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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 96, de 27/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 96
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 92
celebrada el miércoles, 27 de junio de 2001
Página
ORDEN DEL DÍA:
Comunicación del Gobierno:
- Comunicación del Gobierno para el debate de política general en
torno al estado de la Nación (continuación). (Número de expediente
200/000001.) . . . (Página 4699)
Modificación del orden del día . . . (Página
4722)
Comunicación del Gobierno:
- Comunicación del Gobierno para el debate de política general en
torno al estado de la Nación (continuación). (Número de expediente
200/000001.) . . . (Página 4722)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el
sector audiovisual. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 27-1, de 3 de enero de 2001. (Número de expediente 121/
000027.) . . . (Página 4747)
Página
- Proyecto de ley en relación con el proyecto de Ley de medidas
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del
empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/
2001, de 2 de marzo). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 37-1, de 23 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/
000037.) . . . (Página 4752)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales:
- Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del
Perú, modificando el convenio de doble nacionalidad de 16 de mayo de
1959, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 143, de 11 de mayo de 2001.
(Número de expediente 110/000086.) . . . (Página
4760)
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
República de Túnez, hecho en Túnez el 26 de febrero de 2001. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 147, de 21 de mayo de
2001. (Número de expediente 110/000087.) . . .
- Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para
el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de
Iberoamérica (Abinia), hecho en Lima el 12 de octubre de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 153, de 1 de junio de
2001. (Número de expediente 110/000089.) . . .
- Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la
República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de
julio de 1998 y el 16 de junio de 1999, respectivamente, así como
Declaración que España va a formular en el momento de la adhesión.
«BOCG.
Congreso de los Diputados», serie C, número 113-1, de 21 de mayo de
2001. (Número de expediente 110/000088.) . . .
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
por la que se modifica el artículo 205. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 149-1, de 6 de junio de 2001. (Número de
expediente 410/000003.) . . . (Página 4761)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el
artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y se
establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados
de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales. («
BOE» núm. 150, de 23 de junio de 2001.) (Número de expediente 130/
000020.) . . . (Página 4765)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Página
Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno
al estado de la Nación (continuación) . . .
Interviene en primer lugar el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto. Acusa al señor Aznar de conducirse con
prepotencia, intolerancia y fobia contra el discrepante, despreciando
cualquier análisis de la situación política que no le sea favorable y
reduciendo la realidad del Estado español a un modelo bipartidista,
ignorando la diversidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural
del mismo.
Se refiere al desánimo y preocupación que existe en el mundo de
la educación por el fracaso de escolar en la enseñanza obligatoria,
por el alto número de parados universitarios, por una formación
profesional poco acoplada a las necesidades del sistema productivo
y a las reformas anunciadas por el Gobierno, encaminadas a
centralizar el sistema restando competencias a las comunidades
autónomas. Acusa al Gobierno de desatender la problemática
socioeconómica específica de Galicia, especialmente en el sector
pesquero, donde el Estado español ha estado de acuerdo con la Unión
Europea en reducir su peso, o en el sector agroganadero, en el que,
en función de los intereses de otros Estados miembros que son
excedentarios, se aplica una política de reducción de nuestro sector
lácteo a través de la cuota y la correspondiente supertasa. Se queja
de la indiferencia e insensibilidad del Gobierno ante los temporales
e inundaciones catastróficas que ocasionó la ruina del sector del
marisqueo y la pesca de bajura y de la propuesta de integración del
régimen especial agrario y del régimen especial de los trabajadores
del mar en el régimen de autónomos, de la aplicación del impuesto
de sociedades a los montes en mano común, del canon que se pretende
que cobren las autoridades portuarias por actividades de acuicultura,
de la forma de agrupar los astilleros públicos en la nueva IZAR, de
la ausencia de planes de regadío para Galicia en el Plan hidrológico
nacional y de la negativa a crear la confederación hidrográfica del
Miño, así como de la actitud que se mantiene con la emigración
gallega, sobre todo en Latinoamérica.
En segundo lugar interviene el señor Núñez Castain, del Grupo
Parlamentario Mixto, que considera muy poco tiempo cinco minutos para
tratar de los problemas que aquejan al país: inmigración, paro,
pesca, agricultura, transferencias pendientes o modelo de Estado,
cuestiones que fueron expuestas por el presidente del Gobierno en su
discurso desde una visión de España equilibrada, homogénea y que va
bien, con la que el señor Núñez Castain no está de acuerdo. Ante la
obligación de priorizar los temas a tratar se centra en la ineficaz
política de corrección de desequilibrios entre comunidades autónomas
y la frustración que existe en algunas de ellas, concretamente en
Andalucía, y solicita al señor Aznar que le explique de qué manera va
a pactar con las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura,
Castilla-La Mancha y Andalucía respecto a empleo y a crecimiento
económico.
Interviene el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario
Mixto. Manifiesta que el señor Aznar ya dejó claro en el debate de
investidura la concepción radial que tiene de las comunicaciones, del
poder y de las ideas, porque confunde el Estado con la capital del
Estado y considera intolerable las diferencias que existen entre
Madrid, que hoy es un agujero negro que engulle bienes, servicios,
recursos, inversiones y ayudas europeas, y Barcelona, que debe
costearse la llegada del tren de alta velocidad al aeropuerto de
Barcelona y encima le niegan los fondos europeos para enlazar el
aeropuerto con la línea 9 de Metro. Asimismo se refiere a las
diferencias existentes en inversiones en cultura, obras de arte o
autopistas y denuncia el déficit acumulado en inversión pública que
desde hace décadas sufre Cataluña, sin que se vea voluntad alguna del
Gobierno para solucionarlo. Se queja de la beligerancia del Gobierno
hacia todo lo que sea normalización cultural y lingüística de
Cataluña y de su actitud impositiva, que asimila a la de matón de
barrio, ante hechos como el Plan hidrológico nacional, la nefasta
financiación basándose en recursos de inconstitucionalidad, las
manifestaciones antiglobalización o la lucha de los trabajadores de
Sintel, acusándole de ser débil con los fuertes o poderosos y fuerte
con los débiles. Finalmente acusa al señor Aznar de haber forzado la
mayoría absoluta, legítima por otra parte, a partir de cuatro
falsedades: montarse en el ciclo económico expansivo como si fuera
cosa suya; exaltar el nacionalismo español ante todo lo vasco;
infundir miedo a la población sobre la avalancha de emigrantes, y el
anticatalanismo, que es la ideología de masas del españolismo.
Interviene a continuación el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto. Manifiesta que es el primer debate del estado de
la Nación que se hace después de catorce meses de mayoría absoluta
del Partido Popular, por lo que, entiende, se tiene que hacer un
balance sobre cómo se ha administrado esa mayoría absoluta. Le parece
preocupante, desde el punto de vista democrático, la gestión que está
haciendo el Partido Popular de esa mayoría absoluta y le achaca una
tentación totalizadora en su manera de actuar ante hechos como la
manifestación antiglobalización ocurrida el pasado fin de semana en
Barcelona, que ha merecido la repulsa del Colegio de Abogados de
Barcelona.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
encuentra admirable, casi conmovedor, el listado de virtudes y
aciertos que el señor Aznar adjudica a su Gobierno ante datos como el
de la inflación, la falta total de diálogo con el País Vasco, la
política de inmigración, que restringe, según su opinión, derechos
fundamentales, o el problema de la encefalopatía espongiforme. Por
otra parte confía en que los aciertos en política exterior,
especialmente en Europa, no hagan llegar al presidente
del Gobierno a la Presidencia en el 2002 enemistado con todos
los países de la Unión Europea. A este respecto pregunta sobre el
futuro de Europa, deseando que las comunidades autónomas pudieran
estar implicadas en el desarrollo y organización de la Presidencia
europea. A continuación se refiere a la política autonómica llevada a
cabo por el Gobierno, que cercena de forma clara el autogobierno en
el País Vasco, y a las recientes elecciones vascas, en las que,
criminalizando al nacionalismo vasco, se pretendió distraer a la
opinión pública de la política de inmigración, del disparo de la
inflación y de otros escándalos en los que el señor presidente del
Gobierno no parece ser muy consecuente con la postura que mantenía en
otro tiempo. A pesar de todo, desearía que fuera posible una actitud
de diálogo constructivo capaz de encaminar al país hacia un clima de
paz auténtica y de normalización política.
A continuación interviene el señor Labordeta Subías, del Grupo
Parlamentario Mixto, que opina, como Groucho Marx, que la política es
el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso
y aplicar después remedios equivocados. Desde la Chunta Aragonesista
se entiende que esto es lo que ha sucedido con el trasvase del Ebro,
con el decretazo de la reforma del mercado laboral, con el
tratamiento de los inmigrantes, con la apuesta privatizadora de la
educación, con las muestras de involución autonómica rampante, a
pesar de las promesas del discurso de investidura. Finalmente, y tras
una serie de preguntas sobre la actitud que mantiene el Gobierno
respecto a Aragón, afirma que en aquella tierra hay motivos para la
esperanza y es que, ante estos embates, la sociedad aragonesa está
mostrando un vigor inusitado, de norte a sur, que se lleva por
delante los silencios y las resignaciones de siglos y siglos.
Finalmente interviene el señor De Grandes Pascual, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. Recuerda el debate de
investidura del 25 de abril del pasado año, en donde José María Aznar
anunció su propósito de convencer, buscar el diálogo, discutir y
examinar las diferencias para encontrar soluciones viables para
todos, lo que sería una de las primeras preocupaciones al
constituirse el Grupo Parlamentario Popular: convencer en lugar de
vencer, pero sin abdicar de la responsabilidad que el pueblo español
les había encomendado al otorgarles la mayoría. Hoy, transcurrido
poco más de un año, considera que están en condiciones de responder
al compromiso de aunar el Gobierno responsable con la actitud
dialogante. A continuación da cuenta de los importantes logros
conseguidos, buscando el diálogo y la concertación y
llegando al acuerdo siempre que ha sido posible, destacando entre
otros temas la lucha antiterrorista, la ley de extranjería, el pacto
de Estado para la justicia, el pacto social o el deseado diálogo en
torno a la financiación autonómica. Pero esta actitud proclive a
involucrar al primer partido de la oposición en los grandes asuntos
de Estado les lleva a mantener el diálogo en la totalidad del trabajo
parlamentario, como lo prueban los apoyos, innecesarios por contar
con una amplia mayoría, de otros grupos en la totalidad de las
votaciones. Agradece las actitudes igualmente abiertas de los
interlocutores, pero señala al propio tiempo ciertas actitudes de
oposición, carentes de la sensibilidad política necesaria para
percibir la verdadera dimensión de los asuntos de Estado, con
argumentos demagógicos contra la posición del Gobierno en conflictos
con terceros países o contra actuaciones en el ámbito de la Unión
Europea. A continuación se refiere a los compromisos electorales del
Partido Popular y a los próximos proyectos en torno a tres grandes
objetivos: la modernización del país, la búsqueda de un mayor
bienestar social y la vertebración de España, a los que añade los
grandes logros económicos como el déficit cero. En relación con la
lucha antiterrorista destaca el comportamiento valeroso y ético de
muchos intelectuales y la eficaz movilización de la sociedad, y
concluye afirmando que la integración sólo se consigue en función de
una cierta idea de España, y la que tiene el Partido Popular es
inequívocamente la que consagra la Constitución, claridad que
desearía encontrar en todas las fuerzas políticas.
Contesta el señor presidente del Gobierno (Aznar López), replicando
los señores Rodríguez Sánchez, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa;
Saura Laporta; la señora Lasagabaster Olazábal, y el señor Labordeta
Subías, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.
Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.
Se suspende la sesión a las once y veinticinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Página
Modificación del orden del día . . . (Página
4722)
La Presidencia de la Cámara, conforme al artículo 68.1 del Reglamento
y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone
a la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de
incluir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2001,
de 22 de junio, por el que
se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
carreteras y se establecen normas presupuestarias para atender los
gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en
carreteras estatales como último punto del orden del día, lo que se
acuerda por asentimiento. Asimismo la Presidencia, conforme al
artículo 68.1º del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los
grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación
del orden del día en el sentido de incluir el dictamen de la Comisión
de Asuntos Exteriores del acuerdo relativo al grupo aéreo europeo
entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña-Irlanda del Norte y
el Gobierno de la República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos
en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999,
respectivamente, así como Declaración que España va a formular en el
momento de la adhesión como último punto del apartado tercero
correspondiente a dictámenes de la comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales, lo que se aprueba por asentimiento.
Página
Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno
al estado de la Nación (continuación) . . .
En defensa de las propuestas de resolución presentadas intervienen el
señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal; los señores
Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV);
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Popularen el
Congreso, y Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Se procede a las votaciones de las distintas propuestas de resolución
presentadas con las transacciones acordadas.
Página
Enmiendas del Senado . . . (Página 4747)
Página
Proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el
sector audiovisual . . . (Página 4747)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Julios
Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV);
la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; los señores Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Leguina Herrán, del
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Rodríguez-Salmones
Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, se
aprueban por 192 votos a favor, 109 en contra y dos abstenciones.
Página
Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente
del Real Decretoley 5/2001, de 2 de marzo) . . .
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Julios
Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores
Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López
(don Aneto), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Jauregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz
Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento
del empleo y la mejora de su calidad, procedente del Real Decreto-
ley 5/2001, de 2 de marzo, son aprobadas.
Página
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 4760)
Página
Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del Perú
modificando el convenio de doble nacionalidad de 16 de mayo de 1959,
hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000 . . .
Página
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
de Túnez, hecho en Túnez el 26 de febrero de 2001 . . .
Página
Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el
desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de
Iberoamérica (Abinia), hecho en Lima el 12 de octubre de 1999 . . .
(Página 4760)
Página
Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la
República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de
julio de 1998 y el 16 de junio de 1999, respectivamente, así como
Declaración que España va a formular en el momento de la adhesión . .
. (Página 4760)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores, son aprobados.
Página
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 4761)
Página
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
por la que se modifica el artículo 205 . . .
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Rejón
Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la proposición de reforma
del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica
el artículo 205, se rechazan por seis votos a favor, 282 en contra y
una abstención.
Página
Votación de conjunto . . . (Página 4765)
Sometido a votación final de conjunto el texto de la proposición de
reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se
modifica el artículo 205, se aprueba por 281 votos a favor y siete en
contra, habiendo alcanzado la mayoría absoluta requerida.
Página
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . .
Página
Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el
artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y se
establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados
de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales . .
. (Página 4765)
Presenta el Real Decreto-ley el señor ministro de Hacienda (Montoro
Romero) en nombre del Gobierno. Explica que el real decreto tiene
como objetivo determinar las potestades de los órganos del Ministerio
de Fomento respecto de las carreteras estatales, con el fin de
regular su utilización por motivos técnicos o de seguridad vial, y lo
hace introduciendo un nuevo párrafo en el artículo 29 de la Ley 25/
1988, de 29 de julio, de carreteras, que prevé la circunstancia de
seguridad vial o de carácter técnico, de las que se puede derivar la
necesidad de desviar el tráfico de las carreteras por una autopista
explotada en régimen de concesión o por un tramo de la misma.
Justifica la urgente necesidad del real decreto por la inaplazable
necesidad de abordar con carácter específico este tipo de supuestos,
habida cuenta de las numerosas incidencias que se producen en la red
viaria; por la creciente importancia de la seguridad vial para el
interés público, que requiere del establecimiento de mecanismos
ágiles y adecuados para solventar los problemas, y por la necesidad
de acompañar a las facultades administrativas los créditos necesarios
para hacer efectivas las compensaciones que procedan a los afectados
por las medidas acordadas.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los
señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Urán González solicita que se dé lectura por un secretario
de la Mesa a la disposición final primera del Real Decreto-ley
debatido.
El señor secretario primero (Oliart i Pons) da lectura a la
disposición final primera.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y se establecen normas
presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del
Ministerio de fomento en carreteras estatales, se aprueba su
convalidación por 171 votos a favor y 96 en contra.
Sometida a continuación a votación la tramitación del Real Decreto-
ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia, se rechaza por 98 votos a favor y 170 en contra.
Se levanta la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la
noche.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO.
- COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN
TORNO AL ESTADO DE LA NACIÓN (CONTINUACIÓN). (Número de expediente
200/000001.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, con motivo del debate
para su investidura, hace ahora un año y dos meses, el Bloque
Nacionalista Galego denunció que en su forma de conducirse había más
que indicios de prepotencia, intolerancia y fobia contra el
discrepante. Ahora podemos afirmar que su mayoría absoluta sirvió
para agudizar aún más estas características. Usted identifica
Gobierno con partido hasta el extremo de anunciarse en las ruedas de
prensa posteriores al Consejo de Ministros su participación en
mítines del PP en la campaña electoral de turno. Demoniza o desprecia
con dogmatismo cualquier análisis o interpretación de la situación
política que no le sea favorable. Se empeña en formatear la realidad
del Estado español reduciéndola a un modelo bipartidista. Este
formato, tan antidemocrático como contrario a la expresión de una
diversidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural, que se niega a
dejarse anular, es para usted una obsesión.
No hace falta ser muy crítico para comprender que este Parlamento es
el primero en sufrir la devaluación como sede de diálogo, debate,
contraste y acuerdos. Recurren a él sólo para legalizar, cuando es
necesario, lo que cuecen a sus espaldas con ostentación de
prepotencia, sectarismo y desprecio por las minorías; sólo se las
tolera si se adhieren como acólitos y aclaman los postulados
gubernativos.
Es la suya una concepción de la democracia que no reúne ni siquiera
el mínimo respeto formal por el pluralismo político, que constituye
uno de los fundamentos de la Constitución vigente. Esta falta de
respeto formal por el pluralismo político reluce en los medios de
comunicación de titularidad pública, convertidos en centauros de las
campañas de propaganda y de las obsesiones agresivas o silenciadoras
del Gobierno y contamina también una parte del poder mediático
privado. En los últimos meses pasamos por un periodo de autoritarismo
sectario de tal calibre que llevó su fobia discrepante al extremo de
agriar sus relaciones con aliados tradicionales del PP, como la
Iglesia católica.
Las lecturas que hacer el Gobierno de la Constitución Española para
fundamentar sus propuestas legislativas son siempre democráticamente
restrictivas y obsesivamente centralizadoras. En materia educativa
existe desasosiego por lo que llaman fracaso escolar en la enseñanza
obligatoria, desánimo por el alto número de parados universitarios,
preocupación por una formación profesional poco acoplada a las
necesidades del sistema productivo. Sus reformas se encaminan, sin
embargo, a centralizar el sistema restándoles competencias a las
comunidades autónomas. No existe preocupación por combatir la
desigualdad social ni por atender mejor a la enseñanza pública ni por
promover una mejor preparación del profesorado. Justifican sus
proyectos centralistas en la defensa del derecho a la movilidad de
los alumnos y profesores, en la homologación de contenidos en los
programas y en una concepción retórica de la calidad.
Deben saber que, para cada sociedad nacional del Estado español, es
prioritario contar con un servicio educativo público de calidad en su
territorio, adaptado a sus necesidades y realidades socioeconómicas,
culturales y lingüísticas. Priorizar la movilidad sirve sólo para
justificar la emigración de la juventud, cualificada o no, de
determinadas zonas porque no existe en ellas el derecho al trabajo.
Promulgaron un real decreto que atenta especialmente contra el
derecho de las comunidades con lengua y cultura propias a establecer
programas educativos adaptados realmente a sus contextos sociales y
culturales. Resulta patente su interés en dictar una visión de la
historia que sacralice la idea de España como una realidad mítica.
Así, no es de extrañar
que, desde instituciones del Estado, se manipule o tergiverse la
historia hasta el extremo de afirmar que nunca existió represión
contra el gallego, el catalán o el vasco, o que el español siempre
fue una lengua de encuentro, no una lengua del Imperio. Mientras,
denuncian como manipulación los esfuerzos por que aparezca
escolarmente la historia oficialmente oculta, ignorada, eliminada de
los distintos pueblos que conforman el Estado español porque
precisamente lo explica como un producto histórico conflictivo.
Este combate ideológico al servicio de su idea de España acompaña
objetivos políticos y económicos que se refuerzan entre sí, La Ley de
estabilidad presupuestaria anula uno de los pocos mecanismos con que
contaban comunidades autónomas como Galicia para incidir
positivamente en su transformación económica. Sus presupuestos deben
ser aprobados por el Ministerio de Hacienda. Se establece así un
modelo jerárquico en el que las competencias que el Estado pierde
frente a la UE son recuperadas frente a las comunidades autónomas.
Este modelo anula la capacidad de decisión política que el reparto
constitucional de competencias había depositado en los gobiernos y
parlamentos autonómicos, sustancial para la autonomía política, que
tampoco refuerza su nuevo modelo de financiación autonómica, por lo
menos en el caso de Galicia.
Su Gobierno desatiende la problemática socioeconómica específica de
Galicia. Concretamente, es connivente con el empeño de la UE en
reducir nuestro peso pesquero mientras otros Estados mantienen su
actividad o la incrementan. Varios Estados europeos descubrieron su
vocación pesquera al detectar avariciosos que el mercado español
constituía un negocio redondo, pues es el de mayor consumo de pescado
de la UE. Objetivo de la política pesquera común, excluirnos del
acceso a determinados caladeros. La última obra maestra de la UE es
el plan de recuperación de la merluza. Irónicamente, la UE, encargada
de defender nuestra presencia en aguas internacionales, utiliza la
pesca como moneda de cambio, la cede progresivamente a terceros
países para favorecer otros intereses que, por supuesto, nunca son
los nuestros. Véase la falta de acuerdo pesquero con Marruecos: más
desguaces, pérdida de la actividad económica y empleo en comarcas
altamente dependientes de esta actividad. Su Gobierno es impasible
ante esta problemática. Paradójica y sintomáticamente, el Estado
español no tiene peso alguno en la política común de pesca, justo en
lo que Galicia es la gran potencia europea.
Curiosamente, algo similar acontece con otro sector clave de la
economía gallega, el agroganadero. En función de los intereses de
otros Estados miembros que son excedentarios, se aplica una política
de reducción de nuestro sector lácteo a través de la cuota y la
correspondiente supertasa, para que no podamos dimensionarlo
debidamente. Este sector, creador de empleo, sustento de actividad
económica en muchas zonas de
Galicia, se vio gravemente impactado por la crisis de las vacas
locas, derivada de una insensata política europea productivista y no
basada en la alimentación natural. Su incidencia especial en Galicia
se debió a la falta de una política preventiva por parte del Estado
español, a la escasez de ayudas compensatorias y a la intención de
usar la crisis para una reestructuración encubierta del subsector
cárnico, que ya estaba claramente discriminado en las ayudas respecto
de las que se conceden a otros productores europeos. Promueven, sin
embargo, una política de apoyo a la forestación de tierras agrarias
en un país en el que la superficie agraria útil es escasa, tierra
vital para la alimentación natural del ganado. Con su aplauso y
seguidismo de esta política europea discriminatoria están ustedes
contribuyendo a la desaparición de miles de puestos de trabajo, a la
despoblación de amplias comarcas rurales y al envejecimiento de la
población por la ausencia de perspectivas para los jóvenes.
Padecimos cinco meses de temporales e inundaciones catastróficas. El
Gobierno fue insensible hasta la indiferencia con el sector del
marisqueo y la pesca de bajura, privado de poder trabajar durante tan
largo período y dañado por mucho tiempo su medio de producción. La
ayuda de la Administración central para hacer frente a los daños
materiales de todo tipo, además de ridícula y discriminatoria en
relación con otras catástrofes (menos de 4.000 millones para hacer
frente a pérdidas valoradas oficialmente en más de 50.000), todavía
no ha llegado a sus destinatarios. Todo un síntoma de la indiferencia
e ignorancia que practican con naturalidad respecto de nuestros
problemas específicos. No les basta con tratarlos con desinterés y
sin preocupación, muchas veces parecen optar por empeorarlos. Véase
su propuesta de integración del régimen especial agrario y del
régimen especial de los trabajadores del mar en el régimen de
autónomos, su aplicación del impuesto de sociedades a los montes en
mano común, su empeño en que las autoridades portuarias cobren un
canon por actividades de acuicultura en nuestras rías, la forma de
agrupar los astilleros públicos en la nueva Izar, la ausencia de
planes de regadío para Galicia en el Plan hidrológico nacional y la
negativa a crear la confederación hidrográfica del Miño.
Esta indiferencia y desatención las encubren ustedes a veces con una
propaganda avasalladora cuando se trata de confundir a la sociedad
gallega con pequeñas concesiones conquistadas con perseverancia. El
plan ferroviario para Galicia hasta el año 2007-2010 es frágil
e indefinido, dual e incoherente en el interior, discriminatorio
respecto del exterior, lento y poco asegurado en su ejecución, y
encima pagado en parte por la Xunta. Lo venden como un proyecto de
alta velocidad para comunicarse con Madrid, pero no se nos garantiza
una red interior a la altura de un ferrocarril convencional adecuado
para el siglo XXI, en el año 2010. Usted irá a inaugurar las obras
antes de las elecciones gallegas,
habrá palmaditas en la espalda, con sonrisa de suficiencia,
anclada en la idea de una Galicia sumisa y agradecida por tamaño
esfuerzo del Gobierno amigo.
Una actitud parecida es la que mantienen con nuestra emigración,
especialmente en Latinoamérica. No son personas con derechos
políticos que deben ejercer con dignidad, libertad y en igualdad de
condiciones democráticas. Se niegan ustedes a que ejerzan el derecho
a voto en condiciones similares a las que se ejerce aquí, en urna,
con identificación del votante, en lugares oficiales, con censos
depurados y controlados. Impulsen ustedes su retorno y el amparo de
sus derechos sociales, asistenciales y sanitarios. No intenten sólo
emplearlos como un peso muerto para impedir la evolución democrática
de Galicia. Gran sarcasmo. Primero, nuestra emigración sirvió al
interés económico y político del Estado español y al empobrecimiento
de Galicia; ahora quieren utilizarla para perpetuar la marginación de
nuestro país. Atiendan ustedes nuestros problemas, para que cada año
no se vayan de Galicia miles de jóvenes, familias enteras, por falta
de perspectivas de futuro.
Prácticamente vendido el sector empresarial público y sin control de
la política monetaria, su política económico- social sigue empeñada
en el dogma del déficit cero, en la aspiración ideal de controlar la
inflación y en las continuas reformas laborales. La última,
felizmente, ya tuvo una contestación social contundente en Galicia.
Su Gobierno es contrario o reticente a la asunción de derechos
básicos de las personas, como es la no discriminación por motivos de
condición sexual o el derecho a una muerte digna.
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, le ruego concluya.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy acabando, señora presidenta.
La misma reticencia que comprobamos cuando se trata de ampliar y
homologar las coberturas sociales para toda la población trabajadora,
como es el caso de los autónomos. Su política es una alianza de
entusiasmo por la globalización, con sus efectos de desigualdad,
miseria y corrupción, que usted a veces ampara con obsesión por
apuntalar la idea de España una. No considere inmadura, señor Aznar,
la sociedad que se niegue a aceptar resignadamente su proyecto. No se
engañe: el que lo preponderante a escala mundial sea aceptar la
sumisión y la jerarquización, tal como usted especificó ante Bush, no
quiere decir que el presente y el futuro de la humanidad, incluido el
Estado español y su dinámica interna, no esté más necesitado de
pluralismo, de una relación multipolar entre iguales. Este es el
criterio del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señor presidente del
Gobierno, cinco minutos es demasiado poco tiempo para tantos
problemas: inmigración, paro, pesca, agricultura, transferencias
pendientes, modelo de Estado. Son muchas las cuestiones que S.S. ha
expuesto en su discurso para tratar de matizar desde aquí esa foto
que usted nos hace de una España equilibrada, homogénea y que va
bien. Yo diría, señor presidente, que si en esta Cámara no tuviéramos
más información que la de su discurso y estuviéramos todos aquí
encerrados, cabría una sola resolución unánime de la Cámara que
dijera: el Parlamento insta al Gobierno a continuar haciéndolo bien.
Pero hay más problemas concretos, más problemas generales en los que
profundizar.
Como tengo que priorizar, le voy a hablar de uno, del que yo entiendo
que ese uno de los problemas más importantes de España: la ineficaz
política de corrección de desequilibrios entre comunidades autónomas
y la frustración que existe en algunas de ellas, comoAndalucía,
porque no se corrijan esas desigualdades. Nosotros hemos escuchado la
descripción de la foto que usted nos hace de España, que
efectivamente crece, que efectivamente converge con Europa y que se
aproxima al 85 por ciento de la renta per cápita europea. Ayer mismo
le daba usted al portavoz de Convèrgencia i Unió los importantes
datos sobre empleo -o sobre paro, según se vea- en Cataluña, que
alcanzan el 8 por ciento. Pero, señor presidente, Andalucía no se
siente reflejada en esa foto. Usted se empeña en decir que en este
país hay 25 grados de temperatura, cuando hay zonas en las que hay 40
y zonas en las que hay 10. Usted se empeña en vestirnos de
entretiempo, cuando habrá que mandar abrigos a los que están a 10
grados y habrá que mandar camisetas a los que están a 40 grados.
Señor presidente, convendrá conmigo en que el efecto de convergencia
real que usted sostiene que entre Estados es eficaz, porque así lo
reconoce también la Unión Europea, no se ha producido entre las
comunidades autónomas españolas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo se
arregla? Me gustaría dedicar más tiempo a cómo se arregla que a quién
tiene la culpa. Supongo que la culpa la tenemos todos, señor
presidente, pero usted tiene la responsabilidad, como presidente del
Gobierno de España, de coordinar las políticas de todos los gobiernos
autonómicos para corregir este desequilibrio. Esto es muy difícil por
dos variables. Una de ellas es el fortísimo bipartidismo al que está
sometiéndose a este país, donde no sólo quieren ustedes ocupar el
ring del desacuerdo, sino también ocupar entre los dos la mesa del
acuerdo, despreciando el pluralismo político y las minorías.
Señor presidente, yo creo que uno de los factores importantísimos
para corregir estos desequilibrios es el
consenso en la nueva fórmula de financiación autonómica. Me parece
fundamental alcanzarlo, porque el desacuerdo fue malo. Usted sabe,
señor presidente, que en esta Cámara se han tratado a iniciativa de
este portavoz los criterios mediante los cuales se debe asumir este
nuevo modelo de financiación autonómica. Habrá que hablar de la
disposición adicional segunda del Estatuto de Andalucía, habrá que
hablar de la liquidación del modelo anterior respecto al
reconocimiento del censo y habrá que hablar del nuevo modelo, pero me
gustaría hacer una advertencia: en el nuevo modelo los criterios de
equidad y de solidaridad deben estar razonablemente dotados, no
testimonialmente dotados. No vaya a pasar como al cura de mi pueblo
que, al final, prohibió a la feligresía echar el dinero suelto, la
calderilla, en el cestillo para tranquilizar las conciencias. Si aquí
hay que dar dinero para la equidad y la solidaridad, no puede ser
calderilla. Tiene que ser un dinero cuantificado que resuelva en un
escenario temporal, razonable, el desequilibrio entre las comunidades
autónomas. A mí, señor presidente, me gustaría escucharle hablar de
cuáles son sus medidas para la corrección de estos desequilibrios
internos, escucharle de qué manera va a pactar con las comunidades
autónomas y, en concreto, con las que están más atrás, Galicia,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, sobre empleo y
crecimiento económico con respecto a las que van más adelante. Hace
veinte años, Andalucía tenía el 22 por ciento de paro de este país.
Hace diez años, el 26 por ciento de paro de este país y, hoy, el 30
por ciento de paro de este país. A ver si el crecimiento del empleo
en España va a consistir en que mañana el cien por cien de paro del
país esté en el sur. De modo que no nos sirven las medias, vamos a
las correcciones, vamos a los reequilibrios, vamos a las
compensaciones para tirar de este carro entre todos.
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Termino, señora presidenta.
Permítame una reflexión, señor presidente, desde la tribuna. Lo veo a
usted rodeado de su aplaudiómetro, donde cada decisión, cada gesto,
cada cosa que usted hace está fuertemente arropado por el aplauso de
los que le rodean. En mi tierra decimos que cuando a alguien se le va
la mano en la autoestima, se le va la mano en que lleva razón en
todo, no necesita abuela. Usted, señor presidente, baje a la calle,
escuche a la gente que aplaude muy poco, porque si se rodea de
asesores abuela, si tiene un Gobierno de ministros abuela, y lo
arropa un grupo parlamentario de 182 diputados abuela, me temo, señor
presidente, que usted no tiene abuela. (Rumores.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, a Esquerra Republicana de Cataluña no nos ha defraudado.
Usted lo dejó claro en el debate de investidura. Cualquier capital de
provincia de España debe estar a menos de cuatro horas de Madrid en
ferrocarril. Entonces ya le decíamos, señor Aznar, que su discurso
denotaba un concepto radial de las comunicaciones, del poder, de las
ideas y así ha sido. Ustedes han confundido el Estado con la capital
del Estado. Madrid hoy es un agujero negro que engulle bienes,
servicios, recursos, inversiones y ayudas europeas. Es intolerable
que el Gobierno catalán deba costear la llegada del tren de alta
velocidad al aeropuerto de Barcelona y encima le nieguen fondos
europeos para enlazar el aeropuerto con la línea 9 del Metro, cuando
ustedes lo sufragan con el 85 por ciento de fondos europeos; o, lo
que es peor, se gastarán 300.000 millones en la ampliación de Barajas
o en el de Campo Real a la vuelta de la esquina. Es impresentable que
en esta Cámara se menosprecie la propuesta del Parlamento catalán
para crear un fondo de rescate de los peajes para todo el Estado
español, cuando de las siete autovías que salen de Madrid ninguna es
de peaje, mientras que de las siete de Barcelona seis sí lo son.
Es demencial que en los últimos cinco años se hayan gastado más de
25.000 millones de pesetas en la adquisición de obras de arte para
los museos de Madrid y una ampliación de 12.000 millones para el
Centro Nacional de Arte Reina Sofía, mientras que la inversión en
museos de arte del Ministerio de Cultura en Cataluña no roza los
5.000 millones de pesetas. No nos diga que para liberar peajes,
deshacer desaguisados como la carretera N-2, entre Cervera e Igualada
o entre La Jonquera y Tordera, o la Nacional-340 en Tarragona, o el
soterramiento del AVE a su paso por Lleida, el Gobierno catalán
dispone de recursos propios, porque con el cariz que está tomando el
nuevo modelo de financiación autonómica esto pinta mal. Pintan bastos
porque va a perpetuar la negación de la autonomía y la suficiencia
financiera del Gobierno catalán. Además, no hay voluntad para acabar
con el déficit acumulado en inversión pública que desde hace décadas
sufre Cataluña, con lo fácil que sería, señor Aznar, aplicar el
artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que determina que
el Estado debe aportar a Cataluña la media entre la población y su
esfuerzo fiscal que Cataluña representa en todo el Estado. Es más,
cuando el Gobierno catalán, a propuesta de Esquerra Republicana,
propone la creación de un nuevo impuesto a las grandes superficies
comerciales, ustedes lo recurren al Tribunal Constitucional, lo mismo
que con la ecotasa del Gobierno balear.
Respecto a Cataluña, en financiación y en inversión pública su
Gobierno usa el término de solidaridad territorial para reforzar más
la capital del Estado y convertir en periferia, aún más si cabe, al
resto. Ustedes llevan a cabo una política de recursos centrípeta, que
toma un carácter más agresivo si cabe en el ámbito de la pluralidad
cultural y lingüística; ustedes sólo piensan en lo hispano. ¿Es que
quizá lo hispano no incluye el catalán, el euskera o el gallego? Es
suficiente observar la política del Instituto Cervantes, que proyecta
desde siempre una imagen unitaria, homogénea e indisoluble de España,
o la beligerancia de su Gobierno hacia todo lo que sea normalización
cultural y lingüística de Cataluña.
Señor Aznar, en catalán tenemos un término que se llama abusananos.
Sería, más o menos, sin ganas de ofender, lo que podríamos decir un
matón de barrio. Su actitud me lo recuerda cada día más: fuerte con
los débiles, débil con los fuertes. Se atreve con su mayoría absoluta
a imponer por cañetes el Plan hidrológico nacional a los catalanes y
a los aragoneses, a llenar Aragón de embalses y a poner en peligro el
delta del Ebro. Se atreve con el Gobierno catalán estrangulándolo por
medio de una nefasta financiación a base de recursos de
inconstitucionalidad y con loapillas encubiertas. Se ve capaz, ante
los manifestantes antiglobalización que desfilan pacíficamente por
las calles de Barcelona... (Rumores.) Sí, sí, desfilan pacíficamente
por Barcelona y se infiltran alborotadores profesionales para
legitimar su represión. Ignora reiteradamente a los trabajadores de
Sintel, símbolo de la lucha contra los desmanes sociales y laborales
de las multinacionales; no sólo desoye su problemática sino que
además se niega a utilizar su acción de oro en Telefónica para
obligar a la compañía a reparar sus fechorías laborales.
Pero es débil con los fuertes o poderosos, débil ante la política de
trust que frena la libre competencia de los operadores de los
sectores eléctrico, energético y de telecomunicaciones. Débil ante la
industria farmacéutica, que obstaculiza una política de medicamentos
genéricos; débil, muy débil, entregado a las grandes superficies
comerciales, tanto que le ha empujado a decretar la sentencia de
muerte del pequeño comercio de estructura familiar. La prueba física
es que el señor AriasSalgado, ex ministro de su Gobierno, es hoy
director general de Carrefour España. Más pruebas concluyentes no
faltan. Son sólo algunos ejemplos de su doble moral en la toma de
decisiones.
Señor Aznar, usted forzó su mayoría absoluta, legítima lo
reconocemos, a partir de cuatro falsedades. La primera, montarse en
el ciclo económico expansivo como si fuera cosa suya, pero ni el
crecimiento económico fue cosa suya ni suya será la del parón.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Segundo, exaltar el nacionalismo español ante todo lo vasco,
confundiendo adrede el nacionalismo democrático con ETA el 13 de
mayo, pero el pueblo vasco desarticuló democráticamente su falacia.
Tercero, usted infundió miedo a la población sobre la avalancha de
emigrantes e hizo creer que su ley era la varita mágica. Pues no, sin
reforzar el Estado del bienestar, sin una política social efectiva
para todas las rentas bajas, para los de siempre y los nuevos, no hay
ni integración ni seguridad ciudadana. Finalmente, a usted sólo le
queda el cuarto elemento, el anticatalanismo, y el anticatalanismo,
ya se sabe, es la ideología de masas del españolismo. Un españolismo
que capitaliza a golpe de matrícula, usted le llama chapas, de
disparates de la Real Academia de la Historia y de reescribir la
historia, de loapas encubiertas; pero todo se acaba, aunque tenga
secuestrados y en pleno síndrome de Estocolmo a los miembros del
Gobierno catalán. Claro que de esto mejor no hablar, porque, como
decimos en Cataluña, la ropa sucia se lava en casa.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego dé por concluida su
intervención.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, acabo.
En definitiva, señor Aznar, lo suyo es la reconquista del Estado; el
diálogo en la defensa de la pluralidad no forma parte de su acerbo
cultural, menos prepotencia, menos autoritarismo, más pluralidad y
más libertad.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero decir que este es el primer
debate que hacemos después de catorce meses de mayoría absoluta del
Partido Popular y, por tanto, es un debate en el que hay que hacer
también un balance sobre cómo se ha administrado la mayoría absoluta.
Señor Aznar, quiero decirle, en nombre de Iniciativa per Catalunya-
Verds, que desde el punto de vista democrático creo que es
preocupante la gestión que está haciendo el Partido Popular de la
mayoría absoluta. Ustedes están haciendo una gestión como si el país
fuera su cortijo, como si las instituciones fueran suyas,
quebrantando, como después explicaré, a menudo reglas y
comportamientos democráticos y con una deriva hacia tentaciones
totalizadoras. Los ejemplos son muchos. ¿Es o no quebrantar el
comportamiento democrático la utilización escandalosa y partidista
que ustedes hacen del CIS? ¿Es o no quebrantar los comportamientos
democráticos estar obsesionados por controlarlo todo,
por cambiar, por ejemplo, la composición del Consejo de Cooperación
para que la Administración tenga mayoría? ¿Son o no comportamientos y
talante antidemocráticos las declaraciones del señor Aznar después de
las elecciones vascas, cuando dice que el pueblo vasco no está
maduro? ¿Es o no intentar reescribir la historia decir que, en el
Estado español, el catalán, el gallego o el vasco nunca sufrieron
opresión? ¿Creen ustedes que la gestión y la emisión de la
información a través de los medios de comunicación públicos son
verdaderamente rigurosas y profesionales? Ustedes han impuesto una
reforma laboral sin negociar y además, señor Aznar, todo el mundo lo
está diciendo, usted está hoy defendiendo una doble moral entre lo
que decía que el anterior Gobierno debía hacer ante casos de posibles
corruptelas y lo que hoy usted dice que va a hacer. Usted ayer dijo
una cosa importante: no va a cesar al señor Piqué porque no está
imputado. Esto es discutible y esa es su opinión, pero yo le
pregunto: Si finalmente el señor Piqué y el señor Matas son
imputados, ¿tampoco los va a cesar? Responda, porque yo creo que el
presidente del Gobierno tiene que responder a esto hoy aquí. No estoy
de acuerdo con que el presidente del Gobierno diga que no pasa nada,
que lo del señor Piqué fue en 1991, que no era miembro del Gobierno,
con la importancia que va a tener la figura del ministro de Asuntos
Exteriores el primer semestre del año 2002. Por tanto, no estoy de
acuerdo, pero sobre todo exijo, señor Aznar, que usted responda.
