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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 87, de 30/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 87
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 83
celebrada el miércoles, 30 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 4284)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política del Gobierno
para garantizar la libertad de la mujer frente a la violencia de
género. (Número de expediente 172/000098.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
postura que ha mantenido y mantendrá el Gobierno en relación con la
definitiva aprobación de las modificaciones que afectan a la
prolongación del régimen de ayudas y a la estrategia de la calidad
para el aceite de oliva. (Número de expediente 172/000100.) . . .
(Página 4313)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el futuro modelo de
financiación autonómica. (Número de expediente 172/000101.) . . .
(Página 4319)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 4284)
Del Diputado don Carlos Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Gobierno: ¿Qué cantidad va a destinar el Gobierno para
paliar los daños causados por los temporales en Galicia? (Número de
expediente 180/000726.) . . . (Página 4284)
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia:
¿Qué razones han llevado al Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) a realizar el sondeo dado a conocer el 23 de mayo sobre
Cataluña? (Número de expediente 180/000727.) . . .
Del Diputado don Máximo Díaz-Cano del Rey, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia:
¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con el nombramiento del
Director general de Radio Televisión Española (RTVE)? (Número de
expediente 180/000728.) . . . (Página 4286)
De la Diputada doña Carme Miralles i Guasch, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cómo
explica el Gobierno el incremento constante del precio de la vivienda
en España? (Número de expediente 180/000752.) . . .
De la Diputada doña Carme Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación,
Cultura y Deporte: ¿Qué opina la Ministra de Educación, Cultura
y Deporte de la acogida que ha tenido su Anteproyecto de Ley de
Universidades? (Número de expediente 180/000729.) . . .
(Página 4288)
Del Diputado don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación,
Cultura y Deporte: ¿Qué requisitos deberán cumplir los estudiantes
que quieran ingresar en las universidades españolas? (Número de
expediente 180/000730.) . . . (Página 4289)
De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación,
Cultura y Deporte: ¿Tiene previsto ya el Gobierno el cese del
Director de la Biblioteca Nacional? (Número de expediente 180/
000731.) . . . (Página 4290)
Del Diputado don José Luis Bermejo Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a
desarrollar el Gobierno para fomentar la movilidad del profesorado?
(Número de expediente 180/000744.) . . . (Página
4291)
De la Diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
objetivos prevé el plan nacional de la lectura, presentado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el pasado 7 de mayo?
(Número de expediente 180/000745.) . . . (Página
4292)
Del Diputado don Aurelio Romero Girón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno del desarrollo reglamentario de la Ley 17/1993, de 23 de
diciembre, modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que
realiza el Real Decreto aprobado recientemente sobre el acceso al
empleo público, de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos, de nacionales de otros Estados a los que es de
aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores? (Número
de expediente 180/000751.) . . . (Página
4293)
Del Diputado don Mariano Pérez-Hickman y Silván, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones concretas va a desarrollar el Gobierno para reducir el
déficit de especialistas en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en España? (Número de expediente 180/000748.) .
. . (Página 4293)
De la Diputada doña Antonia Febrer Santandreu, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas está diseñando el Gobierno para incrementar el nivel de
formación básica en Internet de la población española? (Número de
expediente 180/000749.) . . . (Página 4294)
Del Diputado don Juan Carlos Ruiz López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el
Gobierno acerca de los resultados que se están obteniendo con la
presidencia española del Programa Eureka? (Número de expediente 180/
000750.) . . . (Página 4295)
Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores: ¿Piensa el Gobierno que el funcionamiento del
Consejo de Cooperación es correcto? (Número de expediente 180/
000739.) . . . (Página 4296)
Del Diputado don Gabriel Mato Adrover, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el
Gobierno prioritario el mantenimiento de los fondos de cohesión de la
Unión Europea con posterioridad al año 2006? (Número de expediente
180/000742.) . . . (Página 4297)
Del Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Gobierno la visita a Rusia del Presidente D. José María
Aznar? (Número de expediente 180/000746.) . . .
Del Diputado don Gabino Puche Rodríguez- Acosta, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
tipo de acuerdos está negociando el Gobierno de España con el
Gobierno de Argelia? (Número de expediente 180/000747.) . . .
(Página 4300)
Del Diputado don Ramón Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿Cree el Gobierno que la creación de empleo en los últimos
meses está sufriendo un alarmante descenso? (Número de expediente
180/000732.) . . . (Página 4300)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar su Gobierno para hacer frente a
los ajustes de empleo en empresas multinacionales que presenten
beneficios en nuestro país? (Número de expediente 180/000736.) . . .
(Página 4302)
De la Diputada doña María del Mar Julios Reyes, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Hacienda: ¿Cuál es la posición de su Ministerio ante el
nuevo escenario de financiación del Sistema Nacional de Salud, en
relación a compensar los costes crecientes que la atención a la
población extranjera está ocasionando en Comunidades Autónomas de
gran impacto turístico como es el caso de Canarias? (Número de
expediente 180/000737.) . . . (Página 4303)
Del Diputado don Pedro María Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno, tal
y como han declarado altos cargos del Ministerio de Hacienda, que,
tras la aprobación de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria, será
el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que deberá aprobar o
dar su visto bueno a los Presupuestos Generales, entre otros, del
Gobierno Vasco y del Gobierno Foral de Navarra? (Número de expediente
180/000738.) . . . (Página 4304)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
información puede suministrar el Gobierno en relación con el segundo
Informe sobre la Cohesión Económica y Social de la Comisión Europea?
(Número de expediente 180/000741.) . . . (Página
4305)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué repercusión va
a tener en el sector público empresarial la reciente aprobación de la
modificación de la Ley de Patrimonio del Estado? (Número de
expediente 180/000743.) . . . (Página 4306)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 4307)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política del Gobierno para
garantizar la libertad de la mujer frente a la violencia de género .
. . (Página 4307)
Presenta la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista
el señor López Garrido. En primer lugar define la violencia contra
las mujeres, según las Naciones Unidas, como todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad tanto si se produce en la vida pública como en la
privada. Es una violencia que se ejercita contra la mujer por ser
mujer, en el ámbito familiar, fuera de la familia, en la calle o en
el trabajo o mediante prácticas como la prostitución forzada o la
ablación. Por lo tanto, es una violencia integral contra la mujer que
arroja unos datos escalofriantes en España y fuera de España. Afirma
que el sistema político, el sistema judicial, el sistema
administrativo y el sistema social no han sabido responder ante esta
situación, a pesar de que ha habido algunas reformas legislativas que
se han llevado a cabo en la anterior legislatura y que han mejorado
en algunos casos la redacción del Código Penal y las posibilidades de
medidas cautelares. Critica los planes de lucha contra la violencia
hacia la mujer, y pregunta al Gobierno cuál es la evaluación que
hace, punto a punto, del primer plan. En cuanto al segundo plan
afirma que se trata más bien de una declaración de intenciones,
porque no existe el compromiso político de abordar el problema con
una visión integral, y pregunta al Gobierno que respuesta piensa dar
desde el punto de vista político, económico, social y judicial.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Considera un signo de normalidad
democrática que hoy, en este debate, sean precisamente los hombres
quienes estén hablando de una cuestión que históricamente durante
siglos ha concernido a las mujeres o se ha pretendido ocultar. Esta
de acuerdo con todos los grupos parlamentarios en la gravedad del
asunto y en su complejidad y defiende el primer plan de lucha contra
la violencia doméstica porque gracias a su implantación en el año
1998 se pueden conocer hoy las estadísticas de los malos tratos.
Asimismo muestra su preocupación por el tratamiento informativo de
muchas noticias, que puede llevar incluso al fenómeno de la emulación
que también se da en otras áreas de la violencia. Considera que el
modelo de ley integral, del que tanto habla el señor interpelante, no
tiene referencias en el ámbito europeo, quizás porque es una idea
verbalmente muy bonita pero muy difícil de articular, y sin embargo
se ha conseguido un mayor nivel de consenso en torno a la existencia
de planes, entre otras cosas porque es una cuestión más pacífica a la
hora de coordinar las competencias entre distintas administraciones.
Contesta a las críticas vertidas sobre el primer plan de lucha contra
la violencia doméstica resaltando las actuaciones llevadas a cabo por
el Gobierno, aunque reconoce por otra parte que es difícil corregir
en unos pocos meses o años los defectos de siglos. De todas formas,
asegura, a la vista del buen balance del primer plan, el gobierno
seguirá trabajando
intensamente, para lo que espera la colaboración del Grupo Socialista
en el segundo plan y en los que sean necesarios.
Replica el señor López Garrido, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura
que ha mantenido y mantendrá el Gobierno en relación con la
definitiva aprobación de las modificaciones que afectan a la
prolongación del régimen de ayudas y a la estrategia de la calidad
para el aceite de oliva . . . (Página 4313)
En defensa de la interpelación urgente interviene el señor Centella
Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Manifiesta que la interpelación tiene dos objetivos muy claros: saber
qué está haciendo el Gobierno para conseguir las mejores condiciones
para la industria del aceite de oliva español y plantear dentro de
dos semanas una moción -que espera sea aprobada por la Cámara- que
sirva como instrumento útil para que el ministro de Agricultura y el
Gobierno acudan a las reuniones de la Unión Europea con el máximo
respaldo, como ocurrió con motivo de la anterior negociación de la
reforma de la OCM del aceite de oliva. Considera la situación actual
algo mejor que la de mediados de los noventa, cuando se tenía que
hacer una defensa desesperada del mantenimiento del sistema de ayuda
a la producción frente a la decisión prácticamente tomada por el
comisario Fischler de implantar el sistema de ayuda al árbol, pero
muestra su temor a que se intente retomar aquella propuesta.
Finalmente se refiere al reparto más equitativo de las ayudas,
terreno en el que considera se ha avanzado muy poco, y opina que
sería una pena que la sintonía alcanzada entre las organizaciones
patronales, las sectoriales y los sindicatos a la hora de defender el
futuro del olivar, se viera frustrada por el problema de la
modulación.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Manifiesta en primer lugar su
agradecimiento al eurodiputado español Salvador Jové por el trabajo
realizado en defensa de los intereses del sector oleícola al
incorporar en el informe del Parlamento Europeo aspectos
esencialmente convenientes para el sector oleícola español, de la
misma forma que ya lo hizo anteriormente en la reforma de 1998.
Explica dicho informe y asegura que se va a mantener por unos años
más la ayuda a la producción que se acordó en la reforma de 1998,
postura
defendida en todo momento por la delegación española, y que el
Gobierno seguirá manteniendo como hasta ahora una postura firme y
decidida en defensa de los intereses del sector olivarero español en
todos los foros comunitarios.
Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el futuro modelo de financiación
autonómica . . . (Página 4319)
Presenta la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto el
señor Núñez Castain. Manifiesta en primer lugar que se trata de un
tema clave, diseñado en sus grandes líneas por la Lofca, con unas
características peculiares y con un enfrentamiento sin antecedentes
entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas,
enfrentamiento que no ha beneficiado en nada a Andalucía. Pero no
quiere entrar en el análisis del modelo vigente de financiación
autonómica sino en el futuro modelo, en el quees absolutamente
fundamental que se produzca el consenso. Por eso interpela al señor
ministro de Hacienda para que diga con firmeza ante la Cámara los
principios que van a inspirar ese nuevo modelo, cómo se van a
garantizar la suficiencia financiera, la equidad y la solidaridad,
porque es fundamental conseguir que las fórmulas de financiación
autonómica que ponga el Gobierno encima de la mesa, con los
correctores que se necesiten, produzcan similares grados de autonomía
financiera en todas las comunidades autónomas.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda
(Montoro Romero). Reconoce la oportunidad de esta interpelación, pues
el próximo año termina la vigencia del actual modelo de financiación
autonómica, por lo que se está realizando un estudio, debatido y
compartido con otras fuerzas políticas y con otros gobiernos de
comunidades autónomas, para alcanzar lo que debe ser un nuevo modelo
de financiación autonómica en España, que no requiera de futuras
modificaciones y que cumpla con los principios fundamentales de
suficiencia financiera, solidaridad y corresponsabilidad. Agradece el
tono constructivo del interpelante, pero discrepa de la valoración
negativa que hace del sistema vigente de financiación autonómica,
sistema que pasa a explicar. Afirma que es el momento de plantearse
el futuro del sistema a través de un diálogo político sincero, que
aporte soluciones y que deje atrás viejos prejuicios, como reclamaba
el señor interpelante, diálogo en el que encontrará siempre al
Gobierno y al ministro de Hacienda.
Replica el señor Núñez Castain, duplicando el señor ministro de
Hacienda.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON CARLOS AYMERICH CANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ CANTIDAD VA A DESTINAR EL
GOBIERNO PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS TEMPORALES EN
GALICIA? (Número de expediente 180/000726.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar, pregunta
dirigida al señor vicepresidente primero del Gobierno, la número 11,
que formula el diputado don Carlos Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor vicepresidente, ¿cuánto dinero va a
dedicar la Administración del Estado a la reparación de los daños
causados por los temporales en Galicia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): La orden que recientemente ha aprobado el Ministerio de
Administraciones Públicas especifica cuál es el procedimiento para la
adjudicación de las subvenciones del real decreto del que trae origen
su pregunta. En su apartado 4 dice que las diputaciones provinciales
remitirán los presupuestos correspondientes a las obras de reparación
o restitución dentro del plazo de dos meses desde la publicación de
la orden - es decir, el plazo termina el 15 de julio-; en el apartado
5 dice que los subdelegados del Gobierno emitirán informe en el plazo
de 15 días y, una vez que se presenten todas las solicitudes, los
proyectos, las certificaciones y la asunción del compromiso de poner
el 50 por ciento por parte de los ayuntamientos, resolverá
definitivamente el Ministerio de Administraciones Públicas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Eso está muy bien, pero yo no le he
preguntado por el procedimiento, sino por la cantidad. Usted sabe que
en el Real Decreto 6/2000, aprobado con la mayoría de su grupo, con
la mayoría del Partido Popular, se contiene una dotación de 4.000
millones de pesetas en total, sin especificar qué parte de los mismos
corresponde a Galicia y qué parte corresponde a Castilla y León. Esto
quiere decir que aun situándonos en la mejor hipótesis de reparto, a
Galicia le van a corresponder lógicamente menos de 4.000 millones de
pesetas y de aquí, usted también lo debe saber, tienen que salir las
ayudas para reparar los daños sufridos por infraestructuras
municipales y las ayudas, por cierto, con las que los municipios
deberán devolver los 3.000 millones anticipados por la Xunta de
Galicia, 3.000 millones que no llegaron a cubrir el 20 por ciento del
importe de los daños. Lógicamente, la cantidad que ustedes destinen
para paliar estos daños muy difícilmente superará ya no el 50 por
ciento al que usted se ha referido sino incluso este escueto 20 por
ciento.
Por lo que se refiere a las ayudas previstas para otros sectores
productivos, como el campo y el mar, sin referirnos a que no
contemplen el lucro cesante y a que se articulen a través de créditos
y no de subvenciones, lo cierto es, señor ministro, que llueve sobre
mojado. Los pescadores gallegos aún no han cobrado las ayudas por el
combustible y parece ser, según recientes contestaciones del
Ejecutivo, que no es intención del Gobierno del que usted forma parte
abonarlas. Por lo que parece, tampoco existe demasiado interés en
agilizar el proceso para que reciban las ayudas previstas en el
Decretoley 6/2001. Esta es la realidad y frente a ella, diga usted lo
que diga, de poco valen propagandas y promesas. Y por si tienen la
tentación de realizar el reparto de las ayudas en plena campaña
electoral, se lo advierto, y usted lo debe saber, ya será muy tarde
para los ayuntamientos, será muy tarde para unos agricultores y para
unos pescadores, los de Galicia, cuya paciencia está a punto de
acabar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Señor Aymerich, ya sé que usted me ha preguntado por la
cantidad y no por el procedimiento. Lo que sucede es que la cantidad
está íntimamente unida y ligada al procedimiento, porque como dice la
orden del Ministerio de Administraciones Públicas a que he hecho
referencia, las diputaciones provinciales deberán remitir los
proyectos y los presupuestos en el plazo de dos meses desde la
aprobación de esa orden -fue el 15 de mayo, el plazo termina el 15 de
julio-. Por tanto, hasta que no sepamos cuáles son los proyectos, los
certificados
de las obras y los presupuestos, será muy difícil que yo
pueda decirle a usted cuál es la cantidad exacta que puede percibir,
ya no sólo Galicia o Castilla y León, sino La Coruña, Lugo, Orense,
Pontevedra o cualquiera de los ayuntamientos de esas provincias,
salvo que usted me haga aquí una relación de cuáles son los proyectos
y entonces yo numéricamente podría calcularlo.
Insisto en lo que ya le dije no hace muchas fechas cuando me preguntó
usted sobre este mismo asunto. Hay una dotación global de 4.000
millones, que ya sabemos, porque usted lo ha dicho aquí, que le
parece poco, pero a la vista de los distintos proyectos que presenten
los diferentes ayuntamientos y de su asunción del compromiso de poner
el 50 por ciento, veremos si realmente es una cantidad poco o nada
importante. En cualquier caso, sí quiero decir que el Estado, a lo
largo de los últimos meses, ha hecho obras en aquellas materias que
son propias de su competencia por importe de 1.352 millones, 345 la
Confederación Hidrográfica del Norte, 825 millones el Ministerio de
Fomento, 182 el Ministerio de Medio Ambiente y, además, en el real
decreto-ley al que usted y yo hemos hecho referencia, se contemplan
una serie de ayudas que, según usted ha dicho, en algún caso muy
puntual y concreto...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ
RAZONES HAN LLEVADO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS) A
REALIZAR EL SONDEO DADO A CONOCER EL 23 DE MAYO SOBRE CATALUÑA?
(Número de expediente 180/000727.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de la
Presidencia. En primer lugar, la número 12, que formula el diputado
don José Blanco López.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, tiene ya un primer éxito al frente del Ministerio de
la Presidencia: ha conseguido usted en bien poco tiempo desprestigiar
y poner bajo sospecha al Centro de Investigaciones Sociológicas. Son
demasiados errores, señor Lucas, en poco tiempo, el último, en los
datos que entregaron en el día de hoy: en el barómetro de mayo se les
fue la mano y en el antetítulo ponen barómetro de enero. Son
demasiados errores. Cuando no toca dar los datos, ustedes los dan;
cuando toca dar los datos, como en el reciente caso del País Vasco,
los ocultan, todo eso siempre amparado, por
cierto, bajo el calor sociológico. En Galicia deben tener frío
sociológico; por eso no hacen la encuesta, que sí toca, del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Por lo tanto, dígame qué es lo que
ampara el comportamiento del CIS: el calor sociológico, el error
técnico reiterado o por el contrario la perversión y la utilización
del CIS, que lo están convirtiendo, en lugar de un Centro de
Investigaciones Sociológicas, en un centro de investigaciones
sesgadas. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidenta.
El CIS, señor Blanco, realiza sus trabajos de acuerdo con la
planificación anual y siguiendo su propio criterio. El Gobierno no
decide la planificación del CIS.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, presidenta.
Señor Lucas, le voy a creer en este momento. Ya que el Centro de
Investigaciones Sociológicas no obedece a los criterios del Gobierno,
devuélvalo a esta Cámara y apoye la iniciativa que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista para que dependa del Parlamento, para que
sean los dos tercios de esta Cámara los que elijan a su presidente,
para, en definitiva, devolver el prestigio y la neutralidad a una
institución que están devaluando. Por cierto, señor Lucas, no mire
hacia atrás. Usted tiene la responsabilidad de hacer frente...
(Rumores.) Sí, sí, parecen como cangrejos mirando siempre hacia
atrás... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Blanco.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor BLANCO LÓPEZ: No he visto un Gobierno que tuviera más
vocación de cangrejo que éste; mira permanentemente hacia atrás.
(Rumores.) Miren hacia adelante.
España, le decía, necesita de un impulso democrático. Eso pasa por
garantizar neutralidad en las instituciones que configuran la opinión
de los ciudadanos. Contribuyan a esto y apoyen la iniciativa del
Partido Socialista para que el CIS y su presidente dependan de esta
Cámara. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidenta.
El CIS -por cierto, reformada su ley a propuesta del Grupo Popular-
es un organismo autónomo, depende del Gobierno administrativamente,
pero no caben presiones ni injerencias, señor Blanco. (Rumores.) Yo
sé que eso es así y la ley es estricta en este sentido. Además, va a
tener usted una ocasión de oro, porque está solicitada -por cierto, a
petición propia- la comparecencia del director del CIS. La
proclamación normal del CIS para el año 2001 contemplaba ocho
estudios que contuviesen intención de voto, valoración de partidos y
valoración de líderes. Estos estudios son cuatro barómetros
trimestrales, enero, abril -por cierto, presentado hoy y no me
extraña que S.S. esté irritado-, julio y octubre; dos preelectorales,
País Vasco y Galicia, y dos situaciones sociales y políticas. Estos
ocho estudios suponen el 19,5 por ciento de los 41 que tiene previsto
realizar el CIS para el presente año 2001. (Rumores.) No llevo ni
cien días; espérese un poco, señor Blanco.
