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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 143, de 07/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 143
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 137
celebrada el jueves, 7 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 41-1, de 29 de junio de 2001.
(Número de expediente 121/000041.) ... (Página 7220)
Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá sobre transporte aéreo, hecho en Panamá el 7 de agosto de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 221, de 23 de noviembre de 2001.
(Número de expediente
110/000127.) ... (Página 7228)
- Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995 y Declaraciones que va a formular España. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 226, de 10 de diciembre de
2001. (Número de expediente 110/000128.) ...
(Página 7228)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Estonia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 227, de 10 de diciembre de 2001. (Número de expediente 110/000129.) ... (Página 7228)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, hecho en Túnez el 24 de septiembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 228, de 10 de diciembre de 2001. (Número de expediente 110/000130.) ... (Página 7228)
- Protocolo que modifica, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el artículo 2 y el anexo de dicho Convenio, hecho en Bruselas el 30 de noviembre de
2000. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 229, de 10 de diciembre de 2001. (Número de expediente 110/000131.) ... (Página 7229)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria en materia de inmigración, hecho en Abuja el 12 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 232, de 21 de
diciembre de 2001. (Número de expediente 110/000132.) ... (Página 7229)
- Convenio entre el Reino de España y la República Tunecina sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en Túnez el 24 de septiembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 234, de 27 de diciembre de 2001. (Número
de expediente 110/000133.) ... (Página 7229)
- Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2001. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 235, de 8 de enero de 2002.
(Número de
expediente 110/000134.) ... (Página 7229)
- Convenio Internacional del Café (Resolución número 393), hecho en Londres el 28 de septiembre de 2000. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 238, de 25 de enero de 2002. (Número de expediente 110/000135.) ...
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 239, de 25 de enero de 2002.
(Número de expediente 110/000136.) ... (Página 7229)
- Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belice, hecho en Belmopan el 1 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 240, de 25 de enero
de 2002. (Número de expediente 110/000137.) ...
(Página 7229)
- Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día del túnel de carretera de Somport, hecho en Perpiñán el 11 de octubre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 242, de 1 de febrero
de 2002. (Número de expediente 110/000138.) ... (Página 7230)
- Intercambio de Cartas constitutivo de una declaración interpretativa de los párrafos tercero y cuarto del artículo 9 del Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día del túnel de carretera de
Somport, hecho en Perpiñán el 11 de octubre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 243, de 1 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000139.) ... (Página 7230)
- Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000, del Acuerdo Interno entre los representantes de
los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria; y del Acuerdo Interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el
seno del Consejo, relativo a las medidas y procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 244, de 1 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000140.)
... (Página 7230)
- Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Checa, por otra, para tener en cuenta
la adhesión de la República de Austria,
de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 251, de 8 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000145.) ...
(Página 7230)
- Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 30 de junio de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 252, de 8 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000146.) ... (Página 7231)
- Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 253, de 8 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000147.) ... (Página 7231)
- Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Hungría, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 28 de junio de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 254, de 8 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000148.) ... (Página 7231)
- Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Polonia, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 255, de 8 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000149) ... (Página 7231)
- Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Rumania, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 28 de junio de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 256, de 8 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000150.) ... (Página 7232)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 57-1, de 23 de noviembre de 2001 (corrección de error en escrito con núm. reg. 53387). (Número de expediente
121/000057.) ... (Página 7232)
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 58-1, de 23 de noviembre de 2001. (Número de expediente 121/000058.) ...
Votaciones de conjunto:
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 41-1, de 29 de junio de 2001.
(Número de expediente 121/000041.) ... (Página 7248)
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 58-1, de 23 de noviembre de 2001. (Número de expediente 121/000058.) ...
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre). 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie A, número 67-1. de 15 de febrero de 2002. (Número de expediente 121/000067.) ... (Página 7248)
Declaración institucional ... (Página 7255)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)
- Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-Ley 16/2001.
de 27 de diciembre). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 67-1, de 15 de febrero
de 2002. (Número de expediente 121/000067.) ...
(Página 7256)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 7220)
Proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación ... (Página 7220)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado, son aprobadas.
Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 7228)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá sobre transporte aéreo, hecho en Panamá el 7 de agosto de 2001 ... (Página 7228)
Sometido a votación, se aprueba por 284 votos a favor y una abstención.
Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995 y Declaraciones que va a formular España ... (Página 7228)
Sometido a votación, se aprueba por 288 votos a favor y una abstención.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Estonia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ...
(Página
7228)
Sometida a votación, se aprueba por 285 votos a favor y tres abstenciones.
Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, hecho en Túnez el 24 de septiembre de 2001 ...
Sometido a votación, se aprueba por 287 votos a favor y una abstención.
Protocolo que modifica, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), el artículo 2 y el anexo de dicho Convenio, hecho en Bruselas el 30 de noviembre de 2000
... (Página 7229)
Sometido a votación, se aprueba por 286 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria en materia de inmigración, hecho en Abuja el 12 de noviembre de 2001 ... (Página 7229)
Sometido a votación, se aprueba por 284 votos a favor y una abstención.
Convenio entre el Reino de España y la República Tunecina sobre asistencia judicial en materia penal, hecho en Túnez el 24 de septiembre de 2001 ...
(Página 7229)
Sometido a votación, se aprueba por 287 votos a favor y una abstención.
Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, hecho en Madrid el 12 de septiembre de 2001 ...
(Página 7229)
Sometido a votación, se aprueba por 285 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Convenio Internacional del Café (Resolución número 393), hecho en Londres el 28 de septiembre de 2000 ... (Página 7229)
Sometido a votación, se aprueba por 286 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001 ... (Página 7229)
Sometido a votación, se aprueba por 285 votos a favor y tres abstenciones.
Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belice, hecho en Belmopan el 1 de noviembre de 2001 ... (Página 7229)
Sometido a votación, se aprueba por 284 votos a favor y una abstención.
Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día del túnel de carretera de Somport, hecho en Perpiñán el 11 de octubre de 2001 ... (Página 7230)
Sometido a votación, se aprueba por 283 votos a favor y dos abstenciones.
Intercambio de cartas constitutivo de una declaración interpretativa de los párrafos tercero y cuarto del artículo 9 del Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día del túnel de carretera de
Somport, hecho en Perpiñán el 11 de octubre de 2001 ... (Página 7230)
Sometido a votación, se aprueba por 287 votos a favor y una abstención.
Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000; del Acuerdo interno entre los representantes de
los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria; y del Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el
seno del Consejo, relativo a las medidas y procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de asociación ACP-CE ... (Página 7230)
Sometido a votación, se aprueba por 282 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Checa, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Austria, de
la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 29 de noviembre de 1999 ... (Página 7230)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 30 de junio de 1999 ... (Página 7231)
Sometido a votación, se aprueba por 287 votos a favor y tres abstenciones.
Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, para tener en cuenta
la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio de 1999 ... (Página 7231)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Hungría, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 28 de junio de 1999 ... (Página 7231)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Polonia, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio de 1999 ... (Página 7231)
Sometido a votación, se aprueba por 289 votos a favor y uno en contra.
Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Rumanía, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 28 de junio de 1999 ... (Página 7232)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 7232)
Proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia ... (Página 7232)
Proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia ... (Página 7232)
En defensa de las enmiendas presentadas a los dos proyectos de ley intervienen los señores Puigcercós i Boixassa y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Companys Sanfeliú,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Marsal Muntalá, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que son rechazadas.
Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, con la corrección técnica anunciada en el preámbulo, se aprueba por 286 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
Se procede a la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, que son rechazadas.
Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, se aprueba por 283 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
Votaciones de conjunto ... (Página 7248)
Proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia ... (Página 7248)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, se aprueba por 284 votos a favor, 17 en contra y una abstención.
Proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación ... (Página 7248)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, se aprueba por 195 votos a favor, cuatro en contra y 104 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 7248)
Proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre) ... (Página 7248)
Defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Vázquez Vázquez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López (don Antero); Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Merino
Delgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración institucional ... (Página 7255)
La Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos, propone a la Cámara una declaración institucional que recuerda que el día 8 de marzo fue declarado por Naciones Unidas el Día Internacional de la Mujer y en la que el Congreso de
los Diputados se compromete a desarrollar programas de sensibilización hacia otras sociedades con el fin de transmitir que no puede haber progreso sin igualdad, así como a elaborar todas aquellas normas que sean necesarias para conseguir una
sociedad más solidario y más justa, declaración que es aprobada por asentimiento.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página 7256)
Proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre) ... (Página 7256)
Sometida a votación la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de
diciembre), se rechaza por 4 votos a favor, 179 en contra y 99 abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. (Número de expediente 121/000041)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que la Cámara Alta ha introducido, con el correspondiente mensaje motivado, a este proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación. En su inmensa mayoría, las enmiendas
que vienen del Senado son enmiendas de corrección técnica, gramatical y de estilo de algunas cuestiones muy concretas y puntuales, pero me quiero referir a dos enmiendas fundamentales relacionadas con enmiendas del Grupo Popular, algunas de ellas
transaccionales a otras propuestas por el Grupo Socialista y apoyadas por el Grupo de Coalición Canaria en el Senado, y que se refieren a los artículos 1 y 4.
Las relativas al artículo 1 van dirigidas a dar un marco específico de referencia a las asociaciones constituidas para fines exclusivamente religiosos por las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, y vienen a decir que se regirán
por lo dispuesto en los tratados internacionales y en las leyes específicas. Nosotros estamos de acuerdo con la redacción que viene del Senado. Igualmente estamos de acuerdo con las medidas cautelares que se introducen de orden y de disciplina
presupuestaria con respecto al artículo 4, cuando dice que los poderes públicos tendrán la obligación de no facilitar ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razones de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Ello está en armonía con lo que señala la Constitución española cuando dice que ningún ciudadano puede ser discriminado por estas razones. Por tanto, la ley de
asociaciones lo tenía que contemplar.
Mi grupo va a votar favorablemente estas enmiendas porque entiende que vienen a poner a este tipo de entidades en una situación de claridad legislativa y no de indefinición o inseguridad jurídica, todo ello unido a las líneas de auxilio
económico o administrativo que los poderes públicos les deben facilitar. Sin embargo, mi grupo tiene que decir que le hubiera gustado que el Senado hubiese introducido una modificación al punto correspondiente del artículo 3, cuando vuelve este
texto legal a restringir y no consignar, aunque de una manera que puede permitir un entendimiento futuro, nuestras dos enmiendas fundamentales, y concretamente una dirigida a este artículo para que se reconociera el derecho de asociacionismo del
personal militar profesional o de retiro o de reserva de las Fuerzas Armadas. Igual que se ha dicho aquí con respecto a las asociaciones religiosas que se regirán por lo dispuesto en las leyes específicas, también esperamos que cuando tengamos que
discutir el derecho de asociacionismo militar en razón de la sentencia que el pasado año dictó el alto tribunal, el Tribunal Constitucional, que interpreta nuestra norma fundamental, la Carta Magna, viniendo a reconocer ese derecho en la reclamación
sustanciada por una asociación militar al respecto, en ese marco específico volvamos a tratar ese tema, porque hay que corregir el texto de este proyecto de ley que mantiene un cierto empecinamiento al considerar a los institutos armados de
naturaleza militar como Fuerzas Armadas. El artículo 8.º de la Constitución española no le da el carácter de Fuerzas Armadas a ningún instituto armado, se lo da al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire. Nosotros trabajaremos con
lealtad constitucional para que, de acuerdo con lo manifestado en Comisión por el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a quien agradecemos la cordialidad y los puentes tendidos, esto se pueda legislar en un marco específico.
Por todas esas razones, señorías, mi grupo votará favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El Senado ha introducido en el texto del proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, aprobada en su día por esta Cámara, un total de 30 enmiendas de muy diferente alcance, contenido y significación. De estas 30 enmiendas
incorporadas al texto del proyecto, 22 eran del Grupo Popular, es decir, la gran mayoría; cuatro eran enmiendas transaccionales también del Partido Popular, aunque presentadas sobre la base de enmiendas originariamente procedentes de otros grupos
parlamentarios, sobre todo del Grupo Socialista; una del Grupo Mixto; otra de Entesa Catalana de Progrés, y dos del Grupo Parlamentario Socialista. Aunque el mensaje motivado que acompaña al texto procedente de la Cámara Alta no lo explicite, es
preciso hacer notar también que el espíritu de la única enmienda que el Grupo Nacionalista Vasco en el Senado presentó
durante la tramitación de este proyecto de ley orgánica se encuentra sustancialmente recogido en el apartado a) del artículo 32 del texto actual.
Como decía, se trata de enmiendas de muy diferente calado y envergadura.
Algunas, como la que sustituye, por ejemplo, la palabra 'asociativismo' por 'asociacionismo' o la que incluye la preposición 'en' entre las expresiones 'lo dispuesto'
y 'la disposición' o la que sustituye en el artículo... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Erkoreka, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Estaba intentando hacer un repaso del diferente tipo de enmiendas que han sido introducidas por el Senado. Algunas, como decía, como la que incluye la preposición 'en' entre las expresiones 'lo dispuesto' y 'la disposición' o la que
sustituye en el apartado c) del artículo 12 'asignados' por 'designados', son meras correcciones de errores, por llamarlas de una manera clara. Evidentemente, nada tenemos que objetar a su incorporación al texto y votaremos a favor de estas
enmiendas.
Un pequeño grupo de enmiendas introduce correcciones gramaticales de estilo o incluso ortográficas. También contarán con nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, pues nada cabe oponer, por ejemplo, al hecho de que la palabra
estatuto se escriba con mayúscula en los numerosos artículos del texto en los que figura.
Existe, en tercer lugar, un amplio elenco de enmiendas que introducen en el texto unas mejoras que podríamos calificar de técnico-jurídicas y que contribuyen sin duda alguna a perfeccionar la redacción con la que los artículos
correspondientes salieron aprobados de esta Cámara. Tal es el caso, por ejemplo, de la que propone añadir una referencia a las uniones, a las numerosas menciones que en el texto se hacen a las federaciones y confederaciones o la que adiciona a la
mención de la personalidad jurídica una referencia explícita a la plena capacidad de obrar. Todas éstas tendrán también nuestro voto favorable.
Las que añaden nuevos párrafos a los apartados tercero y cuarto de la exposición de motivos hacen afirmaciones, a nuestro juicio, obvias, casi retóricas, que en realidad nada sustantivo o novedoso añaden al régimen jurídico de las
asociaciones, aunque no deje de ser curioso el empeño de sus redactores de justificar las injerencias administrativas en el funcionamiento interno de las asociaciones. Porque que los derechos fundamentales tienen límites y que estos proceden de la
necesidad de respetar otros derechos fundamentales u otros valores constitucionales del mismo rango es incuestionable; está ratificado por una dilatadísima y reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que no es preciso reiterar y
explicitar. Tampoco nos opondremos al hecho de que esto, que es evidente y obvio, se incorpore al texto de la exposición de motivos.
Centrándonos ya en las que mayor enjundia revisten, apoyaremos la que modifica el apartado 3 del artículo 1, en relación con las asociaciones constituidas por confesiones y comunidades religiosas. Nos parece positivo dotar a una previsión
que originariamente había estado concebida con carácter exclusivo para la Iglesia católica de las notas de generalidad y abstracción que deben caracterizar a las normas jurídicas.
En un sistema político aconfesional, las confesiones y comunidades
religiosas deben partir de un estatus de paridad, de igualdad y la modificación introducida en la norma a través de la enmienda correspondiente del Senado creemos que hace esto posible de una manera digna, razonable y admisible. Por tanto, también
apoyaremos esta enmienda.
Vamos a apoyar también la que añade un apartado 5 al artículo 4.º, que prohíbe a los poderes públicos facilitar ayuda a las asociaciones que quiebren el principio de igualdad tanto en el régimen de admisión de socios como en su
funcionamiento ordinario. Es decir, el principio de igualdad no solamente es un derecho fundamental, sino también un valor superior del ordenamiento jurídico, por lo que nos parece lógico incorporar esta previsión al articulado del proyecto. Sin
embargo, nos vamos a abstener en relación con la enmienda que añade a este mismo artículo un apartado número 6, y lo vamos a hacer no porque discrepemos del objetivo que con la misma se persigue, que evidentemente compartimos.
Estamos de acuerdo
con una medida que pretende negar cualquier clase de apoyo público económico o de otro tipo a asociaciones que justifiquen o que practiquen la violencia y el odio contra las personas físicas o jurídicas o que lleven a cabo el resto de las conductas
que se describen en ese precepto.
Repito que estamos de acuerdo con esta finalidad, por lo que, si nos vamos a abstener en relación con esta enmienda no va a ser porque discrepemos de su contenido de fondo, sino porque el modo en que se ha incorporado al texto, a través de
una enmienda unilateral presentada por el Grupo Popular en el Senado, cerrando toda posibilidad a un debate en el que poder contrastar pareceres y depurar su contenido, nos parece inapropiado en relación con una disposición de tanta envergadura y
que presenta tantos aspectos delicados con respecto al conjunto del proyecto. Si en lugar de haber sido incluida en el Senado, como decía, a través de una enmienda unilateral del Grupo Popular, sin el consenso de los restantes grupos
parlamentarios, ni tan siquiera de aquellos que veníamos prestando un apoyo más o menos explícito e implícito al proyecto de ley a lo largo de su tramitación en el Congreso, esta disposición hubiese figurado en el proyecto original que fue remitido
por el Gobierno
a la Cámara, el panorama hubiese sido otro: primero, porque la disposición hubiese tenido que superar los preceptivos controles del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que sin duda hubiesen resultado de sumo interés
en relación con un tema de esta envergadura, pero por razones que se nos ocultan el Partido Popular ha preferido soslayar este trámite; y segundo, porque el Grupo Vasco hubiese tenido la oportunidad de enmendar y, en su caso, debatir para depurar
algunos aspectos de la redacción que nos plantean ciertos interrogantes, tales como si su contenido reviste o no carácter orgánico a la luz de la jurisprudencia constitucional dictada en relación con el perímetro que lo orgánico tiene en el
desarrollo de los derechos fundamentales o si tiene sentido o no sancionar con la imposibilidad de recibir ayuda económica o de otro tipo a asociaciones como las que se citan en el texto, a las cuales se les impone ya la máxima sanción que a una
entidad asociativa le puede imponer el ordenamiento jurídico, puesto que muchas de las que se citan son o bien ilegales, utilizando la expresión del párrafo 2 del artículo 22 de la Constitución, o bien ilícitas y punibles, recurriendo al artículo
515 del Código Penal. Y otra duda que nos suscita el texto tal y como está redactado es si resulta acorde con el ordenamiento jurídico establecer que toda asociación que cuente con 1.000, 2.000, 3.000 ó 10.000 miembros pueda quedar contaminada y
ser sancionada por el ordenamiento jurídico por el hecho de que tan sólo uno de sus miembros haya sido condenado por sentencia firme en tanto no haya cumplido completamente la condena. Nos plantea dudas si la seguridad jurídica se resiente o no con
esos aspectos del proyecto.
Así pues, lamentando que el Partido Popular haya preferido dejar al margen del consenso este precepto, el cual se inserta en un proyecto de ley cuya elaboración ha supuesto un importante esfuerzo, nos abstendremos en relación con este punto,
ya que insisto en que la técnica utilizada sólo nos permite hoy pronunciarnos con un sí o con un no con respecto a esta enmienda, cuya finalidad ya he dicho que compartimos y con cuyos objetivos estamos de acuerdo, pero su corrección jurídica nos
plantea algunas dudas serias imposibles de depurar en este trámite del proyecto de ley. Por eso, vamos a pedir la votación separada de dicha enmienda y nos vamos a abstener.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario va a abstenerse por entender que ha sido una segunda gran ocasión perdida para elaborar una verdadera ley de asociaciones. Este portavoz recuerda que cuando realizó una intervención similar dio pie a que el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular dijera que sí, pero ustedes han tenido una ausencia notoria y notable en las distintas reuniones preparatorias, a pesar de la generosidad expresada por parte de los grupos. En aquel momento no quise
responder y lo quiero hacer en este momento. Antes quiero aprovechar para agradecer la generosidad de los grupos y explicar que en la vida uno va cometiendo errores, pero que en algunas cuestiones se acumulan todos. Fue una tremenda
descoordinación, lo que en opinión de mi grupo explica aunque no justifica la ausencia en esas cuestiones. Por tanto, pidiendo disculpas por ello, tengo que decir que la tramitación en el Senado ha sido una nueva ocasión perdida para elaborar una
buena ley de asociación.
