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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 137, de 12/02/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 137
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 131
celebrada el martes, 12 de febrero de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Modificaciones del orden del día ... (Página 6921)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de impulso de la participación ciudadana y las consultas populares (Orgánica). 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, núm. 170-1, de 16 de noviembre de 2001. (Número de expediente
122/000152.) ... (Página 6921)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 139-1, de
11 de mayo de 2001. (Número de expediente 122/000123.) ... (Página 6921)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, núm. 172-1, de 23 de noviembre de 2001. (Número de
expediente 122/000154.) ... (Página 6930)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la
Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 244, de 5 de octubre de 2001. (Número de expediente 162/000357.) ... (Página 6937)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia Católica española, así como con el Estado Vaticano. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 295, de 28 de enero de 2002.
(Número de expediente 162/000412.) ... (Página 6945)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado español y la Conferencia Episcopal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm.
230, de 14 de septiembre de 2001. (Número de expediente 162/000370.) ... (Página 6945)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina. (Número de expediente 173/000106.) ... (Página 6956)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos
fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002. (Número de expediente 173/000107.) ... (Página 6960)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno, y el Ministro de Asuntos Exteriores en particular, para posibilitar la participación de las
Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. (Número de expediente 173/000108.) ...
(Página 6964)
Propuesta de creación de subcomisión:
- Propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico. (Número de expediente 158/000026.) ... (Página 6971)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Modificaciones del orden del día ... (Página 6921)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara incluir en el orden del día la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la Presidencia propone al Pleno de la Cámara la inclusión como último punto de la sesión plenaria de hoy la propuesta de
creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Justicia e Interior sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 6921)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de impulso de la participación ciudadana y de las consultas populares (orgánica) ...
(Página 6921)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum (orgánica) ... (Página 6921)
Defiende la primera de las iniciativas para su toma en consideración el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Lo hace en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, centrándose en una cuestión muy concreta, que es un proyecto de
ley del Gobierno catalán para hacer un nuevo túnel en la sierra de Collserola, existiendo en este momento dos alternativas para dar respuesta a la movilidad necesaria entre el Vallès occidental y Barcelona: por un lado la propuesta del Gobierno
autónomo y por otro las opiniones contrarias de movimientos ecologistas, de ONGs y de su partido político. Ante estas posturas contrarias, su grupo propone ampliar la capacidad de la consulta popular no sólo a cuestiones municipales sino también a
cuestiones supramunicipales en asuntos sociales, económicos y medioambientales.
En segundo lugar defiende la proposición de ley sobre transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum, el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario
Mixto. Considera que la previsión del referéndum en el ordenamiento jurídico del Estado español no queda circunscrito al marco estatal, ya que se convierte en un elemento necesario para la constitución de las comunidades autónomas y para la
aprobación y reforma de sus respectivos estatutos, pero existen una serie de limitaciones debido al artículo 149.1 de la Constitución que consagra la competencia exclusiva del Estado para la utilización de convocatorias de consultas populares por
referéndum. Su grupo propone acogerse al artículo 150.2 de la Constitución, que habilita al Estado para transferir o delegar a las comunidades autónomas, a través de la ley orgánica, facultades relativas a materias de titularidad estatal que por su
naturaleza sean susceptibles de ser transferidas o delegadas, sin perjuicio de que, por otra parte, sea necesario modificar la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Marcet i Morera, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de impulso de la participación ciudadana y las consultas populares, se rechaza por 33 votos a favor, 275 en
contra y tres abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de
referéndum, se rechaza por 33 votos a favor y 277 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida ... (Página 6930)
El señor Lissavetzky Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, explica que el objetivo de la modificación que proponen es exclusivamente poder utilizar los embriones sobrantes -o preembriones, como dice la ley- de aquellos ciclos
de fecundación in vitro que lleven más de cinco años sin utilizarse. Fundamenta su propuesta en tres ejes fundamentales: los avances científicos, los beneficios sociales y los aspectos éticos, que pasa a explicar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, se rechaza por 126 votos a favor, 174
en contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 6937)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la
Seguridad Social ... (Página 6937)
Presenta la proposición no de ley el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se refiere a un estudio de la Caixa de Catalunya, editado por la Fundació Un Sol Mon y presentado en Barcelona
hace escasas semanas, en el que se dice que la realidad de pobreza de la sociedad catalana se configura de manera inquietante como de carácter femenino, de personas mayores y de personas que viven solas, estudio que es perfectamente extensible al
conjunto del Estado. Y esa es la realidad en la que pretenden incidir poco o mucho las iniciativas que presentan diversos grupos parlamentarios en relación con el SOVI. Reconoce que el sistema de protección social ha permitido mejorar a lo largo
de estos últimos años las posibilidades de las personas mayores, pero -añade- han aparecido nuevos fenómenos relacionados con la pobreza como son la gente joven y mujeres solas con hijos a cargo. Desarrolla el contenido de su proposición no de ley
y explica que su objetivo es que la pensión del SOVI alcance la pensión mínima de jubilación, lo que considera perfectamente asumible en términos cuantitativos, pasando a referirse a las enmiendas presentadas a su iniciativa.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Por alusiones solicitan hacer uso de la palabra la señora Mato Adrover y el señor De Grandes Pascual, petición que es denegada por la Presidencia.
En defensa de sus enmiendas intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadès.
La señora Mato Adrover vuelve a pedir la palabra por alusiones, siéndole denegada de nuevo por la Presidencia.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), para equipararlas a las
pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social, en los términos derivados del debate y de acuerdo con el texto de la enmienda transaccional que ha sido acordada, se aprueba por 310 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia católica española, así como con el Estado Vaticano ... (Página 6945)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado español y la Conferencia Episcopal ...
Presenta la primera de las proposiciones no de ley el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Se refiere a un serie de hechos que tuvieron lugar en meses anteriores, cuando fueron despedidos unos
profesores de religión, y critica duramente la postura adoptada entonces por la jerarquía de la Iglesia católica española. Manifiesta que las relaciones existentes entre la Iglesia católica y el Estado español se rigen por acuerdos internacionales
que no pueden estar al margen de la Constitución española de 1978, así como tampoco pueden ser ajenas al ordenamiento jurídico que emana de esa Constitución democrática. Desarrolla el contenido de su proposición no de ley y se refiere a las
enmiendas presentadas por otros grupos.
En defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Rodríguez Sánchez. Esta iniciativa se refiere asimismo a la no renovación de los contratos a los profesores y profesoras de religión en septiembre de 2001 en las
provincias de Almería y Málaga y está orientada, en primer lugar,
a promover e impulsar la prudencia y la sensibilidad social apropiadas a la hora de tomar decisiones por parte de las autoridades y, en segundo lugar, a la creación de una junta de la Comisión paritaria conforme a la cláusula séptima del
Convenio de 1999, para estudiar y buscar soluciones razonables a corto plazo. Por último se refiere a las enmiendas presentadas a la proposición no de ley y anuncia el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la iniciativa presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre el mismo tema.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez y Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia católica española, así como con el Estado Vaticano, en los
términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada, se rechaza por 126 votos a favor, 192 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado
español y la Conferencia Episcopal, en los términos derivados de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 145 votos a favor, 173 en
contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 6956)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina ... (Página 6956)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista el señor Yáñez-Barnuevo García. Afirma que si el Gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer hace un par de meses esta moción no tendría razón de
ser. Acusa al Gobierno de haber adoptado una postura pasiva en la crisis de Argentina, postura que su grupo no comparte y que, opina, no comparte la gran mayoría de los argentinos. A continuación explica los cinco puntos de que consta la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Aristegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas defendidas, interviene el señor Yáñez-Barnuevo García.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada
por el grupo proponente, se rechaza por 119 votos a favor, 181 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos
fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002 ... (Página 6960)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Alcaraz Masats.
Considera que el debate mantenido con el señor Rajoy en la interpelación urgente de la semana pasada fue
serio y riguroso y hace una serie de referencias a lo que allí se expuso, como la revisión necesaria del movimiento antiglobalización o el desequilibrio que existe entre seguridad y libertad a la hora de aplicarse por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, proponiendo el modelo belga, que implica el diálogo
y la aplicación equilibrada de seguridad-libertad, en contra del modelo Berlusconi, que implica represión que puede llevar a consecuencias absolutamente indeseables para todos. Basándose en la voluntad del señor Rajoy para dialogar puesta
de manifiesto en el debate de la interpelación, pide diálogo con las instituciones, con los partidos y con el movimiento antiglobalización en sí mismo considerado.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista; y los señores Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Alcaraz Masats.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes para
facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada
por el grupo proponente, se aprueba por 295 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores en particular para posibilitar la participación de las comunidades
autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea ... (Página 6964)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Guardans i Cambó. Se refiere al debate que tuvo lugar con motivo de la interpelación urgente la semana pasada en la que
se pretendía conocer cuáles eran las propuestas políticas que formulaba el Gobierno del Partido Popular para intentar organizar de forma acorde con la Constitución los estatutos de autonomía y los tratados de los que España es parte, es decir, de
conformidad con la legalidad vigente, la participación de las regiones, en terminología europea, de las comunidades autónomas, de las nacionalidades y regiones en la actividad de la Unión Europea. Considera que quedó claro en aquel debate que se
trata de la actuación legislativa de la Unión Europea cuando afecta a intereses o a competencias autonómicas y que la propuesta de Convergència i Unió es totalmente constitucional. Defiende la moción con dureza y afirma que el Comité de las
Regiones confirma que los representantes regionales deben ser llamados a participar de pleno derecho en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en tanto que son miembros de las delegaciones nacionales y están autorizados a asumir la presidencia
de la Delegación nacional y, si fuera preciso, la del Consejo de Ministros. Por lo que, opina, solo desde la arrogancia, la ignorancia o la mala fe, o desde pequeñas dosis de todo ello combinadas, se puede seguir sosteniendo que lo que se pide no
está permitido a nivel europeo porque contradice los tratados.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista; y Saura Laporta y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Guardans i Cambó.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno, y el ministro de Asuntos Exteriores
en particular, para posibilitar la participación de las comunidades autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo
proponente, se rechaza por 31 votos a favor, 164 en contra y 103 abstenciones.
Propuesta de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico ... (Página 6971)
Sometida a votación la propuesta de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Justicia e Interior sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico, se aprueba por 291 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir en el mismo la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como último punto de la
sesión plenaria del día de hoy la propuesta de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Justicia e Interior sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. SAURA), DE IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LAS CONSULTAS POPULARES (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000152.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE TRANSFERENCIA A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE REFERÉNDUM (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000123.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura, de impulso de la participación ciudadana y de las consultas populares.
Conforme a la modificación
del orden del día que la Cámara termina de aprobar, asimismo se debatirá conjuntamente con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la
convocatoria de referéndum.
Para la presentación y defensa de la primera iniciativa, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds a defender una proposición de ley sobre impulso de la participación ciudadana y la consulta popular. He de decir en primer lugar que esta iniciativa parlamentaria
tiene su origen en la necesidad de dar respuesta a un incremento de la participación y de la consulta popular en una cuestión concreta, a la que me referiré, en Cataluña y que con la actual legislación no es posible. No sé si ustedes saben, pero
todos los diputados y diputadas de Cataluña sí, que en estos momentos hay un proyecto del Gobierno catalán para hacer un nuevo túnel en la sierra de Collserola. Ustedes saben que Barcelona está encajada en el mar en la parte oriental y en una
sierra, sierra de Collserola en la parte occidental, donde ya existe un túnel de peaje y donde en estos momentos el Gobierno catalán tiene en proyecto hacer otro nuevo -casualmente también de peaje- que ha sido en algunos momentos votado
favorablemente por algunos grupos parlamentarios del Parlamento catalán, no por nosotros ni tampoco por el Grupo de Esquerra Republicana. Evidentemente hay que dar respuesta a las necesidades de movilidad que existen entre el Vallès occidental y
Barcelona, es decir, entre los dos ámbitos territoriales que quedan divididos por esta sierra y por lo tanto esta propuesta no se hace en el vacío. En estos momentos existen dos alternativas para dar respuesta a esta movilidad, por un lado la
propuesta que hace el Gobierno catalán y por otro opiniones de movimientos ecologistas, de ONG y de nuestro partido político en en el sentido de oponernos a este trazado.
Las razones son muchas, desde las medioambientales, desde el punto de vista
de que este túnel supondría una lesión grave al ecosistema natural de la sierra, hasta las de que la política de movilidad en Europa no va por hacer más túneles sino por un desarrollo del transporte público y de la movilidad sostenible. Hoy existen
ya alternativas concretas a la propuesta del túnel de Collserola: el reforzamiento de Renfe, el refuerzo de ferrocarriles de la Generalitat, el establecimiento de nuevas líneas de autobuses, el carril bus, muchas. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la presidencia.)
Me he detenido en situar la problemática para explicar que estamos no ante una infraestructura cualquiera, sino ante una infraestructura que comporta un modelo de ciudad, un modelo de movilidad. Desde este punto de vista, es una las cinco
grandes preocupaciones que todas las encuestas municipales del ayuntamiento sitúan como importantes: la movilidad. Por tanto pensamos que es fundamental que haya debate, que haya participación,
que haya implicación de los ciudadanos y también que exista aquello que la propia Ley de bases de régimen local contempla: la posibilidad de una consulta popular. Nosotros hemos dicho que sería una buena ocasión de realizar esta consulta
popular que hoy, con la legislación actual, no es posible, porque la Ley de bases de régimen local sólo hace posible una consulta popular en aquellas cuestiones de ámbito y de competencia municipal. En este caso estamos hablando de la
infraestructura de una obra que tiene efectos sobre Barcelona y sobre otra comarca, pero que además no ejecuta el Ayuntamiento sino el Gobierno de Cataluña. En ese sentido el espíritu de la Ley de bases de régimen local, que es abrir una vía a que
los ciudadanos y ciudadanas puedan dar su opinión en relación con temas importantes con trascendencia no sólo desde el punto de vista de las infraestructuras sino de modelo de ciudad y de sociedad, hoy queda cerrado con la actual legislación.
Presentamos una proposición de ley que desde el punto de vista político consiste en lo siguiente. Primero, ampliar la capacidad de consulta popular no sólo a cuestiones municipales, sino a cuestiones supramunicipales en asuntos sociales,
económicos y medioambientales. Es decir, en este caso concreto se podría poner a consulta la necesidad o no de realizar el túnel d'Horta. Segundo, que el procedimiento sea que los alcaldes puedan convocar esta consulta popular, evidentemente con
dos condiciones: un acuerdo por mayoría absoluta del consistorio y con la autorización -y esta también es una modificación importante que proponemos- del Gobierno de la comunidad autónoma. En estos momentos, la Ley de bases de régimen local y otra
legislación establecen que la autorización final para realizar una consulta popular está situada en el Gobierno central. Creemos que en cuestiones de ámbito local y supramunicipal debería ser el Gobierno autonómico y no el Gobierno central quien
pudiera formular esta autorización, evidentemente comunicando el primero al segundo los motivos o el informe que justifica su consulta. Por tanto, señoras y señores diputados, la propuesta que traemos hoy intenta romper y acabar con la barrera que
existe entre problemas cotidianos y política, entre ciudadanía y política, y trata de hacer avanzar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre aspectos de la vida cotidiana, así como de reforzar tanto el poder político local como el
poder político autonómico.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Para la presentación de la proposición de ley acumulada, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la previsión del referéndum en el ordenamiento jurídico del Estado español no queda circunscrito al marco estatal, ya que se convierte en un elemento necesario para la constitución de las comunidades
autónomas y para la aprobación y reforma de sus respectivos estatutos. Sin embargo, esta previsión choca con ciertas limitaciones y recortes, ya que no se reproduce una manifestación inequívoca a favor de otras consultas directas en el ámbito de
las comunidades que no sean las indicadas, y en el artículo 149.1 de la Constitución se consagra la competencia exclusiva del Estado para la utilización de convocatorias de consultas populares por referéndum. Por lo tanto es evidente que más que
decantarse por una verdadera articulación de las fórmulas de participación directa en el nuevo marco constitucional, el legislador se limitó en primer lugar a posibilitar las iniciativas autonómicas del artículo 151 y de la aprobación de los
estatutos de autonomía, artículos 7 y siguientes de la Ley orgánica 2 de 1980, que regula el instituto del referéndum, y a regular en segundo lugar de forma muy precaria y restrictiva algunas de las restantes modalidades constitucionales de
referéndum: el consultivo, previsto en el artículo 92.1, las de reforma constitucional y estatutaria y la de ratificación de la iniciativa de incorporación de Navarra al País Vasco.
No obstante, Esquerra Republicana de Cataluña entiende y defiende
que dentro de la competencia general de organización de sus instituciones de autogobierno que el artículo 148 de la Constitución reconoce a las comunidades autónomas, debería tener cabida la organización y celebración de referéndum. Su falta de
reconocimiento expreso no debería impedir su conformación normativa y no cabe duda de que esta puesta en práctica de los referéndum autonómicos podría configurar a las comunidades autónomas como instrumentos para una articulación del poder
fuertemente participativa, como ya ha ocurrido en algunas regiones italianas o en los diferentes niveles regionales daneses, como por ejemplo el relativo a la situación constitucional de las islas Feroe; en Francia, donde el artículo 83 de la
Constitución lo permite cuando afecta a la cesión, incorporación o permuta de territorios; en Irlanda, donde la ley de administración local determina la consulta popular en ciertas colectividades territoriales; en Portugal, donde el artículo 241.3
de la Constitución establece que las autoridades locales y las futuras regiones administrativas podrán efectuar este tipo de consultas; incluso, finalmente, en el Reino Unido, el mejor ejemplo, donde tenemos los referéndum para la devolución de
Escocia y Gales y para la pacificación de Irlanda del Norte.
Centrándonos en el Estado español, la vía planteada por nuestra proposición de ley es muy clara: acogerse al artículo 150.2 de la Constitución, que habilita al Estado para transferir o delegar a las comunidades autónomas, a través de la ley
orgánica, facultades relativas a materias de titularidad estatal que por su naturaleza
sean susceptibles de ser transferidas o delegadas, sin perjuicio de que por otra parte sea necesario modificar la Ley orgánica 2 de 1980, el marco legal específico regulador del instituto del referéndum, para adecuar el ejercicio autonómico
de las consultas populares. En la práctica, nuestra proposición de ley se reduce a tres artículos: en primer lugar, la transferencia de las competencias de ejecución; en segundo lugar, las condiciones de ejercicio de las competencias que se
transfieren y, en tercer lugar, el traspaso de los servicios. La Generalitat estaría facultada para someter las decisiones políticas de trascendencia especial al referéndum de la ciudadanía de Cataluña. El ejercicio de estas funciones por la
Generalitat estaría sujeto a los principios de coordinación y colaboración con la Administración del Estado, que recibiría la información que solicitase sobre la materia objeto de transferencia. Finalmente, las competencias transferidas serían
asumidas por la Generalitat cuando fuera efectiva la transferencia de los medios personales, materiales y presupuestos precisos, que se instrumentaría a través de la Comisión mixta de traspasos Estado-Generalitat de Cataluña y del correspondiente
real decreto de traspaso de los servicios.
En definitiva, estamos planteando la carencia que tiene hoy el ordenamiento constitucional de garantizar la participación de los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas. Para dejarlo más claro, desde Esquerra Republicana de
Cataluña, como se diría por aquí, sin complejos. Entendemos que hay un déficit democrático que tienen hoy por hoy los ciudadanos de las comunidades autónomas, en este caso de pueblos como Cataluña, para expresar su futuro democráticamente. Como
decían las conclusiones que aprobaron diferentes grupos parlamentarios del Parlament de Cataluña en un documento sobre la profundización del autogobierno, el destino del pueblo de Cataluña no tiene otros límites que la propia decisión y la voluntad
de sus ciudadanos libremente expresada. En ese sentido entendemos que algunas de las carencias del actual marco constitucional tienen que ser subsanadas por la libre decisión de los mismos. Por esta razón nosotros entendemos que la hipotética
cerrazón autonómica a la que les está sometiendo el Gobierno tiene una salida clara: dejar que los ciudadanos de Cataluña expresen libremente su opinión. Hay problemas importantes no sólo de calibre institucional, sino también de tipo ambiental.
El diputado Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, expresaba aquí la problemática en torno al túnel d'Horta, pero hay otras y es que desde Esquerra Republicana de Cataluña creemos que debates profundos como el del Plan Hidrológico Nacional
tendrían que someterse a la opinión de los ciudadanos de las comunidades autónomas afectadas. En este sentido, una hipotética reforma en profundidad del Estatuto de Cataluña que mejorase su modelo de financiación, su participación en el Estado o en
el Consejo de Ministros de la Unión Europea -un debate recurrente ya en esta Cámara- también debería tener en cuenta cuál es la opinión de la población, de los ciudadanos de Cataluña.
Entendemos pues que el modelo de referéndum traspasado a partir del artículo 150.2 no sólo ofrece la posibilidad de mejorar la participación de los ciudadanos de Cataluña, sino la de calibrar su opinión, sobre todo, repito, en aquellos
aspectos que un modelo de mayorías y minorías, legítimo y democrático pero que en definitiva ya sabemos en qué se sustenta, no ofrece a situaciones como la del pueblo de Cataluña. Por estas razones, Esquerra Republicana de Catalunya presenta esta
proposición de ley.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Puigcercós.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para anunciar el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Mixto de impulso de la participación ciudadana y de las
consultas populares.Se trata de una iniciativa que pretende descentralizar a través del mecanismo de transferencia y delegación previsto en el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución la competencia reservada al Estado por el apartado 32.º del
punto primero del artículo 149 de la Carta Magna para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. A nuestro juicio, mantener a ultranza esta competencia en manos del Estado carece hoy de sentido y solamente se explica
desde la prevención o desde la desconfianza del Estado hacia la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de las consultas populares. Sólo se entiende -y la práctica de los últimos años así lo atestigua desgraciadamente-
desde el empeño de los poderes centrales del Estado de ejercer no ya un control de legalidad, sino de estricta oportunidad sobre las consultas populares impulsadas desde las instancias autonómicas y locales. Solamente se entiende desde la
pretensión estatal de tutelar, como se tutela a los menores de edad, la vida política autonómica y local. Aferrarse a un estricto ejercicio de esta reserva competencial refleja una estrecha concepción de la democracia representativa que sólo
reconoce a los ciudadanos la facultad de concurrir cada cuatro años a las convocatorias electorales, sin que entretanto tengan más opción de participar en los asuntos públicos de relevancia municipal o en su caso autonómica, sino cuando lo estima
oportuno el Gobierno central de turno. Por todas estas razones, vamos a votar a favor de
la toma en consideración de esta iniciativa que sólo puede comportar efectos positivos al sistema democrático favoreciendo la proximidad de las instituciones públicas y de sus decisiones más relevantes, más íntimamente vinculadas con las
cuestiones que interesan a los ciudadanos, con los propios ciudadanos, y promoviendo un diálogo más fluido, más interactivo y más fructífero entre los ciudadanos y sus representantes.
Por lo demás, consideramos que ya es hora de que se haga un uso
más activo y más efectivo de la previsión descentralizadora del artículo 150.2 de la Constitución, que hasta ahora, hay que reconocerlo, ha sido utilizado de un modo muy poco coherente con el sentido y la finalidad que inspiraron su redacción.
Baste recordar las leyes orgánicas 11 y 12 del año 1982, ambas de 10 de agosto, conocidas como Lotraca o Lotrava, o la Ley orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, que sirvió para articular el llamado pacto autonómico de aquellas fechas.
También consideramos que ahora que el escalón administrativo local vuelve a estar de moda, no estaría de más reconocer que los entes locales no son simples marcos geográficos, no son simples marcos territoriales para la prestación de
servicios, sino que son auténticas comunidades políticas, con sus propios proyectos y aspiraciones, en las que se practica y se ejercita todos los días la democracia bajo el liderazgo de sus respectivas corporaciones, que son elegidas en comicios
periódicamente convocados, pero que pueden precisar también de instrumentos de democracia directa o semidirecta como son las consultas populares. Por tanto de poco sirve venderse como municipalista si no se reconoce efectivamente en el escalón
municipal una auténtica comunidad política con todo lo que este término implica.
Es cierto -seguro que alguien lo pondrá de manifiesto en las intervenciones que tendrán lugar después de la mía- que la proposición adolece de alguna imperfección técnica e incluso de alguna ambigüedad conceptual, pero no es éste el momento
para ponerlo de manifiesto.
Estamos en el trámite de toma en consideración y lo único sobre lo que tenemos que pronunciarnos es sobre si coincidimos o no con el fondo de la cuestión que se plantea, al margen de que la iniciativa tenga o no algunas
imperfecciones técnicas, que efectivamente las tiene y nosotros hemos identificado algunas, serían en todo caso cuestiones a resolver a través de las enmiendas que en su caso se plantearían a lo largo de la tramitación de la iniciativa. Nosotros no
tenemos absolutamente ninguna duda de que la iniciativa es positiva, de que merece una valoración plausible por nuestra parte y la vamos a apoyar con todas las consecuencias.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, ha sido norma de este grupo parlamentario, antes de votar a favor de cualquier iniciativa, sobre todo de una proposición de ley, plantearnos tres preguntas. ¿Existe realmente el problema?
¿El problema sólo se puede solucionar mediante una ley, en este caso orgánica? ¿La proposición de ley acomete la necesaria reforma legal de forma apropiada? Pues bien, en el caso que nos ocupa compartimos con el Grupo Parlamentario Mixto, señores
Saura y Puigcercós, la preocupación por el evidente anquilosamiento de nuestro sistema democrático.
Señorías, el pluralismo político y la participación de forma directa e indirecta de los ciudadanos en la cosa pública son según los artículos 1, 9 y 23 de nuestra Constitución piedra angular sobre las que se basa nuestro sistema
constitucional legal y político. La democracia según nuestra propia Carta Magna no es un razonablemente buen sistema de gestión de los asuntos públicos más o menos al margen de los ciudadanos.
Los ciudadanos como soberanos y fuente de todo poder
público, no sólo tienen el derecho a votar cada determinado número de años en los diferentes comicios; los ciudadanos, en tanto que soberanos y fundamento último y objeto primero de nuestro sistema constitucional político y administrativo, pueden y
deben participar directamente en la política y en la Administración. Sin embargo, una vez que las reticencias en la forma de democracia directa se han asentado de manera muy sólida en las democracias occidentales posteriormente a la II Guerra
Mundial, es una evidencia que muchos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno recelan de la forma de participación directa. A la vieja polémica entre el victorioso abad Sieyés, partidario de la democracia representativa y el aparentemente
derrotado ginebrino Rousseau, devoto de la democracia participativa, se ha venido a sumar el uso plebiscitario populista o prefascista que del refrendo hicieron el segundo imperio francés, la Alemania nazi y demasiados regímenes populistas
totalitarios. Sin embargo, señorías, esa vieja aspiración de Platón, esa concepción de la democracia como tenencia de una parte alícuota y ejercitable del Cratos o poder debería ser hoy más posible que nunca. Las poblaciones de las democracias
occidentales están hoy mejor educadas y formadas que nunca.
Los modernos medios de comunicación permiten que la opinión pública tenga hoy un juicio fundamentado sobre la gestión pública. En fin, la aldea global de McLuhan y el ágora telepolita
formada por cibernautas del profesor Echevarría deberían posibilitar una mayor implicación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos. A pesar de esa presunta mayor facilidad de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos es
una evidencia que las democracias, en expresión de Sartori, se hacen cada día más procedimentales y se alejan de los ciudadanos, no hasta el extremo de convertirse en sistemas nominales o semánticos, en terminología de Loewenstein, pero sí
separándose de los ciudadanos y
creando importantes déficit de legitimidad democrática. Pues bien, uno de los factores que impiden este acercamiento de los ciudadanos a los asuntos públicos es sin duda la propia legislación estatal, alérgica a la participación directa de
la ciudadanía. Nuestra legislación estatal básica, pero también no hay que negarlo la jurisprudencia del Constitucional, conciben al ciudadano como mero votante. Las preocupaciones y escasa virtualidad práctica del residual y medieval derecho de
petición o de las iniciativas legislativas populares, el permanente ataque a la institución del jurado, el pobre juego de la información y audiencia pública en el seno de la Administración, ponen bien a las claras que nuestro ordenamiento dice una
cosa, pero pretende un resultado práctico bien distinto al que predica.
Por todo lo anterior, las dos proposiciones del Grupo Parlamentario Mixto son especialmente oportunas e interesantes, porque abordan un tema que no debería levantar ampollas en las procelosas relaciones entre la Administración general del
Estado y las comunidades autónomas, pues se trata de liberar de sus rígidos corsés a los refrendos municipales o supramunicipales, pero siempre infracomunitarios, porque el Grupo Parlamentario Mixto pretende que en aquellos asuntos en los que no
está afectado el interés general estatal y en los que puede que ni siquiera esté afectado el interés de la comunidad autónoma en su conjunto puede que se resuelvan determinados asuntos públicos, una vez que se haya escuchado a la población
directamente afectada.
A nuestro juicio, señorías, estas propuestas del Grupo Parlamentario Mixto son impecables desde el punto de vista democrático y ponen o intentan poner remedio a una hipercentralización de los refrendos municipales, que no es sino reflejo de
una concepción anticuada y centralista del municipalismo que concibe a las corporaciones locales como apéndices administrativos de la Administración central del Estado. Estamos todavía ante los restos de las ideas propias de una derecha española
que históricamente no ha sido precisamente favorable a unos municipios y provincias emancipados políticamente y poderosos administrativa y financieramente. A modo de ejemplo podemos citar el decreto de 1835, bajo el Estatuto Real, las leyes
municipales y provinciales de 1845 de la década moderada, la Ley de 1877 de la Restauración o la franquista Ley de bases del Régimen Local de 1955 para cerciorarnos de que lo que la derecha española siempre ha querido en España son municipios
dóciles al poder central y que fueran meras correas de transmisión del poder ministerial, eclesial y oligárquico.
Pues bien, esa concepción chata y roma tradicional de la derecha española respecto a los municipios viene a incrementar la versión general a la democracia directa en el caso de los refrendos locales. Sin embargo, señorías, si las
corporaciones locales tienen su autonomía constitucionalmente garantizada para la gestión de sus propios intereses, tal y como reza el artículo 137 de la Constitución, y los ciudadanos tienen el derecho a participar directamente de los asuntos
públicos que les afectan, como dice el artículo 23.1 de la Carta Magna, es evidente que a las Cortes Generales les corresponde la obligación de liberalizar o flexibilizar al menos el régimen legal, el de las consultas municipales y supramunicipales,
pero siempre infracomunitarias. Por otra parte, si no está afectado el interés general del Estado español, entendemos que por su propia naturaleza, como dice el artículo 150.2 de la Constitución, estas competencias son perfectamente transferibles a
las comunidades autónomas.
