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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 92, de 19/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 92
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 88
celebrada el martes, 19 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 113-1, de 23 de febrero
de 2001. (Número de expediente 122/000099.) . . .
Modificación del orden del día:
Avocación por el Pleno de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los derechos de
información concernientes a la salud y la autonomía del paciente y la
documentación clínica. (Número de expediente 124/000002.) . . .
(Página 4487)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), de modificación de
la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y de la Ley Orgánica 10/
1995, del Código Penal (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 147-1, de 25 de mayo de 2001. (Número de expediente
122/000131.) . . . (Página 4487)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
tendentes a la erradicación de la mutilación genital femenina. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 188, de 1 de junio de
2001. (Número de expediente 162/000308.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno
a llevar a cabo todas aquellas actuaciones que contribuyan a
erradicar la práctica de la mutilación genital femenina. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 179, de 21 de mayo de
2001. (Número de expediente 162/000290.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), para la puesta en marcha
de un plan de prevención destinado a evitar la mutilación de los
genitales femeninos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 179, de 21 de mayo de 2001. (Número de expediente 162/000291.)
. . (Página 4489)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que
se insta al Gobierno a que adopte medidas para eliminar la práctica
de la mutilación genital femenina. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 179, de 21 de mayo de
2001. (Número de expediente 162/000292.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre adopción
de medidas para combatir la práctica de la ablación o mutilación
genital femenina. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
188, de 1 de junio de 2001. (Número de expediente 162/000304.) . . .
(Página 4489)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para
garantizar el derecho de sufragio libre, directo y secreto de los
electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes
(CERA). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 198, de 15
de junio de 2001. (Número de expediente 162/000313.) . . .
(Página 4498)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre evaluación
del funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 183, de 25 de mayo de
2001. (Número de expediente 162/000296.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
del Gobierno para corregir los defectos del Censo de los Electores
Residentes Ausentes (CERA) y su posible uso fraudulento en consultas
electorales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 193,
de 8 de junio de 2001. (Número de expediente 162/000312.) . . .
(Página 4498)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 198, de 15 de
junio de 2001. (Número de expediente 162/000314.) . . .
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en
materia de lucha contra el cambio climático. (Número de expediente
173/000073.) . . . (Página 4509)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria
durante la VII Legislatura. (Número de expediente 173/000074.) . . .
(Página 4514)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . .
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar . . .
(Página 4480)
La señora Castro Fonseca defiende la proposición de ley para su toma
en consideración, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Es la segunda vez que sube a la tribuna para
defender una proposición de ley que intenta dar respuesta a los
problemas de un colectivo de mujeres en su vida cotidiana, como es el
impago de pensiones y de alimentos a cónyuge separados, divorciados o
que han visto por alguna razón su matrimonio anulado y que tienen a
su cargo hijos económicamente dependientes. También se pretende que
esa protección abarque a las familias de hecho, constituidas por
parejas, con o sin hijos, que no están unidas por vínculo matrimonial
pero que constituyen un núcleo familiar perfectamente establecido.
Esta es, añade, una propuesta incentivadora para que las mujeres que
están sometidas a la violencia de género, que tienen hijos a su cargo
y que reciben malos tratos cotidianos sepan que tiene el amparo del
Estado y que pueden salirse del circuito de la violencia sin tener
que pensar en qué van a dar de comer a sus hijos. Explica su
proposición de ley y apela a la conciencia política y personal de los
miembros de la Cámara para que acepten sentarse a la mesa y debatir
sobre el terrorismo de género que es el que está detrás de la
feminización de la pobreza, responsable de muchos males que aquejan a
las mujeres.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta
Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV ); la señora Pigem i Palmés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores
Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, de creación del fondo de garantía de alimentos y
pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del
núcleo familiar, se rechaza por 118 votos a favor, 170 en contra
y una abstención.
Modificación del orden del día . . . (Página
4487)
La señora presidenta, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de
acuerdo con los portavoces de los grupos, propone al Pleno de la
Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la
interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
que figura como punto 41, pase a ser debatida antes del punto 39,
correspondiente a la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, lo que se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno de Proposiciones de Ley . . .
Proposición de Ley sobre los derechos de información concernientes a
la salud y la autonomía del paciente y la documentación clínica . . .
(Página 4487)
La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1 del Reglamento, somete a la consideración del Pleno de la
Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la
proposición de ley sobre los derechos de información concernientes
a la salud y la autonomía del paciente y la documentación clínica, lo
que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) . . .
(Página 4487)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), de modificación de
la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y de la Ley Orgánica 10/
1995, del Código Penal (Orgánica) . . . (Página
4487)
El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la proposición de ley que presenta Esquerra Republicana de
Catalunya sobre la
mutilación genital que sufren mujeres jóvenes o adolescentes, incluso
niñas, procedentes de países africanos como Malí, Sierra Leona, Sudán
o Somalia. Explica el contenido y el objetivo de su propuesta,
anunciando a continuación su retirada en aras al consenso alcanzado
con las proposiciones no de ley que sobre el mismo tema han
presentado los grupos parlamentarios Popular en el Congreso,
Socialista, Mixto(señor Saura), Catalán (Convergència i Unió)
y Federal de Izquierda Unida.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 4489)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
tendentes a la erradicación de la mutilación genital femenina . . .
(Página 4489)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
llevar a cabo todas aquellas actuaciones que contribuyan a erradicar
la práctica de la mutilación genital femenina . . .
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), para la puesta en marcha
de un plan de prevención destinado a evitar la mutilación de los
genitales femeninos . . . (Página 4489)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se
insta al Gobierno a que adopte medidas para eliminar la práctica de
la mutilación genital femenina . . . (Página
4489)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre adopción de
medidas para combatir la práctica de la ablación o mutilación genital
femenina . . . (Página 4489)
Las señoras Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; Navarro Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista; el
señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras
Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Castro Fonseca, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, presentan sus proposiciones
no de ley sobre la mutilación genital femenina, retirándolas todas
ellas en aras de un texto transaccional consensuado entre todos los
grupos.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Julios
Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometido a votación el texto de la enmienda transaccional que ha sido
presentado por los grupos parlamentarios Popular, Socialista,
Catalán, Federal de Izquierda Unida y Mixto, en sustitución de las
cinco proposiciones no de ley, que han sido retiradas, se aprueba por
286 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para
garantizar el derecho de sufragio libre, directo y secreto de los
electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes
(CERA) . . . (Página 4498)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre evaluación del
funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes . . .
(Página 4498)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas del
Gobierno para corregir los defectos del Censo de los Electores
Residentes Ausentes (CERA) y su posible uso fraudulento en consultas
electorales . . . (Página 4498)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), relativa al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) .
. . (Página 4498)
En primer lugar presenta la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista la señora Rumí Ibáñez, que manifiesta que es
intención de todos los grupos de la Cámara mostrar una voluntad
inequívoca de participación democrática en los comicios electorales
de todos los ciudadanos con derecho a
voto, residan dentro o fuera de España, pero con el máximo respeto a
los principios y a las garantías que presiden el sistema electoral.
La señora Muñoz Uriol defiende la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que muestra su total
disposición a hablar de emigración, pero opina que los que se
pretende hoy con las proposiciones de ley presentadas por los grupos
parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto es
precisamente acallar la voz de la emigración en las próximas
elecciones gallegas. Explica el proceso de las elecciones en
Andalucía, Baleares y País Vasco en relación con el censo electoral
de residentes ausentes y se manifiesta en contra de las enmiendas
presentadas por el Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Socialista,
mostrando por otra parte la total disposición de su grupo a debatir
sobre emigración.
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida el señor Rejón Gieb. Hace un repaso a la historia de
España en relación con la manipulación de los votos llegando a la
conclusión de que la existencia de prácticas de captación fraudulenta
de votos de españoles en el extranjero es innegable y contesta a la
portavoz del Grupo Popular rechazando la acusación de que se
desprecie a la emigración por presentar unas proposiciones no de ley
en las que se pide que se limpie de corrupción el censo electoral de
residentes ausentes.
Por último, el señor Aymerich Cano defiende la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Mixto. Acusa al señor Fraga Iribarne de
inflar el censo electoral de residentes ausentes y afirma que su
grupo no se opone a que los emigrantes participen en las elecciones,
por lo que rechaza contundentemente la acusación de la señora Muñoz
de pretender acallar la voz de los emigrantes, reclamando finalmente
una reforma en profundidad de la normativa reguladora del censo
electoral.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka
Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jané i Guasch,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a las
proposiciones no de ley intervienen las señoras Rumí Ibáñez y Muñoz
Uriol y el señor Aymerich Cano.
Sometida a votación la enmienda transaccional que sustituye a las
proposiciones no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para garantizar el
derecho de sufragio libre, directo y secreto de los electores, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas del
Gobierno para corregir los defectos del censo de los electores
residentes ausentes y su posible uso fraudulento en consultas
electorales, y del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich,
Rodríguez y Vázquez), relativa al censo electoral de residentes
ausentes, se rechaza por 119 votos a favor, 161 en contra y 12
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre evaluación del funcionamiento del censo
electoral de residentes ausentes, se aprueba por 167 votos a favor,
113 en contra y 12 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia
de lucha contra el cambio climático . . . (Página
4509)
El señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, defiende
la moción consecuencia de interpelación urgente sobre política
general en materia de lucha contra el cambio climático que comprende
tres puntos esenciales: uno referido a la decisión política de
ratificar el Protocolo de Kioto; otro que se dirige a apoyar en el
seno de la Unión Europea la creación de una ecotasa; y un tercero
encaminado al diseño de la estrategia de lucha contra el cambio
climático.
Defienden las enmiendas presentadas la señora Urán González, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores
Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, y Martí i
Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora De Lara
Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Morlán Gracia.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia
de lucha contra el cambio climático, con la corrección técnica que
ha sido puesta de manifiesto por el grupo proponente, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y de las enmiendas números 1 y 3 del Grupo
Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Puigcercós, se rechaza por
110 votos a favor y 170 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria
durante la VII Legislatura . . . (Página
4514)
El señor Padrol i Munté defiende la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en la que se relacionan los hitos fundamentales que va a
registrar en su evolución la política fiscal y tributaria durante
esta legislatura. Explica los puntos fundamentales que contiene la
moción y que son los elementos absolutamente esenciales de la
evolución de la política fiscal: en primer lugar, una nueva reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas; en segundo
lugar, la reforma del impuesto sobre sociedades; en tercer lugar, la
reforma del impuesto de actividades económicas y, finalmente, seguir
impulsando nuevos convenios de doble imposición con otros Estados
extranjeros.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Bel i
Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Frutos Gras,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y MartínezPujalte
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Padrol i Munté.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria
durante la VII Legislatura, se aprueba por 170 votos a favor, 102 en
contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACIÓN DEL
FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS Y PENSIONES COMPENSATORIAS EN
SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O DEL NÚCLEO FAMILIAR. (Número de
expediente 122/000099.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, se abre la sesión.
Primer I del orden del día: toma en consideración de proposiciones de
ley: del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de creación
del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar.
Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, señorías. Una vez más, por segunda vez en lo que esta
diputada ha tenido la oportunidad histórica de representar a los
madrileños en esta Cámara, salgo a esta tribuna para defender una
proposición de ley de mi grupo que entendemos nosotros que es una
respuesta estructural a los problemas del colectivo de las mujeres,
es decir, a los problemas que se nos plantean a las mujeres en
nuestra vida cotidiana.
La creación de este fondo de garantía de alimentos que propone
Izquierda Unida y de pensiones compensatorias en los supuestos de
ruptura matrimonial o de ruptura del núcleo familiar intenta dar una
respuesta realista a algo que se produce, que es el impago de
pensiones y de alimentos a cónyuges separados, divorciados o que han
visto por alguna razón su matrimonio anulado y que tienen a su cargo
hijos económicamente dependientes. Esta misma protección, señorías,
es la que se pretende dar desde mi grupo parlamentario con esta
iniciativa a las familias de hecho, constituidas por parejas, con o
sin hijos, que no están unidas por vínculo matrimonial, pero que
constituyen un núcleo familiar perfectamente establecido. Yo quiero
hacer hincapié en esto porque últimamente circulan muchas perlitas
-lo que yo llamo perlas del Partido Popular- en la línea de
desdibujar o de hacer aparecer ante la opinión pública las parejas de
hecho como parejas sólo demandantes de derechos y no de deberes; es
decir, negando la posibilidad a muchos y muchas españolas de optar
por no sacramentar su unión ni eclesiástica ni civilmente, sino
sencillamente optando por esa otra posibilidad que es que dos
personas se unen en base al amor y no necesitan más papeles, porque
esa también es otra forma de familia y, como tal, debe estar
contemplada.
En definitiva, ¿qué pretende esta ley? Cubrir las necesidades más
perentorias de estas familias que han sido víctimas de ruptura, que
no tienen recursos económicos y que no reciben de manera puntual y
rigurosa la ayuda económica a la que tienen derecho, según lo
establecido en las diversas resoluciones judiciales, y sin
posibilidad de que las reclamaciones legales de las pensiones se
hagan efectivas. Si de verdad hablamos de resolverles los problemas a
las mujeres, esta propuesta tiene que estar presidiendo la voluntad
política de esta Cámara, porque las familias que se ven en esta
situación, que son aproximadamente un 20 por ciento de la
plurifamiliaridad social, en el 94,6 por ciento de los casos están
encabezadas por mujeres.
Señorías, es esta una propuesta estructural que pretende resolver de
una vez problemas que nos preocupan mucho a todos pero que se nos
escapa que están vinculados con otras historias: es el caso de la
violencia de género. Esta propuesta es incentivadora para que las
mujeres que están en el circuito de la violencia de género, que
tienen hijos a su cargo, que reciben malos tratos cotidianos, sepan
que tienen el amparo del Estado y que pueden salirse del circuito de
la violencia sin tener que añadir el plus y el estrés a su vida de
pensar qué van a hacer al día siguiente con sus hijos, cómo van
a darles de comer o dónde van a poder vivir.
Señorías, estamos hablando de un tema muy serio, de una medida
estructural que puede ayudarnos a resolver el terrorismo de género,
ese terrorismo que se ejerce contra las mujeres y que se asume casi
socialmente. En este país son asesinadas al año seis mujeres. No
podemos seguir hablando de planes contra la violencia de género, no
podemos seguir con políticas parche, porque si de verdad queremos
atajar el problema la solución empieza porque las mujeres tengamos
independencia económica. A lo mejor sale algún grupo -ya no hablo del
Gobierno, que doy por hecho que probablemente sea uno de los
argumentos que utilice- diciendo que el Estado no lo puede resolver
todo. Por supuesto, señorías. Yo no soy partidaria del papá Estado,
pero el Estado sí puede garantizar esa tranquilidad a estas familias
encabezadas por mujeres y tratar de recuperar luego, en los casos en
que sea posible, ese dinero del cónyuge que está obligado a pasarlo.
Esto es algo muy sencillo, es algo que, por supuesto, cuesta dinero,
pero esto es algo que demuestra, señores del Gobierno, cuándo de
verdad hay voluntad política de cambiar la vida de las mujeres. De lo
contrario, las mujeres nos vamos a convertir en esta Cámara y en
otras instituciones en un objeto de lujo del que se habla sin parar,
pero al que jamás se le dan respuestas reales para resolver sus
problemas.
Por eso, señorías, aunque están previstas en nuestra legislación y en
el Código Civil toda una serie de garantías para que se cumplan las
obligaciones económicas derivadas de los supuestos de crisis
matrimonial o de ruptura del núcleo familiar -de hecho el Código
Penal sanciona al cónyuge que deja de cumplir estas obligaciones-, en
la práctica el porcentaje de los cónyuges obligados a prestar
alimentos que incumple sistemáticamente esta obligación es muy
elevado. No se puede achacar a todo el mundo las mismas causas de
responsabilidad en el incumplimiento.
No se puede acusar a todos los hombres de irresponsables por el hecho
de no poder pasar la pensión, porque hay hombres que no pueden
pasarla. Es que el divorcio en este país, que es una de las reformas
que tendremos que plantearnos en un futuro breve, no es un derecho
garantizado para todas y todos los españoles. Es que el divorcio es
un derecho en solfa en este país para los pobres, y entonces
tendremos también que empezar a preocuparnos de que la feminización
de la pobreza que cabalga, señorías, y que queremos, sobre todo las
mujeres, erradicar, no se convierta en masculinización de la pobreza,
porque nosotras queremos cerrar los espacios de violencia contra las
mujeres sin abrir nuevos espacios de violencia, y en este caso
también contra los hombres. Y digo lo del divorcio, porque el
colectivo de hombres separados ya empieza a ser hoy sujeto de
políticas sociales, por detrás del colectivo de las mujeres
separadas, en las instituciones y particularmente en los
ayuntamientos. Esta diputada, como ustedes saben, además de ser una
mujer de izquierdas, es feminista, y el feminismo es una ideología.
Yo soy una feminista de la igualdad y, por tanto, no quiero poner a
los pies de los caballos a los hombres, como históricamente nos han
puesto ellos a las mujeres. Por tanto, señorías, esta proposición de
ley que traemos a la Cámara una vez más tiene como finalidad dar
respuesta desde los poderes públicos a la problemática planteada en
estas familias que, vuelvo a repetir, mayoritariamente están
encabezadas por mujeres.
Yo no voy a repetir mi intervención de otras veces y contar lo de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, porque se lo saben
ustedes de memoria. Lo único que les digo es que para que las mujeres
de verdad avancemos, para que podamos salir de la situación de
dependencia económica en la que históricamente hemos estado
instaladas y, por tanto, recuperar la independencia ideológica,
porque de la dependencia económica, señorías, se derivan otras
dependencias, particularmente la ideológica, no tanto la emocional,
que también tiene que ver, pero que puede darse, haya independencia
económica o no, para que las mujeres seamos sujetos de nuestra propia
vida y para que la maternidad sea reconocida en esta Cámara como un
bien social, que ya va siendo hora, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida espera y desea que los grupos parlamentarios de esta
Cámara permitan que este debate se celebre en este hemiciclo, y se
dirige de un modo especial, cómo no, al partido que sustenta al
Gobierno, al Partido Popular, para pedirle que no nos impida tener
aquí este debate que nos permitan a las mujeres salir de la situación
de dependencia ideológica,
económica y de todo tipo, y que nos permitan -fíjense qué poquito
pedimos- salir de ese circuito de la violencia en el que hay una
premisa para salir, señorías, y es salir al principio. Las mujeres
que no tienen recursos económicos y tienen que padecer los malos
tratos cotidianos, como todo el mundo sabe, está descrito, y no por
Izquierda Unida, sino por los expertos y los científicos, la mujer
que no puede salir del circuito de la violencia al principio porque
no tiene recursos, porque el Estado de derecho no le garantiza esos
recursos, esa mujer va a tardar, si es que puede salir, muchos años
en salir, porque se produce la desestructuración emocional que
conduce a la mujer a la más baja autoestima, a no tener conciencia
casi ni de su existencia. Por tanto, si no ponemos en marcha medidas
como estas, señorías, estamos condenando no sólo a las mujeres que
están ya en el circuito de la violencia a que sigan en él, sino que
estamos condenando a nuestras hijas, a nuestras nietas, es decir, a
las jóvenes generaciones, no del Partido Popular, sino de este país,
a que entren en el circuito de la violencia y sigamos hablando de la
violencia pero sin poner nunca encima de la mesa soluciones que son
absolutamente necesarias.
Este es uno de los ejes clave del pacto de Estado por las mujeres que
Izquierda Unida les propone a ustedes abierto a todos los grupos
parlamentarios y a los agentes sociales. Me da igual por dónde
quieran empezar; yo lo que quiero es que nos sentemos a una mesa
todos los que tenemos responsabilidades y empecemos a ver dónde están
los problemas y cómo pueden ir resolviéndose poco a poco.
Señorías, esta es una de las propuestas que puede empezar a cambiar
la vida de las mujeres. Apelo a su conciencia política, pero también
a su conciencia personal. El terrorismo de género está detrás de la
feminización de la pobreza. La feminización de la pobreza es
responsable de muchos de nuestros males. Espero y deseo que esta
tarde no contribuyan una vez más con su voto a permitir que siga
cabalgando el dolor del colectivo de las mujeres.
Nada más, señorías, y muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Esta intervención es para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a
la toma en consideración de la proposición de ley presentada. Nos
parece una iniciativa de marcado carácter progresista, por cuanto en
la actualidad existe un grave problema de impago, sobre todo de la
pensión de alimentos a los hijos, teniendo que recurrir la parte
afectada -mayoritariamente mujeres- a
los órganos judiciales una y otra vez pidiendo la ejecución de las
sentencias en las que se acuerdan dichas pensiones.
Hay que recordar que los intentos de cobro resultan fallidos en
demasiadas ocasiones, bien porque los padres obligados a
satisfacerlas no cuentan realmente con medios suficientes, o porque
estos han elegido realizar trabajos por cuenta propia con los que
falsean sus datos económicos, o porque no están dados de alta en la
Seguridad Social a petición propia, resultando imposible el embargo
del salario.
Sin embargo, queremos mostrar públicamente nuestra intención de
presentar las oportunas enmiendas parciales, caso de ser aprobada su
tramitación. Dichas propuestas para mejorar la iniciativa ahora
debatida tendrían como objetivo establecer las máximas garantías para
evitar la connivencia entre los padres separados o divorciados que
pueda dar lugar a fraude ante la Administración. Al respecto,
deberían establecerse cuantías máximas fijadas de acuerdo con los
salarios y los bienes del progenitor que ostente la guarda y custodia
y que sea beneficiario de la pensión de alimentos o compensatoria,
propuestas que, a nuestro juicio, mejorarían sustancialmente la
proposición de ley presentada a la que vamos a votar afirmativamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Buenas tarde, señorías; arratsalde on.
Volvemos a tener entre nosotros un debate recurrente, ya que
recientemente, el 16 de octubre de 2000, se trató en esta Cámara el
mismo problema a instancias de tres grupos parlamentarios. El asunto
es, evidentemente, la necesidad de responder a una necesidad social
surgida por el impago de las pensiones en causa de separación y
divorcio.
Como la situación sigue sin resolverse, porque no se aborda por parte
del Estado, en ejercicio y obligación de sus competencias, tendremos
que seguir debatiendo hasta que procuremos unos cauces que den
soluciones efectivas a este problema. Por tanto, aplaudimos la
iniciativa de Izquierda Unida y nos vamos a posicionar a favor de
ella.
Según los últimos datos, tan sólo en los últimos 10 años las
separaciones y los divorcios han aumentado un 66 por ciento. Las
expectativas vitales, el aumento de las exigencias en las relaciones
de pareja, junto con una creciente aceptación social del divorcio,
hacen que, según los expertos, se prevea una tendencia continua al
alza en esta materia.
Pues bien, paralelamente, siguen aumentando los incumplimientos
sistemáticos a la hora de pagar las pensiones y los alimentos a los
cónyuges separados y
que tienen a su cargo hijos dependientes. Según algunos datos, en las
profesiones liberales, el 80 por ciento de los separados no abonan la
pensión. Recientemente, un estudio realizado en cinco juzgados de
familia en Barcelona al que hemos tenido acceso, publicado en un
diario de tirada estatal, daba el tremendo dato de que sólo en el 44
por ciento de los casos se cumplen inicialmente las sentencias. Todo
ello sin hablar de los problemas previos derivados de la lentitud de
la Administración de justicia y sin entrar en la materia de las
propias sentencias, en las que, por ejemplo -y según datos del mismo
estudio-, los jueces denegaron en casi la mitad de los casos el
derecho a una pensión.
Desde las autonomías y en sus ámbitos de competencia y tratamiento
como problema de bienestar y desigualdad social ha habido
planteamientos parciales a la hora de abordar aspectos de esta
problemática. Entre otros, en la Comunidad Autónoma del País Vasco la
Ley de exclusión social y del salario mínimo posibilita una atención
a los cónyuges que se encuentren en una situación de desamparo, y se
está estudiando una propuesta más amplia y que dará una respuesta más
directa a esta problemática. Recientemente también hemos tenido
conocimiento de que la Comunidad Autónoma de Andalucía prepara un
borrador que contempla el anticipo de pensiones impagadas, en este
caso a través de un fondo, a aquellas mujeres víctimas de violencia.
