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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 127, de 11/12/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 127
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 122
celebrada el martes, 11 de diciembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación del Código Civil para posibilitar el acceso al
procedimiento de divorcio sin necesidad de un previo proceso judicial
de separación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
164-1, de 5 de octubre de 2001. (Número de expediente 122/000146.) .
. . (Página 6376)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código
Civil en materia de separación y divorcio (Orgánica). «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 178-1, de 30 de noviembre de 2001.
(Número de expediente 122/000160.) . . . (Página 6376)
Tramitación directa y en lectura única de Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley por el que se prorroga la vigencia del concierto
económico con la Comunidad Autonóma del País Vasco, aprobado por Ley
12/1981, de 13 de mayo. (Número de expediente 121/000061.) . . .
(Página 6386)
Ampliación de plazo:
- Prórroga de plazo otorgado a la subcomisión para impulsar el
estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del
emprendedor. (Número de expediente 154/000003.) . . . (Página 6386)
- Prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el seguimiento de
los procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público. (Número de expediente 154/000004.)
. . . (Página 6387)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo
(Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 72-1,
de 9 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000063.) . . .
(Página 6387)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre instalación
paulatina de las herramientas informáticas en la educación
preescolar. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 273,
de 30 de noviembre de 2001. (Número de expediente 162/000379.) . . .
(Página 6395)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora del control de
exportación de armas y sobre control de armas ligeras. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 188, de 1 de junio de
2001. (Número de expediente 162/000307.) . . . (Página 6400)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre control de las
exportaciones de material de defensa. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 179, de 21 de mayo de 2001. (Número de
expediente 162/000293.) . . . (Página 6401)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para un
nuevo impulso del control del comercio de material de defensa. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 198, de 15 de junio de
2001. (Número de expediente 162/000315.) . . . (Página 6401)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
control de las exportaciones de armas y material de doble uso. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 255, de 29 de octubre de
2001. (Número de expediente 162/000365.) . . . (Página 6401)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas de control
en las exportaciones y transferencias de material y servicios
militares, de seguridad y policiales. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 258, de 2 de noviembre de 2001. (Número
de expediente 162/000366.) . . . (Página 6401)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
que piensa poner en marcha el Gobierno para acabar con el maltrato a
las mujeres. (Número de expediente 173/000097.). . . . (Página 6411)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
prioridades del Gobierno en materia de política agraria ante la
próxima Presidencia española de la Unión Europea. (Número de
expediente 173/000098.) . . . (Página 6415)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones generales
del Gobierno para hacer frente a la actual desaceleración de la
economía y, en concreto, sobre sus previsiones de incremento de la
presión fiscal, de introducción de nuevos impuestos y de recorte de
la inversión pública y el gasto social. (Número de expediente 173/
000099.) . . . (Página 6420)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 6376)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación del Código civil para posibilitar el acceso al
procedimiento de divorcio sin necesidad de un previo proceso judicial
de separación . . . (Página 6376)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código
Civil en materia de separación y divorcio. (Orgánica.) . . .
(Página 6376)
La señora Pigem i Palmés defiende, en nombre de Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por su grupo para intentar corregir las
limitaciones que se han puesto de relieve en la aplicación práctica
de la ley del divorcio aprobada hace ya veinte años. Convergència i
Unió, sensible a las demandas que al respecto están haciendo los
ciudadanos y los colectivos, con especial mención de la Asociación de
abogados de familia, ha articulado esta iniciativa cuyo objetivo es
evitar la innecesaria duplicidad de procedimiento que se da en el
momento actual. Proponen en su iniciativa que los ciudadanos, en el
ejercicio de la misma madurez que les lleva a contraer matrimonio,
puedan decidir cuál es la vía de desvinculación que desean: la
separación sólo, la separación primero y luego el divorcio o el
divorcio directamente, sin ese largo camino obligatorio que existe
actualmente. Asimismo anuncia el voto favorable de su grupo a la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista con
parecida finalidad.
El señor Barrero López defiende, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, la toma en consideración de la proposición de ley sobre
modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio,
iniciativa que consideran de enorme importancia y muy necesaria.
Explica las razones que han llevado a su grupo a realizar una
revisión de la Ley del divorcio en profundidad, como son el evitar
que se envenenen más las relaciones de una pareja o el desfase que
sufre una ley que se aprobó
hace veinte años, poniendo especial énfasis en la necesidad de
actualización de la legislación sobre malos tratos. Pasa a explicar
el contenido de su propuesta, que ha sido estudiada a fondo no sólo
por el Grupo Socialista sino también por profesionales dedicados
durante muchos años a la tarea de reflejar, a través de las leyes, la
correcta convivencia de los ciudadanos, y anuncia, asimismo, el voto
favorable de su grupo a la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras
Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), de modificación del Código Civil para posibilitar el acceso al
procedimiento de divorcio sin necesidad de un previo proceso judicial
de separación, se rechaza por 140 votos a favor, 167 en contra y tres
abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código Civil
en materia de separación y divorcio, se rechaza por 141 votos a favor
y 170 en contra.
Tramitación directa y en lectura única de proyectos de ley . . .
(Página 6386)
Proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia del concierto
económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley
12/1981, de 13 de mayo . . . (Página 6386)
La señora presidenta comunica a la Cámara que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la
tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del
proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia del concierto
económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por
Ley 12/1981, de 13 de mayo, lo que se aprueba por 172 votos a favor,
37 en contra y 101 abstenciones.
Ampliación de plazo . . . (Página 6386)
Prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para impulsar el
estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del
emprendedor . . . (Página 6386)
La señor presidenta, de conformidad con el acuerdo adoptado por la
Mesa de la Cámara y oída la Junta de Portavoces, somete al Pleno la
prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para impulsar el
estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del
emprendedor, constituida en el seno de la Comisión de Economía y
Hacienda para rendir informe, hasta el final del próximo período de
sesiones, lo que se aprueba por asentimiento.
Prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el seguimiento de
los procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público . . . (Página 6387)
La señor presidenta, de conformidad con el acuerdo adoptado por la
Mesa de la Cámara y oída la Junta de Portavoces, somete al Pleno la
prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el seguimiento de
los procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público, constituida en el seno de la
Comisión de Economía y Hacienda para rendir informe, hasta el final
del próximo período de sesiones, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación.) . . .
(Página 6387)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo . . .
(Página 6387)
Presenta la proposición de ley el señor Rodríguez Sánchez, del nombre
del Grupo Parlamentario
Mixto. Comienza su intervención haciendo una descripción de la
situación aeroportuaria de Galicia, que cuenta con tres aeropuertos
dependientes de AENA, los de A Coruña, Santiago y Vigo, y
refiriéndose al crecimiento de los aeropuertos gallegos, que está por
encima de la media del Estado, y a la escasa inversión del Estado que
se aproxima para el año 2002 al 1 por ciento del total. Piden en la
proposición de ley que se tenga en cuenta el proceso de
internacionalización y globalización y la proximidad del aeropuerto
de Porto, pretendiendo que la red aeroportuaria de Galicia esté
plenamente integrada social, económica y culturalmente en nuestro
país para que pueda contribuir a la intermodalidad entre los puertos,
el ferrocarril y las carreteras, diversificando el tipo de tráfico y
dando lugar así a un tráfico continental transoceánico desde otras
partes del Estado español que no sea Madrid. Para ello se basa en el
artículo 82 de la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado,
en donde se creó el ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
cuyos apartados pasa a explicar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón
Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura
Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Delgado Arce, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo, se
rechaza por 25 votos a favor y 273 en contra.
Proposiciones no de ley . . . (Página 6395)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre instalación
paulatina de las herramientas informáticas en la educación preescolar
. . . (Página 6395)
Presenta la proposición no de ley el señor Moreno Bonilla, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que el
Gobierno del Partido Popular, consciente de la necesidad de que los
ciudadanos se familiaricen con las herramientas informáticas y las
nuevas tecnologías de la información lo antes posible, incluso a la
edad de preescolar, realizó durante la pasada legislatura importantes
esfuerzos para incorporar las nuevas tecnologías al conjunto de
la enseñanza, y explica los distintos programas puestos en marcha,
sobre todo el Plan de Acción INFO XXI, como instrumento catalizador y
aglutinador del fomento y desarrollo de la sociedad de la información
en España. No obstante, a pesar del esfuerzo realizado desde el
Gobierno, el Partido Popular pretende en su iniciativa que el acceso
a las nuevas herramientas de la información se produzca de una manera
cada vez más generalizada y más temprana. Asimismo se refiere a la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que
propone una enmienda transaccional, en aras del espíritu de diálogo
que debe presidir un acuerdo en un tema de tanta actualidad,
transcendencia y necesidad como es hacer llegar a todos, incluso a
los más pequeños, la sociedad de la información.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista interviene la señora Valcarce García.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre instalación paulatina de las
herramientas informáticas en la educación preescolar, en los términos
de la enmienda transaccional presentada por el grupo proponente, se
aprueba por 280 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora del control de
exportación de armas y sobre control de armas ligeras . . .
(Página 6400)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre control de las
exportaciones de material de defensa . . . (Página 6401)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para un nuevo
impulsodel control del comercio de material de defensa . . .
(Página 6401)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el control
de las exportaciones de armas y material de doble uso . . .
(Página 6401)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre medidas de control en
las exportaciones y transferencias de material y servicios militares
de seguridad y policiales . . . (Página 6401)
La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista es defendida por el señor Moragues Gomila, quien se
refiere a un texto transaccional sobre comercio y exportación de
armamento aprobado por la Cámara el 18 de marzo de 1997, que fue un
acuerdo de mínimos que es necesario superar avanzando por el camino
por el que ha avanzado el conjunto de la comunidad internacional. Es
por ello por lo que hoy se traen a debate un conjunto de
proposiciones de ley que tienen por objeto la mejora y la
profundización de la transparencia y el control en el comercio de
armamento. Reconoce los avances que se vienen produciendo en la
materia desde el año 1997, pero opina que se debe seguir
profundizando en el proceso porque así nos los exigen los países de
nuestro entorno, muchas organizaciones internacionales y la propia
sociedad. Explica el contenido concreto de la proposición no de ley y
adelanta que su grupo votará afirmativamente la enmienda
transaccional impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
En defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto interviene el señor Saura Laporta. Defiende en
nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds una proposición no de ley
similar a las otras presentadas, que tienen como objetivos
fundamentales conseguir un mayor nivel de transparencia y control
sobre las exportaciones de armas, con especial atención respecto a
las armas ligeras. Reconoce que existe una mejora de la información,
pero al mismo tiempo aparecen insuficiencias y omisiones que es
necesario subsanar. Explica el contenido concreto de la proposición
no de ley y anuncia que, a pesar de no estar totalmente de acuerdo
con la transaccional que parece ser se va a presentar por el Grupo
Catalán, Iniciativa per Catalunya- Verds retiraría su iniciativa, si
el Grupo Popular acepta dicha transaccional.
El señor Campuzano i Canadès defiende la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Manifiesta que con estas iniciativas que hoy plantean diversos grupos
parlamentarios se recupera el debate político sobre transparencia y
control de armas que se inició en marzo de 1997, que son unas
proposiciones no de ley que van a permitir dar un salto hacia delante
en la política española en esa materia y que se parte de un balance
positivo de lo que ha sido la evolución de esta política en España
desde marzo de 1997 que, justo es reconocerlo, ha sido impulsado por
la presión ejercida por la sociedad civil organizada y por diversas
organizaciones humanitarias. Al Grupo Catalán le preocupa la venta de
material sensible, armas ligeras, munición o elementos que puedan ser
utilizados como medios de tortura por determinados países
conflictivos, y la transparencia y el control que se persigue con su
iniciativa va en la línea de hacer avanzar al mundo hacia un
escenario de mayor seguridad, al tiempo que permite analizar si la
política del Gobierno está bien orientada.
En defensa de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor Alcaraz
Masats. Considera, al igual que el señor Campuzano, que el consenso
es de enorme importancia en este tema, consenso como el que se
alcanzó en 1997 pero en el que, a su juicio, se avanza de manera
lenta, trabajosa y farragosa. Desearía un avance mucho más sólido
porque tiene la impresión de que el larguísimo debate entre
cooperación y comercio siempre se decanta en función de las presiones
del comercio. Pero a pesar de no estar totalmente de acuerdo con el
texto transaccional ofrecido por el señor Campuzano, su grupo lo
votará favorablemente.
Finalmente, el señor Txueka Isasti, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), presenta su iniciativa sobre medidas de control en
las exportaciones y transferencias de material y servicios militares,
de seguridad y policiales, porque les preocupa lo que está ocurriendo
y porque les inquieta el informe presentado por la cátedra de la
UNESCO sobre paz y derechos humanos, de la universidad de Barcelona,
según el cual las exportaciones de armas del Estado español en el
conjunto del año 2000 duplicarían las ventas reconocidas por el
propio Gobierno español, y la negativa del Gobierno en cuanto a
revelar las armas vendidas a cada país. Pasa a explicar el contenido
concreto de la proposición no de ley, anunciando, como lo ha hecho el
resto de los grupos proponentes, su posición
favorable a la transacción presentada por Convergència i Unió.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Oltra
Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometido a votación el texto transaccional a la iniciativa presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), habiendo
sido retiradas el resto de iniciativas, se aprueba por 287 votos a
favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 6411)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que
piensa poner en marcha el Gobierno para acabar con el maltrato a las
mujeres . . . (Página 6411)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Castro Fonseca.
Demanda soluciones a lo que ella llama el otro terrorismo, que es el
que padecen las mujeres, y recuerda que desde la semana pasada en la
que se presentó la interpelación urgente hasta hoy dos mujeres
españolas más han sido asesinadas víctimas de ese terrorismo de
género. Manifiesta que ha hecho un gran esfuerzo, en aras de los
intereses del colectivo de la mujeres, por traer una moción que pueda
ser asumida por el grupo que sustenta al Gobierno, y agradece y
acepta las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios
Catalán (Convergència i Unió) y Socialista, pero rechaza las del
Grupo Popular porque de brindis al sol la mujeres ya están quemadas.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen las
señoras Riera Madurell, del Grupo Parlamentario Socialista; Riera i
Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Julios Reyes,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelaciónurgente
del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa poner en marcha el
Gobierno para acabar con el maltrato a las mujeres, en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han
sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 119 votos a
favor y 157 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
prioridades del Gobierno en materia de política agraria ante la
próxima Presidencia española de la Unión Europea . . . (Página 6415)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Companys Sanfeliú, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). En primer lugar muestra su extrañeza porque en
el discurso del presidente del Gobierno ante la Cámara en el día de
ayer sobre las seis líneas básicas de acción que piensa impulsar
durante la Presidencia española no se mencionara prácticamente la
agricultura, cuando es una de las políticas con mayor dimensión
europea. Explica las perspectivas poco halagüeñas para la agricultura
española y entiende que sería un gran error que, de cara a los
profundos cambios que se avecinan en los próximos años, no exista un
debate de ideas en profundidad que permita proyectar una posición
unánime del Congreso de los Diputados. Por ello su grupo
parlamentario ha presentado esta moción, que tiene la humilde
pretensión de comenzar a marcar las ideas fundamentales de lo que va
a ser la próxima reforma de la política agraria de la Agenda 2000.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka
Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Pérez Lapazarán,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Companys Sanfeliú.
Se someten a votación en primer lugar el apartado tercero completo,
la última frase del apartado cuarto y la última frase del apartado
séptimo, que son rechazados por 18 votos a favor, 156 en contra y 95
abstenciones.
A continuación se somete a votación el resto de la moción, que es
aprobada por 171 votos a favor, uno en contra y 94 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones generales
del Gobierno para hacer frente a la actual desaceleración de la
economía y, en concreto, sobre sus previsiones de incremento de la
presión fiscal, de introducción de nuevos impuestos y de recorte de
la inversión pública y el gasto social . . . (Página 6420)
El señor Bel i Queralt defiende la moción consecuencia de
interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Critica el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2002, calificando de tortura el trámite por el que ha tenido
que pasar en el Senado, que ha dado como resultado la ausencia de
deflactación del IRPF, el aumento del IVA del butano y de
ciclomotores, el aumento de módulos para comerciantes y autónomos, el
aumento de tasas en medios de transporte, el aumento de las tasas de
alcohol y tabaco y el último impuesto sobre combustibles, aumentando
la presión fiscal contra el acuerdo del Consejo de Política fiscal y
Financiera, que implicaba no aumentar la presión fiscal. Con todo
ello las familias españolas van a disponer de 400.000 millones de
pesetas menos para su consumo y el Gobierno va a disponer de 400.000
millones de pesetas más para cumplir con la obsesión del déficit cero
del señor Montoro. Con su moción, añade, se pretende evitar a las
familias este perjuicio y mejorar los pronósticos para el año 2002.
Defiende las enmiendas presentadas a la moción por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida la señora Castro Fonseca.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Cámara RodríguezValenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A solicitud de los señores Bel i Queralt y Cámara Rodríguez-
Valenzuela, el señor secretario (Oliart i Pons) da lectura de los dos
documentos que son entregados a la Mesa.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el
señor Bel i Queralt.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones generales
del Gobierno para hacer frente a la actual desaceleración de la
economía y, en concreto, sobre sus previsiones de incremento de la
presión fiscal, la introducción de nuevos impuestos y de recorte de
la inversión pública y el gasto social, en sus propios términos, se
rechaza por 89 votos a favor y 161 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y veinte minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL PARA POSIBILITAR EL ACCESO AL
PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO SIN NECESIDAD DE UN PREVIO PROCESO JUDICIAL
DE SEPARACIÓN. (Número de expediente 122/000146.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
CIVIL EN MATERIA DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO (ORGÁNICA) (Número de
expediente 122/000160.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación del Código Civil, para posibilitar el acceso al
procedimiento de divorcio sin necesidad de un previo proceso judicial
de separación.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la
señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado mes de julio se cumplió el vigésimo aniversario
de la modificación del Código Civil que reintrodujo en el Estado
español la institución del divorcio como causa de disolución del
matrimonio. El modelo que se adoptó por nuestro ordenamiento jurídico
en 1981 se explica en buena medida por el contexto político e
histórico y las tensiones sociales que precedieron a su implantación.
En aquel contexto -y quiero recordar que entonces el matrimonio civil
tenía escasa implantación y el modelo social dominante era el
matrimonio canónico, que, por ser sacramento, era perpetuo- se optó
por mantener la figura de la separación
legal, que por aquel entonces era una figura ya desaparecida en
muchos Estados de nuestro entorno, y se mantuvo para proporcionar una
salida a las crisis matrimoniales de aquellas personas que, por sus
creencias religiosas, rechazaban acudir a la disolución del vínculo
matrimonial por el divorcio. La ley no sólo mantuvo la separación
como una opción sino que la impuso como requisito para acceder al
divorcio, de tal manera que en nuestro actual ordenamiento jurídico
todas las causas de divorcio giran en torno a la separación, hasta el
punto de que puede afirmarse que hoy la única causa de divorcio es
una separación previa, bien sea de derecho, bien sea de hecho.
Es cierto -y aunque éste es un debate político no quiero dejar de ser
rigurosa- que el Código Civil prevé una causa directa de divorcio que
no exige la separación previa y que es la condena penal, en sentencia
firme, por atentar contra la vida del cónyuge. Pero también es cierto
que el escaso número de divorcios que se tramita por esta causa no
desvirtúa la afirmación que he hecho de que actualmente la separación
previa es la única causa de divorcio. También podría pensarse que un
solo procedimiento judicial desvinculador sería suficiente, porque
esta separación previa, repito, no necesariamente tiene que ser
judicial, sino que puede ser de hecho. Esta separación de hecho como
causa de divorcio requiere unos plazos excesivamente largos y en todo
caso es impensable acudir a esta vía cuando las partes no llegan a un
acuerdo y forzosamente deben acudir a un procedimiento judicial para
regular, primero, la separación y, luego, acudir a otro procedimiento
judicial para regular el divorcio.
Por otra parte, con la regulación actual nos encontramos con la
siguiente paradoja: Mientras que la voluntad de las partes es
suficiente para casarse, esta misma voluntad de las partes no es
suficiente para divorciarse. Para esto hay que alegar y probar una
separación previa de entre uno y cinco años. El efecto de esta
normativa en la práctica totalidad de los casos es la duplicidad de
procedimientos judiciales y las consecuencias de esta obligatoria
duplicidad son cuanto menos absurdas y, además y especialmente,
dañinas. Dañinas cuando la resolución de la crisis familiar es
contenciosa porque la dilación de esta resolución en el tiempo -y
estamos, señorías, hablando de años- multiplica los efectos
perniciosos y el desgaste que en las relaciones de los contendientes,
de los hijos, de sus familiares, de sus círculos sociales y de sus
propias situaciones laborales tiene cualquier pleito de esta
naturaleza. Y el que ha pasado por esta situación tiene que
reconocerse forzosamente en mis palabras. Podemos hablar también de
la inseguridad que supone tener que discutir las mismas
circunstancias (y no estoy hablando, señorías, de circunstancias
baladíes, estoy hablando de la custodia de los hijos, del uso del
domicilio, de los efectos económicos, de los efectos patrimoniales,
de la liquidación del régimen económico), tener que discutir todas
estas
cuestiones a lo largo no de uno sino de dos procedimientos. Y son
dañinas y absurdas también cuando los cónyuges han llegado a un
acuerdo, porque se dilata en el tiempo la resolución de la crisis,
con gran perplejidad de la pareja, que no alcanza a comprender la
razón de tener que acudir a dos procedimientos cuando están de
acuerdo no sólo en que quieren divorciarse sino, incluso, en la forma
de regular los efectos de su divorcio.
El Gobierno, concretamente el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, acaba de aprobar recientemente un plan integral de apoyo a
la familia para el período 2001-2004. En este plan se propugna la
potenciación de la mediación familiar para la resolución pacífica de
los conflictos que surgen en los procesos de ruptura matrimonial.
Pues bien, con la regulación actual, esto quiere decir que estos
cónyuges, después de seguir un proceso de mediación y de llegar a
unos acuerdos, con la generosidad que supone renunciar a parte de lo
que se aspira en aras a una solución pacífica, se encuentran con que
para acceder al divorcio deben esperar dos años, estando de acuerdo
en todo, o bien pedir primero la separación y al cabo de un año el
divorcio. Es evidente que la actual regulación es costosa, es costosa
económicamente y costosa especialmente en otros precios, y lo es
porque no evita una innecesaria duplicidad de procedimientos, con los
devastadores efectos colaterales que ello conlleva.
Señorías, esta regulación de la que estamos hablando tiene 20 años.
Veinte años de rodaje es tiempo suficiente, a nuestro entender, para
que la mal llamada Ley del divorcio haya podido desplegar toda su
eficacia y también para que todos, los operadores jurídicos y los
ciudadanos, hayamos podido constatar sus limitaciones. Desde
Convergència i Unió creemos que nuestra obligación y nuestra
responsabilidad es justamente intentar corregir las limitaciones que
se han puesto de relieve en la aplicación práctica de esta Ley del
divorcio. Por eso, Convergència i Unió, sensible a las demandas que
al respecto están haciendo los ciudadanos, y también los colectivos
-y quiero aquí hacer especial mención de la Asociación de abogados de
familia-, ha articulado la iniciativa que estamos viendo y que
presentó el pasado mes de septiembre, cuyo objetivo es corregir sin
más demora algo en lo que todos, absolutamente todos, están de
acuerdo y que es evitar esta innecesaria duplicidad de
procedimientos. A esta iniciativa se ha acumulado otra recientemente,
presentada por el Grupo Socialista, con distinto contenido pero con
parecida finalidad, que ya desde ahora anunciamos que también vamos a
apoyar. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
Si prosperara nuestra iniciativa, ¿qué es lo que supondría? Supondría
que, sin desaparecer la figura de la separación, que sería
facultativa, se posibilitaría el acceso directo al divorcio. Esto
quiere decir que los ciudadanos, en el ejercicio de la misma madurez
que
les lleva a contraer matrimonio, puedan decidir cuál es la vía de
desvinculación que desean: la separación sólo, la separación primero
y luego el divorcio, o el divorcio directamente sin ese largo camino
obligatorio que existe actualmente. Técnicamente esta solución se
articula de manera muy sencilla: mantenemos la actual regulación de
la separación y además contemplamos la voluntad conforme de los
cónyuges como causa de divorcio y también la posibilidad de que
cualquiera de ellos pueda, invocando las mismas causas que hoy se
invocan para solicitar la separación, pedir directamente el divorcio,
si es la solución que mejor se acomoda a sus necesidades y a sus
planteamientos. Esta es una solución que guarda perfecta sintonía con
la regulación de los Estados de nuestro entorno.
Entendemos, señorías, que nuestra iniciativa es de protección y de
apoyo a la familia, porque esta es una reforma más social que
jurídica. Y se ha dicho reiteradamente desde esta tribuna por parte
de todos los grupos, también por el Grupo Popular, que el vocablo
familia no es unívoco, que hay muchos tipos de familia y que desde
los poderes públicos se ha de atender a la especificidad de cada una
de ellas. Desde Convergència i Unió entendemos que cuando una familia
está en crisis, protegerla y apoyarla significa también ampararla
y dotarla de una legislación que no multiplique los efectos colaterales
devastadores que todos los miembros de la familia, y especialmente
los hijos, padecen hasta que la crisis se resuelve. Acortar la
duración en el tiempo de la resolución de la crisis es acortar sus
efectos nocivos y esto es beneficioso en aquellos casos en que la
ruptura se produce con enconamiento, desde los supuestos en que hay
malos tratos físicos o psíquicos hasta aquellos otros en los que no
hay violencia pero sí un gran enfrentamiento. Acortar el desgaste de
todos los miembros de la familia entendemos que es protegerla
y apoyarla. En estos casos, señorías, es beneficioso, pero también lo
es en aquellos otros en que se llega a un acuerdo precisamente por
creer que es la solución menos perjudicial y luego, paradójicamente,
no puede materializarse en una sentencia de divorcio hasta al cabo de
más de un año, y esto en el mejor de los casos.
Sinceramente pensamos, señorías, que nuestra propuesta no tiene ni un
solo argumento en contra, pero hemos escuchado las declaraciones que
la señora Estarás ha hecho a los medios de comunicación y sabemos que
el Grupo Popular va a rechazar nuestra iniciativa. Para rechazarla
seguramente se nos dirá que la modificación de la regulación del
divorcio requiere una reforma más profunda, más global y quizá más
interdisciplinar. Este razonamiento, y lo digo con absoluto respeto,
francamente nos suena a excusa, a excusa para aparcar este tema, para
posponerlo ad kalendas graecas, por falta de mentalidad y de voluntad
política para abordarlo y, lo que es peor, denotando una voluntad
positiva del Grupo Popular de que se siga manteniendo una cierta
tutela, un cierto camino tutelado de lo que les
conviene a los ciudadanos, porque se confía poco en la madurez de los
mismos para que tomen sus propias decisiones. Nadie, absolutamente
nadie, se separa por frivolidad, y cuando finalmente se adopta esta
decisión se han apurado ya todas las posibilidades de mantener la
convivencia. Justamente por esto, porque esta decisión se adopta ya
con un desgaste importante previo, es necesario que el remedio legal
no alargue innecesariamente el sufrimiento de las familias.
Hablan ustedes de una reforma global, de una reforma
interdisciplinar. Pues bien, creemos que esta reforma no es
contradictoria con nuestra proposición, porque hagan ustedes la
reforma global que hagan deberán incluir, yo diría que casi
inexcusablemente, nuestra propuesta. La posibilidad de acceder
directamente al divorcio es unánimemente mencionada como medida
incuestionable de mejora de la regulación actual en cuanto este tema
de la modificación de la Ley de divorcio sale a debate. Puede que no
haya unanimidad en el alcance de otras reformas, pero, señorías, en
la medida que proponemos todo el mundo está de acuerdo. Desde nuestro
punto de vista, por tanto, no tiene sentido demorar la toma en
consideración de una propuesta que podrían ustedes enmendar en el
trámite parlamentario pero que significaría, reitero, un apoyo y una
ayuda a las familias que están en crisis. Desde Convergència i Unió
creemos que nuestra iniciativa es razonable, es una iniciativa que
cuenta con demanda social, con la opinión favorable de los
especialistas en la materia y con el apoyo del resto del arco
parlamentario. Pero hoy, señorías, y créanme que lo lamentamos, el
Grupo Parlamentario Popular impedirá con sus votos que prospere esta
propuesta de Convergència i Unió. Esta es su decisión y también su
responsabilidad. La responsabilidad de vedar con sus votos la
adaptación de la Ley del divorcio a la realidad social de nuestros
días.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pigem.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre
modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio.
Tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, mi grupo
parlamentario, como ha hecho hace unos instantes el Grupo
Parlamentario Catalán, trae a esta Cámara una iniciativa que
consideramos de enorme importancia y muy necesaria. Como saben SS.SS.
hace ya 20 años -se cumplen este año- que nuestro país introdujo la
llamada Ley del divorcio y de la separación tras haber estado
proscrita alrededor de 40 años. Veinte años es mucho cuando estamos
ante una sociedad dinámica, ágil y compleja, que ha sufrido
innumerables cambios en hombres y en mujeres. Por tanto, la
revisión en profundidad de esta materia nos parece fundamental.
Las razones que llevan a nuestro grupo a realizar esta revisión en
profundidad podríamos limitarlas a las siguientes. En primer lugar,
porque se trata de regular, 20 años después, desde esta Cámara, en el
trámite parlamentario correspondiente, una realidad distinta. También
porque necesitamos actualizar preceptos que nacieron ya obsoletos
hace 20 años y que respondían a un contexto político distinto.
Recordemos que entonces gobernaba un determinado partido político,
con una situación interna compleja, con dificultades de cohesión y de
mensaje, y esa ley es la consecuencia lógica de ese contexto
político. Son razones que nos mueven también a tomar esta iniciativa,
a agilizar los procedimientos actuales, de manera que se impida, por
vía de procedimiento, que se envenenen más las relaciones de una
pareja que quiere romper el compromiso y dar solución a sus
dificultades afectivas y de otro tipo. Son razones que nos mueven
también a simplificar las causas, de manera que no sea tan importante
buscar la culpabilidad del otro, sino que sea necesario
fundamentalmente llegar al acuerdo y al consenso en esta vía. Como
razón para presentar esta iniciativa nos importa que SS.SS.
comprendan que necesitamos eliminar elementos distorsionadores que
ahora existen en los procesos de separación y que repercuten, de
manera muy agria y muy negativa, en los hijos y en la familia. Por
último, y esto para nosotros es fundamental, necesitamos actualizar
la legislación sobre malos tratos, hacerla real, ejecutarla, hacerla
posible, alejarla de la simple publicidad y proteger, no sólo a la
familia y a los hijos, sino también a la mujer en la pareja.
Señor presidente, de acuerdo con estas razones, hemos marcado un
contenido que no nace de una propuesta poco estudiada sino de una
propuesta estudiada por mi grupo parlamentario y también por
especialistas, por profesionales dedicados durante muchos años a la
tarea de reflejar, a través de las leyes, la correcta convivencia de
los ciudadanos, la correcta ordenación de la sociedad. Y el contenido
de esta iniciativa parlamentaria, señorías, como hace también la del
Grupo Catalán, es permitir el divorcio sin una separación previa.
Parece bastante evidente que el divorcio no tiene que ser la
consecuencia, el objeto o el final feliz de una carrera de
obstáculos, sino que tiene que ser la solución real, normal, madura,
serena, a un problema grave de una familia, de un matrimonio. El
divorcio no tiene por qué tener duplicidad de trámites que, en el
caso además de los malos tratos, se convierte en una agresividad
doble que la sociedad consiente. El divorcio no tiene que tener unos
procesos tan largos; en ocasiones, en muchas ocasiones, contando la
separación, es superior en tiempo a la duración total del matrimonio.
En nuestra iniciativa, señorías, señor presidente, se refleja la
posibilidad de que ambos cónyuges, por voluntad propia, con un
convenio asumido, consensuado,
y con el transcurso de un año, puedan acceder al divorcio,
solicitarlo y conseguirlo. Cuando el divorcio es a petición de uno de
los cónyuges, mi grupo les pide que reflexionen para que todos
podamos debatir sobre las causas legales que lo hagan posible.
