este plan es precisamente la conciliación de la vida laboral y familiar.
Entre otras medidas de gran interés y que se han tomado aquí, por ejemplo por representantes del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) o del Grupo Socialista, recordemos el incremento y el refuerzo de los servicios públicos o privados de
atención infantil y de las personas mayores o la elaboración de un código de buenas prácticas sobre conciliación, que también nos parece muy interesante.
En conclusión, señorías, existen diversas razones que he ido exponiendo, que no aconsejan emprender ahora las reformas que se piden. De todas formas, a mí me gustaría señalar que sabemos que la consecución de esos objetivos de la
conciliación, tan importantes y necesarios, requiere seguir avanzando en la adopción de múltiples actuaciones y medidas enmarcadas en el contexto de la política laboral, de la política familiar y de esa política específica dirigida a incorporar el
principio de igualdad de oportunidades en la vida en general. Consideramos preferente aplicar ahora las medidas ya aprobadas en esta materia y desarrollar otras claramente previstas, algunas del plan que he señalado. En esa línea viene trabajando
el Gobierno y no podemos olvidar que desde el año 1996 el Gobierno del Partido Popular no ha parado de legislar y de aprobar distintos planes de apoyo a la mujer y a la familia. Precisamente hace unos días el presidente del Gobierno anunció nuevas
deducciones fiscales por maternidad y de contratación de personas para el cuidado de los niños, así como la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo.
Señorías, nuestro grupo sabe que quedan cosas por hacer y que es preciso avanzar en la línea de concienciar a la sociedad, de asumir cambios de actitudes que respondan a nuevos modelos de cooperación y solidaridad activa entre las mujeres y
los hombres. Ese es el objetivo del Gobierno, es el empeño de nuestro grupo parlamentario y es el objetivo -me van a permitir que lo diga precisamente hoy- del Gobierno del Partido Popular desde hace seis años.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Sainz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de modificación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, con el fin de introducir un permiso
de paternidad en los supuestos de parto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 139; en contra, 160; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ampliación de derechos que posibiliten una real conciliación de la
vida profesional y familiar de los trabajadores y de las trabajadoras.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 140; en contra, 158; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, de corresponsabilidad laboral y familiar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 128; en contra, 162; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN IMPUESTO SOBRE EL VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. (Número de expediente 122/000090.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), relativa al establecimiento del impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Otxoa. (Rumores.-Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.-Pausa.)
Señorías, hay un diputado en la tribuna esperando para intervenir. Les ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
(Pausa.)
Adelante, señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, presentamos hoy ante esta Cámara para su toma en consideración, la proposición de ley relativa al establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos.
La Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril, en su artículo 25 contempla la posibilidad de las administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, de establecer las medidas económicas, financieras y fiscales adecuadas
para el fomento de la prevención, la aplicación de tecnologías limpias, la reutilización, el reciclado y otras formas de valoración de residuos, así como para promover las tecnologías menos contaminantes en la eliminación de los mismos.
El propio Plan Nacional de Residuos Urbanos aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 7 de enero de 2000 incorpora las directrices, prioridades y criterios establecidos por la Unión Europea en la Directiva 91/156/CEE, conocida como
directiva marco de residuos, la cual ya establecía la obligatoriedad de los Estados miembros de fomentar el desarrollo de tecnologías limpias, la valorización de residuos mediante reutilización y reciclado, así como la reutilización de los residuos
como fuente energética. El Plan Nacional de Residuos Urbanos incorpora, asimismo, otras recomendaciones y estrategias en la gestión de residuos, como son las establecidas en la conferencia de Estocolmo de 1972, la conferencia de Río de 1992, el V
Programa de Acción de la Unidad europea Hacia un desarrollo sostenible y la resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos.
El mencionado V Programa de Acción de la Unión Europea establece
algo muy importante: la jerarquización de opciones para la gestión de residuos, esto es, por orden de preferencia, la prevención, la reutilización, el reciclado, la valorización energética y, por último, la eliminación en vertedero, que ya ha
venido siendo incorporada a la legislación española tal y como aparece contemplada en la Ley 10/1998, de residuos, tanto en su exposición de motivos como en los artículos 1 y 6, entre otros.
Igualmente, la resolución del Consejo de 24 de febrero de
1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos recoge una serie de consideraciones que también han sido incorporadas al ordenamiento jurídico sobre residuos, mediante la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Sin embargo, con posterioridad a las fechas apuntadas y al ordenamiento jurídico referido, la Comunidad Económica Europea dicta la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, cuyo plazo de trasposición a la
legislación española finalizó el pasado 17 de julio de 2001. Ante ello, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentó con fecha 19 de septiembre de 2001, una proposición no de ley instando al Gobierno del Reino a efectuar la correspondiente
trasposición al ordenamiento jurídico del Estado español de todos los contenidos de la mencionada directiva en el plazo de tres meses.
Como viene siendo habitual, el Grupo Popular presentó una enmienda a dicha proposición no de ley sustituyendo el plazo de tres meses dado al Gobierno por la expresión: en el menor tiempo posible. De esta forma, fue aprobada por unanimidad
de todos los grupos el 28 de noviembre de 2001.
Como era de esperar, sobrepasados los tres meses, estamos en el plazo del menor tiempo posible, pero sin trasposición, aunque conviene dejar bien claro que la obligación del cumplimiento sigue pesando
sobre el Estado español, al que sin ningún género de dudas se lo recordarán las autoridades
de la Comunidad, como en otros casos. Esperemos que esa dejación no nos cueste demasiado dinero. La mencionada directiva va a obligar a los Estados miembros, una vez que hayan procedido a la trasposición de la misma a sus correspondientes
ordenamientos jurídicos, a exigir a los gestores y titulares de los vertederos el cumplimiento de una serie de obligaciones de mantenimiento, vigilancia y control de los mismos, no sólo durante su explotación, sino también -esto es importante- tras
su cierre. Entre las obligaciones para los Estados se encuentra la de adoptar las medidas oportunas que garanticen que todos los gastos que ocasione el establecimiento y la explotación de los vertederos, así como los gastos estimados del cierre y
mantenimiento posterior de los mismos durante al menos, y digo al menos, 30 años, queden cubiertos por el precio que cobra la entidad explotadora por la eliminación de cualquier tipo de residuos. Contemplada en relación con la resolución del
Consejo de 24 de febrero de 1997, a la que antes hemos hecho referencia, se infiere claramente que la plasmación objetiva del desarrollo legislativo de la Directiva 1999/31, del Consejo de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, debe venir
indefectiblemente por el establecimiento de un nuevo impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos que permita, en definitiva, cumplir con las exigencias derivadas de la trasposición de la citada directiva en los términos expuestos en la
misma.
Los propios considerandos de la directiva reflejan claramente lo que se expone en su artículo 10 anteriormente transcrito: La necesidad de establecer procedimientos comunes de control durante las fases de explotación y de gestión
posteriores al cierre de un vertedero, a fin de detectar cualquier posible efecto medioambiental negativo que pudiera tener el vertedero y adoptar las medidas correctoras apropiadas; la necesidad de determinar el momento y la forma en que debe
clausurarse un vertedero, así como las obligaciones y responsabilidades de la entidad explotadora del mismo durante el periodo de gestión posterior al cierre; la conveniencia de que la entidad explotadora tome las disposiciones oportunas, bien
mediante una garantía financiera o mediante cualquier otra equivalente para asegurar que se cumplen todas las obligaciones derivadas de la autorización incluidas las relativas al procedimiento de clausura y a la gestión posterior al cierre de la
instalación; la necesidad de tomar medidas para garantizar que los precios cobrados por la eliminación de residuos en vertederos cubran el conjunto de los costos relacionados con la apertura y la explotación del vertedero, incluida en la medida de
lo posible la garantía financiera o su equivalente, con que debe contar la entidad explotadora y los costes estimados de la clausura de la instalación, incluida toda medida de mantenimiento posterior a su cierre.
Por todo lo expuesto, es objeto de la presente ley el establecimiento del impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos, un impuesto de naturaleza indirecta, con finalidad exclusivamente ecológica para invertir, de nuevo, reinvertir
en el plano de la mejora ecológica que grava en la forma y condiciones previstas en esta ley el vertido de residuos sólidos urbanos en vertederos de titularidad pública o privada, cuya recaudación va a quedar afectada, tal como recoge el artículo 4
de la ley, a la prevención en origen de la contaminación y la recuperación y mantenimiento de los vertederos -esto es claro, no es un impuesto que se destine para engordar las arcas de ninguna Administración, sino que es exclusivamente para
garantizar el uso correcto de esos vertederos y la consecución de los objetivos plasmados en el Plan nacional de residuos-, y particularmente la dotación de los gastos de inversión, explotación y conservación de los vertederos y el impulso de
infraestructuras supramunicipales de gestión de residuos a realizar por las administraciones públicas de forma directa o a través de entes públicos y sociedades de capital exclusivo o mayoritariamente público.
Evidentemente, todo ello supone un reto que puede no ser muy popular en su establecimiento, pero que es una obligación ineludible de este Parlamento. En primer lugar, porque ya sólo quedan cuatro Estados de la Unión Europea que no tienen
establecido este impuesto. Así, lo tienen fijado Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido; nos quedamos, como casi siempre desgraciadamente, emparejados con Grecia y Portugal. En segundo lugar,
porque tenemos la obligación de legar a las próximas generaciones un panorama medioambiental mucho más definido, no primando como hasta ahora la peor de las soluciones del vertido, el vertido indiscriminado como la más barata de todas las que se
ofrecen.
Puede discutirse en Comisión, y así lo esperamos de todos ustedes, la gradación económica del impuesto, la aplicación, la temporalidad del mismo, el articulado, que se defina más claramente si cabe el destino finalista de este impuesto, pero
lo que no podemos ni debemos es inhibirnos de nuestra obligación. En esta creencia, esperamos de ustedes su voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, relativa al establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos.
Sus señorías conocen que nuestro grupo parlamentario tiene una clara predisposición a que se pueda introducir en nuestro sistema tributario lo que se han venido en denominar ecotasas, que nosotros pensamos que deben de tener un carácter
finalista, como así lo plantea la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, en el sentido, en esta ocasión, de que el impuesto tendría que asegurar que los costos, no solamente en las infraestructuras de gestión de los vertederos sino
también a la hora del cierre de los mismos en cuanto a su conservación y recuperación, estarían garantizados con un impuesto que tendría esa finalidad y que, además, sería pagado precisamente por las empresas que utilizaran el vertedero. Además,
esta medida no solamente puede ayudar sino que debería ayudar, aunque sea de manera indirecta, a conseguir que si en estos momentos el reciclaje, la recuperación o la reutilización de materias primas recuperadas resulta excesivamente gravoso para
determinadas empresas o para el producto final que tiene que salir al consumidor, el aumentar o el gravar los vertederos como una de las formas de eliminación menos conservadoras del entorno o menos proclives a la conservación del medio del entorno
sería precisamente la que ayudaría a que se optara de una manera más clara o a que pudiera verse una mayor rentabilidad económica a la hora de buscar la recuperación, la reutilización y el reciclaje, y que los vertederos, con independencia de la
posición que mi grupo mantiene con respecto a los mismos, fueran realmente una forma de eliminación cuando ya no hay otro tipo de posibilidades, y no como sucede actualmente que el vertedero es prácticamente la única forma de eliminación de nuestros
residuos sólidos urbanos porque existen porcentajes bajísimos a la hora de poder recuperar, reutilizar o reciclar.
Señorías, creemos que esto también liberaría fondos para que las administraciones públicas pudieran hacer muchísimo más hincapié a la hora de poner en práctica los planes de residuos en colaboración con las comunidades autónomas, ayudando a
que los programas de separación de las basuras en origen y de la mentalización de la ciudadanía a la hora de poder usar y tener los contenedores adecuados para poder hacer esta separación en origen, pudiera llevarse de una manera más rápida a la
práctica.
Esta proposición de ley, además de hacer una trasposición más fiel de la directiva 1999/31 de la Unión Europea, además de estar más de acuerdo con el V Programa de Acción de la Unión Europea y con las diferentes resoluciones que las cumbres
en defensa del medio ambiente o las conferencias en materia medioambiental han venido planteando durante el tiempo, al establecerlo de manera general para todo el Estado estaría haciendo una legislación que nos permitiría que todas las comunidades
autónomas pudieran poner en práctica este impuesto y no dejarlo sólo en manos de las comunidades autónomas para que no se produjera una discriminación, en positivo o en negativo, a la hora de implantar este nuevo tributo. Creemos, señorías, que es
necesario y que debemos abordar ya los impuestos que tienen un carácter ecológico y, sobre todo, los que tienen este carácter finalista como la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco. Por tanto, señora presidenta, mi grupo
parlamentario la votará a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al objeto de fijar la posición de mi grupo con relación a la toma en consideración de esta proposición de ley, relativa al establecimiento de un
impuesto sobre vertido de residuos sólidos urbanos. Quiero empezar mi breve intervención recordando que nos encontramos ante una problemática, en concreto la de los vertidos de residuos sólidos urbanos, de una gran trascendencia no solamente desde
el punto de vista del ámbito medioambiental sino también desde el punto de vista político-social y también económico.
Ciertamente la normativa comunitaria nos marca un camino muy claro del cual no podemos desviarnos demasiado, como antes nos recordaba el mismo portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. En concreto la directiva 1999/31/CE determina la
obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas oportunas para garantizar que todos los costes que ocasionen el establecimiento y la explotación de vertederos queden cubiertos por el precio que cobre la entidad explotadora por la
eliminación de cualquier tipo de residuos. En este sentido creo que es útil recordar, tal como hacía hace breves instantes el mismo portavoz el Grupo Parlamentario Vasco en la defensa de su proposición de ley, que la propia Comisión de Medio
Ambiente del Congreso, en fecha 28 de noviembre, discutió y aprobó, también por iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a trasponer la Directiva comunitaria citada, la 1999/31/CE,
relativa al vertido de residuos.
El fruto de esta directiva citada y del resultado de la votación de la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Medio Ambiente a finales del año pasado, a la que me acabo de referir, fue en cierto modo el Real Decreto 1481/2001, de
27 de diciembre, por el cual se regula la eliminación de residuos mediante vertido controlado. Posteriormente, y en la sesión de esta misma Comisión de Medio Ambiente que se celebró justo la semana pasada, en concreto el 6 de marzo, se aprobaron -y
lo recuerdo porque viene al caso-, también
por unanimidad de todos los grupos presentes en la Comisión, sendas proposiciones no de ley presentadas por mi grupo parlamentario, defendidas por este portavoz que está en el uso de la palabra, relativas al desarrollo de distintas
disposiciones contenidas en la misma Ley 10/1998, de residuos, circunstancia que, según el criterio de este portavoz y de mi grupo parlamentario, confirma la prioridad que esta Cámara y los diferentes grupos parlamentarios venimos dando al debate
político sobre los residuos y la gestión de los residuos urbanos. No obstante, dicho esto quiero avanzar que mi grupo parlamentario no podrá dar apoyo a esta iniciativa parlamentaria básicamente por dos razones que a continuación planteo, aunque
también debo decir que es de justicia reconocer la bondad de los principios y de los objetivos finales que persigue la misma. Nuestras dos discrepancias en relación con el contenido de la misma son las siguientes.
En primer lugar, debemos tener presente que el impuesto que se configura en la proposición de ley es de ámbito estatal, como bien queda regulado tanto en la exposición de motivos como en la parte dispositiva de la iniciativa parlamentaria,
por lo que su aplicación, en caso de ser aprobada en los justos términos en los que estamos discutiendo su toma en consideración, se extendería a todo el territorio del Estado español.
Esta premisa no coincide o no encaja con el planteamiento
político que tradicionalmente ha defendido siempre mi grupo parlamentario y también la fuerza política que da apoyo al Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
En ese sentido debemos tener en cuenta que, de conformidad con el Estatuto de Autonomía
de Cataluña y de acuerdo con la misma Constitución española, esta figura impositiva podría configurarse como un tributo propio de la Generalitat de Catalunya, en cuyo caso su gestión correspondería obviamente y en consecuencia a la comunidad
autónoma. En ese sentido en Cataluña se está desarrollando el llamado programa de gestión de residuos municipales, cuyo ámbito temporal de aplicación es el período 2001-2006, por tanto estamos ya en plena aplicación del mismo, que desde un
importante consenso político, incluidas las dos principales entidades que agrupan a todos los municipios de Cataluña, que son la Asociación de Municipios de Cataluña y la Federación de Municipios de Cataluña, ya prevé el impulso de medidas fiscales
que graven el vertido de los residuos municipales con una finalidad estrictamente ecológica y que persigue un cambio en el modelo de gestión de los residuos, fomentando la valorización de materiales y residuos al mismo tiempo que discriminando su
vertido.
El segundo motivo de discrepancia de mi grupo parlamentario respecto del contenido de la proposición de ley que debatimos se centra en el tema de la afectación del impuesto cuya creación se propone. En concreto, el artículo 4,b) de la
iniciativa regula la afectación del impuesto a la dotación del gasto de inversión, explotación y conservación de los vertederos. Sin embargo, no podemos olvidar que, de conformidad con la normativa comunitaria y estatal, las vías prioritarias de
gestión de los residuos son, por este orden, la valorización, el reciclaje, la reutilización o reducción y, en última instancia, la eliminación, como con muy buen criterio afirmaba y nos recordaba hace pocos instantes la portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Según nuestra opinión, o en todo caso según el criterio interpretativo del marco normativo aplicable y, repito, la interpretación que hace mi grupo parlamentario de este marco global, e insistiendo sobre todo en la bondad del objetivo final
que persigue esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el artículo citado, el 4,b) no está en sintonía con el orden de prelación de las vías de gestión de los residuos establecidas por el marco normativo vigente en tanto en
cuanto el impuesto sí afecta particularmente a los costes de inversión de las instalaciones o vertidos de residuos. Debe recordarse en todo caso que la propia normativa comunitaria y también la normativa de ámbito estatal, en concreto el Real
decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante vertido controlado, determinan la utilización del depósito controlado únicamente en el caso de aquellos residuos para los que actualmente no existe
tratamiento o por no ser viables otras técnicas alternativas y prioritarias de gestión y respetuosas con el medio ambiente, como son -antes me refería a ellas- la reutilización, la valorización mediante reciclaje, el compostaje, la biometanización o
la valorización energética.
Por estas dos razones, señorías, mi grupo parlamentario no va a poder dar apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al establecimiento de un impuesto sobre el vertido de
residuos urbanos, es oportuna en su contenido global, ya que como dice en su exposición de motivos la incorporación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo lleva consigo ciertas exigencias, entre otras, tal como señala en su artículo 10, la
obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas oportunas para garantizar todos los costes que ocasione el establecimiento y la explotación de vertederos, incluido en la medida de lo posible el coste de la fianza, según señala el artículo
8, así como los costes estimados de cierre y mantenimiento posterior para que
al menos durante 30 años queden debidamente cubiertos por el precio que cobre la entidad explotadora por la eliminación de cualquier tipo de residuos en dicho vertedero. Es evidente que hay que tomar medidas sobre el tema, aunque luego
trataré de explicar por qué nos parece que las que presenta esta proposición de ley son parciales y no abordan el problema en toda su profundidad y con carácter general.
La directiva citada tenía que estar incorporada a nuestro ordenamiento jurídico desde julio del pasado año 2001, se incorporó mediante el Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre y está en vigor desde el 30 de enero. Por cierto, el
Gobierno lo hace por real-decreto para obviar una vez más el debate parlamentario tan necesario en éste como en otros temas; pero en esto no nos causan sorpresa. Estamos una vez más ante el retraso en incorporar directivas a nuestro ordenamiento
jurídico como ocurre con la directiva de vehículos fuera de uso, calidad de las aguas, de prevención y control integrado de la contaminación, que actualmente está en trámite parlamentario pero también con sentencia condenatoria, sentencia que deja
claro además que ya no basta sólo con incorporar las directivas a nuestro ordenamiento jurídico sino que deben cumplirse los objetivos, el plan económico, el apoyo a las empresas y a las comunidades autónomas, por ejemplo. Todo ello evidencia una
falta de voluntad política del Gobierno a la hora de asumir responsabilidades medioambientales y colocar a España en el punto de referencia positivo y no en el sistemático punto negro de los incumplimientos. Es curioso que en un tema como el que
debatimos hoy el Plan Nacional de Residuos Urbanos diga que en diciembre de 2001 tenía que estar definido un modelo de cálculo económico de los residuos que generamos y que -fíjense- antes de diciembre de 2002 tendría que aplicarse, pero estamos en
el mes de marzo y no sabemos absolutamente nada del tema. Es cierto, el Plan Nacional de Residuos Urbanos no se cumple ni en este ni en otros extremos y el Gobierno en algún momento tendrá que darnos explicaciones sobre esta situación.