Las enmiendas que se han introducido en el Senado se pueden agrupar en tres grupos, al igual que han hecho portavoces anteriores. Un primer grupo se refiere a las enmiendas de carácter técnico. Evidentemente, nosotros no tenemos ningún
problema en que se mejore el estilo o que la palabra estatuto, referida a los estatutos propios de las asociaciones, vaya con mayúscula. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento señor Rejón, por favor.
Señorías, ruego que guarden silencio.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
No pensé que el desastre del Real Madrid iba a ser para tanto.
Como decía, mi grupo no tiene ningún problema con que la palabra estatuto vayan en mayúscula.
Una segunda cuestión, a la que ha hecho mención antes el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se refiere a que se vuelva a recalcar en esta ley a aquellas asociaciones que, como muy bien ha dicho, serían ilegales o ilegítimas y
por lo tanto ya estarían castigadas o sancionadas desde otros ámbitos. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Es la obsesión legítima del partido que soporta al Gobierno, del Partido Popular, de intentar ilegalizar por vía
gubernativa lo que debería de estar ilegalizado en el ámbito de la justicia, es decir, su ilegalización corresponde al ámbito de la justicia. Considero que esto no añade nada nuevo; al contrario, es la manía que alguien tiene todavía de querer
tener un ministerio de gobernación y no el Ministerio de Interior. Hay unas determinadas responsabilidades que corresponden al Gobierno y ellos entienden que esa es la mejor manera de recalcar o de obstruir el paso -que nosotros entendemos que
compete al ámbito judicial- a aquellas organizaciones que son ilegales o ilegítimas o que mantienen prácticas ilegales o ilegítimas. Señorías, tampoco estamos de acuerdo con esto, pero entendemos el derecho de cada uno a interpretarlo a su manera.
El tercer elemento que a nosotros sí nos llama la atención y que nos preocupa es que este país a nivel de encuestas, de sondeos, de prácticas familiares o de prácticas culturales, como la que se llevará a cabo dentro de dos o tres semanas,
es mayoritariamente católico. Por eso siempre he tenido un respeto intelectual por don Manuel Hazaña y siempre consideré una chorrada que dijera: España ha dejado de ser católica. Eso está claro. Pero España tiene mayoritariamente un cierto
tufillo anticlerical; es decir, es algo que está en la tradición española y que está incluso en la propia cultura y en la propia literatura española. Con relación a esto, que no es ni bueno ni malo, porque tampoco es que haya llevado a grandes
situaciones, considero que se trabaja torpemente desde ámbitos que teóricamente deberían de tener un cuidado exquisito con respecto a estos tratamientos. Me refiero a la manía que tiene este Gobierno de sacar siempre de cualquier legislación
general a las organizaciones, a la enseñanza o a todo lo que tenga relación con la religión católica. Para ello, se amparan en que está establecido en los tratados internacionales. Pues ahora que, según rumores, se están revisando muchos de los
tratados internacionales, les ruego que no introduzcan estas cosas en esos tratados internacionales y no se verán obligados por ellos. Conocemos -por cierto, a través de un foro de debate- los borradores de las leyes de fundaciones y de mecenazgo,
y vemos que también sacan de estas legislaciones todo aquello que tenga algo que ver con la Iglesia católica. Señorías, aquí somos todos iguales y si se saca de la legislación general a asociaciones que tienen relación con la Iglesia católica,
puede ser por dos cosas, o para tener un trato peor o para tener un trato mejor. Nadie va a pensar que va a ser para tener un trato peor, sino que es para tener un trato mejor. Como ustedes comprenderán, en un país aconfesional desde la aprobación
de la Constitución, eso no tiene enclave. Además, a la larga, hay cariños que matan y son los que van alimentando todo un sentimiento anticlerical.
Por estas razones, por entender que es una segunda gran ocasión perdida, mi grupo parlamentario se va a abstener.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy vamos a aprobar definitivamente en esta Cámara el proyecto de ley orgánica que regula un derecho fundamental, el derecho de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución. Era una asignatura pendiente, puesto que
el artículo 81 de la Constitución nos pide que por ley orgánica se regule el desarrollo de los derechos fundamentales. Es cierto, señorías, que algunas comunidades autónomas han ejercido ya su competencia, en el marco de esa legislación estatal, y
han aprobado sus propias leyes de asociación. En el caso de Cataluña, tenemos una normativa específica sobre asociaciones porque la realidad asociativa es muy rica y ha canalizado la participación de la sociedad civil en muchas actividades.
Nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto de ley orgánica con las enmiendas que ha introducido el Senado. Votamos afirmativamente una ley que pensamos que puede desarrollar el asociacionismo y que puede dar un impulso a las
asociaciones. Nuestro voto será positivo en el ánimo de querer ayudar normativamente al movimiento asociativo, movimiento con el cual nos sentimos muy vinculados en Cataluña.
Hay un aspecto concreto de las enmiendas que no ha comentado ningún otro portavoz y que mi grupo quería poner de relieve. Es una enmienda concreta que no la encontramos ajustada al bloque de la constitucionalidad. Me refiero al nuevo
apartado 2, de la disposición final, del proyecto de ley. En la enmienda introducida por el Senado se declara de directa aplicación en todo el territorio del Estado, por tanto, se declara básico, de acuerdo con el artículo 149.1.1 de la
Constitución, el artículo 30, apartado 1. Este apartado, declarado básico y por tanto de aplicación en todo el territorio del Estado, regula el plazo de inscripción en el correspondiente registro, un plazo que será en todo caso de tres meses, ni
tan siquiera fijamos un plazo máximo de garantía permitiendo alguna regulación. Se dice: en todo caso, este plazo será de tres meses. Este aspecto concreto no es desarrollo de los principios básicos que podrían ampararse en el artículo 149.1.1 de
la Constitución.
Ese artículo prevé la regulación de las condiciones básicas, pero básico no puede ser establecer ese plazo, en todo caso. Este matiz no es ajustado a ese bloque de la constitucionalidad y no podrá recibir el apoyo de mi grupo
parlamentario. En cualquier caso, mi grupo se congratula hoy de que el Congreso de los Diputados, en definitiva, las Cortes Generales, aprueben finalmente este proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, proyecto que recibirá el
voto positivo de mi grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señor presidente.
La verdad es que me alegro de que esta ley vuelva al Pleno de la Cámara y en plena presidencia española de la Unión Europea tengamos la oportunidad de hablar, a propósito de la ley de asociaciones, de qué es eso de la Europa de los
ciudadanos, la Europa que queremos construir entre toda la ciudadanía y que parece ser sólo
una frase hecha de la que, por supuesto, huye el Gobierno del señor Aznar.
Señorías, desde el inicio de este periodo de sesiones fue una prioridad del Grupo Parlamentario Socialista aprobar un nuevo marco legal que regulara el derecho de asociación en nuestro país; de ahí nuestro propio proyecto de ley y el texto
alternativo presentado a la ley del Gobierno.
No pudimos entonces obtener el consenso deseado por la negativa del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular a modificar en su texto algunas cuestiones que nos parecían básicas, cuestiones como el
derecho de asociación de los extranjeros residentes en España. Señorías, ayer hablábamos de los derechos humanos de estos extranjeros, hoy volvemos a hablar de los derechos de esas personas, que tienen innato, por ser humanos, el derecho de
asociación y de reunión, que no refleja una vez más esta ley. También hablamos del derecho de asociación de la Guardia Civil y del derecho de asociación con fines no sindicales de los militares, y hemos presentado en coherencia un texto específico
que esperamos que en esta ocasión tenga el apoyo del Grupo Popular. Además discrepamos en cuanto a los cauces institucionales de participación y de fomento del asociacionismo, que esta ley no contempla.
No sólo discrepamos de la ley del Gobierno en estos aspectos. En una estrategia cuanto menos extraña, el Grupo Popular introdujo a última hora una enmienda intentando dejar al margen de esta ley a las asociaciones civiles de la Iglesia
católica, para que estas pudieran trabajar sin control legal alguno, pero eso sí beneficiándose de amplios convenios con el Estado para la prestación de determinados servicios sociales. Esta enmienda, señorías, producía una doble discriminación, en
primer lugar, entre las asociaciones civiles de la Iglesia y aquellas otras de carácter civil que sí estaban sujetas al control de esta ley, y en segundo lugar, entre las primeras y aquellas otras asociaciones que son de otras confesiones
religiosas. Nos alegramos de que finalmente, en el trámite del Senado, el Grupo Parlamentario Popular haya rectificado y recapacitado en este aspecto -aspecto que, como ya planteamos en esta Cámara, rozaba la inconstitucionalidad- y haya corregido
también otras lagunas importantes que el Grupo Parlamentario Socialista ya detectó en el Congreso y que van a permitir mayor transparencia en el funcionamiento del mundo asociativo.
Señorías, los acuerdos y las modificaciones que se han producido en el Senado gracias a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista han motivado que cambiemos el sentido de nuestro voto, y finalmente, en lugar de votar en contra, como
hicimos en el pasado Pleno, nos vamos a abstener.
Créanme, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista habría deseado que esta ley hubiese sido votada favorablemente por todos los grupos, fruto del consenso, ya que regula un derecho fundamental tan importante como el derecho de asociación,
pero como ya dije al inicio de este debate, nuestro modelo de participación social es radicalmente distinto. No nos gusta el modelo que dibuja el proyecto del Gobierno, aun reconociendo que algunos aspectos técnicos han sido mejorados gracias a las
enmiendas que hemos ido introduciendo en todo el proceso.
Señor presidente, señorías, hace unas semanas conocíamos una iniciativa sin precedentes en nuestro país. Más de cien ONG de enorme prestigio, que trabajan en los sectores de la cooperación al desarrollo, el medio ambiente, la inmigración y
los derechos humanos, se unían para firmar un manifiesto que reflejaba el malestar de las organizaciones sociales con el Gobierno por su falta de sensibilidad democrática y por la ausencia de diálogo. El manifiesto de las ONG empezaba denunciando
que el Gobierno pretende más Europa para los ciudadanos, pero sin los ciudadanos.
Señorías, repito ahora palabras de las organizaciones no gubernamentales, y no del Grupo Parlamentario Socialista, que decían textualmente lo siguiente: Constatamos
en épocas pasadas un creciente interés por escuchar las propuestas de la sociedad civil, aunque fueran críticas, así como una voluntad en momentos concretos de plantear cambios reales en su forma de actuar. Sin embargo, en esta legislatura con
mayoría absoluta del Partido Popular, percibimos una clara marcha atrás. Se está anulando -decían- el diálogo sustantivo y despreciando la participación de las organizaciones sociales en la vida pública. Insisto, no es una valoración del Grupo
Parlamentario Socialista, es la voz de más de cien ONG españolas que quiero recordar hoy en esta Cámara.
Señoras y señores del Gobierno, señoras y señores del Partido Popular, activen, de una vez por todas, los espacios institucionales establecidos legalmente para la participación y el diálogo social. Una vez más, les recuerdo desde esta
tribuna que el Consejo de Cooperación, el Foro de la Inmigración, el Consejo Asesor del Medio Ambiente están desarticulados.
Algunos de estos foros no han sido convocados en dos años y en otros han alterado la composición con unas formas burdas,
negando la posibilidad de su elección democrática por las entidades representativas de las organizaciones correspondientes. Señorías, están desvirtuando el carácter consultivo de los órganos y, desde luego, el carácter abierto de una democracia
participativa.
Estos días he leído y escuchado con indignación cómo el señor Aznar y varios de sus ministros acusaban a los socialistas catalanes por apoyar las protestas denominadas antiglobalización de Barcelona. Les criticaban por dejar a sus
militantes acudir a las movilizaciones. Hay que tener mermado el sentido demócrata para hacer estas manifestaciones, aunque no me extraña después de ver la labor del Gobierno y de todo su aparato neoconservador para demonizar toda manifestación
pública, tenga los fines que tenga. Quiero recordar aquí la manifestación de la LOU, manifestaciones
por la deuda externa y ahora, de nuevo, una manifestación de ciudadanos.
Desconoce el señor Aznar que el Foro Social de Barcelona es una plataforma ciudadana que defiende una Europa más social, en la que participan personas tan peligrosas o
sospechosas como los cristianos de base, los sindicatos, las ONG de diferentes ámbitos o los partidos políticos.
Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, créanme si les digo que hace poco más de un mes asistí en Porto Alegre a una de las manifestaciones más hermosas de la democracia: decenas de miles de personas de todo el mundo
reflexionando en voz alta sobre cómo gestionar, cómo gobernar o cómo mirar al mundo con sentido de equidad y justicia social. Fue un auténtico laboratorio de ideas hacia el que los políticos debemos mirar de vez en cuando, porque estoy segura de
que aprenderemos algo. Además, quiero decir en esta tribuna que estoy convencida de que ni los militantes del Partido Socialista ni los de otros partidos políticos tienen que demostrar, ni hoy ni nunca, su carácter pacífico y tolerante, pues lo
hemos demostrado todos los días. Señor presidente, señorías, está claro que en esta legislatura no podemos llegar a un pacto en materia de participación social. Su modelo de democracia nada tiene que ver con los valores que los socialistas
queremos promover desde las instituciones.
Ustedes hablan de participación negando la participación. Las asociaciones les molestan. Cuando discrepan de sus planes no les dan valor porque les niegan la representatividad y la legitimidad, porque
son sólo masas de ciudadanos que quieren opinar y decidir, aunque sólo sea un poquito.
Señorías, los socialistas nos hemos propuesto dignificar la esfera pública y para ello debemos ser arriesgados en reformas institucionales que nos acerquen a la ciudadanía. No se trata de prometer paraísos utópico sino de promover nuevas
estructuras que permitan mejorar la propia sociedad, y esas nuevas estructuras se echan en falta en una ley como la que hoy se aprueba en esta Cámara.
La única manera de establecer y asegurar que los gobiernos y la política en general no caigan en intereses puramente partidistas, que se represente la voluntad democrática día a día y que se promueva la libertad de los ciudadanos y
ciudadanas, es que estos mismos ciudadanos y ciudadanas participen activamente en la esfera pública y compartan un fuerte sentimiento de virtudes cívicas. Sólo así, señorías, estaremos fortaleciendo nuestra democracia. De lo contrario -y ejemplos
tenemos en nuestro entorno, desgraciadamente-, veremos cómo la frustración de los ciudadanos activos, a los que se niega el derecho a hablar, únicamente puede conducirnos a una democracia raquítica que representa sólo a unos pocos.
Señorías, tan importante como la ley que hoy se va a aprobar en esta Cámara será el posterior desarrollo reglamentario. Hay algunas lagunas importantes que el reglamento tendrá que corregir y aspectos que habrá que completar, y desde ahora
ofrecemos al Grupo Popular y al Gobierno nuestra colaboración para negociar un buen reglamento que resuelva, por un lado, los problemas de funcionamiento interno que encuentran hoy algunas organizaciones y que desarrolle, por otro lado, mecanismos
de transparencia y de control de las subvenciones públicas. Hay aspectos, como el desarrollo de convenios entre las administraciones públicas y las ONG para la prestación de determinados servicios, que tendrían que ser objeto de una regulación
posterior muy transparente.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, ofrezco mi total colaboración para fortalecer los cauces de participación y diálogo entre las organizaciones sociales y las administraciones públicas, en aras de mejorar la calidad de nuestra
democracia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pajín.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, abordamos hoy el debate de las enmiendas del Senado a la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación, un derecho encuadrado dentro del Título I de nuestra Constitución. Eso tiene especial significación porque, si todas las
leyes de desarrollo constitucional son importantes, más lo son aquéllas que regulan y desarrollan derechos fundamentales. Es una ley muy necesaria porque regula un derecho esencial, un derecho de libertad que, a pesar de estar fuertemente enraizado
en nuestra sociedad, hasta la fecha no había sido objeto de desarrollo constitucional, por lo que permanecía vigente una norma proveniente del pasado: la Ley de asociaciones de 1964, en parte no derogada por la Constitución, pero inspirada en
principios políticos incompatibles con ella. Con este trámite parlamentario superaremos esa vetusta e incompleta legislación y dotaremos a las asociaciones de un marco estable y plenamente constitucional. De ahí la relevancia de este debate, que
finalizará con el refrendo de una norma tan importante.
Señorías, es una ley que, si bien tiene origen en un proyecto remitido por el Gobierno a esta Cámara, como ya se ha puesto de manifiesto, ha sido sustancialmente mejorada y enriquecida por todos los grupos parlamentarios, siendo el diálogo y
la búsqueda del consenso la norma que nos ha guiado a lo largo de toda la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. Todo ello con el afán de hacer un buen texto legal, una ley que perdurase en el tiempo, que reflejase en buena parte las
aspiraciones del movimiento asociativo y, cómo no, que también reflejase la mayor parte de las aspiraciones y sugerencias de los grupos parlamentarios. Creo, señorías,
que en gran medida lo hemos conseguido, y las enmiendas del Senado también han contribuido a ello.
El Senado nos envía una serie de enmiendas que en parte son mejoras técnicas y otras son mejoras relevantes. A ello ya han aludido los portavoces de los grupos parlamentarios y yo me referiré brevemente a dos enmiendas del conjunto de
ellas. La primera se refiere a las asociaciones vinculadas a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas, tema que en la fase inicial de la tramitación fue objeto de cierta controversia pues dio lugar a erróneas interpretaciones y al que
se le ha buscado entre todos una solución razonable, con una redacción más completa y acertada. Por cierto, señora Pajín, no sólo no invalida ninguno de los argumentos que sirvieron de base para la inclusión en la fase inicial de la tramitación de
esta ley esa referencia obligada a las asociaciones de la Iglesia católica, precisamente derivada de la plena vigencia de los acuerdos con la Santa Sede, sino que incluso los confirma, eso sí, ampliándolos y completándolos con la referencia al resto
de las comunidades religiosas y aclarando también el alcance de dicha legislación específica. Ni entonces pretendíamos, como usted dijo en esta tribuna, excluir a las asociaciones de la Iglesia católica de la obligada sujeción al principio de
transparencia que ha de regir la vida de toda asociación, ni tampoco lo pretendemos con esta enmienda transaccional acordada por todos los grupos. Así pues, en este tema no modificamos sino que confirmamos nuestra posición inicial, eso sí, con una
redacción técnicamente más clara, más completa y más acertada.
La segunda de estas enmiendas se refiere a la exclusión de la posibilidad de obtención de ayudas públicas a las asociaciones que en su proceso de admisión o funcionamiento vulneren el principio constitucional de no discriminación, así como
aquellas otras que, por no respetar los más elementales principios del juego democrático, tampoco merecen ser acreedoras de esas ayudas al justificar la violencia, el terrorismo o la humillación a sus víctimas. Se trata, señorías, de proteger los
principios de igualdad ante la ley y de no discriminación, se trata de proteger los valores de la libertad, de la dignidad de las personas, el respeto a la ley y los derechos de los demás. Señorías, son principios y valores sobre los que se asienta
nuestra convivencia y quien no respete esos valores, repito, cuando menos no merece ser acreedor de ayudas o subvenciones públicas.
Señorías, yo aludí al inicio de mi intervención a la actitud abierta y dialogante, a las valiosas aportaciones y al esfuerzo realizado por la mayoría de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para alcanzar acuerdos que
mejorasen y enriqueciesen este proyecto de ley. Las enmiendas del Senado son un fiel reflejo de esa actitud. Se han acercado posiciones, se ha mejorado el texto y se han fortalecido los principios que inspiraban el contenido de esta ley, tan
necesaria como reclamada por el movimiento asociativo español. Por eso, no entendemos el interés y las razones que siguen empujando al Grupo Parlamentario Socialista a poner el acento y el énfasis en aquellos aspectos que aún nos separan, en vez de
enfatizar en los aspectos que nos unen, que son la mayoría, reeditando un discurso que no se correspondería con este trámite formal que se refiere a las enmiendas del Senado, pero puesto que se ha referido a ello me obligará también a hacer unas
breves puntualizaciones.
La primera de ellas tiene que ver con el asociacionismo de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Quiero dejar claro que con esta ley no se establece ni se introduce ninguna limitación en el ejercicio del derecho de asociación ni de la
Guardia Civil ni de las Fuerzas Armadas.
