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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 141, de 05/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 141
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 135
celebrada el martes, 5 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 7123)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley del Estado 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de actualización de la tasa por la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en
el suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas municipales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 180-1, de 30 de noviembre de 2001. (Número de expediente 125/000015.) ... (Página 7123)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 175-1, de 23 de noviembre de 2001. (Número de expediente 122/000157.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 191-1, de 25 de enero de 2002.
(Número de expediente 122/000169.) ... (Página 7133)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 79, de 20 de octubre de 2000. (Número de expediente 162/000126.)
... (Página 7142)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones respetando las
necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 295, de 28 de enero de 2002. (Número de expediente 162/000416.) ... (Página 7149)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la futura ley de cooperación autonómica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 314, de 1 de marzo de 2002. (Número de expediente 173/000112.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder adquisitivo de las familias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 314, de 1 de marzo de 2002. (Número de expediente 173/000113.) ... (Página 7161)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados (Página 7123)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas (Página 7123)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley del Estado 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de actualización de la tasa por la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas municipales (Página 7123)
En nombre del Parlamento de Cataluña defienden la proposición de ley el señor Puigdomènech i Cantó, la señora Viader i Anfrons y el señor López Bulla, todos ellos diputados del Parlamento Catalán.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, y
el señor De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley del Estado 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de actualización de la tasa por la
utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas municipales, se rechaza por 135 votos a favor y 158 en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7133)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo (Página 7133)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores (Página 7133)
Defiende la toma en consideración de la proposición no ley del Grupo Parlamentario Socialista el señor López Garrido. Manifiesta que sólo se trata de aprobar la toma en consideración de la proposición de ley, sin prejuzgar en nada lo que
pueda ser su trámite parlamentario, donde se puede reformar lo que se crea conveniente. Explica el incremento que ha tenido el acoso moral en los puestos de trabajo, llegando en la actualidad cerca del 15 por ciento, pudiéndose considerar que
existe una verdadera epidemia, al igual que existe una epidemia de violencia laboral, doméstica, psicológica, familiar o doméstica, la llamada violencia de género, cuyos efectos son devastadores para las personas que lo sufren. Las razones por las
que se produce el acoso moral son varias, explica, y todas tienen que ver con el tipo de sociedad competitiva que hemos creado, por lo que las respuestas además de sanitarias o educativas tienen que ser también políticas y legales, por lo que pide
el voto favorable a la toma en consideración de su proposición de ley que propone una modificación de las leyes laborales.
Defiende la toma en consideración de la segunda proposición no de ley, sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores, la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Considera que ha llegado el momento de abordar desde las instituciones públicas todo lo que se refiere al hostigamiento, bien sea moral o psicológico, tipificándolo como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores.
Explica las tres cuestiones claves que definen, según la nota preventiva 476 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el acoso moral, que son: que dure en el tiempo, que sea repetitivo y que la relación sea asimétrica o desigual
entre las dos partes en conflicto, resaltando esta última, porque a lo que se opone el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es al abuso de poder, puesto que se trata de relaciones de poder entre empresarios y trabajadores. En definitiva,
resume, es necesario actualizar la legislación para tipificar la conducta de acoso moral o psicológico, prevenir los riesgos derivados de la misma y sancionar ejemplarmente a quienes atentan, abusando de su poder generalmente, contra la intimidad y
la dignidad de las trabajadoras y trabajadores de este país.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo, se rechaza por 123 votos a favor, 158 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores, se rechaza por 122
votos a favor, 157 en contra y 12 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 7142)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas (Página 7142)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Ortiz González. Explica que la proposición no de ley que presenta en nombre de su grupo a la Cámara tiene que ver con un problema a su entender
fundamental en la sociedad española, como es la insuficiencia de viviendas en régimen de alquiler, y trae causa, aparte del problema en sí mismo, de una proposición análoga que se debatió y aprobó en la sesión del 20 de febrero de 2001. Reitera los
argumentos dados en aquella ocasión y recuerda el compromiso concreto de su grupo parlamentario en las últimas elecciones de fomentar la recuperación del mercado de alquiler, propiciando que el suelo de los municipios provenientes de cesiones
urbanísticas se dedique principalmente a promover viviendas protegidas en régimen de alquiler. Se refiere al Plan de vivienda 2002-2005 y desarrolla los puntos de su proposición no de ley, para la que pide el voto favorable.
Defienden las enmiendas presentadas a la proposición no de ley la señora Miralles i Guasch, del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Ortiz González.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda
acordada con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 172 votos a favor, ocho en contra y 109 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones, respetando las
necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos (Página 7149)
Presenta la proposición no de ley la señora Palma i Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere a la proliferación de antenas de telefonía móvil en el paisaje urbano y al aumento de la normativa que ha generado un
panorama demasiado confuso y disperso para garantizar la tan necesaria y esperada protección de la salud de los ciudadanos.
Explica la relación que existe entre ciencia y sociedad y entre el derecho a la protección de las personas, concretamente la
protección de la salud, y el desarrollo científico y tecnológico, lo que supone -dice- ordenar el sistema normativo y promulgar reglas jurídicas más imperativas y decisorias para asegurar el pleno respeto de las libertades y derechos fundamentales.
Con su proposición no de ley pretenden dar respuesta a algunas de las cuestiones que más preocupan a la sociedad respecto al tema de las antenas de telefonía móvil, desarrollando el contenida de la misma.
Intervienen en defensa de las enmiendas presentadas los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Palma i Muñoz.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de
instalaciones de telecomunicaciones respetando las necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos, se rechaza por 119 votos a favor y 175 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7155)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la futura ley de cooperación autonómica (Página 7155)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rejón Gieb, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En relación con el título VIII de la Constitución, considera que el pedir una ley de cooperación
autonómica no es pedir un imposible, pero el retrasar lo inevitable, como es la postura tacaña del grupo que apoya al Gobierno, llevará al desastre. Recuerda que su iniciativa cuenta con el respaldo del Grupo Popular en el Parlamento Gallego, en
concreto del señor Fraga Iribarne, y se pregunta por qué no puede haber cooperación a la hora de la defensa de los intereses que afectan a las comunidades ante la Unión Europea, en una conformación de la política general a través de un Senado
reformado en algún momento.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente, intervienen los señores López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rejón Gieb.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la futura ley de cooperación autonómica, punto por punto, como ha sido solicitado por el proponente, queda
rechazada en su totalidad.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder adquisitivo de las familias (Página 7161)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Bel i Queralt, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Para su grupo existe un problema con la evolución de los precios porque entre los años 1999 y 2001 el IPC
acumulado se ha situado en el entorno del 10 por ciento, porcentaje acumulado mayor al que han negociado los trabajadores en sus convenios colectivos, lo que ha provocado pérdidas de poder adquisitivo a la mayoría de las familias españolas, sobre
todo a aquellas que dependen de las rentas del trabajo, agravándose la situación por el aumento de la presión fiscal en frío. Por eso la primera propuesta de su moción consiste en deflactar la tarifa del IRPF y elevar los mínimos personales y
familiares y las reducciones del trabajo personal en un 3,5 por ciento. A continuación explica el resto de medidas propuestas, dirigidas unas a aliviar el aumento de precios en viviendas de alquiler y en vivienda de protección oficial, y otras a
actualizaciones del salario mínimo interprofesional, de prestaciones y recuperación de pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, así como a la reducción de la tarifa eléctrica y de los peajes. Finalmente se refiere a las enmiendas
presentadas a la moción a las que tilda de fuego de distracción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso; Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Bel i Queralt.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder adquisitivo
de las familias, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 99 votos a favor y 168 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día: juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña María Luisa Expósito Molina, en sustitución de don Josep Maldonado Gili, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora EXPÓSITO MOLINA: Sí, prometo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Doña María Luisa Expósito Molina ha adquirido la condición plena de diputada.
Asimismo, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central doña Inmaculada Riera i Reñé, en sustitución de don Heribert Padrol i Munté, para prestar
juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora RIERA I REÑÉ: Sí, prometo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Doña Inmaculada Riera i Reñé ha adquirido la condición plena de diputada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL ESTADO 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES,
DE ACTUALIZACIÓN DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O LOS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, EL SUBSUELO O EL VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES. (Número de expediente 125/000015.)
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración de proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley del Estado
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de actualización de la tasa por la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas municipales.
En representación del Parlamento de Cataluña y para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, don Carlos Puigdomènech i Cantó.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Puigdomènech i Cantó): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Parlamento de Cataluña presenta esta proposición de ley con la voluntad de que sea acogida por esta Cámara y los beneficios que desde nuestro punto de vista puede aportar a todos los municipios del Estado
español sean una realidad.
La toma en consideración de esta proposición de ley consiste en una modificación puntual del artículo...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Puigdomènech, ha habido un problema de megafonía. (Pausa.)
Adelante.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Puigdomènech i Cantó): Decía que consiste en una modificación muy puntual del artículo 24.1 de la Ley de Haciendas Locales tanto en la redacción inicial de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, como en su posterior modificación del año 1995. Este artículo prevé un supuesto tributario cuyo hecho imponible consiste en la aplicación de una tasa por la utilización privativa por aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo
de las vías públicas municipales, previendo que el sujeto pasivo de esta tasa o tributo han de ser las empresas titulares de las líneas que proporcionan los suministros y los servicios, y la cuota tributaria se prevé en un 1,5 por ciento
precisamente de la facturación de estas empresas. Lo que ha ocurrido es que con la liberalización y la posibilidad de que sean distintas las empresas titulares de las líneas, de las redes de servicios de suministro de las empresas que las explotan,
se produce una disfunción que impide a los ayuntamientos poder cobrar la tasa por el importe realmente facturado por todas ellas, que era el espíritu inicial de la Ley de 1988 y también de la de 1995. Por tanto, lo que propone el Parlament de
Cataluña es una modificación que, como expondrá posteriormente la ilustre diputada señora Viader, va en la línea de integrar en el supuesto tributario a todas las empresas, no sólo las titulares sino también las que hacen el suministro de los
servicios.
Para acabar, querría dejar constancia de dos cosas. No se trata de imponer un nuevo tributo ni de incrementar la presión fiscal. Se trata simplemente de adaptar a la nueva situación producida por la liberalización un artículo que en la
redacción inicial ya preveía la imposición de una tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo de las vías públicas municipales. En definitiva, se trata de una modificación que entendemos ayudará a la
financiación de todos los municipios. En todo caso, esta modificación no obsta a que posteriormente, mediante los pactos locales que se puedan hacer, se llegue a reconsiderar de un modo más global la financiación y también este tributo.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Si la presidenta lo permite, continuaría la exposición la ilustre diputada señora Viader.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigdomènech.
Tiene la palabra la señora Viader i Anfrons.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Viader i Anfrons): Señora presidenta, señoras y señores diputados, es para mí un honor y una grata responsabilidad poder representar hoy aquí al Parlament de Cataluña como diputada
designada ante este Congreso para la defensa de la proposición de ley de modificación de la Ley del Estado 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de actualización de la tasa por la utilización privativa o los
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.
Tal y como ha sido expuesto con anterioridad por mi compañero el ilustre diputado don Carlos Puigdomènech, la situación de la realidad cambiante ante la liberalización del sector eléctrico y otros servicios sobre el resultado directo y
negativo en las haciendas locales, y por tanto la necesidad de actualización y adaptación de la ley; y por otra parte, la constatación de facto producida por el vacío legal del artículo 24.1, vacío que no es neutral y que en su interpretación lleva
a beneficiarse a las empresas comercializadoras en detrimento del interés público que representa la Administración local con las consiguientes pérdidas y fugas de recaudación en las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial
constituidas en el dominio público municipal y por tanto la necesidad de regularización de la ley, nos lleva a presentar esta proposición de ley que en su artículo único habla de que se modifica el último párrafo del
artículo 24.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, que queda redactado de la siguiente forma: Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las requeridas empresas titulares de la red y asimismo las empresas suministradoras o comercializadoras que, con el consentimiento de aquéllas, hicieran uso de la misma. Las empresas
titulares de la red tienen la obligación de comunicar al ayuntamiento los datos de las otras empresas a que se refiere el inciso anterior. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la
realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deben ser sujetos pasivos, conforme a lo establecido en el artículo 23 de esta ley.
Así pues, la modificación consiste en suprimir del texto actual la frase siguiente: que afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario; y añadir al párrafo lo siguiente: empresas titulares de la red y asimismo las empresas
distribuidoras o comercializadoras que, con el consentimiento de aquéllas, hicieran uso de la misma. Las empresas titulares de la red tienen la obligación de comunicar al ayuntamiento los datos de las otras empresas a que se refiere el inciso
anterior. Con ello ampliamos el hecho imponible de la tasa a todas las empresas y sin tener en cuenta la cantidad de vecinos a los que afecta. De esta forma, con el nuevo redactado la modificación de la ley que pretende nuestra proposición
permitirá también el beneficio de todos los ayuntamientos y municipios españoles en su clara repercusión por lo que les afecta directamente en tanto a la tributación a sus haciendas locales y a sus ingresos municipales. Asimismo, nos hemos hecho
eco y resorte de la voz y voluntad de las entidades municipalistas que, en representación de los municipios y del poder local, claman por que sea atendida esta medida para que se fortalezca la evidente e imperiosa necesidad de mantener el equilibrio
económico y suficiencia financiera en materia de financiación local. En un claro reforzamiento de la Administración local es por lo que hoy trasladamos nuestra proposición de ley para su tan deseada y necesitada aprobación.
A continuación, pues, mi compañero, el ilustre diputado don Josep Lluis López Bulla finalizará nuestra intervención.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Viader.
Señor López Bulla.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (López Bulla): Muchas gracias.
Señoras y señores diputados, ya mis colegas han presentado, creo yo brillantemente, la exposición de motivos y las propuestas que fueron aprobadas en su día por el Parlament de Cataluña, de manera que traemos no un mandato partidario, sino
la voz colectiva de una institución a ésta que también es nuestra casa, el Parlamento de España. Estamos aquí, ya se ha dicho, exponiendo un asunto de gran importancia, como se ha expuesto, no sólo para la vida municipal de Cataluña, sino para el
conjunto de las finanzas locales de España. Digamos, pues, que hablando desde Cataluña lo hacemos con una visión omnicomprensiva, con la idea de expresar la mayor utilidad posible, esperando la complicidad colectiva de ustedes, para el
municipalismo español. Y así lo enfocamos en todo el territorio del Parlament de Cataluña, comisión, Pleno, etcétera.
En todo caso, deseamos hacerles llegar que no planteamos la reforma de esta ley porque los ayuntamientos tengan, como se sabe, unos limitadísimos e insuficientes recursos financieros, cosa que es bien sabida; es otra la cuestión. Como
quiera que con la liberalización del suministro de energía y servicios producida en los últimos años un número cada vez más grande de los ayuntamientos españoles han dejado de ingresar la tasa por la utilización privativa o los aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo y en el subsuelo de las vías públicas municipales, a ese cambio correspondería en pura lógica la novación legislativa que nosotros planteamos, que es lo que está pidiendo, ya se ha dicho, todo el municipalismo
español. De manera que esperamos conscientemente que la extremada debilidad financiera de los ayuntamientos pueda ser indirectamente, aunque no relacionada directamente, aprobada por el Parlamento de España, un carácter que ya ha sido explicado
eficazmente por mis colegas el señor Puigdomènech y la señora Viader. No hace falta decirles que esperamos de SS.SS. la mayor y la mejor atención a esta resolución, no tanto porque en ambos parlamentos estén representados un buen número de grupos
de la misma naturaleza política, sino esencialmente por la bondad de la naturaleza de nuestro planteamiento. Y también, permítanme esta machacona insistencia, por ser una justa reivindicación y demanda del municipalismo español.
Señoras diputadas y señores diputados, nos estamos esforzando, pues, en dar razones necesarias para que el debate de los distintos grupos las transformen en razones suficientes, cosa en la que ponemos nuestra atención en base a unos
intereses que afectan a todos los habitantes de España y obviamente a los nobles intereses de nuestros ayuntamientos. De ahí las reiteradas gestiones de la Federación de Municipios y Provincias cerca del Gobierno, cerca de las autoridades para
solucionar la papeleta.
Planteamos una reforma que técnicamente apenas si tiene dificultades porque, como ya se ha dicho, se trata de novar el punto 1 del artículo 24 de la Ley 39/1988. En resumidas cuentas, nuestra propuesta es de una gran sencillez y de fácil
acomodo. Estos no son motivos importantes, pero ayudan. Sí es motivo importante el hecho de que tal como están las cosas esta sea, hasta ahora, la única iniciativa dentro del territorio del Estado español para dar solución a un problema que los
cambios de la liberalización del sector eléctrico y energético originaron en su día. De manera que así las cosas esperamos de ustedes el mejor acomodo posible y la mejor atención a estos planteamientos.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
¿Turno en contra para la toma en consideración? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
El sentido de nuestra intervención es mostrar el apoyo a la toma en consideración de esta iniciativa del Parlamento de Cataluña. De hecho, desde Chunta Aragonesista ya hemos presentado una proposición de ley en similares términos a la que
hoy debatimos para su discusión en Pleno. En la misma compartimos los motivos expuestos en los últimos años con el proceso liberalizador de los sectores eléctrico, de gas y de telecomunicaciones. Ya no es únicamente la empresa gestora del servicio
la que utiliza de forma exclusiva la red existente en un municipio, pues o bien intervienen otros sujetos que pueden ser propietarios de su red o utilizar la de terceros, o bien aquellas entidades gestoras pueden constituir pequeñas sociedades con
el fin de emplearlas como distribuidoras y comercializadoras, que utilizarán las mismas redes que la empresa matriz y con la única finalidad de vender el suministro.
Así, los ayuntamientos desconocen la facturación total del suministro que se ha servido de la red existente en el municipio, con lo que un gran número de entidades locales han dejado de ingresar una parte de la tasa que establece el artículo
24 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, prevista por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, lo que ha producido una disminución de sus ingresos por tal concepto. Por lo tanto, es imprescindible la
ampliación del hecho imponible de la mencionada tasa a todas las empresas suministradoras o comercializadoras de suministros sin tener en cuenta la cantidad de vecinos a los que afecta. Por este motivo pedimos la toma en consideración de la
iniciativa objeto de debate.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero saludar afectuosamente a la diputada y a los dos diputados del Parlamento catalán, los cuales han defendido brillantemente esta iniciativa parlamentaria. Y, como no podía ser de otra manera, anuncio el voto
afirmativo de Iniciativa per Catalunya-Verds en coherencia con lo que ha sido nuestra posición en los ayuntamientos de Cataluña, en el Parlamento catalán, y con una enmienda que presentamos a la ley de acompañamiento y que fue derrotada.
Los diputados y la diputada que han defendido la iniciativa han explicado que, en definitiva, se trata de subsanar un vacío, una distorsión que se produce en la regulación de las finanzas municipales como consecuencia de la aprobación en
1997 de la nueva Ley del sector eléctrico, vacío y distorsión que, como ellos han dicho, significa una disminución de ingresos que la Federación de Municipios sitúa entre 11.000 y 12.000 millones de pesetas al año. Quiero insistir también en que no
se trata de un nuevo impuesto, sino simplemente de una adaptación que lo que pretende es que la nueva regulación del sector eléctrico no imposibilite la obligación fiscal de las empresas eléctricas que la Ley reguladora de las Haciendas Locales
determina.
Parecería obvio que hoy toda la Cámara votara que sí; es más, hubiera parecido obvio que, cuando se hizo la Ley del sector eléctrico, el propio Gobierno tomase una iniciativa para que no se produjera esta situación.
Parece ser que el
Partido Popular va a votar en contra; votación en contra que yo creo que desautoriza la propia propuesta de pacto local que hace dicho partido. Se hace una propuesta de pacto local para mejorar y reforzar el poder económico y político de los
ayuntamientos, pero la realidad es que no sólo no se incrementan las finanzas municipales, sino que en la práctica se disminuye su financiación para favorecer las empresas eléctricas. Por lo tanto, señoras y señores del Partido Popular, el mejor
pacto local es votar esta tarde a favor de la iniciativa del Parlamento catalán.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, saludo a los representantes del Parlament de Cataluña. Evidentemente, Esquerra Republicana de Catalunya va a votar a favor de su propuesta, una propuesta llena de sentido común, como todas las que trae a esta
Cámara el Parlament de
Cataluña. En este sentido, lamentamos que haya aparecido en algunos medios de comunicación de Cataluña que el Grupo Popular va a votar en contra de una propuesta, repito, llena de sentido común, como es adaptar la realidad de las haciendas
locales a lo que significó el cambio de la Ley eléctrica, que permitió una triquiñuela en lo que podríamos definir la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. Esta triquiñuela supuso a las compañías escaparse de pagar un canon de
dominio público del 1,5 por ciento. Así pues, lo que hay que hacer es denunciar el lobby de los grupos eléctricos con el Partido Popular. En definitiva, no sería comprensible la absoluta indefensión que durante todo este tiempo han tenido los
ayuntamientos, que han visto reducidos sus ingresos municipales básicamente porque el Partido Popular, lo hemos visto en los costes de transición a la competencia, ha estado al servicio de las compañías eléctricas, compañías que se han privatizado,
pero que no se han liberalizado. Tenemos un régimen de monopolio, régimen que nos permite ver cómo el Partido Popular no soluciona nada ni tiene esa voluntad municipalista de la que hace gala cuando habla del pacto local.
En este sentido, repito
que vamos a votar a favor de la propuesta del Parlament de Cataluña, considerando que el Partido Popular no quiere un pacto local, no quiere nutrir de poder local y mejorar las haciendas locales, sino que su único interés es vaciar de contenido a
las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, también quiero saludar a los diputados del Parlament de Catalunya, especialmente porque desde el Bloque Nacionalista Galego compartimos el sentido de esta proposición de ley, por lo que vamos a votar favorablemente su toma en
consideración. Como se ha dicho, efectivamente el Partido Popular pretende un pacto local de coste cero para el Estado, pero no sólo para el Estado sino al parecer también para las compañías eléctricas y para las compañías de telecomunicaciones,
aunque esto suponga afectar en un sentido contrario al artículo 142 de la Constitución a la suficiencia financiera de los municipios.
Desde el Bloque Nacionalista Galego hemos denunciado también esta situación y hemos registrado iniciativas, entre las que se encuentra, por cierto, una pregunta del día 31 de mayo de 2001, a la que el Gobierno no ha contestado todavía,
relativa a la revisión de la fiscalidad local en relación con empresas de telecomunicaciones y empresas como las de gas y electricidad. Para nosotros es incomprensible, por ejemplo, que la tasa establecida en el artículo 73 de la Ley General de
Telecomunicaciones no se haya repartido con las entidades locales o que aún no se haya eliminado el régimen fiscal, a todas luces exorbitante, del que sigue gozando Telefónica. En efecto, Telefónica está exenta de pagar una serie de tributos
locales, sin que el Estado compense a los municipios por esta exención que no tiene sentido en un régimen -se dice- de competencia en materia de telecomunicaciones.
Por estas razones, y esperando por cierto que el Gobierno se digne contestar nuestras iniciativas, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria quiero dar un cordial saludo de bienvenida a los dignos representantes del Parlamento autonómico de Cataluña. A continuación quiero añadir que en la línea que viene
manteniendo el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en relación con las propuestas de toma en consideración que llegan aquí de los parlamentos autonómicos, y sintiéndonos perfectamente identificados con lo que reconocen la letra y el espíritu
del Título VIII de la Constitución y los estatutos de autonomía, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la iniciativa que nos llega hoy aquí del Parlamento de Cataluña. Entendemos que sencillamente se trata de establecer una
actualización de la tasa que ya reconocía perfectamente la Ley 39 de 1988 de las Haciendas Locales, lo que es un principio lógico de actualización de un derecho municipal frente a las solicitudes de licencia de obra que a veces ni siquiera solicitan
determinadas empresas de servicio público de electricidad y de telefonía.
Creemos que junto a la disciplina de la exigencia del principio legal está el justo resarcimiento económico, vía tasa, que la Ley de las Haciendas Locales de 1988 introducía
en el ordenamiento jurídico del Estado español. Por estas razones, y sin entrar en más cuestiones de fondo, vamos a votar favorablemente la toma en consideración de una proposición de ley que es congruente con nuestro ordenamiento jurídico,
constitucional y democrático.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, bona tarda.
Quisiera en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), saludar a los representantes del Parlament de Catalunya que hoy están presentes aquí. La pérdida de recursos municipales ocasionada por la liberalización del suministro
de energía y de otros servicios es una preocupación lógica de los ayuntamientos, en este caso, de Cataluña. Como es bien conocido, los ayuntamientos no están sobrados de recursos y las exigencias vecinales a sus municipios son crecientes. Es por
tanto absolutamente coherente que desde el Parlament de Catalunya se canalice esta preocupación municipal convirtiéndola en una proposición de ley que se presenta en esta Cámara con el fin de modificar la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales, para actualizar así la tasa por autorización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas municipales. Desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
consideramos que es lógico que se modifique el artículo 24.1 de la referida ley, de manera que el 1,5 por ciento de la facturación de las empresas titulares de la red así como la de las distribuidoras o comercializadoras que hicieran uso de la misma
se ingresen en el término municipal en el que se obtengan dichos ingresos, compensando el efecto negativo que sobre los ingresos municipales se ha producido ya y que aún será mayor en el futuro inmediato. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
votará, pues, afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, quiero saludar también a los representantes del Parlamento de Cataluña y, como es habitual en mi grupo, celebrar que se haga uso de este tipo de iniciativas. Nos gustaría que esto animara a
parlamentos de otras comunidades autónomas.