Volviendo a la proposición de ley presentada, observamos en la misma algunas carencias que brevemente trataré de explicar. En primer lugar, la directiva relativa al vertido de residuos pretende que se cubran los costes para las tres
categorías de residuos (peligrosos, no peligrosos e inertes); incluso en los urbanos existen residuos peligrosos. Nosotros nos preguntamos: ¿por qué los dejamos fuera cuando la directiva contempla los tres casos? Nos parece que queda incompleto.
En segundo lugar, este tipo de impuestos tiene que contribuir a que el vertido, como ya se dijo aquí, sea la última forma de eliminación de los residuos, de manera que se cumpla la jerarquía comunitaria: primero, prevención, reciclado,
reutilización, y en último lugar, incineración y vertido. No podemos medir por el mismo rasero los sistemas de eliminación como el vertido, señalado en último lugar en la jerarquía antes citada, con otros sistemas de eliminación basados en el
reciclaje, tanto de materia inorgánica que vuelve al ciclo productivo como materia prima, como de la materia orgánica, que puede dar lugar a compós o biogas después de un adecuado proceso de valorización, pero que también hay vertido. Tal y como
está planteada la proposición de ley, el impuesto es igual para quien no recicla nada que para quien adopta tratamientos de residuos respetuosos con el medio ambiente. Parece que lo adecuado sería gravar más a quien más vierta y menos a quien más
recicla. Esto lo echamos en falta en la proposición de ley presentada. En tercer lugar, tampoco nos parece adecuado fijar un único tipo de gravamen (21,35 euros, o su equivalencia en pesetas 3.500 por tonelada de residuos que se deposite en
vertedero), cuando debería fijarse una horquilla al menos entre 18,03 euros y 30,05 euros -el abanico en pesetas que todavía manejamos equivaldría a 3.000 y 5.000 pesetas- al pretender que sea un impuesto para todo el Estado, ya que esta cuota
difiere en razón de los planes autonómicos, unidades mancomunadas o entes locales que gestionan residuos con otros costes.
Debería, pues, establecerse una ponderación según el tipo de residuos (peligrosos, no peligrosos e inertes), gravando según
el tipo, variable desde luego, que tiene que ir ligada a la generación de residuos y asociada a las tasas o contribuciones de los entes locales.
Del texto presentado se deduce que hay una cierta confusión entre sujeto pasivo, hecho imponible y repercusión que sería interesante tener perfectamente claros y definidos. Existen otras cuestiones menores que también nos plantean dudas
pero que serían susceptibles de enmiendas, no como estos temas que son de carácter más global. Cuando por ejemplo se habla de incumplimiento en las instalaciones de mecanismos de pesaje no parece lógico que se hable de estimación cuando debe haber
esos mecanismos de pesaje necesariamente, si no, no estaríamos hablando de vertederos controlados ni de incontrolados, estaríamos hablando de otra cuestión, como sería un vertido ilegal. Tampoco vamos a entrar a analizar otras situaciones como es
el régimen sancionador, que en principio también nos parece de escasa cuantía si queremos abordar con rigor el tema.
Señorías, estando de acuerdo con el espíritu de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, estando de acuerdo con la oportunidad del debate, estando de acuerdo con la necesidad de la misma, la posición del Grupo
Socialista será de abstención por entender que la iniciativa presentada tiene carencias de concepto y de construcción técnica que nos causan serias dudas. ¿Por qué no afecta a todo tipo de residuos? ¿Por qué no se crea un abanico en el tipo de
gravamen que penalice al que más vierte y menos al que más recicla? ¿En quién y cómo repercute el impuesto? ¿Qué pasa con la financiación local? Estas son cuestiones que deben quedar muy claras. Por último, consideramos que este tema también
debería estar
en el marco de una política fiscal más global, tanto relativa al tema de residuos como a otros impuestos ecológicos que necesariamente habrá que abordar con rapidez. Ahí el Gobierno debe tomar la iniciativa, como es su obligación, antes de
que sea demasiado tarde.
Reitero, pues, nuestra posición aun valorando la oportunidad de la iniciativa presentada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, debatimos -y quiero en el pórtico de mi intervención leerlo textualmente- el establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos y me propongo explicar la posición del Grupo Popular. Empezaré exponiendo la
concepción que tiene el Partido Popular sobre el tema de los residuos y dejaré el aspecto tributario y competencial para comentarlo en segundo lugar, no porque sea menos importante, sino probablemente por todo lo contrario, porque estamos hablando
de una competencia municipal y autonómica. Por eso es una incógnita para nosotros el sentido último de esta proposición no de ley.
Después de leerla detenidamente, de leer también con atención el debate en la Comisión de Agricultura y Medio
Ambiente de las juntas generales de Vizcaya del pasado 9 de febrero del 2001 y la exposición de la diputada de Medio Ambiente y Acción Territorial de la Diputación Foral de Vizcaya, señora Solabarrieta y también de oír a S.S. hoy, reconozco que la
dificultad para entender el fin último es cuando menos acusada.
Señorías, ¿cómo explicar que del espectro total de la problemática de residuos se extraiga sólo el aspecto del vertido? ¿Cómo explicar que se propone un impuesto que puede colisionar con el concierto económico, que puede crear conflictos
competenciales y que tiene una técnica legislativa en materia tributaria deficiente? Reconózcame S.S. que el calificativo es cuando menos sorprendente y singular. Sorpresa también nos produce la precisión que hace el Grupo Socialista después de
su valoración de no entrar en los aspectos competenciales, ni tampoco Convergència i Unió. De haber sido el Grupo Popular quien trajese este debate a la Cámara S.S.
hubiera alzado la voz para resaltar la voracidad centralista de la política del
Partido Popular, cuando llevamos muchos años demostrando lo contrario. Hoy, una vez más, el Partido Popular quiere reafirmar su política autonomista y la consolidación del Estado de las autonomías, el respeto a los estatutos y resaltar también el
verdadero significado de las corporaciones locales y los ayuntamientos. Sería fácil entender que S.S. plantea a la Cámara la asunción de más responsabilidades en la política de residuos por parte de los entes locales y autonómicos -tendría el
apoyo absoluto del Grupo Popular-, pero derivar por elevación es cuando menos misterioso para este diputado que le habla.
Los residuos que se generan en nuestro país son del orden de 18 millones de toneladas al año, con una tendencia alcista. Estamos hablando con la tasa que usted propone del orden de 230 millones de euros. El 60 por ciento de los residuos
urbanos acaba en vertederos controlados y el 18 por ciento se destina a compostaje. El 15 por ciento de los residuos continúa siendo depositado en vertederos incontrolados, de los que existen aproximadamente 3.700 en uso y a los que deben sumarse
unos 5.000 en desuso y sin sellar. Como la propuesta sólo habla de residuos urbanos, debo recordar a S.S. que además existen residuos de limpieza de ríos y playas, de madera, de colas y pinturas, de aceites y fluidos de automoción, de medicamentos
y productos hospitalarios, eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, vehículos fuera de uso, neumáticos, residuos de construcción, residuos voluminosos, lodos de depuradoras, residuos de mataderos, que también podrían reclamar un tratamiento
singular. La característica de los más de 8.000 ayuntamientos de nuestro país es que se genera más de 1,2 kilos por habitante y día, que existen diferencias en todas las comunidades autónomas, que existe un bajo nivel de reciclado, un limitado uso
de nuevas tecnologías, poca coordinación de planes y programas, una escasa percepción social del problema y una hipersensibilidad a nuevas propuestas e infraestructuras. Las políticas de gestión de la producción de residuos por las que el Partido
Popular apuesta están orientadas hacia la priorización de la prevención y del reciclaje, el recurso al vertedero sólo en los casos en los que no haya ninguna forma de valorización del residuo, la concienciación ciudadana, la aplicación del principio
de responsabilidad del productor, la creación de una red de vertederos con capacidad suficiente para dar cabida a lo no valorizable y la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías. Como ve S.S., no hablamos de impuestos, pero sí de precios,
tasas, cánones e instrumentos económicos. La realidad de los más de 8.000 ayuntamientos del Estado es compleja: gestión directa de recogida, transporte, eliminación, reciclado y valoración; gestión indirecta en concesión; gestión mixta y gestión
directa de algunas fases e indirecta de otras. Su señoría lo conoce por los 92 ayuntamientos del País Vasco que han hecho la concesión a una empresa. Aplicar esta norma que propone S.S. a la realidad diversa del Estado es cuando menos complicado.
Primer motivo por el que el Grupo Popular no apoyará el proyecto de ley: su falta de encaje en una realidad compleja y su convicción de que no resuelve el problema.
Es más, el Grupo Popular cree que este tipo de problemas se resuelve subiendo el
mínimo escalón posible, en una terapia encajada en las administraciones locales. Reconocerá S.S. que aplicar un impuesto ante una dificultad de gestión de residuos es cuando menos una opción fácil.
El segundo motivo por el que el Grupo Popular no apoyará la proposición de ley es competencial y voy a dedicarle poco tiempo. Para ello voy a leer textualmente lo manifestado por el Partido Popular en el País Vasco en la citada Comisión del
9 de abril de 2001: La proposición de ley que se comenta debe rechazarse por el absoluto desconocimiento y vulneración que del concierto económico se realiza. Este desconocimiento y vulneración del concierto económico sorprende especialmente en el
caso presente por cuanto la proposición de ley parte de una Diputación Foral, que en su caso debe tener especialmente presente el texto concertado, procurando tanto su defensa como su salvaguarda. Como es de sobra conocido, el concierto económico
regula las relaciones tributarias entre el Estado y el País Vasco, y es en este texto legal donde de mutuo acuerdo se establecen las competencias normativas y de gestión de que van a disponer las instituciones forales de los territorios históricos.
Si algo caracteriza al concierto económico es su naturaleza paccionada, de tal forma que su contenido se determina entre las administraciones central y vasca, Gobierno vasco y diputaciones forales, y se plasma en una ley que sólo puede ser
modificada por otra ley acordada por las administraciones implicadas. Lo anterior resulta del contenido de la disposición adicional de la proposición de ley, donde expresamente se señala que corresponderán a dichos entes -se está refiriendo a las
instituciones de los territorios forales- las facultades de exacción, gestión y recaudación del tributo regulado en la ley. ¿Qué es lo que se pretende entonces, señoría, establecer una ley estatal que no se aplique en el País Vasco y Navarra cuando
la propuesta proviene precisamente de un grupo parlamentario foral? ¿Se quiere que la normativa sea del Estado y los territorios históricos puedan gestionar y recaudar el tributo? ¿Se está concertando un nuevo tributo estatal al margen del
concierto y del convenio? ¿A qué se refiere con la exacción? ¿Se está refiriendo a la liquidación, inspección y revisión, ya que de ella nada se dice? ¿Se está refiriendo a la normativa? ¿Por qué entonces se propone una ley como la presente? En
cuanto a las demás comunidades autónomas, estas pueden establecer en el marco de sus competencias, respetando los límites legalmente establecidos, tributos propios, entre los que cabe incluir los tributos de carácter medioambiental, tal y como lo
tienen establecido ciertas comunidades en sus respectivos territorios. Sólo hay que tener en cuenta lo estipulado en el artículo 6, apartado 4, de la Ley orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas. En cuanto a los ayuntamientos,
la proposición de ley en su artículo 2.2 prevé expresamente la compatibilidad del pretendido impuesto con la imposición de contribuciones especiales y con la percepción de tasas por parte de los entes locales, lo que supone una importante merma de
los derechos y garantías de los contribuyentes, que verían que un mismo objeto con actuación idéntica se encontraría sometido a dos tributos diferentes. No parece muy oportuno que un contribuyente pueda verse gravado por el pretendido impuesto y,
al mismo tiempo, por otra figura tributaria de imposición municipal.
Por último, voy a referirme a los aspectos de fiscalidad y política tributaria, que son el tercer motivo por el que el Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar la proposición de ley. En primer lugar, la política del Gobierno del Partido
Popular se orienta en general a la reducción y a la creación de nuevos impuestos, no a la creación de nuevas figuras tributarias. En segundo lugar, si bien las leyes tributarias y presupuestarias contemplan con carácter excepcional la posibilidad
de establecer una cesión concreta para la recaudación de un determinado tributo, la proposición de ley no justifica suficientemente la necesidad de este mecanismo. En tercer lugar, es difícil encuadrar la figura tributaria que se pretende en la
proposición de ley en el concepto de impuesto definido en el artículo 26 de la Ley general presupuestaria. En cuarto lugar, en aplicación del principio de responsabilidad del productor corresponde pagar el cien por cien de lo que cuesta gestionar
correctamente un residuo a la persona o entidad que lo produjo, y así está establecido por la directiva. En quinto lugar, en aplicación tanto de la legislación europea como de la española, desde un punto de vista ecológico y teniendo en cuenta el
principio de prevención que viene a decir que el mejor residuo es el que no se genera, el instrumento económico debe estimular, primero, la no generación del residuo y, segundo, su reciclado. El impuesto que propone SS.SS. va en sentido contrario.
La señora PRESIDENTA: Señor Jiménez, le ruego que concluya.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: De acuerdo con las indicaciones de la presidencia termino diciendo que el Partido Popular está en contra de realizar experimentos fiscales en el tema de los residuos, aboga por establecer una política global de
residuos que esté en compromiso con la naturaleza y por contemplar los residuos desde su generación a su eliminación con una concepción única en su tratamiento. Su propuesta, señoría, no va precisamente en ese camino sino por el contrario, porque
puede ser más barato verter que reciclar.
Empecé diciendo que no entendía el fin último de su propuesta y debido al tema competencial concluyo, señoría, haciendo la misma afirmación. Por tanto, el Grupo Popular se reafirma en la no aceptación de la proposición de ley que presenta
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez. (Rumores.)
Señorías, ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al establecimiento de un impuesto sobre el vertido de residuos sólidos urbanos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 15; en contra, 163; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PAZ Y SEGURIDAD EN EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL. (Número de expediente 162/000423.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SEGURIDAD Y NUEVO ORDEN INTERNACIONAL. (Número de expediente 162/000367.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Se debatirán conjuntamente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre paz y seguridad en el nuevo orden internacional, y la del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad y nuevo orden internacional.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy nos trae a esta Cámara un debate de no pequeña importancia.
Muchas veces pensamos que los debates en esta Cámara son muy técnicos y podemos hasta considerar que alejados de los intereses reales de la opinión pública. En las
calles, plazas y pueblos de nuestro país las personas han hablado en numerosas ocasiones de la cuestión que nos trae aquí hoy; se sigue haciendo hoy. Es evidente que lo que ocurrió el 11 de septiembre ha sido de interés mundial. No hay sociedad,
país, ciudad, pueblo, que no haya pensado que el mundo cambió el 11 de septiembre.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Arístegui, por favor. (Pausa.) Adelante.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Sin embargo, el mundo, por desgracia, no cambió el 11 de septiembre; el mundo venía cambiando desde hace 30 años. Cuando los historiadores escriban el episodio que va desde la caída del muro de Berlín hasta el 11 de septiembre del año 2001
pensarán con razón que la humanidad perdió un poco el horizonte, pensarán que nos confiamos, que estábamos dormitando en una especie de siesta, en un limbo inconsciente, hasta irresponsable; en todo caso, podemos decir que de ese limbo despertamos
de forma violenta, sangrienta el 11 de septiembre. Eso no quiere decir, en absoluto, que el mundo hubiese cambiado de la noche a la mañana, que las cuestiones que preocupaban a los hombres hubiesen cambiado de la noche del 10 al 11 de septiembre.
Desde octubre de 1989 (la caída del muro de Berlín) hasta el 11 de septiembre se produce una especie de consciencia o de pseudoconsciencia por parte de todos los gobiernos democráticos del mundo pensando que habíamos ganado la guerra fría, que ya no
teníamos riesgos o amenazas reales, que podíamos descansar tranquilos, que teníamos muy poco o nada que hacer. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la, presidencia.) No es menos cierto que, por desgracia, durante esos doce años existían más
de cien conflictos de baja intensidad. Se daban a lo largo y ancho de la geografía del mundo. Casi nunca eran motivo de discusión en las primeras páginas de los periódicos y rara vez lograban una noticia de más de un minuto en los telediarios;
sin embargo, los riesgos, las amenazas acechaban al mundo democrático y estaban ahí, simplemente no éramos capaces de verlas. Es verdad que en un mundo crecientemente globalizado un movimiento que ha sufrido toda clase de avatares, críticas,
algunas legítimas y otras exageradas, tenía que suscitar una reflexión seria, profunda, auténticamente sincera por parte de quienes nos dedicamos a la política en general y, muy especialmente, a la política exterior.
Desde hace algunos meses se han venido sucediendo artículos y declaraciones de personas muy importantes en el mundo, una lista casi interminable; sería prolijo enumerar sus nombres. Son personas que muchas de ellas pertenecen a grandes
universidades, a grandes centros de pensamiento, que están tratando de llevar a nuestro ánimo que el mundo ha cambiado, que los fines de la globalización son positivos, pero que muchas veces los medios que hemos elegido no son los adecuados, no son
los más positivos para tratar de lograr la paz, el progreso y la prosperidad para todos los pueblos de la tierra. Por eso, nuestra proposición no de ley ha tratado de buscar el espíritu que también animaba la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista.
Nosotros agradecemos que este tipo de debates se celebre en el Pleno de esta Cámara, es importante. Creemos que es relevante que las discusiones que llevan a cabo todos los ciudadanos de nuestro país, en los cafés, en los bares, en las
terrazas y en sus casas, sea también
objeto de discusión en esta Cámara. De verdad este es un tema que interesa a nuestra opinión pública, a nuestros electores, al pueblo soberano. Por ello es interesante que el ejercicio de búsqueda de consensos que hemos hecho a lo largo de
esta tarde el Grupo Socialista y nosotros; es un ejercicio saludable de búsqueda de consensos parlamentarios, lo mismo que hemos hecho con el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Hay ciertas cuestiones que tienen que ser subrayadas
de manera muy notable. En primer lugar, el 11 de septiembre sí puso de manifiesto una cosa muy importante: que el máximo riesgo a que se enfrentan las democracias y la libertad en el siglo XXI es, sin ninguna duda, el terrorismo; el terrorismo,
el crimen organizado y, sobre todo, la interacción entre el terrorismo y el crimen organizado. En el fondo, ambos se dedican a lo mismo: a tratar de someter, de oprimir a la sociedad en la que actúan. Además cometen el mismo tipo de delitos,
buscan las ingentes cantidades de dinero que esos delitos les proporcionan y acaban recurriendo al mismo tipo de delincuencia: el fraude a gran escala, la extorsión, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes,
el tráfico de materiales ilícitos, y para todo ello necesitan, como todos, recurrir al blanqueo de capitales, ya que sólo las grandes industrias ilícitas tienen que esconder sus ingentes beneficios. Por eso nos felicitamos muy especialmente de la
consecución de dos resoluciones históricas por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La primera, aprobada apenas unas horas después de la tragedia del 11 de septiembre, la 1368, supuso ya un paso en la dirección correcta. La comunidad
internacional y Naciones Unidas fueron capaces de reaccionar con prontitud, con celeridad, con tino; sin embargo, era insuficiente esa respuesta de la comunidad internacional. Para ello se tuvo que buscar otro tipo de respuesta y fue necesaria la
aprobación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que pone de manifiesto hasta qué punto habíamos sido mezquinos todos los hombres que nos habíamos reunido en torno a la concertación de Naciones Unidas, buscando el
consenso para tratar de definir qué es el terrorismo internacional, sin haberlo logrado. Cierto es -muchos lo argumentarán- que la 1373 es una resolución fruto de retales de muchas convenciones nonatas de Naciones Unidas, de muchas convenciones que
no vieron la luz, que no pudieron verla porque ninguno de nuestros países pudo conseguir un consenso en torno a las cuestiones más elementales, las que se referían a qué es el terrorismo, quiénes son terroristas, qué es un acto terrorista. La
resolución 1373 lo que hizo fue buscar esos consensos a que no habíamos sido capaces de llegar y, por fin, ha establecido unas obligaciones muy claras para los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, que van a servir como base para
una eficaz lucha contra el terrorismo internacional.