Finalmente, señor presidente, señorías, debo decir que la mención a la definición de los intereses de las corporaciones locales, es decir a aquello que sea susceptible de referéndum en función de la legislación estatal y autonómica, local y
sectorial, cabe perfectamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha considerado de forma sostenida el régimen local como una materia bifronte, medio estatal, medio autonómica, en la que hay que prestar especial atención al bloque
de constitucionalidad y a la legislación sectorial vigente en cada momento y territorio.
Por todo lo anterior, por estar convencidos de que a este problema sólo se le puede poner solución a través de una reforma legal y por estar firmemente convencidos de que una reforma legal de este tipo no sólo no perjudicaría a la cohesión
estatal, sino que la reforzaría a través de un mayor sentimiento de vinculación y pertenencia de los ciudadanos a sus instituciones, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de las dos proposiciones de ley del Grupo
Parlamentario Mixto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor López de Lerma, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario se dispone a votar favorablemente la toma en consideración de las dos proposiciones de ley suscritas por el Grupo Parlamentario Mixto, por el señor Saura, de Iniciativa per Catalunya, y por el señor Puigcercós, de
Esquerra Republicana de Catalunya, sin menoscabo, si la Cámara estimara oportuno darle el trámite posterior, de presentar enmiendas al articulado que compaginen desde el punto de vista técnico y también político nuestro pensamiento respecto del
contenido concreto de ambas proposiciones de ley.
Las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Mixto tienen su ámbito referencial en la Constitución
-ya se ha dicho y es lógico-, concretamente en el artículo 149.1.32ª, que reserva al Estado la competencia en exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por la vía de referéndum, y en el 150.2, según el cual el Estado
puede transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica -ambas proposiciones de ley son así autocalificadas- facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de
transferencia o delegación. Ese es el artículo que abre las puertas, unas puertas absolutamente constitucionales, a las dos propuestas que hace el Grupo Parlamentario Mixto, por lo que dudar sobre la posibilidad y la conveniencia política -ambas
cosas-, de transferir o delegar a las comunidades autónomas una competencia como la consulta popular en el ámbito municipal o en el autonómico, nos lleva a pensar que en el fondo existe desconfianza. Se trata de una competencia que además tiene
poco costo económico -hablo del punto y seguido del segundo apartado del artículo 150.2- y que dice mucho en favor del equilibrio de poderes existente en el Estado y nacido de la Constitución de 1978. Es difícil entender que el Consejo de Ministros
deba tratar sobre un referéndum de ámbito municipal en un ayuntamiento que gobierna a unas 5.000 personas, a unas 3.000 o apenas a 600. El Consejo de Ministros se debería entretener, y no vean en esta palabra algo peyorativo, en asuntos más de
Estado y menos de ámbito local. Por eso nuestro grupo parlamentario entiende que las dos propuestas tienen fundamento constitucional, inciden en la línea que nuestro grupo político ha venido manteniendo desde el nacimiento de la Constitución en el
año 1978, esto es intentar una lectura positiva y coherente con el debate constituyente respecto del desarrollo autonómico del Estado y centrarnos en aquellos ámbitos competenciales -Estado, comunidades autónomas y la vía del artículo 150.2- para
trabajar abiertamente en el desarrollo lo más favorable posible de nuestro Estado autonómico. Desde esa perspectiva, repito, sólo la desconfianza puede aconsejar votar en contra de la toma en consideración de estas proposiciones de ley. También
reitero que nuestro grupo parlamentario, que va a votarlas favorablemente, introduciría en su momento las enmiendas pertinentes si esta fuera la decisión de la Comisión Constitucional en el momento de tratar de ellas.
Nada más, señor presidente, muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.
Señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Señor presidente, señorías, bajo el ambicioso título, la primera de ellas de impulso de la participación ciudadana y las consultas populares, y una segunda que se ha añadido hoy con un ámbito y un alcance más
concretos circunscritos a una sola comunidad y que ha defendido el señor Puigcercós, se incluyen en la primera de ellas y en la otra de forma completa dos objetivos, en la primera dos objetivos, en la otra el primero de ellos. Uno de esos
objetivos, explícito, es la pretensión de delegación de competencias -a la que ahora me referiré- y uno más aparente que es facilitar los referéndum municipales.
En cuanto al primero de los objetivos (que además comprende la totalidad de la segunda propuesta de proposición de ley que nos ha defendido el señor Puigcercós), tengo que aclarar que si analizamos jurídicamente el bloque de
constitucionalidad, es decir la Constitución y los estatutos que incorporan dicha competencia -como es el caso del Estatuto de Catalunya y del Estatuto de Andalucía- nuestro criterio es que nos encontramos ante una materia que no sería delegable de
acuerdo con las previsiones del artículo 150.2 de la Constitución. A nuestro entender se trata de una potestad del Estado indelegable en razón de su naturaleza jurídica, no tanto por lo que dicen algunos autores o algunos tratadistas que han
analizado el alcance de esta delegación prevista porque afecte a cuestiones de soberanía, sino porque a mi entender, señorías, no se trata de delegar una competencia en sentido estricto sino un acto político que es el acto de autorización para la
celebración del referéndum. De hecho en estos supuestos la competencia para convocar es del alcalde, de acuerdo con el Pleno, pero es necesario un acto político posterior que es el acto de autorización; acto político que ni los estatutos que hemos
citado ni las normas que los desarrollan (y hago referencia al decreto del Gobierno de la Generalitat de Catalunya de julio de 1996 -hace poco tiempo-, y la ley de 3 de mayo de 2001, del Parlamento de Andalucía) plantean o ponen en duda que esta
facultad corresponda al Gobierno del Estado. Evidentemente, señorías, señor Puigcercós y señor Saura, esta dimensión jurídica puede superarse desde la política, pero entonces se demandarían soluciones de mayor calado, de mayor alcance tanto
político como jurídico, y en un marco más general seguramente en la vía de una profundización de nuestro Estado de las autonomías, es decir en una óptica federalista.
En cuanto al segundo objetivo, al objetivo más aparente de facilitar los referéndum municipales, más explícito en la exposición de motivos -en el primer párrafo de la propuesta de proposición de ley que ha presentado el señor Saura- que en
el propio articulado, en primer lugar este articulado se limita a una escueta reforma de la disposición adicional de la Ley de 1980, sobre modalidades de referéndum, que demandaría una profunda reforma si queremos que se pueda utilizar para todo
tipo de consultas populares. Dentro de una concepción restrictiva, señor Saura, señor Puigcercós, señor Rejón y señor López de Lerma, hago referencia al debate constitucional y a quienes en aquel momento defendían una concepción amplia de los
referéndum y a quienes defendíamos -señor
Saura- una concepción mucho más restrictiva de la utilización del referéndum, aunque no era el caso del señor Barrera, señor Puigcercós, pero sí era el caso de otros ponentes constitucionales.
En segundo lugar, la proposición se limita a ampliar los posibles objetivos o asuntos sobre los que puede versar una consulta popular municipal. Parece la plasmación jurídica de un objetivo político más amplio con el que sí estamos de
acuerdo, que es el de propiciar y potenciar la participación ciudadana en el ámbito municipal; pero es una plasmación jurídica muy limitada y circunscrita a un solo aspecto dentro de los muchos posibles para propiciar dicho objetivo.
En nombre de mi grupo quiero manifestar nuestra disposición a trabajar en la línea de incrementar la calidad de la democracia municipal, al margen de la existencia o no de un pacto local, que de momento es un simple enunciado, que para
nosotros no debe ni puede limitarse a tratar de posibles delegaciones de competencias autonómicas a corporaciones locales, sino que sobre todo debería abordar un debate global sobre la mejora de la financiación local y su reforma institucional, de
un pacto -dicho sea de paso- que o incluye la carta de Barcelona o no existirá. Al margen de este debate, hay que modificar diversos aspectos de la legislación local de forma que se produzca un cambio positivo hacia un nuevo gobierno local y un
incremento de las vías de participación de los ciudadanos en la vida municipal. La participación ciudadana en el ámbito municipal ha de ser contemplada como un todo integrado, como un conjunto de medidas entre las que se encuentra facilitar las
consultas populares por vía de referéndum, pero quizá no sea la más transcendental. Señor Saura, señor Puigcercós, si atendemos al listado de propuestas del II Congreso de municipios de Catalunya, con el que ustedes y nosotros coincidimos con
Convergència i Unió, coincidimos todos los que tenemos poder municipal en Cataluña, agilizar las posibilidades de consultas populares es un aspecto más dentro de las ocho medidas para mejorar el gobierno local y es también una entre varios
instrumentos de democracia directa entre las más de 40 propuestas para mejorar la participación ciudadana en la vida local.
Reitero nuestra disposición a abordar estos temas de manera amplia y de manera global. Los socialistas queremos profundizar el Estado democrático, dar pasos en el ámbito municipal a la democracia participativa y hacer efectivo el principio
consagrado en la Constitución de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política. Defendemos un modelo participativo en el que sean los propios municipios, en el marco de su autonomía y por tanto de su capacidad
autoorganizativa, los que regulen sus propias normas de participación ciudadana. No cabe duda que la consulta popular es un mecanismo útil, pero no el único; es un mecanismo que debe usarse con prudencia dado que el abuso en su ejercicio puede
derivar, y en ese sentido se estaba planteando en el marco del debate constitucional, en convertir la democracia local en un sistema plebiscitario. Señor Saura, lo dicen personas muy cercanas a mí profesionalmente y por vínculos de amistad, a usted
incluso políticamente, un profesor tan autorizado como Joan Botella en un reciente estudio realizado sobre el incremento de la democracia municipal. Nada impide -y usted ha puesto un ejemplo sobre el túnel de Horta- realizar consultas populares sin
la palabra grandilocuente de un referéndum que al fin y al cabo tampoco es vinculante, siempre será consultivo. En cualquier caso, sí se detecta que esta preocupación por la democracia directa a veces es más una preocupación de aquellas personas
directamente implicadas en las responsabilidades locales que por parte de los ciudadanos.
Igualmente podríamos hablar de modelos. Un modelo como el que se plasma en la Carta de Barcelona, estos días tan traída y tan llevada, con instituciones como el Consejo de la ciudad que elabore propuestas que sean de obligado debate en el
Pleno de la corporación, que debata el plan de actuación municipal, los presupuestos municipales, los grandes proyectos, un modelo como el de instaurar consejos sectoriales o de distrito que debatan la actuación municipal en su ámbito, que tengan
capacidad de iniciativa es avanzar en la participación ciudadana. Esta es nuestra orientación. Igualmente lo puede ser el impulso y regulación por parte de los ayuntamientos de los avances tecnológicos en los trámites de información pública. No
voy a extenderme en esto. Hay que explorar todo tipo de nuevas formas de participación ciudadana como las encuestas, los jurados ciudadanos, las auditorías urbanas y medioambientales, la metodología de las agendas XXI, como han hecho algunos
municipios de otros países, como el Reino Unido. En definitiva, señor Saura y señor Puigcercós, coincidimos en el objetivo general que mueve su proposición, pero creemos que su concreción, por una parte no es jurídicamente posible, y por otra es
políticamente demasiado limitada. Desde la coincidencia con el objetivo general, nos gustaría buscar unas propuestas de modificación de la Ley de bases de Régimen Local más amplias y más efectivas para hacer posible de verdad la profundización de
la democracia local y las nuevas fórmulas de participación ciudadana en los ayuntamientos.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Marcet.
Señora Matador de Matos.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en la toma en consideración de las dos proposiciones de ley.
La primera de ellas, presentada en el registro de la Cámara esta mañana y por la que voy a comenzar, es la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de Esquerra Republicana, que tiene por objeto la aprobación de una ley por la que se
transfiere a la comunidad autónoma de Cataluña la competencia en materia de autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Nosotros creemos -y me remito a los argumentos que ha expuesto meridianamente el señor
Marcet- que es un acto indelegable por su naturaleza jurídica, y por ello vamos a votar en contra de esta proposición. Como saben SS.SS. el referéndum consultivo está previsto y regulado en parte en el artículo 92 de la Constitución, en el que se
establece que será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Aunque en la Ley orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, se contempla
la posibilidad de que la consulta sólo afecte a alguna provincia, y en consecuencia al cuerpo electoral de una determinada comunidad autónoma, también en tales supuestos siguen siendo el Congreso de los Diputados y el rey quienes respectiva y
sucesivamente autorizan y convocan el referéndum. Es este un límite constitucional que no puede ser franqueado por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, pues se impone el propio legislador el carácter orgánico. Se trata de facultades que
por su propia naturaleza no son susceptibles de transferencia o delegación; en caso contrario estaríamos conculcando el artículo 92 de la Constitución y sería invalida la transferencia o delegación.
Respecto a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el señor Saura, voy a detenerme en tres innovaciones que contempla.
Por un lado habla de consultas populares supramunicipales y la potestad de iniciativa y
convocatoria de las comunidades autónomas para su celebración. Respecto a este punto, al incorporar a nuestro derecho la celebración de consultas populares supramunicipales, hay que hacer una crítica, que es la imposibilidad de establecer
conceptualmente lo que quepa entender por consulta supramunicipal, de delimitar en definitiva el ámbito territorial al que circunscribe su celebración. Sabemos que nuestro régimen local se estructura en una tipología de entidades, entidades locales
territoriales que no voy a enumerar aquí, y aquellas otras en las que no concurre dicho carácter y que se significan por su condición de entidades de segundo grado en la medida que se instituyen por agrupación o a partir del municipio en tanto que
entidad básica. Al mismo tiempo subyace como principio esencial el principio de autonomía local constitucionalmente protegido. La consecuencia que dimana de dicho principio se resume en la disponibilidad por las entidades locales básicas de esta
federación y decisión propia jurídicamente protegida frente a injerencias indebidas. Pues bien, señor Saura, en una interpretación maximalista, dentro del concepto de supramunicipalidad, cualquier consulta podría tener cabida en la misma con tal de
no quedar sobrepasado el ámbito territorial autonómico, que es el propio de la autoridad a la que asigna la potestad convocante, y presenta también la misma indeterminación con que se conceptúan en la proposición los asuntos susceptibles de
consulta, como es el caso de aquellos de carácter social o económico que puedan incidir en la calidad de vida de los ciudadanos y sean, por tanto, de especial relevancia para los intereses de los vecinos. A título de ejemplo, aquí podríamos
hacernos una pregunta sobre si la proposición podría habilitar la convocatoria de una consulta de ámbito provincial. La respuesta no podría ser otra que afirmativa, pero también es evidente que automáticamente podría quedar afectada la autonomía de
la institución provincial y negada la capacidad de decisión de su órgano representativo al que compete el gobierno y la administración de la misma. También podemos pensar que el proponente, en este caso el señor Saura, ha podido considerar que el
límite territorial para la convocatoria de consultas supramunicipales podría ser coincidente con el de las entidades locales no territoriales a las que antes he hecho referencia, pero tenemos que decir que en el texto propuesto no aparece y nosotros
no podemos dar lugar a interpretaciones tácitas o implícitas. Es justamente en esta interpretación maximalista, pero posible, donde radica uno de los aspectos más problemáticos de la proposición que hace extremadamente dudosa su conformidad
constitucional.
Hay otro punto al que quiero referirme, también desde la perspectiva de la autonomía local, y es que no es menos problemática la asignación a las comunidades autónomas, y específicamente a sus respectivos consejos de gobierno, de la potestad
de iniciativa y convocatoria de las consultas supramunicipales, como la proposición señala. Aquí tenemos que decir que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto la sentencia 109/1998, en la que se señala que la autonomía local
debe ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar, a través de los órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos les atañen. El derecho positivo local ha distinguido entre el tratamiento de las competencias
de las entidades locales que son propias y el de aquellas otras que han sido asumidas por delegación de otras administraciones superiores. Respecto de las competencias propias, se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad de
la entidad.
Me gustaría detenerme en la exposición de motivos, donde se hace un juicio respecto a facilitar la participación ciudadana directa en los asuntos públicos, que como todos sabemos es un derecho fundamental que viene recogido en el artículo
23.1 de la Constitución. A este respecto tenemos que decir que, con la jurisprudencia en la mano, los derechos de participación directa sólo tienen el alcance que deriva del ordenamiento.
Se trata de derechos de configuración legal, con la particularidad de su excepcionalidad, pues como la misma jurisprudencia ha establecido -y aquí quiero señalar la sentencia del Tribunal Constitucional 119/1995- los supuestos de
participación directa habrían de ser en todo caso excepcionales en un régimen de democracia representativa como el instaurado por nuestra Constitución, en el que priman los mecanismos de democracia representativa sobre los de participación directa.
Esto también halla un reflejo en el propio ordenamiento local al significar que las formas o procedimientos de participación ciudadana no podrán, en ningún caso, menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos
regulados por la ley.
Llegados a este punto, tenemos que plantearnos si la atribución a las comunidades autónomas de la facultad de iniciativa y convocatoria de consultas populares supramunicipales resulta constitucionalmente lícita o no. A la luz de lo que he
señalado anteriormente, las consecuencias de tal atribución no pueden ser las mismas si la materia o el asunto respecto del cual la comunidad autónoma ejerce la potestad de iniciativa y convocatoria que se le asigna forma o no parte del conjunto de
competencias de decisión propia de los municipios cuyos vecinos son llamados a consulta. Si la garantía institucional de la autonomía local se proyecta sobre un mínimo de competencia propia, ampara y protege a la entidad local frente a cualquier
intromisión o injerencia que pudiera borrar su capacidad decisoria, difícilmente podría soslayarse el quebranto que para dicha garantía habría de derivar de aquellas atribuciones a favor de las comunidades autónomas, en la medida en que surgiría un
doble y perturbador efecto. Por un lado, la eliminación para las corporaciones municipales de toda la posibilidad de opción acerca de la procedencia y oportunidad de instar o no a la participación directa de los vecinos, opción que a los órganos de
representación de la comunidad municipal, y dada la primacía constitucional de los mecanismos de la democracia representativa sobre la democracia directa, legítimamente les corresponde y, por otro lado, la falta de disponibilidad de los
ayuntamientos afectados sobre la competencia propia por el valor condicionante que el resultado de la consulta habría de tener en todo caso. La proposición pretende esquivar este problema mediante un trámite de audiencia previa a los municipios, al
que no parece posible conferir eficacia convalidante alguna. En conclusión, esta iniciativa y esta convocatoria que he señalado son facultades municipales intransferibles, de donde debe seguirse que la pretensión de la proposición de subrogar a las
comunidades autónomas en su ejercicio conduce a la más que dudosa conformidad constitucional de la misma.
Otro de los puntos que toca la proposición es la extensión de los asuntos susceptibles de consulta a los de carácter social y económico, tanto para consultas municipales como las supramunicipales. Nosotros no podemos compartir esta
innovación. Consideramos que es una impropiedad jurídica de esta propuesta que emana de su propia indeterminación, que puede cerrar la posibilidad de someter a consulta en un ámbito territorial reducido, limitado, asuntos respecto de los cuales en
principio no habría por qué descartar la procedencia de su consulta a ámbitos más amplios de la ciudadanía e incluso, en algún supuesto extremo, a toda la ciudadanía de la nación. El requisito o condición al que se vincula el sometimiento a
consulta de tales asuntos se cifra tan sólo en su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos, expresión que, valorada en términos jurídicos, une a su indeterminación una manifiesta ambigüedad. Cabe entender que lo que la proposición expresa
en esta fórmula es la vinculación del asunto a un posible interés de los vecinos pero, aún así, la impropiedad jurídica seguiría subsistiendo porque en puridad no cabe considerar en términos jurídicos la existencia de intereses vecinales o
municipales indefinidos o abstractos sobre puestos desvinculados del acervo de competencias asignadas por la ley a las entidades locales.
La proposición de ley señala como último punto la delegación en las comunidades autónomas de la facultad estatal de autorización en la convocatoria por la vía del artículo 150.2, la delegación de las comunidades autónomas, al amparo del
artículo 150.2, para la celebración de las consultas, tanto de ámbito municipal como supramunicipal. Es sobradamente conocido, y aquí se ha dicho ya por algunos intervinientes, que el artículo 150.2 de la Constitución habilita una ampliación
extraestatutaria de competencias autonómicas mediante la transferencia o delegación de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Además del traspaso mediante
ley orgánica, el precepto añade, como requisitos adicionales, la transferencia de medios financieros, así como la de la forma de control, que debe reservarse el Estado.
El Grupo Parlamentario Popular considera que no cabe que la previsión contenida en el artículo 2 de la proposición pueda satisfacer el cumplimiento del requisito de las formas de control, que debe reservarse el Estado, sobre la facultad
delegada o transferida.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Matador, le rogaría que fuese concluyendo.
La señora MATADOR DE MATOS: Termino ya, señor presidente.
Tampoco la facultad prevista en el artículo 149.1 de la Constitución es susceptible de delegación en las comunidades autónomas para autorizar la celebración de consultas supramunicipales, y que tal susceptibilidad sí podría predicarse para
la delegación de la facultad con vistas a la autorización por las comunidades autónomas de la convocatoria para la celebración de
consultas municipales, dado que en el contraste de esta posibilidad con la Constitución no se advierten obstáculos para ello. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es aconsejable el mantenimiento centralizado de dicha facultad a
fin de evitar el riesgo de un posible ejercicio desigual, en las distintas partes del territorio, del derecho fundamental a la participación ciudadana.
Por todo ello, votaremos en contra de la proposición.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Matador. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de impulso de la participación ciudadana y las consultas populares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 33; en contra, 275; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre transferencia a la Generalidad de Cataluña de las competencias en materia de autorización para la convocatoria de referéndum.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 33; en contra, 277.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. (Número de expediente 122/000154.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para defender la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que modificaría una ley que data de 1988, la Ley sobre Técnicas sobre Reproducción Asistida.
El objetivo de la
modificación es exclusivamente que unos embriones sobrantes -o preembriones como dice la ley- de ese ciclo de fecundación in vitro que llevan más de cinco años puedan utilizarse. Los socialistas queremos que se puedan aplicar en investigación o,
dicho de otra manera, que ante la posible destrucción y la ausencia de destino que contempla esa ley, haya la opción de que se permita su utilización en investigación con algunos condicionamientos a los que me referiré posteriormente.
Este debate forma parte de una serie de iniciativas que ha llevado a cabo el Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Pleno como en la Comisión, y tiene fundamentalmente tres ejes: los avances científicos, los beneficios sociales...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Lissavetzky, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía que este debate tiene tres ejes fundamentales: los avances científicos, los beneficios sociales y los aspectos éticos. Queremos que sea un debate -y así lo hemos intentado a lo largo del año pasado- con rigor, transparencia y respeto
a las posiciones de los demás. La importancia de los avances que estamos viviendo en nuestra sociedad y que la están cambiando - ya el siglo XX ha sido calificado como el siglo de la materia y el siglo XXI parece haber sido bautizado como el siglo
de la materia viva- permiten que mediante ese desarrollo de las ciencias de la vida pueda tener lugar una nueva medicina, la medicina regenerativa o la medicina de las cuatro erres, es decir, regenerar, reemplazar, rejuvenecer y reparar, que puede
permitir en un futuro a corto o a medio plazo, en algunos casos, tratar enfermedades hoy incurables. En la naturaleza tenemos ejemplos, como puede ser la propia salamandra, algunos invertebrados o diversos peces y debemos preguntarnos por qué no va
a poder ser también así en el ser humano. La importancia en este debate de las llamadas células madre para diseñar una estrategia de investigación que permita conseguir esos beneficios sociales tiene una gran dimensión y por eso traemos este debate
hoy aquí. En la anterior intervención en este Pleno, el señor Pérez Rubalcaba explicó de manera pedagógica y exacta los tipos de células madre que había: las células madre humanas adultas -si provienen de los tejidos adultos-, las células madre
fetales -si provienen del cordón umbilical o de tejidos fetales- o las células madre
embrionarias, que pueden provenir de la clonación terapéutica o transferencia nuclear o de los embriones sobrantes de la fecundación in vitro.
Hoy vamos a hablar de estas últimas células madre embrionarias, es decir, aquellas que pueden obtenerse de esos embriones sobrantes, que están crioconservados más de cinco años. Las ventajas de estas células madre embrionarias se basan
fundamentalmente en dos propiedades, que son su capacidad de diferenciarse prácticamente en todas las células y tejidos del organismo, como asimismo su capacidad de reproducirse, duplicarse, multiplicarse, parece que de manera indefinida, y en algún
caso pueden tener algunos problemas como pueda ser el rechazo inmunológico. No obstante, el tratamiento con todo este tipo de células o la investigación con este tipo de células madre ha supuesto una luz de esperanza que queremos tratar desde esta
tribuna sin demagogia para muchos enfermos, para muchas personas que ven que ahí puede abrirse una puerta para que se puedan tratar estas enfermedades, enfermedades degenerativas como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington,
la enfermedad de Alzheimer, enfermedades inmunológicas o incluso la sustitución de órganos o tejidos.
No debe, primera regla que me gustaría plantear en este debate, contraponerse las células madre adultas, que no tienen, llamémoles de alguna manera, problemas éticos, con las células madre embrionarias, porque las dos son válidas. Nosotros
nos felicitamos del éxito obtenido por un hospital de Navarra, un hospital español donde se ha conseguido regenerar con células madre adultas la parte dañada del corazón, pero, según dicen, los informes de la Unión Europea, según dice la Academia de
Ciencias de Estados Unidos, según dicen diversos informes de expertos, para avanzar serán necesarias las dos investigaciones. Por lo tanto, avancemos por la línea de las células madre adultas, pero no dejemos de lado la línea de las células madre
embrionarias.
Queremos modificar la ley, uno de cuyos precursores fue nuestro antiguo compañero Marcelo Palacios, una ley que se adelantó a su tiempo pero que ya tiene un periodo de vigencia demasiado largo, en el sentido de que en aquel momento no se
conocía en lo que a investigación se refiere el potencial que iban a tener las células madre embrionarias. Por eso, como se aprobó en 1988, creemos necesaria una modificación urgente porque todos esos informes vienen a decir que hay urgencia y que
no debemos perder de alguna manera ni un minuto más prohibiendo o impidiendo estas investigaciones. Ponemos unos límites, unos límites lógicos cuando planteamos en los dos platillos de la balanza la destrucción frente a la investigación. Creemos
que obviamente no puede desarrollarse el embrión más de 14 días, creemos que deben ser embriones que estén crioconservados durante más de cinco años, creemos que tiene que haber un consentimiento informado de los progenitores, es decir, que las
parejas den ese consentimiento para este tipo de investigaciones, y creemos asimismo que debe haber un control estricto de las administraciones públicas. Por lo tanto, frente a esa falta de destino para esos embriones que están en esas técnicas de
reproducción asistida, nosotros planteamos algo que puede servir para que siga encendida esa luz de esperanza para muchos enfermos como es la investigación con esas condicionantes que decía anteriormente.
Cabe una pregunta que algunas veces se ha hecho en esta Cámara, y es si es necesaria la investigación con estas células madre embrionarias. Nosotros creemos que sí. Hemos citado informes recientes de expertos de la Unión Europea, hemos
citado informes de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y de otros países, y creemos sinceramente que se va a poder generar una situación de dos velocidades que puede perjudicar a aquellos que estén en la cola en este tipo de investigaciones.
Es necesario avanzar en el conocimiento, por ejemplo, de la diferenciación de esas células troncales en las distintas células y tejidos del cuerpo humano. Para eso necesitamos investigar con esas células madre embrionarias y no cabe, como
se ha dicho alguna vez aquí, en nuestra opción, con el máximo respeto, una moratoria. No puede caber una moratoria porque la sociedad no digiera lo que es esta investigación. Yo creo que sería un error, que no sería bueno paralizar el desarrollo
de la ciencia y que hay que establecer, esto es importante, programas y acciones especiales para que la sociedad esté informada, como ha dicho algún eminente científico. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo también es un buen gobierno de esa
ciencia.
¿Qué avales tenemos para presentar esta modificación de la ley? En primer lugar, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, un órgano asesor del Ministerio de Sanidad -que, por cierto, se ha reunido muy poco en esta legislatura,
la primera vez fue el mes de noviembre pasado-, que en un segundo informe avalaba prácticamente lo que nosotros estamos planteando aquí, aunque decía otras cosas que tenían que ver, obviamente, con el conjunto de la ley; por ejemplo, el árbol de
decisiones al inicio del proceso y el consentimiento informado, pero también decía que la investigación con esas células madre embrionarias obtenidas podría ser una alternativa clara a esa falta de destino de estos embriones. Estamos avalados
también por lo que ha resuelto la Unión Europea en el sexto programa marco, que permite la financiación de este tipo de investigaciones con las células madre obtenidas de embriones crioconservados y deja fuera, por ahora, lo que es la clonación
terapéutica. España participa en un 6,3 por ciento de ese sexto programa marco, hay 22.000 millones de pesetas en el programa de genómica y se podría dar la paradoja de que pudiéramos estar financiando unas investigaciones que pueden tener
beneficios para la sociedad en otros países, pero de los que no nos podríamos beneficiar los que vivimos en España.
Por último -y no menos importante-, lo más reciente, la Ley de Bioética en Francia, en la que se ha conseguido un consenso nada desdeñable, no unanimidad, para que en unas condiciones semejantes a las que planteamos hoy aquí se puedan
permitir estas investigaciones. España, señorías, no debe quedarse a la cola en este tipo de investigación.
Además de estos avales, los argumentos que tenemos a favor son de tres tipos. En cuanto a los avances científicos, como he dicho anteriormente, lo está pidiendo una parte importante de la comunidad científica que, por cierto, ha escrito una
carta al presidente Aznar y para la que no ha tenido todavía respuesta; lo están haciendo también en casi toda Europa.
