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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 139, de 19/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 139
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 133
celebrada el martes, 19 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para la creación de empleo a través de la reducción de las horas extraordinarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 165-1, de 5 de octubre de 2001.
(Número de expediente 122/000147.) ... (Página 7020)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley ... (Página 7028)
Modificación del orden del día ... (Página 7028)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, núm. 195-1, de 1 de febrero de 2002. (Número de expediente 122/000173.) ... (Página 7029)
Página
Proposiciones no de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre medidas para paliar las consecuencias negativas del bloqueo del proceso de paz en el
Sahara Occidental, auspiciado por Naciones Unidas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 287, de 27 de diciembre de 2001. (Número de expediente 162/000391.) ... (Página 7035)
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la adopción de medidas de reparación moral y económica a los presos y represaliados
políticos durante el régimen franquista. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 292, de 16 de enero de 2002.
(Número de expediente 162/000399.) ... (Página 7045)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de garantía del suministro eléctrico de calidad. (Número de expediente 173/000109.) ...
(Página 7054)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del Estatuto del cooperante. (Número de expediente 173/000110.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales. (Número de expediente 173/000111.) ... (Página 7062)
Propuesta de creación de subcomisiones:
- Propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro ... (Página 7068)
- Propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, para el seguimiento de las infraestructuras energéticas ... (Página 7068)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores Diputados ... (Página 7068)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 7020)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para la creación de empleo a través de la reducción de las horas extraordinarias ... (Página 7020)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Ruiz López (don Antero), en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Reitera una vez más el principio que su grupo siempre ha sostenido de que el
crecimiento intenso y favorable de la productividad, tanto general como en actividades concretas, sólo puede verse acompañada por tasas más elevadas de crecimiento del empleo si los beneficios de ese incremento de la productividad se invierten en
nuevas actividades productivas y si se establecen otros elementos distribuidores y correctores como la reducción y organización del tiempo de trabajo.
Explica las razones por las que su grupo siempre ha planteado una reducción de los tiempos de
trabajo que, entre otras
cosas, vienen a apoyar la necesidad de relanzar el proceso de reducción y reorganización del tiempo de trabajo como uno de los mecanismos esenciales para aumentar la intensidad de la creación de empleo.
Considera que el tiempo de trabajo
debe ser considerado hoy de forma integral, teniendo en cuenta no sólo la duración de la jornada laboral en sentido estricto, sino también otros elementos como su reordenación, las horas extraordinarias, el trabajo a tiempo parcial como una forma de
empleo voluntaria y con garantía de derechos, la interrupción voluntaria del empleo, las jubilaciones anticipadas y los contratos de relevo, y propone para el debate de hoy profundizar en la cuestión de las horas extraordinarias, demandando algo tan
sencillo, dice, como es el que se cumplan los acuerdos y se aborden principios que datan del Estatuto de los Trabajadores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista, y Carriegas Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 117 votos a favor, 188 en contra y una abstención.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley ... (Página 7028)
De conformidad con el artículo 149.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, lo que se aprueba por
asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página 7028)
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden día en el sentido de incluir tras el punto 7, correspondiente al
debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, como nuevos puntos de la sesión plenaria del día de hoy la propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo,
sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro y, asimismo, la propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, para el seguimiento de las infraestructuras energéticas,
lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 37 del mismo,
correspondiente al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de los excelentísimos señores Diputados pase a ser debatido como último punto del orden del día de la sesión plenaria del día de hoy, lo que
se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) ... (Página 7029)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social ... (Página
7029)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano i Canadès.
Explica que esta iniciativa enlaza con el debate planteado la semana pasada con ocasión de la
proposición no de ley, también de su grupo, orientada a marcar un horizonte de mejora de las pensiones SOVI, donde se puso de manifiesto que desde mediados de los años 90 se está configurando una importante bolsa de pobreza formada por personas
mayores de sexo femenino que viven solas, resultado de la baja cuantía de las prestaciones sociales que reciben esas personas. No comparte la opinión de la administración de la Seguridad Social de que el SOVI es una pensión a extinguir y que, por
tanto, no merece un incremento sustancial de su nivel monetario o su capacidad de compatibilizaciones con otras pensiones, y plantea, como siempre, la necesidad de cambiar ese concepto equívoco del tratamiento de la pensión SOVI, apelando a la
sensibilidad de sus señorías y a su compromiso con el Estado de bienestar y con el conjunto de generaciones de mujeres que a buen seguro recibirían la propuesta de manera positiva.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
y las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad
del sistema de la Seguridad Social, se rechaza por 135 votos a favor y 167 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 7035)
De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre medidas para paliar las consecuencias negativas del bloqueo del proceso de paz en el
Sahara Occidental, auspiciado por Naciones Unidas ... (Página 7035)
Defienden la proposición no de ley de ley presentada conjuntamente por varios grupos parlamentarios la señora Torrado Rey, del Grupo Parlamentario Socialista; los señores Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y los señores Vázquez Vázquez
y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor De Arístegui y San Román.
Sometida a votación la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto sobre medidas para paliar las consecuencias negativas
del bloqueo del proceso de paz en el Sahara Occidental, auspiciado por Naciones Unidas, en los términos derivados del debate, se aprueba por 309 votos a favor.
Del los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la adopción de medidas de reparación moral y económica a los presos y represaliados
políticos durante el régimen franquista ...
(Página 7045)
Defienden la proposición no de ley presentada conjuntamente por varios grupos parlamentarios la señora García-Hierro Caraballo, del Grupo Parlamentario Socialista; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y la señora Lasagabaster Olazábal y el señor
Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley interviene el señor Atencia Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la adopción de medidas de
reparación moral y económica a los presos y represaliados políticos durante el régimen franquista, se rechaza por 132 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 7054)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de garantía del suministro eléctrico de calidad ... (Página 7054)
Presenta la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Mendizábal Gorostiaga. Muestra su incomodidad por presentar una moción en la que se pide al Gobierno garantía de suministro eléctrico, cuando el señor Rato dice que
sólo ha habido dos apagones. Critica las afirmaciones que, según dice, hizo el señor Rato con ocasión del debate de la interpelación urgente en el sentido de que no hay apagones, la demanda eléctrica se cubre con
total normalidad y, si hay algunos problemas, desde luego la culpa no es del Gobierno sino de las comunidades autónomas, las empresas, los franceses o la oposición socialista. Considera que la Ley del sector eléctrico no ha servido para
introducir competencia efectiva y que la política liberalizadora del sector eléctrico llevada a cabo por el Gobierno ha fracasado.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas intervienen la señora Mendizábal Gorostiaga y contesta el señor Gámir Casares.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de garantía del suministro eléctrico de calidad, en sus propios términos, se rechaza por 107 votos a favor y 174 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del estatuto del cooperante ... (Página 7059)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Está orientada a impulsar la elaboración por parte del Gobierno del estatuto del
cooperante y recuerda que el contenido de la moción pretende comprometer a la Cámara y al Gobierno en la elaboración por parte de éste de una ley que regule el estatuto del cooperante previsto en la Ley de cooperación internacional al desarrollo.
En opinión de su grupo el contenido de este estatuto, aparte de tener el carácter de proyecto de ley que puede permitir superar las insuficiencias del borrador del real decreto, que se empezó a tramitar a finales de la pasada legislatura, debería
reconocer las especificidades de las personas cooperantes en tres ámbitos muy concretos: el de la protección social, el de una política fiscal específica y el de la normativa laboral y de la función pública.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del estatuto del cooperante, en
los términos derivados de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 173 votos a favor, cuatro en contra y 101 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales ... (Página 7062)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto. Explica que se trata de una moción que aborda el grado de autonomía del sistema municipal español, el marco legislativo donde se
desarrolla el sistema local, la situación de la financiación de los municipios y las competencias que afectan a esta Cámara. Explica los tres puntos principales de su moción: la culminación de las transferencias pendientes a las comunidades
autónomas, la modificación de la actual Ley de bases de régimen local y la financiación, y ruega a los grupos parlamentarios que fijen su posición ante esta iniciativa.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Rodríguez Bolaños, del Grupo Parlamentario Socialista, y Merino López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Núñez Castain.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas, se rechaza por 27 votos a favor, 159 en contra y 95 abstenciones.
Propuesta de creación de subcomisiones ... (Página 7068)
Propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro ... (Página 7068)
Sometida a votación, de acuerdo con las modificaciones del orden del día que han sido aprobadas a primera hora de la tarde, la propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, sobre el estudio
de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro, se aprueba por 280 votos a favor y uno en contra.
Propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, para el seguimiento de las iinfraestructuras energéticas ... (Página 7068)
Sometida a votación la propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, para el seguimiento de las infraestructuras energéticas, se aprueba por 173 votos a favor, dos en contra y 105 abstenciones.
Continúa la sesión con carácter secreto.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 7068)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los excelentísimos señores Diputados ... (Página 7068)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS. (Número de expediente 122/000147.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para la creación de empleo a través de la reducción de las horas extraordinarias.
Para presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez que Izquierda Unida plantea un debate en esta Cámara sobre la necesidad de reducir el tiempo de trabajo, y desearíamos reiterar los principios sobre los que hemos defendido en esta Cámara esta reducción.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Ruiz, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): En primer lugar debemos reiterar el crecimiento intenso y favorable de la productividad, que tanto en general como en actividades concretas sólo puede verse acompañada de tasas más elevadas de crecimiento
del empleo si los beneficios de ese incremento de la productividad se invierten en nuevas actividades productivas y si se establecen otros elementos distribuidores y correctores, como la reducción y organización del tiempo de trabajo. Por otro
lado, existen evidencias suficientes para sostener que el proceso histórico de reducción del tiempo de trabajo y las reducciones concretas del mismo que se han producido han dado lugar a su vez a reorganizaciones del trabajo y de la jornada que han
permitido incrementos de la productividad y han aumentado los niveles de empleo de tal forma que si no se hubiera producido, hoy el volumen de empleo sería menor. Por último, cabe decir que en la mayoría de los países se viene produciendo en los
últimos años una reducción del tiempo de trabajo, considerando toda la vida laboral de las personas a través de mecanismos sociales como el retraso de la edad de incorporación de los jóvenes
al mercado laboral y el adelanto de la edad de jubilación. Las presiones para el alargamiento de la vida laboral no se justifican como factor de empleo, sino como una técnica para asegurar el sistema de pensiones ante la caída demográfica.
Todas estas razones vienen a apoyar la necesidad de relanzar el proceso de reducción y reorganización del tiempo de trabajo como uno de los mecanismos esenciales para aumentar la intensidad de la creación de empleo. Además, el tiempo de
trabajo debe ser considerado hoy de forma integral, teniendo en cuenta no sólo la duración de la jornada laboral en sentido estricto, sino también otros elementos como su reordenación, las horas extraordinarias, el trabajo a tiempo parcial como una
forma de empleo voluntaria y con garantía de derechos, la interrupción voluntaria del empleo, las jubilaciones anticipadas y los contratos de relevo. Hoy proponemos profundizar en el debate planteando la cuestión de las horas extraordinarias.
Señorías, al presentar esta proposición de ley, Izquierda Unida espera que cuando menos compartan ustedes con nosotros una cuestión: cualquier análisis que se efectúe de las cifras de desempleo es insatisfactorio. Es evidente -así lo
revelan las últimas cifras- que la economía española ha perdido capacidad para crear empleo. Este es un proceso que viene observándose desde hace tiempo y que nos debe conducir a seguir reclamando políticas activas de empleo que promuevan acciones
específicas dirigidas a los colectivos más débiles. Si esto ha ocurrido en periodos de importante crecimiento de la actividad económica, cabe imaginar que en periodos de incertidumbre o ralentización económica, esta capacidad de crear empleo, y más
aún de calidad, será todavía más reducida. Claro que esta incapacidad no depende tanto de las características del sistema productivo, aunque en este terreno sigue habiendo una incapacidad por parte del capital de diseñar inversiones generadoras de
puestos de trabajo, sino muy especialmente de la voluntad política de la derecha de articular un espacio socioeconómico donde el empleo y la renta sean valores secundarios.
La encuesta de población activa ha revelado que el número de ocupados en el último trimestre del año era de 7.400 menos que en el trimestre anterior y que la tasa de paro se sitúa en el 12,96. Estos datos indican la pérdida de las mejoras
que parecían haberse producido en los últimos seis años. La estrategia del Gobierno para mejorar estas cifras parece clara: si la EPA pinta mal, cambiamos la EPA. El nuevo sistema de medición va a reducir prácticamente en 500.000 el número de
parados. La estrategia que aquí se defiende es otra: otros presupuestos y otra política económica que cuide no sólo de las prestaciones sociales para los desempleados sino que incorpore, como han hecho otros países, factores anticíclicos en la
política económica para mejorar la cantidad y la calidad del empleo. En la dirección contraria, el Partido Popular ha impulsado, frente a la reducción de la actividad económica, un paquete de medidas que apela a mayores rebajas fiscales para las
empresas, lo que no garantiza la inversión ni el empleo y amenaza la protección social. Es un nuevo favor a las rentas más altas, que se benefician de favores fiscales. En una palabra, se renuncia a ingresos que podían constituir una cuota de
solidaridad que mejorara las prestaciones por desempleo o la cobertura del mismo y las políticas activas de empleo.
Nosotros sugerimos otra interpretación de la política de empleo. El crecimiento de la productividad es una constante en las economías actuales. La aparición de nuevas tecnologías, la implantación de nuevos sistemas de organización de la
producción, la mejora de la formación y la cualificación profesional y el incremento de la competitividad empresarial provocan un aumento continuo y general de la productividad del trabajo, especialmente intenso en los sectores industriales y en una
parte sustancial de las actividades terciarias. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) En la mayoría de los países europeos la producción ha venido creciendo continuamente y en los últimos 20 años este proceso no ha ido
acompañado por el mismo ritmo de crecimiento del empleo. En España, en particular, los datos muestran de forma contundente el crecimiento de la productividad y la atonía del volumen total de empleo. En los últimos 25 años la productividad por
trabajador se ha multiplicado por algo más de dos, mientras que el empleo apenas ha superado el nivel de hace dos décadas.
Insistimos en lo que se ha señalado al principio de esta intervención: el crecimiento intenso y favorable de la productividad, tanto general como en actividades concretas, sólo puede verse acompañada de tasas más elevadas de crecimiento del
empleo si los beneficios de ese incremento de la productividad se invierten en nuevas actividades productivas y si se establecen otros elementos distribuidores y correctores como la reducción y organización del tiempo de trabajo. Paralelamente a la
reducción y reordenación de la jornada laboral, deben tomarse distintas medidas que contribuyan a eliminar o reducir drásticamente las horas extraordinarias.
El exceso de jornada obstaculiza que nuestro mercado de trabajo genere más empleo. En
este país se realizan cerca de 70 millones de horas extraordinarias anuales declaradas. Por este motivo, no es comprensible la actitud numantina del Gobierno y de la patronal, que, incumpliendo los acuerdos con los sindicatos que datan de 1997,
rechazan negociar la reducción del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias como mecanismo de creación de empleo. Pero no hablamos solamente de resistencia numantina, sino también de ignorancia de políticas de empleo, de burla a los
intereses de los trabajadores y, por qué no decirlo, de fraude a la Seguridad Social. La Administración ha tolerado al sector bancario durante la primera semana de enero una prolongación de jornada de aproximadamente 1.050.000 horas.
Se dice pronto, señorías. Si estas horas se computaran como extraordinarias, el fraude a la Seguridad Social habría sido de 10,7 millones de euros, más de 1.700 millones de las viejas pesetas. Si se computan como fuera de convenio, el
fraude habría sido la mitad. Si suman las cajas de ahorro, multipliquen por dos las horas extraordinarias y el fraude en un sector que lleva años reduciendo empleo. Eso sí, no hemos visto ni oído a nadie de la Administración preocuparse por los
trabajadores ni por el fraude. Nuestro mercado laboral tiene un gran potencial de creación de empleo; así lo demuestran las estadísticas laborales anuales, que revelan, como decíamos anteriormente, que se realizan cerca de 70 millones de horas
extraordinarias anuales, a las que habría que añadir una cantidad difícil de calcular de horas extraordinarias sumergidas, que es razonable suponer que están aumentado en los últimos años. Estas no se declaran y a veces ni se pagan. Estos excesos
de jornada ponen de manifiesto que sí existen posibilidades de crear más puestos de trabajo, posibilidades que se ampliarían con la adopción de una jornada laboral de 35 horas semanales. Frente a esta posición generalizada se sitúa la actitud de
Gobierno y patronal, que manifiestan una total cerrazón a negociar la reducción del tiempo de trabajo, incumpliendo este aspecto de los acuerdos interconfederales firmados en 1997. En los mismos se plasmó el compromiso de los agentes sociales de
instar al Gobierno a iniciar el periodo de consultas previsto en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores para limitar o reducir las horas extraordinarias. Este compromiso significaba que ambas partes compartían que la realización habitual
de horas extraordinarias era perjudicial para el empleo y contradictoria con el objetivo de reducir lo más rápidamente posible el paro. A pesar de que las partes firmantes se dirigieron al Ministerio de Trabajo para solicitar la apertura del citado
periodo de consultas, el Gobierno nunca reconoció el inicio de tal procedimiento; convocó un grupo de trabajo, pero eludió siempre el reconocimiento del proceso contemplado en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores; ignoró las
propuestas sindicales presentadas, no presentó conclusión alguna del grupo de trabajo y dejó finalmente de convocarlo a pesar de las reiteradas reclamaciones y protestas sindicales. En todo este proceso, la actitud de las patronales fue de
complicidad pasiva con la conducta del Gobierno. Como resultado de todo ello, continúan sin tomarse medidas para fomentar la creación de empleo reduciendo las horas extraordinarias. En este sentido, esta proposición de ley reclama que el Gobierno
cumpla el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, referido a la limitación de las horas extraordinarias y el establecimiento de los mecanismos de vigilancia y control de la Inspección de Trabajo. El Gobierno, haciendo uso de los poderes que
le confiere al efecto el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, puede y debe actuar en las siguientes líneas: primero, establecer como único mecanismo de compensación el tiempo de descanso, incrementando el valor hora de dicha
compensación; segundo, prohibición expresa de realización de horas extraordinarias salvo las de fuerza mayor, en el caso de pacto, en el caso de negociación colectiva de distribución irregular en la jornada ordinaria y en actividades declaradas de
riesgo; tercero, establecer un plan específico de control por parte de la Inspección de Trabajo y revisar el actual sistema de sanciones.
Señorías, para ir terminando, en la actualidad la reducción del tiempo de trabajo es un proceso que se está abordando en el conjunto de los países europeos a través de diversas experiencias, tomando en consideración diversos instrumentos y
modelos, pero que en cualquier caso está presente y forma parte no sólo de los debates y reivindicaciones sindicales, sino que empieza a tomarse en consideración en el mercado general de las políticas de empleo. Hoy demandamos algo sencillo: que
se cumplan acuerdos y se aborden principios que datan ni más ni menos que del Estatuto de los Trabajadores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruíz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Para el Bloque Nacionalista Gallego la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida contiene una nueva regulación de las horas extraordinarias, optando por un marco más estricto, de manera que la
realización de las mismas se reduzca drásticamente y su remuneración se realice de forma obligatoria en periodos de descanso.
Todos sabemos que históricamente la reducción del tiempo de trabajo fue una reivindicación constante de las organizaciones sindicales y que en el entorno europeo ha dado lugar a que las jornadas laborales se reduzcan de forma importante,
situándose el debate no sólo en la supresión de horas extraordinarias sino también en la reducción del horario de trabajo. Esta iniciativa deja a un lado esa reivindicación más amplia de reducción global del tiempo de trabajo y concreta su
propuesta en la reducción de las horas extraordinarias, lo cual no es indicativo de que los autores de la iniciativa no tengan sensibilidad por las demandas de reducción del tiempo de trabajo, sino que refleja una realidad preocupante de las
condiciones de trabajo en el Estado español. Mientras la productividad aumenta, también se extiende el fenómeno de las horas extras y se alarga en términos generales el horario laboral. Al mismo tiempo que cada empleado trabaja durante más tiempo,
también se mantiene una elevada tasa de paro, la mayor de la Unión Europea. Es decir, se está instalando un
modelo laboral según el cual cada vez trabaja menos gente pero durante más tiempo y en el que los aumentos de productividad no contribuyen a superar la atonía y parálisis del sistema de empleo. Esto es realmente inconcebible para el Bloque
Nacionalista Galego si además tenemos en cuenta el constante e importante aumento de la productividad, especialmente patente en los últimos años por el desarrollo de nuevas tecnologías, la implantación de nuevos sistemas de organización de la
producción y la mejora de la cualificación profesional, entre otros factores.
Si, como decíamos con anterioridad, este incremento de la productividad se ha asignado en la mayoría de países europeos no sólo a reducción de horas realizadas fuera de la jornada laboral sino incluso a la reducción global de la misma, en el
Estado español la tendencia es la contraria. Así, se favorece un estancamiento de la creación de más puestos de trabajo derivados de una más equitativa distribución del empleo, que permitiría una reducción de los actuales niveles de desempleo.
Hemos conocido recientemente, según datos publicados por la OCDE, que los trabajadores del Estado español destinan a su jornada laboral 1.812 horas anuales, cercanas a las 1.840 que destinan los japoneses o las casi 1.900 horas de los
estadounidenses, frente a 1.560 horas de Francia, Alemania o Italia o las 1.400 de los Países Bajos y Noruega. Paralelamente, esos países donde la jornada laboral se reduce presentan tasas de desempleo más reducidas que en el Estado español, por
ejemplo, en el caso de Holanda, con menos del 5 por ciento.
Ante este panorama, es realmente oportuna la medida que contiene esta iniciativa, consistente en la erradicación paulatina de las horas extraordinarias reduciendo las causas que habilitan para la realización de las mismas de manera que
incluso en trabajos estacionales las empresas tengan que acudir a la contratación de más empleados, en vez de estirar el horario de los que están en plantilla. Esto contribuirá, sin duda, a que se incorporen más personas al trabajo, algo que el
Gobierno no está consiguiendo con sus recetas tradicionales de flexibilización del mercado de trabajo, pues seguimos estancados en el más alto índice de desempleo de la Unión Europea.
Por otra parte, también se introduce la obligación de que las horas extra se retribuyan mediante períodos de descanso superiores a los trabajados como excepcionales a la jornada laboral, evitando así uno de los mecanismos empresariales de
precarización en el trabajo, consistente en mantener reducidos salarios que sólo pueden llegar a considerarse dignos si se complementan con las atribuciones obtenidas de la realización periódica de horas extraordinarias como un estímulo a la
productividad.
Pero, señorías, al contrario, hay evidencias suficientes, si analizamos el proceso histórico de la reducción del tiempo de trabajo, de que una disminución de los horarios laborales, y con ello de las horas extraordinarias realizadas,
da lugar a la reorganización del trabajo y de la jornada que redundan en incrementos de la productividad y de los niveles de empleo.
La posición mantenida hasta el momento por el Gobierno, permisivo en exceso con la realización de horas extraordinarias, perjudica también en exceso la mejora de la distribución del trabajo entre todas las personas en edad de trabajar, que
se traduce en el estancamiento del crecimiento del número de empleos, por lo que la presente proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nos parece un buen paso adelante para avanzar en la reducción de los tiempos de
trabajo en aras de un reparto más equitativo y justo del trabajo, y por eso la vamos a votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Arratsalde on, señor presidente.
Señorías, me gustaría comenzar con nuestra condena más enérgica al atentado producido esta mañana y con nuestro apoyo al Partido Socialista.
Con su proposición de ley, el Grupo Federal de Izquierda Unida vuelve a presentar la posibilidad de realizar un debate recurrente, enormemente interesante, pero recurrente. Recurrente sobre todo cuando nos encontramos en épocas de crisis de
empleo o cuando comienzan o se vislumbran situaciones cuanto menos delicadas que evidencian una desaceleración del empleo, como es la situación actual. La propuesta se sustenta en un eje de tesis basado en que cuanto más o mejor se reparta el
trabajo existente, a más toca, o, lo que es lo mismo, cuantas menos horas realicen los que tienen trabajo, mejor reparto, o sea, toca a más.
Esto, desde el punto de vista teórico, es una tesis buena por evidente, pero desde la realidad práctica y
desde las experiencias pasadas plantea enormes dudas sobre su eficacia y además produce algunos efectos colaterales no deseados. La realidad del empleo no funciona como consecuencia directa; es más, casi todos los análisis y trabajos de economía
aplicada que se han realizado sobre esta cuestión inciden en que la no realización de horas extraordinarias no mantiene una relación con el empleo neto, aunque sí aumenta los flujos brutos, aparentemente por una mayor utilización de los contratos
temporales. No voy a insistir tampoco en que las horas extraordinarias vienen siendo básicamente un instrumento de ordenación importante para hacer frente a las necesidades coyunturales del mercado, ni tampoco en que los límites actuales se sitúan
por debajo de la media de los países de nuestro entorno económico.
No son las grandes empresas, que pueden adoptar otros instrumentos
de ordenación del tipo de trabajo, las que vienen utilizando en mayor medida las horas extraordinarias, sino las pequeñas y medianas empresas, que son las que están creando además la mayor parte del nuevo empleo. La fórmula de realización
de horas extraordinarias por necesidades del mercado dentro de los límites legales es utilizada preferentemente por las pequeñas y medianas empresas, que tienen graves dificultades para acceder a otros instrumentos de ordenación del tiempo de
trabajo, establecimiento de turnos, distribución irregular de la jornada, etcétera, debido fundamentalmente a su dimensión. Por ello, ¿qué cabe esperar de un encarecimiento de las horas extraordinarias? Primero, ningún efecto apreciable sobre el
empleo neto. Segundo, sí una creación de puestos de trabajo, pero también una mayor destrucción con un aumento de la recolocación. Y tercero, un aumento importante de la rotación laboral, que no suele ser tampoco del agrado del mundo sindical.
Les sugiero que lean un interesante trabajo de los profesores García-Serrano y Malo sobre sus efectos en las grandes empresas, coincidente con las afirmaciones anteriores (El señor Griñán Martínez pronuncia palabras que no se perciben.) -la he
leído, la tengo aquí señor Griñán-, independientemente de que sean las pequeñas y medianas empresas las que creen trabajo en estas condiciones.
Por todo ello, la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a ser contraria a esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente nos recordaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que este es un debate recurrente en la Cámara, en esta legislatura y también en la anterior, aunque siempre es un debate bienvenido en una economía
como la española, que aún mantiene elevadas tasas de paro. Continuamos siendo el Estado de la Unión Europea que tiene el mayor número de personas sin trabajo, y debates como el que nos presenta el señor Ruiz López son siempre bienvenidos. La
economía española vive una doble realidad compleja, la elevada tasa de paro y al mismo tiempo un crecimiento importante -seguramente también de los más importantes de la Unión- en la creación de ocupación, y el debate que hoy nos propone Izquierda
Unida se produce en un contexto en el que la evolución de la economía a escala internacional está indicando que, a pesar de que se continúa creando empleo, esa creación de empleo ha perdido intensidad y en algunos sectores también se está
destruyendo ocupación. Por tanto, la propuesta de reflexiones que permitan incidir sobre esa realidad son siempre bienvenidas, aunque sea desde al discrepancia, como en el caso que hoy nos ocupa. Seguramente el mercado de trabajo en España
necesita y va necesitar impulsos orientados a reforzar la calidad del empleo que estamos generando. Ese sería un debate muy importante para la calidad del empleo desde la perspectiva de la precariedad y desde la perspectiva de la protección social
para un trabajo más flexible que el que el sistema productivo está generando hoy.
La propuesta que nos plantea Izquierda Unida, que es la de entender que la reducción de la jornada de trabajo, más concretamente la reducción de las horas extraordinarias, podía ser un buen instrumento de creación de empleo, discrepa de la
idea que tiene Convergéncia i Unió. Nos parece que el proceso histórico de reducción de la jornada de trabajo, de reordenación de la jornada de trabajo va a ser el resultado de tres cosas: del propio cambio tecnológico, de las propias demandas de
las personas trabajadoras y de la propia capacidad de las asociaciones sindicales de incorporar a la agenda esos aspectos en la negociación colectiva. Quizás esa reducción de la jornada de trabajo va a tener que ver más con valores personales de la
familia, de ocio, de formación que estrictamente con un proceso de creación de empleo, al menos la secuencia histórica así nos lo indica. Esta es una receta clásica de Izquierda Unida, que no ha encontrado nunca el apoyo de Convergència i Unió.
Además, en los últimos años desde el Estado, desde el Gobierno, y muchas veces desde el acuerdo con los agentes sociales se ha trabajado para endurecer la utilización de las horas extras y para penalizar las horas extras estructurales y esta
tendencia ha dado los resultados que ha dado.
Nos parece que tan sólo desde la utilización de los mecanismos que prevé la negociación colectiva, en esa línea de una utilización más racional, más justa y más equilibrada de las horas extraordinarias,
es como debemos continuar avanzando. Creemos que introducir una mayor rigidez, como hace la propuesta de Izquierda Unida, no serviría para crear mayor ocupación y, es más, podría implicar que hubiese un crecimiento de la utilización de horas
extraordinarias a través de fórmulas no convencionales y muchas veces al margen de la ley. Esa mayor rigidez de la propuesta de Izquierda Unida no nos parece que sirva para el objetivo de reducir horas extraordinarias y menos para crear empleo.