Esta tarde, por supuesto, vamos a votar a favor, como no podía ser menos, nuestra propia proposición no de ley, pero también vamos a solicitar a la Mesa de la Cámara una votación separada de los puntos que corresponden a la proposición no de
ley socialista. Con ello, vamos a tratar de demostrar que en una cuestión tan importante mi grupo está haciendo un enorme ejercicio de búsqueda de consensos, votando favorablemente una serie de puntos de esa proposición no de ley.
Con esto estamos tratando de mandar un mensaje inequívoco a la opinión pública: que las principales fuerzas políticas de esta Cámara tratan de aunar esfuerzos en una cuestión de trascendental importancia, sin quedarse a las puertas del
consenso por culpa de los intereses, lógicos y legítimos, partidistas. Estamos hablando de política exterior y de una materia muy especial en el marco de la política exterior, quizá la más importante, la que supone un riesgo existencial para
nuestras democracias y para la libertad. Todos los pilares sobre los que se fundamenta nuestro sistema de libertades, y no sólo el nuestro, sino el de todos los países democráticos, corre un riesgo evidente, y cuanto mayor sea el consenso con el
que consigamos construir las bases y los instrumentos para luchar contra la lacra del terrorismo y del crimen organizado mejor será para que todos los hombres podamos algún día ser libres del yugo del terrorismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor De Arístegui.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre seguridad y nuevo orden internacional, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, inmediatamente después de los acontecimientos del 11 de septiembre nuestro grupo parlamentario presentó la proposición no de ley que hoy tengo el honor de defender ante la Cámara. Al cabo de seis meses de los acontecimientos -es
sabido que ayer se cumplieron los seis meses- esta proposición no de ley prácticamente no ha envejecido, aunque tiene algún elemento coyuntural. El objetivo sigue siendo el mismo: la lucha contra el terrorismo. Claramente, ese era el sentido de
la proposición no de ley que presentamos hace algún tiempo; pero lucha contra el terrorismo en todas sus dimensiones, es decir, lucha contra los efectos de ese terrorismo, lucha contra las causas inmediatas o mediatas y también lucha contra los
obstáculos que hubiera a la hora de poner en práctica esa política tan importante como es la lucha contra el terrorismo, incluso en el campo supranacional.
También nos preocupábamos de que los efectos políticos de esa acción terrorista no socavasen y terminasen por romper el fondo de nuestra cultura democrática:
nuestras libertades. Ese también es un objetivo de esa proposición no de ley, que se iniciaba, cómo no, solidarizándonos con las víctimas del terrorismo, con el pueblo norteamericano y apoyando la acción de legítima defensa contra el
terrorismo y las resoluciones de Naciones Unidas, algunas de las cuales ha expuesto anteriormente el portavoz del Grupo Popular. Hoy, al cabo del tiempo, resulta ser absolutamente oportuno que esta Cámara debata y se pronuncie sobre esta
proposición no de ley y sobre la anterior, presentada por el Grupo Popular, y más en un momento en el que España preside la Unión Europea y está a punto de celebrarse una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, justamente este fin de semana. Sería
importante que España llevase a esa cumbre la posición al respecto de este Congreso de los Diputados. En esta proposición no de ley sometemos a decisión aspectos exhaustivos en torno a los atentados del 11 de septiembre y las resultantes en la
política internacional. Voy a destacar algunos de esos puntos. Sé que el Grupo Popular votará a favor en algunos casos y que en otros no hemos logrado convencerles. En realidad, la proposición no de ley del Grupo Popular es una enmienda a nuestra
proposición no de ley, dejando fuera aspectos que consideramos muy importantes y que espero que vuelvan a entrar en la votación que se producirá inmediatamente después del debate en esta Cámara.
Decía que quería destacar algunos puntos esenciales de nuestra propuesta que me parece que son extremadamente oportunos en este momento. Un primero es el que señalamos en nuestro apartado 3: 'que la acción militar de respuesta a los
atentados no debe extenderse a otros Estados, salvo nuevos datos que probasen su complicidad'. En estos momentos, es sabido que Estados Unidos está preparando una intervención en Irak o en otros Estados llamados el eje del mal en el famoso discurso
del presidente Bush, y la verdad es que lo ha hecho sin consultar con sus aliados y sin que haya pruebas en este momento de que haya Estados, aparte de Afganistán, que pudieran estar comprometidos, apoyando o siendo cómplices de los atentados
terroristas.
Iniciar una guerra contra otros Estados sin pruebas sobre la complicidad en cuanto a los atentados del 11 de septiembre a nosotros nos parece irresponsable y en absoluto aceptable, porque la consecuencia sería la ruptura de la coalición que
trabajosamente se ha edificado contra el terrorismo. Coalición en la que están países árabes moderados, la Unión Europea y otros Estados muy importantes del Consejo de Seguridad, como China o Rusia, que en absoluto están de acuerdo con esta
iniciativa que se proponen realizar los Estados Unidos. Es un ejemplo de una política que aquí ya hemos criticado anteriormente de unilateralismo de los Estados Unidos, como una respuesta creemos que claramente inmerecida a la solidaridad que desde
todos los puntos de vista -y en esta proposición no de ley se señala también- hubo en todo el mundo, y desde luego en Europa, que pondría en peligro incluso la propuesta de una cooperación jurídica con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo
desde la Unión Europea.
Nosotros consideramos que esta iniciación de nuevos conflictos sería altamente negativa y creemos que hay que dejarlo claro en una toma de posición de esta Cámara precisamente en este momento, cuando está a punto de producirse esa decisión.
Porque un conflicto nuevo que se añadiese al conflicto de Afganistán se convertiría automáticamente en parte de un conflicto realmente existente, dolorosísimo, que es el conflicto de Oriente Medio entre Israel y Palestina. Este conflicto es el que
da gran cantidad de oxígeno a las acciones terroristas que puedan producirse contra intereses norteamericanos o contra otros intereses. Este es verdaderamente uno de los elementos clave, y lo decimos en una semana en la que han muerto 170 personas,
entre palestinos e israelíes, en este conflicto de Oriente Medio. Este es el verdadero peligro porque este conflicto tiene un efecto multiplicador ante millones de personas, sobre todo en países árabes, en países musulmanes, en países árabes con
gobiernos moderados que, sin embargo, tienen opiniones públicas muy antinorteamericanas, a las que no hace falta empujar demasiado en contra de los Estados Unidos, y una acción, por ejemplo, contra Irak o un no tomar en cuenta y ponerse al frente de
una lucha contra acciones terroristas de distinto tipo en el conflicto de Oriente Medio sería altamente negativa.
Nosotros consideramos en nuestra proposición no de ley que hay que ponerse, en la Unión Europea sobre todo, al frente de una acción sostenida, en la que en estos momentos hay que decir que no tenemos demasiado apoyo por parte de los Estados
Unidos, que es quien puede realmente poner obstáculos y decidir en última instancia la masacre que se está produciendo en Oriente Medio, y que la afirmación de que es importante un Estado palestino viable y un Estado israelí seguro también tiene que
salir de esta Cámara esta tarde.
Queremos también destacar, como un elemento importante de nuestra proposición, que tiene que haber una consulta al Parlamento cuando el Gobierno español se proponga enviar tropas al exterior, algo que en este caso no ha sucedido, por cierto.
Además, el Gobierno ha tardado en dar información, como se vio ayer, en la reunión de la Comisión de Defensa, cuando se le criticó al ministro Trillo que la decisión de ampliar las tropas españolas en Afganistán tardase semanas y semanas en venir a
esta Cámara; ya ni siquiera hablamos de consultar a la Cámara, sino de ser informados. Nosotros creemos -lo hemos defendido aquí en otra ocasión- que el Parlamento debe ser consultado, sin merma de las competencias constitucionales del Gobierno,
cuando esté en cuestión nada menos que la soberanía del Estado español al enviar tropas al exterior y esté en peligro la vida de seres humanos, de ciudadanos españoles.
En congruencia con estos objetivos, en esta proposición no de ley nos referimos a la importancia de la lucha que se está llevando a cabo en la Unión Europea contra el terrorismo, a través de la orden de búsqueda y entrega europea, siempre
con el debido respeto a los derechos y libertades fundamentales. Es algo a destacar en un momento en el que, por ejemplo, en Guantánamo hay personas detenidas, también en Estados Unidos, que no se sabe ni siquiera donde están y no se sabe qué
cargos hay contra ellos. Entre las personas detenidas en Guantánamo hay un español, que no tiene las garantías procesales que garantizan, valga la redundancia, los tratados internacionales, que no tiene abogado y que sus familiares no tienen acceso
a comunicarse con él. Eso está pasando en estos momentos y creemos que no es la forma adecuada de responder a una acción terrorista, cargándose principios básicos precisamente de la cultura democrática contra la cual se hacen esos atentados
terroristas.
Nosotros también incluimos en nuestra proposición aspectos relativos a la ayuda a la cooperación -nos referiremos a ello con más detenimiento en la proposición no de ley que vamos a defender a continuación esta tarde-, porque creemos que la
orientación del 0,7 por ciento del PIB es esencial y la condonación de la deuda es fundamental en los países en vías de desarrollo y en aquellos donde su nivel económico hace imposible su devolución. Eso también es una forma de luchar contra el
terrorismo y contra la desestabilización.
También creemos que un elemento esencial de esa lucha es la integración de los inmigrantes y la creación de instrumentos encaminados a lograr la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, como es el Tribunal Penal
Internacional, algo que desgraciadamente tampoco es suscrito en estos momentos por Estados Unidos, como tampoco lo son instrumentos internacionales tan importantes como el protocolo de Kyoto.
Creo que la Unión Europea tiene que tener una posición
firme y clara al respecto, dirigida a un Estado aliado de la Unión Europea como es el caso de los Estados Unidos.
Por último, nosotros creemos que debe producirse una conferencia internacional en el seno de Naciones Unidas que ponga las bases de un nuevo orden internacional, que tenga sus más firmes pilares en los derechos humanos. Esta es una forma de
responder a la amenaza terrorista.
Es una forma en la que la política se hace presente, se mueve, no está inerme ante lo que sucede a su alrededor y creemos que sería bueno que, precisamente en estos momentos, cuando se cumplen seis meses de los
atentados de las Torres Gemelas, cuando se va a producir una importantísima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, esta Cámara se manifestase claramente apoyando la lucha contra el terrorismo, con los medios que la política tiene que desarrollar,
no simplemente dejando que las cosas nos vengan y reaccionemos de mala manera, como sucede cuando la política no toma la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López Garrido.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a las proposiciones no de ley, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Es importante que hoy esta Cámara discuta sobre paz y seguridad en el nuevo orden internacional, tal como se nos propone en las proposiciones presentadas. Nosotros pensamos que, en primer lugar, tendríamos que ponernos mínimamente de
acuerdo en lo que entendemos por paz, por seguridad y, cómo no, en lo que entendemos por nuevo orden internacional.
Estamos seguros de que si hoy planteásemos esta pregunta en muchas zonas del mundo encontraríamos silencio y ruido de armas por toda
respuesta. Si todos estamos de acuerdo -y así lo hemos manifestado en esta Cámara- en condenar y en juzgar a los causantes de las masacres del 11 de septiembre, no parece que todos seamos tan exigentes a la hora de pedir que estos sean juzgados por
tribunales internacionales con las máximas garantías de legalidad. Nos preguntamos si los tribunales de excepción que han impuesto los Estados Unidos en Guantánamo son el modelo de justicia que se nos plantea por parte de este nuevo orden
internacional que se nos intenta imponer. Al hablar hoy de paz y seguridad en un nuevo orden internacional, tenemos que rebelarnos cuando se habla de trabajar por unas relaciones internacionales justas mientras estamos asistiendo impasibles a la
negativa de Israel de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas provocando una masacre en Palestina, cuando se está desautorizando a las Naciones Unidas, cuando se está intentando una escalada militar contra el pueblo palestino por parte de
las tropas de ocupación israelíes. Es una auténtica masacre la que se está produciendo en estos momentos en Palestina y tenemos que denunciarlo en esta Cámara porque si no, este sería un debate falso, un debate hipócrita. A todas luces, el
objetivo de Sharon es edificar la seguridad israelí sobre el genocidio del pueblo palestino, sobre una verdadera limpieza étnica que se está produciendo hoy en Palestina. Así hay que denunciarla y así tenemos que asistir a este debate, porque de lo
contrario seríamos cómplices de lo que está ocurriendo en esa zona del mundo.
La absoluta incapacidad de la Unión Europea para adoptar una posición independiente de Estados Unidos la está convirtiendo en parte cómplice del conflicto de Oriente Medio. Hay que ser mucho más contundente porque lo mismo vale un muerto
palestino que un
muerto en otra zona del mundo y parece ser que no se entiende de esa manera. Claro que hay que condenar los atentados del 11 de septiembre, pero también hay que condenar al Estado terrorista de Israel, también hay que condenar el genocidio
del pueblo palestino, porque -repito- lo mismo vale un muerto palestino que un muerto de Estados Unidos. Si no interviniésemos de esta manera, sería una intervención hipócrita que no respondería a lo que hoy debe ser una postura clara en defensa de
un nuevo orden internacional. Tenemos que rebelarnos contra otras injusticias que se están dando en el mundo ante la impasividad de los que intentan imponer el nuevo orden internacional, basado fundamentalmente en una doble vara de medir.
Señorías, graves fueron los atentados del 11 de septiembre, que merecen nuestra repulsa y, lo repetimos una vez más, merecen nuestra condena, pero también es grave la masacre que se produce en Palestina, también es grave condenar al pueblo
saharaui a vivir en el desierto, fuera de su tierra, también es grave tolerar un bloqueo como el que sufre Cuba, ajeno a cualquier legalidad internacional y a cualquier principio ético y, señorías, también es grave que el 27 por ciento de los niños
no estén vacunados de nada, porque las multinacionales tratan de controlar el mercado farmacéutico impidiendo que se puedan vacunar todos los niños, todos los seres humanos de este planeta. Hay que denunciar todo esto porque no se puede construir
un nuevo orden internacional sobre estas circunstancias que no esté basado en el cinismo. Hay que construir un nuevo orden internacional, una nueva paz y seguridad porque, como bien decía el portavoz del Partido Popular, aunque creía que el
neoliberalismo había ganado la batalla con la derrota de la Unión Soviética, seguían existiendo cientos de conflictos. Esos conflictos siguen existiendo al día de hoy y siguen siendo provocados por los Estados Unidos en el día de hoy. Por eso no
podemos estar de acuerdo con un sistema que provoca intencionadamente la bajada de una materia prima que lleva consigo el hambre a millones de personas, como ha ocurrido recientemente y sigue ocurriendo en Centroamérica ante la indiferencia de la
primera potencia mundial. No podemos estar de acuerdo con un sistema que deja morir de sida a millones de seres en África y Latinoamérica mientras se niega que el medicamento genérico pueda distribuirse por el interés de las multinacionales
farmacéuticas. No podemos estar de acuerdo con un sistema en el que los terroristas son buenos o malos, según sean o no aliados de Estados Unidos. Recordemos cómo los núcleos más fieros de lo que hoy son la base de ese eje del mal, hace muy poco
eran calificados por los Estados Unidos como luchadores por la libertad.
Por todo esto, hemos presentado una serie de propuestas que tratan de resumir lo que para Izquierda Unida sería la base para crear un nuevo orden internacional; un nuevo orden que apoyase la salida negociada de los conflictos auspiciada por
los organismos internacionales; un nuevo orden internacional que rechazase el uso del embargo como arma de solución de los conflictos internacionales, demandando de esta manera el levantamiento de los actuales embargos sobre Irán y sobre la
República de Cuba; un nuevo orden internacional que apoye el proceso de paz de Oriente Medio, que no tiene otro camino que el reconocimiento del Estado palestino y también la seguridad del Estado de Israel, porque sin Estado palestino no puede
haber paz en Oriente Medio y, hoy por hoy, el Gobierno de Israel es el principal obstáculo para que esa paz se produzca. Ese nuevo orden internacional también tiene que exigir el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas que soportan
actualmente la mayor pobreza y la mayor marginación en la sociedad americana, siendo condenados a vivir, a ser considerados como extranjeros en su propia tierra; en definitiva, planteamos que el Estado español refuerce económica y técnicamente el
papel de la ONU en los procesos de prevención, gestión, falsificación y reconstrucción de conflictos.
Desde todas estas perspectivas, creemos también que es necesario resolver los problemas de marginación y de pobreza en el Tercer Mundo, por eso seguimos demandando, seguimos defendiendo el control de los movimientos especulativos a corto
plazo del capital financiero, seguimos defendiendo la implantación de la tasa Tobin, pues entendemos que sin una situación justa no puede haber paz en el mundo, no puede haber un nuevo orden internacional.
En ese sentido van fundamentalmente nuestros cuatro primeros puntos que marcan un poco la diferencia con otros grupos. Evidentemente, no hemos sido consultados, ni creemos que vayamos a serlo, para llegar a algún acuerdo, porque nuestra
postura en estos momentos es bastante diferente a la planteada por el Partido Popular, porque nosotros reafirmamos nuestra solidaridad con las víctimas del 11 de septiembre, pero también la reafirmamos con todas las víctimas del terrorismo en todos
los lugares del mundo, cosa que hoy por hoy el Partido Popular no es capaz de decir desde esta tribuna.
Tenemos que reiterar la necesidad de que las Naciones Unidas excluyan el uso de la fuerza militar y el embargo como arma de solución de los conflictos y, en todo caso, rechazar cualquier intervención militar de los Estados Unidos con la
coartada de la lucha antiterrorista contra Irak o contra otras zonas del mundo, por ser la misma contraria tanto a la legalidad internacional como a los mínimos principios éticos, porque no se nos puede convencer ahora mismo de que el eje del mal
está en Irak, cuando todos sabemos que lo que se esconde detrás no es ni más ni menos que el intento de implantar un nuevo orden internacional, que no es ni más ni menos que el orden internacional de los Estados Unidos, el orden internacional en el
cual solamente hay un pensamiento y en el cual solamente hay unos intereses.
También plantea nuestra propuesta que hay que instar al Gobierno español a que no se envíen tropas o material militar a ninguna zona en conflicto sin la autorización expresa y previa del Congreso de los Diputados. Es inadmisible que este
Gobierno siga despreciando a esta Cámara, que este Gobierno siga permitiéndose enviar soldados españoles, ya no se puede decir en misión humanitaria sino en misiones claramente de guerra, sin que sea consultado este Parlamento. ¿A qué nivel quedan
los representantes de la soberanía popular si no son consultados para algo tan importante como para que España entre en una guerra? Este Gobierno sigue insistiendo en no consultar y eso separa radicalmente el concepto de democracia que tiene el
Partido Popular del concepto de democracia que tenemos en Izquierda Unida. Desde Izquierda Unida demandamos y vamos a seguir demandando que la Cámara sea consultada cuando un soldado español o cuando armas españolas vayan a hacer la guerra a otra
zona del mundo.
En definitiva, creemos que sí que hay que hablar de paz y de solidaridad y sí hay que hablar de un nuevo orden internacional, pero no hay que ser hipócritas, no se puede hablar de todo esto y seguir tolerando, seguir admitiendo que se
masacre a palestinos y que se condene a saharauis, en fin, que en este mundo siga habiendo gente que sufra ese nuevo orden internacional, gente a costa de la cual se haga ese nuevo orden internacional.
Yo quisiera terminar esta intervención pidiendo a esta Cámara que dejemos de ser hipócritas, que dejemos de ser cínicos y que de una vez por todas reconozcamos que no habrá paz en el mundo mientras no haya justicia y mientras no haya
solidaridad en el mundo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir brevemente para defender nuestra enmienda al punto 3 de la proposición no de ley del Grupo Socialista y al tiempo también posicionarnos sobre la proposición no de ley del Grupo Popular, para
reafirmar una vez más nuestra posición contraria a los métodos que está usando Estados Unidos para enfrentarse al llamado terrorismo cuando precisamente se cumplen seis meses de los atentados del 11-S y justo cuando el señor Bush anuncia su
intención de extender la guerra contra otros Estados, en primer lugar, contra Irak.
Por eso queremos reafirmar nuestra posición contraria a apoyar esa intención del Gobierno norteamericano, por cierto, en consonancia con la opinión de muchos de
nuestros conciudadanos que en esas conversaciones de calles y plazas así lo expresan.