Los diversos países han buscado soluciones a esta situación. Desde una solución más radical, Gran Bretaña, Suecia, los países
nórdicos, con la clonación terapéutica, hasta otra solución más intermedia, parecida a la que la planteamos aquí, como pueda ser Francia, e incluso Alemania, país reticente en este tipo de investigaciones, el 31 de enero ha aprobado la posibilidad
de seguir importando y consiguiendo células madre embrionarias. Por cierto, ha habido un acuerdo entre Gerard Schröder y Angela Merkel, presidenta del CDU y, por lo tanto, los argumentos en los que cariñosamente se trata de la exposición de
Johannes Rau, en este momento quedan de alguna manera eliminados por este acuerdo del CDU con el SPD alemán. En cualquier caso, también la Unión Europea permite la financiación. También es un argumento a favor que el sector público español -y esto
es una paradoja, puesto que hay una debilidad en el sector privado, esa es una de las causas, como dice el científico Izpizúa- tiene una masa crítica importante en nuestro país y en este sentido estaríamos absolutamente preparados para llevar a cabo
este tipo de investigaciones.
Además, estamos en contra de algo que no solo se debate aquí, sino que también se ha debatido en Francia muy recientemente: la fuga de cerebros.
Estamos viviendo un caso paradigmático, como es el del profesor Bernat Soria, cuya exposición
tuve oportunidad de escuchar en una reunión de la Comisión Europea, el único español que desde el punto de vista científico planteó esas investigaciones, y que por falta de entendimiento y falta de decisión del Gobierno puede abandonar nuestro país.
Tenemos también como argumentos a favor los beneficios sociales. Repito que sin demagogia y sabiendo que hay un plazo medio para poder llegar a estos desarrollos terapéuticos. Hay muchas asociaciones de enfermos, como pueden ser las asociaciones
de diabéticos, alguno de sus representantes como el presidente de la Liga europea nos acompaña hoy aquí. Sabemos que en España existen tres millones de diabéticos, dos millones del tipo I y que nuestro investigador Bernat Soria ha avanzado en su
laboratorio la cura de este tipo de diabetes en ratón. Esta investigación se debe trasladar a humanos y, por lo tanto, sería bueno que se tuviera en cuenta el drama que se vive, puesto que según los datos que me han facilitado en Europa cada seis
minutos muere un diabético, siendo la segunda causa de ceguera.
Hay, además, muchos otros aspectos que por falta de tiempo no puedo relatar. Todo ello ayudaría no sólo a los diabéticos, sino también a los afectados de ataxia de Friedreich. La federación de diabéticos de España ha entregado una carta a
todos los diputados presentando una iniciativa popular para recoger firmas y permitir la investigación con células madre embrionarias. Solicitaría que también se tuviera en cuenta, dentro de la autonomía política de cada grupo, esta petición
razonable y que nosotros estamos defendiendo desde esta tribuna. No quiero abrir falsas expectativas, pero sí quiero abrir puertas y hacer algunas preguntas.
¿Debemos o podemos debilitar, hacer más tenue, apagar una luz de esperanza a esos
enfermos? Lo digo sin demagogias. ¿Podemos o debemos estar un día más sin permitir estas investigaciones que pueden tener unos efectos beneficiosos desde el punto de vista social? ¿Qué ocurriría si en otros países en que ya están permitidas se
desarrollaran unos fármacos o un tratamiento específico? ¿Discriminamos a los enfermos de nuestro país? Porque, lógicamente, luego podrán ir a esos países a hacer ese tratamiento aquellos que tengan más posibilidades, más recursos. Repito, no
debemos perder este tren en beneficio de la sociedad.
Tercer aspecto, la ética. Con todo respeto, y sabiendo que nadie está en posesión de la verdad absoluta, porque no existe, con toda modestia, estamos a favor de una ética, la ética de la posible curación. Respeto a la vida humana, respeto
a la dignidad del ser humano, por supuesto, pero seres humanos son también los enfermos que están ahí y, en ese sentido, creemos sinceramente que a veces hay que aprender a vivir con dilemas éticos, pero hay que tomar decisiones políticas. Estamos
en un momento importante y urgente para avanzar en estas decisiones políticas. Muchas veces éste es más un debate entre optimistas y pesimistas y yo soy de los optimistas; optimista porque esas células de la esperanza, como las ha denominado el
primer ministro Jospin, pueden permitir la curación de enfermedades que no tienen tratamiento a medio plazo; porque es bueno y optimista avanzar en el progreso del conocimiento; porque es optimista pensar que va a haber un estricto control público
para impedir que se pase la raya, cosa que todos podemos temer, y porque es optimista pensar que va a haber un buen gobierno de la ciencia. Son pesimistas aquellos que piensan que se va a desmadrar la investigación, y nunca mejor dicho; aquellos
que piensan que se va a utilizar para otras cosas. En la vida hay riesgos y oportunidades y es un deber de los poderes públicos poner la ciencia al servicio del progreso humano. Debemos conjugar los derechos de los enfermos, el derecho a la
investigación y los aspectos éticos.
Debemos realizar un diálogo democrático
informativo con rigor, transparencia y seriedad, y siempre sabiendo que los grandes avances, y también en medicina, muchas veces han planteado problemas morales. ¿No era un problema lo que hizo Pasteur al inocular la enfermedad en un ser
humano para descubrir la vacuna? No aceptamos argumentos como: debe prohibirse en tanto en cuanto no estén disipadas todas las dudas. Eso se ha dicho en esta Cámara, pero, como decía un editorial de un periódico de tirada nacional, la razón de
ser de la ciencia es ir más allá de lo que se conoce para conocer nuevas respuestas; es decir, sobre supuestos de futuro. ¿Qué hubiera pasado si Cristóbal Colón, al no conocer el futuro, lo que había -y en sus propios diarios dice que le
atemorizaba ir navegando siempre hacia el Oeste y rompía el paradigma de que la tierra era plana y temía caer en un abismo-, si porque no estuviera asegurado lo que iba a pasar luego no hubiera emprendido ese viaje? Lógicamente otro hubiera
descubierto América, pero no él. Por eso, sinceramente, espero que este debate, con el tiempo -y si puede ser hoy, aquí-, lo ganemos los optimistas y podamos, de alguna manera, permitir que la ciencia avance sin amenazar a la humanidad, permitir
que la ciencia avance en beneficio de la humanidad, en busca de esa seguridad jurídica de la sociedad, en busca de la esperanza, sin demagogia, a medio plazo para los enfermos afectados y dando respuesta a nuestros investigadores. Ese es el objeto
de esta proposición de ley y éstos que he explicado los argumentos del Grupo Socialista para pedirles el voto afirmativo a la misma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Aun sin compartir totalmente el optimismo del señor Lissavetzky, quiero explicar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa. Votaremos favorablemente porque si bien la ley de reproducción asistida constituyó en su
momento un importante avance jurídico dotando de regulación a prácticas por entonces incipientes y que se venían realizando en un marco legal difuso, en este momento es necesaria una actualización clara. Es importante resaltar que existe un grave
problema que deriva de la fijación del plazo máximo de cinco años de conservación de los embriones congelados, problema que se debe abordar de forma inmediata. No se trata tanto de señalar y apoyar en este momento una alternativa concreta como la
única viable para evitar la destrucción de los embriones que han sobrepasado este plazo máximo de conservación, este plazo de cinco años, sino de reconocer que ese plazo, impuesto legalmente, puede llevar a una situación que no deseamos: la
destrucción masiva de los embriones crioconservados. Por eso consideramos positiva esta iniciativa que plantea en sede parlamentaria este problema y sirve como inicio a un debate sobre el futuro de estos embriones, sin que la alternativa
transitoria agote todas las soluciones posibles, pero sí como mínimo descarta la menos satisfactoria, la de la destrucción, en sintonía, por cierto, con la posición mantenida por la Comisión de reproducción humana asistida.
Hay otras alternativas, incluso complementarias, y todas ellas pueden ser incorporadas durante el trámite parlamentario posterior, después de una reflexión conjunta y de un diálogo sereno entre todos los grupos parlamentarios. Pero sobre
todo, ya digo, de lo que se trata ahora es de abrir aquí la posibilidad de que esta situación se aborde definitivamente y evitar la destrucción de estos embriones. Partimos de que lo esencial de esta iniciativa es aportar una alternativa factible y
partimos también de que la utilización de los embriones humanos crioconservados para investigación científica debe realizarse dentro de los límites del convenio de bioética, y esto sin duda permite desbloquear la situación grave del problema y
evitar que se cree una mayor.
Por nuestra parte, nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a tomar en consideración esta proposición de ley sobre técnicas de reproducción asistida que presenta el Grupo Socialista porque nos parece como criterio general que no conviene cerrar las puertas a un debate
que está en los ámbitos de la investigación, que indudablemente tiene sus matices tanto desde el punto de vista científico como desde el ético y que hay que marcar los condicionantes que este debate tiene, pero lo que no podemos hacer es negarnos a
entrar en el debate tomando posiciones apriorísticas que niegan el debate político. La medicina regenerativa y los nuevos debates en técnicas de reproducción están en estos niveles conociendo una serie de avances que están ahí, muy sorpresivos para
los que somos legos en estas materias, pero que indudablemente exigen también del debate político y del debate social.
Desde esta misma perspectiva, y tal como ha dicho el señor Lissavetzky, en el año 1988, cuando se generó el debate sobre la Ley
35/1988, estábamos seguramente en una situación similar a la que nos encontramos en estos días en relación con estos temas, y el tiempo ha ido dando la razón a aquellos que desde la propia ciencia y desde la ética iban realizando planteamientos
para acotar tanto los condicionamientos científicos como los éticos, para ir viendo la realidad de los avances científicos en relación con estas materias. No quiere esto decir que el Grupo Parlamentario Vasco comparta en su integridad el
texto ni de la exposición de motivos ni de las disposiciones que el Grupo Socialista plantea en esta proposición de ley.
El voto que ofrecemos es abierto al debate y a que se puedan plantear estos temas en sede parlamentaria y en sede política,
donde los expertos puedan opinar y podamos ir conformando criterios sobre materias que indudablemente, tal y como ha dicho el señor Lissavetzky, no están abiertas a la verdad absoluta, y quién sabe el todo o el absoluto en relación con las mismas,
pero de hecho están ahí. Los ciudadanos, que conocen estos problemas, difícilmente entienden que desde el ámbito político se cierren las puertas. Parece que es más razonable que desde el debate, desde el contraste de posiciones, desde la
aportación de los datos tanto científicos como éticos e incluso desde las posiciones religiosas que se van planteando se puedan conformar criterios y se puedan hacer matizaciones al marco legal que conocemos en estas materias.
Desde esa perspectiva
y desde esa voluntad abierta, el Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para fijar la posición sobre esta proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Socialista y anunciamos desde ahora mismo que vamos a votarla favorablemente porque
entendemos que este es un debate que no sólo está en el seno de la comunidad científica sino que es un debate más amplio y más abierto, que está también en la propia sociedad europea y debemos darle una respuesta desde esta Cámara.
La investigación biomédica, señorías, nos enseña las claves de los seres vivos, nos enseña a entender cómo proliferan las células, cómo se diferencian y forman estructuras, tejidos e incluso organismos. La investigación en células
embrionarias nos permite entender cómo van diferenciándose en tejidos, lo que en su día nos permitirá aplicar estos conocimientos en la curación de enfermedades. Este tipo de investigación debe ser apoyado sin fisuras, debe ser apoyado socialmente.
De hecho, señoras y señores diputados, en varios países ya sucede así y probablemente esos países serán los que en el futuro inmediato liderarán los descubrimientos de gran trascendencia para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. España
no debería quedarse a la cola, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los más importantes fines de la actividad del Estado es la protección de la salud y la promoción de la investigación científica en beneficio del interés general.
Desde el punto de vista de Izquierda Unida, en el debate existente en la sociedad sobre la conveniencia de este tipo de investigación debe primar la consideración de los beneficios que para la mejora de la calidad de la vida tendrán estas
investigaciones, dejando en un segundo plano las consideraciones éticas y jurídicas, si las hubiere, y en todo caso con las cautelas necesarias. Así, señorías, no es que lo entienda el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, así lo entiende
la Unión Europea, que ha dejado libertad a sus miembros para adoptar la postura que consideren más oportuna y aconsejable a sus respectivos intereses.
Señorías, las experiencias del pasado nos han enseñado que las repercusiones de los grandes avances de la ciencia en la sociedad no son inmediatas, pero al cabo de un tiempo se traducen en innegables ventajas para la sociedad. Por tanto, la
posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que por cierto está recibiendo cartas -que supongo que también recibirá el grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Popular- de amplios colectivos sociales afectados por diversas
enfermedades que tienen expectativas de mejorar su calidad de vida, incluso de llegar a curarse con estas nuevas líneas de investigación, no puede ser otra que votar favorablemente la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Miren, señorías, creo sinceramente que este tema no tiene nada que ver con las técnicas de reproducción asistida, porque aquí estamos hablando de clonación exclusivamente con fines terapéuticos y estamos hablando de uso de preembriones
humanos que han superado los cinco años de crioconservación que preveía la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Pero más allá de que esta es una vía -y yo le agradezco mucho al Grupo Socialista que haya traído a la Cámara esta proposición
de ley-, entiendo que hay que buscar otro marco, porque aquí no estamos hablando de clonación con fines reproductivos sino de utilizar la clonación exclusivamente con fines terapéuticos. Dicho esto, ¿cuál es el problema real que tenemos encima de
la mesa? Porque cuando legislamos siempre hay algo que se nos va de las manos o hay algo que con el paso del tiempo nos plantea nuevos retos. El problema es que hay 35.000 preembriones humanos congelados y un porcentaje muy alto de los mismos ha
superado los cinco años que preveía la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, y me parece que lo lógico sería que se pusieran a disposición de la comunidad científica, dejando bien claro por parte de este Grupo Parlamentario Federal que nos
opondremos siempre a la clonación con fines reproductivos. Estamos hablando
exclusivamente de utilización de los preembriones que han sobrepasado el límite legal de los cinco años en conservación y respecto de los cuales hay que tomar una decisión. Yo creo que aquí no vale poner encima de la mesa ni la moral propia
ni la moral ajena; lo que hay que poner encima de la mesa es el sentido común y tratar de buscar una solución al problema y yo creo que una de las salidas es la que hoy plantea a la Cámara el proyecto socialista, aunque a mí me gustaría mucho más
separarlo de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, si bien entiendo que éste puede ser uno de los caminos. Lo que pido al Grupo Parlamentario Popular, una vez más, es generosidad política en un tema como éste; generosidad con la
comunidad científica y generosidad con los colectivos que están afectados directamente y en los que se han abierto expectativas más o menos idóneas pero expectativas al fin y al cabo. Generosidad frente a otros criterios que pueden primar en las
personas pero que no pueden primar a la hora de legislar porque ello significaría legislar las conciencias ajenas y eso no es de recibo en ningún Estado democrático social y de derecho. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida anunciamos nuestro voto favorable a la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley y felicitamos al Grupo Socialista por haber tenido la oportunidad política de traer este debate a la Cámara.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es la cuarta vez que en esta legislatura el Grupo Parlamentario Socialista nos trae este debate; por dos veces lo hemos tenido en la Comisión de Ciencia y Tecnología (la última el día 3 de octubre) y también por dos veces lo
estamos teniendo en el Pleno (la última vez el 18 de diciembre). Desde esa perspectiva no puedo, incluso por razones de pura economía parlamentaria, sino reiterar la intervención que pude hacer desde la tribuna el día 18 de diciembre, tanto en el
concepto en el que la hice en nombre de los diputados de Unió Democrática de Catalunya como en su propio y estricto contenido. Sin embargo, en la medida en que en aquella intervención hice referencia a Johannes Rau y a la situación en Alemania,
como también lo ha hecho el señor Lissavetzky, pura y simplemente querría recordar que la proposición que el día 30 de enero se vio en Alemania, equivalente a la traída aquí por el Grupo Parlamentario Socialista, contó únicamente con 106 de los 617
votos del Bundestag.
Reafirmándome en mi intervención del día 18 de diciembre, agradezco a SS.SS. la atención.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, señorías, como decía el portavoz de Convergència i Unió, no es la primera vez que nos reunimos en esta Cámara para expresar nuestra posición en un debate que he de reconocer que por repetitivo no
deja de ser un debate importante, no deja de ser un debate de transcendencia. Quizá por ello, por esa importancia y por esa transcendencia, le vengan tan bien las dificultades a la hora de adoptar decisiones en España y en todos los países de
nuestro entorno.
Debo reconocer que la intervención del Grupo Socialista, y no lo esperaba, ha sido una intervención que no ha huido de los mensajes fáciles y de la demagogia, si bien comprendo que a la hora de enfocar los argumentos, en muchas ocasiones, la
decisión viene dada por el peso que cada uno de los grupos otorga a los distintos aspectos que influyen en esta cuestión. Es verdad, señorías, que para nosotros la ética es importante y que por tanto nuestras decisiones políticas siempre tienen en
cuenta los aspectos éticos. Creo que si en otros tiempos el Partido Socialista hubiera tenido en cuenta, a la hora de su actividad política, los aspectos éticos, la situación sería ahora distinta.
A lo largo de estos debates, señorías, hemos tenido la oportunidad de conocer la inquietud que la llamada clonación terapéutica ha despertado en parte de la sociedad. Hemos podido hablar de células madre, de células adultas o de células
embrionarias. Incluso, a mi modo de ver, hemos podido hablar con poco rigor de embriones o de preembriones, y hemos encontrado declaraciones -y esto es lo más importante-, aportaciones de investigadores, de científicos, de responsables políticos,
de muchísimos expertos nacionales e internacionales en esta materia en uno y otro sentido. Es decir, señorías, hemos encontrado una falta absoluta de unanimidad en las posiciones científicas, una ausencia total de base científica de amplio apoyo.
Hoy estamos hablando de técnicas de reproducción humana asistida, estamos hablando también de la conservación de embriones sobrantes, estamos hablando del uso de esos embriones sobrantes y de respeto, en muchos casos, a decisiones individuales, y
siempre -y ahí coincidimos con todos ustedes- del estricto control que debe ejercer el conjunto de las administraciones y, en particular, las autoridades científicas y sanitarias sobre temas de tanta relevancia.
Señorías, estamos hablando de
problemas de orden jurídico, de diversas interpretaciones científicas. Y estamos hablando también, sin duda, de planteamientos éticos que por individuales que sean son primordiales a la hora de construir una sociedad en libertad. Las prisas
siempre son malas compañeras de viaje, pero sobre todo, señorías, las prisas
son los peores enemigos de los asuntos trascendentales, de los asuntos importantes. Creo que está en la responsabilidad de esta Cámara, en la responsabilidad de todas SS.SS., el que nunca puedan decir de nosotros que cometemos errores en
asuntos como la reproducción, la clonación o los que se refieren a la biogenética porque no fuimos capaces de estudiar con la misma profundidad que otros países de nuestro entorno los problemas que se plantean.
La iniciativa socialista se ampara sobre todo en las conclusiones de la Comisión de reproducción humana asistida, comisión sobre la que tengo que expresar todo mi respeto, insistiendo en que se trata de un órgano consultivo y en ningún caso
sus opiniones o criterios son vinculantes para los responsables de la Administración. Como todo órgano consultivo, sus recomendaciones suponen exclusivamente eso: una aportación más. Esta comisión reconoce -y creemos que le honra que así lo haga-
que para cuestiones de tanta trascendencia desde el punto de vista ético, como puede ser la consideración del embrión como ser humano a partir del decimocuarto día, ese criterio que utilizan -ellos mismos lo reconocen- carece de la suficiente base
social para aceptarlo. También reconoce la comisión que la recomendación para autorizar la investigación con embriones se promueve como una alternativa última frente a la destrucción de los embriones.
Señorías, no existe unanimidad en los científicos europeos sobre estas posiciones de la Comisión de reproducción humana asistida. La propia comisión reconoce, como lo hacemos todos, que esta es una cuestión que está sujeta a debate en el
seno de la Unión Europea y también en la mayoría de los países desarrollados. Incluso se puede afirmar en la actualidad que es posible obtener y utilizar células madre, que son elementos básicos de investigación, sin necesidad de que procedan de
embriones. Se están descubriendo células pluripotenciales que permiten la obtención de células madre, por lo que todo este debate podría obviarse.
El Partido Socialista introduce por primera vez -yo creo que es un avance en su proposición- el
término posibilidad cuando se refiere a la utilidad de las células madre. Hoy ha reconocido los avances que se están produciendo con células madre adultas y la curación de ciertas enfermedades gracias a esas células madre adultas y a la
investigación sobre las mismas. Hablaban de la diabetes y de los diabéticos. Yo siempre digo, cuando nos referimos a estos temas, que con los enfermos no hay que jugar nunca y no hay que levantar falsas expectativas. Siempre hay que trabajar para
lograr la curación, pero no crear falsas expectativas cuando todavía queda un tiempo largo para conseguirlas. Sí es verdad que ya se están utilizando células madre, por ejemplo, procedentes del páncreas, que se diferenciaron en células secretoras
de insulina, y en la Universidad de Florida se están haciendo algunas investigaciones con células madre adultas que están demostrando que podrían permitir la curación de enfermedades como la diabetes.
Señorías, el dilema no es que los embriones se destruyan o se utilicen para investigar. Resulta preciso recordar que la Comisión temporal sobre genética humana y otras nuevas tecnologías de la medicina moderna, creada por el Parlamento
Europeo en diciembre del año 2000, ha aprobado recientemente una propuesta de resolución sobre las repercusiones éticas, jurídicas, económicas y sociales de la genética humana, en la que reconoce que el dilema ético que se plantea puede ser
controvertido en sus dos vertientes: la destrucción o su puesta a disposición para investigación, por lo que pide que se examinen y se analicen otras alternativas. Señorías, el dilema se resuelve haciendo lo que consideremos científica y
técnicamente más oportuno hacer y también se resuelve haciéndolo en el momento en que creamos necesario tomar esa decisión. No se puede improvisar lo que nos dicta nuestra primera reacción. Eso no es lo acertado. ¿Alguien puede estar contra la
investigación para salvar vidas humanas? Parece muy simple, pero a nosotros nos parecerá simple cuando haya un amplio consenso científico en esta materia. Puede haber alguna decisión política que se pueda adoptar sin tener en cuenta las
consideraciones de los científicos, pero desde luego lo que hoy se nos pide en esta proposición de ley es imposible aprobarlo sin la base de decisiones científicas y técnicas. Hay más, señorías: ¿autorizar la investigación con embriones supone
aceptar la clonación? La utilización de células madre para usos terapéuticos implica actuaciones de clonación y se puede decir sí, pero es que estamos hablando de utilización para fines terapéuticos. Asimismo, sabemos que exactamente la misma
tecnología de la clonación terapéutica es aplicable a la clonación reproductiva. Insisto en que nos gustaría mucho poder afirmar que la investigación con embriones supone disponer de nuevos recursos terapéuticos para enfermedades hasta ahora
incurables, pero, dados los graves efectos adversos que se están observando, hoy gran parte de la ciencia cuestiona la utilidad de este tipo de técnica.
Mi grupo parlamentario está intentando reflejar en esta intervención las dificultades que existen y no lo hace en absoluto para descalificar la iniciativa socialista, sino porque cree que sigue siendo necesaria en España y en la Unión
Europea una reflexión más amplia y más profunda y desde luego para nosotros y también para la sociedad española en su conjunto sería conveniente y tranquilizador que pudiéramos cerrar de común acuerdo una sola posición europea. El Gobierno y mi
grupo parlamentario somos partidarios de seguir trabajando en los comités éticos de centros de investigación, en los comités de expertos de la Comisión de la Unión Europea, del Consejo de Europa, de la UNESCO o de la ONU, en el Parlamento Europeo o
en esta misma Cámara, en un debate en el que siempre
será exigible el rigor técnico y el asesoramiento científico experto y especializado y para el que será muy importante la conclusión que pueda adoptarse -aquí quería hacer una especial referencia- en el seno del comité de ética en la
investigación científica y tecnológica que está constituyéndose. Un portavoz del Partido Socialista, en otras ocasiones el señor Pérez Rubalcaba, ha dicho en algún momento que debemos decidir estas cuestiones con el sosiego y la profundidad que un
tema de esta naturaleza exige y en el seno de un comité de bioética que tenemos que crear -decía el señor Pérez Rubalcaba- en el ámbito parlamentario. Espero que el señor Pérez Rubalcaba no descalifique este comité si quien lo crea, como está
aconteciendo, es el propio Gobierno, un comité que va a asesorar al Gobierno, como usted reclamaba el día 18 de diciembre, y por supuesto también a esta Cámara.
Señorías, no nos pongamos una venda para desconocer la inmadurez del debate en este momento y ello no porque queramos descalificar ninguna posición científica, sino porque decisiones tan importantes hay que llevarlas a cabo con el más amplio
respaldo jurídico, científico y social. Desconocer esta realidad puede suponer abrir la posibilidad de generar otro tipo de problemas, como el del comercio indeseable de embriones entre países a tenor de lo permisivas que sean sus respectivas
legislaciones. Seguiremos hablando y profundizando en estos asuntos, lo que sí les garantizo es que el Gobierno no pierde el tiempo y que tenemos la confianza de que el debate técnico que se ha celebrado este fin de semana en Málaga sobre los
transplantes de órganos y tejidos y los fines terapéuticos que está propiciando España en la presidencia europea no será un debate estéril y pueda servir de elemento de referencia de una propuesta de directiva al respecto. No se trata en absoluto,
señorías, de endosar responsabilidades a Europa ni de que prescindamos de estar a la cabeza de la investigación científica, sino simplemente de compartir esta decisión con los europeos, estando por supuesto presentes en todas las fases y aportando
siempre la visión española. Señorías, ojalá que sigamos hablando de esta cuestión. Bienvenidas sean otras iniciativas, porque nunca como en esta ocasión es aconsejable que sigamos dando pasos, pero no demos saltos de los que nos tengamos que
arrepentir. No queremos ser pioneros en el error, pero sí queremos ser los primeros en proponer una decisión compartida en Europa. Busquemos la solución entre todos y si la encontramos a la par con todos los europeos mejor que mejor.
Señora presidenta, para finalizar quiero manifestar que nuestro voto va a ser contrario a la toma en consideración de esta proposición de ley por las razones que aquí he expuesto -espero que con claridad-, y no por algunas otras que algunos
nos atribuyen y que nada tienen que ver con los principios y con la política que inspira nuestro trabajo como partido y como Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mato. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 126; en contra, 174; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LAS PENSIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI) PARA EQUIPARARLAS A LAS PENSIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 162/000357.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) para equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social.
Para la presentación y defensa de la proposición, tiene la palabra el señor Campuzano. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Con esta proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) para equipararlas a las pensiones
mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Convergència i Unió pretende plantear esta tarde en el Pleno de la Cámara un debate que en el fondo no deja de ser un debate sobre el mapa de la pobreza en el Estado español.
Hace escasas semanas se presentó en Barcelona un estudio de Caixa Catalunya, editado por la Fundació Un Sol Món, sobre la realidad de la pobreza en Cataluña. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento señor Campuzano, por favor. Vamos a ver si conseguimos que en la Cámara haya un nivel de murmullo que permita que se oiga su intervención.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta, muy amable.
Como decía, ese estudio sobre la realidad social de la pobreza en Cataluña de Caixa Catalunya, de la Fundació Un Sol Món, presentado en Barcelona hace escasas semanas -estudio que podría ser extensible al conjunto del Estado- manifestaba que
hoy en la realidad de la pobreza de la sociedad catalana se configura de manera inquietante una pobreza de carácter femenino, de personas mayores y de personas que viven solas. Ese mismo informe destacaba que en el 83 por ciento de aquellos hogares
pobres en los que tan solo vive una persona, esa persona es una mujer. Esa es la realidad en la que pretenden incidir poco o mucho las iniciativas que estamos planteando los grupos parlamentarios en relación con el SOVI, esa pobreza femenina, esa
pobreza de mujeres mayores que en la mayoría de los casos viven solas. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
Es evidente que en el Estado español, igual que en el resto de los Estados de la OCDE, el sistema de protección social ha permitido mejorar a lo largo de estos últimos años las posibilidades de las personas mayores. Es evidente que en los
20 ó 25 años de implementación del sistema de la Seguridad Social en España el conjunto de las personas mayores ha mejorado sus condiciones de vida, pero han aparecido nuevos fenómenos relacionados con la pobreza: gente joven, mujeres solas con
hijos a cargo. También es cierto que todos los informes que se han realizado sobre esta materia indican que se configura una bolsa de pobreza alrededor de estas mujeres mayores solas. Los últimos informes de FOESSA y del Consejo Económico y
Social, así como el informe de Caixa Catalunya, apuntaban en esa línea, pero lo más grave es que si el sistema de protección social no toma medidas en las próximas dos décadas continuará aumentando el número de mujeres que viven por debajo de esos
mínimos de dignidad, por debajo de ese 50 por ciento de renta per cápita que estos estudios interpretan como el grado de pobreza. Esa evolución también tiene que ver con la evolución del mercado de trabajo. Hoy continúan incorporándose a ese
segmento de pobreza mujeres que no han podido cotizar a través de los sistemas formales de la Seguridad Social, mujeres que han trabajado en su hogar, que han trabajado en la economía informal o que han trabajado en la economía formal, pero sin
poder cotizar. Esa es una realidad que en las generaciones de entre 45 ó 50 años no vamos a poder resolver por muchas políticas activas que queramos generar. Además, la evolución del modelo de familia hace aún más vulnerables a estos colectivos de
personas mayores, y el propio envejecimiento del colectivo de personas mayores indica su situación de vulnerabilidad. Por tanto, no sólo estamos hablando de un problema que afecta hoy a un número significativo de personas mayores, sino que hemos de
prever que si en los próximos años no tomamos medidas radicales -si me permiten la expresión-, en el sentido que vayan a la raíz del problema del que estamos hablando, esa realidad de un núcleo de pobreza enquistado alrededor de mujeres mayores va a
continuar caracterizando la realidad social en España.
Por tanto, señorías, desde la perspectiva de la cohesión social, debemos plantear un debate a fondo sobre las pensiones de viudedad y de jubilación de las mujeres, y es evidente que, en el marco del Pacto de Toledo, esa reflexión debe ser un
eje central de las conclusiones de los grupos políticos. Estos días han sido objeto de noticia y de escándalo consideraciones sobre si las pensiones de las mujeres debían estar en función de su edad biológica. Es evidente, señorías, que la
realidad de las cifras nos indica que la única reflexión que podemos hacer en relación con la mujer y las pensiones es que, hoy, la mayor parte de las mujeres que se incorporan al sistema de protección social lo están haciendo con pensiones muy, muy
bajas. En este sentido, el colectivo de mujeres beneficiadas fundamentalmente por el sistema SOVI constituye lo más escandaloso de esa realidad. Debemos recordar que la cuantía de la pensión SOVI para el año 2002 es un 28,9 por ciento inferior a
la pensión mínima de la Seguridad Social, que recuerdo a SS.SS. se sitúa en las 64.142 pesetas, 385 euros al mes, y un 38,1 por ciento inferior al salario mínimo interprofesional, que se sitúa en las 73.576 pesetas, 442,2 euros al mes. Señorías,
estamos hablando de cifras realmente escandalosas que nos indican la situación de pobreza en la que vive un número considerable de ciudadanos del Estado español. En concreto, en el año 2002 el número de beneficiarios que tienen como ingresos
básicos los derivados del SOVI es de 365.000 personas.