El núcleo del problema, como lo han expresado en su intervención pero quiero recalcar, es que con la liberalización de determinados servicios, electricidad, agua, telecomunicaciones, se produce una división entre aquellas empresas que
prestan estos servicios a través de su red y las que los prestan alquilando la red de otras empresas. De esta manera, señorías, los ayuntamientos sólo cobran los tributos, hasta el 1,5 por ciento de la facturación, a las empresas con red propia,
con la consiguiente pérdida de recaudación fiscal. Por poner un ejemplo bien conocido, Retevisión presta sus servicios telefónicos a través de la red de Telefónica; los ayuntamientos sólo cobran, por tanto, la tasa a Telefónica y la facturación de
Retevisión no tributa, con lo que las corporaciones locales pierden en su conjunto un montante importante de impuestos. El Parlamento de Cataluña propone modificar la Ley reguladora de las Haciendas Locales de tal forma que las empresas que
suministran determinado tipo de bienes o servicios, independientemente de la forma en que lo hagan, directamente por su red o mediante el alquiler de red ajena, tributen con un porcentaje de su facturación. De esta manera no se crea una situación
de agravio comparativo entre diversos tipos de empresas, no se da pábulo a prácticas de ingeniería societaria y por encima de todo se protegen las maltrechas arcas de las corporaciones locales.
Es necesario recordar que lo que hoy nos demanda el Parlamento de Cataluña es, a su vez, una vieja y antigua reivindicación largamente mantenida por la Federación Española de Municipios y Provincias. El Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, como ya ha tenido ocasión de manifestar en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, es partidario de acometer en el menor tiempo posible la reforma que hoy nos propone el Parlamento de Cataluña. De hecho,
consideramos que proteger y potenciar las haciendas locales es la mejor manera de potenciar a nuestras corporaciones locales ahora que está de moda hablar del pacto local. Y, permítame que lo diga, está de moda hablar de pactos locales, pero sin
mencionar -permítanme la expresión- la madre del cordero, que es, como ustedes bien saben, la financiación local. Todo lo cual no obsta para que señalemos que, de tramitarse esta proposición de ley, mi grupo parlamentario introduciría ciertas
modificaciones en su redacción. Por ejemplo, se entiende que la tasa es siempre y en todo caso el 1,5 por ciento de la facturación de la empresa, cuando hay casos como el de Madritel, que ha ofrecido en Madrid hasta el 3,5 por ciento de su
facturación. Por tanto, si se admite a tramitación esta proposición de ley, plantearíamos un mínimo del 1,5 por ciento y a partir de ahí lo que en cualquier momento se pueda negociar.
Más allá de estos matices menores, y en consonancia con todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña, por comulgar de forma plena
con su contenido. Aprovecho de nuevo la ocasión para agradecer una vez más a un parlamento de una comunidad autónoma, en este caso el catalán, que haya hecho uso de su capacidad de promover una proposición de ley ante las Cortes Generales, pues esa
es una actividad que, con independencia del popular rodillo, oxigena la función legislativa estatal.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, ilustre diputada Viader, illustre diputat Puigdomènech, illustre diputat López Bulla, benvinguts al Congrès dels Diputats.
Señora presidenta, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), compartimos los argumentos que hoy los tres representantes del Parlament de Catalunya han expuesto ante el Congreso de los Diputados. El Parlament
de Catalunya trae hoy ante esta Cámara una propuesta que recoge lo que es claramente una petición de las corporaciones locales, no sólo de Cataluña sino del conjunto del Estado.
En el artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales del año 1988 se contemplaba una tasa del 1,5 por ciento sobre la facturación total de las empresas suministradoras de servicios públicos, servicios generales, y esa tasa se aplicaba ante una
situación de monopolio. Las empresas que prestaban ese servicio actuaban en una situación de monopolio y en consecuencia eran empresas que abarcaban a la mayoría de ciudadanos de esa corporación local. La liberalización, que por otro lado ha
tenido efectos positivos globales, ha conllevado que, aparte de las empresas suministradoras, están también las empresas distribuidoras o comercializadoras, que no siempre son las mismas que tienen la titularidad de la red, y al final la tasa sólo
se aplica a las titulares de la red, por lo que la corporación local recibe menos ingresos. Por esa tasa, a pesar de que el movimiento económico en estos años ha sido mayor, nadie puede decir que haya habido restricciones en el consumo; en cambio,
los ayuntamientos han recibido menos ingresos, y esto es algo que debemos solucionar. Desde Convergència i Unió nos parece oportuna y adecuada la propuesta hoy defendida aquí por los representantes del Parlament de Catalunya porque debemos
modificar este aspecto de la Ley de Haciendas Locales. Cuando se hizo en 1988 no se pensaba en este supuesto. Si hubiera existido la liberalización en el año 1988, la Ley de Haciendas Locales ya estaría redactada según la redacción alternativa que
nos han traído hoy los diputats del Parlament de Catalunya. Por tanto, nuestro grupo la va a apoyar; de hecho, mi grupo ya la ha presentado en la Ley de acompañamiento a los presupuestos de los dos últimos ejercicios, y mi grupo considera que el
año 2002, cuando se va a debatir una futura ley de Haciendas locales -el Gobierno ha anunciado que vamos a tener una nueva normativa el 1 de enero de 2003- sería un momento oportuno para tomar en consideración esta proposición de ley justa y
coherente. Incluso la podríamos acumular en la tramitación del proyecto de ley que traerá el Gobierno, y con ello habríamos dado hoy una respuesta positiva a lo que nos piden no sólo el Parlament de Catalunya sino también la Asociación Catalana de
Municipios, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Federación de Municipios de Catalunya, tantas y tantas entidades municipales que representan al conjunto de las entidades locales españolas, que están pidiendo que se reforme este
aspecto concreto de la Ley de Haciendas Locales.
Creo que la propuesta es positiva y que tiene plena sintonía con el espíritu que inspiró la creación de esa tasa y con lo que se recogió en la vigente Ley de Haciendas Locales, y por tanto mi grupo parlamentario anuncia su voto positivo.
También esperamos que si finalmente no prosperara la toma en consideración, en la tramitación del futuro proyecto de ley de Haciendas locales los grupos de esta Cámara fuéramos capaces de encontrar, con el consenso necesario, una fórmula que dé
respuesta efectiva a esa demanda que hacen los ayuntamientos. Estamos en un año, como se decía anteriormente, de anunciados pactos locales. Cuando se anuncian pactos locales se debe empezar por lo que piden realmente las corporaciones locales, que
es una mejor financiación, unos recursos más adecuados a sus competencias. Este sería un primer paso en un aspecto concreto, bien estudiado por parte de los proponentes, y que tiene el pleno apoyo de mi grupo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputadas y diputados, quiero dar en primer lugar la bienvenida a los representantes del Parlament de Catalunya, la diputada señora Viader y los diputados señores Puigdomènech y López Bulla, que han defendido una iniciativa
que nos parece del todo lógica y razonable en si misma, al margen de algunas cuestiones que aquí han sido citadas, aunque sea de pasada, como la situación deficitaria de las arcas de nuestros municipios. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Palma, por favor. (Pausa.)
Adelante.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señorías, esta iniciativa, que proviene del Parlament de Catalunya y por tanto fue aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios, con la abstención del Grupo Popular, tiene como objetivo principal resolver un
vacío legal que después de la liberalización del suministro de energía y servicios ha provocado una importante disminución de los ingresos de los ayuntamientos, concretamente los correspondientes a la tasa -como reza el nombre de la proposición- por
utilización privativa o aprovechamientos especiales en el suelo, subsuelo o vuelo, en definitiva, por la utilización privativa o de aprovechamiento especial del dominio público, de las vías públicas de nuestros municipios, por parte de compañías de
servicios como las compañías de agua, gas, teléfono y electricidad, que actuaban en régimen de monopolio hasta hace poco tiempo.
No podemos más que recibir y saludar con gran satisfacción la iniciativa puesto que, aunque proveniente
del Parlament de Catalunya, de aprobarse -que parece que no será así-, revertiría en beneficio de todos los municipios españoles, que vienen reclamando ésta y otras medidas para superar su precaria situación financiera. Es triste y
lamentable adelantar que no se aprobará, aunque, como se ha dicho aquí, se trata de un lógico principio de actualización de un derecho municipal. Es una reivindicación municipalista no discutible ni discutida, como lo demuestra el apoyo que ha
recibido de diversas entidades municipalistas, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación catalana de Municipios y el Congreso de Municipios de Catalunya, así como el apoyo
político que tuvo en su tramitación en el Parlament de Catalunya; apoyo que fue unánime sólo en una parte del trámite, la correspondiente al trámite de comisión, puesto que, como he dicho anteriormente, en el debate y votación el Grupo
Parlamentario Popular se abstuvo, y suponemos que la intervención de su portavoz, el señor Fernández Deu, fue un augurio o un aperitivo del resultado de la votación de hoy, lamentablemente. El portavoz popular anunció la abstención del Grupo
Popular ante esta iniciativa con excusas que podríamos llamar de mal pagador, expresión genuinamente catalana. La excusa es llevar a la comisión de financiación de las haciendas locales todos los temas relacionados con esta cuestión.
También hay que señalar que en el trámite de presentación de enmiendas y en el debate de la Ley de Medidas Fiscales para los años 2000 y 2001 tanto el Grupo Socialista como otros grupos de la Cámara presentaron enmiendas destinadas a
conseguir el mismo propósito. Señorías, ¿hay algo más razonable, después del proceso de liberalización, que proponer que la ley aclare que no sólo las compañías suministradoras sino también las distribuidoras y comercializadoras estén obligadas a
pagar el 1,5 por ciento de su facturación por la tasa de ocupación de dominio público? ¿Hay algo de más sentido común que considerar que, una vez completado el proceso de liberalización de los servicios de suministro, no tiene sentido alguno
mantener la condición de que sean sometidas a la tasa sólo aquellas empresas que suministren el servicio a la mayor parte del municipio? ¿Hay algo más lógico que establecer la obligación de las empresas suministradoras y comercializadoras de
facilitar a los ayuntamientos su facturación para posibilitar el cálculo del 1,5 por ciento sobre este importe?
En estos momentos, de acuerdo con la legislación vigente, y a pesar de que existen ya algunas sentencias que avalan la obligación de las empresas suministradoras de pagar el 1,5 por ciento de su facturación, existen serias dificultades, por
no decir imposibilidad, de recaudar estos ingresos por parte de los ayuntamientos. Tampoco se aclara la situación para las empresas distribuidoras y comercializadoras, que a menudo, y debido a la falsa liberalización del Partido Popular, son las
mismas empresas suministradoras con otras identidades.
En definitiva, señorías, no aceptar esta proposición de ley hoy aquí, en el Pleno del Congreso de los Diputados, es una muestra más de la falta de voluntad del grupo rechazante, el Grupo Popular, para proceder a un verdadero, real y sincero
reforzamiento de la administración local. Todo lo demás es comedia. Decir que este tema debe resolverse en la Comisión de financiación de haciendas locales es dilatar el tema, porque mientras tanto los ayuntamientos -y de esto puedo dar buena
cuenta porque yo soy miembro de uno de ellos- siguen sin poder contar con estos ingresos.
Decir que se está negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias es también demorar la cuestión, pues dicen estar negociando desde hace dos
años. Además, quiero citar aquí para el recuerdo una situación muy reciente: la Comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, en su reunión de 18 de diciembre de 2001, acordó denunciar la actitud obstruccionista del
Gobierno en estas supuestas negociaciones. Exactamente denunciaba la actitud del Gobierno de asfixia económica a las corporaciones locales y denunciaba asimismo la escasa colaboración que el Gobierno presta a la subcomisión técnica de la
federación, que estudia precisamente la reforma de la financiación local.
Suponemos además, a tenor de las informaciones que hemos escuchado en los últimos días, que el Partido Popular situará este tema en el marco del tan llevado y traído pacto
local o lo que cínicamente se ha bautizado desde el PP como segunda descentralización.
Las propuestas del PP, orientadas a desviar la atención solamente hacia una descentralización de competencias y recursos de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, conducen inexorablemente a la perversión de las necesarias relaciones
de cooperación entre administraciones; conducen, señores del PP, a un enfrentamiento absolutamente indeseable entre comunidades autónomas y ayuntamientos y conducen, sobre todo, a una dejación de responsabilidades por parte del Gobierno central del
Partido Popular.
Señorías, sin financiación suficiente no hay municipalismo que valga. Lo digo así de claro y rotundo. Hasta ahora, el Partido Popular no ha predicado con el ejemplo, y hoy nos encontramos ante un ejemplo más en este sentido. Ha decidido
suprimir el IAE, sin compensación, ha aprobado la Ley de estabilidad presupuestaria, no ha dotado de financiación suficiente las políticas de inmigración, etcétera, y en cambio promueve la segunda descentralización. El objetivo claro para
descentralizar de verdad es la suficiencia financiera de los municipios; un objetivo claro que los socialistas hemos situado en la línea del 40-30-30, reparto entre el Gobierno central, los autonómicos y los locales.
Señorías, es necesario dejar muy claro que entre las cuestiones planteadas hay algunas fundamentales -y esta es una de ellas- que son responsabilidad del Gobierno central, y hoy sería responsabilidad de este
Parlamento que la proposición que debatimos saliera apoyada por mayoría de la Cámara, pero el Partido Popular, una vez más, tristemente, utilizará su mayoría absoluta para asfixiar una iniciativa que nos parece del todo justa y razonable.
La demora del Partido Popular -porque supongo que su portavoz nos va a decir que esto se va a resolver próximamente- en abordar y resolver este tema para recuperar una parte de la capacidad de obtener ingresos de la ya deficitaria financiación
municipal es una muestra más de que, desgraciadamente, el Gobierno del Partido Popular predica lo que no hace, hace lo que no dice y, es más, lejos de descentralizar, el PP nos propone centrifugar y confundir. En definitiva, nos propone un
municipalismo aparente, un municipalismo engañoso y un municipalismo de fachada, como lo demostrará hoy el rechazo de esta justa, lógica y razonable propuesta del Parlamento catalán que ha sido bienvenida por la mayoría de los grupos de la Cámara, a
pesar de lo cual seguiremos en la misma situación que teníamos antes de llegar aquí esta tarde.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Palma.
Grupo Parlamentario Popular. Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular doy la más cordial bienvenida, la més cordial benvinguda, a la delegación legislativa del Parlament de Catalunya.
La proposición de ley del Parlament de Catalunya objeto de debate pretende una modificación de la Ley 39/1988 -enfatizo la fecha porque la autoría corresponde a otras etapas de gobierno-, reguladora de las Haciendas Locales, en relación con
las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidas sobre vías públicas, suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. En la actualidad, efectivamente, el artículo 24.1 de la Ley de haciendas locales obliga a
las empresas explotadoras de servicios o de suministros que afecten a la totalidad o a gran parte del vecindario a satisfacer esa tasa, que se cuantifica en el 1,5 por ciento de la facturación. Es decir, se trata de una tasa que grava los servicios
de suministros colectivos, gas, electricidad y telecomunicaciones, con una cuantía fija y por ello se conoce con la denominación de tasa del 1,5 por ciento. En síntesis, la iniciativa legislativa del Parlament de Catalunya que debatimos pretende
modificar el artículo 24.1, para someter a tributación no sólo a las empresas titulares de red sino también a las empresas distribuidoras y comercializadoras, comercializadoras básicamente, de esos servicios de suministro colectivo. Se argumenta
por los proponentes que la liberalización de los servicios de gas o de electricidad ha supuesto el desdoblamiento de la facturación y por tanto una consiguiente pérdida de ingresos tributarios por parte de las haciendas locales.
Mi grupo -quiero avanzarlo ya- va a votar negativamente esta proposición de ley, y lo va a hacer básicamente, más que con motivaciones, con los siguientes argumentos. En primer lugar, entendemos que esta medida supone una distorsión fiscal
al proceso de liberalización. Señorías, se liberaliza efectivamente y se han liberalizado los sectores económicos de bienes y servicios para que haya más competencia y para bajar los precios, no para tener otras fuentes de recaudación. Sabemos que
el Partido Socialista no es partidario de las liberalizaciones. Nosotros sí somos partidarios de las liberalizaciones; de lo que no somos partidarios es de compensar fiscalmente los beneficios generales que se derivan de esos procesos de
liberalización. Otra cosa sería que una medida como ésta se abordara en el conjunto de lo que debe ser la reforma del sistema de financiación local. Esa es nuestra posición en relación con esa cuestión.
Entendemos que debería abordarse en el
marco genérico y dentro de una visión de conjunto en lo que es la reforma de la financiación local, posición ésta que expresó el portavoz del Grupo Popular en el Parlament de Catalunya, señor Fernández Deu, cuando se debatió esa iniciativa en la
Cámara legislativa autonómica catalana. Vamos a votar, en segundo lugar, contrariamente porque entendemos que supone un incremento del coste energético, que es fundamental en la estructura de costes de las empresas, con el efecto negativo que eso
podría producir en términos de inflación y en pérdida de competitividad.
Señorías, desde el año 1996 el reformismo centrista del Partido Popular ha impulsado importantes reformas estructurales de los mercados de bienes y servicios. A ningún observador mínimamente objetivo se le escaparía la importancia
estratégica de ese proceso de liberalización, probablemente sólo a aquellos como el Partido Socialista que sacrifican las necesidades de nuestra economía en el altar de sus propios intereses de discurso político de oposición al Gobierno. En el
actual escenario de transferencia de la política monetaria a la Unión Europea y de realización efectiva de la Unión Monetaria cobran extraordinario interés las políticas microeconómicas que tienden a la mejora y ampliación de la competencia y al
control de la inflación. Nos tememos que medidas fiscales aisladas como ésta y no contempladas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Juan, por favor. (Pausa.)
Señorías, es imposible seguir el debate que se está produciendo esta tarde en la Cámara con el nivel de murmullo y conversaciones que hay en el hemiciclo en este momento.
Adelante, señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Nos tememos -decía, señora presidenta- que medidas aisladas sin contemplarse en el conjunto de la financiación local pueden producir esos efectos sobre la inflación e implicar algún tipo de distorsión fiscal
en el proceso de liberalización.
En tercer lugar, no somos partidarios de incrementar la presión fiscal y menos en sectores estratégicos como la energía que puedan repercutirla en las economías domésticas y en las empresas. Desde que el Partido Popular asumió
responsabilidades de Gobierno hemos hecho un notable esfuerzo en reducir la presión impositiva. Y no lo hemos hecho solos sino acompañados de la dura oposición del Partido Socialista que siempre se caracterizó por una cierta voracidad fiscal.
Creemos -y queremos decirlo desde el máximo respeto institucional y lealtad constitucional que siente mi grupo hacia el Parlament de Cataluña- que medidas tributarias aisladas como ésta tarde o temprano acaban afectando directamente a los ciudadanos
y que la factura fiscal acaba incluyéndose en la factura eléctrica y trasladándose, en definitiva, a los ciudadanos.
En cuarto lugar, nos vamos a oponer porque la eventual modificación o reforma de la tasa del 1,5 por ciento debe abordarse dentro del más genérico pacto sobre la reforma del sistema de la financiación local y eso, señora Palma, no es comedia
sino sentido común. Lo que ocurre es que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y eso es lo que le ha ocurrido a usted en su intervención. Este es el argumento decisivo que sostenemos para oponernos a esta iniciativa
legislativa, no por razones de fondo sino de forma. Hemos hecho un gran pacto de financiación autonómica que ha supuesto un incremento cuantitativo y cualitativo de la autonomía financiera y de la corresponsabilidad fiscal.
Cataluña ha visto
incrementada notablemente su autonomía financiera pese a la indefinición, cuando no a la oposición, del Partido Socialista.
Señorías, ha llegado el momento de abordar la reforma de la financiación local, ha llegado el momento del municipalismo, de incrementar el poder local y la autonomía municipal y de llevar a cabo la descentralización de la descentralización;
lo que nosotros hemos llamado la segunda descentralización. Esta reforma de la financiación autonómica pasa por suprimir el impuesto sobre actividades económicas y por modernizar las distintas figuras tributarias ya obsoletas de nuestra Ley de
Haciendas Locales desde el principio de justicia tributaria y de eficiencia económica. En ese futuro pacto de financiación local podrían abordarse esta u otras cuestiones que presenten naturaleza tributaria desde esa visión genérica de conjunto de
todo el panorama fiscal de los entes locales.
Concluyo ya, señora presidenta, haciendo una reflexión también a los grupos proponentes. Con la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y la propia Ley reguladora de las Haciendas Locales probablemente -sabemos que la cuestión es controvertida y
que incluso empiezan a existir algunas sentencias- se podría llegar a la conclusión de que las empresas distribuidoras están también sometidas a tributación. Se dice que la pérdida de ingresos se produce como consecuencia de la promulgación de la
Ley del Sector Eléctrico de 1997 por el desdoblamiento de la facturación de las empresas comercializadoras y distribuidoras, pero lo cierto y verdad es que el artículo 24.1 habla genéricamente de empresas explotadoras de servicios de suministros, es
decir, de empresas explotadoras sin distinguir entre comercializadoras y distribuidoras, y la Ley reguladora de las Haciendas Locales reconoce un cierto radio de acción a las ordenanzas fiscales. El artículo 45 de la Ley del Sector Eléctrico
facilita el control por parte de las administraciones competentes y lo propio hace un real decreto de 2000, que establece la obligación de las empresas de facilitar la lectura de la energía recibida y entregada, por lo que los municipios en cuanto a
energía eléctrica pueden tener un control de la energía que pasa por su municipio. A mayor abundamiento, la Ley General Tributaria dice que la tasa es un tributo cuyo hecho imponible está constituido por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público -en este caso, del dominio público local-, pero, efectivamente, el sujeto pasivo es el titular de la red por definición de lo que es la tasa, independientemente de actos o convenios particulares. No en balde dice el
artículo 36 de la Ley General Tributaria que la posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no pueden alterarse por actos o convenios entre particulares sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. Por
consiguiente, señorías, vamos a votar negativamente.
Sólo quiero añadir que me parece muy bien e incluso legítimo que la señora Palma y el Partido Socialista aprovechen para criticar la política fiscal y la política local del Gobierno, probablemente es necesario cuando se adolece de ideas,
como le ocurre en la actualidad al Partido Socialista, pero les pediría que antes de lanzar soflamas gratuitas contra la política fiscal se lean las leyes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley del Estado 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales,de actualización de la tasa por la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, el subsuelo o el vuelo de las vías públicas municipales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 135; en contra, 158.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DERECHO A NO SUFRIR ACOSO MORAL EN EL TRABAJO. (Número de expediente 122/000157.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA INCLUSIÓN DEL ACOSO PSICOLÓGICO COMO INFRACCIÓN LABORAL EN EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 122/000169.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo, que se debatirá conjuntamente con la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores.
En primer lugar, y para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
(Rumores.-Pausa.)
Señorías, hay un diputado en la tribuna que intenta hacer uso de la palabra. Les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida posible y en silencio.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, por vez primera se va a debatir en el Parlamento español una proposición de ley sobre el llamado acoso moral en el trabajo, lo que se conoce en la jerga internacional como el mobbing o el psicoterror laboral. Es la primera vez que
se presenta una proposición de ley sobre el acoso moral, intentando que se combata a través de vías políticas.
Sinceramente creíamos que iba a ser una proposición de ley que podía romper la regla de esta Cámara, y es que las iniciativas de la
oposición, aunque sean razonables, son rechazadas sistemáticamente. Creíamos que íbamos a lograr el milagro de que fuera aceptada una proposición de ley sobre un tema sobre el que hay un amplio consenso de que debe ser regulado por el Grupo
Popular, del que depende que las iniciativas pasen adelante o no. Pero ya nos hemos enterado esta mañana de que el Partido Popular va a votar en contra de esta proposición de ley. Una señora diputada ha anticipado a los medios de comunicación que
se iba a rechazar y, por tanto, es lo mismo lo que se diga en esta tribuna. Se votará que no, sobre todo por dos razones: en primer término, por oportunidad y, en segundo lugar, por una cuestión que tiene que ver con la regulación en Europa. Más
o menos han sido esas las razones genéricas que se han dado.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
Quisiera centrarme precisamente en la oportunidad de esta proposición de ley, en que se tome en consideración; es solamente una toma en consideración, luego se puede reformar en el trámite parlamentario, como es sabido. El acoso moral es
una auténtica plaga de las relaciones laborales. Empezó a estudiar este asunto un psicólogo alemán Heinz Leyman en los años ochenta; en ese momento se consideraba que el 3,5 por ciento de la población laboral sufría acoso laboral. Ese tipo de
conductas consistentes en hacer el vacío a alguien en el trabajo, destilar maledicencias, críticas subrepticias, desde la superioridad destinar a una persona a trabajos muy por debajo de su capacitación, hacerle la vida imposible, aislarle,
marginarle, eso que se da muy a menudo en el trabajo, cuando empezó Leyman a estudiar el asunto se consideraba que llegaba a un 3,5 ó 4,5 por ciento de la población. La OIT, ya en 1998, consideraba que se había incrementado al 5 por ciento, es
decir, que el 5 por ciento de la población laboral sufría acoso laboral. En 1999 ya había subido al 7 por ciento. El año pasado se considera que la población objeto del acoso moral en el trabajo es del 9 por ciento. Hay algunos estudios hechos en
España que lo elevan al 12 ó al 15 por ciento. Como decían ayer en este Parlamento en una rueda de prensa que dieron dos personas conocedoras del asunto, como son José Luis González de Rivera y Carmen Sánchez Carazo, presidente y vicepresidenta de
la asociación española contra el acoso moral en el trabajo, esto se ha convertido en una verdadera epidemia. Se puede decir que hay una epidemia de violencia en el trabajo, de violencia piscológica, de maltrato psicológico, como hay una epidemia
del maltrato en el ámbito familiar, doméstico, la llamada violencia de género. Los efectos de esta epidemia son devastadores desde el punto de vista personal. Hace pocas semanas hubo en París unas jornadas en las que se decía que los suicidios
cada vez están más asociados a la vida profesional -es una de las conclusiones- en las edades comprendidas entre los 35 y 44 años, especialmente como consecuencia de acoso moral en el trabajo. El doctor González de Rivera, ayer, en esa rueda de
prensa que menciono, señala que aproximadamente una tercera parte de las personas a las que se las somete a acoso moral ya no se pueden recuperar; no pueden resolver los problemas psicosomáticos de fondo que lleva aparejados el acoso moral, ese
desprecio a la personalidad que tiene como consecuencia una baja autoestima. Ese es, seguramente, el mayor problema que hay ahora mismo en las relaciones laborales en los países europeos. También tiene efectos sociales devastadores como, por
ejemplo, la pérdida de fuerza de trabajo y de población activa; el aumento del gasto dedicado a bajas laborales y a jubilaciones e incapacidades; el
aumento del presupuesto sanitario debido al estrés. Alguien considera que en este país podemos estar en torno a los 5.000 millones de pesetas de gasto al año como consecuencia del acoso moral, lo que hace que sea absolutamente oportuna la
regulación de este asunto.