Hoy discutimos estas dos proposiciones no de ley sobre una misma cuestión.
La presentada por el Grupo Popular en lo sustancial insiste en reafirmar la política defendida por su grupo, demandando de la Cámara básicamente el apoyo acrítico,
incondicional a la política de intervención militar agresiva y unilateral del Gobierno de los Estados Unidos, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Nosotros no vamos a aprobar esa proposición no de ley y ni siquiera la enmendamos
porque su contenido, en nuestra opinión, no es defendible, porque no resiste el menor contraste con la realidad. Nosotros somos solidarios con las víctimas de los atentados del 11-S, somos solidarios con el pueblo norteamericano y compartimos que
los culpables de tales actos u otros semejantes deberían haber sido detenidos, juzgados por los tribunales correspondientes y condenados, si se demostrase su responsabilidad. Pero no podemos compartir, y ya lo dijimos en otras ocasiones, que la
respuesta a esos atentados por parte de Estados Unidos esté siendo la adecuada. No podemos apoyar, señoras y señores diputados, los bombardeos masivos de Afganistán, por cierto con todo tipo de armas de destrucción, sobre lo que ya no hay opiniones
al respecto. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando había protestas por el uso del napalm, por ejemplo, en las guerras. Hoy ya se puede utilizar cualquier tipo de arma porque buena parte de la transmisión de ese uso que se hace por los medios es de
carácter técnico. Se dice: Este arma es capaz de matar a todo el mundo en una cueva y no estropea las alfombras, por poner un ejemplo. El balance de víctimas inocentes en la guerra de Afganistán curiosamente es desconocido y estoy seguro que es
muy importante; víctimas que, por otro lado, nadie llora, a las que nadie homenajea ni recuerda, pero son personas cuyas vidas deberían tener tanto valor como cualquier otra.
Tampoco podemos apoyar la decisión de Estados Unidos de detener y trasladar a Guantánamo a cientos de personas, recluidas sin garantías y ni siquiera respetando el estatus de prisioneros de guerra. Tampoco vamos a avalar la política interna
de Estados Unidos, la política antiterrorista, con cientos de detenidos por simples sospechas y que después de meses, al parecer, algunos de ellos están siendo liberados por no existir cargo alguno. Ni queremos ser cómplices del recorte de las
libertades que está recorriendo el mundo con la excusa precisamente de ese combate, y menos aún de la estrategia del Gobierno de Estados Unidos de definir unilateralmente los enemigos a combatir, de decir quién es terrorista y quién no en función de
sus exclusivos intereses políticos y económicos. Los Estados Unidos de Norteamérica o el señor Bush también defienden intereses económicos y políticos o se permiten autoarrogarse la capacidad de intervenir militarmente sin encomendarse a nadie. Es
una política para nosotros absolutamente rechazable porque rompe todas las normas del derecho internacional, hasta hace poco
comúnmente aceptadas, y abre un futuro más que incierto en las relaciones entre Estados a nivel del mundo. Esa política, señoras y señores diputados, ni siquiera es buena para los propios Estados Unidos, que a corto plazo podrán imponerse
por su poderío militar y económico, pero a la larga no hará más que crear agraviados.
Ya saben ustedes que en Estados Unidos hay muchas personas, entre ellas muchos intelectuales, que se preguntan aquello de por qué no nos quieren en el mundo, y yo me pregunto: ¿por qué será, señoras y señores diputados? Nosotros no
defendemos, por supuesto, la existencia de regímenes dictatoriales que vulneran los derechos de las personas o de los pueblos, pero tampoco creemos, porque nunca lo fue, que la solución de los problemas de estos pueblos pasen por la intervención
militar de una única superpotencia que decide, insisto, desde su óptica y desde sus exclusivos intereses, quién es dictador y quién no; que impone un modelo social determinado; que coloca gobiernos títeres, porque hay que empezar a volver a hablar
de gobiernos títeres a su servicio, y al tiempo cierra los ojos ante regímenes aliados, esos regímenes amigos donde la falta de respeto a los derechos humanos es más que evidente, cuando no impulsa este tipo de regímenes si le son útiles.
La peor política que se puede seguir en este contexto de unilateralismo es la que nos propone el Partido Popular, que sin duda será grata a los ojos del Gobierno norteamericano pero que no ayuda a resolver los conflictos o a sentar las bases
para conseguir un orden internacional basado en la justicia, la igualdad, la estabilidad y la paz. Nosotros, al contrario, creemos que el Gobierno español y la Unión Europea en su conjunto deberían poner en pie una política propia, independiente,
haciendo verdad la reciente afirmación de un destacado ministro de Exteriores de la Unión, que decía que una cosa es ser aliados y otra súbditos; una política que excluya la guerra como método de solución de los conflictos, que busque un orden
internacional basado en el intercambio comercial justo, que promueva el desarrollo económico y social de los pueblos, que impulse el respeto a los derechos humanos y a las libertades, etcétera, que ponga énfasis, por ejemplo -y ya se ha citado en
este debate-, en solucionar conflictos, como el actual de Oriente Medio, impulsando la creación de un Estado palestino de una vez por todas.
Es obvio por lo dicho que tampoco compartimos los contenidos de los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley del Grupo Socialista y, sin embargo, sí nos parece mucho más aceptable y matizado el resto de los puntos. En todo caso, presentamos
una enmienda al punto 3, y yo creo que dentro del espíritu del mismo, que trata de concretar la propuesta allí contenida y que pide que la respuesta militar de Estados Unidos no se extienda a otros Estados, y lo concretamos porque las cuestiones a
veces así deben concretarse.
Nuestra enmienda propone añadir al final del punto 3.º lo siguiente: 'En este sentido, considera inadmisible la amenaza de Estados Unidos de emprender acciones militares contra Iraq, Irán y Corea del Norte, en cuanto se trata de decisiones
unilaterales no amparadas por el derecho internacional, que contribuirán a aumentar la inestabilidad y a generar más violencia en el contexto mundial, y que además supondrán un castigo inaceptable a la población de esos Estados.'
A nosotros, señoras y señores diputados, en este momento nos parece elemental que este Congreso y el Gobierno español no apoye las intenciones del Gobierno de Estados Unidos de extender la guerra a tres nuevos Estados definidos por el señor
Bush como eje del mal. Es básico, en nuestra modesta opinión, que Estados Unidos sepa que no contará con el apoyo de otros gobiernos en esa aventura que, no lo duden, no traerá más que muerte y dolor, y además empeorará las cosas. La postura
contraria, la del seguidismo, desde luego lo único que hará será hacer caminar a la humanidad hacia derroteros que nosotros creemos indeseables.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Ante estas dos iniciativas mi grupo hubiera deseado un entendimiento más general, más de consenso en la Cámara por todo lo dicho hasta este momento aquí, y sobre todo porque entiendo que en muchos puntos tanto la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular como la del Grupo Parlamentario Socialista son complementarias de distintos aspectos sobre un pronunciamiento tan ambicioso como ir a una definición de esta Cámara sobre seguridad y nuevo orden internacional, donde el efecto
poliédrico de los conflictos viene haciendo hartamente complejo entender esta situación actual.
Si no hay un acuerdo de ensamblaje en las iniciativas de los dos grupos, mi grupo va a votar favorablemente la del Grupo Parlamentario Popular. Ya que el propio Grupo Popular apela a que el Gobierno tome en consideración esta proposición no
de ley, que sea éste quien pueda de alguna manera regular la administración de puntos como el 6 cuando se dice: seguir informando de forma tan prolija, exhaustiva e inmediata. Ayer el ministro señor Trillo en su comparecencia ante la Comisión de
Defensa prácticamente vino a reconocer un sensible retraso en informar a la Cámara sobre las operaciones en que participan soldados y militares españoles en el conflicto de Afganistán.
Al hacer una lectura de fondo del texto que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que esto tiene que ser una pieza que se ensamble en una
demanda de España, como país miembro de la Unión Europea, para que no siga aumentando la distancia de comportamiento entre el Gobierno de los Estados Unidos, la OTAN y sus socios del pilar europeo. Estamos viendo lamentablemente cómo se
incrementa la posición doctrinal del Gobierno norteamericano respecto de lo que se viene llamando unilateralismo o unilateralidad de las decisiones de operaciones militares de todo tipo, sean antiterroristas o no, en el nuevo orden internacional,
para que vean los Estados Unidos una lealtad de socios cuando aquí estamos invocando un concepto que en la guerra del Golfo tuvo gran importancia en solidaridad y cohesión, lo que se llamaba la comunidad internacional. Hoy hay un abismo conceptual
y práctico entre la comunidad internacional de 1990 y la comunidad internacional actual. No vamos a entrar en más consideraciones. Para dejar una línea de apoyo a la política del Gobierno y dentro del marco europeo a fin de que no prolifere la
unilateralidad de la política militar norteamericana, que se vuelva a una relación de apoyo y de cordialidad eficaz con la OTAN y, sobre todo, que se vuelva a contar con esta comunidad internacional de defensa donde España y los restantes países de
la Unión Europea tanto tienen que aportar. Por estas razones, sin más especificaciones, daremos nuestro voto para que tenga al menos un principio de cohesión, de apoyo a la voluntad de fondo que trasciende de esta iniciativa por la lectura positiva
que hemos hecho, salvando cualquier otra diferencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo también interviene brevemente para manifestar su toma de posición en estas dos proposiciones no de ley que se nos someten a votación.
Somos conscientes, de acuerdo con la exposición que han hecho los dos proponentes, de que el 11 de septiembre marcó un rumbo distinto al equilibrio internacional y un posicionamiento realmente diferente respecto de los problemas de
seguridad, terrorismo y respeto a los derechos humanos. Entendemos que fue un ataque a las convicciones de un sistema, el sistema democrático, y lógicamente teníamos que pasar a una situación como la que se está debatiendo ahora de reafirmar
nuestra voluntad de defender el sistema y estas convicciones de respeto a los derechos humanos, de libertad y de defensa de la paz. La votación que se propone de estas dos proposiciones no de ley, la del Grupo Popular y la del Grupo Parlamentario
Socialista, quiebra un poco la voluntad de consenso que hemos instado en el día de hoy a fin de llegar a un texto único que fuera aprobado por consenso de la Cámara, y que el debate suscitado en este hemiciclo se hubiera basado realmente en la
voluntad de establecer la defensa de estas convicciones, tirar adelante con ellas y defender los derechos humanos, la libertad, la paz y el equilibrio mundial, pero no ha sido posible. Los portavoces han hecho un ejercicio de aproximación muy
positivo, por lo que se aceptan posiciones de unos y de otros, y el texto posiblemente no sólo no quedará desvirtuado sino enriquecido con un debate que ambos proponentes han aceptado, al menos por respeto, unos por ser Gobierno y otros por ser
oposición.
La distinta sensibilidad social de ambas formaciones políticas ha hecho que algunos elementos de las propuestas se singularicen, cuando podrían ser incluidos en puntos genéricos, de forma que un texto consensuado o transaccionado hubiera
podido dar solución satisfactoria a estos temas.
Nuestro grupo no podía negar el voto positivo, a pesar de la no aceptación de la política de consenso, a algunas de estas soluciones. Por ello va a votar favorablemente el texto tal cual ha sido
presentado en cada una de las dos proposiciones, la del Grupo Parlamentario Socialista y la del Grupo Parlamentario Popular. Se da un paso importante en esta Cámara. Posiblemente ambos textos van en el sentido de respetar la información de esta
Cámara en el soporte, el conocimiento de determinadas acciones militares de defensa. También, la necesidad de que el Gobierno explicite en este hemiciclo determinadas acciones o al menos que requiera en determinados foros internacionales una acción
más proporcionada o ecuánime en cuanto al daño relacionado.
Pueden existir diferencias en el entendimiento de la capacidad de actuación y toma de responsabilidades del Gobierno en ciertos puntos con relación a las discusiones y acuerdos que se han tomado en diferentes foros internacionales, como
condonación de la deuda, o las negociaciones con Oriente Medio y con el Magreb. Entendemos que se han dado pasos positivos, que el Gobierno ha sido sensible a este tema, posiblemente no con el espíritu o la apertura que propone la otra proposición
no de ley, pero el compromiso es positivo por parte del Gobierno y por ello, repetimos, nos hubiera gustado esa aproximación. El compromiso de instar a Naciones Unidas a trabajar para un nuevo orden internacional es una propuesta que ambas
proposiciones nos hacen, aunque lógicamente una lo concreta más que la otra, pero, en definitiva, el fin es el mismo, por tanto, entendemos que un texto consensuado hubiera sido posible.
Suponemos que esta propuesta tendrá el voto de ambas
formaciones en algunos puntos; el Grupo Popular se acerca a esta proposición y el Grupo Socialista a la del Grupo Popular, lo cual muestra el talante abierto y positivo de ambas formaciones, a lo que nuestro grupo no quiere sustraerse y por ello
las votará favorablemente. En cuanto a las enmiendas presentadas, nuestro grupo entiende que están fuera del contexto de
las dos proposiciones no de ley y por ello nuestro voto a las mismas será negativo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Grau.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: En relación con las enmiendas presentadas , creemos que el espíritu de las mismas está incluido en lo que se va a votar pero no podemos aceptarlas porque sería imposible una votación separada. Esa es la razón por la
que no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo. Por tanto, no aceptamos las enmiendas presentadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias.
Tiene la palabra el señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.
Entiendo que nosotros no hemos tenido ningún tipo de enmienda a nuestro texto, salvo la votación separada que hemos pedido.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a someter a votación, de acuerdo con las peticiones que se han hecho llegar a la presidencia de votación separada, en primer lugar el punto 6 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso sobre paz y seguridad en el nuevo orden internacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 184; en contra, 109; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación el resto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 282; en contra, 10; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos en un primer bloque los apartados 3, 4, 7, 10 y 13 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre seguridad y nuevo orden internacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 125; en contra, 168; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos a continuación el resto de los apartados de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, los números 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 y 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 292; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO. (Número de expediente 162/000448.)
La señora PRESIDENTA: Punto 7: Proposición no de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, del 18 al 22 de marzo del presente año se llevará a cabo la Conferencia internacional de financiación para el desarrollo en la ciudad de Monterrey, México. Este encuentro está siendo organizado por las Naciones Unidas junto con el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Es una cumbre a la que asistirán tanto los jefes de Estado como los ministros de Finanzas, Hacienda y Comercio.
El documento que será aprobado en Monterrey es el resultado del trabajo de un comité preparatorio en el que han participado activamente todas estas organizaciones internacionales, además de la sociedad civil y del sector privado. Durante
este periodo, el documento sobre el que ha estado trabajando el comité preparatorio ha ido modificándose hasta el acuerdo del pasado 27 de enero y quedó formalmente aprobado el día 15 de febrero.
Como pueden ver, el primer mes y medio de este año,
que ha sido el periodo en el que más se han intensificado las negociaciones, coincide con los seis meses de
presidencia española de la Unión Europea. Ha sido un semestre que ha estado condicionado en gran parte por la declaración de Laeken. En este documento se subraya la importancia de la cumbre de Monterrey, profundizando en algunos de sus
aspectos más destacables.
En lo que concierne a la ayuda oficial al desarrollo, la declaración de Laeken afirma textualmente: El Consejo Europeo ha acogido favorablemente el compromiso de estudiar los medios y el calendario que permitan a cada uno de los Estados
miembros lograr el objetivo de las Naciones Unidas de destinar el 0,7 del PIB para la ayuda pública al desarrollo, así como su compromiso de continuar los esfuerzos para mejorar los instrumentos de cooperación al desarrollo, sobre todo, en los
países afectados por crisis o por conflictos. Señorías, el compromiso internacional con el 0,7 ha sido un clamor en nuestra sociedad. Además, ha venido siendo uno de los puntos de debate más importantes en todo el proceso de preparación del
documento que adoptará la próxima cumbre de Monterrey. No en vano el informe de financiación para el desarrollo, redactado por los servicios del Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional en agosto del año 2001, refleja que el objetivo
internacional de desarrollo debe reducir la pobreza a la mitad antes del año 2015, lo que requiere una duplicación urgente de los flujos de ayuda oficial al desarrollo.
Conviene analizar cuál es el grado de compromiso del Gobierno español con
respecto a la ayuda al desarrollo en general y al 0,7, en particular.
Para analizar este factor conviene situar a nuestro Estado en el entorno europeo. Según la OCDE, la ayuda oficial de España al desarrollo en el año 2000 se situó en el 0,22 por
ciento. En este mismo año, la ayuda oficial de Irlanda, por ejemplo, se situó en el 0,30; la de Finlandia, en el 0,31; la de Francia, en el 0,32; la de Luxemburgo, en el 0,71; la de Suecia, en el 0,8; la de Holanda, en el 0,84; la de
Dinamarca, en el 1,06 por ciento; tan solo Italia, con el 0,13, y Grecia, con el 0,20, destinaron, en términos relativos, menos ayuda oficial al desarrollo que nuestro país.
La coordinadora europea de ONG señaló recientemente que la ausencia de medidas en Monterrey volverían utópicos los objetivos de la Cumbre del Milenio de reducir, como decía, los índices mundiales de pobreza en un 50 por ciento para el año
2015. Nuestro grupo parlamentario coincide con las ONG y señala que es imprescindible anunciar el aumento significativo e inmediato de la ayuda oficial de España al desarrollo, impulsándolo con vistas a alcanzar, con la mayor brevedad, el
compromiso de los países donantes de destinar el 0,7 del producto interior bruto y, concretamente, estableciendo un calendario específico para destinar un 0,15 a los países menos desarrollados. También coincidimos, en particular, con la adopción de
los acuerdos relacionados con el aumento del volumen de la ayuda oficial al desarrollo hasta un mínimo del 0,33 por ciento en el 2006 y con el completo desligamiento de dicha ayuda.
Señorías, todas y todos coincidimos -al menos eso espero- en que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. El tiempo es hoy, es aquí y es ahora. También en lo que se refiere a la estabilidad financiera
internacional, que es un complemento esencial de todas las políticas de desarrollo. Por esta razón, la cumbre de Monterrey contiene un apartado específico denominado el comercio internacional como promotor del desarrollo. A esa estabilidad podían
contribuir propuestas fiscales como las recogidas y reorientadas por diferentes organizaciones, movimientos y asociaciones de ciudadanos. La aplicación de la tasa Tobin permitiría, por ejemplo, la regulación de los mercados financieros,
posibilitando la consecución de fondos para el desarrollo.
Señorías, hay ideas a las que les ha llegado su tiempo y es necesario que esta Cámara cumpla con su vocación representativa, que abra los cauces que permitan reflexionar sobre su viabilidad. En ese camino ya se han dado numerosos pasos, uno
de los más recientes es la comunicación de la Comisión Europea hacia una asociación global a favor del desarrollo sostenible, que señala como una de las acciones europeas la búsqueda de mecanismos innovadores capaces de instaurar una solidaridad
financiera internacional y reducir los efectos externos asociados. Si queremos que los países en vías de desarrollo sean capaces de lograr un crecimiento económico sostenido, es necesario también que tanto los gobiernos como los actores
involucrados, el sector privado y las instituciones financieras internacionales, garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en aras de que se puede predecir el futuro de las inversiones, los riesgos probables, la vulnerabilidad y la
volatilidad en el marco de la prevención de la crisis financieras.
El proyecto de texto de consenso de Monterrey, ya mencionado, contempla también como uno de sus apartados la movilización de recursos financieros a nivel nacional. Es decir, lograr las condiciones internas necesarias para movilizar
suficiente ahorro interno con objeto de sostener niveles adecuados de inversiones en capacidad productiva y humana. Señorías, sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, sé que son conscientes de que la mejor manera de lograr este objetivo
consiste en defender los derechos humanos, universalizar la democracia, impulsar los procesos de pacificación y priorizar la lucha contra la corrupción. Ahora bien, los socialistas, y gran parte de la sociedad civil, consideramos que después de la
democratización de los países en vías de desarrollo es necesario aplicar un nuevo enfoque a los planes de ajuste estructural, porque, tal y como se conciben, refuerzan a un sector privado que no tiene en la mayoría de los casos ninguna vocación de
reducir la pobreza. Dentro de la agenda de financiación de la ayuda oficial al desarrollo tenemos que priorizar las cuestiones relacionadas con los bienes
públicos globales, que si bien antes eran de índole nacional, hoy, como consecuencia de la globalización, son internacionales, como lo sería hoy también el medio ambiente, el agua, etcétera.
