Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 90, de 13/06/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 90
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 86
celebrada el miércoles, 13 de junio de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 4425)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en
materia de lucha contra el cambio climático. (Número de expediente
172/000102.) . . . (Página 4448)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria
durante la VII Legislatura. (Número de expediente 172/000104.) . . .
(Página 4453)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 4425)
De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al excelentísimo señor Vicepresidente Primero
y Ministro del Interior: ¿Puede estimar el Gobierno el número de
asalariados (incluidos los funcionarios) que están perdiendo poder
adquisitivo en los últimos dos años como consecuencia del descontrol
de los precios? (Núm. expte. 180/000734.) . . .
Del Diputado don Ángel Escudero Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede dar el Gobierno de la celebración en Valencia de la Asamblea
Anual del Banco Africano de Desarrollo los pasados días 29 y 30 de
mayo? (Núm. expte. 180/000777.) . . . (Página
4426)
Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro
de Justicia: ¿Cómo piensa el Ministro de Justicia garantizar la
imparcialidad del Fiscal General del Estado en las causas de
aforados? (Núm. expte. 180/000757.) . . . (Página
4427)
De la Diputada doña María Amparo Ferrando Sendra, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas se han adoptado para garantizar la seguridad jurídica de los
compradores de vehículos usados? (Núm. expte. 180/000775.) . . .
(Página 4428)
De la Diputada doña Gloria Martín Vivas, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido los
resultados de la última reunión de la Conferencia Sectorial
Ministerio de Justicia-Comunidades Autónomas? (Núm. expte. 180/000776.)
. . . (Página 4429)
Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué criterio sigue la Ministra de
Educación, Cultura y Deporte para diferenciar entre enseñanza
e imposición en sus declaraciones respecto a la propuesta del Gobierno
de Cataluña de enseñar el himno «Els Segadors» en las escuelas
catalanas? (Núm. expte. 180/000755.) . . . (Página
4430)
De la Diputada doña Carme Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la excelentísima señora Ministra de
Educación, Cultura y Deporte: ¿Considera el Gobierno que la venta del
aforo completo del Teatro Real de Madrid a una entidad bancaria es
una buena operación de mecenazgo? (Núm. expte. 180/000760.) . . .
(Página 4431)
De la Diputada doña Amparo Rita Marzal Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la excelentísima señora
Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Insiste el Gobierno en que
los centros de referencia nacional que se crean en el anteproyecto de
Ley de Formación Profesional no invaden competencias de las
Comunidades Autónomas? (Núm. expte. 180/000761.) . . .
De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la excelentísima señora Ministra de
Educación, Cultura y Deporte: ¿Va a garantizar el Gobierno la
igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad de todos los
españoles? (Núm. expte. 180/000762.) . . . (Página
4433)
Del Diputado don José Ignacio Marín Izquierdo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas tiene previstas el Gobierno para potenciar la Formación
Profesional Reglada contemplada en la LOGSE? (Núm. expte. 180/
000771.) . . . (Página 4434)
Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué caladeros alternativos tiene
previstos ante el no Acuerdo con Marruecos? (Núm. expte. 180/000764.)
. . . (Página 4435)
Del Diputado don Aurelio Romero Girón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede dar el Gobierno respecto a la nueva Organización Común de
Mercado (OCM) del azúcar? (Núm. expte. 180/000767.) . . .
De la Diputada doña María José González del Valle García de la Peña,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno frente a la propuesta de
la Comisión de reducción de ayudas al sector del tabaco? (Núm. expte.
180/000768.) . . . (Página 4437)
Del Diputado don Máximo Ramón DíazCano del Rey, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro
de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno acertada la decisión de
Radio Televisión Española de prohibir la emisión en Televisión
Española de un anuncio del Gobierno en Baleares? (Núm. expte. 180/
000758.) . . . (Página 4438)
Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula al excelentísimo señor Ministro de
Administraciones Públicas: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno
impulsar una nueva regulación de los Boletines Oficiales de la
Provincia? (Núm. expte. 180/000753.) . . . (Página
4439)
Del Diputado don Josu Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Va a utilizar el Gobierno
la anunciada Ley de Cooperación para vetar la participación de las
Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea?
(Núm. expte. 180/000756.) . . . (Página 4440)
Del Diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué líneas de actuación se
van a seguir para elaborar el Proyecto de Ley de Grandes Ciudades?
(Núm. expte. 180/000774.) . . . (Página 4442)
Del Diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de la celebración del día de las Fuerzas Armadas que tuvo
lugar en Alicante el pasado 2 de junio? (Núm. expte. 180/000773.)
. . . (Página 4443)
De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro de Medio
Ambiente: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para impedir ser sancionado
por la Unión Europea por la mala calidad de las aguas de baño? (Núm.
expte. 180/000763.) . . . (Página 4443)
Del Diputado don Luis Acín Bonet, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿A qué uso piensa destinar el
Gobierno el agua del recrecimiento de Yesa? (Núm. expte. 180/000769.)
. . . (Página 4444)
Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al excelentísimo señor
Ministro de Hacienda: ¿Piensa mediar el Gobierno entre Iberia y los
pilotos en defensa de los intereses generales? (Núm. expte. 180/
000754.) . . . (Página 4445)
De la Diputada doña Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro
de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que la política comercial
de Televisión Española de bajar un 10 por ciento las tarifas de los
anuncios publicitarios respecto a las del año pasado es el mejor
instrumento para rebajar la deuda del Ente Público Radiotelevisión
Española (RTVE)? (Núm. expte. 180/000759.) . . .
Del Diputado don Jesús Andrés Mancha Cadenas, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo se está
desarrollando el Programa Director de Control Tributario 1999-2002?
(Núm. expte. 180/000770.) . . . (Página 4447)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 4448)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia
de lucha contra el cambio climático . . . (Página
4448)
Presenta la interpelación el señor Morlán Gracia, en nombre del grupo
Parlamentario Socialista. Considera el momento oportuno de que el
Gobierno manifieste lo que opina sobre la lucha contra el cambio
climático, porque desde 1996, aparte de bonitas palabras,
declaraciones y teletipos en medios de comunicación, se ha hecho muy
poco. Asegura que no hay una estrategia nacional de lucha contra el
cambio climático, cuando los socios europeos están llevando a cabo
una serie de medidas que inciden en actuaciones encaminadas a
disminuir y evitar en gran parte las emisiones de gases de efecto
invernadero, que son las que están provocando el cambio climático.
Hace una serie de preguntas sobre la Oficina de lucha contra el
cambio climático y recuerda las manifestaciones del señor ministro
ante la Comisión de Medio Ambiente cuando, tras el fracaso de la
cumbre de La Haya, se comprometió a tomar medidas encaminadas a que
esa lucha contra el cambio climático fuera eficaz. Considera
totalmente necesaria la ratificación de la cumbre de Kioto y confía
en que el Gobierno español no siga el camino emprendido por la
Administración Bush, que no está dispuesta a firmarlo con la excusa
de que no está claro que el cambio climático sea motivado por la
emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, afirma que no hay
medidas tangibles de lucha contra la desertificación, la erosión y la
calidad o cantidad de las aguas, y se refiere a una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista presentada en el Plan hidrológico
nacional, que fue rechazada, y en la que se planteaba la lucha contra
el cambio climático desde la vertiente de la gestión de las aguas,
por lo que es totalmente incierto, a su entender, que el Plan
hidrológico nacional contemple entre sus medidas actuaciones en esa
dirección, como ha dicho el señor ministro recientemente en Zaragoza.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Medio Ambiente
(Matas i Palou). Manifiesta que es un motivo de satisfacción el poder
comparecer para hablar de un reto ambiental, probablemente el más
importante en materia de medio ambiente en el siglo XXI, hecho que
corroboran sin duda los informes elaborados por el Panel
intergubernamental para el cambio climático (IPCC) en su tercer
informe de evaluación. Contesta a la pregunta formulada, fuera del
contexto de esta interpelación, sobre si el Plan hidrológico nacional
contempla los riesgos de cambio climático en la evolución del mismo,
diciendo que así figura en el anexo del proyecto de ley. Afirma que
la lucha contra el cambio climático es un objetivo prioritario del
Gobierno que requiere de la participación, del compromiso y de la
complicidad de todas las administraciones, de todos los sectores
económicos y políticos y en definitiva de toda la sociedad española
en su conjunto. Explica las medidas adoptadas para hacer frente al
problema, entre ellas la creación de la Oficina española del cambio
climático.
Replica el señor Morlán Gracia, duplicando el señor ministro de Medio
Ambiente.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria
durante la VII Legislatura . . . (Página
4453)
El señor Padrol i Munté, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), presenta la interpelación urgente en orden a
conocer cuáles son las prioridades de reforma del sistema tributario
y qué medidas de cambio normativo en el ámbito del derecho tributario
pretende impulsar el Gobierno durante esta legislatura. Asegura que,
tras la Constitución Española de 1978, la política fiscal ha ocupado
una posición central en el debate de las políticas socioeconómicas
con muy distintos posicionamientos ideológicos respecto de cuestiones
tan importantes como la bondad o no de bajar impuestos, resaltando el
papel relevante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
en la tarea de llevar a la conciencia política española la convicción
de que es bueno rebajar las cargas impositivas si no se perjudica el
nivel de desarrollo y el incremento de las políticas sociales.
Recuerda las reformas tributarias en las que participó activamente el
Grupo Parlamentario Catalán, siendo la pasada legislatura el momento
en el que se produjo el paso decisivo hacia la modernización del
sistema tributario. Explica las reformas llevadas a cabo y apunta una
serie de reflexiones sobre las propuestas que haría Convergència i
Unió respecto a la evolución del sistema tributario.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda
(Montoro Romero). Afirma en primer lugar que el Partido Popular,
desde que asumió las responsabilidades de Gobierno en 1996, tenía
claro que había que impulsar el crecimiento y la creación de empleo a
través del estímulo de la iniciativa social en un marco de
estabilidad económica y en un contexto de creciente integración
europea e internacional, siendo la política fiscal uno de los
principales instrumentos de lo que se debe llamar con propiedad el
nuevo modelo de política económica, tanto en la vertiente de los
gastos públicos como en la de los ingresos. Explica la política
tributaria de los últimos años, ligada íntimamente a la
presupuestaria y al proceso de consolidación de las cuentas públicas
que ha tenido lugar desde 1996, y muestra su convencimiento de que en
esta nueva etapa de reforma fiscal que el Gobierno va afrontar
contará con el apoyo de los grupos, que seguirán impulsando con el
Gobierno del Partido Popular unas reformas
fiscales que efectivamente están haciendo que los españoles
paguen menos impuestos, que esos impuestos sean más justos y que los
impuestos sean motor del crecimiento económico y de la creación de
empleo.
Replica el señor Padrol i Munté, duplicando el señor ministro de
Hacienda.
Se suspende la sesión a las siete de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA. (Número de expediente
180/000734.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Preguntas. En primer lugar, preguntas
dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno. La número 11,
que formula la diputada doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, hoy desgraciadamente hemos sabido que la vida
se ha puesto un poquitín más cara, un poco más del doble de lo que
usted nos había dicho. Usted hoy aquí puede decir que los socialistas
somos muy malos y que cuando nos marchamos del Gobierno lo dejamos
todo en muy malas condiciones, que el petróleo sube, que el euro
baja, que si Alemania o que si Francia, lo que usted quiera, pero hoy
tiene la oportunidad de dirigirse a los españoles y pedirles
disculpas por hacer mal los números y por los problemas que les causa
en su vida la pérdida constante de poder adquisitivo. Y a mí, por
favor, contésteme usted a la pregunta que figura escrita en el orden
del día. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López i Chamosa.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo):Gracias, señora
presidenta. Gracias, señora diputada.
Aprovecho la ocasión para pedir disculpas a los españoles por todos
aquellos perjuicios que les pueda causar la gestión del Gobierno. Y
en relación con la pregunta de S.S. tengo que contestarle que de la
información de que dispongo se desprende que no se ha producido una
pérdida de poder adquisitivo en el conjunto de los trabajadores
(Rumores.) y, aunque a S.S. le pueda sorprender, que ya veo que sí,
la comparación de las estimaciones del crecimiento de los salarios
con los datos de evolución del IPC muestra que durante los dos
últimos años se ha producido una ganancia de poder adquisitivo en los
asalariados. Además, hay elementos que no se incluyen en el IPC y que
tienen gran repercusión en el poder adquisitivo de los ciudadanos,
como los impuestos sobre los salarios y los tipos de interés, que
también juegan a favor de los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, le invito a ir a una asamblea de trabajadores y
a que les explique eso; a ver lo que le contestan.
No me voy a liar a dar números. Tan sólo le diré que durante el
periodo comprendido entre los años 1996 y 2000 los salarios han
crecido por debajo de la inflación y que los funcionarios han perdido
más de dos puntos de poder adquisitivo. El IPC ha crecido un 8, 5 por
ciento y, según una encuesta referida al tercer trimestre, los
salarios lo han hecho un 7 por ciento y el salario mínimo
interprofesional un 6, un punto y medio. Y así podríamos seguir.
Señor Rato, su presidente y el nuestro, el señor Aznar, a quien le
gusta mucho hablar de las ocurrencias de los demás, tiene que estar
encantado con usted, ya que sólo a usted se le puede ocurrir fijar un
2 por ciento para la inflación tras el comportamiento del año pasado.
(Aplausos.) Lo malo de esa ocurrencia suya es que la pagan los
trabajadores, los jubilados, las viudas y los pensionistas; la paga
todo el mundo. El señor Arenas nos dijo desde esa tribuna que los
pensionistas pierden cada mes que la inflación sube. Señor Rato, los
precios y usted están por las nubes. Bájese de ellas y baje los
precios con usted. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora
presidenta.
Gracias, señora diputada. Su señoría me atribuye la fijación del
objetivo del IPC europeo. Yo se lo agradezco, pero lo fija el
presidente y el Consejo del Banco Central Europeo, que no soy yo.
(Aplausos.)
En cuanto a los datos de contabilidad nacional, que a S.S. le pueden
resultar interesantes, que son la fuente estadística salarial más
amplia, indican que en el año 1999 la remuneración por asalariado
creció un 2, 8 por ciento y en el año 2000 un 4. Por lo tanto, se
produjeron aumentos de poder adquisitivo de alrededor de medio punto
entre los dos años a favor del conjunto de los trabajadores. Si S.S.
se fía más de la estadística de convenios colectivos, en la que
pueden verse los aumentos pactados en convenio, podrá comprobar
también que los aumentos salariales fueron en ambos años suficientes
para mantener el poder adquisitivo. A lo que S.S. se ha referido, que
es a los empleados públicos, los datos de S.S. no son exactos, puesto
que no conoce -al menos no conoce en detalle- los acuerdos salariales
del sector público. Estos le indicarían que en el año 2000 los
salarios de los funcionarios crecieron en torno al 4 por ciento,
habida cuenta de que además del 2 por ciento aprobado en presupuestos
S.S. debería de saber (porque lo ha votado en esta Cámara; no sé si a
favor o en contra, pero supongo que en contra) que había unas mejoras
retributivas que ascendieron a 22.000 millones de pesetas y que
representan un incremento adicional superior al 1, 5 por ciento. A
eso debe sumar S.S. -que lo conoce, seguro- el proceso de
deslizamientos. Si a eso suma S.S. que todavía tenemos la suerte de
tener un impuesto sobre la renta de las personas físicas no elaborado
por la banca, que sí nos ofrece S.S., y que en estos momentos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): ... y que... Está claro.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente, muchas gracias; ha
concluido su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ESCUREDO FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN
PUEDE DAR EL GOBIERNO DE LA CELEBRACIÓN EN VALENCIA DE LA ASAMBLEA
ANUAL DEL BANCO AFRICANO DE DESARROLLO LOS PASADOS DÍAS 29 Y 30 DE
MAYO? (Número de expediente 180/000777.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 35, que formula el diputado don
Ángel Escuredo.
El señor ESCUREDO FRANCO: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente del Gobierno, España como país miembro no
perteneciente a la región demostró con la organización de la Asamblea
Anual del Banco Africano de Desarrollo en Valencia, los días 29 y 30
de mayo, ser un país preocupado por la ayuda a las economías menos
favorecidas y también por la colaboración de la financiación de los
proyectos destinados al desarrollo de programas para paliar la
pobreza de las zonas más deprimidas mediante el apoyo de las
instituciones financieras internacionales. (El señor Caldera Sánchez-
Capitán: Es difícil.) Sabemos que el Banco Africano para el
Desarrollo tiene como misión el desarrollo económico y social
mediante la concesión de préstamos de promoción de inversión, tanto
de carácter público como privado, y aportación de ayuda técnica a los
países miembros del continente africano, tan necesitadas y tan
carentes las instituciones financieras. En este sentido, estamos
completamente convencidos de que el Banco Africano para el Desarrollo
va a desempeñar un papel esencial en el fortalecimiento de las
capacidades regionales para ayudar a los países africanos en su
proceso de desarrollo sostenible. La prueba de esto se encuentra en
que la situación económica y financiera en África ha mejorado durante
los pasados años. El crecimiento económico del continente ha vuelto a
empezar, se están realizando reformas estructurales y los gobiernos
han elevado su compromiso en la lucha contra la pobreza, aunque no
debemos olvidar que África necesita de grandes ayudas económicas y
financieras para seguir ampliando las reformas y mejorando las
condiciones de vida de su población.Siendo así, señor vicepresidente
del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer la
siguiente pregunta: ¿Qué información puede dar el Gobierno de la
celebración en Valencia de la Asamblea Anual del Banco Africano de
Desarrollo los pasados días 29 y 30 de mayo?
Muchas gracias, señor vicepresidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Escuredo.
Señor vicepresidente.
VICEPRESIDENTE SEGUNDO El señor DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta; gracias, señor diputado.
Efectivamente, el Banco Africano de Desarrollo, con la presencia de
dos jefes de Estado, de Ghana y Mozambique, celebró su 36ª Asamblea
en España. En primer lugar, es interesante comprobar que esta es la
primera vez que esta institución de desarrollo regional celebra una
reunión plenaria fuera del continente africano, y me parece
importante subrayar que el país elegido fuera España, lo que ha
permitido que la difusión de los problemas del continente africano
haya podido
ser a nivel europeo a través de su asamblea celebrada en Valencia.
Los problemas, como conoce la Cámara, son muy graves: más de 300
millones de ciudadanos en África viven en extrema pobreza,
aproximadamente el 70 por ciento de los enfermos de sida viven en
África y representan unos 25 millones de personas, a lo que hay que
sumar el hecho de que África prácticamente no se beneficia de los
flujos financieros internacionales y que alrededor de 12 países están
inmersos todavía en conflictos bélicos, ya sean civiles, ya sean con
sus vecinos.El tamaño de estas necesidades requiere la colaboración
de la comunidad financiera internacional y en ese sentido el proyecto
de reducción de condonación de la deuda de los países pobres
altamente endeudados es un elemento que afecta principalmente a
países africanos. En esta cuestión España, como ya he puesto de
manifiesto varias veces en la Cámara, está haciendo un esfuerzo muy
importante, que representa casi el 5 por ciento del esfuerzo mundial,
lo cual es aproximadamente el doble de lo que nosotros representamos
en ese mismo contexto. De ese esfuerzo de los 1.400 millones de
dólares, aproximadamente 800 millones de dólares van a beneficiar a
países africanos. Además nosotros, junto con el resto de los países
europeos, estamos abriendo nuestras fronteras al comercio de los
países más pobres a través de la iniciativa europea de: Todo menos
armas, que España ha impulsado y ha respaldado, y estamos
comprometidos para participar en las iniciativas multilaterales
destinadas a la lucha contra el sida, que han sido anunciadas en la
ONU, y al abaratamiento de los medicamentos. Sin duda, nuestra
presencia en el banco no es sólo simbólica, sino que hemos aumentado
al doble nuestra participación tanto en el fondo de proyectos
concesionales como en el capital del banco.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿CÓMO PIENSA EL MINISTRO DE JUSTICIA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD DEL
FISCAL GENERAL DEL ESTADO EN LAS CAUSAS DE AFORADOS? (Número de
expediente 180/000757.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Justicia.
