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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 115, de 30/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 115
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDÍ ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 110
celebrada el martes, 30 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día . . . (Página 5589)
Avocación por el Pleno:
- De la deliberación y votación final del Proyecto de Ley por la que
se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la
incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. (Número de
expediente 121/000025.) . . . (Página 5589)
Propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional:
- Propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal
Constitucional. (Número de expediente 235/000001.) . . . (Página 5590)
Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo General del Poder
Judicial:
- Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo General del Poder
Judicial. (Número de expediente 244/000002.) . . . (Página 5590)
Elección de Consejeros del Tribunal de Cuentas:
- Elección de Consejeros del Tribunal de Cuentas. (Número de
expediente 252/000001.) . . . (Página 5592)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
treinta y cinco horas semanales y la reorganización del tiempo de
trabajo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 54-1, de
22 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000044.) . . .
(Página 5593)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la reforma de la Ley 7/1991, por la que se crea
el «Instituto Cervantes». «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 86-1, de 22 de septiembre de 2000. (Número de expediente 122/
000073.) . . . (Página 5600)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al debate
y aprobación de un Proyecto de Ley de Montes. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 234, de 21 de septiembre de 2001. (Número
de expediente 162/000350.) . . . (Página 5607)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayuda de emergencia a los
refugiados afganos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 255, de 29 de octubre de 2001. (Número de expediente 162/
000360.) . . . (Página 5613)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda
humanitaria a favor de la población afgana. (Número de expediente
162/000368.) . . . (Página 5613)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los recursos existentes
en el Sistema Nacional de Salud para tratar de forma adecuada a los
afectados por trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y
bulimia). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 249, de
15 de octubre de 2001. (Número de expediente 173/000088.) . . .
(Página 5623)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cuál va a
ser la política económica y social del Gobierno para hacer frente a
los procesos recesivos actuales que pueden tener fuertes
repercusiones en la vida económica y social de España, si no se toman
las medidas oportunas antes. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, número 249, de 15 de octubre de 2001. (Número de expediente 173/
000089.) . . . (Página 5628)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejoras de protección en los
regímenes especiales del mar, agrario y autónomos. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, número 249, de 15 de octubre de 2001.
(Número de expediente 173/000090.) . . . (Página 5631)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Modificación del orden del día . . . (Página 5589)
La señora presidenta, de acuerdo con los portavoces de los grupos
parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del
orden del día, en el sentido de excluir del mismo el punto 12,
relativo al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la
gestión realizada durante el año 2000, lo que se aprueba por
asentimiento.
Avocación por el Pleno . . . (Página 5589)
De la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, para la
incorporación al derecho español de la directiva 98/44/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas . . .
(Página 5589)
La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la
incorporación al derecho español de la Directiva 98/44, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, lo que se
aprueba por asentimiento.
Propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional
. . . (Página 5590)
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura de los nombres de los
candidatos respecto de los cuales la Comisión consultiva de
nombramientos ha trasladado su criterio favorable a la idoneidad de
aquellos para acceder al cargo correspondiente.
A continuación se procede al llamamiento de las señoras y los señores
diputados que depositan su papeleta de voto en la urna preparada al
efecto.
Verificado el escrutinio, son elegidos don Javier Delgado Barrio, con
299 votos; doña Elisa Pérez Vera, con 297 votos; don Roberto García
Calvo con 279 votos, y don Eugenio Gay Montalvo, con 295 votos.
Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder
Judicial . . . (Página 5590)
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura de los nombres de los
candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial
presentados por las asociaciones profesionales de jueces y
magistrados y por los jueces y magistrados no asociados respecto de
los cuales la Comisión consultiva de nombramientos ha trasladado su
criterio favorable a la idoneidad de aquellos para acceder al cargo
correspondiente.
Se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, que
depositan su papeleta de voto en la urna preparada al efecto
Verificado el escrutinio son elegidos vocales del Consejo General del
Poder Judicial entre jueces y magistrados don Adolfo Prego Oliver,
con 307 votos; don Agustín Azparren Lucas, con 305 votos; don
Fernando Fernández Martín, con 305 votos; don Fernando Salinas
Molina, con 305 votos; doña Montserrat Comas de Argemir Cendra, con
302 votos, y don José Luis Requero Ibáñez, con 295 votos.
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura de los nombres de los
candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial entre
abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años
en el ejercicio de su profesión respecto de los cuales la Comisión
consultiva de nombramientos ha trasladado su criterio favorable a la
idoneidad de aquellos para acceder al cargo correspondiente.
Se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, que
depositan su papeleta de voto en la urna preparada al efecto.
Verificado el escrutinio son elegidos don Felix Pantoja García, con
314 votos; don Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi, con 313 votos; don
Josep Alfons López Tena, con 312 votos, y don José Antonio Alonso
Suárez, con 294 votos.
Elección de consejeros al Tribunal de Cuentas . . . (Página 5592)
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura de los nombres de los
candidatos respecto de los cuales la Comisión consultiva de
nombramientos ha trasladado su criterio favorable a la idoneidad de
aquellos para acceder al cargo correspondiente.
Se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, que
depositan su papeleta de voto en la urna preparada al efecto.
Verificado el escrutinio son elegidos don Ramón Álvarez de Miranda
García, con 309 votos; doña Ana Pérez Tórtola, con 308 votos; don
Juan Velarde Fuertes, con 305 votos; don Manuel Ñúñez Pérez, con 302
votos; don Luis Martínez Noval, con 297 votos, y don Ciriaco de
Vicente Martín, con 295 votos.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 5593)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las treinta
y cinco horas semanales y la reorganización del tiempo de trabajo . .
. (Página 5593)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Ruiz López (don Antero), en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Comienza asegurando que cualquier análisis que se
efectúe de las cifras de desempleo es insatisfactorio y que la
economía española, a pesar de mantener razonables tasas de
crecimiento en el pasado reciente, ha perdido capacidad para crear
empleo en esa medida, por lo que su grupo sigue reclamando políticas
activas de empleo que promuevan acciones específicas dirigidas a los
colectivos más débiles. Critica la reforma laboral llevada a cabo por
el Gobierno del Partido Popular y las políticas de empleo contenidas
en los presupuestos generales del Estado, explicando lo que para su
grupo debe ser una política de empleo, que pasa por la reducción del
tiempo de trabajo hasta alcanzar la semana laboral de treinta y cinco
horas con carácter general como objetivo necesario y posible que
persigue la creación de más empleo y de la mejora de las condiciones
de trabajo, contribuyendo paralelamente a mejorar la gestión del
tiempo de trabajo, la capacidad de organización de las empresas y, en
consecuencia, a incrementar la productividad.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto;
los señores
Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Jaúregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las treinta
y cinco horas semanales y la reorganización del tiempo de trabajo, se
rechaza por 12 votos a favor, 185 en contra y 104 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la reforma de la Ley 7/1991, por la que se crea
el Instituto Cervantes . . . (Página 5600)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda que la Ley
por la que se creó el Instituto Cervantes es del año 1991, en el que
se celebró el V Centennario de la publicación de la gramática de
Nebrija, la llegada de los castellano-andaluces a América y lo que
muchas teorías vigentes en el Estado español consideran la proyección
universal de la lengua castellana. Se refiere en primer lugar a dos
aspectos claves que aparecen en la exposición de motivos de la Ley 7/
1991, como son el reconocimiento de que la cultura y la lengua
recogen los trazos más profundos de la propia identidad nacional o la
proyección de la imagen de España en el mundo, para acabar
preguntando por qué razón van a quedar excluidas de un instituto que
tiene un importante valor simbólico y que debe promocionar las
lenguas y las culturas del Estado español en el extranjero, las
lenguas catalana, gallega y vasca. No se entiende -dice- que si uno
de los objetivos prioritarios de dicha ley es dar a conocer el
patrimonio cultural y lingüístico de toda España y coordinar su
promoción en el exterior, ésta siga siendo una ley referida
exclusivamente al español, por lo que su grupo ha presentado una
proposición de ley en el sentido de modificarla, ya que sería una
injusticia seguir manteniendo una imagen del Estado español uniforme,
totalmente intolerante, exclusivista y vinculada a lo que se
considera la única lengua universal que se habla en el Estado
español.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió);
Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sainz
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la reforma de la Ley 7/1991, por la que se crea
el Instituto Cervantes, se rechaza por 130 votos a favor, 166 en
contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 5607)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al debate y
aprobación de un proyecto de ley de montes . . . (Página 5607)
Presenta la proposición no de ley la señora De Lara Carbó, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Expone el papel
beneficioso que juegan los terrenos forestales en el equilibrio de la
naturaleza y el conjunto de funciones ecológicas, sociales y
económicas que los montes desempeñan, funciones que no están
desarrolladas en la legislación básica del Estado en materia
forestal, que continúa siendo la Ley de Montes de 1957 que, tras más
de cuarenta años de vigencia, debe adecuarse a otros criterios,
tendencias y demandas. Está segura de que todos los grupos
parlamentarios estarán de acuerdo en que es necesaria una nueva ley
de montes, por lo que su grupo presenta a la Cámara esta proposición
no de ley. Anade que la elaboración de una nueva ley de montes es un
mandato que emana de la Constitución de 1978, es asimismo una de las
propuestas que figuraban en el programa electoral del Partido Popular
y es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno en el debate
sobre el estado de la nación en el mes de junio pasado. Resalta el
consenso necesario en esta materia con las comunidades autónomas
porque los problemas y factores forestales de nuestro país son
enormemente diversos y la nueva ley de montes deberá atender a sus
múltiples funciones ecológicas, socioeconómicas, protectoras,
recreativas, culturales y educativas e integrará igualmente en la
política forestal española los grandes retos de la política
medioambiental internacional a nivel global, como son la lucha contra
la desertificación, el cambio climático y la conservación de la
biodiversidad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Companys Sanfeliú,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Quirós
Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al debate y aprobación de un
proyecto de ley de montes, se aprueba por 172 votos a favor, 99 en
contra y 12 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayuda de emergencia a los
refugiados afganos . . . (Página 5613)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda
humanitaria a favor de la población afgana . . . (Página 5613)
En primer lugar presenta la proposición no de ley sobre ayuda de
emergencia a los refugiados afganos la señora Blanco Terán, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere a la situación
insostenible de la población civil en Afganistán con dos millones y
medio de refugiados en Pakistán y dos millones en Irán, de los que el
72 por ciento está compuesto por mujeres y niños. Reconoce que todos
nos sentimos golpeados y heridos con los acontecimientos dramáticos
del pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos, pero las
consecuencias del ataque de la coalición formada por los Estados
Unidos y el Reino Unido sobre la población civil de Afganistán, con
el masivo éxodo de desplazados, también incumbe a nuestras
responsabilidades, por lo que su grupo ha presentado esta proposición
no de ley. Ante las enmiendas presentadas por otros grupos
parlamentarios, propone una propuesta transaccional que pretende
recoger los aspectos fundamentales de todas ellas y pasa a fijar la
posición de su grupo en relación con la proposición no de ley de
ayuda humanitaria a favor de la población afgana presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, sobre ayuda humanitaria a favor de la población afgana,
el señor Izquierdo Juárez. Manifiesta su intención de hacer algunas
preguntas, dar algunos datos y, finalmente y de la forma más breve
posible, hacer una
reflexión que intentará ser serena y tranquila. Pregunta a SS.SS. si
de verdad creen, como ha dicho la señora Blanco en su intervención,
que la crisis humanitaria la ha provocado la intervención de la
comunidad internacional. Los datos de Afganistan son que doce
millones de afganas y afganos, de los cuales una parte muy importante
son niños y ancianos, pasan hambre, y eso antes del 11 de septiembre.
La situación de Afganistan, afirma, era previa al conflicto y el 16
de septiembre, pocos días después del salvaje ataque terrorista
contra las libertades, los talibanes expulsaron de Afganistán a las
agencias humanitarias. Explica la ayuda prestada por España a la
población de Afganistán a través de la Cruz Roja Internacional y el
Programa Mundial de Alimentos y la ayuda de la comunidad
internacional a través de Naciones Unidas, solicitando el voto
favorable de la Cámara a su proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Vázquez Vázquez y la
señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Izquierdo Juárez, Campuzano i Canadès y Vázquez
Vázquez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre ayuda de emergencia a los refugiados afganos en los
términos derivados del debate y que comporta el texto de la enmienda
transaccional que, por retirada de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), permanece viva y
sustituida por el texto inicial, se rechaza por 121 votos a favor,
156 en contra y 10 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre ayuda humanitaria a favor de la
población afgana en sus propios términos, se aprueba por 158 votos a
favor, 114 en contra y 16 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 5623)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los recursos existentes en
el Sistema Nacional de Salud para tratar de forma adecuada a los
afectados por trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y
bulimia) . . . (Página 5623)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Valentín Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista. Muestra su
disconformidad con las explicaciones de la señora ministra de Sanidad
en la contestación a la interpelación urgente de su grupo sobre las
medidas que pensaba adoptar el Gobierno para que los adolescentes
afectados por trastornos del comportamiento alimentario,
fundamentalmente anorexia y bulimia, pudieran tener una atención
sanitaria integral. Por eso su grupo presenta hoy esta moción en la
que, siendo respetuosa con las competencias de las comunidades
autónomas, se insta al Gobierno para que en coordinación y
colaboración con las comunidades autónomas realice los estudios
epidemiológicos sobre la prevalencia de los trastornos del
comportamiento alimentario en la población adolescente y juvenil
masculina y de la adulta en ambos sexos.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Riera i Ben, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández de
Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cuál va a
ser la política económica y social del Gobierno para hacer frente a
los procesos recesivos actuales que pueden tener fuertes
repercusiones en la vida económica y social de España si no se toman
medidas oportunas antes . . . (Página 5628)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Frutos Gras.
Explica los puntos fundamentales de su moción que son: la necesidad
de un desarrollo sostenible y social de carácter mundial, la
convergencia nominal en la Unión Europea, el pleno empleo, más
cobertura de las prestaciones sociales como una medida justa,
aumentar el gasto público en inversión, progresividad del sistema
tributario, impulsar y apoyar económicamente nuevos yacimientos de
empleo, el desarrollo
del sector ecoindustrial y una política agraria y forestal.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto interviene el señor Rodríguez Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista,
y el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Frutos Gras.
Del Grupo Parlamentario Mixto sobre mejoras de protección en los
regímenes especiales del mar, agrario y autónomos . . . (Página 5631)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda el debate de
la interpelación relativa a la mejora de los regímenes especiales de
la Seguridad Social, en especial por lo que se refiere a los
trabajadores por cuenta propia, en donde quedaron claros algunos
datos del Consejo Económico y Social en cuanto a que el porcentaje de
gasto público en protección social en el Estado español es inferior a
la media comunitaria y a que perviven entre los diferentes regímenes
de la Seguridad Social diferencias que no pueden justificarse en
peculiaridades de las actividades acogidas a los mismos. Esta
situación se contradice abiertamente con lo dispuesto en la
recomendación cuarta del Pacto de Toledo, por lo que el Bloque
Nacionalista Galego presenta esta moción en la que se propone
aumentar la financiación pública de la protección social en dos
sentidos: en general, para acercarnos a la media europea y, en
particular, respecto de los regímenes especiales, para acercar la
protección que estos brindan a la que ofrece el régimen general.
Afirma que su moción contiene medidas prudentes, económicamente
abordables y orientadas, sobre todo, a satisfacer las justas demandas
de colectivos más numerosos cada vez de trabajadores por cuenta
propia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Grau Buldú,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Merino Delgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los
recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud para tratar de
forma adecuada a los afectados por trastornos de la conducta
alimentaria, se rechaza por 113 votos a favor, 149 en contra y 13
abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cuál va a
ser la política económica y social del Gobierno para hacer frente a
los procesos recesivos actuales, que pueden tener fuertes
repercusiones en la vida económica y social de España si no se toman
las medidas oportunas antes, se rechaza por siete votos a favor, 159
en contra y 109 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejoras de protección en los
regímenes especiales del mar, agrario y autónomos, se rechaza por 114
votos a favor, 148 en contra y 11 abstenciones.
Se suspende la sesión a las doce y veinticinco minutos de la noche.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asuntos previos al orden del día.
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir
del mismo el punto 12, relativo al informe del Defensor del Pueblo
correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000. ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la modificación del orden del día.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DE LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN FINAL DEL PROYECTO POR EL QUE SE
MODIFICA LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES, PARA LA
INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 98/44/CE, DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO, RELATIVA A LA
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS. (Número de
expediente 121/000025.)
La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de
la deliberación y votación final del proyecto por el que se modifica
la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al
derecho español de la Directiva 98/44, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 235/000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Propuesta de
nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. A
continuación, y una vez finalizada la nueva llamada a votación, vamos
a proceder a la elección para la formulación de propuesta de
nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. En
relación con esta votación, les recuerdo a SS.SS. que los señores
secretarios miembros de la Mesa les llamarán a votación por orden
alfabético, llamándose al final, como es habitual, al Gobierno y a
los miembros de la Mesa. Cada diputado podrá escribir en la papeleta
hasta cuatro de los candidatos que han sido presentados y declarados
idóneos por la Comisión consultiva de nombramientos. Asimismo les
recuerdo a SS.SS. que, en función del contenido del artículo 80 del
Reglamento, ningún diputado podrá entrar en el hemiciclo ni
abandonarlo durante la votación. Me refiero a que no podrá entrar ni
salir, tanto por las puertas que dan a los pasillos como por las
posteriores. (Rumores.) La expresión durante la votación significa en
tanto en cuanto se está procediendo al llamamiento de las señoras y
señores diputados, no durante el recuento de las sucesivas votaciones
que habrá durante esta tarde.
Señorías, el secretario primero va a proceder a la lectura de los
candidatos respecto de los cuales la Comisión consultiva de
nombramientos ha trasladado su criterio favorable a la idoneidad de
aquéllos para acceder al cargo correspondiente.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Acordada por la Comisión
consultiva de nombramientos la comparecencia personal ante la misma
de los candidatos propuestos para la elección de cuatro miembros del
Tribunal Constitucional: don Javier Delgado Barrio, don Roberto
García Calvo, don Eugenio Gay Montalvo y doña Elisa Pérez Vera, dicha
Comisión celebró sesión el día 25 de octubre de 2001, en la que
comparecieron tales candidatos, expresando unánimemente los
representantes presentes de los grupos parlamentarios pertenecientes
a los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista,
Catalán (Convergència i Unió) y
Coalición Canaria, su criterio favorable a la idoneidad de aquéllos
para acceder a los cargos referidos. Palacio del Congreso de los
Diputados, a 26 de octubre de 2001.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguno de
los grupos desea intervenir para la presentación de los candidatos?
(Pausa.) Vamos a proceder al llamamiento.
(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras
y los señores diputados, que depositan su papeleta de voto en la urna
preparada al efecto.)
La señora PRESIDENTA: ¿Hay algún miembro de la Cámara que no haya
sido llamado a votación? (Pausa.)
Damos por finalizada la votación. Los servicios de la Cámara pueden
abrir las puertas. Vamos a iniciar el recuento.
Terminado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: Señorías, el resultado de la votación para la
propuesta de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional es el
siguiente: votos emitidos, 328. A favor de don Javier Delgado Barrio,
299. A favor de don Roberto García Calvo, 279. A favor de don Eugenio
Gay Montalvo, 295. A favor de doña Elisa Pérez Vera, 297. Votos en
blanco, 18. Votos nulos, 12.
En consecuencia, al haber alcanzado todos ellos un número de votos
superior a los tres quintos de los miembros de la Cámara, han
resultado propuestos como magistrados del Tribunal Constitucional don
Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugenio Gay
Montalvo y don Roberto García Calvo.
- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL. (Número de expediente 244/000002.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día. Propuesta de
nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial.
De acuerdo con la normativa aplicable, deben realizarse dos
elecciones diferentes. En primer lugar, señorías, el Pleno procederá
a la elección para formular propuesta de nombramiento de seis vocales
del Consejo General del Poder Judicial entre jueces y magistrados de
todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo. En
la segunda, se procederá a la elección para formular propuesta de
nombramiento de cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial
entre
abogados y otros juristas de reconocida competencia, con más de 15
años en el ejercicio de su profesión.
En primer lugar, vamos a proceder a la realización de la primera de
las elecciones citadas. A tal efecto, por el señor secretario primero
se procederá a la lectura de las candidaturas que han sido remitidas
por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y admitidas
a trámite por la Mesa.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Una vez realizadas las
operaciones a las que se refiere el apartado primero de la
disposición transitoria única de la Ley orgánica... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus
escaños.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): ... de la Ley orgánica 2/2001, de
28 de junio, sobre composición del Consejo General del Poder
Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985 del Poder
Judicial, comunico a V.E. que los candidatos a vocal del Consejo
General del Poder Judicial presentados por las asociaciones
profesionales de jueces y magistrados y por los jueces y magistrados
no asociados son los siguientes: Manuel Almenar Belenguer, Antonio
Angulo Martínez, Felisa Atienza Rodríguez, Agustín Azparren Lucas,
Juan Carlos Campo Moreno, Montserrat Comas de Argemir Cendra, José
Luis Concepción Rodríguez, José Díaz Delgado, Fernando Fernández
Martín, María Luz García Paredes, Juan Pablo González González,
Carlos Granados Pérez, José Francisco Lara Romero, Enrique López
López, Julio Márquez de Prado Pérez, José Antonio Martín Martín, José
Antonio Martín Pallín, Javier Martínez Lázaro, José Manuel Maza
Martín, José Merino Jiménez, Enrique Míguez Alvarellos, Inmaculada
Montalbán Huertas, Ángel Novoa Fernández, Francisco Manuel Oliver
Egea, José Ignacio Parada Vázquez, Lorenzo Pérez San Francisco,
Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, Juan José Reigosa González, José
Luis Requero Ibáñez, Fernando Salinas Molina, Eduardo Salinas
Verdeguer, Juan Sancho Fraile, José Manuel Sieira Míguez, José María
Tomás y Tío, Manuel Torres Vela, José María Vázquez Honrubia. Lo que
le comunico en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado segundo de
la mencionada disposición transitoria. Madrid, a dieciocho de julio
de dos mil uno. Firmado, Javier Delgado Barrio, presidente del
Consejo General del Poder Judicial.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario.
En relación con la votación a realizar, recuerdo a SS.SS. que cada
diputado podrá escribir en la papeleta hasta seis nombres de entre
los 36 candidatos presentados.
Vamos a iniciar el llamamiento por parte de los señores secretarios.
Ruego a los servicios de la Cámara procedan a cerrar las puertas.
(Por los secretarios se procede al llamamiento de las señoras y los
señores diputados, que depositan su papeleta de voto en la urna
preparada al efecto.)
La señora PRESIDENTA: ¿Hay algún miembro de la Cámara que no haya
sido llamado a votación? (Pausa.)
Vamos a iniciar el recuento. Pueden abrir las puertas. (Pausa.)
Terminado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: Señorías, resultado de la votación para la
propuesta de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial
entre jueces y magistrados. El resultado de la votación es el
siguiente: votos emitidos, 329. Votos a favor de don Agustín Azparren
Lucas, 305. Votos a favor de doña Montserrat Comas de Argemir Cendra,
302. Votos a favor de don Fernando Fernández Martín, 305. Votos a
favor de don Adolfo Prego Oliver, 307. Votos a favor de don José Luis
Requero Ibáñez, 295. Votos a favor de don Fernando Salinas Molina,
305. Votos a favor de don José Antonio Martín Martín, dos. Votos en
blanco, 12. Votos nulos, seis.
En consecuencia, al haber alcanzado un número de votos superior a los
tres quintos de los miembros de la Cámara, han resultado propuestos
como vocales del Consejo General del Poder Judicial entre jueces y
magistrados de todas las categorías judiciales: don Adolfo Prego de
Oliver, don Agustín Azparren Lucas, don Fernando Fernández Martín,
don Fernando Salinas Molina, doña Montserrat Comas de Argemir Cendra
y don José Luis Requero Ibáñez.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Punto 2 del orden de día: Propuesta de nombramiento de vocales del
Consejo General del Poder Judicial de entre abogados y juristas.
A continuación vamos a proceder a la elección para formulación de
propuesta de nombramiento de cuatro vocales del Consejo General del
Poder Judicial entre abogados y juristas de reconocida competencia
con más de quince años en el ejercicio de su profesión.
Por el señor secretario primero se procederá a la lectura de los
candidatos respecto de los cuales la Comisión consultiva de
nombramientos ha trasladado su criterio favorable a la idoneidad de
aquellos para acceder al cargo correspondiente.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Acordada por la Comisión
consultiva de nombramientos la comparecencia personal ante la misma
de los candidatos propuestos para la elección de cuatro miembros del
Consejo General del Poder Judicial: don José Antonio Alonso Suárez,
don Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi, don Josep Alfons López Tena y
don Félix Pantoja García,
dicha Comisión celebró sesión el día 25 de octubre de 2001 en la
que comparecieron tales candidatos, expresando unánimemente los
representantes presentes de los grupos parlamentarios Popular en el
Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de
Izquierda Unida y de Coalición Canaria, su criterio favorable a la
idoneidad de aquellos para acceder a los cargos referidos. Palacio
del Congreso de los Diputados, a 26 de octubre de 2001.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario.
En relación con la votación a realizar, recuerdo a SS.SS. que cada
diputado podrá escribir en la papeleta hasta cuatro nombres de los
candidatos citados.
Antes de iniciar el llamamiento por parte de los secretarios de la
Mesa de las señoras y señores diputados, ruego a los servicios de la
Cámara que cierren las puertas.
(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras
y los señores diputados, que depositan su papeleta de voto en la urna
preparada al efecto.)
La señora PRESIDENTA: ¿Hay algún miembro de la Cámara que no haya
sido llamado a votación o que no haya votado? (Pausa.)
Señor Trías.
Finalizada la votación, vamos a proceder al recuento.
Terminado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: Señorías, el resultado de la votación para la
propuesta de cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial,
entre abogados y juristas, es el siguiente: Votos emitidos, 332;
votos a favor de don José Antonio Alonso Suárez, 294; votos a favor
de don Faustino Gutierrez-Alviz Conradi, 313; votos a favor de don
Josep Alfons López Tena, 312; votos a favor de don Félix Pantoja
García, 314; votos en blanco, 14; votos nulos, cuatro.
Al haber alcanzado todos ellos un número de votos superior a los tres
quintos de los miembros de la Cámara, han resultado propuestos como
vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre abogados y
juristas, los siguientes: en primer lugar, don Felix Pantoja García;
en segundo lugar, don Faustino Gutiérrez-Alviz Conradi; en tercer
lugar, don Josep Alfons López Tena y, en cuarto lugar, don José
Antonio Alonso Suárez.
- ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente 252/000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Elección de
consejeros del Tribunal de Cuentas. A continuación, se procederá a la
elección de seis miembros del Tribunal de Cuentas.
Por el señor secretario primero se procederá a la lectura de los
candidatos respecto de los cuales la Comisión consultiva de
nombramientos ha trasladado su criterio favorable a la idoneidad de
aquellos para acceder al cargo correspondiente.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Acordada por la Comisión
consultiva de nombramientos la comparecencia personal ante la misma
de los candidatos propuestos para la elección de seis consejeros del
Tribunal de Cuentas, don Ramón Álvarez de Miranda García, don Luis
Martínez Noval, don Manuel Núñez Pérez, doña Ana Pérez Tórtola, don
Juan Velarde Fuertes y don Ciriaco de Vicente Martín, dicha Comisión
celebró sesión el día 26 de octubre de 2001 en la que comparecieron
tales candidatos, expresando unánimemente los representantes
presentes de los grupos parlamentarios pertenecientes a los Grupo
Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán
(Convergència i Unió) y de Coalición Canaria su criterio favorable a
la idoneidad de aquellos para acceder a los cargos referidos. Palacio
del Congreso de los Diputados, a 26 de octubre de 2001.
La señora PRESIDENTA: Antes de iniciar el llamamiento para la
votación, ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas.
Iniciamos el llamamiento.
(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras
y señores diputados, que depositan su papeleta de voto en la urna
preparada al efecto.)
La señora PRESIDENTA: Antes de iniciar el recuento, ¿hay algún
diputado que no haya sido llamado a votación? (Pausa.)
Vamos a proceder al recuento. Finalizado el llamamiento, los
servicios de la Cámara pueden abrir las puertas.
Terminado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: Señorías, el resultado de la votación para la
elección de los seis consejeros del Tribunal de Cuentas es el
siguiente: votos emitidos, 327; votos a favor de don Ramón Alvarez de
Miranda García, 309; de don Luis Martínez Noval, 297; de don Manuel
Núñez Pérez, 302; de doña Ana Pérez Tórtola, 308; de don Juan Velarde
Fuertes, 305; de don Ciriaco de Vicente Martín, 295; en blanco, 10;
nulos, seis. Al haber alcanzado todos ellos un número de votos
superior a los tres quintos de los miembros de la Cámara, han
resultado elegidos como consejeros del Tribunal de Cuentas.
(Aplausos.)
Si los aplausos de SS.SS. lo permiten, daré lectura al orden por el
cual han sido elegidos los señores candidatos. En primer lugar, don
Ramón Alvarez de Miranda
García; en segundo lugar, doña Ana Pérez Tórtola; en tercer lugar,
don Juan Velarde Fuertes; en cuarto lugar, don Manuel Núñez Pérez; en
quinto lugar, don Luis Martínez Noval y en sexto lugar, don Ciriaco
de Vicente Martín. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS
TREINTA Y CINCO HORAS SEMANALES Y LA REORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE
TRABAJO. (Número de expediente 122/000044.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley.
Proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
las treinta y cinco horas semanales y la reorganización del tiempo de
trabajo.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Ruiz López. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
presidencia.)
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, al presentar esta proposición de Izquierda Unida espero que
compartan conmigo que cualquier análisis que se efectúe de las cifras
de desempleo es insatisfactorio. Es evidente -así lo revelan las
últimas cifras- que la economía española, a pesar de mantener
razonables tasas de crecimiento en el pasado reciente, ha perdido
capacidad para crear empleo en esa medida. Es un proceso que viene
observándose desde hace tiempo y que nos debe conducir a seguir
reclamando políticas activas de empleo que promuevan acciones
específicas dirigidas a los colectivos más débiles. Si esto ha
ocurrido en períodos de importantes crecimientos de la actividad
económica, cabe imaginar que en períodos de incertidumbre o
ralentización económica esta capacidad de crear empleo de calidad
será aún más reducida.