Nosotros, en el caso del divorcio a petición de parte, limitamos a
dos las causas legales y las creemos suficientes. La primera causa es
el incumplimiento de los deberes legales y la segunda es la quiebra
de la convivencia familiar. Debe ser también, y esto es importante
para nosotros, señorías, causa del inicio de la tramitación de
divorcio ante el juzgado correspondiente la alegación de la pérdida
del afecto conyugal cuando han transcurrido dos años de matrimonio.
La señora portavoz del Grupo Catalán lo decía antes. Si el matrimonio
está fundado en el amor, en el consenso, en el acuerdo y en el
compromiso, cuando este se rompe, debe ser motivo suficiente para
que, transcurrido un tiempo, se pueda iniciar el proceso de divorcio.
Entre las causas que proponemos a los parlamentarios para que se
pueda conseguir el divorcio de forma rápida está cuando se alegue la
ausencia legal o el cese efectivo de la convivencia durante un año y,
por supuesto, puede y debe ser causa de divorcio la sentencia de
separación.
Proponemos asimismo determinadas medidas, porque somos conscientes de
que la disolución del matrimonio comporta consecuencias de carácter
económico, familiar, y sobre todo con respecto a los hijos. De esta
forma, el juez adoptará medidas sobre patria potestad, sobre régimen
de visitas, sobre comunicación con los hijos, y atribuimos -y esto es
algo nuevo- el uso exclusivo de la vivienda familiar a uno de los
cónyuges, para evitar los problemas que en este momento existen, con
separaciones, con la vivienda familiar a favor de ambos cónyuges, con
dificultades, con estímulo para la violencia, etcétera. Sólo será
posible tener la vivienda ambos cónyuges cuando así lo decida el juez
previo informe del ministerio fiscal. Y apuntamos medidas que, desde
nuestra ideología, nos importan, como grupo sensible a una de las
problemáticas más terribles, más duras de la realidad que
representamos con orgullo: los malos tratos. Señorías, en estos
supuestos el inicio del divorcio debe ser automático y las medidas
del juez deben realizarse siempre para ayudar y defender a la
víctima; víctimas, señorías, no tengo que recordárselo porque estarán
atentos a la realidad, que en ocasiones, en forma de muerte, suponen
más de 60 al año, o miles de lesionados, una lacra que desde todas
las visiones del mundo del derecho, penal, de familia, tenemos que
erradicar de nuestra sociedad. Pues bien, el juez puede, en los
supuestos de malos tratos, suspender el régimen de visitas de manera
automática, prohibir el acercamiento de uno de los cónyuges a la
víctima o suspender la comunicación con ese cónyuge. Pedimos a este
Parlamento que con el trámite parlamentario previo podamos sentirnos
orgullosos de que ese juez va también a indemnizar a esa víctima con
dinero, indemnización del verdugo a la víctima; es decir, la persona,
la mujer generalmente, sometida a malos tratos tendrá, por vía del
derecho de familia, derecho a una indemnización adecuada que no
compensa su daño moral, pero que al menos intenta rebajar el daño
físico y psíquico que significa la violencia de género.
En las medidas que pedimos, el juez es también el competente para el
aseguramiento del pago. Hacemos una alusión a determinados supuestos
que este Parlamento está estudiando y que deben estar reflejados en
nuestro derecho de familia: la prohibición de la salida del
territorio nacional o del cambio de domicilio a menores para evitar
supuestos de secuestro o de retención, así como la prohibición de dar
pasaporte a menores cuando los supuestos de un divorcio con violencia
pueden significar un mal para el menor, una retención o un secuestro
ilegal.
Termino, señor presidente. Como la portavoz del Grupo Catalán ha
tenido ocasión de decir en esta tribuna, hemos sido informados de que
el Grupo Parlamentario Popular va a impedir la tramitación en vía
parlamentaria de estas iniciativas que presentan el Grupo Catalán,
que apoyaremos, y el Grupo Parlamentario Socialista. Señores del
Grupo Parlamentario Popular creemos, sinceramente, que se confunden.
Impedir el debate parlamentario en esta cuestión es algo negativo que
va a poner de manifiesto, sin duda, cuál es la conformación
ideológica y mental, sus ideas acerca de la materia de la que
hablamos. Se van a quedar solos, como en tantas ocasiones. Da la
impresión de que en supuestos de este tipo, cuando la realidad social
se refleja en este Parlamento y a ustedes no les gusta, les sale la
parte más reaccionaria de su ideología, la parte más rancia; no en
vano han dicho que no a las parejas de hecho y su regulación en este
trámite parlamentario; han dicho que no a la interrupción voluntaria
del embarazo en otros supuestos, además de los que legalmente se
aplican en este momento en nuestro ordenamiento jurídico; han dicho
que no a la violencia de género, que limitan a aspectos
publicitarios; esta mañana han dicho que no al simple trámite
parlamentario para crear una subcomisión de acuerdo con la cual este
Parlamento pudiera definir, defender posturas, debatir serenamente,
reflexionar sobre la eutanasia o la llamada muerte digna y hoy dicen
que no a actualizar el divorcio y la separación que reclaman los
ciudadanos.
Han sido muchas, señores del Grupo Parlamentario Popular, las
asociaciones que se han acercado a nosotros -nos imaginamos que
también a ustedes- para pedir una revisión y una actualización de
esta materia: asociaciones de mujeres, la Asociación de Abogados de
Familia. Se quedarán solos, señores del Grupo Popular, si así lo
deciden. Les pido que reflexionen, que den de verdad respuesta a los
problemas sociales reales. Les pido que entre todos ayudemos a que el
Partido Popular conecte con la realidad. Señores del Partido
Popular, señor presidente, la sociedad es tan madura que les ha
votado a ustedes de manera mayoritaria, la sociedad no necesita
paternalismos ni avales. Señorías, les pedimos que reflexionen. Al
político que está alejado de la realidad, al final la realidad le
aleja de la política. Reflexionen y apoyen estas dos iniciativas
parlamentarias, una de las cuales he tenido el honor de defender en
nombre de mi grupo parlamentario.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Barrero. ¿Algún
grupo desea fijar posición en contra de la toma en consideración de
las proposiciones? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición?
(Pausa.)
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar el apoyo del Bloque Nacional Galego a la
toma en consideración de estas dos proposiciones de ley. Si bien la
Ley 30/1981 representó en el momento de su promulgación un
acontecimiento importante y un avance desde el punto de vista social
y jurídico, la aprobación de la Ley del divorcio permitió la solución
de los problemas de muchos ciudadanos y ciudadanas que hasta entonces
sólo podían solucionar de hecho, y no de derecho, la desaparición del
afecto y la ruptura de una relación conyugal. Veinte años después
esta ley necesita una mejora urgente y se muestra como urgentemente
mejorable e incluso anacrónica. Condicionar el divorcio y ligarlo al
paso previo de la separación judicial retrasa, encarece y dificulta
el proceso de disolución del matrimonio, cuya situación de hecho es
precisamente la inexistencia de vida en común.
En 1981, dados los momentos que vivía el Estado español, dadas las
influencias que ciertos poderes fácticos -en concreto, la Iglesia
católica- tenían entonces, la solución de la Ley 30/1981 era un
consenso aceptable. Hoy, en 2001, créanme, señores del Partido
Popular, si les digo que no es en absoluto presentable seguir
aferrados a creencias, absolutamente respetables a título personal y
como opciones individuales, para limitar la libertad las personas,
para mantener unas tutelas sobre los ciudadanos -como ya se ha dicho-
injustificables en pleno siglo XXI.
Las proposiciones de ley presentadas suponen, desde nuestro punto de
vista, interesantes reformas que vamos a apoyar. Por una parte, es
acertado dotar a las personas casadas de la posibilidad de acceder
directamente al divorcio sin necesidad de una separación judicial
previa. Se ahora tiempo y dinero, como se ha señalado, pero, sobre
todo, se evita dilatar innecesariamente una situación incómoda para
muchas personas que sólo desean pasar página en sus vidas. Se
incrementa la libertad y la capacidad de elección de los ciudadanos,
puesto que son los afectados quienes determinan directamente qué es
lo que les interesa, si sólo quieren separarse o si quieren realmente
disolver su vínculo matrimonial. Por otro lado, la experiencia de 20
años demuestra que una parte muy importante de los cónyuges que se
separan acceden finalmente al divorcio, con lo cual este trámite
previo obligatorio carece aún más de justificación.
Consideramos también oportuno revisar las causas de separación
matrimonial, eliminando los condicionantes y requisitos que exige la
legislación actual para acceder a la separación y al divorcio. Se
trata, sobre todo, de desechar cualquier interpretación de que las
causas de divorcio son cerradas, de que constituyen un numerus
clausus, dado que existen muchas más causas y razones para comprender
que las personas integrantes de un matrimonio no desean seguir
unidas. Una de ellas, y la fundamental, es la desaparición del
affectio maritalis, de la voluntad de vida en común. Ahí radica otra
de las demandas actuales de nuestra sociedad; es decir, que la
voluntad de uno de los cónyuges sea suficiente para disolver un
matrimonio, y ahí donde estas proposiciones de ley aportan soluciones
más satisfactorias que la legislación actual.
En suma, vamos a apoyar estas proposiciones de ley porque es
necesario reformar y actualizar la regulación vigente. Coincidimos en
términos básicos con lo que apuntan estas proposiciones y esperamos,
aunque esperar a estas alturas nos sume en la desesperanza y en el
escepticismo, como en tantas cuestiones relativas a la libertad de
las personas -parejas de hecho, aborto, etcétera-, que la unanimidad
de la Cámara respalde su toma en consideración para su tramitación
posterior.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
La intervención tiene como objetivo mostrar el apoyo de Chunta
Aragonesista a la toma en consideración de las proposiciones de ley
de modificación del Código Civil, puesto que, sin lugar a dudas, es
hora ya de poner al día la figura civil del divorcio y adaptarlo a la
nueva realidad social en la que nos encontramos. La regulación que de
la separación y del divorcio se hace en la Ley 30/1981, de 7 de
julio, conocida como La Fermina, mantiene la figura de la separación,
figura ya desaparecida en la mayoría de los Estados occidentales
y que tenía como objetivo que dicha ley fuera aceptada con menos
traumas por una sociedad civil que vivía un período de transición
política y de recuperación de libertades ahogadas durante cuarenta
años de dictadura. Hasta entonces se rechazaba cualquier posibilidad
no canónica de disolución del vínculo matrimonial que
permitiera contraer nuevo matrimonio pero, en la actualidad, la
mayoría de la población ha aceptado que el vínculo matrimonial no
tiene por qué durar toda la vida y que puede disolverse, permitiendo
que se contraiga nuevo matrimonio sin que ello suponga ningún
problema social o familiar. Así pues, continuar obligando a los
cónyuges a que para disolver el vínculo matrimonial deban pasar
previamente por la separación, es condenarles a un alargamiento
innecesario de la crisis matrimonial provocando incluso que se
aumenten, si cabe, los problemas que se generan al tener que discutir
en dos procedimientos judiciales distintos los mismos asuntos: la
pensión de alimentos, la pensión compensatoria, el uso de la
vivienda, etcétera, con los consiguientes perjuicios familiares, en
especial para los hijos del matrimonio que también padecen estas
situaciones.
Sin lugar a dudas, estas dos proposiciones de ley, de aprobarse, van
a permitir a muchos ciudadanos acceder al divorcio directamente una
vez transcurrido el primer año del matrimonio; van a evitar prolongar
las crisis matrimoniales y no van a perjudicar a aquellos que, por
sus creencias religiosas o personales, no acepten la disolución del
vínculo matrimonial, puesto que se conserva la figura de la
separación; además, tendrán la virtud de abaratar los costes al no
ser necesarios dos procedimientos judiciales para conseguir la
disolución del vínculo matrimonial, logrando un efecto beneficioso al
aminorar la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia
encargados de tramitar esos asuntos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la
señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera manifestar nuestra posición favorable también a la toma en
consideración de la proposición de ley que hoy estamos debatiendo.
Hoy en día existe ya una separación entre la legislación en materia
de separación y de divorcio y la realidad social que vivimos. La
situación social y política de nuestro país que dio lugar a la Ley
30/1981 ha variado de forma importante. Compartimos la toma en
consideración de esta iniciativa legislativa porque entendemos que es
necesario adecuar la legislación a la realidad social y es misión de
esta Cámara hacerse eco de los cambios sociales y canalizar los
desarrollos legislativos pertinentes que permitan modernizar nuestra
legislación a la luz de la práctica de nuestros juzgados y
tribunales, de la realidad social que vive el país, junto a la
necesaria adaptación en esta materia de nuestra legislación a las de
los países de nuestro entorno.
La proposición de ley del Grupo Catalán puede adaptarse con bastante
sencillez a un desarrollo legislativo oportuno. Fundamentalmente
canaliza una reforma que, hoy por hoy, es ya imprescindible puesto
que se trata de posibilitar el acceso al divorcio sin necesidad de
una declaración judicial previa de separación. La legislación actual
de este país mantiene la separación no ya como una opción sino como
un requisito previo, de forma que todo el ordenamiento jurídico gira
sobre esta materia. Ya han transcurrido 20 años desde la aprobación
de la Ley 30/1981 y es necesario que se realice este debate que está
en la sociedad, en la problemática a la que se enfrentan las personas
que desean un divorcio y en los procedimientos judiciales. La
normativa actual genera en la mayoría de los casos una duplicidad
innecesaria de procedimientos judiciales - de separación y de
divorcio-, lo que implica para los afectados un mayor gasto, un mayor
tiempo y el consiguiente perjuicio para los recursos y la búsqueda de
eficiencia de la justicia.
De prosperar esta proposición -parece que no va a ser así-, debería
aprovecharse la oportunidad para constituir una ponencia en la que se
pudiera reflexionar sobre otras necesidades, como es la debida
distinción de aspectos sustantivos de los procesales, debiendo
incardinar éstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se debe
aprovechar la ocasión para regular de manera más exhaustiva algunas
medidas cautelares concretas que puedan solicitarse y acordarse en el
ámbito del derecho familiar. Coincidimos también con algunos
comentarios relativos a que desgraciadamente hay un número elevado de
malos tratos que se producen precisamente en estos trámites
prolongados, desde la separación hasta el divorcio. Esta Cámara
debería hacerse eco de este problema y generar un debate serio sobre
estos aspectos. La proposición de ley presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) se acerca más al planteamiento que consideramos
oportuno. Nuestra posición es la de que debería ser admitida a
trámite para generar un debate en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Cuando el Grupo Vasco tuvo conocimiento, a través de la señora Pigem,
de la iniciativa que se presentaba para posibilitar el acceso al
procedimiento de divorcio sin necesidad de un previo proceso judicial
de separación, nuestra expresión fue, en primer lugar, de
felicitación y, en segundo lugar, manifestamos que ya era hora de que
se hiciese algo que era pedido una y otra vez por
cuantos abogados se dedican al derecho de familia. Nos pareció
perfecto y le felicitamos por la iniciativa.
La exposición de motivos de lo que hoy se trae a la Cámara en nombre
del Grupo Catalán lo expresa magníficamente en su párrafo último
cuando dice que transcurridos 20 años desde la introducción de la
figura del divorcio en nuestra sociedad -era un momento complicado,
acabábamos de acceder a un sistema democrático y de libertades y no
había los parámetros de conciencia social que hoy existen, hubo de
hacerse todo con cautela y pareció que era necesario el trámite de la
separación previa-, hoy se considera necesario introducir en el
ordenamiento jurídico español, mediante la correspondiente reforma
del Código Civil, la posibilidad de un acceso directo al divorcio
incluyendo como causa del mismo, entre otras, la voluntad acorde de
los cónyuges de divorciarse sin necesidad de instar un procedimiento
previo de separación, pero manteniendo esta opción para aquellos
otros que por las razones que sea prefieran acudir a ella.
Insistimos, la idea nos pareció perfecta y nos parece respetuoso con
las opciones de todo y de todos.
Hemos escuchado las razones del grupo mayoritario para oponerse a
esta sensata iniciativa atinentes a que es bueno ponderar o sopesar
los motivos durante un determinado tiempo, pero estimamos que no es
así, pues hay casos en los que está clara la voluntad de las partes
de divorciarse y con la iniciativa que hoy se presenta se aligera el
proceso de quien tiene ya, repito, ese criterio cierto y quiere
evitarse las tensiones que inevitablemente genera un proceso judicial
para quien lo tiene abierto durante un tiempo determinado. Hay otra
razón que alega el grupo mayoritario: la promesa de un tratamiento
conjunto de la institución de los procesos de separación y de
divorcio, incluso de la institución familiar. Señorías, tengan en
cuenta que la promesa de un tratamiento futuro perfecto excluye a
menudo el tratamiento, aquí y ahora, de soluciones que son buenas,
adecuadas e incluso posibles. Me remito, en cuanto a la aceptación de
promesas hechas por los grupos mayoritarios, a lo que se nos dijo en
la legislatura pasada en relación con el tratamiento a dar a las
parejas de hecho, que todavía no ha tenido respuesta, ni siquiera el
grupo mayoritario de la Cámara ha presentado un texto. Repito, nos
quedamos con lo bueno posible y, en un mañana, veremos si hay algo
más completo y mejor en cuanto al tratamiento genérico. Hoy por hoy,
la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
obedece a algo querido y sentido por quienes han vivido situaciones
de este estilo, por los profesionales que practican esta rama del
derecho que posibilitaría una tramitación rápida y ojalá fuese con el
consentimiento unánime de todas las formaciones políticas, puesto
que, repito, en nada perjudica a posibilidades futuras de normativas
más completas ni tampoco a aquellos que, no teniendo segura su
decisión en el momento de hoy, decidan pasar por el trámite previo
-iba a decir por el calvario previo- del procedimiento de separación.
Si estamos pensando una tramitación global en este momento, a la
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se ha unido, hace pocos días, la del Grupo
Parlamentario Socialista, que ya abarca aspectos distintos, se esté o
no de acuerdo con ellos. Además de la desaparición del afecto
conyugal como causa de divorcio, se propone un mutuo acuerdo más
rápido; la posibilidad de la ruptura en lo que se ha dado en llamar
desamor; y se hace una regulación completa -quizá no sea ésta la
norma más adecuada, pero la iniciativa socialista así lo contempla-
de los malos tratos con un divorcio urgente y las indemnizaciones por
agresiones. La iniciativa socialista, con todos los defectos que se
quiera, tiene, además de las virtudes de la del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el dar vías civiles, que no penales, como se
ha pretendido en otros momentos, a una serie de cuestiones que no
siempre nos pareció que era bueno reconducir al terreno de la
normalidad, pues la conflictividad en el ámbito de lo penal en las
relaciones familiares siempre genera más problemas que soluciones a
largo plazo.
Nos gustaría, señorías, que el grupo mayoritario tuviese en cuenta la
posibilidad de la toma en consideración ahora de estas iniciativas,
que no excluye su mejora con cuantas enmiendas se quiera. Repetimos,
no se trata sólo del terreno limitado que acotaba la iniciativa
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que en sí
misma permitiría una tramitación en lectura única, con el consenso de
todos -así lo cree por lo menos el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV)-, sino que, abierto el terreno de juego por la iniciativa
socialista, es posible ahora hacer cuantas mejoras y cuantos matices
considere conveniente introducir el propio grupo mayoritario, puesto
que ya tendríamos tomadas en consideración dos iniciativas en la
Cámara. En esta legislatura el grupo mayoritario está negando, una y
otra vez, la iniciativa legislativa que existe respecto de
formaciones políticas distintas del Gobierno en nuestra normativa y
no toma nunca en consideración las que proceden de otras formaciones
que, en ocasiones, son más diligentes con el clamor social o el
sentir de la sociedad, como en este caso ha acreditado el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) con la presentación de esta iniciativa
y el propio Grupo Parlamentario Socialista, aunque se pueda discrepar
en aspectos enmendables.
Desearíamos que hubiese una llamada a la sensatez y que en una
materia como la que hoy se trata, hubiese, por fin, un asentimiento
de la Cámara, para que pudiese modificarse la norma que hoy regula lo
relativo a las separaciones y a los divorcios en esta materia. Hace
20 años que se aprobó esta iniciativa en un contexto social muy
distinto del actual. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), esta
diputada, discrepa profundamente de
la afirmación del tango de que 20 años no son nada. Es mucho tiempo,
es una experiencia acumulada importantísima, acreditada, con efectos
dilatados y basta leer lo que una y otra vez han acordado cuantas
asociaciones se dedican al derecho de familia, para que entre sus
propuestas siempre leamos como primera la idea de facilitar el acceso
directo al divorcio, aun manteniendo la opción de la separación. Esto
es lo que se pretende con la iniciativa catalana; esto es lo que
pretende también la iniciativa socialista, aunque aborda otros
aspectos. Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), nos gustaría que hoy en la Cámara se tenga la sensatez, la
conexión necesaria con la sociedad para poder decir que sí a ambas
iniciativas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidente. Espero que se me oiga
porque yo no he podido escuchar a ninguno de los intervinientes que
me han precedido en el uso de la palabra.
Intervengo de manera muy breve, porque ya está todo dicho
prácticamente, para decir que aquellas mujeres y aquellos hombres que
hace 20 años no solamente recibimos con agrado la Ley del divorcio,
sino que hicimos trabajo de campo a favor de que esta ley fuera
posible. Somos conscientes de que es una ley que nace, con la
complejidad del momento político en que surge, con efectos perversos,
como que no se pueden buscar culpables donde no los hay porque el
vínculo está basado precisamente en un compromiso que tiene que ver
con el amor. Si el amor es la base y motivo suficiente para el
vínculo, cómo no va a ser motivo suficiente para el no vínculo, para
el divorcio, el hecho de la quiebra amorosa. Por muy saludable que
fuera en su momento, veinte años después esta ley se muestra
claramente insuficiente para dar respuesta a los nuevos retos que
plantea hoy la complejidad de una sociedad... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Castro, perdone.
El nivel de rumores es tan alto que hace inaudible en estos momentos
a la diputada que está en el uso de la palabra. Les ruego que, por
favor, bajen el tono de las tertulias.
Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidente. Es que esto del
divorcio altera muchísimo.
Decía que aunque fue saludable en su momento, hoy se muestra a todas
luces como una ley claramente insuficiente que es preciso modificar.
Vaya en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, la felicitación a los ponentes, la señora Pigem y
el señor Barrero, que muy oportunamente han traído estas
proposiciones de ley al Parlamento. En segundo lugar, tengo que decir
que vamos a votar favorablemente la tramitación parlamentaria de
ambas proposiciones, no solamente por la oportunidad política, sino
porque compartimos su espíritu y su letra. Nos parece más completa la
iniciativa del Grupo Socialista porque viene a resolver, en el ámbito
de lo civil, cuestiones que nos preocupan mucho en la sociedad, que
también parece que preocupan en esta Cámara y que tienen que ver con
el tema de los malos tratos a las mujeres, para los que se reclama el
divorcio automático. No se le puede pedir a una cónyuge -digo cónyuge
porque mayoritariamente somos las mujeres las que sufrimos los malos
tratos- aplazamientos. A una persona que se encuentra desamparada
tampoco se le puede pedir que añada a su vida, a su éxodo emocional y
territorial, un plus de pobreza. Hay que hablar de que el divorcio no
es un derecho de los pobres en nuestra sociedad, es decir, para poder
divorciarse y seguir teniendo una vida digna, hay que tener
determinados recursos económicos. Para que el ejercicio del derecho
esté garantizado hay que tener recursos económicos, hecho que no es
de recibo a estas alturas de la película. Estamos en el siglo XXI, la
ley tiene un rodaje y lo que hace falta es ponerla al día. Es una
medida de protección a la familia, coincido con la señora Pigem, pero
no al modelo de familia que el Partido Popular nos vende; es una
medida de protección a la familia, a la concepción plural de la
familia que hoy, por fortuna, tiene ya nuestra sociedad. Es, además,
una medida desincentivadora de la violencia de género. Hay que
recordar aquí que los casos de asesinato en las mujeres -ese otro
terrorismo que parece que tratamos como de segunda categoría- ocurren
precisamente en mayor número en los momentos en que están
produciéndose las separaciones. Por tanto, si de verdad desde el
Partido Popular hay la voluntad de desincentivar la violencia de
género y atajar el tema, perderían una buena oportunidad si no
votaran hoy a favor de que estas dos proposiciones de ley se tramiten
en la Cámara y puedan ser debatidas y mejoradas por los demás grupos
parlamentarios.
En definitiva, señorías, pensamos desde del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida que las leyes tienen que ir al paso de la
sociedad. Con la opinión del Partido Popular de que los que no se
manifiestan están a favor, es muy probable que ustedes sigan
construyendo una realidad virtual y sigan gobernando para una
sociedad que realmente sólo existe en su imaginación, pero hoy es un
clamor de los hombres y de las mujeres y también de los niños -porque
hay que alzar la voz a favor de los hijos de esas parejas que también
van a ser beneficiarios-, hoy es un clamor de la sociedad española,
se entere o no se entere el Partido Popular, la modificación de la
ley del divorcio que en su día saludamos con mucha alegría los
demócratas de este país, pero que, a todas luces, es necesario
modificar hoy. Me
permito dirigirme al Grupo Popular diciéndole que no pierda una vez
más la oportunidad de subirse al carro de la historia, al carro de la
sociedad, al carro de las mujeres maltratadas, al carro de los hijos
que padecen estas situaciones y al carro de los hombres y mujeres
que, por el simple hecho de no tener recursos económicos, se ven
privados del ejercicio del derecho democrático fundamental que es el
derecho al divorcio.
Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Señor presidente, señorías, en nombre del
Grupo Popular me corresponde el turno al objeto de fijar la posición
en torno a las propuestas planteadas tanto por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) como por el Grupo Socialista. Modifican ambas
el Código Civil en el sentido de acudir al procedimiento de divorcio
sin necesidad de ir a un previo procedimiento judicial de separación.
En el caso de la propuesta socialista se aborda un tema más en el
sentido de que posibilita como causa de divorcio el que haya malos
tratos familiares, modificando en tal caso el derecho de visitas y,
al mismo tiempo, introduciendo medidas que aseguren un eventual
alejamiento y las pensiones, así como la suspensión de las
comunicaciones o secuestro de menores por quienes no tengan la
guardia y custodia.
Comenzaré por decir que la Ley del divorcio del año 1981 supuso una
modificación de parte del derecho de familia en el sentido de que
entró a regular el procedimiento de separación, de nulidad y de
divorcio, todo ello como consecuencia de una Constitución que se dio
el Estado español en el año 1978, que abrió la puerta a una nueva
realidad social de la familia. Dicho esto, podemos ver que 20 años
después de democracia, de la promulgación de esa ley -que nadie ha
dicho que fueran pocos, 20 años son muchos- y la experiencia nos lo
demuestra, el derecho de familia es una materia interdisciplinar y
que contiene elementos de derecho civil, patrimonial, de la persona,
sucesorio, obligacional, derecho procesal, administrativo e incluso
mercantil.
Hoy no puede abordarse, tal como explicaré a continuación, una
modificación aislada o puntual del Código Civil para resolver los
verdaderos problemas que ha generado después de estos 20 años la Ley
del divorcio. Una técnica rigurosa y adecuada requiere un estudio
mucho más sosegado de los aspectos del ordenamiento jurídico que,
directa o indirectamente, inciden en la materia y, por lo tanto, se
tiene que procurar abordar el problema en su conjunto y hacer una
reforma íntegra y plural. Para ello es necesario no solamente mirar
el Código Civil, sino echar una mirada también a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aprobada el año 2000, que
regula, como ustedes saben, los juicios familiares con adecuación a
la Ley del menor y que para una valoración práctica todavía es pronto
para saber cuál ha sido su desarrollo procesal. Prueba de que es un
tema que tiene que abordarse de una manera mucho más amplia es el
propio informe de la Asociación de Abogados de Familia, donde se ve
que la propuesta que Convergència i Unió es una fotocopia de una
parte de este informe y también la lectura que hace la mayor parte de
magistrados de familia, en el sentido de que todos coinciden en que
se tienen que abordar temas tan importantes como el principio de la
oralidad o de la inmediación, ya que el actual sistema es
principalmente escrito, y el juez, en muchos casos, no ve ni oye a
las partes. Otro de los problemas es asegurar la privacidad a la hora
de declarar. El gran problema es asegurar que se cumplan las
sentencias, porque la función jurisdiccional es ejecutar y hacer
ejecutar lo juzgado. Al mismo tiempo, otro de los problemas es
extender los servicios de mediación familiar -tal como dice el Plan
de apoyo a la familia, aprobado recientemente por el Gobierno- a
todas las provincias y garantizar la seguridad jurídica, porque otro
de los problemas que existe es la disparidad de criterios que
mantienen distintos tribunales; esto ha llevado a algunos juzgados en
Andalucía a establecer una tabla por el cual se marcan una serie de
pensiones según el número de hijos y los ingresos económicos. Hay
otro tema importante que es debatir si es necesario o no obligar a
los menores a comparecer en los juicios o si esa comparecencia no
tendría que ser una obligación, sino que tendría que ser a
requerimiento de ellos; estudiar o no la eliminación de un régimen
supletorio matrimonial en ausencia de capitulaciones, etcétera.
Como ven ustedes, son muchos los problemas que tenemos que abordar,
después de 20 años, para observar cuál ha sido la práctica de la Ley
del divorcio. Por lo tanto, es necesario un estudio y una regulación
mucho más amplios de las causas y de los efectos, y no hacer
regulaciones puntuales o aisladas que no dejan de ser importantes,
como la que ha hecho Convergència i Unió, pero que no entran a
resolver los verdaderos problemas que hoy existen en esa legislación.
Si analizamos las propuestas planteadas observaremos que la propuesta
socialista es incoherente en su formulación y excesivamente
fragmentaria, básicamente por una serie de razones. En primer lugar,
porque omiten su regulación, que va a reformar el artículo 85 y
finalmente lo reforma. En segundo lugar, porque al abordar la reforma
de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula distintos
temas, pero no entra en el verdadero problema que se ha dado en la
práctica, que es la comparecencia de menores en todo tipo de
juzgados, reivindicación que también ha sido solicitada por la
Asociación de Abogados de Familia. También quiero decir que la
propuesta socialista, en el artículo 97, pretende mantener para las
víctimas de malos tratos, principalmente
mujeres, un derecho a la pensión y a indemnización. Cuando
realmente lo que está sucediendo en la actualidad es que está
costando mucho trabajo que las víctimas de malos tratos cobren las
pensiones, decir que además van a cobrar una indemnización no es
realista y lo que se tiene que pretender es que se realicen las
reformas adecuadas en vía ejecutiva para que se cumplan las
sentencias.
Quiero decir también que era un momento adecuado para hablar de un
tema jurisprudencial que ha suscitado muchísima discusión, como es el
hecho de que la pensión compensatoria pueda no ser vitalicia sino
temporal atendiendo a determinadas circunstancias. No entendemos por
qué la propuesta socialista, si ha consultado con los abogados
matrimonialistas, no se ciñe a este tema, que es importante, y ya que
abordaban las pensiones, sería interesante que se pudiera tratar como
medida el cumplimiento del deber del pago de las pensiones. Cuando
hablan del derecho de indemnización de la víctima de malos tratos
habría que tener en cuenta que en el procedimiento penal por malos
tratos existe la posibilidad de obtener una indemnización por parte
de la víctima de los mismos. Por lo tanto, habría una duplicidad de
procedimientos y podríamos entrar incluso en un conflicto de
competencias.
En la propuesta socialista también se refieren al uso no exclusivo de
la vivienda. El ponente socialista no ha acabado de explicar lo que
dicen en su artículo 90.b), respecto a que en el caso de malos tratos
podrá habilitarse un uso alternativo de la vivienda familiar si el
juez lo autoriza y si hay un convenio regulador de ambas partes
poniéndose de acuerdo a este objeto. Nosotros tenemos que alegar aquí
que si ya es difícil en una situación de malos tratos, porque hay
violencia y agresividad, es prácticamente imposible ponerse de
acuerdo en un convenio regulador para compartir la vivienda. Por eso
entendemos que ese uso exclusivo de la vivienda y del ajuar doméstico
tendría que ser la regla general y sólo excepcionalmente utilizarse
de forma compartida o alternativa si lo aconsejase el ministerio
fiscal en beneficio de los hijos menores si los hubiere. También
quiero decirle al portavoz socialista que es ilustrativo recordar las
palabras de la ponente señora Alberdi, en el debate que tuvo lugar el
23 de febrero de 1999, con ocasión de una propuesta que habían
presentado el Grupo Popular e Izquierda Unida sobre malos tratos,
donde la señora Alberdi dijo textualmente que hablar del uso no
exclusivo de la vivienda familiar era una aberración jurídica. Veo
que hoy han cambiado de opinión.