Señor Aznar, balance preocupante desde la perspectiva democrática y
tentación totalizadora, y quiero decirle una cosa: estoy seguro de
que ustedes no van a cambiar, pero esto no es gratis, esto finalmente
pasa factura, la administración abusiva de las mayorías absolutas es
de las cosas que corrompe más la gestión de los gobiernos. Y quiero
ponerles un ejemplo de todo esto, que son los hechos de Barcelona el
pasado fin de semana. Durante dos y tres días todos los medios de
comunicación se han referido a la gravedad de los hechos; viene aquí
el presidente del Gobierno ayer y, ante el hecho que ha ocupado mayor
información el domingo, el lunes y el martes en los medios de
comunicación, hay un sonoro silencio del presidente Aznar. ¿Por qué,
señor Aznar? En Barcelona el viernes, el sábado y el domingo miles de
personas, de forma positiva, expresaron voluntades alternativas para
cambiar un mundo que no nos gusta: la tasa Tobin, la condonación de
la deuda externa, el protocolo de Kioto... Todo eso fue pacífico, y el
domingo un grupo reducidísimo de provocadores, al que hay que
condenar, y la actuación de la policía provocaron que estos hechos
fueran muy graves. No lo digo yo, señor Aznar, lo dicen, coincidiendo
por primera vez, todos los medios de comunicación: provocadores y
policías intentan deslucir una fiesta lúdica; grupos de incontrolados
hacen destrozos en Barcelona ante la pasividad de la policía; agentes
camuflados practicaron detenciones con barras en la mano, o una
fotografía con un pie de título donde hay policías camuflados, por
ejemplo, con símbolos identificativos de Cataluña, con barras. No es
mi opinión, es la opinión de todos los medios de comunicación, que
esta vez han coincidido. En ese sentido quiero, señor Aznar, que
usted me responda a cuatro preguntas, se lo suplico, fíjese, sólo a
cuatro. Primera, si forma parte de su política de seguridad que los
policías vayan camuflados con barras de hierro, porque yo no sé si
tiraron piedras o no, yo no lo vi, pero sí los vi salir de la
furgoneta tapados con pañuelos blancos y negros con banderas y con
barras, eso lo vi yo. Yo no puedo decir si tiraron piedras, pero
Iniciativa per Catalunya iba al final de la manifestación con una
cadena humana que protegía a los manifestantes durante un kilómetro,
y preguntábamos a la policía cómo podía ser que veinte o treinta
personas, porque no eran más, fueran paseándose tranquilamente
rompiendo cristales, señor Rajoy, totalmente identificables. No hace
falta poner a cien personas camufladas para identificarlos, las
aceras laterales del Paseo de Gracia -y usted lo conoce- son de
treinta metros.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta. Eran totalmente
identificables y miembros del servicio de orden de la manifestación
se dirigieron a los mandos de la policía para preguntarles que cómo
consentían que durante un kilómetro los manifestantes fueran
rompiéndolo todo. Y hubo confrontación y casi agresión física entre
los manifestantes y los provocadores. Segunda pregunta, señor Aznar.
Hay testimonios gráficos y muchos testigos de cómo manifestantes
sentados pacíficamente con los brazos al aire fueron agredidos. ¿Eso
también forma parte de su política de seguridad? Tercera pregunta,
hay fotografías, testimonios de profesionales de los medios de
comunicación que, a pesar de haberse identificado, fueron agredidos.
Y cuarta pregunta, ¿por qué esa pasividad?
Señor Aznar, el Colegio de Abogados de Barcelona ha hecho una nota
que si uno la lee puede recordarle notas que se hacían en otros
tiempos.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego dé por terminada su
intervención.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta, simplemente citando
que el Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que la actuación
policial ha vulnerado derechos fundamentales: el derecho de
manifestación, de información, de integridad física y moral, de
derecho a la libertad ideológica y de derecho a la libertad y a la
seguridad. Y también denuncia que el Ministerio del Interior, cuyo
titular señor Rajoy acostumbra
a ser una persona muy rigurosa, criminalice el sector social
que ha organizado esto.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que definitivamente dé
por terminada su intervención.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Aznar, responda y háganos un favor:
cese a la delegada del Gobierno, que continuamente nos sitúa ante
conflictos graves cuando hay manifestaciones pacíficas en Barcelona.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, concluya.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, señor presidente
del Gobierno, señorías, resulta admirable, casi conmovedor, el
listado de virtudes y aciertos que adjudica a su Gobierno. La gestión
económica, al socaire de una coyuntura en los últimos años
excepcionalmente favorable, pero eso sí, sin mencionar el disparo de
la inflación y otros datos inquietantes. Sea en la proclividad al
diálogo como herramienta, del que algunos no tenemos ni noticia, sea,
pasando -¡cielos!- por la tierra de acogida en que ha convertido a
España su política de emigración; eso sí, con normas que restringen
derechos -para nosotros fundamentales- como reunión, manifestación,
etcétera. Hasta su sagacidad en el problema de la encefalopatía
espongiforme merece sus propios plácemes. Y esperemos que sus
aciertos en política exterior, y especialmente en Europa, no le hagan
llegar a la Presidencia en el 2002 indispuesto con todos los países
de la Unión Europea. A este respecto y aunque sea al final del debate
nos gustaría conocer su reflexión sobre el futuro de Europa y también
nos gustaría -lo dije en anteriores debates- que las comunidades
autónomas pudieran estar implicadas en esa organización y desarrollo
de la Presidencia.
No nos olvidamos de su política autonómica, verdadera involución que
cercena de forma clara el autogobierno en el País Vasco, con la
pseudoamenaza que realizó antes de las últimas elecciones en la
Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la renegociación del
concierto en función de quién ganara las elecciones. Por cierto, me
alegra muchísimo que ayer proclamara su lealtad al mismo, lo que me
sorprende es que tenga dudas sobre nuestra apuesta por el concierto
económico y nuestra lealtad; siempre lo hemos demostrado claramente,
no así usted.
El proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria -aquí se
dijo que era una auténtica Loapa financiera y lo suscribo- niega la
bilateralidad y las especificidades del País Vasco y de Navarra, por
no hablar de educación, el decreto de humanidades, universidades,
etcétera. Quieren convertir a las comunidades autónomas en meras
oficinas burocráticas que cumplan los mandatos de la ley y financien
el sistema. Punto. Formación profesional, lo anterior corregido y
aumentado.
Por no citar la formación continua, ya que desde luego los
trabajadores no reciben vía Obetus lo que les corresponde. No
mencionaremos las múltiples y múltiples competencias que faltan por
transferir en materias claves, por ejemplo, en investigación
científica y técnica, donde tenemos que invertir e invertimos
porcentualmente más que el Estado, a pesar de que no nos hayan
transferido la competencia.
Señor Aznar, frente a su autoproclamada capacidad de diálogo, de
contribución a la estabilidad política o su pretendida sensibilidad
autonómica, desde Euskadi debemos manifestar nuestra absoluta
decepción por que usted y su Gobierno plantearon una campaña de acoso
y derribo al Gobierno vasco impropia de un gobernante responsable.
Una apuesta que obtuvo -eso sí- la respuesta de los electores que
ustedes conocen: negándole la mayor. Usted, para ocultar problemas y
fracasos, recurrió a la manida argucia de proyectar sobre ellos un
eclipse total con el único fin de ocultarlos. En su gran ofensiva
contra el nacionalismo vasco, criminalizándolo y echando sobre él
todos los medios públicos y todos los instrumentos de que dispone el
Ejecutivo, pretendía distraer a la opinión pública de esa admirable
política de inmigración, del disparo de la inflación y de otros
escándalos que, siento decirlo, ya no son cosas del pasado y respecto
a los que usted no parece ser muy consecuente con las recetas que
tenía sobre ello en otros tiempos.
La pasada precampaña y campaña electoral de la Comunidad Autónoma del
País Vasco han puesto de manifiesto la falta de finura democrática de
su Gobierno, y mire que lamento decirlo. Todos, todos han denunciado
el escándalo de los medios de comunicación públicos -manipulación del
CIS, por citar algún ejemplo- y hasta sus propios socios en esa
operación de acoso y derribo al Gobierno vasco lo tuvieron que
denunciar cuando les afectaba a ellos claramente.
Señor presidente, la mayor y más grave manipulación que usted realizó
fue tratar de imputarnos inhibición y hasta complicidades con la
estrategia violenta a quienes siempre hemos apostado por las vías
pacíficas y democráticas y jamás las hemos abandonado. Pero nuestro
pueblo supo distinguir claramente la mentira de la verdad y no
admitió tal insidia. Sabía que el repudio de las vías violentas y el
deseo de la paz y normalización política habían guiado siempre
nuestros actos en la pasada legislatura y, a pesar del intento de
lavado de cerebro que pudo confundir a sectores más alejados de
nuestra escena política, nuestros conciudadanos y conciudadanas
sabían muy bien que discrepar en los remedios no significa ser más
débil ante las estrategias vulneradoras de los derechos humanos; en
la defensa de los mismos nunca nos van a dar lecciones, y en
sensibilidad democrática, menos. Usted, señor Aznar, que fue capaz de
llamar inmadura a la sociedad vasca porque no siguió sus designios en
las pasadas elecciones.
Señor presidente del Gobierno, después de esta lamentable y
aleccionadora experiencia, repleta de embates desestabilizadores del
Gobierno al Gobierno vasco y presidida por la incomunicación y la
negativa a las propias relaciones interinstitucionales, sinceramente
desearíamos que fuera posible una actitud de diálogo constructivo.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por
favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señora presidenta.
Señor Aznar, un diálogo constructivo capaz de encaminarnos hacia un
clima de paz auténtico y de normalización política. Sabemos que
nuestras visiones son muy distantes, pero tendremos que hablar;
tendremos que hablar. En Eusko Alkartasuna seguimos defendiendo que
sólo el respeto a la voluntad democrática del pueblo vasco, sin
violencia ni imposiciones de ningún tipo, puede llevarnos a esa meta.
La resolución de los conflictos exige además de firmeza ante los
crímenes, cualquiera que sea su inspiración, un esfuerzo de diálogo
entre todos los que representan a los ciudadanos, por muy
contrapuestas que sean sus ideas, hasta encontrar una síntesis
democrática de lo que cada cual representa en la sociedad vasca.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por
favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En unos segundos concluyo, señora
presidenta.
En ese esfuerzo de diálogo sin exclusiones ni concesiones
antidemocráticas, en ese compromiso de respeto a la voluntad de
nuestra sociedad como última ratio para dirimir nuestras diferencias
sobre el futuro de Euskal Herría nos encontrará siempre dispuestos.
Pero, por favor, no vuelva usted a llamar inmadura a la sociedad
vasca porque haya respaldado mayoritariamente nuestras ideas. En este
primer año triunfal, según usted, de la presente legislatura, por
favor, cambien su relación interinstitucional con el Gobierno vasco.
Nosotros les ofrecemos -y esperamos que ustedes así lo hagan- un
diálogo constructivo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, señor Aznar,
a la hora de afrontar este debate usted ha hecho buena la frase de
Marx, don Groucho, no se asuste: la política es el arte de buscar
problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después
remedios equivocados.
Lo ocurrido con el trasvase del Ebro, con el decretazo de la reforma
del mercado laboral, con el tratamiento a los inmigrantes, con la
apuesta privatizadora de la educación, con las muestras de involución
autonómica rampante son algunos ejemplos de lo que entendemos desde
Chunta Aragonesista que ha sido su política este primer año. Eso, a
pesar de lo que nos prometió en su discurso de investidura, del que
voy a releer algunos párrafos significativos, donde se demuestra la
distancia que hay entre la realidad virtual que usted planteaba ayer
en esta Cámara y el mundo real que vive la ciudadanía fuera de ella.
Usted dijo: el diálogo seguirá siendo una pauta del comportamiento
del Gobierno. Supongo que se referiría al monólogo porque, ante los
graves problemas planteados, usted ha hablado consigo mismo.
Continuaba más adelante: las reformas basadas en acuerdos son más
duraderas. Sí, pero usted solamente ha hecho acuerdos con el PSOE,
deje que los demás podamos participar y opinar y no nos enteremos de
los acuerdos por la prensa o por la mañana cuando venimos aquí.
Seguía: queremos impulsar un espíritu de colaboración entre el
Gobierno y las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Entonces, ¿cómo se entiende que se quiera imponer un modelo único
presupuestario con realidades territoriales tan diversas? ¿Van a
aprobar un sistema financiero acorde a las necesidades de nuestro
territorio? ¿El Senado empezará, de una vez, a servir para algo o
será, como hasta ahora, una Cámara de segundo sesteo? Después
afirmaba: el diálogo social contribuye a la creación de empleo. Sin
embargo, en Aragón los datos presentados son alarmantes, nueve de
cada diez contratos nuevos son temporales, apenas se ha conseguido
aumentar la necesaria estabilidad laboral. Esta situación tiene
especial incidencia en dos importantes problemas sociales: uno, la
baja calidad del empleo de las mujeres y los jóvenes, y un segundo
problema relacionado con la siniestrabilidad, sobre el que ustedes se
niegan aquí mismo a admitir a trámite sendas propuestas de la
izquierda para tratar de solucionarlo. Más adelante, sin rubor,
sostenía: hemos de prepararnos para ser un país de acogida
conscientes de que los que vienen a trabajar contribuyen a nuestra
prosperidad. Pues en un solo año su política inmigratoria se ha
convertido en un ejercicio de venganza, vergüenza e improvisación
política y en una total desorientación para los inmigrantes y también
para los empresarios que necesitan contratarlos. También prometía en
su discurso: se va a llevar a cabo un ambicioso programa de
inversiones para hacer una España más cercana y más unida a Europa.
Si esa ambición querían demostrarla con las inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado de este año, entonces sí que vamos
camino de nada. Ejemplo de cuestiones pendientes: la autovía mudéjar
Valencia-Teruel Zaragoza, el desdoblamiento de la N-232, la
liberalización del peaje A-68, las obras de circunvalación, la
carretera
transpirenaica, etcétera; la reapertura del ferrocarril Canfranc, la
reapertura de la línea Camín Real-Calatayud, el anuncio de supresión
de servicios de ferrocarril convencional y desmantelamiento de
estaciones; cada 25 días descarrila un tren de Zaragoza a Teruel.
Posteriormente aseguró que la dificultad que hoy tienen los españoles
para acceder a una vivienda por causa del precio no sería
irremediable. Aragón es una de las comunidades que más ha visto
crecer el precio de la vivienda nueva -un 21 por ciento para
Zaragoza, Huesca y Teruel-, además hay que añadir el escaso número de
viviendas protegidas que se construyen. Finalmente garantizaba:
presentaremos un Plan hidrológico nacional basado en criterios
racionales y solidarios. Hay un muro de agua que nos separa pero,
como decía el poeta, se abrirá esta muralla al paso de la razón. ¿Por
qué permite los insultos de los miembros de su partido al pueblo de
Aragón y, por extensión, a todos los que no piensan como ustedes¿
¿Por qué manipula los datos de participación en las manifestaciones
contra el trasvase, cuando más de un millón de personas han salido a
las calles de Zaragoza, Barcelona y Madrid? ¿Por qué le interesa
disfrazar el debate como un enfrentamiento entre pueblos, afrontando
el riesgo de dejar una herida injustificable cuando, en realidad, se
trata de una disputa entre un modelo de gestión basado en una nueva
cultura del agua, alternativa por la que apostamos en Chunta
Aragonesista, frente a otro modelo caduco y anticuado como es su
plan? ¿Por qué en pleno siglo XXI se quiere seguir inundando pueblos,
obligando a las gentes de Artieda, de Biscarrués y de Santaliestra a
abandonar sus casas, sus recuerdos, sus modos de vida, llegando a
desestructurar un territorio, con esa megalomanía absurda del
hormigón? ¿Por qué es capaz de olvidar los principios recogidos en su
propio Libro Blanco del agua y los informes de todos los científicos
y expertos consultados, que naturalmente desconocemos? ¿Por qué le
llama Plan hidrológico nacional si es sólo un trasvase del Ebro? ¿Por
qué este trato a Aragón y a los aragoneses?
De todas maneras, para concluir, señor presidente, en nuestra tierra
hay motivos para la esperanza y es que en este caso, ante estos
embates, la sociedad aragonesa está mostrando un vigor inusitado, de
norte a sur, que se lleva por delante los silencios y las
resignaciones de siglos y siglos. Han salido a la calle las gentes de
Teruel porque sí existe; los habitantes del Pirineo hicieron un paro
masivo por la dignidad de la montaña; las multitudinarias
manifestaciones contra el trasvase están mostrando una realidad
aragonesa diferente. Estamos gritando que aquí hay un territorio
interior que quiere seguir viviendo, que quiere seguir luchando por
lo que fue, por lo que quiere, y que cree y reclama la dignidad
y esperanza para su futuro.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Grupo Parlamentario Popular, señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, señorías, con ocasión
del debate de investidura, el 25 de abril del pasado año, el
presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció su propósito de
convencer, buscar el diálogo, discutir y examinar las diferencias
para encontrar soluciones viables para todos. Esta sería una de
nuestras primeras preocupaciones al constituirse el Grupo
Parlamentario Popular: convencer en lugar de vencer, pero sin abdicar
de la responsabilidad que el pueblo español nos había encomendado al
otorgarnos la mayoría.
Hoy, transcurrido poco más de un año, estamos en condiciones de
responder a nuestro compromiso de aunar el Gobierno responsable con
la actitud dialogante. Apenas transcurrida la cuarta parte de la
legislatura podemos presentar importantes logros a los que nos
habíamos comprometido con los electores, pero también podemos sentir
la satisfacción de haberlos alcanzado buscando el diálogo y la
concertación, y llegando al acuerdo siempre que ha sido posible.
Citaré para ello algunos ejemplos La perseverancia y firmeza del
Gobierno en la lucha antiterrorista y la defensa de las libertades,
actuaciones en las que luego insistiré, no han sido obstáculo para
alcanzar el pacto por las libertades y contra el terrorismo con el
Partido Socialista.
Nuestro grupo sacó adelante con diligencia la nueva ley de
extranjería, indispensable para hacer una política de inmigración en
la misma línea en la que lo hacen los demás países europeos. No
tuvimos -y ya contábamos con ello- el apoyo del grupo mayoritario de
la oposición, pero a pesar de todo se creó a propuesta nuestra una
subcomisión parlamentaria para el estudio del desarrollo y aplicación
de la ley. En ese marco promoveremos la integración de los ciudadanos
extranjeros residentes en nuestro país, garantizando la plena
efectividad de sus derechos, y continuaremos combatiendo el tráfico
de seres humanos, la explotación laboral de los inmigrantes, y las
conductas racistas y xenófobas.
El Gobierno propuso en el mes de febrero un pacto de Estado para la
justicia, pero ya había desarrollado para hacer frente a problemas
perentorios un plan de choque, entre cuyas medidas destaca la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Antes de
finalizar el mes de mayo, en poco más de tres meses, se había
conseguido el gran pacto de Estado propuesto por el ministro Acebes.
De nuevo se cumple el doble objetivo: no dilatar decisiones
inaplazables sin renunciar por ello al diálogo y a posibles acuerdos.
Debo destacar también, señorías, el Pacto social. El Gobierno, al
constatar después de unos meses de negociaciones que el diálogo
social entre las organizaciones empresariales y sindicales se estaba
demorando de
forma preocupante, decidió actuar tomando mediante decreto-ley las
medidas que consideró necesarias a tal efecto. Poco tiempo después la
mesa tripartita pudo firmar, aunque con ausencia de una central
sindical, el acuerdo sobre la mejora y desarrollo del sistema de
protección social. Gobernar de modo responsable y dialogante volvió
entonces a demostrarse posible.
Ahora nos anima el deseo, y mantenemos esperanzas fundadas, de que el
diálogo en torno a la financiación autonómica fructifique también. No
se limita nuestra actitud abierta a la voluntad de implicar al primer
partido de la oposición en los grandes asuntos de Estado, en la
solución de problemas cuya naturaleza aconseja excluirlos de la
confrontación partidista. Llevamos el espíritu de diálogo a la
totalidad del trabajo parlamentario, como lo prueban los apoyos,
innecesarios por nuestra amplia mayoría, que hemos recibido de otros
grupos en la totalidad de las votaciones. Ya sé que nuestra
disposición al diálogo hubiera sido estéril de no haber encontrado en
nuestros interlocutores, aunque no haya sido siempre así, todo sea
dicho, una actitud igualmente abierta, que valoramos y agradecemos.
Pero, al propio tiempo, debo señalar ciertas actitudes de oposición
que, carentes de la sensibilidad política necesaria para percibir la
verdadera dimensión de los asuntos de Estado, han repetido argumentos
demagógicos contra la posición del Gobierno en conflictos con
terceros países o contra actuaciones en el ámbito de la Unión
Europea, dañando la imagen de España y arriesgando los intereses
generales por no haber sabido colocarlos por encima de los intereses
partidistas.
Sabemos, como lo saben SS.SS., que la actitud dialogante no prejuzga
los acuerdos, ni siquiera es saludable que se consigan siempre. Por
el contrario, la confrontación de opciones diferentes es
consustancial con la democracia. Si hemos justificado nuestro
esfuerzo por aunar la apertura al diálogo con la responsabilidad de
gobernar, justificamos igualmente la compatibilidad de idéntica
actitud con la responsabilidad de hacer oposición. Lo que no podemos
entender, por ejemplo, es la utilización partidista de las
consecuencias derivadas de la caducidad de un convenio de pesca con
la Unión Europea que, lo saben sobradamente SS.SS., el Gobierno de
Marruecos estaba decidido a no renovar a ningún precio. No
comprendemos tampoco la disparatada demagogia, por otra parte de tan
dudosa rentabilidad política, frente a reconocidos éxitos que mejoran
sustancialmente nuestra posición en el seno de la Unión Europea o en
las relaciones con otros países, como ocurrió con ocasión de la
reciente visita del presidente de los Estados Unidos de América. No
es, en fin, fácilmente concebible que, provocando alarmas
injustificadas, se intente explotar conflictos menores, cuya
verdadera dimensión ha sido establecida por el tiempo, y cuyo origen,
como en el caso de Gibraltar, radica en contenciones que por su mayor
envergadura y diferente naturaleza requieren tratamientos muy
distintos de los
irresponsablemente pregonados. Valgan, señorías, estos ejemplos para
concluir que si el debate de la política exterior no debe hurtarse al
Parlamento, una vez tomadas las decisiones por quien tiene la
responsabilidad de gobernar, deberían contar con el apoyo de todos
los partidos para la mejor defensa de los intereses de España. Y si
alguien creyera que pedir el respaldo expreso es pedir demasiado, que
intente al menos abstenerse de interponer obstáculos. Así debe
haberlo comprendido, al fin, el secretario general del partido
Socialista, de quien el pasado miércoles en el debate sobre la cumbre
de Gotemburgo tuvimos la satisfacción de oír, no sin cierta sorpresa,
un sensato razonamiento en el que, propugnando la necesidad de
debatir la política exterior, se manifestaba con rotundidad a favor
de la unión de todos en torno a los asuntos de Estado, especialmente
cuando se trate de proteger los intereses de España en los foros
internacionales. Como en este debate ha mantenido la misma actitud,
creemos en su sinceridad y, en consecuencia, aceptamos el reto y
confiamos en que tan loables propósitos se materialicen.
Señora presidenta, señorías, hecha esta reflexión sobre talantes y
actitudes, sobre la confrontación política y el interés general,
sobre las respectivas responsabilidades de gobierno y de oposición,
quiero referirme a las que concretamente nos atañen, al cumplimiento
de nuestros compromisos electorales y a nuestros próximos proyectos
en torno a tres grandes objetivos, los que en mayor medida influyen
en la vida de los españoles. Me refiero a la modernización del país,
a la búsqueda de un mayor bienestar social y a la vertebración de
España, a los que debo añadir los grandes logros económicos, por
ejemplo, el déficit cero, que constituyen importantes objetivos
políticos en sí mismos, pero, sobre todo, eficaces instrumentos al
servicio de la política general del Gobierno del Partido Popular.
Esta nueva sociedad, la sociedad del conocimiento, ha venido
demandando y sigue necesitando aún una radical modernización. Hablo
naturalmente de modernizar las infraestructuras de transportes y
comunicaciones, sectores en los que se está llevando a cabo un
esfuerzo sin precedentes que se mantendrá a lo largo de la
legislatura como han tenido oportunidad de conocer SS.SS. en, nada
más y nada menos, que las dieciséis comparecencias de miembros del
Ministerio de Fomento que han tenido lugar en Comisión.
Hablo también de la modernización de las estructuras jurídicas, para
adaptarlas al nuevo entorno. Son ejemplos significativos la ley que
regula la firma electrónica, el proyecto de ley de marcas, la
proposición de ley para extender a Internet el servicio universal de
telecomunicaciones, el proyecto de ley de protección jurídica a las
invenciones biotecnológicas, o la creación de una subcomisión para
estudiar los problemas que están afectando a la propiedad
intelectual.
El esfuerzo presupuestario no ha sido menor, con aumento de un 50 por
ciento en las ayudas para proyec-
tos científicos y de un 15 por ciento para el gasto en investigación,
desarrollo e innovación. Señorías, Info 21 es un proyecto atractivo,
merecedor de la atención legislativa y presupuestaria que
continuaremos dedicándole. El Plan nacional I+D+I introducirá
disposiciones de ordenación e impulso en el sector público y de
fomento, con medidas fiscales y financieras en el privado.
Promoveremos un proyecto de ley de servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico, para su necesaria ordenación
y para la protección de los usuarios, dentro del respeto al principio
de libertad que inspira el desarrollo de estos servicios.
La plena profesionalización de las Fuerzas Armadas se ha conseguido,
acortando los plazos previstos, y nos corresponde ahora continuar las
tareas de modernización de las infraestructuras de la defensa y
mejorar la calidad de vida de la tropa y la marinería. Pero el
esfuerzo principal en este campo se orientará a perfeccionar la
formación de los soldados profesionales, para facilitar su
reincorporación a la vida civil, a través de convenios con empresas
privadas, sin menoscabo de las necesidades de las Fuerzas Armadas.
Quiero enmarcar también en este ámbito de modernización de
estructuras las reformas laborales, las del sector público
empresarial y las de las empresas privatizadas, como las energéticas
o las de telecomunicaciones, cuyo proceso de liberalización, que ha
requerido un importante desarrollo legislativo y que está a la cabeza
de los países europeos, debe concluirse en el año 2003.
Sin embargo, como ha señalado una y otra vez el presidente del
Gobierno, la sociedad del conocimiento, de las oportunidades, con la
nueva economía como instrumento, es mucho más que mera tecnología.
Por ello, cuando nos planteamos la modificación y adecuación de
nuestras estructuras debemos hablar, ante todo, de las educativas,
elemento ineludible para posibilitar el salto hacia el futuro que la
nueva sociedad exige.
La señora ministra, que ya había dado a conocer anteriormente sus
propuestas para continuar la renovación de la educación general
básica y la educación secundaria, ha comparecido recientemente ante
el Congreso para informar sobre los anteproyectos de reforma de la
universidad y de la formación profesional. Sobre esos planteamientos
debe iniciarse un debate riguroso, para corregir las graves
deficiencias, mayoritariamente reconocidas, de nuestro sistema
educativo.
El Grupo Parlamentario Popular considera que los fines de la
educación, potenciar la capacidad de discernimiento, educar para la
libertad, para la tolerancia y para la vida, y también para la
ciencia -¿quién se atrevería a negarlo?- deben prevalecer sobre los
medios: pedagogía, curricula, financiación tecnológica, que se han
adueñado del debate cuando sólo son instrumentos al servicio de
aquellos fines.
Desde este punto de partida, superado el objetivo de generalización
de la enseñanza básica, entendemos que el sistema debe potenciar las
enseñanzas humanísticas, no sólo como vehículo para la formación en
valores, sino como el basamento más idóneo para cualquier
especialización y para facilitar los reciclajes que hará inevitables
la nueva sociedad.
El sistema educativo debe respetar la libertad, por imperativo
constitucional, formar en el pluralismo y en la tolerancia, y liberar
los conocimientos de esterilizantes limitaciones localistas,
impartiéndolos en el contexto de su compleja realidad y de sus
múltiples relaciones. Debe diversificar suficientemente los
itinerarios formativos para facilitar a los alumnos más capaces y
mejor dispuestos el acceso a los estudios superiores y el desarrollo
de vocaciones de investigación, si es que de verdad queremos
potenciar nuestra participación en la comunidad científica mundial.
En fin, el sistema educativo debe acomodarse a las exigencias del
mercado de trabajo, especialmente en la enseñanza profesional,
actualmente ineficaz y escasamente atractiva para el alumnado. Las
cuestiones que ocupan el centro de la polémica, las relativas a los
medios, deberán replantearse supeditándolas al servicio de aquellos
fines.
Dentro del campo de la educación no me parece menor el Plan nacional
de fomento de la lectura, elaborado por el Gobierno a iniciativa de
nuestro grupo. Creemos que el índice de lectura debe ser tomado como
un indicador clave en este proceso de modernización. Pese a opiniones
contrarias, la lectura y las nuevas tecnologías no sólo no se
menoscaban mutuamente sino que se necesitan y que se complementan.
El segundo de los grandes objetivos propuestos es el de lograr en
nuestro país mayores cotas de bienestar social que nos conduzcan a la
convergencia real con Europa en esta materia. Si admitimos que no hay
mejor política social que la del fomento del empleo, el mejor aval de
la que ha practicado el Partido Popular es el medio millón largo de
puestos de trabajo creados en esta legislatura. (Aplausos.)
Una gran asignatura pendiente en este terreno, sobre todo para las
mujeres -hemos de recordarlo-, es la de hacer compatible la vida
laboral y familiar. La atención del Congreso a este complejo problema
ha sido constante y ya se han dado algunos pasos legislativos, como
la nueva regulación de acceso al trabajo después de la maternidad.
Hemos reclamado también el anunciado plan de guarderías que el
Gobierno no tardará en elaborar.
Señorías, la sociedad española dispone de una gran red de
solidaridad, me refiero a la familia, que constituye el tejido básico
de nuestra sociedad. Sus funciones insustituibles para el relevo
generacional, para la transmisión de valores a los hijos y como
agente de solidaridad le hacen merecedora de una especial protección,
jurídica, económica y social. El Partido Popular cree que la mejor
política de familia es aquella que posibili-
ta que sus miembros acudan al mercado de trabajo, que trata con
equidad en los impuestos a las familias, que protege especialmente a
las familias con más hijos, que mejora las condiciones para el acceso
a las viviendas y que ayuda a las familias que tienen personas
mayores o discapacitados a su cargo.
El trabajo parlamentario se ha extendido, señorías, a muchos otros
campos, menores, inmigración, violencia doméstica, en cuyos detalles
sin duda no puedo hoy detenerme. Sí quiero destacar que en materia de
prestaciones sociales las reformas actualmente en curso mejoran, por
ejemplo, las prestaciones que afectan a dos millones y medio de
viudas, incrementan las pensiones mínimas de más de millón y medio de
personas y garantizan el futuro de todo el sistema al culminar el
proceso de separación de fuentes de financiación y el de dotación del
fondo de reserva.
Para cerrar este capítulo relativo al aumento del bienestar social,
mencionaré la flexibilización del requisito de la edad de jubilación
para prolongar la vida laboral de quien lo desee o para mantenerla
parcialmente haciéndola compatible con una pensión proporcional. Es
nuestro propósito continuar mejorando las prestaciones, especialmente
las pensiones mínimas, evitar que se expulse prematuramente del
mercado laboral a trabajadores capaces e incentivar la prolongación
voluntaria de la actividad.
Paso a destacar alguna de las acciones que enmarcaré en el tercero de
los grandes objetivos, el de la vertebración de España. Nuestro
grupo, señorías, asume, con el deseo de compartirlo tan ampliamente
como sea posible, el compromiso histórico de defender el consenso
constitucional alcanzado sobre la articulación del territorio y la
obligación de preservar el equilibrio que establece el artículo 2 de
nuestra Constitución entre unidad y autonomía y solidaridad. En el
país más descentralizado de Europa, en nuestro Estado de las
autonomías, que hemos logrado construir entre todos, es llegada la
hora de no escatimar esfuerzos para salvaguardar con el mismo empeño
la unidad de España y la solidaridad entre sus comunidades autónomas.
La vertebración de España pasa por fortalecer y revitalizar las
instituciones del Estado, garantizando la independencia y los límites
que la Constitución establece para el ejercicio del poder y aunque no
sea el único, no es tampoco el menos importante de los propósitos que
animan las reformas de la justicia, plasmadas en el gran pacto de
Estado al que ya me he referido anteriormente.
La independencia del Poder Judicial y su posición institucional se
verán fortalecidas con el equilibrado sistema establecido para la
elección de los miembros de su Consejo General. El Tribunal Supremo
verá clarificado su rango de órgano jurisdiccional superior y su
papel de garante de la unidad de doctrina en todos los órdenes
jurisdiccionales. La imagen y la eficacia de la Administración de
justicia se beneficiarán de las reformas orientadas a intensificar la
profesionalización y
mejorar la formación de la carrera judicial, agilizar los procesos
sin merma de las garantías, adecuar los medios personales y
materiales y modernizar la oficina judicial.
Quiero mencionar también las importantes reformas de nuestra Hacienda
pública. La política presupuestaria desarrollada por el Partido
Popular en el marco del Pacto de Estabilidad, es indisociable del
proceso de modernización de la economía española, que desde hace
cinco años nos está conduciendo a la convergencia real con Europa y a
elevar el nivel de bienestar. Los efectos de aquella política no se
agotan con la eliminación del déficit, objetivo en sí mismo
importante, por el cambio radical que supone nuestra cultura
hacendística; por el contrario, la estabilidad debe su mayor
relevancia a que ha facilitado un apoyo fundamental a la
modernización del sector público, ha contribuido al crecimiento y
modernización de las empresas y, sobre todo, ha mejorado el nivel de
vida de los españoles. Los proyectos de ley de estabilidad
presupuestaria extenderán a todas las administraciones públicas el
compromiso de España con el Pacto de Estabilidad, cuyos objetivos
nunca podrían consumarse sin la implicación de las administraciones
local y autonómica.
En el acuerdo sobre financiación territorial, que pretendemos sin
duda concluir, quiero destacar por encima de las condiciones de
corresponsabilidad, transparencia y suficiencia, la solidaridad
interterritorial, que hará posible la prestación de servicios
equivalentes en todas las comunidades autónomas, y ello con
independencia de sus recursos presupuestarios, mediante un fondo que
garantice, ponderando adecuadamente los criterios de distribución,
población, extensión, dispersión, insularidad, aportaciones
suficientes a las comunidades menos favorecidas.
La segunda reforma fiscal que nos proponemos acometer no encontrará
probablemente una oposición tan frontal como la que se hizo en la
primera, la que llevamos a cabo en la legislatura anterior, si nos
atenemos al espectacular corrimiento en el sentido de nuestras
posiciones, que ha subrayado el presidente del Gobierno, y que, si
bien con sorpresa, no podemos dejar de saludar con satisfacción.
Teníamos pendiente una deuda de solidaridad, algo tan indispensable
para la vertebración de España como el Plan hidrológico nacional;
plan que ha culminado ya su tramitación parlamentaria y que se
publicará inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado. Estamos
orgullosos de que este Gobierno haya tenido la respon sabilidad
política y la calificación técnica para reducir los duros perfiles de
la más inveterada, lacerante e insolidaria entre todas las históricas
divisiones de España: la de la España húmeda y la España seca. Nos
proponemos ahora agilizar, en la medida de lo posible, los trabajos
para la plena realización del plan en todos su múltiples aspectos,
sin reducir las garantías de observancia de sus propios términos y de
las normas que lo
condicionan. La puesta en marcha y la supervisión del plan integral
del delta del Ebro serán objeto de la atención necesaria para
preservar todos los valores de este entorno tan bello y tan singular.
Señorías, en la consecución de estos grandes objetivos he citado la
política económica como el gran instrumento. España continúa
creciendo por encima de la media europea. Es una de las economías más
abiertas del mundo y sigue diseñando nuevas herramientas
liberalizadoras. Tiene unas cuentas públicas sin números rojos, y
este equilibrio presupuestario garantizará fuentes financieras más
baratas a las familias y a las empresas, asegurará la capacidad de
maniobra de los gobiernos y creará más de 300.000 empleos a lo largo
de 2001, después de haber creado casi 500.000 en el año 2000. En
resumen, las reformas que han pasado por el Parlamento, para
configurar la política económica del Gobierno, equivalen a impuestos
más bajos, disciplina en el gasto y economía más abierta, competitiva
y dinámica.
No se puede hablar de la vertebración de España olvidándose de la
primera exigencia para culminarla; me refiero a la erradicación del
terrorismo. Por otra parte, el terrorismo requiere una atención
especial aquí y ahora por ser el más grave problema que existe en
España, que como tal lo perciben los españoles, a enorme distancia de
cualquier otro. Si el terrorismo es el primero de nuestros problemas,
si el terrorismo es el único problema que nos diferencia del resto de
los países europeos, si el terrorismo atenta contra la vida, supremo
derecho, y hace imposible el ejercicio de las libertades, ningún
demócrata puede poner en duda la necesidad imperiosa de combatirlo
con todos los medios disponibles. Si el terrorismo y la democracia
constituyen la más irreductible antítesis, cualquier demócrata deberá
rechazar la posibilidad de pagar un precio político por erradicarlo.
(Aplausos.) Acabar con el terrorismo es ineludible para el respeto de
los derechos y las libertades individuales y hacerlo sin
contrapartidas políticas, vulneren o no la Constitución, es una
exigencia de la democracia. Por eso hemos alcanzado con el Partido
Socialista el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Por
esas mismas razones nos satisface constatar el largo trecho del
camino que hemos conseguido recorrer. Los éxitos que en determinados
campos nos han proporcionado la investigación y las actuaciones
policiales nos permiten asegurar que podrían conseguirse igualmente
en otros y nos dan plena confianza en el éxito definitivo.
Nos alienta la clarificadora actitud de condena de la violencia y de
apoyo a la defensa de las libertades que se está manifestando en la
Unión Europea de numerosos países que anteriormente daban cobertura a
los terroristas o mantenían posicionamientos ambiguos. Especialmente,
queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento expreso al
Parlamento Europeo que, tras otras conocidas actuaciones, acaba de
iniciar los
trámites conducentes a implantar la orden de busca y captura europea
para terroristas, en el marco de nuestras propuestas de crear un
espacio efectivo de seguridad y libertad común.
Nos estimula el comportamiento valeroso y ético de muchos
intelectuales, que han optado por abandonar pasadas actitudes de
pasividad para expresar públicamente su opción por la libertad; nos
reconforta el reconocimiento y el desagravio a las víctimas, su
liberación del olvido y de la clandestinidad; nos obliga
especialmente la voluntad por sobreponerse al terror que muestran
quienes lo padecen, abandonando actitudes de resignación o
impotencia.
Debo destacar igualmente la eficaz movilización de la sociedad. El
esfuerzo por superar el miedo, la presencia en la calle y en la
palabra alta y clara de las organizaciones surgidas en defensa de las
libertades, que no hay que desactivar, que hay que activar y proteger
(Aplausos.), son otras tantas razones complementarias para perseverar
en nuestro compromiso por aumentar la eficacia de la lucha
antiterrorista, por salvaguardar el Estado de derecho y por
garantizar el ejercicio de las libertades.
Diré, señorías, para terminar, que el sentido de la integración sólo
puede concretarse en función de una cierta idea de España. La nuestra
es inequívocamente la que consagra la Constitución. Por eso nos
gustaría encontrar la misma claridad en todas las fuerzas políticas.
Así podremos mantener el próximo debate sobre el estado de la Nación
en una España no sólo más próspera sino también más integrada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes Señor
presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta,
señorías, procuraré, con la mayor brevedad posible, contestar a las
cuestiones que han planteado los portavoces de las distintas
formaciones políticas que integran el Grupo Mixto. Lo haré desde un
planteamiento de carácter general, y luego entraré en algunas
cuestiones concretas que han planteado.
El Gobierno, sin duda, impulsa un proyecto político de carácter
general, que ayer fue defendido, en el cual cree que en la
legislatura anterior se cumplieron unas bases fundamentales que
permitieron que España se haya situado en una posición
extraordinariamente positiva a la hora de afrontar las nuevas
realidades y los nuevos retos que tenemos delante de nosotros. El ser
en este momento un país fundador del euro, el poder afrontar desde
una posición económica y social mucho más fuerte los elementos que
significan impulsos de progreso del país, todo lo que ha significado
la fortaleza de la proyección exterior de España, todas estas
cuestiones de modernización de nuestro país determi-
nan que estamos en muy buenas condiciones para afrontar nuevos retos
y nuevas ambiciones. Y los españoles, hace un año, dieron una
demostración de confianza apoyando mayoritariamente un proyecto
político, que es el que estamos poniendo en marcha. Quiero decir que,
desde el punto de vista de los compromisos del Gobierno, nosotros
tenemos compromisos con el país, con los electores, que son los que
ponemos en marcha, cotidianamente, en el ejercicio de nuestra tarea
de Gobierno.
Además de eso, se puede decir si ese proyecto responde, dentro de un
marco general, a lo que es la expresión, la proyección de una cierta
idea de España. Sin duda, les tengo que decir que sí. No me preocupa
nada que me puedan criticar diciendo que proyecto una idea de España.
Me preocuparía mucho que me dijeran que no proyecto ninguna o que no
somos capaces de hacer un impulso de vertebración o de cohesión del
país. Eso sí que me preocuparía mucho. Mientras nosotros podamos
poner encima de la mesa y nadie, con los hechos, pueda desmentir lo
que significa la vigencia de la España plural, de la España posible,
de la España de la convivencia, que es la España de la Constitución,
y eso lo proyectemos desde la cohesión y desde la pluralidad, lo
vamos a seguir haciendo porque es lo que quieren los españoles y,
además, es lo que responde a nuestras convicciones. Por tanto, quiero
decir que hay un proyecto de carácter general. (Aplausos.)
Desde ese punto de vista, supone la reafirmación del pacto
constitucional y establecer los mecanismos esenciales de cohesión y
de coordinación de política económica y social; mantener los
elementos básicos de lo que significa la cohesión social del país;
saber identificar, dentro de la pluralidad cultural, los elementos en
común -que los hay, aunque moleste a alguna de SS.SS.- y saber que la
proyección exterior de España tiene que tener elementos de
pluralidad, pero tiene que ser, sin duda, una proyección exterior
común que nos permita mejorar nuestra posición en el mundo.
Señorías, ese es un proyecto y ese proyecto, en el debate del estado
de la Nación que celebramos en este momento, quiere dar un nuevo
impulso reformista en nuevas materias que, sin duda, son muy
importantes. Entre otras cosas, he propuesto unas reformas educativas
completas, para mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro país;
hemos propuesto, y vamos a poner en marcha, una reforma completa de
la justicia; he anunciado una nueva reforma de nuestro sistema
tributario, nuevas rebajas de impuestos y, por supuesto, también
vamos a afrontar un nuevo sistema de financiación autonómica. Si
podemos impulsar esas cuatro reformas (insisto, nada menos,
educación, justicia, fiscalidad y financiación autonómica) en un
marco que nos permita seguir creciendo y, además, que nuestro país
pueda seguir creando empleo, evidentemente, es algo que alguna de SS.
SS. podrá entender que no responde a la realidad del país, pero yo
creo, sinceramente, que responde
a la realidad del país. Por lo menos, hace un año, más de diez
millones de ciudadanos dijeron: Les creemos y les apoyamos. Tengo la
impresión de que la mayoría sigue apoyando ese proyecto y voy a hacer
lo posible por seguir convenciendo a la mayoría para que siga
apoyando ese proyecto, porque creo que es el que conviene a nuestro
país.
Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del Estado de las
autonomías, el elemento básico es el sistema de financiación. Yo
comprendo que se tengan que utilizar expresiones como que hay una
involución autonómica, un parón autonómico, pero decía ayer, y lo
vuelvo a repetir, que vivimos el momento de desarrollo del Estado de
las autonomías más amplio desde el comienzo del proceso.
No existe en términos políticos comparados un proceso con la
profundidad del español que se haya llevado a cabo en el tiempo que
se ha realizado en nuestro país; no existe. No existe un proceso de
distribución del poder territorial y del gasto tan vertiginoso como
el que se ha hecho en España en ningún sistema comparado, en ningún
sitio. Como alguien decía ayer, lo podemos decir y lo debemos decir,
porque es una de las apuestas más importantes que tenían la
transición democrática y nuestra Constitución, y sin duda se está
zanjando y se está desarrollando con un éxito importante. Ahora bien,
señorías, eso hay que enmarcarlo en la situación general de nuestro
país y en el área esencial a la que pertenece España en este momento,
que es la Unión Europea, y especialmente el euro. Ahí es donde nacen,
como he explicado, algunas obligaciones a las que tenemos que hacer
frente, como la Ley de estabilidad presupuestaria. La Ley de
estabilidad presupuestaria es el compromiso de todos con el
crecimiento de nuestro país, salvo que alguien quiera volver a los
tiempos del déficit y del endeudamiento. Yo digo: volver a los
tiempos del déficit y del endeudamiento es volver a los tiempos del
paro, y yo no quiero volver a esos tiempos, señorías, ni voy a
proponer al país que lo haga, porque creo que no son los buenos.
La estabilidad presupuestaria es un elemento básico para garantizar
el crecimiento de nuestro país y para que, dentro de la distribución
del gasto que hay en España, todas las comunidades autónomas puedan
aportar al crecimiento del país. ¿O es que tendría alguna lógica que
cuando la Administración general del Estado o el Gobierno va a
administrar sólo el 40 por ciento de los recursos fuese el único que
tuviese obligaciones de estabilidad, y que los que administran el 60
por ciento no tuviesen ninguna? Ese no es un sistema lógico, es un
sistema absolutamente ilógico. De lo que se trata es justamente de
que esa tarea de cooperación y de estabilidad sea útil para todos.
Eso es lo mejor que se puede hacer también desde el punto de vista
del crecimiento y del desarrollo de las comunidades autónomas, sobre
todo de aquéllas que tienen más posibilidades decrecimiento, que fue
lo que algunos no entendieron,
entre otras cosas, del anterior sistema de financiación autonómica.
Se dijo que el anterior sistema de financiación autonómica era un
desastre, que era injusto y que desvertebraba el país. Al final, hubo
algunos que no quisieron estar en ese sistema. ¿Qué pasó? Que se
equivocaron, porque el sistema les hubiera beneficiado mucho, y ahí
tienen en este momento su responsabilidad. Es un sistema de
financiación que ahora hay que mejorar desde el punto de vista de la
distribución del gasto en nuestro país y hacerlo más estable, más
corresponsable y más solidario. ¿Qué significa esto entre otras
cosas? Que cuando uno administra ya un volumen de recursos muy
importante, tiene que dejar de utilizar en los discursos y en los
planteamientos políticos el latiguillo de la culpa la tiene aquél -o
sea, lo que se llama a veces en la jerga política Madrid- o a Madrid
hay que arrancarle no sé qué. No, a Madrid ya no hay nada que
arrancarle y, además, no tiene la culpa. Las responsabilidades son
responsabilidades compartidas y son las que hay que asumir. Ese es el
nuevo esquema y el nuevo sistema en el cual estamos. Y si no se
entiende esto, en el marco además de una zona económica compartida
como es la del euro, algunos tendrán algún problema al respecto. El
Gobierno tiene que velar por eso y tiene que velar por la coherencia
del sistema de financiación autonómica y por la coherencia de las
medidas que se adoptan.
Se podrá pensar que recurrir el impuesto sobre grandes superficies es
un atentado a la autonomía catalana. No, señoría, es la defensa de la
Ley Orgánica de financiación de comunidades autónomas y es la defensa
de lo que significa un principio básico de unidad fiscal en el país,
en el sentido de que no se pueden gravar por distintos impuestos dos
hechos imponibles iguales, y como quiera que eso está gravado por
otro impuesto, no se puede volver a gravar. No tiene nada que ver con
la autonomía de Cataluña ni con ninguna autonomía, tiene que ver con
el funcionamiento del sistema fiscal. Lo mismo digo en relación con
la ecotasa o el impuesto de Baleares, que además de parecerme un
grandísimo error, afecta a hechos que están gravados y son principios
básicos de un sistema fiscal. Como se sabe, al final, lo que ocurre
es que o se tiene un sistema fiscal o no se tiene. Nosotros tenemos
un sistema fiscal, que funciona razonablemente bien, que además vamos
a mejorar y que estamos dispuestos a seguir manteniendo en el futuro
con nuevas reformas.
Por lo que respecta, señorías, a las cuestiones a las que se han
referido en términos de empleo, ya conocen SS.SS. los datos
generales, pero los vuelvo a repetir. A la hora de pintar la
realidad, les rogaría que me dijeran si algún dato de los que doy no
es cierto, si no es cierto el número de empleos creados en esta
legislatura, más de 400.000, si no son ciertas las cifras de
Seguridad Social, si no son ciertas las cifras de reducción del paro
y si eso parece bien o mal, porque parece que tenemos que pedir
perdón por haber creado en España dos
millones y medio de puestos de trabajo. No lo voy a hacer.
(Aplausos.)
Señoría, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia sin duda
hay que mejorar el empleo, como en otras comunidades autónomas, pero
toda la catástrofe que ha pintado el señor portavoz del Bloque
Nacionalista Galego se traduce en que el empleo ha aumentado
prácticamente un 7 por ciento en los últimos años, en que hay más de
60.000 gallegos que trabajan hoy que hace cinco años no lo hacían, en
que el paro registrado ha descendido en 58.000 personas y, además de
eso, en que hay 142.000 ocupados más en la Seguridad Social; es
decir, se baja el paro un 31 por ciento, aumenta el empleo un 7 por
ciento y las cosas son una catástrofe; señoría, no estoy de acuerdo.
Se podrá decir: Hay que hacer más. Vamos a procurar hacer más y por
eso sigue el proceso de creación de empleo, pero plantear esto en los
términos catastróficos que se han manifestado me parece
sencillamente, con toda franqueza, no estar en la realidad, salirse
de la misma. Algunos, legítimamente porque es una opción política, se
suman luego a la convocatoria de huelgas generales que fracasan
también en Galicia; otros dedican sus esfuerzos a procurar que haya
más empleo para todos los gallegos y lo seguiremos haciendo de esa
manera.
En lo que se refiere, por ejemplo -me parece que lo ha planteado el
portavoz de la Chunta Aragonesista-, a la situación del empleo en
Aragón, me sorprende lo que he escuchado, señoría, porque hay 60.000
aragoneses más ocupados que hace cinco años, porque la tasa de paro
en Aragón ha descendido un 44,6 por ciento y porque hay 78.000
ocupados más en la Seguridad Social aragonesa. Me sorprende. Y me
sorprende cuando resulta que la tasa media de paro masculino en
Aragón está en el 4 por ciento. Entonces se dice: La tasa de paro en
Aragón es una catástrofe. Está en el 4 por ciento, que puede ser
muchas cosas, pero no puede ser una catástrofe. En términos de
encuesta de población activa, Aragón tiene una media de paro del 8
por ciento, incluyendo el desempleo femenino. ¿Cómo se pude decir que
los datos de empleo de Aragón no son positivos? Yo hablo con los
diputados del Grupo Popular de Aragón, que son bastantes, y además
quiero recordar que ganamos las elecciones defendiendo el plan
hidrológico. (Aplausos.) Estos son los datos.
Dice el portavoz del Grupo Andalucista en materia de empleo que no
distinguí ayer entre regiones o comunidades en las que el paro
masculino está en situación casi de pleno empleo y otras. No,
exactamente es lo que hice; es decir, nuestro problema en este
momento es que existen unas comunidades que tienen casi pleno empleo
masculino y otras que tienen todavía el doble de paro de la tasa
media europea, ese es el problema. Lo que hay que ver ahora es si se
está avanzando en ese terreno o no. Cita S.S. la comunidad autónoma
andaluza, donde en los últimos cinco años hay 492.000 ocupados más y
hace falta, señoría, decir que ha bajado la
tasa de paro en un 34 por ciento y que hay 568.000 cotizantes más en
la Seguridad Social. Estos son los datos. No me estoy inventando
ninguna realidad, señoría, esos son los datos de la realidad, y me
gustaría que todavía fuesen mejores, y lo que hemos propuesto a lo
largo de este debate y en tiempo sucesivo es que esos elementos
puedan ser mejores todavía de cara al futuro.
Sus señorías me han hablado de distintas cuestiones en relación con
inversiones y me perdonarán si no puedo entrar con todo detalle en
las mismas en algunos casos. El representante del Bloque Nacionalista
Galego ha dicho que el Gobierno, poco más o menos, ha maltratado
a Galicia con las medidas adoptadas para reparar los daños causados por
las lluvias y temporales. Sinceramente, señoría, aparte de conocer el
real decreto, porque fue aprobado en Consejo de Ministros, aquí tengo
los daños en infraestructuras públicas, los beneficios fiscales, las
reducciones fiscales para actividades agrarias y pesqueras, las
medidas laborales, los regímenes de contratación, las ayudas de
emergencia, los créditos extraordinarios, la cooperación con las
administraciones locales, es decir, es un real decreto, como todos
los que se hacen en este campo, bastante completo respecto de lo que
significa esa situación. Señoría, las inversiones en Galicia crecen,
del año 2000 al 2001, un 11,89 y pasan a suponer 91.421 millones de
pesetas. Quiero decirle que me parece bastante relevante que, aunque
algunos no confiaban en eso ni apostaban políticamente por eso, las
conexiones por autovía con Galicia estarán plenamente terminadas este
año -y es una inversión muy importante- y que en el horizonte 2000-
2007 existen inversiones por importe de más de 214.000 millones de
pesetas, de los cuales este año ya se destinarán 14.420. En las
infraestructuras ferroviarias se ponen en marcha los accesos al
noroeste y, además de eso, hay un convenio con la Junta de Galicia,
y me parece muy bien y agradezco mucho el esfuerzo que hace la Junta de
Galicia para hacer ese convenio de infraestructuras. Está planteado
el desarrollo de la alta velocidad en Galicia y hay previstas
inversiones portuarias por importe de 130.000 millones de pesetas.
Respecto a lo que ha dicho S.S. de los emigrantes, hemos incrementado
el poder adquisitivo de las pensiones asistenciales. El crecimiento
de esas pensiones ha sido de un 10 por ciento. Se ha ampliado la
cobertura sanitaria, lo que ha supuesto un incremento del 22,2 por
ciento y 1.100 millones. Se ha aumentado la formación a hijos de
emigrantes. Se han concedido ayudas para el autoempleo y la creación
de pequeñas empresas. Se han establecido pensiones de jubilación para
los emigrantes retornados y, a los que lo necesitan, se les ha
facilitado el subsidio de desempleo y se ayuda con programas
específicos, que importan casi 400 millones de pesetas, a su
integración en el mercado laboral y a la formación de los
trabajadores.
Por lo que se refiere, entre otras cuestiones que SS.SS. han
planteado, al impulso de inversiones en la Comunidad Autónoma de
Aragón, en los próximos años, entre el Plan de infraestructuras
presentado por el Gobierno, por el ministro de Fomento, y el del
Ministerio de Medio Ambiente, serán aproximadamente unos 800.000
millones de pesetas los que se van a invertir en Aragón. Quiero
decirle que en este momento el Gobierno ha impulsado el tren de alta
velocidad de Zaragoza a Huesca, que a finales del año 2002 tendrá
servicio hasta Lérida. Va a haber una conexión Zaragoza-Teruel. Se
está en la reapertura del ferrocarril del Canfranc electrificado y en
ancho internacional. La autovía Zaragoza-Huesca-Nueno ya está en
servicio de continuidad. La autovía Zaragoza-Teruel ya está en cuatro
tramos. Va a producirse la apertura del túnel de Somport. Hay una
importantísima inversión para la transformación de las comarcas
mineras en Teruel y, luego, están las obras del Plan hidrológico
nacional. Les quiero decir, señorías, especialmente al representante
de la Chunta Aragonesista, que el Gobierno y su grupo parlamentario
que han presentado el Plan hidrológico nacional y son coherentes con
él, lo van a seguir manteniendo y lo van a seguir defendiendo. Me
gustaría conocer en qué perjudica el plan hidrológico a Aragón.
Además de hacer la regulación de obras de agua del Ebro y las obras
establecidas en el pacto del agua hecho y suscrito por todas las
fuerzas políticas aragonesas, además de eso y de lo establecido en el
Plan de regadíos, dígame, por favor, en qué perjudica el Plan
hidrológico nacional a Aragón, porque los regantes aragoneses apoyan
el Plan hidrológico nacional. Quiero decirle que yo estoy
absolutamente convencido de que los aragoneses que puedan tener
algunas dudas acabarán viendo la conveniencia de ese Plan hidrológico
nacional, pero tengo que decirle también que nosotros seguiremos
defendiendo con coherencia, como el partido más votado en Aragón, que
el Plan hidrológico nacional es bueno para España y es bueno también
para los aragoneses. Y si alguien me dice a quién perjudica, yo se lo
agradeceré mucho porque hasta ahora no lo he sabido. (Aplausos.)
Señorías, tampoco creo que tengamos que pedir especiales excusas por
la situación en la cual se determinan inversiones en la Comunidad
Autónoma de Cataluña que, como ya dije ayer, van a suponer
aproximadamente un billón y medio de pesetas del año 2000 al año
2007, y que sin duda son elementos muy importantes y hay inversiones
ya muy importantes como el tren de alta velocidad al que se está
refiriendo. Ese tren tiene ya 332 kilómetros de plataforma terminada,
según me acaba de decir el ministro de Fomento, y otros 228 hasta
Barcelona en ejecución. ¿Tenemos que pedir disculpas por eso? Creo
sinceramente que no, creo que es algo bueno, creo que es algo
positivo. Podemos decir que en carreteras se va a invertir en los
años que vienen 242.000 millones; este año la inversión en Catalu-
ña es de 267.936, ha aumentado el 26,06 por ciento con relación al
año anterior, y creo que la situación de empleo en la Comunidad
Autónoma de Cataluña es extraordinariamente satisfactoria. Me
gustaría que esta situación de empleo fuese generalizable a las demás
comunidades autónomas de España, lo que siento es que no lo sea. Me
importa mucho decir que la comunidad autónoma catalana, sin duda
teniendo que hacer todavía esfuerzos de reducción de algunos
elementos de paro, en muchas de sus zonas, en muchas de sus comarcas,
vive prácticamente una situación de pleno empleo, y lo que tiene es
en gran medida carencia para encontrar mano de obra cualificada; de
ahí, evidentemente, surgen algunos temas que son sensibles en la
comunidad catalana respecto de determinada mano de obra que viene del
exterior.
Señorías, voy a hacer dos comentarios finales. Uno, en relación con
el representante de Iniciativa per Catalunya, al cual le diré, para
que no tenga ninguna duda, que yo respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que respaldo lo que ha dicho el ministro del
Interior y vicepresidente primero del Gobierno respecto a la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
Barcelona, y quiero recordarle que no me parece razonable confundir
el Colegio de Abogados de Barcelona con la comisión de defensa del
Colegio de Abogados de Barcelona, y que hay que atender también a las
declaraciones que han hecho algunos representantes del Colegio de
Abogados de Barcelona.
No me parece tan razonable comprender que se puedan cometer,
amparándose en manifestaciones pacíficas, por grupos organizados bien
coordinados y bien financiados actos de violencia contra las personas
y contra las cosas, y desde luego la actuación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado allí, como en otras partes, ha sido
siempre una actuación desde la profesionalidad y desde la eficacia,
como estoy seguro que seguirán manteniendo en el futuro. No es este
un elemento ni de Barcelona ni español -lo hemos hablado el otro día
con motivo del Consejo Europeo celebrado en Gotemburgo-, son
fenómenos más generales, son fenómenos más globales. Por eso harán
muy bien los ministros de Interior de la Unión Europea, como ya han
acordado, en ponerse, por decirlo de esta manera, manos a la obra
para impedir que este tipo de cuestiones puedan ser manipuladas. Una
cosa es manifestarse pacíficamente contra la globalización o contra
lo que uno quiera, o, si me permite la expresión, contra lo que a uno
le dé la gana, y otra cosa distinta es dedicarse a romper lunas, a
asaltar tiendas, a romper el mobiliario urbano o a hacer en una
ciudad lo que no se puede hacer desde el punto de vista de la
violencia. Para eso están las fuerzas de seguridad. (Aplausos.) Desde
ese punto de vista, quiero decirle que me parece muy razonable la
posición que ha adoptado tanto el alcalde de la ciudad como el
Gobierno autónomo de Cataluña.
Por último, por lo que se refiere al planteamiento de la señora
Lasagabaster, simplemente ratificarme en las palabras que dije ayer.
Creo, señoría, que tenemos el derecho a plantear nuestras
alternativas democráticas también en el País Vasco, y creo que
tenemos el derecho a haberlo hecho y a seguirlo haciendo. Pues eso es
lo que yo quiero decirle, señoría, que lo hemos hecho y lo vamos a
seguir haciendo y que, además de eso, espero a cuál vaya a ser la
administración de ese triunfo electoral que SS.SS. han tenido, pero
no confundamos los términos en relación con cuál es el problema que
hay que resolver y cuáles son las iniciativas que se plantean.
Yo dije ayer, y a S.S. eso le va a sonar muy cercano y muy familiar,
cuáles son algunas propuestas de diálogo que se plantean: la síntesis
democrática, que ya está planteada públicamente. Lo repito, señoría,
la síntesis democrática consiste en la territorialidad y la
soberanía, el reconocimiento de la autodeterminación a los cuatro
años, la federación con Navarra y, además de eso, que por supuesto en
la mesa esté sentada Herri Batasuna. Con estas cosas, señorías, a
algunos no se les van a pasar las ganas de seguir cometiendo actos
terroristas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, llama la atención su
intento de descalificar a algunos grupos políticos de esta Cámara
diciendo que no tenemos una idea del Estado español, pero yo creo que
de sus palabras se traduce que hay una idea con la cual por lo menos
el Bloque Nacionalista Galego no está de acuerdo, porque es una idea
que repercute negativamente en el equilibrio territorial del Estado y
en el derecho a tener una situación política digna y en plano de
igualdad entre todas las naciones que lo conformamos. Si no, no
estaríamos en desacuerdo con eso que ustedes llaman pacto
constitucional, que por cierto es una manera enrocada de interpretar
la Constitución a su capricho, porque puede haber otros pactos
constitucionales que hagan hincapié en otros problemas, orientados de
otra manera y con otras interpretaciones.
No le quiero recordar a usted una serie de artículos de la
Constitución, que si fuesen interpretados de forma colectiva entre
las naciones que integramos el Estado español, el resultado final
sería muy otro. Pero me interesa sobre todo detenerme en aspectos
concretos que lo demuestran. Usted habla de que el sistema de
financiación es neutro y muy positivo para todas las comunidades
autónomas, pero yo le quiero decir que el sistema de financiación que
ustedes preparan, como los que hubo hasta ahora, para Galicia no es
válido. Podría haber otro muchísimo mejor, y en concreto uno que
tuviera en cuenta el impuesto sobre sociedades o la participación
final en el IVA por la población que tenemos y que cotiza por él. Por
cierto, quiero dar un dato muy alarmante sobre ese gran Estado
descentralizado que dice usted que es España. ¿Se concibe que Madrid,
la capital del Estado español, reúna prácticamente la mitad de los
impuestos que se pagan en el Estado español? Esto prueba que este es
un Estado centralizado desde el punto de vista económico, y yo no
tengo ningún tipo de prurito hostil contra Madrid, lo que le digo es
que si el sistema de financiación autonómico fuera de otro tipo esto
variaría radicalmente, porque mucha parte del impuesto sobre
sociedades no aparecería cotizando en Madrid y mucha parte del IVA no
aparecería cotizando en Madrid. Por tanto, se trata de discutir el
modelo territorializado de dónde se pagan los tributos y, por tanto,
dónde se deposita ese dinero, y para Galicia repercute negativamente.
Segundo, alarma que usted diga que este es el poder autonómico más
grande de la Unión Europea. Sin ir más lejos, en Estados que no
tienen problemas nacionales dentro, como el Estado alemán, no tienen
inconveniente ninguno en que sus landers estén representados en la
Unión Europea, y usted sí. Por cierto, yo vivo en una comunidad
autónoma donde en las rías manda todo el mundo menos la Consellería
de Pesca, yo no sé si es porque el Partido Popular no quiere ejercer
las competencias o porque las ejercen sobradamente la Autoridad
Portuaria o el Ministerio de Medio Ambiente. Eso no es un Estado
mínimamente coherente, incluso desde el punto de vista competencial.
Tercero, señor Aznar, la estabilidad presupuestaria se puede
conseguir de muchas maneras: o aumentando los ingresos, que también
se pueden aumentar, o reduciendo los gastos. Ustedes están optando
por reducir los gastos sociales.
Cuarta cuestión fundamental para nuestro país. Me parece muy bien que
diga usted que se invierte mucho en Galicia, pero es que da la
casualidad que los datos de inversión que usted me dio corresponden,
ni más ni menos, que a la inversión por autovías, que son las últimas
del Estado, se lo vuelvo a repetir, que tenían que haberse terminado
en el año 1995, estamos en el año 2001 y no se han acabado. Usted
podrá decir que eso es culpa de los demás, pero ustedes también están
acumulando retraso tras retraso.
Por otra parte, del tren ya prefiero no hablar. Pero le quiero decir
una cosa. Me parece muy bien que usted diga que le parece bárbaro que
la Administración autonómica pague. ¿Por qué no pagan los demás sus
trenes de alta velocidad? Curiosamente, hay una discriminación en
negativo para Galicia, precisamente una comunidad autónoma a la que
no le sobran los dineros.
Respecto a las cuestiones de carácter social, el Partido Popular
tiene una manera peculiar de interpretar las cifras, la
macroeconomía. ¿Cómo se puede entender que un país como Galicia, que
tiene menos del 48 por
ciento de la población activa, es decir, menos de la mitad de la
gente que está en edad de trabajar no trabaja, tenga la tasa de paro
más alta que la media del Estado español? En concreto, en el año
2001, el 13,43.
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, le ruego concluya.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy acabando, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No, le ruego concluya, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Ahora tenemos el 15,07, cuando partimos
del 17,61 en el año 1995. Tenemos los niveles de renta más bajos del
Estado; tenemos emigración y parece mentira que a estas alturas los
jóvenes de Galicia se tengan que ir incluso a Canarias. Se lo podía
explicar muy bien el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Y,
además, tenemos el envejecimiento de la población y la despoblación
de muchas zonas más grande y progresiva del Estado español.
No dice usted nada sobre una cuestión muy importante para nosotros,
que es la forma en que se ejerce el voto de los emigrantes en
Latinoamérica. Y explíqueme otra cosa, señor Aznar, ¿por qué razón,
teniendo el 5,72 por ciento de la producción total agraria, recibimos
de los fondos europeos el 1,51 por ciento, siendo la comunidad
autónoma del Estado español con más población agraria
porcentualmente?
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, le ruego concluya
definitivamente.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Y en lugar de recibir casi un billón de
pesetas, recibimos 14.650 millones de pesetas.
Señor Aznar, yo creo que no valen interpretaciones empíricas
superficiales, hay que ir a la interpretación cualitativa de los
problemas. Y yo le digo que sin ser catastrófico, porque nosotros
acreditamos nuestro país hasta el extremo de creer que incluso en un
sistema de financiación en el que nosotros nos
autorresponsabilizáramos, saldríamos adelante -y esto prueba que no
somos catastróficos-, sin embargo, su interpretación sí que es un
diseño marginal y nos quiere seguir manteniendo en el servilismo, y
nosotros no estamos de acuerdo.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señor presidente del
Gobierno, si conviene usted con-
migo, salga un segundo del aplaudiómetro de la Cámara y vayamos a la
calle a ver algunas situaciones concretas. Porque yo convengo con
usted en las cifras. Las cifras que está dando en valores absolutos
son ciertas y, por tanto, no vengo aquí a discutirlas, sino a
corroborarlas. Estoy hablando de situaciones relativas. Estoy
hablando de cómo yo envidio la situación de algunos lugares que usted
ha citado, señor presidente, con pleno empleo técnico, porque las
cifras que ha dado de paro son casi de pleno empleo técnico. Yo las
envidio, no tengo nada que decir. En esta Cámara yo he expuesto que
la situación no es nada homogénea y no hay que decir que a mí me
gustaría que no fuera así, sino cuáles son las medidas que hay que
adoptar para que se produzca esa aproximación en nivel de bienestar,
en nivel de crecimiento en PIB. Usted sabe que la cifra de
productividad, de valor añadido bruto per cápita, por ejemplo, en
Andalucía, es casi un 70 por ciento menos que la media española.
Usted sabe que, puestos a dar cifras, en todos lados no pasa lo
mismo. Y no consuela nada a los que se ahogan ver una multitud
tranquila en tierra. Yo creo que hay que estar pendiente de dónde van
peor las cosas.
Su Gobierno, señor presidente, por decirle algo respecto al modelo de
transferencias, lleva dos años sin producir las cesiones en las
políticas activas de empleo, cuando en esta Cámara ha habido
compromisos del ministro de que se cerraban el año pasado y eran
efectivas el 1 de enero de este año. Podíamos convenir hoy -hay una
resolución al respecto- en ser capaces de cerrarla este año y que
sean eficaces esas políticas activas el 1 de enero del año que viene,
que no es un problema competencial, es un problema de que el paro en
determinadas comunidades requiere de una medicina, de un tratamiento
distinto del de la media. Por tanto, requiere articular esas
políticas activas de empleo con otras medidas de los gobiernos
autonómicos mucho más próximas a él. Yo le rogaría, señor presidente,
que acelerara esas transferencias de políticas activas. Le rogaría
también que visitara Andalucía, concretamente la provincia que
represento, Cádiz, para que viera con qué desesperanza ve la gente
esas cifras en determinados lugares; cifras que en valores absolutos
son espectaculares (ha citado usted más de 400.000 empleos), pero
¿sobre qué población? Es que somos más de siete millones de personas
y estamos en unos tantos por ciento relativos mucho más bajos, es que
estamos a más distancia, señor presidente. Somos ya casi un tercio
del paro de España y éramos la cuarta parte. Vamos más despacio y son
necesarias políticas de corrección de desequilibrios. Lo que le pido,
señor presidente, son acciones concretas (me gustaría apoyarlas si
las toma) sobre la corrección de desequilibrios y que en la nueva
fórmula de financiación autonómica estuvieran razonablemente dotadas
en un escenario temporal lógico.
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Termino, señora presidenta.
¿En cuánto tiempo vamos a converger? ¿En 10 años? ¿En ocho? ¿En 20?
¿En 40? Porque al ritmo de crecimiento actual, nunca. Conviene que
hagamos unos escenarios donde podamos transmitir a las personas que
en un tiempo razonable, porque todo no se puede arreglar en un año,
seremos capaces de converger todos en un bienestar y en una riqueza
que se distribuya con justicia y equidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, a favor de su intervención voy a decir una cosa: es
necesaria una reforma de la educación. Lleva usted razón y esto lo
comparte toda la comunidad educativa. Los maestros son profesores que
quieren enseñar, no celadores ni guardias de seguridad, privados
o no, en este caso. En esto lleva usted razón y estaremos con ustedes
para buscar la mejor fórmula para mejorar la educación y la situación
del profesorado. Pero que no sirva esto para recuperar competencias
de aquellas comunidades que tienen la competencia exclusiva en
educación, porque su política reiteradamente persigue legislar para
recuperar competencias.
En contra, sólo tres cosas. Hace poco en esta Cámara, el diputado
Ayala, de Murcia, tuvo una actitud de agresividad absoluta y de
incomprensión a la situación de los peajes en Cataluña. Se pedía un
fondo de rescate para todo el Estado, no sólo para Cataluña, que
sirviera para equilibrar los precios del peaje entre ocho y diez
pesetas por kilómetro, que sirviera para recuperar o recomprar tramos
de peaje y sirviera para liberar la circunvalación de las grandes
concentraciones urbanas. Fue de una incomprensión absoluta y es una
situación que en Cataluña les va a explotar en las manos. Los
resultados ya están a la vuelta de la esquina. Cada día hay más
grupos organizados contra la situación de los peajes y la
discriminación en Cataluña. Porque hay peajes y peajes. Hay peajes
que se convierten en única vía. Por ejemplo, la A-7, que es la
entrada natural por la frontera francesa. No hay alternativa, no hay
una autovía gratuita paralela a la A-7 para poder circular. La A-7,
en Cataluña, es una carretera de peaje porque no hay alternativa.
Segunda cuestión. Usted habla de la gran inversión del Gobierno en
Cataluña. Es verdad. Pero me viene a la memoria lo que decían
diferentes comités de empresa de Renfe en Cataluña, que hablaban de
un concepto
que se llama canibalización de líneas. La gran inversión pública en
Cataluña se la lleva el tren de alta velocidad, que será muy
necesario, pero usted no puede olvidar que el stock de capital
público de inversión en infraestructuras en Cataluña está muy por
debajo de la media en lo que se refiere a carreteras. Hay una gran
demanda de carreteras y de creación de autovías libres de peaje, eso
sí, sobre todo finalizar la Nacional II hacia Lleida o Girona, o la
Nacional 340 en Tarragona.
Tercer punto. Ustedes dicen que tienen que recurrir si hay leyes que
van contra la legalidad, como es el caso del impuesto de las grandes
superficies comerciales, que se creó a propuesta de Esquerra
Republicana de Cataluña. Lleva usted razón, pero esto representa el
uso y el abuso del recurso de anticonstitucionalidad. Fíjense, tienen
recurridas cinco leyes del Parlamento de Cataluña: Protección Civil
de Cataluña, asociaciones, carta municipal de Barcelona (que resulta
chocante, puesto que ustedes intentan oponer sistemáticamente
municipios a comunidades autónomas), apoyo a las elecciones catalanas
y el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Una reflexión final, señor Aznar, un Estado compuesto, un Gobierno
del Estado que quiera hablar, dialogar, tiene que recurrir, si cree
que afecta a la legalidad (en eso estamos de acuerdo), pero ipso
facto, inmediatamente; tiene que dialogar, buscar soluciones sobre lo
que se recurre, buscar la fórmula para que los gobiernos autónomos
puedan llevar a cabo sus reformas y sus propuestas. Si usted no
permite ni que el Gobierno balear lleve a cabo la ecotasa ni que el
Gobierno de Cataluña grave las grandes superficies, dígame usted qué
capacidad normativa tenemos para hacer nuevos impuestos. Cada vez que
un Gobierno autónomo ha creado un nuevo impuesto, ustedes lo han
recurrido. No hay margen. Así la autonomía financiera es falsa.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo, señora presidenta.
Aquí se descubre la trampa, la autonomía financiera que pueden tener
las comunidades autónomas es falsa, no existe. Su margen de maniobra
es absoluto y el margen de maniobra de las comunidades autónomas, en
este caso Cataluña y las Illes Balears, es negativo.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, vamos a dedicar dos día a debatir el estado de la
Nación, pero la sociedad española va a salir de aquí sin saber por
boca de su presidente de Gobierno qué va a hacer si algunos ministros
suyos son imputados. Es decir, se va a acabar el debate y el
presidente del Gobierno, que en otros tiempos había sido un paladín,
había hecho de las cuestiones éticas unas propuestas avanzadas en
relación con la ética, hoy, en estos dos días no responde, no a
nosotros, a la sociedad española si va a ser coherente con lo que
dijo hace seis, siete u ocho años; es decir, la sociedad española no
va a saber cuál va a ser la actitud del presidente del Gobierno en el
caso de que el señor Piqué y el señor Matas sean imputados.
Barcelona, señor Aznar. Cuando usted sale aquí para hablar de
Barcelona, después del clamoroso silencio, y dice: Yo respaldo a las
fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué está diciendo? Lo que está
diciendo es que no todo el mundo las respalda; está diciendo eso. Y
lo confirma. Pues, fíjese, me gustaría más un presidente del Gobierno
que dijera: Yo respaldo a las fuerzas de seguridad del Estado siempre
y cuando garanticen los derechos constitucionales, porque la
actuación de la Policía de Barcelona ha sido una actuación policial
sucia, y el respaldo a las fuerzas de seguridad del Estado no puede
ser un cheque en blanco. Cuando ha habido gobiernos que han dado
cheques en blanco a las fuerzas de seguridad del Estado las cosas han
ido muy mal. Acerca de la actuación de Barcelona, no sé si policías
infiltrados tiraron piedras, no lo sé pero, por lo que yo ví y por lo
que está publicado en fotografías de Barcelona, no puede ser que las
fuerzas de seguridad del Estado salgan -cien o doscientos- con
pañuelos con anagramas de la bandera catalana o con pegatinas de los
partidos para infiltrarse con barras de hierro o con palos. Por
tanto, cuando usted dice que respalda a las fuerzas de seguridad ¿qué
está diciendo? ¿Usted está diciendo que respalda la utilización de
armas no reglamentarias por las fuerzas de seguridad? ¿Está diciendo
eso, señor Aznar? ¿Usted está diciendo que, como ocurrió, porque lo
vi, se cargó contra manifestantes pacíficos sentados? No ha
contestado a una pregunta clave que han hecho todos los medios de
comunicación. Barcelona no fue Gotemburgo, no fue Seattle. ¿Sabe
usted cuántas personas había al inicio de la manifestación con
actitud violenta? No pasaban de 40, y eran absolutamente
identificables porque estaban fuera de la manifestación. Pregunte
usted si hubo responsables del servicio de orden que se dirigieron a
la Policía preguntando por qué no los detenían. El señor Rajoy dice
desde Madrid, y simplemente por informes: Había problemas con la
manifestación. Si usted conociera el Paseo de Gracia y cómo fue la
manifestación, señor Rajoy, no podría decir esto. No haga gestos,
señor Rajoy. La manifestación transcurría por la calzada central con
un servicio de orden hecho por una cadena humana; hay una acera, dos
carriles y a 30 metros ocu-
rrían los destrozos que hacían 40 ó 50 personas. Esto lo dicen todos
los medios de comunicación, hablen con las 350 ONG. Usted dice: Esto
no lo dice el Colegio de Abogados -intenta ridiculizar- lo dice la
comisión. Fíjese si en acuerdos que aprobamos en las Comisiones de
este Congreso alguien saliera de forma ridícula diciendo: Eso no lo
dice el Congreso.
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señora presidenta.
El Colegio de Abogados, los medios de comunicación y las ONG han
denunciado la provocación y la violencia de los grupos alborotadores
que rompieron escaparates, han denunciado la pasividad incomprensible
de la Policía ante estos hechos y han denunciado que no se pueden
tener actuaciones policiales sucias.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, señor presidente
del Gobierno, claro que usted puede defender sus ideas, y supongo que
yo también las mías, ¿verdad? No lo sé, según usted no lo sé. En todo
caso, lo que usted no puede hacer es abusar de su responsabilidad y
de su cargo como presidente del Gobierno central; eso es lo que usted
no puede hacer, y es lo que usted ha hecho a lo largo de este tiempo:
utilizar bajo su responsabilidad y por su cargo del presidente del
Gobierno del Ejecutivo central los instrumentos que tiene a su
alcance para tratar de imponer directa o indirectamente sus ideas.
Eso no es admisible.
Segunda cuestión. Tiene derecho a defender sus ideas, pero también
obligación a coadyuvar en la solución de este conflicto; si habla de
programa electoral que ha ganado, este habla de diálogo -se lo
recuerdo por si usted no lo conoce-; coadyuvar en un conflicto
político. Yo le rogaría que leyera- no le voy a citar nada que le
parezca malo- el Pacto de Ajuria Enea. El Pacto de Ajuria Enea habla
de contencioso entre el pueblo vasco y el Estado español. A lo mejor
me dice que tampoco le gusta; se va a convertir entonces en pre 13 de
mayo, pre-Pacto de Ajuria Enea, en fin, terminará en la prehistoria.
Tercera cuestión, síntesis democrática. Ya se lo he dicho yo aquí
desde esta tribuna: síntesis democrática. Pero una de dos: o a usted
le ha traicionado su subconsciente autocrático, que no distingue
entre democracia e imposición, o vuelve a manipular. A ver si me
explico. Una cosa es que nosotros aportemos nuestras propuestas
políticas: soberanía y territorialidad -por cierto, ocho de cada diez
vascos piden más autogobierno, por si le suena-; y, otra, que todas
las demás fuerzas políticas
que representen a los ciudadanos aporten las suyas, y entre
todos, respetando lo que cada uno representa en la sociedad vasca y
en todos los lugares y respetando a todos los ciudadanos de todos los
territorios, lleguemos a una síntesis democrática. ¿Le suena mejor?
Sí. Además curiosamente -y lo mantiene por supuestísimo esta
portavoz- a la persona que usted se dirigía, porque se dirigía a
alguien, es la que dirigió y se responsabilizó en la parte que le
correspondía del logro del acuerdo histórico que usted más, entre
comillas, venera y cita: El estatuto de autonomía. Por tanto, nadie
le tiene que dar lecciones a este partido y a sus responsables de lo
que es síntesis democrática. Ese acuerdo histórico lo consiguieron
hacer, por cierto, hace veinte años, pero a ustedes todavía no les
conozco semejante objetivo ni logro.
Cuarta cuestión, habla usted constantemente de Herri Batasuna, mesas,
diálogos. Quizá no lo sepa usted, supongo que sí, y estoy segura de
que la sociedad española tampoco lo sabe; no cite tanto en relación
con nosotros a otra formación política: ustedes votaron más de
veintitantas veces con Euskal Herritarrok en el Parlamento Vasco. Sí,
sí, en la campaña electoral hasta en la Diputación Foral de Guipúzcoa
estuvieron reprobando a un diputado general, que le llamaban
coincidencia, como en la película, y le seguían llamando
coincidencia, como en la película, cuando al parecer es gran clave
del Estado que Eusko Alkartasuna no tenga grupo parlamentario. Debe
de estar por encima de la unidad que ustedes llaman de los
demócratas. Evidentemente eso es fundamental en el Estado para votar
con Euskal Herritarrok.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por
favor.
LA SEÑORA LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí, señora presidenta.
Por tanto, mire en su interior y vamos a tratar todos de dar tiempo
al tiempo y de tener un diálogo constructivo. No nos digan ambiguos,
porque cada vez que presentamos las propuestas nos tachan de no se
sabe qué cosas. Una de dos: ¿quieren que les expliquemos las
propuestas o no lo quieren? Porque nosotros vamos a ser sinceros con
los ciudadanos. Señor presidente del Gobierno, le reitero el
esfuerzo, la oferta de diálogo constructivo; espero que la acepte.
Propongan lo que ustedes quieran, pero déjennos que nosotros también
propongamos lo que queramos para que entre todos hagamos una síntesis
democrática, pero respetándonos.
Gracias, señor presidente, gracias señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señorapresidenta.
Señor presidente, yo no he dicho que no se cree empleo en Aragón,
pero sí quiero recordarle que he dicho que de cada diez empleos nueve
son eventuales. A esto añade que los jubilados no están en la lista
del paro, que ya se lo dije el día de la investidura, y el señor
Rajoy dice en las páginas de El Heraldo de Aragón que Aragón no tiene
paro porque los jubilados no constan en el paro, cuando Aragón es un
territorio con mucho paro. Esta información se la podían facilitar
sus diputados, pero le indicaré que existe un estudio reciente
realizado por José Aranda que dice que el 40 por ciento de los
licenciados universitarios aragoneses se van a trabajar fuera de
Aragón. Es decir, 230.000 jóvenes aragoneses viven lejos de su
tierra. Naturalmente, nuestra cota de paro es absolutamente
insignificante porque estamos los abuelos -yo tendría que estar ya
jubilado- y están los chicos jóvenes que están trabajando fuera de
Aragón. Ante esa situación el paro es muy escaso, pero lo es porque
no hay gente.
Quiero recordarle, señor Aznar, que en la campaña de las elecciones
autonómicas de 1993 usted prometió que no se iba a hacer el trasvase
del Ebro, con lo cual su partido ganó las elecciones. Quiero decirle
también que nuestro problema con el trasvase del Ebro es que nos van
a hacer 30 pantanos en Aragón, con la excusa de hacer 200.000
hectáreas de regadío. Eso no es absolutamente cierto. Son 30 pantanos
para regular las aguas que tengan que ir al trasvase del Ebro. Para
terminar, y para que se dé cuenta por qué razón estamos en contra del
trasvase del Ebro, los cinco expertos del Consejo Nacional del Agua
redactaron unos informes totalmente en contra del trasvase del Ebro
que le recomiendo que lea. Señor Aznar, no va pasar usted a la
historia como el primer presidente que ejecutó un plan hidrológico.
Tenemos la fuerza de la razón y será suficiente para pararlo. Estamos
cargados de argumentos técnicos y científicos, de colaboración
ciudadana y encontraremos apoyos en las instituciones europeas y en
los tribunales de justicia. No es un empecinamiento de los
aragoneses, también la gente del delta del Ebro, que saben que ahí
está su vida, están en contra de esa obra que es faraónica y que no
va a beneficiar a nadie.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señora
presidenta.
También intervendré con brevedad. El señor representante del Bloque
Nacionalista Galego me habla de las cuestiones relativas a la
financiación autonómica. Señoría, vamos a mejorar esa financiación
autonómica. Dijeron ustedes que el sistema anterior perjudicaba a
Galicia. No ha sido verdad, era incierto. El sistema de financiación
actual ha beneficiado sustancialmente a Galicia. Ahora anuncian SS.
SS. que el sistema de
financiación que podemos hacer nuevo va a perjudicar también a
Galicia. Estoy convencido de que se van a volver a equivocar. No hay
ninguna razón por la cual el sistema de financiación vaya a
perjudicar a Galicia. Con independencia de que las sociedades
establecen su domicilio donde les parece más oportuno, existen los
mecanismos de transferencias del Estado a las comunidades autónomas
que eliminan cualquier efecto de los que usted dice. Si además
establecen elementos de solidaridad y los fondos de nivelación, los
elementos que S.S. ha puesto encima de la mesa tienen poco
fundamento. Señoría, yo defiendo que la situación de la comunidad
gallega, en términos de empleo, de servicios sociales, de
competitividad y de modernización de infraestructuras, ha mejorado. Y
tengo la fundada esperanza de que también sea respaldada esa opinión
por la mayoría de los ciudadanos gallegos. Espero que sea así, como
viene siéndolo, de una manera positiva, durante bastante tiempo. Y,
por supuesto, si me puedo acercar a Galicia al comienzo de las obras
ferroviarias lo haré con mucho gusto, porque se trata de una gran
inversión, en una obra muy importante para Galicia.