El CIS viene haciendo desde hace años estudios con regularidad sobre
las situaciones sociales y políticas de las distintas comunidades
autónomas. Los realizados desde el año 1985 en Cataluña son, según
manifiesta el propio director del CIS públicamente, 20. Todos estos
estudios están a disposición de S.S. y a disposición de todos los
españoles en el banco de datos del CIS, accesible -como saben SS.SS.-
a través de su página web. Todavía le puedo dar algún dato más, señor
Blanco. Desde que se realizara el último de estos estudios en
Cataluña han pasado seis años, fue el estudio 2.192, de septiembre de
1995. La legislatura de Cataluña está en su ecuador y el CIS ha
considerado que era un buen momento para realizar el estudio, que
lleva el número 2.410. Estamos, pues, ante una situación
completamente normal, por más que se empeñe su señoría, en el
funcionamiento del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MÁXIMO DÍAZCANO DEL REY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁL ES
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR
GENERAL DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE)? (Número de expediente
180/000728.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, que formula el diputado don
Máximo Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Buscando más calor en la pregunta y sobre todo en su respuesta, señor
ministro, he descendido tres filas para hacerle una pregunta desde la
proximidad, para ver si hoy me sabe usted responder. Le informo que
he hecho mis deberes, he estado en la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española esta mañana, me he leído el Estatuto de
Radiotelevisión Española, me conozco el Reglamento (Un señor
diputado: ¡Para eso te pagan!) y vamos a ver si tenemos suerte hoy.
Señor Lucas, ¿cuál es la posición del Gobierno en relación con el
nombramiento del director general de Radiotelevisión Española? Y, si
quiere, le apunto algo más. ¿No le parece que debería adoptarse una
decisión política para alejar al director general de Radiotelevisión
Española de la órbita del Gobierno?
Nada más y muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano Señorías, ruego
guarden silencio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidenta.
La posición del Gobierno, en este como en todos los casos, es el
cumplimiento de la legalidad, independientemente de lo que decida
esta Cámara, a cuya voluntad se someterá el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Ni desde la proximidad, señora
presidenta, no hay forma. Hoy sí le he oído, pero entenderle no le he
entendido. Ustedes no quieren un director general elegido por el
Parlamento porque prefieren mantener un control férreo de los
informativos y también de la opinión, aun con la resistencia de los
trabajadores de Radiotelevisión Española. Si quiere, hablamos de los
centros territoriales y de la información que se da en los centros
territoriales de Televisión Española, también de Castilla-La Mancha,
señor Lucas. Habrá un antes y un después de las declaraciones de la
directora de Radio Nacional donde vino a decir: Es lógico que el
Gobierno salga más en los telediarios, porque genera más actividad.
Se lo concedo, estamos de acuerdo, que salga más, pero ¿por qué no se
aplica a todo el territorio? ¿Por qué en Extremadura, en Castilla-La
Mancha, en Baleares, en Aragón sale más la oposición que el Gobierno
de esa comunidad autónoma? ¿No habíamos quedado en que el Gobierno
genera más actividad? (Aplausos.) Como en la programación de
Televisión Española a ustedes les gustan las galas y los
espectáculos, están convirtiendo los informativos de los centros
territoriales en unas galas, en unos desfiles de candidatos o
supuestos candidatos
en cada una de estas comunidades autónomas. ¿Es explicable
que el líder de la oposición en CastillaLa Mancha salga en los
informativos el 25 por ciento más que el presidente del Gobierno de
esta región? Esto es una auténtica locura. Por cierto, repásese lo
que dijo ayer la consejera de Industria del Gobierno Foral de Navarra
de por qué no va a prorrogar el contrato con RTVE. ¿Sabe por qué no
lo va a hacer? Porque ofrece una mala calidad en la programación, y
lo dice una consejera del Gobierno de Navarra.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Señor Díaz-Cano,
estando yo de presidente de la Comunidad de Castilla y León tampoco
renové el convenio con Televisión, que quede claro. (Risas y
aplausos.) Puesto que manifiesta una voluntad de llegar a un acuerdo,
lo que quiere el Gobierno, en éste como en todos los temas, es que
los grupos políticos, después de 20 años de vigencia del Estatuto,
lleguen a un acuerdo. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno sobre el
tema del director general de Televisión? Le voy a decir lo que es
seguro que no va a hacer, nombrar al señor García Candau director de
Televisión de Castilla- La Mancha, eso es lo que no va a hacer
(Aplausos.- Rumores y protestas.) ni nombrar al secretario del señor
presidente de Andalucía responsable de la Televisión andaluza, eso es
lo que no va a hacer. Por consiguiente, nosotros abogamos por el
pacto y por el acuerdo para nombrar al director con la voluntad de
los grupos parlamentarios, pero, créame, si usted quiere que
nombremos al señor García Candau director de Televisión, le digo que
no. Gracias. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARME MIRALLES I GUASCH, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE FOMENTO: ¿CÓMO EXPLICA EL GOBIERNO EL INCREMENTO
CONSTANTE DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/000752.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, dirigida al señor ministro
de Fomento, que formula doña Carme Miralles i Guasch.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
¿Cómo explica el Gobierno el incremento constante del precio de la
vivienda en España?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Si S.S. se
refiere al precio de la vivienda libre, como su nombre indica, el
precio lo fija el mercado de la oferta y la demanda. Si S.S. se
refiere a la vivienda de protección oficial en aquellas comunidades
que no han hecho uso de sus facultades para incrementarlo, quiero
recordarle que del año 1996 al año 2001 ha crecido el 1 por ciento y
en la última modificación, de hace dos meses, el incremento es del
2,03 por ciento. Si S.S. se refiere a la vivienda de protección
oficial en las comunidades que han hecho uso de sus facultades, esas
comunidades han decidido que el incremento de la vivienda de
protección oficial aumente hasta un 10,9 por ciento.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
En los últimos cuatro años el precio de la vivienda ha aumentado en
España el 46 por ciento. Las variaciones interanuales han pasado el
1,6 por ciento en 1996 al 14,1 por ciento en el año 2000, y son datos
del propio Ministerio. ¿Qué efecto han tenido las medidas que usted
anunció para contener los precios de la vivienda? Nos dijo que la
liberalización del suelo era una buena estrategia de contención
-cito-: trasladado este efecto positivo al precio final de los bienes
inmuebles. ¿Nos puede decir cuáles han sido estos efectos sobre los
precios? ¿Nos puede aclarar dónde está el gran pacto del suelo con
las otras administraciones implicadas que usted anunció? En esta
coyuntura alcista lo más preocupante es que no tengamos una
alternativa real y seria para aquellos colectivos que no pueden pagar
los precios de la vivienda que el mercado modula. Señor ministro,
usted ha admitido que el plan de la vivienda protegida no está
funcionando, porque en el mejor de los casos el grado de cumplimiento
llega al 50 por ciento, lo que, con sus mismas palabras, demuestra
que con la normativa actual hay personas que no pueden acceder a una
vivienda. Nos ha anunciado también que en el plan de vivienda para
los años 2002-2005 habrá mejoras en las condiciones de compra de
vivienda. ¿Con qué credibilidad nos hace esta propuesta? Por cierto,
¿las viviendas de alquiler social las hemos abandonado
definitivamente? Respóndanos con soluciones, señor ministro, no sólo
en esta Cámara, sino ante toda la población española, que asiste
perpleja a unos niveles
de inaccesibilidad de la vivienda en España inauditos en toda la
Unión Europea. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señoría, la inaccesibilidad a la vivienda en España es
tan alta que en el año 1996 se construían en España 284.000 viviendas
y en el año 2000 se construyeron 535.000 viviendas. Que se haya
duplicado la promoción y la venta de viviendas en España demuestra
que la vivienda es cada vez más inaccesible en España, ¿verdad? Yo
creo que S.S. tiene un lío importante, confundiendo los precios de
las viviendas con los costes de la misma, porque los precios de la
vivienda en lo que dependen del Ministerio de Fomento han estado
congelados durante estos cinco años; han subido un 1 por ciento y a
petición de todas las comunidades autónomas unánimemente hemos
promovido el último incremento del 2,3 por ciento, que a su vez
faculta a las comunidades a ampliar un 25 por ciento más la
horquilla, y son las comunidades, las que han hecho uso de esa
facultad, las que lo han situado en el 10,9 por ciento. Su señoría ha
leído un informe del Ministerio de Fomento que se refiere al precio
de la vivienda libre, y el precio de la vivienda libre lo fija el
mercado y el problema que hay para que se puedan promover viviendas
más baratas es que hay que reducir los costes de construcción de la
vivienda. Por eso, promoviéndose más viviendas libres, está
reduciéndose el número de promociones de viviendas de protección
oficial, y el factor que incide en el coste de la vivienda es el
suelo. Espero la colaboración de S.S. junto con ayuntamientos
y comunidades autónomas para abordar el tema de la reducción del coste
del suelo para viviendas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARME CHACÓN PIQUERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE: ¿QUÉ OPINA LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA
ACOGIDA QUE HA TENIDO SU ANTEPROYECTO DE LEY DE UNIVERSIDADES?
(Número de expediente 180/000729.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta número 14, de
la señora Chacón Piqueras, que formulará la diputada doña Amparo
Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora ministra de Educación, ¿qué opina
de la acogida que ha tenido su anteproyecto de ley de universidades?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señoría, no cabe duda de que ha sido acogido con mucho
interés, habida cuenta del largo debate que ya dura años y de las
peticiones de reforma que se vienen dando también desde hace ya
muchos años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora ministra, su anteproyecto de ley de
universidades ha sido acogido con durísimas críticas de la oposición
parlamentaria, de las comunidades autónomas, de la Conferencia de
rectores, de los sindicatos y de los estudiantes. Señora ministra, su
anteproyecto de ley de universidades se ha dicho que es precipitado,
reglamentista, privatizador, centralista, que no respeta la autonomía
universitaria, que conculca competencias de las comunidades
autónomas... Señora ministra, unánimemente se le ha pedido tiempo y
usted se resiste numantinamente a abrir un debate sobre algo tan
importante para la comunidad universitaria y para la sociedad
española como es la reforma de la universidad. Señora ministra, llama
la atención poderosamente que la educación universitaria esté
transferida a las comunidades autónomas y usted todavía no haya
convocado la Conferencia sectorial de Educación, que es el marco
institucional en el que las comunidades están representadas. Se lo
han pedido formalmente siete comunidades, además porque le piden
explicaciones sobre cuestiones como la elección de rector, los
órganos de gobierno de las universidades, el acceso a la universidad;
le piden explicaciones sobre la habilitación del profesorado y sobre
la falta de una financiación estable y suficiente de la universidad.
Señora ministra, no se trata de fundamentalismo democrático, pero
nosotros, con firmeza, le exigimos que cumpla las reglas del juego y
en este caso significa convocar la Conferencia sectorial de
Educación. No sabemos si usted va a aprender a convivir con muchos
problemas del sistema educativo en España, pero desde luego
necesitamos que conviva con las competencias de las comunidades
autónomas. Es imprescindible. Usted puede elegir sumarse a lo que
piden las universidades y las comunidades autónomas, y acertará; sin
embargo, si usted sólo está interesada en escribir en el BOE, habrá
fracasado. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señoría, lo primero que tengo que decirle es que ustedes
tuvieron una oportunidad de oro para desarrollar ese gran debate
social que ahora reclaman cuando se elaboró, se presentó y se aprobó
la Ley de reforma universitaria, una ley aprobada por el
procedimiento de urgencia en los meses de julio y agosto y publicada
en el Boletín Oficial del Estado el 1 de septiembre del año 1983.
Por primera vez, se ha abierto un debate sobre la reforma
universitaria, un debate en la institución en la que se tiene que
abrir ese debate, en el Consejo de Universidades, que es donde están
presentes las comunidades autónomas y donde estas vienen siempre
discutiendo los temas que se refieren al mundo universitario,
señoría, y usted lo sabe muy bien, donde están presentes los rectores
y donde, además, el Parlamento tiene sus propios representantes
elegidos por las dos Cámaras. Yo considero que el debate que se ha
abierto ha sido un debate amplio, allí donde se tiene que abrir, y
que lo que hace falta ahora es que, en vez de dedicar tanto tiempo a
descalificaciones globales, se dedique el tiempo a propuestas
concretas, para lo que estamos permanentemente abiertos en el
Ministerio. Por favor, dedíquense a propuestas concretas, al igual
que lo están haciendo muchos otros, al igual que lo van a hacer los
rectores -que ayer tuvieron su primera reunión con ese objetivo-
dentro de un par de días. Hay que dedicarse a debatir, no hay que
dedicarse a descalificar. Aprovechemos el tiempo para lo primero, no
para lo segundo. Es ahí, señoría, donde realmente se puede encontrar
una zona de diálogo constructivo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JAIME LISSAVETZKY DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿QUÉ REQUISITOS DEBERÁN CUMPLIR LOS ESTUDIANTES QUE QUIERAN
INGRESAR EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/
000730.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula el disputado
don Jaime Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en esta sesión -que es de control-, le quiero
preguntar cuáles van a ser los requisitos para acceder a la
universidad. En el que empieza ya
a ser un obsoleto -por quemado- texto de anteproyecto de ley de
universidades figura que el título de bachiller o equivalente.
Tradúzcalo diciéndonos cómo se va a conseguir el título de bachiller,
sin examen como ahora o con un nuevo examen, o sea, con reválida. Le
ruego que me conteste claro para zanjar, de una vez por todas, este
tema.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señoría, como usted sabe muy bien, porque se lo he dicho
muchas veces en distintas respuestas y ayer mismo, en un debate de
cuatro horas largas en una comparecencia en la Comisión
correspondiente, el título de bachiller o equivalente será el que
acreditará para poder acceder a la universidad. En cuanto a todas las
condiciones para la adquisición del título de bachiller, que afectan
a la reforma que estamos ahora mismo definiendo en torno al
bachillerato y la enseñanza secundaria en ese futuro borrador de
anteproyecto de ley de calidad de la enseñanza, ya he dicho muchas
veces que en el otoño tendremos perfilados los términos exactos en
los que consideramos que se debe hacer.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Lissavetzky.
El señor LIZZAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora ministra.
Usted no me ha contestado, como me temía. Para nosotros, el sistema
educativo es un todo y, por tanto, al no contestarme a mí, tampoco ha
contestado a los ciudadanos a quienes anunció, con clarines y
timbales -buscando el impacto mediático-, que Educación suprimiría la
selectividad universitaria. Ya hemos dicho que eso no es cierto. No
se quita, se traslada de sitio y, además, se complica. Vamos a
intentar aclararnos. ¿Cómo va a garantizar usted el nivel académico
de los estudiantes que accedan a la universidad? Ahora hay un examen.
¿Va a poner otro? O sea, ¿vamos a pasar de un examen a dos o más?
Usted se niega a responder cuando le hacemos esta pregunta, y yo creo
que hay dos posibilidades para explicar su silencio: o no tiene nada
en la cabeza respecto a este asunto y es usted una irresponsable o no
quiere decirlo y lo calla, porque está haciendo un ejercicio de
ocultismo, de trilerismo político, está haciendo un truco. ¿Es
irrelevante saber esto? No, señora ministra. Si pone una revalida,
como dicen los estudiantes, dos por uno, más exámenes, más obstáculos
y menos igualdad de oportunidades. Y los más perjudicados serán
aquellos que tienen menos
posibilidades económicas y sociales para llegar a centros que están
saturados y que, por tanto, tienen gran demanda entre el alumnado. Si
no pone una reválida dejará a la universidad privada en una situación
de privilegio como no hay en ningún país del mundo. Desde los tres a
los veinticuatro años, aquellos niños que tengan la posibilidad de
hacerlo saldrán del mismo centro con un título en el bolsillo. En
algunos casos estaremos reproduciendo algo que no nos gusta en este
país, que son las castas. La enseñanza, señora ministra, no puede ser
un negocio; la enseñanza es un derecho, no una mercancía. Queremos
una enseñanza de calidad para todos. Queremos una universidad abierta
a muchos y no a pocos, que no tenga en cuenta la procedencia de unos
y de otros. Queremos defender la enseñanza pública, la enseñanza como
servicio público, y su modelo educativo es distinto al nuestro.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Lo último que ha dicho parece bastante cierto. Lo que espero
es que precisamente el debate en el seno de esta Cámara sirva para
aproximar los criterios sobre el modelo educativo.
Le tengo que decir una cosa. Efectivamente yo anuncié -y está en el
borrador de anteproyecto- que la selectividad como prueba de acceso a
la universidad se suprimiría. A la vez y desde el primer momento dije
que estábamos estudiando si se podía introducir, si se debería
introducir y en qué condiciones una prueba al final del bachillerato.
Precisamente porque la enseñanza es un todo -pero un todo en el
debate real, un todo en la configuración, un todo en el terreno
metodológico y constructivo, no un todo en el oportunismo de sacar en
un momento determinado un tema que puede ser más polémico-, vamos a
presentar como un todo las reformas que proponemos para la enseñanza
media, para la enseñanza secundaria y para el bachillerato. Ahí es
donde va a ser necesario discutirlo. Mientras, señoría, no sigan
diciendo que no tienen tiempo para debatir el anteproyecto de ley de
universidades y empiecen a debatirlo. No pierdan más el tiempo con
esto, empiecen a debatir, porque hay un documento coherente, hay un
documento riguroso, hay un anteproyecto que les aseguro que merece la
pena discutir. Léanselo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿TIENE PREVISTO YA
EL GOBIERNO EL CESE DEL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL? (Número
de expediente 180/000731.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, que formula el diputado don
Joaquín Leguina Herrán.
El señor LEGUINA HERRÁN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿tiene previsto el Gobierno el relevo del director
de la Biblioteca Nacional?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, el Gobierno no tiene previsto el
relevo del director de la Biblioteca Nacional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
El señor LEGUINA HERRÁN: Respuesta corta y clara. Sostenella y no
enmendalla, ¿no? Pero me da la impresión de que, aparte de este
clásico castellano, está Noé detrás, que dice: Ya lloverá menos.
Si al director de la Biblioteca Nacional de Francia le cogen copiando
en los exámenes, es decir plagiando, no hubiera durado ni 15 días.
Pero ya lo dijo el fundador de su partido: España es diferente
(Risas.) Nosotros pensábamos que empezaba a ser menos diferente, pero
parece ser que no. ¿Qué concepción se tiene del cargo de director de
la Biblioteca Nacional? ¿Es un nombramiento político? Sí. ¿Es un
nombramiento de confianza? Sí. Pero no debe ser un cargo para
agradecer los servicios prestados. Y no es una cuestión ideológica la
que aquí se plantea. Don Marcelino Menéndez y Pelayo, que Dios
guarde, era un reaccionario, como él mismo diría, a machamartillo,
pero fue un buen director de la Biblioteca Nacional. Tampoco es una
cuestión opinable, como usted ha sostenido. Son hechos probados. Nada
de intertextualidad. Se trata de un plagio, de cortar y pegar, de
adornarse con oropeles que a uno no le pertenecen. Y le citaré a otro
artista de su casa, al cantante Raphael: es un escándalo. (Risas.) Un
escándalo que significa, según el diccionario del señor Casares:
acción que es causa de que uno piense mal de otro. Hágase usted un
favor, haga un favor a la Biblioteca Nacional y hágale un favor el
señor Racionero. Tranquilamente, césele. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, cuando hay toda una vida de 60
años, que es la edad que tiene el señor Racionero, hay detrás un
currículum, hay detrás una biografía, hay detrás una historia, hay
detrás muchos contrastes externos y eso es fundamental a la hora de
atender una sugerencia y una petición, incluso una sugerencia
contundente como la suya.
En este caso me tengo que limitar a leer algunos rasgos, y a
recordárselos, de la vida profesional del señor Racionero. (Rumores.)
Ingeniero industrial; doctor en ciencias económicas; master en
planificación urbana (Rumores.); ha sido profesor de ciencias
económicas y de arquitectura en las universidades de Barcelona,
Valencia y Autónoma de Madrid; ha dirigido y participado en numerosos
programas de investigación sobre desarrollo económico y urbano, tanto
en España como en el extranjero; ha publicado numerosos trabajos
científicos sobre urbanismo, ecología y planificación (Rumores.); ha
publicado una veintena de libros en diversos géneros e impartido
cursos y seminarios en universidades internacionales. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que se haga audible la
intervención que en cada momento se está desarrollando en la Cámara.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Y por lo que se refiere al reconocimiento externo, que es el
que esta persona presenta, ha sido Premio Anagrama de ensayo, en
1983; Premio Prudencio y Bertrana, en 1981; Premio Azorín de novela,
en 1996; Premio Fernando Lara de novela, en 1999; Premio Carlemany,
en el 2000 y, Premio de ensayo Espasa, en el mismo año. (Rumores.)
Esta es la biografía del señor Racionero.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD DEL
PROFESORADO? (Número de expediente 180/000744.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27 que formula el diputado don
José Luis Bermejo Fernández.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, una vez atendido el crecimiento cuantitativo del
sistema universitario español, hoy estamos obligados a apostar por el
incremento de la calidad de la universidad española, una universidad
que sea capaz de abordar y conseguir las soluciones que la propia
sociedad le plantea y capaz, además, de insertarse en el espacio
universitario europeo con las máximas cotas y garantías de calidad.