En primer lugar, la número 16, que formula el diputado don Jesús
Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias.
Señor ministro, hay un fiscal, el señor Vargas, que considera que
existen indicios graves de comisión de delitos por parte del señor
Piqué en la venta de la empresa Ertoil por parte de la empresa Ercros
donde -como usted sabe- Piqué ocupaba importantes cargos directivos.
Se vendió la empresa en 46.000 millones de pesetas, entraron en la
tesorería de Ercros, salió una parte muy importante de este dinero y
no sabemos dónde ha ido a parar. El año pasado el mismo fiscal pidió
ya que el señor Piqué declarara y el señor Cardenal, fiscal general
del Estado, lo impidió, señor Acebes. Usted está de acuerdo conmigo
en que el señor Cardenal es el fiscal general del Estado, no es el
fiscal del señor Piqué. Por eso ahora que vuelve a pedir la
declaración del señor Piqué le preguntó cómo va a garantizar usted la
imparcialidad del fiscal general del Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta,
señoría, la imparcialidad del fiscal general del Estado se halla
plenamente garantizada (Rumores.) en cualquier tipo de proceso penal
por el artículo 124 de la Constitución y por el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal, que establecen no sólo los principios de legalidad
e imparcialidad como fundamento de su actuación, sino los mecanismos
para asegurar el cumplimiento de estos principios que además el
Gobierno siempre ha respetado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Desde luego, señor ministro, no se
nota nada. El año pasado no le dejó declarar al señor Piqué, le
protegió. Ahora el señor Cardenal retrasa una semana la decisión de
la Junta de fiscales de sala que tiene que decidir sobre si el señor
Piqué tiene o no que declarar. Ustedes están obstaculizando el
trabajo de la Fiscalía anticorrupción. Señor Acebes, hemos hecho un
acuerdo por la justicia para que esto no ocurra. Señor Acebes, saquen
ustedes las manos de la Fiscalía.(Rumores.) La Fiscalía debe promover
la acción de la justicia en defensa del interés público, señor
Acebes, no en defensa de los intereses de Piqué.
Esos 46.000 millones de pesetas no sabemos a dónde han ido a parar.
Todos los directivos de aquella empresa han declarado menos Piqué,
que era un hombre que tenía estrechas relaciones en aquel momento con
Javier de la Rosa. Y si él dice que quiere declarar, por favor, asuma
usted aquí el compromiso esta tarde de que va a dar instrucciones al
señor Cardenal para que Piqué vaya ante la justicia. ¿Sabe usted por
qué? Porque esa defiende los intereses de todos. Hemos visto a Piqué
perder el decoro ante el presidente de Estados Unidos. ( Aplausos.-
Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Matarí, le llamo al orden.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Lo hemos visto inclinarse hasta
perder el decoro inaugurando una nueva diplomacia, la del cabezazo.
(Risas.-Rumores.) Espero que se incline ante la justicia... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, el decoro mínimo exigible, cuando hay una resolución de un
tribunal legítimo, que forma parte de nuestro ordenamiento, es que,
cuando toma una resolución que al Partido Socialista no le gusta, no
le insulta, no le descalifica y no hace un agravio grave contra sus
miembros. (Aplausos.) ¿Cómo se atreve -y eso forma parte de la
herencia más rancia de los gobiernos socialistas- (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Rumores y protestas.-El señor Caldera Sánchez-
Capitán: ¡Piqué) a venir aquí, después de haber descalificado ayer a
los miembros de un tribunal, a exigir imparcialidad a un Gobierno que
tiene por bandera la imparcialidad y la legalidad en la actuación
(Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.-El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Piqué!) del fiscal y en
la independencia y el respeto a las resoluciones de los jueces y de
los tribunales. Afortunadamente, señor Caldera, no todos entendemos
la justicia como usted y espero que el pacto de Estado sirva para que
todos caminemos en la misma dirección. (Aplausos.-Rumores y
protestas.-El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Piqué!.- El señor
Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Matarí, le ruego guarde silencio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO FERRANDO SENDRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS SE HAN ADOPTADO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS
COMPRADORES DE VEHÍCULOS USADOS? (Número de expediente 180/000775.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula la diputada
doña María Amparo Ferrando Sendra.
La señora FERRANDO SENDRA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la
Unión Europea, sobre todo en el mundo anglosajón, la compraventa de
vehículos entre particulares supone en la mayoría de los casos una
transacción que es compleja, molesta y burocráticamente confusa. A
menudo, bien por error, omisión o dolo, una de las partes se ve
perjudicada en esta transacción, porque la misma siempre requiere una
serie de trámites que, si no se realiza de forma impecable, trae
consecuencias. Me refiero, como habrán adivinado SS.SS., a la
posibilidad de que el vehículo objeto de la transacción tenga
pendiente el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
sanciones de tráficos, deudas de seguros u otras obligaciones ocultas
que el comprador no conoce a la hora de realizar la compraventa. A
menudo también, señorías, al estar varios organismos implicados en
este tipo de información que se tiene que dar al ciudadano, cuando
conoce el comprador las cargas ocultas que el vehículo pueda
arrastrar pueden haber pasado meses o incluso años, con las
correspondientes acumulaciones y recargos, en el caso de impuestos y
de sanciones, que llegan a alcanzar proporciones económicas
considerables. Sabemos que el pasado día 18 de mayo el Gobierno firmó
un convenio con la Dirección General de Tráfico, la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y el Consejo General del Poder
Judicial para remediar esta situación, señor ministro, que sufrimos
muchos españoles cuando adquirimos un vehículo usado. Por eso le
pregunto, señor ministro, ¿qué medidas se han adoptado para
garantizar la seguridad jurídica de los compradores de vehículos
usados?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, efectivamente el 10 de mayo de 2000 la Dirección General de
Registros y Notariado y la Dirección General de Tráfico firmaron un
convenio con el fin de interconectar informáticamente el registro
central de bienes inmuebles y el registro de vehículos. A dicho
convenio se han adherido posteriormente el Consejo General del Poder
Judicial y la Agencia Tributaria. La importancia del convenio, como
S.S. ha destacado, radica en que de él se derivan unas claras
ventajas, en primer lugar y por encima de todo, para el ciudadano,
puesto que se logra que el adquirente de un vehículo
pueda, mediante la consulta a una única ventanilla, conocer con
absoluta certeza la titularidad jurídica del bien y las posibles
cargas que puedan afectarle, evitando la situación que ahora mismo
existe de que se pueda realizar la transferencia administrativa de un
vehículo gravado con alguna carga o embargo sin saberlo el comprador;
en segundo lugar, para la Dirección General de Tráfico, que tendrá
acceso a toda esta información a fin de tenerla en cuenta en el
momento de autorizar matriculaciones de vehículos, transferencias,
bajas, etcétera; en tercer lugar, para los jueces y la propia
Hacienda pública, que tendrán un mejor conocimiento de las
titularidades de los vehículos usados y de las cargas existentes
sobre los mismos para las distintas actuaciones procesales y
tributarias. En definitiva, señoría, mediante la incorporación de las
nuevas tecnologías, se facilita al ciudadano la tramitación en la
adquisición de vehículos y se dota a todo el tráfico jurídico de una
mayor seguridad jurídica, lo que debe de servir de estímulo a cuantos
sujetos intervienen en el mismo, fundamentalmente su destinatario
principal, que es el conjunto de los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA GLORIA MARTÍN VIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES HAN SIDO LOS
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA SECTORIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA-COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente
180/000776.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34, que formula la diputada
doña Gloria Martín Vivas.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 22 de mayo se reunió en Las Palmas de Gran
Canaria la Conferencia sectorial de justicia por cuarta vez desde el
inicio de la presente legislatura. Como bien saben SS. SS., esta
Conferencia sectorial es un organismo de cooperación entre la
Administración general del Estado y las comunidades autónomas que
tienen transferidas las competencias en materia de justicia, como son
Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País
Vasco y Navarra.Para conseguir el objetivo del Gobierno de reformar
la justicia, que actualmente resulta lenta, cara y complicada, es
imprescindible la colaboración de las diferentes comunidades
autónomas, adquiriendo una gran importancia el consenso entre las
diferentes administraciones implicadas, ya que el sistema de justicia
que configura nuestra Constitución es el de competencias compartidas
sobre esta materia.
Para lograr los objetivos marcados por el Pacto de Estado para la
reforma de la justicia, firmado el pasado mes de mayo, es esencial el
papel de las comunidades autónomas que tienen competencias en esta
área, así como el papel de las comunidades autónomas que asuman estas
competencias en un futuro, siendo la Conferencia sectorial de
justicia el marco idóneo de cooperación para la definición de las
políticas que afectan a las competencias de las comunidades
autónomas, tal y como se recoge en el texto del pacto firmado. Por
ello, le pregunto, señor ministro: ¿Cuáles han sido los resultados de
la última reunión de la Conferencia sectorial Ministerio de Justicia-
comunidades autónomas?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vivas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta,
señoría, los resultados de esta última reunión de la Conferencia
sectorial celebrada en Las Palmas pueden calificarse francamente de
muy satisfactorios. Se ha alcanzado un importante acuerdo con el fin
de impulsar la modernización de la Administración de justicia.
El acuerdo se enmarca en un proceso de reforma de la justicia y se ha
incorporado -ya que las partes firmantes lo han hecho suyo- al propio
Pacto de Estado para la reforma de la justicia que, desde el diálogo
con los grupos parlamentarios, se suscribió el pasado día 31 de mayo.
Este acuerdo de la Conferencia sectorial supone que la Administración
general del Estado y las comunidades autónomas con competencias
transferidas en materia de justicia establecen un escenario de
consenso como punto de partida para, desde el diálogo, poner en
funcionamiento un nuevo modelo global y estable de justicia.
El acuerdo se refiere, básicamente, a los siguientes aspectos. En
primer lugar, se considera necesario atender al criterio de
proximidad a través de un nuevo mapa judicial. En segundo lugar, en
materia de personal, se considera precisa la aprobación de un nuevo
estatuto de personal al servicio de la Administración de justicia. En
tercer lugar, es necesaria la modernización de la Oficina Judicial,
actualizando -y esto es muy importante- no sólo los procedimientos
sino los métodos de trabajo, la incorporación de las nuevas
tecnologías y de los nuevos sistemas de comunicación y de información
para que se pueda prestar un servicio de calidad, rápido, eficaz y
cercano al ciudadano. Y en cuarto lugar, se pretende la elaboración
de una carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, que
atenderá los principios de transparencia, información y atención
adecuada. En este acuerdo se crea también una comisión de cooperación
tecnológica, como instrumento de colaboración de las políticas
informáticas y tecnológicas de cada administración. Esto es
imprescindible dado el reparto competencial que existe sobre esta
importante materia.
En definitiva, el acuerdo recoge los principios básicos compartidos
por la Administración del Estado y las comunidades autónomas para
lograr una justicia moderna, ágil y eficaz, que todos deseamos y los
ciudadanos nos demandan.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ CRITERIO SIGUE LA
MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA DIFERENCIAR ENTRE
ENSEÑANZA E IMPOSICIÓN EN SUS DECLARACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA
DEL GOBIERNO DE CATALUÑA DE ENSEÑAR EL HIMNO «ELS SEGADORS» EN LAS
ESCUELAS CATALANAS? (Número de expediente 180/000755.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, la número 14, que formula el diputado don Joan
Puigcercós i Boixassa.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿cómo distingue usted la diferencia entre una
imposición y la enseñanza del himno de Cataluña, Els Segadors, en las
clases de música, que ha decretado el Gobierno catalán?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo considero que la socialización de los niños en las
referencias simbólicas de cualquier tipo de identidad no se debe
hacer y no es aconsejable hacerlo de una manera obligatoria.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, sin acritud, yo le voy a contar lo que es una
imposición. Una imposición es prohibir el uso oficial de la lengua
catalana en las escuelas, en la universidad, en la televisión, en las
radios, en los medios de comunicación escritos, en el cine, en el
teatro, en los
juzgados, en las notarías; así podría yo seguir hasta la noche, y
esto fue lo que hizo el franquismo. Lo que pasa es que algunos de su
Gobierno, y parece que usted también, en su momento no lo tuvieron
muy claro. No deja de ser alarmante el desconocimiento de la sociedad
española, y de usted misma, de cómo actuó el franquismo contra
Cataluña y su cultura, pero hay que reconocer que usted ha
rectificado. Sin embargo, el director de su Instituto Cervantes, el
señor Jon Juaristi, no lo ha hecho así y no deja de ser preocupante
que este señor sea el que ofrezca lo que podríamos definir como la
imagen de pluralidad del Estado español en el extranjero.
Finalmente, señora ministra, si realmente fuera cierto que se quiere
imponer el himno Els Segadors, el himno de Cataluña en las escuelas
(si fuera cierto, que no lo es porque se enseñará en la clase de
música), lo que sería una imposición (algún rotativo de la capital
del Reino, de Madrid, ha dicho que en Cataluña se está haciendo una
imposición como en el franquismo) es que, de forma simétrica, se
enseñara y se obligara a cantar el himno de Cataluña en las escuelas
de Madrid, de Toledo o de Guadalajara; que a los alumnos de las
escuelas de Madrid, de Toledo o de Guadalajara se les obligara a
estudiar únicamente en catalán, o a tragarse durante 20 años una
televisión sólo en catalán, o a escuchar durante 20 años una radio
sólo en catalán. Esto sería una imposición como la del franquismo, y
lo que ha hecho el Gobierno catalán es ejercer legítimamente su
derecho a enseñar los modelos de socialización de su historia y de
sus referentes.
Muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo voy a remitirme a la pregunta que me formula.
Sinceramente, en los procesos de socialización de los niños y de los
adolescentes, como le he dicho antes, es mucho mejor adquirir las
entidades y el conocimiento de las referencias simbólicas a través de
procesos naturales y no de procesos obligatorios, si le parece a
usted la palabra más adecuada que la de impositivos. Además, hay que
ser muy exquisitos con las realidades de las comunidades, en este
caso de la comunidad catalana. Usted sabe muy bien que muchos
miembros de su comunidad tienen identificaciones múltiples, es decir,
se sienten tan catalanes como españoles o tan españoles como
catalanes. A mi modo de ver, sería una equivocación que se excluyera
de esos procesos de referencia o que se planteara como excluyente el
reforzamiento de la socialización en los símbolos de una identidad y
no en la de la otra. Comprendo
que sería mucho más lógico, comprendo por supuesto que se quiera
que se conozcan y que se amen las identidades de la comunidad, pero
no se debe hacer de una manera obligatoria, porque a largo plazo
tendría probablemente consecuencias no deseadas, lo que sería
negativo para todos, y además nunca debería plantearse de una manera
excluyente con otras identidades que simultáneamente comparten muchos
miembros de la comunidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARME CHACÓN PIQUERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA VENTA DEL AFORO COMPLETO DEL
TEATRO REAL DE MADRID A UNA ENTIDAD BANCARIA ES UNA BUENA OPERACIÓN
DE MECENAZGO? (Número de expediente 180/000760.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula la diputada
doña Carme Chacón Piqueras.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿considera el Gobierno que la venta del aforo
completo del Teatro Real a una entidad bancaria es una buena
operación de mecenazgo?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Chacón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, el objetivo de esta acción de patrocinio fue mejorar la
rentabilidad de las funciones de ballet que salían a la venta fuera
de abono sin perjudicar el derecho del público a comprar entradas
para ver la producción.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora ministra, se lo va a tener que
explicar mejor a los ciudadanos, porque si de algo es ejemplo hoy el
Teatro Real es de todo aquello que no debe de hacerse en materia de
política cultural. Esto no lo dice sólo el PSOE; lo dijo en esta
misma Cámara, hace apenas dos meses, el secretario de Estado de
Cultura, que admitió que el Teatro Real es una institución de elite,
una institución para elbeneficio de una minoría privilegiada, una
institución
de lujo y una institución poco accesible a los ciudadanos, que, a
pesar de pagarla, la consideran poco suya y sólo para beneficio de la
alta burguesía local. También es verdad que admitió que ustedes iban
a rectificar e iban a poner en marcha políticas que acercaran el
Teatro Real a la ciudadanía. Y hete aquí que ustedes se han puesto a
trabajar y para echarle una mano han decidido vender el aforo
completo de una de las únicas tres sesiones que la Compañía Nacional
de Danza -compañía pública- representó a una entidad bancaria
privada; es decir que en vez de poner en marcha políticas que
acerquen la ópera y la danza a la gente, han decidido vender todo el
aforo de butacas del Teatro Real a un banco privado francés y además
pretenden vendernos a los ciudadanos que esta es una gran operación
comercial, sin decir la verdad, que además es un negocio ruinoso. Una
antecesora suya en este cargo, cuando estaba en el Ayuntamiento de
Madrid, dijo que no pensaba subvencionar al Real -dijo exactamente a
las señoras del visón- porque cada butaca valía por sesión 60.000
pesetas. Señora Del Castillo, le voy a hacer la cuenta de la vieja
más sencilla: 1.600 butacas que le vendemos a la Banca Nacional de
París, por 60.000 pesetas, son 96 millones de pesetas. Si le restamos
los 26 millones que ustedes dicen que nos ha dado el Banco Nacional
de París, como gran operación comercial, dígale la verdad a los
españoles: hemos regalado a la Banca Nacional de París 70 millones de
pesetas. El mensaje es muy claro, que en este país, con 26 millones
de pesetas, alguien se puede dar el gustazo de cerrar el Teatro Real,
disfrutar de un pase privado y, además, el Gobierno del Partido
Popular le regala 70 millones de las arcas públicas de los españoles.
¿Le parece a usted éste un buen mensaje para incluir en la campaña
del IRPF a los ciudadanos, como acicate para que paguen
religiosamente los impuestos? Señora Del Castillo, en todo lo que
toca, menuda campaña la suya. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, le voy a contestar a la pregunta. Tengo que decirle que el
público pudo comprar entradas del ballet Romeo y Julieta, ya que la
acción de patrocinio se hizo sobre una de las tres representaciones
que se ofrecieron. Así, entre las otras dos representaciones,
salieron a la venta 3.269 entradas, de las que se quedaron sin vender
124, 72 el primer día y 52 el segundo. Este tipo de acciones de
patrocinio, señoría, es frecuente en otros teatros del mundo y se
realizan con la finalidad de ampliar las fuentes de financiación de
estas instituciones. El deseo del Gobierno es que el patrocinio y el
mecenazgo cultural se desarrollen en nuestro país y
contribuyan a financiar nuestras instituciones culturales. En este
sentido tengo que decirle que el Teatro Real ha pasado del 41 por
ciento del presupuesto financiado con ingresos propios en 1998 al 52,
7 por ciento en el año 2001, es decir, ha habido un incremento de
financiación propia de un 11 por ciento en tres años.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RITA MARZAL MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿INSISTE EL GOBIERNO EN QUE LOS CENTROS
DE REFERENCIA NACIONAL QUE SE CREAN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
FORMACIÓN PROFESIONAL NO INVADEN COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000761.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula la diputada
doña Amparo Rita Marzal Martínez.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿insiste el Gobierno en que los centros de
referencia nacional que se crean en el anteproyecto de la ley de
formación profesional no invaden competencias de las comunidades
autónomas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marzal.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, el anteproyecto de ley de formación profesional respeta
escrupulosamente el orden de distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Marzal.
La señora MARZAL MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Del Castillo, con esa actitud ha conseguido ponerse usted
enfrente de todas las comunidades autónomas, no sólo de las
gobernadas por los socialistas, también del País Vasco, también de
Cataluña y me consta que también enfrente de alguna que tiene
gobierno popular. Lea usted los informes. En el Consejo General de la
Formación Profesional ocho comunidades
autónomas, casi la mitad de ellas, no tuvieron otro modo de
manifestar su discrepancia ante la ausencia total de diálogo y ante
la flagrante invasión competencial que ausentarse de la reunión.
Estoy segura, me consta, repito, que algunas de las comunidades que
se quedaron compartían en alguna medida los argumentos de las que se
ausentaron, y es que es la suya, señora ministra, una actitud que se
está convirtiendo en la norma habitual de este Gobierno, la
desautorización de todos aquellos que manifiestan una opinión
diferente a la suya. Quieren aparentar un talante dialogante, pero a
la primera observación les dan ustedes la espalda y desprecian
cualquier opinión en contra. Señora ministra, le está sucediendo con
la ley de formación profesional y le está sucediendo con la ley de
universidades. Dice usted que rectores y comunidades autónomas, los
que discrepan, lo que están haciendo es eludir su propia
responsabilidad. Les exige usted a ellos explicaciones en vez de
explicarse usted. Llega incluso a ridiculizar a los rectores diciendo
que su oposición se reduce a 26 renglones y a un solo punto, y para
qué hablar de la magnífica comparación que hicieron ustedes ayer en
el Senado entre la Conferencia de Rectores y el PRI mejicano.
Señora ministra, se está quedando sola. Con todo respeto, me recuerda
usted al conductor suicida del chiste que se había equivocado de
carril y circulaba solo y, al mismo tiempo, iba increpando a todos
los que venían circulando en contra en la dirección correcta. Esto es
peligroso para usted, señora ministra, pero lo peor es que también es
peligroso para todos los que van por el carril correcto, para las
universidades y la formación profesional. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marzal.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, le voy a contestar también en este caso a la pregunta, pero
le convendría a usted como portavoz de esta pregunta y a su grupo
tener quizá un diagnóstico más fino de cuáles son las posiciones que
hay en el conjunto de la comunidad universitaria, por ejemplo, y
fuera de ella. Con relación al anteproyecto de ley universidades y al
anteproyecto de ley de formación profesional yo he comparecido en
esta Cámara y he comparecido en el Senado, de manera que no me voy a
referir a esos dos anteproyectos ahora mismo en su conjunto, sino que
me voy a ceñir, como es mi obligación, a contestar a su pregunta.
Le decía que el anteproyecto de ley de formación profesional respeta
escrupulosamente el orden de distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas. En este anteproyecto de ley han
participado todas las comunidades autónomas, incluyendo
las gobernadas por el Partido Socialista. Están todas las actas
de las comisiones permanentes que se han celebrado, están incluso
todas las propuestas que han presentado las comunidades gobernadas
por el Partido Socialista y las demás. Ha habido un proceso de
elaboración que ha sido valorado muy positivamente por muchas
comunidades autónomas, por los interlocutores sociales, por los
sindicatos y por los empresarios y el resultado de todo este debate
ha conformado un anteproyecto que ha sido considerado como muy
positivo por la inmensa mayoría. Si luego se levantan del último
escenario, qué le vamos hacer. Se tendrían que haber quedado porque
hubiera sido más interesante.
En lo que se refiere a los centros, quiero subrayar que la finalidad
de la creación de una red de centros de referencia nacional no es
otra que el desarrollo de acciones de innovación y experimentación en
materia de formación profesional, no el desarrollo de acciones
formativas regladas, que efectivamente las tienen que llevar a cabo
las comunidades autónomas. El anteproyecto establece, por tanto, un
esquema para la consecución de esas acciones mediante convenios de
colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas que
atenderán en todo caso a sus respectivas competencias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE: ¿VA A GARANTIZAR EL GOBIERNO LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN
EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES? (Número de
expediente 180/000762.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula la diputada
doña Amparo Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCÍA: Nuestra aspiración, que espero que usted
comparta, es garantizar la igualdad de oportunidades de todos los
españoles en el acceso a la universidad. A la vista del anteproyecto
de ley de universidades, ¿cómo piensa garantizarlo el Gobierno?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Como usted sabe, señoría, porque ya lo he explicado varias
veces en esta Cámara ante preguntas de similar definición por parte
de su grupo, el título de bachillerado será el requisito para acceder
a la enseñanza universitaria, elGobierno garantizará mediante un
decreto posterior las
condiciones básicas para la igualdad de oportunidades, donde tendrá
fundamentalmente un peso -como he dicho en otras ocasiones- la nota
de la etapa anterior, por tanto la nota del bachillerato, y las
universidades, allí donde hay problemas de desajuste entre plazas y
demanda de éstas, podrán establecer criterios complementarios de
valoración para el acceso de los alumnos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: La garantía de la igualdad de
oportunidades hay que establecerla con requisitos académicos
equitativos y con las becas, señora ministra, de las cuales usted se
ha olvidado.
Señora ministra, para usted igualdad de oportunidades es que algunos
estudiantes sean sometidos a una auténtica carrera de obstáculos de
reválidas y de pruebas. Para usted, señora ministra, la garantía de
la igualdad de oportunidades es que los estudiantes que optan por las
universidades públicas tengan que superar un calvario de pruebas y
exámenes por facultades, pero los estudiantes que tienen la
posibilidad de pagarse una universidad privada no tengan que hacer
ningún examen. Para usted, señora ministra, igualdad de oportunidades
es que hoy haya menos universitarios con beca en España que hace
cinco años.
Señora ministra, usted acierta cuando rectifica. Usted ha rectificado
algo importante en el anteproyecto de ley de universidades. Usted ha
rectificado que las universidades privadas no pueden estar en el
consejo de coordinación universitaria en pie de igualdad. Usted está
dispuesta a rectificar su error en lo que se refiere a los órganos de
gobierno de las universidades. Por eso nosotros le aconsejamos que
por una vez y ya definitivamente aclare los equívocos sobre la
reválida. También le pedimos que por una vez termine con el
oportunismo sobre la selectividad y le hacemos una propuesta, que en
España haya más universitarios con beca, que en España, como en los
países de la Unión Europea, de cada 100 estudiantes 40 tengan una
ayuda o beca. Nosotros entendemos que se puede hacer y tiene usted
dos posibilidades. Puede hacerlo, como le piden la Conferencia de
Rectores, los sindicatos de profesores y los sindicatos de
estudiantes, en el marco de financiación de la ley de universidades,
o puede hacerlo a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Señora ministra, si el próximo curso hay menos universitarios con
beca, usted será la responsable de quebrar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la universidad aquí en España.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, no tenga usted ninguna preocupación acerca de esa
responsabilidad porque no hay ningún problema. Ya hemos discutido
aquí en otros momentos de las becas demostrando que estas
afirmaciones que usted hace acerca de restricción en el sistema de
las mismas no son en absoluto así. Se le ha demostrado con números en
más de una ocasión, señoría.
Ya le he contestado a la pregunta en la primera parte de mi
exposición, porque le he dicho cómo vamos a proceder en esta materia.
Ustedes tienen una técnica que implantan o que intentan desarrollar
continuamente. Primero dicen: debate, debate, no hay debate. Cuando
se les demuestra que hay debate tardan mucho tiempo en entrar en él,
como cuando han anunciado hace unos días que van a presentar un
proyecto alternativo de ley de universidades. Pues bienvenido sea,
pero no pierdan tanto tiempo descalificando de manera general
y diciendo que no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo.
Intervengan, señorías, intervengan.
Yo le tengo que decir también que sobre una propuesta de reforma
universitaria no hay precedente en España de todo un proceso de
debate como el que ha seguido el borrador del anteproyecto de la ley
de universidades. Tampco hay precedentes de participación en torno a
un proyecto de esta naturaleza, y ustedes lo saben muy bien.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO MARÍN IZQUIERDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA POTENCIAR LA FORMACIÓN
PROFESIONAL REGLADA CONTEMPLADA EN LA LOGSE? (Número de expediente
180/000771.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula el diputado don
José Ignacio Marín Izquierdo.
El señor MARÍN IZQUIERDO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Educación, la Logse establece en su artículo 4 las
directrices relativas a la formación profesional. No cabe duda que
desde la aprobación de la citada ley varios son los aspectos que
hacen necesario potenciar dichos estudios con la colaboración de los
agentes sociales empresariales y educativos. Por una parte, está la
imperiosa necesidad de equilibrar la demanda de estudios
universitarios con los de formación profesional, situación que si
bien ha mejorado en los últimos años, está todavía lejos de la
demanda del
mercado laboral respecto al personal cualificado. Por supuesto
también hay que citar los índices de porcentaje desfavorables frente
a los datos que ofrece la mayoría de países de la Unión Europea.
Además, la actual situación del mercado laboral, sometida a cambios
de empleo y de actividad personal, reclama una labor de continuidad y
coordinación entre la formación profesional reglada y la continua.
Por otra parte, ante una economía globalizada como la actual, la
formación profesional de nuestros jóvenes debe atender a la
actualización de los ciclos formativos según demande el mercado
laboral, claramente identificado con las tecnologías de la
información y las comunicaciones, que dan al trabajo un contenido
basado en destrezas clave, flexibilidad y adaptabilidad de las
capacidades. Asimismo resulta necesario ante los últimos acuerdos de
las directivas europeas formar a nuestros jóvenes para que la
movilidad y las titulaciones tengan garantía de corresponsabilidad
con el resto de países de la Unión Europea.
El Gobierno del Partido Popular ha avanzado notablemente en esta
materia, si bien queda todavía mucho que hacer, apoyados en el nuevo
programa de formación profesional de 1998, fruto del consenso, y de
un Consejo General de Formación Profesional, mejorado con
anterioridad, que han dado lugar a 269 nuevos títulos y certificados
que constituyen el futuro de estas enseñanzas y el fundamento para
que las mismas alcancen el prestigio y la consideración social que el
nuevo milenio demanda. Usted, señora ministra, como responsable de
estas enseñanzas, ya avanzó en el Senado algunos objetivos contenidos
en el borrador del proyecto de ley de la formación profesional que
presentó en la Comisión de Educación en esa Cámara el pasado día 5.
Por ello le pregunto: ¿qué medidas tiene previstas el Gobierno para
potenciar la formación profesional reglada contemplada en la Logse?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, entre los fines del proyecto que ha elaborado el Ministerio
de Educación Cultura y Deporte, junto con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se pueden destacar los siguientes: en primer lugar,
la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales que
satisfagan las necesidades individuales y las del sistema productivo;
en segundo lugar, la acreditación de las cualificaciones
profesionales y su adecuación al mercado laboral y al ajuste de la
oferta y la demanda de trabajo; en tercer lugar la orientación y
actualización de las ofertas formativas, de acuerdo con las
necesidades de cualificación del mercado laboral; la
movilidad entre todos los mercados de trabajo de ámbito autonómico,
nacional y europeo; la mejora de la oferta de la formación
profesional en su conjunto y la motivación de los empresarios para
que inviertan en la formación de los trabajadores. Además, uno de los
objetivos básicos de este anteproyecto es la formación permanente de
toda la población, sobre todo de aquellos grupos con especiales
dificultades de integración en el mercado laboral, mediante la
participación y cooperación de los poderes públicos y los agentes
sociales en las políticas formativas. De esta forma pretendemos que
la formación permanente sea un instrumento efectivo del derecho al
trabajo, mediante su adaptación también a los criterios europeos en
el ámbito laboral, de conformidad con las directivas comunitarias
vigentes. Este anteproyecto se inserta en una nueva perspectiva, que
es la de vincular formación y empleo. Eso nos sitúa en una posición
homologable a la de los países europeos más avanzados.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ CALADEROS ALTERNATIVOS TIENE PREVISTOS ANTE EL NO
ACUERDO CON MARRUECOS? (Número de expediente 180/000764.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar, la número 23, que
formula el diputado don Jesús Cuadrado Bausela.
El señor CUADRADO BAUSELA: Señor Arias Cañete, después del fracaso en
el acuerdo de pesca con Marruecos, ¿qué caladeros alternativos para
las flotas afectadas tiene previstos en este momento el Gobierno,
cuáles ha gestionado, qué caladeros hay para los barcos que estaban
faenando acogidos al acuerdo anterior, cuál es la situación desde el
punto de vista del grave problema que está viviendo esta flota?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señora presidenta.
La búsqueda de nuevas posibilidades de pesca para la flota española
sigue siendo objetivo prioritario del Gobierno. La exploración de
caladeros alternativos no es un fenómeno de última hora. Desde hace
tiempo se
están estudiando nuevas posibilidades tanto en caladeros de países
terceros con los que existe acuerdo pesquero cuyas condiciones se
pueden mejorar, como en aguas internacionales en las que no hay
restricciones a la pesca, salvo las que imponen organizaciones
multilaterales regionales de pesca, o bien en aguas de países
terceros con los que no hay acuerdo pesquero por parte de la Unión
Europea y podemos concertar sistemas de apoyo sobre la base de
estimular la creación de sociedades mixtas. Paralelamente, el
Gobierno está negociando un plan de actuación con la Unión Europea
que permita financiar las acciones de los armadores, que libre y
voluntariamente tendrán que tomar sus decisiones empresariales para
reubicar sus unidades.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señor Arias Cañete, tiempo es lo que ha tenido el
Gobierno: 17 meses, tiempo durante el cual supuestamente se estaba
negociando el acuerdo; tres meses desde que supuestamente fracasó y
los meses antes de que finalizara el acuerdo, en los que se supone
que un Gobierno diligente debería de de haber estado actuando. Lo que
me preocupa no es el tiempo que ha tenido el Gobierno sino los
resultados del trabajo que debería de haber hecho y que, a la vista
de esos resultados, evidentemente no ha realizado. Es verdad, señor
Arias Cañete, que usted ha hecho negociaciones en Namibia y ahí le
han dado con la puerta en las narices. Ha hecho negociaciones en
Angola y ha recibido palabras. Por ejemplo, en Mozambique, ¿se ha
hablado con las empresas que ya están faenando allí?, porque no se
puede improvisar. Lo mismo ocurre en el caso de Mauritania. ¿Se ha
prorrogado el acuerdo con Senegal? No tenemos opción ninguna de
colocar, repito, esos barcos que se han visto afectados por el
fracaso del Gobierno en la negociación de este acuerdo.
Existen otras improvisaciones que no pueden en este momento ser una
ofensa, como lo están siendo, para el conjunto de los pescadores
afectados. No se pueden identificar las campañas experimentales con
recolocación de barcos, porque eso no es así; ni se pueden plantear
alternativas que se citan aquí, pero, por ejemplo, en Guatemala y en
El Salvador están esperando que el Gobierno español tome alguna
iniciativa, porque no ha tomado ninguna. Por tanto, en ese sentido
bien poco es lo que han hecho.
Señor Arias Cañete, había un problema y usted tiene la habilidad de
incorporarle otros añadidos. ¿Qué ocurre cuando un Gobierno no ejerce
su responsabilidad? Pues que hay otros que la ocupan: en el Campo de
Gibraltar, el alcalde de Algeciras haciendo negociaciones
diplomáticas; el alcalde de Barbate exactamente
igual. Le voy a pedir una cosa. Ya que ustedes han fracasado,
permitan al menos el trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía
por solucionar el problema. Ustedes no lo han hecho, no lo van a
hacer, al menos no enreden. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, presidenta.
Para información del portavoz socialista le debo decir que en este
momento disponemos de 114 licencias en aguas de terceros países con
los que hay acuerdos de la Unión Europea: 14 para cefalopoderos en
Bissau, Conakri y Angola, donde usted dice que no nos dan ninguna
posibilidad; 31 para marisqueros, nuevas, en Senegal, Bissau y
Conakri y 44 para palangreros en Mauritania, aparte de que acabamos
de cerrar un acuerdo con Cabo Verde en donde, como sabe S.S., se han
incrementado las licencias sustancialmente para los palangreros de
superficie. Por otro lado, en aguas internacionales tenemos
oportunidades para 91 unidades más y estamos trabajando para ampliar
las posibilidades pesqueras.
A usted le puede parecer ridículo que el ministro de Pesca español
viaje a Namibia, donde la flota española pesca el 50 por ciento de la
merluza, y lo hago para mantener las posibilidades pesqueras y para
abrir posibilidades en el tiburón y pez espada, a las cuales no se ha
referido su señoría. A usted le parece ridículo que en Angola el
Gobierno angoleño esté dispuesto a fomentar un mayor número de
sociedades mixtas tan importante como quieran los armadores españoles
con barcos modernos. A usted le parece ridículo que hayamos
conseguido la prórroga del acuerdo con Senegal y que estemos
discutiendo un acuerdo nuevo con mejores condiciones y a usted le
puede parecer baladí que el ministro esté el fin de semana pasado en
Mauritania pidiéndole al Gobierno mauritano que incremente las
posibilidades pesqueras y ofreciendo cooperación española para
facilitar ese acuerdo.
El Gobierno está actuando responsablemente en este marco y está
actuando responsablemente en la presentación de un plan de acción que
pueda financiar las decisiones de los armadores. El Gobierno va a
crear las posibilidades diplomáticas. Si la Junta de Andalucía quiere
abrir posibilidades, sabe usted que estamos apoyándoles y que tenemos
un diálogo, que usted parece que no conoce, con dicha Junta en el
sentido de que cualquier iniciativa...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON AURELIO ROMERO GIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN
PUEDE DAR EL GOBIERNO RESPECTO A LA NUEVA ORGANIZACIÓN COMÚN DE
MERCADO (OCM) DEL AZÚCAR? (Número de expediente 180/000767.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don
Aurelio Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Agricultura, los cultivos de remolacha y de caña de
azúcar adquieren gran importancia en muchas zonas de España, suponen
la actividad principal de muchos agricultores, aportan una cuota
significativa para la producción total agraria y, además, son
cultivos muy sociales en cuanto que absorben gran cantidad de mano de
obra. Los agricultores estaban preocupados por el resultado de la
negociación de la nueva OCM del azúcar y hoy puede decirse que están
satisfechos. Había otros que estaban deseando que el resultado de la
negociación no fuese satisfactorio, aunque eso perjudicara a los
agricultores, con tal de poder criticar al Gobierno, y hoy, señor
ministro, se habrá dado cuenta de que están completamente callados.
El resultado de la negociación ha sido satisfactorio y por eso hay
que felicitar al Gobierno. Señor ministro, ¿qué valoración hace de la
nueva OCM del azúcar?
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Muchas gracias señora presidenta.
La nueva OCM del azúcar aprobada tras el acuerdo político unánime de
todas las delegaciones europeas en el pasado Consejo de Ministros del
22 de mayo se considera por el Gobierno beneficiosa para el conjunto
del sector azucarero, porque mantiene los mecanismos básicos de la
anterior regulación. Recoge la principal demanda española, mantener
el mismo tipo de organización común de mercado por la que se ha
regulado hasta ahora el sector del azúcar durante el mayor número
posible de años, frente a una propuesta de la Comisión que pretendía
reducirla a dos campañas. Los elementos básicos, por lo tanto, de
esta nueva OCM son que se establece para cinco campañas, duración que
va a permitir la estabilidad del sector productor e industrial
y facilitar las adaptaciones adecuadas ante los retos del futuro. La
nueva OCM consigna el mismo precio de intervención del azúcar y el
precio base de la remolacha para las próximas cinco campañas. Para
las
zonas deficitarias se van a fijar anualmente los correspondientes
precios derivados, que afectan a España y a otros Estados miembros.
Es un acuerdo, por tanto, que permite el mantenimiento de las rentas
de los productores de remolacha. El régimen de cuotas nacionales
continúa para las próximas cinco campañas y en cuanto a la reducción
de cuota comunitaria en 115.000 toneladas es una consecuencia de los
acuerdos del GATT y repercute en nuestra cuota nacional en una
cantidad de 3.000 toneladas. La nueva OCM permite trasladar azúcar de
una campaña a la siguiente hasta un determinado límite por un período
de 12 meses, sin compensación por el almacenamiento. Este azúcar se
convertirá en el primer azúcar producido en la cuota de la siguiente
campaña. Hemos obtenido el mantenimiento de ayudas nacionales para la
producción de caña de azúcar, evitando el riesgo de desaparición de
este cultivo tan importante en nuestro país por su gran valor
medioambiental en zonas de Málaga y Granada, que son las únicas
regiones de la Unión Europea continental donde se cultiva. El
montante de la ayuda se sitúa en 72, 5 euros por tonelada.
Finalmente, se ha tomado la decisión de que a principios del año 2003
la Comisión presente un informe sobre la situación del mercado, los
sistemas de cuotas, los precios, las relaciones interprofesionales y
el incremento de la competencia, resultante de los compromisos
internacionales de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA
PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A LA PROPUESTA DE
LA COMISIÓN DE REDUCCIÓN DE AYUDAS AL SECTOR DEL TABACO? (Número de
expediente 180/000768.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula la diputada
doña María José González del Valle.
La señora GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA PEÑA: Gracias, señora
presidenta.
Señor ministro, como bien sabe, hace aproximadamente un mes apareció
un documento de trabajo de la Comisión en el que entre otras cosas se
proponía la reducción de las ayudas al cultivo del tabaco. Este
documento ha llenado de temor y angustia al sector tabaquero. En la
reforma de la OCM del tabaco de 1998 se decidió mantener la ayuda a
la producción comunitaria por el gran número de empleos vinculados a
esta actividad, por la importancia social y económica que tiene este
cultivo y por su impacto en términos de ordenación del territorio.
Todos sabemos la falta de alternativas
que hay para ese cultivo en ciertas zonas que son en su mayoría
Objetivo 1, porque tienen unas carencias y deficiencias más acusadas
que el resto del territorio español. La zona más afectada es el norte
de Extremadura, en la provincia de Cáceres, donde se concentra el
mayor número de cultivadores, la mayor producción de tabaco y la
mayor cantidad de prima de todo el territorio nacional. No tiene
sentido quitar las subvenciones donde más se necesitan y donde para
muchas familias es su único modo de subsistencia. Todo ello ha
desencadenado multitud de protestas y malestar con manifestaciones
secundadas no sólo por el sector tabaquero, sino por los partidos
políticos, la industria y el comercio. Sinceramente pensamos que
quien se contradice es la Comisión, por presentar precisamente, en un
documento sobre el desarrollo sostenible, una propuesta
desincentivadora para un cultivo que perfectamente podría optar a
ayudas agroambientales por su labor de fijación de población al
territorio y mantenimiento del cultivo de tierras marginales. La
alarma social es grande y fundada. Por ello, señor ministro,
trasladando al Gobierno la angustia de tantos agricultores y
trabajadores, que sabemos que usted comparte, yo le pregunto: ¿Cuál
es la posición del Gobierno frente a las propuestas de la Comisión de
reducción de ayudas al sector del tabaco?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González del Valle.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno se opone a cualquier propuesta de reducción progresiva o
eliminación de ayudas a la producción del tabaco, así como a la
sustitución del cultivo por otros cultivos alternativos o actividades
económicas distintas. Esta es la posición que formalmente se expresó
por el Gobierno frente al documento de la Comisión, distribuido el
pasado 16 de mayo, sobre estrategia de la Unión Europea para un
desarrollo sostenible. El Gobierno espera que el Consejo Europeo de
Gotemburgo tome nota de esta comunicación y dé instrucciones para que
se estudie en los consejos sectoriales oportunos. A lo largo de la
presidencia belga se analizará con detalle en el Consejo de Ministros
de Agricultura, al igual que los demás objetivos concretos que
propone el documento que se analizarán en los distintos consejos, y
que sea en el Consejo Europeo de Barcelona, en el primer semestre del
año 2002 y bajo presidencia española, donde se evalúen los trabajos y
se aprueben los objetivos.
A juicio del Gobierno existe un falso debate al relacionar la
supresión de ayudas al tabaco con la reducción de su consumo. Esta
propuesta no tendría el efecto
deseado sobre la salud pública, sino que provocaría un incremento de
las importaciones a la Unión Europea de tabaco en rama de países
terceros prácticamente sin protección exterior y, por tanto, una
falta de competitividad de la producción comunitaria. Se sustituiría
el consumo de tabaco comunitario, que supone un 20 por ciento de la
demanda interna, por el importado, y se llegaría a la desaparición de
un cultivo de gran importancia económica y social por la cantidad de
puestos de trabajo directos e indirectos que genera. Se trata de un
cultivo muy intensivo en mano de obra -una hectárea necesita 2.200
horas de trabajo anuales-, y es fundamental para fijar población en
el medio rural. Sólo este cultivo genera 200.000 puestos de trabajo
en la Unión Europea en regiones de Objetivo 1, las de menor renta per
cápita y las de tasa de desempleo más elevadas. España además es el
tercer país productor de la Unión Europea y representa en nuestro
país la principal fuente de ingresos para más de 20.000 familias. Es
un cultivo, como ha señalado, que se concentra en zonas de Cáceres
y Granada, casi con carácter de monocultivo en tierras pobres sin
posibilidad de cultivos alternativos. Por tanto, el Gobierno será
firme en la defensa de las ayudas a esta producción y tanto en
Gotemburgo como en las sucesivas reuniones que existan, incluso
cuando la Comisión presente su informe allá por el primer
cuatrimestre del año 2002, estaremos también defendiendo con firmeza
el mantenimiento de una producción eminentemente social en nuestro
país.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MÁXIMO RAMÓN DÍAZ-CANO DEL REY, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO ACERTADA LA DECISIÓN DE
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA DE PROHIBIR LA EMISIÓN EN TELEVISIÓN
ESPAÑOLA DE UN ANUNCIO DEL GOBIERNO EN BALEARES? (Número de
expediente 180/000758.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de la
Presidencia. Pregunta número 17, que formula el diputado don Máximo
Ramón Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Hoy 13 de junio, San Antonio de Padua, que como todo el mundo sabe
nació en Lisboa, y patrono, entre otras cosas, de las causas
perdidas, me atrevo a preguntarle, señor Lucas, si considera el
Gobierno acertada la decisión de Radiotelevisión Española de prohibir
la emisión en Televisión Española de un anuncio del Gobierno de
Baleares.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidenta.
Como he repetido hasta la saciedad, el Gobierno no hace valoración
sobre el funcionamiento interno de Radiotelevisión Española porque es
un organismo autónomo que funciona con arreglo a criterios
profesionales y a su propia ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Ni con San Antonio de Padua se puede con
usted, señor ministro. Lo primero, la decisión de prohibir el anuncio
en Televisión Española del Gobierno de Baleares lo comunican ustedes
a través de una resolución que es una auténtica chapuza, porque dos
artículos citados, dos normas citadas, dos errores, dos fallos. El
artículo 9.c) no existe en la ley que se menciona, y el apartado 7.c)
de las normas reguladoras de la emisión de publicidad no existe; por
tanto, ¡vaya papelón! Pero, en cualquier caso, al señor Antich se le
prohibe que en Televisión Española se emita un anuncio del Gobierno
de Baleares que, entre otras cosas, señala la calidad del turismo en
Baleares, etcétera, pero, en cambio, el señor Fraga sí puede emitir
por Televisión Española un anuncio que podíamos titular como la
canción: Dime cuándo cuándo... No lo pierda, Galicia es un país para
invertir, aquí se avanzó mucho en poco tiempo. Fraga sí lo puede
hacer, pero el señor Matas también; cuando era presidente de Baleares
también podía emitir anuncios por Televisión Española en 1999, casi
en plena campaña electoral: Siempre tendremos el paraíso... Pero usted,
señor Lucas, en Castilla y León también. ¿Se acuerda usted de la
campaña que decía: Céntrate en el voto institucional? Y, cuál era el
lema del Partido Popular en Castilla y León?: En el centro de todos.
Y la Junta Electoral Central le tuvo que decir: retiren esta campaña,
por ilegal. ¿Y se acuerda usted de la campaña que decía: Castilla y
León cada día más cerca? Se emitió por Televisión Española. Y, ¿qué
le dijo la Junta Electoral de Castilla y León? Retírela, porque es un
abuso partidista. Usted sí sabe de esto, no me venga con normas
porque usted ha sido consejero y presidente de Castilla y León. No le
recuerdo lo de: Castilla y León despega, el Challenger, porque pocos
días después el Challenger se estrelló; no sé si Castilla y León
pero, en cualquier caso, por favor, más rigor y no sean ustedes unos
censores.
Como me queda tiempo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
le deseamos al señor Piqué una pronta recuperación de su lesión del
cuello por la contorsiones
que tuvo que hacer ante el señor Bush. (Risas.)
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidenta.
El Gobierno, como he dicho, no entra en el fondo del asunto por
respeto a la autonomía de Radiotelevisión Española, pero me he
molestado en pedir el informe jurídico y, según ese informe, el
Gobierno balear con sus anuncios propagandísticos está incumpliendo
la Ley 25/1994, más conocida como directiva de Televisión sin
fronteras, y las normas reguladoras de emisión de publicidad por
Televisión S.A. Textualmente el informe dice lo siguiente: El mensaje
publicitario debe ser considerado como incurso en supuesto de
publicidad televisiva prohibida, recogido en el artículo 9.c) de la
Ley 25/1994 y en el apartado 7.c) de las normas reguladoras de
emisión de publicidad por Televisión Española, por tratarse de
publicidad de contenido esencial o primordialmente político o
dirigida a la consecución de objetivos de tal naturaleza.
Señoría, lo que acabo de decir no lo dice el Gobierno. (La señora
Conde Gutiérrez del Álamo: ¿Quién lo dice?) Lo dice la asesoría
jurídica de Radiotelevisión Española. (Varios señores diputados:
¡Ah!) Si usted no está de acuerdo con este informe, puede hacer esta
misma pregunta en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española,
donde estoy seguro de que le darán todo tipo de información. Si usted
lo que pide es que el Gobierno presione a sus órganos autónomos para
que vulneren la legalidad vigente que aprueba esta Cámara, o usted
sugiere que el Gobierno vulnere también y se salte a la torera los
informes preceptivos de la asesoría jurídica, le digo, señoría, que
desde el año 1996 eso no lo va a hacer nunca el Gobierno. (Rumores.-
Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
IMPULSAR UNA NUEVA REGULACIÓN DE LOS BOLETINES OFICIALES DE LA
PROVINCIA? (Número de expediente 180/000753.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas alseñor ministro de
Administraciones Públicas. En primer
lugar, la número 12, que formula el diputado don Jordi Jané i
Guasch.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 13 de diciembre se aprobó en esta Cámara
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que
se instaba al Gobierno a impulsar una nueva normativa reguladora de
los boletines oficiales de la provincia. A fecha de hoy justamente
han transcurrido seis meses. En esa proposición no de ley se
introdujo también por unanimidad una enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en la que claramente se decía que si
hay una voluntad del respectivo Parlamento autonómico, se pueden
unificar en el diario oficial de la comunidad autónoma los boletines
oficiales de esa comunidad, unificando así la publicación y ganando
lo que sería eficacia, seguridad jurídica y evitando gastos en la
línea de la Administración única que ya se instauró cuando se aprobó
la Lofage.
Por ello le pregunto, señor ministro: ¿Cómo están las previsiones
sobre esta nueva normativa relativa a los boletines oficiales de la
provincia y, muy en concreto, sobre esa previsión contemplada de
poder unificar en una sola publicación los boletines oficiales de la
provincia con el boletín oficial de la respectiva comunidad autónoma?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
En efecto, como dice S.S., con fecha 13 de diciembre de 2000 se
aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular, con una enmienda
de Convergència i Unió que se aprobó por unanimidad, precisamente
para establecer una regulación de los boletines oficiales de las
provincias. Inmediatamente se pusieron a trabajar los órganos del
Ministerio y tenemos un borrador de proyecto de ley en el que la base
de la habilitación son las competencias reconocidas al Estado en el
artículo 149.1.18ª de la Constitución, dado que se trataría de
establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas para garantizar un tratamiento común a todos los ciudadanos,
y en el artículo 9.3 de la Constitución que se refiere al principio
de publicidad en las normas.
Ese borrador, que lo tengo aquí y que ha sido elaborado por los
servicios, tiene en cuenta la discusión que allí hubo de esa
proposición no de ley y por supuesto la enmienda que se adicionó por
Convergència i Unió y que se aprobó por unanimidad, enmienda que se
recoge en una disposición adicional de este borrador, en el cual
se contempla precisamente la opción, es decir, no se obliga a que
todas las provincias tengan el boletín oficial de la provincia, sino
que se permite -de acuerdo con el espíritu y la letra de esa enmienda
que se había adicionado- que exista un solo boletín en la comunidad
autónoma o varios boletines en función de los deseos de la comunidad
autónoma y de las corporaciones locales. Eso está recogido.
Creo que es inminente la presentación de este proyecto de ley. Sin
embargo la propia proposición no de ley decía: Instar al Gobierno a
que, tras los oportunos estudios y consultas...Nos faltan estas
consultas, pero no preveo dificultades en las mismas, porque hemos
seguido ese espíritu que manifestaron todos los grupos y que la
Federación de Municipios y Provincias también recogía. Por tanto,
creo que en semanas podríamos presentar ese proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor ministro por su respuesta.
Espero que pronto tengamos esta regulación y que efectivamente, como
ha manifestado usted en su respuesta, se permita, si una comunidad
así lo quiere, y de acuerdo con sus diputaciones, tener una única
publicación oficial. Creo que sería una buena solución, que iría en
la línea de mayor eficacia y mayor seguridad jurídica. Ahora hay
muchas corporaciones que no saben muy bien dónde tienen que publicar
ese acuerdo si en el boletín oficial, si en el diario oficial de la
comunidad y si provocan duplicidades y gastos de suscripción. Por
tanto lo idóneo sería no imponerlo pero si la comunidad, de acuerdo
con su parlamento y sus diputaciones, así lo acuerda pueda tener una
única publicación, que es la publicación oficial de la comunidad
autónoma.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
- DEL DIPUTADO DON JOSU ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A UTILIZAR EL GOBIERNO
LA ANUNCIADA LEY DE COOPERACIÓN PARA VETAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA?
(Número de expediente 180/000756.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula el diputado don
Josu Erkoreka Gervasio.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, recientemente un medio de comunicación escrito citaba
fuentes gubernamentales para afirmar que el Ejecutivo ya ha tomado la
decisión de utilizar la futura ley de cooperación autonómica para
vetar la presencia de las comunidades autónomas en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea. Hasta la fecha ningún ministro del
Ejecutivo ha desmentido o matizado esta noticia, por eso le pregunto,
señor ministro, ¿es verdad?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Yo
puedo decirle, señor Erkoreka, que no es verdad en absoluto que haya
ninguna relación entre la ley de cooperación que estamos preparando
con la idea de vetar, que tampoco existe, la participación de las
comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Me alegra su respuesta, señor ministro,
lo que no quiere decir que la situación de la participación de las
comunidades autónomas esté resuelta de un modo satisfactorio, porque
como usted sabe el 10 de marzo de 1998, hace ya tres años y tres
meses, el Pleno de esta misma Cámara aprobó una resolución en la que
instaba al Gobierno a la búsqueda de una fórmula -y cito
literalmente- que permita la presencia de un representante de las
comunidades autónomas en aquellas reuniones del Consejo de Ministros
en las que se traten asuntos en los que tengan competencia exclusiva
las comunidades autónomas. Hace de esto ya tres años y tres meses,
señor ministro, ¿y qué es lo que el Gobierno ha hecho hasta la fecha?
Prácticamente nada, porque la situación está como estaba. Ha
impulsado, eso sí, estudios y más estudios sobre el tema; ha
impulsado sesudos, voluminosos e interminables estudios que al
parecer no dan con la fórmula mágica que permita ejecutar esto. El
tema de los estudios ya lo conocemos, es una argucia del Gobierno
para retrasar sine die o para incumplir la ejecución del mandato
parlamentario, porque usted mismo, señor ministro, no ha
desaprovechado ninguna oportunidad de las que se le han ofrecido para
expresar públicamente su posición contraria a la participación
directa de las comunidades autónomas en los consejos de ministros de
la Unión Europea, es decir, su voluntad de dejar incumplido este
mandato parlamentario del año 1998.
Se nos habla de dificultades técnicas para conciliar la posición y
unificar la representación de 17 comunidades autónomas. Todos sabemos
que no son 17 las comunidades autónomas que están implicadas en este
tema porque algunas de ellas no tienen absolutamente
ningún interés en participar en los consejos de ministros de la
Unión. Además, estos temas están resueltos en otros países de la
Unión Europea. Señor ministro, si otros países de la Unión Europea -y
no me refiero a los federales-, incluso algunos de tradición
centralista, como el Reino Unido, han realizado técnicas para esto,
¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿También en esto somos un país
inmaduro? Dígamelo, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Señoría, creo que está muy equivocado. No es que el Gobierno haya
hecho sesudos estudios, muy al contrario, el Gobierno lo que ha hecho
ha sido ponerse a trabajar con las comunidades autónomas. En el seno
de la Comisión para asuntos europeos hay una subcomisión creada de la
que forman parte el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio
de Administraciones Públicas y las comunidades autónomas de Cataluña,
Rioja, Extremadura y Madrid. Están trabajando en este tema. Es
posible que usted no lo sepa porque el consejero de la comunidad
autónoma vasca últimamente no viene a estos consejos, pero si viniera
vería que se está trabajando por parte de todas las comunidades.
No es cierto que alguna no tenga interés, todas tienen interés en
participar. ¿Cómo se participa? ¿Quién representa? ¿Cómo representa?
¿Hay lealtad institucional de la que esté allí con el resto y con la
Administración del Estado? Estos son los problemas técnicos, más que
técnicos, a resolver. En ello se está trabajando. Hubo una reunión en
Sitges en abril y se ha empezado a trabajar en eso que es
absolutamente indispensable para tomar después una decisión política.
En cuanto a la decisión política yo he dicho -y he insistido en que
personalmente tengo experiencia como ministro de Agricultura en un
consejo que se reúne mucho- que he visto la presencia de regiones en
los consejos de ministros y que a mí personalmente no me satisface
esa fórmula, pero estoy dispuesto a tomar la decisión política que
sea adecuada después de conocer todo este estudio técnico. Hay
personas de otros partidos que han hecho una manifestación semejante.
Por tanto, se está trabajando bien; están trabajando los ministerios
con las comunidades autónomas. Lo que le rogaría es que en este tema,
con la futura ley de cooperación, la comunidad autónoma vasca
participara más, diera sus opiniones y no las trajera aquí, sino que
las diera a los grupos de trabajo, que para eso están. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ LÍNEAS DE
ACTUACIÓN SE VAN A SEGUIR PARA ELABORAR EL PROYECTO DE LEY DE GRANDES
CIUDADES? (Número de expediente 180/000774.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula el diputado don
Rafael Merino López.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Administración local, junto a la estatal y a la
autonómica, es uno de los tres pilares que sostiene el edificio
administrativo español. El número de entidades locales actualmente
existente en nuestro país es de gran importancia, aproximadamente
16.000, de las cuales más de 8.000 son municipios. Como puede
apreciarse, esta cantidad de entes locales habla por sí sola de la
trascendencia en el conjunto del entramado administrativo. Además, a
ello hay que añadir el factor de proximidad al ciudadano de estas
instituciones, lo que ha hecho especialmente importante su papel en
el modelo constitucional que todos los españoles nos dimos en el año
1978. La relevancia de las funciones que deben desarrollar los entes
locales se ha revelado como esencial, fundamentalmente por dos
motivos: en primer lugar, porque son unas administraciones
eminentemente prestadoras de servicios y cercanas al ciudadano y, en
segundo lugar, porque al ser la administración más cercana, la que
más directamente recoge las necesidades y peticiones de la sociedad,
también debe ser el foro en el que las convicciones y mecanismos
democráticos se manifiesten con especial claridad.
Pues bien, el Gobierno del Partido Popular, el Grupo Parlamentario,
el propio Partido Popular, han sido siempre sensibles al desarrollo
de las competencias de las corporaciones locales; el denominado pacto
local es fiel muestra de ello y a través del mismo se potenciaron
considerablemente las competencias de los municipios. Conviene
recordar que en este primer pacto local se logró un amplio consenso
de todas las fuerzas políticas de ámbito estatal y autonómico, así
como de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la
Comisión nacional de la Administración local y de otros órganos de
las distintas administraciones. Este gran pacto local fue un hito en
la historia de la Administración local en nuestro país, que quiso
lograr la adaptación de ésta a las demandas de la ciudadanía. Sin
embargo en la actualidad resulta necesario avanzar en este proceso de
mejora de las administraciones locales, siendo evidente que hay
ciudades que, por su tamaño y por el número de habitantes, como
pueden ser Madrid, Barcelona, Valencia y algunas más, necesitan un
tratamiento especial de los problemas que se generan. Por
ello, señor ministro, le pregunto: ¿Qué líneas de actuación se van a
seguir para elaborar el proyecto de ley de grandes ciudades?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
En efecto, mi departamento está ultimando un informe en el que se
analiza el fenómeno de las grandes ciudades y las áreas de influencia
urbana con el fin de proponer las medidas normativas que puedan
solucionar esos problemas. Se está haciendo un estudio comparativo
con el resto del mundo y muy especialmente con la Unión Europea. Las
medidas que se aprobaron en la pasada legislatura, lo que llamamos
pacto local 1, resolvieron ya bastantes temas para todos los
municipios, pero hay algunos específicos que siguen siendo de las
grandes ciudades.
No creemos que se pueda lograr una ley de grandes ciudades, sino más
bien varios proyectos de ley que contendrían una serie de
modificaciones normativas según la materia, pero que serían
presentadas, como ocurrió en el pacto local, como una unidad de
actuación. El principio que inspiraría este paquete de medidas es,
naturalmente, el de la subsidiariedad, cuya aplicación conlleva
también el impulso del principio de colaboración entre las
administraciones públicas. Las medidas se centrarían en aspectos en
los que el Estado tiene competencias, de acuerdo con el bloque de la
constitucionalidad, aunque también se podrían contemplar actuaciones
que fomentasen la adopción por parte de las comunidades autónomas
afectadas de las disposiciones necesarias para completar la
regulación de estos grandes núcleos de población. Por todo ello,
porque se puede tener la idea de que esto se hace en contra o sin
tener en cuenta a las comunidades autónomas, quiero insistir en que
no es así. En el desarrollo de todo este proceso se considera
necesaria la concurrencia de voluntades de las comunidades autónomas
y de los municipios afectados, además de que todas las medidas
deberán ser consensuadas con los departamentos afectados, que son los
que ceden las competencias, y con la FEMP, la Federación Española de
Municipios y Provincias.
No me parece oportuno comprometerme con plazos, ya que depende de
todos estos actores que he referido que podamos llegar a un acuerdo,
que es lo que haría que esta ley de grandes ciudades tuviera
trascendencia. No obstante, mi propósito es enviar el informe que se
está elaborando a la Comisión de Entes Locales del Senado, para su
debate y análisis, puesto que creo que es el sitio oportuno para
debatir estos temas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE TUVO
LUGAR EN ALICANTE EL PASADO 2 DE JUNIO? (Número de expediente 180/
000773.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Defensa.
La número 31, que formula el diputado don Andrés José Ayala Sánchez.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Defensa. El pasado día 2 de los
corrientes se celebró en Alicante el Día de las Fuerzas Armadas como
colofón de una serie de actos previos y coetáneos en diversas
ciudades de España. Tuvimos ocasión de apreciar el tratamiento que se
le dio por los medios de comunicación y entiendo que los
planteamientos del señor ministro en cuanto a que constituyera un
homenaje al soldado de reemplazo, después de dos siglos de haber
supuesto un hito necesario en la juventud de los españoles, se han
cumplido. El Día de las Fuerzas Armadas ha tenido un desarrollo
diferente al que se produjo el año pasado y entiendo que ello se
debe, entre otras razones, al propósito de que la profesión militar,
que ahora comprende tanto a los jefes y oficiales como a la tropa y
marinería, sea más conocida por la sociedad única de la que forma
parte. Procede por tanto que el Gobierno de España, representado por
el ministro de Defensa, explique en la sede de la representación
popular cuál ha sido la génesis, al tiempo que nos haga una
valoración de la celebración de este Día de las Fuerzas Armadas el
pasado 2 de junio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde):
Gracias, señora presidenta; gracias, señor Ayala.
Señorías, quiero sinceramente agradecer a mi grupo parlamentario que
me dé la oportunidad de dejar constancia en la Cámara de cuál ha sido
la política del Gobierno para reestructurar y desarrollar las
efemérides de las Fuerzas Armadas. Permítame, señor Ayala, que además
de apoyar, como es natural, todo lo que S.S. ha dicho, recuerde que
en 1987 se reguló el Día de las Fuerzas Armadas como aquél en el que
se debía producir un encuentro y comunicación entre ciudadanos
civiles y militares, que acentuara la recíproca comprensión y el
conocimiento mutuo. A su vez, en 1997, el decreto número 862 reservó
para el Día de la Fiesta Nacional la celebración del desfile militar.
En consecuencia, tomamos la decisión de hacer efectiva esa realidad
normativa y de que fuera el 12 de octubre pasado el primer desfile en
el que nuestras Fuerzas Armadas incorporaran lo mejor de su material
y de sus efectivos y al tiempo pusieran de manifiesto ante los
españoles la realidad multinacional en la que estamos participando
con el desfile del Eurocuerpo.
En esta ocasión, el Día de las Fuerzas Armadas ha querido homenajear
de una parte al soldado de reemplazo y de otra dar a los actos ese
carácter de puertas abiertas, tan caro a esta Cámara, y también en lo
sucesivo, dado el éxito de los actos de Alicante, estoy seguro que el
que ha de imprimir todo su sentido a las futuras celebraciones del
Día de las Fuerzas Armadas.En efecto, de los más de 200 actos
celebrados en toda España, más de 100 han sido de puertas abiertas, y
especialmente en los actos de Alicante, además del homenaje al
soldado de reemplazo, 60.000 personas visitaron la exposición
cubierta y 40.000 la exposición al aire libre y 30.000 asistieron a
la exhibición aeronaval en la que los españoles pudieron contemplar
el estado operativo de nuestras Fuerzas Armadas, que es de lo que se
trata en ese día y de lo que se tratará en el futuro.
Quiero agradecer, señora presidenta, a los senadores y diputados que
nos honraron con su presencia ese día y también a Radiotelevisión
Española la posibilidad que dio a millones de españoles de participar
en un mayor conocimiento de las Fuerzas Armadas, que es al cabo lo
que se tiene que celebrar en ese día.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA JUANA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ
PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA IMPEDIR SER SENCIONADO POR LA UNIÓN
EUROPEA POR LA MALA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO? (Número de
expediente 180/000763.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Medio
Ambiente.
En primer lugar, la pregunta número 22, que formula la diputada doña
Juana Serna Masiá.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, señor Matas. Como usted sabe España es el país de la
Unión Europea que más veces ha sido denunciado por incumplimiento de
las leyes que protegenel medio ambiente. En lo que llevamos de año
hemos recibido ya 12 denuncias y desde el año 1999 hasta la fecha
llevamos ya 32. Usted las recordará una a una, pero a mí me gustaría
señalarle por lo menos las cuatro que me parecen más escandalosas y
que desde luego los ciudadanos españoles desconocen.
Hemos sido denunciados por mal tratamiento de las aguas residuales,
por mala calidad de las aguas potables, por carencia de instalaciones
adecuadas para la incineración de residuos, por falta de prevención y
control de la contaminación, y así etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, que es el tema de mi pregunta, nos llega una nueva denuncia
por mala calidad de las aguas de baño. A mí me parece que esta
denuncia tiene dos gravísimas consecuencias. En primer lugar, porque
es impresentable que reciba esta denuncia un país que vive
fundamentalmente del turismo. Curiosamente, ayer, su grupo presentó
una proposición no de ley para estimular y fortalecer el turismo y,
mientras tanto, al señor Matas, miembro de este Gobierno, lo multan
por la mala calidad de las aguas de baño, donde tendrán que bañarse
precisamente esos millones de turistas. Por otro lado, tiene una
consecuencia también grave de tipo económico, y es que pagaremos
diariamente ocho millones de pesetas. Eso significa que cada español,
de su bolsillo, tendrá que pagar 6.000 pesetas mensuales. Así es que,
por favor, señor ministro, díganos qué piensa hacer el Gobierno para
impedir ser sancionado por la Unión Europea por la mala calidad de
las aguas de baño.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, en primer lugar lo que hay que hacer es distinguir entre
denuncias y sanciones. Creo que es un concepto que usted debería
distinguir para que nos pudiéramos entender correctamente.
Efectivamente, existe un proceso abierto de sanción por la calidad de
las aguas de baño, que no está finalizado pues en estos momentos está
tramitándose ante las instituciones jurídicas de la Unión Europea.
España piensa defender su posición y sus derechos en estas
instituciones jurídicas de la Unión Europea, planteando no sólo lo
que creo es una situación injusta, si usted me lo permite, sino,
sobre todo, proponiendo alternativas como las que hemos presentado
que prevén un presupuesto estimado de unos 11.000 millones de pesetas
en tres años para poder completar una acción de mejora de la calidad
de esta agua, que ha evolucionado de una forma importante desde el
año 1996 hasta el día de hoy.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señor ministro, gracias por decirme que tengo
que distinguir, pero precisamente porque distingo es por lo que le
hemos hecho la pregunta de esa manera, para que usted nos contase.
Usted se pasa la vida diciendo los miles de millones que va a poner,
ahora son 11.000 para evitar precisamente que nos llegue esta
sanción. Hace poco dijo que habría 100.000 millones para recuperar el
río Segura. Le recuerdo que todavía no se ha gastado nada. No hace
más que prometer y prometer.
Quiero recordarle que el río Segura es precisamente el más
contaminado de España. No sé lo que va a hacer el señor Aznar, pero
le aconsejamos que limite al señor Bush en estas cuestiones de medio
ambiente, porque si no, ni el medio ambiente ni los ciudadanos
estaremos nada contentos con usted. Hágame un favor, y es el último
consejo que le doy, cumplan las leyes y así estarán legitimados para
...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, el procedimiento de infracción se le abre a España por la
calidad de las aguas de baño. España cumple en un 98 por ciento, muy
por encima de otros países de la Unión Europea, la calidad de las
aguas de todo el litoral y de la costa. En las aguas de baño interior
el incumplimiento es del 20 por ciento, es decir, España cumple el 80
por ciento. ¿Qué es lo importante, señoría? Que hace cuatro años
estábamos en el 55 por ciento. En el año 1995 el incumplimiento era
del 45 por ciento, en estos cinco años hemos conseguido pasar del 55
al 80 por ciento. Esta es la primera cuestión que demuestra que desde
el Gobierno, desde las comunidades autónomas, se está haciendo una
política para mejorar esta situación. Usted también tiene que
recordar que si le ponen esta multa a España, el Estado tendrá que
repercutir esta sanción a los organismos competentes, porque estamos
hablando de aguas interiores de baño donde el Estado sólo tiene
competencia en aquellas obras de infraestructura ...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON LUIS ACÍN BONET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿A QUÉ USO PIENSA DESTINAR
EL GOBIERNO EL AGUA DEL RECRECIMIENTO DE YESA? (Número de expediente
180/000769.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula el diputado don
Luis Acín Bonet, que tiene la palabra.
El señor ACÍN BONET: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado día 18 de mayo usted puso la primera piedra
para iniciar las obras del recrecimiento de Yesa. Esta es una de las
obras más esperadas y más importantes para Aragón, con una inversión
de casi 19.000 millones de pesetas y con una mejora de regadíos para
las Bárdenas, para riegos del alto Aragón y, por supuesto, para el
abastecimiento del agua a Zaragoza. Pero, como no podía ser de otra
manera, algunas fuerzas políticas en Aragón han dicho varios días,
recientemente, que este recrecimiento de Yesa, de aproximadamente
1.000 hectómetros cúbicos -fíjese la importancia-, sería para la
despensa del trasvase, es decir, con la intención de confundir y
confundir.
Todos sabemos que el pacto del agua en Aragón dice que las obras que
se realicen en la Comunidad Autónoma de Aragón, las obras de
regulación que se produzcan por el pacto del agua, serán para uso
exclusivo de la Comunidad Autónoma de Aragón y así lo recoge también
el Plan hidrológico nacional, que pronto será ley. Por eso le formulo
la siguiente pregunta, señor ministro: ¿A qué uso piensa destinar el
Gobierno el agua del recrecimiento de Yesa?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Acín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señor diputado, estoy tentado de recordarle lo que el Plan
hidrológico de cuenca establece que tiene que hacer el proyecto del
recrecimiento de Yesa: abastecimiento de aguas al corredor,
incluyendo la ciudad, consolidación de la zona regable del canal,
suministro de caudales mínimos ecológicos, laminación de avenidas,
garantía de concesiones abajo de la presa, etcétera.
Sin embargo, como quiero entender e interpretar -le agradezco el
sentido de su pregunta-, iré a la raíz de la cuestión que, desde mi
punto de vista, es que con este tipo de afirmaciones se intenta
tergiversar la realidad y llamar a engaño a los ciudadanos. El
proyecto de Plan hidrológico nacional, que ha salido de este Congreso
y que se está tramitando en el Senado, prohibe expresamente en su
texto articulado la utilización, la servidumbre, el uso, de cualquier
instalación de las denominadas obras de infraestructura contempladas
dentro del pacto del agua para su utilización dentro del posible
trasvase o transferencia de agua del río Ebro a otras cuencas, aguas
abajo de los embalses de Mequinenza, etcétera. Por tanto, ni Yesa ni
ninguna de las obras del pacto del agua puede tener relación alguna
con cualquier posible trasvase o transferencia, no porque lo diga
este ministro sino porque la ley lo prohibe de forma taxativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA: ¿PIENSA MEDIAR EL GOBIERNO ENTRE IBERIA Y LOS PILOTOS EN
DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES? (Número de expediente 180/
000778.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Hacienda. En primer lugar, la número 13 que formula el diputado don
Felipe Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Montoro, buenas tardes. ¿Va a mediar
el Gobierno entre los pilotos del Sepla y la empresa Iberia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, la compañía Iberia ha comunicado en el día de hoy el acta de
desacuerdo entre Iberia y el comité de huelga, por lo que requiere el
establecimiento de los servicios esenciales del Ministerio de
Fomento. Dichos servicios esenciales se establecerán de acuerdo con
el Real Decreto 2878/1983, de 16 de noviembre, sobre garantías
necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad en materia de transporte aéreo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Montoro, no le he preguntado por eso,
porque, aunque usted fije unos servicios mínimos, habrá una huelga de
celo y el sufrimiento de los usuarios no se parará.
Ustedes tienen la obligación política de mediar. Son un gobierno que
sigue siendo regulador, aunque la empresa esté privatizada. Por
tanto, no pueden mirar hacia otro lado, señor Montoro, también son
ustedes responsables de lo que pueda empezar a pasar. 1.850 pilotos
del Sepla, con salarios anuales de 24 millones
de pesetas, no pueden hacer lo que han anunciado. No pueden seguir
abusando. Abusan porque no tienen criterio alguno de solidaridad con
el resto de los empleados de la empresa, como ha denunciado ya algún
sindicato mayoritario. Y abusan porque no se les puede sustituir.
Por cierto, señor Montoro, ¿cuándo va a empezar el Gobierno a
subvencionar la preparación de pilotos privados? Tenga usted en
cuenta que sería una de las grandes soluciones. Además, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, según se ha publicado, ha dejado de gastar
100.000 millones de pesetas. Señor Montoro, respóndame a lo que le
pregunto: ¿va a mediar el Gobierno para evitar la huelga o la huelga
de celo, para evitar un infierno este verano o no va a mediar, o ni
sabe, ni quiere, ni puede mediar? Sí, ustedes pueden. Son el Gobierno
regulador. Le pregunto ¿quién lo va a hacer, cómo, cuándo? Es
responsabilidad de ustedes al no prever la situación de este
conflicto a través de métodos de arbitraje, como se está haciendo en
otros sitios. No me huya, señor Montoro, contésteme, porque la
situación va a ser muy difícil y ya hay gente que está empezando a
temblar por lo que se puede plantear a partir del día 19.
Señor Montoro, ustedes tienen un gran poder político y tienen que
ejercerlo respetando el derecho de huelga, de acuerdo, pero aquí
juegan también los sufrimientos de mucha gente. Tienen que cortarles
las alas a estos pilotos del Sepla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señoría.
El Gobierno es consciente de la dimensión social que adquieren
determinados conflictos, pero son conflictos que tienen lugar, como
S. S. señalaba, en el ámbito de una empresa que hoy es privada. Sólo
de acuerdo con las demandas de la organización empresarial y de la
organización sindical se puede proceder a una mediación de esas
características. Vivimos en un país libre, donde del ejercicio de las
libertades, en ocasiones, pueden derivarse situaciones conflictivas.
El Gobierno confía en que la buena razón de unos y otros acabe
imponiéndose y se eviten perjuicios para los consumidores en un
servicio tan vital para el conjunto del país como es el tráfico
aéreo.
Por lo demás, señoría, cuando esa empresa ha sido pública, el
Gobierno ha tomado decisiones relativas a impedir esos conflictos. De
ahí se derivará una experiencia y se abre un horizonte de
posibilidades en cuanto a posibles acciones del Gobierno si las
consecuencias fueran realmente perjudiciales para la comunidad, para
el tráfico aéreo, en definitiva, para servicios básicos como es el
turismo y para la propia imagen de España.
Gracias, señor presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA POLÍTICA COMERCIAL DE TELEVISIÓN
ESPAÑOLA DE BAJAR UN 10 POR CIENTO LAS TARIFAS DE LOS ANUNCIOS
PUBLICITARIOS RESPECTO A LAS DEL AÑO PASADO ES EL MEJOR INSTRUMENTO
PARA REBAJAR LA DEUDA DEL ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
(RTVE)? (Número de expediente 180/000759.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula la diputada
doña Rosa Conde Gutiérrrez del Álamo, que tiene la palabra.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro: ¿Considera el Gobierno que la política comercial de
Televisión Española de bajar un 10 por ciento las tarifas de anuncios
publicitarios respecto al año anterior es el mejor instrumento que
tienen para bajar la deuda de Radiotelevisión Española?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Conde.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Como S.S. sabe, el Estatuto de Radiotelevisión Española reconoce la
posibilidad de su financiación privada, que es a través de la
publicidad. Desde luego, el Gobierno deja margen de libertad para que
las empresas públicas, los entes públicos, hagan uso de aquellos
instrumentos que entiendan deban utilizar en mercados cambiantes como
es el de la publicidad en España.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Conde.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, tienen una costumbre bastante fea de tirar balones
fuera. Me sorprende que sea usted el que me conteste a esta pregunta.
Me sorprende y además me preocupa, porque quiere decir que el paso de
Radiotelevisión Española a la SEPI no es una cuestión
coyuntural, por el plan de viabilidad, sino que responde a un cambio
de concepción en Radiotelevisión Española.
Le recuerdo, señor ministro, que no estamos hablando de cifras, que
estamos hablando de un servicio público, que estamos hablando sobre
todo de pluralismo y de libertad, algo que ustedes olvidan cuando se
trata de Radiotelevisión Española. Llevan ya seis años en el Gobierno
y todavía los españoles no sabemos qué es para usted una televisión
pública, cómo ha de gestionarse, cuál ha de ser el modelo de
financiación por el que debe regirse. Lo único que sabemos es que
saben manipular la televisión y lo hacen extraordinariamente bien.
Después de seis años, señor ministro, no hay modelo de televisión, no
hay pluralismo, hay problema de libertades y una deuda de 800.000
millones de pesetas. Demasiados problemas, señor ministro, para un
Gobierno tan inoperante.
En años anteriores, han utilizado argucias presupuestarias para pagar
la deuda. Ahora, han decidido algo mucho más claro, hacer una
política comercial agresiva de abuso de la publicidad. Han conseguido
poner en contra de ustedes a todos los medios de comunicación del
país, incluso a los que les apoyan; todos en contra por su política
agresiva, que no responde a un modelo de televisión pública.
Señor ministro, el problema económico de Televisión no se soluciona
con una agresividad comercial, se soluciona con un modelo estable de
financiación. Nosotros hemos propuesto ese modelo estable.
Estúdienlo, fijen una posición y digan, de verdad, en este Parlamento
cuál es el futuro de Radiotelevisión Española.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Conde.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Su señoría tiene una interesante concepción de lo que es la libertad
y el pluralismo, relacionándolo con las tarifas comerciales. Está muy
bien planteado ese tema. Supongo que cuando S.S. era ministra
portavoz se encargaba de muchos asuntos de Televisión Española, entre
ellas de saber cuánto cobraba Radiotelevisión Española por las
tarifas de pañales, por ejemplo, garantizando su financiación y su
viabilidad. (Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Continúan las
protestas.)
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señoría, yo le digo...
(Fuertes protestas.-Varias señoras diputadas: ¡Pañales!.-La señora
Conde Gutiérrez del Álamo: ¡Es el ejemplo!.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Sí, es un ejemplo. Si
quiere S.S., me refiero a las colonias, que son de hombre. No se
preocupe por eso. Los pañales también son de hombre, los hombres
también hemos puesto muchos pañales en la vida. Están siempre con lo
mismo. (Risas y rumores.)
Si me lo permiten, le voy a contestar de una forma definitiva. Entre
el señor Pérez Rubalcaba, defendiendo a las operadoras de
comunicaciones a la hora de promover los recursos del contencioso-
administrativo contra la tasa del uso de espacio radioeléctrico; S.S.
defendiendo a las empresas privadas en su política comercial, y el
señor Sevilla haciendo apuestas de reforma del impuesto sobre la
renta basándose en los informes de los grandes bancos, no cabe duda
de que el Partido Socialista lo lleva cada vez más claro en la
búsqueda de su público.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Protestas.- La señora Alborch
Bataller: ¡Fatal!)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS ANDRÉS MANCHA CADENAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
SE ESTÁ DESARROLLANDO EL PROGRAMA DIRECTOR DE CONTROL TRIBUTARIO
1999-2002? (Número de expediente 180/000770.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula el diputado don
Jesús Andrés Mancha Cadenas.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, señor Montoro, las tareas de asistencia y
de ayuda al contribuyente se complementan con las actuaciones de
control orientadas a detectar y corregir los incumplimientos.
Entendemos que tales actuaciones tienen dos grandes objetivos: el
descubrimiento de las deudas no declaradas por los contribuyentes y
el cobro de las deudas no ingresadas voluntariamente en los plazos
establecidos.
El programa director de control tributario 1999-2002 marca las líneas
maestras de las actuaciones de control que anualmente lleva a cabo la
Agencia Tributaria con el fin de luchar contra el fraude. En este
sentido, el objetivo del programa consiste en que se consiga la
disciplina fiscal y que los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones fiscales, ante la eventualidad de estar sujeto a una
posible actuación de control. Siendo esto así, el Grupo Parlamentario
Popular desea realizar la siguiente pregunta: ¿Cómo se está
desarrollando el programa director de control tributario 1999-2002?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mancha.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, la reforma fiscal emprendida por el Gobierno del Partido
Popular en 1996, como usted ha recordado, señalaba la lucha contra el
fraude fiscal como uno de sus objetivos fundamentales y como una de
las vías para mejorar la equidad del reparto de la carga tributaria.
Para ello, primero era necesario el diseño de unos impuestos más
justos y sencillos, la reducción de los niveles de complejidad del
sistema tributario y el fomento de una cultura de cumplimiento de las
obligaciones fiscales. Es en este contexto en el que debemos enmarcar
la puesta en marcha del programa director de control tributario 1999-
2002, un programa con proyección plurianual y cuyos objetivos son:
ampliar la vigilancia sobre el cumplimiento tributario, en
prevención, detección y conexión con el fraude. Esto supone un
aprovechamiento sistemático del gran potencial de información que se
puede obtener y controlar con las nuevas tecnologías, e intensificar
los esfuerzos por sectores y grupos de contribuyentes, con especial
atención a las formas emergentes de fraude.
La buena evolución del programa se pone de manifiesto en el
crecimiento de los resultados de control derivados de las actuaciones
de la Agencia. Así, la deuda liquidada, es decir, la deuda comprobada
por el inspector jefe, que se convierte en la deuda a pagar por el
contribuyente y que incluye cuotas, intereses y sanción, se ha
incrementado en 393.846 millones de pesetas entre los años 1998 y
2000; un 36, 3 por ciento más, hasta 1, 47 billones de pesetas.
Durante el primer cuatrimestre de este año, los resultados de control
han crecido un 58, 9 por ciento, desde los 430.518 millones en el
mismo período de 1999 hasta los 657.103 millones de pesetas. Destacan
especialmente los resultados de la lucha contra el tráfico de
estupefacientes, contrabando y blanqueo de capitales. Por otra parte,
la recuperación de la deuda ha aumentado un 10, 5 por ciento, hasta
los 124.887 millones.
Estos datos ponen de manifiesto la importante labor desarrollada por
la Agencia Tributaria y nos animan a seguir trabajando en esta línea,
para contar con impuestos cada vez más bajos y sencillos que
desincentiven las conductas fraudulentas y para dotar de mayores
medios a la Administración en la lucha contra el fraude.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA GENERAL EN
MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Número de expediente
172/000102.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Interpelaciones
urgentes.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia
de lucha contra el cambio climático.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Morlán. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Medio Ambiente, este es un momento muy
oportuno para que el Gobierno nos diga qué opina sobre la lucha
contra el cambio climático. Desde 1996, cuando accedieron al
Gobierno, frente a las bonitas frases, declaraciones y teletipos en
medios de comunicación y de información, ustedes han hecho muy poco.
La voluntad política teórica no coincide con la ejecución y
realización de actuaciones encaminadas a definir políticas de lucha
contra el cambio climático. No hay una estrategia nacional de lucha
contra el cambio climático y usted lo sabe, porque no está en ningún
sitio. Sin embargo, nuestros socios europeos, están llevando a cabo
una serie de medidas que inciden en actuaciones encaminadas a
disminuir y a evitar en gran parte las emisiones de gases de efecto
invernadero, que son las que están provocando el cambio climático. Me
imagino, señor ministro, que no hará usted como el señor Bush que las
pone en duda. Me imagino que usted entenderá, como nosotros, que el
cambio climático se está produciendo y que lo que hay que hacer es
luchar contra él.
Los países europeos han introducido un impuesto sobre la energía, han
introducido programas de eficiencia energética, han introducido
plantas mixtas de producción de energía y generación de calor, han
sustituido combustibles -el carbón por el gas o por la leña-, han
adoptado medidas para cambiar modalidades de transporte y medidas
encaminadas a la absorción del carbón mediante reforestación. El
resto de nuestros socios, por ejemplo Luxemburgo, han estabilizado
las emisiones de CO2. Dinamarca rechaza el uso del carbón en su
política energética y es el primer Parlamento que hace muy pocos días
ratificó el compromiso de Kioto, cosa que ustedes parece que no
tienen mucho interés en hacer, al menos de manera inmediata. Los
Países Bajos, Francia, Reino Unido y Alemania han avanzado en la
estabilización de las emisiones, y Alemania está planteando el
abandono de la energía nuclear. Siguiendo la pauta de Estados Unidos,
ustedes están fomentando el uso de la energía nuclear. Alemania y el
Reino Unido, señor ministro, van más allá de los requisitos exigidos
por el acuerdo de distribución de cargas,
lo que llamamos normalmente burbuja comunitaria. En el año 2010 el
conjunto de la Unión Europea tiene que alcanzar una reducción del CO2
del 8 por ciento. Usted sabe, señor ministro, que a los españoles,
como quiera que tenemos un nivel de desarrollo industrial inferior a
otros países, se nos ha permitido que incrementemos nuestras
emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero en un 15 por
ciento. En este momento, según sus propios datos, nos encontramos con
que esas emisiones se sitúan en una cifra superior al 20 por ciento,
es decir, ya la superamos cinco puntos al menos. Hay unos que opinan
de una manera y dicen que es el 26 por ciento y otros que opinan de
otra y dicen que es el 21 ó el 22, pero es superior al 20 por ciento.
Si seguimos así, nos podremos encontrar con que el año 2010 las
emisiones del conjunto de los gases de efecto invernadero se situarán
en un 28 por ciento. Si continuamos con el consumo actual de CO2 nos
encontraremos con que en el 2010 esas emisiones supondrán el 48 por
ciento. Esta es la realidad que tenemos, señor ministro, esta es la
realidad que podemos tener si no hacemos algo para evitarlo y ustedes
hasta ahora no han hecho nada.
Su antecesora, la señora Tocino, elaboró un borrador de la estrategia
de la lucha contra el cambio climático que nunca se aprobó. Lo tengo
entre mis papeles. Es un borrador que consta de varios folios, me
imagino que perfectamente estudiados, pero no deja de ser un borrador
que fue incapaz de sacar adelante el anterior Gobierno del Partido
Popular. Sin embargo, sí anunció -por eso he dicho que siguen la
pauta establecida por la Administración Bush, aunque no por Estados
Unidos porque allí hay opiniones distintas a esa pauta, como la del
Partido Demócrata- que habría que fomentar la energía nuclear.
Ustedes siguen la misma tesis de la señora Tocino. Crearon el Consejo
Nacional del Clima en 1998, que sustituyó a la Comisión Nacional del
Clima, que creamos nosotros en 1992. No entendemos a qué viene tanta
creación de comisiones y de consejos. Cuando hay una funcionando, que
funcione la que hay y no vengan con nuevas estructuras, salvo que
quieran dar la imagen de que lo que se ha hecho hasta ahora no vale y
que lo bueno es lo que están haciendo ustedes. Ahora crean la Oficina
de Lucha contra el Cambio Climático. Me gustaría saber para qué está
el Consejo Asesor del Medio Ambiente, porque no está claro entre las
competencias que tiene el Consejo Nacional del Clima, que ustedes
crearon en 1998, y la Oficina de Lucha contra el Cambio Climático que
usted ha creado. Por cierto, le pregunté hace un mes que me informara
sobre quién estaba en esa oficina, qué tipo de personal había, que
presupuesto tenía, a qué se iba a dedicar y todavía tengo la callada
por respuesta. Me imagino que querrán que se cumpla ese plazo de dos
meses que les atribuye el reglamento, pero es cierto que no me han
dado respuesta para saber qué es esa oficina que han creado.
Espero que recuerde que en el mes de diciembre se celebró una
comparecencia suya en la Comisión de Medio Ambiente, donde nos
informó de que la cumbre de La Haya había sido un fracaso, pero que
este Gobierno estaba dispuesto a tomar una serie de medidas
encaminadas a que esa lucha contra el cambio climático fuera eficaz.
La ratificación del compromiso de Kioto la tienen que hacer todos los
países o al menos, según sabe muy bien, 55 países que supongan más
del 55 por ciento de emisiones de CO2 entre todos ellos respecto a
los datos de 1990.
No sé si van a seguir la misma estela que marca ahora Estados Unidos
o no -les aconsejo que no lo hagan-, pero sabemos que ese país no lo
va a ratificar. Ahora se ha inventado que es posible que el cambio
climático no sea motivado por la emisión de gases de efecto
invernadero, sino por unas causas que algún equipo de estudios
técnicos nos facilitará. Sabemos que Canadá y Japón han variado su
posición y están dispuestos a ratificarlo. Sabemos que gran parte de
los países de la Unión Europea están dispuestos a ratificarlo. Italia
-usted dio la cara el otro día por el señor Berlusconi- decía que
había que darle un tiempo para ver si entendía que tenía que firmar
el compromiso de Kioto. Estoy temiendo que las palabras que usted
está diciendo, esa especie de reflexión comprensiva sobre cómo tiene
que actuar Italia y los abrazos tan serios que se han dado con el
señor Bush, hagan que lleguen a coincidir España y la Administración
Bush. Eso sería peligroso porque abriría una brecha muy seria en la
Unión Europea. Yo espero que no lo haga y que ratifique las palabras
que hace 48 ó 72 horas ha planteado, porque, si no, sería un
auténtico drama para luchar contra este problema que tenemos encima
de la mesa en estos momentos y cara al futuro.
Como le digo, señor ministro, España va a llegar en el primer
semestre del año 2002 a ostentar el gobierno de la Unión Europea, y
el compromiso de Kioto tiene que estar ratificado antes de septiembre
del 2002. Yo todavía no he visto ningún paso por parte de su Gobierno
en la dirección de ratificar ese compromiso. Me dirá que por parte de
los otros países tampoco. Dinamarca ya lo ha hecho, lo ha aprobado, y
creo que España, que ustedes siempre dicen que es avanzadilla y que
ocupa un lugar preeminente en muchas materias, en ésta podía también
utilizar ese mismo lenguaje, y no sólo utilizarlo, sino ponerlo en
práctica. Ustedes deberían decir que si Dinamarca lo ha hecho,
nosotros, que estamos preocupados, también lo hacemos y planteamos
que el Gobierno español, antes del plazo del 30 de septiembre, va a
firmar ese protocolo, va a ratificar ese protocolo, y esta Cámara va
a tener conocimiento del mismo y de su ratificación, en vez de estar
pendientes de lo que puedan hacer otros. Hay una diferencia, los
otros países sí que están actuando y España no. Todo son buenas
palabras y todo son propuestas que hay que desarrollar.
Están diciendo que hay una serie de medidas y de actuaciones, que me
imagino que se referirá usted a ellas después, que se han puesto en
práctica. Tangibles no son, señor ministro. La estrategia de lucha
contra el cambio climático yo no sé si usted la tiene elaborada en
algún despacho o en algún cajón, yo no sé si le sirve la de la señora
Tocino, pero ni esta Cámara ni la sociedad española tienen perfecta
conciencia de cuál es la lucha contra la desertificación, contra la
erosión, contra la calidad y la cantidad de las aguas. Por cierto,
señor ministro, ayer, que estuvimos juntos en Zaragoza, dijo una cosa
que no es cierta. Ustedes han rechazado una enmienda nuestra en el
debate del Plan hidrológico nacional en la que se planteaba que se
recogiera la lucha contra el cambio climático desde la vertiente de
la gestión de las aguas, y ustedes la han rechazado. No venga
diciendo que este Plan hidrológico nacional contempla entre sus
medidas actuaciones en esa dirección, porque no es cierto.
Hablar de la reforestación, señor ministro, es hablar sobre el papel,
hablar sobre el vacío, porque no tenemos constancia de que todo lo
que ustedes están planteando tenga alguna constatación práctica,
alguna ejecución en la que se vea que se está luchando contra este
cambio climático de manera eficaz. Por eso, ministro, le pido que me
diga si va a ratificar el protocolo de Kioto, si van a inducir a
Estados Unidos a que lo ratifique...
La señora PRESIDENTA: Señor Morlán, muchas gracias, su tiempo ha
concluido.
El señor MORLÁN GRACIA: Continuaré después, señor ministro.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Señora
presidenta, señoría, es un motivo de satisfacción poder comparecer
para hablar de un reto ambiental, probablemente el más importante,
como he dicho en otras ocasiones, que tenemos en materia de medio
ambiente en este siglo XXI, hecho que corroboran sin duda los
informes elaborados por el Panel intergubernamental para el cambio
climático (IPCC) en su tercer informe de evaluación que S.S. conoce
perfectamente. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) No me voy a extender por falta de tiempo, aunque sí lo
desearía, y no voy a hacer una referencia al contenido de estos
informes.
Lo que sí quisiera es contestar, aprovechando la ocasión, si me
permite, a la pregunta que ha hecho fuera del contexto de este
proyecto con respecto a la intervención de ayer. La pregunta concreta
era: ¿Contempla el Plan hidrológico nacional los riesgos de cambio
climático en la evolución del mismo? La respuesta fue
que se leyeran el anexo del proyecto y verían que sí. Estoy seguro de
que usted se lo ha leído, señoría, y comprobará efectivamente que sí.
No es de extrañar que la lucha contra el cambio climático sea un
objetivo prioritario para este Gobierno, y estoy convencido que
también para su partido y para usted mismo. Es un reto de envergadura
que requiere de la participación, del compromiso y de la complicidad
de todas las administraciones, de todos los sectores económicos y
políticos, en definitiva, de toda la sociedad española en su
conjunto.
Nuestro compromiso para afrontar eficazmente el problema, que viene
precisamente de la raíz de la colaboración de todos, ha sido la
creación en España de la Oficina Española de Cambio Climático. La
Oficina Española de Cambio Climático, que se crea en abril de 2001,
se ha concebido como una herramienta destinada a dinamizar en nuestro
país las respuestas frente al cambio climático. Esta oficina, que se
ha creado con el correspondiente decreto constitucional que la
constituye como un organismo dependiente del Ministerio dentro de su
estructura orgánica, tiene el objetivo de acometer un amplio conjunto
de tareas: coordinar e impulsar las competencias del Ministerio en
estas materias, tejidos, agua, gestión forestal, como piezas claves
de la política eficaz frente al cambio climático; estrechar la
colaboración con otros organismos y administraciones públicas y
fomentar la participación de los sectores privados y públicos,
ministerios, comunidades autónomas, municipios, universidades, ONG,
empresas, sindicatos, agentes sociales, todos como actores claves en
la lucha frente a este cambio; impulsar la información, formación y
sensibilización social. La educación ambiental en este ámbito quiere
ser una piedra angular de esta política. También tiene la tarea de
fortalecer técnica y científicamente la capacidad negociadora de
España en los foros internacionales y comunitarios, aspecto que,
lógicamente, cobra una especial relevancia, como muy bien ha dicho
usted, en el primer semestre de 2002; efectuar el seguimiento de la
aplicación en España de la convención marco sobre el cambio climático
y de los compromisos asumidos en el marco de la Unión Europea, lo que
supone el desarrollo de los instrumentos jurídicos y económicos
adecuados; mecanismos de verificación de emisiones; establecimiento
de un marco que permita poner en marcha los distintos mecanismos de
mercado previstos en el protocolo, como el comercio de emisiones, los
mecanismos de desarrollo limpio y la implementación conjunta. Porque
usted sabe mejor que yo que, desgraciadamente, hoy es imposible
valorar cuál es el estado de cada uno de los países en Europa y en el
mundo con respecto al cumplimiento del protocolo de Kioto, porque
faltan por definir precisamente esos denominados mecanismos de
flexibilidad, como son ese comercio de emisiones, el papel de los
CDM, el papel de los propios sumideros y su influencia en la
contabilización del
mercado de emisiones, que es lo que condiciona el saldo final del
cumplimiento o no de los criterios de contaminación.
Hasta que no están definidos estos mecanismos de contabilidad -y aquí
tenemos al señor ministro de Hacienda que sabe mucho más que nosotros
de esta cuestión-, desgraciadamente, usted no puede arrojar hoy el
saldo definitivo. De ahí la importancia no de la ratificación del
protocolo, que la tiene, ya que es vital -y usted conoce el
compromiso de España y de todos los países de la Unión Europea en
este sentido-, sino de la discusión política en estos momentos a
nivel internacional y nacional para ser capaces de ponernos de
acuerdo en la definición de estos mecanismos de flexibilidad que
puedan cerrar el compromiso y sobre todo las reglas de juego de este
compromiso. Por último, promover la conclusión de la estrategia
española de lucha frente al cambio climático que desarrolla el
Consejo Nacional del Clima y realizar su seguimiento.
Estos son los objetivos básicos de esta Oficina. La infraestructura
es la que se establece en el decreto. Le pido disculpas por no haber
podido mandarle esta información; en cualquier caso, intentaré
acelerar al máximo el envío de la información que S.S. ha solicitado.
Sobre este último punto, la estrategia española y el Consejo Nacional
del Clima, precisamente por esta duda a la que usted hacía referencia
-que es verdad que existe y yo quiero aprovechar para explicarla-,
quiero decir que la Oficina no sustituye al Consejo Nacional del
Clima; la Oficina lo que quiere es reforzar este órgano colegiado al
actuar como Subsecretaría; la Oficina es una herramienta de carácter
técnico y carecería de sentido que la política de cambio climático
fuese decidida de forma unilateral por el Ministerio de Medio
Ambiente. Así pues, la intención no es en absoluto la de suprimir el
Consejo; muy al contrario, nuestra intención es -y usted
probablemente conocerá novedades al respecto- potenciar este órgano
colegiado e impulsar la conclusión de esa estrategia española.
Insisto en que necesitamos conocer el final de esa negociación que
tendremos que intentar concluir en Bonn. Además, sé que contaré con
su ayuda para, una vez que definamos estas reglas del juego, poder
concluir esa estrategia, a fin de que podamos disponer de un marco de
referencia que permita a todas las partes afectadas una actuación más
eficiente y coherente, porque ya he coincidido con usted en otros
foros de debate y sé que estaremos de acuerdo en que es fundamental
lanzar esos mensajes al sector privado, vehicular las iniciativas que
desde la sociedad puedan dirigirse hacia esa lucha frente al cambio
climático.
No puedo estar de acuerdo con la expresión de que no se ha hecho
nada. Este es el proyecto de futuro, este es el objetivo, esta es la
estructura y la política que nos hemos definido, y usted dice que no
se ha hecho nada. Yo creo que no es justo coger aisladamente algunas
medidas de algunos países de la Unión Europea, hacer
una cesta de lo mejor, sin tratar lo peor, y hacer de ese conjunto un
ejemplo. No es así, en Europa hay de todo, como en España, y las
circunstancias de cada país probablemente condicionan las medidas que
se hayan adoptado, y desde luego España ni muchísimo menos es el peor
país, ni en estos momentos ha hecho menos los deberes que algunos
otros, pero esto tampoco es ningún eximente, naturalmente.
Yo creo que esta afirmación es injusta, porque yo he dicho que desde
el año 1990 se han hecho cosas en este país para luchar contra el
cambio climático. Yo he dicho que desde el año 1990, y he puesto
siempre el mismo ejemplo, hay un acuerdo que hicieron ustedes con la
industria del automóvil, creo que lo firmaron en el año 1995, con el
objetivo de 2005, de reducción de los niveles de contaminación de los
automóviles en la fabricación; es un acuerdo voluntario, como deben
ser los acuerdos para que tengan efectividad, que yo siempre les he
reconocido que ha sido un buen acuerdo. Además, se han hecho muchas
más cosas, se han hecho cosas desde las comunidades autónomas. Esta
es una labor compartida y en la Oficina de Cambio Climático tienen
que participar comunidades autónomas y entidades locales, porque
tienen una cuota de responsabilidad importantísima, como usted sabe,
porque cuando hablemos de lucha frente al cambio climático también
tendremos que parcelar los niveles de competencia y la
responsabilidad en este sentido. Se han hecho cosas, porque se ha
hecho un Plan de fomento de energías renovables, que en España ha
conseguido producir más del 6 por ciento de las energías renovables,
con el objetivo de alcanzar en el año 2010 el 12 por ciento. Creo que
hoy España sólo es superada por Alemania en capacidad de producción
de energía eólica y estoy seguro que en capacidad de crecimiento de
este tipo de energías. España ha aprobado un Plan de reconversión de
las centrales térmicas tradicionales, alrededor de unas 30 centrales
térmicas tradicionales van a tener que ser cerradas o sustituidas por
ciclo combinado o por centrales menos contaminantes, y probablemente
el gran nicho de mercado futuro tenga que estar en estos años en algo
a lo que usted ha hecho referencia y que en España empieza a ser
importante -además, creo que en Gotemburgo los presidentes de
Gobierno van a tomar decisiones importantes a este respecto-, que es
en el fomento de los biocombustibles y en el fomento de todo lo que
es la biomasa, que creo que es la gran oportunidad en la producción
de este tipo de energía.
Se me acaba el tiempo. El régimen especial en el sector eléctrico,
también. La Ley de envases y residuos y el plan de residuos en
general, con el objetivo de eliminar en el año 2010 la metanización
en toda España, es decir, la contaminación que se produce a través de
esa metanización. Las acciones que han dado lugar al notable aumento
de los sumideros de nuestra masa forestal, tal como arrojan los
inventarios forestales que se hacen permanentemente en España, de lo
que dimos
cuenta hace muy pocos días a los medios de comunicación, que permiten
incrementar la absorción de carbono y la apuesta decidida por el
transporte público y, si me permite, por el transporte alternativo.
Estaremos de acuerdo en que transporte y energía son los dos ejes
básicos de actuación de la lucha frente...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro, el tiempo de
la primera intervención ha terminado.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Si me da tiempo,
continuaré en mi derecho de réplica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, levante más la moral que ayer no pasó nada. Lo de
ayer fue un debate muy bonito.
Me habla de la Oficina de Cambio Climático, que tiene todas esas
competencias y atribuciones que ha relatado, y lo que tengo que
decirle es que, aparte de que me conteste a las preguntas que le he
formulado hace un mes, me gustaría saber qué medidas concretas ha
adoptado esa Oficina. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué tipo
de relaciones tiene con las comunidades autónomas? ¿Cómo se está
implicando a todos los sectores, públicos y privados? ¿Hay algún tipo
de medida, algún tipo de resolución, alguna norma que ampare el
funcionamiento de esta colaboración que tiene que haber en el
desarrollo de la estrategia en España del cambio climático? Quiero
saber concretamente una cosa, señor ministro: ¿cuándo va a tener
España la estrategia de lucha contra el cambio climático? Fíjese si
es sencilla la pregunta y me imagino que fácil la respuesta. Creo que
tenemos perfecto derecho a saberlo.
Señor ministro, el plan de energías renovables, que ustedes aprobaron
el 30 de diciembre de 1999, no goza de buena salud. Es cierto que se
hicieron la fotografía al instalar la energía fotovoltaica en La
Moncloa, pero además de eso hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo,
no han adoptado ninguna medida fiscal específica para las energías
renovables, y hay bastante desilusión en los sectores afectados. No
entienden por qué razón en este plan, que tenía que servir para
ayudarles, no se han planteado este tipo de medidas fiscales. Sólo
han adoptado una medida, y ha consistido en que en la tarifa
eléctrica del año 2000 ha desaparecido una cantidad que estaba
destinada para seguir trabajando por la eficiencia y el ahorro
energético. Los ciudadanos españoles van a ver que ha desaparecido de
su recibo de la luz. El Gobierno no ha adoptado ninguna medida de
eliminación
de barreras financieras de las previstas en el plan de fomento
de las energías renovables. Con relación a dicho plan, sólo se han
consignado en los presupuestos 3.676 millones de pesetas, y ustedes
dicen que corresponden a una transferencia al IDAE. Es un importe que
no varía en el año 2000 ni en 2001, y no vemos dónde están en el
reflejo presupuestario los 878.000 millones de pesetas y los 5.000
millones previstos para proyectos de innovación tecnológica. No
tienen ninguna consignación o no los hemos sabido encontrar, a lo
mejor porque no somos capaces de actuar como Sherlock Holmes, tal
como ustedes plantean, pero creo que esas cifras no tienen
justificación presupuestaria en ningún sitio.
Señor ministro, cuando hablan de las centrales térmicas y del plan de
centrales que han puesto en funcionamiento, aquí hay un pequeño
engaño. Ustedes están hablando de las centrales térmicas y, por
tanto, de la eliminación del carbón, de que van a desaparecer las
subvenciones al carbón, pero resulta que se está importando muchísimo
carbón. Se está importando tal cantidad de carbón de Estados Unidos
que, por ejemplo, en el año 2000 supone el 15 por ciento del carbón
importado y su coste se estima en 17.000 millones de pesetas. Es
decir, se están adoptando medidas que teóricamente dan la impresión
de que se están aplicando muy bien, pero en la realidad esas medidas
no valen para nada porque están suplidas con otras que tienden a
mantener las cosas tal y como estaban.
Señor ministro, por muy buenas palabras que utilicen -y usted lo sabe
hacer-, por muy buena información que quieran transmitir a los
ciudadanos de este país sobre su preocupación sólida por la lucha
contra el cambio climático, no sabemos para qué sirve su Oficina, no
han elaborado su estrategia y no sabemos que posición van a defender
en la cumbre de Bonn ni sabemos qué va a pasar pasado mañana en
Gotemburgo cuando llegue el presidente del Gobierno y diga qué es lo
que quiere hacer con el compromiso de Kioto. Yo creo, señor ministro,
que ustedes tienen que ratificar el compromiso de Kioto, tienen que
unirse a los países más avanzados de la Unión Europea para que ese
compromiso se ratifique, y no venga con explicaciones burocráticas,
porque esas explicaciones no valen cuando hay una decisión política
encaminada a que esa lucha sea eficaz.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor
presidente.
Señoría, la pregunta que yo creo que usted debería hacerme o me
quiere hacer es cuándo va a ratificar España el protocolo de Kioto.
España no puede tenertodas sus políticas de aplicación definidas
hasta que
esos procesos de aplicación no estén definidos dentro del marco de la
ratificación del protocolo. Permítame que le aclare que no es cierto
que Dinamarca haya ratificado el protocolo, lo que ha hecho el
Parlamento es solicitar que se proceda a la ratificación, exactamente
igual que están haciendo el presidente del Gobierno de España y el
Gobierno de España; y no le quepa ninguna duda que el Gobierno de
España, el próximo fin de semana, defenderá en Gotemburgo la
necesidad imperiosa de proceder a la ratificación de este protocolo y
asumir los compromisos de reducción de esa contaminación que en él se
establecen. Ningún país con compromisos de reducción de emisiones ha
ratificado ni puede ratificar este protocolo, porque está pendiente
de que se acuerden las reglas de aplicación. No son reglas
burocráticas, son las reglas de aplicación que define el propio
protocolo. Y quiero insistir en el ejemplo que le ponía: no puede
usted obtener el resultado final, el beneficio o las pérdidas de un
ejercicio, si previamente no tiene definido el modelo de contabilidad
que va a poder utilizar. Pero, en cualquier caso, no quiero que le
quede a usted ninguna duda de la firmeza de la postura del Gobierno
español en cuanto a la asunción de los compromisos del protocolo de
Kioto y los compromisos de aplicar una política que alcance esa
reducción de los niveles de contaminación en el período 2008-2012.
Tampoco es cierto, y creo que es un error por su parte, decir que no
se ha puesto en marcha en España ninguna medida política ni fiscal
para energías renovables. Todo el programa de energías renovables del
año 1998 se fundamenta precisamente en medidas de carácter fiscal,
que son las que han posibilitado que hoy España esté ya produciendo
un 6 por ciento de esas energías renovables. Sin esas medidas
fiscales que se fomentan desde el Ministerio de Hacienda para hacer
rentables esas energías renovables, no hubiera sido posible en España
aplicar ese proceso. Los datos son los que confirman precisamente la
realidad de que hoy España está liderando la producción de esa
energía eólica y que en el año 2010 va a alcanzar uno de los más
espectaculares crecimientos en la implementación de este tipo de
energías en toda Europa. Y cuando me refiero a un programa de
eliminación de centrales térmicas, no significa en absoluto que tenga
relación con los niveles de importación de carbón de los que usted ha
hecho referencia. Este programa es un compromiso adoptado por España
y por todos los países de la Unión Europea que obliga al cierre o
reconversión de centrales térmicas tradicionales altamente
contaminantes. Estoy hablando de cierre total o de reconversión de
estas plantas para convertirlas en centrales menos contaminantes
y que, por tanto, perjudiquen menos.
Si el tiempo me lo permite, vuelvo a incidir en lo que son los
compromisos políticos y los objetivos de esta Oficina Española de
Cambio Climático. La Oficina Española de Cambio Climático es el
instrumento del que se ha dotado el Gobierno de España, el Ministerio
de Medio Ambiente, para poder liderar la política de lucha frente al
cambio climático y la integración de todos los sectores en esta
lucha. Tiene que coordinar e impulsar las competencias del Ministerio
en esta materia, tiene que ser el órgano que lleve y conduzca a la
colaboración de todos los organismos y administraciones públicas,
tiene que impulsar la formación y la sensibilización social y tiene
que fortalecer, técnica y científicamente, la capacidad negociadora
de las autoridades españolas, además de ser capaz de efectuar el
seguimiento de la aplicación en España de esa convención marco sobre
el cambio climático y promover la conclusión de la estrategia. Este
es el organismo del que nos hemos dotado, este es el organismo que se
ha creado y que va a liderar esta estrategia en España.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): La última frase,
presidente.
Simplemente quiero decirle que la firmeza del Gobierno español en
este campo es indudable, lo ha sido, lo sigue siendo y no le quepa
ninguna duda de que lo será. España asume sus compromisos y se
responsabiliza de esos compromisos respecto a la reducción de
nuestros niveles de contaminación atmosférica y lucharemos en la
escala y en el plano internacional para que estos compromisos puedan
ser asumidos por la mayor parte de los países del mundo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÉNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO EN MATERIA TRIBUTARIA
DURANTE LA VII LEGISLATURA. (Número de expediente 172/000104.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Interpelación, que presenta el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas
que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tributaria durante
la VII Legislatura.
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Catalán ha presentado una interpelación en orden a conocer cuáles son
las prioridades de reforma del sistema tributario, qué medidas de
cambio normativo en el ámbito del derecho tributario pretende
impulsar el Gobierno durante esta legislatura. Qué duda cabe que en
los últimos años la política fiscal
ha ocupado un relevante papel dentro del conjunto de la política
económica española. Lo cierto es que el concepto democracia en sí
mismo va unido siempre a debates sobre los impuestos, sobre los
tributos. Olvidamos con frecuencia, y es lógico que así sea porque es
historia ya muy pasada, que algunas de las más antiguas
manifestaciones de la voluntad popular soberana se han producido
históricamente en orden a poner límites a la potestad tributaria del
Ejecutivo. En esta línea de reflexión qué duda cabe que en el período
político y social que en España arranca con la aprobación de la
Constitución de 1978 la política fiscal ha ocupado una posición
central dentro del debate de las políticas socioeconómicas en nuestro
país, con muy distintos posicionamientos ideológicos respecto de
cuestiones tan importantes como la bondad o no de bajar impuestos.
Creo que no me aparto un ápice de la realidad si afirmo que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha ocupado un papel
importante en la tarea de contribuir a impregnar en la conciencia
política española la convicción de que es necesario, sin que ello
perjudique al nivel y al desarrollo e incremento de las políticas
sociales, que es bueno, si no se perjudica este aspecto al que he
hecho referencia, rebajar las cargas impositivas, en una palabra, los
impuestos que soportan los ciudadanos españoles. Los hechos y la
trayectoria parlamentaria así lo demuestran. En primer lugar,
recuerdo las reformas tributarias en las que participó activamente el
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió al final de la
legislatura que acabó en el año 1996: la reforma parcial de la Ley
general tributaria del año 1995, donde se reformó un régimen
sancionador absolutamente desmedido, con sanciones del 300 por
ciento; la nueva Ley del impuesto sobre sociedades, de 27 de
diciembre de 1995, con un capítulo muy destacado, un régimen fiscal
específico para las empresas de reducida dimensión, en aquel momento
250 millones de facturación; la Ley 30/94, de fundaciones, etcétera.
No me cabe ninguna duda que el paso decisivo hacia la modernización
de nuestro sistema tributario se produjo durante la pasada
legislatura. No voy a proceder, por ocioso, a efectuar una
enumeración exhaustiva de las distintas e importantes reformas
fiscales producidas durante la misma, simplemente, a efectos de
recordatorio, quiero hacer referencia a la actualización de balances
aprobada en junio de 1996; a la reforma de la tributación de las
ganancias de patrimonio con sus positivos efectos sobre la economía
española; a las mejoras en materia de doble imposición económica
interna e internacional; a los cambios en el régimen tributario de
las pequeñas y medianas empresas aprobados en diciembre de 1997, y a
la asunción de competencias en el orden normativo tributario por
parte de las comunidades autónomas en el marco de reforma del sistema
de financiación de las comunidades autónomas, que deriva
del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de
septiembre de 1996.
He dejado para el final un hito absolutamente fundamental en este
proceso de reformas tributarias de la pasada legislatura: la reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobada en esta
Cámara el 9 de diciembre de 1998, Ley 40/1898, una ley cuya
exposición de motivos da comienzo con la transcripción del apartado 1
del artículo 31 de la Constitución: «Todos contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá
alcance confiscatorio.»El Tribunal Constitucional ha declarado que el
IRPF constituye uno de los pilares, posiblemente el pilar fundamental
de la progresividad y respeto al principio de capacidad económica en
nuestro sistema tributario.
Respecto de su incidencia cualitativa y cuantitativa -datos que todos
conocemos porque se han rendido a la Cámara recientemente-, en el
primer cuatrimestre del año, del total del capítulo 1 del presupuesto
de ingresos recaudado en este cuatrimestre, 3, 2 billones, 2, 6
corresponden al IRPF. Su importancia e incidencia cuantitativa y
cualitativa, por cuanto la progresividad se obtiene en virtud de una
adecuada regulación de los tributos directos, es claramente conocida.
En cuanto a su incidencia social, baste con citar una cifra y es que
afecta cada año, de una u otra manera, a 31 millones de españoles que
tienen que entablar relaciones con la Administración tributaria, de
forma activa o pasiva, en orden al cumplimiento de sus obligaciones a
este respecto o por este concepto impositivo.
A juicio de mi grupo parlamentario, la reforma acometida y aprobada
en diciembre de 1998 alcanzó los ambiciosos objetivos que se había
propuesto: ensanchamiento de bases, mejora del tratamiento fiscal de
las rentas del trabajo, simplificación de la gestión, avances en la
consecución de una mayor neutralidad entre los distintos instrumentos
de ahorro. Se lograron los objetivos y esta afirmación, más allá de
estudios estadísticos o reflexiones sobre contenidos normativos que
pudiéramos realizar, está acreditada por una evidente percepción de
los ciudadanos que son conscientes de que en virtud de esta reforma,
en la que participó activamente Convergència i Unió y que se aprobó
con un amplio consenso con el grupo parlamentario que daba y da apoyo
al Gobierno, se han rebajado los impuestos de una manera sensata, de
una manera prudente y coherente.
Pero qué duda cabe que pese al balance de las reformas tributarias
que acabo de relacionar, no exhaustivamente, evidentemente, queda
todavía camino por recorrer y quedan cuestiones todavía que tratar y
que reformar en el ámbito de la política fiscal española, camino que
debe llevarnos a seguir creciendo por encimade la media comunitaria,
a avanzar hacia una plena
ocupación laboral, a mejorar y a hacer más eficaces nuestras
políticas sociales. Y los puntos sobre los que a juicio de mi grupo
parlamentario debería procederse a trazar este camino de reformas
tributarias son una serie de cuestiones a las que haré referencia a
continuación y respecto de las cuales -y este es el contenido de la
interpelación que hoy estamos tramitando en la Cámara- querría
conocer la postura, las opiniones y el plan de gobierno que tiene
pensado el Ejecutivo respecto de esta materia.
En primer lugar, la reforma del impuesto sobre sociedades. Es cierto
que tenemos un buen impuesto sobre sociedades, es un impuesto
moderno, en el que se ha avanzado decididamente, que ha tenido una
última reforma en el Real Decreto-ley 3/2000, de junio del año
anterior, posteriormente tramitado como proyecto de ley, que incidió
todavía más en la necesaria internacionalización de la empresa
española y en un adecuado marco de investigación y desarrollo. Pero
debe avanzarse, en la medida en que sea posible, en la mejora de este
marco de internacionalización, de impulso al I+D y mejora del marco
tributario para las pequeñas y medianas empresas, incidiendo en la
simplificación del impuesto. Además, estamos en un momento en el que
el marco tributario para el impuesto sobre sociedades es realmente
importante. En estos últimos años, así como en los próximos, muchas
empresas españolas tienen que posicionarse de manera potente en
mercados exteriores. Si pasados unos años no lo han logrado, será
difícil posteriormente que puedan ocupar lugares que otras habrán
ocupado. El proceso y el balance a este respecto hasta la fecha es
realmente positivo, pero cualquier esfuerzo adicional dentro del
marco normativo comunitario lógicamente tiene que ser eficaz, tiene
que ser decidido para lograr este efecto positivo para la economía
española.
En segundo lugar, un tema ampliamente comentado es la reforma del
impuesto sobre actividades económicas, con su eliminación, ya
debatida en esta Cámara, respecto de pequeñas y medianas empresas. La
nueva Ley general tributaria tiene que lograr diversos objetivos; uno
muy importante es contribuir a una mayor fluidez en las relaciones
entre particulares y Administración tributaria, adaptar en sí la
estructura y contenidos de una ley que data ya de 1963 y asimismo
incorporar los contenidos de la Ley de derechos y garantías de los
contribuyentes aprobada en el año 1998. También, en el marco más
general de la reforma de la financiación autonómica, tratar de que
las comunidades autónomas asuman mayores niveles de competencia
normativa respecto de los tributos cedidos, siempre en el marco de la
cohesión del mercado en España.
He dejado como última referencia la reforma del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, reforma propugnada ya en el programa
de Convergència i Unió, también en el programa del Partido Popular, y
sobre el que mi grupo parlamentario ya se ha pronunciado
en distintas intervenciones ante diferentes foros en el sentido
de mantener la actual estructura del impuesto. Es una reforma que dio
lugar a un modelo que claramente se ha acreditado como satisfactorio,
como un modelo sólido y entendemos que poco después de la reforma
carece de sentido cambiarlo. Además, también es bueno para los
ciudadanos, porque a veces hay que cambiar modelos y así se hizo en
el año 1998, siete años y medio después de la aprobación de la Ley
18/1991, que había establecido la anterior reforma del IRPF.
La estabilidad y la transparencia en sí son valores positivos que
predicar de un sistema tributario, y es evidente que para los
ciudadanos es positivo el hecho de que una rebaja de impuestos se
pueda visualizar fácilmente, cosa que se consigue con mejoras
puntuales en la regulación de la base y de las deducciones de la
cuota de este impuesto, pero también con rebajas de los tipos de
gravamen, como Convergència i Unió ha incorporado en el programa
electoral con el que concurrió a las elecciones generales de 12 de
marzo del año 2000.
Entiendo que la actual estructura del impuesto es positiva y que los
avances en la reforma del mismo tienen que ir en la línea a la que
acabamos de hacer referencia. Es por ello que después de apuntar una
serie de reflexiones sobre el camino o las propuestas que haría
Convergència i Unió respecto a la evolución del sistema tributario,
el sentido de la interpelación urgente que hoy tramitamos es
precisamente conocer cuáles son los planes del Gobierno para el
desarrollo e implementación de la política fiscal durante esta
legislatura, cuáles son sus prioridades y la forma en que pretende
ordenar el tratamiento normativo de esta parte tan importante de la
política social y económica española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente,
señorías, cuando en el año 1996 el Partido Popular asumió las
responsabilidades de Gobierno traía consigo un concepto claro de su
política económica: impulsar el crecimiento y la creación de empleo a
través del estímulo de la iniciativa social en un marco de
estabilidad económica y en un contexto de creciente integración
europea e internacional.
La política fiscal es, como S.S. ha señalado, uno de los principales
instrumentos de lo que debemos llamar con propiedad el nuevo modelo
de política económica, y lo es tanto en la vertiente de los gastos
públicos como en la de los ingresos. De hecho, la política tributaria
de los últimos años ha ido íntimamente ligada a la presupuestaria
y al proceso de consolidación de las cuentas públicas que ha tenido
lugar desde 1996. Gracias a laausteridad presupuestaria, estamos
consiguiendo
aumentar el ahorro público y mejorar la financiación de la economía,
factor imprescindible para la inversión, el crecimiento y la creación
de empleo. Por otra parte, estamos construyendo un sistema fiscal más
eficiente, más equitativo y más sencillo, con unos impuestos más
bajos que nos permiten transferir más recursos hacia el sector
privado y contribuir así al sostenimiento del crecimiento económico y
de la creación de empleo. Por lo tanto, son políticas paralelas. Para
bajar los impuestos, antes hay que disciplinar el gasto y de hecho,
si ahora es posible estar hablando de éstas y de futuras reformas
fiscales, es precisamente porque previamente ha habido una importante
labor de control, de saneamiento de las cuentas públicas. Por eso, si
queremos continuar con este proceso de reformas, como es la intención
del Gobierno, debemos mantener el control sobre las cuentas públicas,
siendo ese el motivo de que hayamos impulsado los proyectos de ley de
estabilidad presupuestaria, para garantizar las condiciones que
favorezcan el mantenimiento del ahorro público y la financiación
correcta de la economía del país, que anuncien la bajada de los
impuestos en fases siguientes y que, en definitiva, estimulen e
impulsen el crecimiento económico y la creación de empleo.
En realidad, más que hablar de reformas fiscales, deberíamos hablar
de una única reforma fiscal, la que empezamos a practicar en la
pasada legislatura y que vamos a continuar aplicando en ésta. En la
pasada legislatura contamos con la colaboración de otros grupos
políticos de la Cámara, como Convergència i Unió, esperando seguir
teniendo en ésta, como hemos tenido hasta ahora, un respaldo, algo
que consideramos muy importante a la hora de proseguir con lo que yo
llamo una reforma fiscal de gran amplitud y ambición. Nuestros
objetivos han sido siempre los mismos y las modificaciones
legislativas han estado siempre encaminadas en un mismo sentido, el
que marca nuestro proyecto político en un escenario a largo plazo y
que estamos llevando a cabo de manera gradual. Así, nuestros
objetivos son mejorar la equidad del sistema, contribuyendo
a aumentar la cohesión social gracias a un reparto más justo de la
carga fiscal; mejorar la eficiencia con unos impuestos que
contribuyan al ahorro, a la inversión, al crecimiento económico y a
la creación de empleo y mejorar la sencillez con el fin de facilitar
las relaciones entre la Administración y los contribuyentes, para que
éstos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y la Agencia
Tributaria pueda a su vez destinar más recursos humanos y materiales
a la lucha contra el fraude.
En relación con la mejora de la equidad, si hay algo en lo que se ha
profundizado en estos años ha sido precisamente en la consecución de
un sistema impositivo más justo y más progresivo, en que la
aportación de la renta del trabajo no fuera prácticamente la única y
hubiera un mejor tratamiento fiscal para los pensionistas, para los
minusválidos, para las familias y, en definitiva,
para las rentas más desfavorecidas. Después de la reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, a la que S.S. ha
hecho antes referencia, que realmente ha sido un referente para las
reformas tributarias que se están practicando en toda la Unión
Europea, hemos conseguido reducir los impuestos en una media del 13,
7 por ciento, siendo la reducción para las rentas más bajas, las de
menos de 2.000.000, del 38, 8 por ciento. Las rentas del trabajo en
el impuesto sobre la renta de las personas físicas pasan de
representar el 85 por ciento de las rentas totales en 1998 al 77 por
ciento en 1999. Asimismo, hemos mejorado la tributación de la familia
y se han incrementado sustancialmente las mejoras fiscales para
discapacitados. La tributación de la vivienda también ha mejorado de
un modo significativo para las rentas más bajas, que en el sistema
anterior tenían un límite de la base de deducción en función de lo
que ingresaban y ahora el límite está en 1, 5 millones para todos, lo
que sin duda alguna también mejora el propio tratamiento equitativo
de esta desgravación fiscal.La vivienda habitual, que quiero recordar
que está exenta en el patrimonio hasta los primeros 25 millones, y
los rendimientos presuntos ya no tributan en el IRPF.
En relación con la eficiencia, se han tomado medidas con el fin de
impulsar el crecimiento económico, fomentar el espíritu emprendedor,
las inversiones productivas, las nuevas tecnologías, las actividades
en I+D+I, la internacionalización y la competitividad de nuestras
empresas, con una atención especial a la pequeña y mediana empresa.
Quiero recordar también las reformas introducidas en la anterior
legislatura respecto a la exención en la transmisión de empresas
familiares, reducción del tipo del impuesto sobre sociedades para
pymes, que también hemos seguido mejorando en la actual legislatura,
actualización de balances, reducción de impuestos en el IRPF a
empresarios y profesionales, mejora en la tributación de la doble
imposición internacional, incentivos al ahorro y a la inversión,
reducción de la brecha fiscal sobre el trabajo, etcétera. Ya en ésta
hemos seguido en la misma línea, como S.S. ha tenido la ocasión de
recordar en la tribuna, y hemos reducido los tipos para las ganancias
patrimoniales, hemos impulsado la previsión social complementaria a
través del aumento de reducciones por aportaciones en planes de
pensiones, hemos mejorado la fiscalidad de los seguros de vida, hemos
favorecido el apoyo a la internacionalización con mejoras para evitar
la doble imposición internacional e incentivos para favorecer el
desplazamiento de empresas españolas al extranjero, más los nuevos
estímulos introducidos a la innovación tecnológica en nuestro país.
Todo ello ha conseguido una mejora de la eficiencia general de la
economía, de su crecimiento y de la creación de empleo y todo ello ha
redundado en un ensanchamiento de las bases impositivas que ha
permitido mejorar,con más capacidad si se quiere, con más capacidad
tributaria
en sí misma, la propia financiación del Estado. Por citar
algún ejemplo a este respecto, sólo en 1999 se incorporaron 700.000
contribuyentes nuevos al impuesto sobre la renta y hay 200.000
empresas nuevas tributando en el impuesto sobre sociedades, lo que ha
contribuido a multiplicar por dos la recaudación de este impuesto
entre 1996 y el año 2000.
Tampoco quiero emplear todo el tiempo en relatar lo que ha sido la
mejora de las relaciones entre la Administración tributaria y los
contribuyentes a raíz precisamente de la aprobación de una nueva Ley
de derechos y garantías de los contribuyentes. Ello, más la mejora de
los medios técnicos de la Agencia Tributaria, está permitiendo
realmente una relación mucho más fluida en el pago del impuesto,
mucho más rápida en lo que se refiere a la devolución de los
impuestos en general y del impuesto sobre la renta en particular.
En definitiva, hoy contamos con impuestos más bajos, más sencillos y
más justos, pero este camino que estamos trazando debemos continuarlo
ahora y especialmente debemos continuarlo en mayor colaboración con
las comunidades autónomas, y ese es el desafío que tenemos por
delante a la hora de establecer el nuevo sistema de financiación
autonómica en España. Es un modelo que aspiramos a que sea definitivo
y si queremos darle esa continuidad en el tiempo, esa estabilidad,
debemos garantizar la suficiencia financiera de nuestras comunidades
autónomas, para que tengan los recursos para prestar los servicios
hoy asumidos, debemos mejorar la corresponsabilidad, para que tengan
capacidad de decisión sobre su política de ingresos, y debemos
guardar siempre la solidaridad entre las diferentes comunidades
autónomas de España.
También quiero destacar que junto a este desarrollo de una nueva
financiación autonómica tenemos por delante la tarea -y espero que
sea una tarea conjunta- de diseñar un sistema de financiación local,
un sistema de financiación para nuestras corporaciones locales que en
modo alguno pueden quedar postergadas a la hora de definir lo que
debe ser la financiación autonómica en España, sino que también deben
ser partícipes de los ingresos principales del Estado y deben vivir
un proceso de modernización de sus figuras tributarias para evitar
problemas de doble imposición o problemas de falta de eficiencia en
esas figuras tributarias, sobre todo cuando estamos planteando un
objetivo tan ambicioso, tan atractivo como es la supresión del IAE.
Además de los nuevos modelos de financiación autonómica y local,
estamos estudiando un proyecto de ley general tributaria y un
proyecto de ley de mecenazgo y más adelante, en el momento económico
oportuno, abordaremos nuevas reformas del impuesto sobre sociedades,
en la línea que marcaba S.S., y también abordaremos la reforma del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, cumpliendo
estrictamente nuestro programa electoral.
Nosotros -como SS.SS. saben- cada vez que venimos a esta Cámara
hablamos de los mismos objetivos de reforma fiscal, no nos ocurre
como a otros. No hace falta dar esos bandazos, señorías, basta con
cumplir los programas electorales y guardar un mínimo de coherencia
con planteamientos que se están mostrando enormemente eficaces a la
hora de servir al crecimiento económico y a la creación de empleo.
Ahí, señorías, y no miro hacia otro lado del hemiciclo, está
precisamente la fuerza de nuestro discurso, en la coherencia y en el
realismo de sus planteamientos. Por ello, estoy convencido que en
esta nueva etapa de reforma fiscal que ahora afrontamos tendremos el
apoyo de una amplia mayoría de esta Cámara, tendremos el apoyo,
además del Grupo Parlamentario Popular, de otros grupos
parlamentarios que seguirán impulsando con el Gobierno del Partido
Popular unas reformas fiscales que efectivamente están haciendo que
los españoles paguemos menos impuestos, que esos impuestos sean más
justos y que los impuestos sean motor de nuestro crecimiento
económico y de nuestra creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señor ministro, la verdad
es que después de escucharle -como no puede ser de ninguna otra
forma- coincidimos en la valoración. Sería incoherente que no
coincidiéramos en el balance positivo de las reformas tributarias que
se emprendieron y culminaron en la anterior legislatura porque
dispusieron del impulso de Convergència i Unió y del Partido Popular.
Coincido también en el análisis que ha hecho de que la reforma de los
distintos impuestos o de los sistemas de financiación de la
Administración local o de las comunidades autónomas tiene que hacerse
sin perder de vista el control del gasto público y la disciplina en
la gestión del gasto público. Es un ejercicio de responsabilidad
hacia los ciudadanos y es evidentemente lo que va a permitir nuevas
metas en cuanto a reducción de impuestos, en cuanto a reducción de
las facturas fiscales finales que pagan los ciudadanos españoles.
Todo ello en un marco de reparto más justo y de simplificación de la
gestión tributaria y también de una práctica administrativa que
respalde precisamente aquellos incentivos fiscales y aquellos marcos
normativos que en el Parlamento se establecen en orden a potenciar la
internacionalización, en orden a potenciar un mejor marco de I+D.
En cuanto a los puntos concretos que ha esbozado como ejes de la
reforma, constato que hay una amplia coincidencia en señalar las
prioridades de los cambios normativos de carácter legal que hay que
emprender en
el resto de legislatura. En el tema de la financiación autonómica es
público y notorio que se están produciendo contactos, contactos que
van por buen camino, y esperemos que culminen en una visión conjunta
de la bondad del nuevo modelo que tiene que entrar en vigor a partir
del 1 de enero del año que viene.
En concreto en el ámbito de las competencias normativas también
quería hacer una breve referencia a una cuestión que ha supuesto uno
de los muchos tópicos que se han roto en los últimos años respecto a
la política fiscal. Se han roto diversos tópicos, se pueden bajar
impuestos sin que se resienta la recaudación global, se puede hacer
un tratamiento atractivo de la internacionalización de la empresa
española sin que esto redunde en inequidad alguna para el sistema
globalmente considerado, y otro de los tópicos ha sido que las
comunidades autónomas pueden asumir competencias normativas sin que
se produzca ninguna situación de competencia desleal entre distintos
ámbitos decisorios en esta materia. Recuerdo, cuando se aprobó el
nuevo marco de financiación de las comunidades autónomas, algunas
voces alarmistas que se alzaron diciendo que al asumirse competencias
normativas en determinados tributos cedidos, incluso en la tarifa del
IRPF o en determinadas deducciones, que esto daría lugar a una
competencia fiscal dañina desde la óptica de una visión de conjunto
de la economía española. Si está correctamente articulada, esto no ha
sucedido así. Esta experiencia positiva permite caminar hacia delante
en nuevos marcos competenciales normativos autonómicos.
En cuanto a la financiación local, qué duda cabe que también es un
reto y que estamos totalmente de acuerdo en priorizar este cambio
dentro de la política fiscal que debe acometerse en el resto de
legislatura Y lo mismo digo -ya lo he indicado anteriormente en mi
intervención- respecto de la Ley general tributaria. Valoro muy
positivamente la importancia que el Gobierno otorga a la necesidad de
reformar la Ley 30/1994, sobre mecenazgo. Es una ley que en su
momento supuso un importante avance, pero qué duda cabe que en la
regulación de la tributación de estas entidades nos queda camino por
recorrer porque es fundamentalmente conflictivo en su aplicación
práctica y en las relaciones de estas entidades con la Administración
tributaria. Tiene demasiados claroscuros y el incentivo puede ser
claramente potenciado. Valoro muy positivamente su referencia
específica a este cambio normativo pendiente.
Respecto a la reforma del impuesto sobre sociedades, la música nos
suena francamente bien, sabido es. Y en cuanto a la reforma del IRPF,
poco más añadiría a las valoraciones que he hecho en mi intervención
inicial. El modelo que resulta de la Ley 40/1998 fue un modelo muy
trabajado, concienzudamente estudiado y preparado, que está siendo
muy bien valorado por la ciudadanía. Insisto, son muy importantes los
balances estadísticos, y lo son porque permiten fundar una opinión
correcta y con contenidos que permiten asumir la valoración de si los
objetivos se han logrado o no. Sin embargo, más allá de estas
consideraciones, es evidente que la ciudadanía ha valorado
positivamente esta reforma y que está demandando que se den pasos
adelante en la misma línea, siguiendo los mismos objetivos que han
guiado la política fiscal de los últimos años.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol Señor
ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor
presidente.
Señor Padrol, quiero agradecerle muy sinceramente el tono y el
contenido de su intervención, que han sido realmente acertados en lo
que a asentar un marco político en esta Cámara se refiere para poder
impulsar y llevar adelante un proyecto tan importante, dentro del
contenido y del conjunto de la política económica de un país, como es
la reforma fiscal.
Tenemos por delante una tarea que entiendo que es común, la de
acometer una reforma fiscal bien definida, que tenga su lugar y su
función dentro de un proyecto político de largo plazo, que busque el
objetivo final de conseguir una economía en crecimiento, una economía
en convergencia real con los países más avanzados de la Unión Europea
y que consiga ser un motor de impulso para que, en pocos años, España
pueda alcanzar una situación de pleno empleo como la que hoy se da ya
en buena parte de nuestra geografía, como la que hoy se da ya,
afortunadamente, en buena parte de la geografía de Cataluña.
Nuestra reforma fiscal es gradual y equilibrada. Es una reforma sin
malabarismos, señoría, no hace falta hacer malabarismos, no hace
falta dar saltos en el vacío o triples saltos mortales sin red. Es
una reforma que acompasa la bajada de impuestos con la disciplina del
gasto, para garantizar la estabilidad presupuestaria y mejorar el
impulso inversor del Estado asegurando lo que debe ser la viabilidad,
la aplicación de un auténtico, de un efectivo gasto social. Nuestra
reforma fiscal también es una reforma completa, afecta a todos los
impuestos y tiene lugar dentro de un cuadro tributario coherente,
donde todos -todas las administraciones públicas, también aquellas
que tienen capacidad, como las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, de crear sus propios impuestos- debemos tener
las mismas reglas de juego, para evitar que el contribuyente padezca
fenómenos como el de la doble imposición. Y dentro de este
planteamiento, de esta visión completa del sistema tributario, hay
que tener en cuenta las circunstancias e implicaciones sobre la
economía, para que los objetivos de eficiencia, de equidad y de
sencillez se alcancen, insisto, en el conjunto del sistema tributario
y no sea sólo
una responsabilidad, una tarea de determinados impuestos. Además, la
reforma fiscal que propugnamos es una reforma creíble, una reforma
que ha sido contrastada por una realidad, es la reforma que hemos
empezado a aplicar en estos últimos años de bajar los impuestos,
frente a los que nos decían que para ser europeos había que subirlos
y que en España había mucho margen para seguir subiendo los
impuestos, en una carrera absurda que nunca llegaba a financiar
correctamente al Estado, como lo estamos consiguiendo hacer hoy,
afortunadamente.
En definitiva, queremos defender esta tarde las esencias mismas de
esa reforma, que para muchos ciudadanos significa un futuro inmediato
de bajada de los impuestos. Podemos y debemos seguir bajando los
impuestos a los ciudadanos de esa manera pausada, ordenada, concebida
dentro de una reforma global de nuestro sistema tributario y acorde
con lo que deben
ser las premisas del nuevo sistema de financiación autonómica y
local.
Señor presidente, estamos construyendo un sistema tributario, como he
dicho al final de mi primera intervención, cada vez más eficiente,
más equitativo y más sencillo, más adaptado a las demandas de los
ciudadanos y que incorpora a un número creciente de contribuyentes,
lo que sin duda es la mejor vía para reforzar la cohesión social y la
cohesión territorial de España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las siete de la tarde.