Señorías, en este esfuerzo para mejorar las pensiones SOVI que planteamos en esta proposición no de ley, nosotros nos marcamos un objetivo y es que esa pensión SOVI alcance a la pensión mínima de jubilación. Nos parece que es un objetivo
perfectamente asumible en términos cuantitativos, un objetivo absolutamente necesario para dignificar estas pensiones y, además, un objetivo que forma parte de la lógica del Pacto de Toledo y de la pretensión de tomar medidas que sean sostenibles en
el tiempo y que, a la vez, refuercen los elementos de solidaridad que el sistema de protección social de España debe continuar manteniendo.
Los cálculos, que creo que el conjunto de grupos políticos compartimos, ponen de manifiesto que alcanzar en un solo año la cifra de 64.000 pesetas supondría para el conjunto del sistema alrededor de los 95.000 millones de pesetas, una cifra
que es espectacular en relación con los Presupuestos Generales del Estado pero que, dado el superávit que tiene el sistema de protección social, es una cifra pequeña y, si la situamos en el horizonte de cuatro años, perfectamente asumible. Además,
señorías, una realidad de este colectivo de pensionistas SOVI, sin duda una realidad triste, es que ese colectivo tiende a disminuir por evidentes razones biológicas. Hemos pasado de los 402.000 pensionistas SOVI del año 1998 a los 365.000 del año
2002. Es un colectivo compuesto fundamentalmente por personas mayores, muchas veces con edades superiores a los 70 años. Por tanto, esa cifra de 95.000 millones de pesetas de la que hoy hablamos, situada en un contexto de cuatro años, con toda la
crueldad que representa para muchas de estas personas, supone que esta medida tenga un impacto presupuestario perfectamente asumible en estos momentos de superávit del sistema de la Seguridad Social.
Nosotros no entenderíamos que hoy esta proposición no de ley no pudiese ser aprobada en esta Cámara. Se puede decir, señorías, que algunas de estas personas beneficiarias de la pensión SOVI tuvieron períodos de cotización muy escasos, pero
sería bueno recordar que eso ha sido resultado de la responsabilidad de las propias empresas que no optaron por normalizar la situación laboral y social de sus trabajadores, que muchas veces ha sido como resultado de la falta de información de
empresas que quebraron o desaparecieron del mercado correspondiente y que los supuestos de fraude que pudiesen existir, personas con un escaso período de cotización no acompañado de una presencia activa en el mercado de trabajo, son escasísimos.
Además, señorías, muchas de las personas, fundamentalmente mujeres, que se beneficiaron de las pensiones SOVI, se vieron obligadas a abandonar el trabajo formal, a través de los mecanismos que prevé la propia legislación de cotizaciones sociales,
etcétera, y a incorporarse al mercado de trabajo informal o bien asumieron responsabilidades en el seno de la familia. Intentar plantear que la pensión SOVI equivale a fraude, como en algún momento se ha hecho en esta Cámara, nos parece
irresponsable, poco sensible con la realidad de buena parte de esos colectivos.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Campuzano, concluya, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy terminando, señora presidenta.
Señorías, esa realidad de las pensiones SOVI, de esas pensiones tan bajas de nuestro sistema de cotización social, que además en Cataluña constituye seguramente uno de los elementos indicativos de nuestras diferencias respecto a otras zonas
del Estado, nos obliga a tomar en consideración esta proposición no de ley. Se han planteado algunas enmiendas y existe coincidencia de fondo en los planteamientos. Respecto a la enmienda planteada por el Grupo Socialista, la coincidencia es tal
que, como en la próxima semana se va a debatir la toma en consideración de una proposición de ley de Convergència i Unió que pretende habilitar la compatibilidad entre la pensión SOVI y la pensión de viudedad, no podemos aceptarla aunque coincidamos
plenamente en la cuestión de fondo.
La enmienda que nos presenta el BNG sería aceptable pero, en aras de conseguir hoy que esta proposición no de ley pueda ser aprobada por el conjunto de la Cámara y cerrar un acuerdo con el Grupo Popular, estamos
a la espera de conocer cuál es la oferta final que este grupo nos plantea y lamentablemente no podemos aceptarla aunque también coincidamos en la cuestión de fondo que subyace en la misma.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. He dicho muchas veces que creo que todos hemos venido aquí a hacer política -yo desde luego he venido a hacerla-, a hacer una política concreta y a defender unos intereses concretos, y suelo escuchar con interés
ciertos debates, sobre todo aquellos en los que no tengo grandes conocimientos. Escuchando el debate de la proposición anterior, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Mato, nos hablaba sobre la ética del PP y nos recriminaba a los
socialistas que no era la ética que los socialistas habíamos tenido en el pasado. Me gustaría saber cuál es la ética política del PP, si la del señor Rato con Gescartera, la del señor Piqué con Ercros o la de la señora Ana Mato prometiendo al
colectivo APRI que va a presentar enmiendas para resolver su problema y luego no lo hace. Señoría, cuando hablamos de ética debemos decir exactamente a qué nos referimos y qué consideramos por ética, porque parece que es una goma de medir y, en
función de lo que medimos, la estiramos en un sentido o en otro.
En el tema que nos trae hoy aquí, las pensiones SOVI, mi grupo ha presentado una enmienda que, señorías, señora presidenta, quiero aclarar que tiene un error mecanográfico, porque dice enmienda de sustitución y es una enmienda de adición.
Las pensiones SOVI, como bien decía el señor Campuzano, son las más bajas de todo el sistema y las cobra la gente que había cotizado al Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez de 1939 o los que cotizaron cinco años al seguro SOVI de 1940 a 1966. Como bien decía él, estamos hablando de 375.000 personas, de las cuales el 80 por ciento son mujeres. Por ponerles un ejemplo, hay
53.800 entre 75 y 79 años y mayores de 84 años (esto era en 1999) hay 74.480. Ven que estamos hablando de personas muy mayores y, además, con una pensión de miseria. Entiendo la posición que decía el señor Campuzano, ¿cómo no la voy a entender?,
pero no la comparto. A estas personas no sólo les debemos el respeto por el trabajo que han hecho y que no se les ha recompensado. En muchos casos son mujeres que han aguantado lo que el Estado del bienestar, que le correspondía al Estado, les ha
negado y tampoco la democracia en este país les ha traído el reconocimiento que se merecen. La enmienda del PP lo deja en el tiempo. Imagínese que a una mujer de 84 años que ahora ya tiene tres más, le arreglen la pensión dentro de diez. Se la
iremos a llevar al cementerio en flores y, a lo mejor, nos lo agradece. Seamos un poco serios.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó la primera enmienda en 1997.
Podíamos haber ganado entonces, y era para hacerla compatible, pero una compañera suya, señor Campuzano, me convenció de que por el consenso con el PP y con todo el
mundo hiciéramos un estudio, estudio que realizó el señor Aparicio, entonces secretario de Estado de Seguridad Social. Es un informe para hacer compatible las pensiones del SOVI con otros sistemas.
En las páginas 17 y 18 se dice textualmente:
Costaría un dinero determinado, pero existe la posibilidad de considerar únicamente determinados supuestos para compatibilizar, como puede ser el caso de pensionistas SOVI, mayores de 65 años que causen una pensión de viudedad en cuantía igual o
inferior a la pensión mínima vigente. Eso señorías, según el Ministerio de la Seguridad Social costaría la friolera de 7.519 millones en 1999; hoy, 9.000 millones de pesetas, porque como bien decía él, ha disminuido en torno a 7.000 personas del
SOVI por año y son pensiones que se pueden calcular y que disminuyen, no crecen, porque por los años no pueden crecer. Les debemos eso a estas señoras y no sirve decir que hemos subido las pensiones de viudedad un punto. Es verdad, pero para las
que cobran más; sin embargo, a las que cobran menos no les supone nada.
El Grupo Socialista ha insistido en varias ocasiones. He presentado esta iniciativa por tres veces consecutivas y perdí las tres veces, pero lo sigo defendiendo, hoy a través de una enmienda que parece que tampoco va a ser aceptada. Quiero
decirle al señor Campuzano, con el cariño y respeto que le tengo, que no sé que les piensa decir, cuando vayamos el próximo día, como vamos habitualmente usted y yo, a manifestarnos con las viudas de Cataluña a la plaza Sant Jaume y les digamos que
no hemos podido sacar adelante el SOVI. Además, les diremos que nos hemos bajado los pantalones y hemos aceptado una resolución mediante la que, a lo mejor, dentro de diez años pueden llegar a cobrar 64.000 pesetas del SOVI, pero eso sí, que tengan
en cuenta que en el momento en que se queden viudas perderán las 64.000 pesetas igual que yo perdí a mis abuelos en el tiempo.
Yo suelo ser una persona que antes de perder una proposición la remuevo, la vuelvo a redactar y pacto, pero esto es ya una cuestión de principios porque estamos hablando de unas personas que lo necesitan. Nosotros estamos de acuerdo con lo
que usted plantea, aunque nos gustaría hacerlo más rápidamente y dejarlo fijado en el tiempo, pero lo que no entendemos es que por 9.000 millones al año, cuando la Seguridad Social tiene el superávit que tiene y cuando se están pagando los
complementos a mínimos que deberían ser absorbidos por los Presupuestos Generales del Estado, le digamos a un colectivo de personas mayores que no podemos gastarnos ese dinero en compatibilizar el SOVI con la pensión de viudedad, lo que significaría
darles el mensaje de que no se lo hemos resuelto pero estamos en el camino, hemos avanzado un paso y en esa dirección vamos a seguir trabajando todos. Una cosa es tener compromisos políticos en general y otra con colectivos particulares. No puede
ser que desde hace años yo esté recibiendo a un colectivo de las ETT, que se llama APRI, que tiene una proposición aprobada en este Parlamento a propuesta del señor Rato, que entonces estaba en la oposición, con una carta al señor Aznar en la que
decía que si ellos gobernaran les solventarían el problema y ahora, que gobiernan, no lo hacen. Por la misma razón que alegaba la anterior portavoz del PP, a los colectivos no se les puede engañar, y hay que decirles lo que es posible y lo que no
lo es; y esto, repito, creo que es posible.
Lamento tener que utilizar al señor Trocóniz en este caso, pero creo que en esta ocasión, señores del PP, van ustedes a lanzar el mensaje a estas mujeres de setenta y tantos años, con una pensión por debajo de las 45.000 pesetas, de que las
palabras del señor Trocóniz sobre que las mujeres deben cobrar menos pensión es el pensamiento del PP y es la política que está poniendo hoy en práctica. Yo entiendo a Convergència i Unió. Cuando a uno le aprietan y tiene que consensuar hay que
hacerlo, porque las necesidades de los grupos a veces son relativas. Termino diciéndoles que tienen la oportunidad de demostrar que las palabras del señor Trocóniz no reproducen el pensamiento del PP; tienen ustedes la oportunidad de decirles a
estas 300.000 señoras, mayores de setenta y tantos años, que ya que ganan una miseria por lo menos les van a garantizar que en el momento en que se queden viudas van a poder conservar la pensión del SOVI porque se la han ganado a lo largo de su vida
con su trabajo, cubriendo las necesidades del Estado, y a la vez demostrarán, señores del PP, que las palabras del señor Trocóniz fueron sólo un mal paso que a veces tenemos las personas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora López i Chamosa.
Por el Grupo Parlamentario Mixto y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Aymerich. (La señora Mato Adrover pide la palabra.)
Señora Mato, ¿a qué efectos pide la palabra?
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, pido la palabra a los efectos del artículo 71, en concordancia con el artículo 72 del Reglamento, por alusiones a un diputado.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Mato, todavía no ha terminado el debate; en su momento la presidenta valorará si existe ese tipo de alusiones, por lo que se continúa con la defensa de las enmiendas. (El señor De
Grandes Pascual pide la palabra.)
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: La señora diputada que acaba de hacer uso de la palabra ha hecho una irrupción en un tema que no correspondía sino que había pasado ya, haciendo alusiones expresas, por lo que es el momento procesal de dar la
palabra a la señora Mato por alusiones; lo contrario será desatender el Reglamento.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor De Grandes, esta presidencia considera que las alusiones de la señora López i Chamosa se producen en los términos usuales de lo que es el debate parlamentario y en las contradicciones
usuales de los mismos. (Rumores.) En esos términos esta presidenta lo considera y no tiene S.S. la palabra.
Señor Aymerich, tiene la palabra. (El señor De Grandes Pascual pronuncia palabras que no se perciben.)
Lo siento, señor De Grandes. Queda terminado el debate. (El señor De Grandes Pascual pronuncia palabras que no se perciben.)
Me parece muy bien, señor De Grandes.
Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta. Tenemos suerte de que esté usted ahora presidiendo porque otras veces no sucede lo mismo.
El artículo 41 de la Constitución -ahora que estamos en tiempos de patriotismo constitucional- establece un mandato a los poderes públicos para que mantengan un sistema público de Seguridad Social que garantice unas prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad.
Para el Bloque Nacionalista Galego y creo que también para otros grupos de la Cámara, tristemente no para todos, no hay situación de necesidad más evidente que el defecto de ingresos originado por el cese
en el trabajo sea por edad o por enfermedad, que son las dos contingencias que protege el SOVI. Pero en un Estado, según palabras del Gobierno del Partido Popular, que tiene una economía tan boyante como el español no se puede entender que sea una
prestación social suficiente, una cobertura social suficiente cobrar 44.145 pesetas al mes. Esto, señorías, es lo que cobra un beneficiario o beneficiaria, por llamarles algo, del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Por tanto, para nosotros
esta situación no es sólo políticamente inaceptable sino que desde un punto de vista constitucional debe ser censurable al apreciarse el incumplimiento de un mandato constitucional, como dije, el recogido en el artículo 41. La Constitución, señores
del Partido Popular, hay que leerla y aplicarla en todos y cada uno de sus artículos, no sólo en lo que nos conviene.
Por otro lado, el aumento de las pensiones del SOVI por lo menos a las cuantías mínimas del Sistema de Seguridad Social -que ya no es decir mucho, más bien es decir muy poco- debe ser perfectamente asumible por un Gobierno que también se
jacta de cumplir los compromisos de estabilidad económica impuestos por la Unión Europea, pero incumple sistemáticamente la cláusula de Estado social recogida en la Constitución porque el crecimiento económico no se traduce en aumento de bienestar
social. No creemos que sea una petición excesiva solicitar que las pensiones del SOVI, que se sitúan en torno a un 29 por ciento por debajo de las cuantías mínimas de las pensiones del Sistema de Seguridad Social, puedan equipararse a éstas en un
Estado, por cierto, que destina a protección social el segundo porcentaje más bajo del producto interior bruto de toda la Unión Europea. Frente a la media comunitaria del 27,7 por ciento -datos de Eurostat- el Estado español sólo destina un 21,6
por ciento; sólo nos supera Irlanda con un 16,1 por ciento, pero hay que tener en cuenta que su población es más joven y tienen menos paro. Por tanto, el esfuerzo que se está haciendo para mejorar la protección social de los ciudadanos es inferior
al que realiza la Unión Europea, por lo que debemos mejorarlo en términos absolutos, sobre todo comenzando por aumentar significativamente aquellas prestaciones que se sitúan en un nivel inferior a las que se consideran como mínimas para poder
sobrevivir, que desde luego es el caso de las incluidas en el SOVI. Por esa razón vamos a apoyar esta proposición no de ley, aunque lamentamos que por el grupo proponente se haya sacrificado una mayor eficacia o un carácter más incisivo de la
proposición no de ley por un compromiso con el Partido Popular que a nosotros nos recuerda -luego hablaremos de Argentina- lo que está haciendo el Estado argentino antes de caer en default, antes de caer en la suspensión de pagos, con las pensiones
de los ciudadanos españoles acogidos al convenio bilateral: dar largas y esperar a que los beneficiarios mueran. Esto es lo que está haciendo el Partido Popular con los beneficiarios y las beneficiarias del SOVI: ganar tiempo para que mientras
tanto los beneficiarios, como dijo
quien me precedió en el uso de la palabra, estén en el cementerio y no podamos más que llevarles flores o tener para ellos buenos recuerdos.
Nuestra enmienda es de justicia; no es una enmienda de cosecha propia, no es algo del Bloque Nacionalista Galego sino que obedece a mandatos y recomendaciones del Consejo General de la Emigración, presidido por un prohombre del Partido
Popular en Argentina. Es el Consejo General de la Emigración el que se dirige al Gobierno para pedirle que aquellos ciudadanos españoles emigrantes residentes en otros países puedan acceder a las prestaciones SOVI teniendo cotizados los periodos
que les falten, anteriores al 1 de enero de 1967, para cubrir esos 1.800 días de cotización exigidos por la regulación vigente del sistema. Lamentamos que el grupo proponente no acepte nuestra enmienda y que, sin embargo, acepte el plato de
lentejas del Partido Popular que consiste en volver a remitir todo a un nuevo estudio y a una nueva Comisión, pero en cualquier caso apoyaremos la proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra la señora Montseny, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para defender la enmienda que ha presentado
mi grupo a la misma.
Siempre que subo a esta tribuna para defender cuestiones sociales debo reconocer que me indigno muchas veces cuando veo aprovechar términos demagógicos al amparo de poder recabar el apoyo a un determinado colectivo sólo en aras de levantar
la voz y que salga en los medios de comunicación. Creo que el problema es mucho más serio que todo eso, mucho más grave, y debe ser una cuestión muy responsable. Como sabrá el señor Campuzano, siempre que presenta una cuestión de estas
características, una proposición no de ley como la que nos ocupa, suelo leerme a fondo la exposición de motivos y ésta, bien razonada, pone énfasis en los requisitos que se deben tener para poder acceder a una prestación derivada del Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez: haber estado afiliado al retiro obrero antes del año 1940 o haber cotizado 1.800 días al extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Es cierto que las cuantías derivadas que se conceden a estas
prestaciones, incompatibles con otras prestaciones derivadas del sistema de la Seguridad Social, no son muy altas; pero también es cierto, señorías, que hay muchas personas que vienen percibiendo una prestación derivada de ese seguro que estamos
mencionando y que sólo cotizaron cinco o seis años. Pocas personas he conocido yo que digan: Yo en tres años recuperé lo que había cotizado a la Seguridad Social. Y las que tienen la gran suerte y la gran fortuna de vivir y sobrevivir 20 años a
la prestación del día en que causaron derecho a la pensión de jubilación podrían reconocer, por lo menos, que el sistema ha ido bien.
Me ha indignado también oír determinadas afirmaciones más que demagógicas, alusiones a temas personales de gente de mi grupo parlamentario que no venían al caso. Creo que también en la tribuna hay que ser lo suficientemente elegante como
para debatir el tema al que debemos ceñirnos, y hoy había cuestiones, señora López i Chamosa, que no venían al caso. Sí venía al caso cuando usted ha dicho que presentaba una enmienda que tenía un error, un error de forma, cuando se decía que en
vez de sustitución era de modificación. No; no es sólo un error de forma sino un grave error de fondo, porque usted pretende modificar la disposición adicional séptima de la vigente Ley General de Seguridad Social en una proposición no de ley. En
todo caso, habría que presentar una proposición de ley. Ya sé que yo no debo valorar su enmienda, que no debo pronunciarme, pero sí puedo valorarla en cuanto a ese defecto de fondo, porque no se puede pretender que al amparo de una enmienda a una
proposición no de ley se pueda modificar el fondo de una disposición de carácter general y vigente en nuestro ordenamiento jurídico, como es la Ley General de la Seguridad Social.
Respecto a esta enmienda hay cosas que no se han dicho claro. Por ejemplo, las prestaciones de la Seguridad Social han ido mejorando en los últimos seis años y las pensiones mínimas han mejorado muy por encima de lo que le correspondería al
IPC. Yo no quiero hacer memoria de lo que acontecía hace seis años, pero las pensiones del SOVI estuvieron congeladas muchos, muchos años y además con cuantías menores. Si mirara lo que se percibía en el año 1995 por la prestación derivada del
SOVI, señora López i Chamosa, tendría una gran sorpresa. Desde el año 1999, en que estaba estipulada en 40.750 pesetas, hasta el año 2002, ha habido un aumento y estamos en 44.145. Sabemos que es baja, tenemos esa sensibilidad, pero también hay
que decir que no se trata de un colectivo tan residual, ya que hoy todavía tienen la filiación al Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 375.000 personas. La cuantía que supone reconocer la pura letra de lo que propone el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) sería de unos 90.000 millones de pesetas anuales, cantidad nada desdeñable; computados en los cuatro años, 360.000 millones. Pero no sólo es que los perceptores del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez vayan
disminuyendo, es que están dentro del sistema, aunque sea un seguro, digamos, residual, deficitario y aparte, y el número de pensionistas en España sigue aumentando. Tenemos una población más envejecida y una expectativa
de vida mucho mayor, y debemos empezar a decir la verdad. Afortunadamente la expectativa de vida va a crecer mucho y debemos ser cautos, rigurosos y sensatos con las posibilidades del equilibrio del sistema. Yo también he hablado con el
colectivo de viudas y les he dicho que haré lo que pueda para ayudarlas; de hecho, se están haciendo esfuerzos por el Ejecutivo para mejorar las pensiones mínimas de viudedad, pero también he razonado con ellas, son conscientes y aunque pasan
apuros y tienen problemas, y aunque no son grandes cuantías las derivadas de las pensiones tanto del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez como de viudedad -que también han mejorado-, quieren que sus nietos, el día de mañana, puedan percibir la
correspondiente pensión de jubilación, que nosotros no debemos poner en peligro. Por tanto, sí al rigor y sí a no utilizar con carácter demagógico todo lo que pueda derivar del sistema de Seguridad Social. Hace apenas cinco años teníamos 400.000
millones de déficit en la Seguridad Social y tenemos que ser prudentes. Toda Europa, y España también, nos hemos podido dar un sistema de cohesión social lo suficientemente importante como para querer conservarlo por muchos años y no ponerlo en
peligro, al margen de que se hagan los esfuerzos necesarios para ir mejorando las pensiones mínimas en las cuantías que permita el equilibrio financiero del sistema económico de la Seguridad Social.
Finalmente, me gustaría hablar de la posibilidad de presentar una enmienda transaccional a la enmienda que ha introducido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y en ese caso el Grupo Parlamentario Popular retiraría la
enmienda presentada a la proposición no de ley. Yo espero que el señor Campuzano y el resto de los grupos parlamentarios tengan la seriedad y el rigor necesarios y no empleen demagogias en el terreno de la Seguridad Social, y pido que el grupo
proponente de la proposición no de ley acepte la enmienda transaccional que consiste en que al final de su enmienda, donde dice '... de seguimiento del acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social...', se añada ', sin que
en ningún caso pueda exceder de la cuantía señalada a la pensión de jubilación para menores de 65 años sin cónyuge a cargo.', en el bien entendido de que clarificaría la posibilidad de ir aumentando dicho sistema de protección en el seno de la
Comisión no permanente de seguimiento de la valoración del Pacto de Toledo, por lo que propondría que el señor Campuzano nos aclarara si acepta en los términos indicados la citada enmienda transaccional.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Montseny. Le rogaría que a los efectos de la votación pasara a la presidencia la enmienda transaccional que ha defendido para tenerla en consideración en ulteriores
trámites parlamentarios. Gracias.
A continuación tiene la palabra, en el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Arratxalde on, buenas tardes. A la hora de fijar la posición del Partido Nacionalista Vasco sobre la proposición de ley para equiparar las pensiones que se conceden al amparo del SOVI presentada por Convergència i
Unió, nos expresamos claramente a favor de la misma. No queriendo ser repetitivo con la exposición de motivos y con lo expuesto por su portavoz, el señor Campuzano, le decimos también que compartimos plenamente la exposición, matizando solamente
que en su caso nos parece tímida la propuesta de actualizar las pensiones en un periodo de cuatro años, y no digamos la enmienda transaccional que, si he entendido bien, ha presentado el Grupo Popular y en la que no consta ni el límite de los cuatro
años.
La razón de nuestra posición es evidente porque, si hemos establecido que las pensiones mínimas que deben cobrar los ciudadanos españoles es de alrededor de 64.000 pesetas en 2002, no comprendemos a qué se debe que todavía subsistan
pensiones, por llamarlo de alguna manera, cuya cuantía individual ronda las 44.000 pesetas y las medias, teniendo en cuenta también las de incapacidad permanente y viudedad, sujetas también al SOVI, sean todavía inferiores a dicha cantidad. Todo
ello además en un régimen riguroso de incompatibilidades con otras pensiones. Señorías, estamos hablando de aumentos reales de 1.111 pesetas al mes para el año 2002 y hemos escuchado a Comisiones Obreras, a la CEOE y fundamentalmente al Gobierno
hablar con la boca llena del enorme esfuerzo de actualización de pensiones que se está realizando. Desde luego, las referidas al SOVI suenan a chirigota de Carnaval -y nunca mejor dicho en esta época-, porque con 44.000 pesetas no se vive, se
subsiste. Y todo esto cuando se nos acaba de comunicar que el excedente de la recaudación del Estado por cotizaciones a la Seguridad Social en el año 2001 va a superar en más de 150.000 millones de pesetas lo ya presupuestado, excedente que se van
a destinar a tapar otros agujeros, cuando conviene recordar que existen en la Seguridad Social colectivos que no llegan al salario mínimo ni a las pensiones mínimas y cuyo amparo es la primera obligación del sistema de cotizaciones a la Seguridad
Social y del propio Estado. El viernes 8 hemos tenido la ocasión de leer en un medio de difusión nacional una pequeña carta que la señora Juana Crespo Rosal, valenciana, entiendo que jubilada, titulaba La pensión. Decía así: Soy una de las pocas
personas que deben quedar en España disfrutando -está entrecomillado- de una pensión del SOVI, antiguo subsidio de vejez, ya que debido al poquísimo poder adquisitivo que nos proporciona este colectivo acabará por desaparecer de inanición. El año
pasado seguí apasionadamente las noticias respecto al aumento
que se produciría en 2002 en mi pensión. Me desanimé algo cuando leí en los diarios que el aumento sería de un 3,2 por ciento. Hace unos días recibí una carta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con información real. ¡Qué pena,
qué risa! Su comprensión es complicada, pero lo que sí parecía claro era el renglón de la revalorización de mi pensión para el 2002; ponía 2 por ciento. Pero analizando bien la cuestión, tras arduos estudios del importe de esta casilla, resulta
que en realidad es del 2,5 por ciento. Primero el 2 por ciento de la previsión para este año y luego el 0,5 por ciento, ¡albricias! es mi aumento de pensión: de 44.445 pesetas que percibía este año podré pasar a 45.556 pesetas. Estoy alborozada:
1.111 pesetas más al mes. Como este Gobierno parece que va a dar facilidades a los pensionistas que reúnan ciertas condiciones al casarse y no perder su pensión, me va a tocar buscar novio, puntos suspensivos. U yo añado: para sobrevivir. Y
finaliza: ¿Cómo puede España ir bien si la SOVI va tan mal?
Sin más comentarios, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y también para fijación de la posición, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, el antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se corresponde efectivamente con pensiones generadas al amparo del retiro obrero antes de 1940, que es lo que se conoce popularmente como la perra gorda, o bien contingencias
cubiertas por haber cotizado 1.800 días al SOVI entre los años 1940 y 1966, año este último en el que se aprueba la Ley General de Seguridad Social. No es menos cierto -y debe resaltarse esta cuestión- que estas pensiones son muy bajas y ello a
pesar de que en los últimos años podemos reconocer que sus subidas han sido importantes.
Aun así, considerando apropiada la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), desearíamos seguir con nuestra política de ir
avanzando en la equiparación de todas las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional. En este sentido debemos expresar nuestra opinión de que la adaptación que se propone no fuese en cuatro años, sino en uno, pues de esa manera estaríamos
equiparando a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. No tiene ningún sentido que se cobren cantidades distintas por periodos distintos en el tiempo, pero no en el sistema de pensiones instaurado en cada momento. Como ejemplo sirva
decir que si entre 1940 y 1966 una persona que cotizó 10 años cobra una pensión equivalente al SOVI no tiene sentido que otra persona que entre 1966 y 1986 cotizó esos mismos años cobre la equivalente a la pensión mínima sólo y exclusivamente por
haberlo hecho en periodos diferentes. Por ello, nos corresponde ahora equiparar esas disfunciones y sólo tiene sentido la equiparación al alza, como corresponde a una sociedad democrática y justa. Para abundar más, y como se explica en los
antecedentes de la proposición no de ley ante el Pleno, estas pensiones son incompatibles con el percibo de cualquier otra del sistema público de pensiones. Nuestro grupo no entiende las incompatibilidades establecidas. Veríamos justo que fuesen
incompatibles en el propio sistema jubilación SOVI con viudedad SOVI, pero no entendemos que pensiones generadas al amparo de legislaciones distintas tengan que ser incompatibles, máxime cuando todos sabemos que ya son muy pocos los perceptores que
quedan y que prácticamente un 50 por ciento de los beneficiarios en pocos años, cinco u ocho, y debido a las incompatibilidades entre sí será objeto de baja en la prestación. Por todo lo expuesto consideramos que la mejor propuesta que se podría
efectuar para los perceptores de estas prestaciones sería, en primer lugar, la equiparación de las prestaciones de jubilación, invalidez y muerte y supervivencia del retiro obrero y el SOVI con las del sistema público generadas al amparo de la Ley
General de la Seguridad Social; en segundo lugar, hacer compatible al menos la viudedad del régimen general con el percibido de la jubilación o la invalidez del SOVI, aunque se tuviera en cuenta para ello los mínimos de las pensiones del régimen
general.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por último, solamente a los efectos de fijar la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra el señor Campuzano, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, como hemos manifestado en nuestra intervención inicial, no podemos aceptar la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, en aras del texto que ha leído la señora Montseny; no podemos aceptar
la enmienda del Grupo Socialista, puesto que junto al error técnico-formal que inteligentemente señalaba la misma señora diputada, recordábamos que el martes próximo vamos a discutir en esta Cámara una propuesta de mi grupo de estas características.