Usted, señora ministra, en una intervención en esta Cámara señaló los
objetivos de su Ministerio y, entre ellos, estaba el del fomento de
la movilidad tanto de estudiantes como del profesorado. En referencia
al objetivo de la movilidad del profesorado, es obvio que el
intercambio de inquietudes pedagógicas, realizar, compartir y
contrastar trabajos de investigación en universidades no habituales
del lugar de su trabajo potencian, sin duda, un aspecto de la calidad
que usted, señora ministra, desea, como que la calidad docente sea un
elemento capaz de contribuir a la integración y mayor cohesión del
sistema universitario español. El intercambio de conocimientos y
experiencias es un factor importante para la mejora de calidad de la
docencia y de la investigación. Se constata por estudios efectuados
la tendencia a realizar toda la actividad pedagógica investigadora en
su universidad por parte del profesor. España es uno de los países
con menor grado de movilidad. Sin pretenderlo el profesorado se
circunscribe en gran medida a su entorno universitario y no tiene la
posibilidad de conectar con frecuencia con otras universidades no
habituales. Por eso le solicito que me conteste a la siguiente
pregunta: ¿Qué medidas va a desarrollar el Gobierno para fomentar la
movilidad del profesorado?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermejo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señoría, como usted dice bien, la movilidad del profesorado es
un elemento que está vinculado a las posibilidades de una mayor
calidad de nuestro sistema universitario, tanto en lo que se refiere
a la movilidad del profesorado como en la movilidad de los
estudiantes. Usted hace referencia explícitamente a lo que se refiere
al profesorado. En este sentido, el borrador de anteproyecto que
hemos presentado incorpora una serie de mecanismos para potenciar,
para facilitar, para estimular la movilidad del profesorado, y yo le
voy a subrayar los tres quizás más significativos. Por un lado,
dentro del desarrollo de la carrera docente, pensamos que a efectos
de que se pueda producir un verdadero desarrollo de las posibilidades
de experiencia del profesor que con
muchas dificultades hoy día se mueve de la propia universidad en la
que ha desarrollado incluso sus propios estudios de licenciatura,
cuando esté en una situación en la que pueda, por sus requisitos al
tener el título de doctor, ser contratado como profesor ayudante
doctor, que le sea exigible que no haya tenido con la universidad
contratante una relación contractual durante los dos últimos años.
Entendemos que es un mecanismo que puede funcionar de una manera
positiva y estimulante a estos efectos.
Por lo que se refiere a los profesores funcionarios, es decir, a
aquellos que ya han obtenido una plaza, a diferencia de lo que ocurre
ahora no tendrían los profesores funcionarios titulares o
catedráticos, si cambian de plaza a otro departamento de otra
universidad, que realizar una nueva oposición como está ocurriendo en
la actualidad.
Finalmente, las universidades podrán desarrollar convenios con otras
entidades, empresas, Administración pública, etcétera, para el
intercambio y la movilidad de su personal temporalmente.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁGUEDA MONTELONGO GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
OBJETIVOS PREVÉ EL PLAN NACIONAL DE LA LECTURA, PRESENTADO POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EL PASADO 7 DE MAYO?
(Número de expediente 180/000745.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula la diputada
doña Águeda Montelongo González.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la progresiva expansión de nuestro idioma y el
reciente protagonismo de nuestra cultura sólo podrán consolidarse si
se sustenta sobre un pueblo culto, y la lectura es sin duda alguna la
base principal sobre la que ha de sustentarse el progreso cultural de
los españoles.La lectura amplía horizontes, elimina prejuicios
raciales y te acerca a otras culturas, y es por ello que el hábito de
gozar de una buena lectura y el placer de la literatura tienen que
formar parte de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, en España
nos encontramos con un índice preocupante en los hábitos de consumo
cultural.El 40 por ciento de los españoles reconoce que no lee nunca.
Además, los jóvenes, entre catorce y veinticuatro años, reconocen que
entre sus hábitos no está el de la lectura, y sólo un 20 por ciento
de los jóvenes reconoce que lee habitualmente y con asiduidad.
Somos conscientes de que los poderes públicos tienen un papel de
primer orden en el fomento del hábito de la lectura, y esta es la
razón por la que recientemente se aprobó en esta Cámara una
proposición no de ley sobre la adopción de medidas para el fomento
del hábito de la lectura entre la población.
Vaya también por delante, señora ministra, mi felicitación por la
presentación del primer Plan nacional de la lectura, al que me voy a
referir en la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos prevé el Plan
nacional de la lectura, presentado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte el pasado día 7 de mayo?
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montelongo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señoría, el Plan de fomento de la lectura tiene como objetivos
básicos potenciar el hábito de lectura especialmente entre la
población más joven, entre la población infantil y juvenil y también
actuar para mejorar la red de bibliotecas públicas y la red de
bibliotecas escolares. Hay cinco líneas básicas o preferentes de
actuación en este plan.
En primer lugar, la que se refiere a la elaboración de instrumentos
de análisis, que van a permitir conocer cuál es la realidad de la
lectura en nuestro país, y ya se han desarrollado trabajos de este
tipo en el Ministerio, tales como hábitos de lectura, compra de
libros, situación de las bibliotecas públicas, etcétera. Se va a
hacer un seguimiento sistemático durante estos cuatro años que dura
el plan. En segundo lugar, programar y desarrollar material educativo
para la mejora de las bibliotecas escolares y el fomento de la
lectura de los centros educativos. En tercer lugar, potenciar las
bibliotecas públicas en la medida que corresponda de manera directa a
sus competencias, a las competencias del Ministerio en esta materia,
así como apoyar las acciones de desarrollo de las bibliotecas
públicas, que competen a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos. En cuarto lugar, el Plan de fomento a la lectura
incluye varias acciones en medios de comunicación para incentivar la
lectura y el hábito de compra de libros y de lectura.
Por último, están previstos otros proyectos de promoción a la
lectura, entre los que quiero señalar el programa de concursos para
la dinamización lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes,
que el Ministerio desarrolla ya mediante un convenio con la
Federación Española de Municipios y Provincias. El presupuesto total
en este plan de carácter plurianual, un período de cuatro años,
asciende a 22.356 millones de pesetas, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Para 2001, 4.264 millones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON AURELIO ROMERO GIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY 17/1993, DE 23 DE
DICIEMBRE, MODIFICADA POR LA LEY 55/1999, DE 29 DE DICIEMBRE, QUE
REALIZA EL REAL DECRETO APROBADO RECIENTEMENTE SOBRE EL ACCESO AL
EMPLEO PÚBLICO, DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SUS
ORGANISMOS PÚBLICOS, DE NACIONALES DE OTROS ESTADOS A LOS QUE ES DE
APLICACIÓN EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES? (Número
de expediente 180/000751.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Administraciones Públicas, Pregunta número 34, que formula el
diputado don Aurelio Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la libre circulación de trabajadores en el seno de la
Unión Europea es de plena aplicación en España desde el 1 de enero de
1992. A pesar de que el artículo 39.4 del Tratado de Amsterdam
excluye de dicha libertad a los empleos en la Administración pública,
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas ha venido dando una interpretación restrictiva de lo que
debe entenderse por empleo en la Administración pública, limitándolo
a los que tengan una participación directa o indirecta en el
ejercicio del poder público o aquellas funciones que tengan por
objeto la defensa de los intereses generales del Estado. Haciéndose
eco de esta corriente jurisprudencial, en España se aprobó la Ley 17/
1993 que fue desarrollada por el Real Decreto 800/1995 y que en un
anexo del mismo hacía una enumeración de los empleos de la
Administración general del Estado a los que podían acceder los
nacionales de los demás Estados miembros en igualdad de condiciones
con los españoles. Eran fundamentalmente puestos de investigación,
docentes y sanitarios. Sin embargo se han producido numerosas
denuncias ante la Comisión Europea al no quedar suficientemente clara
la posibilidad de acceso a otros puestos de trabajo de la
Administración pública.
Ante esta situación, se modificó la Ley 17/1993 mediante la Ley de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, concretamente
la Ley 55/1999, y se modificó el artículo 1.3, dando libertad al
Gobierno de España y a las comunidades autónomas, incluso al
resto de las administraciones públicas, para que señalaran los
puestos de trabajo a los que no podían acceder los nacionales de
otros Estados. Era necesario desarrollar este artículo y se ha hecho
recientemente mediante un real decreto. Señor ministro ¿qué
valoración hace de este real decreto?
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
En efecto, como señala S.S., este era el problema interesante que se
planteaba dentro de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea
prevé una excepción a la libre circulación de personas que es
precisamente en las administraciones públicas. Pero el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, a mi modo de ver acertadamente,
considera que esa restricción tiene que ponerse muy justificadamente.
El Parlamento español aprobó la Ley 17/1993 que cumplía con esas
directrices, pero ha habido una presión social en la Unión Europea
para que esas restricciones fueran menores. En la Ley de
acompañamiento para el año 2000 se aprobó un precepto legal que
establecía que había que precisar mucho más dónde no podían ocupar un
puesto los ciudadanos de la Unión Europea que no fueran nacionales.
Esto es lo que hemos hecho en este decreto. Este decreto reduce a 29
nada más los cuerpos y escalas de la Administración general del
Estado eximidos de la libre circulación, y ésta lo permite no sólo a
los miembros de otras nacionalidades sino a sus familiares directos.
Los ámbitos que se excluyen son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, los órganos constitucionales, el
Consejo de Estado, el Banco de España y el Centro Superior de
Información de la Defensa. Se establece también qué pruebas de
conocimiento del idioma son necesarias para poder desempeñar esos
puestos pero, en general, y esto es en lo que quiero insistir, lo que
hay es una apertura a los ciudadanos de la Unión Europea para que
puedan ocupar puestos en la Administración. Este decreto supone un
cambio profundo en la propia cultura de la Administración española,
que pueda haber ciudadanos de otros países de la Unión Europea
desempeñando cargos de funcionario público igual que un español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO PÉREZHICKMAN Y SILVÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES CONCRETAS VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL
DÉFICIT DE ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNIDADES (TIC) EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000748.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología. En primer lugar, pregunta número 31 que formula
el diputado don Mariano Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la denominada nueva economía crea nuevas
oportunidades de negocio y favorece un nuevo entorno tecnológico en
el que desarrollar nuevos productos, nuevos procesos productivos y,
en todo caso, una oportunidad de seguir consiguiendo mayores cotas de
libertad individual y mayores cotas de bienestar al ampliarse las
posibilidades de elección de todos los ciudadanos. Sin embargo, el
acceso a una sociedad más tecnificada, a una sociedad crecientemente
dominada por las nuevas tecnologías de la información, exige un
esfuerzo en formación de la oferta de trabajo de la economía
española, de forma que pueda ir adaptando su mercado de mano de obra
a las nuevas actividades relacionadas con las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
En los últimos meses hemos tenido ocasión de comprobar cómo en España
se publicaban estudios que coincidían en diagnosticar la grave
carencia de algunos de los profesionales claves para la implantación
y para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Más concretamente
en uno de estos estudios se calculaba que las nuevas tecnologías
podrían dejar vacantes en el presente año más de 60.000 puestos de
trabajo cualificados, especialmente de ingenieros y tecnólogos,
mientras que otro estudio estimaba que para el año 2002 las demandas
podrían situarse en los 200.000 puestos de trabajo, que a duras penas
podrían cubrirse en un 40 por ciento procedente de la actual oferta
de nuevos ingenieros y tecnólogos.
Por todo ello, nos parece de interés formular la siguiente pregunta
al Gobierno: ¿Qué actuaciones concretas va a desarrollar el Gobierno
para reducir el déficit de especialistas en tecnologías de la
información y las comunicaciones en España?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez-Hickman.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, efectivamente, una de las principales líneas de actuación
que se derivan del plan Info XXI, que sabe
que tiene por objetivo hacer accesible a todos los ciudadanos
españoles la sociedad de la información, es disponer de unas bases
suficientes para que el nivel de especialización que requiere nuestro
mercado de trabajo, el desarrollo en los distintos ámbitos, cuente
con los suficientes especialistas. En esta línea, ha de permitir que
la inserción en el mundo laboral sea una realidad y no una barrera,
es decir, hablamos de especialistas a nivel universitario o de
ingenieros y de tecnólogos, pero también de los conocimientos básicos
para construir especializaciones en el ámbito de las nuevas
tecnologías. En este sentido, las medidas son: fomentar la creación
de especialistas en las propias universidades, y ya han empezado a
desarrollarse nuevas titulaciones; incluir estas tecnologías de la
información en la comunicación en los módulos de formación
profesional; facilitar la propia incorporación de especialistas
provenientes, en colaboración con otros países y otras universidades
y, en particular, quisiera poner énfasis en lo que es la construcción
de esta formación básica y de la formación que significa insertar
rápidamente, dentro del mundo laboral, a nuevos profesionales de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
En este sentido, a través del programa de formación e inserción
laboral de demandantes de empleo en tecnologías de la información y
de las telecomunicaciones, regulado por la orden reciente de 19 de
abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ponen en
práctica acciones para dar lugar a la formación ocupacional,
y fomentar e insertar dentro del mundo laboral de modo inmediato a
14.000 nuevos profesionales de las tecnologías de la información y de
las comunicaciones, en colaboración con las propias empresas. Por un
lado, hay una financiación por parte del Inem, presupuestado en el
año 2001, de 1.850 millones y, de otro, el compromiso de las
aportaciones económicas que realizan un conjunto de empresas
participantes en el programa, fundamentalmente empresas del sector,
que financian el 35 por ciento del coste generado de estos cursos de
formación, a la vez que...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA FEBRER SANTANDREU, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS ESTÁ DISEÑANDO EL GOBIERNO PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE
FORMACIÓN BÁSICA EN INTERNET DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA? (Número de
expediente 180/000749.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula la diputada
doña Antonia Febrer Santandreu.
La señora FEBRER SANTANDREU: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la sociedad de la información es una realidad que
obliga a los gobiernos y a la sociedad española a poner el máximo
empeño en generalizar el uso de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones. En este sentido, iniciativas como la
liberalización del mercado de las telecomunicaciones, la puesta en
funcionamiento de una tarifa plana para el uso de Internet o el apoyo
a los nuevos operadores de tecnologías de las telecomunicaciones
favorece el avance de la sociedad española en la dirección adecuada.
También es cierto que otro tipo de iniciativas de mayor alcance, como
la que puso el Gobierno en 1999 propiciando la Comisión
interministerial de la sociedad de la información, ha favorecido la
elaboración, el desarrollo y la evaluación de lo que hoy ya es
conocido por todos como programa Info XXI. En el plan de acción Info
XXI se marcan como objetivos fundamentales los relacionados con la
Administración pública en la red y la adaptación a la sociedad de la
información de la sanidad, de la educación y de la justicia. En
definitiva, un ambicioso proyecto para que los beneficios de las
nuevas tecnologías de la información vayan llegando a todos los
ciudadanos.
Sin embargo, hay dos cosas de capital importancia: por una parte, se
debe asegurar la accesibilidad a las nuevas tecnologías al mayor
número de ciudadanos. En ese sentido, es de gran importancia la
consideración de Internet como servicio universal. Por otra parte,
hay que reconocer que es necesario adquirir ciertos niveles de
conocimiento técnico y específico para manejarse con solvencia en el
uso de las nuevas tecnologías de la información, porque si
importantes son todas y cada una de las acciones concretas propuestas
por el plan Info XXI, es de capital trascendencia asegurar que la
sociedad española con carácter general se forme correctamente en el
uso de estas tecnologías.
Por todo ello, nos parece oportuno realizar la siguiente pregunta al
Gobierno: ¿Qué medidas está diseñando el Gobierno para incrementar el
nivel de formación básica en Internet de la población española?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Febrer.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, en un mundo en el que las tecnologías de la información y de
las comunicaciones y en particular Internet van a ir inundando
progresivamente todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, es
necesario que la población se vaya adaptando a las posibilidades que
ofrecen estas herramientas desde los años iniciales, desde el
aprendizaje en las escuelas hasta la tercera edad, pasando por toda
la vida laboral y sin duda evitando
de modo claro la marginalidad, la infomarginalidad, como ha
venido en denominarse. En este sentido el Gobierno ha diseñado
medidas eficaces para evitar, por un lado, dicha infomarginalidad y
de modo complementario en las actuaciones más especializadas en el
ámbito de la escuela o del mundo laboral desarrollar acciones de
alfabetización digital de manera inmediata. Por lo tanto, en el Plan
de acción para la inclusión social, aprobado por el Consejo de
Ministros del pasado 25 de mayo, en el que se han comprometido 4,2
billones de pesetas, se refleja de modo claro el trascendente papel
que juegan las nuevas tecnologías de la información para facilitar la
inclusión social de las personas.
Al mismo tiempo, una de las iniciativas que van dirigidas
a complementar las acciones de alfabetización digital bajo la
denominación de Internet para todos es la actuación que se está
llevando a cabo -y que está ya muy avanzada- por parte del Ministerio
de Ciencia y Tecnología de proporcionar formación básica en Internet
a la población española mediante la impartición de un módulo de 15
horas de duración, a desarrollar tanto de forma presencial como
semipresencial, utilizando, evidentemente, las tecnologías de la
información en la comunicación con el objetivo de formar a un millón
de ciudadanos al año. Esta acción va dirigida a la población mayor de
16 años y, para llevarla a cabo, se ha diseñado una estrategia de
segmentación en colectivos específicos, tanto los que hacen
referencia a las familias, a las que se accede a través de la
comunidad educativa, como a las personas mayores, jóvenes con riesgo
de exclusión, zonas rurales apartadas, mujeres en la medida en que no
resulten suficientemente atendidas en los demás programas y
discapacitados, incidiendo en aquellos con mayor dificultad para
acceder a las nuevas tecnologías. Con estas acciones que está
promoviendo el Gobierno, y que cuentan con la colaboración que
requieren de las propias comunidades autónomas, esperamos incrementar
significativamente el nivel de formación básica en Internet en el
conjunto de la población española.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS RUIZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL
GOBIERNO ACERCA DE LOS RESULTADOS QUE SE ESTÁN OBTENIENDO CON LA
PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL PROGRAMA EUREKA? (Número de expediente 180/
000750.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, queformula el diputado don
Juan Carlos Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la posición de debilidad que ha ocupado
tradicionalmente España desde la perspectiva del avance científico y
del esfuerzo tecnológico frente a otros países desarrollados y, más
concretamente, frente a los grandes países de la Unión Europea se
pone de manifiesto a través de diferentes indicadores que nos
recuerdan periódicamente que España necesita continuar con un impulso
aún mayor en todo este tipo de actividades si quiere mantener en el
futuro su ritmo de crecimiento, la competitividad en sus actividades
económicas y la calidad de nuestros recursos humanos. Uno de los
mecanismos de refuerzo del papel de la sociedad y la economía
española en el avance científico y tecnológico es su participación en
programas europeos de esas características.
Son varios los programas de colaboración científica y tecnológica
entre países europeos. Uno de los más conocidos y con más tradición
en la cooperación científica es el programa Eureka, que, según
declaración del último de Consejo de Ministros de Investigación, se
señala como uno de los más propicios para mejorar las sinergias y la
cooperación multilateral existente, así como se solicita una revisión
de sus mecanismos de financiación y gestión para su profundización y
mejora. Precisamente le ha correspondido a España la Presidencia del
actual período del programa Eureka y, además, hemos tenido ocasión
recientemente de comprobar en sede parlamentaria algunas de las
actividades. Por cierto, quiero resaltar el trabajo que han hecho
muchos compañeros de este Parlamento, y en especial el de mi
compañera Elena García-Alcañiz, para que esto salga adelante.
Señora ministra, queremos saber cuáles son los avances más destacados
que ha propiciado la actual Presidencia española. Por ello le formulo
la siguiente pregunta: ¿puede informar el Gobierno acerca de los
resultados que se están obteniendo con la Presidencia española del
programa Eureka?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Señora ministra.
Y TECNOLOGÍA La señora MINISTRA DE CIENCIA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, efectivamente, Eureka es un buen exponente de colaboración
entre el mundo empresarial y el mundo científico en los ámbitos de la
innovación, del desarrollo tecnológico y también de la investigación.
Aunque España ha asumido desde el arranque de esta importante
iniciativa europea un especial compromiso en el programa Eureka, en
la actualidad y hasta el próximo 30 de junio el programa Eureka
estará presidido por España, lo que constituye, como se puso de
manifiesto la pasada semana en el marco de la duodécima conferencia
interparlamentaria a la que usted hacía
referencia -y, además, agradezco el acogimiento que tuvo en esta
propia Cámara-, una oportunidad para reforzar este compromiso e
impulsar la iniciativa como palanca de desarrollo de la cooperación
europea en materia de investigación científica y desarrollo
tecnológico. Participan más de 29 países europeos, empresas y centros
de investigación, además de la Comisión Europea, Turquía e Israel.
Destaco además la importancia creciente de las pequeñas y medianas
empresas, que cada día lideran más proyectos en el ámbito europeo.