La aprobación de una nueva reforma laboral no nos permite recuperar
la tranquilidad en esta dirección sino, más bien, lo contrario. El
Partido Popular ha vuelto a confirmar lo que ya sabemos: un mercado
laboral basado en la temporalidad y en un trabajo sin derechos, en la
autoridad sin limitaciones del empresario en las relaciones laborales
y en la limitación de derechos sindicales, empezando por los derechos
de información. Esta reforma laboral es una reforma inútil ante la
precariedad del mercado de trabajo, regresiva para quienes tienen
contratos de tiempo parcial y lesiva para quienes a partir de ahora
se ven obligados a asumir un contrato para la formación enormemente
desnaturalizado y perjudicial para unas relaciones laborales basadas
en el acuerdo y en el diálogo. Los primeros datos que ofrecen su
aplicación no son, en
absoluto, alentadores. El paro registrado aumentó en septiembre en
29.544 personas, una subida que duplica la del año pasado en el mismo
mes. Este dato se suma al clima de desacelaración económica,
reducción del ritmo de creación de empleo y rebaja del paro estimado
por la EPA. Resulta especialmente relevante que este crecimiento se
concentre en las mujeres, que ya representan el 61 por ciento del
volumen del paro registrado. Este paro registrado, 1.488.551
personas, no incluye a importantes colectivos como demandantes de
empleo coyuntural, 411.000 personas; trabajadores eventuales
agrarios, 219.000 personas, y estudiantes, 216.000 personas. En suma,
consideramos que 2.300.000 parados exigen una respuesta política y un
papel activo del Gobierno.
Por último, constatamos que sólo el 8,7 por ciento de los contratos
realizados en septiembre ha sido indefinido, por debajo de las tasas
del año anterior, por lo que también estamos perdiendo la batalla de
la estabilidad y la calidad en el empleo. Si la reforma laboral se
demuestra inútil, como era de esperar, para elevar la composición de
empleo de la economía española, el segundo instrumento del que
dispone la acción de Gobierno son las políticas de empleo contenidas
en los presupuestos del Estado. En la dirección contraria, el Partido
Popular ha impulsado, frente a la reducción de la actividad
económica, un paquete de medidas que apela a mayores rebajas fiscales
para las empresas, que no garantiza la inversión y el empleo y
amenaza la protección social, un nuevo favor a las rentas más altas
que se benefician de favores fiscales. En una palabra, se renuncia a
ingresos que podían constituir una cota de solidaridad que mejorara
las prestaciones por desempleo o la cobertura del mismo y las
políticas activas de empleo.
Los presupuestos del Estado indican por dónde va la política del
Partido Popular. En primer lugar, la economía española no realiza
ningún ejercicio de solidaridad con los desempleados. Son los activos
por cuenta ajena a través de sus cotizaciones los que financian las
políticas dirigidas tanto a los desempleados como al fomento del
empleo. Los ingresos que se presupuestan para el INEM suponen un
reconocimiento implícito de caída de actividad económica muy fuerte,
sin solidaridad con los parados, sin aportaciones públicas para
mejorar las cifras de desempleo. La primera de las afirmaciones es
incontestable. Según las cifras del Gobierno, la distancia entre la
recaudación por cotas y las prestaciones previstas superan los 3.200
millones de euros, 542.000 millones de pesetas que se aplican al
conjunto de políticas del INEM sin que el Estado aporte una sola
peseta. En consecuencia, son los trabajadores y trabajadoras los que
se ocupan del desempleo, la formación y las políticas activas, sin
que el resto de la sociedad realice ningún esfuerzo para afrontar el
problema del desempleo. El mensaje que se lanza es bastante evidente:
que los trabajadores se solidaricen entre ellos, que el
Gobierno ya se solidariza con las empresas. Nosotros sugerimos otra
interpretación de la política de empleo. Tendremos oportunidad de
debatirla con motivo de los Presupuestos Generales del Estado, pero
afirmamos que ni las políticas presupuestarias en curso ni la
organización del mercado de trabajo garantizan tasas relevantes de
creación de empleo si no nos remitimos a un factor de fondo, la
reducción del tiempo de trabajo. Por otro lado, existen evidencias
suficientes para sostener que el proceso histórico de reducción del
tiempo de trabajo y las reducciones concretas del mismo que se han
producido, han dado lugar a su vez a reorganizaciones del trabajo de
la jornada que han permitido incrementos de la productividad y han
aumentado los niveles de empleo, de tal forma que si no se hubieran
producido hoy el volumen de empleo sería aún menor.
Por último, cabe decir que en la mayoría de los países y en estos
últimos años se viene produciendo una reducción del tiempo de trabajo
considerando toda la vida laboral de las personas a través de
mecanismos sociales como el retraso de la edad de incorporación de
los jóvenes al mercado de trabajo, al mercado laboral y el adelanto
de la edad de jubilación. Todas estas razones vienen a apoyar la
necesidad de relanzar el proceso de reducción y reorganización del
tiempo de trabajo como uno de los mecanismos esenciales para aumentar
la intensidad de la creación de empleo. Además, el tiempo de trabajo
debe ser considerado hoy de forma integral teniendo en cuenta no sólo
la duración de la jornada laboral en sentido estricto, sino también
otros elementos como su reordenación, las horas extraordinarias, el
trabajo a tiempo parcial como una forma de empleo voluntaria y con
garantía de derechos, la interrupción voluntaria del empleo, las
jubilaciones anticipadas y los contratos de relevo. Profundizar en el
debate y la negociación de las diferentes distancias sobre la
reducción del tiempo de trabajo y su vinculación con el empleo debe
permitir abordar en los sectores económicos y empresas otros aspectos
fundamentales en el desenvolvimiento de las relaciones laborales como
la gestión del conjunto de tiempo parcial, la capacidad de
organización de las empresas, la competitividad de las mismas, los
incrementos de productividad y su destino. Sin perjuicio de las
negociaciones que deseablemente se deberían abrir con las
organizaciones empresariales y sindicales con el objetivo de alcanzar
un acuerdo para la reducción y reorganización del tiempo de trabajo,
consideramos que el Gobierno debe asumir su propia responsabilidad en
cuanto al desarrollo de las reformas de todo tipo necesarias para que
la reducción del tiempo de trabajo sea abordada en un sentido más
amplio en el marco de la política de fomento del empleo. A este
respecto, reclamamos del Gobierno que establezca con carácter
inmediato un proceso de negociación con las organizaciones sindicales
en el que se aborde la elaboración de los instrumentos normativos y
financieros más adecuados para promover la reducción general de
la jornada laboral, la limitación, supresión y nueva regulación de
las horas extraordinarias, la reforma necesaria para desarrollar el
empleo voluntario y con derecho a tiempo parcial, así como las
fórmulas más adecuadas para contemplar los permisos para la
formación, la atención de responsabilidades familiares y la
flexibilidad de la edad de jubilación, todo ello dirigido de la forma
más eficaz a la creación de empleo.
Paralelamente a la reducción y reordenación de la jornada laboral,
deben tomarse distintas medidas que contribuyan a eliminar y reducir
drásticamente las horas extraordinarias. El Gobierno, haciendo uso de
los poderes que le confiere al efecto el artículo 35.2 del Estatuto
de los Trabajadores, puede y debe actuar entre otras en las
siguientes líneas: establecer como único mecanismo de compensación al
tiempo de descanso incrementando el valor hora de dicha compensación;
prohibición expresa de realización de horas extraordinarias salvo las
de fuerza mayor en el caso de pacto en negociación colectiva de
distribución irregular de la jornada ordinaria y en actividades
declaradas de riesgo y establecer un plan específico de control por
parte de la Inspección de Trabajo y revisar el actual sistema de
sanciones.
Para terminar, señorías, en la actualidad la reducción del tiempo de
trabajo es un proceso que se está abordando en el conjunto de países
europeos a través de diversas experiencias tomando en consideración
diferentes instrumentos y modelos, pero en cualquier caso está
presente y forma parte no sólo de los debates y reivindicaciones
sindicales, sino que empieza a tomarse en consideración en el marco
general de las políticas de empleo. A este respecto, hay que destacar
las iniciativas legales acometidas en Francia y en Italia que
persiguen el lanzamiento de un proceso general de negociaciones para
la reducción y reorganización de la jornada de trabajo, acompañadas
de dispositivos financieros que faciliten la creación de empleo como
objetivo último de estos procesos. Igualmente, se ha producido un
impulso sindical que ha situado la reducción de la jornada de trabajo
en el centro de las propuestas en Alemania, Bélgica, Dinamarca y
Holanda, a lo que hay que añadir los acuerdos realizados en Portugal
en los últimos años, que han reducido sustancialmente la jornada
semanal de trabajo en ese país.
Nuestra propuesta parte de considerar que es necesario dar respuesta
a la situación de desempleo que sufre la población activa en España y
que para ello se debe contemplar y concretar un conjunto de medidas,
entre las que se inscribe la reducción del tiempo de trabajo, máxime
cuando se constata, como señalamos al principio de la intervención,
que el crecimiento económico es una condición necesaria pero
insuficiente para acabar con el problema del paro, el más grave para
el conjunto de la sociedad española. En este sentido, alcanzar la
semana laboral de 35 horas con carácter general es un objetivo
necesario y posible que persigue la creación
de más empleo y la mejora de las condiciones de trabajo,
contribuyendo paralelamente a mejorar la gestión del tiempo de
trabajo, la capacidad de organización de las empresas y, en
consecuencia, a incrementar la productividad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz. ¿Grupos
que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto han pedido la palabra dos diputados. Se repartirán
entre ellos el tiempo. Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASGER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Voy a ser
muy breve en esta tarde porque quedan todavía muchos temas.
Estamos debatiendo en este momento la toma en consideración de una
proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida sobre
un tema que nos parece muy importante y conveniente: las 35 horas
semanales y la organización del tiempo de trabajo. Creemos que hay
que dar una oportunidad y anunciamos que votaremos a favor de la toma
en consideración de esta iniciativa porque es un tema muy importante
en relación a la materia que ha citado el propio ponente. Desde
nuestro punto de vista cuando se alude a este tema en concreto de las
35 horas semanales, siempre está la coletilla de afirmar que
repercutirá negativamente en la productividad y competitividad. Sin
embargo, conviene recordar que la reducción de jornada y la creación
de nuevos empleos es una consecuencia de los cambios tecnológicos y
organizativos de la inversión en maquinaria y no tiene por qué
suponer incremento de costes y en ningún caso disminución de la
productividad. Si en la primera etapa de la revolución industrial las
ganancias de productividad tuvieron como reflejo la reducción de
jornada de 80 a 60 horas y la aparición del petróleo y la
electricidad la redujeron a 40, hoy en plena revolución tecnológica
las ventajas de productividad deben reflejarse en la reducción a 35
horas, destinando parte de esas mejoras a la creación de nuevos
empleos. Es evidente y claro que en ningún caso esa reducción del
tiempo de trabajo acarreará una baja de los salarios, que
evidentemente se mantendrán. También es evidente que la supresión de
horas extras no requiere en este momento mayor comentario. Creemos
que resulta esencial en todo caso el control de las horas extras
coyunturales planificadas. Por tanto vamos a votar positivamente esta
toma en consideración porque creemos que es importante este debate en
esta Cámara. Por lo que se refiere a la materia de negociación con la
Administración quiero recordar que, por ejemplo, en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el 28 de junio de 2000 se firmó
el acuerdo en la mesa general de negociación sobre la jornada de 35
horas y medidas en relación al empleo y como consecuencia
de ese acuerdo se implantó con carácter general la jornada de
35 horas para 2001, además de instrumentarse otra serie de medidas en
relación al empleo público, encaminadas a propiciar la mejora de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, así como el
incremento de la estabilidad y la reducción de las tasas de
interinidad. Por tanto aprobamos esta toma en consideración, creemos
que es oportuna y estudiaremos luego el contenido concreto de la
iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, las altas tasas de
desempleo que durante los últimos decenios la mayoría de los países
hemos venido sufriendo han llevado a los partidos políticos y a las
organizaciones sociales a plantear diferentes medidas para
solucionarlo. Una de las propuestas más recurrentes es trabajar menos
para trabajar todos, concretada en la reducción de la jornada de
trabajo a 35 horas semanales, repartiendo el trabajo existente para
crear más empleos. En el Estado español, a falta de una ley general,
el único recurso para conseguirla ha sido la negociación colectiva.
Esta ha permitido conseguir algunos avances en sectores y en grandes
empresas donde la presencia sindical es más fuerte, pero en nada ha
repercutido en las pequeñas y medianas empresas, donde los
trabajadores cuentan con escasos márgenes de negociación.
Consideramos que es momento de, sin dejar de apoyar la vía de la
negociación colectiva, tomar iniciativas legislativas que sirvan para
generalizar esta medida y eviten situaciones de indefensión en la
negociación de los sectores de trabajadores más desprotegidos.
Creemos desde Chunta Aragonesista que es un momento importante para
llevar adelante esta proposición de ley con la jornada de 35 horas
semanales. Por este motivo vamos a mostrar el apoyo a la toma en
consideración de la iniciativa presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Buenas tardes.
La proposición de ley planteada por Izquierda Unida establece, a
nuestro juicio, una premisa no demostrada e incierta, que la
reducción de jornada equivale a la creación proporcional de los
puestos de trabajo. Lo que sí es cierto y demostrable es que la
reducción de jornada implica un mayor coste de producción y la
previsible y cierta pérdida de competitividad. Los análisis de los
escenarios presentes y las previsiones de futuro implementadoscon las
expectativas demográficas manifiestan
que, a pesar de la recesión y el estancamiento actual, el escenario
de conjunto previsible es también el de la falta de mano de obra y el
desajuste sobre todo entre la oferta y la demanda. Ayer mismo
asistimos en Barcelona a un simposium europeo, presidido y promovido
por la pequeña y mediana empresa, y a un interesantísimo estudio-
encuesta en el que solamente en Cataluña y en los próximos diez años
se prevén déficit de mano de obra entre los 200.000 y 400.000
trabajadores. Por todo ello, en una situación como la actual, ante
una causaefecto como mínimo cuestionable y una evidente pérdida de la
competitividad, nos posicionamos en que sean los interlocutores
laborales y las fuerzas del mercado los que marquen con su realidad y
adecuación el debate y la negociación a la hora de abordar, en su
caso, la reducción de las jornadas planteadas, así como el ritmo y el
sistema de implantación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Grupo Parlamentario Catalán, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Efectivamente hoy Izquierda Unida nos plantea una proposición de ley
que no es nueva en esta Cámara. Hemos tenido ya ocasión de debatir
esta reducción de la jornada laboral a las 35 horas y la respuesta de
Convergència i Unió tampoco va a ser nueva. Convergència i Unió
siempre ha defendido en este ámbito que la mejor vía para avanzar
hacia un proceso, por otro lado histórico, que es el de la reducción
de la jornada laboral, pasa por la negociación en el ámbito de las
empresas. Es más, siempre hemos entendido, y así figura en el pacto
por la ocupación que los agentes sociales y el Gobierno de Cataluña
firmaron hace un par de años, que si además este proceso de reducción
de la jornada laboral debe implicar la creación de nuevos empleos,
debe ser desde políticas que estimulen e incentiven esta vinculación
entre estas dos variables: reducción de jornada y creación de empleo
desde el estímulo de las políticas activas. He de decir -y
seguramente los agentes sociales tienen la responsabilidad- que ese
modelo introducido en el pacto por la ocupación de Cataluña no ha
terminado de funcionar desde la lógica de la creación de empleo,
quizá porque los agentes sociales, tanto los sindicatos como las
organizaciones empresariales, no han tenido demasiado interés en
desarrollar aquello que ellos mismos pactaran.
El debate que nos plantea Izquierda Unida podría ser interesante
desde la lógica de acelerar ese proceso histórico de reducción de la
jornada de trabajo. Desde Convergència i Unió nos parece que este es
un proceso que va a ser absolutamente inevitable, y lo va a ser por
razones que nada tienen que ver con el proceso de creación de empleo.
Hoy las exigencias en el terreno de las
responsabilidades en el ámbito de las familias; la voluntad de las
personas de poder estar más cerca de sus hijos o poder atender a las
personas dependientes; la capacidad de las familias de optar por más
espacios para su formación personal y el reciclaje; las opciones
voluntarias con relación a tener más tiempo libre van a llevar a que,
poco o mucho, en España se desarrolle, como así ha sucedido en otros
países de la Unión Europea, con más fuerza, por ejemplo, todo el
ámbito del tiempo parcial; que en el ámbito de las empresas
reordenemos el conjunto de la jornada laboral; que introduzcamos
mayor racionalidad desde la perspectiva de la calidad de vida en los
horarios de nuestros trabajadores. Es una tendencia por la que desde
Convergència i Unió vamos a apostar. Hemos de ser capaces de combinar
en los próximos años flexibilidad en la forma de organizar las
empresas, protección social acorde para los trabajadores que
respondan a estas nuevas formas contractuales y calidad de vida.
Este sería el debate sugerente en relación a las 35 horas, que creo
que no es el debate principal que aborda Izquierda Unida. Izquierda
Unida aborda la propuesta de la reducción de jornada a 35 horas por
ley desde un análisis global del funcionamiento del mercado de
trabajo en España y con un objetivo principal, que es el de la
creación de empleo. El señor Txueka inteligentemente hacía referencia
a ese simposium que ayer se celebraba en Barcelona, impulsado por
PymeSefes, la patronal de la pequeña y mediana empresa en Cataluña,
que situaba, desde la perspectiva empresarial, una problemática que
es este desajuste entre la oferta y la demanda, entre persistencia de
tasas de paro significativas y ofertas de trabajo tanto de personas
formadas como de personas con menor nivel de formación que no
encuentran encaje. A nuestro entender las respuestas que debemos
formular en esta materia no pasan tanto por la reducción de la
jornada de trabajo como por el conjunto de instrumentos, públicos y
privados, que van a ser capaces de activar las bolsas de paro hoy
existentes aún en nuestra sociedad, algunas de ellas formadas por
personas mayores de 45 años, con escasa formación, que han tenido
dificultades para reciclarse; de manera muy significativa los
colectivos de mujeres de más de 40, 45 ó 50 años, jóvenes con
dificultades en los procesos de formación e inserción en el mercado
de trabajo, personas en general que han tenido poco nivel de
cualificación. El conjunto de políticas activas en materia de
formación ocupacional, de formación continua e incluso de formación
profesional deben ser fundamentales, así como en el terreno de un
mejor funcionamiento de nuestros servicios públicos. Por otro lado,
habría que dar respuesta a una cuestión que no funciona bien, como es
la movilidad de las personas trabajadoras en el conjunto del Estado
español o quizás algunos sistemas de protección social en Andalucía y
Extremadura que no están incentivando suficientemente
la capacidad del trabajo de colectivos que hoy en nuestras
estadísticas figuran como parados.
Deberíamos ser capaces de reflexionar desde la perspectiva de la
creación de empleo, junto al otro gran problema que tiene nuestro
mercado de trabajo, que es el excesivo peso de la temporalidad
asociada a la precariedad. Este sería otro debate que no creo que sea
el que hoy plantea Izquierda Unida. Por tanto, desde el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no podemos votar
favorablemente esta toma en consideración, entendemos que el debate
sobre las 35 horas está relacionado con esa reordenación del tiempo
de trabajo, con la calidad de vida, con la posibilidad de las
familias de dedicar más tiempo a ellas mismas, a la formación, al
ocio, y que las estrategias y las políticas públicas que debemos
orientar hacia la creación de mejor y más empleo pasan por otras
políticas, no seguramente todas las que ahora hemos estado
desarrollando -probablemente nos convienen nuevas políticas en esta
materia-, pero creemos que centrar la alternativa alrededor de la
propuesta de 35 horas es equivocado. Por ello vamos a votar
negativamente esta toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, nuestro grupo
está filosóficamente a favor de todo lo que represente avanzar en la
reducción de la jornada laboral. La historia del movimiento obrero
nos ha demostrado que allá a finales del XVIII, cuando se descubrió
la primera revolución tecnológica, la máquina de vapor, redujo la
jornada laboral de 80 a 60 horas a la semana aproximadamente. A
finales del XIX, con la electricidad y con el fordismo la jornada
laboral se redujo de 60 a 48, a final de la Segunda Guerra Mundial
a 40 y ya casi en los comienzos de este nuevo siglo asistimos a una
gran revolución tecnológica -quizá la más importante de la historia
de la humanidad-, la que combina microelectrónica, informática,
telecomunicaciones y biogenética. Todo cambia, todo avanza, señor
Ruiz, señorías, efectivamente, en beneficio de una posible reducción
de la jornada laboral.
Ahora bien, ¿es la reducción de la jornada laboral la fórmula
milagrosa para resolver el problema del desempleo, como en cierto
modo ha planteado el señor Ruiz? Tengo que decirles que tenemos ya en
nuestro poder experiencias importantes para poder decir con
rotundidad que la reducción de la jornada no es la pócima milagrosa
que crea empleo. Desgraciadamente esta es una evidencia. Yo tengo
alguna experiencia a este respecto. Con toda modestia quiero
señalarles que las primeras medidas de reducción de jornada y de
reordenación
del tiempo de trabajo las hizo un servidor en el Gobierno
vasco con un decreto que significaba aplicar ese tipo de medidas.
Pues bien, puedo decirles que la experiencia nos demuestra que si los
empleadores -porque cuando hablamos del empleo hay que hablar de los
empleadores- no participan de ese tipo de medidas, por muchos
estímulos que les pongamos, no resultan favorables para el objetivo
de la creación de empleo. Tenemos una experiencia mucho más
importante que la mía en el País Vasco, es la de Francia. En Francia,
después de varios años de llevarse adelante esta idea -por cierto,
una auténtica bandera política que dio la mayoría, entre otras cosas,
a la izquierda plural- que el Gobierno francés, coherentemente,
aplicó, hoy sabemos que la aplicación de esa ley, cuando se hace en
un solo país y obviamente con la oposición del empleador, de los
empresarios, provoca muchos problemas, hasta el punto de que el
Gobierno francés ha tenido que dar tal cantidad de compensaciones
económicas a los empresarios a los que obligaba a aplicar la
reducción de jornada para que no perdieran competitividad que
realmente los efectos de la aplicación de la ley son discutibles. ¿Ha
creado empleo? Madame Bovery dice que sí. Yo creo que sí, que ha
creado un poco de empleo, con altos costes. En todo caso, el debate
es muy técnico, muy complejo.
Yo quiero decirle, señor Ruiz, con toda la sinceridad del mundo,
creyendo que la reducción de la jornada es un objetivo bueno para el
movimiento obrero, es un objetivo que hay que apoyar, que no podemos
hacerlo impositivamente por una ley. Casualmente, yo estuve este fin
de semana con unos representantes del Partido Socialista francés en
una reunión que no hace al caso y todos ellos me decían -eran
miembros de la ejecutiva del PSF- que ahora no lo harían igual. Si
aplicamos la ley que nos propone Izquierda Unida, señorías, que es
una ley que, no lo olvidemos, literalmente dice que el 1 de enero del
año que viene la jornada laboral en España serían 35 horas para todo
el mundo y que no se podrían hacer horas extraordinarias salvo caso
de siniestro, es decir, que literalmente se prohíben las horas
extraordinarias por otras causas, contra las que yo estoy, pero que
no se pueden prohibir de manera tan tajante, si aplicamos tan
impositiva, tan drásticamente una ley el 1 de enero del año que
viene, yo quiero decirles señorías, y lo digo en nombre de la
izquierda, que la reacción de las empresas puede ser, por ejemplo, la
siguiente. Uno, que negocien con sus trabajadores congelaciones o
reducciones salariales para compensar la reducción de jornada. Seguro
que produciría ese efecto. Otro efecto que puede producir es que
reduzcan la plantilla, porque como tienen que mantener sus costes
para seguir siendo competitivos y les hemos incorporado un factor de
competitividad muy brusco con la reducción de la jornada laboral,
automáticamente reducen plantilla. Tercer efecto que se podría
producir: marcharse, porquelas fábricas tienen ruedas, señoría, las
fábricas pueden
producir en cualquier parte del mundo y el capital es global. Siempre
pongo el mismo ejemplo, la contabilidad de British Airways no se
lleva desde Londres, se lleva desde Nueva Delhi, porque hoy la red lo
permite. ¿Dónde se llevarían muchas empresas españolas parte de su
producción si les imponemos con una ley el 1 de enero de 2002 la
jornada de 35 horas? Igual muchas se iban. ¿Qué hizo el Gobierno
francés para que no se fueran de Francia? Compensar. Por tanto,
cuidado, porque una buena idea y una justa causa hay que defenderlas
con razones justas y con, sobre todo, racionalidad. Yo quiero reducir
la jornada laboral, pero para que produzca efectos en el empleo,
señor Ruiz, déjeme que le diga que necesita tres condiciones. Es
decir, para que la jornada laboral reducida o la reducción progresiva
de la jornada laboral tenga efectos favorables en el empleo hace
falta: que se aplique progresivamente, que se aplique en gran parte
por la consecuencia de un acuerdo de trabajadores y empresarios que
incorporan ese factor de productividad a su marco de relaciones
laborales y que se aplique internacionalmente, que sea una pauta, una
conducta que se generaliza. El Gobierno socialista estableció -y está
muy orgulloso de ello- en 1983 la ley de 40 horas en España, pero la
mayoría de las empresas tenían ya 40 horas, de manera que lo que
hicimos fue llevar a la ley una lógica y una práctica que el mundo
laboral había ido incorporando.
Yo creo -y voy terminando- que la mejor manera de defender la
reducción de jornada no es con una ley impositiva, que parece muy de
izquierdas y provoca efectos de derechas, sino a través de una ley
marco que estimule que la negociación colectiva vaya a favor de la
reducción de la jornada. Quiero decir -y con esto termino- que para
defender, como anteriormente he dicho, una concepción de izquierda
transformadora hay que ser no una izquierda testimonial sino una
izquierda real, señor Ruiz. Yo creo que es más lógico que traigamos
-y prometo en esta Cámara que nuestro grupo lo hará- un proyecto de
ley marco que regule la posibilidad de que la negociación colectiva,
debidamente estimulada por los poderes públicos, camine en España
hacia la reducción de la jornada no sólo para que cree empleo, sino
para que no lo destruya sobre todo y para que además sea el germen de
una sociedad laboral en la que trabajemos menos y vivamos más.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señor vicepresidente, señorías, subo a esta
tribuna después de escuchar atentamente a los portavoces que me han
precedido en la fijación de posición ante esta proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida, una proposición que tiene cierta historia
en esta Cámara por cuanto en lo referente
a su forma y también a su fondo reproduce prácticamente en su
totalidad una iniciativa legislativa popular cuya toma en
consideración fue ya rechazada por el Congreso de los Diputados en
noviembre de 1999. En aquel momento, los argumentos alegados para
justificar el rechazo de esta iniciativa se centraron tanto en la
ineficacia de la reducción de la jornada laboral como vía para crear
empleo como en la necesidad de evaluar previamente los posibles
efectos negativos de esta medida sobre la productividad, los costes
salariales y las condiciones de trabajo. También en aquel momento se
aludió a la postura de las instituciones europeas, más partidarias de
fomentar el pacto entre sindicatos y empresarios que de promover la
reducción de la jornada de trabajo por vía legal. Dos años después,
por lo tanto, señorías, nos encontramos con esta misma proposición de
ley, una vez que el debate sobre la reducción de la jornada laboral y
la supresión de las horas extraordinarias haya hecho correr ríos de
tinta en esta Cámara, siempre con similar resultado. Debo decir que
los argumentos que el Grupo Popular expone en esta ocasión para
rechazar la toma en consideración de esta proposición de ley han de
ser necesariamente los mismos que en anteriores ocasiones, ahora
bien, refrendados por el hecho de que los diferentes acuerdos
sociales, la estabilidad económica y la positiva creación de empleo
nos otorga cuando menos cierta credibilidad. Personalmente, quiero
creer que cuando el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta
esta proposición lo hace superado el primer planteamiento que ligaba
únicamente la reducción de la jornada laboral a la mejora de la
calidad de vida de los trabajadores, plenamente convencido de que la
necesidad de abordar el reparto de los puestos de trabajo disponibles
ha de incidir positivamente en la disminución del paro, pero ni la
experiencia adoptada por algunos países europeos ni los datos sobre
la evolución del empleo en nuestro país pueden avalar esta creencia.
Como SS.SS. conocen, hace algún tiempo se abrió en Francia e Italia
un amplio debate sobre la conveniencia de modificar la legislación
vigente para fijar una nueva jornada laboral de 35 horas semanales,
circunstancia que, a tenor del asunto que nos ocupa, ha sido
aprovechada por diferentes fuerzas políticas de otros países para
reforzar sus demandas en este sentido. Dicho debate culminó en
Francia con la aprobación de una reforma legislativa en el sentido
mencionado, aunque sus efectos en cuanto a la creación de empleo no
han sido los esperados debido a que en la mayoría de las empresas que
han adoptado la reducción de la jornada lo que se está produciendo es
un aumento de la densidad y una intensificación del trabajo; no se
crean nuevos empleos, sino que se concentra el trabajo, se recortan
descansos o se acumulan turnos, con la consiguiente pérdida de la
calidad de vida del trabajador, es decir, el efecto contrario de lo
que se ambiciona. Ustedespretenden una reforma legislativa y no es
cierto que
la duración real del tiempo de trabajo pueda estar totalmente
condicionada por lo marcado en las disposiciones legales, sino que
como SS.SS. saben en ella intervienen factores distintos de la
legalidad, como la correlación de las fuerzas sociales, el poder de
los sindicatos o la estructura de la negociación colectiva y de los
salarios. El propio Parlamento Europeo ha votado un acuerdo primando
el diálogo social sobre cualquier decisión política en este asunto.