Estamos hablando de una serie de impulsos al desarrollo equitativo global que no harán cristalizar por sí solos los objetivos del milenio si no van acompañados de una nueva manera de abordar el problema del tratamiento de la deuda externa.
Este tema no sólo tiene un protagonismo evidente en todo el proceso preparatorio de Monterrey, sino que también es una de las prioridades de la Unión Europea. De hecho, apenas unos días antes de que nuestro país asumiese la presidencia, la
declaración de Laeken señaló que el Consejo Europeo se ha congratulado de la organización el pasado 30 de octubre de una conferencia sobre los efectos de la mundialización y del mandato conferido a la Comisión para analizar sus aspectos financieros
y, en particular, la reducción de la deuda y los métodos alternativos de financiación del desarrollo. Además, recientemente, la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
hacia una asociación global en favor del desarrollo sostenible señala textualmente el objetivo de acelerar y ampliar el proceso de reducción de la deuda, de conformidad con la iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados y estudiar
propuestas innovadoras de conversión de la deuda, incluida la iniciativa Deuda para el medio ambiente.
Siguiendo estas líneas de trabajo, hemos redactado una proposición no de ley que contempla, en primer lugar, la cancelación total de la deuda bilateral oficial pendiente de los países menos adelantados que se encuentran entre los más
endeudados. En segundo lugar, la cancelación de la deuda multilateral en el marco de la iniciativa ampliada a favor de los países menos adelantados que sean países más endeudados. Y, en tercer lugar, el examen caso por caso de las medidas para el
alivio de la deuda de los países menos adelantados que no sean países más endeudados como parte integrante de los procesos de desarrollo.
Señorías, voy a terminar mi intervención apelando a su responsabilidad y a su solidaridad. La próxima cumbre sobre financiación al desarrollo culmina un proceso iniciado en la pasada década, no es una cumbre más; de su éxito o su fracaso
dependerá que dentro de 13 años se haya o no se haya reducido a la mitad la pobreza global. El pasado 11 de marzo, ayer mismo, el Consejo de Asuntos Generales logró obtener un principio de acuerdo, aunque no unánime, en torno a la comunicación
relativa a la preparación de la Conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo. Esto significa, en primer lugar, que la Unión Europea tendrá en el Consejo Europeo de Barcelona una oportunidad de ejercer su voluntad en el impulso de
una serie de medidas que muestren el compromiso europeo con la solidaridad, y en segundo lugar, que la responsabilidad de la actuación comunitaria en Monterrey, unánime, recae directamente sobre el país que ostenta los seis meses de presidencia de
la Unión Europea, nuestro país. Por eso nos parece positivo que haya un principio de acuerdo, por eso queremos reforzar ese espíritu y que esta Cámara se pronuncie en dicho espíritu. Esto es lo que hemos querido esta tarde aquí. Y tengo que
decirles que no podemos decepcionar a la ciudadanía, a las miles de personas que viven en la pobreza. Por eso debo añadir que quien nos ha decepcionado es el Grupo Popular, que no ha hecho los deberes, ni siquiera ha presentado una enmienda para
intentar consensuar una iniciativa que se hiciera eco de esa unanimidad en este Parlamento.
Señores del Partido Popular, con esa actitud demuestran su falta de compromiso y, sobre todo, su talante político.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
Esta mañana, en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo, hemos tenido ocasión de debatir de manera amplia con el secretario de Estado, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, los contenidos que aborda esta iniciativa que esta
tarde nos plantea el Grupo Socialista. Esta mañana todos coincidíamos en la importancia de la reunión de Monterrey.
En Monterrey el conjunto de la comunidad internacional va a reunirse para intentar ponerse de acuerdo sobre los mecanismos de
financiación del desarrollo en el marco de los objetivos que se fijaron en el año 2000 en la Cumbre del Milenio. La reunión de Monterrey, junto con la reciente reunión de Doha y la próxima de Johannesburgo, constituyen tres estrategias globales de
la comunidad internacional para hacer posible que el proceso de globalización económica tenga un carácter inclusivo, que se convierta en la efectiva oportunidad para todos los pueblos del planeta.
Además, esta mañana destacábamos que la reunión de
Monterrey tenía características especiales por sus asistentes: el conjunto del sistema de Naciones Unidas, el conjunto de Estados del mundo; por las grandes instituciones financieras internacionales: el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, así como por la agenda de cuestiones que se iban a debatir allí: la movilización de recursos financieros para el desarrollo, la movilización de la inversión extranjera directa y otros capitales privados, el comercio internacional, la
asistencia oficial para el desarrollo, el alivio de la deuda, los sistemas internacionales monetarios, financieros y comerciales; por tanto, una agenda muy importante.
Esta mañana manifestaba mi grupo su coincidencia con las posiciones formuladas por la Comisión Europea en noviembre del año pasado ante esta cumbre. La Comisión, el Gobierno de Europa, apostaba, por ejemplo, por un compromiso claro de los
países de la Unión Europea para alcanzar en su propio seno un determinado objetivo en ayuda oficial al desarrollo. La Comisión Europea planteaba que en el horizonte de 2006 todos los Estados de la Unión alcanzasen el 0,3 por ciento de su PIB a la
ayuda oficial al desarrollo, cosa que permitiría alcanzar al conjunto de la Unión el 0,39.
La Comisión apostaba por plantear un debate sobre los estándares de calidad de la propia cooperación al desarrollo. Enlazando con los planteamientos del
secretario general de Naciones Unidas, el señor Kofi Annán, la Comisión Europea apostaba por desarrollar el concepto de bienes públicos globales, asimismo afirmaba la necesidad de que esta movilización de recursos necesarios se hiciese en clave de
adicionalidad, que no supusiese un retraimiento de los recursos hoy existentes. Decía también la Comisión Europea que en el núcleo duro de la cuestión a debatir en Monterrey se situaba el objetivo de erradicación de la pobreza y se marcaba como
objetivo resolver la situación de 1.200 millones de personas que viven con menos de un dólar al día y de 1.600 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día. Recordaba la Comisión Europea que si en 1960 entre el 20 por ciento de la
población más rica del mundo y el 20 por ciento de la población más pobre del mundo había una diferencia de treinta a uno, hoy existe una diferencia de noventa a uno. Eso lo recordaba la Comisión Europea y eso forma parte de ese debate de Monterrey
de la próxima semana, formó parte del debate de ayer de los ministros de Asuntos Exteriores y formará parte del debate del Consejo Europeo de este fin de semana. También nos recordaba la Comisión Europea la necesidad de la coherencia del conjunto
de las políticas públicas y la complementariedad de todos estos instrumentos. Europa, el Banco Mundial, el mundo, hoy entienden que no es posible contraponer libre comercio con ayuda oficial al desarrollo; que no es posible contraponer buen
gobierno a la necesidad de erradicar la pobreza. Todos son instrumentos que nos deben permitir construir este mundo inclusivo.
En Nueva York, en enero de este mismo año, se acordó el documento que se va a debatir en Monterrey. Es evidente que esta mañana hemos podido discutir la valoración de ese documento con el señor Cortés; o este mediodía algunos diputados, en
una comida de trabajo con los representantes del PNUD. Seguramente, para aquellos que pensaban que Monterrey iba a ser un fracaso el documento aprobado en enero es un buen documento, con una serie de compromisos que suponen un avance significativo,
a nivel conceptual, por parte de la comunidad internacional. Para aquellos que esperaban que en Monterrey se definiese un calendario preciso, que supusiese compromisos concretos de la comunidad internacional, seguramente Monterrey es frustrante.
Como grupo, nosotros preferimos entender que el documento de Monterrey es un paso adelante, que es positivo, pero que también queda lejos de los compromisos que hubiera sido bueno que la comunidad internacional hubiese adoptado. Por tanto,
continuar insistiendo en que en Monterrey el mundo se comprometa a erradicar la pobreza, que los países ricos y muy especialmente aquellos que no contribuyen suficientemente en esta solidaridad movilicen sus recursos, nos parece un acto político de
generosidad, cargado de ética y, por tanto, profundamente democrático si hoy lo aprobara esta Cámara.
En la reunión de ayer del Consejo de ministros de Asuntos Exteriores, del Consejo de Asuntos Generales, la presidencia española defendió la posición de la Comisión Europea, y esta mañana le hemos dicho al señor Cortés que coincidimos con
esta posición formulada por la presidencia de la Unión Europea en el sentido de comprometer al conjunto de Estados miembros de la Unión a alcanzar el 0,33 por ciento. Es más, nos gustaría que ese acuerdo también lo asumiese España en la perspectiva
del año 2006, en lo que hace referencia a sus propios compromisos presupuestarios.
Las enmiendas que presenta Convergència i Unió a esta iniciativa del Grupo Socialista pretenden complementar, en cuestiones de fondo y de matiz, lo que es la propia propuesta del Grupo Socialista. Respecto a las enmiendas simplemente me
gustaría destacar algunas consideraciones. Una consiste en recordar que es bueno que se incorpore en este texto que aprobamos la necesidad de facilitar las corrientes de inversiones directas hacia los países en desarrollo, en especial los de
África; la inversión directa como un elemento a considerar. Dos, que en materia de comercio internacional recordemos los compromisos de Doha sobre el acceso a fármacos baratos para combatir aquellas enfermedades que afectan a los países más
pobres. Planteamos que se incorpore, y el propio sistema de Naciones va ya en esa línea, la vinculación entre las políticas de inmigración y las políticas de desarrollo. Y planteamos que el conjunto del sistema financiero de carácter multilateral
incorpore en sus programas nacionales de reforma las necesidades de los pobres y medidas que permitan reducir la pobreza. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
De la iniciativa del Grupo Socialista compartimos su filosofía, compartimos prácticamente el conjunto de aportaciones. Seguramente tendríamos algunas dudas sobre los puntos 3 y 4 -los que hablan de esa desvinculación entre la ayuda oficial
al desarrollo y los tres tipos de créditos a la exportación; nos parece que aun este tipo de instrumentos podrían ser útiles para avanzar hacia esos objetivos-, pero en aras al consenso, que nos parece oportuno y necesario, vamos a aceptar el texto
que se nos formula por parte del Grupo Socialista. Es más, después del debate de esta mañana nos
parece interesante que la Cámara pueda expresar su apoyo a esa posición defendida por la Comisión Europea y por la presidencia de la Unión Europea ayer en el sentido de comprometer al conjunto de Estados miembros a alcanzar, todos ellos, el
0,33 en el año 2006. El que hoy el Parlamento apruebe una proposición en este sentido refuerza al Gobierno en su capacidad de intentar convencer al conjunto de Estados de la Unión este sábado, en su compromiso en este sentido en la reunión de
Barcelona. Por tanto, añadimos una enmienda in voce a la expresada en el sentido de apoyar la propuesta de noviembre del año 2001 de la Comisión Europea, reafirmada por la presidencia española, en el sentido de comprometer al conjunto de Estados
miembros a incrementar su AOD desde ahora hasta el año 2006 hasta alcanzar el 0,33 del PIB en ayuda oficial al desarrollo, suponiendo alcanzar una media de gasto en AOD del 0,39 del PIB en el conjunto de la Unión. Nos parece que reforzaríamos a la
Comisión y que reforzaríamos el trabajo hecho en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ayer, al mismo tiempo que mantendríamos ese posicionamiento político del Congreso de los Diputados pidiendo que en la reunión de Monterrey se asumiesen
más compromisos. Estamos convencidos de que en esta materia, tomando como base el texto formulado por el Grupo Socialista y las enmiendas formuladas por Convergència i Unió, esta Cámara podría alcanzar un consenso que el conjunto de la opinión
pública española entendería perfectamente. Ojalá sea posible.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Campuzano.
Turno de fijación de posición. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley, tal y como ha sido presentada por el Grupo Socialista.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta proposición no de ley y va a seguir reclamando un mayor compromiso del Gobierno español y de la Unión Europea con un orden económico internacional más justo y en concreto con la consecución de
los objetivos de desarrollo del milenio, fijados en su momento por Naciones Unidas; es decir, no sólo que los países desarrollados aporten un 0,7 por ciento de su producto interior bruto, sino que casi podríamos decir que dejen de aportar el
porcentaje de su producto interior bruto para gastos militares; el establecimiento de tributos que graven las transacciones internacionales, sobre todo los movimientos internacionales de capital -ésta sería una buena fuente para financiar este
desarrollo-; priorizar y garantizar -siempre que la deuda externa no sea odiosa y, por tanto, deba considerarse nula o que por otro tipo de razones no deba ser condonada- que el servicio de la deuda no impida que los países menos desarrollados
puedan conseguir estos objetivos del milenio fijados por Naciones Unidas en materia de educación, sanidad, igualdad de géneros, etcétera. También, que las relaciones entre Estados acreedores y Estados deudores sean relaciones más justas, más
equitativas y que, como pide la Coordinadora europea de ONG, estén regidas, estén reguladas y sus controversias puedan ser resueltas a través de instituciones arbitrales imparciales y no, como ahora sucede, a través de instituciones privadas y más
bien parciales; evaluar el impacto que sobre la pobreza, sobre el medio ambiente, sobre la igualdad de género, sobre la seguridad alimentaria, tiene el ordenamiento internacional que regula el comercio y las inversiones. En esta línea, quiero
recordar lo que nos decía a un grupo de diputados, la semana pasada, el catedrático Ramón Torrent, que debemos prestar más atención a lo que votamos, sobre todo los jueves a primera hora, cuando votamos convenios internacionales en materia de
protección de inversiones o, como ocurrió la semana pasada, en materia de relaciones entre la Unión Europea y los países ACP, que en realidad esconden regulaciones totalmente leoninas que nunca, salvo que esos convenios no fuesen entre el Estado
español y países menos desarrollados, si estuviésemos en el lugar de un país menos desarrollado, quisiéramos que se nos aplicasen.
Desde luego, en el Bloque Nacionalista Galego ya aplicamos la lección y la semana pasada votamos en contra de estos
convenios.
Entre los objetivos del milenio también hay cuestiones como asegurar la participación efectiva de todos los países en los organismos financieros y comerciales internacionales en igualdad de condiciones o exigir el respeto a la soberanía de
los pueblos para determinar cuál es su modelo de desarrollo, qué modelo de desarrollo quieren conseguir, siempre y cuando este modelo de desarrollo garantice la consecución de unos objetivos en materia, como dije anteriormente, de sanidad,
educación, alimentación, etcétera.
Por todas estas razones, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Esperamos que este voto positivo pueda ser compartido por el Grupo Popular e incluso, yendo más allá, que pueda ser compartido por otros Estados europeos, muchos
de ellos con Gobierno socialdemócrata, que en este momento parecen no estar demasiado dispuestos a llegar a ese acuerdo de mínimos que se propone en el ámbito de la Unión Europea, ese acuerdo del 0,33 por ciento para el año 2006. Repito, espero que
la Unión Europea pueda llegar a la cumbre de Monterrey con una posición unificada que permita que de Monterrey salga un avance real y efectivo hacia un orden mundial económico más justo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, pocas veces dos debates están tan ligados como el que hemos mantenido en el punto anterior y en éste. Antes discutíamos sobre la creación de un nuevo orden internacional y vimos cómo por parte del portavoz del Partido Popular
había interés en llegar a acuerdos con otros grupos; evidentemente, no con Izquierda Unida, puesto que las posturas eran plenamente diferentes. En el punto anterior hablábamos de ese orden internacional nuevo y del terrorismo, y la verdad es que
está totalmente ligado con este tema. Está claro que el terrorismo no tiene ninguna justificación, pero también es verdad que el terrorismo sí tiene un caldo de cultivo, que es la pobreza y la miseria en la que vive gran parte de la humanidad. Por
tanto, eliminar causas de subdesarrollo, eliminar pobreza y miseria en el mundo también es combatir el terrorismo y generar un nuevo orden internacional, que para que sea realmente nuevo tiene que ser fundamentalmente justo y solidario.
Por eso, nos parece importante que de esta Cámara saliese hoy un pronunciamiento favorable en relación con una serie de cuestiones que se nos plantean en la proposición no de ley del Partido Socialista, a las que entendemos que es difícil
oponerse. Nosotros no entendemos cómo el Partido Popular se puede oponer a una serie de iniciativas que a estas alturas ya deberían estar asumidas por todo el mundo. Porque se puede ir mucho más allá de lo que aquí se plantea por parte del Partido
Socialista Obrero Español, pero difícilmente nos podemos quedar más acá. Estamos hablando de un acuerdo que puede no ser de mínimos, pero sí asumible por todos los grupos. Por lo menos, es lo que no hace mucho tiempo, en las elecciones, todos los
grupos hablábamos de defender. Por tanto, a nosotros nos preocupa que el Partido Popular pierda una ocasión para conseguir un acuerdo que, en primer lugar, beneficiaría al Gobierno que sostiene, porque le permitiría ir a la presidencia de la Unión
Europea con un acuerdo unánime de esta Cámara que es perfectamente compatible con lo que está defendiendo la Unión Europea en estos momentos. Repito, cuando eso no se produce es por algo y eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que el Partido
Popular ni siquiera haya hecho un esfuerzo, ni siquiera haya presentado una enmienda, ni siquiera -como en otras ocasiones ha hecho- haya utilizado la enmienda de Convergència i Unió para hacer de puente. Se ha limitado o se va a limitar a oponerse
a esta iniciativa. Realmente nos preocupa porque sitúa al Partido Popular en un sitio que no es el que le corresponde y si se sitúa de forma voluntaria es porque el Partido Popular en estos momentos enseña su verdadera cara y se sitúa en lo él
entiende por nuevo orden internacional, un nuevo orden internacional en el que se puede combatir el terrorismo con toda clase de armamentos, pero no se puede combatir la pobreza con la única arma que es mediante las propuestas que aquí se plantean.
Creo que todavía podemos estar a tiempo, ya que no ha intervenido el portavoz del Partido Popular. Estamos abiertos a que se nos sorprenda y que por parte del Grupo Parlamentario Popular se haga un esfuerzo y se intenten buscar elementos de
síntesis, porque, repito, una vez que uno los lee y relee, difícilmente el Partido Popular puede votar uno por uno que no a estos puntos. En esta Cámara se han alcanzado en otras ocasiones acuerdos importantes sobre temas de cooperación y que hoy
no se alcance este acuerdo no es ni más ni menos que un fracaso del Gobierno del Partido Popular. Evidentemente, el Partido Popular tiene mayoría parlamentaria, pero se sitúa de una forma aislada frente a otros grupos parlamentarios y se sitúa en
una posición difícil de explicar, no en esta Cámara, donde los que hablan son los botones, pero sí en la sociedad, donde los que hablan son los colectivos sociales y las razones.
Para terminar, Izquierda Unida va a votar favorablemente, como no puede ser de otra manera, esta proposición no de ley. Lamentamos que no sirva para avanzar en ese camino; quizás podría hacerse con más serenidad que como lo plantea esta
iniciativa, pero no hemos presentado enmiendas porque entendíamos que de esa manera podíamos facilitar mucho más el consenso. Alcanzar hoy un acuerdo, aunque fuese de mínimos, sería importante porque significaría que la presidencia española de la
Unión Europea, en este caso, sería útil. De otra manera, señor Izquierdo, nosotros creemos que sitúa a su Gobierno en una posición muy difícil.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señora presidenta, señorías, cuando tuvimos conocimiento de que se presentaba esta iniciativa lo primero que hicimos fue preguntarnos por qué, con toda legitimidad, por qué esta iniciativa ahora, hoy y esta
semana, cuando el Grupo Parlamentario Socialista, el 26 de febrero, registraba en la Cámara una interpelación al Gobierno sobre esta misma cuestión. Tres días después, el 1 de febrero, redactaba la proposición no de ley que hoy debatimos. El Grupo
Parlamentario Socialista podía haber elegido otro momento para este debate, cuando la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha debatido sendas proposiciones no de ley no hace mucho tiempo, dos semanas, sobre las prioridades de la
presidencia española de la Unión Europea en materia de cooperación, donde la Conferencia de Monterrey es
uno de sus argumentos principales y donde la posición del Gobierno está clara. Nos preguntamos por qué esta iniciativa cuando se han producido no hace mucho comparecencias del Gobierno en diferentes ámbitos en esta Cámara expresando con
claridad cuál era la posición del Gobierno.