Sencillamente, para ambas instituciones de naturaleza militar nos remitimos a su legislación específica para las condiciones del ejercicio de este derecho. Se podrá estar o no de acuerdo sobre las
limitaciones que dicha legislación específica establece para el ejercicio del derecho de asociación en ambos colectivos, pero entre todos los grupos deberíamos de convenir que esta cuestión, por afectar al vigente modelo de las Fuerzas Armadas,
deberá abordarse con profusión, con serenidad, teniendo en cuenta, como decía el señor Mardones, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, pero no en esta ley, sino en el marco de desarrollo normativo de la Ley de régimen de personal de las
Fuerzas Armadas y el resto de la legislación específica, tal y como recomendaba en su informe el propio Consejo de Estado. En lo que no podemos estar de acuerdo es en que se pretenda utilizar este texto legal para modificar la naturaleza militar
del Instituto Armado de la Guardia Civil, tal y como ustedes pretendían. Sí, señora Pajín, porque defender la supresión de las limitaciones que para el ejercicio del derecho de asociación tiene la Guardia Civil manteniéndolas, por el contrario,
para los miembros de las Fuerzas Armadas, significa ni más ni menos que eliminar la naturaleza militar de la Guardia Civil, y ello afecta a un elemento sustancial en la propia concepción de este instituto armado, por lo que no parece apropiado
utilizar la Ley de asociaciones para una modificación de tanto alcance y de tal naturaleza.
Si eso no nos parece apropiado, tampoco entendemos su empeño en utilizar la Ley de asociaciones para intentar modificar la vigente Ley de derechos y libertades de los extranjeros. Bueno, entender puede que lo entendamos, aunque no lo
compartimos. Lo que nos sorprende, señora Pajín, es ese nuevo elemento de confusión que ustedes han añadido a su discurso en esta materia; no me refiero al drástico cambio de posición de la ley que aplicaron, que fue la de 1985, hasta la fecha, me
refiero al contenido de una enmienda que ustedes han presentado, defendido y votado con ocasión de la tramitación de este proyecto de ley. Me voy a explicar. Ustedes han defendido siempre, o al menos últimamente, que el derecho de asociación es un
derecho humano esencial, que su ejercicio no puede ser
objeto ni de condición ni de limitación y basaron en ese argumento, en gran parte, el recurso de inconstitucionalidad que ustedes presentaron a la Ley de extranjería. Nosotros, por el contrario, siempre hemos considerado que el derecho de
asociación es un derecho fundamental de configuración legal, en el que no cabe arbitariedad, pero sí establecer ciertas condiciones para su ejercicio en la medida en que estas restricciones o limitaciones vengan amparadas por una ley orgánica.
Señorías, el derecho de asociación tiene una doble dimensión. De un lado, la posibilidad de constituir asociaciones y, de otro, la posibilidad de formar parte de asociaciones ya constituidas. Es ahí donde caen ustedes en una gran
contradicción, porque en una de sus enmiendas querían que sólo los extranjeros residentes pudieran constituir asociaciones. Es decir, que los no residentes o irregulares sólo podrían formar parte de asociaciones ya constituidas, pero no podrían
constituir por sí mismos asociaciones. Eso, señora Pajín, es una limitación. Por tanto, podrían haber puesto un torpedo en la línea de flotación del principal argumento en el que ustedes basaron el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de
extranjería, y cuando menos nos han venido a dar la razón diciéndonos que efectivamente, en su ejercicio, el derecho de asociación sí puede ser objeto de restricción, de limitación y de convicción. Es así, señora Pajín.
De todas formas, este es un tema que tampoco deberíamos abordar en el día de hoy por estar pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.
Si por distintos motivos no debemos abordar ni el asociacionismo de la Guardia Civil ni los
temas relacionados con el ejercicio del derecho de asociación de la Ley de Extranjería, sólo le restaría como objeción fundamental lo que usted ha venido en denominar un modelo alternativo y radicalmente opuesto de participación y fomento de
asociacionismo. No sé si tiene categoría de modelo, pero después de la introducción de muchas de sus sugerencias, de muchas de sus propuestas, ya no se aleja tanto del reflejado en el proyecto y, por tanto, dudo mucho que pueda usted seguir
sosteniendo que es un modelo alternativo. Por ello, su anunciada abstención en la votación de conjunto de esta ley tan importante es cuando menos decepcionante y parece que obedece más a razones de estrategia política que a objeciones fundamentales
al articulado de la ley. Ello, salvo que S.S. vuelva a poner como ejemplo de modelo de participación a los movimientos antiglobalización o, como usted misma lo definió hace dos meses en esta tribuna, los grupos alternativos que han surgido al
albor del proceso político de la globalización. En ese caso, le diré que efectivamente ese no es nuestro modelo. Lo sorprendente es que pueda ser el suyo. Espero, señora Pajín, que eso no sea exactamente así.
En cualquier caso, me quedo con lo mucho que nos une y no enfatizo en lo que nos separa. Hoy es un día importante porque con la votación de las enmiendas del Senado, a las que mi grupo va a dar su voto afirmativo, superaremos la vigente Ley
de 1964 y, junto al derecho de petición aprobado por esta Cámara, cerraremos el catálogo de desarrollo normativo de nuestros derechos fundamentales desde una perspectiva constitucional.
Ya termino, señor presidente. Entre todos hemos hecho un buen texto legal y, por ello, quiero reiterar mi reconocimiento y mi agradecimiento al letrado de la Comisión y a los distintos portavoces parlamentarios que han intervenido esta
mañana por su talante abierto y por sus valiosas aportaciones a esta ley tan trascendental. Es una ley trascendente porque recoge un marco estable y plenamente constitucional para todas las asociaciones sin fines de lucro que no estén sometidas a
un régimen especial, con pleno respeto a las competencias que en esta materia tienen asumidas las comunidades autónomas; una ley trascendente porque incide en la articulación de las relaciones cada vez más frecuentes entre el poder político y los
ciudadanos y que demuestran el creciente compromiso de la sociedad civil en coadyuvar con los poderes públicos en la consecución del interés general, el creciente compromiso de los ciudadanos en participar activamente para mejorar la sociedad en la
que viven. Con esta ley reforzaremos, favoreceremos esas relaciones y ese compromiso y reconoceremos, además, el importantísimo papel que tienen en España las más de 240.000 asociaciones como instrumento vivo de participación y como agentes de
cambio y transformación social. Eso, señorías, no es ni más ni menos que hacer democracia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bermúdez de Castro.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Antes de iniciar la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación, anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto, dado su carácter orgánico, se producirá al
finalizar el debate del punto IX del orden del día, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, y en ningún caso antes de las once de la mañana.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda al artículo 1, apartado 3, y las enmiendas al artículo 4, nuevo apartado
5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 283; en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 4, nuevo apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 275; en contra, uno; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final primera, apartado segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 162; en contra, 16; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 183; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Asimismo comunico a la Cámara que la votación de conjunto del proyecto de Ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia se efectuará al finalizar el debate del punto IX del orden del día y también no
antes de las once de la mañana.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE TRANSPORTE AÉREO, HECHO EN PANAMÁ EL 7 DE AGOSTO DE 2001. (Número de expediente 110/000127)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en alguno de estos convenios? (Pausa.) En ese caso procederemos a la votación sucesiva de los diferentes convenios.
En primer lugar, Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá sobre transporte aéreo, hecho en Panamá el 7 de agosto de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILEGALMENTE, HECHO EN ROMA EL 24 DE JUNIO DE 1995 Y DECLARACIONES QUE VA A FORMULAR ESPAÑA. (Número de expediente 110/000128)
La señora PRESIDENTA: Convenio de Unidroit sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995 y declaraciones que va a formular España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 288; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente 110/000129)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Estonia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 285; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TÚNEZ SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL Y RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES. (Número de expediente 110/000130)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la República de Túnez sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 287; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO QUE MODIFICA, SOBRE LA BASE DEL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 43 DEL CONVENIO POR EL QUE SE CREA UNA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA (CONVENIO EUROPOL), EL ARTÍCULO 2 Y EL ANEXO DE DICHO CONVENIO, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE NOVIEMBRE DE
2000. (Número de expediente 110/000131)
La señora PRESIDENTA: Protocolo que modifica, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una oficina europea de policía (Convenio Europol), el artículo 2 y el anexo de dicho Convenio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 286; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN, HECHO EN ABUJA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000132)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Nigeria en materia de inmigración.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA TUNECINA SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN TÚNEZ EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000133)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la República Tunecina sobre asistencia judicial en materia penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 287; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, HECHO EN MADRID EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001.
((Número de expediente 110/000134)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 285; en contra, una; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFÉ (RESOLUCIÓN NÚMERO 393), HECHO EN LONDRES EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000135)
La señora PRESIDENTA: Convenio internacional del café, resolución número 393.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 286; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, HECHO EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000136)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 285; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BELICE, HECHO EN BELMOPAN EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000137)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Belice.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y, EN SU CASO, PUESTA AL DÍA DEL TÚNEL DE CARRETERA DE SOMPORT, HECHO EN PERPIÑÁN EL 11 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000138)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día del túnel de la carretera de Somport.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 283; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- INTERCAMBIO DE CARTAS CONSTITUTIVO DE UNA DECLARACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y, EN SU CASO, PUESTA AL DÍA DEL TÚNEL DE CARRETERA DE
SOMPORT, HECHO EN PERPIÑÁN EL 11 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000139)
La señora PRESIDENTA: Intercambio de cartas constitutivo de una declaración interpretativa de los párrafos tercero y cuarto del artículo 9 del Acuerdo relativo a la explotación, conservación, seguridad y, en su caso, puesta al día del túnel
de la carretera de Somport.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 287; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS ESTADOS DE ÁFRICA, DEL CARIBE Y DEL PACÍFICO, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN COTONÚ EL 23 DE JUNIO DE 2000, DEL ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA AYUDA COMUNITARIA; Y DEL ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL
SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ACP-CE. (Número de expediente 110/000140)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Cotonú el 23 de junio de 2000, del Acuerdo interno entre
los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria; y del Acuerdo interno entre los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de asociación ACP-CE.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 282; en contra, tres; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA CHECA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA
LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/000145)
La señora PRESIDENTA: Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por otra,
para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 289.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA, POR OTRA, PARA TENER EN
CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 30 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000146)
La señora PRESIDENTA: Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 287; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA ESLOVACA, POR OTRA, PARA TENER EN
CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente. 110/000147)
La señora PRESIDENTA: Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 290.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA, POR OTRA, PARA TENER EN
CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE JUNIO DE 1999. (Número expediente 110/000148)
La señora PRESIDENTA: Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Hungría, por
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 288.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE POLONIA, POR OTRA, PARA TENER EN
CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000149)
La señora PRESIDENTA: Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia, por
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 289; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE RUMANÍA, POR OTRA, PARA TENER EN
CUENTA LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO DE SUECIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000150)
La señora PRESIDENTA: Protocolo para la adaptación de los aspectos institucionales del Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Rumanía, por
otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 290.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA. (Número de expediente 121/000057)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL CONTROL JUDICIAL PREVIO DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA. (Número de expediente 121/000058)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Se debatirán conjuntamente el dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y el
dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto permanecen vivas las enmiendas firmadas por el señor Saura Laporta, señora Lasagabaster Olazábal, señor Puigcercós i Boixassa y señor Rodríguez Sánchez. ¿Quiénes van a intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en primer lugar daré por defendidas las enmiendas de doña Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, y don Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya.
Esquerra Republicana de Catalunya presentó en su momento y defendió en esta tribuna la enmienda a la totalidad y ahora vamos a defender las enmiendas a los diferentes artículos de esta ley del centro de inteligencia; una ley que puede
significar a priori un avance porque a partir de ahora será un magistrado, un representante del Poder Judicial quien autorizará en definitiva las actuaciones del mismo. Aún así, Esquerra Republicana de Catalunya mantiene sus reservas y lo hace en
tres niveles. En primer lugar, en lo que definiríamos como control democrático del centro, que podríamos sintetizar bajo el epígrafe de quién vigila a los vigilantes; en segundo lugar, los servicios de inteligencia ante un Estado plural. A nadie
se le escapa que el Estado español es hoy un Estado plural, un Estado complejo, un Estado compuesto y a esta realidad tiene que adaptarse esta nueva legislación del centro de inteligencia; y en tercer lugar, la defensa de los derechos humanos, que
en el mundo de la política internacional son, tienen que ser también el objetivo prioritario de esta Cámara.
En cuanto a control y profundización democrática -básicamente las enmiendas al artículo 9.1-, como decía al principio de mi exposición consideramos un avance que un magistrado tutele y autorice las actuaciones del centro, pero hay un margen
político de actuación muy alto que aunque legal necesita el control de representantes de esta Cámara y, en definitiva, un director del centro consensuado. Por eso pedimos en nuestra enmienda que el director del centro sea propuesto por el Gobierno,
pero ratificado por esta Cámara por una mayoría cualificada de las tres quintas partes. ¿Qué intentamos decir con esto? Queremos decir que hay decisiones que aunque legales o bordeando los márgenes de legalidad, la necesidad de criterios como
seguridad del Estado, intereses nacionales, por no hablar del concepto de integridad territorial, son conceptos de una interpretación elástica. El magistrado puede autorizar, pero en definitiva estamos hablando de márgenes que necesitan consenso
político desde un punto de vista de control democrático. Podemos poner ejemplos. Grupos empresariales, grupos multinacionales que pongan en peligro los márgenes de seguridad o de interés estratégico del Estado.
Puede ser una decisión legal pero,
en definitiva, hay un margen político de consenso en este
aspecto. Podemos hablar también del concepto de seguimiento de aquellos partidos que, democráticamente, cuestionen la integridad territorial del Estado. Democráticamente nadie puede recriminar a aquellos partidos, como es el caso del
partido que yo represento, que nos inclinamos por una apuesta claramente independentista y la consecución de un estado catalán en el seno de la Unión Europea por la vía democrática y pacífica. ¿Qué margen político hay para que este centro
investigue, siga o en definitiva se infiltre en partidos como Esquerra Republicana de Catalunya? Esa es la duda que nos alberga. ¿Qué margen judicial hay?
En segundo lugar, nosotros entendemos que en este centro hay también un aspecto que enlaza con el segundo bloque, y es que en el capítulo de garantías y de control democrático es necesario que la realidad plurinacional del Estado sea
representada. Es también de control democrático que aquellas comunidades autónomas que tengan competencia exclusiva en materia de seguridad, que tengan sus pequeños o no tan pequeños organismos de información se coordinen en ese sentido. A este
punto hace referencia el segundo bloque, el relativo al Estado plural. El artículo 2 y el artículo 6 hacen referencia a la coordinación de los diferentes organismos de seguridad del Estado. En un Estado plural, con descentralización administrativa
y política -subrayo lo de política porque parece que el partido de la mayoría a veces se olvida de esto- es lógico que aquellas comunidades autónomas con competencias en materia de seguridad conformen y puedan participar en lo que podríamos definir
como la voluntad de Estado en cuanto a la información. Cuando desde el Gobierno del Partido Popular se habla de un proyecto común, nosotros entendemos que se refiere a un proyecto de igualdad, de tú a tú. Las comunidades autónomas, en este caso
Cataluña y el País Vasco, tienen competencia en materia de seguridad y por esta razón tendrían que formar parte de los órganos directivos del centro.
En tercer lugar, hay un bloque que hace referencia a la defensa de los derechos humanos. Nosotros creíamos que era de sentido común, y así lo entendimos cuando en el debate de las enmiendas a la totalidad el ministro de Defensa dijo que
algunas de las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya se podían discutir. Nosotros entendíamos que los límites del Partido Popular llegaban a esto, es decir, que no se colaborara con los servicios de inteligencia de aquellos países que
sistemáticamente conculquen los derechos humanos. Creíamos que era de sentido común. La yuxtaposición de la política internacional, los principios que tienen que regir en política internacional con los intereses del Estado creíamos que tendrían
que hacer referencia a la defensa de los derechos humanos. No se ha aceptado y nos parece incomprensible. Creemos que la declaración de intenciones no es baladí, sino que tiene que regir las actuaciones del centro de inteligencia y por ello
mantenemos esta enmienda.
Nosotros entendemos que se ha dado un paso al establecer que el Poder Judicial pueda tutelar buena parte de las actuaciones del centro de inteligencia, pero aun así mantenemos nuestra discrepancia porque hay criterios políticos que se pueden
escapar a los márgenes de la legalidad, se pueden escapar a los márgenes judiciales. Desde Esquerra Republicana de Catalunya entendemos que el sistema jurídico español, hoy, mantiene un criterio de poca independencia ante lo que podríamos definir
como la realidad plural del Estado. Hay una realidad plural, hay una realidad compleja, hace falta más control democrático y hace falta que estos sujetos que conforman la realidad plural del Estado también tengan participación en este centro.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego mantiene las enmiendas que presentó al proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y al proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia
porque considera que las dos leyes mantienen una excesiva laxitud a la hora de articular el funcionamiento de un Centro Nacional de Inteligencia militarizado, que va a entrar en confluencia inevitable con actividades policiales normales y que sin
duda va a condicionar la vida de mucha gente civil solamente por sospechas, confundiendo actividades plenamente legítimas, desde el punto de vista democrático, con otras que se pudiesen considerar legalmente como delictivas.
Por esto, nuestras enmiendas iban encaminadas en primer lugar a acotar claras agresiones y peligros contra el Estado español y su población, por lo que se refiere al proyecto de ley reguladora del centro, así como a perfeccionar el control
parlamentario, conforme al artículo 66.2 de la Constitución española. De ahí vienen nuestras enmiendas al artículo 3, al 6.4 b) y las modificaciones al artículo 11 del proyecto de ley reguladora del Centro Nacional.
Pensamos que habría que restringir claramente las actividades del centro a lo que estrictamente es un servicio de inteligencia militar. Y así lo hacemos en el artículo 4 b). Por otro lado, nos llama la atención que un centro que va, sin
duda, a superar con mucho lo que serían unos servicios de inteligencia militar vaya a seguir dependiendo de Defensa. Pensamos en este aspecto que nuestras enmiendas al artículo 7.1 ó la modificación de la adicional tercera darían un aspecto más
claramente matizado y amplio a las dependencias orgánicas de este centro.
Por otra parte, nos sorprende que a estas alturas no se haga una nueva ley de secretos oficiales que supere a la actual preconstitucional, que sería fundamental para articular debidamente el funcionamiento del centro.
Entendemos que las
actuaciones del CESID dieron buena prueba de que esta ley preconstitucional da lugar a todo tipo de abusos. Así, proponemos una disposición adicional al proyecto de ley para clarificar la necesaria ley de secretos oficiales conforme a pautas
claramente democráticas.
Por último, señora presidenta, en relación con el proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, nuestras enmiendas van destinadas a establecer pautas claras, desde el punto de vista del
control por parte de los jueces, de las actividades del centro, de forma que no se puedan violar derechos fundamentales, derechos tan sensibles como es el de la intimidad y el de la privacidad de las comunicaciones; es decir, todo lo que hace
alusión al lugar donde uno vive, a sus opiniones, ideas o comunicaciones humanas.
En este sentido, para autorizar las actividades del centro, pensamos que no habría que tener un juez especializado, sino que debía de ser la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, por rotación, quien autorizase las actividades del centro en relación con estos derechos fundamentales cuando puedan ser suspendidos y en todo caso que las situaciones de control no puedan ser indefinidas. La ley, tal como está,
puede provocar que las actividades del centro sobre personas u organizaciones tengan un carácter no claramente pautado y controlado en el tiempo, sino duradero contra todo lo que son derechos fundamentales desde el punto de vista democrático.