Los objetivos que nos fijamos para este año en la Presidencia ya
están cumpliéndose y quisiera destacar las principales actuaciones,
que han sido, por un lado, extender la política de
internacionalización tecnológica hacia otros países no europeos y, en
particular, se ha profundizado en los contactos con Marruecos. Un
segundo objetivo ha sido promover la innovación tecnológica en el
ámbito del sector servicios y, más concretamente, en programas de
turismo. Se ha configurado el programa de turismo como la primera
plataforma mundial para la generación de proyectos tecnológicos en
los sectores de ocio y turismo y se ha impulsado más aún el papel de
las pymes en la innovación creándose el premio Lince para destacar a
la empresa más relevante entre las pequeñas y medianas. Además,
durante la Presidencia española hemos dado un impulso a la relación
entre Eureka y el programa marco de investigación de la Unión
Europea. Así lo ha recogido la Comisión Europea y está previsto en el
texto del sexto programa marco presentado ante el Comité de
Investigación Científica y Técnica. La mejor prueba del impulso dado
a Eureka es que en estos momentos España supera los 200 proyectos que
se había propuesto aprobar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN ES CORRECTO? (Número de
expediente 180/000739.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Asuntos Exteriores. En primer lugar, la número 23, que formula el
diputado don Carles Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la puesta en marcha del Real Decreto 2/1981, que
regula el nuevo Consejo de Cooperación al Desarrollo, está siendo
conflictiva. Usted sabe que la Coordinadora de las ONG para el
desarrollo ha presentado
un recurso contencioso-administrativo contra esta norma; que
Intermón ha renunciado a participar en el mismo; que los señores
Rafael Grasa y Josep Rivera, que el Gobierno propuso como expertos
para que se incorporasen al Consejo, también han renunciado; y que
incluso entre las organizaciones no gubernamentales que se han
incorporado al mismo existe malestar. Este es un escenario negativo
resultado de la decisión que tomó el Gobierno en su momento de
cambiar las fórmulas de elección de los representantes de las ONG
para el desarrollo en el Consejo.
En estas condiciones, ¿entiendo el señor ministro que el Consejo de
Cooperación puede desarrollar sus funciones de manera correcta?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría.
El Gobierno piensa que el funcionamiento del Consejo de Cooperación
ahora puede ser mucho mejor que anteriormente. Lo digo porque el
Consejo de Cooperación al Desarrollo se crea en 1995, pero su
desarrollo real no tiene lugar hasta la entrada en vigor de la Ley de
1998, de cooperación internacional para el desarrollo, que le da
nuevo perfil y lo configura no sólo como un mero órgano consultivo,
sino también como un órgano de participación de la sociedad civil a
través de los agentes sociales, las ONG y los expertos. A partir de
ahí, el real decreto al que usted ha hecho referencia adapta esa
necesidad a lo que realmente nos conviene: que haya una
representación adecuada de todos los agentes importantes desde el
punto de vista de la cooperación al desarrollo. Hasta ahora esto no
había sido así y creo que la situación actual es mejor que la
anterior.
Comprendo perfectamente las críticas y la reacción de organizaciones
que hasta este momento tenían una posición determinada y que ahora no
la tienen. No obstante, creo que todas SS.SS. pueden comprender que
de lo que se trata es de buscar una composición equilibrada porque
eso es lo que vale para que nuestra política de cooperación al
desarrollo sea realmente eficaz. Eso es lo que estamos haciendo,
señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor ministro, coincidimos en la
valoración que hace usted de la ley y en las previsiones de la ley
sobre el Consejo, pero no en su decisión. El señor Cortés mantuvo
ayer su misma tesis.
No entendemos qué sucedió entre octubre de 2000, cuando el Consejo
dictaminó favorablemente su propuesta de real decreto, y marzo de
2001, en que se publicó el nuevo real decreto cambiando
exclusivamente la forma de elección de los representantes de las ONG;
exclusivamente, entre octubre de 2000 y marzo de 2001.
Nos parece, señor ministro, que con esta decisión ustedes han
pretendido debilitar el movimiento asociativo; debilitar la capacidad
crítica del movimiento de las ONG para el desarrollo a la acción del
Gobierno. Sin embargo, una sociedad democrática y madura nos exige
fortalecer precisamente la pluralidad de los movimientos sociales en
España. Nos parece que se han equivocado y les pedimos que lo
corrijan.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría, porque yo puedo compartir el principio de lo
que está diciendo. De lo que se trata es de que el Consejo tenga la
mayor representatividad posible, y yo lamento que algunas
organizaciones muy representativas -y estoy pensando particularmente
en Intermón- no hayan comprendido la naturaleza de lo que se está
haciendo, porque lo que estamos intentando es que las organizaciones
no gubernamentales que están representadas sean precisamente aquellas
que tienen un papel más activo en la cooperación desde el punto de
vista del gasto global. Esto significaba anteriormente que
organizaciones como Cruz Roja, Manos Unidas o Ayuda en Acción no
estuvieran, y yo creo que usted, señoría, comparte conmigo que eso
probablemente era un error que debía corregirse. Nosotros hemos
procurado que Intermón también esté -lo sé porque le preocupa a S.S.
especialmente y a mí también me preocupa-, y yo lamento que se haya
producido esa renuncia. También puedo celebrar que eso haya permitido
que una organización no gubernamental tan bien conocida como Cáritas
esté, lo que creo que también es bueno, y creo que lo que hay que
hacer es seguir trabajando a favor del objetivo global que todos
tenemos, que es que la ayuda al desarrollo por parte de España sea lo
más eficaz posible y cuente con la colaboración de todos. En ese
sentido yo le ofrezco diálogo desde cualquier punto de vista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO
PRIORITARIO EL MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS DE COHESIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA CON POSTERIORIDAD AL AÑO 2006? (Número de expediente 180/
000742.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don
Gabriel Mato Adrover.
El señor MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en los últimos días han sido numerosas las
declaraciones de todo tipo en torno al Fondo de cohesión y las
repercusiones que sobre éste pudiera tener la ampliación de países
miembros de la Unión Europea. Durante este debate hemos podido
comprobar la coherencia de un Gobierno serio defendiendo la
permanencia de estos fondos cuya importancia es fundamental para
algunas comunidades autónomas, y al hablar de ellas tengo que
referirme necesariamente a Canarias, especialmente en el día de hoy,
que es el Día de Canarias, en el que cumple esta autonomía 18 años.
Y quiero decir que el archipiélago canario tiene, evidentemente, unas
condiciones especiales, con un déficit estructural y con unos
condicionantes como son el aislamiento, la lejanía y también la
fragmentación de su territorio, que hacen de ella una comunidad que
requiere un tratamiento singular que el propio Tratado de Amsterdam,
en el artículo 299.2 -lo que nosotros denominamos normalmente el
estatuto permanente-, ha contemplado. Estas condiciones,
evidentemente, no son transitorias, y por tanto hacen que no podamos,
bajo ningún concepto, admitir que sólo la calificación de regiones de
objetivo 1 y la asignación del Fondo de cohesión estén simple y
únicamente sometidas a valoraciones o índices de producto interior
bruto, que, por otra parte, puede ser un dato ficticio y desde todo
punto de vista equivocado en su finalidad tras la ampliación.
Frente a este planteamiento, yo creo que serio y coherente, nos hemos
encontrado con la increíble realidad de que para determinados
partidos políticos -partidos que incluso aspiran a gobernar, bien es
cierto que en un futuro que yo veo bastante lejano- es más importante
la política sectaria y el ataque al presidente del Gobierno que la
defensa de los intereses españoles. Es curioso comprobar cómo esos
que ahora se rasgan las vestiduras porque el Gobierno defiende unos
fondos que permitan a los agricultores y ganaderos canarios, pero
también a los extremeños y a los andaluces, disponer de una renta
acorde con sus necesidades asumen, por otra parte con pasividad,
ciertos comportamientos y planteamientos de países contrarios a
nuestros intereses. Esta incoherencia y la falta del más mínimo rigor
hacen que cada día se pongan más en evidencia. Por eso le pregunto:
¿Considera el Gobierno prioritario el
mantenimiento de los fondos de cohesión de la Unión Europea con
posterioridad al año 2006?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría. Después de lo que acaba de manifestar, lo
primero que yo quiero hacer es felicitar a los canarios por el
decimoctavo aniversario de la constitución de su autonomía y al mismo
tiempo reiterar la clara convicción y voluntad del Gobierno de
defender el derecho de Canarias a tener un trato específico desde el
punto de vista de la política regional y de los fondos estructurales
dadas sus características especiales. Estamos hablando de lo que en
terminología comunitaria se llama la ultraperificidad, y eso está
suficientemente garantizado y yo tengo la convicción de que va a
seguir estando garantizado en el futuro, como tengo también la
convicción de que la política regional y de cohesión va a ser un
elemento constitutivo y esencial de la construcción europea durante
mucho tiempo, desde luego mucho más allá de las próximas perspectivas
financieras. Esto está en los tratados y forma parte del derecho
primario de la Unión Europea, y desde esa perspectiva no tengo
ninguna duda de que eso va a seguir. Otra cuestión es el debate que
en estos momentos existe respecto al futuro de esa política regional
de cohesión y de fondos estructurales más allá del año 2006, cuando
tengamos unas nuevas perspectivas financieras.
Como SS.SS. conocen, el presidente del Gobierno, a través de un
memorándum, ha puesto de manifiesto un problema real que reconocen
sin excepción todos los países de la Unión Europea y la propia
Comisión Europea, y es que las regiones y los países no pasan a ser
más ricos porque puedan entrar países más pobres en la Unión sino que
siguen teniendo unas necesidades objetivas. Eso está reconocido y yo
tengo la absoluta seguridad de que va a ser tratado adecuadamente y
de que el futuro de las regiones españolas afectadas y el futuro de
España desde el punto de vista de la cohesión va a recibir un
tratamiento adecuado. Un tratamiento adecuado, además, que debe
situarse en el contexto de la ampliación, y me gustaría repetir,
ahora que tengo la oportunidad, dos o tres principios básicos.
El primero es que nadie como el Gobierno español, porque responde a
la opinión pública española, está más a favor de la ampliación y en
ningún momento va a hacer nada no ya para retrasarla sino para
obstaculizarla. A partir de ahí, todos vamos a adoptar posiciones
coherentes. Que nadie tenga ninguna duda de que la ampliación se va a
hacer, que España va a seguir recibiendo fondos estructurales y que
en su momento podremos celebrar que habremos perdido el derecho
para recibirlos porque habremos llegado a los niveles de renta que
todos queremos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL GOBIERNO LA VISITA A RUSIA DEL PRESIDENTE DON JOSÉ MARÍA
AZNAR? (Número de expediente 180/000746.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula el diputado don
José Ignacio Landaluce Calleja.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, han pasado casi 25 años desde que en 1977 una España que
estaba abriéndose al mundo establecía relaciones diplomáticas con
Rusia. Desde esta fecha, nuestras relaciones bilaterales han estado
marcadas por un cierto letargo, que ha ido transformándose en
progresivos intercambios comerciales y culturales tras el proceso de
apertura democrática iniciado en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) allá por el año 1985 por el entonces líder
soviético Mijaíl Gorbachov, el cual impulsó un proceso de reformas
encaminadas a modernizar los distintos aspectos (económico, social y
cultural) de la vida de su país, que sería conocido con el nombre de
perestroika, que, aunque no dieron importantes resultados desde el
punto de vista económico debido a circunstancias de diversa índole
por las que atravesó en aquel tiempo la URSS, sí supusieron a mi
entender un claro cambio de actitud en la mentalidad política y
social de los soviéticos, que con el tiempo se han manifestado en la
adopción por el pueblo ruso de las elecciones democráticas como forma
de elegir a sus representantes. Elecciones que el año pasado
consolidaron al actual presidente de Rusia, Vladímir Putin, como
líder de los rusos y que le han dado el margen suficiente para
acometer una serie de medidas de reestructuración y apertura
económica en su país, el cual cada día busca con mayor empuje su
apertura comercial, siendo claro ejemplo de ello el viaje de Putin el
año pasado a nuestro país, viaje que supuso que las relaciones
bilaterales entre España y Rusia alcanzaran su máximo nivel y que ha
tenido como respuesta el viaje del presidente José María Aznar la
semana pasada a Rusia. En esta visita, el presidente Aznar destacó
muy especialmente el apoyo español a la consolidación del Estado de
derecho y a una economía de mercado.
Pues bien, interesado por conocer las expectativas que hayan podido
abrirse como consecuencia de este
viaje, le formulo, señor ministro, la siguiente pregunta: ¿Cómo
valora el Gobierno la visita a Rusia del presidente don José María
Aznar?
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Landaluce.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señoría, porque plantea usted un tema de
extraordinaria relevancia. Es evidente que los cambios en la escena
internacional de los últimos años han sido extraordinariamente
importantes y quizás la máxima expresión es el cambio sucedido a raíz
de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión
Soviética. La Unión Soviética se ha transformado en 15 países
distintos y por lo tanto estamos hablando de una transformación de
enorme profundidad. Países que estaban bajo la órbita soviética e
integrados en el Pacto de Varsovia hoy son miembros de la Alianza
Atlántica. Hoy mismo hemos terminado la reunión de ministros de
Asuntos Exteriores de la OTAN precisamente en Budapest, capital de
Hungría, país que hace apenas unos pocos años formaba parte del Pacto
de Varsovia. Todo esto hace extraordinariamente importante nuestra
relación con Rusia y debo decir que el viaje del presidente del
Gobierno ha sido un elemento más, importantísimo, en el
establecimiento de una relación privilegiada entre España y Rusia,
que tuvo un momento clave de partida en la visita de Estado del
presidente Putin hace un año. Se estableció un diálogo político y un
contacto político permanente entre los dos presidentes que ahora se
ha manifestado con la visita del presidente del Gobierno allá. Los
ministros de Asuntos Exteriores nos reunimos prácticamente dos veces
al año como mínimo, al margen de reuniones multilaterales: ayer mismo
tuvimos ocasión de intercambiar puntos de vista. De lo que se trata
es de ir construyendo cosas que permitan algo que usted ha dicho y
que a mí me parece esencial para la estabilidad y la seguridad
colectiva de Occidente y del conjunto mundial. Es importante que haya
estabilidad en Rusia y eso pasa necesariamente por consolidar el
Estado de derecho en ese país, por consolidar la economía de mercado
y por que poco a poco la Federación Rusa se integre en los circuitos
financieros y en los circuitos económicos internacionales y haga
frente a todas sus obligaciones en términos que podríamos considerar
normales desde el punto de vista del funcionamiento de los organismos
financieros y económicos internacionales. Por todo ello, España está
haciendo un esfuerzo en esa dirección y está saliendo muy bien. El
viaje del presidente del Gobierno ha sido un hito en ese sentido y
estamos muy
satisfechos de esa evolución. Ahora hay que seguir trabajando.
Muchísimas gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
TIPO DE ACUERDOS ESTÁ NEGOCIANDO EL GOBIERNO DE ESPAÑA CON EL
GOBIERNO DE ARGELIA? (Número de expediente 180/000747.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don
Gabino Puche RodríguezAcosta.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Señor ministro, desde el inicio de
la legislatura el Gobierno español viene fomentando claramente la
idea de asumir nuevas responsabilidades más allá de nuestras
fronteras y que esas nuevas responsabilidades tengan una
manifestación muy clara: que sirvan para apoyar la estabilidad y el
desarrollo del Mediterráneo, concretamente de los países que se
encuentran en la orilla sur, y no con el objeto de propiciar
solamente unas iniciativas que permitan asentar unas buenas
relaciones de amistad y respeto que sin duda alguna todos queremos,
sino también con la intención de impulsar, señor ministro, medidas de
apoyo, de apertura y de liberalización de todos esos países del
entorno mediterráneo, así como promover en la medida de lo posible
esos acuerdos comerciales con muchísima más intensidad.
Señor ministro, a la vista de algunas declaraciones políticas, se
vislumbra la posibilidad de una mayor relación entre España y
Argelia, así como se tiene la esperanza de que la misma pueda incluso
institucionalizarse. Pues bien, según eso, y a la vista, como usted
sabe muy bien, del incremento de los intereses comerciales de
muchísimas empresas de España en Argelia, es por lo que me permito
preguntarle, señor ministro, cuáles son los acuerdos que el Gobierno
de España está fomentando y en qué materias con el Gobierno de
Argelia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puche.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta.
Muchas gracias también a usted, señoría, por haber planteado un tema
de enorme importancia estratégica
desde el punto de vista de la política exterior de nuestro país.
Estamos hablando de las relaciones de España en el contexto
euromediterráneo, que es el que corresponde. Por tanto, no se trata
sólo de relaciones bilaterales por ejemplo entre España y Argelia,
sino también de relaciones multilaterales entre el conjunto de la
Unión Europea y el conjunto de los países mediterráneos. Y en ese
contexto tenemos la obligación de tomar iniciativas y de avanzar en
todo lo que signifique el desarrollo político, social y económico de
los países del norte de África y particularmente de los que tenemos
más cerca, que son los países del Magreb. En ese marco, Argelia juega
un papel fundamental por muchísimos motivos. No es descubrir ningún
secreto que Argelia ha pasado por una crisis política muy seria en
los últimos años y que sigue teniendo un problema de violencia
extremadamente grave, no sólo desde el punto de vista del islamismo,
sino también en los últimos tiempos por los sucesos que están
ocurriendo en La Kabilia, los cuales nos obligan a seguir con gran
interés todo lo que signifique el respeto a los derechos humanos y el
avance hacia la democratización de Argelia, que nosotros en cualquier
caso apoyamos en el marco de la política común de la Unión Europea.
En función de todo eso, España está convencida de que hay que apoyar
los esfuerzos de Argelia en su proceso de modernización, desde el
punto de vista político y desde el punto de vista económico, y eso
pasa necesariamente también por la modernización de sus estructuras
y particularmente por la integración de Argelia en los circuitos
económicos y financieros internacionales. Por todo ello estamos
negociando varios acuerdos, como por ejemplo un acuerdo para evitar
la doble imposición, estamos analizando la posibilidad de un
mecanismo de conversión de deuda en capital que está funcionando ya
muy adecuadamente en otros países del Magreb, como es el caso de
Marruecos, y estamos avanzando en la posibilidad de llegar a acuerdos
que permitan dar una salida a nuestras necesidades desde el punto de
vista de la explotación pesquera, ya sea en el ámbito privado o en el
ámbito multilateral, a través de acuerdos con la Unión Europea. Hay
muchos terrenos en los que podemos colaborar con Argelia, algo que
nos interesa enormemente. Sólo hace falta ver el mapa del
Mediterráneo para saber que eso es algo de vital importancia para
todos nosotros. Vamos a seguir por ese camino.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN JÁUREGUI ATONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES:
¿CREE EL GOBIERNO QUE LA CREACIÓN DE EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS MESES
ESTÁ SUFRIENDO UN ALARMANTE DESCENSO? (Número de expediente 180/
000732.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la número 17, que
formula el diputado don Ramón Jáuregui Atondo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, mi pregunta va dirigida a saber si el Gobierno está
preocupado por los datos de empleo de los últimos meses y, en su
caso, si hay planes para reactivar el ritmo de creación de empleo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, evidentemente, el Gobierno sigue con la máxima atención y el
máximo interés la evolución tanto del empleo como del paro, a pesar
de que se halle en máximos históricos el empleo y en mínimos
históricos también el paro. Indudablemente, no sólo está dispuesto
a actuar, sino que ya ha actuado y está actuando mediante el
perfeccionamiento de nuestro sistema de relaciones laborales para
conseguir que sea posible mantener ritmos de intensidad y calidad
semejantes a los que se han registrado en estos últimos años.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Me alegro, señor ministro.
Me gustaría que esas políticas dieran resultado. En los últimos días
hemos podido comprobar que la reforma laboral, por ejemplo, no está
produciendo resultados satisfactorios. Créame, señor ministro, si le
digo que nuestro deseo, el del grupo que represento, es que se cree
mucho empleo y cada vez mejor, que eso es bueno para todos.
No quiero hacer una guerra de cifras con usted, señor ministro, pero
creo que es unánime la opinión de que en los últimos meses los datos
del empleo no son buenos: La creación de empleo se estanca en los
seis últimos meses en España. Parón en el empleo. La economía
española sólo creó 5.100 empleos en el primer trimestre. Las cifras
sobre nueva ocupación, las peores en los últimos seis años. El paro
cae en abril por la Semana Santa, pero se estanca en los últimos 12
meses. Se debilita la creación de empleo. El número de trabajadores
afectados por regulación de empleo se duplica. La creación de
sociedades mercantiles cae un 12 por ciento en febrero.
Señoría, hay algunas razones evidentes para la preocupación y yo creo
que es bueno que la oposición se lo plantee al Gobierno para
compartir lo que creo que es evidente. Además, estas cifras esconden
un dato que me parece importante destacar, porque según los datos de
la EPA del primer trimestre de este año, la mayor parte de esos 5.100
empleos se han creado en la agricultura y se ha producido un descenso
de la población ocupada en industria y sobre todo en servicios.
Yo quiero que nos diga, señor ministro, cuáles son sus previsiones
para este año y si hay que revisarlas, por favor, díganoslo. Yo creo
que hay razón para la preocupación, sobre todo porque creo que la
economía española puede rozar esos tres vértices peligrosos de menor
crecimiento, menor creación de empleo y descontrol de los precios. Y
como queremos que se corrijan esas cosas, porque eso será bueno para
todos, le interpelamos para conocer sus planes en los próximos meses.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, yo le agradezco que el tono de esta intervención haya sido
menos hiperbólico que el de la literalidad de la pregunta, en la que
hablaba de un alarmante descenso. Yo creo que sigue creciendo el
empleo, que sigue creciendo la ocupación, como le decía. El número de
parados en el último trimestre, según la EPA, refleja un descenso de
34.000 personas. Estamos hablando felizmente, al menos en mi opinión,
de las máximas cifras de población ocupada que se habían conocido y
de las menores tasas de paro también desde los últimos 20 años.
