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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 107, de 26/09/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 107
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 102
celebrada el miércoles, 26 de septiembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Presidente del Gobierno.
- Comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la
Cámara, para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo
extraordinario celebrado en Bruselas el día 21 de septiembre y sobre
la situación internacional derivada de los ataques terroristas.
(Número de expediente 210/000011.) . . . (Página
5160)
Preguntas . . . (Página 5184)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno
relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el denominado «Plan
Hidrológico Nacional». (Número de expediente 172/000118.) . . .
(Página 5205)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propuestas de refuerzo y
mejoras de la seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea.
(Número de expediente 172/000119.) . . . (Página
5211)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno en
el ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado. (Número de
expediente 172/000121.) . . . (Página 5217)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara,
para informar sobre las conclusiones del Consejo Europeo
extraordinario celebrado en Bruselas el día 21 de septiembre y sobre
la situación internacional derivada de los ataques terroristas . . .
(Página 5160)
El señor presidente del Gobierno (Aznar López) comparece ante la
Cámara para informar sobre la situación internacional tras los
atentados terroristas sucedidos en los Estados Unidos, así como para
informar del Consejo Europeo extraordinario que tuvo lugar el pasado
día 21 de septiembre. Analiza las consecuencias de los atentados
terroristas del pasado día 11, transmitiendo su convicción sobre la
necesidad de acabar entre todos con el terrorismo, reforzando los
instrumentos de la cooperación internacional y poniendo en marcha
acciones concertadas. Asimismo se refiere a la necesidad de reforzar
la relación transatlántica y también de avanzar en la construcción
europea, articulando el espacio de seguridad, libertad y justicia.
Manifiesta su opinión sobre la oportunidad de España de relanzar el
proceso de paz de Oriente Medio y sobre la conveniencia de reforzar
las relaciones con los países árabes que comparten esta lucha,
transmitiendo su confianza en la utilidad y en la necesidad de
reimpulsar el proceso de Barcelona. En resumen, ha hablado de los
problemas a los que nos enfrentamos, pero también de la opinión
y posición del Gobierno sobre cómo deben abordarse, mostrando su
convicción de que se vencerá a los terroristas, para lo que espera
contar con el mayor consenso de la Cámara. Pone de relieve el
comportamiento ejemplar de la nación norteamericana y la
responsabilidad que todos, y por supuesto España, tenemos que asumir
en una hora como la que nos ha tocado vivir. Hace sólo tres meses,
añade, España y los Estados Unidos se comprometieron a luchar
conjuntamente contra el terrorismo, por lo que sería una vileza y una
enorme
equivocación no estar ahora a la altura de las circunstancias.
Finalmente, muestra su plena convicción de que las democracias serán
capaces de vencer al fanatismo, porque tienen la legitimidad, la
determinación y los medios para conseguirlo.
Intervienen en el debate los señores Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista; Trias i Vidal de Llobatera, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Llamazares Trigo, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Anasagasti Olabeaga,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rodríguez Sánchez, Núñez
Castain, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta; la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Labordeta Subías, todos ellos del Grupo
Parlamentario Mixto, y el señor De Grandes Pascual, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta a todos los portavoces el señor presidente del Gobierno.
Preguntas . . . (Página 5184)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Se ratifica el Presidente del Gobierno en
sus manifestaciones del pasado día 19 en relación a la comunidad
universitaria? (Número de expediente 180/000862) . . .
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno a día de hoy sobre el caso
GESCARTERA? (Número de expediente 180/000871) . . .
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía: ¿No cree
el Ministro de Economía, a la vista de lo ocurrido con el caso
Gescartera, que el Presidente y Consejeros de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores deben ser nombrados por el Parlamento? (Número
de expediente 180/000863) . . . (Página 5187)
De la Diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
dar cumplimiento a la Directiva 2001/37/CE, relativa a la
fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco?
(Número de expediente 180/000885) . . . (Página
5188)
Del Diputado don Germà Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Está
satisfecho el Gobierno con su actuación contra el fraude fiscal?
(Número de expediente 180/000865) . . . (Página
5189)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Hacienda: ¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para mejorar
el funcionamiento de la Agencia Tributaria? (Número de expediente
180/000866) . . . (Página 5190)
Del Diputado don Rafael Cámara Rodríguez- Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son los objetivos de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002? (Número de expediente 180/000874) . . .
Del Diputado don José Ignacio Marín Izquierdo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas tiene previstas el Gobierno para la conservación del
patrimonio industrial? (Número de expediente 180/000878) . . .
(Página 5192)
Del Diputado don Ricardo Bueno Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué colaboración
tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con los museos de
Prehistoria? (Número de expediente 180/000879) . . .
Del Diputado don Xavier Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿Ha investigado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
si existen problemas en las Oficinas Provinciales de Trabajo en la
tramitación de permisos de los inmigrantes? (Número de expediente
180/000867) . . . (Página 5194)
Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación: ¿Tiene intención el Sr. Ministro de debatir previamente
el borrador del Proyecto de Ley sobre Estatuto de la Viña y el Vino,
con las Denominaciones de Origen de Vinos del Estado español? (Número
de expediente 180/000872) . . . (Página 5195)
De la Diputada doña María Jesús Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario
Popularen el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué objetivos
persigue el Ministerio de Administraciones Públicas al remitir un
cuestionario sobre la futura Ley de Cooperación a las Comunidades
Autónomas y a los grupos políticos? (Número de expediente 180/000880)
. . . (Página 5196)
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Ciencia y
Tecnología: ¿Qué opina el Gobierno de la investigación con células
madre procedentes de pre-embriones sobrantes de la fecundación «in
vitro»? (Número de expediente 180/000869) . . .
Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Fomento: ¿Cuáles son los planes concretos del Gobierno,
respecto a la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y
Portugal? (Número de expediente 180/000861) . . .
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿A qué
atribuye el descenso en casi el 50% de la inversión de la Dirección
General de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Galicia del año
1995 al año 2000? (Número de expediente 180/000864) . . .
Del Diputado don Jordi de Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el
resultado de la reunión celebrada con el Ministro de Economía de
Andorra para tratar de la construcción de un aeropuerto en la Seo
D'Urgell? (Número de expediente 180/000875) . . .
Del Diputado don Jesús Merino Delgado, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué consisten
las anunciadas medidas adoptadas para reducir los plazos de
tramitación de los expedientes de contratación de obras públicas en
un 20%? (Número de expediente 180/000876) . . .
Del Diputado don Luis Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo se hallan actualmente
los trabajos concernientes al futuro Plan de Vivienda 2002-2005?
(Número de expediente 180/000877) . . . (Página
5202)
De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿A qué responden las declaraciones del Gobierno sobre
posibles reformas legislativas para reducir las prestaciones por
desempleo? (Número de expediente 180/000868) . . .
De la Diputada doña María Enriqueta Seller Roca de Togores, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En
qué estado de elaboración se encuentra el Libro Blanco sobre el
Tercer Sector? (Número de expediente 180/000881) . . .
Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo se están
desarrollando los trabajos de la mesa de diálogo social sobre
negociación colectiva? (Número de expediente 180/000882) . . .
(Página 5204)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 5205)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes del Gobierno
relativos al trasvase del Ebro, contemplado en el denominado Plan
Hidrológico Nacional . . . (Página 5205)
Presenta la interpelación urgente el señor Labordeta Subías, del
Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que tras leer las conclusiones
de los informes científicos que el Ministerio de Medio Ambiente
encargó a diferentes expertos, en los que la mayoría de ellos
coincidían en criticar profundamente el plan pidiendo la retirada del
mismo, y tras los nuevos factores y acontecimientos surgidos después
de la aprobación por el Parlamento del Plan hidrológico nacional, se
decidió a presentar esta interpelación urgente, que concreta en diez
puntos y en la que pregunta al Gobierno si tiene previsto seguir
adelante con todos y cada uno de los proyectos relacionados con el
trasvase del Ebro incluidos en el Plan hidrológico nacional.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Medio Ambiente
(Matas i Palou). Hace una serie de puntualizaciones a las
manifestaciones del señor Labordeta y afirma que muchas de ellas son
falsas, pasando a rebatirlas una por una. Asimismo recuerda la
evolución del proyecto, en donde se recogió gran parte de las
reivindicaciones que se plantearon, afirmando que con el plan se ha
intentado establecer un compromiso legal que pueda corregir el
problema de la degradación de los humedales, cosa que al Gobierno le
preocupa tanto como al señor Labordeta.
Replica el señor Labordeta Subías, duplicando el señor ministro de
Medio Ambiente.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre propuestas de refuerzo y
mejoras de la seguridad aeroportuaria y de la navegación aérea . . .
(Página 5211)
Defiende la interpelación urgente el señor Segura Clavell, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista. Quiere dejar claro que presentan
la interpelación desde la perspectiva de la responsabilidad, de la
necesidad de búsqueda de un acuerdo unánime de esta Cámara en la
defensa de la seguridad aeroportuaria y de los mecanismos de
seguridad en el transporte aéreo. Se refiere a los brutales
acontecimientos ocurridos en Estados Unidos el día 11 de septiembre y
a las posteriores reuniones celebradas en Europa, en las que han
participado el presidente del Gobierno español y el ministro de
Fomento.. Por todo ello su grupo insta al Gobierno a poner en marcha
los mecanismos de vigilancia y control que la normativa en vigor
permita y a adoptar decisiones urgentes en relación con el incremento
de los precios de las compañías aéreas desde la perspectiva de que el
transporte aéreo es un servicio público.
Contesta el señor ministro de Fomento (Álvarez-Cascos Fernández).
Quiere ceñirse en su contestación a lo que es el resumen de la
interpelación planteada por el portavoz del Grupo Socialista, pasando
por alto hacer comentarios sobre algunos aspectos relativos
a la motivación, en donde existen notables inexactitudes.
Explica las trece instrucciones internas en materia de seguridad en
las que venía trabajando el Comité Nacional de Seguridad
Aeroportuaria en España desde el año 1997, y las medidas adoptadas
por el Gobierno con ocasión de los acontecimientos del 11 de
septiembre. Asimismo da cuenta de las conclusiones a las que se llegó
en el Consejo Europeo de Transportes dentro del marco de la
Organización Internacional de Aviación Civil.
Replica el señor Segura Clavell, duplicando el señor ministro de
Fomento (Álvarez-Cascos Fernández).
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno en el
ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado . . .
Presenta la interpelación el señor Silva Sánchez, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Muestra su satisfacción
porque sea el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quien conteste a
su interpelación, aunque le hubiera satisfecho igualmente que hubiera
sido el ministro de Justicia. Cita el artículo 49 de la Constitución,
en el que se establece la necesidad de desarrollar una política de
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, para fundamentar su interpelación y
explica que esta política se puede abordar en muy diversos ámbitos de
actuación, como el de las políticas públicas o el tributario fiscal,
pero existe un ámbito muy adecuado también, quizá olvidado y ese es
el motivo de su interpelación, que es el derecho privado,
fundamentalmente el derecho civil y el derecho procesal.
Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio
Pérez), en nombre del Gobierno. Comienza su intervención haciendo
alusión a lo que es uno de los grandes ejes del Gobierno, el plan de
acción para personas con discapacidad 1997-2002, y recordando que
sólo el impulso decidido de este Gobierno le ha hecho ver la luz.
Explica que el Gobierno ha promovido y aprobado reformas normativas
de gran calado en el ámbito de la integración laboral, junto a una
mejora del tratamiento fiscal, y que la preocupación por la
protección y la salvaguarda de los derechos e intereses de las
personas con discapacidad ha estado y está presente en todas las
medidas que ha ido adoptando. Sin embargo, comparte con el señor
interpelante el planteamiento y la preocupación sobre la necesidad de
abordar la protección y atención de los derechos de las personas
discapacitadas desde todos los posibles ámbitos de actuación.
Replica el señor Sánchez Silva, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA
CÁMARA, PARA INFORMAR SOBRE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO
EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN BRUSELAS EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE Y SOBRE
LA SITUACIÓN INTERNACIONAL DERIVADA DE LOS ATAQUES TERRORISTAS.
(Número de expediente 210/000011.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Nuevo punto del orden del día: Comparecencia del presidente del
Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre las
conclusiones del Consejo extraordinario celebrado en Bruselas el día
21 de septiembre y sobre la situación internacional derivada de los
ataques terroristas.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta,
señoras y señores diputados, comparezco hoy ante ustedes para
informarles sobre la situación internacional tras los atentados
terroristas sucedidos en los Estados Unidos, así como para
informarles del Consejo Europeo extraordinario que tuvo lugar el
pasado día 21 de septiembre.
No puedo comenzar mi intervención sin hacer referencia a la cuestión
de fondo que la motiva. Hoy, en realidad, venimos a hablar del
terrorismo y de cómo se ha hecho dramáticamente presente en la
opinión pública internacional. Los españoles, por desgracia, tenemos
demasiada experiencia en este campo. Sabemos de las pretensiones de
todo terrorista y de la imposibilidad de distinguir entre terroristas
de diferente tipo. También hemos sufrido las consecuencias de la
cobertura ideológica que algunos están dispuestos a ofrecer, de la
retórica estéril disfrazada de soluciones imaginativas y de la
rendición que otros proponen, una rendición que sólo oculta la falta
de valor democrático. Por eso somos los españoles uno de los pueblos
más volcados en el apoyo a las víctimas y en la comprensión de su
sufrimiento
y haremos todo lo que esté en nuestra mano para derrotar el
terrorismo.
El terrorismo ataca nuestros valores fundamentales, el derecho a la
vida, a la paz y a la libertad en las sociedades democráticas. Ningún
error sería más grave que el de considerar que lo mejor es mirar
hacia otro lado, ignorar lo ocurrido o dedicarse a buscar motivos que
lo expliquen. Tenemos sencillamente la obligación de defender
nuestras sociedades. Y ante los hechos del 11 de septiembre de 2001
quiero una vez más expresar desde esta tribuna mi solidaridad, la del
Gobierno, y creo que sin duda la de esta Cámara con los familiares de
las víctimas y con las autoridades norteamericanas. También deseo
destacar nuestra seguridad en la capacidad de recuperación del pueblo
norteamericano, sustentada en una sociedad abierta, unida y
democrática. Estos son precisamente los fundamentos de nuestras
sociedades, estos son precisamente los fundamentos con los que los
terroristas quieren acabar. Lo más sobresaliente de la situación es
la rapidez y la contundencia con que la comunidad internacional ha
expresado su solidaridad y determinación en la lucha contra el
terrorismo. En este sentido quiero afirmar que los terroristas no han
cumplido con el objetivo de imponer el terror por el terror, sino que
con su acción han provocado que los valores comunes de las
democracias del mundo hayan sido reforzados. Estos son los valores y
principios que han de guiarnos en nuestra lucha contra el terrorismo.
El concepto de seguridad internacional, señorías, ha experimentado un
profundo cambio respecto del manejado durante la guerra fría. El
ataque terrorista del pasado 11 de septiembre ha dejado claro que la
reflexión sobre el nuevo concepto estratégico realizada en la OTAN
iba por el camino correcto al identificar los nuevos retos de la
seguridad. Los auténticos enemigos de nuestras sociedades, los que
ponen en peligro la paz y los valores que han inspirado nuestro
devenir como democracias son el terrorismo, la criminalidad
organizada, el narcotráfico y el tráfico con seres humanos. Todos
ellos caracterizados por ser transnacionales y, al tiempo, todos
ellos caracterizados por estar fuertemente imbricados entre sí y
agravados por los avances tecnológicos que facilitan el acceso a las
armas y a los medios de destrucción masiva. De todos estos riesgos,
y aun sabiendo de sus conexiones, no cabe duda que el mayor procede del
terrorismo. Para luchar contra él es imprescindible la cooperación y
la colaboración internacional. Esto es lo que se ha puesto en
evidencia tras los ataques del pasado 11 de septiembre.
Durante las dos semanas que han pasado desde la fecha de los
atentados hemos presenciado cómo las sociedades democráticas del
mundo entero no sólo han tomado conciencia de la gravedad de la
amenaza terrorista, sino que han manifestado su voluntad de defender
unos valores y principios con tal rotundidad que hemos de remontarnos
muchos años atrás, tal vez a los tiemposde la Segunda Guerra, para
observar un fenómeno
equiparable. No se trata de poner en marcha políticas basadas en
sentimientos de venganza, ni siquiera tan sólo de justicia. Se trata
de la necesidad de establecer mecanismos de disuasión para evitar que
se vuelvan a cometer de nuevo hechos similares. Al día siguiente de
los atentados, la Asamblea General de las Naciones Unidas los
condenaba enérgicamente y hacía un llamamiento urgente a la
cooperación internacional para llevar ante la justicia a sus autores.
Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitía una
Resolución, la 1368, aprobada por unanimidad, en la que textualmente
reconoce el derecho inmanente a la legítima defensa individual o
colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y hace
un llamamiento a todos los Estados para que lleven a la justicia a
los responsables de estas acciones así como a quienes les han
ayudado. La misma resolución señala que estos actos son una amenaza a
la paz y a la seguridad internacionales. La firme decisión de luchar
contra el terrorismo, enemigo a quien en ese momento no se le ponía
cara y en cuya lucha se unían todos los miembros del Consejo de
Seguridad, da una prueba más de la obsolescencia de los criterios de
la guerra fría al no plantearse discrepancias en este punto entre los
distintos miembros del Consejo de Seguridad.
El mismo día 12 de septiembre acordamos, en el seno del Consejo del
Atlántico Norte, que si se determinase que este ataque fue dirigido
contra los Estados Unidos desde el exterior será considerado como una
acción cubierta por el artículo 5.º del Tratado de Washington. Según
este, como saben SS.SS., las partes convienen que un ataque armado
contra una o más de ellas será considerado como un ataque dirigido
contra todas. En ejercicio del derecho de legítima defensa individual
o colectiva, reconocida por la Carta de las Naciones Unidas en su
artículo 51, también hacíamos referencia a esta aplicación del
artículo 5.º del Tratado de Washington. La OTAN se hacía así eco de
un sentimiento presente en la colectividad internacional. Y es que
todos nos hemos sentido atacados junto con los Estados Unidos.
El 14 de septiembre suscribí, junto con los demás jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Europea, la presidenta del Parlamento
Europeo, el presidente de la Comisión y el Alto Representante para la
Política Exterior y de Seguridad Común, una declaración sobre los
acontecimientos del 11 de septiembre. En ella calificamos estos
hechos como agresión contra la humanidad e hicimos un llamamiento a
todos los países para que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha
contra el terrorismo de la manera más eficaz, en el entendimiento de
que para ello será imprescindible la cooperación internacional. Esta
declaración ha resultado precursora de las conclusiones del Consejo
Europeo extraordinario, de las cuales les hablaré más adelante. Por
mi parte, manifesté desde el primer momento la condena del Gobierno y
del pueblo español por los atentados y
nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano y su Gobierno, como
no podía ser menos entre dos países amigos y aliados. Esta
solidaridad se ha puesto de manifiesto bilateralmente y en los foros
internacionales. El Gobierno, que ya había anunciado su
disponibilidad para prestar la asistencia que pudiese ser requerida
o necesitada por los Estados Unidos, recibió el pasado jueves 20 de
septiembre una petición formal de las autoridades norteamericanas
para utilizar las instalaciones de apoyo previstas en el convenio
bilateral de Defensa entre nuestros dos países, petición a la que se
accedió. La petición consistió en autorizar los sobrevuelos del
territorio nacional y el uso de bases en nuestro país por aviones de
los Estados Unidos en términos similares o equivalentes a los que
tuvieron lugar durante la guerra del Golfo y durante la campaña aérea
de la OTAN en Kosovo. El Gobierno, consecuente con su compromiso de
mantener una plena transparencia y la máxima coordinación posible con
los grupos políticos, se puso inmediatamente en contacto con los
líderes de los principales grupos parlamentarios para darles cuenta
de las decisiones tomadas. En el ámbito de la Alianza Atlántica se
han continuado celebrando las consultas políticas oportunas sobre el
desarrollo de las investigaciones que realiza el Gobierno de los
Estados Unidos y sobre la formación de una gran coalición
internacional que se está forjando para la lucha concertada contra el
terrorismo.
Dicho todo lo anterior, quiero hacer algunas consideraciones sobre la
naturaleza de la acción concertada contra el terrorismo. Creo que
esta lucha será larga y requerirá que los esfuerzos de la comunidad
internacional se centren principalmente en torno a tres cuestiones.
La persecución de las organizaciones terroristas y la puesta en
marcha de mecanismos de seguridad para prevenir sus actuaciones, en
primer lugar. En segundo lugar, la supresión de sus vías de
financiación, lo que supone, de un lado, congelar o embargar sus
cuentas de activo, estén o no directamente en sus manos y, de otro
lado, la puesta en marcha de mecanismos que eviten y prohíban la
financiación de grupos terroristas por terceros. Y, finalmente, la
aplicación de sanciones a los Estados que les protejan, les den
refugio o entrenamiento. Respecto de este último punto me parece
fundamental constatar que no estamos en absoluto ante eso que se
llama un conflicto entre culturas o un choque entre civilizaciones.
El hecho de que las organizaciones terroristas responsables, según
indicios cada vez más certeros, encuentren su justificación en el
fanatismo religioso, en este caso musulmán, no debe identificarse con
una lucha contra el Islam. Todo lo contrario, son multitud los países
musulmanes que han condenado estos atentados y que han ofrecido
medios y apoyos para terminar con esta lacra que también va dirigida
contra el Islam. Todos juntos podremos acabar con el terrorismo y
sólo juntos podremos conseguir la victoria en esta batalla, que será
sin duda larga.
Como les decía, señorías, en este sentido existe la voluntad cierta
de proceder a una concertación internacional lo más amplia posible.
El Consejo Europeo ha señalado la importancia de una colaboración
estrecha entre la Unión Europea, los países candidatos a la adhesión,
la Federación Rusa, los EE.UU. y los interlocutores en el mundo árabe
y musulmán. El Gobierno español está en permanente contacto con estos
países. También se ha decidido enviar una misión de la troika
ministerial, con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores,
para exponer la posición de la Unión Europea ante determinados
interlocutores, en particular en Oriente Medio, y también en
Pakistán, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Jordania y Macedonia.
Señorías, creo sinceramente que en esta crisis la Unión Europea ha
estado a la altura de las circunstancias. La ya citada declaración
común de jefes de Estado y de Gobierno, firmada el 14 de septiembre,
reflejó por primera vez la máxima determinación de la Unión de luchar
contra el terrorismo, la necesidad de desarrollar una estrecha
cooperación con los Estados Unidos en este ámbito y la prioridad de
continuar con el reforzamiento del segundo y del tercer pilar. Pero
dotar de credibilidad a esta reacción exigía reforzar el mensaje
político con medidas y con propuestas concretas. El Gobierno estuvo
de acuerdo en que se convocase un consejo europeo extraordinario,
siempre que tuviese valor añadido, siempre que se adoptasen medidas
concretas. De ahí nuestra insistencia para que se celebrase,
previamente al Consejo europeo, un consejo extraordinario de asuntos
de Justicia y de Interior y que este se viera acompañado por las
conclusiones de otros consejos sectoriales que complementasen la
lucha europea contra el terrorismo. Los objetivos de este Consejo
europeo extraordinario eran varios. En primer lugar, transmitir un
mensaje de cooperación y de solidaridad con los Estados Unidos. En
segundo lugar, resaltar la determinación de instaurar en la Unión
Europea una política eficaz y global contra el terrorismo y, por
último, enviar un mensaje de tranquilidad y de estabilidad a los
mercados económicos y financieros. En definitiva, y de acuerdo con
las palabras pronunciadas por la presidenta del Parlamento Europeo al
comienzo de la reunión, el Consejo Europeo extraordinario tenía que
progresar en la búsqueda de los medios más eficaces para la lucha
antiterrorista y manifestar su solidaridad con todas las fuerzas
democráticas del mundo, tal y como la Unión había hecho
anteriormente, dentro de sus fronteras, con las autoridades españolas
en su lucha contra el terrorismo etarra.
Como antes he dicho, creo que los resultados de la reunión del día 21
abren una nueva página, si quieren SS.SS., una nueva etapa en uno de
los pilares más importantes de la construcción europea. En primer
lugar y con carácter general, hemos querido completar las
orientaciones políticas con un plan de acción, con un plan de medidas
concretas. En segundo lugar, la
Unión Europea destaca que esa lucha contra el terror respetará las
libertades fundamentales, la paz, la libertad, la tolerancia y el
Estado de derecho, que constituyen la base de nuestra civilización y
que son fuente de nuestra fuerza, de nuestra voluntad y de nuestra
determinación. En tercer lugar, definimos la lucha contra el
terrorismo como un objetivo prioritario en la Unión Europea y como
tal exige que, desde las instituciones comunitarias y desde los
Estados miembros, apliquemos un enfoque coordinado e interdisciplinar
que se incorpore a todas las políticas de la Unión. Por último, en
cuarto lugar, rechazamos explícitamente toda la amalgama y toda
identificación entre los grupos terroristas fanáticos y el mundo
árabe y musulmán y subrayamos textualmente la necesidad de combatir
toda deriva nacionalista, racista y xenófoba.
Junto a estos principios, señorías, las conclusiones del Consejo
Europeo extraordinario recogen una serie de realizaciones que merece
la pena resaltar. Respecto a la solidaridad y cooperación con los
Estados Unidos quiero subrayar que hemos manifestado la voluntad de
la Unión de colaborar con los Estados Unidos para llevar ante la
justicia a los autores y a los cómplices de estos actos bárbaros. Los
Estados miembros estamos dispuestos a tomar parte en las acciones de
legítima respuesta estadounidense, inclusive aquellas dirigidas
contra los Estados que ayuden, apoyen o alojen a terroristas, según
establece la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
Como sin duda saben, una de las partes sustantivas también del
Consejo Europeo extraordinario ha consistido en dar un paso decisivo
en la construcción del espacio de libertad, de seguridad y de
justicia. Quiero poner de relieve mi satisfacción por el hecho de que
el Consejo no sólo ha respaldado los trabajos de los ministros de
Justicia e Interior, sino que ha dado pasos adelante determinantes
para hacer realidad la lucha contraterrorista del modo más eficaz en
la Unión Europea. Estamos convencidos de que la lucha antiterrorista
debe abarcar una multitud de escenarios, por lo que hemos tomado
decisiones en distintos y diferentes ámbitos. La creación de la orden
de detención europea así como la adopción de una definición común del
terrorismo, en coherencia con las conclusiones del Consejo Europeo
celebrado en Támpere. Por lo tanto, y de acuerdo con una vieja
aspiración de este Gobierno y la sociedad española, el actual sistema
de extradición será sustituido por la orden de detención europea. El
objetivo de este instrumento es dotar a la Unión Europea de un
mecanismo más eficaz en la lucha contra el terrorismo. La orden de
detención europea permitirá la entrega directa de una autoridad
judicial a otra de las personas buscadas y reclamadas. Siendo
consciente de la enorme importancia y eficacia de este instrumento,
de lo que este instrumento puede aportar a la lucha contra el
terrorismo, el Consejo Europeo ha dado el mandato de que la orden de
detención se establezca urgentemente
y, a más tardar, en la reunión del Consejo de asuntos de
Justicia e Interior los días 6 y 7 del próximo mes de diciembre de
2001.
Junto a esta decisión concreta manifestamos también nuestro deseo de
que se apliquen lo antes posible todas las medidas decididas y
aprobadas en el Consejo Europeo de Támpere, lo que supone un
importante paso político en relación con las determinaciones que
deban adoptar futuras presidencias europeas y en particular la
española, que especialmente pondrá el acento en el desarrollo de
estos compromisos. Del mismo modo los jefes de Estado y de Gobierno
hemos instruido al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para que
proceda a la identificación de los terroristas que se encuentren en
Europa así como de las organizaciones que les apoyan, a fin de
establecer por primera vez una lista común de organizaciones
terroristas en Europa.
Quiero resaltar la importancia de haber definido un ámbito de lucha
contra el terrorismo que no sólo se centra en las organizaciones
terroristas en sentido estricto, sino que también se dirige al
entramado que sustenta, apoya, propicia y complementa las acciones
terroristas. España ha impulsado en el seno de las instituciones
comunitarias, como SS.SS. saben, una conciencia clara sobre la lucha
antiterrorista. Voy a hacer una mención especial al denominado
Informe Watson, que fue aprobado con el impulso y apoyo de la casi
totalidad de los grupos políticos españoles del Parlamento Europeo.
Creo, señorías, que muchos esfuerzos españoles se han visto
reconocidos en todas estas decisiones. Señorías, también sabemos que
las organizaciones terroristas se relacionan y apoyan entre sí y que
tienen un ámbito internacional. Por eso, combatirlas exige
cooperación y acciones internacionales concertadas. A este respecto
hemos solicitado una mejor cooperación y un mejor intercambio de
información entre todos los servicios policiales y de inteligencia de
la Unión y hemos ordenado la constitución de equipos comunes de
investigación entre los Estados miembros, a más tardar en diciembre
de este mismo año.
Para la mejora de la eficacia de nuestros propios servicios de
información, quiero anunciar a la Cámara que el Gobierno aprobará
antes de quince días el proyecto de ley orgánica reguladora del
Centro Nacional de Inteligencia, para lo que, con carácter inmediato,
se abrirán consultas con los grupos parlamentarios para recabar su
correspondiente, si es posible, apoyo.
Europol, señorías, debe jugar también en el ámbito de la Unión
Europea y en relación con los Estados Unidos una actividad
fundamental en la lucha contra el terrorismo. Por eso es preciso que,
en primer lugar, fluya entre este organismo y los Estados miembros de
la Unión toda información útil que pueda aumentar la eficacia
contraterrorista. No debemos dejar de hacer nada que esté en nuestra
disposición hacer para cerrar huecos, para cerrar posibilidades a las
acciones terroristas. También es imprescindible que Europol
se especialice para combatir este tipo de delincuencia. Se creará por
tanto un equipo de especialistas en esta materia lo antes posible.
España contribuirá a la formación de esos equipos.
Al ser el terrorismo, como digo, una amenaza global necesita
respuestas globales. Por ello, la eficacia europea en la lucha
antiterrorista tiene que completarse a través de una estrecha
relación transatlántica. Esta es la razón que ha llevado al Consejo a
destacar la necesidad de que antes de que finalice este año se
celebre el correspondiente acuerdo de cooperación entre Europol y las
autoridades de los Estados Unidos de América. También sabemos que la
internacionalización del terrorismo, la porosidad de sus actividades
de apoyo, la complejidad del entramado que las sustenta y los medios
utilizados en las acciones terroristas han llevado al Consejo Europeo
a la necesidad de recoger una serie de iniciativas que complementan
las anteriores. Se trata de desarrollar los instrumentos jurídicos
internacionales, de acabar con las fuentes de financiación del
terrorismo y de reforzar las acciones para garantizar la seguridad
aérea. La política exterior y de seguridad común integrará en mayor
medida la lucha contra el terrorismo entre sus objetivos y se
procederá a una evaluación sistemática de las relaciones de la Unión
Europea con los países terceros, a la luz del apoyo que estos países
pudieran dar a actividades terroristas. Asimismo, la declaración de
plena operatividad de la política europea común de seguridad y
defensa contribuirá a ampliar los medios disponibles en la lucha
contra los nuevos retos a la seguridad internacional. A estos
efectos, quiero comunicar a la Cámara también que he dado
instrucciones al Ministerio de Defensa para que se acelere la
revisión estratégica de la defensa de las Fuerzas Armadas españolas,
actualizando en su caso, en estas circunstancias, nuestros objetivos
estratégicos.
Respecto a los tratados internacionales, hemos hecho un llamamiento a
la aplicación lo antes posible de todos los convenios internacionales
existentes en materia de lucha antiterrorista. La Unión Europea
quiere que en el seno de las Naciones Unidas se redacte un convenio
general contra el terrorismo internacional. Hemos decidido también,
como les digo, reforzar las medidas relativas a la seguridad aérea en
distintos apartados. Sin duda, hemos convenido la aplicación de las
mismas urgentemente por todos los Estados miembros.
Señorías, sabemos asimismo que la lucha contra el terrorismo, en sus
muchas vertientes, no incluye sólo acciones de tipo policial y
judicial. Como decía, sin medios financieros a su alcance los grupos
y organizaciones terroristas verían mermada su capacidad de atentar
contra nuestras sociedades. Haremos frente, con todos los medios a
nuestro alcance, a toda posible forma de financiación de actuaciones
terroristas y de blanqueo de fondos vinculados con las mismas. Ello
implicará en particular concluir lo antes posible la revisiónde la
directiva sobre el blanqueo de capitales,
aumentar los flujos de información entre las autoridades de la Unión
Europea y adoptar medidas firmes contra todas aquellas jurisdicciones
y territorios que rechacen su cooperación en esta lucha común de
todas las sociedades democráticas. Los europeos esperamos que todas
estas medidas contribuyan a la lucha más eficaz contra la
delincuencia organizada. Pero es indudable también que los españoles
albergamos la esperanza de que estas medidas sean útiles y
contribuyan para derrotar definitivamente a los criminales etarras.
Señorías, me gustaría subrayar también lo que me parece una de las
principales conclusiones del Consejo Europeo: la estabilidad
macroeconómica y la flexibilidad que las reformas estructurales han
proporcionado a nuestras economías nos colocan en una buena posición
para hacer frente a un entorno económico más incierto. Me gustaría
transmitir un mensaje claro de confianza. Es cierto que nos
encontramos en un entorno más difícil, pero también lo es que tenemos
medios para hacerle frente. La economía española en particular cuenta
con unos fundamentos sólidos que nos permiten ver el futuro con
seguridad. La estabilidad económica y financiera observada en el área
euro en estas circunstancias, nos muestra claramente las ventajas de
la unión monetaria. En particular el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento se manifiesta como una pieza central e indispensable de
nuestra política económica y de la estabilidad de la eurozona y, en
mi opinión, así debe seguir siéndolo en el futuro.
Señorías, la Unión Europea ha decidido realizar esfuerzos adicionales
para prevenir y estabilizar conflictos regionales. En particular, y
por lo que se refiere al conflicto de Oriente Próximo, la Unión, en
colaboración con los Estados Unidos, la Federación Rusa y con los
países del mundo árabe y musulmán, hará un esfuerzo por llevar a las
partes a un acuerdo duradero. En línea con lo recogido en las
conclusiones del Consejo, España, fiel a su compromiso a favor de la
paz en Oriente Medio, está decidida a aprovechar su presidencia de la
Unión Europea para mantener e impulsar un papel cada vez más activo
de la Unión en la búsqueda de una solución al conflicto de Oriente
Medio sobre bases unánimemente reconocidas del proceso de paz.
Asimismo me propongo seguir impulsando durante nuestra presidencia de
la Unión las iniciativas e instrumentos de la lucha contra el
terrorismo y del concepto global de seguridad que recoge el proceso
de Barcelona. El carácter global y equilibrado del proceso de
Barcelona debe verse reforzado también en esta dimensión.
A su vez, debemos velar también por las consecuencias que pueda tener
esta crisis sobre la población civil. Quiero comunicar a la Cámara
que he dado instrucciones a la Agencia Española de Cooperación
Internacional para que ponga en marcha un plan de ayuda que palie los
efectos del éxodo de refugiados afganos, que ya se está produciendo
de manera dramática hacia las
fronteras de los países vecinos. De la misma manera, será necesario
apoyar la actividad de las organizaciones internacionales y la
apertura de corredores humanitarios.
Señorías, los españoles siempre hemos querido que se comprenda que
todos los terroristas son iguales. Ningún idealismo malentendido,
ningún conflicto por resolver, ningún agravio real o imaginario
pueden dar argumentos al terror. Decir lo contrario, justificar aun
remotamente el terror, equivale tanto como convertir a las víctimas
en culpables. Es imprescindible adoptar contra el terror el uso de la
legítima defensa y aplicar las más eficaces medidas de seguridad,
pero lo esencial es comprender que el terrorismo, que cualquier
terrorismo y en cualquier parte del mundo, quiere acabar con el
núcleo de los valores de nuestras sociedades: la libertad individual,
la democracia parlamentaria y el imperio de la ley.
Nuestro sistema de valores respeta todas las ideas y creencias, pero
no podemos confundir este respeto con la legitimación de fanatismos
que impiden la convivencia civilizada. Tenemos la obligación de
defender los valores que nos permiten subsistir como sociedades
libres. No sólo no podemos claudicar ante la amenaza, sino que, por
el contrario, es la hora de demostrar más que nunca el coraje moral
de nuestras democracias. No podemos sucumbir a la tentación de
analizar ninguna motivación que pueda llevar teóricamente a los
terroristas a cometer sus fechorías. Mezclar en este análisis, como
he dicho, supuestas circunstancias, presentes o pasadas, es sin duda
intentar justificar lo que es sencillamente injustificable. Por ello
el Gobierno no ha dudado un instante en testimoniar su apoyo a las
víctimas de este ataque y a la víctima del difuso chantaje
pretendido, que son los Estados Unidos. Este apoyo se ha planteado,
como les digo, señorías, sin titubeos. No cabe mayor distancia en el
mundo de los valores de la que separa a la sociedad española de los
parámetros morales de los perpetradores de estos atentados y nuestra
actitud en un combate como el que se plantea frente al terrorismo no
puede ser en ningún caso la tibieza.
Señorías, he querido comparecer ante ustedes esta tarde para analizar
las consecuencias de los atentados terroristas del pasado día 11. Les
he transmitido mi convicción sobre la necesidad de acabar entre todos
con el terrorismo, reforzando los instrumentos de la cooperación
internacional y poniendo en marcha acciones concertadas. He hablado
sobre la necesidad de reforzar la relación transatlántica y también
de avanzar en la construcción europea, articulando el espacio de
seguridad, libertad y justicia. He manifestado mi opinión sobre la
oportunidad que tenemos de relanzar el proceso de paz de Oriente
Medio y sobre la conveniencia de reforzar las relaciones con los
países árabes que comparten nuestra lucha. He transmitido mi
confianza en la utilidad y en la necesidad de reimpulsar el proceso
de Barcelona. Como ya he dicho, la actual situación
internacional exigía adoptar decisiones en el campo policial en lo
referido a la información, también en cuanto a la revisión de las
doctrinas estratégicas y también en las decisiones que ayuden a
nuestras economías a enfrentarse a una situación más incierta. Les he
hablado, pues, de los problemas a los que nos enfrentamos, pero
también de la opinión y posición del Gobierno sobre cómo debemos
abordarlos. Estoy seguro de que venceremos a los terroristas, entre
otras muchas cosas, porque tenemos la razón, y expreso el deseo de
contar con el mayor consenso de la Cámara en esta tarea.
Señora presidenta, señorías, en medio del comprensible vendaval de
pasiones que se ha desatado tras los atentados de los Estados Unidos,
creo que la nación norteamericana está dando pruebas de un
comportamiento ejemplar, tanto en la inmensa mayoría de su ciudadanía
como también en su dirección política. Día tras día, el presidente
Bush y su equipo han desmentido las previsiones catastrofistas de
aquellos que vaticinaban aventuras inconcebibles e impropias de la
responsabilidad de un país con el peso y las obligaciones de los
Estados Unidos. Quiero que mis últimas palabras sean también para
poner de relieve la responsabilidad de todos y también, por supuesto,
la responsabilidad que España debe asumir en una hora como la que nos
ha tocado vivir. Sólo hace tres meses España y los Estados Unidos se
comprometieron a luchar conjuntamente contra el terrorismo. Sería una
vileza y una enorme equivocación no estar ahora a la altura de las
circunstancias. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, tengo la
plena convicción de que nuestras democracias serán capaces de vencer
al fanatismo. Tenemos la legitimidad, tenemos la determinación y
tenemos los medios para conseguirlo.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señores diputados. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, las causas que motivan la celebración de este Pleno y el
Consejo de la Unión Europea que se ha celebrado y del que nos ha
informado el señor presidente, son bien conocidas. Creo que todos
tenemos en la retina las terribles imágenes que vivimos el 11 de
septiembre, fruto de un brutal atentado terrorista; y todos -desde
luego es mi sentimiento- tenemos en la memoria, en primer lugar, los
miles de víctimas inocentes que ocasionó aquella tragedia. Eran
personas de distintas nacionalidades, de distintas culturas,
seguramente también de distintos credos ideológicos, y fueron capaces
de morir como vivieron, juntos. Esa reflexión
me compromete -y creo que nos compromete a todos- a que la
respuesta en defensa de los valores de la libertad, de la democracia
y de la lucha contra el terrorismo sea la respuesta de todos, con la
mayor unidad posible de todos los países del mundo y del nuestro
también.