En todo caso, a nuestro juicio debe quedar claro que el
establecimiento de un fondo de garantía estatal bajo el paraguas de
bienestar social y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha de
tener en cuenta que dicha competencia radica en las comunidades
autónomas y de que estaríamos hablando, en su caso, del
establecimiento de fondos autonómicos para abordar la cuestión
coordinados en un esquema de bases correspondientes al Estado. Esto
hay que arbitrarlo bien y hay que hacerlo en consenso con las
comunidades autónomas.
El PP se comprometió a ello ya en la legislatura pasada y estamos
esperando a que lo haga, porque hoy por hoy una ley básica para el
establecimiento de un fondo de garantía del pago de alimentos que
articule una especie de aseguramiento civil, dado que la Constitución
ha acantonado en el Gobierno del Estado la materia legislación civil
en su integridad a través del artículo 149.1.7, sigue siendo una
asignatura pendiente que tiene el Gobierno del Estado y que la ha de
abordar a la mayor urgencia, porque lo que es indudable es que
existen de hecho y por consecuencia situaciones de desigualdad y de
desamparo y que es un mandato constitucional y obligación del Estado
procurar su atención y garantía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) voy a fijar nuestra posición con respecto a la proposición de
ley que sobre la creación de un fondo de garantía del pago de
alimentos nos presenta hoy de nuevo el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Tal como tuvimos ocasión de manifestar cuando en octubre pasado vimos
ya esta iniciativa, queremos ante todo explicitar que el Grupo
Parlamentario Catalán no sólo comparte su finalidad, sino que, aun
teniendo grandes discrepancias técnicas con ella, la valora
positivamente en lo que supone una llamada de atención y un
recordatorio al Gobierno para que, sin más demora, dé respuesta a la
demanda social que sobre este tema se le está haciendo desde hace ya
demasiado tiempo y lo haga no sólo porque es de justicia, sino
también en cumplimiento de los reiterados compromisos que ya desde la
pasada legislatura ha ido asumiendo al respecto.
En efecto, señorías, quiero nuevamente poner de relieve que nuestro
grupo ha manifestado en múltiples ocasiones, ya desde la IV
Legislatura, su preocupación por las consecuencias personales,
familiares y sociales que se derivan del impago de las prestaciones
económicas fijadas en las decisiones judiciales reguladoras de las
crisis familiares; impago, por cierto, frente al que los mecanismos
actualmente previstos en el ordenamiento jurídico, tanto los civiles
como los penales, se han revelado insuficientes e ineficaces, y
permítaseme -abriendo un paréntesis- la sugerencia de que deberíamos
quizá abordar este tema abriendo también una reflexión y debate
acerca de la necesidad de la modificación de los mecanismos jurídicos
actualmente previstos justamente para dotarlos de una mayor
contundencia y eficacia. Pero lo cierto -y cierro aquí el paréntesis-
es que las consecuencias que hoy tiene el impago afectan a las
personas más vulnerables, que se encuentran, precisamente como
consecuencia del mismo, sin los recursos más imprescindibles para su
propio sustento y el de sus hijos.
Compartimos también la reflexión que ha realizado la señora Castro en
el sentido de señalar que la creación de este fondo puede ser también
una medida tanto preventiva como asistencial contra la violencia de
género, porque es cierta la constatación de que en muchas ocasiones
las víctimas eligen soportar la convivencia ante la eventualidad de
que un impago de las prestaciones económicas derivadas de la
separación las condene a la carencia de los recursos más
imprescindibles.
Esta preocupación del Grupo Parlamentario Catalán por el tema que nos
ocupa se ha concretado, como he dicho ya desde la IV Legislatura, en
la articulación de múltiples iniciativas parlamentarias:
proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones y requerimientos
de cumplimiento de las mociones, todas ellas con la única
finalidad de que se creara este fondo de garantía del pago de los
alimentos. Pues bien, señorías, ninguna de estas iniciativas ha
fructificado, por lo que el Grupo Parlamentario Catalán seguirá
defendiendo su creación y esta defensa es justamente uno de nuestros
compromisos electorales.
Pero tal y como ya tuvimos ocasión de exponer el pasado mes de
octubre, entendemos que este tema no hay que abordarlo a través de
una proposición de ley como la que ahora estamos viendo, y que por
tanto no vamos a apoyar, sino a través de una proposición no de ley
como la que ya ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), proposición no de ley que pueda culminar en un
mandato al Gobierno para que presente sin más dilación un proyecto de
ley al respecto. Entendemos que este es el camino adecuado, el que
sea el Gobierno el que presente un proyecto de ley, porque a este
convencimiento nos obligan los antecedentes legislativos que con
respecto a esta cuestión se han venido sucediendo en las pasadas
legislaturas. En efecto, por parte del partido que en cada momento ha
tenido responsabilidad de Gobierno, tanto el Partido Socialista -y me
remito a la moción que con respecto a este tema se aprobó hace ya
diez años, en 1991, en el Senado a instancias de nuestro grupo
parlamentario- como el Partido Popular, siempre se nos ha dicho que
debe ser el propio Gobierno el que elabore un proyecto de ley al
respecto, puesto que la creación de este fondo no es tarea fácil, ya
que la estructura del mismo plantea dificultades presupuestarias,
jurídicas, organizativas y competenciales que deben resolverse de una
forma coordinada desde el propio Gobierno.
Pues bien, si desde posturas políticamente distintas, como las del
Grupo Socialista y las del Grupo Popular, así se nos ha venido
indicando, hemos entendido que es el Gobierno el que tiene la
responsabilidad de presentar un proyecto de ley y debe hacerlo, desde
nuestro punto de vista, sin más dilación, concretando en él su
voluntad política de remediar en la medida de lo posible las
situaciones de auténtica necesidad que en muchas ocasiones se derivan
de este impago de los alimentos, voluntad política que ratificó
también el señor Martínez- Pujalte en su intervención del pasado mes
de octubre y que, mientras no se materialice en un proyecto concreto,
es imperativo que las fuerzas políticas vayamos recordando,
recordatorio que hoy se hace a través de la iniciativa que estamos
viendo y que ojalá no se tenga que volver a hacer cuando veamos la
proposición no de ley que al respecto presentó el Grupo Parlamentario
Catalán, porque esto significará que en esta Cámara finalmente se
habrá presentado un proyecto de ley, no sólo como necesaria respuesta
a la demanda social y política que desde hace ya demasiado tiempo se
está haciendo sobre el problema, sino también en concreción del
compromiso que tiene reiteradamente asumido el Gobierno con respecto
a este tema.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pigem.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición
de ley para la creación del fondo de garantía del pago de alimentos
defendida el día 22 de abril de 1999, en la anterior legislatura, y
otra más reciente con el mismo contenido, defendida el 17 de octubre
pasado, ya en esta legislatura; igualmente, vía enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado del año 2001 y anteriores, también
planteamos esta necesaria e imprescindible iniciativa.
La proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, que es la misma que debatimos en octubre del año 2000, incluye
no sólo el fondo de garantía de impago de alimentos de menores, que
nos parece una cuestión prioritaria, sino también la necesaria
regulación del fondo para el caso de impago de pensión compensatoria
a favor de cónyuge.
El Partido Popular prometió la creación del fondo de garantía del
pago de alimentos encabezado por compromiso del propio señor Aznar
ante esta Cámara, que iba a crearlo dentro de la legislatura
anterior; pues bien, la legislatura anterior ha pasado y este fondo
de garantía de pago de alimentos no ha sido creado. El señor Arenas
Bocanegra en el año 1996 también se comprometió a que en la
legislatura anterior se iba a crear este fondo. Diferentes diputados
que han ido interviniendo ante esta tribuna por parte del Grupo
Popular continuamente dicen que contraen el compromiso de presentar
un proyecto de ley como hoy insta el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), pero es que instamos siempre a que presenten
un proyecto de ley, pasan los años y el proyecto de ley no se
presenta.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista instamos al Grupo Popular a
que opte por una doble vía, o bien que apoye esta proposición de ley,
que puede ser modificada y nosotros enmendaríamos de manera
sustancial enel trámite parlamentario posterior, o bien que contraiga
el compromiso cierto, con plazo cierto de presentar un proyecto de
ley. El crédito en este tema ya lo tienen agotado y no tendrán
credibilidad si no presentan el proyecto de ley o si, anunciándolo,
no contraen el compromiso de plazo cierto. De no ser así, el Grupo
Parlamentario Socialista volverá a presentar una proposición de ley
para resolver estos graves problemas de situaciones de precariedad
impropias de un país avanzado en el siglo XXI. Señorías, una sociedad
avanzada, que dice ser desarrollada, pero permite que haya
situaciones de precariedad y que menores no tengan las coberturas de
necesidades básicas satisfechas, es una sociedad injusta, es una
sociedad enferma, y hay que dar respuesta a esta situación. Hay
instrumentos internacionales que avalan la necesidad de crear este
fondo, como la resolución
del Parlamento Europeo de 8 de julio de 1986 sobre familias
monoparentales, como otra resolución más reciente del propio
Parlamento de 31 de marzo de 1993 sobre la mujer y la
corresponsabilidad parental, institutos semejantes existen en muy
buena parte de los países europeos, como Francia, Reino Unido,
Bélgica, Dinamarca, Suiza, Luxemburgo, etcétera, y hay un mandato que
recoge el artículo 39 de la Constitución española sobre protección
económica a la familia. Y, señorías, ya en el año 1998 el propio
Consejo General del Poder Judicial decía, en un expreso informe al
respecto, que una protección económica familiar eficaz tiene que
garantizar que los alimentos declarados a favor de los menores de
edad tengan realidad efectiva en los supuestos en que el
incumplimiento genere situaciones de necesidad.
En cuanto a la proposición de ley que presenta Izquierda Unida,
estamos de acuerdo con la oportunidad política y la necesidad de la
iniciativa, y puede servir como base para conseguir los fines que
pretende, aunque deba ser ampliamente modificada en su tramitación
posterior si es tomada en consideración. La proposición de ley de
Izquierda Unida deja elementos sustanciales de la regulación para el
reglamento posterior. Estando de acuerdo con el fondo, si es tomada
en consideración por el grupo mayoritario de la Cámara, sugeriríamos
que, en materia tan importante y sensible, en lugar de dejar aspectos
sustanciales a una regulación reglamentaria posterior, los
adoptáramos ya en el proceso legislativo en el propio contenido de la
ley, por ejemplo, en materias como las condiciones para tener derecho
al cobro de los alimentos o pensión compensatoria. El objetivo es
cubrir situaciones de necesidad y no que el Estado supla sin más la
figura del incumplidor en el pago de forma generalizada. Por ejemplo,
nosotros diríamos que serían acreedores de este derecho las familias
que no superaran el doble del salario mínimo interprofesional. La ley
tiene que regular la cuantía a cobrar según la situación familiar
concreta -ingresos, número de hijos, etcétera-, no basta con decir
que no sea superior a lo establecido en sentencia. Debería también
regular la ley en lo sustancial el procedimiento administrativo a
seguir y sus requisitos, así como las ayudas provisionales, incluso
con anterioridad a haber instado la ejecución de la sentencia,
establecer un sistema de reintegros y la subrogación automática del
Estado no con concesión expresa de la afectada o afectado en la
posición del acreedor para ejercitar las acciones de recuperación
cuando ello sea posible, etcétera.
En definitiva, estamos de acuerdo en la oportunidad política y en el
contenido de la proposición de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y lo vamos a votar a favor
porque es imprescindible, es urgente ya dar solución y respuesta a
este grave problema social que constituye el que menores -también
mujeres, en su mayoría en las pensiones
compensatorias, pero si cabe todavía más grave situaciones de
precariedad en menores- no puedan ver satisfecha la cobertura de sus
necesidades básicas. Una España que va bien, una España del siglo XXI
no puede tener todavía a sus espaldas semejante injusticia y es
perentorio, es urgente dar respuesta, pasar a hechos, no a promesas y
publicidad para resolver este grave problema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Villarrubia.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, uno nunca sale de su asombro cuando sube a esta tribuna,
porque el entusiasmo socialista -ya se lo dije el 30 de octubre- es
directamente proporcional a los votos negativos que ha emitido contra
esta iniciativa. Ha votado en contra siempre, siempre hasta que ha
entendido que era un buen elemento para hacer oposición al Gobierno,
lo cual yo admito. Pero hoy aquí volvemos a reiterar, señorías, un
tema que ya tratamos el 30 de octubre, estamos debatiendo exactamente
la misma proposición de ley del 30 octubre. No tiene trampa ni
cartón, es exactamente el mismo debate. Yo se lo agradezco, señora
Castro, de verdad que se lo agradezco, porque que traiga este mismo
debate a la Cámara permite que mi grupo vuelva a reiterar su posición
a favor de las políticas sociales y, como muy bien ha dicho el
portavoz socialista, como España va bien -lo ha dicho el señor
portavoz socialista-, eso ha permitido que en estos últimos años el
Grupo Parlamentario Popular intensifique las políticas sociales. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.) Eso está haciendo posible
que desde el Grupo Parlamentario Popular se impulse la construcción
de un país más justo y más solidario. Empiezo como acabé hace unos
meses, el 30 de octubre: el Partido Popular es consciente del
problema que hoy debatimos, somos conscientes y hemos comprometido en
nuestro programa electoral soluciones para este tema. Sin embargo, le
quiero pedir, señora Castro, que no traiga cada tres meses esta
proposición, y le hago a usted una propuesta: si en la próxima
campaña electoral no hemos cumplido, nos lo demanda; si en la próxima
campaña electoral hemos cumplido, en alguno de los mítines de su
partido diga que el Partido Popular cumple. El Partido Popular,
señorías, ha introducido en la actividad política un elemento nuevo,
desde 1996 hay un elemento nuevo en la actividad política, y eso se
llama que cumplimos los programas electorales. (Protestas.-Aplausos.)
Hace años, señorías, un eminente socialista decía que los programas
electorales estaban para no cumplirlos y el Partido Socialista fue
fiel a esa promesa, no cumplió nunca nada, siguió la directriz a
rajatabla. Incluso ahora
mismo, señorías, el Partido Socialista trae a esta Cámara todos los
días propuestas que no estaban en su programa electoral, por ejemplo,
en su programa electoral dicen una cosa sobre impuestos y luego traen
otra, etcétera. Evidentemente, señorías, mi grupo está comprometido
con lo que ponía nuestro programa electoral y no lo olvida. Nuestro
programa electoral decía: nos comprometemos a promover la reforma
normativa que garantice la efectividad del pago de pensiones
alimenticias fijadas en sentencia judicial. Y ahí estamos, señorías,
nos comprometimos, lo asumimos y lo vamos a cumplir porque el Partido
Popular cumple lo que promete. Creemos que es bueno y necesario dar
una respuesta positiva desde los poderes públicos a un problema real,
ya que es verdad que, tras sentencias judiciales, hay cónyuges que no
pasan la pensión alimenticia. Eso crea una situación de precariedad a
muchas mujeres u hombres y hay que dar una respuesta. Señorías, como
ya muy bien dijo la diputada, señora Uría, desde esta tribuna, cuando
el 31 de octubre hablamos de este tema, es evidente que no sólo se
trata de pagar y dejar -decía ella muy bien- que el incumplidor se
vaya de rositas, se trata de poner los medios para hacer que se
paguen las pensiones. Por eso es muy importante en primer lugar,
señorías, y usted lo sabe, señora Castro, mejorar los procedimientos
judiciales para hacer posible la exigibilidad de ese derecho. Sí es
verdad, señoría, que la Ley de enjuiciamiento civil que mi grupo
promovió y presentamos a esta Cámara mejora la exigibilidad de los
derechos que provienen de operaciones de tracto sucesivo como sería
este caso, y es verdad que se está mejorando, pero también es cierto
que podemos mejorar los procedimientos judiciales y cualquier
solución no sólo para dotar ese fondo, sino también para mejorar los
procedimientos judiciales -y podemos trabajar en esa línea
conjuntamente, señora Castro, y me ofrezco a que trabajemos en buscar
soluciones también en esa línea- que hagan más exigible ese derecho,
porque, desde luego, lo que no se puede hacer es dotar un fondo y
abolir lo que sería la responsabilidad personal del incumplidor.
También es importante -y en esta proposición de ley no se recoge con
profundidad- determinar claramente cuándo entra a funcionar el fondo,
y digo fondo y no pensión porque no estamos hablando de una pensión,
sino de un fondo que garantice que cuando una persona no cumple, los
poderes públicos asumen la responsabilidad de adelantar el dinero o
de hacerse con los derechos de cobro. Pero es muy importante hablar
de algunos puntos esenciales que no están bien recogidos en esta ley
o con los que discrepamos. En primer lugar, ¿estamos hablando de
pensiones alimenticias o también de pensiones compensatorias, estamos
hablando del pago de alimentos o también de pensiones compensatorias?
Mi grupo, señorías, entiende muy importante hablar de los pagos por
alimentos, que me parece que son lo esencial, que es cuando de verdad
se ocasiona
un problema real a un cónyuge que se queda con la custodia de los
hijos, que tiene una sentencia judicial y, sin embargo, no percibe
las cantidades necesarias para hacer frente. Pero hay que aclarar muy
bien ese punto para seguir avanzando en esta propuesta. Hay que
aclarar muy bien, señorías, cuánto tiempo debe transcurrir desde que
se produce el impago hasta que entra en funcionamiento el fondo, ¿un
mes, un año, dos años? Esto nos lleva a plantear una cuestión
adicional, señoría: ¿ponemos alguna condición sobre la renta de la
persona que tiene que recibir la ayuda -entre comillas- de la
Administración? ¿Vamos a poner alguna condición, o no? ¿Vamos a
fijarnos en la renta o da igual que esa persona que debe recibir el
dinero tenga una renta de 50.000 ó de 500.000 pesetas? Habrá que
explicitar muy bien esa cantidad.
En tercer lugar, señora Castro, ¿qué garantías debe tener el Estado
para que se pueda exigir el impago? Es decir, la persona a la que se
le adelanta el dinero tendrá que ceder el derecho de cobro al Estado,
o bien es un adelanto que recibirá cuando lo cobre, pero eso tiene
que quedar muy claro. También conviene matizar si la persona que va a
recibir la ayuda tiene que haber presentado reclamación judicial, en
qué tiempo y de qué modo. Estas son algunas cuestiones muy
importantes no aclaradas y que tienen que ser examinadas con detalle.
Por eso mi grupo está estudiando este tema, y lo está estudiando con
detalle, porque además en el mismo intervienen varios ministerios:
Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Hacienda y Administraciones
Públicas -y ahora me referiré a ello-, porque estamos dotando un
fondo y hay que saber en qué ministerio, con qué garantías, quién lo
pide, etcétera. Digo que también interviene Administraciones Públicas
porque no es baladí el título competencial sobre el que se regula
este fondo. Y hablando de títulos competenciales, quizá la diputada
señora Uría sea la que nos puede dar luces, como hizo ante esta
tribuna cuando hablamos de este mismo tema. Ella decía: El segundo
eje de nuestra postura ha sido siempre saber de qué títulos
competenciales estamos hablando -el señor Saura se refería al
Parlamento catalán-, y añadía: Si estamos hablando de un instituto de
derecho civil, estaríamos en el ámbito del artículo 149; si estamos
hablando de algún tipo de ente administrativo, estaríamos en el
esquema de bases correspondientes al Estado. Pero dice también: Si,
por el contrario, estamos hablando de otro título competencial
posible, que es el de bienestar social, señoría, entonces sería
claramente una competencia de las comunidades autónomas. Por eso mi
grupo entiende que también hay que aclarar este tema con ellas porque
no hay que entrar a saco en las competencias de las comunidades
autónomas desde este Parlamento. Tenemos un Estado de las autonomías
que tiene las competenciasen materia de bienestar social.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
Mi grupo entiende que hay que dar cuatro vueltas a este tema, que hay
que estudiarlo a fondo pero hay que plantearlo con seriedad. Es
probable que estemos hablando de unos créditos del capítulo VIII del
presupuesto, pero que luego se realizan con el capítulo IV, de
transferencias a las familias, que es competencia de comunidades
autónomas. Por eso este tema exige un período de maduración mayor, y
así lo vamos a mostrar con nuestro voto, pero dejando claro que este
grupo parlamentario defiende siempre políticas sociales y un
crecimiento solidario; defiende que el España va bien que ha dicho el
portavoz socialista se traduzca en que vaya bien para todos. Mi grupo
cree que, junto a esta propuesta, también es justo reconocer que en
España se está trabajando muy positivamente para hacer llegar el
bienestar a todos los ciudadanos, y fundamentalmente a los que más lo
necesitan, como es el caso de las mujeres, con mayores ayudas para la
creación de empleo para discriminarlas positivamente, y en esa línea
vamos a seguir trabajando, señorías.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego termine.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acabo, señora presidenta.
Mi grupo entiende, señorías, que la señora Castro muestra buena
voluntad trayendo esta proposición, pero que es necesario un estudio
más a fondo, y desde mi grupo parlamentario lo vamos a potenciar
porque estamos convencidos de que el bienestar tiene que llegar
a todos los ciudadanos españoles. En eso estamos trabajando y desde
luego vamos por el buen camino.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Sometemos a votación la toma en consideración de proposiciones de
ley.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 118; en contra, 170; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del
Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los
grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación
del orden del día, en el sentido de que la interpelación del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de
política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento
de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los pagos
realizados a través de las mismas, que figura como punto 41 del
mismo, pase a ser debatida antes del punto 39, correspondiente a la
interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre política del Gobierno dirigida a frenar y reducir el precio de
la vivienda en general e incrementar la promoción pública de la
vivienda en particular. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Rumores.)
Señorías, si la manifestación de voluntad de la Cámara no es clara,
habrá que hacerlo por votación electrónica. (Rumores.)
Señorías, la Presidencia cree entender que queda aprobada la
modificación de orden del día.
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS DERECHOS DE
INFORMACIÓN CONCERNIENTES A LA SALUD Y LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE, Y
LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. (Número de expediente 124/000002.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la
avocación de la deliberación y votación final de la proposición de
ley, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la
autonomía del paciente, y la documentación clínica. ¿Acuerda el Pleno
recabar para sí la deliberación y votación final de la referida
proposición de ley? (Asentimiento.) Se entiende aprobada la propuesta
de avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PUIGCERCÓS), DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL, Y DE LA LEY ORGÁNICA
10/1995, DEL CÓDIGO PENAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/
000131.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley: Del Grupo Parlamentario Mixto,
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y de
la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Puigcercós. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la proposición de ley que
presenta Esquerra Republicana de Catalunya en este Pleno... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Un momento, señor Puigcercós.
Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la proposición de ley que
presenta Esquerra Republicana de Catalunya en este Pleno responde a
una situación de violencia que se ejerce contra las mujeres. Estamos
hablando de una práctica minoritaria, pero no por ello poco
importante, que afecta a mujeres jóvenes o adolescentes o a niñas
procedentes de países africanos como Mali, Sierra Leona, Sudán o
Somalia, y que supone la mutilación genital, una mutilación que
consiste en la extirpación total o parcial de los órganos genitales
femeninos y que puede adoptar varias formas: clitoridectomía,
escisión o infibulación. Estas prácticas ya fueron debatidas
y condenadas en el Parlamento de Cataluña a propuesta de Esquerra
Republicana de Catalunya en el año 1993. Nuestro partido ya fue
pionero en la Cámara catalana en estas denuncias. Estas prácticas son
una tradición ancestral en estos países de África. Son anteriores al
Islam, a la religión musulmana, y no podemos por ello estigmatizar a
todo un colectivo religioso por un tipo de prácticas minoritarias que
son anteriores a la religión islámica. No afecta a toda la población
islámica y de religión musulmana, incluso afecta a grupos y
territorios que no son de tradición ni religión musulmana, como puede
ser el caso de los animistas del Sudán. Es una tradición que está muy
enraizada en estos países africanos y que provoca un rechazo social y
la marginación a aquellas mujeres que no han sufrido esta ablación,
de aquí el empeño de los progenitores y del entorno familiar para
llevarla a cabo. Es una tradición que encarna serios riesgos para la
mujer, que van desde la muerte hasta la infecundidad, y que duplica
el riesgo de muerte en el parto después de este proceso. En
definitiva, se priva a la mujer del placer, es decir, es una forma de
dominación machista.
Diferentes convenciones internacionales y organismos como Unicef
exhortan a prevenir y acabar con esta tradición, con este tipo de
rituales. El Parlamento Europeo en la resolución de 16 de septiembre
de 1997 ya contemplaba como actos delictivos este tipo de prácticas
y exhortaba también a su prevención e información.