Me pregunta si estos escenarios son menores que los anteriores. Yo
diría simplemente que son concordantes con los nuevos escenarios de
crecimiento económico, que, como sin duda S.S. sabe, son más
moderados, no solamente en el caso de la economía española, sino en
el caso del conjunto de la Unión Europea. Pese a ello, y
afortunadamente -y subrayo afortunadamente-, España está creciendo
más en empleo que el resto de países de la Unión.
Me pregunta si encajan en nuestras previsiones. Estoy seguro de que
S.S. conoce el programa de estabilidad. Para este ejercicio se prevé
un crecimiento del 2,5 en términos de empleo. Ese trimestre, que
usted ha calificado como alarmante trimestre, es del 2,8, ysabe S.S.
como yo que faltan los trimestres, en términos
de encuesta de población activa, más determinantes de la
evolución del empleo.
Si hace una lectura no solamente de los titulares de los periódicos,
sino de la letra pequeña, también verá que afortunadamente algunas de
las componentes internas siguen siendo las lógicas y las deseables:
mayor crecimiento del empleo estable que del empleo temporal, mayor
crecimiento del empleo femenino que del masculino. Yo creo que eso
está en la línea de lo que necesita nuestra sociedad.
Si me pregunta si lo puedo avalar también con datos como son los de
evolución de la afiliación a la Seguridad Social, le diré que,
finalizado abril, el dato interanual nos indica un crecimiento
superior al 4 por ciento o, lo que es equivalente, a más de 600.000
personas en los 12 últimos meses.
Yo creo, con toda franqueza, que es necesario seguir insistiendo en
la adaptación de nuestro sistema de relaciones laborales y por eso
ahora más que nunca tiene sentido la reforma laboral que en el mes de
marzo adoptó el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS
PIENSA ADOPTAR SU GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LOS AJUSTES DE EMPLEO
EN EMPRESAS MULTINACIONALES QUE PRESENTEN BENEFICIOS EN NUESTRO PAÍS?
(Número de expediente 180/000736.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula el diputado don
Gaspar Llamazares Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro de Trabajo, los
trabajadores de Sintel, antigua filial de la multinacional
Telefónica, siguen acampados en el paseo de la Castellana sin ninguna
respuesta y, en estos momentos, sabemos ya que otras empresas
multinacionales anuncian fuertes ajustes de empleo a pesar de que han
obtenido cuantiosos beneficios en los últimos años. ¿Qué medidas va a
adoptar el Gobierno para paliar esta situación y para evitar otras
situaciones como éstas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, no hay Gobierno que pueda evitar determinadas decisiones,
máxime si esas decisiones, tomadas
por empresas que están presentes en muy distintos países, se adoptan
de manera global. Si me pregunta si el Gobierno español está actuando
a favor de los trabajadores que se ven afectados por este tipo de
situaciones, le diré que hay casos que así lo evidencian y en los que
no solamente se han hecho valer las garantías que ya existen -por
cierto superiores también, afortunadamente, a los mínimos exigibles
por las directivas europeas- y el asesoramiento, sino que se está
intentando paliar cuantas situaciones sean posibles de necesidad por
falta de empleo o de acomodación en nuevas unidades de empresa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aparicio, en este último año el
beneficio bruto de las empresas, según la central de balances,
prácticamente se ha doblado, ha subido en un 45 por ciento; sin
embargo, la inversión privada se reduce a la mitad y la creación de
empleo se reduce asimismo en un 30 por ciento. Parece que se rompe el
axioma de que a mayor volumen de beneficios, mayor inversión y mayor
empleo. Pero lo que es un escarnio en nuestra opinión es que empresas
que tienen beneficios pretendan reducir drásticamente sus empleos no
para mejorar su situación económica, sino para lanzar únicamente un
mensaje a los mercados. Nos parece una práctica especulativa
inaceptable por parte del Gobierno. Algunos Estados miembros de la
Unión Europea están tomando decisiones en esta materia y queremos
saber si el Gobierno español se va a cruzar de brazos o, por el
contrario, va a tomar también medidas; medidas como, por ejemplo,
acelerar la puesta en marcha de la Directiva de información y
consulta a los trabajadores en el marco de la Unión Europea,
incrementar el coste de los despidos de estas multinacionales cuando
obtienen cuantiosos beneficios o impulsar compromisos de recolocación
o de reactivación económica en las comarcas donde tienen incidencia
estas empresas multinacionales. Estas medidas que se toman por parte
de Estados europeos bien podrían tomarse por parte del Gobierno
español y lo que queremos saber es por qué el Gobierno no las toma y
por qué se cruza de brazos ante la perspectiva de que Danone, Marks &
Spencer u otras empresas como Terra Lycos vayan a reducir empleos
únicamente por razones especulativas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señoría, al margen de la demagogia que desea hacer
S.S., que libre es en esta Cámara, le diré que muchas de las
medidas no son necesarias porque afortunadamente, aunque usted no lo
quiera reconocer, las normas españolas están por encima de la
directiva que usted me citaba. Sabe que la posición española es
favorable a la aplicación general del derecho de información y
consulta a los trabajadores, y no podrá traer una sola intervención
en sentido contrario sino propiciar su extensión a terceros países.
Si usted me habla de hacer demagogia, como hacen otros Estados
miembros, como por ejemplo elevar de 3 a 6 días la indemnización para
este tipo de despidos, entiendo que se haga cuando se trata de pasar
de esas cifras, de 3 a 6, pero estoy seguro de que S.S. sabe como yo
que en España para el caso equivalente está situado en 20 días.
También me permito recordarle que alguno de los casos que usted cita
como absolutamente escandalosos han sido objeto de acuerdo entre la
propia empresa y sus trabajadores, al menos en el ámbito mayoritario,
para llegar a soluciones razonables. Por tanto, me gustaría que se
recondujeran las cosas. Insisto en que se trata de hacer valer unas
garantías y unos derechos que afortunadamente España tiene situados
por encima de la media europea, y en eso no vamos a regatear
esfuerzos. Lo he dicho ya con ocasión de otras preguntas; si usted lo
quiere a golpe de decibelios, lo hacemos a golpe de decibelios y si
quiere lo hacemos como yo creo que hay que hacerlo, intentando
auspiciar y propiciar la negociación entre las partes, haciendo valer
las garantías españolas y haciendo valer la posición española en los
foros internacionales. La directiva que usted ha citado sabe que no
tiene ni una sola reserva por parte española. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR JULIOS REYES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE SU MINISTERIO ANTE EL NUEVO
ESCENARIO DE FINANCIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, EN RELACIÓN
A COMPENSAR LOS COSTES CRECIENTES QUE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
EXTRANJERA ESTÁ OCASIONANDO EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GRAN IMPACTO
TURÍSTICO, COMO ES EL CASO DE CANARIAS? (Número de expediente 180/
000737.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Hacienda. En primer lugar, la número 21, que formula la diputada doña
María del Mar Julios Reyes.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuál es la posición de su Ministerio ante el nuevo
escenario de financiación del Sistema Nacional de Salud en relación a
compensar los costes crecientes que la atención a la población
extranjera está ocasionando en comunidades autónomas de gran impacto
turístico, como es el caso de Canarias?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, el Ministerio de Hacienda y todo el Gobierno es plenamente
consciente de que la financiación de la sanidad es uno de los asuntos
que preocupan tanto a S.S. como a la Comunidad Autónoma de Canarias
y, en general, a todos los gobierno autonómicos cuya responsabilidad
se extiende a territorios en los que la afluencia turística
extranjera es más elevada. Como S.S. conoce, en estos momentos se
está estudiando el futuro modelo de financiación de la sanidad que,
junto con la financiación de las comunidades autónomas, tendrá que
entrar en vigor el próximo año. Queremos que el próximo modelo de
financiación de la sanidad responda a un modelo estable y que permita
a las comunidades autónomas tomar decisiones en el largo plazo, con
garantía de continuidad. Para ello debemos tener en cuenta aspectos
como el turismo -una de las principales fuentes de ingresos de su
comunidad autónoma-, que sin duda influye en la financiación de la
sanidad. Sólo quiero recordar a S.S. que el Gobierno -también en la
legislatura anterior- se ha caracterizado en estos años por su
esfuerzo en mejorar la financiación de la sanidad, que se ha visto
aumentada por encima del PIB nominal. Por tanto, sea cual fuere la
opción que se adopte respecto a la integración en la financiación
autonómica, no dude S.S. de que el Gobierno tendrá siempre en cuenta
todos los aspectos que influyen en la cobertura de las necesidades
sanitarias de una población ensanchada por la llegada del turismo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Gracias, señor ministro.
Hacemos esta pregunta porque es una realidad objetiva el constante
incremento de las cargas asistenciales y económicas para el sistema
público sanitario de Canarias que conlleva la atención prestada a los
millones de visitantes y desplazados que recibimos. Los turistas
europeos portadores del documento E-111 tienen derecho a una
asistencia sanitaria gratuita equivalente a la que pudiera recibir
cualquier ciudadano español; incluso estos ciudadanos reciben en
nuestro país la
atención en procesos sanitarios que en algunos de sus países de
origen no son cubiertos por su propio sistema. Quiero resaltar, señor
ministro, que los meses del año en los que en Canarias se recibe una
mayor afluencia turística son 12, es decir todo el año, y de los 12
millones de turistas que visitan Canarias 10 millones son ciudadanos
europeos que tiene derecho a recibir asistencia sanitaria y que cada
vez utilizan más este derecho. Cada vez es mayor la población europea
de la tercera edad que pasa largos períodos de tiempo en Canarias
pero no se residencia en ninguno de nuestros municipios, que no es
censada como población de derecho. Cada vez es mayor la prolongada
estancia de enfermos crónicos que ocasionan importantes gastos en
consultas de centros de salud, en gasto farmacéutico y en estancias
hospitalarias.
Señor ministro, uno de los criterios de más peso en el actual modelo
de financiación sanitaria es el de la población de derecho,
concretamente, la que se tomó como referencia en el censo de 1996,
cuyo incremento no se ha actualizado en todos estos años. Este
desfase para Canarias, que es la comunidad que más ha crecido
proporcionalmente en el Estado, supone que ya se nos están dejando de
financiar por el Estado unos 12.000 millones de pesetas; supone que
ya se nos están dejando de financiar las necesidades de una parte de
nuestra población. Además, tenemos que compartir la financiación que
el Estado estima oportuno para Canarias, y por tanto para la
población que allí reside, con las obligaciones internacionales del
Estado español tras la entrada en la Unión Europea. Señor ministro,
estas obligaciones y los costes de la asistencia tienen que ser
compensados para Canarias y para aquellas comunidades que se
encuentren en la misma situación en el nuevo modelo de financiación.
En Canarias el ciudadano paga sus impuestos, como cualquier otro,
pero recibe menos pesetas del Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO, TAL Y COMO HAN DECLARADO ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DE
HACIENDA, QUE TRAS LA APROBACIÓN DE LAS LEYES DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA SERÁ EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA EL QUE
DEBERÁ APROBAR O DAR SU VISTO BUENO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES,
ENTRE OTROS, DEL GOBIERNO VASCO Y DEL GOBIERNO FORAL DE NAVARRA?
(Número de expediente 180/00738.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don
Pedro María Azpiazu Uriarte.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta. ¿Considera el
Gobierno, tal y como han declarado altos cargos del Ministerio de
Hacienda, que tras la aprobación de las leyes de estabilidad
presupuestaria será el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que
deberá aprobar o dar su visto bueno a los presupuestos generales,
entre otros, del Gobierno vasco y del Gobierno foral de Navarra?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, la opinión del Gobierno está bien concretada en las
iniciativas, en los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria y
ha sido expresada por este miembro del Gobierno en los debates en
esta Cámara, debates a los que S.S., por cierto, ha asistido como
protagonista.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor ministro, atendiendo precisamente al
articulado de los proyectos de ley y a juzgar por las declaraciones
realizadas por altos cargos de su Ministerio, dicho sea de paso, con
una manifiesta falta de respeto a esta Cámara, al Grupo Vasco en el
Congreso y al Partido Nacionalista Vasco no le queda ninguna duda
sobre la verdadera intencionalidad de los mismos. Reconozca, señor
Montoro, que se ha equivocado al plantear estos proyectos de ley como
los auténticos pilares de su política económica. El discurso del
estricto control del déficit público como instrumento de crecimiento
económico y empleo no es hoy absolutamente creíble. Sabe usted muy
bien que hoy en día el déficit del conjunto de las administraciones
públicas, que es lo relevante, es prácticamente inexistente.
Reconozca abiertamente, señor Montoro, que la intencionalidad
política que subyace en los proyectos es la de cercenar la capacidad
de autogobierno del conjunto de las instituciones públicas del Estado
y, más en concreto, atacar frontalmente a unas instituciones básicas
y esenciales como son el estatuto de autonomía, el concierto
económico vasco y el convenio de Navarra (he ahí la reacción de los
socios de Unión del Pueblo Navarro), y usted sabe que ello no se
puede hacer, que es inconstitucional. Reconozca también que el cambio
del ciclo y la ralentización económica harán difícil incluso que la
propia Administración del Estado cumpla con compromisos tan
restrictivos. En ciertas coyunturas económicas, el objetivo déficit
cero-superavit afectará negativamente a la inversión pública, como
apunta el propio Banco de España, con nefastas consecuencias sobre el
crecimiento y el empleo; afectará igualmente a prestaciones sociales,
a los servicios públicos esenciales y a la retribución de los
funcionarios. Arriesga mucho, señor Montoro, en el empeño. Reconozca
todo ello y retire los proyectos de ley de esta Cámara ahora que está
a tiempo. Si así lo hace, le reconoceremos su valentía personal y su
talla como ministro de Hacienda. Rectificar es de sabios, señor
Montoro. Nuestro grupo se lo agradecerá y la sociedad también.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias,
señora presidenta.
Me parece que el Gobierno no le va a dar motivo para que agradezca
nada el Partido Nacionalista Vasco. Su señoría insiste, en forma de
pregunta al Gobierno, en reproducir, eso sí, con una exégesis digna
de elogio, lo que son sus planteamientos en materia de estabilidad
presupuestaria. Señoría, discrepamos profundamente del concepto de
déficit, de lo que ha sido el déficit público a la hora de estimular
el crecimiento económico. Pero no me diga que los proyectos de ley de
estabilidad presupuestaria vulneran ni las competencias del País
Vasco ni las competencias de la Comunidad Autónoma de Navarra ni las
competencias de ninguna comunidad autónoma de España, porque no es
así, porque es absolutamente incierto, señoría, no es verdad. Lo
único que establecen esos proyectos de ley es la obligación para
todos de presentar presupuestos equilibrados, y eso no significa
ninguna intromisión en las capacidades de nuestras comunidades
autónomas. Eso es, en definitiva, perseverar en la política que ha
llevado al País Vasco a tener unos índices de paro históricamente
bajos, a la reindustrialización del País Vasco y, en definitiva, a
que hoy los ciudadanos vascos disfruten de una renta per cápita muy
cercana a la media de la Unión Europea.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZPUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿QUÉ
INFORMACIÓN PUEDE SUMINISTRAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO
INFORME SOBRE LA COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMISIÓN EUROPEA?
(Número de expediente 180/000741.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don
Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace unos días, una delegación del Congreso de los Diputados, de la
que formaban parte señorías de diversos grupos, asistimos a un foro
sobre la cohesión en el Parlamento Europeo en el que se presentó el
informe sobre cohesión. En las jornadas, en las que por cierto
participó el señor ministro, se puso de manifiesto que la ampliación
era un objetivo primordial en la Unión Europea. Por supuesto que mi
grupo avala ese planteamiento. Construir un espacio de paz, justicia,
libertad, prosperidad en Europa es un objetivo primordial y al que se
tienen que incorporar más países. Es importante abrir la puerta a
esos nuevos países para que entren en este espacio de desarrollo y de
bienestar que les estuvo negado durante muchos años tras el telón de
acero de las dictaduras de izquierdas. Evidentemente, la ampliación
pone sobre la mesa un problema estadístico: ese espectacular
crecimiento de la Unión Europea podría hacer que algunas regiones que
están ahora bajo un determinado porcentaje relativo lo superen. Los
andaluces, los extremeños o los murcianos no van a ser más ricos
cuando se incorporen nuevos países, pero las estadísticas los van a
situar en un porcentaje mayor en términos relativos. Por eso a mi
grupo le pareció muy acertado lo que usted manifestó allí, que es un
sí a la ampliación evidente, pero también un reconocimiento del
problema estadístico que se va a producir. Mi grupo no entiende la
actitud de algunos otros grupos políticos, incluso en esta Cámara,
que han intentado poner trabas en las ruedas hablando de si estamos
defendiendo lo indefendible o de si el Gobierno está defendiendo, con
una posición numantina, un tema importante. Nosotros creemos que la
posición del Gobierno es buena y por eso le preguntamos por el
informe de cohesión.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, el segundo informe sobre la cohesión económica y social ha
sido elaborado por la Comisión Europea en virtud del artículo 159 del
Tratado, según el cual se debe realizar cada tres años un informe
sobre los avances conseguidos en materia de cohesión económica
y social y sus diversos instrumentos. Este segundo estudio es un
riguroso diagnóstico de la evolución de la cohesión económica y
social en la Unión Europea y de los desequilibrios que aún persisten,
y pone de manifiesto que la política de cohesión financiada con los
fondos estructurales y el Fondo de cohesión disminuye estos
desequilibrios y contribuye positivamente a la convergencia real. El
informe reconoce expresamente que la ampliación de la Unión Europea
podría dar
lugar a una engañosa convergencia estadística de las regiones
actualmente más atrasadas, entre ellas algunas españolas. Pero está
claro que al día siguiente de la ampliación estas regiones no van a
ser más ricas ni van a dejar de necesitar mejorar sus
infraestructuras por el simple hecho de que haya bajado el listón
estadístico de la media de renta de la Unión Europea.
El Gobierno siempre ha estado a favor de que nuevos Estados y nuevas
regiones de Europa se incorporen y se beneficien de la política de
cohesión de la Unión Europea, y lo hagan desde el mismo momento de su
adhesión. Pero entiende también que esa ampliación afecta a las
políticas mismas de la Unión y que es algo que tendrá que tenerse en
cuenta en las negociaciones de la adhesión. Por ello creemos que es
nuestra obligación poner de manifiesto algo que nos afecta
directamente, pero que sobre todo afecta a una Europa ampliada, que
es la que deseamos. El proyecto europeo requiere de la política
regional y de cohesión para reforzar el crecimiento de todos los
países miembros y, sobre todo, para conseguir una distribución
equilibrada de ese crecimiento entre sus diferentes regiones; una
política de cohesión de la que, por cierto, también se benefician los
países más ricos; una política de cohesión en la que no hay ganadores
ni vencidos. Somos los primeros en apoyar la ampliación de la Unión
Europea, pero esa ampliación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta
diversos aspectos que surgirán a partir de ese momento. Nos alegramos
de que la Comisión lo haya puesto de manifiesto en este segundo
informe y de que muchos Estados miembros reconozcan la necesidad de
abordar la cuestión cuanto antes.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ REPERCUSIÓN VA
A TENER EN EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL LA RECIENTE APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PATRIMONIO DEL ESTADO? (Número de
expediente 180/000743.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula el diputado don
Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señora presidenta.
El ministro sabe bien que la economía española se caracterizaba en
1996 por la existencia de un sector empresarial público heterogéneo y
sin una estrategia definida. Bajo la titularidad del Estado convivían
sociedades que monopolizaban los mercados de numerosos
productos básicos, como la electricidad y el teléfono, con pequeñas y
medianas empresas que operaban en sectores como alimentación,
turismo, rodamientos, etcétera, en los que la presencia del Estado
era difícilmente explicable. La llegada del Partido Popular al
Gobierno supuso un cambio de orientación importante. Por una parte,
se inició un proceso de saneamiento y mejora de la gestión de las
empresas públicas, muchas de las cuales presentaban elevadas pérdidas
y grandes dosis de ineficiencia. Por otro lado, se impulsó un proceso
de privatizaciones que permitió poner fin a monopolios históricos y
dar entrada a los ciudadanos en la propiedad de empresas en las que
nunca habían podido participar. Todo ello, sin olvidarnos del gran
ahorro que ha supuesto para el Estado, y por tanto para todos los
contribuyentes, el hecho de no tener que cubrir anualmente las
pérdidas ocasionadas por muchas empresas públicas. Ambas políticas,
señorías, el saneamiento del sector público empresarial y el proceso
de privatizaciones, han sido factores decisivos en el proceso
liberalizador de la economía española, proceso que, como saben SS.