En este contexto, en el que es legítimo y necesario que exista preocupación por parte del Gobierno, de las fuerzas políticas, de los agentes sociales y de la sociedad, ¿dónde debemos encontrar respuestas en relación a la calidad del empleo o
al incremento de nuestra capacidad de creación del mismo? Fundamentalmente, desde la perspectiva de Convergència i Unió, en un mayor énfasis, eficacia y capacidad del conjunto de instrumentos relacionados con las políticas activas. En este
sentido, desde la perspectiva de un diputado de
Convergència i Unió, es bueno recordar que hace escasos días el departamento de Trabajo de la Generalitat -que es quien tiene las competencias en políticas activas en Cataluña- ha aprobado un paquete de diez medidas, todas ellas relacionadas
precisamente con ese aumento de las fórmulas que puedan permitir a más personas incorporarse en condiciones al mercado de trabajo, incidiendo muy especialmente en la formación, en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, en la mejora de los sistemas de intermediación, en la puesta en marcha de programas de nuevos yacimientos de ocupación y en el impulso de lo que se ha demostrado a escala microterritorial eficaz y útil, como son los pactos
territoriales en Cataluña. Quiero recordar que en el marco del pacto territorial del Vallés occidental se pactaron por parte de las empresas y de los agentes sociales fórmulas de reducción de la jornada de trabajo interesantes y sugerentes. Es en
ese terreno, en el terreno de las políticas activas que en algunos casos están en manos de las comunidades autónomas y en otros del Estado, donde quizá deberíamos ser capaces de comprometernos más. En todo caso, bienvenido sea este debate, esta
oportunidad de discusión, pero la proposición de ley de Izquierda Unida no va a encontrar el apoyo de Convergència i Unió,
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados, al ser el primer parlamentario del Grupo Socialista que interviene esta tarde en el debate quiero expresar nuestro sentimiento, que con seguridad nos embarga a todos
nosotros y al conjunto de la sociedad, por el atentado parcialmente frustrado esta mañana contra nuestro compañero Eduardo Marina, quien hace unas horas decía que habían atentado contra él por ser socialista. Con esa misma coloración ideológica
intervenimos nosotros en este debate sobre las horas extraordinarias.
Recientemente, en octubre del pasado año, fue rechazada nuestra proposición sobre esta misma materia. Por ello, lógicamente deseamos en estos instantes una mejor suerte a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
Hay multitud de aspectos que se pueden contemplar en esta vieja cuestión de las horas extraordinarias, un hecho que sin duda se identifica con lo que son las relaciones laborales, pero nosotros queremos reducir nuestra visión y nuestra
exposición en estos momentos a lo que pudiéramos llamar la radiografía del problema de las horas extraordinarias. No hay un solo motivo por el que no se deba estar en contra de las horas extraordinarias, exceptuando las que provengan de una causa
como es la fuerza mayor que, por otra parte, en el derecho del trabajo actual se trata de una manera desequilibrada, como luego diremos. Son una multitud de razones para estar en contra. La primera de ellas, porque van en contra del descanso
necesario para el trabajador. Nuestros iniciadores socialistas decían que la jornada debe estar armónicamente distribuido en tres tercios: ocho horas para trabajar, ocho horas para las relaciones sociales, ocho horas para el descanso.
En segundo lugar, las horas extraordinarias nos resultan vituperables porque incrementan el riesgo de siniestros laborales. En tercer lugar, porque contribuyen a que sean ineficaces determinadas fórmulas para la creación de empleo. Yo
invitaría al parlamentario del Grupo Vasco que ha intervenido anteriormente, haciendo esa loa, por lo demás tan gastada, de la pequeña y la mediana empresa, a que visualizara la serie que se está poniendo en Televisión Española, mucho mejor en mi
opinión que la de la Operación Triunfo, que es la de Cuéntame, sobre la transición política en nuestro país, donde sale una pequeña empresa dirigida por un fascista que es un empresario de esta actividad, y que cuando el negocio le va mal lo que
pide a los trabajadores es que realicen horas extraordinarias que no piensa en ningún momento pagar porque su sentido patriótico se lo impide.
En cuarto lugar, las horas extraordinarias constituyen un mal sucedáneo de un salario justo, y hay muchos trabajadores que se engañan, y éste es uno de los problemas que aparecen en la negociación individual y colectiva, pensando que
obtienen una justa retribución como consecuencia de la prolongación de su jornada, cuando el salario justo se debería determinar en función del horario legal establecido, y manifiestan el abuso de poder del empresario. Son obligatorias en una gran
cantidad de ocasiones y nuestros tribunales han establecido una approbatio absolutamente diabólica en materia de horas extraordinarias. Sin la voluntad del empresario las horas extraordinarias no se pagan, las presiones socioeconómicas son de la
naturaleza que todos sabemos y al mismo tiempo se exige la prueba una por una y no testifical de las mismas, lo cual es absolutamente imposible como se pueden ustedes imaginar.
Por ello, estamos de acuerdo con la iniciativa de Izquierda Unida, y lo decimos con letra grande. Tenemos desacuerdos matizables en el caso de que la misma prosperase y pasara a Comisión. Nuestras matizaciones o puntualizaciones serían las
mismas que hemos tenido ocasión de plantear el pasado 12 de los corrientes en la Comisión de Política Social y Empleo con motivo de una proposición no de ley. En nuestra opinión hay que extraerlas del marco del acuerdo individual que es
especialmente débil, lo que caracteriza a las relaciones laborales que hay una parte fuerte y otra débil. Por consiguiente, sacarlas del ámbito de la voluntariedad nos parece que es una cosa buena. Hay que marcar topes más bajos por año que los
que fija el Estatuto de los
Trabajadores y hay que marcarlo también por meses y por días. Determinados colectivos profesionales, piensen ustedes en los controladores aéreos o en los pilotos de Iberia, si no realizaran horas extraordinarias darían lugar a unos puestos
de trabajo que actualmente se consideran de imposible creación. Y habría que buscar mecanismos más justos para fijar el momento del descanso compensatorio.
Nosotros creemos que el rechazo de la propuesta de Izquierda Unida, como lo fue el de la nuestra, es coherente con dos tipos de razones que el Grupo Popular y el Gobierno debieran de valorar como extraordinariamente poderosas: La primera,
los criterios que se están dando desde la Unión Europea para la creación de empleo, dentro de los cuales se contempla la reducción de la jornada y a fortiori la reducción de las horas extraordinarias.
Es incoherente esta negativa a la facultad discrecional que se contiene en el párrafo segundo del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.
Ustedes podrán decir que es discrecional, y yo lo reconozco, pero discrecionalidad no significa
arbitrariedad. El párrafo segundo dice que el Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias con carácter general o para ciertos ramos de actividad o ámbitos territoriales, para incrementar las oportunidades de
colocación de los trabajadores en paro forzoso. Por consiguiente, que no se nos venga con razones teológicas o metafísicas para discutir la oportunidad de la consideración de las horas extraordinarias como uno de los instrumentos para la creación
de empleo. Hay otras cuestiones que defenderíamos, en su caso, también en Comisión. Creemos que hay que aplicar un estricto principio de causalidad y no de voluntariedad a las horas extraordinarias. Primero, sólo por las causas que se tasaran
sería posible la realización de horas extraordinarias. Segundo, que son incompatibles con los pactos de distribución irregular de jornadas.
Tercero, que debe haber un cómputo más que proporcional a efectos de la Seguridad Social en materia de
trabajo a tiempo parcial. Porque ya hemos acordado que la jornada normal a tiempo parcial genera unos efectos más que proporcionales en materia de Seguridad Social. También quiero añadir que es incompatible el disfrute del mecanismo compensatorio
por descanso de las horas extraordinarias con que en el mismo día se le pusiera al trabajador a realizar horas extraordinarias. Y debe preconstituirse la prueba de las horas extraordinarias antes de que éstas comiencen a realizarse.
En definitiva, señoras y señores diputados, no se escapará al conocimiento de ustedes que este es uno de los múltiples aspectos en los que se manifiesta la debilidad congénita del factor trabajo frente al factor capital, ahora agravada por
mecanismos como los de la desregulación, la externalización y la flexibilización, que han tenido el efecto todos ellos de desplazar el centro de gravedad de ese derecho del trabajo, que todos hemos estudiado como protector, como tuitivo, como
compensatorio, a una nueva disciplina jurídica que tiene su centro de gravedad en el ámbito de la empresa y que, por consiguiente, haciendo también justicia con el lenguaje, sería más oportuno calificarlo, en vez de derecho del trabajo, derecho de
las empresas. Deseo, por todo ello, que esta iniciativa prospere. Y si no prosperase, lo que no nos van a quitar es la satisfacción de ser más humanos, de ser más honestos y de ser más clarividentes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Navarrete.
Tiene la palabra el señor Carriegas.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero expresar, en primer lugar, la solidaridad del Grupo Parlamentario Popular con el señor Marina, objeto de un brutal atentado esta mañana en Sestao (Vizcaya.) Nuestra solidaridad con su familia, nuestra solidaridad con el
Partido Socialista, nuestra solidaridad con la gente de bien que hoy siente miedo y nuestro más enérgico desprecio y rechazo hacia aquellos miserables que, de manera cobarde, pretenden imponer la ley del miedo, del chantaje y de la muerte en nuestra
sociedad.
En segundo lugar, debo hacer algunos comentarios sobre la exposición de motivos de la proposición de ley que nos trae aquí el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No puedo sino mostrar mi sorpresa y la de mi
grupo parlamentario ante algunas afirmaciones que sencillamente no se corresponden con la realidad. Afirmar como hace Izquierda Unida que en España hay una tasa de paro superior al 20 por ciento, implica una de dos cosas, o que el borrador de esta
iniciativa lo realizaron en la etapa del Gobierno socialista o que, sencillamente, no se conoce o no se quiere conocer la realidad. Les aportaré algún dato. La tasa de paro sobre la población activa, según el INEM, a diciembre del año 2001 se
situó en el 9,23 por ciento, habiéndose reducido seis puntos desde que gobierna el Partido Popular. Asimismo, la tasa de desempleo según la encuesta de población activa, conocida como la EPA, lo sitúa en el 12,96, datos, como verán en cualquiera de
los dos casos, muy alejados de los mencionados por Izquierda Unida.
Quiero recalcar que esta evolución positiva no nos hace olvidar que todavía tenemos un extraordinario reto entre manos que para el Partido Popular es vital, puesto que para nosotros el problema del paro no es un problema de estadísticas o de
porcentajes, sino de personas y no descansaremos hasta realizar las reformas necesarias para lograr que en España cada persona que desee trabajar pueda tener un empleo. Ese es nuestro propósito y las políticas del Gobierno están encaminadas a este
fin. Tengo que afirmar aquí que las versátiles
políticas del Partido Popular, ratificadas por los resultados, están siendo más que adecuadas, están siendo determinantes. Por eso los ciudadanos no se dejan embaucar con cantos de sirena o con palabras vacías y respaldan las políticas de
hechos y resultados concretos y por eso confían en nosotros. Les daré algunas cifras: durante el año pasado se crearon 256.000 puestos de trabajo. Se afiliaron a la Seguridad Social más de medio millón de nuevos trabajadores, siendo 61,2 por
ciento mujeres. Se registraron más de 1.300.000 contratos indefinidos. De ellos el 51 por ciento son conversiones de contratos temporales. Es decir, se han consolidado los empleos. En los últimos seis años se han incorporado al registro de
afiliados ocupados a la Seguridad Social más de 3.400.000 trabajadores, y quiero recordar que en el sexenio de 1990 a 1995 la afiliación se redujo en 3.559 españoles. No son datos de autocomplacencia, pero dejémoslos a la interpretación de cada
cual.
Me centraré en la proposición de ley. Como ha quedado reflejado, el Grupo Parlamentario Popular no comparte la visión distorsionada, tremendista y catastrófica que de la situación laboral en España hace Izquierda Unida.
A lo largo de los
últimos años el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha venido presentando en esta Cámara diferentes iniciativas relativas a cuestiones como la reorganización del tiempo de trabajo, la precariedad laboral, la reducción de la jornada a 35
horas, etcétera, con alusiones en todas ellas a la reducción de las horas extraordinarias como medio para la creación de empleo. Hoy el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida nos presenta una proposición de ley de contenido único sobre
medidas para la creación de empleo a través de la reducción de las horas extraordinarias. Fijándonos, pues, en la propuesta escrita, que será la que finalmente votemos, lo que hace Izquierda Unida es presentar, de acuerdo con su visión sobre el
particular, propuestas concretas que sirvan para paliar el problema que estamos tratando. Tengo que decir en honor a la verdad que desde el minuto uno del partido, es decir, desde que asumió sus responsabilidades el Gobierno de José María Aznar,
declaró su más abierta beligerancia hacia las horas extraordinarias, y en este sentido actuó el anterior ministro de Trabajo, así lo hace el actual ministro de Trabajo, estando avalados ambos por el respaldo sin fisuras del presidente del Gobierno.
Se actuó y se actúa con determinación tomando medidas que se han extraído de uno de los mejores filones de la sociedad, el filón de iniciativas que se extraen del diálogo social entre sindicatos y empresarios, que el Gobierno del Partido Popular ha
propiciado y del que se han sabido sacar importantes lecturas, recordando la apuesta decidida de los interlocutores sociales por la reducción de las horas extraordinarias y por su compensación en tiempos de descanso, que quedó reflejada en el
acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva suscrito en abril del año 1997.
Como todas SS.SS. conocen, el Gobierno en la legislatura anterior eliminó cualquier discriminación de cotización social entre horas estructurales y horas no estructurales, que se han equiparado, y se tomó la decisión de no incorporar las
horas extraordinarias a las bases de las prestaciones por desempleo, porque creemos que se debe de activar una política de desincentivación de las horas extraordinarias tanto cara al empresario como a los trabajadores. El Gobierno ha impulsado una
acción enérgica dirigida a facilitar la reorganización del tiempo de trabajo, apostando de manera muy clara por impulsar la contratación a tiempo parcial en detrimento de las horas extraordinarias, procurando tanto a empresarios como a trabajadores
de un instrumento que les permita dejar de utilizar el recurso a las horas extraordinarias, y en el caso de los trabajadores parados encontrar un modo de acceso al mercado de trabajo y a la experiencia laboral. Los datos nos están dando la razón.
Se está utilizando mucho y bien el contrato indefinido a tiempo parcial, que da estabilidad laboral al trabajador, desincentiva al empresario para ofertar a sus trabajadores la realización de horas extraordinarias y, por tanto, ayuda a consolidar la
contratación.
En opinión del Grupo Parlamentario Popular España puede crear mucho más empleo, y lo puede hacer acercando además los umbrales de crecimiento económico a los umbrales de creación de empleo, y como contribución a ello es claro que una
limitación o reducción de las horas extraordinarias sólo puede redundar en una mejora en términos de creación y reparto de empleo si se articulan al mismo tiempo los mecanismos en materia de tiempo de trabajo a tiempo parcial que puedan canalizar
hacia el empleo las horas posibles de trabajo no realizadas.
No compartimos la creencia extendida entre los partidos que se denominan de izquierda en la existencia de un efecto automático, casi mágico, de sustitución de las horas extraordinarias por nuevas contrataciones. El Ayuntamiento de Córdoba,
gobernado por Izquierda Unida, certificó el año pasado 14.000 horas extraordinarias -consejos doy y, para mí, no tengo.
Desgraciadamente, como en otros aspectos de la vida política, uno más uno no es igual a dos. La experiencia francesa, tanto en
este aspecto como en la aplicación rigurosa de las 35 horas semanales, así lo demuestra. En su primer año de vigencia, el paro en Francia se redujo en 24.000 personas; en ese mismo período, España lo redujo en 519.000.
Debemos ser capaces entre todos de poner a disposición de los empresarios y de los trabajadores aquellos instrumentos, modalidades de contratación y tipos de contrato que hagan más fácil, más útil y más sencillo recurrir a la contratación de
un trabajador que a la muchas veces injusta y casi siempre insolidaria realización de horas extraordinarias. Cualquier posibilidad de utilización de horas de trabajo, por pequeña que sea, ha de tener el instrumento flexible necesario para hacer
posible la contratación deseada. Además, los datos nos revelan que la
mayoría de los contratos indefinidos que se suscriben provienen de conversiones de contratos temporales.
Esto es flexibilizar el mercado de trabajo para obtener grados de optimización, no es precarizar. Flexibilidad no significa abuso ni precariedad; significa posibilidades, abrir puertas y sentar las bases para continuar creando emplo. Eso
sí, debemos seguir luchando, y si cabe con más fuerza, contra el abuso de las contrataciones temporales y parciales injustas, en las que algunos buscan las posibles lagunas de un tipo de contrato en beneficio propio. Y hay que luchar contra el
abuso de la exigencia de realización de horas extraordinarias, muchas de ellas ni pagadas ni compensadas -y me estoy acordando en este momento del sector financiero y del sector del seguro-, que revelan unas relaciones ineficientes con un claro
pagano, que es el empleo. Contra estos desfases y abusos debemos seguir luchando sin descanso.
Por otra parte, no podemos ofrecer a los protagonistas del empleo -contratador y contratado- tal cantidad de rigideces que resulte finalmente truncada tan ansiada relación. Debemos ampliar las posibilidades de contratación, es decir,
multiplicarlas. Y debemos hacerlo con rigor. No puede quedarse un parado sin empleo por mor de unas rigideces anticuadas que pretendan proteger, mientras lo que consiguen es perjudicar una posible contratación. La rigidez en las normas y en el
mercado de trabajo es el peor enemigo para un desempleado. Por ello, debo afirmar que la prohibición de las horas extraordinarias, como propone Izquierda Unida, resulta una limitación injustificada que crearía una extrema rigidez en un ámbito, como
la ordenación del tiempo de trabajo, en el que la flexibilidad es esencial.
Pues bien, si la eliminación total de las horas extraordinarias supone una rigidez injustificada en la ordenación del tiempo de trabajo, la imposibilidad de realizar horas para atender a casos de fuerza mayor está aún más enérgicamente
privada de justificación, ya que estas últimas horas, por razones evidentes, ni pueden sujetarse a los parámetros de limitación de la jornada de trabajo ni su supresión tendría relevancia para la creación de empleo.
Por último, señor presidente, quiero afirmar que las horas extraordinarias constituyen un instrumento de utilidad a efectos de una gestión más flexible del tiempo de trabajo. En ese sentido, resulta imprescindible garantizar el respeto del
principio de autonomía colectiva de las partes sociales representativas en cada ámbito de negociación, o individual en cada relación laboral, por encima de cualquier otra medida de intervencionismo público, que tal vez podría resultar menos eficaz
puesto que nada asegura que la supresión impuesta de las horas extraordinarias vaya a redundar en un mejor reparto del trabajo y en el crecimiento de empleo de calidad; en cambio, sí podría obstaculizar la competitividad de las empresas.
Así pues, contra la propuesta de imposición legal, el Partido Popular propone diálogo social. Contra la propuesta de más rigidez de Izquierda Unida, el Partido Popular ofrece más flexibilidad, más posibilidades y más oportunidades para
todos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Carriegas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para la creación de empleo a través de la reducción de las horas extraordinarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 117; en contra, 188; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora del centro nacional de
inteligencia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir tras el
punto 7, correspondiente al debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, como nuevos puntos de la sesión plenaria del día de hoy la propuesta de creación de una subcomisión sobre el estudio de la situación
actual de la discapacidad y perspectivas de futuro y, asimismo, la propuesta de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda para el seguimiento de las infraestructuras energéticas. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 37 del mismo,
correspondiente al dictamen de
la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de los excelentísimos señores diputados, pase a ser debatido como último punto del orden del día de la sesión plenaria del día de hoy.
¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA COMPATIBILIZAR LAS PENSIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI) CON LAS PENSIONES DE VIUDEDAD DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
(Número de expediente
122/000173.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, debatiremos la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para compatibilizar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI)
con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social. Para la presentación y defensa de la iniciativa, el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Esta tarde Convergència i Unió trae a la consideración de la Cámara una proposición de ley para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.
Señorías, esta iniciativa enlaza con el debate, también planteado por Convergència i Unió, que tuvimos la semana pasada de una proposición no de ley orientada a marcar un horizonte de mejora de las pensiones SOVI. En el debate de la semana pasada
se puso de manifiesto, enlazando con los informes elaborados en su día por el Consejo Económico y Social, por Foessa, por el último de la Caixa de Cataluña, que la realidad en el conjunto del Estado nos indicaba que desde mediados de los años 90 se
estaba configurando una importante bolsa de pobreza formada por personas mayores de sexo femenino que vivían solas; una bolsa de pobreza resultado de la baja cuantía de las prestaciones sociales que recibían estas personas. Este conjunto de
informes (el de Foessa, el del Consejo Económico y Social, el propio de la Caixa de Cataluña, este último centrado y orientado en Cataluña) nos indicaban que tan sólo desde una mejora sustancial de estas prestaciones sociales que recibían estos
ciudadanos, más en concreto estas ciudadanas, era posible hacer frente a esta situación de pobreza. Esos mismos informes nos indicaban que la propia evolución del sistema en los próximos años podía incrementar esa bolsa de pobreza, ya que se
incorporará al ámbito de la protección social una generación de mujeres que no han podido participar, cotizando, en el mercado de trabajo formal.
Esa era una parte del debate que se planteaba el martes pasado.
Entendíamos entonces que lo
importante era que en la discusión del Pacto de Toledo incorporásemos, como elemento central de las propuestas que se planteasen en él, reformas radicales en el sentido estricto del término para dar respuesta a esa situación.
El martes pasado se aprobaba una proposición no de ley resultado de un mínimo consenso parlamentario, centrada seguramente en el núcleo principal de esta realidad de gente mayor, mujer, sola, pobre, que son personas que tienen como principal
fuente de ingresos la prestación del SOVI. Recordábamos en el debate de la semana pasada las cifras de esa pensión SOVI: En el año 2002, 45.000 pesetas al mes (273,8 euros) , que es un 28, 9 por ciento inferior a la pensión mínima de la Seguridad
Social y un 38 por ciento inferior al salario mínimo interprofesional. La cuestión del SOVI ha formado siempre parte de la reivindicación parlamentaria de Convergència i Unió en esta Cámara, combatiendo la idea en la que se ha instalado la
administración de la Seguridad Social de que esta es una pensión residual, a extinguir y que, por tanto, no merece un incremento sustancial de su nivel monetario o su capacidad de compatibilización con otras pensiones. En las legislaturas en las
que gobernó el Partido Socialista y en las que ha gobernado el Partido Popular, Convergència i Unió ha planteado la necesidad de cambiar esa orientación, ese concepto equívoco del tratamiento de la pensión SOVI.
En la pasada legislatura, como resultado de una resolución, en concreto la número 51, aprobada en el marco del debate de política general de 1998 del Gobierno, la Administración elaboró un informe sobre la compatibilización y la
actualización de las pensiones SOVI. Ese informe, señorías, que todos deben conocer, mantiene ese concepto equívoco que Convergència i Unió ha intentado combatir respecto de lo que es la pensión SOVI. El informe dice: En conclusión, ciertamente
las pensiones SOVI son unas de las de menor cuantía de las reconocidas en el ámbito de la Seguridad Social, especialmente en el caso de concurrencia con otras pensiones públicas; no obstante, tal dato no ha de llevar a entender, como pudiera
aparentar, que los beneficiarios de las mismas concurren en las situaciones de necesidad más desatendidas por dicho sistema. Al menos hasta el momento presente en la escala de pensiones se ha venido considerando que existen otras pensiones dignas
de atención preferente.
Este planteamiento que expresaba el informe del año 1998 es el que ha marcado las actuaciones de las administraciones españolas en esta materia. Es el concepto que Convergència i Unió quiere cambiar con esta proposición de
ley. A diferencia de lo que se opina en ese informe, las pensiones SOVI sí que merecen una especial consideración,
un especial cambio de perspectiva por parte del Estado. Es más, con esta iniciativa hacemos un planteamiento extremadamente modesto, proponemos que la pensión SOVI sea compatible con la pensión de viudedad; no con el conjunto de pensiones
que conforman nuestro sistema de cotización social, sino con la pensión de viudedad.
Señorías, en el trámite de hoy se podrán alegar motivos de carácter técnico-jurídico para justificar un no a esa petición de compatibilidad, pero sería bueno recordar que hoy el SOVI es compatible con otras pensiones en determinados
supuestos, si quieren ustedes, excepcionales; lo es para una pensión pública ajena al sistema de la Seguridad Social, lo es con pensiones que provengan de los antiguos sistemas, lo es con pensiones causadas por persona diferente a la que causa
derecho a la pensión del SOVI y, desde el año 1998, lo es con el subsidio de ayuda por terceras personas contemplada en la LISMI. En determinados supuestos, escasos, residuales, se ha aceptado por parte de la Administración, la última vez en 1998,
que la pensión SOVI fuese compatible. Hoy lo que planteamos es avanzar en esa línea de reforzamiento de esa pensión, entendiendo que merece ser objeto de una especial protección porque los destinatarios de estas pensiones son esos núcleos sociales
que todos identificamos como más necesitados de protección social. Señorías, romper con los límites técnico-jurídicos que pueden existir en esta cuestión sólo se puede hacer a través de la fórmula que propone Convergència i Unió, que no es otra que
una modificación de la Ley de la Seguridad Social. No existen problemas técnico-jurídicos, es una cuestión de voluntad política de modificar o no la legislación vigente.
Señorías, esta propuesta, que perfectamente podríamos enmarcar en las reflexiones que en los próximos meses debemos efectuar en el Pacto de Toledo, hoy necesita de una toma en consideración positiva del conjunto de la Cámara, en primer
lugar, para cumplir los propios principios del Pacto de Toledo, especialmente los de solidaridad, de justicia social, de carácter distributivo del propio sistema de la Seguridad Social. Estamos hablando, señorías, en el caso de las pensiones de
viudedad de pensiones de alrededor de las 30.000 pesetas, pensiones terriblemente escasas. Lo hacemos, señorías, porque además el planteamiento de esta proposición de ley es perfectamente compatible con uno de los grandes principios que orienta
nuestro sistema de Seguridad Social, que es su sostenibilidad.
El propio informe del año 1998, cuando valora el coste económico que tiene para el sistema esa compatibilidad exclusiva entre pensión de viudedad y pensión SOVI, sitúa la cifra en el año 1998 alrededor de los 7.000 millones de pesetas. Los
cálculos que ha hecho el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sitúan hoy, en el año 2002, esta propuesta alrededor de los 9.000 millones de pesetas. Por tanto, en un momento de superávit del sistema de la Seguridad Social son cifras
perfectamente posibles.
Además les recuerdo, señorías, que esta medida en el caso de concretarse de manera efectiva implicaría también una disminución del conjunto de los gastos del Estado en aquello que se conoce como los complementos de mínimos.
Por tanto, por justicia social, por mantener los principios del carácter del Pacto de Toledo desde la perspectiva de la solidaridad pero también desde la perspectiva de las sostenibilidad del sistema, nos parece una propuesta interesante.
Finalmente, también esta proposición de ley constituye de facto un homenaje a una generación amplia de mujeres que entre 1940 y 1966 participaron en el mercado de trabajo. Fundamentalmente, pretendemos reconocer también al conjunto de la
sociedad, al conjunto del sistema del bienestar social, al conjunto del sistema productivo, al conjunto de las familias el esfuerzo que han realizado aquellas mujeres que entre 1940 y 1966, señorías, participaron de manera activa en el mercado de
trabajo; es un reconocimiento a esta capacidad de esfuerzo de esa generación de mujeres. Es también por esta razón que Convergència i Unió entiende que hoy esta proposición de ley se debería de tomar en consideración.
Señorías, hace unos cuantos meses llegó a esta Cámara una iniciativa ciudadana compuesta por cerca de ochocientas mil firmas, recogidas en todo el Estado por una plataforma ciudadana, impulsada desde nuestro país, desde Cataluña, que
pretendía avanzar en un expreso reconocimiento de la pensión de viudedad en aras de conseguir que las personas viudas tuviesen una vida digna planteando ese objetivo ambicioso, seguramente difícil de conseguir en la actual coyuntura económica y
social, como es que la pensión de viudedad estuviese al cien por cien de la base reguladora. En esa plataforma que llegó a la Cámara apoyada por cerca de ochocientas mil firmas también figura esta petición de compatibilidad entre la pensión SOVI y
la pensión de viudedad. Hoy este es un planteamiento que en la calle, en aquellos colectivos que muchas veces tienen dificultades para llevar su voz al Parlamento existe. Esas ochocientas mil firmas que hicieron llegar a la Cámara esa petición de
mejora de la pensión de viudedad deberían hacernos reflexionar al conjunto de los grupos de la Cámara sobre la necesidad de la toma en consideración de esa iniciativa.
Señorías, hoy lo que aprobarían si el conjunto de los grupos votase favorablemente esta proposición de ley no es la puesta en marcha de esta iniciativa en los distintos términos que plantea Convergència i Unió, sino el inicio de una
discusión parlamentaria en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo de una proposición de ley que llevase a una mejora de la pensión SOVI en los supuestos de concurrencia con las pensiones de viudedad, y con la capacidad por parte del
conjunto de los grupos, especialmente del de la mayoría, para introducir aquellas modificaciones que fuesen pertinentes para terminar de perfilar esta propuesta, para
evitar los posibles fraudes que existiesen, los posibles abusos que podrían suceder o determinar de manera precisa las personas que podrían beneficiarse de esta compatibilidad. Es esto lo que esta tarde estaríamos en condiciones de votar.