Actualmente, el Código Penal ya contempla la mutilación física como
un delito, artículos 149 y 150, estableciendo penas de entre 3 y 12
años de prisión. A pesar de esto, algunos miembros de estas
comunidades trasladan a sus menores a los países de origen para
llevar a cabo la ablación, escapando así del alcance del Código
Penal. Esquerra Republicana presentó esta proposición de ley con el
fin de modificar el artículo 149 del Código Penal para especificar y
delimitar este tipo de prácticas y de delitos, y del apartado 4.e),
del artículo 23, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985
para evitar la extraterritorialidad del delito, con la pretensión de
dotar de instrumentos a la justicia para acabar con este tipo de
prácticas. Esquerra Republicana presentó ya en el año 1993 una
iniciativa parecida en la Cámara catalana y ahora lo hace en este
Congreso.
Sería injusto, poco práctico y nada ético que exigiéramos
obligaciones y deberes a una comunidad recién llegada a Europa, al
Estado español, a Cataluña en busca de mejor vida y de dignidad, si
no ofrecemos, al mismo tiempo, garantías a las obligaciones. Sería
injusto -repito- exigir deberes y obligaciones si no hay una
contraprestación de derechos por parte del Estado y de la sociedad. A
este fin Esquerra Republicana presentó también una proposición no de
ley que se refiere a los procesos de prevención, información, ayuda,
mediación y formación, con la voluntad de no estigmatizar a ningún
colectivo ni grupo. En definitiva, de no señalar con el dedo como
culpables a todas aquellas personas procedentes de estos países.
Nuestra proposición no de ley también se refería a medidas como
campañas de información y formación de salud sexual y reproductiva a
aquellas personas de estos grupos de riesgo, al seguimiento sanitario
específico de las niñas que se encuentren en situación de riesgo, en
cuyas historias clínicas constara dicho riesgo, con el objetivo de
prevenir la posible mutilación, a la adopción de medidas necesarias
para dar apoyo a las asociaciones de mujeres inmigrantes y luchar con
esta práctica, facilitándoles recursos y formación y enfatizando su
papel mediador, a adoptar medidas adecuadas para ofrecer formación
específica que permita sensibilizar a las y los profesionales
-docentes, asistentes sociales, personal sanitario o del ámbito
judicial- que tengan relación con los colectivos que potencialmente
pueden sufrir mutilaciones genitales de manera que el seguimiento y
la prevención resulten más eficaces. Finalmente, proponíamos realizar
las gestiones oportunas para articular mecanismos de mediación con
las diferentes comunidades que puedan llevar a cabo este tipo de
prácticas, a fin de que no sean estigmatizadas socialmente.
Aquella proposición no de ley y esta proposición de ley, que se
refieren a los cambios sociales, tienen, en definitiva, una voluntad
muy clara, que es dotar de instrumentos no sólo a la justicia, no
sólo al ámbito de la sanidad o al ámbito de la política social, en lo
que sería el marco de la prevención, sino a estas comunidades en las
que muchas veces las mismas mujeres se niegan a llevar a cabo estos
rituales, por lo que, repito, serían estigmatizadas en sus
comunidades de origen; dotarlas de instrumentos para evitar estos
procesos de ablación y, en definitiva, lo que sería la marginación de
estas mujeres. Nosotros creíamos que estos instrumentos también
formaban parte de las modificaciones legales de la Ley de Poder
Judicial y, en este caso, del Código Penal.
Nos sumamos a la propuesta conjunta que han hecho los diferentes
grupos, una propuesta a partir de sus proposiciones no de ley, que se
refiere a los ámbitos de la prevención, la información y la
mediación, pero también a lo que supondría crear las condiciones para
los cambios legales, para endurecer y dotar de instrumentos a la
justicia. Y para dotar también de ese instrumento, repito, a las
mujeres de estos colectivos, que pueden tener en el mismo la excusa
para evitar estos procesos. Por este motivo vamos a retirar esta
proposición de ley. Creemos en el acuerdo al que hemos llegado los
diferentes grupos, un acuerdo que busca las dos fórmulas, la primera
la de la modificación legal; creemos que en el acuerdo a que hemos
llegado la mayoría de los grupos en el seno de la comisión técnica,
que revisa el sistema de penas del Código Penal, se pueden dar los
cambios de la ley, tanto en lo que se refiere a la
extraterritorialidad como a las modificaciones del Código Penal, pero
también a las medidas de prevención y de ayuda, lo que antes
definíamos como las garantías para estas comunidades y, más
concretamente, para las mujeres, adolescentes y niñas de las mismas
Señorías, retiramos esta proposición de ley en aras al consenso al
que hemos llegado. Creemos que damos un paso importante en lo que son
derechos y deberes y, sobre todo, a favor de unas mujeres que eran
estigmatizadas, marginadas y sobre las que, en definitiva, se ejercía
un machismo tradicional que se basaba, repito, en los rituales y en
la tradición. Pero, como sabemos todos, la tradición acaba allí donde
empiezan los derechos humanos. No hay tradición alguna que, en base a
la antigüedad, a los ancestros o a determinados hábitos culturales,
pueda sobrepasar, solapar o conculcar los derechos humanos. Los
derechos humanos son una garantía y esta tradición la vulnera.
Por esta razón, nosotros hemos colaborado en este debate, para buscar
soluciones en el Estado, en el marco legal, en el marco de la
política social y en el marco de la política cultural. Por esa
voluntad de consenso retiramos -repito- esta proposición de ley y
creemos que hoy hemos puesto las vías, los raíles, para buscar una
solución definitiva, progresiva, de mediación, de un acuerdo, en
definitiva, en relación a estas
personas que no sólo se pueden ver privadas de su sexualidad, sino
que pueden ver pisoteado un derecho humano fundamental.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS
TENDENTES A LA ERRADICACIÓN DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.
(Número de expediente 162/000308.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A LLEVAR A CABO TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE CONTRIBUYAN A
ERRADICAR LA PRÁCTICA DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (Número de
expediente 162/000290.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DESTINADO A EVITAR LA MUTILACIÓN DE
LOS GENITALES FEMENINOS. (Número de expediente 162/000291.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE MEDIDAS PARA ELIMINAR LA PRÁCTICA
DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA (Número de expediente 162/000292.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ADOPCIÓN
DE MEDIDAS PARA COMBATIR LA PRÁCTICA DE LA ABLACIÓN O MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA (Número de expediente 162/000304.)
La señora PRESIDENTA: Puesto que, según lo manifestado por el
diputado interviniente, ha sido retirada la toma en consideración de
la proposición de ley referida, entramos en el debate del punto
segundo del orden del día, proposiciones no de ley.
Será debatida conjuntamente la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas tendentes a la
erradicación de la mutilación genital femenina, con la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a llevar a cabo todas aquellas actuaciones que contribuyan a
erradicar la práctica de la mutilación
genital femenina; asimismo, con la del Grupo Parlamentario Mixto, del
señor Saura, para la puesta en marcha de un plan de prevención
destinado a evitar la mutilación de los genitales femeninos;
igualmente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que
adopte medidas para eliminar la práctica de la mutilación genital
femenina, y, por último, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre adopción de medidas
para combatir la práctica de la ablación o mutilación genital
femenina.
Para hacer la presentación, en primer lugar, de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender el texto que, por
unanimidad, presentamos todos los grupos políticos autores de las
distintas proposiciones no de ley que sobre la mutilación genital
figuraban en el orden del día.
Nos felicitamos sin duda de ese acuerdo, que desde el primer momento
trató de impulsar nuestro grupo, como también agradecemos la acogida
de los diferentes grupos políticos buscando ese acuerdo, esa unión.
Igualmente agradecemos al señor Puigcercós la retirada de la
proposición de ley que había presentado sobre este tema.
Estamos hablando de un tema preocupante. Entre las diversas formas de
violencia que padecen las mujeres en el mundo, destaca por su alcance
y gravedad la mutilación genital femenina. Los datos aportados por
las organizaciones internacionales son claramente alarmantes. Dos
millones de mujeres, particularmente niñas y adolescentes, corren el
riesgo de ser sometidas anualmente a estas prácticas en determinados
países africanos y asiáticos. Si la frecuencia y la extensión de
estas prácticas resultan claramente estremecedoras, especial
conmoción produce la lectura de detalladas descripciones o el
conocimiento de muchos testimonios sobre los procedimientos seguidos
o sobre las consecuencias para la salud, tanto física como psíquica,
de las víctimas. Más allá de las eventuales e irreversibles
consecuencias para la salud de las mujeres, lo cierto es que estas
conductas constituyen un flagrante atentado contra los derechos
humanos, particularmente contra la libertad, contra la integridad y
contra la dignidad de las personas.
Mucho nos temíamos que la mutilación genital femenina pudiera afectar
en algunos casos a miembros de la comunidad de inmigrantes africanos
o de otros países radicados en España. Lo cierto es que aquel temor
se convierte hoy en una casi certeza, como indican afirmaciones a las
que han seguido -y de ello nos congratulamos- la apertura de
diligencias judiciales.
Lo cierto es que evitar la mutilación genital femenina en los países
europeos de acogida reviste serias dificultades, bien porque tales
mutilaciones se ejecutan en el círculo cerrado de las familias o bien
porque se aprovecha la salida de nuestro país para realizar estas
prácticas en los países de origen. A ello hay que añadir el hecho de
que estas conductas tan execrables son realizadas como respuesta a
unas arraigadas convicciones que acompañan a los inmigrantes desde
sus países de procedencia.
Considerando que el compromiso con los derechos humanos no se ha de
ver limitado por la territorialidad y al entender que estos ritos
atávicos y crueles deben ser corregidos en su fuente o ámbito de
origen, se hace necesario mantener la colaboración con las
organizaciones internacionales comprometidas en la erradicación de
esta cruenta epidemia. Por otra parte, es indudable que estas
conductas merecen, por su gravedad, una sanción penal que ejerza
fundamentalmente como instrumento de disuasión. Sin embargo, el hecho
de que estas prácticas tiendan a ejecutarse fuera de España dificulta
notablemente su persecución al no estar comprendidas estas conductas
entre los delitos que la Ley Orgánica del Poder Judicial incardina
bajo el principio de jurisdicción universal.
Por ello, nuestro grupo, en definitiva el texto de acuerdo, propone
que se efectúe, por la comisión técnica encargada de revisar el
sistema de penas, un análisis de las posibilidades que ofrece la
legislación española y que, consiguientemente, se estudien las
posibles modificaciones legislativas a fin de que estas prácticas
resulten sancionadas adecuadamente, sea cual sea el lugar donde se
hayan llevado a cabo y siempre que las personas responsables se
encuentren en España. Sin embargo, entendemos que una eventual
extensión del principio de justicia universal a estas prácticas debe
efectuarse de un modo meditado, ello porque aun siendo conscientes de
que el problema radica en la impunidad que se produce en determinados
países, no es menos cierto que la aplicación del principio de
justicia universal parece requerir una penalidad semejante al menos a
la de nuestro ámbito internacional más inmediato -me refiero al de la
Unión Europea-, pues se trata de un problema común. De ahí la
necesidad de estudiar con detenimiento el tratamiento penal que estas
conductas merecen en el conjunto de la Unión a fin de que no se
produzcan desequilibrios punitivos. De ahí la referencia en nuestro
texto a ese estudio y a esa comisión técnica.
Por lo que se refiere al tratamiento puramente sustantivo, entendemos
que estas conductas son perfectamente subsumibles en el artículo 149
del Código Penal. Creemos que dicho artículo no debiera ofrecer
ninguna duda en cuanto a la inclusión de la mutilación genital como
delito de lesiones graves. En cualquier caso, dejamos abierta la
posibilidad de que en el seno de la mencionada comisión técnica
también se valore una
mención más explícita, en su caso, de estas conductas a fin de
garantizar su correcta conceptualización penal y que tales
mutilaciones pudieran ser consideradas como lesiones menos graves.
Reconocida la necesaria aplicación de los instrumentos penales,
también sabemos, como se recoge en el texto de acuerdo, que resulta
indispensable articular una serie de medidas asistenciales de tipo
sanitario, de tipo social, de tipo educativo, dirigidas a reconocer y
a prevenir la mutilación entre la población de riesgo. Concretamente,
urge formar a los profesionales implicados en el tratamiento de la
mutilación genital, urge hacer ver a la población inmigrante las
graves consecuencias de estas conductas y, sobre todo, que el
mantenimiento de sus señas de identidad puede y debe claramente
conciliarse con el respeto a los derecho humanos más elementales,
sobre los que ni siquiera los titulares de los mismos pueden
disponer.
También merece sin duda una referencia especial el hecho de que la
acogida de los inmigrantes en España tiene que servir para proveerles
de una mejor calidad de vida, así como para enriquecerles con unos
derechos y con unos valores que no todos han tenido la ocasión de
conocer, e igualmente es deseable que la integración de estos
inmigrantes en España se produzca sin pérdida de sus originarias
señas de entidad. Sin embargo, el respeto a la cultura propia no debe
servir de coartada para menoscabar la dignidad, la integridad y la
libertad de las mujeres y las niñas.
Quienes creemos firmemente en los derechos humanos, también creemos
en la universalidad de los mismos, precisamente porque consideramos
que tales derechos son unas facultades naturales e inherentes a las
personas que deben permanecer incólumes en cualquier tiempo o entorno
cultural. La identificación de estas facultades naturales no requiere
sin duda complejas construcciones filosóficas.
Como recordaba muy bien en una ocasión Cofi Annan, basta presenciar
el dolor de las mujeres mutiladas para entender qué derechos
naturales le están siendo arrancados: la integridad, la dignidad, el
derecho a la salud -los más esenciales-, la libertad. Estos
testimonios de dolor de tantas niñas y de tantas mujeres nos
demuestran que hay prácticas cometidas en nombre de la diversidad que
son objetivamente inhumanas y, como recordaba también el profesor
Pérez Nuño, el derecho a la diferencia no puede convertirse en una
cómoda coartada que se traduzca en una especie de derecho a la
indiferencia.
Al combatir hoy aquí la mutilación genital femenina -y, sin duda, al
aunar las fuerzas todos los grupos políticos-, no tratamos de imponer
un modelo de civilización tan válido como otro cualquiera; tratamos
de transmitir unos presupuestos y unos derechos mínimos y objetivos
para construir sobre los mismos la pluralidad cultural. En fin, los
derechos humanos no son tales sin su carácter universal, y, como ya
hemos dicho desde
esta misma tribuna en muchas ocasiones, los derechos en general poco
valen también sin garantías.
Señora presidenta, concluyo diciendo que lo que hoy hacemos con este
acuerdo unánime del Pleno, al que reitero, en nombre del Grupo
Popular, también mi agradecimiento, es establecer claramente eso,
garantías, esto es, garantizar derechos humanos sin reparar en
fronteras y sin distinguir en razas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sainz.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista , por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo todas
aquellas actuaciones que contribuyan a erradicar la práctica de la
mutilación genital femenina, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista también va a retirar su proposición
no de ley, que estaba dirigida a esa prevención y a esa erradicación
de la mutilación genital femenina. Lo hacemos principalmente en aras
del consenso, porque entendemos que es mejor llegar a unas propuestas
que tengan la garantía de salir adelante siempre que, además, sean
apoyadas por parte de todos los grupos políticos.
El tema de la mutilación genital femenina es un problema sobre el que
el Grupo Parlamentario Socialista viene presentando iniciativas desde
el año 1998, la primera de ellas, que fue apoyada por parte de todos
los grupos parlamentarios que estaban presentes en la Comisión Mixta
de los Derechos de la Mujer.
La mutilación genital femenina es un acto de violencia hacia las
mujeres y las niñas y un claro atentado a su integridad y a su salud
psíquica y psicológica. Actuaciones de este tipo no deben, en ningún
caso, justificarse por el respeto a tradiciones culturales,
religiosas ni de ninguna otra índole, puesto que atacan a los
derechos humanos fundamentales de mujeres y niñas. Este tipo de
manifestaciones son una muestra clara de la situación de
discriminación y desigualdad que viven las mujeres en todo el mundo y
que tiene efectos dramáticos como el que hoy nos ocupa. Muchos de
estos países en los que se practica la ablación, incluso está
autorizada legalmente, tienen firmados acuerdos internacionales que
prohiben dicha práctica. Existen suficientes acuerdos, declaraciones
institucionales y tratados internacionales que apoyan lo que estamos
planteando y comprometen al Gobierno y al Parlamento a tomar medidas
para erradicar en nuestro país y en todo el mundo prácticas como la
mutilación genital femenina. Sin embargo, somos conscientes de que es
la llegada de inmigrantes, procedentes de países donde se realiza
esta práctica y la evidencia de que puede estar haciéndose en nuestro
país y en personas que viven entre nosotros, lo que ha hecho que se
haya creado cierta
alarma social que nos obliga a los grupos parlamentarios a tomar
medidas frente a esta realidad.
El Grupo Parlamentario Socialista cree necesario condenar la
mutilación genital femenina, pero también cree que esto no puede
servir de excusa para estigmatizar a la población inmigrante y, por
supuesto, es consciente de que muchas mujeres y hombres de diversos
países desconocen la legislación española. No podemos olvidar que
vienen de países en los que la mutilación no sólo está autorizada,
sino que culturalmente para ellos yo diría que es obligatoria. No
saben que la realización de la mutilación puede estar castigada en
nuestro país, puesto que, como digo, proceden de comunidades donde
ésta es habitual e incluso, como decía anteriormente, obligatoria.
Sabemos que la resolución última de este tipo de ataques a la salud y
a la integridad de las mujeres pasa por la integración de las
personas inmigrantes y por la conquista de la igualdad entre hombres
y mujeres. Para avanzar en este camino y evitar en el futuro que las
niñas que vivan en éste o en otro país puedan sufrir este tipo de
agresiones, es por lo que retiramos nuestra proposición y apoyamos
esa transaccional que hemos firmado todos los grupos políticos,
porque creemos que hay que tomar medidas desde varios frentes. Desde
nuestro punto de vista, la primera sería la prevención de la
realización de esa mutilación mediante medidas de información y
formación a la familia a través de los centros sanitarios, sociales y
educativos a los que acuden normalmente estas poblaciones, y de
sensibilización a toda la sociedad, especialmente a los profesionales
que tienen mayor relación con estos colectivos.
En segundo lugar, hay que incentivar la ayuda exterior, sobre todo a
los gobiernos que luchan contra estas prácticas, apoyando programas
educativos y sociosanitarios en aquellos países y comunidades donde
se practica la mutilación. Existe ya un gran número de países que han
prohibido legalmente también la práctica de la mutilación. Por eso
entendemos que hay que fomentar las ayudas y la cooperación con esos
países. Pero no podemos dejar de cooperar con aquellos países en los
que todavía la práctica de la mutilación es legal, porque estaríamos
condenando a esas niñas a un futuro absolutamente incierto.
En tercer lugar, y en este caso el orden para nosotros sí es
importante, sería, como no puede ser de otra manera porque además
está regulado en nuestra norma jurídica, la persecución del delito.
Entendemos que la información, la educación y la formación tienen que
ser prioritarias, porque estamos hablando de una población que, como
digo, desconoce cuáles son nuestras leyes y además vienen de países
en los que esa práctica es habitual.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, para la puesta en marcha de un plan de
prevención destinado a evitar la mutilación de los genitales
femeninos, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, retiramos también nuestra proposición no
de ley. Hemos firmado la propuesta transaccional igual que el
conjunto de todos los grupos parlamentarios, pero quisiera expresar
alguna preocupación que esta mañana he manifestado a las portavoces
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de Izquierda Unida con
relación al texto que sale y quiero dejar claro el sentido de nuestro
apoyo a esta iniciativa.
De las cinco proposiciones no de ley que se presentan y de la
proposición de ley del señor Puigcercós, la única que no planteaba
modificaciones legales era la nuestra. Había una, creo que la de
Convergencia i Unió, que simplemente hablaba de estudiar la
posibilidad de modificar, pero en el resto de las proposiciones había
propuestas de modificación legal, fundamentalmente del Código Penal.
Hemos logrado una transaccional en relación a estos temas, pero lo
que quería decir es que la ablación no es un problema del Código
Penal.
Me van a permitir que lea unas frases de un artículo que apareció el
9 de mayo, de una señora que se llama Mercedes García Arán,
catedrática de derecho penal. El artículo empezaba diciendo: De un
momento a otro alguien va a exigir una reforma del Código Penal como
única posibilidad de solucionar un problema. Si no lo creen, esperen
y verán lo que ocurre con la actualidad que está cobrando un hecho
tan aberrante como la extirpación del clítoris a algunas niñas
africanas residentes en España. Problema de profundidad y gravedad
suficiente como para ser abordado sin demagogias y conociendo las
posibilidades de la ley vigente. Más adelante dice: Lo que sorprende
es que se afirme la indefinición de la ley sobre esta práctica.
¿Realmente alguien puede creer que el Código Penal no sanciona una
mutilación de tal calibre? Desde luego, al definir y sancionar los
delitos de lesiones, el Código Penal no menciona la palabra clítoris,
de la misma forma que no se cita el pene, las piernas, los brazos o
cualquier otro miembro del cuerpo cuya amputación violenta sería, sin
lugar a dudas, delictiva. El Código Penal evita razonablemente
enumerar todos los miembros del cuerpo humano e impone prisión de
seis a doce años a quien causare a otro la pérdida o la inutilidad de
un órgano o miembro principal, y prisión de tres a seis años si se
trata de un órgano o miembro no principal. Valoren los lectores si el
clítoris debe ser considerado o no como miembro principal, pero
causar su pérdida o inutilidad es hoy en España delito y punto. Y
continúa diciendo: pero con esto quizá sólo hayamos evitado que algún
político intente apuntarse un éxito proponiendo una reforma inútil,
aunque muy lucida en términos publicitarios. Cambiar la ley es
absolutamente innecesario. Pero el problema es más complejo, porque
es uno de tantos en los que para erradicar una práctica se requiere
mucho más que de una respuesta punitiva. En este artículo se dice de
forma mucho mejor lo que esta mañana yo he intentado explicar.
El Código Penal sanciona de forma clarísima la ablación. Es
absolutamente innecesario especificar la mutilación del clítoris,
como no hay que especificar otra mutilación. Es cierto que en la
proposición de ley que ha presentado el señor Puigcercós hay un
aspecto que puede ser considerado: la necesidad de incorporar no en
el Código Penal, sino en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el poder
perseguir delitos de ablación efectuados fuera del Estado español
para personas residentes en el Estado español. Esto podría ser
discutible, pero podemos decir que sí. Con esto, ¿qué es lo que estoy
diciendo? Que nuestro sí a que la Comisión técnica del Código Penal
estudie modificaciones legislativas es un sí en el sentido que he
expresado ahora, no de modificar el Código Penal, sino de contemplar
la posible modificación de ablaciones efectuadas fuera del territorio
español. Pero quiero insistir, como dice muy bien Mercedes García
Arán, en que el problema de la ablación no va a desaparecer porque
endurezcamos ni el Código Penal ni modifiquemos la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Es un problema lento, de prevención, de contacto con
las mujeres que en España en estos momentos están trabajando en estos
temas, de información a los inmigrantes que vienen. Es decir, esto
significa programas de prevención, soporte financiero y una actitud
que no base simplemente en una modificación del Código Penal el hacer
frente a un tema como éste.
Me gustaría proponer -aunque no sé si es posible aún- que en el
apartado d), cuando dice: en colaboración con las comunidades
autónomas y con las ONG desarrollar programas sanitarios, si todo el
mundo está de acuerdo, que se añadiera: y con los grupos de mujeres
que están luchando contra esta práctica. Esta sería la propuesta,
aunque si hay algún problema la quitaría. Esta mañana me han llamado
mujeres que no pertenecen a ninguna ONG, aunque están realizando
trabajos de estas características y, si es posible, en el punto d),
cuando se habla en colaboración con las comunidades autónomas y con
las ONG, me han comentado que se debería añadir: y con los grupos de
mujeres, que muchas de ellas han sufrido la ablación, que puedan
también colaborar en este programa.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que
se adopte medidas para
eliminar la práctica de la mutilación genital femenina, tiene la
palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para defender la proposición no de ley que,
consecuencia de una enmienda transaccional, recoge y refunde, a
nuestro modo de ver de manera muy acertada, las distintas iniciativas
que se habían presentado respecto a la erradicación de la mutilación
genital femenina. No voy a reiterar la explicación que aquí ya se nos
ha dado por el señor Puigcercós describiendo de nuevo en qué consiste
esta terrible práctica, pero sí quiero hacer énfasis y poner de
relieve que todas estas mutilaciones son irreversibles, perjudiciales
para la salud y sus terribles secuelas físicas y psíquicas duran toda
la vida. Es evidente, señorías, que la práctica de la mutilación
genital femenina conculca los derechos humanos de las mujeres, es un
atentado contra los derechos de las niñas y contra la integridad, un
acto de violencia contra las mujeres y la manifestación más evidente
de la dominación del hombre sobre la mujer, la cual -también es bueno
recordarlo- ha tenido en todas las culturas, incluida la nuestra, un
sinfín de ejemplos entre los que se encuentran también los
comportamientos de violencia de género, de violencia doméstica,
extendidos por todo el mundo.