SS., ha ayudado al país a avanzar hacia la convergencia real con
Europa. Pero como en otras áreas, el Gobierno ha continuado avanzando
de forma progresiva y recientemente se han aprobado nuevas medidas
que afectan a las empresas públicas. Por eso, desde el Grupo Popular,
señor ministro, creemos conveniente hacerle la siguiente pregunta:
¿Qué repercusión va a tener en el sector público empresarial la
reciente aprobación de la modificación de la Ley de Patrimonio del
Estado?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, como usted mismo recordaba, desde el año 1996, en el que se
aprobó el programa de modernización del sector público empresarial
del Estado, nuestra empresa pública comenzó un proceso de
saneamiento, consolidación y modernización que ha contribuido
decisivamente a que hoy contemos con empresas claramente más
eficientes, desde luego más solventes y capaces de hacer frente a los
nuevos retos de la economía. Desde entonces, según un informe
reciente del Consejo Consultivo de Privatizaciones, se han
privatizado total o parcialmente 39 empresas. Ello ha supuesto unos
ingresos de en torno a 5 billones de pesetas y una importante
reducción de la presencia del Estado en la economía empresarial. Así,
el peso de las participaciones del Estado en empresas cotizadas en
relación con el total de la capitalización bursátil del mercado
español se ha reducido desde el 11 por ciento de 1996 a un 0,5 por
ciento a finales del año 2000. Por otra parte,
se han afrontado procesos de reestructuración de los grupos públicos
de los que la Ley 7/2001, de modificación de la Ley de Patrimonio del
Estado, es un paso más. Sus objetivos básicos son: configurar grupos
homogéneos de sociedades, aprovechando la experiencia de SEPI en la
gestión empresarial y en los procesos de reconversión y saneamiento,
y mantener en la Dirección General de Patrimonio del Estado las
sociedades que ejecutan políticas públicas. A partir de la
publicación de la ley se ha aprobado -lo hicimos el pasado viernes,
25 de mayo, en Consejo de Ministros- un primer acuerdo para el
traspaso de participaciones de once sociedades de Patrimonio a SEPI,
por importe de 146.000 millones de pesetas. Esto va a permitir
acelerar los procesos pendientes de reestructuración y privatización,
en su caso, en unas condiciones de mayor eficiencia en la gestión
empresarial y sin afectar al gasto público. Al mismo tiempo va a
posibilitar que el grupo Patrimonio pueda centrar sus esfuerzos en la
gestión del patrimonio inmobiliario y en las compras públicas. En
definitiva, se trata de situar a las empresas públicas en las mejores
condiciones de competitividad y acceso a los mercados para que puedan
aprovechar las nuevas oportunidades de expansión y crecimiento.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO
PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE LA MUJER FRENTE A LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. (Número de expediente 172/000098.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes.En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista sobre
política del Gobierno para garantizar la libertad de la mujer frente
a la violencia de género. Para la presentación y defensa de la misma
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, Naciones Unidas
define así la violencia contra las mujeres: Es todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada. Esta es la definición que hace Naciones
Unidas de la violencia contra la mujer, bien dicho contra la mujer y
no sólo violencia doméstica, porque es una violencia que se ejercita
por ser mujer, no por ser esposa, novia o madre, no por estar casada
o no o por
estar separada; se ejercita contra la mujer en el ámbito familiar,
fuera de la familia, en la calle, con un acoso laboral en el trabajo,
mediante prácticas como la prostitución forzada o la ablación. Es por
tanto una violencia integral contra la mujer, que tiene unos datos
escalofriantes en España y fuera de España. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Naciones Unidas dice que las mujeres entre 15 y 44 años, en ese tramo
de edad, tienen más riesgo de morir o de ser lesionadas por un acto
de maltrato a manos de un hombre que de morir en un accidente de
tráfico, de morir en una guerra, de morir de cáncer o de morir de
malaria, todo junto. Esa cifra de centenares de millones de mujeres
sometidas al maltrato, no ocasionalmente sino a lo largo de años y
años de su vida, es escalofriante. Las consecuencias de ese maltrato
son absolutamente trágicas: muertes y heridas graves. En España,
durante el año pasado, hubo 66 mujeres muertas víctimas de violencia
por ser mujeres y 77 heridas; en este año hay 31 mujeres muertas y 48
heridas, es decir, tres asesinadas más que el año pasado en la misma
fecha y 17 heridas más que el año pasado en la misma fecha. Habrá que
llegar a la conclusión de que hay un fracaso evidente en la forma de
responder a este problema al cual hay que añadir algunos datos
importantes. Por ejemplo, que en España el 30 por ciento de las
mujeres que se suicidan tienen antecedentes de malos tratos; es
decir, que alrededor de unas 300 mujeres al año en España han tenido
malos tratos y por eso se han suicidado, ya que es algo determinante
en esa muerte. Los efectos de esa acción son devastadores en el
ámbito de su personalidad. Los efectos psicológicos son enormes. Se
habla del síndrome de Estocolmo para la mujer maltratada que llega a
una relación de cuasi esclavitud respecto del hombre que la maltrata
sistemáticamente. Otro dato impactante es que cuando las mujeres
denuncian el sistema no responde. Según el Defensor del Pueblo, el 98
por ciento de las mujeres maltratadas o mujeres asesinadas habían
presentado denuncia y estaban separadas o en trámite de separación
del agresor. Es algo que se podría haber evitado y, sin embargo, el
sistema político, el sistema judicial, el sistema administrativo y el
sistema social no han sabido responder ante esa situación. Esto que
es solamente la punta del iceberg de millones de mujeres, de
centenares de miles de mujeres (en España se calcula que 600.000
mujeres han tenido o tienen malos tratos sistemáticamente), no ha
tenido una respuesta adecuada en el ámbito político o en el ámbito
social.
A pesar de que ha habido algunas reformas legislativas que se han
llevado a cabo en la anterior legislatura y que han mejorado en
algunos casos la redacción del Código Penal o las posibilidades de
medidas cautelares, no es al legislador al que habría que acusar de
inacción. Hay que empezar por hablar del Gobierno a este respecto;
Gobierno al que el Defensor del Pueblo ha
dirigido algunas recomendaciones de las que muchas no se han seguido,
como él ha puesto de manifiesto en su informe del año 1999. El
Gobierno planteó un primer plan de lucha contra la violencia hacia la
mujer, cuyo período de ejecución ha concluido y que curiosamente no
ha sido evaluado por el Gobierno. Cuando el Gobierno hace un segundo
plan, que por cierto no comunica prácticamente a nadie salvo a los
periódicos y a las televisiones, no comunica a este Parlamento ni a
los grupos parlamentarios, no comunica ni cuenta con organizaciones
de mujeres, no hace ninguna evaluación de lo que ha sido el primer
plan, sobre el cual habría que decir que las denuncian han aumentado
algo pero en cuanto a víctimas el fracaso es absoluto. Querríamos
saber cuál es la evaluación que hace el Gobierno, punto a punto, de
ese primer plan.
El segundo plan habla de unas medidas de sensibilización
legislativas, procedimentales, de una forma un tanto light o tibia;
medidas asistenciales donde no se entra a fondo sobre el gran
problema de la mujer maltratada que necesita el alejamiento del
agresor y se encuentra en una situación imposible económicamente, lo
cual dificulta esa denuncia, esa defensa o los temas de
investigación, así como una memoria económica donde destaca la casi
nula presencia de medidas en educación. Este segundo plan, señor
ministro, no parece un plan de medidas, es un plan de intenciones, o
un plan en donde la publicidad tiene un papel fundamental, en donde
no hay medidas reales, por ejemplo para algo tan importante como es
el caso del empleo a las mujeres.
Hace muy pocos días ustedes en el Senado, exactamente el 2 de abril
de este año, se negaron a aprobar una proposición no de ley bastante
lógica y bastante sensata para cualquiera, a fin de que existiera
colaboración con las comunidades autónomas para un plan específico,
dirigido a favorecer la incorporación en el empleo de las mujeres que
son víctimas de violencia de género, proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por la diputada
Micaela Navarro en ese caso.
La consecuencia de eso la vemos en este plan. El plan más que otra
cosa es una declaración de intenciones; se utilizan los verbos
analizar, impulsar, instar, considerar, proponer; desde luego no es
un plan de compromiso político en el que realmente se vea este
problema como una visión integral. Sabe usted que el Grupo Socialista
considera que solamente una ley integral podría atajar ese problema
integral que es el de la violencia contra la mujer, una ley que
estableciese medidas en el ámbito educativo, que garantizase el
derecho de todas las víctimas a contar con recursos sociales,
recursos que apoyan la inserción laboral, protección inmediata a las
víctimas, sanciones penales y civiles, eso solamente es posible
hacerlo con consistencia, con credibilidad y a través de una norma
del máximo
rango como es el caso de una ley integral a la que ustedes también
se han negado sistemáticamente.
Se echan también en falta instrucciones concretas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen una presencia inmediata
en estos casos y que la recopilación de pruebas, la recopilación de
todo lo que tiene que luego presentar ante el juez y ante los
fiscales es fundamental, así como una importante sensibilización de
esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo ustedes
se callan, yo desde luego no he escuchado nada frente a declaraciones
absolutamente vergonzosas como las del delegado del Gobierno en
Andalucía hace unos días ante el hecho de que un guardia civil mató
de cinco tiros a su mujer en una calle de Córdoba. Los comentarios de
este delegado del Gobierno de Andalucía fueron que seguramente había
sido una enajenación mental, que era una cosa muy rara, que ese
guardia civil tenía un magnífico expediente, es decir toda su
preocupación era exculpar a ese guardia civil en vez de entrar de
verdad a fondo en la tragedia que fue la muerte de esa forma de esa
mujer en las calles de Córdoba ante sus propios hijos, me parece que
incluso mediante la utilización de su arma reglamentaria. Eso es una
prueba de la insensibilidad del Gobierno a este respecto. No sabemos
que se haya producido ningún tipo de reconvención ni ningún tipo de
medida respecto de esas declaraciones del delegado del Gobierno en
Andalucía.
Pero hay que decir que no sólo el Gobierno, el sistema judicial
tampoco ha respondido adecuadamente, no responde ante este problema.
El sistema judicial es tibio en su respuesta, no tiene en cuenta
suficientemente el sufrimiento que llevan aparejado todos estos casos
de atentados, de violación de la libertad de la mujer, de violación
de sus derechos más esenciales, es lo que los sociólogos llaman la
victimización secundaria. Las denuncias difícilmente llegan a que
haya una medida cautelar eficaz de alejamiento de los maltratadores.
En el 90 por ciento de los casos, esos supuestos se consideran como
de falta, no de delito, con lo cual no hay posibilidad de
determinadas medidas cautelares, como puede ser la detención, la
prisión preventiva que son las realmente eficaces, inmediatas en ese
caso, unidas a la necesidad de una medida provisional o
provisionalísima sobre los hijos que se haga unitariamente, y sin
embargo van por diversos juzgados. Esto hace que en muchas ocasiones,
ante la tardanza también de los procedimientos y de los juicios,
dieciocho meses para el juicio de un delito, seis meses para un
juicio sobre una falta, ocho meses para medidas provisionalísimas,
llega un momento en que la víctima tiene que renegociar su situación
con el agresor y se retiran en muchas ocasiones las denuncias no
siendo mantenidas en la inmensa mayoría de los casos por los
fiscales.
Algunas sentencias de los jueces son realmente vergonzosas,
sentencias en donde se rebaja sistemáticamente o se absuelve al
agresor; son rarírimos los casos
en comparación con las denuncias en que se llega a una condena al
agresor. Hay auténticas barbaridades de algunos tribunales, como por
ejemplo la Audiencia de Barcelona, que sistemáticamente toma unas
decisiones basadas en algo que resulta absolutamente ofensivo para
las mujeres. Absoluciones por considerar que había un grave trastorno
depresivo en el asesino, anulaciones de sentencia porque no hubo
suficiente rechazo de la víctima, rebajas de la condena porque sólo
hubo una penetración digital, porque la víctima era fuerte, porque
había un estado alcohólico crónico, porque no hubo ensañamiento, a
pesar de que la asesinó con 17 patadas. Cosas que no son corregidas
por el Poder Judicial, que no son corregidas tampoco por el fiscal
general del Estado. Sistema judicial, por tanto, que no actúa, que no
reacciona adecuadamente, y esto el Parlamento tiene que decirlo. Nos
gustaría saber qué tiene pensado el Gobierno ante una situación de
falta de respuesta política, también de falta de respuesta social,
incluyendo a los hombres que suelen ser espectadores-observadores,
como no si no fuera con ellos el asunto cuando son los hombres los
que perpetran estas acciones, que se considera como algo privado,
algo de la vida familiar privada en la que no hay que entrar. Nos
gustaría saber qué está preparando el Gobierno para dar una respuesta
desde el punto de vista de lo económico y social, de la situación
económica de esas mujeres, para dar una respuesta también desde el
punto de vista judicial, para dar una respuesta desde el punto de
vista de las medidas cautelares inmediatas, es decir para que la
mujer se sienta protegida cuando va a denunciar estos casos...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor López Garrido, se
le ha consumido el tiempo.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Que la mujer se sienta protegida cuando va a
denunciar, no cuando se le ha hecho al que le va bien, que se siente
impune. Eso es lo que no hemos visto nunca en este Gobierno.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor ministro, S.S.
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señoría, es un signo de normalidad democrática que
hoy en este debate sean precisamente los hombres quienes estén
hablando de una cuestión que históricamente durante siglos ha
concernido a las mujeres; es más, en muchos casos ha sido una
cuestión que se ha pretendido ocultar. Quizá sea una de las primeras
consideraciones que debo hacer.
Al menos hay dos puntos de acuerdo entre todos los grupos
parlamentarios, y digo bajo mínimos. De un lado la gravedad del
asunto y de otro su complejidad. Como decía hace unos instantes, no
es una cuestión sobrevenida de hace unas pocas décadas; estamos ante
una cuestión que tiene su génesis a lo largo de siglos. A todos nos
gustaría que los hechos sucediesen mucho más rápidos. Por cierto, si
hoy podemos hablar de estadísticas es también gracias al primer plan
de lucha contra la violencia doméstica. Sabe S.S. como yo que hasta
el año 1998 ni siquiera se disponía de esas desagregaciones de los
actos delictivos relacionados con la violencia que sufre la mujer; en
consecuencia, también tenemos fenómenos nuevos. Debo decir que el
tratamiento informativo de muchas de estas noticias me preocupa.
Espero que no sea la pauta más frecuente, porque puede llevar incluso
a ese triste fenómeno de emulación que también se da en otras áreas
de la propia violencia. Espero que sea un motivo de consenso. España
ha reconocido esta cuestión como importante y como grave, y no es
poco. No conozco planes semejantes en ese entorno de referencia al
que queremos compararnos. No es tampoco la primera vez que se produce
un debate de estas características, lo recordaba también S.S. Conozco
su modelo, pero lamento que su modelo, quizás por esa falta de
referencias en el propio ámbito europeo, quizás porque es una idea
verbalmente muy bonita pero muy difícil de articular, no hayamos
podido conocer cuál es su modelo de ley integral que tanto cita.
Comprendo que es una dificultad. Parece que sí se ha conseguido un
mayor nivel de consenso en torno a la existencia de planes, entre
otros motivos porque sabe que es una cuestión más pacífica a la hora
de abordar la coordinación de competencias entre distintas
administraciones. Lo digo porque hay experiencia de haber legislado
afectando competencias de comunidades autónomas y vernos después en
situaciones difíciles. Insisto que el balance del primer plan, que
usted decía que no se ha efectuado, es relativamente sencillo de
realizar. ¿Por qué lo digo? Porque si hoy preguntamos, como se puede
preguntar S.S., si tenemos una normativa más adecuada, y voy a ser
exacto con las palabras, no le digo perfecta, no le digo suficiente,
pero sí más adecuada que la que teníamos antes de 1998. No sólo se
han introducido cambios en nuestra normativa penal, en nuestra
normativa de enjuiciamiento, sino porque también disponemos de esa
base que debe ser la base natural de las normas penales, que es una
mayor conciencia social de rechazo hacia este fenómeno. Si quiere
vamos haciendo el balance que no es muy difícil. En términos de
rechazo social creo que hoy es palpable que se produce ese rechazo.
No podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos ni un instante,
porque en cualquier momento pueden surgir conductas reactivas.
Evidentemente el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales no es único, pero si me pregunta si tenemos mayores
recursos sociales a disposición de las mujeres que son objeto de este
tipo de violencia, se puede hacer el balance: Se han creado 103
nuevos centros de información, se han creado 66 centros de acogida,
pisos tutelados y centros de emergencia, no basta solamente con el
primer tramo del dispositivo;
es decir se han incrementado el 60 por ciento durante la
vigencia del plan, a finales de diciembre de 2000 había ya 255 (por
cierto, y me alegra decirlo, 125 financiados por el Ministerio a
través de convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y
subvenciones a ONG); se han creado 54 equipos de la Guardia Civil
especializados en mujeres y en menores.
Me preguntaba la actitud de las fuerzas de seguridad, hablaré luego
de lo que son los cursos específicos de formación, pero hoy ya
tenemos 54 equipos especializados en la Guardia Civil, al menos uno
en cada provincia, y tenemos 41 oficinas de asistencia en los
juzgados. Si me dice que esto se podría haber hecho antes, claro que
sí, debería haber estado resuelto antes porque no ha surgido la
violencia frente a la mujer ayer ni anteayer, pero yo estoy
comparando o haciendo ese balance que usted me requería desde el año
1998. Se han creado 27 nuevos servicios de atención a las mujeres en
la Policía Nacional, hemos pasado de 16 a 43, y en todas las
fiscalías tendrá usted un servicio de violencia familiar.
Si entramos en el abordaje de lo que debe ser la actitud de las
personas, especialmente de los profesionales por grandes bloques que
deben entender de esta materia, más de 60.000 profesionales han sido
formados en esta cuestión, tanto de los servicios sociales como del
área sanitaria o de la policía, tanto nacional como autonómica;
30.000 directamente a cargo de la Administración general del Estado,
y permítame que en todo momento, junto a lo que creo que ha sido un
importante esfuerzo de la Administración central, también ponga en
valor lo que es el indudable esfuerzo que en la medida de sus
competencias y de sus posibilidades han realizado las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, lo contrario sería profundamente
injusto. Se han realizado las campañas de sensibilización, por cierto
también debo decir a favor de los creativos y de las personas que
entienden de las materias publicitarias del Ministerio, que han
merecido reconocimientos y premios dentro del ámbito profesional de
la publicidad y que cuando se me decía que tenían a veces una
excesiva dureza, debo decirle que desgraciadamente más dura es la
realidad que las campañas de sensibilización que nosotros hemos
realizado. Cuando me pregunta si con esto nos sentimos satisfechos,
debo decirle inmediatamente que no, así es como hay que entender que
se haya aprobado ese segundo plan, y aquí le voy a decir que en el
ejercicio de las competencias que tiene el propio Gobierno, su
aprobación en el Consejo de Ministros fue dada a conocer, y para su
tranquilidad estoy seguro que habrá una inmediata comparecencia de la
secretaria de Asuntos Sociales en los próximos días para dar cumplida
información en la Comisión, que entiendo que es la más adecuada, como
es la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer. Por
cierto, una de las ideas que hemos intentado trasladar con mayor
énfasis es que no se trata de un documento cerrado, tiene que ser
flexible y abierto, entre
otros motivos porque también está en curso el trabajo que realiza esa
misma Comisión, que entiendo debe ser atendido en aquello en lo que
sea posible, como ha sido posible atender una parte, quizá no la
totalidad -incluso en algún momento ha habido posiciones
contradictorias-, de sugerencias realizadas tanto por comunidades
autónomas como por organizaciones no gubernamentales. Algunas
posiciones y en temas delicados como es el tema de la publicidad o no
publicidad de las personas que realizan este tipo de conductas, sabe
que no es pacífica la doctrina. Quien defiende que el escarnio no es
la línea tendencial por la que hoy se guía el derecho penal, sino que
debe primar antes que nada la reinserción o rehabilitación de
conductas, en ese caso no digo los defectos pero sí los efectos de
publicidad, pueden dificultar incluso esa posición.
En lo que era más pacífico, se han incorporado posiciones y opiniones
de ONG y de comunidades autónomas, y en lo que sin duda alguna es el
ámbito de especialidad de S.S., el criterio que ha seguido el
Gobierno ha sido aceptar buena parte de las sugerencias del propio
Consejo General del Poder Judicial, porque creemos que también es una
garantía más que razonable de que van a tener calidad jurídica
suficiente como para poder ser llevadas a la práctica. Me decía si
hay medidas nuevas, aunque haya visto que S.S. no es muy partidario
de Montesquieu, porque nos pedía bien al Parlamento o bien al
Gobierno que actuásemos de manera enérgica, encendida y decidida
frente a las sentencias que no nos gusten, perdone que yo siga
reconociendo como más adecuada la vía del Consejo General del Poder
Judicial para disciplinar los excesos o defectos que tengan los
jueces en el ejercicio de sus funciones. Usted opta por una vía que
ya sé que es muy querida por alguna sección de su grupo
parlamentario, pero permítame que yo me quede con la convicción de la
eficacia de las instituciones y sobre todo permítame también, señor
López Garrido, más ahora que venimos, y yo me incluyo, de intentar
acordar, de intentar consensuar las medidas por las que ha de caminar
la justicia en los próximos años, no le digo ya meses sino años y no
es mi estilo cuando está reciente un hecho positivo, que es un
acuerdo de gran dimensión, intentar crispar o enfatizar en lo que nos
separa. Permítame que yo al menos esta tarde enfatice en lo que puede
ser motivo de colaboración.