Las razones por las que se produce el acoso moral son varias. Algunas tienen que ver con este tipo de sociedad que hemos creado -algunos más que otros-: una sociedad ultracompetitiva, en la que bien se podría hablar de Operación Triunfo
-triunfas o no eres nada- y en la que el acoso laboral no sólo se produciría del superior respecto del inferior, hasta incluso hacerle pensar en irse de la empresa -a veces es el sustituto del despido-, sino también horizontalmente, entre
compañeros, como consecuencia de este tipo de relaciones ultracompetitivas, feroces, que se producen cada vez más en un mercado laboral sumido en la precariedad profunda, que es también un caldo de cultivo del acoso moral.
La respuesta a esto no puede ser sólo individual médica, sanitaria o educativa, sino que hace falta una respuesta política y legal, una respuesta por medio de la ley. Por cierto, esto es lo que han considerado el Congreso de los Diputados y
el Senado. El Congreso de los Diputados, recientemente, aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a estudiar modificaciones legales, lo mismo que hizo el Senado.
A todo el mundo le parece bastante lógica una respuesta
legal, prever en nuestra legislación laboral la existencia del acoso moral en el trabajo y, por tanto, poder responder a ella.
Otra de las cosas que decía la portavoz del Grupo Popular esta mañana respecto de esta proposición de ley, para justificar su voto negativo, es que en Europa se estaba estudiando y que desaconsejaba esta iniciativa.
La verdad es que es todo
lo contrario. El año pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando a los países europeos a legislar sobre el acoso moral; lo que dice Europa es exactamente lo contrario.
Estaríamos obligados a hacerlo, precisamente en ejecución de
dos directivas comunitarias sobre no discriminación en el trabajo que hay que aplicar y trasladar al derecho español. Luego, no solamente es que sea oportuno, es que además es obligado, precisamente porque lo dice Europa.
En Europa, señoras y
señores diputados, hay ya tres países que han regulado el acoso moral: Suecia, que fue el pionero, Francia y Bélgica, que en estos momentos están acabando su tramitación parlamentaria.
Además, en Francia y en Bélgica el acoso moral se considera un
delito, es una parte del Código Penal. Es la otra proposición de ley que nuestro grupo defenderá en días sucesivos y que también ha presentado: convertir el acoso moral en un delito por los terribles efectos que produce en la persona y en la
sociedad. Hace poco, en Santiago de Compostela, el ministro de Trabajo tuvo ocasión de defender la necesidad de regular el acoso moral; el ministro de Trabajo del Gobierno del Partido Popular, a quien siempre que le preguntan últimamente -lo leí
en un periódico hace unos días- habla de lo importante que es legislar sobre el acoso moral.
Por eso yo no entendía esta mañana por qué el Partido Popular se proponía votar en contra de esta proposición de ley.
Esta proposición de ley regula el acoso moral de una forma lógica, de la forma en la que hay que regularlo, que es modificando las leyes laborales: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. ¿Para qué? Para que se pueda conseguir por parte del acosado o de la acosada, de quien sufre el acoso, una capacidad de reacción que ahora mismo no puede tener. Por
ejemplo, en el caso del Estatuto de los Trabajadores, para que pudiera rescindir el contrato produciendo efectos de despido improcedente; en la Ley de Procedimiento Laboral, para invertir la carga de la prueba: nosotros decimos que si hay indicios
de acoso moral quien tiene que probar que no lo hay es el supuesto acosador, como pasa cuando hay una violación de derechos fundamentales en el ámbito laboral; en la Ley de prevención de riesgos laborales, o la Ley de infracciones y sanciones en el
orden social: permitir el acoso moral en el trabajo es una infracción muy grave que lleva aparejada multa entre 500.000 y 15 millones de pesetas, según esa ley. Sin esta reforma legal eso no se podría conseguir. Lo mismo decimos en relación con
la Función pública.
La definición que proponemos del acoso moral es muy parecida a la que hacen Bélgica y Francia. Lo digo por la coordinación con los países europeos. Definimos el acoso moral como toda conducta abusiva o de violencia psicológica que se
realice de forma sistemática sobre una persona en el ámbito laboral manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o
degraden sus condiciones de trabajo. Esta definición es muy parecida a la que hace Francia, a la de la ley francesa cuando habla del acoso moral o de la degradación de las condiciones de trabajo, de esa conducta que atenta contra los derechos y a
la dignidad del trabajador; esa definición es muy parecida a la que nosotros hacemos en nuestra proposición de ley. Igual que en los casos de Francia o Bélgica, también se invierte la carga de la prueba y tiene que ser el supuesto acosador, cuando
hay indicios, quien tiene que probar ante el tribunal que no hay acoso moral. En Bélgica la regulación es parecida, es una ley amplia que lo regula de forma similar: acoso moral en el trabajo, conductas abusivas y repetidas que se manifiestan
especialmente a través de comportamientos, palabras, actos, que afectan a la dignidad o integridad física de un trabajador, que ponen en peligro su empleo o lo degradan. Términos muy parecidos a los de nuestra iniciativa, en absoluta coordinación
con lo que sucede en Europa, con lo que se está haciendo en Europa. No hay razón alguna para poner a
Europa, como otras veces, de pretexto. Si se tomase en consideración esta proposición de ley nuestro grupo parlamentario estaría abierto a que hubiera un debate detenido, amplio, con presencia de personas expertas, de quien se quiera llamar
a este Parlamento, para trabajar a fondo sobre una necesidad como es la de regular el acoso moral en el trabajo. No es que sea absolutamente oportuna le regulación del acoso moral por ley, es que es urgente, es absolutamente urgente y necesario que
se produzca. No es solamente un asunto de oportunidad, es que estamos ante la ocasión de poder regular esta epidemia laboral. Si no se quiere, si se vota en contra como se anunciaba esta mañana por el Partido Popular, entonces es que no se quiere
que se regule el acoso moral en el trabajo, es decir, no se quiere combatir el acoso moral en el trabajo, se protege al acoso moral en el trabajo. Esa es la consecuencia lógica que hay que extraer de alguien que se opone a la regulación y al
estudio, sobre todo cuando tiene mayoría absoluta en este Parlamento. Que quede claro que si el Partido Popular vota en contra es que no quiere que se regule por ley el acoso moral en el trabajo y por tanto se protegerá a los acosadores; esa será
la consecuencia lógica. Nosotros queremos que sea algo diferente, no creemos en unas relaciones laborales basadas en la ultracompetitividad y en el combate como lobos entre seres humanos en las empresas. Queremos unas relaciones laborales
estables, humanas y solidarias; otro tipo de relaciones laborales. Por eso proponemos la modificación de la legislación para introducir en ella el acoso moral en el trabajo.
Queremos ir contra los acosadores, desterrar a los acosadores de las
empresas, de la Función pública, lo mismo que queremos desterrar a los maltratadores, porque el acoso moral es al trabajo lo que el maltrato a la violencia en la familia y las relaciones relativas a la violencia doméstica. Sería una buena forma de
celebrar el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, aprobar esta proposición de ley porque las mujeres son las que siempre se llevan la peor parte y también las que sufren más acoso moral. Según María Irigoyen, una psicóloga francesa estudiosa
del acoso moral, el 70 por ciento de los acosos se produce sobre mujeres y el 30 por ciento, sobre hombres. También esto es lógico, teniendo en cuenta que son las mujeres las que tienen las peores condiciones laborales y la mayor precariedad.
Sería bueno que este Parlamento celebrase el día 8 de marzo aprobando esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López Garrido.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para tratar de convencerles de la necesidad de incluir el acoso psicológico, el acoso moral, en el marco del trabajo y que sea tipificado o incluido como infracción
laboral dentro de lo que es el Estatuto de los Trabajadores. Es cierto, señorías, que nuestra sociedad cambia, que nuestra sociedad avanza, afortunadamente, y que cada vez más nos preocupamos por cuestiones o por expresiones de comportamiento que
la sociedad había venido considerando naturales, entre comillas, hasta ahora, o también que determinados procesos de maduración social que tienen muchísimo que ver naturalmente con la llegada de la democracia han hecho posible que haya una alta
intolerancia social hacia este tipo de conductas. La obligación, pues, señorías, de las instituciones públicas frente a esa situación es tratar de dar cobertura a ese rechazo social, intentando que tenga reflejo jurídico en las normas que deben
proteger a las ciudadanas y ciudadanos trabajadores de este país. Por tanto, lo novedoso no es la práctica que pretendemos corregir desde este Parlamento, sino precisamente ese rechazo que se produce sobre esta práctica en el conjunto de la
sociedad. Esto lo sabemos muy bien las mujeres, señorías. Esto ha ocurrido con el acoso sexual. Durante décadas, durante siglos, durante toda la historia de la humanidad, las mujeres hemos venido padeciendo no sólo acoso sexual. Acoso sexual y
acoso moral.
Nos parece que ya es el momento de afrontar la consideración que nos merece todo tipo de acoso, independientemente de quien lo sufra, con la generosidad que nos caracteriza a las mujeres y siendo conscientes de que somos las que
históricamente hemos venido soportando todos los acosos, con todos los adjetivos que vengan detrás. Encontramos muy bien que todo el mundo se pueda permitir el lujo de trabajar en este país, independientemente de ser hombre o mujer, sin tener que
pasar por el abuso, diría yo, de estas prácticas. Es, pues, tiempo, dentro de lo que es el propio mundo laboral, de abordar sin complejos todo lo que se refiere al hostigamiento, bien sea moral, bien sea psicológico. Es tiempo de que los
comportamientos convivenciales sean democráticos y que estos traspasen las puertas de las fábricas, aunque este tipo de conductas o de comportamientos convivenciales democráticos suelen chocar a veces, por desgracia, con regulaciones débiles,
insuficientes o que en definitiva no garantizan la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y también por la ausencia de procedimientos relacionados con estos derechos que deben ser protegidos.
Como se sabe, señorías, la nota técnica preventiva 476 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo define claramente el acoso moral. Son tres las características que diferencian este acoso moral o psicológico de cualquier
otro conflicto interpersonal
en el trabajo: la repetición, la relación asimétrica o desigual entre las dos partes del conflicto y la duración. Estas son las tres cuestiones clave que definen, según la citada nota preventiva 476, lo que sería el acoso moral o
psicológico: que dure en el tiempo, que sea repetitivo y que la relación sea asimétrica o desigual entre las dos partes en conflicto. Es esta última, la asimetría, la diferencia fundamental para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Por tanto, ¿a qué nos intentamos oponer? Al abuso de poder. Así de claro. Porque cuando hablamos de asimetría no estamos hablando de relaciones entre iguales en el marco del trabajo; estamos hablando de relaciones de poder entre empresarios y
trabajadores.
Solamente la legislación sueca, es verdad, alguna norma noruega...
(Rumores.)
Presidente, me cuesta muchísimo esfuerzo hablar tan alto. Le rogaría que pidiera un poco de silencio.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, hay un murmullo, tenue pero constante, que hace bastante complicada la intervención de los oradores. Esto no se produce ahora, es constante a lo largo de todos los debates. Les rogaría que,
cuando estén en el hemiciclo, las tertulias se rebajen en su tono o sean conscientes SS.SS. de que es un esfuerzo muy grande el que tiene que hacer quien está en el uso de la palabra en estos momentos. Aunque sean pocos los diputados que en estos
momentos están, este murmullo hace casi imposible que el orador pueda realizar su intervención con absoluta tranquilidad. (Pausa.) Puede continuar.
La señora CASTRO FONSECA: Muchísimas gracias, presidente, por su comprensión y gracias también a SS.SS. por tener en cuenta que me resulta difícil elevar más la voz.
Decía que sólo la legislación sueca, alguna norma noruega y un proyecto de ley italiano que aún no ha entrado en vigor contemplan este concepto en sus normas legales. Sin embargo, coincidiendo con el portavoz socialista que me ha precedido
en el uso de la palabra, la Unión Europea, señoras y señores del Grupo Popular, a través de un grupo de expertos, ha definido ya lo que podría entenderse por acoso sexual y lo que tiene que ver con su entorno y contorno. No se trata, pues, del
conflicto y efectos psicológicos que produce una relación abusiva con los clientes ni de las pretensiones del acoso sexual histórico contra las mujeres, sino de que el acoso psicológico y moral, que, como decía, conocemos muy bien las mujeres,
porque lo hemos padecido desde la asimetría, persigue humillación. Uno de los peores sentimientos que puede padecer un ser humano es sentirse humillado, ya que tiene consecuencias tremendas para la salud, pues la autoestima queda rebajada
ostensiblemente. La humillación yo creo que es una de las infracciones más graves desde cualquier considerando ético, moral o legal, que se puede cometer contra un ser humano. Pero, además, con el acoso se consigue el abandono de la empresa.
Estos fines últimos nos obligan a considerar la necesidad, señorías, de proteger a todas y a todos los trabajadores, pero sobre todo a su consideración de riesgo psicosocial. Aunque esta proposición se refiere a la modificación específica del
Estatuto de los Trabajadores, ya les adelanto que el grupo parlamentario al que represento, Izquierda Unida, en otras iniciativas legislativas propondrá modificaciones de la Ley de prevención de riesgos laborales y de la Ley de infracciones y
sanciones de orden social.
Queremos referirnos al derecho del trabajador a su intimidad y a su propia dignidad. Ese derecho está establecido genéricamente en el Estatuto de los Trabajadores, pero la norma, entendemos en mi grupo, es notoriamente insuficiente en la
medida en que no defiende al trabajador o a la trabajadora en las tres circunstancias que apuntábamos relativas a la nota técnica preventiva que define el acoso moral. Por tanto, debe tenerse en cuenta que no estamos hablando de una simple
violación de derechos profesionales, sino de una conducta que tiene como consecuencia un daño en la salud o una persecución de tipo psicológico con consecuencias gravísimas para quien lo padece, incluso la pérdida del puesto de trabajo por abandono
muchas veces voluntario. En este sentido, entendemos que su consideración también debe extenderse al ámbito de la seguridad en el trabajo y que debe tratarse conforme a la Ley de prevención de riesgos laborales.
Este tratamiento debe ser distinto si el sujeto agresor es el empleador u otro trabajador. El caso más frecuente es cuando se trata, como decíamos, del propio empresario o de su representante. La experiencia sindical señala que este es el
caso más común en empresas pequeñas, de carácter familiar, cuya estrategia, hablando claro, es librarse del trabajador.
Señorías, existe ya jurisprudencia que debería convertirse en ley que señale claramente la responsabilidad directa del
empresario, aunque utilice intermediarios para el acoso. La Sala de lo social de Pamplona, los tribunales del País Vasco y de Murcia ya han sentenciado este tipo de conductas, señorías. La modificación legislativa debería referirse a la
instalación legal del principio, a señalar los requerimientos y el proceso sancionador y a determinar el carácter grave de las infracciones.
En definitiva, nos encontramos ante una práctica de abuso deleznable que no está regulada de forma expresa,
si bien de los principios generales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales podrían extraerse suficientes elementos para sustentar una acción de la Administración y de los tribunales a favor de la prevención, de la represión de este tipo de
conductas y de la reparación de daños que hayan podido causarse a las personas agredidas, afectadas, salvo parcialmente en lo relativo a las administraciones públicas, al no existir un procedimiento de control aún desarrollado. Estos procedimientos
de control
o inspección, que corresponden a la Administración pública, son sin duda una de las limitaciones más severas de nuestro ordenamiento jurídico.
Sería por tanto, señorías, deseable, para mayor seguridad jurídica y más efectividad en la
aplicación de las normas legales, que en ellas se mencionase expresamente este problema, introduciendo el principio de derecho en el Estatuto de los Trabajadores y determinando la prevención de estas situaciones dentro de los principios de acción
previstos en el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales. Y sería igualmente conveniente la tipificación de este tipo de conductas en la enumeración ejemplificativa que realiza el artículo 15 de la LISOS, de la Ley de infracciones y
sanciones del orden social.
Nos encontramos, en definitiva, señorías, ante la necesidad de actualizar nuestra legislación para tipificar esta conducta, prevenir los riesgos derivados de la misma y sancionar ejemplarmente a quienes atentan de este modo, abusando de su
poder generalmente, contra la intimidad y la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores de este país. Por ello me dirijo expresamente al Grupo Popular, que sustenta al Gobierno de la nación, para pedirle que una vez más -desgraciadamente será
con escaso éxito también una vez más- no impida la tramitación de estos dos proyectos de ley que han traído hoy a la Cámara los grupos Socialista y Federal de Izquierda Unida, que no impida una vez más con su voto que debatamos en este hemiciclo de
forma serena y sensata sobre un problema que a nosotros nos parece que tiene la suficiente enjundia y que es lo suficientemente grave para que esta Cámara le dedique el tiempo necesario, un debate que se está reclamando desde los grupos de la
oposición. Señorías, al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida le encantaría huir de la tentación -huimos siempre que podemos y por sistema- de normativizar todas las conductas. Si hemos traído este proyecto de ley es porque el problema es
cada vez mayor, afecta cada vez a más trabajadores y trabajadoras y es un problema al que necesariamente hay que dar una respuesta jurídica.
Nada más y muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Desde la Chunta Aragonesista apoyamos la toma en consideración de sendas proposiciones de ley presentadas por la izquierda sobre el denominado acoso moral y psicológico en el trabajo. Los datos demuestran que es un fenómeno que
desgraciadamente presenta una tendencia creciente y continuada. A nuestro juicio es una táctica propia de países desarrollados, que consiste en ir desgastando psicológicamente al trabajador hasta conseguir que se autoexcluya. La mayoría de los
casos se produce en empresas que no quieren o no pueden proceder al despido.
Las consecuencias de esta práctica afectan de forma negativa tanto a la persona que las sufre como a su entorno laboral y familiar. Evidentemente este problema no es nuevo, pero los actuales modelos de organización del trabajo han
incrementado su incidencia, ya que sólo buscan la mejora de los beneficios sin tener en cuenta a las personas. Esto ha provocado un aumento de la conciencia social sobre este tipo de acoso. Ha llegado el momento de que la sociedad se dote de
instrumentos eficaces que permitan afrontar la situación tanto desde el marco preventivo sanitario como desde el marco legal. En este sentido recordamos que ya hemos presentado en las Cortes de Aragón una proposición no de ley pidiendo al Gobierno
central que realice las modificaciones legales oportunas para que el acoso moral y psicológico en el trabajo sea considerado una infracción laboral muy grave en el Estatuto de los Trabajadores, para que sea equiparado a los riesgos laborales en la
Ley de prevención de riesgos laborales, para que sea incluido en el catálogo de enfermedades laborales o para que el trabajador que los sufra pueda solicitar la extinción de su contrato y que este supuesto sea equiparado al despido improcedente.
Todo ello para que la persona acosada tenga la suficiente cobertura legal que la proteja. En consecuencia, cualquier proposición -como las que ahora debatimos- que vaya dirigida a la consecución total o parcial de las anteriores medidas será
apoyada, en la creencia de que sólo desde el conocimiento y desde la protección adecuada se podrá avanzar hacia la prevención, control y desaparición de esta práctica cada vez más alarmante y hacia la democratización de las relaciones laborales.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Está claro que con el debate de la toma en consideración de las proposiciones de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida llega a este Congreso la preocupación por un
fenómeno que afecta a un importante porcentaje de la población trabajadora y sobre el que ya hubo algunas sentencias judiciales, pese a no estar definido legalmente. En todo caso, llega a esta Cámara lo que ya es una preocupación para una parte
importante de la sociedad. Según el conocido como barómetro Cisneros, uno de cada tres trabajadores en activo manifiesta haber sufrido acoso moral en algún momento de su vida laboral y alrededor de 2,4 millones de personas en el Estado español
están convencidas
de sufrirlo. También en los antecedentes de la resolución del Parlamento Europeo de 29 septiembre de 2001 se reconocía que un 8 por ciento de los empleados de la Unión Europea, unos 12 millones de personas, afirman haber sido víctimas de
acoso moral en el lugar de trabajo, en el intervalo de los últimos 12 meses, según una encuesta realizada a 21.500 trabajadores por la Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. Por tanto, el acoso moral no se puede
desconocer, es una realidad. Prueba de ello es que hay asociaciones de afectados por acoso moral legalmente constituidas.
Ante estos actos se hace evidente que es necesario prestar atención al acoso moral en el trabajo, traduciéndolo en iniciativas para perfeccionar legalmente la protección de los trabajadores y de las trabajadoras frente a esta práctica.
Además de ser un problema de relaciones humanas que ha existido siempre -como se afirma sintéticamente desde algunos sectores empresariales para quitar importancia a este fenómeno-, la verdad es que la creciente competitividad en el trabajo y la
falta de democratización plena de las relaciones laborales crea un caldo de cultivo para que el acoso moral se extienda. Y precisamente estas son las principales razones que han provocado que este problema haya pasado a un primer plano. Por tanto,
para prestar un verdadero respaldo político y legal a las personas que sufren o pueden sufrir acoso moral en su trabajo, deben introducirse en la legislación medidas sancionadoras como las que se proponen para aquellos que lleven a la práctica el
acoso moral a otros compañeros y compañeras de trabajo. Pero al tiempo nos parece imprescindible, y en esto también queremos hacer hincapié, que se incida en la eliminación de las causas que están provocando en la actualidad un incremento notable
de estas prácticas. En este campo los poderes públicos deberían, en nuestra opinión, introducir medidas tendentes a reducir la competitividad exacerbada o profundizar en la vía de buscar un marco de relaciones del trabajo más transparente y
equitativo, desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras.
Por estas razones, amén de la razón de oportunidad y de la necesidad de regular legalmente una cuestión como esta, sobre la que ya empiezan a pronunciarse -como decía antes- los tribunales de justicia, el Bloque Nacionalista Galego va a
apoyar la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señor presidente.
Arratsalde on. Buenas tardes. Aunque a veces no coincidamos con el baile de cifras que se barajan, es indudable que el acoso psicológico y sus consecuencias, las llamadas huellas invisibles, son una realidad presente en nuestra sociedad en
general y en el ámbito de las relaciones laborales en particular. A nuestro juicio la cuestión no es tanto si la misma afecta a 750.000 trabajadores o a un millón o al 5 por ciento del Estado español o al 9 por ciento europeo, según una encuesta de
la Organización Internacional del Trabajo, ni tan siquiera si los porcentajes van en aumento, porque, tampoco nos engañemos, no es un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo. La humillación individual en las relaciones de todo tipo y en la laboral en
concreto han formado parte y probablemente seguirán formando parte del ser humano y de sus relaciones.
Para el Grupo Vasco la cuestión que debatimos es que, fundamentalmente en una democracia de calidad, cualquier tipo de acoso, ya sea juvenil, sexual o laboral, es sinónimo de ausencia real de convivencia democrática y del respeto a derechos
elementales en dichos ámbitos y es sinónimo de abuso, ya sea de fuerza, de sexo o de prepotencia laboral. Hay que adoptar medidas para hacer frente al mismo con garantías y que, en situaciones graves y contrastadas, se adopte su consideración como
enfermedad laboral. En el orden práctico, dos son nuestras preocupaciones a la hora de regular el acoso moral. La primera es la dificultad de pruebas suficientes de que las causas de situación que soporta el acusado sean consecuencia del acoso
moral y psicológico. No olvidemos que, en el desarrollo del proceso de mobbing, de las cuatro etapas diagnosticables, dos de ellas están basadas no solamente en el objeto del acoso en sí, sino que son elementos cualificados las propias posturas y
actitudes que adoptan los propios compañeros descalificando a veces a la víctima al argumentar que la causa principal proviene de su personalidad, inadaptación o actitud ante el trabajo. Y la segunda, que es una cuestión ya destacada por el
eurodiputado sueco, Jan Andersson, en su trabajo preliminar que está dando paso al libro blanco, es que tampoco hay que olvidar que las falsas acusaciones, interesadas o no, de acoso moral convierten en dichos casos al supuesto acosado en acosador y
en instrumento y agente de aquello que precisamente queremos y debemos combatir.