Quiero subrayar, como ya se ha dicho en muchas ocasiones y desde esta
tribuna hace un momento, que ese esfuerzo por la convivencia entre
credos, religiones, opiniones distintas y orígenes diferentes, que
constituye hoy la esencia de muchos países -también del nuestro, y
cada vez más-, debe ser señalado hoy aquí. Hubiera sido deseable -aún
estamos a tiempo- que el Gobierno -incluso que esta Cámara, señora
presidenta- tuviera algún gesto para manifestar la voluntad
inequívoca de convivir con todos en estos momentos, y de manera muy
especial con los centenares de miles de personas de credo musulmán
que hay en nuestro país y con los colectivos que las representan.
Insisto: aún estamos a tiempo; lo han hecho muchos gobiernos y muchos
países, y nosotros también deberíamos hacerlo.
Quiero subrayar el apoyo que el Grupo Socialista ha dado al Gobierno
ante la crisis originada a partir del 11 de septiembre. Lo hemos dado
por convicción y también para que el Gobierno se sienta lo más fuerte
posible para atender los múltiples requerimientos que han originado
esos acontecimientos. Puedo reiterar que ese apoyo seguirá y será tan
intenso o más en función del papel que esta Cámara -y, por tanto, el
Parlamento- tenga en la deliberación conjunta sobre las acciones, las
decisiones y la respuesta interna e internacional que demos como
país.
La posición, pues, del Partido Socialista es clarísima: hay que
luchar contra el terrorismo desde todos los frentes; no cabe mirar
hacia otro lado. Todos tenemos la convicción de que, aunque el
atentado del día 11 fue contra ciudadanos norteamericanos, en
realidad es como si hubiera sido contra nosotros mismos. Puede ser en
cualquier momento una amenaza contra cualquier país europeo, contra
cualquier capital europea o contra cualquier país del mundo. La
solidaridad, pues, con Estados Unidos como país es una solidaridad
moral, pero también es fruto de un interés colectivo en el que los
españoles tenemos que estar presentes.
Estamos, como se ha dicho, ante una amenaza global, organizada,
anónima y nueva. Una amenaza ante la cual el Estado-nación clásico,
un Estado en concreto, no puede por sí solo dar una respuesta
mínimamente eficaz. Si la amenaza es global y nueva, la respuesta ha
de ser supranacional y distinta. Supranacional porque ha de convocar
y comprometer a la inmensa mayoría de los países del mundo y porque
no afecta sólo a un Estado. Además, ha de ser una respuesta nueva
ante un fenómeno distinto por sus características actuales, que exige
respuestas múltiples y concertadas.
España, señorías, forma parte de la Unión Europea.Este ámbito es la
primera referencia de esa concertación
internacional para una respuesta. Europa es una gran potencia
política y ojalá lo sea cada día más. Puedo coincidir en este caso
con el presidente del Gobierno porque creo que Europa ha estado a la
altura de las circunstancias en esta crisis. La respuesta del Consejo
Europeo, la respuesta de las autoridades económicas, de manera
concertada con los Estados Unidos y sus autoridades económicas, ha
dado un mensaje de confianza y seguridad. También quiero subrayar las
acciones diplomáticas que, en el ámbito de la política exterior,
dirige un español como Javier Solana, que están dando resultados muy
positivos.
España forma parte también de la Alianza Atlántica y compartimos el
contenido y la aplicación del artículo 5, que expresa la solidaridad
y la obligación de ayuda mutua. España forma parte también de las
Naciones Unidas y compartimos lo que ha hecho el Consejo de Seguridad
al dar luz verde a la aplicación del artículo 51 de la Carta de
Naciones Unidas para una respuesta de legítima defensa. Compartimos
también y lo recordamos aquí, que tenemos un compromiso bilateral con
los Estados Unidos de Norteamérica y, como he expresado ya
públicamente, el Grupo Socialista respalda la autorización y la
aplicación automática que se ha producido de ese convenio en materia
de utilización de las bases.
Podemos decir con claridad -y desde esta tribuna me han oído criticar
en muchas ocasiones el momento de la Unión Europea, su papel
político, su liderazgo- que la mayoría de las organizaciones
internacionales han actuado bien, seguramente porque ha habido una
gran concertación, porque ha habido mucho diálogo político. Esperemos
que ese temple, esa serenidad y esa voluntad de integrar y de unir a
todos los países se mantenga. Europa es, sin duda alguna, una
referencia básica para eso.
España -como miembro de todas esas instancias internacionales
decisivas para desmentir a aquellos que, tras los atentados del 11 de
septiembre, pusieron encima de la mesa la posibilidad de una tercera
confrontación mundial- también puede aportar y hacer su papel para
intentar que la voluntad, la esperanza, la confianza y la seguridad
de los ciudadanos sea una realidad. Nuestra voluntad en todas esas
instancias y organismos internacionales tiene que ser una voluntad
concertada, sólida, fuerte y, a poder ser, unánime de todos los
grupos políticos de esta Cámara.
La respuesta, como antes indicaba, para vencer al terrorismo, para
que las libertades y la democracia sean los sistemas que se extiendan
en todo el mundo, ha de ser concertada y múltiple. Hay que ganar al
terrorismo en muchos frentes, en el frente de la firmeza y la
determinación, en el frente de la solidaridad, en el frente
diplomático y político, en el frente de la seguridad y de las
políticas de interior, en el frente también de la política económica
y en el frente de la cooperación. Comparto plenamente la idea de que
nada justifica el terrorismo,
esta vil plaga del siglo XXI; nada, absolutamente nada, pero
también quiero que se comparta y se reflexione sobre la necesidad
imperiosa, que viene recogida, por cierto, en la propia Resolución
del Consejo de la Unión Europea, de trabajar por un sistema mundial
equitativo de seguridad, pero también de prosperidad y de mejor
desarrollo como condición de una comunidad fuerte y duradera para
luchar contra el terrorismo. También hay que hablar de prosperidad
para que muchos países que hoy ni siquiera lo son lamentablemente, en
buena medida por la violencia, el fanatismo y el terrorismo, puedan
luchar contra esa realidad. No podemos permanecer ajenos a hechos tan
lamentables para la humanidad en estos momentos como que haya un 60
por ciento de personas en el mundo, en la era de la comunicación, que
nunca hayan hablado por teléfono; o que un tercio de la humanidad no
tenga electricidad; o que 850 millones de personas estén desnutridas
en el mundo. No es sólo un imperativo moral -que también lo es, desde
luego, para los socialistas y espero que para todo el mundo-, sino
que es un factor de seguridad. El desarrollo de muchos pueblos es un
factor de seguridad para que esos mismos pueblos puedan luchar contra
aquellos que de forma vil utilizan la miseria para alentar el
discurso fanático y terrorista en el que están instalados. La
concertación internacional, como decía, exige concertación interna.
Este Parlamento y esta Cámara es el lugar de la concertación. Quiero,
por tanto, señor Aznar, que se comprometa a ello, a que el marco de
la concertación, desde la oferta que le he reiterado y hoy vuelvo a
anunciar de apoyo firme y decidido, sea este Parlamento y lo debe ser
no sólo para hacer una formación adecuada de la voluntad de nuestro
país, sino fíjese que también lo debe ser para que el Gobierno, ante
todas las decisiones que tenga que tomar -y ojalá sean todas de
carácter político-, se sienta lo más fuerte y lo más respaldado
posible. Quiero subrayar que estamos por aplicar medidas firmes y
dispuestos a que España contribuya con sus medios, si eso es
necesario y razonable, a esa lucha contra el terrorismo y quiero
dejarlo muy claro, pero el Parlamento en ese escenario debe ser
consultado y se debe pronunciar en caso de que tengamos esa hipótesis
de trabajo. Eso desde el respeto que tengo a las facultades
constitucionales que el Gobierno tiene en esta materia y que conozco
perfectamente, pero creo que en términos políticos sería conveniente.
El Gobierno, pues, debe esforzarse hoy más que nunca porque tenemos,
además, el horizonte de la presidencia de la Unión Europea. Antes era
importante para los españoles y para Europa, ahora seguramente, por
el momento histórico que vivimos, va a tener, en cierta medida, una
trascendencia histórica. Le recuerdo también, señor Aznar, que el
Parlamento no conoce aún los objetivos de esa presidencia, que
seguramente se habrán visto alterados por los sucesos del día 11,
perodesde aquí tengo que lamentarlo y censurarlo. Aún está
a tiempo de rectificar el Gobierno y de que esta Cámara sea
copartícipe de cuáles son los objetivos nacionales para la
presidencia española de la Unión Europea. Hay, pues, una gran tarea
por delante, la tenemos todos, sobre todo para un objetivo: dar
seguridad y confianza a los ciudadanos de nuestro país y de todo el
mundo, a los que son de aquí y a los que vienen a compartir con
nosotros su trabajo, su destino y su vida.
También, en mi opinión, en nuestro país hay que adoptar iniciativas y
propuestas que considero importantes para nuestra lucha contra el
terrorismo global y para construir ese nuevo orden internacional de
paz y prosperidad, como ha dicho la Unión Europea. Quiero en ese
sentido formular rápidamente diez propuestas al Gobierno y a la
Cámara. La primera de ellas es la necesidad de la reforma urgente de
los servicios de inteligencia españoles; una ley para la coordinación
y modernización de los mismos. La segunda la reforma del modelo
policial español, con una nueva ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para su modernización y una mayor
coordinación de las mismas. La tercera la definición en el
Parlamento, con el máximo consenso -y ha hecho a ello referencia el
señor Aznar, de lo cual me alegro-, de una política de defensa y de
seguridad de España que contenga al menos dos cosas: el papel del
Parlamento en las intervenciones en tiempos de paz de nuestras
Fuerzas Armadas y en situaciones de crisis, porque hemos visto que
tenemos una cierta laguna global que sería bueno rellenar y marcar
unas reglas políticas de entendimiento al respecto. También para que
haya una política en esa definición de nuestro marco estratégico y de
nuestra política de seguridad, una política para implicar a la
sociedad civil en una cultura moderna de defensa, y que tengamos la
capacidad y la responsabilidad de trasladar al conjunto de los
españoles que la defensa de nuestro país, que la seguridad de nuestro
país es también una tarea cívica y la responsabilidad de fomentar ese
valor creo que es nuestra. En cuarto lugar, creo que hay que
conseguir bajo la presidencia española de la Unión Europea la
comunitarización completa del tercer pilar de justicia e interior de
la Unión. Se va por el buen camino, lo ha explicado aquí el señor
Aznar. Hemos luchado mucho -desde luego el Partido Socialista, en
este caso codo con codo con el Gobierno, aunque a veces cueste un
poco reconocerlo, pero, en fin, ya sabemos que la generosidad es un
valor difícil en política- y estamos en esa perspectiva. Una
europolicía y una agencia de información europea, así como una
política común de inmigración y asilo.
En quinto lugar, aumento de los recursos materiales y humanos para la
lucha contra el blanqueo de capitales, tanto en el Banco de España
como en la Fiscalía, que hoy tienen medios insuficientes. Por cierto,
habrá que decir ya, desde alguna tribuna de algún parlamento
democrático, que hay que acabar en el mundo con los paraísos
fiscales, porque es inmoral y una fuente de criminalidad,
una fuente de financiación de actividades ilícitas; la
Unión Europea tiene que tomar este liderazgo. Lo que dice esta
resolución va en la buena dirección, pero hay que decirlo fuerte y
poner a la coalición internacional contra el terrorismo también en
esa dirección: hay que acabar con los paraísos fiscales en el mundo.
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez Zapatero, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Termino, señora presidenta.
Creo que también es necesario hacer una propuesta en materia de
seguridad aérea. Todos hemos visto lo que ha pasado. Hay que hacer un
plan nacional de seguridad aeroportuaria y de transporte aéreo
insertado, que no está en España, en la política de seguridad
nacional y una nueva ley de navegación aérea, porque la vigente data
del año 1960 y mire que han pasado cosas al respecto.
En materia de política económica, después de los mensajes de
confianza, aún a pesar de que todos queremos ser optimistas y apartar
de nuestro lenguaje la palabra recesión, serían convenientes medidas
presupuestarias reactivadoras que fomenten la inversión pública, así
como un estudio de ayudas a los sectores del transporte aéreo y el
turismo en nuestro país. Además, sería necesaria una ratificación
urgente de la Convención de Naciones Unidas para la represión de la
financiación del terrorismo.
De igual manera hay que reforzar política y económicamente el
programa MEDA, de colaboración entre la Unión Europea y el
Mediterráneo, y creo que sería muy oportuno lanzar esa iniciativa
pensando en la presidencia española de la Unión y teniendo en cuenta,
además, que la V Conferencia Euromediterránea se va a celebrar
precisamente en ese período. Por cierto, sugiero al conjunto de los
grupos que, en atención a ese esfuerzo de contribución de España a lo
que es una política de cooperación y de búsqueda de la mejor relación
con todos los pueblos, constituyamos en este ámbito una delegación
parlamentaria permanente para nuestras relaciones con el
Mediterráneo. De igual manera, aunque ha sido comentado por el señor
Aznar -y me alegro, porque en el mes de enero el Grupo Popular votó
en contra en esta Cámara-, hay que hacer un plan nacional urgente de
aumento de recursos para la ayuda a los refugiados de Afganistán o de
los países que puedan verse afectados por esta situación como
consecuencia de la crisis.
En definitiva, señorías, el Grupo Socialista ha manifestado y reitera
hoy su apoyo al Gobierno que será, como dije, más fuerte y más
intenso en la medida en que este Parlamento debata, analice y decida
más. En segundo lugar, quiero decir que España debe estar enprimera
línea en la coalición internacional contra el
terrorismo y en la política para acabar con todas sus vías de apoyo.
También deseo, por las razones que antes expuse, que se conforme,
después de esa gran coalición internacional contra el terrorismo y en
defensa de las libertades, una segunda gran coalición internacional
contra la miseria y la desesperación. Esto forma parte también de un
nuevo orden mundial de seguridad, de paz y de bienestar para todos
los seres humanos que sin duda alguna es lo que quieren todas las
democracias como la nuestra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Trias.
El señor TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA: Señora presidenta, señor
presidente del Gobierno, señorías, hace exactamente quince días,
todos nosotros junto con cientos de millones de personas del mundo
entero, pudimos vivir en directo uno de estos saltos de página de la
historia del mundo, un hecho dramático, una acumulación insoportable
de dolor y de muerte que un día nuestros nietos verán equiparado en
trascendencia, como acontecimiento que marca una era, a Pearl
Harbour, a la caída del muro de Berlín, a la invasión de Polonia o a
la revolución rusa. El 11 de septiembre de 2001 comenzó, en el ámbito
de la política mundial, el auténtico siglo XXI.
El mismo día 11 de septiembre, el presidente Pujol hizo esta
declaración institucional: Hoy se han producido en los Estados Unidos
hechos de una extraordinaria gravedad; hechos que por su magnitud,
por la importancia y significado de los objetivos atacados, por su
dimensión política y por el drama humano que comportan tendrán sin
duda serias repercusiones en todo el mundo. Confío en que estas
repercusiones políticas, económicas y de seguridad podrán ser
controladas de una manera positiva, que no afectarán a la necesaria
estabilidad ni al proceso general ni a una acción profunda
y solidaria de reequilibrio mundial. La humanidad dispone de elementos
y de recursos para que así sea. Sé que interpreto el sentimiento del
pueblo de Cataluña condenando, una vez más y con toda rotundidad, el
terrorismo, sea cual sea, y que interpreto igualmente este
sentimiento expresando mi pésame al pueblo de los Estados Unidos y
especialmente a las familias de las personas que han muerto.
En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) asumimos
plenamente estas palabras. Ya hemos tenido ocasión de manifestar, y
nunca está de más repetirlo, el profundo sentir por los miles de
inocentes muertos y heridos, por sus familias, por sus seres más
próximos. Desde aquí, desde esta sesión parlamentaria, queremos
reiterar nuestra solidaridad con todos ellos y nuestra condena y
repugnancia más profunda por estas
actuaciones que hacen dudar de la condición humana de quienes lo
llevaron a cabo.
Ante esta crisis internacional y cuando se acerca el momento en que
los Estados Unidos, con el apoyo directo e indirecto de una
grandísima alianza contra el terror, va -mejor dicho, vamos- a
iniciar su respuesta a semejante ataque, comparece hoy usted aquí,
señor presidente del Gobierno, para explicar su posición y buscar el
apoyo del Parlamento. Se lo agradecemos y, tanto desde nuestro
sentido de responsabilidad como desde el convencimiento más
auténtico, le damos ya desde este instante nuestro apoyo en este
momento delicado y trascendente. España, junto a la Unión Europea,
tiene el derecho y el deber de estar junto a Estados Unidos en este
momento. Aquí no podemos invocar, como pueden hacer más allá de los
Pirineos, la reciprocidad con cuanto hicieron los americanos contra
el invasor nazi hasta 1945, pero nuestros vínculos no son menores y
el Gobierno y la sociedad norteamericana saben que estamos a su lado.
Es mucho lo que está en juego. El terror que desde el fanatismo
irracional ha querido dominar a los Estados Unidos va dirigido
también contra todos nosotros, contra nuestra sociedad, contra un
modo de vida, contra un conjunto de valores que conforman nuestra
identidad, nuestras vidas individuales y nuestro bienestar colectivo.
Pero este compromiso neto, claro, con decisiones que aunque legítimas
pueden ser dolorosas, este compromiso que hoy reiteramos, exige
también reflexión.
Las sociedades, como las personas, demostramos nuestra madurez en
momentos graves. Nos corresponde vivir, y a usted señor presidente le
corresponde liderar en este país, uno de estos momentos difíciles.
Parafraseando a un senador norteamericano, Patrick Leia, es este un
momento de liderazgo moral en la defensa de los derechos humanos y de
la democracia en el mundo, y es, sobre todo, el momento de demostrar
lo que nos distingue de aquellos que nos atacan. Hay que razonar para
saber que es la hora de la justicia, no de la venganza, hay que
razonar para aportar a nuestros aliados del otro lado del Atlántico
nuestra visión del mundo. Europa puede y debe alzar la voz para
aportar en estos momentos históricos este elemento que compense la
comprensible reacción de quien ha sido herido en lo más profundo. A
nosotros, europeos, no nos corresponde dar lecciones, pero lejos del
unilateralismo que ha caracterizado demasiadas veces a alguno en las
relaciones internacionales, nos corresponde contribuir a las
decisiones graves que se avecinan con nuestra perspectiva del mundo,
de sus razas, de sus culturas, de su complejidad y diversidad y de
las impredecibles consecuencias de una ruptura en el equilibrio y
respeto mutuo de todas ellas.
No es tiempo de reproches a la política exterior de unos u otros,
nada puede justificar el horror de que hemos sido testigos. Hemos de
huir del simplismo de quien reduce el fanatismo asesino a una lucha
de
pobres contra ricos, pero no podemos tampoco ignorar en qué mundo
vivimos, ni cerrar los ojos ante los millones de personas para
quienes la vida ya no vale nada, arrastrándolas unas veces a la
simple tristeza existencial y otras al odio, tan fácil de convertir
en violencia y muerte. La riqueza, el poder económico, nos impone a
todos, a Europa y a los Estados Unidos, obligaciones ante el mundo y
las personas que lo habitan. Estas y otras reflexiones deberán
hacerse oír al tiempo que se determina la legítima y proporcionada
respuesta concreta contra los impulsores del terror y quienes lo
amparan, una respuesta militar, diplomática y financiera, a la que
España deberá contribuir en la medida de sus posibilidades y en el
marco de cuanto se establezca en la Unión Europea y entre los aliados
de la OTAN; una respuesta, sin embargo -y me refiero especialmente al
ámbito militar-, que deberá calcular en todo momento sus efectos a
corto, medio y largo plazo. La alianza internacional que se está
forjando, a la que nuestros tradicionales vínculos con el mundo árabe
pueden prestar una importante contribución, ha de impedir más
adelante una generalización del conflicto que podría derivar
fácilmente en un enfrentamiento entre civilizaciones que debemos
absolutamente evitar.
Se ha producido un nuevo sistema de ataque, y ello exige nuevas
respuestas. Han saltado en el aire los esquemas clásicos de seguridad
y defensa, hemos de ser capaces de desarrollar nuevos sistemas de
prevención. Conviene, en particular y de una manera muy importante,
empezar a prever y organizar las consecuencias que, en términos de
desplazamiento masivo de refugiados, puede provocar un ataque armado
en Asia Central. La Unión Europea debe prever desde este instante la
más que probable crisis humanitaria que puede seguir a toda
intervención armada en la zona, incluso hemos de preverlo sin
necesidad de intervención. En este momento, en Afganistán, hay una
situación humanitaria realmente lamentable.
En el plano político, diplomático y jurídico, lo más destacable, sin
duda, la cooperación internacional sin precedentes para luchar contra
el terrorismo. No cabe duda de que esta nueva situación que se ha
empezado a materializar en Europa, con las importantes resoluciones
aprobadas por el último Consejo de Justicia e Interior en materia y
búsqueda y captura de terroristas, tendrá efectos también muy
positivos en la lucha contra ETA. Del mismo modo, estamos seguros de
que la percepción de que es necesario ahogar los apoyos financieros
del terrorismo en el mundo, va a suponer un salto adelante sin
precedentes en la cooperación financiera internacional, en la lucha
global contra el blanqueo de capitales, en la limitación del tráfico
internacional de armas ligeras y, en general, en la transparencia en
las relaciones económicas internacionales para el beneficio de todos.
La respuesta unánime europea a la barbarie terrorista a esta amenaza
para la humanidad y las formas de organización en democracia han
servido para
reforzar la necesidad de fortalecer sus fundamentos en política
exterior, seguridad y defensa y justicia e interior, es decir, los
contenidos más políticos de la Unión. El 11 de septiembre sirvió para
mostrar que también en Europa se inicia una nueva etapa, en la que se
consolida la cooperación con los Estados Unidos.
La lucha contra el terrorismo tiene una dimensión plenamente europea
para librar de forma definitiva a nuestros ciudadanos de la amenaza
terrorista y poder asegurar el pleno ejercicio de la libertad y las
libertades propias de las sociedades democráticas, acciones
interiores y exteriores que ponen de relieve nuevamente la necesidad
de profundizar en las dimensiones más políticas de la Unión. La
Unión, tal como está haciendo, debe dar una respuesta clara, decidida
y conjunta, bien definida y actuando como una sola voz. Es así como
podremos superar las amenazas actuales y abrir nuevas perspectivas de
cooperación, de paz y estabilidad a nivel mundial, pero para esto
necesitamos una Unión fuerte y respetada, una Unión con liderazgo.
España asumirá dentro de pocos meses la presidencia de la Unión
Europea en condiciones bien distintas de las que todos habíamos
previsto, de entrada, en condiciones económicas agravadas respecto a
lo que era ya una situación de recesión inminente, y también son muy
distintas las condiciones políticas con las que España tomará el
relevo a la presidencia belga. Espero que pronto tengamos ocasión de
comentar en esta Cámara la agenda y los objetivos del Gobierno
durante este semestre. En este momento, sin embargo, es importante
destacar la grave responsabilidad que recae sobre el Gobierno en este
delicado momento de la historia europea. Para esta agenda queremos
subrayar la necesidad, hoy más que nunca -y lo ha dicho el
presidente-, de relanzar una auténtica política mediterránea. El
proceso de Barcelona, iniciado en 1995, no es un capricho de
diplomáticos y ONG, es una necesidad vital de desarrollo,
enriquecimiento y conocimiento mutuo entre las dos riberas del
Mediterráneo, que se hace absolutamente imprescindible para
garantizar hoy y en el futuro próximo un espacio de estabilidad y de
paz.
Señor presidente, son tiempos para la unidad en la política exterior
y en la política de seguridad y defensa porque es mucho lo que aquí
está en juego. Le pedimos información, le pedimos la participación
parlamentaria para que las circunstancias en cada caso aconsejen a la
luz de la Constitución y desde aquí, señor presidente, le
garantizamos nuestro apoyo a un consenso racional y responsable.
Señorías, el 11 de septiembre es la diada nacional de Cataluña, es la
fiesta nacional de Cataluña. No celebramos en esta fiesta una
derrota, sino la capacidad de reacción de un pueblo para luchar
contra la adversidad, poniéndose a trabajar para la reconstrucción de
un país. Deseo que en un futuro se recuerde el 11 de septiembre de
2001 como la capacidad de reacción de todos los pueblos a favor de
las libertades, la solidaridad y la paz.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Trias.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, señor
presidente, el atentado terrorista contra los Estados Unidos no tiene
para nosotros justificación alguna, nada justifica el asesinato de
inocentes y la violencia, como el delirio de la razón, sólo produce
monstruos. Por eso Izquierda Unida, como el resto de las fuerzas
democráticas de esta Cámara, ha condenado tajantemente los bárbaros
atentados del 11 de septiembre. Por eso también nuestra solidaridad
con las víctimas y con sus familiares, con el pueblo norteamericano
en definitiva, porque la lucha contra el terrorismo es una
responsabilidad de todos, no es sólo una obligación de solidaridad.
Pero ser solidarios no significa dar sin más la razón al amigo o al
hermano, no vale cualquier respuesta porque no todas son legítimas en
derecho internacional. La encrucijada en la que se encuentra la
comunidad internacional es si nos sumamos a los que claman venganza,
al ojo por ojo de las represalias y de la guerra, sea esta cual sea,
alimentando con ello la espiral del odio y la violencia, o si, por el
contrario, respondemos al terrorismo con respuestas selectivas,
proporcionadas, desde la justicia y la democracia, con la ley, la
policía y los tribunales; si, en definitiva, nos planteamos también
un nuevo modelo de seguridad compartida y un orden económico
internacional más justo.
Señor presidente, las democracias tienen sus reglas y son fuertes
cuando las aplican y débiles cuando las vulneran. Por eso, la demanda
de los sistemas democráticos debe ser justicia, no venganza. La
respuesta más adecuada es aquella que se atiene al derecho
internacional y que busca el más amplio acuerdo de la comunidad
internacional a través de Naciones Unidas, sin producir daños mayores
de los que se pretende atajar. Naturalmente, esto no es fácil ni
inmediato, pero es preferible una solución difícil, compleja, pero
legítima y eficaz, que una guerra sucia y larga en la que todos
seremos las víctimas.
Señorías, a través de la Resolución 1368, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas ha expresado inmediatamente su disposición a dar los
pasos necesarios para responder al ataque terrorista del 11 de
septiembre de 2001 y combatir todas las formas de terrorismo de
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas; repito, de acuerdo con
la Carta de las Naciones Unidas. Pero la Resolución 1368 no es un
cheque en blanco para nadie, ni para Estados Unidos ni para la OTAN,
ni un mandato de acción unilateral contra Afganistán u otro país,
sino un llamamiento a la adopción colectiva de medidas en el seno del
Consejo de
Seguridad, que desde entonces no ha podido reunirse por diversas
razones.
Señor presidente, el Consejo Europeo ha comprometido su participación
en una respuesta proporcional y selectiva, no en una guerra con
víctimas inocentes. Por eso, la Unión Europea no ha legitimado un
acto de guerra ni de represalia armada y mucho menos de venganza o de
guerra sucia. En su resolución, el Consejo Europeo ha acordado -y
cito textualmente- que la Unión Europea llama a crear una coalición
global, lo más amplia posible, bajo la égida de las Naciones Unidas;
insisto en esto, bajo la égida de las Naciones Unidas. En este mismo
sentido, el Consejo Europeo de 21 de septiembre ha adoptado un plan
de acción contra el terrorismo basado en la cooperación policial y
judicial, y he de recordarle que nosotros hemos apoyado el denominado
informe Watson -que deslizaba alguna valoración sobre el mismo-, en
el que se acuerda también el desarrollo de los instrumentos jurídicos
internacionales, suprimir las fuentes de financiación del terrorismo,
reforzar la seguridad aérea y coordinar la acción global de la Unión
Europea.
Este conjunto de medidas merece, con algunos matices, nuestro apoyo,
como lo merece la congelación de las cuentas de personas y
organizaciones de la galaxia terrorista, pero nos preguntamos, en
relación con esto, cómo no ha sido posible que se bloquearan antes o
por qué no se va más allá mediante el levantamiento del secreto
bancario o la lucha contra los paraísos fiscales. Por último, el
Consejo Europeo se compromete a propiciar un entendimiento durable
entre las partes en conflicto en el Oriente Próximo, sobre la base de
las resoluciones de Naciones Unidas, y avanza a favor de un sistema
mundial más equitativo. La Unión Europea, en definitiva, como digo,
con matices, en defensa de las garantías jurídicas, las libertades y
el derecho internacional, ha sabido estar a la altura de la situación
y ha marcado una orientación autónoma en el marco de las Naciones
Unidas, claramente diferenciada de la adoptada por el presidente
Bush, por la Administración republicana, y nosotros creemos que
también por usted, señor Aznar.
Señorías, sin embargo, hoy por hoy, todo apunta a una reacción
unilateral de los Estados Unidos. Ya lo ha dicho la señora Condoleeza
Rice, los Estados Unidos actúan en legítima defensa y no necesitan ni
necesitarán ningún mandato de Naciones Unidas. El presidente Bush se
ha erigido en juez y parte y dirige la coalición para la guerra o
para los actos de fuerza al margen de Naciones Unidas, al frente de
una cruzada, en sus propias palabras, que en nuestra opinión
desestabiliza y puede confrontar civilizaciones, porque, por mucho
que se diga que la guerra no se dirige contra el Islam, se corre el
riesgo de ser interpretada como tal por los pueblos musulmanes en
cuanto se produzcan las primeras acciones militares o ser
interpretada así ya mismo, cuando se están produciendo éxodos masivos
de refugiados o reducciones de ayuda humanitaria a todas luces
inexplicables. La respuesta de la Administración norteamericana ha
sido un ultimátum de entrega sin pruebas, alegando que la exposición
de las pruebas debilitaría la propia acción terrorista. Hay que
preguntar no solamente a la Administración americana, sino también al
señor Trillo, cómo es posible que hasta en Nuremberg fueran
necesarias las pruebas y no sean necesarias en este caso.
Señor Aznar, ¿aprueba o rechaza usted la proclama del presidente
norteamericano en su discurso ante el Capitolio según la cual la
guerra puede incluir ataques dramáticos visibles por televisión y
operaciones encubiertas que permanecerán secretas incluso cuando
tengan éxito? No es la primera vez, señor Aznar, que la guerra sucia,
la doble moral y los diferentes raseros de medir, según quien las
haga, producen efectos inesperados o que las criaturas mimadas
generosamente, como Frankestein, se convierten en insoportables
problemas.
Hay que recordar que Bin Laden fue agente de la Central de
Inteligencia Norteamericana y ha sido instrumento de los servicios
secretos del principal aliado estratégico de los Estados Unidos, a la
sazón la dictadura de Pakistán. Como ha dicho el escritor mejicano
Carlos Fuentes, alimentaron con leche a las víboras que luego les han
respondido con veneno. Palestina es otro ejemplo de esta doble moral.
Su apoyo explícito a Israel en continuada agresión, recurriendo
incluso a métodos terroristas contra el pueblo palestino, ha
levantado en Oriente Medio una ola de indignación que no podemos
ignorar y que no puede ignorarse. Por eso resulta un enfoque
interesado y autoritario afirmar o conmigo o contra mí, afirmar que
la alternativa está en los que estamos de determinada manera contra
el terrorismo y el resto se rinde o está con los terroristas.
Nadie, ni Estados Unidos ni usted, señor Aznar, tiene ninguna
superioridad moral sobre el resto de los demócratas. Por eso un
ataque indiscriminado a Afganistán, régimen que no nos ofrece ninguna
simpatía, o a otros Estados no demostrará el afán de hacer justicia,
sino que la Administración norteamericana, y usted mismo, es la única
potencia mundial capaz de castigar sin los límites del derecho
internacional al que a veces nos negamos a someternos.
Señor presidente del Gobierno, en esta crisis internacional usted ha
optado por el seguidismo más acrítico y se ha puesto
incondicionalmente a las órdenes de la Administración republicana;
usted ha actuado ante la Unión Europea más como delegado de Estados
Unidos que como presidente de un Estado soberano miembro de la Unión.
Usted ha suplantado la participación del Congreso en las decisiones.
Usted ha desarrollado un discurso instrumental sobre el terrorismo en
la vida política interna. Con su alineamiento incondicional con los
Estados Unidos, usted no ha contribuido a favorecer la acción de la
justicia contra los responsables de los
atentados y a restablecer la estabilidad internacional, sino
fundamentalmente a reforzar su relación privilegiada con la
Administración republicana como portavoz de la derecha conservadora
europea, jaleando a los halcones más duros del Pentágono. Usted,
señor Aznar, se ha distanciado de nuevo de otros países europeos,
como Francia y Alemania, empeñados en salvaguardar la autonomía
europea y el respeto a las Naciones Unidas sin hacer dejación, al
mismo tiempo, de sus responsabilidades en la lucha contra el
terrorismo. Usted, señor Aznar, con su actitud nos distancia cada vez
más de los países árabes.
Le recuerdo que nuestro país no es sólo un aliado de los Estados
Unidos, es también un sujeto de derecho internacional, un Estado
miembro de la Unión Europea, amigo de los países árabes, que ha
firmado tratados internacionales y que forma parte de los compromisos
de Naciones Unidas. Usted, sin dignarse siquiera a consultar al
Parlamento, aunque fuese por mera cortesía, ha cedido para la guerra
las bases de Rota y Morón a las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos, pero no sólo eso, usted ha ido más lejos, ha ofrecido,
incondicionalmente y sin límites de uso, todas las instalaciones
españolas, puertos y aeropuertos, abriendo incluso la posibilidad de
participación de nuestras propias tropas. La notificación a los
grupos parlamentarios ha sido una llamada telefónica cuando ya era
una noticia en los medios de comunicación.
Señorías, aún no estamos formalmente en guerra. Todavía confiamos en
que no vaya a producirse, depende en parte de nosotros mismos, porque
si estuviéramos en una situación de guerra -y según el presidente
Bush estamos en una nueva guerra-, ¿cuándo va usted a poner en marcha
el artículo 63.3 de la Constitución española, cuándo va usted a
cumplir las resoluciones que se han aprobado por unanimidad en esta
Cámara en este mismo sentido? Somos partidarios de una respuesta
civil, no de una respuesta militar, pero en caso de que se plantee
esta respuesta militar, qué menos que podamos discutirla en el
Parlamento español y, por supuesto, votar tal decisión.
Señor presidente del Gobierno, el ministro de Interior del Gobierno
Berlusconi vio en los ataques a Estados Unidos una continuación de
las protestas de Génova. Usted ha caído también, aunque en menor
medida, en el juego de las instrumentalizaciones domésticas, ha
utilizado la preocupación generada por los atentados para respaldar
la candidatura electoral de Fraga en Galicia, pero también para
respaldar su política interna frente a los nuevos adversarios
nacionalistas, federalistas e izquierdistas. Señor Aznar, cese usted
de contribuir a los tambores de guerra, escuche la opinión
mayoritaria de la ciudadanía española. Todos los sondeos indican que
los españoles desean que se busque a los responsables de la barbarie
y respondan ante los tribunales de justicia, pero también la inmensa
mayoría de los ciudadanos se opone a la intervención militar como
medio para alcanzar este objetivo y, sobre todo, a cualquier
intervención militar indiscriminada y unilateral. Señor Aznar, no
ignore tampoco los signos de recesión económica tan solo por mantener
una dogmática sobre el déficit público.
Señorías, más allá de la lucha contra el terrorismo, el reto que
tiene ante sí la comunidad internacional es la construcción de un
nuevo modelo de seguridad compartida, no la guerra y el militarismo,
un modelo que aporte respuestas legales, policiales y penales en el
marco de Naciones Unidas y del derecho internacional, un modelo que
contribuya a resolver conflictos como el palestino, un modelo que
promueva un orden económico y político internacional justo y
pacífico. No haremos nuestro mundo más habitable y predecible si no
abordamos las profundas desigualdades que laceran nuestro planeta y
si no contribuimos a resolver algunos de los conflictos
internacionales cuya persistencia es fuente de desesperación, de ira,
como son el caso de los derechos del pueblo palestino. No se trata de
defender que hay una relación directa entre el cobarde atentado
contra Estados Unidos y la pobreza en el mundo -explicar no significa
justificar-, pero la seguridad debe tener un enfoque global. Si dos
tercios del planeta son excluidos del más elemental bienestar, no
puede pensarse que todo ello esté al margen de nuestra seguridad.
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, le ruego concluya, por favor.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino, señora presidenta.
La paz del siglo XXI no puede ser la paz armada, de las guerras
sucias y largas, ni la del retroceso de las libertades en aras de la
seguridad o la de la confrontación entre civilizaciones; la paz del
siglo XXI debe ser la del derecho internacional, la solución
negociada de los conflictos y la superación de las dramáticas
desigualdades que condenan al tercer mundo a la miseria y a la
desesperación.
Señorías, hoy, ante momentos difíciles, es cuando se trata de ser
realista, construyendo lo que parece imposible: la paz; luchando
contra el terrorismo, evitando también la guerra. En esto estamos
seguros que estamos acompañados por la gran mayoría de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señora presidenta, señorías, el día del
atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos, nuestro partido
hacía pública esta condena: Los atentados que ha sufrido los
Estados Unidos de América no necesitan ninguna adjetivación porque
han superado todo lo que de horror hemos conocido hasta ahora y
porque todos los ciudadanos del mundo lo hemos podido contemplar en
directo. Ha sido una exhibición de terrorismo en su estado más puro
literal, suicidas en acción y miles de muertos entre pasajeros de
líneas aéreas y empleados de oficinas, ajenos todos ellos a que el
mundo se derrumbara sobre ellos sin tener arte ni parte en los
problemas que pudieran motivar tal aberración.
Recordado esto, nos encontramos ante una comparecencia suya, señor
presidente, dos semanas después de los hechos. Como precedente a una
situación parecida, aunque no igual, la podemos tener en la guerra
del Golfo y en la de la antigua Yugoslavia. En aquella ocasión, el
presidente del Gobierno habló personalmente con todos los grupos de
la Cámara, convocó a dos reuniones en La Moncloa, se reunió en esta
casa a puerta cerrada y compareció ante esta Cámara. En esta
oportunidad, usted vino al Congreso para hablar con el secretario
general del Partido Socialista, hemos recibido una llamada del
ministro de Asuntos Exteriores notificando el uso de las bases y
ahora comparece usted.