Le decía que como a veces no son solamente cuestiones de buena
voluntad, sino que también es necesario movilizar recursos, sabrá que
este plan está dotado con más de 13.000 millones de pesetas, 5.000
más que el plan anterior. Vuelve a insistir en varios ejes: eje de
sensibilización, básicamente preventiva; educación en valores de
diálogo, de respeto y de tolerancia; mejorar la legislación; mejorar
el procedimiento legal, que insisto es claramente perfectible;
mejorar y completar ese mapa de recursos sociales, yo creo que debe
haber una trama más fina de servicios sociales; potenciar la
coordinación -y yo con ese ánimo subo a esta tribuna- entre las
distintas administraciones, no ya con independencia de su dimensión
sino también de la ideología de quienes gobiernen, y con cambios que
estoy seguro que al menos a S.S. le habrán resultado correctos como
planteamiento. Le hablaba de problemas de instrucción. Sabe que ya en
el nuevo plan se sugiere que la instrucción de las causas por delitos
y faltas tengan esa concentración en el mismo juzgado, que evite
dilaciones o que evite minoraciones en lo que serían las
calificaciones adecuadas. Sabe que va a haber medidas
provisionalísimas. En caso de separación se sugieren con la finalidad
de proteger a quien hay que proteger, que son las víctimas, y a hacer
efectiva la separación de hecho respecto al agresor. Hay novedades
para evitar riesgos adicionales, como es la creación de puntos de
encuentro en las visitas para los hijos, la extensión de esas
unidades, tanto en el ámbito de la policía como de la Guardia Civil.
Dada la escasez de tiempo, voy a reservar estos últimos minutos para
hacer énfasis en lo que sin ninguna duda es una de las causas que
está tras de muchos de estos comportamientos: la falta de autonomía
funcional y autonomía personal de muchas mujeres, que se ven
obligadas a soportar no solamente lo que es una vejación, sino
situaciones absolutamente indeseables, con pérdida de autoestima,
quizá porque no tienen esa posibilidad de autonomía personal y
funcional que da un empleo o un trabajo. Ahí es donde le pido que
encaje, señor López Garrido, nuestra última reforma laboral, que obra
en favor de las mujeres y obra sobre todo en favor de las mujeres con
menor cualificación. Yo estoy convencido del beneficio de unas buenas
políticas de empleo a favor de la mujer. Hace unos instantes el señor
Jáuregui, su compañero de grupo, me preguntaba sobre la evolución del
empleo, y me alegra contestarle que el empleo femenino está creciendo
más y mejor que el empleo masculino. En esas medidas está sin duda
también una de las claves para evitar conductas y comportamientos
como los que estamos viviendo. Me dice que las cifras no son
correctas. Naturalmente. Cada vez que se produce un fallecimiento, la
sociedad no solamente se estremece y sufre sino que a través de sus
instituciones está obligada a perfeccionar todos los mecanismos que
tenga a su alcance para evitarlo. Sé que no se puede corregir en unos
pocos meses o años los defectos de siglos, pero a la vista del buen
balance del primer plan le garantizo que no hay ningún inconveniente
en seguir trabajando intensamente, y espero que con la colaboración
de su grupo, en el segundo y en los que sean necesarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta
La intervención del señor ministro me corrobora en la idea de que el
Gobierno y el Grupo Popular no abordan esta cuestión como lo que es,
una cuestión de fondo, nuclear y estructural en esta sociedad, y por
tanto no es algo periférico que pueda abordarse simplemente con
medidas deslavazadas, en donde no se sabe cuáles son las prioridades
y simplemente se citan una detrás de otra sin cuantificar exactamente
lo que se va a hacer. Yo he seguido sin enterarme de cuál es
exactamente la evaluación del primer plan y qué piensan hacer
respecto del segundo plan. La cuestión de fondo en la violencia sobre
la mujer es el tipo de sociedad en la que vivimos, una sociedad que
los sociólogos llaman la sociedad androcéntrica, en la que hay una
superioridad del hombre respecto de la mujer que se transmite a todos
los ámbitos de la vida y que se proyecta en una violencia terrible,
de ensañamiento en ocasiones cuando se producen estos actos de
violencia, y que tiene un objetivo muy claro: mantener esa
superioridad social y personal sobre la mujer, ya que el hombre no
puede soportar que se convierta en una igualdad. La cuestión de fondo
que afecta al conjunto de la vida social es que el agresor saca un
beneficio, como dice Miguel Lorente en un libro reciente de título
tan gráfico como Mi marido me pega lo normal, le va bien la violencia
porque se siente impune ante la falta de respuesta del sistema
social, unido a que la mujer maltratada, en una situación de especial
inferioridad cuando el agresor tiene un acceso muy directo en la vida
familiar, una facilidad para el maltrato, para la violencia, se
encuentra absolutamente impotente en la respuesta porque no encuentra
una ayuda ni un reconocimiento social ni político; el Gobierno no
está liderando social y políticamente esta cuestión ni le está dando
el apoyo que necesita este fenómeno de enorme importancia que afecta
a centenares de miles de personas a lo largo de toda su vida. Los
datos del Defensor del Pueblo hablan de que cuando llegan las
denuncias, esas mujeres han llevado ocho, nueve y diez años de
maltrato sistemático, y eso requiere algo más que un plan de medidas
más o menos deslavazadas. Como no es un documento cerrado -y me
parece muy bien que no lo sea-, desde luego en la moción que
presentaremos como consecuencia de esta interpelación vamos a hacer
algunas propuestas.
Nosotros creemos que no se abordan los temas educativos. El Defensor
del Pueblo recordó al Gobierno la importancia de entrar a fondo en el
sistema educativo y no se ha hecho de verdad, aunque se diga que sí
como una respuesta al Defensor del Pueblo; no se entra a fondo en
temas de enorme importancia social como es la situación de
indefensión económica, porque este es otro tipo de violencia. La
violencia física o psicológica contra la mujer va unido a una
violencia económica también cuando se producen estos casos, y el
Estado -y ahí está su función, en definitiva para eso está el
Estado- tiene que dar seguridad a las mujeres que se encuentran en
esa situación. Por eso, algo parecido a un salario social o poner en
práctica de una vez el fondo de garantía de pensión para impagos,
tiene que ponerse inmediatamente sobre la mesa. Uno de sus
antecesores, el señor Arenas, cuando llegó el año 1996, en el primer
discurso que hizo me parece que dijo que a final de año iba a estar
el fondo de garantía de pensiones; todavía estamos esperándolo. Es
una propuesta del señor Arenas, lo primero que dijo cuando llegó al
Ministerio de Trabajo.
En cuanto al sistema judicial, es francamente insuficiente. El
Parlamento tiene sin duda la facultad, la potestad y la obligación de
recordárselo sistemáticamente al sistema judicial, y esto no es ir
contra Montesquieu, más bien van contra Montesquieu otras prácticas
de influencia o de invasión en el poder judicial que ha protagonizado
este Gobierno algunos meses atrás desgraciadamente. No es ir en
contra de Montesquieu hablar de la necesidad de que se responda
adecuadamente y de forma inmediata con medidas cautelares eficaces a
algo que no está sucediendo en estos momentos. Esto hay que
recordárselo al poder judicial, al Consejo General del Poder Judicial
y este Parlamento tiene que hablar de eso y ocuparse de eso. Es
absolutamente fundamental, como las medidas de acceso a la vivienda,
como las medidas sobre el empleo. Usted sitúa el tema de la violencia
contra la mujer de forma diluida dentro del empleo en general. No, es
un tema específico. No se puede diluir dentro del empleo en general,
hacen falta medidas específicas contra la violencia que se hace
contra las mujeres en el tema del empleo, en el tema de la vivienda,
en el tema de la subsistencia económica. Si no esas mujeres se
seguirán sintiendo -por eso no hay las denuncias que debería de
haber- no reconocidas socialmente. En definitiva, hay que acabar con
esa situación, con la impunidad que tienen los agresores y hay que ir
a un reconocimiento social de la existencia de esa violencia, hay que
hacer visible la violencia contra la mujer y es la única forma de
erradicarla y de afirmar el derecho a la libertad de la mujer, el
derecho a la inviolabilidad de su propio cuerpo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
López Garrido.
Señor ministro, S.S. tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, me dice que son medidas deslavazadas. Yo creo que
precisamente la virtud de un plan está en que sistematiza las
acciones del Gobierno. Yo no sé si usted no lo ha leído o no tiene
especial interés en leerlo. Si quiere saber cuándo se ha producido la
primera sistematización desde una Administración gobernada por
compañeros de su partido, le diré que ha sido el 10 de abril del año
2001 y le diré también con cierta tristeza que me cuesta no reconocer
medidas distintas a las que propone el plan, salvo una en la que,
como le decía antes, hay más que fundadas dudas de constitucionalidad
y de sentido práctico.
Me ha dejado muy preocupado ese énfasis no solamente en señalar -que
podría ser muy correcto como medida disuasoria- a quienes ejerzan
este tipo de violencia -eso admite gran discusión doctrinal-, pero me
ha preocupado mucho también su obsesión por señalar a quienes padecen
la violencia doméstica. Bajo el rótulo y bandera de que hay que dar
un trato muy distinguido y muy especial a quienes padezcan este tipo
de situaciones, puede estar ese señalamiento público que no creo que
contribuya en modo alguno a la dignidad de la persona ni a la de las
familias, especialmente si hay niños. Yo sería bastante más cuidadoso
en eso; y quien dice en eso dice en el señalamiento mediante objetos,
localizadores y demás. Créame que el ánimo es común; créame que el
ánimo es de protección y de prevención, pero también tiene que ser de
ir a la causa, a los orígenes y especialmente a esos motivos de
dignidad que usted señalaba.
Vuelvo a insistir en que no entiendo -se lo digo con franqueza- que
sea necesario traer aquí cuestiones que pueden ser residenciadas en
el Consejo General del Poder Judicial, del que espero frutos de
cooperación gracias a un acuerdo político. Supongo que a usted le
puede resultar más o menos llamativo para el discurso; yo tengo algo
más de convicción en las viejas teorías de Montesquieu -insisto-, y
espero que el Consejo General del Poder Judicial discipline tanto lo
que sean excesos como defectos de aplicación.
Permítame también que le diga que coincido al cien por cien en que es
necesario insistir en la educación en valores, tolerancia e igualdad
de género, máxime cuando un fenómeno que todos presumíamos asociado a
personas de mayor edad también está teniendo expresión en personas
jóvenes. Eso debe llevarnos a mirar con sentido medianamente
autocrítico lo que ha sido la formación en valores de esas personas
que hoy tienen 20, 25 ó 30 años. El sentido crítico exige decir qué
tipo de educación han recibido, sin ningún ensañamiento ni escarnio,
pero reflexionando sobre si ha habido carencias que conduzcan hoy al
afloramiento de este fenómeno también entre personas jóvenes. Si
había alguna disculpa -que yo no se la concedo- para las personas de
mayor edad, más influidas por esos sentimientos atávicos, parece que
es menos justificable aún cuando hablamos de personas que han sido
educadas en los últimos años. Vuelvo a insistir: me parece muy bien
que venga usted con todo el sentido crítico que considere oportuno
contra el Gobierno, pero espero que tenga también cierto sentido
autocrítico respecto a aquello en que puede encontrar
responsabilidades infinitamente más próximas, y que una y otra
crítica -la que debamos
ejercer hacia nosotros y la que seamos capaces de ejercer hacia
nuestros adversarios políticos- nos lleven a la cooperación, no al
puro enfrentamiento.
He tratado de ser especialmente cuidadoso en estos argumentos porque
tras de ese plan no está solamente el esfuerzo del Gobierno, está
también el esfuerzo de muchas administraciones, y haciendo un repaso
al menos de las grandes áreas le puedo asegurar que tengo la
tranquilidad de saber que tenemos mejores normas, que tenemos
profesionales mejor preparados, que se está educando en valores y que
se están haciendo campañas de sensibilización que están calando.
Usted me dice que no vamos a la velocidad que nos gustaría.
Indudablemente, y ahí apelo a su colaboración y a su consideración;
pero es evidente que estamos mejor que cuando ni siquiera
reconocíamos la existencia de este problema, situación que
tristemente tienen otros países. Evidentemente no podemos compararnos
con ellos, porque no se toman siquiera la molestia de elaborar una
estadística que refleje este fenómeno, a sabiendas también de que la
violencia de género, la violencia contra la mujer no es exclusiva de
España, ni muchísimo menos. Esa es la técnica del avestruz.
A mí me alegra que España haya saltado de la pura ignorancia, cuando
no de la ocultación del problema, a las medidas de acción. Si me dice
que son perfectibles, naturalmente; si me pregunta si me hubiese
gustado que antes de 1998 hubiera habido acciones operativas,
también. No me voy a dedicar a insistir más en esa cuestión, pero no
nos diga que precisamente ahora que se sistematizan y se evalúa la
eficacia de las medidas estamos peor que cuando no se sistematizaban
o no se realizaban evaluaciones. No me diga que las cifras que
podemos comparar ahora son un mal en sí mismas. Naturalmente que las
cifras son malas; el fallecimiento o la violencia de cualquier
persona me duelen como propio, pero admitamos que hoy tenemos esa
posibilidad, cosa que antes no teníamos.
Eso es lo que quería trasladarle. Espero con atención la moción que
presente su grupo y espero también que esa moción vaya en la línea
que considero imprescindible: la búsqueda del acuerdo y la búsqueda
del consenso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
POSTURA QUE HA MANTENIDO Y MANTENDRÁ EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA
DEFINITIVA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LA
PROLONGACIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS Y A LA ESTRATEGIA DE LA CALIDAD
PARA
EL ACEITE DE OLIVA. (Número de expediente 172/000100.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, pasamos a
continuación al debate de la interpelación del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre la postura que ha mantenido y
mantendrá el Gobierno en relación con la definitiva aprobación de las
modificaciones que afectan a la prolongación del régimen de ayudas y
a la estrategia de la calidad para el aceite de oliva.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, Izquierda Unida presenta esta interpelación con dos
objetivos muy claros: por una parte, queremos saber qué está haciendo
su Gobierno y cómo va a trabajar para conseguir las mejores
condiciones para nuestra industria del aceite de oliva; por otra
parte, dentro de dos semanas presentaremos una moción que esperamos
que apruebe esta Cámara y que debe servir de instrumento útil para
que usted y su Gobierno acudan a las reuniones de la Unión Europea
con el máximo respaldo. En este sentido, le invito a que lea los
debates que con motivo de la anterior negociación de la reforma de la
OCM del aceite de oliva se produjeron en esta Cámara. Le invito a que
los lea porque verá de esta manera el alto grado de coincidencia y de
unidad que se produjo en gran parte de la negociación, así como el
papel importante que esta Cámara jugó en defensa de los intereses de
nuestro país en una batalla que fue difícil y que nosotros creemos
sinceramente que podía haber terminado mejor. Repito que el papel de
esta Cámara fue muy importante en su discusión.
Por fortuna, hoy partimos de una situación algo mejor. No queremos
decir que se hayan obviado todos los problemas, pero sí es verdad que
tenemos algún terreno ganado; no estamos como a mediados de los
noventa, cuando teníamos que hacer una defensa desesperada del
mantenimiento del sistema de ayuda a la producción frente a la
decisión prácticamente tomada por el comisario Fischler de implantar
el sistema de ayuda al árbol. Aunque repito que hoy la situación es
diferente, debemos añadir que en la anterior batalla la necesidad de
salvar la ayuda a la producción como algo fundamental hizo que otros
elementos que también eran importantes no se situasen en primera
línea. Como dijimos entonces, estimamos que al final de la
negociación la ministra no supo apurar al máximo las posibilidades
que tiene nuestro país para conseguir una mejor OCM del aceite de
oliva y que no fue capaz de conseguir aprovechar todos los recursos
humanos y sociales que se emplearon para haber avanzado algo más. No
es éste el momento de entrar en ese debate, pero quiero
resaltar que con la experiencia actual con la situación en la que, si
no definitivamente en algo se ha avanzado a la hora de asegurar la
ayuda a la producción, hay que plantearse objetivos más amplios o al
menos más diversos. Debemos dar la batalla para asegurar no sólo la
supervivencia del sector, de la economía del olivar, sino para
conseguir que se garantice de una vez por todas el mantenimiento de
la renta de los agricultores, el mantenimiento del cultivo del olivar
como elemento esencial de conservación del medio ambiente
mediterráneo, que sirva para desarrollar estrategias locales y
regionales de desarrollo rural y de mejora del empleo en el campo.
Todo esto debe ir acompañado de una política de calidad. Éste debe
ser el marco en el que nos movamos en esta negociación, con el
propósito de alcanzar objetivos muy claros y perfectamente
alcanzables.
Partimos de una situación mejor de la que teníamos en los años
noventa, pero todavía existen quienes van a aprovechar cualquier
oportunidad para retomar la necesidad del sistema de ayuda al árbol;
todavía hay gente en la Unión Europea -y seguimos pensando que el
comisario Fischler no es ajeno a ello- que va a intentar aprovechar
la ocasión para retomar aquella propuesta. Hay un elemento que nos
preocupa, por lo que queremos saber su opinión, porque para nosotros
no es neutro el hecho de que haya una propuesta para el control y de
que a partir del 1 de noviembre de 2003 la ayuda sólo se considerará
por olivo o aceite procedente de olivares que figuren en lo que sería
un sistema llamado de información geográfica oleícola, sin decir cómo
se relacionaría cada kilogramo de aceite de oliva producido con la
fotografía del olivo del que procede, cuando todos sabemos que hay
millones de productores cuyas explotaciones están frecuentemente
divididas en varias parcelas. Es una propuesta muy extraña, que tiene
más relación con la ayuda al árbol que con un sistema de ayuda a la
producción. Hay que estar atentos a todos los movimientos y nos
gustaría en este caso concreto saber cuál es la posición de su
Gobierno. Mientras se presenta esta propuesta en la Unión Europea,
siguen sin establecerse controles más fiables de información que
vayan de verdad al control de la producción, que es donde hay que ir.
Señor ministro, no hay que bajar la guardia y sí ser más ambiciosos.
Como decía, en el proceso anterior estuvimos a la defensiva y había
motivos para ello. No se lo reprochamos nunca ni a la ministra ni a
nadie porque en aquel momento era evidente que estábamos en una
situación muy difícil a nivel internacional, en minoría en la Unión
Europea y había motivos lógicos para estarlo. La situación actual en
algo ha mejorado y hay elementos para pasar a la ofensiva. Así,
nuestro primer ofrecimiento, que intentaremos plasmar la semana que
viene en la moción, es que nos marquemos objetivos claros; objetivos
en los que estamos convencidos de que podemos y debemos coincidir la
inmensa mayoría, casi la totalidad de esta Cámara. Trabajemos por
ello todos
juntos, de esa manera usted y su Gobierno se sentirán arropados y al
final el éxito o el fracaso será de todos y fundamentalmente de todos
aquellos que viven directa o indirectamente del olivar. En la medida
en que usted y su Gobierno estén a la ofensiva y siempre en
consonancia con lo que aquí aprobemos, tendrán nuestro apoyo. Será,
como se lo dijimos a anteriores ministros, un apoyo sin trampa, un
apoyo que viene avalado por el papel que jugó nuestro grupo en la
anterior negociación y también, cómo no, por el papel que jugó y
sigue jugando el eurodiputado de Izquierda Unida Salvador Jové. Desde
estos avales, podemos presentar en esta Cámara la necesidad del
consenso y de la unidad como un valor en sí mismo, no sólo como un
objetivo a conseguir sino como un valor en sí mismo. Junto con el
mantenimiento del sistema de ayudas a la producción, es necesario
mejorar las ayudas a las pequeñas producciones de forma
complementaria, así como los elementos de protección medioambiental.
Deben ser objetivos en los cuales también avancemos. Pero, sobre
todo, es necesario incrementar la cantidad máxima garantizada.
En este marco, señor ministro, aunque sabemos que no es fácil,
estamos dispuestos a hablar de la prohibición de plantaciones nuevas.
No podemos seguir sufriendo sin reaccionar penalización tras
penalización. Nuestros agricultores no pueden seguir viendo cómo
reciben por sus aceitunas, por su aceite, menores ayudas que las que
reciben el resto de los agricultores de la Unión Europea. No podemos
seguir sin reaccionar ante esta situación. El tiempo pasado desde la
reforma transitoria ha evidenciado la necesidad de recuperar
mecanismos de intervención con medidas para el almacenamiento
privado. Medidas que aseguren la estabilidad de los mercados y de los
precios en un sector que, como todos sabemos, sufre fluctuaciones
anuales muy considerables de la producción. Consideramos
imprescindible resaltar que la prohibición de las mezclas de aceite
de oliva con otras grasas es completamente necesaria para evitar
confusión al consumidor, abusos, fraudes y para conseguir que nuestro
aceite de oliva sea realmente aceite de oliva. Esto es importante
para nuestro país no sólo por lo que sirve de mejora de nuestra
posibilidad de competitividad, sino porque también debemos combatir
esas prácticas que utilizan cada vez más las denominaciones
relacionadas con el aceite de oliva para atribuir a productos que no
son aceite de oliva cualidades que sí tiene el aceite de oliva. La
lucha contra las mezclas debe ser también un objetivo fundamental en
nuestro proceso hacia una buena OCM del aceite de oliva. Como les
decía, es necesario proteger al consumidor de los abusos y establecer
condiciones claras para la utilización de la denominación aceite de
oliva. Pues bien, en este momento tenemos un magnífico aliado, un
magnífico instrumento, como son las propuestas y resoluciones
aprobadas por el Parlamento Europeo no hace mucho tiempo. Ahí tenemos
donde agarrarnos. Ahora viene la responsabilidad de su Gobierno, así
como la responsabilidad de este Parlamento, que es conseguir que lo
que el Parlamento Europeo ha aprobado sea ratificado por la Comisión
de la Unión Europea. Es su responsabilidad como ministro de
Agricultura, aunque también es la responsabilidad del presidente ya
que dijimos en su día y repetimos ahora que estamos ante una cuestión
de Estado a la que el presidente del Gobierno no puede ser ajeno. Por
otra parte, nosotros estamos dispuestos a asumir nuestra
responsabilidad en la medida en que se nos permita.