En sexto lugar, la propuesta socialista se refiere a la sustracción
de menores y a la prohibición de la salida del territorio nacional,
en el sentido de que se regule la sustracción de menores cuando el
progenitor no tuviera la guarda y custodia y se temiera que pudiera
llevarse a los hijos. Nosotros entendemos que esto ya lo ha planteado
el Plan de apoyo a la familia, que recientemente
ha aprobado el Gobierno y se tipificará en el Código Penal porque es
donde realmente tiene que recogerse la sustracción de menores y no en
el Código Civil. No creemos que el Código Civil sea el lugar adecuado
para tipificar este tipo de delitos. En cualquier caso, la
sustracción de menores tiene que ir también acorde con lo que está
marcado en la Convención de La Haya y con los acuerdos de ámbito
internacional. La prohibición de expedir pasaportes que marca la
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en el artículo 102 bis)
no ha lugar, podría eliminarse, dado que es una consecuencia de la
prohibición de salir del territorio. Es decir, que es reiterativa.
En séptimo lugar, en relación con lo que dice la propuesta del Grupo
Socialista de la suspensión del régimen de visitas en el caso de que
haya un maltratador, nosotros somos más partidarios de seguir la
línea marcada por el Plan contra la violencia doméstica y por el Plan
de apoyo a la familia, que ha aprobado nuestro Gobierno, en el
sentido de que se posibilite que sean los servicios de mediación
familiar y los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son
servicios que se suelen encontrar en vía judicial y donde se
posibilita el derecho de visitas, que realmente es lo que está dando
mayor problemas, y son los equipos cualificados de estos puntos de
encuentro -psicólogos, pedagogos y asistentes sociales- los que van a
decir si ese derecho de visitas se elimina, si se mantiene custodiado
en el punto de encuentro en beneficio del menor o si es posible el
derecho de visitas fuera del punto de encuentro. Vamos a dejar
trabajar a los equipos cualificados de estos puntos de encuentros y,
por tanto, creemos más positivo que se establezca como medida
alternativa no la eliminación absoluta, como hace el Grupo
Socialista, sino esa posibilidad y esa puerta que abren el Plan
contra la violencia doméstica y el Plan de apoyo a la familia
aprobado recientemente por el Gobierno. También quiero decirles que
la propuesta socialista adolece de práctica jurídica cuando habla de
si se revelan malos tratos. La palabra revelar no es una palabra que
se emplee en técnica jurídica, sino que se demuestren o que haya
indicios, pero no la palabra revelar, que es lo que se está empleando
en el artículo 102 bis).
Por último, la propuesta socialista alude a toda una serie de medidas
de aseguramiento del alejamiento, de la suspensión de las
comunicaciones, del pago de las pensiones a la víctima de malos
tratos, que ya han sido recogidos en nuestro segundo Plan contra la
violencia doméstica, donde se contemplaba toda una serie de medidas
que se tenían que tomar bien por el juzgado de guardia, bien a
impulso del ministerio fiscal. Con esta propuesta del Grupo
Socialista se está mezclando el proceso civil de separación y
divorcio con el proceso penal en cuanto a las causas por violencia
doméstica. Por ejemplo, se está diciendo en este artículo 102 bis)
que cuando la medida de alejamiento, la del pago de la pensión, la de
las comunicaciones, la prohibición de la
salida del territorio nacional no se cumpla, el juez podrá multar y,
por tanto, sancionar. Entendemos que aquí hay una mezcla en los
procedimientos, porque esto ya está regulado en el orden penal en el
artículo 556, donde se instaura el sistema de penas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señoría, le rogaría que fuese
concluyendo.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Sí, voy concluyendo.
Por tanto, no nos parece el Código Civil ni el juez civil la
instancia ni el órgano para instaurar sanciones, para esto tenemos el
Código Penal.
Con relación a la disposición final primera de la propuesta
socialista, quisiera indicar que lo normal en técnica jurídica sería
esbozar qué preceptos pertenecen a ley orgánica y qué preceptos se
regían por ley ordinaria. En todo caso, esta propuesta requeriría la
tramitación de dos procedimientos legislativos distintos, lo que no
nos parece acertado en estos momentos. Por tanto, valoramos
positivamente las medidas. Entendemos que concretamente la propuesta
de Convergència i Unió es una medida importante en la eliminación de
algunos de los obstáculos que existen en la tramitación del divorcio,
pero no parece que sea aconsejable apoyar la una ni la otra porque
requeriría un estudio más amplio, y concretamente la propuesta
socialista crearía muchos más problemas, ya que hay una contradicción
entre el procedimiento que ustedes instauran vía civil y vía penal y
además adolece de verdaderos defectos de técnica jurídica.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Estarás, por favor.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Acabo, señor presidente.
Simplemente, para acabar, diré que somos los primeros impulsores en
lo que significaría luchar contra la violencia de género y la
violencia doméstica, y prueba de ello son las ponencias que existen
en estos momentos en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.
Vamos a esperar los resultados y los planes que recientemente ha
aprobado el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Estarás. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), de modificación del Código Civil para posibilitar el acceso al
procedimiento de divorcio sin necesidad de un previo proceso judicial
de separación .
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 140; en contra, 167; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código Civil en
materia de separación y divorcio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 141; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE PROYECTOS DE LEY:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONCIERTO
ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, APROBADO POR LEY
12/1981, DE 13 DE MAYO. (Número de expediente 121/000061.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, la Mesa, oída la Junta de Portavoces
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento,
ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley
por el que se prorroga la vigencia del concierto económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/1981, de 13 de
mayo. Se va a someter a votación electrónica por cuanto esta
propuesta no ha sido aprobada por unanimidad en la Junta de
Portavoces.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 172; en contra, 37; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la tramitación directa y en
lectura única del referido proyecto de ley.
AMPLIACIÓN DE PLAZO:
- PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA IMPULSAR EL
ESTATUTO DE LA MICROEMPRESA, DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO Y DEL
EMPRENDEDOR. (Número de expediente 154/000003.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con el acuerdo
adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta
presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la
subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del
trabajador autónomo y del emprendedor, constituida en el seno de la
Comisión de Economía y Hacienda, para rendir informe hasta el final
del próximo período de sesiones. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la prórroga del citado plazo.
- PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS EMPRESAS
PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 154/000004.)
La señora PRESIDENTA: Asimismo, de conformidad con el acuerdo
adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta
presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la
subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y
reconversión de las empresas pertenecientes al sector público,
constituida en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda para
rendir informe, asimismo, hasta el final del próximo período de
sesiones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) (Un señor
diputado: Que se vote.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado, en el bien
entendido de que no hay ningún portavoz que pida votación expresa.
Muchas gracias. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Esta presidencia entiende que queda
aprobado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE AEROPUERTOS Y TRÁFICO AÉREO
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000063.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez,
relativa a la transferencia de competencias a la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les
ruego que abandonen el hemiciclo u ocupen sus escaños, ambas cosas en
silencio a ser posible. (Pausa.)
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, me van a permitir que empiece por una
pequeña descripción de la situación aeroportuaria de Galicia, que
cuenta con tres aeropuertos dependientes de AENA, los de A Coruña,
Santiago y Vigo. Todas las ciudades gallegas que no tienen aeropuerto
están situadas a una distancia de entre 50 y 100 kilómetros de
cualquiera de estos tres aeropuertos a los que hice alusión, lo cual
habla a las claras de la necesidad de un organigrama conjunto y, por
cierto, habla a las claras también de la necesidad de un organigrama
de carácter funcional que conlleve una cierta especialización.
En lo que se refiere al número de viajeros, los datos son también
elocuentes. El aeropuerto de A Coruña, en el quinquenio 1994-1998,
tuvo las siguientes variaciones interanuales positivas: 11,7 por
ciento, 24,5 por ciento, 9,9 por ciento, 8, 7, 9 por ciento. Incluso
si hacemos la comparación de los pasajeros entre 1998 y 2000, las
cifras absolutas serían las siguientes: 439.052 viajeros en 1998 y
589.000 viajeros en el año 2000. En el aeropuerto de Vigo la
variación interanual en el mismo quinquenio sería la siguiente: 6,5
por ciento, 13,5 por ciento, 26,1 por ciento y 4,8 por ciento. Esto
quiere decir que la diferencia entre 1998 y el año 2000 -por coger
los datos finales-, en cifras absolutas, es de 538.192 usuarios
frente a 721.605 viajeros. Finalmente, el aeropuerto de Santiago
tiene las variaciones interanuales más irregulares, derivadas sin
duda de la influencia del turismo y de otras causas que pueden tener
que ver con la interoperabilidad de los tres aeropuertos: 17,2 por
ciento, 14,8 por ciento, menos 2,4 por ciento y menos 6,9 por ciento,
si bien la cifra entre 1998 y el año 2000 es también elocuente: cifra
absoluta, 1998, 1.254.495 viajeros; año 2000, 1.334.550 viajeros. En
total, en el año 2000 los viajeros en los aeropuertos gallegos
alcanzaron la cifra de 2.645.155 pasajeros, que de forma sintomática
y elocuente equivale prácticamente a la población con la que cuenta
nuestro país. Sin duda alguna en este aspecto el crecimiento de los
aeropuertos gallegos está por encima de la media del Estado.
Si nos referimos al tema de las mercancías y del correo, observamos
que la concentración se establece en relación con el aeropuerto de
Santiago de Compostela, que así se convierte en la práctica en el
aeropuerto
central de Galicia por los movimientos de mercancías y por las
dotaciones que tiene. Es el único en nuestro país que teniendo en
cuenta la climatología en estas zonas cuenta con un ILS categoría 2/
3. Ninguno de los tres aeropuertos tiene acceso por ferrocarril y los
otros dos, el de A Coruña y el de Vigo, cuentan francamente con unos
accesos inapropiados, aparte de con limitaciones graves desde el
punto de vista tecnológico. Señorías, los datos son también
interesantes en este aspecto. El aeropuerto de Santiago de Compostela
-por limitarnos exclusivamente a 1998- tuvo un movimiento de
mercancías por un total de 5.844.264 kilos y en el correo de 647.392
kilos, a los que hay que añadir las cifras menores pero no
despreciables de Vigo con 1.156.804 kilos y de A Coruña con 444.845
kilos. Si a esto le añadimos que los tipos de tráfico están limitados
por el carácter centralista del sistema en el Estado español, tendrán
ustedes una descripción exacta de lo que pasa en Galicia. En
concreto, A Coruña solamente cuenta con vuelos domésticos a Madrid y
Barcelona; Vigo solamente con vuelos domésticos y un vuelo semanal a
París, y Santiago con vuelos domésticos y con vuelos al Reino Unido y
a Suiza. Si les hablásemos de las inversiones sería también
sintomático, puesto que los aeropuertos gallegos solamente en el año
2001 lograron el 0,8 por ciento del total de las inversiones del
Estado y en el año 2002 se aproxima al 1 por ciento del total del
Estado. ¿Cuál es el motivo de que nosotros presentemos esta
proposición de ley? Tener en cuenta el proceso de
internacionalización y globalización, la proximidad en concreto del
aeropuerto de Porto y la idea clara de que la ruta de Santiago es
importante desde el punto de vista oceánico y continental y que
nosotros perseguimos que la red aeroportuaria de Galicia esté
plenamente integrada social, económica y culturalmente en nuestro
país, que podamos contribuir a la intermodalidad entre los puertos,
el ferrocarril y las carreteras y a presionar para que se cree un
auténtico policentrismo en este aspecto, diversificando el tipo de
tráfico para que pueda haber tráfico continental transoceánico desde
otras partes del Estado español, que no solamente sea desde Madrid, y
además hacer una red no centralizada o no exclusivamente centralizada
dentro del tráfico doméstico tradicional del Estado español. ¿Qué
proponemos como alternativa desde el punto de vista político y desde
el punto de vista jurídico a partir de la legislación vigente?
Nosotros partimos del artículo 82 de la Ley 4/1990, de Presupuestos
Generales del Estado, que creó el ente Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea. Pues bien, señorías, todos los servicios que ese
artículo 82 establece como puntos funcionales de ese ente pedimos que
sean traspasados a Galicia, pero fíjense ustedes que es muy elocuente
que reproduzcamos textualmente los apartados a), b), c), d), e) y f)
del citado artículo 82 de la Ley estatal de 1990 pero con
eliminaciones sintomáticas que queremos
desde luego reforzar en este momento. En primer lugar, en la
letra a) pedimos que se suprima la coordinación, explotación,
conservación y administración de zonas civiles de bases aéreas
abiertas al tráfico civil, que seguirían siendo de competencia
estatal. Por supuesto, queremos todas las infraestructuras e
instalaciones y por eso reproducimos literalmente el apartado b) En
el apartado c) reproducimos literalmente el control de la circulación
aérea a través de los sistemas de control aeronáuticos de carácter
local que estén instalados en la Comunidad Autónoma de Galicia, por
tanto, el sistema local de control de la navegación aérea; no es en
absoluto la estructuración del cielo de Galicia, ni siquiera el
control general de todo el espacio que nos correspondería, sino que
ese control general seguiría perteneciendo a la manera y al modo de
operar de la Unión Europea y al Estado español. El apartado d) se
recoge literal, excepto la estructura del espacio aéreo, que sabemos
que es una competencia de la Unión Europea y del Estado español. Por
fin, en el apartado f) se recoge todo excepto lo que tiene que ver
con el orden y seguridad en los aeropuertos y en los centros de
control aéreo. Intentamos, por tanto, señorías, que se transfiera
todo menos lo que tiene que ver con Interior, Defensa y con aspectos
cruciales de la Dirección General de la Aviación Civil para que el
Estado español, lógicamente, tenga una coordinación aérea, que es lo
que corresponde al conjunto, incluso a la Unión Europea. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rodríguez, por favor.
Señorías, es imposible que la intervención del diputado que está en
el uso de la palabra sea apenas audible por el resto de los miembros
de la Cámara. Les ruego, por favor, que guarden silencio y ocupen sus
escaños.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Como decía, todas estas competencias que explícita o incluso
implícitamente quedan reservadas al Estado en la estructura de
nuestra proposición de ley serían aquellas a través de las cuales hay
que vehicular el cielo único europeo y todas las competencias que
correspondan al Estado español o a la Unión Europea. Queremos
recordar, señorías, que es sintomático que aún sigue vigente la Ley
de 21 de julio de 1960, de navegación aérea, y allí se era más
condescendiente con la descentralización del sistema. En concreto,
los artículos 42 y 43, especialmente este último, reconocían que las
corporaciones locales podrían construir o participar en la
construcción de aeropuertos públicos de carácter general y participar
en los resultados de su explotación. Es una ley del franquismo que
pensamos que en su espíritu debía ser superada ampliamente por el
actualmarco democrático. Quiero recordarles que presentamos
esta proposición ley porque el Estatuto de Autonomía de Galicia
en su artículo 27.9 reconoce competencia exclusiva de dicha comunidad
en aeropuertos y helipuertos no calificados de interés general. Por
consiguiente recurrimos a la mecánica del artículo 150.2 de la
Constitución española, que es el cauce habilitado por la propia norma
para facultar a las comunidades autónomas de forma que puedan tener
competencias en materia de titularidad estatal, en particular, las
reservadas al Estado por el artículo 149.1. Es la fórmula que existe
en la Constitución española para flexibilizar los límites que la
propia Carta Magna impone. El artículo 149.1.20.ª de la Constitución
española habla específicamente del control del espacio aéreo y del
tránsito y transporte aéreo en exclusiva -para nada de las
infraestructuras- y por supuesto del control del espacio aéreo en su
generalidad, que nosotros no negamos. Nuestra proposición intenta una
mayor implicación en la gestión de los aeropuertos y en la ordenación
del tráfico aéreo, una modalidad de control, por tanto, que nosotros
pensamos que se puede establecer a través de leyes orgánicas como las
ya elaboradas a partir del artículo 150.2 de la Constitución española
para transferir competencias de ámbito estatal a las comunidades
autónomas. En todo caso los artículos 16 y 17 de nuestra proposición
de ley dejan clara nuestra intención en el sentido de que se reserva
al Estado establecer la cooperación necesaria y el sometimiento a los
planes generales por parte de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Concluyo ya, señora presidenta, exponiendo algunas cuestiones que en
este momento nos parecen esenciales. Primero, esta proposición de ley
la presentamos con la intención de que constituya el primer debate
concreto, con fórmula explícita para esta transferencia. En absoluto
aspiramos a que salga triunfante, pero sí a que marque este hito del
inicio de un debate necesario. Segundo, decimos que en todo caso
sería una toma de consideración; la propia estructura de nuestra
proposición de ley lleva a que solamente eliminando algún apartado
quede perfectamente coherente, al margen del derecho que hay a
modificarla plenamente. Tercero, es modificable para que abarque a
todas las comunidades autónomas, pero ustedes comprenderán que
nosotros solamente podemos tener responsabilidad política respecto de
aquello que como grupo político defendemos para nuestro país. Con
todas estas aclaraciones esperamos cuando menos tener la comprensión
y la anuencia de la mayoría de los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, en primer lugar, además de
saludar la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, nos hubiera
gustado más que la misma se debatiera y que por supuesto también se
aprobara en el Senado, algo parecido a lo del Fondo de Compensación
Interterritorial de mañana. Creemos que el medio utilizado por el
Bloque es el correcto en el sentido técnico, una proposición de ley
orgánica para aprobar una ley de transferencias de las recogidas en
el artículo 150.2 de la Constitución española, que, de aprobarse,
supone una alteración del reparto competencial entre la Comunidad
Autónoma de Galicia y el Estado, tal y como fue establecido en los
artículos 148 y 149 de la vigente Constitución española y en el
Estatuto de Autonomía gallego.
Llegado este momento son dos las preguntas a realizar. ¿Es la materia
aeroportuaria transferible o delegable por su propia naturaleza, tal
y como exige el artículo 150.2 de la Constitución? Señorías, el Grupo
Federal de Izquierda Unida entiende que, se tome el criterio que se
tome, es inevitable estimar esta materia como transferible por su
propia naturaleza. Si acudimos al test que frecuentemente ha sido
utilizado por el Tribunal Constitucional para negar la posibilidad de
transferencia, por ejemplo en el caso de la materia en la que ni hay
ni es posible que haya política propia de las comunidades autónomas,
comprobaremos que la materia aeroportuaria, tomadas las pertinentes
precauciones, es perfectamente transferible a las comunidades
autónomas, pues es posible que estas desarrollen determinadas
políticas en la misma. Si utilizamos los tests al uso de la doctrina
constitucional española, comprobaremos que no hay obstáculo para la
transferencia de esta materia a la Comunidad Autónoma de Galicia si
así lo decidiesen las Cortes Generales. Para mayor abundamiento
García de Enterría entiende que no son transferibles las materias que
afectan a la soberanía estatal, pero estas no son relaciones
internacionales, ni defensa, ni Fuerzas Armadas y además en este caso
no entramos dentro de ese ámbito material y competencial. Por su
parte, Muñoz Machado cifra en el posible daño a la igualdad
territorial o personal el límite a las transferencias en el artículo
150.2 de la Constitución, siendo evidente que en este caso tampoco se
infringe este límite. Esa era una primera pregunta a la que nosotros
encontramos una respuesta positiva.
Segunda cuestión, ¿es política y administrativamente oportuno
realizar esta transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia?
Señorías, nosotros entendemos, primero, que es necesario constatar
que una fuerza política como el BNG, segundo partido en Galicia,
acude al Congreso de los Diputados para solicitar una ampliación del
acervo de la capacidad competencial de su comunidad autónoma
basándose en dos razones fundamentales, el deseo de una buena parte
de las gallegas y de los gallegos de disponer de un mayor
autogobierno y la necesidad de ampliar este autogobierno en Galicia
como consecuencia del incremento del tráfico aéreo y su posible
mejor gestión desde el propio territorio; es decir, le impulsan
razones políticas y también motivos meramente práctico-técnicos. Nada
tenemos, por tanto, que objetar desde el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida a este mayor deseo de autogobierno de los gallegos
y de las gallegas y a ese interés por mejorar el servicio prestado a
los ciudadanos que residen en esa comunidad autónoma. En virtud de
todo lo anterior, entendemos que no hay problemas constitucionales ni
políticos para acceder a lo que se solicita en esta proposición de
ley y por ello Izquierda Unida va a votar a favor de la toma en
consideración de la misma. A pesar de ello quiero hacer unas
matizaciones finales.
Sin perjuicio de que esta sea una competencia perfectamente
transferible, desde Izquierda Unida entendemos que el espacio aéreo y
su gestión no admiten disecciones administrativas. El cielo y el
tráfico aéreo son hoy europeos y, como tales, tanto el administrador
general del Estado como las comunidades autónomas deben trabajar de
forma coordinada con la Unión Europea en el impulso, desarrollo y
evaluación de las políticas de infraestructura aeroportuaria. Esta es
una materia en la que o se trabaja en red o se fracasa. Entendemos
que el texto de la proposición de ley del BNG puede adolecer de
ciertos déficit en este campo, pero ello no es razón para negar
nuestro voto favorable a la misma, pues, de admitirse a trámite, ya
tendríamos oportunidad de trabajar y de mejorarla. Si esta
proposición de ley tuviese éxito, cosa que dudo conociendo el talante
del Partido Popular, que cada día lo hace mejor para dejar muy claro
cuál es -la última es: o te quedas con sanidad o te quedas sin
dinero-, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
entendemos que la Ley orgánica de transferencias no debe ser
obstáculo para una posterior reforma del Estatuto de Galicia, pues si
bien no es estrictamente necesaria, sí es cierto que sería
formalmente mucho más correcto modificar el estatuto de autonomía,
una vez que la Ley orgánica de transferencias ha modificado el
reparto competencial entre el Estado y una comunidad autónoma.
Estamos debatiendo sobre el reparto competencial entre el Estado y
una comunidad autónoma en el Congreso, cuando nuestra Constitución
considera que la Cámara territorial es el Senado. Esta mañana leíamos
que los portavoces de uno u otro grupo mayoritario, aquí o en la otra
Cámara, hablaban de si estaban de acuerdo en el 80 por ciento o en
desacuerdo en el 20 por ciento. Nos es indiferente, pero lo que sea,
sea y aváncese. Con motivo del texto del artículo 150.2, con motivo
de este debate se pone de relieve el escaso papel autonómico de
nuestro actual Senado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
En el debate de esta proposición de ley orgánica que nos presenta el
Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, las últimas palabras de
su portavoz, señor Rodríguez, me van a servir para articular mi
intervención más o menos como ya la tenía estructurada. Dice el señor
Rodríguez en sus tres puntos concluyentes que lo esencial es
establecer un debate. Para nosotros este es el punto más importante
de todas las intervenciones de esta tarde.
La exposición de motivos del proyecto de ley empieza hablando del
artículo 150.2 de la Constitución. Dicho artículo dice de forma muy
clara lo siguiente: «El Estado podrá transferir o delegar en las
comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades
correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Sigue
otra frase que hace referencia a medios financieros y control del
Estado, en donde también tendría que intervenir. Curiosamente, en el
ejemplar del Reglamento del Congreso en el que también aparece la
Constitución, fechado en 1996, ya hay una nota hablando de una serie
de transferencias o delegaciones que se han realizado. Supongo que en
el correspondiente a la legislatura siguiente, la de 2000, debe haber
-lo consultaré luego porque no tuve tiempo de hacerlo- otra
delegación, que no es más que la que corresponde a los puertos de
interés general del Estado. Los puertos de interés general fueron
objeto de una ley de modificación sobre la base de la aplicación de
este artículo 150.2 y teniendo en cuenta el epígrafe 20 del artículo
149.1. Recordemos que el artículo 149.1 dice: El Estado tiene
competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 20.ª. Marina
mercante y abanderamiento y, entre otros, puertos de interés general.
La modificación que hubo en su día ha llevado a que hoy los puertos
de interés general tengan sus autoridades portuarias y funcionen de
manera independiente, conforme a lo que se pedía en aquellos momentos
y que venía del acuerdo de investidura de 1996. Así, los puertos de
interés general pueden tener delegación y transferencias. Después de
puertos de interés general el artículo dice: control del espacio
aéreo, tránsito y transporte aéreo. ¿Por qué no puede haber en esta
materia, aplicando el artículo 150.2 y el 149.1.20.ª, una ley
orgánica, como pide el Bloque Nacionalista Galego en su proposición
de ley? Creemos que sí, que puede ser.
En su segunda consideración final, el proponente nos hablaba de la
estructura del texto, en la que, a nuestro juicio, hay mucho que
modificar, y él mismo lo ha dicho. No estamos de acuerdo, en estos
momentos en que se habla de cielo único europeo, con lo que dicen los
apartados c), d) y e) del artículo 3, que se refieren a
la navegación aérea. En algunos debates hemos dividido la palabra
AENA en dos partes: AE, que es aeropuertos españoles, y NA, que es
navegación aérea. Nosotros no entramos en navegación aérea; es un
tema que sobrepasa cualquier limitación que se le quiera poner. En el
texto no entraríamos en este desglose.
En tercer lugar, en cuanto a que abarque a todas las comunidades
autónomas, es un punto básicamente interesante para nosotros. La
propuesta de hoy nos interesa precisamente porque la consideramos la
columna de lo que queremos que sea el día de mañana la gestión de los
aeropuertos. Decíamos en nuestro programa que necesitamos impulsar un
nuevo modelo de gestión de aeropuertos, similar al de los puertos de
interés general, más próximo a los sistemas europeos, que son
participativos y dinámicos, y que se aleje del actual, basado en una
concepción centralista y estatalista de los servicios básicos.
Nuestra propuesta se basa en la creación de autoridades
aeroportuarias vinculadas a los gobiernos autónomos, con fuerte
participación de las administraciones locales, de los operadores y de
la sociedad civil. De esta manera se puede conseguir que estas
instalaciones no actúen de espaldas al territorio en que están
ubicadas. Esto podría hacerse muy bien mediante unas autoridades
aeroportuarias parecidas a lo que tenemos en puertos de interés
general, como digo. Así pues, en el texto básico que ha presentado el
Bloque Nacionalista Galego, nosotros, como percha -si prosperase,
cosa que sabemos que no ocurrirá- hubiésemos colgado toda una serie
de enmiendas para trabajar en una ley orgánica de tipo más general y
válida para todas las comunidades autónomas. En la legislatura
anterior se habló mucho de la red de aeropuertos, de establecer una
red de zonas por comunidades, de modo que todos los aeropuertos se
comunicasen entre sí y trabajasen en forma de red. No pedimos la
autonomía para cada uno de los aeropuertos, no pedimos la
transferencia para cada uno de los aeropuertos, pero sí que, dentro
de cada autonomía, pueda haber ese sistema y, además, unido en una
red de tipo general. Por tanto, estos esquemas nos pueden servir como
columna para dejar sentado en estos momentos que en la anterior
legislatura esto se veía fácil desde el punto de vista del anterior
ministro; después cambió y se dio una variación total en el sentido
de que se iba a hacer en todo caso una licitación para que hubiese
una gestión exterior al Gobierno, una gestión privada total de todos
los aeropuertos, y en estos momentos ni se habla del tema. Dentro de
poco tendremos que llegar a una nueva ley de navegación aérea, a ver
todo el compendio de normativas y creemos que es interesante decir
esto hoy, explicar que todavía estamos donde estamos porque temas de
este tipo deberían estudiarse también en esa futura ley. Ya que
nosotros consideramos este tema como columna, vamos a aprovechar para
dejar constancia de que nuestra inquietud y nuestro interés en cómo
tienen que ser gestionados los aeropuertos son
exactamente los que tenemos desde hace tiempo. En virtud de esto
pedimos al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, que a
pesar de que decimos que tendríamos que realizar muchos cambios en su
texto, nos permita que demos hoy nuestro voto favorable a su
proposición.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a fijar su posición y
va a justificar su voto en contra de esta iniciativa parlamentaria
fundamentalmente por cuestiones, en primer lugar, de procedimiento;
en segundo lugar, como consecuencia del mandato constitucional y, en
tercer lugar, por lo que se refiere a algunos contenidos. Ello no
supone que nosotros nos encontremos en total y absoluta
identificación con el modelo de gestión aeronáutica actual. Señorías,
el Grupo Parlamentario Socialista, en reiteradas ocasiones, ha venido
expresando la necesidad de modificar la Ley de navegación aérea del
año 1960; una ley que fue elaborada por los técnicos del Ministerio
del Ejército del Aire hace 41 años, en los que han ocurrido muchos
acontecimientos en nuestro país. No sólo hemos dado un paso al frente
desde el punto de vista constitucional, con la Constitución de 1978,
sino que, señorías, toda la estructura de la gestión en el transporte
aéreo y de la comercialización de los aeropuertos, así como la
definición de la coparticipación de las distintas entidades
territoriales en la gestión aeroportuaria, han venido siendo
configuradas en el transcurso del tiempo. Nos encontramos con una Ley
de navegación aérea cuya modificación ha sido solicitada
reiteradamente por el Grupo Socialista. Hemos pedido al Gobierno que
se presente una nueva norma que la sustituya, porque, señorías, hay
importantes cambios tecnológicos en lo que se refiere a diferentes
aspectos de los sistemas informáticos de reserva, a la utilización de
satélites para apoyo del control aéreo -que no recoge la proposición
de ley- y a todos los mecanismos de interconectabilidad de los
diferentes sistemas en el transporte aéreo. En los últimos 40 años se
han incorporado multitud de nuevas tecnologías, multitud de nuevos
conceptos en la gestión aeronáutica que naturalmente una ley del año
1960 no podía recoger. De ahí que nosotros hayamos venido exigiendo
reiteradamente al Gobierno que presente un proyecto de ley de
navegación aérea adaptado a la realidad del momento. De ahí que
parezca razonable que el Grupo Mixto, mediante los diputados del
Bloque Nacionalista Galego, haya dado un paso al frente y haya
elaborado una proposición de ley como ésta. Sin embargo, señorías, un
tema de estas características no puede trivializarse;
no digo que el interviniente en la defensa de la proposición
de ley lo haya trivializado, pero este es un tema de muchísimo
calado.
En España, tenemos del orden de 45 aeropuertos de interés general. Es
un punto fundamental de conexión de diferentes rutas aéreas que se
distribuyen a lo largo del mundo entero y que pasan por nuestro cielo
aéreo. A raíz de nuestra incorporación a organismos internacionales
como Eurocontrol o cualquier otro ente, nos debemos a la normativa
dictada por ese organismo -con una sola voz en representación del
Estado- sobre la fijación, como se dijo aquí hace poco tiempo, de
franjas horarias y de rutas, sobre las características de los
diferentes niveles de esas rutas, sobre las frecuencias, sobre las
distancias entre las aeronaves, sobre los mecanismos de control a
través de los sistemas modernos de satélite, sobre la convergencia
interna, sobre la armonización de normas internas, sobre la defensa
de políticas de competencia, etcétera. Mientras el Gobierno no ha
sido capaz de traer una ley de navegación aérea, nos encontramos con
que, en paralelo, se ha producido una serie de normas en cascada,
como el establecimiento de autorizaciones para servicios aéreos que
se publicó en un real decreto en el año 1990, la determinación de los
requisitos de las compañías aéreas en una orden ministerial del año
1990, la limitación de emisiones sonoras de aeronaves en un real
decreto-ley de 11 de octubre de 1990, la modificación de la orden
ministerial a la que acabo de hacer referencia mediante otra. Un real
decreto del año 1992 ha vuelto a regular la limitación del uso de
aviones a reacción subsónicos de naturaleza civil; las autorizaciones
sobre servicios aéreos intracomunitarios y el registro de tarifas han
sido regulados mediante una orden ministerial de diciembre de 1992;
el 3 de marzo de 1995 se vuelven a regular las limitaciones a las
aeronaves por razones de impacto sonoro; el 6 de julio de 1995 se
regulan, mediante otro real decreto, los viajes combinados en el seno
de la Unión Europea; se publican reales decretos posteriores
vinculados a irregularidades normativas como los servicios de
asistencia en tierra de los aeropuertos; en enero de 1997, se regula
el reconocimiento de licencias de profesiones vinculados a la
aviación por Estados miembros. En las últimas leyes de
acompañamiento, desde el año 1996 hasta esta fecha, han aparecido
disposiciones que ha impulsado bien AENA bien el propio Ministerio de
Fomento. Es decir, señorías, el propio Gobierno ha venido
reconociendo de forma implícita, tajante y clara, una realidad
normativa mediante las órdenes ministeriales y reales decretos para
modernizar la gestión aeronáutica. Si esto se ha producido, ¿cómo es
posible que el Gobierno no haya traído el tronco central de una ley,
sino ramitas colaterales para gestionar el transporte aéreo?