La argumentación que se nos ha dado es que, como se trata de un acto
de terrorismo, su obligación queda circunscrita al acuerdo con el
Partido Socialista y que los demás grupos, poco más o menos, formamos
parte de la decoración. No somos partidos principales, como acaba
usted de decir. Esto no parece muy lógico con lo dicho por usted
cuando en su investidura prometió convertir esta casa en el centro de
su acción política, mucho más en política exterior que requiere un
acuerdo máximo y gestos que le hagan presentarse en el exterior como
representante de un gran consenso. ¿Es aceptable que usted no quiera
solicitar del Congreso la autorización para comprometer a España en
la operación Libertad Perdurable? ¿Podemos asumir ser solamente
informados? ¿Es razonable el apoyo incondicional a un plan de
operaciones que creo que usted también desconoce? ¿Por qué se
silencia a Naciones Unidas? Si se desea una total implicación, ¿no es
lógico que conozcamos los riesgos y los asumamos colectivamente?
Hay una opinión pública, que desgraciadamente no se vio el jueves en
la Puerta del Sol, legítimamente preocupada y representada en las
Cortes, que no puede ser ignorada. Tenemos derecho a hacer estas
preguntas, lo que no disminuye nuestro apoyo a los Estados Unidos en
la búsqueda, en la detención y en el juicio de los culpables del
horror sufrido en Nueva York y Washington y que se ejercite la
legítima defensa.
La lucha contra el terrorismo internacional no puede convertirse en
una cruzada contra el islam, a no ser que deseemos volver a los
siglos XII y XIII. Más que nunca se ha de huir de la tentación de la
simplicidad y se ha de usar la razón y no la ira.
En relación a la cumbre extraordinaria y a la creación de un espacio
judicial europeo, nada más de acuerdo todo esto con el pacto
antiterrorista de Madrid, pero de 1987. Lo conseguido actualmente no
es la feliz idea de su pacto con el Partido Socialista del año
pasado, de no ser que el Partido Socialista no se sienta tributario
de lo hecho por Felipe González y José María Benegas y su partido no
tenga nada que ver con lo hecho por Hernández Mancha y García-Tizón.
El pacto de Madrid consagraba ya en 1987 la necesidad de un espacio
judicial europeo que desgraciadamente, a golpe de atentados, va
logrando ir configurándose. Bienvenido, señor presidente, sea dicho
espacio con todas sus consecuencias, porque nadie que no sea
europeísta sincero puede estar en desacuerdo con ese criterio, aunque
nuestro europeísmo no se agote en dicho concepto y se extienda
asimismo a otros ámbitos de dicha construcción que a ustedes al
parecer no les gusta tanto.
Por eso nosotros apoyamos lo acordado en la cumbre extraordinaria de
la Unión Europea del pasado viernes contra el terrorismo, activando
todos los mecanismos políticos, diplomáticos, económicos, jurídicos y
financieros de que dispone la Unión Europea para luchar contra el
terrorismo. Europa debe tener una actitud unitaria y no puede tolerar
impunidades de ningún tipo. Terrorista es aquel que intenta imponer
su fanatismo por el terror, la fuerza y la violencia y eso es
inadmisible y ninguna sociedad lo puede tolerar. El fanatismo no se
alimenta de la realidad, sólo la utiliza debidamente manipulada para
buscar adeptos que le ofrezcan connivencia y comprensión. El
fanatismo se nutre de sí mismo. Es la idea y no la realidad a la que
le debe obediencia ciega. El fanático, pues, no escucha las voces de
la realidad sino que vive cegado y metido en sus propias obsesiones y
por eso hay que actuar contra él en legítima defensa.
Hay que decir que el presidente Bush ha tenido aciertos estos días,
pero también ha cometido errores con deslices inaceptables, así como
su vicepresidente, hablando de una guerra larga y sucia. La respuesta
de una nación civilizada que cree en el bien, en la sociedad humana y
que se opone al mal tiene que estar cuidadosamente calibrada y, sobre
todo, ser inteligente, como lo ha sido el Papa en su alocución que
usted, como buen demócrata-cristiano, confío tome en cuenta.
También hemos de decir que el presidente Bush ha tenido aciertos,
como cuando desde una mezquita quiso dejar claro que se trataba de
una lucha contra el terrorismo extremista y no contra aquellos que
practican la fe musulmana. Por eso hemos valorado favorablemente que
se haya eliminado en el comunicado final de la cumbre europea el
término militar. Una diferencia clarísima entre Europa y los Estados
Unidos es que para nosotros el terrorismo se combate policialmente y
en los Estados Unidos, al parecer, militarmente. Tampoco se puede
pregonar a todas horas el Estado de derecho
democrático, el respeto a los derechos humanos y a la presunción de
inocencia y luego, a la hora de la verdad, hacer apelación a una
violencia ciega y a la pena de muerte en una Europa donde no existe
la pena de muerte, castigo inhumano, degradante e innecesario. La
base moral de Europa es el cristianismo y ahí claramente se habla del
no matarás, cuestión esta que no admite interpretación alguna, lo
diga Navarro Valls o no.
Estos días, en la costa este de los Estados Unidos, una carta al
presidente Bush, escrita por el analista Marvin Zonis, profesor de la
escuela de negocios de la Universidad de Chicago, ha generado un
interesante e intenso debate entre intelectuales y académicos. Buen
conocedor de Oriente Medio, Zonis sabe que los atentados terroristas
generan un consenso instantáneo en la opinión pública, pero se
disuelven al mismo tiempo que la imagen de los hechos en nuestra
memoria visual. El analista critica que toda la acción diplomática,
toda la ayuda a los países del Tercer Mundo, todo el Departamento de
Estado, embajadas y contribución a la ONU le cuesta a los Estados
Unidos 20 billones de dólares. Sin embargo, el programa de misiles
costará 100 billones de dólares y no les defenderá de un terrorismo
que no tiene sensores para el fanatismo. Gastan 310 billones de
dólares en las Fuerzas Armadas, pero no pueden evitar los ataques
sufridos. Total, 410 billones de dólares frente a 20, y esta
inversión es precisamente la que podría evitar los ataques. También
se pregunta el analista norteamericano por qué les odian tanto en el
mundo islámico y por qué los Estados Unidos no se toman de verdad, en
serio resolver el problema de Oriente Medio. Reconoce el profesor que
el presidente Bush está sometido a una enorme presión pública para
que Estados Unidos dé una respuesta militar inmediata, pero odiar y
ser odiado a largo plazo siempre es un mal negocio. Eso se puede
corregir. Un mundo globalizado exige una razón global y ésta tiene
que ser, ante todo, ética. Antes la diplomacia que la fuerza, antes
la cooperación que la codicia, antes el Estado de bienestar y derecho
que el mercado.
Quien fuera ministro de Asuntos Exteriores israelí, Slomo Ben Ami,
daba este domingo una buena receta: Ante lo ocurrido hay que dar una
triple respuesta, decía. La primera es de índole operativa, policial
o militar, pero aquel que crea que todo empieza con el atentado y
acaba con las represalias se equivoca. La segunda respuesta consiste
en desarrollar mecanismos de resolución del conflicto y, por último,
hay que acortar las disparidades entre el primer y el Tercer Mundo.
Osama Bin Laden es la consecuencia patológica de los problemas que
sufre una parte de las sociedades islámicas. En el fondo, el político
israelí pide más política y más justicia. No licencia para matar, sí
para hacer justicia en legítima defensa. Si se procede de otra manera
habrá que replantearse en profundidad cuál es el papel de la justicia
internacional, de las Naciones Unidas, del derecho como elemento de
civilización, e incluso cuál
es el futuro de ideologías, religiones y de los propios ciudadanos.
Ojalá tras esta terrible experiencia llegue un día en que el progreso
de las naciones no se mida por su poder militar o económico ni por el
esplendor de su capital y de sus edificios públicos, sino por el
bienestar de sus pueblos, por sus niveles de salud, nutrición y
educación, por sus oportunidades de obtener una remuneración digna a
cambio de su trabajo, por su capacidad de participación en las
decisiones que afectan a su vida, por el respeto a las libertades
civiles y políticas, por la atención dispensada a los más vulnerables
y desfavorecidos, y por la protección ofrecida al desarrollo físico y
mental de sus niñas y niños. De ahí que ante el proyecto de una
guerra larga y sucia apostemos por una paz larga y limpia, basada en
la justicia y en la legítima defensa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, quiero
expresar, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, en primer lugar
mi satisfacción en general por el debate que estamos teniendo. Me
parece que estamos en una situación internacional y ante un
acontecimiento de tales dimensiones y con tal impacto en los cambios
que se pueden producir a nivel mundial que sería muy positivo que
este Parlamento fuera creando y construyendo las bases de un amplio
consenso para el mundo que se nos viene a partir del 11 de
septiembre.
El primer dato que mi grupo quiere valorar es dónde estamos hoy, 26
de septiembre, 15 días después del impacto. Lo que se ha producido es
un impacto que desde el punto de vista del terrorismo no sólo ha
tenido más de 6.000 muertos, con una tragedia de sufrimiento y de
dolor tan terribles que hay que empezar por expresar esa solidaridad,
sino que esa tragedia se produce en Nueva York y no en otro lugar del
mundo y, al mismo tiempo, caen símbolos del capitalismo internacional
y símbolos del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que es un
instrumento militar importante a nivel internacional.
La caída de los símbolos, el ataque a los mismos y la tragedia humana
que hay detrás nos tenía a todos enormemente preocupados por saber
cuáles eran las consecuencias inmediatas que podía tener ese terrible
atentado a la conciencia mundial. Hemos vivido 24 horas con un cierto
vacío de poder mundial -las primeras 24 horas-, con una primera
potencia del mundo que no sabía muy bien qué le estaba pasando y, por
supuesto, cómo responder, detectar y diagnosticar la situación que
estaba viviendo.
El primer dato que yo quiero celebrar, y que creo que responde a las
conclusiones del Consejo Europeo extraordinario que se ha celebrado
el día 21, es que la política norteamericana, por suerte para el
mundo, no ha tomado la deriva que alguien, con determinados análisis,
algunos que se hacen aquí, podía presuponer.
Ese país, que no ha sufrido nunca en su interior una tragedia de esas
dimensiones, que no estaba preparado, como lo está Europa y muchos
otros países del mundo, para guerras internas, para guerras civiles,
para situaciones terribles como la que ha vivido ahora, podía
responder de una manera o de otra, y en la Administración americana
ha habido dos maneras de enfocar el tema. Ante un pueblo que ha
tenido un sufrimiento terrible, los fenómenos de histeria, de
llamamientos a la venganza, han sido reales. Sin embargo, la
respuesta de la Administración norteamericana ha sido impulsada en
gran parte desde el Departamento de Estado, y quiero celebrarlo aquí,
por una gran coalición contra el terrorismo a nivel internacional y,
prudentemente, sin iniciar represalias inmediatas para dar respuesta
a los ataques, a los símbolos o al sufrimiento que ha padecido,
poniendo en marcha lo que llaman la coalición internacional contra el
terrorismo. Ese ya es un dato altamente positivo, nos guste o no nos
guste, hagamos valoraciones ideológicas con prejuicios previos de la
Administración norteamericana, en este caso republicana. Hay que
valorar que el 11 de septiembre se abre una nueva etapa en el mundo y
que los primeros 15 días invitan al optimismo y no al pesimismo.
A continuación, se reúne el Consejo Europeo y ese consejo, que yo
adelanto que mi grupo valora positivamente sus conclusiones, dice
entre otras cosas. Lo primero, el ataque terrorista que ha sufrido
Estados Unidos cambia cualitativamente la visión mundial del
terrorismo. Ya no son atentados en unos almacenes en Londres,
atentados como los que ha vivido España en estos últimos años, sino
que el terrorismo a escala mundial puede generar impactos de tal
dimensión que pueden poner en peligro la paz del mundo. Porque ahora
ha sido la utilización de pilotos suicidas y de aviones comerciales,
pero ya hablan los expertos de armas bacteriológicas, de armas
químicas, etcétera. El desafío que genera al mundo el nuevo
terrorismo internacional exige respuestas de lucha contra el
terrorismo a la escala de la amenaza que sufre el mundo. Creo que
estamos respondiendo correctamente. La respuesta tiene que tener unas
dimensiones nuevas. Tiene que haber una coalición antiterrorista a
nivel mundial, y eso es muy importante, basándose en el derecho
internacional, reforzando no sólo medidas policíales y judiciales,
como se ha dicho aquí, sino reforzando instituciones internacionales,
las Naciones Unidas y el derecho internacional. Este país sabe muy
bien que la eficacia contra el terrorismo está basada en la defensa
del Estado de derecho, sea en el Estado nacional o sea en el derecho
internacional.
España ha apoyado en el Consejo Europeo medidas policiales y
judiciales y luchar contra las redes de la financiación del
terrorismo, porque nos encontramos con esa mezcla terrible que hemos
vivido en estos últimos días de las viejas teologías fanáticas unido
a las nuevas tecnologías. Ese es el desafío que sufre el mundo y que
va a seguir sufriendo. La respuesta tiene que estar en esta escala, y
esa escala es una coalición antiterrorista internacional. Pero
reforzando medidas policiales, con luchas contra las redes de
financiación internacional, con seguridad en el transporte aéreo y
con una convención internacional contra el terrorismo a iniciativa de
la India y que apoya la Unión Europea, todo en el marco y bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Celebro ese avance importante que
se hace, porque no hace mucho discutíamos aquí que era bajo los
auspicios de la comunidad internacional. Esta vez no es la comunidad
internacional, son las Naciones Unidas y es un cambio esencial. Ese
cambio esencial Estados Unidos, que ha sufrido una tremenda y
dramática experiencia, que tiene toda nuestra solidaridad y el apoyo
de su pueblo y su Gobierno, lo ha entendido, y no hay un dato tan
significativo como el pago de la cuota de Estados Unidos a las
Naciones Unidas que estaba en discusión desde hace años. El artículo
51 de la Carta de las Naciones Unidas le da al Gobierno
norteamericano como Estado agredido el derecho a defenderse y repeler
ese ataque. Está en el derecho internacional. No es una acción
unilateral. Por tanto nosotros también apoyamos que las acciones de
carácter selectivo, con sangre fría, con la cabeza fría, con los
objetivos claros y con precisión, sean la lucha contra el terrorismo
sin daños colaterales, que al final pueden provocar consecuencias muy
peligrosas en el futuro.
En esa línea quiero subrayar que en ese comportamiento de la
Administración norteamericana, que yo valoro y que valora mi grupo,
ha tenido que ver decisivamente la Unión Europea, la participación de
los jefes de Gobierno, entre ellos el de España, de la Unión Europea,
que con su experiencia internacional y su lucha contra el terrorismo
en España y en Europa han marcado la línea de no cometer errores, de
no tener impulsos de respuesta inmediata, sino de fijar bien los
objetivos, tener éxito y defenderlo en el marco del derecho
internacional, lo que el señor Blair, que al principio se puso un
tanto impulsivo, llamó luego sangre fría, derecho internacional y
control de los sentimientos.
Esta es la posición que Europa el día 21 ha reforzado. Yo valoro y
repito que hace falta en el mundo, y es lo que venimos diciendo en
nuestros discursos a lo largo de todos estos años, más Europa. Por
eso la declaración del día 21 habla de las políticas de seguridad
europea, de que hay que reforzar el segundo y tercer pilar. Todas
estas cosas las estoy diciendo en orden, señor Aznar, a que la
presidencia española de la Unión Europea en el próximo semestre
alcanza una importancia histórica e internacional. La creación de un
consenso
en esta Cámara -y yo creo que este debate está creando los
cimientos de ese consenso- es fundamental para que este país juegue
el papel de liderazgo de la Unión Europea en ese semestre y que
Europa juegue el papel de liderazgo a nivel internacional en esa
coalición, una coalición que invita y que va a conseguir la
incorporación de la Federación Rusa, no como ocurría en Kosovo, o la
incorporación de los países árabes y musulmanes, que es muy
importante, porque no estamos en las cruzadas. Qué suerte que esta
civilización en este momento del siglo XXI comprenda perfectamente
que no es un conflicto de civilizaciones, y que además Europa
entienda que tampoco está en los últimos tiempos del imperio romano,
cuando en el Senado se discutía que había que reforzar las fronteras
del imperio romano porque fuera estaban los bárbaros. Hoy se ha dicho
aquí que esa coalición antiterrorista tiene que ir complementada, a
medio y a largo plazo, en el marco de las Naciones Unidas con una
coalición a favor del desarrollo y la cooperación internacional.
Tengo que expresar mi total acuerdo con las opiniones que ha dado el
señor Zapatero en esos temas. Espero y celebro que se digan así, con
la contundencia que lo ha dicho hoy, que no lo ha dicho otras veces.
A lo mejor el señor Solana, al que usted ha celebrado tanto, debería
trabajar también en esa dirección en la Unión Europea. Estoy
totalmente de acuerdo con lo que ha dicho usted, señor Zapatero,
desde el principio hasta el final, y también estoy de acuerdo con lo
que ha dicho el señor Aznar. Lo digo para celebrar el consenso en
esta Cámara, para que la presidencia española en la Unión Europea sea
un gran éxito. Valoro muy positivamente su intervención. Casi he
pedido la palabra para decir que como estoy de acuerdo con todo lo
que usted ha dicho, pues que no me voy a repetir.
Insisto en que, primero, no mezclemos, como ha dicho el señor Aznar y
usted muy bien, que la lucha contra el terrorismo justifica de
ninguna manera la crisis dramática de la globalización. Está
clarísimo que no, que el terrorismo es condenable siempre y de todas
maneras, aunque hay muy diversos terrorismos. No hay el mismo
terrorismo en países ricos que en países desesperados. El fanatismo
es el producto de la utilización de teologías y de religiones
respetables, pero en el marco de la miseria y de la humillación
internacional. La globalización no puede ser que 2.000 millones de
ciudadanos del mundo vivan bien y 4.000 vivan en la desesperación. La
presidencia española tiene que hablar de cooperación internacional.
En el mundo no pueden seguir guerras interminables. En la guerra
árabe-israelí hemos mirado para otro lado porque a los europeos no
nos han dejado intervenir. Yo participé en una delegación
parlamentaria española que se entrevistó con el presidente de Israel
y con el presidente, señor Arafat, y lo único que nos decía Israel es
que ya tenían bastante con la intervención americana y que Europano
pintaba nada allí. Es hora de que Europa pinte a muy
pocos kilómetros de sus fronteras. Es necesario que la guerra árabe-
israelí se acabe. Es necesario que la presidencia española en la
Unión Europea logre acuerdos entre Marruecos, Argelia, Libia,
etcétera; la visita y el discurso recientes del señor Aznar en Túnez,
la próxima visita del señor Piqué a Libia, Argelia y Marruecos, según
he leído. Hay que acabar con esos conflictos interminables; hay que
cooperar para que esos países del norte de África, en el diálogo
euromediterráneo, lleguen a acuerdos con la Unión Europea, a tratados
de asociación y de cooperación internacional; hay que hacer esfuerzos
en los países ricos, que no deben ser tan egoístas, porque dice un
viejo dicho que, cuando se tiene un dedo y tres anillos, es mejor
soltar uno de los anillos que poner en peligro el dedo para que te lo
corten. Esa es la relación mundial que hay en este momento.
La señora PRESIDENTA: Señor Mauricio, le ruego concluya.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Termino diciendo, en primer lugar, que mi grupo está totalmente de
acuerdo con la posición de la Unión Europea, con el refuerzo de las
medidas policiales y judiciales y con la lucha hasta el final contra
el terrorismo con toda energía, contra todos los terrorismos del
mundo. En segundo lugar, refuerzo de la Unión Europea, para que tenga
mayor juego en el poder internacional. A Estados Unidos se le acabó
su viejo sueño unilateralista; tiene que entender que vive en un
mundo multilateral, y tiene que entender -y lo está entendiendo- que
no puede usar esta tragedia para reforzar su poder mundial. Necesita
contar con Europa, con Rusia, con los países árabes, etcétera.
Sólo Europa contribuye a ese equilibrio; hace falta más Europa. Esa
Europa no tiene que luchar sólo contra el terrorismo, tiene que ser
también una Europa política. Tenemos que avanzar en la Europa
política y, sobre todo, debe abrirse el gran diálogo y el gran
compromiso de la cooperación internacional para abrir un mundo más
equilibrado, más justo y más solidario.
La justicia infinita -que sonaba a invocación fundamentalista, por
eso lo han cambiado- sólo tiene un sentido: la justicia infinita debe
serlo en la solidaridad y la cooperación con el mundo de los
hambrientos y de los desheredados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego, organización nacionalista, tiene el
pacifismo como base de su pensamiento.
La misma línea que va de Martí a Gandhi y de Gandhi a Castelao,
Companys o Aguirre.
Condenamos el brutal atentado terrorista en Estados Unidos el día 11
de septiembre. Estamos por que se persiga a los terroristas y se les
castigue, por ayudar a encontrarlos y llevarlos al banquillo de los
acusados y por que se descubra también el entramado interno y externo
que lo posibilitó.
No compartimos declaraciones de guerra contra enemigos
indeterminados, que sirven para actuar en cualquier parte y contra
quien se quiera de forma unilateral e injustificada. Es fundamental
respetar la legalidad internacional y una ponderación y legitimidad
precisamente en los actos en legítima defensa. La actual situación no
puede ser un pretexto para el control antidemocrático, para derivar
del miedo más miedo, y para la eliminación del derecho a discrepar,
base esencial del respeto por el pluralismo.
Nos satisface la sensibilidad de la Unión Europea -del último Consejo
Europeo- de compromiso en el mundo para ayudar a solucionar distintos
conflictos regionales de forma positiva y para ayudar a establecer un
orden internacional justo. También nos satisface saber que se
participará sólo en objetivos concretos que deseamos que estén
también claros para el Estado español.
Por último, señora presidenta, pensamos que la lucha contra el
terrorismo internacional no debe llevar a la deriva de más
hegemonismo militar, más racismo, más xenofobia ni tampoco de
providencialismo, esto es, Dios está con nosotros, deriva que no
afecta sólo a una pequeña parte del mundo musulmán sino también a una
parte del mundo occidental.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, señor presidente
del Gobierno, como portavoz del Partido Andalucista tengo el tiempo
de un telegrama, pero de un telegrama en el que de forma sintética
puedo transmitir a la Cámara y a usted, señor presidente, el
sentimiento que nos embarga. Sé que estamos ante un tema clave que
casi cambia la historia del mundo, como ha dicho algún portavoz. Por
tanto, un primer punto del telegrama ha de ser de condolencia con el
pueblo americano ante la brutalidad y las víctimas. Nadie puede
justificar el terrorismo y en este caso lo que ha cambiado quizás ha
sido tanto la escala del acto terrorista como los damnificados, a
quién se le ha hecho ese acto terrorista. Una segunda cuestión, señor
presidente, es nuestro apoyo total e inequívoco a toda la política de
lucha contra el terrorismo. No hay la menor fisura. Me va a permitir,
no obstante, señor presidente,que le manifieste un cierto pensamiento
interior
que me surge cuando leo el comunicado del Consejo respecto a que
ahora más que nunca va a ser prioridad la lucha contra el terrorismo.
Con lo que aquí ha llovido y lo que ha pasado en Europa en los
últimos 30 años me surge el pensamiento interno de que a buena hora,
mangas verdes. Parece que hay un acto nuevo inevitable por la escala
y el actor, pero quizá desde antes hemos debido cerrar filas ante
estas políticas. Apoyo, por tanto, a las medidas. Una observación,
señor presidente, me gustaría una mayor implicación de esta Cámara y
que, por transparencia en aquellos puntos en que estuviéramos
afectados como el uso de las bases de Rota y Morón o el uso de la
base NATO de Gibraltar, hubiera fluidez de información con el
Gobierno andaluz respecto a los posibles riesgos que pudieran
derivarse de la utilización de estas bases.
Una tercera cuestión: no hay que confundir para nada -lo dice
claramente el comunicado- islamismo, mundo árabe, con terrorismo.
Imagino, señor presidente, qué pasaría del otro lado de la mesa si
hubiera terroristas europeos que actuaran allí y dijeran que los
europeos hacen terrorismo. Igual que sabemos diferenciar muy bien qué
pasa entre nosotros, hemos de saber muy bien lo que pasa en el mundo
árabe. En Andalucía somos frontera con el Mediterráneo y con el mundo
árabe y quisiéramos ser puente. Por tanto, apoyo total y acciones
positivas europeas a la política mediterránea y a la política de
encuentro con el mundo árabe, no sólo neutralidad ante los que no
son, sino acciones positivas de socios, con los que no son, contra el
terrorismo.
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego que concluya.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Se lo agradezco, señora presidenta; termino.
Estas son las ideas fundamentales: apoyo, no confusión; y, como le
digo, ojalá hubiéramos iniciado antes este cierre de todos contra
este cáncer que es el terrorismo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, quiero manifestar de entrada,
por parte de Esquerra Republicana de Catalunya, nuestra condena más
enérgica, nuestra repulsa a este acto de terrorismo y nuestra
solidaridad con todas las víctimas y sus familias.
El día 11 de septiembre -y no nos gusta ni podemos aceptar la
numerología- es una fecha fatídica; lo fue para los catalanes en
1714, para los chilenos en 1973 y lo ha sido ahora para los Estados
Unidos. Señor Aznar, si usted tiene un papel que jugar en esta crisis
es el de cualquier presidente de un país de la
Unión Europea. La Unión Europea tiene una gran responsabilidad en
esta situación de crisis que se ha generado a partir del atentado
terrorista. Tiene la responsabilidad de poner las bases de un orden
mundial más justo, más democrático, con más control de los
parlamentos democráticos y que, en definitiva, no caiga en conceptos
como venganza o represalia. Este papel de la Unión Europea es
importantísimo, no sólo para poner los mecanismos necesarios para
sentar en el banquillo a los culpables de estos actos de terrorismo,
sino también para crear las condiciones de justicia e igualdad entre
el norte y el sur.Señor Aznar, no hay democracia sin bienestar, sin
bienestar no puede haber justicia y sin justicia no ponemos las bases
de ninguna manera para la democracia. Tiene la Unión Europea un reto
muy importante en este conflicto.
Finalmente, he de recordarle que esto no es un régimen
presidencialista, el Parlamento es, en definitiva, el depositario de
la soberanía en este caso para decidir los pasos que tiene que dar el
Estado español en este conflicto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor Aznar, la posición de Iniciativa
per Catalunya-Verds la quiero resumir, porque no tengo tiempo, en
cuatro puntos: el primero, como no puede ser de otra manera, en la
coincidencia unánime en la condena del brutal atentado y en la
expresión de solidaridad con el pueblo de Estados Unidos; el segundo,
en la necesidad, también coincidente, de que hay que perseguir y
castigar a los responsables de los atentados, una vez identificados,
en el marco de las Naciones Unidas, del derecho internacional, con
objetivos claros y no indiscriminados. La frase de justicia sí,
venganza no, resume perfectamente este segundo punto. En el tercer
aspecto mantenemos diferencias con una parte de su discurso: cómo se
lucha contra el terrorismo y como se previene. Fundamentalmente en
sus discursos, en sus manifestaciones en estos días y hoy también ha
tenido usted una visión exclusivamente policial, militar o judicial,
que evidentemente es necesaria, pero quiero decirle dos cosas: una,
que prevenir el terrorismo es luchar y trabajar por un mundo más
justo, y es evidente que las situaciones de injusticia en ningún caso
justifican el terrorismo; matar a una persona no está nunca
justificado. Los europeos lo hemos aprendido muy bien porque en
ningún país de la Unión Europea existe la pena de muerte y, por
tanto, no hay justificación para matar a nadie, pero en un mundo en
el que hay más de tres mil personas en una situación de pobreza, en
conflictos como el de Oriente
Medio en los que durante muchos años miles y miles de personas no
tienen ninguna esperanza de una mejor vida, esa situación es un caldo
de cultivo de acciones no justificadas que se pueden dar.
Además en esta lucha contra el terrorismo existe la necesidad de
trabajar y de luchar por una seguridad compartida, por un mundo
multipolar. Hay que decir hoy también, señor Aznar, y usted lo
debería decir junto con nuestra expresión de solidaridad y
cooperación en estos momentos con Estados Unidos, que es necesario
que en un mundo de seguridad compartida multilateral Estados Unidos
ratifique el Tribunal Penal Internacional, además de decir que sí al
Protocolo de Kioto; es decir, no puede ser que la que hoy es la
primera potencia mundial no ratifique convenios fundamentales para
las relaciones internacionales.El cuarto punto y último es relativo a
la expresión de la opinión del Estado español. España ha de expresar
su solidaridad y su cooperación -usted lo ha hecho-, pero en ningún
momento el Estado español, y menos su presidente de Gobierno, pueden
aparecer simplemente diciendo que sí a todo lo que Bush dice o a lo
que va a decir. Solidaridad y cooperación no significan
subordinación, supeditación a cualquier decisión tomada o que vaya a
tomar el presidente de los Estados Unidos. También, como han dicho
otros portavoces, existe la necesidad de que una intervención bélica,
en el caso de que la haya, signifique un debate y una autorización
previa por parte de Las Cortes españolas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, deseo expresar la solidaridad con las víctimas y con
el pueblo de los Estados Unidos por el atentado del 11 de septiembre.
En segundo lugar, como ha dicho algún portavoz, estamos frente a una
crisis, fenómeno, amenaza, llamémosle como le llamemos, que tiene
características de novedad, de ser global, de ser anónima y de tener
muchas incertidumbres, y por tanto las respuestas deben ser acordes
al tiempo y sobre todo a la información y a la exactitud del fenómeno
al que nos enfrentamos. Hoy por hoy tenemos pocas respuestas para
poder dar. En este momento las medidas concretas son escasas, aunque
luego me referiré a alguna de ellas, y por tanto tenemos que basarnos
en los principios; a medida que pase el tiempo y las respuestas sean
conformes a la información y a la exactitud de los datos veremos en
cada momento. ¿Qué principios? Primero, respuestas acordes con el
derecho internacional, lo que no empece para nada cualquier operación
policial tendente a la búsqueda de aquellos que han realizado las
acciones y los atentados, pero
sobre todo garantías procesales de ley y de justicia, y tenemos orden
jurídico internacional, no hay que inventárselo. Segundo,
multilateralismo. ¿Qué significa? Formamos parte de entornos
regionales, pero ante esta crisis global hay que tratar de buscar la
colaboración global, y esto es muy importante en relación con los
distintos entornos regionales de diferentes entidades y naturalezas.
Tercero, pluralismo, parlamentarismo. Me sorprende, curiosamente, que
no haya habido una resolución, hay conclusiones del Consejo Europeo
extraordinario, pero no una resolución que haya sido debatida en el
Parlamento Europeo, cosa bastante curiosa. Desde luego, quiero decir
que sobre la única medida concreta que aquí se nos ha expuesto a este
grupo nadie le ha informado de nada. Por tanto, creemos que este no
es el mejor camino.Cuarto principio. A la vista de lo que ocurra, y
sobre todo de lo que conozcamos, hay que analizar las causas-efectos
de la nueva situación, orden mundial, y aquí tendríamos que hablar de
muchos temas que ya se han suscitado: de todo el asunto de
Afganistán, del régimen talibán, del conflicto árabe-israelí,
etcétera; no vivimos en un mundo aislado. Quinto principio, y me
parece fundamental, colaboración europea. Es importante definir
terrorismo -para el 6 de diciembre tendrá que estar definida una
cuestión de terrorismo-. Apenas hay seis Estados miembros que tienen
una definición de terrorismo, pero señorías, señor presidente del
Gobierno, también habrá que definir conjuntamente garantías
procesales, es decir, binomio libertad-seguridad, de conformidad con
el resto de los países o Estados de la Unión Europea.
Por último, nos alegramos de que en la tercera línea de estas
conclusiones se incluya algo de manera que quede claro este rechazo a
que se produzca la amalgama entre grupos terroristas fanáticos y el
mundo árabe y musulmán. Ojalá algunos aprendan en otras ocasiones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por último, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, en primer lugar, quiero manifestar nuestro rechazo
al terrorismo y nuestra solidaridad con las víctimas, como lo
demostramos el otro día en la Puerta del Sol junto con todos los
representantes de los distintos partidos políticos. Era fundamental
que los españoles nos emplazáramos para decir que estamos en contra
del terrorismo que hemos venido sufriendo en nuestro propio país.
El día que yo vi las primeras imágenes temí cómo se produciría la
reacción; es la misma reacción que muchas veces hemos comprobado en
nuestro país con las víctimas del terrorismo de ETA: había mucha
gente que intentaba buscar una solución absolutamente radical,
absolutamente violenta. Se llegaron a hacer declaraciones de que
habíamos entrado ya en la tercera guerra mundial. Uno pensaba qué
dónde estaba el enemigo en la tercera guerra mundial, porque no lo
veía por ningún lado. Poco a poco se ha ido imponiendo la sensatez en
Estados Unidos, quizá por dos razones fundamentales: una, porque el
enemigo no está claro, no se sabe dónde está, es Afganistán pero no
se sabe muy bien dónde está el señor al que hay que buscar; y, otra
porque hay una persona, que es Colin Powell, que ha ido imponiendo un
determinado orden, y frente a esa declaración de guerra, de buscar a
los asesinos estén donde estén y matemos a quien matemos, ha
mantenido una sensatez, basándose fundamentalmente en la experiencia
que los generales de la Unión Soviética tuvieron en la guerra de
Afganistán y la que tuvieron también los británicos.Poco a poco hemos
ido viendo cómo la solución radical iba dando paso a otro nuevo tipo
de soluciones mucho más asentadas, mucho más tranquilas.
Efectivamente, en su propio discurso hay dos posiciones que me
parecen importantes. Por un lado, la lucha contra el terrorismo hay
que hacerla a través de los sistemas policiales, es decir, hay que
buscar a los culpables, castigarlos y condenarlos y, por otra parte,
he visto al final de su discurso un aspecto que me parece importante:
estamos viviendo en un mundo en el que vemos cómo jóvenes de 22 años
son capaces de rodear su cuerpo con bombas, meterse en una pizzeria y
matar desesperadamente a una serie de ciudadanos que estaban
tranquilamente pasando el domingo comiendo allí. Eso no se produce en
un país si no hay una situación de violencia, de pobreza y de
miseria. En Estados Unidos hemos visto que la frase justicia infinita
ha dado paso a la de libertad duradera. Señor presidente, lo hermoso
de esta reunión sería que salieran una justicia infinita y una
libertad duradera.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De
Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, señorías, intervengo
en nombre del Grupo Parlamentario Popular y lo voy a hacer con gran
brevedad; lo haré así porque poco queremos y poco tenemos que añadir
a las palabras del presidente del Gobierno. Compartimos su análisis,
lo apoyamos y agradecemos la siempre puntual información que ha dado
a esta Cámara hoy, como lo ha hecho siempre.
Señorías, esta es una información extraordinaria para debatir sobre
un asunto extraordinario. Los atentados terroristas del 11 de
septiembre han conmocionado de tal modo la conciencia del mundo que
con acierto han sido definidos como auténticos crímenes contra la
humanidad. El terrorismo aparece así como el crimen
contra la humanidad propio del siglo XXI. A pesar de que por
desgracia el terrorismo es un fenómeno ya conocido, hemos presenciado
y sufrido un salto de tal dimensión en sus intenciones, en sus medios
y en sus efectos que podemos hablar sin dificultad de una era nueva,
que nace marcada por el ataque contra las Torres Gemelas y el
Pentágono en Nueva York y Washington. Señora presidenta, señorías, el
terrorismo se ha globalizado y la respuesta al terrorismo debe ser
global. Hoy, cuando estamos todavía desgarrados por el dolor, nuestro
deber es hablar de la respuesta de Europa y del mundo al terror. Y en
esa respuesta al desafío terrorista debe estar y estará España.
España está y estará con los Estados Unidos de América, país que
además de aliado es amigo nuestro y cuyo pueblo, golpeado por el
terrorismo, debe recibir también hoy el afecto y el abrazo del pueblo
español que representamos. Por eso creo de justicia recordar y
racalcar la admirable reacción de la gran nación americana ante el
espanto terrorista y los ejemplos de sacrificio y heroísmo que han
dado en estos días.
Ahora llega la hora de la respuesta. No me cabe duda de que ésta será
eficaz, responsable y proporcionada. No debemos olvidar la enormidad
del crimen cometido y los miles de muertos inocentes, entre los
cuales, señorías, les recuerdo que había españoles y muchos europeos.
Se ha hablado hoy mucho aquí del derecho internacional y de la
necesidad de ajustar la respuesta norteamericana a las normas y
principios del ordenamiento jurídico internacional. Y como quiera que
alguna de estas apelaciones podrían buscar, o parecerlo, deslegitimar
la justa reacción americana y aliada, recordaré, señor presidente,
señorías, que el derecho a la legítima defensa es uno de los pilares
básicos del derecho internacional, que está consagrada en la Carta de
las Naciones Unidas y en todos los tratados y acuerdos que
fundamentan el ordenamiento jurídico internacional. Tanta insistencia
en disquisiciones jurídicas de la respuesta antiterrorista podría,
señorías, producir el efecto perverso de poner la carga de la prueba
en las víctimas y no en los verdugos, de desgastar la legitimidad de
la causa aliada y en hacer caer la culpa en el país agredido y no en
los agresores.
Señorías, con toda rotundidad debo afirmar, en nombre de la mayoría
de esta Cámara, que no hay otra mayoría social, señor representante
de Izquierda Unida, y, con la responsabilidad y el rigor que hoy
debemos a la nación española en un momento grave para toda la
comunidad internacional, que no hay excusas para el terror; que el
terror no es la expresión de conflicto político social alguno; que el
terror debe ser vencido y que los Estados Unidos tienen la
solidaridad y el apoyo de España en esta causa, que la propia Unión
Europea ha definido como justa y la Alianza Atlántica como una
agresión armada bajo el artículo 5.º del Tratado de Washington.
España, señor presidente y señorías, debe además su apoyo y su
solidaridad a América
por una razón de coherencia ética y por una razón de principios.
Nuestra nación, que también sufre el ataque cruel y despiadado del
terrorismo, que tantas veces ha pedido y pide la ayuda de los demás
Estados para derrotar a ETA, debe estar de forma destacada con el
país cuyo presidente dijo en su reciente visita a Madrid que los
Estados Unidos de América lucharían codo con codo junto con España en
su combate contra la amenaza terrorista.
Señor presidente, no existen terrorismos y terrorismos; no es
aceptable la distinción entre unos terrorismos locales, autóctonos,
que serían supuestamente aceptables para algunos, y terrorismos
globales internacionales y lejanos, que recibirían toda nuestra
condena. No es aceptable, señorías, la falacia de que las diferencias
en las causas de cada terrorismo necesita de tratamientos
diferenciados a la carta, de modo que al final el terrorista acabaría
teniendo de su lado aunque sólo fuera un ápice de razón. Señorías, el
terrorismo es uno y uno sólo; es una misma amenaza y un mismo mal. El
terrorismo no es un problema de métodos y fines; el método es su fin,
su ideología y su identidad más radical, porque todo terrorismo busca
la destrucción de la libertad, a través de la amenaza y el dolor, y
propone la instauración de un sistema totalitario de base étnica,
religiosa o sectaria.
Señora presidenta, señorías, el terrorismo se alimenta de la misma
libertad que busca destruir; se aprovecha de nuestras sociedades
abiertas para acabar con ellas, se mueve en las grietas de las nuevas
tecnologías y vive en una sociedad global que hasta el 11 de
septiembre era inocente y poco precavida.España lleva muchos años
alertando a Europa y al mundo sobre la amenaza terrorista. Si el
Consejo Europeo extraordinario del 21 de septiembre ha podido adoptar
medidas, como la orden de detención europea, es porque nuestro país
ha trabajado mucho y bien para poner la lucha contra el terrorismo en
la agenda europea. Esta y las demás propuestas que han sido
presentadas y explicadas por el señor presidente del Gobierno
subrayan la voluntad y la firmeza demostrada por la Unión y los
países miembros de dar una respuesta coordinada de todos los europeos
frente a la amenaza del terrorismo.