En opinión de Convergència i Unió, el bien jurídico a proteger, en
definitiva, la integridad de las mujeres, hace que todos, cada uno
desde su responsabilidad, debamos articular las medidas más eficaces
para erradicar esta práctica allí donde se produzca e impedirla
especialmente en nuestro entorno. Todas las mujeres y las niñas que
ya viven con nosotros tienen el derecho irrenunciable a librarse de
un acto tan degradante como peligroso para su salud frente al que no
vale aducir el derecho a la diversidad cultural, ideológica o
religiosa, porque contra la dignidad de las personas y sus
inalienables derechos fundamentales no puede haber diversidad
cultural que valga. La articulación de estas medidas debe tener en
cuenta las siguientes reflexiones. La primera de ellas es que hay que
ser contundentes a la hora de arbitrar medidas de urgencia para
erradicar la violencia contra las mujeres, pero toda la violencia
contra las mujeres (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante,
ocupa la Presidencia.); la que se practica en ciertas comunidades de
inmigrantes, como la mutilación genital femenina, y también la que
practicamos aquí, en nuestro entorno cultural. Este no debe ser un
hecho asociado únicamente a la inmigración, con el peligro que supone
demonizar a los inmigrantes, añadiendo dificultades a su integración,
sino de mujer, de grave forma de violencia contra las mujeres.
Precisamente en esta línea, queremos hacer hincapié en que,
contrariamente a algunas versiones que se dan, la mutilación
genital femenina no es una práctica sólo musulmana ni tampoco
propia de los árabes, que no la han conocido nunca. Mutilan a las
mujeres tanto los animistas como los musulmanes y también los
cristianos, sin que ninguna de estas religiones lo establezca. Es una
costumbre antigua y muy arraigada que estos pueblos del África
subsahariana -desde el Atlántico hasta el Índico- mantienen, al
margen de prescripciones religiosas. Contundencia, pues, pero con la
sensibilidad necesaria para no estigmatizar ni demonizar a los
inmigrantes, sería nuestra primera reflexión.
La segunda sería que, aunque la práctica de la ablación en España
está ya penada -como bien se ha dicho aquí- como un delito contra la
integridad y con penas elevadas que pueden llegar hasta los doce
años, deberíamos dar un paso adelante y proponer que la mutilación
sea también perseguible aun cuando los residentes la realicen fuera
del territorio del Estado. Una condena penal, contundente y rotunda,
puede ser una medida disuasoria y también pedagógica, porque ayuda a
entender y a dejar claro que ni esta práctica ni los que la efectúen
tendrán cabida entre nosotros. Pero no podemos olvidar -y esto me
conduce a la tercera reflexión- que la mayor parte de las mujeres y
hombres que la practican no sólo tienen el convencimiento de que la
mutilación genital no tiene consecuencias nocivas, sino que la ven
como legítima y necesaria por razones variadas de índole cultural,
ritual, simbólica e incluso sanitaria. Es más, creen que todas las
mujeres del mundo han sido mutiladas y les sorprende enormemente el
hecho de que no sea así.
En este contexto, nos parece que la penalización por sí sola no
tendría mayores consecuencias, porque la efectiva erradicación sólo
será posible si las mujeres afectadas toman conciencia del problema.
Para ello, la solución no debe ser únicamente penal, sino global y
multidisciplinaria. Ninguna ley será eficaz por sí sola si no va
acompañada de políticas informativas y educativas. Es más, la
solución penal llegará siempre tarde porque significará que la
conducta que tratamos de evitar ya se ha producido. La pedagogía, la
formación y la información son, a nuestro entender, los instrumentos
básicos para poder avanzar en la erradicación de cualquier práctica
de mutilación genital femenina. Pues bien, fruto de estas reflexiones
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) había presentado
una proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno
a articular medidas de manera extensa e incidiendo expresamente en el
terreno de la prevención, pero también en el punitivo, en el de la
cooperación y en la protección y acogimiento en el Estado español de
las mujeres y niñas amenazadas por esta práctica, medidas todas ellas
en clara sintonía con lo dispuesto en la muy reciente Resolución
1247, del pasado 22 de mayo, adoptada por la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa.
Ahora es para mi un motivo de satisfacción anunciar que también
retiramos nuestra proposición porque hemos llegado a una enmienda
transaccional con las iniciativas que se habían presentado al
respecto por cinco grupos parlamentarios, enmienda a la que se ha
llegado por la voluntad explícita de consensuar un texto al que todos
pudiéramos apoyar; ese texto se ha nutrido de todas las proposiciones
que de esta manera se han enriquecido mutuamente y en el que el Grupo
Parlamentario Catalán ve recogidas la totalidad de sus propuestas. En
efecto, el texto resultante, que consta de ocho puntos, de aprobarse,
significará un mandato al Gobierno para que adopte ciertamente
medidas de estudio y revisión del sistema de penas y también de
posibles modificaciones legislativas para sancionar estas conductas
allí donde se lleven a cabo, pero acompañadas extensamente de otras
medidas en el ámbito de la prevención, tanto para estudiar el impacto
que estas prácticas tienen en España como para articular
procedimientos que posibiliten la detección de situaciones de riesgo,
la elaboración de protocolos de actuación de los distintos colectivos
profesionales para que puedan prevenir y tratar la mutilación y para
desarrollar programas sanitarios, sociales, informativos de que esta
práctica está prohibida y penada en el Estado español y programas
educativos que serán a la larga las medidas que estimamos más
eficaces, porque inciden en el ámbito de la prevención y, por tanto,
en la evitación de estas terribles prácticas. El texto recoge unas
medidas propuestas en nuestra iniciativa referentes al fomento de la
cooperación con aquellos países que han adoptado ya políticas
legislativas y de gobierno para la erradicación de la mutilación y,
finalmente, otras para el acogimiento y la protección de las mujeres
y niñas amenazadas por esta práctica.
Acabo, señorías, reiterando que para el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) es una satisfacción y un motivo de felicitación
que hayamos sido capaces de acordar un texto que, además de recoger
la totalidad del contenido de las proposiciones que se habían
realizado sobre este tema, tiene el valor añadido del consenso, de
dar a la sociedad un mensaje único que muestre la voluntad de todos
los grupos parlamentarios para que se adopten medidas contundentes,
pero globales y multidisciplinarias, para erradicar esta grave forma
de violencia contra la mujer que es la mutilación genital.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Pigem.
Por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, también para anunciarles que vamos a retirar nuestra
proposición no de ley por cuanto hemos conseguido consensuar un texto
que aunque es, como todos, manifiestamente mejorable, da respuesta a
las inquietudes que tenemos los responsables de este tema en el
hemiciclo.
Quiero destacar el consenso por el valor que tiene en sí mismo en
democracia en una cuestión tan importante, que es ideológica y que
afecta al colectivo de las mujeres, aunque no sea específicamente a
las mujeres españolas, así como que se haya producido casualmente en
un asunto en el que la mayor parte de los responsables somos mujeres.
Es decir, las mujeres, cuando tenemos la oportunidad y se nos
permite, damos lecciones de sentido común, de sensatez y de
pragmatismo, como en este caso.
La extirpación total o parcial de los órganos genitales femeninos es
lo que recibe el nombre de mutilación genital. Efectivamente, hay 135
millones de mujeres en el mundo que han sufrido esta práctica
salvaje, esta mutilación salvaje. Pero además cada año dos millones
de mujeres se incorporan al elenco de las que han tenido la desgracia
de pasar por esa terrible mutilación, y luego hablaré de las
consecuencias que tiene, porque es un tema de gran importancia para
su vida. En países como Africa esta práctica es tan habitual que se
lleva a cabo de forma generalizada; igual que aquí llevamos al niño
al pediatra allí llevan a la niña a que le realicen la mutilación
genital. Pero también se practica en otros países; se practica de
forma generalizada en países de Oriente Medio, también en comunidades
de inmigrantes en zonas del Pacífico, de Asia, de América del Norte,
de Latinoamérica y de Europa. Esta práctica se realiza a niñas de
entre cuatro y once años aproximadamente; este es el protocolo de
actuación que se establece para la mutilación de las niñas.Las
razones que se invocan para justificar esta práctica en general
siempre son las mismas -se invocan en los países en los que no
solamente se realiza sino que se perpetúa la práctica- y tienen que
ver fundamentalmente con la religión, con la necesidad de controlar
la sexualidad de las mujeres y también se asimila con conceptos que
tienen que ver con la higiene sexual, por decirlo de algún modo. En
estas culturas se alega que es un rito de iniciación de las mujeres
para acceder a la edad adulta. La circuncisión se realiza en muchas
culturas por razones de tipo religioso, pero ella sólo tiene que ver
con la higiene, no con negar a los hombres el derecho al placer; la
mutilación general femenina, señorías, tiene que ver con negarnos a
las mujeres un derecho que nos ha sido regalado por la naturaleza,
por Dios -cada uno con sus creencias- igual que a los hombres. En
definitiva, de lo que se trata es de negar ese derecho histórico
a las mujeres y nosotras reivindicamos y ponemos muy alta esta
exigencia del derecho al placer, porque, señorías, también se nos ha
dado la facultad de sufrir y,
créanme, las mujeres sufrimos muchísimo. Por tanto, reivindicamos el
derecho al placer.
Hay algunas reflexiones que comparto en buena medida con el portavoz
Joan Saura y que quiero exponer. No creo que esto se resuelva con el
Código Penal; sinceramente estas cuestiones que están tan enraizadas
en las pautas culturales no se resuelven únicamente con el Código
Penal. Esa es la salida fácil; no obstante, y dado que esto es algo
que se planteó en la Conferencia de Beijing, en los foros
internacionales y por lo que hay una gran preocupación, podemos
sentirnos contentos del texto que hemos consensuado, porque si tiene
o no encaje en nuestro Código Penal, si ya está o no penalizado, lo
va a decidir esa Comisión parlamentaria que está estudiando el Código
Penal, en la que participan todos los grupos políticos y que tendrán
la oportunidad de debatir sobre esta cuestión; es en esa Comisión en
la que nosotras hemos delegado para resolverlo. Sin embargo,
permítanme, señorías, decirles que a nosotros no nos parece mal que
en nuestro Código Penal haya un epígrafe específico dedicado a esta
práctica, por las connotaciones ideológicas que tiene para el
colectivo de las mujeres; por tanto, en ningún caso creemos que sea
un elemento de preocupación, sino que sería quizá una redundancia,
aunque no creo que sobre. Nosotros no creemos que las leyes resuelvan
estos problemas, señorías, y el gran reto está en la escuela del
mestizaje cultural, que es la escuela del siglo XXI, donde los niños
y las niñas de diversas culturas tendrán que convivir desde las
convicciones o desde los atavismos o desde las connotaciones que se
padecen por el hecho de pertenecer a una cultura. Tendrá que haber
amplios debates en el seno de la escuela plural, de la escuela del
mestizaje cultural y para eso, señorías -de esto debería tomar buena
nota el Grupo Popular-, hace falta enterarse de que estamos en el
siglo XXI y que hoy uno de los grandes retos de la escuela y de la
enseñanza pública es esa escuela del mestizaje cultural, donde
probablemente los jóvenes empezarán a resolver estas cuestiones tan
ancestrales que se producen repetidamente siempre contra el colectivo
de las mujeres. Por tanto, bienvenida esta propuesta de consenso que
viene a subrayar, al igual que lo hizo en el año 1993 la Conferencia
sobre derechos humanos que se celebró en Viena, la importancia del
trabajo, de la labor destinada a eliminar la violencia contra las
mujeres, tanto en la vida pública como en la privada y a erradicar
cualquier práctica o cualquier conducta que pueda originar
conflictos, perjudicando de un modo notable los derechos de las
mujeres y, por supuesto, a actuar sobre las consecuencias
perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales -yo diría
ancestrales- o costumbres que tienen que ver con los prejuicios
culturales y en algunos casos con el extremismo religioso.
Las conclusiones de esta Conferencia justamente vinculaban, entre
otros, al Gobierno español, que además tomó parte de la misma, de tal
forma que lo que
nos exigían era no solamente que se proscribiera formalmente esta
práctica inhumana que se da contra las mujeres, sino que adoptáramos
un papel activo en lo que es la prevención de estas prácticas de
mutilación genital femenina que chocan con la dignidad de las mujeres
y conculcan derechos fundamentales, aunque no estén reconocidos en
ninguna carta. Tendremos que hacer una nueva carta de derechos
humanos porque el siglo XXI plantea nuevos retos y nuevos derechos
humanos, y en esa carta las mujeres escribiremos en letras grandes:
Derecho al placer.
Señorías, nosotros no queremos humillar a ningún visitante, por eso
en esta transaccional hemos tratado de evitar cualquier tipo de
medida que pueda disuadir a hombres o mujeres de determinadas
culturas a visitar España. Hemos trabajado en positivo y lo que
ofrecemos a cambio de conductas humillantes son informaciones que
permitan a los hombres y mujeres de otras culturas que vengan a
nuestro país conocer nuestro marco legislativo, saber de qué forma va
a afectar a su vida cotidiana y situarles en la realidad legislativa
y cultural del país al que llegan.
Apoyo la propuesta -y dejo bien claro que esto no va a ser objeto de
polémica- del diputado Joan Saura, para que, si fuera posible, aunque
ya está implícito en las organizaciones no gubernamentales, en el
apartado d) hiciéramos constar los grupos de mujeres que trabajan en
esta cuestión en este país y que pueden ser de la máxima utilidad
para las instituciones, tanto para las comunidades autónomas como
para el propio Gobierno de la nación, a la hora de resolver problemas
que tengan que ver con la referida ley.
Señorías, aunque todo en la vida se puede mejorar, hoy es un buen día
para esta Cámara; en ella sí hay gente que tiene cintura política. La
oposición parlamentaria una vez más demuestra que tiene altura de
miras y que por encima de los objetivos partidistas coloca al sujeto
de su preocupación, en este caso al colectivo de las mujeres.
Felicitémonos por ello. No nos debemos fustigar en todas las
ocasiones. Este es un día para celebrar. Me alegro de que hayamos
sido capaces de llegar a este acuerdo, y espero y deseo que el Código
Penal no se utilice contra los inmigrantes, sino que tratemos a
través de las pautas educativas de afrontar los nuevos retos de la
escuela del mestizaje cultural, de la nueva escuela del siglo XXI,
así como con programas sociosanitarios, intentando que sean los
propios hombres y mujeres de otras culturas los que se vayan
aproximando a las culturas que en este sentido están mas
evolucionadas, entre las que podemos contar la nuestra, sin necesidad
de que resolvamos todo a hisopazos. Esa es la voluntad de esta
diputada porque, cada vez que se vislumbra un marco legislativo
nuevo, a mí siempre me preocupa dejar ventanitas abiertas que puedan
ser utilizadas. En este caso no quiero bajarme de la tribuna sin
decir que habría que mirar con lupa la persecución de la práctica de
la mutilación genital femenina
que se realice fuera de España más allá de lo que decida esta
Comisión parlamentaria, porque no quiero que esta ley se convierta en
una más de las que se utiliza para perseguir a las mujeres. En
nuestra cultura quienes acompañamos a nuestras hijas al ginecólogo
generalmente somos las madres y quienes en otras culturas
generalmente acompañan a sus hijas a estas prácticas ancestrales y
salvajes también son las mujeres. Tengamos cuidado, no vaya a ser que
abramos puertas para que esas mujeres, producto de la ignorancia o de
la cultura de su país, vayan a ser también sujetos penales en el
nuestro porque no sepamos aplicar esta ley con generosidad.
Señorías, estas son las inquietudes del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida y quería expresarlas en esta tribuna antes de
reiterar que retiramos nuestra proposición no de ley. Nada más y
muchas gracias. ¡Vaya tarde de feminismo! Señor Núñez, mira usted con
mucha atención. Espero que sigamos así.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora
Castro.
Turno de fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Buenas tardes. Muchas gracias, señora
presidenta.
Quiero manifestar, en nombre de Coalición Canaria, el apoyo a las
proposiciones que hoy se han planteado aquí. Tenemos que felicitarnos
todos de que se haya llegado a un texto por consenso, que con toda
seguridad se va a aprobar por unanimidad como una única proposición
no de ley en esta Cámara. Así demostraremos todos el firme propósito,
que compartimos todos en esta Cámara, de combatir decididamente y
hasta su total erradicación una práctica inhumana como es la
mutilación genital femenina.
Recientemente, el 23 de mayo, fue aprobada por unanimidad de todos
los grupos una proposición no de ley en el seno del Parlamento de
Canarias, en la que se recoge, en términos similares a los planteados
hoy en el debate sobre esta proposición de ley, el profundo rechazo a
las prácticas de la mutilación; prácticas que, como muy bien se ha
dicho en esta Cámara, desgraciadamente persisten y lo hacen como una
forma más de violencia contra la mujer, contra las niñas, contra las
adolescentes. Si bien es cierto que esta práctica en el siglo pasado
estaba más extendida en otros países, también es evidente y
reconocido que en la actualidad la mutilación se circunscribe a unos
países concretos, en torno a 40, en donde persiste esta práctica.
También es cierto que está siendo muy difícil su erradicación, debido
-como ya se ha dicho en esta Cámara- a que son prácticas aceptadas
culturalmente por estos pueblos, apesar de haber sido reconocido a
nivel internacional
que vulneran los derechos humanos. La dificultad también estriba -y
de ahí que haya que reflexionar en cuanto a las medidas que debemos
adoptar- en que cada vez se ejerce dicha mutilación en edades más
tempranas, ante el temor que supone que ya existan leyes
restrictivas, inclusive en algunos de estos países, que catalogan
como delito estas prácticas. En la medida en que se entienda que son
prácticas, por así decirlo, perseguidas socialmente, pasan a ser
realizadas de forma clandestina, cuando la niña tiene una menor edad,
para evitar, entre otras cosas, la capacidad de decisión que
lógicamente la mujer va adquiriendo conforme se va haciendo mayor
sobre su cuerpo y sobre su vida e incluso la capacidad de
denunciarlo.
Existe, hoy por hoy, como hemos dicho, esta práctica en unos 40
países. En algunos de ellos, el número de mujeres que se ven
afectadas por esta mutilación supera el 90 por ciento. Un problema de
esta práctica, que también se ha expuesto aquí, es que, debido a los
flujos migratorios, la población emigrante continúa practicando sus
tradiciones culturales en los países a los que emigran. La
Organización Mundial de la Salud, en 1995, definió la mutilación
genital femenina como el conjunto de procedimientos que implican una
eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos y/o
lesiones causadas a los órganos genitales femeninos por razones
culturales o motivos no terapéuticos de cualquier otro tipo. Está
claro, y aquí se ha dicho con claridad también, que éste no es un
problema que se vaya a resolver únicamente con medidas de corte legal
o de corte penal. Hay que buscar soluciones de una forma integral,
soluciones que profundicen en el ámbito de la educación, en el ámbito
de la integración de las poblaciones emigrantes, en el ámbito de la
evolución de estas prácticas culturales que son lesivas para la
dignidad de la mujer.
Nosotros también compartimos muchos de los aspectos aquí referidos y,
sin extendernos en todas las consecuencias para la salud física y
psíquica que conlleva para las víctimas, entendemos que debemos
combatir estas prácticas, como hemos dicho, no sólo -y ya lo hacemos
en nuestro país- a través de medidas educativas, potenciando los
programas de integración de la población emigrante, los programas
preventivos, los programas educativos, sino también -y entendemos que
es nuestro deber- más allá de nuestras fronteras, influyendo en los
foros internacionales en donde este tema se debata, en los programas
de desarrollo, en los programas de cooperación internacional para el
desarrollo. Es necesario combatir profundamente esta práctica
inhumana para la mujer desde el punto de vista preventivo, educativo
y cultural. Estamos convencidos de que, en la medida en que se
favorezca la capacidad de decisión de la mujer sobre su propia
persona, sobre su integridad y sobre su dignidad, en la medida en que
avancemos en este sentido, sea cual sea el lugar donde viva la mujer,
se favorecerá que se erradiquen estas
prácticas inhumanas u otras que todavía persisten, desgraciadamente,
en nuestro planeta.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Aunque ya resulte repetitivo todo lo que se diga, mi grupo no quería
dejar pasar la ocasión de pronunciarse sobre la mutilación genital
femenina. Su existencia era algo conocido, pero de repente todos lo
tenemos más cerca. Probablemente vinculado al proceso de la
inmigración creciente, los medios de comunicación han informado de la
detección de casos en nuestro entorno. Tiene razón, sin embargo, la
señora Pigem cuando manifiesta que no debemos vincularlo a la
inmigración, porque sería injusto que la existencia de determinadas
conductas influyera en que se pueda estar en contra o penalizar un
proceso que, desde el punto de vista humanitario y de tutela y
garantía de los derechos humanos, debemos saludar todos como bueno y
bienvenido a nuestro entorno.
Esta brutal práctica tradicional, culturalmente vinculada a África,
es denigratoria para las mujeres y sigue, desgraciadamente, vigente.
Mi grupo no había presentado ninguna iniciativa, sin duda confiados
en la función promocional que incumbe a los poderes públicos para
promover la tutela de los derechos y evitar o erradicar las conductas
que se consideren aberrantes, pero bueno es que exista instancia de
los órganos de la soberanía. Nos parece magnífico que se haya llegado
a un acuerdo por todas las formaciones políticas, que han retirado
sus respectivas iniciativas, normativas unas, otras no, acuerdo al
que mi grupo también se ha sumado. Coincidimos también con el señor
Saura en que no es una cuestión de Código Penal; esto es otra cosa,
es mucho más, es una práctica aberrante que se podría decir en
principio que en el territorio español ya está penada porque es
constitutiva de un delito de lesiones graves y de la misma deriva la
correspondiente responsabilidad penal no sólo para el que
materialmente practica la ablación, sino también para quienes
colaboren con la misma, y ello sin excepción alguna, ni siquiera
aunque dicha práctica se fundamente en profundas convicciones
culturales. El tope de las convicciones culturales o religiosas es el
respeto de los derechos humanos, vida e integridad física y dignidad
personal. No pueden invocarse razones de carácter cultural,
ideológico o religioso para justificar violación de ninguno de estos
derechos.
No insistiré en contenidos concretos de las iniciativas, sino que voy
a referirme a la enmienda transaccional a las proposiciones no de
ley. Bueno es, puesto que
no se trata de un problema directamente penal, que se haya
residenciado en la comisión técnica que está revisando el sistema de
penas del Código Penal la decisión de si es necesario o no modificar
la legislación española y que se interese también el ministerio
fiscal y se den las instrucciones oportunas con el fin de que se
persigan y enjuicien las personas vinculadas o responsables de este
tipo de conductas. De la misma manera, nos parece muy adecuado que se
informe a los inmigrantes que vayan a tener residencia en España de
que esta práctica de la mutilación genital es un delito perseguido
penalmente en nuestro país. Nos parece más importante que el aspecto
penal el preventivo, social y educativo, y nos parece que se recoge
bien, al igual que el formativo, en el contenido de la proposición no
de ley que se ha transaccionado entre todos los grupos, de la misma
manera que es también correcta la referencia a la
extraterritorialidad en la persecución de estas conductas. Está bien
-y eso que lo dice quien representa a una formación nacionalista-
hasta la típica salvaguarda que se contiene de las competencias de
las comunidades autónomas, de igual manera que se hable de la
colaboración con organismos internacionales que siempre han estado
atentos a la erradicación de este tipo de prácticas. Incluso nos
parece acertado que se haya recordado que ya la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer ha tenido alguna iniciativa a este respecto
cuando ha pedido que se utilicen los instrumentos previstos en el
ordenamiento jurídico para proteger a las mujeres que se hayan visto
obligadas a abandonar sus países de origen huyendo de cualquier tipo
de violencia de género, entre las que evidentemente está incluida la
que ahora nos ocupa.