Señorías, una imposición unilateral y generalizada de esta naturaleza
podría ser muy perjudicial para el funcionamiento del tejido
productivo español, compuesto mayoritariamente de pequeñas empresas a
las que les sería difícil asumir los costes que ello llevaría
consigo. No podemos olvidar el enorme esfuerzo que las empresas
españolas están haciendo para aumentar su capacidad de competencia
frente a las de otros países de la Unión Europea, países que en su
mayoría no tienen una limitación de este tipo por vía legal e
indiscriminada, lo que colocaría a las empresas españolas, a nuestras
empresas, en una posición desigual. En un sistema de relaciones
laborales como el vigente en España, con amplio protagonismo y
capacidad de las partes a través de la negociación colectiva para
acordar las condiciones de trabajo, un protagonismo que nuestro grupo
aplaude y que ha sido posible gracias a las reformas de los últimos
años, el debate sobre reordenación, flexibilización y en su caso
reducción de la jornada de trabajo debe ser abordado por los propios
interlocutores sociales. Ahora, señorías, se abre una oportunidad
para ello con el inicio de una nueva etapa de diálogo social en la
que una de las mesas de negociación va a tratar los temas relativos
al empleo y al mercado de trabajo.
Dicho esto, y con todo el respeto que me merece una iniciativa de
esta trascendencia y por supuesto un grupo como el que la presenta,
quiero señalar que una proposición de ley que pretende ser seria, que
tiene el objetivo de trazar líneas de actuación y de marcar
legislativamente lo que puede ser nuestro mercado laboral, no puede
afirmar con toda ligereza en su exposición de motivos que el número
de desempleados sigue aumentando en este país, y no porque lo diga yo
o lo defienda mi grupo parlamentario, sino porque si se estudia tanto
la encuesta de población activa como la del paro registrado en el
INEM se observará que ambas reflejan una tendencia positiva respecto
a la contratación laboral. Si mal no recuerdo, esta misma mañana el
informe que el Fondo Monetario Internacional realizaba sobre nuestro
país, sobre España, señalaba entre sus previsiones que España muestra
una tendencia de crecimiento económico por encima de lo previsto en
la zona euro, una tendencia que sin duda se traducirá en creación de
empleo, como así ha ocurrido hasta ahora. No es una casualidad,
señorías, que más de 600.000 personas hayan encontrado un empleo en
este último año, que el incremento del empleo femenino haya supuesto
más del 8,3 por ciento o que cerca de 128.000 personas
hayan visto modificado su contrato a contrato indefinido. Las
conclusiones, por lo tanto, son claras. Las medidas adoptadas siguen
el camino correcto, el diálogo social está dando sus frutos, como así
lo ha hecho en los últimos años, y la toma de decisiones unilaterales
pueden entorpecer sin garantía alguna el nivel no sólo de estabilidad
sino de creación de empleo que este país está experimentando en los
últimos años.
Por lo que respecta a la modificación que se plantea del artículo 35
del Estatuto de los Trabajadores, en el sentido de prohibir la
realización de horas extraordinarias salvo en aquellos casos en que
sean realizadas para prevenir o reparar siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes, señorías, nuestro grupo sigue incidiendo
en la necesidad de que este tipo de cuestiones no pueden plantearse
de forma simplista. A lo largo de la pasada legislatura fueron
múltiples las ocasiones en las que a través de diferentes
comparecencias, mociones, preguntas o interpelaciones quedó claro
cuál era la postura no sólo del Gobierno sino del Grupo Parlamentario
Popular respecto a este tema. Pero, además, no se quedó en una mera
declaración de intenciones, sino que se fueron adoptando las medidas
oportunas con una única finalidad: conseguir más empleo, empleo más
estable y de mejor calidad, apostando de manera muy clara por
impulsar la contratación a tiempo parcial en detrimento de las horas
extraordinarias, pero siempre vía negociación colectiva y diálogo
social, no con carácter legal impuesto a todos los trabajadores de
este país. Ejemplos sobre esta cuestión podemos exponer varios desde
el año 1998, desde la Ley de Presupuestos Generales de 1998, que
establecía la equiparación en la cotización de las horas
estructurales y no estructurales, o la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, que en su disposición adicional
contenía la eliminación de la retribución por horas extraordinarias
del cálculo para fijar la base reguladora de la prestación por
desempleo. El propio Plan de acción para el empleo del año 1998
contemplaba en su directiva 13 el impulso de la reducción de las
horas extraordinarias y la búsqueda de una alternativa a las mismas.
No obstante, señorías, aunque desde este grupo se comparte la
necesidad de que se produzca una reducción sustancial de las horas
extraordinarias, a fin de facilitar el reparto de trabajo y aumentar
la creación de empleo, su drástica eliminación de forma
indiscriminada e impuesta resultaría excesiva y no en todos los casos
sería útil para el fin que nos ocupa: la creación de empleo. Así,
junto a las horas extraordinarias cuya sustitución por nuevos
trabajadores resulta posible, existen otras que bien por su número,
por las circunstancias en que se producen o por la causa que las
originan, carecen de tal capacidad de sustitución, lo que las hace
irrelevantes absolutamente para la creación de empleo. Sin embargo,
sí que podrían producir el efecto contrario, dificultando el
funcionamiento de las empresas y dificultando, por tanto, también la
creación de empleo.
Finalmente, señorías, nuestro grupo ha reiterado a lo largo de sus
múltiples intervenciones, y lo hará hoy con su voto en contra de esta
proposición de ley, su postura respecto a no reducir por ley la
jornada laboral, manifestando asimismo su criterio a favor de la
desincentivación de las horas extraordinarias y desarrollo del
contrato a tiempo parcial, en el marco de una línea de acción
dirigida a facilitar la reorganización del tiempo de trabajo y la
generación de empleo mediante el diálogo social. Debemos considerar
que en muchas ocasiones la realidad social y económica vulnera y
supera las previsiones legales hoy en día presentes en nuestro
ordenamiento jurídico, y eso es lo que tenemos que valorar. Lo cierto
es que en los últimos años, en nuestro país, se ha creado empleo
estable y sin que por supuesto se haya producido esa reducción de
jornada laboral que hoy se nos plantea. Otras son las medidas que los
agentes sociales, que empresarios, que sindicatos, bajo el amparo del
Gobierno, pusieron sobre la mesa del diálogo social; medidas que han
dado sus frutos y de las que los grandes beneficiados han sido los
colectivos más golpeados históricamente por el desempleo: jóvenes
y mujeres. Aventuras legislativas unilaterales en una cuestión tan
importante, de la que depende la estabilidad laboral, son un riesgo
innecesario que nuestro país no se puede permitir. Por eso, nuestro
grupo, señorías, va a votar a favor del diálogo social, va a votar a
favor del empleo estable y de calidad y va a votar en contra de esta
proposición de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Moneo. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración
de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre las 35 horas semanales y la reorganización del tiempo de
trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 12; en contra, 185; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
referida proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), RELATIVA A LA REFORMA DE LA LEY 7/1991, POR LA QUE SE CREA
EL INSTITUTO CERVANTES. (Número de expediente 122/000073.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la reforma de la Ley 7/1991, por la que se crea
el Instituto Cervantes.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Rodríguez. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
presidencia.)
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la
que se creó el Instituto Cervantes, fue elaborada en vísperas del año
1992, V Centenario de la publicación de la gramática de Nebrija, de
la llegada de los castellano-andaluces a América y de lo que muchas
teorías vigentes en el Estado español consideran la proyección
universal de la Lengua castellana.
Inicialmente me voy a limitar a referirme a dos aspectos claves que
aparecen en la exposición de motivos de esta Ley, para que SS.SS.
puedan comprender por qué es urgente su modificación. En primer
lugar, en la exposición de motivos se reconoce en abstracto que la
cultura y la lengua recogen los trazos más profundos de la propia
identidad, para concretar nosotros diríamos de la propia identidad
nacional. Esto es así por tres motivos. En primer lugar, porque la
diversidad lingüística es una consecuencia de la inteligencia humana.
Me gustaría recordar las palabras de nuestro Castelao, cuando
advertía que solamente los animales están en el idioma universal y
ponía el ejemplo elocuente de que, efectivamente, los perros aullan
igual en Argentina que en Bretaña o que los caballos relinchan igual
en Argentina que en Bretaña. Los únicos que hablamos diferente somos,
precisamente, los seres humanos constituidos en comunidades
linguísticas.
En segundo lugar, nos gustaría dejar patente que la lengua es la base
estructural de toda cultura, y por tanto, es una obra colectiva que
define una comunidad. Lo tenían muy claro, en primer lugar,
Cervantes, cuyo nombre lleva precisamente el Instituto del que
estamos hablando, cuando hablaba de que los gallegos éramos otra
nación, si bien menos bien mirada que la vizcaína, refiriéndose,
entre otras cosas, a nuestra diferencia lingüística, diferencia que
al hablar de España también tenían claro Gracián, cuando hablaba de
las distintas naciones que la constituían o el propio Cadalso, en su
obra Cartas marruecas. Y esto nos lleva a un tercer axioma, que es
que la lengua nos da la imagen del mundo y, aunque todos podamos
vivir en mundos parecidos, sin duda nuestra lengua contribuye a crear
una idea de la realidad que no es homogénea en cada una de las
comunidades lingüísticas. Las lenguas tienen capacidad de creación
como dejaron claro muchos lingüistas y filósofos como Herder, Edward
Sapir o Adam Schaff; por lo tanto, todos vivimos en una realidad
cultural propia y, además, todas las lenguas tienen la
misma capacidad de servir al desarrollo de la cultura humana. Es
verdad que hay unas lenguas más extendidas que otras, unas lenguas
con un patrimonio cultural más amplio o diverso que otras, pero no es
derivado de las características intrínsecas de esa lengua, sino del
desarrollo histórico de cada pueblo que, lógicamente, nunca es un
desarrollo autónomo, sino que está sometido a interferencias. Y aquí
llegamos a la conclusión de que cuando hay una lengua que se expande
por el mundo no es por sus virtudes intrínsecas, sino por el dominio
político, económico y cultural que ejerce el pueblo que la habla.
Hay una segunda cuestión dentro de la exposición de motivos, que es
cuando habla de proyectar la imagen del país, de España, en el mundo.
Sin duda, señorías, comprenderán que con una ley tal y como fue
redactada en el año 1991 la imagen de España es la imagen de un país
unilingüe, de un país con una sola lengua, con una sola cultura y una
sola literatura, una imagen uniforme que no responde a la realidad y
que además tampoco responde al amparo constitucional que reciben las
distintas lenguas y culturas de los distintos pueblos del Estado
español, por utilizar la terminología que la propia Constitución
utiliza. Es cierto que desde el año 1991 hasta hoy hubo cambios
lingüísticos importantes a favor de las lenguas que no son el español
en cada una de las comunidades autónomas, si bien es cierto que son
cambios cualitativos muy diferentes según se trate de Cataluña,
Euskadi o Galicia. También es verdad que el Gobierno del Estado acabó
por aceptar avances limitados, pero significativos en la legislación
del Estado. Quiero recordarles que en la anterior legislatura este
Congreso de los Diputados aprobó una ley que venía a completar otra
ley anterior referida al uso oficial a nivel estatal y, por tanto,
administrativo de la Administración general del Estado y de todos sus
organismos y órganos y entidades públicas de la toponimia originaria
para referirse a las provincias de Lleida, de Girona o para referirse
a las provincias de A Coruña y Ourense. Pero también todos ustedes
pueden comprender cuántas reticencias hay a respetarlo en su
integridad. Es cierto que en la anterior legislatura se aprobó una
proposición de ley que garantiza la posibilidad de colocar nuestros
apellidos en su forma originaria, que también ha recibido reticencias
por vía reglamentista derivada de la Dirección General de Registros y
Notariado. En todo caso es cierto que cuando hay cierta democracia la
asunción de la diversidad cultural y lingüística por parte del
Gobierno es muchísimo mayor. ¿Por qué razón van a quedar excluidos de
un Instituto que tiene un importante valor simbólico y que debe
promocionar la lengua y la cultura o -por ser más exactos- las
lenguas y las culturas del Estado español en el extranjero, el
catalán, el gallego y el vasco? El Gobierno nos contestó
recientemente a una pregunta el 30 de marzo de 2001 donde intenta con
actitudes compensatorias tratar de compensar precisamente
todas las deficiencias de carácter legal y, por tanto, la cobertura y
el amparo de que debían gozar estas lenguas. Dice así en la
respuesta: El Instituto Cervantes colabora en la celebración de
jornadas sobre las distintas lenguas y culturas del Estado español.
El Instituto Cervantes tiene la convicción de que España posee un
extraordinario patrimonio lingüístico al tener cuatro lenguas con su
literatura y su historia. Las cuatro lenguas son un patrimonio de
España. Hay organización de clases de gallego, catalán y vasco en
muchos lugares del extranjero, en concreto en Chicago, Dublín o
Manchester. Llega a recurrir a la intervención de un novelista
y editor catalán, Pere Gimferrer, para decir que con él defiende que el
Instituto debe atender las diversas lenguas españolas, la voluntad de
atender las diversas lenguas españolas, para acabar hablando de la
programación con presencia de autores que escriben en todas las
lenguas de España y la presencia de libros en catalán, gallego y
vasco en todas las bibliotecas que promueve el Instituto Cervantes.
Por tanto, si uno de los objetivos prioritarios, como dice la
respuesta del Gobierno, es dar a conocer el patrimonio cultural y
lingüístico de toda España y coordinar su promoción en el exterior,
no se entiende por qué razón la ley sigue siendo una ley referida
exclusivamente al español, y mucho menos se entiende cuando el
Gobierno debía aceptar que hay que dar una imagen dinámica de la
España democrática en el extranjero. Es por esto por lo que nosotros
hemos realizado un intento de modificación de la Ley de creación del
Instituto Cervantes. No se trata de que haya una magnánima tolerancia
o una concesión paternalista para el gallego, el catalán y el vasco,
sino que se trata de que el Estado, en sus competencias
internacionales -ésta es una de ellas, y nosotros no podemos
sustituir al Estado en esta competencia-, tenga en cuenta esta etapa
de la globalización que, para ser justa, debe partir de la asunción
real y práctica del pluralismo cultural y lingüístico empezando por
nosotros mismos. A nosotros, en el Bloque Nacionalista Galego, nos
han llamado muchas veces la atención esas proclamas sobre el respeto
a la diversidad cultural en el mundo cuando hay que empezar por
practicarla en la propia casa y no se entiende por qué razón no se va
a plasmar en el ámbito legal. Sería una injusticia seguir manteniendo
una imagen del Estado español uniforme, totalmente intolerante,
exclusivista y vinculado a lo que se considera la única lengua
universal que se habla en el Estado español, que le recuerdo que
sería muy importante no confundir con una lengua superior, porque no
hay ninguna, ni siquiera la lengua de bosquimano más atrasado es
inferior a la lengua en que les estoy hablando en este momento.
Por tanto, señorías, si todos somos ciudadanos del Estado español, si
el Estado español tiene unas competencias claras en política
internacional y si todos nos debemos sentir amparados por estas
competencias, es ilógico que no se transforme, no se cambie y no se
modifique la Ley de creación del Instituto Cervantes. Les recordamos
que estas modificaciones se referirían al párrafo tercero, cuarto,
sexto y séptimo de la exposición de motivos para la lógica
consecuencia de que se acepte el carácter plurilingüe y pluricultural
del Estado español, y las modificaciones consecuentes en el artículo
1, de la creación del Instituto, para que se hable de la promoción y
difusión del español, del catalán, del gallego y del vasco; en el
artículo 3, que es para las finalidades o los fines que persigue esta
entidad de derecho público; en el artículo 4, en sus apartados 2, 3
y 4, para que quede claro que se trata de organizar las pruebas de
verificación de los títulos que da el Ministerio de Educación y
Cultura en consonancia y coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, para referirnos también al gallego, al catalán y al
vasco, la difusión de estas lenguas, la investigación filológica y de
todo tipo, cultural y literaria, y su enseñanza. Y, por fin, el
artículo 7.2, con un apartado f) nuevo, que sería para que
participaran del patronato, además de todos aquellos que figuran en
la ley, que no los tocamos -para que quede claro que es una ley de
carácter estatal y es una competencia estatal-, los presidentes de
las comunidades autónomas con lengua propia, la de Galicia, la de
Cataluña y la de Euskadi. En el artículo 8, un apartado nuevo g), que
sería la participación en el consejo de administración del Instituto
Cervantes de los consejeros de Educación y Cultura de las comunidades
autónomas con lengua propia. En el artículo 9.1, cuando se nombre el
director, que se escuche a los consejeros de Educación y Cultura de
las respectivas comunidades autónomas con lenguas y culturas propias,
así como la disposición final, cuando habla de que en el momento en
que se elabore el reglamento éste tendrá en cuenta los informes de
las comunidades autónomas de Galicia, Euskadi y Cataluña.
Señorías, esta fue una creación del Gobierno del Estado, es un
instituto de rango estatal, no lo ponemos en duda para nada, pero las
autonomías en este aspecto deben ser Estado y las lenguas y culturas
también son España en la concepción teórica del Partido Popular, que
esperamos que sea consecuente con sus respuestas por escrito a este
diputado. En todo caso, señorías, y acabo ya, el desequilibrio real
entre las lenguas no se va a cambiar por estas modificaciones de
carácter legal, pero no se va a agudizar, y es muy importante el
respeto formal y legal porque puede contribuir a que, cuando menos,
en lo que son las instituciones, en lo que son las teorías
filosóficas, en lo que son las concepciones ideológicas, las lenguas
se consideren todas de igual valor.
Acabo por decirles que me gustaría que se reflejase en este aspecto
aquella propuesta del pionero en sociolingüística en el Estado
español, el valenciano de lengua catalana, Rafael Lluis Minyoles,
cuando proponía cuatro lenguas para un Estado, en expresión magnífica
y acertada de su libro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entiende oportuna esta
iniciativa del Grupo Mixto y en concreto del BNG. Cuando se han
cumplido diez años de vida del Instituto Cervantes parece conveniente
adaptarlo a la realidad plurilingüe y pluricultural del Estado
español. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ya lo decía hace diez
años en sus propias enmiendas al tramitarse este proyecto de ley en
la Comisión de Exteriores y, dado que en aquel momento no tuvieron
éxito sus propuestas, parece razonable ahora votar favorablemente la
toma en consideración de esta proposición de ley para modificar la
estructura del Instituto Cervantes, sus fines y contenidos, para
tomar en cuenta una serie de principios que en teoría todo el mundo
acepta -todo el mundo habla de pluralidad, todo el mundo habla de la
heterogeneidad, de la necesidad de articular consensos en torno a
estas realidades culturales y sociolingüísticas que este país vive-
pero después la realidad de los hechos desmiente una y otra vez.
Señorías, este país es un país plurilingüe, el 40 por ciento de los
ciudadanos de este Estado somos bilingües. Además del castellano,
hablamos gallego, vasco o catalán, en nuestras respectivas
comunidades en nuestras relaciones interpersonales y en las
relaciones tanto con las instituciones del Estado como con las
instituciones locales o territoriales. Parece razonable, además de la
constatación de esta realidad del plurilingüismo en el Estado, tomar
en consideración otra dimensión que es importante también. Una de las
funciones del Instituto Cervantes es la dimensión internacional de
los programas que plantea y es conveniente considerar la dimensión
internacional de los programas que se desarrollan en gallego, en
euskera o en catalán, porque indudablemente es el mismo Estado el que
impide a las comunidades autónomas que cuentan con leyes de
normalización del uso de sus respectivas lenguas que subrayen y
puedan considerar programas en esa dimensión extraterritorial
o internacional.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entendemos en
consecuencia que estas dos dimensiones deben ser suficientemente
reforzadas y que esta proposición de ley que nos presenta el Grupo
Mixto, el BNG, pueden incidir en la consideración de tomar en cuenta
estas dimensiones: por una parte, que el Instituto Cervantes emprenda
acciones más decididas que las que hasta ahora, en estos diez años,
ha generado y, por otra, que tome en consideración en el conjunto de
su estructura la realidad plurilingüe del Estado. Nosotros creemos
que hay que incluir como fines del Instituto Cervantes la promoción
universal del estudio, del uso,
de la enseñanza, además del castellano, del gallego, del euskera y
del catalán, y fomentar programas que tiendan al mejor y mayor empleo
de estas lenguas, en el plano cultural, en el plano educativo y en el
plano de las distintas formas que los ciudadanos desarrollan en sus
relaciones interpersonales y en sus relaciones interinstitucionales.
Nos parece razonable también que en lo que son los órganos de
gobierno del Instituto Cervantes se incluyan los presidentes de las
comunidades autónomas de Galicia, de Euskadi y de Cataluña, en justa
correspondencia, señorías, con las actitudes que estos presidentes
mantienen con instituciones del propio Estado. Ustedes saben que la
Real Academia de la Lengua Española en su patronato cuenta con la
presencia de estos presidentes, que colaboran en sus programas, en
sus fines, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, estas
actitudes no se ven correspondidas en el sentido contrario.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que es
razonable tomar en consideración esta iniciativa, máxime cuando,
además de cumplirse 10 años desde que se puso en vigor esta ley,
acaba de celebrarse el II Congreso internacional del español en
Valladolid, con unas conclusiones determinadas que esta misma mañana
hemos podido estar analizando en la Comisión de control de
Radiotelevisión Española, con respecto a las labores que este órgano
realiza en la difusión de la lengua española. Nosotros entendemos que
estas conclusiones deben ser también examinadas desde el Instituto
Cervantes en aquellas funciones y competencias que le corresponden.
Si no, diremos, como esta mañana, que nos gusta mucho la
grandilocuencia, los grandes discursos, pero que están adornados de
poca eficacia porque no se traslada a los órganos competentes el
nivel de análisis teórico. Baste como ejemplo que el Instituto
Cervantes ha conocido cuatro directores en 10 años, que ha tenido
cambios, demasiada alternancia y alteraciones en una institución con
objetivos a medio y largo plazo. Desde el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) quisiéramos valorar positivamente la labor que el último
director del Instituto Cervantes realizó, el profesor Rodríguez
Lafuente; en la línea de los contenidos reflejados en esta reforma
del Instituto Cervantes, realizó una extraordinaria labor, quiso
abrir los propios marcos, dar un contenido académico al Instituto
Cervantes, abrir programas, relacionarlo con la universidad y con los
distintos grupos de lingüistas y de autodidactas que trabajan en
estas materias. Vemos en los últimos años con pasmo, señor
presidente, en el Grupo Parlamentario Vasco, cómo el nuevo director
de este instituto está mucho más activo en acciones políticas, en
acciones antinacionalistas y fundamentalistas que en el cumplimiento
de sus funciones y vemos cómo todas aquellas puertas que el profesor
Rodríguez Lafuente abrió en su momento para tomar en serio los
planteamientos del español y su promoción, tanto en los programas del
Estado como en su
dimensión internacional, están siendo cerradas por el director
Juaristi, que se está dedicando a otras funciones que a las que le
son propias en el ejercicio de sus funciones. Decían en las
conclusiones del congreso de Valladolid que hay que dejarse de
triunfalismos y aquí tenemos un ejemplo claro del análisis de lo que
ha sido la labor del Instituto Cervantes, un instituto que cuenta con
8.000 millones de presupuesto, un presupuesto muy exiguo. Esta misma
mañana he indicado que basta con comparar los programas que el Reino
Unido o Alemania tienen en relación con la promoción de sus propias
lenguas, con la promoción de sus propias culturas en el ámbito
internacional. La realidad de los hechos, al contrastarla con los
discursos que se realizan, está completamente alejada. Se nos dice
que hay que hacer esfuerzos en Internet, en las tecnologías de la
información y en el conocimiento, e indudablemente nos estamos
quedando muy atrás en todos estos niveles, pero después las
propuestas no se corresponden con los objetivos teóricos.
En consecuencia, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) va a apoyar favorablemente con sus votos la toma en
consideración de esta proposición de ley y quiero indicar nuevamente
que coincide con las enmiendas que en el año 1991 presentó este grupo
parlamentario a la arquitectura básica, legislativa y de programas
que este Instituto Cervantes debiera tener en cuanto a objetivos, en
cuanto a funciones y en cuanto a presupuestos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de
Txabarri.
Grupo Federal de Izquierda Unida. Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, para fijar posición sobre la propuesta que nos trae
a la Cámara el Grupo Mixto para reformar la Ley 7/1991.
Nosotros saludamos la oportunidad de esta propuesta y también el
objetivo de la misma, que compartimos, aunque con matices que en su
día, si es admitida a trámite por la Cámara, salvaremos mediante
enmiendas. Creemos necesario desde mi grupo parlamentario transformar
el Instituto Cervantes en un instrumento del Estado plural que
consagra la Constitución española y el modelo de Estado de las
autonomías que hoy ya esta ultimado. Entendemos que la promoción
exterior debe realizarse sobre la riqueza real de nuestro pueblo,
riqueza tanto lingüística como cultural, abarcando las lenguas
oficiales en el territorio, catalán, vasco y gallego, junto al
castellano. Es además preciso hacer partícipes a las comunidades
autónomas con competencias exclusivas en cultura y lenguas propias
cooficiales en la proyección exterior, que en algunos casos va a
tener como receptores a ciudadanos y ciudadanas descendientes
vascos, gallegos o catalanes asentados en diversos países. Es
preciso actualizar la ley que ha quedado obsoleta. Porque, señorías,
el V Centenario pasó hace diez años y hay que abordar algunos temas
que nosotros compartimos y que aborda el grupo proponente cuando
quita el patrocinio y lo circunscribe a las esferas del Gobierno
central y autonómico.
Si se sustancia, como digo, la tramitación del proyecto hoy en el
hemiciclo, nosotros enmendaremos para que no sólo se ocupe el grupo
proponente de Latinoamérica, porque entendemos que, siendo
importantísimo el papel de los países iberoamericanos, a nuestro
parecer es también precisa nuestra presencia en el mundo árabe,
concretamente Sáhara y Palestina, porque en estos dos focos de
influencia las culturas y lenguas de la realidad plural de España no
solamente tienen una buena acogida, señorías, sino que además tienen
una alta demanda. Asimismo anunciamos que enmendaremos algunas de las
propuestas que hace el grupo proponente con relación al artículo 7.2,
ya que entendemos positiva la participación de los consejeros de las
comunidades autónomas con lenguas propias y de aquellas que tienen
culturas propias muy arraigadas, como Andalucía, Asturias, Aragón,
Baleares, Valencia, etcétera. Sin embargo, no entendemos necesaria la
participación de los presidentes de las comunidades autónomas. Por
eso, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
anunciamos nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta
proposición de ley del Grupo Mixto y pedimos al Grupo Parlamentario
Popular sensibilidad para esta propuesta que entendemos necesaria.
Ojalá que se sustancie con el voto favorable y más adelante
seguiremos hablando de cuáles son los matices que diferencian la
propuesta del Grupo Mixto y haremos las enmiendas que Izquierda Unida
considere necesarias.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Querría felicitar de entrada al Bloque Nacionalista Galego, al Grupo
Mixto, por la presentación de esta iniciativa. Es una iniciativa
absolutamente oportuna en su contenido y en su momento y lo es el
hecho de que de vez en cuando se oigan voces diversas en esta Cámara
que recuerden que hay distintas fuerzas políticas, que recuerden que
hay distintas sensibilidades y que recuerden en qué tipo de Estado
estamos. Este debate de hoy, con esta proposición de ley cuya
admisión a trámite se somete a votación, es uno de esos ejemplos.
Desde mi grupo político hemos dado siempre nuestro apoyo al Instituto
Cervantes y a sus actividades y por tanto nada
de lo que pueda suponer políticamente el apoyo a esta proposición de
ley tiene ningún reproche conceptual a la difusión en el mundo de la
lengua castellana, instrumento de comunicación, instrumento de
competitividad, instrumento cultural que merece todo el apoyo del
Estado español y más si se pudiera. Está por ver, y ese será un
debate que probablemente tendremos que desarrollar en su momento en
Comisión, si el actual proceso de expansión del Instituto Cervantes
se puede seguir desarrollando como hasta ahora a base de ir abriendo
centros en cada ciudad del mundo donde el Gobierno de turno lo
solicite, porque eso está teniendo un coste que, en términos de
progresión aritmética, no sé si es asumible ni siquiera a medio
plazo. En todo caso eso es un debate más profundo sobre la propia
expansión del Instituto Cervantes.
La realidad es que el Instituto Cervantes es un instrumento de
política cultural y de política internacional cultural que funciona y
que funciona correctamente, pero cuyo marco jurídico no se
corresponde con la realidad, porque, como muy bien ha dicho desde la
tribuna el propio portavoz del grupo proponente, el señor Rodríguez
Sánchez, cuando uno habla con los directores del Instituto Cervantes
en las comparecencias o, como era el caso que citaba, cuando uno
pregunta al Gobierno por escrito, de manera formal, por las
actividades del Instituto Cervantes respecto de las lenguas distintas
de la lengua castellana, la realidad es que el Instituto Cervantes sí
desarrolla actividades que afectan a la difusión del catalán, del
euskera y del gallego. Lo hace en unos casos más, en unos casos
menos, en algunos casos mejor, en otros peor, dependiendo
fundamentalmente del talante de cada uno de los directores de los
centros del Instituto Cervantes y evidentemente del talante del
propio director del Instituto y por tanto en función de su buena
voluntad, pero la realidad es que en el pasado efectivamente se han
dado clases de catalán. En su momento este grupo parlamentario, este
mismo portavoz, por ejemplo, se interesó por ello. Me consta que hay
literatura catalana en las bibliotecas de muchos centros Cervantes,
he comprobado menos si hay literatura en euskera o en gallego, pero
es probable que también la haya. Por tanto, aunque por supuesto se
pueda hacer mucho más, la realidad es que algunas cosas ya se están
haciendo.