Señorías, en este empeño, el Gobierno tiene todo el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular. Espero, mi grupo espera que esta demostración
de unidad y voluntad europeas augure malos tiempos para los
terroristas en Europa y en todo el mundo. Esta es nuestra esperanza
y nuestra más firme convicción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta,
señorías, quiero en primer
lugar agradecer sus intervenciones a los distintos representantes
y portavoces de los grupos parlamentarios, y muy especialmente a
aquellos portavoces, que son la gran mayoría de la Cámara, que han
expresado su respaldo y su voluntad de consenso completo con lo que
son las decisiones no solamente del Gobierno, sino de la Unión
Europea y por supuesto también de la Alianza Atlántica, de las
Naciones Unidas, etcétera, en relación con todas las medidas que
debemos adoptar para hacer frente a la crisis derivada de los ataques
terroristas contra los Estados Unidos. Quiero agradecerlo y me
satisface mucho comprobar que sin duda, como no podía ser de otra
manera o yo no esperaba de otra manera, ese consenso en compartir los
valores que defienden y que definen una sociedad abierta, una
sociedad libre, nuestros valores democráticos (la libertad, los
derechos humanos, el Estado de derecho) es defendido de un modo muy
claro y muy determinante, y también que es posible asumir que esos
valores tienen que ser defendidos. Las sociedades libres son
sociedades también vulnerables; las sociedades libres se tienen que
defender, sobre todo cuando son víctimas de la agresión, cuando son
víctimas de los ataques, cuando son víctimas de todos aquellos que lo
que intentan es, justamente, la destrucción de esas sociedades
libres. Por eso lo que quiero decir desde el primer momento es que
tampoco me han sonado extraños algunos discursos de algún portavoz o
de algunos portavoces, que no representan el sentir mayoritario de la
Cámara -tienen una representación, sin duda, absolutamente legítima y
respetable, pero no es el sentir mayoritario de la Cámara- en orden a
determinadas causas, a determinadas justificaciones o a determinados
explicaciones. Antes se hablaba de justificaciones, ahora se habla de
explicaciones; antes se hablaba de causas, ahora se habla de buscar
razones. Señorías, no hay ni justificación, ni explicación, ni causa,
ni razón. La acción determinante de oponerse al terrorismo con todas
sus consecuencias y con todos los medios que la legalidad
internacional y nacional cede y concede a un Gobierno y a los Estados
es la responsabilidad que tenemos en este momento los gobiernos y las
naciones democráticas en todo el mundo civilizado. Es esa y no otra,
sin ningún tipo de justificación ni de explicación. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien! .-Aplausos.)
En mi opinión, señorías, es absolutamente cierto -y lo he dicho- que
de lo que se trata (y hay que distinguir lo que significan las
consecuencias de unos actos que serán largas, que serán muy duraderas
y que afectarán profundamente a las relaciones internacionales y al
orden internacional) es de procurar -haciendo lo posible, cada uno en
la medida de sus responsabilidades- que ese orden internacional y
esas relaciones internacionales mejoren para el futuro. Lo que quiero
decir es que hay que distinguir en gran medida las acciones derivadas
contra los ataques terroristas que han sufrido los Estados Unidos y
lo que es también la
formalización de una gran coalición internacional para la lucha
permanente contra el terrorismo. Estamos hablando de las dos cosas.
Por eso el término represalia, venganza no cabe, y hay quien se llena
la boca en Europa y a veces en España hablando de represalias o de
venganzas cuando no se está hablando de eso. Cuando uno está
amparado, señorías, por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por las
declaraciones de la Alianza y los compromisos en la Alianza
Atlántica, por los compromisos en la Unión Europea y cuando tiene la
manifestación de voluntad expresa de países que no forman parte de la
Alianza, que no forman parte de la Unión Europea, pero que están
decididamente a favor de las medidas contra el terrorismo
internacional en países que van desde la Federación Rusa hasta Irán,
que se ha sumado esta mañana, señorías, no estamos hablando ni de una
acción específica de un Gobierno, ni de una acción singular, ni de
una valoración aislada de lo que tiene que ser la posición
democrática de un país expuesta en una reacción contra el terrorismo.
Uno de los elementos de cambio más visibles de esa relación y de esas
consecuencias internacionales lo acabo de exponer, señorías. ¿Es que
hace algunos años alguien iba a imaginar que la Federación Rusa diese
autorización de sobrevuelo de su espacio aéreo a las fuerzas armadas
de los Estados Unidos de América? ¿O es que era posible concebir que
un país como Irán estuviese dispuesto a formalizar un acuerdo para
hacer una coalición internacional contra el terrorismo? Son muchas
las cosas que van a cambiar, y una de ellas, que sabemos que tenemos
que afrontar, es que el terrorismo aparece como la principal amenaza
del mundo en estos momentos. Aparece como una amenaza global, como un
desafío global, reconocido ya en la doctrina estratégica de la
Alianza Atlántica, reconocido ya en la estrategia de la Unión Europea
y del que nadie, señorías, está a salvo. Quien piense que puede
comprar su seguridad, se equivoca; quien piense que puede estar al
margen de lo que es la amenaza del terrorismo, se equivoca y quien
piense que puede vivir sin la expresión de solidaridad y sin el
compromiso en lo que es la lucha antiterrorista, en mi opinión,
también se equivoca. Por eso es muy importante no establecer
diferencias entre lo que se llama terrorismo internacional y
terrorismo nacional. digámoslo con claridad, señorías. Además estamos
de acuerdo. No hay diferencia entre terroristas. Todos los
terrorismos son iguales y el ataque de Nueva York es tan
injustificable como un tiro en la nuca a un miembro del Partido
Socialista, del Partido Popular o de cualquier ciudadano español, tan
injustificable como eso. (Aplausos.) Lo que tenemos que hacer es
poner todos nuestros medios, toda nuestra fuerza y toda nuestra
determinación para luchar contra el terrorismo allí donde se produce,
con todas sus consecuencias y con todos los instrumentos que nos
deriva y nos depara el Estado de derecho.
No estamos tampoco, señorías, ni nadie lo pretende, en un conflicto
entre civilizaciones -lo he dicho- ni entre culturas -lo he dicho- ni
entre religiones -lo he dicho-, pero también es verdad que podemos
estar de acuerdo en que el mundo necesita mejorar, en que el mundo no
es justo, en que hay desigualdades. Tampoco estamos, señorías, en un
combate entre ricos y pobres, no estamos en eso, señorías. El
terrorista señor Bin Laden no es la expresión de ninguna
reivindicación de los pobres del mundo. No, no, no es eso, no tiene
nada que ver con eso. (Aplausos.) Como los terroristas que padecemos
aquí no tienen nada que ver con una expresión ni de libertad ni de
democracia ni de derechos humanos ni de aspiraciones razonables de
convivencia y de futuro en nuestro país. Nada que ver, estamos
hablando de otra cosa, en la que no hay que buscar causa o
justificación. Una cosa es que podamos hablar de que hay políticas
que mejorar y otra cosa distinta es que hay que trazar una raya muy
clara entre lo que es el terror, el fanatismo, el crimen, el
asesinato, que no tiene justificación, que no tiene fundamento, que
no tiene causa alguna, que no tiene explicación y que es la expresión
de un crimen para subvertir el orden civilizado y para acabar con
nuestras sociedades, y otra cosa distinta es que pongamos en marcha
políticas eficaces y activas para mejorar situaciones en muchas
partes del mundo, o que hagamos todos el esfuerzo posible por mejorar
todos los días nuestras actuaciones. No tiene nada que ver una cosa
con otra y espero que eso se entienda de esa manera, porque el mayor
riesgo que en este momento podemos tener, como siempre en estos
casos, es el de la impunidad. El mayor riesgo que podemos tener en
estos casos es que los terroristas, los que han hecho estos ataques,
todos los demás terroristas y los que les amparan tengan una
sensación de impunidad. Eso es inaceptable y por eso esa respuesta
global contra el terrorismo.
Señorías, claro que a nosotros, como españoles, que conocemos bien
cuál es la crueldad y el dolor del terror, nos hubiese gustado
escuchar algunas cosas hace muchos años, claro que sí; pero las
escuchamos ahora, y ahora que se extraigan todas las consecuencias de
lo que significa una amenaza para todos, no solamente para algunos,
absolutamente para todos. ¿Es concebible que, con esas circunstancias
y en esa situación, un país como el nuestro, como España, que lleva
tantos años aguantando la barbarie terrorista, no manifieste de un
modo activo su compromiso, su solidaridad con aquellos que sufren el
terrorismo? ¿Sería comprensible que nosotros, que reclamamos la
solidaridad y la cooperación internacional en nuestra lucha
antiterrorista, pongamos alguna dificultad a lo que significa el
compromiso de todos con la lucha contra el terrorismo? No tiene
ningún sentido. A mí me parecen muy bien las medidas que ha decretado
el Gobierno de los Estados Unidos sobre embargo de cuentas y de
bienes de organizaciones vinculadas a la financiación del
terrorismo. Es una de las cosas que hay que plantear, pero ya les
digo que el Gobierno español va a pedir que esas medidas sean
aplicables a todas las organizaciones terroristas, y por supuesto
también a la organización etarra que soportamos en España. ¡Faltaba
más! Naturalmente que sí. (Aplausos.)
Nosotros tenemos una obligación política, una obligación moral de una
solidaridad y de actuar en consecuencia. ¿Qué sentido tiene hablar
-salvo expresar cosas que ya todos conocemos históricamente- de
sumisiones, hablar de docilidades cuando estamos hablando nada menos
que de las Naciones Unidas, nada menos que de la Alianza Atlántica y
nada menos que de la Unión Europea? Es que no se puede estar a favor
de las medidas que ha adoptado la Unión Europea y en contra de la
política del Gobierno, porque la política del Gobierno está reflejada
en las conclusiones de la Unión Europea. No se puede caer en esa
incongruencia. Se podrá buscar toda la serie de artificios que se
quieran presentar, pero no se puede presentar de esa manera. España
tiene una relación bilateral con los Estados Unidos, a la que va a
hacer honor y que va a cumplir con todas sus consecuencias y,
evidentemente, si Europa está a la altura de sus responsabilidades,
se puede decir que España también lo ha estado y también lo estará.
Por lo tanto nuestro apoyo es un apoyo claro, es un apoyo terminante,
en el marco de lo que significa la lucha general contra el
terrorismo, en el marco de lo que significa el compromiso bilateral
entre Estados Unidos y España y en el marco de lo que significan
nuestros compromisos en la Alianza Atlántica y en la Unión Europea.
Es un compromiso completo, señorías. Naturalmente yo asumo el
compromiso y la responsabilidad de informar plenamente a la Cámara de
cualquier novedad o variación que se pueda plantear al respecto.
Quiero decir que a la hora de valorar estas situaciones tenemos que
saber que el establecer una coalición internacional, que tiene sus
dificultades, exige también una gran voluntad y una gran
determinación para mantenerla. Sabemos muy bien en España que la
lucha contra el terrorismo requiere enorme tenacidad, enorme
paciencia, enorme perseverancia y que a veces es necesario saber
aguantar momentos muy duros, porque evidentemente de lo que se trata
es de dar respuestas inteligentes y eficaces que sean útiles para el
fin pretendido de la erradicación del terrorismo. Lo sabemos muy
bien, y como sabemos muy bien esto hemos hablado siempre de que hay
que articular respuestas que sean inteligentes y que sean eficaces,
que no pueden consistir en respuestas indiscriminadas. Cuando se está
construyendo esa coalición internacional, cuando se está sumando a
ella la mayor parte de los países del mundo, cuando se está
evidentemente conteniendo lo que puede ser la primera reacción de
actuar rápidamente, ¿es justo establecer críticas con el que está
buscando la respuesta inteligente y eficaz y poner todos los medios
para acabar con las actuaciones de los terroristas, para acabar con
las bases terroristas y para acabar con los instrumentos y la
infraestructura que los terroristas tienen? Yo creo sinceramente que
no. Como tampoco creo sinceramente que se puedan establecer desde ese
punto de vista causas o explicaciones que puedan imputar la más
mínima responsabilidad a las víctimas, ¡que sólo faltaba! Víctimas
como se ha dicho desde esta tribuna y con razón -que yo también
recordaba hace días- de distintos países, de distintas
nacionalidades, de distintos credos, de distintas razas, de distintas
procedencias, de distintas ideologías, miles de personas. Señorías,
eso es lo que se trata de combatir. No tenemos que combatir otra cosa
que no sea eso, pero sabemos que eso lo alimenta el fanatismo, lo
alimenta el odio, lo alimenta la intolerancia. Si nosotros no somos
capaces de defender nuestra sociedades nadie lo va a hacer y si
nosotros no actuamos, tengan la seguridad SS.SS. de que los
terroristas actuarán. Los que ya conocemos aquí y otros. Yo me
felicito de la operación antiterrorista que ha tenido lugar hoy en
España sobre seis terroristas vinculados al terrorismo islámico. Es
muy importante que se sepa que estamos hablando de la posibilidad de
un terrorismo que es capaz de manejar y utilizar armamento biológico
o armamento químico y que no sabemos si tiene acceso o no a armamento
nuclear y que está dispuesto a utilizar todos sus instrumentos contra
nosotros. ¿O es que alguien piensa que un terrorista que tuviese
acceso a ese tipo de armamento o de medios no los iba a utilizar?
Claro que los iba a utilizar. De eso es de lo que se trata. Claro que
a todos nos gustaría que no hubiese existido esta crisis, y claro que
a todos nos gustaría resolverla por medios diplomáticos, y claro que
a todos nos gustaría resolverla por medios civiles. Ahora, me
gustaría mucho que alguien me explicase, sobre todo quien lo ha
dicho, cómo se puede resolver esta crisis por medios civiles, buscar
a los terroristas, detenerlos, aprehenderlos, ponerlos ante la
justicia y condenarlos. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque De lo que se
está tratando no es sólo de hacer como digo una acción militar, sino
de construir una doctrina internacional completa contra los
terroristas y aplicarla y que, además, tenga un componente político
y tenga un componente diplomático claro en torno al compromiso del
mayor número de naciones posible. Eso es lo que se está haciendo. Eso
es lo que tratamos de hacer. A eso es a lo que España sin duda va a
contribuir y para lo que España va a ayudar.
Desde ese punto de vista repito, señorías, como he dicho antes, que
la Unión Europea ha adoptado las medidas adecuadas. A mí me parece
muy bien que todo el mundo esté de acuerdo con las medidas de la
Unión Europea. Vamos a ver qué pasa con los hechos y si todo el mundo
está de acuerdo. Ahora parece que esas medidas, según ha dicho algún
portavoz, arrancan nada menos que de un acuerdo de 1987. Aquí, quiero
decir en nuestro país, hay algunas personas que se suben y
bajan de los acuerdos con una facilidad que es notable y notoria.
Remontarse al año 1987 para justificar la orden de detención europea
es bastante notable, y me parece estupendo. Vamos a ver qué es lo que
pasa cuando se haga la lista de las organizaciones que apoyan el
terrorismo en Europa. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se
proceda contra ellas. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se
consiga localizar y anular los instrumentos de financiación de esas
organizaciones. Vamos a ver si todos los que dicen que están de
acuerdo, están de acuerdo. Yo puedo garantizar que estoy de acuerdo
con todas sus consecuencias y con un objetivo muy claro: que en
Europa y especialmente en España el terrorismo desaparezca también
con todas sus consecuencias. Ese es mi objetivo. (Aplausos.) Vamos a
ver si es posible mantener eso en el tiempo, porque se ha dejado
deslizar por aquí y es verdad, pero es verdad y hay que tener cuidado
por otras razones, no por las que yo creo se dejaban deslizar, que
hay momentos emocionales muy fuertes que incitan a la solidaridad de
todo el mundo y luego vienen los momentos más fríos o de la
responsabilidad y ahí es donde hay que estar. Por eso la lucha contra
el terrorismo es tan difícil y por eso hace falta tanta paciencia y
tanta tenacidad. ¿Qué se nos está diciendo, que ya vendrán los
tiempos en que todo el mundo quiera, si se me permite la expresión,
escaquearse de sus responsabilidades? Pues yo digo que no busquen al
Gobierno español en ese punto. Ahí no van a encontrar al Gobierno de
España. Sí le van a encontrar en lo que significa incentivar las
responsabilidades de todos en Europa y fuera de Europa para que esto
pueda ser una realidad. Si además de eso conseguimos que el espacio
de libertad, seguridad y justicia en Europa sea una realidad,
bienvenido sea; y que superemos el procedimiento de extradición y que
un criminal perseguido por la justicia de cualquier país sea
entregado a ese país, y pueda ser puesto ante la justicia de ese país
y que, naturalmente, las normas de nuestro Estado de derecho sean
respetadas con la legislación internacional y la legislación europea.
Vamos a ver cuánto tiempo tardo en escuchar otros discursos o algunas
justificaciones, señorías.
En cuarto lugar, la posición de España en relación con lo que
significa nuestra pertenencia y nuestra responsabilidad en el ámbito
de la Alianza Atlántica es clara y terminante. Estamos en la Alianza
Atlántica con las mismas obligaciones y responsabilidades que los
demás. Por tanto nos comportamos como tales, no de ninguna manera
singular, no de ninguna manera especial. Todos los países de la
Alianza Atlántica y todos los países de la Unión Europea, en general
todos los países que puedan demostrar inteligencia, tienen que
extraer consecuencias de esta situación. Me he referido a algunas de
esas consecuencias, que evidentemente se dan en el ámbito de la
cooperación internacional, pero es que no solamente estamos hablando
de cooperación internacional. Estamos hablando de cooperación
internacional y de acción concertada, que es un paso más. No estamos
hablando de cooperación internacional en virtud de lo cual luego todo
el mundo actúa. No, estamos hablando de actuar conjuntamente también,
con reglas comunes y con legalidad común. Lo que quiero decir a ese
respecto es que haremos muy bien en revisar nuestros objetivos y
revisar y fortalecer nuestro servicio de inteligencia. Claro que sí y
haremos muy bien en replantear objetivos estratégicos para nuestras
Fuerzas Armadas porque lo tiene que hacer todo el mundo, lo va a
hacer todo el mundo, lo tiene que hacer España también y,
naturalmente, para asumir nuestras responsabilidades también lo vamos
a hacer. Desde un punto de vista si se quiere no vinculado a un plan
de acción o a una lucha específica contra el terror, sino desde un
punto de vista político, nosotros nos hemos manifestado también
absolutamente partidarios, y está escrito en la declaración europea,
de asociar a esa coalición a los países árabes moderados que se
sitúen contra el terrorismo. Me parece que ha sido el señor Rodríguez
Zapatero, al que agradezco su apoyo, el que ha pedido un gesto con
determinadas confesiones, especialmente, con las musulmanas. No hay
mejor gesto que los hechos y no hay mejor hecho que el que el
presidente del Gobierno español sea el primer jefe de un Gobierno
europeo que haya estado en un país de religión musulmana, como Túnez,
el lunes pasado. Eso es un hecho. ¿Qué sentido tiene eso? Tiene el
sentido que estamos buscando. No obstante, en este momento todos los
gestos que se quieran pero todos los hechos que se quieran, porque
ningún hecho y ningún gesto es más relevante que estar justamente
demostrando lo que es la capacidad de solidaridad, la capacidad de
convivencia, la capacidad de entendimiento entre un país como España
y un país como Túnez, socio, aliado, de religión musulmana. De eso se
trata, más allá de los gestos, más allá de los hechos. También quiero
decir que me he manifestado claramente desde el comienzo a favor del
relanzamiento del proceso de paz en Oriente Medio, no voy a insistir
en ese punto. España está históricamente comprometida con este
proceso, vamos a seguir insistiendo en ese proceso y vamos a procurar
con todos nuestros medios y con todas nuestras fuerzas, también en
este momento, para ver si se puede encauzar una situación cuyas
circunstancias bien conocemos especialmente.
Desde otro punto de vista, señorías, España ha sido también impulsora
del proceso de Barcelona, impulsora de una política de un diálogo
euromediterráneo, bien concebido, bien definido, que ha tenido luego
distintas alteraciones -algún portavoz parlamentario se ha referido
a ellas-, que se ha visto contaminado por distintas situaciones y que
evidentemente ha sufrido también y ha padecido lo que ha sido la
definición de otras prioridades europeas hacia el este de Europa.
Pues bien, no solamente es la decisión española de impulsar el
procesode Barcelona, es que las circunstancias de este
momento vuelven a hacer de la seguridad mediterránea y del diálogo
mediterráneo uno de los elementos y uno de los focos principales de
atención, y por lo tanto de acción política, para todos y
especialmente también para España, que en eso puede tener una
actuación importante y relevante, como yo creo que ya ha empezado
a hacer con toda sus consecuencias.
Desde el punto de vista de lo que significa la situación económica no
quiero insistir en ello. Simplemente me remitiré a lo que significan
los compromisos del Consejo Europeo en torno al Pacto de Estabilidad.
La Unión Europea y en particular España tienen fundamentos económicos
sólidos para abordar una situación de dificultad como la que estamos
soportando. Es una doble situación de dificultad, la de
desaceleración económica y la de las consecuencias de la actual
crisis. Sin embargo, tenemos una economía lo suficientemente saneada
para hacer frente a ello, y lo que hace falta en mi opinión es no
adoptar ninguna medida que la pueda torcer. Si en esta situación
España es de todos los países industrializados el país que más crece
no es por casualidad, es porque nuestra economía tiene unos
fundamentos para que seamos el país que más crece y, a ese respecto,
son relevantes e importantes también las orientaciones y las
conclusiones establecidas por la Unión Europea.
Por último, me quiero referir a las acciones de contenido
humanitario. Vamos a ir afrontando las situaciones en la medida de
nuestras posibilidades, también con todas sus consecuencias y sin
desbordar las cosas. Hay una situación de dificultad para millones de
refugiados afganos. Se han dado las instrucciones para poner en
marcha planes de ayuda españoles, que naturalmente deseamos coordinar
con planes de ayuda internacionales, y se han hecho operaciones a la
solidaridad sobre las que antes he omitido un dato que es importante.
Quiero que la Cámara y la opinión pública española conozcan que
cuando se habla de solidaridad y esfuerzos, por ejemplo, en la
condonación de deuda con países pobres, la deuda condonada por España
representa casi el 5 por ciento de la deuda condonada a los países
pobres en el mundo, representa un esfuerzo de más de 1.500 millones
de dólares, y ese es un esfuerzo muy importante para la sociedad
española, muy relevante para la sociedad española. A mí me gustaría
que fuese de 5.000, claro que me gustaría, pero ese esfuerzo de cara
a lo que significa el peso internacional en la economía española y la
situación política de España es sin duda una contribución muy
importante y muy relevante.
Por lo demás, señorías, ratifico mi compromiso de diálogo con los
grupos políticos y de diálogo naturalmente en esta Cámara para buscar
el mayor consenso. Lo haremos en estos temas y en otros, también en
lo que signifiquen las prioridades de la presidencia española de la
Unión Europea, pero para esa explicación, señor Rodríguez Zapatero,
no me fiaré de los precedentes,
porque si me fíase de los precedentes, ello me llevaría
a finales del mes de diciembre o primeros de enero y estoy seguro de
que a S.S. no le gustaría esa fecha. No es que yo vaya a celebrar la
comparecencia en el momento en que a S.S. le guste, la voy a hacer
muy anticipadamente a lo que es el uso y la costumbre de los países
de la Unión Europea al respecto, pero sin tener en cuenta los
precedentes. El último precedente, señoría, es el segundo semestre de
1995 y la comparecencia se celebró el 4 de julio de 1995. Le quiero
anunciar que la haré antes, ya hay una solicitud de comparecencia del
Ministro de Asuntos Exteriores y afortunadamente lo que es importante
es que los trabajos están terminados.
Señorías, debe estar claro cuál es el consenso existente en esta
Cámara, cuáles son las posibilidades de acción que tenemos, cuáles
son las responsabilidades que tenemos y cuáles son las obligaciones
de España en esta etapa. El Gobierno, y agradezco el apoyo de la
mayor parte de esta Cámara, está dispuesto a asumir estas
responsabilidades y estas obligaciones con todas sus consecuencias y
con una obligación: que el terrorismo deje de existir.
Gracias, señorías. (Aplausos.-El señor Llamazares Trigo pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Sí, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARE TRIGO: Por alusiones. Ha dedicado buena parte de
su intervención...
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares, este debate está ordenado en
función del artículo 203, que prevé que tras la intervención del
presidente del Gobierno no hay turno de réplica. Así quedó puesto de
manifiesto en la Junta de Portavoces.
En cuanto a las alusiones lo que dice el Reglamento es cuando se
hagan juicios de valor, y le quiero decir que esta presidencia no
entiende que haya habido ningún juicio de valor en lo expuesto por el
señor presidente del Gobierno en su intervención.
PREGUNTAS.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿SE RATIFICA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN SUS
MANIFESTACIONES DEL PASADO DÍA 19 EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA? (Número de expediente 180/000862.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Preguntas. En
primer lugar, las dirigidas al presidente del Gobierno. Pregunta
número 13, que formulael diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, la intención de la pregunta era intentar que se
produjera por su parte una rectificación de unas manifestaciones que
ha hecho hace unos días sobre la comunidad universitaria. Hoy le
quiero exigir dos rectificaciones. Voy con la más urgente, que es la
relativa a un documento que ha presentado el Ministerio de Educación
como consecuencia del centenario, del aniversario de lo que es el
Ministerio de Instrucción Pública y en el cual se vierten
afirmaciones estética y éticamente inaceptables desde una publicación
oficial, sobre un periodo de gobierno, de un Gobierno de España. En
fin, yo le puedo decir que ni el señor Arenas las haría por el tono
que contiene y fíjese que eso ya marca lo que representa. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Le pido, por tanto, que ordene la
retirada de esa publicación oficial por un respeto a la historia y
por un respeto a lo que ha de ser la actividad pública.
En relación con la primera intención y lo que es el contenido de la
pregunta, quiero saber si se ratifica en sus manifestaciones sobre la
comunidad universitaria.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Zapatero.
Señor presidente del Gobierno.
En cualquier caso quiero recordarle que, según el Reglamento, sólo
está obligado a contestar la pregunta formulada y que figura en el
orden del día.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señora
presidenta.
Me ratifico plenamente, señoría, en que el sistema educativo español
necesita reformas importantes. Me ratifico plenamente en que éstas
tienen que trascender intereses parciales o intereses corporativos y
me ratifico en que esas reformas tienen que ser útiles para la mejora
de la calidad en el sistema educativo de nuestro país. (Aplausos.-
Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor Aznar, creo que se puede tener
cualquier pensamiento ideológico y hay que respetarlo. Yo sé que
usted tiene alergia a lo que suena a progreso o a progresista.
(Risas.-Rumores.) Incluso se ha permitido el lujo desde su
pensamiento de calificar de trasnochado lo que representa un
pensamiento progresista y democrático que ha impulsado hace
veinticinco años a que tengamos en España la generación de jóvenes
mejor formada de la historia, la mejor
universidad de la historia, los mejores investigadores de la historia
y la potencialidad de tener una empresa de pensamiento que es la
clave para nuestro futuro.
Señor Aznar, no hay que cambiar a los rectores, que han sido elegidos
democráticamente, hay que respetar a la comunidad universitaria; lo
que hay que cambiar es su política carca y retrógrada en materia de
educación, que eso es lo que es. La universidad española, la sociedad
española no necesitan que les den lecciones de cómo controlar a los
universitarios; necesita el mismo gasto educativo por alumno y el
mismo número de... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, me atengo a
lo que he dicho, no a cualesquiera otras circunstancias. Está a su
disposición la transcripción entera de lo que he dicho, el discurso
al que usted hace referencia, cuya lectura le recomiendo porque es
bastante bueno, dicho sea de paso. (Risas.) No voy a contestar a lo
que alguien ha dicho o a lo que alguien haya podido interpretar o a
interpretaciones estrictamente parciales. Mi interés es que haya un
debate lo más abierto posible en España. Por eso nosotros no vamos a
hacer como se hizo con la Ley de Reforma Universitaria, que se aprobó
en agosto de 1983, con todo el mundo de vacaciones (Aplausos.), no lo
vamos a hacer.
En ese debate habrá opiniones a favor y en contra, señoría, pero lo
que es necesario cuando se habla de progreso es el debate. Por
cierto, algunas veces S.S. utiliza unas expresiones de lo que se
puede llamar progresismo un poco trasnochadas, porque el progreso se
demuestra con los hechos. Creo que la universidad española, que ha
tenido unas gigantescas transformaciones a lo largo de los últimos
veinte años, necesita cambios, necesita reformas. ¿O es que no
necesitamos mejorar la calidad del profesorado? ¿O es que no
necesitamos incrementar la movilidad? ¿O es que no necesitamos
mejorar el acceso, por ejemplo, a las cátedras? ¿O es que no
necesitamos terminar con la endogamia? ¿O es que no necesitamos
extraer las consecuencias de lo que significa la caída de la
población universitaria? ¿O es que no estamos dispuestos a hacer un
esfuerzo por nuestra parte para tener mejores profesores, mejores
estudiantes y mejores universitarios? ¿Es que no estamos dispuestos a
hacer un esfuerzo por ello?
Señoría, esas no son descalificaciones globales ni ningún tipo de
tópicos, ni tampoco ningún tipo de progresismo trasnochado. Si usted
tiene una alternativa, plantéela. La nuestra está planteada y creemos
que no se trata de defender intereses sectoriales ni intereses
corporativos, sino que aquí hay que pensar, señoría, en
los intereses generales de España, que es a los que hace falta
servir. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO A DÍA DE HOY SOBRE EL CASO
GESCARTERA? (Número de expediente 180/000871.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, del diputado don Gaspar
Llamazares Trigo. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, ¿qué valoración hace su
Gobierno del caso Gescartera?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): La valoración que
hace el Gobierno, señoría, es de absoluto repudio a esa estafa y de
deseo ferviente de que se conozcan y depuren todas las
responsabilidades, lo cual me parece una novedad bastante apreciable
en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, ya es muy tarde para
hablar de estafa. Esto ya no es una estafa de un muchacho de un
barrio de Madrid, esto es caso de corrupción política. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, porque su concurso ha
sido imprescindible para legitimar y dar credibilidad a Gescartera, y
el concurso de su Gobierno ha sido necesario para que no fuera
intervenida Gescartera y para que, por el contrario, fuera elevada de
rango. Por tanto estamos ante un caso de corrupción política que le
afecta, y le pido y le exijo responsabilidades, no como las pedía
Maura pidiendo responsabilidades por haber nombrado mal y por haber
mantenido a quien no tiene confianza en un cargo, sino que le pido
responsabilidades ya en sus propias palabras de 19 de abril de 1994,
cuando usted decía: ¿Qué es eso de que se verán las responsabilidades
cuando se
tengan todos los datos? Cuando usted dice eso, es que no va a llevar
una investigación hasta el final, es decir, que no va a hacer nada. Y
decía usted, señor Aznar: Si quiere usted recuperar una parte del
crédito perdido, haga lo único que la democracia exige en estas
circunstancias: señale y cese a los responsables. Mientras no señale
a otros, usted es el responsable, por su pasividad, por su
tolerancia, con su obstrucción y con sus maniobras dilatorias, de
crear el terreno propicio para la corrupción y para que esta se
vigorice.
Por último, señor Aznar, usted señalaba, y espero que su respuesta no
sea así: No insulte a los españoles con excusa que ofenda su
inteligencia, no caiga en la concepción patrimonial del poder, según
la cual las dimisiones son derrotas políticas y no comportamientos
éticos. Sea usted coherente, haga honor usted a su palabra. Veo que
no hay aplausos del Grupo Popular, como en aquella ocasión.
(Rumores.) Pero, señor Aznar, nosotros no vamos a concederle el
beneficio de la duda ni el beneficio del olvido. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, en un Estado
de derecho, cuando se tiene la sospecha de algún tipo de fraude o de
estafa, las situaciones se ponen en conocimiento de los tribunales de
justicia, para que investiguen y para que naturalmente actúen. Eso es
lo que ha hecho la Administración española.
Me gustaría saber en qué ha encubierto o en qué ha impedido la acción
de la justicia el Gobierno, salvo en facilitarla al máximo. Que no
tiene nada que ver, señoría, con que haya una doctrina o hubiese una
doctrina en este país que dijese que las responsabilidades políticas
las determinaban los tribunales de justicia. No es así. Los
tribunales de justicia determinan responsabilidades penales, o no las
determinan; o civiles, o no las determinan; pero no determinan
responsabilidades políticas. A eso es a lo que yo me refería en ese
discurso al que usted...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, ruego guarden silencio!
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Eso es lo que ustedes
han defendido durante mucho tiempo. En segundo lugar, en una
democracia parlamentaria, las responsabilidades políticas se
establecen en el Parlamento. Por eso se ha constituido una Comisión
de investigación parlamentaria a los muy pocos días de conocerse ese
hecho, señoría. Eso sí que es una novedad política en España, que no
se constituían comisiones o tardaban dos o tres años en constituirse.
(Aplausos.) ¡Claro que sí, señorías! Y, además de las
responsabilidades judiciales y de las responsabilidades
parlamentarias, hay también, señorías, y no me lo negará,
decisiones de personas que han puesto su cargo a disposición y que
han dimitido como consecuencia de los hechos a los que usted se
refiere. Pero no me venga usted diciendo que eso no es una gran
estafa y que es un caso de corrupción política. Este asunto puede
ocurrir y le ha ocurrido efectivamente a este Gobierno, pero decir
que el Gobierno ha amparado, ha encubierto, ha organizado o es
responsable de ese acto le digo sinceramente, señor Llamazares, que
es mentir y que es calumniar, sencillamente. Porque no es verdad.
Gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿NO CREE EL MINISTRO DE
ECONOMÍA, A LA VISTA DE LO OCURRIDO CON EL CASO GESCARTERA, QUE EL
PRESIDENTE Y CONSEJEROS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES DEBEN SER NOMBRADOS POR EL PARLAMENTO? (Número de expediente
180/000863.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor vicepresidente
segundo, la número 14, que formula el diputado don Jesús Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias.
Señor Rato, usted llevó al Gobierno al señor Giménez- Reyna como
director de Cooperación con las haciendas territoriales y después
director general de Tributos. A la señora Valiente la nombró
directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
luego vocal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y luego
presidenta. Al señor Ramallo, vicepresidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, aunque ahora no le da la mano. A la señora
Gloria Hernández, consejera de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. A su jefe de gabinete, señor Roldán, consejero de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Visto, señor Rato, este grave escándalo políticofinanciero, alguna
responsabilidad política tendrá usted. Sobre todo, visto que se ha
equivocado al elegir y al vigilar, ¿no cree que estos nombramientos
deberíamos hacerlos por consenso entre todos en el Parlamento?
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. ¡Señorías!
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor diputado.
El Gobierno cree lo que dicen las leyes en vigor, que es su
obligación, incluidas las leyes aprobadas por mayoría absoluta por el
Partido Socialista, si siguen en vigor. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor Rato, en política la
prudencia sin duda es una virtud, especialmente cuando hay decisiones
que tienen que ver con la credibilidad y la estabilidad de los
mercados financieros. Gescartera es un escándalo que ha dado lugar a
acusaciones generalizadas de tráfico de influencias y uso abusivo de
información privilegiada. Es necesario, señor ministro, que nos
explique aquí qué estaban haciendo sus elegidos en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores respecto de un grupo plagado de
amigos, de favores y de malos resultados. Nos tendrá que decir, señor
Rato, si estamos ante un caso aislado o esto es una forma
generalizada de actuar en los mercados financieros españoles. Señor
Rato, las responsabilidades políticas son del Gobierno. Nosotros no
se las vamos a pedir a la presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Se las vamos a pedir al Gobierno, que es quien
tiene que responder aquí, que es además quien ha elegido a ambas
autoridades. Señor Rato, sería importante que el Gobierno no hiciera
suya aquella vieja y cínica máxima, según la cual la política
práctica consiste en ignorar los hechos. Porque hay otraregla: cuando
pasan cosas, hay responsabilidades.
Señorías, este no es mi guión, he ido a la hemeroteca, son palabras
del señor Rato aquí en el año 1992. Le pido que diga si mantiene esa
teoría de las responsabilidades políticas, porque si no lo hace
tendremos un extraordinario ejemplo de doble moral, de cinismo, que
hay que alejar y expulsar de la vida pública española. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señor diputado.
Efectivamente, en el año 1992, cuando yo, en nombre de mi grupo,
pedía una investigación sobre el tema de Ibercorp, usted votaba en
contra. (Aplausos.) Y tuvo usted que perder la mayoría absoluta para
que Convergència i Unió le obligara a aceptar esa Comisión. Pero ya
llegamos tarde para saber la verdad sobre los
fondos reservados, que lo vamos a saber en los tribunales; hemos
llegado tarde para saber la verdad de lo que pasó en Filesa; hemos
llegado tarde para saber la verdad de lo que pasó en la Cruz Roja;
hemos llegado tarde para saber la verdad de lo que pasó en la
privatización de Rumasa. Señor Caldera, como aquí ya nos conocemos
todos, S.S. no tiene ningún interés en las responsabilidades
políticas, porque S.S. sigue encubriéndolas todas allí donde tiene
que encubrirlas, que es en el Parlamento de Andalucía. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón. ¡Señorías, ruego guarden silencio!
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Su señoría lo que quiere
es tener una oportunidad más de colocar ex ministros en puestos de
instituciones. (Varios señores diputados: Muy bien.) Es un escándalo,
señoría, que no podemos cerrar la elección del Tribunal
Constitucional, ni del Tribunal de Cuentas, ni del Banco de España,
ni del Consejo General del Poder Judicial, porque S.S. quiere que a
todos los ex ministros con los que, por alguna razón, el señor
Zapatero no se siente cómodo y se los quiere quitar de las listas,
los coloquemos en los puestos institucionales. (Rumores.) Y S.S.
tendrá que cambiar las leyes para que ampliemos ese número de
negociaciones. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): No se conoce un caso en
la negociación parlamentaria más escandaloso que este, señor Caldera,
que usted protagoniza. Que encima me plantee que tengamos que poner
la Comisión Nacional del Mercado de Valores al servicio de la
estrategia de colocación de su grupo me parece excesivo. (Varios
señores diputados: Muy bien.)
Las personas que el Gobierno del Partido Popular elige para los
puestos le parecen las más adecuadas. Pero es que además tienen una
característica que ninguna persona elegida por el Partido Socialista
tiene y es que, cuando tienen que irse, se van rápido. (Rumores.) Por
cierto, señoría, como hay un juicio de fondos reservados, me gustaría
saber cuándo vamos a hablar de responsabilidades políticas de esta
cuestión.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Rumores.- Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-El señor Blanco López: ¡El BOE, el BOE!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la presidencia.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ZOILA RIERA I BEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA 2001/37/CE, RELATIVA A LA FABRICACIÓN,
PRESENTACIÓN Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO? (Número de
expediente 180/000885.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta a la ministra de
Sanidad y Consumo.
Pregunta de la diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán.
Señora diputada.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el tabaco tiene gran influencia en la salud o, mejor
dicho, en la poca o mala salud de muchas personas. Las enfermedades
relacionadas con el tabaquismo son la causa de una de cada 10 muertes
de adultos y de un tercio de las muertes por cáncer. La OMS nos
alerta además de que, según sus previsiones, en 2030 las muertes
causadas por el tabaco serán una de cada seis, y sus consecuencias
serán especialmente alarmantes entre la población femenina, tanto
adulta como adolescente.