Concluyo, señorías, manifestando que mi grupo coincide con la
Organización Mundial de la Salud, como no podía ser de otra manera,
cuando define la mutilación genital femenina como aquel conjunto de
procedimientos que implican una eliminación parcial o total de los
genitales externos femeninos y/o lesiones causadas a los órganos
genitales femeninos por razones culturales o motivos no terapéuticos
de cualquier otro tipo. La mutilación genital femenina es una forma
de violencia -lo ha dicho la señora Castro- contra las niñas y las
mujeres, con efectos físicos y psicológicos graves que influyen
negativamente sobre su salud. Es más, es un reflejo de la
discriminación existente contra las mujeres y las niñas, es un
atentado a su dignidad y a sus derechos como personas. Que esta
Cámara y todas las formaciones políticas que la conforman estemos de
acuerdo en el contenido de la moción, con los matices que cada uno
haya efectuado, es una buena noticia para el grupo al que represento.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las proposiciones no de
ley.
Sometemos a votación el texto de la enmienda transaccional que ha
sido presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista,
Catalán, Federal de Izquierda Unida y Mixto, en sustitución de las
cinco proposiciones no de ley que han sido retiradas y que figuran en
el orden del día con los números 3, 4, 5, 6 y 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 286.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de referencia.
(Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA
GARANTIZAR EL DERECHO DE SUFRAGIO LIBRE, DIRECTO Y SECRETO DE LOS
ELECTORES INSCRITOS EN EL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES
(CERA). (Número de expediente 162/000313.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EVALUACIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES.
(Número de expediente 162/000296.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
DEL GOBIERNO PARA CORREGIR LOS DEFECTOS DEL CENSO DE LOS ELECTORES
RESIDENTES AUSENTES (CERA) Y SU POSIBLE USO FRAUDULENTO EN CONSULTAS
ELECTORALES. (Número de expediente 162/000312.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), RELATIVA AL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES (CERA)
(Número de expediente 162/000314.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos a continuación el debate conjunto de
las siguientes proposiciones no de ley que figuran en el orden del
día con los números 8 a 11.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas
urgentes para garantizar el derecho de sufragio libre, directo y
secreto de los electores inscritos en el censo electoral de
residentes ausentes.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Rumí. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en
silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, existen aspectos de la democracia en los que la acción
política no puede permitirse que los ciudadanos y las ciudadanas
alberguen ninguna duda acerca de nuestras intenciones y de nuestras
actitudes. Me refiero, como ustedes se pueden imaginar, a aquel
momento que representa la máxima expresión de la soberanía popular y
de la participación democrática de los ciudadanos en la vida pública.
El ejercicio del derecho al voto constituye la manifestación concreta
de la voluntad de los electores y para que sobre este acto no se
pueda arrojar ninguna sombra, ya que de lo contrario los partidos
políticos nos estaríamos jugando nuestra credibilidad democrática...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Rumí, por favor.
Señorías, es imposible que la intervención de la señora Rumí desde la
tribuna sea audible con el nivel de murmullo y de conversaciones que
hay en la Cámara. Les ruego que guarden silencio.
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias.
Decía que, de lo contrario, los partidos políticos nos estaríamos
jugando nuestra credibilidad democrática. Todos debemos reafirmar
nuestro compromiso ineludible con las reglas del juego.
El Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Federal de Izquierda
Unida y el Grupo Parlamentario Mixto presentamos una enmienda a las
distintas proposiciones no de ley que se discuten, que recoge el
espíritu y la esencia de todas ellas. Creemos que es intención de
todos los grupos de la Cámara mostrar una voluntad inequívoca de que
queremos la participación democrática en los comicios electorales de
todos los ciudadanos con derecho a voto, residan estos dentro o fuera
de España. Pero también consideramos imprescindible el máximo respeto
a los principios y a las garantías que presiden nuestro sistema
electoral. Los emigrantes españoles han venido llamando nuestra
atención desde hace años sobre las dificultades que tienen para
ejercer su derecho al voto. Basta echar un vistazo a los acuerdos del
Consejo General de la Emigración -por cierto, reunido estos días
aquí, en Madrid- para llegar a la conclusión de que hace tiempo que
se tendrían que haber adoptado las medidas necesarias para actualizar
el censo de residentes ausentes.
Vamos a hacer un recuento. Acuerdo de 18 de noviembre de 1998. El
Consejo General de la Emigración considera que es necesaria la
culminación del proceso de volcado del registro de matrícula consular
en el CERA y para ello solicita que instrumente los medios para que,
en el plazo más breve, se contemple la inscripción de oficio. En el
acuerdo de 28 de abril de 1999 se reiteraba la necesidad de dotar de
presupuesto suficiente
y de fijar plazo para el cumplimiento de volcar el registro de
matrícula de los consulados en el CERA. Reuniones del 17 de noviembre
de 1999, de mayo de 2000 y, por último, de hace tan solo 7 meses en
las que el Pleno del Consejo reitera sus acuerdos en los siguientes
términos: seguir pidiendo al Gobierno y a los poderes legislativos
que pongan en práctica las justas reclamaciones descritas en los
acuerdos del quinto pleno de este año.
Señorías, sinceramente, creemos que son bastante elocuentes las
expresiones citadas y, por tanto, nuestro compromiso no debe ser
menos. Tenemos hoy en esta Cámara la oportunidad de demostrar que
somos los primeros que deseamos un censo de residentes ausentes
actualizado para que en los próximos comicios electorales puedan
participar todos los electores que tengan derecho a voto, pero sólo
ellos. Es justo reconocer que el sistema del voto por correo, único
existente para el ejercicio del derecho al voto de los residentes
ausentes, supone un plus de dificultad a la participación
democrática. De hecho, las cifras de participación de los emigrantes
en los distintos procesos electorales son bastante reveladoras de lo
que aquí estoy diciendo. En 1989, la participación fue del 36,2 por
ciento de los inscritos. En 1996, del 34,6 por ciento. Pero el
descenso más escandaloso del nivel de participación se produjo en las
elecciones autonómicas y al Parlamento Europeo de 1999, en las que
sólo hubo una participación del 15 por ciento del electorado inscrito
en el CERA. Verdaderamente, no podemos mantener por más tiempo la
pasividad ante unos niveles de participación que ponen al descubierto
las carencias de nuestro sistema electoral en el exterior.
Sin embargo, en las actuales circunstancias y con el sistema de voto
por correo, es nuestra responsabilidad hoy instar al Gobierno a que,
por una parte, facilite y asegure la participación de todos aquellos
residentes que lo deseen en los próximos comicios electorales y, por
otra, evite que se pueda poner en duda tanto la fiabilidad de un
instrumento fundamental en cualquier proceso, como es el censo
electoral, como de los medios y métodos que utilizamos los partidos
políticos para trasladar nuestros programas y realizar nuestras
campañas electorales.
Las sombras que se han ceñido durante los últimos meses sobre los
procesos electorales en el exterior, así como las prácticas políticas
ilegítimas, suponen un flaco favor al respeto que debemos al
electorado en el exterior. Tantas veces los emigrantes han
manifestado su voluntad de participación política que hoy debemos dar
cumplida respuesta a esta aspiración, dentro del marco legal vigente
y manifestando nuestro compromiso público con este deseo. No
obstante, creemos que es obligación del Gobierno proceder a la
investigación de las anomalías y prácticas fraudulentas que se han
denunciado. Y no puede ser que esta Cámara se oponga a ello, porque a
nadie debería interesarle más que a
nosotros, que somos los representantes de los ciudadanos, que no se
pongan en duda los resultados electorales de nuestras formaciones
políticas.
El sistema del voto por correo y la lejanía de los países en los que
residen nuestros emigrantes no pueden ser la excusa para que las
instituciones bajen la guardia ante determinadas prácticas, porque
hoy -y lo tenemos que reconocer- es posible, con los medios de que
disponemos y aunque el proceso electoral se desarrolle en el
exterior, ejercer un seguimiento estrecho del mismo para evitar
comportamientos anómalos y fraudulentos que distorsionen la verdadera
voluntad política de los electores.
Somos conscientes de la dificultad que supone que los distintos
países donde residen nuestros emigrantes establezcan normas
específicas para que sus servicios postales sigan las pautas,
requisitos y cautelas que se dan en nuestro ordenamiento interno en
esta materia, pero ¿merece la pena intentarlo? Desde el Grupo
Socialista pensamos que sí, porque no podemos quedarnos tranquilos
siendo conscientes de determinadas actuaciones, ya que cuando una
misma persona envía sobres de votación de más de un elector se
siembran dudas razonables acerca de la voluntad política de los
votantes. Las prácticas electorales de determinados partidos pueden
llegar a cuestionar -y no sin razón- tanto el sistema electoral como
sus resultados. Hasta la saciedad, quizá hasta el aburrimiento, nos
recuerda el Consejo General de la Emigración que es necesario
proceder con mayor agilidad para que los votos emitidos por los
emigrantes lleguen dentro del plazo del recuento general. Los
emigrantes españoles no pueden ver impedida su voluntad de
participación política por la falta de medios o por la lentitud en el
envío de la documentación electoral. Cada voto emitido dentro de
plazo que no llega a ser computado es un fracaso para la
Administración, señorías, pero también, de alguna manera, es una
frustración para la democracia.
El pasado mes de abril, esta Cámara aprobaba por unanimidad una
iniciativa socialista instando al Gobierno a dotar de mayores
recursos y medios a los consulados. Hoy venimos de nuevo a requerir
al Gobierno que atienda las carencias de los consulados, en este caso
con el fin de que puedan agilizar, y hacerlo con celeridad, la labor
que, entre otras, les encomienda la Ley orgánica de régimen electoral
general, la de recibir los votos de los emigrantes que desean optar
por este sistema y que posteriormente los remitan al Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Por último, señorías, proponemos que el Gobierno remita a esta Cámara
una propuesta de reforma de la Loreg, con el fin de que los
emigrantes puedan ejercer directamente el voto en mesas electorales
instaladas en consulados, en embajadas y en los establecimientos
habilitados para tal efecto. No podemos seguir retrasando por más
tiempo el cumplimiento de un anhelo histórico de todos nuestros
emigrantes en esta materia.
Tampoco podremos hablar de ciudadanía ni de plenitud de derechos en
tanto en cuanto estos emigrantes no dispongan, en las mismas
condiciones que los residentes, de su derecho a participar en los
asuntos públicos a través del sufragio universal, libre, directo y
secreto, tal y como establece nuestra Constitución.
Creemos, señorías, que la aprobación de esta iniciativa puede ser una
buena prueba del nivel de compromiso de esta Cámara y de las
formaciones políticas con los emigrantes españoles, así como de
nuestro interés real por facilitar y asegurar la participación
política. Retrasar esta decisión por la existencia en el Senado de
una Comisión de estudio de la reforma suena a excusa. Y,
sinceramente, nuestros españoles en el extranjero no se lo merecen.
En el siglo XXI, alegar, por ejemplo, dificultades técnicas o costes
excesivos para negar la plena equiparación en el ejercicio del
derecho al voto, con independencia del país en que residan los
españoles, no se engañen, es carecer de voluntad política. Y los
políticos estamos para hacer efectivos y realizables los derechos de
los ciudadanos.
Por eso, creemos que la posición de cada grupo en esta sesión no
puede dejar lugar a dudas. El rechazo de esta iniciativa, señorías,
sería tan elocuente como inexplicable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre evaluación del funcionamiento del censo
electoral de residentes ausentes, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, tal como hemos manifestado en cada una de las ocasiones que
he subido a la tribuna o que lo ha hecho alguno de los representantes
del Grupo Parlamentario Popular, para nuestro grupo siempre será buen
momento para hablar de emigración, para debatir sobre presupuestos,
sobre programas, sobre actuaciones. Siempre va a ser un buen momento.
Es verdad, lo ha dicho la señora Rumí, que nosotros hemos estado
abiertos a cualquier consideración de otros grupos. Lo hicimos hace
poco con el Partido Socialista y también lo hemos hecho con el Bloque
Nacionalista Gallego, porque nos parece importante que las políticas
que se desarrollen a favor de la emigración sean consensuadas
y apoyadas por todos los grupos.
Sin embargo, hoy, señorías, no se pretende hablar de emigración. Hoy,
señorías, con la presentación de sus proposiciones se pretende
acallar la voz de la emigración. Y sentimos que, precisamente cuando
está reunido el Consejo General de la Emigración en Madrid, por
primera vez, nuestro grupo no apoye ninguna de esas iniciativas,
porque, a nuestro juicio, lo que se pretende
es precisamente eso, acallar esa voz. Y hacerlo, como lo han hecho
ustedes, precedido de una campaña impresionante para desacreditar e
intentar inculcar en el ánimo de muchos posibles votantes en las
elecciones gallegas que el voto de la emigración es un voto que puede
ser manipulado, porque con esas perlas se han despachado algunos de
los dirigentes del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista
Gallego. Han dicho que ese voto puede ser manipulado, irregular, que
hay una trama organizada, que es corrupto. Es más, en la exposición
de motivos de la proposición de Izquierda Unida se dice que puede ser
un voto cautivo y que es una compra de votos, algo que tiene como
objetivo claramente desacreditar esa voz de la emigración.
Que traigan ustedes esto precisamente ahora, cuando hay elecciones
gallegas, es claro y contundente que es puro oportunismo político.
Ustedes quieren ganar con estas artes lo que prevén que no van a ser
capaces de ganar en las urnas. Y eso no va a ser apoyado por el Grupo
Parlamentario Popular. Si diferenciamos la depuración del CERA de lo
que es que la emigración pueda hablar y que lo haga de la mejor
manera posible, que es con el voto, siempre estaremos de acuerdo. Lo
hemos hecho con la presentación de una proposición no de ley en el
Senado, lo hemos hecho apoyando la ponencia que se ha creado en el
Senado; queremos, y somos los primeros interesados, como todo el arco
parlamentario, en que el CERA sea un instrumento ágil y además real.
Ahí siempre nos van a encontrar, hemos apoyado todas las iniciativas
que van en ese sentido. Ahora bien, no vamos a pasar por la
pretensión de callar la voz de la emigración.
Decía la señora Rumí que era una excusa responder que se ha creado
una ponencia en el Senado, en el seno de la Comisión Constitucional,
para estudiar estas cuestiones. Señora Rumí, no es ninguna excusa, la
labor del Senado es importante y tiene toda la legitimidad de esa
Cámara. Para que vea que no es una excusa, los siete portavoces,
entre los cuales se encontraba el suyo, aprobaron por unanimidad,
hace menos de un mes, el 23 de mayo, crear una ponencia en el seno de
esa Comisión para estudiar la Loreg; para estudiar el CERA; para
estudiar que ese voto sea libre, directo y por sufragio universal,
como usted ha dicho; para estudiar el voto por correo; para modificar
cualquier legislación vigente que posibilite la mejora de ese voto.
Eso, apoyado por todos los grupos políticos, es lo que nosotros vamos
a seguir manteniendo. ¿Qué diferencias ha habido de ese 23 de mayo a
ahora? Una cuestión muy clara: que ustedes se han dado se han dado
cuenta de que no es suficiente, que tienen unas elecciones gallegas y
que tienen que hacer algo más. Fíjese si ha llegado esa campaña de
desprestigio que ustedes pretenden hacer de la emigración a límites
insospechados que el propio señor Blanco, en unas declaraciones
totalmente desafortunadas, tacha de electoralista un viaje de la
secretaria general de Asuntos
Sociales, competente en el área de emigración argentina, porque
cree que va a poder así vender los logros del Gobierno. La emigración
sabe muy bien a quién debe votar. Precisamente por eso, ustedes, con
esas manifestaciones, lo único que están haciendo es reafirmar, más
aún si cabe, que la política que lleva el Gobierno es una buena
política en materia de emigración.
Si ustedes hacen ese tipo de afirmaciones justo antes de las
elecciones gallegas, siento decirles que lo único que están
consiguiendo es tener aún menos credibilidad. Porque si lo hubieran
hecho antes de las elecciones andaluzas, si lo hubieran hecho antes
de las elecciones vascas, si lo hubieran hecho durante todo este
proceso, todavía podrían ser algo más creíbles. Pero haciéndolo
justamente ahora, tal como suele hacer el Bloque Nacionalista
Gallego, que suele hacerlo siempre alrededor de las elecciones que le
son propias, se les nota mucho.
Hay que tener memoria para poder saber qué es lo que ha pasado en
estos últimos años. Le voy a dar tres datos importantes: qué es lo
que ha pasado en Andalucía -usted es andaluza, además-; qué es lo que
ha pasado en Baleares o qué es lo que ha pasado en el País Vasco,
para que ustedes lo sepan. En el año 1993, el CERA, a nivel de toda
España, era de 381.000. En el año 1996, después de esa modificación
de la Loreg, por la que se hace el vertido de matrícula
instantáneamente y de oficio al CERA, pasa a 525.000. Y, en el año
2000, en las elecciones generales, es de 918.000. Ese incremento
importantísimo del voto se ha visto en todas las comunidades
autónomas, en todas, no solamente en las gallegas. Y, casualmente, en
la que menos se ha visto traducido ha sido en la comunidad balear, en
la cual solamente, a fecha de 2.000, de esos más de 900.000
electores, tan sólo 7.000 pertenecían a la comunidad balear. Y los
otros dos ejemplos, las dos últimas elecciones autonómicas, las
elecciones autonómicas vascas y las andaluzas. En el año 1993,
Andalucía tenía 48.000 electores; en 1996, 65.000; y en el 2.000 se
duplica y pasan a ser 122.000. En el País Vasco, de 13.000, en 1993,
pasan a 17.000, en 1996, y a 29.000, en el 2000. ¿Qué pasa? ¿Por qué
tienen ustedes esa fijación con las elecciones gallegas? Se lo voy a
decir muy claro, porque en las elecciones del Parlamento autonómico
vasco ganó por mayoría el PNV; ahí no hablaron de manipulación. En
las andaluzas, ganó por mayoría, en más de un 60 por ciento, el
Partido Socialista; entonces yo no oí ni una sola vez, ni una sola,
al señor Chaves decir que el voto de la emigración era un voto
manipulado, que era un voto que se podía comprar o que era un voto
que no debería servir. No se lo oí ni una sola vez. En cambio, no
paran de hablar de las elecciones gallegas, porque, como muy bien
saben, en las últimas elecciones gallegas, más de un 68 por ciento
votó al Partido Popular. Pero por eso no tienen que acallar lavoz de
la emigración. Refleja una cosa muy clara, que
la política en materia de emigración que está haciendo Fraga para los
gallegos en el exterior es una buena política, avalada por esos
gallegos en la emigración. Siento decirles, y de verdad que lo siento
porque parece que traicionamos los propios acuerdos del Consejo
General de la Emigración, que lo que ustedes están intentando no sé
cómo se lo van a explicar mañana a los miembros que están sentados en
el Consejo. ¿Qué dicen los acuerdos adoptados por el Consejo General
de la Emigración? ¿No ha oído mencionar todos los acuerdos que se han
adoptado para que el voto de las municipales, que, como sabe, es un
voto rogado, no fuera así sino que fuera igual que el de las
generales y el de las autonómicas? Ustedes, señores del Bloque
Nacionalista Gallego, intentan hacer todo lo contrario. Gracias a
Dios que sus propuestas han sido rechazadas por la Junta Electoral
Central. La Junta Electoral Central, y estoy hablando del lunes 11 de
junio, rechaza cambiar el sistema de voto emigrante en las elecciones
gallegas. La Junta Electoral Central desestimó la propuesta en la que
el PSOE solicitaba que los emigrantes votaran en las próximas
elecciones autonómicas gallegas con el sistema empleado en las
municipales.
Es más, voy a dar otro dato, por si acaso no tenían ustedes el
informe. Admite también que las supuestas irregularidades denunciadas
por ambas formaciones no pueden tenerse por probadas. Ustedes
utilizan la información según les interesa y según le va. Les voy a
decir por qué, ustedes señores del Bloque Nacionalista Gallego y
ustedes señores del PSOE, en estas elecciones gallegas, querían que
hubiera un voto rogado para estas elecciones autonómicas. ¿Le digo
datos? En las elecciones municipales, el porcentaje de participación
ha sido de un 5 por ciento. Ese porcentaje en las elecciones
europeas, que usted no podía saber cómo era posible que fuera tan
bajo, el 15 por ciento, y se echaba las manos a la cabeza, sepa usted
que, en las elecciones municipales, con este sistema que ustedes
proponían para las autonómicas, ha sido de un 5 por ciento. Ustedes
quieren bajar el voto de porcentaje que tienen todas las comunidades
autónomas, en torno al 25 o al 30 por ciento, al 5 por ciento y, si
pudieran, lo pondrían en cero. Ustedes no quieren que hable la
emigración. No quieren. Y por eso hacen estas propuestas que gracias
a Dios, sobre todo para la emigración, son rechazadas por la Junta
Electoral Central.
La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, le ruego concluya.
La señora MUÑOZ URIOL: Termino, presidenta.
Nosotros, precisamente por eso, no podemos admitir ni la propuesta
que hace el Bloque Nacionalista Gallego ni tampoco el intento que
hace el Partido Socialista. Nosotros queremos, lo volvemos a
reiterar, hablar de la emigración. Hablaremos siempre de
presupuestos, de
planes de salud, de actuaciones en favor de la emigración, pero nunca
nos van a encontrar para acallar la voz de la emigración. Es más, les
tengo que decir, y lo hago como un consejo, aunque probablemente no
me lo acepten, que intentando callar la voz de la emigración con
estos métodos lo único que hacen es reforzar más aún, si cabe, la
política que por parte del Gobierno y por parte de la Xunta de
Galicia se está llevando a cabo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
siempre, en la historia democrática española, en la predemocrática y
en la no tan democrática historia española, el fenómeno de los censos
falsificados, del voto de los inexistentes, de la manipulación del
voto, del voto de los muertos, desgraciadamente ha sido una
constante. También en otros países, no quiero hablar sólo de los
españoles. Pero estamos hablando de España. Se pueden releer
magníficos libros de Tussell, con el que no comparto ideología -por
ejemplo, Oligarquía y Caciquismo-, que son magníficos análisis sobre
esa utilización del voto. Pero es curioso cómo, además, los censos
inflados han tenido valor, tanto de forma positiva como negativa,
tanto por más como por menos, a la hora del resultado. Los tres
portavoces que hasta ahora hemos subido a la tribuna somos andaluces
(es curioso que en la oligarquía seguimos siempre asociados, aunque
no correctamente con Andalucía) o de origen andaluz , y todos
recordamos cómo hubo que violentar en esta Cámara la Ley de
referéndum porque, de forma negativa, habían votado los muertos y las
muertas en el referéndum del 28 de febrero en Andalucía. En un
momento donde el sí tenía que pasar de un determinado porcentaje, la
mitad más uno del censo electoral, un censo electoral, no inflado, yo
creo que no limpio, estaba votando en realidad; hubo que forzar en
esta Cámara, a fin de abrir la voluntad popular.
Elementos como, por ejemplo, toda la historia de la restauración
española son ejemplos muy claros de esa manipulación de votos, aunque
por lo menos en el primer tercio de la restauración monárquica
española no fue necesaria esa manipulación. Incluso en el último
período de dictadura en este país, la de Francisco Franco, leo a Fusí
y dice: El 14 de diciembre de 1966, la Ley orgánica del Estado fue
sometida a plebiscito. Segundo referéndum que el régimen organizaba
en 30 años de existencia. Fue presidido por una apabullante campaña
oficial dirigida por el ministro de Información -excluyo el nombre,
lo censuro-, en la que, como había ocurrido en 1947, el Gobierno no
escatimó medio alguno de presión. La televisión, la radio, la
prensa, abrumaron con su propaganda a la opinión. No se permitió
campaña contraria alguna. Toda España, hasta el último rincón, quedó
cubierta de carteles, pasquines y fotografías. Todos con la imagen de
Franco. Por si acaso, se hincharon las cifras, aunque el Gobierno lo
negó, como era evidente, y se ofreció un resultado inapelable. Votó
casi el 89 por ciento de un total de 19 millones de votantes. El 95
por ciento de los votos válidos lo fue a favor de la Ley orgánica del
Estado. Franco quedó satisfechisimo, incluso decidido, a la vista del
resultado, a acometer otra reforma. Qué dirían los comentaristas
políticos de aquella época que el impetuoso y joven ministro de
Información y Turismo llegó a decir aquello de: Excelencia, si no
sonara irreverente, habría que decir que hasta los muertos se han
puesto de pie para votar.