Tanto el Parlamento vasco como el navarro han instado en sus plenos a este Congreso de los Diputados a regular esta materia. Las dos proposiciones de ley presentadas tratan de afinar y caminar en esa dirección, por lo cual desde el Grupo
Vasco vamos a dar nuestro apoyo a que se tramiten y que podamos debatirlo para su mejor desarrollo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Grupo Parlamentario Catalán. Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo también da la bienvenida a estas dos iniciativas en forma de proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Socialista. Esta Cámara, la Cámara Alta, así como algunos parlamentos autonómicos -como
recordaba el portavoz del Grupo Vasco- ya hemos tenido ocasión de debatir sobre este problema. Y al entender de nuestro grupo no estamos tanto ante una realidad que no haya existido habitualmente en el mundo del trabajo, sino ante una realidad que
hoy todos coincidimos en que no es aceptable, una realidad sobre la que el conjunto de Estados de la Unión Europea, los expertos, la propia Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el propio Gobierno español, desde hace un espacio de tiempo
relativamente corto han empezado a reflexionar. No es tanto una cosa nueva, sino una novedad que nos parece ahora interesante abordar desde el punto de vista legislativo.
En el terreno de la reflexión de las personas que estudian estas cuestiones, es evidente que la definición de acoso moral que nos planteaba el profesor Leiman es interesante. Este profesor define el acoso moral como aquella situación en la
que una persona o, en raras ocasiones, un grupo de personas, ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente, como media una vez por semana, y durante un tiempo prolongado, como media unos seis meses, sobre otra persona o
personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar
de trabajo. Es una definición hecha desde el campo de la academia, pero también desde la visión práctica, en la medida en que constituye la definición que está prevista en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La Unión
Europea en sus primeros trabajos ha avanzado otras definiciones sobre esta situación. La Unión Europea ha hablado de un comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos por lo que el afectado es objeto de acoso y
de ataques sistemáticos y durante mucho tiempo, de modo directo e indirecto, por parte de una o más personas, con el objetivo y el efecto de hacerle el vacío. Por tanto, tenemos definiciones en el terreno de la investigación y primeras definiciones
en el terreno de la Unión Europea. Además, somos conscientes de que el acoso moral se sitúa en ese terreno de los riesgos psicosociales que en el ámbito de la prevención de riesgos tenemos poco desarrollados. Existen referencias legislativas en el
resto de la Unión Europea interesantes. Suecia, que seguramente ha sido pionera, como en tantas otras cosas, en esa materia, no sólo contempla esta situación en su Ley básica de prevención de riesgos sino que ha realizado importantes estudios sobre
la materia. Nos hablan de que es una cuestión que afecta a hombres y a mujeres, aunque más a mujeres que a hombres, que afecta a sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la industria química y la sanitaria, empresas que
tienen entre 50 y 90 trabajadores.
Señorías, esta iniciativa de Izquierda Unida y del Grupo Socialista se sitúa en pleno debate en el conjunto de la Unión Europea. Sería interesante preguntarnos si nuestro ordenamiento jurídico, el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de
prevención de riesgos en el Código Penal, dan respuesta ya a esta situación. A pesar de que alrededor del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 8, 20, 39, 41, hay referencias que podríamos situar en esa misma línea, hoy existe
una coincidencia, también expresada por las propias Cámaras, el Senado y el Congreso, de que nuestro marco legal es insuficiente. La cuestión es: ¿Es oportuna hoy la toma en consideración que nos plantea el Grupo Socialista? ¿Coincidimos o no en
la propuesta normativa que nos propone el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida? Convergència i Unió a ese respecto hace tres consideraciones. En primer lugar, sobre el contenido preciso de las dos proposiciones de ley, hoy nosotros no
nos podemos pronunciar. En este sentido, nos parece precipitada la elaboración con tanta rotundidad de las soluciones legislativas. Nuestro grupo entiende que es una realidad compleja, difícil, que nos faltan datos y que estamos en un momento en
el conjunto de la Unión Europea de reflexión conjunta en esa materia. Sin embargo, también tenemos claro que España no puede quedar al margen del debate que se ha abierto en la Unión Europea y que hoy la Cámara tomase en consideración estas
proposiciones de ley tampoco afectaría al proceso de discusión que se está produciendo en el marco de la Unión Europea.
Nuestro grupo no va a votar favorablemente a esta toma en consideración por esas dudas sobre el contenido efectivo que se nos plantean, pero, en la medida en que reconocemos la necesidad y la oportunidad de abrir el debate, no nos vamos a
oponer a que la Cámara, si así lo cree conveniente, lo tome en consideración. El debate está abierto en Europa y en España y sería bueno que el Gobierno diese salida a aquellos mandatos parlamentarios, el último de ellos aprobado en noviembre del
año pasado, que instan a avanzar sobre esa materia. Si el debate de hoy sirve para estimular al Gobierno a cumplir con aquellos mandatos del Senado y del Congreso, bienvenidas sean estas dos proposiciones de ley, aunque hoy la mayoría del grupo que
da apoyo al Gobierno no permita esa toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para fijar posición en nombre del Grupo Popular ante dos proposiciones de ley referidas al acoso moral. Me van a permitir, señorías, que reflexione igual que han hecho los demás compañeros de los distintos grupos
parlamentarios, en primer lugar, diciendo que el acoso moral en el lugar del trabajo es un fenómeno al que el Grupo Popular es especialmente sensible, que desde luego no es nuevo y que es un asunto grave, que nosotros consideramos inaceptable. No
podemos permitir que existan conductas abusivas que atenten contra la dignidad y la integridad psíquica y -cómo no- física de una persona, poniendo en peligro su puesto de trabajo o deteriorando el ambiente laboral. Según distintas encuestas, en
concreto según una realizada por la Fundación europea para la mejora de la condición de vida y de trabajo, hecha en el año 1996 en Europa, doce millones de trabajadores, entre hombres y mujeres, se consideraban víctimas del acoso moral. Por otro
lado, como recoge un proyecto de opinión en la Comisión de derechos de la mujer e igualdad de oportunidades de Europa, sobre la figura de las distintas investigaciones que se han hecho, también se pone de manifiesto que las mujeres son las
principales víctimas de esta figura de la que hoy aquí nos estamos ocupando. Los efectos del acoso moral sobre la salud son evidentes. La víctima padece una serie de problemas importantes, de depresiones, desarrolla enfermedades psicosomáticas y
en muchos casos se acoge a permisos de enfermedad de larga duración o incluso provoca el despido. Por consiguiente, el acoso tiene un coste muy elevado, primero para las personas individualmente, para la sociedad y, por supuesto, para las empresas.
Como no podía ser menos, nuestro grupo ve con preocupación un tema que considera importante. Además le parece interesante que exista un debate público sobre él, que se definan los métodos y los medios que deben aplicarse para garantizar la
prevención, para la mejor asistencia de las víctimas y para erradicar este tipo de acciones, tanto en el sector público como en el privado, pero nuestro grupo sabe muy bien que el Gobierno está trabajando en esa línea y que lo hace de forma
coordinada con Europa. Señorías -se lo digo de manera especial al diputado que intervino en nombre del Grupo Socialista-, cualquier otra interpretación, como la suya, sólo puede ser hecha desde la mala fe, desde la demagogia o desde la mayor de las
ignorancias. Usted ha demostrado aquí mucha ignorancia, señor López Garrido (Rumores.). Mucha ignorancia, sí. Esperen un momento, se lo voy a explicar con argumentos muy claros. Ha dicho usted que nunca se había presentado una proposición de ley
para abordar la modificación de la legislación e introducir la figura del acoso moral.
Pues bien, en la VI Legislatura precisamente por el Grupo de Izquierda Unida, por el que usted entró en esta Cámara en esa legislatura, si bien pasó después al
Grupo Mixto, a Nueva Izquierda, se presentó la misma iniciativa, la misma proposición de ley, que usted puede encontrar y que yo tengo aquí, exactamente la misma proposición de ley. No tuvo suerte, no tuvo posición favorable. Por cierto, en aquel
momento los grupos del PNV y de Convergència i Unió consideraron que estaba perfectamente reflejada, tipificada y, por tanto, recurrida en su caso la figura del acoso moral, la protección de los trabajadores. Por tanto, toda la ignorancia,
señorías; era absolutamente cierto. Esa era la proposición de ley que se debatió ya en la VI Legislatura -repito- presentada por el Grupo de Izquierda Unida, y era la misma que ahora se presenta. Aquí hoy estamos también ante un debate en el que
usted ahora defiende en nombre del Grupo Socialista que pretende modificaciones de más leyes. Vamos a reflexionar sobre ellas.
Empezando por la primera que se debatió aquí, la de Izquierda Unida, me parece importante decirle previamente que la iniciativa de Izquierda Unida carece de objeto por cuanto la introducción que se solicita de un nuevo apartado en el
artículo 96 del Estatuto de los Trabajadores es de imposible realización. ¿Por qué? Porque el Real Decreto legislativo 5/2000 lo derogó por completo. Por lo tanto, no habría objeto formal para tomar en consideración que se modifique un artículo
que ha desaparecido ya del Estatuto de los Trabajadores. En relación con la proposición del Grupo Socialista sobre las modificaciones previstas en diferentes leyes podríamos expresar algunas observaciones también formales. El Grupo de Convergència
i Unió también ha dejado aquí en el aire determinados aspectos concretos que nos llevarían a cuestionar el apoyo a esta iniciativa, si bien nuestro grupo sabe que podrían salvarse en ulteriores trámites parlamentarios. Más allá de los aspectos
formales que sin duda hay, nosotros queremos hablar de razones de oportunidad, porque sí las hay; para que queden claras se las voy a enumerar una a una. En primer lugar, el Senado, a través de una moción, y el Congreso, mediante una proposición
no de ley aprobada hace tan sólo tres meses en esta Cámara, han sido unánimes al instar al Gobierno a que estudie las modificaciones normativas pertinentes, pero señalando: Y a desarrollarlo dentro del estudio que está realizando en estos momentos
la Unión Europea. Sin que hayan pasado nada más que tres meses, sin que haya sido posible realizar esos trabajos, vienen ustedes ya con unos cambios legislativos muy claros. Por lo tanto, no es oportuno. En segundo lugar, deben saber ustedes -se
ve que también lo ignoran- que la Comisión Europea ha constituido un grupo de trabajo ad hoc, especial precisamente para hablar de la violencia en el ámbito laboral, en el que participan los gobiernos europeos, los sindicatos y los empresarios,
porque están intentando definir precisamente la figura del acoso moral y establecer unas líneas, las más adecuadas, para prevenirlo, para afrontar el problema, señalando incluso -ese es el objetivo- cuáles son las actuaciones que deben llevar a cabo
los Estados miembros y cuáles los empleadores -palabra que no me gusta, pero que dice textualmente el grupo de trabajo-. Por lo tanto, sigue
siendo no oportuno. En tercer lugar, para mayor abundamiento hay que añadir que se está pendiente de la aprobación definitiva de una propuesta de directiva que modificará la Directiva 76/207, sobre aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo. Pues bien, esta directiva exigirá precisamente una previa definición del acoso moral y va a tener también su repercusión. Por lo tanto, en Europa, incluso en el marco de la Comisión de
igualdad, se está trabajando para perfilar esa directiva. Por eso parece lógico, señorías, que la regulación del acoso por la Unión Europea preceda y enmarque las actuaciones legislativas que se vayan a adoptar en los distintos países, sobre todo
cuando ellos están trabajando en esa misma línea.
Me gustaría también resaltar que dentro de los objetivos marcados sobre la igualdad de oportunidades la presidencia española está trabajando, como saben, sobre la violencia contra las mujeres en todos sus tipos. El documento de la
conferencia que se celebró en Santiago de Compostela ha incorporado precisamente el acoso moral. Miren ustedes lo pasivo que está el Gobierno, miren ustedes lo despreocupado que está. Ha incorporado por primera vez ese objetivo y esa propuesta
como un trabajo claramente específico. Efectivamente, aunque el problema afecta a hombres y mujeres, afecta en una proporción importante a las mujeres. Esto ha sido precisamente lo que ha dicho el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su
intervención en Santiago. Dijo: Recordemos cómo ciertas situaciones que viven las mujeres inciden en el mercado laboral. A saber: en algunos casos la escasa cualificación, el mayor desempleo, el estar más afectados por los procesos de
reestructuración de empleo. Todo ello le acarrea -sigue diciendo- mayores dificultades para abandonar el trabajo en el que están siendo víctimas de acoso moral y poder encontrar otro. Por tanto, señoras y señores diputados, cuando los responsables
de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de Europa manifiestan que hay que seguir debatiendo conjuntamente sobre la consideración del acoso moral para tratar además de definir perfectamente esta figura; cuando ellos
consideran que hay que seguir realizando investigaciones conjuntas e individualmente cada país para profundizar en el conocimiento del acoso moral en el trabajo; cuando dicen que es bueno y hacen una serie de consideraciones para llegar a un
consenso y a una posterior aprobación de la directiva antes mencionada, no se puede decir que no se está haciendo nada. En ello está trabajando España y, es más, la presidencia española va a presentar el resultado de muchos de estos debates en el
próximo Consejo de Ministros de Empleo y Política Social.
Queda por tanto muy claro, que España desde la presidencia está desplegando con firmeza todos sus esfuerzos para abordar este tema. Así las cosas no sería razonable que precisamente nuestro
país se desmarcase ahora de la estrategia marcada conjuntamente por todos los gobiernos europeos, procediendo unilateralmente a modificar la legislación en el momento en el que preside estos grupos de trabajo.
Por último, me gustaría indicar que si bien el acoso moral no se encuentra regulado específicamente en nuestro ordenamiento jurídico de manera expresa, desde luego de los principios generales de la vigente norma laboral se pueden extraer
elementos suficientes para sustentar una acción de la Administración y de los tribunales a favor de la prevención de la represión de este tipo de conductas y de la reparación de los daños que se haya podido ocasionar por esta figura. Buena prueba
de ello, señorías, es las numerosas sentencias que existen sobre acoso moral. Señorías, el ordenamiento laboral, como no podía ser menos, se inspira en los fundamentos del orden constitucional que descansa en el reconocimiento de la dignidad de la
persona y de los derechos que le son claramente inherentes. A ello hay que añadir también la divulgación que se está haciendo de un material relativo a esta figura por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En el año 1998 se
hicieron ya unas recomendaciones oportunas y en 2001 se ha editado un libro que se está difundiendo. Por tanto, se está trabajando sobre este tema y en línea precisamente con lo acordado de forma unánime con consenso en el Senado y en el Congreso.
Por ello, más allá de algunas objeciones técnicas, precisamente se considera que en estos momentos no son adecuadas; se considera que son prematuras estas dos proposiciones de ley al pretender regular el acoso moral de manera unilateral en España
sin tener en cuenta los resultados, las conclusiones a las que se puede llegar a través de esos estudios europeos y de esos trabajos que en este momento lidera España.
Señorías, estamos ante un tema -con ello concluyo- en el que existe un amplio consenso de la Cámara y por eso nuestro grupo se felicita. Todos los grupos -puedo decirlo, no lo achaco a nadie, aunque es hacerlo desde la demagogia más
inadmisible- somos conscientes de la conveniencia de profundizar en la regulación del acoso moral para dar mayor seguridad jurídica al trabajador.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Sainz, le ruego que vaya concluyendo.
La señora SAINZ GARCÍA: Termino, señor presidente.
Sabemos que el Gobierno está liderando con eficacia los trabajos de la Unión Europea sobre este tema, como también está impulsando todo lo que afecta al problema de la violencia que sufren las mujeres. Por ello, hacemos desde el Grupo
Popular -y con ello termino- una llamada a todos los grupos para que asuman que lo más adecuado es que España continúe en esta línea de trabajo compartido con la Unión Europea y que se espere, por tanto, a las conclusiones de los trabajos que se
están
realizando. Esa es, sin duda, nuestra responsabilidad y ese es nuestro compromiso. Tengan ustedes la garantía de que el compromiso del Grupo Popular va siempre encaminado a que de forma solidaria se trabaje por el bienestar de toda la
sociedad y -cómo no- por el bienestar de los trabajadores de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Sainz. (El señor López Garrido pide la palabra.)
¿A qué efecto, señor López Garrido?
El señor LÓPEZ GARRIDO: La señora Sainz ha aludido a este diputado en términos ofensivos, considerando que he actuado con mala fe. Me gustaría que explicase en qué consiste esa mala fe. Desde luego, rechazo esa afirmación. (La señora
presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 123; en contra, 158; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ... (Rumores.) Señorías, hay que seguir votando. Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
sobre la inclusión del acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 122; en contra, 157; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la referida toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA FAVORECER EL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS. (Número de expediente 162/000126.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, proposiciones no de ley, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas.
Para la presentación y
defensa de la misma tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señorías, la proposición no de ley que me propongo defender por su enunciado y por su tema tiene que ver con un problema a mi juicio y al de mi grupo fundamental en la sociedad española como es la inexistencia o, en todo
caso, insuficiencia de viviendas en régimen de alquiler. Trae su causa, aparte del problema en sí mismo, de una proposición análoga a ésta y no distinta a la que en la sesión de esta Cámara del pasado 20 de febrero de 2001 tuvimos ocasión de
defender y de debatir, que, por cierto, alcanzó un resultado en la votación final que yo desearía que fuera el mismo para la presente proposición, porque hubo un solo voto en contra y el Grupo Parlamentario Socialista nos obsequió con su abstención.
Consiguientemente se puede decir que, en términos muy generales, contó con el asentimiento de la práctica unanimidad del hemiciclo. El problema es claro, viejo y conocido, señorías, y no me podré resistir a reiterar algunos de los extremos de la
sesión de hace un año. El problema es que en nuestro país, por una serie de razones a las que luego me referiré muy de pasada, hay una ausencia o insuficiencia o escasez en todo caso de viviendas en alquiler. El deseo de afrontar este problema se
ha incorporado a todos los programas electorales de todos los partidos políticos desde la transición, hasta tal punto que, como decíamos el 20 de febrero de 2001, constituye lo que se ha dado en llamar una asignatura pendiente. En el programa de mi
partido en las elecciones del 12 de marzo pasado había un compromiso concreto: fomentar la recuperación del mercado de alquiler, propiciando que el suelo de los municipios provenientes de cesiones urbanísticas se dedique principalmente a promover
viviendas protegidas en régimen de alquiler.
Más recientemente, a título meramente anecdótico o informativo, si SS.SS.
quieren, en el recientemente celebrado XIV Congreso del Partido Popular se incorpora en la ponencia 'Hacia el pleno empleo' la
afirmación de que la potenciación del mercado de alquiler de viviendas -además de las vías y mecanismos utilizados por el Plan de vivienda 2002-2005 se ha de seguir avanzando, para lograr su recuperación y ampliación a través de incentivos
tributarios, en la construcción de nuevas viviendas en alquiler y en la puesta en arrendamiento de las ya existentes- es una exigencia fundamental. Los datos son claros y no voy a detenerme más allá de los diez minutos que me otorga la benevolencia
de la presidencia.
Tenemos un parque de viviendas que el año pasado decíamos que era de 19 millones de unidades. Si tenemos en cuenta que las viviendas construidas en los años 1999, 2000, 2001 y la previsión para el año 2002 asciende a casi dos millones de
viviendas más, quiere decirse que estamos en presencia de una cifra muy cercana a los 21 millones de unidades como parque de viviendas existente, y que respecto a ellas -ese es el dato fundamental- el parque de viviendas en alquiler apenas
representaba en febrero del año pasado el 13 ó 14 por ciento. No sé cuál será el porcentaje en el momento presente, pero no será muy superior al 11 ó 12 por ciento. Lo grave del caso es que este dato, que no es positivo, es como decíamos entonces
-vuelvo a recordar aquella intervención- claramente regresivo, porque en cada censo de viviendas que se va haciendo el porcentaje de viviendas en alquiler representa menos respecto al parque total. En el censo de viviendas, que espero que
conozcamos todos en breve dentro de unos meses porque se está elaborando ahora, se reflejará esta baja importante. La pregunta es: ¿No hay viviendas en alquiler porque no hay demanda? La respuesta de los expertos, de los que vamos sabiendo de
esto, es que no hay oferta. En esta situación de desajuste entre oferta y demanda los precios suben. Hay que reconocer que estamos en presencia de uno de los precios más altos de alquiler de vivienda de la OCDE.
En definitiva, señorías, el problema es claro, el problema está ahí.
Comparado con Europa, de cada tres viviendas en el mercado una es en alquiler en Europa, mientras en España sólo una de cada siete viviendas está en alquiler, si el dato
del 13 por ciento al que me he referido -sin duda será menor en el momento presente- fuera correcto. Las causas las expusimos en aquella intervención: la cultura de la propiedad, es decir, el deseo de los ciudadanos de ir a valores refugio a la
hora de incrementar su patrimonio; una legislación arrendaticia que se reformó en 1994 con ayuda de mi grupo parlamentario, que ha producido impacto en la sociedad española, generando esta llamada cultura de la propiedad, así como la falta de
estímulos fiscales y financieros, que también denunciábamos entonces. Las consecuencias son obvias. No voy a reiterar el debate del pasado 20 de febrero, aunque mencionaré otros elementos: retraso en el proceso de emancipación de los jóvenes, la
escasa movilidad de los trabajadores, la dificultad consiguiente para las migraciones interiores y la inadecuación de la vivienda a la tercera edad. Sobre esto me podría extender abundantemente como no se les oculta a SS.SS.
En relación con esta proposición no de ley, mi grupo, que ha recibido otras enmiendas que después valorará, ha presentado una autoenmienda, si se me permite esta calificación, con la que se pretenden dibujar dos líneas de actuación como
sugerencia al Gobierno. En definitiva, las proposiciones no de ley son un mandato o si se quiere, en términos más suaves, una sugerencia al Gobierno. En esta línea hay que subrayar que, a su vez, hay dos líneas distintas. En primer lugar, la
necesidad de que, en términos de actuaciones que yo califico de sustantivas por contraposición a las tributarias, se mantengan y se mejoren, en colaboración con las comunidades autónomas que son las competentes en la materia, según el artículo 149,
como hemos debatido múltiples veces en este hemiciclo, las medidas de apoyo a la vivienda en régimen de alquiler contempladas en el actual Plan de Vivienda 2002-2005. Efectivamente, en el Plan de Vivienda 2002-2005, reiterado su instrumento
fundamental de actuación, que es la financiación de actuaciones por un decreto del 11 de enero -si no recuerdo mal -, se contienen actuaciones ciertamente importantes que incorporan una mejora respecto al esquema actual de un decreto análogo del año
1998, que expongo sucintamente, aunque solo sea para tomar dichas actuaciones como punto de referencia y pedir al Gobierno no solo su mantenimiento, sino su impulso y su mejora.
El plan, por una parte, incrementa la ayuda a la promoción de vivienda en alquiler -me refiero estrictamente a los renglones relativos a vivienda en alquiler del Plan 2002-2005- hasta un 20 por ciento de subvención y un 50 por ciento de
subsidiación durante cinco años y el 40 por ciento en los 15 siguientes; y, por otra parte, limita el alquiler máximo al 4 por ciento del precio -obviamente del precio VPO, el precio oficial de la vivienda- para aquéllas en que el régimen de
alquiler sea 25 años, es decir, para una vivienda de 70 metros cuadrados el alquiler no alcanzará más allá de las 30.000 pesetas, y al 7 por ciento para aquéllas en las que el régimen de alquiler sea de 10 años. Por tanto, el sistema de ayudas para
la promoción de viviendas protegidas en alquiler será, en el caso de alquiler a 10 años, una subvención del 15 por ciento, como recurso que el Estado da al promotor con el objeto de lograr el alquiler, y una subsidiación -subsidiación de la
mensualidad y de las cuotas de amortización- de hasta el 20 por ciento. En la fórmula de alquiler a 25 años, esta cantidad en la subvención llega al 20 por ciento y en la subsidiación de las cuotas de amortización y de las mensualidades de
intereses llega hasta el 50 por ciento. Es decir, son medidas enormemente generosas. Además, se permite a los inquilinos, pasados 10 años de régimen de alquiler de vivienda, la opción, mediante determinados requisitos y de acuerdo con el
propietario, de compra de la vivienda a precio de protección oficial, siempre que haya estado en régimen de alquiler los últimos cinco años. Asimismo, se mejoran las ayudas a la adquisición protegida de las viviendas existentes, siempre que la
superficie no supere los 90 metros cuadrados, aunque en caso de familia numerosa puede llegar hasta 120. También se mejoran sustancialmente las ayudas a la rehabilitación, tema que sé que cuenta con la preocupación y con el consenso singular del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En esta primera línea de actuación el Plan de Vivienda 2002-2005 ha dado un paso muy importante, una mejora muy importante con respecto al régimen anterior y el primer punto de nuestra enmienda insta al Gobierno a que ese impulso se mantenga
e incluso se mejore en años sucesivos, ya que el plan es a cuatro años y por tanto se puede mejorar el esquema, al menos en términos teóricos.
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, le ruego que concluya.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señora presidenta, hasta donde sea posible.
El segundo punto se refiere a los incentivos fiscales. El planteamiento de mi grupo en la enmienda que ha presentado es muy claro: se trata de establecer incentivos fiscales, como quedó claramente dibujado en la proposición aprobada por el
conjunto de la Cámara el pasado 20 de febrero del año 2001. A este respecto hay que recordar que las ayudas fiscales a la vivienda se sitúan en el entorno del 1.1 ó 1.2 del producto interior bruto, pero hay que pasar de los incentivos genéricos a
los incentivos concretos en el alquiler de la vivienda, y en esta línea se mueve el apartado b) de nuestra enmienda. ¿Por qué? Porque lo que hemos llamado líneas de actuación en términos sustantivos ha sido insuficiente.
