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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 121, de 20/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 121
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 116
celebrada el martes, 20 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 6086)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno
ante la propuesta de la Unión Europea de devolución de 21.000
millones de pesetas por las ayudas concedidas al lino
correspondientes al período 1996-1999. (Número de expediente 172/
000128) . . . (Página 6105)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y sus
consecuencias sobre la seguridad ciudadana. (Número de expediente
172/000129). . . . (Página 6110)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
desarrollo del Marco Competencial del Estatuto de Autonomía de
Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes
del actual Estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación
del techo competencial del mismo. (Número de expediente 172/000130) .
. . (Página 6115)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. (Número de
expediente 122/000145.) . . . (Página 6120)
Proposiciones no de Ley: - Del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a la simplificación de los trámites
administrativos para la creación de empresas, continuando con la
instalación de nuevas ventanillas únicas empresariales. (Número de
expediente 162/000334.) . . . (Página 6128)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
impulso de la simplificación administrativa para la creación de
empresas. (Número de expediente 162/000358.) . . . (Página 6128)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre intervención del
Parlamento en situaciones de crisis. (Número de expediente 162/
000369.) . . . (Página 6133)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: - Del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas que
piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad
laboral. (Número de expediente 173/000091.) . . . (Página 6141)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del gobierno
en política de empleo y soluciones que contempla a las graves
carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral.
(Número de expediente 173/000092.) . . . (Página 6145)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a la
situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval
pública en el Estado español. (Número de expediente 173/000093.) . .
. (Página 6149)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
Preguntas . . . (Página 6086)
De la Diputada doña Marisa Arrúe Bergareche, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué cantidad piensa
destinar el Ministerio de Administraciones Públicas en el año 2002
para la formación del personal de la Administración? (Número de
expediente 180/000951) . . . (Página 6086)
Del Diputado don José Luis Ayllón Manso, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué estado de
debate se encuentra el futuro Proyecto de Ley de Cooperación
Autonómica? (Número de expediente 180/000955) . . . (Página 6087)
Del Diputado don Salvador Sanz Palacios, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
fiscales están previstas a favor de la familia en el recientemente
aprobado Plan de la Familia? (Número de expediente 180/000946) . . .
(Página 6088)
De la Diputada doña Paloma Corres Vaquero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
líneas básicas del Proyecto de Ley del Mecenazgo? (Número de
expediente 180/000953) . . . (Página 6089)
De la Diputada doña María Teresa Costa Campi, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Qué
criterios utiliza el Sr. Ministro de Hacienda en su política de
nombramientos? (Número de expediente 180/000956) . . . (Página 6090)
Del Diputado don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Hacienda: ¿Considera el Ministro de Hacienda que su
Ministerio ha cumplido con los principios de transparencia
y diligencia en los informes relativos al entorno de Gescartera
enviados a esta Cámara? (Número de expediente 180/000957) . . .
(Página 6091)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Hacienda: ¿Puede asegurar el Ministro de Hacienda que la
Administración Tributaria ha adoptado las medidas adecuadas contra el
fraude fiscal del entorno de Gescartera? (Número de expediente 180/
000958) . . . (Página 6091)
Del Diputado don Germà Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Está
garantizada la autonomía y la independencia de la Agencia Tributaria?
(Número de expediente 180/000959) . . . (Página 6092)
Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda: ¿Considera el Sr. Ministro de Hacienda que este Parlamento
ha llegado a conocer las irregularidades habidas en su Ministerio en
relación a las inspecciones tributarias del entorno de Gescartera?
(Número de expediente 180/000963) . . . (Página 6093)
De la Diputada doña María José González del Valle García de la Peña,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cuáles son los principales resultados que se desprenden de
la evaluación del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres? (Número de expediente 180/000952) . . . (Página 6095)
Del Diputado don Jordi Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Medio Ambiente: ¿Cuáles son los motivos del retraso en la aprobación
de la declaración de impacto ambiental de la tercera pista del
Aeropuerto del Prat de Llobregat? (Número de expediente 180/000944) .
. . (Página 6096)
De la Diputada doña Francisca Pol Cabrer, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
valoración que realiza el Ministerio de Medio Ambiente del alcance
del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso «2001-2006», aprobado
por el Consejo de Ministros el pasado día 5 de octubre? (Número de
expediente 180/000947) . . . (Página 6097)
Del Diputado dom Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Ministerio de Medio Ambiente de la aprobación por el Consejo de
Ministros, el pasado 1 de junio, del Plan Nacional para la gestión de
lodos procedentes de depuradoras 2001-2006? (Número de expediente
180/000948) . . . (Página 6097)
Del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha
previsto desarrollar el Gobierno para corregir, adecuadamente, el
desfase económico que se ha producido en las obras de remodelación
del Centro de Traumatología del Hospital «Miguel Servet», ubicado en
Zaragoza, antes de que se produzcan, definitivamente, las
transferencias en el ámbito de las competencias de sanidad a la
Comunidad Autónoma de Aragón? (Número de expediente 180/000942) . . .
(Página 6098)
Del Diputado don Carlos Revuelta Méndez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
realiza el Ministerio
de Sanidad y Consumo de la evolución del SIDA en España cuando se
cumplen 20 años de la epidemia? (Número de expediente 180/000949) . .
. (Página 6099)
De la Diputada doña Blanca FernándezCapel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Se
han destinado fondos europeos para potenciar la investigación
biomédica en España? (Número de expediente 180/000950) . . .
(Página 6100)
De la Diputada doña Margarita Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Considera el
Gobierno la conveniencia de modificar y desarrollar la Ley de
Protección de Testigos? (Número de expediente 180/000943) . . .
(Página 6101)
Del Diputado don Aurelio Romero Girón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
puede hacerse de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento
Civil el día 8 de enero de 2001? (Número de expediente 180/000954) .
. . (Página 6102)
Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero
del Gobierno y Ministro del Interior: ¿Qué razones tiene el Gobierno
para no querer modificar el Reglamento regulador de las escuelas
particulares de conductores de vehículos de motor (Real Decreto 1753/
1984, de 30 de agosto) a la vista del Proyecto de Ley de reforma del
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo)? (Número de expediente 180/000940) . . . (Página 6103)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo.
Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior:
¿Piensa responder el Gobierno a las movilizaciones de la universidad
con medidas de orden público y descalificación o se lo tomará como un
reto para el diálogo y la negociación? (Número de expediente 180/
000941) . . . (Página 6103)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 6105)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno ante
la propuesta de la Unión Europea de devolución de 21.000 millones de
pesetas por las ayudas concedidas al lino correspondientes al período
1996-1999 . . . (Página 6105)
El señor Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, comienza
la defensa de la interpelación, en ausencia del señor Cuadrado
Bausela, que interviene a continuación.
El señor Cuadrado Bausela, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, presenta finalmente la interpelación refiriéndose a la
Comisión de investigación sobre el lino, que llegó a la conclusión de
que no hubo fraude ninguno, ni incompatibilidades de altos cargos en
relación con el cultivo y la transformación del lino, ni
responsabilidad política que tuviera que ser asumida. Asegura que
cuando existe una responsabilidad política y no se encuentra al
destinatario, el cartero vuelve a llamar una y otra vez, como ha
ocurrido ahora con el informe de la Oficina antifraude de la Unión
Europea que dice justamente lo contrario de lo que decían aquellas
conclusiones del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, y que se corresponde exactamente con el voto particular
que formuló en su momento el Grupo Socialista.
El señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua), en nombre del
Gobierno, responde a lo que para él son un cúmulo de
descalificaciones, inexactitudes y falsedades. Achaca al interpelante
una total falta de rigor, puesto que ha comenzado por poner en duda
el juego de las mayorías y minorías como forma de resolver las
discrepancias en democracia, y un desconocimiento absoluto del
Reglamento, puesto que la interpelación va dirigida al Gobierno y la
responde
un miembro del Gobierno. Realiza una serie de precisiones para
aclarar el motivo de la interpelación, puesto que el señor
interpelante no ha hecho ninguna referencia, y afirma que en la
actualidad se está en la primera fase de un procedimiento complejo
que tiene por objeto dilucidar si procede alguna corrección
financiera a España por parte de la Unión Europea por las ayudas
concedidas al cultivo del lino en pasadas campañas, procedimiento en
el que el Gobierno va a defender los intereses de España y de sus
agricultores hasta sus últimas consecuencias.
Replica el señor Cuadrado Bausela, duplicando el señor ministro de
Justicia.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de plazas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y sus
consecuencias sobre la seguridad ciudadana . . . (Página 6110)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la
interpelación urgente que hace referencia al estado de la seguridad
ciudadana en Cataluña, fundamentalmente al déficit de efectivos de
las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña y a las medidas que
piensa tomar el Ministerio del Interior. Se refiere a las encuestas
efectuadas por el CIS, en donde aparece la delincuencia y la
inseguridad ciudadana como la tercera de las preocupaciones, detrás
del paro y la inmigración, de la sociedad catalana y, aunque reconoce
que existe una alarma social algo exagerada en relación con los
índices de delitos, afirma que es el momento de afrontar el problema
desde las tres administraciones -el Gobierno central, el Gobierno
catalán y los ayuntamientos- con medidas que no han de ser
exclusivamente policiales.
El señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior
(Rajoy Brey), manifiesta en nombre del Gobierno que intentará dar
respuesta a los distintos asuntos planteados, además de aportar datos
que puedan tener interés y hacer alguna reflexión sobre algún tema
concreto. Reconoce que hay un problema de seguridad ciudadana en
determinadas zonas de Cataluña, sobre todo en la ciudad de Barcelona,
donde ha habido una colaboración y una atención especial por parte de
las tres administraciones; que son necesarias más Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, en lo que están haciendo un gran esfuerzo, y
que son imprescindibles algunas reformas en el Código Penal, sin las
que es complicado evitar que se produzcan este tipo de delitos
menores.
Replica el señor Saura Laporta, duplicando el señor vicepresidente
primero del Gobierno y ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomía de
Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes
del actual estatuto y su necesaria ampliación, para una ampliación
del techo competencial del mismo . . . (Página 6115)
El señor Centella Gómez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, la interpelación urgente recordando en
primer lugar que el Estatuto de Autonomía de Andalucía es fruto de la
lucha de los andaluces por las libertades democráticas, por una
autonomía real de máximas competencias y por alcanzar una capacidad
de autogobierno y de planificación democrática que la permita salir
de su subdesarrollo social y cultural. Presenta una serie de
iniciativas institucionales y anuncia que, además de presentar estas
iniciativas en otras instituciones, plantearán al pueblo andaluz la
posibilidad de una nueva movilización, como la de hace veinte años,
que rompa los esquemas de quienes ahora quieren frenar su autonomía,
porque, está seguro, la capacidad de autogobierno la tendrán que
conquistar los andaluces y las andaluzas con sus movilizaciones.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Administraciones
Públicas (Posada Moreno). Asegura que ha escuchado con atención los
planteamientos políticos del señor Centella, que considera totalmente
legítimos, pero discrepa de que la opinión del grupo político al que
pertenece el interpelante sea la opinión de Andalucía, porque en
veinte años ha habido elecciones de diverso tipo y hay unas mayorías
elegidas dentro de España y dentro de Andalucía que han configurado
un sistema en el cual unos partidos tienen una determinada
responsabilidad. Por lo tanto, no le parece ajustada al sistema
democrático la confrontación hecha por el señor Centella entre
Andalucía y el Gobierno central. A continuación contesta en relación
con el desarrollo de las transferencias que se están llevando a cabo
entre la Administración central y la autonómica, en cumplimiento del
Estatuto y dentro de la Constitución española.
Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor ministro de
Administraciones Públicas.
Se suspende la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 6120)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores . . .
(Página 6120)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Alcaraz Masats. Se
refiere a una serie de propuestas que su grupo presentó a raíz de la
Comisión de investigación sobre Gescartera, propuestas serias y
meditadas, encaminadas a que no se vuelva a repetir una situación
como la acaecida en los mercados financieros. Considera que el
problema fundamental en toda democracia es la responsabilidad a la
hora de elegir, a la hora de controlar al elegido y la forma en que
se elige. Critica el proceso seguido por el Gobierno a la hora de
elegir los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y del Banco de España y propone un sistema alternativo basado
en los criterios de independencia y de preparación técnica y donde la
responsabilidad de elegir y de controlar la asuma el Congreso de los
Diputados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puigcercós
i Boixassa y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, y Souvirón
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de modificación de
la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores, se rechaza por
126 votos a favor, 174 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley . . . (Página 6128)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
simplificación de los trámites administrativos para la creación de
empresas, continuando con la instalación de nuevas ventanillas únicas
empresariales . . . (Página 6128)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre impulso
de la simplificación administrativa para la creación de empresas . .
. (Página 6128)
La señora Ruiz Ruiz presenta la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la agilización de los
trámites administrativos en ventanillas únicas empresariales
basándose en dos propuestas de su programa electoral que hacían
especial hincapié en la potenciación, ayudas y creación de las
pequeñas y medianas empresas y también en la agilización y
simplificación de los procedimientos administrativos para dar una
mayor posibilidad a los ciudadanos dentro del ámbito de las distintas
administraciones públicas. Comparte la proposición no de ley
presentada por el Grupo Catalán y adelanta que su grupo apoyará
algunos aspectos que considera muy interesantes ya que harán que la
proposición no de ley que pueda ser aprobada por esta Cámara sea más
concreta y precisa, lo que ayudará al Gobierno a trabajar más
ágilmente.
El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió, presenta la proposición no de ley, similar a la
propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, con el objetivo de
mejorar la simplificación administrativa para la creación de nuevas
empresas, y agradece la sensibilidad de dicho grupo por la aceptación
de la enmienda transaccional que su grupo va a presentar. Asimismo
agradece a los demás grupos las enmiendas presentadas a esta
proposición no de ley. Explica el contenido concreto de esta
iniciativa, con la que su grupo persigue impulsar la potenciación del
tejido empresarial español, orientado básicamente a las pequeñas
y medianas empresas, así como generar más expectativas para todos
aquellos que quieran emprender nuevas iniciativas empresariales,
sobre todo los parados, los jóvenes y las mujeres.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Díaz
Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Núñez Castain, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Frutos Gras,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la enmienda transaccional, habiéndose retirado
las dos propuestas iniciales así como el resto de las enmiendas, se
aprueba por 288 votos a favor y uno en contra.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre
intervención del Parlamento en situaciones de crisis . . .
(Página 6133)
El señor López Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
defiende la proposición no de ley sobre intervención del Parlamento
en situaciones de crisis como la que, por ejemplo, se está viviendo
en relación con el conflicto de Afganistán o como las que se vivieron
en la guerra de Yugoslavia o en la guerra del Golfo; es decir,
situaciones de crisis localizadas que han dado lugar a conflictos
bélicos y en donde ha habido una participación, de una forma u otra,
del Estado español. Considera que en estas crisis bélicas lo que no
ha quedado claro es la participación del Parlamento, lo cual es
paradójico teniendo en cuenta que afectan a intereses estratégicos
y vitales del país y suponen un riesgo para la vida de las personas que
participan en ellas, por lo que pide a la Cámara su compromiso
político de que en estos casos el Parlamento se reúna, debata, se
pronuncie y decida en relación con la posición que pueda tomar o ya
haya tomado el Gobierno del país.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Guardans i Cambó,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Aristegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
El señor López Garrido solicita un turno de réplica por considerar
que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha consumido un turno
en contra en lugar de fijar su posición, turno que le es denegado por
la Presidencia, por lo que constar su protesta.
A continuación el señor López Garrido rechaza las enmiendas
presentadas.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre intervención del Parlamento en situaciones de
crisis, en sus propios términos, se rechaza por 118 votos a favor,
172 en contra y seis abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 6141)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de
siniestralidad laboral . . . (Página 6141)
El señor Ruiz López (don Antero) defiende, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la moción consecuencia de
interpelación urgente que persigue ofrecer algunos instrumentos que
permitan reducir los índices de siniestralidad, que han aumentado en
los nueve primeros meses del año un 3,28 por ciento respecto al mismo
período del año anterior. Reprocha al señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales no sólo su pasividad ante las estadísticas sino su
postura excesivamente optimista y los argumentos fundamentales de su
contestación a la interpelación, porque la responsabilidad
compartida, la negociación social y la capacitación de los agentes no
producen políticas concretas ni avances ni acciones decididas, que
son las políticas que ellos plantean en su moción.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor González
Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista interviene el señor Ruiz López (don Antero).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de
siniestralidad laboral, con la incorporación de las enmiendas que han
sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 115 votos a
favor y 166 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en
política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias
y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral . . .
(Página 6145)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Reitera lo que dijo con ocasión del debate de la interpelación en el
sentido de que las políticas de empleo en España necesitan una
profunda revisión, porque, como va a tratar de demostrar a lo largo
del debate, el INEM está seriamente paralizado. Entre otras
sugerencias propone definir las funciones y la estructura de un nuevo
servicio público de empleo, reformar el conjunto de la formación
profesional, crear más políticas activas de empleo, conectar
informáticamente el sistema de intermediación laboral, hacer más por
la movilidad geográfica y establecer un plan integral para el empleo
de la mujer y un plan para la calidad del empleo, propuestas todas
ellas que forman parte de la cultura general del mundo laboral.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Ruiz
López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiroz
Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Jáuregui Atondo.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en
política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias
y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral, en los
términos derivados del debate, se rechaza por 118 votos a favor y 164
en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez), relativa a la
situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval
pública en el Estado español . . . (Página 6149)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta
la moción consecuencia de interpelación urgente. Reitera una vez más
ante el Congreso
de los Diputados la preocupación del Bloque Nacionalista Galego
por el presente y el futuro del sector naval en el Estado español,
sector que consideran de gran importancia estratégica. A continuación
explica la moción, que comprende siete puntos básicos para la
construcción naval del Estado español desde una perspectiva de
conjunto, pero también desde la experiencia de los astilleros de
Galicia.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor De la
Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Delgado Arce,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Rodríguez Sánchez.
A continuación se procede a la votación separada, solicitada por el
señor Rodríguez, de los puntos de la moción, que son rechazados.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARISA ARRÚE BERGARECHE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
CANTIDAD PIENSA DESTINAR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
EN EL AÑO 2002 PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN?
(Número de expediente 180/000951.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Preguntas. En primer lugar, las dirigidas
al señor ministro de Administraciones Públicas. Pregunta número 11,
que formula la diputada doña Marisa Arrúe.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Muchas gracias, señora presidenta.
En la realidad actual es necesario concebir la formación de los
funcionarios como uno de los factores estratégicos para la mejora de
la Administración. En el entorno cambiante en el que los
requerimientos de lasempresas e instituciones evolucionan con suma
rapidez
y donde los avances tecnológicos se superponen de forma acelerada es
la formación para la incorporación a la Administración, junto con la
que se desarrolle a lo largo de la vida profesional de los empleados
públicos, lo que garantiza que se pueda disponer del conocimiento
experto adecuado para el logro de la mejora de la calidad de los
servicios públicos. Ello redundará a su vez en una mejor percepción
por parte de los ciudadanos del funcionamiento de la Administración y
contribuirá de esta manera a acercarla a los mismos. Para la mejora
de la formación es necesario hacerla mucho más ágil, descentralizada
y operativa, situada lo más próxima posible a sus destinatarios y
adaptada a las necesidades. De este modo, los centros formativos han
de adoptar una acción de mejora permanente sobre su funcionamiento,
basada en la actualización continua de los programas y contenidos, la
pluralidad, la renovación del profesorado y el aprovechamiento de las
ventajas derivadas de la tecnología de la información y de la
comunicación, con la potenciación de la formación a distancia y la
autoformación. En definitiva, para conseguir que las acciones
formativas respondan a su finalidad prevista y contribuir al
enriquecimiento profesional de los empleados públicos, es necesario
dotarla de los medios económicos necesarios. Por ello, señor
ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las
inversiones que el Ministerio de Administraciones Públicas piensa
destinar en el año 2002 para la formación de personal funcionario de
la Administración general del Estado?
Muchas gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arrúe.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
Coincido con S.S. en que la formación de los empleados públicos es un
programa prioritario entre los que gestiona el Gobierno y de mi
departamento especialmente. Considero esencial que los empleados
públicos se encuentren en condiciones de prestar a los ciudadanos,
con eficacia y eficiencia, unos servicios públicos de calidad, y para
ello es preciso que se adapten a los cambios tecnológicos. Además,
esta formación favorece a sus propias expectativas profesionales bien
en su propio puesto, en el que tienen mejores conocimientos, o bien
para poder cambiar a puestos distintos e incluso ascender a
categorías superiores, que en el caso de los funcionarios suponen
niveles más altos. Prueba del interés que el Gobierno tiene en la
formación es la firma en enero de este año del tercer acuerdo de
formación continua entre la Administración general del Estado, las
comunidades autónomas, la Administración local y los sindicatos, que
afecta a los empleados de
todas las administraciones públicas, incluidas la autonómica y la
local. De acuerdo con ello, es precisamente la de formación la
partida del Ministerio de Administraciones Públicas que más aumenta
este año -aumenta un 13,2 por ciento- y a ella destinamos 80,2
millones de euros, de los cuales 67 millones, la parte más
importante, se dedican a financiar planes de formación continua, a
gestionar por la Administración general del Estado, insisto,
comunidades autónomas y corporaciones locales. En los que el INAP, el
Instituto Nacional de Administración Pública, gestiona directamente,
hay que distinguir dos créditos distintos: uno para la realización de
cursos, seminarios y conferencias prácticas para funcionarios, que
suponen una cantidad importante, del orden de 4,2 millones de euros,
y otro de 3,5, que es para cursos de otra naturaleza; en total, 7,6
millones. Es posible además que esta cantidad termine incrementándose
al final del año.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS AYLLÓN MANSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ ESTADO DE
DEBATE SE ENCUENTRA EL FUTURO PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN
AUTONÓMICA? (Número de expediente 180/000955.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula el diputado don
José Luis Ayllón Manso.
El señor AYLLÓN MANSO: Gracias, señora presidenta.
Han transcurrido casi 23 años desde la aprobación de la Constitución
y más de 20 desde la entrada en vigor de los primeros estatutos de
autonomía. Llevamos, por tanto, más de 20 años construyendo el Estado
de las autonomías hasta convertir a España en uno de los principales
Estados desde el punto de vista de su descentralización. El último
paso de este proceso ha sido dotarnos de un sistema de financiación
autonómico que, además de consolidar este sistema, nos permite
proyectarlo hacia el futuro con unas grandes garantías de éxito. La
experiencia adquirida después de todo este tiempo y todo este proceso
también nos ha permitido conocer cuáles son las mejores formas de
canalizar la necesaria e inexcusable relación entre las diferentes
administraciones públicas de nuestro país. Todos deberíamos coincidir
en la necesidad de que los cauces de cooperación entre el Estado y
las comunidades autónomas necesitan de instrumentos concretos de
relación que interpreten en cada momento y de forma clara cómo se han
de producir dichas relaciones. Por eso,
señor ministro, quisiéramos conocer en qué estado de debate se
encuentra el futuro proyecto de ley de cooperación autonómica.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayllón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, presidenta.
Señoría, en el mes de febrero pasado, en comparecencia ante la
Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, di cuenta de
cómo estaban funcionando los distintos mecanismos de cooperación y
hablé de la posibilidad y de la necesidad de fomentar, de aumentar
esa cooperación. El 12 de junio, ante la misma Comisión, que me
parece la apropiada para tratar este tema, aporté nuevos datos
exponiendo los objetivos que persigue el Gobierno con esta ley y
resaltando que debía ser el Senado quien tuviera protagonismo en su
elaboración. Empezamos un debate político sobre esta iniciativa que
estamos desarrollando a partir del mes de septiembre. Anuncié que mi
propósito es negociar esta ley, de la que, vuelvo a repetir, no
existe anteproyecto sino unas ideas, unos temas que tenemos que
discutir y que estamos hablando con comunidades autónomas y partidos
políticos iniciando una ronda de contactos bilaterales. Esta ronda se
está desarrollando a lo largo de este cuatrimestre y han sido
informados de esta iniciativa, por supuesto por escrito, comunidades
autónomas y partidos políticos. El abanico de cuestiones que se
planteaban es un abanico absolutamente abierto, por supuesto, porque
no se trataba más que de un índice indicativo que se refería a la
cooperación normativa, las conferencias sectoriales, las comisiones
bilaterales, los convenios de colaboración, la cooperación
horizontal, los consorcios y la participación de las comunidades
autónomas en los asuntos relacionados con la Unión Europea, es decir,
una serie de temas que a todos nos preocupan. Paralelamente a este
debate político, en el Instituto Nacional de Administración Pública
se han celebrado seminarios técnicos, con presencia de catedráticos y
algunos ex ministros de administraciones públicas, como los señores
Cosculluela y De la Quadra Salcedo, precisamente para ver cómo se
podría configurar esta ley o conjunto de leyes. Dependiendo del
estado de opinión avanzaremos más o menos, pero lo que sí quiero
resaltar enfáticamente es que es esencial un amplio acuerdo sobre el
alcance y contenido de esta ley, es decir, este es un presupuesto
ineludible de un acuerdo muy amplio entre todos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR SANZ PALACIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS
FISCALES ESTÁN PREVISTAS A FAVOR DE LA FAMILIA EN EL RECIENTEMENTE
APROBADO PLAN DE LA FAMILIA? (Número de expediente 180/000946.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Hacienda. En primer lugar, la número 6, que formula el diputado don
Salvador Sanz.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, presidenta.
Uno de los elementos básicos de una sociedad es la familia. Es, sin
duda, la institución más valorada y respetada por todos los españoles
de todas las edades. La familia constituye el eje fundamental de la
solidaridad en nuestra sociedad. En ella descansa no sólo la
formación de la infancia y la juventud, sino también el apoyo a sus
miembros más necesitados, personas mayores, personas discapacitadas,
personas desempleadas. Nuestro grupo apoya a la familia por mandato
constitucional y cree además que existe una deuda social hacia ella
por todo lo que ha supuesto en tiempos de crisis. La política de
protección a la familia es una prioridad en el programa con el que
concurrimos a las últimas elecciones generales y por tanto es una
prioridad también del programa de gobierno. Durante este periodo se
han puesto en marcha medidas de protección a la familia cuyas
políticas tienen en cuenta los cambios que se han producido como
consecuencia de las mutaciones sociales, la creciente incorporación
de la mujer al mercado de trabajo, el descenso de la natalidad y el
mayor reparto de las tareas familiares. Estas medidas han alcanzado a
todas las políticas sectoriales: empleo, vivienda, salud, educación;
y también a las fiscales. Recientemente, el Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan integral de apoyo a la familia 2001-2004, con una
serie de objetivos. Por todo ello, señor ministro, ¿podría indicarnos
qué medidas fiscales están previstas a favor de la familia en el
citado plan?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sanz.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Como S.S. ha recordado, durante los últimos años numerosas familias
españolas se han beneficiado, en primer lugar, del crecimiento
económico, de la creación de empleo y de las medidas adoptadas por la
política económica del Gobierno del Partido Popular. Ahora, el
Gobierno ha aprobado el Plan integral de apoyo a la familia 2001-
2004, liderado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con
cuatro objetivos
principales: incrementar la calidad de vida de las familias, fomentar
la solidaridad intergeneracional, apoyar a la familia como garante de
la cohesión social y prestar apoyo a las familias en situación de
riesgo social y otras situaciones especiales. Se trata, sin duda
alguna, de objetivos ambiciosos, para cuyo cumplimiento se han fijado
10 líneas de actuación; de ellas, la política fiscal adquiere un
carácter relevante, continuando con una línea que ya emprendimos hace
cinco años. En efecto, son muchas las medidas fiscales aprobadas a
favor de la familia. Por citar alguna, la reforma del IRPF ha
promovido que los españoles aumentemos la renta disponible 1,7
billones de pesetas entre el año 1999 y el año 2000, se ha mejorado
el apoyo a la familia con la introducción del mínimo personal y
familiar, se ha ampliado el apoyo de la compra de vivienda, se ha
aumentado el mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio a 25
millones de pesetas y se han mejorado las deducciones fiscales en el
IRPF. Sólo en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002
hay desgravaciones fiscales del Estado por valor de 3.349 millones de
euros (537.000 millones de pesetas), un 11,8 por ciento más que el
año pasado.
En el Plan de la familia seguimos profundizando en esta línea y
pretendemos introducir nuevas medidas. Pretendemos un nuevo estímulo
fiscal a las madres en los tres primeros años de maternidad, un
estímulo compatible con la deducción por hijos, una compensación
adicional a partir del tercer hijo, nuevos incentivos a los padres de
familia parados para que puedan incorporarse al mercado de trabajo,
ayudas por gastos de guardería o por cuidado de personas
discapacitadas y mejor tratamiento fiscal de alquiler de viviendas.
Lo que el Gobierno pretende con este plan es, en definitiva, apoyar
a la familia como célula básica de la nueva sociedad española.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PALOMA CORRES VAQUERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
LÍNEAS BÁSICAS DEL PROYECTO DE LEY DEL MECENAZGO? (Número de
expediente 180/000953.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, que formula la diputada
doña Paloma Corres Vaquero.
La señora CORRES VAQUERO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, en las pasadas elecciones generales el
Partido Popular se presentó ante la sociedad española con un programa
electoral repleto de propuestas e iniciativas que daban continuidad
al camino
emprendido en la pasada legislatura en aras de lograr una España
mejor, una España en la que la igualdad de oportunidades para todos
se hiciera realmente efectiva; en definitiva, una España en la que
todos y cada uno de los que vivimos en ella pudiéramos tener una
mejor calidad de vida.
Dentro del proyecto global de esa España en la que el Partido Popular
cree, su programa electoral recogía gran cantidad de propuestas e
iniciativas para todos los ámbitos de la vida, y por supuesto también
para el ámbito de la política cultural. El propósito fundamental de
las medidas e iniciativas que el Partido Popular recogía en su
programa de cara a la política cultural de nuestro país era, sin
duda, fomentar la participación de la sociedad civil en la difusión
de la cultura. La iniciativa privada tiene dos maneras fundamentales
de contribuir a la difusión de la cultura: por un lado, la creación
de entidades sin ánimo de lucro que defiendan el interés general y,
por otro lado, realizar aportaciones, dinerarias o no, de cara a esas
entidades. En estos momentos, los incentivos fiscales para fomentar
la participación de la sociedad civil en la cultura se recogen en el
título II de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, y en otra serie de
normas complementarias a esta. El Gobierno del Partido Popular asumió
dentro de esta legislatura el compromiso de elaborar un texto legal
para fomentar esos incentivos fiscales para que las entidades sin
ánimo de lucro pudieran difundir la cultura en nuestro país. Por eso,
señor ministro, le hago la siguiente pregunta: ¿qué líneas básicas se
recogen dentro de la futura Ley de mecenazgo para incentivar esa
participación de la sociedad?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Corres.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señora Corres, como usted mismo recordaba, nuestro compromiso
electoral es seguir mejorando los estímulos fiscales para que el
llamado tercer sector, que ya ha experimentado un protagonismo que ha
superado con creces las expectativas previstas en su día, tenga un
marco fiscal más apropiado, superando el vigente, que sin duda alguna
ha servido para los fines que pretendía, pero ha quedado obsoleto, a
la vista de la capacidad potencial del desarrollo de este llamado
tercer sector de actividad económica.
A este respecto, el Gobierno está promoviendo un proyecto de ley, que
actualmente está en tramitación en la Comisión general de secretarios
de Estado y subsecretarios, que pretende dos objetivos fundamentales:
en primer lugar, mejorar el tratamiento fiscal tanto de las entidades
sin fines de lucro como de los incentivos aplicables por donativos,
donaciones y aportaciones realizadas a favor de estas entidades; y en
segundo lugar,
mejorar la transparencia en la gestión y el seguimiento desde la
Administración. Las entidades sin ánimo de lucro estarán exentas de
tributación por las rentas que se deriven de su finalidad
filantrópica, de su patrimonio o que sean meramente complementarias
de estas. Las demás rentas que obtengan estas entidades tributarán a
un tipo reducido. Además, se mejoran los incentivos fiscales a las
donaciones tanto en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas como en el impuesto sobre sociedades. La ley garantiza que
los recursos bonificados fiscalmente se asignan a los fines sociales
previstos. Con esta ley se asegura la supervisión de la
Administración para que la gestión de entidades sin fines de lucro
sea transparente y responsable. Las entidades sin ánimo de lucro
tendrán la obligación de informar de sus actividades y de sus
inversiones para facilitar el control por parte de los organismos
públicos. Se trata, en definitiva, de adaptar la normativa fiscal
para entidades sin fines lucrativos al desarrollo experimentado por
el asociacionismo privado en los últimos años y que tan buenos
resultados está dando en beneficio del interés general.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA COSTA CAMPI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA:
¿QUÉ CRITERIOS UTILIZA EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA EN SU POLÍTICA
DE NOMBRAMIENTOS? (Número de expediente 180/000956.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, de la diputada doña María
Teresa Costa Campi.
La señora COSTA CAMPI: Señor ministro, malos tiempos cuando hay que
demostrar lo evidente. Usted sabe que su situación es insostenible al
ser responsable de nombramientos desacertados que han tenido
conductas reprobables. Por imposición o por decisión personal, lo
cierto es que usted nombró al señor Giménez-Reyna, que utilizó su
cargo en beneficio de Gescartera. Aunque desde su ministerio se ha
hurtado información a este Parlamento, hay sólidos indicios de que su
secretario de Estado incurrió en el tráfico de influencias en la CNMV
y en la paralización de inspecciones tributarias. Y no utilice aquí
de nuevo, como ya lo hizo en la Comisión en su respuesta, a los
funcionarios para defenderse. Las instituciones están para
respetarlas, no para utilizarlas. No olvide que es su más próximo
colaborador quien está imputado en la Audiencia Nacional, una clara
relación causal, señor Montoro, ¿no le parece?
En perjuicio de los españoles, ustedes confunden permanentemente el
interés público con el interés privado
y es un camino sin retorno cuando éste raya en lo delictivo. Y
le pregunto: ¿Cómo justifica esta política de nombramientos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
La política de nombramientos del ministro de Hacienda, y estoy seguro
que del conjunto del Gobierno, se basa en la experiencia, en la
competencia y en la profesionalidad de esos nombramientos.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señor ministro, su responsabilidad política es
de manual. No valen excusas de mal pagador, no valen excusas de mal
estudiante. ¿Puede negar que no ha tenido un fracaso objetivo en
elegir y en vigilar? La responsabilidad política, como señala la
Constitución, corresponde sólo al Gobierno y se vertebra sin culpa. Y
si esto no se entiende estamos ante un déficit democrático que
redunda en perjuicio de nuestros valores constitucionales. Por
respeto a estos valores democráticos usted debe asumir su
responsabilidad política. La ética de la responsabilidad, señor
Montoro, es el complemento imprescindible de la ética de los
principios. Pues bien, en coherencia con los principios por ustedes
largamente defendidos, dimita. Ejercite la doctrina de las
responsabilidades políticas y evite convertirse en un personaje de
una nueva alegoría del mal gobierno. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Costa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Su señoría tiene esta mañana toda la capacidad para desahogarse.
Desahóguese, señoría. (Aplausos.) Hagan catarsis personal y de grupo,
señorías, son ustedes muy libres, pero quienes están deteriorando al
Parlamento son aquellos que desconocen el trabajo que ha hecho la
Comisión de investigación. Ese es el debate que tuvimos en dicha
Comisión, señoría, y esta mañana este ministro no va a repetir ni un
solo argumento de los que expuso en la misma por respeto a la
Comisión de investigación... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (MontoroRomero): ...por respeto a las
conclusiones de dicha
Comisión y por respeto a esta Cámara, que ha votado esas
conclusiones. Comprendo que los que no tienen respeto son aquellos
que realmente se sienten perdedores con respecto al trabajo que ha
realizado la Comisión de investigación. (Aplausos.)
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montoro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA:
¿CONSIDERA EL MINISTRO DE HACIENDA QUE SU MINISTERIO HA CUMPLIDO CON
LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y DILIGENCIA EN LOS INFORMES
RELATIVOS AL ENTORNO DE GESCARTERA ENVIADOS A ESTA CÁMARA? (Número de
expediente 180/000957.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don
Francisco Miguel Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: ¿Considera el ministro de Hacienda que su
ministerio ha cumplido con los principios de transparencia y
diligencia en los informes relativos al entorno de Gescartera
enviados a esta Cámara?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, la respuesta es sí. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señorías, guarden silencio.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, las cosas no han sido así. No ha habido ni
transparencia ni diligencia. Durante semanas, señor Montoro, usted se
ha estado escondiendo porque no era capaz de decir a los españoles
que los servicios que están bajo su dependencia aplican las leyes que
aprueba este Parlamento en condiciones de igualdad para todos los
ciudadanos y para todas las rentas. Si hubiera dicho esto, nadie le
hubiera creído. Del escondrijo donde usted estaba metido le sacó la
opinión pública, pero ya había perdido usted todo el crédito y se
había puesto de relieve su falta de coraje. Lo único que dijo es que
sus adversarios políticos se equivocaban
y que se iban a llevar una gran sorpresa. Y abrió el camino para
que los señores Pujalte y Bocanegra hicieran uso de una información y
exhibieran conocimientos de situaciones tributarias personales. Hoy,
señor Montoro, tengo que decirle que en la España que gobierna el
señor Aznar ocurren cosas parecidas a las que sucedían en España hace
más de 25 años. (Aplausos.) Por su falta de diligencia, el partido
que gobierna, con el afán de intimidar, utiliza una información que
los ciudadanos depositan en las instituciones públicas españolas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, ustedes se empeñan en convertir una sesión de control en
una reválida. Son como los malos estudiantes, que tienen que volver
en septiembre. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Sigan convirtiendo
las sesiones de control en exámenes de septiembre, señorías, que yo
les voy a seguir respondiendo exactamente en los mismos términos que
utilicé en la Comisión de investigación. Y además, si SS.SS.
realmente respetan el Parlamento, lo que tienen que hacer es atenerse
a su trabajo y a las conclusiones a que llegue esta Cámara.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Sigan ustedes
insistiendo en este asunto, que el Gobierno va a seguir trabajando
para que los españoles tengamos reformas tributarias, un déficit cero
y un país próspero en creación de empleo.
Gracias, señoría. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montoro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA:
¿PUEDE ASEGURAR EL MINISTRO DE HACIENDA QUE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA HA ADOPTADA LAS MEDIDAS ADECUADAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL
DEL ENTORNO DE GESCARTERA? (Número de expediente 180/000958.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18 que formula la diputada doña
Arantxa Mendizábal Gorostiaga.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor Montoro, vengo desahogada y
con la tesis cum laude.
Los criterios de nombramiento son exquisitos. Parece ser que usted no
tuvo un secretario de Estado que está imputado en un escándalo
político-financiero. Los informes han sido maravillosos y aquí no hay
nada que decir, cuando ya se está admitiendo que el informe que ha
enviado la auditoría interna a la Audiencia Nacional especifica algo
más del señor Giménez-Reyna. La verdad es que en esta situación es
difícil preguntar, pero le pregunto: ¿Puede asegurar el señor
ministro de Hacienda que la Administración tributaria ha adoptado las
medidas adecuadas contra el fraude fiscal en el entorno de
Gescartera?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Esa pregunta la respondí en la Comisión de investigación. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): No sólo la respondí
yo sino que también la respondieron el actual director general de la
Agencia Tributaria y el ex director general de la Agencia Tributaria.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor Montoro, contestó poniendo por
escudo a los 30.000 funcionarios. Como usted pone los 30.000
funcionarios por escudo, le aclaro que nosotros no dudamos de la
profesionalidad de los 30.000 funcionarios, aunque parece que usted
sí que duda de su profesionalidad, porque 6.000 firmas de
funcionarios están demostrando que no están de acuerdo con lo que
usted hace en la regulación de los cuerpos. Responda, señor Montoro,
de su gestión; responda de sus declaraciones de que ha habido
blanqueo de dinero negro en Gescartera, responda, búsquelo; y
responda de las irregularidades que hay en la Agencia. Responda de
todo ello y de por qué un expediente de defraudación en torno a los
250 millones no se ha trasladado a la Fiscalía y se ha liquidado y
notificado en pleno escándalo Gescartera. Responda usted sobre lo que
ha pasado con el acta tributaria de la Mutualidad de la Policía y las
gestiones realizadas por el señor Giménez-Reyna en la oficina técnica
para paralizarla; responda que ha pasado con el informe elaborado por
profesionales de la Agencia en Barcelona
respecto a la empresa Brenston, que luego ha desaparecido
misteriosamente en Madrid. Conteste a las preguntas que no contestó
en la Comisión, porque cualquier discurso lo único que hace es
deteriorar más su credibilidad. Forma usted parte, señor Montoro
-siento decírselo-, de una farsa que empezó sólo con una frase: caiga
quien caiga. Es una frase que lo único que ha significado ha sido:
caiga quien caiga mientras yo me mantenga. Señor Montoro, esto es una
verdadera desvergüenza, una falta de respeto al Parlamento y para
evitarlo le pido que dimita. (Aplausos.-Rumores)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Después de escucharla, señora Mendizábal, lo único que se me ocurre
es que quien está deteriorando al Parlamento es usted. (Protestas.-
Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Es usted, haciendo
exactamente las mismas preguntas o planteando las mismas cuestiones
que han sido abordadas a lo largo de la Comisión de investigación.