Señorías, un aeropuerto, coloquialmente dicho en reiteradas
ocasiones, no es una galería comercial con una serie de tiendas, un
aeropuerto no es una galería
comercial al lado de la cual aterrizan o despegan aviones, un
aeropuerto es un ente esencial de infraestructuras que posibilita la
cohesión entre todos los ciudadanos de un Estado. Un aeropuerto no es
nada por sí mismo, varios aeropuertos no son nada por sí mismos si no
tienen una conexión con los restantes aeropuertos del Estado o con
los restantes aeropuertos del área de influencia económica en la que
se mueve la entidad territorial a la cual sirve el aeropuerto. En
consecuencia, señorías, repito, los socialistas no entendemos en
absoluto un aeropuerto como un conjunto de tiendas ni que quien tenga
la posibilidad de adjudicar cada cinco años esas tiendas tiene un
poder político y un poder comercial, los aeropuertos son algo mucho
más importante. Desde esa óptica, el Grupo Parlamentario Socialista
ha pedido que la Ley del año 1960, una ley franquista que debe quedar
en el túnel del tiempo, se sustituya por una ley moderna. Es
responsabilidad de este Gobierno y del actual ministro de Fomento
traer, a lo largo del año próximo, una nueva ley reguladora de la
navegación aérea que incorpore, señorías, no sólo las normas
colaterales a las que este diputado ha hecho referencia y que quedan
recogidas en el «Diario de Sesiones», sino las directivas y
reglamentos comunitarios que nos sitúan en una política unificada
europea.
Además, señorías, mientras no se modifique la Constitución española
-si se modifica, sería otra cuestión-, esta define claramente los
aeropuertos de interés general del Estado. Ha habido comunidades
autónomas que desde comienzos de la década de los años 80 recurrieron
reales decretos leyes de gobiernos de Unión de Centro Democrático y,
con posterioridad, de gobiernos socialistas, en los que reordenaban
la gestión aeroportuaria; ante la aparición de esos reales decretos,
algunas comunidades autónomas acudieron al Tribunal Constitucional, y
hay reiteradas sentencias muy claras que indican quién tiene la
competencia y quién tiene la responsabilidad de la gestión. Les voy a
leer solamente una, señorías.
La Generalitat de Catalunya recurrió un real decretoley en su momento
ante el Tribunal Constitucional y el 11 de junio del año 1984 el
Tribunal Constitucional dictó una sentencia clara y rotunda, con unos
contenidos a los que, obviamente, no voy a hacer referencia, pero que
tienen validez mientras la Constitución siga redactada en los
términos en que está redactada. Dice taxativamente esa sentencia 77/
1984, de 3 de julio: El Tribunal Constitucional decide declarar que
la titularidad de las competencias controvertidas en el presente
proceso respecto al Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre
calificación de aeropuertos civiles corresponde al Estado. Es decir,
señorías, es competencia exclusiva del Estado la gestión
aeroportuaria, pero el Grupo Parlamentario Socialista sí que demanda
la coparticipación, porque lo recogen los propios estatutos de AENA
del año 1991, estatutos que impulsaron gobiernos socialistas del
momento. El Grupo Parlamentario
Socialista demanda la coparticipación, el diálogo, la
cogestión de los aeropuertos por parte de las entidades locales,
ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares,
consejos insulares en cada uno de los archipiélagos del Estado
español y las consejerías responsables en materia de urbanismo y de
transporte de los gobiernos autonómicos. Consiguientemente, debe
quedar muy claro que la posición del Grupo Parlamentario Socialista
es que infraestructuras de estas características, que sirven al bien
público general, deben ser coparticipadas en la gestión directa
e inmediata, porque lo dicen los estatutos de AENA no desarrollados por
el actual Gobierno y por una política de respeto a los contenidos
derivados de la Constitución española, pues mientras estén ahí, esos
preceptos deben marcar, como ha dicho el Tribunal Constitucional, una
actuación normativa y gestora de los responsables de la
Administración Pública.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra
de la admisión a trámite de una proposición de ley de estas
características por las razones apuntadas, pero queriendo dejar muy
claro que es responsabilidad del actual Gobierno del Partido Popular
haber dejado la gestión aeroportuaria, desde el año 1996 en adelante,
en una situación en la que se va bajando de nivel, que genera un
descrédito global en el seno de la Unión Europea como consecuencia de
una mala gestión, que hay que mejorar. Para ello, hay que sacar el
máximo partido a los contenidos de los estatutos de AENA, hay que
hacer que coparticipen en esa gestión las diferentes administraciones
públicas, como tal bien público, y plantearnos un sentido de la
solidaridad, porque, señorías, no nos olvidemos que en mi comunidad
-yo resido en Tenerife, como bien saben muchos de ustedes-, el
aeropuerto de la isla del Hierro por sí sólo no es rentable. De los
44 ó 45 aeropuertos del Estado de interés general, probablemente no
lograrían sobrevivir económicamente la mitad de ellos si tuviesen que
ser autofinanciados como consecuencia de la generación económica
derivada del uso de sus infraestructuras. El Partido Socialista ha
defendido el concepto de red, el concepto unificado de la gestión
aeroportuaria en el Estado español, desde la perspectiva de la
coparticipación de todas las entidades públicas, pero también desde
una perspectiva de solidaridad, desde una perspectiva unitaria y
creemos que es lo que debemos defender...
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Reiteramos, señorías, que el Gobierno debe dar pasos al frente en la
línea de modernizar la normativa y la gestión y, consiguientemente,
dar satisfacción a las comunidades autónomas y a las entidades
locales en el
papel que tienen que jugar en la definición de la gestión
aeroportuaria y de todo el transporte en el seno del Estado español.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, intervengo en
este debate para fijar la posición del Grupo Popular con relación a
la procedencia o no de la toma en consideración de esta proposición
de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Nuestra posición será la de
votar en contra de esta toma en consideración por las razones que
trataré de exponer en el breve tiempo de que dispongo.
En primer lugar, esta proposición de ley ha sido rechazada en
Galicia, repito, ha sido rechazada en el Parlamento de Galicia, y no
responde a los intereses de nuestra comunidad autónoma. Establece
nuestra normativa que, junto al texto de esta proposición, hay que
acompañar una exposición de motivos y los antecedentes. El
antecedente es que exactamente este mismo texto, coma por coma y
letra por letra, se debatió en el Parlamento de Galicia el día 12 de
septiembre de 2000 y la Cámara decidió que no se tomaría en
consideración, lo que ha sido obviado de manera decidida. En
realidad, de 75 diputados que tiene el Parlamento de Galicia sólo 15
votaron a favor en aquella ocasión; en contra, votaron el Grupo
Popular y el Grupo Socialista, y el Grupo Parlamentario de Esquerda
Unida, que contaba en aquella ocasión con dos diputados en la Cámara,
se abstuvo. Es muy importante citar aquí este antecedente tan próximo
en el tiempo en la medida en que hoy debatimos la transferencia de
competencias del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia. Es de
sentido común que, en materia tan sensible y tan importante, se
busque el consenso de todos los partidos políticos que forman el arco
parlamentario de Galicia, lo cual obviamente no se consiguió. Por
tanto, no debatimos hoy una propuesta de interés para la comunidad
autónoma gallega, sino una propuesta de interés, respetable y
legítima, para una organización política concreta.
En segundo lugar, jurídicamente la proposición resulta inviable por
muchos argumentos, algunos de los cuales ha expuesto muy
acertadamente el señor Segura. Se reivindica la competencia en
materia de aeropuertos y aeródromos, no solamente esto sino también
el tránsito y el transporte aéreo en el espacio aéreo de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Cuando se detalla en su artículo 3 las funciones
que se asumirían en el caso de aceptar esta transferencia, se habla
en concreto del control de la circulación aérea en el espacio aéreo
de Galicia. Se define, y no se diga aquí lo contrario, un espacio
aéreo de Galicia y se pide también las funciones
de las instalaciones y redes de sistemas aeronáuticos y las
ayudas a la navegación, además de la participación en las enseñanzas
oficiales relacionadas con el transporte aéreo y sujetas al
otorgamiento de licencia oficial. Lo primero que nos tenemos que
preguntar si hablamos de estos temas es el orden jurídico legal del
Estado y hay que recordar que el artículo 149.1.20.ª de la
Constitución es claro en este sentido: Corresponde al Estado la
competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general,
de control del espacio aéreo, de tránsito y de transporte aéreo.
Nuestra Constitución, en su artículo 148.1.6.ª, permite que las
comunidades autónomas asuman determinadas competencias respecto a los
aeropuertos deportivos y en general respecto a aquellos que no
desarrollen actividades comerciales. Por eso, el Estatuto de
Autonomía de Galicia ya tiene hoy competencias aeroportuarias en esas
materias en las que la Constitución lo habilita y lo permite.
La pregunta es: ¿Qué puede transferir el Estado a las comunidades
autónomas en esta materia? Solamente aquellas competencias de
titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de
delegación o de transferencia. Jurídicamente cabría argumentar que
cabe la transferencia de algunas de ellas, pero, desde luego, en modo
alguno el control del espacio aéreo de Galicia que incide en
funciones de soberanía, como se reconoce en la sentencia del Tribunal
Constitucional del año 1984, todo ello sin referirnos a los problemas
que en la práctica conllevaría la compartimentación del espacio aéreo
que obviamente produciría su proposición de ley, quiera o no quiera,
señor Rodríguez. Desde la perspectiva constitucional, el espacio
aéreo es un dominio público natural, indivisible y, por lo tanto,
irrenunciable su competencia estatal. Cuestión distinta es hablar de
gestión aeroportuaria, tema absolutamente distinto al que se somete
en esta proposición de ley. ¿Cuál es la posición del Grupo
Parlamentario Popular? Nosotros defendemos un sistema aeroportuario
integrado en un sistema de titularidad estatal, como prevé la
Constitución, y, por supuesto, teniendo en cuenta aspectos tan
importantes como los legislativos, los constitucionales y los
económico-financieros y escuchando, cómo no, los planteamientos de
las comunidades autónomas. Por eso, la reforma y modificación de esa
ley de aeronáutica civil vigente, que efectivamente se ha quedado
desfasada, está en el programa del Partido Popular y vamos a escuchar
los planteamientos de las comunidades autónomas para hacer una ley
satisfactoria para todos.
El modelo de gestión aeroportuaria que se propone no es aceptable ya
que pretende la gestión integral de los aeropuertos de Galicia
incidiendo, repito, en materias de competencia exclusiva del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1.20.ª y
149.1.30.ª de la Constitución, que además afecta a otros ámbitos de
titularidad exclusiva del Estado como son las telecomunicaciones y
los temas de índole educativa.
Además de estas razones políticas y de estas razones técnicas y
jurídicas, la proposición de ley ignora el presente y el futuro del
transporte aéreo europeo. Casi 25.000 aviones cruzan diariamente el
cielo europeo. El cielo obviamente es ancho, pero esta densidad de
tráfico supone auténticos problemas. Los retrasos están provocando
signos evidentes de saturación en el cielo y, pese a todo, las
compañías aéreas prevén la duplicación del tráfico aéreo de cara al
año 2010. ¿Conoce la Cámara que en estos momentos el sistema europeo
de gestión del tráfico aéreo se descompone en 26 subsistemas, con 58
centros de control del espacio aéreo superior y que los Estados
Unidos, con una superficie territorial similar, tiene exactamente un
tercio menos de centros de control? ¿Qué pretendemos con esta
proposición, incorporar 17 controles más del espacio aéreo de España
más los de los Estados federales de Alemania, más los de los Estados
de Italia? ¿Vamos a un sistema racional de gestión del espacio aéreo
o vamos a un auténtico despropósito? Se ha hecho referencia de pasada
aquí, en este salón de plenos, al cielo único europeo. El cielo único
europeo es una de las prioridades actuales de la Unión. Ayer mismo,
el presidente del Gobierno, José María Aznar, con ocasión de la
explicación de las prioridades a discutir en la presidencia española
y en el próximo consejo europeo de Barcelona, nos decía que la
creación de un cielo único europeo es una prioridad para todos los
países de la Unión. Es imprescindible superar la fragmentación del
espacio aéreo, se impone la regulación comunitaria de este tráfico.
El señor Rodríguez empezaba su intervención haciendo referencia a las
instalaciones aeroportuarias de Galicia. La realidad es que en
Galicia disponemos de tres aeropuertos que están en buenas
condiciones, en cuya mejora y planificación hacia el futuro se actúa
constantemente. Usted ha estado presente en la comisión donde el
señor ministro de Fomento desgranaba el contenido de los planes
directores de cada uno de estos tres aeropuertos que han sido
incluidos en el Boletín Oficial del Estado por medio de órdenes del
mes de julio publicadas el 13 de septiembre. Se está actuando
constantemente en los aeropuertos gallegos para mejorar la
operatividad de aproximación en condiciones bajas de visibilidad. Por
eso el segundo aeropuerto en España que tiene un sistema de
aproximación ILS 2/3 es el aeropuerto de Santiago, después del
aeropuerto de Madrid, y también está en las previsiones que los
aeropuertos de Vigo y de A Coruña tengan estas imprescindibles
instalaciones. Hay inversiones comprometidas en el Programa de
Infraestructuras 2000-2007 sustanciosas e importantísimas para los
aeropuertos gallegos. Usted lo conoce perfectamente y ha calificado
como satisfactoria esta planificación en la última Comisión de
Infraestructuras. En el aeropuerto de A Coruña se van a invertir
5.000 millones de pesetas entre 2000 y 2007 y, en el horizonte del
Plan director, 16.882 millones;
en el aeropuerto de Santiago se van a invertir cifras de 18.900
millones de pesetas entre 2000 y 2007 y de 22.512 millones en el
horizonte del Plan director del propio aeropuerto, y en el aeropuerto
de Vigo se van a hacer inversiones de 5.987 millones de pesetas entre
el año 2000 y 2007 y de 8.014 en el horizonte del propio Plan
director.
El Gobierno del partido Popular es partidario de que existan tres
aeropuertos en Galicia, que exista un sistema aeroportuario gallego,
pero integrado, como no puede ser de otro modo, en los aeropuertos
españoles; creciendo los aeropuertos gallegos crecen los aeropuertos
españoles y creciendo los aeropuertos españoles crecen los gallegos.
Por ello, nosotros jamás pondremos una tacha a una inversión en el
aeropuerto de Madrid o en el de Barcelona o de cualquiera de los
otros grandes aeropuertos del Estado, porque justamente esas
inversiones posibilitan un gran sistema de servicios para los
pasajeros de Galicia. Sería desconocer la realidad no saber que la
estructura actual del sistema de transporte aeroportuario conduce a
las grandes compañías a concentrar sus actividades en los grandes
aeropuertos que se desarrollan como centros de operaciones para sus
actividades intracomunitarias internacionales. La congestión se
concentra en estos grandes clubes aeroportuarios. ¿Creen ustedes que
sería posible, sin un sistema integrado, desarrollar el potencial de
los aeropuertos españoles y el potencial de los aeropuertos gallegos?
Nosotros consideramos que esto no es posible.
Por todas estas razones y por muchas más que podrían argumentarse si
dispusiéramos de más tiempo, nuestro grupo parlamentario va a votar
en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez),
relativa a la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma
de Galicia en materia de aeropuertos y tráfico aéreo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 25; en contra, 273.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INSTALACIÓN
PAULATINA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN
PREESCOLAR. (Número de expediente 162/000379.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, proposiciones no
de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre instalación paulatina de las herramientas
informáticas en la educación preescolar.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Moreno. (Pausa.)
Adelante, señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la sociedad de la información está ahora estableciendo sin
lugar a dudas nuevas reglas, nuevas pautas sociales, nuevas pautas
económicas, culturales, etcétera; está modificando las estructuras de
las sociedades y economías contemporáneas, en definitiva, constituye
hoy en día una revolución en todos los órdenes de la vida. Por ello
resulta necesario que los ciudadanos se familiaricen con las
herramientas informáticas y las nuevas tecnologías de la información
lo antes posible, incluso a la edad de preescolar.
Consciente de estas necesidades, el Gobierno del Partido Popular
realizó durante la pasada legislatura importantes esfuerzos para
incorporar las nuevas tecnologías al conjunto de la enseñanza. Así,
al finalizar la misma, el 75 por ciento de los centros de primaria y
el 93 por ciento de los de secundaria estaban conectados a esa red de
redes que es Internet. Se puso en marcha el programa Aldea Digital,
con el objetivo de incrementar la calidad de la enseñanza en el medio
rural a través del potencial educativo de la nueva tecnología de la
información y de la comunicación, y de las posibilidades que ofrece
la configuración de un campo virtual abierto al conocimiento. Se
inició en 1997, en Teruel, con 155 aulas, implicando a 400 profesores
y 3.700 alumnos, y en el curso 1998-1999 se pasó a 1.382 localidades,
3.825 profesores y nada más y nada menos que a 37.000 alumnos. De
hecho, el Plan de Acción INFO XXI, aprobado por el Gobierno para el
periodo 2001-2003, parte del convencimiento de que en un mundo en el
que las tecnologías de la información inundan progresivamente todos
los aspectos de la vida de los ciudadanos, prácticamente toda la
población deberá irse adaptando a las posibilidades que ofrecen estas
magníficas herramientas, desde los años iniciales de aprendizaje en
la escuela hasta la tercera edad, pasando por el conjunto de la vida
laboral. Una de las principales líneas de actuación que se derivan
del Plan de Acción INFO XXI, como instrumento catalizador y
aglutinador del fomento y desarrollo de la sociedad de la información
en España, es precisamente el ámbito formativo de las nuevas
tecnologías de la información.
Señoría, no se puede pretender impulsar la sociedad de la información
si aún disponiendo de modernas redes de banda ancha, de equipos
adecuados y programas informáticos idóneos, el capital humano que
tiene que utilizar precisamente esos medios materiales no
está lo suficientemente preparado para sacar provecho a todas las
enormes posibilidades que tienen esas herramientas. En concreto, de
entre las más de 300 acciones o proyectos que conforman el plan, una
de las 21 acciones estratégicas o emblemáticas del Plan de Acción
INFO XXI es la de Internet en la enseñanza. La actuación va dirigida
a dotar y movilizar a las comunidades educativas y culturales para
acelerar su evolución hacia la sociedad del conocimiento mediante la
integración de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.
Las medidas adoptadas para conseguir esta implantación tecnológica en
el ámbito formativo se vertebran en torno a cuatro objetivos
fundamentales: en primer lugar, conseguir que todos los centros estén
conectados a Internet; en segundo lugar, la formación adecuada del
profesorado en el conocimiento y el uso de esas nuevas tecnologías;
en tercer lugar, dotar a la red de suficientes materiales educativos
multimedia para la enseñanza de esos contenidos tan necesarios; y en
cuarto lugar, como último objetivo, alcanzar la implantación de un
número adecuado de equipos informáticos en el conjunto de los centros
educativos.
La acción estratégica de Internet en la enseñanza está dotada con
11.700 millones de pesetas para el período 2001-2003, y junto a ella
hay otra serie de actuaciones promovidas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que persiguen estos mismos objetivos:
equipamientos telemáticos para centros educativos, dotados con cerca
de 12.000 millones de pesetas; contenidos digitales para la enseñanza
obligatoria, dotados con algo más de 2.000 millones de pesetas, y la
formación de profesores en el uso de las nuevas tecnologías, con un
presupuesto de 2.300 millones de pesetas. Las más de 300 acciones y
proyectos que conforman el Plan de Acción INFO XXI son coordinados
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y cuentan, en ocasiones,
con la colaboración de otros departamentos interesados, así como de
las comunidades autónomas y de las propias corporaciones locales.
Asimismo, se potencia la colaboración entre el sector público y el
privado para la puesta en marcha y la difusión de las acciones que
conforman este plan estratégico.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, principal impulsor de esta
iniciativa, circunscribe su ámbito competencial al desarrollo de las
siguientes actuaciones: implantación de una tarifa plana de acceso a
Internet para colegios y bibliotecas públicas, que permitirá 505
horas mensuales de navegación por tan sólo 2.750 pesetas al mes, pero
sobre todo, y con la específica finalidad de facilitar la
implantación del acceso a Internet a una velocidad alta en los
centros escolares, se ha aprobado una rebaja sustancial, del 40 por
ciento, para que los más de 18.200 colegios que imparten enseñanza
primaria obligatoria y las cerca de 2.500 bibliotecas públicas puedan
acceder, mediante tarifa plana de 24 horas vía ADSL, a Internet a un
precio de 3.900 pesetas mensuales, con una capacidad equivalente a lo
que serían cinco líneas telefónicas.
A pesar de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene asumida la
función de coordinar el Plan INFO XXI, que constituye un hito
aglutinador del esfuerzo por parte de la Administración general del
Estado para fomentar el desarrollo de la sociedad de la información
en nuestro país, a pesar de tenerla asumida, repito, señorías, el
Ministerio es consciente de que la sociedad de la información afecta
a todos los ámbitos de la vida, por lo que la responsabilidad de su
implantación no puede quedar limitada a un solo departamento
ministerial ni siquiera al conjunto de ellos, sino que es una
cuestión que tiene que afectar a las distintas administraciones
públicas, a la sociedad civil, a las empresas, en definitiva, al
conjunto de los ciudadanos.
Por ello, para que el Plan INFO XXI pueda alcanzar sus ambiciosos
objetivos, resulta necesaria la colaboración de todos. Para ello, el
propio plan ha configurado dos foros dirigidos a establecer un marco
estable e institucionalizado de colaboración con aquellos agentes
que, a nuestro juicio, son esenciales para garantizar una ejecución
adecuada de los mismos. Estos foros son el foro de empresa y el foro
de las comunidades autónomas. En el seno de las comunidades autónomas
ya se han mantenido dos reuniones con los responsables de la sociedad
de la información de las distintas comunidades autónomas, que han
tenido lugar los pasados 14 y 29 de octubre de este año, y en ambas
reuniones se ha llegado a una importante conclusión final: Hay muchas
actuaciones que para su adecuada consecución requieren la
participación y la estrecha colaboración de todas las instituciones
implicadas. Para aunar esfuerzos entre todas las administraciones
públicas y para fomentar la sociedad de la información en todos los
niveles administrativos, sociales, económicos y culturales, el
Ministerio de Ciencia y Tecnología ha realizado una propuesta
constructiva de colaboración y cooperación a todas las comunidades
autónomas por igual. Esta propuesta se traduce en unos programas
generales que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene a
disposición del conjunto de las comunidades autónomas para la
promoción y el fomento de la sociedad de la información, entre ellos
Feder, Artepyme, Profit y Pista.
Además de estos programas de carácter general, a lo largo de estos
últimos meses, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha estado
perfilando algunas iniciativas de carácter más específico, más
concreto, en relación con las comunidades autónomas. Entre estos
programas específicos destaca el de la acción de Internet en la
escuela, mediante el cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología
quiere contribuir a dinamizar esta importante acción, aportando
incluso financiación propia, si bien para ello resulta imprescindible
no sólo la colaboración sino también la cooperación de las distintas
comunidades autónomas. En este sentido, las actuaciones a desarrollar
por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología son varias. Por un
lado, la de conectividad y equipamiento, cuya finalidad es dotar a
los colegios
públicos de los equipos informáticos suficientes, a través de los
cuales pueden acceder a Internet a alta velocidad mediante conexión
ADSL. De esta medida podrán beneficiarse más de 12.200 colegios
públicos, de los que casi 3.500 serán centros de educación secundaria
y más de 8.800 de educación primaria. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología, a través del programa Red.es, contribuirá con 20.000
millones de pesetas, lo que supone la mitad de la inversión total
prevista, correspondiendo los otros 20.000 millones de pesetas a las
comunidades autónomas.
Otra actuación que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está
desarrollando a través del programa Internet en la escuela es la
promoción, tan importante en este capítulo, de herramientas y
contenidos específicos para la educación, que está siendo
desarrollada mediante el proyecto Pista. Es muy importante que los
niños aprendan jugando y para ello necesitan programas específicos,
programas educativos, programas didácticos, en definitiva, contenidos
que puedan hacer más fácil el uso de Internet a esas edades. Cabe
destacar también la acción Internet para todos, cuyo objetivo
prioritario es la formación básica en el uso de Internet en la
comunidad escolar, formando a los alumnos de todos los centros
educativos, tanto públicos como privados. El ambicioso objetivo de
esta acción es el de formar a un millón de ciudadanos al año.
Señorías, como ha quedado patente a lo largo de mi exposición, el
esfuerzo realizado desde el Gobierno de la nación ha sido notable,
pero no debemos quedar satisfechos, no podemos caer en la
autocomplacencia, sino que debemos ser ambiciosos y buscar que ese
acceso a las nuevas herramientas de la información se produzca de una
manera cada vez más generalizada y cada vez más pronto. Debemos
conseguir que a ningún niño le resulte extraño el término Internet,
que desde pequeños aprendan jugando y se familiaricen cuanto antes
con las herramientas informáticas, entre las que sin duda alguna va a
discurrir su vida el día de mañana. Por todo ello, mi grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, presenta esta iniciativa, que a nosotros nos
parece acertada, oportuna, razonable y necesaria.
Hemos estudiado la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Popular la acepta en parte. A nuestro juicio,
no aporta gran cosa, pero en ese espíritu de no confrontación y de
diálogo permanente que mantiene mi grupo para conseguir un acuerdo en
un tema de tanta actualidad, trascendencia y necesidad como es hacer
llegar a todos la sociedad de la información, proponemos al Congreso
de los Diputados una enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Señor Moreno, le ruego que haga llegar a los
servicios de la Cámara el texto de la enmienda transaccional. También
le ruego que concluya.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias.
Con esta enmienda transaccional, nosotros queremos llegar a ese
acuerdo y a ese objetivo que se está consiguiendo a través de las
iniciativas del Gobierno. Sin lugar a dudas, en los próximos años
conseguiremos que Internet esté cada vez más cerca de los jóvenes, de
las nuevas generaciones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular quiero decirle una cosa acerca de la enmienda del Partido
Socialista, desde luego no supone nada de dinero porque no lo puede
hacer la oposición cuando la mayoría del Grupo Popular se opone
reiterada y sistemáticamente a que cualquiera de las peticiones por
las que se insta al Gobierno a hacer cosas queden en un mero brindis
al sol porque no llevan ninguna consignación presupuestaria. Supongo
que es a eso a lo que usted se refería y no al propio contenido de la
enmienda, porque si no la transaccional tendría muy escasa vida en
este Congreso. Nosotros entendemos que el problema del Partido
Popular es que tiene que instar a su Gobierno, al Gobierno al que
sostiene, para hacer las cosas que ya tiene que hacer, pero hacen
ustedes bien instándole porque no lo hace. Ese es el problema, que no
hace nada en favor de incorporar las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación a la escuela, y sólo le voy a poner
algún ejemplo.
Hoy España ocupa uno de los últimos lugares en la dotación de medios
informáticos en las escuelas y es uno de los países en los que los
profesores utilizan menos las herramientas informáticas como medio de
enseñanza. Estamos en los últimos lugares -y no lo digo yo, lo dice
el eurobarómetro- junto con Grecia y Portugal, a pesar del enorme
esfuerzo que desde hace 20 años se viene realizando, primero con los
programas Atenea y Mercurio, y segundo con el esfuerzo sostenido que
hacen muchas comunidades autónomas. El primer presupuesto que hizo el
Gobierno del Partido Popular se ocupó precisamente de reducir un 8,6
por ciento el presupuesto para las nuevas tecnologías, de tal forma
que hoy en el presupuesto homogeneizado del Ministerio de Educación
todavía no se ha alcanzado el nivel de inversión en nuevas
tecnologías que teníamos en el año 1996. Este es un dato
verdaderamente escalofriante.
Segunda cuestión que deben ustedes tener muy en cuenta. Usted ha
dedicado la mayor parte de su exposición a referirse al Plan INFO
XXI. El Plan INFO XXI es, sobre todo, un conjunto de propuestas
grandilocuentes,
pero a la hora de la verdad, de realizaciones ninguna. Esta
mañana, en esta misma Cámara, el señor Tomé, secretario de Estado de
Telecomunicación y Sociedad de la Información, reconocía que para el
objetivo estrella del Plan INFO XXI, que es la incorporación de
Internet y de los medios informáticos a las escuelas españolas, está
sin gastar la consignación presupuestaria de todo el año 2001, están
disponibles 10.000 millones de pesetas de aquí a fin de año, al día
31 de diciembre, y sólo faltan 20 días. Ustedes no han ejecutado nada
de lo que comprometieron para el año 2001 en el Plan INFO XXI, lo
cual nos da una idea de cuál es la situación.
Esto es lo que de verdad hace el Gobierno del Partido Popular: no
dedica ningún recurso a los programas de nuevas tecnologías y cuando
hace una consignación presupuestaria todo ello se queda sin ejecutar,
y luego vienen ustedes a recordarle al Gobierno que tiene que
impulsar la incorporación de las nuevas tecnologías en la escuela.
Hacen bien en recordárselo al Gobierno y por eso nosotros les damos
la razón. ¿Por qué? Porque ciertamente el objetivo de la educación es
la formación integral de la persona, la formación de ciudadanos
preparados para la vida, pero sobre todo preparados para el empleo, y
en la sociedad del conocimiento hay que hacer un esfuerzo añadido en
favor de la educación para formar personas, para formar ciudadanos,
pero también -y usted lo ha dicho y tiene razón- para generar el
mejor capital humano, porque en la sociedad del conocimiento
precisamente la mejor inversión que se puede hacer es la educación,
porque generará más conocimiento, más ciencia, más cultura y más
bienestar. Pero usted sabe muy bien que la sociedad del conocimiento
da enormes oportunidades, pero también genera grandes diferencias de
oportunidades que se van a convertir en discriminación para aquél que
no tenga acceso a la educación, a la formación y a las nuevas
tecnologías. Por eso la escuela tiene que hacer ese esfuerzo añadido
de compensación de las diferencias en el acceso que pueden producirse
en las nuevas tecnologías.
Si el objetivo debe ser la formación integral de la persona, es
lógico y razonable que se haga desde las edades más tempranas,
precisamente para corregir las diferencias que puedan producirse en
ese acceso a la educación y a las nuevas tecnologías. Por eso vamos a
apoyar que se recuerde al Gobierno su compromiso en este sentido, que
es absolutamente imprescindible corregir aquellas diferencias que
todavía separan, en la convergencia real con Europa, a nuestras
escuelas y en la formación que reciben nuestros estudiantes, sobre
todo en el acceso temprano a las nuevas tecnologías, porque van a
permitir, es verdad, familiarizarse con esta herramienta
indispensable en la sociedad del conocimiento, pero también van a
contribuir como valor añadido a la educación, porque van ayudar a la
estimulación precoz de los niños que entran en las escuelas
infantiles y en los colegios de educación infantil y primaria.
Si compartimos este objetivo educativo y este objetivo estratégico de
país -porque tiene que ser un objetivo estratégico de país-, también
le decimos que toda la educación está transferida a las comunidades
autónomas, que son plenamente competentes en este asunto. Por eso, si
usted quiere llevar a cabo este objetivo estratégico debe hacerlo
sólo en convenio con las comunidades autónomas y ese convenio tiene
que tener unos compromisos presupuestarios definidos y firmes.
Nosotros le proponemos una cantidad que es absolutamente razonable,
tanto que los poco más de 30 millones de euros que sugerimos es justo
la cantidad que estima el Plan INFO XXI, ni más ni menos. Si ustedes
están dispuestos a incluirlo en el Plan INFO XXI, nos preguntamos por
qué no están dispuestos a ejecutarlo cuando aquí se les exige desde
la oposición. Pero el problema al que ustedes se enfrentan es que en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, en el plan de
nuevas tecnologías en la educación sólo han consignado la exigua, la
irrisoria cantidad de 8 millones de euros. Ese es el problema. Por
tanto, la financiación es un asunto importante si quiere establecer
un convenio de cooperación con las comunidades autónomas, que son las
que tienen competencias en este asunto.