Convergència i Unió con los precedentes del martes pasado, basados en las recomendaciones del Pacto de Toledo y conociendo ese clamor popular que nos plantea esa mejora de viudedad, no podría entender que hoy la Cámara no fuese suficientemente
sensible y no tomase en consideración esa proposición de ley. Apelamos, señorías, a su sensibilidad, a su compromiso con el Estado de bienestar y a su compromiso con el conjunto de generaciones de mujeres que a buen seguro recibirían esta propuesta
de manera positiva.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez forma parte del antiguo sistema de seguros y subsidios obligatorios, que supusieron un avance cualitativo importante en la contención de la Seguridad Social al imponer
la obligatoriedad y el carácter forzoso de aseguramiento. En la actualidad, según los datos de diciembre de 2001, aún existen 373.935 beneficiarios y beneficiarias de pensiones procedentes del SOVI. Es verdad también que ese número va decreciendo
año tras año, porque la mayoría de pensionistas que ahora son reconocidos tienen derecho a percibir una pensión procedente del actual sistema de la Seguridad Social, por cierto que en este momento se hace incompatible, aun teniendo cotizaciones del
antiguo SOVI. Por tanto, nos gustaría que puedan verse reconocidas ambas prestaciones.
Es verdad también que la insuficiencia cuantitativa de las pensiones del SOVI es evidente, no sólo en estos momentos, en los que hay términos de comparación con las pensiones del sistema de Seguridad Social...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez, por favor.
Adelante.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Decía que en estos momentos existen términos de comparación que nos permiten establecer que la cuantía de estas pensiones es muy baja, aunque ya desde su inicio era así. Por tanto, sorprende que hasta este momento no se haya prestado una
mayor atención a las pensiones del SOVI, contribuyendo el Estado, con cargo a los Presupuestos Generales, por lo menos a igualar la cuantía con las pensiones mínimas del sistema contributivo, que tampoco son nada extraordinario desde el punto de
vista económico. En la actualidad la pensión media del SOVI apenas alcanza los 232,35 euros. En la sesión del pasado martes se aprobó equiparar paulatinamente las pensiones mínimas del SOVI con el sistema contributivo a la Seguridad Social. Hoy
la nueva iniciativa del Grupo Convergència i Unió pretende, me parece, continuar esa línea de dignificación de las pensiones del SOVI de manera que se elimine la incompatibilidad legal con otras pensiones del sistema público. Nosotros tenemos que
valorarlo mucho no sólo desde el punto de vista económico, pues contribuiría a incrementar las exiguas pensiones de muchos pensionistas del SOVI, sino también porque se trata de una cuestión de equidad legal. Por tanto, nos parece bien la
modificación que se propone: que se posibilite un régimen de incompatibilidad más flexible, comenzando por las pensiones de viudedad que, por cierto, son las que afectan a la mayoría de los pensionistas SOVI, como se ha señalado en muchos recientes
informes de entidades solventes. Por tanto, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, buenas tardes.
Voy a intervenir muy brevemente, porque ya la semana pasada se trató este tema con extensión. Todos los grupos tuvimos ocasión de tomar posición ante la proposición de ley que presentó Convergència i Unió. En todos los grupos hubo una
plena coincidencia sobre la parquedad, por no decir indignidad de la cuantía que percibían los pensionistas del SOVI -estamos hablando de 44.145 pesetas al mes-, con un régimen de incompatibilidades muy fuerte respecto a cualquier otra pensión del
régimen de la Seguridad Social. Básicamente, la semana pasada se alcanzó lo que se suele llamar un acuerdo de buenas intenciones, porque todo el mundo votamos a favor, pero también un acuerdo que prácticamente carece de cualquier efecto, lo que se
viene a llamar un acuerdo cualitativo. Cuando Convergència i Unió vuelve sobre este tema y presenta esta proposición de ley, uno querría creer que esta semana íbamos a avanzar en un aspecto práctico respecto a ese acuerdo cualitativo, cual era
poder compaginar básicamente con otras pensiones de la Seguridad Social y lograr lo que he dicho: que esa cantidad que suponía casi unas 25.000 pesetas menos que las pensiones mínimas existentes se lograra equiparar. Es un avance práctico si como
tal se desarrolla. Por tanto, el Grupo Vasco
va a apoyar esta proposición de ley, aunque nos tememos que también hoy volveremos a entrar en otro debate sobre aspectos cualitativos y quedará sin ningún efecto práctico.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo ya se expresó con motivo de la anterior proposición de ley respecto a las incompatibilidades establecidas en el sistema SOVI. Señalábamos que veríamos justo que fuesen incompatibles en el propio sistema pensiones de
jubilación SOVI con pensiones de viudedad SOVI, pero no entendemos que pensiones generadas al amparo de legislaciones distintas tengan que ser incompatibles, máxime cuando sabemos que ya son muy pocos perceptores los que quedan y que prácticamente
un 50 por ciento de los beneficiarios en pocos años, cinco u ocho, debido a las incompatibilidades entre sí, serán objeto de baja en la prestación. Señalábamos dos objetivos que nuestro grupo proponía para esta circunstancia; si esta toma en
consideración de proposición de ley es aprobada, nosotros plantearíamos como enmiendas en el futuro. Serían: en primer lugar, la equiparación de las prestaciones de jubilación, invalidez y muerte y supervivencia del retiro obrero y el SOVI con las
del sistema público generadas al amparo de la Ley General de Seguridad Social; y, en segundo lugar, hacer compatible al menos las pensiones de viudedad del régimen general con la percepción de pensiones de jubilación o de invalidez del SOVI, aunque
se tuvieran en cuenta para ello los mínimos en la pensión del régimen general.
Esta proposición de ley viene a referirse a esta incompatibilidad en la percepción de prestaciones entre SOVI, retiro obrero, respecto al sistema público actual. Pues bien, siguiendo con la misma filosofía expresada en el anterior debate,
este grupo parlamentario está de acuerdo con esta nueva proposición en cuanto a hacer compatible la pensión de jubilación SOVI con la pensión de viudedad del sistema de Seguridad Social, pero nos gustaría añadir que esta compatibilidad debe ser
recíproca, es decir, que las pensiones de viudedad generadas en el SOVI sean compatibles con las pensiones de jubilación generadas al amparo del sistema de Seguridad Social. Ya sabemos que para poder percibir una pensión de viudedad SOVI es
requisito imprescindible no percibir rentas del trabajo o de otro tipo pero, puesto que el requisito de edad, 65 años, para tener derecho a la pensión de viudedad ya desapareció, afortunadamente, y existen trabajadoras en potencia perceptoras de
esta pensión de viudedad que podrían estar en situación activa todavía, pretendemos que la compatibilidad sea recíproca, ya que en caso contrario dentro de unos pocos años tendríamos el mismo problema que con la incompatibilidad que ahora se
pretende revocar a través de esta proposición de ley.
Permítanme ponerles un ejemplo para sustentar la reciprocidad en la compatibilidad. Una trabajadora que cotizó entre 1980 y 1990, es decir, durante 10 años, y que en 1991 comenzó a cobrar una pensión de viudedad SOVI debió dejar de
trabajar, pues la percepción de la prestación era incompatible con el trabajo. Si reanuda el trabajo durante 5 años acumularía 15 de cotización, con lo que habría generado una pensión mínima del sistema de Seguridad Social. Para poder cobrar esta
última debería renunciar a la pensión de viudedad que también tiene generada en el SOVI. Es evidente que la injusticia generada por la ausencia de esta reciprocidad es la complementariedad que la proposición de ley debería contemplar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señores del Grupo de Convergencia i Unió, señor Carles Campuzano, ¿cómo no vamos nosotros a apoyar esta proposición de ley si le teníamos que cobrar copyright? Palabra por palabra, coma por coma es nuestra enmienda a los
presupuestos presentados en noviembre y diciembre de este año. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a apoyarla? Evidentemente lo haremos, y además he de corregirle unas palabras que usted mismo decía aquí, pero dándole la bienvenida. Usted dice que su
grupo siempre ha apoyado estas medidas. Puede consultar los 'Diarios de Sesiones' y verá que en los años 1998 y 1999 no fue así, pero bienvenidos sean, arrepentidos los quiere el Señor. No hay ningún problema. Cuantos más seamos en unirnos para
defender estos temas, mejor lo haremos porque apuntando cada uno ciertos aspectos al final llegaremos al fondo de la cuestión. Estamos hablando de 375.000 personas con pensiones de miseria.
Actualmente -el señor Ruiz López hablaba de una
combinación de la pensión de viudedad y el SOVI- hay 60.000 mujeres que cobran pensión de viudedad del SOVI y unas 180 que cobran jubilación del SOVI. Por consiguiente, ¿de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que queremos hacer compatible
el SOVI con la pensión de viudedad? Del total de 375.000 personas, descontando los varones que ya cobran pensión de viudedad, estamos hablando de un grupo muy reducido que incluso no afectaría más allá de 50.000 mujeres. La mayoría de las personas
que cobran la pensión del SOVI lo hacen a partir de los 70 años, porque hasta esa edad son pocos los hombres y
las mujeres, fundamentalmente mujeres, que cobran el SOVI. Por consiguiente, señorías, estamos hablando de un colectivo muy pequeño.
La semana pasada hablábamos aquí más que de la injusticia, de que no da para vivir, de que no llega, de la pobreza que se está dando en personas mayores, fundamentalmente mujeres, y hablábamos de conseguir subir el SOVI hasta igualarlo a la
pensión mínima. Hicimos una resolución -cuando no se puede hacer más no se puede hacer más- que habla de ir equiparando esa pensión, pero no sabemos cuándo, puede ser dentro de cuatro años, dentro de diez años o puede que cuando llegue ya no
existan perceptores del SOVI. No hemos puesto plazo y, al no ponerlo, es evidente que no hemos hecho prácticamente nada, sólo expresar la voluntad de que esas pensiones vayan por el camino de la subida. Pero aún contando con que realmente
tuviéramos la gran suerte de ponernos todos de acuerdo, especialmente con que el año que viene el Grupo Popular cambiara de opinión y decidiera subir las pensiones SOVI hasta igualarlas a las pensiones mínimas, esta injusticia que hoy estamos aquí
manifestando todavía la agravaríamos, por así decirlo, porque les diríamos fundamentalmente a las mujeres que van a cobrar 64.000 pesetas mientras viva su marido y tenga su pensión, pero en el momento en que se muera su marido o cobra el 46 por
ciento de la pensión de su marido o se queda con la del SOVI.
¿Qué nos dicen los colectivos? Como bien decía el señor Campuzano, el colectivo que encabeza doña Pilar Mora trajo más de 750.000 firmas y reclama todo lo relacionado con el SOVI. No hay manera -y yo lo entiendo- de hacérselo entender.
Cada vez que voy a una manifestación que organiza este colectivo, últimamente cada semana -el lunes día 25 hay otra-, ¿qué te dicen? Dicen lo siguiente: Si vivo con mi marido y cobramos el SOVI, vamos tirando, pero si se muere, yo sigo pagando la
luz, la casa y el teléfono, es decir, tengo los mismos gastos excepto en alimentación, que gasto algo menos. Es evidente que en ese momento es cuando más necesitan poder compatibilizar ambas pensiones. Esto es de lo que estamos hablando, o
decidimos hacerlo o decidimos no hacerlo. ¿Podemos decir que esto puede abrir puertas para que otros colectivos puedan solicitar otro tipo de compatibilidades de pensiones? Señorías, en nuestro sistema hay muchos regímenes especiales -del mar, de
la agricultura, de empleadas de hogar-, mil y un regímenes diferentes y ello no da lugar a que tengan que tener todos los mismos beneficios. Simplemente, se trata de tener voluntad de arreglar esto y de hacerlo compatible para estas futuras viudas.
Fíjense que estamos hablando de posibles futuras viudas, cuando a lo mejor lo que sucede es que se mueran ellas y los que se quedan viudos son los maridos, caso en el que no habría tanto problema porque siguen manteniendo su pensión. No es lo mismo
hablar de un colectivo que ha trabajado, que ha podido cotizar y que, al jubilarse, ha podido cobrar su pensión. No, estamos hablando de un colectivo que ha estado trabajando mucho más o en peores condiciones de lo que lo hacemos nosotros ahora y
que no ha sido dado de alta en el sistema porque todos sabemos en qué circunstancias se trabajaba en años anteriores. Por lo tanto, creo que se trata de una deuda que este país tiene con ese colectivo de mujeres y que deberíamos hacer un esfuerzo
para hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad.
Me van a decir que no es el mismo ejemplo, pero les hemos regalado a las eléctricas un billón 300.000 millones y nos ha servido para que se produzcan apagones cuando hay un problema. Así que invertir 9.000 millones al año en un colectivo de
mujeres como este, se trataría del chocolate del loro, como se dice vulgarmente. Estamos hablando del chocolate del loro para un montante como el que tiene nuestro sistema de Seguridad Social. Simplemente podíamos desviar una parte del superávit a
los Presupuestos Generales del Estado y así conseguir este incremento. Es bien sencillo.
Señorías, yo creo que no se puede ir diciendo por todas partes que España va bien, que vamos a rebajar impuestos, sobre todo a los que más tienen, y negarles ciertas posibilidades a los que menos tienen. Todas las mujeres con las que he
hablado viven gracias a la ayuda que les dan sus hijos para llegar a final de mes, y le aseguro que cuando lo dicen no hay ninguna a la que no se le escape la lágrima al admitir que, después de toda su vida trabajando, tienen que depender de un hijo
o una hija para seguir viviendo. Una vez, una de ellas me decía que cómo íbamos a entender nosotros sus necesidades o lo que estaban viviendo si nosotros no lo habíamos vivido nunca ni éramos capaces de imaginárnoslo. Yo le decía que sí era capaz,
porque tengo a mi madre en las mismas circunstancias, le tengo que dar dinero para que pueda llegar a final de mes. ¿Es esto tan difícil de entender? Ustedes podrán decir que por qué no lo hizo el PSOE cuando estaba gobernando. No lo sé. Yo
también he preguntado por qué no lo hizo. A lo mejor porque había una oposición que no hacía la labor que tenía que hacer. No lo sé, pero yo les aseguro, señorías, que si mi partido estuviera gobernando en estos momentos, yo estaría machacando y
solicitando lo mismo que estoy pidiendo ahora, es decir, hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad, porque creo que es una deuda que este país tiene con un colectivo de mujeres gracias a las cuales hemos podido mejorar este país y tener la
sociedad que hoy tenemos. Si somos capaces de negarles esto, allá cada uno con su conciencia.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la presente iniciativa parlamentaria, la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), en relación a la compatibilidad de las pensiones emanadas del SOVI con las pensiones de viudedad. Me gustaría de hacer una serie de reflexiones en voz alta en cuanto al origen, la doctrina y el análisis de dichas prestaciones
emanadas del antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
El origen, como SS.SS. saben, del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez provenía de la unificación de los dispares seguros sociales existentes antes de 1940 y regulado a partir de dicho año, el Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez reconocía también la prestación de viudedad. La Ley de Bases de 1963 introdujo, con arreglo a la modernidad que requería aquella época, por movimientos en Europa y también en España, la Ley de Bases de la Seguridad Social, regulada por un
texto articulado en 1966. Finalmente, en 1972 se introdujo una modificación jurídica para el residual Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en relación a la disposición transitoria que está regulada como en la actualidad y que forma parte del
contenido de carácter residual y transitorio de lo que entendemos hoy por Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez al decirnos que solo podrán percibir la prestación del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez aquellas personas que hubieran cotizado
un día en el extinguido retiro obrero antes de 1940, o 1.800 días en el seguro ya numerosas veces referido en esta exposición. Y eso es lo que estamos discutiendo en este momento. No tenemos que entrar ahora en el fondo del planteamiento, sino en
la discusión doctrinal y no por ello menos importante.
Si el Tribunal Constitucional, un órgano consultivo y jurisprudencial, en el orden jurisdiccional el mayor que hay en nuestro Estado de derecho, transcribe una sentencia con un valor y un principio constitucional que todos debemos acatar,
sería necesario reconocerlo. El Tribunal Constitucional dice que su incompatibilidad es, pues, el resultado de una modificación normativa que no puede hacerse equivaler a una desigualdad de trato temporal, pues no es el transcurso del tiempo el que
origina la diferencia de régimen, sino una sucesión de normas que responden a principios y condiciones diversas. El Tribunal Supremo, en la reiterada jurisprudencia que emana también de ese órgano superior jurisdiccional del Estado nos dice que la
incompatibilidad de las pensiones que emanan del SOVI deriva del carácter residual de la prestación. Entiendo, por tanto, que entrar en determinados debates es un problema complicado y también un problema de discusión jurídica.
La modificación en cuanto a la compatibilidad entre las prestaciones del SOVI y las pensiones de viudedad llevaría a modificar en gran profundidad todo el ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad Social y creo que es un problema que nos
debemos plantear, no en virtud de una proposición de ley que presente el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano, a este Pleno, sino como una discusión mucho más profunda y más importante. Derivados del
reconocimiento de prestaciones del sistema existen otros regímenes de incompatibilidades que podrían y tendrían que ser debatidos en el seno de esta Cámara por su especial importancia. Dije la semana pasada -y lo reitero ahora- que el compromiso
del Gobierno en el área social ha sido importante. Estaba transcrito en nuestro programa electoral, en el ideario de la fuerza política a la que yo represento. Se estableció el compromiso del presidente del Gobierno de la mejora de las pensiones
más bajas. En el debate del estado de la Nación del año pasado se aprobaron distintas resoluciones en ese mismo sentido; pero no es sólo que se hayan aprobado distintas resoluciones en este sentido, sino que se han aplicado: se han mejorado las
pensiones mínimas reconocidas en el sistema en dos ocasiones, en virtud de los acuerdos llevados a cabo entre el Gobierno y los agentes sociales, en una cuantía muy superior a la suma de los incrementos del IPC anuales; se ha revisado la cuantía de
las pensiones de viudedad reconocidas a las viudas menores de 60 años y esto no había ocurrido nunca en nuestro sistema de derecho positivo; se ha prolongado tres, cinco o siete años la percepción de las prestaciones de orfandad; se ha legislado
por ley la revalorización de las prestaciones en general de jubilación, invalidez y viudedad. Creo que habría que reconocer de una vez por todas todos esos aumentos derivados de los acuerdos sociales que ha formulado y fomentado el Gobierno con los
agentes sociales.
Señora López i Chamosa, antes de entrar en la fijación de posición con el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió le querría decir algunas cosas: primero, para usted un colectivo de 60.000 personas no será importante, pero
para nuestra sociedad sí lo es; segundo, usted dice que hay pensiones que afectan a la dignidad , y hay pensiones mínimas en todo el sistema; y tercero, usted dice que España no va bien. No sé si va bien. Lo que le garantizo es que va mucho
mejor que cuando ustedes gobernaban porque se ha invertido en ilusión, en futuro, se ha fomentado la creación de empleo, se ha mejorado el sistema de la Seguridad Social, se ha saneado el equilibrio financiero de la Seguridad Social, es decir, se
han hecho muchas cosas. Para usted habrá sido poco, pero para nosotros ha sido un esfuerzo nada baladí.
Señor Campuzano, me gustaría llegar con usted, como proponente de esta iniciativa, a un acuerdo como el que llevamos a cabo la semana pasada.
Creo que por parte de mi grupo parlamentario y por parte del Gobierno en numerosas ocasiones se ha
puesto de manifiesto nuestra especial sensibilidad para llegar a acuerdos en todos los aspectos sociales y en todo aquello que contribuya
a la solidaridad y a la cohesión de nuestra sociedad. Usted, que como yo lleva muchas veces cuestiones sociales en esta Cámara en el Pleno o en comisión, sabe de los esfuerzos reales que hemos intentado hacer en cada una de las cuestiones
que ustedes han ido planteando. Me preocupa la cuestión jurídica porque creo que es una cuestión de fondo importante como para no entrar en la cuestión de fondo que plantea la propia proposición de ley. Si se ha constituido la Comisión no
permanente que estudia la valoración de la aplicación de las recomendaciones que se contenían en aquel documento o dictamen que analizaba los problemas estructurales de la Seguridad Social y que conocemos hoy como el Pacto de Toledo, cuando hay una
cuestión que puede afectar a la compatibilidad o incompatibilidad de prestaciones que deriven, no en este caso del sistema único, sino del sistema único y del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, es en ese foro mucho más concreto,
especializado, en el que en este momento están compareciendo todas aquellas personas que puedan aportar datos y que tendrá su valoración en una resolución que se emitirá por la Comisión dentro de tres o cuatro meses, donde deberíamos estudiar esta
cuestión.
Lamentablemente, en esta ocasión mi grupo no va a poder votar favorablemente la presente proposición de ley, pero ponemos de manifiesto que la semana pasada llegamos a un acuerdo importante, que iremos debatiendo en un futuro inmediato, que
contribuirá a mejorar notablemente unas cuantías de las prestaciones derivadas del SOVI que en dos años han aumentado prácticamente en un 20 por ciento, puesto que estaban en 40.000 pesetas y ahora están en 43.250. También ponemos de manifiesto que
la pensión media de viudedad en los años que lleva en el Gobierno el Partido Popular ha aumentado un promedio del 33,6 por ciento. Usted me reconocerá, señor Campuzano, que este aumento sobrepasa con creces el promedio del IPC. Por tanto,
lamentamos no poder acompañarles en esta iniciativa. Sepan que tienen todo nuestro respeto político en cuanto a la sensibilidad e intentaremos seguir trabajando en la Comisión no permanente que valora los resultados obtenidos en el Pacto de Toledo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
Sometemos a votación la toma en consideración de proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad
del sistema de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 135; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la referida proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTAS, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL BLOQUEO DEL PROCESO DE PAZ EN EL
SAHARA OCCIDENTAL, AUSPICIADO POR NACIONES UNIDAS. (Número de expediente 162/000391.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día, proposiciones no de ley.
Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y
Mixto, sobre medidas para paliar las consecuencias negativas del bloqueo del proceso de paz en el Sahara Occidental, auspiciado por Naciones Unidas.
Para la defensa de la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Torrado. (Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que quienes vayan a abandonar el
hemiciclo lo hagan en silencio y de manera rápida.
La señora TORRADO REY: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, dice nuestro secretario general que todo aquello que se hace realidad alguien lo ha soñado antes. Subir hoy a esta tribuna para defender, en nombre de mi grupo, esta proposición no de ley relativa al Sahara es
una realidad que yo había soñado, pero sé que tengo conmigo otros sueños, los de miles de personas que duermen bajo el cielo de la hamada argelina, en sus jaimas, tal vez con frío, quizás con hambre, porque se sigue retrasando la llegada de la ayuda
alimentaria internacional, y con toda seguridad con esperanza. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Torrado, por favor. (Pausa.)
Adelante.
La señora TORRADO REY: Decimos que con toda seguridad con esperanza, con la esperanza de volver a su tierra, a sus casas, con la esperanza de dejar las armas inútiles y mudas desde hace ya diez años, pero que aún siguen preparadas para la
guerra; con la esperanza, en definitiva, de que sus hijos crezcan libres y en paz. También siento la mirada de los políticos saharauis que hoy nos acompañan y siguen con atención todas
nuestras intervenciones, porque esta iniciativa clarificará posturas y les dará la visión de lo que España está dispuesta a hacer en el futuro inmediato para la solución del conflicto. Espero sinceramente que se lleven de esta Cámara lo que
han venido a buscar, el apoyo unánime a su causa.
Sabemos que el tiempo en el que se debate esta iniciativa se encuadra en el contexto de dos propuestas: una, la conocida con el nombre de tercera vía, en la que el señor Baker planteaba la posibilidad de una autonomía dentro del territorio
y bajo la soberanía de Marruecos. Esta solución podemos considerarla prácticamente desestimada, ya que tanto Argelia como el Frente Polisario han manifestado su oposición a la misma, por lo que será imposible que prospere en la práctica. Por otro
lado, nos encontramos a la espera de saber cuál es la cuarta propuesta, que parece que iría encaminada a una partición del territorio. Ni el Frente Polisario ni Argelia conocen aún el texto, por lo que todavía no hay posiciones ni a favor ni en
contra de esta posibilidad, pero consideramos, como decimos en el texto de la propuesta, que todos los esfuerzos que se realicen para que las partes implicadas avancen en el proceso de encontrar una solución consensuada al conflicto son positivos y
servirán para que el estancamiento que existe en la actualidad encuentre la vía y se retome el impulso imprescindible en el sentido que las partes decidan. También será importante conocer el informe que ha de emitir el Consejo de Seguridad de la
ONU antes de que finalice el mes de febrero, que es cuando acaba la prórroga de la Minurso, la misión de Naciones Unidas. En el mismo se deberán de calibrar las posibilidades futuras de una salida pacífica al conflicto y sabremos también cuál es la
posición que se adopta en Naciones Unidas ante el informe de la asesoría jurídica de Naciones Unidas acerca de las implicaciones legales de las prospecciones petrolíferas que se realizan en el territorio del Sahara Occidental. El dictamen es claro,
aunque aún no está ratificado: Marruecos no figura como potencia administradora del territorio en la lista de la ONU de los territorios sin autodeterminación. Por tanto, hoy tiene más sentido que nunca que sigamos defendiendo la legalidad
internacional, lo que supone dar validez al Tribunal de La Haya sobre el Sahara y también apoyar abiertamente el Plan de arreglo de la ONU que prevé el referéndum de autodeterminación.
Nos alegramos especialmente esta tarde de que el Grupo Popular, mediante la enmienda presentada, se sume a la aprobación de esta iniciativa. Es la forma en que los saharauis se van a sentir apoyados en sus reivindicaciones por el país del
que más esperan, y así sabrán cuál es la dirección de la propuesta que va a hacer el Gobierno español, tanto como parte interesada como en su calidad de presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Por cierto, hoy, hace
aproximadamente una hora, el señor Piqué, en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, ha contestado ya a varias preguntas relativas al Sahara, lo que indica el grado de interés que suscita este tema entre los parlamentarios europeos.
Además de apoyar la legalidad, hemos de apoyar las iniciativas de Naciones Unidas tendentes a encontrar una solución acordada por las distintas partes implicadas. No hemos de cerrar ninguna puerta a la solución del conflicto, siempre que se
encuadre en el diálogo, mantenido por supuesto en pie de igualdad entre los gobiernos de Marruecos y del Sahara Occidental. Así lo ha entendido el secretario general de Naciones Unidas que, en su informe de 10 de enero, anima a las partes -a
Marruecos, al Frente Polisario, a Argelia y a Mauritania- a que sigan cooperando con el enviado especial para encontrar una solución rápida, duradera y acordada.
España debe estar siempre del lado de la legalidad internacional pero, a la vez, ha de convertirse en parte activa en el encuentro de una solución y ha de esforzarse especialmente por ser uno de los países implicados históricamente en el
conflicto. Además, debemos, como decimos, adoptar la postura de liderazgo dentro de la Unión Europea, porque durante la presidencia de la misma se habrá de presentar la posición común sobre el Sahara. El voto a favor de esta proposición no de ley
nos afirma en nuestro compromiso, adquirido en varias ocasiones, de estar siempre del lado de la legalidad internacional; incluso implicándonos aún más, siendo España el país que mayores esfuerzos destine a poner punto final al conflicto sin que
sean los saharauis los mayores perjudicados. El voto a favor debe servir, además, para que desde la Agencia Española de Cooperación se dedique una especial atención a la situación de los campos de refugiados, que sufren últimamente retrasos
injustificados de la ayuda humanitaria que deterioran aún más la ya de por sí difícil vida de los saharauis. Esperamos un compromiso del Grupo Popular de apoyo a las iniciativas que se presenten en este sentido, de modo que sirvan para aumentar
sustancialmente los recursos que se han destinado a los campamentos en los últimos años.
Termino mi intervención, señora presidenta, recordando que, desde hace más de veinticinco años, el pueblo saharaui y sus dirigentes han dado prueba de una gran dignidad y de una paciencia infinita, pese a las duras condiciones de vida que se
ven obligados a soportar. Tanto por razones históricas como por razones jurídicas, hay que ser militante a favor de los derechos de un pueblo que está sabiendo hacer frente de manera ejemplar a una situación ilegal e injusta. Si tuvieran que
volver a la guerra, la responsabilidad recaería, sobre todo, en la comunidad internacional.
Espero que hoy exista unanimidad en esta Cámara. Con ello, todos los diputados votaremos a favor de la paz y de la justicia.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos hallamos ante una proposición no de ley que va más allá de la simple connotación política, que la tiene lógicamente y muy importante. Esta es una proposición no de ley que está llena de connotaciones de muchos tipos; entre
ellos, diría que esta es una propuesta reparadora, a la vez es una propuesta social y, cómo no, es una propuesta humanitaria. Es reparadora porque España tiene una gran responsabilidad en esta situación. Los pueblos deben tener memoria histórica y
esta nos debe hacer aprobar hoy por unanimidad esta moción.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) El pueblo saharaui se vio involucrado hace muchos años en esta situación por una decisión española y hoy el Congreso de los
Diputados puede y debe aprobar una proposición no de ley que no deja de ser reparadora en el tiempo. Es una propuesta social, porque atañe a todo el pueblo, al pueblo saharaui, un pueblo que lleva más de un cuarto de siglo en el destierro; un
pueblo del que varias generaciones han nacido en el destierro, no han conocido su tierra y sólo la otean desde la distancia y desde la añoranza. Es una propuesta humanitaria porque, entre otras cosas, si leemos el cuarto punto, vemos que se pide
que se continúen desarrollando y acentuando los proyectos y programas de ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Diría más, no que se continúen, sino que se aumenten; que se aumenten en tiempo y forma, que se aumenten todo lo que se deba. España
preside en estos momentos la Unión Europea. Esta presidencia debe servir para muchas cosas pero también debe servir para ayudar más al pueblo saharaui. España debe conseguir ayudas más amplias, ayudas de la Unión Europea en bloque.