(Rumores.) Respete usted a este Parlamento, a sus comisiones de
investigación y a sus conclusiones. Respete usted el trabajo que se
hace por parte de un Gobierno que efectivamente está muy orgulloso
del trabajo profesional de su Agencia Tributaria. (Un señor diputado:
Muy mal.) Por lo demás, señoría, la veda de caza está levantada. Si
S.S. es aficionada a la caza, aunque yo no lo soy, le puedo aconsejar
algunos cotos de caza a los que S.S. puede acudir perfectamente para
que estuviera mejor y más cómoda que en este Parlamento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro. (Protestas.)
- DEL DIPUTADO DON GERMÀ BEL I QUERALT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿ESTÁ
GARANTIZADA LA AUTONOMÍA Y LA INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA?
(Número de expediente 180/000959.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19 que formula el diputado don
Germà Bel i Queralt.
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señor Montoro, yo también
vengo desahogado, cum laude por
unanimidad y con mi plaza ganada a la primera. (Risas.) La semana
pasada, después del cierre de los trabajos de la Comisión sobre
Gescartera, esta Cámara aprobó dos medidas que ha propuesto usted,
que reducen la autonomía financiera de la Agencia Tributaria y su
autonomía operativa. Su discurso con la Agencia es como ese refrán de
su tierra: Te quiero mucho, perrito, pero pan poquito. ¿Está
garantizada la autonomía y la independencia de la Agencia Tributaria?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señoría.
La respuesta es que sí. La autonomía e independencia de la Agencia
Tributaria está garantizada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado y por la disposición adicional
tercera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor Montoro, yo comparto con usted la
necesidad de tomar medidas, pero no comparto las medidas que usted
toma. El caso Gescartera ha puesto de manifiesto de forma paladina el
fracaso en la gestión de los servicios de inspección y control.
¿Quién tiene la responsabilidad de este fracaso? El ex secretario de
Estado de Hacienda, señor Giménez- Reyna, su subordinado, que
prestaba más atención a las gestiones financieras relacionadas con
Gescartera que a sus responsabilidades fiscales. Por esto está
imputado, se lo han dicho. ¿Quién es el responsable político de este
desaguisado? Usted, aunque le pese. Antes usted opinaba una cosa,
ahora opina otra. Sabemos lo que dura su palabra, lo que tarda en
volvérsele en contra.
Ante todo este cúmulo de despropósitos a usted no se le ocurre otra
cosa que ponerle la brida a la Agencia Tributaria, controlarla
directamente. Lo que la Agencia Tributaria necesita en estos momentos
es confianza en su personal para recuperar la credibilidad de los
contribuyentes, pero usted en lugar de crear confianza, pone la
brida, da sujeción, toma el control directo. Señor Montoro, hágase un
favor a usted mismo y hágaselo a la Agencia Tributaria para que pueda
recuperar el rumbo. Asuma la responsabilidad política, que es suya, y
ayude así a la Agencia Tributaria. Quienes han puesto a la Agencia
Tributaria a los pies de los caballos no son los más adecuados para
cabalgar sobre ella. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Hemos pasado de la cacería a la equitación. Estamos cambiando de
deporte, vamos a ver cuando llegamos al golf y aciertan ustedes a
colocar alguna bolita en su agujero. (Rumores.)
Señoría, los resultados son los resultados. El trabajo de la Agencia
Tributaria ha permitido que la recaudación tributaria en España
mejore año tras año sobre lo presupuestado. La Agencia Tributaria
cuenta hoy con un nuevo sistema de atención al contribuyente, con más
recursos humanos y materiales. Ha ganado diversos premios nacionales
e internacionales de reconocido prestigio. El tiempo medio de
devolución del impuesto sobre la renta de las personas físicas se ha
reducido en el año 2000 a 28 días, cuando en el año 1995 era de 90.
Los resultados de control han aumentado un 50 por ciento en los ocho
primeros meses del año 2001 y en ellos la recuperación de deuda es de
261.801 millones de pesetas, es decir, ha subido un 9,7 por ciento en
relación con el año pasado; eso es trabajar realmente por aplicar la
legislación tributaria. Eso es lo que está haciendo la Agencia
Tributaria en nuestro país, protagonizada por la profesionalidad de
30.000 personas que trabajan en la Agencia Tributaria. Lo que usted y
su grupo parlamentario tienen que hacer es respetar el trabajo de los
profesionales de la Agencia Tributaria, porque hoy, afortunadamente,
España cuenta con una de las mejores administraciones tributarias de
todo el mundo. No hagan ustedes crítica política de las
instituciones; yo comprendo que hagan crítica política del Gobierno,
por supuesto, están ustedes en su legítimo derecho. (Rumores.) Ya les
he dicho, desahóguense,señorías, porque en vez de estar trabajando en
lo que de verdad les interesa a los españoles, en la solución de sus
problemas, ustedes siguen en sus pequeñas cacerías o ahora en esta
nueva versión hípica que acaba de inventarnos el señor Queralt.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA:
¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA QUE ESTE PARLAMENTO HA
LLEGADO A CONOCER LAS IRREGULARIDADES HABIDAS EN SU MINISTERIO EN
RELACIÓN CON LAS INSPECCIONES TRIBUTARIAS DEL ENTORNO DE GESCARTERA?
(Número de expediente 180/000963.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23 que formula el diputado don
Julio Villarrubia Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señor Montoro, no
sé si está desahogado, pero esta mañana le voy un poco pálido y
nervioso. (Rumores.) En los últimos días de actividad de la Comisión
de investigación sobre Gescartera aparecieron datos de interés, la
existencia de 138 cuentas opacas del banco de Gescartera, al parecer
con relaciones privilegiadas con el señor Rato, actas tributarias
enviadas a la Audiencia Nacional, documentos ocultados a la Comisión
de investigación, etcétera. En definitiva, se abrían ramificaciones
en esta trama político-financiera del Partido Popular, que ustedes
impidieron que pudieran ser investigadas utilizando su mayoría
absoluta. La Agencia Tributaria no impidió el desarrollo de
Gescartera, sino que paró numerosas inspecciones y no detectó o no
quiso detectar las operaciones de lavado de dinero negro. Por ello le
formulo la pregunta que figura en el orden del día, y es su
obligación -le recuerdo- contestar. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señoría.
En primer lugar, en materia de obligaciones, la obligación de S.S. es
conocer las conclusiones de la Comisión Gescartera (Rumores.); esa es
su obligación y la del conjunto del Grupo Socialista, señorías
(Aplausos.- Protestas.), pero es más fácil levantarse de su asiento,
eso sí, con muy buen color, -porque tiene usted muy buen color y
tiene usted mucho aplomo-, para decir las auténticas atrocidades que
ha dicho usted sobre la Agencia Tributaria (Rumores.-La señora Chacón
Piqueras: ¡Qué nivel!) El ministro de Hacienda está para explicar a
la Cámara y allí donde haga falta el trabajo de esa Agencia
Tributaria, como lo acabo de hacer. (Rumores.) La Comisión de
investigación ya ha resuelto sobre todo lo que usted ha calificado
aquí esta mañana de atrocidad. (Varios diputados del Grupo
Socialista: No, no, no.)
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Montoro, el Grupo Popular ha
cerrado en falso la Comisión, y ustedes lo saben. Después de este
cierre en falso se han seguido recibiendo documentos, quedan muchos
testimonios por escuchar, mucha información por recibir y muchas
irregularidades por aclarar. Sí, numerosos personajes y cargos
públicos del Partido Popular, además de su mano derecha, el
secretario de Estado, señor Giménez-Reyna, están implicados en esta
trama, por mucho que algún desvergonzado bufón
trate de desviar la atención injuriando a la oposición y buscando
algún pariente que relacionar con Gescartera (Risas.-Rumores.-
Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) No los busquen, los tienen en su casa en cantidad y
calidad y ustedes lo saben. (El señor Martínez-Pujalte López: Dilos.)
La Comisión de investigación se cerró en falso, imponiendo el Grupo
Popular su mayoría absoluta. (Rumores.-El señor Hernando Fraile: Es
demasiado.-El señor Martínez-Pujalte López: Si se atreve, que lo
diga.-Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Esta trama financiera es un claro
ejemplo de la perfecta armonía y no de la incompatibilidad del
Partido Popular con la corrupción. Sí, señor Montoro, son demasiados
nombramientos fallidos, demasiadas personas del Partido Popular
implicadas, muy graves las irregularidades y las consecuencias de
esta gran estafa. (Rumores.- Protestas.-El señor Martínez-Pujalte
López: Cobarde.-El señor Albendea Pabón: Mucha cara.) Usted y el
señor Rato deben asumir su responsabilidad. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, hace falta atrevimiento, para hablar como usted ha hablado
esta mañana, celebrándose los juicios que se están celebrando hoy en
España, con las comparecencias que se están produciendo en esos
juicios. (Risas.-Aplausos.-El señor Albendea Pabón: Muy bien.-Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Señorías,
ustedes sigan haciendo esas preguntas, que el Gobierno va a seguir
trabajando por el bienestar de los españoles y la creación de empleo.
(Rumores.) ¿Sabe S.S. cuál ha sido la creación de empleo que nos ha
señalado la encuesta de población activa en el tercer trimestre de
este año? (Una señora diputada: No estás contestando.- Rumores.) Son
262.700 ocupados más, señoría, en un año, de los cuales hay 167.000
empleos creados para mujeres. (Varias señoras diputadas: ¿Qué? ¿Qué?)
Ese es el trabajo del Gobierno del Partido Popular, señorías.
(Rumores.-Protestas.) Ustedes sigan haciendo esa oposición, la
oposición tranquila del señor Zapatero, que les va a llevar a estar
en la oposición en los próximos veinte años. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro. (Rumores.)
Señorías guarden silencio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA
PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RESULTADOS QUE SE DESPRENDEN DE
LA EVALUACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES
Y HOMBRES? (Número de expediente 180/000952.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 12, dirigida al señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, que formula la diputada doña María
José González del Valle.
La señora GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA PEÑA: La preocupación por
avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha
sido y sigue siendo una constante en la sociedad y, por supuesto, en
el Gobierno de la nación. Muchas son las actuaciones realizadas por
el Gobierno y mucho el empeño en que se llevaran a cabo con rigor y
seriedad. Por ello, en el III Plan de igualdad de oportunidades para
los hombre y las mujeres (Rumores.) ...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora González del Valle, por
favor.
Señorías, seguimos en sesión, sigue el debate y es preciso, es
conveniente que se puedan oír las intervenciones de los distintos
diputados y ministros. Agradecería que aquellos diputados que
abandonen el hemiciclo lo hagan en silencio.
Adelante, señora González del Valle.
La señora GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA PEÑA: Por ello, en el III
Plan de igualdad de oportunidades para los hombres y las mujeres,
aprobado en Consejo de Ministros el 7 de marzo de 1997, se asumía el
compromiso de realizar en el primer trimestre de cada año una
evaluación anual de las medidas ejecutadas en el año anterior durante
el periodo de vigencia del mismo. Esta es la razón por la que tenemos
una idea muy ajustada del grado de ejecución del III Plan de igualdad
de oportunidades. Por los datos que puntualmente hemos ido
conociendo, al finalizar el año 2000, la mayor parte de las 192
actuaciones del mismo habían sido desarrolladas a lo largo de la
vigencia del plan. En unos casos se considera que están plenamente
cumplidas, en otros se sabe que en la actualidad están en proceso de
realización, ya que las actividades puestas en marcha se iniciaron
con el propósito de que se prolongasen más allá de su periodo de
vigencia. Otro de los compromisos que se recogían en el III Plan de
igualdad de oportunidades era el de presentar antes del 31 de
diciembre del año 2001 el informe final sobre el grado de
cumplimiento alcanzado, las actuaciones puestas en práctica y las
causas que hubieran motivado el incumplimiento
en su caso de alguna de las actuaciones previstas. Como no
nos cabe duda de que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales cumple
con sus compromisos, hacemos la siguiente pregunta: ¿Señor ministro,
cuáles son los principales resultados que se desprenden de la
evaluación del III Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González del Valle.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la mejor afirmación que puede hacerse es que la ejecución
de las medidas de este plan ha sido prácticamente total, puesto que
se ha alcanzado un grado de cumplimiento del 98 por ciento. De las
192 actuaciones que formaban parte del plan se han puesto en marcha
189 y en siete de sus diez grandes áreas el grado de cumplimiento ha
alcanzado el cien por cien.
Determinados datos y resultados son buena muestra del esfuerzo que se
ha realizado en este sentido. A lo largo del periodo 1997-2000 desde
el Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales se ha suscrito con
diversas entidades e instituciones públicas y privadas un total de
359 convenios de colaboración, por importe de 2.298 millones de
pesetas para el fomento y desarrollo de prácticas y políticas de
igualdad de oportunidades. En esa misma línea, se ha apoyado a
numerosas asociaciones y ONG, subvencionando un total de 859
proyectos, con un importe superior a 6.200 millones de pesetas,
destinando a estudios e investigaciones 647 millones de pesetas para
la realización de 468 proyectos. Finalmente, durante el cuatrienio se
han aprobado importantes normas, planes de acción y programas, entre
los que cabe destacar la Ley de conciliación de la vida familiar y
laboral, cuyo desarrollo reglamentario acaba de aprobar el último
Consejo de Ministros, y el I y II Plan de acción contra la violencia
doméstica y la puesta en marcha de distintos proyectos encaminados a
la inserción laboral de la mujer. Es en este campo en el que los
datos son francamente alentadores. La tasa de ocupación femenina ha
aumentado más de un 21,32 por ciento desde el año 1996 hasta el año
2000, en tanto que el incremento de la tasa masculina fue de apenas
un 10,41. La tasa de actividad femenina se incrementó en 2,68 puntos
absolutos en dicho cuatrienio, pasando de un 37,24 a un 39,92, y
según los datos citados por el ministro de Hacienda en la última EPA
se ha superado el listón histórico del 40 por ciento. A su vez, la
tasa de paro femenino ha descendido en 9,37 puntos, dándose descensos
mayores entre los 16 y los 30 años de edad. España es, pues, el país
de la Unión Europea en el que más se ha reducido el paro femenino en
el periodo citado, aunque espreciso reconocer que tenemos que seguir
haciendo
importantes esfuerzos. En Seguridad Social, los incrementos
interanuales femeninos de afiliación han sido superiores al 5,11 por
ciento en el periodo octubre de 2000 a octubre de 2001, superiores a
los de los varones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI MARTÍ I GALBIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE MEDIO
AMBIENTE: ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DEL RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA TERCERA PISTA DEL AEROPUERTO
DEL PRAT DE LLOBREGAT? (Número de expediente 180/000944.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Medio
Ambiente.
En primer lugar, la número 5 que formula el diputado don Jordi Martí
i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hace pocas fechas, algunos medios de comunicación se
hacían eco de unas declaraciones del secretario de Estado de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, según el cual el inicio
de las obras de la tercera pista del aeropuerto del Prat de Llobregat
llevaban un cierto retraso a consecuencia de la demora en la
aprobación de la declaración de impacto ambiental de esta obra. Señor
ministro, ¿cuáles son las razones de este retraso?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, en primer lugar no existe demora, sino que este es un
proceso complicado que requiere la garantía de que la infraestructura
se realiza teniendo en cuenta todas las alegaciones presentadas y la
garantía de que va a producir el menor impacto ambiental posible. La
declaración se inició a mediados de julio y yo quiero adelantarle,
empezando por el final, que la declaración de impacto ambiental
estará aprobada antes de final de año, con lo cual estamos ya en el
periodo final de la tramitación de esta declaración. En segundo
lugar, quiero destacar que estamos ante proyectos que tienen que
cumplir la normativa medioambiental. Yo comprendo que estos cinco o
seis meses que habremos tardado en hacer esta declaración quizás
puedan parecer mucho desde una perspectiva no medioambiental, pero
sinceramente, señoría, no lo es. Estamos hablando de anteproyectos
que afectan a las ZEPA y en los que hemos tenido que
negociar con todas las instituciones afectadas: Generalitat de
Cataluña, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y vecinos de Gavá.
Hemos tenido que poner el proyecto a exposición pública, recibir las
alegaciones de todos los ciudadanos que han querido hacerlas y
resolverlas con la máxima celeridad y con la mejor buena voluntad
posible para intentar resolver cuanto antes esta declaración.
Quiero insistir -he de pedirle a usted ayuda- en que es necesario que
tengamos esa conciencia medioambiental. Es imprescindible que
garanticemos que nuestras infraestructuras se hacen respetando el
medio ambiente, aunque ello suponga tener que entrar en este proceso
de alegaciones, de participación de toda la sociedad. En cualquier
caso, señoría, antes de final de año vamos a tener resuelta esta
declaración.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, le agradecemos esta información. Es muy importante
que esta declaración de impacto ambiental esté acabada lo antes
posible y celebro que la previsión sea a finales de este año. Estamos
de acuerdo con usted porque, como muy bien conoce, el departamento de
Medio Ambiente de la Generalitat ha emitido unos informes que
coinciden, yo diría que plenamente, con las consideraciones que se
recogen en esta declaración de impacto ambiental. De todas maneras,
señor ministro, yo quiero decirle que es necesario, sobre todo
después de la aprobación de la Ley de modificación del Real Decreto
legislativo de evaluación de impacto ambiental el pasado mes de
abril, que el ministerio paralelamente disponga de más funcionarios
dedicados a la elaboración de declaraciones de impacto ambiental
porque, si no, las obras se retrasan, como ya está sucediendo en
algunos contextos.
Usted conoce perfectamente esa sensación, que no es virtual sino
real, de un cierto agravio comparativo de Barcelona respecto a otras
capitales del Estado. Incluso una institución tan carismática, tan
prestigiosa como el Círculo de Economía ha elevado su voz en esta
dirección recientemente y ha ahondado en esta percepción de agravio.
Yo celebro que esta declaración de impacto ambiental esté aprobada a
finales de año para que inmediatamente después el Ministerio de
Fomento entre en funcionamiento y con la máxima urgencia pueda dar
luz verde al inicio de esta gran obra que es la tercera pista del
aeropuerto del Prat de Llobregat, que no solamente para Barcelona y
su contorno sino para toda Cataluña es básica para no perder
competitividad en relación con otras zonas de la cuenca mediterránea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
- DE LA DIPUTADA DOÑA FRANCISCA POL CABRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ CUÁL ES LA
VALORACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEL ALCANCE
DEL PLAN NACIONAL DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO «2001-2001», APROBADO
POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL PASADO DÍA 5 DE OCTUBRE? (Número de
expediente 180/000947.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 7 que formula la diputada doña
Francisca Pol Cabrer.
La señora POL CABRER: Señor ministro de Medio Ambiente, el Plan
nacional de neumáticos fuera de uso da cumplimiento a las exigencias,
tanto de la legislación española como comunitaria en esta materia,
incluida sobre todo la directiva comunitaria sobre vertidos. De todos
es conocido que en España se producen al año alrededor de 250.000
toneladas por neumáticos fuera de uso. La gran mayoría de esos
neumáticos iban destinados a vertederos incontrolados produciendo un
gran impacto ambiental, al ser estos normalmente voluminosos
e inestables, por lo que han ocasionado más de un incendio con las
consiguientes emisiones a la atmósfera y producción de aceite a
consecuencia de la combustión. Con este nuevo Plan nacional de
neumáticos fuera de uso se podrán aplicar las técnicas de
reutilización y reciclaje. Por ello le pregunto, señor ministro, don
Jaume Matas: ¿Cómo va a llevar a la práctica el Plan 2001-2006 y cuál
es la valoración que piensa el Gobierno conseguir con este plan?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pol.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, el plan que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado
5 de octubre es realmente importante, ya que en nuestro país se
generan efectivamente 250.000 toneladas de neumáticos usados cada
año, cifra de gran magnitud y desgraciadamente hasta hoy se realiza
una deficiente gestión de estos residuos. En el plan se prevén las
más avanzadas opciones de gestión de los distintos componentes de
neumáticos usados, respetando el principio de jerarquía recogido en
la legislación europea y en la Ley de residuos de 1998. Se trata, en
definitiva, una vez más de prevenir la generación del residuo
impulsando el recauchutado, reciclando los materiales que se pueda y
destinando a valorización
energética solamente aquello que no sea susceptible de ser reciclado.
En este esquema se consideran todas las posibilidades de reciclaje,
usos secundarios conocidos en la actualidad para cada uno de los
materiales de que está compuesto un neumático. También se ha tenido
en cuenta la directiva europea de vertido que prohibe la eliminación
de depósito en vertederos de neumáticos usados. Asimismo el plan
contempla los objetivos ecológicos cuantificados de carácter técnico
económico, como el diseño de un sistema de financiación que permita
asegurar la recogida y correcta gestión de esos neumáticos fuera de
uso, basado como siempre en el principio de responsabilidad del
productor. Ya hemos elaborado un borrador de norma que esperamos
hacer público en breve plazo. Este plan permitirá a España situarse
entre los países que mejor gestionan este tipo de residuos en Europa,
acabando con su quema incontrolada o con el abandono que
desgraciadamente hasta hoy se hacía de los mismos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON TEÓFILO DE LUIS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE LA APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE
MINISTROS, EL PASADO 1 DE JUNIO, DEL PLAN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE
LODOS PROCEDENTES DE DEPURADORAS 2001-2006? (Número de expediente
180/000948.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 8 que formula el diputado don
Carlos Revuelta Méndez.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, desde la creación en la pasada legislatura del
ministerio de Medio Ambiente, éste ha mantenido una política de
inversiones, especialmente en infraestructuras relacionadas con la
gestión del medio ambiente. Entre ellas cabe destacar la creación y
puesta en funcionamiento en toda España de numerosas estaciones
depuradoras que vienen funcionando, pero cuya gestión de lodos no
contemplaba el Plan nacional de residuos secos. Se calcula que
aproximadamente 800 millones de toneladas de residuos secos producían
en lodos estas depuradoras. Recientemente, el pasado verano su
ministerio aprobó en Consejo de Ministros un Plan nacional de lodos
2001-2006 con cerca de 480 millones de euros destinados a estos
fines. Sin más dilación le pregunto, señor ministro: ¿Qué valoración
realiza su ministerio sobre este Plan nacional de lodos 2001-2006,
dedicado
a la gestión de los lodos de las depuradoras de aguas?
Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Revuelta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
El Plan nacional para la gestión de lodos procedentes de depuradoras
se aprobó el primero de junio pasado y el plazo de actuación es el
2001-2006. Este plan propone un modelo de recogida y gestión de los
lodos o fangos de depuradoras municipales o de estaciones depuradoras
de aguas residuales, basado en lo que son los principios modernos de
la filosofía ecológica, medioambiental para la gestión de los
residuos, concepción que desarrolla la propia Ley del año 1998. Las
líneas básicas de este plan son las siguientes: establece la
prioridad en la prevención. En cumplimiento del principio de
jerarquía, se contemplan las medidas técnicas y económicas tendentes,
como siempre, a promover prioritariamente su reciclaje, tanto en
forma de compostaje como de aplicaciones agrícolas. Contempla la
incineración de fracciones de lodos sólo en casos excepcionales no
gestionables de manera satisfactoria por otros medios. Cuantifica
objetivos concretos a alcanzar en plazos determinados con objetivos
que yo calificaría de ambiciosos, pero también de realistas. Prevé
medidas e instrumentos técnicos para el logro de esos objetivos.
Define las infraestructuras necesarias, plantas de compostaje,
centros de recogida y almacenaje, etcétera. Aplica el principio de
responsabilidad del productor, de forma que la gestión de los lodos
sea financiada, dentro de ese principio de responsabilidad, por
aquellos que son los generadores de ese residuo y, asimismo, se
incluyen posibles ayudas del propio Ministerio de Medio Ambiente para
ciertas líneas concretas de especial interés ambiental. Por último,
también se incluyen programas de investigación, desarrollo
e innovación, formación de personal especializado y concienciación
ciudadana tendentes a conseguir lo que son los objetivos generales de
este plan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES HA
PREVISTO DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR ADECUADAMENTE EL
DESFASE ECONÓMICO QUE SE HA PRODUCIDO EN LAS OBRAS DE REMODELACIÓN
DEL CENTRO DE TRAUMATOLOGÍA
DEL HOSPITAL «MIGUEL SERVET», UBICADO EN ZARAGOZA, ANTES DE
QUE SE PRODUZCAN DEFINITIVAMENTE LAS TRANSFERENCIAS EN EL ÁMBITODE
LAS COMPETENCIAS DE SANIDAD A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN?
(Número de expediente 180/000942.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Sanidad y Consumo. En primer lugar, la número 3, que formula el
diputado don José Antonio Labordeta Subías.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora ministra, la Comunidad Autónoma de
Aragón y el Gobierno central están en pleno proceso de negociación de
las transferencias en materia de sanidad. Precisamente, una de las
actuaciones más importantes que se da entre estas actuaciones
necesarias para la mejora del servicio de salud aragonés es la
reforma del centro de traumatología, rehabilitación y quemados del
hospital Miguel Servet. Estamos hablando de una actuación relevante,
tanto por la cantidad económica que supone, como por afectar a uno de
los hospitales de referencia en Aragón, sin olvidar también que desde
su construcción en 1971 no se había realizado ninguna obra de esta
envergadura para convertirlo en un hospital moderno del siglo XXI.
Sin embargo, lejos de una actuación decidida por parte de los poderes
públicos, aunque desde aquí reconocemos que no es usted la única
responsable, que también tiene una herencia recibida, estas obras han
ido sufriendo numerosos retrasos y problemas. Además, lo que es más
grave a nuestro juicio, y por eso es objeto de nuestra pregunta, es
que recientemente, tanto los responsables del Gobierno de Aragón,
como los del propio centro hospitalario, han advertido públicamente
su preocupación por las dotaciones presupuestarias destinadas a la
remodelación de traumatología.
Las propias fuentes mencionadas indican textualmente que se observó,
incluso desde el primer día en que se adjudicaron las obras, que el
importe de las mismas, 9.700 millones de pesetas, era escaso y que
los continuos retrasos en la obra provocan también un aumento de
precio. Hablan estos responsables públicos de que la previsión es que
se pueda llegar a doblar el coste inicialmente previsto por el
Gobierno. Queremos destacar, igualmente, un hecho que agrava la
situación y es que, a fecha de hoy, sólo se han licitado 300 millones
de pesetas del total de la obra, todo ello teniendo en cuenta que los
presupuestos del Estado para el 2002 siguen contemplando el mismo
coste económico para el total de esta inversión y, por tanto, no está
previsto el dinero para cubrir este desfase.
Desde Chunta Aragonesista consideramos que es imprescindible que
estas actuaciones, así como el conjunto de las transferencias,
lleguen dotadas económicamentede las condiciones adecuadas para poder
garantizar
una atención sanitaria pública de calidad. Es necesario
garantizar esas dotaciones para cubrir este déficit y que se incluyan
en las inminentes transferencias a Aragón. Pedimos una respuesta
clara y concreta a esta pregunta: ¿Qué actuaciones ha previsto
desarrollar el Gobierno para corregir adecuadamente el desfase
económico que se ha producido en las obras de remodelación del centro
de traumatología del hospital Miguel Servet, ubicado en Zaragoza,
antes de que se produzcan definitivamente las transferencias en el
ámbito de la competencia de sanidad a la Comunidad Autónoma de
Aragón?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señor diputado, es cierto que ha habido que hacer una obra en el plan
director de las obras de reforma del centro de rehabilitación,
traumatología y quemados del hospital Miguel Servet, pero era
imprescindible hacerlas. Son unas obras que vuelan sobre el río
Huerva para facilitar la continuación de la obra y el acceso adecuado
al hospital y a las obras sin tener que interrumpir el tráfico
hospitalario habitual en este eje. La modificación de estas obras,
que ya están ejecutándose, tiene un valor de 360 millones de pesetas.
A 31 de diciembre se van a certificar aproximadamente 700 millones de
pesetas de las obras de reforma del hospital Miguel Servet, que se
elevan a 10.600 millones de pesetas.
La necesidad de hacer esta reforma no ha paralizado las obras, que se
han seguido ejecutando, ni ha retrasado su finalización, puesto que
se ha adecuado el plan de obra a los años que nos habíamos
comprometido, es decir, al 2004, y desde luego no hay ningún peligro
de que no haya financiación para terminarla. En el nuevo modelo de
financiación, en el que está incluida también la financiación
sanitaria, las negociaciones de transferencias que estamos realizando
en estos momentos con el conjunto de las comunidades autónomas, entre
las cuales se encuentra la de Aragón, están en unas condiciones
óptimas para que la comunidad autónoma se haga cargo, en este caso,
señor diputado, como en otros. No es la única obra que tiene el
Ministerio de Sanidad en la Comunidad Autónoma de Aragón, se están
realizando obras en estos momentos en muchos centros de salud. ¿Eso
quiere decir que en el momento en que se produzca la transferencia no
se va a continuar? No, se va a continuar, exactamente igual y en las
mismas condiciones que con el resto de las comunidades autónomas.
Aragón tiene los mismos derechos que el resto de las comunidades,
exactamente los mismos, señor diputado, y en ese sentido las
transferencias contemplan toda
la financiación necesaria para la continuación de las obras en el
caso de las comunidades autónomas pendientes de transferir, como se
hizo con las comunidades autónomas que se han transferido hasta
ahora.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS REVUELTA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN
REALIZA EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DE LA EVOLUCIÓN DEL SIDA
EN ESPAÑA CUANDO SE CUMPLEN 20 AÑOS DE LA EPIDEMIA? (Número de
expediente 180/000949.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 9, que formula el diputado don
Carlos Revuelta.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, se cumplen ahora 20 años desde que en 1981
comenzaron una serie de casos de enfermos que padecían unos signos y
síntomas desconocidos hasta entonces y que poco después comenzamos a
denominar síndrome de inmonudeficiencia adquirida. Desde entonces
acá, en estos 20 años, más de 60 millones de personas en todo el
mundo han contraído esta enfermedad, siendo prácticamente ya la mitad
de ellos personas que han fallecido. En nuestro país, durante muchos
años, se produjo un incremento en la incidencia de esta enfermedad,
hasta que a mediados de los años noventa, en los años 1995-1996,
comenzó a declinar, a invertirse esa tendencia al aumento. No
obstante, son ya más de 60.000 los españoles que han sido
diagnosticados de esta enfermedad, y ello no hace sino inculcarnos
que debemos seguir trabajando en su prevención y en su tratamiento.
El próximo día 1 de diciembre se celebra un año más el día mundial
contra el sida, fecha en la que de alguna manera todos reconocemos y
homenajeamos a todas las personas que de una u otra forma han
padecido esta enfermedad y a todos aquellos grupos y colectivos que
vienen luchando día a día desde hace muchos años en esta ingente y
cruenta batalla para derrotar al virus de inmunodeficiencia humana.
Por todo ello, señora ministra, le formulo la pregunta que figura en
el orden del día, que reza del siguiente tenor: ¿Qué valoración
realiza el Ministerio de Sanidad y Consumo de la evolución del sida
en España cuando se cumplen 20 años del comienzo de esta epidemia?
Muchas gracias, señora ministra. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Revuelta.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señor diputado, España, como el resto de los países de nuestro
entorno, ha realizado un enorme esfuerzo para el control de la
epidemia del sida. Bien es cierto que este éxito ha sido debido a la
conjunción de la actividad de las administraciones públicas, tanto a
nivel nacional como comunidades autónomas, así como de la propia
sociedad, es decir, la intervención de las organizaciones no
gubernamentales en la prevención del sida ha sido uno de los ejes
fundamentales para conseguir este éxito.
Lógicamente, un 70 por ciento en la disminución de muertes producidas
por el sida es debido a los avances científicos, a la aparición de
los antirretrovirales, que han conseguido que ésta sea una enfermedad
crónica y no una epidemia que convierte y condena al enfermo a la
muerte inmediata. Es decir, que en este momento el Sistema Nacional
de Salud invierte en antirretrovirales en los hospitales españoles
45.000 millones de pesetas. Sólo en lo que se refiere a la
prevención, vía convenios con comunidades autónomas y organizaciones
no gubernamentales, el Ministerio de Sanidad destina en el año 2001
-para el año 2002 está previsto un aumento del 10 por ciento- 2.100
millones de pesetas.
El Ministerio de Sanidad acaba de firmar con las comunidades
autónomas y las organizaciones no gubernamentales el plan
multisectorial 2001-2005 de lucha contra el sida. Los grandes
objetivos de este plan son: la prevención de nuevas infecciones,
proporcionar un cuidado de calidad a los pacientes a través del
tratamiento hospitalario y una mayor incidencia en determinados
colectivos que en este momento son más sensibles a la infección. Es
decir, que hay que seguir avanzando en relación con los usuarios de
droga por vía intravenosa (en este momento hay ya 1.000 centros de
intercambio de jeringuillas en todo el territorio nacional y, como
digo, hay que seguir avanzando); hay que iniciar campañas de
prevención en los grupos de inmigrantes que en este momento hay en
España y es fundamental la labor que realizan las organizaciones no
gubernamentales; la prevención en colectivos homosexuales también es
importante, aunque en este momento es el colectivo más controlado, y,
además, el ministerio está estudiando programas concretos de
sensibilización para el colectivo de mujeres...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ- CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SE HAN DESTINADO FONDOS EUROPEOS PARA
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/000950.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10, que formula doña Blanca
Fernández-Capel.
La señora FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Sanidad, la investigación es una de las glorias
que en este momento tenemos en España, aunque en la transferencia de
los conocimientos al mundo de la aplicación técnica y científica
todavía nos queda mucho camino por recorrer. En el ámbito de la
biomedicina, la investigación biomédica es uno de nuestros orgullos.
Concretamente, en el ámbito que gestiona el Ministerio de Sanidad se
están obteniendo unos resultados, haciendo unas publicaciones en
revistas, algunas de gran impacto internacional, que nos ponen en
primera línea. Por eso, señora ministra, como los investigadores
siempre reclamamos más y más fondos, y aun conociendo el enorme
esfuerzo que hace el Gobierno en el mundo de la investigación, quiero
preguntarle si en el Ministerio de Sanidad se han aplicado fondos
europeos para la investigación biomédica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández-Capel.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Efectivamente, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno es
potenciar la investigación, entre otras, la investigación biomédica,
que tiene una aplicación muy concreta en grupos de enfermedades que
hoy en día constituyen una de las causas de mortalidad en nuestro
país. El Ministerio de Sanidad, por las competencias que tiene
atribuidas en investigación a través del Instituto de Salud Carlos
III, solicitó en el año 2000 la posibilidad de acceder a fondos
Feder. Es la primera vez que el Instituto de Salud Carlos III tiene
fondos europeos por un valor que significa un incremento del 25 por
ciento del FIS -Fondo de Investigación Sanitaria-, que distribuye en
todas las comunidades autónomas el Ministerio de Sanidad y Consuno.
El objetivo de este fondo es la cofinanciación de proyectos de
investigación e infraestructuras a través de convocatorias públicas
que desarrolla el FIS -por cierto, en este momento están abiertas-
dentro del Plan nacional de I+D+I. Los destinatarios finales serán
todos los centros del Sistema Nacional de Salud y también
universidades y organismospúblicos de investigación.
Las convocatorias de proyectos de investigación tendrán como
finalidad fomentar la investigación científica
en disciplinas biomédicas a través de la promoción de investigación
de carácter básico, clínico y epidemiológico. Las convocatorias de
infraestructuras de investigación tendrán como finalidad dotar a los
centros del Sistema Nacional de Salud de instalaciones y equipos
instrumentales de uso comunitario o compartido por distintos grupos
de investigación, cuyo destino se dirige a las unidades de apoyo o
soporte de investigación de otras estructuras organizativas. En
definitiva, señoría, lo que pretendemos desde el Ministerio de
Sanidad es que la investigación biomédica en nuestro país se dote de
fondos adecuados, que trabajemos en red, es decir, que se desarrolle
una investigación con una cohesión social en todo el Sistema Nacional
de Salud que favorezca a todos los grupos de investigadores, estén
donde estén en el territorio nacional.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO LA CONVENIENCIA DE MODIFICAR Y DESARROLLAR LA LEY DE
PROTECCIÓN DE TESTIGOS? (Número de expediente 180/000943.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Justicia. En primer lugar, la número 4, que formula la diputada doña
Margarita Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, mi formación política impulsó la ley de protección de
testigos para amparar a quienes colaboren a esclarecer hechos
delictivos cometidos por elementos terroristas o por tramas
organizadas. Como no es frecuente que una iniciativa de un grupo
pequeño llegue hasta el Boletín Oficial del Estado, me gusta ejercer
una cierta tutela sobre esta norma para saber si va bien para lo que
efectivamente se previó, y por eso le pregunto al señor ministro si
desde el Gobierno se ha barajado la conveniencia de efectuar los
desarrollos normativos que la propia ley prevé o se ha pensado en
hacer alguna modificación sobre ella.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, nuestro ordenamiento jurídico, como efectivamente usted
decía, tiene las previsiones necesarias para proteger y preservar la
identidad y las circunstancias
personales de los testigos y peritos, cuando esto sea necesario
para su seguridad. Además, en este momento lo que debemos transmitir
desde el Parlamento es precisamente seguridad a quienes colaboran, ya
han colaborado o puedan colaborar en el futuro en la detención de los
terroristas y su puesta a disposición de la justicia para ser
juzgados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en esta tarea de tutela, en la legislatura pasada
pregunté en numerosas ocasiones tanto a la ministra de Justicia como
al ministro del Interior sobre casos en los que se estaba pidiendo
esta protección y casos en los que falló -de todos es conocido,
porque salió en todos los medios de comunicación, un famoso testigo
del caso GAL-, y creo que el tiempo transcurrido y el balance de las
ocasiones en las que se ha utilizado permitirían pensar que sí son
necesarios los desarrollos normativos que la ley prevé, repito, para
que todo el mundo supiese exactamente qué tiene derecho a esperar
como tutela del Gobierno en cuanto a ayudas económicas, posibles
cambios de identidad o cualesquiera otras. También cabría pensar -el
último suceso lo acredita así- en reforzar la prohibición de obtener
imágenes que ahora tiene la ley quizá con alguna sanción o hasta
pena, ampliando la prohibición que existe respecto de aquellas
conductas que, aun con pretensiones meramente informativas,
intentasen averiguar o dar a los medios de comunicación la posible
identidad del testigo protegido.
Es también posible, señor ministro -lo he mirado en jurisprudencia
constitucional-, reforzar la garantía de anonimato en la fase
intermedia. Sólo debería darse el nombre y los apellidos si se
justifica que existe una relación personal entre el testigo y el
acusado o un posible móvil turbio. Igualmente, no estaría mal pensar
en alguna posibilidad de embargo de la información o bloqueo
informativo durante las primeras horas en las que se produzca una
actuación respecto de la cual haya un testigo protegido. Nos parece
que así se fortalecería la colaboración y la propia investigación,
dando pronto sus frutos, mucho más que con otras medidas que tienen
algo de excepcional, como las detenciones de las que se habla sin
tope temporal, escuchas sin juez o quizá imputaciones globales.
Nuestro grupo desea, y por eso insta a ello al Gobierno, a que se
camine...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (AcebesPaniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, reitero que yo creo que en este momento -y seguro que su
pregunta no se refiere a ningún caso concreto- es muy importante que
transmitamos que nuestro ordenamiento jurídico permite la protección
y la reserva en cuanto a la identidad y los datos de los testigos que
pudiesen encontrarse en cualquier situación de riesgo.
Como usted sabe, tanto la doctrina como las resoluciones judiciales
han permitido que esta seguridad sea efectiva en cuanto a la reserva,
con distintas medidas que usted conocía, y que, además, se han
aplicado, como que no conste en ningún tipo de diligencias el nombre,
apellidos, domicilio y que se le adjudique un número o cualquier otra
clave para todo el proceso judicial, que comparezca en cualquier
diligencia utilizando procedimientos que imposibiliten su
identificación visual normal o que se fije como domicilio a efectos
de notificaciones y citaciones el propio juzgado. La ley también
habilita al Gobierno para la adopción de otras medidas adicionales e
incluso, como usted sabe, el Ministerio de Justicia cuenta con un
presupuesto para adoptarlas de tal forma que garanticen la total
reserva de las personas que tengan que intervenir como testigos o
peritos en un juicio. Además, si podemos adoptar cualquier otra
medida que refuerce esta situación tan importante de quienes
colaboran en la justicia para detener y encarcelar a los terroristas,
el Gobierno desde luego siempre está trabajando sobre las mismas,
y esto se debe hacer pero sin transmitir ninguna inseguridad a los
testigos que en estos momentos colaboran con la justicia porque
tenemos las medidas necesarias para proteger su identidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON AURELIO ROMERO GIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN
PUEDE HACERSE DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL EL DÍA 8 DE ENERO DE 2001? (Número de expediente 180/000954.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula el diputado don
Aurelio Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, desde el año 1996 el Gobierno del Partido Popular
viene impulsando y llevando a cabo, aunque a algunos les pese,
reformas legislativas muy importantes y necesarias. Una de estas
reformas se refiere a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue
aprobada en la anterior legislatura y vino a sustituir a la que
estaba en vigor, datada en el año 1881. Esta nueva ley ha supuesto un
cambio radical en todo el procedimiento, basándose
en principios que antes no estaban en vigor, como los de oralidad,
publicidad e inmediación en el procedimiento. La nueva ley entró en
vigor el día 8 de enero próximo pasado después de un año de vacatio
legis. Había preocupación entre los profesionales por los efectos de
la aplicación de esta nueva ley. Han pasado 10 meses y entendemos que
es el momento oportuno para hacer balance de la misma. Por ello,
señor ministro, le pregunto: ¿Qué valoración hace de la aplicación de
la Ley de Enjuiciamiento Civil que entró en vigor el 8 de enero de
2001?