Son estos motivos de carácter democrático, de excesiva laxitud de la ley, de confusión que crea entre lo que son actividades de inteligencia militar y control policial normal de una sociedad civil lo que nos llevó a mantener estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario mantiene para este debate en Pleno cinco enmiendas al proyecto de ley orgánica que viene a regular el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia. Son unas enmiendas de garantías procedimentales, procesales,
sobre los plazos en que los servicios secretos españoles pueden pedir el control judicial para tener el amparo del principio de legalidad en sus actuaciones. Como son unas enmiendas puramente formales, esperemos que el desarrollo de su aplicación
sea satisfactorio. Por tanto, aunque mantenemos estas enmiendas y queremos que quede constancia de que ni mi grupo ni este diputado han presentado nunca enmiendas de ida y vuelta, sino que siempre han estado suficientemente razonadas, a nuestro
juicio, y han hecho una aportación positiva, anuncio que vamos a votar a favor del texto de este proyecto de ley, tanto por su contenido, que nos viene de la Comisión, como por su carácter orgánico, ya que se trata de uno de los elementos
diferenciadores de la situación que el actual CESID, los servicios secretos españoles, ha tenido y tiene hasta estos momentos de debate en el Congreso de los Diputados y cuando venga del Senado, para hacer un avance del principio de legalidad. A
este respecto quiero destacar la aportación de exigencia legal del señor ministro de Defensa, don Federico Trillo, algo que era necesario y que mejora la situación actual.
En relación con el texto del proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, de las enmiendas que presentamos, de las cuales se aceptaron cuatro, tenemos vivas 17 para este trámite, y voy a hacer una defensa globalizada de
los principios que las han inspirado. Los servicios secretos, al llamarse oficialmente centros de inteligencia, están obligados por semántica a ser inteligentes. Si se llaman centros de inteligencia, tendrán que ser inteligentes, lo que no quiere
decir que no metan la pata, ya que puede haber un error humano de quienes se pasen en su misión o de quienes no lleguen al cumplimiento de la misma. En España se hará siempre un análisis crítico de lo que pasó el día 23F y de la posición de los
servicios del CESID. Esa es nuestra historia, y mi grupo y este diputado queremos que de ella aprendamos para no repetir errores y estar siempre bajo el principio de legalidad.
Mi grupo va a mantener las 17 enmiendas que ha presentado para su votación, aunque, aprovechando la presencia del señor ministro de Defensa, quiero decir ante la Cámara que mi grupo, atendiendo a la responsabilidad de Estado, estuvo de
acuerdo en un principio con el esquema de un modelo de control gubernamental, judicial y parlamentario.
Las enmiendas se han inspirado en un criterio de colaboración positiva y tienen un sentido técnico y democrático. Técnico, porque las mismas
han sido preparadas por este diputado escuchando, consultando y leyendo a expertos en derecho constitucional y en el funcionamiento de servicios de inteligencia, públicos o privados, para poder disponer del mejor texto posible en un Estado
democrático y de derecho. Hemos basado nuestras enmiendas, en primer lugar, en la detección de la carencia de una ley de secretos oficiales, y pedimos que el Gobierno considere la necesidad de disponer de dicha ley. La ley del CESID, del Centro
Nacional de Inteligencia, no puede hacer calificaciones de secretos oficiales, ya que ello corresponde a un organismo superior, en este caso el Gobierno, que debería presentar una propuesta singular a la Cámara.
Hay una especie de titubeo en el análisis intelectual del texto del proyecto de ley. Pues bien, este diputado ha mantenido por coherencia una enmienda a la que no sometemos a ningún principio crítico, pues el Gobierno escoge un modelo.
Nosotros siempre hemos defendido -el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara ha recogido durante muchos años intervenciones y juicios de valor de este diputado, algunos acertados y otros criticados- que en el Ministerio de Defensa sólo deben estar los
servicios de inteligencia militar, y en otras instituciones del Estado, en otros organismos o en otros ministerios, los distintos componentes de los servicios de inteligencia. Hacemos una dicotomía entre información e inteligencia, y todos sabemos
que la explicación intelectual que se da a los principios de los servicios de inteligencia se basa en que procesan la información, pero la información no puede separarse de la inteligencia. A nadie se le ocurre decir que es inteligente si no hace
un acto de razonamiento. Y los actos de razonamiento, calificados por la inteligencia humana, están basados en la información del dato de entrada, y es en el análisis inteligente del dato, si es polivalente, donde puede obtenerse el resultado de
una propuesta de actuación de los servicios de inteligencia. Pues bien, nosotros hemos considerado que este principio de los secretos oficiales no debe ser regulado por esta ley, sino directamente por el responsable del Gobierno en esta cuestión.
La creación de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia es un avance muy positivo de la ley, pero se ha notado aquí el titubeo del redactor, que incluso habla de un vicepresidente del Gobierno. El Gobierno no tiene más
que dos vicepresidentes, y en la tradición española, salvo en la época del general Gutiérrez Mellado, que fue un vicepresidente para asuntos de la defensa, han estado en el área política genérica y en el área económica, residenciado en el Ministerio
de Hacienda, en de Economía o en el de Economía y Hacienda, según las vicisitudes de los organigramas del Gobierno. Aquí se trata de generar, como en Estados Unidos, un centro de inteligencia colegiado, compartido entre los ministerios de Defensa,
del Interior, de Asuntos Exteriores y esa vicepresidencia. Aquí quiero matizar algo -y no voy a hacer más hincapié porque el Gobierno sabrá a quién quita y a quién pone-, y es que hemos presentado una enmienda en la que pedimos que el Jefe del
Estado Mayor de la Defensa forme parte de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia. Lo decimos por lógica, ya que si defendemos una inteligencia militar singularizada en el Ministerio de Defensa, a un lector analítico le
parecería lógico que si un país tiene una comisión delegada del Gobierno para asuntos de la inteligencia, la presida el ministro del departamento en el que esté residenciado ese organismo. La Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos
no la preside el ministro de Agricultura ni el de Fomento, sino que la preside el ministro de Economía, o sea, el singular, el que tiene la identidad con el organismo colegiado. En este caso, o la presidiría el ministro de Defensa o, según la tesis
de que la inteligencia militar no esté residenciada más que en Defensa, un vicepresidente del Gobierno, no sé si el primero o el segundo. Si éste órgano se reúne -lo que me parece un avance muy positivo que contiene la ley y para el que dimos
nuestro apoyo al señor ministro en las conversaciones que tuvimos, sin conocer el texto pero sí la idea del organigrama y de dónde iban a estar los organismos fundamentales-, resulta que no habrá ningún representante de la inteligencia militar en el
mismo. Va el ministro de Defensa, y yo creo que de la misma manera que no se excluye que asista el vicepresidente, en este caso, primero del Gobierno y ministro del Interior, en su condición de vicepresidente primero del Gobierno y no de ministro
del Interior, el Ministerio del Interior sí tiene un representante, que es el secretario de Estado para la Seguridad, por lo que nos parece que podría también asistir el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que en ese sentido es el verdadero vértice
de una cúpula profesional. Esto nos parece lógico, aunque respetamos que el Gobierno pueda decidir quién asiste y quién no, porque puede ocurrir que se convoque ese organismo y no haya ningún militar.
Nosotros defendemos también las
representaciones civiles y mi grupo y este diputado apoyamos al señor ministro de Defensa cuando dijo en sus primeras declaraciones, que motivaron determinadas críticas en otros sectores que no estaban de acuerdo, que el director del CESID iba a ser
un civil. Anunció ese compromiso y lo ha cumplido el Gobierno a propuesta del señor Trillo, ministro de Defensa, a quien honra haber mantenido su palabra. Pues bien, no se trata ahora de llevar las cosas al extremo, y lo que no puede ocurrir es
que, por ser un civil el director de los servicios secretos, del nuevo Centro Nacional de Inteligencia, no aparezca ningún militar en aquella estructura. Ni tanto ni tan poco, ni mantener estructuras antiguas en las que todos los que pertenecían a
un centro de inteligencia de este tipo eran de carrera militar ni eliminarlos ahora en las nuevas estructuras. Tienen que darse cuenta de que cuando convoquen una reunión de la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia no asistirá
ni un solo profesional militar, con su uniforme reglamentario. Es una cuestión que nosotros queríamos advertir, porque sobre los problemas de la inteligencia exterior o interior, reservados al área militar, para la defensa de la integridad del
Estado español frente a cualquier amenaza exterior, el ministerio hace las evaluaciones correspondientes.
Llego ahora a otro punto en el que están basadas nuestras enmiendas, que es el control parlamentario. Espero que la sensibilidad reflejada en los antecedentes ejercicios políticos del señor ministro de Defensa, don Federico Trillo, anterior
presidente de esta Cámara, y
su sensibilidad demostrada en los principios del Estado de derecho queden aquí patentes. A este diputado le llamó la atención que en esta ley se diga al Parlamento cuál es su estructura de funcionamiento para las comisiones; de ahí nuestra
enmienda número 88 sobre el control parlamentario. A este respecto sólo quiero referirme a un párrafo sobre la motivación de dicha enmienda- y con esto termino, señora presidenta-, aparte de la referencia a las enmiendas que están suficientemente
explicitadas en cuanto a la necesidad de un estatuto de personal que garantice el comportamiento profesional y las lealtades que, por ser de criterios discrepantes, como ocurre en cualquier profesión, tienen todos los servidores, como han tenido
muchos en los servicios de inteligencia de España, el actual CESID. Lo que no puede volver a ocurrir es que haya una caza de brujas dentro del centro ni que salgan del mismo militares y profesionales que han cumplido con su deber de obediencia
constitucional y de lealtad a España y a unos principios del Estado de derecho, y que después, por razones internas a veces de personalismos, han visto vulnerado su derecho a la dignidad.
Volviendo al control parlamentario, donde va a estar basada nuestra eficacia con la colaboración del señor ministro de Defensa, significo a SS.SS. este párrafo que puse en mi justificación: 'En cualquier caso, en el marco constitucional y
democrático del Estado de derecho, el Centro Nacional de Inteligencia no puede aparentar siquiera ser un poder en sí mismo, con capacidad para condicionar la normativa que lo regula, siendo el propio Gobierno quien más interés debiera tener en
conformarlo claramente como un instrumento operativo y no condicionador de su acción política'. En esta línea, Gobierno y Parlamento serán coincidentes.
Resalto estos principios que han inspirado nuestras enmiendas, de plena garantía
constitucional. Reto a cualquiera a que me diga qué enmienda de las presentadas por mi grupo y firmadas por este diputado conculca algún principio constitucional. Por eso a mí personalmente me pueden haber dolido las manifestaciones -de las que
obviamente discrepo- que cuestionan mi lealtad constitucional y mi sentido del Estado. No sé cómo se mide el sentido del Estado ni si hay unos parámetros para hacerlo. La lealtad constitucional es respetar todos y cada uno de los artículos de la
Constitución, especialmente quienes hemos jurado acatarlos al adquirir la condición de diputado. Nosotros no tenemos, señor ministro, que volver a casa porque estamos en la casa de la democracia y en la casa española, la que nos une a todos.
Presentar unas enmiendas no significa no tener sentido del Estado o poner en tela de juicio la libertad constitucional, sino que supone hacer una aportación, porque estamos en un Estado de derecho en el que hay pluralidad informativa y las lealtades
se plantean como cuando se discute con un Estado Mayor. Se trata sencillamente de dar distintas opiniones y hacer al final una síntesis, que es la que tiene que conducir a buen fin.
Respecto al consenso de Estado sólo quiero decir que este diputado, al presentar sus enmiendas, quiso jugar limpio y puso las cartas boca arriba. No recurrí en la justificación de las enmiendas al clásico texto que a veces empleamos en la
dinámica parlamentaria en el que se las califica de mejora técnica, sino que son renglones y renglones de derecho comparado con otros países y de derecho constitucional, y están suficientemente razonadas para pedir al menos que quien vaya a
contradecirlas las haya leído y las haya analizado, porque he tenido cuidado de incluirlas siempre, incluso con muchas sugerencias que me llegaron, dentro del marco constitucional estricto para garantizar el Estado de derecho.
Por esas razones, si el Gobierno quiere los servicios secretos y el proyecto de ley que hoy debatimos, nosotros mantenemos para su votación las enmiendas citadas como nuestra aportación al mismo, pero pedimos que por discrepar de un texto
técnico no se ponga en tela de juicio nuestra lealtad constitucional -cosa que no admito- ni nuestro sentido del Estado. Defendemos el Estado pluralista que nos dimos en nuestra Constitución, como cualquier otra aportación humana. No queremos,
como he dicho anteriormente, un poder dentro del poder y un condicionamiento a las acciones del Gobierno, pues yo soy el primer interesado en librar a representantes del Gobierno legítimo de la nación de problemas causados por libres iniciativas
tomadas por ahí o por excesos de celo profesional que pueden llevar a situaciones que tienen que estar hoy día controladas por el Estado democrático de derecho.
Por estas razones, mi grupo, en su compromiso de Estado, apoyará este proyecto si el Gobierno quiere este modelo de servicio secreto; tendrá nuestra lealtad, votaremos a favor y defenderemos nuestras enmiendas, para que el Gobierno no pueda
decir que Coalición Canaria le ha negado un instrumento que él considera adecuado. Confío en el sentido del Estado democrático de derecho del que ha hecho gala siempre el señor ministro, don Federico Trillo, con cuya amistad me honro, y creo que a
pesar de la discrepancia técnica nos podemos sentir complementarios en beneficio de la democracia en España. Por vicisitudes peligrosas hemos pasado, y no pueden volver a repetirse.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, llegamos a este trámite con unos dictámenes de Comisión en los que no se ha introducido ni una sola de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, pocas a las demás formaciones políticas y sí se ha producido, sin
embargo, una perfecta simbiosis de los textos presentados por el Partido Popular y el Partido Socialista, hasta el punto de retirar éste sus escasas enmiendas que no le habían sido aceptadas. Un total pacto de Estado a dos, como se lleva, que
contrasta -permítaseme que lo diga- con otras actitudes de enfrentamiento total mantenidas en determinadas materias por el Partido Socialista, que a lo mejor en alguna medida no son tan lejanas del contenido de la materia que hoy tratamos. Digo
esto por el hilo conductor que podría tener la utilización de determinados servicios del Estado con finalidad partidista imputada en tiempos recientes. Es más, en Comisión, la defensa a ultranza del proyecto, la más ardiente, hasta virulenta con
los enmendantes, fue tarea del portavoz socialista, mientras los representantes del grupo mayoritario, señores Atencia y Ayala, se condujeron con rigor técnico, con un criterio del que discrepamos -por eso mantenemos nuestras enmiendas-, pero con
exquisito respeto al derecho a enmendar, que en estos proyectos parece querer negársenos desde ciertas instancias.
Se ha dicho que el proyecto se aprobará con sólido apoyo parlamentario, y así será en número -es indudable que el Partido Popular y el Partido Socialista suman los mayores apoyos de la Cámara-, pero será de nuevo un paso a dos, que no
entiende ni atiende a la pluralidad política de este Estado de derecho que tenemos y prefiere un bipartidismo inexistente. Ha habido, además, en la tramitación actitudes distintas con según qué grupos. El Partido Socialista tuvo parte en la
tramitación del texto inicial y desde luego era evidente en el cocinado de las enmiendas. Otras formaciones políticas conocieron el texto de antemano y sin embargo el Grupo Vasco, al que represento, según me manifiesta mi portavoz, no tuvo
conocimiento alguno hasta la entrada del texto en la Cámara. Se ha dicho que estos dos proyectos son uno de los últimos desarrollos de la Constitución para completar el Estado de derecho. Esa afirmación es muy rotunda, porque el Estado de derecho
se va construyendo día a día, pero veremos si esto es así, y aun siendo meritorio -y lo reconocemos- el intento de regular el Centro Nacional de Inteligencia y su funcionamiento con normas de rango legal apropiado a la luz de la Constitución, como
reza la exposición de motivos, discrepamos de su contenido, y lo hacemos desde una óptica que para nosotros es de democracia militante y de defensa del Estado de derecho, aunque nos cueste descalificaciones de grueso trazo. Creemos en la existencia
de los institutos de inteligencia, pero con estructura y facultades claras y con una orientación hacia la defensa de un orden libre y democrático, posibilitando además los controles.
Voy a entrar ya en el tenor concreto de nuestras enmiendas. La negativa a aceptar la enmienda número 33 evidencia lo que decíamos. Sólo pretendíamos introducir como principio de la actuación del centro el de legalidad, junto a los de
eficacia, especialización y coordinación, que es algo más que decir lo que dice el texto, que el centro se regirá por el ordenamiento jurídico. El señor ministro me entiende perfectamente.
En la enmienda número 35 hacemos una referencia a la legislación aplicable, y nos es rechazada diciendo que ello es una obviedad. Pues si es así, lo que abunda no daña, ¿o sí daña en este caso?
Las supresiones que proponemos en la enmienda número 34 no son a los efectos de evitar que exista un control de la inteligencia sobre determinadas actuaciones, únicamente nos mueve evitar la indefinición o la ambigüedad, además de limitar
toda duda sobre la posible persecución de ideas políticas legítimas. No se trata de recortes gratuitos, sino de algo vital en la regulación, ya que luego en la ley orgánica la posibilidad de intervenir en relación con derechos fundamentales se
legitima por y para el cumplimiento de las funciones del centro. Para dicho cumplimiento se hace posible el sacrificio de algo tan sagrado como son los derechos fundamentales; vean, por tanto, si es esencial perfilar las funciones en valores tales
que puedan basar tal sacrificio. Nada hay, por tanto, de oscuro en nuestras enmiendas, sino que pretendemos evitar ambigüedades y definiciones de una tal apertura que luego nada delimite.
Nuestra enmienda número 36 tampoco debiera inducir a confusión en cuanto a lo que hace referencia a la contratación y a la ley de control jurisdiccional. Creemos que el control judicial previo debe orientarse a la tutela del sacrificio de
derechos fundamentales y no a la protección de la información clasificada, que es lo que parece decir el tenor literal del texto. En la organización y régimen jurídico, optamos legítimamente por un modelo que es más civil que el que se nos propone,
y siempre lo hemos sostenido así. Se utiliza tanto por el Gobierno como por el grupo mayoritario la justificación de los sucesos del 11 de septiembre como razón de la adscripción más fuerte a Defensa de los servicios de inteligencia que se regulen.
Nosotros entendemos que estos sucesos podrían justificar la idea de unidad de acción y la no dispersión, pero la dirección y el mayor peso podría perfectamente, desde nuestra óptica, ser civil. Así lo preferimos y así queremos argumentar nuestras
enmiendas. Que la dirección del Centro Nacional de Inteligencia sea también civil ha sido una convicción que creo que nunca hemos ocultado.
Pedimos que la regulación del régimen del personal se haga en una norma con rango de ley porque así se establece para toda la normativa general de la Función pública. No hay nada, o no se ha explicado ni en la ley ni en los debates, que
justifique una deslegalización en materia de Función pública en esta área. Parecido carácter tiene la llamada que se hace a la LOFAGE, que
ya fue objeto de comentario por quienes intervinieron en el debate en Comisión. Intentábamos evitar la llamada que se hace a que el Gobierno podrá establecer las peculiaridades para una mayor independencia y autonomía, que permite pensar
que puede oler a una cierta ausencia de controles o ha huida de ellos. La salvedad que introduce la disposición adicional décima de la LOFAGE nos parecería suficiente a este respecto, sin nuevas llamadas a otras normativas.
La pretensión de mayores precisiones en el control parlamentario y en el judicial nos une a todos los discrepantes. Alguna carencia habrá, porque no ha existido entre nosotros concierto previo para presentar estas enmiendas. Además,
ustedes llegaron al poder -permítanme que se lo recuerde- en el año 1996 haciendo de esta cuestión uno de los ejes de su programa diferencial con el Partido Socialista -recuérdenlo-: desclasificación o no de los papeles del CESID, para investigar o
no todo lo que hacía referencia a la trama de los GAL. Con ustedes, nos decían, no habría ámbitos exentos, y sí que los hay, con el recurso al secreto en normativa preconstitucional y por la falta de mención expresa al mantenimiento de todos los
controles judiciales posibles. Si se lee el texto de la ley, sólo parece que va a existir el control judicial previo, regulado en la ley orgánica, respecto de las interdicciones de derechos.
Y si no es así, ¿por qué no se dice expresamente?
Por cierto, la referencia al Reglamento del Congreso se hace a los solos efectos de reforzar el secreto y, desde nuestra óptica, induce a pensar que se pretende hacer prevalecer esta normativa y se evita la referencia a la autorregulación,
que creemos que en esta materia corresponde a esta Cámara, sin duda alguna.