Vamos a centrar el objetivo que aquí perseguimos, este objetivo que
tanto nos preocupa. Entendemos que debe ir orientado a dotar de los
recursos materiales a los propios centros educativos, porque es
absolutamente imprescindible completar la conexión a Internet de las
escuelas españolas. Quiero recordarle que hay comunidades autónomas
que están haciendo esfuerzos notabilísimos. Le voy a poner al menos
dos ejemplos. Uno, el que está haciendo la Junta de Extremadura, que
se ha impuesto como objetivo prioritario de desarrollo la
incorporación de las nuevas tecnologías a la educación; dos, los
proyectos que en educación infantil y primaria está desarrollando la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Creo que estos modelos
son los que sirven, y lo que le están pidiendo desde el pasado mes de
octubre las comunidades es que concreten el Plan INFO XXI. En primer
lugar, hay que dotar de medios y recursos informáticos y completar la
conexión a Internet; en segundo lugar, mejorar la formación del
profesorado, porque si usted revisa el eurobarómetro verá que es
donde se pone el acento. Son necesarios más recursos, pero también
profesores preparados para la utilización de los mismos y,
naturalmente, es necesario el diseño de los programas educativos que
permitan poder utilizarlos directamente en la práctica docente, es
decir, en el aula. Estos son los objetivos que pretendía nuestra
enmienda.
Usted ha presentado una enmienda transaccional en la que recoge, por
una parte, la necesidad de que el impulso de las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación infantil se haga en convenio con las
comunidades autónomas, que nos parece muy acertado. Usted corrige un
error técnico-jurídico importante, como es el denominar
a esta etapa educativa educación preescolar, cuando es la
educación infantil, así se denomina desde el año 1990, en el que fue
aprobada la LOGSE, que regula el nuevo sistema educativo. Usted
también acepta los objetivos de dotación de recursos, de formación
del profesorado y preparación de los programas educativos. Sin
embargo, los algo más de 30 millones de euros que nosotros
solicitamos que estén disponibles en los próximos tres años, no de
una forma gratuita sino pura y simplemente porque es el marco
temporal del Plan INFO XXI, no es una cuestión caprichosa, usted los
sustituye por «consignación presupuestaria suficiente».
Aunque a nosotros nos parezca corto el alcance de la transaccional
que ha presentado el Grupo Popular, la aceptamos porque al menos
queda claro que el Gobierno no cumple con sus compromisos en INFO XXI
y con el objetivo de completar la introducción de las nuevas
tecnologías en la educación, y hacen bien recordándoselo. Le aseguro
que nosotros haremos un seguimiento y un control para saber a cuánto
va a ascender el gasto efectivo en eso que ustedes han llamado, y que
nosotros vamos a apoyar, una consignación presupuestaria suficiente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida para, con todos los respetos, decirle al ponente de esta PNL,
de esta proposición no de ley, que la exposición de motivos nos
preocupa porque ustedes confunden el papel de la escuela; volvemos
a discrepar, obviamente. Ustedes hablan aquí de formadores y nosotros
creemos que la escuela es un espacio de crecimiento integral de los
seres humanos, de los niños y de las niñas, donde necesariamente han
de recibir educación en valores. Ustedes una vez más plantean un
modelo de escuela viejo, antiguo, vinculado a otros tiempos, en aras
de una supuesta modernidad. Además apuestan claramente por el proceso
formativo individualizado. ¿Quién le ha dicho a usted que es más
moderno, o al menos que es más bueno o más nuevo el proceso formativo
individualizado que el proceso formativo colectivo? ¿Quién ha dicho
que es más importante que en preescolar los niños se familiaricen con
la palabra Internet que el que aprendan a jugar desde el respeto a la
diferencia, desde la consolidación de valores como solidaridad, paz o
igualdad? Sinceramente, esta exposición de motivos es suficiente para
no seguir leyendo, sobre todo alerta una vez más sobre cuáles son los
objetivos del Partido Popular en materia
de educación. Ustedes van a convertir las escuelas y las
universidades en fábricas de trabajadores para las necesidades del
mercado, y luego que venga aquí la ministra y me llame demagoga, pero
esa es su verdadera voluntad política.
Tiene usted que entender mi indignación. Nosotros estamos a favor de
todo lo que signifique igualdad de oportunidades, pero a usted no le
compete, como grupo que sustenta al Gobierno, venir aquí con esta PNL
por varias razones. La primera, porque ustedes deberían de saber
mejor que nadie que las transferencias han culminado hace dos años y,
por tanto, este tema no es de su competencia. La segunda, porque para
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la etapa
preescolar la prioridad no es el ordenador sino el crecimiento
integral, lo importante no es únicamente la información y la
formación, señorías, sino la educación en valores, que también es
potestad de la familia pero de la que no puede sustraerse en absoluto
la escuela. La tercera, porque esto son juegos florales y siempre es
lo mismo. Ustedes son el equipo que sustenta al Gobierno y vienen
aquí con una PNL a contarnos lo que por cierto, si queremos saber,
nos podemos enterar haciendo comparecer a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología. Por otra parte, me parece muy loable y muy
legítimo que el señor ponente quiera contar las maravillas del
Partido Popular, sobre todo cuando tiene público, pero no es serio.
Ustedes no son oposición, son el grupo que sustenta al Gobierno. Por
tanto dejen ya de hacer juegos florales. Si realmente tienen voluntad
política de trabajar en este tema, de poner las cosas en su sitio,
vengan con una propuesta negociada, pactada, con calendario y con
presupuesto. Y dejen de marear la perdiz, que los grupos tenemos
mucho que hacer y muy poco tiempo que perder en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta es una proposición no de ley que creo que vamos a criticar
todos, excepto el ponente, aunque es una especie de crítica que
tampoco será sangrienta, porque al fin y al cabo la vamos a votar.
Pero la votaremos como se vota un texto inicuo, un texto que, como no
hace daño, se vota, pero tampoco es que aporte nada sobre todo lo que
era el texto originario de la proposición no de ley. Porque centrar
en este momento toda la actividad de Internet en el ámbito educativo
en el ámbito preescolar, incluso desde el punto de vista pedagógico,
es algo tremendamente discutible. Comparto en buena medida las
reflexiones que hacía la portavoz socialista -luego lo diré- y de
entrada las de la portavoz
de Izquierda Unida, en términos pedagógicos. No sé hasta qué
punto en el ámbito preescolar la primera obsesión tiene que ser que
los niños se familiaricen con Internet. Ya tendrán tiempo, entre
otras cosas no les va a quedar más remedio si quieren sobrevivir en
el mundo que les espera. En el ámbito preescolar tienen otras
inquietudes mucho más importantes. En eso compartimos la perspectiva
de convivencia, de relación con sus compañeros, de tolerancia,
etcétera, de toda una serie de valores básicos que o se les da en ese
momento o después será bastante más complicado. No son profesionales
precisamente lo que se está dando en el ámbito preescolar. Ya nos
parecía curiosa en sí misma la proposición no de ley.
Vemos que afortunadamente, fruto de esa enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, lo que se va aprobar es un texto
transaccional, que de entrada salta de nivel y pasa a hablar de la
educación infantil. Y en la educación infantil, que afecta a un
ámbito muy superior y tiene ya otros parámetros distintos, coge una
franja de edad mucho más amplia. Ahí sí que tiene su lógica que se
exija al Gobierno que ponga medios para desarrollar Internet en las
escuelas. Que ponga medios, no que lo desarrolle, porque, como
también le han dicho los portavoces que me han precedido, quien lo va
a hacer y quienes en muchos casos ya lo están haciendo con los medios
que pueden son las comunidades autónomas, que son las que tienen las
competencias de educación. Hoy las comunidades autónomas, y yo puedo
hablar por la que conozco mejor, están haciendo un enorme esfuerzo
por introducir Internet en las escuelas y lo hacen con bastante
eficacia, con una limitación de medios evidente, pero con bastante
eficacia. ¿Cuál es ahí el papel del Gobierno? Firmar convenios con
las comunidades autónomas y poner dinero sobre la mesa. Con el
reparto de competencias que tenemos, eso es lo que le queda al
Gobierno. Lo que estamos haciendo ahora es instar al Gobierno a que
ponga más dinero sobre la mesa para que haya más Internet en las
escuelas o para que canalice el dinero que tiene presupuestado y que
no está canalizando suficientemente para que Internet en las escuelas
llegue como tiene que llegar, entendiendo que no estamos hablando
sólo de infraestructuras. Ahí sí compartiría lo que usted mismo ha
comentado. Estamos hablando de formación de profesorado, de conexión,
de materiales y de implantación de equipos, ha dicho usted. Si eso es
lo que va a hacer el Gobierno, lo que debería estar haciendo, y se
compromete a partir de hoy un poco más, aunque sea un poco más, a
seguir haciéndolo, bienvenido sea, pero no era ese el sentido de la
proposición inicial. Parece que sí lo será después de esta
transaccional, a partir de una cierta precisión, porque el texto
originario decía: que se adopten una serie de medidas dirigidas a
introducir en la educación preescolar infraestructuras informáticas.
Me parece lo más amplio y vacío que se puede llegar a decir en un
texto.
Ahora bien, lo que vamos a votar finalmente es algo que tiene un poco
más de contundencia: que adopten las medidas que cuenten con la
consignación presupuestaria suficiente para introducir medidas
dirigidas a introducir... -espero que alguien corrija esto, que es el
texto que me han dado como transaccional- paulatinamente en la
educación infantil infraestructuras informáticas, la conexión... No voy
a subrayar la importancia que tiene Internet para la educación
infantil más que para coincidir con la portavoz socialista y con la
parte retórica de su discurso. Es un lugar común hoy y cada discurso
que hacemos sobre Internet y la informática empieza a ser como si
habláramos de la importancia de la energía eléctrica en nuestras
vidas. Llega un momento en que a uno se le pasan las ganas de decir:
¡Qué importante es que las casas tengan energía eléctrica! No le voy
a dedicar más tiempo. Es importante que las casas tengan energía
eléctrica y es importante que los colegios tengan Internet. A partir
de ahí, vamos a poner manos a la obra, pongamos los medios para que
eso sea real, y dejémonos de retórica. Tiene usted nuestro voto
favorable, sobre todo al texto un poco mejorado después de la
transaccional y felicitamos al Grupo Socialista por haber intentado
perfeccionar un poco este texto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans. (Pausa.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre instalación paulatina de
las herramientas informáticas en la educación preescolar, en los
términos de la enmienda transaccional que dice lo siguiente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
que, contando con la consignación presupuestaria suficiente, vayan
dirigidas a introducir, en coordinación con las comunidades autónomas
y de manera paulatina, infraestructuras informáticas en la educación
infantil así como su conexión a Internet, con el fin de habituar a
los niños en la edad más temprana posible al uso de las nuevas
tecnologías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 280; en contra, dos; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido texto.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEJORA DEL CONTROL DE
EXPORTACIÓN DE ARMAS Y SOBRE CONTROL DE ARMAS LIGERAS. (Número de
expediente 162/000307.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE CONTROL DE LAS
EXPORTACIONES DE MATERIAL DE DEFENSA. (Número de expediente 162/
000293.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA UN
NUEVO IMPULSO DEL CONTROL DEL COMERCIO DE MATERIAL DE DEFENSA.
(Número de expediente 162/000315.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
CONTROL DE LAS EXPORTACIONES DE ARMAS Y MATERIAL DE DOBLE USO.
(Número de expediente 162/000365.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MEDIDAS DE CONTROL
EN LAS EXPORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE MATERIAL Y SERVICIOS
MILITARES, DE SEGURIDAD Y POLICIALES. (Número de expediente 162/
000366.)
La señora PRESIDENTA: De acuerdo con la ordenación del debate, los
puntos números 6, 7, 8, 9 y 10 van a ser debatidos conjuntamente:
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
mejora del control de exportación de armas y sobre el control de
armas ligeras. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Saura, sobre control de las exportaciones de material de
defensa. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para un nuevo impulso del control del comercio
de material de defensa. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre el control de las exportaciones de
armas y material de doble uso y proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre medidas de control en las
exportaciones y transferencias de material y servicios militares, de
seguridad y policiales.
En primer lugar, y de acuerdo con la ordenación, tiene la palabra,
para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
el señor Moragues. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio al objeto de
poder continuar con el debate. (Pausa) Adelante, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Muchas gracias, señora presidenta. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
Señoras diputadas, señores diputados, el 18 de marzo de 1997, cuando
en esta Cámara discutimos y aprobamos un texto transaccional sobre
comercio y exportación de armamento, nuestro portavoz, en aquella
ocasión don Pedro Moya Milanés, terminaba su intervención con estas
palabras: Creo que estamos en
la buena dirección, que es un paso adelante. Probablemente no es el
paso definitivo, probablemente habrá que dar más pasos en el futuro,
probablemente esto se quede en lo que pudiéramos considerar una
plataforma de mínimos, de consenso, entre los diferentes grupos
parlamentarios. Pero entendemos que es mejor avanzar así porque, en
esta materia compleja y delicada, cuanto mayor sea la fuerza y mayor
sea la representatividad a la hora de la votación de todos los grupos
de esta Cámara más claros serán los pasos, más sólidos y más
exigibles en su cumplimiento. Estas palabras las he traído a colación
porque el futuro anunciado por nuestro portavoz en 1997 ya está aquí.
Podemos y debemos dar más pasos, superar aquel acuerdo, que fue un
acuerdo de mínimos -es verdad que muy importante pero, al fin y al
cabo, de mínimos-, y debemos seguir avanzando en el camino por el
cual ha avanzado el conjunto de la comunidad internacional.
Muy pocos días después del tercer debate celebrado en la Comisión de
Defensa sobre estadísticas españolas de exportación de material de
defensa y de doble uso referidos al año 2000, debatimos hoy un
conjunto de proposiciones no de ley que tiene por objeto la mejora
y la profundización de la transparencia y el control en el comercio de
armamento. Debo y quiero reconocer públicamente, como ya tuve ocasión
de hacer en mi intervención en la Comisión, los avances que desde el
año 1997 se han producido y que hemos podido comprobar al debatir
anualmente los informes que he mencionado, y muy especialmente el
último, correspondiente al pasado ejercicio, en el cual la
introducción de un mayor desglose en los productos exportados o la
incorporación de una tabla en la que se indican las exportaciones
totales por país de destino han mejorado sustancialmente los informes
que habíamos debatido hasta ahora. Es verdad que para mucha gente
estos avances pueden ser considerados escasos o insuficientes, pero
he de reconocer la mejora en los documentos sobre los que la Cámara
ejerce el control del comercio de armas. Pero, señorías, no podemos
quedarnos parados y, reconociendo un avance que es evidente, debemos
continuar profundizando en el proceso, porque muchos países de
nuestro entorno, muchas instituciones y organizaciones
internacionales y nuestra propia sociedad nos exigen continuar en
esta dirección.
Desde la aprobación unánime del año 1997 sobre el control del
comercio de armas, se han producido en el ámbito europeo algunas
iniciativas que han influido y mucho, en primer lugar, sobre el
comportamiento de los exportadores europeos y, en segundo lugar,
sobre la práctica totalidad de los países exportadores de armas, si
exceptuamos Rusia o China, a los que se deberá aplicar especial
atención en un futuro inmediato para obligarles a tomar algún tipo de
medidas compatibles con los principios éticos que queremos conformen
esta actividad comercial. Como decía, la aprobación del código de
conducta de la Unión Europea en materia de exportación
de armas, cuyos ocho criterios son de aplicación y son
aplicados en España, puede dar lugar a interpretaciones excesivamente
laxas por su propia indefinición. Este es, a mi entender, un problema
importante al que debemos dedicar atención primero. Porque, por
ejemplo, la aplicación del criterio número 2, el respeto de los
derechos humanos en el país de destino final, de los criterios
números 3 y 7, tener en cuenta la situación interna del país de
destino final en términos de existencia de tensiones o conflictos
armados, o la existencia de riesgo, de que el equipo se desvíe dentro
del país comprador o se reexporte en condiciones no deseadas, incluso
el propio criterio número 8, la compatibilidad de las exportaciones
de armas con la capacidad económica y técnica del país receptor,
teniendo en cuenta la conveniencia de que los Estados satisfagan sus
necesidades legítimas de seguridad y defensa con el mínimo desvío de
recursos humanos y económicos para armamentos, son criterios que a
duras penas pueden cumplirse si uno examina detenidamente la
situación interna de alguno de los países destinatarios de
operaciones de venta de material de defensa y seguridad que lleva a
cabo España.
Convendrán conmigo, señorías, que estas definiciones,
o indefiniciones, según se mire, pueden dar lugar a interpretaciones
distintas sobre el o los grados de cumplimiento de estos criterios
europeos. Y tampoco dejarán de convenir conmigo que poder acordar una
aplicación rigurosa de los criterios de conducta es uno de los
motivos que todos deberíamos perseguir y que por supuesto quiere
lograr el Grupo Parlamentario Socialista. Es cierto que este
compromiso en la aplicación de los criterios del código de conducta
debería obligarnos no sólo a los españoles sino a todos los países
pertenecientes a la Unión Europea y, a ser posible, hacerlos
extensibles a todos los países de la OSCE. Y este compromiso, a mi
entender, debe formar parte de los objetivos que tenga España en la
presidencia de la Unión, que va a iniciarse en muy pocas semanas,
promoviendo el estudio y el debate en el seno de los grupos
especializados en el tema. Digo esto, señorías, porque sé bien que
las aplicaciones unilaterales de determinadas condiciones en este
mundo de competencia y de globalización pueden significar la pérdida
de posiciones de nuestra industria de defensa, pero creo también que,
en el campo de la transparencia, no podemos permitirnos perder
ninguna posición, como tampoco podemos permitírnoslo en el campo de
control de estas operaciones, porque, sin ir más lejos, hasta el
momento presente, continuamos sin tener conocimiento de los trabajos
que realiza la JIMDDU en orden a autorizar determinadas operaciones.
¿Por qué no establecemos que la Cámara, con las cautelas que tiene
reguladas para tratar cuestiones especialmente sensibles, pueda tener
conocimiento y pueda debatir los criterios utilizados para autorizar
o denegar tal o cual operación que no acaba de convencernos?
Porque, y esto también debemos tenerlo absolutamente claro, no
podemos obviar en ningún caso que la opinión pública es cada vez más
sensible y cada vez nos exige un mayor grado de transparencia.
Debemos tener muy presente que, por su propia naturaleza, estas
operaciones tienden a desenvolverse en unos altos niveles de
confidencialidad y que muchas veces la propia Administración ejerce
un cierto papel en mantener este estado de cosas. Sin embargo, no nos
queda más remedio que armonizar estos niveles de confidencialidad con
los deseos de la opinión pública de un grupo importante de
organizaciones no gubernamentales, de colectivos políticos y sociales
que queremos incrementar los niveles de transparencia y que estamos
dispuestos a hacer posible que, en caso de conflicto entre
confidencialidad y transparencia, todos apostemos por una mayor
transparencia. Es indudable que, para que podamos avanzar en este
camino con una cierta igualdad en el tratamiento de la información
que se elabora por los Estados miembros, sería muy conveniente que,
aprovechando nuestra presidencia de la Unión, pudiéramos acordar una
cierta homologación de la información suministrada por todos los
países, utilizando todos la lista común de equipo militar a la que
debe aplicarse el código de conducta de la Unión Europea y que
también vea la luz como documento referencial la lista común de
equipos de seguridad de carácter no militar que pueden ser destinados
específicamente a torturar o infringir otro tipo de trato cruel,
inhumano o degradante.
Otro acontecimiento importante con relación al tráfico de armas al
que quiero referirme por su gran trascendencia ha sido la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras en todos sus aspectos, que ha tenido lugar en Nueva York hace
escasos meses. Aprovecho este momento para justificar una
autoenmienda que hemos presentado al apartado 4 del texto de nuestra
proposición no de ley, en el que pedíamos al Gobierno que tuviera una
actitud y una participación que ayudara al éxito de esta conferencia.
No tiene ningún sentido mantener este punto, cuando ya hace meses que
la conferencia se ha desarrollado. Por ello queremos cambiar este
apartado por otro en el que instamos al Gobierno a presentar en la
Cámara una propuesta para la aplicación en España de las resoluciones
de la mencionada conferencia. Son temas tan importantes como las
iniciativas encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras, incluyendo aspectos relacionados
con la fabricación, el control, el tráfico, la intermediación, así
como la recolección, financiación y destrucción de estas armas; el
importantísimo paso hacia el marcaje de las armas, iniciativa que
nuestro grupo presentó para su debate hace unos meses sin éxito y
que, ahora, la conferencia de la ONU ha recogido entre las medidas a
impulsar; la conveniencia de llevar registros completos y exactos
durante el mayor tiempo posible sobre la fabricación, tenencia y
transferencia de armas;
el fomento del diálogo de la cultura de la paz, facilitando una
adecuada participación y cooperación civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales, extremo que tampoco acaba de
funcionar en nuestro país, al menos con el Gobierno, a pesar de los
esfuerzos que las organizaciones no gubernamentales vienen
desarrollando en ese sentido en los últimos tiempos; y un largo
etcétera hasta llegar a las 44 medidas que la conferencia ha
aprobado, encaminadas, como decía antes, a prevenir, combatir y
eliminar el tráfico ilícito de armas, razón por la cual nuestro grupo
tiene tanto interés en conocer cómo piensa aplicar el Gobierno este
plan.
En este aspecto quiero hacer también un llamamiento a la Cámara para
que asuma un papel más activo, un protagonismo más directo, un
protagonismo que, por nuestra historia, por el lugar que ocupamos en
la comunidad internacional, nos corresponde. No puede ser que las
Cortes Españolas y por tanto los grupos políticos que las componen
hayan estado o estén ausentes en multitud de procesos de desarme, de
foros de reflexión o de conferencias regionales o mundiales sobre
estos temas. Todos debemos implicarnos más. Esta no es sólo una
responsabilidad del Gobierno, que la tiene y muy importante, es una
responsabilidad de todos y debe ser una responsabilidad compartida
por los grupos parlamentarios, por la propia Cámara, que debe velar
por potenciar su presencia y su papel en los foros de debate y
reflexión, muy especialmente en lo que hace referencia a los procesos
abiertos en la comunidad iberoamericana. Y, por supuesto, debe
continuar siendo una responsabilidad del conjunto de la sociedad,
como se nos demuestra en el ejercicio de cómo están llevando
a término las organizaciones no gubernamentales su conocida campaña de
adiós a las armas.
Para acabar, señora presidenta, permítame que me adelante al trámite
de presentación de una enmienda transaccional que hemos estado
acordando los grupos de la Cámara en los últimos momentos de la
sesión y que ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, anunciando que nuestro grupo votará afirmativamente, si es
aceptada por los grupos correspondientes. Está claro que, como en
todos los acuerdos, éste no refleja con la contundencia que a mi
grupo le hubiera gustado algunos extremos que he tratado a lo largo
de la intervención, si bien es cierto que nos encontramos lo
suficientemente cómodos con su redacción como para votarlo
afirmativamente, con el convencimiento de que logramos un compromiso
amplio para seguir avanzando en la política de transparencia
informativa y que mantenemos algo que nos parece muy importante, como
es el consenso parlamentario. Señora presidenta, si la enmienda
transaccional es aceptada por los grupos parlamentarios, nuestro
grupo retirará la proposición no de ley. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Moragues.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds, una proposición no de ley similar a otras cuatro
que se han presentado, que tienen como objetivos fundamentales
conseguir un mayor nivel de transparencia y de control sobre las
exportaciones de armas, con especial atención a las armas ligeras. Se
ha hecho mención en la anterior intervención a que en marzo de 1997
esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que
se instaba al Gobierno a desarrollar los criterios que regulan las
exportaciones de armas en la Unión Europea y a divulgar con
periodicidad semestral los datos esenciales de dichas exportaciones.
Aquella unanimidad no fue fácil, fue objeto de muchas reuniones y
transacciones, y es justo decir que entonces como ahora fue impulsada
fundamentalmente por la campaña Adiós a las armas que promovieron
cuatro ONG: Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y
Médicos sin Fronteras.
Ciertamente, como también se ha dicho, se han producido avances
importantes desde el punto de vista de la transparencia informativa
en España y en el conjunto de la Unión Europea. Hoy existe mayor
transparencia y, por tanto, posibilidad de mayor control de las
exportaciones de armas. No obstante, como dijimos también en marzo de
1997, aquel era el inicio del camino, que hacía falta mejorar, y en
estos momentos este hecho es evidente por las insuficiencias e
omisiones de información del Gobierno español.
Los objetivos de las cinco proposiciones no de ley coinciden en
mejorar y subsanar estas insuficiencias y omisiones. El último
informe que el Gobierno nos ha hecho llegar en relación con las
exportaciones de armas del año 2000, que entregó en julio de este
mismo año, es un buen ejemplo de ello. Existe una mejora de la
información, pero, al mismo tiempo, aparecen insuficiencias
y omisiones. Es importante destacar aquí el estudio que, a petición de
las cuatro ONG que antes he señalado, se ha encargado a la cátedra de
la UNESCO sobre paz y derechos humanos de la Universidad Autónoma de
Barcelona para demostrar la necesidad de mejorar la norma que en
estos momentos tenemos. En dicho estudio se pone de manifiesto, en
primer lugar, que el Gobierno no ha contabilizado en sus estadísticas
una venta importante de municiones a países como Turquía, Ghana,
Guinea Ecuatorial, Venezuela o determinados materiales a otros países
como la República Dominicana, Camerún, Austria o Mauritania y, en
segundo lugar, que de los 23.000 millones de pesetas
que dice el Gobierno que fueron exportación de armas en el año 2000,
la cifra podía estar situada en el doble, es decir, en 46.000
millones de pesetas. La pregunta es: ¿cómo es posible que el Gobierno
diga que se han exportado 23.000 millones de pesetas en armas y un
estudio riguroso afirme que estamos en una cifra de alrededor de
46.000 millones de pesetas? La diferencia estriba en las concepciones
y percepciones distintas que el Gobierno entiende por armamento. En
las estadísticas que el Gobierno ha ofrecido, no considera como
material de defensa a aviones de transporte, simuladores o armas
ligeras. El estudio de la cátedra de la UNESCO, que se basa en la
lista común de equipo militar, aprobada por el Consejo de la Unión
Europea en junio del año 2000, dice claramente que este tipo de
material se ha de considerar como material de defensa. Hay una
insuficiencia de información que adultera, a nuestro entender de
forma grave, las estadísticas sobre las exportaciones de armas. Por
otro lado, es lamentable que el informe que el Gobierno ha entregado
a esta Camara diga claramente que se han exportado armas a países que
vulneran el código de conducta de la Unión Europea, aprobado en 1998.
Como SS.SS. saben, este código de conducta establece que no se pueden
exportar armas a países que han estado sancionados, inestables, que
vulneran derechos humanos o que tienen conflictos armados. Pues bien,
la información del Gobierno nos dice que España ha exportado armas a
países como Arabia Saudí, Colombia, los Emiratos Árabes Unidos,
Indonesia, Israel, Pakistán, Jordania, Turquía u otros países que
claramente se hallan en la categoría de aquellos a los que la Unión
Europea dice que no se pueden exportar armas. Según el estudio que
antes he mencionado, la exportación de armas a estos países se sitúa,
aproximadamente, en una cuarta parte de las ventas reconocidas por el
Gobierno.
Señoras y señores diputados, hoy nos encontramos ante la necesidad de
mejorar la transparencia de la información del comercio exterior de
armas. Por otro lado - ya se ha hecho referencia a ello en la
intervención anterior y forma parte del contenido de todas las
proposiciones no de ley que hoy se presentan-, hace muy pocos meses
se ha producido la primera conferencia en las Naciones Unidas sobre
el tráfico ilícito de armas ligeras; posiblemente no ha satisfecho
alguna de las expectativas que teníamos, pero significa un paso
adelante en la necesidad de eliminar la producción y el tráfico
ilícito de armas ligeras.
Nuestra proposición no de ley contempla seis puntos. Los tres
primeros hacen referencia a mejorar o subsanar el acuerdo que ya se
tomó en 1997. El primero menciona la necesidad de mejorar de forma
significativa la relación de productos exportados a cada país que
hace necesaria una aplicación estricta del código de conducta que
impida la exportación de armas cuando este código no se cumpla. El
segundo y tercer punto instan al Gobierno español, por un lado, a que
promueva
en el ámbito de la Unión Europea la reforma y mejora del código de
conducta y, por otro lado, a que impulse la ampliación de productos
en dicho código que en estos momentos no están incluidos. El hecho de
que la presidencia de la Unión Europea recaiga en España el próximo
semestre es una buena oportunidad para que coloque estos temas en la
agenda política de su presidencia . Los tres últimos puntos, cuatro,
cinco y seis, hacen referencia a medidas relacionadas con la
necesidad de eliminar la producción y el tráfico ilícito de armas
ligeras.
Esta proposición no de ley insta al Gobierno a que participe de forma
activa en los foros internacionales que tratan sobre la proliferación
y el control de armas ligeras y, al mismo tiempo, a que promueva
actividades interparlamentarias, especialmente con los países de
América Latina; a que promueva la recompra y destrucción de armas
ligeras en países y zonas concretas, en colaboración y apoyo con las
ONG; y, finalmente, a que explique semestralmente al Congreso de los
Diputados las actuaciones que el Gobierno ha tomado en relación con
las recomendaciones de la acción común de la Unión Europea del 17 de
diciembre de 1998.
Conocedor de la transaccional que se ha acordado finalmente entre el
Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Popular, como ha dicho el
portavoz socialista, no nos satisface del todo, pero es mejor esta
transacción que quedarnos como estábamos. Por lo tanto, Iniciativa
per Catalunya-Verds retiraría su iniciativa si finalmente el Grupo
Popular acepta la transacción que ha ofrecido Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Como han dicho los dos portavoces que han intervenido, con estas
iniciativas de los diversos grupos parlamentarios recuperamos el
debate político sobre transparencia y control de armas, que se inició
en marzo de 1997. Estas proposiciones no de ley van a permitir dar un
salto hacia delante en la política española en esa materia. En primer
lugar, este debate debe partir de un balance positivo de lo que ha
sido la evolución de esta política en España desde marzo de 1997. Se
ha conseguido institucionalizar en la Cámara un debate cada ocho,
nueve o diez meses, quizás a veces con retraso, pero que antes de
1996 no existía, sobre la política de venta de armas del Gobierno
español, un debate político en la Comisión de Defensa sobre esa
cuestión y un informe que el Gobierno envía a la Cámara; informe y
debate que son evaluados por la opinión pública de
forma crítica. El señor Saura ha hecho referencia al balance que la
cátedra de la UNESCO hace del informe del año 2000, que nos permite a
los grupos políticos y al Gobierno profundizar en determinadas
actuaciones. Es un balance positivo que debemos a la responsabilidad
de los grupos políticos, del Gobierno, pero también a la capacidad de
presión de la sociedad civil organizada. Hoy nos acompañan en este
debate Adaneluz, de la cátedra UNESCO de la Autónoma y diversos
representantes de Amnistía, Greenpeace, Médicos sin Fronteras,
Intermón Oxam, que son la coalición de organizaciones humanitarias
que han apostado por traer al debate parlamentario estas propuestas.
Si en 1997 fue posible que la Cámara recogiese aquel mandato, hoy los
grupos volvemos a plantear esta iniciativa como resultado de esta
presión de la sociedad civil organizada. Creo que es bueno que lo
digamos. En estos últimos años en esta Cámara hemos planteado
cuestiones como la necesidad de prohibir las minas antipersonas,
o hace quince días, la necesidad de pronunciarnos a favor de los
fármacos baratos para los países en vías de desarrollo, como
resultado de esta presión de la sociedad civil. Por tanto,
responsabilidad de los grupos políticos, responsabilidad del Gobierno
y capacidad de incidencia de esta sociedad civil. ¿Por qué es
importante avanzar en una mayor transparencia, en un mayor control
político de las ventas de armas y de material de doble uso? Porque
ocultar información sobre este tipo de material con el que se
comercia internacionalmente es preocupante, en la medida en que
muchas veces estamos hablando de material de alta sensibilidad.