Respecto a lo que ha dicho el representante del Partido Andalucista,
ese es el objetivo, avanzar en la convergencia real. Y para ello es
evidente que hay que partir de la situación en la que está cada
comunidad autónoma. Los mecanismos de corrección de desequilibrios
son los establecidos. Hay varios: desde el punto de vista de la
financiación autonómica, los fondos de nivelación y, desde el punto
de vista de la inversión del Gobierno o de la Presidencia del Estado,
si S.S. prefiere las inversiones en infraestructuras, las políticas
de crecimiento, los mecanismos que permitan que el dinamismo
económico andaluz, desde el punto de vista de la vertebración de la
comunidad autónoma y desde el punto de vista de su desarrollo y su
crecimiento, sea importante y cada vez más relevante. Si en otro
periodo de años podemos aportar más de medio millón de nuevos empleos
en Andalucía el salto que dará la comunidad autónoma será
verdaderamente extraordinario, acompañando esto de unas tareas en
infraestructuras verdaderamente importantes, repito, y relevantes
para evitar desequilibrios.
Por lo que se refiere al portavoz de Esquerra Republicana de
Catalunya, señoría, ayer di el dato de que en este periodo el
Gobierno ha recurrido ocho normas de las más de cuatro mil normas
autonómicas analizadas, ocho. Ha habido otros recursos en otras
direcciones, pero normas autonómicas recurridas ha habido ocho. Por
tanto, el nivel de conflictividad no es alto, y además se han
establecido los mecanismos en las conferencias sectoriales y
bilaterales para intentar, en la medida de lo posible, llegar a
acuerdos que eviten recurrir al Tribunal Constitucional; esa es la
realidad. Por tanto, estamos en un nivel muy razonable, que podríamos
llamar bajo, en cuanto a acudir al Tribunal Constitucional. Y el
funcionamiento de esos mecanismos de
cooperación es correcto. Señoría, las comunidades autónomas tienen
capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Lo que no puede hacer
una comunidad autónoma, ni tampoco el Gobierno, es gravar dos veces
lo mismo; pero eso no lo puede hacer nadie: ni una comunidad
autónoma, ni un ayuntamiento, ni el Gobierno de la nación; no lo
puede hacer nadie. Ahora bien, la comunidad autónoma catalana, como
las demás que tienen transferida la capacidad normativa, puede subir
o bajar los impuestos, señoría. El impuesto sobre la renta, el
impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales; ahora se va a aumentar esa capacidad normativa. Lo que
pasa es que hay que querer o no querer hacerlo. Y otra cosa distinta
es que se diga: Me conviene más un impuesto sobre las grandes
superficies. Esto no es cuestión de estar ni a favor ni en contra del
comercio minorista ni de las grandes superficies, es decir que no se
puede gravar la misma cosa dos veces, porque la legalidad lo impide,
y velar por ello es una de las tareas y de las responsabilidades del
Gobierno.
Al señor representante de Iniciativa per Catalunya le vuelvo a decir
claramente que respaldo la actuación de las fuerzas de seguridad del
Estado -no sé si he sido muy claro- y las respaldo sin necesidad de
añadir más, en el marco de lo que significa, como debe ser siempre,
la aplicación del Estado de derecho en nuestro país. No me parece
razonable, me parece bastante lamentable cualquier actitud que sirva
para intentar justificar actos violentos. He dicho ayer y repito hoy,
en relación con una pregunta que usted ha planteado, que no hay
ningún ministro del Gobierno imputado y también he dicho que no tengo
la intención de cesar ni de cambiar a ningún miembro del Gobierno por
el momento.
A la señora Lasagabaster le quiero decir que claro que puede defender
su alternativa, pero yo también tengo derecho, señoría, a
plantearlas. ¿Reconoce, verdad, que tengo el derecho de plantear
alternativas? No, es que algunos lo niegan. Pero también en el País
Vasco tenemos derecho a plantear alternativas, al igual que en el
conjunto de España tenemos derecho de plantear nuestras alternativas
y nuestras políticas. ¡Faltaba más! Ya somos bastante perseguidos por
plantear alternativas, lo somos. Aspiramos simplemente a poder
presentarlas sin que nos persigan. Fíjese cual es nuestra aspiración:
plantear unas alternativas políticas y poder expresarnos sin que nos
persigan, o sin que nos eliminen, o sin que nos maten; fíjese,
señoría, que poco pedimos. Porque cuando alguien, desde el punto de
vista de la normalidad democrática, pide alguna cosa nosotros pedimos
el derecho a poder vivir, a poder expresarnos y a poder plantear
alternativas como en todas partes o a no plantearlas. (Aplausos.)
Cuando me habla S.S. de síntesis democrática, hago un esfuerzo de
comprensión y créame que no le doy lecciones a nadie, señoría,
simplemente me ajusto a los hechos. Pero mientras existan
esas cuestiones previas aquí no hay más síntesis democrática que esa,
perdone, señoría. Cuando se plantea desde diálogos o mesas de diálogo
que hay que llegar a esas síntesis democráticas a las que yo me
refiero, que además se definen como irrenunciables, dígame usted cuál
es la síntesis democrática, porque el resultado sigue siendo el
mismo: unos no pondrán nada, otros seguirán haciendo lo que hacen y
los que pagan la factura la seguirán pagando todo el tiempo. Desde
luego, señoría, eso no es ni una propuesta de futuro, ni una síntesis
democrática, ni una oferta de diálogo, que sí se debe hacer desde el
respeto a las normas en los marcos institucionales y, desde luego,
sabiendo bien claramente cuál es el problema y cuáles son los
elementos previos que tenemos que resolver para la seguridad, la
garantía y la libertad de los ciudadanos y de las personas.
Por último quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho el
representante de la Chunta Aragonesista, señor Labordeta. Si le he
entendido bien S.S. me ha dicho que las cifras de paro en Aragón son
más bajas entre otras cosas porque los jubilados no constan en esas
listas de paro; no lo entiendo, señoría. Yo creo que le he entendido
bien y que S.S. ha dicho eso; tampoco hace falta que discutamos mucho
sobre eso. Yo no conozco ningún sitio donde los jubilados figuren en
las listas del paro, ninguno; a lo mejor esa es una nueva
reivindicación y resulta que los jubilados tienen que constar en la
lista del paro; o son parados o son jubilados o algo no funciona en
esa propuesta, señoría. (Aplausos.)
En relación con el Plan hidrológico nacional le vuelvo a hacer la
misma pregunta. Hay que demostrar a quién perjudica. El Plan
hidrológico nacional es de vertebración territorial y de cohesión de
nuestro país, útil para aquellos que han reclamado durante años el
aprovechamiento de aguas del Ebro y ahora van a tener las obras que
reclamaban, y ahora que van a tenerlas dicen que no las quieren; útil
también para los que pueden recibir agua en el futuro; útil, señoría,
desde el punto de vista de lo que es la regulación, la utilización y
el aprovechamiento de un bien tan escaso como ése. Sobre eso se
pueden construir todas las teorías de agravios comparativos, de
agravios históricos que se quiera; esa es la única verdad, señoría.
Cuando se habla de un trasvase se habla de un trasvase desde el delta
del Ebro y hay un plan específico de recuperación del delta del Ebro
con inversiones muy importantes. Todos los estudios técnicos avalan
que los más de 5 millones de hectómetros cúbicos de media que
anualmente el Ebro vierte al mar se aprovechan garantizando todos los
caudales ecológicos; después de hacer las obras del pacto del agua
que firmaban todas las fuerzas políticas aragonesas se aprovecharán
1.000 hectómetros, señoría; eso se hace para llevar agua cuando sea
posible y cuando sea necesario a quien no la tiene. Eso se llama en
castellano y en cualquier otra lengua expresada con claridad un
ejercicio de vertebración y de solidaridad, señoría.
(Aplausos.) Lo que pasa es que hay que tener la determinación y, si
me lo permite, el coraje para hacerlo, para presentarlo y para
arrostrar las dificultades. Y nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos
haciendo.
Muchas gracias, señorías. Gracias al Grupo Popular por su apoyo.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
El Pleno se reanudará a las cuatro y media de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y veinticinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la
tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: En primer lugar y antes de continuar con el
debate de las propuestas de resolución, someto a la Cámara lo
siguiente: Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia,
de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone
al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el
sentido de incluir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y se establecen normas
presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del
Ministerio de Fomento en carreteras estatales como último punto de
dicho orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia,
de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone
al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido
de incluir el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores del
acuerdo relativo al grupo aéreo europeo entre elGobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte y el Gobierno de la
República francesa y protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de
julio de 1998 y el 16 de junio de 1999 respectivamente, así como
declaración que España va a formular en el momento de la adhesión
como último punto del apartado tercero correspondiente a dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO.
- COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN
TORNO AL ESTADO DE LA NACIÓN (CONTINUACIÓN). (Numero de expediente
200/000001.)
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de las propuestas de
resolución presentadas por los diferentes grupos. En primer lugar,
por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, Chunta
Aragonesista presenta cuatro resoluciones. La primera, reclamando una
retirada urgente del plan hidrológico por el masivo rechazo social
que tiene en los territorios afectados, por dar cumplimiento a las
conclusiones de los expertos científicos consultados por el propio
Ministerio de Medio Ambiente y para evitar perder los fondos
comunitarios que nunca llegarán con este plan que ustedes defienden.
En coherencia también pedimos una moratoria indefinida de los
procesos de construcción de los pantanos que lo hacen posible, Yesa,
Biscarrués y Santaliestra.
La segunda cuestión... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta.
Señorías, estamos en el debate de las propuestas de resolución. Ruego
ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Adelante.
El señor LABORDETA SUBÍAS: La segunda cuestión tiene por objeto la
financiación autonómica, donde reclamamos que se incorporen a este
sistema, entre otras cuestiones, factores territoriales para
compensar el excesivo peso de la población pues la extensión,
dispersión, baja densidad y envejecimiento incrementan las
necesidades de gasto no sólo de Aragón, sino de otro territorios del
interior, y un sistema que pretenda corregir estos desequilibrios.
Finalmente, las dos últimas propuestas tienen como objetivo fijar
compromisos para unas infraestructuras básicas para Teruel como son
la autovía ValenciaTeruel- Zaragoza, el desdoblamiento de la N-232,
así como el aprovechamiento integral de las oportunidades que ofrece
la llegada del AVE a la ciudad de Zaragoza, demandando la
implantación de una segunda parada en el aeropuerto, la implantación
de un servicio de cercanías y el soterramiento urbano de estas
infraestructuras.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Presento a la Cámara cuatro propuestas de resolución que recogen las
cuatro cuestiones que hemos querido abordar en el debate de política
general. La primera yo creo que ha estado bastante tratada por parte
de los distintos portavoces, desde luego desde el punto de vista de
esta portavoz de Eusko Alkartasuna, en relación a la importancia de
la renegociación del concierto económico. En nuestra propuesta de
resolución proponemos evidentemente el respeto a la autonomía fiscal
y financiera que representan los sistemas del concierto económico y
el convenio en Navarra. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que se
renegocie con unos principios concretos, de los cuales destacaríamos
dos en lo que se refiere al concierto: uno, la vigencia del concierto
de forma indefinida porque hay bastantes problemas cuando la duración
del mismo y la renegociación se produce con tiempos muy limitados y
sobre todo - también principio clave- que pueda tener un encaje a
nivel europeo y tenga el mismo rango que sistemas fiscales de otros
Estados miembros para evitar lo que llevamos padeciendo en cuanto a
los constantes recursos y defendiéndolo en el marco europeo.
Otra propuesta hace referencia a una cuestión muy importante, la
participación de las comunidades autónomas en los consejos de
ministros de la Unión Europea. Ustedes saben cuál es el debate y no
lo voy a repetir, pero hemos querido añadir una cuestión clave, y es
que puedan participar en la organización y desarrollo de la
Presidencia de la Unión Europea por el Estado español en el 2002. No
es algo que no se pueda hacer; de hecho el Estado belga lo va a hacer
ya estos próximos seis meses, y creemos que se pueden articular
formulas para que puedan estar implicadas de forma directa en esa
Presidencia.
Nuestra tercera resolución hace referencia a una cuestión vital para
todos, independientemente de las distintas posiciones que tengamos.
En primer lugar, reanudar las relaciones interinstitucionales del
Gobierno central con el Gobierno vasco, algo clave para conseguir ese
diálogo constructivo entre todos, y evidentemente dialogar sin
exclusiones ni concesiones antidemocráticas y respetando lo que
decidan los ciudadanos en cada momento histórico.
La cuarta resolución hace referencia a un derecho que, señoras y
señores diputados, ya aparece recogido en el ordenamiento jurídico
del Estado español, el derecho a la libre determinación de los
pueblos. Está recogido a raíz de la ratificación de los pactos
internacionales de 1966 de la ONU y lo único que pedimos es que se
aplique a todos los pueblos, tanto a los que están fuera del Estado
como a los que están en el Estado.
Por tanto, cuatro propuestas de resolución que sugerimos a SS.SS. las
voten afirmativamente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Iniciativa per Catalunya. Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
También hemos presentado cuatro resoluciones. La primera, hace
referencia a diversas medidas para hacer realmente efectivo el
plurilingüismo del Estado español.
La segunda es en relación al control del cambio climático, donde
proponemos que el Gobierno español defienda en la Conferencia de Bonn
la ratificación mundial del Protocolo de Kioto y que en el Estado
español se ratifique cuanto antes. Ya anuncio que aceptaremos la
transaccional que nos ha ofrecido Izquierda Unida.
La tercera resolución hace referencia a una serie de medidas sobre la
siniestralidad laboral, donde destaca una dotación presupuestaria del
Plan de formación e instar al Gobierno a que presente una ley de
regulación de la subcontratación en el sector de la construcción.
Y la última hace referencia a los temas de globalización, a lo que
esta mañana ha sido objeto de debate en relación con el pasado fin de
semana en Barcelona, con dos propuestas en positivo: que el Gobierno
estudie la implantación de la tasa Tobin y tome medidas para condonar
la deuda y un tercer punto relativo a reprobar la actuación de las
fuerzas de seguridad del Estado. He de decir que en esta última
resolución hay una enmienda transaccional del Partido Socialista que
no aceptaré.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esquerra Republicana ha presentado cuatro resoluciones. La primera,
que este Congreso reconozca, a partir de los pactos suscritos de
carácter internacional con la ONU y otros acuerdos, el derecho de las
naciones que integran el Estado, y también de Cataluña, a elegir
libremente su futuro como comunidad nacional propia, de manera que
pueda alcanzar su derecho a la autodeterminación. Nos parece que es
de contenido no sólo simbólico sino real, y que responde al anhelo de
una parte importante de la población de Cataluña, que aspira a
decidir su futuro libremente.
La segunda hace referencia a la financiación y sólo pedimos una cosa
que puede parecer lógica y moderada: que se aplique el Estatuto de
Autonomía de Cataluña y concretamente los artículos 44 a 48 que hacen
referencia a buscar una fórmula de media entre el esfuerzo fiscal de
la población de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado, en
el PIB y lo que representa en todo el Estado. Asimismo, en esta
propuesta incluimos un paquete de medidas para recuperar
lo que Cataluña ha perdido de inversión pública en las últimas
décadas y buscar una fórmula para subsanar el déficit fiscal de
Cataluña, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
calcula en más de un billón de pesetas. También proponemos la
integración del sistema sanitario de política social en el convenio
de negociación de la financiación, el desbloqueo de la Carta
municipal de Barcelona, con previsiones para su adecuada
financiación, y también dos partidas extraordinarias para subsanar la
aplicación de la Logse en Cataluña, pues ya se ha manifestado desde
la izquierda muchas veces que la Logse necesitaba un presupuesto
propio para su aplicación y también para asumir la integración de la
población de otros países que llegan a Cataluña para mejorar sus
condiciones de vida.
La número 14 se refiere a la pluralidad cultural del Estado y
contiene una serie de propuestas entre ellas la introducción como
créditos variables en el sistema educativo del resto del Estado de
las lenguas no castellanas, en este caso el catalán, el euskera y el
gallego. También se propone la reforma de la Ley de televisiones
privadas, para que las comunidades, naciones o territorios que
componen el Estado y que tienen lengua propia no castellana puedan
acceder a un sistema de televisión privada. También, en definitiva,
la supresión lógica del Ministerio de Cultura, igual que en los
Estados compuestos, como la República Federal Alemana, donde no
existe el Ministerio de Cultura y hay un presupuesto compartido con
los Länder o territorios. Nos parece lógica, pues, esta propuesta.
También proponemos un cambio de rumbo de legislación y dirección del
Instituto Cervantes para garantizar así la proyección plural y
democrática de la realidad cultural y lingüística del Estado español.
Finalmente, se proponen modificaciones en el ámbito de la industria
cinematográfica, audiovisual o de las nuevas tecnologías.
La propuesta número 15, de carácter ambiental, propone la derogación
del Plan hidrológico nacional de acuerdo con la directiva marco de
aguas, de hábitat y de aves de la Comisión Europea, así como la
asunción directa y en políticas concretas de las propuestas de la
cumbre contra el cambio climático de Kioto, y en ese sentido un giro
en la política agrícola, ganadera y pesquera a partir de la
concepción de un proceso de producción alimentaria que garantice la
seguridad. Finalmente, también en este ámbito, el reconocimiento y la
propuesta para desbloquear la situación que el Gobierno balear ha
creado con la ecotasa. Nosotros creemos que la ecotasa es una
necesidad para los territorios que reciben una importante presión de
carácter turístico y urbanístico y también para la eliminación de
residuos.
Estas son las propuestas de Esquerra Republicana: financiación,
pluralidad cultural del Estado, a favor del medio ambiente y
finalmente, también la reivindicación normal de un partido
independentista como Esquerra Republicana a favor del derecho a la
autodeterminación.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, los andalucistas
hemos presentado también nuestra cuota de propuestas, cuatro, dos de
las cuales afectan a transferencias. La primera afecta a las
transferencias a las políticas activas de empleo, transferencias que
como SS.SS. saben llevan pendientes el tiempo transcurrido de
legislatura, con promesa del Gobierno de haberlas hecho con eficacia
del 1º de enero de este año, y según las últimas informaciones con
previsiones para que puedan producirse estas transferencias a final
de año y que sean eficaces el 1º de enero de 2002. Me parece que
estamos ante una transferencia importantísima para Andalucía no sólo
desde el punto de vista competencial sino también para la eficacia de
la lucha contra el desempleo.
Hay una segunda propuesta respecto a las transferencias de las
cuencas hidrográficas andaluzas, la del Sur, y sobre todo también la
reivindicada cuenca hidrográfica del Guadalquivir.
Una tercera propuesta afecta a la financiación de los municipios
turísticos y propone que se contemple como criterio de financiación
de las administraciones locales en la Ley de haciendas locales la
variable de población turística añadida a la población de derecho que
actualmente tienen. Nos parece que soluciona un problema grave de
muchas ciudades de este país que tienen una población flotante a
veces superior a la población real de hecho.
La cuarta propuesta se refiere a un plan de acción y de ayuda a
aquellos municipios más afectados por la ruptura del acuerdo con
Marruecos en general, y en particular un plan de acción puntual
respecto a Barbate, por centrarse en ese municipio la pesca artesanal
que tradicionalmente faenaba en caladero marroquí, de imposible
traslado a otro lugar y por tanto abocada a una reconversión que no
es sino la destrucción de ese sistema, por lo que es necesario
establecer una nueva base económica que dé riqueza y empleo en ese
lugar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, una de las virtualidades que tiene un
debate como el que estamos desarrollando es poder presentar
propuestas de resolución que sin duda expresan las posiciones y las
preocupaciones
de los grupos políticos ante los problemas que afectan a la sociedad.
Como saben SS.SS., el Bloque Nacionalista Galego es muy crítico con
muchas decisiones políticas que adopta el Gobierno respecto de las
necesidades económicas, sociales, culturales o políticas de Galicia.
Unas decisiones políticas que creemos no atienden a esas necesidades
y que además no sólo no caminan en la dirección de corregir el más
que evidente retraso en el desarrollo económico de Galicia en cuanto
al conjunto del Estado o de Europa, sino que lo perpetúan. Tendríamos
por tanto materia para someter a la aprobación de esta Cámara un buen
número de propuestas de resolución, pero nos limitaremos a presentar
las que el Reglamento nos permite y a hacer una breve defensa de sus
contenidos diciendo en primer lugar que son propuestas que responden
a necesidades objetivas o demandas básicas de la sociedad gallega y
que por eso deberían ser fácilmente asumibles por el conjunto de la
Cámara.
La propuesta número 42 pretende que el Gobierno actúe para corregir
una situación a todas luces discriminatoria para los productores del
campo de Galicia, por otro lado incomprensible ya que los productores
de Galicia sólo reciben el 1,51 por ciento del total estatal de las
ayudas europeas a la agricultura y a la ganadería vehiculizadas a
través del Feoga-garantía; es decir, de los 962.496 millones que en
el año 2000 percibió el Estado vía Feoga-garantía, Galicia recibió
exclusivamente 14.586. Para que esta situación deje de ser injusta
y discriminatoria, se debe implicar activamente al Gobierno en su
corrección.
La número 43 también demanda del Gobierno su implicación -y quiero
decirlo a su máximo nivel- para que la política común de pesca que va
a ponerse pronto en marcha cambie la filosofía y la práctica actual,
que está perjudicando nuestros intereses pesqueros, por otra
filosofía y otra práctica orientadas precisamente a defender los
legítimos intereses de nuestra flota, sea en aguas comunitarias o
internacionales. Señorías, esa nueva orientación de la política común
de pesca que el Bloque Nacionalista Galego demanda es básica, es
fundamental para la supervivencia del sector pesquero.
La número 44 insiste en demandar del Gobierno que realice los
esfuerzos necesarios para reparar lo que creemos otra injusticia como
es la exclusión de la actual Izar Fene de la construcción naval
convencional, lo que evidentemente dificulta tanto la pervivencia
como el futuro desarrollo de la construcción naval, de tanta
tradición e importancia para Ferrol y comarca y tan básica para su
desarrollo socioeconómico.
Con la número 45 pretendemos que el Gobierno adquiera compromisos
concretos de actuación para mejorar las actuales prestaciones
sociales de los emigrantes, poniendo en marcha políticas concretas
que favorezcan un retorno que muchos de ellos desean y se garantice
el ejercicio de sus derechos como ciudadanos,
entre los que se encuentra el derecho de voto en plano de igualdad
con los demás ciudadanos del Estado.
Por último, la número 46 pretende la implicación del Gobierno para
que apueste por la ubicación de la Agencia europea de seguridad
marítima en Galicia. Y no lo proponemos por capricho, sino en función
de que esa ubicación sería la más lógica teniendo en cuenta la
importancia del corredor marítimo de Finisterre.
No quisiera finalizar, señora presidenta, sin una referencia
telegráfica a la propuesta que el Bloque Nacionalista Galego firma
conjuntamente con el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que simplemente demanda
unas medidas básicas, mínimas, de sentido común para que en la
práctica se vehiculice la posibilidad del uso de las lenguas del
Estado distintas del castellano en diversos ámbitos en función de lo
establecido en la propia Carta Europea para las lenguas regionales o
minoritarias. En esencia, que se avance en la práctica en el respeto
a la realidad plurilinguística del Estado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, señorías, el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria se honra en presentar 21
propuestas de resolución divididas en tres grandes bloques. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El primero,
además de por Coalición Canaria, está firmado por el Partido Popular
y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por lo
que sus portavoces hablarán también de él en su intervención. Abarca
cinco grandes temas: la familia, la inmigración, la financiación
local, la hacienda y la economía del Estado español. Entendemos que
son valores de Estado y por eso los hemos suscrito conjuntamente,
dando una prueba del principio de solidaridad y de la preocupación
por dichos aspectos: la hacienda y la economía y sobre todo la
inmigración, la financiación local y la familia, algo que preocupa
mucho en el archipiélago canario. (Rumores.)
El segundo bloque, señorías, consta de cinco propuestas de resolución
firmadas por Coalición Canaria y por el Grupo Parlamentario Popular.
Se refieren a la cooperación, al medio ambiente y a sus moratorias,
al desarrollo sostenible de futuro del turismo en un área sensible
como Canarias y a la construcción, puesto que no queremos morir
ahogados en un mar de cemento ni que las costas se contaminen. Y
finalmente está la participación de las comunidades autónomas en los
asuntos europeos, algo para nosotros importante. Canarias tiene un
régimen fiscal y económico específico, así como un tratamiento
singular en la Unión Europea en
temas relacionados con la política exterior, la agricultura, la pesca
y la alimentación.
Junto a estas diez propuestas de resolución, Coalición Canaria ha
presentado otras 11 específicas que constituyen el tercer bloque y
que se refieren a temas que tienen un arraigo fundamental para
nuestro archipiélago canario. Las enumero rápidamente. Está el pacto
autonómico, puesto que entendemos que una comisión bilateral entre el
Gobierno central y el de Canarias es fundamental para que se puedan
tratar ante la Unión Europea una serie de aspectos que no afectan ni
al territorio peninsular ni a Baleares, pero sí de una manera muy
concreta a Canarias. En relación con nuestra financiación autonómica,
hacemos una petición a través de esta propuesta de resolución, que es
que se mantenga el diferencial fiscal que existe entre la economía
y la hacienda peninsular y la canaria, puesto que es fundamental. Por
otra parte, reivindicamos a través de los Presupuestos Generales del
Estado y de los pactos entre el Gobierno del Partido Popular y
Coalición Canaria el tema del déficit de la sanidad en relación con
los residentes europeos en nuestro Archipiélago y la fragmentación de
nuestro territorio. Y qué decir de este pacto de financiación
autonómica para atender las infraestructuras en carreteras,
equipamiento y empleo en Canarias como región ultraperiférica.
(Rumores.) Otro aspecto es la fiscalidad de los nuevos impuestos que
afectan a Canarias, en relación con lo cual pedimos al Gobierno
central una actuación diligente ante los órganos de la Unión Europea
para que en impuestos nuevos, como el de la entrega de mercancías, se
despeje esta incógnita, fundamental para que el Gobierno de Canarias
tenga unos ingresos fiscales ordenados y acordes con la normativa de
la Unión Europea.
La propuesta de resolución número 92 está dirigida a un desarrollo
estatutario jurídico específico de Canarias como región
ultraperiférica de la Unión Europea. Es la más extensa de todas las
propuestas de resolución que hemos planteado al estar basada en el
artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam. Aquí hacemos una serie de
recomendaciones y solicitudes al Gobierno, yendo desde el denominado
Poseican agrícola y el tratamiento favorable que queremos que se dé a
las producciones agrarias y alimentarias en Canarias hasta los nuevos
impuestos y figuras impositivas que se desarrollan allí. (Rumores.)
Pasamos seguidamente, señorías, a la propuesta de resolución que
viene a reforzar toda la actuación, dentro de la Unión Europea, de
una concordancia de intereses de Estado, pero referidos a Canarias,
entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias, para que haya
una armonía de intereses. (Rumores.) Lo relacionamos con la propuesta
de resolución número 94, referente a los acuerdos internacionales.
¿Qué pedimos en ella? Que cada vez que el Gobierno español firme un
acuerdo o convenio internacional sobre una materia que afecte a las
competencias estatutarias de Canarias
ante la Unión Europea tenga en cuenta esta peculiaridad
y particularidad, para que Canarias no salga perjudicada en ninguno de
los aspectos allí reflejados, sean vertidos radiactivos en aguas
canarias, sean cuestiones relacionadas con la pesca, con los
transportes internacionales, con la meteorología, con el turismo, con
la conservación de la naturaleza... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Mardones, un momento.
Señorías, el rumor es cada vez más intenso. Rogaría, por favor, que
bajasen el tono de sus conversaciones. Gracias, señorías.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
La propuesta de resolución número 96 solicita una intensificación de
las actuaciones estatales en la revisión del plan integral de empleo
en Canarias, verdadera pieza maestra de nuestra política laboral
dirigida fundamentalmente a jóvenes, a mujeres y a marginados
sociales. Esta llamada de atención sobre la juventud, sobre la mujer
en Canarias y sobre los parados de larga duración constituye uno de
los ejes de la política social que el Gobierno de Coalición Canaria
se honra en defender en el amplio espectro de la política en el
Archipiélago y en conexión con los planes estatales de empleo.
La propuesta número 97 está dirigida al reforzamiento de las medidas
de seguridad ciudadana. Nosotros pedimos al Gobierno que Canarias,
como zona de destino turístico, como zona de posible actuación de
mafias internacionales, necesita una protección de los poderes del
Estado, y es el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, quien tiene que continuar haciendo un esfuerzo
de protección de un bien público como es la calidad de la vida en
cuanto a la seguridad ciudadana.
La resolución número 98 trata de armonizar la legislación española
con la internacional y la competencia del Gobierno de Canarias con
respecto a las aguas interiores. Nosotros nos sometemos, como
respetuosos de un Estado de derecho nacional e internacional que
somos, pero exigimos también la defensa de nuestro estatuto de
autonomía y las competencias anejas que tenemos en el tema de las
aguas archipielágicas, respetando el artículo 2 del Estatuto de
Autonomía de Canarias y la Convención del derecho del mar que en su
día firmó España y ratificamos en esta Cámara.
Finalmente, la propuesta de resolución número 98 trata de un tema de
honda sensibilidad en Canarias. Se refiere al apoyo al pueblo
saharaui, al apoyo a un plan de paz de Naciones Unidas en algo que es
para nosotros no solamente proximidad geográfica en el mapa -a 100
kilómetros escasos de distancia de nuestras costas-, sino un
compromiso moral del pueblo canario con el pueblo saharaui. Lo que
queremos es que pre-
valezcan en el derecho internacional los acuerdos de Naciones Unidas
con respecto al referéndum de autodeterminación y que aquella zona no
entre en conflicto bélico y sea una zona de paz. Esa paz se la
deseamos fundamentalmente desde Coalición Canaria al pueblo saharaui.
Estas son, señorías, nuestras 21 propuestas de resolución, que al
hilo de lo dicho por nuestro portavoz ayer aquí en el debate sobre el
estado de la Nación mi grupo parlamentario apoya en representación
del pueblo canario, pidiendo el apoyo a esta Cámara en un sentido de
racionalidad, demostrando que podemos compatibilizar lo que son
intereses legítimos de nuestra comunidad en estas 11 propuestas de
resolución específicas que firma en solitario nuestro grupo con las
10 que en firma conjunta con el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Catalán de Convergència i Unió; hacemos un ensamblaje de la
España de las autonomías, pidiéndoles también este apoyo a las otras
fuerzas nacionalistas, bien el Grupo Parlamentario Vasco, bien el
Grupo Mixto, estando como estamos en la sintonía de entender la
convivencia en el diálogo y en la complementariedad en el Estado
español.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario del PNV, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco, en coherencia con la exposición
realizada por su portavoz en el debate de ayer, presenta 17
propuestas de resolución agrupadas en cuatro bloques. Un primer
bloque relativo a la pacificación y normalización de Euskadi, un
segundo bloque relativo a su autogobierno con propuestas de futuro,
un tercer bloque que hace referencia a la economía y a las
inversiones que en el ámbito de sus competencias el Estado debe
realizar en nuestra comunidad autónoma y un cuarto bloque que quiere
subrayar la dimensión plurinacional, pluricultural y plurilingüe del
Estado.
Comenzando por el primer bloque que, tal y como sostuvo ayer en esta
tribuna el portavoz del grupo parlamentario, hace referencia al
proceso de normalización y pacificación de Euskadi, desde el Grupo
Parlamentario Vasco entendemos, y así lo plasmamos en esta propuesta
de resolución, que debe impulsarse una nueva etapa tanto en las
actuaciones interinstitucionales como en las actuaciones
interpartidistas en este ámbito de actuación, tanto en lo que se
refiere a la movilización y concienciación ciudadana como a la
generación de dinámicas tendentes a la consecución de este objetivo.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que las
elecciones del 13 de mayo
deben estar presentes en la adopción de los acuerdos que hoy tome
esta Cámara. Eso sería tener respeto a los ciudadanos vascos. En
nuestra opinión no vale el sostenella y no enmendalla o formular
planteamientos que en nuestra opinión son ciertamente
antidemocráticos, como decir que no se pueden alterar las propuestas
al albur de las coyunturas electorales, que es ciertamente difícil de
sostener en una democracia, o plantear que lo que se pretende es
elaborar una alternativa democrática, que da a entender, señorías,
que la alternativa victoriosa del 13 de mayo es una alternativa no
democrática. Entendemos que desde lo que ha sido el debate electoral,
que desde el planteamiento de los ciudadanos vascos expresado
libremente en las urnas, es el momento adecuado para que todos nos
pongamos en esa sintonía con el objetivo de lograr la tan ansiada
normalización y pacificación de Euskadi. En esta línea es indudable
que garantizar a los ciudadanos un espacio de convivencia en paz, en
libertad y en el respeto, manteniendo el respeto debido a los
derechos humanos en su defensa y a la libertad ideológica y de
expresión, es el ámbito adecuado en el que hay que entroncar estas
propuestas.
Dado que existe un camino que no está lo suficientemente trillado en
este momento a los efectos de que esta garantía de los derechos de
los ciudadanos por parte de la Ertzaintza, de la Policía autónoma
vasca, pueda ser cumplimentada, en una segunda propuesta de
resolución proponemos la presencia del Gobierno vasco en el
denominado tercer pilar de la Unión Europea, que -como saben- hace
referencia a los asuntos de justicia e interior, mediante el impulso
de la participación en los órganos europeos que planifican y
desarrollan el espacio europeo de seguridad. Conocen SS.SS. que la
frontera del Pirineo es hoy en día meramente una frontera psicológica
para los ciudadanos, incluso para los agentes de las Fuerzas de
Seguridad del Estado. Sólo tiene una excepción y es que la Ertzaintza
no puede actuar en contra de los delincuentes, en la persecución en
caliente cuando unos delincuentes están cometiendo algún delito. En
esta propuesta de resolución solicitamos que se establezcan los
mecanismos oportunos para que esta superación se lleve a cabo en el
plazo más breve posible.
Una tercera propuesta de resolución trae nuevamente a esta Cámara el
tema de la política penitenciaria, dado que estas propuestas de
resolución, que abarcan el bloque de la normalización y la
pacificación de Euskadi, buscan un marco de distensión en la
convivencia, un marco que conlleve a la consecución de estos
objetivos que conduzcan a la paz. Esta Cámara aprobó el 10 de
noviembre de 1998 una proposición no de ley en la que se instaba al
Gobierno a realizar una nueva política penitenciaria, que instaba al
Gobierno a la solidaridad efectiva con las víctimas del terrorismo y
que instaba al Gobierno al diálogo, al consenso y al respeto de los
principios democráticos como método de trabajo para la culminación de
estos objetivos. Nosotros volvemos a
poner encima de la mesa, porque creemos que tiene más actualidad que
nunca en esta coyuntura política, esta propuesta de resolución, que
esperamos, al igual que las otras en este bloque de pacificación y
normalización de Euskadi, conozca la mayor consideración por parte de
SS.SS.
En un segundo bloque hacemos una propuesta de autogobierno. En esta
Cámara y en el propio discurso político, muchas veces de forma
grandilocuente y reiterada, se hace una reivindicación nominal del
estatuto y, por otra parte, observamos la real negación de su
cumplimiento, muchas veces de una forma solapada. Por ello, ponemos
encima de la mesa la propuesta de resolución número 4, que solicita
el cumplimiento íntegro y urgente del Estatuto de Gernika. Señorías,
vamos a dejarnos de nominalismos y de planteamientos huecos y hueros,
y vamos a aprobar que los contenidos, tanto los vivos como aquellos
nonatos, del Estatuto de Gernika sean puestos en vigor y se cumpla,
aunque sea 22 años después -ya es hora-, la legislación vigente. Y
proponemos que el método de trabajo sea aquel que - por unanimidad,
con excepción de Herri Batasuna- aprobó el 20 de octubre de 1995 la
Cámara vasca, para afrontar los desafíos de autogobierno que tiene el
pueblo vasco.
En este mismo bloque y en el contexto de la discusión que se realizó
en el día de ayer, en relación con la renovación del concierto
económico vasco, solicitamos que el Gobierno reanude con carácter
inmediato la negociación entre las instituciones vascas y el Gobierno
del Estado para la renovación de este concierto económico,
consolidando y desarrollando la capacidad normativa atribuida a las
instituciones vascas en el concierto vigente y sobre la base de una
duración temporal ilimitada del mismo.
Dentro de este mismo bloque, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco
plantea que deben adoptarse las decisiones políticas oportunas para
que Euskadi tenga presencia directa en las instituciones de la Unión
Europea, con responsabilidad y autonomía propias.
Un tercer bloque, señor presidente, tal y como he indicado, hace
referencia a las inversiones que el Estado debe realizar en el
ejercicio de sus competencias en Euskadi. Solicitamos que aquellos
créditos que están ya comprometidos, aquellas previsiones
presupuestarias que están realizadas en el horizonte de los planes de
infraestructuras del año 2007 queden recogidos en este debate y haya
un compromiso efectivo y real para su cumplimiento. Asimismo, la
propuesta número 8 solicita que se establezcan por parte del Gobierno
las medidas oportunas para garantizar que la contribución financiera
de los fondos europeos se distribuya entre las distintas
administraciones del Estado en relación directa a su propio nivel
competencial, especialmente en las materias referidas a medio
ambiente y transportes, teniendo en cuenta básicamente las
competencias que en estas materias ostentan los territorios forales.
No se les oculta, señorías, que en este contexto la Ley de
estabilidad presupuestaria -aquello que el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco calificó ayer como la Loapa financiera- es una
grave y una seria preocupación para el Grupo Parlamentario Vasco, que
en la propuesta de resolución número 9 expone los criterios a través
de los cuales estos objetivos de estabilidad presupuestaria, de
déficit cero o el correspondiente superávit debieran considerarse por
parte de esta Cámara.
En un último bloque, el Grupo Parlamentario Vasco solicita que esta
Cámara ratifique aquel aspecto constitucional que hace referencia a
la dimensión plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado.
El Grupo Parlamentario Vasco, además de demandar una actuación leal y
positiva en el esfuerzo de normalización lingüística desarrollado por
las instituciones vascas, lo que viene a solicitar en esta propuesta
de resolución es que la Administración del Estado asuma los objetivos
de las instituciones vascas en estas materias, de acuerdo con las
responsabilidades que le son propias como titular de las
instituciones de su competencia y que, en consecuencia, se presente
en esta Cámara un plan de normalización lingüística, del uso de las
lenguas oficiales del Estado en las administraciones bilingües, en
sintonía precisamente con estas leyes de normalización del uso de las
lenguas que distintas comunidades autónomas tienen vigentes en sus
ámbitos de su competencia.
La propuesta de resolución número 13 solicita que la Fundación vasca
para la formación continua, Hobetuz, perciba los importes pendientes
de la recaudación de las cuotas correspondientes a los ejercicios de
los años 2000 y 2001.
La propuesta de resolución número 14 hace referencia a la Comisión
que esta Cámara constituyó en relación con el estudio que debía
realizarse sobre el exilio derivado de la Guerra Civil. Como saben
SS.SS., las Cortes Generales decidieron incluir en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 una cantidad para que estos
estudios pudiesen llevarse a cabo. Esta Comisión se constituyó,
desarrolló sus trabajos, adoptó sus propias propuestas y hoy es el
día, desde el 29 de noviembre de 2000, que el Ministerio de Educación
y Cultura sigue sin cumplir los acuerdos adoptados por unanimidad en
esta Cámara. La propuesta de resolución solicita el cumplimiento de
los acuerdos adoptados por esta Comisión por unanimidad.
No queríamos dejar de hacer, señor presidente, un recuerdo especial
al reconocimiento de los derechos políticos y morales de todos
aquellos ciudadanos españoles que fueron encarcelados, torturados o
sometidos a trabajos forzados, tanto por el régimen franquista como
por el III Reich. Por esta razón, la propuesta de resolución número
15 solicita que se reconozcan esos derechos políticos y morales y que
exista un resarcimiento de cara a este colectivo.
Finalmente, señor presidente, quisiera notar la singularidad de la
presentación de una propuesta de resolución conjunta por parte del
Grupo Parlamentario Catalán de Convèrgencia i Unió, del Grupo
Parlamentario Vasco y del Bloque Nacionalista Galego, sobre el
cumplimiento de las disposiciones de la Carta europea para las
lenguas regionales y minoritarias que formulamos en el contexto de lo
que se viene en denominar la Declaración de Barcelona.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Izquierda Unida, al margen de cualquier tentación de guante blanco y
desde una oposición definida y decidida de izquierdas, presenta 25
resoluciones, es decir 25 soluciones, desde el punto de vista de la
izquierda, a 25 problemas no pequeños que presenta el modo de
gobernar del Gobierno de don José María Aznar, caracterizado
fundamentalmente en este período, teniendo en cuenta la mayoría
absoluta, por una especie de turboaznarismo que está agudizando los
problemas que ya teníamos en el anterior período.
Presentamos estas resoluciones en un momento de fortísima tentación
bipartidista, tentación que en muchos casos deseca la democracia,
margina a las minorías y anula en algunos aspectos la dinámica
territorial de muchos grupos. Además es un momento, señorías, en el
que dos grandes partidos de la Cámara parecen disputarse el centro
político en este período de mayoría absoluta, en el que han cambiado
los sesgos y los ritmos, sin darse cuenta de que el centro no es un
punto fijo, sino un punto equidistante que se traslada ahora poco a
poco a la derecha en función de planteamientos que se están haciendo
por mor y gracia de la mayoría absoluta. Por tanto, en el fondo, las
soluciones a las que se está llegando -veáse el pacto de la justicia
o el documento sobre antiterrorismo- son documentos cerrados,
excluyentes y que tienen un sesgo tendente más que al centro, al
centro derecha. Desde ese punto de vista, nosotros realizamos una
crítica a esa situación -ya se hizo ayer y ahora mismo la resumo- y
planteamos 25 soluciones.
El primer bloque de soluciones se presenta en contra -por tanto dando
una alternativa- del giro a la derecha y a la insolidaridad que
significa la actual política del Gobierno de don José María Aznar.