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta,
señoría, efectivamente, aunque como ha recordado sólo han
transcurrido poco más de 10 meses desde la entrada en vigor de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, la valoración que tenemos que hacer sobre la
misma es francamente positiva. No sólo se están cumpliendo
rigurosamente los principios de inmediación, concentración y
oralidad, sino que el número de asuntos nuevos resueltos demuestra un
clarísimo efecto positivo de la nueva ley. Esta no es sólo la opinión
del Gobierno, sino que es también compartida por el Consejo General
del Poder Judicial, que ha elaborado un primer informe y según sus
datos a 30 de junio se habían resuelto el 27 por ciento de los
asuntos nuevos, destacando que la cuarta parte de los juicios
verbales ya ha concluido. El porcentaje asciende -esta es una cifra
muy importante- al 53 por ciento en los Juzgados de Familia como
consecuencia de la rápida tramitación de las separaciones y divorcios
de mutuo acuerdo. La utilización del proceso monitorio es elevada
y su resolución rápida, habiendo concluido un 25 por ciento de los
asuntos presentados. El propio Consejo llega a la conclusión de que
se alcanza la ratio prevista de salas de vista por juzgados,
disponiendo de los correspondientes medios de grabación por vídeo o
CD y el sistema informático se halla completamente implantado.
El esfuerzo del Ministerio de Justicia ha sido muy importante,
invirtiendo en su entrada en vigor cerca de 4.000 millones de pesetas
para dotar de los medios personales y materiales. También contribuye
a que en el año 2000 se crearon 74 nuevos órganos y plazas judiciales
con un coste anual de 1.350 millones de pesetas y se realizó un plan
general de formación y un plan urgente de formación y reciclaje con
un coste superior a 100 millones de pesetas. En el año 2001 hemos
creado 15 plazas de magistrados en audiencias provinciales, 13 en
juzgados de primera instancia y 25 en juzgados de primera instancia
e instrucción, y en el año 2002 seguiremos en esta misma línea,
adoptando las medidas necesarias
para que la agilización de la justicia sea una realidad en España.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN
CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ RAZONES TIENE EL GOBIERNO PARA NO QUERER
MODIFICAR EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS ESCUELAS PARTICULARES DE
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE MOTOR (REAL DECRETO 1753/1984, DE 30 DE
AGOSTO) A LA VISTA DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO
ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y SEGURIDAD VIAL (REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO)?
(Número de expediente 180/000940.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al vicepresidente primero
del Gobierno y ministro del Interior. En primer lugar, la número 1,
que formula el diputado don Luis Mardones Sevilla.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi pregunta, en el momento procesal en que se realiza, pretende saber
qué razones hay para no querer modificar el reglamento regulador de
las escuelas particulares de conductores de vehículos de motor,
contemplado en el Real Decreto 1753/1984, dado que se estaba
tramitando en ese momento en el Congreso de los Diputados la
modificación del proyecto de ley de reforma del texto articulado de
la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Mardones, no hay ninguna razón por la cual el Gobierno no
quiera modificar el reglamento regulador de las escuelas particulares
de conductores de vehículos de motor. De hecho, el Senado aprobó la
semana pasada, en el trámite de Comisión, la enmienda número 33 de su
grupo, Coalición Canaria, por la que se pedía la modificación en el
plazo de seis meses de ese reglamento de escuelas de conductores. Por
tanto, creo que es un asunto
resuelto. Está incorporado en la disposición final segunda del
proyecto de ley que pronto aprobará esta Cámara y, además, quiero
señalar que el Gobierno ya había intentado su modificación en otra
ocasión, concretamente al aprobar el reglamento de conductores, pero
el Consejo de Estado le negó habilitación para aprobar ese
reglamento. En cualquier caso, nosotros ya estamos trabajando en ese
nuevo reglamento, que se aprobará dentro del plazo que recoge la
enmienda de su grupo y que ha sido aprobada por los senadores, por
tanto, en seis meses.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias, señor vicepresidente y ministro del Interior. Me
basta con la explicación que me ha dado y con la noticia que ya me
había trasladado el grupo parlamentario en el Senado de que se había
aprobado la propuesta de nuestro grupo. La razón que en su día me
movió, por encargo de mi grupo, a formular esta pregunta era que en
el trámite del Congreso de Diputados no habíamos recibido una
explicación clara de por qué no se había aceptado nuestra enmienda,
que iba en una línea constructiva con el propio proyecto. La
colaboración de mi grupo, como sabe, la tiene garantizada el señor
vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, y en esa línea
nos preocupaba qué ocurría con las escuelas privadas de conductores
para que no se incorporaran en un reglamento dentro del proyecto.
Nos damos plenamente por satisfechos, señor vicepresidente, de haber
colaborado conjuntamente en resolver un problema.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
- DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿PIENSA
RESPONDER EL GOBIERNO A LAS MOVILIZACIONES DE LA UNIVERSIDAD CON
MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO Y DESCALIFICACIÓN O SE LO TOMARÁ COMO UN
RETO PARA EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN? (Número de expediente 180/
000941.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 2, queformula el diputado don
Luis Felipe Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
Señor Rajoy, ¿cómo piensa responder el Gobierno a las movilizaciones
estudiantiles: desde la descalificación o represión, o desde el
posible diálogo y negociación?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Señor Alcaraz, yo creo que las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad no van contra los estudiantes porque protesten contra la
Ley de Reforma Universitaria. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
limitan a prevenir comportamientos ilegales, ya sean delitos o
faltas, y sólo intervienen cuando hay que hacerlo, es decir, cuando
se pone en peligro la libertad, la seguridad y los derechos tanto de
los manifestantes (que tienen derecho a hacerlo) como de los demás
ciudadanos.
Creo que de la Ley de Reforma Universitaria el Gobierno ha hablado
mucho. Creo que se han introducido -este es un dato importante-
cambios no menores. Hay más apoyos que cuando se aprobó la última ley
de reforma universitaria en esta misma Cámara (no me refiero a
diputados , sino incluso a grupos parlamentarios) y además hay mucha
gente a favor. Es verdad que hay otra gente en contra pero, como
usted muy bien sabe, estas cosas son inevitables y probablemente sean
buenas en el mundo en que vivimos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rajoy, sinceramente creo que ustedes
no han asumido bien la mayoría absoluta. Este tema no sólo les
desplaza del centro sino que los catapulta a la derecha más pura.
Además, está emergiendo un cierto estilo despótico: no hay diálogo
porque ustedes tienen mayoría absoluta e incluso tienen la tentación
de ganar al contrario por humillación. Ustedes defienden la LOU sin
ninguna posibilidad de diálogo: en esta Cámara se han dedicado 800
minutos para debatir 800 enmiendas. Además, defienden la ley
universitaria desde la descalificación y con un cierto repelús
antiuniversitario, incluso con represión. Las declaraciones del señor
Fraga en Galicia son impresentablemente franquistas y represivas.
Nosotros pensamos que también actúan, señor Rajoy, desde la
deslealtad constitucional. (Rumores.) Teniendo en cuenta que quieren
luchar contra la endogámica, arrasan con la autonomía universitaria;
es decir, con el agua sucia tiran también al niño. Ustedes tienen
mayoría absoluta, ustedes tienen una gran fuerza parlamentaria, pero
han conseguido unir detrás de la misma pancarta a profesores y a
estudiantes. Ustedes son casi
divinos, señor Rajoy, en este momento; son absolutos, casi únicos,
pero la sociedad se está moviendo a fondo, muy masivamente y siempre
que se mueve la universidad, profesores y alumnos, corre un aire en
este país de empezar a unirse para defender las libertades, señor
Rajoy. Yo creo que de esto ha hablado muy poco en su respuesta. Deben
elegir entre la descalificación y el diálogo, deben elegir entre la
represión y la negociación -todavía hay tiempo-, deben elegir entre
la imposición y el acuerdo. Y, por favor, no sigan gobernando como si
fuesen a estar 107 años, que eso no es verdad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Señora presidenta, señor Alcaraz, a mí me parece muy
bien su discurso, pero yo tengo que decir que no lo puedo compartir.
El Consejo de Universidades ha discutido durante muchas horas la ley
de universidades, ha habido más de 200 reuniones en el ministerio, se
han recibido y estudiado más de 600 escritos, se han introducido
cambios muy importantes -no se los voy a leer- desde el borrador
inicial; probablemente de entre los más significativos está la
modalidad del contrato laboral, reivindicación largamente solicitada
por los estudiantes. Hay mucha gente que apoya esta ley, entre otros
el sindicato prácticamente mayoritario entre el profesorado, CSIF, la
federación de catedráticos de universidad, y numerosos profesores y
asociaciones y alumnos lo han respaldado explícitamente. Además, como
ya le he dicho antes, han apoyado esta ley más grupos parlamentarios
que los que apoyaron la anterior Ley del año 1983. A partir de ahí,
hay gente que está de acuerdo y gente que no lo está, pero el
Gobierno ni ha humillado ni ha hecho todas esas cosas a las que usted
ha hecho referencia. Pero en democracia las cosas al final se tienen
que sacar por mayoría, porque para eso están las elecciones.
En cuanto a las manifestaciones, yo creo que es un poco exagerado
decir que nosotros respondemos a las críticas de la ley de reforma
universitaria con represión. No ha sido así. Hubo dos momentos
importantes: uno, el día 7 de noviembre, con más de 38
manifestaciones en toda España y en ninguna se registraron incidentes
dignos de mención y por eso no se realizó ninguna intervención
policial; y otro el día 14 de noviembre, en que hubo un total de 62
manifestaciones en toda España, salieron a la calle más de 100.000
personas y de esas 62 manifestaciones sólo en cuatro tuvieron que
intervenir las Fuerzas de Seguridad...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO
ANTE LA PROPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE DEVOLUCIÓN DE 21.000
MILLONES DE PESETAS POR LAS AYUDAS CONCEDIDAS AL LINO
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1996-99. (Número de expediente 172/
000128.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día, interpelaciones
urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista
sobre posición del Gobierno ante la propuesta de la Unión Europea de
devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas concedidas al
lino correspondientes al periodo 1996-99. Para la presentación
y defensa de la misma... (El señor Cuevas Delgado pide la palabra.)
Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Parece que no se encuentra en el hemiciclo
el señor Cuadrado.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuevas, o toma la palabra un diputado del
Grupo Socialista o la iniciativa decae. Tiene dos opciones, o toma la
palabra -insisto- un diputado de su grupo o la iniciativa decae.
(Pausa.) Señor Cuevas, insisto en que ocupa la tribuna un diputado
del Grupo Parlamentario Socialista o desde la presidencia me veré
obligada a dar por decaída la iniciativa. (Rumores.-Pausa.)
Adelante, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo presenta una interpelación urgente al Gobierno en materia de
política general sobre su posición ante la propuesta de la Unión
Europea de devolución de 21.000 millones de pesetas por las ayudas
concedidas al lino correspondientes al periodo 1996-1999. En fechas
recientes las autoridades de la Unión Europea han comunicado al
Gobierno español la propuesta de devolución de las mencionadas
ayudas, 21.000 millones de pesetas en total. En julio de 1999 se
desarrollaron los trabajos de una comisión de investigación con el
fin de estudiar un posible fraude relacionado con la producción del
lino.
Señora presidenta, ¿sería posible cambiar de portavoz?
La señora PRESIDENTA: Sí, señor Cuevas, pueden cambiar de portavoz.
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señora presidenta, por
haber permitido con rapidez el intercambio.
Efectivamente, esta interpelación tiene que ver con un asunto de gran
trascendencia, desgraciadamente más de la que hubiera merecido, ya
que en el verano
del año 1999 se reunió una comisión de investigación -usted la
recordará, señor ministro- cuyo desarrollo fue parecido a otros
acontecimientos similares posteriores; una comisión de investigación
que, con el voto de la mayoría que sustentaba al Gobierno en aquel
momento, llegó a la importante conclusión de que no había habido
fraude ninguno, así como tampoco incompatibilidades de altos cargos
en relación con el cultivo y la transformación del lino ni
responsabilidad política que tuviera que ser asumida. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Esto ocurría en
el verano de 1999 y nos debe sonar a algo que se ha ido repitiendo,
porque el cartero siempre llama dos veces y algunas veces más, y
sobre todo cuando se remite una responsabilidad política y no se
encuentra al destinatario el cartero vuelve a llamar una y otra vez.
(Un señor diputado: Ha llamado tres.) Y lo que son las cosas, después
de esto ha habido una intervención de la Comisión Europea con un
informe contundente de la OLAF, la oficina antifraude de la Unión
Europea, que dice justamente lo contrario de lo que decían aquellas
conclusiones del grupo mayoritario, del Grupo Parlamentario Popular.
Dice que ha habido un fraude generalizado, exactamente lo mismo que
manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, y que ha habido
responsabilidades que no se han asumido. Hasta tal punto ha habido un
fraude generalizado en relación con el cultivo y la transformación
del lino que el comité técnico ha hecho una propuesta exigiendo una
corrección financiera al Estado español por el cien por cien -caso
único en el ámbito de la Unión Europea- de las subvenciones
transferidas en su momento, esto es, por 21.000 millones de pesetas.
Efectivamente, señor Cisneros, el cartero llama más de una vez
(Rumores.), y llama directamente a la puerta del Partido Popular,
porque todo lo que ustedes decían en el verano del año 1999 ha sido
rectificado radicalmente, en un giro de 180 grados, por los órganos
europeos. Es decir, donde el Gobierno no actuó ni asumió
responsabilidades políticas, las han tenido que asumir los órganos de
control de la Comisión Europea. ¿Por qué ha ocurrido esto? Ustedes
suelen decir que con la denuncia del fraude del lino, que hoy nadie
puede negar, se atacaba a 4.000 familias. No. Con esa denuncia, con
este informe y con este dictamen se ataca a cuatro golfos que se
habían instalado en una trama -la trama del lino- a través de las
transformadoras para hacerse ricos. Como nadie lo puede negar a la
vista de los documentos y de los informes que tenemos, por eso digo
que nos sale muy caro que ustedes no asumieran las responsabilidades
políticas en su momento.
Después de todo esto, ustedes han dicho que no hay cazaprimas en
España, ¡qué tontería es esa!, esa palabra no está en el diccionario;
todas esas cosas las han dicho ustedes en la Comisión. El día 9 de
enero, quien estaba al frente del control, quien tenía toda la
responsabilidad, quien tenía a su número dos y a otros altos
cargos del ministerio implicados va al juzgado a presentar una
denuncia con el texto literal de los argumentos de la Fiscalía
Anticorrupción, y lo hace al día siguiente de decir ustedes -el señor
Del Burgo- que esa tontería de la Fiscalía Anticorrupción era un
papelito y que el fiscal Anticorrupción no se ganaba el sueldo que le
pagábamos los españoles. La señora Loyola de Palacio presenta una
denuncia con ese papelito para dar un giro de 180 grados a lo que
había sido su actuación hasta ese momento. Todo esto es lo que ocurre
porque ustedes, cuando gobiernan, parece que en su libro de conducta
no tienen el asumir responsabilidades políticas. Además lo sabían.
Una trama tan espectacular como ésta, con el número dos del
ministerio cobrando 177 millones por cultivo, con una transformadora
-cito la OLAF, la oficina antifraude de la Unión Europea- que declara
el doble de lo que físicamente puede transformar, con un delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha que monta una transformadora que
declara que puede transformar 15 millones de toneladas y físicamente
se demuestra que sólo puede transformar poco más de dos millones de
toneladas de lino. ¿Con una trama como ésta no se habían enterado
ustedes ni el Gobierno presidido por el señor Aznar? ¿No se había
enterado la señora Loyola de Palacio? Difícilmente podía decir que no
se enteraba porque fue advertida en una carta al CEGA de 1999
-incluso antes- en la que se le dice: Vigile usted la existencia de
cazaprimas en España -emplea la palabra que dicen ustedes que no
existe ni en el diccionario- porque se está produciendo un
espectacular aumento de las hectáreas de cultivo que no se justifican
por la venta de la varilla transformada. Lo sabían. Ustedes suelen
emplear el argumento de que es competencia de las comunidades
autónomas. Quienes formaban parte de esta trama con la que se hacían
ricos eran los responsables de trasladar la normativa europea a
España, de sacar cada año dos órdenes ministeriales que regulaban el
cultivo y el cobro de ayudas y tenían una comisión técnica encargada
del control y la coordinación de las ayudas, de los cultivos y de las
superficies. Uno de los mayores beneficiarios del fraude del lino
firmaba las normas a las que tenían que acogerse los cultivadores y
las transformadoras. Efectivamente, nos está costando muy cara la
falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno del
Partido Popular.
La trama se monta en el propio Ministerio de Agricultura, que es
exculpado por una comisión con mayoría del Partido Popular, que dice
que aquí no ha pasado nada y que no hay responsabilidades que asumir.
Ahora sucede que el voto particular que formularon en su momento el
Grupo Socialista y otros grupos de la oposición se corresponde
exactamente con lo que dice el Tribunal de Cuentas Europeo, la
Comisión Europea, la oficina antifraude de la Comisión Europea y la
Fiscalía Anticorrupción; todos dicen lo que decía el voto particular
y es que se había montado una trama para un fraude
espectacular basado en unas transformadoras cuyos protagonistas
eran altos cargos del Ministerio de Agricultura. Tenemos que asistir
con vergüenza a lo que dicen de esas transformadoras: tienen unos
costes de producción que son cien veces superiores a lo que se
obtiene por la venta del producto y tienen unos beneficios que son
cien veces superiores a los costes de producción que se desarrollan
en esa actividad. Por ejemplo una empresa, Procotex, que
aparentemente en la trama aparece como la que compra el lino
transformado, declara en la inspección de la OLAF que solamente ha
pagado el 2 por ciento de lo que dicen esas transformadoras que han
vendido a Procotex. ¿Dónde ocurre toda esta trama espectacular? En el
interior del Ministerio de Agricultura, con circulares como, por
ejemplo, las números 25 y 26 del año 1998 que regulan este cultivo
y las ayudas, firmadas por uno de los principales beneficiarios del
fraude. Ustedes decían en la comisión de investigación que se ha
dicho, se ha dicho, se ha dicho. Ahora ya no se ha dicho (El señor
Madero Jarabo: Se ha votado en el Pleno.) Sí, se voto aquí, pero
ahora el Tribunal de Cuentas Europeo, la OLAF, la Comisión Europea,
la Fiscalía Anticorrupción dicen que lo que ustedes dijeron no tiene
nada que ver con la realidad. No sé si va a intervenir y me va a
contestar el ministro de Justicia porque considera que este es un
asunto penal, no de responsabilidad política (El señor Isasi Gómez:
De Bono.); no sé si contestará otro ministro cuya gestión tenga que
ver directamente con esta actividad porque considera que esto ya está
en otro ámbito. Señorías, ¿qué tiene que pasar para que ustedes
asuman alguna vez una responsabilidad política? ¿Algo más que el
número dos del Ministerio de Agricultura, como se demuestra en el
propio informe de la OLAF, participe en una monumental trama y en un
espectacular fraude que desprestigia a los cultivadores españoles?
(El señor Isasi Gómez: ¡Demuéstralo!) Porque ustedes han confundido a
los cultivadores -4.000 familias- y los han puesto delante del
burladero para salvar...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): No. Gracias, señor Cuadrado,
son doce minutos exactamente.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señor
presidente.
Señoría, voy a tratar de responder al cúmulo de descalificaciones,
inexactitudes, falsedades y, desde luego, falta de rigor que ha
presidido toda una interpelación que ha comenzado ni más ni menos que
por poner en duda el juego de las mayorías y minorías como formade
resolver las discrepancias en democracia en las comisiones
de investigación y con el desconocimiento absoluto del
Reglamento, porque usted ha interpelado al Gobierno y le responde un
miembro del Gobierno, que es además lo que establece el Reglamento,
con lo cual un repasito al juego democrático de mayorías y minorías
y al Reglamento le vendría bastante bien a S.S. (Aplausos.)
Debo comenzar realizando ciertas precisiones de gran relevancia sobre
su interpelación con el fin de no ahondar en confusiones que ya se
han difundido sobre este asunto de forma más que menos interesada a
la opinión pública. Todo esto dicho también desde la perspectiva de
que el interpelante, en ese rigor y en esa seriedad en la
interpelación, no ha hecho ni una sola referencia al motivo de la
interpelación -a la que yo me voy a atener porque es lo que también
establece el Reglamento- y ha soltado aquí una soflama, supongo que
reiterativa, por lo que ya conozco de actitudes anteriores. (Una
señora diputada: ¡Faltón!) En la actualidad nos encontramos, para
conocimiento de SS.SS. o por lo menos del interpelante, en la primera
fase de un procedimiento complejo que tiene por objeto dilucidar si
procede alguna corrección financiera a España por parte de la Unión
Europea por las ayudas concedidas al cultivo del lino en pasadas
campañas. En concreto existe una propuesta de corrección financiera,
transmitida por la Comisión Europea, basada en un informe de un
órgano de la propia Comisión, la OLAF. Dicha propuesta -debe quedar
claro desde el primer momento- no es definitiva, sino que es el
primer paso dentro de un largo proceso que puede variar
considerablemente tanto el fondo de la cuestión como la cuantía de la
corrección. El propio comisario de Agricultura de la Unión Europea
señaló a los medios de comunicación el carácter provisional de la
propuesta, por lo que hacer en este momento elucubraciones respecto a
la posible penalización sería cuando menos adelantarse a los
acontecimientos. En ningún momento debemos perder de vista que el
procedimiento al que se hace alusión como una decisión firme
-afirmación cargada por tanto de falta de rigor- se compone,
señorías, nada menos que de las siguientes fases. en primer lugar,
remisión de la postura de la Comisión -fase en la que nos encontramos
en este momento-, que fue recibida el 13 de noviembre pasado; en
segundo lugar, tiene que haber una contestación, en el plazo de seis
semanas, con la postura del Estado miembro frente a la propuesta de
la Comisión -procedimiento, debate y contraposición de posturas que
existe en todo procedimiento sancionador, señoría-; a continuación se
celebrará una reunión bilateral Comisión-Estado miembro en la que
habrá la oportunidad de llegar a un acuerdo o de acercar posturas;
cuarta fase: en caso contrario se elevarán las posturas al órgano de
conciliación -existe una institución arbitral- cuya opinión además no
es vinculante; en quinto lugar, se adoptará la decisión definitiva
por el Colegio de Comisarios; y en última instancia
incluso cabe recurso ante el Tribunal de Justicia de las comunidades
europeas. Por tanto, dada la complejidad del procedimiento en el que
nos encontramos, resulta cuando menos precipitado valorar los
posibles resultados o dar ese salto que ha realizado el interpelante
colocándonos en la última fase de un procedimiento que no está sino
empezando.
Ante todo, quiero poner de manifiesto que el Gobierno va a defender
los intereses de España y de sus agricultores hasta sus últimas
consecuencias. Esto incluye el ámbito del Consejo de Ministros de
Agricultura de la Unión Europea y los distintos trámites que acabo de
exponer, aún pendientes ante la Comisión e incluso, en su caso y si
ello fuese necesario, ante el Tribunal de Justicia de las comunidades
europeas. Efectivamente, España tiene que manifestar ahora su postura
frente a la Comisión, a pesar de que, como bien saben SS.SS. -ya que
el tema del lino no es nuevo, aunque pueda parecer lo contrario, y ya
se ha debatido ampliamente en esta Cámara-, la Administración general
del Estado ostenta exclusivamente las competencias de coordinación de
las comunidades autónomas en materia de ayudas directas desde la
sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de mayo de 1992 y, más
concretamente, desde la creación por parte de las comunidades
autónomas, a partir de 1995, de sus propios organismos pagadores. Son
ellas las que de manera exclusiva -insistimos una vez más porque
parece que cuesta trabajo entender esto- gestionan, controlan y pagan
las ayudas directas, entre las que se encuentran las destinadas al
cultivo del lino textil. (Un señor diputado: ¡Ahí le duele!) Esto
supone que la Administración autonómica es la única con competencias
para desarrollar los controles sobre esa ayuda, al nivel que
considere más eficaz para garantizar los intereses financieros de la
Unión Europea. Por ello, en el caso de que haya existido un pago
indebido, las administraciones autonómicas son las únicas competentes
para recuperar los importes que, de acuerdo con los expedientes de
control que tenían que haber llevado, se consideren indebidamente
pagados. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) El papel que desempeña la
Administración general del Estado, a través del Fondo de Garantía
Agraria, en relación con la posible corrección financiera, es actuar
como interlocutor ante la Comisión, de acuerdo con lo que establece
el reglamento del Consejo. Esta situación es reconocida además de por
nuestro Tribunal Constitucional, que no sé si es bastante para el
interpelante, por el informe de la OLAF, que deja meridianamente
clara la responsabilidad. Se ha invocado aquí muchas veces el
reglamento y la resolución de la OLAF. Evidentemente no se ha dicho
lo que dice textualmente porque no podía decirlo, pero es exactamente
lo contrario de lo que el interpelante ha manifestado en la tribuna.
También lo dicen así las comunidades autónomas y el fiscal
Anticorrupción, y leo textualmente: Según el sistema de distribución
de competencias entre el Estado español
y las comunidades autónomas, éstas son las competentes para la
concesión de estas subvenciones y el control tanto de los primeros
transformadores como de los productores. Ha vuelto a invocar al
Tribunal de Cuentas y cuando lo he oído me he dicho que en este caso
sí se había leído la resolución, que además es muy novedosa, es la
más reciente de todas. Pues el Tribunal de Cuentas ha vuelto a decir
exactamente lo contrario de lo que ha dicho el interpelante. Leo
textualmente: En este país -se refiere a España- el control de la
organización común de mercado del lino la ejercen los gobiernos
regionales. Más claridad no es posible, ni puede ser más
contradictorio con la opinión que siguen reiterando y manteniendo
obcecadamente S.S. y su grupo parlamentario en esta tribuna. Por
tanto, las actuaciones objeto de inspección han sido realizadas en su
totalidad por las comunidades autónomas, por lo que las únicas que
pueden aportar datos para preparar una postura por parte del Estado
miembro son las propias comunidades autónomas. El órgano de
coordinación recoge los informes de los organismos pagadores de las
comunidades autónomas y de manera consensuada establece la postura a
defender. Esto es lo que ocurre en todos los casos, no estamos
inventando ningún nuevo procedimiento.
En el caso concreto del lino textil las conclusiones de los informes
de Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las
siguientes. En Extremadura la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente discrepa rotundamente de todos y cada uno de los datos
utilizados por los inspectores de la OLAF, que da la impresión de que
a S.S. le parecían todos ellos muy buenos. Pues bien, la Consejería
de Extremadura -como debería también conocer S.S.- discrepa
radicalmente de los mismos por lo que dice en la elaboración del
informe en lo relativo al número de trabajadores de la empresa
transformadora, al número de horas de trabajo por turno, a la
capacidad de transformación de la empresa y, en definitiva, defiende
la gestión y el control llevados a cabo por la consejería, sin
perjuicio de que pudiera haber existido -dice textualmente- alguna
pequeña irregularidad por parte de la empresa, a pesar de todo. La
Junta de Castilla y León viene a decir prácticamente lo mismo que la
de Extremadura y, por el contrario, la de Castilla-La Mancha está de
acuerdo con la metodología seguida por la OLAF, aunque discrepa de
los resultados de transformación señalados en su informe. Es muy
importante señalar que esta comunidad autónoma es la única que admite
la existencia de fraude en su ámbito territorial, y es muy libre de
admitir tal cuestión, ya que las autoridades competentes de esa
comunidad autónoma son las únicas que pueden saberlo y las únicas
que, como se ha señalado, podrán paralizar lo pagos y recuperar, en
su caso, las cantidades indebidamente pagadas. Creo que es muy
interesante señalar que los informes de las comunidades autónomas que
se oponen a las conclusiones de la
OLAF aportan una documentación extensiva y rigurosa que contradice el
informe.
Partiendo de estos informes, como no puede ser de otra manera, la
postura del Gobierno respecto a la propuesta de la Comisión Europea
es la siguiente: Rechazar de plano la corrección financiera del cien
por cien, ya que los organismos pagadores de las comunidades
autónomas lo rechazan a su vez. De persistir la propuesta de la
Comisión en este sentido se llegará hasta las últimas instancias,
rebatiendo el informe de la OLAF con los datos e informaciones
suministrados por las comunidades autónomas. En esta línea, se debe
tener muy presente que los inspectores de la OLAF realizaron sus
inspecciones sin tener en cuenta las peculiaridades de los sistemas
de gestión diferentes en las comunidades autónomas y utilizaron una
misma sistemática aplicada a regímenes de gestión diferente, lo que,
de acuerdo con los contrainformes autonómicos, ha causado las
desviaciones en los resultados. No se debe olvidar, asimismo, que los
organismos pagadores han llegado en ciertos casos a controlar el cien
por cien de la transformación, por lo que los datos suministrados por
estos organismos deben considerarse mucho más fiables que los
suministrados por los inspectores de la OLAF. Es innegable que una
comunidad autónoma ha reconocido la existencia de irregularidades en
su territorio y en consecuencia redujo de forma estimativa los pagos
para la campaña. Si esa comunidad autónoma admite que realizó pagos
indebidos en algunas campañas, la postura del Estado no puede ser
otra que aceptar la devolución de esas cuantías al presupuesto de la
Unión Europea; pero únicamente las indebidamente pagadas, y en ningún
caso se contabilizará el dinero retenido por la comunidad autónoma,
ya que no ha supuesto perjuicio para el presupuesto comunitario.
En cuanto a las campañas afectadas por la propuesta de la Comisión,
he de señalar a SS.SS. que en ningún caso el Estado miembro... (Un
señor diputado: ¿Muy bien! Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ha hecho usted una descalificación inicial sobre el
comportamiento democrático de este diputado. ¿Hubo una Comisión de
investigación? Sí. ¿Hubo una mayoría que aprobó unas conclusiones?
Sí. ¿Eso quiere decir que necesariamente tiene razón quien ha
aprobado por mayoría unas conclusiones? Puede que no; a veces las
minorías tienen razón. Esto en democracia, quien lo tiene
interiorizado lo asume como la cosa más normal del mundo. ¡Vaya
descalificación inicial que hace usted!
Efectivamente, hubo una Comisión de investigación que dio unos
resultados, pero usted no se ha referido en absoluto a si ha habido
fraude o no ha habido fraude, tampoco se ha referido a dónde está el
lino o a dónde no está el lino, qué han hecho las transformadoras, si
podían transformar lo que dicen que transformaban, dónde está el lino
transformado, dónde se ha vendido porque no aparece por ningún lado.
Usted no ha hecho referencia a esa cuestión, en absoluto; usted ha
leído un texto en el que dice obviedades sobre las competencias de
las comunidades autónomas, que nadie le niega, y se olvida de las
competencias del FEGA. El FEOGA es el fondo de orientación europeo,
pero el FEGA es el fondo español. El FEOGA, a través de la OLAF ha
hecho una investigación. ¿Qué ha hecho el FEGA? ¿Lavarse las manos?
Eso nos da unos resultados. Por supuesto que el Gobierno español
tiene que hacer lo posible para no tener que devolver 21.000 millones
de pesetas, ¡faltaría más!, pero ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha habido
un fraude, señor ministro. Ya ni doña Loyola de Palacio, en su
denuncia el día 9 de enero, lo niega; lo negó durante años, pero
ahora ya no lo niega.
Usted hace una lectura francamente retorcida sobre comunidades
autónomas y Gobierno. Que yo sepa, el señor Bono denunció. Que yo
sepa, ustedes lo negaron. Que yo sepa, ahora hay unos resultados y
ustedes dicen que el culpable es el señor Bono. (Rumores.-Un señor
diputado: Que pague.) ¿Es posible que haya más cinismo? (Continúan
los rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) El señor Bono cerró las transformadoras que montaron los
golfos del Ministerio de Agricultura. ¿O no saben que las cerró? ¿De
quiénes eran las transformadoras? (Un señor diputado: De López de
Coca.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías.
El señor CUADRADO BAUSELA: Del número dos del Ministerio de
Agricultura, López de Coca. (Un señor diputado: Sí señor.-Rumores.)
¿Saben cómo le llamaban los cultivadores? (Un señor diputado:
Picolino.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías.
El señor CUADRADO BAUSELA: Le llamaban por su nombre. Se llevó 177
millones siendo el número dos del Ministerio de Agricultura, delante
de sus narices. Ustedes dicen que no hay cazaprimas. Ustedes no los
ven porque los tienen dentro, los tienen en el Ministerio de
Agricultura. Esta es la gran vergüenza a la que ustedes tienen que
enfrentarse ahora. Y no hay que lavarse las manos porque ¿quién
firmaba las órdenes ministeriales que regulaban las ayudas? (Un señor
diputado: ¿Muy bien!) ¿Quién establecía normas laxas para que no
fueran controlados? Y aquellos que dicen que quien tenía la
obligación de controlarles era
una comunidad autónoma eran los mismos que se llevaban el dinero a
casa. ¿Pero ven qué cinismo tiene ese argumento, y hasta qué punto de
cinismo se puede llegar en esta materia?
Puede decir todas las obviedades que quiera, pero le voy a poner
algunos ejemplos. Un ministro de Agricultura belga y una ministra de
Sanidad dimitieron porque en su país se descubrió que se utilizaban
dioxinas en la alimentación de los pollos. Ellos no engordaron a los
pollos con dioxinas; pero no buscaron lavarse las manos. Sabían lo
que significa en una democracia asumir la responsabilidad política,
la asumieron y dimitieron. Dos ministros, uno de agricultura y otra
de sanidad, dimitieron en Alemania porque no fueron capaces de
advertir a su país de los riesgos que se corría en relación con la
EEB, con las vacas locas. Aquí en un ministerio, con una ministra
advertida de lo que estaba ocurriendo con el número dos de su
ministerio y con el delegado del Gobierno en Castilla la Mancha,
forrándose en relación con esta trama, y ustedes dicen que las
responsabilidades políticas hay que buscarlas en no sé dónde. Quieren
convertir en culpables a quienes denunciaron el fraude.
Ustedes le han hecho un pésimo favor a los intereses del Estado
español en la Unión Europea, porque están insistiendo en que un
fraude que ya no tiene posibilidad de escapatoria sea justificado...
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señor
presidente.
Señoría, decía al comienzo de su intervención que yo no le he
contestado y que no he hablado de no sé cuantas cosas sobre el lino,
que son exactamente las que usted no me ha preguntado. Usted me ha
interpelado sobre la propuesta de la Unión Europea de devolución de
21.000 millones de pesetas por las ayudas concedidas al lino
correspondientes al período 1996-1999 y usted de eso no ha dicho nada
en absoluto. Para interpelar hace falta el rigor necesario y
suficiente a fin de que haya una mínima coherencia entre el motivo de
la interpelación dirigida al Gobierno y el contenido de sus
argumentos. Más allá de una soflama, que le hemos oído cantidad de
veces, que no tiene nada de rigor y que no tiene respaldo en ninguno
de los informes nacionales ni internacionales, usted no ha acreditado
ninguna de las acusaciones que ha hecho desde aquí, desde luego con
la libertad que afortunadamente esta tribuna le concede, pero no
tienen ningún respaldo más que el de su valoración. Ninguna de las
investigaciones que se han llevado a cabo le dan el más mínimo
respaldo ni justificación sino al contrario, realmente usted en el
caso del lino se ha inventado una historia que le justifica una
conclusión pero que ni los principios esenciales, ni las
pruebas, ni el resultado tienen nada que ver con la mínima
coherencia, con la acreditación necesaria, más allá de la imaginación
y de lo que suponen sus deseos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Usted
se inventa que la responsabilidad del control de las subvenciones
corresponde al Gobierno de la nación o corresponde al Ministerio de
Agricultura y no es verdad. Si alguien concedió unas subvenciones,
mal dadas sea cual fuere su nombre, la responsabilidad de haberlas
dado mal, de no haber tenido los controles y de no exigir
responsabilidades es exclusivamente de las comunidades autónomas, se
ponga usted como se ponga. (Aplausos.)
La verdad en democracia, en un Estado de derecho, viene respaldada
por el ordenamiento jurídico, no por un montón de calificativos que
es lo único que ha hecho usted aquí sin invocar -insisto- ningún
respaldo de prueba material, ni de prueba legal. En nuestro
ordenamiento jurídico se establece que son las comunidades autónomas
quienes deberían haber controlado y exigido la responsabilidad en
caso de incumplimiento, se llame como se llame quien haya cometido
una desviación o una irregularidad en el caso de la transformación
del lino. Esta es la verdad en esta tribuna, fuera en la calle y
donde usted tenga a bien plantear este debate, aunque sea bajo el
subterfugio de una interpelación que ni siquiera ha llegado a
formular, porque no tiene ningún argumento. Es tan falso que incluso
usted ha presentado como definitivo algo que es un proceso que no
acaba sino de comenzar. Ha dado por supuesto que España no tiene
posibilidades de defensa respecto a la imputación inicial de la OLAF,
lo cual tiene unas consecuencias de irresponsabilidad en términos del
interés general que no sé si a S.S. se le alcanzan, porque si se le
alcanzan es mucho más preocupante que haya venido a esta tribuna a
hacer una intervención injustificada y que se haya atrevido, insisto,
no sólo sin un argumento sino una justificación, y a mantenerla
durante esta sesión de control al Gobierno. Invito a S.S. si lo tiene
a bien, con todo el respeto y la consideración, a que conozca qué
dice nuestro ordenamiento jurídico respecto a las responsabilidades
de las distintas administraciones. Aunque parezca mentira decirlo,
todavía hay que explicar a alguna señoría, en concreto a la que se ha
subido a esta tribuna, cuál es el modelo de organización territorial
de España, cuál es nuestro modelo de distribución de competencias. De
verdad, resulta raro que a estas alturas tengamos todavía que
explicar esto, pero hay un proceso de descentralización en España en
nuestro modelo de organización territorial y, señoría, eso tiene
consecuencias. Las consecuencias de nuestro modelo descentralizado es
que quien asume competencias las tiene que llevar adelante hasta sus
últimas consecuencias. No vale subirse aquí a contar una cosa sin
ningún respaldo de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro modelo de
organización territorial no le respalda. Por tanto, le invito a que
para la próxima interpelación que tenga a bien realizar al Gobierno
lo haga con
un poco más de rigor, con un poco más de seriedad y que lo que
pregunte sea el motivo del debate.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL DÉFICIT DE PLAZAS DE LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA Y SUS
CONSECUENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente
172/000129.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente interpelación,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el déficit de
plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y
sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana.
Para su formulación, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el motivo de la interpelación hace referencia al
estado de la seguridad ciudadana en Cataluña, y fundamentalmente al
déficit de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en
Cataluña y a las medidas que el Ministerio del Interior piensa tomar.
Sé que el ministro es conocedor no sólo por los medios de
comunicación sino por alguna reunión que ha tenido con alguna
autoridad institucional de Cataluña, de que desde hace un año o año y
medio existe un incremento importante de la preocupación de los
ciudadanos de Cataluña con relación al aumento de delincuencia y a la
percepción de que hay mayor inseguridad ciudadana. Este tema ha
aparecido con fuerza en los medios de comunicación, ha sido objeto de
debates monográficos en el Parlamento catalán, de debates en los
ayuntamientos, y quisiera hacer referencia a tres encuestas o a tres
estudios que van en esa dirección. En primer lugar la encuesta que
realizó el CIS sobre Cataluña, en marzo de este año, donde por
primera vez aparece el tema de la delincuencia y de la inseguridad
ciudadana como el tercer problema en importancia en Cataluña detrás
del paro y de la inmigración. En las encuestas que periódicamente
hace el Ayuntamiento de Barcelona, en un año se percibe que la
seguridad ciudadana es la principal preocupación de los ciudadanos, y
ha pasado del 8 por ciento de personas que en junio de 2000 pensaban
esto a más del 20 por ciento. Finalmente, hay una encuesta sobre
delincuencia y victimización que realiza desde hace 12 años en el
área metropolitana la mancomunidad de 27 municipios, y este año han
hecho una síntesis de cuál ha sido la perspectiva de estos 12 años
con un par de conclusiones interesantes. Quiero decir que es una
encuesta muy seria; estamos hablando de 12.000 encuestados -piensen
ustedes que el CIS sólo realiza en toda
Cataluña 2.500-, con un margen de error del 0,9 por ciento. De 1989 a
1994 ha habido una estabilidad en la percepción de la victimización,
de 1995 a 1998 una disminución, y en los dos últimos años se ha
incrementado. En esa misma encuesta aparece que el índice de
victimización, es decir el tanto por ciento de personas que dicen que
han sido objeto de algún tipo de delito, ha pasado del 12 ó 13 por
ciento en los últimos cinco años al y 15,4 por ciento en los años
1999 y 2001. Por tanto, hay una coincidencia no sólo de los debates
en los medios de comunicación, en los ayuntamientos o en el
parlamento catalán, sino en lo que hoy se conocen como los tres
estudios más importantes con relación a este tema, coincidencia en un
aumento de la percepción de inseguridad y coincidencia en un
incremento de la delincuencia.