Actualmente
vemos que las ONG y otros organismos denuncian reiteradamente la escasez de ayuda alimentaria, la falta de medicamentos y la falta de material escolar. Señorías ¡qué triste es hablar aún, en el año 2002, en la época de la globalización, de ayuda
humanitaria para un pueblo!, pero esta es la realidad y los diputados y diputadas que hoy votaremos esta proposición no de ley tenemos el reto de instar al Gobierno del Estado para que podamos, de alguna forma, ayudar una vez más al pueblo saharaui.
Lo podemos hacer desde la unanimidad -creo, espero y deseo que así sea- o lo podemos hacer desde el posicionamiento político, legítimo y lógico; pero, ¿por qué no desde la unanimidad y el posicionamiento político? En este caso podemos tener, cómo
no, pensamientos diferentes, pero debemos tener un sentimiento unánime para aprobar esta proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que se debe aprobar esta proposición no de ley desde la generosidad política, desde el sentimiento y estima hacia un pueblo que se encuentra ante una injusticia histórica y en un
abandono reiterado por los gobiernos españoles y que, a pesar de todo, sigue confiando en el Estado español y espera hoy de sus políticos una respuesta positiva. Se ha dicho anteriormente que hay aquí unos políticos saharauis, entre ellos el
presidente del Parlamento saharaui. Esperamos y esperemos que se vaya a su tierra con las manos llenas de comprensión y de apoyo de este hemiciclo; que cuando vuelva a su gente le diga que los representantes del pueblo español unánimemente han
dado apoyo a esta proposición no de ley. Sabemos que es un tema difícil, que no es fácil, pero creemos que hay que instar a las partes a buscar un consenso; hay que buscarlo desde las Naciones Unidas, desde los gobiernos y hay que aprovechar la
presidencia del Gobierno español que hoy está presidiendo la Unión Europea para sentar a las partes, dialoguen y busquen soluciones.
Es importante resolver este conflicto por razones humanitarias, pero también por respeto a la legalidad internacional. Hubo un plan de paz que instó la ONU. No sabemos si hay que buscar otro; no sabemos si el mismo sirve o hay que buscar
otro, pero hay que buscar la paz, hay que instar la paz. Es importante resolver este conflicto por respeto a los derechos colectivos de los pueblos y también por la estabilidad del Magreb. El Magreb no tendrá una estabilidad política y social si
no hay solución al problema saharaui. Por tanto, hoy tenemos la oportunidad de visualizar que los medios de comunicación mañana publiquen que todos los partidos, de derecha e izquierda, de centro, nacionalistas, todos, de alguna forma piden, claman
por la paz, claman por la solución de un problema que está a más de 2.000 kilómetros de este Congreso, que atañe a más de 165.000 personas que desde hace más de veinticinco años viven en tiendas de campaña en pleno desierto. Es un desierto que
conozco, que amo profundamente y que realmente es bonito, pero es indigno que allí se viva desde el ostracismo y desde el rechazo.
Señorías, allí hay miles de hombres que por las mañanas no pueden ir a pescar porque les han quitado el mar; hay miles de hombres que no pueden labrar porque les han quitado la tierra; hay miles de mujeres que no pueden regar las flores
porque no tienen jardín; hay miles de niños que juegan con la arena del desierto porque no tienen nada más; es una arena, señorías, que se les escurre entre los dedos, como la ilusión de este pueblo de años y años por volver a su tierra. Hoy
podemos pedir que se entiendan, que dialoguen, que hablen las partes, pero sobre todo podemos pedir que haya voluntad política de este hemiciclo por reparar un daño histórico.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Maldonado.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que empiece, porque entiendo que no puede ser de otra manera, trasladando en nombre de mi grupo y en el mío propio un saludo a la representación del pueblo saharaui que nos acompaña en este debate, un saludo lleno de
admiración y de solidaridad en nuestro nombre y en el nombre de los miles de españoles y españolas que vienen acompañándoles en su lucha por sus justas reivindicaciones, en su lucha por la independencia de su pueblo.
Es necesario iniciar esta intervención planteando un problema que para nosotros es claro, y es que no estamos ante guna situación de vacío que haya que llenar, sino que estamos ante una situación sobre la que existe un acuerdo claro y nítido
de Naciones Unidas que hay que cumplir. No podemos, por tanto, tener dos varas de medir a la hora de exigir el cumplimiento de los acuerdos de Naciones Unidas, tan válidos son los que se refieren a un pueblo como los que se refieren, en este caso,
al pueblo saharaui. Desde esta situación hay que decir que la cuestión de hoy es cómo se cumple, cuándo se cumple la resolución del Comité de descolonización de Naciones Unidas que reafirma una vez más el Plan de arreglo como única vía de solución
del conflicto. Hay que decir con toda claridad que el Plan de arreglo es sinónimo de referéndum de autodeterminación. Por eso no se puede decir, mucho menos después del 10 de octubre, que hay que estar a la espera de lo que decidan las partes
implicadas; después del 10 de octubre hay que decir que lo que hay que negociar no es si hay referéndum o no hay referéndum, lo que hay que negociar es cómo y cuándo se hace este referéndum. Si se dice otra cosa, si se deja caer otro tipo de
declaraciones, no es ni más ni menos que alentar esa complicidad que pueda haber por parte de Marruecos para intentar dilatar el problema, para intentar, en definitiva, enterrar el Plan de arreglo y enterrar el referéndum.
Señorías, desde Izquierda Unida estamos convencidos de que hay que mantener las mejores relaciones con Marruecos, estamos convencidos de que éstas deben basarse en el mutuo respeto y en los intereses de ambos países, pero también tenemos muy
claro que la soberanía, la integridad territorial y la independencia del Sahara no son negociables y mucho menos si pueden ser utilizadas como moneda de cambio entre terceros países. Creemos que eso no puede ser admitido ni en esta Cámara ni fuera
de ella.
En lo referente al conflicto del Sahara, señorías, nuestro grupo también tiene muy claro que no se puede ser neutro, y no se puede por dos elementos. En primer lugar, porque hay una responsabilidad histórica de España que ya una vez
traicionó al pueblo saharaui, y aunque es verdad que fue un gobierno franquista el que lo hizo, también es verdad que todavía les debemos una reparación. En segundo lugar, porque la defensa de las resoluciones de Naciones Unidas no nos puede hacer
neutrales. Hay que implicarse, hay que ser parcial a la hora de exigir el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Por eso, la propuesta que hoy traemos a votación no es neutra, es una propuesta que ratifica el mandato unánime que esta
Cámara dio en su día para que nuestro Gobierno se implique en la resolución del problema, se implique en la exigencia de que de una vez por todas se termine la descolonización del Sahara occidental. Esa es la situación: hay que terminar el proceso
de descolonización. Ya se ha dicho en esta tribuna que Marruecos no es la potencia que administra legalmente el Sahara, por parte de Marruecos hay una ocupación militar de un territorio -y hay que decirlo con todas las letras en esta tribuna-
injusta y sangrienta, sin ninguna legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional. Esa es la realidad de la que hay que salir y no otra; hay que salir, como se ha salido de los procesos de colonización, mediante un referéndum de
autodeterminación.
Eso es lo que dice Naciones Unidas y eso es lo que vamos a ratificar hoy aquí. Vamos a ratificarlo para evitar, como decía, que exista alguna veleidad en cuanto a que nuestro país cambie de postura. Nuestro país,
afortunadamente esta Cámara lo va a refrendar por unanimidad, va a seguir donde estaba, que es en la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Un pueblo que siempre ha buscado la paz, un pueblo que se ha visto obligado a
mantener, en contra de su voluntad, una guerra para defender sus legítimos derechos; un pueblo que lleva veintiséis años intentando conseguir una independencia que le ha sido negada un año tras otro; un pueblo que lleva diez años en una larga y
difícil defensa de la aplicación del plan de paz de Naciones Unidas. Se puede decir, y hay que decirlo con rotundidad, que si hoy no hay guerra en el Sahara Occidental es por la paciencia, por la templanza, por el aguante de este pueblo que a pesar
de los desdenes, a pesar de las humillaciones, ha seguido defendiendo la vía de la paz para solucionar el conflicto. Sin embargo, también tenemos que tener muy claro, señorías, que todo tiene un límite y que no se puede mantener esta situación de
una forma indefinida, porque mantenerla sería, ni más ni menos, que alentar las posiciones anexionistas. Hay que buscar una salida, que no puede ser otra que el reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo saharaui para determinar libremente
su futuro y esto sólo se puede hacer celebrando el referéndum, tal como ha aprobado y sigue reafirmando Naciones Unidas.
Esta es la postura que ha defendido Izquierda Unida y que hoy aquí todos vamos a ratificar. La iniciativa que hoy discutimos viene a respaldar y a dar la palabra a los cientos de miles de españoles que con su firma, con su solidaridad
activa, han dicho que están de acuerdo, que vienen apoyando la lucha del pueblo saharaui.
Han traído a esta Cámara cientos de miles de firmas para que veamos que estamos haciendo un debate sobre la base de un amplio movimiento social de nuestro país, un movimiento social que se han ganado los saharauis en su lucha por la
independencia y que hoy aquí esta Cámara puede respaldar con rotundidad.
Señorías, a uno le llena de satisfacción encontrar la unanimidad en estos casos. La posición española debe ser firme y activa. No nos contentaríamos sólo con que hoy aquí alcanzásemos la unanimidad. Nuestro Gobierno también adquiere un
compromiso, porque está ejerciendo la presidencia de turno de la Unión Europea y eso le exige que se implique en el tema; le exige que presione para que la Unión Europea juegue un papel en activo y que al final se consiga ese referéndum que no es,
ni más ni menos, que el derecho que tienen los saharauis a determinar su futuro. Hoy aquí vamos a alcanzar un acuerdo importante, vamos a aprobar en un momento muy oportuno una resolución que despejará cualquier duda, cualquier posible malentendido
y dejará muy claro cuál es la postura de cada uno de los grupos políticos que subimos a esta tribuna y también del Parlamento español. Estoy seguro de que este acuerdo mañana será conocido en los campos saharauis y que recorrerá al desierto como un
vendaval de ilusión, esa ilusión que le hace falta al pueblo saharaui para seguir existiendo, para seguir oponiéndose a la ocupación militar e injusta en su territorio. Por eso, este vendaval de ilusión es importante que sea respondido por nuestro
Gobierno, como dice la resolución que planteamos para su aprobación, no solamente en la ratificación de la necesidad de referéndum, sino que se tenga en consideración el punto cuarto, que habla del desarrollo y de que se acentúen los proyectos y
programas de ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Hay muchos pueblos en el mundo que merecen nuestra solidaridad y nuestro apoyo, pero el pueblo sahararui está entre los primeros. Es importante que, con la resolución aprobada y con la esperanza
de futuro, se adopte el compromiso de ayuda solidaria de nuestro país para con ellos tanto porque tenemos responsabilidades históricas como también porque se lo merecen, porque han venido luchando en condiciones infrahumanas, muy difíciles, cuando
hubiera sido fácil entregarse, renunciar y vender su soberanía a cambio de una vida más fácil. Han resistido y esa resistencia merece que desde este Parlamento, desde este país, se demuestre esa solidaridad activa a la hora de aprobar programas y
proyectos de ayuda humanitaria para el pueblo saharaui.
Como he dicho en otras intervenciones, no puedo dejar de referirme a las mujeres saharauis. Si el pueblo saharaui en su totalidad es un pueblo heroico, un pueblo que pasará a la historia como uno de los que más han defendido su derecho a la
existencia, la mujer saharaui ha jugado un papel determinante, clave. En condiciones muy difíciles ha sabido organizar la sociedad, compaginar su actividad militar o civil con la organización de su pueblo y trabajar por la independencia. La mujer
saharaui ha dado una lección a muchas mujeres y a muchos hombres en otras zonas de la tierra sobre lo que es implicarse en la defensa de su pueblo.
Querría terminar esta intervención expresando mi admiración a las mujeres saharauis, a las aquí
presentes, para que lo trasladen a sus compañeras en los campos y para que sepan que en España se las tiene presentes como un ejemplo de lucha y de virtud.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta es una iniciativa, que corre con cupo del Grupo Parlamentario Vasco, para poder presentar la suscrita por distintos grupos en el Pleno del día de hoy y que, conforme a la lectura literal del Reglamento de la Cámara, por la
ordenación del debate correspondería a este grupo parlamentario su primera intervención. Por razones que se nos escapan se ha ordenado el debate de otra manera; lo lamentamos pero queremos dejar constancia de que ha sido nuestro grupo
parlamentario el que ha propiciado el debate en esta Cámara en el día de hoy. En esta Cámara, señor presidente, se toman acuerdos entre grupos que no consultan ni con el grupo proponente, circunstancia que va adquiriendo mayor relevancia con el
paso del tiempo. Hago esta constatación para que quede clara la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco que, junto con todos los demás grupos parlamentarios, excepto el Grupo Popular, que ha presentado después una enmienda a este tema, posibilita
este debate en el día de hoy en la Cámara.
Una vez hechas por distintos portavoces consideraciones de tipo más genérico o político, resulta procedente a estas alturas del debate traer determinados datos históricos y geográficos con relación a este tema. El año pasado se cumplieron
veinticinco años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, que está reconocida por más de setenta estados, y uno tiene la impresión en el seguimiento de estos temas, en la medida en que va avanzando en la edad, que algunos temas
avanzan con paso de cangrejo. Si nos hubiesen dicho en 1985, cuando Marruecos propuso un referéndum a la ONU, en una solución bien acogida por los saharauis, que en el 2002 estaríamos instando a los organismos internacionales, a la Unión Europea, a
que active soluciones al problema aprovechando la presidencia del Gobierno español, yo creo que ciertamente nos sorprenderíamos muy mucho; a los que hoy proclaman el patriotismo constitucional el observar qué ha sido de aquello que fue la antigua
provincia española les debería llevar también a la reflexión,
porque por mucho que se trate de edulcorar este tema, la realidad pura y dura es, señorías, que Marruecos ha aprovechado todo este tiempo para colonizar Sahara, y esa es la palabra. Existen 135.000 alegaciones al censo de la ONU, en una
estrategia bien premeditada para bloquear el procedimiento previsto, para ganar tiempo y para neutralizar a la propia ONU. Desde esta perspectiva, con todos los respetos hacia Marruecos, no se nos puede ocultar que estas estrategias son
premeditadas, están planteadas con el ánimo de ganar y están planteadas con el ánimo de no permitir el libre reconocimiento de una nación, de un pueblo como el saharaui, que desde 1985 adoptó unos acuerdos, aceptó unas resoluciones internacionales,
y que sigue esperando que esos derechos humanos, derechos colectivos, derechos internacionales, se concreten en su propia tierra, en su propia nación, en su propio Estado.
Resulta razonable que, por otro tipo de políticas internacionales, la consideración de Marruecos en su condición de garante de la estabilidad del Magreb lleve a condicionantes, lleve a matizaciones, lleve a estudiar los ritmos de los
procesos, pero lo que no parece razonable al Partido Nacionalista Vasco es que, una vez que han pasado 26 años, estemos intentando generar políticas edulcorantes con relación a estos temas. A estas alturas, señorías, el café es café, no nos vamos a
engañar. Da la impresión en el debate de hoy que vamos a aceptar una proposición no de ley por unanimidad en la Cámara, nos tememos muy mucho, y así lo queremos manifestar, que para seguir otros 25 años así, viendo cómo Marruecos va avanzando paso
a paso en su estrategia y los organismos internacionales van entrando y ajustando sus estrategias para, sin alterar demasiado el orden, neutralizar las posiciones adoptadas hace tantos años.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor presidente, suscribe la proposición no de ley en todos sus términos. Nos resulta sorprendente que se vuelva a tener que ratificar un mandato unánime de la Cámara en relación a la resolución de
Naciones de Unidas; lo volvemos a hacer, lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta, pero, en definitiva, señorías, nos encontramos con un orden internacional en el que priman las fronteras y las posiciones de los actuales poderes, que no
quieren en ningún caso alterar esas fronteras, alterar el statu quo internacional.
Desde nuestra posición, somos defensores del libre ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos que democrática y voluntariamente -no recurriendo a la
historia, no recurriendo a posiciones subjetivas, étnicas se dice ahora, sino a posiciones democráticas actuales de ciudadanos del siglo XXI- manifiestan su voluntad ante la comunidad internacional de consolidarse como un Estado, de consolidarse
como una nación y que puedan encontrar los marcos jurídicos oportunos en su propio Estado en el orden internacional para poder constituir su Estado, su nación en paz y en libertad en el conjunto de las naciones y de los pueblos del mundo. Eso es lo
que deseamos desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) al pueblo saharaui. Creemos que están en su perfecto derecho y creemos, señorías, que nosotros, como diputados de esta Cámara, no podemos ni engañarnos, haciéndonos trampas en el solitario,
ni engañar a tan dignos representantes que están llevando esta denodada lucha con tanto empeño y en condiciones bien precarias.
Este Estado, señorías, tiene que estar en condiciones de hacer las gestiones oportunas ante los organismos internacionales para que los acuerdos que en distintos años se han ido adoptando en relación a este tema, se ejecuten; que haya un
referéndum cuanto antes en el pueblo saharaui, con un censo contrastado; que quede clara cuál es la voluntad democrática del pueblo saharaui y que los demás pueblos y naciones del mundo podamos colaborar con el pueblo saharaui en el libre ejercicio
de sus derechos y de su libre autodeterminación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos discutiendo esta tarde una proposición no de ley presentada por casi todos los grupos políticos de esta Cámara. Cada uno de nosotros representamos opciones políticas muy diferentes, pero todos compartimos, seguramente al
igual que la mayoría de los que hoy estamos sentados en esta Cámara, firmantes o no de esta iniciativa, la solidaridad y el apoyo para con un pueblo, el pueblo saharaui, condenado desde hace más de 25 años a vivir en unas durísimas condiciones y
esperando a poder regresar a su tierra.
Son muchas las resoluciones de las Naciones Unidas que, sustentándose en el derecho internacional, ratifican que es éste un proceso de descolonización pendiente, así como el derecho a la autodeterminación y el compromiso, por tanto, de
celebrar un referéndum. Sin embargo, la realidad es que estamos ante una delicada coyuntura internacional, y más aún después del 11 de septiembre, donde han de evitarse situaciones de conflicto como la que puede representar el enquistamiento actual
y la peligrosa situación de bloqueo y estancamiento que impide la consecución de las resoluciones de las Naciones Unidas, por tanto que prevalezca el derecho internacional frente a cualquier otro tipo de interés. Como saben SS.SS., próximamente el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha de emitir una nueva resolución, y el próximo 28 de febrero de 2002 finaliza el actual mandato de Minurso.
En el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria somos conscientes de la delicada situación internacional, pero asimismo entendemos que es necesario y
oportuno manifestar el compromiso de todos y que esta Cámara inste a las organizaciones internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas y Unión Europea, a que activen de forma urgente la solución de este problema. El sentido del primer
punto de esta iniciativa es ratificarnos nuevamente en el mismo sentido que el de iniciativas ya aprobadas en esta Cámara como, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Exteriores de junio y septiembre de 1996, diciembre de 1997 o directamente en el
Pleno en diciembre de 1997, mayo de 1998 y, más recientemente una proposición no de ley de junio de 2000. En todas ellas se insta a las partes a la aplicación del plan de paz de Naciones Unidas y a los acuerdos de Houston en relación con la
celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. En estos momentos es necesario que esta Cámara y el Gobierno español se ratifiquen en las iniciativas ya aprobadas y, cómo no, en el apoyo a las resoluciones de las Naciones
Unidas como vía para hacer prevalecer el derecho internacional.
En el segundo punto de esta iniciativa, proponemos que en la actual presidencia europea del Gobierno español éste inste a la Unión Europea y a sus Estados miembros a adoptar un papel activo en aras a la solución del problema. Señorías,
hemos de recordar que está desplazada en la zona la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara occidental, Minurso, prorrogándose su mandato año tras año y manteniendo medios humanos y técnicos como garantía para preservar la paz.
Un supuesto fracaso de las Naciones Unidas y del derecho internacional, expresado a través de su resoluciones, podría representar un peligroso antecedente hacia los principios establecidos por la comunidad internacional.
Desde Canarias vivimos históricamente este conflicto con la aún mayor preocupación que nos produce la cercanía y nos preocupan los elementos de inestabilidad que esta situación pueda provocar en la zona. En un reciente informe de los
servicios jurídicos de Naciones Unidas del pasado 29 de enero, realizado a petición del presidente del Consejo de Seguridad para valorar la legalidad de las contrataciones realizadas por las autoridades de Marruecos con empresas extranjeras para la
exploración de los recursos minerales en el Sahara Occidental, a la luz de la legislación internacional, se dice lo siguiente. Que el Sahara español se incluyó desde el año 1963 en la lista de los territorios sin autodeterminación en el apartado
undécimo de la Carta de Naciones Unidas; que en diversas resoluciones de las asambleas generales de las Naciones Unidas sobre el Sahara occidental español se ha reafirmado la aplicabilidad al territorio de la declaración sobre el otorgamiento de la
independencia de los países y pueblos coloniales; que el acuerdo tripartido de 1975 no traspasó soberanía sobre el territorio ni concedió estatus de potencia administradora a ninguno de los firmantes, pues -dice el informe- España no puede decidir
sola o unilateralmente ceder o traspasar dicho estatus. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Señorías, España es la frontera sur de Europa y Canarias la atlántica. El Gobierno español ha de transmitir a Europa que es este también su problema, ha de esforzarse por crear el clima adecuado que permita la consecución del plan de paz de
Naciones Unidas. El informe de Naciones Unidas, al que acabo de hacer referencia, vuelve a recordar un pasado común que coloca a España en un necesario papel protagonista para intentar aunar voluntades y trabajar en el camino de una diplomacia
efectiva de paz para el pueblo saharaui, en el contexto internacional de Naciones Unidas. Además, tenemos ejemplos históricos que nos enseñan que, cuando ha existido voluntad política y las Naciones Unidas, conjuntamente con la comunidad
internacional, han hecho un esfuerzo por acercar puntos de vista divergentes, los obstáculos y las dificultades que parecían insuperables han dado lugar a soluciones consensuadas. Es éste también el sentido del tercer punto de esta iniciativa, que
insta a las partes en el sentido de avanzar en este proceso, fomentando actuaciones políticas y diplomáticas para negociar y buscar fórmulas con apoyo y consenso, pero que resuelvan de forma justa, sin más demora, la situación de un pueblo que lleva
más de 25 años pendiente de este conflicto.
El cuarto y último punto hace referencia a la necesidad de incrementar la ayuda humanitaria a los campamentos refugiados. Si bien es este un aspecto que ya se ha recogido en anteriores resoluciones de esta Cámara, en estos momentos es
urgente. En el último informe de 10 de enero de este año, el secretario general de Naciones Unidas califica la situación de los refugiados saharauis como motivo de creciente preocupación y pide a la comunidad internacional que preste generoso apoyo
al ACNUR y al PMA para poder satisfacer las necesidades humanitarias de esos refugiados hasta su regreso al territorio.
En la información oficial que tenemos se constata una disminución de la ayuda del Gobierno español al pueblo saharaui. Esta situación ha de ser corregida urgentemente y reaccionar ante el llamamiento realizado por Naciones Unidas, máxime
desde el Gobierno español, que debe ser receptivo a las profundas relaciones históricas y de solidaridad que han unido a ambos pueblos. La única vía reconocida por las Naciones Unidas se expresa a través de sus resoluciones. El derecho
internacional en materia de colonización de territorios ocupados es el derecho a la autodeterminación, que ha de ser respetado y es hoy la vía para garantizar la convivencia, libertad y democracia, la vía para sentar las bases del desarrollo de la
zona y de sus pueblos, incluso el pueblo saharaui. Muchos de los saharauis de la primera generación de refugiados han fallecido y ya en los campamentos de Tinduf han nacido y crecido nuevas generaciones. Es responsabilidad de todos hacer un
esfuerzo para que estas generaciones puedan regresar y vivir en paz en su casa y en su tierra. El último informe
de los servicios jurídicos de Naciones Unidas vuelve a reafirmar las bases de los postulados que son legales y de los que son ilegales. Los legales se sitúan en que este es un proceso de descolonización pendiente que ha de concluir con el
proceso de autodeterminación, que en su día ya diseñaron las Naciones Unidas. La solución en esta línea ha de ser consensuada y justa y no se pueden imponer unilateralmente otras vías.
Hoy todos debemos felicitarnos por el esfuerzo de consenso que hemos realizado tanto los grupos firmantes como también, hay que decirlo, el Grupo Popular y su portavoz, pues en su enmienda respeta gran parte de la literalidad del texto y no
desvirtúa el contenido y el objetivo de la proposición no de ley. Espero sinceramente que todos podamos esta tarde hacer efectiva la voz unánime de este Parlamento apostando por que los pueblos del Magreb convivan en paz y sea ésta una zona de
progreso, instando, desde esta Cámara y en presencia de responsables también parlamentarios del pueblo saharaui, la necesidad de desbloquear el proceso de autodeterminación puesto en marcha por Naciones Unidas como vía para dotar de garantías de
estabilidad y paz a la zona y a los pueblos que en ella viven.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervendré con brevedad en nombre del Bloque Nacionalista Galego y del conjunto de los grupos políticos que conforman el Grupo Mixto, eso sí compartiendo el tiempo con el señor Núñez, en este debate de la
proposición no de ley que conjuntamente firman todos los grupos de la Cámara, excepto el Partido Popular, y que se deriva de la preocupación común existente acerca de cómo se está desarrollando el proceso de descolonización del Sahara y la necesidad
de aumentar la iniciativa del Gobierno para intentar llevar a buen puerto este proceso del que debiera derivarse en justicia una salida que respetase los deseos y derechos del pueblo saharaui, deseos que siempre quisieron explicitar a través de la
celebración de un referéndum de autodeterminación.
Nuestra opinión es que el pueblo saharaui tiene derecho a decidir libremente sobre su futuro como lo reconocieron en su día el Tribunal de La Haya y la propia ONU. Es verdad que la situación actual se deriva, resumidamente, en primer lugar,
del modo en que el Estado español decide abandonar su colonia, pactando su entrega a Marruecos y Mauritania y abandonando de ese modo su política y compromisos anteriores. A partir de ahí, se produce una situación por todos conocida, que después de
muchos avatares y esfuerzos acaba sentando las bases para un plan de paz -por cierto, aceptado por las partes- que desgraciadamente aún no se ha visto aplicado. Es verdad -ya hicieron referencia otros portavoces a esta cuestión- que los años pasan
y la situación internacional cambia; nosotros no queremos desconocer esa premisa y, quizá por eso, sea necesario renovar los esfuerzos para hacer efectivos los contenidos de ese plan de paz y, en definitiva, el referéndum de autodeterminación.
Sin embargo, a pesar de ese contexto político internacional, no se puede olvidar que la ONU, recientemente - a través de su departamento jurídico -, sigue considerando el Sáhara como un caso de descolonización y niega a Marruecos el carácter
de potencia administradora y, por tanto, su capacidad de adoptar decisiones como las recientes sobre la concesión de la explotación de determinados recursos. Por tanto, se trata de reimpulsar las previsiones establecidas en el plan de paz, de
impulsar la celebración de un referéndum limpio y democrático, al que ningún implicado debería temer precisamente por ser limpio y democrático, y poner las bases para una solución justa que evite la inestabilidad o el aplastamiento de los legítimos
derechos de un pueblo como el saharaui. En esa posición activa de reimpulsar una solución, que hasta el momento avalaron la ONU, la Organización de la Unidad Africana o el propio Parlamento Europeo, deben jugar un papel básico y clave el Gobierno
español, como Gobierno de la ex potencia colonizadora , y también la Unión Europea.
Señorías, yo no voy a hablar de las posibilidades de que se reabra una guerra, simplemente me voy a referir a la necesidad de que los acuerdos y compromisos internacionales se cumplan si se quiere que tales acuerdos merezcan credibilidad en
el futuro, si se quiere que existan unas mínimas reglas del juego a nivel mundial y no caminar hacia la ley de la selva, hacia la ley del más fuerte, porque esa situación de actuar sin normas comunes o vulnerarlas en función de los intereses de
algunos no abre más que incertidumbres. Por tanto, es tiempo de impulsar las soluciones justas y de sacar adelante contenciosos que no hacen más que envenenar las situaciones.
Con esta iniciativa pretendemos que el Gobierno no olvide sus responsabilidades y, aun conociendo las dificultades, tome las iniciativas políticas en el sentido de lo acordado hasta ahora por la comunidad internacional y no contribuya, por
pasividad o neutralidad, a que este proceso se pudra por falta de impulso. Pasaron demasiados años y es tiempo de dar una esperanza a miles de personas que hoy malviven, eso sí, con toda dignidad, como refugiados. Es tiempo de alcanzar la solución
que la comunidad internacional defiende y también impedir que esa solución propuesta derive hacia el abandono de la misma para proponer soluciones distintas y no aceptables desde el punto de vista de quien, hasta hoy, veía reconocidos sus legítimos
derechos, como es el pueblo saharaui.