Lo mismo cabe decir con respecto a la protección de datos o al acceso a ellos. Por supuesto, conocemos el tratamiento que da la LORTAD, en sus artículos 22 y 24, a la documentación, del estilo de la que puede ser la tenida y mantenida por
el Centro Nacional de Inteligencia. Ambos preceptos no tienen carácter orgánico, y nos parece adecuado traer aquí su referencia. La previsión del artículo 105. b) de la Constitución, cuando regula el acceso de los ciudadanos a los archivos, nos
parece que está ayuna de una regulación con norma bastante -como también ha manifestado y se ha solicitado desde el Grupo de Coalición Canaria, que me ha precedido en el uso de la palabra- en lo que hace referencia a la especial protección de la
documentación referida a defensa o a seguridad.
La ley de control judicial previo es, desde luego -pretende serlo-, una ley de garantías, y así lo reconocemos, pero es deficiente o insuficiente, y el número y la enjundia de las enmiendas que se han presentado a la misma debiera llamar a
algún tipo de reflexión tanto al Gobierno como al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Socialista. Por cierto que el señor Marsal, en su entusiasmo por la ley, nos lo vendió como una gran concesión que en otros países no existe y aquí nos era
dada. No hay tal. Aquí es una exigencia constitucional. El artículo 18 de la Constitución establece el permiso del dueño o la autorización para entrar o intervenir, es decir, antes de.
Dos ejes tienen nuestras enmiendas a este proyecto de ley orgánica. Unas van, de una manera directa, a establecer una opción política distinta de control al proponer que no actúe un solo magistrado sino todos los de la Sala Segunda o
Tercera. Nos parece que introduce garantías frente a la excesiva personalización y posibilita el contraste de criterios judiciales en tan delicada materia. El contraste y la reflexión plural creemos que son un valor, sin demérito de la celeridad y
ni siquiera del secreto. Es, repito, una opción legislativa que nos gusta más y aporta valores que explicamos en la justificación de nuestras enmiendas. Las demás enmiendas ya no son sólo una opción política; creemos que son exigencias
constitucionales para hacer aceptable el sacrificio de un derecho fundamental, que no se sacrifica para defender otro sino para defender valores -la seguridad, la defensa nacional- cuya concurrencia deberá ser explicitada en cada caso de manera
clara y precisa.
Creemos que es constitucionalmente exigible el control judicial, además, sobre la persistencia en el tiempo de la justificación de la medida. El canon constitucional para este tipo de interdicciones es la proporcionalidad, y este concepto
ni siquiera se utiliza en el texto de la ley. La proporcionalidad no se mide sólo en el inicio, sino también durante. Cada prolongación de la medida ha de exigir verificación de que la justificación se mantiene. El magistrado debe poder modificar
las medidas por otras que le parezcan menos gravosas u ordenar su levantamiento. Todo ello creemos que es proporcionalidad, tal y como lo define el Tribunal Constitucional, repito, canon constitucional de posibilidad de una interdicción en los
derechos fundamentales.
Es también preciso que las razones o fines que muevan al centro a pedir limitaciones de estos derechos sean constitucionalmente aceptables como fundamento. Lo pedimos así en una enmienda, y no se nos acepta. Esto está en relación con la
atribución de funciones al centro de una forma tan genérica, como he manifestado al referirme a la otra ley, y que nos parece que debiera tener un mayor cierre en la definición de sus funciones, repito, fundamento de la posibilidad de pedir que haya
una interdicción sobre derechos fundamentales. El control judicial posterior y la posibilidad de pedir responsabilidades al centro por actuaciones inadecuadas o indebidas o por daños causados, creemos que también es una exigencia que no aparece
para nada en el texto y que es constitutiva de lo que debiera ser un Estado de derecho. La previsión de la destrucción nos parece que no basta, porque el interesado en algún momento -no digo que en un momento inmediato- debiera tener noticia de que
ha sido objeto de
medidas de este estilo, lo que debiera ser puesto en conocimiento por parte del control judicial, no estableciéndose así en el texto de la ley, y desde luego debiera tener derecho a resarcimiento en alguna medida.
Roza todo ello con el
secreto absoluto y para siempre de todas las actuaciones, que, repito, la previsión de destrucción no enerva, pero sobre todo roza con lo que está en juego, la libertad de las personas, como esencial garantía individual y como imprescindible interés
general objetivo en cuanto viga maestra, junto con la igualdad y la justicia, del edificio de un Estado digno. Por ello, la garantía judicial ha de ser plena y únicamente guiada por el derecho, sin obstáculos derivados de la razón de Estado en
abstracto u otras apelaciones a preceptos inconcretos y tradicionalmente enemigos de la libertad, que pueden solaparse en las carencias de la regulación que nosotros hemos advertido.
Señorías, quienes han seguido mi intervención y quienes deseen leerla después en el 'Diario de Sesiones' díganme si es o no una intervención hecha desde la actitud de hostilidad o de enemistad con el Estado, como se nos ha imputado en medios
de comunicación en el día de hoy.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en los últimos días el señor Trillo hacía apelaciones un poco angustiadas, un poco demasiado patrióticas, de cara a que regresaran al hogar una serie de grupos, confundiendo, a mi juicio -y ahora
intentaré explicarlo-, lo que es ser una persona de Estado con abdicar ante la razón de Estado. Hay una confusión, posiblemente debido a una lectura mecánica de Macbeth o de cualquier otra obra de William Shakespeare. Al mismo tiempo, el señor
Trillo decía algo que no es cierto. El señor Trillo tiene una gran habilidad a la hora de decir cosas que no son ciertas; las dice con tanta parsimonia, con tanto equilibrio semántico, que parecen verdad, pero no lo son. Quizás de ahí su actual
valoración desde el cuerpo sociológico. Decía el señor Trillo que Izquierda Unida no está en el consenso porque no ha querido estar. No es cierto. Usted nos llamó un día a su despacho, nos explicó la ley, sin entregarnos el texto, por cierto,
nosotros tomamos nota de lo que usted decía a ritmo normal y empezamos a estudiar la ley en función de esa comunicación suya. Después empezamos a estudiar el texto de manera rigurosa y científica, a partir de su recepción, pero no hubo ninguna otra
llamada al acuerdo, ni una sola llamada a intentar vernos, para ver qué tipo de enmiendas íbamos a presentar nosotros y qué tipo de síntesis podían ofrecer ustedes. Por tanto, si usted dice eso y lo repite, no está diciendo la verdad.
Usted luego ha dicho algo en la cadena SER, por dos veces, que nos parece absolutamente imprudente y no aceptable. Ha dicho que en todo caso han firmado los acuerdos de esta ley, que se han sumido en el acuerdo de esta ley, los partidos del
bloque constitucional. Así lo ha dicho, por dos veces; incluso fue usted corregido por el periodista que le entrevistaba.
Tiene usted un discurso excluyente y que procede no de la responsabilidad de Estado, sino del hecho de que usted no
distingue bien entre la responsabilidad de Estado y la razón de Estado. La responsabilidad de Estado es la Constitución; ningún otro patriotismo constitucional de ningún otro partido, por mucha síntesis y por mucha mayoría que haya tenido en un
congreso. Y esa Constitución es profundamente democrática.
Nosotros, entonces, como Partido Comunista, la apoyamos, hicimos una gran campaña, porque contiene en su matriz profunda naturalmente la disensión y no contiene para nada que el fin
justifica los medios. Ustedes han hecho un discurso diciendo que esto es un tema profundo -confundiendo profundo con oscuro- y trasladando la idea de que al Estado hay que defenderlo por todos los medios, sea como sea, y, sin decirlo, han evocado
aquello de que el Estado se defiende también desde las cloacas.
Nosotros no estamos de acuerdo, abominamos de la razón de Estado y defendemos el Estado democrático y social de derecho que contiene esta Constitución.
Ha hecho usted un llamamiento, consiguiendo ciertas cosas -he visto los abrazos al final de cierta intervención que se ha producido aquí esta mañana-, a la vuelta al hogar. Yo también voy a hacer un llamamiento, señor Trillo. Voy a llamar
al Partido Socialista a que vuelva al discurso de la defensa de las libertades, superando este paréntesis que se ha producido con respecto a estas dos leyes que hoy debatimos. Supongo que estas leyes debieran haber significado una ruptura total con
el pasado y no lo han significado. De ahí viene que nosotros hagamos este llamamiento al Partido Socialista, a que vuelva a la defensa de las libertades desde el rigor y no desde ningún tipo de hipotecas. Desde ese punto de vista, señor Trillo,
nosotros no podemos estar de acuerdo con la ley. Ha sido una ocasión perdida. Usted iba -se lo dije ya en otra ocasión- en un tren de primera cuando protagonizó el recurso de anticonstitucionalidad con respecto a la ley de la patada en la puerta,
pero usted ha sido el autor de una ley que no garantiza los elementos fundamentales para el rigor democrático. Esta ley se basa fundamentalmente en la eficacia del Estado, mucho más que en el rigor jurídico y mucho más que en el rigor
consecuentemente democrático. Por ejemplo, el control parlamentario. Este Parlamento va a estar ajeno absolutamente al funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia, como ustedes persisten en llamarlo. Va a haber una comunicación anual,
abstracta, inespecífica. Ni siquiera se va a asentar
sobre los hechos concretísimos de la directiva de inteligencia y los grupos no vamos a poder volver a plantear ninguna convocatoria más de los representantes del Centro Nacional de Inteligencia para controles concretos, exactos, específicos,
de una situación determinada o de cómo se está aplicando la directiva anual.
Este Parlamento es puenteado absolutamente. Va a tener una relación proforma solamente con respecto al control del Centro Nacional de Inteligencia. En el mismo sentido, el control judicial. No es cierto que se produzca un auténtico
control judicial. No es cierto porque el artículo correspondiente, el 4, de la Ley de ordenación del Centro Nacional de Inteligencia es absolutamente inespecífico. No se sabe, a pesar de las sentencias del Tribunal Constitucional, qué es lo que se
debe controlar, singular y específicamente, y por qué. No se sabe. Todo es controlable, absolutamente todo. Es un magma, a partir del cual el Centro Nacional de Inteligencia pedirá permiso y un juez, un solo juez, que permanecerá en ese cargo
durante cinco años, no una sala, sino un juez, el mismo juez, sometido a la presión de la urgencia y sometido a una presión muy superior, desequilibradamente superior, tendrá que dar esos permisos. Permisos que después no van a suponer nunca el
cumplimiento de la tutela judicial efectiva, ya que el vigilado o la vigilada no tendrá derecho a conocer que se ha hecho la vigilancia y no tendrá derecho a recurrir en su caso. Y tampoco sabrá qué se ha hecho con lo vigilado, con las pruebas, la
documentación, las grabaciones de todo tipo que se hayan podido elaborar, que se hayan podido concretar. No aparece de manera clara la garantía de la tutela judicial, tal como la contiene la Constitución.
Ha hablado de defensa del Estado, pero este es el Estado de las autonomías, no otro. Este es el Estado que no acepta ningún tipo de recentralización, o supuestamente no debe aceptarla, a pesar del tirón actual que se expresa en una serie de
leyes que hemos ido viendo en esta Cámara y que se viene a expresar de nuevo en esta ley. Ni siquiera han admitido ustedes una enmienda superficial, después retirada por el Grupo Socialista, en la que se nombraban las comunidades autónomas.
Simplemente era un aumento de sustancias semánticas. Nada más. Y ni siquiera la han podido admitir. Ustedes dicen que las comunidades autónomas, singularmente Cataluña y Euskadi, no tienen servicio de inteligencia. Es verdad, pero la
inteligencia consta siempre de una materia prima específica, sin la cual no puede funcionar, que es la información. Y tanto Euskadi como Cataluña tienen servicios de información específicos y hay que trabarlos, como nosotros planteamos, a través de
un comité de enlace o de cualquier tipo de organismo o función permanente. No han aceptado ustedes ningún tipo de relación, de coordinación, ninguno. Ni siquiera han aceptado que aparezca el sintagma comunidades autónomas.
Hemos insistido en que
la dependencia no debe ser de defensa. No es lógico. No es correcto. En todo caso, Defensa es uno de los sectores más que tienen que tener un pilar específico en el funcionamiento estructural del centro. Defensa, Interior y Exteriores. Pero no
tiene que haber esa dependencia que aparece con respecto a Defensa. Nosotros damos la alternativa de que dependa de Presidencia. Pero ahí es donde se nota, aunque sea un simple signo que tiene bastante importancia, que no se ha producido una
ruptura como tenía que haberse producido, con respecto a ese islote ademocrático que era el CESID hasta hace pocas fechas. Ni siquiera se acepta esa articulación que nosotros ofrecemos, en tres partes, división de Exteriores, división de Interior y
división de Defensa, que racionalizaría mucho más el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia. Y definitivamente ni siquiera aceptan el cambio de nombre, Centro Nacional de Inteligencia, que es precisamente el organismo que en Chile recibe lo
que era la antigua DINA. Nosotros decimos que, por razones estéticas, por razones de limpieza de la memoria por lo menos, debiera evitarse este nombre. Hay otros posibles: centro estatal de inteligencia, centro español de inteligencia, o
cualquier otro que pueda ayudar a olvidarnos de ciertas situaciones, de ciertas evocaciones, en absoluto sanas para la memoria colectiva de ningún país, empezando por España.
En definitiva, no ha sido posible. A nosotros se nos ha aceptado una sola enmienda de enriquecimiento semántico y nada más, ninguna otra. Ningún contacto más, ninguna posibilidad de síntesis. Ustedes se han cerrado en banda con el Partido
Socialista Obrero Español y el Partido Socialista no ha sido capaz de cortar con un pasado, presente todavía, que es preciso empezar a olvidar. Usted llama a la casa de la razón de Estado, nosotros llamamos al Partido Socialista a que recupere el
discurso riguroso de la defensa de las libertades.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, subo a la tribuna para defender las enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario al proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia, que continúan vivas, y para posicionarme en el conjunto de los dos proyectos de ley, la orgánica reguladora del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia y el proyecto de ley reguladora de dicho centro.
De acuerdo con la exposición de motivos y de forma especial con la intervención del señor ministro de Defensa en la presentación del proyecto de ley, el
Gobierno ha decidido modernizar los servicios de inteligencia, elevarlos al rango de ley, ajustarlos a los mandatos constitucionales y de esa forma adecuarlos a la realidad que vivimos. Efectivamente, hasta aquí todos estamos de acuerdo.
Es más, los servicios de inteligencia son elementos básicos de la seguridad en todos los Estados y una de las diferencias entre los que son modernos y democráticos y los que no lo son en parte se proyecta también en la capacidad de control real por
el poder legislativo sobre esa actividad así como el sometimiento de estos a la legalidad vigente. Por ello, nuestro grupo parlamentario se felicita de que el Gobierno proponga elevar al rango de ley la creación de los nuevos servicios de
inteligencia y habilite un sistema que, concordante con la Constitución, permita un control judicial a priori, que es un dato muy importante a tener en cuenta y que nuestro grupo parlamentario valora de una forma muy positivamente. Hay que resaltar
por otra parte que por primera vez en la historia se dispondrá de un sistema de control parlamentario que puede parecer insuficiente pero esperamos que, en la práctica, los mecanismos que se apliquen nos permitan dar cumplimiento al artículo 66.2 de
la Constitución.
Durante los últimos tiempos ha existido en el marco de la Comisión de Defensa un amplio debate sobre ese tema y a nadie se le escapa que, si bien estamos convencidos de la necesidad de la modernización y adecuación a la realidad vigente de
los actuales servicios, el Gobierno, como han adelantado diferentes portavoces, ha apostado por la refundación de los mismos. En el diseño del citado organismo y fundamentalmente en lo que se refiere a los mecanismos de control es donde se producen
los diferentes posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios, propios por otra parte de los Estados de derecho. El Gobierno ha apostado por un modelo que ha querido concentrar en un solo centro las tres grandes áreas que en general se
configuran en los diferentes servicios de inteligencia, a diferencia de Alemania, donde existe la agencia federal para la defensa de la Constitución, dependiente del Ministerio del Interior, el servicio de blindaje de secretos militares, que depende
de Defensa, o el servicio secreto federal, que depende de la Cancillería. O, como en Estados Unidos, donde la consejera para asuntos de la defensa nacional coordina la información procedente de la CIA, de la inteligencia militar, de la inteligencia
civil, etcétera.
El Gobierno ha apostado en estos dos proyectos por un modelo que pretende centralizar toda la inteligencia del Estado en el Centro Nacional de Inteligencia, ubicándolo en principio en el Ministerio de Defensa, y renunciando a la
compartimentación, modelo por el que por cierto han apostado la mayoría de Estados con mucha más experiencia en este tema. Es una opción legítima que nuestro grupo parlamentario no va a discutir.
Tiene sus ventajas e inconvenientes y posiblemente
no sea la mejor. Decir que la propuesta del Gobierno se inspira en los países de nuestro entorno es como mínimo hacer una afirmación poco afortunada. Ya sé que es la exposición de motivos de los proyectos de ley, pero al fin y al cabo, si no se
modifica, se convertirá en el preámbulo de la ley. Sí que nuestro grupo estaría de acuerdo en que la filosofía que debe impregnar la acción cotidiana del centro, en cuanto a su sometimiento a la legalidad vigente, es la que impera en los países de
nuestro entorno. Por tanto, sí a la filosofía y no tanto al sistema organizativo, aunque desde luego nosotros no vamos a hacer cuestión de batalla.
Existe un segundo tema más importante que el primero, que es la columna vertebral de ese proyecto de ley y que a nuestro grupo parlamentario le preocupa de una forma especial. La información, señor ministro, es poder y, como consecuencia,
quien controla la información tiene muchísimo poder. Un uso inadecuado del mismo podría dañar de forma irreparable los cimientos del Estado de derecho y sobre todo nuestra proyección exterior.
En un Estado democrático afortunadamente el fin no
justifica los medios y una cierta desconfianza hacia el nuevo Centro Nacional de Inteligencia y, si me lo permiten, hacia todos los servicios de inteligencia a priori es una buena medicina preventiva, sobre todo si tenemos en cuenta la sombra de
algunas actuaciones que en el pasado tuvo el CESID y que hoy nos puede sonrojar. Las dificultades del anterior CESID y el comportamiento de algunos de sus miembros, la dificultad de la adaptación al Estado de derecho, la amnesia en algunos momentos
importantes de la transición, algunas actuaciones poco transparentes, haciendo seguimiento de los líderes políticos, pinchazos telefónicos aleatorios que coincidían con conversaciones privadas del propio Rey, así como la desaparición de documentos
clasificados del propio centro, y lo que no sabemos, son recuerdos que tenemos muy recientes en la memoria colectiva y que difícilmente vamos a olvidar. Sobre todo, porque no estamos dispuestos a que semejantes episodios puedan repetirse. En
consecuencia, no puede extrañar que exista una cierta prevención. Recuerden lo que dice el refranero popular, siempre cargado de razón, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
Como la memoria está presente entre nosotros, entendemos que hay que profundizar en esa voluntad de encontrar ese punto de equilibrio entre el artículo 66.2 de la Constitución, que encomienda a las Cortes Generales el control de la acción
del Gobierno, y la necesidad de desarrollar el trabajo que se le asigna al Centro Nacional de Inteligencia con una cierta prudencia y discreción, pero a la vez permitiendo que sea efectivo. Ya sé que eso es muy difícil. Sería deseable que el texto
que finalmente viera la luz fuera capaz de asegurar ese equilibrio estable entre la seguridad y la libertad y sobre todo que nos permita a todos que nos sintamos más libres y más seguros. Somos muchos los que apostamos en el pasado, y continuaremos
haciéndolo en el futuro, para no ceder espacios de libertad. Costó mucho
lograrla para que, en aras de un pretendido binomio comodidad-paternalismo, podamos renunciar a ella.