Estamos en lo de siempre, y ese es el drama de este Estado, del cual
este Parlamento es su máximo representante. Todo eso se puede hacer
mientras quede la buena voluntad de unos y otros. Cuando lo que se
pretende es convertir eso en norma, cuando lo que se pretende es que
eso quede cristalizado jurídicamente, que en el derecho, en la norma,
en el marco jurídico del Instituto Cervantes se deje claro que el
Instituto Cervantes es un instrumento de política cultural
internacional de un Estado plurilingüe, plural, y que no hable sólo
sobre la difusión de la lengua castellana o del español sino que
hable con naturalidad, con la
misma naturalidad con la que en la práctica se funciona muchas veces,
que refleje por escrito que su obligación es difundir las distintas
culturas que existen en España, ahí, con la Iglesia hemos topado. Ahí
empiezan a correr sudores fríos en el Ministerio de Exteriores, en el
Ministerio de Cultura y en la Presidencia del Gobierno, no vaya a ser
que conste por escrito en el encabezado de una ley como la que rige
el Cervantes que tiene como obligación difundir el castellano, el
catalán, el euskera y el gallego, no vaya a ser que aparezcan todas
esas lenguas puestas en pie de igualdad con la lengua castellana, no
vaya a ser que aparezca que España tiene la obligación y que el
Gobierno no es que pueda hacer algo buenamente, por quedar bien con
los partidos políticos, que de vez en cuando damos un poco la lata
con esto, sino que tiene la obligación jurídica y constitucional de
defender la cultura gallega, la cultura vasca, la cultura catalana y
de hacerlo como una obligación jurídica y no como un acto de buena
voluntad.
Cuando se llega a ese punto se comprueba que hemos tocado hueso. Y
esa es la enorme dificultad que tiene esta proposición de ley. No que
sea revolucionaria en lo que de hecho plantea, aunque evidentemente,
si se admitiera a trámite, cosa que esperamos, aunque nos tememos que
no va a ser así, si se admitiera a trámite, digo, también nosotros
haríamos algunas enmiendas a algunos de sus artículos, tal cual
vienen planteados. No es ese el estadio en el que estamos, estamos en
admitir el principio de que el Instituto Cervantes como tal, y no
porque graciosamente lo acepten sus directores, sino por ley, tenga
como obligación reconocer y difundir el carácter pluricultural, y
algunos diríamos plurinacional, del Estado español. Eso es lo que en
este momento el Grupo Popular se va a negar a hacer. Y tendremos que
conformarnos con seguir pidiendo que nos vayan cayendo migajas de la
mesa del amo, que se nos siga permitiendo quizá que, como detalle
gracioso, se nos diga: No, no te quejes, fíjate que también los
poetas... Entonces te enseñan la estantería de poetas catalanes en el
centro de Dublín, por poner un ejemplo real. Y uno tiene que estar
agradecido a la generosidad de ese director que ha tenido a bien
reconocer o incluso dar un seminario sobre Josep Pla. Lo agradece
como si le estuvieran dando un premio en lugar de poder decir: Está
usted cumpliendo con su obligación. Porque, efectivamente, con esta
ley eso no es su obligación. Por eso nosotros, y termino, felicitamos
esta iniciativa y lo hacemos por lo que tiene de una vez más poner al
Partido Popular y al Partido Socialista, al que no he escuchado
todavía, pero en todo caso al Partido Popular, que es quien tiene
mayoría absoluta, ante sus propias responsabilidades, ante la propia
coherencia de su discurso y ante sus propias contradicciones.
Constitución, sí; respeto, sí; grandes discursos, pero cuando llega
la hora de la realidad que consiste en traducir eso en normas
jurídicas le tiemblan las piernas, no vaya a ser que una parte de las
personas que se supone que forman
parte de su electorado les pase factura por haber cedido algo a
vascos, catalanes o gallegos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.
Grupo parlamentario Socialista, señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Gracias, señor presidente.
Les voy a leer el artículo 3, apartado 3, de la Constitución
española, que dice así: La riqueza de las distintas modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección. Creo que ha llegado el momento de que
el Instituto Cervantes, creado bajo la emulación de instituciones
preexistentes en otros países, como la Alianza Francesa o el
Instituto Goethe, dé un paso adelante respecto a las lenguas
españolas distintas del castellano, lenguas que por otro lado han
convivido y conviven con el castellano, influyéndose mutuamente y
enriqueciéndose. Sobre nosotros sigue pesando el pasado y lo sigue
haciendo con argumentos explícitos a veces, las menos, implícitos las
más, pero argumentos todos ellos ideológicos y desde luego nada
científicos. Por no hurgar en la herida, voy a poner un ejemplo
extranjero. Martin Heidegger, que en su madurez se hizo miembro del
partido nazi, llegó a decir que sólo podía hacerse filosofía en
griego o en alemán. Claro que siglos antes otro germanohablante, que
a veces se nos olvida, llamado Carlos de Habsburgo, Carlos V, había
dicho que el alemán era un buen idioma para hablar con los caballos.
Pues ni lo uno ni lo otro. No hay lenguas superiores, ni hay lenguas
inferiores. Sí las hay habladas por más gente o por menos gente.
Hay también otra posible clasificación de las lenguas respecto al
sujeto que las usa. Por un lado, la lengua materna y, por el otro,
las lenguas aprendidas. Esto es relevante para el caso que nos está
ocupando. La lengua que rellena la estructura cerebral existente en
todo ser humano, la lengua materna, se convierte así en la lengua
natural de esa persona, el instrumento básico del pensamiento de ese
ser humano, y obligar a ese ser humano a no usarla, a sustituirla por
otra aprendida es un acto de crueldad, una tortura inaceptable. A eso
hemos asistido en España durante muchos años, demasiados años. Este
artículo de la Constitución que acabo de leer es también una consigna
a este respecto. Nos dice: ¡Nunca más! Pues bien, pensemos tan solo,
como aquí se ha dicho, en la literatura o en el pensamiento producido
en forma de libros en catalán, en gallego o en euskera. Esas
creaciones y los creadores que las han producido tienen todo el
derecho a ver promocionadas esas obras dentro y fuera de España, en
absoluto pie de igualdad con las obras en castellano. Esto es
indiscutible. Y el Instituto Cervantes es un instrumento, uno más,
para esas promociones de tipo cultural. Tengo
para mí que estos cambios legales que se anuncian y que, aunque ahora
se oponga el Partido Popular, se acabarán produciendo en nada
perjudican al castellano. Nuestra lengua, el castellano, tiene, sí,
algunos enemigos pero no son esos los enemigos. Los enemigos, en
general, son los cariños que le matan. Por ejemplo, esa falsa
retórica imperial, que en el fondo es pueblerina y de campanario, que
algunos escuchamos con horror, por ejemplo, en ciertas, muy pocas, es
verdad, intervenciones, durante el II Congreso de la lengua celebrado
días pasados en Valladolid. La retórica sí que es un enemigo del
castellano, no el catalán, ni el euskera, ni el gallego.
Tomar en consideración esta proposición de ley no obliga a quienes
vamos a votar a favor a suscribir de la cruz a la raya lo que han
escrito los representantes del BNG. La enmendaremos. Pero oponerse a
la toma en consideración creo que es de una cerrazón a estas alturas
del desarrollo de esta ley creadora, que lleva diez años, que no
tendrá futuro, se lo aseguro. En esta legislatura o en la próxima esa
ley u otra parecida pasará por los votos de los representantes
populares que somos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Leguina.
Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA. Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a fijar posición en nombre de mi grupo en la
proposición que se debate hoy, donde se plantea como imprescindible
-se dice- la modificación de la estructura de los fines y contenidos
del Instituto Cervantes para adaptarlo a la realidad plurilingüe
y pluricultural de España. Pues bien, cabe decir que el Instituto
Cervantes ya opera en los últimos años con un gran respeto y atención
hacia la plural realidad cultural y lingüística de España, de tal
modo que, siendo así, resulta por tanto incierta la premisa
fundamental de esta proposición. Y es que la iniciativa pierde toda
la razón de ser y cabría, podríamos decir, negar la mayor.
A pesar de que la ley que crea y regula el Instituto Cervantes sólo
hace referencia al castellano -y por cierto, si así se determinó no
fue, señor Leguina, por el deseo del Grupo Popular; por eso nos
sorprenden claramente esas palabras que usted acaba de exponer en la
tribuna, porque la ley la hicieron ustedes, señor Leguina, y me da la
impresión de que si a nosotros nos pesa el pasado a ustedes les
tendría que abrumar, porque ustedes fueron los autores de esta ley-,
la realidad es que en la práctica de estos últimos años los centros
del Instituto Cervantes vienen ofreciendo cursos de gallego, de
vascuence y de catalán, y el Instituto realiza un especial esfuerzo
para enseñar estas tres lenguas, como aquí se ha reconocido. La
prueba, y le voy a dar un dato
muy claro, es que, si son necesarios al menos ocho alumnos para
organizar un curso de español, se están impartiendo clases de
catalán, de vasco, de gallego con la inscripción de tan sólo dos
alumnos. Dos. El Instituto además ha tomado la iniciativa de ponerse
en contacto con la Real Academia Gallega, con el Instituto de
Estudios Catalanes o con la Real Academia de la Lengua Vasca, para
colaborar de una manera estrecha y abierta. También mantiene
magníficas relaciones de colaboración con el Instituto Catalán del
Mediterráneo. Asimismo, con el fin de dar cumplimiento al objetivo de
contribuir a difundir la cultura en el exterior se ha venido
promoviendo en todos los centros del Instituto una variadísima gama
de distintas actividades culturales, bien sea en cine, en teatro,
conferencias, exposiciones, etcétera, que han difundido muestras del
más rico y variado patrimonio cultural y lingüístico de España. Y es
que el Instituto Cervantes, señorías, promociona por igual a todos
los creadores españoles, con independencia de su lengua materna o de
expresión. Así, por ejemplo, le diré, y tendrán que comprender que
para mí es un ejemplo mucho más conocido y más próximo, cómo
escritores de la lengua gallega, como Suso de Toro o Manuel Rivas,
entre otros, han sido tenidos muy en cuenta por el Instituto, cuando
también de la misma manera se ha tenido en cuenta a escritores de
lengua catalana o vasca. Desearía que ustedes atendieran a este
pasaje que les voy a leer. En un concepto integrador de la cultura
española, el Instituto Cervantes debe atender las diversas lenguas
españolas, y lo hace ya en la práctica gracias al buen sentido de sus
gestores. Dichas aseveraciones son del escritor, editor y académico
catalán Pere Gimferrer que también tuvo el acierto de recordar que la
mención exclusiva a la lengua española que se hizo en la ley se
formuló en contra, en aquel momento, del criterio del Grupo Popular,
pues que fue mi grupo el que había presentado una enmienda, que fue
rechazada por el Grupo Socialista. También le tendría que decir al
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que en
aquel momento no se escuchó la sensibilidad especial de su grupo, a
la que usted se refería, porque ustedes ni siquiera intervinieron.
Esa es la realidad y ahora la realidad habla de que se están
atendiendo las otras lenguas de España. El Grupo Popular tiene la
conciencia tranquila, primero, por haber propuesto en su día tal
mención y, segundo, por el proceder actual del Instituto, donde se
está atendiendo claramente a esa realidad plurilingüe del Estado. Así
las cosas, no encontramos razones reales para modificar hoy las
pautas del funcionamiento de un Instituto Cervantes que está
trabajando con gran eficacia y atendiendo, insisto, a esa pluralidad
real, cultural y lingüística, de la que todos nos enorgullecemos.
Por otra parte, me van a permitir que les diga que, cuando se plantea
modificar la estructura del Instituto -la participación de las
comunidades autónomas o de los distintos órganos, la elección del
director-, no se
está respetando, por parte del autor de la iniciativa, la pluralidad
lingüística y cultural de España, tantas veces mencionada, de tal
modo que los proponentes están incurriendo en una contradicción que
desde algunas sensibilidades incluso podrían ser hirientes. Digo
esto, señorías, porque existe alguna otra comunidad autónoma con
idioma oficial propio, como es el caso de la Comunidad Valenciana,
omitida en esta proposición, o se deja de proponer la participación
de determinadas comunidades autónomas en esos órganos de Instituto
que comparten también como idioma oficial alguna de las lenguas que
se recogen en la iniciativa, y estoy pensando en el caso de las Islas
Baleares o en el caso de Navarra con el vascuence, del que se
reconoce su carácter oficial en las zonas vasco parlantes de la
Comunidad navarra.
Con independencia, señorías, de cuál sea nuestra querencia
lingüística, hemos de reconocer que el español es una de las dos
grandes lenguas mundiales y que la demanda de su enseñanza en todo el
mundo es notabilísima. Este dato, que es simplemente objetivo y que
no supone ningún menoscabo para el resto de las lenguas, quizás deba
tener reflejo en una singularidad. En todo caso, querría decirle que,
más allá de la querencia particular que podamos tener todos, todas
las lenguas merecen un respeto, una defensa y una promoción, pero
convendremos todos en que la demanda y el potencial de la lengua
española la convierten en un primus inter pares, primera entre
iguales. Lo cierto es -y eso es importante, señorías- que esa
singularidad del español, lejos de tener que suscitar recelos, debe
convencernos, como lengua vincular que es -esto es, como instrumento
que favorece y facilita claramente las actividades comerciales,
culturales, etcétera-, de que también está favoreciendo a todos lo
españoles, incluidos, por supuesto, los gallegos, los catalanes, los
vascos, los valencianos, los baleares, etcétera. Esa fuerza del
español, capaz, además, de introducirse en otras culturas, beneficia,
señorías, a otras lenguas del Estado; el español es un ariete que
abre camino y facilita la posterior difusión de las otras lenguas y
culturas, la mejor estrategia, que avalan, por cierto -tengo que
decírselo también al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco- los
nacionalistas más abiertos. Es hacer lo que hace el Cervantes
-dicen-, utilizar el extraordinario prestigio y potencial de español
para difundir todas las lenguas y expresiones culturales de España.
Por tanto, debe insistirse en que no todo debe fiarse a la ley y a su
modificación. Con ello quiero decir que debemos fijarnos más en lo
que acontece en la práctica y no sólo en lo que disponen las normas.
Si la práctica está resultando correcta, ¿para qué marcar nuevas
pautas que en alguna ocasión pueden volverse en contra? Recuerden,
por ejemplo, lo que les decía del número de exigencia de alumnos para
dar unas clases de gallego, vasco o catalán. Señorías, creo
sinceramente que, en ocasiones, las formalidades podrían incluso
volverse
en contra. Por tanto, en este momento es mejor dejar que el Instituto
Cervantes siga su curso de actuaciones eficaces con el actual marco
legal y, a la hora de difundir las otras lenguas, parece oportuno
procurarse otros mecanismos, y es lo que hace el Grupo Popular, que
perfeccionen lo que ya está realizando, como he dicho, el Instituto
Cervantes; mecanismos en los que se pueda conciliar la flexibilidad
por un lado y la garantía de continuidad por otro. Me refiero, sin
duda, a los convenios entre el Instituto y las comunidades autónomas.
Ésa es la vía por la que apuesta en este momento el Grupo Popular,
ésa es la vía que se refleja en una proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Popular y que esperamos sea aprobada pronto en el
Congreso de los Diputados.
En definitiva, y con esto termino, señorías, en esta materia el Grupo
Popular seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, defender la
convivencia, la armonía lingüística, un armónico modelo de
convivencia lingüística, que, por cierto, en alguna ocasión, señor
Leguina, ha sido impugnado en Galicia por el Grupo Socialista,
llevándonos al Tribunal Constitucional. Como recordó en esta misma
Cámara don Manuel Azaña, cada una de las lenguas a las que atiende el
Instituto Cervantes tiene su parte alícuota en la cultura de España y
es absurdo crear la discordia o el resquemor injustificado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Sainz. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Se somete a votación la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Mixto, señores Aymerich, Rodríguez
y Vázquez, relativa a la reforma de la Ley 7/1991, por la que se crea
el Instituto Cervantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 130; en contra, 166; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL DEBATE
Y APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY DE MONTES. (Número de expediente
162/000350.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa al debate y aprobación de un proyecto de ley de
montes.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el papel beneficioso que juegan los terrenos forestales en
el equilibrio de la naturaleza y el conjunto de funciones ecológicas,
sociales y económicas que los montes desempeñan son de todos
conocidos. Los montes suponen un freno en los procesos de erosión,
fundamentalmente en las cabeceras de las cuencas; suponen un freno en
los procesos de desertización; los montes suponen la salvaguarda de
la biodiversidad, y conviene, señorías, que mencionemos el importante
papel que los territorios forestales deberán tener en la conservación
de la futura red Natura 2000, ya que las áreas forestales albergan
los ecosistemas menos alterados y por ello poseen un valor añadido de
carácter refugio de hábitat y especies de flora y fauna silvestres.
Los montes actúan como sumideros de dióxido de carbono, con un
relevante papel para combatir el cambio climático, tal como se
definirá estos días en la cumbre del clima de Marrakech. Los montes,
señorías, cumplen la importante función social de contribuir al
asentamiento y fijación de la población en el medio rural y son
generadores de empleo. Los montes, en fin, y sin ánimo de ser
exhaustiva, cumplen una importante función económica que no cabe
minimizar.
Estas múltiples funciones no están desarrolladas en la legislación
básica del Estado en materia forestal, que continúa siendo la Ley de
Montes de 1957, que ha cumplido sin duda alguna una importante
función, pero que en la actualidad, tras más de 40 años de vigencia,
debe adecuarse a otros criterios, tendencias y demandas. No creo
equivocarme, señorías, al afirmar que todos los grupos parlamentarios
de esta Cámara consideramos necesaria una nueva ley de montes, y este
es el sentido de la proposición no de ley que hoy trae a debate el
Grupo Popular. Junto a la necesidad a la que he aludido
anteriormente, la elaboración de un proyecto de ley de montes es en
primer lugar un mandato que emana de la Constitución de 1978. Es
asimismo una de las propuestas que figuraban en el programa electoral
del Partido Popular y, como conocen bien SS.SS., el Partido Popular
considera esencial el cumplimiento del programa electoral ya que
supone un compromiso adquirido con los ciudadanos. Es también, y
perdonen la reiteración, un compromiso adquirido por el Gobierno en
el debate sobre el estado de la Nación en el mes de junio de este
año.
Es ahora, señorías, el momento adecuado para solicitarlo ya que, como
sin duda ustedes conocen, el Ministerio de Medio Ambiente acordó con
las comunidades autónomas que, previamente a la ley de montes, debía
procederse a la elaboración, debate y aprobación de la estrategia
española para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y
de la estrategia forestal española que, como recordarán SS.SS., se
presentaron
antes de finalizar la pasada legislatura y alcanzaron un alto grado
de consenso y apoyo social. El pleno desarrollo de ambos planes a los
que me he referido, se alcanzará a través del plan nacional forestal,
anunciado por el presidente del Gobierno y que contará con una
dotación de 350.000 millones de pesetas y con una nueva ley de montes
y aprovechamientos forestales que tendrá carácter de legislación
básica.
Fue precisamente a principios de esta legislatura cuando el Grupo
Parlamentario Socialista volvió a traer a la Cámara el texto de una
proposición de ley sobre uso y aprovechamiento sostenible de los
espacios forestales, que ya había sido rechazada dos años antes. El
rechazo a la proposición de ley en aquel momento por parte de varios
grupos parlamentarios se motivó por el carácter intervencionista del
texto, por ser excesivamente reglamentista, algo impropio de un texto
legal con carácter de legislación básica, y por ser confiscatorio
para la superficie forestal de propiedad privada. No conviene que
olvidemos que los terrenos forestales suponen el 52 por ciento de la
superficie española y que aproximadamente un 70 por ciento de esta
superficie es de propiedad privada.
El Grupo Parlamentario Popular considera que la nueva ley de montes
debe adaptarse al sistema de distribución competencial establecido en
la Constitución y a la realidad actual de los montes españoles,
sensiblemente distinta a la que existía en 1957. La nueva ley de
montes deberá delimitar con claridad las competencias en la materia
de las distintas administraciones y los mecanismos de cooperación y
coordinación entre ellas. (La señora vicepresidenta, Becerril
Bustamante, ocupa la Presidencia.) Nuestro grupo parlamentario
considera que el proyecto de ley que llegue a esta Cámara para su
debate y aprobación debe ser fruto del consenso con las comunidades
autónomas, los propietarios forestales, los sindicatos, los grupos
sociales interesados en la conservación de los montes y un largo
etcétera. Conviene resaltar la importancia del consenso con las
comunidades autónomas que tienen las competencias de gestión forestal
pues muchas de ellas cuentan ya con leyes autonómicas y con sus
propios planes forestales. Sin embargo, señorías, el consenso debe
alcanzarse con todas ellas, no solamente con Extremadura, Castilla-La
Mancha y Andalucía, como hizo el Grupo Parlamentario Socialista al
elaborar su proposición de ley. No puede olvidarse al resto de las
comunidades autónomas, señorías del Partido Socialista, y ello por un
hecho tan obvio como que los ámbitos, problemas y factores forestales
de nuestro país son enormemente diversos, tan diversos como un bosque
atlántico gallego, un bosque alpino aragonés, una dehesa extremeña,
el monte mediterráneo andaluz o balear o las formaciones de
laurisilva canarias.
La nueva ley de montes deberá consignar su multifuncionalidad
y atender a sus funciones ecológicas, socioeconómicas, protectoras,
recreativas, culturales y
educativas e integrará igualmente en la política forestal española
los grandes retos de la política medioambiental internacional a nivel
global, como son la lucha contra la desertificación, el cambio
climático y la conservación de la biodiversidad.
La nueva ley de montes deberá considerar como algo esencial el hecho
citado anteriormente de que cerca del 70 por ciento de la superficie
forestal española es de propiedad privada, ya sean montes en mano
común, propietarios particulares de grandes, medianas o pequeñas
superficies, cooperativas, etcétera. Consideramos esencial contar con
los propietarios forestales para conseguir una norma adecuada a la
realidad y efectiva en su aplicación y consideramos necesario
acometer una adecuada política de incentivación económica de los
montes privados para compensar las externalidades positivas que el
monte ofrece.
En fin, señorías, la nueva ley de montes deberá tener como principio
básico la gestión sostenible del monte y los instrumentos de gestión
deberán permitir el acceso a los fondos europeos.
La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular insta al
Gobierno a presentar a la Cámara un proyecto de ley de montes que
recoja los modernos criterios de gestión de los espacios forestales,
respetando el marco competencial de las comunidades autónomas. Esa
es, señorías, la propuesta que espero que tenga el voto afirmativo de
la Cámara. En definitiva, se trata de ordenar nuestra riqueza
forestal, se trata de potenciar la complicidad entre el ser humano y
el monte, tal como escribió Unamuno en una célebre frase que voy a
leer: No sólo el cuerpo se limpia y restaura con el aire sutil de los
montes, sino que también el alma se enriquece con el ancho silencio
de las cumbres.
Señorías, lo que legislemos en favor de nuestros montes enriquecerá,
en definitiva, al ser humano mismo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora De
Lara. ¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer en primer lugar al Partido Popular que nos anuncie
la próxima presentación por el Gobierno del proyecto de ley de montes
y expresar nuestro deseo de que este proyecto de ley tenga en cuenta
la triple vertiente del monte: la económica, la ecológica y la
social; en segundo lugar, que atienda y contemple la diversidad
existente en el conjunto del territorio del Estado, sea en formas de
propiedad o en las capacidades productivas y, en tercer lugar, que
recoja no sólo las normativas existentes actualmente en las distintas
comunidades autónomas, sino que además permita la posibilidad de
seguir ejerciendo en el futuro esa capacidad normativa y competencial
y no vaya por la vía de encorsetarla o impedirla.
Por lo demás, todo lo que signifique ajustar la normativa a la
realidad, todo lo que signifique impulso a esta importantísima
actividad productiva y a la diversificación y conservación del medio
ambiente bienvenido será.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Vázquez.
El señor Núñez tiene la palabra.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.
También muy brevemente, intervengo para manifestar la posición
andalucista en el sentido de que nos parece bien que el Estado
modernice y revise su legislación -es muy antigua la que tiene de
montes- y, por tanto, sea bienvenida una legislación genérica,
global, referente a un aspecto tan importante desde el punto de vista
ecológico como los montes.
También quiero manifestar aquí que la Comunidad Autónoma de Andalucía
tiene reconocida en su estatuto competencia exclusiva en materia de
montes, tiene aprobada una ley forestal desde el año 1992, tiene
aprobados reglamentos, tiene una amplia legislación de desarrollo de
montes. Espero que, para elaborar esta legislación, el Gobierno
busque una especie de marco genérico de concordia entre las
legislaciones de las comunidades autónomas que tienen competencia
exclusiva y que pueda profundizar en algunos aspectos que son
claramente competencia del Estado, como los fiscales o los de
coordinación general de instrumentos -como digo, en el caso andaluz
hay planes forestales vigentes funcionando- y que en ningún caso se
produzca una especie de armonización forzada a legislaciones que
responden a situaciones geográficas y ecológicas realmente
heterogéneas y que sólo admiten aproximaciones genéricas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Núñez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Basta con ver la fecha que se invoca en esta iniciativa del Grupo
Popular de la vigente Ley de Montes, 1957, para saber que estamos
regidos por una especie de antigualla que ni siquiera cumple ya con
las finalidades relativas a los aspectos de gestión medioambientales,
multifuncionales, multiuso, de protección de la naturaleza y de marco
de una serie de ecosistemas zoológicos y botánicos y que tenemos que
cambiar la norma; una
norma elaborada una con inteligencia y con el respeto que se debe a
las leyes orgánicas que señalan las competencias de las comunidades
autónomas.
Mi grupo quiere hoy dar su apoyo a una nueva ley de montes, instando
al Gobierno para que la mande en un plazo razonable a debate de esta
Cámara y que no quede sine die. Comunidades autónomas como la
canaria, que tiene su propia legislación y, por su posición
geográfica, tiene no unos bosques de flora mediterránea como la
península Ibérica, pero sí una flora atlántica, también necesitan de
una armonización y de una coordinación para que piezas obsoletas que
vienen de la Ley de 1957 desaparezcan en figuras demaniales, en
figuras de competencias de los ayuntamientos, de las comunidades
autónomas ahora en este caso, para racionalizar su competencia; sobre
todo en la Península es necesario armonizar competencias de las
comunidades autónomas con lo que es el monte, el bosque
fundamentalmente mediterráneo, que sobrepasa lo que son los límites
competenciales, geográficamente hablando, de las comunidades
autónomas, porque no solamente una comunidad autónoma o dos en la
Península son las que tienen bosque mediterráneo, aparte de otro tipo
de bosque o de flora alpina o subalpina.
Por tanto, se trata de buscar un proceso de racionalización, porque
incluso los enemigos del bosque ya no son los de 1957, en una España
de economía autárquica, donde el monte era una fuente de energía, hoy
afortunadamente también obsoleta, en los procesos de formación de
leña para su utilización en la vida doméstica. Sin embargo, las
nuevas agresiones, no son solamente los incendios forestales, sino la
desertificación, la deforestación que se está produciendo, la
agresión de determinadas obras públicas y es necesario protegerlos
con una nueva ley. De aquí que mi grupo se congratule por esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y la apoye en todos los
sentidos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Buenas tardes. Arratxaldeon.
El Grupo Parlamentario Vasco va a posicionarse a favor de esta
proposición de ley, una proposición de ley en la que se insta al
Gobierno a presentar al Congreso para su debate la ley de montes, que
espero tenga ya redactada, y a que respete el marco competencial
existente.
Como ya se ha comentado por los ponentes anteriores, todo ello es
evidente si analizamos que la vigente Ley de Montes es de 1957 y,
lógicamente, precisa de una actualización. Es evidente también si se
sabe que en la actualidad las comunidades autónomas tienen
competencia exclusiva en dicha materia e igualmente es evidente si se
sabe que muchas de ellas han desarrollado una legislación propia y
específica del territorio sobre el que trabajan, adecuándolas además
a las normativas que la Unión Europea ha ido desarrollando en esta
materia, aspecto muy importante y destacable.
Dicho esto, no les oculto cierta preocupación por el uso, y a nuestro
juicio abuso, que se está realizando en la regulación de materias, en
donde, amparados por el título de ordenación general de la economía,
se está procediendo a una verdadera regresión de la realidad
autonómica. Nos preocupa especialmente cuando en la exposición de
motivos de esta proposición no de ley se manifiesta que la ley
estatal ha de recoger todas las normativas de forma integradora y
conformando un perímetro que las abarque. Sinceramente, la
experiencia integradora no es precisamente el fuerte del Partido
Popular ni del actual Gobierno. Acabamos de tener una muestra, por
ejemplo, con la nueva organización y actualización del Instituto
Cervantes y en la Ley de Universidades, que estamos tramitando. A
nuestro juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno en esta materia,
es redactar, en su caso, una ley básica simple, que sea precisamente
una ley de bases; estudien cómo actúa y con qué modelos juega la
Unión Europea cuando crea normativa, sobre todo en estas materias,
porque, de otra manera, difícilmente se van a poder integrar
realidades tan distintas, con diversidades climáticas tan
diferenciadas, con suelos, especies forestales y hasta regímenes de
propiedad tan diversos y peculiares como los que tenemos en el
conjunto del Estado. No puede haber una homogeneización de dichas
realidades en aras a una hipotética y teórica ordenación general de
la economía y de la homogeneización política. Quiero creerles cuando
manifiestan que este no va a ser el espíritu de la próxima ley. Por
ello, como les anunciaba, vamos a darles un voto de confianza al
votar afirmativamente esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero que va a hacer el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida es felicitar al Grupo Parlamentario Popular, porque
no hace tanto tiempo que estábamos discutiendo en esta Cámara una
iniciativa de otro grupo parlamentario, precisamente para modernizar
la Ley de Montes, que ya sabíamos desde hace tiempo que era obsoleta,
y en cuyo debate se dieron los mismos argumentos que la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular nos daba hoy desde la tribuna. En aquel
momento, el Grupo Parlamentario
Popular no parecía tener en cuenta ni haber visto todavía la
necesidad ni la urgencia de la nueva redacción de una ley de montes o
de gestión sostenible de los bosques o llámenla como quieran ustedes
llamarla. La urgencia no viene dada ahora, la urgencia viene dada ya
desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de una norma del año
1957 que se quedó obsoleta hace ya muchísimos años y que, desde
luego, si ahora es urgente, hace un año o menos de un año también lo
era. Además, señorías, nosotros estamos acostumbrados aquí a los
incumplimientos reiterados. Lo que hace el Grupo Parlamentario
Popular es instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley a
esta Cámara cuando el Gobierno ya ha anunciado que lo va a presentar.
Así tienen ustedes garantizado que el Gobierno cumple con las
iniciativas que el grupo parlamentario presenta en esta Cámara y que
son aprobadas. Los compromisos han sido reiterados, no solamente en
el último debate sobre el estado de la Nación, han sido reiterados en
la legislatura pasada y en esta, y la ley de montes o una ley básica
que recoja la gestión global de los montes en el Estado español no ha
sido aún presentada.