Aquello que es objeto de nuestra atención no es la venta de unas
patrulleras a un país democrático que forma parte de la Unión
Europea. No nos preocupa la venta de material electrónico a Estados
Unidos o a Canadá, lo que nos preocupa es la venta de material
sensible, armas ligeras, munición, elementos que pueden ser
utilizados como torturas por determinados países; y nos preocupa que
se venda a determinados países cuyos mínimos estándar de derechos
humanos, de áreas no conflictivas, no se puedan cumplir. La
transparencia y el control nos permiten analizar si la política del
Gobierno está bien orientada en estas áreas: material sensible y
países conflictivos en un sentido amplio del término. Porque estamos
convencidos hoy de que en este escenario post 11 de septiembre del
año 2001, si me permiten, post caída muro de Berlín, en el que el
tipo de conflicto bélico que se configura es muchas veces de carácter
civil, en espacios donde el Estado es inexistente, donde el valor de
la vida humana es escaso, donde precisamente el descontrol en el
comercio de armas ha permitido que grupos paramilitares, que bandas,
que Estados de dudoso carácter democrático puedan beneficiarse del
descontrol real existente en el mundo en ese ámbito, la contribución
que puede realizar el Congreso de los Diputados a esta exigencia de
mayor transparencia y control va en la línea de hacer
avanzar al mundo hacia un escenario de mayor seguridad. La mayor
seguridad del mundo va a estar relacionada con menos armas circulando
de manera descontrolada. Esta es la pretensión de fondo que tiene
esta iniciativa que hoy los grupos presentamos.
El nuevo paso hacia delante se concreta, en opinión del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en aquello que ha sido
objeto de debate parlamentario en la Comisión de Defensa en diversas
ocasiones, en la necesidad de que el informe del Gobierno pueda
evidenciar cuáles son los productos de defensa y de material de doble
uso que son vendidos a cada uno de los países clientes de España. Una
información a este nivel, a esa concreción del país producto, es lo
que puede garantizar un debate más a fondo, un mayor control del
Parlamento sobre esa política y por tanto una mayor capacidad de
decidir en aquellos aspectos conflictivos, porque afectan a material
delicado y a países de dudosa credibilidad. Quiero recordar los
debates que hemos tenido en la Comisión de Defensa sobre la venta de
material a Turquía, de material supuestamente de caza a Ghana y de
determinados navíos a Camerún, países, áreas y materiales que, como
mínimo, deben ser objeto de discusión política.
Esta información de país producto no entra en contradicción con esos
elementos de supuesta confidencialidad que históricamente han
preocupado a la Administración española en esa materia. Hoy sabemos
que las ventas políticamente correctas de material de defensa son
hechas públicas por los propios países receptores; que esas ventas
son publicadas en revista especializadas del sector, que muchas veces
estas sometidas a concurso público y que aquello que se quiere
ocultar muchas veces es esa venta de material sensible a países
complicados. Ese es el avance que se debe producir desde el
convencimiento de que hemos avanzado estos años en esta materia, pero
que aún nos queda espacio por recorrer.
En el reciente debate de la Comisión de Defensa yo mismo recordaba el
último informe del Parlamento Europeo, donde se dice que si bien
España publica un informe anual, en éste sólo se recoge el valor de
las exportaciones pero no se incluye ningún detalle sobre las
licencias concedidas, el tipo y la cantidad de productos exportados,
el verdadero usuario final o las transferencias a las fuerzas
policiales o de seguridad. El Parlamento Europeo nos indica que en
ese ámbito debemos continuar avanzando.
Como ya se ha dicho, España en los próximos meses va a asumir una
especial responsabilidad derivada de la presidencia de la Unión
Europea y es evidente que debe jugar un papel activo durante esta
presidencia. La condición de potencia mediana con una industria de
defensa relativamente modesta nos debería permitir tener una política
más activa en el escenario europeo en aras de conseguir un mayor
compromiso del conjunto de los Estados de la Unión. Creo recordar que
ha sido el señor
Moragues quien ha dicho que una política eficaz en este ámbito supera
las fronteras del Estado español, si me lo permiten yo añadiría que
supera las fronteras de la propia Unión Europea, y debería configurar
parte de la esencia de la agenda política internacional de los
próximos años. Si España quisiese tendría un papel importante a
jugar. Señorías, un avance en esta materia debe de formar parte de un
elemento que a nuestro entender aún no es principal en la política
española, como es la coherencia del conjunto de instrumentos con los
objetivos de la política de cooperación al desarrollo.
El Parlamento Europeo en su informe recuerda que esta mayor
transparencia, ese mayor control en el comercio de armas debe encajar
con los objetivos de erradicación de la pobreza, de defensa de los
derechos humanos, de prevención de conflictos. Asimismo, deberíamos
reflexionar sobre el ámbito de esa dimensión para que nuestra
política de venta de armas fuese coherente con nuestros objetivos en
las políticas públicas de cooperación al desarrollo. La coherencia
nos parece especialmente significativa. Finalmente, después de la
reunión de Nueva York, un esfuerzo especial en el ámbito de las armas
ligeras, que enlaza con el perfil de esos nuevos conflictos
militares, debe ser importante. Fue importante en esa reunión que el
representante del Gobierno español mantuviese una actitud muy
favorable a los planteamientos que allí se estaban apuntando y que
destacase, además, esa colaboración con las ONG, línea en la que el
Gobierno debería profundizar sus actuaciones. Algunos Estados de la
Unión son acompañados en sus delegaciones por representantes del
mundo no gubernamental, y nos parece que ahí también existe un
espacio para avanzar.
Señorías, se ha dicho ya esta tarde -y lo agradecemos- que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha ofrecido a los grupos
parlamentarios una propuesta de enmienda transaccional, en base a la
enmienda que el Partido Popular ha formulado. Una propuesta que tiene
el valor del consenso. A nuestro grupo también le hubiese gustado que
el texto fuese diferente, pero tiene el valor del consenso. En esta
materia el consenso es aquello que nos ha permitido avanzar desde
1997. Voy a dar traslado a la presidencia de la Cámara del texto que
el conjunto de los grupos ya conoce, y espero que dentro de un
tiempo, cuando hagamos balance de lo desarrollado en esta materia,
pensemos, como afirmaba el señor Moragues, que hemos avanzado en la
definición de una política más ambiciosa en este ámbito. Si debemos
escoger entre la confidencialidad y la transparencia, desde la
perspectiva de los derechos humanos y la paz, está muy claro que la
única elección posible es la transparencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la
palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, con la máxima brevedad.
Empiezo por donde terminaba el señor Campuzano. La idea de consenso
es de enorme importancia respecto a este tema y de cara al avance que
hay que conseguir, que siempre nos parece excesivamente lento. En
1997 se produjo un consenso de enorme importancia y, a partir de
entonces, nos da la impresión de que se avanza con mucho trabajo, de
manera lenta, trabajosa y farragosa.
Es cierto que estamos destilando una solución que nunca culmina. En
la base de este trabajo está la presión, la insistencia de distintas
ONG y cátedras que están muy interesadas en este asunto. Estos
consensos a veces se producen -lo digo en plan descriptivo- a
instancias del señor Campuzano, que parece marcarnos hasta dónde se
puede llegar en cada momento. Nos parece positivo que se haga así y
que tengamos un punto de referencia en todos estos casos que estamos
intentando sintetizar, pero, al mismo tiempo, nos da la impresión de
que se pudiera producir un deslizamiento hacia atrás, que no
consolidáramos suficientemente los avances al no ser totalmente
apreciables y materializables. No sé si me explico. Se trata de un
consenso que hay que alcanzar hoy en esta Cámara, pero un consenso no
ambicioso. No estamos totalmente de acuerdo con el texto, aunque
supone un avance respecto de lo que creíamos que se iba a aprobar,
ante la insistencia del Grupo Popular en la Junta de Portavoces para
conseguir inscribirlo en el orden del día, y, después, en función de
la enmienda que ha presentado a todas las proposiciones no de ley.
Nosotros, que vamos a apoyar ese punto de cochura que siempre
consigue el señor Campuzano con sus enmiendas transaccionales,
también decimos que se trata de un avance no totalmente
satisfactorio. Habría que conseguir un avance mucho más sólido. Nos
da la impresión de que el larguísimo debate entre cooperación
y comercio siempre se decanta en función de las presiones del comercio,
de la insistencia en la venta de armas por encima de cualquier otra
instancia o consideración. Todos los temas de cooperación a los que
ustedes han aludido previamente a mi intervención son de tanta
importancia que, como mínimo, habría que equilibrar esta situación,
esta síntesis que no se consigue plenamente. La presión de la venta
no concuerda con los tiempos porque si, a partir del 1 de enero,
España va a presidir la Unión Europea durante los próximos seis meses
y esta presidencia va a dedicar un tercio de su capacidad a la lucha
contra el terrorismo, ¿cómo no combina la lucha antiterrorista con la
venta de armas ligeras, que son las que cada vez están más en la base
de esa posible, como decía Toynbee en los años sesenta,
tercera guerra mundial, que sería una guerra de terrorismos con
armas ligeras? ¿Por qué no se combina esto de manera mucho más
concreta y apreciable? Esta es la idea que tenemos en este momento.
Se han producido avances a partir de 1997 -que el señor Moragues ha
expuesto en su detallada intervención-, pero, al mismo tiempo, se
producen deficiencias que no se terminan de corregir, en función de
los intereses comerciales del Gobierno español -deficiencias que
señalaba el señor Saura-, porque no se caracterizan bien, y mucho
menos a partir del 11 de septiembre, que dicen que han cambiado
tantas cosas. Hay una serie de instrumentos que pueden servir de
manera diferente, a partir de ese 11 de septiembre, en países sin
Estado, no consolidados, donde la vida vale poco, donde no se
respetan los derechos humanos y donde, en algún aspecto, hay
sanciones que no se han logrado superar con reacciones adecuadas.
En definitiva, nosotros la vamos a apoyar, pero nos parece muy
insuficiente. Hay que consolidar un avance más serio y, a partir de
ahí, nos compete a toda la Cámara, como decía el señor Moragues,
intentar, junto al señor Campuzano, que en la próxima resolución el
punto de cochura esté un poco más allá para que no se pueda producir
un peligro de deslizamiento hacia atrás en función de la presión
comercial que afecta de lleno a esta problemática.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la presentada por el Grupo Parlamentario Vasco,
tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, arratsalde on. Buenas
tardes.
Conjuntamente con los otros grupos parlamentarios, hemos presentado
esta iniciativa porque nos preocupa lo que está ocurriendo y porque
nos inquieta lo que la cátedra de la UNESCO sobre paz y derechos
humanos de la Universidad de Barcelona presentó respecto al informe
según el cual las exportaciones de armas del Estado español en el
conjunto del año 2000 duplicarían las ventas reconocidas por el
Gobierno español. El importe total de la venta de armas no declaradas
podría superar los 23.000 millones de pesetas en exportaciones que
reconoce el Gobierno, y nos preocupa también su rechazo a revelar las
armas vendidas a cada país.
El mundo de los derechos humanos ha vivido importantes momentos a lo
largo del año 2000, tras el largo proceso contra Pinochet, cerrándose
también el cerco en torno a otro presunto culpable de delitos contra
la humanidad, el líder serbio Slobodan Milósevic. El año 2001 fue
clave para la puesta en funcionamiento del Tribunal Penal
Internacional, ya que 21 países ratificaron el estatuto por el que se
establece el Tribunal Penal Internacional a lo largo del año 2001,
entre ellos España.
Desgraciadamente, en el citado año 2001 la situación de los
derechos humanos se ha recrudecido en multitud de países, entre
otros, Sierra Leona; Israel y los territorios ocupados, con el
resurgimiento y la potenciación de la Intifada; Arabia Saudita, donde
el sistema de justicia continúa viviendo en el secreto y en el miedo;
Argelia, que vive una situación interna que está lejos de resolverse;
Colombia, Zimbabwe, Burundi, Indonesia, Irak, la República
Democrática del Congo y China, sin hablar de la guerra de Afganistán.
En España, el año 2000 fue considerado por muchos como de transición
en política exterior, debido fundamentalmente a las elecciones; sin
embargo, se trató de un año extremadamente importante en materia de
derechos humanos. España obtuvo el status de miembro de pleno derecho
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, principal
instrumento de esa organización para la defensa y promoción de los
derechos humanos, por el período comprendido entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre de 2002. El ministro de Asuntos Exteriores
Josep Piqué compareció ante la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso para explicar las líneas generales de la política exterior
española, entre las que se encontraba la promoción, el respeto y la
garantía de los derechos humanos, palabras textuales.
Septiembre de 2000. El Gobierno presentó un plan estratégico en el
marco del Consejo de Política Exterior que serviría de guía para la
acción exterior española en sus tres objetivos prioritarios, como son
la divulgación de una imagen de calidad de España, una proyección de
España que integra el conjunto de los protagonistas de la acción
exterior y la identificación de nuestro Estado con el compromiso de
trabajar en pro de un orden internacional más justo y solidario
basado en la sostenibilidad medioambiental, respeto a los derechos
humanos y al desarrollo.
En su día el Grupo Vasco saludó que entre los objetivos de dicho plan
estratégico se encontrara el futuro desarrollo de una política activa
en el ámbito de los derechos humanos. Lamentablemente concluimos que
la política exterior del Gobierno español a lo largo de 2000-2001 ha
adolecido precisamente de la iniciativa en la promoción de los
derechos humanos, poniendo en práctica una política de mínimos en la
defensa de éstos y subordinándolos a intereses económicos y
comerciales. También fue importante por la organización de dos
eventos de enorme relevancia en el seno de las Naciones Unidas: la
Conferencia de armas ligeras y la Conferencia mundial sobre racismo,
en Durban, Sudáfrica.
Pues bien, dicho esto tenemos que recalcar que, a nuestro juicio, el
Gobierno español no ha estado a la altura exigida. La exportación de
armas es una responsabilidad que recae sobre las espaldas de aquellas
compañías productoras que exportan a países donde tales productos
pueden ser utilizados para torturas o paraconculcar cualquier otro
principio universal de derechos
humanos, pero es también responsabilidad de gobiernos como el
español controlarlo y regularlo, además de informar adecuadamente de
las licencias de exportación concedidas. Hay que recordar que el 26
de junio de 1997 el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea
aprobó el programa de la Unión Europea para la prevención y represión
del tráfico ilícito de armas convencionales y el 17 de diciembre de
1998 el Consejo aprobó una acción común sobre la contribución de la
Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la
proliferación de armas ligeras.
En España los organismos de observancia de la ley organizan todos los
años cursos sobre armas y explosivos y su utilización con fines
delictivos, así como también seminarios para actualizar y compartir
información sobre esta cuestión e informar sobre tecnología aplicada
a las armas y explosivos. A principios de 2001 se puso en
funcionamiento un nuevo sistema basado en computadoras que comparten
los diferentes organismos de observancia de la ley y que está
diseñado para identificar armas que se sospecha se hayan utilizado en
actividades delictivas.
Por todo ello, hemos presentado esta proposición no de ley en la que
planteamos que el Gobierno español proponga la recompra y destrucción
de armas ligeras en países o zonas concretas del mundo; proponemos
que se apoye económicamente a los organismos y gobiernos interesados
en esta iniciativa, especialmente a través de la Ayuda Oficial al
Desarrollo. Pedimos, asimismo, al Ejecutivo que explique
semestralmente a este Congreso las actuaciones que desarrolla en
aplicación de las recomendaciones de la Acción Común de la Unión
Europea de 17 de diciembre de 1998.
A nuestro juicio el Gobierno debe de participar activamente en los
diferentes foros internacionales que tratan el problema de la
proliferación y control de las armas ligeras, así como promover
actividades interparlamentarias sobre este tema y recalcaríamos que
especialmente con países de América Latina. Instamos al Gobierno a
continuar con el proceso de incremento de los niveles de
transparencia en las exportaciones de material y servicios militares
de seguridad y policiales, mediante la difusión semestral de los
productos exportados a cada país. Emplazamos a la aplicación estricta
del código de conducta de la Unión Europea, aprobado en 1998, que
impide autorizar exportaciones cuando no se cumplen determinados
criterios que determina el citado código. Pedimos que promueva, en el
ámbito de la Unión Europea, una mejora y reforma sustancial de dicho
código de conducta, con el objeto de aumentar sus capacidades
generales de control sobre las transferencias de material y servicios
militares de seguridad y policiales e impulsar la aplicación de los
productos, incluyendo la ampliación para torturar y aplicar la pena
de muerte. De esta forma se deben registrar las exportaciones a los
países que no declaran al registro de armas convencionales de
Naciones Unidas, tal como ha
propuesto el Gobierno de los Países Bajos, mejorando los mecanismos
de control sobre los agentes intermediarios, creando un registro
sobre los mismos, estableciendo controles de uso final de las
transferencias y promoviendo la extensión del código a todos los
países de la OSCE.
Quiero finalizar anunciando, como ha hecho el resto de los grupos
proponentes, nuestra posición favorable a la transacción presentada
por Convergència i Unió porque, aunque supone un avance tímido, al
fin y al cabo es un avance.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Oltra.
La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tributa para defender la
enmienda que el Grupo Popular, junto con el Grupo de Coalición
Canaria, ha presentado a la proposición no de ley que sobre el
control de las exportaciones de armamento ha defendido la práctica
totalidad de los grupos de esta Cámara.
Me gustaría, como cuestión previa, poner de manifiesto que han sido
razones formales las que han hecho que el texto presentado por mi
grupo tenga carácter de enmienda y no de proposición no de ley, como
hubiese sido nuestro deseo; ello hubiese permitido debatir en pie de
igualdad las propuestas de todos los grupos. En cualquier caso,
mediante esta enmienda se hace patente la preocupación que tiene mi
grupo, el Grupo Popular, por las terribles situaciones que genera el
tráfico ilícito de armas y la voluntad de seguir avanzando en el
control del comercio de material de defensa y de doble uso.
Entre las principales razones que permiten justificar la necesidad de
ejercer un control sobre las exportaciones de material de defensa y
de doble uso podemos enumerar las siguientes: preservar la seguridad
internacional; evitar la proliferación de armas de destrucción
masiva; mantener la paz y estabilidad regionales en zonas
conflictivas; evitar que el armamento exportado pueda ser utilizado
para fines de represión interna y violaciones de derechos humanos;
combatir la delincuencia y el terrorismo; evitar el riesgo de
reexportación o desvío; evitar que el alto gasto militar de algunos
países en vías de desarrollo suponga un lastre financiero que impida
su desarrollo social y económico; por último, un efecto demostración
sobre los países que no ejercen controles.
En un mundo en el que existe una globalización paralela, que es la
globalización clandestina e ilegal, los Estados tienen que poner
todos los instrumentos a su alcance para que esos movimientos
clandestinos no
generen más muertes y dramas en nuestro planeta. La falta de control
puede convertirse en una amenaza. Si el problema, como acabo de
describir, es global, las respuestas a los mismos también deben
serlo, deben ser globales y coordinadas. De ahí que en nuestra
enmienda se haga especial hincapié en la trascendencia que en esta
materia tiene una política europea sobre el control de armamento y se
proponga en el punto 3 de la misma una serie de acciones que el
Gobierno, a nuestro juicio, deberá promover en el semestre en el que
España ostentará la presidencia europea y en el seno del COARM, como
son el estudio de todas aquellas iniciativas que favorezcan la
transparencia y control, y entre otras se especifican las siguientes:
una mejora y reforma del código de conducta sobre las transferencias
de material de defensa, de seguridad y policial; el impulso a la
ampliación de productos que debe tratar dicho código, siguiendo la
definición establecida por las Naciones Unidas en 1997 e incluyendo
el material para torturar y aplicar la pena de muerte; una mejora de
los mecanismos de control sobre los agentes intermediarios,
promoviendo la utilidad de la creación de un registro sobre los
mismos y del estudio y control de sus operaciones; el establecimiento
de controles sobre la producción bajo licencia y de mecanismos
efectivos de control de uso final de las transferencias y la
extensión del código de conducta de la Unión a los países de la OSCE.
Señorías, el antecedente parlamentario del debate que hoy se sustenta
en esta Cámara lo tenemos en el acuerdo de este Pleno de fecha 18 de
marzo de 1997. En aquel momento se lograba un acuerdo unánime que
iniciaba un proceso que se ha demostrado imparable con el transcurrir
del tiempo, como voy a exponer a continuación. Nos preguntamos en
este punto qué medidas está adoptando el Gobierno de España en
relación con la exportación y comercio en materia de defensa y de
doble uso y para dar cumplimiento a dicho acuerdo. España participa
activamente en los distintos foros internacionales de control de la
exportación y no proliferación del material militar: el arreglo de
Wassenaar, grupo de suministradores nucleares, régimen de control de
la tecnología de misiles, grupo Australia y la convención de armas
químicas. En cuanto al marco normativo hemos de recordar que la
materia sobre la que estamos tratando se encuentra regulada en
nuestro país por el reglamento del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso, aprobado mediante el Real Decreto 497/1998,
de 27 de marzo, y la orden de 30 de junio de 1998, por la que se
regula el procedimiento y tramitación del comercio exterior de
material de defensa y de doble uso. Esta normativa tiene dos
objetivos bien diferenciados: por una parte, actualizar la regulación
del comercio exterior de material de defensa exportación-expedición e
importación-introducción; y, por otra, completar y desarrollar en el
marco establecido para la legislación comunitaria la exportación-
expedición de productos de doble uso.
De la normativa europea sólo quiero hacer mención del llamado código
de conducta de la Unión Europea, aprobado el 8 de junio de 1998 en el
Consejo de Ministros de la Unión Europea y que incorpora ocho
criterios comunes que se deben respetar en todas las exportaciones de
armas de la Unión Europea. En España el control del comercio exterior
de la transferencia de tecnología armamentística de material de
defensa y de doble uso se efectúa a través de un órgano colegiado
integrado por varios Ministerios, denominado la Junta
interministerial reguladora del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso. Los mecanismos vigentes del control exterior
en este tipo de materiales son extraordinariamente rigurosos.
Respecto del código de conducta, la JIMDDU analiza caso por caso las
solicitudes, aplicando escrupulosamente el citado código aprobado por
el Consejo de Ministros de la Unión Europea el 8 de junio de 1985. La
JIMDDU asimismo exige una serie de documentos de uso y destinatarios
finales como documentación de control mucho más completa que otros
países a fin de evitar el riesgo de desvío a países conflictivos. A
la hora de autorizar o no una exportación se tiene en cuenta la
existencia de denegaciones para ese producto, país o destinatario
expedidas por otro Estado. A su vez, según prevé el código de
conducta, si se produce una denegación por parte de la JIMDDU, ésta
se notifica a los demás países para que no se aprueben operaciones
llamadas esencialmente idénticas. Por último, y respecto de esta
cuestión, apuntaré que según el dato ofrecido por el señor secretario
general de Comercio Exterior y su extensa y minuciosa intervención el
pasado día 28 ante la Comisión de Defensa, se ha pasado de seis
denegaciones en el año 2000 a 29 en lo que llevamos de año 2001, dato
que este grupo cree significativo.
También se tiene en cuenta en las autorizaciones la lista de países
sensibles. Se trata de países sometidos a sanciones o embargos
decretados por la ONU, la Unión Europea o nuestro propio país. Desde
la entrada en vigor del Código de Conducta la Unión Europea ha
llevado a cabo negociaciones con países que han mostrado su voluntad
de adhesión al mismo, como son Turquía, Bulgaria, Polonia y Hungría,
entre otros.
Hemos hablado del control y pasamos a hablar de la transparencia, del
nivel de transparencia que tiene nuestro país en este momento.
Nuestro país es el séptimo en el contexto mundial en cuanto a nivel
de transparencia en las estadísticas de exportaciones publicadas. Las
estadísticas españolas han incorporado desde 1997 a 2000 un grado de
transparencia muy elevado que se plasma en la publicación de tres
cuadros de estadísticas: uno que desagrega el valor total de la
exportación de material de defensa por países de destino. El segundo
efectúa la misma desagregación para productos de tecnología de doble
uso. El tercero recoge el total de las exportaciones del material de
defensa y lo clasificaba hasta el último informe en seis categorías
básicas
de productos que después del último informe se han convertido en
30 categorías. Sólo Estados Unidos, Finlandia y Luxemburgo, por una
parte, Canadá en un segundo nivel y Reino Unido e Irlanda están por
encima de España en nivel de información después de las últimas
estadísticas publicadas. Superamos de esa forma a países como Suecia,
con desglose de 28 categorías de productos, Italia y Bélgica, y
bastante por encima de Francia, Holanda, Austria y Portugal, país en
el que únicamente incluyen número y valor total de licencias
autorizadas.
El Grupo Parlamentario Popular, no obstante, considera que se puede
avanzar. Por ello ha querido presentar un texto alternativo que
creemos que cumple las expectativas que la sociedad tiene en esta
materia y que incorpora puntos adicionales, que en unos casos amplían
las cuestiones suscitadas en el resto de textos, como puede ser el
punto 7, y en otros recogen los compromisos internacionales habidos
en esa materia, como es el plan de acción que resultó de la
conferencia de las Naciones Unidas, celebrada el pasado mes de junio
en Nueva York, sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras,
recogidas en el punto 8. Mi grupo celebra que ambos puntos hayan sido
objeto de consenso y, por tanto, aceptados por todos los grupos
parlamentarios. Sólo en una de las iniciativas, la del Grupo
Parlamentario Socialista, presentada con anterioridad a la
celebración de dicha conferencia, se hace mención a este evento.
Dicha importancia está basada no en el nivel de ambición de los
acuerdos que finalmente se alcanzaron, sino en lo que supone de punto
de partida en el que paulatinamente, pero sin pausa, se pueda ir
avanzando, tal como hacíamos patente en la exposición de motivos de
nuestra proposición no de ley. De ahí que entendamos que este Pleno
del Congreso de los Diputados debe manifestarse apoyando el plan de
acción surgido de dicha conferencia.
Señorías, mi grupo quiere hacer en este momento un reconocimiento
público a la labor efectuada por las organizaciones no
gubernamentales promotoras de esta iniciativa. Es innegable el
trabajo que han hecho y siguen haciendo en pos del control del
armamento con sus campañas. No menos cierto es que una parte de la
sociedad civil apoya esos planteamientos, y de ahí su relevancia.
Entendemos que su labor ha de seguir estando en los lugares o foros
que corresponda. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta
enmienda con el espíritu de consenso que inspiró la adopción de aquel
acuerdo, en la confianza de aportar mejoras técnicas al texto
presentado por los distintos grupos parlamentarios. Quiere agradecer
particularmente al Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió),
y en general al resto de los grupos, que se haya asumido gran parte
del mismo y el trabajo realizado para que hoy podamos hablar
nuevamente de un acuerdo unánime.
Para concluir, señor presidente, quiero animar a los distintos grupos
parlamentarios que conforman esta Cámara a seguir trabajando en las
iniciativas contra el tráfico ilícito de armas. Desde luego, el Grupo
Popular lo va hacer.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Oltra.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo es cofirmante con el Grupo Parlamentario Popular de esta
enmienda, que pretendía recoger todas las cuestiones de fondo en las
que creo que hemos sintonizado con los grupos de la Cámara, para que
saliera una propuesta de resolución unánime. Vamos aceptar plenamente
las enmiendas transaccionales y la que ha presentado el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), que respeta
fundamentalmente tanto el contenido de fondo de la enmienda conjunta
del Grupo Parlamentario Popular con Coalición Canaria, como todos
aquellos aspectos que son los positivos. Tenemos que tener un punto
de referencia que es el código de conducta que aprobó en 1998 la
Unión Europea. Nos vamos a basar para su perfeccionamiento en las
normas que aprobó en 1997 la Asamblea de las Naciones Unidas, para
que vaya desapareciendo la opacidad en el comercio de armas, en este
caso de las armas ligeras, que en países fabricantes como España
forma parte de un contingente muy importante para determinados
mercados; se trata de que esa opacidad tenga una solución compartida.
No podemos restringir el campo al código de conducta de la Unión
Europea, hay que extenderlo a todas las organizaciones
internacionales -y en el punto 3 se cita a la OSCE-, para que haya un
código de conducta sin cinismo ni hipocresía, que son a veces peores
que el oscurantismo y las licencias finales de terceros países. Si no
hay una norma de conducta internacional en los certificados de
terceros países, el tráfico y la desviación de armas no tiene
solución; o tomamos conciencia de ello y arbitramos los instrumentos
necesarios para su inspección, o fracasaremos.
Coalición Canaria ha querido estar presente en la enmienda, sobre
todo al fijarse en el punto número 7, sobre los tránsitos marítimos y
aéreos. La última vez que el archipiélago canario, como parte de
España y como zona de tráfico internacional marítimo, se vio
relacionado en los medios de comunicación con transferencias de
tráfico de armas ilegales y oscuros fue por unas declaraciones del
entonces presidente de Perú, señor Fujimori, y de su esbirro para los
servicios secretos, señor Montesinos, que informaron de que se había
producido tráfico de armas con la utilización del puerto del
archipiélago canario, aunque sólo fuera como punto de escala y
aprovisionamiento. A España le preocupa, y tiene que preocuparle, que
se digan falsedades o que se hagan informes sobre algo que está
ocurriendo y que ignoran las autoridades españolas competentes en la
inspección. Con esto se viene a hacer una aportación positiva para
que nadie pueda utilizar en los tránsitos
los puertos o aeropuertos estratégicos, como los del archipiélago
canario, que han aparecido en informaciones -unas veces claras y
otras oscuras- como puertos de apoyo logístico a tráfico ilegal de
armamento.
Somos los primeros en exigir el control de ese tráfico, el
sometimiento a los certificados internacionales perfectamente
documentados y en luchar contra cualquiera que quiera utilizar la
logística de los puertos para introducirse en este lamentable y
oscuro mercado. De aquí que nos congratulemos por este consenso y que
nos manifestemos una vez más en armonía con un código de conducta que
quiere verse reflejado en unas normas de obligado cumplimiento por
todos los países democráticos con un Estado de derecho que quieren
clarificar estos asuntos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que ocupen sus escaños. ¿El
texto que se va a someter a votación es el texto transaccional con la
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergencia i Unió) y, por tanto, se retira el resto de
iniciativas? (Asentimiento.)
Se somete a votación el texto transaccional que se ha hecho llegar a
la presidencia respecto a la iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 287.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
QUE PIENSA PONER EN MARCHA EL GOBIERNO PAR ACABAR CON EL MALTRATO A
LAS MUJERES. (Número de expediente 173/000097.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa poner en marcha el
Gobierno para acabar con el maltrato a las mujeres. Para la
presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora
Castro. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Adelante, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Una vez más, el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida sube a esta tribuna para plantear medidas o
soluciones al otro terrorismo, al terrorismo de género, al terrorismo
que padecemos las mujeres. A mí no me gustaría que por insistir
pareciera que devaluamos nuestras propuestas, pero quiero recordarles
a SS.SS. que desde la semana pasada, cuando esta diputada subía aquí
a defender una interpelación, hasta hoy, en que voy a tratar de
defender la moción consecuencia de la interpelación, dos mujeres
españolas más han sido asesinadas víctimas del llamado terrorismo de
género o, como yo prefiero decir, víctimas del otro terrorismo, que
es el terrorismo que cotidianamente en esta sociedad se ejerce sobre
el colectivo de las mujeres. Es espeluznante, señorías. Yo no tengo
la capacidad, y agradezco no tenerla, de saber qué siente cada uno de
ustedes en estos momentos, pero, francamente, si hubiéramos dedicado
al otro terrorismo, al terrorismo que se ejerce contra las mujeres,
el mismo tiempo en manifestaciones, el mismo tiempo en minutos de
silencio, el mismo tiempo en intensidad para ser eficaces, créanme,
señorías, que habríamos tenido bastante menos tiempo para dedicarnos
a florituras. Creo que estamos hablando de un tema muy serio, un tema
que al menos las mujeres de esta Cámara, estoy segura, y desde luego
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sitúan en el centro
de sus políticas y de sus objetivos.