Sí aceptamos la enmienda transaccional que nos formula el Grupo Popular, porque nos parece que por primera vez en esta Cámara vamos a fijar un horizonte posible para que las pensiones SOVI puedan alcanzar ese mínimo de 64.000 pesetas, que es lo que
implica el texto que vamos a aprobar. Por primera vez, la Cámara marca un objetivo y además no nos situamos en ningún límite de tiempo; será la voluntad política del Gobierno la que permitirá avanzar más o menos rápido hacia esa cuantía mínima.
Por tanto nos parece un buen acuerdo para mejorar las pensiones SOVI.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Campuzano. (La señora Mato Adrover pide la palabra.)
Señora Mato, ¿a qué efectos pide S.S. la palabra?
La señora MATO ADROVER: Siguiendo las instrucciones de la presidenta, por los mismos motivos de la vez anterior (artículos 71 y 72), por alusiones de la señora López i Chamosa a mi persona.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Mato, desde la presidencia se le indicó que se consideraba que las alusiones formaban parte de lo que es el debate parlamentario y por parte de su grupo parlamentario la señora Montseny
ha tenido ocasión de contestar cumplidamente, a juicio de esta presidencia, a dichas alusiones. Por tanto se da por zanjado el debate y pasamos a la votación de la proposición no de ley.
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, han sido alusiones a mi persona que no presentaba el debate. (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: Vergüenza te debía dar.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Mato, su señoría no tiene la palabra. Le ruego, por favor, que concluya en este momento su intervención. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se insta al Gobierno a incrementar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) para
equipararlas a las pensiones mínimas del sistema contributivo de la Seguridad Social, en los términos derivados del debate y de acuerdo con el texto de la enmienda transaccional que ha sido redactada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA RENEGOCIACIÓN DE LOS ACUERDOS JURÍDICOS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA, ASÍ COMO CON EL ESTADO VATICANO. (Número de expediente 162/000412.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A DESPIDOS DE PROFESORES DE RELIGIÓN DE CENTROS PÚBLICOS Y NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE 26 DE FEBRERO DE 1999 ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA CONFERENCIA EPISCOPAL.
(Número de expediente 162/000370.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia católica española, así como con el Estado Vaticano, que se
debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999 entre el Estado
español y la Conferencia Episcopal.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, entramos a debatir en este momento una proposición no de ley que entendemos viene forzada por el hecho de que en los pasados meses hemos asistido con cierta perplejidad a una serie de escándalos públicos...
(Continúan los
rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Centella, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Como decía, señora presidenta, en los pasados meses hemos asistido a una serie de escándalos en relación con los cuales, por decirlo de una forma suave, la postura de la jerarquía de la Iglesia católica ha sido poco
edificante, de poca colaboración con la justicia e incluso ha sido de poco respeto hacia el ordenamiento constitucional. La jerarquía de la Iglesia católica española -que no debe ser confundida con el conjunto de los católicos españoles, que me
consta han sufrido en algunos casos cierta vergüenza por el comportamiento de la misma- entendemos que ha realizado unas interpretaciones demasiado sui géneris, demasiado extensivas y un tanto ajenas al propio sentido común y mucho más al rigor
jurídico. En un Estado laico y democrático del siglo XXI no se puede mantener como se ha mantenido que existan islas o reductos en donde la Constitución no entre y que haya dos categorías de españoles y españolas, los que se rigen por la
Constitución y aquellos a los que no se les puede aplicar la misma en virtud de una serie de convenios internacionales. Creemos que la tesis de la jerarquía de la Iglesia católica es completamente errónea, por no decir algo mucho más duro. Las
relaciones existentes entre la Iglesia católica y el Estado español
se rigen por acuerdos internacionales que no pueden estar al margen de la Constitución española de 1978, como tampoco pueden ser ajenas al ordenamiento jurídico que emana de esa Constitución democrática y no se pueden amparar en esa teoría
jurídica de islas anticonstitucionales o aconstitucionales para ocultar o salvar intereses que no son generales, que son los que defiende la Constitución. Un caso bien conocido, el cual es bueno repetir desde esta tribuna, es el del despido de los
profesores y profesoras de religión, personas pagadas con fondos públicos, que están integradas en colegios públicos o concertados y a las que, con motivo de una clara confrontación de los derechos y libertades consagrados en esta Constitución, se
les ha impedido seguir dando clases, habiéndolas despedido o no habiéndolas renovado sus contratos, sin que se les haya podido aplicar la legislación vigente para todos los españoles. Un caso concreto es el de la profesora de religión de Monda, que
por cierto fue despedida por su vinculación con Izquierda Unida, y en el juicio tuvo que especificar la Fiscalía que estando de acuerdo en que no se le podía haber tratado de esa manera, sin embargo, no se le podía aplicar la legislación general que
se aplica a todos los españoles y a todas las españolas, en virtud del convenio entre la Iglesia y el Estado. Es imposible permanecer impasible cuando se oyen estas afirmaciones por parte de la Fiscalía sin removerse y sin comprender que algo falla
y que hay que actuar. Algo falla porque repito que no se puede mantener que haya españoles o españolas a las que no se les pueda aplicar la legislación general, en virtud de convenios que a nuestro entender están en clara contradicción con la
propia Constitución. Creemos que hay que tomar medidas al menos para evitar que aquellos que tanto presumen de patriotismo constitucional no tengan que sentir la vergüenza de ver como se intenta burlar la Constitución por quienes deberían de ser
los primeros en cumplirla. De la misma manera, que parte de las subvenciones que recibe la Iglesia católica, que hay que recordar que constituyen la mayor parte de los recursos de la misma, haya sido aplicada a operaciones de especulación
financiera o a operaciones de dudosa legalidad pone de relieve que en este sentido hay algo que tampoco funciona.
Por si todo lo anterior no fuese poco, hay notables dirigentes y jerarcas de la Iglesia católica que han faltado a la verdad en una Comisión de investigación del Parlamento o que se han negado a colaborar con la actuación investigadora de
los tribunales españoles, concretamente en lo relacionado con el caso Gescartera. Han tratado de burlar esta colaboración amparándose en que no se les puede aplicar la transparencia financiera, a la que están obligados todos los españoles, en
función de las citadas relaciones entre la Iglesia y el Estado que les permitían tener oculta parte de sus finanzas. Lo más grave de todos estos casos aquí expuestos, que, repito, han sido motivo de escándalo incluso para gran parte de los
católicos, no es esto, porque estaríamos ante una asociación privada con fines religiosos, una asociación que no corresponde al Estado y que podría tener la tentación de intentar ocultarse, de intentar buscar trampas o triquiñuelas para mantenerse
al margen de la Constitución, sino que lo más grave para nosotros es que el Gobierno de la nación, en particular el ministro de Justicia, no haya actuado, que haya permanecido sin hacer nada. Señorías, una cosa es reconocer las características de
la sociedad española, una cosa es ayudar al mantenimiento del patrimonio de la Iglesia -por cierto, algún día podríamos hablar del uso de ese patrimonio, aunque no es hoy el caso- y otra muy diferente es intentar burlar la actuación de la justicia
buscando refugios financieros que pueden ser más opacos incluso que el más oculto de los paraísos fiscales. Lo que se trata de dilucidar es que debe quedar bien claro que no hay ningún reducto del territorio español, que no hay ningún reducto de la
población española al que no se le pueda aplicar la Constitución, que no hay nadie que esté a salvo de las obligaciones y de los derechos estipulados en la Constitución que nos compete a todos los españoles y las españolas.
Es importante que se recuerde que España es un Estado de derecho. Yo no le voy a dar hoy aquí clases sobre la Constitución al Partido Popular, enfundado en su patriotismo constitucional recién estrenado, pero le quisiera decir que defender
la Constitución y el Estado de derecho en estos momentos significa que no haya ninguna confesión que tenga carácter estatal, que los derechos y libertades que se reconocen en la Carta Magna son piedra angular de la misma y que por tanto ningún
tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución puede ser ratificado sin previa reforma de ésta o bien sin previa modificación del tratado. Es obligatorio para todos sin excepción cooperar con las actuaciones de los
tribunales. Este recordatorio de a lo que nos obliga nuestra norma fundamental es una de las garantías que precisamente hace de la Constitución española de 1978 una Constitución democrática y que es obligatoria para todos, incluida también la
Iglesia católica. Pues bien, tanto el Gobierno de la nación como el fiscal general del Estado se han negado a cumplir en este caso con sus obligaciones, se han negado a cumplir con la obligación de defender la Constitución, que debe ser la primera
obligación del Gobierno, de la Fiscalía y también de todos los que estamos en esta Cámara y que hemos prometido o jurado defenderla. Por tanto, porque consideramos que hay dejación de los deberes de defensa de la Constitución es por lo que hemos
planteado este debate y por lo que pretendemos que hoy aquí se apruebe una iniciativa que sirva, en primer lugar, para dar respaldo a todos los españoles y a todas las españolas, a los cuales les venimos explicando que somos iguales ante la ley, que
somos iguales ante la Constitución y que es precisamente la Constitución la que nos garantiza esta igualdad
y la que nos garantiza estos derechos. Si hoy salimos de aquí con una votación en la cual el Partido Popular sigue mirando hacia otro lado, sigue defendiendo en la práctica o por omisión que existen zonas del Estado español donde la
Constitución no puede entrar, le habremos hecho un flaco favor a esa Constitución, repito, de la que ustedes son tan patriotas.
Nuestra iniciativa, en la que ya adelanto que vamos a transaccionar una enmienda planteada por el Grupo Socialista, con algunas matizaciones a las que ahora me referiré, porque coincide con nosotros en lo que queremos aquí plantear, que no
es ni más ni menos que se aplique la ley, pero sobre todo que no haya ninguna ley ni ningún convenio contrario a la Constitución, nuestra iniciativa, repito, propone que se adopten las iniciativas pertinentes para asegurar que en las relaciones
Iglesia-Estado sean plenamente respetados los principios y valores constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, de garantías al carácter laico y aconfesional del Estado español, como no puede ser de otra manera. En ese mismo sentido
planteamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de la nación a interesar del ministerio fiscal, a través de la Fiscalía del Estado, la defensa del interés público tutelado por la ley conforme a la Constitución en cuantas actuaciones
procesales pueda encontrarse en cuestión y el deber de sujeción de la Iglesia católica, de las asociaciones vinculadas a la misma y de sus actividades al ordenamiento constitucional. En definitiva, este es el elemento básico de esta iniciativa.
También habría que resarcir los errores y las injusticias cometidas y habría que devolver la posibilidad de que se acogiesen al derecho laboral normal de todos los españoles aquellos profesores y profesoras que injustamente han sido separados de su
puesto de trabajo y a los que se les ha privado del derecho a defenderse, como lo han podido hacer otros miles y miles de trabajadores en este país. No es normal que haya trabajadores españoles a los cuales no se les pueda aplicar la legislación
porque haya un tratado o porque haya un convenio que así lo diga. Eso no es justo, pero además no es constitucional; por eso hoy aquí el Partido Popular tiene una doble responsabilidad, tiene que asumir esa defensa de la Constitución, tiene que
asumir esa defensa del ordenamiento constitucional y, en segundo lugar, tiene que asumir y tiene que defender que todos los españoles y todas las españolas son iguales ante la ley. Si no lo hace, si el Partido Popular prefiere seguir dando la
callada por respuesta y dejando pasar las circunstancias, si prefiere mantener la situación que no solamente es injusta, sino que además es inconstitucional, habrá quedado claramente retratado y habrá quedado claramente situado no solamente frente a
la injusticia, sino también frente a la Constitución y habrá quedado situado en el mantenimiento de unas situaciones que en ningún caso son las que en el siglo XXI debería haber.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Con motivo de la no renovación de los contratos a los profesores y a las profesoras de religión en septiembre del año 2001 en las provincias de Almería y Málaga, algún destacado dirigente del Partido Popular dijo que la Iglesia católica se
equivocaba al despedir -ahora sí empleo la palabra real- a los profesores de religión, porque no se podía concebir que por casarse por lo civil, no ir a misa o tomar copas con los amigos se pudiesen producir consecuencias laborales de tal categoría.
Una cosa -reconocía el propio dirigente del Partido Popular- son los títulos jurídicos y otra muy distinta es la prudencia y sensibilidad que deben estar acordes con la sociedad en la que vivimos a la hora de tomar decisiones. También por los
mismos días el señor Chamizo decía que lo más terrible es que legalmente no se puede hacer nada.
Nuestra proposición no de ley tiene una primera parte que va orientada a promover e impulsar la prudencia y la sensibilidad social apropiadas a la hora de tomar decisiones por parte de las autoridades y fundamentalmente en lo que es decisión
definitiva e inapelable -o así debía de serlo- de la Administración pública. En este caso nos queremos mover en el terreno de la buena voluntad, que no fue precisamente notoria en el caso de la Iglesia católica ni tampoco -y es la más responsable-
en el caso de la Administración pública y, en particular, del Gobierno.
Con la primera parte de la proposición no de ley queremos orientarnos a solucionar problemas concretos, ya surgidos y sancionados de determinada manera, pero que no tuvieron la solución apropiada. Por eso pedimos que se reconsideren los
despidos sin justificación laboral de ningún tipo. Es más, la autoridad episcopal ni siquiera se preocupó de retirar la declaración eclesiástica de idoneidad, que en todo caso sería la gran piedra de toque para discutir de alguna manera la licitud
o legitimidad de estos despidos laborales.
Por otra parte, pedimos que exista una junta de la comisión paritaria, conforme a la cláusula séptima del Convenio de 1999, para estudiar y buscar soluciones razonables a corto plazo. No va a analizar un asunto jurídico de índole
competencial, que es con lo que quiere pretextar el Gobierno que no haya esa reunión, no; solamente queremos que se aplique lo que el propio convenio reconoce. La cláusula séptima dice: En aplicación y seguimiento del presente convenio, se
constituirá una comisión paritaria integrada por representantes de los ministerios de Justicia, Educación y Cultura y de la Conferencia Episcopal, que se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario y siempre que lo
solicite alguna de las partes. Es una interpretación totalmente sesgada por parte del Gobierno decir que estas reuniones solamente tienen que ocurrir en relación con temas de carácter económico y no en relación con temas de carácter
competencial, de interpretación o de carácter laboral.
Por tanto, esta no deja de ser una interpretación restrictiva e inadecuada de la problemática que estamos tratando.
Hay que cambiar la legalidad, y esta es la segunda parte de nuestra proposición no de ley, perfectamente pautada y controlada para intentar solucionar un caso, incluso dentro de lo que sería esperable por parte del partido del Gobierno.
Como ustedes recordarán, el Convenio sobre el régimen económico laboral de las personas que no pertenecen a los cuerpos de funcionarios docentes que imparten este tipo de enseñanzas, del 26 de febrero de 1999, establece en su cláusula cuarta que
serán personas con la titulación académica requerida y con la declaración eclesiástica de idoneidad. No establece otro tipo de criterios. Para todo lo demás remite al artículo 3 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanzas
y asuntos culturales. Pero el Gobierno, señorías, reconoce en todas las respuestas por escrito, como no podía ser menos, que los profesores de religión son empleados por la Administración del Estado, que están sometidos al régimen disciplinario
común al personal docente, que pertenecen a los claustros de profesores de los colegios e institutos públicos, que son contratados, que reciben el salario mensual por parte de la Administración y que en todo caso la Administración nunca despediría a
estos profesores a no ser por infracción grave del régimen disciplinario común a todo el personal docente. Si uno va al artículo tercero de ese acuerdo que fundamenta en gran parte el convenio, no dice que los obispos designen o nombren a estos
profesores, sino que el ordinario diocesano propone -pero no dispone- y se dice que es la Administración pública la que designa; por tanto no hay más que una competencia que queda en manos de los obispos, y es comunicar en todo caso cuántas
personas tienen la competencia académica y la declaración de idoneidad. Sin embargo, la Iglesia católica tiene capacidad de despido, porque provoca los despidos, es el elemento causal, aunque no sea la que designa ni la que realiza la ruptura real
y formal de este tipo de contrato. No emite nunca juicios suficientemente fundamentados para sus decisiones ni tampoco se ha expresado nunca de forma oral o escrita en relación con esos casos, que sería lo menos que se podría pedir.
Señorías, la singular relación jurídica -en palabras del Gobierno- de estos profesores con la jerarquía eclesiástica y una nada singular relación con las administraciones públicas no puede consistir en que no se den las garantías propias de
un Estado de derecho conforme a la Constitución española. Por cierto, pensamos que es muy importante que el Estado como parte contratante, aplique e imponga a todo el mundo condiciones de carácter homólogo. Pensamos que cualquier despido debía
estar debidamente justificado y en todo caso debidamente admitido de forma expresa por la Administración pública.
Por otra parte, nosotros pensamos que la filosofía de la Constitución española no es la mejor para clarificar estos temas. Ciertamente, la Constitución española no es la propia de un Estado laico, es la propia de un Estado aconfesional,
pero hay en ella suficientes valores y suficientes matices para que no se produzcan los casos que se han producido y que sin duda se van a seguir produciendo si no se toman cartas en el asunto. La Constitución española sí es taxativa en dejar claro
que toda la ciudadanía y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, señorías, para que haya legalidad, seguridad y no arbitrariedad. Y la Iglesia católica con sus posiciones, con el amparo del
Gobierno que es el principal responsable, está actuando como un poder unilateral, como un poder omnímodo, como un poder en definitiva confesional, y además con consecuencias prácticas para el erario público y para lo que son amparos, posiciones y
posturas de la Administración del Estado. La Constitución deja claro también que no se puede inmiscuir uno en la intimidad de las personas y que ninguna confesión tiene carácter estatal, que hay distintas confesiones que tienen el derecho a
impartir disciplinas religiosas en la enseñanza, y en todo caso que la cooperación con la Iglesia católica será igual que con las demás confesiones.
Señorías, nosotros pensamos que la Constitución española es la que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, pero esto no quiere decir que las convicciones, la
imposición de la doctrina, y sobre todo la capacidad de quién tiene que impartir la docencia de la religión católica, quede exclusivamente en manos de la Iglesia católica. Hay que someterla a todo el resto de requisitos para que esté de acuerdo con
una Constitución que vuelvo a repetir no es laica porque si fuera laica este problema ya no lo habría porque no habría clases de religión, sino una Constitución de carácter aconfesional. Todos tenemos que someternos al control de nuestras acciones
por parte de lo que son las reglas del Estado de derecho.
Acabo diciendo, señorías, que nuestra proposición no de ley tiene un carácter más restrictivo, más puntual que la de Izquierda Unida, y por tanto a nosotros nos parece que en este momento, para que cada vez haya más sectores de la Cámara que
tengan por lo menos este mínimo común denominador, debemos aceptar la enmienda que nos presentó el Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque de esta forma vamos a dejar claro que la totalidad de la Cámara, excepto el Partido Popular, aboga porque
se reconsideren estas cuestiones en función de que estos profesores son como el resto de los profesores y hay que someterlos a la misma disciplina.
Las decisiones de un obispo no deben tener carácter preponderante. Es necesario que todo el mundo se tenga que explicar formalmente, por escrito, justificar sus posiciones y que la última palabra la tenga la Administración educativa.
Por otra parte, como estamos de acuerdo en que hay muchísimo que aclarar sobre las Fuerzas Armadas, los oficiales castrenses y la intromisión de la Iglesia católica o la connivencia, impropia desde mi punto de vista de una religión en el
caso del mundo militar, como todo esto hay que aclararlo, por supuesto, el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la proposición no de ley de Izquierda Unida, al tiempo que como dije antes quiere que cada vez más grupos de la Cámara
nos unamos en este mínimo común denominador de poner orden constitucional en el desorden actual.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para expresar el criterio, la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con un asunto de tanta enjundia, de tanta importancia, de tanta trascendencia que casi resulta obligado explicar cómo lo estamos
tratando en una proposición no de ley, y sobre todo cómo lo estamos tratando en una proposición no de ley a 23 años vista, holgadamente cumplidos ya, de la aprobación de la Constitución española de 1978. La Constitución española de 1978 significó
un punto revolucionario en el tratamiento histórico de unas cuestiones en las que España se había estrellado muchas veces en el pasado. Se celebró entonces, inmediatamente después de la aprobación de la Constitución, que se ponía un exitoso punto
final a una reyerta española sobre al menos tres cuestiones esenciales: la cuestión militar, la cuestión religiosa y la cuestión regional. Es una responsabilidad del legislador, es una responsabilidad de este Parlamento que es expresión de la
soberanía popular que instituye esa Constitución, vigilar que ninguna de esas tres cuestiones se reedite, ninguna de estas tres cuestiones reverdezca, aflore como cuestión problemática. Es especialmente preocupante que de vez en cuando tengamos
motivos para volver a la cuestión religiosa, que quedó muy bien encuadrada en la Constitución española de 1978, en primer lugar con la afirmación del carácter normativo de la Constitución. La Constitución es la cúspide y al mismo tiempo el
fundamento del ordenamiento jurídico. Nada fuera de la Constitución, lo que significa que la Constitución es norma jurídica directamente vinculante para todos los sujetos de derechos que actúan en España, públicos o privados. La Constitución es el
marco indisponible y tiene una clave de bóveda: los derechos fundamentales, un título extenso. Algunos derechos fundamentales son especialmente importantes desde el punto de vista de lo que significan en la historia, en la emergencia, en la
afirmación del constitucionalismo. La libertad religiosa sin duda a la cabeza de todos ellos, significa libertad de pensamiento, libertad de creencias, libertad ideológica, en definitiva libertad de credo, y la libertad religiosa atenida
exactamente a lo que es el fenómeno religioso, que no se define por las motivaciones de quienes actúan en el ámbito religioso ni por los actores, es decir por cómo se autodefinen los sujetos en el ámbito religioso sino por sus fines, la preservación
de un credo, de una creencia y la transmisión a los demás en libertad; por tanto la libertad religiosa es la libertad de pensar, la libertad de creer y la libertad de transmitir esas creencias a los demás, no ninguna otra cosa que esté sometida a
derecho común. Y para asegurar la libertad religiosa, la Constitución mandata a los poderes públicos que establezcan relaciones de cooperación con confesiones que tienen presencia en España, pero las sujeta a la Constitución y menciona por su
nombre a la Iglesia católica.
No puede perderse de vista ni un segundo que la sujeción de la Iglesia católica al ordenamiento constitucional es indisponible en nuestra Constitución, y desde esa interpretación es obligado leer lo que fueron los cuatro acuerdos de 1979
entre el Estado y la Santa Sede: el jurídico, el educativo y cultural, el de asuntos económicos y sociales y el de asistencia a clérigos y religiosos en las Fuerzas Armadas. Siempre es un momento oportuno para recordar que ninguno de esos acuerdos
puede ser interpretado de manera disconforme con la Constitución, y algunas de esas interpretaciones son las que motivan las proposiciones no de ley que se están debatiendo esta tarde en esta Cámara. Están justificadas porque asistimos a
interpretaciones o aplicaciones disconformes con esa sujeción de los acuerdos, que no son concordatos, que no son reconocimientos recíprocos de soberanías estancas, de soberanías compartidas en ningún ámbito, sino por el contrario cumplimiento
instrumental de un mandato de colaboración del Estado y la Santa Sede al servicio de derechos fundamentales, de la libertad religiosa, de la libertad de creencias, por tanto instrumentales en la realización de los derechos fundamentales e
instrumentales también en el mandato de remoción de todas las dificultades para hacer efectiva esa libertad e igualdad esencial de todos los españoles, artículo 9.2 de la Constitución. Esos mandatos tienen que ser leídos primero en clave de que el
Estado es aconfesional, lo dice la Constitución, y los socialistas creemos que además de aconfesional el Estado no asume ninguna confesión, es un Estado laico que preserva la separación de poderes, la separación de esferas de realización del Estado
y la Iglesia católica y que además practica la neutralidad en
la relación con las confesiones que tienen presencia en España.
Neutralidad que significa que ninguna relación, ninguna intervención del Estado con la Iglesia católica se justifica si no es en función de la preservación precisamente de la libertad religiosa en términos de igualdad para todos los
españoles, es decir que los españoles, cualquiera que sea la religión que practican, cualquiera que sea su credo o su creencia, tienen igualdad en el disfrute de la libertad religiosa. A ese objetivo tienen que servir los acuerdos con la Santa
Sede. Es precisamente de eso de lo que creemos que ha habido desfallecimientos, prácticas imperfectas que se pueden explicar en clave de debilidad por parte del Gobierno en defensa del interés constitucional, del interés público tutelado por la ley
conforme a la Constitución, o naturalmente del prevalimiento de la Iglesia en un momento de complicidad por parte del Gobierno a esa disposición a dar por buenas las voluntades o los intereses de la Iglesia en perjuicio del interés público tutelado
por la ley, conforme a la Constitución y la más perfecta realización, por tanto, de los principios y valores constitucionales. Eso lo hemos visto en el episodio de la inviolabilidad de los archivos de la Iglesia que antes ha salido aquí a
referencia, con ocasión de la investigación penal suscitada por el caso Gescartera. No es presentable que se aduzca la interpretación de una cláusula de unos acuerdos disconforme con el deber constitucional que sujeta a todo el mundo, público y
privado en España, a colaborar con la justicia. No es presentable tampoco que se haga una dejación injustificable por parte del Gobierno en la defensa de derechos fundamentales en las relaciones laborales, por tanto en los contratos de los
profesores de religión en el sistema educativo público. No es presentable tampoco que se mantenga como permanente un sistema transitorio de ayuda con cargo al sistema tributario, que debe estar inspirado en principios de igualdad, progresividad y
capacidad, pero sobre todo en su subordinación a un fin, el sostenimiento de los gastos públicos que no son precisamente los gastos ordinarios del funcionamiento de la Iglesia católica en España, y que se haga permanente lo que en los acuerdos fue
concebido claramente como un mecanismo transitorio. De la misma manera que no es presentable que se intente -está en tramitación actualmente en las Cortes Generales- sustraer a las asociaciones vinculadas a la Iglesia, o en su caso sus actividades,
el régimen constitucional del derecho de asociación, a la regulación constitucional por ley orgánica del derecho de asociación.
El Grupo Socialista no está dispuesto a permanecer impasible ante interpretaciones inconstitucionales de acuerdos que pueden ser interpretados conforme a la Constitución. Es preciso, por tanto, asegurar que el Gobierno, los poderes públicos
con todos los instrumentos a su alcance, hacen todo lo que está en su mano para que todas y cada una de estas manifestaciones de interpretación abusiva, excesiva o incompatible con los principios o valores de la Constitución, y sobre todo con los
derechos fundamentales que son clave de bóveda de la Constitución, son corregidas, no tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional, en definitiva no tienen pase en aras de los principios de aconfesionalidad, neutralidad y laicidad que
ahorman y constriñen las relaciones del Estado con las confesiones, no sólo la Iglesia católica sino las demás confesiones de notorio arraigo, a la preservación de la libertad ideológica de creencias, la libertad religiosa, en definitiva los
derechos preservados por el artículo 16 de la Constitución en el más escrupuloso respeto a la neutralidad y aconfesionalidad del Estado.
En esa dirección exactamente, hemos presentado una enmienda que transaccionamos con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para que los contenidos de la resolución que se vote esta tarde en esta Cámara den cuenta de este compromiso del
Gobierno de la nación con la preservación de estos principios. El primer punto de la enmienda transaccional, como ha adelantado el defensor de la proposición no de ley en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el diputado Centella,
insta al Gobierno de la nación a adoptar las iniciativas pertinentes para asegurar que todas las relaciones entre la Iglesia y el Estado respetan los principios y valores constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, y naturalmente a
preservar especialmente los derechos fundamentales, la libertad religiosa y el derecho a la igualdad y no discriminación entre las distintas creencias y confesiones religiosas en todas las actividades de la Iglesia y sus asociaciones vinculadas, así
como en el deber constitucional de colaboración con la justicia. Para ello, si es preciso, se insta al Gobierno de la nación, a interesar del ministerio fiscal a través de la Fiscalía General del Estado, a ejercer la defensa del interés público
tutelado por la ley, que es lo que quiere al artículo 24 de la Constitución, en cuantas actuaciones procesales pueda encontrarse en cuestión esa sujeción de la Iglesia y sus asociaciones a la Constitución. Pensamos que el ministerio fiscal, por
mandato constitucional, está legitimado para la interposición del recurso de amparo en defensa de derechos fundamentales, y es sabido que el ministerio fiscal ha hecho un uso escasísimo y parco de esta prerrogativa de esta facultad de interponer el
recurso de amparo y que no lo ha ejercido cuando han sido lesionados derechos fundamentales por actuaciones de la Iglesia o sus asociaciones en materia educativa y laboral.
El segundo punto de la enmienda transaccional coincide plenamente con lo que acabo de escuchar en la proposición no de ley defendida por el portavoz del Grupo Mixto, BNG, en relación con las actuaciones necesarias para prevenir, evitar y
corregir cualquier práctica contraria al orden constitucional en la aplicación del convenio suscrito entre el Gobierno y la representación de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal,
el 26 de febrero de 1999, para ordenar que el cuerpo de profesores de enseñanza religiosa en educación infantil, primaria y secundaria tuviera homologado enteramente su régimen económico y laboral y el disfrute de sus derechos fundamentales
con los funcionarios docentes que imparten enseñanzas en los respectivos tramos del sistema educativo público pagado con el dinero de todos.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo enseguida, señora presidenta.
En tercer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista considera igualmente oportuno que la Cámara incluya en la proposición no de ley las iniciativas necesarias -y así se lo insta al Gobierno- para favorecer el cumplimiento efectivo de esas
disposiciones de los acuerdos con la Santa Sede, en particular los acuerdos económico-financieros relativos al carácter transitorio del régimen financiero -que se ha hecho eterno, que se ha hecho permanente- por el cual el sistema tributario del
Estado es puesto a disposición de una entidad de naturaleza no pública, por lo que la Administración tributaria sirve a finalidades de naturaleza no pública, incursionando claramente en contradicción e inconstitucionalidad respecto de la
preservación finalista del deber de contribuir a través del sistema tributario público al sostenimiento de los gastos públicos que grava a todos los españoles de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución.