Por ejemplo, con la reforma laboral, el Partido Popular y el Gobierno
le han hecho el trabajo sucio a la patronal. Cuando dijeron aquello
de: si no hay acuerdo en la mesa de negociación, nosotros, de todas
formas y pronto, legislaremos, ya habían roto esa negociación y la
habían
volcado hacía la derecha. Por tanto, señalamos que la reforma laboral
no es válida, que plantea de nuevo el trabajo basura de manera clara,
fundamentalmente a través de los contratos laborales, y no podemos
aceptarlo de ninguna manera por el fondo y la forma. Proponemos un
plan de empleo basado en las 35 horas semanales de jornada por ley,
sin reducción salarial. Establecemos la necesidad específica de un
plan juvenil de empleo. Y respecto a los precios, ya estamos hartos
de una política de precios que dinamiza el liberalismo de un Gobierno
que ni sabe ni quiere ni puede intervenir en el control de los
precios, que simplemente ataca cuando ataca la supuesta inflación a
través del intento de criminalizar, de satanizar, de reducir, de
congelar los salarios. Señorías, estamos ante una inflación de
beneficios y, por consiguiente, damos alternativas a esta situación
hablando de la reinversión de beneficios, de la constitución de
fondos de inversión obligatorios.
Por lo que se refiere a las pensiones, cuando el señor presidente
habla de que hay que incentivar los fondos complementarios, no está
dando la otra cara de la moneda, que es que a partir del año 2003 se
va a realizar el cálculo de las pensiones sobre toda la vida laboral,
con lo cual los sindicatos mayoritarios han calculado que se
rebajarían un 20 por ciento la inmensa mayoría de las pensiones,
luego damos una alternativa a esta situación hablando de ese margen
como máximo de 15 años a la hora de realizar el cálculo de las
pensiones. En cuanto a la siniestralidad, una parte fundamental de
esta Cámara hizo un auténtico ejercicio de insensibilidad cuando los
trabajadores trajeron aquí 650.000 firmas para atajar el problema de
la siniestralidad: temporalidad, subcontratas, economía fácil y
especulativa, descontrol, falta de inspectores, que están generando
la realidad de cinco muertes diarias, y no es razón de rentabilidad
económica simplemente, sino también de este tipo de cuestiones a las
que damos alternativas en función de las propuestas en positivo que
han presentado los trabajadores. (Rumores.)
En cuanto a Sintel, señorías, estamos ante una de las gestas de lucha
obrera más importante, si no la más importante, desde el año 1978 a
esta parte. Llevan cinco meses en la Castellana, diez meses sin
cobrar y mantienen en alto con moderación, con equilibrio, pero con
audacia, la lucha por que se recomponga la empresa y por recuperar la
dignidad del trabajador. El presidente del Gobierno tiene una
responsabilidad parlamentaria aprobada por consenso de esta Cámara, y
política, que hasta ahora no ha cumplido. Se ve alguna luz al final
del túnel, pero no se termina de salir de este túnel negro de un
abandono de 1.800 trabajadores, 1.800 personas afectadas, que merecen
un mejor destino.( Rumores.)
Con respecto a la inmigración, señoría, lo primero es decir que
aquella gran idea que frustró una ley consensuada, esto es, que
suponía el efecto llamada, es una idea falsa. Ayer mismo entraban en
España 300 inmi-
grantes que fueron retenidos y otros 500 ó 600 a los que no se pudo
retener. Por tanto, no había efecto llamada en la anterior ley. No
era verdad. Se cambió la ley. Se hizo una sin derechos fundamentales,
sin asociación, sindicación, manifestación, huelga y estamos en una
situación en que cada delegación del Gobierno establece criterios
diferentes a la hora de regularizar. Hagamos una regularización total
y extraordinaria. Por así decirlo, pongamos el cuentakilómetros a
cero y empecemos a hablar entre todos de cupos, hablar de
normalización, de regularización, pero a partir de esa normalización
general, de esa regularización extraordinaria. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, perdone un
segundo.
Señorías, es casi imposible seguir la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en estos momentos.
El señor ALCARAZ MASTATS: Muchas gracias, señor presidente.
Planteamos la necesidad de una batalla firme contra la globalización,
ese imperialismo financiero sin fronteras que está afectando de lleno
a todas las legislaciones laborales, a los derechos laborales, a los
derechos de la mujer, a los derechos de los niños y también a la
estructura medioambiental. En esta batalla hay que saludar la batalla
de miles de personas que luchan contra la globalización desde un
punto de vista pacífico, que ven cómo en Barcelona hay una estrategia
desde posiciones contrarias que intenta criminalizar estas
movilizaciones. Cuando se dan las primeras agresiones a cristaleras y
establecimientos públicos, en Barcelona es el servicio de orden de la
manifestación el único que funciona y cuando acaban estas primeras
provocaciones de 40 ó 50 personas, la Policía ataca al conjunto de la
manifestación y prolonga y amplía las consecuencias de lo que había
pasado anteriormente y criminaliza a la inmensa mayoría, al 98 por
ciento que eran pacifistas. Nosotros pedimos el cese de la delegada
del Gobierno en Cataluña por incompetencia y por haber montado una
estrategia utilizando a policías disfrazados, una estrategia
consciente para criminalizar a los que están luchando pacíficamente
contra la globalización, contra el imperialismo financiero.
Respecto a Euskadi nosotros hemos planteado en esta Cámara mociones;
una de ellas de enorme importancia, que fue aprobada, habla de
diálogo y de entendimiento. Ahora con más razón, después de que hayan
hablado las urnas, tenemos que entendernos todos los partidos
democráticos, todos los partidos que condenamos la violencia. Hay que
entenderse. No valen pactos bipartidistas de corte excluyente; no
sirven. Hay que entenderse porque lo dice la inmensa mayoría de la
gente. Entiéndanse ustedes y empiecen a solucionar el problema en sus
dos vertientes: lucha antiterrorista con
la coordinación policial precisa de la Ertzaintza y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y lucha por la normalización, por un
proceso de paz en Euskadi, teniendo en cuenta que supone también
desde el principio un problema político.
Pensamos, señorías, que está bajando mucho en este país la calidad
democrática por una mayoría absoluta mal gestionada, como
prácticamente todas las mayorías absolutas gestionadas por quien no
ve crecer la hierba. Como digo, está bajando la calidad democrática y
se nota en muchas contradicciones que emergen a veces como titulares
de prensa, pero que están ahí de manera recurrente emergiendo a
diario en la realidad que vivimos. En función de esto nosotros
pedimos, por ejemplo, que el nombramiento del fiscal general del
Estado sea aprobado por el Parlamento, y que por tanto se eviten
cosas que están sucediendo ahora que derivan de la dependencia del
fiscal general del Estado del Gobierno. Pedimos que esta Cámara
también nombre al presidente del Centro de Investigaciones
Sociológicas. Ya hemos visto en Comisión que fue el mismo presidente
el que dijo que no había fecha, no había por qué darse para la
publicación en tiempo y forma la encuesta de Euskadi y que la de
Cataluña se hizo sin más explicaciones, lo cual supone realmente una
discrecionalidad del presidente del CIS. Pensamos que el director de
Radiotelevisión Española debe ser elegido también por este
Parlamento, por un tiempo superior al que dure la legislatura para
que no haya dependencias que anulan el funcionamiento constitucional,
el derecho de acceso, la pluralidad, la objetividad y naturalmente el
derecho de los partidos políticos a verse reflejados a través de los
medios públicos de comunicación. Abogamos, por fin, por la creación
en España de una autoridad democrática en comunicación que no tiene,
el único país europeo que prescinde de esto. Consiguientemente
abogamos por la creación del Consejo de la comunicación, organismo de
extracción parlamentaria e independiente absolutamente del Gobierno.
Respecto a la corrupción, ¿qué decir, señorías? En Izquierda Unida no
queremos ser ejemplo de nada, no somos santos, pero sí podemos dar
una cierta polarización si queremos y podemos marcar una cierta
referencia en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué luchamos contra
la corrupción? Por mezclar siempre la ética con la política, porque
luchar contra la corrupción asegura siempre la defensa del dinero
público y porque luchar en este país hoy contra la corrupción es
luchar -algo que a nosotros nos interesa mucho- a favor de la
política y a favor de los políticos. Por eso luchamos contra la
corrupción, no porque seamos gente santa que no sabe exactamente cuál
es el motor de su lucha. En función de esta batalla qué menos que
pedir el cese inmediato de los señores Piqué y Matas, incursos en una
investigación fiscal y judicial de presuntos delitos, siguiendo
incluso la propia estilística que marcó el señor Aznar cuando estuvo
en la oposición.
En política exterior últimamente nosotros hemos visto cierta
indignidad. Como diría el poeta finamente, ese balancín de síes en el
rostro del señor Piqué cuando recibió al representante del imperio no
nos pareció bien. No encuentro otra fórmula más caritativa para
decirlo que aludir al poeta granadino Javier Egea. En todo caso,
nosotros queremos aludir seriamente a los compromisos de España con
el Sahara Occidental. La ONU ha tomado una resolución intragable,
inaceptable: que durante cinco años dependa el Sahara Occidental de
Marruecos y luego se convoque un referéndum, que no sería ya sobre
autodeterminación, con un censo en función del último año, con lo
cual estamos ante una trampa que va a provocar sin duda un estallido
bélico que nadie queremos.
VICEPRESIDENTE El señor (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, le ruego vaya
concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Ese compromiso hay que cumplirlo desde
España, por lo que planteamos una resolución en consonancia con la de
Coalición Canaria, que nos parece también completa, respecto al
Sahara Occidental. Nosotros creemos que el 0,7 por ciento debe
funcionar para ser solidarios con los países del Tercer Mundo.
Recuerden el chiste de El Roto en el que decía un ciudadano del
Tercer Mundo: Les agradezco que sólo se queden ustedes con el 99,3
por ciento de los fondos que consiguen. Nosotros estamos
decididamente contra el escudo antimisiles y lo hemos dicho. El señor
Trillo dijo que no había posición, que no era verdad que se hubiesen
definido, y acto seguido el señor Aznar dijo que era posible, que era
viable, que lo iban a apoyar, aunque su posición estaba fragilizando
la de la Unión Europea. También estamos en contra de la ampliación de
las bases de Rota y Morón y contra la creación de la base de Bétera
en Valencia. Vamos a luchar para que la próxima conferencia
intergubernamental de la Unión Europea empiece a trabajar por una
Constitución europea donde la Carta Fundamental de los Derechos
Humanos sea vinculante.
Respecto a los servicios fundamentales, de los que no se ha hablado
apenas en este debate sino a través de los partidos no mayoritarios,
nosotros pensamos que en educación la propuesta fundamental del
Partido Popular en relación con la Universidad supone una
selectividad trampa. No hay más que decir sobre esto porque
coincidimos con lo que está diciendo la inmensa mayoría de los
estudiantes. Falta dinero. No puede haber calidad en la enseñanza sin
dinero. Al mismo tiempo se quiere atacar, se quiere derruir el
derecho constitucional de la autonomía universitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, le rogaría que
fuese concluyendo ya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.
En relación con la salud, pensamos que hay que llegar a una
financiación estable y superior, porque las listas de espera siguen
aumentando. La enfermedad se quiere meter en el carril del mercado.
Las grandes empresas farmacéuticas que quieren aportar una cantidad
-quien paga manda- nos llevarían a una situación que no es sostenible
desde el punto de vista del mantenimiento de un servicio esencial.
Como ustedes saben, nosotros no planteamos ningún pacto en general.
Sólo vamos a plantear a la Cámara un pacto de Estado por la mujer. La
mujer está emergiendo a lo público con la fuerza del renacimiento,
una fuerza de verdad, competitiva, sana, que no quiere ajustes de
cuentas, que no quiere ningún obstáculo en esta lucha por salir a lo
público. Hasta ahora era la reina, entre comillas, y a veces sólo por
un día, de lo privado y ahora está emergiendo con fuerza a lo
público. Nosotros no dejamos los cauces necesarios, ni las
instituciones ni los hombres en general. Hay que ir a un pacto de
Estado contra la violencia doméstica, contra este terrorismo del
hogar que se está sucediendo con una profusión tremenda y al que se
dedican buenas palabras y muy poco dinero, muy poco presupuesto, por
ejemplo con casas de acogida y soluciones de este estilo. Hay que ir
a una dialéctica de paridad en la sociedad española y en las
instituciones, si puede ser recogida por ley, y hay que ir a una
igualdad de condiciones sociales y económicas empezando por la más
simple: a igual trabajo, igual salario, que no se cumple y por
consiguiente lo que no se cumple es la Constitución.
Nosotros queremos reprobar al señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, señor Árias Cañete. Llevábamos 20 siglos pescando hasta
que ha llegado el señor Cañete. Con eso queda dicho todo.
Respecto a la vivienda...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, ha superado su
tiempo en siete u ocho minutos y me viene repitiendo permanentemente
que termina. Sepa que los tiempos están pactados por la Junta de
Portavoces y todos los portavoces se están ajustando a lo pactado. Le
ruego que termine inmediatamente, no ya por respeto a la Presidencia
sino fundamentalmente al resto de los grupos parlamentarios.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino inmediatamente.
Señor presidente, nosotros planteamos un sistema de financiación
autonómica basado en la solidaridad en el que todas las comunidades
tengan la misma capacidad financiera, la misma autonomía financiera.
En noviembre es el centenario de Pi i Margall. No pedimos un
homenaje, simplemente lo señalamos porque nosotros sí luchamos por un
Estado federal.
Señorías, desde la izquierda planteamos soluciones plenamente
constitucionales -todas ellas se pueden cumplir dentro de la
Constitución-, soluciones de los
rojos, de los verdes, de los violetas, y sentimos mucho que
últimamente seamos de los pocos que en este Congreso estén
defendiendo soluciones constitucionales concretas, directas, posibles
y plausibles desde la izquierda transformadora y alternativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía ayer el portavoz del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió que nuestra aportación a la tarea común de
gobernación del Estado tenía como base y como referente absolutamente
intransigible la realidad nacional de Cataluña y, por tanto, nuestra
capacidad de proyección política toma como base ese reconocimiento
del Estado como una realidad plurinacional, pluricultural y
plurilingüe. De ahí que no deba extrañar a SS.SS. que un bloque
importante de las propuestas de resolución que presentamos en el día
de hoy pretendan precisamente ese reconocimiento; reconocimiento en
unos casos de la necesidad de aumentar el autogobierno de las
comunidades autónomas hacia el exterior y, por tanto, la admisión de
la participación de las comunidades autónomas en la delegación del
Gobierno ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea en aquellos
supuestos en los que se traten o deban debatirse asuntos que son de
la competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Esta es una
resolución que fue aprobada precisamente en el debate de 23 de junio
de 1999. También en este mismo sentido se debe admitir, de acuerdo
con la recomendación del Parlamento Europeo, la posibilidad de
celebrar las próximas elecciones a dicho Parlamento en el año 2004
con circunscripciones electorales de base en la comunidad autónoma,
siempre que así lo resuelvan los parlamentos de las respectivas
comunidades autónomas y que la distribución del número de habitantes
permita una solución proporcional. Pero no sólo pretendemos trasladar
o proyectar el autogobierno de las comunidades autónomas hacia el
exterior, hacia el ámbito internacional, pudiéramos decir, sino que
pretendemos profundizar en el Estado de las autonomías desde una
perspectiva interna. De ahí que tampoco les deba extrañar que
planteemos continuar avanzando en aquel proceso que Convergènica i
Unió pudo impulsar a través de la Lofage y, por tanto, proceder a la
supresión de aquellos organismos de la Administración periférica del
Estado que deban considerase ya absolutamente innecesarios.
El respeto a las lenguas y a las culturas de España, el respeto a esa
realidad pluricultural y plurilingüística tiene dos expresiones en
nuestras proposiciones. Una
de ellas ya ha sido planteada, ya se ha firmado por el portavoz del
Bloque Nacionalista Galego, así como por el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco. Se trata de exigir el cumplimiento de las
disposiciones de la Carta Europea para las lenguas regionales o
minoritarias. Son cuatro disposiciones que sólo pretenden admitir el
reconocimiento de esa realidad pluricultural y plurilingüe en el
ámbito de la Administración del Estado, tanto de la Administración de
justicia como de la Administración ordinaria del Estado, de los
medios de comunicación de ella dependientes y que el Gobierno deba
impulsar y rendir cuentas del impulso de esa protección y respeto a
esas lenguas y culturas minoritarias o regionales, expresión que
utiliza el Consejo y el Parlamento europeos. De la misma manera
pretendemos impulsar -y así lo solicitamos- un proceso legislativo
y de actuaciones administrativas que permita el asiento en los
registros civiles en la lengua propia de la comunidad autónoma, así
como también la expedición de los certificados de dichos registros.
Se han planteado algunos problemas en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, así como en alguna otra comunidad, según tenemos entendido,
y es algo que no tiene sentido después de 23 años de Constitución y
de la aplicación de las leyes de política lingüística de las
comunidades autónomas. En este sentido, debo manifestar la
satisfacción por el voto favorable que nos ha sido anticipado por
parte del Grupo Parlamentario Popular a esto que no es sino una
manifestación de ese reconocimiento de la realidad plurilingüística
del Estado.
Hablar de autogobierno, señorías, es hablar sin duda alguna de la
financiación de las comunidades autónomas. De ahí que hayamos
presentado una propuesta de resolución que pretende impulsar la
modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas
en base a esos principios de suficiencia, de autonomía, de
corresponsabilidad fiscal, de recíproca lealtad; por tanto, que
aquellos proyectos de ley que supongan un incremento de gasto para
las comunidades autónomas deban contemplar también la financiación de
ese gasto, así como también los principios de solidaridad y de
especificidad. Desde nuestro punto de vista, el sistema de
financiación debe tener como elemento fundamental la población, sin
perjuicio de que haya otros elementos como el grado de envejecimiento
o incluso la extensión territorial. En última instancia, está
absolutamente vinculado, señorías, al principio de transparencia. De
ahí que reiteremos la resolución, ya aprobada el día 23 de junio de
1999, de la necesidad de publicar las balanzas fiscales, de efectuar
con transparencia, con publicidad, la determinación de ese saldo de
los ingresos y gastos fiscales de las comunidades autónomas,
incluyendo los flujos financieros europeos. Como saben SS. SS., el
planteamiento de Convergència i Unió tiene como base precisamente esa
autonomía, esa corresponsabilidad fiscal y sin lugar a dudas el
principio de solidaridad.
Hay otras propuestas de resolución de Convergència i Unió,
presentadas con carácter exclusivo o con otros grupos parlamentarios,
que pretenden aumentar el ámbito de autogobierno de las comunidades
autónomas. Permítanme citar únicamente la proposición de resolución
referente a la inmigración, en la que establecemos como condición la
necesidad de colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de
los flujos inmigratorios, en el desarrollo y ejecución de la Ley
Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, así como también los imprescindibles convenios
bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas, que
obviamente deberán contemplar la financiación de este tipo de
actividades.
No podemos hablar de un Estado moderno, señorías, si no realizamos
unas auténticas políticas de cohesión social, de ganar esa
competitividad social, como señalaba ayer el portavoz del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió Xavier Trías. De ahí que
reafirmemos el Pacto de Toledo, por tanto los principios de consenso
y sostenibilidad, cumplimiento de los principios que en él se
encuentran, así como también el aumento de las pensiones más bajas y
el fomento de la previsión social complementaria. Especial hincapié
debemos hacer en las pensiones de viudedad, cuya base de
determinación debe incrementarse gradualmente, así como también
impulsar la compatibilidad, por tanto eliminar la incompatibilidad,
entre las pensiones del SOVI y las de viudedad.
La jubilación flexible es otro de los aspectos que presenta para
nosotros un extraordinario interés, pero en un doble sentido. El
problema no es -que lo es- que hay que intentar fomentar la
permanencia en el mercado de trabajo a partir de los 65 años cuando
así lo desea el trabajador, sino que la permanencia real en el
mercado de trabajo se extingue mucho antes de estos 65 años. De ahí
que pretendamos impulsar medidas para garantizar ese mantenimiento en
el mercado de trabajo de los mayores de 55 años. Entre las políticas
de cohesión social y las de competitividad, nos encontramos con los
trabajadores autónomos. De ahí que también hayamos presentado una
propuesta de resolución que pretende avanzar en ese estatuto del
trabajador autónomo, de la microempresa y del emprendedor, con la
idea de avanzar también en esa equiparación de las prestaciones a los
trabajadores autónomos y en el régimen general de la Seguridad
Social, hablando de incapacidad y de desempleo en aquellos supuestos
en los que éste pueda acreditarse a través de circunstancias
objetivas.
Las políticas de cohesión social tienen para nosotros tres o cuatro
ámbitos de un extraordinario interés. De un lado, las políticas
familiares. Saben SS. SS. el interés que el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió tiene por este tema. De ahí que hayamos impulsado
unas propuestas de resolución con la finalidad de elaborar una
normativa de apoyo, de ayuda a la familia, de acuerdo con las
conclusiones de la subcomisión que
tuvo lugar en el Congreso en la legislatura pasada. Especial interés
tiene para nosotros el aumento de las prestaciones por hijo a cargo,
el plan de guarderías, el tratamiento fiscal favorable a aquellas
familias que tienen discapacitados, así como también aquellas
medidas, sin coste, que pretenden la conciliación de la vida familiar
y laboral, una mejor regulación de los contratos de interinaje que
permita que no se haga de forma que uno se vaya y otro se quede, sin
que el trabajador que va a ser sustituido y el sustituto puedan
convivir en la empresa durante un cierto tiempo. Algunos otros
supuestos que afectan de una forma dura a la organización de la
empresa entendemos que deben ser superados, y así lo ponemos de
manifiesto en esta proposición, que pretende también favorecer
-hablamos de discriminación positiva- la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo.
La política exterior, la política de erradicación de la pobreza, la
necesidad de coordinar esas ayudas públicas y privadas, los
microcréditos, la política en relación a la deuda externa, las
políticas de fomento o políticas de impulso de la paz, procesos de
pacificación, son otras que nos merecen un enorme interés. De la
misma manera que no queremos que las nuevas tecnologías, en lugar de
reducir la brecha entre unos y otros ciudadanos, efectúen procesos de
una mayor marginación y exclusión social. De ahí la necesidad de
avanzar, de fomentar y de acordar que Internet se convierta
precisamente en un servicio de carácter universal.
En última instancia hay que hacer referencia a esos derechos de
tercera generación, como es el derecho al desarrollo sostenible, la
necesidad de presentar y de aprobar el programa de desarrollo
sostenible así como cumplir con lo acordado en la Conferencia de
Kioto.
Señorías, se dice también que la medida de la libertad de un
ciudadano está en función precisamente de la conciencia que éste
tiene sobre su propia seguridad. De ahí que la seguridad, entendida
en un sentido amplio, es algo que ha merecido una gran preocupación
por parte de Convergència i Unió y, atendiendo al resultado del
debate de ayer, hay que señalar que también de otros grupos.
Seguridad en la vertiente de seguridad ciudadana. De ahí que
establezcamos la necesidad de impulsar aquellas modificaciones
sustantivas -estamos hablando del Código Penal y procesales, Ley de
Enjuiciamiento Criminal- para poder atender con eficacia aquellos
supuestos de delitos menos graves y flagrantes así como también los
supuestos de faltas contra las personas y contra la propiedad, que
acaban generando una enorme sensación de impunidad en nuestros
ciudadanos. Se trata de intentar dar un mejor tratamiento a los
supuestos de reincidencia, a los supuestos de organización y sobre
todo un mejor tratamiento procesal, ir a esos procesos inmediatos
-uno de los activos incorporados por Convergència i Unió al pacto de
la justicia- que permitan en plazos de 24 horas enjuiciar con todas
las garantías este tipo de conductas. Pero no
sólo seguridad ciudadana, señorías, también seguridad vial. Hemos
presentado una propuesta de resolución que pretende crear una
subcomisión en la que debe estudiarse algo tan importante como es el
carné de conducir por puntos, que es algo que el Grupo de
Convergència i Unió entiende que generará una mayor seguridad que
otras medidas que en estos momentos estamos aprobando o están en
tramitación.
Qué podemos decir, señorías, de la siniestralidad laboral, porque no
se trata pura y exclusivamente de un planteamiento estricto de
seguridad sino de un planteamiento que afecta a los derechos y a la
dignidad de las personas. De ahí que impulsemos la introducción del
bonus malus en materia de siniestralidad laboral en lo que hace
referencia a las cotizaciones a la Seguridad Social, las deducciones
fiscales por los gastos que se efectúan en esta materia, así como
modificar aquellas primas de cotización en la medida en que debe
ajustarse a una nueva configuración y a una nueva realidad
empresarial española. En cualquier caso, las medidas de fomento de la
seguridad, las medidas de concienciación en algunos sectores
especialmente peligrosos, como es el de la construcción, las debemos
atender.
Competitividad, señorías, pero también cohesión territorial como
vertebración del territorio son las infraestructuras. De ahí que las
infraestructuras en Cataluña hayan merecido una especial atención por
parte del Grupo Parlamentario Catalán.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Silva, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Es necesario atender a esas infraestructuras prioritarias, el tren de
alta velocidad, el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona
y Tarragona, la N-II y la N-340. Hay que señalar, señorías, el Plan
del delta y de los regadíos. Ha sido y es objetivo del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el desarrollo inmediato
de la disposición adicional décima de la Ley del Plan hidrológico
nacional y, por tanto, el desarrollo reglamentario de la misma, que
permita la aprobación del Plan integral del delta del Ebro y la
constitución del consorcio correspondiente, así como de las obras de
regadío vinculadas a ese Plan integral del delta del Ebro y al Plan
hidrológico nacional.
Por lo que hace referencia a las políticas económicas, la
participación de la sociedad civil en aquellas políticas de interés
general, esto es, el mecenazgo, ha sido otro de los objetivos
fundamentales de Convergència i Unió. Lo mismo cabe señalar de la
política agraria: la necesidad de definir la nueva política agraria
comunitaria, en primer lugar, con participación de las comunidades
autónomas; en segundo lugar, impulsar de la Comisión la exigencia de
los Estados del cumplimiento de aquellas medidas de seguridad animal
y
vegetal que son imprescindibles; finalmente, el Plan de ordenación
estructural del sector porcino, que fomente el ciclo integrado.
Señor presidente, en materia de política económica están todas
aquellas medidas que pretenden un crecimiento equilibrado y un
aumento de la competitividad, el estatuto de los emprendedores, de la
microempresa y de los autónomos, al que me he referido anteriormente,
así como también las políticas estructurales o referidas al euro. En
la hacienda general, las medidas de modificación del IRPF, del IVA,
del impuesto sobre sociedades y del IAE, así como en materia de
hacienda local.
Acabo haciendo referencia a dos aspectos de sendas propuestas de
resolución a los que mi grupo prestará un especial interés.
Convergència i Unió votará a favor de aquellas propuestas de
resolución que plantean el reconocimiento del derecho a la
autodeterminación. Es doctrina clásica de Convergència i Unió que la
autodeterminación es un derecho que se tiene y se puede ejercer, esté
o no en el ordenamiento jurídico. En cualquier caso, vamos a votar
favorablemente teniendo en cuenta que la autodeterminación no
presupone necesariamente el camino a la independencia. El president
Pujol lo ha señalado en los días anteriores precisamente en un Estado
que es independiente desde hace relativamente poco. Lamentamos que no
seamos capaces de aprobar una resolución conjunta en materia de
terrorismo y de proceso de pacificación. Convergència i Unió entiende
que aquí hay que apoyar todas aquellas medidas a favor del diálogo
con una exclusión muy clara, y es que no se puede dialogar con quien
no renuncie a la violencia y con quien no renuncie al terrorismo. A
ese, señorías, nosotros no vamos a darle la mano.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, señorías, en el
debate de ayer quedaron de manifiesto dos formas de entender la
política, dos formas de entender la sociedad española y dos proyectos
distintos para el país. Hubo una crítica de fondo por parte de mi
grupo parlamentario a un año que cuando menos puede calificarse de
perdido; perdido para el avance social, perdido para los equilibrios,
perdido para la modernización, perdido para la igualdad, perdido para
la vertebración. Ese discurso, ese mensaje, ese proyecto alternativo
se hizo desde la confianza de estar construyendo por el Partido
Socialista lo que muy pronto será una alternativa para todos los
españoles, una oposición que comprende que no se puede eximir de las
responsabilidades de los ciudadanos respecto de nuestro destino
colectivo. Me explico así sobradamente, señorías de la derecha, que
ustedes no nos entiendan; es perfectamente comprensible. Nunca
pensaron
igual, nunca se comportaron igual. (Rumores.) El señor Rodríguez
Zapatero describió un proyecto de país y todas las resoluciones del
Grupo Parlamentario Socialista se encajan en ese proyecto de país y
desarrollan las grandes ideas fuerza que fueron aquí descritas.
Queremos un país más igual, queremos un país más cohesionado,
queremos un país más moderno e innovador, más fuerte y seguro y
queremos un país con mejores valores cívicos. ¿Por qué queremos un
país con más igualdad? Porque esa es la seña de identidad de todo
progresista y, por supuesto, del socialismo democrático.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes han venido
presumiendo durante estos años de haber desarrollado lo que llaman un
círculo virtuoso del crecimiento económico, pero yo les diré también
que este período ha sido el menos ambicioso en inversión y en
equipamiento social. Sepan ustedes que no es la primera vez que el
país crece (Rumores.), no es la primera vez que el país crece, no lo
es, y sepan SS.SS. que lo importante es crecer pero más aún es saber
cómo se reparte el fruto del crecimiento. Les pondré un ejemplo.
Entre los años 1987 y 1991 España se acercó más rápidamente a los
niveles de bienestar y a la llamada convergencia real con Europa.
(Rumores.) ¿Y saben ustedes por qué? Porque las diferencias se
acortaron. (Aplausos.) Y hoy el país ha crecido económicamente pero
las diferencias aumentan; las diferencias entre los que más tienen y
los que menos tienen aumentan y eso provoca desequilibrios e
injusticia social. (Rumores.) Hay un segundo problema, señorías.
Ustedes nunca reconocieron los efectos de aquel crecimiento
económico. Nosotros hoy sí, aunque lo criticamos por su injusticia y
por su mal reparto. Por eso, señorías, las resoluciones de mi grupo
proponen incrementar el reparto justo del crecimiento económico.
Ustedes presumen de que este año vamos a alcanzar el déficit cero,
pero yo les diré a costa de qué: a costa, señorías, del déficit de
los servicios para los ciudadanos en España (Rumores.), a costa de
que España hoy invierta menos porcentaje de su riqueza en educación
que hace cinco años (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores.),
de que España hoy tenga unos servicios públicos deteriorados
(Aplausos.), de que hoy, señorías, tengamos, por ejemplo, 8.000
personas menos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así
nos explicamos esa increíble recomendación de su responsable de
seguridad en Madrid diciéndonos que nos paguemos la seguridad
privada. (Aplausos.) Eso es inadmisible en un Estado democrático
avanzado, eso es inadmisible.
Señorías, hay que desarrollar un contrato social por el empleo
estable porque ése es el principal problema del país. Por cierto,
señorías, cómo se pueden ustedes atrever a calificar de contratos sin
protección social aquellos cuya protección social ustedes han
disminuido notablemente en su reforma en esta Cámara, como el
contrato de formación, que han ampliado a personas
que lleven tres años en el paro o a inmigrantes? (Aplausos.) ¿Saben
ustedes cuánto se cobra por un contrato de formación? El 75 por
ciento del salario mínimo interprofesional. Y ustedes están
condenando a ciudadanos de este país a pasar toda la vida en período
de formación percibiendo esa retribución. (Aplausos.) Esto, señorías,
¿saben lo que significa? Esto no es ya una ineficacia económica, que
lo es, no es un ejemplo de injusticia social, que lo es, es el mejor
ejemplo del esclavismo moderno. (Rumores.) Sí, señoras y señores
diputados. Por eso hay que promover un contrato social de empleo
estable, mejorar nuestra educación, nuestra sanidad. Aquí no se habló
ayer por parte del presidente del Gobierno de las listas de espera.
(Continúan los rumores.) Han aumentado mucho, señorías, y lo que es
peor, no hay un mecanismo de transparencia mediante el cual el
ciudadano pueda tener garantizado el mismo derecho que los demás a
ser intervenido o atendido cuando legítimamente le corresponda. Por
eso queremos que se apruebe ese sistema de control y de
transparencia. Y, señorías, dado que su ministro de Economía yerra
uno y otro año en algo que es fundamental para la estabilidad y para
el bienestar social como es la previsión de inflación -tres años
consecutivos equivocándose en perjuicio de los más necesitados-, les
proponemos, señorías, una revisión del objetivo del índice de precios
al consumo, para que millones de familias españolas puedan disfrutar
de lo que en justicia les corresponde y no pierdan capacidad de
compra en sus rentas o en sus salarios.
Queremos un apoyo a la familia, un apoyo intenso, con planes de
dependencia, con planes de ayuda a domicilio, con plan de acción
sobre personas con discapacidad y con el plan gerontológico.
Señorías, también queremos un país moderno e innovador. Ayer
propusimos un plan de acercamiento a la media comunitaria. ¿Saben
ustedes en qué situación nos encontramos en estos momentos en
relación con el desarrollo tecnológico y con la sociedad de la
información? Se lo diré. En España el porcentaje de población que usa
Internet es el 11 por ciento; en Europa, el 22 por ciento. En España
tenemos sólo 8,5 ordenadores conectados a Internet por cada 100
alumnos; en Europa, prácticamente el doble. Hagamos un esfuerzo en
esa materia.
Y queremos un país fuerte y seguro; fuerte y seguro, señorías, con
cohesión territorial. Se nos dijo aquí que la Cámara conocía un plan
director de infraestructuras. No se equivoquen, señorías, no lo
conoce. En este país se hace política con impacto territorial sin que
los representantes de los ciudadanos tengan ocasión de discutir los
grandes planes con incidencia en el territorio. Traigan aquí los
planes de infraestructura; acepten una agencia de evaluación de la
cohesión; acepten un principio que significa que todas las políticas
con impacto en el territorio vengan presididas por el criterio de la
evaluación de su cohesión. Exactamente igual que pedimos en Europa,
pidámoslo para España.
Queremos un nuevo modelo policial. Señoras y señores diputados,
queremos un sistema público de seguridad que permita universalizar la
seguridad a todos los ciudadanos. Queremos una propuesta de España
para Europa y de Europa para el mundo. Señorías, antes de que los
demás decidan por nosotros, tenemos que discutir y aprobar todos,
tanto en política para Europa como en defensa y seguridad, qué
alternativa ofrecemos a nuestros socios europeos. Tenemos que decidir
si queremos fortalecer las políticas de cohesión en la Unión, si
queremos una carta de derechos fundamentales que sea vinculante. Para
participar de verdad en las reformas necesarias debemos tener una
alternativa y disponer de recursos suficientes para ello.
Y, señorías, queremos también un país con mejores valores cívicos,
con mejores valores democráticos, con los valores que se desprenden
de nuestra Constitución. Por eso, para elevar la calidad de nuestra
democracia, tenemos que impedir que haya cualquier sombra de
impunidad en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por
eso, señorías, les proponemos que el fiscal general del Estado, que
puede ser cesado cada viernes en un Consejo de Ministros, cuando haya
una acción de la justicia que se dirige contra un aforado -no sólo
miembro del Gobierno, sino contra cualquier aforado-, se abstenga de
actuar, se abstenga de participar. (Aplausos.) Porque el fiscal se
debe antes a los principios constitucionales que a la jerarquía que
le impone el Gobierno. En este país hay la fundada sospecha de que un
miembro del Gobierno puede alcanzar la impunidad a través de la
prescripción, porque el fiscal general del Estado no es el fiscal de
todos, sino el fiscal de un miembro del Gobierno. (Protestas y
aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Caldera, le ruego que
vaya concluyendo.
Señorías, silencio, por favor.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo ya.
Señorías, corrupción y política no son lo mismo, aunque ustedes, en
la oposición, así lo pensaran; no son lo mismo. Por eso, a mi grupo
parlamentario le vale con que haya un código en el que todos seamos
iguales ante la ley; con que ustedes acepten que trabaje la justicia,
por eso proponemos esta modificación en relación con el fiscal
general del Estado.
Señorías, termino. Queremos pluralismo; queremos un nuevo modelo de
televisión que difunda los valores. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, silencio, por favor.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: El día en que se solicitaba la
imputación para un miembro
del Consejo de Ministros y todos los informativos abrían con esa
noticia, Televisión Española abría con un eclipse de sol en Zimbabwe.
(Protestas.-Un señor diputado: No es verdad.) Esto, señorías, es un
apagón de la democracia; es un apagón de la democracia.
Y queremos un país culto -acabo, señor presidente-, con una
proyección del mundo en España. Ustedes nunca han confiado en las
posibilidades del país; no confiaron en el año 1992 en el éxito de la
Expo de Sevilla (Protestas.-Varios señoras diputados: ¡Por favor!) ni
confiaron en el éxito de los Juegos Olímpicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, por favor. Señor
Caldera, le ruego vaya concluyendo.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Y hoy no confían en que España
pueda proyectarse con sus valores, sus lenguas y su cultura en el
mundo en el próximo decenio y en que para ello utilicemos a un
español universal como fue don Miguel de Cervantes Saavedra.
(Rumores.) Ahora entiendo por qué ustedes ayer se tomaban a broma una
concepción tan amplia de la cultura española, ustedes, que llevan a
España en la boca sólo como retórica. Ahora lo entiendo, después de
escuchar a su ministro de la Presidencia comparar El Quijote con los
Harlem Globe Trotters. (Risas y aplausos.) Sí, esa es su cultura, esa
es su capacidad cultural. Lo lamento, porque España no puede
permitirse ese lujo.
Inauguro una nueva forma de reprobación.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Caldera, ha superado
suficientemente el tiempo. (Rumores.)
Señorías, silencio, por favor.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Hasta ahora estábamos acostumbrados
a las reprobaciones políticas. (Un señor diputado: ¡Caldera, te
queremos!) Hoy creo que al señor Lucas hay que reprobarle
culturalmente y enviarle de nuevo a las aulas. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Caldera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cisneros. (Rumores.)
Un momento, señor Cisneros. Señorías. (Varios señores diputados:
¡Ahora, ahora!-El señor Blanco López: ¡Igualdad, presidente de todos,
de toda la Cámara!) ¿Me puede explicar qué significa ese gesto?
(Varios señores diputados: ¡Igualdad!) Exactamente igual que antes.
(Rumores.)
Ruego silencio, señorías. (Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora,
ahora!-El señor Blanco López: Que sea respetuoso el presidente. El
Reglamento es para todos.)
Un momento, señor Cisneros.Si les parece, continuamos con la
presentación de las propuestas del Grupo Popular, que es la última
intervención que estaba prevista para la tarde de hoy.
Señor Cisneros, cuando quiera.
El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor presidente.
Comprendo que a la vista de las valoraciones dominantes del resultado
del debate de ayer (Varios señores diputados: ¡Ah!-Aplausos.) el
señor Caldera haya intentado un tardío y extemporáneo ejercicio de
moviola. Le confieso, señor Caldera, que el estilo del señor
Rodríguez Zapatero me gusta mucho más que el suyo. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
Señor Caldera, el célebre senador McCarthy, a su lado, Teresa de
Calcula. (Rumores.) Pero no teman, que no voy a entrar al trapo de su
pretendida y sostenida provocación. Por supuesto que existen dos
entendimientos de la vida y de la sociedad española. Por supuesto que
teniendo, como podemos tener, un amplio elenco de objetivos por
compartir, cuando en vez de datos se manejan adjetivos, es muy
difícil no coincidir con todos y cada uno, con la mayoría de los
objetivos que ha señalado su señoría. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.) Lo que ocurre es que existen métodos y caminos
distintos, y lo que no podemos aceptarle, señor Caldera, es que nos
impute una falta de confianza en la sociedad española, porque ha sido
justamente la cancelación del dogal de su intervencionismo, de su
dirigismo, de su pretensión injerente en todos y cada uno de los
ámbitos de la sociedad civil (Aplausos.), ha sido justamente eso lo
que ha permitido la liberación de las espléndidas capacidades ínsitas
en el seno de la sociedad española.
Nosotros sí creemos en los españoles, creemos en la sociedad
española, creemos en la sociedad civil y en la capacidad de movilizar
sus recursos productivos. (Aplausos y pateos.) Mal día ha elegido el
señor Caldera para recordar los fastos de 1992: los teletipos de ayer
daban cuenta de las resoluciones del Tribunal de Cuentas en torno a
las irregularidades que acompañaron aquel fasto; no ha estado muy
oportuno. (Rumores.)
Pero, frente a aquella vieja y cancelada arrogancia, sepa, señor
Caldera, que a lo largo del primer año de legislatura esta Cámara,
centro ahora del quehacer político en una democracia representativa
(Varios señores diputados: ¡Oooh!), liberal y parlamentaria como es
la nuestra y que aspiramos por todos los medios a preservar, ha
desplegado una actividad intensísima que ha supuesto la superación de
todos los registros de las legislaturas precedentes. El compromiso
asumido por el Partido Popular hace ya cinco años de erigir esta casa
en el centro de la vida política se ha visto cumplidamente
satisfecho. (Aplausos y rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cisneros.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan... (Protestas.- Varios
señores diputados: ¡Ahora, ahora!) Señorías, ruego guarden silencio y
permitan que se escuchen las intervenciones de los oradores que están
en la tribuna. (Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora!) Ahora,
señora Mendizábal, ahora. Ruego guarden silencio.
Adelante, señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Gracias, señora presidenta.
Hace 15 meses, cerca de diez millones y medio de españoles
suscribieron con el Partido Popular un contrato de confianza sobre la
base de un programa de perfiles diáfanos que nos dispensó una clara
mayoría absoluta, una confianza que no sólo nos otorgaba el derecho,
sino que nos atribuía la responsabilidad de llevar a buen puerto
aquellos compromisos. Pues bien, pese a esta mayoría, pese a la
copiosa actividad parlamentaria, en este año no se ha registrado ni
una sola votación relevante o significativa en la que el Grupo
Parlamentario Popular haya votado en solitario. (Varios señores
diputados: ¡Con Coalición Canaria!) Sí, sí, señorías, con los de
Coalición Canaria, ¿tienen algo en contra de ese grupo? Me parece
absolutamente inadmisible esa interrupción peyorativa para un
dignísimo grupo de esta Cámara. (Aplausos.) La evidencia de los
hechos, señor Caldera, la terquedad de la realidad se basta y se
sobra para desvanecer las neurosis de los tics autoritarios, la
exhibición apocalíptica de fantasmagorías del pasado o las bizarras
teorías sobre la legitimidad de las que hemos tenido a lo largo del
debate algunas singulares muestras.