Es bueno el debate, es bueno y saludable que se haya avocado a Pleno, para que quede constancia de una forma más evidente de los diferentes posicionamientos por parte de los grupos parlamentarios, pero sobre todo para que, una vez que esté
en funcionamiento el Centro Nacional de Inteligencia, sepan sus responsables que todos estamos por la seguridad y que en ningún caso estamos dispuestos, bajo ningún concepto, a ceder espacios de libertad, entendiéndose la libertad en el más amplio
sentido de la expresión. Efectivamente, la inteligencia militar es una competencia exclusiva del Estado, en eso estamos absolutamente todos de acuerdo, pero la seguridad y la información, que, como ha dicho muy bien el diputado señor Mardones, es
el estadio anterior a la inteligencia, es responsabilidad de todos. Algunas comunidades autónomas tienen competencias en seguridad y, con toda la modestia, señor ministro, estoy seguro de que se pueden hacer aportaciones. Por tanto, es
incomprensible que, en un tema tan importante como este, no se dedique ni una sola palabra a esas posibles colaboraciones, que, si me lo permiten, a nuestro entender son siempre importantes y positivas. Nuestra posición no puede ser más
constructiva y nos satisface que el Gobierno haya querido tramitar esta ley buscando el máximo consenso. Estamos a favor de que existan unos servicios de inteligencia ágiles y efectivos y que nos hagan sentirnos más seguros, pero sus actuaciones
han de estar siempre, y no nos cansaremos de repetirlo, de acuerdo con el espíritu y la letra de la Carta Magna, que es la depositaria de las normas que todos nos hemos impuesto.
Las enmiendas que hemos presentado, y que defendió en la Comisión mi compañero Carles Campuzano de una forma magistral, están en la línea de profundizar en esa colaboración que ofrecemos de las comunidades autónomas con competencias en
materia de seguridad. Es más, prácticamente todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas en esa línea.
Valoraríamos muy positivamente que por parte del Gobierno, a la vista de esta amplia coincidencia en ese tema, se ofreciese algún
tipo de transacción que dejase abierta esa posible colaboración. Nuestro grupo votará a favor de las enmiendas que hemos presentado y también lo hará a favor de las enmiendas de otras formaciones políticas que hagan referencia a una mayor
colaboración de las comunidades autónomas.
Optaremos por la abstención en las otras, pero en todo caso, señor ministro, votaremos a favor en el conjunto de la ley.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Turno en contra de las enmiendas. (Pausa.)
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.) Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, damos hoy un nuevo paso en el debate de una ley sobre un tema sensible y delicado como son siempre los servicios de inteligencia. Es un tema sensible y delicado, no porque sea una razón de Estado, sino porque afecta a la libertad
de los ciudadanos y a la seguridad del Estado, pues sin seguridad no hay libertad. Por este doble camino afecta a la libertad individual y colectiva de los ciudadanos de un país. Precisamente por eso, porque estamos por la defensa de las
libertades de los ciudadanos, porque lo hemos estado siempre en nuestra historia y lo seguiremos estando también en el futuro, hemos creído necesario y fundamental que hubiese un consenso básico en esta ley. Esta es una ley que no puede cambiar
cada cuatro años, que no puede depender de que haya un gobierno de un color u otro. Primero, para las propias garantías de las libertades de los ciudadanos, para la propia seguridad jurídica de la vida social de los ciudadanos, pero también, y esto
es muy importante y a veces lo olvidamos, para la seguridad y las garantías del personal que está en un servicio tan delicado como este y que no puede estar tampoco a expensas de los cambios de gobiernos. El consenso era necesario y este consenso
se ha obtenido, con arduo esfuerzo y con trabajo. Es un consenso no a dos pies, es un consenso a cuatro pies, es un consenso de la amplia mayoría de esta Cámara. Y esto es una garantía para los ciudadanos y es una garantía para todos aquellos que
deben tener estas garantías.
Decíamos en el debate de las enmiendas de totalidad que una ley sobre los servicios de inteligencia debía basarse en el equilibrio de tres garantías. Primero, las garantías para los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas están
garantizadas y lo están porque el comportamiento del centro está sometido al ordenamiento jurídico general. Pero además tiene un control específico en aquellos aspectos que limitan el ejercicio de libertades y derechos, que es el control previo
judicial. Las garantías en la ley están plenamente garantizadas. El segundo elemento es una garantía para la eficacia del servicio, porque es la única garantía para la seguridad y, por lo tanto, para la libertad. Y el tercer elemento es la
garantía para el personal del centro. Hacíamos constar en el debate de totalidad que estas tres garantías estaban ya en el proyecto de ley, que había un equilibrio entre ellas. En el debate en ponencia y en comisión hemos profundizado aún más en
estas tres garantías y con ello hemos aumentado el equilibrio entre ellas. Hemos aumentado las garantías para los derechos y libertades de los ciudadanos a través de una enmienda concreta, que ha sido aceptada textualmente, por la cual el director
del servicio tendrá la obligación de destruir todo el material que se haya obtenido en el transcurso
de las operaciones, cuando no afecte al objeto de la investigación. Esto, que es un elemento importante, que es un elemento que había generado inseguridad, ahora se contempla en la ley. Por tanto, hemos aumentado.
También hemos aumentado
las garantías para el personal del centro, porque en la ley se contemplaba únicamente una referencia genérica al estatuto del personal del centro, delegando en el Gobierno su definitiva redacción. Se ha introducido una enmienda en la cual se fijan
unos principios mínimos, que deben contemplarse en este estatuto. Por tanto, con esto se mejora y se dan mejores garantías al personal del centro. Se han aceptado también una serie de enmiendas de carácter más técnico que inciden en la eficacia
del funcionamiento. Si cuando se presentaron los dos proyectos de ley afirmamos que eran dos buenos proyectos de ley y que por esto había sido posible el consenso, en este momento, después del trámite en la Comisión, podemos decir que la ley
incluso ha mejorado, lo cual es una demostración de que el camino del consenso por el que optamos garantiza las libertades de los ciudadanos. Ha habido la suficiente flexibilidad y los suficientes elementos negociadores por parte de todos, lo que
ha permitido llegar a este resultado. Todavía falta un nuevo trámite en el Senado.
Señora presidenta, quiero aprovechar la ocasión para decir que una de las enmiendas aceptadas era el cambio del nombre de la comisión que va a coordinar los servicios, a la que se daba el nombre de comisión delegada para asuntos de
inteligencia. Se ha hecho el cambio en el articulado de la ley pero en la exposición de motivos aparece algunas veces con la antigua denominación y, como enmienda puramente técnica y material, sugeriríamos que se hiciese el cambio correspondiente
también en ella.
¿Cuáles han sido los elementos de diferenciación entre los modelos que había en las distintas posiciones y en las enmiendas? Básicamente cuatro.
El primero, el tema de la unidad o diversidad de los servicios. El segundo, el sistema de
garantías de derechos y libertades. El tercero, el sistema de control parlamentario, y el cuarto, más técnico, pero que tiene su importancia también, la dependencia del servicio de inteligencia. En la unidad-diversidad existen distintas
posibilidades, pero lo que no podemos hacer es simplificar diciendo que el modelo es o tres servicios o un servicio. En Alemania no hay tres servicios de inteligencia; hay seis. En Estados Unidos hay trece servicios de inteligencia; en Francia
hay media docena de servicios de inteligencia.
Por tanto, el tema es mucho más complejo. Nuestro modelo es el de un sistema de inteligencia en un único centro. Es un modelo que es defendible, es criticable, pero es un modelo que en este momento
creemos que tiene más ventajas que hacer tábula rasa y experimentar un modelo radicalmente nuevo, porque en ciertas cosas los cambios hay que hacerlos con inteligencia y con paciencia. El segundo elemento de debate que había era el de garantías de
derechos y libertades. El sistema que se ha seguido venía marcado por la propia Constitución, pero podía hacerse de maneras muy distintas. Y, como afirmé en la Comisión y vuelvo a afirmar ahora, el sistema de garantías para las libertades y
derechos de los ciudadanos resiste totalmente la comparación con otros países, porque en los otros países no existe un control judicial previo e incluso sería discutible que en alguno de estos países, por motivos constitucionales, no tuviese que
existir este control previo. Lo que sí es seguro, más allá de este debate constitucional, es que es más garantista el modelo que tenemos en España que, por ejemplo, el que tienen en Francia, en el que el permiso para la intercepción de
comunicaciones o el permiso para entrar en una vivienda o en un local depende del presidente de la república. Es él quien da el permiso, o las dos personas en las que delega. ¿Es más garantista este sistema que el nuestro? ¿O el caso inglés, en
el que el permiso es firmado por un secretario de Estado? Nuestro sistema es como mínimo tan garantista o mucho más que otros modelos.
El tercer elemento de discusión es el control parlamentario. Se establece un modelo de control parlamentario a partir de la experiencia que al respecto existe en este Parlamento, que tampoco tiene que envidiar a otros sistemas. Aquí el
control parlamentario se hace a través de una comisión cuyos miembros han sido elegidos por este Pleno. En el sistema inglés, los miembros de la comisión de control parlamentario no son designados por el Parlamento sino por el primer ministro del
Gobierno inglés previa consulta con el líder de la oposición; es un sistema que si lo propusiésemos aquí seguramente levantaría muchas ampollas. En el sistema francés la comisión de control parlamentario surge del ámbito parlamentario, pero está
formada por un ministro del Gobierno y por miembros que no han sido elegidos por la Cámara de diputados y el Senado sino que han sido designados a dedo por el presidente de la Cámara y por el presidente del Senado. El nuestro es un modelo en el que
hay elección parlamentaria y, por lo tanto, resiste también esta comparación.
Seguramente el tema de la dependencia es mucho más abierto y por eso en la ley se establecen distintos mecanismos. Uno es la Comisión delegada del Gobierno para
coordinar los distintos servicios. Se establece la dependencia del Ministerio de Defensa, pero se deja la puerta abierta a que en cualquier momento se pueda hacer depender de otro ministerio. En este momento es mucho más garantista hacerlo
depender del Ministerio de Defensa que de según qué otro ministerio. Que dependa del Ministerio de Defensa no quiere decir que sea una dependencia militar. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) El Centro Nacional de
Inteligencia es un organismo civil que depende de un ministerio que es civil, el Ministerio de Defensa; no es un ministerio militar, tiene competencias sobre los militares pero es un ministerio civil como
lo es el Centro Nacional de Inteligencia y como lo ha sido el CESID, que siempre ha sido un servicio civil, aunque durante muchos años su director fuese un militar y buena parte de su personal también lo fuese. Repito que nunca ha sido un
servicio militar sino civil. Por tanto, podemos apoyar con toda tranquilidad esta ley que es fruto del diálogo y del consenso. Es una buena ley pero, como decía en Comisión, no hay ninguna ley por perfecta que sea que garantice el buen
funcionamiento de un servicio. Por buena que sea la Ley de Sanidad no hay garantías de que funcione bien el servicio nacional de Sanidad. Que funcione bien un servicio -y en este sentido el servicio de Inteligencia es como el servicio de Sanidad,
el servicio de Carreteras o cualquier otro del Estado- depende de que haya una buena ley pero también de que haya una buena gestión, y esta es responsabilidad del Gobierno y es él quien debe gestionar bien, quien es y será responsable del buen
funcionamiento de estos servicios. Existen en la ley los mecanismos para que este Parlamento, los grupos parlamentarios, podamos controlar y exigir del Gobierno que haga el uso adecuado de una buena ley para que la gestión del servicio sea también
una buena gestión. Estas son las únicas garantías: una buena ley, que existe, y una buena gestión, que los parlamentarios tenemos la obligación de exigir, controlando al Gobierno para que la lleve a efecto. Por todos estos motivos nuestro grupo
apoya sin ningún temor esta ley y, por ello, no podemos votar favorablemente otras enmiendas que han sido presentadas, que significan un modelo distinto, un modelo alternativo, un modelo posible pero que no ha sido el resultado del consenso y la
negociación en el transcurso del debate de estos dos proyectos de ley.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Marsal.
También en turno de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Atencia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, debo iniciar este debate final sobre los dos proyectos de ley de regulación del Centro Nacional de Inteligencia y del control judicial previo recordando, como hizo el ministro de Defensa el pasado 20 de diciembre
al presentarlos, que hace unos años esta Cámara se ocupó del CESID por algún escándalo que se había producido por alguna de sus actuaciones y se daba en un clima de tensión, en un claro enfrentamiento entre Gobierno y oposición de entonces; sin
embargo, hoy asistimos a un debate, el final de la primera fase de tramitación parlamentaria de estos proyectos de ley, en un clima de consenso, en un consenso de Estado, en un amplio consenso y en un clima de normalidad para afrontar las cuestiones
que afectan a nuestros servicios de inteligencia. Lo hacemos para llevar a cabo un proyecto con tan sólido respaldo parlamentario como exige uno de los últimos desarrollos de la Constitución, para completar nuestro Estado de derecho. Lo hacemos en
un momento en el que en el ámbito de los servicios de inteligencia se han producido varias acciones tanto en el contexto internacional como en el interno. El CESID ha cambiado, y como dijo el ministro Trillo en su intervención del 20 de diciembre,
y más va a cambiar, para bien, con el marco legislativo que hoy vamos a aprobar en esta Cámara. Lo va a hacer, señorías, con consenso, con amplio acuerdo. En los últimos años de mayoría socialista se hicieron ya reformas que afectan a estas
materias, como aquel acuerdo que permitió regular por primera vez la utilización y el control de los fondos reservados, o como aquel decreto del año 1995 que establecía el estatuto del personal del Centro Superior de Información de la Defensa, con
consenso extraparlamentario entre el Gobierno y la oposición. Se han tomado decisiones en la pasada legislatura y en ésta, la última, a la que me referiré: se hace el nombramiento de un civil como director del centro con amplio acuerdo de las
fuerzas políticas. Las leyes que hoy debatimos dan cumplimiento a un compromiso electoral del Partido Popular que ha sido recogido por una amplia mayoría de los grupos de esta Cámara.
Estas leyes, señorías, se basan en unos principios inspiradores que me gustaría recordar. Por primera vez se regulan por ley los servicios de inteligencia del Estado y se ajusta su funcionamiento a los principios constitucionales. Se
alcanza y se consolida el principio de legalidad.
Los servicios de inteligencia no serán algo aparte, no trabajarán a la sombra del Estado sino en el Estado de derecho. Además, como segundo principio, el Centro Nacional de Inteligencia cambia su
nombre porque también cambia su estructura, su naturaleza y sus controles, como podremos ver a lo largo del debate y ya se ha visto en la intervención de SS.SS.. Los proyectos de ley configuran un Centro Nacional de Inteligencia moderno, eficaz y
coordinado, formando una verdadera comunidad de inteligencia y sometido a los principios de control parlamentario y judicial. Hemos debatido esta última semana, en el Pleno de esta Cámara, en ponencia, en Comisión y hoy de nuevo en el Pleno sobre
este proyecto de ley. Se presentaron un conjunto de enmiendas que han mejorado el texto, como ya se ha dicho en algunas intervenciones. Siguen vivas hoy algunas que han sido defendidas, pero me van a permitir SS.SS.
que no me refiera
pormenorizadamente a ellas. Ya en Comisión, tanto mi compañero el diputado Andrés Ayala en lo relativo a la Ley orgánica de control judicial previo como yo en la Ley orgánica de regulación del Centro Nacional de Inteligencia, nos referimos en
detalle a cada una de ellas, porque nos
parecía que debían recibir la correspondiente respuesta. Hoy me gustaría centrarme en algunas cuestiones de las enmiendas que permanecen vivas.
Hay un conjunto de enmiendas que plantean cambios en la estructura del Centro Nacional de
Inteligencia. Frente a otro modelo de nuestro entorno -hacía referencia a ello el señor Marsal, como proponen además algunas enmiendas- hemos entendido que la eficacia exige mantener la unidad del Centro Nacional de Inteligencia. Además razones de
tradición y de economía de medios exigen que se mantenga así. Como ha quedado claro en este debate, igual que en el de totalidad, desde el 11 de septiembre, por eficacia operativa, la unidad de actuación y la unidad de dependencia deben mantenerse;
unidad de actuación y de dependencia ante el presidente del Gobierno, del Gobierno en su conjunto y del ministro de Defensa.Hoy, señorías, los conceptos de seguridad y de defensa van estrechamente unidos, porque unidas van las amenazas y los nuevos
riesgos para los intereses nacionales, y unidos a nuestros socios y aliados hemos de hacerles frente. Por eso no podemos compartir las enmiendas que se plantean que conllevan una estructura diferente.
Hay un segundo grupo de enmiendas que permanecen vivas que con distintas fórmulas inciden en lo que son los principios de coordinación y de colaboración entre el conjunto de administraciones públicas, especialmente las que hacen referencia a
las comunidades autónomas. Unas plantean que en la nueva Comisión delegada del Gobierno para asuntos de la inteligencia del Estado haya representantes de comunidades autónomas.
Con el mayor respeto he de decir que se está confundiendo lo que se
está hablando; se está confundiendo la naturaleza jurídica de una comisión delegada del propio Gobierno, o sea, de la Administración general del Estado en el ámbito de su Gobierno, con otros mecanismos de coordinación o de cooperación, como pueden
ser las conferencias sectoriales. No es eso lo que aquí se configura, por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar de esto. Además conviene recordar que el artículo 5.2 de la ley resuelve suficientemente bien -así lo entendemos desde el Grupo
Popular- la necesaria colaboración y coordinación con el conjunto de administraciones públicas, y entre ellas las comunidades autónomas, cuando lo requieran las actuaciones del centro. Las comunidades autónomas -conviene recordarlo- no tienen
competencia ni tienen servicio de inteligencia; la competencia es exclusiva del Estado, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución, y en todo caso lo que algunas comunidades tienen, cuando su estatuto lo tienen previsto y lo han desarrollado,
son servicios de carácter policial. En este caso no hay que confundir una cosa con otra.
La Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ya establece los mecanismos adecuados de coordinación entre el conjunto de las policías que hay en el
Estado. Ahí es donde puede funcionar ese mecanismo de coordinación. Lo que establece la Comisión delegada del Gobierno es una coordinación en el ámbito del Gobierno en materia de inteligencia y que se hace extensiva a lo que es la necesaria
colaboración -que en la ley se establece- con los servicios de información de carácter policial. Por lo tanto, está perfectamente resuelto en el entramado jurídico que tenemos.
Por consiguiente, entendiendo que muchas enmiendas pueden estar
guiadas por buena voluntad, incurren en un error de concepto.
En tercer lugar, hay un bloque de enmiendas que pretenden cambiar la adscripción del Centro Nacional de Inteligencia, que quieren que se adscriba al Ministerio de la Presidencia o a otros. Aquí hay una cuestión previa. Señorías, como
ustedes saben, en este proyecto de ley se hace un cambio trascendental de la naturaleza jurídica del nuevo Centro Nacional de Inteligencia. Ahora aparece como un organismo público dotado de especial autonomía, homologado con otros organismos de la
Administración del Estado. Ya no está en la estructura jerárquica de ningún ministerio, ya no aparece confundido en la estructura del Ministerio de Defensa como hasta ahora. Por tanto, hay que analizar un nuevo concepto, la ley lo deja abierto y
permite al presidente del Gobierno cambiar su adscripción.
¿Por qué aparece adscrito a Defensa en este momento? Evidentemente, razones de oportunidad política lo aconsejan. Por lo tanto, es una cuestión de oportunidad política. Pueden valer,
señorías, las razones anteriormente dadas cuando hablamos de la eficacia operativa. Se puede decir que nos encontramos en un momento en el que está teniendo lugar un proceso transitorio de cambio de naturaleza. Ya en el año 1995 se dio un paso
adelante en la desmilitarización del CESID. Así pues, nos encontramos en una situación transitoria, en la que se está dando un nuevo impulso; y sin duda -insisto- los acontecimientos del 11 de septiembre aconsejan que ahora esté donde está. Puede
cambiar, puesto que la ley lo permite, pero está donde está y nos parece que es la mejor solución.