Lo que esta diputada plantea hoy en la moción que salgo a defender es
todo lo contrario, señoras y señores del Partido Popular, que lo que
en su día planteé en una moción que ustedes criticaron y
descalificaron porque era una moción río. Pues, señorías, he hecho un
gran esfuerzo, en aras de los intereses del colectivo de las mujeres,
por traer una moción que pueda ser asumida por el grupo que sustenta
al Gobierno. Espero que esta vez no tengan ustedes, al menos, la
disculpa de acusarnos de que queremos resolverlo todo de repente,
porque créanme que, de verdad, hemos hecho desde mi grupo
parlamentario ese esfuerzo, y la prueba más evidente es esta moción
en la que nos ocupamos de cuestiones muy importantes, de que no se
puede actuar con rigor sobre ningún fenómeno que exista en la
sociedad sin conocerlo y que todos y todas sabemos en esta Cámara que
no conocen ustedes el terrorismo de género, que no conocen cuántas
mujeres han sido asesinadas en este país en lo que va de año, y ha
quedado patente, como dije el otro día, con ocasión de la tremenda
celebración del 25 de noviembre, que, desgraciadamente, es una
celebración que nos gustaría a las mujeres que no tuviera que volver
a realizarse, como se viene haciendo año tras año.
Pues bien, señorías, esta violencia específica que se ejerce contra
nosotras las mujeres como colectivo tiene orígenes ancestrales. Lo
digo en descargo del Partido Popular, por aquello de que no crean que
nosotras las mujeres subimos a la tribuna a hacer demagogia. Sabemos
que no tiene nada que ver, que no es consustancial con su mandato de
gobierno, pero sí sabemos que estas relaciones están distorsionadas
en sus orígenes porque
han existido históricamente relaciones de poder entre hombres y
mujeres que no se corresponden con un valor fundamental en un Estado
democrático, social y de derecho como es el valor de la igualdad.
Aquí sí que empieza su responsabilidad, porque agradecemos que hablen
de nosotras, pero sobre todo agradecemos que, además de hablar,
pongan ustedes en marcha políticas capaces de acabar con este
genocidio que sufrimos cotidianamente las mujeres y, por ende,
nuestros hijos, que también son víctimas de esta violencia que se
ejerce contra sus madres, a veces contra sus vecinas, a veces contra
sus abuelas, a veces contra la propia mujer que les cuida para que su
madre pueda trabajar fuera de casa.
Dicho esto y para no repetir argumentos, quiero decirles que las
mujeres feministas, el movimiento de mujeres, llevamos años exigiendo
medidas contra la violencia de género. Es verdad que se ha roto, con
la connivencia de los medios de comunicación, esa doble ley del
silencio que, por un lado, impedía a las mujeres denunciar los malos
tratos en el ámbito del hogar y, por otro, a los poderes públicos
comprender esta situación. Señorías, ahora se denuncia más, pero los
porcentajes de denuncia no han variado, porque también el maltrato a
las mujeres está aumentando, y cuando hablamos de malos tratos no
hablamos únicamente de las agresiones físicas; hablamos de todos los
malos tratos que padecemos el colectivo de las mujeres en el ámbito
familiar, en el ámbito laboral y en el ámbito social. Si es verdad
que están denunciando más las mujeres, también es verdad que no
denuncian todas las que tienen que denunciar. ¿Saben por qué? Porque
no saben qué van a hacer al día siguiente, al minuto después de
denunciar, porque tienen que volver con el agresor, porque tienen que
volver, tremendamente aterradas, a la casa donde está instalado el
agresor, porque no hay soluciones. Hay algunos recursos
institucionales que por fortuna puso en marcha la izquierda en su
día, pero no son suficientes, no son los únicos y, además, hay que
avanzar nuevas ideas y, sobre todo, hay que cambiar -vuelvo a
insistir- la vida de las mujeres, con mayúscula y con uve, porque si
no se cambia nuestra vida, difícilmente vamos a poder salir de esta
situación de dependencia económica que genera todas las demás
dependencias, la ideológica, incluso la emocional, la psicológica y
yo diría que, en definitiva, condiciona de un modo tremendo la vida
de las mujeres.
La señora PRESIDENTA: Señora Castro...
La señora CASTRO FONSECA: Por eso, señorías, quiero agradecer de un
modo especial las enmiendas que han sido presentadas por todos los
grupos parlamentarios y desde aquí, antes de irme a mi sitio, quiero
decir que acepto y agradezco las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que modifican el punto 1 y el punto 3
en los términos en que han sido presentadas; que acepto la enmienda
del Grupo Socialista en los términos que siguen: A que impulse una
ley integral contra la violencia de género en el ámbito de su
competencia que trate el problema e incorpore
medidas dirigidas a promover el compromiso frente a la violencia
de género desde el sistema educativo; a garantizar una imagen no
sexista en la publicidad y los medios de comunicación; a desarrollar
medidas de apoyo a las víctimas, garantizando la efectiva
coordinación de las causas que afectan a los asuntos de carácter
familiar y de convivencia tanto civiles como penales. Por desgracia,
y lo lamento profundamente,...
La señora PRESIDENTA: Señora Castro...
La señora CASTRO FONSECA: ... tengo que decirle al Partido Popular
una vez más que de brindis al sol estamos las mujeres ya quemadas,
señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Socialista, voy a defender la enmienda que mi
grupo ha presentado a esta moción que es consecuencia de la
interpelación formulada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, con
relación a las medidas que debería adoptar el Gobierno para acabar
con los malos tratos a las mujeres, enmienda con la que queremos
poner de relieve una vez más la necesidad de una respuesta integral
contra la violencia de género mediante ley y que, de ser aceptada,
completaría y clarificaría la ya muy elaborada propuesta que nos
acaba de presentar la señora Castro como portavoz del grupo
proponente.
Desde el Grupo Socialista, señorías, se han hecho reiteradamente
propuestas para acabar con la violencia que sufren las mujeres, que
llamamos de género porque tiene sus raíces en un sistema de
relaciones desiguales que yacen todavía muy profundas en algunos, en
demasiados ámbitos de nuestra sociedad. Si bien es cierto que la
violencia de género viene derivada de una situación de dominación
históricamente aceptada incluso en las leyes, no es menos cierto que
la profundización democrática que proponemos los hombres y mujeres
socialistas incluye una manera muy distinta de entender las
relaciones humanas y también nuevas formas de convivencia mucho más
libres y mucho más adaptadas a la realidad actual de las mujeres.
Evidentemente, el fin de la violencia de género sólo será posible con
un cambio profundo en las reglas de convivencia que ponga fin a las
relaciones de dominación y que asiente sus bases en la conquista de
la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué frente a quienes
proponen únicamente planes integrales para acabar con la violencia de
género desde Grupo Socialista proponemos la necesidad de una ley? Muy
sencillo, señorías, porque la violencia de género es un atentado
contra los derechos humanos y estos deben ser protegidos por ley.
Además, las consecuenciasde este fenómeno, de esta lacra, son tan
graves
que deben tener una respuesta del Estado. Frente a un problema de
esta magnitud y en su solución deben implicarse tanto el Poder
Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial. También hay que decir
que una actuación política que se plantea por ley implica un mayor
compromiso en la perspectiva de que perdure más allá de un cambio de
gobierno. No hay que olvidar tampoco que una ley ejerce además una
labor pedagógica, ya que pone de relieve claramente el compromiso del
Estado con todos sus recursos para combatir en este caso la violencia
de género y esto es muy importante cuando sabemos que es
absolutamente necesario incrementar día a día la repulsa social a la
violencia contra las mujeres. ¿Por qué esta ley tiene que ser una ley
integral? Porque la regulación de este problema en diferentes
legislaciones ha generado falta de coordinación y falta de eficacia;
porque la perspectiva integral nos obliga a regular no sólo las
conductas represivas sino también las preventivas, las educativas,
las sociales, las sanitarias, las asistenciales, las de protección y
todas aquellas que son consecuencia de las agresiones a las víctimas;
y también porque la dispersión normativa dificulta la puesta en
marcha de las propuestas de un plan, mientras que en una ley la
concentración y coordinación de medios y recursos dan como resultado
una mayor eficacia.
Para terminar quisiera decir que nuestra propuesta no es una
propuesta partidista; al contrario, señorías, nuestra propuesta
recoge el sentir de muchos hombres y mujeres profesionales que desde
distintos ámbitos y muy especialmente desde las asociaciones de
mujeres están trabajando para acabar con la violencia de género. Por
todo ello, estando de acuerdo con todos los puntos de la moción
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, nuestro grupo
propone añadir un nuevo apartado en el que les pedimos que den su
apoyo a la aprobación de una ley integral contra la violencia de
género para profundizar en la convivencia democrática entre hombres
y mujeres, lo que sin duda ahorrará muertes y permitirá un mayor nivel
de bienestar en nuestras familias, en nuestro país y muy
especialmente a las mujeres.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la violencia que se ejerce contra las mujeres es a nuestro
entender el exponente más cruel de que en nuestra sociedad la
igualdad legal no se corresponde todavía con la igualdad social. La
ley dice que hombres y mujeres somos iguales y que ambos somos
sujetos de derechos y obligaciones, pero una parte de la sociedad aún
no ha interiorizado este principio. Los malos tratos son la secuencia
extrema de una relación de dominio de los hombres respecto a las
mujeres. Nadie maltrata a quien cree que es su igual. Es evidente que
a veces esta
relación de dominio se manifiesta de forma mucho más sutil y
sofisticada, incluso bajo apariencia de protección hacia el sexo
llamado débil. Hace muy pocos días, en un reportaje de televisión
sobre las mujeres afganas, un hombre afgano defendía el burka como
una protección a la mujer porque afirmaba que ellos, los hombres, no
estaban preparados para ver mujeres. Hoy en las sociedades de nuestro
entorno constatar estos criterios nos escandaliza, pero creo
sinceramente que nos equivocaríamos si pensáramos que ya estamos
totalmente libres de prejuicios y de estereotipos que no hacen más
que perpetuar las diferencias entre hombres y mujeres, relegando a
éstas a un plano secundario o dependiente o de mero complemento
respecto a los hombres en demasiadas ocasiones. ¿Creen que es
realmente inocuo que incluso en programas de televisión nadie se
pregunte sobre la oportunidad de la azafata que sonríe, que no sabe
no contesta, pero, eso sí, que enseña? ¿En cuantas tertulias sólo se
invita a hombres para hablar de todo lo humano y lo divino? Podríamos
poner muchos ejemplos que deberían escandalizarnos en algunos casos y
en otros, por lo menos, dejarnos perplejos y ser objeto de debate.
Mientras esto no sea así, que no lo es, debemos seguir debatiendo
sobre cuestiones de género. Probablemente, las iniciativas
legislativas que debatimos, en formas de moción, de proposición no de
ley, etcétera, por sí solas, si somos sinceros, no tienen una
traducción directa en la sociedad. Muchas veces ni tan sólo son
noticia. La noticia es la mujer asesinada, la mujer que ha sufrido un
grave atropello como ser humano. Las noticias, señorías, no son estos
debates, y este es un mal del que todos somos responsables, la
sociedad en su conjunto.
Izquierda Unida trae hoy una moción que, como decía al principio,
trata sobre la manera más extrema de violencia que puede sufrir una
mujer, los malos tratos. Probablemente, señora Castro, nosotros, a
pesar de compartir al cien por cien la inquietud -como espero que lo
hagan todos los grupos de la Cámara-, no hubiéramos efectuado el
texto de la forma que usted lo ha presentado, habríamos matizado
algún aspecto; incluso pensamos que su propuesta es tan completa que
trata diferentes vertientes, pero la causa merece el esfuerzo de
todos juntos para encontrar este punto de consenso, y como usted
misma, que es la proponente, ha empezado por asumir las enmiendas que
le han presentado los otros grupos, pienso que nobleza obliga. Por
tanto, señora Castro, nosotros vamos a apoyar la moción que usted
presenta. Simplemente, en nuestras enmiendas hemos hecho dos
matizaciones que pensamos son importantes. Cuando usted habla de que
se haga un censo con carácter estatal, por decirlo de alguna manera,
nosotros queremos que quede bien claro que son las comunidades
autónomas las que tienen competencias en la materia; por lo tanto,
decimos que cada una, en función de sus competencias, recabe los
datos y nos parece muy bien, faltaría más, que estos se faciliten en
el ámbito del Estado. También me gustaría hacer una pequeña
matización en cuanto a que debe protegerse a toda la mujer que lo
requiera. Bueno, a toda la mujer que lo requiera y que la necesidad
así lo aconseje, para ser pragmáticos. Por último, en cuanto a un
fondo de
carácter económico, nosotros pensamos que lo realmente adecuado es
establecer una línea de ayudas, que pueden ser muchas y diversas en
función de las circunstancias, que se adecuen también a las
necesidades, que son distintas, de cada una de las mujeres que así lo
necesiten.
Le adelanto, señora Castro, una vez más, que agradecemos su propuesta
y su actitud, y, por descontado, tiene nuestro voto favorable.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para defender y al mismo tiempo fijar
la posición de mi grupo en una moción que aborda un tema grave, como
aquí se ha dicho, porque la violencia que sufren las mujeres atenta
sin duda contra la esencia de los derechos humanos, atenta contra la
integridad, por supuesto contra la libertad y, desgraciadamente, en
muchos casos, contra la propia vida de la mujer. Por lo tanto,
estamos ante un problema muy serio que durante muchos años,
demasiados, se había considerado como un problema privado y
claramente oculto y hoy, afortunadamente, todos tenemos claro que es
un problema social que merece la atención de toda la sociedad,
nuestra preocupación, la reacción del Estado y las acciones de un
Gobierno comprometido, como también el compromiso de este Parlamento.
Hoy, señorías, tenemos que decir que hay un mayor número de denuncias
y que ello no significa que haya un mayor número de mujeres que
sufren estos malos tratos. Nos parece importante señalarlo porque la
denuncia es el primer paso para acabar con lo que lógicamente tiene
que ser un empeño de toda la sociedad y desde luego de nuestro grupo
parlamentario, cual es erradicar este delito execrable.
Tal como decía el miércoles pasado el señor ministro, nuestro país ha
reconocido esa violencia como un problema cierto, y reflejo claro lo
tenemos en los dos planes de acción aprobados por primera vez en
España y además de forma pionera en Europa, para luchar precisamente
por la erradicación de los tipos de violencia. Hasta que accedió al
Gobierno el Partido Popular no hubo planes de erradicación de la
violencia contra las mujeres, y había un informe del año 1989 del
Senado que denunciaba estos hechos y por supuesto sacaba conclusiones
aún más claras de las muertes de las mujeres, pero quedó olvidado en
los cajones y no hubo ni ley integral, por supuesto, ni siquiera unos
planes integrales claramente decididos en la acción de trabajar para
solucionar este problema. En estos planes se contemplan ahora unos
objetivos importantes y unas acciones fundamentales que no puedo
enumerar en razón del tiempo. Están elaborados además, y es bueno
tenerlo presente, en colaboración y en cooperación con las
comunidades autónomas y se plantean de una forma claramente
coordinada
entre los distintos ministerios, porque se trata de planes integrales
para ser eficaces, lo que hace, a juicio del Grupo Popular, en estos
momentos innecesaria una ley integral, como recordó el señor
ministro, porque esta ley tendría dificultades en relación con las
muchas competencias que hoy tienen asumidas las comunidades
autónomas. Todo ello hace a nuestro juicio innecesarias las medidas
propuestas en la moción, porque en buena parte, aunque no en su
totalidad, están claramente recogidas en esos planes -en el último
plan muchas más de las que aquí aparecen recogidas sin duda, como es
lógico y natural-, o porque existen también mecanismos claramente
abiertos para incorporar nuevas propuestas, entre las que destacamos
esa ponencia en el seno de la Comisión mixta de igualdad de los
derechos de la mujer, que está profundizando sobre este tema. Por
ello, señorías, nuestro grupo ha presentado una enmienda en la que
apostamos por seguir, cómo no, profundizando, por seguir, cómo no,
desarrollando los objetivos y ampliando en su caso las acciones
contempladas en los planes e incorporando también las propuestas que
se derivan de la comisión interministerial creada al efecto, de la
comisión permanente, en donde están representadas las comunidades
autónomas, así como las conclusiones y las propuestas que en su caso
puedan emanar de los trabajos de la ponencia a la que he hecho
referencia. Señorías, el Grupo Popular considera que este es el
camino, que no es un brindis al sol, sino un trabajo por primera vez
importante para abordar un problema claramente real.
Señorías, señora presidenta, termino señalando que el Grupo Popular
tiene en ello una clara trayectoria de compromiso de lucha para
erradicar la violencia contra las mujeres y en ello coincide, y nos
sentimos orgullosos, con las acciones de este Gobierno. Estamos
convencidos de que en nuestro país se está abordando por primera vez
este problema que es histórico y se está haciendo con rigor, de forma
decidida y sobre todo de forma solidaria con las mujeres.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra para manifestar la posición de mi grupo ante la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, la cual vamos a apoyar, por supuesto. Quisiera destacar que
desgraciadamente estamos tratando un tema que no es novedoso, como es
la violencia de género, la violencia contra la mujer, así como la
necesidad de tomar medidas para impedir el maltrato a la mujer.
La realidad es que sigue siendo noticia frecuente en los medios de
comunicación esta lacra social que aún padecemos, con consecuencias
graves, con desenlaces dramáticos, tanto desde el punto de vista de
las consecuencias físicas y psíquicas como sociales. Mientras
estos hechos se sigan produciendo, seguiremos denunciándolos
y debatiendo en esta Cámara las posibles medidas a tomar. Todos tenemos
la responsabilidad de buscar soluciones reales que pasan, desde
nuestro punto de vista, por adoptar medidas políticas y estructurales
actuando en todas las líneas posibles, preventivas, penales,
coercitivas y también rehabilitadoras.
En última instancia, es importante -y creo que ése ha sido el fin de
la moción presentada- que trabajemos en esta Cámara en el camino del
consenso para llegar a puntos de encuentro sobre este tema y, por qué
no decirlo, desarrollar una ley integral contra la violencia de
género. No es la primera vez que se ha debatido sobre esta cuestión
en esta legislatura proponiendo una ley en este sentido. Coalición
Canaria defiende la necesidad de debatir una ley que revise la
situación actual con un sentido transversal y multidisciplinario, que
aúne esfuerzos para acabar con la expresión más aberrante de la
opresión y de la discriminación de la mujer como es el maltrato y la
violencia, que hoy por hoy sigue presente en nuestra sociedad.
Es importante que en esta Cámara sigamos reconociendo la necesidad de
aunar esfuerzos desde todas las instituciones, administraciones
estatales, locales y autonómicas, en consenso con la propia sociedad
civil, que está también organizada buscando soluciones para este
problema.
Hay que valorar positivamente el hecho de que cada vez haya más
denuncias; es importante que la mujer se arriesgue a denunciar esas
situaciones, pero lo cierto es que las cifras del maltrato y de las
muertes no han bajado y, ante eso, tenemos la obligación de actuar.
En ese sentido, me parece correcto que se hayan aceptado las
enmiendas presentadas por otros grupos, haciendo un estudio de la
situación conjuntamente con las comunidades autónomas. Podemos estar
más o menos de acuerdo con el resto de medidas expuestas en el texto
que la señora Castro ha defendido, pero lo importante en este caso es
buscar con sentido común medidas que permitan romper el círculo de la
prevención de las mujeres ante posibles hechos de violencia, ese
desgraciado círculo de la violencia en que se encuentran inmersas
muchas de las mujeres que desgraciadamente terminan siendo noticia en
la prensa.
Reiteramos que no estamos de acuerdo con el planteamiento de una de
las enmiendas del Partido Socialista en lo que se refiere a la
creación de delegaciones del Gobierno sobre la violencia, como ya lo
hemos manifestado en otras ocasiones.
Termino, señora presidenta, felicitando nuevamente al grupo que ha
presentado la moción y agradeciendo el espíritu de consenso en este
sentido.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que
piensa poner en marcha el Gobierno para acabar con el maltrato a las
mujeres, en los términos derivados del debate y con la incorporación
de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 119; en contra, 157.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA ANTE LA
PRÓXIMA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de
expediente 173/000098.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
prioridades del Gobierno en materia de política agraria ante la
próxima presidencia española de la Unión Europea.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el
señor Companys. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en
silencio, al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, hace unos días tuve la oportunidad de interpelar al
ministro de Agricultura en relación con las prioridades que tiene su
ministerio durante el próximo semestre de presidencia española, en
especial sobre su posicionamiento de cara a la modificación de la
Agenda 2000. Ayer pudimos conocer de boca del presidente del
Gobierno, con motivo de su comparecencia para explicar las
prioridades de la presidencia española en el próximo semestre, las
seis líneas básicas de acción que piensa impulsar. Lo cierto es que
prácticamente no se habló del tema, a pesar de que la agricultura es
una de las políticas con una mayor dimensión europea, sobre todo si
tenemos en cuenta que en los próximos meses habrá que tomar
decisiones importantes en materia agraria y que está previsto el
cierre de los capítulos agrarios de los países en los que las
negociaciones van más adelantadas en este trimestre. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Tenemos varios escenarios. El primero, desde el punto de vista
agrario, es bastante frustrante, ya que el próximo año no se podrá
adelantar, a nuestro entender, en la toma de decisiones de una forma
considerable porque el primer semestre de presidencia española va a
coincidir con que Francia, que es un país de gran influencia en el
marco de la Unión Europea en materia agraria, va a tener elecciones
en primavera y lo mismo va a suceder con Alemania, que las va a tener
en el
otoño. Por lo tanto, va a ser un año bastante perdido en cuanto a
decisiones importantes en materia agraria.
Existe un segundo escenario a medio plazo, y es que tenemos un techo
financiero fijado por la cumbre de Berlín que pone en duda la
capacidad de aplicar la Agenda 2000 en toda su extensión. La Agenda
2000 prevé que los gastos financieros se ajusten a los pactos
establecidos en Berlín y encomienda a la Comisión que presente al
Consejo en 2002, el año que viene, un informe sobre la evaluación de
los gastos agrarios con las propuestas adecuadas para ajustarlas a
las previsiones de la Agenda 2000. Por tanto, todo hace prever que
habrá recortes en el sistema. Para la campaña 2002- 2003, por tanto
para pasado mañana, se prevé la reducción, de forma importante, de
los precios de los cereales para adecuarlos al precio mundial.
Estaríamos hablando también de restricciones al respecto.
También está prevista para el 2003 la presentación por la Comisión de
un informe que permita realizar una revisión del régimen de cuotas
para la leche, con el fin de adecuarlas a su posible supresión el año
2006. En contradicción con esas políticas, hay una propuesta de
Polonia, uno de los países aspirantes, que pretende unas cuotas
lácteas que le permitan producir 13,7 millones de toneladas de leche
y ampliar en 8,5 millones las hectáreas de producción de cereales.
Tenemos pendiente un conjunto importante de reformas de OCM, cuya
modificación, si se va materializando la lista de las propuestas
anteriores, puede ser traumática para el sector. También es cierto
que no deberíamos dejar pasar la oportunidad de resolver de una forma
definitiva el problema ligado a los frutos secos.
Por lo que se refiere a las nuevas incorporaciones de los PECO, ya he
dicho que efectivamente en este primer semestre se van a tomar
decisiones importantes.
Por lo que hace referencia a la Organización Mundial del Comercio,
está abierta, la cláusula de paz finaliza en diciembre de 2003, en la
Conferencia de Doha se ha abierto un calendario para una nueva ronda
y los compromisos agrícolas deberían estar cerrados antes del 31 de
diciembre de 2003. Como consecuencia de la situación, será
interesante el debate para el próximo futuro y auguro que se abrirá
en esta Cámara un periodo de profundización en esos temas, sobre todo
una vez conocidas las previsiones de los países que se incorporarán
próximamente. Estamos diseñando el futuro del sector agrario,
ganadero y pesquero y el señor ministro va a negociar en nombre de
las comunidades autónomas, que tienen competencias en esas materias;
según como se lleven esas negociaciones, podemos condenar al suicidio
colectivo a un sector muy importante.
Por ese motivo, y sobre todo porque entiendo que sería un grave error
de cara a los profundos cambios que nos esperan en los próximos años
que no exista un debate de ideas en profundidad que nos permita
proyectar una posición unánime del Congreso de los Diputados, nuestro
grupo parlamentario ha presentado esta moción, que tiene la humilde
pretensión de comenzar a marcar
las ideas fundamentales de lo que va a ser la próxima reforma de la
política agraria de la Agenda 2000.
Hemos presentado para su votación nueve propuestas de resolución. La
primera sería evitar la renacionalización de las ayudas, en contra de
lo que pretenden en este momento países como Alemania. La segunda,
promover, dentro de la política agraria comunitaria, una mayor
presencia de los cultivos en las agriculturas de carácter
mediterráneo. Un tercer punto iría en la línea de una mayor
participación de las comunidades autónomas en los órganos de decisión
de la política agraria común. Un cuarto punto va en la línea de
impulsar condecisión un proceso de negociaciones con la Organización
Mundial del Comercio para que, con una sola voz, se pudiese adecuar
la actual política agraria común a las nuevas condiciones y así
garantizar el desarrollo de la agricultura competitiva y productora
de alimentos de calidad y conservadora del medio ambiente; garantizar
el uso de procedimientos de codecisión con el fin de conseguir que
los ciudadanos europeos perciban que las políticas que les afectan
son objeto de un amplio debate; intensificar las negociaciones con
los candidatos -creo que se está haciendo- de los países que se van a
incorporar para que su introducción no sea traumática; reforzar las
medidas de estabilización de los precios y mercados con objeto de
mitigar las periódicas caídas de rentabilidad por excesos
coyunturales de producción, y en ese sentido es preciso impulsar de
forma decisiva los programas de ayuda alimentaria que permitan
justificar estas medidas de actuación y complementar a su vez la
política comunitaria de lucha contra la pobreza y la exclusión
social; desarrollar de forma decisiva las ayudas por la calidad y
consolidación de un tercer pilar de la PAC para asegurar la calidad y
seguridad en los alimentos. Entendemos que el último punto es de
vital importancia, es el reconocimiento de las funciones, tanto
económicas como sociales y medioambientales, de la explotación
familiar agraria, adecuando la definición de empresa de explotación
agraria a las nuevas situaciones, con objeto de priorizar
adecuadamente los esquemas de ayudas de acuerdo con las funciones
encomendadas por la sociedad.
Eso es todo, señor presidente, muchas gracias, y esperamos que esta
moción obtenga el soporte de toda la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Companys.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta moción, en primer
lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo una moción tremendamente oportuna, mucho
más, como ya ha dicho el portavoz de Convergencia, después de
escuchar, o no escuchar,
ayer al presidente Aznar su referencia a la importancia que
dará a la agricultura en su presidencia de la Unión Europea. Es
importante porque nos jugamos mucho en la agricultura en los próximos
meses. Por desgracia, en la política europea, la agricultura es un
elemento que cada vez pierde más espacio, que cada vez se sitúa más a
la defensiva y que repercute muy negativamente en nuestra economía y
en gran parte de nuestra población. Van a ser muy importantes los
debates del próximo semestre, como lo han sido los de éste y como lo
fueron los del anterior. Por tanto, es esencial que España tenga muy
claro su papel en la presidencia de la Unión Europea.
Sabemos que las presidencias están tasadas, que no pueden actuar como
si fuesen la presidencia de un Gobierno, conocemos -y así lo
denunciamos en múltiples ocasiones- las limitaciones, el gran déficit
democrático de la Unión Europea, pero una presidencia sí puede servir
para impulsar debates, puede servir para poner temas sobre la mesa y,
sobre todo, puede servir para que haya una mejor interlocución en la
defensa de los intereses de nuestro país. Por eso es importante este
debate.
Los próximos meses tienen que servir fundamentalmente para que en
Europa la agricultura deje de ser ese elemento para el que cada vez
hay menos fondos, que cada vez se sitúa, como decía, más a la
defensiva y para que se empiece a comprender que la agricultura no
sólo es el medio de vida de miles de millones de personas, cosa que
ya es importante, sino que el futuro de la agricultura es, en cierta
medida, el futuro del medio ambiente, el futuro de la calidad de vida
de gran parte de la Unión Europea. Por eso es importante que se deje
de utilizar la agricultura como moneda de cambio para otros elementos
en la Unión Europea, que se asuma de una vez por todas que las ayudas
que la Unión Europea da a la agricultura no son a fondo perdido, no
son favores que se hacen a los agricultores sino que fundamentalmente
son elementos que pueden asegurar el medio ambiente, que haya una
estabilidad en el mundo rural, en definitiva que en Europa haya una
posibilidad de subsistencia de la agricultura. Ese y no otro es el
significado de las ayudas de la PAC, y por eso es importante que se
defienda.
También es importante que se comprenda que la posible ampliación de
la Unión Europea, cosa necesaria, lógica y loable, no puede ser a
costa de la agricultura de los países del sur. Venimos denunciando
que en la Unión Europea la agricultura y la ganadería de los países
mediterráneos cada vez tiene menos peso, cada vez tiene menos
posibilidades y que al final situaciones de emergencia como la que en
estos días se vive en Cataluña siempre sitúan al agricultor al borde
del precipicio, porque ya de por sí es un sector económico que tiene
muy pocos recursos para aguantar una situación de crisis. Por eso,
cualquier problema de la agricultura, de la ganadería, al final
siempre viene a provocar situaciones dramáticas, de reconversiones,
que no debían producirse si hubiese esa base, ese soporte que
permitiese mirar al futuro con optimismo.
Creemos que es interesante la proposición que se nos plantea.
Izquierda Unida, en ese interés de propiciar el debate, ha presentado
tres enmiendas que se añadirían a la propuesta de Convergencia. La
primera trata de situar el problema de la distribución de los fondos,
la modulación de las ayudas, que a nosotros nos parece muy importante
porque sin esta modulación es imposible mirar hacia el futuro de la
agricultura con optimismo. Ya sé que el Partido Popular cada vez se
ha alejado más de los planteamientos que hicieron anteriores
gobiernos del mismo partido, pero es evidente que sin esta modulación
la agricultura no tiene futuro, al menos en nuestro país. Por eso
nosotros lo planteamos y lo seguiremos planteando esperando que al
final el Partido Popular se dé cuenta de que no es bueno el camino
que sigue en este tema. En segundo lugar, planteamos la necesidad de
que el problema de los fitosanitarios no se resuelva a favor del
monopolio de las grandes empresas y a costa de la agricultura del
Mediterráneo. En tercer lugar, planteamos los elementos necesarios
para que se avance en la defensa de un olivar y permitir que siga
siendo el medio de vida de grandes zonas de este país.
Estas son nuestras enmiendas que vienen a reforzar lo que ya plantea
el Grupo de Convergència y que no vamos a repetir. Son elementos
importantes y vienen a situar este debate en la perspectiva de que el
agricultor y el ganadero español piensen de una vez por todas que
cuenta para su Gobierno y su Gobierno mira para la agricultura en
lugar de, como hasta ahora, mirar hacia otro lado.
Vamos a votar favorablemente esta moción y esperamos que tenga el
respaldo mayoritario de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señorías, sí que estamos ante un Gobierno bastante insólito. A punto
de presidir la Unión Europea, como señalaba el portavoz del grupo
interpelante, el Gobierno no tiene definida una política sobre el
futuro de la PAC y su reforma. Es más, a la pregunta de cómo es
posible que sea el único Gobierno de toda Europa que no tiene una
posición sobre un tema que en este momento es central, el ministro
respondía diciendo que sí que la tenía, que tenía una encuesta hecha
que ha mandado a las OPA, a los gobiernos autonómicos, etcétera.
Indudablemente esa no es una posición de un Gobierno respecto de un
tema tan importante como éste.
En la moción se señala que el futuro inmediato tiene algunos riesgos,
como la renacionalización, pero la agenda para los próximos seis
meses es la que es y, si queremos concretar una posición de mínimos
desde el Congreso de los Diputados, tenemos que mojarnos. Por
ejemplo, se va a discutir en esos seis meses la reforma de la OCM del
ovino. ¿Admitimos el sobrenacional o
no? Porque el sobrenacional es la puerta para la renacionalización.
El Grupo Socialista presenta una serie de enmiendas que tienen que
ver con la agenda concreta de los próximos seis meses y con la
posición del Gobierno. Si al final aprobamos algo en este Parlamento
es para que condicione de alguna forma la actuación del Gobnierno en
la presidencia de la Unión Europea, porque si no estaremos haciendo
un brindis al sol.