Señorías, comprobado aquello de que nada es nuevo bajo el sol,
llegados a estas alturas, no sólo en la historia sino también en esta
cotidianidad, las evidencias apuntan de una forma innegable a la
existencia de prácticas de captación fraudulenta de votos de
españoles y de españolas en el extranjero. En la medida de las
posibilidades, el que esté limpio de pecado que tire la primera
piedra. Luego me referiré a la intervención de la portavoz del
Partido Popular, con respeto, como no podía ser menos. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Estas
prácticas de captación fraudulenta del voto de los españoles y de las
españolas en el extranjero implican irregularidades de todo tipo. El
uso de fondos públicos por parte del Gobierno de distintas
comunidades autónomas -de distintas; no quito _ ninguna- para captar
votos emigrantes para el partido que sustenta en ese momento al
Gobierno de la comunidad autónoma, la utilización de campañas
institucionales de invitación al voto o de las redes de casas
regionales, fundamentalmente en América, para el mismo fin y el voto
efectivo de muertos o emigrantes centenarios evidencia que el propio
registro del llamado censo de españoles residentes, el CERA, no está
bien actualizado.
Cuando uno ve que en el censo de emigrantes hay 3.021 mayores de cien
años y que, en 40 millones de españoles, hay 3.488, a uno cuanto
menos le llama la atención. Uno podría pensar que a lo mejor han sido
desafortunados quienes estuvieron buscando el elixir de la eterna
juventud, aquellos pactos de Fausto con Mefistófeles, El Retrato de
Dorian Gray, o ya más recientemente los intentos de la doctora Asland
por frenar el deterioro de la gerontocracia soviética. Lo importante
parece ser que es mandar a la gente a emigrar a Buenos Aires, donde
por lo visto hay 1.364 españolitos y españolitas de a pie mayores de
cien años. Si eso, al final, después de limpiarse, se conforma, un
servidor se va a Buenos Aires a intentar alargar esta puñetera vida.
Son datos que llaman la atención. Puede que al final sean ciertos,
pero cuanto menos habrá que dudar de ellos. Junto a esas
irregularidades está la no
exigencia de acreditar la propia identidad para votar por correo, lo
cual implica que determinados enviados de ciertos partidos envíen
sacas enteras de votos de emigrantes, sin necesidad de acreditar su
identidad. Es decir, se puede manipular, como de hecho se hace,
perfectamente el voto.
Quisiera responder a la portavoz del Grupo Popular. Ni en mi
intervención ni en la de nadie se puede producir el desprecio a la
emigración. Podría hacer populismo y decir aquello de: La emigración
de este país se fue por la derecha. Usted no tiene nada que ver con
esa derecha que a lo mejor echó de este país a muchos emigrantes. Por
tanto, no voy a caer en ese juego torpe. Pero le pediría que no
cayera usted tampoco en esa situación torpe. Cuando se está diciendo
que se limpien los censos, no estamos despreciando a la emigración.
De la misma manera que cuando ustedes, junto con el Partido
Socialista y otros grupos parlamentarios, firmaron el otro día la
proposición de ley para la elección del Consejo General del Poder
Judicial y, ante la posibilidad de que los censos no estuvieran
depurados, plantearon que fuera al final el presidente del Consejo
General del Poder Judicial quien tuviera que resolver los conflictos.
La duda razonable en un momento determinado no significa desprecio.
Desde luego, en mi grupo político no lo hay.
Lo que nosotros pedimos son una serie de medidas -hemos consensuado
con el Grupo Socialista, con el Bloque Nacionalista Gallego- que
incluso son interesantes. Es un problema de calendario. Incluso nos
superponemos a las elecciones gallegas. No es tampoco una obsesión.
Siempre habrá unas elecciones. Siempre, cuando alguien diga que hay
que revisar unos censos, hay inmediatamente unas elecciones. Serán
las gallegas, serán las catalanas, las del 143 o las andaluzas,
porque el señor Chaves, en un momento determinado, tenga que convocar
de manera precipitada. No se puede plantear en ese sentido. Decía que
en nuestra iniciativa hemos hablado de meses. Ustedes plantean seis
meses para hacer el estudio. Yo creo que es excesivo. Se puede
adelantar a tres, como decimos en la iniciativa. Incluso lo que
pedimos al Gobierno es que traiga, para dentro de cuatro meses, a
esta Cámara el proyecto de ley. Señorías, dentro de cuatro meses
-julio, agosto, septiembre y octubre-, cuando traigan a esta Cámara,
no cuando se apruebe, el proyecto de ley del Gobierno, ya se habrán
celebrado las elecciones gallegas. No es tampoco una obsesión.
De una manera constructiva, lo que queremos es que se revisen, que se
corrijan determinadas cuestiones. A todo demócrata -y los que estamos
aquí lo somos, y eso de medir más democracia o menos democracia es
una pérdida de tiempo estúpida- nos debe interesar que las cosas se
hagan bien. Ustedes, en un momento determinado, han considerado que
seis meses son suficientes para empezar una dinámica. Nosotros
hablamos de un tiempo distinto. Pero eso no significa ni que
haya desprecio ni que haya mejor o peor voluntad. Sencillamente
significa que en un momento determinado estamos buscando desde
distintas posiciones que, cuando se produzca el ejercicio del voto,
que al fin y al cabo es el mecanismo que garantiza la soberanía y la
traslación hacia tus representantes de lo que es la soberanía
popular, se produzca con el máximo de garantías, con la menor de las
sospechas. Siempre, en las noches electorales, en las buenas y en las
malas -uno tiene más práctica de malas que de buenas, aunque también
las ha habido buenas-, todo el mundo dice muchas tonterías, todo el
mundo intenta justificar muchos resultados y siempre se coge a
cualquier clavo ardiendo. Señorías, independientemente de cuáles sean
los resultados de Galicia, como lo fueron los del País Vasco,
independientemente de las previsiones que había, precisamente para
que esa noche nadie se tenga que agarrar a ese clavo para justificar
una derrota -que entonces sí se estaría haciendo daño a la
emigración-, la mejor manera, como representante del pueblo español
en este caso, es dejar todo totalmente claro y sin ninguna duda, sin
ninguna sospecha.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, cuando se habla
del problema del voto emigrante en Galicia quizá convenga saber antes
de qué estamos hablando, de qué magnitudes estamos hablando. El voto
emigrante representa en Galicia el 17 por ciento, y subiendo, del
total del cuerpo electoral gallego. El 17 por ciento. No son de
recibo comparaciones con lo que sucede en Andalucía o en el País
Vasco.
Los números cantan. Tanto bajo el Gobierno socialista como bajo el
Gobierno del Partido Popular -acelerado y multiplicado varias veces-,
ha existido una tolerancia absoluta, un dejar hacer, para que el
señor Fraga Iribarne, que ya se ha dicho en este debate que no
destaca especialmente por sus maneras, ni siquiera por sus
convicciones democráticas, inflase el censo de residentes ausentes.
Vean los números. De 45.291 electores censados en el CERA, en 1989,
se pasó a 104.000 -con un aumento de más del cien por cien- en 1993;
a 232.000, en 1997 y a 268.000 -que ya serán más ahora- en enero de
este año. En las elecciones de octubre estaremos cerca de los
300.000.
Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, en contra de que los
emigrantes participen. Por tanto, señora Muñoz, no hable usted de
acallar la voz de los emigrantes. Tenga algo de... iba a decir
vergüenza - ya sé que la tiene-, tenga algo de dignidad o sea fiel a
la realidad cuando hace este tipo de afirmaciones. Lo que pretendemos
y venimos pretendiendo desde hace
bastante tiempo -podríamos hablar de iniciativas aprobadas por
unanimidad en este Pleno, de una proposición de ley de reforma de la
Ley orgánica del régimen electoral general presentada en noviembre
del año pasado y de esa Comisión a la que usted se ha referido en el
Senado, creada también a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego-
es que los emigrantes gallegos participen pero en igualdad de
condiciones. Por cierto, se aprobó en esta Cámara que el
procedimiento de voto de los emigrantes y las condiciones de la
campaña que se realice en el exterior sean equiparables a las
condiciones en que los residentes en el interior del Estado ejercen
su derecho de sufragio y a las condiciones en que las diferentes
candidaturas realizan su campaña y hacen llegar su mensaje a los
electores residentes dentro del Estado. Este es el problema, el
problema que ustedes no quieren resolver.
Es cierto que en los últimos tiempos, como consecuencia de
iniciativas y denuncias, no sólo del BNG sino también del Consejo
General de la Emigración y de muchos emigrantes y centros de
emigrantes, la opinión pública ha podido conocer finalmente las
irregularidades y lagunas que presenta el CERA. Hubo un caso
anecdótico, el caso Mapau, en Baleares. Siempre dijimos que nos
parecía bien que este caso supusiera un escándalo que hiciera que el
CERA apareciese en las primeras páginas de los periódicos, pero que
no era más que la introducción al manual de Amarelo de Castro y del
señor Fraga sobre el voto emigrante.
Esto no es más que una anécdota comparado con el pucherazo -y hay que
decirlo así: pucherazo- que el Partido Popular está preparando en
Galicia. Si no, díganme ustedes qué otro calificativo -sí, señor-,
qué otro nombre merece que haya muertos que votan -señores nacidos en
el año 1886 que siguen votando-, que haya manipulación del censo y de
los sobres de votación, que exista una red de agentes del Partido
Popular en Buenos Aires y Montevideo pagados con dinero público que
van casa por casa recogiendo la documentación enviada de oficio por
la Junta Electoral para tramitarla ellos en las oficinas consulares o
en las de Correos, o que haya anuncios pagados del Partido Popular
-se lo vuelvo a repetir, señora Muñoz, usted lo sabe muy bien- en el
Diario Español, de Montevideo, y en diarios de gran circulación en la
capital argentina, invitando a los gallegos a votar en la sede del
Partido Popular. Si esto no es preparar un pucherazo, dígame usted
qué es. Podemos llegar a un consenso con la palabra manipulación, se
lo concedo: manipulación. Existe manipulación del voto emigrante.
Ahora, el Gobierno, obligado por las circunstancias, dice que está
dispuesto a depurar el censo electoral de residentes ausentes. El
señor Pío Cabanillas anunció a principios de junio el refuerzo de la
plantilla del consulado español en la capital argentina, y también en
Caracas y en Montevideo, para controlar los problemas que pueda tener
el CERA. Por lo menos, reconocen que
el CERA tiene problemas. Hasta ahora, lo único que han hecho es
revisar 1.780 expedientes de electores centenarios residentes en
Buenos Aires. Y poco más. La situación no está para operaciones
cosméticas. Lo que hace falta, señora Muñoz y señores del Partido
Popular, es una reforma en profundidad de la normativa reguladora del
censo electoral, una reforma en profundidad del sistema electoral,
para impedir que en pleno siglo XXI se permita y se aliente la
manipulación de la voluntad de unos electores que encima carecen de
una información plural capaz de compensar la falta de experiencia
directa y de la realidad del país, salvo que se entienda que
programas televisivos del estilo Galicia para el Mundo o
publicaciones como Alén, del señor Amarelo de Castro, informan con
objetividad de lo que sucede en Galicia.
Esta reforma la viene propugnando el Bloque Nacionalista Galego desde
hace ya más de un año tanto en el Parlamento gallego como en el
Parlamento español, por cierto, en coincidencia con las
reivindicaciones del Consejo General de la Emigración, y luego
hablaremos de los acuerdos del Consejo General de la Emigración y de
cómo los cumple el Partido Popular.
Queremos que los emigrantes voten en urnas controladas por
interventores y apoderados de todos los partidos, y que si este es el
procedimiento normal de voto, el voto por correo sea, al igual que en
el interior, un procedimiento excepcional y que el interesado tenga
que solicitar. Cuando hablamos de voto rogado, señora Muñoz, nos
referimos al voto rogado acompañado del voto en urna como
procedimiento normal, y a esto sí que se ha referido el Consejo
General de la Emigración.
Cuando hablamos de reformar este sistema hablamos también de que los
emigrantes cuenten, que ese más del 17 por ciento del censo electoral
de Galicia sea tenido en cuenta para que, por ejemplo -y los señores
del Partido Popular de Galicia no hablan sobre esto, no abren la boca
sobre esta cuestión-, pueda elegir Galicia más diputados y más
senadores en las Cortes Españolas. Tendríamos un diputado más por
Lugo, tendríamos un diputado más por Ourense, tendríamos, como
mínimo, un senador más por designación del Parlamento gallego. No sé
por qué esta cuestión ustedes, si es algo perfectamente lógico, no la
reclaman a sus compañeros del Partido Popular español.
Esta es, desde luego, la idea del Bloque Nacionalista Galego,
conseguir la igualdad real. Si son electores que cuenten también para
otras cuestiones. Desde luego parece que no es su idea. El último
plenario del Consejo General de la Emigración aprobó revisar el
sistema actual de reconocimiento de pensiones SOVI a los emigrantes
que demostrasen cotizaciones antes de 1967; pregunta parlamentaria,
contestación del Gobierno: No. El Pleno del Consejo General de la
Emigración habló también de equiparar las pensiones no contributivas
que cobran los emigrantes con las que se cobran
dentro del interior del Estado; acuerdo del Consejo General de la
Emigración; pregunta parlamentaria, contestación del Gobierno,
negativa. Por cierto, creo que al señor Aparicio ayer no le fue
demasiado bien en el Consejo General de la Emigración, creo que le
recordaron algunos compromisos -también compromisos suyos- que aún
están sin cumplir.
Si quieren preocuparse por los emigrantes preocúpense, señores del
Partido Popular, de lo que sucede, por ejemplo, con los descendientes
de gallegos que no tienen la nacionalidad y que se ven afectados
directamente por la Ley de extranjería, pero parece que a ustedes eso
no les interesa demasiado.
Cuando intervenimos en estas cuestiones actuamos movidos por un ánimo
constructivo, lo hicimos en octubre y lo hacemos ahora. Consensuamos
un texto con otros grupos y siento que el Partido Popular no quiera
sumarse a este consenso. Creo que este texto es capaz de concitar
alrededor de él, y lo digo con toda sinceridad, un consenso eficaz en
materia de emigración. Para esto es necesaria voluntad política,
voluntad política que al parecer es justamente de lo que ustedes en
este momento carecen. Carecen de voluntad política para garantizar lo
antes posible, desde luego antes de las elecciones gallegas, que la
participación de los electores que residen en el exterior sea limpia
y en igualdad de condiciones con los que residimos en el interior del
Estado y carecen ustedes de valentía para solucionar un problema que
ustedes mismos, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores,
crearon.
Saben ustedes -y esto se puso de manifiesto en la elección del nuevo
presidente norteamericano- que los Estados del sur, los antiguos
Estados esclavistas norteamericanos, eligen un número de votos
electorales superior al que por población les correspondería. Saben
ustedes también que este sistema proviene de la Constitución
americana del siglo XVIII, que para compensar la menor población de
los Estados esclavistas del sur les permitió computar como electores,
aunque desde luego no votaban, a los esclavos negros. Es decir,
antiguamente en Norteamérica los esclavos negros contaban pero no
votaban. Para ustedes los emigrantes gallegos votan pero no cuentan,
no cuentan absolutamente para nada, ni para darles asistencia
sanitaria, ni para darles pensiones dignas, ni para que computen como
electores a la hora de distribuir escaños que a Galicia por derecho
le corresponden.
Pues bien, frente a ustedes, y esto no es electoralismo, el BNG está
reclamando igualdad real. Mañana veremos, señora Muñoz, en el Consejo
General de la Emigración quién está de acuerdo con quién y quién está
cumpliendo y quién no los acuerdos del Consejo General de la
Emigración.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Aymerich.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Los temas electorales, sobre todo cuando hay ajustes en los
resultados de las votaciones electorales, son de una gran
sensibilidad. Cuando las decisiones se tienen que tomar basándose en
censos electorales de personas que están en el extranjero, como en
este caso el censo electoral de residentes ausentes, conocemos las
inquietudes y zozobras que esto produce.
La Comunidad Autónoma de Canarias no es ajena tampoco a este
fenómeno, dado que tradicionalmente en siglos pasados y en años
inmediatos -década de los 40 y de los 50- ha sido de las entonces
regiones españolas que estaban caracterizadas por la emigración hacia
distintos países de América Latina, concretamente Venezuela, Méjico,
Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, etcétera. Hoy en día estos
censos de residentes ausentes constituyen también uno de los puntos
en los que las formaciones políticas hemos extremado el contacto con
los mismos, la obtención del voto, la sensibilidad. Por tanto,
queremos que esta sensibilidad se mantenga dentro de unos controles
normales y habituales.
A la vista de las iniciativas que se han presentado aquí mi grupo
quiere decir lo siguiente. Primero, que hemos votado en el Senado,
consecuentemente con nuestra propuesta, la creación de una ponencia
en el seno de la Comisión Constitucional del Senado para el estudio y
análisis de este problema. En segundo lugar, que mi grupo no es
partidario y se opondrá a cualquier iniciativa que conlleve una
modificación de la Ley orgánica del régimen electoral general.
Aquella ley, que costó mucho consensuarla entre las fuerzas políticas
parlamentarias, después de la Constitución y del Reglamento de las
Cámaras fue la pieza fundamental de consenso; yo diría que después de
la Constitución hubo que buscar el consenso político para que el país
estuviera en una línea de normalidad y no cuestionar los resultados
electorales a las fuerzas políticas y eso se consiguió con una Ley
orgánica de régimen electoral general. Las modificaciones que
posteriormente se hicieron fueron más en el ámbito de las
incompatibilidades de diputados y senadores para armonizarlas, pero
dejando fijo todo el sistema técnico de la Ley electoral general.
Por tanto, mi grupo se opone a las iniciativas que ahora vienen aquí
para modificar la Ley electoral general. Es un tema muy delicado,
porque si se abre la posibilidad de modificar la Ley electoral
general es difícil obtener el consenso que en su día hubo para hacer
la ley original y la modificación por incompatibilidades de diputados
y senadores. Puede que entremos en ordenar algo que debe ir por otra
vía, como es si se ponen o no en las embajadas y consulados una mesa
electoral. La elección mediante el voto por correo es la que es. Tampoco
se puede instar a que el Gobierno español diga a los gobiernos
extranjeros que regulen la agilidad del voto por correo, porque
habría que decir en qué países están los electores no residentes y
así poder hacer la gestión en esos países. Me da la sensación de que
son muchos centenares los países en los que pueden estar, que pueden
ser minorías, pero que tienen el mismo derecho que los que puedan
estar en un país latinoamericano donde haya más emigrantes españoles
que forman parte del censo electoral de residentes ausentes. Por
tanto, no nos debemos meter en esos laberintos que llevan a una
confrontación de intereses, porque es muy difícil que un Gobierno
determinado de un país que tenga electores españoles en su territorio
acepte garantizar mediante los servicios postales de esa nación la
emisión de un voto por correo. Vamos a centralizar este tema.
Entendemos que se debe respetar la iniciativa que ha tomado el
Senado. Vamos a dejarle tiempo para trabajar, que hagan las
propuestas, porque las fuerzas políticas de aquí son las que están en
el Senado. Se puede hacer un encarte de las disposiciones que tienen
que tener las fuerzas políticas y ver qué solución se propone.
Nosotros podríamos instar al Gobierno a que se mantenga todo dentro
de la normalidad, con las inspecciones pertinentes, pero lo que no
podemos es instar al Gobierno a que no se cometa el delito electoral,
como se deduce de algunos textos de las iniciativas que han
presentado algunos grupos. El delito electoral tiene una persecución
ante determinadas instancias y sería verdaderamente absurdo que la
Cámara instara al Gobierno a que no se cometan delitos electorales.
Es como si se trae aquí una iniciativa para instar al Gobierno a que
no se cometan delitos contra la salud pública, contra el tráfico
o contra el Código Penal. Los códigos están ahí y, si hay un delito,
las instancias correspondientes actúan en consecuencia.
De todas estas iniciativas la que más se ajusta al planteamiento que
hace el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria es la del Grupo
Parlamentario Popular, porque insta al Gobierno a mandar un análisis
del comportamiento del censo electoral de residentes ausentes. Mi
grupo no puede tomar una decisión porque se hayan publicado en
determinados medios informativos unas cuestiones que, cuando se
reducen aritméticamente, en un análisis estadístico de
intencionalidad del resultado electoral, no son significativas.
Señora presidenta, mi grupo votará la iniciativa que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular porque es la que se circunscribe a esta
manera sencilla y elemental de enfocar el problema, sin tocar para
nada la Ley orgánica del régimen electoral general.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra elseñor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, a la hora de fijar posición en relación con este
conjunto de iniciativas que se han presentado para su debate en la
Cámara en la sesión de hoy, resulta obligado, en opinión del grupo al
que represento, llamar la atención sobre una circunstancia que si no
nos conduce a la alarma debería, cuando menos, suscitar en nosotros
cierta inquietud y preocupación, porque las iniciativas que hoy
debatimos no nacen de la nada, no surgen espontáneamente; se
presentan al rebufo de una serie de informaciones publicadas en
diferentes medios de comunicación denunciando el deficiente
funcionamiento cuando no la abierta manipulación del censo electoral
de residentes ausentes. De hecho, ninguna de las iniciativas que hoy
debatimos parece poner en duda la existencia de estas deficiencias,
al menos ninguna lo niega abiertamente, y sí es cierto que todas dan
por supuesta la necesidad de mejorar su funcionamiento, algo
inevitable, por otra parte, desde que en el Consejo General de
Emigración un consejero calificara de escándalo la situación del voto
de los residentes ausentes, afirmando que hay que tomar medidas para
garantizar que un español es un voto, no una saca de votos.
Las diferencias entre las proposiciones no de ley que hoy debatimos
no radican tanto en la asunción o no del deficiente funcionamiento
del CERA cuanto en las soluciones que unas y otras proponen para
corregirlo. Una de ellas, la del Grupo Popular, se limita a proponer
una evaluación de su funcionamiento que no estaría a disposición de
esta Cámara por lo menos hasta dentro de seis meses, es decir,
después de las elecciones gallegas, que son el núcleo de la cuestión.
Las demás proponen medidas de aplicación inmediata que van desde la
exigencia al Gobierno de que garantice el cumplimiento de la ley
hasta concretas propuestas orientadas a mejorar algunos de sus
contenidos. Pero, señorías, un funcionamiento irregular o incluso
fraudulento, como se está denunciando, del sistema electoral no
reviste la misma gravedad, desde el punto de vista de la higiene
democrática, que, por ejemplo, una actuación incorrecta de un
organismo administrativo cualquiera, de la Inspección de Trabajo o
del Instituto de la Juventud. En el preámbulo de la Loreg, esta ley
central en la regulación del sistema electoral, se dice que la norma
electoral es una de las normas fundamentales de un Estado
democrático, en tanto que sólo nos podemos afirmar en democracia
cuando el pueblo puede libremente constituir la decisión mayoritaria
de los asuntos de gobierno.
Por tanto, siendo esto así, presuponer, como hacen las iniciativas
que hoy centran nuestra atención, que en el ámbito de los residentes
ausentes que viven en el extranjero la Ley electoral no se cumple, se
cumple deficientemente o se cumple mal, es como admitir que es el
sistema democrático mismo el que adolece de una falla grave. Pensamos
que es preciso tomar nota de esta
circunstancia y actuar con la gravedad y la urgencia que la situación
requiere.