Subo a esta tribuna con mucha satisfacción, e incluso ciertamente estimulado por alguna de las cuestiones que aquí se han dicho, porque SS.SS. saben que llevo muchos años en estas cuestiones. ¿Estimulado, por qué? Porque no me lo pueden
poner más fácil. Si buscan un titular, no lo tienen, porque España ha duplicado la ayuda al desarrollo en los últimos seis años. Este país, con ustedes, daba 155.000 millones de pesetas. Hoy hacen mucha retórica, pero cuando tuvieron la
oportunidad de no hacer retórica no hicieron nada. Hoy estamos cerca de los 300.000 millones. Les recuerdo que España recibía fondos de ayuda al desarrollo en 1981 y hoy es el duodécimo donante del mundo. Esta mañana nos recordaban -¿verdad,
señor Campuzano?- que para The Economist, algunas universidades y estudiosos dos países eran los más generosos del mundo: Estados Unidos destina a la filantropía, a la generosidad, el 1 por ciento y España el 0,9, porque hay que sumar no solamente
lo que está en los presupuestos sino también lo que las leyes fiscales, los incentivos fiscales al mecenazgo, a la cooperación, a la ayuda y a la solidaridad hacen a este país el segundo del mundo. Por tanto no tienen titular.
¿Por qué presentan esta iniciativa? Porque esta semana se celebra la cumbre de Barcelona y el PSOE se va de viaje a la cumbre de Barcelona a manifestarse con el movimiento antiglobalización -me explicaré- y quizá necesitan una bandera de
enganche. ¿Necesita, señora diputada, una bandera de enganche? ¿Necesita algún diputado caldear el ambiente? (Rumores.) Lo que están intentando hacer y hacen es confundir a los ciudadanos. Además, con seriedad ya, señorías, se equivocan
profundamente. (Rumores.) Se equivocan los que se van a manifestar en Barcelona. Los violentos se equivocan por dos razones, porque son violentos y porque les falta la razón. El movimiento antiglobalización es una especie de confabulación
variopinta de intereses oscuros para defender los privilegios de los de siempre. (Rumores.) Sí, señorías, con agricultores multimillonarios franceses, la ultraderecha francesa y la izquierda radical, con esos se van a manifestar ustedes para
defender los privilegios de unos pocos. (Rumores.) Sin embargo, hay gente de buena fe que creyendo defender causas que son justas se suman a esta cuestión. Yo digo que se equivocan también manifestándose en Barcelona. Y no le voy a contestar yo
ni el Gobierno ni el Grupo Popular, señoría, le va a contestar el president de la Generalitat de Catalunya, porque le voy a leer declaraciones de hoy: Pujol considera absurdo manifestarse contra el modelo económico y social de la Unión Europea, que
calificó como el mejor del mundo. (Un señor diputado: No te van a dar una medalla.) No podemos permitir que pongan en entredicho el modelo europeo y reclamó que expongan qué modelo alternativo quieren. Dice Pujol: No podemos permitir -sí, señor
Campuzano, atienda- que la ciudadanía de Cataluña no valore muy positivamente la cumbre; la ciudadanía tiene que estar contenta de pertenecer a esta Europa. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Yo le digo lo mismo
exactamente: Váyase a Barcelona, diga que el Gobierno español no aumenta la ayuda el 0,7, que es lo que pretende buscar hoy con este titular, y le contestaré siempre lo que ha dicho con responsabilidad el presidente de la Generalitat, y a algunos
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno les pido un ejercicio de responsabilidad. Además no tienen bandera, señora Pajín ¿Por qué no tienen bandera? Porque ayer el Consejo de Asuntos Generales aprobó una propuesta de España en la que se pide
lo que usted pide (Rumores.), con 12 votos a favor, dos votos en contra de dos países por razones distintas y un país que no está dispuesto a dar el 0,33, Alemania -usted lo sabe-, Gobierno socialdemócrata. Luego le hablaré de la cuestión porque a
algunos les gusta mucho ir de viaje y ahora se van a Barcelona, pero a lo mejor tendrían que coger el camino de Berlín para intentar convencer al canciller Schroeder de que apoye la posición de España y de la Unión Europea. Además no tienen
bandera, señora Pajín, porque usted sabe -es cortesía parlamentaria decir que sabe, debería saber aunque creo que no lo sabe- (Rumores.) que España y la comunidad internacional hace muy poco firmaron en Nueva York el consenso de Monterrey, luego ya
está firmado no sólo por los países donantes, también por los países receptores de la ayuda, cientos de países. Ahí está la posición de España y de la Unión Europea, firmados 73 puntos ¿Qué enmienda quiere que le presentemos? ¿Los 73 puntos?
Ahora hablamos de su iniciativa. Presentan una iniciativa con prisas derivadas de intereses estratégicos que yo creo -permítanme el enfado- que no son legítimos en este caso, aunque es muy legítimo que ustedes pretendan equivocarse. Se
olvidan de que la democracia es un prerrequisito imprescindible para el desarrollo (acuerdos de Monterrey); se olvidan de que la lucha contra la conrrupción es fundamental para el desarrollo; se olvidan de que las operaciones de condonación de
deuda tienen que condicionarse al desarrollo; se olvidan de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; se olvidan del terrorismo, de la paz y de la seguridad. ¿Quién no ha hecho los deberes, señora Pajín? (Una señora diputada: ¡Es
desesperante!) Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Popular está muy clara. Podemos perfectamente sentirnos orgullosos, legítimamente orgullosos de la posición del Gobierno de España, de su posición rotunda y convincente expresada ayer en
la Comisión de Asuntos Generales,
que se expresará en la cumbre de Barcelona y se expresará en la Conferencia de Monterrey, que por mal que les pese a algunos será un éxito, como será un éxito la cumbre de Barcelona por mal que les pese a algunos, a algunos más o a algunos
que se suman al final, y lo que no será un éxito, señorías, será la protesta contra un modelo social y económico, como ha dicho el presidente de la Generalitat, que todos compartimos.
Gracias, señora presidenta; gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Izquierdo.
Señora Pajín, a los efectos sólo de señalar si acepta o rechaza la enmienda presentada, tiene S.S. la palabra.
La señora PAJÍN IRAOLA: De la única enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) aceptamos el punto 1, que sustituiría al punto 1 de nuestra proposición no de ley, y aceptamos los puntos 3, 5 y 6 como adición
al final de los nuestros reflejados en la proposición no de ley. Aceptamos también la enmienda in voce del portavoz del Grupo de Convergència i Unió, en aras de intentar un consenso al que evidentemente el Partido Popular no ha querido que se
llegara.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Pajín.
Señorías, espero que la enmienda que ha formulado in voce el portavoz de Convergència i Unió la pase a la Mesa para que podamos tener constancia a la hora de su votación. Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo en los
siguientes términos. El punto 1 de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es sustituido por el punto 1 de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Asimismo, al texto inicial del Grupo Parlamentario
Socialista se adicionan los puntos 3, 5 y 6 de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como el texto transaccional puesto de manifiesto in voce por el portavoz del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 135; en contra, 169.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA FIABILIDAD Y LA UTILIZACIÓN DE LOS INFORMES DEL SERVICIO EXTERIOR. (Número de expediente 173/000114.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de
los informes del servicio exterior. Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, vamos a debatir una moción en la que se invita a la Cámara a reprobar a dos ministros y al cese de un embajador. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Habrá quienes pretendan que esta moción es un ejercicio torpe de la oposición, una propuesta exagerada y fuera de lugar. Veamos lo que ha pasado en la versión oficial. Primera fase: es una anécdota y un cotilleo,
no se hable más. Segunda fase: descubierta ya la falsedad, es una información mal procesada, es un error de información o es un malentendido anecdótico; señores, son cosas que pasan. Tercera fase: señores de la oposición, dejen de dar la lata
que vamos a presentar nuestras excusas, pelillos a la mar, esta vez nos ha salido mal, hasta la próxima.
Señorías, así no se recupera la calidad de nuestra democracia y así se perturban gravemente las relaciones exteriores. Este no es un problema de buena o mala educación o de formas. Lo que ha ocurrido es un hecho muy grave que justifica la
reprobación de dos ministros y el cese del embajador. Estas son nuestras conclusiones. Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que se ha utilizado información diplomática para montar una operación política. Es cierto que los
ministros opinan y hablan de política interior, también los ministros de Exteriores pueden opinar de política y puede haber posiciones políticas equivocadas de todos nosotros, del Partido Popular y del Partido Socialista; opiniones equivocadas,
pero nunca antes se había utilizado el servicio exterior para, sobre una información falsa, establecer un juicio político sobre la lealtad y el patriotismo de un ex presidente del Gobierno y de un partido político. En el pasado hemos tenido
conflictos y diferencias con países terceros, y los tendremos, pero nunca se había producido el caso de que una embajada
española, un Gobierno español se permitiera involucrar a un primer ministro y a un jefe de Estado de un país extranjero en una operación política interna. Tampoco es habitual en las relaciones diplomáticas que se obligue, se fuerce a un
primer ministro de otro país a desmentir personalmente a otro Gobierno. Esto no es normal, no es habitual; es un hecho que sólo se produce en las condiciones peores de una relación diplomática. Se han roto las normas básicas del servicio exterior
relativas a la confidencialidad y deber de reserva. Un informe del servicio exterior es un documento bajo custodia del Gobierno, bajo la custodia directa del ministro de Asuntos Exteriores, y no se divulga, no se filtra por otro ministro para
montar una operación política destinada a demostrar la pretendida podredumbre moral de la oposición que les lleva a ser desleales y a actuar contra los intereses nacionales, que era el objetivo político que ustedes perseguían. Aquí reside la
responsabilidad de los dos ministros, el ministro que lo filtró, el Portavoz, y el ministro de Exteriores que le dio cobertura a la falsedad a pesar de que ya se había producido un desmentido rotundo y categórico de las dos partes, de don Felipe
González señalando que era rotundamente falso y del consejero del primer ministro marroquí, Mohamed Benyaia, que dijo que el señor Yussufi estuvo todo el día en Rabat celebrando la pascua del cordero, es imposible que estuviera en Tánger con el
señor González. La bola, el bulo, la operación continuó a pesar de este desmentido de las dos partes, y cito al medio de comunicación que se prestó a este lamentable episodio: La Moncloa recibió un informe escrito de la embajada española
ratificando esta reunión. Y como desde la Moncloa se siguió con el bulo, fue necesario que el primer ministro marroquí tuviera que desmentir públicamente una información falsa que se propagaba desde las oficinas de otro presidente, desde la
Moncloa, a través del servicio de Portavoz. Esto no es normal. Cuando un jefe de misión, como ha sido el caso, produce un conflicto de este calibre, ¿de verdad piensan ustedes que puede permanecer en su puesto como si no hubiera pasado nada?
Mantengo la pregunta que le hice al señor Piqué. Imaginen un embajador extranjero aquí en Madrid que embarca al rey don Juan Carlos y al presidente Aznar en una situación semejante, el presidente Aznar se ve obligado a intervenir personalmente para
desmentir al otro Gobierno y el Gobierno que ha causado el problema le replica al señor Aznar: Esto es un cotilleo y además le mantengo al embajador causante del estropicio. ¿Esto ayuda a recuperar las relaciones con cualquier otro país? Nadie
sensato puede justificar que el embajador permanezca en su puesto. Se nos dijo de una manera solemne que si el Gobierno cree a Yussufi debe destituir al embajador. Eso se nos dijo una semana y ahora se puede ver que aquí no dimite nadie porque
aparentemente el problema es que los socialistas somos maleducados. No aceptamos la respuesta del Gobierno sobre la ausencia de información, sólo verbal o telefónica al decir del ministro Piqué. Hubo información escrita y si se filtró a este
periódico, a este medio de comunicación, se debe enviar a la Cámara como hemos pedido. No podemos aceptar en consecuencia el ejercicio de tartufismo político de decir: Y ahora demuéstrelo usted. El Gobierno debe mandar estos informes.
Vamos a
compararlos y se pondrá en evidencia lo obvio y lo evidente: es una operación política en la que por su sola falsedad debe haber responsabilidades políticas. Además, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos decir algo. Pensamos que es un
error de su parte, aunque nos saquen 10, 20, 30 puntos en las encuestas del CIS, volver otra vez en pleno siglo XXI a la historia del conde Don Julián que vendió España al moro Muza. Aquí al parecer no paga nadie, y aquí, señorías, pasó lo de
siempre: han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. Al parecer se trataba de un problema de buena educación. Cosas veredes, amigo Sancho. (Fuertes aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Con brevedad, el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que se reprueba a dos ministros del Gobierno y se demanda el cese del embajador en Marruecos.
(Rumores.) Y lo hacemos,
señoras y señores diputados...
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que más allá del rifirrafe político lo hacemos por convicción de que en el respeto a las normas, usos y comportamientos, en democracia debe el Gobierno ocupar la primera línea.
No es aceptable en democracia
que como parece demostrado se dé a conocer desde el Gobierno una noticia falsa que afecta a un ex presidente con finalidades que el propio Gobierno sabrá pero que, en cualquier caso, irían dirigidas a desprestigiar su figura. Por cierto, al mismo
tiempo esta noticia ayuda a enturbiar las relaciones con otro país, en este caso Marruecos, ya no muy buenas. No nos parece aceptable que una vez reconocido el error por el Gobierno todo se salde con una petición de disculpas a destiempo. En
sociedades democráticas, actuaciones de miembros del Gobierno como ésta deberían saldarse como mínimo asumiendo responsabilidades políticas y dimitiendo o siendo cesados por el presidente, salvo que éste ampare este tipo de actuaciones. Señorías,
si actuaciones del Gobierno como ésta, que afectan nada menos que a un ex presidente, no tienen repercusión alguna desde el punto de vista de la asunción de responsabilidades políticas imagínense
ustedes lo que nos puede esperar al común de los mortales. Sobre cualquiera de nosotros o de las fuerzas políticas podría verse el Gobierno tentado a difundir noticias falsas sin que nada pasase, y esa posibilidad, comprenderán, es
francamente grave.
En resumen, señoras y señores diputados, por higiene democrática, por respeto a las mínimas formas que deben regir en democracia es por lo que vamos a votar a favor de esta moción.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ya dijo la semana pasada que estábamos ante un hecho grave, porque es grave que se fabrique una información falsa en una embajada y es grave que esa información se filtre a la prensa. También
dijimos que era mucho más grave que al final no haya nadie que asuma ningún tipo de responsabilidades, que no se haya abierto ningún expediente, un expediente que se hubiese abierto en cualquier negociado de cualquier administración si se hubiera
producido un hecho similar. Es realmente grave que el ministro Piqué venga a esta Cámara de una manera frívola, como ya le dijimos, simplemente a decir que venía a pedir disculpas y que no asumía ningún tipo de responsabilidades, porque alguien
tiene que tener la responsabilidad de lo que ha ocurrido aquí. Un ministro no viene al Parlamento a pedir disculpas, un ministro viene al Parlamento a dar explicaciones, un ministro viene al Parlamento a explicar un hecho que ha pasado porque así
se lo demandaban desde la oposición. No puede venir simplemente a pedir disculpas; tiene que explicar cómo se fabricó esa información falsa, también tiene que explicar cómo y por qué se filtró a la prensa y tiene que decir, en definitiva, qué
funcionarios, qué políticos asumen responsabilidades. Si no se hace así es porque el mismo ministro asume la responsabilidad como máximo responsable de nuestros asuntos exteriores. Por tanto, entendemos que se pidan responsabilidades al ministro y
entendemos que hoy aquí se pida su reprobación, porque ha sido el propio ministro quien la ha asumido dando la callada por respuesta a la petición de explicaciones, y cuando no las da no es porque no las tenga sino porque no pueda darlas porque
quizás en el Gobierno esté el origen de la información.
Quiero referirme también a una frase del señor Pío Cabanillas que nos preocupa mucho, cuando dijo que la mejor manera de que no hubiese malentendidos era no viajar a Marruecos. Nos preocupa mucho porque parece que el señor Cabanillas añore
tiempos en los cuales había que pedir permiso para viajar fuera de este país o cuando uno viajaba fuera del país corría el riesgo de no poder volver. Es evidente que ningún ministro puede recomendar a ningún español que para que no haya equívocos
no viaje fuera de este país. Esas no son actitudes de un gobierno. Y no vamos a hablar del embajador de España en Marruecos, que ha quedado totalmente desautorizado y que supone en estos momentos un problema añadido a las relaciones entre España y
Marruecos. El Partido Popular tiene hoy aquí la posibilidad de asumir responsabilidades, aunque evidentemente no lo va a hacer porque no lo ha hecho hasta ahora. Se situarán de nuevo defendiendo un comportamiento que es inexplicable, una actitud
que ningún gobierno democrático puede admitir, sin que ni siquiera se haya abierto un expediente informativo para determinar responsabilidades. Por eso, Izquierda Unida va a votar a favor de la moción.
Para terminar, he de decir que nos preocupó que el señor Piqué, en su intervención, ni siquiera se comprometiese a que este hecho no se volviese a repetir. El Gobierno ni siquiera ha dado garantías de que no se vuelva a repetir con
cualquier ciudadano de este país algo como lo que ha ocurrido en la Embajada de España en Marruecos. Repito que es una actitud intolerable, una actitud no propia de un gobierno de un Estado democrático y que por tanto merece la reprobación de esta
Cámara, merece la repulsa y merece la crítica por ni siquiera comprometerse a que esto no vuelva a ocurrir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, si me permiten el símil musical, diríamos que la moción presentada por el Grupo Socialista propone trasladar a esta Cámara una situación desafortunada y a la vez orquestada con malos instrumentos. Si la partitura de esta pieza la
podemos considerar sin musicalidad, la orquestación de la misma tiene además un sonido desafinado.
Somos conscientes de que el incidente ya conocido como el bulo de Marruecos ha traspasado los límites de incidente desafortunado y está afectando a muchos más responsables que los propiamente implicados en el mismo. Esperamos y confiamos
hoy estar al final de unas actuaciones que han pasado por esta Cámara dejando un rastro de malos entendidos, frente a un conflicto originado por un error de Gobierno que éste había respondido pidiendo disculpas a esta Cámara, pero al mismo tiempo ha
aprovechado para replicar e imputar responsabilidades a la oposición, contextualizando otros problemas ya del pasado. Por otra parte, el Partido Socialista en su oposición ha tenido una actuación
dura y contundente en la reclamación de responsabilidades, con un estilo propio de parlamentarismo que ha realizado por ejemplo el señor Marín en la Comisión del pasado jueves y hoy mismo, pero que al mismo tiempo se han realizado preguntas
al Gobierno de forma que a nuestro entender eran exageradas en relación con el problema. No hemos conocido una asunción de responsabilidades por parte del Gobierno y a la vez mantener una línea coherente sobre la base de ello. Insistimos ya
durante la comparecencia del señor ministro en la necesidad de establecer estas responsabilidades y marcar una vía de solución, todo ello por el bien de regularizar las relaciones con Marruecos.
El momento actual de estas relaciones no es por supuesto bueno, ni siquiera el normal que debería ser. Además estamos bajo la influencia de un incidente que precisa de una mayor atención y sensibilidad para darle solución. El estado actual
de esta situación debe reconducirse a la normalidad del regreso del embajador marroquí a Madrid y creo que el primer gesto lo debe hacer nuestro país. Entiende nuestro grupo que la situación actual no es la de generar vencedores ni vencidos, y ello
aunque desde el Gobierno español se considere que no existe ninguna responsabilidad en haber llegado a esta situación. Debe ser nuestro Gobierno quien desencalle la situación y creemos que de haberlo hecho de esta manera no estaríamos hoy
debatiendo esta moción. Nuestro grupo hoy hubiera tomado posición favorablemente en una moción que de forma positiva requiriera al Gobierno a encontrar de forma rápida una solución, pero que no entrará en la disquisición de acusar o reprobar la
acción de unas personas como base de la solución ni cree en una declaración en el sentido de que la moción pida que volvieran las aguas a su cauce. Por ello nuestro grupo votará en contra de esta moción, esperando que la normalidad de las
relaciones con un país vecino, al que nuestros empresarios dedican importantes inversiones y operaciones comerciales que de momento mantienen el vínculo de normalidad, se vean complementadas con la normalidad de las acciones políticas; normalidad
política que no se solucionará con una reprobación ni con una destitución, sino con unos gestos de diálogo que nuestros gobiernos están obligados a mantener.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gil.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señalaba el señor Marín que podríamos decirle que la presentación de esta moción responde a un ejercicio torpe de la oposición. No nos atreveremos a decir tanto, puesto que entre otras cosas el propio señor Marín así lo manifiesta, pero sí
señalar que nos da la sensación de que ha habido cierto cambio de tono importante en la presentación del discurso de esta moción (Rumores.), probablemente como una especie de consecuencia de un acto de contrición o de reconocimiento de parte de lo
que fue la manifiesta desproporción... (Continúan los rumores.- Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gil Lázaro, por favor. (Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Adelante.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía lo que fue la manifiesta desproporción del tono, de los contenidos y del lenguaje empleado por el Grupo Socialista en la sesión de control del pasado miércoles. Probablemente habría que encontrar una explicación a ese manifiesto giro
en el torno y en el planteamiento que hemos observado hoy. Creo que probablemente esa explicación está en la propia presencia, como es natural y celebramos, del señor Zapatero en este acto. (Rumores.) Quizá el cambio tranquilo en presencia del
señor Zapatero no resistía la reiteración de un espectáculo como el que la Cámara vivió durante la semana pasada.