En rigurosa continuidad de esa ejecutoria, el Grupo Parlamentario
Popular puede ofrecer a la consideración y el voto de este Pleno 25
propuestas de resolución, de las que cinco han sido suscritas
conjuntamente con los grupos parlamentarios de CiU y Coalición
Canaria, cinco más con Coalición Canaria -sólo con ella- y las
restantes, firmadas por nuestro grupo. Quiero desde aquí reconocer a
los compañeros de ambos grupos parlamentarios el esfuerzo compartido,
expresar mi esperanza de que la votación de las propuestas permita
ensanchar aún más los espacios de coincidencia y manifestarles mi
convicción de que el resultado bien compensa las horas de sueño
sacrificadas o el enojo de minuciosas discusiones. (La señora
Cunillera i Mestres aplaude.) Gracias por su entusiasmo, señora
Cunillera.
Comprenderán SS.SS. que el esquemático formato de este debate no
permite ni tan siquiera enunciar el contenido de las proposiciones,
habré de limitarme a
glosar la filosofía que las anima y detenerme en las que considero
más relevantes. Y no se sorprendan SS.SS. si encuentran en nuestras
propuestas de resolución el eco o el trasunto del ambicioso programa
desgranado en la mañana de ayer por el señor presidente del Gobierno.
Comprenderán SS.SS. que, en el dominio de la política económica,
cuando se parte de cinco años de crecimiento sostenido y se logra
trasladar íntegramente a la creación de empleo, eso es igualdad y
política social, señor Caldera. (Aplausos.) Con dos millones y medio
de nuevos puestos de trabajo, cuando estamos afrontando la
desaceleración a un ritmo comparativamente saludable del 3,4, cuando
se ha logrado reducir el gasto público del 46 al 40 por ciento del
PIB y el peso de la deuda pública del 68 al 60 por ciento, cuando en
cinco años estamos en trance de erradicar el déficit público, sería
absolutamente insensato -para eso ya están ustedes- instar al
Gobierno a hacer algo distinto que perseverar y profundizar en las
reformas estructurales, en la modernización del sector público y en
la liberalización de los mercados de bienes y servicios, culminar el
proceso de privatización del sector público económicoempresarial que
actúa en mercados productivos y continuar las iniciativas de
desregulación y liberalización. Nuestra apuesta por la economía
productiva nos lleva a reclamar del Gobierno un estatuto para las
nuevas empresas que agilice su creación, reduzca transitoriamente sus
cargas fiscales y laborales en sus primeros años de vida y recoja
instrumentos financieros específicos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cisneros.
Señorías, estamos terminando el debate sobre el estado de la Nación,
un debate que ha sido largo, por lo que entiendo que algunos de
ustedes estén cansados. Ahora bien, a aquellos que tengan deseos de
desahogarse canturreando les ruego que lo hagan en los pasillos de la
Cámara por respeto a todos los diputados que estamos aquí. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
Adelante, señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Señora presidenta, estamos persuadidos de
que en la sociedad española de esta hora existen energías
emprendedoras prestas a movilizarse a poco que el marco institucional
se lo propicie. En idéntica dirección proponemos medidas de apoyo a
las pymes y a los autónomos, reclamamos el incremento gradual de los
recursos afectados a I+D+I hasta alcanzar la equiparación con el
nivel medio de nuestros socios de la Unión, alentamos el proceso de
normalización de las empresas españolas y proponemos cambios
normativos para mejorar la eficiencia y competitividad de nuestros
mercados financieros. Sugerimos la potenciación de la previsión
social complementaria y el fomento de los planes de pensiones en
el marco de la negociación colectiva y concretamos las propuestas de
liberalización y la defensa de la competencia en distintos sectores
productivos. Un largo y detallado epígrafe de nuestra propuesta de
resolución en materia de economía se consagra a recoger un elenco de
medidas tendentes al más rápido proceso de introducción del euro. En
materia fiscal -eso sí, sin saltos acrobáticos y con la credibilidad
que corre en nuestro auxilio tanto como se aleja de nuestros
principales adversarios políticos-, instamos una reforma del impuesto
sobre la renta de las personas físicas que lo simplifique y rebaje
singularmente para las familias con hijos a su cargo, así como una
reforma del impuesto sobre sociedades que modernice el tratamiento de
las empresas reduciendo la carga fiscal en especial de las pymes para
favorecer el empleo, la innovación tecnológica y la
internacionalización de las empresas. En materia de haciendas
locales, creemos posible y reclamamos en un horizonte temporal
razonable la supresión del IAE para el 90 por ciento de las pymes y
de los autónomos y la disminución del peso de la propiedad
inmobiliaria como fuente de ingresos de las entidades locales. En el
ámbito laboral, y sin pretender suplantar la iniciativa y
protagonismo del acuerdo entre los agentes sociales, instamos al
Gobierno a adoptar medidas dirigidas a evitar la expulsión prematura
del mercado laboral y a incentivar la prolongación voluntaria de la
vida activa de los trabajadores una vez alcanzada la edad legal de
jubilación. El equilibrio financiero a medio y largo plazo,
sustentado por ese récord histórico de 16 millones de cotizantes,
550.000 de ellos emigrantes, y por los 190.000 millones de pesetas
del fondo de reserva de la Seguridad Social, nos anima a reclamar del
Gobierno la continuidad de las políticas de mejora de las pensiones
mínimas del sistema de la Seguridad Social sin desnaturalizar el
carácter contributivo del propio sistema. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor CISNEROS LABORDA: Instamos otras políticas sociales en
materia de sanidad y consumo, asistencia sociosanitaria,
discapacitados, fundaciones e incentivos fiscales a la participación
privada en actividades de interés general, y singularmente, porque
compartimos en todos sus términos el diagnóstico formulado ayer por
el señor presidente de Gobierno sobre el estado de la cuestión de
nuestras políticas educativas, reclamamos la más pronta remisión a la
Cámara de los proyectos de ley de universidades, de formación
profesional y de calidad de la educación.
Yo, creo, señorías, que podrán convenir con la afirmación escasamente
polémica (inclusoel señor Caldera ha hecho referencia a ella, pues no
me estoy refiriendo sólo al pasado inmediato) de que la protección de
la familia es una auténtica asignatura pendiente de la
democracia española. A despecho de su papel de sacrificada red de
seguridad en los años de las cifras mastodónticas del paro, de seguro
sin cotización para afrontar tantas situaciones de dependencia y
vulnerabilidad, de proveedora de infinitas prestaciones sin otra
posible cobertura, a despecho de la poco favorable comparación con
países de nuestro entorno, parece llegada la hora de impulsar una
resuelta protección de la familia, tanto más cuanto que la feliz
incorporación masiva de la mujer a la actividad productiva, al tiempo
que está en trance de cancelar un anacrónico reparto de roles en la
asunción de las responsabilidades domésticas y al haberse convertido
en uno de los factores más determinantes para la comprensión de
nuestro crecimiento, plantea nuevos problemas a los que no cabe dar
la espalda. Por ello, los grupos parlamentarios que la suscriben
instan al Gobierno a que, de acuerdo con las recomendaciones del
informe de la subcomisión de estudio sobre la familia, impulse
medidas de discriminación positiva para los núcleos familiares con
hijos a cargo, con especial consideración a los ámbitos de la
fiscalidad, la educación, la vivienda y el transporte.
La prensa de esta mañana -el señor Alcaraz se refería a ello- nos
ofrece dos noticias de signo contrapuesto, inquietante la una,
esperanzadora la otra, sobre el fenómeno históricamente inédito, en
los términos en que lo estamos viviendo, de la emigración. Hemos
conocido con esperanza que la debilísima tasa de fecundidad española
ha experimentado un leve incremento que todos los demógrafos
coinciden en atribuir fundamentalmente al aporte de madres
inmigrantes. El envés dramático está representado por esos centenares
de inmigrantes ilegales que saltaron el Estrecho la pasada madrugada,
conducidos por las mafias de los nuevos esclavistas y que se ven
abocados a instalarse en la extrema vulnerabilidad a que les condena
su situación irregular. Nuestra propuesta de resolución en materia de
inmigración tiende a ordenar los flujos migratorios acomodándolos a
nuestra capacidad real de acogida, a promover la integración de los
extranjeros residentes en nuestro país garantizando la plena
efectividad de sus derechos, a luchar contra el tráfico de seres
humanos, la explotación laboral de los inmigrantes y las actitudes
racistas y xenófobas. Quienes asumimos sin temor el futuro posible de
una España multicultural, de una España mestiza, quienes descartamos
de raíz cualquier rasgo identitario como soporte de una comunidad que
no aspiramos a construir sobre otras nociones distintas que no sean
las de la ciudadanía, los derechos humanos y la libertad, no podemos
sino afrontar con esperanza el desafío de la inmigración, a condición
de que no se convierta en una fuente de exclusión y marginalidad.
Me resulta materialmente imposible reseñar todas las propuestas de
resolución. Tengo que advertir que he hecho llegar a los servicios de
la Cámara, en relación con la propuesta de resolución en materia de
ciencia y
tecnología, la rectificación de una errata mecanográfica que dejaría
sin sentido o convertiría en incongruente la formulación tal y como
ha sido distribuida.
Yo no puedo terminar sin fijar mi posición con respecto a algunas de
las propuestas de resolución que se han defendido esta tarde aquí.
(Varios señores diputados: ¡Tiempo!-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio y les recuerdo
que es la Presidencia la que fija el tiempo y las intervenciones. Les
ruego que se abstengan de hacer indicaciones. (Protestas.) Señor
Blanco, las intervenciones de todos los parlamentarios han sido...
(Pateos.) Señorías, ruego guarden silencio.
LABORDA:
El señor CISNEROS Señor Alcaraz...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cisneros.
Señor Blanco, para su información, le diré que la luz roja se ha
encendido a los 10 minutos, que el tiempo pactado en Junta de
Portavoces es de 15 y que se ha empezado a avisar a los portavoces a
partir del decimosexto minuto. Por la información que yo tengo, y he
seguido el debate a través del monitor de televisión, su portavoz ha
sobrepasado en exceso los 15 minutos. (Protestas.) Por tanto, señor
Blanco, le ruego que no haga indicaciones a la Presidencia.
Señor Cisneros, le ruego que termine en dos minutos.
El señor CISNEROS LABORDA: Termino en dos minutos, señora presidenta,
para decirle al señor Alcaraz que no se puede, por la trocha de una
propuesta de resolución, proponer nada más y nada menos que una
reforma constitucional en toda regla, como él lo ha hecho respecto al
procedimiento de nombramiento del fiscal general del Estado. Eso
lleva sus trámites y tiene los términos que la propia Constitución
aloja. En todo caso me parece mucho más franca y aceptable esa
posición que la que, bajo una aparente hipocresía virtuosa, nos
formulaba S.S., el señor Caldera, otra que supone un auténtico
torpedo bajo la línea de flotación de una institución central de la
configuración constitucional de la justicia como es el fiscal general
del Estado. Para salir al paso de supuestas sospechas ciudadanas, que
bien pueden estar instigadas por el interés partidista y secundadas o
precedidas por implacables campañas mediáticas, a S.S. no se le
ocurre otra cosa que poner bajo sospecha al propio ministerio fiscal.
Es decir, para preservar supuestamente la igualdad ante la ley, se
pretende colocar en condiciones desfavorecidas a determinadas
categorías de ciudadanos. Es una propuesta que presume nada menos que
la falta de independencia del órgano que tiene constitucionalmente
atribuida la función de velar por la independencia de los tribunales.
(Aplausos.)
Señor Caldera, la Constitución quiso equilibrar el nombramiento
gubernamental reglado -en ocasiones,
con algún precedente que no hace falta mencionar, esas reglas no
fueron muy tenidas en cuenta- con una plena autonomía del fiscal,
justamente como garantía de su única sujeción a los principios de
legalidad e imparcialidad -única sujeción, señorías, insisto- y todo
ese sabio equilibrio pretende ser arrasado y, partiendo de una
presunción indemostrada e indemostrable de eventuales interferencias
gubernamentales, se mediatiza de hecho la libertad de juicio y la
rectitud de conciencia del fiscal general (Risas y rumores.)
perturbando el ejercicio de su función e incluso pretendiendo
cercenar arbitrariamente sus atribuciones. No van a contar para ello
con el concurso de nuestro voto.
La señora PRESIDENTA: Señor Cisneros, le ruego concluya, por favor.
El señor CISNEROS LABORDA: Termino, señora presidenta.
Saludo con alegría y hasta con un punto de paternal emoción la
encendida reivindicación que del espíritu de la transición nos hacía
ayer el señor Rodríguez Zapatero. Me complace haber aprendido que el
señor Rodríguez Zapatero pudo votar en el referéndum constitucional
en virtud de un decreto-ley a cuya promulgación algunos no fuimos
ajenos. Eso está muy bien, pero, por favor, no vaya a estas alturas a
intentar apropiársenos también de la transición. Fuimos muchos, casi
todos los de la época por fortuna, quienes tuvimos que ver algo con
aquello.
Muchas gracias. (Fuertes rumores y aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cisneros.
Señorías, si los grupos están en condiciones, con las últimas
incorporaciones, iniciamos la votación de las propuestas de
resolución.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Mixto. En primer
lugar, sometemos a votación las del señor Saura. Propuesta de
resolución número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 158; en contra, 181.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta de resolución número 2, en los
términos de la transaccional número 9, del Grupo Socialista, que
también afecta a la 127 de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 140; en contra, 197; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la propuesta de resolución
número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 25; en contra, 200; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 140; en contra, 197; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación las propuestas de resolución firmadas por la
señora Lasagabaster, del Grupo Mixto. En primer lugar, la número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 31; en contra, 299; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 157; en contra, 183.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación del resto de las propuestas firmadas por la
señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 36; en contra, 302; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las propuestas del señor Labordeta, del
Grupo Mixto. En primer lugar, las números 9 y 10 Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 140; en contra, 197; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la propuesta de resolución número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 141; en contra, 184; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 22; en contra, 198; abstenciones, 120.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las propuestas firmadas por el señor
Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número
13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 12; en contra, 305; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 27; en contra, 299; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 141; en contra, 196; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 36; en contra, 300; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución firmadas por
los grupos parlamentarios Popular,
Catalán y de Coalición Canaria. En primer lugar, propuesta de
resolución número 17, afectada por la transaccional número 4, del
Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 199; en contra, dos; abstenciones, 139.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.)
Señorías, si no es posible que se oiga el enunciado de las
votaciones, es probable que haya confusiones. Les ruego bajen el
nivel de sus murmullos de modo que permitan seguir las indicaciones,
en aras de la brevedad de la votación.
A continuación, sometemos la votación de la propuesta de resolución
número 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
335; a favor, 197; en contra, ocho; abstenciones, 130.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Seguidamente, sometemos a votación el resto de las propuestas
firmadas por los referidos grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 197; en contra, 126; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas de resolución firmadas por los grupos
parlamentarios Popular y de Coalición Canaria. En primer lugar, la
propuesta de resolución número 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor 197; en contra, 120; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
A continuación, votamos la propuesta número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 197; en contra, 20; abstenciones, 122.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 24.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 321; en contra, uno; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 333; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, dentro de este bloque, votamos la número 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 205; en contra, tres; abstenciones 130.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, las números 29, 30,
32 y 37.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 200; en contra 131; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (Aplausos y rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.) Señorías,
ruego guarden silencio.
Votamos la número 31.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 182; en contra 132; abstenciones 26.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.)
Votamos a continuación la número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 314; abstenciones, 25.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
337; a favor, 198; en contra, cuatro; abstenciones 135.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.)
Votamos la número 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 209; en contra, uno; abstenciones, 130.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones, 29.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.)
Sometemos a votación la número 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 182; en contra, 129; abstenciones, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación las propuestas números 27 y 41, esta última
afectada por propuesta transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 199; en contra, diez; abstenciones, 130.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas números 28 y 38, ambas afectadas por
propuestas transaccionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
259; a favor, 215; en contra, ocho; abstenciones, 36.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (El señor De la Encina Ortega
pide la palabra.)
Sí, señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señora presidenta, habíamos pedido
votación separada de las propuestas números 28 y 38.
La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, los servicios de la Cámara
han tomado nota de la votación conjunta de las propuestas números 28
y 38, que es lo que la Presidencia ha sometido a votación.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señora presidenta, es que son
distintas. Le indiqué a la letrada que son votaciones distintas una
de otra.
La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, no se lo discuto, en
absoluto, lo que le indico es que es una votación compleja y S.S. ha
hecho la indicación en el último momento. Lo siento.
Sometemos a votación la número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 197; en contra, 142; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos en un solo bloque las propuestas de resolución presentadas
por los señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 144; en contra, 180; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), excepto la 51, que está retirada.
En primer lugar, la número 52.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 21; en contra, 296, abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 63.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 28; en contra, 301; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las números 54 y 55.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 28; en contra, 305; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 53, que está afectada por la transaccional número
26, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 337; en contra, tres; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 62 Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 142; en contra, 184; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la propuesta número 57.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 145; en contra, 190; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se vota, a continuación, la número 50.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
337; a favor, 43; en contra, 180; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las propuestas números 58, 60 y 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 157; en contra, 179; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta número 59.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 23; en contra, 302; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 37; en contra, 302; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos
conjuntamente las números 82, 86 y 88.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 124; en contra, 204; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta número 80, afectada por la transaccional número
8 de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 148; en contra, 180; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, votamos el resto de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 133; en contra, 197; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la número 89.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 313; en contra, seis; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 90.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 327; en contra, uno; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 91.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 332, en contra, uno; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 92.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 333; en contra, uno; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 93.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 326; en contra, siete; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 94.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 336; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 95.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
337; a favor, 333; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 96.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 336; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 97.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 330; en contra, siete; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 98.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 331; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, dentro de este bloque, votamos la propuesta número 99.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 162; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución número 100, firmada por los grupos
parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y
Mixto, señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 158; en contra, 180; abstenciones, una
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer
lugar, la número 101, que está afectada por las transaccionales 1,
del Grupo Parlamentario Popular a los párrafos 2 y 4, y 19, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 329; en contra, uno; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la número 102.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 337; en contra, uno; abstenciones, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 103.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 199; en contra, 17; abstenciones, 124.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 104.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 158; en contra, 177; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 105.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 338; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 106.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 150; en contra, 181; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 107.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 341.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 108.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 31; en contra, 307; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta de resolución 109, en los términos
de la transaccional número 6, del Grupo Popular, que ha sido
aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 338; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 110.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 330; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la 111.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 336; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 112.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 204; en contra, 10; abstenciones, 126.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 113.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 337; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la número 115 por cuanto la 114 ha sido ya
sometida votación junto con la 28, del Grupo Popular. Iniciamos la
votación de la número 115.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 337; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 116 afectada por la transaccional número 7, del
Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 341.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 117.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 339; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 118 afectada por la transaccional número 25, del
Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 340; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Dentro de este bloque, votamos, por último, la número 119.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 337; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos, a continuación, la votación de las propuestas de
resolución presentadas por el señor Núñez, del Grupo Parlamentario
Mixto. En primer lugar, la número 122.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
338; a favor, 141; en contra, 180; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, el resto de las propuestas del señor Núñez,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
339; a favor, 140; en contra, 196; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, excepto la 127, que ha sido
votada ya con la transaccional número 9, del Grupo Parlamentario
Socialista a la propuesta número 2, del señor Saura, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En primer lugar, votamos la 144, afectada por la aceptación de la
transaccional número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 145; en contra, 196.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución 126.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 37; en contra, 301; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 135.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 20; en contra, 187; abstenciones, 133.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 146.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 141; en contra, 182; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las propuestas de resolución números 131,
132, 133, 136 y 137, conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 23; en contra, 198; abstenciones, 119.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la 138.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
340; a favor, 21; en contra 199; abstenciones 120.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 148.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 22; en contra, 315; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, por último, el resto de las propuestas de resolución del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 142; en contra, 198; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (Aplausos de los señores
diputados del Grupo Popular puestos en pie.- Rumores, protestas y
pateos.)
Señorías, les recuerdo que el Pleno sigue reunido.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CINEMATOGRAFÍA Y EL
SECTOR AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000027.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Enmiendas del
Senado al proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía
y del sector audiovisual. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la
señora Julios. (Rumores.) Un momento, señora Julios.
Señorías, es preciso que continuemos con el transcurso del Pleno, se
hace necesario que en el hemiciclo exista un mínimo de silencio que
nos permita escuchar las intervenciones de las señoras y los señores
diputados, por lo cual una vez más les ruego que los que vayan a
abandonar el hemiciclo lo hagan rápidamente y en silencio. (Continúan
los rumores.)
Señorías, les recuerdo que estamos en sesión, y entre otras cosas
está prohibido fumar en el hemiciclo, señor Leguina. ¡Señor Leguina!
Señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición de nuestro grupo y anuncio que vamos a votar
positivamente las enmiendas que han venido del Senado y que aunque no
introducen cambios en cuanto a contenidos, sí lo hacen en cuanto a la
forma, mejorándola. Entendemos que a lo largo del trámite se han
presentado numerosas enmiendas por todos los grupos y muchas de
ellas, incluidas también algunas que nuestro Grupo de Coalición
Canaria presentó, se han incluido en el texto que se ha presentado en
el Senado y que hoy vuelve a esta Cámara.
Para terminar, señora presidenta, quiero manifestar que lamento que
aunque, como dije, algunas de nuestras enmiendas fueron incluidas en
el texto definitivo, hay alguna otra, quizá de las más importantes
para nosotros y que incluso pudiéramos considerar como fundamental
para potenciar y sobre todo para mantener un mínimo de producción
audiovisual en el archipiélago canario, que no fueron aceptadas a lo
largo del trá-
mite parlamentario. Este texto hace bastantes referencias a las
recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Ministros de
Cultura de la Unión Europea. En ese contexto planteábamos una
enmienda para que a la hora de distribuir las ayudas que contempla la
ley se tuvieran en cuenta en el reparto los sobrecostes añadidos para
territorios insulares alejados; no obstante, debe hacerse un esfuerzo
para que en el desarrollo del reglamento estos aspectos puedan ser
tomados en cuenta.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Concluido el debate de política general, el mensaje motivado y las
enmiendas que nos remite el Senado en relación al proyecto de ley
sobre promoción y fomento de la cinematografía y el sector
audiovisual es buena muestra de lo que en el debate anterior se ha
sostenido; todas y cada una de las enmiendas que remite el Senado son
correcciones ortográficas o morfológicas, alguna concordancia, algún
aspecto polisemántico, incluso en algún caso hasta se puede discutir
desde la ortodoxia lingüística del castellano la conveniencia de
algunas de las enmiendas; pero es que no existe ninguna enmienda,
señora presidenta, que tenga contenido alguno. Se ha discutido en el
debate anterior sobre la función del Senado. Creo que haremos bien en
bajar de las musas al teatro y comprobar cuáles son las enmiendas
y qué correcciones se proponen en este proyecto de ley.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco queremos lamentar que se haya
desaprovechado una formidable oportunidad de haber legislado de forma
moderna en este sector, sobre todo en el audiovisual y en lo que se
refiere al mundo cinematográfico. Vamos a ser el único Estado del
área europea que va a mantener cuotas en la defensa del mundo
cinematográfico y audiovisual. Todos los países de nuestro entorno y
por ende los de la Unión Europea han retirado a estas alturas las
cuotas por entender que esta forma de fomentar y de proteger el cine
ha quedado obsoleta. En el debate en Comisión planteábamos desde el
Grupo Parlamentario Vasco si una legislación de este tipo y con esos
planteamientos se hubiese realizado desde los parlamentos de Cataluña
o del País Vasco, en qué situación y qué cosas tendríamos que oír y
leer. Sin embargo, por parte de una mayoría muy significativa de la
Cámara se ha renunciado a apoyar unas medidas fiscales, industriales,
para que el mundo del cine pueda ver encaminado su planteamiento
industrial desde posiciones más modernas y más acomodadas a una
sociedad actual, indudablemente con un plus cultural que debiera
recoger también este
proyecto de ley. Una vez más, se vuelve a desaprovechar una
oportunidad y se realiza una política cultural de ombliguismo; eso
que tanto se critica a los demás es lo que se fomenta cuando se
legisla en esta Cámara con planteamientos que en nuestra opinión
están claramente superados.El Grupo Parlamentario Vasco
indudablemente va a votar a favor de estas correcciones porque, como
he indicado antes, son simplemente morfológicas o de concordancia
lingüística, sin más relevancia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
En la exposición de motivos del II Congreso democrático de cine, se
señalaba que de no adoptar medidas urgentes era probable que no
tardásemos en tener que levantar el acta de defunción del cine,
concretamente del cine europeo y particularmente del cine español.
Pues bien, señorías, lo que esperábamos del debate parlamentario
sobre el proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía
y el sector audiovisual era que diéramos respuesta a las inquietudes
del sector y que se legislara con visión de futuro. Sinceramente,
tengo que manifestar la decepción que nos ha causado el trámite del
Senado, que ha remitido de nuevo al Congreso el proyecto con unas
enmiendas de corrección de estilo, que revela en cierto modo que es
preciso caminar en la reforma del Senado, tal y como aquí planteó
ayer el portavoz de mi grupo, el señor Gaspar Llamazares, y algunos
otros responsables de los grupos políticos de la oposición.
Hemos perdido una oportunidad de oro, a pesar del magnífico talante
de la compañera del Partido Popular ponente de este proyecto. No
hemos avanzado mucho. Es verdad que se ha aprobado alguna enmienda en
la que trabajó mi grupo parlamentario, una enmienda que tiene que ver
con la cuestión de los subtítulos para las personas que tienen
discapacidades, lo cual valoramos positivamente, pero también es
verdad que en relación con las restantes y numerosas enmiendas que ha
elaborado mi grupo parlamentario, casi todas cualitativas, no hemos
obtenido respuesta adecuada relativa a ninguna de las importantes
como la cuota de pantalla o la creación de la cuota de distribución,
algo que nosotros entendemos necesario. Por tanto, como vamos a
remitirnos a la votación de las enmiendas que vienen del Senado, tan
sólo quiero decirles que nosotros advertimos de algo que precisamente
en la prensa de hoy, concretamente en La Vanguardia, se recoge a toda
página y es que los cines españoles denuncian prácticas abusivas con
Pearl Harbor. Pues bien, señorías, no vamos a evitar esas prácticas
abusivas con este proyecto de ley y
hemos desaprovechado una nueva oportunidad. Dice hoy La Vanguardia
que la distribuidora multinacional Buenavista quiere obligar a los
exhibidores de cine de España a proyectar la película Pearl Harbor en
condiciones abusivas, y además para que los cines puedan obtener este
film, tienen que programar previamente el último de la factoría
Disney: El emperador y sus locuras. Esto es una muestra más del
vasallaje cultural al que nos tiene sometido el cine norteamericano.
Desde luego, creo que hemos perdido una magnífica oportunidad,
a pesar de que el Partido Popular ha dado marcha atrás en algunas
cuestiones, habiendo suavizado el tema de las cuotas de pantalla. No
obstante, no va dar la respuesta que en este momento reclama el
sector y la sociedad en su conjunto.
Nos vamos a abstener en la votación de las enmiendas del Senado. No
podemos pronunciarnos en contra, puesto que únicamente, como digo, se
trata de correcciones de estilo que poco tienen que ver con la
política y mucho menos con la etimología y con la filología.
Nada más y muchas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la ley cuyo último trámite vamos a votar ahora es una
buena ley. No es la mejor de las posibles. Ninguna de las leyes que
se aprueban en esta Cámara son prácticamente nunca la mejor de las
leyes posibles y este caso es claro. No lo es y tampoco es la ley que
hubiera redactado el Grupo Parlamentario Catalán si hubiese tenido,
cosa que difícilmente ocurrirá algún día, mayoría en esta Cámara.
Pero sí es una buena ley, una ley en todo caso mucho mejor que el
régimen vigente, una ley que da seguridad jurídica y que pone en
manos del Gobierno unos instrumentos claros y nítidos si quiere
impulsar el cine. Será una pura decisión política dar más o menos
impulso al cine, ya que el marco lo tiene perfectamente establecido,
pero faltará evidentemente la voluntad en cada Ley de presupuestos
y en las decisiones de aplicación de esa ley de destinar determinados
fondos y de administrarlos. Ahora bien, la ley está ahí y el ejemplo
que acaba de poner la portavoz de Izquierda Unida es un buen ejemplo.
De hecho, la ley lo que va a hacer es precisamente permitir atacar de
raíz ese tipo de situaciones abusivas. Más que un ataque a la ley, el
comentario que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida tendría que
entenderse en sentido contrario. Es casi una aplicación anticipada de
la ley la que ha llevado por ejemplo a los exhibidores a denunciar
las prácticas de abuso de posición dominante por parte de
determinados distribuidores (que habrá que ver si son ciertas o no;
pueden serlo,
pero habrá que verlo; hay que hacer presunción de inocencia también
aquí), es precisamente la aplicación anticipada de la ley la que
permite eso. La ley, por primera vez, introduce instrumentos de lucha
contra el abuso de posición dominante de cualquiera de los agentes
que intervienen, muy especialmente distribuidores pero también
podrían ser exhibidores, aunque lo normal es que fueran
distribuidores frente a exhibidores. Por tanto, más que un ataque a
la ley nos parece una descripción positiva.
Es una ley positiva también porque reconoce - insisto-, seguro que no
con el grado que hubiéramos querido pero sí con cierta claridad, el
carácter pluricultural del Estado español y de la industria
cinematográfica española. Por tanto, también condicionada a la
voluntad política cotidiana que nunca una ley puede sustituir pues
las leyes no sustituyen la acción de Gobierno, son el marco de la
acción de Gobierno, posibilita el reconocimiento y el apoyo a la
cinematografía y a la industria audiovisual en lenguas distintas de
la lengua castellana. Eso es algo que no estaba recogido con esta
nitidez y lo está a partir de hoy.
Posibilita un apoyo claro al cine europeo y posibilita muy
expresamente un apoyo a la industria cinematográfica española
preservando y manteniendo -es una opción política en la que nosotros
apoyamos al grupo mayoritario de la Cámara, a diferencia de otros
grupos-, las cuotas de pantalla durante cinco años por lo menos y
quizás más, porque dependerá del Gobierno dentro de cinco años
suprimir o no, en función de la evolución del mercado, esa cuota de
pantalla.
Por tanto, en conjunto nos parece una ley buena, no es una ley muy
distinta la que viene del Senado de la que salió de aquí, en el
Senado se han introducido una serie de enmiendas técnicas,
prácticamente lingüísticas y sintácticas, que apenas hubieran
necesitado ni siquiera la modificación por vía de enmienda, pero en
todo caso ahí están, que sean bienvenidas y queda esperar a partir de
ahora fundamentalmente tres cosas, que son las tres que le faltan a
esta ley para realmente poder desplegar todo su efecto. En primer
lugar, evidentemente, el reglamento. En todas las leyes es importante
el reglamento que la desarrolla; en ésta de una forma muy especial.
Las normas reglamentarias de desarrollo de esta ley serán
auténticamente la prueba de la voluntad política del Gobierno de
desplegar toda la eficacia que la ley puede llegar a tener.
En segundo lugar -y el orden no es de importancia-, la disposición de
recursos. Esta ley, como he dicho más de una vez en esta
intervención, lo que está haciendo es posibilitar un apoyo económico
a la industria cinematográfica y audiovisual española, pero está por
ver efectivamente qué recursos quiere destinar el Gobierno a ese
apoyo, y eso es lo que esperamos ver en adelante y evidentemente lo
veremos cuando llegue la Ley de presupuestos.
Finalmente queda una pata coja, si se me permite, de lo que es el
apoyo a la industria cinematográfica, que entendemos y compartimos la
idea del Grupo Popular de no incluirla en esta ley, pero
evidentemente creemos que es un elemento pendiente, y es el marco
fiscal. Falta un perfeccionamiento serio, profundo y generoso del
marco fiscal de la industria cinematográfica en España, y eso hay que
hacerlo. Habrá que hacerlo en el marco de las reformas fiscales que
están anunciadas. Cuando llegue ese momento nosotros plantearemos, o
apoyaremos en su caso, las iniciativas que al respecto se traigan,
sabiendo que eso queda pendiente y dejando claro que ese asunto no es
que no le demos importancia o que no compartamos la importancia que
otros grupos le dan, sino que sencillamente que no era este ni el
momento ni el lugar.
Con esas tres salvedades, reglamento, apoyo presupuestario
o desarrollo presupuestario y un marco fiscal correcto, si eso se
desarrolla con el mismo espíritu que esta ley se ha elaborado y
aprobado, entendemos señora presidenta y con esto termino, que
empieza una nueva etapa para la industria cinematográfica española,
y de rebote, si se me permite la expresión coloquial europea, donde en
España contaremos con un instrumento de enorme apoyo y promoción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, yo soy menos optimista que el señor Guardans, en esta
ocasión no en todas; pero en esta ocasión soy menos optimista que él.
La ventaja que tiene esta ley es que va a existir y que recoge normas
dispersas, las unifica, las ordena y las mejora. Por tanto, desde ese
punto de vista la ley está bien, pero el cine español no está bien
porque al ser una industria necesita de otras cosas y esta ley pierde
la gran ocasión. Esta ley es una gran ocasión perdida. Se habla, por
ejemplo, en el título de la ley de fomento del cinematógrafo y del
audiovisual. Del audiovisual apenas se habla nada, no se cita ni una
sola vez en el texto de la ley las series de televisión que son la
base misma de una industria incipiente cinematográfica y del
audiovisual. Es decir no se entra nada a fondo en las cuestiones en
que se debían haber entrado. Insisto que en España la industria
cinematográfica es -digámoslo piadosamente- incipiente y no se habla
nada en la ley de apoyos fiscales.
El presidente del Gobierno ayer en esta Cámara dijo que se preparan
-siempre se están preparando-, apoyos fiscales para la producción
cultural. Los grupos parlamentarios hemos presentado enmiendas en esa
dirección y se nos han laminado por la mayoría. Tampoco existe un
mercado financiero cinematográfico o
del audiovisual. Si algún ahorrador quiere invertir en cine, porque
le apetece o porque considera que es un sector positivo desde el
punto de vista de los beneficios, no puede hacerlo en España, no hay
un mercado financiero y es imprescindible que lo haya. Esta ley no lo
toca.
Tercera cuestión: la cuota de pantalla. La ley vino aquí al Congreso
mediante un proyecto promovido por el Gobierno donde iba a
desaparecer la cuota de pantalla. Ha bastado que el sector pusiera
pegas, que el sector no estuviera tan de acuerdo como se había
anunciado por parte del Ministerio, para que las cosas se hayan
quedado como la botella, medio llena o medio vacía, no se sabe muy
bien; pero si queremos una ley de fomento de la cinematografía
española, tendríamos que haber puesto más cuota de pantalla y no
menos.
En cuarto lugar, el doblaje. Tampoco se entra en este tema. Señora
presidenta, permítame un minuto sobre este asunto, que me parece es
capital. Las películas producidas en idioma distinto del inglés, de
hecho no pueden proyectarse en Estados Unidos dobladas y no hay
ninguna ley norteamericana que prohíba el doblaje. Se pueden doblar
al inglés, pero a la hora de estrenarlas los lobbies de exhibidores
no permiten su exhibición. Esto es un juego sucio. Si ustedes
norteamericanos, uno de los cines más productivos del mundo desde
todos los puntos de vista -sin duda como dijo un clásico, cine
norteamericano es una redundancia- pueden exhibir en España doblados
sus productos, nosotros les regalamos eso y ustedes no nos regalan
nada. Me parece que, sin prohibir como hacen en Norteamérica de hecho
la exhibición de productos norteamericanos doblados al castellano o a
otra lengua oficial de España, tendríamos que sacar algún beneficio,
tendrían que pagar algún peaje por esa corrida en pelo que nos están
dando, y ese peaje sería un canon. Lo hemos propuesto, pero no se ha
querido entrar en ese asunto. Este asunto es bastante grave para la
cinematografía española. Es verdad que el sector pide que se prohíba
el doblaje, pero me parece que por ahí no debemos ir de forma directa
legal ni siquiera de forma torticera como en Norteamérica a través de
los exhibidores, pero sí sacar algún provecho del doblaje, no regalar
gratis et amore las lenguas y además sacaríamos un dinero
precisamente para fomentar de verdad la cinematografía española.
Luego está el recurrente asunto, que tampoco se entra en la ley
directa ni indirectamente, del abuso de poder de las llamadas majors,
ni se toca. Ese abuso de poder es evidente que se está produciendo y
se está produciendo con la venta de paquetes de películas de suerte
que una película que va a ser con toda probabilidad comercial se le
vende al distribuidor con otro conjunto de contrapesos y aquí no hay
forma fácil de defensa de esa competencia, porque de hecho quien
tiene la sartén y el mango es el que fríe los huevos. Eso es lo que
está pasando y esta ley no ha querido abordarlo.
Por último, el cine en televisión. Las relaciones entre el cine y la
televisión (ambiguas, perversas o mediopensionistas, no voy a entrar
en ello) tampoco se abordan aquí, y me refiero a dos cuestiones que
son más importantes de lo que parece. En primer lugar el hecho de que
las televisiones, públicas o privadas pero especialmente éstas
últimas, para comprar el producto cinematográfico, exijan que ese
producto haya sido estrenado previamente en pantalla grande, es decir
en los cines comerciales, es una perversión porque el consumo de
cinematografía que hacen las televisiones es de tal tamaño que al
obligar a que todos los productos que han comprado hayan sido
estrenados, lo que están haciendo es tapar la posibilidad de que en
las grandes pantallas se proyecte cine español. Eso se podía haber
regulado -nuestras enmiendas iban por ahí- y no se ha querido. En
segundo lugar, la publicidad de las películas norteamericanas
(hablemos claro y castellano, y hablemos de países concretos) en la
televisión es arrasadora. Ninguna productora española, ningún
producto de la industria incipiente española puede competir en
publicidad en televisión, que es la más eficaz, con las películas
norteamericanas. Si ésta quería ser una ley de defensa y fomento de
la cinematografía española, era la ocasión de abordarlo; tampoco se
ha querido.
Termino, señora presidenta. Creemos que no es una ley deleznable,
pero no es una ley votable. Creo que nosotros, cuando lleguemos al
Gobierno, podremos dar ese paso adelante que ustedes no han sabido o
no han querido dar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
Grupo Parlamentario Popular, señora RodríguezSalmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Nuestro grupo, como es lógico, va a votar a favor de las enmiendas
puramente técnicas que el Senado nos remite, y lo va a hacer con la
satisfacción de ver llegar al final del trámite parlamentario una ley
que es demandada por todo el sector y que creemos es necesaria;
creemos, incluso, que es muy demandada y muy necesaria. Aquí se han
hecho una objeciones que repetidamente las hemos oído en estos casi
cuatro meses de trámite parlamentario; no creo que sea el momento de
reabrir el debate, pero a algunas sí tendré que responder.
Nosotros creemos que el cine español está pasando un momento
brillante, pero las estructuras que lo soportan son frágiles.
Decíamos aquí un día que es una muestra artística, pero que se hace
encima de una industria, no se hace sólo con un pincel, por ejemplo.
El cine español necesita tener una estructuras que no sean frágiles y
hoy todavía no lo son. Suponemos que
dentro de unos años -y podemos esperar- no sea necesario ni siquiera
este apoyo que hoy estamos brindando, pero creemos que de momento ese
apoyo es indispensable.
Esta ley satisface y busca los puntos de confluencia en toda una
cadena de un sector, porque si no es con esa confluencia no parece
que nos vaya a llevar a buen término. Los creadores, los productores,
los distribuidores y los exhibidores ven aquí recogidas sus
aspiraciones, es muy posible que no en un cien por cien (desde luego,
no será una ley como ha dicho el señor Guardans, una ley perfecta,
será muy mejorable), pero sí las ven recogidas en sus comunes
denominadores, que son muchos.
En primer lugar, nosotros creemos que con este marco legal, al darle
rango de ley se da estabilidad a todo el sistema de apoyo al sector;
se le dan también unos criterios objetivos, fuera del criterio
político de lo que cada Gobierno quiera instrumentar en cada momento;
se busca un equilibrio importante entre los sectores, digamos,
noveles y la gran industria, porque uno y otro son necesarios para un
buen desarrollo de la cinematografía. Por otro lado, con la cuota de
pantalla se da una inyección económica muy importante al sector.
Hemos visto aquí que unos grupos propugnan su desaparición y otros su
ampliación. Teniendo en cuenta que somos el único país europeo que
mantiene la cuota de pantalla, nos parecía necesario establecer un
plazo de cinco años, ya que hoy se haría un daño al cine si
desapareciera la cuota de pantalla. Por las posturas que aquí se han
expuesto, entre la desaparición y el refuerzo, está claro que estos
cinco años son convenientes; después, el Gobierno podrá tomar las
decisiones que estime necesarias para el sector.
También se regula el fondo de la cinematografía. Por tanto, además de
la cuota de pantalla, contamos con este fondo y con un tercer apoyo
muy importante. Me sorprende que se diga que no se regulan lo
audiovisual ni las televisiones, cuando nada menos que se regula la
cantidad, tanto económica como de espacio en los programas, que
tienen que dedicar las cadenas públicas y privadas a la exhibición de
cine, concretamente de cine en cualquiera de las lenguas españolas.
Este 60 por ciento que van a tener que dedicar supone una inyección
importante para el cine. En ningún caso se hubiera podido ir más
allá, ni tampoco lo hubiera admitido la Unión Europea.
Voy a contestar al portavoz socialista, que ha dicho que se ignoran
las series. Hemos dicho una y otra vez cuánto valoramos las series.
Sencillamente las series hoy, y cada vez más, no necesitan este
apoyo, y esto se sabe, ya que tienen otros sistemas de financiación y
otros sistemas de amortización. Esta es una ley que se dirige
fundamentalmente a películas, a documentales, a cortometrajes y a
nuevos productores. Además, las
series hoy no han demandado este apoyo, ni parece que este sea el
marco que necesitan.
Otra cuestión que aquí se ha planteado varias veces es la de las
majors y las competencias. Esto lo ha dicho muy bien el señor
Guardans. No sólo no se ignoran las posiciones dominantes o abusivas,
sino que se ha presentado una enmienda expresa para dotar al
Instituto de la Cinematografía de la capacidad para instruir los
procesos y elevarlos a los tribunales de la competencia si se dieran
estas situaciones abusivas, que era una capacidad que no existía y
que no es frecuente que exista en ningún sector. No creemos que se
pueda ir más lejos. Como ha dicho el señor Guardans, contestando a la
portavoz de Izquierda Unida, si en La Vanguardia sale hoy la denuncia
de esta posibilidad de abuso de posición dominante es precisamente
porque esta ley va a dar el cauce.
Por tanto, nos congratulamos, porque creemos que va a ser una ley
importante para el sector. Y, además de anunciar nuestro voto
afirmativo, queremos agradecer a los grupos, voten o no a favor de
ella, las importantes aportaciones que han hecho. También damos las
gracias a todos los representantes de los distintos sectores, que han
trabajado mucho en esta ley y que incluso han venido al Parlamento
para enriquecerla.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez Salmones.
Sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 192; en contra, 109; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al
referido proyecto de cinematografía.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE
TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO- LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO. (Número de
expediente 121/000037)
La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día. Enmiendas
del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su
calidad. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy brevemente voy a exponer la posición de Coalición Canaria con
respecto a las enmiendas que vienen del Senado. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Julios, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños o abandonen el
hemiciclo.
Adelante.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias.
En líneas generales, unas enmiendas introducen mejoras muy positivas,
y otras son de carácter puramente técnico desde el punto de vista de
la redacción. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
En lo que se refiere a aspectos positivos, resaltaría aquéllas que
van dirigidas a mejorar situaciones en relación con el pacto de horas
complementarias, donde se salvaguarda la no sanción del trabajador en
circunstancias en que se ocasione la no realización de los pactos por
parte del trabajador, por incumplimiento por parte del empresario, en
los convenios colectivos o en el régimen jurídico de aplicación.
También nos parece positivo que en algunas de las enmiendas se
favorecen las posibilidades de contratación a tiempo parcial, así
como adecuar la regulación de los contratos de trabajo o de relevo en
cuanto a la regulación del contrato a tiempo parcial.
En diferentes ocasiones mi grupo ya ha manifestado que el proyecto,
que se viene debatiendo en esta Cámara y ahora en el Senado,
introduce y mejora diversos aspectos que son fundamentales y
necesarios en estos momentos, con relación a la problemática del
mercado laboral en España, en lo referente a la lucha contra la
precariedad en el empleo o al fomento en la creación de empleo
femenino. También quisiera manifestar que se ha desaprovechado, en
parte, la oportunidad en el debate, tanto en esta Cámara como en el
Senado, de haber sido más flexible a la hora de introducir enmiendas
si no totales sí parciales con respecto a numerosas enmiendas
presentadas por parte de todos los grupos en esta Cámara. Si bien la
ley introduce mejoras importantes no son todas las mejoras posibles
que se podíanhaber introducido producto de las enmiendas presentadas
y del debate que sobre ellas se hubiera podido producir con mayor
profundidad. En el transcurso del debate nosotros presentamos
enmiendas, que no fueron aprobadas, en relación con los contratos de
inserción, dirigidas a prevenir el abuso en la utilización continua
en los contratos temporales, a medidas que podrían beneficiar a los
trabajadores autónomos y al empleo del trabajo femenino en la línea
de empezar a desarrollar elementos que normalizaran el trabajo
doméstico. Entendemos que algunas de las enmiendas que se pre-
sentan por parte del Senado, sobre todo las que hacen referencia al
contenido y no sólo a la forma, tienen aspectos más positivos que
otras. Creemos que en las dos Cámaras se podía haber sido algo más
flexible, desde nuestro punto de vista, en la introducción de algunas
enmiendas, aunque hubieran sido enmiendas transaccionales con las del
resto de los grupos. Entendemos que si bien las propuestas que hoy se
presentan son importantes, probablemente no son todas las que podrían
haberse desarrollado en el contexto de esta ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, buenas tardes,
arratsalde on.
El Grupo Vasco presentó una enmienda de fondo, la número 56, que,
tras el debate en el Senado, el Partido Popular vuelve a no tomarla
en consideración. Nos temíamos que iba a ser así porque en el área
sociolaboral es probablemente más palpable, no ya las reticencias,
sino la involución en la profundización del régimen competencial
autonómico vasco. El Grupo Vasco creía que coherentemente con el
discurso autonómico del Partido Popular, tan esgrimido en los días
anteriores, se iban a articular las transferencias correspondientes
a las comunidades autónomas con competencias en materias de ejecución
de la legislación laboral y de gestión del régimen económico de la
Seguridad Social, incluyendo lógicamente en el traspaso de funciones
y servicios en materia de políticas activas de empleo la gestión de
los incentivos por bonificaciones de la cuota empresarial a la
Seguridad Social que contempla el presente programa de fomento de
empleo.
Ayer mismo el presidente del Gobierno manifestaba que el Gobierno
vasco no tiene las políticas de empleo del Inem sencillamente porque
no ha querido tenerlas. Otras comunidades autónomas han aprobado y
aceptado estas transferencias. Nosotros no vamos a decirles al resto
de las autonomías lo que tienen que hacer, pero ustedes sí deben de
tener claro que no vamos a aceptar que lo que vale y cuesta 40 se nos
transfiera y valore en 16, porque esa es la diferencia de incluir o
no los programas de políticas activas de empleo que articulan
incentivos a través de los mecanismos instrumentales de las
bonificaciones. ¿Por qué creen ustedes que, con lo que nos va en
asumir las competencias totales para dotar a Euskadi de un
autogobierno completo, seamos de las pocas autonomías que no
aceptamos esta transferencia? Pues porque el grifo y la manilla de
los incentivos siguen en el Estado y la jarra con fisuras en las
comunidades autónomas.
Finalizo diciendo que ante el rimbombante discurso teórico
autonomista nos encontramos otra vez ante una
realidad centralizada y un informe que no compartimos, por lo que
desde el Grupo Vasco no vamos a darle nuestro apoyo político a esta
ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el paso de la reforma laboral por el Senado
no nos permite recuperar ninguna tranquilidad. Es decir, esta ley
vuelve al Congreso prácticamente en los mismo términos en los que
salió, y el Partido Popular ha vuelto a confirmar lo que ya
entendimos en su debate en este Congreso: la afirmación de un mercado
laboral basado en la temporalidad y en un trabajo sin derechos, en la
autoridad sin limitaciones del empresariado en las relaciones
laborales, en la eliminación de derechos sindicales, empezando por
los derechos de información. Esta reforma laboral, señorías, es una
reforma inútil ante la precariedad del mercado de trabajo, regresiva
para quienes tienen contratos a tiempo parcial, lesiva para quienes a
partir de ahora se ven obligados a asumir un contrato para la
formación enormemente desnaturalizado, y perjudicial para unas
relaciones laborales basadas en el acuerdo y en el diálogo. Se
desvirtúa de tal manera el contrato para la formación que se
convierte en cajón de sastre del subempleo. Tras la fanfarria pueden
percibirse las contribuciones centrales del Partido Popular a esta
reforma: eliminan el límite de edad en el contrato para la formación
para los colectivos de inmigrantes desempleados de más de tres años,
desempleados en situación de exclusión social y trabajadores acogidos
a escuelas taller y casas de oficio.
Señorías, en el artículo 1.2 del real decreto-ley realizan una
importante modificación al artículo 11.2 del Estatuto de los
Trabajadores que afecta al contrato para la formación, ampliando los
colectivos susceptibles de este contrato formativo, rompiendo el
límite de edad, que saben que era de 16 a 21 años, desvirtuando, por
tanto, seriamente el sentido del contrato de formación como contrato
destinado al aprendizaje de la gente más joven que inicia su vida
laboral y nunca para trabajadores que por circunstancias laborales,
económicas o personales, se han descolgado del mercado de trabajo o
se incorporan a él procedentes de otra realidad cultural, laboral y
económica por razones de inmigración. Es decir, se incorpora aquí a
los inmigrantes. Eso sí, ese contrato lógicamente tiene menos
derechos, no tiene prestación por desempleo y, por tanto, la gente
que pueda tener más edad, que pueda tener una familia, como un
inmigrante que viene aquí a trabajar legalmente, puede tener ese
contrato pero con menos dere-
chos, por ejemplo, sin prestaciones por desempleo, lo que no sólo es
regresivo, sino una evidente desnaturalización de este contrato.
Lo mismo podríamos decir de este tema de los inmigrantes en lo que se
refiere a los empresarios agrícolas importantes de este país que
consideraron un problema la persecución que se produjo cuando se
pusieron de manifiesto los flagrantes casos de los inmigrantes
sobreexplotados. Dichos empresarios pensaron que se iban a quedar sin
mano de obra, porque estos inmigrantes eran ilegales. El contrato a
tiempo parcial -lo hemos denunciado ya reiteradamente- es otro de los
aspectos más regresivo que tiene esta ley. Lo mismo ocurre con la
contratación de inserción en las administraciones públicas, que
todavía grava más el tema de temporalidad.
La coincidencia de esta ruptura del mercado de trabajo y de la
negociación social en un contexto de ralentización del ciclo
económico no augura una expectativa de equilibrio social. Deberemos
estar atentos a esta cuestión. Un frenazo económico tendría como
consecuencia un efecto muy grave sobre el mercado de trabajo en estas
circunstancias.
Tenemos, por tanto, dos barreras ante la reforma: el intento de que
la negociación colectiva limite su alcance y la presión política e
institucional. El primero corresponde a los sindicatos, y no
dejaremos de señalar nuestra preocupación por su declarada voluntad
de intervenir en la regulación de la negociación colectiva con la
intención expresa de blindar el mercado de trabajo a acuerdos de los
agentes sociales. El segundo corresponde a las fuerzas políticas. En
este sentido, Izquierda Unida no dejará de perseverar por la
paralización de esta reforma, por su modificación en cuanto la
situación política lo haga posible. Tenemos bastantes razones,
después de escuchar las opiniones del Partido Popular en este debate,
para esperar en un futuro cercano una agenda sociolaboral bastante
lesiva para los trabajadores y trabajadoras.
La reforma laboral puede ser sólo el primer aspecto tras el que
empiecen a desgranarse otros, especialmente en el campo de la
protección social. El acuerdo sobre pensiones ha supuesto una
importante barrera, pero para temas como la sanidad, la dependencia,
las políticas de inserción, etcétera, no parece augurarse nada
positivo. Esta reforma ha sido, en nuestra opinión, el primer paso de
una regulación desequilibrada del mercado de trabajo. El Partido
Popular ha sido opaco a cualquier influencia de las sugerencias
sindicales y de propuestas de los grupos políticos que permitieran
equilibrar, en derechos y contribuciones, las responsabilidades de
empresarios y trabajadores. Esta reforma era, en un 90 por ciento, la
reforma deseada por la patronal cuando entró en el Congreso y sigue
siendo una receta patronal e insolidaria para el mercado de trabajo
a su regreso del Senado, sin que la derecha haya
sido capaz de definir un compromiso o un esfuerzo para los
empresarios.
Las enmiendas que ha defendido Izquierda Unida tenían el objetivo de
imprimir un giro a estas circunstancias tratando de equilibrar el
mercado de trabajo, reducir el exceso de temporalidad e incorporar
algún elemento en el mercado de trabajo que permita a los
trabajadores algún dominio sobre el tiempo de trabajo, regalado al
empresario en esta reforma.
En definitiva, señorías, debemos tomar nota de que la derecha
abandona el combate contra la temporalidad y por un empleo de calidad
y con derechos. Este es el momento político en que el Partido Popular
ha desvelado sus auténticas pretensiones sobre los trabajadores, el
modelo de renta y el mundo de los derechos; en una palabra, es el
momento en que el Partido Popular nos convoca a una alternativa
política pensada para una nueva cultura del equilibrio en el mercado
de trabajo, para un modelo social de integración laboral con
derechos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Llega hoy aquí, al final de su trámite parlamentario, esta reforma
laboral del año 2001. Es evidente que el trámite parlamentario no ha
podido resolver lo que ha sido la principal consideración crítica
hacia esta acción legislativa del Gobierno, que fue en su origen el
fracasado acuerdo social. El trámite parlamentario no ha resuelto ese
mal de origen y el tiempo nos dirá si esta reforma laboral, que nace
desde esa falta de acuerdo con los agentes sociales, va a dar todos
los frutos que sí ha dado la reforma laboral de 1997, sobre todo en
lo que hoy constituye la principal prioridad relativa a la creación
de empleo en España, la creación de empleo estable. El tiempo nos lo
dirá. Desde la perspectiva de los objetivos que se planteó
Convergència i Unió en este trámite parlamentario, que era la mejora
de la propuesta que inicialmente había hecho el Gobierno, se han
introducido mejoras tanto en el trámite en el Congreso como en el
Senado.
Con respecto a las enmiendas que se han introducido en el Senado,
nuestro grupo quiere destacar, en primer lugar, el aumento en las
contingencias comunes en los contratos temporales que tengan una
duración de menos de siete días del 36 por ciento. Esta nos parece
una buena medida para combatir una de las evidencias más claras de
abuso de la contratación temporal. En segundo lugar, una mejora del
tratamiento de los contratos a tiempo parcial de aquellos
trabajadores con jubilación parcial y la introducción del contrato de
relevo, residiendo esta propuesta en lo que ha sido el acuer-
do de mejora de las pensiones que va a permitir facilitar
incorporación de gente joven al mercado de trabajo, de personas en
paro y, al mismo tiempo, incentivar y facilitar la permanencia de
trabajadores mayores en nuestro mercado de trabajo, lo que constituye
una de nuestras prioridades tanto en política de empleo como en
política de protección social; la ampliación de las posibilidades en
el campo de la negociación colectiva de introducir mecanismos para
luchar contra el abuso de esa temporalidad, enmienda que en su día no
fue aprobada en el trámite en el Congreso pero que ahora sí se ha
hecho de manera conjunta con el Grupo Popular; la incorporación, de
manera evidente y clara, de los contratos fijos discontinuos en toda
la política de bonificaciones en las cotizaciones sociales, enmienda
muy técnica pero que clarifica que también estas fórmulas
contractuales forman parte de la política de creación de empleo por
la cual apostamos; la apertura de la posibilidad de que las empresas
de trabajo temporal puedan realizar en un solo contrato diversas
puestas a disposición, que nos parece que clarifica y dignifica el
trabajo que se hace desde el ámbito de las ETT; y finalmente una
cuestión que para nuestro grupo parlamentario en el trámite del
Senado se le ha dado una especial importancia. Esta reforma laboral
incorpora por primera vez en la legislación del conjunto del Estado
una mención explícita a las empresas de inserción laboral. Ustedes
recordarán que el Pleno de la Cámara rechazó con los votos del grupo
de la mayoría una proposición de ley de Convergència i Unió que
apostaba por una regulación con rango de ley y con un cierto detalle
de las empresas de inserción sociolaboral. En aquel debate se puso de
manifiesto, por parte del conjunto de los grupos, esa necesidad de
conformar una legislación que diese a esos instrumentos de la
sociedad civil un marco legal que desde la seguridad jurídica les
permitiese avanzar en el desarrollo de políticas orientadas a
permitir el acceso a condiciones de empleabilidad a las personas en
situación de exclusión social, a los colectivos situados en el ámbito
más claro de la marginalidad de nuestra sociedad. Esa proposición de
ley, decía, fue rechazada por el grupo de la mayoría. Nosotros no
entendimos entonces por qué el Grupo Popular rechazaba aquella
propuesta y, seguramente como resultado del debate de aquella tarde,
en el trámite en el Senado de la reforma laboral se ha creado una
nueva disposición adicional novena en la que se introduce una primera
regulación de estas empresas de inserción. ¿Responde esto a las
demandas de Convergència i Unió y a las demandas del sector? Es
evidente que no responde a esas demandas pero supone un primer paso
en la medida en que por primera vez en el ámbito de una ley del
Estado reconocemos la existencia de esas empresas de inserción.
A nosotros nos hubiese gustado que esta regulación de las empresas de
inserción que introduce la reforma laboral recogiese de manera muy
explícita -y nuestra
opinión es resultado de la opinión del sector- que el registro que la
disposición crea tuviese un carácter obligatorio desde el punto de
vista de la descripción de las entidades de inserción laboral, porque
nos parecía que era dar rigor y seriedad a este sector. Finalmente,
de manera incomprensible en el trámite en el Senado el Grupo Popular
no ha optado por esta solución y lo lamentamos. Nos parece que en
esta materia continúa pesando un excesivo dogmatismo por parte del
equipo económico del Gobierno, un excesivo dogmatismo que quizá desde
el desconocimiento de la realidad de las empresas de inserción no nos
permite apostar, con todas las consecuencias, por este instrumento de
lucha contra la exclusión social. Nosotros lamentamos esa falta de
sensibilidad del equipo económico del Gobierno en esta materia.
Estamos convencidos de que esta disposición adicional deberá tener un
desarrollo legislativo por los gobiernos autonómicos que así lo
deseen. En este sentido, por ejemplo, en el Parlament de Cataluña el
conjunto de los grupos políticos, incluido el Grupo Popular, ha
decidido crear una ponencia para ir a la elaboración de una ley
catalana de empresas de inserción. En todo caso, lo que está claro es
que esa disposición adicional refuerza esa perspectiva y Convergència
i Unió votará favorablemente la propuesta que nos llega del Senado.
Dicho esto, quiero señalar como efecto negativo, a nuestro entender,
que la reforma laboral tan sólo incorpora un cambio respecto a
aquello que aprobó el Congreso en una materia que nos parecía
especialmente significativa. El debate parlamentario en el Congreso
nos permitió configurar la indemnización de ocho días en los
supuestos de contratos eventuales con una indemnización de mínimos y
que a través de la negociación colectiva podía ser aumentada. Es
posible que existan consideraciones de técnica jurídica que
aconsejaran un redactado mejor que el que se formulaba desde el
Congreso, pero a nosotros nos parecía lanzar un mensaje a la
negociación colectiva importante en el que quedase muy claro que la
negociación colectiva podía introducir una indemnización superior a
esa de ocho días que la ley nos marcaba. En este sentido, la enmienda
que el Senado votó no va a encontrar nuestro apoyo en esta sesión de
hoy. Lamentamos haber perdido la oportunidad de lanzar ese mensaje a
la negociación colectiva.
Señorías, hacemos un balance positivo del trámite en el Senado, como
hacemos una valoración globalmente positiva de la propuesta de real
decreto de modernización del mercado de trabajo que en su día formuló
el Gobierno. Esta ley nos va a permitir avanzar hacia el objetivo de
empleo estable. Es especialmente significativa la extensión a más
colectivos del contrato indefinido de 36 días de indemnización. Esta
es una apuesta sólida que ha hecho esta Cámara para fomentar el
empleo estable. Estamos introduciendo por primera vez medidas
concretas para atacar la temporalidad y el
tiempo nos dirá si son suficientes o no, pero estamos introduciendo
por primera vez medidas de penalización de la contratación temporal.
Finalmente, yo creo que en parte hemos garantizado que esta ley
continúe apostando por la conciliación de la vida familiar y laboral.
Lo hacemos porque hemos flexibilizado el contrato de tiempo parcial,
pero hemos mantenido la racionalidad de situar las horas
complementarias como un instrumento que no quede sólo en manos de la
empresa, sino que por razones objetivas el trabajador pueda renunciar
a esas horas complementarias. Al mismo tiempo, hemos introducido una
regulación específica en los supuestos del nacimiento de hijos
prematuros, dando respuesta a un grave problema social, ya que
nuestra sociedad aún no había encontrado en el marco legislativo
fórmulas suficientemente flexibles para dar respuesta a las
necesidades de aquellas familias en este tipo de situaciones. Por
consiguiente, esta reforma laboral avanza hacia objetivos de empleo
estable, de disminución de la precariedad y de conciliación de la
vida familiar, aunque quizá con timidez. A nosotros en algunos
aspectos, especialmente en ese ámbito de la vida familiar y laboral,
nos hubiera gustado una mayor osadía por parte del Gobierno, pero me
parece que hemos avanzado.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Campuzano, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy concluyendo, señor presidente.
En todo caso, el mensaje que esta Cámara debe lanzar al Gobierno en
la perspectiva de los próximos meses es que en el otoño que viene va
a ser necesario concluir la discusión sobre la negociación colectiva
y seguramente el Gobierno va a plantear una ley pública del servicio
de ocupación. Hemos aprobado esta tarde una resolución en ese
sentido. En estos dos ámbitos el mensaje muy claro que la Cámara debe
lanzar al Gobierno es que tanto la negociación colectiva como esta
nueva ley de empleo deben ser el resultado de un amplio acuerdo
social entre patronal, organizaciones sindicales y comunidades
autónomas. En España hay que continuar apostando por legislar en
materia sociolaboral desde la lógica del consenso y desde la lógica
del diálogo social. Desde 1997 esta fórmula nos ha funcionado y en el
futuro nos debe permitir continuar creando empleo estable.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, empezaré por
expresar la posición del Partido Socialista en el debate final de
esta ley. Vamos a votar
negativamente todas las enmiendas que se han incorporado a la ley en
el trámite del Senado. Es verdad que algunas de ellas responden a
correcciones técnicas que pudieran resultar impecables desde el punto
de vista de técnica jurídica, pero no podemos por eso cuestionar lo
que fue nuestro voto negativo al conjunto de los preceptos así
corregidos. Además ocurre, por lo que he escuchado a otros
portavoces, que a diferencia de la ley anterior en ésta sí se han
incorporado algunas enmiendas que tienen contenido y que luego
comentaré porque también nos merecen todas ellas un juicio negativo.
Por eso el Partido Socialista va a votar al conjunto de la ley de
nuevo negativamente en gran parte porque, como ya dijimos en su día,
seguimos considerando -convencidos además- que la ley no corrige las
anomalías a las que estaba dirigida en cuanto que cabe suponer que
pretende resolver una serie de anomalías de nuestro mercado laboral
-temporalidad, subcontratación, poca tasa de trabajo a tiempo
parcial, etcétera- que son de reforma urgente y que nosotros creemos
que no van a ser enmendadas en la práctica por los efectos de esta
ley, por lo que consideramos -lo repetimos- que esta es una ley no
solamente regresiva, por lo que luego repetiré, sino sobre todo
inútil. Regresiva también por lo que ya en su día dijimos, porque la
aportación filosófica de la reforma laboral que hoy estamos
consumando, legislativamente hablando, responde a una filosofía que
está inspirada en estos dos nuevos tótems de la regulación laboral
que son la desregulación y la flexibilidad. Creo que el conjunto de
los preceptos que se han incorporado a nuestro cuerpo jurídico
laboral está inspirado en estos principios y, por tanto, hay más
desprotección como consecuencia de la desregulación y más
flexibilidad, siguiendo en cierto modo los dictados que los
empleadores habían venido estableciendo para esta cuestión.
No olvidemos tampoco, señorías, que esta ley es consecuencia de un
fracaso, del fracaso del diálogo social. Lo que en su día fue su
éxito, señor ministro, hoy es su fracaso. Es un fracaso en parte
debido a su actuación. Yo creo, sinceramente, que el Gobierno
gestionó mal este diálogo porque sus interferencias en un diálogo
bilateral siempre tuvieron un contenido protector de las posiciones
de los empresarios, lo que les hizo fuertes para negarse a un
acuerdo, y esta es una consecuencia que hoy estamos pagando. El
fracaso es en gran parte la consecuencia de una firmeza empresarial
amparada en las previsiones de intervención del Gobierno;
intervención que ciertamente se produjo yo diría que de manera
abrupta a finales de febrero, poniendo de esa manera fin a un diálogo
social que durante muchos años había regulado las relaciones
laborales.
Voy a detenerme, señorías, solamente en el comentario que me ofrecen
dos innovaciones que el Senado ha incorporado a la ley después de su
trámite en el Congreso. El primero de ellos es el que hace referencia
a
una nueva figura contractual que contempla la posibilidad de que las
ETT -las empresas de trabajo temporal- puedan celebrar contratos
eventuales para cubrir puestos de trabajo a disposición en sucesivas
empresas usuarias. Para que ustedes me entiendan, lo que se regula en
esta nueva figura es más o menos lo siguiente. Una ETT contrata
eventualmente a un trabajador para que trabaje sucesivamente en una
serie de empresas a lo largo de un período -el período para el que le
contrata la ETT-, fijando previamente en qué empresas va a trabajar
este trabajador eventual. Realmente esta es una nueva figura de
contratación eventual, porque esta modalidad responde a una
casuística que tiene otras modalidades contractuales que podían
haberse hecho cargo de la figura. Por ejemplo, un contrato a tiempo
parcial de la empresa usuaria; por ejemplo, un contrato fijo
discontinuo de la propia ETT, puesto que si la ETT es obligada a
señalar cuáles son las empresas en las que va a trabajar, si
planifica cuáles son las empresas usuarias en las que va a hacer su
puesta a disposición ese trabajador eventual, podría haberle hecho un
contrato fijo discontinuo. Por eso, cuando ayer el presidente del
Gobierno enfáticamente preguntaba a la Cámara -yo creo que de manera
un poco simplista- si estábamos o no de acuerdo con que para luchar
contra la temporalidad había que prolongar el contrato estable,
querríamos haberle respondido lo que hoy tengo que decir aquí, que no
estamos en contra de que se prolongue el contrato estable a otros
colectivos, estamos en contra de que se incorporen nuevas figuras de
eventualidad para luchar contra la temporalidad. Esto es lo absurdo y
hoy vuelve a incorporarse. No es uno; son cuatro contratos nuevos
eventuales que se han incorporado en esta legislación a la capacidad
empresarial de contratar eventualmente.
La segunda referencia que quiero hacer es a la incorporación en el
texto de las empresas de inserción laboral. El representante de
Convergència i Unió ha dicho -y tiene mucha razón- que en esta Cámara
se vio hace poco tiempo una proposición de ley que ustedes rechazaron
que regulaba las empresas de inserción y, de pronto, en el Senado se
incorpora una pequeña disposición que las regula, yo diría que las
malregula. Pero, claro, ese es un trámite que roza el filibusterismo
parlamentario porque tendrá toda la legitimidad democrática, pero
tiene una base dialéctico-política fatal porque nos impide participar
en esa regulación. Ustedes enmiendan en el Senado, nosotros no
podemos enmendar y hoy tenemos que decir sí o no. Es una técnica que
hurta el debate e incluso impide a los proponentes incorporar lo que
ellos habían propuesto. Créanme que la regulación que se ha hecho de
las empresas de inserción es por lo menos reducida, pero yo añadiría
que nefasta. Por ejemplo, contempla un porcentaje mínimo de puestos
de trabajo para el empleo de personas en situación de exclusión
social, el 30 por ciento. En el Gobierno vasco se ha establecido el
40 por ciento,
como usted sabe muy bien, señor Azpiroz. Esto de que sea voluntario
el registro es una decisión muy arbitraria. ¿Dónde están los
beneficios que van a tener estas empresas? ¿Cuáles son? Una cuestión
tan importante como es regular este tipo de empresas se hace de mala
manera, se remite al reglamento y se impide a los grupos
parlamentarios participar en esta decisión. El curso legislativo que
viene nos debía permitir -y se lo digo en un tono absolutamente
constructivo- hacer una evaluación de lo que esta reforma significa
en la práctica. Nadie sabe -ustedes tampoco- si tendrá o no éxito. Yo
le reto, señor Azpiroz -entre vascos casi podríamos decir yo le
apuesto- a que al final del año que viene evaluemos qué pasa. Si esto
va mejor, yo lo reconoceré públicamente, pero si no va mejor,
rectifiquen. Por cierto, yo he leído al secretario general de Empleo
hace poco tiempo: Trabajo -se entiende que el Ministerio- cambiará su
reforma laboral si ésta no resulta eficaz. Lo dijo el 30 de mayo de
2001, hace unos días. Yo creo que tenemos que darnos este plazo y
este propósito, y yo le animo, señor Azpiroz, a que en nombre del
Grupo Popular nos anuncie que si la reforma laboral no va bien, si no
corrige las anomalías que pretende corregir, tenemos que rectificar
ustedes, desde luego, pero en conjunto todos, dando una nueva
oportunidad al diálogo social que se frustró con la interrupción
abrupta de esta reforma laboral.
Termino, señor ministro, señalándole lo que creo que es una
preocupación general. Usted compartirá conmigo que el clima
sociolaboral del país se está deteriorando peligrosamente; es mi
opinión. Yo creo que hay una insatisfacción salarial creciente en
relación con el IPC -ahora que tiene al ministro de Hacienda a su
lado pueden consultar fórmulas de corrección-; hay pongamos que no
menos de ocho o nueve millones de asalariados que bien porque no
tengan la cláusula de revisión, bien porque tienen salario mínimo,
bien porque son funcionarios, están perdiendo poder adquisitivo tres
años seguidos; hay un deterioro en el clima sindical por la ruptura
del diálogo social sobre relaciones laborales; hay una fractura en el
mundo sindical por el acuerdo de pensiones y hay un temor a que la
intervención del Gobierno en la negociación colectiva a través de una
ley de acompañamiento de presupuestos para intervenir en la
negociación colectiva acabe de crispar definitivamente el mundo
sociolaboral español. Y eso es grave. Yo quiero reivindicar en nombre
del Grupo Socialista, señorías, que las relaciones laborales no
pueden ser secuestradas por el economicismo porque afectan al
equilibrio de relaciones humanas capitales en lo que es la relación
-valga la redundancia- capital trabajo. Algunos creyeron -no es mi
caso pero ha ocurrido frecuentemente en la izquierda testimonial, en
la izquierda a veces extraparlamentaria- que las políticas de empleo
debían hacerse al margen de los empleadores o inclusive contra los
empleadores. Personalmente hace tiempo que concluí que las políticas
de
empleo hay que hacerlas de acuerdo con los empleadores. Pero el
corolario lógico de esa afirmación para mí siempre ha sido que las
políticas de relaciones laborales hay que hacerlas de acuerdo con los
agentes sociales. Y hoy sabemos que en España el Gobierno sigue una
política en función de lo que dicen los empleadores para la política
de empleo, pero desgraciadamente también para las relaciones
laborales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, anticipo ya que como es obvio el Grupo
Popular va a votar favorablemente las enmiendas introducidas por el
Senado. Yo voy a procurar ajustarme al trámite en el que nos
encontramos, que es fundamentalmente este análisis, y no - como algún
portavoz ha podido pretender- un nuevo debate cuando ya en cuatro
ocasiones el Pleno de la Cámara ha conocido y debatido en relación
con la reforma laboral. Por tanto, esta es la cuarta y última ocasión
en que vamos a tener oportunidad de analizar concretamente dichas
enmiendas del Senado.
Se han formulado e incorporado al texto diversas enmiendas de
carácter técnico, de mejora jurídica, que en definitiva creo que
contribuyen a un texto mejor que el que se envió de esta Cámara a la
Cámara Alta. Y hay -en contra de lo que en anteriores debates se ha
expuesto aquí- un ejercicio político de los senadores de la Cámara
Alta que ha tenido oportunidad de conocer, profundizar, modificar y
aportar determinadas cuestiones y mejoras al texto que en su día les
enviamos, como he dicho anteriormente, desde el Congreso de los
Diputados. Yo dividiré fundamentalmente estas enmiendas en dos
bloques. Ha habido tres enmiendas, que creo que no son de gran calado
pero que son dignas de mencionar, relativas al pacto de horas
complementarias, que hace una remisión específica a aquellas
condiciones que se establezcan expresamente en los convenios
colectivos de aplicación. Asimismo, hay una apertura a todos los
convenios colectivos y se quitan matices sectoriales a efectos de
poder establecer requisitos dirigidos a prevenir los abusos en la
utilización abusiva de la contratación temporal de los sucesivos
contratos temporales. Hace un momento, el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pedía un protagonismo de
la negociación colectiva y le doy dos buenos y concretos ejemplos en
línea con la demanda que nos formulaba. El artículo decimocuarto
introduce una en mi opinión necesaria modificación vía adición a la
Lisos y, por tanto, a la regulación del régimen de infracciones y
sanciones del orden social cuando se produzca el quebranto de los
derechos
de información que en el texto se reconocían a los trabajadores en
determinados supuestos.
Dicho esto, hay tres enmiendas que tienen calado y que demuestran que
la Cámara Alta no es sólo una Cámara territorial y que no ha dejado
de ser, como alguno ha podido decir a lo largo de estos días, una
Cámara que ya no es de segunda lectura porque lo sigue siendo y sigue
teniendo capacidad, como en este caso, de introducir determinadas
mejoras. Una de ellas ha sido el contrato de relevo, el contrato
parcial, la posibilidad de jubilación bien anticipada, bien después
de la edad de jubilación de los trabajadores, entre un 25 y un 85 por
ciento de la jornada, y el corolario del contrato de relevo de la
persona que debe sustituir a quien se ha acogido a este contrato
parcial. Nosotros tenemos fundadas esperanzas de que los empresarios
lleguen a conocer esta figura y esta modalidad contractual que en la
anterior regulación no ha tenido ciertamente ningún grado de
eficacia, por reconocerlo con claridad. Pero puede ser un buen
elemento para los trabajadores en situaciones cercanas a la
jubilación o que quieren continuar trabajando un período de tiempo y
son precisos para muchas pequeñas y medianas empresas que deben ser
el foro natural donde este tipo de contratos pueda tener lugar y que,
a su vez, supongan la incorporación a un mercado laboral y a un
puesto de trabajo estable de las personas relevistas, de los que
tienen, en definitiva, un contrato de relevo, por lo general personas
jóvenes que puedan incorporarse a los mismos.
Se ha planteado una segunda modificación de importancia como es la
posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan celebrar
un contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de
puestas a disposición sucesivos. En contra de lo que decía el señor
Jáuregui se produce una plena garantía de los derechos del trabajador
en este contrato. En primer lugar, porque a la hora de poner este
contrato global a disposición del trabajador se debe fijar la
delimitación expresa y concreta de las empresas que van a ser objeto
en el futuro de la contratación del mismo; y en segundo lugar, porque
los requisitos formales deben ser en todas y cada una de las empresas
que puedan tener un contrato de puesta a disposición en este contrato
global los mismos que en cualquiera. Es decir, que no se diluyen sino
que individualmente cada uno de ellos recoge y retiene ese tipo de
garantías. Esto va a ir en dirección contraria a la crítica que se
formulaba y debe producir una cierta estabilidad o una posibilidad
razonable en un trabajador que es contratado en una ETT, que puede
saber que en un período de tiempo puede trabajar los fines de semana
en un bar pero los jueves puede trabajar en no sé qué empresa que
tiene una punta de actividad o en un cine que tiene una jornada
especial ese día. En definitiva es un aporte, una seguridad jurídica
y un reconocimiento previo de una situación laboral que eso sí,
mediante contratos eventuales del artículo 15.1.b) del Estatuto,
mediante contratos de puesta a disposición,
tienen que celebrar con las empresas de trabajo temporal. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
El tercer tema es el de las empresas de inserción laboral. Hubo aquí
un debate y se rechazó una proposición de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Esa proposición al Grupo Popular le
pareció inadecuada porque era profundamente reglamentista. Nosotros
pensamos que las leyes deben ser los marcos que fijen los principios
básicos y fundamentales porque tiempo hay, por desarrollo
reglamentario, como la propia disposición incorporada en el Senado
prevé, para el desarrollo natural de lo que no corresponde por su
naturaleza a la regulación legal. Dicho con otras palabras, siendo
suficiente, como entendemos que es, que haya una regulación expresa a
lo que es una empresa de inserción social, ¿es preciso hacer una ley
ad hoc, una ley específica o, como se ha hecho aquí, que con una
fórmula de rápida y urgente aplicación que hoy va a ser aprobada y
por tanto va a entrar en vigor con inmediatez hagamos una definición
de estas empresas que funcionaban alegalmente? Yo creo que la fórmula
que hemos empleado podrá ser perfectible, pero es una fórmula que
atiende y satisface en buena medida las demandas de este sector,
demandas que además se hacen con el criterio de establecer el 30 por
ciento de los contratos de excluidos sociales, a los cuales hay que
dotar de ese valor añadido para que en el futuro puedan ser
demandantes de empleo en el mercado laboral normal, por llamarlo de
alguna forma, y perdóneseme la expresión. Como digo, el 30 por ciento
permite equilibrar las posibilidades de competitividad empresarial
con el carácter de empresa de inserción social y de atracción de
estos marginados a la normalización y a la entrada en el mercado de
trabajo.
De la dialéctica utilizada por los portavoces intervinientes se
desprenden diferentes posiciones. Pues bien, yo le diría al señor
Txueka con aprecio que no estamos en el debate sobre el estado de la
Nación. Ha venido a plantear una segunda vuelta y no estamos ya en
él. Ha finalizado hace un rato y, lógicamente, el debate que hoy
concluimos es la valoración que cada grupo hace en relación con las
enmiendas que se han introducido en el Senado y su aceptación o
rechazo. A mí me parece muy bien que se introduzca ahora un motivo,
desconocido por mí al menos, en relación con las razones del Partido
Nacionalista Vasco para no aceptar las políticas activas de empleo en
nuestra comunidad. Ahora se dice que es un problema de
cuantificación. Es la primera vez que lo oigo, pero me alegro de que
lo exprese así. Tiempo habría de cuantificar y de debatir eso. Es
decir, me alegro de que no me diga que es por una razón de orden
político o por una razón de que no se conjugan las políticas de caja.
Por lo tanto, agradezco esa aclaración y ahora nos damos por
enterados de la misma.
En relación con la reforma laboral, se ha dicho que esta ley es un
fracaso; sin embargo, el Grupo Popular estima justamente lo
contrario. La reforma laboral que
vamos a aprobar ahora aquí es la subsanación de un fracaso ajeno y no
voy a entrar a hacer valoraciones de los legítimos intereses, o no
tan legítimos, que han podido impulsar a cada una de las partes a ser
incapaces de suscribir un acuerdo en el plazo que en su día se dieron
y, como he dicho más de una vez, en un período de plazo prorrogado.
Si en 1997 hubo un acuerdo, fue dentro del plazo que se dio y no se
eludió y, quien suscribió entonces aquel acuerdo, lo hizo en plazo y
no alegó que el tiempo era escaso. De tal manera que, si hay una
reforma laboral, si hay una actuación de la Cámara legislativa, si
hoy se va a aprobar una ley es para dar cumplida respuesta a un
fracaso de otros, a un vacío ajeno, a una necesidad de que
continuemos por la senda de establecer mecanismos legales que
procuren y consigan una mayor cantidad y mejor calidad de empleo. Por
cierto, cuando se habla de esto, a algunos es difícil contentarles
del todo, porque, cuando hay empleo, siempre se puede decir que no
todo es bueno; cuando haya mucho empleo indefinido, se dirá que queda
empleo temporal y, cuando haya empleo a tiempo fijo, se dirá que hay
bastante a tiempo parcial. Yo le diría al señor Jáuregui que tiene
toda la razón al hacer el planteamiento que ha hecho. Si esta reforma
no es válida, pierda cuidado que el primer interesado en modificarla
para seguir creando empleo y riqueza para todos los ciudadanos
españoles será el Gobierno de la nación y el Partido Popular, al que
me honra representar hoy aquí. Yo le emplazo a lo mismo que usted ha
dicho, a una apuesta a lo vasco. Si la reforma funciona, tenga la
diligencia -estoy convencido que la tendrá-, la ética y la capacidad
de reconocer que hicimos lo que debíamos y que una vez más lo hicimos
bien. Le ruego al señor Jáuregui que esté en esta encrucijada. De
momento sólo puedo añadir una cosa. Los datos de mayo, que ojalá se
confirmen, van por el buen camino. No parece que haya sentado tan mal
lo que fue real decreto-ley y ahora ley. Hemos tenido una
contratación indefinida sin precedentes en el mercado laboral
español, casi 143.000 contratos indefinidos en mayo, que supone un
incremento del 37,48 por ciento sobre el mes de abril de este mismo
año -que también creció comparativamente con el año 2000- y un
incremento del 33,32 por ciento -35.736 contratos indefinidos más-
sobre el mes de mayo del año 2000.
La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, le ruego concluya.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo, señora presidenta.
Ojalá -y estoy convencido de que ustedes también se alegrarán y
sabrán reconocerlo en el futuro- esta sea la pauta que se marque en
el futuro, para beneficio de todos nuestros ciudadanos, en términos
de empleo, de riqueza y de mejor distribución de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad, procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de
marzo. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda al artículo
3.1, por el que se da nueva redacción a la letra c) del apartado 1
del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 167; en contra, 126; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, el resto de las enmiendas del Senado al
referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 182; en contra, 115; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL
PERÚ MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 16 DE MAYO DE
1959, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de
expediente 110/000086.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE TÚNEZ, HECHO EN TÚNEZ EL 26 DE FEBRERO DE 2001. (Número
de expediente 110/000087.)
- ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA
EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE LOS PAÍSES DE
IBEROAMÉRICA (ABINIA), HECHO EN LIMA EL 12 DE OCTUBRE DE 1999.
(Número de expediente 110/000089.)
- ACUERDO RELATIVO AL GRUPO AÉREO EUROPEO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO
UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA FRANCESA Y PROTOCOLO DE ENMIENDA, HECHOS EN LONDRES EL 6 DE
JULIO DE 1998 Y EL 16 DE JUNIO DE 1999, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO
DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESIÓN.
(Número de expediente 110/000088.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir con respecto a alguno de los convenios?
(Pausa.)
En primer lugar, sometemos a votación el Protocolo adicional entre el
Reino de España y la República del Perú modificando el convenio de
doble nacionalidad de 16 de mayo de 1959, hecho en Madrid el 8 de
noviembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 302.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
República de Túnez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 299; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el Acta constitutiva de la Asociación de Estados
Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de
los países de Iberoamérica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 301.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se somete a votación el nuevo punto que ha sido incorporado en el
orden del día, que se corresponde con el dictamen de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo
entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y el Gobierno de la República Francesa y Protocolo de enmienda,
hechos en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999,
respectiva-
mente, así como declaración que España va a formular en el momento de
la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 296; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto de referencia.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 205. (Número de expediente 410/
000003.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Tramitación directa
y en lectura única de iniciativas legislativas. Proposición de
reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se
modifica el artículo 205.
A este texto existen dos enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rejón.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les ruego que
ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo con diligencia. (Pausa.)
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
prometo no ser breve.
Pues bien, hace más o menos 70 años, en esta Cámara... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rejón, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Decía que hace 70 años, en este mismo hemiciclo, en la tarde del 19
de noviembre de 1931, un poco más tarde, eran las once y diez, se dio
lectura, por parte del portavoz de la Comisión de Responsabilidades
(Comisión creada para estudiar las responsabilidades por la Guerra de
África, que fue suspendida por el golpe de Estado de Primo de Rivera,
y a la que se unió después la subcomisión para estudiar las
responsabilidades por el propio golpe de Estado), al acta de
acusación que dicha Comisión de Responsabilidades plantea al
ciudadano Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. En aquella sesión (en
la que, por cierto, la resolución fue aprobada por aclamación de
todos los miembros de la Cámara) se acusaba al que había sido hasta
el 14 de abril Alfonso XIII de España de los delitos tanto de lesa
majestad como de rebelión militar. El dictamen -que leo textualmente
y que, como digo, fue aprobado por asentimiento y por aclamación de
la Cámara- decía: Aunque la gravedad de sus culpas le harían
merecedor de la pena de muerte, la Comisión, representando el
espíritu de la Cámara (en aquel momento se estaba discutiendo la
Constitución de 1931) contrario en principio a esa pena, propone que
se le condene a la reclusión perpetua en el caso de que pise el
territorio nacional. No se trata de una invocación a una reunión de
hace 70 años, sino de ver cómo en otro momento, padres y madres de la
patria resolvían la colisión entre una decisión puntual muy
importante (sin duda la elección de los miembros del Consejo General
del Poder Judicial, el gobierno del Tercer Poder, es algo muy
importante) y una decisión mucho más global y más integral, que era
la propia Constitución española del año 1931.