Esperemos que con esta
nueva inyección del Plan 2002-2005 la actuación sea menos insuficiente. En todo caso, mi grupo tiene la convicción de que sólo con incentivos fiscales se puede lograr en serio ese objetivo, como he dicho al principio, asignatura pendiente de todos
los gobiernos de la democracia, de mejorar el alquiler.
En esta línea se han presentado diversas enmiendas por parte de los distintos grupos. Valoro positivamente todas las enmiendas, incluida la del Grupo Socialista, aunque por los problemas que plantea y por la filosofía que la preside está
lejos de nuestra posición.
Consiguientemente, no vamos a aceptar su enmienda, aunque hay que decir que bastantes de las peticiones que formulan en su texto están contempladas en el Plan de Vivienda 2002-2005. Otro tanto hay que decir de las
enmiendas formuladas por otros grupos. Hago una salvedad -y dirán ustedes que es casualidad o que es una casualidad que se repite-: el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Este grupo ha formulado una enmienda, que supongo que
expondrá a continuación, que está bastante más cerca que las demás de los planteamientos de nuestro grupo.
Está bastante más cerca porque en materia de incentivos fiscales no se puede establecer qué es lo que se pide al Gobierno respecto a la
fórmula jurídica, el impuesto y la figura tributaria en concreto para la que se le exige un determinado tratamiento. En este sentido, la enmienda de Convergència i Unió, que simplemente pide un régimen especial en el impuesto de sociedades, que es
el impuesto fundamental en esta materia de impulso del arrendamiento, está más cerca de nuestros objetivos y por esa razón la vamos a aceptar.
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, termine, por favor.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Simplemente quiero reiterar que estamos en presencia de un asunto que, en términos de hacer política cotidiana, política para los deseos y aspiraciones del ciudadano de a pie, está muy cerca y es muy importante.
Por tanto, ruego la atención de SS.SS. y el voto favorable a la proposición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Uno de los grandes fracasos de la política del Gobierno popular está en relación con la materia de vivienda. El Partido Popular ya trajo a esta Cámara una iniciativa parlamentaria, como bien ha dicho el señor Ortiz, sobre medidas para
estimular el acceso a la vivienda de alquiler, iniciativa que se debatió el 20 de febrero del año pasado. Ya entonces manifesté que era sorprendente que el partido en el Gobierno, para hacer efectivo un compromiso electoral, tuviera que elaborar
una propuesta no de ley y no hiciera efectivas políticas concretas en materia de vivienda.
Pero aquella sorpresa es hoy incluso un poco mayor, ya que a las pocas semanas de haber aprobado el Plan de Vivienda 2002-2005, mediante el Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, donde se contemplan medidas para fomentar la vivienda de alquiler, nos encontramos con una propuesta no de ley que requiere al Gobierno medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas. ¿Es que las que nos
propone el Gobierno a través del actual y nuevo Plan de Vivienda no son suficientes para el Partido Popular como tampoco lo son para nosotros?
Como decía al principio, la política de vivienda es uno de los grandes fracasos del Gobierno popular, ya que si la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, iniciativa socialista aprobada con el consenso de todos los partidos, fue una gran
iniciativa, ésta requería que con el tiempo se hubiera complementado y adecuado a las dinámicas del mercado de la vivienda y a las coyunturas sociales y económicas a las que está sujeto.
Sin embargo, la legislación elaborada por el Partido Popular
ha ido de fracaso en fracaso; fracaso que incluso reconoce el propio partido proponente al llevar a la Cámara esta iniciativa. Y lo reconocía su portavoz en estos temas cuando el 20 de febrero del año pasado decía, y leo textualmente: A pesar de
todo, no se ha
movido sustancialmente el mercado de alquiler y lo mismo las medidas en lo que concierne al alquiler que figuran en el vigente Plan de Vivienda aprobado por Real Decreto el 12 de junio de 1998, el famoso Plan 1998-2001. El mercado de la
vivienda de alquiler sigue sin moverse.
Termina la cita.
Así, para completar este análisis podemos decir que las medidas liberalizadoras adoptadas en el régimen del suelo y valoraciones del año 1998, donde se asimiló liberalización del suelo con disminución de su precio, no han dado los resultados
esperados, ya que el precio del suelo, como todas SS.SS. saben, no ha bajado. Además, el anterior Plan de Vivienda ha sido un fracaso en todos sus objetivos: ni ha bajado el precio de la vivienda ni se han construido las viviendas VPO requeridas,
ni siquiera se ha podido gastar el presupuesto asignado. Algunos datos del año 1999 nos lo confirman: sólo se cubrió el 15,8 por ciento de los objetivos en términos de financiación concedida y el 11,7 por ciento en cuanto a actuaciones protegibles
efectivamente financiadas. Además, tenemos que conformarnos con los datos de 1999 porque el ministerio no ha elaborado un informe valorativo del plan que concluyó el año pasado, ya que no se atreve a dar esos datos.
¿Cuántas viviendas se financiaron con el Plan de Vivienda 1998-2001? ¿Qué porcentaje de presupuesto se ejecutó? No tenemos respuestas y no sólo no las tenemos en esta Cámara sino que no las tiene el conjunto de la sociedad, lo que es muy
significativo. De todas formas, y como tenemos encima de la mesa un nuevo plan de vivienda, sería correcto e incluso necesario analizar como éste favorece o no al mercado de vivienda de alquiler. Este nuevo plan corrige al anterior, claro está.
Necesitamos que corrigieran ese plan de vivienda, ya que todos los grupos de esta Cámara e incluso toda la sociedad está de acuerdo en que ese plan no logró ninguno de los objetivos planteados, por lo que hemos perdido cuatro años en materia de
vivienda en este país, lo que no es poco tiempo. Uno de los aspectos que corrige es el de los recursos que ofrece al promotor por unidad de vivienda, que en términos de subvención y subsidiación compensan el límite del precio que se les impone.
Pero estas buenas disposiciones e intenciones no van acompañadas de un presupuesto que garantice la construcción de estas viviendas. No hay objetivos en lo que se refiere al número de viviendas que el plan está dispuesto a financiar ni establece el
volumen de financiación. A la pregunta de cuántas viviendas piensa promover el Gobierno con dicho plan parece que no existe una respuesta clara y los compromisos que el Gobierno tendría que adquirir a través del plan se esconden tras una
financiación opaca y unas negociaciones con las administraciones autonómicas. De todas formas, si observamos los presupuestos del Estado en materia de vivienda, desde 1997 hasta hoy estos han bajado un 20 por ciento; tendencia que indica que, a
pesar de los planes y de las propuestas, el esfuerzo que el Gobierno está dispuesto a realizar para que los españoles puedan acceder a una vivienda es cada vez menor.
Por todo esto, hemos presentado una enmienda de sustitución con propuestas claras y concretas en dos sentidos: primero, en el suelo, con el objetivo de bajar o contener la tendencia actual al alza, mediante la modificación del sistema de
valoraciones y a través de la concertación con las comunidades autónomas para la creación de suelo físicamente urbanizado; y segundo, con un programa de vivienda que contemple medidas concretas para colectivos que tengan menos accesibilidad y
también medidas fiscales y subvenciones.
Si esta enmienda no prospera, nos veremos obligados a abstenernos, ya que esta proposición no de ley parece que va a engrosar las iniciativas parlamentarias que el Partido Popular suele ofrecernos como cortinas de humo para disipar el nivel
de fracaso que en esta materia viene cosechando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a dar su apoyo a la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular.
Nadie puede oponerse
al enunciado original de la proposición no de ley que se nos presenta, porque se ha visto completada, como decía muy bien el señor Ortiz, por una autoenmienda del mismo grupo. Evidentemente, todos estamos de acuerdo en que debe fomentarse en España
la vivienda de alquiler. Estamos de acuerdo en ese diagnóstico, porque la realidad, haciendo una comparación con los otros Estados de la Unión Europea, es que estamos a la cola en el nivel de personas para las cuales la vivienda de alquiler supone
una oferta atractiva. Creo que sólo nos supera Grecia.
En los demás Estados de la Unión Europea el nivel de oferta y de demanda de alquiler es muy superior. ¿Y por qué estamos en esos porcentajes tan bajos? Antes decía el señor Ortiz, y yo lo
comparto: no hay demanda porque no hay oferta.
Por tanto, uno de los aspectos importantes que plantea la proposición no de ley es que debemos hacer lo posible para incentivar la oferta de viviendas de alquiler. Debemos ser capaces de crear un conjunto de medidas normativas que impulsen
una mayor oferta de viviendas de alquiler. Hay poca oferta y la que hay es cara. Señora presidenta, señorías, pocos alquileres y caros. Es una situación que deberíamos ser capaces de revisar. ¿Y cómo se revisa? Mi grupo hoy, a través de su
enmienda, intenta complementar lo que ya ha aprobado este Congreso de los Diputados en otras proposiciones
no de ley precedentes, entre ellas una también de mi grupo, en la que hacíamos una reflexión serena de la forma en que se aplica la Ley de arrendamientos urbanos, si realmente está dando el fruto deseado en cuanto a revitalizar los
alquileres, que es evidente que no lo da. Pero, ¿por qué? ¿Por culpa del Gobierno? Yo creo que esa sería una conclusión simplista. No podemos decir: por culpa del Gobierno no hay mayor oferta de alquiler. El Gobierno debe hacer más, por
supuesto, porque cuando algo falla el Gobierno tiene siempre su cuota de responsabilidad. Igual que cuando algo va bien también la tiene. Pero no es una responsabilidad unívoca que pueda dirigirse al Gobierno, a este Gobierno y al de las
comunidades autónomas en general, no es una responsabilidad unívoca de los poderes públicos.
Ha habido también una coyuntura económica, no nos engañemos, que ha generado que la oferta de vivienda en propiedad sea también atractiva. A pesar de que los precios han subido, las hipotecas han bajado y el crecimiento económico global ha
sido positivo. Muchas personas, ante un alquiler caro y escaso, optan por pagar una hipoteca y adquirir una vivienda en régimen de propiedad. Debemos, pues, bajar los precios de la vivienda en alquiler, aumentar la oferta de tal forma que consiga
bajar los precios, que el nivel de crecimiento inflacionario de los precios en materia de vivienda de alquiler no siga ese ritmo tan alto que ha experimentado en los últimos años. ¿Cómo debemos hacerlo? Mi grupo, como complemento a la proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y a la propia enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, apunta una medida que para nosotros es crucial.
Decía el señor Ortiz que se debían ofrecer más incentivos fiscales a la
vivienda de alquiler. Nosotros creemos que se debe concretar más. ¿Qué tipo de incentivos fiscales? Se ha anunciado por parte del Ministerio de Hacienda que este año se va a presentar un proyecto de ley de reforma del impuesto sobre sociedades.
Nuestro grupo cree que en ese marco del impuesto sobre sociedades deberíamos establecer un régimen fiscal específico aplicable a la construcción, explotación y rehabilitación de viviendas de alquiler. Sólo cuando el promotor inmobiliario sabe que
si el producto de esa promoción se destina a alquiler va a tener un beneficio fiscal realizará una promoción destinada al alquiler. Sólo si aumentamos la oferta podremos establecer unos precios que no sigan esa espiral alcista que existe en la
actualidad. Esto, no nos engañemos, no va a ser una varita mágica ni es la única medida. Mi grupo comparte muchas de las medidas concretas que presentan otros grupos sobre este asunto. Mi grupo simplemente ha querido enfocar, ante un enunciado
genérico de la proposición, un aspecto concreto que creemos que es prioritario, que daría respuesta positiva a una mayor oferta de viviendas en alquiler. Repito, eso no va a ser una varita mágica y no siempre los resultados se ven a corto plazo,
porque cuando se cambia un régimen fiscal, se introduce un nuevo incentivo, el resultado final se verá demorado en el tiempo.
Mi grupo quiere hacer especial hincapié en la rehabilitación, por ejemplo, en Barcelona, en donde hay muchas viviendas que pueden ser rehabilitadas, como en el barrio del Ensanche, donde existen pisos muy amplios que pueden ser divididos en
dos y dedicarlos al alquiler, a un precio asequible, que lo será más si quien realiza la inversión sabe que tiene un régimen fiscal específico. Seguro que no será una varita mágica, seguro que tampoco es la única medida que podemos adoptar hoy,
pero será positiva. Mi grupo se congratula del tono conciliador del ponente del Grupo Parlamentario Popular al exponer su proposición no de ley y ojalá al final de esta legislatura podamos cambiar esta tendencia tan negativa hacia la oferta de
vivienda de alquiler, lo que genera una menor demanda y sobre todo unos precios que para muchos ciudadanos no son competitivos ante unas hipotecas que tenemos la suerte de que hayan bajado por el acierto de una política económica global en la que mi
grupo ha participado activamente en los últimos años.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Una vez más nos hemos visto sorprendidos por una técnica parlamentaria que utiliza el Partido Popular, cual es proponer al Gobierno medidas excesivamente abstractas que a nada comprometen, algo que resulta muchísimo más llamativo si nos
fijamos en que para hacer frente a un problema como el que se plantea, esto es, favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas, llevamos seis años de Gobierno del Partido Popular. Afortunadamente, nos hemos sentido algo más satisfechos cuando
hemos observado que se ha presentado una autoenmienda que concreta más lo que se propone al Gobierno, autoenmienda en la que existen coincidencias con algunas de las medidas que nosotros proponemos como Bloque Nacionalista Galego, las cuales paso a
enumerar y explicar de forma muy breve.
Para el Bloque Nacionalista Galego, si realmente se quiere favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas, sería fundamental, en primer lugar, promover la incorporación de viviendas deshabitadas al mercado de viviendas en arrendamiento.
Todos sabemos que hoy más del 20 por ciento del total del parque está deshabitado, seguramente porque existe una política fiscal que no presiona lo suficiente para que las viviendas deshabitadas acaben cumpliendo la finalidad social que deben
cumplir al no ser debidamente usadas por sus propietarios. En segundo lugar, hay que facilitar el
acceso de los más jóvenes a las viviendas en arrendamiento. Todos conocemos las gravísimas dificultades que tiene una parte de la juventud, que permanece en casa prácticamente hasta los 30 años. Que sea el acceso a la vivienda solamente de
propiedad una de las salidas impide que muchos jóvenes puedan tener acceso a viviendas en régimen de arrendamiento asequibles desde el punto de vista de la renta. En tercer lugar, algo que se venía haciendo hasta que se introdujo el nuevo sistema
en el año 1999, que es volver a introducir deducciones en el IRPF de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de viviendas que tengan el carácter de habitual. Esto hoy sólo se hace cuando se compran viviendas y sería bueno recuperarlo para
el arrendamiento. Y por último, algo que también se intentó mejorar sensiblemente desde el año 1994, pero cuyo resultado dista mucho de ser aceptable: que la renta antigua de las viviendas en alquiler cuyos inquilinos no estén obligados a
actualizar por lo menos se compense con incentivos fiscales en el IRPF para los propietarios de estas viviendas. La Ley de 1994 no superó este grave escollo. Pensamos que con este conjunto de medidas concretas se podría colaborar más efectivamente
a favorecer el mercado de arrendamiento, que buena falta le hace al Estado español, como ya dejó claro el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar a favor de esta iniciativa que ha traído el Grupo Popular y que ha defendido el señor Ortiz, en la que nos gustaría que se incluyera la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), puesto que es
complementaria y abunda en la línea de la propia enmienda del Grupo Popular.
En cuanto a la asignatura pendiente de que ha hablado el señor Ortiz, nos encontramos en el momento propicio para aprovechar el marco del Plan de Vivienda 2002-2005 y reforzar las medidas de alquiler de las viviendas.
No podemos seguir
siendo un Estado que tiene un comportamiento distinto al europeo, tal y como nos ha recordado aquí el proponente, el señor Ortiz, esto es, en lugar de frente a tres viviendas europeas tener una en alquiler, tener de cada siete viviendas solamente
una en alquiler. Ese es el diagnóstico de una patología, comparándonos con Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido, de que algo extraño distorsiona esta situación de mercado. Y aquí surge la gran pregunta: ¿Quiénes alquilan las viviendas?
Frente a una demanda de solicitud de alquileres, en donde se nos ha recordado esa horquilla de un tercio entre 50.000 y 75.000 pesetas, estamos hablando de capacidades de la clase media española para acceder a un mercado duro y escaso de viviendas
de alquiler. Porque frente a la posibilidad de aumentar la demanda es imprescindible aumentar la oferta. Esto es una ley de mercado. ¿Quiénes alquilan viviendas o quiénes pueden ofertar alquiler de viviendas? No hay más que dos figuras
jurídicas, personas físicas -propietarios de una segunda o tercera vivienda a la que han dedicado sus ahorros y la quieren alquilar- o los promotores inmobiliarios, no hay más que estas dos figuras. Confiar solamente en la oferta del mercado, del
propietario físico individual que tiene dos o tres viviendas y las pone en alquiler es estar también con la filosofía de los pequeños números.
¿Quiénes están promocionando viviendas en España? Los promotores inmobiliarios son los que las están poniendo en el mercado de venta, los promotores inmobiliarios que construyen grandes bloques, que se dedican a la venta directa y no se
meten en el laberinto del alquiler. Se produce un fenómeno curioso. En las zonas turísticas es más fácil alquilar un apartamento de temporada que alquilar una vivienda permanente para que una familia resida allí uno, dos o tres años. ¿Por qué?
Porque el promotor que tiene un negocio o una sociedad de alquiler de apartamentos no tiene el problema de echar a ese inquilino si en un momento determinado no paga su mensualidad porque sabe que es un alquiler temporal de 15, 20, 30 ó 60 días en
época estival. No podemos tener una legislación que favorezca más a una empresa de alquiler de coches o de apartamentos que al mercado. Aquí va a ser fundamental la política fiscal. En la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Popular de
establecer incentivos fiscales a la oferta de viviendas en alquiler, bien sea de propietarios individuales, que tendrán su tratamiento fiscal, bien de promotores inmobiliarios, que son los que pueden mover capacidad numérica cuantitativa de ofertar
viviendas en régimen de alquiler en grandes bloques bien administrados, el tratamiento fiscal no será por vía del IRPF sino por vía del impuesto sobre sociedades, como propone acertadamente la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), para que estos promotores inmobiliarios, que son los que tienen capacidad de acceder al mercado, aprovechen esta coyuntura.
Por estas razones, señora presidenta, mi grupo considera oportuno apoyar favorablemente esta iniciativa para favorecer tanto el acceso a un mercado de alquiler como la movilidad laboral dentro del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular tiene la virtud de sorprender permanentemente al menos a esta diputada que habla en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El debate sobre la vivienda en esta Cámara ha sido prácticamente
continuado en todas las legislaturas; en esta legislatura ha sido uno de los debates que podríamos denominar recurrente ya que, de una manera o de otra, lo hemos provocado todos los partidos o grupos representados en esta Cámara. Nadie niega a
ningún grupo parlamentario capacidad de iniciativa ni la inquietud y la preocupación en que a todos nos tiene sumidos el problema de la vivienda.
Además es algo que en la vida de la sociedad se refleja como un asunto importante y prioritario.
Señorías, resulta sorprendente ver una iniciativa de estas características en la Cámara un mes y poco después de aprobado el Plan de Vivienda por el Gobierno al que sustenta el Grupo Parlamentario Popular. Desde luego, mi capacidad de
sorpresa nunca se verá agotada por las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular, máxime al leer la iniciativa original pues parece que ustedes nos quieran hacer perder el tiempo en esta Cámara con un tema tan serio, aunque intenten mejorarla con
las autoenmiendas que se plantean. Aun así, señorías, este debate está planteado por el Grupo Parlamentario Popular como los cantos de sirena, porque nos pretenden hacer olvidar la realidad, el problema que existe y la falta de una política
decidida del Gobierno que sustenta el Grupo Parlamentario Popular que pueda llevar a un arreglo o a una solución paulatina -no pretendemos que sea de hoy para mañana- del problema de la vivienda en todos sus ámbitos, ya sea la vivienda de alquiler
ya sea la vivienda en propiedad.
Después de los múltiples debates que hemos tenido en esta Cámara, en los que tanto el ministro de Fomento como los portavoces del Grupo Parlamentario Popular nos decían que el precio de la vivienda subía por determinadas razones, porque no
había oferta y porque seguía habiendo más demanda que oferta, en la exposición de motivos de esta iniciativa el aumento del precio de la vivienda se achaca a la bajada de los tipos de interés y al crecimiento del empleo. Es la primera vez que les
veo a ustedes argumentar por escrito que la causa de la subida de los precios de la vivienda tiene que ver con la bajada de los tipos de interés y con el crecimiento del empleo, por tanto, con la seguridad que tienen los ciudadanos de poder acceder
a una vivienda, cuando siempre hemos concluido que los precios de la vivienda tenían que ver con una falta de política de vivienda, con un plan de la vivienda que hiciera accesible a toda la ciudadanía una vivienda y desde luego con el maltrato que
sufría la vivienda de alquiler y la falta de interés político del Gobierno a la hora de potenciar estas viviendas.
Señorías, mi grupo parlamentario no ha planteado ninguna enmienda porque es entrar en un juego que no compartimos, en algo que es muy serio; parece que ustedes hayan determinado decir que hay que discutirlo, pero tampoco incidir en exceso
ni profundizar en los defectos o las lagunas que pueda tener el Plan de vivienda que se ha aprobado recientemente. Es verdad que el Plan de vivienda aborda determinadas subvenciones a la vivienda en alquiler, pero no entra en algo que a nosotros
nos ha parecido siempre importante; así quedó reflejado en una moción que presentamos en esta Cámara y que no tuvo el respaldo del grupo mayoritario, que fue rechazada. Señorías, necesitamos saber cuál es el parque real de viviendas que existe en
nuestro país para poder hacer una política clara sobre todo respecto a vivienda de alquiler. Hay que tomar medidas para conseguir que los precios de los pisos de alquiler sean asequibles no solamente para los ciudadanos y ciudadanas jóvenes que
necesitan encontrar la primera vivienda para emanciparse, sino también para aquellos sectores de la población que no pueden acceder ni a los alquileres que hay en estos momentos en el mercado ni a una vivienda en propiedad. El Plan de vivienda no
lo soluciona y tampoco lo soluciona, ni incide en él, la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Popular hablando de mejorar o de mantener las iniciativas que contiene el Plan de vivienda en materia de vivienda de alquiler. Mi grupo
parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa porque no va al fondo de la cuestión, porque no plantea medidas distintas de las que hay hasta ahora, que han conducido a esta situación y la siguen manteniendo.
En cuanto a los incentivos fiscales, saben ustedes que en nuestro grupo parlamentario no somos excesivamente partidarios de seguir favoreciendo con incentivos fiscales sólo y exclusivamente a un sector, en este caso el sector inmobiliario.
Se podría trabajar, valorar, discutir y llegar a un acuerdo, pero ustedes siguen olvidando uno de los incentivos fiscales que también es importante y que afecta a un mayor número poblacional, el incentivo de desgravar en el IRPF el importe del
alquiler cuando sea alquiler de vivienda habitual. Eso lo hicieron desaparecer en la modificación del IRPF. Ustedes plantean a un ciudadano que puede acceder a pagar los alquileres que hay ahora o que puede comprarse una vivienda en propiedad y.
como pueden comprender, prefiere comprar la vivienda en propiedad, primero, porque le va a costar prácticamente lo mismo y, además, porque lo puede desgravar de la declaración de la renta, tiene el incentivo fiscal para poder acceder a ella.
Señorías, no vamos a entrar en el juego. El señor Ortiz ha sido claro desde esta tribuna, nos decía que una proposición no de ley sugiere al Gobierno. Señor Ortiz, esa es la interpretación que usted hace a raíz de que el Gobierno nunca
cumple una iniciativa aprobada por unanimidad o por mayoría en esta Cámara cuando se trata de una proposición no de ley. Por tanto, mi
grupo parlamentario cree que al Gobierno, cuando se aprueba en esta Cámara una proposición no de ley, lo que se hace es instar al Gobierno para que lleve a cabo algo, no para sugerirle que lo lleve a cabo sino para obligarle a que lo lleve a
cabo, pero ocurre que no existen esos mecanismos que permitieran a los diputados de esta Cámara obligar al Gobierno a que lo lleve a la práctica. Mi grupo parlamentario se niega, señor Ortiz, a asumir como sugerencia una iniciativa parlamentaria de
esta Cámara. Instamos al Gobierno a que haga algo y, si no es así, lo único que tenemos que hacer será demandarle que lo cumpla, pero desde luego no le sugerimos. No vamos a entrar, una vez más, señor Ortiz, a respaldar iniciativas que
sencillamente pretenden lavar la cara al Gobierno, iniciativas que no entran en el fondo de la cuestión, iniciativas que el grupo parlamentario que las presenta las plantea como sugerencias y no como algo que el Gobierno tendría que estar haciendo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Señor Ortiz, esta Presidencia ha deducido de su intervención que no acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista ni la del Grupo Mixto y que sí acepta la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Así es, señora presidenta.