Es hora de que se acometa este debate en esta Cámara, 23 años después de la firma solemne de los citados acuerdos, coincidiendo casi exactamente con el 23 cumpleaños de la Constitución que celebramos solemnemente. No ha sido en vano que
esta cuestión vuelva a esta Cámara de la mano de una proposición no de ley que debería ser la última, porque es evidente que ninguno de los grupos parlamentarios que estamos firmemente identificados con los principios de aconfesionalidad,
neutralidad y laicidad del Estado, vamos a permanecer impasibles ante la consolidación de interpretaciones o aplicaciones de los acuerdos de 1979, incompatibles con la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario Vasco, PNV? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, voy a procurar ser breve, pero a pesar de ello he pretendido bajar a la tribuna por la trascendencia de esta cuestión y para dejar claro que este tema es importante para nosotros.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante estas dos iniciativas que tenemos hoy otra vez sobre la mesa va a ser la misma que CiU viene manteniendo desde que este tema saltó al debate de la luz pública, al hilo de
un lamentable caso concreto donde se discriminaron los derechos de una ciudadana, un caso que de ahí fue a parar a los tribunales y ahí sigue y seguirá. Esa posición es la que voy a intentar resumir en este momento y la que hemos intentado
trasladar a una enmienda de sustitución tanto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como a la iniciativa planteada por el Grupo Mixto pese a que ciertamente y lo digo ya desde ahora, ambas iniciativas no tienen el mismo
tono ni el mismo contenido, aunque se hayan acumulado.
La posición de mi grupo es sencilla. En primer lugar estar del lado de los derechos fundamentales de los ciudadanos con independencia de sus creencias y muy particularmente de los derechos de aquellos ciudadanos que desde el respeto o desde
la profesión de la fe católica han optado por dedicarse a la enseñanza de la religión dentro de un determinado marco. Al mismo tiempo, asumir la realidad jurídica que existe en España, jurídica incluso casi constitucional, que es fundamentalmente
la de los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Iglesia católica, acuerdos que nos pueden gustar más o menos y que leídos hoy allá unos cuantos años de la Constitución, nos pueden sonar me atrevo a decir raros por ser fino, nos suenan en un tono que
difícilmente será el que hoy hubieran tenido, no sé si con las mayoría absoluta del PP pero no en todo caso ni siquiera con lo que es el tono general de la sociedad española.
La realidad es que los acuerdos de 1979 son los que son, dicen lo que dicen y son un tratado internacional que fija un determinado marco jurídico, un determinado modelo de relaciones entre la Iglesia y el Estado, en particular en este caso
en el ámbito educativo (y eso, insisto, está ahí en un tratado internacional con toda la solidez que de ahí se deriva) en función del cual la jerarquía eclesiástica tiene un determinado poder para designar a sus profesores de religión y el Estado
tiene la obligación, una vez que ha cedido ese poder a la jerarquía eclesiástica por ese tratado internacional entre España y la Santa Sede, de nombrar y pagar, contratar primero y pagar a aquellos profesores de religión designados por la jerarquía.
Esto, de una forma más o menos precisa, está en los acuerdos con la Santa Sede y no es fácil de modificar unilateralmente, nos guste más o menos, y la realidad es que esto está así desde 1979, recuerdo la fecha una vez más, y por tanto se
mantuvo así desde 1982 hasta 1996, donde en España gobernaron las mayorías que gobernaron, y la situación se mantuvo sin que en este punto concreto la mayoría que entonces gobernaba esta Cámara se planteara la necesidad de modificar esos acuerdos,
ni percibiera que en esos acuerdos se podían estar violando derechos fundamentales.
¿Cuál es la novedad? En el año 2000, el Gobierno del Partido Popular firma otro acuerdo con la Conferencia
Episcopal. Ese ya no es un acuerdo internacional, es un acuerdo de naturaleza jurídica sobre el que se podrán escribir incluso tesis doctorales porque es absolutamente inédito y no queda nada clara su naturaleza, pero en todo caso sí queda
claro lo que no es, y no es un acuerdo internacional, no lo es y por tanto se puede modificar de una forma mucho más sencilla. En aplicación de este segundo acuerdo mucho más restrictivo, en aplicación de este nuevo texto mucho más restrictivo y
que hace una interpretación restrictiva de los acuerdos de 1979, se han empezado a producir situaciones que en la práctica son discriminatorias, las situaciones lo son. No nos queda claro y no nos pronunciamos al respecto -dejamos eso a los
tribunales- si es discriminatorio por sí sólo el convenio de 1999 -he dicho del año 2000- entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal. No sé si el texto en sí mismo es discriminatorio, sí está claro que a partir de entonces se han empezado a
producir todas las situaciones que hoy todos o prácticamente todos coincidimos en denunciar. Por tanto es un convenio que en la medida en que es más restrictivo que el acuerdo de 1979 del cual trae causa, tiene en primer lugar una legalidad dudosa,
porque restringe aquello que era el marco jurídico principal. Además un convenio, también el acuerdo de 1979 pero sobre todo este otro, debe ser leído e interpretado en el marco de la propia Constitución. Por ello, nosotros creemos que en este
momento hay que ser pragmáticos pero hacer algo, no limitarse o pedir algo que a lo mejor habrá que pedir algún día -y no lo descartamos-, como es modificar el acuerdo con la Santa Sede de 1979. Es posible que haya que ir a esa modificación y es
posible -posible es todo- que el propio Tribunal Constitucional un día nos lo imponga, tiempo al tiempo, señorías. Todas estas situaciones que denunciamos aquí están hoy ante los tribunales, algunas pueden provocar cuestiones de
inconstitucionalidad y otras, o todas ellas probablemente, acabarán en recursos de amparo y el Constitucional en su momento dirá si los acuerdos de 1979 en este punto son o no son constitucionales. Personalmente este portavoz puede tener sus dudas
a título individual, pero a nosotros no nos corresponde, hay otra institución que es el Tribunal Constitucional que tiene la facultad de interpretar si un acuerdo internacional es o no conforme a la Constitución.
¿Qué es lo que nos parece más realista? En primer lugar exigir del Gobierno que no mire hacia otro lado. Lo que no se puede hacer es ignorar que hay un problema y limitarse a entender que este es un problema entre esos profesores de
religión y los ordinarios o la jerarquía eclesiástica.
Eso no es verdad. Si hay un problema es porque la Administración educativa, por imposición de ese convenio del Gobierno central con la Conferencia Episcopal, ha fijado un marco jurídico
tremendamente estrecho, y por tanto hay por lo menos responsabilidad de dos en que estemos en esta situación: uno el Gobierno, y dos la Conferencia Episcopal. En primer lugar pedimos -y de ahí nuestra enmienda- que se reúnan, que se sienten los
mismos que firmaron ese convenio, que reconozcan que existe un problema y que intenten ponerle fin. En segundo lugar y probablemente como consecuencia directa de lo anterior, si es que con el convenio tal y como está redactado no es puede, que es
lo más probable, que se planteen la revisión de ese convenio, puesto que, insisto, de 1979 -acuerdos con la Santa Sede- a 1999 la situación era otra. Incluso diría más, en algunas diócesis españolas -y puedo citar las catalanas que conozco mejor-
en la mayoría de los casos, con algunas excepciones que también están ante los tribunales y donde la autoridad educativa no ha tenido más remedio que aplicar la ley, los obispos están actuando de otra manera.
Termino mi intervención resumiendo. Hay que revisar esta situación. Lo tienen que hacer aquellos que la provocaron: la Administración educativa por un lado, y la Conferencia Episcopal por otro. Debe reunirse esa comisión paritaria que
está prevista en los propios acuerdos, debe plantearse la revisión de ese texto. Si después de revisado se llega a una situación en la que se ve que es imposible seguir avanzando en esa dirección porque esta situación de aparente
inconstitucionalidad o de posible violación de derechos fundamentales deriva directamente de los acuerdos internacionales de 1979, del Concordato aunque ya no se le llamé así, habrá que estar a esa situación y ver que medidas políticas hay que
plantear en ese momento. De ahí la enmienda de sustitución que hemos planteado a las dos iniciativas, a la del Grupo Mixto que ya de por sí nos parecía bastante sensata y equilibrada y a la de Izquierda Unida, que con todo respeto nos parece que va
mucho más allá de todo este tema, incluso instando la actuación nada menos que del fiscal general del Estado, y creemos que eso se sale bastante del marco de lo que estamos discutiendo.
Nada más, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Grupo Parlamentario Vasco, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Como decíamos desde el Grupo Parlamentario Vasco la última vez que nos referíamos a esta cuestión, este debate -como decía el señor Guardans- es reiterativo en esta Cámara, tendríamos que partir del hecho empírico de determinados profesores
de religión que han tenido problemas concretos, injustos y que hemos denunciado desde el Grupo Parlamentario Vasco y hemos compartido los criterios que determinados ordinarios del lugar, responsables de estas materias, han conocido en relación a
esas situaciones determinadas. Desde ahí se ha intentado hacer una teoría con distintas
perspectivas desde las iniciativas que conocemos y analizamos en el día de hoy. Desde el Grupo Vasco, en la intervención anterior, insistíamos en que con este modelo teórico que conocemos, con los tratados internacionales y con otro tipo de
tratados que se han puesto encima de la mesa en el análisis de referencia, existen situaciones que se están gestionando extraordinariamente bien. Yo mismo comentaba en mi última intervención que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
con los mismos tratados, con las mismas circunstancias, con las mismas reglas de juego se conoce una realidad empírica más que razonable desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la impartición de estas clases de religión católica
y que no había lugar a cuestionar la mayor, los propios tratados, porque la realidad de los hechos no lleva, no induce a esos planteamientos.
Por ello, quisiera matizar las posiciones. Es verdad que en los últimos meses se han conocido circunstancias entre profesores concretos de religión católica y determinados ordinarios del lugar que denunciamos, pero de ahí a querer trasladar
la mayor a un discurso en algún caso extremadamente anticlerical y muy al desuso de la época en que vivimos, creemos que hay un paso agigantado. Con el mismo modelo, con las mismas circunstancias se conocen realidades objetivas muy manifiestas.
En nuestra opinión, en el fondo de este debate subyace la polaridad entre un Estado aconfesional y un Estado laico y cada uno podrá proponer las reformas constitucionales que quiera en referencia a estos temas. Es legítimo, lo que no se
puede es decir que no se quieren reformas constitucionales y después decir lo que se dice desde la tribuna con planteamientos anticlericales del siglo XIX. Eso no es razonable; ahí hay un salto cualitativo muy importante en relación a esos temas.
Lo razonable es que en los órganos correspondientes de análisis y seguimiento del tema laboral y del tema doctrinario en relación a este profesorado se analicen estos asuntos y se eviten circunstancias como las que hemos conocido en los últimos
meses, que calificamos de injustas e injustificadas y que hay que reponer, pero el modelo hay que aceptarlo en sus justos términos. No se puede aceptar que este profesorado vea como normal un modelo de entrada por el que conoce cuáles son los
criterios de contratación cuando acceden a la condición de docentes en estas materias y se cuestione el modelo en la salida. Si se acepta en la entrada, deben aceptarse los criterios de salida sin ninguna reserva. Se puede revisar el sistema en
cuanto a la entrada y la salida, por supuesto, pero los convenios que están suscritos también tienen sus propios mecanismos de revisión, que están escritos, razonados y planteados.
La enmienda transaccional que planteaba el diputado Guardans con relación a estas materias recoge los dos puntos nucleares en que deberíamos centrar el debate, sin pasar al debate de la mayor. Desde nuestro punto de vista, tres casos
circunstanciales que se han dado en los últimos tiempos, en determinados territorios y con determinados ordinarios del lugar no da motivo a la generalización de este tema. Si fuese éste el método de trabajo cada vez que se producen tres o cuatro
anomalías de tipo laboral o incluso de tipo doctrinario, nos encontraríamos abocados a ir cambiando indeterminadamente y de forma alocada toda la legislación que nos fuera afectando, porque indudablemente en una sociedad moderna y normal se producen
este tipo de circunstancias. Concluyo con que se inste a la convocatoria de los mecanismos de control y revisión de estos y de estas circunstancias que se han dado, que el Gobierno esté obligado por mandato de esta Cámara a reponer esas
circunstancias anómalas que se han originado y que se intente de alguna manera observar modelos sobre estas materias que, con el mismo ordenamiento jurídico y las mismas materias reguladas, están funcionando razonablemente bien, que se analice por
qué ante determinadas administraciones educativas y ante determinadas autoridades religiosas católicas este modelo funciona bien y con otras administraciones educativas y con otros ordinarios se producen anomalías de este tipo. Yo creo que ese es
el análisis. La Administración del Estado tiene en estas materias competencias que en nuestra opinión debe ejercitar, y lo que no puede hacer es mirar hacia otro lado. Esa es, señora presidenta, la posición al respecto del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), con lo cual vamos a votar favorablemente la enmienda transaccional que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), siempre que el grupo proponente la acepte para su votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en torno a las dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida y por el Bloque Nacionalista Galego, por las que, y a modo de resumen
integrador, se insta al Gobierno a la reconsideración de aquellos convenios y normativas establecidos entre el Estado español, la jerarquía eclesiástica y el Vaticano, justificando el Grupo Federal de Izquierda Unida su iniciativa en virtud de
consideraciones de tipo general y haciendo lo propio el Bloque Nacionalista Galego basándose en circunstancias y hechos ya mucho más concretos.
Sorprende que en la argumentación de los grupos proponentes, especialmente en la que ha esgrimido el Grupo de Izquierda Unida, se deje entrever, de una manera a nuestro entender un tanto frívola, que la Iglesia
católica está instaurada en una especie de reino de Taifas, con la impunidad y las insumisiones legal y jurídica como únicas fronteras.
Sorprende por cuanto se sustenta en la interpretación que hacen los grupos proponentes de algunos
recientes sucesos vinculados a decisiones de la Iglesia y que en modo alguno justifican ser bandera suficiente para generalizar a toda la institución religiosa en unos parámetros de comportamiento totalmente ajenos al respeto a nuestro ordenamiento
jurídico. Las generalizaciones pueden ser buenas para autoconvencerse de la validez de los criterios o de las interpretaciones propias, cierto que sí, pero sin ninguna duda a mayor abundamiento de la generalización, mayor precio a pagar en la
objetividad y en el rigor a la hora de aplicar un análisis. Eso es, señorías, precisamente lo que les ha pasado a ustedes en esta cuestión: su predisposición, por principios ideológicos totalmente legítimos, a mirar con ciertas reservas el papel
que desempeña una institución privada, sea cual sea, de carácter religioso les ha llevado a creer que el denominador común del ser de una institución viene marcado única y exclusivamente por aquellos aspectos que pueden reafirmar sus opiniones sobre
la misma.
Puede que las autoridades eclesiásticas no hayan estado muy afortunadas en la posición mantenida con motivo de recientes actuaciones. Puede, como aquí han dicho otros portavoces y también miembros del Gobierno en otras intervenciones
vinculadas a esta cuestión, pero tenemos bien claro que de ahí no cabe inferir una situación de insumisión frente a las instituciones públicas. Puede, por la misma línea, que sean los más quienes consideren que no ha sido el acierto la
característica en alguna de las últimas decisiones de la iglesia, pero que esto sirva para ubicar fuera del marco constitucional al conjunto de la institución nos lleva a creer que les pueden más las ganas que la razón. En este sentido, no está de
más recordar que precisamente para garantizar el cumplimiento de los dictados constitucionales la Iglesia católica, al igual que los otros órganos rectores de las demás confesiones, como pueden ser la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas,
la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España, aportan un importantísimo grado de colaboración mediante el acuerdo sobre enseñanza garantizando el derecho que tienen los padres o alumnos, en el caso de que sean mayores de
edad, a elegir aquella formación religiosa más acorde con sus convicciones. Si a esto añadimos que los acuerdos internacionales vigentes entre España y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, económicos, de enseñanza y culturales llevan más de 23
años ratificados por las Cortes Generales -concretamente, también se ha dicho, se validaron en el año 1979, ya con un año de vida de la Constitución- y desde esa fecha, repito, 23 años por los que han pasado gobiernos de distintos colores y en
distinta situación de refuerzos parlamentarios, no se ha presentado jamás ningún recurso de inconstitucionalidad, resulta difícilmente creíble pensar ahora que, por un lado, nuestro país ha estado sumido en un profundo letargo sobre la
constitucionalidad de nuestros convenios internacionales con el Vaticano y, por el otro, que en nuestro ordenamiento jurídico existan lagunas tan profundas que permitan a una institución mantenerse al margen de los preceptos establecidos en la
Constitución durante más de dos décadas.
Si según la interpretación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es un cúmulo de circunstancias -que el señor Centella ha ido relatando- de diversa índole en la actuación de la Iglesia lo que les lleva a proponer la revisión de
los acuerdos jurídicos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede, la iniciativa presentada por el Bloque Nacionalista Galego llega a conclusiones similares, pero como consecuencia exclusivamente de los casos concretos por las rescisiones de
contratos efectuados por la Iglesia a determinados profesores de la asignatura de religión. No voy a cansar a SS.SS. reiterando debates que ya se han celebrado en esta Cámara sobre esta cuestión -preguntas orales tanto en Pleno como en Comisión,
proposiciones no de ley en la Comisión de Educación y finalmente interpelaciones con sus consecuentes mociones- y que han dejado bien claro el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios y también, a nuestro entender, la correcta actitud
demostrada por el Gobierno sobre este tema. Solicitar la revisión de nuestros convenios con la Iglesia por unos hechos siempre sometidos a interpretaciones -y se ha hablado bastante por parte de todos los portavoces de intepretaciones-, con las
dosis de subjetividad que ello conlleva y además dentro de un marco normativo muy amplio como es el que regula nuestras relaciones con la Iglesia y con la Santa Sede, nos parece sinceramente, señorías, que puede provocar que el motor se pase de
vueltas. Eso, precisamente en aras de la defensa de la Constitución, en aras de la defensa de nuestra Carta Magna, nos parece que no tiene absolutamente nada de positivo, si tenemos en cuenta que este marco normativo afecta a una decena de leyes,
algunas de ellas, como ya se ha señalado, con claras vinculaciones o sometidas al derecho internacional, que además incluyen aspectos de principios de tanto calado como la definición de la actitud del Estado con el fenómeno religioso -con cualquiera
de las confesiones- sobre la base de la libertad religiosa y el derecho a la igualdad, aspectos que también se han establecido aquí y que doy por supuesto que nadie hace bandera de ellos porque sin más son absolutamente bandera de todos los
posicionamientos, de todas las argumentaciones y de todos los puntos de vista que sobre esta cuestión se puedan establecer.
Los profesores de religión, de cualquier tipo de religión, son exactamente iguales que los docentes que imparten otro tipo de materias. Claro que sí, obviamente que sí; nadie lo cuestiona. Sin embargo -no es cosecha propia, no se vayan a
confundir- el Tribunal
Supremo, en muchos de sus análisis en cuanto a la problemática que ahora estamos debatiendo, ha sentado jurisprudencia y ha señalado el carácter objetivamente especial y de especial confianza por el tipo de trabajo encomendado. En
consecuencia, cabe afirmar que los profesores de religión se hallan sometidos a un doble vínculo jurídico; por una parte, con la Administración educativa como empleadora y por tanto como la Administración que abona sus salarios y establece un
régimen disciplinario común a todos los docentes, y por otra con la confesión religiosa que los designa, relación definida también no por nosotros sino por los tribunales de justicia como de mandato de derecho eclesiástico.
En consecuencia, no podemos considerar como procedente la revisión del Convenio de 26 de febrero de 1999 que formulan los grupos proponentes y que aceptan con matices o con consideraciones mediante las enmiendas que han presentado otros
grupos parlamentarios. Desde el Grupo Popular creemos que en sus términos actuales dicho convenio se ajusta escrupulosamente al principio de aconfesionalidad del Estado y al respeto de las creencias religiosas consagrado en la Constitución, otra
vez esta palabra que ustedes tanto argumentan en defensa de sus postulados.
Atendiendo precisamente a la defensa de esos preceptos constitucionales la Administración ni puede ni debe erigirse en los criterios éticos o doctrinales que las diferentes
confesiones apliquen para elegir a las personas que hayan de impartir las enseñanzas vinculadas a sus respectivas creencias, de la misma manera que tampoco nos parece de recibo apoyar la injerencia del Gobierno, porque de eso se trataría a manera de
presión, para que la Conferencia Episcopal española obligue o incite a sus miembros a revocar o alterar unas decisiones adoptadas siempre dentro del marco constitucional y además en virtud de los referidos criterios éticos o doctrinales.
En otra línea de entendimiento nos podríamos encontrar si quisiéramos enmarcar el conjunto del problema en el seno de la comisión paritaria.
Obviamente, nuestra opinión es que, a efectos prácticos, tampoco ahí se pueden encontrar
soluciones. Hemos de tener en cuenta que sus funciones se limitan a la supervisión del convenio en materias de carácter económico laboral, y volveremos a las interpretaciones, pero obviamente las interpretaciones también sirven para diferenciar a
los grupos políticos que se sientan en las distintas zonas de este hemiciclo.
La señora PRESIDENTA: Señor Ricomá, le ruego concluya, por favor.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Sí, señora presidenta, concluyo.
Hemos de tener en cuenta que la comisión paritaria no puede interpretar sus cláusulas ni posee aquellas atribuciones que se requerirían para analizar una cuestión jurídica de índole competencial del acuerdo derivado entre España y la Santa
Sede. Lástima que el espíritu con el que han presentado los dos grupos proponentes sus proposiciones no sea precisamente el del encuentro. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la falta de matices, la contundencia y el radicalismo
con el que han presentado sus propuestas va más allá de la posibilidad de encontrar una canalización que pudiera solucionar estos hechos que generan interpretaciones diferentes y que evitaran que estemos discutiendo estas cosas ahora aquí. Lástima,
señores de los grupos proponentes, que existiendo un posible problema en las ramificaciones de un árbol se intente cortar todo él de un tajo. Lástima porque así difícilmente encontraremos ese consenso, ese respeto y ese marco de diálogo que,
entendemos, es el único donde se pueden solucionar estos temas.
Por todo lo expuesto, finalizo mi intervención reiterando el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular tanto a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida como a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ricomá.
Señor Centella, de su intervención, y por el texto que se ha hecho llegar a la presidencia, entiendo que aceptan la enmienda transaccional que tiene su origen en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Efectivamente, aceptamos la enmienda en los términos que se han expresado desde la tribuna.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Rodríguez, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las dos enmiendas que han sido presentadas a su iniciativa.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Como ya indicamos en nuestra intervención, aceptamos la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, como también conoce el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, no
vamos a aceptar las suyas de adición para posibilitar el voto conjunto a la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la renegociación de los acuerdos jurídicos entre el Estado español y la Iglesia católica española, así como con el Estado Vaticano, en
los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 126; en contra, 192; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a continuación a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a despidos de profesores de religión de centros públicos y necesidad de modificación del Convenio de 26 de febrero de 1999
entre el Estado Español y la Conferencia Episcopal, en los términos derivados de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 145; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CRISIS EN ARGENTINA. (Número de expediente 173/000106.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción consecuencia de interpelación que presenta hoy a su consideración el Grupo Parlamentario Socialista en realidad nunca debió haberse presentado. Lo digo por una razón, porque si el Gobierno hubiera
hecho desde hace un par de meses lo que pide esta moción, obviamente la misma hubiera sido innecesaria. Hemos asistido a una pasividad o a una manera de entender las relaciones con Argentina y con Iberoamérica que no compartimos y, lo más grave,
nos tememos que no comparte la gran mayoría de los argentinos. Sería muy largo describir las raíces y la fuente de la relación entre España y Argentina, que se remonta a tantos siglos, vínculos y lazos de sangre, de afectos; en una palabra,
relaciones de ida y vuelta. Federico García Lorca decía que un español no lo es al completo o no descubre su identidad hasta que no descubre Iberoamérica. Ortega y Gasset lo decía con palabras parecidas precisamente después de volver de Argentina.
Sin embargo, un presidente de la derecha de hace 20 años, refiriéndose a problemas de la Argentina, decía que era un problema distinto y distante. ¿Distinto y distante es un país al que emigraron seis millones de españoles desde la mitad del siglo
XIX hasta la mitad de los años veinte del siglo pasado, del siglo XX? ¿Un país en el que casi la mitad de la población, el cuarenta y tantos por ciento, desciende de españoles? ¿Un país al que fue buena parte de la intelectualidad del exilio
republicano, destacando nombres como don Claudio Sánchez Albornoz o el penalista Jiménez de Asúa? ¿Un país que ayudó a la España hambrienta del franquismo en los años cuarenta? Por tanto, es un país a cuya suerte no podemos ser indiferentes. Es
más, tenemos una responsabilidad y unas obligaciones con aquel país que nadie nos pide, que nosotros debemos asumir, no sólo por las inversiones de las empresas que operan en la República Argentina, que hoy representan el 4 por ciento del producto
interior bruto español, sino también por todo el conjunto de razones que acabo de relatar.
Por eso presentamos esta moción, que consta de cinco puntos. En el primero instamos al Gobierno a promover iniciativas y acciones internacionales que contribuyan a devolver la confianza en la Argentina, para que la Argentina adopte un
programa económico viable, sostenible, verosímil y riguroso. Desde luego, el camino que ha emprendido el presidente Duhalde va en la buena dirección, aunque todavía falten algunos matices. En el segundo punto proponemos un plan de ayuda de
emergencia que pilote la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la habilitación de los créditos extraordinarios que sean necesarios para ese fin, sobre todo ante la emergencia alimentaria y sanitaria que sufre el país. En el tercer
punto planteamos realizar un plan urgente de atención a los españoles que residen en Argentina, especialmente en el plano alimentario y sanitario, porque hemos visto cómo los diabéticos y sus familiares se lanzaban a la calle porque no tenían
insulina y la semana pasada nos dio la impresión de que el señor Piqué incluso vinculaba la ayuda económica y financiera -el acuerdo global con la Argentina- al envío de unidades de insulina masiva. En el cuarto punto proponemos un plan especial de
retorno voluntario de los españoles que viven en Argentina y que quieran regresar a su país de origen con ayudas para la inserción en trabajo, en vivienda, etcétera. Por último, el quinto punto, dotar a las oficinas consulares, a los consulados de
España en Argentina, de medios materiales y humanos para cumplir la ingente labor que les ha caído encima.
Observando lo que ha ocurrido el último mes, consideramos que la política seguida por el Gobierno con Argentina es un nuevo ejemplo de su incompetencia en política exterior, de su ausencia de estrategia, de su ausencia de liderazgo si no es
para sacar pecho en declaraciones. Pero en los casos concretos, lo vimos con Cuba hace unos años, se ve ahora con Marruecos,
con Oriente Medio, en la propia Unión Europea, se demuestra una poquedad, incluso a veces una ignorancia que preocupa, que incluso asusta. La intervención del ministro Piqué la semana pasada demostró que o bien sigue su cabeza en el tema
del escándalo Ertoil y Ercros, o las prioridades son otras, o estaba tocado por el gesto tan hermoso y tan bello que su amigo Berlusconi le hizo en Cáceres, o sólo entiende las relaciones internacionales como una sumisión de dar cabezazos al líder
del mayor país de la tierra, el presidente Bush.
Al presentar esta moción, el Grupo Socialista entiende que tiene consecuencias económicas y financieras y que el Gobierno tenga otras prioridades, que tenga frentes abiertos y que tenga que atender otras necesidades como son el aumento
espectacular de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la subida del paro, el descenso de la creación de puestos de trabajo o la sublevación que estamos viendo de los jóvenes y de los estudiantes ante la política educativa del Gobierno, pero
podía guardar un ratito para hacer algo más de lo que está haciendo, que es nada, con la República Argentina, porque además de las razones dichas con anterioridad, nos estamos jugando la imagen de España para los próximos cincuenta años. Por
ejemplo...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Yánez.
En estas mociones consecuencia de interpelación el tiempo es de siete minutos exactos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, Izquierda Unida no puede afrontar este debate sin hacer, aunque sea brevemente, una reflexión sobre la situación en Argentina, porque a nuestro entender a ella no se ha llegado por
ninguna catástrofe natural ni por una desgracia de origen inexplicable; se ha llegado por el fracaso de un sistema económico, se ha llegado por el fundamentalismo de las instrucciones que impuso el Fondo Monetario Internacional.
En primer lugar, la liberalización absoluta de los flujos de capital. No importaba cuán débil era el sistema bancario ni si había una buena o mala supervisión, no importaba si el país tenía o no reservas, había que liberalizar el flujo de
capitales, había que permitir que las masas de dinero, los cientos de miles y miles de millones entrasen y sobre todo saliesen del país sin ninguna traba. En segundo lugar, había que privatizar, privatizar de forma indiscriminada, porque ese era el
mandato del Fondo Monetario Internacional. No se trata de decir que hay que satanizar la inversión extranjera, pero no se puede privatizar de cualquier manera y no se puede privatizar como se ha hecho en Argentina, porque al final lo que se ha
hecho ha sido condicionar el desarrollo del país, ponerlo en función de intereses extranjeros que al final han acabado llevándose el dinero, que al final han acabado destruyendo una economía. El 90 por ciento del sistema bancario está privatizado,
las telecomunicaciones, el petróleo, esos 1.600 millones de toneladas de reserva no es ni más ni menos que lo que se ha privatizado y no es ni más ni menos que lo que se les ha escapado a los argentinos de su control.
Hay otros elementos que
también han influido, como puede ser que después de ese festín que se dieron con la privatización se siguió una actitud fundamentalista y muy vinculada a las concesiones políticas a adaptar el sistema monetario al dólar mediante el llamado sistema
de convertibilidad. No queremos entrar en muchos más detalles para no alargar esta intervención, pero al final todos sabemos a qué condujo esa sobrevaloración de la moneda argentina. El cuarto aspecto es lo que se ha llamado, quizás de una forma
eufemística, como ocurre en este país, la flexibilidad de la legislación laboral, que no es ni más ni menos que desproteger al trabajador, que no es ni más ni menos que dejar al trabajador sin recursos para defenderse en los tiempos difíciles, como
está ocurriendo en este momento.Lo que ha pasado en Argentina no es ni más ni menos que el fracaso del Fondo Monetario Internacional, no es ni más ni menos que el fracaso del sistema capitalista. De ahí tenemos que partir para decir qué soluciones
se le pueden dar ahora. Evidentemente, quienes llevaron a la ruina a Argentina no son los que tienen autoridad en estos momentos para dar soluciones, quienes llevaron a la Argentina al desastre no son los que tienen en estos momentos la posibilidad
de sacarla adelante. No se puede confiar en quienes endeudaron a Argentina, en quienes con la deuda externa colocaron esa losa tan difícil de levantar, para que la saquen adelante, porque lo que pretenden es seguir esquilmándola, seguir
aprovechándose de su situación y seguir llevándola a la ruina. Por eso nuestra moción va en la línea de ayudar a los españoles, pero siempre desde la concepción de que es imposible una salida para Argentina que no pase en primer lugar por una
condonación de la deuda externa y por otra política que no sea la de flexibilizar, la de liberalizar y la que en definitiva marque el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí, es importante que el recorte del gasto público no sea recorte de
gastos sociales, que combatir la corrupción no se convierta en cambiar la corrupción de manos. Lo que se plantea es ni más ni menos que Argentina emprenda otro camino, que se reconstruya la economía argentina sobre las bases de otra economía que es
posible en ese país como es posible en otras partes del mundo.