Con este criterio hemos evaluado las diferentes proposiciones no de
ley que se han presentado hoy para su debate, y hemos observado que
la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular no
aporta soluciones reales al problema planteado, porque si en el otoño
próximo no fueran a tener lugar unas elecciones autonómicas en
Galicia, esta proposición no de ley sería, por supuesto, aceptable,
sin ningún tipo de inconveniente por nuestra parte, pero en las
circunstancias actuales no lo es, porque si no se adoptan de
inmediato algunas medidas orientadas a garantizar la transparencia
del voto extranjero no residente y, como parece sospecharse
generalizadamente, al final este voto contribuye de un modo decisivo
a cambiar el signo de los resultados electorales en Galicia,
podríamos encontrarnos ante un escándalo de dimensiones
espectaculares. Por consiguiente, vamos a votar en contra de esta
iniciativa Por lo que se refiere a la iniciativa -ya puede decirse
conjunta- transaccionada por el resto de las fuerzas políticas que
han presentado sus correspondientes proposiciones no de ley, incluye
un conjunto amplio de medidas muy diferentes que pretenden integrar
el conjunto de los planteamientos que se hacían en las distintas
iniciativas. Cierto es que en el primer punto omite, a nuestro
juicio, una cuestión fundamental, y es que cuando habla de la
necesidad de revisar y actualizar la legislación debería incluir la
necesidad también de incidir en las modificaciones que fueran
necesarias para regular el voto de los residentes no ausentes pero
que, en el momento de las elecciones, se encuentran
circunstancialmente en el extranjero, sin que vivan en él, me refiero
fundamentalmente al problema de los navegantes, de los marineros, de
los estudiantes, en los que concurre esta circunstancia, un problema
real que impide el voto efectivo a muchísima gente y que es distinto
al de los residentes no ausentes. Aunque plantea algunas deficiencias
y aunque no es de nuestra entera satisfacción, vamos a votar
favorablemente esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta Señorías, al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le hubiese gustado que
hoy, en un tema tan sensible como la regulación del CERA, hubiera
habido un amplio consenso en esta Cámara. De las intervenciones del
resto de grupos parlamentarios deducimos, y lo lamentamos, que no es
posible hoy este consenso, un consenso que sí fue posible en el
Senado no hace ni tan sólo un mes. Hace pocas semanas,
el pasado mes de mayo, el Senado aprobó (conjuntamente los siete
grupos parlamentarios que allí están) la creación de una ponencia por
la cual expresamente se pone en evidencia que el CERA no funciona,
que el CERA en estos momentos requiere una modificación que seguro va
a implicar algún cambio en la Ley orgánica del régimen electoral
general. Mi grupo en el debate en el Senado contribuyó en esa línea y
creemos que cualquier modificación en ese ámbito necesita del amplio
consenso de todos los grupos parlamentarios. Cuando se discuten las
bases del Estado democrático como son las normas electorales, debemos
aunar el máximo de consensos posibles. Si no lo hacemos así,
indirectamente estaremos deslegitimando el resultado de cualquier
elección, no únicamente las próximas elecciones gallegas.
Por tanto, el CERA es importante; es importante depurarlo, es
importante que quien figure en él sea aquel que debe figurar, pero
para ello lo debemos hacer desde esa ponencia que el Senado acaba de
constituir, porque también, señoras y señores diputados, podría hoy
producirse aquí una votación absolutamente dispar de dos propuestas
que podrían presentarse antagónicas y poco estaríamos ayudando a esos
trabajos de la ponencia del Senado. El Senado es también Cortes
Generales, ha decidido estudiar este tema. Lo ideal hubiese sido que
hoy se presentara una proposición no de ley conjunta con un mensaje
unívoco. Si no es así, nuestro grupo se va a abstener a todas, tanto
a la consensuada como a la del Grupo Popular porque también es cierto
que esta proposición no de ley del Grupo Popular nada añade a lo que
ya está haciendo el Senado, con lo cual o llegamos hoy aquí a un
acuerdo de todos o nuestro grupo se abstiene a todas las
proposiciones no de ley presentadas y deja que en el Senado esa
ponencia estudie el ámbito material tan importante que requiere del
consenso de todos.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Jané.
Por último, señorías, y a los solos efectos de señalar la aceptación
o rechazo de las enmiendas, interviene en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: No hay enmienda, hay una transaccional
acordada por el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo
Socialista. Es una única enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias,
señoría. Entiendo que hay una enmienda transaccional que presenta su
grupo parlamentario con el resto de los demás grupos. ¿Necesita algún
grupo parlamentario que ha presentado iniciativa fijar su posición de
aceptación o rechazo?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Gracias, señora presidenta, a los efectos de
rogar al Bloque Nacionalista Galego que retire el término de
pucherazo a la hora de referirse a las elecciones gallegas, una vez
que tampoco la Junta Electoral Central ha admitido ninguna de esas
irregularidades de las que hace gala el Partido Nacionalista Galego.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Muñoz, tiene que
hablar únicamente de la aceptación o rechazo de la enmienda.
La señora MUÑOZ URIOL: Rechazamos la enmienda presentada por el
Partido Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Muñoz.
Señor Aymerich, tiene la palabra al solo efecto de decir si acepta o
rechaza la enmienda. No puede intervenir en ningún otro turno de
palabra.
El señor AYMERICH CANO: Hay una enmienda transaccional, un texto
aprobado por los tres grupos. Por supuesto que me gustaría poder
retirar ese término, pero veremos en octubre si lo puedo hacer,
depende del PP.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Aymerich. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos en primer lugar a votación el texto
de la enmienda transaccional que sustituye a las proposiciones no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas urgentes para
garantizar el derecho de sufragio libre, directo y secreto de los
electores, a la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
sobre medidas del Gobierno para corregir los defectos del censo de
los electores residentes ausentes y su posible uso fraudulento en
consultas electorales y del Grupo Parlamentario Mixto, señores
Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al censo electoral de
residentes ausentes, por cuanto estas tres iniciativas han sido
retiradas y por tanto es sometida a votación la enmienda
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; favor, 119; en contra, 161; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativade referencia.
A continuación sometemos a votación la proposición no de ley, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre evaluación del
funcionamiento del censo electoral de residentes ausentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 167; en contra, 113; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida proposición no de
ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA GENERAL EN
MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente
173/000073.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de lucha
contra el cambio climático.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Morlán. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego que quienes
vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan diligentemente y en silencio.
(Pausa.)
Adelante, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como consecuencia de la interpelación
urgente que discutimos la semana pasada con el señor ministro de
Medio Ambiente, sobre política general en materia de lucha contra el
cambio climático, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta
moción, que tiene tres puntos y que ha de recoger o por lo menos
tener presente en su espíritu las conclusiones de la Presidencia en
la conferencia de Gotemburgo de los días 15 y 16 de este mes de junio
y que por razones obvias de tiempo y de conocimiento del propio
documento no ha sido posible incorporarlas a la moción presentada en
días pasados.
Esta moción comprende tres puntos, uno referido a la decisión
política de ratificar el protocolo de Kioto, otro que se dirige a
apoyar en el seno de la Unión Europea la creación de una ecotasa y un
tercero encaminado al diseño de la estrategia de lucha contra el
cambio climático. Respecto al contenido del primero de ellos debiera
hacerse una modificación, motivo por el que, si lo admite la
Presidencia, desearía presentar una enmienda in voce. Se trataría de
sustituir el primer punto, que hace referencia a ratificar de manera
inmediata
el protocolo de Kioto, derivado del conveniomarco sobre cambio
climático de Naciones Unidas, por otra petición de la moción, que
quedaría redactada así: Iniciar de manera inmediata el proceso de
ratificación del protocolo de Kioto derivado del convenio-marco sobre
cambio climático de Naciones Unidas. ¿Dónde radica la diferencia,
señorías? En que aquí lo que estamos planteando es que haya una
voluntad política de iniciar el proceso de ratificación para que
cuando a finales del presente año 2001, por la Comisión se presente
cuáles son las conclusiones de este período de reflexión, se plantee
de manera muy clara por el Gobierno español qué tipo de medidas, qué
tipo de fases se han puesto en marcha para que este proceso de
ratificación se lleve a cabo con arreglo a las declaraciones puestas
de manifiesto por el ministro Matas y por el resto del Gobierno,
encabezado por su presidente, respecto a que es necesario, es
urgente, es conveniente o como quieran decir, que el protocolo de
Kioto se ratifique. Y si todo el mundo está diciendo que hay que
ratificarlo, lo que hacemos en este primer punto es decir que se
inicie ya el proceso, porque llegaremos a final de año y nos
encontraremos con que este proceso no está ni empezado si no se hacen
las cosas en condiciones.
El segundo punto de la moción es apoyar en el seno de la Unión
Europea la creación de un impuesto energético o ecotasa sobre consumo
de energías fósiles. No se trata de un levy como dijo el ministro en
su comparecencia en el mes de diciembre, porque aquí no estamos
hablando de ninguna fórmula que esté desarrollando los mecanismos de
flexibilidad, que es lo que podría hacer el levy, sino que estamos
hablando de que se ponga en funcionamiento un impuesto que se intenta
articular en el conjunto de la Unión Europea, pero que tiene en
España a uno de sus máximos detractores. Hay países de la Unión
Europea que ante esta imposibilidad de llevar a cabo la elaboración
de esta ecotasa, la han aprobado y puesto en funcionamiento dentro de
sus propios países, por ejemplo, en Austria, en Dinamarca, en
Finlandia, en Países Bajos, en Noruego o en Suecia existe un impuesto
sobre la energía que ustedes aquí se niegan a aceptar. Ya no les
estoy diciendo que lo implanten en España por ahora; les estoy
diciendo que apoyen la iniciativa europea sobre la implantación de
este impuesto comunitario que nos compete a todos, y no estoy
haciendo ninguna especial referencia sobre lo que tendría que suceder
en el Estado español. Por ello, es un punto que debieran de
considerar en sus reflexiones sobre cuál es nuestra presencia y cuál
es nuestra aportación en la Unión Europea.
El tercer punto es la estrategia o el plan nacional de lucha contra
el cambio climático. Ustedes tendrían que tener ese plan aprobado ya,
hay resoluciones de esta Cámara que así lo indican, y ustedes lo han
incumplido. Nosotros estamos planteando un plazo de seismeses y les
estamos diciendo que, dentro de esa lucha
contra el cambio climático, debieran adoptar una serie de medidas que
vendrían encaminadas a que esa estrategia tuviera algún contenido. Si
ustedes hablan de una oficina de cambio climático, que parece que es
la panacea en la lucha contra el cambio climático, dejen que en ella
estén -todavía no sé quiénes están, porque el ministro sigue sin
contestarme, después de la semana pasada cuando dijo que se
comprometía a ello- las comunidades autónomas -que no sé si están o
no-, expertos científicos, las ONG y aquellas entidades o sociedades
que tienen una preocupación por esta lucha contra el cambio
climático. Tendrían que adoptarse medidas en energía y en industria,
tendría que incorporarse de manera inmediata -que también se ha
incumplido- la directiva de prevención y control integrada en la
contaminación, tendría que llevarse a cabo una promoción más
acentuada, más destacada del desarrollo de las energías renovables,
tendría que llevarse a cabo una serie de medidas relacionadas con las
modalidades de transporte, incentivando el transporte por ferrocarril
y el transporte urbano, tendrían que llevarse a cabo medidas
relacionadas con el desarrollo de la política forestal, ya que
también han incumplido el compromiso del presidente del Gobierno
durante el último debate sobre el estado de la nación, en el que se
planteaba la elaboración de este plan nacional forestal.
Esta moción pretende unir esa lucha que ustedes están planteando con
aquellas iniciativas políticas que son de su competencia y con
aquellos otros métodos que pueden significar que la lucha contra el
cambio climático sea efectiva.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia
de interpelación urgente, en primer lugar, por parte del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
apoyar la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista,
consecuencia de la interpelación que tuvo lugar la semana pasada. No
es la primera vez que se discute en esta Cámara la necesidad de la
ratificación o del inicio del procedimiento de ratificación del
protocolo de Kioto, sino que en muchas ocasiones en esta legislatura
y en la pasada esta Cámara se ha pronunciado de manera unánime con
respecto a la política y a la ratificación del protocolo de Kioto. En
concreto, el 18 de diciembre de 1998 se aprobó en esta Cámara el
primer punto de una moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida en la que se le demandaba al Gobierno que se
ratificara el protocolo de Kioto con la mayor brevedad posible. En
aquel
momento se nos decía por parte del grupo que apoyaba al Gobierno y
por el propio Gobierno que se necesitaba el concurso de los países de
la Unión Europea porque había un acuerdo de ratificación global, por
decirlo de alguna forma, del protocolo por parte de la Unión Europea
y se pretendía que se hiciera prácticamente sobre las mismas fechas
en todos los países de la Unión. Más tarde se nos dijo que tendríamos
que esperar a ver qué era lo que sucedía en la cumbre de Buenos Aires
para poder tener controlados los mecanismos de contabilidad de
emisiones y la flexibilidad que todos conocemos, mercados de
emisiones, efecto sumidero, etcétera. Todos sabemos lo que pasó en la
cumbre de Buenos Aires y después la cumbre de La Haya también todos
sabemos que fue un auténtico fracaso. No podemos continuar en la
situación en la que está nuestro país aumentando sus emisiones,
sobrepasando en cinco o seis puntos más las que ya la burbuja europea
nos permitía, con lo cual ya no podemos hablar de aumentarlas, sino
que tenemos que hablar de políticas que nos lleven precisamente a la
reducción. Pero además se han aprobado otras iniciativas en las que
-y con esto planteo una enmienda in voce- ya se le demandaba al
Gobierno que aprobara en el primer semestre del año 2001 el plan de
acción o la estrategia en la lucha contra el cambio climático
debatido en la Comisión de Medio Ambiente el 20 de septiembre del año
2000 y en la que se aprobó por unanimidad que este plan de acción
estuviera aquí, como muy tarde, a finales de este mes. La enmienda in
voce que le planteo al Grupo Socialista es que retire el que dentro
de seis meses se presente la estrategia en esta Cámara o se presente
a nivel general y que, sencillamente, lo deje con que se remita la
estrategia o plan nacional, puesto que ya hay un mandato de esta
Cámara de que se haga en el primer semestre del año 2001. La enmienda
que mi grupo parlamentario plantea complementa la moción del Grupo
Socialista para que no solamente sea necesario un rechazo al uso de
la energía nuclear, sino que también se establezca, precisamente por
este rechazo, un calendario que fije el cierre paulatino de centrales
nucleares, como ya se está haciendo en otros países de la Unión
Europea, en otros países de nuestro entorno.
Señorías, no podemos quedarnos solamente en una declaración de
voluntades que se hace siempre desde el Gobierno y desde el grupo que
apoya al Gobierno, sino que existe la necesidad de que empecemos a
hablar de políticas determinadas. En su intervención del miércoles
por la tarde, el ministro de Medio Ambiente hablaba de que ya se
habían empezado a hacer cosas, pero no decía cuáles en concreto. De
esta manera, sin una estrategia nacional, sin que realmente haya un
plan, sino sencillamente creando organismos como la oficina o el
consejo nacional del clima, es imposible que podamos cuantificar y
saber realmente si en nuestro país se están llevando a cabo políticas
que tiendan no a un control de las emisiones -en estos momentos ya no
podemos
hablar de ello- sino a una reducción de las emisiones de los
gases de efecto invernadero. Hace ya años existía un borrador que se
presentó como algo que realmente se podía poner en práctica, pero han
pasado ya casi cuatro años y seguimos con el borrador, seguimos sin
políticas, sin estrategia, pero, eso sí, continuamos aumentando las
emisiones de gases de efecto invernadero. Hora es ya de que dejemos
de hablar de posibilidades y empecemos a actuar con contundencia. El
cambio climático no nos permite que sigamos retrasándolo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Desde la Presidencia se ha creído entender que lo que proponía era
una enmienda in voce, pero, en todo caso, tendría que ser una
enmienda transaccional, sustituyendo a alguna de las enmiendas que
tiene presentadas, que quedaría retirada. (Pausa.)
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, las enmiendas que ha presentado Esquerra
Republicana de Catalunya tienen el claro sentido de enriquecer la
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que consideramos
oportuna y necesaria, básicamente porque algunos de sus puntos -se
trata de dos enmiendas de adición y una de creación de un artículo
nuevo- van en la línea de ser más prácticos.
En concreto, en el número 2 consideramos que la creación de la
ecotasa habría de tener un objetivo finalista. Poco sentido tendría
si esta ecotasa no revertiera en la promoción de las energías limpias
y renovables, en este caso solar, térmica, fotovoltaica, eólica o
simplemente de biomasa. Repito, no tendría sentido que esta ecotasa
no revertiera directamente en dicha promoción, pero, al igual que la
mayoría de los grupos de la Cámara, nosotros somos conscientes de que
en estos momentos no es posible la sustitución total del tipo de
emisiones y de combustión no sostenible, pero sí lo es una
sustitución progresiva y con un cambio radical. En ese sentido, la
promoción, la información, el apoyo que puede dar la Administración a
la sustitución progresiva de estos mecanismos y de esta producción de
energía limpia es una necesidad. Por ello, presentamos la primera
enmienda en la línea de que la ecotasa sea finalista.
Una segunda enmienda va relacionada con la necesidad de que en
relación con el tráfico, uno de los problemas importantes en cuanto a
la contaminación, se estudie la posibilidad de que una parte del
impuesto de circulación redunde en lo que es la mejora del transporte
público. Somos conscientes de que no podemos reducir el transporte,
es una necesidad la movilidad
laboral en todos los sentidos, pero es verdad que en el poder local,
incluso en las comunidades autónomas, en el mismo Estado español, en
el Gobierno, hay una incapacidad para facilitar mejores
infraestructuras de transporte público que ayudaran a las condiciones
ambientales y evidentemente al ahorro energético.
Una tercera enmienda, también adicional, hace referencia a la
creación de este plan que propone el Grupo Socialista, un plan de
estrategia o plan nacional en seis meses. Nosotros creemos en la
mejora técnica de nuestra enmienda porque concretamos en qué se
basaría este plan, que sería en el fomento de un mayor uso de las
energías renovables a través de la elaboración de un plan energético
para promover las energías renovables, en particular, como ya
citábamos en la primera enmienda, la energía solar, térmica,
fotovoltaica, la energía eólica y la energía procedente de la
biomasa.
Finalmente, en esta enmienda de adición, añadíamos el rechazo al uso
de la energía nuclear y a su consideración como alternativa a la
emisión de CO2, porque no sólo es el cierre progresivo, como pedían
otros grupos, de las centrales nucleares, sino el rechazo al
planteamiento que se está haciendo muchas veces desde el Gobierno o
desde el sector industrial de considerar la energía nuclear como la
mejor alternativa a las emisiones de CO2. Además, en este punto hay
una adicional: impulsar políticas agrícolas y forestales que permitan
la fijación del CO2.
Estas son las enmiendas que presenta el Grupo de Esquerra Republicana
con la clara voluntad de informar que hay una posibilidad progresiva
de cambio de modelo energético. Somos conscientes de que esto no se
puede hacer de hoy para mañana, que se trata de un cambio de
mentalidad, un cambio lento, pero sin la ayuda de la Administración,
sin los recursos, sin la fijación presupuestaria, este cambio va a
ser más difícil, por no decir imposible. Creemos que la ecotasa tiene
que ser finalista, que los planes tienen que redundar en aspectos
presupuestarios, pero sobre todo en lo referente a la contaminación
causada por el tráfico y los combustibles sólidos, fósiles, en este
caso por las emulsiones de los coches. La alternativa a esto es
mejorar las dotaciones al transporte público, lo que reduciría el
consumo y, por tanto, la contaminación. En este sentido mantenemos y
presentamos las tres enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya.
Gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias señora presidenta.
Señorías, ciertamente, como han dicho anteriores portavoces, este
tema que nos ocupa ya ha sido tratado en anteriores ocasiones en esta
Cámara desde diferentes ópticas, por el mismo Pleno, por la Comisión
de Medio Ambiente, como no podía ser de otra forma, y también por la
Comisión de Asuntos Exteriores, a la que me quiero referir. Lo hago
porque creo que es importante que esta Cámara no se pronuncie
sucesivamente sobre una cuestión de tanta envergadura como la que nos
ocupa en sentido opuesto o desde posiciones no concordantes.
Quiero recordar que el pasado 23 de mayo, no hace ni un mes, esta
misma Comisión de Asuntos Exteriores aprobó por unanimidad un texto
transaccional, una enmienda procedente de una proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por el señor
Vázquez, diputado del Bloque Nacionalista Galego. Era un texto
aprobado por unanimidad, repito, que quiero recordar. Se basaba en
tres puntos. El primero decía que se tenían que adoptar todas las
medidas que fueran necesarias para elaborar y poner en práctica la
estrategia española de lucha contra el cambio climático, con el
objetivo prioritario de cumplir los compromisos derivados del
protocolo de Kioto y reducir las emisiones de CO y demás gases efecto
invernadero. El 2 segundo punto se refería a la necesidad de adoptar
las medidas necesarias, en el plano bilateral y también multilateral,
especialmente en el seno de la Unión Europea, dirigidas a rechazar
cualquier propuesta que pretenda devaluar, rebajar o retrasar la
entrada en vigor de los compromisos en la lucha contra el cambio
climático y, en especial, persuadir a los Estados Unidos de América
de la necesidad de asumir el protocolo de Kioto. En tercer lugar, se
aprobó defender en el seno de la Unión Europea el estudio y la puesta
en práctica de las medidas eficaces que ayuden a conseguir la
ratificación del protocolo de Kioto por parte del mayor número
posible de países.
Nuestro grupo parlamentario cree que este texto -que, repito, fue
aprobado por unanimidad- es un buen punto de partida que no
deberíamos desaprovechar. Creemos que pueden encontrarse algunas
debilidades, al margen de la iniciativa aprobada a la que me he
referido, y es lógico que así sea, en la iniciativa y también en la
acción del Ministerio de Medio Ambiente en la lucha contra el cambio
climático. Nosotros consideramos que se está en la senda adecuada,
que hay que reforzar la acción gubernamental, que hay que ejecutar
presupuestos, como han mencionado anteriores portavoces, pero que hay
que pulir algunos aspectos como, por ejemplo, la elaboración de la
estrategia española contra el cambio climático, algunos sobre
definición, contenidos y medios de la oficina española de cambio
climático y también algunos otros relativos a la colaboración
institucional, a la colaboración con las comunidades autónomas y con
las corporaciones locales.
En todo caso, nuestro grupo ve en el texto de la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista algunos puntos con los cuales,
en principio, no podemos estar de acuerdo con relación a los llamados
mecanismos de flexibilidad y con relación a la ecotasa, y también
tenemos algunas objeciones sobre los planteamientos que se hacen
respecto a la energía nuclear. Sin embargo, nuestro grupo
parlamentario ha presentado a esta moción del Grupo Socialista una
enmienda que tiene como base este texto transaccionado a que me
refería anteriormente, al que hemos incorporado tres previsiones
concretas que enriquecen el texto transaccional aprobado por
unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores el mes pasado. La
primera es la relativa a que el Gobierno cuente con la participación
de las comunidades autónomas y las corporaciones locales en la
elaboración y puesta en práctica de esa estrategia española contra el
cambio climático. La segunda relativa a la necesidad de potenciar al
máximo con medios y con los recursos económicos oportunos la oficina
española de cambio climático como principal instrumento de lucha
contra esta amenaza, sobre la que recae una gran responsabilidad no
sólo en el plano de la gestión, sino también en el plano de la
responsabilidad política. Finalmente, el tercer punto se refiere a
que nosotros entendemos que deben incorporarse todos los
planteamientos suscritos por el Consejo Europeo de Gotemburgo los
pasados días 15 y 16 de junio, la semana pasada. Con estos tres
puntos se enriquecería este texto transaccional y habría
posibilidades reales de que hubiese consenso en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a iniciar mi intervención destacando la oportunidad de
ese debate sobre cambio climático en unos momentos especialmente
graves en los que se ha conocido la decisión de la nueva
administración de Estados Unidos, el país más contaminante del mundo,
de no ratificar el protocolo de Kioto. Pero a la vez que destaco esta
oportunidad, debo lamentar el desconocimiento, el olvido o la
demagogia que evidencian los tres puntos de la moción que hoy nos
presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
En el primer punto de la moción solicitan SS.SS. socialistas que se
inicie de manera inmediata, luego ha presentado una autoenmienda el
señor Morlán, el proceso de ratificación del protocolo de Kioto.
¿Acaso desconocen ustedes que los países miembros de la Unión Europea
ratificarán conjuntamente el protocolo de Kioto? ¿Acaso, señorías,
ignoran que, para que el
protocolo sea ratificable, es preciso previamente que se acuerden las
reglas de aplicación de dicho protocolo? ¿Han olvidado tal vez
ustedes que esas reglas no consiguieron establecerse en la
conferencia de La Haya y que se espera que finalmente puedan
acordarse en la sexta conferencia que tendrá lugar el próximo mes de
julio en Bonn?