Sólo a efectos de la redacción final, de lo resultante, proponemos que la enmienda que aceptamos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se incorpore como apartado c), con la debida transición redaccional que puedan formular
los servicios de la Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas, en los términos derivados del propio debate y con la incorporación de la
enmienda que ha sido puesta de manifiesto por el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 172; en contra, ocho; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES CON EL FIN DE LOGRAR UN DESPLIEGUE ADECUADO DE LA RED DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, RESPETANDO LAS
NECESARIAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 162/000416.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones, con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de
instalaciones de telecomunicaciones, respetando las necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señorías, no es la primera vez que un grupo de la Cámara presenta una proposición sobre la protección de la salud de los ciudadanos ante las emisiones radioeléctricas y desde luego tampoco lo es para mi grupo.
La protección de la salud de los ciudadanos ante emisiones radioeléctricas, y más concretamente ante las emisiones que generan las instalaciones de las antenas de telefonía móvil, es, lamentablemente, una cuestión de demasiada actualidad.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Palma, por favor. (Pausa.)
Adelante.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Lamentablemente, las antenas de telefonía móvil han estado demasiado tiempo sin una regulación adecuada y, además, han pasado a formar parte de nuestro paisaje urbano y no urbano: 35.000 antenas instaladas en los últimos cinco o seis años.
Al lado de esta generalización, han proliferado normativas con toda la buena voluntad, pero que han generado un panorama demasiado disperso y confuso para garantizar la tan necesaria y esperada protección de la salud de los ciudadanos. Ha existido
una gran proliferación de ordenanzas municipales, ha habido comunidades autónomas que también han legislado al respecto, ha habido sentencias de tribunales, etcétera.
En junio de 2001 el Grupo Parlamentario Socialista denunció la desidia del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el retraso en establecer una norma que organizara el marco regulador al respecto. Presentamos una proposición no de ley
instando al Gobierno a promulgar un decreto y el decreto llegó en septiembre. De la mayoría de gente del sector, curiosamente de las
empresas operadoras, se oyeron quejas diciendo que la regulación llegaba tarde y mal. El decreto llegaba cuando en Cataluña y en Castilla la Mancha se promovían sendas iniciativas legislativas en el ámbito de las competencias de las
comunidades autónomas.
La aplicación del real decreto, por el que se aprobaba un reglamento que establecía condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones y también medidas de protección sanitaria frente a dichas
emisiones, sigue generando confusión, no tanto por cuestiones estructurales, que también, sino por la incapacidad de los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología de abordar el problema de una forma razonable y con coherencia. Con
demasiada frecuencia existen declaraciones respecto a este tema, diríamos que impulsadas casi de forma convulsiva, a bandazos y a través de improvisaciones de los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Sanidad y
Consumo. Vinculado esto a la alarma social que ha generado la proliferación de estas instalaciones sin una regulación adecuada, el panorama es bastante lamentable y decepcionante, sobre todo no contribuye para nada a minimizar la percepción social
del riesgo, lo cual se está planteando de forma intensa, seria y rigurosa en la Unión Europea.
Es inevitable que hablemos de la relación entre ciencia y sociedad, especialmente de la relación entre el derecho a la protección de las personas, concretamente a la protección de su salud, y el desarrollo científico y tecnológico. Esta
protección supone ordenar el sistema normativo y promulgar reglas jurídicas más imperativas y decisorias para asegurar el pleno respeto de las libertades y derechos fundamentales. Una cuestión especialmente trabajada en el ámbito de la bioética es
intentar conjugar dos fenómenos que también se dan en la regulación de la exposición a emisiones radioeléctricas, el desarrollo de las ciencias biológicas y la regulación ética. La bioética, señorías, responde de hecho a la exigencia de regulación
social; de acuerdo con los principios éticos, aquellos que deciden y aquellos que regulan, es decir, los responsables políticos y los responsables de las administraciones competentes, deben comportarse de manera razonable. La pregunta es: ¿Se han
comportado de manera razonable los responsables ministeriales, los responsables gubernamentales en cuanto a la protección de la salud de los ciudadanos respecto a las instalaciones de telefonía móvil? La respuesta es que, hasta ahora, no ha sido
así.
Nuestra proposición de ley pretende dar respuesta a algunas de las cuestiones que más preocupan respecto a este asunto y pretende hacerlo con más contundencia después de la comparecencia de la ministra de Ciencia y Tecnología en la Comisión
de Ciencia y Tecnología hace pocos días que, si cabe, generó todavía más zozobra e incertidumbre respecto al tema. Hay dudas sobre si existe una buena coordinación entre administraciones y departamentos. Por lo tanto, proponemos crear una comisión
interdepartamental que siga los planes de despliegue e impulsar el acuerdo entre las administraciones públicas competentes en la materia.
Señorías, no es de recibo que, mientras las comunidades autónomas están estableciendo normativas y marcos
reguladores en el ámbito de sus competencias, existan intentos del Gobierno central de poner en duda la constitucionalidad de estas medidas; no es de recibo decir que las ordenanzas municipales no se ajustan a la legislación vigente cuando han sido
promulgadas por la falta de iniciativa en su momento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y cuando son los ayuntamientos los que tienen que dar respuesta a las demandas y peticiones de los ciudadanos respecto al tema.
También es necesario insistir en la promulgación urgente de una directiva europea. Creemos que hay que canalizar, a través del comité asesor del Ministerio de Sanidad creado ex profeso, las argumentaciones científicas generadas al respecto,
pues sólo una información y una comunicación correcta de los avances científicos y tecnológicos contribuirá a establecer de una forma más razonable y razonada la percepción social del riesgo. Creemos que hay que establecer acuerdos con los agentes
del sector para impulsar una implantación regulada. Asimismo, pensamos que es posible precisar y perfeccionar el marco normativo, puesto que el que tenemos es mejorable. Así, pensamos que el real decreto promulgado en septiembre debe precisar con
mayor concreción las condiciones y limitaciones en zonas sensibles, debe precisar más las condiciones para los planes de inspección, debe introducir mecanismos para garantizar la implantación de nuevas infraestructuras incorporando las mejoras
técnicas, tanto para las nuevas como para las ya existentes, y debe posibilitar que las infraestructuras radioeléctricas sean compartidas en los casos en que sea técnicamente viable.
En definitiva, señorías, la evaluación y la gestión del riesgo -riesgos de todo tipo, alimentarios, seguridad en el trabajo o la exposición a campos electromagnéticos- es un tema delicado y complejo que precisa la aplicación de un nuevo
estándar jurídico de derecho, así como el establecimiento de un diálogo fluido, serio, riguroso y profundo entre las instancias de decisión, los expertos y los ciudadanos. Es evidente que existe una percepción diferente de los riesgos para los
expertos y para la población en general, y es lógico que así sea puesto que las aproximaciones de unos y otros a los factores de riesgo, tanto cognitivos como socioculturales, son distintas. En unas predominan más los elementos objetivos; en
otras, la percepción del riesgo está inducida por factores emocionales, simbólicos y afectivos. Hay que tener en cuenta esto y quien no lo haga cae en una grave irresponsabilidad.
Es un tema demasiado complejo y delicado para ser merecedor de respuestas como las de la ministra de Ciencia y Tecnología o las de la ministra de Sanidad cuando se planteó el conflicto del colegio de Valladolid,
al decir que la exposición a campos electromagnéticos era comparable a la exposición de los niños ante la televisión. Señorías, esto no es gobernar de forma responsable. La institucionalización de una gestión pública eficaz de los riesgos
colectivos pasa por ordenar y oficializar la cooperación entre diferentes instancias. Es evidente que esta cooperación debe producirse entre expertos científicos, instancias políticas y, especialmente, aquellos que tienen que ver con las decisiones
públicas.
Lejos de tratamientos que rozan a menudo la caricatura, se perfila para el futuro -yo diría que ya para el presente- un nuevo modelo de funcionamiento en la gestión de riesgos sanitarios. Este es el objetivo de la proposición no de ley
que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista, poniendo una vez más un poco de orden, de raciocinio, de rigor y también de sentido común, especialmente de comprensión y de delicadeza en un tema con el que no se puede jugar de ninguna manera.
Por lo tanto, estaríamos muy satisfechos de que nuestras propuestas, consideradas muy razonables, fueran hoy aceptadas por todos los miembros de esta Cámara. Seguro que los ciudadanos y el sector se lo agradecerían.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Palma.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, existe en este momento en la sociedad una cierta sensación de alarma ante lo que es la instalación de antenas que permiten después recibir la señal de telefonía móvil en cada uno de los
terminales. Seguro que muchos de los que hoy estamos aquí tenemos un teléfono móvil conectado a un terminal, por lo que necesita recibir una señal.
Coincido con la portavoz del Grupo Socialista cuando nos explica hoy aquí que existe esa inquietud social. Esta inquietud se ha dado por hechos aislados, trasladándose, al final, a la sociedad que las antenas son peligrosas. Mi grupo pide
objetividad ante la sensación que se tiene de ese peligro. ¿Es objetiva esa sensación? ¿Responde a una realidad científica que la avale? Este es el debate. Mi grupo parlamentario Convergéncia i Unió quiere aportar en este debate un mensaje de
serenidad y con este objetivo hemos presentado la enmienda que paso a defender.
Ante las múltiples informaciones que aparecen, necesitaríamos realizar un debate serio, sereno, con aportaciones científicas y a partir de lo que nos permite el Reglamento de esta Cámara que el Gobierno presentara una comunicación, que pueda
ser debatida en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y así tengamos elementos objetivos de comparación -su regulación en los países de nuestro entorno, su regulación en España, si se está haciendo bien-. Nosotros -lo adelanto ya- creemos que en
este momento hay más incertidumbre que argumentos objetivos que avalen realmente ese peligro, pero para dar esa certeza pedimos al Gobierno que presente esa comunicación para que nos permita conocer los datos científicos, empíricos y saber
exactamente de qué estamos hablando.
El primer punto de nuestra enmienda es pedir al Gobierno, de acuerdo con lo que permite el artículo 196 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que se presente esta comunicación, para realizar este debate con serenidad. Mi grupo
considera, de acuerdo con la aportación serena que quiere realizar hoy, y según los datos que tenemos hasta el momento, que se está cumpliendo la recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999. Dicha recomendación se cumplió
cuando el Gobierno aprobó el Real Decreto 1.066, de 28 de septiembre de 2001. Ese real decreto está de acuerdo con lo que establece la Unión Europea y con otros países de nuestro entorno. Repito que la sensación de inseguridad de las personas
sigue estando viva. La gente recela cuando ve que al lado de su casa le van a instalar una antena. ¿Por qué no explicamos bien a la población que esa antena cumple todos los requisitos que nos manda la Unión Europea y que está de acuerdo con la
ley? Hace unos días en la comparecencia de la ministra de Ciencia y Tecnología, la señora Birulés, exponía yo en la Comisión la teoría del ascensor. Cuando uno sube a un ascensor tiene la tranquilidad de que está cumpliendo la normativa técnica
que avala que ese ascensor es seguro. Nadie va comprobando si cumple o no el real decreto o la orden ministerial y damos por supuesto que se está haciendo bien. En cambio, en el ámbito de la telefonía hay un recelo. Para vencerlo hace falta
información, y nosotros pedimos información seria y concreta. De ahí el texto que hoy presentamos.
Hay un segundo punto en nuestra enmienda. Al igual que el real decreto sigue la recomendación europea, hay un aspecto del mismo que deberíamos concretar más. En su artículo 8 se dice que deberán minimizarse las emisiones en la mayor medida
posible cuando los niveles de emisión recaigan sobre espacios sensibles tales como escuelas, centros de salud, hospitales o centros públicos. Esa redacción jurídicamente es poco concreta. No podemos decir tales como sin concretar más. Debemos
especificar qué es un espacio sensible, regularlo claramente y decir en qué consiste minimizar. Porque ¿qué quiere decir minimizar? Cada ayuntamiento lo ha entendido de una forma distinta, lo cual abunda en esa sensación de inseguridad ante
normativas de un ayuntamiento que cree que minimizar se refiere a un aspecto concreto y el ayuntamiento de al lado lo aplica de forma distinta. Deberíamos buscar un elemento de concreción de qué entendemos por minimizar.
Estos son los dos puntos que plantea mi grupo parlamentario, que, de forma seria y científica, quiere afirmar
que cuando utilizamos un móvil, si alejamos la antena del móvil, éste recibe mayor emisión que si la antena está cerca. No es cierto que una política de eliminación de antenas sea más segura. Muchos ciudadanos lo pueden pensar así:
eliminemos las antenas porque va a ser más seguro el espacio radioeléctrico. Al contrario, si eliminamos antenas, tendremos antenas más lejos. Con lo cual cada uno de los móviles producirá una emisión superior. Esto, que creo que no se está
explicando de forma suficiente, a los ciudadanos les ayudaría a entender la necesidad de disponer de antenas y que éstas cumplan los requisitos de seguridad.
Debemos ser muy rigurosos en el cumplimiento de esos requisitos, pero debemos ser
rigurosos también en lo que es la salvaguarda de las competencias autonómicas en este ámbito. Existen competencias autonómicas en el ámbito del urbanismo y en el del medio ambiente y entendemos que los puntos concretos de la proposición no los
respetan porque tienen un carácter homogeneizador, en el sentido de que podría obligar a revisar normativa autonómica que, por ejemplo, ha dictado ya la Generalitat de Cataluña, normativa que están plenamente de acuerdo con la recomendación del
Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999.
Termino mi intervención solicitando a la Cámara que se acepte esta enmienda con estos dos puntos concretos porque nos aportarían un mayor rigor en el debate sobre las antenas. Aceptando que existe una sensación de inseguridad por parte de
muchos ciudadanos, es necesario que nosotros podamos aportar datos empíricos, ciertos y contundentes de que realmente los parámetros existentes son seguros y, por tanto, transmiten seguridad a los ciudadanos. Si entre todas las fuerzas políticas
logramos el consenso necesario, evitaremos la espectacularidad de un titular diciendo que se van a tomar medidas. No, se están tomando estas medidas de acuerdo con la normativa europea. Por tanto, aportemos esos datos y la tranquilidad a los
ciudadanos. Por ello mi grupo parlamentario ha presentado esta enmienda.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jané.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Socialista se refiere a una problemática que preocupa, y mucho, a la sociedad española y a la de muchos otros lugares. Hay un informe de la Dirección general de investigación y evaluación
de opciones científicas del Parlamento Europeo, de marzo del año pasado, titulado efectos fisiológicos y medioambientales de la radiación electromagnética no ionizante, que estudia los efectos que estas radiaciones no ionizantes, derivadas de las
estaciones radioeléctricas, puedan tener sobre la salud. En este informe se dice que, en aras del principio de precaución, se deben recomendar limitaciones superiores a las establecidas en la recomendación de 1999; se dice que el sometimiento
involuntario del público, de grandes sectores de las sociedades europeas, durante 24 horas del día, siete días a la semana, a las radiaciones que provienen de emisoras base de GSM, supone un grave problema jurídico y ético, porque los efectos que
estas radiaciones puedan tener únicamente se van a saber al cabo de determinado tiempo y estas personas serían utilizadas, de alguna manera, como cobayas. No hay nada seguro, no se sabe exactamente qué efectos tienen, pero el principio de
precaución nos debería llevar a un mayor rigor y a una mayor precaución, valga la redundancia, en la regulación de estas materias.
Desde nuestro punto de vista, el real decreto de septiembre del año pasado no establece -y ese es el sentido de nuestra primera enmienda- prohibiciones absolutas de instalación de emisoras base, de antenas, en las cercanías de ciertos
lugares sensibles, como pueden ser colegios, parques públicos o instituciones sanitarias. Únicamente hace referencia a minimizar los efectos, pero este es un concepto jurídico indeterminado que deja a la Administración una amplia discrecionalidad
que no sabemos cómo se puede resolver. Nosotros seríamos partidarios de un sistema de distancias, por ejemplo, que se estableciesen 200 ó 300 metros frente a estas zonas. Pero como el propio real decreto establece, no por razones de salud, sino
precisamente para evitar intromisiones en el dominio público radioeléctrico respecto de infraestructuras ferroviarias.
Con nuestra segunda enmienda pretendemos que el real decreto y la regulación que el Gobierno pueda hacer sobre estas materias respete las competencias autonómicas en materia de medio ambiente y ordenación del territorio y las competencias
municipales, en concreto, en materia de urbanismo y de actividades clasificadas. De acuerdo con la legislación supletoria que se está aplicando en Galicia, la instalación de este tipo de estaciones se debe calificar como una actividad peligrosa o
insalubre que, por tanto, requiere de este tipo de licencias. Nos gustaría también hacer una llamada a la colaboración.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología está elaborando, según manifestó la ministra el pasado 14 de febrero en su comparecencia en la Comisión de Ciencia y Tecnología, una orden en la que se regula el compartimento de infraestructuras.
Esperemos que en la elaboración de esta orden se dé audiencia no sólo a las empresas del sector, sino también a las administraciones autonómicas y locales, que, como digo, son competentes en esta materia, y que la colaboración no se instrumente de
la forma tan imperfecta como se hizo en la elaboración de este real decreto, es decir, una reunión en el foro de telecomunicaciones -al que la ministra se refirió-
posterior a la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado. Este tipo de reuniones habla muy mal de la colaboración -será objeto de una moción que debatiremos a continuación- tal y como la entiende el Gobierno. Este es el
sentido de nuestras enmiendas, que esperamos que sean aceptadas por el grupo proponente. En cualquier caso, sean o no aceptadas, manifestamos ya nuestro voto a favor de la proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista viene a plantearnos la mala regulación que el Ministerio de Ciencia y Tecnología
ha hecho con relación a la instalación de las antenas de telefonía móvil, que ha generado una alarma social innecesaria y, desde luego, una falta de reacción por parte de este ministerio a la hora de solventar un problema, cosa que se estaba
reclamando por todos los sectores y por el propio sector de la telefonía, en este caso las empresas privadas.
Después de todo lo que ha acontecido en nuestro país, el rechazo por parte de la población a la instalación de antenas de telefonía móvil, la necesidad que han tenido los ayuntamientos de regular sus propias ordenanzas y poder establecer
algún criterio que les permitiera salvar la alarma social que se estaba generando en la población y poder actuar en defensa de sus propios intereses, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como decíamos, ha ido siempre a remolque de la propia
situación y solamente ha actuado cuando se ha visto obligado por la presión de la ciudadanía y de las propias compañías privadas.
Ya se ha dicho desde la tribuna que en esta materia, que es compleja y que ha generado alarma social -en algunos casos injustificada, pero hay que dar una respuesta-, la actuación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a remolque de estas
reivindicaciones, ha venido a generar mayor desconfianza de la que ya existía en la propia población. Por tanto, por esas lagunas que todavía quedan en el real decreto de 28 de septiembre de 2001, que no han sido modificadas por la orden
ministerial que se ha promulgado en febrero, sería necesario que esta iniciativa del Grupo Socialista fuera respaldada, ya que precisamente hace hincapié en aquellos aspectos que todavía no han sido abordados por el ministerio y requieren rapidez en
la contestación, fundamentalmente porque abordan un aspecto necesario: la coordinación entre las instituciones, entre las administraciones que tienen competencia en esta materia. Por tanto, señorías, mi grupo parlamentario votará a favor de esta
iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Gracias, presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara una proposición no de ley para establecer mecanismos de coordinación entre distintas administraciones y regular las instalaciones de telecomunicaciones y sus posibles consecuencias en la
salud. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos estudiado minuciosamente estas iniciativas del Grupo Socialista y entendiendo el razonable interés del mismo por profundizar en el marco de la regulación española, quizás para que haya más garantías
para la salud, hemos observado que la materia de la proposición prácticamente, por no decir en su totalidad, está contenida y contemplada en el Real Decreto 1066, aprobado el 28 de septiembre del año pasado. Por tanto, desde el Grupo Popular no
podemos compartir algunas de las afirmaciones que se han hecho desde el Grupo Socialista, por ejemplo, la que atribuye al reglamento y a la iniciativa del Gobierno, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, haber contribuido a la confusión en la
regulación de esta materia. Nada más lejos de la realidad. Hay una necesidad social en nuestro país en los últimos cinco años debida a ese desarrollo de la sociedad de la información, de las telecomunicaciones y hay un gobierno y un ministerio que
se ponen de forma rigurosa y seria a hacer una regulación que es de las más avanzadas de Europa.
El Real Decreto 1066, aprobado el 28 de septiembre del año pasado, es uno de los más avanzados y estrictos de Europa. Los niveles de restricción de las emisiones radioeléctricas que contempla son los más bajos, más incluso que los de
Estados Unidos o Suecia, y este reglamento tiene un objetivo primordial que está prácticamente por encima de todo, el de proteger la salud de las personas. Por eso, apartado por apartado tal como la presenta el Grupo Parlamentario Socialista, voy a
tratar de señalar las razones que van a motivar al Grupo Parlamentario Popular a no apoyar esta proposición no de ley.
Habla el Grupo Parlamentario Socialista de la creación de una comisión interdepartamental. A nuestro juicio, el propio ministerio ha llevado a cabo las reuniones de coordinación necesarias, en el marco de sus responsabilidades, con el
objeto de regular las instalaciones de operadores y establecer así derechos, obligaciones y responsabilidades.
Consideramos que esta es la mejor manera de permitir sin obligar, con observancia
de las obligaciones que tengan impuestas los operadores, y es el mejor modelo que puede garantizar el desarrollo de los nuevos sistemas de telecomunicaciones atendiendo siempre, como no podía ser de otra manera, a preservar y garantizar que
dicho desarrollo no afecte a la salud de los ciudadanos. Habla S.S. de descoordinación con la Administración local.
Tengo que informarle que en la Administración local, a través de reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias,
se está trabajando para armonizar las ordenanzas municipales y facilitar el uso compartido del dominio público por parte de los operadores. También, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y a instancia del propio
ministerio, se está trabajando para desarrollar un programa de actividades divulgativas y de formación en nuevas tecnologías y telecomunicaciones.
En cuanto a las comunidades autónomas, el ministerio tiene previsto y ya se ha anunciado la constitución de un foro territorial de carácter específico para desarrollar procesos de entendimiento en este campo y llevar a cabo iniciativas
comunes en todos los ámbitos territoriales. En otro punto, solicita S.S. de manera urgente la promulgación de directivas europeas que regulen la red de instalaciones de telecomunicaciones. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que el
Real Decreto 1066 es en estos momentos elemento suficiente para dicha regulación, teniendo en cuenta que los estudios científicos realizados sobre la materia se encuentran en un momento de inmenso desarrollo y evolución y resulta mucho más adecuado
esperar a que las conclusiones de los mismos alcancen la madurez suficiente como para acometer iniciativas de regulación comunitaria con base científica rigurosa.
El Ministerio de Sanidad y Consumo tiene atribuidas unas competencias específicas muy claras en lo referente a esta materia: es responsable de evaluar los riesgos sanitarios potenciales y es también el responsable, en coordinación con las
comunidades autónomas y los agentes sociales implicados, de desarrollar los criterios sanitarios para evaluar las prácticas que puedan dar lugar a la exposición de estas emisiones y así aplicar medidas de control en clara coordinación con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por otro lado, el ministerio también ha establecido un plan de inspección, la inspección del servicio de telecomunicaciones, que es el encargado de que se cumpla la normativa, por lo que no es necesario crear
órganos independientes o quizás más acreditados. Del mismo modo, todas las estaciones y antenas de España se encuentran censadas, y se ha hecho un esfuerzo especialmente por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que este censo sea
transparente, para que sea conocido, para que en esa base de datos los ciudadanos puedan saber la dirección, el sitio, la distancia, la altura, la potencia, el alcance, etcétera, de las antenas que están ubicadas en todo el ámbito de la población
española.
Esta proposición no de ley está ampliamente contemplada en el real decreto que se aprobó el año pasado. El real decreto establece claras condiciones de protección del dominio público radioeléctrico; claras recomendaciones que están en
clara incidencia con la recomendación que hizo el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea el 12 de julio de 1999. Este reglamento partía de tres reflexiones fundamentales: por un lado, la de regular un sector que ha aumentado su
diversidad, sobre todo en los servicios de telefonía móvil. También con el objetivo -y quizás para nosotros el más importante- de promover y revisar las investigaciones sobre emisiones radioeléctricas para garantizar la protección de la salud de
nuestros ciudadanos y ciudadanas. El decreto da respuesta a todas esas reflexiones y ha sido apoyado por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el Colegio de Ingenieros Superiores de Telecomunicaciones, por operadores de telefonía y un largo etcétera.
Los límites de exposición aplicados internacionalmente están claramente en sintonía con el real decreto. La Comisión internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes que, como bien saben SS.SS., son las emitidas por los
teléfonos móviles, cuyo criterio es el más aceptado en el espacio europeo y en el ámbito internacional, ha sido precisamente uno de los límites que contempla el real decreto. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una serie de límites,
de márgenes que protegen, con un alto grado de seguridad, contra todos los peligros identificados y debido a las emisiones radioeléctricas. Las más recientes investigaciones realizadas por este organismo, cuyo prestigio no es necesario recalcar, no
ha encontrado ninguna prueba de que las antenas de telefonía móvil causen un efecto adverso a la salud. España tiene los mismo límites que los países más avanzados del mundo, que el Reino Unido, que Francia, que Alemania, que Canadá o que los
propios Estados Unidos. Por tanto, queda muy clara la preocupación que tiene mi grupo, la preocupación que tiene el Partido Popular por la salud del conjunto de los ciudadanos, no sólo porque ha incorporado un reglamento estricto, un reglamento que
cumple claramente con las normas internacionales, que cumple claramente con la normativa comunitaria y que ha atendido a todas las conclusiones de los comités internacionales de expertos, sino que además desde el propio Ministerio de Ciencia y
Tecnología de España, dentro del Plan nacional de I+D+I, se viene impulsando la investigación sobre las posibles consecuencias que para la salud puedan tener las emisiones radioeléctricas.
En definitiva, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos firmemente en nuestro ordenamiento jurídico actual; creemos que este ordenamiento jurídico garantiza de una manera clara, meridiana y eficaz, con
suficiente grado de seguridad, la salud de los ciudadanos y la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Esta conclusión hace que el Grupo Parlamentario Popular tenga que rechazar una proposición no de ley que a nuestro juicio no
añade nada a este nuevo reglamento y sí puede contribuir a hacer más ruido sobre un tema complejo y difícil en el que hay mucha sensibilidad social, en el que hay que aplicar mucho rigor, mucha coherencia y en el que hay que tener los datos de las
comisiones internacionales encima de la mesa. Es, en definitiva, como decía, un reglamento de los más avanzados y de los más rigurosos de nuestro contexto internacional, que sin lugar a dudas va a contribuir a la seguridad del conjunto de los
ciudadanos y al mismo tiempo va a permitir el desarrollo de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.
Señora Palma, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las dos enmiendas presentadas.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Respecto a las enmiendas presentadas por el señor Aymerich, he de decir que el hecho de no poder aceptarlas es una muestra de la confusión que existe en el ordenamiento jurídico.
La señora PRESIDENTA: Señora Palma, únicamente tiene la palabra para indicar la aceptación o rechazo, no para continuar argumentando.
La señora PALMA I MUÑOZ: No aceptamos ninguna de las dos, la primera porque hace referencia a un tema de concreción que debería remitirse a la reforma del real decreto y la segunda porque sería un tema más propio del ámbito de competencias
autonómicas, y por lo tanto comprenderá el señor Aymerich que sería más razonable trasladarlas al Parlamento gallego.
En cuanto a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), debo decirle al señor Jané que si hubieran sido de adición las hubiéramos aceptado. Como son de sustitución, le propondríamos que configuraran
una nueva proposición no de ley, puesto que entendemos que son propuestas bastante razonables, pero que no sustituyen a nuestra proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Palma.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación entre administraciones con el fin de lograr un despliegue adecuado de la red de
instalaciones de telecomunicaciones respetando las necesarias medidas de protección de la salud de los ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 119; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA FUTURA LEY DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 173/000112.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la futura ley de cooperación autonómica.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, solía repetir un político de raza como don Francesc Cambó que hay dos formas de llegar al desastre: una de ellas era pedir lo imposible y la otra retrasar lo inevitable. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Uno tiene la sensación de que ante el desarrollo del Título VIII de la Constitución, en el mundo político y en todo lo que se está moviendo y muñendo en torno a este proceso nos estamos
acercando bastante hacia el desastre, y no precisamente porque estemos pidiendo lo imposible, sino porque, adelantando un poco la votación por el tipo de enmienda, por votaciones similares que se han producido ante iniciativas más o menos
concordantes o concurrentes, por posiciones similares e incluso por discusiones que hemos tenido en torno a la enmienda, esta noche sin duda hay una mayoría de grupos de la Cámara, no la mayoría de diputados y diputadas de la Cámara, pero sin duda
la mayoría de votantes que respaldan a esa mayoría de grupos parlamentarios, que van a fijar una posición determinada en una de las facetas del desarrollo del Título VIII de la Constitución. Además, no solamente ellos, porque creo que contaríamos
con el apoyo político y moral de sectores importantes del Partido Popular - ahí están las intervenciones del día 19 y del día 20 de febrero-, tanto del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Gallego, señor Ruiz Rivas, como del
señor Fraga Iribarne. Por tanto, no creemos que estemos pidiendo lo imposible en ese sentido. Por otro lado, aquí hay bastante de querer retrasar lo inevitable por parte del partido que soporta al Gobierno. Y creo que está retrasando lo
inevitable
porque está siendo pacato y tacaño a la hora de hacer política de Estado.
Señorías, cuando, ante la complejidad de desarrollo competencial, ante los retos del mundo moderno, ante el proceso europeo y ante la potenciación del mundo local, el Partido Popular se enfrenta a decidir lo que hay que hacer, sencillamente
se plantea hacerlo hacia abajo. Es decir, en un momento determinado desde la Constitución española se han ido produciendo unas transferencias y una descentralización desde la Administración central hacia la administración autonómica. Muchas
competencias han pasado, con su financiación correspondiente, más o menos adecuada, desde la Administración central a la Administración autonómica. Muchas de esas competencias son concurrentes y compartidas, incluso muchas de esas competencias
tienen una enorme complejidad. Hace unos días reconocía en una intervención muy lúcida el ministro señor Posada que aparecen en el escenario muchas competencias y nuevos retos políticos que no están recogidos en la Constitución, por lo que que
habrá que ser generosos a la hora de interpretarlos. Ante esta situación, ¿qué hace el Gobierno central y el partido que soporta al Gobierno? Con una cierta lógica o razón, dicen: ¿Por qué no nos sentamos con las comunidades autónomas y
cooperamos para evitar gastos y duplicidades? Señorías, esto tiene su lógica. No obstante, sobre estas lógicas sigo pensando como Kant en Crítica de la razón pura, pero, si me permiten ustedes, pasando de Kant al roman paladino, quiero recordarles
aquello que dice: administrador que administra y boca que enjuaga, algo traga. Es decir, lógicamente, en la cooperación con las comunidades autónomas en muchas de esas competencias concurrentes y compartidas, la Administración central, con mayor
poder y mayor capacidad, algo tragaría, indiscutiblemente -y no es malo-, de aquellas competencias que un día transfirió a las comunidades autónomas.
¿Por qué no son ustedes generosos y plantean también la otra mitad, donde hay muchas competencias concurrentes y compartidas? Porque muchas de las competencias que en su día los gobiernos centrales transfirieron a la Comunidad Europea ya
estaban transferidas previamente a las comunidades autónomas, como aquí denunció un día del año 1986 el diputado señor Tamames. Por tanto, como esas competencias que se transfirieron a Europa fueron de las comunidades autónomas, ¿qué les parece si
cooperamos no solamente en la fase descendente? ¿Por qué no se coopera también en la fase ascendente? Es decir, a la hora de la representación y de la defensa de intereses que afectan a las comunidades, a una o varias de ellas, ante la Unión
Europea, ¿por qué no cooperamos? ¿Por qué no cooperamos en la conformación de la política general a través de un Senado reformado en un momento determinado?
Señorías, voy concluyendo por razón de tiempo. He hablado anteriormente de la intervención del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, señor Ruiz Rivas, y del señor Fraga, y me van ustedes a permitir que les diga que, por un
purismo no sé si bien o mal entendido, yo me sentía como una especie de doctor Jeckyll y mister Hyde y me preguntaba: ¿Qué haces tú citando como autoridad a don Manuel Fraga cuando en un momento determinado has hablado de aquel viejo ministro del
franquismo? Yo puedo caer en esa contradicción, pero peor es la contradicción del Partido Popular, que en un momento determinado tiene que desautorizar en votación cuatro de los puntos que son copia literal no solamente de algo votado y aprobado
por el Grupo Popular en el Parlamento gallego, sino incluso enmendado. Es decir, ustedes enmendaron una propuesta firmada por el señor Touriño, diputado del Grupo Socialista gallego, y ahora los puntos 2, 3, 4 y 5 de nuestra moción son copia
literal, eliminando únicamente la palabra Galicia, de lo apoyado en aquel Parlamento y respaldado en respuesta al señor Beiras al día siguiente por el señor Fraga Iribarne.
Señorías, quería agradecer al resto de grupos parlamentarios la calidad técnica y política de sus enmiendas, muchas de las cuales nos hubiera gustado aceptar, sin duda. Hay enmiendas que hablan del Consejo Europeo, enmiendas en las que
habría que quitar lo referente al Senado reformado, enmiendas a la Ley de Cooperación y otra serie de enmiendas que nosotros hubiéramos aceptado, pero por táctica parlamentaria hemos decidido no aceptarlas y pedimos votación separada, señora
presidenta, punto a punto y retiramos el punto primero de nuestra moción, agradeciendo de antemano una vez más al resto de los grupos parlamentarios su iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de la interpelación, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, por segunda vez en poco tiempo subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo en un trámite parlamentario aparentemente menor, que toca a una cuestión muy sustantiva, una cuestión mayor. Estamos hablando del Estado de las
autonomías en el 2002, estamos hablando de las instituciones necesarias para que el Estado de las autonomías en el 2002 funcionen correctamente y estamos hablando de una situación insatisfactoria que tiene responsabilidades, que tiene sus
responsables, naturalmente, en una mayoría parlamentaria que ha apostado por silenciar el Estado autonómico
a través de las instituciones que caracterizan la cooperación y la colaboración en un Estado compuesto, esencialmente el Senado, esencialmente las técnicas de colaboración y de cooperación bilaterales y multilaterales y esencialmente el
diálogo fluido, constante, institucional entre el presidente del Gobierno y los máximos responsables de las comunidades autónomas en un Estado compuesto y en la asunción de este cuadro de situación, en una construcción en curso, la de la Unión
Europea, en la que es un capítulo de envergadura constitucional involucrar a las regiones, a las comunidades autónomas, en definitiva, a los entes subestatales en una operación que tiene sus emplazamientos en la dinámica europea. Esta cuestión
regresa aquí de la mano de una moción consecuencia de la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y no será la última vez que la veamos en el curso de esta legislatura. Ningún trámite parlamentario de estas características
será suficiente para atender el debate que esta cuestión necesita, la reforma del Senado, involucrada claramente en varios de los puntos de los que estructuran la moción consecuencia de interpelación, la colaboración y la cooperación a la que el
punto número 1 de la moción presentada por Izquierda Unida alude todavía en los términos en los que ha sido traída a esta Cámara por la mayoría parlamentaria, la perspectiva de una ley de cooperación, de la que el propio grupo mayoritario se ha
desdicho, de la que el propio grupo mayoritario ha hecho abdicación expresa -entre comillas e irónicamente- en la medida en que nunca existió voluntad de traer a esta Cámara una ley de cooperación que no ha resistido el primer debate monográfico
sobre esta cuestión en el Senado, en la medida en que es, por tanto, un planteamiento que ya no tiene actualidad ni vigencia.
Estamos hablando igualmente de la necesidad de institucionalizar la línea de colaboración entre el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas a través de la conferencia de presidentes y, en definitiva, de la
técnica de participación de las comunidades autónomas en las instituciones europeas, primero, a través del acceso de los representantes de las comunidades autónomas, designados por éstas a través un foro multilateral, la conferencia y, en su caso,
el Senado reformado, en las negociaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre aquellas materias y competencias que las conciernen y afectan. Y sobre todo estamos hablando de seguir esas negociaciones de cerca a través de una figura
que no sea un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores designado por el Gobierno sino, por el contrario, una figura de naturaleza política que cuente con la confianza de las comunidades autónomas para participar activamente del seguimiento
de esos procesos comunitarios e informar responsablemente a las comunidades autónomas de los resultados de esas negociaciones a través de un informe de gestión anual en el Senado. Son esos problemas pendientes que no están teniendo ninguna
respuesta, ni siquiera después de haber tenido lugar un debate monográfico en el Senado, en el que supuestamente el grupo parlamentario mayoritario, el Grupo Popular en el Senado, renuncia a la perspectiva de una ley de cooperación, pero sin
sustituirla por ninguna otra alternativa, por ninguna iniciativa posterior ni sucesiva que satisfaga las conclusiones del debate que ha tenido lugar en el Senado.
Es por todo esto por lo que los socialistas compartimos, claro que sí, con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como en su momento con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la necesidad de acometer este debate en serio,
sustantivamente y en profundidad, con un instrumento parlamentario que seguramente no puede ser una proposición no de ley ni una moción consecuencia de interpelación, sino una proposición de ley en toda regla que ponga en marcha, a través de una
iniciativa suscrita, después de un debate previo y un amplio consenso, una reforma de envergadura en las cuatro instituciones concernidas: Senado, colaboración y cooperación, conferencia de presidentes y participación de las comunidades autónomas
en la Unión Europea.
Compartimos varios de los puntos y de las propuestas que se encierran en esta moción consecuencia de interpelación; por eso anunciamos nuestra disposición a votar favorablemente los párrafos segundo, tercero, cuarto, séptimo y octavo. En
cuanto al primero, creemos que ha perdido su vigencia precisamente por el hecho de que la ley de cooperación ya no es una iniciativa en perspectiva.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor López Aguilar, su tiempo ha concluido, señoría.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo, señora presidenta.
Con respecto a los puntos quinto y sexto, ya conocen nuestra posición, que sostuvimos aquí con motivo del trámite análogo que tuvo lugar en esta Cámara el 12 de febrero a iniciativa de Convergència i Unió, y no podemos votarlos
favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Su tiempo ha concluido, señor López Aguilar.
Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario no comparte la necesidad de impulsar una ley de cooperación autonómica. Estamos en sintonía con gran parte de los puntos de la moción que hoy
nos presenta el Grupo de Izquierda Unida, y entiende mi grupo parlamentario
que la cooperación autonómica no es un aspecto que pueda imponerse por ley. Pueden generarse dinámicas de colaboración, pero no hacer una ley que concrete de qué forma tenemos que colaborar o cooperar. Una ley así seguramente no nacería
del consenso y se parecería más a lo que fue la fenecida LOAPA. Por tanto, la posición de mi grupo parlamentario es contraria a lo que pueda ser una ley de cooperación autonómica, especialmente si ésta intenta imponer unas dinámicas en lugar de
generar unos consensos. Esta es nuestra posición. Establecida esta posición, compartimos gran parte de los puntos que plantea hoy la moción de Izquierda Unida, que vamos a apoyar y a votar favorablemente.
De la intervención que ha hecho el señor López Aguilar en nombre del Grupo Socialista, nos ha sorprendido la enmienda que defiende al punto 5 de la moción, que nos dice que no votarán favorablemente. Señor López Aguilar, el PSOE presenta
una enmienda al punto 5, cuando dicho punto es literalmente lo que han firmado los socialistas catalanes, junto con Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana. Es literal. En Cataluña los socialistas han firmado que debe garantizarse que las
comunidades autónomas puedan ejercer, por delegación estatal, la representación española en las instituciones de la Unión Europea. Esto está firmado, está presentado como documento ante el Parlament de Catalunya y ustedes aquí lo enmiendan.
Pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la posición? ¿La posición que hoy defiende aquí el Grupo Socialista? ¿Esta es la posición, la de que no pueda ostentar una comunidad autónoma la delegación española? ¿Que pueda participar, sí, pero no ostentar la
representación?
Entendemos que hay una incongruencia cuando usted dice hoy que van a votar en contra del punto 5, pues están votando en contra del punto que ustedes mismos han presentado ante el Parlament de Catalunya, junto con Esquerra Republicana e
Iniciativa per Catalunya-Els Verds. No compartimos esa dualidad de posiciones y en este ámbito nos gustaría que hubiera claridad respecto a la posición del Grupo Socialista.
Por lo demás, lo relativo al observador puede ser interesante, pero nos vamos a abstener porque no tenemos claro cuál sería exactamente el ejercicio final de las competencias de ese observador. Por tanto, no decimos que no, pero nuestro
grupo considera que este punto no está aún suficientemente maduro para votar hoy favorablemente.
No podemos apoyar los puntos 7 y 8 porque en su literalidad tienden más al acuerdo multilateral que al bilateral, y nosotros entendemos que en el marco actual de desarrollo del Estado autonómico debemos fomentar las relaciones bilaterales.
Cataluña quiere en muchos aspectos la relación bilateral. No queremos desdeñar la multilateralidad, pero queremos primar las relaciones bilaterales, y de ahí que, dado el tono concreto en que están redactados estos dos puntos, mi grupo no pueda
apoyarlos.
Nada más, señora presidenta. Gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, decía un político de raza: Señor ministro, en todo aquello que sea avance de cooperación, tendrá aquí, desde la humildad de nuestro grupo, nuestro apoyo. Este político de raza era el señor Rejón, y dijo esto al finalizar su
intervención en la interpelación que ha dado como consecuencia esta moción. Pero, señor Rejón, sus palabras del último día no acompañan a lo escrito en la moción de hoy, y no lo acompañan, señor Rejón, porque esta moción que usted presenta impide
absolutamente el diálogo ya que usted presenta los acuerdos que deberían salir fruto de ese diálogo. Y si ya están aquí los acuerdos, ¿para qué hace falta el diálogo? Por tanto, no deja ninguna puerta abierta al diálogo; usted ya sentencia los
puntos de acuerdo que estima que deberían surgir del diálogo que el Gobierno quiere llevar a cabo, al igual que el Grupo Parlamentario Popular, y que usted impide con estos puntos de acuerdo que presenta.
Además, creo que tanto ustedes como el resto de los grupos parlamentarios, por mucho que lo haya dicho el señor ministro, no han llegado a captar el mensaje de la ley de cooperación, y por eso introducen cuestiones que no van referidas a la
misma. El señor ministro ha dicho por activa y por pasiva que en ningún momento debe haber miedo a posibles restricciones a las competencias de las comunidades autónomas; ha dicho que es necesaria una cooperación entre las comunidades autónomas
porque, como fruto de esa cooperación, se puede mejorar la gestión de las propias comunidades autónomas.
Hay una voluntad política de diálogo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Ustedes van cerrando permanentemente las puertas a la búsqueda de otras cuestiones no relativas al ámbito de la ley de cooperación, pero ustedes entienden
que son buenas para su política y aprovechan esta ley para introducirla. No es el momento de hablar de la representación de las comunidades autónomas en la Unión Europea, no es el momento de hablar de la reforma del Senado, no es éste el ámbito
para tratar estos temas. Nos gustaría que ustedes nos dijeran si se van a ceñir a la ley de cooperación o no. En cuanto a la intervención a la que ha contestado el portavoz de Convergència i Unió al representante del Grupo Socialista, su falta de
convicción viene a demostrar que tienen un planteamiento de Estado sobre la
actuación de las comunidades autónomas. En esta Cámara es bueno reflexionar si el Grupo Socialista entiende por cooperación y lealtad constitucional que un presidente de comunidad autónoma llame basura a dos ministros del Gobierno. Señor
López Aguilar, ¿eso es cooperación institucional? ¿Considera que es cooperación institucional que el presidente de la Junta de Andalucía y presidente de su partido llame a dos ministros basura? ¿Señor López Aguilar, usted considera que es una
lealtad que los eurodiputados que representan a todos los españoles les quiten un billón de pesetas a los españoles en el Plan Hidrológico Nacional, que tenía que ser subvencionado por Europa? ¿A eso le llama usted cooperación institucional?
(Aplausos.) ¿Eso es cooperación institucional, eso es lealtad hacia los españoles, eso es lealtad de unas comunidades autónomas con otras? Yo creo, señoras y señores diputados socialistas, que ustedes tendrían que tener en primer lugar lealtad
hacia los españoles de todas las comunidades autónomas para luego poder criticar una ley de cooperación, porque mal camino llevan ustedes si en el Parlamento Europeo boicotean subvenciones que benefician a los españoles. Diríjanse a las comunidades
autónomas que necesitan agua y ya verán lo que les comentan allí sus ciudadanos.
Yo les pediría que reflexionaran, que fueran capaces por una vez de conseguir un discurso político unitario y un proyecto para debatir, que en algún momento defiendan con convicción sus propuestas. Como muy bien ha dicho el portavoz de
Convergéncia i Unió, señor López Aguilar, ustedes votan aquí lo contrario de lo que votan en Cataluña. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Merino. (Una señora diputada: ¡Fraga!-Rumores.-El señor López Aguilar pide la palabra.)
Señor López Aguilar, ¿a qué efectos pide S.S. la palabra? (Pausa.) Señor López Aguilar, dígame qué artículo del Reglamento invoca S.S. para pedir la palabra. (Pausa.) Lo siento, señoría, pero su turno ha concluido, no tiene S.S. la
palabra porque no aduce ningún artículo del Reglamento. (El señor López Aguilar: ¡Artículo 72.1!) Lo siento, señor López Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez para la defensa de su enmienda.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracia, señora presidenta.
La moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la gran virtud de proponer reformas constitucionales y legales que es necesario acometer para el mejor y más eficaz desarrollo del espíritu y de la letra del título VIII de
la Constitución española. Tenemos que incidir en el hecho de que estamos en un proceso de integración, en un espacio trasnacionalizado como es la Unión Europea y en un momento de debate político que se puede solucionar por una doble vía: la
involución pura y dura o el avance democrático.
En la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida debíamos prescindir del problema de la ley de cooperación que provoca cooperaciones verticales y horizontales que recuerdan más a los Estados centralistas y unitarios que a un Estado
que aspira a integrar su carácter plurinacional. Para nosotros es muy importante -y por eso hemos presentado una enmienda al artículo 1.º- porque hay legitimidad suficiente y aspiraciones políticas que deben ser aclaradas para ver si esto va a
evolucionar positivamente desde el punto de vista democrático y de las potencialidades de la Constitución española. Tenemos claro, señorías, que a estas alturas para que el Senado se convierta en una verdadera Cámara territorial habría que reformar
el artículo 69 de la Constitución española, convertirla en una Cámara territorial con clara diferencia de lo que establece la Carta Magna en el número 2 del citado artículo: las nacionales y regiones, en función de las diferencias competenciales
que hoy mismo y en el futuro van a existir en el Estado español. Cabe recordar que si hoy tenemos un Estado autonómico con café para todos, no era éste el espíritu del título VIII de la Constitución.
Si nos vamos a abstener en el punto de la
moción de Izquierda Unida que hace referencia a la revisión de las competencias, composición y elección del Senado, lo haremos porque pensamos que a partir de ahora hay que defender claramente la reforma del artículo 69 de la Constitución española
en el sentido antes indicado si queremos que tenga utilidad para dar cierta estabilidad al Estado español y cumplir las aspiraciones políticas de las nacionalidades que lo componenten. Por lo demás, estamos completamente de acuerdo con los puntos
3, 4 y 5, aunque con la salvedad de que se debe realizar a través del Senado reformado, porque si tenemos que esperar a que se reforme el Senado para impulsar la institucionalización de la participación de las comunidades autónomas en la formación
de la voluntad estatal, tendríamos que esperar demasiado. Es necesario y urgente que las comunidades autónomas estén presentes en la Unión Europea, que se sepa que siempre lo están a través de la delegación española, lo que sucede es que unas veces
la representaría exclusiva y genuinamente -lo cual es normal- en materia de pesca una representación gallega, como en otras materias tendría que ser una representación andaluza o de Castilla y León, o participando dentro de la representación
española como uno más de un conjunto.
Queremos hacerle saber a toda la Cámara y, en particular, al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que el contenido de sus puntos 6, 7 y 8 llevaría a un planteamiento más próximo al Gobierno que lo que defiende este grupo parlamentario con
la mejor de las intenciones. No queremos más figuras paternalistas que responden a contextos políticos que, siendo más descentralizados
que el del Estado español, no tiene problemas de nacionalidades, como es el caso de Alemania. Reconocerán asimismo SS.SS. que las cooperaciones, tal como se contemplan en el punto 7 de la moción, son especialmente peligrosas y a la hora de
concretarlas estarían en la ley de cooperación que presenta el Gobierno. Querría recordar que el artículo 131.2 de la Constitución española establece la necesidad de contar con las comunidades autónomas para planificar la política económica del
Estado.
Por último, quien debe decidir libremente la participación de todos los presidentes de comunidades autónomas en cualquier reunión son ellas mismas a partir de su voluntad política.
Acabamos agradeciendo la presentación de esta moción y sólo nos resta añadir que, como técnica parlamentaria, en el Parlamento gallego se aprobó una moción en la que la Xunta instaba al Gobierno a recordar la vigencia de estos cuatro puntos
que cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español el señor Fraga Iribarne recordó que era esta la vía...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Rodríguez, su tiempo ha concluido. Muchas gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es cierto que resulta difícil poner objeciones razonables a la idea de que en un Estado políticamente descentralizado las reglas que se ocupan del reparto de competencias entre los poderes centrales y los entes descentralizados
(los entes subestatales) hayan de completarse por otro conjunto de reglas que tengan por objeto ordenar, articular, incluso impulsar la cooperación tanto entre los poderes centrales y los entes descentralizados como entre estos últimos entre sí,
porque de la cooperación entre los diferentes entes públicos territoriales que articulan el Estado resulta el buen funcionamiento del conjunto del sistema. La eficiencia y eficacia del modelo se resiente inevitablemente de un déficit en la
cooperación entre los diferentes entes territoriales.
Resulta, pues, imprescindible completar el modelo territorial de Estado, sobre todo cuando este es descentralizado, con un modelo de cooperación; es un hecho incuestionable. Ahora bien, no
todo modelo de cooperación sirve para cualquier modelo de Estado descentralizado y es preciso en cada caso elegir el adecuado para el modelo ante el que nos encontremos porque no todos los Estados descentralizados responden al mismo modelo ni
obedecen a un mismo esquema. En algunos casos, la descentralización se circunscribe a un solo territorio, en otros, se proyecta sobre el conjunto del territorio del Estado; en unos casos obedece a un modelo simétrico y, en otros, a un modelo
asimétrico, hay de todo; los modelos de cooperación necesariamente tienen que acomodarse a los modelos de Estado descentralizado que obedecen a esquemas y a modelos muy diferentes entre sí. Por eso no sirve el mismo modelo de cooperación para
Estados simétricos y asimétricos, ni tampoco para Estados en los que el desenvolvimiento de la estructura territorial es pacífica, no es controvertida, no está sujeta a ningún tipo de controversias ni, por el contrario, para Estados en los que el
desarrollo del modelo territorial es polémico, es controvertido, en absoluto pacífico. Es lo que ocurre en el Estado autonómico español: es un Estado descentralizado con planta simétrica, pero la simetría no es aceptada por los poderes centrales
con todas sus consecuencias. Es un Estado descentralizado en el que el proceso de transferencias a las comunidades autónomas, después de casi 25 años de haberse iniciado, está todavía sin concluir; es un Estado descentralizado en el que una
actuación sistemática del Tribunal Constitucional, cuyos miembros son muy cuidadosamente elegidos por instituciones, todas ellas situadas en el ámbito de los poderes centrales del Estado, ha escorado a favor del Estado los equilibrios competenciales
que dibujó en su día el bloque de la constitucionalidad. Un Estado descentralizado en el que desgraciadamente la experiencia de la cooperación ha sido profundamente insatisfactoria tanto en el plano horizontal como vertical. Es inevitable concluir
que son muchas las cuestiones a abordar antes de poder hablar de un modelo de coordinación.