Nosotros esperamos que de la aprobación por esta Cámara de una nueva resolución sobre el problema del Sáhara se deriven consecuencias prácticas que sirvan para avanzar en el cumplimiento de la legalidad internacional; cumplimiento de la
legalidad internacional, señoras y señores diputados, que seguro que es muy importante para los saharauis, pero no duden de que también lo es para todos nosotros y para el mundo en general.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, me cuesta mucho trabajo ver cómo puede sobrevivir un pueblo fuera de su tierra, quizá por la cultura que he mamado, la que tengo, en la que está tan inculcada la tierra que la vida no es
explicable sin ella. Por tanto, me cuesta trabajo ver cómo deben vivir esos centenares de miles de personas en campamentos de refugiados de Tinduf, cómo se puede mantener cohesionado un pueblo fuera de su territorio. También me cuesta trabajo
entender cómo en este mundo, cada vez más global, asumimos con naturalidad los axiomas económicos de esta globalidad y con qué dificultad participamos de los valores compartidos por la misma -a mi me interesa mucho más la globalización de los
principios y de los valores que la otra-; este mundo que no pone ninguna pega para la gran revolución del mercado mundial, que con tanto pesimismo habla hoy de lo que dicen las Naciones Unidas, de lo que dice el Tribunal de La Haya y de lo que
dicen los mecanismos internacionales, que teóricamente tendrían que tener autoridad moral y política para que se cumplan sus axiomas.
Señorías, hoy estamos aquí ratificando una filosofía, la del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, por tanto el derecho a un referéndum libre, claro, limpio, participando en unos valores de libertad y de derecho que compartimos
todos, pero no solo testimoniando una filosofía, sino pidiendo acción política; pidiendo acción política, señorías, con muy poca fe por lo que ha transcurrido desde hace dos décadas y por la poca eficacia en la búsqueda de esa solución política.
El tercer pilar del acuerdo, la ayuda humanitaria, es evidente, pero no corramos el peligro de dar la vuelta y de ver el problema saharaui solamente como un problema de ayuda humanitaria a un pueblo que vive fuera de su tierra en un
campamento en condiciones infrahumanas. Yo levanto la bandera de la defensa de los valores, de la lucha contra la opresión, contra el maltrato, contra la ocupación, contra el colonialismo y de la fe que nos quede, en cerrar filas y, entre todos,
aprovechar esa coyuntura del semestre de la presidencia española de la Unión Europea, porque tenemos más responsabilidad que otros países en abrir un poquillo la puerta de la esperanza a este pueblo que hace más de dos décadas que no ve su tierra.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra de Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy nos trae a esta tribuna una cuestión emocional en la política exterior, emotiva, delicada, incluso podríamos decir que difícil. Es una cuestión de enorme sensibilidad. Un buen amigo de los bancos de la oposición me lo recordó
no hace mucho tiempo, me dijo que había muy pocas cosas en la política exterior española que podían ser calificadas como de emocionales o emotivas, y que ésta era una de ellas.
Por eso mismo tenemos que tener el máximo equilibrio, cuidado y
precaución, cautela y sentido común a la hora de tratar esta cuestión.
Nuestro país tiene vínculos históricos innegables, no los olvida. Nuestra responsabilidad tiene que ser la que ha sido, una postura coherente; una postura que todos los gobiernos democráticos de España han mantenido de manera equilibrada y
clara a lo largo de veinticinco años y muy especialmente desde hace diez, muy especialmente desde que se aprueban las resoluciones 658 del año 1990 y 690 del año 1991. No siempre fue fácil mantener esa postura. Es una postura que ha tenido que
luchar contra grandes olas en tormentas aerovoladas, ha tenido que luchar contra la incomprensión muchas veces de algunos amigos y ha tenido que luchar incluso contra la incomprensión de una parte de la opinión pública. Nunca se dijo que lo que es
equilibrado y justo fuera fácil. Este es un caso claro.
La posición de España no es una posición autónoma. No es una posición autónoma porque está referida a la de Naciones Unidas y, como posición referida a la de Naciones Unidas, no podemos cambiarla con autonomía. Es Naciones Unidas, es el
secretario general de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el enviado especial del secretario general quienes determinan la posición de ese alto organismo al que pertenecemos y, por tanto, en la medida en que evolucione la
posición de Naciones Unidas, así evolucionará la nuestra. Nosotros nos sumamos a ese lenguaje, al lenguaje de Naciones Unidas que siempre ha buscado una solución viable, aceptable, posible para todas las partes. No creemos en los maximalismos, los
maximalismos nos han traído a este callejón sin salida. Por eso, la posición decente, la posición equilibrada y prudente es la que ha mantenido nuestro Gobierno, los gobiernos democráticos de España, que es la de la neutralidad
activa. La neutralidad activa ha sido, sin duda, criticada, ha sido objeto de comentarios que dicen que nunca hemos llegado o que nos hemos quedado cortos, que nos hemos pasado o que simplemente nos hemos olvidado de la base del conflicto.
No es así. Incluso, mi grupo parlamentario ha decidido no integrarse en el intergrupo parlamentario de amistad que ha firmado conjuntamente la iniciativa que nos trae aquí hoy. Y no lo hemos hecho justamente porque teníamos que estar en una
posición de neutralidad activa; teníamos que honrar esa posición que con tantas dificultades, contra viento y marea podríamos decir incluso, han mantenido todos los gobiernos democráticos de España en los últimos 25 años. Como decíamos, no es una
postura fácil de mantener y muchas veces no era una postura fácil de defender.
Esta proposición no de ley no es una novedad. No aporta grandes novedades, pero eso no es una crítica, en absoluto. En política exterior no se pueden dar bandazos. Los grandes golpes de timón no son buenos consejeros en política exterior.
Si en política en general hay que mantener una posición equilibrada, sensata y de sentido común, en política exterior mucho más. El Grupo Popular siempre ha defendido los consensos básicos en materia de política exterior, y este es un tema en el
que esos consensos básicos son más importantes aún si cabe. Por ello, proposiciones no de ley que han sido citadas como antecedentes por quienes me han precedido en el uso de la palabra son antecedentes absolutamente dignos de mención: la
proposición no de ley de 22 de diciembre de 1997 y la moción consecuencia de interpelación urgente de junio del año 2000. Pero, como decíamos, al no contener novedades significativas esta proposición no de ley, eso significa claramente que estamos
en el camino correcto. No hemos inventado nada. No hemos improvisado. Estamos en la vía de la sensatez.
Ahora bien, tenemos que ser también capaces de buscar, dentro de esta política de coherencia, una salida viable. Tenemos que intentar
estimular a las partes en conflicto a apearse del maximalismo. Tenemos que apelar al realismo. Tenemos que apelar a poner fin a este drama humanitario del pueblo saharaui. Tenemos que ser sensatos y saber que tenemos responsabilidades no sólo
hacia el pueblo saharaui, que las tenemos, sino también en todo el Magreb. Tenemos responsabilidades también hacia nuestros amigos marroquíes y tenemos que ser equilibrados en nuestra postura también con nuestros amigos marroquíes.
En cuanto al apoyo humanitario, tenemos que decir que se han hecho esfuerzos notables. Es evidente que por la crisis humanitaria que ha sufrido el pueblo afgano ha habido que desviar por razones de emergencia una parte de esa ayuda. Muchos
de los portavoces precedentes han hecho referencia a esta cuestión. No es menos cierto que para el año 2002 se han presupuestado por la Agencia Española de Cooperación Internacional algunos capítulos importantes de ayuda: más de cinco millones de
euros de créditos para la AECI y casi 13 millones de euros en ayuda alimentaria de emergencia. Sin duda es insuficiente. En cooperación todo es perfectible.
Querríamos ser maximalistas; sin embargo, en cooperación y en cuestiones económicas,
tenemos que comprender que hay que administrar escasez.
Querríamos sin duda que fuese de verdad un esfuerzo muchísimo más importante el que nuestro país pudiese aportar a los campamentos de refugiados y vamos a intentar que así sea sin que con ello
causemos ningún desequilibrio presupuestario.
Por último, también se ha hecho mención a la futura previsible resolución pendiente todavía del Consejo de Seguridad. Verá también la luz en breve el informe del secretario general y de su representante personal. No sabemos cuál es el
contenido. Se ha mantenido todavía, como es lógico, en absoluto secreto. Sea cual sea el resultado, sea cual sea el contenido de este informe y de la próxima resolución, todos tenemos que ser conscientes de que es obligatoria para todos los
Estados miembros de Naciones Unidas. Por eso mismo tenemos que decir que para ser coherentes en la defensa de las posiciones tradicionales de nuestros gobiernos democráticos y la posición y la doctrina tradicionales de las Naciones Unidas, tenemos
que respetar todas las resoluciones, cierto es, pero también las que vengan, por incómodas que nos puedan parecer. En todo caso, nuestro grupo ha presentado una enmienda intentando buscar el máximo consenso. No era de recibo que hoy tuviésemos que
votar en esta Cámara, por cuestiones de detalle o de política interna, en contra de una proposición que a priori nos parecía equilibrada. Pero hemos intentado ajustar el lenguaje de la misma a la doctrina de Naciones Unidas y buscar un consenso al
que todos pudiéramos sumarnos. Nos felicitamos por este consenso logrado y creemos que damos una imagen clara de apoyo al pueblo saharaui en el ámbito humanitario y que además estamos prestando también nuestro apoyo incondicional a que se busque,
como siempre dicen las resoluciones de Naciones Unidas, una solución viable y aceptable para todas las partes, no sólo para una.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arístegui.
Señorías firmantes de la iniciativa, del transcurso del debate se ha creído deducir desde la presidencia que había aceptación de la enmienda presentada. ¿Hay algún grupo de los firmantes de la iniciativa que quiera manifestar su voluntad en
contra del texto de la enmienda presentada? (Pausa.)
Entiendo, por tanto, que se somete a votación con ese texto. Gracias.
Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán(Convergencia i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto sobre medidas para paliar las consecuencias
negativas del bloqueo del proceso de paz en el Sahara Occidental, auspiciado por Naciones Unidas, que se somete a votación en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
(Aplausos.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN MORAL Y ECONÓMICA A LOS PRESOS Y REPRESALIADOS
POLÍTICOS DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA. (Número de expediente 162/000399.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la adopción de medidas de reparación moral
y económica a los presos y represaliados políticos durante el régimen franquista.
En primer lugar, y para la defensa de la iniciativa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García-Hierro.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que quienes vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio.
Adelante, señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Señores y señoras diputadas, en primer lugar, y antes de comenzar a exponer la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la proposición no de ley que firmamos junto con el resto de los grupos parlamentarios, a excepción del
Grupo Popular, representados en esta Cámara, deseo saludar y agradecer la presencia aquí esta tarde de la Asociación de ex presos y represaliados políticos de la guerra civil española. Quiero expresarles mi más sincero afecto y agradecimiento;
afecto, si se me permite, porque ellos son un ejemplo y una referencia clara para las generaciones más jóvenes, como es mi caso, de lucha desinteresada, sacrificio personal y resistencia en defensa de los valores democráticos y constitucionales que
desde hace 26 años nos permiten vivir a todos los españoles en libertad y en democracia.
Cierto es que muchas personas durante los años de la dictadura franquista se opusieron a ésta desde diferentes opciones ideológicas y que como ellos sufrieron la persecución, las torturas, la cárcel y hasta la muerte. Otros, en cambio, hoy
gozan de libertades y son respetados sus derechos humanos y políticos aunque fueran antiguos servidores del franquismo. Incluso, entre estos, algunos ayudaron a la instauración de la democracia en España. Su participación en la transición española
les ha hecho acreedores del reconocimiento social que hoy disfrutan. Pero sin duda alguna hay una enorme diferencia: unos lucharon contra el golpe militar, contra la rebelión fascista, a favor del poder legítimamente establecido, la II República,
y después contra la dictadura franquista y el fascismo en Europa. No se trata hoy de debatir ninguna condena a los que participaron en la dictadura; ya se ha hecho en esta Cámara, por cierto, contrariamente a lo que ocurrió en la Asamblea de
Madrid, con el voto en contra del PP. ¡Triste resultado! No se trata tampoco de realizar ningún ajuste de cuentas con quienes colaboraron con el mal llamado régimen anterior. La Ley de amnistía de 1977 ya les perdonó. La amnistía española, al
igual que otras amnistías, se aplicó tanto a las víctimas injustamente encarceladas como a los verdugos. Pero tampoco se puede caer en el olvido. El silencio y el olvido es lo que muchos han pretendido, como que hubiera una amnesia general, por
supuesto interesada, según la cual ni la guerra civil ni la dictadura existieron, y todo ello en beneficio de la reconciliación. Pero la reconciliación pasa por poner las cosas en su sitio. Aquí hubo una dictadura, desde 1939 a 1975, y en la
sociedad española hubo quienes colaboraron con ella y quienes lucharon y resistieron. Estos últimos pagaron muy cara esa resistencia. Por tanto, es precisa una reparación moral para las víctimas. Aun en el caso de que olvidemos los agravios de
los verdugos, quienes sirvieron lealmente como patriotas -ahora que tanto se habla de patriotismo constitucional- al Estado español merecen que se les dignifique; merecen que esta Cámara les reconozca el valor de haber entregado la vida o parte de
ella a una causa noble, la libertad. Esta sí que sería, en caso de aprobarse, una muestra de patriotismo constitucional.
Es verdad que no es la primera vez que se mantiene este debate en esta Cámara. En junio y en septiembre de 1999, y más recientemente en febrero de 2001, ya lo tuvimos, y se han presentado diferentes iniciativas parlamentarias firmadas por
todos los grupos parlamentarios, de las que se ha excluido voluntariamente, como en esta, el Grupo Popular. En junio de 1999, en el debate sobre el estado de la Nación se aprobó la resolución número 29, que instaba al Gobierno a presentar en los
presupuestos para el año 2000 una regulación específica, generosa con quienes padecieron prisión como consecuencia de la guerra civil, superando los límites de tiempo y cuantía exigidos por la Ley 4/1990, que en su disposición adicional decimoctava
fijaba la percepción
de una indemnización por quienes hubieran sufrido privación de libertad, como consecuencia de lo establecido en la Ley de amnistía de 15 de octubre de 1977. Esta resolución ha sido incumplida por el Gobierno en los sucesivos presupuestos
generales de 2000, 2001 y 2002, dándose no obstante la paradoja de que otros gobiernos del Partido Popular -vuelvo a citar al Gobierno de Madrid y a su presidente Ruiz Gallardón- la han aprobado, aunque, eso sí, no en la cuantía suficiente. ¿Por
qué? Porque se trata de dignificar moral y económicamente a los presos y represaliados políticos y sindicales durante el régimen franquista.
Debemos compensarles de alguna manera -las cantidades de que se trata son simbólicas- el daño y el
perjuicio irreparables que se les infligió a ellos y a sus familias. En países de nuestro entorno, señorías, con una cultura idéntica, y también en Iberoamérica, en contraste con lo que hace el Gobierno español, se han llevado a cabo medidas
institucionales de condena y de reconocimiento. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el 60 aniversario del exilio en Méjico? ¿Lo recuerdan quienes lo visitaron? ¿Recuerdan que se creó aquí una comisión parlamentaria precisamente para organizar actos
institucionales y algunas cosas más? ¿Qué ocurre con esa comisión? Que lleva dos años bloqueada por la mayoría absoluta del Partido Popular. Pero, como les decía, hay otros países, como Francia o Alemania, que no sólo han reconocido públicamente
a los luchadores antifascistas, sino que también han establecido indemnizaciones para quienes sufrieron en campos de concentración nazis. En España, como ya he dicho, se tomaron medidas, pero se han demostrado insuficientes, ya que quienes
sufrieron prisión de menos de tres años o no habían cumplido los 65 no las percibieron. Se trata por lo tanto de que el Estado español, por principios de equidad, amplíe y garantice las indemnizaciones a las personas que quedaron excluidas.
Por todo lo anterior, los grupos parlamentarios que suscribimos esta proposición no de ley mantenemos que es fundamental y necesario que en el Grupo Popular, que tiene la mayoría absoluta, se dé una sensibilidad real para el reconocimiento
moral y la reparación. Paradójicamente, se nos presenta una enmienda a una proposición no de ley que podríamos haber firmado todos, porque el borrador estuvo en manos de todos durante mucho tiempo, que nos hubiera permitido o nos podría permitir
todavía -quiero ser optimista- aprobar una resolución unánime en el sentido, por qué no, de hacer algo que contribuiría positivamente a la historia y sobre todo libraría a algunos de la amnesia para reconocer que todavía hay víctimas que siguen
esperando del Congreso de los Diputados, de sus máximos representantes, que al menos se les reconozca su sufrimiento estéril como consecuencia de una rebelión, de un golpe militar de unos fascistas que se levantaron contra el poder legítimamente
establecido. Además, hay que reconocer a esas personas una cantidad simbólica.
Se habla aquí de un estudio. Señorías, en noviembre de 1998 la Comisión de Asuntos Sociales aprobó la elaboración de ese estudio, y el responsable del Estado de las relaciones con las Cortes contestó a mi compañero señor Jáuregui en
diciembre de 2000 con el estudio, pero no hace ninguna propuesta que cuantifique las indemnizaciones porque directamente en su último párrafo ya anuncia que la voluntad del Gobierno es que se hagan cargo de ellas las comunidades autónomas. No,
señorías, es el Estado español el que ha contraído una deuda moral y económicamente simbólica con estas personas y es el Estado español el que tiene que regular, de acuerdo con la sensibilidad y la voluntad que han demostrado diferentes comunidades
y ayuntamientos, esas indemnizaciones. Por cierto, con sus propios datos puedo decirle que estamos hablando de una cuantía mínima.
No estamos hablando aquí de miles de millones; estamos hablando, desgraciadamente, de personas mayores, y el número
de posibles perceptores, si nos atenemos a sus datos o a los del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, no sería superior a 9.000 personas. Luego si hablamos de 9.000 y de aplicar a todos la cuantía que fijaba la Ley de 1990, hablamos
realmente de hacer un gesto que repare, de una vez por todas, el daño y el perjuicio sufridos por quienes se vieron privados de su libertad o de su propia vida por defender la libertad, la democracia y el derecho constitucional del que hoy gozamos
todos y que nos permite hablar aquí de patriotas, de amor a la patria, de patriotismo constitucional y de amor a los que defendieron la patria.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora García-Hierro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señorías, la transición llevada a cabo a partir del nombramiento del señor Suárez como presidente del Gobierno sigue siendo, a juicio de este diputado, un auténtico bálsamo para la agitada
historia de España de los últimos siglos y muy concretamente para el siglo XX, aunque podríamos incluso remontarnos al siglo XIX y, por qué no, al XVIII. Además, ese nombramiento fue un obligado punto de referencia para conllevar, digámoslo así,
las diferencias y las discrepancias mediante el método democrático que nos permite escuchar también la otra verdad, la de nuestros adversarios políticos, que no enemigos.
En ese sentido, las elecciones de 15 de junio de 1977, que vamos a celebrar, señor presidente, próximamente en esta Cámara, en el Senado y en el conjunto de la sociedad española, aparecen, señorías, como claves
para materializar la necesaria concordia entre los españoles, dejar atrás un convulso pasado y abrir un horizonte de ilusionante esperanza colectiva. El texto de la Constitución de 1978 y el consenso político que la acompañó señalan un
antes y un después nada despreciables por los positivos frutos recogidos a lo largo de estos veintitantos años.
Hay que recordar, no obstante, señorías, que la recuperación de las libertades democráticas se llevó a cabo bajo el tácito acuerdo de no mirar hacia atrás. No digo que eso fuera malo, nunca jamás lo diré, porque primó la concordia antes que
el ajuste de cuentas y prevaleció la generosidad por encima del rencor. Pero ciertamente no prevaleció la equidad, cuestión inherente al concepto de justicia, en este caso justicia en la historia y justicia para quienes en esa historia sufrieron
persecución, cárcel, tortura e incluso muerte simplemente por pensar de manera opuesta al vencedor de una vergonzante contienda civil. Pudo más el echar a andar mirando hacia el futuro que una reparación moral y social, también económica, en
relación a quienes con su sacrificio personal, a veces también profesional y muchísimas veces incluso familiar, sembraron de humana esperanza un desierto de cuarenta años.
Por eso nuestro grupo parlamentario, integrado por dos partidos políticos de inequívoco compromiso democrático como Unió Democrática de Cataluña, que lo sufrió en su propia carne, o Convergència Democrática de Cataluña, ha suscrito esta
proposición no de ley, para asumir una deuda que la causa de la libertad, la libertad individual y también la colectiva, tiene contraída y que la transición política, sin duda por la fuerza condicionante de las circunstancias -digámoslo así-, no
pudo materializar en su momento.
Se me dirá que algo se hizo con las indemnizaciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y que, como ha dicho ya quien me ha precedido en el uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, algo
se viene haciendo, aunque poco, desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos. Y será cierto el recordatorio, como cierto también es que, por ejemplo, en esa Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 no se comprendían
colectivos de soldados exiliados de la República que se vieron obligados a formar parte de las compañías francesas militarizadas de trabajadores españoles. Será cierto el recordatorio aun a pesar de ese olvido importante. Pero sigue siendo
bochornosamente cierto, sonrojante e indecorosamente cierto que esta Cámara mantiene la vergonzosa virginidad de no haber llevado a cabo, veinticinco años después, una reparación institucional, política, moral, social, quizá simplemente humana, ante
todos aquellos que por dignidad no se sentaron aquí en estos escaños ni en otras instituciones públicas del régimen franquista, y que por tener dignidad padecieron el fascismo en sus propias carnes. De hecho, señorías, la causa de esa condición de
diputados, el origen es justamente su nunca rota ni corrompida dignidad, la de aquellos que nos precedieron en la lucha por las libertades.
En estos términos suscribimos, señor presidente, la proposición no de ley que estamos debatiendo y en estos términos la defendemos. Al fin y al cabo los valores superiores de la libertad, de la justicia, de la igualdad o del simple y puro
pluralismo social y político, que son todos ellos inherentes a la palabra democracia, al ejercicio democrático de la propia democracia, tienen con nosotros una deuda histórica que saldar, y esa deuda histórica es la que en esta proposición no de ley
que hemos compartido, firmado y que ahora aquí defendemos, intentamos saldar y, si es posible, sería deseable que, ya que es beneficioso para el conjunto de España, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Nada más, señor presidente, muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Cuando Habermas define el patriotismo constitucional, lo hace desde el punto de vista no de la cohesión de un grupo, no desde el punto de vista de la cohesión de un solo grupo, lo hace desde el punto de vista de un intento de cohesión
plural, de cohesión extensa no sólo con respecto al presente, sino también y de manera fundamental con respecto al pasado como fuente, como causalidad del presente, como punto de llegada del presente, de un pasado histórico que está ahí,
perfectamente documentable, que es lo que estamos haciendo en este caso.
En el año 1978, y como punto de llegada, arribamos todos o una inmensa mayoría a la Constitución que se denominó de la reconciliación nacional.
Desde los años cincuenta muchos partidos veníamos defendiendo esta tesis -la necesidad de la
reconciliación- y se consigue a través de un texto consensuado, aceptable por una inmensa mayoría. Pero ese texto supone muchos sufrimientos, supone el trabajo histórico, anónimo de miles de personas que lucharon para que fuese posible ese punto de
llegada. Y a una parte de esos trabajadores de la libertad, de la reconciliación y del reencuentro nos vamos a referir en este momento, pero me parece que no vamos a tener la suficiente capacidad política -digo la mayoría de este Congreso, me
refiero singularmente al Grupo Parlamentario Popular- para entender lo que significa la historia de España y lo que significa la llegada a la Constitución de 1978.
Este no era simplemente un país de católicos blancos que hablan lengua española y son heterosexuales. Este país históricamente es mucho más complejo y no se va a entender hoy por una simple frase. Nosotros pedimos
que en el segundo punto se llegue a la conclusión de que hay que concluir -perdón por la redundancia- en un cuadro de indemnizaciones y pensiones, después del estudio -como condición de existencia de ese cuadro- de las leyes y de los casos
que quedan pendientes. Por una simple frase podemos estropear una conclusión unánime de esta Cámara en torno a un tema que ya ha sido entendido en muchas comunidades autónomas, empezando por la de Madrid, siguiendo por la de Cataluña, por la de
Andalucía, próximamente por la del País Vasco, y que en otras comunidades de enorme importancia, como Castilla y León y otras no se está abriendo paso con la suficiente prisa; y aquí en absoluto se está abriendo paso.
Muchas de estas personas dieron parte de su vida, y otros familiares su vida entera, por esta causa y vienen sufriendo una verdadera humillación.
Por ejemplo, está el caso de la compañera Vaquerizo y su marido, Francisco Granado, a los que
me voy a remitir porque el tema ya está suficientemente claro. En una carta que escriben una serie de compañeros y compañeras se refieren al tema de Pilar Vaquerizo. Pilar Vaquerizo reivindica en la comunidad de Madrid la aportación mínima que le
corresponde en función del padecimiento de su marido, Francisco Granado.
Pues bien, se le responde de manera burocrática. Entre las condiciones para acceder a esa indemnización se necesita haber estado como mínimo un año en la cárcel. Francisco
Granado sólo estuvo diecisiete días en la cárcel porque el día dieciocho lo fusilaron. Y como sólo estuvo diecisiete días y no un año no tiene derecho a la percepción. Se escribe esta carta, pero no puede obtener respuesta, porque burocráticamente
-con esa burocracia que decía Maiakovski que en lugar de corazón tiene un pisapapeles- se le dice que no responde a las condiciones de la norma y que, por tanto, no se le puede dar esa indemnización. Son indemnizaciones mínimas que suscitan la
carta de esta serie de señoras y señores del grupo de apoyo a Pilar Vaquerizo, que voy a leer para culminar mi brevísima intervención. Dice así: El 10 de noviembre de 2001 denunciamos la injusticia de que era víctima la señora Pilar Vaquerizo,
viuda del antifranquista Francisco Granado, ejecutado en 1963, a quien la comunidad de Madrid negaba el derecho a la indemnización concedido a los ex presos y represaliados del franquismo porque su marido no había cumplido el tiempo mínimo de
encarcelamiento exigido por la normativa, un año de prisión, dado que fue ejecutado diecisiete días después de haber sido detenido y torturado en la Dirección General de Seguridad de Madrid.
Entre otras respuestas, el consejero de Presidencia, señor Cobo Vega, nos remite a nosotros, las Cortes Generales, el problema y dice lo siguiente: No tiene encaje porque estas indemnizaciones y este dolor corresponden al Gobierno de la
nación, a la Administración general del Estado. Y añade: La cuestión de fondo es que nadie pensó en estos casos y tenemos por encima unas Cortes Generales que nos representan a todos y que tendrán o no tendrán que tomar medidas en relación con
este asunto.
Por enésima vez estamos en un momento que puede ser fallido si no se atiende a una simple frase, que tampoco va a romper la dinámica del déficit cero. A lo mejor después de consultar las leyes, los casos pendientes, no llega al cuadro de
indemnizaciones y pensiones, pero simplemente las palabras indemnizaciones y pensiones crispan desde el punto de vista de una especie de firmeza, de ajuste presupuestario para esta pobre gente -pobre en el sentido de las consecuencias que tiene,
porque de pobreza de espíritu o pobreza histórica, en absoluto- que ha hecho que nosotros estemos hoy aquí hablando tranquilamente en la relación causa efecto.
Es gente de mucha altura. Nosotros cuando firmamos ponemos diputado, portavoz, presidente de la Comisión de Economía. Fíjense cómo firman ellos como seña de identidad de su vida: Juan Busquets, condenado a muerte en 1949, 20 años de
cárcel; Stuart Christie, 1964, condenado a 3 años de cárcel; Luis Andrés Edo, 1966, 8 años de cárcel; Ángel Fernández, condenado a muerte en 1950, 16 años de cárcel; José García Chile, 1939, 2 años de cárcel; Antonia Lisbona, 1939, 6 años de
cárcel; Eloy Martín Nieto, 1972, 3 años de cárcel; Alicia Mur, 1966, 3 años de cárcel; Alain Pecunia, 1962, 3 años de cárcel; José Luis Pons Llobet, 1974, 3 años de cárcel; Jaime Pozas, 1968, 5 años de cárcel; Floreal Rodríguez, 1968, 8 años
de cárcel; Gregorio Rojas, 1963, 1 año y 6 meses de cárcel; Francisca Román, 1962, 6 años de cárcel; Andrés Ruiz Grimas, 1972, 3 años de cárcel; Juan Salcedo, 1963, 15 años de cárcel; Emilio Santiago, condenado a muerte en 1947, 15 años de
cárcel; David Urbano, 1967, 7 años de cárcel. Esa es la firma de su vida.
Ahora este Congreso, que ha dependido de toda una historia muy concreta, no quiere responder a un número mínimo de personas. Algunas comunidades ya están respondiendo, incluso subiendo las asignaciones primarias que habían hecho porque las
consideraron al final ridículas, pero este Congreso no responde por la no aceptación de una simple enmienda, pequeñísima, pero que por lo menos salva la dignidad de esta serie de personas y de esta Cámara. Donde pone: a fin de su más justa
atención por parte de todos los poderes públicos, que se diga simplemente: a fin de establecer un cuadro de indemnizaciones y pensiones acorde con la deuda que la causa por la libertad tiene contraída. Parece como si esto obligara al Grupo
Parlamentario Popular, pero no obliga. Téngase en cuenta que hay una premisa en el punto 2: en el plazo más breve posible remita a esta Cámara un informe en el que se analice la legislación vigente y los casos pendientes de afectados en materia de
reparación material de las referidas situaciones. En función de esa condición. Pero no se acepta porque se oye la palabra gasto, mayor gasto del Estado,
y estamos sometidos a un ajuste cero que, repito, nos convierte el corazón en un pisapapeles. Si no se acepta la enmienda, no estamos de acuerdo, y tranquilamente les decimos que falta sensibilidad histórica, en el sentido en que lo definió
Habermas, auténtico patriotismo constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la transición política a la democracia tan glosada, tan ponderada, tan ensalzada entre nosotros, acusó, en opinión de muchos, una notable deficiencia, se cimentó en la desmemoria, se asentó en el olvido. Es
posible que la decisión de no hurgar en el pasado viniese en aquella época aconsejada por la prudencia; una prudencia fundada en el temor de que interpelar demasiado acremente, demasiado crudamente, a quienes mantuvieron viva la dictadura
franquista, acabara soliviantándoles y cerrando definitivamente el estrecho ventanuco que parecía abrirse hacia la libertad.