Recuperar la calidad de la democracia, apelaba el señor Marín. Señoras y señores diputados, señor Marín, en democracia se actúa siempre con transparencia y con rigor (Rumores y protestas.), y este Gobierno actuó con transparencia y con
rigor, reconociendo ante la Cámara la existencia de un error, averiguando los hechos y pidiendo disculpas a todas las partes implicadas, y subrayo lo dicho a todas las partes implicadas.
Probablemente en una situación de normalidad, y no por parte
del Gobierno sino por parte de otros, hasta aquí el guión se habría agotado, pero quizá esos otros necesitaban en este momento reinventar y revestirse de nuevo de la vieja teoría de la conspiración para poder crear determinadas cortinas de humo que
permitieran a su vez tapar otras cuestiones muy concretas que están precisamente en el debate nacional y mucho más que en el debate nacional en el debate interno en la casa de otros. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Aquí no se ha montado por parte
del Gobierno ninguna operación política de caza y captura de nadie. (Rumores.) Afortunadamente este Gobierno, que tiene un claro, rotundo, expreso y transparente compromiso democrático, tiene otras muchas cosas más importantes que hacer en
beneficio del conjunto de la sociedad española que preocuparse de las idas y venidas de este o de aquel, pero sí nos da la sensación, señorías, a pesar del tono que hoy han empleado, manifiestamente distinto del tono que utilizaron el pasado
miércoles, de que otros necesitaban montar una determinada operación política, una operación política en la que quizá se les ha ido el diapasón y ha sido el señor Marín y no yo mismo quien ha
llegado a la conclusión de que quizá los socialistas somos maleducados.
Pues no me parece una cuestión, como usted decía, señor Marín con acierto, de buena o mala educación; me parece algo mucho más serio. Me parece una cuestión afecta a
si se tiene o no se tiene algo serio que decir, me parece una cuestión que afecta mucho más a si se asumen o no se asumen los compromisos reales con la sociedad española y su responsabilidad, la de todos ustedes como principal partido de la
oposición en el debate nacional. Y nos da la sensación, señorías, y con esto concluyo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gil Lázaro. (Continúan los rumores.-Pausa.)
Adelante.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias.
Nos da la sensación, señorías, de que alguno quiso encontrar precisamente en esto un filón para por una parte seguir haciendo victimismo y por otra justificar algunos de los dislates y de las incoherencias internas difícilmente
injustificables. Cuando nosotros hoy votemos en contra de esta moción, lo vamos a hacer reafirmando nuestro compromiso con la España del futuro. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor GIL LÁZARO: Señoras y señores diputados, tengo que decir que en el supuesto y haciendo uso de la terminología del señor Marín, de que esto fuera el teatro de la vida, estuviéramos en una representación y esa representación
terminara con éxito y con aplausos para los proponentes, sería imposible reclamar al escenario al autor para pedirle aplauso, porque el autor, como siempre, no está presente.
Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Fuertes rumores y protestas.-La señora Mendizábal Gorostiaga: ¡Fachas!)
La señora PRESIDENTA: Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la fiabilidad y la utilización de los informes del servicio
exterior.
Comienza la votación. (Pausa.-Rumores.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 119; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia. (El señor Morano Masa pide la palabra.)
Señor Morano, no tiene la palabra. ¡Señor Morano, no tiene la palabra! (El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
Señor De Grandes, ¿a qué efectos y al amparo de qué artículo pide la palabra?
El señor DE GRANDES PASCUAL: Para una cuestión de orden señora presidenta, solamente es un minuto. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: ¿A qué efectos, señor De Grandes?
El señor DE GRANDES PASCUAL: Para una cuestión de orden y explicar esto.
Todo parece indicar que las palabras que quería expresar el señor Morano... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor De Grandes, si lo que el diputado quería expresar es que no le ha dado tiempo a llegar, los timbres han sonado, señor De Grandes, y usted sabe -al igual que todos los diputados de esta Cámara- que cuando se ha llamado a votación y ésta
ha comenzado se prohíbe la entrada en el hemiciclo. Por tanto, la votación está concluida.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 173/000115.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para luchar contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Para defensa de la moción, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una moción que es consecuencia de la interpelación formulada la semana pasada por nuestro grupo parlamentario para instar al Gobierno a que adopte una
serie de medidas para luchar contra la morosidad. Dijimos en la intervención de la semana pasada que la morosidad es uno de los principales riesgos de la actividad económica, que principalmente afecta al tejido productivo y muy especialmente a las
pequeñas y medianas compañías. Las dificultades de cobro de los impagados o los retrasos en los mismos generan importantes cargas financieras y administrativas y consecuentemente amenaza a la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, de
los trabajadores autónomos, de los profesionales y -por qué no decirlo también- de las grandes compañías.
También llegamos a la conclusión la semana pasada que las pymes eran las más afectadas por la morosidad siempre en beneficio de las grandes compañías. Los datos que mostramos eran muy relevantes y originan esta iniciativa que ha presentado
nuestro grupo parlamentario.
Las deudas vencidas y exigibles pendientes de cobro en el año 2001 ascendieron a la cantidad escalofriante de 90.000 millones de euros, las pérdidas de créditos incobrables ascendieron a la cantidad de 23.600 millones de euros, con unos
costes y unas cargas financieras que ascendieron a 10.000 millones de euros. La morosidad durante el año 2001 fue la causa del 25 por ciento de las suspensiones de pago y de quiebra en la Unión Europea con una pérdida de alrededor de 450.000
puestos de trabajo anuales en toda la Unión Europea. Por este motivo, hemos presentado esta iniciativa parlamentaria, a la que se han presentado diferentes enmiendas por parte del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
Nuestro grupo parlamentario,
con el objetivo de lograr un consenso en una cuestión tan importante como es la morosidad, ha pactado una enmienda transaccional que seguidamente haré llegar a la Mesa, para que finalmente la lucha contra la morosidad sea efectiva y también un
elemento importante de freno a las suspensiones de pago y a las quiebras.
¿Qué planteamientos ha presentado nuestro grupo parlamentario para eliminar la morosidad y ser efectivos contra su lucha? El primer punto que hemos presentado insta al Gobierno para que antes de que finalice el año 2002 pueda presentar un
proyecto de ley concursal al objeto de adecuar todos aquellos procedimientos de quiebra o suspensiones de pago, con el fin de eliminar todas aquellas trabas en los procesos de reestructuración empresarial y que combine dos cuestiones que a nuestro
entender son muy importantes: establecer un procedimiento flexible que reduzca los requisitos para la tramitación del concurso con el consiguiente ahorro de coste en el caso de las empresas de muy pequeño tamaño, y en segundo lugar consideramos
oportuno que en dicho proyecto de ley concursal también se puedan proporcionar aquellas soluciones que sean más adecuadas para satisfacer a los acreedores en los casos de insolvencia actual o inminente del deudor y mitigar todos aquellos efectos
negativos que se pueden derivar de dichas situaciones para el tráfico mercantil.
También presentamos un segundo punto muy importante que trata de que el Gobierno del Estado español, el Gobierno del Partido Popular siga impulsando una rápida trasposición de la directiva comunitaria de 29 de junio del año 2000, en la que
se establecen una serie de propuestas y mecanismos para que en España se pueda conseguir un alto índice de lucha contra la morosidad y los más altos niveles de cumplimiento de los plazos de cobro por parte de los diferentes acreedores y deudores.
En esta directiva se tratan unas cuestiones muy relevantes, como es la posibilidad de restablecer una serie de aspectos importantes que existen en las relaciones entre los proveedores, los acreedores y los clientes, tanto si son públicos
como privados. Es muy importante que se vaya estableciendo en España, siempre y cuando no medie un contrato previo, que los plazos de pago se vayan aproximando a los 30 días, ya que actualmente España es uno de los países donde los plazos de pago
son más largos.
En el caso de que haya atrasos, es muy interesante la posibilidad de que se incorporen los intereses de demora y se puedan aplicar los que marca el Banco Central Europeo, que como SS.SS. saben puede ser de siete puntos. Nosotros pensamos
que no ha de existir discriminación entre el sector público y el privado en cuanto a los plazos de pago y que la legislación española puede ir incorporando todas aquellas reservas de dominio siempre y cuando no se cumplan los plazos de pago
preestablecidos en los contratos previos a la compra.
El tercer punto importante es la posibilidad de que en las cuentas morosas se pueda compensar el IVA devengado a partir de un año, aunque en la legislación actual está previsto a partir de dos años. Esto no va a ser posible porque en la
enmienda presentada por el Grupo Popular hay un compromiso por parte del Gobierno de estudiar esta posibilidad y ver los resultados de la aplicación de la legislación vigente en los dos años. Si la legislación permite la posibilidad de acortar este
plazo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) seguirá insistiendo para que a partir de un año, y en las reformas tributarias que han de venir a esta Cámara se pueda compensar el IVA devengado en las deudas que no se hayan cobrado.
Estas son las tres propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo comparte el contenido de la moción, y no podía ser de otra manera ya que el 13 de julio del año anterior presentamos una proposición no de ley relativa a la morosidad en los pagos. En esa proposición no de ley
señalábamos la necesidad de adaptar inmediatamente la directiva comunitaria por la que se establecen unas medidas destinadas a defender los derechos de los acreedores frente a los deudores.
El Grupo Socialista ya señalaba en su proposición no de ley que la morosidad, según los datos proporcionados por el sector, afecta al 80 por ciento de las empresas, lo que genera problemas de falta de liquidez,
quebrantos de tesorería y suspensiones de pagos. Dado que los impagos tienen un carácter procíclico y que estamos ante una pérdida de dinamismo de la demanda que se manifiesta en un nuevo retroceso de la inversión, es preocupante que
todavía no se haya incorporado en nuestro ordenamiento la citada directiva.
La respuesta del ministro de Economía a la interpelación pone de manifiesto que el Gobierno ignora las quejas y exigencias de trasposición de la directiva que públicamente el sector empresarial ha planteado. El plazo de cobro se sitúa entre
60 y 70 días, y no en 52 como dijo el señor Rato. Sólo en algunas actividades industriales en las que las empresas tienen igual capacidad de negociación, ese plazo de demora se reduce. En cualquier caso el promedio es superior a la media de la
Unión Europea, colocándonos a la cola de Europa, con Grecia y Portugal. Este diferencial afecta negativamente a las empresas españolas que pierden competitividad, especialmente las pequeñas y medianas empresas y las proveedoras de bienes de consumo
para las grandes cadenas de distribución; supone un incremento de costes, un aumento del riesgo financiero y un coste financiero si obliga a la empresa, como ocurre en gran número de casos, a pedir un crédito puente para cubrir el vacío temporal.
No existe argumento alguno que justifique que no se haya procedido a la trasposición de la directiva, aunando con el fin de favorecer la competitividad empresarial las condiciones más favorables para el acreedor que provengan de la
legislación nacional existente y de la directiva, como hemos propuesto en nuestra enmienda y establece el articulado de la directiva, enmienda que esperamos acepte el grupo proponente. Creemos que es una ocasión para apoyar la competitividad
empresarial a través de medidas sencillas y muy eficaces.
Las enmiendas que ha presentado del Grupo Popular son de nuevo un brindis al sol y no resuelven nada. La incomprensible actitud del Gobierno en cuestiones como ésta, en esta sesión de hoy, es un ejemplo de la arrogancia y del desprecio
hacia las empresas con que ejercen su mayoría absoluta.
Nuestro grupo quiere dejar constancia de que comparte la preocupación del sector empresarial y defiende la justicia de sus reclamaciones. Además, anunciamos que nuestro grupo va a seguir presentando iniciativas parlamentarias para resolver
el problema de la morosidad, que en mayor medida afecta a las empresas de menor dimensión y que ya están penalizadas por el sistema financiero al tener que pagar una prima de riesgo más elevada, soportar plazos de cobro más largos y mayor número de
impagos.
Por todo ello, señorías, coincidimos con la propuesta del grupo proponente y vamos a apoyarla en la medida que también quede recogida nuestra enmienda de adición,
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Costa.
Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición en relación con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no sin antes
felicitar al señor Sánchez i Llibre porque en su momento nos pareció muy oportuno que hubiese formulado una interpelación al señor ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno.
Hablar de comercio y de morosidad es oportuno y
pertinente e incluso señalaría que sería muy necesario que con mayor medida y frecuencia abordásemos temas comerciales en esta Cámara, por la importancia que tiene el sector de la distribución.
El señor Rato -como el señor Sánchez i Llibre destacó en la propia sesión de la interpelación- dio una buena respuesta a todas las cuestiones que le fueron planteando, afirmando en primer lugar en el principio de libertad de partes que debe
presidir las relaciones comerciales, y desgranando después el conjunto de medidas que el Gobierno había adoptado y estaba adoptando en relación con el tema de la morosidad en el pago de las operaciones comerciales.
Se dieron unos datos estadísticos que, por cierto, demuestran cómo la situación de la morosidad en España no es preocupante, sino que, por el contrario, se sitúa en unos niveles que vamos a calificar de aceptables.
Si en el año 1996 eran
nueve millones los efectos devueltos, en el año 2001 ya estamos hablando de 4,9 millones de efectos de devueltos, con una importante reducción de las cifras, según datos del Instituto Nacional de Estadística y corroborados por estadísticas
financieras del Banco de España. Lo mismo podemos decir de la reducción de los plazos de pago a proveedores en la industria, en la alimentación y en la distribución.
Por todo ello, entendemos oportuno analizar la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y proponer una enmienda alternativa, que entendemos que es más realista y mejora la que ya era una buena redacción
inicial. Así, en el punto primero lo que buscamos es complementar el correlativo de la moción de Convergència i Unió en el sentido de decir que el Gobierno ya ha remitido al Consejo de Estado un anteproyecto de ley concursal, una ley muy importante
y que va a introducir un sistema legal que combine las garantías del deudor con la conveniencia de adelantar en el tiempo la declaración del concurso, todo ello con un procedimiento flexible y una afirmación muy clara del principio de igualdad de
trato de los acreedores.
En segundo lugar, nuestra enmienda pretende enriquecer la correlativa de Convergència i Unió en el sentido de seguir impulsando la trasposición de la directiva comunitaria. Como ha dicho el señor Rato el otro
día, en este momento hay que decir muy claro que la legislación española vigente en la materia es ya más avanzada y progresista que la directiva comunitaria en muchos de los aspectos relativos a la seguridad del cobro a los distribuidores
por parte de los proveedores. Así, la Ley de ordenación del comercio minorista cubre sobradamente la práctica totalidad de las disposiciones de la directiva y resulta compatible con ella, ya que la directiva es, como todos sabemos, una norma de
mínimos, y lo mismo cabría decir de la Ley de defensa de la competencia y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha introducido importantes medidas para agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales de reclamación a morosos.
Por lo que respecta al punto tercero de la enmienda, sobre la recuperación del IVA, queremos hacer una referencia. Es muy claro que el Gobierno del Partido Popular ha realizado un notable esfuerzo en cuanto a la normativa en vigor, ya que
la Sexta directiva comunitaria en materia de IVA no establece la obligación de reducir la base imponible en los casos de dificultades en el cobro de las operaciones sujetas al impuesto. Sin embargo, ha sido el Gobierno del Partido Popular quien en
el año 1998 dio un paso fundamental y desde entonces la base imponible puede reducirse cuando el crédito sea total o parcialmente incobrable sin necesidad de que el deudor se encuentre en situación de insolvencia definitiva o provisional. El plazo
de dos años se considera adecuado para asegurar, juntamente con el cumplimiento de los demás requisitos legales y reglamentariamente previstos, que el crédito ha sido resuelto, total o parcialmente impagado, circunstancia ésta que, como SS.SS.
saben, determina que sea la Hacienda pública quien asuma las consecuencias del impago por parte del destinatario de la operación. Por ello, esta redacción alternativa que proponemos y que el señor Sánchez i Llibre ya nos ha comunicado que aceptará
intenta analizar y evaluar las medidas adoptadas en 1998 y seguir impulsando otras que puedan evitar las distorsiones que produce la morosidad en las empresas y, cómo no, en todo lo relativo a los tributos devengados. En definitiva, se trata de
estudiar la adopción de disposiciones legales que posibiliten, en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, una mejora en los mecanismos de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Delgado.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que ha traído el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también nos parecen aceptables las enmiendas que han presentado tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ya que son complementarias. Damos nuestro voto afirmativo dado que estamos conformes incluso con la iniciativa presentada por el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la
Mesa de seguimiento del pacto de Estado por la justicia. Como el señor don Manuel Silva hizo allí presente, dentro de uno de los documentos singularizados del pacto de Estado por la justicia está precisamente la consecución de una nueva ley
concursal que trate de todas estas cuestiones en el mundo económico y comercial: de las suspensiones de pago, de las quiebras, etcétera. Es necesario actualizar de una manera clara y contundente nuestra legislación mercantil, sobre todo en lo
relativo a las garantías de los pagos, para que las quiebras y cualquier otra circunstancia anómala de la empresa respecto a sus obligaciones con clientes y proveedores pueda ser resuelta.
Desde mi Grupo de Coalición Canaria solamente queremos hacer una observación si se mantiene la referencia al punto 3. Si bien para el resto del territorio peninsular y de Baleares, que son zona IVA, no hay problema, quiero recordar aquí a
los grupos que vayan a actuar con su texto y sus enmiendas que Canarias no es zona IVA y se tendría que hacer la adecuación correspondiente. Por imperativo constitucional y del Estatuto de Autonomía de Canarias, toda cuestión fiscal o económica que
afecte al Archipiélago debe ser objeto de un pronunciamiento del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias porque, vuelvo a decir, no es zona IVA, sino zona de impuestos específicos canarios, que se verían también afectados.
Por nuestra parte, por coincidir esta moción con las líneas de compromiso en el Pacto de Estado por la justicia para traer una nueva ley concursal y, por supuesto, por estar de acuerdo con la rápida trasposición de la Directiva 2035 de la
Unión Europea, y habiendo hecho la observación relativa a la zona fiscal canaria no IVA, daremos nuestro voto de apoyo a la iniciativa, con el texto que finalmente se acuerde con las enmiendas correspondientes.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada por el grupo proponente a las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 272; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS PRIORIDADES Y PRINCIPIOS GENERALES QUE EL GOBIERNO PIENSA PONER EN MARCHA PARA EL PRÓXIMO AÑO, EN LOS TRES PRINCIPALES PROCESOS QUE SE DISCUTIRÁN EN LA CUMBRE DE BARCELONA: LAS
GRANDES ORIENTACIONES ECONÓMICAS, LAS DIRECTRICES DE EMPLEO Y LA REFORMA ESTRUCTURAL. (Número de expediente 173/000116.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha para el próximo año, en los tres
principales procesos que se discutirán en la cumbre de Barcelona: las grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural.
Para su presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, como señalé en la interpelación que dio origen a esta moción, ustedes están convirtiendo una cumbre pensada para evaluar los objetivos de Lisboa en una cumbre de liberalismo y las reformas estructurales. Han abandonado desde el
principio los restantes retos europeos como son la creación de puestos de trabajo, reforzar la cuestión social o mejorar el medio ambiente. Lo malo del asunto es que en su pretensión inicial no están ustedes en condiciones de dar lecciones a nadie,
como ha señalado el Comité de Política Económica de la Unión Europea, recordándoles que antes de presumir de liberalismo le echen un vistazo al sistema eléctrico entre otros. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Ruiz. (Pausa.)