Señorías, señora presidenta, ya dijimos que en la ley se establecen de forma pionera mecanismos de control y por tanto nos parece que hay que hacer una referencia a la pieza clave de los dos proyectos de ley, que no es otra que la regulación
del control democrático que se hace de la actuación del Centro Nacional de Inteligencia. Hay que hacerlo destacando que el sistema que en su conjunto se establece es pionero en todos los países de nuestro en torno en cuanto al respeto al principio
de separación de poderes. Aquí he de recordar lo que el ministro de Defensa dijo en su presentación de la ley en esta Cámara, esto es, que si el principio de control es la manifestación moderna de la vieja división de poderes diseñada por
Montesquieu, también su finalidad, señorías, es la misma: garantizar la libertad. Señorías, sin seguridad no se ejerce la libertad, y hay que establecer un adecuado equilibrio entre la eficacia en el servicio y la garantía de los derechos y
libertades. Si
bien toda actuación de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia va a estar sujeta de modo permanente a nuestro ordenamiento jurídico, es decir, que toda su labor va a estar sometida al cumplimiento de la ley, y por tanto serán los
tribunales ordinarios los que en todo momento podrán revisar la legalidad de sus actos, los proyectos de ley que hoy debatimos imponen otros dos controles. Uno es el parlamentario, encomendado a la Comisión ya existente, que controla la disposición
de los fondos reservados, el conocimiento de las actuaciones y los proyectos y memorias de funcionamiento anuales del centro, estableciendo con ello, señorías, el contrapeso del Poder Legislativo a la actuación en una materia tan delicada y tan
sensible a la vez que trascendente para el Estado como es la inteligencia. Por tanto, no podemos aceptar las enmiendas que se han formulado, puesto que ello atentaría contra la propia autonomía de esta Cámara, que tiene capacidad para establecer
las comisiones parlamentarias oportunas mediante su propio Reglamento con rango de ley orgánica. Se ha buscado un cauce que ya existe y a él se atribuye la competencia. La Cámara siempre tendrá libertad para modificar su Reglamento.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Atencia, S.S. debe ir concluyendo. Ya ha consumido su tiempo en exceso.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Voy terminando, señora presidenta.
Otro es el control judicial previo, por el que un magistrado del Tribunal Supremo va a analizar, medir, comprobar y valorar la petición que haga el director del centro para la conculcación temporal de dos derechos fundamentales de la
persona, justificada en el cumplimiento de una de las finalidades del centro. Solamente se podrá vulnerar la inviolabilidad del domicilio por un periodo de 24 horas y sólo se podrá vulnerar el secreto de las comunicaciones por un periodo de tres
meses. En todo caso, las prórrogas, que no podrán ser genéricas, se otorgarán previa comprobación del mantenimiento de la circunstancia que las justifique.
Señora presidenta, señorías, en nuestro marco constitucional, con el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna, el Gobierno no podía proponer y el Congreso de los Diputados no podía regular de otra manera que no fuera imponiendo el control
y la autorización previa, en todo caso ejercida por el Poder Judicial, para la vulneración de dos derechos fundamentales en las garantías de otros derechos tan o más protegibles que la inviolabilidad del domicilio o la confidencialidad de las
comunicaciones que estén en peligro. Todo ello estableciendo el mejor sistema, el más eficaz y el más operativo para el mejor desarrollo de la labor del centro. Por eso, señorías, el Grupo Popular, respetando la postura de otros grupos
parlamentarios, sinceramente entiende que tanto el órgano unipersonal como el periodo de cinco años, como el régimen de control es el que más nítidamente responde a sus principios democráticos y a sus finalidades.
Señora presidenta -con esto voy concluyendo...-.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Atencia, no vaya concluyendo. Tiene que concluir y hágalo lo más rápidamente posible.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Espero intervenir el mismo tiempo que el señor Marsal, pero en cualquier caso concluyo enseguida, señora presidenta.
Quiero agradecer a todas SS.SS. sus intervenciones, a los que respaldan el proyecto de ley, a los que han hecho aportaciones, a los que no respaldándolo entienden que supone un avance y una mejora sustancial al regular y establecer por ley
unos mecanismos de control ajustados a los principios constitucionales. En todo caso, señorías, hoy asistimos a la primera parte de la aprobación de dos proyectos de ley relevantes en un ambiente de normalidad sobre cuestiones que en su momento
crearon conflicto y que hoy se pueden abordar con un amplio consenso. Sin duda, hoy empezamos a cerrar una página y abrir otra importante de la historia de España, desarrollando principios y ajustando a nuestra Constitución lo que era una parte de
nuestro Estado de derecho que faltaba cerrar adecuadamente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Atencia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
En primer lugar, enmienda número 115, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 34; en contra, 266.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 19; en contra, 266; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 17; en contra, 267; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 7, 9 y 11 del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 30; en contra, 266; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 271; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 270; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 268; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 19; en contra, 269; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 30; en contra, 268; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 15; en contra, 269; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 30; en contra, 272.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Señorías, a continuación sometemos a votación el texto del dictamen, conjuntamente todos sus capítulos y disposiciones, con la corrección técnica anunciada en el preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 286; en contra, 15; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos a continuación la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. En primer lugar las enmiendas firmadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor
Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 18; en contra, 271; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 271; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 272; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 18; en contra, 271; abstenciones, 14,
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas,
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 20; en contra, 266; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 20; en contra, 270; abstenciones 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 17; en contra, 269; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, en un solo bloque, el texto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 283; en contra, 19; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIONES DE CONJUNTO
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL CONTROL JUDICIAL PREVIO DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA. (Número de expediente 121/000058)
La señora PRESIDENTA: Señorías, a continuación, sometemos a votación el conjunto del proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 284; en contra, 17; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado, al haber superado el número de votos exigido.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. (Número de expediente 121/000041)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a la votación final de conjunto del proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de asociación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 195; en contra, cuatro; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado la mayoría exigida.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2001, DE 27 DE DICIEMBRE). (Número de expediente 121/000067)
La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, procedente del Real Decreto-ley 16/2001,
de 27 de diciembre.
A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de totalidad al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible siendo conscientes de que no tiene...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que éramos conscientes de que no tiene la menor oportunidad de prosperar y de que probablemente cuente con el rechazo de más de un grupo de la Cámara. Pero también quiero decirles que somos conscientes de
que es necesario realizar debates de fondo sobre el sistema de pensiones, sobre la necesidad de mejorar las prestaciones públicas que actualmente ofrece el Estado a los ciudadanos
y a las ciudadanas y sobre su mantenimiento futuro en el marco de lo público, en consonancia con los debates que existen en la calle, con lo que demandan muchos ciudadanos y con un contexto económico de crecimiento y desarrollo sobre el que
tantas veces se insiste. Asimismo, en consonancia con el artículo 41 de la Constitución, que establece que 'Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones
sociales suficientes...', y con el artículo 50, que establece que 'Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.' (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
Señoras y señores diputados, nosotros seguimos creyendo posible y necesario un sistema de pensiones público con prestaciones dignas. Por tanto, no compartimos la filosofía de fondo que sustenta la imposibilidad de mantener el sistema en el
futuro, alerta sobre la quiebra del sistema o nos habla de la necesaria autofinanciación como premisa inamovible; filosofía que orienta muchas de las medidas restrictivas adoptadas en los últimos años y encorseta el debate en límites basados en
premisas inciertas o cuando menos no inmutables. En ese sentido, basta ver en qué quedaron algunas estimaciones que a mediados de los noventa eran casi dogma de fe y adivinaban la quiebra inmediata del sistema. Toda esta filosofía es la que está
llevando a aceptar soluciones que están perjudicando a muchos ciudadanos y ciudadanas, o apuntala la idea de la inevitable necesidad de acogerse a planes privados de pensiones si se quiere garantizar una pensión digna el día de mañana.
Sabemos que esta posición nuestra será calificada de imposible, de no ajustada a la realidad cuando, al contrario, nosotros insistimos en que el sistema de pensiones en un Estado desarrollado económicamente podría dar hoy mejores
prestaciones, con una mejor distribución de la riqueza, y podría garantizarse mañana, aun en el peor de los casos, con otros recursos públicos. En cualquier caso, quiero decir también que las restricciones de hoy no son garantía alguna del
mantenimiento del sistema público en el futuro. El debate sobre el sistema de pensiones es económico, pero también ideológico y político. Nosotros no queremos enconsertarlo en unos límites que impidan manifestar las diferentes concepciones
políticas e ideológicas existentes sobre el tema. No queremos achicar el terreno de juego de manera que el Gobierno, que tiene, como es natural, una posición ideológica y política, impulse -como lo hace- en una dirección determinada las soluciones
a este problema, eso sí, haciendo pequeñas concesiones o permitiendo algunas mejoras parciales y escasas en el sistema público, pero al mismo tiempo impulsando el sistema privado de pensiones, negando la posibilidad de mejoras necesarias en las
actuales prestaciones y restringiendo la cuantía de las futuras pensiones o introduciendo otros elementos regresivos.
El proyecto de ley que hoy debatimos procede del Real Decreto-ley 16/2001, sobre el que ya expresamos nuestra opinión en el pasado debate con una valoración en lo fundamental negativa. Es posible reforzar el sistema público de Seguridad
Social y, en concreto, un sistema de pensiones digno. El Estado español gasta en protección social menos que otros Estados del entorno si se mide en porcentajes del PIB. Según la última memoria del CES, el Estado español destina el 21,6 por ciento
del PIB a gastos de protección social, frente al 27,7 por ciento de la media comunitaria; sólo Irlanda se encuentra por detrás. Lo mismo sucede, según el CES, si se establece la comparación en términos de paridad de poder de compra. El Estado
español es el cuarto Estado que menos gasta en protección social del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, en las circunstancias actuales existe margen de maniobra para dedicar más recursos a este capítulo. Las pensiones públicas dignas y para
todos deben ser objeto de atención preferente porque supone que las personas durante su vejez, cuando menos posibilidades de defensa tienen, puedan tener unos niveles de vida aceptables en el contexto de una sociedad, como todos afirmamos, opulenta,
rica y avanzada. Esa iniciativa responde a esa necesidad, a ese sentir de buen número de ciudadanos y en consecuencia en el texto alternativo formulamos algunas propuestas, seguro que discutibles, pero tendentes a mejorar las prestaciones, y voy a
referirme a ellas.
La nueva fórmula de cálculo de las pensiones de jubilación introducida en la Ley de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social de 1997, que contó por cierto con nuestro voto negativo, introdujo dos medidas: la
extensión del período de cálculo de la base reguladora de 8 a 15 años y el cambio en la escala de porcentajes que penaliza a quienes cotizaron menos de 25 años y, como saben, con una afectación especial de las mujeres. Este reajuste para los nuevos
pensionistas, según algunos estudios solventes, viene a suponer una pérdida aproximada de 10.000 pesetas al mes -y hablo en pesetas porque así nos entendemos mejor- en la pensión de un cotizante medio del régimen general. Es cierto que esas
novedades afectan en distinta medida a los distintos regímenes.
En todo caso, proponemos modificar los cálculos de porcentajes de manera que el esfuerzo contributivo tenga una recompensa mayor, estableciendo para los primeros 15 años cotizados el
60 por ciento y por cada año adicional entre el decimosexto y el vigésimo quinto, ambos incluidos, el 2,5 por ciento sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 110 por ciento. Nosotros creemos que supondría subidas asumibles
para un sistema que, según el propio Gobierno, está obteniendo superávit importantes.
En segundo lugar, también consideramos que el derecho a la jubilación anticipada debe ser extendido como medida de reconocimiento a quienes han cotizado más tiempo, por lo que se exige en nuestra propuesta un período de cotización de 30 años
para poderlo hacer a los 60 quienes no se puedan acoger al derecho transitorio por no haber cotizado con anterioridad a 1967. Además se trata de una medida, en nuestra opinión, de fomento del empleo, pues permitiría la rotación en los puestos de
trabajo en un momento en el que se detecta por séptimo mes consecutivo un ascenso del paro registrado. También queremos destacar que no hacemos distinción en tanto que se aplica el mismo régimen de jubilación anticipada a los trabajadores que
acceden voluntariamente que a los que lo hacen por causas ajenas a su voluntad, de manera que en ambos supuestos es posible acogerse a la misma y en idénticas condiciones. Nos parece más equitativo no hacer distinciones por ese hecho, como sucede
en la actualidad cuando se realiza una aplicación de distintos coeficientes reductores que penalizan más a quien se jubila anticipadamente de manera voluntaria.
Por último, nuestra propuesta resitúa los coeficientes reductores desde el 6 al 4 por ciento, sensiblemente inferiores a los fijados en el Real Decreto-ley 16/2001, y ello tiene una justificación. El establecimiento de reducciones que van
del 8 al 6 por ciento por cada año que se adelanta la jubilación, no es una cifra neutra , sino que inclina la balanza a favor de la Seguridad Social y actúa en muchos casos como un obstáculo infranqueable para muchos trabajadores que tienen derecho
a jubilación anticipada pero temen una pérdida muy importante en la cuantía de su pensión final. Diversos estudios actuariales sitúan el carácter neutro de esa cifra porcentual en torno a una penalización del 4,5 por ciento por año de anticipación
de la edad normal de jubilación, es decir, que una reducción alrededor de ese porcentaje no causa efectos negativos ni a la Seguridad Social ni a los trabajadores, y por eso consideramos que los actuales coeficientes reductores deben ir acercándose
a ese porcentaje neutro.
También se contiene en nuestra enmienda la extensión de la jubilación anticipada a todos los regímenes especiales, pues el esfuerzo contributivo experimentado por algunos de ellos, singularmente el régimen especial de autónomos, que presenta
cada año mejores balances, debe ser recompensado, con un reconocimiento, a adelantar la pensión de jubilación en los mismos términos que el régimen general. No se trata de un guiño gratuito, sino que esa propuesta está basada en el aumento de los
períodos medios de cotización al RETA y en las bases medias del mismo, como han demostrado estudios de la entidad representativa de la pequeña y mediana empresa, la CEPYME, en contestación al estudio del INSS sobre las prestaciones del RETA que
encomendaba la Ley 24/1997.
Otro de los aspectos que regulamos en nuestro texto alternativo es el relativo a las prejubilaciones. Al contrario del texto del real decreto-ley promulgado por el Gobierno, en donde se regula la contribución de los trabajadores por medio
de convenio especial a la Seguridad Social a partir de los 61 años, obligándoles a hacer aportaciones a los gastos ocasionados por las prejubilaciones, entendemos que se trata de procesos de reestructuración empresarial que persiguen reducir costes
laborales y, por tanto, deben ser las empresas quienes financien en su integridad esos convenios especiales. En nuestra opinión, sería paradójico que los propios trabajadores que por decisiones de reorganización empresarial son sometidos a procesos
de regulación de empleo, esto es, son expulsados a edades avanzadas del mercado de trabajo por causas ajenas a su voluntad y con difícil recolocación en el mismo precisamente por la edad media de quienes son afectados por esas regulaciones masivas
de empleo, tuvieran que contribuir a sufragar los gastos de su prejubilación. Se trata de una decisión de la empresa que deja nulas opciones a los trabajadores y que busca un mayor beneficio económico con las regulaciones de empleo al disminuir sus
costes laborales. Ese beneficio es la justificación de que sean las propias empresas las que financien totalmente las prejubilaciones y además esto funcionaría como disuasión real y efectiva para frenar procesos abusivos de prejubilaciones que
suponen un incremento de la asignación de recursos públicos para paliar la situación de inactividad laboral de los trabajadores. Si a la actual flexibilidad en el acogimiento de ese mecanismo le sumamos el traslado de parte de la carga de la
financiación a los trabajadores, poco o nada se habrá conseguido para racionalizar esos procesos de prejubilación.
Para terminar con la exposición de nuestro texto alternativo, hemos recogido en el mismo la preocupación por la situación concreta de las mujeres con relación a la protección por la pensión de jubilación. Según el informe 4/2000 del CES, la
pensión media contributiva de jubilación de los hombres al régimen general se situaba en 109.604 pesetas mensuales frente a las 80.314 pesetas mensuales de las mujeres, y en el total de regímenes se situaba en 89.304 pesetas la que perciben los
hombres frente a las 54.563 de las mujeres. Esa diferencia tiene sus causas y, entre ellas, sobresale el impacto que sobre los derechos de pensión ocasionan las interrupciones de la carrera profesional de las mujeres. Esta cuestión aparece en
numerosos Estados de nuestro entorno, pero si cabe, en el Estado español reviste una mayor importancia por la existencia de legislaciones preconstitucionales que establecían con carácter general la indicación de excedencia de la mujer trabajadora
por matrimonio o cuidado de hijos, e incluso se disponía en casos concretos de empresas y organismos públicos la excedencia forzosa por matrimonio o el retiro obligatorio. Algunas de esas mujeres reanudaron su actividad laboral con posterioridad a
1976, pero ahora sufren los efectos de esa inactividad temporal que fue originada por causas ajenas a su voluntad al tener periodos de cotización en blanco durante las excedencias forzosas de las antiguas normas y ordenanzas laborales.
Esta problemática no se ha solucionado, como saben, puesto que el Tribunal Supremo ha estimado que una cosa es que se reconozcan determinados derechos para paliar situaciones inconstitucionales como la reposición al puesto de trabajo y otra
el reconocimiento de derechos a efectos de la futura pensión de jubilación, porque no existe apoyatura legal para este último supuesto. En la disposición adicional primera del texto alternativo que presentamos se reconoce expresamente esa
problemática que afecta a muchas mujeres que por edad ya perciben o están a punto de poder percibir una pensión de jubilación y se abre la puerta a adoptar una norma que venga a solucionar satisfactoriamente el histórico desagravio ocasionado a una
generación de mujeres que tenían que abandonar la actividad laboral por causas tan comunes como el matrimonio o el cuidado de los hijos.
En suma, señoras y señores diputados, esta iniciativa es un intento de plasmar una alternativa a la actual tendencia de inversión del sistema público de pensiones mediante reformas solapadas de la normativa de la Seguridad Social, defiende
un incremento del gasto en esta materia para fortalecer la idea de que el otorgamiento de pensiones suficientes es un auténtico derecho social y no un simple objetivo social que debe ser proveído por lo público sólo en la medida en que no pueda ser
satisfecho por el mercado, y también poner de manifiesto que si el superávit de la Seguridad Social sirve para cuadrar las cuentas públicas contablemente, esa coyuntura económica favorable ha de ponerse al servicio prioritario de ofrecer mejores
prestaciones a sus contribuyentes, sin que nos coarte el miedo a recesiones económicas futuras, pues en ese caso los ingresos del Estado por otros conceptos serían los que tendrían que ayudar a cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, como ayudan
hoy y ayudarán mañana a cuadrar las cuentas de otras actividades y prestaciones estatales a las que por cierto no se les pide equilibrio entre ingresos y gastos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
¿Qué grupos desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando nuestro grupo reflexionó sobre las posibles enmiendas a presentar a este decreto, como tuvimos ocasión de señalar en la sesión de debate del mismo, desestimó el trámite de enmienda a la totalidad por razones de alcance
político, en primer término, y de seguridad de los firmantes del acuerdo original, en segundo.
Sobre la primera cuestión, ya hemos tenido oportunidad de señalar en esta Cámara que la opinión de nuestro grupo es que el reconocimiento de la jubilación flexible a partir de los 60 años es seguramente el mayor logro sindical incluido en el
acuerdo que ha dado lugar a este decreto.En segundo lugar, creemos que existe un riesgo evidente de que un proceso de debate a la totalidad oculte este hecho y dé paso a la presión desde lugares muy influyentes para elevar la edad ordinaria de
jubilación por encima de los 65 años. Por otra parte, hemos de insistir en que el acuerdo que sustancia esta ley no sólo no ha cedido en este terreno sino que se ha conseguido un nuevo derecho de jubilación anticipada para la mayoría de los
trabajadores encuadrados en el régimen del mar y del carbón, desaconsejado, entre otros, por la Unión Europea. Probablemente, nos encontramos ante una de las últimas oportunidades para la afirmación del derecho a reducir la vida laboral y acompasar
el tiempo de trabajo a las malas condiciones tecnológicas y productivas. El acuerdo alcanzado era probablemente la última posibilidad de conseguir este nuevo derecho, por eso tiene más valor todavía.
Esta es la razón que aconseja políticamente el debate de enmiendas que permite a los grupos políticos expresar su voluntad de mejora del debate sobre pensiones antes que lo que supone políticamente una impugnación de los logros del debate y
el acuerdo social en este campo. Obviamente, algunas de las consideraciones que la enmienda a debate formula no sólo son atendibles sino que deben considerarse con matices en el futuro, pero, como SS.SS. saben, una enmienda a la totalidad
sustituye, como he señalado, una impugnación a los acuerdos alcanzados en materia de pensiones y a los efectos del diálogo social.