Señorías, el Constituyente en aquel momento decidió no condenarlo a
la pena de muerte porque su espíritu iba más allá, a pesar de que
tenía que ser castigado con ella -y se puede leer todo el dictamen y
todas las discusiones que se produjeron en la Comisión-. Es curioso,
señorías, que hoy vayamos a debatir una cuestión puntual que entra en
colisión con prácticas, decisiones y resoluciones de la Presidencia
de esta Cámara. Señorías, alguien tendrá que solventar -permítanme la
expresión, la digo con todo el respeto porque no he encontrado otra
en el diccionario- la chapuza que se puede producir esta tarde/noche
en caso de aprobarse tal cual la modificación del artículo 205 del
vigente Reglamento.
Voy a intentar mostrar la chapuza, señorías. Hasta ahora se trabajaba
con una resolución de la Presidencia de la Cámara de mayo de 2000,
que dice: El título XII del vigente Reglamento desarrolla las
previsiones constitucionales sobre la intervención de la Cámara en la
propuesta de designación de los miembros del Tribunal Constitucional
y del Consejo General del Poder Judicial, así como los restantes. Más
adelante dice: A la espera de una regulación definitiva de esta
materia en el futuro Reglamento del Congreso, la presente resolución
tiene por objeto introducir un procedimiento para el examen previo de
las candidaturas. Señorías esto ha sido usado ya, es una norma con la
cual hemos ido trabajando. Pues bien, señorías, esta norma -que está
vigente en estos momentos y que va a seguir vigente en la parte que
no entra en colisión con la reforma del artículo 205- exige el examen
previo de los candidatos y candidatas propuestos ante una Comisión
consultiva de Nombramientos. Es más, además de dicho examen, en la
resolución tercera, punto séptimo dice: Aquellos candidatos que
fuesen invitados a comparecer ante la Comisión consultiva y no lo
hicieran, quedarán excluidos durante el resto del procedimiento. Es
decir, establece de una forma taxativa cuál es el papel que
tiene que desarrollar esa Comisión consultiva ante la propuesta de
los candidatos.
Señorías, la reforma que se trae aquí, firmada por cuatro grupos
parlamentarios, para modificar el artículo 205, dice -además, con
habilidad- respecto a los miembros propuestos por la carrera
judicial, jueces y juezas: Los candidatos presentados conforme a lo
dispuesto en la letra anterior serán sometidos directamente a la
votación del Pleno; es decir, no van a examen. Pero solamente se
refiere a la presentación de los candidatos correspondientes a los
jueces y magistrados. Al no referirse a aquellas nominaciones que
tienen que realizar las Cámaras, cuatro a propuesta del Congreso
y cuatro del Senado, resulta -porque está vigente la resolución de la
presidenta del Parlamento- que a esos cuatro o a esas cuatro
tendremos que examinarlos, con lo cual, señorías, entraremos en la
contradicción más grande del mundo, y es que a aquellas personas que
nosotros proponemos y que se supone que conocemos, las examinamos;
sin embargo, a aquellas que nos proponen desde la carrera judicial y
que no conocemos -entiéndase el sentido de conocimiento al que me
refiero-, no las examinamos. Ya me dirán ustedes cómo se resuelve ese
tema. Les puedo asegurar que este grupo parlamentario va a exigir el
cumplimiento de la norma. Que nadie entienda que estamos jugando a un
filibusterismo parlamentario que sería legítimo; el filibusterismo
parlamentario es de otro tipo. La exigencia de la norma es así,
señorías, y cuando la prisa en la elección del Consejo General del
Poder Judicial se ha convertido en un elemento político, todo lo que
sea actuar sobre la dilación de esa prisa es también político, y
legítimamente. Por tanto, salvo que todavía se haga una chapuza más
grande que la actual, nosotros exigiremos el examen, la comparecencia
de aquellos cuatro nombres que vamos a elegir aquí. Y tendremos -si
se aprueba esta noche, que espero que no, espero que el sentido común
se imponga- que aceptar que los seis ciudadanos y ciudadanas
propuestos por la carrera judicial no sean examinados.
Señorías, nos encontraríamos con una situación bastante chocante. La
resolución de la presidenta del Parlamento fue celebrada por mi grupo
y yo creo que por todos los grupos de la Cámara. La modificación del
artículo 205 significa un paso atrás sobre lo que era ya una práctica
en este Parlamento e incluso en países con un constitucionalismo
comparado muy similar al nuestro. Además de eso, de echar marcha
atrás, jugamos otra vez con una ficción. A los cuatro nuestros los
examinamos, está claro porque los examinamos y decidimos, pero a los
seis propuestos por la carrera judicial no los examinamos. Entonces,
¿cómo los elegimos?, ¿los más votados?, ¿los señalados con un puntito
rojo?, ¿los que además de no venir en la lista me llaman por teléfono
para decir, estos están propuestos, pero tocan estos y estos? ¿A
quién vamos a engañar, señorías? Esto es muy serio. Mi grupo no tiene
ningún inconveniente
en decir que en un momento determinado elegimos a las personas
desde esta Cámara. Que se dice: ése es el triunfo de la
partitocracia. Pues muy bien; las partitocracias pueden llevar a
muchas deformaciones, pero todas ellas democráticas. Las elecciones
corporativas llevan a otro tipo de deformaciones; recomiendo lecturas
sobre las culturas prefascistas.
Por tanto, señorías, planteo una reflexión, porque además estamos en
el primer escalón, en el frontispicio de lo que se ha llamado
ampulosamente un pacto de Estado por la justicia. Este es el primer
escalón, esta es la primera piedra y sobre esta piedra se piensa
construir la iglesia de la futura justicia. A mí, que soy un gran
lector de todos los medios que caen a mi alcance y que suelo leer El
Siglo, gracias a un compañero del Grupo Socialista que me lo pasa
gratuitamente, me ha llamado gratamente la atención un artículo de
una persona nada sospechosa como Santiago Belloch sobre el pacto de
Estado, que dice: El llamado pacto de Estado ha roto toda esperanza a
corto plazo de que la justicia afronte su propia transición
democrática. Lo suscribimos desde Izquierda Unida donde haga falta e
incluso estamos dispuestos a suscribirnos (aunque habría que ver qué
capacidad económica tenemos, señor coordinador) a El Siglo en un
momento determinado. Esa es una realidad y, además, lo pueden unir
ustedes a la situación a la que se está llegando, que se advirtió
desde esta tribuna por este portavoz, al tema de la elección de los
no afiliados. Habría que ver cómo funciona el tema del listado de los
afiliados y el censo de los afiliados, habría que ver qué control
hay. Señorías, cuando algunos jueces se han dirigido al Consejo
General del Poder Judicial pidiendo el listado de los no afiliados
para dirigirse a ellos con el fin de recabar la firma, el presidente
del Consejo General del Poder Judicial les ha contestado que entiende
que no es jurídicamente posible facilitar las listas de los jueces y
magistrados no asociados, con lo cual me imagino a los juececitos y
juececitas no afiliados que quieran presentarse, con las calimas que
están cayendo en el mes de junio, llamando por el teléfono móvil a
otros para preguntarles en primer lugar: ¿tú estás afiliado o no? El
otro le dice: yo no sé si me han dado de baja o no me han dado de
baja en la asociación en donde me he apuntado. Fíjense ustedes qué
situación esperpéntica, aparte de un tremendo problema que se va a
encontrar el no afiliado, con lo cual lo que aquí se denunció de que
al final la elección no iba a ser de los jueces y magistrados sino de
las cúpulas de determinadas asociaciones cobra todavía mucha más
fuerza.
Señorías, yo pediría, en virtud de la salud pública, que pararan esta
situación y, si no, con la autorización de mis autoridades, les hago
una propuesta constructiva. Puedo entender esto -entre comillas-, lo
digo con seriedad, en un momento determinado, por las prisas, porque
ustedes quieren tenerlo para dar la sensaciónde que se está
gobernando perfectamente, que no
hay dilaciones en las elecciones; no lo entiendo pero puedo admitir
que, por esta vez y sin que sirva de precedente, los seis miembros
propuestos por jueces y magistrados no sean examinados. Si los
portavoces que corresponden salen aquí, aunque no pediría tanto, y
dejan indicado que es solamente por esta vez, como si fuera una
situación transitoria, pero que indiscutiblemente a partir de las
próximas, que ya hay una normalidad -me podrá gustar más o me podrá
gustar menos el sistema de elección, pero si es la ley es la ley-
todos van a volverse a examinar conforme a la postura, que nosotros
aplaudimos, de la resolución de la Presidencia del Parlamento, yo
retiro las enmiendas y ya está. Salir va a salir de todas maneras,
pero sale encima sin enmiendas, con la voluntad de que esta vez, en
virtud de la prisa, los seis miembros no se examinan, pero a partir
de ahora, ya que se ha solventado -uno puede entender que muchas
veces puede haber una situación transitoria-, bien en la reforma del
Reglamento o bien porque, sin reforma del Reglamento, se sigue
manteniendo el criterio de la resolución de la Presidencia y mi grupo
parlamentario no tendría ningún inconveniente en retirar la enmienda
y, en todo caso, abstenerse en la votación de esta reforma.
La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, le ruego concluya, por favor.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta, voy
terminando.
Vuelvo a a insistir en que no voy a hablar de aquellos maravillosos
tiempos del 19 de noviembre de 1931, pero si de aquella maravillosa
forma de solventar la colisión entre un momento particular y algo
mucho más amplio, que era todo un gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Brevísimamente, señora presidenta, por ser
mi grupo uno de los cofirmantes de esta proposición de ley, que vamos
a votar favorablemente, como no podía ser menos, atendiendo a las
razones que nos movieron a todos los grupos en aras a resolver este
tema favorablemente, en trámite de lectura única parlamentaria y
dentro de un consenso que entendemos que salva todas las
circunstancias de eficacia y de prontitud de la Cámara para resolver
cuanto antes el problema de la elección de los miembros del Consejo
General del Poder Judicial.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Las enmiendas del señor Rejón ciertamente requieren alguna respuesta.
Son enmiendas razonadas, del mismo modo que lo son las objeciones que
algunos podemos tener. En primer lugar, la reforma del Reglamento que
traemos hoy no deja de ser sino una pura consecuencia de un acuerdo
que ya se trajo a esta Cámara a través de una modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; mi grupo lo acordó y lo entiende como un
todo y, por lo tanto, en todo lo que signifique romper ese consenso,
que no es unánime pero que sí es amplio, mi grupo entiende que no
puede participar.
En segundo lugar, es cierto que en la legislatura pasada votamos
alguna resolución para modificar, por ejemplo, el Estatuto del
ministerio fiscal y acordamos los hearings. Mi grupo parlamentario en
algún otro debate del estado de la Nación presentó y sacó adelante la
celebración de los hearings y tenemos precisamente esa resolución de
la Presidencia. También le tengo que decir al señor Rejón y al resto
de los grupos que mi grupo, desde el momento que se acordó que esas
audiencias iban a ser públicas, iban a ser con luz y taquígrafos y
además y fundamentalmente con la prensa, desconfiamos de esos efectos
y tengo que decirle que si nos atenemos a las audiencias que hemos
celebrado en la legislatura pasada, los efectos no han sido
precisamente esperanzadores, con lo cual mi grupo se limita a
sustituir ese hearing por lo que podríamos decir que es el reading,
que será leer los curricula que nos aporte el presidente del Consejo
General del Poder Judicial y quizá de esa lectura saquemos más en
claro que lo que hemos sacado en algunas audiencias que se han
tramitado aquí.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista para ratificarnos en los
argumentos que son causa de la reforma reglamentaria y que no son
otros que el proceso de cambio que este Parlamento ha hecho en la
elección y selección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial. Ese cambio, que ha sido votado por más del 90 por ciento de
los miembros de esta Cámara, no sólo tiene causa sino que obliga
instrumentalmente a que haya una modificación reglamentaria. Yo no
sé, contestando a lo que decía el brillante portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, si dicha modificación será la que
después sea sólidamente refrendada por la Comisión correspondiente en
los cambios que se están operando en el Reglamento, porque es cierto
también que la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial que hemos votado hace dos semanas plantea una
tramitación distinta cuando la urgencia del cambio de vocales no sea
la que en este momento tenemos en nuestras manos. Por tanto, yo, en
nombre de mi grupo, considero que este es un cambio al menos
instrumental. No sé si después será sólidamente aprobado y ratificado
por los miembros de la Comisión de Reglamento y por este Parlamento
cuando hablemos, insisto, de otra tramitación más lenta que la ley
impone, de seis meses al menos, a la hora de elegir los nuevos
vocales.
En todo caso, señora presidenta, señorías, estamos de acuerdo con lo
que ha sido objeto de nuestra argumentación más nuclear en este
asunto y es que el Grupo Parlamentario Socialista ha llegado a
acuerdos, en primer lugar con el grupo parlamentario que sostiene al
Gobierno y con el propio Gobierno, para pacificar un tema de enorme
importancia como es la elección de los miembros vocales del Consejo
General del Poder Judicial y hacerlo además, a ser posible, en tiempo
y forma. Nosotros fuimos los que en su momento, como Grupo
Parlamentario Socialista, indicamos la oportunidad de dilatar un poco
en el tiempo esta tramitación, con el fin de que las asociaciones
tuvieran tiempo suficiente para marcar sus estrategias electorales e
incluso aquellos que no son asociados tuvieran margen para recabar
avales que les permitieran llegar a esta Cámara. La Cámara al final
va a ser la que decida sobre la elección y la Cámara hoy, si lo
aprobamos -los cinco grupos parlamentarios lo hemos firmado y tenemos
que ser consecuentes con esa firma-, permite, con un instrumento
concreto, que es el cambio en el artículo 205, que en el término
menos dilatado posible esto sea lo que tengamos que hacer y lo que
hagamos, de acuerdo, insisto, con lo que decidió esta Cámara hace dos
semanas: dar un trámite muy concreto, muy corto, sin dilación
posible, para lo cual, insisto, el cambio reglamentario es
indispensable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Barrero.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.
Creo que la intervención del portavoz de Izquierda Unida ha tenido un
doble valor; por un lado ha sido un fino ejercicio de ironía, como
corresponde además a la calidad de quien ha intervenido, y luego,
como diría un clásico, a contrario, ha sido un argumento a favor del
pacto de Estado por la justicia, porque cuando un grupo se desmarca
del pacto de Estado lógicamente tiene que ir en contra de él y algo
tiene que hacer, y hoy algo tenía que hacer para enmendar un trámite
tan absolutamente obvio como el que estamos analizando aquí. La
verdad es que se ha hecho con gracia, con soltura y con una
cierta vis dramática, sacando a relucir a Alfonso XIII, que ya tiene
mérito, no sé si como afiliado o no afiliado a las asociaciones
judiciales. Incluso, después de ese esfuerzo por darle contenido al
debate, se ha olvidado de defender una de las enmiendas, de la que no
ha dicho nada. Hay una enmienda con la cual el Grupo de Izquierda
Unida -y aprovecho para hablar de ella, ya que no lo ha hecho el
señor Rejón- propone que la explicación del voto que se haga sobre
los candidatos no sea de cinco minutos sino de un cuarto de hora.
Quizá le ha dado miedo hablar de aumentar el tiempo en un día como
hoy, en que estamos ya un poco sobrados. Yo estoy seguro de que la
señora presidenta no me llamará al orden si sugiero que, aunque ya el
Reglamento en el artículo 89.1 señala que las explicaciones de voto
son de cinco minutos -por tanto estamos coherentemente en la misma
línea-, la generosidad bien probada de la presidenta llevaría a que
esos cinco minutos siempre pudieran ser algunos más. Estoy seguro de
que no me llamará al orden por sugerirlo, no sólo porque he agotado
ayer ya para una buena temporada ese pasaje parlamentario, sino
porque seguro que su comprensión así lo estimará.
Hay un aspecto que está bastante claro. Cuando esta reforma se
debatió aquí en el hemiciclo nuestro grupo, que no era consciente de
que pudiera plantearse hoy una estrategia tan audaz e imaginativa
como ésta, ya dejó sentado, como un aspecto más del alcance de la
reforma, que precisamente no iba a haber esas consultas previas. ¿Por
qué? Porque los candidatos los proponen los jueces. En eso consiste
el cambio. O sea, hemos dejado que sea esta Cámara la que elige a
todos los miembros, a los diez, y hemos decidido que seis de ellos
sean candidatos propuestos por los jueces. Por tanto, me reconocerá
el portavoz de Izquierda Unida que no tiene mucha lógica que hagamos
que unos jueces acrediten su candidatura con avales de compañeros no
afiliados, con las dificultades censales a las que se ha referido S.
S., y luego aquí filtremos esa candidatura y decidamos que algunos de
ellos no van a ser candidatos.
Yo creo que la relación entre los poderes siempre es un tema muy
delicado en todas las constituciones, en la de la República, a la que
se ha referido, y en la actual y conviene no hacer muchos
experimentos con esas relaciones. Hemos hecho una modificación que
precisamente devuelve a los jueces la posibilidad de plantear las
candidaturas y, en consecuencia, no tiene ningún sentido el trámite
que se propone, tampoco -por lo que ya he dicho- ampliar el tiempo de
explicación del voto de cinco a quince minutos, que queda para la
comprensión de la presidenta. En todo caso, mi grupo reconoce el
esfuerzo argumental e implícitamente el elogio soterrado que hay en
esta intervención de lo difícil que es argumentar en contra del pacto
de Estado por la justicia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
En cuanto a la posible llamada al orden o no por parte de la
Presidencia, por indicar la flexibilidad en el uso de los tiempos,
permítame decirle una cosa. En un futuro, no sé si S.S. ha agotado o
no las llamadas al orden, pero sí estoy segura que tiene en su mano
evitarlas.
Muchas gracias.(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación, en primer lugar, las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los
Diputados por la que se modifica el artículo 205.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, seis; en contra, 282; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación final el
conjunto del texto, que según el artículo 150.2 se someterá a una
sola votación y, en virtud de la disposición final segunda, la
aprobación de la reforma requerirá una votación final de totalidad
por mayoría absoluta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 281; en contra, siete.
La señora PRESIDENTA: Al haberse alcanzado la mayoría requerida,
queda aprobada la modificación del Reglamento del Congreso de los
Diputados.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 11/2001, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 29 DE LA LEY 25/1988, DE 29 DE JULIO, DE CARRETERAS, Y SE
ESTABLECEN NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS
DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN CARRETERAS ESTATALES.
(Número de expediente 130/000020.)
La señora PRESIDENTA: Nuevo punto del orden del día: Convalidación o
derogación del Real Decretoley 11/2001, de 22 de junio, por el que se
modifica el
artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y se
establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados
de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales.
Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real
Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el
artículo 29... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro. (Pausa.)
Adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Decía que el Real Decreto-ley modifica el artículo 29 de la Ley 25/
1988, de 29 de julio, de carreteras, y se establecen normas
presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del
Ministerio de Fomento en carreteras estatales. Este Real Decreto-ley
tiene por objeto determinar las potestades de los órganos del
Ministerio de Fomento respecto de las carreteras estatales, con el
fin de regular su utilización por motivos técnicos o de seguridad
vial. En este sentido, se regulan de forma específica las potestades
de la delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de
autopistas nacionales de peaje cuando de las anteriores
circunstancias se derive la necesidad de desviar el tráfico por una
autopista explotada en régimen de concesión. A tal efecto, se
modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
carreteras, introduciendo un nuevo párrafo que prevé las
circunstancias de seguridad vial o de carácter técnico, de las que se
puede derivar la necesidad de desviar el tráfico de las carreteras
por una autopista explotada en régimen de concesión o por un tramo de
la misma. Así, el delegado del Gobierno en las sociedades
concesionarias de autopistas nacionales de peaje podrá acordar dicho
desvío y en tal caso, previo informe del Ministerio de Hacienda y
audiencia del concesionario, podrá determinar las condiciones de
utilización de la autopista con carácter temporal estableciendo la
compensación que corresponde al concesionario por los perjuicios
causados.
Esto se hace especialmente necesario para aquellas travesías en las
que la existencia de un elevado número de accidentes mortales exige
con carácter inmediato la adopción de medidas como las aquí
previstas, que pueden contribuir eficazmente a la lucha contra la
siniestralidad en nuestras carreteras. Asimismo, se prevé que estas
limitaciones a la circulación o cualquiera otra restricción adoptada
y, en su caso, los desvíos acordados se comuniquen a las autoridades
competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, al objeto de que estas adecuen las medidas
de vigilancia, disciplina y regulación del tráfico y asimismo
mantengan actualizada la información que sobre las vías se ofrezca a
los usuarios. Por lo tanto, con esta modificación normativa lo que se
regula de una manera específica es el recurso a las autopistas o a
tramos de las mismas como variantes provisionales de carreteras,
especialmente por razones de seguridad vial. Esto resulta
justificable sólo cuando lo demuestran las razones de interés público
mencionadas, derivadas de la necesidad de aunar el mayor grado
posible de seguridad vial con motivos de economía de medios, que
aconsejan recurrir al uso de instrumentos ya disponibles, siempre con
el carácter de provisionalidad determinado por la duración temporal
de las circunstancias expuestas. Por su propia naturaleza, estos
supuestos no encajan en el procedimiento ordinario de modificación
contractual previsto en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión, tanto por el carácter excepcional de la medida
como por las razones de urgencia a que normalmente responden, por lo
que se declara expresamente que no resulta de aplicación este
artículo a estos supuestos.
Todas estas actuaciones conllevan la indemnización al concesionario
por los perjuicios causados, lo que se traduce en una financiación
con cargo a los presupuestos públicos y durante el tiempo que dure la
medida de los peajes a satisfacer por categorías específicas de
vehículos. Por todo ello y como complemento de la modificación legal
expuesta, por el presente real decreto- ley se dictan las normas para
efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender
las indemnizaciones correspondientes a las actuaciones que con este
motivo van a realizarse en el presente ejercicio, así como las
derivadas de resoluciones adoptadas por las mismas razones por la
delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de
autopistas nacionales de peaje y, en un caso, por la demarcación de
carreteras del Estado en Cataluña con anterioridad a la entrada en
vigor de este real decreto-ley, que son resoluciones que se
relacionan en su anexo, para las que se establece asimismo su
aplicación. Como señala el artículo 2 del real decreto-ley, la
financiación necesaria para atender estos gastos se realizará con
cargo al presupuesto del Ministerio de Fomento, de conformidad con el
régimen de modificaciones presupuestarias establecido en el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, sin que resulten de
aplicación las limitaciones que para las transferencias de crédito de
operaciones de capital a operaciones corrientes establece el artículo
11.3 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001.
Finalmente, la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad
del presente real decreto-ley deriva de diversas circunstancias:
primero, por la inaplazable necesidad de abordar con carácter
específico este tipo de supuestos, habida cuenta de las numerosas
incidencias
que se producen en la red viaria, especialmente de cara a la
próxima campaña estival, en la que va a tener lugar un incremento
realmente importante del tráfico por carretera; segundo, por la
creciente importancia de la seguridad vial para el interés público,
que requiere del establecimiento de mecanismos ágiles y adecuados
para solventar los problemas que se plantean en la red de carreteras
del Estado, cuestión ésta que no había sido abordada adecuadamente
hasta la fecha; y, tercero, por la necesidad de acompañar a las
facultades administrativas los créditos necesarios para hacer
efectivas las compensaciones que procedan a los afectados por las
medidas acordadas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra la
señora Urán, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se va a
oponer a la convalidación de este real decreto-ley y en este acto
también solicita su tramitación como proyecto de ley.
Una vez más, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda nos
plantean que solventemos, porrazones de urgencia, un problema que ya
es conocido en nuestras carreteras no soló en la estación estival,
problema que se puede ver agravado. Los puntos negros y las travesías
que tienen una alta siniestralidad son conocidos desde hace bastante
tiempo y el Ministerio de Fomento no ha adoptado las medidas
necesarias para abordar de una manera real y no precipitada, sino
planificada, la modificación de estos puntos negros y, por lo tanto,
la mejora en la seguridad vial de determinadas carreteras. Nos traen
un real decreto-ley cuya convalidación a nosotros no nos parece tan
urgente. Estimamos que debería tramitarse como proyecto de ley, dado
que las modificaciones que se nos proponen, aunque parezcan no tener
importancia, son de un carácter económico bastante relevante. Aunque
no sea necesario presentar una memoria económica, no hubiera estado
de más que el Gobierno la hubiera adjuntado a este real decreto para
que hubiéramos podido valorar cuál va a ser el coste económico no de
las que ya han sido adoptadas, sino de las que se puedan adoptar
posteriormente, y la incidencia que puedan tener en los Presupuestos
Generales del Estado.
Por otra parte, este real decreto-ley viene a aplicarse con carácter
retroactivo a medidas que ya había adoptado el Ministerio de Fomento.
Esto cuando se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado y
ya se conocía, de la misma manera que se conocía porque seaprobó la
modificación del artículo 24 en la Ley de
medidas administrativas y fiscales de los presupuestos del año 2000.
Señorías, rellenamos a este real decreto ley, que ahora urge, con
seguridad vial y con la sensibilidad que todos los diputados y
diputadas de esta Cámara tenemos ante la inseguridad en nuestras
carreteras durante todo el año y especialmente en los períodos
vacacionales. Pero este problema se conocía y ya se habían adoptado
medidas que también se conocían y que se adjuntan en un anexo,
algunas de las cuales caducaban en el año 2000, en el momento en el
que se hizo el uso de las autopistas y otras acababan en marzo del
año 2001. Por lo tanto, la urgencia se debe a no adoptar las medidas
necesarias cuando corresponde a los distintos ministerios, en este
caso al Ministerio de Fomento y después -de manera conjunta, si
ustedes lo prefieren- al Ministerio de Economía y Hacienda. No
creemos en esa urgencia cuando se podrían buscar alternativas
distintas que no supongan un costo y un beneficio adicional para las
concesionarias de las autopistas, a quienes tampoco causaríamos un
excesivo perjuicio porque algunos de sus tramos puedan quedar libres
de peaje cuando así lo requiere el interés general del Estado, el
interés público. En este caso, hablamos de seguridad vial.
Señorías, tienen ustedes mecanismos legislativos para poder conseguir
que al Estado esto no le tenga por qué costar dinero y, por lo tanto,
puedan ustedes aplicarlo sin necesidad de establecer esas
compensaciones. Estamos hablando de interés general, de interés
público, que se supone que está por encima del interés privado.
Nuestro grupo parlamentario se va a oponer no porque no estemos de
acuerdo en que hay que mejorar la seguridad vial, sino todo lo
contrario; se va a oponer por la falta de previsión que tiene el
Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía, porque ustedes nos
facilitan un anexo que viene a dar cobertura a actuaciones anteriores
a esta modificación. Al mismo tiempo, consideramos que no es
necesario conceder ese beneficio extraordinario a las ya bien
amparadas por el Gobierno concesionarias de las empresas de
explotación de autopistas.
Señorías, repito que nuestro grupo votará en contra de la
convalidación del real decreto-ley y a favor de su tramitación como
proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar a favor de la convalidación del real
decreto-ley. Ya era hora de que entrase en la Cámara un decreto-ley
como éste, aunque venga con urgencia. La urgencia la puede provocar
alguna de las obras que se citan en el anexo.
Con este real-decreto, el Ministerio de Fomento - aprovecho la
oportunidad para cambiar el nombre en la Ley de carreteras porque,
cuando se elaboró no existía como tal este Ministerio- tiene la
posibilidad de modificar algunas de las condiciones. El delegado del
Gobierno puede, por seguridad vial, ejecutar con mayor celeridad
determinadas obras y determinar que se desvíen tráficos desde las
carreteras nacionales hacia autopistas de peaje, algo que no recogía
la ley. El delegado del Gobierno, junto con el informe del Ministerio
de Hacienda, fijará las condiciones de utilización de la autopista en
el momento en que se estime oportuno. No hablo del anexo, sino que en
el futuro pueden presentarse otros casos no recogidos en el anexo.
Respecto al anexo, hemos de hacer constar que en su punto 4, que nos
habla del tramo de Vendrell-Salou, de la autopista A-7, pone la fecha
del 5 de marzo, que ya está vencida, con lo cual estimamos que con él
se da soporte a las actuaciones realizadas. El delegado del Gobierno
no tiene que esperar al proyecto de ley pues con la aprobación de
este real decreto-ley se le dice que queda prorrogado hasta el mes de
septiembre, aunque probablemente entonces habrá que reconsiderar su
continuación porque es una zona muy conflictiva pues la ejecución de
las obras de una variante son insuficientes. Para el futuro esto
puede solucionar problemas no sólo en el tramo Cervera-Santa María
del Camí, que es imprescindible que pueda derivarse el paso de los
vehículos de gran tonelaje, porque la obra es un desdoblamiento y no
hay solución si no es a través de algo que define el decreto. También
hay problemas en la travesía del Cambrils y en la zona de la
Junquera.
He citado algunos temas contenidos en el texto del real decreto-ley
que, en nuestra opinión, son suficientemente importantes para que
nuestro grupo le dé su voto favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías,
nosotros nos vamos a oponer a la convalidación de este real decreto-
ley y solicitaremos su tramitación posterior como proyecto de ley por
unos argumentos ideológicos de modelo de redes viarias en la
estructura integradora del Estado español, como hemos expuesto en
reiteradas ocasiones desde esta tribuna los diputados que sobre estas
materias hemos intervenido en las últimas legislaturas.
Señor ministro, este real decreto-ley adolece de tantos defectos
hasta de naturaleza formal en su vertebración lingüística, que
produce cierto rubor intelectual que el Gobierno presente un
documento de estas características. Esto es lo menos relevante,
porque las negli-
gencias de naturaleza lingüística las transformarán los expertos,
pero pone de manifiesto la celeridad a trompicones con la que se ha
elaborado. Porque, fíjese, señor ministro, se aprueba el viernes de
la semana pasada, día 22 de junio, se publica en el Boletín Oficial
del Estado el 23, se trae a esta Cámara hace dos días y la Mesa y
Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados toman la decisión
de incluirlo, por razones de urgencia, en la tramitación de este
Pleno tan singular del debate sobre el estado de la Nación. Aquí lo
tenemos en el orden del día, y no hay razón ni técnica ni de
seguridad vial que justifique su inclusión, porque qué duda cabe que
tenemos que luchar permanentemente contra la siniestralidad en
nuestras carreteras; tenemos que defender la seguridad de nuestras
carreteras haciendo todos los esfuerzos institucionales que tengamos
que hacer, pero este real decreto-ley no viene motivado por la
siniestralidad. Es cierto que en determinados tramos se ha producido
y es cierto también que, en sesiones plenarias, distintos municipios
de la provincia de Tarragona se han pronunciado en los últimos años
en el sentido -y he leído en los últimos días precisamente las
resoluciones plenarias- de que se encuentre una solución singular a
las vías a las que hace referencia este real decreto-ley,
esencialmente en el anexo.
Señor ministro, este es un tema de más calado. Se está modificando el
artículo 29 de la Ley de Carreteras, y la modificación se produce
manteniendo el texto actual del artículo 29 y produciendo un añadido
al que usted ha hecho referencia. En la exposición de motivos,
realmente motivadora de las decisiones contenidas en los restantes
artículos, no se logran entender las razones que luego se argumentan
en los artículos. Señoría, cuando en las anteriores circunstancias se
derive la necesidad de desviar el tráfico de los vehículos que se
determinen por la totalidad o parte de la autopista explotada en
régimen de concesión, el delegado del Gobierno, en las sociedades
concesionarias de autopistas nacionales de peaje, podrá acordar dicha
desviación -¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso?, evidentemente
que sí- y, en tal caso, previo informe del Ministerio de Hacienda y
audiencia del concesionario, fijará las condiciones de utilización de
la autopista con carácter temporal. (La señora vicepresidenta,
Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Señor ministro, en la disposición final primera, que complementa esta
ampliación del contenido del artículo 29, es donde se encuentran unas
argumentaciones que nosotros no podemos tolerar. Es suficientemente
conocido que el anterior Gobierno del Partido Popular, en las
sucesivas leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado de los años 1997, 1998, 1999 y en la del presente ejercicio
2001, ha venido modificando constantemente normas reguladoras de los
regímenes concesionales de las autopistas de peaje. Recordará usted
la Ley de acompañamiento de 1997, que posibilitó ampliar
espectacularmente los mecanismos
vinculados al negocio de la explotación de las autopistas de
peaje. Recordará usted también cómo en el presente ejercicio ha
entrado en vigor un mecanismo de revisión de tarifas y peaje en las
autopistas de peaje de titularidad de la Administración general del
Estado, que fue una enmienda que introdujo el Grupo Parlamentario
Popular en la fase de tramitación de la ley de Presupuestos Generales
del Estado en el Senado in extremis, no en el Congreso de los
Diputados. Y ahora, también in extremis, viene este real decreto-ley
que choca con el concepto que desde el Grupo Parlamentario Socialista
se ha venido defendiendo.
Queremos exponerlo de forma sintética y clara: que no se argumente
nunca que el Grupo Parlamentario Socialista se opone a la
convalidación de este real decreto; que no se argumente lo que
nosotros no decimos aquí, como se ha hecho en otras ocasiones. En
primer lugar, qué duda cabe que nosotros defendemos la seguridad vial
e instamos al Gobierno a que adopte muchas medidas que podría adoptar
y que no ha venido adoptando. Es una lástima que no esté aquí el
ministro de Fomento porque se le podrían recordar determinados
compromisos adquiridos en su comparecencia en la Comisión de
Infraestructuras del Congreso de los Diputados del 15 de junio de
2000, cuando expuso su programa de gobierno y que no ha puesto en
marcha ni ha implementado. Luego sí a todas las medidas que permitan
incrementar la seguridad vial. Segundo, sí a la utilización de las
autopistas de peaje por todos aquellos vehículos que circulando por
redes sometidas a actuaciones de mejoras en infraestructuras pudiesen
conllevar situaciones de peligrosidad. Pero lo que no aceptamos es
que se incremente espectacularmente a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado el negocio de las entidades concesionarias, que
se incrementen los beneficios de las entidades concesionarias como
consecuencia del aumento del tráfico. No se carga, naturalmente, a
los usuarios, ¡hasta ahí podríamos llegar! pero se carga a los
Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, si en 1997 a concesionarias como Aumar o Acesa se les
prorrogaron hasta finales de la década próxima las concesiones a
cambio de unas disminuciones muy reducidas de las tarifas de peaje,
¿cómo es posible que ahora, con los Presupuestos Generales del
Estado, se les incremente la capacidad de negocio derivado de una
necesidad vial estructural, vertebradora de un territorio? ¿Cómo es
posible que venga este real decretoley con un anexo -que no tiene
desperdicio- que indica en el primer punto que se va a financiar el
37 por ciento del peaje por el tránsito de vehículos pesados por al
autopista A-68 Bilbao-Zaragoza como consecuencia de los desvíos de
los tráficos pertinentes que se produjeron desde el 1 de mayo de 1999
hasta cuando se produzca la recepción provisional de la obra, y a
pagarle a la concesionaria? ¿Cómo es posible que en los puntos2, 3 y
4 se establezcan mecanismos de financiación
como consecuencia de esas actuaciones a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado y se sienten una larga serie de precedentes para
incrementar esa capacidad de negocio como vienen incrementando
espectacularmente las concesionarias de autopistas de peaje?
Señor ministro, según se lee en noticias de prensa, porque el Grupo
Parlamentario Socialista no ha tenido aún acceso a ese proyecto de
ley que viene consensuado por los Ministerios de Economía, Hacienda y
Fomento, va a ser un proyecto de ley regulador de la participación
privada en la financiación de las infraestructuras vinculadas al
transporte, que tendrá otro título pero que va a posibilitar la
ampliación de esa capacidad de negocio, incluso de utilización del
suelo colindante a las propias autopistas de peaje para la
construcción de hoteles, parques comerciales, parques temáticos,
ecétera. En resumen, señor ministro, aumenta el negocio.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista, coherente con
planteamientos anteriormente expuestos desde esta tribuna en la
pasada y en la actual legislatura, manifiesta que este real decreto-
ley debe ser tramitado en forma de proyecto de ley para posibilitar
la introducción de las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Socialista, si así se produce, presentará a buen seguro. Pero, desde
luego, que no se desvirtúe el planteamiento defendido desde esta
tribuna. No queremos que recaiga en la economía del usuario de esas
autopistas de peaje, como consecuencia de que se ve obligado
a utilizarlas, el pago pertinente; tampoco en los Presupuestos
Generales del Estado, y deben ser las concesionarias quienes,
habiendo sido receptoras de tal mecanismo de beneficio en los tres o
cuatro últimos años, aporten solidariamente esa infraestructura para
la solución solidaria de un problema de seguridad vial en esas
comarcas a las que hace referencia el anexo pertinente de este real
decreto-ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta, señor ministro.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias.
Señora presidenta, empiezo por decir que este decreto- ley tiene tal
cantidad de sentido común en su motivación que, hasta que ha
intervenido el señor Segura, en aras a la brevedad por ser la hora
que es, tras una larga jornada, tenía la idea de contestarle desde el
escaño, pero su intervención me ha impulsado a hacer algunas
apostillas, matizaciones u observaciones absolutamente inexcusables.
Insisto en el sentido común. ¿Es o no de sentido común que el Estado
en una vía de carácter público como es una autopista, aunque esté en
régimen de peaje, es o no de sentido común que ante emergencias
-fundamentalmente el elevadísimo número de obras de nuestras
carreteras gracias a un ambicioso plan de infraestructuras que está
en curso-, ante situaciones de accidentalidad o ante cualquier otro
imprevisto que pueda tener lugar de cara a una etapa estival que ya
se ha iniciado y que se nos viene encima, autorice el desvío del
tráfico por una vía que se denomina autopista, pero que es pública,
aunque esté en régimen de peaje? Pues este es el sentido de este
decreto-ley y por eso que alguien con sentido común y con sus
peculiaridades, como mi adversario y amigo el señor Segura, lo ponga
en duda y le lleve hasta oponerse, este modesto portavoz en este
momento no lo entiende. Sólo lo entiende de una forma y es que el
señor Segura se vea obligado a mantener ante la galería de los
escaños que le rodean la fobia de autopistas que conocemos en esta
Cámara desde hace muchos años. Y en esta línea de fobia incluyo
también a la señora Urán.
Señorías, no voy a abrir un debate sobre la fobia o la no fobia o
sobre si las autopistas de peaje son buenas o malas. Lo único que
digo por experiencia, porque yo autoricé alguna concesión en otros
tiempos, es que este país no tendría vías rápidas si no hubiera sido
por la Ley de autopistas del año 1972, a la que han apelado todos los
gobiernos, también el de ustedes, haciendo concesiones de autopistas
y modificaciones de las concesiones. En definitiva, señorías, señor
Segura, no pierda el sentido común y no se oponga por puro
oposicionismo. Permítame darle aesto un sentido del humor y sin
carácter agresivo, ya que no es mi estilo ni es el caso.
Este es el fondo de la cuestión. Aquí se podría poner aquí un punto
final a esta intervención, pero no lo voy a hacer. No obstante, voy a
ser muy breve. En primer lugar, quiero decirle a la señora Urán que,
en relación con el anejo de obras, la retroactividad a la que se ha
referido no es tal. Es tal retroactividad en la fórmula específica
que se aplica. Ya el párrafo único del artículo 29 de la Ley de
Carreteras habilitaba -este diputado lo sabe bien- al Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo para tomar medidas como las que se han
adoptado en los cuatro casos que figuran en el anejo.
Consiguientemente, no se trata de crear una cobertura que no hubiera;
se trata de buscar una fórmula específica más hábil y más ágil, que
permita al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias,
previaaudiencia de la concesionaria y con el informe favorable del
Ministerio de Hacienda, adoptar unas medidas que son de sentido
común.
Añado, señora Urán. No se trata sólo del problema de los puntos
negros, que, por otra parte, es uno de los objetivos prioritarios del
actual Ministerio de Fomento, como el señor Álvarez-Cascos ha
repetido hasta la saciedad, desde la primera comparecencia en la
Comisión de Infraestructuras el 15 de junio del pasado año. Se trata
de afrontar, sencillamente, la conflictividad del verano, las
consecuencias de las obras, etcétera, y tener un cauce para la
utilización de las autopistas. No es un
gravísimo problema económico, no se alarmen; no se trata de
enriquecer, como han vuelto a reiterar el señor Segura y usted, a las
concesionarias. El montante, según mi información, de lo que se va a
gastar en esta partida asciende a 2.006 millones de pesetas de aquí a
fin de año. Si eso le parece una gran fortuna es que no sabe cuáles
son las cantidades que maneja el Ministerio de Fomento. Son 2.006
millones de pesetas lo que se va a compensar a las distintas
concesionarias de aquí a fin de año. Consiguientemente, ni hay
retroactividad ni hay una gravísima situación económica ni tampoco se
trata de enriquecer a ningún género de concesionarias de autopistas
de peaje. Se trata, señorías -y perdonen porque no quiero ser
ofensivo- de utilizar el sentido común. (La señora presidenta ocupa
la Presidencia.)
Como quiera que el decreto tiene todo lo que en términos normativos
hace falta para afrontar la situación sin ninguna incorporación más,
sin ninguna enmienda más, mi grupo va a votar también en contra de su
tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Urán González pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, ¿a qué efectos pide la palabra?
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señora presidenta, no me acuerdo en este
instante del número del artículo del Reglamento, pero solicitaría que
por un secretario de la Mesa se leyera la disposición final primera,
efectos económicos iniciales, del real decreto que estamos
debatiendo.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo señora Urán.
Señor Oliart.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Disposición final primera,
Efectos económicos iniciales: «El presente real decreto-ley será
aplicable asimismo a las compensaciones derivadas de actuaciones
anteriores a su entrada en vigor, siempre que sean como consecuencia
de las resoluciones adoptadas por el delegado del
Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de
peaje o, en su caso, por el jefe de demarcación de Carreteras, y que
se relacionan en el anexo, consistentes en la financiación estatal de
los peajes por el tránsito de vehículos en autopistas de peaje en
razón de las mismas circunstancias previstas en el artículo 29 de la
Ley 25/1988».
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliart.
Señorías, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2001, de
22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988,
de 29 de julio, de carreteras, y se establecen normas presupuestarias
para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de
Fomento en carreteras estatales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 171; en contra, 96.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
A continuación sometemos a votación el trámite por el cual el Real
Decreto-ley convalidado pueda ser tramitado como proyecto de ley por
el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 98; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de
ley del Real Decreto-ley convalidado.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y treinta y cinco minutos de la noche.