A pesar de las evidencias científicas de que el tabaco mata, es una
de las adicciones que crea mayor dependencia, entre otros motivos
porque la industria tabaquera procura que los aditivos que contiene
el tabaco propicien que la clientela persista. Por este motivo, nos
parece especialmente importante la directiva aprobada por el
Parlamento Europeo y por el Consejo relativa al contenido máximo de
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos, y a las
advertencias sanitarias que deberán figurar en los paquetes de tabaco
de manera bien visible.
Ahora le pregunto, señora ministra: ¿Qué medidas va a adoptar el
Gobierno para dar cumplimiento a la Directiva mencionada, la 2001/37?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidente.
Señora diputada, sabe que comparto la preocupación que expresa usted
hoy aquí y que la compartimos todos los miembros de la Comisión de
Sanidad, aunque yo diría que es usted la representante más clara de
esta batalla permanente contra el tabaco.
Esta directiva intenta entre otras cosas homogeneizar en todo el
territorio de la Unión Europea las fórmulas adecuadas para que el
etiquetado, las formulaciones que aparecen en el paquete de tabaco,
sean iguales en
todos los países de la Unión Europea. Ha sido una directiva
complicada y difícil de poner en marcha, pero por fin se ha
convertido en parte del ordenamiento jurídico europeo. Los plazos son
amplios y la voluntad del Gobierno de España es reducirlos lo más
posible, de forma que empiecen a formar parte de nuestro ordenamiento
interno cuanto antes, teniendo en cuenta las dificultades que se
derivan de la directiva. Una de estas dificultades tiene que ver con
el etiquetado de los paquetes de tabaco. Hay una serie de opciones
diferentes que pueden aparecer en el paquete y hay que elegirlas de
una forma inteligente. Yo ya dije que para mí el lema de que el
tabaco mata era el elegido y todos los responsables sanitarios
estábamos de acuerdo en que debía ser así. Tendremos que analizar las
fórmulas alternativas y elegir la mejor entre todas ellas. En cuanto
a la lista de ingredientes, con plazo hasta el 31 de diciembre de
2002, es donde el Ministerio de Sanidad tiene más interés en que se
ponga en marcha lo antes posible. Es necesario que los consumidores
de tabaco conozcan a fondo el contenido de lo que están fumando.
De modo, señoría, que compartimos con usted la satisfacción por la
aparición de la directiva y quiero garantizarle que haremos esto en
el plazo más breve posible, contando lógicamente con el Consejo
interterritorial, con las comunidades autónomas, con las
corporaciones locales y, por supuesto, con los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo he leído la directiva al igual que habrán hecho
la mayoría de los miembros de la Comisión de Sanidad. Por tanto, la
primera parte de su respuesta me suena a algo ya sabido; ya conozco
el contenido de la directiva. Yo le preguntaba por las acciones que
piensa adoptar o impulsar la ministra para que la implementación de
esta directiva en el territorio español sea rápida.
Comparto con usted, señora ministra, que ha sido un asunto complicado
en Europa; estuvieron prácticamente un año negociando antes de llegar
a un acuerdo, pero al final este ha sido posible. El consejero de
Sanidad de Cataluña ha liderado muchas iniciativas al respecto para
sensibilizar a la gente. Usted ha predicado con el ejemplo, ha dejado
de fumar. La pido que, como ministra de Sanidad, lidere la
posibilidad de que muchas personas del territorio de España se
sientan motivadas para dejar de fumar, que tome iniciativas y que
aplique políticas en concreto, porque la directiva es de mínimos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidente.
Señora diputada, usted sabe como yo que, para que podamos tomar
medidas complementarias, lo primero que tenemos que hacer es aprobar
la directiva; si no, es imposible.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON GERMÀ BEL I QUERALT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿ESTÁ
SATISFECHO EL GOBIERNO CON SU ACTUACIÓN CONTRA EL FRAUDE FISCAL?
(Número de expediente 180/000865.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Preguntas dirigidas al
ministro de Hacienda.
Pregunta número 16, del diputado don Germà Bel i Queralt, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, según estimaciones
recientes de la Comisión Europea, España se halla a la cabeza de la
Unión Europea en fraude fiscal y este ha crecido en los últimos
tiempos.
Señor Montoro, ¿está satisfecho el Gobierno con su actuación contra
el fraude fiscal?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor
presidente.
Desconozco cuáles son esos datos de la Unión Europea a los que se
refiere su señoría. Lo que sí sé es que realmente estamos avanzando
año tras año en la corrección, en la lucha contra el fraude fiscal.
Tenemos una Agencia Tributaria que está mejorando cada día,
constituida por 30.000 funcionarios que están demostrando su eficacia
en la lucha diaria contra el fraude fiscal.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor Montoro, consúltelos porque han salido
hasta en la prensa.
Las estimaciones de la Unión Europea sobre economía sumergida son
demoledoras y retratan el fracaso de su política en materia de
cumplimiento de obligaciones tributarias. Ustedes han mostrado muy
poco interés en combatir el fraude fiscal y ahora empezamos
a entender algunas de las razones de ese escaso interés. El dietario de
la señora Pilar Giménez-Reyna nos informaba de que en la primavera de
1999, le leo: Enrique
me llama; Pilar Valiente da un revés a David Vives; nos pide que
aguantemos; no dar nombres de cheques portador, no somos la Agencia
Tributaria. Enrique era en ese momento director general de Economía y
al cabo de un año usted le hizo secretario de Estado de Hacienda. Es
decir, ya era la Agencia Tributaria. Ahora entendemos mejor por qué
su Gobierno ha mostrado escaso interés en el fraude fiscal.
Usted cometió un error grave al nombrar al señor Giménez-Reyna,
porque su perfil, por ejemplo el de una persona sancionada por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, no era adecuado para el
puesto. También cometió errores de supervisión, porque su actuación
en la Secretaría de Estado de Hacienda es un ejemplo de colusión
entre Gobierno regulador y regulado. En julio nos decía usted que los
españoles debíamos estar agradecidos a la tarea y entrega del señor
Giménez-Reyna; aún en agosto se dedicaba a elogiar su comportamiento
y a considerar modélica su dimisión, aunque en septiembre nos informa
de que en realidad no ha dimitido, sino que usted le ha removido.
Señor Montoro, ¿sabe usted lo que dijo ayer el señor Giménez-Reyna en
la Comisión de investigación en relación con su dimisión? Le
transcribo: El ministro me pidió y me insistió en que continuase,
pero yo no quería; al final convinimos en retrasar mi marcha una
semana.
Hace unos años, muy pocos, ustedes teorizaban desde la oposición
sobre responsabilidades políticas in eligendo et in vigilando. Mi
latín no es bueno. Señor Montoro ¿ha cambiado usted de posición en
las responsabilidades políticas respecto a la que mantenía en la
oposición? Y si usted no ha cambiado de convicciones, ¿cuándo
adecuará sus actuaciones a sus convicciones?
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Magnífico, señor Bel.
Realmente soberbia intervención. Desde la economía sumergida a lo que
es el objeto de una Comisión de investigación en el Parlamento. ¿Por
qué no se espera usted a las conclusiones de la Comisión, señoría?
¿Qué respeto tiene usted a la comparecencia que hará este ministro de
Hacienda en esa Comisión? ¿O es que pretende usted que adelantemos un
debate importante como el que tenemos que tener en esa Comisión?
Señor Bel, desde el año 1996 al año 2000 hay 200.000 declarantes más
en el Impuesto sobre sociedades; esto es luchar contra la economía
sumergida. Desde el año 1996 al año 2000 hay 336.000 nuevos
declarantes en el IVA; eso es luchar contra la economía sumergida. En
el IRPF, señoría, sólo en el año 1999, el primer año de aplicación de
la reforma tributaria que hizo el Gobierno del Partido Popular, hubo
700.000
nuevos declarantes; eso es luchar contra la economía sumergida y
contra el fraude fiscal. Porque no hay Gobierno que promueva una
reforma tributaria que no esté realmente comprometido en la lucha
contra el fraude fiscal y ese Gobierno es el del Partido Popular, que
se deja de alharacas, como hacían los Gobiernos anteriores, y lleva
adelante una eficaz gestión tributaria, confiando siempre en la
profesionalidad de esos 30.000 funcionarios que están en la Agencia
Tributaria y que no se rigen por dictados políticos a la hora de
aplicar nuestras leyes y nuestras leyes tributarias. Lo del dietario,
señoría, está en la justicia y está siendo analizado. Iremos a la
Comisión de investigación y con mucho gusto atenderé sus preguntas
allí. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA:
¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO TOMAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/
000866.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 17, de la
diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señor Montoro, ya siento que tenga
usted así la garganta por los malos tragos.
Además de las PNL que presenta su grupo parlamentario instando al
Gobierno a poner teléfonos y a poner ordenadores nuevos, ¿qué medidas
tiene previsto tomar el Gobierno para mejorar el funcionamiento de la
Agencia Tributaria?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor
presidente.
Señoría, le agradezco su interés por mi garganta, que es el mío
propio y cuyo estado no se debe a los malos tragos sino a los cambios
de tiempo. Realmente disfruto de una excelente salud aunque hoy esté
disminuido en mi voz.
Las actuaciones del Gobierno por seguir mejorando la Agencia
Tributaria son constantes, la última es la reorganización de los
servicios centrales de Inspección de la Agencia Tributaria prevista
en las órdenes de 29 y 30 de junio del año 2001, en las que se
potencia la coordinación de los esfuerzos realizados por las diversas
unidades dedicadas a control tributario y se desarrollan las
actuaciones que implican un control integral de la
situación tributaria de determinados contribuyentes, aquellos donde
radica el mayor riesgo de fraude fiscal.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Efectivamente, señor ministro, los
tiempos cambian, pero lo que le quiero decir es que usted es el
responsable del buen funcionamiento de la Agencia Tributaria y la
verdad es que, como ha dicho mi compañero y a pesar de esas cifras
que da usted -y, por cierto, no vienen a la Comisión de Economía;
peor que el señor Costa-, el fraude fiscal, ni en este ni en el
anterior Gobierno del señor Aznar, ha sido uno de los objetivos. Por
tanto, en fraude fiscal, señor Montoro, nada de nada. Pero es que,
además, sus incumplimientos en materia legislativa son inmensos, son
escandalosos. En la Ley del IRPF, en el año 1998, y en la ley de
acompañamiento de ese mismo año usted prometía -usted, o su grupo, o
su Gobierno- que se iba a hacer el estatuto orgánico de la Agencia
Tributaria. Señor Montoro, seguimos esperando. En ese mismo año 1998,
en la ley de acompañamiento también se dijo que había un plazo de
seis meses para la creación del cuerpo técnico de gestión de la
hacienda pública. Seguimos esperando y hemos presentado una
proposición no de ley. ¿Sabe cuál es su gran error? Su gran error,
señor Montoro, es una vez más la política de nombramientos. Sí,
porque da la casualidad de que en cinco años ha habido cuatro
directores de la Agencia Tributaria; en cinco años ha habido cuatro
directores de inspección. Por cierto, ¿qué pasa ahora con la
dirección general de Inspección de Tributos que sigue vacante? Si nos
pasamos al tema de los secretarios de Estado, todavía es peor. Está
el caso del señor Giménez-Reyna, que ha presentado su dimisión y que,
por cierto, está imputado en un gran escándalo, en el escándalo
Gescartera. Y ayer, como le ha dicho mi compañero, dijo que usted
efectivamente le había nombrado pero que usted no le había cesado.
Vigile al siguiente secretario de Estado, señor Montoro. No voy a
usar una coletilla muy conocida en esta Cámara, pero, como mi
compañero, sí le quiero decir, señor Montoro: Piense cuál es su
responsabilidad política. Estamos esperando.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mendizábal.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora diputada, no
está vacante la dirección general de Inspección; está ocupada por la
misma persona que la lleva ocupando desde hace años. Está usted mal
informada. La que está vacante es la dirección general de Tributos,
señoría. Es una pequeña confusión,
pero es una exhibición del conocimiento que tiene usted sobre
la organización del Ministerio de Hacienda y de las direcciones
generales del Ministerio de Hacienda.
Le voy a dar datos. Es que a ustedes no les gustan los datos y yo lo
siento, señorías, pero tengo datos. La deuda liquidada, la deuda
comprobada por el inspector jefe, que se convierte en la deuda a
pagar por el contribuyente y que incluye cuota, intereses y sanción,
se ha incrementado en 393.846 millones de pesetas entre los años 1998
y 2000, un 36,3 por ciento más. Eso significa elevar esa cifra hasta
1,47 billones de pesetas, señoría. Si eso no es luchar contra el
fraude fiscal, dígame usted cuál es el dato de lucha contra el fraude
fiscal. Este año 2001, señoría, este año en el que usted ve al
Ministerio de Hacienda inerme ante ciertos acontecimientos, durante
el primer cuatrimestre los resultados de control han crecido un 58,9
por ciento; desde los 413.000 millones de pesetas en el mismo período
del año 1999 hasta los 657.000 que llevamos registrados este año.
Señoría, eso es lucha, lucha contra el fraude fiscal, lucha contra el
tráfico de estupefacientes, lucha contra el contrabando y lucha
contra el blanqueo de capitales.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA, DEL GRUPO
PARLAMETNARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2002? (Número de expediente 180/000874.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 24, que
realiza el diputado don Rafael Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Señor ministro de Hacienda, esta mañana se ha producido el que ya
viene siendo tradicional encuentro del ministro de Hacienda en esta
Cámara para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado
para el año que viene. Lo cierto es que se ha producido con algunas
novedades, porque, como ha dicho la señora Mendizábal, los tiempos
han cambiado. ¡Y bien que han cambiado! (La señora Mendizábal
Gorostiaga: Para mal.) Novedades. Por ejemplo, el soporte mecánico en
que los traían los modernos ministros socialistas parece que ha
variado. Ya no es una furgoneta llena de legajos sino que son unos
cuantos CD-Rom, en los que se soportan magnéticamente los
presupuestos delEstado. No son unos presupuestos cargados de déficit
y
de incertidumbre para las finanzas de nuestro país sino más bien todo
lo contrario, son unos presupuestos que presenta de nuevo el Gobierno
de España en situación de equilibrio, con la confianza que eso
reporta a la economía de nuestro país. Además, señorías, son unos
presupuestos presentados en euros; por primera vez en nuestros
Presupuestos Generales del Estado las pesetas pasan a formar parte de
la historia. ¡Cualquiera iba a decir hace cinco años que España iba a
poder presentar ante esta Cámara un presupuesto en euros! Pero lo
cierto y verdad es que esto es así. Estas son novedades importantes y
son novedades venturosas. También hay alguna novedad con respecto a
la presentación de estos presupuestos que en los anteriores no se
daba y es que, señor ministro, es que el mundo experimenta en estos
días una gran incertidumbre en el plano económico y en el plano
político en torno a las consecuencias de todo tipo que puedan tener
los terribles atentados del 11 de septiembre.
Son muchas las cuestiones que influyen en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2002. Por eso nuestra pregunta, señor
ministro, es: ¿Cuáles son los objetivos de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2002?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cámara.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor
presidente. Gracias, señoría.
Como S.S. ha destacado correctamente, esta misma mañana hemos tenido
ocasión de traer a las Cortes los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2002. Efectivamente son unos presupuestos que en primer
lugar serán los primeros presupuestos del euro, lo cual es un hecho
histórico porque realmente concretan que España es miembro del euro y
que España es el país del euro que más beneficio está obteniendo de
la fundación del euro. En segundo lugar, estos son unos presupuestos
en equilibrio, lo cual significa que vuelven a aportar estabilidad
económica, estabilidad presupuestaria, en un momento delicado de la
situación de la economía mundial y de la economía europea de nuestro
entorno. Por tanto, estos son los presupuestos en los que mantenemos
un esfuerzo inversor en los últimos años, con un crecimiento del
orden del 10 por ciento, en los que las políticas de investigación,
desarrollo e innovación se incrementan un 7,6 por ciento, en los que
las política sociales disponen cada vez de mayores recursos y donde
se promueve de nuevo el saneamiento de la Seguridad Social, del
sistema público de pensiones; son realmente unos presupuestos que
trazan un puente para que España pueda sortear las dificultades
económicas del presente y pueda enlazar con la recuperación económica
mundial que anuncian los organismos internacionales para la segunda
mitad del año 2002. Son los presupuestos,
señoría, que se corresponden con el momento económico, con el momento
político que vive el país y con las prioridades políticas, con las
prioridades sociales que realmente tiene la España del siglo XXI, que
no coinciden exactamente con las que muchas veces las señorías que
ocupan los bancos de la oposición quieren marcar a este Gobierno. Los
presupuestos atienden realmente a esa demanda social, a la
modernización de España y a los compromisos derivados de la
pertenencia de España al euro.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO INDUSTRIAL? (Número de expediente 180/000878.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Preguntas dirigidas a la
ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Pregunta número 28, del diputado don José Ignacio Marín.
El señor MARÍN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, la catalogación,
conservación y recuperación del patrimonio industrial era en España
una asignatura pendiente hasta hace poco tiempo. No cabe duda de que
la actividad industrial ha generado y genera elementos que pasan
a considerarse parte de nuestro acervo cultural, bien como elementos
aislados o como conjunto, incluso paisajes industriales. La
arquitectura, estructuras y maquinaria industrial resultan
imprescindibles para comprender la evolución de los últimos siglos y
se convierten en memoria histórica diferencial, según su época,
sector de actividad y territorio donde se llevó a cabo.
Su ministerio, consciente de la necesidad de protección
y consolidación de este patrimonio, que por su propia especificidad,
por cierto, presenta un rápido deterioro y corre riesgos de
desaparición, y dentro del contexto de la campaña promovida por el
Consejo de Europa «Europa, un patrimonio común», inició el pasado año
la elaboración de un programa de ámbito estatal a través del
Instituto del patrimonio histórico y en colaboración con las
comunidades autónomas. Posteriormente, el Consejo del patrimonio
histórico, celebrado en abril del presente año en Úbeda y Baeza,
aprobó un documento base para el desarrollo del Plan del patrimonio
industrial. Por ello, y a la vista de estos datos, nuestro grupo
parlamentario desearía conocer de forma
más detallada cuáles son las medidas que tiene previstas el Gobierno
para la conservación del patrimonio industrial.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Marín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señoría, desde el año 2000 está en marcha un Plan de
patrimonio industrial de ámbito estatal, gestionado por el
ministerio, cuya razón de ser se encuentra en la naturaleza misma de
este patrimonio como testimonio fundamental para comprender y
documentar un período clave de nuestra historia. Su principal
objetivo, señoría, es articular las bases de su protección y
conservación, ya que se trata de un patrimonio en rápida
transformación y deterioro que está expuesto a desaparecer.
La necesidad de realizar un Plan de patrimonio industrial y las
primeras bases de su instrumentación fueron presentadas a finales del
año 2000 al Consejo del patrimonio histórico español como órgano
colegiado que reúne a todas las comunidades autónomas. Esta
iniciativa, que fue muy bien acogida por todas ellas, determinó que
se decidiera crear una comisión delegada para estudiar la viabilidad
de dicho plan. Dicha comisión trabajó durante los primeros meses de
este año y preparó un documento que marca las líneas maestras para el
desarrollo del plan, que fue aprobado por el Consejo del patrimonio
en el mes de abril. En este documento, que está a disposición de S.
S., queda patente la voluntad de la Administración central y de las
administraciones autonómicas para acometer la conservación del
patrimonio industrial e instrumentar las medidas que lo hagan
posible, incluyendo el uso de futuros conjuntos de edificios y
elementos industriales en la convicción de que se trata de un
patrimonio que puede convertirse en factor de desarrollo local, tanto
cultural como económicamente.
En la actualidad, las comunidades autónomas están elaborando un
catálogo de bienes industriales susceptibles de intervenciones
prioritarias que serán abordadas en el año 2002.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO BUENO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ COLABORACIÓN
TIENE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CON LOS MUSEOS DE
PREHISTORIA? (Número de expediente 180/000879.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 29, de don
Ricardo Bueno.
El señor BUENO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, mi pregunta va relacionada con los museos de
prehistoria, museos que obviamente tenemos que recordar que hace no
muchos años eran unos establecimientos un tanto de espaldas a la
sociedad, donde disfrutaban tanto descubridores como arqueólogos o
estudiosos. Allí se mantenían instrumentos, restos, piezas y demás.
Pero permítame que haga una referencia concreta, por mi condición de
diputado de Cantabria, a Altamira y luego otra menor a Atapuerca.
Altamira, que después de su descubrimiento pasa a ser museo en el año
1924, sin embargo, se mantiene en una situación un tanto precaria en
cuanto a la posibilidad de acceso, a la posibilidad de visitas; pasa
unos años difíciles del 1970 a 1980, incluso con un cierre al público
de la cueva, y en 1985 es declarado patrimonio de la humanidad. En
julio de 2001 es inaugurada la nueva sede del museo de Altamira con
una reproducción de la cueva.
Paso a hablar un segundo de Atapuerca y luego cerramos el tema de los
museos con la pregunta que le quiero hacer a este respecto.
Atapuerca, que es un tema que no es moderno en cuanto a su
descubrimiento, ha pasado también de puntillas durante muchos años
hasta que definitivamente, y a partir de un impulso en 1978, en 1990
los grandes descubrimientos nos llevan a la situación actual con una
gran exposición. Atapuerca también es declarado patrimonio de la
humanidad en el año 2000.
De ahí pasamos a unos museos que yo me atrevería de decir que son
para todos; museos en el sentido universal de la cultura y museos con
todos los medios que hoy nos proporcionan. En una palabra: museos
donde el patrimonio de la humanidad es una realidad hoy.
Señor ministro, por todo lo anterior, le formulo mi pregunta: ¿Qué
colaboración tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con
los museos de prehistoria?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bueno.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señor presidente, señorías, por lo que se refiere al Museo y
Centro Nacional de Investigación de Altamira, en primer lugar, me
gustaría señalar que se trata de un museo estatal que ha estado
inmerso, como sabe, durante los últimos años en la construcción de
una nueva sede y en la renovación de sus contenidos.
El ministerio ha colaborado a través de dos vías fundamentalmente:
por un lado, directamente, aportando casi 965 millones de pesetas
entre 1997 y el año 2001, y por otro lado, indirectamente, a través
del consorcio para Altamira, órgano de gestión creado expresamente
para la realización del proyecto e integrado por la Diputación
regional de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar, la
Fundación Marcelino Botín y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, el cual aportó 277 millones de pesetas entre 1998 y el año
2000.
En cuanto al futuro museo de Atapuerca, debo señalar que su proyecto
y realización es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, si bien este ministerio está siempre abierto a la
colaboración técnica en materia de museos, como no puede ser de otra
manera.
Por otra parte, el ministerio colaboró activamente en que el
yacimiento de Atapuerca fuera declarado por la UNESCO patrimonio de
la humanidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON XAVIER SABATÉ IBARZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿HA INVESTIGADO EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SI EXISTEN PROBLEMAS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES DE TRABAJO EN LA
TRAMITACIÓN DE PERMISOS DE LOS INMIGRANTES? (Número de expediente
180/000867.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Preguntas dirigidas al
ministro de Administraciones Públicas. Pregunta número 18, que
realiza el diputado don Xavier Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señor presidente.
Hace dos semanas, en este mismo Pleno, solicitamos al Gobierno que
tranquilizara a la opinión pública respecto a la regularización de
inmigrantes, que es uno de los temas -lo dicen todas las encuestas-
que preocupan más a los ciudadanos. Nos referíamos entonces al caso
que se está investigando judicialmente en Tarragona, y su respuesta,
señor ministro, no nos aportó ninguna novedad. De ahí la pregunta:
¿Ha investigado el Ministerio de Trabajo si existen problemas en las
oficinas provinciales en la tramitación de permisos de los
inmigrantes?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sabaté.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señor presidente.
No. En esa pregunta concreta ni le aporté ninguna novedad ni se la
puedo aportar. Es un tema abierto judicialmente. Estaba entonces bajo
el secreto del sumario, ahora se ha levantado el secreto del sumario.
Sólo le puedo decir que el ministerio, la delegación, las oficinas de
trabajo colaborarán y, luego, cuando se sustancie el procedimiento,
actuaremos en consecuencia administrativamente, si procede. Sí le
puedo decir, con carácter general, que son temas que nos preocupan y
la Administración y este ministerio han hecho mucho para corregirlos
y, luego, si quiere, se lo explico.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Pues le agradecería que nos lo explicara,
señor ministro, porque por lo menos la primera parte de su respuesta
tampoco hoy nos ha satisfecho.
Señor ministro, la semana pasada se han celebrado las fiestas
patronales en Tarragona, y todos los grupos folclóricos de la ciudad,
que representan los llamados balls parlats, bailes hablados, han
tomado este tema como estrella para ironizar y mofarse del Gobierno
del cual usted forma parte. Quizá eso no le preocupe, pero lo que
está en entredicho es la credibilidad de la Administración del
Estado, y nosotros le solicitamos, una vez más, que el servicio de
inspección del Ministerio de Trabajo, que es muy eficiente y que
acude con presteza cuando se detecta algún problema, lo haga también
en esta ocasión y que empiece una investigación para dos cosas
fundamentalmente: para salvaguardar la profesionalidad de los
funcionarios, que no ponemos en duda, y para corregir, si las
hubiera, las desviaciones de poder que ahora la justicia presume y
está investigando.
Señor ministro, durante los últimos meses, sindicatos y ayuntamientos
han apuntado numerosos problemas y han utilizado calificativos como
arbitrariedad. O si quiere un caso más chocante que también tengo en
mis manos, han tenido que desmentir que en su municipio exista una
empresa con 23 trabajadores en situación ilegal, como se había
anunciado desde la subdelegación del Gobierno.
Señor ministro, los problemas en los permisos de inmigrantes, por lo
que me dicen mis compañeros de grupo, se dan también en otras muchas
provincias, porque la reglamentación actual da lugar a la
discrecionalidad y permisos que, en principio, son informados
negativamente, son aprobados luego sin que se sepa muy bien a qué es
debido. Esa discrecionalidad puede acabar convirtiéndose en mercadeo
y en abuso de poder.
Le pedimos, señor ministro, antes de que sea demasiado tarde, que se
abra esa investigación para garantizar la total transparencia y
ecuanimidad, y que no tengamos que esperar a la comparecencia del
subsecretario de Trabajo, que ya hemos solicitado, para que la
opinión pública tenga esas garantías.
Por cierto, señor ministro, ¿cuándo van a nombrar ustedes al
subdelegado de Trabajo en Tarragona? Llevamos un mes sin él.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sabaté.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Empezando por Tarragona, le diré que no podemos hacer esa inspección,
como le vuelvo a decir, porque hay abierto un proceso judicial. Vamos
a nombrar el sustituto. El 1 de octubre aparecerá la convocatoria.
Como usted sabe, se trata de un funcionario del grupo A y puede
presentarse cualquiera, y después de 15 días se sustanciará la
convocatoria.
En cuanto al carácter general de su pregunta, vuelvo a decirle que la
inspección está actuando continuamente y estamos actuando porque
somos conscientes de que este es un problema muy grande que tenemos
en muchas provincias y que tenemos que afrontarlo con los medios que
tenemos y muchos más. Hemos aumentado en 332 las personas que se
están ocupando de los temas de inmigración en las delegaciones del
Gobierno, de las cuales 225 son interinas. El esfuerzo de formación
que está haciendo el ministerio a través de la Administración pública
tiene como prioridad las oficinas de extranjería. Hemos creado
programas nuevos, con una inversión notable, de cientos de millones y
de informáticos que permiten conectar las comisarias con las propias
oficinas y que han dado un salto enorme para facilitar la situación.
Estamos aplicando unos criterios racionales y lógicos en ese aspecto
que usted llama de discrecionalidad para cumplir con la ley. Por lo
tanto se está cumpliendo la ley y cada vez se está actuando mejor en
las oficinas de extranjería.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN: ¿TIENE INTENCIÓN EL SEÑOR MINISTRO DE DEBATIR
PREVIAMENTE EL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL ESTATUTO DE LA
VIÑA Y EL VINO, CON LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE VINOS DEL ESTADO
ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000872.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 22, del
diputado don Iñaki Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Buenas tardes, señor ministro, ex ministro de
Agricultura, en ausencia del ministro de Agricultura.
Es indudable que las denominaciones de origen han liderado la
representación y prestigio de los vinos del Estado español y que sus
consejos reguladores son los organismos representantes de los mismos.
En estos momentos, tras 20 años de vigencia del estatuto de la vid y
del vino, es imprescindible su adecuación y con un borrador del
proyecto de ley redactado por el ministerio en línea de salida, el
motivo de la pregunta es evidente: ¿tiene intención el señor ministro
de debatir dicho borrador del proyecto de ley con las denominaciones
de origen?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, tengo la satisfacción de contestar a esta pregunta en
sustitución del ministro de Agricultura. Quiero decirle que se va a
someter a debate con todos los sectores afectados este anteproyecto
de ley sobre el estatuto del vino. Ya ha comenzado ese debate y ya
han estado presentes todos los afectados, muy especialmente los
consejos reguladores. Como va a haber una consulta, la está habiendo
ya, y luego habrá una consulta a las comunidades autónomas de las que
ellos dependen, digamos que serán consultados de forma doble, por el
propio ministerio y por las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor ministro, me alegro y nos felicitamos
por la actitud. Le tengo que reconocer que no las tenía todas
conmigo, quizás porque mantengo una sensibilidad especial al haber
promovido y presidido una denominación de origen, aunque ella fuera
la más pequeña del Estado español. Explicaré la causa de la pregunta.
Como usted ya sabe, recientemente se promovieron por parte del
ministerio unas jornadas de reflexión sobre dicha reforma, en las
cuales diversos representantes de denominaciones de origen muy
cualificadas, tanto en la forma como en el fondo, se quejaron de que
no se les había tenido en cuenta en el proceso ni habían participado
en las ponencias presentadas y hasta de ciertas desconsideraciones
a la hora de las invitaciones y del conocimiento de la celebración de
las jornadas.
Cuando hace un par de semanas el Grupo del Partido Popular presentó
en el Pleno una proposición no de ley instando al Gobierno a la
elaboración de un proyecto de ley, el Partido Nacionalista Vasco
presentó una enmienda que, entre otras consideraciones, proponía algo
tan evidente como el objeto de esta pregunta. Pues bien, el Grupo del
Partido Popular no sólo tuvo especial interés en evitar la mención a
la participación de las denominaciones de origen, sino que en la
transaccional que se aprobó eliminó de su propia redacción inicial la
mención que se refería a los vinos de calidad. Sinceramente, señor
ministro, nos quedó la desazón de si la actitud del Partido Popular
se debía a que no quería reconocer la oportunidad y el acierto de la
enmienda del Partido Nacionalista Vasco en su integridad o se debiera
a unas causas más profundas, subyacentes en alguna que otra
manifestación realizada.
Con su respuesta, señor ministro, entendemos que era simplemente una
actitud de protagonismo político formal por parte del Grupo Popular y
que la participación en el borrador del proyecto de ley de las
denominaciones de origen queda garantizada, que es lo que en el fondo
le importa al Partido Nacionalista Vasco, al sector vitivinícola y a
todos los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señor presidente.
Yo me reafirmo en mi respuesta. Debo decirle que a esas jornadas, que
me parece que son del pasado 7 de junio, estaban invitados -esta fue
la indicación- todos los consejos reguladores. Como siempre ocurre en
estas cosas, a lo mejor alguno no estuvo o su manifestación no fue
recogida, pero, insisto, la decisión del ministerio es someterlo a
consideración. Eso no quiere decir que sus opiniones sean las únicas
importantes, porque reflejan sólo, diríamos, una mitad del mundo del
vino; hay otra mitad y hay que tener en cuenta todas las opiniones
para elaborar el anteproyecto, pero desde luego sí van a ser tenidos
en cuenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OBJETIVOS
PERSIGUE EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AL REMITIR UN
CUESTIONARIO SOBRE LA FUTURA LEY DE COOPERACIÓN A LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y A LOS GRUPOS POLÍTICOS? (Número de expediente 180/
000880.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 30, que
formula la diputada doña María Jesús Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, el éxito que para el Gobierno supone la aprobación y
aceptación por parte de todas las comunidades autónomas del nuevo
modelo de financiación, así como ese modelo en sí mismo, a nuestro
modo de ver abre una etapa muy importante en el marco de las
relaciones Estado-comunidades autónomas.
La ley de cooperación que prepara su ministerio entendemos que
perseguirá y pretende crear ese marco jurídico preciso en el que se
desenvuelvan esas nuevas relaciones dentro de los principios que
consagra la Constitución. Creemos que, una vez que ya se ha llegado
a las plenas competencias de estas, deben mantenerse entre ambos. Por
ello quisiéramos conocer cuáles son objetivos que persigue el
Ministerio de Administraciones Públicas al remitir un cuestionario
sobre esta futura ley de cooperación a las comunidades autónomas y a
los grupos políticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Ruiz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en efecto, en un Estado tan descentralizado políticamente,
auténticamente autonómico como es España, yo creo que es
absolutamente necesario establecer y desarrollar cauces de
cooperación. Esos cauces existen ya y se están utilizando, algunos
con mucha fortuna y otros con menos. Ante esa situación, el
planteamiento que se hace desde el ministerio, y por eso se dirigen
esos cuestionarios a las comunidades autónomas y a los partidos
políticos, es: ¿Cómo está desarrollándose esa cooperación? ¿Son
suficientes los cauces existentes? ¿Podemos establecer otros? ¿Hay
que establecerlos por ley? ¿Se considera necesaria esa ley? Eso es lo
que se está pidiendo, una opinión a las comunidades autónomas y a los
partidos políticos.
Quiero decir, y decirlo enfáticamente, que la cooperación es algo que
no se puede imponer. Haya la mayoría que haya en cualquier Cámara, si
dos partes no quieren cooperar, es imposible imponer la cooperación.
Por lo tanto, lo que se busca con este esfuerzo que se está haciendo
es conocer en qué podemos coincidir y cómo puede mejorarse esa
cooperación, que en algún caso será a través de una ley, en otro a
través de decretos y en otro, a lo mejor, de reglamentos internos
porque, al final, la cooperación es una actitud más que un mandato
legal.
Con las respuestas que haya, con el clima que yo vea, puesto que yo
me voy a entrevistar con todos los
consejeros o presidentes, en su caso, de las comunidades autónomas y
voy a conocer también cuál es la opinión de los partidos políticos,
con todo ello pretendemos elaborar un informe que, en diciembre, yo
quiero presentar en la Comisión General de las Autonomías del Senado
para que allí también se opine sobre este tema. De acuerdo con lo que
se haya recogido y basándonos siempre, insisto, en que no hay ningún
deseo de coartar competencias, no hay ningún deseo de recoger
competencias que ya están transferidas, sino de buscar la
colaboración, si hay ese clima, seguiremos adelante.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO DE LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE
PROCEDENTES DE PRE-EMBRIONES SOBRANTES DE LA FECUNDACIÓN «IN VITRO»?
(Número de expediente 180/000869.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 20, que
formulará el diputado señor Lissavetzky a la ministra de Ciencia y
Tecnología.
Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué opina el Gobierno de la investigación con
células madre procedentes de preembriones sobrantes de la fecundación
«in vitro»?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno conoce bien los avances que se están produciendo
en el campo de la biomedicina y que auguran desarrollos relevantes en
relación al tratamiento de enfermedades incurables. Entre ellos
destacan los avances científicos en investigaciones con células madre
que pueden obtenerse de individuos adultos, de fetos o de embriones
congelados sobrantes de la reproducción asistida. Estos avances en
las terapias basadas en células madre indican un alto potencial
biomédico y así se reconoce en el propio Plan nacional de I + D + I,
que considera prioritaria la investigación biomédica sin descuidar
los aspectos éticos.
El plan contempla la investigación sobre terapias génicas, sobre el
aislamiento y la diferenciación de las células madre, y también la
investigación de los aspectos éticos ligados a estos fenómenos. Otra
cuestión es el nuevo debate que está abierto en relación a la utilización
de las células embrionarias; debate que afecta a aspectos
éticos, científicos y que, además, presenta problemas jurídicos
claros en la mayoría de las legislaciones. Deben ser abordados en un
marco de prudencia, tiempo, discusión y consenso, y así lo haremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que tenía curiosidad por saber quién contestaba si usted
o la ministra de Sanidad, porque no se sabe quién lleva estos temas y
lo que es peor es que discrepan en sus posiciones.
Usted, en una respuesta parlamentaria que cito, señaló: la
legislación española vigente permite el desarrollo de líneas de
investigación con células madre embrionarias y es lo suficientemente
flexible para que en su redacción actual puedan desarrollarse
proyectos innovadores en materia de investigación con embriones.
¿Mantiene esa posición el Gobierno o la de la señora Villalobos, que
afirma que no están permitidas? Si están permitidas, ¿por qué se ha
perseguido a un investigador español por trabajar con células madre
embrionarias importadas de otros países? Le pido que aclare su
posición. Señora ministra, a pesar de su política de innovación, no
es posible sorber y soplar a la vez.
Nuestra posición es clara. Primero, impulsar un debate social
riguroso sobre la ética de las investigaciones y la creación de un
consejo estatal de ética de las ciencias y las tecnologías, como
hemos solicitado en esta Cámara, hecho al que se ha opuesto siempre
el Partido Popular. No a un comité estrafalario de escaso rango,
adscrito a una fundación que no tiene control ni conexión
parlamentaria.
Segundo, permitir la investigación con células madre procedentes de
embriones sobrantes de fecundación «in vitro» con control público.
Por cierto, en la línea del proyecto de informe de la Comisión del
Parlamento Europeo sobre las repercusiones de la genética humana,
página 18, párrafo 3, de 28 de agosto de este año. No por un capricho
de la comunidad científica -por cierto, no más galileos o giordanos
brunos en España y en el siglo XXI-, sino por su potencial biomédico
para curar enfermedades degenerativas, cardiovasculares
o inmunológicas.
Tercero, por supuesto a favor de la investigación con células madre
adultas y con las células madre fetales.
Cuarto, estamos radicalmente en contra de la clonación reproductiva y
a favor de un debate pausado sobre la clonación terapéutica aprobada
en el Reino Unido.
Señora ministra, ¿usted que dice? Mójese. Su silencio y ausencias, no
sólo en este campo, han convertido a su ministerio, que era una
esperanza, en un jugueteroto entre sus manos. Una vez más, haga algo,
apoye a
los científicos, defienda a la sociedad, abra una puerta de esperanza
a los enfermos. Aunque sea tarde, reaccione.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Lissavetzky.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Señoría, no voy a responde sobre temas de juguetes ni de rotos. Léase
simplemente, que lo tiene, ya que no puede leer las respuestas orales
y escritas de la ministra de Sanidad y Consumo a las preguntas que
usted ha formulado, el balance del Ministerio de Ciencia y Tecnología
al menos desde que este nació hasta junio del año pasado. Puede
continuar leyendo y enterándose de otras actuaciones. ¿Sabe usted la
respuesta a la pregunta que ha formulado? ¿Conoce usted la
legislación? La ministra de Sanidad y Consumo, igual que esta
ministra de Ciencia y Tecnología, le hemos respondido: ¿Cuál es la
legislación? La legislación permite en unas circunstancias
especiales, totalmente tasadas, que se pueda pedir autorización para
tratar con células embrionarias. En general, usted sabe que la
investigación está basada en estos momentos en el desarrollo de
células madre de tipo adulto.
Respecto al otro tema, usted también sabe que la Fundación de Ciencia
y Tecnología, en el marco de la Comisión interministerial de Ciencia
y Tecnología, decidió crear la comisión de ética. La va a ver usted
creada antes de finalizar el año y va a ver, además, cómo se inician
estos debates, sobre los que no prejuzgo como usted, y que contarán
con los científicos o los expertos de máximo nivel. Le recuerdo, ya
que cita el Parlamento Europeo, que vea la decisión en el ámbito de
la Comisión de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LOS PLANES
CONCRETOS DEL GOBIERNO RESPECTO A LA CONEXIÓN FERROVIARIA DE ALTA
VELOCIDAD ENTRE VIGO Y PORTUGAL? (Número de expediente 180/000861.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Preguntas que se dirigen al
señor ministro de Fomento. Pregunta número 12, del diputado don
Guillerme Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, aunque probablemente usted lo negará, la verdad es
que conocer con exactitud cuáles son los planes del Gobierno para la
modernización de la red ferroviaria de Galicia es más difícil que
acertar un pleno al 15. En los medios de comunicación aparecen las
más dispares y contradictorias noticias sobre este asunto. Aparecen
así porque están en consonancia con la indefinición y falta de
compromiso de su Gobierno en la materia de que tratamos. Hoy le
pregunto por un aspecto concreto e importante de esos planes
modernizadores como es la conexión Vigo-Portugal o Vigo-Oporto para
la alta velocidad, en la esperanza de conocer la posición del
Gobierno al respecto y, por favor, señor ministro, le ruego una
respuesta que sea creíble. Insisto en esto, en que sea creíble.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor diputado, en su presentación se le olvidó decir que la autoría
de las informaciones confusas y dispares pertenecen casi siempre al
Bloque Nacionalista Galego, que es el que crea la situación que ahora
viene a criticar aquí, al Parlamento, porque los planes del Gobierno
son muy claros, han sido explicados en sede parlamentaria y han sido
presentados reiteradamente ante la opinión pública y, en concreto,
las conexiones entre Vigo y Oporto forman parte de una de las dos
prioridades pactadas con el Gobierno portugués para formalizar los
acuerdos necesarios que unan, mediante alta velocidad, el corredor
Lisboa-Oporto con Madrid y el corredor Oporto con Vigo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro de que usted nos dé esa capacidad de confundir a la opinión
pública con nuestros anuncios, que esa confusión la cree el Bloque
Nacionalista Galego, sobre todo por el acceso que a los medios de
comunicación tiene mi grupo político, gracias por supuesto a la
democracia imperante en Galicia en este terreno de todos conocido.
Dicho esto, señor ministro, me acaba de decir que todo está pactado
con el Gobierno portugués. Muy bien, pues alguien en este asunto no
está diciendo la verdad. Cuando menos convendrá conmigo en que desde
hace años existen anuncios contradictorios sobre esta cuestión,
precisamente de estar pactado a no estar pactado. En los medios de
comunicación -y usted no ha salido a desmentirlo, si acaso hoy lo
desmentirá- las últimas noticias respecto a las intenciones del
Gobierno portugués hacen referencia a que se inclina por la solución
Lisboa-Oporto-Salamanca-Valladolid, descartando la conexión de alta
velocidad por Galicia. Y en ese sentido, fíjese que curioso,
recientemente en la reunión de alcaldes del Eixo atlántico,
presidida, por cierto, en este momento por un alcalde de su grupo
político, preocupado por esta situación se dirige nada menos -a usted
no y no sé por qué- que al ministro de Fomento portugués y al
presidente de la República portuguesa para que le aclaren esta
cuestión.
Señor ministro, usted podrá decir que nosotros somos los que creamos
confusión, pero yo le hablaba de respuestas creíbles. Usted nos habla
de que está todo pactado, pero no le creo y no le creo igual que ...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señor presidente.
Yo no aspiro a que me crea, señor diputado. Ese es un problema suyo.
Aspiro a repetir datos que son públicos, notorios y conocidos desde
que el 21 de noviembre del pasado año, en reunión bilateral en
Lisboa, el ministro portugués y el ministro español responsables
acordamos la constitución de una agrupación de interés económico para
iniciar los estudios del corredor atlántico Oporto-Vigo y del
corredor Madrid-Lisboa-Oporto. Fruto de este acuerdo fue la firma en
documento público, ante un notario de Madrid, el 26 de enero de 2001,
de la escritura de constitución de la Agrupación europea de interés
económico que, cuatro días después, el 30 de enero, en la cumbre de
Sintra, en Portugal, recibió el encargo explícito de iniciar estos
trabajos. A partir de entonces se celebraron reuniones, y
concretamente en la del 7 de mayo de 2001, la parte portuguesa
planteó que, respecto a los estudios de viabilidad, se separaran los
tramos que debían ser asumidos por cada uno de los gobiernos
nacionales y la parte que se iba a concentrar como corredor
internacional de financiación e impulso bilateral.
Por otra parte, se pusieron ya en marcha las previsiones para iniciar
los estudios, tanto de los tramos transfronterizos como de los tramos
nacionales, puesto que había acuerdo en que los estudios de
viabilidad fueran conjuntos. Después, ha habido una serie de datos
sobre posibles cambios de posición del Gobierno portugués que han
sido desmentidos por los secretarios de Estado en la reunión que han
tenido recientemente y que quedarán confirmados en la próxima reunión
del día 8 de octubre de los dos ministros en Lisboa.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSE BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿A QUÉ ATRIBUYE
EL DESCENSO EN CASI EL 50 POR CIENTO DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DEL AÑO
1995 AL AÑO 2000? (Número de expediente 180/000864.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 15, del
diputado don José Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde que el Gobierno del Partido Popular tiene la
responsabilidad de gobernar en España, la inversión pública, y de
manera especial la de la dirección general de Carreteras, viene
disminuyendo todos los años. ¿A qué imputa este hecho el señor
Álvarez- Cascos?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): A que S.S.
tiene una visión retrógrada y aldeana de los planes de
infraestructuras; sólo desde esa visión se pueden hacer afirmaciones
como esta. Cuando alguien piensa que las infraestructuras de Galicia
comienzan en A Gudiña o en Piedrafita, se puede pensar que ocurren
cosas como esa. Para los que pensamos como Manuel Fraga, promotor de
las infraestructuras de acceso a Galicia, que los accesos a Galicia
comienzan en Benavente, a lo largo de estos años las inversiones en
carreteras y autovías para Galicia no han cesado de aumentar. Esa es
la razón por la cual S.S. no tiene razón al plantear esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor Álvarez-Cascos, hablando de visión
retrógrada, no estaría mal, después de lo que ha dicho a lo largo de
su etapa de oposición, que pidiera disculpas por lo que dijo con
relación al BOE.
En todo caso, le quiero decir una cuestión. Desde el año 1995 -los
datos me los ha facilitado su ministerio-, se pasó de una inversión
pública de 70.000 millones en carreteras, siendo la inversión en el
año 1998 de 8.000 millones menos; en el año 1999, de 12.000 millones
menos; en el año 2000, de 30.000 millones menos. Con los presupuestos
que usted acaba de presentar en la Cámara en el día de hoy, resulta
que, para la autovía del Cantábrico, tramo gallego, que en cinco años
no han licitado ni un solo kilómetro, ustedes proponen 48 millones de
pesetas. Para la conexión
entre Santiago y Lugo -eso sí, hicieron bastantes convenios-, usted
propone para el próximo año 40 millones de pesetas después de cinco
años de no licitar nada. Para la conexión entre Orense y Lugo,
después de cinco años de no licitar nada, propone 70 millones de
pesetas. Además, señor Álvarez-Cascos, lo que ha hecho este Gobierno
es inaugurar las autovías de Galicia, cuyos tramos ha dejado licitado
el anterior Gobierno, todos salvo el tramo de Piedrafita, que ustedes
contrataron pero que quedó licitado, por cierto, con los recursos
procedentes casi todos de la Unión Europea, que se negociaron cuando
su jefe de filas acusó al señor González de pedigüeño. A partir de
ahí, la inversión pública viene disminuyendo en Galicia. Este año,
como estamos en periodoo electoral, podíamos presumir que iban
a inflar el presupuesto para el año 2002, pero ni siquiera eso, ni para
el año 2002 fueron capaces de poner un presupuesto inversor sino que
de nuevo sigue la tendencia de la disminución de la inversión pública
en Galicia.
Si usted me llama aldeano por haber nacido en una aldea de Galicia,
estoy orgulloso de formar parte de esa Galicia rural, de esa Galicia
que quiere tener dinamismo, que quiere tener prosperidad, a la que su
Gobierno y el Gobierno del señor Fraga están llevando a más
desempleo, más emigración, menos infraestructuras y menos desarrollo.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández):
Mire, señor diputado, de esa visión retrógrada y aldeana sabemos
también mucho los asturianos, que no tenemos conexión entre Benavente
y León, y saben mucho los cántabros, que no tienen conexión entre
Palencia-Aguilar de Campóo porque ustedes no movieron ni un papel y
nosotros trabajamos en un proyecto de 633 kilómetros de autovías de
acceso a Galicia.
Por eso, cuando usted suma las inversiones en carreteras en Galicia,
en León y en Zamora, se encuentra con que, en el año 1995, se
invirtieron 81.000 millones; en 1996, 80.000; en 1997, 114.000; en
1998, 125.000; en 1999, 114.000, y, a partir del año 2000, van a
disminuir porque se están terminando las carreteras, señor diputado,
porque este Gobierno termina también las obras que comienza.
Para que se dé una idea, entre el año 1991 y 1995 los gobiernos
socialistas invirtieron en las autovías gallegas 84.704 millones de
pesetas; entre el año 1996 y 2000, los gobiernos del Partido Popular
han invertido 342.711 millones de pesetas para resolver el problema
de los accesos a Galicia. Por eso hemos podido poner en servicio 539
kilómetros, frente a los 76 kilómetros que ustedes inauguraron en el
año 1996. Los
infamantes para Galicia son los presupuestos que usted votaba cuando
era senador y apoyaba a un Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI DE JUÁN I CASADEVALL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES EL RESULTADO DE LA REUNIÓN CELEBRADA CON EL MINISTRO DE ECONOMÍA
DE ANDORRA PARA TRATAR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AEROPUERTO EN LA SEO
D'URGELL? (Número de expediente 180/000875.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 25 del
diputado don Jordi de Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el aeropuerto de la Seo d'Urgell tiene una
extraordinaria importancia estratégica para la comarca leridana de
Urgell. Esta importancia estratégica, a mi juicio, deriva de dos
circunstancias. En primer lugar, de las propias características
orográficas de la zona, que hacen de la comarca de Urgell una comarca
montañosa de difícil acceso, que prácticamente cuenta únicamente con
dos vías de comunicación terrestre, como son el túnel del Cadí y la
carretera C-13, transferida a la Generalitat y que en la actualidad
está en mal estado y necesitada de ingentes inversiones. En segundo
lugar, la importancia estratégica del aeropuerto deriva obviamente de
su proximidad al Estado andorrano, Estado con el cual España ha
mantenido tradicionalmente muy buenas relaciones. Precisamente esa
proximidad geográfica con el Estado andorrano, con el Coprincipado de
Andorra, ha planteado la posible utilización de ese aeropuerto por
pasajes con destino o procedentes del Coprincipado con el
consiguiente aprovechamiento de las sinergias que para España y para
Andorra podría conllevar.
Sin embargo, en los medios de comunicación de Lérida, recientemente
ha aparecido una infundada polémica sobre la supuesta falta de
interés del Gobierno español en la reapertura de ese aeropuerto,
cerrado en épocas de gobiernos socialistas, y sobre una reunión
recientemente mantenida con el titular de economía del Gobierno
andorrano. En ese sentido me permito formularle, señor ministro, la
siguiente pregunta: ¿Cuál es el resultado de la reunión celebrada con
el ministro de Economía de Andorra para tratar de la construcción del
aeropuerto en la Seo d'Urgell?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor De Juan.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señor
diputado, señor presidente, las conversaciones en esta legislatura
con el Gobierno de Andorra comenzaron el pasado año y han tenido un
paréntesis derivado de los cambios de Gobierno que se han producido
durante los últimos meses en Andorra, pero en ningún caso ha habido
cambio de posición del Gobierno español.
La pasada semana, concretamente el día 18, el ministro que le habla
mantuvo una reunión, la primera, con el nuevo ministro de Economía de
Andorra. En esta reunión acordamos crear, a propuesta de ambas
partes, un grupo especializado que, con urgencia, examine la
viabilidad jurídica de las diferentes alternativas, tanto en cuanto a
la propiedad como en cuanto al uso, la gestión y las operaciones, sin
excluir ninguna de las soluciones que puedan resultar factibles en
cuanto al grado de participación de todas las partes con posibles
intereses en este aeropuerto. Este grupo tiene un mandato de un mes
para presentar sus conclusiones, a partir de las cuales los dos
ministros -y hemos convenido que las reuniones se celebren antes de
finalizar el año- elijamos una de las alternativas e impulsemos los
acuerdos necesarios para desarrollarla.
En todo caso, en la reunión ha quedado de nuevo explícitamente
materializado el compromiso del Gobierno de asumir, en nombre del
Estado español, las obligaciones presupuestarias de inversión que
requieran los sistemas de navegación aérea que deban de instalarse en
este aeropuerto. En segundo lugar, ha quedado reiterada la
disponibilidad de AENA de asumir la fórmula de gestión que ambas
partes consideren más adecuada para hacer operativo este aeropuerto.
Por tanto, en estos momentos quedan los aspectos que un acuerdo
bilateral requiere para poder iniciar la fase constructiva, la fase
de planificación y de construcción del aeropuerto, pero creo que ha
quedado también meridianamente claro que hay una voluntad política de
ambas partes de impulsar la construcción del aeropuerto de la Seo
d'Urgell.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS MERINO DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ CONSISTEN
LAS ANUNCIADAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR LOS PLAZOS DE
TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN
UN 20 POR CIENTO? (Número de expediente 180/000876.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 26, del
diputado don Jesús Merino.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me habría gustado que hubiera estado aquí el diputado
que ha preguntado recientemente sobre los accesos a Galicia porque,
después de ver los catorce años de Gobiernos socialista en la región
de Castilla y León, se ve que ha ido mucho en avión y poco por
carretera porque durante catorce años todo han sido licitaciones,
proyectos, estudios informativos, y realmente nada tenemos hoy, que
yo sepa; a lo mejor ya está hecho el tren de alta velocidad y no nos
hemos enterado o las autopistas de peaje o la autopista
LeónBenavente, etcétera, pero como no es así vamos a hablar en serio
de lo que hay que hacer para agilizar el Plan de Infraestructuras.
Uno de los problemas que siempre se han producido en la ejecución de
los planes de infraestructuras ha sido precisamente el de la excesiva
prolongación de los trámites administrativos. Para poder llevar a
cabo su ambicioso Plan de Infraestructuras 2000-2007, en una
brillantísima conferencia que dio usted en una universidad de verano,
manifestaba que hacía falta una reforma estructural del sistema de
provisión de infraestructuras para dotarlo de mayor eficiencia, de
mayor flexibilidad y sobre todo de mayor seguridad jurídica. Por eso
se han elaborado nuevos pliegos tipo -cuestión muy importante- con
las cláusulas administrativas particulares de su Ministerio para los
concursos abiertos, tanto en lo que se refiere a asistencias técnicas
como a la concurrencia en obras, que es, si cabe, mucho más
importante.
Por eso me gustaría conocer directamente de usted, señor ministro, en
qué consisten las anunciadas medidas adoptadas para reducir los
plazos de tramitación de los expedientes de contratación de obra
pública en un 20 por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Merino.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor diputado, cuando tuve el honor de hacerme cargo del Ministerio
de Fomento, uno de los trabajos finalizados que recibí de mi
predecesor fue el estudio de la tramitación de los proyectos de
infraestructuras -si el señor ministro de Trabajo me ayuda lo puedo
exhibir- que es la situación real de la jungla administrativa que hoy
debe realizar cualquier administración, sea del signo que sea, para,
respetando las normas del Estado de derecho y dando plenas garantías
jurídicas a los ciudadanos, acometer el inicio y el final de una gran
infraestructura.
En términos medios reales, lleva diez años la realización de grandes
obras ferroviarias, aeroportuarias o viarias del Ministerio de
Fomento, razón por la cual el
primer encargo que el equipo del Ministerio de Fomento asumió fue el
intento de reforma de este procedimiento, sin acudir a grandes
modificaciones que podrían llevar a plazos más largos, para reducir,
desde el punto de vista de la eficacia operativa, los plazos de
tramitación. El resultado es una orden comunicada, que como ministro
de Fomento firmé el pasado día 29 de mayo de 2001 y que está ya
vigente para todos los centros directivos del Ministerio. Con ella
pretendemos que el procedimiento del estudio informativo, que lleva
entre 43 y 45 meses, se reduzca a 35 meses (la orden de estudio, la
adjudicación, la redacción, la aprobación provisional, la información
pública, etcétera); que el plazo del proyecto, hasta ahora en
términos medios de 27 meses, se reduzca a 20 meses; que el expediente
de contratación de una obra se pueda reducir de ocho a seis meses;
que el período medio de construcción pueda bajar de 30 a 24 meses, y
la recepción y liquidación se quede en los diez meses actuales. En
suma, que de los 120 meses (diez años) podamos bajar a 96, es decir,
ocho años, con una reducción del 20 por ciento. Para eso es
fundamental la colaboración de todos los órganos del Ministerio, y
espero muy pronto empezar arecoger los primeros frutos, que no serán
de la noche a la mañana el 20 por ciento, sino aproximaciones
sucesivas a ese objetivo que espero alcanzar al final de la
legislatura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS ORTIZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO SE HALLAN
ACTUALMENTE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES AL FUTURO PLAN DE VIVIENDA
2002-2005? (Número de expediente 180/000877.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 27 del
diputado don Luis Ortiz.
El señor ORTÍZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en recientes debates en este mismo hemiciclo, y en
particular uno hace dos semanas a propósito de una moción de
Izquierda Unida, que a su vez era consecuencia de una interpelación
del pasado mes de junio sobre política de vivienda, hubo múltiples
referencias y alusiones al nuevo Plan de vivienda 2002- 2005. Como es
sabido, los planes de vivienda constituyen en su vigencia,
antiguamente trienal y ahora cuatrienal, el marco de la actuación del
ministerio en términos de fomento, y obviamente en el marco de las
competencias que el Ministerio tiene y solo de ellas, pero también en
el ámbito de actuación de los verdaderos protagonistas en esta
fundamental materia; a saber,
las administraciones autonómicas y locales y el sector privado, tanto
respecto a la vivienda de protección oficial como, en su caso, a la
vivienda libre en alguna medida. El señor ministro, con ocasión de
aquella interpelación, se refirió a la medida en que ha modificado ya
la normativa vigente sobre el Plan de vivienda, todavía vivo, el
1998-2001, refiriéndose en particular a la famosa ayuda a la entrada,
pero también se refirió de una manera muy general a las
características del nuevo plan de vivienda 2002-2005.
En este contexto, mi pregunta en los términos que figuran en el orden
del día es: ¿Cómo se hallan actualmente los trabajos de elaboración
de dicho plan de vivienda? Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortíz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Con el ánimo
de dar continuidad a los planes de vivienda que se han venido
impulsando a lo largo de los últimos años, el plan de vivienda 2002-
2005 es un proyecto que el Ministerio de Fomento ha tenido ocasión de
presentar, en sus líneas generales y en sus objetivos, a las
comunidades autónomas en una conferencia sectorial, a los promotores
públicos y privados en reuniones bilaterales, a los grupos
parlamentarios del Senado y en general a la opinión pública, a los
usuarios y consumidores que tienen interés en facilitar e impulsar
planes de vivienda cada vez más accesibles. Además de este debate
abierto, en los próximos días, sobre los trabajos que va realizando
el Ministerio en contacto con las distintas instituciones y sectores,
pretendemos organizar, a lo largo del mes de octubre, jornadas de
debate abiertas, que permitan que el mayor número de agentes externos
representantes de la sociedad pueda dar su opinión sobre el contenido
o las aspiraciones del plan de vivienda. Además, está convocada ya, y
comunicada a los consejeros, una nueva conferencia sectorial sobre el
futuro plan de vivienda para el mes de noviembre, en la que
trabajaremos sobre un último borrador que remitiremos a las
comunidades autónomas para recabar sus opiniones y su apoyo.
Confío en que después de este proceso de debate abierto con todos los
agentes económicos y sociales, el 1 de enero de 2002 pueda entrar en
vigor el nuevo plan de vivienda. Sería la primera vez que entra en
vigor el día primero de un ejercicio, por lo que no deja de serun
objetivo político que tendría también un alto grado de simbolismo. En
cualquier circunstancia, y a pesar de haber escuchado múltiples
opiniones y sugerencias, seguimos manteniendo la premisa fundamental,
tiene que ser un plan más social, entendiendo por más social un plan
que, manteniendo o incrementando los recursos, facilite el acceso a
la vivienda a aquellos sectores más desprotegidos que hasta ahora han
quedado fuera
de los presentes o de los anteriores planes de vivienda en España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES : ¿A QUÉ RESPONDEN LAS DECLARACIONES DEL GOBIERNO SOBRE
POSIBLES REFORMAS LEGISLATIVAS PARA REDUCIR LAS PRESTACIONES POR
DESEMPLEO? (Número de expediente 180/000868.)
VICEPRESIDENTE El señor (Camps Ortiz): Preguntas dirigidas al
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Con el número 19, la pregunta
que realiza la diputada doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿a qué responden las declaraciones del Gobierno sobre
posibles reformas legislativas en las prestaciones por desempleo?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): El
Gobierno ha planteado y planteará siempre la oportunidad de
establecer no sólo reflexión, sino también acciones que permitan que
nuestro sistema de protección funcione adecuadamente. Los términos
recorte y reducción han surgido de personas ajenas al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Tiene la palabra la señora
López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor ministro, lo llamemos como lo
llamemos, al final lo que queda es que se plantean los recortes. Si
es como usted dice, yo no tengo por qué dudarlo. Le pido aquí y ahora
que me diga si tienen pensado reducir las prestaciones por desempleo
o no y así conseguiremos que quede claro en el «Diario de Sesiones».
Aunque no sé si nos servirá de mucho, por lo menos lo tendremos por
escrito.
Señor ministro, desde 1998 las cotizaciones por desempleo tienen
superávit. En los últimos cuatro años 1,7 billones de pesetas, que
han ido a parar a subvencionar la contratación temporal, es decir, a
los bolsillos de los empresarios. Sería un ejercicio de desvergüenza
por parte de todos hablar, en unos momentos como estos, de recortar
prestaciones por desempleo porque, ante la posibilidad de que pueda
haber un
pequeño crecimiento en el paro, yo creo que hay suficiente dinero
como para afrontar esa situación. Aprovechando que vienen los
presupuestos de 2002, deben replantearse la política fiscal, la
política de empleo, hacer de verdad un plan de empleo para 2002, que
fomente el empleo estable, que acabe con la precariedad y que
realmente permita incorporar a las mujeres al mundo del trabajo.
Usted sabe, señor ministro, que en los últimos meses, a pesar del
esfuerzo, baja la tasa de actividad de las mujeres. Señor ministro,
aunque están ustedes acostumbrados a gobernar en época de bonanza
y presumir de generar empleo, le pido que en épocas no tan buenas
aprendan a gobernar y no sólo quiten prestaciones a los que más las
necesitan.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, estoy seguro de que usted, que vivió la experiencia en el
año 1994 de la necesidad de introducir unos cambios realmente bruscos
-me permitirá esa palabra- en el seguro de desempleo, estará más a
favor de la tesis de que ahora, precisamente en momentos en los que
podemos hablar de un buen estado del empleo, hagamos ese ejercicio,
comparable perfectamente al que se hizo también con relación a las
pensiones. Creo que España tiene entre otras obligaciones la de
consolidar y la de racionalizar su sistema de desempleo, como lo hizo
-y creo que el referente es positivo- en materia de pensiones.
Además, si me lo permite, es una visión realmente pobre pensar que
las únicas políticas asociadas al desempleo son las de garantía de
renta, que naturalmente tienen que existir y tienen que cumplir la
finalidad de sostener rentas, pero al menos tan importantes como esas
políticas son las políticas activas, las que permiten que una persona
se reincorpore o se incorpore por primera vez al mercado de trabajo.
Criticaba usted la existencia de esa línea de bonificaciones, que yo
creo que se ha demostrado absolutamente útil para mejorar las
circunstancias de todas las personas que o bien han podido iniciar su
carrera profesional con un contrato de carácter indefinido, o bien
han visto mejorada su situación al pasar desde un contrato temporal a
un contrato indefinido. Yo creo que en esa línea podemos y debemos
seguir trabajando. La línea es ésa, racionalizar y consolidar, que es
la que también afortunadamente se puede llevar a cabo en pensiones.
Si entendemos ya que hay un dogmatismo o un apriorismo que impide
hacerlo, será muy difícil progresar. No me negará que también es
bueno que concibamos el sistema de desempleo como un instrumento más
de los que configuran el Estado de bienestar, esa
sociedad de bienestar que queremos defender. Indudablemente, ahora es
el momento de definir las actuaciones para que sea perfectamente
asumible, como usted muy bien decía y comparto, en momentos de
bonanza económica y en momento de dificultad. También hemos visto
propuestas que pondrían en auténtico riesgo este sistema de
protección que afortunadamente tenemos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ENRIQUETA SELLER ROCA DE TOGORES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿EN QUÉ ESTADO DE ELABORACIÓN SE ENCUENTRA EL LIBRO BLANCO SOBRE EL
TERCER SECTOR? (Número de expediente 180/000881.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 31 de la
diputada doña María Enriqueta Seller Roca de Togores.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, es de sobra conocida la pujanza del movimiento
asociativo y la importancia creciente que en nuestra sociedad tiene
el llamado tercer sector como fórmula por la cual quiere participar
en los fines que persigue el Gobierno de impulsar y complementar
todas las actividades que conducen al mayor bienestar de los
ciudadanos. El tercer sector es el máximo exponente de una sociedad
civil que quiere tener protagonismo en el desarrollo de las políticas
solidarias. El tercer sector, en fin, se puede convertir en un motor
muy importante, no sólo de solidaridad, sino también de actividad, y
por tanto también de creación de empleo. Sabemos de la voluntad del
Gobierno para dar cobertura legal, jurídica y presupuestaria al
tercer sector para que pueda desarrollar sus fines con eficacia, pero
sabemos también que ha querido hacerlo desde el diálogo y el acuerdo
con las organizaciones no gubernamentales que lo integran.
Es por eso por lo que le pregunto, señor ministro: ¿En qué estado de
elaboración se encuentra el libro blanco del tercer sector?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Seller.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señor presidente.
Señoría, la elaboración de este libro blanco sobre el tercer sector
de acción social comprende tres fases o etapas. Una primera fase de
diseño del estudio, que ha finalizado ya con la elaboración del
correspondiente informe. Una segunda etapa de obtención de la
información relativa a las asociaciones de ámbito social, cuya
realización se ha abordado a través de la firma de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Cruz
Roja Española y la Fundación Cruz Roja, cuyos trabajos se están
ultimando en estos momentos, como más adelante le comentaré. Una
tercera etapa en la que se procederá a la elaboración de un informe
final, que permitirá cuantificar la dimensión y la incidencia del
llamado tercer sector, conocer sus características específicas y
analizar su tipología y sus puntos fuertes y débiles, así como las
oportunidades y amenazas que tiene dicho sector. Señoría, en la
actualidad, se está ultimando el estudio sobre las características
del tercer sector, que ha sido dirigido por el investigador don
Víctor Pérez Díaz, cuyos resultados estarán a disposición del
ministerio, y en consecuencia de todos ustedes, a partir del próximo
mes de noviembre. La previsión para la publicación del informe final,
con el que concluiría la tercera y última fase, se sitúa en el primer
cuatrimestre del próximo año.
Todos coincidiremos en la heterogeneidad de las entidades que
componen el tercer sector, así como la dispersión territorial de las
mismas y en la voluntad de que los trabajos se lleven a cabo con esa
máxima cooperación de las ONG. Esas han sido las principales
dificultades -o retos, si se prefiere- a la hora de acometer las
diversas fases.
Entendemos que el libro blanco va a ser un instrumento fundamental
para poder definir el papel que las entidades que conforman este
tercer sector deberán jugar en los próximos años en el desarrollo de
las políticas de protección social. En efecto, la cooperación entre
administraciones públicas y este sector es muy relevante en el ámbito
social y, como S.S. conoce, las actividades del tercer sector han
tenido un notable desarrollo en los últimos años. Estas instituciones
no lucrativas presentan un cuadro de magnitudes económicas
y sociales, una capacidad organizativa y de gestión, un crecimiento
institucional y una sólida valoración social, de una naturaleza y un
vigor tales que indican que estamos ante algo más que un fenómeno
circunstancial que desaparecerá con el tiempo. Más bien puede
afirmarse que se trata de una tendencia consolidada que abre vías
reales a un intenso desarrollo futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO SE ESTÁN
DESARROLLANDO LOS TRABAJOS DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL SOBRE
NEGOCIACIÓN COLECTIVA? (Número de expediente 180/000882.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pregunta número 32, del
diputado don José Eugenio Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, con brevedad por tratarse de la última pregunta y por
la hora que es, pero no por la importancia que tiene dicha pregunta.
Desde la constatación del impulso que ha dado a lo largo de estos
años el Gobierno a diversas mesas de diálogo social, de importancia
y de interés para nuestros conciudadanos, recientemente se ha retomado
una mesa de negociación muy importante según nuestro criterio, la
mesa de negociación colectiva, que inició su andadura el pasado mes
de junio.
Somos conscientes de las dificultades que acarrea modificar o
transformar las reglas de la negociación colectiva, pero en un
sistema moderno como el que se pretende, en un sistema dialogado y
más acorde con las necesidades y la competencia de nuestro mercado
laboral y de nuestro país, esto se hace imprescindible. Somos
conscientes también de que se han planteado dos cuestiones
fundamentales entre otras muchas: la llamada ultraactividad de los
convenios y la potenciación de los convenios de carácter sectorial.
Por todo ello, señor ministro, le preguntamos: ¿Cómo se están
desarrollando los trabajos de la mesa de diálogo social sobre
negociación colectiva?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiroz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias.
Señor presidente, señoría, coincido con S.S. en que todos los
instrumentos que conforman nuestro mercado laboral deben ser objeto
de un seguimiento, de una atención y de un perfeccionamiento que nos
permitan aprovechar al máximo las oportunidades de preservación
y creación de nuevo empleo, especialmente en momentos de menor
crecimiento económico como el que viven la sociedad española y el
conjunto de las sociedades occidentales y europeas.
En la necesidad de actualizar la negociación colectiva, por parte de
los agentes sociales ha habido varios diagnósticos comunes -el
último, el acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva de
1997- y también el deseo de buscar una solución común, que es la
que estamos intentando en este momento animar y estimular.
Ciertamente, las partes han coincidido también en la necesidad,
cuando no en la oportunidad, de que entren en funcionamiento de cara
al próximo año, un año especialmente importante para la economía
española por el proceso de homogeneidad que va a suponer la
implantación del euro y la necesidad de equipararnos. Se han
celebrado distintas sesiones -más de cinco sesiones en el mes de
julio y tres ya en el mes de septiembre- en torno a tres grandes
ejes: un primer eje de estructura, articulación y concurrencia de
convenios; un segundo eje de unidades de negociación y legitimación
negocial y un tercer eje de administración y vigencia de los
convenios. En esto también ha habido una razonable coincidencia. Se
elaboró antes del verano, el 26 de julio, un documento de reflexión
que fue calificado por la mayoría de los asistentes como un documento
útil, lo cual nos lleva a pensar que en las sesiones que se están
celebrando a lo largo de este mes es posible el avance. En este caso
no solamente es posible, sino que es deseable, entiendo yo, siempre
con la prudencia a la hora de expresarme de que el acuerdo no depende
de una sola voluntad; el Gobierno, evidentemente, tiene una buena
disposición y así lo ha expresado en un documento y en su posición
ante el acuerdo; desea que los agentes sociales hagan suyo no
solamente este deseo o voluntad, sino que sea posible instrumentarlo
y, sobre todo -y con esto concluyo-, porque no solamente se ha visto
la necesidad del diagnóstico de perfeccionar nuestra protección
social, sino sobre todo que esa reforma esté en funcionamiento en
fechas muy próximas, de cara a ese 1 de enero del año 2002, que va a
suponer un cambio importante en nuestra estructura económica y
social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO
RELATIVOS AL TRASVASE DEL EBRO, CONTEMPLADO EN EL DENOMINADO «PLAN
HIDROLÓGICO NACIONAL». (Número de expediente 172/000118.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Punto V del orden del día:
Interpelaciones urgentes. Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los
planes del Gobierno relativos al trasvase del Ebro, contemplados en
el denominado «Plan Hidrológico Nacional».
Señor Labordeta. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante,
ocupa la Presidencia.)
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando uno sube a este estrado y ve la soledad en que
estamos le entran ganas de cantar aquello de que nos han dejado solos
a los de Tudela, por eso cantamos de cualquier manera. Como hay que
seguir, vamos a hacerlo en serio.
De igual modo que hay una honradez de la voluntad hay una honradez
del entendimiento que consiste en estudiar a fondo las cosas y saber
cambiar desinteresadamente de opinión. El motivo de esta
interpelación responde al sentido último de estas palabras de don
Santiago Ramón y Cajal porque, aunque la cuestión que traemos hoy a
debate ha sido tratada en sesión plenaria del Congreso, hay varias
cuestiones que no se pudieron exponer ni conocerse en esta Cámara y
que, a juicio de Chunta Aragonesista, tal como se explica en la
exposición de motivos de esta interpelación, son lo suficientemente
importantes como para que el tema vuelva a tratarse en el Pleno del
Congreso de los Diputados.
Nuevos factores y acontecimientos han tenido lugar en el período que
transcurre desde la aprobación por el Parlamento del proyecto de ley
del Plan Hidrológico Nacional hasta la fecha de hoy. En primer lugar,
se ha tenido acceso a las conclusiones de sendos informes científicos
que el propio Ministerio de Medio Ambiente encargó a diferentes
expertos, además de la difusión de informes contrarios al Plan
Hidrológico Nacional de prestigiosos organismos mundiales. En segundo
lugar, las movilizaciones ciudadanas y demandas de diversos
colectivos ante los organismos europeos contra el trasvase del Ebro y
los pantanos que lo hacen posible: por un lado, la denominada marcha
azul que culminó el pasado 9 de septiembre en una manifestación de
miles de ciudadanos y ciudadanas por las calles de Bruselas, por
cierto bajo una lluvia intensísima; y por otro, las quejas y recursos
planteados por diferentes colectivos ante la Comisión Europea contra
el Plan Hidrológico Nacional, así como las propias advertencias
realizadas al Gobierno español por este organismo.
Previamente a la aprobación del denominado Plan Hidrológico Nacional,
el Ministerio de Medio Ambiente encargó a 130 hidrólogos, geólogos,
ingenieros, geógrafos, ecólogos, economistas, juristas y sociólogos
la elaboración de informes acerca del plan, de los cuales sólo 82
respondieron en noviembre de 2000. El 5 de febrero del año 2001, 62
científicos de aquellos se reunieron en Madrid para contrastar sus
informes y acusar públicamente al ministerio de no haber consultado a
los expertos con intenciones sinceras, sino sólo para cubrir el
expediente, actuando de cara a la galería. La mayoría de los informes
coincidían en criticar profundamente el plan y en concluir
solicitando la retirada del mismo. Amparándose en el derecho de los
diputados a la información, la representación de Chunta Aragonesista
en el Congreso pudo consultar el pasado 31 de mayo estos dictámenes
que, tal como se había anunciado, coinciden en señalar las graves
deficiencias del plan
y en refutar argumentos ministeriales carentes de rigor científico.
Las conclusiones las podemos resumir en estos diez puntos.
Primero, ausencia de debate. Los expertos coinciden en el escaso
margen para la emisión de los informes y la falta de voluntad por
parte de la Administración actuante de promover un debate social y
científico serio y profundo que evitara convulsiones sociales y
planteara soluciones asumibles, ejecutables en un plazo breve y en
sintonía con la filosofía ya imperante en Europa en esta materia.
Muchos expertos creen que se ha hurtado a la sociedad el debate no
sólo de política hidráulica o hídrica, sino del futuro modelo
territorial del Estado español. El Plan Hidrológico Nacional ignora
lo que el Ministerio de Medio Ambiente decía en el libro blanco de
agua: es posible resolver graves contenciosos hidráulicos si se
aborda con prudencia y rigor técnico, explicación a los agentes
interesados, plena transferencia en el proceso de discusión y
verdadera voluntad política de alcanzar acuerdos razonables
equitativos.
Segundo, adolece de rigor científico. El texto está plagado de
afirmaciones, comentarios y opiniones que hubiesen requerido debate
científico, sobre todo cuando del análisis de esos datos se extraen
valoraciones cualitativas que se incorporan a las conclusiones.
Conceptos como déficit estructural o cuencas excedentarias
y deficitarias son desmoronados literalmente desde la perspectiva de
los científicos, al igual que nadie entendería que se hablara del
déficit estructural de la gasolina o del desequilibrio petrolero.
Resulta cuando menos chocante que el Plan Hidrológico Nacional ni
siquiera aborde las raíces o analice las causas de las situaciones de
la sobreexplotación, degradación o salinización de acuíferos;
presenta mucha documentación de carácter hidrológico, frente a
carencias notables en lo ambiental. Sirva, por ejemplo, la falta de
rigor; asigna un mismo coste de transporte para el agua en Castellón
a Almería, distancia casi de 400 kilómetros.
Tercero, impacto medioambiental. Faltan estudios sobre los impactos y
efectos que sobre el medio ambiente producirán las actuaciones
propuestas, hay poca precisión y excesiva generalización en el
tratamiento de los aspectos medioambientales. El Plan Hidrológico
Nacional no responde a la lógica de sostenibilidad, no valora el
impacto del cambio climático y sus previsibles efectos sobre la
futura distribución de los cultivos. Algunos expertos apuntan el poco
rigor que supone que el mismo ministerio elabore los proyectos y sus
estudios ambientales erigiéndose en juez y parte, al igual que la
pretensión de realizar estudios ambientales fragmentarios, obra por
obra y no generales.
Cuarto, errores en el análisis económico. No supera las prácticas
propias del análisis de rentabilidad financiera y de coste beneficio
del plan que justifiquen la opción elegida, centra sus prioridades en
usos del proceso productivo, fundamentalmente agrícolas, ignorando
la demanda de recursos naturales y ambientales para usos
colectivos. No está clara, ni mucho menos probada, la racionalidad
económica del Plan Hidrológico Nacional. Considerando tan sólo la
reducción de caudales por el cambio climático, los costes por metro
cúbico en un trasvase relevante crecerían en un 40 por ciento. El
Plan Hidrológico Nacional confunde beneficio y valor añadido neto.
Quinto, incumple las directivas europeas. La técnica jurídica para
articular el Plan Hidrológico Nacional es insuficiente que sea
compatible con la directiva marco de agua que consagra el principio
de unidad de cuenca, tanto en los aspectos económicos, política de
repercusión al usuario de costes, ambientales y externidades, como
medioambientales. Su planteamiento choca frontalmente con el Tratado
de Amsterdam que establece como objetivo de la Unión Europea el
desarrollo sostenible. Muchos expertos advierten de la vulneración de
la normativa comunitaria y de la necesidad de empezar ya a trasponer
antes de finalizar el plazo de diciembre del 2003. Esa trasposición
se veía incompatible con el entonces anteproyecto del Plan
Hidrológico Nacional.
Sexto, dudas sobre la agricultura del futuro. En la evolución de la
demanda de agua para riego no se han contemplado ni los escenarios
resultantes de la próxima liberalización comercial, ni el impacto de
la reforma del PAC y del futuro político de subvenciones que no se
podrán mantener ilimitadamente.
Séptimo, insuficientes estudios previos. En muchos apartados sólo se
relacionan los previsibles beneficios en la zona receptora de las
aguas, ignorándose los efectos perniciosos en el área emisora:
afecciones sobre la calidad de las aguas, etcétera. En todo caso, los
beneficios están mucho más personalizados en la cuenca receptora que
en la cedente. Algunos expertos piden revisar las demandas de agua
que se han utilizado para definir los denominados déficit hídricos
estructurales, concepto del Plan Hidrológico Nacional difícil de
comprender desde una perspectiva exclusivamente científica.
Octavo, desequilibrios territoriales. Los expertos consideran que el
plan agudizará los desequilibrios territoriales. Es un plan de obras
hidráulicas que responde a una anacrónica concepción de la
planificación y no exactamente a un plan hidrológico.
Noveno, falta de estudios de las alternativas. No se estudian las
alternativas a los trasvases, que son desechadas sin un análisis
riguroso, ni siquiera mínimo que permita plantearse otras opciones:
desalación del agua del mar en zonas costeras, solución esta
definitiva para la que el tiempo juega a favor y que se ve no afecta
a los cambios climáticos; aprovechamiento de aguas subterráneas
o acuíferos salobres; reutilización de las aguas residuales; reciclaje
y depuración de las aguas; políticas activas de reducción del consumo
de aguas y limitaciones del crecimiento futuro de las demandas en
zonas deficitarias.
Décimo, carencia de estudio del impacto social. El Plan Hidrológico
Nacional carece de evaluación del impacto social, considerando a éste
como resultado de los costes y pérdidas socioeconómicas,
territoriales y culturales estimadas por los afectados y por los
expertos. El impacto social de esas obras no puede reducirse
exclusivamente a la cuantificación estricta de campos y edificios
inundados.
Además, independientemente de estos informes, queremos destacar que
también hemos conocido la existencia del informe de la Convención
Ramsar, organización internacional encargada de velar por la
protección de los humedales. El mencionado estudio cuestiona la
viabilidad del Plan Hidrológico Nacional por sus graves impactos en
el delta del Ebro, regresión del delta, salinización de su acuífero y
daños en la fauna y flora. En este sentido, María José Viñals,
doctora en geografía de la Universidad Politécnica de Valencia,
coautora del informe, indica que el Plan Hidrológico Nacional
agravará aún más la situación en la que ya está ahora el delta del
Ebro. En sus recomendaciones indica al Gobierno la necesidad de
análisis más detallados de los posibles impactos del Plan Hidrológico
Nacional, especialmente en lo relativo a la intrusión salina, los
caudales mínimos y sus implicaciones para la gestión de las aguas. El
informe recuerda que el delta del Ebro es uno de los más de mil
humedales catalogados por la convención y de hecho es uno de los
organismos con mayor autoridad científica en la materia, cuyo
cometido es fomentar políticas de conservación y uso racional de los
humedales.
El segundo aspecto al que nos referíamos anteriormente y que ha sido
una de las causas que han motivado esta interpelación es el
relacionado con la denominada marcha azul que ha tenido lugar desde
el mes de agosto hasta el pasado 9 de septiembre de 2001. Los propios
integrantes de la plataforma indican que este movimiento es una
iniciativa de las organizaciones sociales que convocaron y apoyaron
las manifestaciones de Barcelona y Madrid contra el Plan Hidrológico
Nacional. Esta movilización se convocaba con el lema: Marcha azul a
Bruselas. Por una nueva cultura del agua. Ni un euro para este Plan
Hidrológico Nacional. Ese era el lema. El objetivo era hacer llegar
al máximo órgano europeo con sede en Bruselas, la Unión Europea, la
oposición ciudadana surgida contra el Plan Hidrológico español. La
marcha comenzó el pasado día 10 de agosto en las tierras del delta
del Ebro, recorrió el Ebro en sentido ascendente hasta Zaragoza y
allí tomó el camino del Pirineo para pasar a Francia, donde
discurrieron varias etapas, y también atravesaron Holanda y Alemania,
para culminar el pasado mes de septiembre en una manifestación en
Bruselas que convocó a miles y miles de ciudadanos, 12.000 decía la
prensa, y que tuvo sendas réplicas en Aragón y Cataluña; 75.000
personas se reunían en la plaza del Pilar, de Zaragoza.
Nuevamente volvieron a manifestarse de manera libre, pacífica y
democrática las gentes que están luchando contra el trasvase del
Ebro. Los mencionados actos contaron con el apoyo de los partidos que
forman parte actualmente del Gobierno francés, así como de numerosas
organizaciones sociales, políticas, ecologistas, sindicales y
europeas. Igualmente queremos destacar que ya hay 79
europarlamentarios que han suscrito el manifiesto de esta denominada
marcha azul que se opone rotundamente a este Plan Hidrológico.
También queremos resaltar que hemos conocido cómo desde la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea se envió una carta a
las autoridades españolas, después de esta manifestación, exigiendo
información precisa sobre las obras previstas en el Plan Hidrológico
Nacional. En las informaciones hechas públicas se indica que se
interroga al Gobierno sobre si se cumple la normativa europea en
materia de medio ambiente y si se aplica correctamente la nueva
directiva sobre el agua. Se demanda información concreta sobre el
proyecto de construcción del trasvase del Ebro, así como de otras
obras previstas en el plan; segundo, las previsiones para realizar
una evaluación global del impacto medioambiental del Plan Hidrológico
Nacional de proyecto a proyecto; tercero, la interrelación con el
Plan nacional de regadíos, particularmente con las regiones
receptoras del trasvase de agua. En dicho escrito, firmado por el
director general de Medio Ambiente de la Comisión europea, se indica
que tras un estudio preliminar se muestran preocupados por el impacto
en la fauna y flora del delta, se denuncia el uso claramente
ineficiente que se hace del agua destinada al sector agrícola. Hay
que tener en cuenta que de tomarse en consideración todo este tipo de
actuaciones y de iniciativas dejarían sin el apoyo financiero europeo
al desarrollo del trasvase del Ebro y, por tanto, cuestionarían la
viabilidad futura del Plan Hidrológico Nacional, basado en estas
transferencias hidráulicas.
Las quejas indican que se incumplen las siguientes normas de derecho
comunitario: Primero, la directiva por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas;
segundo, la directiva que se refiere a la conservación de las aves
silvestres; tercero, la directiva sobre la conservación de los
hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres; cuarto, el
Tratado de Amsterdam que establece como objetivo de la Unión Europea,
y consecuentemente de los Estados miembros, el desarrollo sostenible,
artículos 2 y 6, planteamiento contra el que choca frontalmente el
Plan Hidrológico Nacional según los expertos; quinto, otras
disposiciones de derecho comunitario y principios y objetivos de la
Unión Europea relacionados con la directiva referida.
Dichas quejas, además, inciden en que el Plan Hidrológico prevé la
construcción de más de un centenar de grandes embalses...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego que
concluya. Su tiempo ha terminado. Debe concluir de forma inmediata,
se lo ruego.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Ahora mismo termino, señora presidenta.
De este modo, presentamos la siguiente interpelación en la que
requerimos al Gobierno si tiene previsto seguir adelante con todos y
cada uno de los proyectos relacionados con el trasvase del Ebro
incluidos en el Plan Hidrológico Nacional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias.
Señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, desde el más absoluto respeto voy a intentar aclarar una
serie de cuestiones no sin antes hacer unas puntualizaciones que me
parecen importantes. Usted sube a esta tribuna y de una forma un
tanto alegre profiere una serie de afirmaciones, que da por hechas.
Una vez más, quiero volver a insistir y a aclarar que simplemente son
falsas y por mucho que usted las repita no van a convertirse en
realidad. Se lo he intentado explicar varias veces, pero usted sigue
insistiendo en este tipo de afirmaciones y le llamo la atención sobre
su falsedad. Le voy a poner una ejemplo. Usted dice que los embalses,
las obras del pacto del agua que se hacen en Aragón están previstas y
tienen la intención de hacerse para poder permitir el trasvase de
agua del Ebro. Vuelvo a repetirle que, por mucho que usted lo diga,
es falso. Cuando usted está diciendo esto, con todo el respeto, está
engañando a los ciudadanos porque es la ley la que lo pone, la que
prohibe taxativamente que esto se haga de esta manera.
Quiero empezar, si me lo permite, por aclarar estas cuestiones a las
que ha hecho referencia. Usted en su interpelación dice que existió
ausencia de debate a lo largo de este proyecto, y hoy aquí ha hecho
referencia a una serie de temas, como la consulta que realizó de los
dictámenes de los expertos. Usted realizó la consulta porque el
Ministerio de Medio Ambiente está encantado de facilitársela. Así lo
hicimos, usted vino con su gente al ministerio y pudo acceder a toda
la información que requirió, como no podía ser de otra manera.
Permítame recordarle que este proyecto se presentó el 5 de septiembre
en el Consejo Nacional del Agua. Este proyecto, a partir del 5 de
septiembre, abre un debate dentro del Consejo Nacional del Agua,
órgano máximo consultivo asesor que la propia Ley de Aguas establece
en esta materia. A partir de aquí es cuando, con un órgano que el
Partido Popular no ha modificado en absoluto y no fue el que lo creó,
se producen toda una serie de aportaciones muy importantes que
modifican
sustancialmente este proyecto. Por tanto este es un factor que no
hay que dejar de tener en cuenta. El dictamen que se pide a los
expertos en septiembre, octubre, noviembre del año 2000 se realiza
sobre un borrador de proyecto que luego es sustancialmente
modificado, incluyendo muchas de las aportaciones, de las propuestas
que se hacían en estos dictámenes de los expertos.
Se creó en el seno del mismo una comisión especial de
administraciones públicas. Se solicitaron estos informes a los
expertos jurídicos. La comisión permanente se reunió en 13 ocasiones
y el ministerio mantuvo más de 100 reuniones con autonomías, partidos
políticos, colectivos de regantes, asociaciones de usuarios
y organizaciones ecologistas. Se analizaron más de 100.000 alegaciones
que, clasificadas, se resumieron en 1.800 comentarios al borrador del
proyecto, de los cuales han sido identificados y valorados
individualmente por la comisión permanente, habiéndose incorporado
unos 200 comentarios o alegaciones. En el proceso de debate y
negociación, celebrado durante cinco meses, se han incorporado al
anteproyecto de ley el 60 por ciento de las alegaciones recibidas
procedentes de los distintos miembros integrantes de dicho consejo, y
de las propuestas finales de transferencias que se planteaban en
dicho borrador la comisión y el consejo sólo decidieron aprobar una
de las opciones, desechando las otras alternativas, que se estudiaron
en este Consejo Nacional del Agua, porque se creyó que eran menos
convenientes. Por tanto creo que no se puede acusar de falta de
debate a un gobierno que presenta un proyecto y este proyecto es
modificado sustancialmente, enriquecido también sustancialmente,
incorporando muchas de las alegaciones y que, después, tiene la
aprobación, el respaldo del 82 por ciento de los miembros de este
Consejo Nacional del Agua, de la mayor parte de las comunidades
autónomas y tiene el respaldo unánime, por primera vez en España, de
todos los usuarios y regantes del agua. ¿Adolece de rigor científico?
Yo quiero, una vez más, pedirle, con toda la humildad, respeto para
todos aquellos expertos, científicos, funcionarios de toda la
Administración pública, que no de ahora, señoría, sino desde hace
muchos años han participado en este proyecto y en los proyectos
anteriores, en los proyectos que, por ejemplo, presentó el Partido
Socialista Obrero Español en el año 1994 y que siempre he reconocido
que ese trabajo, naturalmente, forma parte de este trabajo
documental, de este trabajo empírico que se adjunta a este proyecto
de Plan hidrológico Nacional. Por tanto le pido que no descalifique
la labor de estos científicos, la labor de estos expertos y la labor
de estos técnicos.
La elaboración del plan y los debates que se han suscitado durante su
tramitación han culminado en la incorporación de importantes
recomendaciones de ese dictamen, que provienen de esos informes de
expertos
adicionales que durante su tramitación el ministerio quiso pedir.
Nunca ha existido un rechazo unánime de la comunidad científica a
este proyecto; esto es absolutamente falso. Incluso dentro del
Consejo Nacional del Agua es falso que la postura fuera unánime. En
el Consejo Nacional del Agua hubo diversidad de opiniones, diversidad
de votos, dentro de la propia comunidad científica, insisto,
respetando y teniendo en cuenta quién nombró a esos representantes,
ya que no fue este Gobierno. Pero, en cualquier caso, nunca la
postura fue unánime.
Es verdad que existen varias posiciones dentro de la comunidad
científica, y es cierto que la comunidad científica, en estos
momentos, no plantea una opinión unánime con respecto a este
proyecto. En cualquier caso, le puedo garantizar dos cosas que creo
que son importantes: en primer lugar, este proyecto se hace basándose
en la aportación de muchos de esos expertos. Esos informes que se
elaboraron en su día, esos cien especialistas a los que usted hace
referencia que se consultaron, elaboran un dictamen sobre un
proyecto, insisto, que se modifica sustancialmente y que recoge
muchas de esas aportaciones que se realizan.
En segundo lugar, usted comprenderá que yo soy capaz de nombrarle
aquí también con todo rigor al menos el mismo número de opiniones
científicas a las que usted ha hecho referencia que señalan una
posición como las que señalan la otra y yo creo que usted también
debería respetarla. Lo que sí es importante destacar es que de esos
expedientes que usted consulta no es cierto que sean mayoritariamente
en contra. Dos terceras partes de esos expedientes que usted consulta
están absolutamente de acuerdo con el contenido final del Plan
Hidrológico Nacional.
Quiero recordarle la evolución que ha tenido el proyecto y que ha
recogido gran parte de esas reivindicaciones que se plantearon. Por
ejemplo, el impacto ambiental. Efectivamente, se recoge un cambio
sustancial en el proyecto a lo largo de la tramitación del impacto o,
por ejemplo, vamos a hablar de la Convención Ramsar y sin ningún
problema. Yo le voy a enseñar a usted, y la pongo a su disposición,
la carta del secretario general diciendo que es falso que él se haya
opuesto a este proyecto. Debo recordar que este informe se realiza
también en el otoño del año 2000 y que en esta Cámara, gracias a
algunos partidos políticos, y en concreto de Convergència i Unió y
del Partido Popular de Cataluña, se recogen parte de estas
sensibilidades y se aprovecha una oportunidad histórica para intentar
resolver o corregir un problema que ya existe y que es independiente
del Plan Hidrológico Nacional, que es la conservación de un humedal
que está en degradación, pero no por el Plan Hidrológico Nacional,
sino por circunstancias que usted conoce perfectamente. Pues bien,
estos partidos políticos al menos tienen la sensibilidad de intentar
aprovechar esta ocasión...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor ministro, le
ruego concluya, su tiempo ha terminado.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Sí.
Quiero aprovechar esta ocasión, la ocasión que presenta un Plan
Hidrológico Nacional, para poder establecer un plan integral, un
compromiso legal que pueda corregir este problema de degradación de
este magnífico espacio medioambiental y le puedo garantizar que nos
preocupa probablemente a todos al menos tanto como le pueda preocupar
a usted. La diferencia está en que creo que en estas Cámaras hemos
intentado afrontar el problema de frente para poder encontrar una
solución, poder analizar experiencias que se han hecho en otros
lugares del mundo. Usted conoce perfectamente el proyecto de la bahía
de San Francisco o los proyectos que se han hecho en California en el
mismo sentido...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señor
ministro, que vaya concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted está siempre conmigo con el pacto del agua. A
usted le habían preparado un discurso porque yo iba a citar el pacto
del agua. Yo no he citado para nada el pacto del agua. Le voy a decir
claramente una cosa, y es que yo estoy en contra del pacto del agua.
Ya sabe usted que mi partido y yo personalmente estoy con la gente
del delta en contra del pacto del agua. A partir de ahí, no me vuelva
usted a sacar cada vez el pacto del agua porque yo no lo he
mencionado para nada. Lo que le digo es que por mucho repetir una
cosa no acaba siendo verdad. Usted dice que de 86 informes que pide
el ministerio a científicos, 62 están en contra. Sí, son 62
científicos, que se reúnen en Madrid y exigen al ministerio que
publique esos informes porque ustedes los han tenido secuestrados. Si
me los dejaron ver a mí, fue en unas condiciones absolutamente...
Porque yo soy de Zaragoza, soy de pueblo y es la primera vez que
estoy aquí, pero los demás diputados me decían que yo tenía derecho a
tener esos informes en la mano. Yo tuve que ir allí y sacarlos como
los de pueblo, entre cuatro, leyendo corriendo, sin saber muchas
veces ni lo que leíamos. La verdad es que fue bastante dramático, yo
diría paupérrimo para nuestra condición de diputados. En el
Ministerio de
Medio Ambiente fueron muy amables, nos invitaron a cerveza, pero no
nos dejaron ver los informes; nos dejaron verlos a una velocidad
enorme. (Risas.) Siguen ustedes sin publicarlos. Los científicos
dicen: Que los publiquen, si nos los han pagado. Ustedes ya los han
pagado, publíquenlos, veámoslos. Ahora dice usted: Yo le permito a
usted ver el informe Ramsar. Estoy encantado, pero hasta hace unos
días, hasta que no hemos venido de Bruselas, que nos pusimos de agua
hasta el culo, como decimos en mi pueblo... (Risas.) Es verdad, nos
caía agua por la canaleta del culo, como dicen en mi pueblo. Por la
cantidad de agua que cayó, yo creo que ustedes rezaron a alguna
virgen para que nos lloviera en Bruselas, y nos llovió todo. (Risas.)
Señor ministro, usted dice que yo digo. Yo no he dicho absolutamente
nada, no he dicho una palabra mía, todo lo que he dicho han sido
palabras de los científicos. Y volvemos siempre a lo mismo. Nosotros
tenemos que soportar que somos unos irresponsables e insolidarios al
querer bloquear la financiación comunitaria al mencionado plan. El
señor secretario de Aguas, cuando le hablan del Ramsar en la
universidad de Santander, dice: Eso es mentira, y no dice nada más.
Por favor, mándeme usted el informe, que lo quiero leer; me gustará
verlo y leerlo.
Como usted está diciendo que yo he dicho, le voy a decir exactamente
la cantidad de informes de científicos que tengo yo aquí en este
momento. Entre ellos, por ejemplo, Ana Barreira, presidenta del
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, dice: El
anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional presenta notables
discordancias con la política europea del agua. Estas divergencias
son especialmente claras en: 1) Los procesos de participación de la
sociedad civil; 2) La falta de transparencia y 3) El incumplimiento
de la obligación de no deterioro de los ecosistemas acuáticos. José
Carles Genovés, del departamento de Economía y Ciencia Social de la
Universidad Politécnica de Valencia (para que no digan ustedes que
son todos del Norte, de Cataluña o de Zaragoza) dice: El plan
prácticamente se limita a autorizar el trasvase del Ebro a otras
cuencas y a declarar de interés general del Estado todo un conjunto
muy amplio de grandes obras hidráulicas, muchas de ellas ligadas a
posibles expansiones de regadíos, sin justificación alguna, dejando
la puerta abierta a la continuación de la promoción y financiación
pública de esta acción. En definitiva, un plan que nace obsoleto.
Michel Drain, director de investigación emérito en la CNRS de
Francia, dice: El recurso del Ebro ha vuelto a salir otra vez con el
segundo proyecto del Plan Hidrológico Nacional. Pienso y creo que no
me encuentro sólo, que este río, sangrado en lo que va de siglo por
una extensión desmedida del regadío, ya no puede soportar que le
saquen mucha más agua sin que acontezcan graves consecuencias. Ahora
estoy buscando el informe de una persona importante, Ramón Llamas
Madurga, proyecto de aguas subterráneas
de la Fundación Marcelino Botín, catedrático de la Real Academia
de Ciencias. Él dice (por cierto, cuando él habla públicamente dice
el plan hidroilógico nacional): Una política estructuralista
anticuada y poco equilibrada. El Plan Hidrológico presenta un fuerte
sesgo para continuar la política estructuralista que ha predominado
en España desde hace siglo y medio. Esa política ha llevado a que
España sea, particularmente, el primer país del mundo -si exceptuamos
cuatro pequeños países: Albania, Chipre, Islandia y Noruega- en
número de presas por habitante, 30 presas por cada millón de
españoles, y el último país de la Unión Europea en el uso de aguas
subterráneas para abastecimientos urbanos.
Yo podría seguir leyendo aquí informes de toda esta serie de
científicos. Como yo le digo, de 86 informes que ustedes piden, 62
científicos se reúnen en Madrid para pedir al Ministerio de Medio
Ambiente que publique sus informes, estando todos ellos en contra. No
es el 75 por ciento a favor y el 25 en contra. Es el 75 por ciento en
contra y el 25 a favor. Vuelvo a repetir que no soy yo quien lo dice,
son los científicos quienes lo dicen y la Comisión de Medio Ambiente
de la Comisión Europea les está exigiendo una serie de informes, que
ustedes van a tener que mandar rápidamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señoría, yo le puedo garantizar que este proyecto, como le he dicho
muchas veces, cumple no sólo la normativa legal vigente, nacional y
europea, sino las directivas de próxima aplicación, como la Directiva
del agua.Querría que esto quedara claro porque de la carta a la que
usted hace referencia de la Comisión precisamente lo que usted
esconde y lo que usted no dice es que la Comisión se guarda mucho de
pronunciarse en contra del Plan Hidrológico. Naturalmente, como no
podría ser de otra manera, lo único que hace es pedir una serie de
información, que nosotros no sólo vamos a dar, sino que vamos a
ampliar, incluso con las declaraciones de impacto ambiental, que en
esta ley hemos extendido mucho más allá de lo que pedía la propia
Comisión.
De estos dictámenes de los expertos yo le pido que haga dos
separaciones. En primer lugar, no desprecie a toda la gente y a todos
los científicos que han intervenido desde la época socialista y desde
mucho antes en la elaboración de los datos que dan soporte a este
proyecto. Usted no puede despreciarlos y si usted me pone 100, yo le
pondré 300 que dirán absolutamente lo contrario. Incluso acerca de la
petición que desde el ministerio se hizo de ampliación, de pedir más
documentación, más informes, a la comunidad científica, le reitero
que estos informes se hacen en octubre del año 2000 sobre un borrador
de proyecto que es sustancialmente modificado y que incorpora muchas
de las aportaciones que hacen estos científicos, lo que me permite
afirmar que dos tercios de estos informes también son favorables
porque o lo eran en un principio o sus recomendaciones se han tenido
en cuenta como las del plan integral del delta y se han introducido.
Yo le podría a usted abrir un debate político, que no tengo ninguna
gana, pero usted está haciendo una evolución que se ve claramente en
sus propias intervenciones. No es que tenga manía con el pacto del
agua, pero es que usted dice que el lema de las manifestaciones es ni
un euro para el Plan Hidrológico Nacional. Yo sólo le quiero recordar
lo que usted dice aquí. Si usted dice aquí que hay científicos que no
están de acuerdo con estos proyectos que incluye el Plan Hidrológico
Nacional, con estos embalses, con estas depuradoras, con estas
desalinizadoras, con estas obras de modernización de los regadíos, y
usted tampoco lo está, le pido que me diga en cuáles, nombre y
apellidos. Vamos a saber cuáles son las obras en las que usted no
está de acuerdo, vamos a ver qué piensan esos ciudadanos afectados y
vamos a ver también qué piensa esta Cámara sobre estos proyectos.
Pero el hecho de que usted defienda que ni un euro para las obras
públicas significa que las obras del pacto del agua de Aragón no se
pueden hacer. Eso significa que esa reivindicación que tienen todos
los ciudadanos de Aragón, o que tuvieron al menos en el año 1992 -y
con este proyecto se demuestra un compromiso de esta Cámara para
resolver esos problemas de agua que tiene Aragón- con este lema que
usted defiende -y no quiero entrar en ningún tipo de polémica- no se
podrían llevar adelante. Por tanto, Aragón no podría solucionar sus
problemas. Como este Gobierno y esta Cámara tiene como objetivo
prioritario solucionar los problemas de Aragón, defendemos que este
proyecto pueda ser financiado, naturalmente, y así lo será -no le
quepa ninguna duda- por la Unión Europea, por nuestras Cámaras y por
el Ministerio de Medio Ambiente.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PROPUESTAS DE REFUERZO Y
MEJORAS DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA NAVEGACIÓN AÉREA.
(Número de expediente 172/000119.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Interpelación que
formula el Grupo Parlamentario Socialista sobre propuestas de
refuerzo y mejoras de la seguridad aeroportuaria y de la navegación
aérea.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
esta propuesta de interpelación urgente que será continuada
naturalmente, al amparo de lo establecido por el Reglamento, por una
propuesta de moción que pretendemos presentar mañana en función de
las contestaciones que aquí se reciban por parte del señor ministro,
sobre propuestas de refuerzo y mejora de la seguridad aeroportuaria y
de la navegación aérea. Señorías, somos todos conscientes de que los
brutales acontecimientos que ocurrieron en los Estados Unidos el
pasado día 11 de este mes, en los que cuatro aviones civiles fueron
secuestrados y estrellados contra el Pentágono y dos edificios en el
World Trade Center han conmocionado al mundo y a su vez han puesto de
manifiesto la necesidad de que por parte de todos los países se
extremen las medidas de seguridad en las instalaciones
aeroportuarias.
Señorías, queremos dejar muy claro al comienzo de esta interpelación
que lo hacemos desde la perspectiva de la responsabilidad, desde la
perspectiva de la necesidad de búsqueda de un acuerdo unánime de esta
Cámara en la defensa de la seguridad aeroportuaria y en la defensa de
los mecanismos de seguridad en el transporte aéreo. Somos conscientes
de que es un tema que se encuentra en la sensibilidad de todos y cada
uno de los usuarios de las compañías aéreas, en todos y cada uno de
los ciudadanos y que es un tema de política de Estado. Señor ministro
y señores miembros de los distintos grupos parlamentarios, entiendan
que esta es una iniciativa que se plantea en positivo, pero que la
presentamos también desde la perspectiva de que vivimos en una época
en la que a esa preocupación ciudadana no se le puede dar la espalda,
a esa preocupación ciudadana hay que mirarla de frente y hay que
hacer planteamientos que insten al Gobierno a la adopción de
mecanismos que puede no haber puesto en marcha para incrementar la
seguridad en el sector.
Señorías, la seguridad en el transporte aéreo desde nuestra
perspectiva comienza en los aeropuertos. Resulta esencial que en un
ámbito de responsabilidad exento de improvisación, desde la
perspectiva del servicio público y enmarcado en la seguridad
ciudadana, el Ministerio de Fomento adopte medidas tendentes a
reforzar la seguridad en las instalaciones aeroportuarias españolas.
Señorías, el precedente ocurrido lamentablemente en dos aeropuertos
españoles, en el de Málaga y en el de Madrid en los últimos meses,
aconsejan analizar en profundidad los mecanismos de seguridad
actualmente en vigor y diseñar otros nuevos que permitan afrontar
potenciales riesgos futuros y que aporten confianza a los usuarios.
La seguridad aeroportuaria constituye una obligación estatal que se
enmarca
en las responsabilidades que desempeñadas por el Gobierno se dirigen
a la defensa de la integridad de los ciudadanos en su condición de
usuarios de infraestructuras y medios públicos dedicados al
transporte de personas. En consecuencia, es menester incrementar
desde nuestro punto de vista los medios humanos y materiales que se
han de emplear en la protección de las instalaciones aeronáuticas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, la secuencia de acontecimientos institucionales ocurridos
en Europa y en los que ha participado el presidente del Gobierno
español o el ministro de Fomento español han sido los siguientes. En
primer lugar, se celebró un Consejo Europeo extraordinario el 21 de
septiembre del 2001, en el que el aspecto específico y singular de
reforzar la seguridad aérea se recogió explícitamente el mandato de
que el Consejo Europeo pide al Consejo de Ministros de Transportes
que en su próxima sesión del 15 de octubre adopte las medidas
necesarias para reforzar la seguridad de los transportes aéreos, y
estas medidas se deben referir en particular a la clasificación de
las armas, la formación técnica de las tripulaciones, el control de
los equipajes facturados y su seguimiento, la protección de la
accesibilidad a la cabina de pilotaje, el control de calidad en las
medidas de seguridad aplicadas por los Estados miembros, etcétera.
Señorías, el Consejo de Ministros del Transporte de 14 de septiembre
adoptó también otra serie de medidas a las que previsiblemente hará
referencia quien participó obviamente en representación del Gobierno
del Reino de España, el señor ministro de Fomento, que todos las
hemos conocido y se encuentran en la red. La Conferencia de Aviación
Europea Civil ha sacado un comunicado; en él plantea e insta a que el
Consejo de Transportes de la Unión Europea, que se reunió el 14 de
septiembre, acuerde la total puesta en práctica de la lista de
medidas de seguridad clave de la CEAC, ECAC, decisión que ha sido
reafirmada en Burdeos recientemente y que ha de ponerse en marcha
como consecuencia de la creación de tres grupos de trabajo. El
primero de los grupos tiene la función específica de plantear
fórmulas para un control eficaz de acceso a la cabina de mando del
avión, para incrementar la preparación del personal y los mecanismos
de seguridad de protección de los mismos en vuelo y para que en
situaciones de crisis el mantenimiento efectivo de las comunicaciones
tierra-aire sea lo más eficaz posible. Hay un segundo grupo de
trabajo que tiene la obligación de elaborar un informe urgente sobre
el procedimiento y equipo para el control eficaz de pasajeros, y un
tercer grupo de trabajo que tiene la obligación de asegurar la puesta
en práctica eficaz de estas medidas.
Señorías, en consecuencia, tanto en el Consejo de Ministros como en
el Consejo Europeo, como en la Conferencia europea a la que he hecho
referencia, como en la Asociación Europea de Aeropuertos -que
ha sacado un importante comunicado definiendo unos principios básicos
para la seguridad, vinculados al establecimiento de una serie de
medidas de seguridad que pasen por un cien por cien de control de
equipaje de mano, un cien por cien de comprobación manual de
pasajeros y equipaje de mano, un control del cien por cien de la
carga y del correo, retirada de objetos metálicos de tiendas de
aeropuertos, personal de refuerzo y control estricto de acceso al
aeropuerto, control de empleados y otra clase de personal autorizado,
aumento de las patrullas de seguridad alrededor del aeropuerto,
inspección de cabinas del avión antes del embarque, inspección del
catering, etcétera- definen todo un conjunto de pronunciamientos y de
posicionamientos de instituciones responsabilizados en materia de
seguridad aeronáutica, que tienen que implicar actuaciones concretas
de los gobiernos integrantes de la Unión Europea o del espacio
económico europeo en su conjunto, que se han de vincular con las
medidas adoptadas por la organización federal americana de los
Estados Unidos, y, en consecuencia, se ha de unificar criterios para
optimizar los medios y mejorar la seguridad hasta los mayores límites
posibles.
Señorías, a nosotros nos parece fundamental que Las Cortes Generales,
desde la perspectiva de la serenidad, desde la perspectiva de no
querer incrementar la preocupación en los ciudadanos sino todo lo
contrario, darles seguridad a los ciudadanos de que quienes les
representan en ellas se preocupan de estos temas, conectan con el
Gobierno, con el Ejecutivo y buscan cauces de entendimiento común
para encontrar fórmulas comunes.
Esta mañana en la Comisión de Infraestructuras incluso tuvimos alguna
pequeña aproximación acerca de que hay una serie de medidas de
naturaleza comunitaria que hay que impulsar. Por eso queremos pedirle
un compromiso en esta interpelación al ministro de Fomento para que
se erija en auténtico dinamizador, junto con otros ministros
obviamente del ramo, en la consolidación y en la potenciación de la
Agencia Europea de Seguridad Aérea.
Como bien saben, en el mes de septiembre del año pasado, el documento
COM, que está definido como documento por el cual se establecen
normas comunes en el ámbito de la Aviación Civil y se crea una
Agencia Europea de Seguridad Aérea, nos va a dar unos mecanismos
comunes a todos los países de la Unión Europea precisamente para
incrementar la seguridad. Señor ministro, como sabe, el propio
capítulo XI vinculado a la seguridad en los diferentes puntos se
refiere a lugares de riesgo mínimos para colocación de bombas,
protección del compartimento de la tripulación de vuelo, diseño
interior, etcétera.
Señor ministro, en estos tres últimos minutos que nos restan para
presentar la interpelación queremos formularle una serie de preguntas
para conocer su posición y, consiguientemente, marcar nuestra
posición en
la posterior moción que queremos someter a resolución de esta Cámara.
Nosotros quisiéramos que usted nos contestase en el sentido
siguiente: ¿Cree necesaria la elaboración de un plan nacional de
seguridad aeroportuaria y de aviación civil que modifique los
gérmenes de planes nacionales que hasta ahora ha habido, elaborados
esencialmente de modo conjunto por las compañías, pero a los que el
ministerio ha dado luz verde sin jugar el papel director en su
elaboración. Debe contener una serie de mecanismos para potenciar la
identificación, seguridad y control de personal de las compañías
aéreas y de los servicios que presten sus funciones en los
aeropuertos, para establecer medidas auténticas de control de
seguridad para todo el equipaje facturado que tendrá que ser
controlado por equipos tecnológicos adecuados para esa finalidad, que
se establezcan auténticos programas de instrucción de personal en
materia de seguridad. Una clara definición debe recoger ese plan
nacional de seguridad de lo que deben ser zonas estériles en los
aeropuertos, un auténtico mecanismo de control de aproximación de
todo el personal tan variado dependiente de decenas y decenas de
empresas privadas que prestan servicios en los aeropuertos. Nosotros,
señor ministro, le instamos a que lo ponga en marcha, y por eso
queremos conocer su posición acerca de todos los mecanismos
inmediatos que la normativa en vigor le permite, vinculados al
control de equipajes facturados, al control en la accesibilidad a la
bodega de equipajes, a la necesaria inspección visual de las áreas
exteriores del avión que sean accesibles, así como a los
compartimentos de bodega; antes del embarque de los pasajeros se
tiene que llevar una inspección física integral del interior del
avión. Para ello le decimos que potencie a toda velocidad los
mecanismos de incremento de personal de la dirección general de la
Dirección General de Aviación Civil.
En este último minuto, señor ministro, también le instamos a que
adopte decisiones urgentes, desde la perspectiva de servicio público
en el transporte aéreo, para hacer que las compañías aéreas, en este
bache en el que se encuentran desde la perspectiva económica, como
consecuencia de un incremento exagerado de las compañías aseguradoras
que han establecido unas cláusulas inaceptables y que el Gobierno
debería analizar, no se vean penalizadas, haciéndolo recaer sobre los
usuarios -lo que no se puede admitir en modo alguno-, como
consecuencia de esa potencial situación de estado de guerra o de
terrorismo nuevo.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya,
por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Por eso nosotros le planteamos que el
Gobierno, por parte del consorcio de compensación de seguros
establezca toda una serie de mecanismos desde el Ministerio de
Economía y del de
Fomento. ¿Qué posiciones va a tener el Gobierno en esta materia?
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Segura.
El señor ministro de Fomento tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señorías, voy a tratar de ceñirme en el tiempo previsto a
las líneas básicas de lo que podríamos considerar resumen de la
interpelación planteada por el señor portavoz del Grupo Socialista y
sobrevolar sobre las tentaciones de hacer comentarios sobre algunos
aspectos relativos a la motivación, porque en el conjunto de
argumentos que forman parte de la motivación hay notables
inexactitudes, como las de hacer referencia a la necesidad de revisar
urgentemente las cuestiones de policía aérea, considerando la
posibilidad de prohibir sobrevuelos a baja altura de las ciudades,
que ya están prohibidos en el reglamento de circulación aérea, o
invocaciones a la necesidad de no improvisar en materia de seguridad,
aspecto éste que es no sólo compartido por el Ministerio de Fomento,
sino practicado desde hace años. Por eso el señor portavoz del Grupo
Socialista convendrá conmigo que el funcionamiento del Comité
Nacional de Seguridad Aeroportuaria en España es una buena pieza del
engranaje para adoptar medidas de seguridad y huir de la
improvisación. Lo que no sé si sabe es que este Comité Nacional de
Seguridad, en el que están representadas la Policía, las aduanas,
Correos, las compañías aéreas, los aeropuertos, todos los estamentos
que tienen que ver con la organización aeroportuaria, concluyó el
pasado 19 de junio, es decir, mucho antes de que ocurriera ninguno de
los acontecimientos que han estremecido al señor portavoz del Grupo
Socialista, las 13 instrucciones internas en las que venía trabajando
desde el año 1997, inspiradas en el documento 30 de la CEAC, que a su
vez trae causa del anexo 17 del Convenio de la OACI. Por tanto, en
España se estaba trabajando en materia de Seguridad, y por eso
estaban vigentes cuando ocurrieron estos acontecimientos estas 13
normas: la del Comité local de seguridad aeroportuaria, la de medidas
a tomar en caso de explosión, la de medidas a tomar en caso de
apoderamiento ilícito de aeronaves, la de medidas de seguridad de
empresas con acceso a zonas restringidas, la de medidas de seguridad
de la empresa con la zona aeronáutica, procedimientos de acceso y
vigilancia en zonas restringidas, procedimientos de acreditación de
personas y autorización de vehículos, servicios de transporte de
mercancías, transporte de armas y objetos que pueden ser empleados
como instrumentos ofensivos, modelo de programa de seguridad de
compañías aéreas, procedimientos de facturación fuera del aeropuerto,
medidas de seguridad de transporte de carga por vía aérea y
medidas de seguridad del transporte de envíos postales por vía aérea.
No sólo se estaba trabajando, ya había resultados de ese trabajo
reflejados en estas 13 instrucciones internas aprobadas por el Comité
Nacional de Seguridad Aeroportuaria.
En este escenario de impulso objetivo a los esfuerzos de seguridad se
producen los acontecimientos que S.S. cita en la interpelación del
pasado 11 de septiembre que evidentemente abren la puerta a nuevos
escenarios, puesto que presentan riesgos inéditos frente al concepto
de seguridad existente en estos momentos. Quiero dejar constancia de
que ese mismo día 11 de septiembre se reaccionó con diligencia y en
los aeropuertos españoles se adoptaron inmediatamente todas las
medidas previstas para situaciones de emergencia. Se activó el comité
de crisis; se adoptaron las medidas de máxima seguridad en los
aeropuertos, las delegaciones del Gobierno aportaron medios humanos y
técnicos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional; se realizaron
chequeos de equipajes a destinos significativos europeos; se reforzó
la información y la vigilancia en terminales y aparcamientos; se
coordinó con determinadas embajadas la presencia de algún
representante suyo en el comité de crisis, particularmente la
Embajada americana; se reforzó la presencia de Policía Municipal en
los accesos a los aeropuertos; se coordinó con las compañías aéreas
el alojamiento de pasajeros no residentes y el alojamiento de los
pasajeros afectados; y se brindó una plataforma de estacionamiento
adicional para los aviones que regresaron.
También se extremó la vigilancia en el ámbito de la navegación aérea,
por ejemplo, para garantizar que se cumplía la normativa sobre vuelos
en ciudades y zonas de especial protección.Además se puso en práctica
en las horas inmediatas el sistema de dobles controles, que permitió
la reapertura de las comunicaciones aéreas con Israel y con Estados
Unidos, que en los primeros días se puso en práctica con el nivel de
intensidad máximo y que en estos momentos se realiza con el nivel de
intensidad normal; se ha normalizado el funcionamiento de los
sistemas de doble control en los aeropuertos.Al mismo tiempo que se
adoptaban todas estas medidas con carácter inmediato en España, el
Consejo Europeo de Transportes transformó una reunión informal en un
Consejo extraordinario, al que ha hecho referencia S.S., que
fundamentalmente acordó tres cosas: primero, promover una reforma
inmediata de la normativa; segundo, impulsar la aplicación de nuevas
medidas de seguridad apoyadas en los avances tecnológicos y nuevas
reformas organizativas; y, tercero, hacerlo siempre en coordinación y
cooperación internacional, remitiéndose siempre desde la Unión
Europea a través de una posición común a la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI), cuya asamblea estaba prevista
para esta semana y, en todo caso, crear una comisión de expertos que
iniciara el estudio de las medidas urgentes que propondría en el
seno de la Unión Europea y que desde la Unión Europea propondríamos a
la OACI, si ella optaba por ese esfuerzo coordinado de cooperación
internacional.
Señorías, esa Comisión, ese grupo ad hoc pluridisciplinar acordado en
el Consejo Europeo del pasado 14 de septiembre ya se reunió el día 21
y tiene previstas nuevas reuniones los días 2 y 5 de octubre. En ella
participa Aviación Civil, AENA, el Ministerio de Defensa y el
representante del Ministerio de Fomento en la Reper, y en este
momento tiene ya trazadas las primeras líneas de actuación,
básicamente revisando el contenido del documento 30. Este documento
da lugar a las instrucciones de seguridad que estábamos aplicando en
estos momentos en España y sería el documento de recomendaciones
revisado de la CEAC que podría inspirar las normas de aplicación en
cada uno de los países, una vez aprobadas las mismas en el ámbito
internacional.
Pues bien, además de la reunión de expertos que ya está trabajando,
hoy está celebrándose la asamblea de la OACI, y las últimas
informaciones del día de hoy sobre las declaraciones más importantes
que se han producido en el discurso de apertura del presidente de esa
organización, señor Kotaite, es que ya ha propuesto la convocatoria
de una conferencia internacional sobre seguridad de la aviación civil
en el ámbito ministerial, y como medidas inmediatas para prevenir el
uso de la aviación como arma masiva de destrucción propone la
revisión del anexo 17, del que trae causa el documento 30 que inspira
nuestras normas de seguridad, en los siguientes aspectos: aplicación
de las medidas de seguridad a todos los vuelos internacionales y
domésticos; la puerta de acceso a la cabina de pilotaje deberá
permanecer cerrada durante todo el vuelo y la mejora de los sistemas
de seguridad en los aeropuertos.
Hoy también la presidenta de la Unión Europea, la ministra belga de
Transportes, Isabelle Durant, en nombre del mandato del Consejo
Europeo ha trasladado una resolución para reformar el anejo 17 de la
OACI, con el fin de incluir las nuevas amenazas; apoya la iniciativa
de la OACI de convocar la Conferencia ministerial; y además apoya el
proyecto de la OACI sobre un fondo internacional para la seguridad de
aviación civil. En esta misma asamblea de la OACI, el representante
de la Administración federal de los Estados Unidos ha propuesto que a
partir de la declaración de los terroristas, que han convertido la
aviación civil en una herramienta de odio y de destrucción que como
consecuencia ha provocado que ciudadanos de más de 80 países hayan
desaparecido en los ataques terroristas de Washington y de Nueva
York, se apruebe una resolución formal que condene estos actos, que
se acuerde la total cooperación internacional para la investigación,
detención y persecución de los responsables, que se convoque una
reunión de alto nivel par alcanzar un acuerdo que trate de prevenir y
erradicar actos de terrorismo contra la aviación civil y que se
desarrolle un plan de acción para
atajar las nuevas amenazas terroristas. Considera que es un reto a
nivel global y, por lo tanto, insta a la OACI a que juegue un papel
vital para promover la seguridad y preservar la amistad y
entendimiento entre los pueblos, y que esta es la base para devolver
la confianza al transporte aéreo, pues de otro modo está amenazada la
vitalidad económica de la aviación civil mundial.
Este es el escenario en el que nos encontramos en estos momentos. Me
gustaría compartir esa moción, señor diputado, pero no me gustaría
perder la perspectiva. No me gustaría que en un momento en el que
España participa activamente en la Unión Europea, participa en la
CEAC, participa en la OACI y todos conjuntamente apostamos por unos
caminos comunes, intentemos la originalidad. Le pediría que
facilitara la presentación de una moción que sin eludir ninguna
aportación no nos obligue a salir del camino de la cooperación
europea y mundial. Esa es la única sugerencia que quiero hacerle,
después de dar respuesta en el tiempo concedido al conjunto básico de
las preocupaciones que latían en su interpelación acerca de las
medidas a adoptar para mejorar y garantizar la seguridad en el ámbito
de la navegación aérea y del sistema aeroportuario. Creo que ese es
el camino, no sólo porque sea el camino de la Unión Europea o de los
organismos internacionales, sino porque creo que en España tenemos
amplia experiencia de las ventajas de la acción global y de la
cooperación internacional. En este marco estamos llamados al éxito.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
Tiene la palabra le señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en la exposición de motivos justificativa de esta
interpelación parece que determinados párrafos han inspirado una
parte importante de su intervención, pero además es razonable. No lo
digo con ninguna intencionalidad de desviarme de la seriedad que
tiene el tema. En esa exposición de motivos decimos: Es la OACI la
que ha regulado los principios básicos de seguridad aeroportuaria y
de la navegación aérea. En concreto el anexo 17 al Convenio de
Chicago establece las normas y métodos internacionales recomendados
sobre la protección de la aviación civil internacional contra los
actos de interferencia ilícita. En el correspondiente documento de la
OACI se establecen los criterios y normas relativos a la
organización, medidas preventivas de seguridad, métodos para hacer
frente a los actos de interferencia ilícita, etcétera, que deben
observar más de 180 países que configuran esta organización
internacional OACI. Cabe resaltar en el contenido de dicho documento
algunas cuestiones relevantes para este propósito. Específicamente
dice ese anexo 17:
Cada Estado contratante establecerá un programa nacional de seguridad
de la aviación civil. Cada Estado contratante designará a la
autoridad competente dentro de la Administración, que será
responsable de la preparación, ejecución y cumplimiento del programa
nacional de la seguridad de la aviación civil. Cada Estado
contratante valorará constantemente el grado de amenaza que existe en
su territorio teniendo en cuenta la situación internacional y
ajustará en consecuencia los aspectos pertinentes de su programa
nacional de seguridad en la aviación civil. Ahí es donde nosotros, en
el ejercicio de la configuración de la personalidad institucional del
Gobierno y de las Cortes Generales, que tienen la obligación de hacer
un seguimiento de esa labor de Gobierno, vamos a poder coincidir y no
nos alejamos en modo alguno de lo que dice la OACI, de lo que dicen
los organismo internacionales. Ahí es donde no nos encontramos
satisfechos, señor ministro. Tengo informes en mi poder, de los que
he hecho un seguimiento a lo largo de este último año, sobre los que
no me puede usted negar que han sido a petición de las compañías
aéreas y en contacto con autoridades británicas. Un grupo de trabajo
español ha estado trabajando durante más de un año en España en la
elaboración de un programa de seguridad para las líneas aéreas que
con posterioridad, en el mes de junio pasado, fecha a la que usted ha
hecho referencia, fue certificado por la Dirección General de
Aviación Civil española. Este programa de seguridad de las compañías
aéreas con posterioridad ha sido presentado a la Comisión permanente
del Comité de seguridad nacional aeroportuaria para conformar el
reciente plan nacional de seguridad aeroportuaria. Nosotros lo que le
planteamos, señor ministro, y tendrá nuestro apoyo, no tenga la más
mínima duda, es que ese Plan Nacional de Seguridad Aeroportuaria ha
de ser un plan que responda al análisis de la realidad de nuestro
país, donde se entrecruzan infinidad de rutas aéreas, que es frontera
con el Magreb, que es avanzadilla de la Unión Europea hacia ese área
geográfica y que juega un papel fundamental de las comunicaciones
aéreas de Europa con el norte, centro y sur de América.
Particularmente a los canarios -permítame esta licencia- nos duele
profundamente que las rutas aéreas canarias hacia la Península estén
bajo el control aéreo marroquí en un 60 por ciento de su recorrido.
Ha llegado el momento de provocar renegociaciones internacionales
dentro de OACI, que es la que configura la estructura de las
responsabilidades en el control del espacio aéreo, en la definición
de las rutas y en los niveles, y de que el Gobierno español juegue un
papel negociador en la defensa precisamente de ese control.
Señor ministro, nos han preocupado declaraciones públicas suyas. Por
ejemplo, en el periódico El Mundo, el domingo 16 de septiembre, usted
dice que han de ser los usuarios los que tienen que pagar el
incremento de coste que se va a producir como consecuencia del
nuevo equipamiento en la seguridad aeroportuaria. Esto no puede ser.
El usuario de las rutas aéreas, el ciudadano que toma el avión por
absoluta necesidad o por razón de disfrute en un período vacacional
no tiene por qué pagar el sobrecoste causado por la seguridad
aeroportuaria. Señor ministro, queremos saber hoy cuáles son las
medidas que el Gobierno español, a través de su ministerio, y
previsiblemente del de Economía y quizá del de Hacienda, va a adoptar
para apoyar a las compañías aéreas que han alertado de una potencial
crisis que puede perjudicar mucho la economía de nuestro país, la
estructura y la cohesión social entre las distintas comunidades
autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Segura, le
ruego concluya.
El señor SEGURA CALVELL: Termino, señora presidenta.
Por eso le planteamos que juegue un papel de intermediación entre las
compañías y el consorcio de seguros y que, desde luego, procure que
no se produzcan esos incrementos de tasas que vienen anunciados en la
Ley de acompañamiento de los presupuestos del 2002. Contéstenos a
continuación qué medidas va a plantear de apoyo al sector aeronáutico
español.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señorías,
termina el señor portavoz del Grupo Socialista agotando su tiempo, e
invitándome a mí a que agote el mío, con una nueva interpelación, en
este caso sobre la política de ayudas del Gobierno a las compañías
aéreas; cuestión que puede ser muy relevante, muy interesante, pero
que es distinta de la seguridad en la navegación aérea y de la
seguridad aeroportuaria, ambas responsabilidades y competencias
directas directa del Ministerio de Fomento. Señor diputado, con mucho
gusto participaré en los debates que S.S. tenga a bien proponer a
través de su grupo en el Pleno o en la Comisión, pero hoy, sobre la
cuestión que nos trae aquí, me ratifico en que el camino seguido es
el que habíamos emprendido y que ahora, con situaciones nuevas y
respuestas nuevas, debe ser también aplicado en España.
Usted habla de un plan nacional de seguridad. Supongo que es un
rótulo porque, si no es un rótulo y es un documento, al ministro le
gustaría conocerlo. Si es un rótulo genérico para llamar plan
nacional de seguridad al conjunto de instrucciones internas
elaboradas por el Comité Nacional de Seguridad, me parece bien; no me
parece un rótulo rechazable si estamos hablando de eso. Estas
instrucciones traen causa del documento 30 de la Conferencia Europea
de Aviación
Civil y, en la medida en que están inspiradas en un documento que va
a ser actualizado como consecuencia de la iniciativas
internacionales, de manera urgente y automática procederemos a
actualizar -en esa misma medida- nuestras instrucciones internas. Ese
es el camino que me parece más correcto, el más rápido y el que
garantiza una mayor eficacia en la aplicación de las medidas de
seguridad en los distintos frentes que afectan en estos momentos al
sector de la navegación aérea y al sector aeroportuario.
Por supuesto, he oído que a S.S. no le gusta una determinada
declaración del ministro de Fomento sobre que en estos momentos, en
el supuesto de que hubiera que aplicar sobrecostes para financiar la
seguridad en el transporte aéreo, no los deberían pagar los usuarios;
ergo S.S. propone que las paguen los no usuarios, los que están en su
casa y que no utilizan el avión. Si hay una tercera vía, me gustaría
conocerla, porque o se pagan con impuestos o se pagan mediante
tarifas por los usuarios. Si hay una tercera vía, en el debate de
presupuestos tendrá usted la fórmula mágica para crear un nuevo
escenario de debate: una fórmula de dinero público que no procede ni
de los usuarios ni de los impuestos. Señor diputado, creo que está
usted convirtiéndose en estos momentos en la estrella del próximo
debate presupuestario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO EN
EL ÁMBITO JURÍDICO Y PATRIMONIAL DEL DISCAPACITADO. (Número de
expediente 172/000121.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Interpelación que
formula el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno en
el ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, como sabe bien, la intención de este
diputado cuando presentó la interpelación era la de que tratándose
del estatuto patrimonial privado del discapacitado, le sería
contestada por el ministro de Justicia. También entiendo que después
de un día intenso políticamente -esta mañana nos hemos reunido con el
señor ministro en la Comisión de seguimiento del pacto de Estado por
la justicia y los portavoces de Justicia hemos comido con él-,
alguien ha debido
de considerar que contestarme en la interpelación era rayano con la
promiscuidad y había que hacerlo de otra manera. En cualquier caso,
debo poner de manifiesto que estoy enormemente satisfecho por que sea
el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el que responda a la
interpelación, y me considero muy honrado, al igual que con el
ministro Acebes.
Señor ministro, el artículo 49 de la Constitución -ya lo hemos citado
reiteradamente- establece la necesidad de desarrollar una política de
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos; política que puede tener muy
diversos ámbitos. Ciertamente, el ámbito más natural es el de las
políticas públicas, el que desarrolló la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos, en la que tuvo una
participación decisiva el Grupo Parlamentario Catalán en la persona
de su diputado Trías Fargas. Reconocemos que es un ámbito muy
adecuado para impulsar las políticas públicas en relación con los
discapacitados, y precisamente por eso el Grupo Parlamentario Catalán
presentó una proposición no de ley el 5 de junio, creo recordar,
instando la constitución de una subcomisión que pudiese tratar sobre
las perspectivas de futuro de estas políticas públicas y sobre la
necesaria modificación y avance dentro del marco de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos.
Hay otro ámbito tremendamente importante que es el tributario fiscal.
Quisiera recordar la labor de mi grupo parlamentario en el debate del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, Ley de diciembre de
1998, donde mediante enmiendas se logró el establecimiento de un
régimen fiscal especial para aquellos planes de pensiones y
mutualidades de previsión social establecidas a favor de los
discapacitados o que el impuesto contemple, dentro de su ámbito, en
el mínimo personal y familiar, esa circunstancia. En eso vamos a
continuar incidiendo; conjuntamente con su grupo parlamentario
presentamos una propuesta de resolución en el debate sobre estado de
la Nación y, desde luego, en el ámbito de la tributación familiar de
las familias con discapacitados, sin lugar a dudas, continuaremos
avanzando. Sin embargo, debo decir que las políticas de protección o
de amparo dirigidas a los discapacitados no se agotan en estas
políticas públicas y que quizá se haya mantenido en el olvido un
instrumento muy adecuado también para mejorar esa calidad de vida de
los discapacitados. Me estoy refiriendo al motivo de esta
interpelación, que es el ámbito del derecho privado, fundamentalmente
del derecho civil y del derecho procesal. Sin dejar de reconocer que
los poderes públicos han de ser esa garantía primera y última de la
situación de los discapacitados, no cabe negar tampoco el papel
fundamental que desarrollan las familias en esta materia, la
responsabilidad que según entendemos algunos tienen las familias para
intentar que se garantice y mejore la calidad de vida de sus miembros
discapacitados; y aquellos
que entiendan que la familia no es responsable, estoy seguro que
no negarán el derecho que sin lugar a dudas tienen las familias de
velar por esos miembros discapacitados, de preocuparse por su
presente y por su futuro. Según un reciente informe de su ministerio,
se sitúa el número de discapacitados en España en un 9 por ciento de
la población -estamos hablando prácticamente de 4 millones de
personas-, debiendo también reconocer que en el ámbito de las
discapacidades se ha producido una modificación o una evolución
importante respecto de aquellas situaciones que podía contemplar el
Código Civil de 1889. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Por un lado, se da unaumento importante en la
longevidad de las personas afectadas por minusvalías graves, con lo
cual nos encontramos ante esa situación que tanto tortura a las
familias españolas que deben velar por aquel miembro discapacitado
que va a sobrevivir a sus progenitores, lo que antes era ciertamente
más difícil. Al mismo tiempo también nos encontramos con aquella otra
situación que es la de las discapacidades sobrevenidas, en unos casos
por circunstancias ligadas muchas veces a los accidentes de trabajo o
tráfico, pero en la mayor parte de los casos causadas precisamente
por el aumento de la esperanza de vida que hace que muchos de
nuestros ciudadanos sean personas de una edad avanzada y por ello se
vean afectados por enfermedades degenerativas, etcétera. Son
situaciones que, sin lugar a dudas, debemos abordar. Así lo hace el
Defensor del Pueblo que en la última memoria presenta un informe cuyo
título hace referencia más bien a la situación tributaria o fiscal de
los discapacitados, pero que contiene propuestas muy interesantes
desde la perspectiva de modificaciones en el ámbito del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo realiza también el Consejo
General del Poder Judicial que el año pasado o este mismo año -creo
recordar- organizó unas jornadas que hacían referencia precisamente
a la situación del discapacitado y a la Administración de justicia. Se
interesan igualmente la propia sociedad civil y las entidades
intermedias como es la Confederación española de fundaciones o el
Comité español de representantes de minusválidos, que ha elaborado
una propuesta de regulación de aspectos civiles y procesales de una
gran incidencia en los discapacitados, así como hay que señalar
incluso actuaciones de su propio ministerio tratando aspectos
sociosanitarios desde una perspectiva gerontológica que también tiene
una gran importancia. No debemos olvidar tampoco que el año que viene
será el Año Internacional de los Ciudadanos con Discapacidad.
Una vez que hemos definido la necesidad de abordar, junto a estas
políticas públicas tributarias y administrativas, estas materias
desde la perspectiva civil, ¿de qué estamos hablando o cuál es la
finalidad a la que pretendemos servir? Ciertamente de lo que se trata
fundamentalmente, sobre la base, por un lado, de la existencia
de discapacitados que sobrevivirán, sin lugar a dudas, a sus
progenitores por la mejora de la asistencia, de la sanidad, por la
mejora de su calidad de vida, y por otro lado también de la
existencia de estos discapacitados sobrevenidos, es de atender la
necesidad de que a través del derecho privado, a través del derecho
civil se pueda favorecer la constitución de patrimonios de destino,
de conjuntos de bienes patrimoniales que puedan garantizar una
asistencia, una renta, sin lugar a dudas esa mejora de calidad de
vida o esa atención a los familiares discapacitados. Cierto es que
hasta ahora los estudios que han caído en mis manos contemplan
posibilidades muy diferentes, desde aquellos que entienden que hay
que ir a fundaciones familiares o fundaciones de asistencia singular,
o cargas incluso de asistencia singular, como se dice en algunas de
las propuestas de regulación, al planteamiento del Defensor del
Pueblo que habla más bien de una constitución o regulación de
fideicomisos o dela modificación del régimen de las donaciones,
etcétera. Nosotros tenemos algunas ideas que plasmaremos mañana en la
moción que presentaremos, pero sin lugar a dudas se trata, y muy
fundamentalmente como decía, de favorecer la constitución de estos
patrimonios, de estas masas de bienes que puedan estar afectados a
garantizar, sin perjuicio de la garantía pública que en cualquier
caso existirá, esa asistencia y esa calidad de vida de los
discapacitados. Sin embargo, se trata pura y simplemente de
garantizar o de favorecer la constitución de esos patrimonios.
Nos debemos enfrentar también a otra situación dentro del ámbito del
derecho civil común y por tanto dentro del ámbito del Código Civil.
Es si los límites que a la libertad de testar establece el Código
Civil a través de la legítima, sin perjuicio de la existencia de la
mejora, o ese principio de igualdad de la sucesión que se establece
para los supuestos en los que no hay testamento y por tanto para los
supuestos de la sucesión intestada, es algo que en estos momentos
debamos o no someter a revisión. Mi grupo entiende que efectivamente
debemos someterlo a revisión, y estoy seguro que dejaría tranquilos a
muchos padres saber que si tienen tres, cuatro hijos y uno de ellos
es discapacitado y los otros tres están en condiciones de proveer por
sí mismos la satisfacción de sus necesidades y se ganan bien la vida,
el porqué el derecho ha de intervenir y determinar que no puedan
efectivamente dejar todos sus bienes a esa persona discapacitada, que
sin lugar a dudas lo va a necesitar más que aquellos otros de sus
hijos que puedan, ya digo, ganarse bien la vida y satisfacer
perfectamente sus necesidades. Ciertamente el derecho común establece
un margen amplio en el testamento con el tercio de libre disposición
y el tercio de mejora -sólo el tercio de legítima debiera
distribuirse equitativamente entre todos los hijos- pero en el caso
de inexistencia de testamento el trato es de absolutamente todos por
igual, incluso en los supuestos de queconcurran hijos con nietos
existe el derecho de representación
y el tema incluso se puede complicar un poco más al igualar
a todos los nietos. Por tanto es algo que debe abordarse.
Entendemos además que las modificaciones civiles no deben limitarse a
este ámbito. Ciertamente cuando hacía referencia antes a situaciones
de discapacidad sobrevenida la pregunta también que nos hacemos es
por qué una persona que está en plenitud de sus facultades mentales,
que tiene cuarenta, cincuenta o sesenta años, que contempla
efectivamente el tener una vida longeva, pero que contempla también
la posibilidad de padecer en el futuro alguna enfermedad degenerativa
o que llegue un momento en el que no pueda realmente estar en
plenitud de sus facultades, no puede designarse a sí mismo un tutor
para el futuro y tenga que ser el juez, o no pueda ser él quien
establezca precisamente los mecanismos o el régimen para regir o
disponer sus bienes cuando no esté en esa plenitud de facultades en
vez de ser el juez. Esta autotutela o tutela preventiva que se
contempla en alguna otra legislación como la de Cataluña debiera
introducirse también en el ámbito del derecho civil común. Además,
por qué no introducir también, señorías, el acogimiento de gente
mayor o de gente discapacitada, que se regula en Cataluña con la Ley
de 29 de diciembre del año 2000 y que permite que a través de un
contrato típico, que en el resto de España sería atípico, se regule
que una persona mayor, una persona discapacitada que tenga a su
disposición una vivienda pueda celebrar un contrato con otras
personas que, a cambio precisamente de ese alojamiento, puedan
cuidarle y prestarle las atenciones precisas.
El ámbito es muy amplio, no quiero agotar aquí lo que podrá ser el
contenido de la moción y sí hacer referencia para acabar a algunos
planteamientos que nos hacemos también en el ámbito del derecho
procesal.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Silva, se han cumplido
los doce minutos.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Lo pondré de manifiesto en el segundo turno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señorías, me gustaría comenzar esta intervención
haciendo alusión a lo que es uno de los grandes ejes del Gobierno, el
Plan de acción para personas con discapacidad, con período de
vigencia desde el año 1997 hasta el año 2002, y recordando que sólo
el impulso decidido de este Gobierno le ha hecho ver la luz. Por ello
sus principios básicos son y van a seguir siendo las líneas
prioritarias de actuación del Gobierno en esta materia.
Este plan de acción, junto a principios como el de igualdad de
oportunidades e integración y normalización, recoge expresamente el
principio de promoción de los derechos de las personas discapacitadas
-el área que abordaba su señoría- en los siguientes términos: la
atención de las necesidades especiales del colectivo debe
garantizarse mediante la promulgación de legislación positiva que
ampare el derecho de las personas discapacitadas a ser atendidas en
sus peculiaridades, poniendo especial énfasis en la promoción de los
derechos y libertades individuales de los gravemente afectados y en
la protección jurídica de sus servicios, de sus personas y bienes.
Esta preocupación por la protección y la salvaguarda de los derechos
y los intereses de las personas con discapacidad ha estado y está
presente en todas las medidas que ha ido adoptando el Gobierno, con
la finalidad de incrementar su bienestar, mejorar sus condiciones de
vida, su autonomía personal y patrimonial, el acceso a los servicios
sociales en general y finalmente -y esto creo que es un elemento de
coincidencia- el apoyo a las familias cuidadoras.
Las medidas adoptadas están dando frutos. El propio Defensor del
Pueblo, en su comparecencia de junio último, al presentar su informe
sobre presente y futuro de la fiscalidad del discapacitado, reconoció
expresamente que se han conseguido avances notables en cuanto a la
fiscalidad aplicable a las personas con discapacidad, así como que se
ha producido un avance normativo importante en materia de fomento del
empleo por cuenta ajena de los trabajadores discapacitados. Sin duda
ninguna es un esfuerzo y es un ánimo que comparten los distintos
grupos parlamentarios. Como se señalaba, los procesos de elaboración
de algunas de las normas así lo evidencian.
En el ámbito de la integración laboral, este Gobierno ha promovido y
aprobado reformas normativas de gran calado, esenciales para apoyar
la incorporación, la permanencia, la inserción de las personas
discapacitadas, junto a esa mejora del tratamiento fiscal de dicho
colectivo. Junto a ello, precisamente en el ámbito tributario, al que
se refiere la parte más sustancial de su interpelación, es en el que
este Gobierno ha introducido avances recogiendo la mayor parte de las
recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre este régimen fiscal. En
este sentido, se ha actuado sobre los distintos tipos impositivos por
considerar que para abordar la problemática fiscal del colectivo de
personas discapacitadas no era imprescindible la elaboración de un
marco jurídico-fiscal denominado estatuto -quizá eso hubiese sido un
elemento de puro retardo-, no supone cerrar tampoco la puerta a esa
visión global que queda abierta a la reflexión según vaya
evolucionando no sólo nuestra normativa fiscal sino también ese marco
armonizado al que nos debemos, promovido por las políticas fiscales
de la Unión Europea y que impone un conjunto de condicionantes que si
en muchas ocasiones es un auténtico
elemento de estímulo y de armonización, también tiene algunos
condicionantes.Muy brevemente diré que algunas de las mejoras han
sido, sin duda ninguna, en la fiscalidad de las aportaciones
realizadas a planes de pensiones; las deducciones por inversión en la
vivienda habitual de los contribuyentes discapacitados, otorgándoles
derecho a la deducción por las obras llevadas a cabo aun en el
supuesto de que sean arrendatarios, subarrendatarios o
usufructuarios; deducciones aplicables a los rendimientos del
trabajo, con especial tratamiento del mínimo personal y familiar, en
los supuestos de personas discapacitadas.
No obstante, comparto plenamente con S.S. el planteamiento y la
preocupación sobre la necesidad de abordar la protección y atención
de los derechos de las personas discapacitadas desde todos los
posibles ámbitos de actuación. Sólo de esta forma podremos hablar de
una respuesta integral a las necesidades de las personas con
discapacidad y, como antes decía, de sus familias. Además, somos
conscientes de la necesidad de que el ordenamiento jurídico vaya
contemplando nuevas situaciones y realidades sociales, tales como las
que se señalaban anteriormente, discapacidades sobrevenidas
fundamentalmente por procesos degenerativos o asociados a la edad, o
las atenciones y cuidados de las personas discapacitadas que
sobreviven a sus progenitores, que es uno de los casos que sin duda
merecen la atención de todos nosotros. Todos en alguna ocasión hemos
conocido esa lógica preocupación de los padres que se preguntan qué
va a ser de sus hijos discapacitados cuando ellos no estén. Ahora
bien, ello supone, como bien señala el Defensor del Pueblo, una
reconsideración de la legislación civil en materia de gestión del
patrimonio del discapacitado de donaciones y sucesiones así como del
Instituto Civil de la Tutela, sin olvidar la reforma de la propia
legislación procesal.
Su señoría estará de acuerdo conmigo en que estas reformas afectan de
manera muy importante al ordenamiento jurídico privado, por lo que
exigen un estudio y análisis detallado al más alto nivel. En este
caso la prudencia y la cautela están justificadas y no como una mera
negativa a abordar estos trabajos, sino como una de las pautas en la
que habremos de incidir, buscando la necesaria participación de los
propios afectados, de los colectivos representativos, y tratando de
hallar el máximo consenso. A este respecto el Gobierno está
trabajando en varios frentes. El primero, que conoce S.S., es que ya
se han iniciado los estudios para la reforma de la LISMI, marco
general de integración social de los minusválidos, en el que entiendo
que también puede tener cabida alguna de las inquietudes. En marzo de
este año, en el marco del Consejo estatal con personas con
discapacidad se han iniciado los trabajos para analizar el alcance de
la reforma y sí que figuran como prioridades la garantía de derechos
básicos y la incorporación de la nueva perspectiva de no
discriminación, los derechos básicos a desarrollar y completar por
las
distintas administraciones, de acuerdo y con respeto al marco
competencial, y el impulso de instrumentos de coordinación y
cooperación.
Supongo que S.S. conoce que en el Real Patronato sobre Discapacidad
lleva tiempo constituido un grupo de trabajo sobre medidas
legislativas, especialmente tratando de sugerir modificaciones en los
órdenes que antes se señalaban, tanto en el derecho civil ordinario
como especialmente en aspectos de derecho sucesorio, cuyo cometido
guarda sin duda alguna una vinculación muy cercana a las posiciones
que expresaba y en el que dicho grupo de trabajo ha entendido también
la necesidad de establecer consultas populares. Dentro de muy pocos
días se pondrán también en marcha los procedimientos de conocimiento
y de estudio sociológico de la realidad y del nivel de aceptación y
simpatía que alguna de estas medidas puede generar en los propios
grupos afectados.
Con objeto de analizar todos los enfoques posibles del contenido de
su interpelación, tengo que hacer referencia a uno de los retos a los
que nos enfrentamos cual es el fenómeno de la dependencia en un
sentido amplio, ámbito en el que se incluyen la atención y la
protección de las personas discapacitadas. Estamos ante un fenómeno
que afecta a aquellas personas que tienen severas dificultades para
ejercer su autonomía personal y funcional y que requieren cuidados
especiales. Como ya conocen SS.SS., el acuerdo para la mejora y el
desarrollo del sistema de protección social prevé la constitución de
una comisión de trabajo con participación de las tres
administraciones públicas, con la finalidad de llevar a cabo ese
análisis y elaborar propuestas sobre ese marco jurídico en el que
debería incardinarse la cobertura de las situaciones de dependencia.
Los trabajos tienen una previsión de finalización del 30 de junio del
año próximo. Hasta tanto dispongamos de los estudios y propuestas que
se vayan elaborando en estos grupos, intentaremos mantener una pauta
que se ha demostrado útil, que es la colaboración con comunidades
autónomas, corporaciones locales y el llamado tercer sector, para
desarrollar todos los programas sociales que están permitiendo paliar
o prestar servicios de atención y cuidados a las personas
discapacitadas.
Finalmente, me gustaría destacar que este planteamiento de carácter
integral, especialmente preocupante cuando se une a problemas
relacionados con la exclusión social, se ha tenido en cuenta por el
Gobierno a la hora de elaborar un último documento claramente
relacionado con esta materia, como son el Plan nacional de acción
para la inclusión social y el recientemente presentado por el
Gobierno ante las instituciones comunitarias. Uno de los aspectos que
recoge este plan de acción es la especial atención a estas personas y
colectivos, que son evidentemente más vulnerables y entre los que se
encuentran las personas discapacitadas. Este camino, iniciado en el
seno de las instituciones comunitarias, para la inclusión social de
personas y de grupos
vulnerables y en concreto de las personas discapacitadas va a ser
decididamente apoyado e impulsado durante la presidencia española de
la Unión Europea en el próximo semestre. Como una manifestación más
de nuestro interés en relación con la protección y atención a las
personas con discapacidad, también me gustaría anticipar a SS.SS. que
España será sede de la segunda conferencia de ministros del Consejo
de Europa responsables de política de integración de las personas con
discapacidad, reunión que tendrá lugar en el año 2003. No debemos
olvidar que en estos momentos se está ultimando en la Unión Europea
el texto de la decisión para declarar el año 2003 como año europeo de
las personas con discapacidad.
En definitiva, señoría, este Gobierno está decidido a mejorar las
condiciones de vida, igualdad de oportunidades de las personas
discapacitadas, bien que en distintos grados, pero en torno al 9 por
ciento de la población española, esto es, más de 3 millones y medio
de personas que padecen alguna discapacidad, y de sus familias, así
como para estudiar las reformas que se estime necesario introducir en
nuestro ordenamiento jurídico para ello. En esta labor tan importante
para nuestra sociedad, y tal y como señalaba en su intervención el
diputado interpelante, esperamos contar con la colaboración de todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias, señor ministro.
Su intervención pone de manifiesto una coincidencia muy sustancial
que además estoy seguro de que no se limita al grupo parlamentario
interpelante. La semana que viene, a través de la moción que podamos
presentar y luego pactar, se pondrá de manifiesto esa coincidencia
importante supongo que con todos los grupos de la Cámara.
En mi primera intervención decía que no cabe menospreciar por un lado
la eficacia del derecho civil, que a fin de cuentas es el derecho que
regula las relaciones entre las personas, incluso la posibilidad de
eficacia de sus propios mecanismos sancionadores. Quiero recordarles
que uno de los aspectos más propuestos, con los que existe una
coincidencia sustancial en las propuestas de los estudios, es
introducir en el Código Civil la incapacidad para suceder, en la
sucesión ab intestato, de aquellas personas, que supongo que
normalmente serán hijos o nietos respecto de sus padres y abuelos,
que no les han prestado los cuidados debidos en vida. El derecho
civil ofrece mecanismos para intentar reordenar sin lugar a dudas
esas conductas. Decía que los planteamientos que debiéramos abordar
no deben limitarse sólo al campo puro y estricto del Código
Civil o del derecho civil común, sino que hay que hacerlo también
desde la perspectiva del derecho procesal. Tenemos una Ley de
Enjuiciamiento Civil reciente, una ley de la que el diputado
interpelante fue ponente y por tanto en ese sentido asume una cierta
responsabilidad de no haber tenido presente en plenitud la situación
de las personas discapacitadas. Es una Ley de Enjuiciamiento Civil en
la que, por ejemplo, en un procedimiento en el que no hace falta
abogado ni procurador, como es el procedimiento monitorio, exigimos
que la demanda se presente a través de una papeleta por escrito, con
lo cual convertimos el procedimiento en no utilizable por ejemplo por
las personas invidentes, que podrían hacer una comparecencia personal
y dictar, por así decirlo, los elementos básicos de la demanda al
secretario del juzgado. O tampoco tuvimos especialmente en cuenta la
existencia, por ejemplo, de traductores jurados del lenguaje de los
signos o la utilización del lenguaje de los signos en nuestros
procedimientos judiciales. Es algo que sin lugar a dudas tendremos
que tener en cuenta, que deberá incorporarse a la moción, de la misma
manera que convendría tener en cuenta para el futuro la eficacia que
puede tener una de las pocas leyes demandadas por la Constitución y
que no hemos aprobado todavía, como es la ley del servicio civil, de
cara a prestar una atención a los discapacitados, atención que no
excluye la responsabilidad de los poderes públicos pero que puede
contribuir muchísimo a mejorar las condiciones, la calidad de vida,
las atenciones a los discapacitados, más en un momento en el que, con
la supresión del servicio militar, se suprime asimismo la prestación
social sustitutoria.
Con el señor ministro, y estoy seguro de que coincidimos, yo creo
que, desde ámbitos muy diversos del ordenamiento y con
responsabilidades muy diversas, desde los poderes públicos, las
instituciones sin ánimo de lucro, las familias, se puede contribuir
muy decisivamente a mejorar la calidad de vida de estas personas, que
alcanzan un número tan importante, como el que señalaba el señor
ministro, que muchas veces no pueden hacer uso de esos derechos
constitucionales que reivindicamos constantemente y que no son
atendidos por los tribunales y por el propio Tribunal Constitucional
por imposibilidades de carácter material. Tienen reconocida la
libertad de circulación en el artículo 19 de la Constitución pero no
pueden salir a la calle sin alguien que les acompañe. Y podríamos
seguir poniendo muchos y numerosos ejemplos.
Es bueno no desaprovechar oportunidades. De ahí que mi grupo
parlamentario, en algo que a bote pronto parecería que tiene poco que
ver con este tema, como son las dos proposiciones de ley sobre
aparcamiento que están presentadas en la Cámara, ha presentado una
enmienda que pretende garantizar la viabilidad y la seguridad de los
discapacitados en las salidas de esos aparcamientos públicos, que a
veces se convierten enmotivo de accidente o de limitación de
movilidad.
Esperando que seamos capaces todos los grupos de aprobar la moción la
próxima semana, quiero agradecerle su respuesta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Agradezco el tono de la interpelación. Yo creo que es evidente que el
objetivo es común. Se trata de mejorar la calidad de vida y la
situación de las personas y, como hace un momento decíamos, no sólo
de las personas individualmente afectadas por discapacidad, sino de
las familias que tienen que afrontar una situación de estas
características.
En el ámbito de los aspectos jurídicos que señalaba, la estructura de
debate que ha aportado el grupo de trabajo que existe en el ámbito
del Real Patronato sobre Discapacidad puede ser adecuada. Un primer
bloque de barreras legitimarias que sin duda ninguna operan con la
particularidad adicional de la pluralidad de modelos que conviven y
coexisten en nuestro territorio, al menos los tres básicos que suelen
estudiarse, tanto el sistema castellano como el aragonés y el
navarro. Un segundo bloque debería abordar la reducción o el
perfeccionamiento de los controles judiciales en la administración
del patrimonio de las personas con discapacidad, que sin duda en
algunos momentos no tiene la agilidad ni la seguridad que sería
exigible en dicho procedimiento. Un tercer bloque podría ser la
introducción de diversas figuras jurídicas sucesorias y de la
fundación familiar, como antes señalaba, con las reservas de carácter
constitucional que algunos autores están señalando, pero que podrían
sugerirse en figuras que se han estudiado, como son testamentos
mancomunados, pactos
sucesorios, en este caso el testamento por comisario, la
sustitución ejemplar. Yo pienso que existen posibilidades dignas de
ser estudiadas por personas con buen criterio jurídico y capaces de
mantener un diálogo fluido con las instituciones y con las familias
representativas, para saber que estamos en líneas de conexión y de
coordinación. Un cuarto bloque serían esos beneficios fiscales
aplicables a favor de la discapacidad, tanto en el proceso de
sucesión como de donación, sabiendo, y lo decía hace unos instantes,
que ha habido unas mejoras muy importantes, reconocidas por el propio
Defensor del Pueblo, en esta materia. Y habría un último bloque de
otras sugerencias. Hablaba el señor diputado interpelante de los
poderes preventivos frente a situaciones que uno no conoce, pero que
puede estimar de riesgo respecto a su propia persona o su propia
familia, los guardadores de hecho o reconocimiento sin reservas
establecidas en relación con las viviendas habituales de personas que
o bien sufren discapacidad o bien tienen esa alta posibilidad de
sufrirla.
Desde una visión, insisto, multidisciplinar, como sin duda ninguna
requiere esta materia, y con el ánimo que hasta ahora sí que ha sido
posible preservar en materia de discapacidad, sobre todo en el marco
de un plan que tiene ese carácter integral, ese plan de acción para
las personas discapacitadas, puede y debe haber puntos de encuentro
para seguir mejorando la calidad de vida y el régimen jurídico, con
régimen de garantías y seguridades, de las personas afectadas por
esta discapacidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las diez y quince minutos de la noche.