La redacción urgente no viene dada, sóla y exclusivamente, porque se
necesite establecer un nuevo marco de gestión de los espacios
integrados en la Red Natura 2000, sino porque, desde hace mucho
tiempo, se necesita una gestión sostenible del monte y porque,
señoría, no solamente hay necesidad de poder instaurar marcos mucho
más generales, para que se puedan establecer fiscalidades
e incentivos a la conservación del monte, sino porque hace muchos años
que el propio monte viene demandando esa conservación medioambiental
que necesita y, hasta ahora, el Grupo Parlamentario Popular y el
Gobierno, al que sustenta el Grupo Parlamentario Popular, han hecho
oídos sordos a esa demanda. De ahí nuestra felicitación, aunque con
un poco de retraso, porque se hayan dado ustedes cuenta.
A nosotros nos hubiera parecido mucho más inteligente que se hubieran
admitido a trámite las iniciativas que se presentaron, porque
llevaríamos un gran camino ya avanzado y estaríamos en condiciones de
poder hablar de una gestión mucho más integrada de los montes a nivel
de todo el Estado español, que no quiere decir uniforme, porque es
cierto que hay diferencias bastante sustanciales entre las distintas
comunidades autónomas, no porque sean comunidades autónomas
específicas, sino porque su realidad territorial y sus montes son
realmente diferentes. Por tanto, señorías, mi grupo parlamentario no
termina de creerse que esto vaya a servir de mucho. Ustedes no le
marcan ningún tipo de plazo al Gobierno para que presente aquí la
ley; con esa urgencia que dicen ustedes que necesita la redacción de
una nueva norma legal, no le plantean al Gobierno que la presente en
un plazo determinado de tiempo y desde luego no creemos que el
Gobierno, si no tiene intención de traerla, aunque lo haya anunciado,
la vaya a traer por mucho que se apruebe esta iniciativa
en la que, como de costumbre, el Partido Popular le dice al
Gobierno que debe hacer algo cuando en realidad el Gobierno ya
debería haberlo hecho y se ha hecho caso omiso al resto de los grupos
parlamentarios cuando se ha demandado con los mismos argumentos que
hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Popular esgrimía desde la
tribuna. Bienvenidos sean ustedes a la inquietud y a la necesidad de
una nueva redacción de la Ley de Montes.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo brevemente desde el escaño
para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta
al Gobierno a presentar en esta Cámara un proyecto de ley de montes
que sustituya a la norma de 1957 y que recoja criterios modernos de
gestión de espacios forestales respetando el marco competencial de
las comunidades autónomas. Efectivamente, como no puede ser de otra
manera, estamos de acuerdo con las intenciones que se desprenden de
esta proposición no de ley y, por tanto, votaremos a favor de la
misma; es decir, que el Gobierno presente un proyecto de ley que
respete el marco competencial de las comunidades autónomas. Pero como
sé que el Gobierno sigue de cerca los debates parlamentarios, quiero
hacer algunas sugerencias antes de que la ley entre en esta Cámara.
La política forestal no es uniforme ni puede ser la misma en todo el
territorio del Estado ni puede ser la misma en todo el territorio de
la mayoría de las comunidades autónomas. La ley debe ser un marco
amplio, que permita a las comunidades autónomas con competencias
adecuarla a la realidad de cada territorio. Una ley excesivamente
reglamentista iría en contra de la voluntad de la Constitución. No
obstante, se nos presenta una gran oportunidad en un tema donde el
Estado sí tiene competencias, y me refiero a la fiscalidad. Sepan,
señoras y señores diputados, que sería muy adecuado que ese proyecto
de ley que presentará el Gobierno tuviese un capítulo dedicado a la
fiscalidad en materia forestal. Ese sería un planteamiento innovador
al que tienden los países más adelantados en este momento.
Para acabar, señoras y señores diputados, me felicito por que la
proposición no de ley deje clara la voluntad de respeto de las
competencias de las comunidades autónomas. No obstante, y a la espera
de conocer el texto definitivo, entendemos que no será fácil lograr
que la ley sea capaz de recoger los modernos criterios
de gestión sin invadir competencias propias de las comunidades
autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, intervengo para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Socialista a este despropósito de iniciativa
parlamentaria que el grupo del Partido Popular ha tenido la osadía de
presentar para su debate en el Pleno de esta Cámara. Ni siquiera han
tenido la valentía de temporalizar y acotar el plazo de presentación
del archianunciado proyecto de ley de montes, como lo denominan
ustedes en la proposición no de ley que estamos debatiendo. Le tengo
que reconocer, señora De Lara, el esfuerzo intelectual que ha tenido
que realizar para intentar convencernos de las bondades de esta
iniciativa parlamentaria. Ha hecho usted un ejercicio digno de
destacar para que, al final, nadie pensara que con esta iniciativa
nos estaba usted tomando el pelo. En concreto, lo único que le dice a
su Gobierno es que presente un proyecto de ley, cuya presentación
llevan años anunciando, además sin fecha para que no les comprometa.
Pero la realidad es otra. Esta iniciativa no es más que un balón de
oxigeno que le quieren dar a su Gobierno ante la falta de compromiso
electoral desde el año 1996, ante la falta de cumplimiento de las
promesas realizadas por la titular del Ministerio de Medio Ambiente
en la legislatura anterior, ante el incumplimiento del propio
presidente del Gobierno durante el debate de investidura y del actual
titular del Ministerio de Medio Ambiente en su gestión. Todos
apostaron fuerte por la aprobación de una nueva ley de montes y el
impulso de la política forestal. El resultado es esta proposición no
de ley, ese es todo su esfuerzo. Después de ese año, seguimos igual,
con una falta total de iniciativa política hacia esta materia, con el
agravante de que han tenido dos oportunidades de haber enmendado la
plana. Me refiero, como todos ustedes saben, a la presentación por
parte de mi grupo de la proposición de ley sobre el uso y
aprovechamiento sostenible de los espacios forestales, en la anterior
legislatura y en la presente, siendo rechazadas en ambas ocasiones su
toma en consideración.
Hay que reconocerles que en nuestra última legislatura presentaron
una proposición de ley para modificar la Ley de Montes de 1957; se
sorprendía el Grupo Popular de que presentáramos 122 enmiendas a esa
iniciativa, que ponía en duda la creatividad de su partido. El tiempo
nos ha dado la razón, señora De Lara. Cuando empezaron a gobernar ni
siquiera la presentaron como proyecto de ley, prueba evidente de que
no tenía
que ser tan buena la iniciativa que tomaron ese año. Lo que quiero
recalcar de ese período legislativo es el hecho de que el Partido
Socialista aceptó su tramitación parlamentaria, cosa que ustedes no
han hecho en las dos ocasiones que la hemos presentado.
Independientemente de las críticas que se pudieran hacer al
contenido, el Grupo Parlamentario Socialista pretendía en esos
momentos abrir un debate social y parlamentario para que se acabara,
de manera urgente y con carácter prioritario, con un vacío normativo
existente en nuestro ordenamiento, que reorientara el uso y la
explotación de los espacios forestales en todo el territorio español
y que respondiera al objetivo de una auténtica política forestal
sostenible, en sintonía con los principios y contenidos establecidos
por los convenios internacionales.
Hasta el momento, ¿qué han hecho ustedes? Varios borradores y
promesas de presentar el proyecto de ley, que nunca se cumplen. Con
esta iniciativa quieren dar un paso más hacia la nada, pero con un
objetivo muy claro, escudarse en el mandato de esta Cámara para que
ningún grupo parlamentario le pueda presentar iniciativas que pongan
de manifiesto la incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente en esta
materia, acorde con el compromiso de su Gobierno que tiene con la
política ambiental, un compromiso de imagen, como lo pone de
manifiesto el desarrollo de la estrategia forestal española y el
funcionamiento del Consejo Nacional de Bosques. Señoría, han
transcurrido dos años desde la aprobación de la estrategia forestal
española y, aunque la misma señalaba la urgencia de modificación
normativa y la adopción de medidas y de programas de investigación,
no se ha adoptado ninguna medida relevante por parte del Ministerio
de Medio Ambiente, sin perjuicio de la firma de algunos convenios
sectoriales de investigación con las universidades u otros
organismos. El Consejo Nacional de Bosques fue creado por Real
Decreto 203/2000, de 11 de febrero, como órgano colegiado, consultivo
y asesor en materia de montes y recursos forestales, adscrito al
Ministerio de Medio Ambiente, sin que se conozca de manera clara su
operatividad y funcionamiento; prueba de ello es que todavía no se ha
presentado el proyecto de ley de montes.
El mal endémico de todo esto, señores diputados del Partido Popular,
es la falta de personal en el Ministerio de Medio Ambiente, como
reconoció la propia subsecretaria en su comparecencia de los
Presupuestos Generales del Estado del Ministerio. A ustedes, señorías
del Partido Popular, no les interesa el impulso de las políticas
ambientales, por eso mantienen bajo mínimos la estructura
ministerial; de ahí que se le acumule la transcripción a nuestro
marco jurídico de directivas comunitarias, su desarrollo, que
presenten pocas iniciativas legislativas y que inviertan poco en
programas de calidad ambiental y de protección y mejora del medio
natural. Habrá que recordar al señor ministro que el medio ambiente
no es sólo agua, porque el resto de programas
son las marías del Ministerio. Hablando de agua, esperemos que
el Plan Nacional Forestal no tenga los antecedentes del Plan
Hidrológico Nacional, ya se va pareciendo en el incumplimiento de su
presentación, pero esperemos que no se modifique la Ley de Montes con
el mismo objetivo que se hizo la Ley de Aguas, en el sentido de la
articulación y el mercantilismo de un recurso público como era el
agua en ese momento. Esperamos que ahora primen los valores
ambientales por encima de los puramente económicos y que la
aprobación de la Ley forestal y del Plan nacional no sea un paseo
militar como han hecho con el Plan Hidrológico Nacional. Cuenten con
las comunidades y las organizaciones ecologistas, no caigan en el
mismo error de falta de consenso. Han tenido todo el tiempo del mundo
y con esta iniciativa se dan también un plazo ilimitado para la
presentación de una nueva ley forestal. En lo que confiamos desde mi
grupo es en que la espera merezca al menos la pena y que se ponga de
manifiesto la multifuncionalidad y la producción de biodiversidad de
los espacios forestales españoles, que presente una iniciativa donde
prime lo general sobre lo particular, porque todos los ecosistemas
forestales contribuyen en la misma medida al mantenimiento de la
calidad de vida presente y futura de la totalidad de los ciudadanos.
Señorías, la calidad del agua, del suelo, del aire, así como la
preservación de la biodiversidad dependen en gran medida de la
calidad y extensión de espacios forestales. Le reiteramos, señoras y
señores diputados del Partido Popular, la urgencia de la presentación
del proyecto de ley ante el papel tan esencial que juegan nuestros
bosques en la conservación, protección y recuperación de los recursos
hídricos, de la biodiversidad, del paisaje y de los suelos, evitando
su erosión y contribuyendo a la lucha contra la desertificación. Al
mismo tiempo son generadores de riqueza y contribuidores al
desarrollo social, económico y cultural y, en particular, al
mantenimiento de las poblaciones locales. Permítanme, señorías, un
símil: el Ministerio del Medio Ambiente es como el perro del
hortelano que ni come ni deja comer, en este caso, ni legisla ni deja
a las comunidades autónomas desarrollar sus competencias al no
transferir los fondos europeos para desarrollar su política forestal
y sus programas operativos regionales aprobados por la Unión Europea.
Cuatro años sin recibir un duro de los fondos europeos que ustedes
gestionan por falta de voluntad del Gobierno para acordar la
ejecución de dichas inversiones con las comunidades autónomas.
Ustedes han barajado diversas formas de instrumentación sin que se
haya establecido la definitiva que, conjuntamente con las
insuficientes partidas presupuestarias que se programan desde el
Ministerio de Medio Ambiente, están produciendo graves consecuencias
en la gestión de los bosques, en la prevención de los incendios
forestales y en la conservación de la biodiversidad.
Esta iniciativa parlamentaria que han presentado ustedes hoy aquí es
un verdadero brindis al sol en la
que instan al Gobierno a presentar a esta Cámara para su debate y
aprobación un proyecto de ley de montes que sustituya a la norma de
1957 y recoja los modernos criterios de gestión de los espacios
forestales, respetando el marco competencial de las comunidades
autónomas. Es curioso, ni la temporaliza, como dijimos al principio,
ni en la parte dispositiva aparece la palabra sostenible.
Nosotros queremos que haya una ley de montes, como lo demuestra la
presentación por parte de nuestro grupo de una proposición de ley que
se ha visto en las dos legislaturas que ustedes han gobernado. Lo que
no queremos es caer en su dinámica apoyando este despropósito que le
dice al Gobierno lo que es su trabajo y responsabilidad. En
definitiva, señorías, mi grupo parlamentario va a votar en contra
porque esto no es nada más y nada menos que marear la perdiz, darle
un balón de oxígeno a la incompetencia y a la falta de compromiso
político del Gobierno del Partido Popular. Tiempo han tenido de sobra
para demostrar su voluntad política en materia forestal. Lo que
teníamos que estar debatiendo hoy en esta Cámara, señora De Lara, es
el proyecto de ley forestal. Lo que están ustedes haciendo es dilatar
la puesta en marcha de los planes forestales.
Señores y señoras diputadas del Partido Popular, con este tipo de
iniciativas no se lidera la política ambiental de este país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, a continuación sometemos a votación
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso relativa al debate y aprobación de un proyecto de ley de
montes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 172; en contra, 99; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AYUDA DE EMERGENCIA A LOS
REFUGIADOS AFGANOS. (Número de expediente 162/000360.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AYUDA
HUMANITARIA A FAVOR DE LA POBLACIÓN AFGANA. (Número de expediente
162/000368.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre ayuda de emergencia
a los refugiados afganos, que se debatirá conjuntamente con la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
sobre ayuda humanitaria a favor de la población afgana.
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Socialista, presento
la proposición no de ley de ayuda de emergencia a los refugiados
afganos. La situación de la población civil en Afganistán, con dos
millones y medio de refugiados afganos en Pakistán y dos millones en
Irán, se ha hecho insostenible en las últimas semanas. De este
número, como de casi todos los refugiados del mundo, el 75 por ciento
está compuesto por mujeres y niños. Los acontecimientos dramáticos
del pasado 11 de septiembre hicieron que los Estados Unidos y la
coalición conformada con el resto de los países usaran la fuerza en
legítima defensa contra el terrorismo fundamentalista. Todos nos
hemos sentido golpeados y heridos, pero las consecuencias que este
ataque ha tenido y tiene sobre la población civil de Afganistán, con
el masivo éxodo de desplazados, también incumbe a nuestras
responsabilidades. Nuestro derecho y nuestra responsabilidad es
defendernos de este terrorismo, pero también es nuestra
responsabilidad hacernos cargo de las consecuencias que está teniendo
una vez más en las poblaciones civiles. El Comité Internacional de la
Cruz Roja mantiene que de cada diez víctimas que se producen en este
conflicto, nueve son civiles. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la presidencia.) Habitamos un universo, señorías, donde es más
seguro ser soldado o empuñar un arma que ser población civil. Hanna
Arendt en plena Segunda Guerra Mundial afirmó: o todos nos salvaremos
o todos pereceremos. Esta frase resume bien la situación
internacional en la que nos encontramos. Construimos nuestras
democracias occidentales basadas en los principios y valores de la
Revolución Francesa y de la Ilustración, donde la igualdad de todos
los seres humanos es la base de nuestra convivencia.
Pues bien, señorías, si esto es así -y eso espero-, la vida de los
refugiados y de los desplazados afganos nos incumbe a todos nosotros.
No tendremos más remedio que admitir que son nuestra responsabilidad
y no sólo de los países limítrofes donde se asientan desde hace 22
años. Pakistán e Irán, los países limítrofes que han asumido en los
últimos años una carga que debería hacernos sonrojar a todos, son
países pobres, con dificultades políticas, donde la obligación de
asumir esta carga insostenible puede provocar la extensión del
conflicto, como estamos viendo ahora en Pakistán. De cualquier
manera, señorías, la situación de los refugiados afganos se ha
agravado en las últimas cuatro semanas,
pero no es nueva. El 25 de abril de este año, la Comisión de
Cooperación al Desarrollo rechazó, con los votos de la mayoría del
Grupo Popular, una proposición no de ley que presentó mi grupo
parlamentario el 22 de febrero, donde instábamos al Gobierno a
responder a los llamamientos del ACNUR y a otras instancias
humanitarias con relación a la situación de los refugiados y
desplazados afganos. Todos ustedes conocen, señorías, que Afganistán
es el país más pobre de Asia, aún cuando no sea mas que por las
imágenes que la agencia de noticias árabes, Al Yazira, nos transmite
a través de la CNN. Sabemos que los ciudadanos afganos se hacinan
frente a fronteras cerradas, Pakistán, Irán, Tayikistán,
Turkmenistán. La Convención de Ginebra de 1951 para la protección de
las personas solicitantes de asilo y refugio, así como el derecho
internacional humanitario desarrollado después de la Segunda Guerra
Mundial, nos conminan a respetar el derecho de las personas a salir
de su territorio por persecución y temor a perder su vida. Señorías,
me pregunto y les pregunto: ¿por qué no se abren corredores
humanitarios, como se hizo en el conflicto de los Balcanes? Ante
todos esos argumentos, mi grupo parlamentario ha presentado esta
proposición no de ley y hoy mismo, ante las enmiendas presentadas por
otros grupos parlamentarios, hacemos una propuesta transaccional que
pretende recoger los aspectos fundamentales de todas ellas.
En primer lugar, formar parte del grupo que asuma compromisos con el
ACNUR, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados para el reasentamiento de refugiados afganos y realizar
gestiones en el seno de la Unión Europea para el desarrollo de un
programa de acogida temporal a refugiados y desplazados afganos.
España no ha asumido ninguna carga de reasentamiento de refugiados de
terceros países, tal como conminaba a lo largo de todo el año 2001 el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados; es más,
desde 1997 han llegado a España 293 ciudadanos afganos por sus
propios medios, de los cuales sólo 52 han obtenido el estatuto de
refugiado. A otros cuatro se les ha dado el estatuto humanitario
contemplado en los artículos 17.2 y 17.3 de la Ley de Refugio.
En segundo lugar, responder a los llamamientos realizados por las
instancias humanitarias internacionales en relación con los
refugiados y desplazados afganos, incrementando sustancialmente
mediante los oportunos aumentos de los créditos presupuestarios las
aportaciones de España al ACNUR y al resto de organismos de Naciones
Unidas afectados por la magnitud de la crisis. Señorías, España
contribuye de forma ordinaria tan sólo con el 0,5 por ciento del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas, y es el penúltimo país en niveles
de contribución per cápita de toda la Unión Europea. En esta
proposición no de ley estamos pidiendo no sólo esta contribución
voluntaria ordinaria, sino una contribución suplementaria que todos
los países europeosestán realizando y España no sólo no lo ha hecho
sino
que la contribución ordinaria voluntaria del año 2001, de 399
millones de pesetas, se ha empezado a transferir este mes al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas. El día 5 de noviembre viene a
España el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Ruud Lubbers.
Supongo que SS.SS. del Partido Popular van a tener muy difícil el
poder decirle que no a una contribución suplementaria para todos los
aspectos que tienen que ver con el refugio y asilo en Afganistán en
este momento.
En tercer lugar, incrementar los recursos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para hacer posible nuevos y urgentes
programas de cooperación con las diferentes organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que trabajan en la zona,
fundamentalmente en Pakistán. España ha anunciado 1,75 millones de
euros, exactamente 291 millones de pesetas. La Unión Europea va a
contribuir con 276 millones de euros, 52.578 millones de pesetas.
Estarán de acuerdo conmigo en que parece un poco escasa esta
contribución de la Agencia Española de Cooperación.
En cuarto lugar, reclamar que se adopten todas las medidas necesarias
para que las acciones militares en curso no causen más daños a la
población civil afgana, a los bienes de la ayuda humanitaria, tal
como hemos visto destrozar los almacenes del comité internacional de
la Cruz Roja, o a las personas que trabajan para las organizaciones
humanitarias, así como permitir que la ayuda llegue a la población
afectada mediante apertura de fronteras de los países limítrofes y la
creación de corredores humanitarios.
Señorías, mi grupo parlamentario solicita su voto para esta
proposición no de ley. El Gobierno español tiene más obligaciones que
la de formar parte de la coalición con los Estados Unidos. Entiendo
que con su déficit cero en los presupuestos generales hay poco margen
para hacer nada, pero ya que van a romper este déficit seguramente,
no estaría mal que lo empezaran a hacer cumpliendo con sus
obligaciones humanitarias, así, al menos, estaríamos a la altura de
las circunstancias que este tiempo histórico está requiriendo.
Voy a fijar también la posición de mi grupo sobre la proposición no
de ley de ayuda humanitaria a favor de la población afgana que ha
presentado el Partido Popular. Dicha iniciativa insta al Gobierno a
continuar su apoyo humanitario al pueblo afgano a través y en
coordinación con la comunidad internacional, las instituciones
humanitarias internacionales y la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Mi grupo parlamentario opina que la proposición no de
ley del Grupo Popular olvida aspectos de la crisis humanitaria que
nosotros incluimos en nuestra iniciativa parlamentaria. Señorías del
Partido Popular, ustedes nos dicen que el Gobierno lo está haciendo
bien y proponen seguir haciéndolo igual de mal. Por todas las razones
que he esgrimido al presentar la proposición no de ley de mi grupo
parlamentario, no podemos estar de acuerdo, por lo que vamos a
rechazarla. Mantener que el
Gobierno está interviniendo en esta crisis y que lo está haciendo
bien es desenfocar la realidad y tratar de salvar la cara, como
siempre. Esta mañana en la Comisión de Cooperación Internacional ha
sido rechazada otra vez una proposición no de ley que presentaba el
Grupo Catalán para incrementar los fondos suplementarios para el Alto
Comisionado en las Naciones Unidas para los Refugiados. Por todo
ello, señorías del Grupo Popular, vamos a rechazar su proposición no
de ley.
Gracias, señorías; gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Blanco.
Para la defensa de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Quisiera hacerles a las señoras y señores diputados que están en el
hemiciclo algunas preguntas, contarles algunos datos y finalmente, de
la forma más breve posible, hacer una reflexión que intentaría ser
serena y tranquila. ¿De verdad creen SS.SS. que la crisis
humanitaria, como acaba de decir la señora Blanco, la ha provocado la
intervención de la comunidad internacional? ¿De verdad creen que la
crisis humanitaria, repito, la ha provocado la comunidad
internacional? Decir eso aquí es no entender nada, es falsear la
realidad y no conocer la situación histórica de Afganistán. Es no
entender nada, no saber nada. Antes de la crisis Afganistán, señoras
y señores diputados, era el grupo humano más importante del mundo en
número de refugiados. Antes de la crisis Afganistán tenía ya 6,2
millones de refugiados esparcidos por los países limítrofes y por el
mundo. Su cumbre se produce en 1992 y en el año 2001, en el año
presente y antes de la crisis, 3,5 millones de afganas y afganos
viven refugiados, de los cuales un millón en el interior. ¿Qué
hacían, si no, en Afganistán, y antes de la crisis, el Programa
Mundial de Alimentos, Cruz Roja Internacional o UNICEF ¿Cuáles son
los datos de Afganistán, señora Blanco? Los datos de Afganistán son
que doce millones de afganas y afganos, de los cuales una parte muy
importante son niños y ancianos, pasan hambre.
Yo le hago la segunda pregunta: ¿Quién ha provocado eso, la comunidad
internacional, el ataque de la coalición internacional? ¿Acaso va a
tener razón el señor González, diputado de esta Cámara, ex presidente
del Gobierno, de cuyas declaraciones en los medios de comunicación de
estos días no me siento orgulloso como español y como diputado? Yo
creo que tiene razón el señor Solana, diputado que fue de esta Cámara
del Grupo Parlamentario Socialista y ahora representante de la
política exterior de la Unión Europea, proyecto en el que creemos;
luego hablaré de la Unión Europea, señora Blanco, dado que usted lo
ha mencionado.
Tienen razón el señor Solana y la comunidad internacional. La
situación de Afganistán era previa al conflicto. El 16 de septiembre,
pocos días después del ataque, salvaje ataque terrorista -lo digo muy
alto y no en voz baja- contra las libertades los talibanes expulsan
de Afganistán a las agencias humanitarias; no lo digo yo, lo dice
Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Refugiados, a la cual se la cita mucho estos días por el tema de los
corredores humanitarios, y yo he traído aquí sus declaraciones que
son bien recientes. Por cierto, le recomiendo que para conocer la
situación de Afganistán relatada por el ACNUR lea S.S. este artículo
de El País que no tiene desperdicio, porque su protagonista es Ruud
Lubbers, que próximamente visitará al presidente del Gobierno
y estará en España con todos nosotros. Este artículo dice cosas muy
interesantes. ¿Quién queda en Afganistán? Yo entiendo que merecen un
reconocimiento de este Parlamento. ¿Quién está ahora en Afganistán?
El personal local de UNICEF, el personal local del Programa Mundial
de Alimentos y el personal local de la Cruz Roja Internacional y la
Luna Roja. ¿Qué hizo España inmediatamente? Usted no dice la verdad
cuando se sube a esta tribuna y dice aquí que España no ha hecho
nada, siguiendo no sé qué dictados de no sé qué estratega o analista,
que está en la confusión tranquila. ¿Qué hizo España? La Agencia
Española de Cooperación inmediatamente, por indicación del presidente
del Gobierno desde esta tribuna, destinó una ayuda humanitaria de
emergencia de aproximadamente 300 millones de pesetas. ¿A quién? A
Cruz Roja Internacional y al Programa Mundial de Alimentos. ¿Por qué?
Porque estaban allí. ¿Por qué razón? Porque son los únicos que lo
podían hacer llegar a la población. Eso es lo que ha hecho España. Yo
no la calificaré de muy importante o de poco importante; no está
cerrada, es creciente. Le aseguro a usted que el Gobierno de España
que nos representa a todos los españoles estará, como lo está, a la
altura de las circunstancias.
Algunos hechos, señora Blanco. ¿España ha respondido al llamamiento
de las agencias humanitarias internacionales producido el 24 de
septiembre? Sí, porque ese mismo llamamiento lo hizo el Programa
Mundial de Alimentos. España ha respondido y, si no, pregunte por qué
la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Catherine
Bertini, agradece públicamente el 17 de octubre la contribución de
España. Pregúntele a ella. Sí ha acudido al llamamiento
internacional. ¿Por qué no se ha hecho inicialmente con ACNUR? Léase
usted este artículo, señora Blanco. Porque ACNUR no tiene campos de
refugiados, sólo tiene un pequeño campo de tránsito en el que se
albergan a 500 refugiados. ACNUR quiere, España quiere, la comunidad
internacional quiere, ante la previsible avalancha, que no se está
produciendo, que seguramente se va a producir, y podemos estar en una
situación de emergencia
humanitaria, abrir quince campos de refugiados en Pakistán, y está
negociando. ¿Con quién cree que negocia ACNUR, cuál es la fuerza de
ACNUR? Naciones Unidas. ¿Y quién está detrás de Naciones Unidas? La
comunidad internacional. ¿Quién está intentando que se abran
corredores humanitarios? La comunidad internacional. ¿O acaso lo
están haciendo los talibanes? ¿Quién está intentando desde el primer
momento de la crisis que le llegue ayuda alimentaria de primera
necesidad al pueblo afgano? La coalición internacional y el ejército
anglonorteamericano, que está desde el primer momento presente en la
zona, para dar respuesta -usted lo ha dicho; yo lo digo muy alto- en
legítima defensa y en defensa de las libertades. ¿O nos vamos a
olvidar de que en Afganistán cada minuto se están violando gravemente
los derechos humanos? ¿Nos podemos olvidar de eso? ¿Por qué presenta
usted una especie de enmienda transaccional a los grupos
parlamentarios para justificar no se sabe qué diciendo que se paren
los bombardeos y haciendo seguidismo de un planteamiento de algún
líder de su partido que hoy no está contento con la operación
militar? ¿Por qué? ¿Es que tenemos nosotros que admitir un
reconocimiento de parte de que la intervención militar no es positiva
y adecuada? Respóndase a esas preguntas con serenidad y tranquilidad,
porque la estrategia de intentar artificialmente decir que nuestro
Gobierno, que es el suyo en esta crisis, el de todos los españoles,
no está a la altura de las circunstancias, no se corresponde con la
realidad y por lo tanto no es verdad. No es verdad, señora Blanco,
que este Gobierno haya disminuido las aportaciones a ACNUR, porque es
no conocer el funcionamiento de ACNUR. España incrementa cada año sus
presupuestos, como dentro de poco tendremos la oportunidad de ver,
las dotaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. Se lo hemos recordado esta mañana: en 1998, 300 millones;
en 1999, 317; en 2000, 333; en 2001, 349 y para 2002, en
presupuestos, 379. Eso es crecer todos los años.
Respecto a la ejecución, porque eso son presupuestos, puede usted
decirme: es una trampa, son presupuestos que luego no se lo gastan.
Siempre se gasta más. (La señora Blanco Terán pronuncia palabras que
no se perciben.) Tranquilícese, señora Blanco, que estoy
interviniendo yo. Siempre se gasta más y este año habrá, como usted
comprenderá, más de los 368 millones de pesetas ya enviados al ACNUR,
con motivo de la crisis en la que estamos inmersos. Es no conocer
cómo funcionan estas cosas. España participa en ACNUR de una manera
muy clara, como ACNUR nos ha pedido y como viene participando desde
1980 -y no se lo inventó este Gobierno- en el grupo de nuevos países
para los reasentamientos. Desde 1980 España está acogiendo a
refugiados por indicación de ACNUR, y ACNUR ha reconocido
públicamente muchas veces la generosidad y la disposición de España,
de este Gobierno y de los anteriores, para acoger a refugiados.