En el segundo punto de la moción solicitan SS.SS. socialistas que se
apoye la creación inmediata de un impuesto energético o ecotasa
comunitaria sobre el consumo de energías fósiles. Como SS.SS.
conocen, actualmente se está discutiendo una propuesta de directiva
en la Unión Europea por la que se reestructura el marco impositivo de
los productos energéticos. Según esta propuesta de directiva, los
países de la Unión Europea que más han contaminado y que están
obligados a una reducción drástica de sus emisiones no tendrían
obligación de elevar sus tipos impositivos, mientras que España,
mucho menos contaminante que el resto de los países europeos, sí
debería hacerlo. La directiva propuesta, meramente recaudatoria, poco
tiene que ver con la mejora del medio ambiente y, dada la rigidez de
la demanda energética, el Grupo Parlamentario Popular considera que
ese impuesto energético tal como se propone sería negativo para la
economía y los consumidores españoles, produciría inflación, pérdida
de competitividad, perjudicaría la capacidad adquisitiva de los
consumidores e incrementaría los costes de transporte. ¿Es esa,
señorías socialistas, la ecotasa comunitaria que ustedes apoyan? ¿Es
esa ecotasa la que ustedes quieren que apoyemos hoy en el segundo
punto de su moción o es tal vez ésta la reforma fiscal que ustedes
proponen y que no sabemos exactamente en qué consiste?
En el tercer punto de su moción solicitan que en un plazo de seis
meses se remita un plan nacional contra el cambio climático, a la vez
que establecen cuáles deben ser sus contenidos. Olvidan ustedes de
nuevo que el curso de las negociaciones internacionales, respecto de
las reglas de aplicación del protocolo de Kioto y el tipo de reglas
que definitivamente se acuerden, condicionarán, sin duda alguna, no
sólo el contenido de la estrategia sino también su plazo de
conclusión. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular votará
negativamente los tres puntos de la moción.
Nuestro grupo entiende que la lucha contra el cambio climático es uno
de los retos ambientales más importantes que debemos afrontar y es
para el Gobierno de la nación un objetivo prioritario. Por ello,
creemos que la demagogia no es admisible en un tema de esa
trascendencia. España, junto al resto de países de la Unión Europea,
reitera su defensa de la integridad ambiental del protocolo y son
muchas las medidas que ya se están poniendo en marcha para disminuir
las emisiones de los gases de efecto invernadero. Una medida más que
se suma a todas las anteriores es la reciente creación de esta
oficina para cambio climático, cuya
misión fundamental va a ser coordinar las acciones de los distintos
sectores implicados en estas emisiones.
Hemos recorrido un largo camino, pero queda un notable esfuerzo por
realizar. Únanse ustedes a este esfuerzo y colaboren, desde la
realidad, en este reto que tenemos planteado y que debemos resolver
entre todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Señor Morlán, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario
Mixto y del Grupo Parlamentario Catalán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, querría que el texto que he presentado respecto al
punto primero de nuestra moción fuera entendido como corrección
técnica, con la finalidad de que pudiera incorporarse al texto de la
moción. En segundo lugar, aceptaríamos la enmienda de Izquierda
Unida, que supone añadir al final del punto tres: estableciendo un
calendario que fije el cierre paulatino de centrales nucleares. En
tercer lugar, se trataría de incluir en el texto de la moción las
enmiendas 1 y 3 de Esquerra Republicana de Cataluña, que hacen
referencia a una enmienda de adición al apartado 2 y otra al apartado
3. Respecto a la enmienda presentada por Convergència i Unió, es
imposible aceptarla porque supone un texto alternativo al que hay
actualmente, presentado por el Grupo Socialista, y no incluye dos
aspectos que consideramos fundamentales, que son el rechazo del
tratamiento de la energía nuclear y todo lo derivado de la ecotasa
comunitaria.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Efectivamente, la corrección a su texto que ha presentado en un
primer momento, indicando que era enmienda in voce, no hubiera sido
posible aceptarla por cuanto el reglamento no lo prevé, pero sí como
corrección técnica.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia
de lucha contra el cambio climático, con la corrección técnica que ha
sido puesta de manifiesto por el grupo proponente, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y de las enmiendas números 1 y 3 del Grupo
Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 110; en contra, 170.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO EN MATERIA TRIBUTARIA
DURANTE LA VII LEGISLATURA. (Numero de expediente 173/000074.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria
durante la VII Legislatura.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Padrol.
EL señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado una moción consecuencia de la
interpleación urgente que fue debatida en este Pleno el pasado
miércoles, en la que se relacionan los hitos fundamentales que va a
registrar en su evolución la política fiscal y tributaria durante
esta legislatura. Lógicamente, cualquier reforma tributaria, fiscal o
de cualquier orden que se quiera realizar tiene que contextualizarse
en el marco de la evolución de la actividad económica, en la
necesidad de mantener y mejorar las políticas sociales, la
estabilidad presupuestaria y teniendo en cuenta muy en concreto para
esta legislatura los nuevos marcos de financiación autonómico y de
carácter local.
Los puntos fundamentales que contiene la moción, que son los
elementos absolutamente esenciales de esta evolución de la política
fiscal, son los que procedo a relacionar y que se contienen en la
moción que ha presentado ni grupo parlamentario. En primer lugar, una
nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ya
tuve ocasión de defender en esta tribuna la pasada semana que en la
actualidad el modelo que está vigente desde la reforma de diciembre
de 1998 es un buen modelo, es un modelo que lo tiene todo para ser
estable, porque en virtud de su reforma se consiguieron los distintos
objetivos que se tenían planteados. Lo que ocurre es que, obviamente,
debe seguirse adelante con los procesos de reforma y disminución
impositiva, pero no con modificaciones del modelo, que es bueno, sino
con modificaciones meramente puntuales, concretas y con una rebaja de
los tipos impositivos, lo cual tiene una ventaja para los ciudadanos,
como es la de que puedan visualizar perfectamente las mejoras, las
ganancias y las rebajas en la factura fiscal que finalmente vayan a
pagar por el concepto de IRPF.
Una de las cuestiones concretas que sí deberá abordar esta nueva
reforma del impuesto sobre la renta de
las personas físicas es la necesidad de otorgar un nuevo impulso a la
previsión complementaria de carácter privado y social. Recordemos que
en España es un motivo de satisfacción para todos. Tenemos un saneado
sistema de Seguridad Social, un saneado sistema público de cobertura
de las pensiones para los españoles, pero qué duda cabe también que a
partir del año 1987, con la Ley 8/1987, de reforma de planes y fondos
de pensiones, se instauró en España una decidida apuesta por impulsar
la previsión complementaria a la Seguridad Social de carácter
privado.
Esta previsión de carácter complementario, que constituye además una
de las recomendaciones del Pacto de Toledo, ha tenido una evolución
que está por debajo de lo que debe ser el óptimo en una sociedad
moderna y avanzada. Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán
considera que la próxima reforma del IRPF debe hacer particular
incidencia en la potenciación, estableciendo un mejor marco de
incentivos fiscales para la previsión complementaria social. Se ha
demostrado que el salario diferido contenido en el artículo 46 de la
Ley del IRPF, configurado sólo para los contratos de seguro con
mutualidades de los planes de pensiones, es importante pero no lo
suficiente y, por tanto, debemos avanzar en este sentido.
El segundo punto fundamental de la política fiscal en esta
legislatura es la reforma del impuesto sobre sociedades. Ya he hecho
referencia en intervenciones anteriores a que el modelo actual es
bueno; es un modelo avanzado, homologable con los de otros países de
nuestro entorno, pero debemos seguir adelante en los puntos concretos
que destaca la moción.
Quisiera hacer referencia, en particular, a la necesidad de hacer una
revisión profunda del régimen de transparencia fiscal, que en la
actualidad es una fuente de desigualdades y que no sirve ya para el
objetivo que dio lugar a la transparencia fiscal. Recordemos que este
mecanismo se creó para evitar que, en virtud de la constitución de
sociedades, las personas con rentas patrimoniales elevadas escaparan
a la progresividad del impuesto. Hoy en día, la transparencia fiscal
es fuente de desigualdades -insisto- y, por tanto, debe abolirse la
misma impidiendo, eso sí, que transparenten la rentas de estas
sociedades pero homologando el régimen tributario de las mismas con
el que es propio del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Padrol. (Pausa.)
Adelante, señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias.
Estos serían los puntos concretos a los que debe referirse la futura
reforma del impuesto sobre sociedades, sin perjuicio de la incidencia
en la reducción necesaria de la carga fiscal, en especial de la de
las pyme: introducir medidas que favorezcan todavía más la creación
de empleo y perfeccionar estímulos al I+D+I y a la
internacionalización de las empresas españolas.
El siguiente punto de la reforma pendiente en esta legislatura, que
ya fue debatido en esta Cámara como consecuencia de una proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) al inicio de esta legislatura y aprobada por unanimidad, es
la reforma del IAE, que suponga la eliminación del mismo para el 90
por ciento de las empresas españolas, esencialmente para las medianas
y pequeñas. Me refiero a una nueva ley general tributaria que adapte
el texto, que data ya de 1963, que incorpore la Ley de derechos y
garantías del año 1998 y que contribuya a dotar de mayor fluidez, con
disminución de la litigiosidad, a las relaciones entre la
Administración tributaria y los ciudadanos, sin merma lógicamente de
la necesaria lucha contra el fraude que debe desarrollar y desarrolla
cualquier Administración tributaria democrática moderna.
El último punto al que hacemos referencia es la necesidad de seguir
impulsando nuevos convenios de doble imposición con otros Estados
extranjeros, fundamentalmente en el ámbito de América Latina, para
dotar de mayor impulso y seguridad a las inversiones que hagan las
empresas españolas en estos Estados.
Estos serían los puntos fundamentales que, a juicio de Grupo
Parlamentario Catalán, debería contener la evolución de la política
fiscal durante esta legislatura. El leitmotiv de esta reforma o
evolución de la política fiscal es, como fue en anteriores etapas en
las que el Grupo Catalán ha sido decisivo para la formación de
voluntades en esta Cámara, incidir en la mejora de las políticas
sociales, compatibilizando este principio con el respeto por el
bolsillo de los ciudadanos, dicho sea de manera coloquial. Es decir,
ganando en eficiencia, manteniendo o incrementando las políticas
sociales, pero respetando los pagos que los ciudadanos deben realizar
a la Hacienda pública.
La historia acontecida en los últimos años nos demuestra que esta
línea política es plenamente factible e insistiremos en el desarrollo
de la misma. Esperamos que ello culmine en la aprobación de distintas
leyes en esta Cámara en el mismo sentido.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señorías, se acaba de retirar una enmienda y
esto deja muy a las claras la seriedad con la que se toma la
tramitación de enmiendas el grupo mayoritario de esta Cámara. Son
enmiendas de poner y quitar, de poner si voy a intervenir el último y
de quitar si no intervengo el último. Después
el portavoz de la mayoría nos alabará su multitud de reformas
fiscales, pero sólo dos datos: metieron el tipo único en las
plusvalías, porque en España hay tipo único pero sólo para algunos;
decían que para fomentar el ahorro, estamos en el nivel de ahorro más
bajo de la década. Decían que bajarían la presión fiscal, han tocado
algún impuesto, pero la presión fiscal ha subido dos puntos desde
1995 a 2000. Soy de los que sé que la actividad económica ayuda, pero
menos lobos porque han subido la presión fiscal.
Le dejaremos al portavoz del PP que luego haga lo que tiene a bien
hacer y nos centraremos en la propuesta que hoy viene a esta Cámara.
Con las reformas fiscales que han hecho en los últimos años no han
resuelto el principal problema que tienen hoy los contribuyentes por
IRPF en España, y es simplemente el hecho de que las rentas del
trabajo están gravadas en mucha mayor medida que el resto de rentas
de diferentes fuentes. Y no es un problema que el IRPF tenga de los
tres o cuatro últimos años, es un problema que arrastra de tiempo
antes y que ha roto la sensación de equidad horizontal de muchos
contribuyentes, quizás de esos ricos que decía el señor Montoro que
ha encontrado el PSOE. Nos explicaron en el último debate del IRPF, y
nos lo hicieron pensar, que los ricos están fuera del IRPF. Pues
bien, nosotros vamos a respetar a todo el mundo, ricos o no, que
tributan, y el respeto a los ricos que no están en el IRPF se lo
dejamos a ustedes si lo quieren asumir.
Proponemos equiparar la tributación de las diferentes rentas con una
máxima simplificación de tipos y deducciones en el IRPF, que permita
equiparar la tributación y que permita que con las rentas del trabajo
no sólo se acabe con su desequilibrio, sino que se les pueda bajar la
carga fiscal. Defendemos reducciones condicionadas, modernizaciones
condicionadas del impuesto de sociedades, no rebajas generales e
incondicionales, y establecemos tres prioridades políticas:
emprendedores y pymes para que creen empresas; inversión y nuevas
tecnologías, porque nos están dejando muy atrás con la política de
este Gobierno, e internacionalización de la empresa, porque la
empresa española es bueno que no sólo exporte, sino que se implante
en el exterior. Hay que priorizar, porque con sociedades si todo es
una prioridad es que nada importa, cuando todo es prioritario nada
importa. En nuestra enmienda están nuestras prioridades.
Impuesto de actividades económicas. Nos han convencido, estamos de
acuerdo con eliminar el impuesto para la mayoría. Hablan del 90 por
ciento de pequeñas y medianas empresas, pero ¿por qué esperar a que
esto tenga efectos cuando se reforme la financiación local? ¿Por qué
no introducir ya una deducción de la cuota mínima del IAE en la cuota
del IRPF o sociedades? Si nos enseñan bien, pero es que aprendemos
demasiado deprisa. Aplíquense la política.
Esta es una enmienda que ustedes tienen que aceptar. No voy a perder
el minuto que me queda en muchos más detalles de enmiendas, pero sí
le quiero decir al Grupo de Convergència i Unió por qué creo que debe
aceptar nuestra enmienda. Ustedes no han hecho referencia a ello,
pero la única ley que se está tramitando, la ley con gran impacto
fiscal que se está tramitando es la ley de estabilidad
presupuestaria. Esos no son propósitos de futuro, esto es realidad
parlamentaria y nosotros tenemos grandes coincidencias con ustedes.
Tanto es así que el punto 8 de nuestra moción es casi transcripción
literal de una enmienda de ustedes a la ley de estabilidad
presupuestaria, nos la tienen que aceptar. Era aquello que decía que
la aplicación normativa de los principios de estabilidad seguirá lo
del pacto de estabilidad europeo, ¿recuerdan? Y el punto 9, que dice
que no será de aplicación a comunidades autónomas y entes locales. De
un grupo que se predica nacionalista, como Convergència, es de
esperar que acepte sus propias enmiendas, porque si no -y acabo-
mostrarán una vez más el vals que nos han traído hoy a esta Cámara.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta moción que a través de su
portavoz nos ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Lo hacemos por unos principios de lógica y de
congruencia con lo que Coalición Canaria viene planteando todos los
años en el debate de los Presupuestos Generales del Estado: las
modificaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y
de las otras figuras impositivas que afectan a nuestra estructura
económica, fundamentalmente el impuesto de sociedades y el impuesto
de actividades económicas.
En primer lugar, la propuesta del Grupo Catalán tiene todo el sentido
común de la necesidad de reformar, vía simplificación, el impuesto
sobre la renta de las personas físicas con una valoración sustantiva
y sustancial del fomento de la estructura familiar, de la
potenciación de los sistemas complementarios de previsión social y,
sobre todo, de las rentas de trabajo.
En segundo lugar, es imprescindible entrar, con un debate previo, con
toda la carga política y económica que debe tener, en el impuesto de
sociedades. No podemos seguir en una situación de indefinición del
impuesto de sociedades. Qué decir del impuesto de actividades
económicas, donde incluso en el programa del Partido Popular había un
compromiso de ir a la supresión de este impuesto, que además ha sido
clamorosamente demandado por la pequeña y la mediana empresa.
También en esta moción queremos apoyar con nuestro voto lo que se
dice de elaborar una nueva ley general tributaria. Es una figura que
se nos está quedando añeja y antañona, en el mejor sentido de lo que
quiero decir, porque el vigente texto es de 1963. Entendemos que a
estas alturas del desarrollo constitucional español, de las leyes
fiscales, de la situación de integración en los sistemas europeos,
mercantiles y fiscales, es necesaria, señora presidenta, una puesta
al día muy rotunda, muy adecuada a esta situación que estoy
describiendo. Por tanto, daremos también nuestro voto a este punto
cuarto que propugna elaborar cuanto antes una nueva ley general
tributaria, donde los derechos y garantías de los contribuyentes
estén perfectamente recogidos y reglamentados. Para ayudar a la
proyección de la empresa española hacia el exterior es fundamental
cerrar acuerdos y convenios bilaterales con algunos países para
evitar la doble imposición, así como también para que las empresas
del exterior que vengan a España no tengan una dificultad al
encontrarse con una doble imposición fiscal.
Por todas estas razones, señora presidenta, mi Grupo va a votar
favorablemente la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Cuando se anunció la moción pensé: qué bien, Convergencia i Unió va a
moderar un poco las ansias regresivas de la imposición fiscal del
Partido Popular y reformará el IRPF en sentido progresivo, hará
propuestas en este sentido; avanzará en la equidad y capacidad
recaudatoria de los impuestos y en la posibilidad de revisar la
tributación de las rentas del capital para que se alivien las rentas
del trabajo. Pensaba también que en la propuesta de Convergéncia i
Unió el IVA contemplaría más productos de primera necesidad y que
habría una visión clara, concreta y medidas, por tanto, en la moción
para una mejor persecución de los defraudadores. Vana ilusión. A
estos señores del Gobierno se lo ponen como a Fernando VII: perfecto.
Preparan el terreno y, no se preocupen, ellos van a andar por él.
Punto 1 de la moción: nueva reforma del IRPF. Se ha hablado esta
mañana en la Comisión de Economía de los 800.000 millones que
representaba la anterior reforma. Para el Gobierno iba perfecto, todo
el mundo estaba muy contento, este dinero estaba en manos de los
trabajadores, de las rentas más humildes. Lo que pasa es que la
realidad es tozuda y los datos también, y nos encontramos con que no
es exactamente así; una cosa son las macromagnitudes y otra cosa es
la vida real de
la gente, cómo vive y cómo percibe estos teóricos beneficios que el
Gobierno pone en marcha. Se ha dicho que profundizaría en la
simplificación, que sería más eficiente, que habría una disminución
de los importes a pagar por los ciudadanos. ¿Sabe qué hay de real en
el punto 1? La potenciación de los sistemas privados de pensiones a
costa del Erario público. Facilitará al Gobierno que, a través de la
subvención a los sistemas de pensiones privados, tenga más recursos y
más dinero, lo que irá en detrimento de los sistemas públicos. ¿O no
es verdad que la aportación a planes privados de pensiones es un
gasto final y fiscal fuertemente regresivo? De algún sitio tiene que
salir. Si se reduce por un lado la capacidad recaudatoria a través de
los fondos de pensiones privados, de algún sitio tiene que salir: de
los impuestos que paga toda la ciudadanía, muy en concreto del IRPF,
las partes medias hacia abajo, y del IVA. En definitiva, si buscan un
IRPF igual al de las sociedades, díganlo, y nos ahorraremos estos
debates. Es una posición justa, la plantean ustedes y lo discutimos
tranquilamente. Nos dirían: Nosotros queremos que el IRPF sea igual
al impuesto de sociedades; muy bien. Sería necesario que nos dijeran
de qué partidas presupuestarias deberían sacar el dinero o recortar
el gasto ante la regresividad fiscal, volcado en este caso concreto
en el IVA y en el IRPF para hacer frente a las necesidades del
Estado.
Resumiendo, las políticas fiscales de la moción laminan la
progresividad fiscal un poco más, reducen la capacidad del Estado
para atemperar las desigualdades del mercado y las políticas públicas
de servicios universales. Simplificar un impuesto con menores costes
indirectos es deseable, pero no a costa de reducir la progresividad
fiscal, porque esto siempre en economía, en política fiscal es
regresivo y lo pagan siempre los mismos. Por tanto, vamos a votar en
contra de la moción.
La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, su tiempo ha concluido.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha retirado la enmienda para dejar bien claro hoy en esta
Cámara que hay dos bloques de parlamentarios que defienden políticas
tributarias distintas: el del Partido Popular con Convergència i
Unió, que defendemos una política tributaria moderna, más eficiente,
más eficaz, a la que también se ha sumado (y lo agradezco) Coalición
Canaria; y el del Grupo Socialista con Izquierda Unida, que han
votado siempre que no a las reformas tributarias que se han planteado
en esta Cámara. La política tributaria tiene que tener tres
fundamentos: el primero, ha de ser eficiente para crecer,
para crear empleo, para mejorar el bienestar de los ciudadanos; el
segundo, tiene que ser justa, tiene que distribuir con justicia la
carga tributaria y, el tercero, tenemos que construir un sistema
tributario que dé suficiencia para cubrir la necesidad del gasto
público y afrontar los gastos sociales y los gastos de inversión y
modernización, y eso es lo que ha hecho la política tributaria del
Partido Popular en estos años.
Señor Bel, estos años España ha crecido por encima del 4 por ciento,
se han creado más de dos millones y medio de puestos de trabajo,
hemos mejorado la justicia social, el bienestar de los españoles, y
un punto clave ha sido bajar la imposición al ahorro, bajar la
imposición a las pymes, plantear mejoras sustanciales a la
internacionalización de nuestra economía, determinar regímenes
específicos fiscales para discapacitados, para familias y reformar el
IRPF para todos, pero fundamentalmente para los que más lo necesitan.
¿Y qué ha votado el Grupo Socialista a lo largo de estos años? Que
no. Cuando planteábamos reformas para los que tributaban en módulo,
el voto del Grupo Socialista fue no. Cuando planteábamos una reforma
fiscal para las pymes, para que pasara su tributación del 35 al 30,
el voto del Grupo Socialista fue no. En la reforma de la tributación
del ahorro, el Grupo Socialista votó no. En la reforma fiscal, el
Grupo Socialista votó no. Siempre no y ahora vienen aquí y plantean
un nonato nuevo impuesto de tipo único, que, señor Bel, se lo van a
comer con patatas. No van a tener fuerza suficiente para traer a esta
Cámara una propuesta concreta, no tienen la valentía suficiente para
decirnos cuál es ese tipo único. ¿Es el del BBVA? ¿Bajar 21 puntos el
marginal máximo y subir nueve puntos el marginal mínimo? ¿Eso es la
equidad que ustedes predican? Este grupo no propone eso. Queremos
seguir bajando el impuesto de sociedades para crear empleo, para
mejorar las pymes, queremos bajar más el impuesto del IRPF, pero
queremos bajar el marginal máximo y el mínimo, no subir los impuestos
a la mayoría de los españoles engañándoles. (Aplausos.) ¿Qué van a
hacer ustedes, señorías? ¿Van a quitar las deducciones a la familia?
¿Van a cargarse el mínimo personal y familiar? ¿Van a dejar que las
familias tributen independientemente de su capacidad de pago, lo
mismo una familia con tres hijos que una sin ellos? ¿Van a quitar las
deducciones a los discapacitados? ¿Van a quitar las deducciones a la
vivienda con el problema que tienen los jóvenes de acceso a una? Su
propuesta ni es justa ni es deseable ni es realizable, porque con
ella nos cargamos el gasto social y este grupo parlamentario lo que
quiere es graduar las propuestas fiscales para ir acompasándolas al
crecimiento, a la creación de empleo, a la mejora del bienestar. Por
eso vamos a apoyar la moción que ha planteado el Grupo de
Convergència i Unió, en la que hemos trabajado conjuntamente; una
reforma que baje los impuestos, pero que los baje con justicia y
pensando que los impuestos son
un instrumento al servicio del crecimiento, de la creación de empleo
y del bienestar. Si tienen valentía, traigan su propuesta; si no,
cállense para siempre.
Gracias. (Aplausos. Risas.)
La señora PRESIDENTA: Señor Padrol, a los solos efectos de indicar la
aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PADROL I MUNTÉ: Aunque haya algún aspecto concreto que,
evidentemente, podamos compartir de la enmienda del Grupo Socialista,
no vamos a aceptarla porque, si fuera así, el Congreso instaría al
Gobierno a desarrollar una política fiscal distinta de la que se ha
demostrado como óptima para esta sociedad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Padrol.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria
durante la VII Legislatura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
274; a favor, 170; en contra, 102; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde.