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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 106, de 25/09/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 106
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 101
celebrada el martes, 25 de septiembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia de matrimonio. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 132-1, de 20 de abril de 2001. (Número de
expediente 122/000117.) . . . (Página 5114)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código
Civil en materia de matrimonio. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 135-1, de 27 de abril de 2001. (Número de expediente
122/000119.) . . . (Página 5114)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a celebración del matrimonio entre personas del
mismo sexo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 137-1,
de 27 de abril de 2001. (Número de expediente 122/000121.) . . .
(Página 5114)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 138-1, de 27 de abril de 2001. (Número de
expediente 122/000122.) . . . (Página 5114)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 154-1, de 22 de junio de 2001. (Número de
expediente 122/000137.) . . . (Página 5114)
Modificación del orden del día . . . (Página
5126)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
devolución del patrimonio confiscado al CADCI. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 50-1, de 12 de mayo de 2000. (Número de
expediente 122/000040.) . . . (Página 5126)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre el tratamiento
tributario de los alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 52, de 11 de
septiembre de 2000. (Número de expediente 162/000106.) . . .
(Página 5131)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
implantación de nuevas figuras tributarias en las Comunidades
Autónomas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 225, de 7
de septiembre de 2001. (Número de expediente 162/000338.) . . .
(Página 5136)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Ministerio
de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los
meses de julio y agosto. (Número de expediente 173/000082.) . . .
(Página 5144)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sanitario,
garantías farmacéuticas y de consumo en España. (Número de expediente
173/000083.) . . . (Página 5148)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional. (Número de expediente 173/000084.)
. . . (Página 5151)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . .
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia de matrimonio . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil
en materia de matrimonio . . . (Página 5114)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la celebración del matrimonio entre personas del
mismo sexo . . . (Página 5114)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio . . .
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio . . .
En primer lugar, presenta la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
para su toma en consideración, la señora Castro Fonseca. Considera
que es una forma encubierta de homofobia ignorar la realidad social y
no devolver la dignidad al colectivo de gays y lesbianas, que es lo
que viene haciendo el Partido Popular al negar el reconocimiento de
los derechos civiles a dicho colectivo en igualdad de condiciones que
el resto de los ciudadanos. Explica el contenido de su proposición
y muestra su confianza en que el Grupo Popular tenga la sensibilidad
suficiente para no negar estos derechos, anunciando que, de todas
formas, su grupo seguirá luchando por ello.
En segundo lugar, defiende la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Socialista la señora Pajín Iraola. Su
grupo plantea un debate basado en la igualdad de oportunidades, en la
libertad de los ciudadanos y ciudadanas de este país y en los mejores
valores de la Carta Magna. Se trata, explica, de dar a las parejas
homosexuales las mismas oportunidades de convivencia que a las
parejas heteroxesuales y, así, cumplir con la recomendación del
Parlamento Europeo, que instaba a superar cualquier barrera que
impidiera la equiparación total de los derechos de los gays y
lesbianas.
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez)
interviene el señor Rodríguez Sánchez. Abunda en la idea ya expuesta
anteriormente por otro portavoz de que las normas e instituciones
sociales son homófobas ya que prohiben el matrimonio entre personas
homoxesuales y recuerda que el contrato de unión social -que aún no
ha sido legislado por este Parlamento- es para lo heterosexuales que
no quieren casarse o para los homoxesuales que no pueden, por lo que
la misma ley juega como amparo de opciones libres en los
heteroxesuales y como un sucedáneo para las personas homosexuales. Su
iniciativa, explica, persigue el reconocimiento jurídico, con
plenitud de derechos, del grupo social en el que están integradas las
personas homoxesuales, y pide que se afronte el tema con naturalidad,
responsabilidad y libertad, en consonancia con la evolución de la
sociedad y de la historia y con los derechos humanos más elementales.
Defiende la cuarta de las proposiciones de ley, sobre reconocimiento
del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, para su toma en
consideración, el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
No considera casualidad el que haya cinco iniciativas en el mismo
sentido, lo que en definitiva demuestra que hay una gran mayoría
social que aboga por el reconocimiento de este derecho. Muestra su
convencimiento de que las cinco iniciativas
presentadas correrán la misma suerte y serán rechazadas, pero está
seguro de que tarde o temprano en esta Cámara se llegará a reconocer
el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, porque se trata de
una realidad social con la que ninguna mayoría absoluta, ni siquiera
la del Partido Popular, puede acabar.
Presenta la última de las iniciativas sobre la modificación del
Código Civil en materia de matrimonio el señor Labordeta Subías, del
Grupo Parlamentario Mixto. Asegura que se trata de avanzar en la
profundización del respeto a los derechos humanos de todas las
personas y que el debate debería servir para que los representantes
del pueblo constataran que se está produciendo un cambio social,
ideológico y moral en las formas de convivencia en pareja que tiene
que ser recogido en la legislación vigente. Es necesario modificar el
Código Civil para que los homoxesuales puedan decidir libremente su
forma de unión y para que todos los derechos y obligaciones que
supone el contraer matrimonio les sean aplicados sin ninguna
diferencia con las parejas heteroxesuales que forman matrimonio.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Pigem i Palmés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia de matrimonio, se rechaza por 128 votos a
favor, 165 en contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil
en materia de matrimonio, se rechaza por 130 votos a favor, 165 en
contra y una abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa a la celebración del matrimonio entre personas del
mismo sexo, se rechaza por 129 votos a favor y 167 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio, se rechaza por 130 votos a
favor y 165 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio, se rechaza por 129 votos
a favor y 167 en contra.
Modificación del orden del día . . . (Página
5126)
La presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir
la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre las
conclusiones del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas
el día 21 de septiembre sobre la situación internacional derivada de
los ataques terroristas como primer punto a debatir en la sesión del
miércoles, día 26 de septiembre, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) . . .
(Página 5126)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de devolución
del patrimonio confiscado al CADCI . . . (Página
5126)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané i Guasch.
Manifiesta que se trata de una proposición de ley singular que
requiere una respuesta legislativa singular, porque se trata de
cerrar aún viejas heridas de lo que supuso la confrontación civil y
la larga dictadura posterior, restituyendo el patrimonio que en su
día se incautó al CADCI, que es una institución consagrada a la
mejora de las condiciones de trabajo de los dependientes del comercio
y de la industria y a la formación y capacitación, tanto humana como
profesional, de sus asociados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puigcercós
i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora López i
Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de
Troconiz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de devolución
del patrimonio confiscado al CADCI, se rechaza por 131 votos a favor
y 152 en contra.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 5131)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre el tratamiento
tributario de los alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión
. . . (Página 5131)
Defiende la proposición no de ley el señor Núñez Castain, del Grupo
Parlamentario Mixto. Explica que con su iniciativa se pretende que,
en el marco del estudio del impuesto sobre la renta de las personas
físicas que tiene que realizar el Gobierno para el año 2002, se
estudie la especificidad fiscal de la actividad empresarial de
hospedajes en casas rurales y, en su caso, la nueva fiscalidad para
este segmento de la industria turística, para que aflore este
segmento que tanto desarrollo tiene no sólo desde el punto de vista
de ingreso fiscal sino del control de calidad. Pide a los grupos que
retiren sus enmiendas y ofrece una enmienda transaccional.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Campoy Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Núñez Castain.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el tratamiento tributario de los alojamientos en casas
rurales de pequeña dimensión, con arreglo a la enmienda transaccional
que ha aceptado el proponente de la proposición no de ley, se aprueba
por 282 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación
de nuevas figuras tributarias en las comunidades autónomas . . .
(Página 5136)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso el señor Ortiz González. Explica que la proposición no de
ley sobre implantación de nuevas figuras tributarias en las
comunidades autónomas parte de unos hechos claros que se podrían
resumir en una proliferación de figuras tributarias en el panorama
legislativo de las comunidades autónomas, en el marco de su autonomía
financiera, cuando por primera vez se ha logrado un acuerdo unánime
entre las fuerzas políticas y parlamentarias en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de julio sobre un nuevo
modelo de financiación autonómica y cuando, por otra parte, en el
marco de la Unión se está progresando seriamente en el camino de la
armonización fiscal, con el objetivo de aproximar los sistemas
tributarios en un mercado único y con una moneda única.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley
interviene el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida;
Belt i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Ortiz González.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre la implantación de nuevas figuras
tributarias en las comunidades autónomas, se aprueba por 152 votos
a favor, 126 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Ministerio
de Sanidad y Consumo ante las diversas crisis sanitarias surgidas en
los meses de julio y agosto . . . (Página
5144)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista la señora Rumí Ibáñez. Esta iniciativa
responde a lo que su grupo entiende como una obligación y un
ejercicio de responsabilidad política, puesto que pretende recoger la
preocupación existente en la calle al analizar
una serie de situaciones que, a lo largo de las últimas semanas
de agosto, habían generado una importante alarma social entre los
ciudadanos por la trascendencia que tuvo para la salud, e incluso la
vida, de muchas personas. A continuación defiende una serie de
medidas que proponen en su moción, cuyo objetivo fundamental es
conseguir solucionar los problemas que han sufrido los afectados por
el consumo de cerivastatina y los pacientes de hemodiálisis y sus
familiares a causa de los lamentables sucesos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mingo
Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Riera i Ben,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Rumí Ibáñez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Ministerio
de Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los
meses de julio y agosto, en los términos del debate, se aprueba por
258 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sanitario,
garantías farmacéuticas y de consumo en España . . .
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente
interviene la señora Castro Fonseca, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Lamenta que no se hayan
unificado las dos mociones sobre cuestiones similares, pero su grupo
quiere poner de manifiesto las graves incidencias sanitarias
ocurridas en los últimos meses, que ponen en cuestión la eficacia de
la gestión sanitaria. Se refiere a los fármacos con cerivastatina, a
la muerte de enfermos tratados con hemodiálisis y a los brotes de
legionela.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Riera i
Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rumí
Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Zambrano
Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sanitario,
garantías farmacéuticas y de consumo en España, se rechaza por 12
votos a favor, 160 en contra y 80 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional . . . (Página
5151)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Manifiesta que su grupo ha presentado esta
moción, consecuencia de la interpelación urgente de la semana pasada,
ante la evolución reciente de la economía internacional y, sobre
todo, por los hechos acontecidos el pasado 11 de septiembre. La
moción recoge una serie de propuestas orientadas a dar un mensaje
claro, concreto y solvente a los agentes económicos y sociales,
instituciones financieras y a toda la sociedad en general, para ganar
confianza, eliminar tensiones y reducir la incertidumbre acontecida
por los luctuosos hechos del pasado 11 de septiembre.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Mendizábal
Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los afectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Sánchez i Llibre.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
situación de la economía española ante la evolución reciente de la
coyuntura económica internacional en los términos de la enmienda
transaccional, se aprueba por 158 votos a favor, ocho en contra y 71
abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN
DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/
000117.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/000119.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL
MISMO SEXO. (Número de expediente 122/000121.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE MODIFICACIÓN DEL
CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/
000122.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), DE MODIFICACIÓN
DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO. (Número de expediente 122/
000137.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. De acuerdo con lo expuesto en la Junta de Portavoces se debatirá
conjuntamente la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio; del Grupo Parlamentario
Socialista, de modificación del Código Civil en materia de
matrimonio; del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich,
Rodríguez y Vázquez, relativa a celebración del matrimonio entre
personas del mismo sexo; del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura,
de modificación del Código Civil en materia de matrimonio y del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación del Código
Civil en materia de matrimonio.
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora
Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías.Exactamente hoy hace 33 años -el 25 de
septiembre de 1968- esta diputada contrajo matrimonio -y me
equivoqué- y hoy precisamente salgo a esta tribuna para reivindicar
el derecho a que otros puedan contraer matrimonio y puedan
equivocarse como nosotros, los heterosexuales. Es obvio que me estoy
refiriendo al colectivo de gays y lesbianas. Hay una razón aplastante
para que el Partido Popular no pueda seguir permitiéndose el lujo de
negar el reconocimiento de los derechos civiles que equiparen al
colectivo de gays y lesbianas con el resto de los ciudadanos y es
nuestra Constitución -a la que ustedes se agarran con mucha
frecuencia cuando les conviene-, que consagra el principio de
igualdad. Ya va siendo hora de que tengamos en cuenta que el
principio de igualdad no puede ser papel mojado cuando se trata de
derechos civiles, cuando se trata de derechos humanos ni cuando se
trata de igualdad de género. Por tanto, señores del Partido Popular,
señorías, la Constitución no es un arma arrojadiza que se utiliza
cuando a uno le conviene y que se guarda en el cajón cuando a uno le
viene bien. Esto es lo que en primer lugar el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida quiere poner sobre la mesa.
En segundo lugar, la sociedad española ha avanzado notablemente -ahí
están todas las encuestas y las manifestaciones del Día del orgullo
gay, que son las más numerosas después de las manifestaciones contra
el terrorismo- y no pueden ustedes seguir ignorando que no se puede
mantener un ordenamiento jurídico como el actual, que da la espalda
totalmente no sólo al colectivo de afectados y afectadas sino a los
anhelos democráticos de la sociedad española. Van ustedes por mal
camino. Es de alguna manera, señores del Partido Popular, señores del
Gobierno, una forma encubierta de homofobia ignorar la realidad
social y no devolver la dignidad a este amplio colectivo social, que
no solamente sufrió persecución y cárcel en el franquismo, sino que
ha tenido que sufrir 25 años de democracia viendo cómo este
Parlamento ignora absolutamente el agravio comparativo que supone
para ellos y para ellas el que los demás gocemos plácidamente de
derechos que parece que nos caen del cielo y ellos tengan que seguir
peleando cada día en la familia, en el trabajo, en la calle y en la
sociedad para que estos derechos les sean reconocidos. Además,
señores del Partido Popular, con esa vocación europeísta que tienen,
yo no comprendo muy bien a dónde van a llegar si siguen negando estos
derechos, porque la Europa que a ustedes les interesa es la Europa de
la economía exclusivamente. Pero es que existe otra Europa y tiene
necesariamente que existir otra Europa, que es la Europa de los
pueblos, donde los derechos civiles y los derechos humanos han de ser
claves; y ustedes caminan aquí también en dirección contraria. La
prueba más evidente de que caminan en dirección contraria es que
prácticamente todos los países de la Unión Europea ya han legislado
en esta materia. En Holanda, recientemente, acaba de entrar en vigor
la ley de matrimonio civil; en Bélgica se ha aprobado un proyecto de
ley que va a entrar en vigor en el año 2002 y que equipara en
derechos al colectivo de gays y lesbianas; en Bélgica, monarquía
parlamentaria, también ha sido reconocido este derecho; en Alemania
se ha aprobado una ley, que ha entrado en vigor en agosto del año
2001, que también reconoce a los gays y lesbianas este derecho; en
Francia, señorías, el pacto civil de solidaridad equipara igualmente
en derechos a gays y lesbianas, con matices que pueden diferenciarse
de las posturas de Izquierda Unida, de lo que hablaré al final; en
Noruega hay una ley de parejas de hecho; en Suecia hay una ley de
parejas que también incluye la equiparación; en Finlandia, más de lo
mismo, reconocimiento; Portugal, nuestro vecino -el de la revolución
de los claveles-, está por delante de nosotros en un tema como este;
a ver si van tomando nota porque no está tan lejos y se pasa la
frontera fácilmente; en Islandia también tienen reconocidos sus
derechos los gays y lesbianas. Señorías, ¿saben qué países quedan en
la Europa democrática sin reconocer estos derechos a los gays y
lesbianas? Pues son los países que viven bajo el paraguas de la
influencia de la Iglesia católica: Irlanda, Italia, Grecia y
nosotros. No sé si me olvido de alguno pero creo que ni uno más. Ha
llegado el momento, señoras y señores del Partido Popular, de que se
quiten el paraguas de la Iglesia católica y piensen que no pueden ir
acumulando más déficit democrático negando derechos fundamentales que
para los ciudadanos de la calle son importantes y que ustedes se
permiten el lujo de aplazar en estudios infinitos sin tener en cuenta
el daño moral, social y profesional que hacen a este colectivo. De
modo que, señorías, yo no sé si ustedes tienen que pedir permiso a
alguien para votar esta proposición de ley, pero a veces tengo la
sensación de que, en cuestiones como ésta, en este país sigue
mandando el poder fáctico fundamental que saben muy bien que es la
Iglesia católica. No hay ninguna razón -este es un Estado laico, un
Estado democrático, social y de derecho- para que sigan ignorando que
es un clamor popular que se reconozcan estos derechos civiles al
colectivo de gays y lesbianas.
En Izquierda Unida no nos quedamos en el matrimonio civil. Nosotros
hemos presentado hoy, aquí, esta proposición de ley también por
razones de economía procesal, porque esta proposición de ley incluye
el derecho a adoptar hijos. En este punto, que es el más
problemático, me quiero detener, porque no es el más problemático en
este Parlamento sino también en otros parlamentos europeos. Creo que
vale la pena que reflexionemos sobre esto. Cuando hablamos de
adopción estamos hablando sobre todo del derecho de los niños y de
las niñas a ser adoptados, a ser cuidados, queridos y educados por
una familia. Pues bien, nosotros con esta proposición de ley queremos
introducir un aspecto de economía procesal. Si esta proposición de
ley sale adelante
los gays y lesbianas tendrán automáticamente, como cualquier
otra pareja heterosexual que se casa por lo civil, el derecho a
adoptar hijos. ¿Por qué nosotros defendemos el derecho a la adopción
en el colectivo de gays y lesbianas? Porque entendemos que hace
muchos años que la Organización Mundial de la Salud dejó claro que la
homosexualidad no era una enfermedad sino sencillamente una
orientación sexual, en teoría minoritaria -y digo minoritaria porque
lo minoritario siempre es teoría-, porque hay muchos gays casados,
como todo el mundo sabe, que no encuentran otra salida para su vida y
que prefieren engañarse a sí mismos y engañar a su familia y a la
sociedad y, en definitiva, meterse en esa rueda de la doble moral que
también les tiene atenazados a ustedes. O sea que el hecho de hablar
de mayorías y minorías en un tema como éste me parece también
altamente discutible, señorías. Hace años -repito- la OMS determinó
que la orientación sexual era plural, que no era ninguna enfermedad
ni había que curar a nadie y que lo único que tienen que hacer los
Estados civilizados y la sociedades democráticas es reconocer que es
un hecho natural, dar carta de naturaleza a algo que es absolutamente
natural. Tan natural es que dos hombres se amen y que dos mujeres se
amen como que se amen un hombre y una mujer. Así de claro. Tan
natural es que se amen dos hombres y dos mujeres como que dos hombres
y dos mujeres que deciden un proyecto vital en común puedan criar un
hijo adoptado. Es hasta ridículo porque hay cantidad de gays y
lesbianas que están ya criando hijos, bien adoptados en solitario,
bien reconociendo al hijo de la pareja estable. Por tanto, yo no
entiendo esta actitud de avestruz, escondiendo la cabeza debajo del
ala, cuando todo el mundo sabe que no es un número despreciable por
lo cuantitativo ni por lo cualitativo.
Por otro lado, hay que romper prejuicios. En esta Cámara estamos
obligados a ser vanguardia y a representar a la sociedad con respeto,
dignidad y honestidad. No se pueden seguir manteniendo prejuicios y
temer qué va a pasar con un niño que eduquen los gays. Porque,
señorías, la mayor parte de los gays y lesbianas que hay en este
país, como en el resto del mundo, son hijos de parejas heterosexuales
y su orientación sexual es gay o lésbica. Creer que porque un niño o
una niña crezca en el seno de una pareja de gays o de lesbianas va a
estar orientado en su vida adulta a ser gay o lesbiana es un
prejuicio que no se sostiene. Tampoco se sostiene, señorías, que se
les niegue este derecho porque para que un niño o una niña crezca en
una familia sólo hacen falta dos premisas: el deseo de la familia de
que ese niño o esa niña forme parte de su vida y el amor que necesita
un niño para crecer. Yo ya he dicho en esta Cámara más veces ¿dónde
está escrito que por el hecho de tener una orientación sexual gay o
lésbica no haya capacidad de amar, de cuidar o de educar a un niño o
a una niña? ¿Dónde está escrito que esto sea mentira? En ninguna
parte. Ese argumento de división de la comunidad
científica es falaz porque no hay demostrado nada. Lo único que
está demostrado es que hay gays y lesbianas en todo el mundo, que
existen y que por mucho que nos empeñemos en hacerlos invisibles
ellos están empeñados, y nosotros con ellos, en que se caigan las
caretas, las máscaras, los burkas, porque aquí también hay burkas,
señorías, no sólo en Afganistán. El colectivo gay y lésbico ha sido
invisible durante años y no lo va a ser nunca más porque en este
Parlamento va a tener muchas voces prestadas. Ya no sólo es el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, promotor de la iniciativa,
sino prácticamente la mitad de la Cámara la que hoy -y hay que
celebrarlo- sale a esta tribuna para defender los derechos civiles de
gays y lesbianas. Por eso sería una pena que el Partido Popular, que
sustenta al Gobierno, cometiera una vez más el tremendo error de
mirar hacia donde no debe en lugar de mirar hacia la tribuna donde
están hoy los representantes de estos colectivos, de mirar a su
propio corazón, de mirar su interior, de votar en conciencia con
honestidad y valentía, porque éste es un tema en el que el voto en
conciencia es clave. ¿Saben para qué? Para que no tengamos que
avergonzarnos cuando miremos a los ojos a nuestros hijos, a veces a
nuestros padres, a nuestros vecinos y a nuestros amigos, pero sobre
todo para que nadie en esta Cámara, hombre o mujer de cualquier grupo
político, tenga que levantar la mano o apretar el botón en contra de
sus propios derechos, porque nosotros somos como el resto de los
ciudadanos y en esta Cámara, a izquierda y derecha, hay gays y
lesbianas, hay ricos y pobres; aquí está representada la sociedad en
toda su pluralidad.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida espera del Partido
Popular la sensibilidad necesaria para no presentarse en Europa -como
se han presentado durante años y han tenido que reciclar- con la cara
del patriarcado, que como ya no se lleva ni en Carabanchel han tenido
que quitársela. En Europa ya no se lleva la cara de la misoginia ni
de la homofobia y un Gobierno que sigue negando estos derechos es un
Gobierno homófobo, lo digo con todos los respetos. El Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida anuncia que no será una
derrota para nosotros que ustedes no voten a favor, porque vamos a
seguir combatiendo y porque en la calle van a seguir no solamente los
gays y lesbianas sino los hombres y mujeres de este país que en la
derecha o en la izquierda tienen un compromiso ineludible con este
colectivo. Si esta proposición de ley sale derrotada volveremos a la
carga. Jamás nos vamos a cansar de salir a esta tribuna para defender
sus derechos, porque lo que está en solfa es algo tan sencillo como
la dignidad de los hombres y mujeres que tienen una orientación
homosexual.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoraCastro.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley,
del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del Código Civil
en materia de matrimonio tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, igual que lo harán otros grupos parlamentarios, para
impulsar, para plantear un debate basado en la igualdad de
oportunidades y en la libertad de todos los ciudadanos y ciudadanas
de este país; debate, pues, basado en los mejores valores de nuestra
Carta Magna. Digo que vamos a plantear o a impulsar este debate
porque mucho me temo que, una vez más, la mayoría absoluta del
Partido Popular no permitirá dar luz verde a un debate más profundo
que debería acoger hoy esta Cámara. Lo que debatimos hoy no pertenece
a ningún grupo parlamentario, sino a las asociaciones y colectivos de
gays y lesbianas, que aprovecho para saludar desde aquí, a las
asociaciones de derechos humanos y, en definitiva, a los miles de
ciudadanos que con su lucha, su reivindicación y su discriminación
han conseguido insertar en la sociedad la idea de que amarse nunca
puede ser motivo de discriminación y mucho menos de desigualdad
consentida por esta Cámara. Por tanto, señorías, lo que debemos
decidir hoy aquí es lo siguiente: ¿Consideramos que todas las
personas tienen que tener los mismos derechos, con independencia de
su orientación sexual, o no? ¿Consideramos que se puede establecer
una franja entre ciudadanos de primera y de segunda, en función de la
orientación sexual de cada uno, o no? ¿Consideramos la convivencia de
parejas homosexuales una forma de familia o no? Señorías, la
ciudadanía dice rotundamente que sí. La última encuesta del CIS -me
refiero a la última en la que preguntaba sobre estos temas, porque
nos hubiera gustado tener datos recientes pero da la casualidad de
que el CIS no se ha vuelto a interesar sobre estos temas-, la de
1997, afirmaba rotundamente que el 60 por ciento de los españoles
decía que todas las personas tenían que tener los mismos derechos con
independencia de su orientación sexual. Pero tenemos otras encuestas
más recientes. La de Sigma Dos, publicada por el diario El Mundo en
enero de este año, dice de forma clara que el 75 por ciento de los
españoles afirma que se deben permitir las bodas para los
homosexuales; incluso llega a afirmar que el 60 por ciento de los
españoles considera que deberían permitirse también de forma
religiosa. Evidentemente este no es mi menester, y no voy a entrar en
ello. La última, publicada por la Cadena SER, refleja los mismos
datos.
El Grupo Parlamentario Socialista viene esta tarde a afirmar lo
siguiente. Creemos que las personas homosexuales tienen los mismos
derechos que los otros; nos merecen igual respeto y consideración y
su amor y su convivencia merecen igualdad de trato. Por eso pensamos
que en pleno siglo XXI debemos luchar más que nunca por la
construcción de una sociedad plural, igualitaria y justa, donde todos
los ciudadanos -y digo todos los ciudadanos- tengan derecho a vivir
su vida con normalidad y satisfacción y, lo que es más importante,
donde se tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y las
mismas obligaciones. Y todo esto no sólo porque les ampara la
Constitución y el Estado de derecho, sino porque es inadmisible que
en pleno siglo XXI todavía tengan mermados sus derechos de forma
jurídica y social. Los socialistas, señorías, aspiramos a una
sociedad visiblemente plural, capaz de integrar e implicar a todas
las personas con independencia de su situación, de sus opciones
vitales y personales o de los grupos humanos a los que pertenezcan.
Somos conscientes de que para ello es necesario promover un clima de
respeto real a la diferencia y de que eso necesita medidas urgentes y
no solamente declaraciones. El camino hacia la igualdad no puede en
ningún caso estar condicionado por el grado de tolerancia del signo
político de los gobiernos. Sin embargo, insisto, mucho me temo que el
grupo mayoritario, una vez más, dirá no en esta Cámara y, no se
equivoquen, intentará instaurar aquí un debate jurídico; y no se
trata sólo de un debate jurídico. Se trata de un debate de ideas, de
un debate de tolerancia y de un debate de derechos. En cualquier caso
también existen elementos jurídicos, por si les pueden servir. Si
analizamos la reforma del Código Civil impulsada por UCD en 1981,
descubriremos que en parte ya apuntaba el debate que se nos plantea
hoy, aquí, cuando se suprimió la capacidad de procrear como requisito
para el matrimonio. La Ley de arrendamientos urbanos, como hemos
dicho en numerosas ocasiones y como es conocido, reconoce el derecho
de subrogación de las relaciones de convivencia análogas al
matrimonio, con independencia de la orientación sexual. El Código
Penal también refleja en sus artículos el hecho de que las relaciones
homosexuales son análogas a las del matrimonio heterosexual. Muchos
ayuntamientos han creado en los últimos años registros de parejas de
hecho del mismo sexo. En los últimos meses ha habido comunidades
autónomas que también han legislado en esta materia, y lo harán en
los próximos meses comunidades autónomas como Asturias, Andalucía
o la comunidad balear.
En definitiva, señorías, de lo que se trata hoy aquí es de darles las
mismas oportunidades a las parejas homosexuales pues, al día de hoy,
en nuestro país, las parejas heterosexuales pueden elegir entre
convivir sin papeles, aferrarse a las leyes de parejas de hecho -eso
sí, si tienen la suerte de vivir en una comunidad autónoma que lo
haya regulado- o contraer matrimonio, pero no tienen esa posibilidad
las parejas homosexuales. Por tanto, lo que venimos a pedir hoy aquí
diferentes grupos parlamentarios es que les demos las mismas
oportunidades a esas parejas homosexuales. Si lo hiciéramos,esta
Cámara estaría cumpliendo ni más ni menos
con la recomendación del Parlamento Europeo, que instaba a superar
cualquier barrera que impidiera la equiparación total de los derechos
de los gays y lesbianas. No me vengan tampoco con que la Constitución
no lo permite, en primer lugar, porque el único órgano que puede
decidir en última instancia es el Tribunal Constitucional, y en
segundo lugar, porque en esta cuestión hay opiniones varias en
función de los juristas que las emitan.
Señorías, más que ahondar en el sí, en cuáles son las razones que nos
traen hoy aquí, me gustaría ahondar en el no. Y me cuesta ahondar en
este no porque, créanme, respeto profundamente las convicciones
personales de la gente, las convicciones religiosas, ideológicas, las
respeto profundamente; pero entiendo que en ningún caso pueden nunca
mermar los derechos de los demás, más si en este caso además estamos
legislando también en terrenos privados.
Insisto una vez más, hoy no sólo votamos la modificación del Código
Civil, votamos y estamos al lado de la igualdad de oportunidades, si
subimos un peldaño más en la escalera de la igualdad. Porque no es un
problema de los gays y lesbianas, no se equivoquen, es un problema de
la sociedad, de qué clase de sociedad queremos construir entre todos.
Existen dos colectivos dentro del Partido Popular que hace unos meses
apostaron, o por lo menos así lo hicieron delante de los medios de
comunicación, por esta iniciativa, la Plataforma gay y lesbiana del
PP y Nuevas Generaciones. Hoy hay aquí una buena representación de
Nuevas Generaciones del Partido Popular que espero sean coherentes
con su mandato congresual. Desde luego, a nadie le cabe la menor duda
de que ustedes, la mayoría de esta Cámara, tienen la palabra.
Mientras tanto, nosotros y nosotras, los socialistas, seguiremos
trabajando sin lugar a dudas junto a los colectivos para que se sigan
dando pasos adelante, y lo haremos manifestando una vez más nuestro
compromiso firme con la libertad, la justicia y la solidaridad y
nuestro firme empeño en construir una sociedad donde la forma de amar
no sea motivo de discriminación, donde el derecho a la sexualidad no
sea menoscabo en función del sexo, género u orientación de las
personas: un futuro, señorías, donde el derecho a la felicidad no sea
patrimonio de unos pocos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de las iniciativas firmadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Es objetivo del Bloque Nacionalista Galego forzar la creación de un
nuevo derecho relacional en el que quepan
todo tipo de relaciones humanas de convivencia. Esto es lo propio
de la civilización. Las relaciones homosexuales existen entre
hombres, entre mujeres, lógico es que puedan acceder a la
institucionalización de esta relación a través del matrimonio para
que todas las personas tengamos igualdad jurídica. El derecho a
conformar una familia no puede quedar exclusivamente para los
heterosexuales, sean hombres o mujeres, por muy mayoritarios que
puedan ser en este tipo de conductas. El matrimonio actual, cada boda
que se realiza por lo civil, significa una exclusión social y
jurídica de las personas homosexuales sin justificación de ningún
tipo. No vamos a hablar de lo que el matrimonio tiene de contrato de
tipo socioeconómico, que no puede ser generalizable a todas las
personas; o de la afectividad y sexualidad, que en todos los casos
puede estar presente como en muchos casos o en todos puede estar
excluida. Podemos decir que la prohibición del matrimonio a las
personas homosexuales, gays o lesbianas, por usar la terminología más
frecuente, es una prueba más de que las normas y las instituciones
sociales son homófobas. Hay que recordar que el contrato de unión
social, que, por cierto, aún no ha sido legislado por este
Parlamento, es para los heterosexuales que no quieren casarse o para
los homosexuales que no pueden. Fíjense cómo juega la misma ley como
amparo de opciones libres en los heterosexuales y como un sucedáneo
para las personas homosexuales.
Nuestra intervención política persigue aquí el reconocimiento
jurídico del grupo social en el que están integradas las personas
homosexuales, que tienen que ser personas con plenos derechos. Sólo
desde los prejuicios excluyentes se puede mantener la prohibición del
acceso de las personas homosexuales al matrimonio, sean prejuicios
religiosos, tabúes sexuales o culturales o filosóficos, pero estamos
hablando de una institución, de cómo plasmarla en el derecho civil,
no de un sacramento, que, por cierto, todos son universales para la
Iglesia católica menos el sacramento del matrimonio, del cual quedan
excluidos precisamente los ministros de la Iglesia, como recordaba
con ironía Rosalía de Castro.
La Constitución española no lo prohibe; habla, es cierto, sólo del
matrimonio heterosexual con plena igualdad jurídica entre hombres y
mujeres y los requisitos que hay que tener de edad y de capacidad,
pero también de distintas formas de matrimonio en el apartado 2 del
artículo 32. Y en el artículo 39 no sólo ampara la reproducción y
educación de hijos, típica de la estructura de la familia
tradicional, sino la protección económica, social y jurídica de la
familia. Por otra parte, los vacíos de 1979 no pueden ser pretexto 22
años más tarde para no ser consecuentes con la realidad. Y está todo
el título I de la Constitución española, que sí lo ampara, en
especial la importancia de la libertad de desenvolvimiento de la
personalidad, conforme se estableceen el artículo 10 de la
Constitución española.
Señorías, la universalidad debe de contar con la particularidad y la
diversidad. No puede haber antítesis entre una y otra, a no ser bajo
el principio de la desigualdad jurídica y de la opresión y
marginación social. La acción político-jurídica puede incidir en la
eliminación de la homofobia cultural y social y contribuir a
construir un marco plural en la institucionalización de la familia a
través del matrimonio como forma de convivencia y relación en
beneficio de todos. El Bloque Nacionalista Galego les pide
naturalidad, responsabilidad y libertad, la misma de la que sin duda
hacen gala o tienen intención de hacer todas las personas que van al
matrimonio institucionalizado. Se lo pedimos en consonancia con la
evolución de la sociedad y de la historia y con los derechos humanos
más elementales a poder optar a la forma de convivencia familiar, por
cierto, más arraigada, más tradicional en el sentido de más vieja y
la más amparada jurídicamente, y aquí está lo importante.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds la proposición de ley sobre reconocimiento del
matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Creo que no es
ninguna casualidad que hoy haya cinco iniciativas en este mismo
sentido, que en definitiva expresan, como ya se ha comentado antes,
una gran mayoría social que está en este país por el reconocimiento
de este derecho. Quiero también, antes de nada, felicitar a las
organizaciones, asociaciones y colectivos de gays y lesbianas y
a todas las personas que han militado en este movimiento históricamente
en momentos muy difíciles, para conseguir acabar con la
discriminación de la que ha sido y aún es objeto simplemente el hecho
de tener una determinada orientación sexual.
Subir aquí hoy me produce una doble sensación. Seguramente estas
cinco iniciativas que estamos debatiendo se van a rechazar, ya que el
Partido Popular tiene mayoría absoluta y ha dicho que va a votar que
no, pero al mismo tiempo estoy absolutamente convencido que se trata
de una derrota estéril, es decir, ninguna mayoría absoluta ni ninguna
votación en este Parlamento puede esconder, puede disimular, puede
acabar con una realidad social. Por lo tanto, subo aquí sabiendo que
hoy desde el punto de vista de los votos vamos a perder, pero estoy
seguro que tarde o temprano, espero que cuanto antes mejor, en esta
Cámara se va a llegar a reconocer el matrimonio civil entre personas
del mismo sexo. ¿Y por qué digo que tarde o pronto se va a reconocer?
Porque he dicho que estamos hoy ante una realidad social con
la que ninguna mayoría absoluta, y tampoco la mayoría absoluta del
Partido Popular, puede acabar. ¿Y cuál es esa realidad social? Pues
una que dice clarísimamente que la familia no consiste sólo en la
familia tradicional heterosexual. En estos momentos en el Estado
español hay miles de personas que pertenecen a familias no
tradicionales heterosexuales, es decir, una mujer que ama a otra
mujer y un hombre que ama a otro hombre forman familias, pero sufren
una discriminación real, cotidiana en sus vidas. ¿Y saben qué,
señoras y señores del Partido Popular? No hay un solo argumento, no
hay una sola razón. Si ustedes nos dan una, lo reconsideraremos. Que
una mujer ame a otra mujer o que un hombre ame a otro hombre no debe
ser motivo de discriminación. Este es hoy el problema de fondo y las
iniciativas que traemos aquí quieren acabar con esta discriminación.
Esta mañana un diputado me decía que iniciativas como éstas atentan
contra la familia y yo le contestaba que no, que lo que hacen es
reforzar el concepto familiar. Lo que ocurre es que no hay un modelo
único de familia. Pues bien, en esta línea se ha avanzado desde hace
mucho tiempo en el Parlamento Europeo, en Suecia, en Noruega, en
Francia, en Bélgica y también se ha explicado aquí. Recientemente,
hace un año, en Holanda se ha reconocido el matrimonio entre personas
del mismo sexo y en este momento existe una iniciativa parecida en
Alemania. En el Estado español, también se ha dicho aquí, no sólo no
existe un reconocimiento del matrimonio, ni tan siquiera hay una ley
marco de parejas de hecho, existiendo en algunas comunidades un
reconocimiento de dichas parejas que continúa significando una
discriminación para estas personas.
Quiero acabar con dos ideas. La primera se refiere a que la señora
Castro y la portavoz del Grupo Socialista han dicho que esto no era
una iniciativa política o partidista. Yo coincido con ellas. ¿De qué
estamos hablando? De la libertad. Detrás de las iniciativas que
traemos aquí subyace el tema la libertad. Si la libertad consiste en
posibilitar que cualquier persona desarrolle sus capacidades y su
propia identidad, ¿me quieren ustedes explicar qué tipo de libertad
defienden cuando hay personas a las que se les niega su identidad
sexual o se las discrimina por su orientación sexual? ¿Qué tipo de
libertad es esta? Por lo tanto, detrás de estas iniciativas lo que
hay es un debate de fondo sobre la libertad.
Quiero acabar diciendo que rectifiquen, que voten que sí, pero sobre
todo que sean conscientes de que si ustedes votan hoy en contra será
un voto por la continuidad de la discriminación cotidiana de miles y
miles de personas. Que sepan ustedes que van a votar hoy por esto si
votan que no, por una continuación de la discriminación a personas
por el solo hecho de su orientación sexual. Rectifiquen hoy, si no,
den libertad de voto en conciencia, porque estoy seguro que con
libertad devoto estas iniciativas saldrían hoy adelante. En caso
contrario, no se preocupen, puesto que insisto en que tarde o
temprano, con una nueva mayoría, también en el Estado español nos
situaremos en esa línea que hoy están siguiendo todos los países de
la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Saura.
Para la defensa de la tercera iniciativa del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, debatimos en el Pleno sendas iniciativas con el objeto de
avanzar en la profundización del respeto a los derechos humanos de
todas las personas. Este aluvión de propuestas, que no es nuevo, sino
que ya ha sido producido varias veces en esta Cámara, debería servir
para que los representantes del pueblo constaten que se está
produciendo un cambio social, que es un cambio ideológico y moral. En
consecuencia, cuando en la sociedad se producen acontecimientos o
datos que implican determinadas transformaciones sociales, desde
Chunta Aragonesista creemos que deben ser algo más que un mero objeto
de debate, deben ser motivo para adaptar la legislación vigente a una
realidad que nos está superando ampliamente.
En la exposición de motivos ya indicamos que la Constitución española
recoge en su artículo 32 el derecho del hombre y de la mujer a
contraer matrimonio con igualdad jurídica. Asimismo, establece que la
ley regulará la forma del matrimonio, la edad y la capacidad para
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de
separación y disolución y sus efectos. En la sociedad española hoy se
dan diferentes formas de convivencia en pareja, no sólo las del
matrimonio tradicional compuesto en la actualidad por parejas
heterosexuales, y dada la libertad que la Constitución promulga sobre
la libre elección de orientación sexual, un gran número de parejas
del mismo sexo conviven como matrimonios pero sin los mismos derechos
que éstos, por no estar regulada su situación legalmente. Es
necesario corregir esta desigualdad cambiando el Código Civil para
que estas personas, los homosexuales, tengan el derecho de decidir
libremente su forma de unión y que todos los derechos y obligaciones
que supone el contraer matrimonio les sean aplicados sin ninguna
diferencia con los que disfrutan las parejas heterosexuales que
forman matrimonio.
Por este motivo, pedimos el voto favorable para realizar una sencilla
modificación de tres puntos del actual Código Civil, un cambio que
permitiría mejorar ya la situación de miles y miles de personas. El
Parlamento Europeo, en una resolución de 8 de febrero de 1994 sobre
la igualdad de derechos de homosexuales, ha pedido a los Estados
miembros que se ponga fin al trato de desigualdad de las personas de
orientación homosexual
en las disposiciones jurídicas y administrativas. No olvidemos
que el propio Tribunal Constitucional español ha afirmado que el
libre desarrollo de la personalidad podría resultar afectado si los
poderes públicos trataran de impedir o de reprimir la convivencia.
Señorías, ya en el mes de junio de 1982, en Messina (Italia), se
celebró el primer congreso de parejas no casadas que fue auspiciado
por el Consejo de Europa. En él se instó a los países de nuestro
entorno a adaptar sus respectivas legislaciones a este fenómeno de
convivencia. Dada esta inquietud por parte de la sociedad para
solventar estas injusticias, instamos al cambio del Código Civil para
que toda pareja, sin distinción de su composición, hombre-mujer,
mujer-mujer, hombre-hombre, pueda decidir libremente si quiere
contraer matrimonio y que todos tengan los mismos derechos y
obligaciones que reportan el matrimonio. Es decir, igualdad de
derechos sin distinción de ningún tipo.
Aquí se ha repetido varias veces que tenemos dos realidades, la
realidad exterior, la realidad que está en la calle, la realidad que
se está imponiendo diariamente en la calle, y esta realidad en la que
estamos encerrados aquí, intentando detener la realidad social, la
realidad de la calle. Durante más de dos años he vivido en el barrio
de Chueca de Madrid y he comprobado el orgullo, no el orgullo gay de
los homosexuales que viven allí, sino el orgullo de las gentes que
tradicionalmente han estado soportando un barrio degradado y gracias
a que en este momento es el centro gay de Madrid es un barrio con una
enorme dignidad, con una enorme vitalidad, con una enorme libertad.
Esto, señoras y señores diputados, lo han conseguido fundamentalmente
los colectivos gays. Vamos a dejarnos ya de tener visiones
contradictorias de la realidad, apoyemos esa realidad que está en la
calle. Yo les invitaría a todos ustedes a que los días que en ese
barrio de Chueca se celebra el orgullo gay vayan, lo visiten y vean
la tranquilidad que hay en las calles por las que ahora se pasean, la
vitalidad que tiene, la libertad, la emoción y el encanto de vivir en
un barrio tan hermoso que ellos han convertido posiblemente en el
barrio más divertido, más alegre y más libre de la ciudad de Madrid.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde que soy diputada, algo más de cinco años, he
intervenido, media docena de veces la legislatura pasada y dos en
ésta, a favor de que desde las Cortes Generales se procediese de una
vez a regular lo quecompetencialmente le corresponde sobre
situaciones
familiares distintas de la familia matrimonial de base heterosexual,
que es la única que el Código Civil prevé, lo que veníamos llamando
las uniones civiles estables, sobre todo en lo que se refiere a las
formadas por personas homosexuales -ahí es donde debe estar el
escollo para el grupo mayoritario-, sin la menor receptividad por
parte de este grupo, del Grupo Popular, o del propio Gobierno. En una
ocasión incluso creímos seria su oferta, su voluntad de regulación, y
les ayudamos a que no saliesen adelante las iniciativas de la
oposición apostando por la creación de una subcomisión de estudio de
esta cuestión que, efectivamente, se realizó. Se efectuaron las
comparecencias, algunos y algunas estuvimos presentes, pero no hubo
conclusiones y el único fruto fue la paralización de los trámites,
incluso de la propia proposición presentada por el Grupo Popular, que
no era nada satisfactoria, pero que las demás formaciones políticas
habíamos enmendado, y, sin más, se dejó morir sin convocarse jamás la
ponencia. Sin haber hecho nada el Congreso, en el que el Grupo
Popular es mayoritario, distintas comunidades autónomas han ido
aprobando sus legislaciones, unas por tener competencia en materia de
derecho de familia, otras bordeando con auténtica audacia los límites
que el reparto competencial -Constitución y estatutos- permite, ya
que creían que existía esta prioridad. En el ámbito vasco, el
lehendakari, en su discurso de investidura y en su programa
electoral, se ha comprometido a que en esta legislatura saldrá
también una legislación de este estilo.
Existe además la incoherencia de que durante la legislatura pasada,
sin abordar el tronco de la regulación, sí reconocíamos que existían
parejas de hecho, igualdad sexual entre distintas uniones, cuando así
se establecía, por ejemplo, respecto de los beneficiarios en las
indemnizaciones de la Ley de Víctimas del Terrorismo o en la Ley de
Propiedad Horizontal. Sin embargo, con auténtica incoherencia
-repito-, no hubo manera de introducir los aspectos procesales
necesarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando se aprobó sobre
los litigios de pareja o de familia en las llamadas familias no
convencionales. Así, existe hoy una incongruencia y situación
confusa. En aquellos sitios en los que existe regulación material no
tienen, sin embargo, resolución ni posibilidad de normas de conflicto
de ámbito familiar, sino que hay que acudir a la legislación
ordinaria común, alargándose innecesariamente los procedimientos. No
sabemos si el Gobierno tiene algo previsto al respecto, o mejor
dicho, intuimos que sigue con la oposición cerrada a cualquier cambio
sobre lo que es la reforma del Código Civil, tal y como fue aprobada
en el año 1981, cuando desde entonces tantas cosas han pasado en el
avance del reconocimiento de la igualdad sexual que debe trasladarse
necesariamente al ámbito familiar.
Es curioso que incluso dentro de esta formación política del Partido
Popular existan reivindicaciones, iniciativas a título personal,
como, por ejemplo, la del
alcalde de Vitoria y diputado en esta Cámara, que trasladan a los
ámbitos locales o a los parlamentos autonómicos iniciativas diversas
en materia de reconocimiento de las parejas homosexuales, arrastrando
así a que en ellas se tomen decisiones, sin conseguir, sin embargo,
que realmente se tome la decisión donde debe ser tomada. Lo que hace
falta regular, cambiar, es el tronco común de la legislación civil y,
sin embargo, se toma la actitud de forzar a las instituciones locales
y a las regionales, que no pueden cambiar aquello que sólo a esta
Cámara incumbe realizar. Si tanta iniciativa tienen, si tan
activistas son de determinadas causas, deberían convencer al grupo en
el que militan, al Grupo Parlamentario Popular en este caso, para que
de una vez sea esta Cámara la que aborde las reformas que tiene que
adoptar.
El Gobierno del Partido Popular sigue sin considerar prioritario,
cinco años después de su llegada al poder, cualquier regulación de
las uniones afectivas entre parejas de hecho, sean estas homosexuales
o heterosexuales, mientras varias comunidades autónomas por su cuenta
tienen regulaciones distintas. Ello está provocando no sólo una
indeseable dispersión legislativa en una materia necesitada de la
mayor seguridad jurídica cual es la familiar, sino además una
situación de manifiesta injusticia en un sector social cada vez más
amplio, puesto que cada vez va manifestándose más la existencia de
uniones familiares homosexuales. Se comprende cada vez menos esta
terquedad desde la realidad social. Ningún gobierno, del signo que
sea, puede dar la espalda a reivindicaciones fuertemente incrustadas
en la realidad social. Se nos va a decir desde el Grupo Popular que
las iniciativas de hoy no son de regulación de relaciones de pareja,
sino de matrimonio homosexual. Mi formación política cree que lo son
de reformas del Código Civil, que, de tomarse en consideración,
posibilitarían la presentación de las enmiendas que cada formación
política quiera y permitirían articular una realidad familiar variada
y acorde con lo que hay en la sociedad y no con el único estereotipo
de la familia matrimonial de base heterosexual, de la que se ha dicho
que está entre el dogma y el mito.
El trámite de toma en consideración no supone aceptación tal cual de
las iniciativas que se presentan, sino manifestación favorable de que
hay una realidad que está necesitada de regulación. No decimos que
necesariamente el tenor de lo que se apruebe desde nuestra voluntad
deba ser el que literalmente proponen las iniciativas, sino que éstas
deben entrar en la Cámara y abrir la puerta a que por fin, de una
vez, ya que creemos que el Gobierno no va a traer iniciativa alguna,
hagamos entre todos, con nuestras aportaciones, una regulación de la
realidad familiar desde lo socialmente existente y desde la igualdad
sexual. Tal es el sentido de nuestro voto, que es favorable, en el
que interesa lo que votamos y por qué lo votamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán comparte
en gran medida las argumentaciones que aquí se nos han dado por los
portavoces de los grupos proponentes y que me han precedido en el uso
de la palabra. Compartimos especialmente los argumentos referentes al
gran cambio social que, con la consolidación de los principios
democráticos, se ha producido en este ámbito; cambio que se ha
debido, no única pero sí especialmente, a las reivindicaciones de los
colectivos de gays y lesbianas que han defendido y defienden la plena
equiparación de derechos para los homosexuales. Este cambio
progresivo se ha ido concretando en un reconocimiento gradual, cada
vez más cercano a la deseada absoluta normalidad social y jurídica de
una realidad cotidiana que hasta ahora había sido apartada y
discriminada. Por fortuna, pero también por voluntad de todos, son ya
lejanas las épocas en que la realidad social y la legislación
apartaban y discriminaban a los ciudadanos según su orientación
sexual y también a los colectivos de gays y de lesbianas, cuando
defendían y reivindicaban la igualdad y los derechos de estos
ciudadanos.
Compartimos pues, señorías, los objetivos de los que proclaman la
equiparación de derechos para los homosexuales y no podemos más que
denunciar y condenar de manera inequívoca a aquellos setenta países o
Estados en donde todavía hoy la homosexualidad es objeto de
persecución como delito tipificado en el Código Penal respectivo.
Pero además, señorías, Convèrgencia i Unió no sólo comparte a nivel
teórico estos objetivos, sino que ha demostrado que también lo hace a
nivel práctico. Ustedes conocen sobradamente que desde la Conselleria
de Justícia del Govern de Catalunya se impulsó en su día un proyecto
de ley de uniones estables de pareja, que fue aprobado por el
Parlament de Catalunya hace ya más de tres años. Una ley que fue la
primera del Estado, que no tienen Portugal ni Italia; la ley francesa
y la alemana, que sí la tienen, no llegan a la plenitud de
reconocimiento de derechos de la ley catalana; una ley que no tiene
todavía el Estado español, como aquí se ha puesto de relieve
reiteradamente esta tarde. Justamente por este motivo, porque el
Estado español no tiene todavía una ley de parejas de hecho, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) planteó a principios de
esta legislatura una proposición de ley ante esta Cámara que era la
práctica trasposición de la ley catalana, y lo hizo por las
siguientes razones. En primer lugar porque, si se hubiese tomado en
consideración a las comunidades autónomas que sí hemos regulado, nos
hubiese permitido ir avanzando
en la equiparación y reconocimiento de derechos en todas
aquellas materias en las que no tenemos competencia legislativa:
materia impositiva, Estado del bienestar, especialmente las pensiones
de viudedad, etcétera. Avanzar en la regulación que ya se había hecho
en Cataluña era, pues, una primera razón, pero, además, había una
segunda razón, la de que a nuestro entender, a juicio del Grupo
Parlamentario Catalán, era, es, de capital importancia, de cara a la
normalización de esta realidad social, que existiera un marco
normativo, un marco legal que la conociera y que la reconociera.
Señorías, conocen todos ustedes que esta proposición de ley de la que
les hablo, junto con otras presentadas por otros grupos
parlamentarios, fueron rechazadas en esta Cámara con los votos del
Grupo Popular. Se justificó entonces el rechazo asegurándonos que en
un breve plazo de tiempo se remitiría a esta Cámara un proyecto de
ley que parecía ya preparado, y se nos dijo que daría cumplida
respuesta a la demanda social que existía en este tema. Pero lo
cierto es que ha transcurrido más de un año y aquel inminente
proyecto todavía no se ha presentado. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.) En esta situación, desde el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió nos planteamos el
sentido de las proposiciones de ley que estamos viendo, de
modificación del Código Civil en materia de matrimonio, cuando
todavía ni siquiera se ha dado el paso previo, el de aprobar una
legislación estatal de parejas de hecho. El planteamiento de nuestro
grupo parlamentario es que la igualación de los derechos y deberes
del colectivo homosexual respecto del heterosexual es una cuestión
que irá derribando, uno tras otro, todos los obstáculos con que se
encuentre, y lo hará paralelamente a la evolución que va teniendo la
sociedad civil hacia una actitud mucho más favorable, de manera que
desde hace tiempo y cada vez más, se están asumiendo con naturalidad
las diferentes expresiones del ejercicio de los derechos de los
homosexuales, naturalmente los fundamentales que recoge para todos la
Constitución, pero también los que se refieren a las libertades
públicas, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su
personalidad. Y aquí es donde deberíamos reflexionar, en el sentido
de analizar si las iniciativas que hoy estamos viendo son el paso más
natural y más adecuado de cara a esta progresiva igualación que
propugnamos.
Se ha escuchado a menudo en esta Cámara que la legislación ha de
intentar no ir nunca detrás de la realidad social que pretende
regular, pero tampoco demasiado por delante, estando justo al lado y
no separándose de ésta ni un centímetro. Pues bien, creemos que en
este caso también esto es lo más adecuado. Es decir, creemos que
antes de la formalización, o si lo prefieren de la sacralización, de
las uniones homosexuales es necesaria la formación continuada y
rutinaria de muchas más uniones de pareja, que tengan sus relaciones
reconocidas en la correspondiente ley. Hay que ir
avanzando en el rodaje e incluso en la mejora de las leyes que han
aprobado los parlamentos autonómicos con competencias en la materia:
Cataluña, Aragón, Navarra, el País Valenciano, Asturias y
próximamente Andalucía. Pero especialmente es imperativo que cuanto
antes se presente en esta Cámara el proyecto de ley de uniones
estables de pareja, que ya desde hace demasiado tiempo se nos está
anunciando y que todavía no es una realidad.
Señorías, estamos seguros de que sólo después de que se apruebe por
esta Cámara esta ley tantas veces reclamada, ley que cuando exista
completará, ciertamente, todo aquello en lo que las cámaras
autonómicas no tienen competencia legislativa, como pensiones de
viudedad, declaración conjunta de renta, concesión de nacionalidad,
etcétera, y que además significará un paso fundamental en el
reconocimiento legal de una realidad social, sólo entonces creemos
que será el momento en que de manera natural se podrá plantear la
modificación del Código Civil que ahora estamos viendo y a la que
vamos a votar negativamente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pigem.
Señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición
del Grupo Parlamentario Popular en relación con las proposiciones de
ley de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida,
Socialista y Mixto, Bloque Nacionalista Galego, Iniciativa per
Catalunya-Verds, de modificación del Código Civil para regular el
matrimonio civil.
Quiero poner de manifiesto, en primer lugar, en relación con lo que
se ha dicho por los distintos grupos proponentes, que no vamos a
utilizar la Constitución española como arma arrojadiza ni vamos a
hacer ningún agravio comparativo ni tampoco estamos mirando a ningún
lugar al que no debamos mirar. No se trata simplemente de un debate
jurídico, sino que se trata de un debate de ideas, y desde luego
somos solidarios con todos los colectivos. (Rumores.) Los grupos
parlamentarios a los que he hecho referencia han presentado un total
de cuatro iniciativas dirigidas a modificar la regulación del
matrimonio en el Código Civil. En consecuencia, se habla de modificar
los artículos 44, 66 y 67, con el objeto de sustituir las expresiones
«el hombre y la mujer» o «el marido y la mujer» por «cualquier
persona» o «toda persona y cónyuge». La proposición suscrita por
diputados del BNG prefiere añadir un segundo párrafo al artículo 44 e
incluye entre los preceptos a modificar el artículo 46, de forma que
se ampliaría el actual elenco de las personas que no pueden contraer
matrimonio a los menores de edad, en caso de matrimonios
homosexuales, y a las personas que forman una pareja estable
con otra persona.
La cuestión fundamental que se plantea es la compatibilidad
constitucional del tipo de matrimonio que las proposiciones postulan.
En este sentido, desde una perspectiva doctrinal, se han mantenido
tres posturas enfrentadas. Una primera tesis sostiene que el
matrimonio homosexual vendría impuesto por la Constitución,
y resultaría una clara discriminación prohibida por el artículo 14 que,
por razones de orientación sexual, el matrimonio fuera sólo posible
para las parejas heterosexuales y no, en cambio, para los
homosexuales. El artículo 32 de la Constitución exigiría la libertad
de un hombre o de una mujer de casarse con cualquier otra persona,
independientemente de su sexo. No obstante, esta postura ha sido
rechazada por un auto del Tribunal Constitucional de fecha 11 de
julio de 1994, que considera el ius nubendi como un derecho referido
exclusivamente a persona del sexo opuesto. Y el mismo criterio ha
sido sostenido por la jurisprudencia del resto del continente
europeo, cuya unanimidad en mantener la dimensión heterosexual como
constitutivo esencial del matrimonio parece descartar su extensión a
la pareja homosexual.
Una segunda tesis sostiene que la Constitución prohíbe el matrimonio
homosexual. Estos autores consideran que el artículo 32.1 configura
un derecho circunscrito a la pareja heterosexual cuya extensión a la
pareja homosexual atentaría contra la propia institución matrimonial,
que dejaría de ser reconocible como tal si perdiese su carácter
heterosexual. Para esta posición doctrinal, la ausencia de la
expresión «entre sí» en el artículo 32 resulta totalmente
irrelevante; tampoco figura en el artículo 12 de la Convención de
Roma ni en el 23.2 del Pacto internacional de derechos civiles. Y el
Tribunal de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra del
matrimonio homosexual en dos casos, casos Rees y Cossey, que han
adquirido una cierta notoriedad, entendiendo que la evolución
acaecida hasta el momento en las legislaciones y en la opinión
pública de la mayoría de los Estados miembros no evidencia un
abandono general del concepto tradicional de matrimonio. De modo que
no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo no implica
violación del artículo 12 del Convenio de Roma.
Un tercer sector doctrinal sostendría que el matrimonio homosexual no
viene impuesto por la Constitución, pero tampoco puede considerarse
expresamente prohibido por ella. Así, aun cuando el artículo 32 sólo
reconoce el derecho a contraer matrimonio al hombre y a la mujer, el
precepto no prohibe al legislador, según esta tesis, extender el
régimen del matrimonio a la pareja homosexual.
Tenemos que decir, por otro lado, que la finalidad primordial de las
proposiciones es posibilitar la celebración del matrimonio entre
personas del mismo sexo, y en nuestra Constitución y en el Código
Civil, en los
dos, el matrimonio es una institución que presupone necesariamente la
existencia de un hombre y de una mujer. Sólo hombre y mujer en
igualdad jurídica tienen derecho a contraerlo en cualquiera de sus
formas. Sólo recordar, porque se refiere al artículo 32, la
interpretación que del mismo viene haciendo la Dirección General de
los Registros y del Notariado que es contundente al afirmar que la
Constitución no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En este sentido, señalan en su resolución de 22 de enero de 1988,
como muy significativo, que en capítulo segundo del título I de la
Constitución, dedicado a derechos y libertades fundamentales, es el
artículo 32 el único que se preocupa de precisar que el hombre y la
mujer son titulares de ius nubendi. Por otra parte, hay que tener en
cuenta que en los países de nuestro entorno político y económico sólo
Holanda y los países nórdicos Dinamarca, Noruega y Suecia, cuentan
con legislaciones específicas sobre el tema en las que si bien no
reconoce de forma explícita el acceso de las parejas homosexuales a
la institución matrimonial sí concede a las uniones registradas entre
personas del mismo sexo una práctica equiparación de efectos
jurídicos con el matrimonio heterosexual, excepto en materias
referidas a la adopción o el ejercicio de la patria potestad
conjunta. Otros países próximos al nuestro como Francia, Italia,
Alemania, o Gran Bretaña, cuyas legislaciones podrían servirnos de
referencia no se han ocupado del tema con tanta profundidad. En las
instituciones de la Unión Europea únicamente encontramos un tímido
pronunciamiento del Parlamento Europeo, recogido en la Resolución 28/
94, de 8 de febrero, sobre igualdad de derechos de homosexuales
y lesbianas, pero esta propuesta básica se limita a solicitar de la
Comisión Europea la elaboración de una recomendación carente de
fuerza vinculante que pusiera fin a la prohibición de contraer
matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes. El
Tribunal de Justicia de Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos restringe el concepto de matrimonio a la pareja heterosexual
y niega esa condición o la posibilidad de un estatuto jurídico
similar a la pareja homosexual.
El Grupo Popular parte de la doctrina marcada por el Tribunal
Constitucional, y de manera especial lo que se recoge en los
artículos 9, 32 y 39. El Tribunal Constitucional ha descartado,
señorías, la equiparación en bloque de parejas de hecho y de
matrimonio, sin que por esto haya una lesión al principio de
igualdad, y esto no significa, dice el Tribunal Constitucional, que
no pueda haber efectos equivalentes. Y a este respecto quisiera
hacer, señorías, las siguientes reflexiones. En primer lugar, el
matrimonio es una institución social que viene definiéndose
habitualmente como la unión de hombre y mujer, concertada mediante
determinados ritos o formalidades y tendente a realizar una plena
comunidad de existencia. En definitiva, en todos los ordenamientos
jurídicos actuales y órdenes sociales, por matrimonio se entiende que
es la unión de un hombre y una mujer y
tiene, por tanto, hasta el momento presente un carácter heterosexual
al que el Código Civil y la Constitución no se refieren porque lo dan
por supuesto, aunque sí puede afirmarse que en ambos textos se
explicita tal carácter.
En el artículo 32 del texto constitucional se establece que el hombre
y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad
jurídica y que la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y
capacidad para concretarlo, los derechos y deberes de los cónyuges,
las causas de separación y disolución y sus efectos. Por otro lado,
en los artículos que se pretenden modificar, el 44, el 66 y el 67 del
Código Civil se propone, como antes hemos indicado, la sustitución de
los términos «hombre y mujer» o «marido y mujer» por la de «toda
persona» o «cónyuges» según proceda. La mera sustitución de dichos
términos nada aportaría, porque en cualquier caso la dificultad
fundamental que se aprecia estriba en el cambio radical del concepto
actual de matrimonio que, al ser obvio, hasta la fecha no se ha
definido legalmente. De ahí que pudiera resultar indiferente el texto
que se propone, por ejemplo, para el artículo 44 del citado cuerpo
legal que dice: Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio con
otra, conforme a las disposiciones de este Código. En sustitución de
la actual redacción que reza en el siguiente sentido: El hombre y la
mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las
disposiciones de este Código. (Mientras no se modifique, señorías, el
concepto de matrimonio.) Piénsese por otra parte, por ejemplo, que en
el vigente artículo 49 del Código Civil se dispone que cualquier
español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España. Y pese a
no diferenciar entre hombre y mujer, nadie se plantea el posible sexo
de los contrayentes, término que también conlleva por otro lado la
diferencia entre sexos.
Todo lo anterior se trae a colación porque si bien es cierto que el
derecho positivo debe ajustarse en la medida de lo posible a las
nuevas realidades sociales y dar una adecuada solución, como ahora se
pretende, a otras formas de convivencia, no existe una justificación
objetiva y razonable que permita la plena identidad, como se efectúa
en la norma que se proyecta entre el matrimonio y las posibles
uniones de homosexuales, puesto que son situaciones difícilmente
encuadrables sin más en las categorías jurídicas y conceptos sociales
existentes. Por ello, si lo que se pretende es dar la cobertura
jurídica necesaria a determinadas uniones de hecho, debiera
utilizarse otro mecanismo diferente y no la simple equiparación o
extensión de las instituciones naturales jurídicas y sociales
existentes, creando una figura jurídica nueva distinta a la del
matrimonio, aunque tuviera análogos o similares efectos, que en todo
caso sería, señorías, una solución mucho más acertada y convincente
para el conjunto de la actual sociedad española. Y de la lectura del
artículo 32.1 de la vigente Constitución española no se infiere, por
otra parte, que pueda llegarse a la plena equiparación de las
uniones de hecho que se vienen originando con las relaciones
derivadas del matrimonio. La condición de cónyuge sólo se adquiere
por el matrimonio y éste queda ceñido en el texto constitucional, al
margen de otras leyes especiales estatales, como pueden ser las
comunidades autónomas, etcétera, al constituido entre hombre y mujer.
De ahí, en todo caso, que deba propiciarse, señorías, una nueva
regulación al margen del matrimonio, sin que con ello se pueda
entender vulnerado el principio de igualdad y discriminación
consagrado en el artículo 14 del citado texto constitucional. Y
acometer una reforma como la que se propone en el Código Civil podría
entenderse que es contraria al principio constitucional garantizado
en el mencionado artículo 32.1, según el cual el hombre y la mujer
tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
Por lo tanto, señorías, consideramos que la noción sociológica del
matrimonio describe como elemento sustancial del mismo la unión doble
y estable de un hombre y una mujer, generalmente ordenada a la
procreación y legitimada socialmente, y el factor de la legitimación,
aceptación y regulación del fenómeno es lo que distingue el
matrimonio de otras posibles uniones e impone someterse a la unión
matrimonial a una reglamentación jurídica diferenciadora que supone
la asunción de ciertos derechos y obligaciones, así como determinados
roles sociales. Para atender...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Bueso, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor BUESO ZAERA: Termino enseguida.
Para atender el tratamiento jurídico de una institución hay que tener
en cuenta la realidad social que se pretende disciplinar y en este
plano nuestra sociedad se asienta en un sistema de matrimonio
heterosexual monogámico. La Declaración de Derechos Humanos de 1948
establece en su artículo 16 el derecho del hombre y la mujer a
casarse y fundar una familia sin restricción por razón de raza,
nacionalidad o religión. Y en el mismo sentido se recoge en el Pacto
internacional de derechos civiles y políticos del año 1966 y en el
Convenio europeo de derechos humanos de 1950.
Termino, señoras y señores diputados, diciendo que el rechazo de
estos casos se basa en que cada Estado tiene derecho a regular los
requisitos exigidos por su respectiva legislación para contraer
matrimonio y que la exigencia de heterosexualidad no es incompatible
con el derecho a la no discriminación por razón de la orientación
sexual. De este modo, se considera que la protección de la
homosexualidad se haya comprendido en el artículo 8 del Convenio
europeo de 1950, relativo al derecho a la vida privada, y no en el
artículo 12, que se refiere al derecho a casarse y a fundar una
familia. Por todas estas razones, señoras señores diputados, nuestro
voto va a ser en contra.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bueso. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de modificación del
Código Civil en materia de matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 128; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista de modificación del Código Civil en materia
de matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos
296; votos a favor, 130; en contra 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición ley del Grupo Parlamentario
Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa a la
celebración del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos
296; a favor, 129; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, señor Saura, de modificación del Código Civil en materia de
matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 130; en contra 165.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación del Código
Civil en materia de matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 129; en contra, 167.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Varios señores diputados
golpean los pupitres)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora PRESIDENTA: Propuesta de modificación del orden del día.
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir
la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre las
conclusiones del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas
el día 21 de septiembre, y sobre la situación internacional derivada
de los ataques terroristas, como primer punto a debatir en la sesión
del miércoles día 26 de septiembre. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE
DEVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CONFISCADO AL CADCI. (Número de expediente
122/000040.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de devolución
del patrimonio confiscado al CADCI.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Jané. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo, al
objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) trae hoy a esta Cámara una proposición de ley
que sabemos que es singular, pero que intenta resolver, señorías, un
problema también singular y que requiere de este pronunciamiento...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Jané, por favor.
Señorías, hay un diputado en la tribuna intentando que el nivel de
conversación de SS.SS., en los escaños o en los pasillos, le permita
ser oído.
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Les decía, señorías, que es una proposición de ley singular porque
requiere una respuesta legislativa singular. Estamos aún cerrando
viejas heridas de lo que supuso la confrontación civil, de lo que
supuso también la larga dictadura posterior y cerrando esas heridas
intenta hoy esta proposición de ley restituir el patrimonio que en su
día se incautó al CADCI. El CADCI, cuyas siglas son Centre
Autonomista de Dependents del ComerÁ i de la Indústria, entitat
obrera, estas siglas, señorías, hacen referencia a lo que es y a lo
que fue una institución consagrada a la mejora de las condiciones de
trabajo de los dependientes del comercio y de la industria; una
institución que se dedicaba y se dedica a la formación y
capacitación, tanto humana como profesional, de sus asociados. Los
propios estatutos fundacionales del CADCI establecían en su articulo
2 que los objetivos de dicha entidad no eran religiosos, políticos ni
sindicales, sino simplemente los de agrupar a los dependientes
comerciales e industriales con el fin de mejorarles moral, cultural,
física y materialmente. Esa era, esa es la función del CADCI. El
CADCI no era, por tanto, un partido político, no era una organización
sindical propiamente dicha y tenía una naturaleza tal que el CADCI se
vio excluido, a pesar de las enmiendas presentadas por diversos
grupos parlamentarios, entre ellos por Comvergència i Unió, y al
final el CADCI no pudo entrar entre los posibles beneficiarios de la
Ley 4/1986 que restituyó el patrimonio sindical. Posteriormente
tampoco el CADCI pudo contemplarse en la Ley 43/1998 que restituyó,
que compensó el patrimonio incautado a los partidos políticos. El
CADCI ha quedado como un tema singular, sin respuesta, porque el
patrimonio del CADCI sí que fue incautado. El patrimonio del CADCI,
señorías, fue incautado mediante el Decreto de 13 de septiembre de
1936 y la aplicación posterior de la Ley 9 de febrero de 1939, de
responsabilidades políticas. Esa ley se aplicó al CADCI, y el CADCI
quedó sin patrimonio. Concretamente, se le incautó -y actualmente el
título de propiedad lo tiene el Estado- el inmueble que tenía en la
Rambla Santa Mónica, número 25, de la ciudad de Barcelona. Ese
edificio era del CADCI. Estaba a favor del CADCI en escritura pública
y ahora es patrimonio del Estado; está cedido en uso a una central
sindical, pero es patrimonio del Estado. Allí se deja al CADCI tener
una pequeña dependencia para que pueda seguir desarrollando sus
actividades, porque el CADCI no ha cesado de desarrollar sus
actividades. Vivió en clandestinidad durante los años de la dictadura
y después, reinstaurada la democracia, volvió a pedir el alta en el
registro de asociaciones. El CADCI existe, tiene más de 100 asociados
y existe una junta directiva. Quiero recordar aquí tantas y tantas
visitas de esa junta directiva a nuestro grupo parlamentario; quiero
recordar a su presidente, el señor Lluis Urpinell, persona que ha
sufrido durante muchos años la incautación del patrimonio del CADCI.
Todas ellas son personas que han luchado a favor de las libertades,
a favor de la democracia, personas que han luchado para ayudar
al sector del comercio y a esos dependientes del comercio y de la
industria.
Señorías, sólo nos queda buscar una solución singular; sólo nos queda
que por ley se pueda restituir al CADCI ese patrimonio incautado.
Este es el único objetivo de esta proposición de ley. Hay un
patrimonio concreto; sabemos que puede haber un acuerdo con la
central UGT si fuera necesario llegar a un pacto, a una compensación
económica en lugar de restituir el patrimonio concreto. Sabemos que
por parte de UGT no habría problemas en este sentido. Sabemos que
necesitamos la restitución de esos inmuebles porque eso es hacer
justicia histórica, objetivo de la proposición de ley. Cuando se
habla con las personas del CADCI comentan: no nos queda nada de lo
que teníamos, ni siquiera nos queda la documentación, que está en los
archivos de Salamanca. Quisiera que con esta proposición de ley se
tomara conciencia de que existe un problema por no haber podido
encajar el caso singular del CADCI dentro de la restitución del
patrimonio sindical, de la restitución del patrimonio de las
entidades políticas. A ver si vía proposición de ley somos capaces de
dar hoy esa buena noticia a las personas que tanto han trabajado para
el restablecimiento de las libertades en nuestro país.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana de Cataluña votará
favorablemente esta propuesta de Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), por dos razones. En primer lugar por lo que
representa el CADCI en la historia de Cataluña. El CADCI fue un
sindicato de dependientes, un sindicato escuela de formación que tuvo
una función social muy importante en Cataluña en los años veinte y
treinta, que fue expropiado, como la mayoría de partidos políticos,
asociaciones, sindicatos y entidades republicanas a partir de 1939, y
que no ha visto la recuperación de su patrimonio en lo que se podría
definir como un acto de reparación y justicia histórica. También hay
una segunda razón, porque nosotros entendemos que la recuperación de
la memoria, el respeto y la dignidad de esas personas que lucharon
por la democracia, lucharon por los derechos individuales y
colectivos de Cataluña, merecen una reparación que hoy aquí podemos
subsanar. Por estas dos razones, el grupo de Esquerra Republicana
de Cataluña va a votar favorablemente esta propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta ante la
Cámara una proposición de ley por la que se pretende restituir al
denominado Centro autonómico de dependientes del comercio y de la
industria, el CADCI, los bienes muebles y derechos patrimoniales que
le fueron incautados en aplicación del decreto de 13 de septiembre
del año 1936 y de la Ley de 9 de febrero de 1939 de responsabilidades
políticas. Se trata de una pretensión que el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) formuló ya durante la tramitación de la
Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los
partidos políticos de los bienes y derechos que les fueron incautados
en aplicación de las normativas sobre responsabilidades políticas del
período 1936-1939. En aquella ocasión, la enmienda número 14, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que proponía
otorgar al CADCI una compensación pecuniaria por el valor de los
bienes y derechos de contenido patrimonial que le fueron injustamente
incautados por el régimen franquista, fue rechazada por la Cámara con
el argumento de que el entonces proyecto de ley restringía su ámbito
de aplicación a los partidos políticos. En efecto así fue: el
artículo 1º del texto definitivamente aprobado establece que la
restitución que se prevé en la norma únicamente procede cuando se
trate de incautaciones realizadas a partidos políticos o a personas
jurídicas a ellos vinculadas. Ahora bien, es evidente que al margen
de la crítica que pueda formulársele a la cicatera aplicación de que
ha sido objeto y a la que más tarde me referiré, la Ley de
restitución de 1998 no cubre todos los supuestos de incautación que
se produjeron al amparo de la normativa franquista, porque ésta no se
limitaba a los partidos políticos, sino que afectaba también, como
expresa y claramente preveía su artículo 2.º, a cualesquiera otras
entidades, agrupaciones o partidos filiales de análoga significación.
Esto significa que pueden existir, y de hecho existen, entidades y
agrupaciones distintas a los partidos políticos que fueron
ilegítimamente privadas de sus bienes y derechos por las autoridades
franquistas, y que por no quedar incluidas en el ámbito de aplicación
de la Ley de restitución del año 1998 todavía hoy, en el siglo XXI,
casi medio siglo después de que la Constitución proclamara su
voluntad de establecer una sociedad democrática avanzada, continúan
padeciendo la injusta situación creada por los
decretos del año 1936 y por la Ley de responsabilidades políticas del
año 1939.
La iniciativa que hoy debatimos plantea el caso del CADCI, pero
seguro que no es el único caso; seguro que puestos a intentarlo
encontraremos sin excesiva dificultad otros casos semejantes de
entidades que habiendo sido privadas también de sus bienes y derechos
en la aplicación de la normativa ya citada, se encuentran todavía
privadas de su disfrute por no haber conseguido su restitución. No
creemos, pues, que una ley como la que articula la proposición que
debatimos pueda o deba ser una ley de caso único; antes al contrario
creemos que debe configurarse con los rasgos de generalidad y de
abstracción que por regla general caracterizan a las leyes. Debe ser
una ley aplicable a todas las entidades y agrupaciones que se
encuentren en la misma situación que el CADCI, es decir a todas
aquellas que habiendo sido injustamente privadas de sus bienes
y derechos al amparo de las leyes franquistas de responsabilidades
políticas, no hayan podido recuperar su disfrute por haber quedado
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de restitución del año
1998.
A juicio del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en este terreno se
ha de obrar con la máxima transparencia y publicidad, haciendo
posible la participación en el proceso de restitución de todas las
entidades potencialmente beneficiarias del mismo, de manera que nadie
pueda sospechar que en lugar de reparar una injusticia histórica
provocada por un régimen totalitario, lo que se está propiciando es
un arreglo puntual sin más consecuencias políticas que la concreta
satisfacción política de sus promotores. Por ello, nuestro apoyo a la
toma en consideración de esta proposición de ley, por decirlo de
alguna manera, va a ser crítico: un voto favorable, cuya emisión va
acompañada del propósito de enmendar la iniciativa en el supuesto de
que la Cámara se pronuncie a favor de su toma en consideración, con
el fin de propiciar una transformación de la ley que la haga cambiar
de una ley de caso único a una ley general, aplicable por supuesto al
CADCI, pero en cuyo ámbito de aplicación tendrían cabida también
todas aquellas entidades y agrupaciones que se encontrasen en una
situación similar a la del CADCI. Por cierto, ya que he hecho
referencia a nuestro propósito de enmendar el texto original de la
proposición, quisiera señalar que la primera enmienda del grupo al
que represento iría dirigida al pasaje de la proposición de ley que,
no sé si cándida o irónicamente, afirma que con la reinstauración de
la democracia se ha restituido ya el patrimonio a los partidos
políticos mediante la ley 43/1998, porque como se sabe el Grupo Vasco
fue el principal promotor de la ley 43/1998 y como se también sabe el
Grupo Vasco, o mejor dicho la organización política que lo sustenta,
es hoy en día su principal damnificado ya que está padeciendo las
consecuencias de una aplicación cicatera a través de la cual el
Gobierno persigue vaciar sus contenidos y neutralizar definitivamente
sus efectos.
La ley que resulte de la proposición que hoy debatimos, en el
supuesto, insisto, de que sea tomada en consideración por parte del
Congreso, además de ser una ley general aplicable a todas las
entidades y agrupaciones que se encontrasen en una situación análoga
a la del CADCI, habrá de incluir también las garantías necesarias
para impedir que pueda ser neutralizada a través de una aplicación
restrictiva y desleal.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Sus señorías conocen nuestra opinión y nuestra posición básica sobre
esta cuestión y por tanto conocen de antemano nuestro apoyo a
cualquier lógica de restitución de este tipo. Antes de reflexionar
sobre el contenido de la misma desearía señalar dos cuestiones de
fondo y de ámbito general que perfilan la posición de Izquierda Unida
en este punto. En primer lugar, la Ley 43/1998 está siendo de tan
difícil aplicación que no cancela el derecho de restitución de bienes
incautados. La segunda es que la interpretación reglamentaria de la
misma se está convirtiendo en arbitrariedad. En suma, sigue pendiente
satisfacer con formaciones políticas y sindicatos un derecho de
evidente justicia democrática.
Volviendo sobre la propuesta que formula Convergència i Unió,
apoyaremos que el CADCI se reconozca como una de las entidades
beneficiarias de las leyes de 1986 y 1998; sin embargo, me temo que
al formular los contenidos de restitución deberían ser ustedes
sensibles tanto a superar las dificultades existentes sin crear
potenciales desigualdades de trato como a crear un nuevo cuerpo
legislativo que resuelva eficazmente una restitución que lleva camino
de acabar en los tribunales.
Una de las cuestiones que debe resolverse para su propuesta y para el
vigente reglamento es la cuestión de la documentación exigible, que
cuando existe está tan dispersa que hace casi inviable cumplir con el
requisito reglamentario. La mayor parte de la documentación ha
desaparecido o se encuentra en legajos inencontrables en Alcalá,
Madrid, Salamanca, Ávila, en los archivos provinciales o de los
antiguos Gobiernos Civiles que por otra parte no han transferido su
documentación. Dos archivos fundamentales, los del Banco de España o
el de Protocolos Notariales son inaccesibles y se resisten con celo
digno de mejor causa al registro de la propiedad; en una palabra se
hace imposible demostrar la propiedad, cosa que ustedes resuelven por
el gracioso expediente del artículo 4, que convierte al Estado en la
gestoría para encontrar certificados. Sea,
en cualquier caso estamos de acuerdo; pero para todas las
organizaciones que se sujetan a las dos leyes citadas.
Además de este cambio legislativo, parece necesario que dadas las
dificultades con que se están encontrando organizaciones políticas y
sindicales, se prevea una moratoria de al menos un año para plantear
expedientes de reclamación. En una palabra, la legislación existente
está siendo vaciada por el reglamento, por la actitud de los
registros y por la voluntad política del Estado. Estoy seguro de que
contamos con ustedes para plantear conjuntamente una reforma de esa
legislación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Socialista, señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, señorías, escuchando al
portavoz del Grupo Parlamentario PNV, lamentaba lo triste que es que
en esta Cámara nos acordemos cada uno de nuestros temas. Tiene usted
razón. La Ley 43/1998 no sólo es difícil de aplicar, sino que
realmente no está restituyendo el patrimonio a los partidos a los que
les fue incautado, y no sólo al suyo. al que yo represento tampoco le
ha sido restituido. Esta ley no ha sido aplicada realmente, porque
pretender que al Partido Socialista Obrero Español se le quiera
reconocer lo que se ha fijado, además de no hacer justicia es reírse
de los cientos y miles de compañeros que han muerto y crearon el
patrimonio que hoy los dirigentes del Partido Socialista reclamamos.
Decía que a veces nos acordamos porque la Ley 4/1986 tampoco ha
restituido el patrimonio sindical. La Unión General de Trabajadores
sigue reclamando su patrimonio histórico, porque no se le ha querido
reconocer y no se le ha restituido. Es cierto que se le ha devuelto
una pequeña, una ínfima parte de lo que le corresponde, pero no la
totalidad; por tanto son dos leyes que están pendientes de que
realmente se apliquen. Lo verdaderamente vergonzoso es que hoy, casi
23 años después de aprobada la Constitución, todavía estemos hablando
de estos temas. La dictadura franquista, además de régimen político
antidemocrático, supuso la ruptura de las más elementales reglas del
Estado de derecho, y con su comportamiento no sólo persiguió a todos
aquellos que no estaban con él, o sea a los demócratas, sino que les
incautó todos sus bienes y los pasó a disfrute de otras
organizaciones, prácticamente en los mismos términos que hicieron los
nazis en el pasado.
Pues bien, señorías, al hablar hoy de esta ley, aunque sea para
hacerlo de una pequeña organización llamada CADCI, realmente estamos
tratando de restituir, de volver a poner en su sitio aquello que
corresponde a una serie de personas, a una serie de trabajadores que
seguro que consiguieron su pequeño patrimonio con muchas
aportaciones, difíciles en aquella época, pero con el trabajo diario
de su militancia.
La Unión General de Trabajadores de Cataluña tiene hoy la sede en el
edificio que estos representantes del CADCI reclaman, y la UGT de
Cataluña no sólo apoya esta reivindicación, sino que como bien ha
dicho el compañero Jordi les ha dejado un local para que sigan
manteniendo su actividad.
Señorías, creo que en nuestra transición todos optamos, y con gran
acierto, por el olvido, por pactar un futuro para todos y por una
reconciliación. Esto creo que ha sido un gran acierto de nuestro país
y de todos los partidos políticos; pero eso no puede hacer olvidar
que tenemos una deuda moral pendiente con generaciones anteriores,
que a veces ni siquiera se quiere reconocer, aunque lo sea
fácilmente, sino una deuda histórica económica con partidos políticos
como el mío, como el PNV o como Unión Democrática, que realmente
debemos restituir porque, repito, no se trata sólo de las
aportaciones que hicieron, sino de la militancia de aquellas
personas, de la fe en la democracia, del legado que hicieron a
generaciones futuras a fin de que sigan defendiendo sus ideales.
Hoy nos encontramos aquí hablando de una pequeña asociación. Hagamos
un esfuerzo y resolvamos este problema de una vez por todas. Estoy de
acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del PNV, que esta iniciativa
de ley puede abrir si queda alguna otra asociación con derecho a
alguna reclamación. Cerremos de una vez por todas un período negro de
nuestra historia que yo estoy convencida que no se va a volver a
repetir, pero que no podemos olvidar. Debemos hacer el esfuerzo de
restituir algo tan importante como los patrimonios y que cada
organización pueda tirar hacia adelante con su historia. Yo sé que a
veces es difícil de entender, puesto que nuestro país ha sido
dirigido por dos gobiernos de distinto signo y se podía haber
aprovechado para elaborar una ley y llevar a cabo la devolución, pero
a mí partido le honra no haber querido devolverlo si no era con el
consenso de todos. Ahora pienso que es un buen momento para alcanzar
ese consenso y devolverlo no sólo al CADCI sino a los partidos
políticos, a los sindicatos y especialmente a la Unión General de
Trabajadores, que realmente tiene todo su patrimonio histórico
pendiente de que se le restituya.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Troconiz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señora presidenta, señoras y
señores diputados, no sé si hoy estamos debatiendo una proposición de
ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la
restitución del patrimonio que le fue incautado al Centre Autonomista
de Dependents del ComerÁ i de la Industria, Entitat Obrera, si
estamos
debatiendo la aplicación de la Ley de 15 de diciembre de 1998, de
restitución del patrimonio incautado a los partidos políticos o bien
estamos discutiendo sobre la restitución del patrimonio sindical en
función de la disposición adicional cuarta de la Ley de 9 de febrero
de 1986, de restitución del patrimonio sindical acumulado. No lo sé,
señoras y señores diputados, pero en la medida que estas cuestiones
que ustedes han puesto hoy encima de la mesa tienen cierta relación
con el asunto que hoy nos trae entre manos a propósito de esta
proposición de ley, creo que merece la pena que establezcamos de una
vez por todas una serie de principios generales en orden a las
llamadas reparaciones, restituciones históricas y reconciliaciones.
Antes de nada déjeme que le diga, señor Jané, que lamento
profundamente, y usted lo sabe, no poder estar de acuerdo con usted y
con su grupo en esta proposición de ley que hoy plantean ante la
Cámara. He de dar antes una serie de datos que no ha mencionado el
señor Jané y que me parece importante reseñar en orden al Centre
Autonomista. Esta asociación fue creada en 1903 al amparo de la Ley
de Asociaciones de 1887, adquiriendo el local en el entonces número
10, ahora 25, de la Rambla de Santa Mónica en 1913, por cierto con un
préstamo hipotecario del Instituto Nacional de Previsión, que en su
día fue reintegrado por la organización sindical al entonces
Ministerio del Ejército, que fue el recipiendario de esta
incautación, por un importe de 457.000 pesetas. También es preciso
que SS.SS. sepan que este Centre Autonomista planteó un proceso civil
para pretender la reivindicación y restitución de este inmueble al
Estado, así como a otras entidades incluida la Unión General de
Trabajadores, que tuvo desgraciadamente una sentencia negativa en
1991 por parte de un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona,
sentencia desestimatoria que a su vez fue confirmada en 1992 por la
misma Audiencia Provincial de Barcelona. ¿A qué nos lleva esto? Nos
lleva a que argumentos jurídicos para la restitución no hay y este
Estado es efectivamente heredero jurídico del anterior y de los demás
Estados que en España han sido, pero este Estado no es heredero
político de aquel que dictó el decreto de incautación de 13 de
septiembre de 1936. Por cierto, este no fue el decreto por el que se
procedió a la incautación sino en virtud del cual se incautó, porque
la incautación se realizó en el año 1939 y básicamente en la Ley de
Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, posteriormente
confirmada por otra Ley de 18 de febrero de 1942. Este Estado no es
heredero político del que procedió a realizar aquellas incautaciones,
sí es heredero jurídico, y jurídicamente no existe razón alguna para
proceder a ninguna devolución.
Ahora vayamos a investigar cuál fue el fundamento de la restitución a
las organizaciones sindicales y a los partidos políticos con ocasión
de las Leyes de 1986 y 1998, independientemente de su aplicación
práctica. No ha habido continuidad en las personalidades jurídicas,
sí
que ha habido tal vez una continuidad en el espíritu de la persona
que pretendía representar a esta organización. Estas organizaciones
se plantearon como nuevas a raíz de la entrada en vigor de nuestra
Constitución. Pues bien, el fundamento de la restitución, el
fundamento de la reparación no es tanto una cuestión de incautación o
de confiscación previa, sino fundamental y básicamente el que estas
organizaciones colaboran y siguen colaborando actualmente con el
Estado por razones políticas, porque llevan a efecto un objeto de
interés público, tanto organizaciones sindicales como partidos
políticos. Esta es la razón esencial de la restitución del patrimonio
porque jurídicamente no existe ni razón ni fundamento alguno para
poder sostenerlo.
Señoras y señores diputados -no nos engañemos-, de igual forma que
habría que reparar dicha restitución en función de esta malhadada Ley
de 9 de febrero de 1939, por qué no deberíamos pensar también en
restituir las destrucciones habidas con ocasión de la Guerra Civil,
por qué no deberíamos pensar también en restituir otras destrucciones
habidas en guerras anteriores, generalmente civiles, en nuestra
patria. Razón jurídica no existe, razón política de reparación como
tal, tampoco. Como establece el Tribunal Constitucional -debemos
aprender de una frase que me gustaría que se grabara en las mentes de
SS.SS.-: Tenemos que tener siempre presente la dura realidad de la
historia, y la historia, señoras y señores diputados, pasa página.
Sin perjuicio de lo cual, he de decir que estoy absolutamente de
acuerdo con lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) y por el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Efectivamente, puede que aún queden reparaciones o
restituciones que tengamos que realizar, pero por la razón política -
y sólo política- de que tales organizaciones o instituciones siguen
representando o pueden representar en el Estado actual un interés
público, porque su objeto transciende a lo meramente privado, a la
restitución de un patrimonio para poner este patrimonio en un camino
de interés público. No es solamente este centre autonomista, no son
solamente otro tipo de asociaciones, organizaciones o fundaciones;
hubo incluso dos debates en esta Cámara en la pasada legislatura que
dieron lugar a la aprobación de sendas proposiciones no de ley de
devolución de determinados inmuebles, pero siempre dentro de estos
parámetros. No olvidemos tampoco a un ente, una organización
profundamente afectada por la Ley de Responsabilidades Políticas y
que no ha hecho ningún amago de intento de reivindicación de su
patrimonio, me estoy refiriendo a las logias masónicas. Me parece
correcto que no solamente sean las organizaciones y agrupaciones
sindicales, que no sean solamente los partidos políticos, sino
también cualquier otro tipo de organizaciones, instituciones o
asociaciones, siempre y cuando realicen, hoy día, actual y
efectivamente, una función, tengan un objeto de interés público y no
meramente privado. Porque, si no, esta
restitución carece de fundamento. La restitución solamente puede
tener un fundamento político porque conllevan y coadyuvan al interés
público del Estado; no un fundamento meramente privado, porque aquí
tenemos que aplicar el derecho por duro que sea; la dura realidad de
la historia. Estos asuntos están absolutamente fenecidos. Es más, en
el caso del centre autonomista ejercitaron una acción
reivindicatoria, pero pudieron haber ejercitado también una acción de
responsabilidad o de indemnización de daños y perjuicios, en el
supuesto de que no fuera posible, porque el instituto de la
prescripción, de la usucapión adquisitiva a favor del Estado, es el
argumento que utilizan el juzgado y la audiencia provincial para
negar la acción ejercitada por el centre autonomista. ¿Por qué no
ejercitaron una acción de resarcimiento de daños y perjuicios? Estoy
convencido de que hubiera prosperado. Ciertamente, no es el momento
de plantearnos cuestiones jurídicas en un sentido u otro.
Les invito a que verdad se cierre por siempre y de una vez por todas
el debate sobre las restituciones, sobre las reparaciones.
Desgraciadamente, no puede hacerse a través de esta proposición de
ley. Se pueden emplear nuevos argumentos que se relacionen con una
enmienda de devolución. No podemos estar conforme ni con los
principios ni con el espíritu ni con la oportunidad del proyecto,
porque no sienta principios de restitución ni explica qué razones
deben conducir a estas restituciones. No podemos estar tampoco de
acuerdo con su espíritu en cuanto solamente pretende la restitución
de un bien singular a una organización singular, ni, desde luego, con
la oportunidad. Es preciso que preceda un debate político interno
dentro de los grupos parlamentarios de esta Cámara para que,
posteriormente, dé lugar a una proposición de ley, que puede tener no
solamente la firma del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sino de
más grupos parlamentarios, o propender a una iniciativa del Gobierno
a través del correspondiente proyecto de ley. Siento, señor Jané, no
poder estar de acuerdo en esta ocasión con usted, cosa que lamento
profundamente, porque no es el estilo que nos caracteriza. Espero
sinceramente haberle convencido de que no es momento oportuno, no es
momento adecuado. El espíritu que se respira en esta proposición de
ley no me parece correcto, porque subsume decisiones que solamente
pueden corresponder a los tribunales: continuidad entre una
asociación al amparo de la Ley de 1887; una nueva asociación, con una
ruptura, que adquiere personalidad jurídica al amparo de la nueva Ley
de 24 de diciembre de 1984; la presuposición de que ese bien
pertenecía a este centre autonomista... Por mucho convencimiento moral
que podamos tener, no me parece que el Parlamento deba actuar de
juez. El Parlamento debe hacer leyes, debe ejercitar la potestad
legislativa. La potestad jurisdiccional dejémosla, como dice el
artículo 117 de la Constitución, a los juzgados y tribunales. Hoy no,
señor Jané, pero mañana puede y
espero que sí cuando hagamos las cosas, no voy a decir que bien,
porque me parece que usted actúa correctamente, sino de conformidad
con todos, de acuerdo con el espíritu que marca nuestra Constitución,
con el espíritu que marca nuestra moderna convivencia, pero haciendo
las cosas bien por todos y para cerrar por siempre puertas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de devolución del
patrimonio confiscado al CADCI.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 131; en contra, 152.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), SOBRE EL TRATAMIENTO
TRIBUTARIO DE LOS ALOJAMIENTOS EN CASAS RURALES DE PEQUEÑA DIMENSIÓN.
(Número de expediente 162/000106.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el tratamiento tributario
de los alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Núñez. (Rumores.) Señorías, vamos a continuar con el debate. Ruego
ocupen sus escaños y guarden silencio.
Adelante, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, todos sabemos que el turismo es una de las principales
industrias en nuestro país. En el caso andaluz no es sólo una de las
principales, sino, evidentemente, la principal. Las cifras que ha
movido nuestra comunidad, recogidas en estadísticas del último año,
hacen que se superen los dos billones de pesetas de ingresos, los 20
millones de viajeros, los cientos de miles de empleos y que sea vital
para nosotros el reforzamiento, la modernización, la vida en
definitiva, de esta importante industria, en un momento en el que,
pase lo que pase y vienen muchos cambios, no parece que vaya hacia
atrás la cultura del ocio.
La industria turística se ha diversificado. En cada lugar se ofrece
el producto, es compleja y variopinta. Las competencias radican en
las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma ha ido adaptando
su
oferta a sus peculiaridades. Hoy tratamos de un segmento -de una
parte del segmento, por ser más preciso- dentro del turismo rural. En
estos últimos años se ha producido un auge muy importante de esta
oferta a lo largo de todo el año, con una estacionalidad muy alta.
Hay en los cuatro trimestres del año entradas de viajeros y de
pernoctaciones en este segmento que pretende enseñar el paisaje,
enseñar los valores etnológicos y la cultura propia de cada lugar.
Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, durante
este año, hay registrado un número de establecimientos turísticos
enclavados en el turismo rural de alrededor de 5.000. Estos 5.000
establecimientos han acogido a unos 35.000 viajeros o pasajeros.
Estamos hablando de un ratio de siete por establecimiento, es decir,
una oferta muy cualificada en algunos casos pero muy pequeña. En los
siete meses de este año se han producido aproximadamente 600.000
visitas, para que tengamos un orden de magnitud, que han provocado
1.600.000 pernoctaciones. Estamos hablando de cifras importantes.
Dentro de este segmento hay un grupo que ofrece un producto de una
casa típica, histórica, del lugar, que según la región se llama de
una manera: posada, cortijo, casa rural, etcétera, que casi se
atiende con una estructura familiar.
Aunque el sistema de definición de calidad o la tipología de estos
alojamientos está definido por cada comunidad de forma variable, no
se ha definido un sistema fiscal homogéneo para este producto. Esa no
definición provoca que una parte importante de la oferta de turismo
rural esté oculta, porque ahora mismo sólo hay dos posibilidades:
darse de alta como empresario turístico, si tiene escala suficiente
la explotación, o utilizar ese negocio aplicando la Ley de
Arrendamientos Urbanos, porque lo que se hace es alquilar durante un
tiempo un local. En el momento en que una pequeña vivienda, con una
pequeña oferta, con muy pocas habitaciones, además de alquilarlo, dé
prestaciones o servicios, se encuentra en un hueco en el que los
costos para darse de alta en el registro, en el impuesto de
actividades económicas, para el impuesto sobre la renta, son tales
que no pueden aflorar. Señorías, solamente cumplir los requisitos de
darse de alta en un registro administrativo, con la elaboración de
planos, informes, etcétera, más el darse de alta como autónomo para
pagar el IAE, supone unas 500.000 pesetas, y sabemos que el ingreso
medio de estas casas son 500.000 pesetas. No podrán aflorar nunca si
no hacemos un sistema fiscal a la medida para este tipo de
establecimientos, cuyos ingresos hay que contemplarlos mucho más como
una renta complementaria de la actividad principal, que es la
agraria, la forestal o la que está en el medio rural, que como la
renta principal. Hay que reformar y crear los epígrafes, en el caso
que procedan, dentro del impuesto sobre actividades económicas, que
como saben ustedes es un ingreso municipal que se define en la Ley de
Haciendas Locales, pero que el Gobierno define los
epígrafes, los módulos, etcétera. En el impuesto sobre la renta puede
establecerse un sistema objetivo, de módulos para este tipo de
producto.
La proposición no de ley trata de que se estudie este colectivo
porque estamos convencidos de que va a producir un incremento
importantísimo de la legalización, lo que implica un incremento
relevante del cumplimiento de la normativa de calidad de estos
establecimientos. En el País Vasco, en comunidades forales ya tienen
sus propios epígrafes y esto ha supuesto que aflore este producto. No
es razonable que Navarra o el País Vasco tengan más casas dadas de
alta que toda Andalucía. Estamos en una situación en la que ni son
empresarios turísticos -no tienen esa capacidad de hoteleros-, ni
están dando un producto en arrendamiento; están dando este segmento
intermedio.
La proposición está presentada hace un año y pedía la reforma para
este presupuesto. Ha habido dos enmiendas a esta proposición
andalucista: una presentada por el Gobierno y otra, por el Grupo de
Izquierda Unida. Hemos elaborado una transaccional en el sentido de
que, en el marco del estudio del impuesto sobre la renta de las
personas físicas que tiene que realizar el Gobierno para el año 2002,
se estudie la especificidad de este segmento del turismo rural, que
es el de alojamientos de pequeña dimensión. Como resultado de ese
estudio de esta especificidad tendrán que salir, en su caso,
modificaciones o no, desapariciones de figuras, en definitiva, el
traje fiscal que hay que hacer a la medida para que aflore en nuestro
país este segmento que tanto desarrollo tiene no sólo desde el punto
de vista de ingreso fiscal, sino del control de la calidad de este
producto.
Señorías, las cifras que he dado al principio son las registradas. Si
a esto le sumamos la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se aplica
sistemáticamente a este tipo de productos, estamos hablando de un
producto turístico que, con toda seguridad, mueve más del millón de
personas que genera unos cuantos miles de millones de pesetas y,
sobre todo, mucho empleo. Estamos hablando de establecimientos que
tienen entre seis y siete personas de trabajo directo o indirecto en
cada establecimiento. Si ustedes multiplican los 5.000 que hay por
siete, estamos hablando de 35.000 empleos; si ustedes multiplican por
lo que tiene que aflorar, estamos hablando de un número de empleos
importante, que tendrá que darse de alta en Seguridad Social, que
tendrá que aflorar y que tendrá que servir para que no sea un
producto oculto, lumpen.
Señorías, yo les pido a ambos grupos que retiren su enmienda y apoyen
esta transaccional a la que voy a dar lectura y que pasaré ahora
mismo a la Mesa. La enmienda transaccional dice: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno de la nación a desarrollar, en el marco
de la reforma del IRPF durante el año 2002, el estudio de la
especificidad fiscal de la actividad empresarial de hospedajes en
casas rurales y en su caso, la nueva fiscalidad
para este segmento de la industria turística. Espero que el
Congreso estime esta proposición.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, Izquierda Unida considera que la propuesta que se nos
presenta es oportuna porque viene a reflejar un problema que existe
en el sector turístico que debe servirnos de reflexión para
evidenciar cómo la Administración central no toma en cuenta a esta
industria, la más importante de este país, porque no resuelve el
problema que mejoraría su competitividad. Estamos hablando de un
problema concreto, si acaso pequeño si lo comparamos con esta gran
industria turística de este país. Nosotros hemos presentado una
enmienda, que retiraremos en aras al consenso que solicita el
portavoz del Partido Andalucista, porque queríamos reflexionar
brevemente sobre la necesidad de que hubiese una fiscalidad
específica y a la medida de nuestra principal industria. No se
entiende que un Estado no tenga en cuenta a una industria que puede
ser competitiva, que es de hecho líder a nivel mundial, a la hora de
elaborar sus leyes, en este caso sus disposiciones fiscales. Es
necesario que se estudie a fondo la fiscalidad que mejor le viene al
sector turístico para que, entre otras cosas, sea posible que parte
del dinero que genera este sector se reinvierta en él, que no tenga
que ir siempre a la cola de las inversiones, que no nos encontremos
con que es necesario reclamar durante años y años cualquier inversión
que se haga en este sector y que cuando luego observamos las cifras
que genera comprobamos que son altísimas. Eso entre otras cosas, es
producto de una fiscalidad no adecuada. No voy hablar aquí de
elementos medioambientales, que también son necesarios tener en
cuenta a la hora de hablar de fiscalidad turística, pero sí reclamar,
como decía, esta fiscalidad a la medida del sector turístico, no como
un privilegio sino como una forma de obtener un mejor rendimiento. Ya
ha explicado el portavoz andalucista cómo con estas simples medidas
-admito que son un elemento puntual en todo el sector turístico- se
podría mejorar la recaudación, se podría normalizar el desarrollo de
una parte de esta industria aflorando una oferta que está en estos
momentos en el mercado negro, que está oculta y que redundaría en un
mayor beneficio del Estado. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la presidencia.) Cuando pedimos una mejor fiscalidad para el
turismo no estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que se le
dote al turismo de los mecanismos necesarios para que pueda ser mucho
más rentable en
este país. Los beneficios no solamente se tienen que adquirir porque
vengan más turistas, sino porque haya un mejor rendimiento de los que
ya vienen.
Esto es lo que nos ha llevado a presentar nuestra enmienda, lo que
nos lleva a votar favorablemente la proposición no de ley que
presenta el Partido Andalucista. Esperemos, repito, que ese debate
sobre la fiscalidad, que nosotros vamos a intentar trasladar a una
subcomisión parlamentaria, se pueda dar y que esta legislatura
termine situando al turismo como se merece, reconociéndolo como ese
sector estratégico y esa industria principal que son para este país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Campoy.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra para someter al grupo proponente y al resto
de la Cámara la enmienda a cuyo texto aludiré al final de mi
intervención que mi grupo ha presentado con relación a la proposición
no de ley que se debate. El Grupo Parlamentario Popular comparte la
enorme importancia que representa el turismo y dentro de éste el
papel emergente del turismo rural. Asimismo, compartimos los efectos
que produce, tanto desde un punto de vista económico como social:
representa un complemento de rentas, diversifica la estructura
productiva, facilita la ruptura de la estacionalidad, significa
también una importante fuente de empleo evitando la despoblación y
ejerciendo una influencia positiva en el bienestar de las familias
enclavadas en las zonas rurales con oferta turística, tal y como
expresa la exposición de motivos. Es un hecho por tanto la indudable
expansión de este tipo de turismo durante los últimos tiempos dentro
de una actividad económica tan vital para España.
En definitiva, estamos de acuerdo con las premisas que sustenta esta
proposición no de ley. Ahora bien, no podemos compartir ni apoyar ni
el juicio de valor que expresa la iniciativa ni alguna de las
consecuencias que de ella se extrae. En primer lugar, realiza una
distinción entre empresarios turísticos, que define como aquellos que
prestan además de alojamientos servicios complementarios, de aquellos
otros que no prestan esta oferta complementaria y que se limitan a
ceder el uso del inmueble, con respecto a los cuales la iniciativa
propone su inclusión dentro de la normativa de la Ley de
Arrendamientos Urbanos y, en consecuencia, a efectos fiscales, ser
consideradas sus rentas como rentas de capital inmobiliario. A este
respecto, desde el punto de vista jurídico, ambos -es decir, ya
ofrezcan servicios complementarios o no- son considerados de manera
unánime por la doctrina dentro de la misma categoría de alojamiento,
pues lo que define a éste y lo diferencia del arrendamiento no es
tanto la dimensión del inmueble como tampoco si ofrecen servicios
complementarios, sino más bien la concurrencia de dos notas que
caracterizan a este tipo de contrato: de una parte, que la vivienda o
el inmueble se inserte dentro de la oferta del tráfico turístico y,
en consecuencia, consista en actividad empresarial, ya sea mediante
persona física o jurídica; de otra, por el tiempo de permanencia, es
decir, por una estancia de menor duración, y con una continua
rotación de clientes, nota ésta que la diferencia de la mera tenencia
de huéspedes con carácter estable.
Llegados a este punto, para tener una mejor perspectiva de la
regulación existente en el sector, se hace imprescindible tomar como
referencia y ejemplo la Ley valenciana de turismo, no porque el
diputado que les habla pertenezca a la Comunidad Autónoma Valenciana,
que también, sino porque representa un hito en la regulación y
promoción del turismo, como más adelante demostraré. Regula dicha ley
el servicio de alojamiento contemplando expresamente el alojamiento
del turismo rural, que además es objeto de un decreto específico que
incluye las casas rurales de pequeña dimensión. En cualquier caso,
señorías, la inclusión o la consideración en un tipo u otro vendrá
determinada por el ánimo del propietario y por las circunstancias que
concurran en cada caso concreto, sin que ello tenga influencia
determinante alguna en el desarrollo de esta actividad. Hay que
añadir que enmarcarlas dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos
conllevaría su exclusión de las posibles ayudas que algunas
comunidades como la valenciana tienen presupuestadas para promover
este tipo de turismo.
En relación con las medidas fiscales que propone para el empresario
de turismo rural, hay que señalar respecto al impuesto de actividades
económicas que en la actualidad la actividad objeto de debate tributa
por el grupo 685, subsección primera, bajo la rúbrica de alojamientos
turísticos extrahoteleros, que engloba otras modalidades de
alojamiento y que en opinión de este grupo está en perfecta sintonía
con uno de los principios inspiradores del impuesto, que no es otro
que evitar la desagregación. En cuanto a la tributación mediante el
sistema de estimación objetiva y la propuesta de diseñar un sistema
de módulos a efectos de la aplicación del impuesto de la renta de las
personas físicas y del impuesto del valor añadido, es necesario
recordar que dicho sistema facilita las obligaciones formales tanto
del contribuyente como de la Administración tributaria, no alterando
el tipo impositivo del IVA y siendo además voluntaria su elección
para aquellos casos, que son la mayoría, en los que el turismo rural
representa una actividad complementaria a la ganadera, agrícola
o forestal, siendo cierto que aquellos casos, los minoritarios, no
comprendidos en este supuesto carecen
de un módulo específico que les pudiera permitir tributar por
este sistema.
En cualquier caso, afirmar que el marco normativo existente bloquea
el despegue definitivo del turismo rural, concretamente en Andalucía,
es desviar la responsabilidad y nos parece una afirmación sin
fundamento alguno, puesto que de ser cierta, el turismo rural en el
resto de España estaría en una situación similar a la de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, siendo la realidad de otras comunidades muy
distinta. Las comunidades autónomas tienen competencia constitucional
para el desarrollo normativo y para la promoción del turismo; de
hecho la mayoría de ellas han elaborado y aprobado sus propias leyes.
La Comunidad Autónoma Valenciana, gobernada por el Partido Popular,
es perfecto ejemplo de regulación y gestión en materia de turismo
mediante un modelo integral que incluye el plan para el desarrollo
del turismo interior, contemplando actuaciones tanto sobre la oferta
como sobre la demanda y de cuya aplicación baste destacar un dato
-señor Núñez, ya que ha aportado usted un dato, permítame aportar a
mí otro-. Con inversiones que suponen una media de 3.000 pesetas por
habitante de las comarcas rurales, la demanda en el período 1995-2000
ha ascendido de 335 a 4.020 plazas, con un crecimiento anual superior
al 58 por ciento de media, clara demostración de que el despegue del
sector depende no tanto de medidas fiscales cuanto de una gestión
responsable y eficaz, que es lo que caracteriza a las comunidades que
han llevado a cabo una apuesta decidida por la diversidad de la
oferta turística, que están regidas por gobiernos del Partido Popular
y que deberían de servir de ejemplo a otras que mantienen una
concepción más tradicional del turismo.
Para concluir, es necesario recordar que el Partido Popular incluyó
entre sus compromisos electorales, dentro del programa que presentó
en las últimas elecciones generales y que fue respaldado por la
mayoría de los ciudadanos, la supresión del impuesto de actividades
económicas para el 90 por ciento de las pymes y autónomos. Así, en
estos momentos existe una comisión de estudio en el seno del
ministerio, que está compuesta también por representantes de la
Federación Española de Municipios y Provincias, que está debatiendo
la reforma del impuesto junto con un nuevo sistema de financiación de
las entidades locales, que será una realidad en 2003. Además, en el
marco del cumplimiento del programa electoral del Partido Popular, la
política fiscal del Gobierno girará también en torno a las reformas
del impuesto de sociedades y del impuesto de la renta de las personas
físicas, cuyo objetivo no será otro que el de mejorar las rentas
disponibles de las familias y aliviar el tratamiento fiscal de las
pymes, reformas ambas que redundarán en beneficio también de la
actividad turística. Por todo ello, señor presidente, el Grupo
Parlamentario Popular considera oportunopresentar una enmienda, cuyo
texto ha dado lugar a una
transaccional, incorporando la enmienda propuesta por el Grupo de
Izquierda Unida, que obra en poder de esta Cámara y cuya aprobación
esperamos por parte del resto de los grupos de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campoy. ¿Grupos
que deseen fijar posición? (Pausa.)
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, simplemente quiero expresar la posición
de mi grupo en relación a lo que consideramos que es un acierto,
proceder a abrir una vía de estudio para establecer un régimen fiscal
para un tipo de actividad económica sobre la que basta con atender a
las encuestas de ocupación en alojamientos turísticos que publica el
Instituto Nacional de Estadística para verificar su importancia
creciente. Coincidimos con la exposición de motivos de la proposición
no de ley en el sentido de que la importancia de esta actividad
económica trascienda de la pura actividad económica y que constituya
un elemento vertebrador y equilibrador en territorios escasamente
poblados. Por lo tanto manifestamos nuestra posición favorable a esta
proposición no de ley con la enmienda que se ha transaccionado y que
ha sido leída antes en esta Cámara en el sentido de que debe
diferirse esta posible reforma hasta el año 2002 por razones lógicas
de plazo y en el marco de importantes reformas tributarias,
fundamentalmente la del IRPF.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Pla.
El señor PLA DURÁ: Gracias, señor presidente.
Nosotros teníamos el convencimiento de que la proposición no de ley
del señor Núñez era una buena iniciativa que francamente recogía un
aspecto que una parte del sector del turismo rural estaba demandando.
Sinceramente tenemos la convicción de que la actividad turística
efectivamente ha adquirido un enorme dinamismo en los últimos años,
pero en el caso de nuestro país basada en un modelo de desarrollo
turístico de masas que gira principalmente sobre el monoproducto de
sol y playa, con una fuerte estacionalidad y con escasa o nula
planificación, siendo el turismo rural un nuevo producto que
respondía a una demanda cada día más incipiente en el conjunto de la
ciudadanía a nivel mundial, con un perfil de turista más concienciado
con valores medioambientales. Además era un elemento que ayudaba a lo
que era el desarrollo rural de manera clara. Así lo ha entendido la
política europea, que a lo largo de estos años ha impulsado desde la
idea del desarrollo sostenible en zonas rurales y a través de
la iniciativa Leader todo un conjunto de acciones en ese sentido. Por
tanto pensábamos que era bueno y que había razones para que este
creciente interés despertado en el conjunto de ciudadanos y en muchos
países del mundo por este tipo de desarrollo turístico tuviese
también un refuerzo estrictamente desde la acción del Gobierno en
aspectos que, como ha señalado bien el señor Núñez, pueden coartar y
de hecho coartan en parte lo que es un desarrollo pleno de este tipo
de oferta.
Hay otras características y otro tipo de elementos que no ayudan a
que se desarrolle en su totalidad, que efectivamente están ahí y que
también competen a las comunidades autónomas, como puede ser el hecho
de la cualificación de los recursos humanos o el apoyo claro a la
experiencia en la actividad de este tipo de sectores o la dificultad
de comercialización, efectivamente, pero hay un aspecto que es el
fiscal, como bien ha señalado el señor Núñez, que entendíamos que no
está suficientemente claro y que no permite que los interesados
puedan, en definitiva, aflorar su actividad y, por tanto, mejorar en
el ámbito de la calidad que este tipo de instalaciones exigía. Yo no
sé a que se refería el señor Campoy con ese conjunto de loas y
alabanzas a la Comunidad Valenciana, porque precisamente si en algo
se ha distinguido últimamente es en situar el sector que hoy
discutimos como un sector básicamente subsidiario de aquello por lo
que ha apostado y ha continuado apostando en estos últimos años, que
es el desarrollo del turismo de sol y playa y además de manera
desmesurada y en desarrollo de una ley que no aplican, por cierto. Es
una ley que tiene un marco muy bonito, es una ley que ha desarrollado
aspectos interesantes, pero que el Gobierno del señor Zaplana no
viene aplicando últimamente como suele suceder en el apoyo a los
municipios turísticos. No obstante lo anterior, creo que las propias
palabras del señor Campoy vienen a decirnos que esta proposición no
de ley no irá a ningún sitio, porque ya está justificando que el
marco en el que está situada la actividad de este subsector dentro
del turismo rural está perfectamente regulado y que, en todo caso, se
verá en el futuro si la especificidad y en concreto alguno de los
aspectos tributarios pueden ser corregidos. Francamente, nos parece
que está anticipando el destino de esta proposición no de ley y nos
duele porque entendíamos que era una proposición de ley que, en
definitiva, obligaba al Gobierno a plantearse seriamente algo en un
sector que viene presumiendo frecuentemente de que es uno de los
sectores que apoyan tradicionalmente. Yo creo que el Gobierno en
general en la política turística está bastante ralentizado -yo creo
que está ausente- y hubiese estado bien que esta vez ejerciese de
verdad el apoyo imprescindible a uno de los sectores que pueden ser
elemento fundamental para nuestro sector turístico en general en el
futuro y me da la impresión de que eso no va a ser así. No obstante y
dado que, efectivamente, el objeto de la proposición no de ley era
acertado, vamos a mantener
nuestro apoyo a esta transaccional para no perjudicar el objeto
de la iniciativa, pero a nuestro modo de ver supone dejar pendiente
la concreción de medidas positivas que el sector venía demandando y
recogía la proposición inicial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pla.
Señor Núñez, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer a los portavoces su apoyo a la enmienda
transaccional, que tiene una corrección técnica respecto a la leída
en el sentido de que no se refiere sólo a la reforma del IRPF sino a
las reformas fiscales durante el año 2002, porque hay otras. Supongo
que es inevitable, aunque se escuche el apoyo unánime de la Cámara,
que cada uno haga su discurso. Yo agradezco el apoyo y espero que la
finalidad sea la común para arreglar este problema del segmento de
turismo rural.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Mixto sobre el tratamiento tributario de los
alojamientos en casas rurales de pequeña dimensión, con arreglo a la
enmienda transaccional que ha aceptado el proponente de la
proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 282.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aceptada esta
proposición no de ley. (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS FIGURAS TRIBUTARIAS EN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. (Número de expediente 162/000338.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): A continuación vamos a debatir
la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso sobre la implantación de nuevas figuras tributarias en
las comunidades autónomas. Por el grupo parlamentario proponente
tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que presenta mi grupo sobre
implantación de nuevas figuras tributarias en las comunidades
autónomas y que me propongo defender parte de unos hechos claros, que
se podrían resumir hablando de la aparición y últimamente se podría
decir mejor de la proliferación de una serie de figuras tributarias
en el panorama legislativo de las comunidades autónomas y en el marco
de su autonomía financiera, figuras singularmente proclamadas en los
artículos 133, 156 y 157 de la Constitución, y me atrevo a decir que
es a impulsos de un cierto arbitrismo fiscal, en algún sentido de
nuevo cuño. Esto, señorías, se produce, y esta es la paradoja, en el
marco de dos datos fundamentales; por una parte cuando por primera
vez se ha logrado un acuerdo unánime en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera del pasado 27 de julio sobre un nuevo
modelo de financiación autonómica entre las fuerzas políticas y
parlamentarias, acuerdo en el que se reiteran los principios básicos
de autonomía financiera y de suficiencia pero también de
corresponsabilidad, solidaridad, estabilidad y transparencia; por
otra, cuando en el marco de la unión tributaria se está progresando y
progresando seriamente en el camino de la armonización fiscal con el
objetivo de homogeneizar, acercar y aproximar los sistemas
tributarios en un mercado único y con una moneda única que, como es
obvio, pronto entrará en vigor. El proceso de armonización es viejo,
arranca del Tratado de Roma, sigue por el Acta Única y se cierra con
la constitución de la Unión Europea, primero en el marco de la
imposición indirecta y recientemente con proyectos importantes en la
imposición directa.
En este contexto claro y también en clara tendencia contracorriente,
aparece abierto un proceso de generación de nuevas figuras
tributarias, especialmente impuestos, en el ámbito de las comunidades
autónomas, que se alejan claramente de esta armonización fiscal, y en
el pórtico, como diría un pedante, de esta exposición quiero sentar
dos afirmaciones fundamentales desde el punto de vista de mi grupo.
La primera es que no hay nada que objetar en el plano de los
principios a la autonomía fiscal y financiera de las comunidades
autónomas y, en segundo lugar, también con la misma contundencia, que
esta autonomía fiscal y financiera debe producirse en el marco de la
ley y de la Constitución. No me resisto a releer y recordarles,
señorías, el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que dice: Las
comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y
exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Negar por
tanto la autonomía fiscal y financiera de las comunidades autónomas
por parte de mi grupo sería tanto como negar nuestro modelo de
Estado, nuestro progreso político en la descentralización y es que
precisamente una de las innovaciones de mayor calado, sin duda una de
las que hicieron posible o más fácil la transición española, es la
configuración de un sistema de autonomías. La Carta
Magna tuvo el acierto de establecer este Estado de las autonomías y
al mismo tiempo abrir grandes expectativas de futuro al propiciar una
mayor integración en Europa; es decir, la Constitución española se
adelantó a sus tiempos al compatibilizar y compaginar la autonomía de
las regiones con la globalización, pero prologada la bondad de la
autonomía fiscal y financiera y la posición de mi grupo
inequívocamente al respecto, es forzoso recordar sus límites legales
y constitucionales.
Sin el propósito de recordar a SS.SS. una lección de fiscalidad-
constitucionalidad, sí quiero subrayar que fiscalistas y
constitucionalistas, de consuno, han construido unos principios
básicos en esta materia, y estos principios son: el principio de
instrumentalidad, según el cual las competencias fiscales autonómicas
están al servicio de las competencias materiales; el principio de
solidaridad, como factor de equilibrio entre la autonomía de las
nacionalidades y regiones y la indisoluble unidad de la nación
española; el principio de unidad, como presupuesto básico de la
estructura del Estado, y el principio de coordinación con la Hacienda
estatal. De aplicación específica al caso que nos ocupa, hay cuatro
principios en los que me detengo brevemente, señorías: el principio
de igualdad, según el cual los españoles deben tener los mismos
derechos y obligaciones en cualquier territorio del Estado y que las
diferencias entre los estatutos de las diferentes autonomías no
pueden implicar ni privilegios económicos ni sociales; el principio
de neutralidad, que postula la libertad de circulación de bienes y
personas por todo el territorio nacional; el principio de
territorialidad, que impide a una comunidad autónoma legislar más
allá de sus fronteras, por decirlo rápidamente, y el principio,
fundamentalmente de aplicación al caso que nos ocupa, de prohibición
de doble imposición, porque se niega a las comunidades autónomas la
facultad de establecer tributos que recaigan sobre hechos imponibles
gravados por el Estado -y la matización es importante porque la ha
hecho el Tribunal Constitucional- sobre materia imponible que
corresponda a las corporaciones locales.
Pues bien, señorías, en este contexto o panorama algunos gobiernos
autonómicos han aprobado nuevos tributos sobre hechos imponibles
gravados por el Estado o sobre materia imponible gravada por las
corporaciones locales. Me voy a referir a dos botones de muestra,
aunque seguramente hay más: el impuesto conocido como ecotasa de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que grava los alojamientos
o estancias en establecimientos turísticos, y el impuesto sobre los
depósitos de las entidades de crédito, aprobado por el Consejo de
Gobierno de Extremadura el pasado 11 de septiembre y que ya ha
iniciado su trámite parlamentario y por tanto todavía no es
definitivamente ley. A ellos me quiero referir sucintamente y
subrayar desde el principio que con independencia de su segura
inconstitucionalidad, pero en todo caso sobre la constitucionalidad
de las normas hay quien decide de una manera
definitiva, tienen efectos económicos que en principio se vislumbran,
se ven claramente como negativos, particularmente en un momento en
que se está registrando una rebaja de los impuestos del Estado y
sobre todo cuando se ha aprobado un modelo de financiación
autonómica.
La llamada ecotasa de Baleares es un impuesto que grava las estancias
de las personas físicas en establecimientos hoteleros, de modo que lo
que se persigue es una recaudación que se afecta a un fondo de
rehabilitación de espacios turísticos. El hecho imponible son las
estancias -hay algunas excepciones- y el sujeto pasivo es la persona
física que se aloja, que realiza la estancia. Hay un sustituto que
son los establecimientos hoteleros. La base imponible son los días de
estancia y la cuota tributaria se mueve entre 0,75 y 2 euros. La
valoración de mi grupo, naturalmente de momento y al margen de la
constitucionalidad, que insisto en que establecerá quien deba
establecerla, es claramente negativa y así le ha parecido al
Gobierno, que en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio
acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad. La ecotasa no es
un impuesto que pretenda una función extrafiscal de preservar el
medio ambiente, lo que busca es obtener una recaudación. No es un
impuesto directo puesto que grava el consumo del contribuyente, por
tanto es un impuesto indirecto, y su vulneración del artículo 6.2 de
la Lofca y del principio de prohibición de la doble imposición está
claro por su coincidencia con el IVA. También podría vulnerar el
artículo 6.3 de la Lofca en lo que concierne a la coincidencia en
materia imponible con el impuesto sobre actividades económicas. No
pretende, obviamente, un objetivo medioambiental porque sólo grava
los alojamientos en estancias o en establecimientos de tipo
turístico, no grava a los residentes que son el 30 por ciento y que
son los mayores factores de contaminación y de daño al medio ambiente
de las islas. Los efectos económicos, señorías, a la vista están en
los datos que nos han dado los medios de comunicación de la
retracción de algunos países de Europa en su estancia más habitual en
las islas. Se pretende variar la tendencia del turismo, ya que de
proseguirse en la vía que inicia este impuesto se pasaría de turismo
de alojamiento hotelero a turismo residencial y, en todo caso,
repugna con un principio de competitividad del turismo en las islas
Baleares porque está dañando al turismo en dichas islas en beneficio
de otros destinos del marco mediterráneo. No me quiero referir a que
rompe con los principios básicos de la imposición; bastaría citar a
un clásico de estos temas que es Frizt Neumark, que subraya la
necesidad de que las administraciones públicas se atengan al
principio de neutralidad fiscal.
El impuesto sobre las entidades de crédito de Extremadura, aún en
proyecto, se confirma como un impuesto propio de la comunidad
autónoma con carácter directo -dice la norma que lo regula, hasta
ahora el
acuerdo del Consejo de Gobierno- y tiene un hecho imponible que es la
captación de los fondos de terceros, cualquiera que sea su
naturaleza, por las entidades situadas en Extremadura, tanto casa
central como sucursales. El impuesto se pretende ingenuamente no
repercutible -digo ingenuamente en una economía de mercado- y la
deuda tributaria tiene cierta entidad porque se obtiene aplicándolo a
la base imponible que son los saldos trimestrales.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Ortiz, le rogaría que
fuese concluyendo.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Voy intentando acabar, señor presidente.
Hay que decir que este impuesto, cuya recaudación esperable son 5.000
millones, con perspectiva económica puede causar un daño irreparable
al ahorro: es un impuesto sobre el ahorro, va a suponer un
encarecimiento de los costes y, con perspectiva jurídica, algo
parecido a lo que hemos dicho de la ecotasa: vulnera el principio de
prohibición de coincidencia de hechos imponibles con el IVA si se
considera un impuesto indirecto y, si se considera un impuesto
directo, con el impuesto de sociedades y con el IAE. El Parlamento
Europeo se ha pronunciado al respecto y dice que va contra el
principio de circulación de bienes.
Señorías, en los puntos finales de nuestra proposición no de ley lo
que pedimos a esta Cámara es un pronunciamiento con una doble
consideración: en primer lugar, la reafirmación del respeto a la
autonomía financiera de las comunidades autónomas desde el principio
de corresponsabilidad y, en segundo lugar, el rechazo -como dice el
texto- de este fenómeno de proliferación de figuras tributarias, al
margen de las leyes y de la Constitución. Este rechazo no es el del
que habla la enmienda del PSOE, que rechaza algo así como la
persecución del Gobierno del Partido Popular a las comunidades
autónomas, o de un acoso o de una confrontación; es el rechazo a lo
que no sea legal y a lo que no sea constitucional. El Gobierno, en
sus actuaciones en esta materia -y acabo ya definitivamente, señor
presidente-, lo que ha hecho ha sido ejercer su responsabilidad al
frente del Gobierno del Estado y la defensa del Estado de derecho.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortiz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición, por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, yo esperaba que el
portavoz del Partido Popular terminara diciendo, por un elemento de
salud pública, que retiraba la proposición no de ley. En lugar de
eso, el portavoz del Partido Popular ha terminado diciendo
que rechaza aquello que no sea legal y aquello que no se atenga a la
Constitución. Señor portavoz, eso se solventa en el marco del
Tribunal Constitucional. Solvéntenlo y hagan el favor de no enredar,
de no iniciar o continuar desde esta proposición no de ley un marco
de batalla entre la soberanía de muchos parlamentos. El que siembra
vientos cosecha tempestades; no obstante, a cada uno su momento.
Señorías, en la historia, una pequeña nobleza francesa que se apuntó
a la revolución, a través de la enciclopedia, y una nobleza media
flemática del XIX al inglés acuñaron una frase que se utilizaba mucho
en los ambientes progresistas de la dictadura, aquello de que el
poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Señorías,
yo no voy a utilizarlo, no creo en esta frase porque es muy
determinista. Sin embargo, me gusta más una frase menos ampulosa,
menos de Cámara de los Lores, que leí en una separata de libros que
vendían en uno de los soportales de esa maravillosa plaza de Almagro
y que decía que el poder absoluto no corrompe, sólo desenmascara.
Señorías, con el poder absoluto que ha emanado de las urnas y cuya
legalidad nadie va a discutir, ustedes se desenmascaran en esta
proposición no de ley. Cada vez que la leo siento mayor vergüenza por
su redacción y contenido, pues se han quitado la máscara y ha
aparecido una realidad netamente de añejo centralismo en un tono
paternalista autoritario, y con su aprobación -porque tienen la
mayoría emanada de la urna- se va a producir un ejercicio de
irresponsabilidad política tremenda.
Hablaba del añejo centralismo. Señorías, ustedes vienen a decir aquí
que es el centro el que decide. Señor Ortiz, si las comunidades
autónomas -las que sean, me da igual quien las gobierne o las deje de
gobernar- pueden aprobar eso en uso de sus derechos, de sus
facultades y de su capacidad política y ustedes consideran que
vulnera la Constitución, vayan al Tribunal Constitucional, no es éste
su lugar. No mezclemos los papeles, señor portavoz. En el fondo lo
que estamos cuestionando es una modalidad más de una capacidad
normativa, señor Ortiz. Es decir, tanto rompe la unidad de mercado el
que alguien quiera poner un recargo al 30 por ciento del IRPF o al
impuesto sobre transmisiones como el que se quiera poner un recargo
sobre un impuesto a la banca; tanto rompe la unidad de mercado
o tanto aumenta o disminuye la presión fiscal en un momento
determinado, señor Ortiz. Por tanto, si tienen capacidad, háganlo,
que cuando llegue el momento los ciudadanos y ciudadanas decidirán el
premio o el castigo con su voto, una de las grandezas de la
democracia.
La segunda cuestión, señor Ortiz, es que ha utilizado usted un tono
paternalista autoritario. Ustedes plantean aquello de que no es bueno
porque rompe la unidad de mercado. Pues bien, acaba de pactarse con
los gobiernos y con los partidos de 15 comunidades autónomas el nuevo
modelo quinquenal de financiación de las mismas, pero no es un solo
modelo lo que se ha pactado
sino por lo menos 17 modelos y medio. A cada comunidad autónoma le ha
correspondido uno e incluso en las últimas horas, para que Aragón o
Asturias se incorporaran, por lo bajini -no digo que de manera
sucia-, se ha hecho alguna negociación, no en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera ni tampoco aquí o en el Senado; por lo bajini se
han añadido algunos pluses de financiación, algo de lo que yo me
alegro siempre que sirva para el beneficio de los ciudadanos y
ciudadanas, pero no me hable usted de romper la unidad de mercado,
como se dice en su proposición no de ley. Ya le digo que no hay un
único modelo sino cuanto menos 17 modelos de financiación autonómica
en este país. Y es curioso que esto se haga en un momento -leo
textualmente la exposición de motivos- en el que se está negociando
el nuevo sistema de financiación autonómica. No quiero señalar a
nadie, pero con lo que ha llovido después del acuerdo uno tiene la
modesta impresión de que a más de uno y a más de dos partidos y
gobiernos ustedes los han engañado, porque han llegado a un acuerdo,
pero con ese acuerdo ha pasado lo mismo que lo que decía el bueno de
Figueroa que ocurría con las leyes y con los reglamentos.
Inmediatamente después de aquel acuerdo, señorías, hubo filtraciones
del entorno del ministro Montoro de que hay que poner unos límites
normativos no vaya a ser que se nos dispare alguno en la capacidad
normativa de las comunidades; segundo, este año los impuestos
especiales se dirigen hacia otro lado y resulta que se congelan desde
Hacienda; tercero, a ver en qué Pleno se debate la Ley de estabilidad
presupuestaria; y cuarto, ustedes traen hoy una proposición no de ley
con dos añadidos más. Ya veremos en el contenido de la ley de
acompañamiento de los presupuestos lo que ustedes pactaron engañando
o bien ellos se dejaron engañar, que de todo hay, porque en el
acuerdo de financiación de las comunidades autónomas
indiscutiblemente no queda nada.
Por último -voy terminando-, quería comentar lo de que es un
ejercicio de irresponsabilidad. Ustedes tienen un portavoz muy
simpático en la Comisión de Economía, el señor Cámara, el cual por
cierto se pasó el otro día toda la sesión enseñándonos el reloj de su
hijo, que era muy moderno. Pues bien, yo intervine en el tema de la
Ley de estabilidad presupuestaria y dije que esperaba que los
parlamentos que pudiesen recurriesen esto ante el Tribunal
Constitucional. El señor Cámara entonces me regañó durante su
intervención con una educación exquisita, como le corresponde, y me
dijo que eso no se podía decir aquí, que era una ruptura de los
papeles manifestar que esperaba que algunos parlamentos autonómicos
recurriesen esto ante el Tribunal Constitucional. ¿Ruptura de
papeles? Lo que ustedes están haciendo es romper una biblioteca
entera con esta iniciativa. ¿Saben ustedes lo que han planteado?
Dicen: El Congreso de los Diputados manifiesta que,
independientemente de la adecuación de estas nuevas figuras
tributarias creadas por los gobiernos autonómicos y por
la Constitución, independientemente de que sean constitucionales,
vamos a pegarles un rapapolvo. Es decir, lo que hayan aprobado o
vayan a aprobar los parlamentos de las comunidades autónomas
soberanas en su ámbito, señor Ortiz, competenciales en su ámbito y,
si no lo son, al Tribunal Constitucional.Pero traer aquí que este
Parlamento entre en colisión con otros parlamentos porque ustedes no
quieren llevarlo al Tribunal Constitucional, porque no tienen la
Constitución segura, ¿esto qué es? Señorías, uno cuestiona si hay una
ruptura de papeles. En este sentido, señor Ortiz, le pediría por
favor que retiren la proposición; no me admitan la enmienda sino
retiren la proposición no de ley. Con la Ley de estabilidad o con
cualquier ley introduzcan que los otros parlamentos tengan también
una capacidad. Pero hacer esa declaración desde aquí no está bien.
¿Qué se les está pidiendo? Se está desautorizando a los parlamentos,
se está incitando -tengo que pensar- a determinados grupos
parlamentarios de esos parlamentos a que se posicionen porque así lo
ha decidido el Congreso. ¿Saben ustedes lo que están haciendo? El
precedente que están sentando en la ruptura del juego del equilibrio
parlamentario entre los legislativos. Están entrando en la batalla
del Legislativo. Será porque ustedes tienen muy poca confianza en los
legislativos. Hay que aprender algunas cosas de la UCD y otras no.
Por el bien del juego democrático, me gustaría que ustedes
aprendieran de las muchas cosas buenas que hizo la UCD, pero de las
cosas malas, como la LOAPA, no aprendan nada y menos esto, que no
tiene la enjundia ni la categoría de aquella LOAPA y que, en todo
caso, si se aprobara -como se va a aprobar- no pasará ni de una
loapilla vulgar. Lo malo es que está marcando toda una tendencia, la
que se marca con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pasado mañana
veremos la intromisión -por lo menos desde nuestro punto de vista- en
la autonomía de muchas comunidades autónomas en la defensa de la
competencia. Se está entrando en una vertiente peligrosa.
Para concluir, tengo que decir que cuando se hace una apuesta por una
España de las autonomías y de la corresponsabilidad fiscal hay que
aceptarla en todas sus vertientes. Como decía un buen o un mal rey
prusiano, uno de aquellos Federico Guillermo, para hacer una tortilla
hace falta romper los huevos. Para hacer un Estado autonómico con
corresponsabilidad fiscal hay que aceptar determinada ruptura de
huevos. Tienen que aceptarlo, no vaya a ser que se le caiga el barniz
y salga una realidad cuanto menos neocentralista, que no es ni buena
ni mala pero que precisamente es la que no cabe en la Constitución
española.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quizá por mi escasa experiencia en esta Cámara he tenido
muchas dificultades para poder evaluar y fijar una posición sobre
esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Les voy a
explicar por qué. Cuando me dijeron en mi dirección de grupo que
llevaba este asunto me fui a la página web del Congreso de los
Diputados, entré en iniciativas -clic, clic, iniciativas-,
proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular y salieron
todas las proposiciones ordenadas como en esta página. La cuarta del
día de hoy es la proposición no de ley sobre la implantación de
nuevas figuras tributarias en las comunidades autónomas, y -clic,
clic- no había más texto. En lugar de este texto sale el siguiente:
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la
reducción de la tributación de los trabajadores temporeros no
residentes, y se puede leer que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno, etcétera, etcétera. Como yo no lo entendí hablé con la
dirección de mi grupo que tiene más experiencia. Como además son muy
amables me enviaron el texto escrito de su proposición y me hicieron
observar que no instaba a nada, sólo era una manifestación política,
y ahí fue cuando yo lo entendí: si buscas en la página web una
iniciativa que no tiene iniciativa es normal que no te dé el texto.
Fíjense ustedes, son tan excepcionales que hasta han noqueado el
servicio informático del Congreso. (Risas.) Créanme que lo suyo es
excepcional. Yo me he mirado todas las proposiciones no de ley que
han presentado desde junio y en todas, excepto en ésta, se insta al
Gobierno a hacer algo. Lo suyo es de comentario. Pero si estamos ante
un procedimiento tan poco habitual, si el cómo es tan poco habitual,
haremos bien en preguntarnos el qué y el porqué de lo que ustedes
pretenden. (Rumores.) El qué y el porqué está en la exposición de
motivos. ¿Qué pretenden ustedes? Enfrentar al Congreso de los
Diputados con algunos parlamentos y gobiernos autonómicos,
señaladamente Baleares y Extremadura. Digo parlamentos porque
recuerden que quien aprueba las normas que ustedes mencionan son los
parlamentos autonómicos. Yo no digo que pretendan enfrentarse con
todo el mapa autonómico español, sino que pretenden que nos
enfrentemos todos como Cámara con las instituciones autonómicas de
Baleares y Extremadura. Con otras partes del mapa autonómico español
ustedes están pacíficos, porque lagunas ostensibles en la exposición
de motivos hay. Ustedes no mencionan la ecotasa aprobada en el
Parlamento gallego a instancias del señor Fraga; tal vez es que en
campaña electoral no queda bien. Tampoco mencionan el impuesto sobre
grandes superficies comerciales aprobado hace unos meses en el
Parlamento de Cataluña, que recurrió el Gobierno ante el Tribunal
Constitucional. Quizás no lo mencionan porque los diputados del PP en
el Parlamento de Cataluña votaron a favor de ese impuesto. ¡Vaya barullo!
Por cierto, hablando de superficies comerciales, ustedes no
mencionan el proyecto de ley, que se está tramitando en la Cámara de
Castilla y León, donde se establece una tasa sobre superficies
comerciales. Anoto que lo propone el Gobierno del Partido Popular. Y
puestos a no mencionar, tampoco mencionan la ecotasa aprobada en el
Parlamento de Castilla-La Mancha en diciembre de 2000. Pero hacen
bien en no mencionarla. ¿Por qué? Ustedes han hablado aquí de los
avatares de la ecotasa balear en el Tribunal Constitucional, y es
lógico, porque cuando hay un recurso del Gobierno se suspende
cautelarmente su vigencia. Sobre la ecotasa de Castilla-La Mancha y
la suspensión tengo una noticia que darles. Hay un acuerdo de la
semana pasada del Tribunal Constitucional en relación con la
suspensión de la ecotasa de Castilla-La Mancha que dice lo siguiente:
Acuerda el Tribunal Constitucional levantar la suspensión de la
vigencia de los artículos -y los cita- de la Ley de las Cortes de
Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del impuesto sobre
determinadas actividades que inciden sobre el medio ambiente; Madrid,
a 18 de septiembre de 2001. Ya ven que las suspensiones van y vienen.
Si ustedes olvidan todo esto, el qué lo tenemos claro. Es un intento
deliberado de confrontar esta Cámara con las instituciones
autonómicas de Baleares y Extremadura. ¿Por qué con estos sí y con
otros no?
Yo tengo dos hipótesis y me parecen las dos muy plausibles. Primero,
¿no será que están preocupados con la ausencia de oposición práctica
en la política autonómica balear? El señor Matas, que en su tiempo
libre ejerce de ministro de Medio Ambiente, dedica la mayor parte de
su tiempo a hacer de jefe de oposición al Gobierno de Baleares. Hay
que entender que en estos momentos la política balear del señor Matas
se halla muy centrada en las derivadas de los casos de fraude de
votos de Formentera -creo que lo llaman Mapau por allá- y en el
espionaje electrónico -creo que lo llaman Vitel-. Uno ya entiende que
ustedes tienen la oposición regional en Baleares un poco desmembrada
y, seguramente, dados los bajos biorritmos han querido echar una
mano. Para mí en Extremadura les pasa tres cuartos de lo mismo,
porque allí la tienen descabezada. Al último candidato a presidente,
el señor Barrero, le encontraron mejor destino en ENCE, una empresa
de papeles, y el destino tiene que ser tan fijo que cuando el
Gobierno la privatizó después de nombrarle presidente hicieron una
acción de oro para ENCE. Antes en España teníamos dos sectores
estratégicos con acciones de oro: telefonía y energía eléctrica;
ahora tenemos telefonía, energía eléctrica y celulosa. Resultado:
oposición en Extremadura descabezada. ¿Están pretendiendo echarles
una mano a sus compañeros de Extremadura? Pero de tanto echar mano se
les ha ido la ídem, yo creo que se les ha ido el santo al cielo,
porque no se han enterado de que los actos de las instituciones
autonómicasni pueden ni deben estar sometidos al control
político de los órganos estatales ni del Gobierno, que lo hace
permanentemente en su tarea de oposición a otros gobiernos
autonómicos, ni del Congreso, que es la vereda por donde hoy
pretenden meternos. ¿No se han enterado de que el control que cabe es
el de legalidad y su protagonista es el Tribunal Constitucional? ¿Es
que pretenden presionar al Tribunal Constitucional cuando evalúe
estas normas? ¿No se han enterado de que el 27 de julio, cuatro días
antes del registro de esta proposición no de ley, por unanimidad hubo
un acuerdo del sistema de financiación para comunidades autónomas de
régimen común que incluye la creación de nuevas figuras tributarias y
el establecimiento de una tasa sobre venta minorista de
hidrocarburos, es decir, un producto ya gravado? ¿Acaso tampoco se
han enterado de que el mismo acuerdo estableció la creación de una
comisión mixta de coordinación de la gestión tributaria, una de cuyas
funciones era informar y dirimir conflictos entre proyectos del
Estado y de las autonomías sobre tributos? ¿Esta es su aportación a
este acuerdo, a este acuerdo de buen rollo institucional? ¿Esta es la
aportación del Grupo Parlamentario Popular? ¿Se les ha pasado por
alto que hoy mismo el señor Aznar ha dicho que las autonomías no
deben pedir ya más dinero, sino poner impuestos, si quieren recaudar?
Para resumir, creo que están preocupados, y con razón, por cómo va su
política regional en el ámbito autonómico de Baleares y Extremadura y
-lo decía antes- han tenido la tentación de echar una mano a sus
delegaciones regionales. A finales de julio estaban más alterados por
lo de Gescartera, que iba ya muy fuerte, no se enteraron del acuerdo
de financiación y no han reparado en menospreciar el ordenamiento
institucional de España y promover el enfrentamiento de este
Parlamento con instituciones autonómicas. Por eso les piden que
reflexionen. No les voy a pedir que aprueben nuestra enmienda porque
ustedes no la pueden aprobar, y tampoco es deseable que nosotros
hayamos tenido que llegar a la conclusión política de presentar esta
enmienda. Lo mejor sería que retirasen esta proposición no de ley
para evitar que con su aprobación el Congreso de los Diputados entre
en una vía de conflicto con algunos parlamentos autonómicos. Creemos
que deben hacerlo porque estamos convencidos de que se van a quedar
solos. Estamos convencidos de que ni siquiera sus aliados más
habituales -Convergència i Unió y Coalición Canaria- podrán dejar de
expresar su rechazo a lo que ustedes pretenden. Creemos además que
deberían hacerlo porque, de verdad, ustedes deben respetar más el
Estado autonómico, ya que a menudo se comportan como aquella Alianza
Popular que votó en contra del título VIII de la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que vemos preocupado al
Grupo Popular, en realidad no sé si por la armonización fiscal o por
el unitarismo. Desde hace una temporada el Grupo Popular quiere
hacernos ver peligros por todas partes, también en materia fiscal.
Según el Grupo Popular, cualquier tímida iniciativa en este terreno
por parte de las comunidades autónomas llevaría, como se afirma en la
exposición de motivos, a todo tipo de males, a saber: provocaría
distorsiones en el desarrollo de los mercados y problemas para el
crecimiento del empleo, y afectaría nada menos que a la convergencia
real con Europa. En definitiva, la capacidad de ejercer algún grado
de autonomía fiscal por parte de las comunidades autónomas nos
conduciría a una disminución del bienestar de los ciudadanos.
Perdónenme, pero estas conclusiones que ustedes sacan me parecen
absolutamente exageradas y catastrofistas y además no se contrastan
en la práctica.
También quiero decir que aunque traten de curarse en salud -el señor
Ortiz así lo hizo-, repitiendo su profesión de fe en su respeto a la
autonomía financiera de las comunidades autónomas, la verdad es que
su práctica política no sostiene estas afirmaciones. Nos
entenderíamos mejor todos si hablasen con claridad y mostrasen su
verdadera intención política, sus verdaderos planteamientos
políticos. La verdad es que hay que decir que el denominado Estado de
las autonomías consagrado en la Constitución les viene ancho, y creo
sinceramente que les parece un fruto excesivo de una determinada
época histórica, de una determinada situación política, de una
determinada correlación de fuerzas que, según ustedes y en eso se
empeñan, hay que corregir para volver a la concepción centralista del
Estado, en definitiva, para volver a lo de siempre.
Quiero decirles que no deja de seguirnos sorprendiendo que mientras
el Partido Popular es entusiástico en la cesión de soberanía del
Estado español hacia fuera, es decir hacia organismos supraestatales,
en materia económica, política o incluso militar, es al mismo tiempo
absolutamente beligerante con la cesión de parcelas de competencia
-por cierto, de mucho menor calado e importancia- hacia dentro, hacia
las comunidades autónomas. Esta proposición no de ley es un ejemplo
más de la ofensiva del Partido Popular en la batalla de la
recentralización, tratando de negar a las comunidades autónomas la
posibilidad de poner en marcha políticas precisamente autónomas de
naturaleza tributaria en función de sus realidades económicas
diferenciadas y, por tanto, la posibilidad de obtener recursos que
puedan permitir el desarrollo de políticas que beneficien a sus
ciudadanos.
Como es obvio, no estamos de acuerdo con esta posición del Partido
Popular y presentamos una enmienda justo en el sentido contrario de
lo que propone el Grupo Popular. Y lo hacemos, naturalmente, a
sabiendas de que probablemente será derrotada, pero también lo
hacemos a sabiendas de que hoy más que nunca es imprescindible
aclarar los planteamientos de cada uno. Ya se habló ampliamente, y yo
insistiré otra vez, de que en el fondo se trata de enfrentar
parlamentos. Por tanto, de aprobar algo en este Congreso de los
Diputados, de pedir algo en esta Cámara, deberíamos pedir
precisamente el respaldo a las comunidades autónomas ante la ofensiva
del Partido Popular; el respaldo a las comunidades autónomas en el
ejercicio de sus competencias y de su autonomía financiera para la
creación de nuevas fuentes de ingresos, incluidas nuevas figuras
tributarias que graven hechos imponibles no sujetos a impuestos
estatales que contribuyan a reforzar la suficiencia financiera de las
mismas.
Como decía, no estamos de acuerdo con el fondo de lo que plantea esta
proposición no de ley, pero tampoco con las formas. En opinión del
Bloque Nacionalista Galego, encontramos abusivo y lamentable que el
Partido Popular, amparándose en su mayoría, pretenda aprobar en esta
Cámara -y, de hacerlo, yo también espero que en solitario- una
resolución que, repito, tiene un amplio calado político por lo que
supone de negación de una posibilidad de ejercicio de la autonomía
fiscal por parte de las comunidades autónomas, posibilidad que
nosotros creemos constitucional, y que además utilice este mecanismo
parlamentario para arremeter contra figuras fiscales puestas en
marcha o no por gobiernos de comunidades autónomas de color distinto
al del Partido Popular. Para nosotros, y ya se abundó por otros
oradores en esto, los conflictos de competencias entre el Gobierno
central y gobiernos autonómicos cuentan con el suficiente marco legal
e institucional para dirimirlos, como todos conocemos, más allá
incluso del propio diálogo entre gobiernos.
Señores del Partido Popular, esta proposición no de ley huele a
centralismo y además, en nuestra opinión, desprende un tufo político
en cuanto que huele a partidismo; y huele a partidismo porque
arremete contra determinados gobiernos autónomos y no contra otros.
Lo digo en el sentido de resaltar ese aspecto partidista y no,
naturalmente, por desear que el Partido Popular también se cargue las
decisiones tomadas por otros gobiernos de comunidades autónomas en
este sentido. Por cierto, algunos gobiernos de su mismo color
político, a los cuales no voy a hacer referencia, tomaron decisiones
semejantes, por ejemplo con la implantación de cánones ambientales,
sin que produjesen esos efectos catastróficos sobre la economía y el
bienestar ciudadano que pronostica el Partido Popular.
Concluyo diciendo que, en definitiva, no compartimos la opinión de
que la consolidación de las autonomías políticas deba responder
simplemente a la ejecución
de políticas diseñadas desde el Gobierno central, sino que en
aquellas competencias que tienen asumidas constitucionalmente tienen
que gozar de autonomía plena. Por tanto, las comunidades autónomas
tendrán una disponibilidad absoluta para afirmar su autonomía
financiera y, naturalmente, ahora más aún que sus gastos van a estar
muy determinados por el Gobierno central si finalmente se aprueba la
ley de estabilidad presupuestaria. Decía que tendrán la posibilidad
de crear esos ingresos de naturaleza tributaria en aquellas áreas en
las que tienen competencia exclusiva y en las que no hay colisión con
la normativa tributaria estatal.
En todo caso, el planteamiento de nuestra enmienda pretendía actuar
de un modo constructivo en el asentamiento de las autonomías
políticas del Estado español precisamente en este campo tan
importante de la autonomía financiera. Si no hay autonomía
financiera, como pretende el Partido Popular, estas autonomías serán
simple papel mojado. Decía hace muchos años Alexandre Bóveda, un
conocido nacionalista gallego, que no hay autonomía real sin
autonomía financiera. Por lo tanto, si se sigue por el derrotero que
pretende el Partido Popular, las autonomías serán órganos de gestión
de las decisiones del Gobierno central, lo que nos llevará a épocas
pasadas tan poco positivas desde todo punto de vista, pero también
tan poco positivas para el bienestar y el desarrollo de los
ciudadanos de muchas comunidades autónomas tan poco dadas a la
añoranza.
Yo coincido con los anteriores portavoces en que lo mejor que podría
hacer hoy el Partido Popular es retirar esta proposición no de ley
porque es absolutamente desafortunada en la forma y en el fondo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez. ¿Algún
grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Señor Padrol, tiene la palabra.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, estamos ante una proposición no de ley que afecta
claramente a una de las fuentes de recursos de las comunidades
autónomas constitucionalmente previstas y reflejadas en el artículo
157.1 b) del texto constitucional, cuyo ejercicio, el establecimiento
de tributos propios de las comunidades autónomas, ha sido regulado
también, como es sabido por todos, por la Ley orgánica de
financiación de las comunidades autónomas, prevista en el tercero de
los apartados del precepto al que anteriormente he hecho referencia.
Ejercicio de competencia autonómica que tiene unos límites claramente
perfilados en los artículos 6 y 9 de la ley orgánica a la que he
hecho referencia, que son también de sobra conocidos y que han sido
ampliamente interpretados por el Tribunal Constitucional en diversas
sentencias, entre las que pueden destacar la de 26de marzo de 1987,
relativa al impuesto sobre tierras
infrautilizadas en Andalucía, la de 7 de junio de 1993 y muchas
otras.
En mi intervención, como es previsible y lógico, no voy a
pronunciarme sobre las concretas manifestaciones que se han producido
en virtud de leyes autonómicas sobre el ejercicio de esta competencia
financiera atribuida a las comunidades autónomas; no voy a
pronunciarme sobre su bondad o no ni desde una óptica legal ni desde
una óptica de política económica o de política fiscal y tributaria, o
sobre si una u otra figura tributaria autonómica es positiva o no es
positiva desde uno u otro punto de vista. Sí que me voy a referir,
como es lógico, al principio general que anida en el texto de la
proposición no de ley sobre el que estamos debatiendo y que
procederemos a votar en breves minutos.
Lo cierto es que mi grupo parlamentario considera que esta
proposición no de ley no es acertada, es desacertada desde distintos
puntos de vista. En primer lugar, y a modo de aclaración, estamos
totalmente de acuerdo con la mención final de la proposición no de
ley. Cómo no vamos a estar de acuerdo con la llamada a que las
medidas tributarias que se tomen desde las comunidades autónomas
supongan un correcto desarrollo de la evolución de los mercados, del
empleo, de la convergencia con Europa y, en definitiva, del bienestar
de los ciudadanos. Yo creo que cualquier persona que tenga
responsabilidades políticas o en el ámbito de la gestión pública cree
que todas las medidas que se quieren tomar y que se toman -luego
serán más o menos acertadas- pretenden lograr un incremento del
bienestar de los ciudadanos. Qué duda cabe. Sin embargo, pasando ya a
cuestiones más concretas, entendemos que no es correcto que en algo
tan importante como un pronunciamiento de este Congreso de los
Diputados sobre el ejercicio legítimo de competencias que la
Constitución española atribuye a las comunidades autónomas y que
están desarrolladas por su Parlamento, insisto, que en una
proposición no de ley de este tenor se incluya una expresión que
diga: Independientemente de la adecuación de estas nuevas figuras
tributarias a la Constitución española, es un error y que es una
mención desacertada. Evidentemente que la Constitución debe presidir
un pronunciamiento que se produzca en el Congreso de los Diputados
respecto del ejercicio de competencias asumidas por las comunidades
autónomas por atribución directa de la Constitución española, porque
recordemos que, aparte del artículo 157, el propio apartado 2 del
artículo 133 de la Constitución establece que «Las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.» No se puede
prescindir de la Constitución en un pronunciamiento institucional
parlamentario como el que se trae hoy al Pleno del Congreso de los
Diputados.
Por lo tanto, ¿qué es lo que esconde esta proposición no de ley, qué
es lo que está implícito en la misma? No puede ser un juicio de
constitucionalidad, porque esto
corresponde según la Constitución al Tribunal Constitucional cuando
se trate de normas autonómicas con rango de ley; si fueran
reglamentarias, serían lógicamente los tribunales de lo contencioso
administrativo. Por tanto, ¿qué es lo que se pretende con esta
proposición no de ley? Si lo que se pretende es un pronunciamiento
institucional sobre el ejercicio de estas competencias autonómicas en
el ámbito tributario, entendemos que no es procedente. La opinión, el
posicionamiento político sobre si una medida o un tributo autonómico
es correcto o es incorrecto por supuesto que es lícito, evidentemente
que lo es, y asistimos a ello desde hace muchos años las distintas
formaciones políticas con relación a si a una medida tributaria es
correcta o no es correcta, eso es absolutamente lícito y correcto,
faltaría más. Ahora bien, un pronunciamiento institucional del
Parlamento, en este caso español, sobre el ejercicio de las
competencias constitucionalmente atribuidas a las comunidades
autónomas es un terreno que, siendo suave, es resbaladizo y nos
parece inadecuado. ¿Qué es lo que anida en esta proposición no de
ley? Sinceramente creemos que lo que está inspirando esta proposición
no de ley es una cierta desconfianza hacia esta potestad tributaria
autonómica, que es cierto que es de carácter derivado, tal como
establece el artículo 133 de la Constitución. Más allá de que lo que
se refiere a distribución de competencias corresponde al Tribunal
Constitucional entender de ello y no ya al Parlamento porque lo dice
la Constitución, entendemos además que se trata de una desconfianza
absolutamente justificada. Porque lo que es cierto es que cuando un
poder institucional emite una norma legal o reglamentaria se puede
acertar o se puede equivocar, pero los errores y los aciertos se
pueden encontrar en todos los ámbitos institucionales, políticos y
administrativos de decisión y pondré dos ejemplos. Es evidente que en
el ejercicio de la potestad tributaria el Estado adoptó por ejemplo
una reforma del IRPF en el año 1991, una escala de gravamen y una
tabla de retenciones que hubo que modificar velozmente antes de
llegar a mitad del año 1992 porque no permitía allegar a la Hacienda
pública los recursos necesarios para desarrollar sus actividades. Es
un desacierto palmario, pero eso no me llevaría a mí a emitir un
juicio general de desconfianza sobre esa potestad tributaria original
del Estado. Es evidente que recientemente en el reglamento del IRPF
varios preceptos han sido objeto de anulación por falta de acomodo
a la ley de diciembre de 1998 por el Tribunal Supremo. Sigo diciendo
que es una buena reforma la que se hizo del IRPF y ese reglamento se
hizo con la mejor intención, aunque con errores en algunos de sus
preceptos. Por tanto, en todas partes cuecen habas. La desconfianza
que subyace en esta proposición no de ley es radicalmente
injustificada, es un pronunciamiento institucional no procedente y el
juicio sobre el ejercicio de esta competencia autonómica, lo dice la
Constitución, no este portavoz, corresponde al Tribunal
Constitucional.
Es por este motivo que mi grupo va a votar en contra de
esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas, señor Ortiz
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Naturalmente mi grupo no va a aceptar la invitación que se le ha
hecho a retirar esta proposición porque está íntegramente dentro de
las convicciones y de las ideas básicas de mi grupo. Como he dicho en
mi intervención, respeto absoluto a la autonomía fiscal y financiera,
que es uno de los éxitos de la transición, pero también...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Ortiz, el turno es sólo
a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas, sin
explicación.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: En ese contexto, señor presidente, mi grupo
no puede aceptar una enmienda, la del PSOE, en la que se pide el
rechazo al rechazo y tampoco, aunque coincida con muchos puntos,
ninguna de las enmiendas ni del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista
Galego, ni de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortiz.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la implantación
de nuevas figuras tributarias en las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 152; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aprobada la proposición
no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO ANTE LAS DIVERSAS CRISIS SANITARIAS SURGIDAS EN
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. (Número de expediente 173/000082.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Punto III del orden del día:
Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la gestión del Ministerio de Sanidad y consumo ante
diversas crisis sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la semana pasada, en esta misma tribuna, el Grupo
Parlamentario Socialista expresó en la interpelación urgente al
Gobierno sobre la gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante
diversas crisis sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto
que dicha iniciativa respondía a lo que entendíamos como una
obligación y un ejercicio de responsabilidad política. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Esto es
así puesto que pretendíamos recoger la preocupación existente en la
calle y analizar una serie de situaciones que a lo largo de la última
semana habían generado una importante alarma social entre los
ciudadanos por la transcendencia que han tenido para la salud de
muchas personas implicadas. Hoy, señorías, defendemos un conjunto de
medidas contenidas en esta moción, cuyo objetivo fundamental es el de
conseguir solucionar los problemas que han sufrido los afectados por
el consumo de cerivastatina, los pacientes de hemodiálisis y sus
familiares a causa de estos lamentables sucesos. Se pretende así que
miles de personas reciban respuestas válidas y soluciones concretas.
Al mismo tiempo, queremos contribuir a mejorar los sistemas de
vigilancia y alerta sanitarias para hacer posible que se tomen
medidas preventivas y realizar acciones más eficaces en situaciones
similares que el futuro nos pueda deparar, todo ello con la idea
fundamental de mejorar la calidad y la seguridad de nuestro sistema
público de salud.
Señorías, esta serie de propuestas, muy meditadas por nuestro grupo,
esperamos que cuenten con su apoyo dada la importancia y la
transcendencia de los problemas vividos en estos meses y la necesidad
de resolver sus consecuencias. La primera de ellas insta al Gobierno
a determinar las causas exactas de los fallecimientos de pacientes
renales usuarios de hemodiálisis producidos en el mes de agosto en
Madrid, Valencia y Barcelona, haciendo públicos los resultados de los
estudios que se realicen al respecto. Pretende conseguir por tanto
que los pacientes afectados, como los profesionales de la salud junto
a las autoridades sanitarias, puedan tomar medidas basadas en los
argumentos científicos más rigurosos. La necesidad de salir cuanto
antes de la incertidumbre en torno a la causa exacta de estas muertes
obliga a acelerar las investigaciones. De igual forma, las propuestas
para establecer e incentivar programas de seguimiento exhaustivo a
los pacientes renales dializados con los equipos sospechosos y
también a los pacientes consumidores de cerivastatina son
absolutamente necesarias. Las miles de personas afectadas merecen una
respuesta eficaz y solidaria por parte
de los servicios públicos. La transparencia informativa con los
pacientes y familiares es la base más eficaz para disminuir la alarma
social en las crisis sanitarias. Aceptar estas propuestas
reconduciría la situación al lugar desde donde debió gestionarse la
crisis. Proponemos, asimismo, la creación de una comisión para la
mejora de la seguridad y de la calidad en el Sistema Nacional de
Salud que permita disponer antes de seis meses de medidas en materia
de fármaco-vigilancia, vigilancia epidemiológica, información a
profesionales sobre efectos adversos de medicamentos y otras
tecnologías sanitarias, comunicación de posibles fallos de equipos
médicos desde los centros sanitarios a las autoridades sanitarias en
casos similares a los que hemos vivido este verano y, también, otros
aspectos sobre la seguridad y la calidad de los servicios sanitarios,
que estamos seguros servirán para mejorar el Sistema Nacional de
Salud y para aumentar la confianza de los ciudadanos en nuestro
servicio. Finalmente, la crisis ocurrida en los pacientes usuarios de
hemodiálisis pone de manifiesto la necesidad de reforzar las acciones
que se realizan para la estimulación de las donaciones de órganos.
Queremos incrementar la disponibilidad de órganos para hacer posible
los trasplantes que los pacientes renales usuarios de hemodiálisis
necesitan en muchos casos. La realización urgente de una campaña de
sensibilización a la población general sobre la importancia de las
donaciones y los beneficios que los trasplantes tienen para la salud
de muchos pacientes puede ser de enorme importancia y una gran
oportunidad en este momento para conseguir el objetivo.
Señorías, el partido Socialista se ha planteado llevar a efecto un
modelo de oposición en el que la legítima crítica se vea siempre
acompañada de una alternativa para dar solución a cada problema. Una
oposición que sea útil y que sirva a los intereses de los ciudadanos.
Hemos criticado con dureza la labor del Ministerio de Sanidad y
Consumo y de su titular, porque estamos persuadidos de que no se ha
estado a la altura de las circunstancias y de las responsabilidades
que merecía una crisis que afectaba a un ámbito tan esencial como el
de la salud. Ahora, como anunciamos la semana pasada, presentamos una
propuesta, presentamos un conjunto de actuaciones para afrontar esta
situación y dar respuesta a la crisis de confianza que, de forma
palpable, se comienza a percibir en nuestro país.
El Partido Socialista hace del bienestar colectivo la única razón que
anima nuestro quehacer político. Desde esta convicción, tomamos la
iniciativa con la confianza de que el resto de los grupos sabrán
estar a la altura de las circunstancias y no frustrarán por razones
de cualquier índole la expectativa que entre todos podemos abrir hoy
en esta Cámara y que tendrá que materializar el Gobierno de la
nación. Esperamos contar con su voto, esperamos contar, cómo no, con
el voto del grupo mayoritario para hacer realidad las medidas
incluidas en esta moción. El Gobierno se enfrenta a un
problema sanitario de primera magnitud, que ha puesto en evidencia la
necesidad de reforzar los sistemas de alerta y de control sanitario.
Las iniciativas que proponemos suponen una oportunidad para la
rectificación de errores cometidos, rectificación que beneficiará sin
duda a los afectados. Hoy, nos acompañan los representantes de los
ciudadanos y también, cómo no, de los afectados, que siguen con
expectación este debate. Si esto es así, habremos sabido ofrecer
medidas que refuercen y mejoren el sistema público de salud, lo que
es también de gran importancia para el futuro de nuestros servicios
de salud.
Muchas gracias. (Aplausos)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Rumí.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Esta mañana, en la Comisión de Sanidad, estuvimos debatiendo acerca
de la crisis sanitaria sufrida no sólo por el territorio Insalud,
sino también en comunidades gobernadas por el Partido Popular con
competencias transferidas en materia de sanidad. El tono de la
discusión me parece que fue muy distinto del que va a ser esta tarde,
pero creo que una cosa quedó clara: que en el Ministerio de Sanidad
tienen que cambiar muchas cosas, que muchas van a cambiar cuando se
culmine el proceso de transferencias sanitarias, que el Ministerio de
Sanidad tendrá que asumir un papel más que de órgano gestor de órgano
coordinador y planificador pero, sobre todo, que algo que tiene que
cambiar urgentemente es la titular de ese ministerio.
Así las cosas, en el debate de esta tarde el Bloque Nacionalista
Galego ve con preocupación que se está haciendo referencia a una
serie de medidas, que quizá desde el Partido Socialista se formulan
con buena intención, pero desde un olvido claro, el olvido de que
estamos ante un mapa sanitario y ante un Estado de las autonomías en
el que a 31 de diciembre todas las comunidades autónomas tendrán
competencias en materia sanitaria. Por tanto hay cuestiones -y
muchas- que se plantean en la moción que hoy nos presenta el Grupo
Socialista que no dependen del Ministerio de Sanidad ni siquiera del
Consejo interterritorial de Salud, sino de cada una de las
comunidades autónomas con competencias en materia de sanidad y salud
pública. Aun así y también con carácter constructivo -lo que sucede
es que creo que hay un pacto que va a hacer que esta enmienda que
presenta el Bloque Nacionalista Galego no sea admitida por el grupo
proponente- y con la intención de contribuir a dar tranquilidad a la
población y también a la población de Galicia, formulamos dos
enmiendas a dos puntos de esta moción. Queremos
que cuando se hable del Consejo interterritorial de Salud se haga
referencia a que estas medidas se adoptarán en colaboración con las
comunidades autónomas competentes. Podríamos haber enmendado muchas
más cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de medidas adoptadas en
un marco de cooperación y colaboración entre el ministerio y las
comunidades autónomas competentes, no nos parece de recibo fijar un
plazo temporal de seis meses, será la propia dinámica de ese proceso
de negociación la que fije plazos y ritmos. Creo, sin embargo, que no
es el momento de realizar matizaciones en exceso, sino de dar
tranquilidad a la población.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde fijar la posición de mi grupo parlamentario,
el Grupo Parlamentario Popular, y defender la enmienda que hemos
presentado a la moción del Grupo Parlamentario Socialista en la
intención de llegar a acuerdos -como ya puso de manifiesto la semana
pasada la ministra de Sanidad en la interpelación-, pues toda
propuesta del Grupo Socialista que se encaminara a mejorar la salud
de los ciudadanos, que incrementara los mecanismos de seguridad y que
incrementara la calidad, sería bien vista por el Ministerio de
Sanidad y Consumo y desde luego defendida por el Gobierno y por el
Grupo Parlamentario Popular.
Nuestra enmienda va dirigida a lo que entendemos es mejorar la
propuesta que el Partido Socialista hace sobre dos temas concretos y
de actualidad en la sanidad pública, que no son otros que los
episodios y el tratamiento y la mortalidad de los enfermos afectados
en tratamiento con hemodiálisis y el resultado del tratamiento con
determinados fármacos en el Sistema Nacional de Salud. La primera
enmienda afecta al punto 1 de la moción, que pretende determinar las
causas exactas de la mortalidad acaecida en los hospitales de
Cataluña, Valencia y Madrid en relación con la hemodiálisis. La
enmienda pretende que esa responsabilidad, como le compete en el
ejercicio de sus funciones a la Dirección General de Farmacia, vaya
encaminada y sustentada en la labor de investigación del Instituto de
Salud Carlos III.
La segunda enmienda pretende mejorar el programa de seguimiento que
se está desarrollando en el momento actual en los pacientes sometidos
a diálisis y que pudieran haber estado en contacto con los equipos
sospechosos. En la redacción del punto 2, que comienza con la palabra
establecer, entiendo -y ésta es una
enmienda in voce que propongo a la señora Rumí- que sería más
correcto, más oportuno, emplear la palabra impulsar. Además,
entendemos que no debe haber una línea telefónica 900 para garantizar
la confidencialidad, la intimidad y la relación de los familiares y
enfermos con los profesionales, que son los responsables de
garantizar su asistencia sanitaria correcta.
En cuanto al punto 3 de la moción, la enmienda pretende garantizar la
confidencialidad y potenciar una labor que ya desarrollan los médicos
y profesionales sanitarios en relación con las consecuencias
deletéreas del medicamento cerivastatina, que no son consecuencia del
medicamento en sí mismo, sino, como ustedes saben, de la asociación
con otro medicamento, el gemfibrocilo. La asociación de los dos
medicamentos potencia los efectos de la enfermedad renal en
determinados enfermos con una predisposición especial.
Para finalizar, quería comentar, señora presidenta, la posición del
Grupo Parlamentario Popular en relación con los puntos 4 y 5 de la
moción, que vamos a aceptar y que, con espíritu de consenso,
entendemos que no deben ser contemplados en nuestra enmienda. Me
estoy refiriendo a la creación de una comisión de seguridad y calidad
del Sistema Nacional de Salud, en el seno del Consejo
interterritorial de Salud. Ustedes conocen -y la diputada proponente
lo conoce perfectamente- que, en este momento, en el Sistema Nacional
de Salud y en el consejo interterritorial hay una subcomisión de
seguridad y calidad total. En aras del consenso, en aras de que todos
vayamos en una misma dirección en la prevención y en la potenciación
de la calidad del Sistema Nacional de Salud y en la seguridad de los
ciudadanos, aceptamos, y es una buena idea, que esta subcomisión sea
transformada en una comisión, con tal categoría.
Por último, estamos completamente de acuerdo con el punto 5 de la
moción, en el sentido de reforzar, de hacer una campaña de
sensibilización con todos los ciudadanos españoles, que ya de por sí
están dando lecciones de generosidad, puesto que nuestro país es el
pionero en la donación de órganos. De todas formas, es conveniente
que sigamos haciendo esfuerzos en este sentido mientras los adelantos
técnicos y científicos no den otra alternativa que no sea el
trasplante de riñón para muchos enfermos de insuficiencia renal
terminal.
Espero que estas enmiendas sean aceptadas por el grupo proponente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
La moción que presenta el Grupo Socialista parte de la premisa de que
este verano el Sistema Nacional de
Salud ha estado sujeto a unos avatares que han cuestionado la calidad
y la eficiencia de dicho sistema y que, además, el ministerio no ha
estado a la altura correspondiente. Esta mañana, la comparecencia de
la señora ministra en la Comisión de Sanidad, comparecencia a
petición propia y a solicitud de los grupos Socialista y de Izquierda
Unida, ha versado sobre los mismos temas. Lamento manifestar que ha
sido una sesión tensa, con un clima nada propicio ni, desde luego,
concordante con el espíritu que parece que anima aquí, en el Pleno,
al grupo proponente de la moción y al grupo que sustenta al Gobierno.
Esta diputada, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), se alegra de que las aguas vuelvan a sus
cauces. No obstante, con toda sinceridad, debo decir que, sin
discrepar de la preocupación que manifiesta la moción del Grupo
Socialista y, es más, de las buenas intenciones con las que la
proponente, la señora Rumí, presenta las propuestas alternativas,
desde nuestro punto de vista habría razones para, sin estar
disconformes en nada de lo que propone, decirle que votamos que no
porque la mayoría de las cosas se están haciendo. No lo vamos a
hacer, señora Rumí, porque no vamos a ser precisamente nosotros, que
siempre procuramos encontrar un clima de consenso, los que demos aquí
la nota discordante, pero sí quiero manifestar sobre todo respecto al
Grupo Popular que me sorprende la actitud que ahora manifiestan aquí,
porque de haber tenido la predisposición de aceptar sus sugerencias
creo que la reunión de la Comisión de esta mañana tenía que haber
derivado por otros derroteros muy lejanos de aquellos por los que ha
ido. Ha sido una Comisión en la que se ha primado la confrontación,
donde se han primado las descalificaciones y donde se han primado las
críticas. Y que quede claro que no me estoy refiriendo a la actitud
de la oposición frente al ministerio, sino a que en general no ha
sido una reunión de la Comisión que esté acorde con las conclusiones
a las que aquí vamos a llegar ahora. Y además estamos tratando de los
mismos temas.
Yo podría decirle, señora Rumí, pero no lo voy a hacer, por ejemplo,
que por descontado que estamos de acuerdo con el punto 1 de la moción
que usted propone -se está haciendo, existe ya el acuerdo de llegar a
establecer las responsabilidades de manera clara-; que pensamos con
toda sinceridad que no hace falta crear una línea 900; que se está
haciendo un seguimiento de los pacientes; que también pensamos que en
el problema de los medicamentos anticolesterol es innecesario llegar
a este acuerdo porque, desde nuestro punto de vista y como opina el
Gobierno de Cataluña, hay un control muy estrecho y vinculante entre
paciente y médicos, y por lo tanto se está haciendo el seguimiento de
los pacientes que están tomando cerivastatina. También pensamos que
por norma general las comisiones de vigilancia que ya existen actúan
razonablemente bien y que en todo caso se podría poner énfasis
en que las comisiones que ya están creadas mejoren sus mecanismos
de relación, más que en crear otras comisiones. Insisto, no vamos a
ser nosotros hoy los que discrepemos de este consenso que ustedes
manifiestan aquí en la Cámara, pero, señorías, aclárense. Básicamente
me dirijo al Grupo Popular, porque esta diputada en cierta manera se
siente incluso como si durante esta mañana hubiésemos hecho, por
decirlo de una manera coloquial, el panoli -entre comillas-, y no es
de recibo que hablando del mismo tema seamos capaces de llegar a
acuerdos ahora y que esta mañana sólo se hayan oído exabruptos,
descalificaciones y por parte de la oposición que todo era un
desastre y por parte del Gobierno que todo funcionaba a la
perfección.
Señorías, nuestro voto va a ser favorable, pero seguramente, para ser
coherentes, tendríamos que decir que ni tanto ni tan calvo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Riera. ¿La señora Rumí desea manifestar la posición en torno a
las enmiendas aquí defendidas?
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto no se
pueden aceptar porque entendemos que están incluidas en el punto 4 de
nuestra moción. Y en cuanto a las presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, se aceptan la enmienda in voce y las que están
presentadas por escrito, y entendemos que se trata de dar una
respuesta, por supuesto en esta Cámara y a través del Gobierno, a los
miles de ciudadanos ...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Rumí. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder a
la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Ministerio de
Sanidad y Consumo ante diversas crisis sanitarias surgidas en los
meses de julio y agosto, en los términos en los que se ha producido
el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
258; a favor, 258.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz):Queda aprobada dicha moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS
ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA SUPERAR LA SITUACIÓN DE CAOS SANITARIO,
GARANTÍAS FARMACÉUTICAS Y DE CONSUMO EN ESPAÑA. (Número de expediente
173/000083.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): A continuación vamos a pasar a
debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las actuaciones del
Gobierno para superar la situación de caos sanitario, garantías
farmacéuticas y de consumo en España.
Para la defensa de dicha moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
La señora CASTRO FONSECA: Gracias presidenta.
Señorías, lamento que estas dos mociones no se hayan unificado y que
volvamos a tener que debatir sobre temas similares, pero lo que
queremos decir desde Izquierda Unida es que en los últimos meses la
sociedad española ha tenido que soportar una serie de incidencias que
ponen en cuestión la eficacia en la gestión sanitaria. Y queríamos
hablar de estas incidencias precisamente.
Con respecto a los fármacos con cerivastatina, la Agencia Española
del Medicamento ha reconocido la existencia de 86 casos de reacciones
adversas y de seis fallecimientos. Hoy precisamente sabemos por la
prensa que Bayer avisó a tiempo y correctamente a las autoridades
sanitarias alemanas y europeas en general de los posibles efectos
adversos de determinadas dosis de cerivastatina. Según la
multinacional alemana, la Agencia Europea para la evaluación del
medicamento, por cierto autoridad reguladora de referencia en el caso
del Lipobay, disponía de esta información desde el 8 de junio y la
hizo llegar a las autoridades sanitarias europeas y, por tanto, a las
españolas, en ese momento. En España, la decisión oficial de retirada
del producto se realizó, sin embargo, a los 20 días de defender con
contundencia el ministerio su seguridad y muy posteriormente a las
fechas anteriormente indicadas. De hecho, la retirada del producto se
realizó a finales del mes de agosto.
La muerte de varios pacientes después de someterse a sesión de
hemodiálisis ha llamado de nuevo la atención sobre las disfunciones
que en España se siguen detectando en políticas de calidad y de
inspección, que no termina de dar una respuesta adecuada y eficaz en
lo que es el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Los decesos no
llamaron la atención hasta que se rebasó la mortalidad media del 13
por ciento, aproximadamente. ¿Culpa de quién, de Baxter, o falta de
control en los centros? Equipamientos públicos, equipamientos
privados.
El Partido Popular se tiene que aclarar, señor Mingo, porque
lo que no puede ser es que luego venga la señora ministra a la
Comisión, como esta mañana, y nos diga que la culpa la tiene
cualquiera menos el Partido Popular y su ministerio. Estamos ante
hechos graves y nosotros no queremos hacer demagogia sobre una
cuestión tan sensible y que afecta a muchísimas personas en este
país, pero tenemos que decir que la sospecha sobre la idoneidad de
las condiciones y aparatos en los centros de hemodiálisis, y estamos
hablando de un colectivo muy amplio, acentúa lo que es el debate que
hemos tenido esta mañana sobre la necesidad de ver cómo ponemos en
marcha políticas de calidad, de inspección, de procedimientos y
centros sanitarios. El Ministerio de Sanidad ha fracasado, señorías,
en su intento de articular una política de calidad en todo el Sistema
Nacional de Salud. La propuesta presentada en el Pleno del consejo
interterritorial recientemente celebrado no obtuvo el respaldo
necesario. Los problemas de la inspección no terminan de arreglarse.
Responsable de la acreditación de prestaciones y evaluación de la
calidad, la inspección sanitaria, señorías, está infrautilizada.
Y si nos referimos al problema de los brotes de legionella, otro
motivo de sobresalto veraniego, el Gobierno aprobó con ocho meses de
retraso un decreto destinado a prevenirlos y controlarlos. El número
de casos de afectados en los últimos meses ha sido superior al número
de casos que se han producido en los últimos 20 años en este país.
Además hay un factor añadido y es que varios de los brotes han
afectado precisamente a centros hospitalarios. Los problemas que
también ha habido de colapsos en los centros sanitarios hospitalarios
se reiteran año tras año, verano tras verano, epidemia tras epidemia
sin que por parte de las autoridades sanitarias de este país se
adopten medidas para subsanarlos. Refiriéndonos en concreto a los
últimos meses, han existido colapsos en los servicios de urgencia
hospitalarios, acrecentados por el cierre de camas hospitalarias -se
cierran entre un 20 y un 30 por ciento de camas hospitalarias durante
los meses de verano- y por la no cobertura de vacantes de personal
sanitario. Es endémica la situación de las urgencias
extrahospitalarias, centros sin dotación para el abordaje de la
urgencia vital, falta de reciclaje de personal sanitario y transporte
sanitario obsoleto y además escaso. Y les recuerdo, señores del
Partido Popular, que hay 30.000 médicos en España en paro, es decir,
que no hay excusa.
Estos hechos, por tanto, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, evidencian la falta de
interés por parte del Ministerio de Sanidad en la defensa y mejora
del sistema sanitario público, tal vez porque los intereses que
animan al Partido Popular tienen menos que ver de lo que yo deseo con
resolver estas situaciones y más que ver con darle cancha a la
iniciativa privada que con poner en marchamedidas que realmente den
solución a los problemas
planteados y dejen de crear estrés y angustia en amplios sectores y
colectivos de la población afectados, como son los enfermos que
tienen que someterse a procesos de diálisis que, como esta mañana
decíamos en la Comisión, se trata casi de 200.000 personas. Ha
llegado el momento de que la ministra de Sanidad asuma sus
responsabilidades y, francamente, espero que el portavoz del Partido
Popular aquí en la Cámara dé respuestas más idóneas, más adecuadas y
más respetuosas con la oposición que las que hemos recibido esta
mañana en la Comisión.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Castro. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora Castro, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
no va a votar a favor de su moción y, aunque con matices, quisiera
repetir lo que he dicho anteriormente. No se trata tanto de que no
compartamos inquietudes, porque hay que reconocer que usted trata en
una moción breve muchos aspectos distintos que incluso algunos
hubiera sido más conveniente, desde nuestro punto de vista, tratarlos
aparte. Al margen de las formas, podemos entender su preocupación
e inquietud y que S.S. haya estimado conveniente presentar esta moción;
pero toda la moción destila una voluntad de intentar encontrar
soluciones a nivel de Estado a los problemas que usted visualiza.
Sabe, señora Castro, que nosotros siempre decimos que la mayoría de
problemas y las soluciones que aquí se visualizan son competencia de
las comunidades autónomas, y en virtud de esta cuestión que sabe que
para nosotros es primordial, no podemos apoyar las soluciones que
usted da. A pesar de que podríamos estar de acuerdo en alguno de los
problemas que presenta y de las posibles soluciones, siempre
matizando, insisto, que desde nuestro punto de vista son las
comunidades autónomas, de acuerdo con la Constitución y con el
Estatuto, las que tenemos competencias en la materia.
Por ejemplo, en el punto 1 de la moción dice que hace falta que se
estipule un plan de urgencias extrahospitalarias. Debo contestarle,
señora Castro, que en Cataluña tenemos nuestro propio sistema,
coordinado a través del 061, que funciona razonablemente bien y que
probablemente, como todo y más hablando de Sanidad, puede ser
susceptible de mejoras. No será este el debate ni la discusión, pero
tenemos nuestro plan y somos celosos de nuestro plan y de seguir
defendiendo nuestra competencia en la materia.
En el punto 2, en lo que se refiere a la puesta en marcha de un
decreto sobre la detección y control de los brotes de legionela, en
Cataluña hicimos nuestro propio
Decreto, el 417/2000, de 27 de diciembre, que además de considerar
que es más operativo -permítame la inmodestia- que la norma básica
que se desarrolló a través del Estado, es decir de más fácil
implementación.
En el punto 3 hace referencia a las medidas necesarias para evitar la
concentración de prestación de servicios de hemodiálisis en manos de
multinacionales. Aquí le debo manifestar que no estoy en absoluto de
acuerdo con el enunciado de su propuesta. Nosotros pensamos que lo
que debemos hacer -y además estoy segura de que hay una voluntad
política para que así sea- es garantizar que el servicio de
hemodiálisis se esté haciendo bien y con total seguridad para los
receptores de esta prestación. Esto no es consecuencia directa de
quién es el titular que ofrece la prestación; puede haber una
multinacional que dé el cien por cien de garantías o no, pero en todo
caso no nos parece legítimo establecer este paralelismo.
En el punto 4 se solicita un plan de dotación de camas hospitalarias.
Tenemos nuestro plan de dotación que es el plan integral de urgencias
de Cataluña.
En el punto 5 se refiere a las medidas necesarias para mejorar el
equipamiento hospitalario. Sabe usted, señora Castro, que en Cataluña
tenemos la red hospitalaria de utilización pública, como llamamos
nosotros la RHUP, que ya es un sistema que integra todos los
hospitales públicos y los concertados privados, y que contempla todas
las sugerencias que usted está realizando.
En resumen, y para no extenderme más porque punto por punto podría
decirle cosas similares a lo que le estoy comentando, nosotros
pensamos que en el caso de Cataluña es obvio que tenemos competencia
en la mayoría de las cuestiones que usted propone aquí - como la
tienen otras comunidades autónomas-, y por tanto consideramos que lo
correcto es que cada comunidad, en función de sus competencias,
agudice aún más o se esfuerce todavía más en perfeccionar los
sistemas de gestión que ya tiene establecidos, pero en todo caso no
creemos que sea correcto que porque se hayan detectado unos problemas
este verano, unos problemas veraniegos, la solución...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, su
tiempo ha concluido.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Rumí.
La señora RUMÍ IBÁNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Castro, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que
su moción contemplaba dos partes y que parte de ella debería estar
presente en otra moción específica con aquello que no ha sido objeto
del estudio y debate que ha habido aquí anteriormente en la Cámara.
En este momento la preocupación de los ciudadanos, tal y como habla
la moción, era la gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo en la
crisis sanitaria
surgida en los meses de julio y agosto. Por eso tanto los temas
de seguridad hospitalaria como los de sistema de alerta en general y
los enfermos sometidos a tratamiento de hemodiálisis eran los temas
centrales, y por tanto sobre ellos debía girar el mensaje en el
sentido de reforzar acciones, como en este caso presentaba nuestra
moción, y dar soluciones concretas a problemas concretos. Estaremos
gustosos de trabajar en otros temas que aparecen en la moción pero
que son más específicos y que podrían ser objeto de otra moción por
su parte.
En cuanto a los temas que compartimos, se ha aprobado hoy en la
Cámara una moción que su propio grupo también ha apoyado, y aprovecho
para agradecer a todos los grupos de la Cámara la unanimidad con que
ha salido adelante. Esto es importante porque se está dando respuesta
a una situación que afecta a miles de ciudadanos, a pesar de que
algunos grupos piensen que les corresponde en exclusiva el monopolio
en la búsqueda de apoyo para temas de interés general.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Rumí.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Zambrano.
El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente para fijar la posición de mi grupo y lo voy a
hacer así porque después de esta serie de intervenciones, las del
otro día y sobre todo la de la señora ministra de Sanidad está
prácticamente todo dicho; por eso no sería lógico volver otra vez a
plantear los mismos argumentos y sacar la misma relación de
actuaciones. Voy a recordar brevemente los problemas mencionados para
llegar a nuestra posición, porque como sabe S.S. ha unido una serie
de hechos coincidentes y otros que han coincidido en el tiempo para
sacar una serie de conclusiones que no compartimos, mezclando en el
mismo saco problemas de salud pública, de asistencia sanitaria e
incluso ha tocado el problema de los interinos.
En resumen, sobre el brote de la legionella, inesperado como siempre,
señoría, y mucho más ahora cuando ha aumentado nuestra calidad de
vida, saben ustedes que esta patología va muy asociada a los sistemas
de refrigeración y de confort, valga decir que ha sido en la
comunidad de Navarra, la mejor dotada presupuestariamente y en
recursos, donde ha habido mayor virulencia. Esto dice bastante de
cómo es la prevención definitiva de estos brotes. Actuaciones del
Ministerio. Un real decreto sobre prevención y control, que llena las
lagunas existentes sobre este tema. Nos dicen que hemos llegado
tarde. Ocho meses después de que terminó de trabajar la Comisión. En
cuanto a las estatinas, medicamento Lipobay, como usted ha dicho,
señoría, el informe
de la Agencia del Medicamento a las autoridades y de la Agencia
Europea provoca la retirada del medicamento del mercado, después de
comprobar las reacciones adversas de este junto con el gemfibrocilo.
Dializadores. Existe una investigación abierta que está por concluir,
en el Carlos III y en la Dirección General de Farmacia, para estudiar
no solamente los dializadores sino todo el proceso, y cuando se
aclare se aclarará todo. Por último, el déficit de urgencias en
Madrid en época estival y en general de todo el sistema sanitario.
Hay que decir que lo cierto es que el número de camas de urgencias en
la época estival en Madrid ha aumentado el 4 por ciento y que está a
punto de abrirse un gran hospital en Fuenlabrada.
Quiero recordarle que en los últimos 5 años se han inyectado cerca de
2 billones de pesetas al sistema y que se ha llegado a un acuerdo
global de financiación y también finalista para la sanidad que
garantiza el futuro y la equidad del sistema sanitario público.
¿Dónde está la pasividad y la descapitalización del sistema? ¿Cómo se
puede decir que no hay redes de vigilancia, si le han enumerado a
usted el Centro nacional de sanidad ambiental, el de Alimentación, el
sistema de farmacovigilancia tanto en medicamentos como en productos
sanitarios y la Agencia española y europea del Medicamento?
Ocurre, señoría, que muchas veces -y no lo digo por echar balones
fuera en el tema de responsabilidad-, tal y como han dicho los
representantes de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y
gallego, las competencias en materia de salud pública están en manos
de las comunidades autónomas y se superponen con las del Ministerio.
Estas competencias, como usted sabe, están transferidas hace mucho
tiempo, desde que se creó el Estado de las autonomías, quizás
pensando entonces en cubrir huecos en las competencias de sanidad de
las comunidades que no tenían ninguna. Probablemente hoy sería el
momento de comentar que al cabo del tiempo se observa que no fue lo
más adecuado. Quizás ahora sería el momento de plantear una serie de
reformas o unificaciones básicas que evitarían errores, duplicidades
y gastos innecesarios. Esta podía haber sido una de sus propuestas, y
lamentamos que no la haya hecho, porque la hubiéramos aceptado.
Termino diciendo a S.S. con todo respeto que la presunta situación de
caos sanitario que usted recoge en el título de su moción se diluye
en la propia complejidad de sus propuestas, que mezclan todo a la vez
y recomiendan funciones que ya están en marcha o en estudio. Sabe S.
S. que le digo esto sin ningún ánimo de desconsideración, porque
pienso que sus propuestas son siempre para intentar mejorar el
sistema sanitario público que a usted le preocupa tanto, y así se lo
venimos reconociendo siempre; pero señoría, como he dicho
anteriormente hoy no podemos aceptar su propuesta, aunque
reconozcamos sus buenas intenciones,porque hacerlo sería algo así
como aceptar las conclusiones,
el análisis y las aseveraciones que sobre los distintos
problemas ha hecho S.S., que en absoluto compartimos y que por eso
con toda rotundidad rechazamos. Además de esto, las propuestas
aprobadas en la anterior moción cubren sobradamente las iniciativas
que puedan plantearse sobre este conjunto de problemas.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Zambrano. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder a
la votación de la moción, consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las actuaciones
del Gobierno para superar la situación de caos sanitario, garantías
farmacéuticas y de consumo en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
252; a favor, 12; en contra, 160; abstenciones, 80.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada dicha moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ANTE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA
COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL. (Número de expediente 173/000084.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pasamos a debatir la moción
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió, sobre la situación de la economía
española ante la evolución reciente de la coyuntura económica
internacional.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió ha presentado esta moción, consecuencia de la interpelación
defendida y debatida la semana pasada ante esta Cámara, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno en materia de política
económica, ante la evolución reciente de la economía internacional, y
sobre todo por los hechos acontecidos el pasado 11 de septiembre, que
SS.SS. conocen perfectamente.
Nuestra moción, que hoy vamos a debatir en esta Cámara, recoge una
serie de propuestas orientadas a dar un mensaje claro, concreto y
solvente a los agentes económicos y sociales, instituciones
financieras y a toda la sociedad en general sin ningún tipo de
exclusión, para ganar confianza, eliminar tensiones y reducir la
incertidumbre acontecida por los luctuosos hechos del pasado 11 de
septiembre.
Vamos a aceptar la enmienda propuesta por el Partido Popular, ya que
a nuestro entender complementa nuestra moción y va en la misma
dirección, igual que algunos puntos de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que creo quedan
subsumidos en la enmienda transaccional que nosotros vamos a ofrecer
al Partido Popular y a todos los grupos de esta Cámara, -que
seguidamente haremos llegar a la Mesa-, con el objetivo de seguir
apostando por una política orientada a conseguir un crecimiento
estable y equilibrado de la economía española, una progresiva
reducción de los desequilibrios macroeconómicos y el saneamiento
presupuestario, así como también la estabilidad y el reforzamiento
del sector exterior a partir de una liberalización e incremento de la
competencia en los sectores clave de nuestra economía. A nuestro
entender, en los 12 puntos que hemos transaccionado con el Grupo
Parlamentario Popular se resumen los objetivos fundamentales que
Convergència i Unió presenta para su aprobación por todos los grupos
de esta Cámara.
En primer lugar, proponemos priorizar la inversión pública en los
próximos Presupuestos Generales del Estado de manera que la tasa de
crecimiento en inversiones sea superior a la evolución del PIB
nominal, de forma que permita que los gastos de inversión ganen peso
en relación al producto interior bruto.
Planteamos impulsar a lo largo del próximo ejercicio la reforma de la
imposición directa en cuanto al impuesto sobre la renta de las
personas físicas y el impuesto sobre sociedades, con el objetivo
básico de reducir la fiscalidad de la tributación que afecte a las
familias y a las pequeñas y medianas empresas. Existe un compromiso
por parte del Gobierno, que lo ha reiterado en diversas ocasiones
ante esta Cámara, en el sentido de modificar estos dos impuestos
importantes y que afectan a la fiscalidad de las pymes, de las
sociedades, de las compañías y de las familias. Nosotros entendemos
que es necesario un compromiso del Grupo Parlamentario Popular que
sustenta al Gobierno, para que sea una realidad y en el año 2002 sea
efectiva la rebaja de la imposición que afecta a las familias y a la
tributación de las pequeñas y medianas empresas.
Proponemos un mayor reforzamiento en todos aquellos aspectos que van
dirigidos a incentivar fiscalmente la formación, la prevención de los
riesgos laborales y la incorporación de nuevas tecnologías por parte
de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas y
sobre todo las de nueva creación, de acuerdo con la evolución de la
situación económica.
Planteamos seguir impulsando los esfuerzos y los incentivos fiscales
de apoyo a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a
la innovación, especialmente también en este ámbito que desde nuestro
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) siempre venimos
defendiendo, que son todo aquellos sectores que afectan a las
microempresas, a los emprendedores y a los trabajadores autónomos.
Planteamos seguir potenciando todas aquellas cuestiones que afecten
al mecenazgo y a la colaboración con las pequeñas y medianas
empresas, con fundaciones y centros públicos de investigación
dependientes sobre todo de las universidades públicas y privadas.
Asimismo, continuamos planteando -lo venimos reiterando a lo largo de
toda esta legislatura- el reforzamiento de las políticas que vayan
orientadas a seguir impulsando la internacionalización de las
empresas españolas, de manera especial las pequeñas y medianas
empresas. Teniendo en cuenta que del volumen de exportaciones de
nuestro tejido empresarial, el 60 ó 70 por ciento va orientado a la
Unión Europea, entendemos que en esta coyuntura de política económica
de desaceleración, interesa sobre todo reforzar la
internacionalización de nuestro tejido industrial y empresarial.
Pretendemos incorporar todos aquellos recursos que vayan orientados a
la protección social y a la solidaridad, en especial aquellos que
hacen referencia a las pensiones más bajas del sistema contributivo
de la Seguridad Social.
Como no podía ser de otra forma, también queremos que en esta moción
que hemos presentado exista un compromiso claro y firme del grupo
parlamentario que da apoyo y soporte al Gobierno. Nos gustaría que en
este caso fuera extensivo al resto de grupos parlamentarios que
configuran esta Cámara, en el sentido de que a lo largo del próximo
ejercicio sea una realidad plausible que podamos aprobar la creación
de un estatuto para las pequeñas y medianas empresa, la creación de
un estatuto que ayude definitivamente a los emprendedores y que
afecte y afectará lógicamente a sectores tan importantes como son las
personas que están en paro, los jóvenes que están en una situación de
acabar sus estudios profesionales o universitarios y sobre todo que
también afecte a mujeres emprendedoras que puedan regirse por este
nuevo estatuto jurídico y que pueda impulsarles a ser empresarias en
un futuro inmediato.
Por último, como no podía ser de otra forma, también pretendemos que
en esta moción se pueda impulsar la liberalización y la introducción
de más competencias en aquellos sectores...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta moción por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señor Sánchez i Llibre, nuestras enmiendas no son recogidas. Entiendo
la retórica desde la tribuna pero nuestros puntos no son recogidos.
¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo con la filosofía de
fondo, con la actualización del plan de estabilidad. Estamos en
filosofías diferentes y además somos consecuentes con la realidad y
con lo que se está haciendo en estos momentos en otros países.
Incluso conectamos con el señor Rato que se está volviendo
neokeynesiano. ¿Por qué? El primer punto no se puede aceptar. La
actualización del plan de estabilidad se realizó con unas previsiones
macroeconómicas que nada tienen que ver con la realidad y que han
sido superadas por los acontecimientos; por tanto se tiene que
reorientar, y lo proponemos así, la política presupuestaria para que
el gasto público contribuya a superar los problemas estructurales de
nuestra economía y para avanzar en el proceso de convergencia real
con Europa, particularmente en lo que respecta al gasto social.
Proponemos que el Gobierno español realice la flexibilización del
pacto de estabilidad y crecimiento para preservar al menos la
inversión pública a la hora de establecer déficit excesivos como
gastos que constituyen un elemento preciso para el desarrollo futuro
de la Unión Europea; es decir somos consecuentes con esto, con el
cambio que ha habido en la realidad económica internacional. Antes de
los atentados hay un proceso recesivo en todo el mundo; proceso
recesivo que viene determinado por muchas causas pero al mismo tiempo
por una causa principal o fundamental y es que si hay medio mundo que
no mejora sus condiciones de vida o se muere de hambre esto va en
detrimento del desarrollo más armónico y equilibrado del conjunto del
planeta y de todas las economías, por tanto estamos en ello. Los
atentados terroristas de Nueva York y Washington han agravado esta
situación, pero no la han creado. Todos los puntos que planteamos van
en esta misma línea.
Finalmente nosotros en la serie de enmiendas proponemos que teniendo
en cuenta esta realidad, teniendo en cuenta que parece ser que se
flexibilizan las posiciones de los gobiernos en relación a hacer
frente desde cada país a la situación concreta de cada país en un
marco general, tenemos que orientar nuestra economía para hacer
frente a esta situación. Por ello proponemos una serie de medias en
el desarrollo de planes de empleo, en la creación de puestos de
trabajo en sectores que son para nosotros fundamentales en el terreno
de los servicios, en el terreno del medio ambiente, etcétera, para
que esto redunde en una activación de todo el sistema productivo para
hacer frente a esta situación desde nuestras posibilidades y nuestras
potencialidades,
en este momento concreto. Es por ello por lo que no podemos
votar favorablemente esta moción, porque, aunque estemos de acuerdo
con algunos de sus puntos, no estamos de acuerdo con la filosofía de
fondo, pues nos parece que no va a hacer frente a la realidad que
estamos abordando en este momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al señor Sánchez i Llibre
por esta iniciativa. Me parece muy oportuna y responde a un momento
especialmente importante: es bueno debatir hoy sobre la situación
económica internacional después de los últimos acontecimientos. Esta
Cámara no duda de que hoy estamos en una situación económica distinta
no sólo porque la situación internacional ya arrastraba una cierta
desaceleración, sino porque también estamos en unos momentos de
incertidumbre y la incertidumbre incide directamente en la situación
económica, en la confianza de consumidores e inversores. Hay que
estar preparados y tomar medidas para hacer frente a esta situación
con mayor fortaleza, con más ímpetu, con más unión, pidiendo mayor
responsabilidad a los grupos políticos y a los agentes económicos.
Esta Cámara es consciente de que España está en un mejor momento para
hacer frente a esta situación. Crecemos más que la media, creamos más
empleo que la media y estamos mejorando nuestra posición relativa con
relación al resto de los países europeos. Bien es cierto que la
política económica que se viene haciendo desde 1996, la política
económica del Partido Popular y el apoyo que le ha dado el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y algún otro grupo de la Cámara, ha
sido efectiva. Hemos crecido más cuando hacía buen viento, pero
también hemos crecido más cuando el viento era menos favorable y
hemos sentado las bases para el futuro, pero hay que seguir
trabajando y hay que impulsar nuevas políticas. Nos parece muy bien
la moción que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Nosotros hemos presentado una enmienda para incorporar algunos puntos
y en esta enmienda transaccional que propone el señor Sánchez i
Llibre se recogen algunos puntos importantes sobre la estabilidad
presupuestaria, la necesidad del crecimiento de la inversión, de
reducir el gasto corriente pero no el gasto social, medidas que
mañana van a ser una realidad cuando el señor Montoro traiga a esta
Cámara el presupuesto para al año 2002. Es necesario seguir
profundizando en la estabilidad presupuestaria, seguir haciendo
reformas estructurales y abordar una nueva reforma para modernizar el
mercado
de trabajo. Hay que seguir en el proceso de modernización del sistema
tributario y hay que tomar medidas de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas en su internacionalización, en su incorporación al I+D, en
la capacidad de mejora de su competitividad. Por eso vamos a apoyar
esta moción. Esa es la política que se necesita en este país: una
política distinta que profundice en las bases que ya teníamos, una
política ortodoxa que permita que España esté en mejores condiciones
para afrontar esta situación. El año 2002 España va a seguircreciendo
más que la media europea. Esa es una buena noticia, porque rompemos
la tradición secular de nuestro país de que crecíamos más cuando
estábamos en época de crecimiento, pero también nos iban las cosas
mucho peor cuando estábamos en época de desaceleración. El último
ejemplo fueron los años 1986 y 1989, cuando España creció más que la
media. Sin embargo, en 1992 y 1993, cuando hubo crisis, a España le
fue especialmente mal. Ahora estamos creciendo más en los buenos y en
los malos momentos con una buena política económica. Es en ella en la
que hay que seguir trabajando y por eso vamos a apoyar la moción del
señor Sánchez i Llibre que va en esa dirección, incorporando, eso sí,
nuestras enmiendas.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez-
Pujalte. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
El panorama económico actual resulta, como mínimo, preocupante -en
eso coincido con los anteriores intervenientes-, porque lo que hace
un par de semanas nos parecía una mera desaceleración de manea brusca
se ha convertido en un problema generalizado, en un problema
globalizado en que ya la recesión parece inevitable. Parece bastante
claro que ante una situación como ésta exista preocupación de la
Cámara para intentar hacer algo, no es el momento de quedarse
quietos. Ahora bien, como suele decir el señor MartínezPujalte, no es
más que una percepción, es pura percepción que no tiene nada que ver
con la realidad. Como no se va a hacer un análisis riguroso ni de
fondo de lo que hay, nos quedamos simplemente en la mera
autocomplacencia y autobombo. ¿Qué sentido tiene a estas alturas
instar al Gobierno a hacer algo cuando ha aprobado ya un anteproyecto
de presupuestos que se va a debatir en esta Cámara? Desde nuestro
punto de vista, estos presupuestos no son creíbles, contemplan una
inflación del 2 por ciento, siguen obsesionados por el déficit cero y
no contribuyen a fortalecer la confianza en los ciudadanos, que es de
lo que estamos hablando, y generan desconfianza.
No voy a hacer el debate de presupuestos, ese es el que hay que hacer
y el que hay que presentar en esta Cámara de manera seria y rigurosa.
Ahora estamos hablando de una interpelación de la semana pasada y de
una moción de esta semana; interpelación en la que, la verdad, todo
va bien, España es la que mejor responde y hay que seguir exactamente
igual, por supuesto, todo con una gran ayuda, con la ayuda de los
socios del Gobierno. ¿Qué solución proponemos? La misma, seguir
exactamente igual, hacer lo mismo, las proposiciones que ustedes han
estado presentando durante el anterior periodo de sesiones. Yo
entiendo que les vaya muy bien la máxima ignaciana de en tiempos de
tribulación no hacer mudanzas, pero no es nada serio. En definitiva,
estamos asistiendo aquí a un juego floral, a una mascarada entre los
dos grupos que apoyan al Gobierno y lo único que se pretende es
tratar de ocultar la percepción en la opinión pública de que el
Gobierno no tiene ninguna iniciativa. Se trata de ocultar y distraer
la falta de iniciativa de este Gobierno; un gobierno que parece que
está cansado, que está tocado, como se dice en términos pugilísticos,
que está sonado; totalmente sonado. (Risas.) Presenten en esta
Cámara, en el debate de presupuestos, sus preocupaciones, sus
iniciativas, sus propuestas, sus resoluciones. El Grupo Socialista no
quiere participar de esta representación porque lo único que supone
es alterar un turno de control del Gobierno para hacer algo que no
insta a nada a nadie.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mendizábal.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, en turno de aceptación o
rechazo de las enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, que es la transaccional que hemos hecho llegar a la Mesa, y
vamos a rechazar las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre la situación de la economía española ante la evolución
reciente de la coyuntura económica internacional, en los términos de
la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
237; a favor, 158; en contra, ocho; abstenciones, 71.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aprobada dicha moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.