Le recuerdo, señoría, que hace muy poco, en 1999, España acogió a 300
afganos, y entonces no había crisis internacional. Esa política
continuará porque es una política de Estado en la que estamos todos
de acuerdo. No aprovechen, señorías -y voy terminando- que el
Pisuerga pasa por Valladolid para criticar al Gobierno y debilitar
una posición de nuestro país que es digna e importante y que es la
posición que demanda la sociedad española. Si no quieren, no
aplaudan, pero parece que les molesta que se haga lo que se está
haciendo. ¿Que se puede hacer más? Con toda seguridad. Pues díganlo y
no atiendan a cantos de sirena de otros planteamientos que me parece
a mí -y esa es la reflexión final que quería hacer- que no son
responsables. Y ya empiezan a sonar voces que indican esa
irresponsabilidad.
Yo estoy de acuerdo con el presidente del Gobierno, permítame que lo
diga -seguro que mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular
apoyarán lo que voy a decir-, en que estamos en la confusión
tranquila, pero también estoy de acuerdo con Juan Luis Cebrián cuando
habla de esta manera de hacer oposición, que no se sabe si es
arrogante o si es inconsistente. Apoyen ustedes al Gobierno de
España, que España estará como siempre a la altura de las
circunstancias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Izquierdo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, se nos presentan
a discusión y votación dos proposiciones no de ley que tienen como
protagonistas, como tristes protagonistas, a los refugiados afganos y
la ayuda humanitaria. Siendo bastante diferentes las dos iniciativas
-de ahí que hayamos presentado dos enmiendas también diferentes-
ambas tienen un error de base ya que las dos plantean tratar la ayuda
humanitaria sin ir al problema principal; problema principal que, por
mucho que le pese al diputado del Partido Popular, no es otro en
estos momentos que la agresión militar que están realizando los
Estados Unidos en Afganistán, que no solamente está provocando una
situación de desesperación en miles de personas sino que ya son
varios centenares las víctimas civiles, también inocentes, tan
inocentes como las que se produjeron en el atentado del 11 de
septiembre. En este debate seríamos hipócritas si no afirmásemos que
la mejor forma de empezar a ayudar a los refugiados afganos es parar
la guerra. Otra cosa no es ni más ni menos, por decirlo de una forma
suave, que querer tranquilizar las conciencias mientras se siguen
apoyando los bombardeos. Se siguen apoyando los bombardeos cuando
cada vez es más evidente que la agresión militar que se está
llevando a cabo en Afganistán tiene menos que ver con la persecución
del terrorismo y con la necesidad de juzgar a los autores del
atentado y es más evidente que se trata de una acción de venganza y
de un intento de controlar una zona de gran importancia estratégica.
Señorías, el pasado 11 de septiembre se produjeron varios atentados
terroristas que repetidas veces y en voz muy alta hemos condenado
desde nuestro grupo parlamentario; tanto como condenamos los cientos
de víctimas inocentes que también se producen en Afganistán y que
también hay que condenar, señor Izquierdo, con voz muy alta y no con
voz baja, que están causando la desesperación en parte del pueblo
Afgano. Esta condena de los atentados, a la vez que nos sumamos al
dolor que han producido los miles de víctimas, no puede hacerse
tampoco sin afirmar que al terrorismo no se le puede contestar con
una guerra, que al terrorismo no se le puede contestar con recortes
de los derechos civiles como los que ya se están produciendo, y
veremos cómo en los próximos meses se producen muchos más. Frente a
esa situación de guerra, frente a esa situación que provoca
refugiados, que provoca víctimas civiles inocentes, una parte muy
importante de la opinión pública mundial nos mostramos contrarios a
que se responda al atentado con la guerra. Nos mostramos contrarios
a que se sigan añadiendo víctimas inocentes a los miles de víctimas
inocentes que se produjeron el 11 de septiembre, porque eso es lo que
está ocurriendo hasta el día de hoy, señores del Partido Popular. En
este marco miles de españoles nos mostramos contrarios a que nuestro
país se alinee de forma incondicional, de forma vergonzosa, con la
estrategia de la Administración norteamericana cediendo de forma
incondicional, como digo, las bases de Rota, de Morón, de Zaragoza en
sus posibles ataques. También nos mostramos contrarios a que esta
decisión no haya sido sometida a las Cortes, tal como obliga el
artículo 63 de nuestra Constitución.
El primer punto de nuestra enmienda es que nuestro Gobierno respalde
de forma expresa y activa la petición hecha por la Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Refugiados de que se suspendan las
acciones militares sobre Afganistán, de forma que pueda prestarse
asistencia humanitaria urgente a la población que lo necesita porque
la mejor, casi la única forma de ayudar a los refugiados afganos, es
parar la guerra, y para ello, de forma muy inmediata, hay que actuar.
Todas las demás medidas que se proponen serían inútiles mientras las
bombas sigan cayendo sobre los inocentes en Afganistán, mientras las
bombas sigan destruyendo puestos de la Cruz Roja, mientras sigan
destruyendo unidades de almacenamiento de la ayuda internacional,
mientras los bombardeos sigan causando víctimas inocentes. Por
cierto, no sé si se han parado a pensar que a estas alturas ya se han
visto por televisión más muertos en Afganistán que los que hemos
visto causados por los ataques a las Torres Gemelas y los atentados
en Estados Unidos.
Resulta indignante, por mucho que les pese, ver cómo se quería vender
por los medios de información, en concreto por la televisión, la
ayuda humanitaria que los aviones militares de Estados Unidos tiraban
sobre el suelo afgano, provocando muchas víctimas por las minas
antipersonas que hay en el suelo afgano. Resulta realmente vergonzoso
e indignante ver cómo se quería aprovechar esa situación de
desesperación del pueblo afgano para ofrecer una imagen humanitaria
de un ejército que días después se disponía a utilizar armas tan
inhumanas como las bombas de racimo, que se están utilizando sin que
el Gobierno español lo critique; al contrario, con su apoyo. Los
mismos aviones que lanzaban bombas luego lanzaban esas bolsas
amarillas para intentar dar esa imagen humanitaria. No lo han
conseguido ni lo conseguirán porque, señorías, Izquierda Unida y
miles y miles de españoles y españolas seguimos pensando que mientras
no se pare la guerra ese es el grito que hoy se oye en las calles de
este país y que también se tiene que oír de alguna manera en este
Parlamento.
Izquierda Unida está de acuerdo con reforzar la ayuda humanitaria,
como no puede ser de otra manera, no sólo en Afganistán, sino en el
resto del mundo donde la miseria y el hambre son hoy la cara de esa
globalización que está llevando a la miseria y a la muerte a millones
de personas. No queremos ser hipócritas, no se puede estar a la vez
con los agresores y con las víctimas, no se puede estar a la vez de
parte de los agresores y querer ayudar a las víctimas que produce esa
agresión. En este conflicto los agresores son los Estados Unidos, son
quienes bombardean Afganistán, son también los talibanes a los que,
por cierto, nosotros hemos criticado desde siempre, no como otros que
hace pocos años los consideraban los luchadores por la libertad y
ahora se dan cuenta de que son unos verdaderos monstruos. Nosotros
siempre los hemos criticado porque sabíamos lo que eran. Cuando los
agresores son los que bombardean y los que gobiernan hoy Afganistán,
tenemos muy claro quiénes son las víctimas. La víctima es el pueblo
afgano que sigue muriendo de forma injusta y sigue sufriendo las
agresiones de los talibanes. Tan seres humanos son los niños que
hemos visto muertos en televisión como los que no hemos visto muertos
debajo de las Torres Gemelas. Tan víctimas son unos como otros y hay
que denunciarlo con voz muy alta en esta Cámara. Por cierto, no hemos
escuchado esa crítica al representante del Partido Popular.
Nuestro voto favorable a la ayuda tenía que ser también un voto
contra la guerra, como no puede ser de otra manera. No se puede estar
de parte del agresor y del agredido a la vez. Esa es nuestra enmienda
principal. La enmienda transaccional del PSOE no recoge lo sustancial
de nuestras enmiendas, por lo que no podemos aceptarla. No podemos
compartir ningún acuerdo final que no contemple de forma clara y
nítida la exigencia del fin de los bombardeos. Pedir que se adopten
las medidas necesarias para que las acciones militares en curso no
causen daño a la población civil es pedir un imposible, es como pedir
que las bombas en lugar de contener explosivos contengan mantequilla
o rosas. Las bombas contienen lo que contienen y al final lo que
causan son muertos y más muertos. No se puede pedir que las bombas no
causen daño a los civiles, porque sería engañarnos y querer engañar
también a la población.
Tenemos que decir hoy con toda claridad que los que se llama la
Alianza del Norte no pueden aparecer en estos momentos como
luchadores por la libertad, porque son iguales de asesinos que los
talibanes. Ahora ustedes los pueden ofrecer al mundo como luchadores
por la libertad, pero quizás de aquí a dos o tres años vuelvan de
nuevo a descubrir que son unos monstruos a los que ustedes de nuevo
han vuelto a ayudar. Nos preocupa el flujo de armas que se está
produciendo de Rusia y Estados Unidos hacia Afganistán, concretamente
dirigido a la Alianza del Norte, porque sabemos el atroz historial
que tiene este grupo en contra de los derechos humanos. Hay que
exigir que no se utilice a los niños, que no se utilicen, como decía,
las bombas de racimo porque la comunidad internacional lo ha
denunciado y hoy se calla hipócritamente.
En definitiva, toda la ayuda, toda la consideración para los
refugiados, pero no se engañen, no nos engañen, no traten de engañar
a nadie. Si no se para la guerra, los refugiados continuarán
aumentando, refugiados a los que por cierto se les quiere mantener en
Afganistán, para lo cual se cierra la frontera. Hablar de ayuda
humanitaria a quienes se está bombardeando es un verdadero sarcasmo,
nos parece fuera de toda lógica, pero nos parece mucho más grave, nos
parece que es intentar vender una guerra como si fuese una ayuda
humanitaria. Por eso la postura de Izquierda Unida es muy clara.
Izquierda Unida critica el terrorismo, exige que se juzgue a los
culpables del terrorismo, pero también exige que se pare la guerra,
exige que cesen los bombardeos. Esa es la postura de Izquierda Unida,
postura que defendemos aquí y que defenderemos en todos los foros.
Por eso Izquierda Unida no va a ser cómplice de ninguna posibilidad
de engaño. Nos negamos a trasladar a la opinión pública una imagen
diferente de lo que está ocurriendo. No vamos a apoyar esta
iniciativa, que trata de vender humanitarismo donde hay guerra y
muertos. Por eso la posición de Izquierda Unida es de radical condena
a la guerra, de radical oposición al terrorismo y de exigencia de que
nuestro país, de una vez por todas, abandone ese seguidismo absurdo
respecto a Estados Unidos y que ejerzamos un papel en defensa de la
paz, que, por cierto, es el que está reclamando hoy la mayoría del
país. Esa sería la iniciativa que Izquierda Unida podría apoyar hoy
aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Las dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo esta noche
hubiesen permitido que esta Cámara celebrase un debate sobre la
crisis humanitaria que se vive en Afganistán y respondiese a una
reflexión que nuestro colega Guardans planteó en una reciente
Comisión conjunta de Asuntos Exteriores y de Defensa sobre la
necesidad de que todos, especialmente los responsables políticos que
nos pronunciamos sobre esta crisis, hagamos un esfuerzo de pedagogía
para plantear al conjunto de la opinión pública cuál es la situación.
A mí me parece que algunas de las intervenciones que se han producido
esta noche se alejan absolutamente de ese criterio pedagógico que nos
debería de informar. Los contenidos de estas proposiciones no de ley
podrían haber permitido que en esta Cámara, sobre este compromiso
humanitario de España, se generase un amplio consenso, pero, tal como
el debate se ha desarrollado, eso va a ser realmente difícil. Existe
el consenso en algunos hechos objetivos. Un primer consenso que nadie
ha cuestionado nunca es que la situación de crisis humanitaria en
Afganistán se vive desde antes del 11 de septiembre y voy a recordar
simplemente algunos datos del Banco Mundial, en el sentido de que en
Afganistán existía y existe una esperanza de vida de 45 años, así
como los peores índices de afectación y mortandad infantil y materna
del planeta, que en el año 1996 sólo se producía el 15 por ciento de
los alimentos necesarios para su población y que, según la Cruz Roja
Internacional, existían desplegadas más de 10 millones de minas que
producían 8.000 víctimas anuales. Podríamos seguir citando una larga
lista de desgracias, a las cuales también deberíamos añadir los tres
últimos años de sequía que han afectado a ese país. En eso todos
estamos de acuerdo y además todos estaríamos de acuerdo también con
que la intervención militar generada a partir de los hechos del 11 de
septiembre va a agravar esta situación. Amnistía Internacional en un
reciente informe afirmaba que existía el riesgo de que la población
vulnerable aumentase a cerca de 7.000.000 de personas, el 60 por
ciento de las cuales van a ser mujeres y niños. Una agencia de
Naciones Unidas, UNICEF, también nos recordaba que esta crisis, que
se añade a la anterior, puede hacer que uno de cada dos niños muera
en los próximos años de manera inevitable. Esas son las cifras, están
ahí, sobre las cuales existe un amplio consenso: una crisis
humanitaria antes del 11 de septiembre y otra después de esa fecha,
más grave, como ocurre siempre que hay una guerra. El tercer elemento
de consenso de la Cámara es que es necesario que la intervención
militar vaya acompañada de un compromiso humanitario contundente por
parte de la comunidad internacional. Aquí nadie niega que el
Gobierno español haya hecho una aportación determinada a Cruz Roja.
Nadie lo niega en esta Cámara. Los hechos son los hechos y nadie
niega que el Gobierno haya anunciado una política de condonación de
la deuda de Pakistán.
Lo que es cierto es que junto a la pata de la solidaridad de España
con nuestros aliados en esa intervención militar -y aquí quizás el
consenso no sea total, pero existe un consenso político amplísimo-,
la otra pata importantísima es nuestro compromiso solidario. En esa
dimensión, las reflexiones de Mary Robinson pesan cuando afirma que
las acciones bélicas deben de ser las estrictamente necesarias y
cuando recuerda que hay que hacer un esfuerzo para que la población
civil sea afectada lo menos posible, que el material de carácter
humanitario no sea destruido y que se respete a las organizaciones
humanitarias. Sabemos, y son los hechos, que eso no está sucediendo.
Por tanto que en la reflexión de la Cámara también se afirme este
elemento me parece que es de consenso.
En esta misma línea, es evidente que se ha producido un llamamiento
de ACNUR, porque ha pedido -lo pidió en los primeros días de esta
intervención, el pasado 26 de septiembre- un total de 268 millones de
dólares, ya que la agencia lo requería para hacer frente a esa
situación. Estos son los hechos. A este llamamiento de ACNUR la
comunidad internacional está respondiendo de manera clara y de manera
contundente: Canadá, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Liechtenstein,
Mónaco, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Estado Unidos e Italia. Quizás
haya una discrepancia, pero hoy los portavoces del Gobierno, ni esta
mañana en la Comisión de Cooperación ni esta tarde aquí, nos explican
por qué, si estos países han respondido hoy al llamamiento de ACNUR,
España aún no lo ha hecho, por qué España aún no ha respondido al
llamamiento de ACNUR. Esta mañana mismo ACNUR informaba que hay
países que han dado ya dinero y países que han anunciado que lo van a
dar. España ni ha dado dinero ni ha anunciado que va a dar dinero a
ACNUR. Por tanto, señorías, se nos escapa por qué hoy somos incapaces
de aprobar una resolución en la que el Gobierno se comprometa
públicamente a dar respuesta positiva a ese llamamiento de ACNUR,
respuesta que hasta ahora no se ha producido. No deja de ser
sorprendente. En la Cámara y en la calle nadie entiende esta
situación. Como tampoco deja de ser sorprendente que, en el marco de
la colaboración española, en el conjunto de las aportaciones
voluntarias del Gobierno español a ACNUR estemos en la cola. La
Cámara conoce -al menos los responsables del ámbito de cooperación lo
conocen- los gráficos elaborados por ACNUR, que siempre sitúan a
España a la cola. Estos son hechos reflejados por ACNUR. No nos los
inventamos nadie en la Cámara. Es ACNUR quien informa de esto. Alguna
cosa se hace mal en esta materia. Finalmente, el propia ACNUR informa
de cuál ha sido la evolución de las contribuciones españolas a lo
largo de
estos años y refleja una tendencia a la baja, de los 814 millones del
año 1996 a los 399 millones del año 2001. Estas son cifras de ACNUR y
si ACNUR miente, quizás sería correcto que el Gobierno informase a
ACNUR de que está enviando información falsa a la Cámara.
A nosotros nos parece que no hubiese costado nada llegar hoy en esta
Cámara a un acuerdo sobre la base de la propuesta transaccional que
desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha elaborado, en el
sentido de tener un mayor compromiso en el reasentamiento de los
refugiados, un mayor compromiso para hacer frente al llamamiento de
ACNUR, un mayor compromiso a través de la Agencia y una declaración
política pidiendo ese respeto a la población civil, sobre todo lo
cual hoy en la Cámara hay un amplio consenso, y se me escapa por qué
vamos a ser incapaces de alcanzarlo. Las enmiendas que ha presentado
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a las dos
proposiciones no de ley responden específicamente a una cuestión muy
central que nos preocupa, que es la no respuesta positiva al
llamamiento de ACNUR y esa referencia al compromiso político, en el
sentido de procurar que la intervención militar tenga unos efectos lo
menos negativos posibles para la población civil y la ayuda
humanitaria. Realmente estamos sorprendidos. El señor Guardans
reclamaba pedagogía. Hoy estamos haciendo una mala pedagogía. Espero
que esta intervención sirva para hacer reflexionar al Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, permítanme que empiece recordando una
canción que nos hablaba de que eran malos tiempos para la lírica. La
verdad es que después de la intervención del portavoz del Partido
Popular, me reafirmo en lo dicho, son tiempos de adhesiones
inquebrantables, impropias, por cierto, de sociedades democráticas.
Son malos tiempos para el discrepante, para el que no se pliega ante
todo lo políticamente correcto. Los discrepantes sabemos que seremos
linchados por quienes tienen el poder político y mediático. Son
tiempos en que la crítica la ejercen pocos grupos políticos y ya casi
en exclusiva intelectuales y humoristas -¿a qué les recuerda esta
situación?- o en los que la propia sociedad vuelve a recurrir al
chiste como válvula de escape. Aun así conviene discrepar por la
propia dignidad y por respeto también a esa parte de la sociedad que
es crítica con las cosas, con los acontecimientos y también con esta
guerra.
Cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre en Estados
Unidos es verdad que a todos nos conmovió su brutalidad y sus efectos
sobre las personas. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas,
defendimos la necesidad de que los culpables fuesen castigados, como
en cualquier otro caso, defendimos la reacción proporcionada,
adecuada al fin de conseguir el castigo selectivo en el marco del
derecho internacional, pedimos también que los gobiernos se
esforzasen en encontrar soluciones que buscasen la paz. Sin embargo,
soplan vientos de guerra, de restricción de las libertades
individuales, vientos de dolor y de muerte; esta vez de dolor y de
muerte para gentes que ya no merecen lloros, muertes y dolor de
segunda, colaterales y justificables para algunos. Otra vez, señoras
y señores diputados, doble rasero y doble vara de medir. No estar de
acuerdo con los atentados del 11 de septiembre no significa estar de
acuerdo con los métodos y soluciones que para, en teoría, acabar con
ese tipo de acontecimientos están llevando a la práctica el señor
Bush y el señor Blair con la colaboración entusiasta y acrítica de
muchos gobiernos del mundo, incluido el Gobierno español, aunque con
menos entusiasmo de sus opiniones públicas.
Si uno habla en privado con la gente, incluso mucha gente que está en
esta Cámara, se da cuenta de que muchos sabemos lo que de verdad está
pasando en Afganistán y somos críticos con eso. Sin embargo, a la
hora de expresar esa crítica en términos políticos es más difícil de
visualizar. Eso es lo que creo, sinceramente, que nos lleva a estar
discutiendo en esta Cámara en los términos que las proposiciones no
de ley del Grupo Popular, más lógica, y también del Grupo Socialista
establecen. Efectivamente, piden más ayuda humanitaria para las
víctimas sin cuestionar una de las claves del problema, la actual
situación de guerra. Es como si intentaran lavar la conciencia, pero
sin afrontar los problemas de fondo, y eso francamente es muy
difícil. A nosotros, como pueden comprender, nos parece muy bien que
se demande más ayuda humanitaria. Es evidente que los gobiernos,
especialmente en los países desarrollados, deben prestar una ayuda
que se necesita, que demanda el ACNUR, la Cruz Roja y otros muchos
organismos y organizaciones no gubernamentales, aunque este es un
criterio que a veces llega tarde, pero desde nuestro punto de vista,
estando eso bien, no se puede eludir una cuestión de base.
Miren ustedes, hagamos referencia a las cuestiones del pasado. Si la
situación del pueblo afgano era mala por años de guerra que más allá
de las casuísticas internas fue apoyada y fomentada por muchos de los
mismos que hoy critican sus consecuencias, si era mala la situación
del pueblo afgano por la sequía, si era mala por la política del
Gobierno talibán, lo que no puede negarse u obviarse es que esta mala
situación hoy es mucho peor, se agrava mucho más como consecuencia de
los bombardeos que están efectuando en este momento norteamericanos
y británicos. Esa mala situación, de seguir por
ese derrotero, puede derivar en catastrófica. Yo les pregunto: ¿o no?
Es que ese es el problema.
Desde nuestro punto de vista y dejando a un lado opiniones sobre si
la verdadera intención de esta guerra es acabar con el fenómeno
terrorista o es otra bien distinta donde el terrorismo es excusa para
conseguir otros objetivos políticos, geoestratégicos y económicos
menos confesables, lo que no se puede negar es que desde el inicio de
los bombardeos se dispara el número de los refugiados, que se agolpan
en las fronteras, especialmente la de Pakistán, según dicen los
medios de información, un país reacio a permitir su paso, y que
además aparecen signos preocupantes como la destrucción de almacenes
de alimentos dependientes de esos mismos organismos internacionales
que piden ayuda. No voy a hablar ya de la utilización de bombas
racimo, etcétera, pero sí de algo bien evidente porque hay que hablar
de las cosas claramente. La guerra, señorías, es la guerra; es así,
la guerra es la guerra y dentro de los parámetros normales de la
guerra, parámetros de guerras anteriores y de las que han de venir,
se busca derrotar al adversario y, para ese fin, se han usado siempre
y seguirán usándose todos los medios, incluidos las muertes de
civiles o el agotamiento de las reservas de cualquier tipo que
permitan resistir a ese enemigo, incluidas sus reservas de alimentos.
Insisto, eso son y serán las guerras. La guerra, señorías, todos
sabemos que no es un fenómeno aséptico, no es eso que aparece
últimamente en las televisiones como algo aséptico. La guerra
aséptica es un engaño, es un intento de adormecer las conciencias
propias de quienquiera y de adormecer las conciencias de las gentes
que, por propia experiencia y porque saben que al final las guerras
siempre las pagan los mismos, en muchos casos son contrarios a esa
guerra.
Compartimos la opinión de los organismos internacionales que alertan
de la catástrofe humanitaria en marcha y demandan más ayuda de los
gobiernos, pero es evidente que será difícil hacer llegar esa ayuda a
muchas personas que la necesitan en una situación como la actual y en
eso insisten también todos estos organismos internacionales. En una
situación con la persistencia de los bombardeos o con las fronteras
casi cerradas, esa ayuda no llegará. Por eso nosotros queremos
compartir en su integridad los llamamientos de la mayoría de esas
organizaciones no gubernamentales que tanto respetamos, desde
responsables de derechos humanos a cualquier tipo de organización de
ese estilo, vuelvo a decir, todos ellos coincidentes en solicitar
ayuda para atender las necesidades de la población y la suspensión de
los bombardeos para poder organizar y hacer llegar esa ayuda a quien
lo necesita antes de que la llegada del invierno provoque una
catástrofe. Ese es el sentido de nuestra enmienda a la proposición no
de ley del Grupo Popular y del Grupo Socialista, una enmienda que es
de mínimos, desde nuestro punto de vista, para dar una respuesta
razonable y honesta desde este Congreso a la situación que está
viviendo Afganistán.
Tenemos que decir que de no ser aceptada, nos llevará a no votar
a favor de lo que se propone en las proposiciones no de ley y
tampoco, si acaso se llega a votar, de la transaccional que circuló
por los escaños. No nos llevará a eso porque, con todo el respeto
para todo el mundo, nosotros no estamos dispuestos a que por el
ambiente político-mediático existente tengamos que caer en el
fariseísmo de posiciones como aquella que al tiempo que estaba
bombardeando un país solicita un dólar a los niños norteamericanos
para ayudar precisamente a los niños afganos -hasta ahí no estamos
dispuestos a llegar- o la que al tiempo que se están bombardeando
almacenes de alimentos de organismos internacionales, se mandan
paquetes de ayuda con, por cierto, alguna triste consecuencia.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señora Lasagabaster, tiene escasos dos minutos.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente. Seré muy
breve porque todo lo que ha dicho mi compañero Guillerme Vázquez, del
Bloque Nacionalista Galego, lo comparto total y absolutamente. En
todo caso, haré dos reflexiones.
Este debate a muchos en esta Cámara les ha producido una gran
frustración política, porque no estamos aquí para ver cuál es el peor
momento en que se ha encontrado la población afgana. La población
afgana ha sufrido demasiado y tendríamos que evaluar y analizar
cuáles son los orígenes del sufrimiento en el año 1992 y si
entráramos en esos orígenes, a lo mejor también nos llevaríamos una
sorpresa de cómo han sido utilizados por unos y por otros en la
guerra fría, tema del que habría mucho que hablar.
Segunda cuestión, o conmigo o contra mí. Esta no es la política.
Podemos estar y estamos totalmente en contra de los atentados
violentos de uno y otro signo, lo estamos, pero el hecho de que
estemos en contra de los atentados terroristas del 11 de septiembre y
de que se masacre a la población civil de Afganistán no significa que
no podamos señalar matices sobre cómo se pueden realizar distintas
operaciones tanto desde el punto de vista del control de justicia
internacional como de ayuda humanitaria, y eso no significa estar o
conmigo o contra mí. Hay gente que todavía esto no lo entiende. Hay
pensamientos diferentes, se puede estar contra la violencia
totalmente pero planteando soluciones diferentes, con matices
diferentes, y eso no es estar a favor de una cosa o de la otra. Si
alguien no entiende esto y no entiende que hay pensamientos con
matices distintos y que aquí estamos para tratar de favorecer a la
población afgana civil, que no ha hecho nada para merecer esto ni ha
hecho nada para merecer a los talibanes, ni a los quehan apoyado a
los talibanes, ni a los que han dado dinero
a los talibanes, en muchos casos países occidentales que han
utilizado para la guerra fría a determinados regímenes militares y de
otro orden, creo que no se entiende nada. Por tanto pediría reflexión
para tratar de determinar qué objetivo pretendemos, que no es otro
que ayudar a la población civil en Afganistán.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición
Canaria, señor Mardones.
SEVILLA:
El señor MARDONES Muchas gracias, señor presidente, con brevedad para
dejar el testimonio de solidaridad de mi Grupo de Coalición Canaria
con el drama que está viviendo el pueblo afgano, sobre todo los
refugiados desplazados por la agresión de la guerra y las
circunstancias políticas interiores de Afganistán. Nosotros vamos a
votar favorablemente para dar este testimonio la enmienda
transaccional que se nos ha hecho llegar en las iniciativas de los
grupos parlamentarios Socialista y Popular. Entendemos que con esto
estamos en una línea de conexión con un drama humano y por esa razón
en el fondo de todas las explicaciones que han dado aquí los
portavoces, tanto desde el punto de vista de la iniciativa como desde
el punto de vista de la fijación de posiciones en las enmiendas, hay
un drama humano. Existen los instrumentos institucionales como son
las Naciones Unidas a través del ACNUR -el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados-, en España también tenemos la
Agencia Española de Cooperación Internacional y podemos hacer una
prestación a estos efectos. Suscribimos plenamente los planteamientos
que han hecho aquí tanto los portavoces que han defendido la
iniciativa como lo que se puede llevar a efecto en estos extremos.
Nosotros no queremos entrar en ninguna otra valoración política.
Ojalá el pueblo afgano deje de tener refugiados por la causa política
y bélica de la guerra o de los regímenes que les han afectado y que
puedan encontrar la paz, que los refugiados puedan volver a sus
tierras de origen y que la miseria, la enfermedad, el hambre y la
pobreza de uno de los países con la renta per cápita más baja y
miserable del mundo encuentren solución. Este es el testimonio del
que quiere dejar constancia hoy mi grupo porque prácticamente este
drama humano, más que merecer una proposición no de ley, debería
merecer, entre otras cosas, una declaración institucional de apoyo
general.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, por el
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanco.
(Pausa.) Estamos en el turno de rechazo o aceptación de las enmiendas
que
se han presentado a la proposición que S.S. ha defendido. Tiene la
palabra para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor presidente.
Hemos ofrecido una propuesta transaccional a todos los grupos y es
todo lo que presentamos. Las demás enmiendas las rechazamos porque
entendemos que la mayor parte están reflejadas en la transaccional.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Blanco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente. Intervengo un
minuto, quizás menos, para indicar la posición de nuestro grupo con
relación a las numerosas enmiendas presentadas.
Quiero decir, señorías, que demasiado pronto convierten algunos a las
víctimas en verdugos. Está bien que se haya olvidado el nazismo y los
horrores de la guerra, pero de lo que ha sucedido recientemente en
Bosnia por ejemplo no nos podemos olvidar. Por lo tanto no podemos
aceptar, aunque nos lo pidan, una enmienda transaccional.
(Protestas.) No podemos aceptar enmiendas que se pretenden de diálogo
y de consenso. (Continúan las protestas.)
El señor VIPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, está en el turno de
aceptación o rechazo y estábamos intentando... (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben. ) Señora Fernández
de la Vega, está en el uso de la palabra el señor Izquierdo.