Quiero decir, señor ministro, para que quede claro, que yo creo que
este incremento no es alarmante. Incluso le digo más, pienso que se
está dando en algunos casos un nivel de alarma social en Cataluña con
relación a estos temas incluso por algunas intervenciones u opiniones
de ciertos dirigentes políticos. Por tanto, en primer lugar, el
diagnóstico que hacemos de esta situación es que ciertamente estamos
en un cambio de tendencia en los dos últimos años, es cierto que
existe un incremento de la preocupación de los ciudadanos con
relación a estos temas que a nuestro entender es más exagerado o
mayor de lo que dicen los índices de delitos. A partir de aquí el
problema es cómo se afronta esto. Evidentemente afrontar este cambio
de tendencia, que insisto no es alarmante pero al que sí hay que dar
respuesta, significa tomar medidas desde las tres administraciones,
desde el Gobierno central, desde el Gobierno catalán y desde los
ayuntamientos, y medidas que no han de ser exclusivamente policiales.
Hay un paquete de medidas, desde medidas de prevención social a
creación de grupos de mediación, a política social; medidas de
política institucional, como para nosotros sería que el responsable
máximo de la seguridad en Cataluña fuera el presidente del Gobierno
catalán o en los municipios los alcaldes.
Quiero centrar la intervención o las demandas de información con
relación al hecho de que en los últimos años se está padeciendo una
disminución del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (según declaraciones de ellos mismos, creo que
desde la Consellería del Interior de Catalunya o desde el
Ayuntamiento de Barcelona le han hecho llegar a usted estas
preocupaciones), y evidentemente hay una parte de disminución lógica
pues en aquellos territorios donde se está desplegando la policía
autonómica es absolutamente normal y coherente que exista una
disminución en consonancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Ahora bien, también se está produciendo esta disminución en
territorios donde aún no hay despliegue de la policía autonómica.
Creo -y después le preguntaré por esto- que también sería
importante reducir el período transitorio del despliegue de la
policía autonómica. A pesar de que ha habido una modificación
reciente, aún el horizonte de despliegue total de la policía
autonómica está situado en el año 2010, en circunscripciones o
provincias como Tarragona prácticamente hasta el año 2010 no se va a
producir. Por tanto, la primera pregunta que le quisiera realizar
sería la visión del Ministerio del Interior con relación a esta
problemática, a este fenómeno del incremento de la delincuencia no
alarmante o del incremento de la percepción de inseguridad, cuál es y
va a ser el criterio de su ministerio con relación a la sustitución
de las bajas que se producen en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en aquellas zonas donde no se ha desplegado la policía
autonómica y si el ministerio piensa dotar las actuales vacantes que
en estos momentos existen en el conjunto de Cataluña.
Señor ministro, creo que sería muy importante que ustedes dijeran a
la opinión pública, en el horizonte del año 2010 cuando se haya
desplegado toda la policía autonómica, cuáles son los efectivos que
el ministerio quiere mantener en Cataluña y para qué, creo que eso
sería importante, y al mismo tiempo sería muy importante que hubiera
una planificación de cómo va a ir evolucionando la presencia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en función del despliegue
de los Mossos d'esquadra. Por tanto, le quiero preguntar
fundamentalmente en primer lugar su visión con relación a este nuevo
fenómeno o esta nueva preocupación que aparece con fuerza en
Cataluña, qué piensa usted o cuáles son sus informaciones con
relación a la disminución de efectivos en las zonas territoriales en
las que no ha sido desplegada la policía autonómica, y si usted hoy
nos puede adelantar cuál es el horizonte de efectivos de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado en la perspectiva del año 2010.
También quiero preguntarle por una cuestión que no es competencia
exclusiva del Gobierno central, fundamentalmente es una competencia
del Gobierno catalán, que hace referencia a este a mi entender
excesivo período de transitoriedad en el despliegue de los Mossos
d'esquadra, que yo creo está en la base de la actual situación. No
nos parece bien dejar un asunto como éste, que aparece hoy en todas
las encuestas de opinión entre las primeras preocupaciones de los
ciudadanos de Cataluña para dentro de 10 años; dejar el despliegue
para dentro de 10 años, una provisionalidad de 10 años, creo que es
malo desde el punto de vista de la propuesta que han de hacer el
resto de administraciones públicas. Nosotros hemos planteado en el
Parlamento catalán que se acorte el tiempo de despliegue; es decir
que la promoción de 1.000 plazas anuales de policía autonómica, que
es una planificación hecha en función del año 2010, se pudiera doblar
y que cada año se incorporen 2000 nuevas personas a la policía
autonómica, con lo que se adelantaría el horizonte final del
despliegue del 2010 al 2006. No se me escapa que esto tiene
implicaciones financieras, implicaciones
económicas para el Gobierno central. Mi pregunta es si el Gobierno
central vería bien que se procediera a un nuevo adelanto de la fecha
final de despliegue de la policía autonómica, para que este período
de transitoriedad, que a mi parecer está en la base de la situación
de alarma social, pudiera disminuir.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Saura, es verdad que no plantea un
tema menor; dicho de otra forma, estamos hablando de algo ciertamente
importante. Voy a intentar dar respuesta, en la medida de mis
posibilidades, a los distintos asuntos que ha planteado S.S., además
de aportar algunos datos que pueden tener interés y hacer una
reflexión sobre algún tema concreto, porque sobre este asunto
podríamos estar hablando durante mucho tiempo.
Lo primero que quiero decir, porque lo percibo todos los días, es que
la necesidad de aumentar el número de efectivos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado es una reivindicación que se repite
en todo el territorio nacional y no sin razón, pero lo cierto es que
la realidad de las cifras se impone y tenemos que ajustar nuestra
actuación a las disponibilidades existentes en el Ministerio del
Interior. Mi primera preocupación al llegar a este ministerio fue
precisamente ésta y creo que el resultado ha sido bueno. Este año se
han aprobado las ofertas de empleo público, tanto para policía como
para guardia civil, más amplias de los últimos 10 años, 2.280 para la
Guardia Civil y 3.150 para el Cuerpo Nacional de Policía, en el bien
entendido de que estas personas no empiezan a trabajar ya, porque
lógicamente hay que hacer la oposición y luego unas pruebas, un
periodo de prácticas y de aprendizaje en las respectivas academias.
Por tanto, yo creo que hay que incrementar los efectivos policiales
en Cataluña y en toda España, me he aplicado a ello e intentaré -lo
tengo ya acordado para la Guardia Civil y espero poder hacerlo
también para el Cuerpo Nacional de Policía- llevar esto a cabo en los
próximos cuatro años. Dicho esto, quiero aclarar que los efectivos
policiales que hay en Cataluña y su cobertura es similar al resto de
las comunidades autónomas y al resto de las provincias. También
quiero señalar que la previsión del Ministerio del Interior,
precisamente porque aumentamos el número de plazas de policías y
guardias civiles en el conjunto, es mantener el ritmo de
incorporaciones necesarias para cubrir las vacantes que se vayan
produciendo. Estas actuaciones se irán adaptando durante el periodo
de sustitución al plan de despliegue de los
Mossos d'esquadra, con todos los recursos necesarios para garantizar
la seguridad ciudadana. ¿Cómo está el despliegue de los Mossos
d'esquadra, que es un asunto por el que usted se ha interesado? Se
han completado definitivamente las provincias de Lleida y Girona y
las comarcas barcelonesas de Osona, Berguedá, Bagués y parte del
Vallés Oriental, en las que la competencia de seguridad ciudadana
está transferida a la policía de la Generalitat. También las
competencias en materia de tráfico son asumidas por la policía
autónoma catalana y hoy se ejercen totalmente por los Mossos
d'esquadra en todas las carreteras. El programa de despliegue
previsto para los próximos años es este: el Maresme, en 2002;
Badalona, San Adrián del Besós y Santa Coloma de Gramanet, en 2003, y
ciudad de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, para 2005. Me pregunta
usted si nosotros estaríamos dispuestos a no agotar el plazo del año
2010, y yo desde luego no me niego a estudiarlo. Lógicamente hay
implicaciones económicas y otra suerte de implicaciones, sobre todo
una que es muy importante, y es que no es lo mismo convocar 1.000 que
2.000 plazas, no solamente por razones puramente económicas sino
también por el número de personas que puedan acudir a estas plazas,
porque en las oposiciones de los cuerpos de la Guardia Civil y
Policía Nacional aún se presentan muchas personas, pero vamos a tener
una convocatoria de 4.000 personas en Policía, de mas de 2.000 en
Guardia Civil, y si tenemos 2.000 en Mossos d´esquadra, podemos
empezar a tener problemas, pues ya ha ocurrido como usted sabe en el
Ejército. Son problemas que además yo estoy percibiendo en el caso de
las empresas de seguridad privada, porque en muchos casos es muy
difícil encontrar escoltas para proteger a personas, una actividad y
una obligación que como usted sabe está asumiendo el Estado y que se
ha incrementado mucho en los últimos tiempos. Por tanto, para mí uno
de los más importantes problemas es que tengamos personas suficiente
para acceder a esas plazas. Este es el comentario que quiero hacerle
sobre el despliegue de los Mossos.
Respecto a los efectivos en Cataluña, en este momento entre Guardia
Civil y Policía, hay 10.019, y el catálogo es de 11.602, pero el
porcentaje medio de cobertura policial es similar al de la mayoría de
las provincias españolas. En este sentido, Barcelona es la ciudad
española con más policías, lo cual es lógico. En septiembre de 2001
había una dotación de catálogo de 3.565 y efectivos reales de 3.204,
a los que habría que añadir 254 alumnos en prácticas. Pero hay un
dato importante que quiero apuntar aquí, y es que en el año 1994,
cuando Policía y Guardia Civil tenían competencias plenas en materia
de seguridad ciudadana y tráfico en Cataluña, había 13.500 efectivos
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y actualmente entre Policía,
Guardia Civil y Mossos hay 17.000 efectivos reales, con lo cual yo
creo que el incremento conjunto de plantilla es un hecho objetivo.
Quiero también recordar que hemos hecho algunos esfuerzos en los
últimos tiempos, previas conversaciones tanto con el Ayuntamiento de
Barcelona como con la Generalitat de Catalunya. En julio se
incorporaron 615 policías en la provincia de Barcelona y en
septiembre otros 235 policías en prácticas, y en la Guardia Civil se
cubrieron las vacantes de plantilla en la Comandancia de Barcelona
con la incorporación de 284 guardias. Además, se realizan
dispositivos de refuerzos con motivo de acontecimientos especiales,
como la pasada operación verano en Barcelona y sus zonas turísticas,
aportando 205 agentes más.
En cuanto a los índices de seguridad, en el período de enero a
septiembre de 2001 los delitos y faltas han aumentado el 4,10 en el
total de la Comunidad Autónoma de Cataluña; donde más se ha aumentado
ha sido en Tarragona y en la provincia de Barcelona ha subido el 2,7,
pero en el área metropolitana de Barcelona se redujo el total de
delitos y faltas en el 4,2 y en la ciudad de Barcelona subió el 3,9.
Sin embargo, hay algún dato importante que quiero apuntar, porque
como consecuencia de las medidas adoptadas para reducir los índices
de delincuencia en el distrito de la Ciutat Vella de Barcelona, que
tiene un tercio de los delitos de toda la ciudad de Barcelona, en el
mes de octubre se han reducido los tirones el 48 por ciento, los
robos con fuerza en viviendas el 11,8, los robos con intimidación el
20,5 y los robos con fuerza el 53,3. En general, los delitos y faltas
en la Ciutat Vella, para la que es verdad que se ha hecho un plan
especial, han bajado el 8,7 en este mes.
Hay otro dato -por eso digo que es muy complicado resumir todo en muy
poco tiempo-, que es la delincuencia de ciudadanos extranjeros.
Durante el período de enero a septiembre del año 2001, el 59 por
ciento de los detenidos en la ciudad de Barcelona eran extranjeros,
y por eso hemos dado prioridad a la expulsión de extranjeros que
estaban incursos en causas delictivas. Hay otra cuestión que también
es muy importante y es la que se refiere a los delincuentes
habituales o los multirreincidentes, personas que cometen pequeños
delitos como tirones, hurtos, incluso algunos robos, y no ingresan en
prisión en muchos casos por la consideración legal de faltas o en
otros muchos casos por la levedad de las penas que prevé el Código
Penal, que además no aumenta la gravedad de las condenas para la
delincuencia habitual. Hay un dato ciertamente espectacular, y es que
de enero a septiembre de este año 500 personas acumulan en la ciudad
de Barcelona más de 4.000 detenciones, y si nos remontamos al año
anterior, 418 delincuentes acumulan históricamente más de 12.000
pequeños delitos cometidos. ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado
y que vamos a intentar seguir adoptando en el futuro a estos efectos?
En primer lugar, la prueba preconstituida, que tiene como objetivo
que cuando los delincuentes sean detenidos in fraganti -en muchos
casos los turistas y testigos cuando se celebrara el juicio no iban a
comparecer, ya que lógicamente
estarían en su país-, esas identificaciones sean válidas para
el día del juicio aunque no asista la víctima. Esta medida se ha
puesto en marcha con la colaboración del juez decano de Barcelona y
está consiguiendo una positiva celebración de juicios con condena y
ayudando a evitar la impunidad del detenido in fraganti; de hecho, a
finales de este año más de 400 delitos, con este sistema de la prueba
preconstituida y con la colaboración judicial, no quedarán impunes.
En segundo lugar, los ingresos en prisión es un tema enormemente
importante y hace referencia a lo que he señalado antes de la
multirreincidencia. La prisión preventiva, porque la ley está así o
por propia decisión judicial, no se aplica en demasía. La Fiscalía y
el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña están
pidiendo mayores ingresos en prisión, en muchos casos aceptados, pero
hay un dato tremendo y es que de los 17.000 detenidos entre enero y
septiembre de 2001 han entrado en prisión 1.897, que sólo es el 11
por ciento de las personas detenidas. Esto, sin duda, requiere -y se
están preparando por el Ministerio de Justicia- medidas legales
porque, aunque se trata de robos y delitos muy menores, sin duda
alguna para el que los sufre no son tan menores.
En tercer lugar, quiero decir que hay una buena coordinación, que
vamos a intentar mejorar, con la guardia urbana de Barcelona, se está
trabajando en el modelo policial catalán, hay un calendario y unas
previsiones acordadas en la junta de seguridad, y desde luego vamos a
hacer los mayores esfuerzos que seamos capaces de realizar para
reformar algunos aspectos del Código Penal que yo creo que son muy
importantes.
En resumen -no sé si me habré pasado del tiempo-, es verdad que hay
un problema concreto en determinadas zonas de Cataluña. También es
verdad que sobre todo en la ciudad de Barcelona, donde esto era
ciertamente llamativo, ha habido una colaboración y una atención
especial por parte de las tres administraciones. Sabemos que son
necesarias más Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estamos
haciendo un esfuerzo y lo vamos a hacer en ese sentido, y también
somos conscientes de que es imprescindible hacer algunas reformas en
el Código Penal porque si no, es enormemente complicado evitar que se
produzcan este tipo de delitos menores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor vicepresidente.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, creo que es positivo lo que usted ha anunciado y que
ya sabíamos, que desde que usted es ministro del Interior ha habido
un cambio en relación ala oferta pública de empleo de las Fuerzas y
Cuerpos
de Seguridad del Estado. De todas maneras, no es que pidamos que se
incremente, lo que pedimos es que no se disminuya tanto. Acepto que
hay que disminuir, porque si hay despliegue de Mossos d'Esquadra es
normal que no sea sustituido. Por tanto, no queremos que se
incremente mucho sino que no se disminuya tanto. Tengo aquí algunos
datos que figuran en respuestas de su ministerio a preguntas por
escrito de este año, y las cifras de la disminución que se ha
producido hasta el año 2000 son preocupantes. Por ejemplo, citaba
usted la provincia de Tarragona como una de las que tienen mayores
índices de delincuencia. En mi intervención inicial he dicho que ahí
no había despliegue de Mossos d'Esquadra, pero en la información
facilitada por ustedes a fecha 27 de septiembre, en respuesta
escrita, vemos que de una dotación total de 946 efectivos en 1992,
o de 838 de 1995, se ha disminuido a 786. Celebro el cambio de
tendencia y sería importante saber de estas 6.000 nuevas plazas que
se han creado cuáles corresponden a Cataluña. También celebro que
usted haya dicho en su intervención que no se niega a estudiar un
posible avance del despliegue de la Policía autonómica en Cataluña.
Creo que esto es importante. Usted ha explicado cuál es el calendario
previsto y yo quiero destacar tres cuestiones del mismo: El
despliegue de la Policía autonómica en Barcelona ciudad, que es uno
de los puntos más conflictivos socialmente, está previsto para el año
2005; en las dos comarcas más importantes, que son el Baix Llobregat
y el Vallés occidental, está previsto para el año 2006, y en toda la
circunscripción de Tarragona para el año 2010. Dicho de otra manera,
se está efectuando un despliegue territorial donde inicialmente la
Policía autonómica cubre mucho territorio pero poca población. Dejar
Barcelona ciudad, Baix Llobregat, Vallés occidental y Tarragona para
el año 2005 o para el año 2010 significa, grosso modo, que el 70 u 80
por ciento de población de Cataluña no va a tener el despliegue de
mossos d' esquadra hasta dentro de cinco o de diez años. Creo que es
importante que podamos estudiar este tema y no sé si la moción puede
ser un buen punto de encuentro para ello.
En relación con las cifras de Barcelona ciudad que usted ha dado, he
de decir que no coinciden con la información que por escrito ustedes
nos han facilitado en el mes de abril. Usted hablaba de tres mil y
pico y los datos que yo tengo son que en Barcelona ciudad hemos
pasado de 2.600, en 1994, a 2.200, en el año 2000, según la respuesta
facilitada por usted, aunque tampoco se trata de pelearnos por los
números.
Usted dice que los delitos producidos en Ciutat Vella han disminuido.
Yo también lo creo. Sin embargo, la semana pasada hubo una
convocatoria de los comerciantes por la inseguridad, y dicen que van
a realizar movilizaciones. Quiero destacar una cuestión: que las
cifras de denuncias no recogen las cifras de delitos que se producen.
Hay una delincuencia judicial, que es aquella que se condena en los
tribunales; hay una delincuencia policial, que es toda aquella
que llega a la Policía; y hay una delincuencia social, puesto que
muchos de esos delitos no se denuncian.
Para terminar, quiero hacer referencia al tema de los reincidentes, a
que usted ha aludido, y a la modificación del Código Penal. Creo que
el problema existe, pero no creo que la línea sea la que usted y el
alcalde de Barcelona han anunciado. El problema de los reincidentes
es que la justicia es muy lenta y, por otro lado, la carta municipal
que otorgaba a Barcelona determinadas competencias para juicios
rápidos no se está poniendo en práctica. Ello hace que nos
encontremos ante el problema de que usted, el señor Clos, o los dos
juntos, avancen por la línea de llevar a prisión a personas que han
reincidido pero que no tienen ninguna sentencia, que es lo que está
ocurriendo. Esas 500 personas a las que usted se refiere son personas
que han sido detenidas tres o cuatro veces sin ninguna sentencia.
Para mí, el problema no es ponerlos en prisión, porque esto vulnera
el principio de inocencia, sino que el sistema judicial en estos
casos dé una respuesta rápida.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Señor Saura, quiero hacer simplemente tres o cuatro
comentarios sobre algunas de las afirmaciones que usted ha hecho.
En el tema de la Policía autonómica, aunque en esta vida nada es
inmutable y naturalmente de casi todo se puede hablar, hay algo que
no me gustaría que quedase en el ambiente como aceptado por mí como
ministro del Interior, que es que necesariamente la existencia de
Policía autonómica va ligada a una mayor eficacia policial. Los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto Policía como Guardia
Civil, han acreditado en numerosas ocasiones que son de las cosas que
realmente funcionan en España. También los Mossos d' Esquadra, pero
no hay una relación entre la circunstancia de que se vaya produciendo
la incorporación de más mossos d'esquadra con la seguridad en
Cataluña.
Yo insisto en que la preparación que se les exige a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, o a cualquier policía, es cada vez
mayor porque cada vez los medios y la preparación de los delincuentes
-tiene gracia hablar de los medios y preparación de los delincuentes-
es mayor. En estos próximos años vamos a tener, como ya le he dicho,
una oferta pública importante tanto de Policía como de Guardia Civil.
Yo no sé si a esa oferta pública de Policía y Guardia Civil, que
puede ser, como le he señalado antes, de alrededor de 4.000 policías
y dos mil y pico guardias civiles, se le pueden sumar, en un
territorio de seis millones de habitantes, 2.000 personas más.
Necesitamos personas cualificadas, con conocimientos, y no puede
cualquier personaasumir una función pública tan importante como ésta.
Es verdad lo que usted decía sobre el tema de Barcelona ciudad, y yo
lo he dicho también, pero creo que hemos hecho un esfuerzo que está
dando resultados. Es verdad lo que usted ha señalado respecto a los
comerciantes del distrito de Ciutat Vella y aunque los datos del mes
de octubre no me mueven a un optimismo radical, son mucho mejores,
por lo que se ha hecho, que los datos anteriores. Y en esa línea
vamos a seguir.
Lo de la reincidencia es muy importante, señor Saura, porque si una
policía, la que sea, detiene a una persona -y yo he aportado al
fiscal general del Estado los nombres y apellidos de las personas que
hemos detenido en más de 100 ocasiones y que no han ingresado en
prisión-, algo hay que hacer. En la reforma del Código Penal están
planteados los juicios en 24 horas y yo creo que la reincidencia debe
ser un motivo para la prisión preventiva, aunque no hayan sido
juzgados. La prisión preventiva yo comprendo que es discutible y que
la tiene que decidir el juez, pero a una persona a la que se detiene
en 50 ocasiones por la Policía o por la Guardia Civil se le debe
aplicar la prisión preventiva o si no, que se la juzgue en 24 horas,
porque los responsables del mal funcionamiento de la Administración,
en este caso de la Administración de Justicia, no tienen por qué ser
los ciudadanos, porque a ellos no les podemos ir con disquisiciones
legales o con que esto funciona más o menos rápidamente.
Estos eran los apuntes más importantes que quería señalar, sobre la
base de que coincido en que se necesitan más fuerzas y cuerpos, ya me
gustaría a mí que los hubiera, entre otras cosas, porque creo que la
principal obligación de un Estado moderno es garantizar los derechos
y libertades de los ciudadanos. Creo que vamos dando pasos en la
buena dirección, pero también entiendo que son necesarias algunas
reformas legales, y yo desde luego ya le he hecho llegar mi opinión
al Ministerio de Justicia para que, si lo estima oportuno y
conveniente, y el Consejo de Ministros también, las traiga a esta
Cámara a la mayor celeridad posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor vicepresidente.
(Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
DESARROLLO DEL MARCO COMPETENCIAL DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE
ANDALUCÍA E INICIACIÓN DEL PROCESO DE LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES
DEL ACTUAL ESTATUTO Y SU NECESARIA AMPLIACIÓN, PARA UNA AMPLIACIÓN
DEL TECHO COMPETENCIAL DEL MISMO. (Número de expediente 172/000130.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente interpelación, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el desarrollo
del marco
competencial del Estatuto de Autonomía de Andalucía e iniciación del
proceso de las transferencias pendientes del actual estatuto y su
necesaria ampliación, para una ampliación del techo competencial del
mismo.
Para su formulación, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor ministro, me imagino que usted sabrá
que el Estatuto de Autonomía de Andalucía nació de las aspiraciones
históricas del pueblo andaluz, aspiraciones que fueron truncadas con
el golpe fascista del 18 de julio de 1936, que impidió la aprobación
de un estatuto de autonomía para Andalucía, dentro de la legalidad de
la Segunda República española. Por tanto, el estatuto de autonomía es
el fruto de una lucha de los andaluces por las libertades
democráticas y por una autonomía real de máximas competencias, y es
el fruto de una lucha por alcanzar una capacidad de autogobierno y de
planificación democrática que les permitiese salir del subdesarrollo
social y cultural; una lucha en la que no podemos olvidar desde esta
tribuna al malagueño García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de
1977, cuando millones de andaluces reclamábamos el autogobierno para
esta tierra.
Es justo recordar, 20 años después de que Andalucía celebrase aquel
referéndum el 28 de febrero, que fue la única comunidad que conquistó
el derecho a utilizar la vía del artículo 151, sorteando, eso sí,
toda clase de obstáculos puestos por aquellos que gritaban por
nuestras calles, por nuestras plazas, por nuestros pueblos aquello
de: andaluz, este no es tu referéndum. El pueblo andaluz dijo, por el
contrario, que aquél sí era su referéndum y que quería asumir el
protagonismo de su futuro en una España democrática y plural. Pero 20
años después, señorías, tenemos que señalar que Andalucía sigue sin
resolver el desarrollo del marco competencial que le permitía aquel
estatuto, porque aquel estatuto le permitía alcanzar las máximas
cotas de autogobierno. Se vuelven a utilizar subterfugios normativos,
como hace 20 años, para impedir que Andalucía alcance, por ejemplo,
capacidad para decidir sobre las políticas de agua, y se nos viene a
decir a los andaluces que el Guadalquivir no es un río andaluz. La
realidad es que, 20 años después de su aprobación, con la ilusión que
ello supuso, aquel impulso histórico que significó el 28 de febrero,
el estatuto se ve mediatizado por diversos motivos, entre los que no
es ajeno el hecho de que todavía no se haya completado el nivel de
autogobierno máximo que permite el mismo. La conquista autonómica
significó que el estatuto reconociera de forma explícita, en su
disposición adicional segunda, la deuda histórica que el Estado
mantenía y mantiene con Andalucía, deuda de la que ustedes se han
olvidado, negándose año tras años a incluirla en los Presupuestos
Generales del Estado. Señor ministro, me imagino que sabe que esa
disposición dice -y leo textualmente- que, dadas las circunstancias
socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel
mínimo
en algunos de los servicios transferidos, los Presupuestos
Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y
como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones
complementarias para garantizar la consecución de dicho mínimo,
señalando también que los criterios, alcance y cuantías de dichas
asignaciones serán fijadas en cada ejercicio por la Comisión Mixta
paritaria Estado-Comunidad Autónoma, a la que se hace referencia en
el apartado 2 de la disposición transitoria sexta. Pues bien, me
gustaría saber dónde se recogen estas cantidades en los presupuestos
de este año.
De esta forma, como dice el estatuto, se podría pagar la deuda
histórica y conseguir una prestación de niveles mínimos de servicios
transferidos; niveles que, a nuestro entender, deben quedar fijados
en la media de cada servicio a nivel del Estado español. Sin embargo,
repito, 20 años después todavía seguimos esperando que su Gobierno,
al igual que ocurrió con gobiernos anteriores, cumpla con la
obligación de aplicar lo que establece el estatuto de autonomía. Hace
días hemos votado una primera fase de los presupuestos y siguen sin
reconocerlo.
Se determina también en el estatuto el derecho de Andalucía a ser
informada de la elaboración de tratados y convenios internacionales
que le afecten. Señorías, esta comunidad sufre en su seno en estos
momentos la existencia de las bases de Morón y de Rota, y está viendo
cómo su autonomía es ninguneada cuando, por ejemplo, se plantea la
ampliación de la base de Rota, algo sobre lo que ya hemos discutido
en Comisión, o cuando nuestro Gobierno se niega a preguntar si los
barcos y aviones de los Estados Unidos portan material nuclear por
aquello de que quien no pregunta no tiene que dar luego
explicaciones. También contemplamos hace un año el espectáculo
ciertamente bochornoso de la aceptación de la reparación de un
submarino nuclear en Gibraltar sin que se tuviera en cuenta al
Gobierno y sin que el Gobierno del Partido Popular censurase o
impidiese aquella actuación. Todo esto indica que quien hace 20 años
decía que aquel no era nuestro referéndum, que aquella no era nuestra
autonomía, hoy sigue sin creer plenamente que Andalucía pueda
autogobernarse.
Igualmente es una realidad que durante estos 20 años el proceso de
construcción europea -ustedes ya conocen lo que opina mi grupo al
respecto, por lo que no la voy a repetir aquí- y el obsesivo acuerdo
económico han modificado competencias estatutarias, viéndose
afectadas de forma muy especial las relativas a la agricultura, que
ha pasado a manos de la PAC, en la que entendemos que nuestro
Gobierno está jugando un papel muy negativo impidiendo, por ejemplo,
el desarrollo de una modulación de las ayudas, lo que podría permitir
que la comunidad autónoma participase en este reparto de las ayudas
de forma más activa que en la actualidad.
También quería hablar de planificaciones económicas cuyas líneas
generales están cada vez más en manos de instituciones europeas, que
por cierto no son precisamente las que cuentan con mayores controles
democráticos, sino que siguen manteniendo un alto déficit
democrático. Realmente es un tema objeto de otro debate, pero también
hay que tenerlo en cuenta, puesto que se trata de una realidad que
afecta al desarrollo competencial de Andalucía.
Señoría, ya sabemos que es difícil pedir a quien no creía en la
autonomía plena de Andalucía que genere en estos momentos un impulso
que permita alcanzar el máximo del techo competencial. Ya sabemos que
es difícil pedir a quien no creía en nuestro estatuto que ahora se
comprometa a darle las máximas posibilidades y que incluso se plantee
una autonomía que llegue al máximo nivel en Andalucía, una autonomía
que permita construir una Andalucía más igual, más equilibrada
y sobre todo más social. Por ello, además de estas iniciativas
institucionales que presentamos hoy aquí, en esta Cámara, y que vamos
a presentar en otras instituciones, somos conscientes de que debemos
plantear al pueblo andaluz una nueva movilización que rompa los
esquemas de quienes ahora quieren frenar nuestra autonomía, porque,
como hace 20 años, la capacidad de autogobierno de Andalucía la
tendremos que conquistar los andaluces y las andaluzas con nuestras
movilizaciones.
En este momento, 20 años después de la aprobación del estatuto,
tenemos que señalar que todavía faltan por transferir, entre otras,
las políticas de agua, las confederaciones hidrográficas, las
políticas de empleo, las instituciones culturales, los museos, los
archivos, las bibliotecas y las instituciones penitenciarias, por
señalar las de más envergadura. Permítame que le recuerde que en
Málaga se niegan a traspasar a la ciudad el Palacio de la Aduana,
para convertirlo en ese gran museo que la ciudad viene reclamando.
Prefieren mantener ocupado el mejor edificio de la ciudad y mantener
una actividad burocrática para que la subdelegación esté en el
edificio más emblemático de la ciudad, que aceptar una reivindicación
ciudadana, evidenciando con ello su pensamiento y su concepción
centralista del Estado. De forma concreta me voy a referir a dos o
tres elementos que consideramos muy importantes y que al final de
este debate deberían quedar claros para la moción que discutiremos la
semana que viene.
Por lo que se refiere a las confederaciones hidrográficas,
consideramos que es fundamental que se despejen las dudas y que se
puedan transferir a la comunidad autónoma, porque sin ellas se deja a
Andalucía sin un instrumento que permita realizar una política de
aguas para afrontar las necesidades de nuestra tierra, porque, como
usted sabrá, si algo caracteriza a Andalucía en materia hidrológica
es que hace falta una acción que corrija la gestión de los recursos
hidráulicos. Que este recurso, que, por una parte, es escaso y, por
otra parte,
es muy necesario para nuestra agricultura, se contemple en una
planificación territorial y medioambiental y se planifique teniendo
en cuenta el tejido económico y social, de manera que estos recursos
limitados se repartan desde el punto de vista de la justicia social y
del equilibrio económico, pero no desde una óptica mercantilista como
en muchas ocasiones se hace. Andalucía exige que no se le siga
limitando su capacidad de autogobierno, que no se le sigan negando
las transferencias que le son concedidas en el estatuto, porque este
autogobierno no le fue concedido por nadie, sino que fue conquistado
a través de una lucha ciudadana importante, a través de una de las
mayores movilizaciones que ha habido en este país después de la
transición. Por eso no se puede seguir negando que el Guadalquivir es
un río andaluz, por mucho que ustedes se empeñen. No se puede seguir
negando la devolución de la deuda histórica, no se pueden seguir
sustrayendo de Andalucía recursos para invertirlos en otros lugares,
mediante un sistema de financiación que a todas luces es injusto. En
definitiva, planteamos la necesidad de que de esta interpelación
salga algo concreto, no tenemos interés en ir a la confrontación con
el Gobierno, sino que queremos que de esta interpelación salga de
forma concreta un plazo y un compromiso para traspasar determinadas
transferencias antes de que termine el año 2002. Hay transferencias
pendientes que deben de ser traspasadas de forma urgente, pero
también queremos plantear que de esta interpelación salga, si es
posible, un paquete de transferencias y competencias delegadas vía
artículo 150.2 de la Constitución. También debe de quedar claro a SS.
SS. que Izquierda Unida trabaja desde la perspectiva de un Estado
federal que permita la plena integración de todas las comunidades de
nuestro país, que permita la integración de todos aquellos que
quieren configurar España como un Estado plural. Izquierda Unida
defiende un Estado federal y en estos momentos es necesario avanzar
hacia la reforma del estatuto de autonomía, porque creemos que con
ello se garantizaría la plena competencia para esta comunidad, lo que
evidentemente va a significar -se lo adelanto, señor ministro- una
reforma de la Constitución para permitir alcanzar un mayor techo
competencial.
Para terminar, tengo que decirle que somos conscientes de que
Andalucía empieza una nueva fase de esa autonomía y que en esta nueva
fase el protagonismo deberá recaer de nuevo en el pueblo andaluz,
como ya recayó el día 28 de febrero, por lo que es muy importante la
modificación del estatuto y la modificación de la Constitución, para
que todo avance suponga un aval para el pueblo andaluz. Sabemos que
es importante que no solamente tenga un tratamiento institucional
y sabemos que ustedes deben situarse ante su responsabilidad, que
pueden asumir de forma positiva -como no hizo aquel Gobierno en el
que estaban sentados algunos compañeros de su partido-, o pueden
volver a dar la espalda al pueblo andaluz, pero si la historia
sirve para algo, tomen aquel ejemplo y no lo repitan, sitúense
en clave positiva, concreten en Andalucía el máximo nivel de
competencias que le permite el estatuto y después estudiemos qué
puede hacerse en el futuro, porque Andalucía les va a reclamar el
máximo nivel de autogobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Centella, le he escuchado con atención y me parece que sus
planteamientos políticos son legítimos, pero comete usted un error de
partida que es equivocar la parte con el todo. Usted tiene una
explicación de lo que es el Estatuto de Autonomía de Andalucía, usted
tiene unas opiniones sobre cómo ese desarrollo no se ha llevado a
cabo, usted tiene la idea de que se está frenando ese estatuto, y en
tanto en cuanto usted lo diga como opinión personal o como opinión de
su grupo político yo se lo acepto, porque legítimamente usted puede
tener esa opinión. Lo que ya no estoy tan dispuesto a aceptarle es
que me diga usted que esa es la opinión de Andalucía. No, no es la
opinión de Andalucía, porque allí, en estos 20 años, ha habido
elecciones de diverso tipo y hay unas mayorías elegidas dentro de
España y dentro de Andalucía que han configurado un sistema en el
cual unos partidos tienen una determinada responsabilidad. Por tanto,
esa explicación que usted hace como recogiendo la idea de Andalucía y
confrontándola con el Gobierno no me parece ajustada a este sistema
democrático. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, como los demás
estatutos de todas las comunidades autónomas, tiene su origen y su
base en la Constitución. Es cierto que el estatuto de cada una de las
comunidades autónomas puede permitir en un momento dado una lectura
de un tipo o de otro, pero todo tiene que estar entronizado dentro de
la Constitución.
En cuanto al desarrollo de las transferencias, le voy a contestar qué
estamos haciendo al respecto. Se está teniendo una relación con quien
la Constitución y el estatuto establecen, que es con el Gobierno de
España y con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
conseguir, mediante las ponencias técnicas y las posteriores
comisiones mixtas, el máximo de transferencia de competencias
posible. En efecto, hay algunas competencias que llevan pendientes
bastante tiempo y se ha debido a las dificultades de esa negociación.
Pongo el ejemplo de las políticas activas de empleo. Ha habido un
retraso porque, primero, no hubo acuerdo en el coste de las
transferencias, más tarde, la dificultad era establecer el año base y
después ha habido dificultadespor ese sistema de financiación de las
comunidades
autónomas que no aceptaba Andalucía. Había otro tema importante
que era la AEPSA o el antiguo PER, y hay comunidades autónomas, como
Extremadura, con las que hemos llegado a acuerdos y tienen las
políticas activas de empleo. Yo espero que ese problema se vaya
solucionando ahora que hay un nuevo sistema de financiación y podamos
culminarlo. Con ello irá también una transferencia importante, la del
Instituto Social de la Marina, que tiene una gran repercusión en
Andalucía, y hablaremos de los centros educativos dependientes del
Ministerio de Defensa y con docentes de instituciones penitenciarias,
profesores de religión, de todo eso hemos estado hablando y lo hemos
hecho continuamente. El lunes voy a Sevilla a un congreso y por la
mañana no me voy a entrevistar con el presidente Chaves, porque no
está en Sevilla, pero voy a hacerlo con el consejero, el señor
Zarrías, y vamos a hablar de todos estos temas. Por tanto, hay un
proceso entre el Gobierno de nación y el Gobierno de la Junta de
Andalucía.
Hay otras materias de las que tendríamos que hablar, por ejemplo, la
ampliación de medios de la Administración de Justicia. Es algo que
pide Andalucía y lo estamos estudiando. Usted me hablaba de archivos
y museos, pero hay algunos que son de titularidad estatal y no puede
hacerse esa transferencia, porque ahí estamos interpretando el
estatuto dentro de la Constitución. Habla usted mucho de las
confederaciones hidrográficas. Existen unas disposiciones de la
Constitución y también unas sentencias del Tribunal Constitucional.
Hay una dificultad grave en la Confederación Hidrográfica del Sur,
pero veo más factible, y en eso estamos trabajando, lo referente a
esos ríos andaluces como pueden ser, por ejemplo, el Odiel o el
Tinto, aunque hay una connotación con el Parque de Doñana que hay que
resolver. En ello estamos trabajando. Por tanto, no se puede decir
que no se está haciendo caso del estatuto de autonomía y que se
quiere eliminar ese estatuto, ni mucho menos. Ese estatuto fue votado
por el pueblo andaluz, ha cumplido veinte años y se están
desarrollando adecuadamente los procesos para culminarlo. ¿Con
dificultades? Naturalmente. Es muy posible que en la reunión que
tengamos el lunes el señor Zarrías y yo no lleguemos a plenos
acuerdos, pero hablaremos; en algunos casos avanzaremos y en otros
veremos la forma de llegar a una solución suficiente para ambas
partes. Eso no quiere decir en absoluto que el estatuto se esté
incumpliendo o que haya un ataque a esos planteamientos que usted
dice.
Ha señalado un tema concreto, que me afecta a mí directamente, que es
el Palacio de la Aduana. En la decisión que afecta al Palacio de la
Aduana yo soy la parte principal, como ministro de Administraciones
Públicas, y he dicho claramente que allí debe estar la Subdelegación
del Gobierno. Ahora bien, considero -y así lo he manifestado- que la
presencia de la Subdelegación del Gobierno es compatible con la
presencia del museo de
Bellas Artes. Precisamente se están dando pasos para que el espacio
que deje la comisaría -que, en efecto, no parece tan esencial que
esté allí- pueda ocuparlo el museo de Bellas Artes, lo cual es
perfectamente compatible con la presencia de la subdelegación. Le
vuelvo a decir que la Subdelegación del Gobierno no es una posición
de un gobierno extranjero allí, sino que es de todos los andaluces;
para eso está el Gobierno de la nación, para dar servicio a los
malagueños de toda la provincia, aunque más especialmente a los de la
capital. No puedo aceptar que se diga que la presencia de una
subdelegación del Gobierno de España en Málaga es algo foráneo; no,
es de los propios malagueños.
Con esto contesto a sus preguntas concretas, aunque quizás no a su
visión ideológica del estatuto, de cómo se generó y de cómo se ha ido
cumpliendo. Esa es una visión que usted tiene, que yo respeto, porque
puede tenerla legítimamente, pero que no tenemos que compartir todos.
Lo que todos debemos cumplir, porque es nuestra obligación, es el
estatuto, dentro de la Constitución española, y así procuraremos
hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, cuando he hablado de la opinión de Andalucía respecto
a determinados temas del desarrollo estatutario no me he referido a
la de nuestro grupo -nada más lejos de nuestra intención que creernos
la opinión de Andalucía-, sino a la del Parlamento andaluz, que usted
coincidirá conmigo en que hoy por hoy es el representante de la
opinión de Andalucía. Sabe usted que el Parlamento de Andalucía ha
aprobado mociones exigiendo las transferencias de las confederaciones
hidrográficas, y son acuerdos del Parlamento andaluz. También sabe
usted que hay acuerdos del Parlamento andaluz instando al Gobierno
central a que complete el techo competencial. Esos son los acuerdos
del Parlamento andaluz a los que he aludido. No me he referido a la
opinión de este grupo, aunque se la he dicho al final. La opinión de
nuestro grupo, para que le quede clara, es reformar el estatuto y
ampliar las competencias, lo que conlleva evidentemente una reforma
de la Constitución; esa es la opinión de nuestro grupo. La opinión
del Parlamento de Andalucía es alcanzar el total de transferencias.
Por tanto, esta no es la opinión de Izquierda Unida, sino la del
Parlamento andaluz, que es la que usted debe tener en cuenta.
Señor ministro, como dice la canción, veinte años no son nada, pero
en ellos se han dejado por el camino bastantes ilusiones de
Andalucía. Voy destacar un matiz: los estatutos se desarrollan en el
marco de la Constitución, pero no son originados por ella. El
Estatuto de Andalucía se origina en la calle, cuando cientos
de miles de andaluces salieron a ella reclamando la autonomía plena;
el 4 de diciembre de 1977, cuando es asesinado el compañero Caparrós,
no había constitución en España. Por tanto, la autonomía andaluza no
se origina en la Constitución; se desarrolla en el marco de la
Constitución, que es diferente. Si tuviese su origen en la
Constitución diríamos que es algo de inspiración divina que se nos ha
regalado a los andaluces, y no es así. Quizá usted no comprenda,
porque no lo haya vivido, el sentimiento que hay en Andalucía de
defensa de su autonomía, porque fue conquistada. Se nos quiso imponer
un trámite con el que no estábamos de acuerdo y hubo que sortear toda
clase de obstáculos que provenían, como decía antes, de algunos de
sus compañeros de partido en ese momento. La ilusión que generó el
Estatuto de Autonomía de Andalucía quizá fue mayor que la que se
generó en otras zonas del Estado. Por eso 20 años después no se
entiende que todavía no se hayan desarrollado las competencias. No
voy a decir que la culpa sea del Gobierno central, evidentemente.
Estamos hablando de que tiene parte. Lo que pasa es que estamos
discutiendo en el Congreso de los Diputados. Cuando este debate se
celebra en otra cámara, en la cámara andaluza, tiene otra óptica.
Aquí sí les planteamos que ustedes no están siendo ágiles, no están
siendo efectivos a la hora de asumir su responsabilidad, y sí les
decimos que están incumpliendo el estatuto de autonomía. Les decimos
que no consignar la deuda histórica en los Presupuestos Generales del
Estado es incumplir el estatuto de autonomía. También les decimos que
ese incumplimiento no es menor, porque está privando a Andalucía de
decenas de miles de millones de pesetas. Por tanto -repito- están
incumpliendo el estatuto que, como ley orgánica, debería obligar al
Gobierno. Esa es la realidad. Lo que aquí pretendemos es que haya un
compromiso para que el Gobierno sitúe las competencias por
imposibilidad de ser transferidas, porque ustedes se han opuesto a
transferir las confederaciones, asunto sobre el que hemos tenido un
debate en esta Cámara. El Partido Popular planteaba una cosa por el
estilo en su programa electoral del año 1996 y luego, estando en el
Gobierno, ha propuesto otra muy diferente. Repito, el Partido
Popular, por escrito en su programa, en el año 1996 defendía este
traspaso, pero es evidente que hoy defiende otra cosa, defiende que
el Guadalquivir no es un río andaluz.
Hay que ponerse de acuerdo, la situación actual no sirve. Hay que
modificar lo que sea preciso, porque las leyes, señor ministro, están
para ser modificadas y para adaptarse a la realidad. ¿Vamos a adaptar
la realidad a una ley para que el Guadalquivir no sea un río andaluz?
Es más fácil adaptar la ley a la realidad para que el Guadalquivir
sea un río gestionado por los andaluces, evidentemente en el marco
del Estado y con toda solidaridad, porque si de algo no se puede
acusar a los andaluces es de insolidaridad. Llevamos años, décadas
aportando miles de millones por nuestra industria turística
a las arcas del Estado para compensar los déficit de este país,
de este Estado. Por tanto, si los andaluces algo tenemos garantizado
a lo largo de la historia es la solidaridad. Por eso, señor ministro,
le indico que su Gobierno tiene dos caminos: el que cogieron en el
año 1980 o el que ahora pueden coger. El del año 1980 ya saben a
dónde les llevó. Situarse en este camino, junto con la sensibilidad
que hay en Andalucía actualmente respecto a alcanzar el máximo techo
competencial, sinceramente es lo que más le conviene a Andalucía, a
España y también a su grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señor presidente.
Recogiendo sus últimas palabras, plantea usted una disyuntiva que no
es real: O hace usted lo que nosotros decimos o está usted actuando
como en el año 1980; no es así. El Gobierno -insisto- está cumpliendo
el estatuto, como también está intentando cumplirlo el Gobierno de la
Junta de Andalucía, que actúa de acuerdo con los dictados del
Parlamento de Andalucía. Eso es lo que estamos discutiendo. Yo le he
explicado qué transferencias se están haciendo, en cuáles hay
dificultades y cómo las estamos estudiando. Eso es cumplir el
estatuto y eso es generar ilusión. Yo no puedo aceptar que en estos
20 años -y conozco bastante bien la gestación de ese estatuto- esa
ilusión se haya despreciado, ni mucho menos. No ha desaparecido.
Andalucía ha dado un gran paso adelante en muchos aspectos respecto
de lo que era en el año 1980. Por tanto, se va por un camino
adecuado, en el que todos debemos colaborar, y desde luego este
Gobierno va a hacerlo.
Permítame que le diga, señor Centella -y en esto sí que hablamos de
opiniones, tan legítima la suya como la mía, pero opiniones al fin-,
que no estoy de acuerdo en la búsqueda de ese origen, anterior a la
Constitución, del Estatuto de Andalucía. ¿Había un sentimiento
andaluz profundo? Indudablemente. Es un hecho que en Andalucía y en
otras comunidades autónomas hubo manifestaciones pidiendo esa
autonomía, pero debemos admitir -es bueno que lo admitamos, y bueno
para la construcción del Estado- que ese impulso se canalizó en la
Constitución y que, por tanto, a los estatutos de autonomía no les
viene su fuerza de algo inmaterial, de algo inexistente. No, nacen
precisamente porque hay una Constitución de todos los españoles en la
que basan su fuerza. Ese es un criterio que todos debemos defender.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias,señor ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES. (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 122/000145)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Para la
defensa de la misma, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
A raíz de la Comisión de investigación de Gescartera, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida presentó una serie de propuestas en
profundidad como alternativa a la situación que hemos vivido y que en
la relación causa-efecto han motivado los hechos que hemos estado
analizando e investigando. Cuando digo que son propuestas en
profundidad quiero decir que son propuestas serias, meditadas y
perfectamente compatibles con el Gobierno que quepa en nuestra actual
Constitución, no estoy hablando de ningún tipo de propuestas
marginales, sino de propuestas reales para solucionar la situación y
para que no vuelva a ocurrir lo que ha provocado el tema de
Gescartera.
Durante la investigación había un tema estrella oculto que no lucía
con luz propia porque se esperaban otra serie de elementos
espectaculares. La Comisión ha sido muy espectacular y, al final,
parecía que había que sacarse de la manga una chistera para hablar de
cuál es la responsabilidad política. Sin embargo, no es así. Había
una estrella oculta que, al final, poco a poco va saliendo, va
surgiendo de la niebla, de la confusión, y es la responsabilidad a la
hora de elegir, la responsabilidad a la hora de controlar al elegido
y la forma en que se elige, tema fundamental y de enorme importancia
en la democracia. Queramos que no, la democracia es un sistema basado
en la desconfianza, no en la confianza otorgada, sino en la
desconfianza a la hora de que quien elige, controla y establece un
sistema de cara al respeto a las leyes y al sistema que marca el
Estado social y democrático de derecho. Nos hemos encontrado con un
cierto estilo que no reproduce la forma de trabajar de
otros gobiernos de los países civilizados de la Europa occidental,
que hay que superar, un estilo que posiblemente tiene sus raíces en
nuestra propia historia, un estilo que no es aceptable. He puesto el
ejemplo muchas veces de cómo se elige al señor Ramallo para la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ahí hay dejadez y un cierto
compadreo a la hora de situar a una persona en un órgano de enorme
importancia por razones de una operación partidista de división de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, de una operación partidista
a la hora de crear una oposición al presidente que está funcionando
en ese momento, que, por cierto, es cuña de la misma madera, de la
misma ideología y nombrado también por el Gobierno, cuyo nombramiento
no responde -el del señor Ramallo y el de otros- a los intereses de
independencia, fundamental a la hora del funcionamiento de un
regulador, ni al de preparación técnica. Esos dos criterios, la
independencia y la preparación técnica, no se tienen en cuenta para
nada. Independencia, en absoluto. Lo dice el propio señor Ramallo: Yo
no quiero Trasmediterránea, prefiero la Comisión Nacional del Mercado
de Valores porque es lo que consuena con lo que voy a hacer en mi
vida privada a partir de ahora hasta la jubilación. Él lo ha repetido
y está actuando como notario en función de unos intereses privados
muy determinados, y en cuanto a preparación técnica, en este asunto
el señor Ramallo no tenía casi ninguna. Incluso el nombramiento de
doña Pilar Valiente y del señor Roldán Alegre también obedecen a una
estilística que no es aceptable. Primero se les nombra para que hagan
oposición, para que creen un anticuerpo en el seno de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y ese anticuerpo es el que impide la
intervención en 1999. Por tanto, no ha habido responsabilidad ninguna
a la hora de elegir. El Gobierno no tenía cultura democrática a la
hora de elegir y a la hora de controlar al elegido. No tenía esa
cultura y tampoco después ha asumido la responsabilidad poltica
consecuente. A raíz de ahí tiene mucho más sentido la propuesta que
hoy venimos a hacer aquí, que es de modificación de la Ley del
Mercado de Valores, de cara a la elección del presidente y
vicepresidente. Además esta estilística es recurrente, es
sistemática. Cuando se nombra al señor Caruana como gobernador del
Banco de España, el hilo conductor del señor Caruana obedece también
a estos criterios de poca responsabilidad a la hora de nombrar y poca
responsabilidad a la hora de controlar. El señor Caruana era director
general del Tesoro, por tanto, consejero nato de la CNMV, es nombrado
gobernador del Banco de España y sigue, en esta forma de gobernar que
es una especie de estilo del señor Rato que nosotros no compartimos
en absoluto según ya ha hemos dicho por activa por pasiva. Eso en
política pura se llama neoliberalismo, es decir, quitar toda la
fuerza del mundo a los organismos públicos, quitar toda la fuerza del
mundo a los organismos de control, a los reguladores, es el famoso
grito del señor
Aznar: ¡Menos Gobierno! En política pura se llama extraliberalismo en
el caso de España, porque el caso de España con mucho supera al
modelo anglosajón e incluso al modelo de las agencias federales de
los Estados Unidos. Este es el caso extremo en estos momentos en
Europa, donde sí funcionan los reguladores, desde luego a mucho mejor
nivel que aquí en España, por esos dos criterios fundamentales que
hay que utilizar: independencia y preparación técnica. En román
paladino no se llama neoliberalismo, sino de otra manera, puede
llamarse dejar hacer, negligencia, compadreo, para que se entienda si
nos dirigimos al sentido común popular, pero en política es una
posición coherente con lo que se intenta hacer a todos los niveles en
el tema de las privatizaciones, en el tema de darle todo el poder al
mercado.
Este es el asunto de fondo. Cuando este diputado, a lo largo de la
Comisión de investigación sobre Gescartera ha hablado con gente del
sistema financiero, gente normal que no es de la ideología de este
diputado, nos dicen: No, no, es que así funciona todo el sistema
financiero. Digo: ¿Cómo es esto? Dice: Sí, sí, esas comidas que
vosotros habéis criticado donde se mezclan intereses públicos y
privados, donde regulados y reguladores hablan de los intereses de
ambos, eso es lo normal en el sistema financiero español. Y era lo
normal, a mi juicio, desde el punto de vista del Gobierno, solamente
que alguien ha traspasado cierta frontera, que es la del escándalo
-aquí la ética es muy permisiva en el sistema financiero- y ha
saltado la situación hasta constituirse la Comisión de investigación.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) El
estilo del señor Rato nos viene a decir a la hora de nombrar, a la
hora de no vigilar al nombrado, que el mercado va a educar a la
gente, es el mercado el que tiene que lanzar su pedagogía e imbricar
a la gente en un sistema de funcionamiento nuevo, moderno, renovado,
que no tiene nada que ver con el aumento del Gobierno. No, si es que
no hay que aumentar el Gobierno, no hay que aumentar la regulación,
no hay que aumentar el sistema de controles. Este era el discurso y
esta es la derrota del Partido Popular si quieren ustedes que vayamos
al fondo, que no hemos ido en las resoluciones a menos Gobierno sino
a más Gobierno, a pesar de que son resoluciones superficiales
aprobadas sin tener en cuenta lo que se ha debatido en la Comisión.
Hemos ido a mayor regulación, pero no a la regulación necesaria para
superar esta situación y acabar con el desprestigio que en estos
momentos está sufriendo el sistema.
Desde ese punto de vista nosotros pensamos que no se tiene en cuenta
el currículum, no se tiene en cuenta quién custodia a los
custodiadores, no se tiene en cuenta la responsabilidad enorme que se
deriva de la actuación de un regulador como la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y si en este momento, como así ha sido, el
Gobierno no asume la responsabilidad, nosotros
planteamos que la responsabilidad de elegir y de controlar la
asuma el Parlamento, la asuma el Congreso de los Diputados. Esa es la
filosofía de fondo. Por eso planteamos que el Congreso de los
Diputados nombre al presidente y al vicepresidente por mayorías
cualificadas, de acuerdo, esta vez sí, a criterios que en Europa son
rigurosísimos, como el de la probada independencia y la capacidad
técnica, que el Congreso de los Diputados consiga un consenso amplio
y que a partir de ahí presidente y vicepresidente comparezcan en el
Congreso de los Diputados no cada vez que el grupo mayoritario lo
permita, como nos pasa en el caso de una serie de personalidades,
sino siempre que lo solicite -creemos que con una solicitud basta, no
se debiera negar- el Congreso de los Diputados a través de cualquiera
de sus grupos. En el mismo sentido, puesto que es una responsabilidad
política que asume el Congreso de los Diputados, se le da también la
capacidad de cesar al presidente y vicepresidente, en caso de que no
funcione bien.
Presentamos esta proposición de ley el 21 de septiembre, cuando
apenas habían arrancado los trabajos de la Comisión de investigación.
El 21 de septiembre ya estaba clara una cosa, después de las
comparecencias, fundamentalmente la primera de doña Pilar Valiente el
2 de agosto, ya estaba claro uno de los fallos fundamentales. En
primer lugar, el fallo de un presidente que no quería trabajar bien
y, en segundo lugar, que no había tenido, me refiero por ejemplo a lo
que pasó con el señor Fernández-Armesto, la autoridad suficiente a la
hora de ser elegido. Por ejemplo, nos vamos al 16 de abril de 1999.
Si el señor FernándezArmesto hubiese sido elegido por este Congreso
de los Diputados, si el señor Fernández-Armesto hubiese dependido de
este Congreso en controles sucesivos cada seis u ocho meses, si el
cese del señor FernándezArmesto hubiese dependido de este Congreso de
los Diputados, no hubiesen pasado muchas de las cosas que ocurrieron,
pero no tenía ninguna autoridad. Había sido nombrado por un gobierno
y era supuestamente controlado por el mismo gobierno. Ese mismo
gobierno, cosa que no podía denunciar el señor FernándezArmesto, le
había puesto una oposición interna: doña Pilar Valiente, el señor
Roldán Alegre y el señor Ramallo. Esta oposición interna, ¿dónde
podía denunciarla el presidente, si aquí apenas se atrevía, aunque al
final terminaron denunciando la división en dos grupos fundamentales?
No podía denunciarla de ninguna manera. Si el señor Fernández-Armesto
o cualquier otro presidente en esas circunstancias hubiese sido
nombrado por el Congreso de los Diputados, no se hubiese dado el
problema que se dio y tal como se dio. Sé que no me hago entender por
sus señorías. Cuando se tiene mayoría absoluta, es muy difícil que se
entienda a una minoría de ocho diputados, pero hago el esfuerzo, a
pesar de ser las cuatro de la tarde y a pesar de los pesares. Tienen
que caer ustedes del caballo de esa mayoría absoluta
que les permite oír, pero que les impide escuchar. Lo digo por
las respuestas que me van a dar ahora, no porque no estén ustedes
atentos, ya que veo que prestan ustedes una gran atención, pero de la
respuesta que me van a dar puedo adelantarles una cosa, que tengan en
cuenta cómo se funciona en toda Europa, se elija o no por el
Parlamento y que se tenga en cuenta, por ejemplo, cómo funcionan las
agencias federales. En las agencias federales ninguna de las
responsabilidades, cuando son colectivas, pueden tener más del 50 por
ciento del partido mayoritario, nunca, y tienen un control directo y
diario, lo que aquí no se permite. Si ustedes nombran la especie de
organizaciones no gubernamentales del Reino Unido, verán que los
criterios que se barajan y los controles que hacen los partidos en el
gobierno y en la oposición respecto a independencia y a capacidad
técnica no tienen nada que ver con la forma en que se han hecho en
España los nombramientos en estos casos concretos que acabo de citar.
No tiene nada que ver y no me valdría que en la respuesta se me
dijera que en ciertos países no son nombramientos de extracción
parlamentaria, porque estoy hablando de España aquí y ahora. Una
España cuyos gobiernos no han tenido cultura de independencia y
cultura de currículum, sino que por razones partidistas, por razones
personales, situando como cementerio de elefantes políticos ciertos
reguladores de enorme importancia, no les han dado ese valor a los
organismos de control, y así nos va. No me vale que me digan que en
Francia, que en Italia o que en Inglaterra se eligen de otra manera,
porque yo estoy hablando de un país que hasta ahora no ha asumido esa
cultura de los reguladores, que ha desregulado, que constantemente
incide en la democracia desregulada, donde constantemente todo se
supedita al control de un partido o de una colección de partidos que
en ese momento detentan -y utilizo el verbo detentar- el poder de
manera no adecuada. Esta es nuestra propuesta. Está rechazada de
antemano, como dice el señor Martínez-Pujalte. Seguiremos estrellando
pelotas en el muro, pero le recuerdo aquello del ministro de UCD,
señor Lamo de Espinosa, que en una rueda de prensa en Jaén dijo que
iban a gobernar durante 107 años. Quizá no sean tantos. (El señor
Cisneros Laborda: No fue Lamo, fue Suárez.) No, fue Lamo, siendo
ministro de Agricultura.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz. ¿Algún
grupo desea utilizar turno en contra? (Pausa.) ¿Algún grupo desea
fijar posición? (Pausa.)
El señor Puigcercós tiene la palabra.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente esta propuesta del Grupo Federal de
Izquierda Unida por coherencia con las conclusiones que tuvo el Grupo
Mixto en la Comisión
de investigación de Gescartera y por el voto particular que
emitimos. Evidentemente, este no será el último debate, se vote lo
que se vote hoy, sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Es evidente que una de las conclusiones lógicas que hubiera tenido
que aprobar este Parlamento sería la elección de los miembros, en
este caso Izquierda Unida propone que sea la de presidente y
vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
este Parlamento y que este Parlamento habilitara las medidas de
control y de información de las tareas, las supervisiones, las
inspecciones y el fomento que lleva a cabo la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Incluso hubiéramos ajustado la mayoría
cualificada que necesitaría esta Cámara para elegir al presidente,
vicepresidente y los miembros que no son natos del consejo, porque
entendemos que tampoco la doctrina que se ha creado en el Estado
español desde el año 1975 sobre órganos reguladores es una doctrina
nueva, y que esto no se puede lidiar sólo con una mayoría de dos
grupos de la Cámara, sino con una mayoría más reforzada que obligara
a buscar el consenso incluso de más grupos y de mayor número de
diputados. En ese sentido, también creemos que no sólo tienen que ser
elegidos los miembros del consejo del órgano regulador por este
Parlamento, sino que también habría que modificar otros aspectos
necesarios, como sería que no sólo el Banco de España estuviera
presente como consejero nato, sino que también la Agencia Tributaria
tuviera representación nata. Esto en el mejor de los sentidos y con
la mejor intención, para reforzar la coordinación y el cruce de
información.
Finalmente quiero expresar, repito, lo que ya decía antes, la falta
de tradición del Estado español, de este Gobierno y de los anteriores
gobiernos, en lo que es la creación de órganos reguladores
independientes, elegidos por el Congreso, porque como decía el señor
Alcaraz, ¿quién va a supervisar a los supervisores? ¿Quién vigilará a
los vigilantes? Creo que en este caso la única garantía que pueden
tener los ciudadanos es la contravigilancia, y la mejor
contravigilancia que se puede ejercer es con un órgano independiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta ley que propone la
modificación de la Ley 24/1988, sobre la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y lo hacemos porque los últimos acontecimientos
demostraron de una forma clara que existen relaciones económicas,
sociales, políticas e ideológicas que influyen gravísimamente en
decisiones del Gobierno en relacióncon instituciones y organismos
públicos y, viceversa,
en la relación de estos organismos e instituciones públicas con el
Gobierno. Por otra parte, no pude quedar, bajo el criterio exclusivo
de la llamada honorabilidad, palabra obsoleta a principios del siglo
XXI, en manos del Gobierno el nombramiento de presidentes de
organismos que tienen un papel muy delicado, en este caso concreto en
una economía totalmente desregulada, en una economía
transnacionalizada. Por eso pensamos que la valoración de lo que es
el prestigio profesional, de lo que es la independencia, de lo que es
el máximo consenso, de lo que son en definitiva las características
que deben reunir las personas que están al frente de estos organismo
e instituciones, deben ser dirimidas en un debate público, abierto,
que debe sustanciarse en el Parlamento del Estado español. Para que
los organismos e instituciones tengan una probada autonomía frente al
poder financiero y frente al poder político del Ejecutivo, ese
nombramiento y control deben hacerse por el Congreso de los
Diputados. Por ello vamos a apoyar la propuesta del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida que, siendo discutible en
algunos de sus extremos, es inmensamente mejorable y permite dar vía
libre a un debate profundo respecto de esta cuestión, con las
opiniones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, puesto que
es un clamor universal en la sociedad de todo el Estado español que
las cosas deben funcionar de otra manera.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez
Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Comprendo las razones que llevan al grupo
proponente, y en especial al señor Alcaraz, a defender esta
proposición de ley sobre el nombramiento del presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque he sido testigo de
la labor que ha hecho de oposición dura y fundamentada en la Comisión
de Gescartera.
Ahora bien, traer a la Cámara la posibilidad de nombrar al presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene, a mi juicio,
las siguientes objeciones. En primer lugar, sería elevar a rango
constitucional la elección del presidente de un organismo creado en
1988 sin imperativo constitucional. No estamos eligiendo magistrados,
miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder
Judicial o del Tribunal de Cuentas, o al Defensor del Pueblo. Y junto
a lo dicho de no tener necesidad de elevar a rango constitucional
este nombramiento para una entidad puramente gestora, inspectora o
supervisora del mercado de valores, en un sistema de economía libre
de mercado y bursátil, tenemos que preguntarnos también si
resolviéndolo con la posibilidad de nombrar al presidente de esa
entidad mediante la elección por las tres quintas partes de la
Cámara, tendríamos algo que pintar ahí los partidos minoritarios.
Se trata de una entidad -insisto- que no va a defender ningún
principio de imperativo constitucional, sino normas de gobierno en
una economía de libre mercado -por supuesto, como señala la
Constitución-, cuyos mecanismos se resuelven por otra vía en tantos
países democráticos. Quiero que conste que la vía española de
nombramiento me parece totalmente insuficiente y muy coartada en
comparación con la anglosajona y sobre todo con el principio
norteamericano de elección de los responsables de los organismos
encargados de la supervisión del mercado de valores.
Desde luego, hay que dar garantías, pero también tengo que hacer otra
objeción a ese planteamiento. Acabamos de terminar -la semana pasada-
el debate de la Comisión de investigación de Gescartera y el Pleno
tomó unos acuerdos que contienen 26 medidas perfeccionadoras, más dos
adicionales que llaman propuestas de mejora. Llama la atención que,
entre las siete conclusiones adoptadas, dos -la segunda y la tercera-
se dirigen a perfeccionar la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, verdadero punto neurálgico de los debates que hemos
mantenido y al que ha dedicado su atención la Comisión de
investigación sobre Gescartera. Las 26 medidas que propone el Pleno
-más las dos adicionales, una de las cuales comentaré ahora- están
dedicadas a corregir el funcionamiento de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Un medio de comunicación nacional muy prestigioso
llegó a titular en días pasados el asunto de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores como el desorden del día de esta Comisión. Pues
bien, a corregir ese desorden del día tiene que dirigir este
Parlamento todos sus esfuerzos; y no sólo en la persona del
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino en la
de todos sus consejeros, que se eligen por distintas vías -la mayoría
gubernamentales-, y en la estructura funcionarial operativa:
direcciones generales e inspectores de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. De poco nos serviría poder elegir al presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores si una de esas figuras
pudiera transformarse y la protegiéramos después desde el Parlamento,
y valga la libertad parlamentaria. Pero señores, ¿qué controles
hacemos de los que elegimos aquí? ¿De los que hemos elegido para el
Tribunal Constitucional que tiene su plena soberanía? ¿De los que
elegimos para el Tribunal de Cuentas o de los que elegimos para el
Consejo General del Poder Judicial, si después la Cámara incluso se
ve obligada a arroparles en sus comparecencias porque son criaturas
más o menos nacidas de decisiones de la Cámara?
Pero hete aquí que también este Pleno, a propuesta de la Comisión
aprobó dos adicionales, una de las cuales -la que podíamos titular
como la número 27- dice que el presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores comparezca en la Comisión de
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una vez cada
período de sesiones para presentar la memoria anual e informar del
desarrollo de los trabajos del organismo. Yo me conformo con esto. Mi
grupo quiere ser consecuente primero con lo que hemos aprobado, y si
una de las medidas correctoras, de mejora que hemos aprobado es que
el presidente comparezca aquí, entonces vamos a tener un doble
control. Si lo nombramos nosotros directamente no vamos a tener el
control vía gubernamental mientras esté vigente la Ley de 1988 del
Mercado de Valores -o lo que se modifique de la misma- y mi grupo es
partidario de darle un repaso total a la comisión, porque tenemos el
imperativo del Pleno, con lo aprobado respecto la Comisión de
Gescartera. Coincido plenamente con el señor Alcaraz en que esa
Comisión Nacional del Mercado de Valores no puede seguir funcionando
como hasta ahora. Tiene que haber unas garantías profesionales; no se
puede llegar a director de una unidad operativa de una comisión que
controla el mercado de valores y los organismos financieros
procediendo de una agencia de ventas de una bebida. Habrá que exigir
un listón de profesionalidad y un buen conocimiento bursátil de los
mejores profesionales que pueda haber, bien en cuerpos de la
Administración del Estado o bien de profesionales captados por una
libre opción, pero que sean responsables ante la Cámara, ya se trate
del presidente o de cualquiera de los miembros de la comisión.
Prefiero tener ese control del Parlamento, tanto directo (como hemos
acordado en el Pleno y en la denominada propuesta número 27 de la
Comisión de investigación), como a través del ministro responsable de
su nombramiento. Podemos tener dos controles. Mi grupo prefiere hacer
comparecer al ministro que nombre al presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores -en el momento actual el ministro de
Economía- para pedirle cuentas del perfil de la persona elegida y el
seguimiento de su actuación, y al mismo tiempo no sustraer a la
Cámara la posibilidad de pedir cuentas, mediante el control al
Gobierno y al ministro responsable del nombramiento, como he citado
antes, de las decisiones que tomen al presidente de la Comisión o a
cualquiera de sus miembros ante la Comisión de Economía y Hacienda
del Congreso.
Me sumo a una cuestión de fondo que subyace en el discurso del señor
Alcaraz y que podemos compartir los que hemos votado favorablemente
el acuerdo de la Comisión y es que vamos a tener que prestarle
atención. En primer lugar, la exigencia de modificar la Ley de 1988
porque esa comisión no puede seguir con unos principios de
inseguridad jurídica, de inseguridad funcionarial y de actuaciones
supervisoras que es necesario corregir. Este es uno de los resultados
positivos muy importantes a destacar de la labor que ha hecho la
Comisión de investigación y lo que hemos visto a lo largo de estos
dos meses pasados. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
necesita ser punto de atracción
del interés político de la Cámara y de todas las fuerzas
políticas para resolver este tema; pero traer solamente aquí que sea
esta Cámara la que nombre al presidente no va a resolver ninguno de
los problemas que tienen que resolverse por otras vías. Mi grupo está
en esta línea, quiere ser consecuente con lo que hemos votado en el
debate del informe de Gescartera, quiere ser congruente con el mismo
y no empezar ahora a hacer añadidos de cosas que no están en el
informe de la Comisión, añadidos que a juicio de mi grupo desde luego
no vienen a resolver el problema.
Por esa razón, señor presidente, mi grupo votará en contra de la toma
en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) va
a ser votar en contra de la proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y ello básicamente por los
siguientes motivos, señorías.
En primer lugar porque el Gobierno acaba de aprobar un anteproyecto
de ley financiera, que recientemente se ha remitido al Consejo de
Estado, en el que se recogen mejoras sustanciales que van orientadas
a la modificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En
el debate que se va a producir en el Pleno del Congreso de los
Diputados, así como en la Comisión, vamos a tener oportunidad todos
los grupos que podamos participar en la elaboración de la ley
financiera de incorporar todas aquellas enmiendas que vayan dirigidas
a los objetivos propuestos por cada grupo parlamentario.
En segundo lugar, nosotros también vamos a votar en contra de dicha
proposición de ley básicamente por coherencia parlamentaria con lo
trabajado por nuestros diputados en la Comisión de Gescartera, pues
han introducido una serie de mejoras orientadas al funcionamiento de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores pero en otra dirección,
van dirigidas quizá al mismo fondo planteado por ustedes hoy en este
debate parlamentario, pero a través de diferentes mecanismos.
Concretamente Convergència i Unió en esa Comisión ha planteado una
enmienda, que ha sido recogida en el dictamen de la misma y en el
anteproyecto de ley aprobado recientemente, en el sentido de que se
pueda establecer la necesidad de que la propuesta de nombramiento del
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores deba
realizarse previa comparecenciadel Gobierno ante la Comisión de
Economía y
Hacienda del Congreso, con el objeto de informar sobre el candidato
propuesto. Esta es una técnica parlamentaria que nosotros desde
Convergència i Unió hace bastante años hemos intentado introducir en
los diferentes debates del estado de la Nación que se han producido
en esta Cámara; concretamente en el año 1994 presentamos la
posibilidad -y creo que su grupo parlamentario lo votó
afirmativamente- de que para cada nombramiento que se produjera por
los diferentes organismos de las sociedades estatales, organismos
reguladores, se pudiera practicar lo que hacen los norteamericanos,
que denominan el hearing, o sea la comparecencia del interesado para
que se someta a todas las preguntas parlamentarias que puedan hacer
los diferentes grupos que componen la Comisión y es en este sentido
que esta propuesta, que fue recogida en el dictamen de la Comisión de
Gescartera, también se ha incorporado en el anteproyecto de ley, y
pensamos que es un primer paso cualitativamente importante a fin y
efecto de que el Gobierno pueda comparecer ante la Comisión de
Economía y Hacienda para poder anunciar cuál va a ser el presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara puedan fijar su posición al
respecto.
Dentro de las propuestas que nuestro grupo parlamentario incorporó en
el dictamen, también está la posibilidad -y en eso pienso que todos
los grupos de la Cámara estaríamos de acuerdo- de que el futuro
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga que
comparecer al menos una vez durante el periodo de sesiones para que
se someta al control de todos los grupos parlamentarios, así como
también para que pueda presentar la memoria anual e informar del
desarrollo de los trabajos de dicho organismo. Es en este sentido,
señoras y señores diputados, señor Alcaraz, en el trámite
parlamentario y con algunas de las modificaciones que ya se han
incorporado en este proyecto de ley, algunas de ellas presentadas por
el Grupo Parlamentario Catalán (Cnvergència i Unió) estamos
convencidos de que podremos recuperar la normalidad en el
funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así
como también recuperar y defender la transparencia del mercado en
beneficio del propio mercado, así como también de los accionistas y
de los inversores. Pienso que en este trámite parlamentario podremos
debatir en profundidad todas estas cuestiones; pero, repito que la
que plantean ustedes es de fondo, es de calado parlamentario
importante, va en una dirección opuesta a las que ha presentado
nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero con
el mismo objetivo de mejorar el funcionamiento de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que por el tiempo en que se presentó la proposición de
ley que se nos propone hoy para su discusión y tramitación en esta
Cámara, el mes de septiembre, teniendo en cuenta que hace poco
tiempo, hace unos días hemos cerrado la Comisión de investigación de
Gescartera (para ser más exactos, la ha cerrado el grupo que apoya al
Gobierno con mayoría absoluta) en la que se han puesto de manifiesto
muchas de las cuestiones que subyacen en la presentación de esta
proposición de ley, quizá necesitaría ser ampliada, porque luego
hemos conocido muchísimas cuestiones relacionadas con el
funcionamiento de este organismo. Este no es un tema exclusivamente
técnico, no es un tema sólo de cómo puede regularse o no un organismo
independiente, es un tema que tiene que ver con la ideología y con la
extracción de cada grupo de esta Cámara.
Si me permiten, les voy a resumir brevemente qué creo ha sido la
esencia de lo que ha ocurrido en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que podíamos extenderla a otras instituciones, como el
Tribunal de Defensa de la Competencia, que también han sido usadas
por el grupo mayoritario para determinados intereses y no para
cumplir su función de control y de independencia.
Todos los organismos reguladores tendrían que ser independientes,
pero desde que gobierna el Partido Popular no es así, no son
independientes sus decisiones ni tampoco las personas que los
componen. A lo largo del tiempo desde el año 1996, mejor dicho desde
la creación de la comisión y hasta el año 1996 la Comisión Nacional
del Mercado de Valores funcionó perfectamente, no hubo ningún
problema, empieza a haberlos a partir de 1996 con los nombramientos
que ustedes hacen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no
solamente de personas afines sino de personas que tenían mucho que
ver con el mercado de valores; personas que tenían una ligazón, que
estaban en la trama del negocio de lo que allí se estaba gestando. La
consecuencia de haber elegido esa opción ha sido el alambique, ha
sido lo que hemos contemplado con bastante vergüenza en la Comisión
de investigación sobre Gescartera. Ha sido una connivencia
permanente, no había el más mínimo atisbo de seriedad, de discreción
ni de independencia. Ha sido un organismo en el que parecía que
estaban para todo lo contrario de aquello para lo que se les había
puesto. Parecía que el organismo regulador tenía que servir
precisamente para velar por la transparencia de las transacciones y
de lo que se hacía en el mercado de valores. Justamente sirvió para
lo contrario. Por eso digo que no es una cuestión simplemente
técnica, es una cuestión ideológica. Por
mucha mayoría absoluta que ustedes tengan, no pueden nunca controlar
en su totalidad los miembros de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, porque ocurren las cosas que han ocurrido. Un ministro no
puede ser el que decide lo que se hace ahí, porque pasa lo que ha
pasado y lo que pasará. Ustedes han tenido la desfachatez, porque lo
han hecho a la vista del público, lo han hecho en un escaparate, de
privatizar seis billones de las empresas públicas de este país, la
mayoría de las empresas públicas, y han tenido un aliado fundamental:
desde el presidente hasta el último consejero de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. En términos económicos lo de Gescartera era
una absoluta nimiedad, no era nada en términos económicos, lo
importante es saber qué han hecho ustedes, qué decisiones han tomado
respecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en todo ese
tiempo. De las quince primeras empresas que privatizaron, cuando
nombraron a los consejeros independientes el 25 por ciento eran
consejeros que provenían de las empresas de bolsa, los mismos que hoy
tienen relaciones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ha
habido personas que han asesorado a Gescartera, que son consejeros
todavía de empresas que antes eran públicas, a los que ustedes
nombraron. Luego aquí la relación de intereses entre lo que se hace
en el mercado de valores o lo que se hace en otras instituciones que
tienen que velar por la competencia es tremenda.
Desde su posición ideológica, desde su ligazón con el mundo de los
negocios hay ministros que tienen muchísimas empresas, que no digo yo
que no puedan tenerlas, quiero decir que si ese ministro nombra a
todos los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
indudablemente las demás empresas o los demás empresarios que tienen
que competir no deben estar tranquilos y los ciudadanos tampoco. Por
eso hay que poner trabas y hay que poner algún elemento de control y
el mayor control es que este Parlamento aborde y sea partícipe de los
nombramientos de los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Había que ampliar esa propuesta, y por eso nosotros vamos
a votar favorablemente para que se apruebe su admisión a trámite. Es
un asunto que hay que estudiar en profundidad, pero no con las
conclusiones que han salido de la Comisión sobre Gescartera ni con lo
que el Gobierno prevé en el proyecto de ley que aquí se ha
mencionado, sino que hay que estudiarlo con mayor detenimiento para
evitar precisamente que el Gobierno, sobre todo un Gobierno
profundamente de derechas y un Gobierno en el que sus miembros tienen
muchos intereses en las empresas de este país, tenga oportunidad de
nombrar a todos los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, como tiene la oportunidad de nombrar a los miembros del
Tribunal de Defensa de la Competencia. Son organismos que deben
preservarse, la democracia exige que se
preserven y exige que haya una neutralización de las tentaciones que
ahí pudiera haber.
Por poner un ejemplo les diré que hay un libro que relata con
profusión aspectos que han sucedido en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Decía el autor en ese libro que no se pueden
hacer determinadas cosas, porque es una agresión no solamente al
funcionamiento idóneo de la comisión sino a introducir determinados
elementos de disfunción. Nombrar al señor Ramallo como consejero de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores demostraba tanta
sensibilidad, tanto aprecio por el mercado de valores como si a
alguien se le ocurriera poner a un luchador de sumo a operar a un
paciente del corazón y ponerle un by-pass; era algo parecido. No se
puede poner a determinadas personas con poca preparación. Se
mencionaba aquí lo que hemos conocido en la Comisión de investigación
sobre el caso Gescartera, pero para muestra vale este botón del señor
Ramallo. Ustedes, el grupo de la mayoría, se lo tienen que pensar.
Después de Gescartera ya no pueden decir que los ciudadanos no
conocen lo que estaban haciendo, los ciudadanos saben perfectamente
que estaban usando y han usado durante este tiempo a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para sus intereses o por lo menos
para el interés del ministro de Economía. Por eso, si ustedes todavía
piensan que pueden tener alguna credibilidad apoyen esta propuesta,
discutamos cómo se puede hacer y admitamos que la Comisión Nacional
del Mercado de Valores tiene que ser un elemento neutral y no
partidista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuevas.
Grupo Parlamentario Popular, señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, señorías, un ilustre
paisano de circunscripción electoral del portavoz del grupo
parlamentario autor de la proposición de ley que estamos debatiendo
-y, por cierto, también del señor Cuevas-, don Juan de Mal Lara, que
vivió en Sevilla allá en el siglo XVI, se dedicó a recopilar y a
glosar lo que llamaba la filosofía popular, que según él emanaba de
los dichos y de los refranes que en aquel tiempo corrían por España.
No es el menos desconocido de ellos ese dicho de ue todos los santos
tienen octava. Sin duda, el señor Alcaraz lo conoce, como conocido y
reputado filólogo que es, e incluso yo diría que se ha acogido
precisamente a este refrán para volver a traernos aquí hoy un debate
que vamos a tener entre la contumacia del que quiere que volvamos a
debatir lo que ya debatimos y votamos no hace todavía ocho días y la
impaciencia de quien no consigue esperar siquiera a que se plantee en
la Cámara la ley financiera que ya ha sido aprobada por el Gobierno
y que por tanto en los próximos días sin duda el señor Alcaraz tendrá
ocasión de intervenir sobre ella.
No tengo la menor duda de que en ese momento el señor Alcaraz volverá
a plantearnos por tercera vez este asunto, a pesar de los argumentos
en contra que yo ahora voy a intentar explicarle, que a mí me parecen
de suficiente peso, pero me temo que no van a poder convencer al
señor Alcaraz.
En realidad el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida persigue dos
hechos concretos: en primer lugar que el presidente y el
vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sean
elegidos por el Pleno de esta Cámara por una mayoría de tres quintos
y que puedan ser separados de sus funciones también por el mismo
procedimiento. En segundo lugar, que presidente y vicepresidente se
sometan al control de esta Cámara y acudan a ella tantas veces como
sean requeridos. Pues bien, señor Alcaraz, ahí van nuestros
argumentos en contra, porque ya he visto que usted tenía verdadero
interés por conocerlos, incluso ha adelantado algunos que yo no voy a
exponerle esta tarde desde esta tribuna.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un organismo público
que depende de la Administración del Estado, si bien con una
competencia funcional amplia para el ejercicio y la consecución de
sus fines, y así se regula expresamente en la Ley de ordenación y
funcionamiento de la Administración general del Estado. En aquello
que no está regulado en su propia ley, se rige por la Ley de
Procedimiento Administrativo. Cuando sus propios actos no agotan la
vía administrativa, es susceptible de recurso ante el Ministerio de
Economía al que está adscrito; por tanto estamos ante un órgano
puramente administrativo, y desde nuestro punto de vista la elección
y cese de su presidente y vicepresidente debe seguir rigiéndose en su
nombramiento, de acuerdo con lo que dice el mandato constitucional,
por el Gobierno. El Gobierno no solo tiene que organizar la
Administración del Estado sino también elegir a sus cargos, como hace
con las restantes entidades administrativas que se encargan de la
supervisión de los mercados financieros en nuestro país, como la
Dirección General de Seguros y de Fondo de Pensiones o el propio
Banco de España. Equiparar la Comisión Nacional del Mercado de
Valores a los órganos constitucionales que aparecen claramente
tasados y regulados en la Constitución, que por otra parte ha
decidido excluir de la esfera administrativa a los citados órganos,
es excesivo, es poco lógico y lo que es peor nos llevaría simple y
llanamente a intentar constitucionalizar subrepticiamente algo que la
Constitución no ha hecho.
En cuanto al segundo de los argumentos que usted pretende que hoy
aquí aprobemos, el de la comparecencia y control por parte de la
Cámara del presidente y del vicepresidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, nos remitimos simple y llanamente al artículo
13 de la vigente Ley del Mercado de Valores en su redacción actual,
que fue reformada por una ley
de 16 de noviembre de 1998, por tanto gobernando ya el Partido
Popular, en la que claramente se expresa que el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores comparecerá en esta Cámara,
ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, para presentar
su informe y también cuantas veces sea requerido al efecto. Nos
parece que con este precepto, unido al acuerdo de instar al Gobierno
para que antes de hacer la propuesta para presidente y vicepresidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la presente ante esta
Cámara, que votamos con las conclusiones de la Comisión de
investigación sobre Gescartera el jueves pasado, es suficiente y
desde luego permite a esta Cámara ejercer el control, que es lo que
le corresponde desde el punto de vista de su función dentro de
nuestra organización jurídica.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular va a
votar evidentemente en contra de la proposición de ley, y lo va a
hacer porque detrás de los argumentos que he expuesto
indiscutiblemente hay unas diferencias sustanciales entres sus
posiciones y las nuestras. El tema de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores es un discurso que viene siendo largo, donde se
han concatenado diversos argumentos y donde está ya claro que
mientras que los grupos de la oposición hacen un debate sobre
personas, el Grupo Parlamentario Popular prefiere hacerlo sobre la
institución. Ustedes están en quiénes son las personas, en cómo se
elige a las personas y en quiénes las eligen, y nosotros estamos más
bien en establecer claramente las reglas del juego que por encima de
las personas con sus normales errores, humanos por otra parte, o con
sus omisiones cautelares o cautelosas que en cada momento puedan
regirlas, permitan que esas reglas del juego estén suficientemente
claras para que por encima de los criterios de esas personas
funcionen las instituciones. (Rumores.) Esa es la posición de nuestro
grupo parlamentario, que nos parece desde luego más seria, que nos
parece más sensata, y que desde luego nos parece que lleva a cumplir
mejor el objetivo que tenemos encomendado, que es velar por los
intereses de los ciudadanos y que las instituciones sirvan
exactamente a ese cometido.
No voy a entrar por otra parte en anécdotas o en discursos
anecdóticos como los que aquí se han producido. Prescindiendo de
quien en cada momento gobierne las instituciones, evidentemente lo
importante es que los procedimientos internos sean de la suficiente
solvencia como para que se garantice que más allá de los criterios
subjetivos haya criterios objetivos para controlar al controlador.
Esa es nuestra posición.
Ustedes pueden seguir en el debate de personas que nosotros vamos a
seguir tratando de aprender de los problemas que puedan aparecer en
el camino para intentar mejorar las instituciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Souvirón. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 126; en contra, 174; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA CREACIÓN DE
EMPRESAS, CONTINUANDO CON LA INSTALACIÓN DE NUEVAS VENTANILLAS ÚNICAS
EMPRESARIALES. (Número de expediente 162/000334.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
IMPULSO DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CREACIÓN DE
EMPRESAS. (Número de expediente 162/000358.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Proposiciones no de
ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
simplificación de los trámites administrativos para la creación de
empresas, continuando con la instalación de nuevas ventanillas únicas
empresariales, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre
impulso de la simplificación administrativa para la creación de
empresas.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ruiz. (Rumores.)
Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio.
La señora RUIZ RUIZ: Señorías, tomo la palabra para exponer el
contenido de la proposición no de ley que ha presentado mi grupo
parlamentario, sobre la agilización de los trámites y la instalación
de las ventanillas únicas empresariales. Dentro de lo que para mi
grupo político supone el compromiso que adquirió en las propuestas
contenidas en su programa electoral, dos hacían especial hincapié en
las ayudas a la creación de las pequeñas y medianas empresas y en la
agilización y simplificación de los procedimientos administrativos de
las distintas administraciones públicas. Una de las políticas
prioritarias de la acción económica del Gobierno es la creación en
España de empresas y la potenciación del actual tejido empresarial.
Es un compromiso asumido por el Grupo Popular y recogido en la Carta
europea de la pequeña empresa y en la Carta de Bolonia sobre
políticas de pequeñas y medianas empresas.
Respecto a la agilización de los trámites administrativos, incidiendo
en la creación de las empresas, es un compromiso que el Gobierno ha
puesto en marcha con el instrumento de las ventanillas únicas
empresariales. Impulsado por la Administración general del Estado,
las comunidades autónomas, las cámaras de comercio y los
ayuntamientos, se ha puesto en marcha ya el programa de ventanillas
únicas que, como SS.SS. conocen, funciona como un espacio único
integrado en el que los usuarios pueden recibir información y
asesoramiento en todo lo relativo a la creación y desarrollo de las
empresas. Asimismo, se les facilita con una mínima dificultad el que
puedan realizar los trámites administrativos ante las diferentes
administraciones competentes. Según los datos más recientes, están en
marcha actualmente en España once ventanillas únicas empresariales,
cinco de las cuales están en fase de implantación avanzada. De la
experiencia de su funcionamiento, vemos que hay 2.769 empresas que se
han creado, 845 están en tramitación y se han evacuado 8.488
consultas, lo cual da idea del considerable aumento y avance que ha
supuesto la implantación de este sistema. Ello unido a la especial
incidencia que dentro del tejido empresarial y productivo que en
España tienen las pequeñas y medianas empresas, ha llevado al
Gobierno a potenciar de manera especial una serie de medidas
específicas de apoyo y de simplificación de trámites. Avanzaré
someramente algunas de las líneas que próximamente el ministro de
Economía va a presentar ante esta Cámara respecto al proyecto de
nueva empresa. Asimismo, les hablaré del documento único
administrativo, aspecto que nos interesa destacar en esta tarde y
aprovecharé este turno para pronunciarme sobre la iniciativa del
Grupo Catalán.
A pesar de las medidas puestas en práctica, nuestro grupo
parlamentario es consciente de la necesidad de avanzar más
rápidamente, de crear nuevos espacios, de aplicar las nuevas
tecnologías al tema que nos ocupa y de agilizar los trámites para
facilitar la labor de aquellos emprendedores que en estos momentos
quieran crear una nueva empresa en España. Con ese fin, mi grupo
parlamentario presentó esta proposición no de ley en la se instaba al
Gobierno a simplificar los actuales trámites existentes y, puesto se
ha visto que son una ayuda importante, a ampliar el número de
ventanillas únicas empresariales. Compartimos la idea que subyace
en la iniciativa del Grupo Catalán, que incide en otros aspectos
que son muy interesantes y que han sido objeto de especial estudio
por parte de mi grupo parlamentario y adelanto que van a ser
apoyados. La que presentaba nuestro grupo era genérica y más global y
la de Convergència i Unió matizaba unos aspectos que son importantes,
con lo cual la iniciativa parlamentaria que se va a aprobar hoy va a
ser más concreta y precisa, con lo que el Gobierno podrá trabajar más
ágilmente. Presentamos una enmienda a esa proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Catalán en la que hacíamos ciertas
consideraciones respecto al ámbito competencial de cada
Administración. Como planteaba el Grupo Catalán, estábamos de acuerdo
en que era necesario potenciar el que en un único soporte informático
se contuvieran todos los formularios para agilizar la creación de
empresas; en que hubiera una única vía de acceso en consonancia con
lo que permite la Ley de Procedimiento Administrativo; en que la
utilización de las nuevas tecnologías debía tener una serie de
aplicaciones telemáticas que lo hicieran posible más rápidamente y en
el acceso a Internet. La enmienda se presentó, como digo, para lograr
una mayor concreción y evitar posibles conflictos en los distintos
ámbitos competenciales de las administraciones que deben intervenir
en este proceso de creación de una nueva empresa. Quiero adelantar
que vamos a aceptar íntegramente la propuesta transaccional del Grupo
Catalán. Hemos sido capaces de lograr el objetivo que perseguían
ambas iniciativas, la de nuestro grupo parlamentario y la del Grupo
Catalán: una mayor concreción, agilidad y simplificación de los
trámites administrativos, dentro de la complejidad que en España
tiene la estructura administrativa y competencial.
Lo que pretende mi grupo parlamentario es avanzar en ese apoyo a los
nuevos emprendedores, pero al mismo tiempo es consciente de la
dificultad que entraña la agilización y simplificación de los
trámites administrativos. Estamos satisfechos de la puesta en marcha
por parte del Gobierno de estas oficinas únicas empresariales pues
los datos de que disponemos demuestran que son instrumentos eficaces.
Por otra parte, el proyecto de nueva empresa que presentará aquí el
ministro de Economía va a incidir en ese documento único integrado al
que se incorporarán las nuevas tecnologías, lo que va a permitir
avanzar todavía mucho más en lo que constituye el objeto de nuestra
proposición no de ley. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado ante
esta Cámara una proposición no de ley con el objetivo de mejorar la
simplificación administrativa para la creación de nuevas empresas,
similar a la que también ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular. Agradecemos la sensibilidad de dicho grupo por la aceptación
de nuestra enmienda transaccional, que iba en la dirección de las dos
propuestas que vamos a defender. En este turno de intervención
aprovecho la ocasión para hacer extensiva al resto de grupos
parlamentarios esta enmienda transaccional que ya hemos pasado al
Grupo Parlamentario Popular, así como a los que han presentado
enmiendas a esta proposición no de ley.
A través de esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) perseguía varios objetivos: en primer
lugar, impulsar la potenciación y la creación del tejido empresarial
español, básicamente del orientado a las pequeñas y medianas
empresas; en segundo lugar, generar mayores expectativas para
aquellos grupos o pequeños empresarios que quieran emprender
iniciativas empresariales. Principalmente nos centramos en tres
colectivos en los que hemos estado trabajando en la subcomisión de la
pequeña y mediana empresa, como son las personas que están en la
situación desgraciada de paro, los jóvenes que aunque han acabado sus
estudios profesionales o universitarios no han encontrado trabajo y
las mujeres, colectivos que constituyen un mercado potencial dentro
del grupo de los empresarios emprendedores. ¿Cuáles son los objetivos
que perseguimos con esta iniciativa? En primer lugar, que en todas
las iniciativas empresariales nuevas exista solamente un documento
único, es decir, que a través de un solo documento sea posible crear
una empresa. Esto evitaría probablemente toda la burocracia que
existe para la creación de nuevas empresas, pues se estima que el
empresario que quiere iniciar una actividad empresarial actualmente
debe hacer sesenta o setenta trámites. Por lo tanto, documento único.
En segundo lugar, perseguimos con esta iniciativa una
descentralización administrativa importante. ¿Qué quiere decir eso?
Que todas las administraciones competentes puedan ser ventanilla
única para la creación de una empresa. Hay que aprovechar todos los
procedimientos y mecanismos jurídicos que existen en las diferentes
vías legislativas para lograr un desdoblamiento real de las
administraciones y, del mismo modo, ampliar el número de ventanillas
empresariales. En tercer lugar, queremos potenciar Internet para que,
a través de las nuevas tecnologías y telecomunicaciones no sea
necesario el desplazamiento físico de los nuevos empresarios y de los
emprendedores y que con una sola operación en Internet se pueda
iniciar un procedimiento.
Presentamos estas propuestas porque no hemos de desconocer cuál es el
tejido empresarial en España. Si hacemos un análisis exhaustivo
podremos observar que casi un millón y medio de empresas, que abarcan
el 55 por ciento del conjunto de empresas españolas, no tienen ningún
trabajador, solamente está de asalariado el propietario;
que alrededor de 700.000 empresas, casi el 26 por ciento,
tienen entre uno y dos trabajadores y que unas 250.000 empresas, es
decir, el 9,5 por ciento, tienen entre tres y cinco asalariados. Eso
quiere decir que el 90 por ciento del tejido empresarial español
tiene un máximo de cinco trabajadores. Como podrán comprobar,
señorías, una parte importante del tejido empresarial español no
soprepasa los cinco trabajadores. Hay que tener presente que la
burocracia que hay en estos momentos imposibilita la creación de las
empresas más pequeñas cuando éstas son las más importantes y las más
cuantiosas de nuestro tejido empresarial. Hay otro dato relevante en
nuestro país, que es el índice de mortalidad de las iniciativas
empresariales. En España, de cada dos iniciativas empresariales, al
cabo de cuatro años, solamente prospera una; es decir, el 50 por
ciento de las iniciativas empresariales iniciadas mueren. Este dato
es todavía más preocupante cuando una iniciativa empresarial lleva
seis años de funcionamiento. Según las estadísticas, una de cada seis
iniciativas empresariales sobrevive al cabo de los seis años, con lo
cual, el índice de mortalidad de las iniciativas empresariales
incipientes representa el 84 por ciento de la mortalidad.
Convergència i Unió da mucha relevancia a la iniciativa que ha
presentado en el Congreso de los Diputados para incorporar aquellos
mecanismos que faciliten la creación de empresas, que englobamos en
estos cuatro objetivos que he definido al inicio de mi intervención.
En primer lugar, documento único, es decir, que con una sola
operación sea posible la creación de una empresa. Eso lógicamente
supondrá una disminución de las cargas y de los gastos burocráticos.
Cuando llegue el momento, incorporaremos compensaciones por los
gastos administrativos derivados del cumplimiento de la gestión.
También habrá que facilitar los trámites de la creación de la
sociedad mercantil, disminuyendo los gastos iniciales, lo cual
comportará la creación de un modelo estándar y simplificado de las
escrituras de constitución y de los estatutos sociales que recoja los
elementos básicos y obligatorios para iniciar cualquier actividad
empresarial. Sería interesante, en este documento único, lograr un
precio único para los gastos notariales y registrales para la
constitución de una sociedad mercantil con un capital único. Hay otro
paso importante, que es la descentralización en la presentación de la
documentación necesaria en cualquiera de las administraciones
competentes. Es importante lo que prevé la legislación actual en
cuanto a que las distintas administraciones sean competentes para el
inicio de actividades empresariales. Debe haber mayor número de
ventanillas empresariales únicas para que, junto con las
administraciones competentes, en cualquier lugar o pueblo de la
geografía española puedan existir ventanillas únicas empresariales
que faciliten las diferentes iniciativas empresariales.
Por último, hay otra cuestión a la que me he referido al inicio de mi
intervención, que es el impulso a Internet
en la gestión de los trámites necesarios para la creación de una
empresa, la utilización de las nuevas tecnologías. Estimamos que
cuando se ponga en marcha no será necesaria la movilidad física de
los que quieran iniciar una actividad empresarial; se trata de que
solamente se muevan los papeles y no las personas.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, la idea de crear una
sola ventanilla en la que se centralicen todos los trámites para la
creación de una empresa es buena, pero no es una idea que hayamos
inventado en España. Otros países también la tienen, pero cada uno
adaptada a sus circunstancias y a sus condiciones particulares.
Al potencial empresario se le facilitan las cosas por el hecho de
poder centralizar todas sus gestiones en un único lugar y también le
supone un menor coste en tiempo. Tenemos la impresión de que en
España se ha hecho de la ventanilla única una demanda política sin
que hasta la fecha sepamos muy bien cuáles son los principales
obstáculos que las ventanillas únicas empresariales deben agilizar,
cuál es el número idóneo a nivel de Estado y por comunidad autónoma,
cuál es su coste o, mejor aún, el coste global del sistema para los
Presupuestos Generales del Estado. Con la ventanilla única hasta
ahora no se han reducido los trámites, sólo se han concentrado en una
sola oficina. Dicho esto, tengo que añadir que no podemos oponernos a
la extensión de un instrumento que puede facilitar la creación de
empresas, pero, en nuestra opinión, con la ventanilla única no se
ataja el problema de fondo, que es el excesivo número de trámites y
el elevado tiempo que demanda la creación de una empresa en España.
Ahí está la justificación de nuestra enmienda.
En cuanto a la primera proposición no de ley que presentó el Grupo
Parlamentario Popular, estimamos que era corta y que había que
avanzar y pasar de situaciones genéricas, que poco comprometen, a
medidas concretas que permitieran avanzar en esta tema. Por una
parte, hay que proceder de verdad a la simplificación y reducción de
los trámites administrativos para la creación de empresas. Nosotros
aspiramos a una simple inscripción, como el sistema americano, para
empezar a funcionar, y, a falta de esto, la propuesta que hace hoy
CiU de un documento único, nos parece un avance. Por otra parte,
también creemos que era necesario -y hoy se va a aprobar aquí-
extender a todo el territorio español las ventanillas únicas
empresariales y las doscosas son compatibles. También creemos
necesario, y
esto no se va aprobar hoy, si queremos homologarnos en esta materia a
los países más avanzados, fijar un mandato obligatorio para todas las
administraciones en cuanto a plazos legales, fijar un plazo legal
máximo para la expedición de los documentos y certificaciones
necesarias para la creación de una empresa. Este plazo, a nuestro
juicio, no debiera exceder de tres días, tiempo suficiente, dado que
en estas oficinas hay funcionarios de diferentes administraciones,
también hay accesos telemáticos a registros y la posibilidad de
emitir certificaciones por este procedimiento. Con tres días, más dos
que se concedería al gestor de la ventanilla para la verificación
y chequeo del expediente, tendríamos un tiempo máximo de tramitación
que no debería superar los cinco días. De momento no se acepta
nuestra propuesta; volveremos con ella en otra ocasión.
Por último, queremos hacer dos sugerencias que nos parecen
procedentes. La primera se refiere a la cobertura nacional de las
ventanillas y a los organismos colaboradores y la segunda a los
gastos en que incurre el emprendedor. Respecto a la primera,
compartimos que las cámaras de comercio son en muchos casos
instituciones adecuadas para esta finalidad, pero nos parece oportuno
no limitar a las mismas la posibilidad de establecer convenios, los
cuales deben ser extensivos a otros organismos públicos o de tutela
pública que por su función en relación a la promoción económica o por
su carácter de organismo intermedio en el ámbito empresarial sean
adecuados para esta finalidad. De esta manera haremos más flexibles y
más próximas al ciudadano estas ventanillas únicas. Además, las
comunidades autónomas deben colaborar con la Administración central
en este objetivo. En cuanto al tema del coste, que no se trata en la
resolución final, nos parece adecuado llevar al ánimo de todas las
administraciones implicadas y de otros agentes que intervienen en el
proceso que la constitución de una empresa debe ser gratuita o casi
gratuita para el emprendedor. Cuando decimos esto somos conscientes
de la transcendencia que para el país y la sociedad tiene el apoyo a
los emprendedores y la creación de nuevas empresas.
Por último, la enmienda transaccional nos parece un avance. En ella
se recogen aspectos de nuestra propuesta y por ello la vamos a
apoyar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el punto de vista de un andalucista, estamos ante un
tema clave que no es baladí. No se trata sólo de agilizar la
Administración, que siempre tiene una imagen de algo atascado o
elefantíaco. En el
fondo estamos ante una de las cuestiones que tiene que resolver en
parte el nacimiento de una nueva economía. Nosotros hemos presentado
una enmienda a este acuerdo que quería incorporar una filosofía, que
en parte ya ha sido descrita por el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán. Entendemos que incluso dentro del apelativo pymes, pequeñas
y medianas empresas, no estamos hablando de lo mismo cuando nos
referimos a una empresa que tiene, según la directiva europea -que es
de 1996, aunque todavía no está cerrada esta definición europea de
pyme-, hasta 250 empleados o con un movimiento de menos de 60
millones de euros, sino que dentro del grupo pymes estamos hablando
de empresas unipersonales, sin ningún asalariado, estamos hablando de
empresas que tienen de uno a cinco asalariados, de empresas micro que
tienen poco que ver con esas medianas. Estamos hablando también de
colectivos, estamos hablando de un momento donde hay que fomentar -y
en Andalucía es clave- las fórmulas de autoempleo, la posibilidad de
que los jóvenes creen empresas, de que las mujeres creen empresas, de
que determinados colectivos de la tercera edad creen empresas. Por
tanto, aceptando la transaccional presentada, porque recoge el
espíritu de la agilización y la modernización del trámite, lo que
queremos que conste en el «Diario de Sesiones» es que desde el punto
de vista andalucista tiene que haber un trato preferencial para estos
colectivos. Siempre nos parece que es injusto tratar igual a los
desiguales. Aquellos que tienen más dificultades deberán tener
ciertas bonificaciones, disminución de costos en determinadas
tramitaciones públicas o notariales y determinada agilización, en la
medida de lo posible, de ese documento único que pensamos que tiene
que ser informatizable y de ese número de ventanilla que pensamos que
debe extenderse. Por tanto, señorías, entiendo recogido el espíritu
de la enmienda presentada en la transaccional. Insisto en que se
contemple, mediante las medidas que el Gobierno traiga en su momento,
este tratamiento favorecedor a la creación de empresas de estos
colectivos, jóvenes, mujeres, tercera edad u otros, que son los que
en definitiva van a levantar esa losa de paro que tenemos y que
aunque parece que es lo único que al principio se lee en la empresa,
tengamos una imagen de una Administración mucho más eficaz.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente el texto consensuado a que se
pueda llegar en función de estas dos iniciativas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son
concordantes, coincidentes y complementarias. Están dentro de lo que
ya va siendo práctica habitual en España por la demanda de todos los
promotores de empresas, que se han tenido que ver ante un laberinto,
ante un verdadero bosque de trámites, de ir y venir de ventanilla en
ventanilla por las distintas administraciones públicas de ámbito
local, municipal o insular, como en Canarias, provincial, autonómico
o estatal general.
Son muchas las experiencias que se vienen desbrozando en este tema,
sobre todo si cuando estamos ante un horizonte de recesión económica
hay que estimular una dinámica interna, generadora tanto de empleo
como de producto interior bruto, y para eso está el único instrumento
que tienen una economía libre de mercado fundamentalmente sólido,
como es la creación y funcionamiento de empresas. En el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias quiero recordar la experiencia muy
positiva que se viene desarrollando en las cámaras de comercio,
concretamente en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, que tiene ya instituida una
ventanilla única empresarial que se encarga de facilitar a nuevos
empresarios que lo demanden toda la tramitación burocrática del
papeleo.
Hay dos cuestiones que están implícitas en las dos iniciativas, en
estas proposiciones no de ley que nos traen estos dos grupos, por un
lado, un llamamiento al Gobierno de que simplifique los trámites
administrativos y, por otro, aunque correlacionado, incentivar las
ventanillas únicas. La experiencia que nos han contado las entidades
como las cámaras de comercio que he citado, que tienen abierta esta
ventanilla, es que están ayudando al nuevo y joven empresario a
resolver su papeleo burocrático, pero que el papeleo sigue siendo el
mismo. La ventanilla única concentra en un solo punto la demanda para
la resolución de un problema y las cámaras piden también a la
Administración, tanto autonómica como estatal, que simplifique la
exigencia de trámites burocráticos técnicos y administrativos para
dar la autorización de empresa. Si lo comparamos con cómo funciona el
sistema de creación de empresas en los Estados Unidos de
Norteamérica, nos encontraríamos en otra galaxia, con la tremenda
facilidad que tiene un empresario para encontrar prácticamente en
cuestión de muy pocos días, si no de horas, las licencias oportunas
del condado, del Estado federal y federado para poner una actividad
empresarial en funcionamiento. Lo demás se resuelve vía contrato con
las empresas de servicios, de telefonía, de electricidad, de agua, de
avituallamiento. Por tanto vayamos en una línea racional de potenciar
y de utilizar las entidades de la propia estructura empresarial civil
como son las cámaras de comercio o pueden ser las organizaciones
empresariales o sindicales para facilitar esta gestión de ventanilla
única, pero que detrás de la ventanilla única la normativa del Estado
simplifique las exigencias de trámites administrativos. De aquí,
señora presidenta, que si se llega al texto de la enmienda
transaccional conjunta que me han hecho llegar los proponentes, que
recoge el fondo y la forma tanto de las iniciativas traídas por
dichos grupos como de lo dicho por los portavoces de las demás
fuerzas parlamentarias, votaremos favorablemente. Nos parece una cosa
de sentido común que se sitúa en el surco abierto por entidades como
las que he citado y que es de necesidad perentoria. Le daremos, pues,
nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Todo lo que sea estimular y relanzar la pequeña empresa nos parece
bien. Esta proposición no de ley presentada al alimón por el Partido
Popular y Convergència i Unió y aderezada con algunos puntos de otros
grupos parlamentarios nos parece bien y, por tanto, vamos a votar
afirmativamente, aunque no sea para siempre.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Por el tenor de las intervenciones de los dos grupos proponentes,
esta presidencia entiende que el texto que se somete a votación es el
de la enmienda transaccional única y exclusivamente, siendo retiradas
por tanto las iniciativas originales de ambos grupos y el resto de
las enmiendas. (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
relativa a la simplificación de los trámites administrativos para la
creación de empresas, continuando con la instalación de nuevas
ventanillas únicas empresariales, y proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre impulso de la
simplificación administrativa para la creación de empresas, que se
someten a votación en los términos que contiene la enmienda
transaccional que ha sido propuesta por ambos grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 288; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INTERVENCIÓN DEL
PARLAMENTO EN SITUACIONES DE CRISIS. (Número de expediente 162/
000369.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre intervención del Parlamento en situaciones de
crisis. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra
el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Socialista tengo el honor de dirigirme
a la Cámara para defender una proposición no de ley que llamamos
sobre intervención del Parlamento en situaciones de crisis, como, por
ejemplo, la que se está viviendo...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López Garrido, por favor.
(Pausa.) Señorías, hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso
de la palabra y, sobre todo, ser escuchado. (Pausa.)
Adelante.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Decía situaciones de crisis como la que estamos viviendo en relación
con el conflicto de Afganistán, consecuencia de los atentados en
Nueva York el 11 de septiembre, una situación que ha desencadenado un
conflicto armado que ha sido apoyado, en cuanto a actuación por parte
de Estados Unidos como legítima defensa, por el Consejo de Seguridad
y también por el Estado español, a través de la puesta en práctica de
compromisos internacionales como parte de Naciones Unidas, de la
Unión Europea o de la OTAN. Son situaciones de crisis como las que se
vivieron hace algunos años en la guerra de Yugoslavia, con una
participación también de unidades españolas, o como las que se
vivieron antes en la guerra del Golfo; es decir, que en los últimos
años del siglo XX ha habido situaciones de crisis localizadas que han
dado lugar a conflictos bélicos y en donde ha habido una presencia o
una participación, de una forma o de otra, del Estado español, por
decisiones de apoyo por parte del Gobierno o del Parlamento, con
puesta a disposición de instalaciones militares o incluso con
intervención directa de tropas. (La señora vicepresidenta, Becerril
Bustamante, ocupa la presidencia.)
Lo que no ha quedado claro nunca en estas crisis ha sido la
participación del Parlamento, lo cual es algo paradójico teniendo en
cuenta que estas crisis bélicas, en donde participa España,
significan siempre afectación a intereses estratégicos de este país,
a intereses vitales y significan la puesta en riesgo -riesgo
importante- de vidas de personas que pertenecen a este país y que
pueden estar sometidas a represalias desde otro
país. El Parlamento no ha tenido una posición clara, política o
jurídicamente, desdibujada en algunas ocasiones, entre otras cosas
porque hay, es verdad, un cierto vacío legal en nuestro sistema
jurídico. Solamente tenemos un punto de referencia, que es el
artículo 63.3 de la Constitución, que dice que la declaración de
guerra tiene que ser autorizada por el Parlamento, y tenemos
naturalmente otros preceptos que se refieren a las potestades del
Gobierno para dirigir la política militar, pero hay un cierto vacío
que significa que el Parlamento no tiene un papel claro a este
respecto en momentos en los que es muy importante su participación:
la asociación del Parlamento a decisiones que puede haber tomado
o esté a punto de tomar el Gobierno y que tienen que ver con crisis
bélicas de importante magnitud. Las guerras suelen ser los momentos
más críticos de la vida de los pueblos y no tiene mucho sentido que
en esos momentos no haya una presencia y una participación del
Parlamento para, en su caso, apoyar al Gobierno -es una medida
deseable para cualquier Gobierno- o, si no es así, para establecer
desde las perspectivas de cada grupo parlamentario la posición
crítica sobre esa pretensión del Gobierno. El artículo 63 de la
Constitución desde luego no basta para ello. Dice que cuando hay una
declaración de guerra hace falta la autorización del Parlamento,
pero, como es sabido, últimamente las guerras no se declaran. No
solamente es que no se declaren; es que las guerras están prohibidas
como forma de solución de conflictos internacionales, según la Carta
de Naciones Unidas. Están prohibidas salvo, como dice la propia
Carta, en caso de legítima defensa. Es el único caso en que están
permitidas las guerras. Cuando no es así las guerras están
prohibidas. Por tanto una declaración de guerra que no fuese en esa
línea sería contraria a la legalidad internacional, aunque lo dijera
así nuestra propia Constitución.
Todos estos conflictos a los que me he referido antes, el de la
guerra del Golfo, el de la guerra en Kosovo u hoy el conflicto en
Afganistán, son conflictos en los que está implicado nuestro país y
sin embargo son conflictos que no han sido declarados; España no ha
declarado la guerra formalmente. Se llegaría entonces a la situación,
entendemos que absurda desde el punto de vista del espíritu de la
Constitución y de la democracia, de que ahí no tendría absolutamente
nada que decir el Parlamento, no se podría exigir nunca la
intervención ni el debate del Parlamento, salvo que voluntaria,
gratuita o graciosamente el Gobierno de turno decidiera informar de
los acontecimientos en el momento en que le pareciera. Sin embargo,
en estos casos hay problemas muy serios de fondo en los que están en
cuestión valores constitucionales profundos, por ejemplo, el derecho
a la vida. No cabe duda de que la decisión sobre envío de tropas o
unidades españolas a un conflicto significa poner en riesgo vidas y,
como decía antes, posibles represalias de países atacados. Luego está
en cuestión ese derecho constitucional.
La Constitución se hizo hace 20 años y apareció ahí ese precepto. En
este tiempo hemos tenido suficientes experiencias para darnos cuenta
de que es claramente insuficiente. No estamos planteando ahora una
reforma constitucional ni nada por el estilo, ni siquiera una
propuesta de ley de desarrollo del artículo 63. Estamos pidiendo
simplemente que en estos casos sea importante y necesario que el
Parlamento se reúna, debata, se pronuncie y decida en relación con
una cuestión sobre la que el Gobierno ha tomado una posición o está a
punto de tomarla. En momentos como ahora, por ejemplo, en la guerra
de Afganistán, es importante tener el apoyo pleno de la opinión
pública, de la población. El representante máximo de esa opinión
pública, de ese pueblo, nadie me va a discutir que es el Parlamento.
Por tanto es el Parlamento el que tiene que intervenir a ese
respecto. Por eso en la proposición no de ley pedimos un compromiso
político en esta Cámara -no estamos acudiendo a una ley sino a una
proposición no de ley, que es un compromiso político- por el que se
establezcan trámites bastante elementales y de sentido común, que no
contrarían la Constitución ni las competencias que tiene el Gobierno
según ésta, para que el Parlamento esté asociado y forme parte de una
decisión tan importante como es la participación en un conflicto
bélico. Por eso en esta proposición no de ley, partiendo de que la
intervención de esas fuerzas españolas en conflictos bélicos tiene
que estar amparada por la Constitución y las leyes y los tratados
internacionales, hacemos una distinción cuando se trate de decisiones
que vienen obligadas por un tratado internacional o por una decisión
del Consejo de Seguridad, y es que el Gobierno tiene que informar a
la Cámara en un plazo de 10 días y comparecer ante ella señalando las
características de esa misión, del grado de participación española y
del esfuerzo presupuestario. No hay ningún tratado internacional que
le diga a España cómo tiene que actuar en estos casos, qué fuerzas
tiene que poner a disposición, ningún tratado lo dice. El tratado de
la OTAN produce una movilización internacional de apoyo a un país
atacado, pero no dice cómo, y en todos estos casos hay una acción
discrecional del Gobierno previa en donde se toma una posición y se
decide con qué armas, con qué fuerzas, con qué unidades y cómo se va
a producir en su caso la intervención de las Fuerzas Armadas
españolas. Para estos casos el Gobierno debe venir a este Parlamento,
debe explicar su posición y previamente a la ejecución de la decisión
el Parlamento debe ser consultado tras un debate y debe haber un
pronunciamiento explícito mediante una votación del Parlamento. Nos
parece que esa es la fórmula adecuada al espíritu de nuestra
Constitución y adecuada a lo que es un sistema parlamentario
democrático. Nosotros estamos situados en la Unión Europea entre los
llamados cinco grandes, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y
España. Si vamos a lo que ha sucedido, por ejemplo, en este tiempo,
en estos países, en todos ellos
ha habido una presencia inmediata del Parlamento mucho mayor que la
que ha habido en este país en relación con el conflicto de
Afganistán, porque son sistemas parlamentarios como el nuestro y en
un sistema parlamentario el Gobierno depende del Parlamento, el
Gobierno para su subsistencia depende de que este Parlamento le
mantenga su confianza y, por tanto, tiene que venir aquí a explicar
su política y a recibir o no un respaldo a su política, porque eso
es, en definitiva, un sistema parlamentario. Un gobierno que huye del
Parlamento, que no va al Parlamento para recibir su respaldo no es
realmente un gobierno parlamentario.
En el Reino Unido ha habido una presencia constante, casi cotidiana,
del primer ministro en el Parlamento británico en donde hay una
convención sobre la cual descansa la idea de que una implicación del
Reino Unido en un conflicto exterior requiere un apoyo parlamentario.
Lo mismo ha sucedido en el caso francés. La semana pasada sucedió en
el Parlamento italiano donde hubo un voto explícito del Parlamento en
relación con el conflicto de Afganistán en que de forma ampliamente
mayoritaria el primer ministro del Gobierno italiano recibió el
respaldo del Parlamento para la posible participación italiana
directamente con tropas en ese conflicto. En el caso del Bundestag
alemán, hace dos días hemos visto que ha habido un tenso e importante
debate en donde el Gobierno ha puesto su confianza encima de la mesa
y lo ha ganado, el gobierno de coalición formado por el Partido
Socialdemócrata y los Verdes, y ha habido una votación en el
Bundestag. Es decir, hay una presencia parlamentaria, una decisión
parlamentaria, hay una participación y una asociación del Parlamento
a este respecto en este tipo de conflictos.
Nosotros proponemos en esta proposición no de ley simplemente ser
como los demás países europeos parlamentarios y adecuarnos a lo que
dice nuestra Constitución y a su espíritu, mediante un procedimiento
que es bastante lógico y normal; no es una proposición no de ley que
haga demasiados inventos, simplemente pide una información a la
Cámara y simplemente pide, que no es mucho pedir, que cuando haya una
implicación de España y una decisión del Gobierno eso tiene que venir
a esta Cámara que tiene que debatir y que tiene que pronunciarse sin
poner en cuestión para nada, porque no se pone en cuestión ni tiene
ningún sentido que se ponga, lo que es una Constitución que establece
unas competencias que no se discuten en esta proposición no de ley.
Pedimos un compromiso político de esta Cámara para que el Parlamento,
es decir, el pueblo español participe de una decisión fundamental,
que puede ser una decisión que afecte a los intereses vitales de
nuestro país, como es la participación en conflictos armados como
consecuencia de crisis internacionales.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
López Garrido.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como Bloque Nacionalista Galego, desde
luego creemos muy interesante la cuestión que suscita por el Grupo
Socialista el señor López Garrido, a través de esta proposición no de
ley, como es la referida al papel que debe jugar este Congreso ante
la decisión del Gobierno de turno, sobre la participación de tropas u
otro tipo de apoyos, en los casos de conflictos bélicos en el ámbito
internacional. Es un debate que existe en los medios de comunicación
y también en la calle, y es, además, y en eso coincido con el
proponente, un debate necesario, teniendo en cuenta la tendencia,
cada vez mayor, del Ejecutivo de no otorgar ningún papel a esta
Cámara que, por cierto, se supone depositaria de la soberanía
popular, o, en todo caso, un papel secundario y marginal, ya que, en
el mejor de los casos, a la Cámara se le informa a toro pasado y,
desde luego, escasamente, y en este último conflicto que nos ocupa,
como es la guerra en Afganistán, esta escasez de información es más
que notoria.
Es necesario también este debate, en nuestra opinión, porque
decisiones del Gobierno del calado que supone la participación
directa en conflictos exteriores, aunque debería estar referida con
claridad -nosotros creemos en la obligatoriedad del Gobierno de
contar con la aprobación del Parlamento para llevarlas adelante- no
es tal, y esto resulta más llamativo, si cabe, cuando se observa que
en otros Estados europeos, como se hizo referencia en la anterior
intervención, los gobiernos sí someten sus decisiones en este terreno
a la aprobación de sus parlamentos, como acaba de ocurrir en
Alemania, y hablo de Alemania porque allí el Gobierno incluso corría
el riesgo de no superar positivamente ese trámite parlamentario y,
sin embargo, lo hizo. Por tanto, a nosotros nos parece de cajón,
elemental, desde el punto de vista de los mínimos democráticos, que
el Parlamento tenga la última palabra en temas tan trascendentes como
éste, y desde luego quiero dejarles claro que no porque creamos que
tal como están las cosas, en el ámbito de correlación de fuerzas,
este Congreso se fuese a oponer a una decisión del Ejecutivo, sino
porque someter a la decisión última del Congreso decisiones del
Gobierno en temas tan importantes como el que tratamos sería, como
decía, lo adecuado y democrático y, desde luego, permitiría, cuando
menos, la expresión, en sede parlamentaria, de las posiciones de los
grupos políticos que son, por cierto, expresión de la pluralidad de
pensamiento de la sociedad.
Dicho lo anterior, desde luego concordamos poco con la parte
dispositiva de la proposición no de ley del Grupo Socialista. Yo he
dicho, con todo respeto, en primer
lugar por el carácter que se le da de proclama o resolución del
propio Parlamento, que el Congreso, según esta proposición no de ley,
se insta a sí mismo, y a mí, por decirlo con suavidad, me suena a
algo raro, porque en los puntos siguientes del texto original de la
proposición no de ley el Gobierno sí anda por medio. Por tanto, en
nuestra enmienda proponemos, y eso nos parece normal, que de
aprobarse el texto se inste al Gobierno, porque es el Gobierno, en
definitiva, el que debe permitir la participación previa del Congreso
en estos asuntos. Yo no creo que haya ningún grupo en esta Cámara que
no desee contar con esa capacidad de decidir, por lo cual, instarnos
a nosotros mismos, lo veo un poco extraño, por decirlo suavemente.
En segundo lugar, tampoco entendemos muy bien qué pretende el Grupo
Socialista en cuanto a cómo regular la participación previa del
Congreso en las decisiones del tenor que tratamos. Traza tres puntos.
En el tercero, desde luego, parece completar el mecanismo de consulta
a la Cámara, estableciendo que el presidente del Gobierno debe
comparecer previamente a la ejecución de la decisión que haya tomado
y, en los anteriores, plantea que se dé cuenta al Congreso de la
decisión del Gobierno y se comparezca, cuando menos, 10 días después
de tomada esa decisión para explicarla, y el mismo procedimiento se
propone para los casos en que no sólo esta intervención fuese
aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, sino también en el
caso de que sea consecuencia de tratados internacionales firmados. A
nosotros, digo, nos parece un método algo confuso, con toda claridad
digo que no sé si aportaría grandes novedades a lo que ya viene
sucediendo, a lo que viene siendo norma del Ejecutivo. Si la
intención del Grupo Parlamentario Socialista es que el Gobierno
cambie la práctica política que viene manteniendo y tenga que contar
con la aprobación del Congreso para que las tropas españolas puedan
participar en conflictos bélicos exteriores o para que puedan ceder
apoyo logístico a esos conflictos, a nosotros nos parece mejor
fórmula y más clara la que plasmamos en nuestra enmienda a la
proposición no de ley. En ella se deja claro, en primer lugar, que el
Congreso insta al Gobierno a que tenga que aceptar una serie de
pautas de comportamiento en esta área de decisión que tratamos; en
segundo lugar, que en el caso de participación en conflictos avalados
por las Naciones Unidas el Gobierno sólo lo hará en el caso de contar
con la aprobación del Consejo de Seguridad y, en tercer lugar, que
tanto en este caso como en el de participación derivada de los
compromisos adquiridos en tratados internacionales de defensa
colectiva, el Gobierno siempre lo haga con la autorización previa de
las Cortes Generales. Esta enmienda nos parece mucho más
clarificadora y deja meridianamente claro que el Gobierno siempre
deberá contar con la aprobación de esta Cámara, que es lo que parece
pretender esta proposición no de ley. El últimopunto de la
proposición no de ley original del Grupo
Parlamentario Socialista que habla, en general, de que informe de
forma constante al Congreso lo pasaríamos al punto cuarto.
Solicitamos que se acepte esta enmienda por parte del Grupo
proponente porque creemos que deja claro cómo deben ser los
mecanismos de participación y cuál debe ser el papel del Congreso en
casos como este.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista hoy en
esta iniciativa es absolutamente oportuno. La descripción del
problema que plantea, es decir, el diagnóstico jurídico
constitucional del problema que pone sobre la mesa es absolutamente
correcto. En lo que mi grupo discrepa es en la solución que intenta
dar a ese problema en cuya diagnosis sí coincidimos. Coincidimos en
que cuando se elaboró la Constitución -entre otras cosas porque
España tenía otros problemas más importantes y de mayor debate
político en ese momento- se introdujo simplemente un artículo, el
63.3, relativo a la declaración de guerra, tomando un modelo
congelado y fijado en las demás constituciones europeas y en todos
los modelos constitucionales del momento. No consta -sin que me pueda
considerar un especial estudioso de ese ámbito- que eso suscitara un
especial debate sobre las posibilidades y los matices que admitía una
eventual declaración de guerra que, por lo demás, en ese momento
-insisto- parecía una hipótesis que, evidentemente, había que prever
en la Constitución pero que difícilmente podía tener una eficacia
práctica real. Sin embargo, el tiempo y la evolución de la situación
política europea y mundial han ido introduciendo en la teórica noción
de guerra tal cantidad de matices que este es uno de los ejemplos de
que si hoy la Constitución se volviera a redactar, evidentemente, eso
no sería redactado de la misma manera.
Es cierto que todos huimos de la noción de guerra. Como bien ha dicho
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la guerra está
prohibida. Por tanto, jurídicamente no hay guerras. Hay acciones
ilegítimas o sólo caben las acciones de legítima defensa, pero un
Estado que pretenda respetar sus obligaciones internacionales no
puede declarar la guerra, sólo en legítima defensa. De hecho, en el
contexto internacional se usan todo tipo de eufemismos para intentar
evitar la noción misma de guerra. Hablamos de conflicto armado o de
crisis. En el ámbito de la Unión Europea se habla, por un lado, de la
necesidad de ir hacia una defensa europea, pero no se habla de
guerra. En ningún sitio se
habla de guerra. El Tratado de Amsterdam prevé la posibilidad de
tomar decisiones en ese ámbito. En el contexto de la política
exterior y de seguridad común, donde se está articulando la creación
de una tropa de 60.000 personas que estén al servicio de una eventual
intervención rápida, en ningún sitio encontrarán ustedes la palabra
guerra. Eso va destinado a misiones de paz, va destinado a lo que se
ha venido a denominar en el argot europeo las misiones Petersberg.
No, la Unión Europea nunca entrará en guerra, ni siquiera como
legítima defensa, y el día que esas tropas tengan que desplegarse en
algún sitio no estarán en guerra pero, evidentemente, estarán
realizando misiones militares de primerísimo orden.
España, desde 1978 hasta hoy, también ha cambiado mucho en su propia
posición internacional y cada vez se implica más, como es lógico, en
el conjunto de la actuación internacional, de conformidad con el
incremento de su peso. Normalmente lo hace desde la adhesión a la
OTAN y dentro de la OTAN, pero también dentro de un cierto marco
jurídico que puede ofrecer el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, más o menos discutible según el caso, y encuadrada, como fue
el caso de la guerra del Golfo o como está siendo el caso de
Afganistán, dentro de lo que son, hablando en rigor jurídico, simples
acuerdos políticos internacionales, ni siquiera un tratado. La
llamada coalición internacional, como tal, en este momento no tiene
ningún tipo de sustentación jurídica real. De hecho, una serie de
Estados prestan su apoyo a otro y ni siquiera lo están haciendo
dentro del Tratado del Atlántico Norte puesto que, hasta ahora, no se
está prestando esa colaboración militar a través de los mecanismos
que establece dicho tratado, sino dentro de un marco multilateral o,
si se quiere, sucesivamente bilateral, de cada uno de esos Estados
con los Estados Unidos. En este nuevo marco lo que plantea el Grupo
Socialista y también la opinión pública -porque no ocultemos que
aquí, al fin y al cabo, lo que trae el Grupo Socialista es algo que
la opinión pública reclama- es el papel que tiene el Parlamento. Creo
que es importante subrayar que el Parlamento tiene -y es
indiscutible-, por lo menos, las mismas funciones que la Constitución
atribuye al Ejecutivo, es decir, primero exigir información, y aquí
de una forma mucho más grave. Y está fuera de toda duda que el
Parlamento tiene derecho a la más ágil y eficaz información. En
segundo lugar el Parlamento tiene por mandato constitucional, que no
admite interpretación, el derecho a controlar las decisiones que el
Ejecutivo tome. En nuestro marco y sistema parlamentarios de teórica
división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, el
Parlamento controla a posteriori aquello que el Ejecutivo ha decidido
en el ámbito de su competencia y son absolutamente excepcionales en
nuestro marco parlamentario los supuestos en los que el Ejecutivo
antes de tomar de una decisión política tiene que venir a consultar.
Uno de esos supuestos es la declaración
de guerra. Lo que está interpretando el Grupo Socialista
-interpretación discutible que no compartimos- es que eso que es una
excepción a la regla, es decir, imponer al Ejecutivo la consulta al
Legislativo antes de actuar -no la información, que para la
información no hace falta que se apruebe este texto, la información
la exigiremos, ni siquiera el control a posteriori porque también lo
tiene esta Cámara-, que el Consejo de Ministros no pueda pronunciarse
sin la previa aprobación de esta Cámara, no se limite a la
declaración de guerra, sino que se extienda a cualquier intervención
armada del tipo que sea fuera de nuestras fronteras. En el fondo -y
lo sabe bien don Diego López Garrido que además de ser portavoz del
Grupo Socialista es catedrático de derecho constitucional- lo que el
Grupo Socialista está haciendo es una interpretación extensiva de una
excepción y, perdóneme la pedantería rigurosa; está interpretando de
forma extensiva una excepción que establece la Constitución, y eso no
es correcto ni es constitucionalmente correcto. Lo que es una
excepción es una excepción y, como tal, ha de ser interpretada. Otra
cosa es que, efectivamente, todos estemos convencidos de que hoy
probablemente las cosas se hubieran redactado de otra manera.
Ciertamente, porque entendemos eso, no se nos oculta que el artículo
63.3 de la Constitución debe ser desplegado, si no modificado, que
sería algo que en este momento no nos atrevemos a plantear porque
otros temas de la Constitución deberían pasar antes y parece que el
Gobierno no está por la labor; está claro que la interpretación
concreta y correcta del artículo 63.3 de la Constitución debe ser
desplegada. Este es el sentido de nuestra enmienda: mantener en
primer lugar la iniciativa del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que
tiene que estudiar y presentar a esta Cámara una fórmula de
desarrollo del artículo 63.3. No es un grupo parlamentario -ni
siquiera con el respaldo de los demás- el que, vía proposición no de
ley, tiene que desarrollar la Constitución. Lo que está en juego aquí
es demasiado importante para hoy y para el futuro como para que
vayamos a la interpretación y al desarrollo constitucional por vía de
la proposición no de ley; entiendo que las proposiciones no de ley,
señor López Garrido, y se lo digo con todo el respeto, no están para
eso. Por tanto, ¿qué es lo que propone mi grupo? Mi grupo propone que
el Gobierno y el Partido Popular no miren para otro lado, y en eso,
probablemente, estamos de acuerdo. Que no se limiten a ir a la pura
interpretación literal y restrictiva del artículo 63 de la
Constitución diciendo: como aquí no hay declaración formal de guerra,
no hay nada que pedir al Parlamento. Sabemos que hoy nos encontramos
en una situación intermedia que está siendo resuelta de forma
distinta por los diferentes parlamentos occidentales, porque este
debate se ha producido en todos los parlamentos de la Unión Europea
y, especialmente, en los más comprometidos, y ninguno de ellos tiene
las cosas
claras porque todos tienen constituciones que hablan de pura y dura
declaración de guerra.
Por tanto, y termino, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Primero, de
ahí el sentido de nuestra enmienda, reconocer que ustedes tienen
razón cuando dicen que aquí hay un problema que debe ser resuelto.
Donde discrepamos es en que nosotros no vamos a poner las soluciones
a este problema sobre la mesa, sino que vamos a exigir al Gobierno
que lo haga. Que el Gobierno, o el grupo mayoritario, asuma sus
responsabilidades y defina como interpreta -luego ya se verá si tiene
el respaldo de la Cámara en esa línea- que ha de desarrollarse el
artículo 63.3 de la Constitución en los casos en los que no estamos
en declaración de guerra, pero sí ante acciones militares que, como
usted muy bien ha dicho, pueden suponer bajas humanas. Hay muchas
posibilidades de que se produzcan bajas humanas militares y, en el
caso de las civiles, hoy tenemos una a la que quisiera dedicar un
recuerdo en este momento, como es el periodista de El Mundo, que ya
es una baja civil española en el conflicto de Afganistán. Pero va a
haber más, españolas o no, no lo sabemos, pero va a haber más, y no
se puede ignorarlo ni mirar hacia otro lado y pretender que esto se
pueda decidir en Consejo de Ministros como si se tratase de la
aprobación de un desvío de una obra pública. Es evidente que eso no
es así, diga lo que diga la literalidad de la Constitución. Por
tanto, como el tema es muy serio, nosotros pedimos lo siguiente al
Gobierno, y leo literalmente nuestra enmienda, aunque consta y está
publicada: Que defina los mecanismos de información y de consulta al
Parlamento para la intervención de fuerzas españolas en conflictos
armados exteriores y la aportación de medios armados a los mismos, en
desarrollo del artículo 63.3 de la Constitución y en el marco de los
tratados internacionales ratificados por España. Que elabore las
consultas que estime oportunas, incluso en el seno de los organismos
internacionales de los que España es parte. Que no se trata de atarle
las manos en la libertad que como Ejecutivo tiene, pero sí de
entender la Constitución de 1978 a la luz de la realidad. Y la
realidad de hoy es otra y creemos que el Gobierno tiene una
responsabilidad que debe ejercer.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Guardans.
Para fijar la posición de los grupos, por el Grupo Parlamentario
Vasco PNV, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, mi grupo quiere felicitar al Grupo
Socialista por la presentación de esta iniciativa y al diputado,
señor López Garrido, por su defensa, puesto que, en efecto, nada hay
establecido en nuestro ordenamiento para situaciones de conflicto
bélico que
no comienzan por una declaración formal de guerra. La situación
actual ocurrida como consecuencia del 11 de noviembre no está entre
las previsiones del artículo 63.3 de la Constitución. Algunos
pensamos que los deberes del Gobierno para con la Cámara, más allá de
lo expresamente previsto en la Constitución, tendrían como
consecuencia la obligación política, que no jurídica, de dar
explicaciones a la Cámara; así se ha entendido en otros países de
nuestro entorno, como Italia o Alemania. Menos mal, señorías, que
todavía en el ámbito español no se ha hablado de consecuencias tales
como la elaboración de feroces leyes, como la que ya en Estados
Unidos o en Gran Bretaña se anuncian y, en este caso, ineludiblemente
sí tendría que haberse traído a esta Cámara y ahí podríamos ser oídos
-oídos con dureza, pienso yo, en el caso de Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)- todos los grupos políticos. Entre paréntesis diré que me
parece también importante señalar ya a la Cámara que las
consecuencias derivadas de la entrada de España en la OTAN a lo mejor
-y así se ha sostenido por alguna doctrina- no se encuentran tanto en
el ámbito que hoy se pretende debatir en esta Cámara, sino que quizá
es argumentable que están en el ámbito del artículo 93. En todo caso,
creo, señorías, que no dar cuentas a la Cámara, no consultar para
nada con ella, es sobre todo un problema de estilo, estilo político
ciertamente, porque estamos ante un problema esencial para la vida
del Estado que afecta a sus intereses generales, a la política
exterior, a la política económica, y al Parlamento, mientras tanto,
en una monarquía que se define como parlamentaria, se le hace
permanecer totalmente ajeno. En lo internacional se nos dirá que vale
nuestra vinculación al tratado. Perfecto. Sin embargo, en el ámbito
interno debe haber información y debate, creemos, en el seno correcto
que es el de esta misma Cámara. Es curioso, además, señorías, que el
Grupo Popular, que suponemos que dirá que no a lo que aquí se le pide
en este momento, se ha apresurado a presentar en el Parlamento vasco
una iniciativa preguntando qué hará el Gobierno vasco ante las
resoluciones de instancias internacionales. Debiera explicársele que
éstas van siempre dirigidas a los Estados. No creo que sea la
intención del Partido Popular dar a Euskadi tratamiento de Estado;
habrá que sugerirles, por tanto -como siempre pasa en el ámbito
vasco-, que tengan menos oportunismo y una mayor ilustración, de la
que tan faltos andan.
Señorías, a la hora de preparar esta intervención leía yo lo que
afamados constitucionalistas tienen escrito sobre el artículo 63.3 y
es curioso que la profesora Pérez Vera o el profesor Rodríguez
Carrión, al criticar el contenido del artículo 63.3, concluyan con un
juicio en el sentido de que les merece un criterio negativo lo que se
dice, pero que quizá esté justificado por un cierto optimismo -la no
referencia a la guerra o a los conflictos en las situaciones en las
que actualmente estamos- y dice que tal vez la falta de interés
mostrada en
la elaboración de la Constitución encuentre sus raíces profundas en
la convicción de que el hecho bélico, proscrito en el ámbito
jurídico, es visto por los españoles como una eventualidad lejana en
una sociedad internacional que avanza con dificultad, pero sin
desmayos, en la vía de institucionalización. Ya podía ser así,
señorías, nos gustaría que así fuera; pero hoy, ahora, no es el
momento de vanagloriarse de que sea esto lo que está ocurriendo. En
la situación actual creemos que la iniciativa presentada por el Grupo
Socialista tiene pleno sentido y desde luego el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) va a apoyarla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
En 1995 esta Cámara, reunida en Pleno, por unanimidad -entonces
estaba el Partido Popular en la oposición, santa oposición que le
hacía ver las cosas claras en algunos momentos- aprobó una
proposición no de ley muy parecida a la que actualmente se trae aquí
pero más rigurosa en algunos aspectos. Recuerdo que se aprobó por
unanimidad y el Parlamento tenía que autorizar la participación de
tropas españolas en misiones que siempre estuviesen bajo el aval y la
tutela de las Naciones Unidas, misiones con objetivos muy
específicos, muy tasados y con todo tipo de consecuencias
pormenorizadas. Eso se votó en 1995 y nunca lo ha tenido en cuenta el
Gobierno, jamás. En 1996 entra en el Gobierno el Partido Popular, que
permanece hasta ahora dirigiendo el Gobierno, y constantemente se
sigue ninguneando a este Parlamento y no cabe ahora que nos digan que
se va a pedir una comunicación al Gobierno, para que este Parlamento,
en función de esa comunicación, defina su postura. No. Nosotros somos
uno de los tres poderes del Estado, independiente con respecto a su
propia estima, a la propulsión de sus posiciones y no necesitamos esa
tutela del Ejecutivo para nada. Sin siquiera aprobar una resolución
de este tipo, el Gobierno debiera comprender que hechos de la
naturaleza que estamos analizando son siempre susceptibles de ser
aprobados por la sede de la soberanía nacional y popular. No se puede
entender de otra manera, excepto que, desde el punto de vista del
grito de menos Gobierno por razones del control de los mercados, por
la propia inercia de las cosas se emita también el grito de menos
Parlamento, el grito que está resonando en la Cámara cada vez con más
fuerza en estos momentos. Aquel centro del debate de la política
nacional que prometió el Partido Popular, ¿dónde está? Cuántos
centros se han abandonado desde entonces.
En este momento, discutimos en una situación dislocada con respecto a
lo que está ocurriendo en la realidad y con respecto a lo que el
tiempo real nos dice; esta es una discusión absolutamente desfasada.
Si estamos en guerra, ¿cómo se dice que no estamos en guerra porque
está prohibido estar en guerra? No tiene ningún sentido real; lo diga
o no la Carta de las Naciones Unida, estamos en guerra, señorías. La
guerra puede estar prohibida, pero si ocurre, ocurre algo que está
prohibido. No se puede buscar una salida a la situación desde una
óptica sofista, del sofisma puro, diciendo que ya no hay guerras, que
no existen las guerras. Entonces, lo que está pasando en Afganistán,
señorías, ¿qué es? Lo que pasa es que son guerras específicas,
nuevas, modernas. Esta guerra de los terrorismos de todo tipo, que ya
anunció Toynbee en los años 50, que el mismo Fujiyama anuncia en su
famoso escrito del fin de la historia, ya lo demuestra. Tendremos que
asumir estas cosas -dice-, lo que está pasando precisamente ahora,
pero se lea de una forma o de otra se llama guerra. Es una situación
de dislocamiento filosófico. ¿Ustedes saben que hay un tratado de
amistad entre España y Afganistán vigente? El tratado se firmó en los
años cincuenta, habla de la paz de perpetua entre España y Afganistán
y habla de que cualquier conflicto entre España y Afganistán tiene
que ser dilucidado a través del diálogo, cualquier tipo de conflicto
tiene que ser solucionado a través de la negociación Otra dislocación
más de esta situación. Ese tratado está en vigencia en estos
momentos, sigue vigente. Por lo tanto no estamos en una situación de
realidad hoy en este Parlamento, estamos haciendo un debate realmente
fantasmal, porque estamos discutiendo sobre la participación de
España en algo que se dice que no es guerra porque está prohibido en
un momento en que la guerra está muy avanzada y se puede incluso
propagar allende la frontera de Afganistán.
Respecto a lo que estamos discutiendo, es absurdo que utilicemos el
lenguaje que estamos utilizando en función de cosas que están pasando
y que hoy nos llegan mucho más hondo que ayer, con la muerte de Julio
Fuentes, hoy nos llegan mucho más dentro. Es un lenguaje no aceptable
desde el punto de vista de Izquierda Unida, y quiero que el nombre de
Julio Fuentes -por lo menos este pequeño homenaje- conste en el
«Diario de Sesiones» del debate que estamos teniendo esta tarde aquí.
Ha muerto un periodista junto a otros de distintos países informando
sobre una guerra. ¿O es que el tiro que le han dado estaba prohibido
por la Carta de las Naciones Unidas en el artículo determinado que se
cita? No; es una guerra de pillaje de vida, una guerra de vendetta,
de venganza, está ocurriendo, y en este momento lo que nos disponemos
a votar es una forma. Hay que votar una forma que ya se votó en 1995.
Bien, votémosla y que vote el Partido Popular lo que le parezca
oportuno, pero votémosla desde la dignidad de la Cámara, no pidiendo
al Gobierno que nos mande lo que
tenemos que hacer. No votemos una cosa limitada, desplazada en el
tiempo, dislocada con respecto a lo que está ocurriendo, en un
momento en que en España nos toca de lleno la guerra por la muerte de
Julio Fuentes; no disloquemos más la situación, no manipulemos más el
lenguaje. Se vota esta forma y si se rechaza, qué le vamos a hacer,
es una forma muy limitada, no es el fondo lo que vamos a votar hoy;
si se puede dar este avance que se dé, pero sin engañar más,
utilizando a la semántica real de las cosas, diciendo lo que está
ocurriendo en realidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición, tiene la
palabra el señor Arístegui.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, las primeras palabras de mi grupo son para hacer un
homenaje sentido y mostrar nuestra solidaridad a los familiares y
amigos de Julio Fuentes, vilmente asesinado ayer entre Jalalabad y
Kabul.
Señorías, en octubre de 1995, en efecto, esta Cámara debatió una
proposición no de ley que, como ha dicho el señor Alcaraz, era más
rigurosa, y justamente por serlo nuestro grupo votó a favor de ella
en ese día. El espíritu que presidió ese debate era el del consenso.
No me parece que ése haya sido el de hoy. Además, por cierto, el
tratado de amistad vigente con Afganistán está firmado con su régimen
legítimo, con su Gobierno legítimo, que no es el Gobierno talibán. El
Gobierno talibán ni siquiera representa a su país en Naciones Unidas,
como usted sabe. (El señor Alcaraz Masats: Está vigente.)
No estamos ante una declaración de guerra. No la ha habido, pero
habría que ver como podrían operar las cláusulas de defensa colectiva
contenidas en los tratados de defensa en un caso como éste. Por
tanto, creemos que no se puede aplicar el artículo 63.3. Celebro que
el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió
reconozca que se trata de una excepción y que se ha tratado de hacer
una extensión de la excepción. Eso mismo creemos nosotros y por eso
tenemos que votar en contra de esta iniciativa.
El presidente del Gobierno en contestación a una pregunta oral en
Pleno, en la sesión de control de 12 mayo de 1999, manifestó la
disponibilidad del Gobierno a seguir informando y, además, a hacer un
informe, nuevamente con un espíritu claramente de consenso y de
respeto a esta Cámara. El espíritu de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista en la Comisión de Defensa a
principios de esta legislatura, el 12 de junio del año 2000, era bien
distinto en tono, forma y fondo. Estamos ante una proposición no de
ley maximalista que propone, a nuestro juicio, una reforma
constitucional encubierta, podríamos incluso decir que por la puerta
de atrás, supone una transferencia al Legislativo de las competencias
que la Constitución atribuyó al Ejecutivo. Eso convertiría a esta
Cámara en una especie de gabinete de guerra, una cosa absolutamente
inusitada, sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno.
Pensamos que el tipo de iniciativa elegida, que no tiene carácter
vinculante, también hace que pierda peso político. No es esa la
iniciativa que nosotros creemos que debía haber sido elegida para
discutir esta cuestión que es de gran transcendencia. Por tanto, una
proposición no de ley, quizá, no sea el instrumento más adecuado.
Mi grupo, señorías, ante una cuestión de tanta envergadura, apela al
espíritu de consenso y de responsabilidad política que presidieron
las iniciativas políticas de octubre de 1995, la respuesta del
presidente del Gobierno en mayo de 1999, incluso al consenso inicial
que empezó a labrarse en torno a la proposición no de ley debatida en
la Comisión de Defensa el 12 de junio del año pasado y que, por
desgracia, no pudo culminar. Hoy estamos ante un supuesto bien
distinto.
Las competencias del Gobierno en materia militar están reguladas por
la Constitución y las leyes, lo dice la proposición no de ley
socialista, pero sólo la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio,
modificada por la 1/1984, de 5 de enero, así como la Ley 5/1997, de
27 de noviembre atribuyen al Gobierno la dirección de la política de
defensa, es decir, ordenar, coordinar, dirigir las actuaciones de las
Fuerzas Armadas. Esta proposición de ley encorsetaría las capacidades
del Gobierno de manera grave. El artículo 94.1.b) de la Constitución
establece que el Gobierno precisa de autorización previa para prestar
consentimiento en tratados internacionales de carácter defensivo. Así
se hizo en la OTAN y en la UEO. Según el artículo 96 de nuestra Carta
Magna esos tratados, una vez aprobados por esta Cámara, pasan a
formar parte de nuestra legislación interna. En el caso de la OTAN
ese debate, el debate de la autorización previa para el ingreso pleno
de nuestro país en la estructura de la Alianza Atlántica y la plena
pertenencia a la Alianza, se aprobó el 14 de noviembre de 1996. Por
tanto, señorías, ese debate ya tuvo lugar en esta Cámara. Una vez
autorizado el Gobierno por las Cortes, las decisiones derivadas de la
participación de tropas españolas en operaciones de carácter militar
humanitario corresponden al Gobierno, según el artículo 97 de la
Constitución, salvo como es obvio en los casos de declaración de
estado de excepción o de sitio. Esa participación, por cierto, es
voluntaria y está en función de las posibilidades y medios, así como
de la voluntad de cada Estado miembro de la OTAN o de Naciones
Unidas. Esto, señorías, otorga al Gobierno, como al de cualquier otra
democracia avanzada del mundo, una autonomía operativa para decidir
la participación española en operaciones derivadas de nuestras
obligaciones internacionales como son nuestra pertenencia a la OTAN y
a la UEO y nuestra pertenencia
a las Naciones Unidas, cuyas decisiones -decisiones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas- son de cumplimiento obligatorio para
todos los Estados miembros.
Señorías, en el primer caso existe una clara y taxativa decisión del
Consejo del Atlántico Norte, adoptada por unanimidad por los 19
miembros el 12 de septiembre. En esa declaración se calificaron los
actos contra los Estados Unidos el 11 de septiembre como una agresión
contra uno de los firmantes, extendiendo al terrorismo la
aplicabilidad del artículo 5.º del Tratado de Washington, se invocó
además el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas como una
agresión ilegítima y, por tanto, con derecho a utilizar la legítima
defensa individual y colectiva. En el caso de la ONU, el Consejo de
Seguridad aprobó dos resoluciones históricas: una al día siguiente de
la tragedia, la 1368, y otra, la 1373, el 28 de septiembre,
calificada unánimemente por analistas, historiadores y políticos como
de auténticamente histórica.
De ser aprobada esta proposición no de ley, estaríamos limitando
gravemente la aplicabilidad directa e inmediata de las cláusulas de
defensa mutua de la Alianza Atlántica y de la UEO, pero muy
especialmente la del artículo 5.º del Tratado de Washington, lo que
sin duda desnaturalizaría claramente la esencia misma de la OTAN, es
decir, la defensa de sus miembros ante agresiones ilegítimas. Otro
tanto ocurriría con las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas que, como ya hemos recordado aquí, son de obligatorio
cumplimiento. La mayor parte de las democracias más asentadas de
nuestro entorno tienen sistemas de reparto constitucional de
competencias parecidos u homologables al nuestro. Sólo Alemania, que
ha sido citada aquí en reiteradas ocasiones, que tiene una
Constitución de naturaleza distinta -una Carta otorgada muy distinta
a la de nuestra Carta Magna-, confiere al poder Legislativo, al
Bundestag, unos poderes de autorización previa en cuestiones de
naturaleza militar; la razón es bien evidente y obvia. Por otra
parte, ese sistema justamente ha puesto en muy graves dificultades
políticas al Gobierno socialdemócrata alemán en recientes fechas.
Esta, señorías, no es nuestra tradición constitucional, es algo de lo
que les aseguro me alegro y me siento muy feliz, aun reconociendo las
muchas deudas de inspiración que nuestra Constitución tiene con la
ley Fundamental de Bonn de 1949.
El Gobierno ha mostrado una clara y ejemplar voluntad de
transparencia y ha cumplido cabalmente con sus obligaciones
democráticas de informar puntual y exhaustivamente a esta Cámara. Ha
comparecido de forma reiterada y a petición propia, y lo seguirá
haciendo. Esta Cámara sí ha sido el centro del debate político, y muy
especialmente en este caso. El presidente del Gobierno ha comparecido
en dos ocasiones; lo ha hecho el 19 de septiembre, ocho días después
de losatentados, y el 18 de octubre, once días después de los
bombardeos, y en un plazo mucho más breve que en otras ocasiones,
señorías. Varias sesiones de control se han dedicado a esta cuestión.
El ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en cuatro ocasiones
ante los órganos de esta Cámara -el 13 de septiembre, tan sólo dos
días después de los atentados contra Estados Unidos, el 5 de octubre
y, en sesión conjunta de las Comisiones de Exteriores y Defensa, el
10 de octubre, e incluso ante la Comisión Mixta de la Unión Europea-
para explicar no sólo cuales iban a ser los principios y prioridades
de la presidencia española, sino también para explicar cómo iban a
incidir los ataques a terroristas en nuestra presidencia. Numerosas
comparecencias de secretarios de Estado ante las diferentes
comisiones que hacen el control parlamentario también se han dedicado
a esta cuestión. Se han celebrado muchas sesiones de control sobre la
cuestión.
Parece, pues, señorías, que disponemos de mecanismos sobrados en la
Constitución y en el Reglamento de esta Cámara para encauzar la
legítima y democrática, así como necesaria, función de control sobre
el Ejecutivo en éste o en cualquier otro tema, así como para permitir
que el Gobierno cumpla con su obligación democrática de informar a
los representantes de la soberanía nacional.
Señorías, el grupo proponente aspira legítimamente a volver a
gobernar España. Nosotros intentaremos convencer a los ciudadanos de
que nuestras políticas son indudablemente mejores. Creo que hoy el
Partido Popular demostrará la solidez, el equilibrio, la
responsabilidad y un verdadero sentido democrático de Estado votando
en contra de esta iniciativa. Ustedes, cuando vuelvan al Gobierno,
señorías, quizá más tarde de lo que creen, nos agradecerán, como el
resto de los ciudadanos, nuestra responsable y sensata decisión de
esta tarde.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Arístegui.
Señor López Garrido, ¿desea expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas?
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, lo que deseo es que se me
conceda un turno de réplica a la intervención del señor Arístegui,
que no ha sido una mera toma de posición, sino todo un turno en
contra oculto bajo el ropaje formal de fijación de posición. Ha sido
una intervención frontalmente contraria a lo que hemos defendido, ha
sido un turno en contra. El turno en contra permite el debate.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor López Garrido,
no está en el uso de la palabra. Sólo le he pedido que expresara a
efectos de qué deseaba intervenir. Ya lo ha expresado y considero que
no procede la intervención del señor López Garrido.
Como es habitual en la fijación de posiciones relativa a las
proposiciones no de ley, se contesta con carácter general y a veces
se entra en el fondo o en la forma de los argumentos del contrario.
En esta ocasión no ha habido ninguna excepción a las habituales
intervenciones en turno de fijación de posición. Por tanto, no
considero procedente un turno de réplica.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Nuestro grupo parlamentario quiere que conste
en acta nuestra protesta por esa interpretación y por una costumbre
sistemática del grupo que sostiene al Gobierno, que es no intervenir
en turnos en contra, impidiendo el debate y la réplica...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego silencio,
señor López Garrido. Constará su protesta, no faltaba más. Ahora le
ruego exprese la aceptación o rechazo a las enmiendas.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Nuestro grupo va a someter a votación la
proposición en sus términos. No podemos aceptar las enmiendas que se
nos han presentado, ya que se alejan claramente de la línea y de la
coherencia que debe tener esa proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
López Garrido. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre intervención del Parlamento
en situaciones de crisis, en los términos derivados del propio
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 118; en contra, 172; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE
SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 173/000091.)
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal deIzquierda Unida,
sobre las medidas que piensa adoptar
el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Ruiz. (Rumores.) Hay un señor diputado esperando, que intenta hacer
uso de la palabra. Les ruego que abandonen el hemiciclo u ocupen sus
escaños, ambas cosas en silencio, a ser posible.
Adelante, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción, consecuencia de la interpelación que tuvimos
oportunidad de debatir en la Cámara, persigue ofrecer algunos
instrumentos que permitan reducir los índices de siniestralidad;
instrumentos que deben operar en los terrenos más débiles de la
política de accidentes de trabajo que, pese al voluntarismo optimista
de que hizo gala el señor ministro, no ofrece resultados positivos.
Desde que gobierna el Partido Popular, señorías, 8.148 personas han
muerto en accidentes de trabajo. No sé qué cifras son necesarias para
hablar de fracaso político; no sé qué cifras hacen falta para mover a
la reflexión al señor ministro que, hace apenas unos días, hablaba
aquí de reducción de índices.
Pues bien, los datos que hemos venido ofreciendo, avalados por las
organizaciones sindicales, no dan la razón al señor ministro. Siento
aguarle el argumento de que las cosas van mejor, pero en los nueve
primeros meses del año los accidentes laborales han aumentado un 3,28
por ciento respecto al mismo período del año anterior; una media de
87 accidentes mensuales, que producen cuatro muertos diarios en el
trabajo y uno in itinere. El sector servicios acumula 305.578
accidentes, y el de la construcción 184.514.
No sólo le reprochamos su fría pasividad ante la estadística, sino
también los argumentos fundamentales de su discurso. La
responsabilidad compartida, la negociación social y la capacitación
de los agentes no producen políticas concretas ni avances ni acciones
decididas. Constatamos que los accidentes se reducen en Aragón,
Asturias, País Valenciano y Murcia. Es decir, señorías, allí donde se
han puesto en marcha planes de actuación sobre las empresas con
mayores índices de siniestralidad, los accidentes descienden; esto
es, se puede hacer algo eficaz, además de pronunciar discursos
optimistas. Incluso en comunidades poco sensibles hasta la fecha,
como la de Madrid, que acumula un tercio del incremento de los
accidentes producidos hasta la fecha, el Gobierno regional parece al
fin decidido a reflexionar sobre algo que se le ha reclamado durante
tiempo: la reducción de la posibilidad de contratación con el sector
público de empresas con accidentes de trabajo.
La moción atiende a la primera causa de siniestralidad: el
incumplimiento de la ley. Ayer mismo hubo otro accidente en Madrid
que, por un milagro, no causó una situación de la que hoy estaríamos
lamentándonos, precisamente
también por incumplimiento de la Ley de Prevención; según
dicen los sindicatos, parece que es más rentable llegar a cortar las
cintas a tiempo que cumplir la ley en esta materia. Este
incumplimiento de las normas recogidas en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales se traduce fundamentalmente en la falta de
participación de los representantes de los trabajadores -es decir, de
los delegados de prevención- en la evaluación de riesgos, en la que,
además, se omiten graves situaciones que se producen en diferentes
puestos de trabajo. Respecto a la vigilancia de la salud, tampoco se
llevan a cabo reconocimientos médicos específicos a los trabajadores
sobre los riesgos que se desprenden de las evaluaciones mientras que
son, en el mejor de los casos, de tipo genérico y totalmente
inadecuados para facilitar la acción preventiva en la vigilancia de
la salud.
Por otro lado, tampoco se toman medidas en cuanto a los planes de
emergencia y evacuación en primeros auxilios. Debemos llamar la
atención sobre la técnica de privatizar la seguridad evadiendo la
participación sindical mediante la externalización de la seguridad en
el trabajo, que se está produciendo en muchas empresas. Nacen, en
consecuencia, varias propuestas que deben considerarse. La necesidad
de disponer de una estructura participativa; un órgano específico, el
de la salud laboral; la necesidad de crear un servicio especial de
delitos en el ámbito laboral y promover un registro de empresas
sancionadas por infracción para hacer efectiva la prevención de
limitación en la facultad de contratar con la Administración. En
segundo término, se hace necesario -especialmente en el sector de la
construcción dada la gravedad de las cifras- la regulación normativa
de la subcontratación. Se sabe que Gobierno y sindicatos están
discutiendo un borrador de decreto que opera en este terreno. No
obstante, las cifras aconsejan un endurecimiento de las condiciones
con el fin de controlar las prácticas y efectos de la
subcontratación. Sin embargo, más allá de hacer cumplir la ley -que
es lo que básicamente se pide en esos dos pilares de nuestra moción-
se alienta al Gobierno a que impulse iniciativas que incidan
realmente en la siniestralidad. Les proponemos un plan nacional de
medidas preventivas que incluya una colaboración concreta con las
comunidades autónomas, medidas de gestión en la seguridad de las
empresas y medidas de mejora en algunos sectores, especialmente en el
de transporte por carretera.
Se hace necesario -voy concluyendo- articular una estructura de
representatividad e intervención específica que permita que un grupo
de pequeñas y medianas empresas pueda disponer de delegados
sindicales en materia de salud laboral. Señorías, se diga lo que se
diga, los accidentes siguen aumentando y ni siquiera es creíble la
esperanza oculta del señor ministro de que una previsible recesión de
la actividad económicareduzca los accidentes. Las condiciones de
desregulación,
la temporalidad de la actividad económica y la falta de control
del mercado de trabajo de los últimos años hará imposible variar la
situación de la siniestralidad sin acciones específicas. Se exigen
cambios en la forma de actuar, nuevas iniciativas y, sobre todo, una
nueva voluntad política.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señora presidenta, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista va a dar su apoyo a la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque sigue viendo
con profunda preocupación cómo el número de accidentes laborales
crece día a día en nuestro país de forma imparable y cómo, ante ello,
el Gobierno sigue manteniendo una pasividad exasperante; pasividad
que incluso está llevando a los grupos parlamentarios a no proponer
iniciativas en este sentido o a no proponer enmiendas.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, como ya
ha señalado el portavoz de Izquierda Unida, en los nueve primeros
meses de este año 2001 se han producido ya más de 1.400.000
accidentes de trabajo; 200.000 más que los acaecidos durante el mismo
período del año anterior. De ellos 9.000 han sido graves, han causado
baja, y 784 han sido mortales. Ante ello, ¿qué hace el Gobierno? Para
nosotros hace fundamentalmente dos cosas, ambas inútiles. La primera
recordarnos continuamente que en el Senado hay creada una Comisión a
tal efecto y que, en nuestra opinión, no sabemos si es para estudiar
este problema o para retrasar su solución. La segunda, explicar o
maquillar los datos de siniestralidad repartiendo a los demás
responsabilidades y eludiendo las propias, porque, señorías, ¿para
qué le está sirviendo al Gobierno la Comisión parlamentaria creada en
el Senado? Para nada. ¿Ha llevado a la práctica alguna medida de las
muchas propuestas en ella? Ninguna. El pasado mes de marzo el
presidente del Gobierno presentaba el informe que había encargado al
profesor Federico Durán para analizar la siniestralidad laboral en
España. Según las palabras del señor Aznar es un informe
independiente en sus planteamientos y en la formulación de sus
conclusiones, es un informe que ofrece un diagnóstico profundo de las
causas reales de la siniestralidad laboral, así como de las acciones
que podrían mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Son las
palabras del señor Aznar, e insisto: así como de las acciones que
podrían mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Es posible que
sea así, pero, ¿ha puesto el Gobierno en marcha alguna de las
acciones que se propone? Ninguna.
¿Creen SS.SS. que el problema de la siniestralidad laboral se va
a resolver sólo realizando estudios? No son más estudios los que se
necesitan para solucionar el problema, lo que se precisa son medidas
prácticas que demuestren que el Gobierno, además de estar preocupado
por la situación, tiene voluntad política para atajar, para atacar
las causas de esta lacra.
Existen causas y propuestas en las que coincidimos los grupos
políticos y las fuerzas sindicales y que vienen recogidas en el
informe encargado por el señor Aznar. ¿Por qué no se llevan a la
práctica? Entre ellas sólo voy a señalar tres en el sentido de las
enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista: el incumplimiento
generalizado de la ley, el desconocimiento de la misma por una gran
mayoría de los empresarios y la falta de formación en prevención.
Habrá que acometer acciones para hacer que se conozca la ley por
parte del colectivo de los empresarios, para lograr que se cumpla en
todos los rincones, en todas las empresas de España y habrá que
formar a los trabajadores y a delegados sindicales en materia de
prevención. También habrá que recordarle al señor ministro que el
Plan Nacional de Formación, que destacó en su intervención en esta
Cámara el pasado 31 de octubre como una de las acciones más
relevantes puestas en marcha, no está puesto en marcha, que está
consensuado desde hace más de un año entre los agentes sociales y las
comunidades autónomas, pero que no se puede poner en práctica porque
aún no se ha dotado presupuestariamente.
Señorías, el próximo mes de enero España va a presidir la Unión
Europea y se va a presentar como el país que tiene el índice de
siniestralidad laboral más alto de la Unión, con unas cifras que
doblan la media europea y que quintuplican las de países como el
Reino Unido, Irlanda o Suecia. Esto ya es inevitable, pero puede
presentarse con las manos vacías como hasta ahora o con un paquete de
medidas eficaces que demuestren que queremos conseguir un mercado
laboral moderno, competitivo y seguro para los trabajadores. Desde
hace cinco años el Gobierno tiene la pelota de la siniestralidad en
su tejado y se ha limitado a despejarla fuera del campo, ya es hora
de que la juegue.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. ¿Grupos que desean fijar
posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor
Campuzano.