Hoy, casi medio siglo después de aprobada la Constitución, carecen ya de sentido las cautelas que entonces impusieron la desmemoria; antes al contrario, parece llegada la hora ya, parece alcanzado el momento ya de saldar cuentas con el
pasado en términos de justicia histórica. Sin embargo, se producen sorprendentemente entre nosotros todavía auténticas apologías de la desmemoria, planteamientos que pretenden tender un oscuro manto sobre el pasado, argumentando siempre
erróneamente, pero a veces incluso también cínicamente, que la historia es sólo un lastre que impide encarar el futuro con posibilidades de éxito.
Un documento doctrinal recientemente aprobado en el seno de una organización política muy relevante en el Estado, llega a afirmar literalmente que las nuevas generaciones no se merecen que los nuevos retos que tiene planteados España sean
abordados con viejas ideas, con viejos prejuicios y agravios, con viejas historias.
Poco importa ahora que este soberbio desprecio hacia lo que displicentemente se califica como viejas historias vaya acompañado curiosamente de una entusiástica apelación a la dilatada trayectoria histórica que, a su juicio, avala el proyecto
nacional que en ese mismo documento se postula. Digo que importa poco porque el empeño de dividir el pasado entre viejas historias que no interesan y que es preciso olvidar y enterrar cuanto antes y unas pretendidas dilatadas trayectorias
históricas, que servirían nada menos que para explicar e incluso para legitimar el statu quo actual, tan sólo denota en el peor de los casos la existencia de una hábil maniobra, una más, para manipular la historia y ponerla al servicio del poder,
algo que por criticable que pueda parecer es siempre incomparablemente menos grave que la irresponsabilidad de negar que los excesos, que las demasías, que las atrocidades cometidas a lo largo del camino recorrido hayan de tenerse en cuenta, y muy
en cuenta, a la hora de trazar el camino que aún queda por recorrer. Esto ni en lo personal ni en lo colectivo es así. En lo personal, porque el desconocimiento de la propia biografía es casi siempre fuente de patologías neuróticas; y en lo
colectivo, porque el olvido de los disparates cometidos en el pasado aboca inexorablemente al desequilibrio social y al desarreglo político.
Quien olvida lo que ha hecho está expuesto a incurrir de nuevo en los mismos errores y desatinos y, cuando los errores y desatinos en los que se está expuesto a incurrir no son meras anécdotas, sino actitudes y conductas que han provocado
represión, persecución, tortura, exilio, cárcel, fusilamientos y múltiples violaciones de derechos fundamentales, no nos encontramos ante un planteamiento meramente equivocado, no nos encontramos ante un planteamiento simplemente erróneo, lo cual
sería un mal menor, sino ante una grave inmoralidad; nos encontramos ante una tremenda irresponsabilidad política, ante una implícita legitimación de los excesos que en el futuro se puedan cometer.
Mirar al pasado para liquidar cuentas con lo hecho y con lo dicho no es, como con frecuencia se afirma, reflejo de una actitud regresiva. Cuando las biografías personales y colectivas no son precisamente campos de rosas, sino tortuosos y
ásperos senderos jalonados de dolor, de sufrimientos y de injusticias, la visión retrospectiva se convierte en un requisito imprescindible para poder seguir caminando en paz.
Es necesario retroceder para avanzar. Nos lo recuerda el propio Nobel alemán Günter Grass en la última novela titulada muy expresivamente Al paso del cangrejo, donde uno de los protagonistas que durante muchos años había mantenido en
silencio los sufrimientos que había padecido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se decide finalmente a relatarlos cuando descubre con horror que su propio hijo había instalado un portal en Internet en el que se recogían todo tipo de alabanzas
al régimen nazi.
El corolario que extrae Günter Grass de la historia que relata se traduce en la máxima de retroceder para avanzar, como los cangrejos; es imprescindible retroceder para poder avanzar.
Como en la Alemania que denuncia Günter Grass, también en España la memoria colectiva de las nuevas generaciones adolece de lagunas; lagunas inducidas, provocadas interesadamente por quienes peor parados pueden salir del recuerdo de lo que
ocultan. Ya lo decía Max Aub cuando escribió, en 1970, La gallina ciega y descubrió que por influjo del régimen, que para eso, decía venció y convenció, los jóvenes de la época estaban metidos hasta el cuello -así lo expresaba Max Aub- en la
ignorancia sobre lo que había ocurrido en
las décadas precedentes. Lo malo, señalaba el autor, es que este libro no se venderá en España y cuando pueda circular libremente es que entonces ya nadie sabrá de lo que estoy hablando. Aquí está la memoria histórica.
Max Aub la refleja
con crudeza y con claridad. Por ello, la militancia democrática exige hoy en España no abandonar la perspectiva histórica; exige participar de la cultura antifranquista; exige condenar el alzamiento militar del 18 de julio y rechazar, expresa y
rotundamente, la injusta represión y los múltiples excesos que se cometieron durante el ignominioso régimen del generalísimo Franco. Este empeño en anudar la militancia democrática con la perspectiva histórica no se puede traducir solamente en
hechos y en actitudes de carácter simbólico. La militancia democrática exige hoy también una conducta consecuente con quienes sacrificaron su libertad, su hacienda e incluso su vida por la defensa de la libertad y el pluralismo político; exige el
reconocimiento público y la adecuada reparación de todos aquellos que padecieron en sus carnes la brutalidad de la represión franquista. El sistema democrático les debe mucho, y el sistema democrático que tanto les debe no puede reproducir las
injusticias que el régimen fascista de Franco perpetró con la resistencia, obligando y marginando a quienes la integraron; no puede olvidar que, mientras algunos medraban política, social y económicamente, otros padecían la asfixia de un régimen
que ahogaba, con métodos muy expeditivos, sus gritos, a veces desesperados, en favor de la libertad.
La iniciativa que hoy presentamos, conjuntamente con una serie de grupos de la Cámara, no propone una mirada retrospectiva animada por el rencor y el afán de revancha; no plantea ni comisiones de la verdad ni plantea tribunales específicos
para exigir responsabilidades a quienes contribuyeron a sostener la dictadura. No, no va tan lejos. Sólo pretende hacer justicia con quienes, desde un sacrificio personal, firmemente comprometidos con la causa de la libertad, fueron, durante los
oscuros años de la dictadura, testimonio viviente de que la democracia no era una entelequia, sino un valor positivo injustamente arrebatado por un régimen político autoritario y liberticida. El sistema democrático, insisto una vez más, les debe
mucho, y sin saldar esta deuda que aún tiene pendiente con ellos, nunca conseguirá que se hagan plenamente efectivos los principios de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político que encabezan el ordenamiento constitucional;
nunca conseguirá que deje de interpelarles la dolorosa culpa de haber marginado a quienes mayor tributo pagaron por la restauración de las libertades.
Sabemos que se han adoptado diferentes iniciativas, tanto por parte de los poderes centrales del Estado como por parte de diferentes comunidades autónomas, para atender a este tipo de situaciones, pero son iniciativas parciales,
fragmentarias e insuficientes.
Se nos plantea, a través de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, elaborar un informe que recoja esta situación, pero este informe, señoras y señores diputados, está ya hecho. El último informe del Defensor del Pueblo
prácticamente lo hace, lo consuma, lo recoge, describe la situación, y, efectivamente, se hace eco de este tipo de iniciativas adoptadas por los poderes centrales del Estado y por las diferentes comunidades autónomas, pero constata su insuficiencia,
constata que, pese a ese tipo de iniciativas que son, insisto, fragmentarias y parciales, pese a ser, efectivamente, plausibles y encomiables pasos adelante, existen todavía situaciones de necesidad dignas de ser tomadas en consideración, y eso es
lo que pedimos a esta Cámara: que se adopte una medida, acorde con las circunstancias, para saldar definitivamente esta deuda histórica que la democracia tiene con la resistencia antifranquista que tanto ha aportado a favor de la libertad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo quiere expresar también el apoyo a esta iniciativa. No me voy a extender en los argumentos, que compartimos, de los otros grupos parlamentarios. Creemos que es necesario reparar una injusticia histórica, una injusticia no sólo por
los sufrimientos de estas personas, sino porque, además, yo creo que han contribuido decisivamente a formar y a crear la democracia que hoy existe en España, que tiene todos los elementos de la tolerancia y de la convivencia.
Creo que insistir en que no se deben abrir estos debates, porque todavía provocan conflictos en la sociedad española, no es un argumento sólido porque realmente han pasado los años suficientes como para que este país haga una reflexión sobre
lo que fue el siglo XX, no sólo en España sino también en Europa, y sus excesos. Creo que en el siglo XXI estamos en condiciones más que sobradas para saber que los pueblos que hacen una reflexión sobre su pasado están haciendo una importante
aportación para construir su futuro, para conseguir que la democracia prevalezca y que los errores del pasado no vuelvan a repetirse.
Por todo ello, mi grupo quiere expresar, sin ningún tipo de dudas ni vacilación, el apoyo a esta iniciativa parlamentaria y nuestra solidaridad con todos aquellos que mantuvieron la dignidad en un momento sombrío en que un sistema
autoritario y represivo dejó una huella terrible en la historia de España.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados y diputadas, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna, pero también lo hago en nombre de las demás formaciones del Grupo Mixto y compartiré este tiempo con mi compañero de Esquerra Republicana de Cataluña.
Defendemos una proposición no de ley, pero no es sólo una proposición no de ley. Pretendemos que sea, si es posible, un acto de equidad, si no de justicia. Esto es lo que queremos que sea. Entendemos que esta cuestión hubiera debido ser
resuelta hace años y, además, por iniciativa de todos los grupos y formaciones políticas representados en esta Cámara. Creemos que esa debiera haber sido ya hace años la realidad. Si no ha sido así, creemos que es hora de que sea y que tenga la
voluntad unánime de todos los grupos parlamentarios hoy y aquí. Queremos que sea un acto de justicia con aquellas personas que durante la dictadura franquista sufrieron la represión brutal de falta de libertad, de exilio, de cárcel y de torturas
simplemente por defender sus posiciones políticas legítimas, las libertades y la democracia frente a la dictadura de Franco; dictadura, señoras y señores, porque algunos parece que todavía siguen utilizando el término aséptico y neutral de régimen.
No, dictadura con todo lo que ello conlleva. A algunos les cuesta admitir el término, si no condenarlo, y a lo mejor piensan que no ha ocurrido o que está en el imaginario de algunas y algunos. Pues fue, existió y, desgraciadamente, fue una
terrible realidad. También creemos que fueron víctimas de esa represión franquista quienes sufrieron la intolerancia religiosa o aquellos que, al amparo de leyes, como la de vagos y maleantes y la de peligrosidad social, encarcelaron a muchos
hombres y mujeres culpables sólo de ser homosexuales. Todo esto tiene que quedar claro.
Debe ser un acto de justicia que, en ningún caso, va a hacer desaparecer ni olvidar a aquellos que sufrieron las injusticias. Resulta imprescindible, no sólo para esas personas sino también para todos nosotros, para toda la sociedad, porque
la memoria democrática que pretenda serlo tiene que recordar, interiorizar, reconocer y reparar.
Esas personas -hay que decirlo muy claro y muy alto- tuvieron en su momento, en momentos difíciles de inicio de transición democrática, la altura de
miras y la generosidad de no mirar hacia atrás, de no poner palos en las ruedas para que las cosas fueran poco a poco resolviéndose.
Esa altura de miras y esa generosidad también hay que reconocérselas.
¿Qué queremos? Queremos no sólo reconocer,
que hay que hacerlo -discrepamos profundamente de la enmienda del Grupo Popular-, sino también reparar (reparar políticamente, reparar moralmente, reparar socialmente y reparar económicamente), porque es un hecho y un acto de justicia reconocer y
reparar. No creemos que sea el momento de estudios.
Ha habido demasiados compromisos sólo dedicados al estudio. Reconozco que hubo, por ejemplo, un compromiso en 1998 -imagino que otros más- de hacer un estudio. ¿En qué ha quedado? Que nos
cuente el Grupo Popular qué ha pasado con ese estudio de 1998, dónde ha estado su aplicación. Queremos que se vaya más allá de esos compromisos. Es la hora de poner en práctica la voluntad política para reconocer y reparar, y no se puede dejar
exclusivamente en manos de las comunidades autónomas, que han tenido la voluntad que no se ha tenido por parte del Gobierno central, de las que el Grupo Popular dice que no son Estado ni nada de nada y que no tienen suficiente responsabilidad. Pues
esas comunidades autónomas han tenido voluntad de iniciar y emprender este acto de justicia. No se puede dejar así -ya que es muy importante-; que el partido que apoya al Gobierno central medite si vale sólo reconocer a estas alturas de la
película o realmente de una vez por todas hay que reparar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, hace pocas semanas en la televisión de Cataluña un documental narraba en diferentes capítulos la terrorífica historia de mujeres represaliadas a las que les fueron robados sus hijos por un régimen
totalitario; narraba también en horrorosas secuencias cómo mujeres embarazadas eran fusiladas; narraba también cómo desde un régimen totalitario y autoritario se hacía circular bebés y cómo, en definitiva, muchas mujeres fueron asesinadas después
de aguantar el embarazo para que después se comerciara con sus hijos. Esto no era Argentina, no era Chile, era la España de los años 40 en plena voracidad de un régimen que, por derecho de conquista, se creía capaz de llevar a cabo actos y
exabruptos terroríficos como éste. Así fue el régimen franquista, un régimen totalitario que llevó a cabo el más sanguinario proceso de control, el más sanguinario proceso de aniquilamiento de la oposición y de las personas que defendían una causa
justa, una causa democrática, la república, una causa legítima; de las personas que defendían también, como se ha dicho antes en esta tribuna, la libertad religiosa o las personas que desde la masonería practicaban libremente su voluntad
asociativa. También se ejerció contra aquellas personas que defendían la cultura y las lenguas catalana, vasca o gallega; se ejerció, en definitiva, la represión a todas aquellas personas que amaban la libertad, las diferencias y el pluralismo.
Hoy
tenemos aquí una propuesta de diferentes grupos de la Cámara para buscar una solución definitiva a un acto de injusticia que la democracia ha tenido con las personas, con los hombres y las mujeres, que lucharon contra la dictadura, la
sufrieron y trabajaron para la libertad.
Hace un par de años, cuando celebrábamos el 25 aniversario del fin del régimen franquista, de la muerte física de la dictadura en la cama, alguien borró parte de la historia cuando nos quiso hacer creer desde las televisiones oficiales del
régimen que sólo el advenimiento de la monarquía nos trajo la democracia. No es así; la democracia llegó por el esfuerzo anónimo o no de muchos hombres y mujeres que trabajaron contra la dictadura, que trabajaron contra un régimen totalitario.
Algunos dejaron su vida o parte de ella, algunos sufrieron el escarnio en sus familias y en su propia piel de un régimen totalitario que no se andaba con contemplaciones ni respeto a los derechos humanos. Hoy tenemos la oportunidad de resarcirles
de esta situación. Hoy tenemos la oportunidad, aunque tarde, de buscar una solución definitiva al amparo de la propuesta que hemos hecho los grupos de la oposición; una solución que nos permita mirar a los ojos de aquellos hombres y mujeres que
han sufrido en su propia piel la dictadura, poder mirarles a los ojos y decir que, seguramente, de prosperar nuestras propuestas, tampoco sería una satisfacción definitiva a todo el proceso de represión que han sufrido.
Seguramente no, pero sería
el reconocimiento de un Estado heredero de ese Estado totalitario que les reconoce su papel, su juego a favor de la democracia y que busca compensar todo este sufrimiento. Llegamos tarde, porque ha habido muchas oportunidades por parte de la
democracia española de resarcirles de esta situación, pero más vale tarde que nunca. En este Congreso tenemos la oportunidad no sólo de dar aliento moral, de reconocer toda la represión que sufrieron en sus carnes, sino también de crear las
condiciones de indemnización o materiales -no para crear una compensación, que nunca será suficiente-, como mínimo, para cerrar un capítulo de la historia negra de este país.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya creíamos que habría una propuesta clara por parte del Gobierno para dar salida a este problema. No es así, el Gobierno se vuelve a refugiar en la ambigüedad y no en la voluntad de arreglar un problema
que la democracia no ha sabido solucionar. No se podrá cerrar un capítulo negro de esta historia de Europa si no hay un reconocimiento a las víctimas del franquismo, si no hay un reconocimiento de que el Estado español franquista llevó una política
de genocidio contra aquellas personas que defendían la libertad. Esto es un caso inusual en Europa. Hemos visto que regímenes totalitarios, como Alemania o Italia, han cerrado esta página de su historia y han pedido perdón. En España es difícil
que haya, por parte del Gobierno y del partido que lo apoya, la sensibilidad suficiente para pasar página y abrir un proceso real de confraternización con aquellas personas que sufrieron la represión en sus propias carnes. Cerramos este bloque al
entender que si el Grupo Popular no acepta esta propuesta no es por falta de condiciones técnicas ni de voluntad. El Partido Popular pierde una oportunidad clara para centrarse en este sentido democrático. Si hoy no lo han hecho sabrán por qué,
pero son conscientes de que cometen una gran injusticia.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a fijar la posición de nuestro grupo en relación con el debate que se ha suscitado esta tarde con la iniciativa de la proposición no de ley presentada por el conjunto
de grupos de esta Cámara y defenderé la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el registro para su debate y aceptación, en su caso, en el día de hoy.
Señor presidente, antes de entrar directamente en el debate, conviene recordar -como ya tuve ocasión de hacerlo en este Pleno el pasado 16 de mayo o anteriormente en la Comisión de Defensa, al hilo de una iniciativa que hablaba de la
rehabilitación de los guerrilleros antifranquistas- todo el conjunto de disposiciones que, desde la recuperación de las libertades y durante esa ejemplar transición política que entre todos nos dimos, se tomaron en nuestro país con distintos
gobiernos y distintas mayorías en esta Cámara, bien de la Unión de Centro Democrático, bien del Partido Socialista, para afrontar las cuestiones pendientes que, como consecuencia de una guerra civil el siglo pasado y un régimen autoritario, quedaban
en nuestro país. Por cierto, como aquí se ha dicho en algunas intervenciones, la Constitución española de 1978 significa un claro inicio de una nueva etapa en la vida política española. Este Parlamento, el conjunto de las Cortes Generales, formó
parte de ese pacto constitucional y de la aprobación de la Constitución de 1978, algo que no es necesario recordar, pero a veces hace falta cuando algunos parece que hacen actos de autoflagelación, como si tuviéramos que estar pidiendo perdón.
(Rumores.) Este Parlamento es el que ha dado los pasos necesarios, no sólo para lo que significa la igualación de situaciones desiguales que se hubiesen producido como consecuencia de la guerra civil y del régimen franquista posterior, sino del
necesario espíritu de reconciliación nacional que entre todos asumimos. Hay un conjunto de disposiciones, que ya recordé en su momento, que tenían la finalidad de paliar las consecuencias de la guerra civil
y de las situaciones discriminatorias producidas con posterioridad a la misma y como consecuencia de represión o de otras situaciones que se produjeron en el régimen franquista, dentro de ese espíritu que señalaba de igualación de derechos y
de reconciliación nacional que nos movió a todos a partir del año 1977 a tomar decisiones de carácter legislativo.
Conviene, señorías, echar una mirada a la denominada legislación de amnistía que se inicia con unos aires de normas cuando todavía la recuperación de la libertad no es plena, pero que tiene un punto de arranque con la Ley de Amnistía que en
este Congreso se aprobó en el año 1977 y continúa con un abundante número de disposiciones que culmina con la modificación, realizada por el Grupo Socialista, cuando tenía mayoría, del título II de la Ley de 1984 de reconocimientos de derechos y
servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden Público y el cuerpo de Carabineros de la República. Posteriormente, en una disposición adicional a la Ley de presupuestos del año 2000
se establecían determinadas indemnizaciones para esas personas que habían sufrido represión y prisión, penas privativas de libertad, durante el periodo del régimen franquista; se establecieron determinadas indemnizaciones como sin duda en la
exposición de motivos se dice. Este dilatado proceso ha configurado un complejo entramado de pensiones e indemnizaciones destinadas a paliar en la medida de lo posible los perjuicios derivados de la contienda civil y del régimen posterior. La
amnistía en concreto -y a eso hace referencia la iniciativa que ha defendido S.S.- que se concede en las citadas disposiciones, intenta ir más allá del simple ejercicio del derecho de gracia, respondiendo así a una razón de justicia que pretende no
sólo la extinción de una pena o delito, sino también la reintegración de unos derechos que habían sido limitados o suspendidos. Sobre estas disposiciones complejas y variadas, como sin duda han dicho SS.SS. en alguna de sus intervenciones, se han
producido distintas decisiones de los tribunales de justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que han ido encajando con los principios constitucionales que en cada una de las decisiones de esta Cámara se tomaban. Por tanto,
señorías -y no quiero cansarles con la reiteración de cada una de ellas-, hay un panorama en el que queda demostrado que, por una parte, se ha producido un reconocimiento público a nivel legislativo y jurisprudencial a los que formaron parte de la
resistencia antifranquista por su contribución al restablecimiento de las libertades y la democracia. En este sentido, señorías, me limito a remitirles al fundamento jurídico tercero de la Sentencia de 7 de julio de 1987 del Tribunal
Constitucional, porque ahí se ve la importante labor desplegada en aras de hacer desaparecer las deficiencias de algunas leyes que se habían adoptado y la creación de un conjunto de medidas que se establecen para reparar determinadas situaciones.
Con estos antecedentes, señorías, nos encontramos con que en la iniciativa que hoy discutimos, lo que plantean los grupos que la suscriben es instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que de forma genérica repare las situaciones de represión
que hayan tenido algunas personas durante el régimen dictatorial. Además dice al Gobierno que revise todas las disposiciones adoptadas.
Señorías, nosotros coincidimos básicamente con lo que significa la declaración de principios que anima esta iniciativa, pero no con el instrumento escogido, que es instar al Gobierno a hacer y remitir un proyecto de ley, con un alto nivel de
inconcreción en los términos de esta iniciativa en cuanto al alcance y en cuanto al objeto del proyecto de ley. Eso hace difícilmente viable su elaboración. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular, coincidiendo básicamente con la declaración de
principios que anima la iniciativa de todos los grupos, ha presentado una enmienda en la que proponemos -me permito leerla literalmente- que, por una parte, el Congreso de los Diputados reafirme una vez más su pleno reconocimiento moral a todos los
hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas. Es una declaración que esta Cámara ha hecho reiteradamente, pero que no está de más hacerla con toda la
solemnidad que requiera. En segundo lugar, el instrumento más adecuado es instar al Gobierno a que en el plazo más breve posible remita a esta Cámara un informe en el que analice la legislación vigente. Ustedes mismos han dicho, señor Erkoreka,
que es una legislación dispersa y compleja, y también los propios tribunales han ido encajando esa legislación, analizando también en ese informe los casos pendientes de afectados en materia de reparación material de las referidas situaciones, a fin
de su más justa atención por parte de todos los poderes públicos. Esto es lo que propone el Grupo Parlamentario Popular. A nosotros nos parece, señoras y señores diputados, que nuestra enmienda es técnicamente más adecuada, es mejor para dar una
solución definitiva, la que anima a los firmantes de la iniciativa que estamos discutiendo y también al Grupo Parlamentario Popular. Sería una solución definitiva reconociendo lo mucho que se ha hecho, pero estando dispuesto a estudiar o analizar
las situaciones que pudieran necesitar ser mejor resueltas. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular con este texto, que hace una declaración clara de intenciones y de principios, lo que ha pretendido es buscar una fórmula de acercamiento a la
iniciativa que anima a todos los grupos. Ha buscado una fórmula que permitiera que este texto pudiera ser respaldado por unanimidad de todos los miembros de esta Cámara. Si la cerrazón de algunos o simplemente quedar bien en un determinado momento
lo impide, será su responsabilidad.
La posición del Grupo Popular es nítidamente clara con la manifestación de principios que hacemos con todas sus consecuencias, que ni siquiera SS.SS. han planteado. Por tanto, busquemos el instrumento más adecuado y hagamos posible que se
pueda aprobar entre todos. Si no, el que se cierre a esa posición será responsable sólo y exclusivamente de ello.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas y pateos)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Atencia.
Entiende esta presidencia que los grupos proponentes no aceptan la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. (Pausa.)
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco ( EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, sobre la adopción de
medidas de reparación moral y económica a los presos y represaliados políticos durante el régimen franquista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 132; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Protestas.-Pateos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE GARANTÍA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE CALIDAD. (Número de expediente 173/000109.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de garantía del suministro eléctrico de calidad. Para la presentación y defensa de la
misma, tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Además de con un poco de retraso, inicio hoy mi intervención no sé si con un cierto desasosiego, con un poquito de mala conciencia, no sé cómo explicarme; la verdad es que haber tenido la osadía de preguntar al Gobierno... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Mendizábal, por favor. (Rumores.) Adelante, señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Digo que haber tenido la osadía de hacer preguntas al Gobierno o de interpelarle respecto a la garantía del suministro eléctrico resulta un poco difícil de asimilar porque el señor Rato dice que no hay apagones o, por lo menos, no hay
apagones sustanciales, cuando hay gente que dice por ahí que ha estado tres horas sin luz en casa -no sé lo que son apagones sustanciales- (Risas.); cuando el señor Rato dice que los índices de interrupción están muy por debajo de la media. Creo
que mañana le contesta una pregunta al señor Souvirón, que en estos momentos se empieza a interesar sobre este tema. Por cierto, esto ya nos lo contó el señor Folgado en la Comisión de Economía en diciembre, el día 16, y el día 17 hubo los
apagones. Por eso digo que estoy intimidada porque el Grupo Parlamentario Socialista presente determinadas iniciativas. No sé si lo que tengo que hacer es subir a pedir perdón porque desde el Partido Socialista parece que hacemos una especie de
magia negra -o roja- (Risas.), o tratamos de saltar los plomos o cruzar los cables, o cruzamos apuestas, que es lo que dice el señor Rato, acerca de aquello por lo que parece que el señor Sevilla está apostando, que es por que venga aquí una
hecatombe y se apaguen las luces. Lo dijo el señor vicepresidente desde esta tribuna la semana pasada, parece que no hay apagones, los apagones no existen. La demanda eléctrica se cubre con total normalidad, y si hay algún pequeño problema, desde
luego la culpa no es del Gobierno, la tienen las comunidades autónomas, la tienen las empresas, la tienen los franceses, o la tiene la oposición socialista, es igual. Señores de la mayoría, la verdad es que esta actitud no parece seria. No parece
serio negar la evidencia y no parece serio decir verdades a medias para ocultar grandes mentiras, como se hizo el otro día cuando se dijo que se habían ahorrado 400.000 millones de pesetas a los consumidores españoles cuando se ha hecho una política
para regalar un billón a las eléctricas, cuando el señor Rato desde esta tribuna utiliza el informe de la Comisión Europea y los datos de Eurostat para comparar las tarifas eléctricas de los distintos países de la Comunidad, pero con trampa, porque
resulta que lo hace con impuestos y sin paridad en el poder adquisitivo, y además lo hace sólo para un grupo, cuando hay cinco grupos, y desde luego no utiliza los más frecuentes en la economía española. Es decir, que todo son trampas. ¡Allá
ustedes! Hagan lo que quieran, sigan haciéndose trampas en el solitario. Desde esta tribuna, ya que ustedes llevan seis años gobernando en España,
quiero ejercer mi obligación de control del Gobierno y exponer los incumplimientos del Gobierno y las propuestas del Partido Socialista.
Como ya es bien sabido, la Ley del sector eléctrico, que ustedes esgrimen como un gran ejemplo de liberalización, no ha servido para introducir competencia efectiva y sí, en cambio, ha servido para que haya apagones.
Falta la garantía en el
suministro de un servicio esencial, como es la electricidad, y de eso es responsable el Gobierno de la nación. Por tanto, hay un fracaso de la política liberalizadora del sector eléctrico, no hay competencia y sí apagones. Pero esto no es más que
la constatación de algo que venimos denunciando, y es la política energética totalmente errática del Partido Popular. El modelo regulatorio se ha cambiado cuatro veces en seis años. Es una política tardía, siempre llega tarde. Se legisla a través
de real decreto por motivos de urgencia, luego resulta que se incumplen los plazos y todavía estamos sin cumplir el Real Decreto de junio de 2000. En definitiva, es una política plagada de indecisiones, porque ahora resulta que las empresas no
están convencidas de la necesidad de invertir en redes de distribución, pero el Gobierno, que es el que fija las tarifas de la distribución, no toma ninguna medida para convencerlas.
Resulta que las interconexiones son insuficientes, pero cuando el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley, hace meses ya, para mejorar las interconexiones, es rechazada por el Grupo Popular. Ahora parece que por fin, después de
seis años, se empieza a hablar de un plan de choque. Se podría haber hecho un plan, no un plan de choque. ¡A buenas horas mangas verdes! En cualquier caso, sea bienvenido el plan de choque aunque no hay ningún problema, porque el señor Rato dice
que no hay ningún problema y resulta que vamos a presentar un plan de choque. Yo estoy dispuesta a darles credibilidad y para eso creo que el Grupo Popular en estos momentos debe votar la moción que presenta hoy aquí el Grupo Socialista. Pero
mucho me temo que no sea así porque los hechos así lo evidencian, y me estoy refiriendo a algo que va a ocurrir al final de la sesión, que es la aprobación de esa subcomisión creada en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, una subcomisión
que no sé muy bien si es para hacer el seguimiento del plan energético o para seguir las infraestructuras energéticas, porque leyendo el documento de presentación de la subcomisión, las cosas no están nada claras. En cualquier caso, bienvenida sea.
Quiero decir desde esta tribuna que en la Comisión de Economía presentamos unas enmiendas a esta propuesta de creación de la subcomisión, porque creíamos fundamental que en un tema como éste el Gobierno se comprometiera trayendo su plan energético,
cumplimiento del artículo 4 de la Ley del sector eléctrico y de la Ley del sector de hidrocarburos, y que esa subcomisión estuviera abierta, fuera con luz y taquígrafos. Lo negaron en la Comisión de Economía, y así será. Por tanto, con harto
dolor, tendremos que abstenernos en la votación de creación de esta subcomisión de energía.
La señora PRESIDENTA: Señora Mendizábal, su tiempo ha concluido.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Me quedan 13 segundos.
La señora PRESIDENTA: No, no; lo ha sobrepasado en 16 segundos.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, procedo a fijar la posición de mi grupo parlamentario, de Convergència i Unió, en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; moción que tiene una clara relación
con la proposición no de ley que presentó el mismo grupo y que fue debatida el pasado miércoles en la Comisión de Economía, habiendo pactado el Grupo Catalán y el grupo proponente un texto final a ese respecto. El contenido de la moción de hoy
difiere, lógicamente, de la proposición no de ley debatida el pasado día 13; si no, estaríamos ante una iniciativa política repetida o replicada.
No voy a repetir en mi intervención el posicionamiento y el análisis político-económico más general que efectuó el diputado Sánchez i Llibre el pasado día 13. Resulta evidente y manifiesto -y lo recordaré al hilo de hechos producidos en el
día de hoy- que para Convergència i Unió constituye un objetivo fundamental la toma de decisiones políticas y administrativas que tiendan a garantizar un suministro de energía eléctrica de calidad para los ciudadanos, fomentando por tanto su
bienestar, bien sean medidas políticas creativas, de estímulo o impulso de la inversión en el sector, o de tipo sancionador, como las tomadas hoy por el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya -a las que me referiré luego- por
incumplimientos de los agentes económicos que operan en el sector eléctrico.
Valoramos, por tanto, las medidas que sean útiles, las que sean eficaces y por ello mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esa enmienda viene a recoger
tanto el espíritu como el texto pactado para la proposición no de ley debatida en la Comisión de Economía el pasado día 13. En caso de aprobarse, supondría instar al Gobierno a presentar un informe en el que se analicen y valoren el grado de
adecuación
del parque de generación y las redes de distribución eléctrica en España, a presentar urgentemente en el Congreso de los Diputados la planificación eléctrica a que se refiere el artículo 4 de la Ley del sector eléctrico y a presentar al
Congreso de los Diputados un plan de desarrollo de conexiones de transporte eléctrico entre España y países fronterizos; hasta aquí los tres primeros puntos, similares a los tres primeros apartados del punto primero del Partido Socialista. No
obstante, introducimos una modificación en el último porque entendemos que el plan de desarrollo de las conexiones de transporte eléctrico entre España y países fronterizos no debe olvidar en su configuración el papel de las comunidades autónomas, y
proponemos la inclusión de la referencia a la participación de las comunidades autónomas.
El cuarto punto es idéntico también al cuarto punto del primer apartado de la moción del Partido Socialista: modificar el tratamiento de la calidad en el suministro de energía eléctrica realizado en el Real Decreto de 1 de diciembre de
2000. En el punto quinto existen diferencias; proponemos eliminar la incertidumbre regulatoria existente en el régimen retributivo de la actividad y distribución eléctrica, estableciendo un modelo estable basado en reglas objetivas en colaboración
con las comunidades autónomas, que podrán establecer las modalidades de aplicación del régimen retributivo de la actividad de distribución en sus respectivos territorios. Aquí, la diferencia respecto de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista es ya fundamental; recordemos que en la actualidad las comunidades autónomas tienen competencias en el ámbito energético eléctrico, pero no pueden fijar el régimen retributivo en el ámbito de la distribución. Las
comunidades autónomas son competentes en su territorio para autorizar nuevas instalaciones, pero no para el establecimiento de la retribución de la distribución ni para establecer los valores mínimos de calidad de servicio a alcanzar por las
empresas distribuidoras. Proponemos que las comunidades autónomas pasen a asumir competencias en el ámbito del régimen retributivo de la distribución de energía eléctrica.
El sexto punto es coincidente también con el sexto punto del primer apartado de la moción del Grupo Socialista: aplicar con rigor y eficacia la normativa vigente en materia de régimen sancionador. En contrapartida, no podemos estar de
acuerdo con otros puntos propuestos en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Así, por ejemplo, a modo de exposición breve -porque mi tiempo se está agotando-, no creemos conveniente la convocatoria de la Conferencia sectorial
de la Energía a la que se alude en el punto segundo de la moción. Nos recuerda cierto aire armonizador que ya se está produciendo en otros ámbitos de competencias autonómicas que creemos que nada aporta. Entendemos que hay que estar precisamente
por las medidas eficaces como, por ejemplo, el Decreto del año 2001 por el que se aprueba por parte de la Generalitat el reglamento del suministro eléctrico o, por ejemplo, las tres sanciones aprobadas en el día de hoy por el Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, primera vez que, con el marco eléctrico actual de la Ley del sector eléctrico de 1997, se adoptan medidas sancionadoras de este estilo; se han impuesto tres sanciones por un valor total de seis millones de euros a una
empresa distribuidora del sector eléctrico que incumplió sus compromisos ocasionando malestar a los ciudadanos. Esta es la acción política de Convergència i Unió: medidas eficaces y, como fiel reflejo de este compromiso con la eficacia, está la
enmienda de sustitución que ha presentado mi grupo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a defender la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Habrá algún punto de coincidencia, habrá puntos de discrepancia importantes y habrá, sin duda,
puntos de mejora respecto a lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Por ejemplo, en este momento, hay un punto de acuerdo y es que hace falta una planificación que sea en parte indicativa y en parte obligatoria; digo en este momento,
porque hace unos años no era esta precisamente la postura del Gobierno socialista al respecto. Hay un punto de discrepancia. El Grupo Parlamentario Socialista plantea que se presente ya la planificación y que después el trámite por el que se va a
discutir en estas Cortes es un trámite extraordinariamente breve. ¿Qué plantea el Grupo Parlamentario Popular? Plantea que haya diálogo, que el Gobierno envíe, en primer lugar, un borrador de esa programación, un auténtico borrador de la misma y
que se cree esa subcomisión, que luego vamos a votar, en la que haya tiempo para el diálogo y para plantear las propuestas de los grupos parlamentarios, con las comparecencias que sean necesarias. Hay dos modelos distintos. Hay planificación
prácticamente sin diálogo, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, y hay planificación con diálogo, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Sus señorías podrán elegir al respecto.
Hay otros puntos en que las posturas se acercan, pero también parcialmente. Nuestra propuesta es elaborar una metodología pública, objetiva, transparente y no discriminatoria para la fijación de las tarifas y los precios regulados. Ahora
bien, nosotros planteamos este tema y decimos que al mismo tiempo se mantengan los
costes de transición a la competencia, tema que ya en su cuantía y regulación ha sido incluso aprobado por Bruselas. ¿Cuál es la postura del Grupo Parlamentario Socialista? Pues, una vez más, las propuestas con fecha de caducidad. Quizá
es la que mantenía el Grupo Parlamentario Socialista en abril del año pasado, por ejemplo. En esa fecha el Grupo Socialista decía que debían existir los CTC, los costes de transición a la competencia, y planteaba incluso una forma de regularlos muy
concreta.
Hoy, en este cambio continuo de posturas, dice que no deben existir. En eso diferimos. Nuestra postura es coherente y en su caso son los cambios continuos de postura, aunque sí estamos de acuerdo en lo relacionado con la elaboración de
una metodología pública, objetiva, transparente y no discriminatoria para la fijación de las tarifas y de los precios regulados.
Aunque la portavoz del Grupo Socialista apenas se ha referido a su propia moción, yo sí me voy a referir a algunos puntos de la nuestra que creo que entran en los problemas reales que tenemos que abordar, aunque luego sean tratados también
por esta subcomisión. Por ejemplo, nosotros planteamos en nuestra moción que hace falta que se impulse la entrada en funcionamiento de las nuevas plantas de ciclo combinado; que haya una metodología estable en el cálculo de garantía de potencia;
un modelo para la distribución regional; una forma de colaboración con las autonomías e impulsar la liberalización en Europa. Muchos de estos puntos no aparecen en la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Sin duda diferimos y es lógico que lo hagamos, y no solamente diferimos en el lenguaje de las palabras en esta moción, sino que la política energética del Partido Socialista ha diferido en el lenguaje de los hechos con la del Partido
Popular. Yo lo resumiría en una frase: durante los últimos diez años de gobierno del Partido Socialista las tarifas se elevaron en un 41 por ciento; durante los cinco años de gobierno del Partido Popular las tarifas se han reducido en un 17 por
ciento, lo cual es cierto que ha implicado que los consumidores hayamos pagado 400.000 pesetas menos. Recordaba -y esa frase la utilicé ya en una Comisión, pero encaja perfectamente aquí- una idea de Balzac. Decía que la elección es a menudo un
resplandor de inteligencia. En este caso no hacen falta muchos resplandores de inteligencia para elegir entre aquella política y esta política energética.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gámir.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego considera que estamos ante una moción más que aceptable y completa, pero nos gustaría aprovechar la ocasión para puntualizar cuatro aspectos que nos parecen de interés y que ya han sido objeto de iniciativas
parlamentarias del Bloque Nacionalista Galego a través de Comisión y que esperamos que se debatan en el más breve periodo de tiempo posible.
En primer lugar, en lo que hace referencia a la planificación parece muy oportuno, como dice la moción, instar a la presentación urgente de la misma. Sería, sin embargo, interesante que en la elaboración de esta planificación se tuviese en
cuenta la participación y colaboración activa de las comunidades autónomas, en consonancia con el mandato del artículo 131.2 de la Constitución española, que obliga al Gobierno a elaborar las previsiones de planificación de acuerdo con las
previsiones suministradas por las comunidades autónomas.
La segunda puntualización hace referencia a que la moción, acertadamente, se centra en la seguridad y calidad del suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta la planificación eléctrica exclusivamente. Pensamos que en este momento
sería necesario coordinar esta planificación eléctrica con la planificación del gas cuando ambas actividades están íntimamente relacionadas y además sin duda existen intereses conjuntos entre ambos sectores.
En tercer lugar -y esto es muy importante desde luego para el caso de Galicia-, cuando se habla de garantía de calidad en el suministro no nos podemos referir solamente a promover una elevación general de la calidad, sino a que este
incremento cualitativo tiene que potenciar sobre todo la desaparición de amplias diferencias de calidad del suministro eléctrico que hay de unas zonas a otras. Por ejemplo, en el caso de Galicia, la calidad del suministro eléctrico en las ciudades
es cinco veces superior a la de la zona rural, con lo que las medidas de garantía de la calidad deben centrarse sobre todo, pensamos nosotros, en reducir esas diferencias abismales que existen entre zonas rurales y urbanas, de manera que todos los
ciudadanos -y esa es la intención además de la moción- reciban un servicio eléctrico con unos estándares de calidad no solamente aceptables, sino también similares.
Por último, quiero recordarles que hasta el año 1995 los reales decretos anuales que fijaban las tarifas eléctricas incluían la parte que se destinaba a la mejora de calidad del suministro. En concreto, hasta esa época la Comunidad Autónoma
de Galicia absorbía una parte importante de este dinero porque había un desequilibrio de su calidad de suministro en relación con el resto del Estado. Desde el año 1995 no se incluye este concepto en las tarifas, por lo que no se transfiere
cantidad alguna para los planes de mejora del suministro eléctrico y es por tanto el Gobierno de Galicia, la Xunta, quien pone el dinero público para los planes de calidad del suministro. En este sentido, pensamos que se debía
retomar la financiación de las mejoras de la calidad vía tarifas, aprobando los respectivos reales decretos anuales la fijación de las mismas y la inclusión de la cantidad necesaria. Pero como decimos, son puntualizaciones que no obvian
sino que incluso ayudan a votar afirmativamente la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz. Perdón, tiene la palabra el señor Rejón. Le ruego que disculpe el lapsus.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: El problema no es que me hunda usted, es que va a hundir al señor Alcaraz.
Señora presidenta, desde el año 1997, año en el que se negocia con las compañías eléctricas el nuevo marco regulador del sector y que da origen a la actual Ley de ordenación del sistema eléctrico, el Gobierno del Partido Popular viene
perdiendo, por voluntad propia y de forma muy estudiada -no ha sido casualidad, ha sido mijita a mijita-, su capacidad de intervención en un sector tan estratégico para la economía del Estado español como es el sector eléctrico.
Esta nueva regulación, la Ley de ordenación, según se nos decía, en aras a una mayor liberalización del sector y por tanto de una competencia que beneficiaría al usuario a la larga, a la postre sólo ha beneficiado a las empresas eléctricas
que se han visto favorecidas por el reconocimiento de los costes de transición a la competencia sin ningún tipo de exigencia a cambio, como inversiones para modernizar el transporte y la distribución de la energía y, por tanto, sin nada que
garantice el suministro de calidad por el cual pagan los usuarios.
Los cortes en el suministro no son un problema nuevo. En varias comunidades autónomas esos cortes ya se venían produciendo, fundamentalmente en período estival, por razones obvias de sobrecarga ante la llega de una población flotante que no
estaba prevista durante el resto del año. Pues bien, estos cortes que, como decía, ya se venían dando en algunas comunidades autónomas se han visto agravados últimamente por el aumento significativo de la demanda y por la carencia de planificación
por parte del Gobierno y de la propia compañía. En ese camino, el Gobierno, señorías, se ha inhibido y no ha planteado, como hemos exigido desde IU y desde otros grupos parlamentarios, planes de gestión de la demanda, una clara apuesta por las
energías renovables, etcétera.
Desde nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Socialista. Creemos que puede ser el inicio de un camino a seguir para garantizar un suministro eléctrico de calidad para todos y para todas.
Nada más, señora presidenta, señora Rudi.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Tiene la palabra la señora Mendizábal a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las dos enmiendas presentadas.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señora presidenta, respecto a las enmiendas de Convergència i Unió estaríamos dispuestos a aceptarlas, siempre que se quedaran en el punto 6 y siguieran nuestros puntos, pero parece ser que Convergència i
Unió quiere que sea de sustitución de toda la moción. Por tanto, que conste que estaríamos dispuestos a aceptar sus enmiendas si se quedaran en el punto 6.
Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, estaríamos dispuestos a aceptar el punto número 1, dentro del punto número 2 de nuestra moción, ya que lo único que hace es decir lo que dice la ley.
Nosotros decimos que se cumpla la
planificación...
La señora PRESIDENTA: Señora Mendizábal, el tiempo de argumentación lo ha tenido usted en su anterior intervención. Le ruego que únicamente indique la aceptación o rechazo de la enmienda.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: El punto 1 dentro de nuestro punto 2; estaríamos dispuestos a aceptar el punto 2 del Partido Popular; el punto 3 no, porque lo que pedimos es adelantar precisamente; el punto 4, no; el punto 5 es nuestro
punto número 1.7, pero queremos que haya un compromiso de tarifas para el ahorro energético; el punto 6, sí; el punto 7 es nuestro punto 3.1.1 más completo, porque nosotros decimos que se estimule, es mucho más amplio y además introducimos las
renovables, por tanto, no; el punto 8 es contrario a lo que decimos en nuestro punto 3.1.2, por tanto, no; el punto 9, sí, porque es el cumplimiento de la ley y estamos de acuerdo; en cuanto al punto 10, es obligación del Gobierno pedir los
informes y además nosotros queremos que tenga más competencias la Comisión Nacional de la Energía, por tanto, sí más lo nuestro; el punto 11, que es nuevo, es lo único que se ha aportado, que consiste en impulsar en la cumbre europea de Barcelona
el proceso de liberalización, no nos interesa nada; y el último punto está introducido en nuestro punto 3.2.3 y sí lo aceptaríamos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Señor Gámir, al objeto de indicar si acepta la propuesta de la portavoz del Grupo Socialista en cuanto a asumir parcialmente su enmienda.
El señor GÁMIR CASARES: La verdad es que la palabra parcial en este caso habría que aplicarla en un sentido...
La señora PRESIDENTA: Señor Gámir, le digo lo mismo que le he dicho a la señora Mendizábal. Estamos en el momento de decir sí o no, no de argumentar.
El señor GÁMIR CASARES: No, dado que realmente no hay una aceptación parcial.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Gracias, señor Gámir.
Moción consecuencia de interpelaciones urgentes, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de garantía del suministro eléctrico de calidad, que se somete a votación en sus propios términos al haber sido rechazadas las enmiendas
presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 107; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda por tanto rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA ELABORACIÓN DEL ESTATUTO DEL COOPERANTE. (Número de expedientE 173/000110.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del estatuto del cooperante.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna en nombre de Convergència i Unió a presentar la moción consecuencia de la interpelación urgente que tuvo lugar la semana pasada, orientada a impulsar la elaboración por parte del Gobierno del denominado estatuto
del cooperante. Con su contenido, que SS.SS. ya conocen, Convergència i Unió pretende comprometer a la Cámara y al Gobierno en la necesidad de elaboración por parte de éste de una ley que regule el estatuto del cooperante previsto en la Ley de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Al entender de Convergència i Unió, el contenido de este estatuto, aparte de tener el carácter de proyecto de ley que nos puede permitir superar las insuficiencias del borrador del real decreto que se empezó a tramitar a finales de la pasada
legislatura, debería de reconocer las especificidades de las personas cooperantes en tres ámbitos muy concretos. Un ámbito, que es el de la protección social, donde ya planteamos en la interpelación de la semana pasada cuáles son las peculiaridades
de estos profesionales. Apostamos en la moción por que sea a través de la posibilidad de la firma de convenios especiales por parte de la Agencia Española de Cooperación y de la Seguridad Social que permitan esa adaptación a esas necesidades
específicas. Un segundo ámbito, por el que el proyecto de ley contemple también una política fiscal específica para las personas cooperantes, situando un límite máximo de los rendimientos que estén exentos de tributación por IRPF.
Finalmente, un
tercer ámbito que contemple, desde la perspectiva de la normativa laboral y de la Función pública, fórmulas que permitan la incorporación de trabajadores y funcionarios a proyectos de acción humanitaria y cooperación en el exterior. Hace unos días
se publicaba en el Diario Médico un artículo donde se ponían de manifiesto, por ejemplo, los problemas que en este ámbito tienen los profesionales de la sanidad.
Se trata de un proyecto de ley centrado no tan solo en los aspectos que contempla la
propia Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo en su artículo 38, sino que incorpore estos tres ámbitos específicos: protección social, política fiscal y normativa laboral para facilitar la entrada y la salida.
El debate de la semana con el ministro nos pareció que fue un buen debate, en primer lugar porque el Gobierno asumió otra vez la necesidad de cumplir ese compromiso contemplado en la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo, esa
previsión de la disposición final segunda, que en los cuatro años ya desde su aprobación no se ha concretado. En segundo lugar, el Gobierno y Convergència i Unió coincidíamos en entender, tal como hacen las propias organizaciones no gubernamentales
de cooperación y de ayuda humanitaria, que desarrollar este estatuto es condición necesaria para que la cooperación y la ayuda humanitaria que se realiza desde la sociedad civil esté cargada de sentido, de eficacia y de utilidad; que sea posible
que haya profesionales de la sanidad, de la Administración, de la empresa privada que opten, en períodos concretos de su vida, por esta dedicación. Coincidíamos también en que éste no iba a ser un proceso nada fácil ni nada simple, que pretendíamos
tocar diversos aspectos legislativos, que éste era un proceso complejo, pero coincidíamos también en que si existía voluntad política por parte del Gobierno, iba a ser posible hacer un buen estatuto del cooperante, un estatuto del cooperante que
diese respuesta a los problemas reales que hoy tienen esos profesionales. También coincidíamos con el señor ministro en que este proceso encontraba hoy, en la legislación del resto de Estados miembros de la Unión Europea, soluciones interesantes,
pues muchas veces no se trata de inventar, sino de conocer aquello que está funcionando en el resto de la Unión Europea e intuir cuáles son las soluciones que pueden darnos. En este mismo sentido, se han de cumplir las propias recomendaciones de la
Unión Europea que han instado a los
Estados miembros a impulsar una política que pueda permitir que se configure un marco comunitario, un marco en la Unión Europea, donde los derechos, las obligaciones y las posibilidades de las personas cooperantes se vean reconocidos.
Finalmente, también coincidíamos en el debate de la semana pasada en que este proceso de elaboración del estatuto del cooperante debería ir acompañado de un intenso diálogo con todos los sectores sociales implicados en el mismo. Nos parece
que el Consejo de cooperación es el espacio institucional donde se puede celebrar este debate, pero también entendíamos que no se podía limitar a ese espacio; que existen organizaciones no gubernamentales, las vinculadas a la coordinadora de las
ONG para el desarrollo, que deben de participar en todo este proceso; que existen organizaciones sociales específicas, como Médicos sin fronteras, que conocen realidades muy concretas y existen las organizaciones sindicales que, desde la
perspectiva de la defensa de los derechos de los trabajadores, aportan también una visión concreta y específica. Decíamos también que en una legislatura en la que el proceso de diálogo con la sociedad civil, en este ámbito y quizás también en otros
ámbitos, ha padecido una importante degradación -y recordábamos, desde la perspectiva de Convergència i Unió, lo que había sido la modificación del Consejo de cooperación- nos parecía que la elaboración de este proyecto de ley puede significar un
cambio de orientación en esa línea de diálogo. Apostábamos por eso. Estoy convencido de que hoy el conjunto de los grupos políticos, según las enmiendas planteadas, demostramos tener posiciones extremadamente cercanas y que, por tanto, es
perfectamente posible que hoy el Pleno de la Cámara dé un impulso a este mandato que nos marcaba la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo, que el Gobierno aún no había cumplido y que, desde la perspectiva del interés de la cooperación
descentralizada, desde la perspectiva del interés de la ayuda humanitaria, constituía, debe de constituir una prioridad para esta legislatura. Espero que hoy podamos avanzar en esta línea.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor González tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, al Grupo Socialista le preocupa que pasados ya casi tres años del plazo establecido por la ley para aprobar el estatuto del cooperante aún no se haya aprobado. Sin embargo, lo que más nos preocupa es que, según se desprende de la
intervención del señor ministro de Asuntos Exteriores en la interpelación de la semana pasada y de la enmienda presentada hoy por el Grupo Popular a la moción que debatimos, parece ser que el Gobierno no tiene interés alguno en concretar una fecha
para aprobarlo. Decía textualmente el señor Piqué en su intervención: Por lo tanto, no tenemos una urgencia especial en que se apruebe el estatuto si no hay suficiente consenso. Señorías, nosotros también deseamos que la regulación de dicho
estatuto sea fruto de un consenso político y social lo más amplio posible, pero, como decía también el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para ello sobre todo -y recalco, sobre todo- es necesaria la voluntad política del
Gobierno para poner los mecanismos adecuados que logren ese consenso en el menor tiempo posible.
Nosotros creemos que no existe esa voluntad política. Creemos que la aprobación del estatuto con un amplio consenso social y político no es algo
prioritario para el Gobierno. Si no, señorías, ¿cómo se explica que en estos tres años sólo haya sido convocado en tres ocasiones el grupo de trabajo creado a tal efecto en el seno de la comisión del Consejo de cooperación? ¿Cómo se explica que a
estas alturas sólo se haya trabajado sobre cuatro artículos de los 16 de los que consta el proyecto del real decreto presentado por el Gobierno? Máxime cuando sabemos que muchos de los sectores no gubernamentales representados en dicho grupo de
trabajo, como por ejemplo UGT, están desarrollando un trabajo ingente para buscar las mejores soluciones a los problemas de este colectivo. Es el Gobierno, señorías, el que tiene que convocar, el que tiene que ejercer de dinamizador y de impulsor
del trabajo y del consenso, y a ello le instamos.
Como somos conscientes de que se trata de un asunto de una enorme complejidad, hemos introducido una enmienda de modificación a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ampliando el plazo hasta finales
del presente año, en vez de hasta el final del actual período de sesiones como pretendía Convergència i Unió, para que el Gobierno presente el proyecto de ley regulador del estatuto del cooperante. Es un plazo razonable para que el Gobierno, si
realmente tiene voluntad política de hacerlo, pueda presentar un texto fruto del consenso y del diálogo entre todos los sectores implicados.
El señor ministro reconocía la semana pasada -cito palabras textuales- que los cooperantes españoles están haciendo por centenares una labor enormemente encomiable, que merece el aplauso y el agradecimiento de todos al llevar la solidaridad
de nuestra sociedad y de nuestro país, muchas veces a confines y a lugares enormemente complejos y en los que son de extraordinaria utilidad. Debemos prestarles -sigue diciendo el señor Piqué- ese apoyo y esa solidaridad en términos públicos, sin
ningún tipo de fisuras. Pues bien, señorías, creemos que la mejor forma de prestarles ese apoyo y esa solidaridad es aprobando, cuanto antes mejor, una ley en la que primordialmente se reconozcan las especiales
dificultades y características de la labor que desempeñan los cooperantes y se les dote de una serie de ventajas, tanto en lo relativo a su protección social, como a su situación fiscal y laboral, que contribuyan a asegurar las condiciones
para un correcto desempeño de sus funciones, garantizando asimismo su reinserción en el mercado de trabajo español en caso de retorno a nuestro país una vez finalizadas sus funciones. Si no es así, señorías, entenderemos que las palabras del señor
ministro eran sólo eso, palabras, palabras falsas a las que, por desgracia, cada día nos tiene más acostumbrados este Gobierno.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero manifestar mi disconformidad con lo expuesto aquí por el portavoz del Grupo Socialista -creo que no se ha leído bien la enmienda que hemos presentado- porque usted ha argumentado basándose en un posible proyecto de
real decreto, cuando en la enmienda lo que proponemos es la presentación de un proyecto de ley. Demostramos con ello el interés del Gobierno, se comprueba su voluntad política y, sobre todo, se ven con claridad las ideas del propio Gobierno. En
este momento le pediría al Grupo Socialista que, si es aceptada la enmienda transaccional que hemos propuesto desde el Grupo Parlamentario Popular, retirara sus enmiendas y apoyara la enmienda presentada por nuestro grupo.
El Grupo Popular presenta esta enmienda a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), relativa a adoptar por parte del Gobierno las medidas que impulsen la elaboración del estatuto del
cooperante. En la misma se recoge, como no podía ser de otra manera, lo manifestado por el ministro de Asuntos Exteriores en el debate de la interpelación presentada en la última sesión plenaria de esta Cámara. Compartimos desde nuestro grupo la
extraordinaria importancia del tema. Reconocemos la labor desarrollada por los cooperantes y compartimos el sentir del grupo proponente de elaborar el estatuto del cooperante dentro del plazo más breve posible -el señor proponente decía un año, en
nuestra enmienda decimos que en el espacio de tiempo más breve posible-, de acuerdo con el mandato de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 23/1998 y en concordancia con su artículo 38.
Quisiera resaltar el esfuerzo de solidaridad que desarrolla la sociedad española y también hacer mención a las iniciativas llevadas a cabo por la propia Administración. Quiero recordar que hace apenas veinte años, en 1981, España era
receptora de ayuda oficial al desarrollo y en la actualidad, en el régimen general de las Naciones Unidas, nuestro país se sitúa en el octavo lugar y en cifras de ayuda oficial al desarrollo estamos entre los doce primeros.
España cuenta por primera vez con la aprobación de unos planes de cooperación de carácter anual dentro del marco del Plan director. Ha habido una reforma importante de la Agencia Española de Cooperación Internacional al aprobarse su nuevo
estatuto. Se ha constituido y puesto en marcha el Consejo de cooperación al desarrollo, la Comisión interterritorial de cooperación y la Comisión interministerial de cooperación internacional, iniciativas que nos permiten en este momento dar un
paso más en la elaboración, discusión y posterior aprobación del estatuto del cooperante, marcándose en el mismo sólidas bases de lo que tiene que ser la cooperación española en esta nueva etapa.
El propio señor Campuzano en su intervención, con motivo de la interpelación, reconocía que el plazo establecido de un año para su aprobación sería un tema menor y que la presentación de un borrador de real decreto cumplía con lo mandatado
por la ley. El propio ministro manifestaba el deseo del Gobierno de elaborar un estatuto que permitiera que los cooperantes tuvieran el nivel suficiente de titulación, un grado de preparación para que sus actuaciones fueran eficaces y una buena
experiencia profesional. Con la presentación de esta enmienda, el Grupo Popular y el propio Gobierno quieren dar un paso más cualitativo, para que, en caso de aprobarse la misma, el Gobierno presente para su debate y discusión un proyecto de ley
regulador del estatuto del cooperante, permitiendo así la presentación de enmiendas a todos los grupos parlamentarios en su posterior trámite parlamentario.
Quiero recordar también que la propia Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo establece el sometimiento del estatuto al informe preceptivo del Consejo de cooperación al desarrollo, aunque con carácter consultivo y no vinculante, con
el fin de obtener el mayor grado de consenso posible. En definitiva, lo que nosotros hemos pretendido es que haya una voluntad inequívoca del Gobierno y de este grupo parlamentario. Solicito del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la
aceptación de esta enmienda y el voto favorable del resto de los grupos de la Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar el apoyo de nuestro grupo a la iniciativa que presenta Convergència i Unió, porque creemos que es oportuno y necesario que esta Cámara reconozca la necesidad de que el Gobierno, de una vez por todas, regule el
estatuto del cooperante.
El debate fue clarificador -lo hemos leído en el 'Diario de Sesiones'- y nos preocupa que el Gobierno no haya tenido entre sus prioridades este tema. Nos preocupa porque hacen falta más que halagos y palabras para que la gente que está en
este campo humanitario se sienta respaldada por la sociedad civil y por las instituciones de nuestro país. Sin embargo, igual que estamos de acuerdo con la propuesta que se nos ha presentado, no estamos en absoluto conformes con la enmienda del
Grupo Popular, porque realmente suena algo raro -permítame que le diga- que se intente instar a estas alturas a que el Gobierno regule en el menor plazo posible esta situación. Esa es la obligación del Gobierno, para eso no hace falta este debate
ni ningún acuerdo parlamentario, esa es la obligación del Gobierno que, por cierto, ya lleva algún tiempo de retraso. Nosotros no queremos sumarnos a una ceremonia de la confusión ni hacer un debate para al final, con una salida en falso que sólo
serviría para ocultar el problema de que el Gobierno no ha traído a esta Cámara lo que era su obligación según lo establecido en la ley y lo que debería haber sido su obligación de acuerdo con su propia obligación de Gobierno.
Esta iniciativa, tal y como está presentada, con alguna aportación que la complemente, es lo que hoy se demanda de esta Cámara. Otra cosa sería un debate que bajaría el nivel a una situación que nuestro grupo no estaría en condiciones de
asumir. El Gobierno y el Partido Popular tienen que decidirse a dar un paso hacia delante y a regular una situación que, como decía, no puede mantenerse más tiempo en la incertidumbre. El consenso se consigue cuando se intenta y entendemos que el
Gobierno lo ha intentado poco, por no decir nada. A partir de ahí, espero que el Gobierno asuma la responsabilidad, que esta Cámara también lo haga y que comprometa al Gobierno a algo más de lo que la enmienda del Grupo Popular pretende, ya que lo
único que ha perseguido es ocultar una realidad como es que su Gobierno ha incumplido un compromiso. Por tanto, estamos de acuerdo con la iniciativa tal y como la presenta Convergència i Unió y rechazamos la enmienda del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor Campuzano, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Compartimos las cuestiones de fondo que plantean las enmiendas del Grupo Socialista, pero estoy seguro de que el ponente socialista entenderá que el compromiso que el Grupo Popular asume hoy de elaboración de un proyecto de ley, que va más
allá de las previsiones de la propia ley, nos va a dar a todos los grupos -al Grupo Socialista, a Convergència i Unió y al Grupo de Izquierda Unida- en su previsible tramitación parlamentaria la posibilidad de concretar cuáles son nuestras ofertas.
Por tanto, no podemos aceptar sus enmiendas.
Aceptamos la enmienda que nos plantea el Grupo Popular porque es importante que tanto el Grupo Popular como el Gobierno reconozcan la necesidad de presentar un proyecto de ley de que revise aspectos no contemplados de la Ley de Cooperación
Internacional al Desarrollo en un plazo lo más breve posible.
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, reitero una vez más que no es momento de seguir argumentando, es momento de decir sí o no. He entendido desde esta presidencia que no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y sí la del
Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS : Solo argumentaba a favor de la enmienda del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: No es necesario, los argumentos ya han tenido turno.
Muchas gracias.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar la elaboración del estatuto del
cooperante, que se somete a votación en los términos derivados de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 173; en contra, cuatro, abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL NUEVO ESCENARIO COMPETENCIAL Y DE RECURSOS PARA LAS ENTIDADES LOCALES. (Número de expediente 173/000111.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Núñez. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor presidente, señorías, en la moción consecuencia de la interpelación de la semana pasada vamos a hablar de municipios, vamos a hablar del grado de autonomía que tiene el sistema municipal español, de cuál es el
marco legislativo donde se desarrolla el sistema local, de cuál es la situación de financiación de municipios.
Naturalmente, vamos a hablar de municipios en las competencias que afectan a esta Cámara, no vamos a hablar, señorías, de lo que tienen
que hacer las comunidades autónomas en sus cámaras respectivas por las competencias constitucionales, sino de la variación del régimen local que debemos de abordar en esta Cámara.
La semana pasada asistimos a una interpelación de una cierta confusión -y le agradezco su presencia, señor ministro-, a un diálogo de sordos, un debate de lo que deben de hacer las comunidades autónomas y de lo que debe hacer el Gobierno.
Creo que no hay que repetir que el sistema municipal español no se ha desarrollado en proporción a como se ha desarrollado la Administración autonómica; hablábamos el otro día de que es la cenicienta, de que resta un escenario competencial que
captar y de que hay un déficit, una clara insuficiencia financiera, para prestar unos servicios.
Señorías, de forma muy clara, por lo menos desde el punto de vista andalucista, he tratado en esta moción de sintetizar este problema en tres puntos. Sé que con las enmiendas de algunos grupos se intenta matizar, decir otras palabras o
hablar de otros temas con los que, a lo mejor, estoy de acuerdo, pero a mí me gustaría esta noche hablar de tres puntos muy claros. Un primero habla de culminar las transferencias pendientes a las comunidades autónomas para que, en el escenario de
unas comunidades autónomas con las competencias tomadas, se puedan desarrollar los distintos pactos locales autonómicos, se puedan definir los distintos sistemas locales de cada comunidad autónoma. Por tanto, señorías, no hablo aquí del pacto de
Estado para modificar la Ley de Bases de Régimen Local o para temas de financiación, sino que hay que culminar las transferencias pendientes para que cada comunidad autónoma ejerza sus competencias.
Un segundo punto a mi juicio importante es que es absolutamente imprescindible modificar la actual Ley de bases de régimen local, ya que ésta define un marco rígido, antiguo, del sistema local que no se puede insertar bien en el sistema
autonómico, define un marco unitario y uniforme, y sabemos, señoría, que los municipios españoles, según las comunidades autónomas, ni son unitarios, ni son uniformes. Hay que permitir una legislación lo suficientemente básica y flexible para que
cada comunidad autónoma diseñe los mecanismos de articulación entre su sistema local y su espacio autonómico; en el caso andaluz, me puedo referir a comarcas, a comarcas metropolitanas, a escenarios de grandes ciudades o a especificidades. Ya se
ha oído hablar de grandes ciudades, y en Andalucía en este listado al menos tenemos dos, Sevilla y Málaga; se ha hablado de municipios turísticos, tienen una especial financiación; se ha hablado de municipios que tienen una carga de sistemas
generales de la Administración central, de defensa o de parques naturales que hay que compensar. Especificidades, señorías. Esta ley hay que modificarla.
Un tercer punto es el de la financiación, que no quiero que se confunda.
Los municipios actualmente no tienen suficiencia financiera y es necesario incrementar sus fondos, independientemente del incremento que se produzca por unas
transferencias con su dotación correspondiente que ahora mismo no tienen. No estoy diciendo aquí que va a incrementar la financiación si tiene más competencias -naturalmente, cuando se haga así será-, sino sosteniendo, señorías, que, con las
competencias actuales, los ayuntamientos no pueden prestar los servicios que la ley les obliga a dar. Tienen insuficiencia financiera y eso exige un posicionamiento político sobre este modelo, sobre si estamos de acuerdo en que hay que hacer pactos
locales autonómicos, y para que eso se produzca en armonía antes hay que proceder a culminar el proceso de transferencias a comunidades autónomas; si estamos de acuerdo en que hay que dar un marco flexible, una nueva Ley de Bases de Régimen Local
que permita a las comunidades autónomas diseñar esta articulación entre sistema local y sistema autonómico y también diseñar el nuevo sistema competencial de los ayuntamientos, que tomarán con seguridad, señorías, más competencias en función de su
tamaño, de sus características o de lo que proceda. Por último, señorías el dinero. Es necesario un mayor esfuerzo, un mayor reparto entre las administraciones para que la cuota municipal sea mayor.
Estoy hablando de insuficiencia financiera, no
de las consecuencias de los traspasos.
Rogaría a los grupos que se posicionaran ante este esquema. Sé que hay más cosas que discutir, estoy de acuerdo con ello, sobre determinada legislación que no me gusta y yo en esta Cámara he votado en contra, o sobre determinados mecanismos
de Administración local, de Administración única, aplicando el artículo 150.2 de la Constitución, con el que yo estoy de acuerdo, pero no quisiera, señorías, que nos perdiéramos en el bosque del cómo sino que hoy en esta Cámara pudieran posicionarse
los grupos clara y nítidamente sobre si esto es el pacto local o que el pacto local es armar un batiburrillo y decir que las competencias actuales de las comunidades autónomas son las culpables del estado de los ayuntamientos y no hablar de las
responsabilidades de esta Cámara, del Gobierno central respecto a la situación de la autonomía municipal.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas que se han presentado, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, con la brevedad de los cinco minutos.
Durante mucho tiempo en este país ha habido un jueguecito que durante la autarquía, por razones obvias, tuvo mejor desarrollo. Era una latita con un cristal y una serie de bolitas que había que meter en unos agujeros, justamente había que
meter las de color rojo en los agujeros rojo, las verdes en los verdes y las azules en los azules. Lo malo era cuando algún hermano o algún amigo te metía más bolas de la cuenta y aquello se echaba a perder. Yo creo que el problemas que en este
momento tiene el Partido Popular ante su concepción del Estado de las autonomías, del Estado en general, la relación con Europa, es que en el juego de las latitas alguien le ha metido más bolitas de la cuenta, no le cuadra y no puede meterlas en los
distintos agujeros.
Si quieren ustedes se lo digo en términos taurinos, aquello que Belmonte llamaba magníficamente la geometría del toreo, o de un artículo en El País del señor Estefanía del otro día que, en símiles futbolísticos, hablaba de los achiques de
los espacios refiriéndose a política.
El problema que tiene ustedes en un momento determinado, mal que les pese -porque a ustedes les pesaría que Europa fuera a más, y ahí le sale de vez en cuando al señor Aznar la patita con todo el proceso de Giscard, que no es que sea ninguna
cosa del otro mundo, pero algo apunta hacia una Europa de más Estado y más federal- es que Europa va para adelante. Ha habido una consolidación de las comunidades autónomas y ustedes, que siguen apostando, quizás por una lectura torticera y cateta
de Habermas, por los Estados-nación del siglo XIX, están intentando colar unas cuantas bolitas más del color del Estado de la Administración Central en el juego de la estructura política del Estado español. No pueden quitarle a una Europa que va a
más, no pueden quitarle a los ayuntamientos -¿qué van a quitar a los ayuntamientos?-, por lo que necesitan el espacio político de las autonomías, necesitan introducirse de nuevo en muchos de los espacios que están ocupando las autonomías. Es un
hilo conductor que recorre generalmente todas las ponencias y los documentos aprobados en el último congreso. Desde luego no se dice tan a las claras, pero se plantea desde un horizonte de modernidad. Es conveniente que alguien coordine, es
conviente que haya alguien que articule todas las cuestiones en temas de educación. Es decir, un nuevo concepto mucho más modernos y más fino que el de entrar como un elefante en una cacharrería, no lo niego. Como no pueden ustedes otra cosa, lo
que intentan es que se peleen las autonomías con los ayuntamientos -a río revuelto, ganancia de pescadores-, en una especie de defensores de los ayuntamientos. Señorías, a estas alturas, nadie va a creer que el Partido Popular hace el papel de una
especie de José María el Tempranillo robando competencias a los ricos, comunidades autónomas, y dando competencias a los pobres, ayuntamientos.
Leo una resolución del consejo federal de la FEMP, en el que ustedes son mayoría, adoptada en su reunión del 18 de diciembre de 2001 en la que dicen lo siguiente. Primero, censurar la actitud intolerante del Gobierno -por el Gobierno Aznar-
manifestada en la elaboración y tramitación de la Ley general de estabilidad presupuestaria. Segundo, instar a que la comisión ejecutiva de esta federación presente un conflicto en defensa de la autonomía local, conflicto ante el Tribunal
Constitucional. Tercero, denunciar la actitud del Gobierno de asfixia económica a las corporaciones locales, puesta de manifiesto en reiteradas ocasiones, siendo la más reciente el proyecto de ley de presupuestos generales para 2002. Como
comprenderán, señorías, con esos mimbres nadie va a creer que ustedes van de hermanita de la caridad con los municipios, ustedes sencillamente van a intentar enredar municipios y autonomías a ver si, en ese debilitamiento de las autonomías, pueden
conseguir mayor espacio político.
Hago un humilde llamamiento a la cordura. Desde esta ruina, desde esa confrontación no se construyen estados modernos, se construyen otras cosas. Mi obligación es leerme los documentos del partido que soporta al Gobierno, otra cosa es que
no se lo hayan leídos sus delegados y se lo hayan aprobado por aplausos búlgaros, pero eso ya es otro tema. Lo que nosotros planteamos es una serie de enmiendas a la iniciativa del Grupo Andalucista, sobre todo una que dice culminar el proceso
autonómico.
Pensamos que, con una Constitución tan abierta y flexible y tan magnífica como la nuestra del 78 -en eso coincidimos plenamente-, es posible que acepten esa enmienda de no culminación del proceso autonómico. Nada más y muchas gracias,
señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor presidente, señorías, el Gobierno nos tiene acostumbrados últimamente a poner en circulación anuncios llamativos y pretenden resolver, sólo con el anuncio, situaciones que no van bien, siempre por la mala
gestión o por la falta de voluntad política del propio Gobierno. Anuncian la reválida para resolver los problemas de la educación o la ilegalización del botellón para acabar con un problema serio de seguridad ciudadana y ahora nos traen el anuncio
del pacto local para que las corporaciones locales españolas jueguen el papel que les
corresponde dentro del Estado. Hay que recordarles, aunque sea brevemente, que si hoy el sector local en España está abandonado y a la cola de cualquier país de Europa es precisamente por la política del Partido Popular en estos seis años
de Gobierno. Les recuerdo algunas cosas para argumentar lo que estoy diciendo. Han ahogado a los municipios españoles congelando o disminuyendo todas las partidas destinadas a los mismos en los Presupuestos Generales del Estado año tras año. No
han querido abordar una nueva ley de financiación de las haciendas locales. Han puesto en marcha una legislación sobre el suelo que desprecia a los ayuntamientos, ignorando el papel fundamental como elementos equilibradores en la política de suelo
y vivienda. Han anunciado reiteradamente la supresión del impuesto sobre actividades económicas sin ningún tipo de contrapartida, eso sí, y negándose a una proposición de ley del Partido Socialista que pretendía resolver los efectos causados por
ese impuesto. Han aprobado leyes, como la de estabilidad presupuestaria, que son una clara agresión a la autonomía local. Ahora nos anuncian un pacto local; por cierto, quiero recordarles que ya sacaron ustedes un pacto local en el año 1999, y
les dijimos que era un pacto local vacío de contenido, y hoy les vuelvo a decir que es un pacto local vacío de contenido; a lo mejor lo que pretenden es hacerse una foto en un año puramente preelectoral. El Gobierno nos está vendiendo, por tanto,
humo.
Señorías, si alguien quiere propiciar un pacto tiene que estar dispuesto a poner encima de la mesa de negociación todo lo que preocupa al sector con el que se quiere llegar a un acuerdo, y hoy son varias las preocupaciones que tienen las
corporaciones locales en nuestro país. Es necesario y urgente abordar una nueva ley de haciendas locales que garantice la suficiencia financiera que consagra nuestra Constitución y que hoy no tienen estas corporaciones. Es necesario abordar la
revisión de la Ley de bases del régimen local, que posibilite un mayor impulso de la democracia y de nuevas formas de participación ciudadana. Debe plantearse un proyecto de ley de ciudades donde se contemplen las especificidades de las mismas,
seguridad ciudadana en las ciudades, la justicia de proximidad, la financiación específica de las ciudades, etcétera.
Deberían de derogarse normas que suponen una clara agresión a la autonomía local, y hay que abordar el papel, cómo no, que ya
están jugando los ayuntamientos ante fenómenos como la inmigración sin ningún tipo de ayuda gubernamental. En negociación con todos los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas, hay que hablar de las competencias que deben
residenciarse en el ámbito local, pero que hoy son titularidad de las corporaciones locales. Como se ve, son materias de suma importancia que deben de abordarse en un escenario de pacto, algunas sobre las que el Gobierno tiene capacidad para actuar
y otras en las que el competente ya no es el Gobierno, es la comunidad autónoma, debido al proceso descentralizador.
Pues bien, el Gobierno habla de pacto local -el señor ministro en la comparecencia del martes pasado así lo dijo-, pero excluye de la negociación todas las materias que le son propias, excluye la financiación, excluye la reforma de la Ley de
bases, excluye la profundización en la democracia, excluye un proyecto de ley de ciudades, excluye el problema de la emigración, etcétera. Eso sí, habla de un hipotético acuerdo sobre asuntos sobre los que ya no tiene competencias.
Señorías, qué
pacto es ése en el que se quiere negociar con lo que es de otro, eso sí, sin estar dispuesto a negociar con aquello sobre lo que tiene capacidad de decisión. Por tanto, esto es, y por eso queremos denunciarlo, venta de humo, venta de nada, en lo
que -les admiro- son ustedes profesionales.
El PSOE sí que quiere que las corporaciones locales españolas jueguen el papel que les corresponde en un país descentralizado y por eso hemos presentado una enmienda a la moción del Grupo Mixto en la que abordamos todo lo que ya he expresado
aquí sucintamente por la premura del tiempo.
Por eso, cuando decimos que sí vamos a hacer un acuerdo, queremos que en ese acuerdo, o sobre la mesa de la negociación, se pongan todas aquellas cuestiones que afectan al sector local.
Por tanto, señor Núñez, no vamos a apoyar esta moción, porque entendemos que no recoge lo que son los problemas reales hoy de las corporaciones locales españolas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, sean mis primeras palabras en esta intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para felicitar al señor Núñez, del Partido Andalucista y al Grupo Socialista, no por la moción que ha presentado el señor Núñez, sino
por la firma del acuerdo de financiación autonómica que ayer el Gobierno de la Junta de Andalucía, del que forma parte el Partido Socialista y el Partido Andalucista, llevaron a cabo con el Gobierno de España, a pesar de lo que se oyó aquí en esta
Cámara.
(Aplausos.)
Se ha dicho en esta Cámara que el Partido Popular vende humo. Le quiero decir al Partido Socialista que me da la impresión de que el jueves van a tener el humo encima de la mesa. Hay una diferencia clara entre el Grupo Parlamentario
Popular y el resto de los grupos parlamentarios; hay un proyecto de Estado, señorías, se sabe lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Nos da la impresión de que esta moción y las intervenciones que vienen teniendo lugar en esta Cámara y en
público, vienen a demostrar que SS.SS. y sus partidos políticos están en la absoluta indefinición, en la absoluta incoherencia, porque votan en las comunidades autónomas lo que aquí dicen que no y, cuando el presidente Chaves, de la Junta
de Andalucía, firma el pacto autonómico, el Partido Socialista dice que va a recurrirlo por inconstitucional. Eso, señores, en política se llama incoherencia, no tener proyecto y no saber hacia dónde se quiere ir.
Les vamos a dar otra oportunidad. No íbamos a ser capaces de llevar a cabo el sistema de financiación autonómica, y el Gobierno lo hizo. Ahora, vamos a ir a más, al pacto local, a la segunda descentralización. El Gobierno no rehusa hablar
de sus competencias, señor Rodríguez Bolaños, y no ha rehuido ninguna de las cuestiones que usted ha relacionado. El ministro Posadas está sobre ellas y se está trabajando en ellas. El Gobierno asume sus competencias y sus responsabilidades.
Sin embargo, ha llegado la hora de distinguir lo que es la financiación local en base a las competencias actuales. El 1 de enero de 2003 entrará en vigor un nuevo sistema de financiación local en base a las competencias actuales de los
ayuntamientos. Hay que ir avanzando, porque es necesario que los ayuntamientos tengan dotación financiera para el trabajo que desempeñan. Ha llegado el momento de que los partidos políticos -como partidos y como gobiernos en las comunidades-
demuestren que esa autonomía que se reivindicaba al pedir las competencias del Gobierno central para las autonomías vale también de las autonomías hacia los ayuntamientos; esa será la disyuntiva que encontrarán sobre la mesa.
¿Están preparados o no para ceder a los ayuntamientos competencias con financiación? ¿O es que sólo son ustedes reivindicativos desde las autonomías con el Gobierno de España? El Gobierno les transfirió en su día competencias con
financiación que ahora van a tener que transferir ustedes a los ayuntamientos. Se hará con absoluto respeto; tanto el ministro como el presidente del Gobierno han dicho que será cada autonomía la que establezca el acuerdo con los ayuntamientos.
¿Están ustedes dispuestos a ceder esas competencias con la financiación que recibieron ustedes en su día? ¿O pretenden que el Gobierno central pague las competencias por partida doble, dándoles a ustedes el dinero y pagando de nuevo a los
ayuntamientos las competencias que tienen ustedes ya? Ese va a ser el debate y se va a ver con claridad la posición de cada partido y de cada gobierno autonómico. Veremos la postura del Partido Andalucista, con ese espíritu tan municipalista,
cuando le llegue la hora de transferir competencias en materia de turismo a los ayuntamientos; veremos si el recientemente nombrado consejero de Turismo, señor Ortega, está dispuesto a dar dinero a los ayuntamientos. Lo veremos en distintas
materias con el Partido Socialista o con otras formaciones políticas. Ese es el verdadero debate.
¿Cuál es nuestra postura? Queremos la segunda descentralización. El presidente Aznar la ha propuesto, queremos dar al país más modernidad.
Los ayuntamientos necesitan ese traspaso de competencias con financiación y hay voluntad política
en el Partido Popular y en el Gobierno para impulsar el acuerdo no sólo con el Partido Socialista sino con el resto de los grupos políticos, como se irá viendo en los próximos días.
Con la enmienda que hemos presentado, hemos intentado establecer un diálogo inicial con todas las fuerzas políticas. Lamentablemente, ustedes lo han rechazado y nos vemos forzados a votar en contra de la moción que se presenta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Merino.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para anunciar el apoyo del Grupo Vasco a la moción presentada por el Grupo Mixto, por el Partido Andalucista. La apoyamos porque creemos que la misma aborda las cuestiones nucleares, los problemas centrales que tiene planteados
en este momento la Administración local, el nivel administrativo básico y central en la estructura del Estado descentralizado. Los tres puntos se abordan de manera coherente, razonable y certera.
Quizás en el primer punto, cuando se hace referencia a la culminación de las transferencias a las comunidades autónomas, habría que aplicar un punto de crítica que ya ha abordado el portavoz de Izquierda Unida y en el que no voy a entrar
porque, efectivamente, con arreglo al artículo 150, apartado 2, de la Constitución sería muy difícil hablar de una culminación definitiva e irreversible del proceso de transferencias a las comunidades autónomas. Convenimos con el grupo promotor de
la moción en lo que se refiere al planteamiento de que los pactos, en todo caso, han de ser impulsados por las comunidades autónomas. Si con lo que se juega es con competencias autonómicas, inevitablemente la intervención de las comunidades
autónomas tiene que ser central, fundamental, y los protagonistas básicos de este proceso pactista tienen que ser las comunidades autónomas.
También estamos totalmente de acuerdo con la caracterización que se hace de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local como una normativa encorsetadora que es preciso sujetar a revisión. Esto lo hemos dicho en numerosas ocasiones.
Efectivamente, la normativa básica del régimen local no es propiamente básica, es prácticamente agotadora de todos los
aspectos, de todas las dimensiones que implica el régimen local; un enconsertamiento normativo que cada vez es más claro y más evidente y que impide a los poderes locales abordar los retos que tiene planteados de cara al siglo XXI. Por
tanto, no podemos menos que apoyar también este punto de la moción.
En este sentido, llama la atención el hecho precisamente de que. en el Estado más descentralizado del mundo y del universo, como se repite con insistencia por todos los medios, nos encontremos con una homogeneización en el régimen local,
que no se da, por cierto, en otros Estados de estructura descentralizada en los que sí apreciamos que entre unos entes subestatales y otros hay unas diferencias notables, importantes, en lo que se refiere a la ordenación del régimen local. Por eso
consideramos que efectivamente esta normativa tiene que estar sujeta a revisión.
En tercer lugar, en lo que se refiere a la financiación local entendemos, evidentemente, que no se puede abordar un proyecto de estas características sin asociarlo estrechamente a la financiación local. Son dos proyectos, dos aspectos de
una misma realidad; no se puede tratar de reordenar las competencias sin reordenar también los recursos financieros con los que se va a contribuir a financiar el ejercicio de esas competencias. Por tanto, también estamos de acuerdo con este
aspecto de la moción.
Insisto en que apoyamos la moción porque estamos de acuerdo con sus tres puntos fundamentales.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quisiera agradecer la presencia del ministro de Administraciones Públicas en este debate.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió, cuando se lanza con fuerza mediática la idea de un pacto local, de fortalecer las competencias de los ayuntamientos, se aborda este debate desde el más escrupuloso respeto al marco
constitucional y estatutario. En ese marco constitucional y estatutario, señor ministro, señorías, mi grupo entiende lo que es una realidad, que las comunidades autónomas han asumido competencias exclusivas en materia de régimen local. En la
enmienda que presenta el Grupo Popular a esta moción se dice: Afrontemos una segunda descentralización. ¿A través de qué mecanismos? ¿A través del mecanismo de un pacto bilateral PP-PSOE y después, en todo caso, se invitará al resto de fuerzas
políticas que tienen una presencia importantísima en corporaciones locales y en gobiernos de grandes ciudades? No podríamos estar de acuerdo en ese planteamiento de pacto a dos. ¿A través de vaciar lo que son competencias autonómicas y decidir
desde el Estado hacer esa descentralización sin consultar, sin hacer participar a quien es realmente competente en este ámbito que es la comunidad autónoma? Tampoco estaríamos de acuerdo.
Nosotros compartimos el sentido de la moción que hoy nos presenta el Grupo Mixto a través del Partido Andalucista, y lo compartimos porque es respetuoso con el marco constitucional, con el marco estatutario y con las comunidades autónomas, y
es en todo caso en ese marco autonómico en el que tenemos que afrontar cada uno de los pactos locales, pero no podemos suplantar desde el Estado lo que es la fuerza del autogobierno autonómico. Nos preocupa el diálogo supraautonómico para tratar de
ámbitos competenciales que son de las comunidades autónomas, y en todo caso ese proceso debemos abordarlo desde el consenso en cada comunidad autónoma, y sobre todo preocupa a nuestro grupo que este debate no enmascare el otro debate pendiente que
sé que el Ministerio de Administraciones Públicas quiere afrontar este año, que es el de la financiación local. Ahí sí que nos encontrarán, en el debate de dar a las corporaciones locales y de hacer participar de la financiación local, por ejemplo
en Cataluña, a las comarcas. Ese sí que es un ámbito que a nuestro grupo le interesa y preocupa, porque podemos hablar de un ficticio pacto local que se gestaría desde el Estado cuando se está hablando de competencias autonómicas, y en cambio no
dirigirnos a aquello que sí está preocupando actualmente a las corporaciones locales, que es saber cómo se financian. Hablamos de competencias, de traspaso de competencias y del escrupuloso respeto al marco constitucional y estatutario, y hay
ejemplos como el de Barcelona, donde hay un gran consenso de todas las fuerzas políticas. Impulsemos la carta municipal de Barcelona; en eso mi grupo está totalmente de acuerdo. Ahí hay un proceso de transferencia de competencias, pero ese
proceso se hace desde el escrupuloso respeto al marco constitucional y a la competencia en materia de régimen local de la Generalitat de Cataluña, que participa en ese consenso y lo impulsa. Es en ese ámbito donde nos encontraremos, no en un ámbito
supraautonómico que intente, como se podría decir popularmente, señor ministro, disparar con pólvora ajena: Sí, voy a descentralizar, pero, ¿qué descentralizo? ¿Descentralizo la administración periférica del Estado? No, quiero descentralizar a
costa de las competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas. Eso se debe hacer, creemos nosotros, desde el respeto y la participación de las comunidades autónomas. De ahí nuestra coincidencia global con el texto de la moción y nuestra
discrepancia con la enmienda del Grupo Popular y también con la del Grupo Socialista, en el sentido de que el Grupo Socialista habla de afrontar una cooperación autonómica cuando aquí lo que hay que afrontar son pactos autonómicos en cada
comunidad autónoma, pero en una cooperación generalizada.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Señor Núñez, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Sí, señor presidente, intervengo para rechazar las enmiendas del Partido Popular y del Partido Socialista y aceptar la enmienda número 3 de Izquierda Unida relativa a sustituir el punto 1 por otro que dice:
'...continuar el proceso de traspaso competencial desarrollando la vía del artículo 150.2 ...'. Por tanto, esta es la única enmienda que incorporo a la moción para su votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el nuevo escenario competencial y de recursos para las entidades locales, en los términos derivados del debate y
con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 27; en contra, 159; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO, SOBRE EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISCAPACIDAD Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación, de acuerdo con las modificaciones del orden del día que han sido aprobadas a primera hora de la tarde, la propuesta de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Política
Social y Empleo, sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, emitidos, 281; a favor, 280; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS.
La señora PRESIDENTA: Sometemos a continuación a votación la propuesta de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda para el seguimiento de las infraestructuras energéticas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 173; en contra, dos; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida subcomisión.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro 062949.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
La señora PRESIDENTA: Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y quince minutos de la noche.