Nuestra enmienda, que consta de varios apartados, trata fundamentalmente de ayudar a los españoles que están en Argentina y que han sido presos de estas circunstancias, que han perdido todo lo que poseían y que no tienen ni siquiera
perspectivas de futuro. Se trata de una serie de propuestas dirigidas, en primer lugar, a un programa urgente de asistencia humanitaria, con el
envío de medicamentos y la concesión de ayuda financiera extraordinaria que garantice la cobertura de las necesidades básicas de las personas sin recursos suficientes, eso sí, planteando la condonación de la deuda, puesto que de otra manera
esta deuda aumentaría y la losa se haría cada vez más pesada. Por eso entendemos que sería importante que hoy se aprobase esta iniciativa y que los españoles y los argentinos viesen que este Parlamento les es propicio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Señorías, podríamos hacer hoy aquí historia, podríamos hacer tópicas invocaciones a los lazos que nos unen con Argentina, podríamos partir de esos lazos, de esa deuda que Galicia y el Estado español tienen con aquel país, pero para ser
precisos debemos hacer aquí otra cosa. Debemos aclarar que lo que debatimos es el fracaso sin paliativos de una política económica que los sucesivos gobiernos españoles y los partidos que los sustentan apoyaron de forma entusiasta, incluso haciendo
lobby, haciendo presión en estos últimos tiempos ante los políticos argentinos. Apoyaron la convertibilidad, apoyaron las privatizaciones y apoyaron incluso en su momento el endeudamiento. Es una política que tiene sumida a Argentina en un círculo
vicioso de ajuste-recesión que provoca otro ajuste, que a su vez provoca más recesión, y que hace cuatro meses tuve oportunidad de vivir.
Sin caer en el maniqueismo, es evidente que Argentina carece hoy de dirigentes políticos capaces de canalizar el descontento social y de abordar una transformación profunda de su sistema económico y político en beneficio de la mayoría.
También aquí se nota la huella de la dictadura militar. Es evidente que los actuales gobernantes proceden de las mismas elites corruptas que tanto en el ámbito estatal como provincial contribuyeron a la actual situación. Pero es también evidente
que la deuda argentina, que la situación actual no apareció por generación espontánea y que en ella tienen una responsabilidad clara el Fondo Monetario Internacional e incluso los propios acreedores, entidades financieras en su mayor parte.
Simplemente unos datos. Del año 1976 a 2001, la deuda argentina se multiplicó por 20, con el beneplácito de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, entusiastas defensores de la política económica de la dictadura
militar.
Se decía entonces que era necesario aumentar las reservas de divisas para sostener la apertura económica. El problema fue que esas divisas no pasaron por el Banco Central argentino, sino que volvieron a depositarse en los mismos bancos
prestamistas; por cierto, retribuían esos depósitos con intereses mucho menores de los que exigían a cambio de la deuda.
Durante la transición a la democracia, el presidente Alfonsín convirtió en pública la deuda privada de empresas argentinas,
pero deuda privada también contraída por filiales argentinas de empresas multinacionales, algunas de ellas españolas. Esa es gran parte de la deuda que hoy están pagando los argentinos. Se fomentó el endeudamiento de empresas públicas como YPF,
Yacimientos Petroleros Fiscales, sin que el monto de esos préstamos se ingresase en el haber de esas compañías. Eso sirvió para después justificar la privatización. Por cierto, en el caso de YPF, el Banco Merryl Lynch, uno de los acreedores
actuales, estimó las reservas petrolíferas de YPF en un 30 por ciento menos de lo que eran en realidad, favoreciendo así que Repsol pagase por esa empresa un precio muy inferior al que debería haber satisfecho. Lógicamente, una vez realizada la
venta, esa parte oculta apareció en las cuentas y provocó ganancias millonarias para algunos accionistas.
Habrá que decir también que, hoy en día, los depósitos argentinos en el exterior alcanzan los 40.000 millones de dólares, es decir, casi un 90 por ciento del importe total de la deuda argentina, sin que nadie se haya preocupado de investigar
cuál es el origen de estos depósitos, realizados todos en bancos del Norte. Esto no lo dice el Bloque Nacionalista Galego, esto lo dice un juez argentino, el juez Ballesteros, en una sentencia de 13 de julio del año 2000. Súmese a lo anterior la
convertibilidad del peso, que remató definitivamente la competitividad de la industria argentina, convertibilidad estimulada en su momento por el Fondo Monetario Internacional, y tendremos muchas explicaciones para la situación actual. Por eso
nuestra enmienda.
Nosotros pensamos que cuando se trata de elaborar un plan para Argentina hay que partir de la realidad y hay que explicar las causas. No es simplemente una cuestión de solidaridad o de sentimentalismo. Para el Bloque Nacionalista Galego,
la deuda argentina es en parte ilegítima, es en parte odiosa y ya está más que pagada; desde luego, no la pueden volver a pagar los de siempre. Las otras dos enmiendas, que parece que el Grupo Socialista no las va a aceptar, se refieren a ampliar
y a mejorar la cobertura social para nuestros compatriotas en Argentina, convalidar los carnés de conducir...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor presidente, señorías, es indudable que el ánimo que nos lleva a este debate esta tarde es el de demostrar la solidaridad total que tiene esta Cámara con el pueblo
argentino. Todos los grupos, desde posiciones diferentes, lo hemos demostrado; el nuestro no va a ser menos. Todos hemos hablado de los vínculos históricos, afectivos, de inmigrantes, de familias, que existen entre Argentina y nosotros,
es evidente. Pero estamos aquí para hacer un diagnóstico esencialmente económico, político y social. Tratar de prestar el apoyo político que merece esa nación hermana.
Las cifras macroeconómicas argentinas son buenas. Tenemos casi medio billón, 500.000 millones de dólares, de PIB, 155.000 millones de deuda externa. Estamos hablando, por lo tanto, de apenas un 30 por ciento de la ratio deuda-PIB, mucho
menos que muchos países superdesarrollados; sin embargo, tenemos que huir del paternalismo, tenemos que huir del eurocentrismo. Argentina es un país soberano, no podemos imponerle ningún tipo de plan, ningún tipo de medida que ellos no hayan
pedido, a ningún país u organismo que diseñe. Tienen que ser los argentinos, su Gobierno, sus instituciones, los que lo hagan.
No hay recetas mágicas, hay que buscar la ortodoxia en política fiscal, diseñar una administración tributaria realmente eficaz, contener el gasto público. Muchas de las medidas que se han tomado en Argentina han sido parciales. Las medidas
parciales en política económica siempre tienen unos efectos perniciosos. Al no estar acompañadas por otras que hemos descrito en el poco tiempo que tenemos, es evidente que hay que buscar la ortodoxia en este terreno. Sin embargo, se ha dicho, sin
razón, que España no ha hecho suficiente. Entregó 1.000 millones de dólares en ayuda directa, intervino a favor de Argentina en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, prestó su apoyo incondicional en el Club de Londres y en el Club
de París, las empresas españolas han mostrado también su solidaridad con Argentina, adelantando el pago de impuestos de muchos años y acudiendo al rescate financiero los bancos españoles en más de un 80 por ciento.
En cuanto al apoyo a españoles, tampoco hay que olvidar a los pequeños y medianos empresarios, los pequeños ahorradores, los pequeños inversionistas que hay en Argentina. Se han fortalecido las oficinas consulares, se ha ampliado el horario
de atención al público, hay un plan previsto para ampliar las plantillas de los consulados para atender la enorme demanda de visados y de ayuda consular que existe en este momento.
Nuestra enmienda, señorías, buscaba el máximo consenso. No era el
momento de que esta Cámara tuviese divisiones sobre cuestiones de matiz para demostrar a un pueblo hermano como Argentina que todos los grupos parlamentarios se ponían de acuerdo sobre una cuestión tan delicada con un país tan importante para
nosotros. Nosotros hubiésemos deseado que todos apoyáramos el mismo texto.
Sobre la ausencia de estrategia de la política exterior española, hay que decir que la política exterior española ha sido la primera con este Gobierno que presentó un plan estratégico de política exterior, un plan marco para Asia, un plan
marco para África Subsahariana que en breve se presentará, un plan marco para la ampliación de la Unión Europea.
En lo que respecta a la crítica sobre la globalización y el neoliberalismo, siempre la crítica a la política económica buscando el efecto ideológico, hay que decir que muchas veces se critica lo que no se entiende. Los teóricos más
importantes del mundo, en los foros más importantes del mundo, han dicho con claridad que el fin es bueno, que muchas veces nos equivocamos en el camino. No critiquemos las vías, no critiquemos el fin, tratemos de buscar soluciones, tratemos de
buscar consensos políticos para ayudar a un país que en este momento necesita realmente nuestro apoyo y solidaridad.
Señorías, presentamos con este ánimo esta enmienda, para demostrar que nosotros no es que votemos contra el pueblo argentino en esta tribuna, sino que votamos en contra de un planteamiento que a nuestro juicio está mal hecho, y deseamos que
ustedes apoyen nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Arístegui.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, señorías, creo que algo falla en este país y algo falla en este Parlamento cuando ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo sobre la posición que tenemos que tener respecto de la crisis
argentina. Algún problema grave debemos tener todos, el partido que tiene la mayoría pero también el partido de la oposición, cuando plantea mociones que son absolutamente impropias de una posición de consenso, que hacen imposible que nos pongamos
de acuerdo en algo tan sensible para la población española, tan sensible para nuestras empresas, pues los propios ciudadanos y ciudadanas españolas sienten como propio el drama de tantos argentinos y tantas argentinas; ni siquiera ahí vamos a ser
capaces hoy de lograr una posición de consenso que fije qué es lo que España puede dar y qué es lo que, de todo lo que se espera de España, desde España se puede ofrecer. En lugar de eso, lamentamos encontrarnos (y lo digo con el respeto que sabe
que le tengo al portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Socialista y a quien hoy ha actuado como portavoz) con una moción que es absolutamente imposible de llevar a la práctica, y él lo sabe. Él sabe que pretender pedir aquí desde la tribuna un
aumento de las pensiones de cualquier español que viva en Argentina para corregir las devaluaciones u otro tipo de medidas que se plantean en ese texto son absolutamente imposibles en la práctica, y lo sabe.
En primer lugar, en nombre de mi grupo, lo que queremos es manifestar nuestra pena, si se me permite la
expresión poco parlamentaria, por la imposibilidad de llegar a un consenso, al que tenían que llegar lógicamente el autor de la iniciativa y el grupo mayoritario. En segundo lugar, constatar que de las distintas enmiendas de sustitución que
se han presentado la que nos parece más coherente es la del Grupo Parlamentario Popular (Rumores.), que sin duda podía haber ido un poco más allá, es cierto. Nos parece, de entre las distintas enmiendas de sustitución, la más coherente entre las
que hay sobre la mesa y animaríamos a que se apoyara, aunque sólo fuera para poder tener un texto de consenso.
Plantear la crisis argentina como si hubiera un punto más o menos implícito de responsabilidad por parte del Gobierno español no nos parece sensato. Plantear la crisis argentina en términos de cooperación, de apoyo a la situación de pobreza
real que están viviendo muchos ciudadanos argentinos, nos parece correcto y eso lo hace el Partido Socialista y tiene razón. Ese es un punto que en el texto que presenta el Grupo Parlamentario Popular tampoco se asume con la suficiente fuerza. Es
necesario, aunque suene duro a nuestros oídos, hablar en serio de ayuda humanitaria a Argentina, y ese paso lo exige el Grupo Socialista en unos términos que en su literalidad no nos convencen, pero sí nos parecen correctos en términos de
diagnóstico y el Gobierno debería ir un poco más allá en ese punto.
Termino, señor presidente. Hubiéramos querido que ésta de hoy fuera una posición de consenso. No es que sintonicemos al cien por cien con la literalidad de la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular, pero se ajusta bastante
más a la realidad de lo que ha sido hasta ahora el papel de España en la crisis argentina, haciendo oír su voz en el ECOFIN. No se puede hacer ver que no ha hablado en el ECOFIN; ante el Fondo Monetario Internacional, no se puede ignorar; en el
propio G-7, aprovechando la presidencia de turno de la Unión Europea. Todo eso es una realidad y la política interna y las ganas de confrontación legítimas no pueden llevar a dar la impresión de que España está abandonando a Argentina porque no es
así. Dicho esto, el Gobierno tiene que ir un poco más allá y, con moción o sin moción, estamos seguros de que lo hará.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Señor Yáñez, tiene la palabra a los efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas que se han defendido.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
No aceptamos la enmienda del Grupo Popular porque creemos que devalúa el texto. En cuanto a la enmienda de Izquierda Unida, hemos presentado una enmienda transaccional, que está en la Mesa, en la que aceptamos la sustitución del punto 3 de
nuestra moción por el texto prácticamente íntegro, salvo un párrafo, de la enmienda de Izquierda Unida. No aceptamos las enmiendas del Grupo Mixto por razones puramente técnicas y estoy esperando que llegue la enmienda del señor Guardans.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Yáñez. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en relación con la crisis en Argentina, que se somete a votación en los términos de la
enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 119; en contra, 181; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS GESTIONES DE DIÁLOGO QUE VA A REALIZAR EL GOBIERNO CON LOS MOVIMIENTOS ANTIGLOBALIZACIÓN CONVOCANTES, PARA FACILITAR FOROS ALTERNATIVOS Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES, COMO EL DE MANIFESTACIÓN, DURANTE LA CUMBRE DE BARCELONA DEL CONSEJO DE EUROPA EN EL MES DE MARZO DE 2002. (Número de expediente 173/000107.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos antiglobalización convocantes, para
facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz.
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
El miércoles pasado, con motivo de una interpelación urgente que presentó el Grupo de Izquierda Unida, tuvimos -yo en su nombre- un debate serio e interesante con el señor Rajoy. (Rumores.) Se trató de un debate serio e interesante y hasta
cierto punto por nuestra parte explicativo, ya que estábamos asumiendo nuestra posición de miembro integrante del movimiento antiglobalización y le explicábamos al señor Rajoy las novedades de todo tipo...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz, por favor. Adelante.
El señor ALCARAZ MASATS: Las novedades de todo tipo, repito, que reviste este movimiento antiglobalización. Nosotros le decíamos que Izquierda Unida es parte de este movimiento antiglobalización y que sin embargo no podemos representar a
este movimiento. Ahí no estamos ni siquiera coordinados, como ciertas oraciones gramaticales, estamos inordenados más que coordinados.Desde ese punto de vista, le decíamos algo en la dirección de superar, de ir disolviendo la preocupación que el
Grupo de Izquierda Unida tiene con respecto a la política de orden público del Grupo Popular que sustenta al Gobierno. Le pusimos varios ejemplos del desequilibrio que está sucediendo entre seguridad y libertad a la hora de aplicar este par, esta
dicotomía armónica por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hay que hablar, que hay que dialogar. Le explicábamos al señor Rajoy que hay dos modelos a la hora de enfocar la relación con el movimiento antiglobalización de cara
a este semestre que culmina en el mes de junio, el modelo belga y el modelo Berlusconi, y que hay que decidir entre un modelo u otro, porque implica el modelo del diálogo, de la aplicación equilibrada del par seguridad-libertad, y en otro caso
implica un modelo de represión que puede llevar a consecuencias absolutamente indeseables para todos. Desde ese punto de vista, el señor Rajoy nos contestó que ya estaba dialogando, que dialogaba con instituciones, que dialogaba con policía
municipal, mossos d'esquadra, que dialogaba con concejales, con alcaldes. Nos decía esto de una parte, lo cual por ahora no es exacto, en principio no es exacto porque nos consta que no se ha dialogado, por lo menos no a fondo con autoridades
municipales, por ejemplo, de Barcelona, que es la primera gran movilización que va a haber en torno o a mediados del mes de marzo.
En otro orden de cosas, le decíamos que no se trata sólo de dialogar con instituciones, incluso, añadía él,
empresarios, sindicatos, que ni siquiera se cumplimentaría la necesidad de diálogo con esta fuerza de nuevo cuño, de nuevo tipo, hablando con los partidos, que no, que no, que los partidos en todo caso como Izquierda Unida, junto a otros partidos
del Grupo Mixto que somos parte del movimiento antiglobalización, parte organizada de forma inordinada. No basta tampoco con dialogar con los partidos, hay que hablar con el movimiento antiglobalización propiamente dicho y que es localizable,
plenamente localizable en alguno de sus aspectos, por ejemplo, cuando piden una movilización o cuando se presentan como una organización regular estable.
El señor Rajoy al principio no entendía esto. En su primera intervención repetía constantemente que se estaba hablando y no entendía la novedad de este movimiento a la hora de establecer, de practicar el diálogo. En la segunda
intervención, el señor Rajoy por dos veces dijo, utilizando un plural que no es mayestático sino referido a la estructura propia del Ministerio del Interior o del Gobierno, nos da igual, que hablaríamos, hablaremos, dijo él, con los representantes
del movimiento antiglobalización, lo dijo por dos veces, e incluso hizo más apreciaciones singularizando esta apuesta, esta propuesta o esta intención. Dijo, por ejemplo, movimientos que soliciten una manifestación o movimientos que estén
organizados de manera estable -esto lo añado yo-, detrás de unas siglas. A partir de ahí, a nosotros nos interesa mucho este diálogo para que el equilibrio entre seguridad y libertad se establezca de manera apropiada, nos interesa mucho lo que dijo
el señor Rajoy, que está estudiando a fondo el modelo belga, la etapa belga inmediatamente anterior a la presidencia española de turno con respecto a la Unión Europea y nos interesa mucho que esto se cumpla. Por eso presentamos esta moción
consecuencia de interpelación en la dirección en la que estamos apuntando. Nos interesa muchísimo que esto se cumpla.
Queremos diálogo con las instituciones, diálogo con los partidos y diálogo con el movimiento antiglobalización en sí mismo
considerado.
Pensamos que este es el sentido de la última intervención del señor Rajoy que está plasmada, negro sobre blanco, en el papel procedente del 'Diario de Sesiones' del miércoles próximo pasado y pensamos que en esa dirección se producen
una serie de enmiendas que nosotros vemos con buenos ojos.
Una enmienda del Grupo Socialista pidiendo que también el Gobierno de la nación aporte sedes a los trabajos, a los talleres, a las discusiones que se establezcan para la participación del
movimiento antiglobalización de cara a la cumbre, que termina a finales de junio. Nos interesa mucho -va en la misma dirección- la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para que se respete el derecho a la
manifestación y que se dialogue también con los grupos antiglobalización.
En este sentido parece que se recoge, en parte, el espíritu de la segunda intervención que hizo don Mariano Rajoy aquí el miércoles último
con motivo de la interpelación que debatimos. Creemos que sería muy importante una declaración de esta Cámara para facilitar el diálogo y con el fin de llegar a ejercitar ese modelo belga que nos consta que ustedes están estudiando en
función de lo que dijo don Mariano Rajoy. Esperemos que esta moción prospere para superar anteriores conflictos que no se debían haber dado y que se dieron. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
El debate que ha planteado en esta Cámara el Grupo Federal de Izquierda Unida nos parece oportuno y necesario. Oportuno, sobre todo, porque acaba de producirse un foro social en Porto Alegre en el que miles de personas hemos debatido, de
forma pacífica, por una gobernabilidad de una globalización distinta, con la complicidad de las autoridades de Porto Alegre e incluso con la cesión de espacios para que así se produjera.
Oportuna también porque dichas manifestaciones de los
movimientos denominados antiglobalización y foros alternativos se van a producir en nuestro país como consecuencia de las cumbres de la presidencia de la Unión Europea. Y oportuno porque compartimos con el Grupo Federal de Izquierda Unida la
preocupación del talante del Gobierno respecto a estas manifestaciones.
Quiero recordar aquí que se han producido denuncias por parte del Grupo Parlamentario Socialista sobre la actuación del Gobierno, como en el caso de la manifestación de la Recade en las puertas de esta misma casa y de la carga policial que
recibieron miles de jóvenes. Tenemos demasiados ejemplos de esa autoridad y de ese modelo que el Gobierno del Partido Popular intenta vislumbrar en algunas ocasiones.
Vamos a votar a favor de esta moción porque creemos en el espíritu de la misma y en la necesidad de que el Gobierno español apueste por ese modelo belga de diálogo, de tender puentes y de respeto a la ciudadanía en su participación y en el
derecho de su manifestación. Espero que después de esta moción no tengamos que volver aquí a denunciar el incumplimiento de la misma.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Intervendré con mucha brevedad. Es verdad que la semana pasada se produjo un debate interesante en esta Cámara con motivo de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida con el vicepresidente primero del
Gobierno y ministro del Interior. Nosotros no tendríamos nada más que decir, porque la intervención del ministro del Interior fue realmente extraordinaria, en nuestra opinión. Les repetiremos las líneas generales, dado que ha hecho mención el
diputado Alcaraz, se las vamos a repetir con todo respeto y cariño a la intervención del ministro, y están en el 'Diario de Sesiones' de la Cámara.
Tres cuestiones generales. Dado que usted no entró a debatir, aunque el miércoles pasado se produjeron algunos esbozos, la cuestión de fondo del movimiento antiglobalización o, como dicen otros, globalofobia, no entraremos nosotros tampoco
y reservaremos nuestra opinión -por cierto, que hay mucho que hablar al respecto, para cuando se plantee la cuestión de fondo-. La reflexión general, señorías, es que la Constitución garantiza los derechos y las libertades y, por tanto, garantiza
el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión y el derecho a la manifestación y garantiza también el derecho a la seguridad de las personas. Esto es lo que dijo el ministro y lo que nosotros repetimos hoy aquí porque es lo cierto.
El Gobierno tiene la obligación -lo dijo con toda claridad el ministro- de que ambos derechos estén garantizados: el de reunión y manifestación y la seguridad de los ciudadanos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para
garantizar esos derechos y ambos son compatibles. A priori, no está en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la vulneración de ninguno de esos derechos. El ministro expresó, y nosotros queremos hacerlo aquí -creo que la
Cámara también debería hacerlo-, el reconocimiento a unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan por la democracia, por las libertades y por preservar los derechos de todos los españoles. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
El ministro después nos contó las medidas que se están tomando, medidas de cooperación interadministrativa -entre las administraciones- para garantizar esos derechos, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que proteger
el derecho de quienes quieran manifestarse, el derecho de los ciudadanos a su seguridad y el de las instituciones a organizar las reuniones que quieran, y están trabajando para esto. Por tanto, se están produciendo las reuniones pertinentes entre
las administraciones, ya que cada una tiene sus competencias, y se está produciendo una estrategia de comunicación social, de diálogo con la sociedad civil, apoyándose el ejecutivo en los medios de comunicación para ser más eficaz en este tipo de
medidas. Por eso, como este es el fondo de la cuestión que S.S. planteaba, nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, tiene la obligación de presentar una enmienda que sea
comprensiva del interés de todos: que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -el poder ejecutivo en este caso- garanticen los derechos y las libertades de todos. Nosotros sabemos que lo está haciendo y que lo va a hacer; otra cosa
es, como dijo el ministro, que puedan producirse errores, deficiencias, pero, repito, esa es otra cuestión que, en mi opinión, debe ser tratada individualmente y en su momento. Por eso, señor Alcaraz, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado
una enmienda transaccional que evito leer en este acto porque ya la tiene su señoría.
En dicha enmienda transaccional, y en aras de reflejar el interés del resto de los grupos parlamentarios, hemos introducido alguna modificación. Con la
incorporación, el texto quedaría: ...arbitrando para ello el diálogo y las medidas necesarias a fin de lograr que dicha coexistencia no se vea menoscabada por la acción de grupos que traten de distorsionar la expresión pacífica general de aquel
movimiento.
Nosotros pensamos, y con esto termino, señora presidenta, que esta enmienda que ofrecemos al Grupo de Izquierda Unida transacciona el interés del resto de los grupos parlamentarios y podremos alcanzar un acuerdo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tal como el señor Alcaraz ha apuntado, ha presentado también una enmienda.
Nosotros coincidimos con una de sus últimas afirmaciones respecto a que sería importante que hoy
el Pleno de la Cámara -previsiblemente será así- haga una declaración en el sentido que yo creo que apuntan el conjunto de las enmiendas presentadas, como la del Grupo Popular, la moción que ha presentado Izquierda Unida, la presentada por
Convergència i Unió o la del Grupo Socialista, que es la necesidad de que en las próximas reuniones que se van a producir en el Estado español, y especialmente en la cumbre de Barcelona, se eviten algunos problemas que se podían insinuar. Por
tanto, nos parece importante que el Congreso inste al diálogo no sólo entre las instituciones, que es lo fundamental, sino también con los diversos grupos sociales. El ejercicio del derecho de manifestación, que nuestras leyes garantizan, debe ir
acompañado de una actuación determinada de los poderes públicos y del conjunto de los ciudadanos, pero es evidente que ese es un derecho constitucional que no puede ser cercenado en ningún caso. Además, señorías, desde hace demasiado tiempo, y en
relación con los movimientos sociales críticos con el actual proceso de globalización, se ha caído en la tentación de producir una criminalización de esos movimientos sociales, que en su inmensa mayoría plantean alternativas políticas críticas a
determinadas actuaciones de los gobiernos, de los Estados y de los partidos políticos.
Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que pretender colgar a esos grupos la etiqueta de violentos, aparte de ser falso, sería un grave error incluso para el
funcionamiento del propio sistema democrático, y en mi opinión esta moción puede ayudar a acabar con esa criminalización.
Por otro lado, se ha hablado de que en el binomio libertad-seguridad hay que encontrar un justo equilibrio, y cualquier planteamiento que suponga que el concepto de seguridad implica una disminución de las libertades y los derechos que las
leyes garantizan nunca podría encontrar apoyo en nuestro grupo. La moción se aleja de ese planteamiento y por tanto va a encontrar nuestra coincidencia. Los precedentes de los incidentes acaecidos en Barcelona a raíz de la última reunión del Banco
Mundial no son buenos, y yo creo que es obligación de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, del Gobierno del Estado y de los grupos sociales implicados en dichas manifestaciones evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó en Barcelona. Yo creo
que esta moción puede también ayudar a conseguir ese planteamiento.
Finalmente, si los grupos somos capaces de ponernos de acuerdo en esta materia, habremos dado un buen ejemplo de que el Parlamento es hoy capaz de dar una solución y no de pretender que nadie monopolice la representación de los movimientos
sociales frente a la globalización. Yo creo, señor Alcaraz, que es excesivo atribuirse el monopolio de representación de los movimientos sociales frente a la globalización y que la virtud que tienen esos movimientos es precisamente su pluralidad y
su lejanía del conjunto de los partidos políticos. Ahí está quizá su éxito, y muchos de sus principios pueden ser compartidos por todos los grupos de la Cámara. Yo creo que esta moción, en la forma que usted la ha planteado, ayuda a avanzar en esa
línea, y por tanto creo que si hoy cerramos este acuerdo, todos, empezando por ustedes, habremos dado un buen ejemplo al conjunto de la sociedad. Esperamos que sea así.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Alcaraz, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas o la existencia de una transaccional, si así es.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, teniendo en cuenta lo que aquí se ha dicho de la necesidad de que esta Cámara emita una resolución, habida cuenta también de que hay muchas coincidencias en
todos los grupos y habida cuenta de la aritmética, nosotros nos basaríamos en la propuesta que hace el Partido Popular, con algunos cambios, para perfeccionar el mensaje que queremos dar en función de las intervenciones que aquí se han hecho
y de los objetivos que nos hemos marcado prácticamente en todas las intervenciones. Por ejemplo, el texto quedaría como sigue -leo a partir de la palabra Constitución-: ... y asimismo con los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía,
arbitrando para ello el diálogo y las medidas pertinentes a fin de lograr que dicha coexistencia no se vea menoscabada por la acción de grupos que traten de distorsionar la expresión pacífica general de aquel movimiento.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, si no he entendido mal el texto sería hasta 'ciudadanía', el mismo que plantea la enmienda, y seguiría: arbitrando para ello el diálogo...
El señor ALCARAZ MASATS: ... el diálogo y las medidas pertinentes...
La señora PRESIDENTA: ... a fin de lograr que dicha coexistencia no se vea menoscabada por la acción de grupos o individuos...
El señor ALCARAZ MASATS: ... por la acción de grupos que traten de distorsionar la expresión pacífica general de aquel movimiento.
La señora PRESIDENTA: Es decir, lo que usted plantea es la supresión del texto inicial de la frase 'individuos con intenciones violentas pero determinadas'.
El señor ALCARAZ MASATS: Efectivamente, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Izquierdo, ¿asume este texto, que es el de su enmienda? (Asentimiento.) De acuerdo. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las gestiones de diálogo que va a realizar el Gobierno con los movimientos
antiglobalización convocantes para facilitar foros alternativos y el ejercicio de los derechos fundamentales, como el de manifestación, durante la cumbre de Barcelona del Consejo de Europa en el mes de marzo de 2002, en los términos de la enmienda
transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 295; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE LAS ACTUACIONES DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO Y EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES EN PARTICULAR PARA POSIBILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 173/000108.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores
en particular para posibilitar la participación de las comunidades autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Guardans. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la presidencia.)
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, señorías, hace una semana tuvimos en esta misma Cámara un interesante debate en la interpelación que presentó mi grupo para intentar conocer cuáles eran las propuestas políticas que formulaba el
Gobierno del Partido Popular para tratar de organizar de forma acorde con la Constitución, los estatutos de autonomía y los tratados de los que España es parte, es decir de conformidad con la legalidad vigente, la participación -en terminología
europea- de las comunidades autónomas, de las nacionalidades y regiones en la actividad de la Unión Europea. De ese debate quedaron claras, entiendo, al menos dos cosas. La primera es que estamos hablando aquí de actuación legislativa de la Unión
Europea, que estamos hablando, por tanto, no de lo que puede hacer un ayuntamiento en su ámbito sino de la actuación legislativa de la Unión Europea, de los reglamentos, de las directivas -también a nivel preparatorio-, de los comités de trabajo y,
por consiguiente, qué ocurre cuando esa actuación legislativa de la Unión Europea afecta a intereses o a competencias autonómicas que según nuestra Constitución, su querida Constitución, ya no son del Estado central sino que en virtud del título
VIII lo son de las comunidades autónomas; comunidades autónomas que en España son 17, se lo recuerdo, cada una de ellas con un Ejecutivo legítimamente elegido y con un Parlamento soberano, que es el que en virtud de esa sacrosanta Constitución
tiene competencias para tratar de medio ambiente, de peste porcina, de pesca, etcétera, competencias que el Gobierno central ha transferido ya a las autonomías. Un problema, por tanto, que afecta a competencias legislativas y
que en el resto de Europa está correctamente resuelto y en España no; un problema, por tanto, que no tiene ninguna relación con quién representa mejor a quién, quién es más catalán que quién, quién puede representar mejor. No; es un tema
de creerse la Constitución o no creérsela.
La segunda cosa que en nombre de mi grupo intenté dejar clara en ese debate, y que reitero ahora, es que lo que estamos defendiendo aquí es no sólo constitucional, tan constitucional como la Monarquía, la propiedad privada o la capitalidad
de Madrid, sino que es... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Guardans, un segundo, por favor.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Si para el reloj, sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Sí. Señorías, por favor. (Pausa.) Gracias.
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Lo que defiende mi grupo hoy, y afortunadamente entiendo va a tener el apoyo de otros grupos, es lo constitucional; parafraseando al ministro de Exteriores, que en aquel momento tomó la palabra, yo les diría que
si tienen otro modelo constitucional tengan el coraje de subir aquí y decirlo. Pero si se cree en la Constitución, se cree en el título VIII, se cree en el Estado de las autonomías y no tienen miedo a desarrollarlo tal cual fue establecido en la
Constitución, lo que hoy se pide es un puro corolario casi automático de lo que en la Constitución se establece. Si su modelo es otro, y es el de intentar ir vaciando de competencias a las autonomías aprovechando la transferencia de competencias a
la Unión Europea, tengan el coraje -y utilizo palabras del ministro Piqué- de subir aquí y decirlo, porque nada tiene que ver esto con la política internacional a la que se hacía referencia en ese debate. La peste porcina, vuelvo a citar -y esto,
que suena curioso, en Cataluña ha sido importante-, la política de protección de bosques, la política pesquera, los transportes, la política educativa, el precio del trigo, el precio de la leche, todo eso y la legislación que lo acompaña no son
relaciones internacionales; en muchos casos son competencias autonómicas.
Hoy se trata de destacar algo más y de llevar aquí una propuesta concreta, que es la que se va a someter a votación. Lo que quiero destacar en este instante es que lo que pedimos no sólo deriva directamente de la Constitución sino que
encaja perfectamente con el derecho europeo, con el artículo 203 del Tratado de Amsterdam, en la redacción que se le dio en el Tratado de Maastricht, tal como las propias regiones dirigidas por el PP, las propias comunidades autónomas dirigidas por
gobiernos del Partido Popular han aceptado, puesto que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular votaron el 14 de noviembre de 2001 el siguiente dictamen del Comité de las Regiones sobre la participación de representantes de los
gobiernos regionales en los trabajos del Consejo de la Unión Europea; un dictamen votado por sus comunidades autónomas cuando estaban lejos del control de Moncloa y de Génova y podían hablar legítimamente en defensa de lo que son sus intereses como
presidentes autonómicos y no teniendo que callar, que es lo que tienen que hacer cuando cruzan los Pirineos. Votaron que el Comité de las Regiones solicita la participación directa de representantes de los entes territoriales regionales en el
Consejo, dentro de las delegaciones de los Estados miembros, puesto que esta participación es de gran importancia para el buen funcionamiento de la Unión y refleja los principios de lealtad, colaboración, cooperación y confianza entre las regiones y
su Estado nacional respectivo. Solicitaban las comunidades del PP, cuando eran libres de opinar, dicha participación en el Consejo siempre que se vean afectadas las competencias regionales de carácter legislativo, normativo o ejecutivo o se traten
asuntos de especial importancia. El Comité de las Regiones, con esos mismos votos, confirma que los representantes regionales deben ser llamados a participar de pleno derecho en el Consejo de Ministros de la Unión Europea en tanto que miembros de
las delegaciones nacionales y están autorizados a asumir la presidencia de la delegación nacional y, si fuera preciso, la del Consejo de Ministros. Esto no lo dice un separatista catalán, señorías, ni muchos separatistas catalanes juntos ni
nacionalistas catalanes desmadrados, si se me permite la expresión; esto lo dice el Comité de las Regiones de la Unión Europea con los votos de los representantes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Eso es lo que hoy
pedimos aquí. Por tanto, a partir de ahora sólo desde la arrogancia, desde la ignorancia o desde la mala fe, o desde pequeñas dosis de todo ello combinadas, se puede seguir sosteniendo que lo que pedimos no está permitido a nivel europeo, que lo
que pedimos hoy aquí contradice los tratados. Por unanimidad el Comité de las Regiones no sólo dice que es correcto, sino que pide a los gobiernos -es un órgano consultivo- que lo aprueben. Así pues, y termino...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Me ha quitado usted antes un minuto cuando ha pedido silencio.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le doy 15 segundos por la interrupción.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Si esto no se hace es exclusivamente por su propia voluntad política. No hay más argumento que ese.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, los sistemas federales y el Estado de las autonomías, que para todas las doctrinas menos parece ser para España es un sistema federal, se han percatado bien temprano de la capacidad del
proceso de construcción europeo para afectar al acervo competencial de los entes subestatales, ya sean Länder, regiones o comunidades autónomas. A tal efecto se han pertrechado de toda suerte de instrumentos de cooperación entre lo que nosotros
llamamos Administración general del Estado y comunidades autónomas, todo ello con el objeto de trabajar conjuntamente no sólo en la fase descendente del derecho comunitario, sino también en lo que se conoce como fase ascendente o generación de la
voluntad estatal ante la Unión Europea. En el conjunto de sistemas federales compuestos, regionales o autonómicos europeos -lo de menos es el nombre-, nadie duda de que la participación del Estado en la Unión Europea no es una materia que se pueda
calificar como propia de política exterior en tanto que se excede el marco clásico de las relaciones internacionales a través del método comunitario y desde el momento en que afecta al acervo competencial no sólo de la Administración general del
Estado sino también de los entes subestatales. Por cierto, sólo en los sectores doctrinales y políticos más centralistas y refractarios al título VIII de nuestra Constitución se afirma sin matices que la participación del Estado español en la Unión
Europea es un asunto propio del derecho internacional y como tal sustraído de forma absoluta a las comunidades autónomas. No me voy a extender en lo relativo a las soluciones en derecho comparado, pues los modelos alemán, austríaco o belga son bien
conocidos, al igual que los mecanismos de que se han dotado dichos sistemas para evitar los efectos perniciosos, que los hay, de lo que entre nosotros ha llamado el profesor Muñoz Machado la mutación constitucional de origen europeo con
potencialidad de afectar al acervo competencial de las comunidades autónomas. En España, al menos así lo entendemos desde Izquierda Unida, a diferencia de lo ocurrido en muchos de los Estados de nuestro entorno, se ha tenido una visión de mucho
menor alcance y o bien se han negado los problemas o bien se han pretendido soluciones de muy escasa enjundia y, para más inri, a alguien le ha dado por redefinir la unidad nacional. A este respecto quiero decir que las previsiones de la Ley de
régimen jurídico de las administraciones públicas en relación con la cooperación, así como los acuerdos en el marco de la conferencia sectorial de Asuntos Europeos, son necesarias pero también claramente insuficientes.
Señorías, no estamos en un momento de la construcción de la Unión Europea en el que en sede comunitaria se traten cuatro o cinco materias de orden económico que estén fuera del alcance de las comunidades autónomas, como podía ocurrir en los
tiempos de Schuman, Monnet o De Gasperi. En la actual coyuntura, el creciente papel de las instituciones comunitarias afecta de lleno al acervo de las comunidades autónomas, de tal suerte que materias que como consecuencia del desarrollo y
aplicación del artículo 148 de nuestra Constitución y de nuestros estatutos de autonomía son, en principio, autonómicas hoy han sido claramente delegadas o transferidas a la Comunidad Europea. Pues bien, esa europeización de las materias
autonómicas ha sido aceptada de manera pacífica por otros Estados miembros de la Unión Europea, muy especialmente Alemania, y se han introducido mecanismos de cooperación ejecutiva y legislativa que ayuden a cogenerar la voluntad de esos Estados
miembros ante el Consejo de la Unión Europea y que permite la presencia de miembros de las administraciones subestatales en la delegación estatal ante la Unión Europea. A este respecto, señorías, no conviene perder de vista la insuficiencia del
propio principio de competencia en el seno de cada Estado o la doctrina de los implying powers en el seno de la Unión Europea que provocan un cierto relativismo competencial y ponen en primer plano el problema de la conjunción entre fines e
instituciones públicas, así como el desiderátum de la cooperación interadministrativa.
Desde la fuerza política y parlamentaria que represento entendemos que al menos son necesarios los siguientes mecanismos en orden a una adecuada integración de la comunidad autónoma en el proceso de construcción europeo: intercambiar
información; establecer una composición de la delegación española que muestre el pluralismo político del Estado español, porque la posición de la delegación española debe reflejar no sólo la de la Administración general sino la de la comunidad
autónoma; y establecer en España la figura de la conferencia de presidentes de comunidades autónomas, lo que consideramos que es importante. Para terminar queremos recomendar la implantación en España de una figura similar al Landerbeobachter,
vigilante de los Länder en materia europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace un rato subí a la tribuna para tratar una cuestión de fondo constitucional, pero la actual no lo es menos porque concierne a dos procesos de envergadura constitucional que han tenido lugar en el curso
de los últimos 20 años. En primer lugar, la transformación del Estado férreamente centralista en uno de los Estados más descentralizados del mundo, con un compartimiento de las responsabilidades de poder territorial intensa y profunda. En
segundo lugar, la acceso de España a un ámbito de integración supranacional, Europa. Los dos fenómenos están conectados porque las decisiones y las políticas que se adoptan en Europa alcanzan a las competencias que han sido reconocidas por el
proceso autonómico y que están ahí para quedarse, para definir un orden de distribución de competencias que ya no pertenecen al Estado sino que están protegidas por garantías constitucionales en el ámbito del que ahora son titulares las comunidades
autónomas. Resulta que en España no tenemos una situación normalizada en este asunto. Es un problema que tienen normalizado Austria, Italia, Alemania e incluso Gran Bretaña, Bélgica desde luego, Estados descentralizados en la Unión Europea, y sin
embargo España no lo tiene normalizado. Hace falta construir un mecanismo de participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado y de integración de las comunidades autónomas en el mecanismo decisional que se lleva
ante las instituciones europeas y notablemente en el Consejo de Ministros. Esta es una posición a la que no se puede hacer oídos sordos ni mirar para otro lado ni contradecir las propias actuaciones en el pasado ni las actuaciones políticas del
Partido Popular en el Comité de las Regiones. Hay que acometerlo y es lo que se propone hacer el Grupo Parlamentario Socialista con la enmienda que ofrece para su transacción a la moción consecuencia de interpelación que ha patrocinado el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La enmienda transaccional que nosotros propugnamos se corresponde con la posición unánimemente adoptada por el Partido Socialista en su comité federal y que, en primer lugar, mandata abordar esta cuestión a la Conferencia para asuntos
relacionados con las comunidades europeas y a la Comisión general de las comunidades autónomas reformando los mecanismos actuales de participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado, a través de la regulación de
un procedimiento marco de participación que permita la integración de un representante designado por las comunidades autónomas en la correspondiente conferencia sectorial en la delegación española ante la mesa del Consejo de Ministros. En segundo
lugar, se compromete a realizar una reforma que siente las bases estables para la integración de ese representante de las comunidades autónomas, designado por éstas, en la delegación española del Consejo de la Unión en sus diversas formaciones,
buscando en este mecanismo el respeto a los principios de flexibilidad, el consenso y la participación efectiva; sensibilidad por tanto a los intereses específicos o estratégicos que dependan de la mesa del Consejo de Ministros y afecten a las
comunidades autónomas.
Evidentemente, hay un punto en el que el Grupo Socialista no puede estar de acuerdo con la propuesta de Convergència i Unió y es el que se refiere a la posibilidad de que una comunidad autónoma encabece la delegación española en la mesa del
Consejo de Ministros Nosotros convenimos en que esto está recogido en el derecho europeo, pero no es necesario en el ordenamiento constitucional español. Resulta difícil reconocer una sola competencia, incluso cultura, en la que no exista un margen
de competencia por parte del Estado que justifique que la delegación española ante la mesa del Consejo esté encarnada en un miembro del Gobierno de España, representante de los intereses generales, habiendo convenido previamente de forma
participativa y buscando el consenso la posición representativa de las comunidades autónomas. En atención a esa diferencia solicitamos una transacción con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En otro caso, teniendo una posición propia
que se corresponde con un entendimiento sincero de la profundidad y de la credibilidad de la descentralización que encarna el proceso autonómico y la estructura territorial española, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en este trámite
para defender su propia proposición en el debate territorial que todavía está pendiente en España, el debate de articulación de la formación de la voluntad del Estado y que naturalmente echa de menos el Senado que no tenemos, la Cámara parlamentaria
en la que ha de tener lugar este debate y naturalmente también las cámaras parlamentarias autonómicas. Invitamos a Convergència i Unió a asumir esa posición en el Parlamento catalán; él sabrá por qué plantea esta cuestión en el Parlamento nacional
habiéndola ignorado en toda la fase previa en el Parlament de Catalunya, pero es evidente que esta cuestión hay que plantearla en el Senado, que no tenemos y que echamos de menos, que es donde ha de tener lugar su tramitación y su debate para la
solución de un problema pendiente, que es la articulación de la España de las autonomías.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Mixto compartirán turno el señor Saura y el señor Núñez. En primer término tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Me alegro mucho de poder discutir y votar favorablemente el texto, con la incorporación de enmiendas, que ha presentado Convergència i Unió. Sería importante que en el Parlamento catalán, en el que desde hace un año tenemos un texto
aparcado en una ponencia, pudiera salir adelante y pudiera haber un acuerdo unánime.
Hemos presentado un par de enmiendas en el sentido de mejorar tanto la redacción del punto 1.b), que hace referencia a la posibilidad de que consejeros autonómicos presidan la representación del Estado en temas de competencia exclusiva, así
como un nuevo punto 3, con relación a la necesidad de una representación autonómica que tenga un papel activo en la Unión Europea.
Me van a permitir que de forma breve fije la posición de Iniciativa per Catalunya-Verds en el asunto que hoy nos mueve a debate, que es el papel de las comunidades autónomas en el proceso de construcción europea. En primer lugar, es
necesario -y esto no ha sido tratado ni en la interpelación ni en esta moción- que haya un proceso de conformación de la voluntad del Estado que no sea exclusivamente la voluntad del Gobierno central. El Gobierno central es una parte del Estado,
pero no es todo el Estado. En ese sentido se hará imprescindible la reforma del Senado y la reforma de la Constitución para que la voluntad del Estado no sea exclusivamente la voluntad del Gobierno. En segundo lugar, lo que fundamentalmente es el
contenido de la moción que hoy se presenta, es necesario votar afirmativamente la presencia de las comunidades autónomas en los consejos de ministros de la Unión Europea, así como en todos los grupos de trabajo. Ya se ha dicho en diversas
intervenciones que no tiene absolutamente ningún sentido que sobre competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas, que afectan a cuestiones concretas diarias de esas comunidades autónomas, sea simplemente el Gobierno central quien
decida o dé opinión en los organismos de la Unión Europea.
Quiero recordar que en marzo de 1998 se votó por unanimidad en esta Cámara una moción en la que se instaba a que el Gobierno central iniciara un proceso de negociación con las comunidades autónomas para dar salida al papel de las mismas en
la construcción europea y esta negociación ha estado paralizada, pero lo más grave es que hoy el Partido Popular, rehén de una concepción arcaica de una España unitaria, rehén de un Estado que no es el de las autonomías, rechaza esta posibilidad.
Estoy seguro de que ninguna mayoría absoluta va a poder parar una realidad, como ya lo ha demostrado el propio Manuel Fraga, cuando desde su realidad concreta está diciendo precisamente que es necesario reformar la Constitución y reformar el Senado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente.
Andalucía se ganó a pulso, por el difícil y tortuoso camino del artículo 151 de la Constitución, formar parte del grupo de cabeza de las comunidades autónomas que fueron redactando sus estatutos y construyendo este Estado de las autonomías.
Hemos vivido unos años en los que el Gobierno central ha ido traspasando competencias a las comunidades autónomas y con posterioridad a la Constitución, como saben SS.SS., traspasando también competencias a la Unión Europea. Lo que no puede
suceder, como está pasando en los últimos años, es que el proceso de construcción de la Unión Europea sea utilizado por el Gobierno central como un proceso de rescate de competencias que constitucionalmente están enclavadas en las comunidades
autónomas. No es posible que aprovechando la coyuntura de quién es la representación del Estado -el Estado somos todos-, lascompetencias exclusivas de comunidades autónomas estén al margen. Este tema no es nuevo, se lleva viendo desde la década de
los ochenta en el Parlamento Europeo. Hay muchas resoluciones de dónde y cómo deben colaborar los Estados en la formación de la opinión de las comunidades autónomas.
Nosotros, los andalucistas, pensamos que Andalucía no puede de ninguna manera quedar al margen de decisiones políticas que afectan a materias sobre las que tiene competencias plenas, que afectan a sus propios intereses. Por tanto, es
absolutamente necesario ejercer el derecho de codeterminación de esas políticas de Estado, el derecho de que nos creamos que todo es Estado. A nosotros no nos sorprende que un miembro de una comunidad autónoma pueda presidir una Comisión del
Estado; a nosotros sí nos cabe en la cabeza porque somos Estado. Estamos sufriendo problemas nuestros, concretos, particulares sobre los que no tenemos mecanismos de información ni de decisión. Por eso vamos a apoyar esta moción consecuencia de
interpelación de Convergència i Unió. Hemos presentado unas enmiendas, que esperamos que se acepten, para matizar y concretar este derecho, esta necesidad que tenemos de cumplir el mandato constitucional, de forma que las comunidades autónomas
podamos estar presentes en aquellas decisiones que afectan a nuestros intereses y a nuestras competencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria ante la moción presentada por el Grupo Catalán. Nuestra posición va a ser de apoyo al texto presentado por Convergència i Unió.
Más que apoyar la
literalidad del texto presentado, lo que queremos apoyar es la filosofía que se inspira en ese texto, que no es otra que definir el papel que deben jugar las comunidades autónomas en la Europa de los pueblos que en estos momentos se está
construyendo. Señorías, si es importante en esa Europa
que hoy se construye la presencia de todas y cada una de las comunidades autónomas, tanto más importante es para la Comunidad Autónoma canaria, para el archipiélago canario. Digo esto por lo siguiente, porque en el artículo 37.2 del
Estatuto de Autonomía de Canarias se contempla específicamente que el Gobierno de Canarias tendrá un representante en las delegaciones españolas cuando se traten temas referidos a la comunidad canaria, porque somos la única comunidad autónoma del
Estado español que en 1990-1991 decidió voluntariamente integrarse en unas determinadas condiciones en la Unión Europea. Esas condiciones con las que Canarias se incorporó a la Unión Europea están hoy vigentes, son condiciones singulares, son
condiciones específicas que es necesario negociar día a día y de las que es necesario hacer un seguimiento para ver si se cumple el pacto al que Canarias llegó en su momento para integrarse en la Unión Europea. Canarias, señorías, señor presidente,
es considerada dentro de la Unión Europea como territorio ultraperiférico, con especificidades en política fiscal, en política agraria, en transporte, en comunicaciones, en agua, en energía, etcétera. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa que,
lejos de cerrar un debate hoy, lo que hace es abrir un debate para ver definitivamente qué papel debe jugar cada una de las comunidades autónomas en función de sus especificidades en la Europa de los pueblos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
En el momento de cumplimentar el trámite de fijación de posiciones dudo si expresar la opinión real de mi grupo en relación con el tema al que se refiere esta moción o expresar el punto de vista exactamente contrario, y no por capricho o por
excentricidad, sino sencillamente porque da la impresión de que algunos grupos fijan su posición no en relación con lo que realmente piensan sino con relación a lo que piensa el Partido Nacionalista Vasco. Hay un referente muy elocuente y muy
gráfico en este sentido. Una entrevista publicada este fin de semana en El Correo Gallego da cuenta de las opiniones de un distinguido militante del Partido Popular, que dice literalmente: En mala hora se le ocurrió al señor Ibarretxe decir lo que
dijo, pero yo sigo defendiendo las mismas ideas.
Esto pone de manifiesto tres cosas: primero, que quien pronuncia estas palabras coincide básicamente con el señor Ibarretxe en el posicionamiento en relación con este tema; segundo, que la posición
del lehendakari no es expresión de un nacionalismo montaraz y fuera de lugar, sino una posición razonable que la puede compartir hasta el señor Fraga, que parece ser que ahora pasa por la izquierda de muchos que se consideraban muy
constitucionalistas; tercero, que hay quien está esperando a que fije posiciones el Partido Nacionalista Vasco en general e Ibarretxe en particular para situarse exactamente en la posición contraria.
Al margen de esta pequeña pero relevante anécdota, parece claro que el Estado español es, hoy por hoy, el único Estado en el seno de la Unión Europea de estructura descentralizada y que carece hasta la fecha de un modelo claro de
participación de las comunidades autónomas en las decisiones comunitarias que se refieren a sus competencias, exclusivas o compartidas pero a su ámbito competencial, el único, y eso que nos encontramos en el país más descentralizado, no sé ya si de
Europa, del mundo o del universo, porque de todo se dice por aquí. Esto pone de manifiesto que hay materias teóricamente situadas en el ámbito competencial de las comunidades autónomas que luego, en la práctica, en la realidad, por lo menos hasta
la fecha, son de facto ejercidas por los poderes centrales del Estado. No es un tema nuevo. Estamos dándole vueltas al asunto desde el año 1998. Una resolución del año 1998, aprobada mayoritariamente en esta misma Cámara, instaba al Gobierno a la
búsqueda de soluciones que permitieran participar a las comunidades autónomas en el Consejo. Se utilizaba la expresión Consejo, se decía literalmente que las comunidades autónomas pudieran participar en el Consejo. Por aquellas mismas fechas,
ilustres representantes de la Administración central, entre otros, por ejemplo, el señor Rajoy, que entonces era ministro de Administraciones Públicas, o su segundo de a bordo, don Jorge Fernández, pronunciaban conferencias por las comunidades
autónomas defendiendo estas posiciones, admitiendo expresamente la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran participar incluso en el Consejo.
Señoras y señores diputados, no tiene sentido mantener esta posición. La moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán sólo puede recibir apoyo por parte de nuestro grupo parlamentario, que no se cree las invocaciones reiteradamente
manifestadas por algunos miembros del Gobierno y del grupo que le apoya en el sentido de que la posibilidad de participación de las comunidades autónomas en los temas comunitarios es imposible porque lo impide el artículo 149.1.3ª de la
Constitución, que reserva al Estado las relaciones internacionales. El Tribunal Constitucional, que no es precisamente nuestro Tribunal Constitucional, ha dicho que el orden jurídico comunitario es distinto al orden jurídico internacional. Son dos
órdenes jurídicos distintos y, por tanto, cuando hablamos de participar en el ámbito comunitario no hablamos de participar en el ámbito internacional.
Señores, una vez más insisto, apoyaremos la moción, con todas sus consecuencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos presenta esta moción, teóricamente como un proceso de normalidad, de aplicación y desarrollo de la Constitución, y empieza por confundir reparto de
competencias con soberanía y habla de parlamentos soberanos al referirse a los parlamentos regionales, yo tengo que decir, señor portavoz del Grupo Catalán, que necesariamente estamos hablando de dos modelos distintos y que, por lo tanto, no nos
ponemos de acuerdo.
Ustedes entienden que las comunidades autónomas tienen derecho a estar presentes directamente en los consejos de ministros de la Unión, haciendo abstracción del reparto competencial. Nosotros pensamos, porque así lo dice la Constitución y
así lo dice el derecho primario de la Unión Europea, que la representación exterior del Estado corresponde al Gobierno, de la misma manera que la soberanía nacional corresponde a las Cortes Generales, de la misma manera que el órgano de
participación directa de las regiones es el Comité de las Regiones. Ustedes defienden su modelo, y es lógico que lo hagan, y cuestionan que el Gobierno pueda representar el interés general, el interés del Estado español en las instancias
comunitarias. Basan su crítica en el hecho de que nuestro modelo es anticonstitucional y eso tengo que decirle, señor portavoz del Grupo Catalán, con rotundidad, que no se lo aceptamos.
La distribución competencial que hace la Constitución es la que es, la que promueve el Gobierno, la que han promovido todos los gobiernos y no la que a usted le pueda apetecer, porque al voluntarismo podemos jugar todos. Quien representa al
Estado, señorías, en el Consejo de la Unión es el Gobierno y cuando se trata de asuntos que son competencia de las comunidades autónomas, una, varias, todas o muchas, estas deben ser escuchadas y su opinión integrada en el ámbito estatal. Una
comunidad autónoma representa a un territorio, a una parte del territorio español, a una parte de los españoles que viven en ese territorio, pero no al interés general ni al conjunto del Estado ni al conjunto de la sociedad ni al conjunto de los
españoles. ¿Me podrían decir ustedes qué legitimidad de origen tiene una comunidad autónoma para representar el interés general? Ninguna, no tiene, habría que crearla, habría que reformar la Constitución, que atribuye al Gobierno del Estado este
derecho. Ustedes pueden ser partidarios de reformar la Constitución, pero nosotros no somos partidarios de hacerlo.
Dicen que el Tratado de Maastricht lo permite y que Alemania, Bélgica y otros países lo hacen. Si lo hacen será porque sus ordenamientos jurídicos internos lo permiten y lo prevén, y el nuestro, señorías, no lo prevé, porque en nuestro
ordenamiento jurídico no existe un artículo 43 al estilo de la cláusula de habilitación de Alemania. España tiene su ordenamiento interno que es el que es, como el Reino Unido o Francia tienen el suyo y cada país tiene el que tiene. Seamos serios,
señorías, y no caigamos en la demagogia. ¿O acaso si nuestra Constitución lo permitiera y lo previera, creen ustedes que funcionalmente sería posible lo que ustedes pretenden? ¿Creen ustedes que es posible que en estos momentos 17 comunidades
autónomas se pongan de acuerdo para hacerse representar por una de ellas? Yo les digo que no, y ustedes saben que no, porque ya ha habido alguna comunidad autónoma que ha dicho que solamente se representa a sí misma y al menos una ha dicho que
solamente le representa el Gobierno del Estado. Presenten ustedes un modelo, una fórmula y lo estudiaremos. El único modelo posible, constitucional y funcionalmente, es el que promueve el Gobierno, el de la cooperación interna en la formación de
la voluntad del Estado, que se debe perfeccionar y para lo cual necesitamos el apoyo de todos.
El Gobierno ha asumido el compromiso de profundizar y mejorar todos aquellos mecanismos que garanticen la participación efectiva de las comunidades autónomas, tanto en el conocimiento de los actos y decisiones comunitarias como en la
fijación de posición que haya de ser defendida por el Estado en los consejos de ministros de la Unión Europea, en ejercicio de sus competencias exclusivas en relación con la política comunitaria. El próximo día 14, señorías, el ministro de
Administraciones Públicas, don Jesús Posada, presentará el proyecto de ley de cooperación ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Estoy convencido de que si existe buena voluntad, en el marco de esta ley podremos encontrar
ámbitos más intensos de reflexión, encuentro y decisión, que coadyuven, junto a los que hasta ahora hemos desarrollado, al fortalecimiento de un diálogo constructivo entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas. Apelo a su sentido común, a
su sentido de Estado para que dejen de hacer demagogia y continúen perfeccionando un sistema que es largo en su camino, pero que será necesario para que algún día podamos hablar, si es posible, de otra cosa.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez Casañ.
Señor Guardans, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas que se han planteado.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, iré por orden. En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista no la puedo aceptar porque creo que devalúa lo que es nuestra iniciativa, contradiciendo
lo que el propio Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña defiende; por tanto, en la medida en que no es ni siquiera lo que el PSC sostiene sino algo mucho más débil, no la podemos aceptar.
En segundo lugar, en cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, respetando estrictamente su numeración, la enmienda número 1 no la aceptamos, la enmienda número 2 sí la aceptamos, la enmienda número 3 sí la aceptamos y las enmiendas números
4 y 5 no las aceptamos; globalmente, las mejoras técnicas sí, no aquellas que suponen aportar párrafos nuevos que desviarían la atención del núcleo de nuestra iniciativa. Las aportaciones positivas, que agradecemos, sí las aceptamos.
En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el señor Joan Saura, del Grupo Mixto, la primera al punto 1.b) sí la aceptamos. La enmienda 2, de adición, que pretende incorporar un párrafo 3, no la podemos aceptar, porque incluso
compartiendo esa idea, entendemos que se separa del núcleo de nuestra iniciativa.
Finalmente, agradezco las enmiendas, como agradezco las intervenciones de los demás portavoces, particularmente la de Coalición Canaria a este texto, y de las enmiendas del Partido Andalucista, del Grupo Mixto, aceptamos las números 1, 2 y
3; no se aceptan las enmiendas 4 ni 5; la enmienda 6 se acepta y las enmiendas 7, 8 y 9 a la moción no se aceptan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno, y el
ministro de Asuntos Exteriores en particular, para posibilitar la participación de las comunidades autónomas en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, que se somete a votación en los términos derivados del debate y con la
incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 31; en contra, 164; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN:
- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR, SOBRE SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. (Número de expediente 158/000026.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de acuerdo con la modificación del orden del día que se ha aprobado por el Pleno al comienzo de esta sesión y como consecuencia de la incorporación de un nuevo punto, se somete a la Cámara la propuesta de
creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, sobre seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico. El detalle del acuerdo de la Comisión de Justicia e Interior ha sido repartido y obra en poder de todos los
grupos parlamentarios, con lo cual pasamos directamente a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 291; en contra, dos; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la creación de la referida subcomisión.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y quince minutos de la noche.