Por otra parte, en la estrategia de la mejora de la protección social deben considerarse tres aspectos de reflexión que no siempre son compatibles con los deseos. En primer lugar, las prioridades del gasto en protección social; en este
caso nos inclinamos más por la mejora de las pensiones mínimas y asistenciales y por la atención a las dependencias que por mejorar el acuerdo firmado. En segundo lugar, los recursos del propio sistema, que deben mimarse compatibilizando la
justicia de demandas como las que he señalado y las capacidades financieras; como ustedes saben, hay presiones de diversa índole sobre el excedente de la Seguridad Social y merece la pena fijarlo en esas prioridades antes que poner en riesgo su
estabilidad. El tercer aspecto al que me refería es, como sugiere la enmienda, liberar a la ley de aquellos aspectos que son incompatibles con este derecho, como parece apuntar el artículo 11 de la ley -la no inclusión de algunos colectivos- o,
como señala la enmienda, la oportunidad de penalizar las prejubilaciones masivas. Sin duda, estos aspectos pueden
tratarse en enmiendas parciales. Además, como ustedes saben, las organizaciones firmantes están debatiendo con el Gobierno la inclusión de algunas enmiendas en el debate del Congreso y del Senado, y parece respetuoso con este diálogo social
aceptar políticamente su desarrollo no impugnando los resultados finales del acuerdo.
Como he señalado, esta ley parece querer compensar el seguimiento de la recomendación décima del Pacto de Toledo con el estímulo a la prolongación voluntaria de la vida laboral, exonerando de cotizaciones a los mayores de 65 años o
prolongando más allá de esta edad la compatibilidad de pensión y salario en contratos de relevo. Sin duda alguna, es en este terreno donde debe profundizarse más facilitando la posibilidad del debate a través de enmiendas parciales, como señala la
enmienda presentada. No falta razón al defensor de la enmienda cuando sugiere que el Partido Popular pone una vela a Dios y otra al diablo, y que esta circunstancia genera dudas sobre la voluntad política del Partido Popular en cuanto a la voluntad
de mejorar la protección social.
En definitiva, señorías, no contradecimos las propuestas de la enmienda, sino que consideramos que el trámite más adecuado para respetar el esfuerzo de las organizaciones sociales es el debate de enmiendas
parciales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió, al igual que en la sesión de convalidación, dará su voto afirmativo a este proyecto de ley proveniente del Real Decreto que se aprobó el mes pasado en esta Cámara. Votaremos contra la enmienda a la totalidad
por tres motivos, básicamente porque entendemos que este proyecto de ley desarrolla el espíritu mantenido en la Comisión del Pacto de Toledo, en segundo lugar, porque plasma en una ley un acuerdo de los agentes sociales y, en tercer lugar, porque
facilita al Estado español seguir los acuerdos de buenas prácticas mantenidos en la Unión Europea.
Ya manifestamos con motivo de su debate que el Real Decreto era un desarrollo de esta recomendación diez del Pacto de Toledo, recomendación que apuesta por la gestión de la edad de jubilación de una forma flexible y, a la vez, progresiva y
gradual. Si a ello sumamos que el Real Decreto en su momento y el proyecto de ley que ahora tramitamos en esta Cámara son fruto de un acuerdo de los agentes sociales, reforzamos aún más la oportunidad de esta ley.
Una de las cuestiones considerada importante por la Comisión no permanente para el seguimiento del Pacto de Toledo es precisamente la situación de envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad. Ello nos debe llevar a una
gestión flexible de la edad de jubilación y que se incentive la presencia de los ciudadanos mayores de 50 años en el mercado de trabajo. Además, se mantiene productivas a personas en plenas facultades físicas y laborales, con una gran experiencia
laboral, que en muchos casos han sido apartadas de la vida laboral.
Esto tiene como consecuencia algo que también defendemos en esta Cámara, la cohesión de la familia. Por medio del debate estamos buscando en la Comisión de Política Social y Empleo la conciliación de la vida laboral y familiar, y lo hacemos
equiparando el trabajo del hombre y de la mujer.
Ahora debemos trabajar en esta ley para situar a los mayores de 50 años en el mundo laboral.
Si la Comisión del Pacto de Toledo, que tiene un amplio consenso parlamentario, desarrolla las recomendaciones que regula este proyecto de ley, conviene insistir en admitir a trámite esta ley y dejar para las enmiendas al articulado las
mejoras que cada grupo piense aportar.
Nuestro voto negativo a la enmienda a la totalidad no va a frenar las enmiendas al articulado ni las nuevas consideraciones que brevemente anunciamos en el debate del decreto ley, como la consideración de la
jubilación anticipada de las personas discapacitadas, para lo que debemos elaborar entre todos una propuesta técnica y legislativa más adecuada. Lo mismo deberíamos hacer en el caso de jubilaciones anticipadas de los trabajadores autónomos y no
mantenerlos discriminados si el sistema lo permite. También insistiremos en encontrar fórmulas complementarias para que las prejubilaciones individuales, que están sometidas a la renta existencial, tengan una cotización equivalente para que no
pierdan el salario que han acumulado en los años de trabajo, ya que les supone una pérdida muy importante en las pensiones de jubilación.Debemos insistir también en el colectivo de personas que están percibiendo una pensión por debajo del 40 por
ciento de la que percibirían si no hubieran sido apartadas del trabajo. Habrá que considerar un margen posible de actuación y mejorar esta situación porque, si el objetivo de la ley es mantener el status de bienestar social, tenemos que continuar
manteniéndolo en todos los casos específicos. Reiteramos, como hicimos con motivo de la convalidación del Real Decreto, las mejoras a considerar entre las personas discapacitadas, los trabajadores autónomos, los supuestos de despido individual y
las posibilidades de desarrollar esta previsión del acuerdo de los agentes sociales.
Finalmente, existe una consideración importante para dar nuestro apoyo al proyecto de ley que hoy debatimos, cuya enmienda a la totalidad vamos a votar en contra, y es aplicar, como otros gobiernos de la Unión
Europea, códigos de buena práctica para que las empresas con personas mayores de 45 años puedan mantenerlas operativas y en plena productividad. El Gobierno debe impulsar incentivos para que estas empresas puedan mantener a estos
trabajadores de mayor edad y, al mismo tiempo, ofrecer flexibilidad en la jubilación que armonice el Estado de bienestar, que refuerce los mecanismos de cohesión social y mantener el equilibrio sostenible en todo el sistema productivo.
Por todo ello, nuestro grupo votará en contra de esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
El señor LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente. Hemos leído con atención la enmienda a la totalidad que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. Nosotros decidimos no presentar enmienda a la totalidad por respeto a la procedencia
del acuerdo recogido en el Real Decreto, antecedente del proyecto de ley que nos ocupa. Es verdad que en su enmienda, sobre todo en la exposición de motivos, manifiesta una serie de preocupaciones que compartimos en su totalidad, especialmente las
referidas a las mujeres que en su día han tenido que abandonar el puesto de trabajo por diversas razones o porque, como usted bien decía, la ley así lo preveía. Recuerdo incluso que el convenio textil de 1983 todavía recogía la dote por matrimonio.
Se le daba cuando se casaba y se tenía que ir a casa. Por tanto, compartimos plenamente esa preocupación. No sé si vamos a poder resolver este problema en este proyecto de ley, pero es evidente que tendremos que afrontarlo y creo que el marco
ideal para hacerlo sería en las conclusiones que hagamos en la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo. No podemos olvidarnos de estas mujeres porque, si no hacemos nada, cuando vayan a jubilarse, dentro de 15 ó 20 años, no tendrán ninguna
posibilidad.
Por lo que se refiere a las modificaciones que plantea nosotros, repito, estamos de acuerdo con algunas, pero no con otras porque son de mucho calado y habría que cuantificarlas en profundidad. Lo que vamos a hacer, porque coincidimos con
muchas de las cosas que plantean, es abstenernos en la votación de esta enmienda de totalidad. Como verá, vamos a presentar una serie de enmiendas parciales que se acercan mucho a las que ustedes plantean en este proyecto. Por tanto, repito, nos
abstenemos, pero con el convencimiento de que muchas enmiendas parciales que presentemos coincidirán con las suyas.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora López.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me resulta difícil realizar mi intervención de hoy contra la única enmienda a la totalidad con texto alternativo presentado por el Grupo Mixto y, en su nombre, por el señor Vázquez. Siempre he creído que la contumacia puede ser,
sin duda, un error, pero la tenacidad es virtud.
Con lo cual a mí no me molesta que insista y que nos reitere lo que ya fue objeto de su primera intervención con motivo de la convalidación del Real Decreto-ley. Un hecho es cierto, hoy está mas
profusamente explicado al ser la única enmienda de totalidad que se trae a la Cámara. En ese sentido no tengo nada que objetar, sobre todo, porque su posición es esa, pero creo que es bueno que se conozca la posición del Gobierno y qué posiciones
deben encajar en las tendencias consensuadas con la Unión Europea, de la que hoy España forma parte; he de decirle con toda claridad que el texto que usted nos propone para debatir no lo hace.
La exposición de motivos del proyecto de ley que nos presenta el señor Vázquez elimina precedentes tan fundamentales para esta Cámara como todas las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo de 1995 y, sobre todo, en los acuerdos
firmados por los agentes sociales, acuerdos que nacen, sin duda, del diálogo social y político. Creo que sobre un acuerdo político debe buscarse el acuerdo social y el mejor ejemplo es el Pacto de Toledo, que suscribieron todas las fuerzas
políticas en el año 1995, y en él hemos sabido respetar una buena base del acuerdo parlamentario y político para construir sobre él ese diálogo social que no condiciona los conceptos pero que sí aborda los métodos, las formas y, sobre todo, cómo
hacer las cosas. No condiciona las ideas básicas, pero sí cómo hacer las cosas y, sin embargo, en este texto encontramos sólo una de las medidas fruto de ese diálogo social que fructificó en el acuerdo del 9 de abril del 2001, para la mejora y
protección del sistema de Seguridad Social. La única medida que encontramos es la jubilación anticipada, pero no ligada a contratos de sustitución o de relevo, como prevé el Pacto de Toledo, sino una jubilación voluntaria con la menor de las
penalizaciones. Como otras iniciativas presentadas ante esta Cámara por el señor Vázquez, se formula ya de una forma reiterada la medida de establecer la edad de jubilación a los 60 años, en contra de todas las expectativas de crecimiento
demográfico, de duración de la vida y la indicación de todos los expertos que vienen indicando que la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social pasa por medidas que amplíen la edad de jubilación más allá de 60 años. Un hecho es cierto: si
la edad legal de jubilación
en España está en los 65 años, ¿cómo es que la edad real se sitúa en torno a los 62 ó 63 años? Usted de eso no quiere saber nada.
Asimismo, por qué no decirlo, ha causado sorpresa a este Grupo Parlamentario Popular la presentación de esta enmienda a la totalidad cuando en el uso del turno de palabra de la sesión del 5 de febrero de 2002, con motivo de la convalidación
del Real decreto-ley de medidas para el establecimiento de un sistema para la jubilación gradual y flexible, utilizó S.S. expresiones elogiosas tales como: Hay algunos aspectos positivos que valoramos como son las medidas que se refieren a la
extensión de la jubilación anticipada a trabajadores que cuenten con 61 años y que no tuvieran la condición de mutualistas antes del 1 de enero de 1967. Usted continuó manifestando aquel día que también consideraba un avance los coeficientes
reductores en supuestos de jubilación anticipada al basarse la misma en el esfuerzo contributivo de los trabajadores.
El texto alternativo al proyecto de ley se divide en una exposición de motivos, seis artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos finales. De la lectura de la exposición de motivos sorprende cuando menos, por el
contenido de alguna de sus manifestaciones, la que hace sobre el periodo 1997-2000 en cuanto a que no ha habido un trato favorable hacia la protección social, pues en lo referente a las pensiones únicamente se aprobaron subidas equivalentes al
incremento del IPC, que alcanzó porcentajes claramente inferiores a los del crecimiento económico. Usted sabe que esa afirmación tiene una grave falta de rigor. Sólo comparando la subida de pensiones en ese periodo 1997-2000 con la de los cuatro
años anteriores verá que no es verdad lo que dice.
No nos cansaremos de repetir ante esta Cámara, y así lo ha expresado el ministro de Trabajo don Juan Carlos Aparicio, los malos momentos vividos y la auténtica angustia padecida por la posición financiera y contable que mantenía la Seguridad
Social antes de 1996. Angustia, por cierto, que era compartida por muchos otros compañeros de esta Cámara y que a usted evidentemente le daba lo mismo. Lo primero que debió afrontar el Gobierno del Partido Popular fue precisamente el saneamiento
del sistema de la Seguridad Social y ahora, transcurridos cinco años, podemos afirmar la existencia de un sistema de Seguridad Social saneado al presentar por dos años consecutivos superávit presupuestarios y hoy podemos adelantar en dos años las
previsiones del Gobierno y afirmar que el fondo de reserva tendrá a finales de 2002 una dotación de un billón de pesetas, como así se anunció en el Consejo de Ministros del viernes pasado. No obstante, debemos velar por mantenerlo y desde luego el
texto alternativo que ahora estamos debatiendo no parece en modo alguno la mejor forma de hacerlo.
Los seis nuevos artículos que usted nos propone parten de reducir la edad anticipada de jubilación de 61 años a 60, así como los coeficientes reductores, que disminuyen dos puntos a los pactados en el acuerdo de protección para la mejora del
sistema de Seguridad Social de 9 de abril de 2001, entre el Gobierno y los agentes sociales. Parece como si al grupo proponente el acuerdo alcanzado el 9 de abril de 2001 no le satisficiese porque todo el contenido del mismo desaparece de su
articulado. Es curioso, no tiene en cuenta en absoluto ese acuerdo, parece que a usted los acuerdos sociales no le gustan. Permítame que le diga que los acuerdos son buenos si acometen y abordan cuestiones importantes para la sociedad y son malos
si no lo hacen, y el acuerdo del 9 de abril de 2001 sí lo hacía.
Siguiendo con el articulado del texto que hoy nos proponen, en el artículo 3, reconocimiento de la jubilación anticipada en determinados casos especiales, amplían a todos los regímenes especiales de la Seguridad Social el derecho a la
jubilación anticipada en los mismos términos que en el artículo 2. Estamos ante regímenes específicos con sus normas específicas y, sin embargo, usted nos presenta una fórmula que regula de forma tan ambigua como expresamos a continuación: El
reconocimiento a la jubilación anticipada establecida en los dos artículos anteriores será aplicable en la misma extensión a todos los regímenes de la Seguridad Social. Simplemente es el reconocimiento general del derecho a la jubilación anticipada
para todos. Según usted todos, hayan cotizado suficientemente o no y sean del régimen que sean, pueden jubilarse anticipadamente. Usted ofrece un chollo, pero ¿quién paga ese chollo? ¿Usted no sabe que las jubilaciones anticipadas las pagan todos
los que trabajan?
Debemos detenernos en el contenido del párrafo segundo del citado artículo 3 porque rompe con todos los principios del derecho, el de igualdad, el de proporcionalidad y sobre todo el de contributividad, ya que sugiere que el que cotice a
varios regímenes del sistema de la Seguridad Social y no obtenga los requisitos necesarios para acceder a una pensión tendrá derecho a la misma dentro del sistema que más años haya cotizado. ¿Se puede hablar ahí de justicia? ¿Existe una voluntad
real dentro de esta medida que nos presenta por mantener el saneamiento del sistema? Evidentemente, no. Mi grupo parlamentario cree que propuestas como éstas no garantizan en absoluto ni la justicia, ni la contributividad, ni mucho menos la
proporcionalidad.
Antes de concluir mi intervención tengo que referirme a la disposición adicional primera, por la que se habilita al Gobierno para que reglamentariamente apruebe una norma específica de cálculo de pensiones para mujeres con periodos de
cotización con anterioridad a 1976, pues el Fuero de los españoles tuvo una incidencia negativa en su carrera contributiva. Es sorprendente, en primer lugar, porque este tipo de medidas, al suponer una modificación normativa de la Ley General de la
Seguridad Social, en todo caso debería
tener el carácter de proposición no de ley y no otorgar al Gobierno un título habilitante para su desarrollo reglamentario por el principio de jerarquía normativa, pues lo que se está pretendiendo en esta disposición adicional es la
modificación de un derecho, de ahí la necesidad de su rango de ley. Ante semejante dislate sobran las palabras.
Después de lo que ya he manifestado, señorías, creo poder afirmar sin equivocarme que no estamos ante un documento de trabajo de mayor calidad para acometer lo que constituye la necesidad básica de la sociedad española de hoy, y sobre todo
de la de mañana, es decir un sistema de jubilación gradual, flexible y voluntario para todos, que permita jubilarse al que lo desea, pero que también permita permanecer en activo más allá de los 65 años a aquel que lo desea. No debemos olvidar que
vivimos en una sociedad interrelacionada, que vivimos en la Unión Europea, que nos está pidiendo seriedad presupuestaria. Es Europa quien está pidiendo la introducción de medidas para la prolongación de la edad de jubilación, medidas que en su
texto alternativo no aparecen, dando a paso a medidas como la jubilación general anticipada a los 60 años. No podemos olvidar que los sistemas de protección social europeos se enfrentan a retos futuros ligados al envejecimiento de la población.
Desde esta óptica, el Consejo Europeo de Barcelona impulsará la estrategia europea de protección social para garantizar pensiones seguras y viables. Para ello se pretende profundizar en el proceso con acciones como la prolongación de la vida
activa, el establecimiento de una jubilación gradual y flexible para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones y la adaptación de estos sistemas a las nuevas formas de organización del trabajo. Ello sólo se puede hacer mediante un nuevo
sistema completamente novedoso como es el que se establece en este proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación flexible. La enmienda del Grupo Mixto rompe el equilibrio de las medidas del decreto-ley y pone en
peligro el propio futuro del sistema y su evolución, así como los derechos actuales y futuros de los pensionistas.
Alguna observación sobre lo que ha manifestado usted. Dice que España es el cuarto país que menos gasta en servicios sociales. Usted sabe que no es cierto. Primero, porque usted no cuenta que los gastos sociales también los tienen las
comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos; segundo, porque los países europeos en su mayoría tienen centralizado ese gasto y España lo tiene descentralizado, y en tercer lugar, teniendo en cuenta lo que dedican todas las administraciones
a gastos sociales, España está entre los seis primeros y su sistema de pensiones, según la OCDE, no según el Gobierno español, es el primero y más generoso de toda la OCDE.
Una anécdota final. En el apartado primero de su texto alternativo, el Grupo Mixto establece una reducción de los coeficientes reductores para el régimen general diferente y es más perjudicial el que usted fija para el régimen especial de
trabajadores del mar, lo cual es muy significativo teniendo en cuenta que usted es de un partido que se mueve mucho entre los trabajadores del mar. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) No entendemos por qué establece usted un sistema más
perjudicial para los trabajadores del mar que para los trabajadores del régimen general.
Por todo ello, nuestro grupo considera que la enmienda debe ser rechazada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar la votación correspondiente al debate precedente, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos, propone a la Cámara la siguiente declaración institucional:
El 8 de marzo fue declarado Día Internacional de la Mujer por Naciones Unidas y un año más nos proponemos seguir avanzando a través de cuantas actuaciones sean necesarias para acercarnos al objetivo de la igualdad real entre hombres y
mujeres. Estamos convencidos de que el avance de las mujeres es el motor necesario para que se pueda alcanzar el pleno desarrollo de la humanidad. Apoyamos la eliminación de todos los prejuicios en el sistema educativo, propiciamos seguir
incrementando el empleo de las mujeres y oponiéndonos a toda clase de violencia. La erradicación de la violencia contra las mujeres debe ser una constante en la actuación política y deben aplicarse con todo rigor todas las medidas existentes, así
como articular todas aquellas que se consideren necesarias para su total eliminación. Reiteramos que la defensa de la vida y la salvaguarda de los derechos humanos deben constituir una línea de actuación permanente para todas las democracias, por
lo que solicitamos una vez más que se respete la vida de la ciudadana de Nigeria Safiya Husaini.
El Congreso de los Diputados se compromete a desarrollar programas de sensibilización hacia otras sociedades con el fin de transmitir que no puede haber progreso sin igualdad, así como a elaborar todas aquellas normas que sean necesarias
para conseguir una sociedad más solidaria y más justa.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.-Aplausos.)
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN)
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2001, DE 27 DE DICIEMBRE). (Número de expediente 121/000067)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, procedente del Real
Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 4; en contra, 179; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.