Adelante.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Tampoco otros países europeos, excluyendo a este adalid de la moral que es Berlusconi, van a permitirle abandonar los objetivos de cohesión. Lo malo del asunto es que su obsesión liberalizadora en todos
los mercados, incluido el del trabajo, amenaza con retrasar relevantes objetivos europeos y españoles en el campo de la cohesión social. El Partido Popular está invirtiendo en el fracaso político de la cumbre para obtener éxitos ideológicos y de
propaganda para su máximo dirigente. Lo que Europa demanda de esta cumbre es un gesto de confianza en su capacidad de recuperación económica. Lo que exigía de ustedes es que siendo coherentes con la situación española lanzaran una iniciativa de
flexibilización del Pacto de Estabilidad que permitiera impulsar el crecimiento, mejorar la inversión pública y abordar objetivos de cohesión, un mensaje de confianza que quizá debiera escuchar el Banco Central Europeo empeñado en contraer la
actividad económica y paralizar su recuperación. Si se fijaran más en las necesidades españolas y europeas y menos en las del presidente Bush, hubieran trabajado para que la cumbre de Barcelona diera el paso para definir un auténtico instrumento
económico europeo. Esto es, un instrumento fiscal y presupuestario que interviniera en tiempos de desaceleración y en defensa de las empresas europeas. Parecen no haber reflexionado sobre la situación real europea, el incumplimiento generalizado
de la cumbre de Lisboa y el parón económico tras el 11 de septiembre. Si lo hubieran hecho, hubieran buscado respuestas no en el libro de las recetas ideológicas, sino en el de la política, en el que dice que hay que cooperar en el freno de la
caída del ciclo económico y en el que dice que debe defenderse la identidad económica europea ante el proteccionismo norteamericano en tiempos de recesión. El ejemplo del acero es tan sólo uno de los tantos donde su inacción y su silencio ha sido
espectacular.
Nos preocupa aún más que el incumplimiento de los objetivos de Lisboa no merezca ninguna atención por su parte, salvo las llamadas a la liberalización del mercado de trabajo. Ha sido precisamente esta liberalización desequilibrada, sin
derecho para los trabajadores y sin referentes de cohesión, la que ha provocado en España una situación de deterioro del mercado de trabajo. La precariedad laboral, la siniestralidad laboral, el alejamiento en términos de renta, actividad y
ocupación del principio de igualdad de oportunidad de las mujeres, son el resultado de la reforma laboral impuesta por ustedes e impulsado con celo de predicador por toda Europa. Por el contrario, son las estrategias sobre estas cuestiones de
calidad de empleo para las que Europa está reclamando atención. Ustedes no invierten en calidad de empleo, invierten en la calidad de los beneficios de las empresas más monopolistas.
Imaginamos que esfuerzos pendientes y directivas pendientes en
estos campos no han merecido ni siquiera una lectura de sus señorías. La lucha contra la exclusión, la inversión en formación y capital humano, las políticas de igualdad, las exigencias morales y sociales de la
emigración son las cuestiones en las que la sociedad europea exigía respuestas y sólo encontrará silencios.
Europa, como España, reclama, señorías, una expansión de servicios e inversión pública en estos temas y en los que guarda relación con las personas dependientes. Mayores, discapacitados, infancia y mujer no son espacios de beneficencia como
les gusta considerar, sino un estratégico y relevante cometido de cohesión. En esta agenda de política social, la Comisión Europea ha puesto el acento en la promoción de la calidad como motor de una economía dinámica de crecimiento en la cantidad y
calidad de los empleos y del desarrollo de una sociedad que favorece la inserción.
Tanto esta agenda para la política social, como la estrategia acordada en Lisboa, subrayan la necesidad de asegurar una interacción positiva, un apoyo mutuo entre
las políticas económicas, sociales y de empleo.
Promover la calidad en las políticas de empleo y la política social constituye un elemento clave para obtener más y mejores empleos y crear una economía competitiva fundada sobre el conocimiento y la
cohesión social. La clamorosa ignorancia de estas cuestiones y la reiterada ignorancia de que las políticas sociales pueden tener un efecto positivo sobre el empleo es el capital con el que ustedes se presentan en Barcelona.
Señorías, ustedes sólo reflexionan sobre Barcelona para promover un rancio liberalismo y para deteriorar la imagen de los que se manifestarán para recordarles que existe en Europa una voz social ciudadana imprescindible para la construcción
europea y que no puede ignorarse. En Barcelona, la sociedad civil les convoca a tener algo de sensibilidad y a que realicen un mínimo esfuerzo intelectual para que el proceso de modernización europeo sea compatible con la sostenibilidad del planeta
y el desarrollo de los países atrasados. Defender la tasa Tobin o las políticas sociales no subvierte más orden que el de las políticas ajenas a la sociedad.
Barcelona tenía una doble exigencia, poner política al euro y poner alma social a la
política. En las dos cuestiones han fracasado y a estas dos cuestiones se refieren los seis puntos de la moción que presenta Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señora presidenta.
Si uno se fija en los periódicos, por las declaraciones del Gobierno parecería que la estrategia de Lisboa lo único a que se refiere es a si la luz es del Estado o es de las empresas privadas o del duopolio que tenemos en España. Sin
embargo, la estrategia de Lisboa no es eso, es mucho más, es un objetivo ambicioso para que Europa sea capaz de competir con otras economías sobre la base del impulso de la sociedad del conocimiento, del crecimiento económico y de la sostenibilidad
del sistema económico y sobre todo creando empleo, no sólo empleo sino mejor empleo sobre la base del modelo social europeo, que es lo que distingue a Europa de otros conjuntos económicos.
En Barcelona, en esa visión y en esa definición y prioridades sobre el impulso a Lisboa falta la dimensión social, está ajena hoy todavía la dimensión social, a 48 horas de que se celebre el consejo de Barcelona.
Por eso es pertinente la
moción que estamos debatiendo, a la que mi grupo ha presentado una serie de enmiendas que tratan de ofrecer precisamente esa visión sobre un conjunto de elementos que están todos interrelacionados, que ninguno de ellos se puede superponer sobre
otros, que forman la estrategia de Lisboa, a la que se añade también ahora la estrategia de Gotemburgo sobre el desarrollo sostenible.
Hemos asistido esta tarde a un espectáculo curioso, el grupo mayoritario, que parece que en el Consejo Europeo no tiene posición y que está oculto detrás de los documentos que ha presentado la Comisión, ha rechazado una propuesta de mi grupo
parlamentario para un compromiso de cara a Monterrey, donde esa dimensión social de Europa se proyecte también en nuestra dimensión internacional y se adquiera el compromiso de alcanzar el 0,39 en el 2006. Tendrá que dar explicaciones el Partido
Popular. Como tendrá que dar explicaciones de por qué no está la dimensión social cuando se definen unas reformas, algunas de ellas sin duda necesarias, en los mercados de trabajo por ejemplo y no se nos dice que todo eso se tiene que hacer de
acuerdo con los interlocutores sociales, porque no hay otra manera de hacerlo, porque así se decía allí en Lisboa; que no se incorporen, por ejemplo, medidas muy concretas para superar los problemas que tienen los mercados de trabajo como las
dificultades para la incorporación de la mujer al trabajo mediante guarderías infantiles, con objetivos cuantificables en todos estos elementos, mediante la incorporación al mercado de trabajo de las personas que han cumplido ya 55 años; que no se
nos diga, por ejemplo, en todo lo que estamos viendo y escuchando del Gobierno sobre la estrategia de Lisboa, que si todo esto se ha de basar en el impulso a la sociedad del conocimiento, un país como el nuestro que tiene una tasa del PIB del 0,9
por ciento dedicado a la investigación y desarrollo, que eso es generar más y mejores empleos.
Tendría que cambiar mucho su estructura de presupuestos para que realmente hubiese un compromiso político creíble del Gobierno con la estrategia de
Lisboa, para que el Gobierno preparase a este país para afrontar los riesgos de la globalización y de la competencia y para que este país no tenga que depender como depende de las patentes extranjeras.
Todo eso es también Lisboa.
Por eso la medida del éxito no es si las empresas van a tener la electricidad con otras posibilidades de compañías
con distintas opciones, que es con lo que parece ser que el Gobierno se conforma en Barcelona. El problema es si eso se va a extender a todos los ciudadanos; si va a dejar de haber operadores dominantes en el mercado, como ocurre ahora en
España donde no está liberalizada la energía, como no están liberalizadas totalmente las telecomunicaciones; si va a haber posibilidad de elegir operador para los ciudadanos y, sobre todo, si va a haber una garantía de servicios de interés general
que evite que ocurra lo que sucedió hace unos meses en Barcelona o en Madrid, o hace tan sólo unos días en Granada, donde durante tres horas 300.000 personas sufrieron el maltrato de la empresa suministradora de energía y no tuvieron otra opción más
que aguantarse, a pesar de que el Gobierno dice que es un sector que está liberalizado.
Por eso vamos a apoyar el texto de Izquierda Unida con algunas modificaciones que serán leídas en su momento y con algunas transacciones que parece que el Grupo de Izquierda Unida está dispuesto a aceptar del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas noches. Gracias, señora presidenta.
La semana pasada el vicepresidente del Gobierno expuso -y nosotros así lo creemos- que la presidencia española lleva objetivos ambiciosos, al objeto de cumplir con las previsiones de la cumbre de Lisboa y conseguir para el año 2010 el pleno
empleo dentro de la Unión Europea. Ya no sabemos cuáles son los modelos que plantea Izquierda Unida en este sentido. Sí conocemos las medidas que hemos venido articulando estos años y cómo han funcionado y sí creemos que una enmienda de
sustitución como la que planteamos es comprensiva de instrumentos ambiciosos al objeto de conseguir el pleno empleo. Me voy a centrar en ella porque aquí se habla de que si el Gobierno y el Partido Popular no tienen sensibilidad social, no plantean
enmiendas, están parados y la única preocupación de algunos es hablar de apagones. No sabemos si para ver o no las pancartas que se llevan en Barcelona porque tampoco sabemos muy bien si en su grupo hay que iluminar a unos u a otros ni sabemos qué
es lo que defienden.
(Rumores.)
Nosotros sí defendemos, y vamos a llevar a Barcelona, una coordinación de políticas económicas y vamos a asegurar la estabilidad presupuestaria para el año 2004, ya que, como ustedes saben, en aquellos países que no han conseguido esta
estabilidad presupuestaria se ha producido una mayor destrucción de empleo y los intervinientes deberían conocer este dato.
Vamos a proponer que se estudie y garantice la consolidación de políticas monetarias y fiscales, así como la atención a la
calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Vamos a proponer en un segundo bloque reformas estructurales encaminadas a ampliar el potencial de crecimiento y la competitividad -así, un mercado único de transportes y de la
energía, mediante el impulso de las interconexiones transeuropeas- y también la aprobación de un calendario de liberalizaciones de los sectores del gas y de la electricidad. Igualmente vamos a proponer que se debata y acuerde respecto a la
integración del sistema financiero europeo, de modo que el año que viene, en 2003, exista un mercado de valores integrado en la Unión y en 2005 se haya llegado al cumplimiento del Plan de acción de servicios financieros. La modernización del
mercado de trabajo, haciendo más atractiva la búsqueda de empleo a los desempleados, mejorando los sistemas de fijación de salarios relacionados con la productividad, prolongando la edad de jubilación para el mantenimiento y viabilidad de los
sistemas de protección social e incentivando la movilidad geográfica y la incorporación de la mujer a nuestro mercado de trabajo. El tercer bloque se refiere a reforzar el papel de los interlocutores sociales en la modernización de la organización
del trabajo, la mejora de la calidad, la formación profesional y la permanencia en el empleo. En cuarto, vamos a promover medidas y acuerdos dirigidos a potenciar económica, financiera y administrativamente a las pymes, impulsando una carta europea
a favor de las mismas que es el auténtico entramado de riqueza y de empleo en las sociedades europeas y en la sociedad española. Vamos a impulsar, en quinto lugar, el uso de las tecnologías de la información y comunicación de alta velocidad y de lo
que supone la investigación, diseño e innovación. En sexto lugar, y de acuerdo a lo que en su día se aprobó en la cumbre de Gotemburgo, vamos a promover el desarrollo sostenible relacionando los espacios de impulso económico, social con el adecuado
respeto al medio ambiente y a nuestro entorno, como todos nuestros ciudadanos pretenden.
Estamos proponiendo una serie de iniciativas importantes para que se continúe en la senda de creación de empleo, para alcanzar el objetivo marcado en la cumbre de Lisboa. Ya el Consejo de Política Social celebrado el pasado día 7 de marzo
estableció que los planes de empleo estaban teniendo una positiva valoración y, más aún, que en el año 2006 iba a haber una evaluación del conjunto para ver cómo se desarrollaban los mismos. Nosotros tenemos una convicción -lo dijo el señor Rato en
la interpelación-: que aquellas naciones, como España, que están cumpliendo sus labores en políticas presupuestarias, en políticas fiscales, en políticas de austeridad, en políticas de control del gasto, en políticas de devolver protagonismo civil
vía impuestos, son los países que en la práctica están consiguiendo
que sus empresas y sus ciudadanos creen empleo, y no pensamos que haya una política social basada en desempleados; no creemos que haya prosperidad ni solidaridad basada en desocupados. La premisa indispensable y mayor de la distribución de
riqueza es empezar por la creación de empleo, continuar por esta senda y procurar que cada día sea de más calidad.
Otros modelos los hay, no sólo el nuestro. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Seguramente es ingenuo pedirle a un espacio trasnacionalizado, globalizado la preocupación por los sectores productivos de todos los territorios que lo conforman, pero tenemos claro en el Bloque Nacionalista Galego que tarde o temprano esa
política se abrirá paso, si queremos construir realmente una Europa unida basada en los criterios de justicia social, equilibrio territorial e igualdad de oportunidades para todos. Siempre nos llama la atención que cuando se habla de crear empleo
no se aluda a lo importante que es precisamente para la diversidad territorial de la Unión Europea el mantenimiento de sectores productivos básicos. En concreto, en relación con la cumbre de Barcelona sería muy apropiado que la presidencia española
-y así lo debía de hacer durante todos estos meses- se preocupase de impulsar una nueva orientación en la política agraria común ahora que van a acceder a la Unión Europea algunos Estados del centro y este de Europa. Decimos esto porque será
fundamental para ellos, como lo es para ciertas partes del Estado español, que se respeten las singularidades productivas de esos territorios, que se tenga precisamente respeto por la base agraria propia para lograr cohesión social y territorial y
además porque sabemos que es fundamental para tener alimentos salubres.
Por otra parte, hay un tema pendiente que sería interesante clarificar dentro de la política común, que es el de la política pesquera, el hecho de que todos los Estados miembros puedan acceder a todas las aguas comunitarias; también debía
considerarse que hay zonas especialmente dependientes de la pesca que mantienen acuerdos con terceros países que la Unión Europea debía proteger y amparar.
Por último, no puede ser que el Estado español pase de puntillas o sin enterarse respecto de la importancia que tiene un sector industrial estratégico que forma parte del conglomerado industrial marítimo, cual es el sector naval; sector
naval que en el Estado español está precisamente ubicado en distintos territorios y que está esperando la eliminación de restricciones productivas injustificadas. No es de recibo que no haya reglas de juego internacionales, que nos las haya por
parte de Japón ni de Corea del Sur y, sin embargo, la Unión Europea mantenga una guerra interna a muerte por ver quién se lleva la mejor parte de la tarta, mientras aplica al Estado español una restricción productiva a todas luces inasumible. Como
sabemos que en julio del año 2002 habrá la oportunidad de discutir por lo menos la eliminación de estas restricciones productivas o su modificación es por lo que el Gobierno español debería tener especial preocupación por un tema que afecta
precisamente a territorios de su Estado, no uno de los más desarrollados de la Unión Europea.
Acabo, señora presidenta, haciendo la aclaración por parte del Bloque Nacionalista Galego de que empleo es igual a mantenimiento o impulso de sectores productivos, no solamente a tomar medidas de carácter superestructural que siempre son
muchísimo más dudosas. En todo caso, nunca se podrá compensar la pérdida de estos sectores productivos con fondos estructurales. A partir de ahora va a haber muchos territorios en la Unión Europea que tengan que defender este equilibrio de los
sectores productivos en toda su diversidad territorial.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió respecto a cuál ha de ser el objetivo de la presidencia española durante este semestre de la Unión Europea va a ser la de que se pueda
contribuir a través de sus trabajos y de su esfuerzo a la creación de una Europa más próspera, capaz de generar empleo en un contexto de desarrollo más sostenible. Para ello, desde nuestro punto de vista se tendrá que trabajar en tres direcciones y
en tres campos importantes: en primer lugar, profundizar en la introducción del euro, algo que ya está realmente elaborado y con unos objetivos muy loables y con resultados realmente espectaculares, así como la coordinación de las políticas
económicas para garantizar mayor estabilidad en todas aquellas cuestiones que hacen referencia a la macroeconomía y a una mayor presencia de la Unión Europea en el ámbito económico internacional. Un segundo campo, en el que es muy importante
profundizar,es impulsar el proceso de Lisboa a través de todas aquellas reformas estructurales que aumenten el potencial de crecimiento y creación de empleo de la Unión Europea, en colaboración y en justa correspondencia con todas aquellas
instituciones europeas y otras formaciones del Consejo, a través de las que también se deberá impulsar mayor competitividad e integración
en los principales mercados de productos y servicios y factores productivos, como pueden ser el mercado financiero, el energético, el de las telecomunicaciones, el de los transportes y, por supuesto, el de trabajo. La consecución de este
objetivo requerirá además mayor cooperación y coordinación de la fiscalidad como parte esencial del mercado interior. Por último, también será necesario trabajar de manera coordinada con todas las instituciones comunitarias y otras formaciones del
Consejo para impulsar en coordinación con los demás Estados miembros todas aquellas medidas que vayan dirigidas a la financiación contra el terrorismo a través de mayor cooperación en el ámbito internacional.
Estas son las previsiones sobre los
objetivos fundamentales que ha de intentar perseguir el Gobierno a través de la cumbre europea que se celebrará durante esta semana en Barcelona. Mediante este acuerdo ha de poner en marcha todos aquellos mecanismos que permitan coordinar durante
los próximos años los objetivos previstos en el Pacto de Estabilidad.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una moción con una serie de propuestas que nosotros respetamos pero que no compartimos, porque quizás van a conseguir el mismo objetivo de generación de empleo y de estabilidad, pero
con la aplicación de una serie de políticas con las que no estamos de acuerdo ni con las diferentes iniciativas que se han planteado en el Parlamento. Pretenden conseguir estos objetivos con un incremento del déficit público, por una parte, y
también con la aplicación de más impuestos o con el incremento de la presión fiscal sobre todas aquellas rentas del capital. La creación de nuevas figuras impositivas va en la dirección contraria a la consecución de los objetivos que ustedes
persiguen. Por tanto, señoras y señores diputados de Izquierda Unida, a pesar de que nosotros respetamos su iniciativa, no la compartimos, por ese motivo no la podemos votar favorablemente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Ruiz, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor RUIZ LÓPEZ: Señora presidenta, aparte de las enmiendas transaccionales que ya tiene en su poder y que se aceptan desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, admitiríamos la enmienda del Grupo Socialista a los
siguientes puntos: 1, 6, 7, 8, 13 y 18. Estos serían los puntos que aceptaríamos para que se incluyeran en esta moción, así como los de la enmienda del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego. No tenemos inconveniente en incorporar los cuatro
últimos puntos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, aunque me imagino que el señor Azpiroz no tendrá suficiente con que incorporemos sólo esos. No estamos de acuerdo con los puntos 1 y 2, aunque sí con los últimos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor Azpiroz, tiene la palabra a los solos efectos de indicar si acepta que su enmienda sea asumida parcialmente.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Se lo agradecemos al portavoz de Izquierda Unida, pero no lo aceptamos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señorías, vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las prioridades y principios generales que el Gobierno piensa poner en marcha para el próximo año
en los tres principales procesos que se discutirán en la cumbre de Barcelona: las grandes orientaciones económicas, las directrices de empleo y la reforma estructural, en los términos de la enmienda transacional que se ha hecho llegar a la Mesa, a
cuyo texto se incorporan los siguientes puntos de la enmienda del PSOE: 1, 6, 7, 8, 13 y 18, así como los dos puntos que contiene la enmienda del Bloque Nacionalista Galego.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 102; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.