Señor Izquierdo, tiene que decirle a esta Cámara si acepta o rechaza
las enmiendas que se han presentado a su proposición.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señor presidente, intentaba decir que no
aceptábamos las enmiendas presentadas a nuestra proposición no de
ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): De acuerdo. Tenemos, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, la aceptación de una
transaccional sobre las enmiendas presentadas. Ruego comuniquen sobre
qué enmiendas en concreto y el señor enmendante tiene que estar de
acuerdo con la transaccional. Los grupos enmendantes, a excepción de
Izquierda Unida, que ha rechazado la transaccional de forma expresa,
deberían comunicar a esta Cámara si aceptan o no la transaccional, en
este caso, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el
Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, aceptamos la oferta
de enmienda transaccional tal como hemos formulado desde la tribuna.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señor Vázquez, estamos en el turno de aceptación o rechazo por su
parte como enmendante de la proposición de la transaccional propuesta
por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: No la aceptamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación, en primer lugar, la
proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre ayuda de emergencia
a los refugiados afganos, en los términos derivados del debate, y que
comporta el texto de la enmienda transaccional que por retirada de la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
permanece viva y sustituida por el texto inicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 121; en contra, 156; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.
A continuación sometemos a votación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayuda humanitaria a
favor de la población afgana, que se somete a votación en sus propios
términos por cuanto no han sido aceptadas las enmiendas planteadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 158; en contra, 114; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS RECURSOS EXISTENTES
EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PARA TRATAR DE FORMA ADECUADA A LOS
AFECTADOS POR TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (ANOREXIA Y
BULIMIA.) (Número de expediente 173/000088.)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Señorías, someteremos a debate las tres mociones que figuran en el
orden del día de forma sucesiva y serán votadas al final de los tres
debates. (Fuertes y prolongados aplausos.)
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que iniciemos el debate
al objeto de no dilatar más la sesión de hoy.
En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Socialista, sobre los recursos existentes en el Sistema
Nacional de Salud para tratar de forma adecuada a los afectados por
trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia).
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Valentín.
(Rumores.)
Adelante, señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista el día 3 de octubre interpelaba a la
señora ministra sobre qué medidas específicas se están llevando a
cabo en el Sistema Nacional de Salud para la atención y el
tratamiento...( Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Valentín.
Señorías, ruego que las conversaciones a ser posible las mantengan
fuera del hemiciclo. Está la señora Valentín en la tribuna sin poder
ser escuchada. Ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Decía que interpelábamos a la señora ministra sobre qué medidas
pensaba el ministerio poner en marcha para que los adolescentes
afectados por trastornos del comportamiento alimentario,
fundamentalmente anorexia y bulimia, pudieran tener una atención
sanitaria integral, que en este momento no la estaban teniendo. Las
explicaciones de la señora ministra, desde nuestro punto de vista, ni
fueron suficientes ni fueron convincentes, por eso el Grupo
Socialista presentó esta moción con medidas concretas, porque
queremos contribuir a que toda la sociedad tome conciencia del
problema, porque queremos ayudar a las familias que son la piedra
angular, junto con los profesionales, para resolver este problema y
porque queremos que el Sistema Nacional de Salud se dote de los
recursos materiales y personales y de los medios económicos
necesarios para que los enfermos hoy puedan ser tratados por la
sanidad pública de una forma digna.
No vamos a discutir aquí los recursos que la señora ministra dice que
existen y que algunos son virtuales, como el caso de la unidad
específica para el tratamiento de estas enfermedades, que se nos dijo
en esta tribuna el día 3 que estaban puestos en marcha, por ejemplo,
en el hospital general de Albacete y, que yo sepa, todavía
no existen. Creo que es el momento de dejar de hacer propaganda y
pasar a los hechos. Se han incumplido en demasiadas ocasiones las
iniciativas aprobadas por este Parlamento. Las conclusiones de la
ponencia del Senado se quedaron en papel mojado. Se ha terminado ya
el tiempo de la elaboración de los protocolos, de las guías para
establecer la ordenación de recursos y actividades para estas
patologías; ahora es el momento de tomar decisiones políticas, es el
momento de que el Ministerio de Sanidad se ponga a trabajar para
resolver los problemas de salud de los ciudadanos con medidas
concretas, con recursos específicos y con financiación suficiente
para todo el Sistema Nacional de Salud.
Señorías, la señora ministra en la interpelación se extrañaba de que
el Grupo Parlamentario Socialista hablara del Sistema Nacional de
Salud y, créanme, no lo hacíamos por ningún error, al contrario, lo
planteábamos así porque creemos firmemente en la cohesión social que
supone el mantenimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud, en la
garantía de equidad y en la igualdad de los ciudadanos ante los
servicios sanitarios, y creemos firmemente que cualquier nuevo
recurso sanitario que se ponga en marcha tiene que ir acompañado de
los medios económicos suficientes para que se pueda aplicar en
cualquier parte del territorio. El Grupo Socialista, señorías, quiere
colaborar a la resolución de este problema. Por lo tanto, quiero que
entiendan nuestras propuestas en este sentido. Estamos hablando de un
grave problema de salud, de una enfermedad mental que afecta a muchos
de nuestros jóvenes y entre todos hemos de trabajar para promover un
cambio en los valores y en la estética que rompan con esa dictadura
que da lugar a tan graves problemas de salud. El contenido de nuestra
moción, respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas,
creo que es de sentido común y pedimos que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno para que en coordinación y en
colaboración con las comunidades autónomas realice los estudios
epidemiológicos sobre la prevalencia de los trastornos del
comportamiento alimentario en la población adolescente y juvenil
masculina y de la adulta en ambos sexos. Pedimos esto porque existen
estudios epidemiológicos de carácter parcial, sobre todo que afectan
a la población adolescente, pero femenina, sin embargo, en masculina
y de adultos no hay nada. ¿Por qué pedimos esto? Porque queremos
empezar la casa por los cimientos. Queremos saber la magnitud del
problema del que estamos hablando para planificar, de forma adecuada,
los recursos para atender esta enfermedad. Queremos que se articulen
mecanismos para llevar a cabo programas de prevención, prevención en
los centros educativos, prevención en el ámbito familiar y prevención
en el ámbito sanitario. Queremos dar prioridad a los proyectos de
investigación sobre anorexia y bulimia, a través del fondo de
investigaciones sanitarias o de cualquier otra convocatoria que se
haga para financiar este tipo de proyectos. Queremos insistir en la
formación específica dirigida al personal sanitario. Queremos que los
equipos de salud mental infantojuvenil y de adultos se potencien con
programas de tratamiento y, sobre todo, de detección específicos,
coordinados con los equipos de atención primaria de salud para el
tratamiento ambulatorio. Queremos promover la puesta en marcha de
hospitales de día con programas específicos y unidades concretas para
el tratamiento integral de estas unidades del trastorno de la
conducta alimentaria. Sobre todo, queremos poner en marcha programas
de apoyo para los padres y los familiares y todo ello con una
financiación específica, adecuada y adicional, de modo que, tanto en
el ámbito del Insalud, como en el resto de las comunidades autónomas
con las competencias sanitarias transferidas, se pueda tratar de
forma adecuada a estos enfermos. Desde aquí les pido a los distintos
grupos de la Cámara su apoyo a esta moción porque habremos dado un
paso más, por muy pequeño que parezca, para que los adolescentes
afectados puedan ser tratados dignamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los trastornos de conducta alimentaria se encuentran entre
los trastornos psiquiátricos que han despertado mayor interés social
y sanitario en los últimos años. Ello obedece, por un lado, a su
presentación en personas jóvenes y su potencial gravedad y, por otro,
a su carácter de patología de las sociedades desarrolladas que
cuestionan los modelos sociales como el culto al cuerpo, la necesidad
de aceptación social, etcétera, que pueden promover o facilitar ese
tipo de trastornos. Son importantes, dentro de ellos, los aspectos
sanitarios y los extrasanitarios, que han sido tratados, tanto en
esta Cámara como en el Senado, en numerosas ocasiones. En la mente de
todos está el informe de la ponencia encargada de estudiar los
condicionantes extrasanitarios que, durante varios meses en la pasada
legislatura, elaboró un interesante informe. Este desdoblamiento de
aspectos no cambia, sin embargo, la materialidad de la actuación
administrativa que se desarrolla. Las competencias, sean preventivas,
sean extrasanitarias o sean sanitarias siguen a lo que es la
delimitación competencial normal y, por tanto, en muchos casos la
competencia le corresponde a comunidades autónomas que la tienen
asumida. En el ámbito que me es más próximo, el vasco, tanto el
Parlamento, como el Gobierno se han venido mostrando sensibles a este
trastorno y son muy numerosas las proposiciones no de ley y también
las comparecencias del propio consejero en Comisión, explicando
cómo se estaban desarrollando allí las cosas. Por su parte, el propio
departamento de Sanidad, adelantándose al resto del Estado, elaboró
en su día un programa específico de tratamiento de estos trastornos
que inició su andadura entre mayo y julio de 1998 en los tres
territorios históricos y que, sin perjuicio de mejoras, que como en
toda actividad humana aún son posibles, lo cierto es que el programa
de Euskadi se considera hoy modélico por parte de expertos en la
materia, tanto nacionales como extranjeros, como es habitual decir en
estos casos. Hay una enorme variedad de situaciones y, por tanto, los
criterios que se han venido aplicando lo son con una enorme
flexibilidad en función de las características particulares de cada
caso. No obstante, la experiencia de estos años muestra que en
términos generales existe una marcada tendencia a atender los casos
de trastornos de la conducta alimentaria en programas específicos.
Ello no siempre es bueno, y se ha detectado que por la alarma social
generada por los medios de comunicación y la reivindicación de estos
tratamientos específicos por parte de los familiares en muchos casos,
a veces queda invalidada la alianza terapéutica necesaria con el
terapeuta de referencia.
A fin de paliar estas dificultades se ha mantenido una actitud de
apertura hacia las asociaciones, intentando mantener un elevado nivel
de información y una adecuación de las actuaciones a desarrollar en
cada ámbito absolutamente necesarias en dolencias relativamente
nuevas, como aquélla de la que estamos hablando. Igualmente se han
llevado a cabo actuaciones conjuntas con la atención primaria, con la
finalidad de ayudar a mejorar su capacidad diagnóstica en estos
casos, editándose guías básicas con material de soporte para las
reuniones. También se han desarrollado sesiones informativas en
centros educativos, folletos de difusión de los trastornos, reuniones
a través del departamento de educación y otras muchas tareas
parecidas a las que se pretenden proponer en la moción que se nos
presenta desde el Grupo Socialista.
Visto el contenido del informe de la ponencia que se elaboró en su
día en el Senado, visto el contenido de la moción que se presenta hoy
a esta Cámara, le queda a una la sensación de que hay quien no está
haciendo adecuadamente sus deberes en esta materia, ya señalados o ya
fijados en las numerosas intervenciones que, repito, hemos tenido
ocasión de escuchar tanto en esta Cámara como en el propio Senado.
Bien sean determinadas comunidades autónomas, bien el propio
Gobierno, no se ha tomado con la suficiente seriedad la asunción de
obligaciones que ya tienen en esta materia y no creemos que la moción
que hoy se pudiera aprobar fuese a aumentar como obligaciones,
repito, propias y asumidas ya en función de las competencias que cada
Administración, el Gobierno en el territorio común, o las comunidades
autónomas, tengan. Sin embargo, como muestra de buena voluntad, y en
la medida en que
entendemos que determinadas comunidades autónomas sí tenemos ya
trabajos adelantados, sí estamos cumpliendo con lo que incumbe, no
tenemos inconveniente en considerar que el contenido de lo que se
propone desde el Grupo Socialista puede ser interesante, puede ser
una nueva llamada de atención y, por tanto, con estas connotaciones
que he dicho de que creo que insta a algo que ya es obligatorio en
este momento, nos parece oportuno y adecuado darle nuestro voto
favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en primer
lugar queremos manifestar nuestra preocupación por la sensación
existente en la sociedad española sobre la insuficiencia e ineficacia
de las administraciones sanitarias para solucionar el problema de los
trastornos de la conducta alimentaria. Esto si bien es verdad que
puede responder a una alarma social injustificada, no es menos cierto
que fundamentalmente responde a la ineficacia en la respuesta de las
administraciones sanitarias.
Lo primero que debe hacer un médico en atención primaria, señorías,
ante un posible caso de anorexia o de bulimia es descartar problemas
orgánicos, aplicar medidas alimentarias y evaluar al paciente. Para
ello hay que tener formación, una formación adecuada y, por tanto, lo
primero que tenemos que plantearnos es la necesidad de reciclaje del
personal sanitario. Además hay que tener unos protocolos consensuados
y avalados científicamente. La solución para el tratamiento de los
trastornos de la conducta alimentaria no está, señorías, a modo de
ver del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en crear
redes paralelas, sino en potenciar la red que ya tenemos, en general
para poder orientarla hacia las nuevas necesidades o hacia las nuevas
demandas existentes en el conjunto de la sociedad. Es, por tanto,
necesaria la coordinación entre la Administración sanitaria y otras
administraciones para potenciar las labores de prevención.
Ante la moción que plantea el Grupo Socialista sólo podemos votar
afirmativamente, porque las propuestas que traen a esta Cámara son
lógicas para la solución del problema planteado, y además
coincidentes con nuestras posiciones: realización de estudios
epidemiológicos; articulación de programas de prevención; control de
la publicidad; campañas de información; prevención en centros
educativos en el ámbito sanitario y en el ámbito familiar; proyectos
de investigación; formación específica; potenciación de equipos de
salud mental; puesta en marcha de hospitales de día o la
creación de unidades específicas; la coordinación; los programas de
apoyo a los padres y familiares; y la financiación específica. Pero
una vez más, señorías, instamos al Gobierno desde esta Cámara para
abordar la solución de un problema ampliamente sentido por los
ciudadanos, y digo una vez más pues en noviembre del año 1999 ya el
Senado instó al Gobierno a desarrollar un pacto contra la anorexia y
la bulimia que contemplaba gran parte de las propuestas que hoy ha
traído a esta Cámara el Partido Socialista. Instamos, por tanto, a la
Administración, porque nosotros no tenemos constancia de que se hayan
cumplido las recomendaciones del Senado, a que las atienda, porque de
otro modo nos veremos obligados una y otra vez a exigir explicaciones
sobre el cumplimiento y la formulación de las mismas ante la
inexistencia de resultados.
Estamos ante un problema suficientemente grave, y yo quiero
introducir un nuevo elemento en el análisis que veo que pasa
desapercibido para otros grupos parlamentarios. Yo añadiría además
que los cambios sociales que se han producido en la sociedad
española, producto de la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo, sin el paraguas de un potente Estado de bienestar, hace que
nuestros hijos y nuestras hijas crezcan solos y por lo tanto
sometidos a la dictadura de la influencia mediática de Internet sin
ningún tipo de control adulto. Además, la incorporación de las
mujeres al mercado de trabajo sin un potente Estado de bienestar
también plantea problemas de cultura alimentaria, y yo diría que es
básico que nos demos cuenta de que este es un problema nuevo. Cuando
yo era pequeña, también había modelos, y no podemos referenciar todo
a los valores estéticos, porque las medidas de 90-60-90 de mi
generación no respondían a los valores estéticos de esa época, la
mayor parte de las mujeres eran gorditas y las que medían 90-60-90
eran muy poquitas y no había anorexia y bulimia. Por lo tanto, yo
creo que hay que abrir el debate a otras cuestiones que también
pueden estar en la base de este problema.
Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la solución
del problema que está aquí denunciado pasa por resolver un problema
estructural en la sanidad española fundamentalmente consistente en la
defensa y mejora de la sanidad pública que contemple una mayor
dotación presupuestaria, teniendo en cuenta que España es uno de los
países de la Comunidad Europea, señores del Partido Popular, con más
bajo porcentaje respecto al PIB del gasto sanitario; la dotación de
la atención primaria de salud de los recursos humanos y estructurales
para una correcta atención tanto en ratios de pacientes/personal
sanitario como en tiempo dedicado a la consulta y la mejora de la
infraestructura hospitalaria, ya que el ratio número de camas por
1.000 habitantes sigue siendo también el más bajo de la Comunidad
Europea.
La señora PRESIDENTA: Señora Castro, vaya terminando.
La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta, diciendo que
hay que aumentar el gasto en investigación, ya que estamos muy lejos
del compromiso del 1 por ciento del presupuesto sanitario para este
fin.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora
Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Pido disculpas por mi tono de voz, que no es el adecuado, por lo que
voy a ser más breve, y ruego, señora Valentín, que no lo interprete
como una descortesía, porque simplemente es una afonía. Y rima y
todo.
Usted comentaba con respecto a la moción que expuso el día de la
interpelación una problemática social que es grave y que tiene una
alta incidencia entre un sector de la población, principalmente los
jóvenes y adolescentes. Yo no voy a entrar a discutir si la respuesta
que le dio la señora ministra la convenció o no. No me compete a mí
valorar la opinión que usted tiene sobre lo que la ministra le
respondió, pero sí le voy a decir, señora Valentín, que los puntos
que ustedes desarrollan en esta moción se basan en el sentido común y
están acordes con el dictamen de la famosa ponencia sobre el estudio
de la anorexia y la bulimia, que tuvo lugar en el año 1999 en el
Senado, por lo que no existe por parte de mi grupo ninguna
discrepancia con lo que usted propone. Lo que ocurre, señora
Valentín, es que las comunidades autónomas tenemos competencias en
materia de salud pública y la mayoría también las tenemos en materia
de asistencia sanitaria, y muchos puntos de los que usted expone
están por tanto transferidos a las comunidades, que procuramos
ejercerlos con responsabilidad. Pienso con toda sinceridad que es el
caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Mire, en el año 1999 el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña desarrolló un programa
interparlamentario en el que se da cumplimiento prácticamente punto
por punto a los mandatos que usted insta en la moción, se actúa sobre
aspectos importantes de la educación, se actúa sobre aspectos
sociosanitarios, se actúa con protocolos hacia los educadores, hacia
los monitores de comedores escolares; todo, con el objeto de poder
prevenir la enfermedad, poderla detectar de manera precoz para poder
actuar. Si aún hay alguna insuficiencia que quiera admitir quizás
sería que a pesar de que el Gobierno de Cataluña ha hecho un
importante esfuerzo para que los hospitales públicos y los hospitales
concertados dispongan de plazas hospitalarias para tratar los
trastornos alimentarios en aquellos casos en que es necesario, mi
Gobierno es consciente de que hay que incrementar las plazas
hospitalarias en este aspecto.
Señora Valentín, en nombre de mi grupo le anuncio que nos vamos a
abstener, nos vamos a abstener por este criterio, porque un no
visualizaría una disconformidad con lo que usted presenta, que no es
el caso; insisto en que usted plantea temas de sentido común. Pero
simplemente el sí podría dar a entender que en nuestro caso el
Gobierno de Cataluña no ha hecho los deberes o que otras comunidades
no los han hecho. Como no es así, como pienso que nosotros y otros
hemos actuado de acuerdo con una problemática que es grave,
visualizaremos nuestra postura con esta abstención. Si mi voz lo
permitiera podría extenderme mucho más en todos los protocolos y en
todos los programas que desde nuestro Gobierno se han implementado.
No quiero negar, señora Valentín, que probablemente todos, y también
por descontado el Gobierno, estamos ante una situación que más que
señalar en un papel lo que debe hacerse, que ya está hecho, hay que
hacer el esfuerzo necesario para que lo que debe hacerse se haga y
bien.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Grupo Parlamentario Popular, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que nos ocupa es uno de los temas recurrentes no
sólo en los medios legislativos sino en todo el mundo médico social,
porque su problemática forma parte de una enfermedad, de un síndrome
-la terminología nunca es concreta al respecto- que se proyecta en
nuestra sociedad, en la sociedad de consumo, no en las sociedades
pobres, como consecuencia de una serie de factores que convergen
sobre todo en una actitud vital cuyas consecuencias todavía no
podemos controlar: el dolor, el sufrimiento, la autodestrucción; todo
lo que hablamos aquí a diario, a lo que conduce y con lo que todos
nos sentimos solidarios y que nos alertan y nos sobrecogen.
Dicho esto, señoría, comparto con usted su preocupación, sobre todo
por el entorno sociosanitario en el que se van a desarrollar no
solamente los problemas sino también las actuaciones tendentes a
controlarlos. He leído atentamente, después de haberla escuchado, su
interpelación de días pasados y su moción, y cómo no, yo también
sufrí, y usted lo sabe, con las madres, con las familias, con tantos
jóvenes afectados, queridos, cercanos. Pero, señoría, debo discrepar
con usted en los mecanismos de solución que plantea en su moción
porque dijérase que su propuesta, que naturalmente tiene la más noble
de las intenciones, se aparta considerablemente de la realidad
existente en nuestro
país. En primer lugar, señoría, usted se mete en un cacao
-permítaseme la expresión- con el Sistema Nacional de Salud, con las
transferencias de las comunidades autónomas, con las transferencias
de salud que algunas comunidades tenían -y usted ha ejercido esas
competencias en materia de salud- en su relación de una forma cuando
quieren y de otra forma cuando no quieren. Por eso, señorías, debe
hacer bien su propuesta con relación al proceso autonómico.
Si nos damos cuenta del creciente número de enfermedades relacionadas
con trastornos del comportamiento alimentario, vemos que uno de los
aspectos urgentes que hay que abordar es este. Podría pensarse
después de su intervención que estamos ante la presentación de un
problema que nadie ha abordado. Usted sabe, señoría, que la primera
propuesta parlamentaria sobre anorexia y bulimia fue hecha por el
Grupo Popular en enero de 1997 y que fue aprobada por unanimidad.
Desde entonces, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades
autónomas vienen trabajando en el problema de forma más o menos
consensuada, dependiendo muchas veces de diferentes factores que
ahora no es el momento de analizar. Curiosamente coinciden los puntos
que usted cita en su moción, programas de formación profesionales,
programas asistenciales de prevención, programas de autoayuda,
intentar suprimir en la educación determinados patrones de estilo en
esta sociedad de consumo, como no podía ser menos la investigación,
toda esa serie de actuaciones conducen a lo que usted expone en su
moción. Pero todo esto no se ha hecho de una forma desorganizada,
señoría, y usted lo sabe, porque en marzo de 1999 se creó esa mesa
sectorial con representantes de las distintas instituciones y ha
realizado una labor bastante más que meritoria, y a usted le consta,
con independencia de otra serie de actuaciones específicas de las
comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad y Consumo. Quiero
recordar solamente el protocolo de atención de pacientes con
trastornos del comportamiento, dirigido, a través del Insalud, a los
médicos de atención primaria. Decimos a través del Insalud porque las
competencias ya hemos visto que no están tan claras como usted las
plantea, y usted lo sabe muy bien porque las ha ejercido. Dentro del
ámbito de la detección precoz, dentro del ámbito asistencial, este
protocolo es fundamental. También con el grupo de trabajo, con una
serie de estrategias coordinadas con asociaciones científicas, se
elaboró un documento titulado Trastornos del comportamiento
alimentario, criterios de ordenación de recursos y actividades, que
fue aprobado en el primer semestre del año 2000 y enviado a todos los
equipos hospitalarios del Insalud para su distribución en todos los
sectores asistenciales implicados.
En relación con la actuación ante los pacientes, que al fin y al cabo
es lo que más directamente nos interesa a todos, lo que más nos toca
al corazón, el contrato de gestión del año 2001 tiene como objetivo
expreso que
en cada área sanitaria exista un programa de atención integral a los
trastornos de conducta alimentaria.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, su tiempo ha
terminado.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑÓS: Lo lamento muchísimo, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Usted sabe que en el debate de las
interpelaciones y de las mociones es estricto el cumplimiento del
tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Solamente, con su benevolencia,
señora presidenta, quiero decir que no podemos aceptar su moción...
(Rumores.) Lo siento, debe ser muy gracioso que se me haya acabado el
tiempo; otras veces se les acaba a ustedes. Son contingencias del
oficio. Me alegro muchísimo de hacerles felices a esta hora.
(Rumores.) No puedo aceptar su moción, señoría, porque si usted ha
leído la última... (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, muchas gracias.
(Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE CUÁL VA A
SER LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A
LOS PROCESOS RECESIVOS ACTUALES QUE PUEDEN TENER FUERTES
REPERCUSIONES EN LA VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA, SI NO SE TOMAN
MEDIDAS OPORTUNAS ANTES. (Número de expediente 173/000089.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre cuál va a
ser la política económica y social del Gobierno para hacer frente a
los procesos recesivos actuales que pueden tener fuertes
repercusiones en la vida económica y social de España, si no se toman
las medidas oportunas antes.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Buenas noches.
La moción que presenta Izquierda Unida después del debate de hace
tres semanas tiene los siguientes puntos fundamentales: En primer
lugar, un punto referente a la necesidad de un desarrollo sostenible
y social de carácter mundial, con aplicación de la tasa Tobin y al
mismo tiempo la aplicación de los derechos humanos al conjunto de
problemas existentes en el mundo. Señor Martínez- Pujalte, ya que me
mira, pan y cultura en vez de bombas. (La señora vicepresidenta,
Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) En segundo lugar,
segundo punto, la convergencia nominal en la Unión Europea, elemento
fundamental. Eso exige un presupuesto de la Unión Europea ampliado,
con una modificación de la obtención de ingresos como elemento
imprescindible. El dinerito para hacer la política que se tiene que
hacer. Por tanto, un presupuesto adecuado. Tercer punto, pleno
empleo. Aquí el Banco Central Europeo debería tener como objetivo
principal, junto a los objetivos que ya tiene, la creación de empleo
en condiciones como un elemento importante. Las instituciones, en
este caso el Banco Central Europeo, al servicio del desarrollo social
y la creación de empleo. Cuarto punto, más cobertura a las
prestaciones sociales como una medida justa. Justa es siempre, desde
el punto de vista social, siempre es justa, pero en este momento
concreto además, con la recesión, todavía no depresión, aunque
estamos a un paso, mundial, que también nos afecta, podría ser una
medida anticíclica. Podría intervenir positivamente, en la medida en
que el conjunto de la ciudadanía tendría más dinero para hacer cosas
socialmente útiles, necesarias. No para el derroche. Me imagino que
no utilizarían la misma filosofía que Antonio Camacho sino que
intentarían hacer otro tipo de filosofía, la filosofía de vivir y
dejar vivir. Quinto punto, aumentar el gasto público en inversión.
Hablamos de algo muy concreto y además necesario, sobre todo
necesario para la juventud, un parque de viviendas públicas en
alquiler. No lo hay prácticamente. Sexto punto, progresividad del
sistema tributario para evitar la desfiscalización de las rentas del
capital. En esto soy consciente de que nuestra filosofía es
antagónica. En la dialéctica de lo positivo y lo negativo nosotros
planteamos la progresividad fiscal y ustedes la regresividad fiscal.
Séptimo punto, impulsar y apoyar económicamente nuevos yacimientos de
empleo. Los yacimientos de empleo son muchos: de carácter social,
atención a las personas mayores, a los jóvenes, sistemas de
transporte diferentes.
Hay una serie de medidas articuladas que están contenidas en la
moción y que creemos que también podrían ayudar a activar la
economía. Octavo punto, desarrollo del sector ecoindustrial, lo cual
significa una reconversión ecológica de los sistemas de producción,
distribución y consumo. Eso no quiere decir liquidar ninguno de los
sectores, empresas o subsectores que podríamos llamar obsoletos o, si
no obsoletos, que ya son clásicos, sino introducir toda una serie de
reformas y en los nuevos una reconversión ecológica desde el
principio, que naturalmente abaratará los precios y permitirá tener
otras condiciones para la creación de empleo y para la preservación
del medio ambiente. Finalmente, como noveno punto, política agraria y
forestal. En este país y en el conjunto de Europa, aunqueahora hayan
desaparecido de la escena política y pública y de los medios de
comunicación, hemos tenido importantes y gravísimos problemas en lo
que hace referencia al tipo de agricultura intensiva manipulada
y en algunos casos criminal y en la ganadería ídem de ídem, con
repercusiones graves para la alimentación humana.
Nosotros presentamos esta moción con relación a todo esto porque nos
parece que en un momento de recesión, compartida también por España,
sería interesante que desde el Estado hubiera toda una serie de
medidas de activación de la economía, porque, miren lo que ha pasado,
señor Martínez-Pujalte, que, a tenor de la recesión existente ya
antes del día 11 de septiembre y agudizada después de ese día,
resulta que algunos planes absolutamente ultraliberales, que tenían
muchos países y en concreto los Estados Unidos de América, los están
metiendo como mínimo en el segundo cajón, no en el último, en el
segundo, para políticas de inversión, porque se dan cuenta de que, si
no reactivan algo la economía, la economía acabara por caerse, con
las tremendas repercusiones sociales que conllevaría. Como el
pensamiento neoliberal siempre piensa en guardar la cartera, piensa
que a lo mejor, si se desarrollan determinados fenómenos en la
sociedad, podría peligrar también el poder que han conquistado de una
forma o de la otra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su enmienda,
tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Nuestra primera enmienda se justifica con los siguientes argumentos.
El proceso de crecimiento económico de estos últimos años no ha
supuesto un aumento en las retribuciones percibidas por los
trabajadores y trabajadoras. Antes al contrario, el crecimiento
experimentado en muchas empresas y sectores de actividad ha sido
fruto de un proceso de reestructuración aplicando medidas de ajuste
que han supuesto la reducción de empleos y la sustitución de antiguos
puestos de trabajo por otros en condiciones más precarias. Por
ejemplo, prácticamente todas las grandes empresas han realizado
planes de prejubilaciones, cuyo principal objetivo consiste en
reducir los costes laborales, introduciendo nuevos trabajadores en
las empresas con contratos en precario y con unos salarios y
compensaciones sociales inferiores a los que percibían los
trabajadores sustituidos. Son los casos de Telefónica, de Repsol o de
Endesa. El crecimiento económico se ha asentado en parte en
presupuesto ficticios, puesto que lo que se ha incrementado ha sido
el margen de beneficios de las grandes empresas, mientras que la
situación laboral y económica de los trabajadores no se ha
incrementado de forma paralela sino que se ha situado en niveles
retributivos inferiores.