Quiero empezar por el apartado 3 de la moción. Efectivamente hay una
insatisfacción en las comunidades autónomas en general -unas lo dicen
más públicamente que otras- respecto a su participación en la
formación de la voluntad del Estado para tratar cuestiones de la PAC
en Bruselas, hay una manifiesta insatisfacción. ¿Cómo se resuelve
esto? No se resuelve sentando a diecisiete consejeros en el Consejo
de Ministros de Agricultura, esto es imposible. Por eso creemos que
hay que modificar la situación, no modificarla o aceptar que no se
modifique en esta propuesta creo que no sería lo más razonable.
Voy a enumerar muy rápidamente los otros elementos de nuestras
enmiendas, que son aspectos concretos. Por ejemplo, se va a discutir
inmediatamente si se produce o no en el paquete Fischler del año 2002
algún impulso a la modulación en el resto de los Estados. ¿Cuál va a
ser la posición del Gobierno? Nosotros hacemos una propuesta concreta
en esa dirección, porque si no, no hacemos que el Gobierno se vea
implicado en una propuesta que hace el Congreso de los Diputados. En
segundo lugar, ¿se va a incorporar el instrumento de la
ecocondicionalidad o no? Nosotros hacemos una propuesta concreta para
que se moje el Gobierno. En tercer lugar y siguiendo en la misma
línea, se va a discutir la OCM del ovino. ¿Admitimos la propuesta de
la Comisión o no? Se va a discutir en un consejo en la agenda
concreta de estos seis meses y nosotros decimos que lo que debe
aprobarse es la propuesta del Parlamento Europeo. En relación con lo
que es la formación de la voluntad del Estado ha ocurrido en el
último Consejo una cosa realmente excéntrica: el ministro de
Agricultura español forma un grupo de bloqueo para la OCM del ovino
con Dinamarca, Suecia y Austria, que son países que proponen no
solamente no aumentar la prima del ovino sino reducirla respecto a la
propuesta de la Comisión. No se puede ir por la vida de esa manera.
Esa falta de una política agraria consensuada o, por lo menos, de una
política agraria real por parte del Gobierno español, al final nos da
resultados como el que nos dio en el último Consejo. Hacemos una
propuesta de frutos secos, pero sin decir que es muy bueno que se
mantengan los frutos secos, sino que el Gobierno se comprometa o que
este Congreso comprometa al Gobierno a la aprobación de una ayuda
permanente. Eso sí es comprometer al Gobierno en esta materia.
Exactamente igual con respecto al tabaco. Hay una propuesta de la
Comisión que significa la defunción del cultivo en comarcas que
dependen del tabaco. ¿Qué va hacer el Gobierno español? ¿Va aceptar
la propuesta
de la Comisión o va a proponer algo alternativo? Nosotros
proponemos una enmienda concreta para que dé una alternativa a esa
situación que es infumable -y perdón por el chiste- en relación con
el tabaco. Por lo tanto, pedimos propuestas concretas en las que el
Congreso de los Diputados influya en algo en la posición del
Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuadrado.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, arratsealde on,
buenas tardes. La posición del Grupo Vasco sobre la moción presentada
por Convergència i Unió respecto a las prioridades del Gobierno ante
la próxima presidencia europea son las mismas que mantenemos ante la
necesaria reforma de la PAC. Primero, y fundamentalmente, el
convencimiento de la Agenda 2000, que introducía una mejor modulación
de las ayudas, creaba el principio de subsidiariedad y proponía
reforzar el desarrollo rural, no ha dado respuesta a los problemas
que viene arrastrando la PAC. Y no por la propia filosofía que
impulsaba la Comisión, sino porque en la cumbre de Berlín primaron
más los intereses de los Estados que la propia construcción europea,
dejando además a las regiones sin posibilidades de realizar sus
propias políticas.
En segundo lugar, las crisis sanitarias que hemos padecido y seguimos
padeciendo marcan como mínimo el final del llamado viejo estilo o, lo
que es lo mismo, en palabras de la ministra alemana Künast, la
protección al consumidor y la seguridad alimentaria determinarán los
métodos y la producción agraria futura. Como dice Alemania, la
revisión de la PAC va a ir irremediablemente en este camino. Como
dato a recordar, en los presupuestos del año 2002 el Ministerio de
Agricultura del Estado español ha recortado en un 11 por ciento las
partidas destinadas a mejorar la calidad y la seguridad alimentaria.
Concretamente la dirección contraria por la que está caminando
Europa.
Vamos a tener que conjugar los tres factores de cambio básico que se
nos van a presentar: las pretensiones de la OCM y la solicitud del
progresivo desmantelamiento de la llamada caja azul europea; el
ahorro en el presupuesto de gastos que pretenden, y para contentarlos
probablemente se avance en esa dirección, los Estados miembros
aportadores netos, y la asunción de la filosofía productiva que
demanda el consumidor. Entendemos que la moción consecuencia de
interpelación de Convergència i Unió camina en la dirección correcta
y por ello el Grupo Parlamentario Vasco la va apoyar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Txueka.
Tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se plantea en esta Cámara la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre diferentes
cuestiones y posiciones a mantener por el Gobierno durante la
presidencia española y en temas agrarios. Me corresponde fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular y quisiera decir, una vez
escuchado al grupo proponente así como al resto de los grupos, en
primer lugar que es muy difícil no estar de acuerdo ni con la
oportunidad de esta iniciativa ni con la mayor parte de las
cuestiones que propone en materia de política agraria. Coincidimos en
lo fundamental y nos parece que, tanto en la exposición de motivos
como en el texto dispositivo, vienen recogidos los criterios y
prioridades que el Gobierno viene manteniendo, y seguirá haciéndolo,
respecto a la reforma de la política agraria comunitaria, tal como se
puso de manifiesto en la interpelación realizada el pasado día 28 de
noviembre. En este sentido, lamento la posición del Grupo
Parlamentario Socialista y la intervención de su portavoz, ya que ha
puesto de manifiesto que de nada han servido las seis comparecencias
del ministro a lo largo del año y el desconocimiento del
funcionamiento del grupo de trabajo.
También quisiera decirles que, aunque coincidimos en lo fundamental
de la moción, existen algunos temas que, a nuestro juicio, no
deberían figuran, ya que debería centrarse única y exclusivamente en
posiciones y cuestiones de política agraria. Por tanto, solicitaremos
que la moción pueda ser votada separadamente en diferentes apartados
y en dos votaciones. Tres son los temas que proponemos votar de
manera diferenciada en la primera votación, y que votaremos de forma
negativa. El primero, por considerar que no debe aprobarse en este
trámite, y los otros dos, aunque son de menor calado, porque
discrepamos de su oportunidad y, por tanto, de incluirlos en el texto
que puede ser aprobado finalmente.
En concreto, no creemos conveniente que figure el apartado número 3,
ya que se sale del eje argumental de la moción y su contenido debería
ser tratado en otros ámbitos y con otras formulaciones, tal como
recoge la enmienda del Grupo Socialista. Por tanto, creemos que no
debería formar parte de la moción final. Cosa similar ocurre con las
segundas partes de los apartados 4 y 7 que, a nuestro juicio, podrían
inducir a confusión -en el caso de aprobarse- respecto a lo propuesto
en los mismos apartados, más aún cuando, de aprobarse el apartado 4
con su actual redacción, ello podría presuponer que el primer pilar
de la PAC va a ser reformado, cuestión que es mucha concesión ya que
afectaría negativamente a una parte importante de la agricultura
española. Convendría no adelantar acontecimientos, confiar en una
nula o mínima modificación futura de ese pilar y esperar a ver cómo
se desarrollan los acontecimientos. En el caso de modificarse, ya
demandaríamos que las disminuciones presupuestarias pasasen
inalteradas al segundo pilar. No obstante, reitero que no conviene
adelantar acontecimientos
ni manifestar que estamos de acuerdo con futuras modificaciones de
ese primer pilar de la PAC.
Respecto al apartado número 7, estaríamos de acuerdo en votar
afirmativamente la parte primera, pero convendría no aprobar la
segunda. Estaríamos de acuerdo en llevar esa segunda parte de la
iniciativa, que siempre contaría con nuestro apoyo, fuera de esta
moción que creemos que debe centrarse, como he dicho anteriormente,
en posiciones que debe mantener España en el proceso de debate en
torno a la futura PAC. En cuanto al resto de la moción, coincidimos
con ella en su integridad y votaríamos afirmativamente.
Por abundar más en las posiciones a mantener por España contempladas
en la moción, quiero dejar claro, en coincidencia con el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que las perspectivas de
evolución de la PAC son inciertas e inestables a pesar de los
intentos de consolidación habidos en el pasado, y que los factores de
incertidumbre que condicionaron entonces los acuerdos siguen estando
presentes y han aparecido otros nuevos que, según cómo se orienten en
el futuro, también presionarán la PAC en uno u otro sentido.
Las posiciones mantenidas por los distintos grupos sobre estos
asuntos son bien conocidas, y algunas han sido expuestas por los
portavoces en este trámite parlamentario. Muchas de ellas son
coincidentes, y cuestiones como el apoyo de ampliación hacia el Este,
la negociación en torno a la Organización Mundial de Comercio, los
aspectos presupuestarios de solidaridad y de no renegociación de
ayudas, de cohesión y de defensa de la agricultura mediterránea, de
defensa de un modelo de empresa familiar agraria, y de desarrollo de
aspectos institucionales -en especial el referido al Parlamento
Europeo-, no ofrecen dudas en cuanto a su apoyo.
Para terminar, quisiera manifestar que esta forma de apoyo a la
moción de CiU manifiesta la voluntad del Grupo Popular de consensuar
y de llegar a acuerdos y posiciones comunes que reforzarán sin ningún
género de dudas la capacidad negociadora, todo ello en beneficio del
propio sector agrario español. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pérez
Lapazarán.
Señor Companys, tiene la palabra para aceptar o rechazar las
enmiendas.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señor presidente, por lo que hace
referencia a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, no podemos aceptarlas, aunque son
interesantes, porque entraríamos en un nivel de detalle que podría
convertir la moción en una lista interminable y que dificultaría, por
tanto, el consenso en esta Cámara.
Por lo que hace referencia a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, no estamos de acuerdo con su enmienda número 3, pero
tampoco estaríamos de acuerdo con el resto porque serían muy
parecidas a las que ha presentado Izquierda Unida. Por ese motivo no
vamos a aceptar las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Companys.
(Pausa.-La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la votación de la moción
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergencia i Unió), sobre las prioridades del Gobierno en
materia de política agraria ante la próxima presidencia española de
la Unión Europea. En primer lugar, vamos a votar el apartado tercero
de la moción completo; del apartado cuarto la última frase, después
del punto, que dice: «Para ello será necesario aumentar las ayudas de
desarrollo rural, segundo pilar de la PAC»; y del punto séptimo la
última frase después del punto, que dice: «En este sentido, es
preciso impulsar de forma decisiva los programas de ayuda alimentaria
que permiten justificar estas medidas de actuación y complementar
a la vez la política comunitaria de lucha contra la pobreza y la
exclusión social».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
269; a favor, 18; en contra, 156; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado este texto.
A continuación, votamos el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, 171; en contra, uno; abstenciones, 94.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES GENERALES
DEL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA ACTUAL DESACELERACIÓN DE LA
ECONOMÍA Y, EN CONCRETO, SOBRE SUS PREVISIONES DE INCREMENTO DE LA
PRESIÓN FISCAL, DE INTRODUCCIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS Y DE RECORTE DE
LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL GASTO SOCIAL. (Número de expediente 173/
000099.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones generales
del Gobierno para hacer frente a la actual desaceleración de la
economía y, en concreto, sobre sus previsiones de incremento de la
presión fiscal, de introducción de nuevos impuestos y de recorte de
la inversión pública y el gasto social.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Bel. (Rumores.)
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, la economía
española, como otras economías, vive un momento de desaceleración.
Este momento de desaceleración no es nuevo, se ha venido constatando
a
lo largo del año. Se decía en la discusión del presupuesto del año
2001 que éramos catastrofistas por no creer la previsión de
crecimiento...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Bel.
Adelante, señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Decía el Gobierno que el PIB iba a crecer el
3,6 por ciento en el cuadro macroeconómico que ha presentado
recientemente a la Unión Europea, del cual todavía no nos ha
informado, aunque ya ha salido en la prensa, y estima un crecimiento
económico del 3 por ciento. La Comisión Europea y la OCDE estiman que
la economía va a crecer el 2,7 por ciento. Y ahora nos traen una
revisión del cuadro para el año 2002 donde dicen que va a crecer el
2,4, aunque la Comisión Europea dice que la economía va a crecer el 2
por ciento y la OCDE dice que va a crecer el 2,2 por ciento. Yo creo
que en abril, como ha ocurrido este año, tendremos otra revisión a la
baja de la perspectiva de crecimiento que realizará el Gobierno,
porque últimamente hasta ustedes dicen que la previsión era del 3,2
por ciento del PIB. Eso era en abril, en el presupuesto era del 3,6
por ciento. Sin embargo, el ministro Montoro y el Gobierno en general
permanecían impasibles ante estos cambios; pensaron, por así decirlo,
un presupuesto antes del verano, lo trajeron tal cual a esta Cámara
después del 11 de septiembre, lo tramitaron como si nada en el
Congreso de los Diputados y, eso sí, un presupuesto que era
deficiente cuando llegó a esta Cámara, después de la tortura a la que
se le ha sometido en la tramitación parlamentaria del Senado, es un
presupuesto francamente malo. Es francamente malo porque hace
justamente lo contrario de lo que hay que hacer en materia fiscal, no
sólo en términos de equidad y de justicia, que también, sino
básicamente en términos de adecuación a la coyuntura económica,
porque la tortura del presupuesto en el Senado ha implicado el
aumento de impuestos que gravan a las familias, el querido plan de
ayuda del Gobierno a las familias, que es algo diferente a lo que ha
hecho el resto de gobiernos de nuestro entorno europeo y de la OCDE.
No se les ha ocurrido, ante una situación de debilitación de la
demanda y de empeoramiento de la confianza de los consumidores,
aumentar los impuestos a las familias. Al Gobierno español, al señor
Montoro, sí se les ha ocurrido aumentar los impuestos a las familias.
No puedo resistirme a recordárselo. En el Congreso de los Diputados
nos viene el presupuesto con la ausencia de deflactación de IRPF, el
aumento de IVA de autopistas, éste por sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, el aumento del IVA del butano y el
aumento de IVA de ciclomotores. En el Senado, después del tercer
grado a que han sometido a la Ley de acompañamiento, nos han metido
el aumento de módulos para comerciantes y autónomos, el aumento de
tasas por tierra, mar y aire en medios de transporte, el aumento de
las tasas de alcohol y tabaco, y el nuevo y magnífico impuesto sobre
combustibles, aumentando la presión fiscal contra el acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que implicaba no
aumentar la presión fiscal.
Después de esta conveniente tortura, las familias españolas van a
disponer de 400.000 millones menos para su consumo; el Gobierno va a
disponer de 400.000 millones más para cumplir la obsesión del déficit
cero del señor Montoro. Doscientos mil millones no los habrían
necesitado, sea dicho de paso, si no se hubieran establecido una
serie de reducciones fiscales en el presupuesto, la más cuantiosa la
que se ha establecido a favor de las empresas que lograron licencias
de telefonía móvil de tercera generación; en el Congreso la reducción
era de 89.000 millones y, después de su paso por el Senado, esta
tortura ha sido un poquito más dulce, puesto que la reducción de
impuestos para estas empresas ha aumentado a 104.000 millones de
pesetas. También algunas grandes empresas que se van a fusionar o que
venden activos van a gozar de beneficios fiscales. Hay una venta de
activos anunciada y acordada por grandes empresas españolas del
sector del gas que se va a firmar en enero, para completar el nuevo
esquema de beneficios fiscales que trae este presupuesto. Decía que
quizás 200.000 millones de aumento de impuestos a las familias se los
podían haber ahorrado sin esas rebajas, y en eso sí se parece un poco
a la política de Bush: beneficiar a algunas empresas, ahí a las que
financian al Partido Republicano, aquí al sano y libre albedrío del
Gobierno.
Esta política es realmente obsesiva, no sólo excepcional; la política
del déficit cero anualizado y por ley es excepcional en el mundo
desarrollado. No hay otro país que disponga de un marco legislativo
de este tipo; ninguno. Esta política no solo es singular, sino que es
obsesiva, y la obsesión de esta política les lleva a adoptar medidas
que vulneran todos los precedentes de tramitación parlamentaria; que
vulneran todos los precedentes de relaciones institucionales entre el
Gobierno del Estado y comunidades autónomas, y tendremos más
oportunidades de hablar sobre esta cuestión; que hacen lo que ningún
otro país de nuestro entorno realiza en estos momentos de
desaceleración: aumentar los impuestos sobre las familias; que hace
lo que ningún país de nuestro entorno de la UE realiza en estos
momentos, que es renunciar a ingresos procedentes de medianas y
grandes empresas en un momento de desaceleración. Esta política, en
el año 2002, va a poner a las familias españolas algo más en la
picota. En más de 35.000 pesetas de media por familia es en lo que se
va a traducir el plan de ayudas del Gobierno a las familias.
Esperamos que acepten nuestra moción, porque persigue evitar a las
familias este perjuicio y mejorar los pronósticos para el año 2002.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo, para defender, en los
términos en que han sido presentadas por el diputado don Francisco
Frutos, las enmiendas de Izquierda Unida a esta propuesta del Grupo
Socialista que, en principio, nos parece oportuna, conveniente e
interesante. Nuestras enmiendas de adición van en la línea de mejorar
lo planteado por el Grupo Socialista y, sobre todo, de tratar de
adoptar medidas oportunas para que el sistema fiscal español vuelva a
tener ese carácter progresivo, donde la imposición directa prime
sobre la indirecta, donde se produzca la mejora del tratamiento
fiscal de las rentas del trabajo más bajas y las ganancias
patrimoniales vuelvan a ser incorporadas a la tarifa general del
impuesto, dejando, por tanto, de tributar a tipos fijos. Una de las
preocupaciones que ha motivado a mi grupo a presentar enmiendas tiene
que ver con adoptar medidas necesarias para que se promueva de una
vez una lucha activa contra el fraude y también contra la elusión
fiscal, así como para que no tengamos que volver a vernos en
situaciones similares a la del caso Gescartera o de la agencia de
valores AVA. Espero que el Grupo Socialista mire con detenimiento y
con cariño nuestras enmiendas. En todo caso, como ya saben ustedes
que no soy experta en todo, como casi ninguno de los miembros de esta
Cámara, aquí acaba mi intervención.
Muchas gracias. (Risas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, estamos ante una moción presentada por el Grupo
Socialista, que en sus objetivos políticos está formulada de manera
contundente, fiel reflejo del tenso y duro debate que se produjo el
pasado 28 de noviembre en esta Cámara entre el portavoz del Grupo
Socialista y el ministro de Hacienda. Esta moción presenta dos partes
claramente diferenciadas, el marco general, los objetivos políticos
de la moción y una serie de aspectos concretos que sustentan el
pronunciamiento general que se contiene en la moción. La primera de
las partes, la estructura, lo que constituye el andamiaje de esta
iniciativa política, es crítica, frontalmente crítica con los
Presupuestos Generales del Estado y el proyecto de ley de medidas
fiscales administrativas y de orden social. También incorpora una
crítica dura contra la política fiscal que se viene desarrollando en
España desde el año 1996, finalizando con la petición de retirada del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y del proyecto
de ley conocido como de acompañamiento. Este objetivo de retirada del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y del proyecto
de ley de medidas no es aceptable ni lo compartimos desde el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Es cierto que hace una semana ha habido una revisión de previsiones
de crecimiento, del 2,9 por ciento al 2,4 por ciento; ha sido
revisada a la baja también la previsión de formación bruta de
capital, del 4,1 por ciento al 3,3; se ha estimado una reducción de
la demanda interna en cuatro décimas y también una desaceleración en
la reducción de la tasa de desempleo, revisión, sin embargo, que
sigue manteniendo a España con un crecimiento por encima de la media
europea y con un claro control respecto a las tensiones
inflacionistas de su economía. Qué duda cabe que esta revisión, como
cualquier otra, influye en los flujos financieros y económicos
públicos que integran las distintas magnitudes que componen los
Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, ello no justificaría
una medida tan traumática como interrumpir la tramitación de los
Presupuestos Generales del Estado y retirarlos. Esta medida no se
justifica por la revisión de las previsiones y por ello mi grupo
parlamentario va a votar en contra de esta moción, por no compartir
este objetivo político de la misma. Ya tuvo ocasión el portavoz de mi
grupo parlamentario de expresar en el debate de los presupuestos en
el Pleno de esta Cámara que Convergència i Unió comparte el análisis
o la valoración global de estos presupuestos, sin perjuicio de
discrepancias puntuales, y entendemos que la revisión de las
previsiones no altera este juicio favorable respecto del proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado. Tampoco compartimos en
absoluto la crítica a la política fiscal desarrollada desde 1996 en
España. Además tenemos que decir que nos sentimos en muchos de los
puntos de la política fiscal desarrollada por esta Cámara en la
legislatura anterior y también en esta sinceros copartícipes de la
misma. Creemos que ha sido una política fiscal positiva que ha
impulsado el desarrollo económico y social y que por tanto merece ser
valorada positivamente.
No es momento ni hay tiempo para hacer un repaso de las medidas
tomadas y que han sido positivas desde esta óptica de valoración
global de política fiscal. Quiero recordar simplemente la reforma de
la tributación de las pymes en diciembre de 1997; la muy importante
reforma del IRPF de diciembre de 1998, que mi grupo parlamentario
aprobó y aprueba en sus contenidos y en su ejecución, muy criticada
en su momento por incidir en una bajada de impuestos y en una mejora
de la estructura del tributo; la asunción de potestades normativas
por las comunidades autónomas a partir de enero de 1997, etcétera.
A esta política fiscal no se le puede hacer una valoración negativa y
por ello mi grupo parlamentario también rechaza la moción. Todo ello
sin perjuicio de que algunos de los puntos concretos de que se
compone la moción sobre medidas específicas de carácter fiscal y
tributario los podamos compartir y los compartimos. Por ejemplo, la
eliminación del impuesto de actividades económicas para las pequeñas
y medianas empresas, aunque también es cierto que esta medida tiene
claramente fijado un calendario político como es la modificación de
la Ley de haciendas locales. También quisiera recordar que hay un
compromiso de esta Cámara para eliminar el
IAE para las pequeñas y medianas empresas, que no es fruto de tal o
cual moción sino muy concretamente de una proposición no de ley de
Convergència i Unió, cuyo debate fue de los primeros que se
celebraron en el pleno de esta Cámara durante esta legislatura.
Sí quisiera pronunciarme en concreto sobre una medida que compartimos
pero que no podemos votar en el contexto de la moción, como es el
hecho de que sí que estamos a favor de que no suba la presión
impositiva sobre los pequeños empresarios que tributan en módulos. Lo
que ocurre es que, en el marco que se ha situado, que es un marco
malo de retirada de los Presupuestos Generales del Estado y de la ley
de medidas, aunque haya cuestiones concretas que podemos compartir,
no podemos dar el sí a esta moción. Además recuerdo que mañana se
debate en esta Cámara una interpelación urgente que presenta mi grupo
parlamentario sobre comercio interior, en la que ésta y otras medidas
sobre comercio interior se abordarán pero de manera más rigurosa, no
enmarcándolas en un contexto de retirada de presupuestos, que es
absolutamente impracticable y alejado de rigor político.
La señora PRESIDENTA: Señor Padrol, su tiempo ha concluido.
El señor PADROL I MUNTÉ: Acabo ya, señoría.
Nada más. Simplemente anuncio el voto negativo a esta moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el señor Bel ha intentado esta tarde
despistar a la Cámara haciendo un discurso político que no tenía nada
que ver con el que hizo el señor Sevilla, que fue quien hizo el
discurso la semana anterior. Y no será mi grupo parlamentario el que
prejuzgue quién decide en su grupo parlamentario que intervenga en
una moción. De ninguna de las maneras. Es interesante saber por qué
el señor Sevilla no interviene en el día de hoy. (Rumores.) La única
razón por la que se presenta la moción en el día de hoy es como
consecuencia de la interpelación que presentó el otro día el señor
Sevilla ante esta Cámara. Y la defendió con vehemencia. El señor
ministro la calificó de palabrería y yo lo suscribo. Otro ejercicio
más de palabrería y poco más. (Rumores.) Aquello era sólo un
pretexto. Como consecuencia de la aprobación o de la puesta en marcha
de una enmienda del Senado correspondiente a la cuestión ya debatida
estos días por los medios de comunicación sobre el impuesto de
hidrocarburos, el Grupo Parlamentario Socialista decide hacer una
actuación parlamentaria y, so pretexto de esta cuestión, viene usted
hoy a hacer el trabajo que dejó sin concluir el señor Sevilla el otro
día. Pero han ocurrido
cosas desde entonces. Fíjese lo que ha ocurrido. Ustedes siguen
traicionándose los unos a los otros. El señor Sevilla tenía la
oportunidad de plantear un debate político de desgaste del Gobierno,
puesto que decía: ustedes suben los impuestos a los españoles.
Hablaba del impuesto de hidrocarburos. Se le olvidó relatar lo que
ocurrió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 27 de julio
de 2001. Por unanimidad, al grupo de trabajo, donde estaban ustedes
representados, como parece obvio por su presencia en los gobiernos de
alguna comunidad autónoma, se encomendaba la creación del impuesto
sobre rentas minoristas de hidrocarburos. Eso se aprueba por
unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto,
ustedes lo aprueban.
Además, el señor Sevilla le traiciona a usted en concreto, señor Bel,
no sé si porque no lo comentan, no dialogan, no se ven, no se
encuentran o tienen ustedes dificultades de acercamiento. Porque
usted mismo, en la Comisión de Economía, cuando se debate la Ley de
financiación autonómica, defiende la enmienda número 84, que usted
conoce, señor Bel. Tanto el estudio como el impuesto de
hidrocarburos, que se aprobó por unanimidad en el Consejo de Política
Fiscal y Financiero, no han emergido en el proyecto. Ustedes se
quejan y presentan la enmienda. (Rumores) Y hoy ustedes se olvidan de
la existencia de esta enmienda, se olvidan de la traición que efectúa
el Gobierno de Andalucía a sus postulados y al propio señor Caldera
diciendo que el Gobierno de Andalucía iba a ser el primero que iba a
ejercitar esa potestad una vez que fuera aprobado el impuesto. Esta
es la realidad. A usted le traiciona el señor Sevilla y al señor
Sevilla le traiciona el señor Chaves.
Déjese de palabrerías, déjese de hablar de que la política del
Partido Popular no da respuesta y el Gobierno no da respuesta a la
situación de incertidumbre económica en el mundo y hablen de la
realidad. Y es que ustedes, de nuevo, ponen en marcha una iniciativa
política en contra de lo propuesto por una comunidad autónoma como es
la de Andalucía, en contra de lo que ustedes habían propuesto en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, con la ocurrencia
adicional del señor Sevilla amenazando al Gobierno y a esta Cámara
con presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Pues ya lo
veremos, como tantos otros recursos de inconstitucionalidad con los
que ustedes se han hartado de amenazar al Gobierno y a la opinión
pública, desde luego en detrimento de su propio crédito político. Yo
no se lo voy a relatar, porque ya lo hizo el señor ministro el día
anterior. Pero, fíjese, ustedes tenían la oportunidad de acabar en el
día de hoy los deberes, que, como digo, el señor Sevilla no finalizó.
Tenía una magnífica oportunidad para presentar una moción como
consecuencia de la interpelación urgente y como consecuencia de estas
cosas altisonantes que decía el señor Sevilla. Decía, por ejemplo:
ustedes se han subido al ciclo internacional cuando iba bien y ahora
se niegan a cambiar cuando el viento cambia. Decía también el día 28
de noviembre: no aplicaremos el recargo autonómico donde gobernemos.
Y decía que presentarían el recurso de inconstitucionalidad.
Y decía además: Me parece preocupante que frente a un
debate de política económica serio que está teniendo lugar en Europa
y frente a una preocupación seria que existe hoy en la ciudadanía
española frente a la situación de la política española, etcétera. Y
ustedes vienen hoy con esto, señor Bel.
La señora PRESIDENTA: Señor Cámara, su tiempo ha terminado.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Acabo en un segundo.
La señora PRESIDENTA: No. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Aplausos) Muchas gracias, señor Cámara.
El señor BEL I QUERALT: En virtud del artículo 72.2, que, como no me
lo sé, se lo leo. Dice: Que cualquier diputado podrá... etcétera... la
lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la
ilustración de la materia de que se trate...
La señora PRESIDENTA: Señor Bel, entregue a la presidencia el
documento que quiere usted que sea leído.
El señor BEL I QUERALT: El mismo que ha leído el señor Cámara,
referente a la transcripción de la Comisión. Si quiere él mismo, le
invito a que lea las diez líneas anteriores a lo que ha leído. Si no,
yo lo hago. (Rumores)
La señora PRESIDENTA: Señorías guarden silencio.
Señor Bel, estaba en el uso de la palabra para una cuestión de orden.
Y efectivamente, amparándose en el artículo que usted bien enuncia,
le ruego que haga llegar a la presidencia el documento que quiere que
sea leído por un secretario de la Cámara. (Rumores) Señorías, guarden
silencio.
Señor Bel, insisto. Señor Bel. (Rumores) ¡Señorías, guarden silencio!
Señor Bel, usted solicita la lectura de un documento y la presidencia
le ampara en esa solicitud, pero le ruega que haga llegar el
documento, si usted lo tiene. Y si no lo tiene, difícilmente esta
presidencia...
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, es un documento oficial de
esta Cámara y solicito que sea aportado. Es un documento oficial
publicado por esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Señor Bel, es un documento de una enmienda, ha
creído entender la presidencia.
El señor BEL I QUERALT: No. Es un «Diario deSesiones» de la Comisión
de Economía.
La señora PRESIDENTA: Pues, señor Bel, identifique el «Diario de
Sesiones» y los servicios de la Cámara tendrán que buscarlo.
El señor BEL I QUERALT: «Diario de Sesiones» de la Comisión de
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados del 7 noviembre.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. (Pausa.)
Señor secretario, señor Oliart, dé lectura al documento solicitado
por el señor Bel.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): A propuesta del consejero Homs,
del Gobierno de Cataluña, se aprobó el estudio de la creación de un
impuesto en venta minorista de combustibles, un impuesto que vendría
a asumir la parte no armonizada de la recaudación actual del impuesto
de hidrocarburos. (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
Señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señora presidenta, a nuestro
grupo le gustaría que se diera lectura... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Cámara, si lo que pretende... Perdón, señor
Cámara, por favor. (Rumores.)
¡Señorías, guarden silencio!
Si, acogiéndose al mismo artículo del Reglamento que se ha acogido el
señor Bel, desea que se dé lectura a algún documento, por favor,
tenga la bondad de acercarlo a la presidencia y se dará lectura.
(Pausa.- Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Señor secretario.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Nueva disposición adicional.
Hidrocarburos. Se crea en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las comunidades autónomas un grupo de trabajo al que se
encomienda analizar la creación de un impuesto sobre las ventas
minoristas de hidrocarburos con el siguiente perfil: Deberá tratarse
de un impuesto que recaiga
sobre las ventas minoristas, entendiendo como venta minorista la
venta y entrega de dichos productos cuando se destinen al propio
consumo de los adquirentes. Deberá tratarse de un impuesto estatal
que podrá ser cedido a las comunidades autónomas, atribuyendo a éstas
capacidad normativa en cuanto a tipos de gravamen. Deberá tratarse de
un impuesto que respete las pautas marcadas por la Unión Europea y en
particular de un impuesto afectado a sanidad. A efectos del análisis
anterior, las comunidades y ciudades autónomas remitirán a la
secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera las
sugerencias que al respecto consideren oportunas a fin de que durante
el primer semestre del año 2002 el estudio pueda estar ultimado para
su presentación ante el Consejo. (Aplausos.-Varios señores diputados:
¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario primero.
(Pausa.)
Señor Bel, al único y exclusivo efecto de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
El señor BEL I QUERALT: No las vamos a aceptar, a pesar de compartir
alguno de sus contenidos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las previsiones generales del Gobierno para hacer
frente a la actual desaceleración de la economía y, en concreto,
sobre sus previsiones de incremento de la presión fiscal, de
introducción de nuevos impuestos y de recorte de la inversión pública
y el gasto social, que se somete a votación en sus propios términos,
al no haber sido aceptadas las enmiendas presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
250; a favor, 89; en contra, 161.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las diez y veinte minutos de la noche.