El señor CAMPUAZO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
De nuevo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos plantea una
iniciativa orientada a impulsar la acción del Gobierno en este ámbito
de profunda preocupación ciudadana y social. En el debate de la
semana pasada, en la correspondiente interpelación, tanto el señor
ministro de Trabajo como el portavoz de Izquierda
Unida, don Antero Ruiz, manifestaban una coincidencia sobre un
elemento central, sobre la gravedad de esta situación, los costes
económicos que tiene para el conjunto de la sociedad y los costes
humanos, costes en vidas, costes en calidad de vida de las familias y
de las personas que se ven afectadas y costes para el conjunto del
sistema de protección social del Estado español. Ahora, el señor
González Vigil hacía referencia a que tenemos encima de la mesa una
propuesta bien elaborada por parte del señor Durán, como un encargo
del presidente del Gobierno, el conocido informe Durán, que evidencia
la complejidad de los accidentes de trabajo en el Estado español; una
complejidad que nos hace ver que es el mercado de trabajo, el tipo de
empleo, los sectores de actividad productiva donde se producen estos
accidentes de trabajo, la organización de la producción, lo que
configura de alguna manera el porqué suceden estos accidentes de
trabajo. En ese mismo informe del señor Durán se nos dice que quizás
el principal objeto de preocupación son aquellos varones jóvenes, con
poca experiencia en el ámbito laboral, con tasas de baja calificación
profesional, con empleos de carácter temporal y en determinadas
actividades productivas, que es en ese ámbito donde se centran los
elementos principales de preocupación: jóvenes varones, con trabajo
temporal en determinados sectores productivos, con escasa experiencia
laboral y con poca calificación. Ahí es donde está el núcleo central
de esa accidentalidad. En ese mismo informe se nos recuerda que esa
situación tiene que ver en parte con el crecimiento de la actividad
económica, con la altísima tasa de temporalidad de nuestro mercado de
trabajo, con los procesos de flexibilidad en el ámbito de las
relaciones laborales, todo el proceso de subcontratación o
outsourcing con el crecimiento en el sector de la construcción, con
una falta de una política que incentive al conjunto de las empresas a
una activa presencia en esa lucha contra la siniestralidad, y también
tiene que ver con la falta de educación del conjunto de ciudadanos,
quizás desde la propia escuela.
El informe que encargó el Gobierno en su día es un excelente
documento que debería servir para que el Gobierno, los agentes
sociales, las administraciones públicas competentes en esta materia,
los grupos políticos fuésemos capaces de abordar a fondo esta
realidad. Izquierda Unida nos plantea una serie de medidas, con
algunas de ellas podríamos estar de acuerdo, con otras
discreparíamos, como supongo yo que Izquierda Unida en su día también
coincidiría con determinadas medidas que se propusieron en el último
debate de política general, celebrado el pasado mes de julio, y
coincidiría con algunas de aquellas medidas que se aprobaron por el
conjunto de la Cámara, si no recuerdo mal con los votos de los grupos
Socialista, Popular y de Convergència i Unió; propuestas de
Convergència i Unió que iban en la línea de potenciar las acciones de
formación dirigidas a los sectores más peligrosos, como la construcción;
promover la reforma del impuesto sobre sociedades, que
introdujese una deducción para las inversiones que efectúen las
empresas en el ámbito del fomento de la prevención de riesgos
laborales; la consideración de la implementación de incentivos,
recargos en las contribuciones empresariales en función de la
accidentalidad, los famosos bonos correspondientes; la revisión del
Real Decreto 2930/1979; el desarrollo de la disposición adicional
quinta por lo que hace referencia a la territorialización de los
recursos de la fundación en esa materia. En julio de este año
Convergència i Unió planteaba también propuestas parciales que
incidían en esta cuestión, como hoy Izquierda Unida plantea
propuestas parciales. Hoy en este debate Izquierda Unida lo que
entiende oportuno...
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano.
CAMPUZANO I CANADÉS:
El señor Estoy terminando, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Sí, pero sabe que en las mociones el tiempo es
muy estricto y el suyo ya ha concluido.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Pues lo siento, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna una vez más, pero esta vez diría que un poco con
la sensación del deber cumplido por parte del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno; y digo que con la sensación del deber
cumplido puesto que esta portavoz, ante iniciativas de otros grupos,
en alguna ocasión por motivos económicos, por estabilidad
presupuestaria, tiene que responder que no.
La siniestralidad laboral nos preocupa muchísimo a todos los grupos
parlamentarios y a cada uno de los integrantes de esta Cámara y tengo
que decir que se han hecho muchas cosas en los últimos tiempos.
Además tengo que señalar a los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, tanto al señor Vaquero como al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que no se puede hacer alusión a que desde
que gobierna el Partido Popular ha habido más accidentes mortales ni
que la siniestralidad laboral crece por cuanto no es verdad. Los
últimos datos que tenemos del Ministerio de Trabajo nos dicen
absolutamente todo lo contrario. La siniestralidad laboral ha
decrecido en términos de los accidentes más graves en casi un 10 por
ciento, esto es importante, aunque a todos y cada uno de nosotros -
vuelvo a repetir- nos preocupan esas cifras. SeñorVaquero, en este
momento quizá no había un motivo
para presentar una interpelación urgente al Gobierno, por cuanto
estas iniciativas se han venido repitiendo en los últimos cinco años
y ha habido compromisos muy serios por parte del Gobierno para paliar
los altos índices, que según S. S. existen, de siniestralidad
laboral.
Tengo que hacer referencia a otros datos importantes que atañen a la
sociedad española. El 98,5 por ciento de los accidentes de trabajo
son leves, señor Vaquero, y también eso hay que decirlo. El 76 por
ciento de las empresas en España tienen menos de cinco trabajadores
y es mucho más difícil que esa cultura de la prevención de los riesgos
laborales llegue a esos ámbitos. Dicho esto me voy a ceñir ya a los
compromisos adquiridos tanto por el presidente del Gobierno en virtud
de una pregunta oral que contestó en el Pleno del Congreso de los
Diputados el pasado 14 de marzo, como a las distintas resoluciones
aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación, que demuestran
la alta sensibilidad que tiene el Gobierno en materia de prevención
de riesgos laborales. Las resoluciones aprobadas van encaminadas a la
prevención de riesgos laborales, a la igualdad de trato entre
trabajadores y trabajadoras, a las campañas de sensibilización
dirigidas al conjunto de la sociedad, que son muy importantes, porque
es una labor de todos, no sólo del Gobierno sino de todas las
administraciones, desde el ámbito local a las comunidades autónomas y
también, por supuesto, desde el ámbito de las empresas, referidas a
las acciones de formación dirigidas especialmente a los sectores más
peligrosos en especial los de la construcción.
También el Ministerio de Fomento ha puesto un especial énfasis para
llevar a cabo una mayor transparencia, evitar la siniestralidad
laboral y lograr una mejor calidad de la salud en el ámbito de las
empresas, referido a las contrataciones y subcontrataciones
laborales. En relación con la implantación de incentivos o recargos
en las cotizaciones empresariales el compromiso es que se van a
llevar a cabo a lo largo de esta legislatura y, como ha dicho el
señor Campuzano, también en la futura reforma del impuesto sobre
sociedades habrá una deducción para las inversiones que realicen las
empresas destinadas al fomento de la prevención de riesgos laborales.
Para terminar, quiero decir que en el pasado mes de septiembre -y S.
S. lo sabe- se acabó de constituir la mesa tripartita en la que está
colaborando el Gobierno, las organizaciones empresariales y los
sindicatos...
La señora PRESIDENTA: Señora Montseny, su tiempo ha concluido, le
ruego termine.
La señora MONTSENY MASIP: Esta mesa llevará a cabo las propuestas
contenidas en el informe Durán.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-El señor Ruiz López,
don Antero, pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
Señor Ruiz, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de
la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señora presidenta, para aceptar las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
También desearía aclarar a la señora Montseny, para que conste en el
«Diario de Sesiones», que el señor Vaquero estaba en la legislatura
pasada, que yo soy el señor Ruiz y que el señor Vaquero se encuentra
en Granada. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de
siniestralidad laboral, con la incorporación de las enmiendas que han
sido aceptadas por el Grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 115; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
EN POLÍTICA DE EMPLEO Y SOLUCIONES QUE CONTEMPLA A LAS GRAVES
CARENCIAS Y ANOMALÍAS QUE SE OBSERVAN EN NUESTRO MERCADO LABORAL.
(Número de expediente 173/000092.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla
a las graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado
laboral.
Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en la interpelación que celebramos aquí hace unos días tuve
ocasión de afirmar ante el ministro de Trabajo y ante la Cámara que
las políticas de empleo en España necesitan una profunda revisión.
Creo que a lo largo del debate se pudo demostrar, en primer lugar que
el INEM está seriamente paralizado y en una profunda crisis, que es
imprescindible definir las funciones
y la estructura de un nuevo servicio público de empleo para
España, que hay que revisar el conjunto de la formación profesional,
que hay que hacer más políticas activas de empleo y que hay que hacer
otras políticas de empleo, que hay que evaluar de una vez las
políticas de empleo en nuestro país, que hay que conectar
informáticamente el sistema de intermediación laboral y que hay que
hacer más políticas por la movilidad geográfica; en fin, toda esta
serie de afirmaciones son bastante evidentes y forman parte de la
cultura general del mundo laboral, del mundo sindical, del mundo
empresarial. Todos los días estamos viendo denuncias en esta
dirección.
Señorías, aunque pueda parecer inmodesto que yo lo diga, creo que la
moción que hemos presentado consecuencia de esa interpelación desde
luego es consecuente, pero además es una moción seria. Por primera
vez en la Cámara se discute sobre una serie de orientaciones que hay
que incorporar a la política de empleo en España. Es verdad que hemos
discutido bastante sobre estos temas en el debate presupuestario,
pero si ustedes se han molestado en repasar lo que son los contenidos
de la moción socialista, habrán coincidido conmigo en que mucho de lo
que planteamos como compromisos, como mandatos al Gobierno son cosas
que el propio Gobierno viene asumiendo hace tiempo, inclusive viene
prometiendo o está comprometido. Por ejemplo, es una evidencia que la
Ley básica de Empleo se nos ha quedado completamente obsoleta y yo he
escuchado al propio ministro de Trabajo, al secretario general del
Empleo en varias ocasiones plantear la necesidad de proceder a la
revisión del texto, que por ejemplo no contemplaba siquiera la
presencia de España en la Unión Europea, por poner sólo un dato que
refleja los enormes cambios producidos en estos 20 años largos que
pasan de vida de la Ley básica de Empleo. Pues bien, la moción
pretende que comprometamos al Gobierno a que elabore una ley básica
de empleo antes del 1 de marzo de 2002; en segundo lugar planteamos
que acabe ya el proceso de transferencias en el país, porque
realmente llevamos casi cinco o seis años, por no decir siete si
incluimos las políticas de empleo de formación profesional,
transfiriendo el INEM a las comunidades autónomas. Hay que acabar ya
con este proceso. Tengo además que denunciar aquí que dos comunidades
autónomas que están gobernadas por el Partido Socialista, Andalucía y
Castilla-La Mancha, se sienten discriminadas -no sé hasta qué punto
es correcto su sentimiento, en esto de los sentimientos la
subjetividad es la que manda- por el Gobierno, y hay una denuncia
formal que quiero hacer en el sentido de que creemos que el Partido
Popular está paralizando al Gobierno en las transferencias de las
políticas activas de empleo a Andalucía y a Extremadura por intereses
partidarios; quiero creer que no es así, pero las evidencias van en
sentido contrario. Se acaba pues la recomendación en este sentido a
favor de que se terminen
las transferencias el año que viene a más tardar y que se transfieran
para la comunidad de Castilla-La Mancha y de Andalucía y para todas
las comunidades autónomas. Se pretende reestructurar el INEM y se
dice al Gobierno que reestructure de una vez este organismo básico
creando un observatorio del empleo, creando una agencia para la
evaluación y revisando el conjunto del sistema de formación
profesional. Se pide al Gobierno que haga políticas para la movilidad
geográfica, porque ahora no las hay, y porque seguimos con una imagen
geográfica del paro y del empleo en España totalmente asimétrica,
desquiciada y totalmente paradójica, con provincias de pleno empleo y
provincias o comunidades con más del 15 o del 20 por ciento de paro.
Se pide un plan integral para el empleo de la mujer, porque tenemos
un largo camino que recorrer para llegar a lo que marca la Unión
Europea. Se plantea la necesidad de que el Plan nacional de empleo
del año 2002 recoja las directrices de la Unión Europea, cosa que no
hará si sigue el mandato de lo que hemos sabido en el presupuesto del
2002 y de lo que hemos sabido de la elaboración de los planes
nacionales de empleo anteriores.
Por último, se pide un plan para la calidad del empleo. Señorías, uno
de los ejes que caracteriza la política de empleo de la Unión Europea
desde Luxemburgo, mucho más desde Lisboa, y particularmente en los
últimos años, es mejorar la calidad del empleo, porque es una
evidencia que está emergiendo subempleo en toda Europa, que hay una
precariedad lacerante en nuestro mercado laboral, que hay altísima
siniestralidad, como se ha discutido antes, y todo esto requiere un
esfuerzo de calidad. Se pide al Gobierno en la moción que elabore un
plan de calidad para el empleo.
Este conjunto de propuestas, señorías, definen una moción coherente,
seria y responsable que interesa a la política de empleo en nuestro
país y que haría mucho y bueno por mejorar la calidad y cantidad de
empleo en España.
Muchas gracias.(Aplausos)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos tenido oportunidad recientemente de debatir la
política de empleo del Gobierno. Efectivamente, constatamos que esa
política no se dota de las orientaciones y los recursos necesarios
para abordar con garantías una política de empleo que acorte las
brechas sociales que se constatan en la economía española. La
previsible desaceleración económica afectará a la capacidad de
creación de empleo de la economía española haciendo más evidentes las
dificultades de los desempleados, desempleadas y personas
dependientes.
En esa dirección, las propuestas que se contienen en la moción a
debate, que ya han sido propuestas por Izquierda Unida y otros grupos
con motivo del debate presupuestario, constituyen una reflexión
oportuna a la que nuestras enmiendas desean aportar cierta
sensibilidad sobre algunos aspectos no incluidos en su moción. En
este contexto son evidentes dos exigencias. En primer lugar sobre los
propios empresarios a los que se les reclama un mayor compromiso con
el empleo y con la estabilidad del mismo. La situación de mayor
incertidumbre económica no puede servir de excusa para utilizar
indebidamente la contratación temporal ni para hacer ajustes de
plantillas no justificados. Se trata, como se señala en las enmiendas
que presentamos, de garantizar por una parte la mejora de estabilidad
y realizar una incentivación de la contratación que no se base en una
reducción generalizada de cotizaciones, sino precisar que esta
reducción sólo debe ir vinculada a la creación de contratos fijos.
Tampoco puede olvidarse la función como empresario de la
Administración pública y la necesidad de reducir la temporalidad en
este campo. La segunda exigencia a que nos referimos atañe a los
responsables públicos, a la exigencia al Gobierno de que establezca
medidas para reactivar el empleo. En esta dirección compartimos las
propuestas en el sentido de revisar la Ley básica de Empleo, los
planes integrales de la mujer, la reforma del INEM, o la inclusión de
nuevos objetivos respecto al Plan de empleo del próximo año. Debemos
llamar la atención en estas políticas sobre dos necesidades,
especialmente la de promoción de servicios sociales y atención a las
personas dependientes, que además de aumentar el empleo en el sector
servicios facilitará la incorporación de más mujeres a la actividad y
al empleo.
En segundo lugar, hemos compartido con ustedes en recientes debates
la necesidad de aumentar las políticas activas de empleo; su
debilidad es sinónimo de débil compromiso contra el desempleo; pero
no pueden olvidarse otras cuestiones incluidas en las denominadas
políticas pasivas, como las tasas de cobertura, la ausencia de rentas
de inserción o la debilidad del salario mínimo. Estas cuestiones
constituyen otros tantos elementos que definen la política económica
del Gobierno y determinan un espacio social cada vez más amplio en
riesgo de exclusión. Recientemente hemos mantenido una discusión con
el Grupo Socialista acerca de la reducción de la jornada de trabajo,
que Izquierda Unidad no ha conseguido explicarse, y se llegó a
calificar la propuesta de derechas. Insistimos, señorías -y lo
hacemos en consonancia con el sindicalismo europeo-, que en un
momento de desaceleración económica esta propuesta estructural no
puede estar al margen de las políticas de empleo.
Por último, señalaremos que lo que ustedes califican como políticas
sectoriales vinculadas a la movilidad territorial de los
trabajadores, constituyen serios problemas de la sociedad española.
Citaré dos: las políticas de
vivienda y las políticas urbanas de movilidad sostenible. Sin abordar
estas cuestiones, sin olvidar los problemas de los sectores educativo
o sanitario, difícilmente puede ser aceptable para los trabajadores
una política de movilidad. En definitiva, señorías, compartimos con
ustedes la necesidad de una amplia reflexión sobre las políticas de
empleo y protección social. También insistimos en la necesidad de
cierta audacia a la hora de proponer que nos permita contemplar en su
conjunto los problemas de una sociedad y una economía que no es capaz
de resolver el problema del desempleo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
De nuevo el PSOE nos plantea un debate a raíz de esta moción en el
que se pone de manifiesto la doble cara de nuestro mercado de trabajo
en los últimos años. Por un lado una mejora de todas las ratios, la
tasa de actividad, la tasa de ocupación en mujeres, en jóvenes, un
aumento del tiempo parcial, una ligera disminución de la temporalidad
y un importante descenso del desempleo. Al mismo tiempo es evidente
que en todos estos ámbitos las posibilidades de mejora son muy
importantes. La última recomendación del Consejo, de septiembre de
este mismo año, sobre la aplicación de las políticas de empleo en los
Estados miembros, pone en evidencia las insuficiencias de la política
española en esta materia y el largo campo que aún nos queda por
recorrer. Además, en unas recientes jornadas celebradas en Barcelona
a las que asistieron algunos miembros de la Cámara, PYME-EFEX, la
patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña ponía encima de
la mesa los factores estructurales que inciden negativamente en
nuestro mercado de trabajo desde la perspectiva del conjunto de la
población activa. PYMEEFEX nos recordaba que en los últimos años se
han incorporado como potenciales activos unos 150.000 jóvenes menos,
y que en la perspectiva del año 2010, 220.000 jóvenes menos se
incorporarán a nuestro mercado de trabajo. Esta reflexión es de la
Unión Europea, y la reflexión de PYME-EFEX desde la perspectiva de
Convergència i Unió nos hacen ver que cualquier política pública en
esta materia debe centrarse fundamentalmente en aumentar nuestra tasa
de actividad, en ser capaces de movilizar nuevos posibles empleados
en aquellos sectores donde nuestras tasas de actividad hoy son
escasas. Este estudio de PYME-EFEX, al menos por lo que hace
referencia al ámbito de Cataluña, nos pone de manifiesto dos
prioridades: hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 34 años.
Son los grandes
colectivos a los que nuestras políticas públicas de empleo deben
ir especialmente orientadas.
En este sentido Convergència i Unió plantea una enmienda con
pretensiones de alternativa al texto que nos plantea el Grupo
Socialista, que va en la línea de continuidad respecto de aquello que
se ha hecho bien hasta ahora por parte del Gobierno, pero también va
en la línea de poner encima de la mesa nuevas propuestas. La
propuesta de Convergència i Unió tiene dos ejes. Por un lado que se
realice en el marco de la conferencia sectorial correspondiente, ya
que nos preocupa que en la propuesta del Grupo Socialista se obvie el
hecho de que hoy una parte de las políticas activas de empleo están
en manos de las comunidades autónomas y ha de ser en ese ámbito donde
se debe realizar el debate. Por otro lado, el Parlamento juega un
papel mucho más decisivo en la definición de esas políticas, y en ese
sentido planteamos la comparecencia del Gobierno en la Cámara cada
seis meses para informar sobre dichas políticas.
Finalmente, que estas políticas nuevas sean capaces de responder a
dos fenómenos hoy no bien resueltos, por un lado esas nuevas fórmulas
de acceso al empleo, donde hemos de ser capaces de combinar
flexibilidad y protección social -hablamos de teletrabajo, del
trabajo autónomo dependiente de los nuevos emprendedores- y una
gestión correcta del flujo migratorio a través de un contingente
eficaz, de un contingente que la semana que viene tendremos
oportunidad de debatir con el Gobierno.
Convergència i Unió coincide en el diagnóstico de que nuestras
políticas hasta ahora han sido las correctas, que es necesario darles
un nuevo impulso, pero entiende que ese nuevo impulso debe tener como
eje central el diálogo con las comunidades autónomas. Por todo ello,
si el Grupo Socialista no acepta nuestra enmienda alternativa
deberemos votar en contra de su propuesta de moción.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
No voy a reproducir los datos que ya proporcionó a la Cámara el señor
ministro en la interpelación que se debatió el día 31 de octubre
pasado, en los que se ponía de relieve las cifras y las dotaciones
económicas destinadas a las políticas activas, a los desempleados y
los resultados en términos de empleo de las diversas políticas que se
han practicado y se vienen practicando. Por tanto voy a pasar
directamente a hacer una valoración de lo que nos propone, y hay que
agradecer el tono del debate así como las cuestiones que se formulan,
y
vamos a contestarlas con lo que el Gobierno está haciendo o en trance
de hacer.
En primer lugar y siguiendo el orden con que se ha planteado la
moción, en este momento se está gestionando por la Comisión mixta
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía la transferencia de las
políticas activas de empleo a dicha comunidad. Obviamente una
negociación implica que haya dos partes, no vale la sola voluntad
unilateral de uno de los que están en la mesa y por tanto el esfuerzo
de hacer una buena transferencia debe ser compartido y debe existir
la voluntad de ambos. Además, el Consejo general del INEM, en reunión
de 18 de julio de este año ya dejó clara la voluntad del Gobierno
popular de que las transferencias de las políticas activas de empleo
concluyeran en enero del año 2002, es decir se estableció incluso un
plazo temporal que va a durar como mucho un par de meses desde el
momento que estamos ahora aquí debatiendo.
En cuanto al conjunto de las propuestas que se formulan con relación
a la formación profesional, voy a decir que estamos con un
anteproyecto de ley orgánica, que ya fue objeto de conocimiento en su
día por el Consejo general de la formación profesional en diciembre
del pasado año, que lo han conocido también los interlocutores
sociales y lo han avalado, también las comunidades autónomas; ahí se
plantea la unificación de los tres subsistemas y esperemos que pronto
sea un proyecto que podamos debatir y profundizar en relación a las
necesidades de modernización y adecuación que compartimos en nuestra
formación profesional.
En cuanto a la movilidad geográfica, quiero recordar que el Gobierno,
a través del Plan Nacional de Empleo de este año 2001, en su
directriz sexta, ya ha apoyado un plan piloto en una comunidad
autónoma que es La Rioja. Este plan está formulando contratos
laborables estables, alojamiento en régimen de alquileres accesibles,
formación complementaria al trabajador cuando es necesario, y
facilitando las plazas escolares para los hijos de los trabajadores
y/o las guarderías que puedan necesitar. Como es una experiencia
piloto que se está desarrollando ahora, el Gobierno entiende que va a
haber tiempo para hacer una evaluación de los resultados, de las
carencias y las innovaciones que se puedan incorporar, que incidan
positivamente en superar y en mejorar la movilidad geográfica
española, que como toda la de Europa, por cierto, está en regresión,
no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, aunque aquí ciertamente
se ha acusado. A la vista de la experiencia que resulte en La Rioja,
tendremos oportunidad de plantear nuevas medidas y desarrollar estas
a favor de la movilidad geográfica de los trabajadores.
El Plan Nacional de Empleo, por otro lado, establece una serie de
programas a favor de la mujer, y así recordaré a la Cámara el
programa de asesoramiento a mujeres empresarias autónomas, con una
dotación de 350 millones de pesetas, el programa de apoyo a mujeres
emprendedoras y empresarias, con un presupuesto de 1.213 millones de
pesetas, y el programa de fomento de empleo, en la Ley 12/2001, sobre
la cual debatimos esta pasada semana en Pleno a la hora de debatir
los presupuestos y la anterior en Comisión justamente en el mismo
debate presupuestario. Además nosotros, mantenemos la posición
claramente selectiva de hacer una política de discriminación positiva
a favor de la mujer y de los colectivos más desfavorecidos para su
acceso al empleo, y en contra por cierto de las medidas que se
formulaban desde el Grupo Socialista de hacer una limitación de las
políticas de bonificación a la contratación indefinida. También hay
programas que financian el empleo de interés social en servicios de
proximidad para personas dependientes que tienen destinados a este
fin 13.500 millones. Para las políticas activas de empleo en su
conjunto se ha presupuestado un incremento para el 2002 del 6,15 por
ciento.
En cuanto a la incorporación de nuevas directrices, cara al empleo,
quiero recordar que nuestro Plan Nacional de Empleo de este año prevé
un incremento en el número de beneficiarios para medidas de inserción
en parados de larga duración del 15,4 en relación al ejercicio 2000 y
prevé un plan de acción para parados de muy larga duración, los que
llevan más de dos años ininterrumpidamente en situación de desempleo...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiroz.
Señor Jáuregui, a efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, vamos a incorporar las
dos primeras enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, las que se
refieren a los puntos 4 y 5; las restantes enmiendas de Izquierda
Unida no las asumimos. La enmienda de disolución, más que de
totalidad, de Convergència i Unió, no la podemos aceptar.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en
política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias
y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral, que se somete
a votación en los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 118; en contra, 164.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRÍGUEZ), RELATIVA A LA
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
PÚBLICA EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000093.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y
perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado
español.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego, a través de reiteradas iniciativas en
este Congreso de los Diputados, ha expresado su preocupación por el
presente y el futuro del sector naval en el Estado español, sector al
que consideramos de importancia estratégica, como intentamos
demostrar con motivo de la interpelación, a la hora de clarificar
todo el valor añadido que llevaba formando parte de un conglomerado
mucho más importante aún, como es el conglomerado industrial
marítimo. En la sesión de hoy presentamos la moción consecuencia de
la interpelación, que comprende siete puntos básicos para la
construcción naval del Estado español, desde una perspectiva de
conjunto, pero también desde la perspectiva de la experiencia por la
que pasaron y están pasando los astilleros de Galicia. Se trata de
colocar con siete medidas una alternativa para sacar del vía crucis,
del camino de lamentos y dificultades al sector naval del Estado
español.
Como Bloque Nacionalista Galego pensamos, en primer lugar, que se
debería posibilitar la creación de complejos integrales de la
construcción naval, aunque fuera abierto a todos, en particular en la
comarca de Ferrol y en la bahía de Cádiz. SS.SS. tienen que tener
presente que dos de los grandes centros del grupo Izar, de gran
capacidad tecnológica y de una dimensión importantísima, están
situados en la ría de Ferrol. En concreto, Izar Fene, la antigua
Astano, e Izar Ferrol, la antigua Bazán. Igual pasa con la bahía de
Cádiz o con centros próximos a la bahía de Cádiz, como pueden ser San
Fernando, Puerto Real, Cádiz y Sevilla. La creación de complejos
integrales en la construcción naval sería muy importante para un
funcionamiento racional del sistema y para ahorrar, que es una
cuestión fundamental para ser más competitivos. ¿Por qué razón? A
nadie se le oculta que la economía de proximidad puede dar cuantiosos
intereses, desde el punto de vista económico. Volveré a repetir que
no es de recibo que se trasladen mil kilómetros por mar grandes
bloques para
la construcción naval, como está ocurriendo hoy, por ejemplo, entre
Cádiz y Ferrol. No hay que olvidar que los trabajadores y los
directivos tienen una identidad cultural. Y cuando digo cultural, me
refiero a una experiencia histórica acumulada que se nota en las
características diferenciales de la fuerza de trabajo en cada una de
las zonas del sector naval en nuestro país. Hay una cultura también
diferencial, desde el punto de vista de la gestión. En tercer lugar,
algo muy importante que es propio de las compañías multinacionales en
este momento histórico, que es dar autorresponsabilización en la
conquista de objetivos a las factorías que tienen situadas en cada
zona donde actúa la empresa. Aunque haya una empresa principal,
siempre colocan objetivos a cumplir por los entes de carácter
territorial. Todo esto no supondría la desaparición de la
coordinación, mucho menos de la actividad comercial conjunta y, por
supuesto, el reparto de la carga de trabajo, que es fundamental para
que haya un funcionamiento equilibrado de todos los centros que hoy
componen Izar. Por lo demás, no vemos por qué razón hay que seguir
manteniendo limitaciones de carácter constructivo al astillero de
Izar Fene o, a pesar de que se anuló la separación civil militar, hay
centros que siguen vinculados exclusivamente a la construcción
militar. Por otra parte, todas SS.SS. saben, si leen la prensa
especializada, que se augura que este año va haber unas pérdidas por
un total de 20.000 millones de pesetas del grupo. Por este camino se
va a perder incluso el capital social y nos podemos encontrar dentro
de cinco años en una situación de práctica banca rota.
La segunda parte de la moción va a destinada a minimizar la
subactividad, a optimizar la ocupación de los cuadros de personal y a
posibilitar resultados positivos, que nos parece fundamental en este
grupo público. Para eso hace falta una política comercial más activa,
distribuir bien los contratos entre todos los centros y que no se den
situaciones en las que unos están saturados, tienen subcontratado
personal y buena parte de la plantilla propia está en subactividad.
Todos sabemos que es una de las causas que está provocando en las
cuentas de resultados costes sobre el 20 ó el 30 por ciento. Por lo
tanto, está en manos de la SEPI reducir las pérdidas en la cuenta de
resultados.
En tercer lugar, hay un punto destinado a buscar modernas fórmulas de
gestión empresarial, a implicar los proyectos de la empresa principal
con las empresas secundarias y a buscar ofertas de seis o siete
proveedores que tengan que competir, pero, eso sí, homologando las
condiciones y la preparación técnica de sus trabajadores con los de
la empresa principal. No es otra cosa lo que se hace en las grandes
empresas de automoción, que llegan a tener empresas subcontratadas
como proveedores que gozan de una serie de garantías y de vigilancias
técnicas que las colocan en una capacidad tecnológica similar a la
empresa principal. El cuarto punto va destinado a no reducir los
actuales cuadros
de personal que ya están en mínimos. En este año hubo muy poco acceso
de jóvenes a los cuadros de personal. Es un asunto importante a
tratar en el futuro plan industrial a pactar con los sindicatos. En
quinto lugar, parece que hay un acuerdo general en que la Unión
Europea debería denunciar por dumping a Corea. Es evidente que hay
que hacerlo de forma rápida y contundente. El sexto punto es
especialmente querido por nosotros los gallegos: por qué razón el
Gobierno no utiliza la oportunidad que va a tener en el año 2002 para
retirar la restricción terrible y discriminatoria que pesa sobre
Astano, para que pueda acceder libremente a la construcción naval sin
las trabas de que viene siendo víctima desde el año 1984.
Por último, señorías, Izar Fene, Izar Ferrol, Izar Bahía de Cádiz,
Izar Sestao, Asturias y Cartagena, tienen un papel estratégico
fundamental al formar parte del conglomerado industrial marítimo al
que aludí al principio y cuya importante ya demostré en la
interpelación de la semana anterior. Es un sector tan importante que
debería estar en manos públicas y su transnacionalización debería
hacerse con criterios de interés general.
La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha concluido, señor Rodríguez. Muchas
gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos debatiendo un tema de gran trascendencia social para
muchas zonas del Estado español como son Galicia, Andalucía, País
Vasco, Valencia, Murcia y otras, donde el sector naval en sus
distintos centros o factorías mueve un volumen muy importante de
empleo y actividad económica ya que, como se ha dicho, es un sector
estratégico. El Partido Socialista valora positivamente la moción que
hoy se debate. A pesar de que en los últimos años este sector ha
visto reducida de manera importante su capacidad y volumen de empleo,
aún es un sector industrial que cuenta con una capacidad exportadora,
con un peso tecnológico importante y con muchas posibilidades de
futuro pues somos el segundo país constructor de buques en Europa y
el noveno en el mundo. El PSOE considera que para hacer posible en
los próximos años una política que oriente mejor el futuro del sector
naval, el Gobierno debe apostar más por tecnología, por I+D, llevar a
cabo una política comercial más activa y adoptar medidas fiscales que
beneficien la competitividad de todos los centros operativos. Es
cierto que ya en la ley de acompañamiento se introducen algunas
medidas fiscales, pero aún son insuficientes. Sobre todo, debemos
conseguir que la Unión Europea adopte medidas contra el dumping de
Corea de manera real y no virtual.
El Partido Socialista también considera que las ayudas que la
SEPI ha puesto en marcha en los últimos años para mejorar la
situación en que se encontraban los astilleros son correctas pero
insuficientes. En este sentido, que se haya procedido a la fusión de
Astilleros Españoles y de Bazán, que se haya definido un plan
industrial para el grupo Izar, o que la semana pasada se haya llegado
a un preacuerdo para firmar un convenio colectivo con los antiguos
trabajadores de Astilleros Españoles, nos parecen medidas correctas,
pero aún queda mucho camino por recorrer. Por eso entendemos que las
propuestas del Bloque Nacionalista Galego son adecuadas y aprobaremos
la gran mayoría de ellas. No obstante, respecto del contenido del
primero de los puntos -en el apartado a)- de dotar de autonomía
territorial a los centros, es algo que correspondería a la gestión
interna del grupo Izar y no a este Parlamento, de modo que nos
abstendremos en la votación de dicho punto. Por otra parte, creíamos
que había que presentar enmiendas a esta moción -no sabemos si serán
aceptadas o no- por las que se traslade desde este Parlamento un
mandato al Gobierno para que defienda en el Consejo de Ministros de
la Unión Europea un sistema de ayudas que abarque a todo tipo de
buques. Es oportuno que esas medidas que se aprobarán próximamente
incluyan también a los buques gaseros, a los quimiqueros, a los
ferries y a otro tipo de buques. De lo contrario, podríamos
encontrarnos con que la Unión Europea aprobara ayudas de carácter
virtual, con lo que persistiría el dumping de Corea, que sitúa el
precio de los barcos un 20 por ciento por debajo de su precio de
mercado; algo que no podemos permitir. De ahí nuestra primera
enmienda. Por otra parte, hemos presentado una segunda enmienda para
remediar otro de los problemas que tiene actualmente el grupo Izar:
las cargas de trabajo están tremendamente desequilibradas. En la
factoría de San Fernando, en Cádiz, y en la de Sevilla, las cargas de
trabajo están muy por debajo de las del resto de los centros. Tengan
en cuenta que hay una cartera de pedidos de unos 600.000 millones de
pesetas y, por citar un ejemplo, el antiguo centro de Bazán de San
Fernando, en Cádiz, tiene solamente alrededor de 5.000 millones. Esto
provoca una gran inquietud entre los trabajadores, lo que ha
producido movilizaciones durante los meses de julio y septiembre.
Queremos resaltar un aspecto que, aunque no se contiene en la moción,
consideramos interesante: instar a la Unión Europea a que adopte
medidas para la construcción de buques con doble casco. Todo el mundo
recuerda imágenes como las del petrolero Erika en aguas francesas
cuyo vertido del buque provocó un deterioro medioambiental
catastrófico. La aprobación de esta medida posibilitaría la
construcción de buques con doble casco o que aquellos que tienen
actualmente un casco sólo se adapten a una situación de menor riesgo.
Esto provocaría, por una parte, que en el ámbito medioambiental no se
produjeran circunstancias como
la del Erika en aguas francesas u otras que han ocurrido, y un plan
Renove en el ámbito naval, por otra parte, que llevaría a construir
nuevos buques y a dinamizar el empleo. Este acuerdo está ya en la
mesa del Consejo de la Unión Europea, pero España, como segundo país
constructor de buques, debería profundizar para tratar de que fuera
realidad lo antes posible.
Termino ya, diciendo que...
La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, su tiempo ha concluido.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Termino diciendo que nos parece muy
importante el mantenimiento del grupo Izar como empresa pública.
Sería una pena que los 835.000 millones de fondos públicos que se han
invertido en los últimos años terminaran en manos privadas, y no
quiero pensar que en manos amigas.
La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, muchas gracias. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, vamos a fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta moción
formulada por el Grupo Mixto, incidiendo en los mismos argumentos que
el señor ministro de Hacienda dio en la pasada interpelación el día
31 de octubre y que dejaban, desde nuestro punto de vista,
suficientemente clara la problemática del sector naval que se
contenía en aquella interpelación.
Lo primero que hay que recordar es que en Izar está actualmente
diseñado y vigente un plan industrial 2001-2005 que ha sido
consensuado, por cierto, con todas las representaciones de las
federaciones sindicales, entre ellas el sindicato nacionalista
galego, CIGA y muy recientemente, el 23 de marzo de 2001, se ha
suscrito un acuerdo para la aplicación de este plan industrial. Este
plan parte de dos grandes premisas que es bueno recordar: en primer
lugar, el mantenimiento de todos los centros de trabajo y, por otra
parte, la redistribución de su carga laboral que no supone reducción
alguna de plantilla y algo importante, al menos para nosotros, que no
supone costes para los Presupuestos Generales del Estado. Este plan
constituye el marco de actuación de la construcción naval pública
para los próximos años y determina, de alguna manera, cómo hay que
conducir a la empresa para situarla en un umbral de rentabilidad y de
prosperidad. En su moción, señor Rodríguez, plantea nada más y nada
menos que siete puntos a los que me va a ser difícil, por premura de
tiempo, referirme; pero voy a intentarlo. Respecto de la agrupación
de centros de Izar, es evidente que el criterio que hay que tener en
cuenta es el de las capacidades tecnológicas de cada centro y la
posibilidad de transferencia
de cargas de trabajo en función de los productos que se
construyen en cada uno de ellos, lo que no va ligado necesariamente
-y usted lo sabe- a su mayor o menor proximidad geográfica.
Por lo que se refiere a la política comercial en la que usted incide,
debemos referirnos a que ya existe una muy buena política comercial
activa que no pasa solamente por estar en la construcción civil y
militar clásica y de ámbito nacional, sino en estar muy atento a los
concursos internacionales, a cualquier tipo de licitación de buques
que se produzca; de modo que la actual cartera de pedidos con la que
cuenta el grupo Izar es una cartera, a fecha del ejercicio en el que
estamos, del 84 por ciento y, muy, en un horizonte de años sucesivos
puede estar en el 90-95 por ciento. Podría recordarle ahora los
contratos actualmente en vigor de fragatas para España, de fragatas
para la Armada noruega y de submarinos, pero sería un poco prolijo y
no nos movemos con un tiempo suficiente.
Por lo que se refiere a la preocupación que usted refleja en su
moción de que se defienda por parte del Gobierno de España ante la
Unión Europea una denuncia contra Corea del Sur en relación con la
situación de competencia desleal que se viene produciendo y que
nosotros admitimos, la Unión Europea, en fecha reciente, el 5 de
diciembre, en el seno del Consejo de Ministros de Industria y
Energía, tendrá que adoptar decisiones en relación con la
presentación de esta demanda contra Corea en el seno de la OMC. Lo
cierto es que el Gobierno de España va a defender ante la Unión
Europea que se actúe no solamente desde el punto de vista de la
presentación de una denuncia, sino también del establecimiento de un
sistema de ayudas directas a la construcción naval que supere las
limitaciones de la actual propuesta de la Comisión Europea abarcando
los tipos de buques para los que se vaya demostrando que están más
directamente afectados por esta competencia desleal de los astilleros
de Corea del Sur, como son los gaseros, los ferries, etcétera. En
cuanto a la realización de gestiones para levantar las restricciones
que actualmente padece Izar Fene, debemos recordar que se derivan del
año 1997 y que, efectivamente, existe una posibilidad de que
transcurridos los cinco primeros años imperativos, en concreto en el
año 2002, se pueda solicitar el levantamiento de estas restricciones.
Le aseguro que el Gobierno español pedirá en ese momento a la Unión
Europea el levantamiento de estas restricciones, también de acuerdo
con las propuestas de la empresa Izar que nosotros no podemos ni
debemos obviar.
Contiene también su moción una circunstancia que no se está
produciendo en modo alguno y es el hecho de que se esté privatizando
la empresa Izar. El plan industrial suscrito entre Izar, consensuado
con sus trabajadores, que SEPI lleva adelante y que el Gobierno
español respalda, pasa en este momento exclusivamente por colocar a
esta empresa en una situación de beneficios, de rentabilidad y de
competitividad, sin que la
privatización sea una cuestión a plantear en este momento. Por todas
estas razones, señor Rodríguez, nosotros no vamos a apoyar la moción
que usted suscribe, porque todo lo que usted pide está ya en el plan
industrial de Izar Fene, porque todo lo que...
La señora PRESIDENTA: Señor Delgado, su tiempo ha concluido.
El señor DELGADO ARCE: Termino ahora mismo.
Como decía, todo lo que el Gobierno español debe adoptar en próximas
fechas, lo hará, sin duda alguna, sin necesidad de que reciba el
impulso de su formación política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Señor Rodríguez, a los solos efectos de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Por coherencia con la moción, no
aceptamos las enmiendas presentadas y ya tienen en la Mesa el sistema
de votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
De acuerdo con la nota que ha hecho llegar a la presidencia, el señor
Rodríguez pide votación separada, además de los apartados del punto
1.º, de los punto 5.º, 6.º y 7.º, independientes cada uno de ellos.
Iniciamos la votación de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, relativa a la
situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval
pública en el Estado español. De acuerdo con la petición que se ha
hecho llegar a la Mesa, votamos, en primer lugar, el apartado a) del
punto 1.º del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 12; en contra, 156; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos, a continuación, el apartado b) del punto 1.º, así como los
puntos 2.º, 3.º y 4.º.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 111; en contra, 157; abstenciones, 12
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos, a continuación, el punto 5.º.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 111; en contra, 155; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos, a continuación, el punto 6.º.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 110; en contra, 157; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos, a continuación, el punto 7.º.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 110; en contra, 157; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Se suspende la sesión, que se reanudará el jueves día 22 a las nueve
de la mañana.
Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.