La enmienda por tanto pretende introducir, como criterio de guía de
la política económica, que el crecimiento lleve aparejado una mejora
en las condiciones laborales, sobre todo salariales de los
trabajadores, de forma que no sigamos asistiendo a un escenario donde
las continuas noticias de aumento de la cuenta de resultados de las
grandes corporaciones y su mejora en la cotización bursátil vayan
acompañadas de negociaciones, cada vez más duras, para mejorar los
niveles salariales de todos los trabajadores y trabajadoras. La
segunda enmienda respecto del sector agrario, también es de adición y
se justifica por el hecho de que el actual proceso de
industrialización de la agricultura no sólo está causando graves
problemas, desde el punto de vista de la sanidad animal e incluso
humana -recuérdese la crisis de las vacas locas-, sino un grave
desequilibrio territorial derivado de un uso cada vez más agresivo,
desde un punto de vista medioambiental, de las tierras agrícolas y un
manejo intensivo de las producciones ganaderas. Por otra parte, la
continua reducción de mano de obra en la actividad agraria está
ocasionando un éxodo masivo del territorio rural, al no impulsarse la
implantación de actividades alternativas, con riesgos graves de
despoblamiento de amplias zonas en todo el territorio.
La política agraria por todo ello deberá tener en cuenta, además de
los criterios que se exponen en la moción, su inserción en una
política más amplia de desarrollo rural que permita implantar en las
zonas rurales actividades complementarias a la agraria y que no sean
incompatibles con la misma. Sobre todo, retomar prácticas agrarias
sostenibles que permitan un aprovechamiento más racional de las
tierras agrícolas y que tenga en consideración los recursos propios
de cada territorio.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en este doble
trámite parlamentario, nos ha ofrecido su análisis de la situación en
el campo económico y social, después de los hechos ocurridos el día
11 de septiembre, con sus legítimas recetas para dar respuesta a una
serie de problemas que tenía nuestra sociedad. Lógicamente lo hace
desde su coherencia doctrinal respecto a su manera de analizar la
realidad y a su manera de entender cómo la realidad debe ser
respondida. Con el fondo de la cuestión de su análisis de la realidad
nosotros no podemos coincidir. Podemos hacerlo con alguno de los
puntos concretos de su iniciativa. Es más,
algunos de ellos forman parte de nuestro discurso ante la discusión
presupuestaria que estamos hoy viviendo, como el aumento del gasto
social, el aumento de la inversión pública, un esfuerzo en la
creación de más y mejor empleo o un mayor compromiso en las políticas
de cooperación al desarrollo que el Estado español debe impulsar.
Pero con la filosofía expresada en su intervención y en la
interpelación no podemos coincidir. Por tanto, vamos a rechazarla.
Quiero decir al señor Frutos que, evidentemente, el reto que tenemos
después del 11 de septiembre continúa siendo el mismo reto que
teníamos antes de esa fecha, cómo somos capaces de incorporar nuestra
economía, la economía del Estado español, la economía de mi país, de
Cataluña, a la economía global y cómo esa incorporación a la economía
global se hace manteniendo la cohesión social de nuestras sociedades
y al mismo tiempo articulando un sistema mundial que sea sostenible.
Ese reto era antes del 11 de septiembre y después la cuestión es si
somos capaces de mejorar aquello que antes del 11 de septiembre no
estaba yendo bien o si el 11 de septiembre va a servir para empeorar
las cosas. Las recetas que estamos aplicando hasta ahora nos pueden
servir para mejorar algunas cosas y quizás nuevas políticas en el
terreno social, en el terreno laboral, en el terreno económico, nos
sirvan tanto a escala del Estado español como a escala mundial para
dar respuesta a aquello que antes del 11 de septiembre seguro que no
estaba funcionando suficientemente bien. En todo caso tendremos
muchas ocasiones para continuar discutiendo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
No hay ninguna duda de que la interpelación que dio origen a esta
moción se presentó en un momento que resultaba francamente oportuno
debatirlo, máxime si tenemos en cuenta que la semana anterior
habíamos tenido ocasión de debatir una interpelación que, realizada
por los dos socios de Gobierno de la Cámara, parecía, y entonces lo
califiqué de un baile de salón, concretamente más un minué, entre los
dos socios, única y exclusivamente para dar rienda suelta a una
autocomplacencia, dar rienda suelta a las mismas soluciones o a las
mismas medidas de política económica que se habían estado aplicando o
se venían proponiendo en esta Cámara por los dos grupos
parlamentarios.
La verdad es que una interpelación de otra índole, una interpelación
que ponga en duda lo que existe y que rompa con el conservadurismo y
con el inmovilismo resulta gratificante y bastante refrescante. Por
eso agradezco al señor Frutos, de Izquierda Unida, que fueran
capaces de suscitar en aquel momento el debate en esta Cámara.
Sin embargo, en el caso de la moción que tenemos entre manos la
consideramos muy poco operativa. La moción que se ha presentando
responde más a una serie de orientaciones generales sobre un programa
de gobierno que puede ser del grupo proponente y que mezcla
cuestiones puramente de declaraciones de principios que, en términos
generales, mi grupo comparte, con modificaciones muy concretas,
modificaciones normativas, que a veces no están dentro de la
competencia de esta Cámara. Mi grupo se encuentra con una dificultad,
porque quisiéramos hacer un debate mucho más participativo para poner
en cuestión lo que pensamos sobre cada uno de estos temas y una
moción, donde no hay posibilidad de enmendar o resulta difícil hacer
votaciones separadas, creemos que no es el procedimiento más
oportuno.
Desde mi grupo invitamos a Izquierda Unida a que estos temas que se
tratan en la moción, con muchos de los cuales mi grupo participa, se
realicen a través de otro procedimiento parlamentario, como pueden
ser proposiciones, donde nosotros podamos aportar lo que pensamos de
cada uno de los temas, debatirlos más a fondo y llegar a unos
acuerdos más amplios. Nos vemos en la situación de no poder dar
nuestro sí, pero, como estamos de acuerdo con muchas declaraciones de
principios, tampoco podemos dar el no. Por tanto, nos abstenemos y
esperamos que todas estas propuestas se presenten en otro tipo de
procedimiento parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Mendizábal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchísimas gracias, señora
presidenta.
Señor Frutos, le han abandonado hasta sus socios electorales, no le
dan el apoyo ni sus socios electorales. Habla usted de revisar la
política económica y le quiero decir, señor Frutos, que este grupo
parlamentario, más allá de la autocomplacencia, no quiere cambiar la
política económica. No queremos cambiar una política económica que
lleva haciendo que España crezca un punto más que la media europea
durante los años de Gobierno del Partido Popular. ¿Por qué hemos de
cambiar una política económica, señor Frutos, que hace que tengamos
un diferencial de crecimiento con la Unión Europea, ya sostenido en
el tiempo, que nos ha hecho acercarnos a los países más ricos? Señor
Frutos, ¿por qué hemos de cambiar la política económica de este
Gobierno, que ha hecho que en España haya más de tres millones y
medio de nuevos afiliados a la Seguridad Social? Estoy seguro, señor
Frutos, de que usted se alegra conmigo de que haya tres millones y
medio denuevos afiliados a la Seguridad Social. Estoy seguro,
señor Frutos, de que usted se alegra de que la tasa de paro en España
haya bajado del 24 al 14 por ciento y de que en España, por los datos
estadísticos que hemos conocido últimamente, los ciudadanos con menor
renta se aproximen a la media, que se esté distribuyendo con mayor
justicia la riqueza. Estoy seguro, señor Frutos, de que usted está de
acuerdo conmigo en que eso es bueno. Y si eso es bueno, ¿por qué
hemos de cambiar la política económica?
Hoy, señor Frutos, un organismo internacional, el Fondo Monetario
Internacional, ha dicho que España está en el buen camino, ha dicho
que las reformas estructurales en España son excepcionales, ha dicho
que en el año 2002 vamos a crecer más que la media europea, ha dicho
que vamos a seguir teniendo diferenciales de crecimiento positivo, ha
dicho que este Gobierno y su política económica están dando unos
frutos extraordinarios. (Risas.-Rumores.) Frutos, señor Frutos. ¿Que
hay que seguir trabajando? Por supuesto. ¿Y qué hay que hacer?
Mantener unos objetivos claros. ¿Qué objetivos, señor Frutos? En
primer lugar, convergencia real, seguir corrigiendo nuestro déficit
estructural de convergencia real; por tanto, tenemos que crecer más
que el resto de los países europeos, y es lo que va a pasar en el
2002 con los presupuestos que hemos de aprobar. En segundo lugar,
seguir creando empleo para llegar al pleno empleo. Pero, señor
Frutos, para llegar al pleno empleo las mejores recetas son las
nuestras, las que han hecho que haya tres millones y medio de nuevos
afiliados, son las que han hecho rebajar el paro del 24 al 14 por
ciento.
No le podemos dar apoyo, señor Frutos, no podemos. Y hay que decir
que tenemos que seguir con una política económica de reformas
estructurales, también en los mercados de trabajo. Hay que seguir con
una modernización del sistema tributario, hay que seguir bajando los
impuestos, sobre todo a asalariados, pensionistas y familias. Eso es
progresividad, señor Frutos, y este grupo quiere progresividad. Pero
progresividad no es subir los impuestos, es bajarlos y bajarlos a
quien más lo necesita. Hay que seguir, señor Frutos, haciendo
políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las
que están tirando del empleo, que son las que tienen que competir.
Esto es lo que hace este grupo, con la ayuda, por supuesto, de los
grupos que dan el apoyo a la política económica del Gobierno actual.
También, señor Frutos, hay que hacer una política de equilibrio de
las cuentas públicas. En ese sentido el presupuesto es el adecuado.
Un 7 por ciento de déficit público, 24 por ciento de paro, equilibrio
presupuestario, diez puntos menos en tasa de paro y tres millones y
medio más de afiliados. Con el 0,5 por ciento ...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Martínez-
Pujalte, le ruego concluya, ha terminado su tiempo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acabo, señora presidenta. Con esta
política es como se sigue creciendo, señoría.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Frutos, ¿desea
manifestar su aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas?
El señor FRUTOS GRAS: Aceptamos las dos enmiendas que ha presentado
el señor Rodríguez Sánchez, del Bloque Nacionalista Gallego. Le
agradezco al señor Martínez-Pujalte que me haya hecho ministro; me ha
citado tantas veces que casi me ha hecho ministro. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEJORAS DE PROTECCIÓN EN LOS
REGÍMENES ESPECIALES DEL MAR, AGRARIO Y AUTÓNOMOS. (Número de
expediente 173/000090.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Moción que presenta
el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejoras de protección en los
regímenes especiales del mar, agrario y autónomos.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, hace tres
semanas y a unas horas menos intempestivas que estas -y eso es culpa
de quien es culpa, desde luego no de este diputado- se debatía una
interpelación relativa a la mejora de los regímenes especiales de la
Seguridad Social en especial por lo que se refiere a los trabajadores
por cuenta propia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) En
ese debate que tuvimos quedaron claras algunas cuestiones, cuestiones
que se dijo entonces que no eran datos del Bloque Nacionalista
Gallego, sino de una institución como el Consejo Económico y Social o
datos sacados de Eurostat. Por ejemplo, que en el Estado español el
porcentaje de gasto público en protección social es inferior a la
media europea, que la financiación pública de la Seguridad Social
también es inferior a la media comunitaria. Y no parece, por cierto,
a la vista del proyecto de presupuestos que el Gobierno presenta para
el año que viene, que eliminar o corregir esta diferencial sea una de
las prioridades de su acción política.
Quedó claro también, en segundo lugar, que perviven entre los
diferentes regímenes de la Seguridad Social diferencias que no pueden
justificarse en peculiaridades de las actividades acogidas a los
mismos, regímenes especiales que además -estoy hablando del régimen
especial de trabajadores autónomos, de trabajadores del mar y del
régimen especial agrario- presentan unas
cifras de gasto público inferiores incluso a la media estatal, que ya
de por sí, como dijimos, es inferior a la media comunitaria. Dijimos
en aquel debate cuáles eran las diferencias, diferencias que afectan
a la cuantía de ciertas prestaciones, como las pensiones de viudedad,
de jubilación o por incapacidad permanente, más bajas en estos
regímenes especiales que en el general, diferencias que afectan a la
extensión de la acción protectora en estos regímenes respecto por
ejemplo de la incapacidad temporal, de la incapacidad permanente o de
la cobertura por desempleo. Y esta situación -lo dijimos también
entonces- se contradice abiertamente con lo dispuesto en la
recomendación cuarta del Pacto de Toledo. Dijimos también que el
reciente acuerdo de pensiones suscrito por el Gobierno, la CEOE y
Comisiones Obreras, sin contar con organizaciones sindicales y
profesionales representativas, por ejemplo, del mundo del mar, del
mundo del marisqueo o del mundo del campo o de la ganadería, empeora
esta situación porque establece un importante aumento de cotizaciones
-alrededor de 150.000 pesetas por trabajador y año- para los
trabajadores por cuenta propia del régimen especial de trabajadores
del mar y del régimen especial agrario, sin que este importante
aumento de las cotizaciones se vea acompañado de un incremento de la
acción protectora. Este aumento de cotización -lo están denunciando
ya muchas organizaciones- va a suponer el cierre para muchas empresas
y para muchas explotaciones familiares. Parece que para ellas las
promesas de rebajas fiscales del Gobierno, que nunca llegan, como la
eliminación del IAE, llegarán demasiado tarde.
Estamos, pues, ante una situación injusta; injusta desde un punto de
vista social, pero injusta también desde un punto de vista
territorial y de género. Desde un punto de vista social, porque se
condena a sectores cada vez más numerosos como el de los trabajadores
por cuenta propia, el de los falsos autónomos, a una cobertura social
mínima. Podríamos preguntarnos qué protección social, qué carreras de
pensiones están completando los trabajadores y las trabajadoras
eventuales y qué protección social tienen hoy y qué carreras de
pensiones están completando los autónomos y los trabajadores del mar
y del campo por cuenta propia. Es injusto también desde un punto de
vista territorial porque si Galicia cuenta con el triste récord de
ser la comunidad autónoma española en la que más bajas son las
pensiones, ello obedece a que gran número de los pensionistas y de
los trabajadores gallegos lo son de estos regímenes especiales.
También es injusto desde un punto de vista de género, porque las
trabajadoras del mar y del campo por cuenta propia encuentran aún
grandes problemas para afiliarse como tal a estos regímenes
especiales o para figurar como titulares de una explotación agraria o
ganadera. En el estado actual de la legislación han de demostrar que
tal actividad constituye la fuente principal de ingresos de núcleo
familiar, lo cual, a la luz de la presunción legal, se erige en
muchas ocasiones en un obstáculo insalvable.
Frente a esta situación, la moción que ahora presenta el Bloque
Nacionalista Galego propone, en primer lugar, aumentar la
financiación pública de la protección social y hacerlo en dos
sentidos; en general, para acercarnos a la media europea y, en
particular, respecto a los regímenes especiales, para acercar la
protección que estos brindan a la que ofrece el régimen general. Esta
medida no tiene por qué menoscabar, sino todo lo contrario, la
sostenibilidad del sistema de seguridad social. Lo que sí menoscaba
esta sostenibilidad es destinar dinero de las cotizaciones sociales,
más de 600.000 millones el año que viene, para fines distintos de los
de incrementar y nutrir el fondo de reserva. Dinero, señorías, que
podría destinarse a mejorar prestaciones, a mejorar el bienestar de
trabajadores y pensionistas sin menoscabo alguno, ya lo dije, para un
sistema que no tiene -no está escrito en ningún sitio, desde luego no
en la Constitución- por qué financiarse únicamente con cargo a las
cotizaciones sociales.
En segundo lugar, pretendemos promover medidas legislativas y
reglamentarias para mejorar la protección de los trabajadores
encuadrados en los regímenes especiales de la seguridad social, para
que puedan acceder, en condiciones similares a las reconocidas al
resto de los trabajadores, a las mismas prestaciones reconocidas. Por
ejemplo, el derecho a percibir el subsidio por incapacidad temporal
desde el cuarto día de la baja; el derecho de opción para formalizar
la cobertura por incapacidad temporal, de forma que puedan acogerse
voluntariamente bien en la seguridad social o bien en las mutuas de
accidentes de trabajo; contemplar bonificaciones en los casos de
maternidad; incluir la protección de la incapacidad permanente
parcial para la profesión eventual y otras que tienen ustedes en la
moción que seguro tienen delante.
En tercer lugar, pretendemos impulsar el reconocimiento de obtener
una prestación por desempleo los trabajadores por cuenta propia
afiliados a los regímenes especiales. Esto no es pretender que el
Estado se erija en asegurador universal, porque -lo aclaramos también
hace tres semanas- pretendemos que este derecho se reconozca cuando
la situación de desempleo sea involuntaria y obedezca a causas
técnico económicas ajenas a la negligencia profesional de estos
trabajadores.
Pretendemos, en cuarto lugar, mejorar la cobertura social y el
régimen de cotización de las mariscadoras a pie afiliadas al régimen
del mar, eliminar las discriminaciones que aún persisten para que las
mujeres puedan acceder al régimen especial del mar y agrario por
cuenta propia. Queremos, en definitiva y acabo, que todas estas
mejoras, y en general cualquier reforma que afecte a estos regímenes,
se negocien previamente con las organizaciones sindicales y
profesionales más representativas de los respectivos sectores, para
que no vuelva a suceder lo que ya sucedió con el mencionado
acuerdo de pensiones entre el Gobierno, Comisiones Obreras y la CEOE.
Acabo, señorías, diciendo que si la política es el arte de hacer
posible lo necesario, creo que debemos posibilitar, de una vez por
todas, que todos los trabajadores y todas las trabajadoras gocen de
una protección social digna; que todos y todas, con independencia de
su género, de la actividad que desarrollan o del régimen -por cuenta
propia o ajena- en que lo hagan, tengan derecho...
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, su tiempo ha concluido.
El señor AYMERICH CANO: Acabo enseguida.
Decía que tengan derecho a unas prestaciones y a un bienestar propio
de un Estado que se reclama avanzado. Esta moción contiene medidas
prudentes, medidas económicamente abordables y medidas orientadas,
sobre todo, a satisfacer las justas demandas de colectivos, más
numerosos cada vez, de trabajadores por cuenta propia.
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, usted sabe y está siendo
testigo que en las mociones se cumple el tiempo estrictamente y lo ha
sobrepasado.
Muchas gracias. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que nos presenta el BNG, del Grupo Mixto, insta
al Gobierno a acciones importantes en los regímenes especiales de
trabajadores agrarios y trabajadores del mar. De hecho, nos presenta
unas referencias comparativas en cuanto a las aportaciones de los
presupuestos y las aportaciones con respecto al PIB de la Unión
Europea y hace referencia al bajo peso específico que tiene el Estado
español con relación a estas aportaciones.
Somos conscientes de que es necesario que no se pierda el objetivo
principal que implicó el Pacto de Toledo, que era necesario reforzar
la viabilidad económica del sistema y garantizar la continuidad de
las pensiones públicas y de las prestaciones sociales para el futuro.
Estamos de acuerdo con la recomendación que nos propone esta moción,
que conlleva la unificación del régimen especial agrario, el de los
trabajadores del mar y el de trabajadores autónomos con el régimen
general y se requiere a esta Cámara a que se apele a unas vías de
solución.
Nosotros entendemos que son dos las vías de solución. En primer
lugar, mantener o asegurar los niveles de cotización al sistema de la
Seguridad Social para que se mantengan iguales las aportaciones del
régimen general y del régimen de trabajadores autónomos.
Entendemos que una propuesta coherente es vehicular mediante las
disposiciones correspondientes, y subvencionar mediante aportaciones
de los Presupuestos Generales del Estado para que funcione el
principio de solidaridad con estos colectivos a los cuales se
pretende integrar en el sistema, creando para ellos unos derechos
subyacentes a las cotizaciones generadas y evitando una política de
solidaridad basada en la asunción de complementos a mínimos en el
momento de la jubilación, que por el momento cubre la Seguridad
Social y que, en nuestra opinión, deberían cubrirse en el momento de
la cotización con cargo a los presupuestos del Estado, ya que no
corresponde al propio sistema hacerlo por sí mismo, y separando las
fuentes de financiación.
Dado que la propuesta del Grupo Mixto, BNG, es muy amplia y, en
definitiva, ofrece una pormenorización de las medidas, nuestra
posición será la de abstención en la presente moción, puesto que, en
el cuerpo reivindicativo de la misma, hay olvidos importantes sobre
la posible viabilidad del sistema, como el de no proponer que la
asunción de la prestación de desempleo para estos regímenes debería
contar con la obligatoriedad de cotización de todos los trabajadores
incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos, el
régimen especial de trabajadores del mar y el régimen especial de
trabajadores agrarios; cuestión que es de muy difícil consecución y
que conllevaría una discusión muy específica por las connotaciones de
obligatoriedad de cotización a muchos colectivos que virtualmente no
serían voluntariamente cotizantes. Por ello, abogaríamos por una
redacción efectiva del apartado 6 de la moción que redactara las
propuestas de modificación de los regímenes especiales agrario, del
mar y autónomo para su adecuación al régimen general, con las
subvenciones específicas en la cotización a fin de generar unos
derechos reales a estos trabajadores para que se pudiera cubrir la
continuidad y aseguráramos con solidaridad a estos trabajadores
mediante las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado,
que son de toda la población, y no solamente con la cobertura de unos
complementos a mínimos, pues esta persona no tiene derechos reales
consolidados; si no los ha cubierto, al menos es merecedor de una
pensión no inferior al mínimo establecido.
Nuestro voto será de abstención para no discrepar con la propuesta y
con los objetivos que propone.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante una moción que afronta un problema que preocupa a mi
grupo parlamentario. Es evidente
que el RETA, el REA y el REM necesitan una transformación total, pero
también es evidente que con una moción, además en los términos que
está redactada ésta, no afrontamos ni resolvemos el problema. Aquí
hablamos de incentivar, de promover, de hacer, etcétera, y hay
medidas que son de un calado enorme y que hay que debatirlas con
mucha más profundidad. Lo que pasa es que se nos plantea el siguiente
problema, es decir, compartimos todas y cada una de las
reivindicaciones que los autónomos hacen, que son las que realmente
están aquí. Otra cuestión es la manera en que están redactadas,
porque hablar de que hay que aumentar los presupuestos en las
políticas sociales, dicho así, es un brindis al sol. ¿En qué y en
cuánta cantidad? Estamos de acuerdo que es evidente que estamos por
debajo de la media de la Comunidad Económica Europea.
Esta mañana, uno de los comparecientes en la Comisión del Pacto de
Toledo nos decía, sin faltarle razón, que uno de los problemas que
tiene nuestro sistema de Seguridad Social es que, desde su inicio,
hemos ido afrontando su transformación con pequeñas reformas,
pequeños parches y no hemos afrontado en su conjunto. Eso es lo que
vamos a hacer hoy aquí con estas perspectivas que usted nos plantea.
¿Quién se puede oponer a que se haga un estudio sobre el marisqueo o
qué formas se pueden ofrecer para que realmente se les solventen los
problemas planteados de temporalidad y demás? Es evidente que no nos
podemos oponer. Ahora, también está claro que seguramente tendríamos
que empezar a medir acto seguido la posibilidad de que estas
trabajadoras de este colectivo en concreto pudieran cotizar de forma
parcial. ¿Por qué han de cotizar todo un tiempo a ocho horas y no
pueden hacerlo a media jornada? Esa es una medida que el Partido
Socialista propuso en una iniciativa que defendió una compañera y que
no salió adelante.
Repito, no podemos estar en contra. ¿Cómo vamos a estar en contra de
que se apliquen políticas activas a los autónomos? ¿Por qué esa
discriminación de los autónomos a que participen en las políticas
activas, a las que destinamos tanto dinero, cuando en muchos casos
también son generadores de empleo? El Partido Socialista va a apoyar
esta iniciativa, va a votarla a favor, pero, repito, necesitaríamos
incluir, dentro del Pacto de Toledo, como una de las conclusiones, la
modificación de estos regímenes y afrontarlos en profundidad
debatiendo lo que queremos hacer. Tampoco podemos olvidar cuando
hablamos de régimen de autónomos que está proliferando un nuevo
modelo de autónomo, que creo que nadie compartimos. También tenemos
que poner algún límite a eso. ¿Cómo y en qué condiciones acceder al
seguro de desempleo cuando el propio trabajador -entre comillas- es
el que, en un momento dado, tiene que hacer la solicitud y el
despido? Son medidas que, estando de acuerdo con ellas, requieren un
debate en profundidad para ver cómo se hacen y cómo se llevan a
término. El que desaparezca cualquier tipo de discriminación con el
tema de la mujer es esencial que se haga, porque en
estos momentos hay un alto porcentaje de autoempleo de mujeres que,
como no han podido tener otro tipo de salida, se han tenido que
acoger al régimen de autónomas y generarse su propio empleo. Por
tanto, en ese sentido, estamos totalmente de acuerdo.
Creemos que es insuficiente la moción, pero la vamos a apoyar porque
compartimos todos sus objetivos y estamos de acuerdo con la
transformación de estos regímenes.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Señora presidenta, señorías, subo a esta
tribuna para fijar la posición de mi grupo sobre la moción planteada
por el Bloque Nacionalista Galego, Grupo Mixto, y lo hago contestando
de la forma lo más detallada posible a cada una de las propuestas que
el señor diputado propone instar al Gobierno.
En primer lugar, y por lo que se refiere a su petición de incrementar
las cantidades destinadas por el Estado a la protección social, debo
remitirme necesariamente al proyecto de reforma global que ha
supuesto el Pacto de Toledo, materializado en la Ley 24/1997, de 15
de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social y del acuerdo más reciente para la mejora y
desarrollo del sistema de protección social, que tendrá su
repercusión económica una vez se realice su desarrollo reglamentario
específico. Las medidas que contemplan todos ellos inciden en algunas
de las situaciones de mayor necesidad y en las pensiones de menor
cuantía, mejora de las pensiones de viudedad, orfandad, etcétera.
Ello supondrá, sin duda, un mayor esfuerzo en el gasto en protección
social que, al contrario de lo que usted afirma, ni mucho menos se
encuentra en la cola de la Unión Europea, sino en la mitad de la
tabla si consideramos no sólo el PIB sino también la renta familiar
disponible y la media de prestaciones como el desempleo que usted no
ha tenido en cuenta.
Habla usted en el segundo apartado de su moción de la necesidad de
promover las medidas legislativas y reglamentarias que permitan
mejorar el marco de acción protectora de todos los trabajadores de
regímenes especiales para que puedan acceder a las mismas
prestaciones sociales reconocidas por el régimen general de la
Seguridad Social. Al respecto debo decirle, señoría, que la tendencia
a la unidad del sistema de la Seguridad Social es una constante a lo
largo de los últimos años. Se refleja en el artículo 10.5 de la Ley
de Seguridad Social, de 20 de julio de 1994, que insta a la
integración de los regímenes especiales, y fue precisamente con
motivo de la Ley 26/1985, de 31 de julio, cuando se integraron seis
regímenes especiales en los regímenes general y de autónomos y
precisamente aquellos a los que usted se refiere del régimen especial
agrario y trabajadores del mar en el régimen especial de autónomos.
Asimismo, viene siendo una constante la igualación progresiva de la
acción protectora, unificando cada vez más la cobertura y el sistema
del cálculo de pensiones. La tendencia a la unidad es, por tanto, una
idea rectora base que ha de presidir la ordenación del sistema de la
Seguridad Social. En el futuro escenario tenemos dos regímenes
troncales: uno de trabajadores por cuenta ajena y otro de
trabajadores por cuenta propia. De igual forma las diferencias en la
acción protectora de ambos regímenes se han reducido, dentro de ese
proceso de homogeneización, en aspectos tan importantes como son, por
ejemplo, la unificación del sistema de cálculo de las pensiones de
jubilación e invalidez, las prestaciones de muerte y supervivencia,
la implantación de la acción protectora del régimen especial de
autónomos, eliminando el requisito de que el beneficiario de la
pensión de incapacidad permanente tenga 45 años, el acceso a las
pensiones de invalidez, el derecho a las prestaciones con hijo a
cargo, el reconocimiento de dos pagas extras a favor de los
pensionistas, las bonificaciones de cuotas para los trabajadores en
periodo de descanso por maternidad; es decir, estamos ante un
verdadero proceso de homogeneización. En este proceso de unificación
y homogeneización de la acción protectora del régimen especial de
trabajadores autónomos respecto del régimen general, hay que
referirse a dos importantes medidas que se recogen en el apartado 7
del acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección
social. Por la primera se acuerda incluir en la acción protectora
dispensada en el régimen de autónomos la prestación de incapacidad
permanente total cualificada cuando el trabajador autónomo tenga más
de 55 años, además cuando no ejerza actividad ni sea titular de
industria ni actividad mercantil. Esta mejora se va a aplicar también
a los trabajadores por cuenta propia del régimen agrario y de
trabajadores del mar. En segundo lugar, se establece la inclusión de
la acción protectora dispensada en el régimen de autónomos de la
cobertura de los riesgos profesionales, estableciéndose la
correspondiente cotización. De la misma manea, la percepción del
subsidio de incapacidad temporal desde el cuarto día siguiente a la
baja o integración de las lagunas de cotización que usted propone
choca con las características propias de los trabajadores por cuenta
propia, que tienen la condición de trabajadores y de empresarios a la
vez.
Por lo que se refiere al reconocimiento a obtener una prestación por
desempleo de los trabajadores incluidos en el RETA, en el REA y en el
REM por cuenta propia, cabe decir que debe analizarse dentro de un
contexto global y, por tanto, que mientras haya situaciones de
desprotección en los trabajadores por cuenta ajena no será posible.
La señora PRESIDENTA: Señor Merino, su tiempo ha concluido.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Finalmente, para terminar, cabe decir, señorías, que mi grupo no
comparte el contenido de su moción, aunque debo reconocerle su
esfuerzo por hacer aportaciones positivas que, si bien en algunos
casos están poniéndose en ejecución por el Gobierno, en otros tiene
usted el acuerdo del Pacto de Toledo, donde se prevén mesas
relacionadas para este tema
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Merino.
Iniciamos la votación de las mociones que han sido debatidas. En
primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los recursos existentes en el Sistema
Nacional de Salud para tratar de forma adecuada a los afectados por
trastornos de la conducta alimentaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 113; en contra, 149; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre cuál va a ser la política económica
y social del Gobierno para hacer frente a los procesos recesivos
actuales, que pueden tener fuertes repercusiones en la vida económica
y social de España si no se toman las medidas oportunas antes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, siete; en contra, 159; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre mejoras de protección en los regímenes especiales del
mar, agrario y autónomos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
273; a favor, 114; en contra, 148; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las doce horas y veinticinco minutos de la noche.