Es preciso abordar muchos temas y debatir muchas cuestiones antes de centrarnos en el análisis de un modelo concreto de cooperación, porque el sistema de cooperación es, como antes decía, tan solo una pieza más del modelo territorial del
Estado, una pieza que será fácil de perfilar si el modelo de Estado sobre el que actúa es claro, estable y no controvertido, pero será muy difícil de configurar si el marco en el que ha de hacerse efectivo está enviciado y acusa desequilibrios como
es el caso, a nuestro juicio, del Estado autonómico español. Como resulta imposible abordar todo este cúmulo de cuestiones en el contexto de un debate sobre una moción consecuencia de interpelación, el Grupo Vasco se va a limitar a apoyar los
aspectos más tangibles e inmediatos de la moción. Apoyaremos los siguientes puntos de la moción: el punto 2, entendiendo que, aunque no se explicite de modo claro y evidente, la efectividad práctica de este punto implica necesariamente una reforma
constitucional; en cuanto al punto 3, si se acepta la enmienda del Bloque Nacionalista Gallego en lo que hace referencia a la supresión del inciso final y el punto 5 si no se acepta la enmienda del Grupo Socialista, como ha puesto de manifiesto el
portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Nos abstenemos en el punto 6 y votaremos negativamente los puntos 7 y 8.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
El señor Rejón ya formuló su no aceptación de las enmiendas. Para confirmarlo él mismo, tiene la palabra a los solos efectos el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y autor de la moción, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta. No abusaré del turno que me concede para otra cuestiones. Mantenemos lo que hemos dicho anteriormente. Retiramos el primer punto de la moción por entender que está fuera del tiempo
político. Coincidimos plenamente con las intervenciones de una serie de portavoces y mantenemos los puntos 2, 3 , 4 y 5, aun reconociendo que algunas enmiendas del BNG y de Convergéncia i Unió hubieran mejorado el texto. Por lo tanto, mantenemos
el resto de los puntos y pedimos votación separada de cada punto.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la futura ley de cooperación autonómica. De acuerdo con el contenido
del debate y la voluntad expresada por el grupo proponente, ha sido retirado el punto 1 y posteriormente vamos a someter a votación, punto a punto, en votación separada, los siete puntos que restan.
En primer lugar, sometemos a votación el punto número 2 del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 124; en contra, 158; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el punto número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 120; en contra, 159; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 129; en contra, 159; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos, a continuación, el punto número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 32; en contra, 160; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el punto número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, siete; en contra, 165, abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el punto número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 104; en contra, 183; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Finalmente, votamos el punto número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 105; en contra, 184.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA EVITAR UN INCREMENTO DE LOS PRECIOS QUE IMPIDA SEGUIR DETERIORANDO EL PODER ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS. (Número de expediente 173/000113.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder adquisitivo
de las familias.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Bel.
(Rumores.)
Un momento, señor Bel.
Señorías, les ruego que guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ¿tenemos un problema con la evolución de los precios? Para el Grupo Parlamentario Socialista, sí. Entre los años 1999 y 2001, el IPC acumulado se ha situado en torno al 10 por ciento, porcentaje acumulado mayor al que han
negociado los trabajadores en sus convenios colectivos.
Este IPC acumulado es mayor que el de la media europea, mayor que en la eurozona y ha provocado pérdidas de poder adquisitivo a la mayoría de familias españolas, sobre todo a aquellas que
dependen de las rentas del trabajo. Como a esto se ha añadido la no deflactación por el IPC de la tarifa y las deducciones y mínimo vital en el IRPF desde el año 1999, la mayoría de las familias españolas no sólo han tenido problemas de poder
adquisitivo, sino que además han tenido un aumento de la presión fiscal en frío. Para muchas de estas familias esto significa ya que su pago del impuesto sobre la renta en relación con el inicio de la reforma de 1998 es un 2 ó un 3 por ciento más
de su renta disponible. Por eso, la primera propuesta de nuestra moción es deflactar la tarifa del IRPF y elevar los mínimos personales y familiares y las reducciones del trabajo personal en un 3,5 por ciento. Así se evita que la no deflactación
por IRPF añada pérdida de poder adquisitivo a las familias.
Esta evolución de los precios ha tenido consecuencias en términos de competitividad con nuestros socios, por eso nuestras exportaciones ahora mismo no van como en Alemania u otros países de la Unión Europea, y también se sitúan muy por
encima en algunos sectores, como el de la vivienda. Esta tarde se ha debatido en esta Cámara sobre la vivienda en alquiler. El aumento de precios de vivienda en propiedad y vivienda en alquiler en los últimos años ha sido extraordinario y se sitúa
muy por encima del aumento del IPC o de cualquier tipo de retribución de trabajo.
Por eso proponemos en nuestros puntos 2, 3 y 4 una serie de medidas dirigidas a aliviar el aumento de precios en viviendas de alquiler y en viviendas de protección
oficial. Hay una en particular, la número 3, en la que hablamos en pesetas y no sólo es porque en febrero todavía se pudieran usar las dos monedas, sino que queremos traducir literalmente, para que no se confunda, el precepto que había en el
antiguo IRPF, que tenía instituida la deducción por alquiler de vivienda hasta unos determinados límites y que esta mayoría suprimió, agravando la posición de los españoles que tienen alquiler ante el precio del mismo. Nuestros puntos 2, 3 y 4
quieren aliviar los problemas de poder adquisitivo de las personas que se enfrentan a un alquiler o a una vivienda de protección oficial.
Decía antes que el IPC acumulado ha ascendido en torno al 10 por ciento entre 1999 y 2001. Pero el IPC previsto por el Gobierno y plasmado en los presupuestos se situó en el 6,1 por ciento. Esto ha hecho que los aumentos de salario mínimo
interprofesional o los aumentos de muchas prestaciones que tienen como parámetro de referencia el IPC previsto hayan evolucionado casi cuatro puntos por debajo del IPC real. Por eso, proponemos en los puntos números 5, 6 y 7 de la moción
actualizaciones de salario mínimo interprofesional, actualizaciones de prestaciones y recuperación, limitada pero posible, de pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Porque son sectores que han visto especialmente agravada la intensidad
de la pérdida de poder adquisitivo. Y llegamos a enero. En enero los precios han subido, si se descuenta el efecto rebajas. ¿Cuánto? El Instituto de Estudios Económicos lo cifra en un 0,7 por ciento. A nosotros nos gustaría saberlo; nos
gustaría saberlo a nosotros, a toda España y a parte del extranjero. Lo han pedido sindicatos, lo ha pedido toda la oposición en la Comisión de Economía la semana pasada, lo han pedido analistas financieros, lo han pedido analistas universitarios,
lo ha pedido el señor Solbes y, por si acaso me dicen que el señor Solbes viene de donde viene, aunque cuando quieren le usan, también lo ha pedido el señor Barea, que estaba donde estaba. Pero no lo ha pedido sólo el señor Barea: lo ha pedido
José Domingo Solans, que está donde está, en el Banco Central Europeo, por decisión del actual Gobierno.
Es importante conocer el dato de IPC homogéneo respecto al año pasado, porque entonces los españoles -y parte del extranjero- podríamos saber realmente cuál ha sido el impacto, si es que lo ha habido, por ejemplo, de redondeo y cuál ha sido
el aumento de precios en términos homogéneos.
La señora presidenta del INE, magnífica técnica, ya nos anunció en la Comisión de la semana pasada que en marzo y abril debemos esperar aumentos intensos de precios. No predijo cantidades; dijo
aumentos intensos de precios. Sería bueno que lo supiéramos todo, porque de momento sólo sabemos que la inflación en términos interanuales ha subido cuatro décimas; que, sin efecto rebajas, el IPC se estima que ha subido en 0,7/0,8 décimas y que
la cosa puede seguir en marzo y abril. Como nosotros creemos que es clara la responsabilidad del Gobierno -también lo cree el Banco de España, que por cierto también ha pedido el dato homogéneo de IPC-, como creemos con el Banco de España que el
Gobierno ha contribuido con aumentos de impuestos y tasas, por una parte, y con el otro factor -el año pasado bajó el IPC en enero- que es la reducción de precios energéticos, pedimos, y lo pedimos con sensatez, que el Gobierno revierta algunos de
estos aumentos de impuestos y que cumpla su compromiso de reducir el 3 por ciento la tarifa eléctrica, porque es un compromiso que había asumido ante esta Cámara.
Este es el contenido de nuestra moción, a la que se han presentado algunas enmiendas que en términos militares se considerarían de fuego de distracción. Yo no quiero creer que el tenor de la enmienda del Grupo Popular responda a la
percepción de que no tenemos un
problema con los precios, porque se estaría engañando a sí mismo. Y lo que hoy venimos a discutir es cómo se alivia a las familias españolas del problema que están sufriendo con el aumento descontrolado de precios. Y créanme, a veces
captamos de forma diferente la percepción de los ciudadanos y ciudadanas porque la percepción es plural, como esta Cámara; pero en este caso, y no me pasa mucho, tengo la sensación de que las posiciones de nuestro grupo y nuestra percepción encajan
con la gran mayoría de la sociedad y es una percepción transversal en todos sus sectores. Por eso les decimos que aprueben estas medidas, que son sensatas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Socialista. El señor Bel no ha manifestado si la aceptaba o no. Yo quiero decir al señor Bel que
hemos escuchado atentamente su intervención, hemos analizado sus posiciones y, ante sus planteamientos, hemos optado por hacer una enmienda muy familiar, muy positiva, a nuestro entender, y muy realista, que no dudamos que, después de mi exposición,
van a aceptar. Es una enmienda que va en la dirección de las propuestas que usted ha presentado, básicamente a incrementar el poder adquisitivo de las familias, que es el objetivo principal de su moción y es uno de los objetivos que nuestro Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió viene reivindicando desde hace muchísimos años, tanto cuando gobernaban ustedes como ahora que gobierna el Partido Popular, orientado básicamente a incrementar la capacidad adquisitiva y el poder económico de las
familias. Hemos presentado esta enmienda básicamente con dos pilares, que a nuestro entender persiguen el objetivo que usted exponía en su propuesta. En primer lugar, una serie de medidas dirigidas a impulsar en la próxima reforma del impuesto
sobre la renta de las personas físicas una serie de medidas que vayan orientadas, básicamente desde la óptica fiscal, a incrementar la capacidad económica de las familias. No estando contentos con esto, también hemos aprovechado esta magnífica
ocasión, en la que ustedes hablaban de cuestiones referentes a incrementar la capacidad adquisitiva de las familias, con otro planteamiento que estamos convencidos de que merecerá la atención de su grupo parlamentario como es establecer otra serie
de mecanismos legislativos orientados a impulsar un plan integral de la familia -con el cual ustedes también estuvieron en el año 1996 y lo aprobaron- y también impulsar una ley de familias numerosas. Por tanto, como he dicho al inicio de mi
intervención, es una enmienda básicamente familiar y orientada a todas las familias españolas.
Desde el punto de vista fiscal, como datos principales, hemos planteado impulsar todas aquellas reducciones fiscales orientadas a incrementar el mínimo personal y familiar que, como usted ha dicho, no se ha modificado desde el año 1999.
Estamos convencidos de que en la próxima reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas el Partido Popular será sensible a estos planteamientos y lógicamente los aceptará. También van orientados a incrementar todos aquellos gastos
derivados de la crianza y la atención a los hijos menores de tres años así como también a la introducción de una nueva deducción para las madres dentro de los tres primeros años de maternidad. Asimismo hemos incluido una serie de medidas orientadas
a mejorar el tratamiento fiscal de los alquileres de las viviendas, a fin de modificar e intentar reducir los precios de alquileres de las mismas y estimular la oferta de viviendas en régimen de arrendamiento. Desde la perspectiva de la aplicación
del IVA reducido, hemos contemplado dos cuestiones tendentes a analizar la viabilidad de la aplicación del IVA superreducido a todas aquellas viviendas de protección oficial, cualquiera que sea su régimen, y también a facilitar el acceso de las
familias a los bienes y a las actividades culturales, analizando su viabilidad en la aplicación del tipo y su variación del IVA para todos aquellos productos y espectáculos culturales que no están exentos del impuesto. Hablamos también de la
posibilidad de proseguir con la liberalización en la introducción de la competencia en los sectores productores de energía, a fin de poder reducir los costes de la misma básicamente para las energías orientadas al consumo familiar. Por último,
hemos incluido una serie de medidas orientadas a conseguir incrementar los valores mínimos de los ingresos para que puedan tener derecho a la reducción de todas las tarifas de teléfono, agua y gas, las personas mayores.
Es por lo tanto una enmienda de sustitución muy familiar y estamos convencidos de que, después de oír nuestra exposición el señor Bel, la aceptarán sin ningún género de dudas y posibilitará que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió pueda votar favorablemente esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Bel, si usted de verdad quiere modernizar la política económica del Partido Socialista y quiere de verdad que en España se cree empleo y se crezca, no tiene más que aprobar la enmienda que ha presentado mi grupo, que es una enmienda
encaminada a esos objetivos: crecer, crear empleo y mejorar el bienestar de las familias. Usted, señor Bel, hace unas semanas, presentó una interpelación y decía que tenía tres preocupaciones enormes. Su preocupación primera era que la inflación
subyacente se nos vaya hasta el 4 por ciento. Pues no se ha cumplido. Es más, la inflación subyacente no sólo no ha subido, sino que ha bajado en el último mes, usted lo sabe. Primera preocupación eliminada, señor Bel. Segunda preocupación que
usted tenía: que el índice de los precios mensuales subiera un punto, preocupación que tampoco se ha cumplido, porque incluso usted, en esta tribuna, ha reconocido que, con sus apreciaciones, ha subido mucho menos. Tercera preocupación: que el
diferencial de inflación en la eurozona se acercara hasta el 1,1 punto. Pues nada, señor Bel, hemos pasado de un diferencial del 0,9 al 0,4. Tercera preocupación, señor Bel, que no se ha cumplido. Yo creía que, después de resueltas esas tres
preocupaciones que usted tenía y habiendo visto que los datos iban en un camino mucho mejor del que usted predijo en esta tribuna, la moción sería más acorde con la política económica que hay que hacer. Porque lo que sí ha aumentado, señor Bel, es
el diferencial de crecimiento de España con respecto a la eurozona. Hemos aumentado nuestro diferencial de crecimiento y sin embargo ha bajado nuestro diferencial de precios en el último mes, como usted sabe.
Yo, señor Bel, no estoy de acuerdo con esa percepción que usted tiene de que los ciudadanos piensan que en España la situación económica va peor.
Los ciudadanos saben que desde 1996 la situación económica va mejor. No hay más que ir a
datos tan significativos como el empleo. Hemos conocido los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social: más de 15.800.000, más de 3,5 millones de nuevos afiliados. No me dirá usted, señor Bel, que esos nuevos trabajadores viven peor. Los
pensionistas, señor Bel, garantizada su pensión por ley, han mejorado su poder adquisitivo, tienen pensiones más altas y sobre todo tienen pensiones más altas los de renta más baja. No me dirá usted que han perdido poder adquisitivo. El IRPF, al
que ustedes votaron en contra, ¿sabe cuánto va a suponer para las familias españolas? 3,5 billones de pesetas en estos cuatro ejercicios, 3,3 billones de pesetas que las familias españolas han mejorado en su poder adquisitivo, porque
afortunadamente había una mayoría del Partido Popular y no del Partido Socialista, que votó en contra de las familias españolas, en contra de que las familias españolas se ahorraran 3,5 billones de pesetas. Y en cuanto a los intereses de las
hipotecas, ya se lo decía el señor Rato en su interpelación. Con una hipoteca de 10 millones a 15 años, una hipoteca que muchas familias españolas tienen, los españoles se ahorran ahora, con respecto a 1995, 337.000 pesetas. Se ha producido una
convergencia real. España va recortando su diferencial de renta per cápita con el resto de los países europeos, señor Bel. Vamos francamente mejor. Y lo que hay que hacer es seguir con esa política, con una política de estabilidad, con una
política de reformas, con una política de bajada de impuestos, con una política de aumento de nuestra capacidad productiva.
Por eso nosotros hemos presentado esta enmienda, una enmienda que dice sí a las rebajas de impuestos, sí a las reformas, frente a una actitud del Grupo Socialista, que siempre está en contra de las rebajas de impuestos y en contra de las
reformas estructurales. Frente a varias voces del Partido Socialista, nosotros planteamos una sola voz, que es la voz del crecimiento, el empleo y la mejora para las familias.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Estaba dudando entre la abstención y el voto a favor, pero el señor Martínez-Pujalte me ha convencido de que vote a favor. Me alarma eso de que vaya todo tan bien, no acaba de encuadrar con los datos que yo detecto, la nueva realidad
económica española y sobre todo las perspectivas inmediatas de futuro que se abren. No mitifiquemos el mes de enero por la bajada de una décima de la inflación y vamos a ver lo que pasa en los próximos meses.
Nosotros vamos a votar afirmativamente esta moción, ya que en principio no está mal. Se podría mejorar, como voy a intentar explicar, pero no está mal y recoge además muchas de las cuestiones que nosotros hemos defendido. Seguramente, si
hubiéramos gobernado o hubiéramos tenido poder para decidir, hubiéramos producido un efecto negativo como el que ha señalado el señor Martínez-Pujalte, pero qué le vamos a hacer, tenemos nuestras opiniones y siempre pensamos, además de en los datos
fríos de la economía, en la gente que hay detrás de esos datos y en la situación concreta que tiene mucha gente, que no vive de esta forma, incluidos los tres millones de nuevos afiliados a la Seguridad Social, de esta forma tan abundante. Las
medidas fiscales que se plantean están en línea con lo que nosotros demandamos, con matices, pero están en línea: deflactación de la tarifa del IRPF y elevación de los mínimos personales y familiares y también medidas de deducción en vivienda. Sin
embargo, echamos en falta alguna cuestión. Creemos
que se podía haber tenido en cuenta la posibilidad de disminuir el IVA para el transporte colectivo o bien una cláusula de revisión salarial automática para todos los trabajadores, sean públicos o privados, que hubiera situado de forma
normal y anual el problema de la inflación en la repercusión en los salarios y en las percepciones que emanan de los Presupuestos Generales del Estado con el conflicto existente en este momento. En definitiva, la mejor forma a nuestro entender para
que no se vea afectado el poder adquisitivo de los trabajadores sería que el Gobierno realizara unas previsiones de precios que se ajustaran al máximo a la realidad, que no fueran ilusorias o voluntaristas, sino que tuvieran en cuenta todos los
elementos externos e internos que pueden influir en un momento determinado en la bajada o en la subida de los precios.
Creemos que esto sería lo mejor, afinar en la previsión de los índices de inflación. De todas formas, pensamos que la moción en
este momento es adecuada y por eso reafirmo que vamos a votar a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente. En primer lugar debo manifestar que vamos a votar favorablemente esta enmienda, porque no compartimos la idílica visión que como siempre nos acaba de transmitir el señor Martínez-Pujalte. O el señor
Martínez-Pujalte se equivoca o los informes realizados por instituciones como FOESA o como Caritas, que alertan acerca del incremento del número de familias que viven en el Estado español por debajo del umbral de la pobreza, mienten. La verdad es
que me merecen más crédito estas últimas instituciones que acabo de mencionar.
Con respecto a la aproximación de la renta per cápita, aunque el señor Martínez-Pujalte es experto en economía, los últimos datos que se conocen sobre Galicia demuestran
que no sólo no estamos ascendiendo ni recuperando posiciones sino que estamos más lejos de la renta media de la Unión Europea y de la renta media estatal. Estos son datos que la propia Xunta de Galicia reconoce y que al final debe asumir, por mucho
que los quiera ocultar.
Voy a defender nuestras enmiendas, que contemplan dos cosas relacionadas.
En primer lugar, que se revisen los incrementos abusivos de precios producidos en servicios públicos y en servicios esenciales de forma coincidente o anterior a la
introducción del euro. En estos últimos tiempos, a partir del 1 de enero de 2002, subieron los combustibles, porque subió el impuesto que los grava, subieron las tasas que gravan el transporte aéreo y marítimo, subieron los peajes que se cobran a
los ciudadanos por utilizar autopistas, subieron los módulos que han de satisfacer muchos empresarios y autónomos. A esto no se le puede llamar disminución de la presión fiscal, sino más bien todo lo contrario, incremento de la presión fiscal pero
de una forma realmente regresiva, de una forma socialmente injusta. Podríamos hablar también de otras cuestiones, pero lo fundamental es que quede claro y que al partido que sustenta al Gobierno le quede claro que, a pesar de lo que dice, el IPC
-conforme a ese nuevo sistema introducido también el 1 de enero de 2002- subió en el mes de enero.
En términos interanuales -lo reconoció la señora Alcaide la semana pasada en la Comisión de Economía y Hacienda-, estamos en una inflación del 3,1 por ciento, por más que, de acuerdo con ese nuevo sistema, el IPC sea negativo por una décima.
Lo que sucede es que no sabemos cuál es el IPC calculado conforme al sistema anterior, conforme al sistema que estaba en vigor desde el año 1992 y que fue revisado en el año 1996. Hay instituciones -desde luego poco sospechosas de lejanía respecto
del Gobierno y respecto del Partido Popular- como el Instituto de Estudios Económicos que hablan de un 0,7 por ciento y hay otras instituciones, como el Banco Central Europeo o como ayer mismo la Comisión Europea, por boca del señor Solbes, que
están reclamando del Gobierno lo mismo que nosotros reclamamos en nuestra segunda enmienda, que se haga pública la serie mensual del IPC para el año 2001, elaborada por el INE, pero no publicada. Esto supondría dar tranquilidad y transparencia, y
no valen argumentos, como los que se utilizaron la semana pasada en la Comisión de Economía: que publicar las dos series atentaría contra la seguridad jurídica, porque el ciudadano no sabría a cuál de las dos debería atenerse. Estos argumentos no
valen, en primer lugar, porque hay una manera muy fácil que es indicar cuál es la válida a efectos de indexar contratos, alquileres, etcétera, y tampoco vale porque esto es una información sacada de la propia página del Instituto Nacional de
Estadística, en la que se dice que siempre que el periodo inicial -estamos hablando de contratos- corresponda al año 2001 y el periodo final sea igual o posterior al año 2002 se utilizarán los índices base 2001. Lo que pasa es que los índices no se
publican, lo dice la propia página. Dice: Estos índices no estarán publicados para el primero de los periodos. No obstante, las tasas de variación serán calculadas previamente por el INE y puestas a disposición del público. Aún, que sepa este
diputado, las tasas de variación no fueron puestas a disposición del público. La señora Alcaide nos dijo que podíamos hacer una operación de multiplicar y dividir, pero, si la operación es tan sencilla, desde luego que la haga el Gobierno, que para
eso le pagamos -y cada vez con impuestos más elevados- todos los ciudadanos y ciudadanas de este Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Bel, esta presidencia ha deducido de su intervención que rechazaba las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán y del Grupo Parlamentario Popular, pero no ha oído qué actitud tenía con respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.
Yo no sé si en mono o en estéreo, lo digo por lo de las voces, pero voy a aceptar todas aquellas enmiendas que han sido de adición, por tanto, las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, y no voy a aceptar todas aquellas enmiendas que han
sido de sustitución, la que ha defendido el señor Sánchez i Llibre y la que ha defendido el señor Martínez-Pujalte, a quien, por otra parte, agradezco su contribución a la cohesión de la oposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, sometemos a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para evitar un incremento de los precios que impida seguir deteriorando el poder
adquisitivo de las familias, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 99; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y treinta de la noche.
Corrección de error.-En el Diario de Sesiones núm. 140, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el 20 de febrero de 2002, se ha producido un error en la numeración de algunas preguntas. En la tabla que se inserta a continuación se
salva dicho error:
Página Dice núm. expte Debe decir: núm. expte.
7070 180/001115 180/001116
180/001117 180/001118
180/001119 180/001120
7071 180/001123 180/001124
180/001126 180/001127
180/001120 180/001121
180/001121 180/001122
180/001122 180/001123
180/001127 180/001128
180/001124 180/001125
7072 180/001125 180/001126
180/001116 180/001117
180/001114 180/001115
180/001118 180/001119
7075 180/001115 180/001116
7076 180/001117 180/001118
7082 180/001119 180/001120
7087 180/001123 180/001124
7088 180/001126 180/001127
7090 180/001120 180/001121
7091 180/001121 180/001122
7092 180/001122 180/001123
7093 180/001127 180/001128
7094 180/001124 180/001125
7095 180/001125 180/001126
7097 180/001116 180/001117
7098 180/001114 180/001115
7101 180/001118 180/001119