Nosotros hemos manifestado a anteriores ministros y se lo decimos
ahora a usted también que no hay ningún grupo más interesado que el
nuestro -puede que haya alguno que tenga el mismo interés- en
conseguir que el futuro del olivar esté asegurado, puesto que al
final se sabe quiénes son los que acaban perdiendo y los que resultan
más perjudicados con una pérdida de competitividad.
No quiero terminar sin hablar de otro asunto que es importante y es
que, aunque nos consta su complejidad y su dificultad, cuando
hablemos del aceite de oliva y en general de la agricultura, debemos
referirnos también a la modulación. Hay que empezar a avanzar, no
seguir, puesto que se ha hecho muy poco en este terreno, en casos
concretos de modulación. No olvidemos que en la batalla -fue una
verdadera batalla- para tratar de frenar los intentos de acabar con
el olivar mediterráneo, si se consiguió un éxito se debió, entre
otras circunstancias, a una gran sintonía entre las organizaciones
patronales, sectoriales y sindicatos de los trabajadores. Hay que
mantener ese consenso ya que es una de las garantías de éxito, pero
difícilmente se podrá conseguir esa unidad a la hora de defender el
futuro del olivar si no hay un reparto más social de las ayudas.
Cuando hace tiempo le hablamos de modulación, lo hacíamos en este
sentido. Mantener la unidad del sector en este momento pasa de forma
irremediable por un reparto mucho más social de las ayudas, donde el
empleo es el elemento fundamental. En ese sentido, su Ministerio ha
hecho bastante poco y ahora debería concretar lo relativo a la
modulación para conseguir la mayor unidad posible.
Todo esto, señor ministro, es lo que hoy le plantea Izquierda Unida,
sin ninguna trampa y comprometiéndonos a ello.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Centella.
Señor ministro, S.S. tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quisiera
manifestar un profundo agradecimiento al eurodiputado español don
Salvador Jové por el trabajo realizado en defensa de los intereses
del sector oleícola al incorporar en el informe
del Parlamento Europeo aspectos esencialmente convenientes para el
sector oleícola español, de la misma forma que ya lo hizo
anteriormente en la reforma de 1998.
El informe del Parlamento Europeo, del pasado 17 de mayo, refuerza la
postura defendida por el Gobierno español en aspectos tales como la
prohibición de mezclas, el automatismo del desencadenamiento del
almacenamiento privado del aceite de oliva, la inclusión de la
aceituna de mesa en las actividades que podrán realizar las
organizaciones de productores y sus uniones reconocidas en cuanto a
su promoción o algunos aspectos relacionados con la financiación de
las actividades de las organizaciones de agentes económicos.
La propuesta de reglamento del Consejo que presentó la Comisión el
pasado 29 de enero al Consejo de Ministros de Agricultura modifica
los reglamentos 136/96 y 1638/98 en relación con la prolongación del
régimen de ayudas y a la estrategia de la calidad para el aceite de
oliva. Desde el punto de vista del Gobierno español, se puede valorar
esta propuesta en términos generales como positiva. Propone una
prórroga de dos años del régimen actual de regulación del mercado del
aceite de oliva, un cambio en la denominación de aceites de oliva
vírgenes, la entrada en vigor de la definición de aceite de orujo
crudo, una disminución de los límites de acidez en varias categorías
de aceite, la desaparición del aceite corriente y una mayor
implicación de las organizaciones de agentes económicos en la gestión
del sector y del mercado del aceite de oliva, en la mejora de la
calidad del aceite y en las técnicas medioambientales de producción.
Estamos de acuerdo con la Comisión en la necesidad de una prórroga
del actual sistema de regulación, pero, en cuanto a la duración de la
misma, creemos que el plazo debe prorrogarse por un tiempo superior a
dos años o por el tiempo necesario hasta que se puedan obtener datos
fiables del sector en toda la Unión Europea; una evaluación sobre los
resultados de las medidas acordadas en la reforma de 1998 y concluir
los estudios que permitan un mejor control de la producción real de
aceite de oliva en todos los Estados miembros. Así lo manifestó el
Gobierno español en el Consejo de Ministros de Agricultura del pasado
22 de mayo.
Esta postura coincide plenamente con las enmiendas que en este
sentido se han presentado por el Parlamento Europeo. Las delegaciones
de Grecia y Portugal han propuesto prórrogas superiores a los cinco
años. Italia y España han sido partidarias de una prórroga superior
a los dos años o el plazo necesario para poder articular una reforma
sobre bases científicas sólidas. Así, se va a mantener por unos años
más la ayuda a la producción que se acordó en la reforma de 1998,
postura defendida en todo momento por la delegación española porque
asegura un nivel de renta a los oleicultores por el aceite realmente
producido. Para los productores nacionales,
este nivel de renta asegurado se sitúa en torno a los 167.000
millones de pesetas.
En las dos primeras campañas de aplicación de esta reforma, la misma
ha sido francamente positiva para el sector nacional. Se han
percibido por nuestros oleicultores ingresos muy superiores a los de
la OCM anterior. En la campaña 1998-1999, con una producción de
791.000 toneladas, se han recibido 172.800 millones de pesetas, es
decir, 29.200 millones más de los que se hubieran recibido de estar
vigente la anterior OCM. En la campaña 1999-2000, con una producción
de 669.000 toneladas de aceite, se han recibido 166.000 millones de
pesetas, es decir, 58.400 millones más de los que se hubieran
recibido con la campaña anterior. En definitiva, creemos que se podrá
determinar una información más fiable del número de olivos de los
países productores, de la superficie de olivares y de sus
rendimientos y potencial productivo. Además, se podrán aplicar en
este período transitorio las medidas aprobadas recientemente por la
Comisión para reforzar el control de la ayuda a la producción del
aceite de oliva y evitar el fraude. El informe del Parlamento
Europeo, en varias enmiendas, refuerza nuestra postura de ofrecer,
con todas las garantías, un aceite de calidad al consumidor, de
asegurar la transparencia en el mercado y establecer mecanismos e
instrumentos fiables y efectivos para controlar los posibles fraudes.
En cuanto a la denominación de los aceites, la Comisión recomienda un
cambio en la denominación del grupo actual de aceites de oliva
vírgenes en el comercio al por mayor, proponiendo la denominación de
aceites de oliva crudos. Consideramos que la palabra crudo no es
adecuada, ya que puede inducir a la confusión. Se podrá interpretar
que para el consumo directo de este producto es necesaria alguna
transformación y no hay que olvidar que los mejores aceites de oliva
de consumo directo, aceite de oliva virgen extra y oliva virgen se
agrupan bajo este epígrafe. Tampoco se muestran favorables otros
Estados miembros con este cambio de denominación y, en general, se
considera que la mejor opción es mantener la denominación actual de
estos aceites, es decir, aceites de oliva vírgenes.
En cuanto al actual aceite de oliva destinado al consumo, la Comisión
propone añadir la palabra estándar, alegando que es necesario que la
denominación de esta categoría se diferencie de la genérica del
producto y evitar confusiones al consumidor. Estamos de acuerdo en
que es necesaria una modificación, pero la palabra estándar no es la
adecuada porque consideramos que perjudica la imagen de este
producto. Este asunto es un tema muy delicado porque en nuestro país
el consumo mayoritario de aceite pertenece a esta categoría y si
incorporamos una palabra negativa puede llevar a reducir el consumo
de aceite de oliva en beneficio de otro tipo de aceites. Estamos
seguros de que se podrá encontrar una fórmula que clarifique las
denominaciones de los diferentes tipos de aceite de oliva,
introduciendo
una mayor racionalidad en las denominaciones, que deben beneficiar al
productor con definiciones más precisas y al consumidor informándole
mejor del producto que va a comprar.
Respecto a la supresión de la categoría de aceite corriente,
propuesta por la Comisión, estamos de acuerdo, aunque creemos que es
necesario un reajuste de los precios de desencadenamiento del
almacenamiento privado para el aceite lampante. La propuesta de la
Comisión sobre reducción de límites de acidez de aceites nos parece
positiva, siempre que suponga una mejora de la calidad del aceite de
oliva. Pero, por otro lado, en la nueva definición propuesta para el
orujo, hemos solicitado que se incluya el producto obtenido de los
orujos tratados mediante métodos físicos. Creemos que esta nueva
definición debe entrar en vigor el 1 de noviembre del 2001, sin
esperar a la prórroga propuesta para las dos campañas siguientes.
El informe del Parlamento Europeo también se refiere en varias de sus
aportaciones a la necesidad de identificar y etiquetar correctamente
el aceite de oliva para ofrecer garantías al consumidor del producto
que consume. En esta propuesta de reforma la Comisión sigue
manteniendo la situación actual de permitir la comercialización de
las mezclas de aceite de oliva con otro tipo de aceites vegetales, a
pesar de que los países productores nos hemos opuesto siempre y hemos
pedido que se prohiba en toda la Unión Europea. El informe del
Parlamento Europeo introduce expresamente esta prohibición. Creemos
-y así lo hemos defendido en todas las negociaciones, en la anterior
reforma y ahora- que con estas mezclas es fácil defraudar al
consumidor, porque no hay métodos analíticos que permitan determinar
con absoluta exactitud el porcentaje de aceite de oliva incluido en
ellas y, además, se perjudica la imagen de este producto. Esta
prohibición ya existe en nuestra legislación, al igual que en el
resto de países productores y en algún país no productor y, tras los
debates en el marco del Consejo, esperamos que se puedan establecer
requisitos para un etiquetado más justo y estricto, como se propone
en varias enmiendas del Parlamento Europeo.
Por otra parte, quiero señalar que España ha pedido en reiteradas
ocasiones que el almacenamiento privado previsto en la actual
reglamentación, como medida para regular el mercado, se active y
desactive de forma automática para sostener los precios del aceite de
oliva en la Comunidad, independientemente de aspectos presupuestarios
o de interpretación de la legislación. El informe del Parlamento
Europeo introduce la necesidad de modificar el actual sistema de
almacenamiento privado, dotándole de mayor flexibilidad y eficacia.
Finalmente, en cuanto a las actividades de las organizaciones de
agentes económicos, quiero señalar que la Comisión propone que las
acciones que podrán realizar en cuanto a gestión del sector y del
mercado, la mejora de la calidad y del impacto medioambiental de
la producción y defensa y certificación de la calidad, entren en
vigor el 1 de noviembre del año 2003. Esta medida es positiva y
estamos de acuerdo en que el sector se implique en estas acciones.
Hemos solicitado que se incluya, además, la defensa y difusión de la
calidad del aceite de oliva y que la retención sobre la ayuda, que
permite financiar todas estas actividades, se aplique también a la
aceituna de mesa, con el fin de equipararla al aceite de oliva,
aspecto que también recoge el Parlamento Europeo en sus enmiendas.
La Comisión propone que las medidas de mejora de la calidad sean
cofinanciadas por el sector. La posición de España en este punto es
que se sigan financiando como hasta ahora, es decir, que siga
habiendo un cien por cien de financiación comunitaria, excepto en el
caso de gastos de ejecución de tratamientos de la mosca del olivo y
gastos de remuneración del personal de los laboratorios. En
definitiva, puede tener S.S. la seguridad de que el Gobierno va a
seguir manteniendo como hasta ahora una postura firme y decidida en
defensa de los intereses de nuestro sector olivarero en todos los
foros comunitarios.
Quiero tranquilizar a S.S. en el sentido de que entendemos que el
sistema de información geográfica es positivo para luchar contra los
fraudes. No olvidemos que en este momento tenemos olivos que tienen
derecho a la ayuda y olivos que no tienen derecho a la ayuda. Por
tanto, hay que controlar absolutamente que producciones de unos no
pasan a otros y que no estamos ante supuestos de fraude. Tenemos que
administrar esta OCM, que es un elemento fundamental del producto
interior bruto agrario español y de la renta de los agricultores en
muchas comunidades autónomas, con rigor, con seriedad, con eficacia,
haciendo que las ayudas las perciban aquellos que realmente las
merecen y evitando todos los supuestos de fraude. El Gobierno va a
seguir trabajando en esta línea para garantizar que la reforma que
definitivamente se acuerde asegure la renta de los agricultores por
el carácter multifuncional que presenta el olivar al mantener alto
nivel de empleo en zonas que dependen de este cultivo, alto valor
medioambiental al evitar la erosión y configurar paisajes típicamente
mediterráneos. Tiene que garantizar, además, la calidad del aceite y
avanzar en la modernización del sistema productivo.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
ministro.
El señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señor ministro,
intervendré muy brevemente porque es un primer debate, una primera
toma de contacto y estamos convencidos de que será un tema muy
recurrente en esta Cámara por la importancia que tiene y por la
necesidad que hay de que cualquier paso que se dé goce del máximo
consenso.
Su explicación ha sido detallada, pero ha habido elementos que no ha
tocado, no sé si por falta de tiempo, por olvido o, simplemente,
porque no están en su agenda, lo que sí me preocuparía. Hay algunos
sobre los que tenemos dudas. Cuando se habla de prorrogar por más
años para obtener datos fiables y para evitar el fraude, eso no se
corresponde con que se hagan realmente actuaciones en ese sentido. Le
comentaba anteriormente que no se están haciendo esfuerzos para
luchar contra el fraude, y no hablamos sólo de nuestro país, sino de
la Unión Europea. No creemos que ese sea el verdadero argumento para
defender la prórroga sino que hay otros. Sería muy importante
conseguir los datos más fiables y llegar a una lucha contra el fraude
real, pero, para tener cierta credibilidad, eso tendría que venir con
avances que no vemos.
Usted defendía el sistema de la fotografía, sobre el que yo le
planteaba dudas, y, a pesar de lo que ha dicho, seguimos sin saber
cómo se pueden identificar los olivos fotografiados con la
producción. En el sistema de ayuda al árbol no hay duda: árbol
fotografiado, árbol que tiene derecho a la subvención, pero aquí
estamos hablando de ayuda a la producción y nos falta el árbol
perdido que identifique el árbol fotografiado con la producción
obtenida. Todavía falta la voluntad eficaz de la Unión Europea para
avanzar.
Tampoco hemos escuchado cuál es la postura del Gobierno español sobre
la prohibición de nuevas plantaciones y en qué marco se produce, y
tenemos serias dudas de que esto se haga sin trampas. No le hemos
oído -y creemos que hay que replanteárselo- que hay que mejorar la
cantidad máxima garantizada, porque aquí se dan cifras, pero no
todas, y si usted las tiene las podría decir en esta Cámara cuánto
recibe un agricultor español por kilo y un agricultor griego o
italiano, porque esas son las cifras que hay que equiparar. Si aquí
la producción es mayor, también serán mayores las ayudas. Kilo a kilo
es como hay que comparar, porque no es justo que nuestros
agricultores sigan recibiendo penalización tras penalización. Por eso
hay que superar el tope que se nos impuso injustamente.
Si para algo tiene que servir el período de reforma provisional es
para analizar los elementos positivos y negativos y consideramos que
tiene que haber algún tipo de intervención. Se ha demostrado que la
reforma de la OCM del aceite de oliva es insuficiente, por lo que hay
que recuperar alguna manera de intervención. Tampoco le he oído
hablar de la modulación, elemento importante para conseguir la unidad
de todos. De aquí a un año nos nos extrañemos si nos encontramos con
que, cuando haya que llamar a la movilización, los trabajadores que
no perciban esas ayudas de carácter social digan que salgan a la
calle aquellos que las reciban para defenderse, porque eso no va con
ellos. Nuestro interés es que hoy avancemos hacia la modulación.
Por lo demás, usted ha planteado algunos elementos con los cuales
estamos de acuerdo y solamente le pediría
que informase a esta Cámara de cómo está la relación de fuerzas a
la hora de conseguir que el informe del Parlamento Europeo sea tenido
en cuenta por la Comisión, primer elemento en el que nos vamos a
volcar. No sabemos si eso, hoy por hoy, está garantizado o si falta
algún elemento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señora presidenta.
Yo he tocado todos los aspectos que están en la propuesta de la
Comisión y que están en el informe del Parlamento Europeo y
obviamente no me he referido a temas distintos que no están ni en la
propuesta ni en el informe, pero que pueden interesar a los grupos
políticos. No tengo el menor empacho en abordarlos, no hay ningún
problema.
En primer lugar, me pregunta por la prohibición de nuevas
plantaciones. El Gobierno español entiende que la prohibición de
nuevas plantaciones es una posibilidad, pero que hay que establecerla
a nivel comunitario, para todos a la vez. ¿Cuál es el riesgo de la
prohibición de nuevas plantaciones? El riesgo es que en este momento
están creciendo las exportaciones de modo importante y está
incrementándose moderadamente el consumo, pero si se prohíben en
nuestro país y se aumentan en terceros países, los crecimientos del
mercado se van a abastecer por terceros países. Es una decisión que
hay que sopesar y hay que ver lo que está pasando. El Gobierno lo que
entiende es que hay que extremar el control, que no es sólo
fotográfico, sino también catastral. Y sabrá S.S. que el Gobierno ha
llegado a acuerdos con las organizaciones de productores para casar
las fotografías aéreas obtenidas con los datos del catastro, sobre el
terreno, que sepamos exactamente cuál es el potencial productivo de
cada parcela, porque sabiendo el potencial productivo de cada parcela
no pueden aparecer parcelas que tengan el doble de la producción
teórica máxima, y entonces podremos combatir el fraude con todo rigor
y evitar penalizaciones innecesarias por incrementos de capacidad de
producción que vengan de parcelas sin derecho a ayuda. Este es un
tema muy importante.
Por otro lado, dice que hay que mejorar la cantidad máxima
garantizada. Ese debate ya lo hemos tenido en otra ocasión y estamos
ahora mismo en un contexto de absoluto rigor presupuestario.
Incremento de cantidad máxima garantizada supone incremento del
presupuesto comunitario. En este momento eso es una entelequia
y siendo una entelequia un incremento del presupuesto comunitario, si
incrementamos el presupuesto en el aceite, hay que bajarlo en otro
sector de la agricultura europea, y entonces hay que decir de dónde
se baja. El
Gobierno entiende que hemos logrado un sano equilibrio en estos
momentos, porque los datos son espectaculares: España ha mejorado
respecto de las cifras que percibían los agricultores en las campañas
anteriores un 35 por ciento, Italia un 17 y Grecia un 17 también.
Luego realmente se hizo una gran negociación y estamos en una
situación que es ciertamente favorable a nuestros intereses. En este
momento, si abriéramos esta OCM, a corto plazo no entraríamos en un
supuesto de incremento, sino de redistribución de la situación
actual, y con las cifras de producción que tenemos de las tres
últimas campañas no estaríamos en la mejor situación para forzar
diferencias a favor de nuestro país. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Dice usted que hay que restablecer la intervención. Yo creo que la
intervención es un concepto que está desapareciendo de todas las OCM
sin excepción. El Gobierno entiende que por el contrario lo que hay
que hacer es mejorar los mecanismos de apoyo al almacenamiento
privado con desencadenamientos automáticos en función de umbrales
preestablecidos. Es cierto que ustedes siguen insistiendo en la
modulación como la panacea para estos temas, pero eso se tiene que
hacer en un contexto, primero, de apoyo al olivar que se llama de
baja producción. El Gobierno está con las organizaciones agrarias en
un proceso de conciliación de datos para ver qué llamamos olivar de
baja producción y, dentro del olivar de baja producción, qué
productores son agricultores a título principal, es decir, que viven
de la agricultura, porque puede haber dos tipos de olivar de baja
producción: uno que sea propiedad de agricultores que viven de la
agricultura, y a esos hay que buscarles soluciones, y otro que sea de
otras personas que viven en otros sectores de la economía y que
tienen unas determinadas hectáreas con olivos, con mayor o menor
producción, y no podemos hacer un tratamiento igual en uno y otro
caso. En este momento existen ya ayudas medioambientales para los
olivares que cumplen un papel de lucha contra la erosión, de
producción integrada y de producción ecológica. Están aprobadas por
la Unión Europea y sólo dependen de que las comunidades autónomas
decidan ponerlas en vigor y darles prioridad. El Gobierno tiene
previstos los mecanismos de cofinanciación de la parte que el Estado
debe asumir en cuanto a esas medidas y son las comunidades autónomas
las que tienen que tomar la decisión política de ponerlas o no
ponerlas en vigor. Tenemos ahora mismo mecanismos para apoyar los
olivares de baja producción, pero si pusiéramos en marcha la
modulación que quieren SS.SS., se plantearía un problema adicional,
que es que hay que cofinanciarla con recursos adicionales. En este
momento el Gobierno no tiene dificultades, pero pregunte usted a las
comunidades autónomas si estarían dispuestas a cofinanciar ayudas de
esta naturaleza. Cuando tenga usted la respuesta podremos sentarnos a
dialogar sobre si este escenario de la modulación es real o teórico.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL FUTURO MODELO DE
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 172/000101.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto sobre el futuro modelo de financiación autonómica. Para la
presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, señor ministro,
no cabe duda que estamos ante un tema clave, cual es el de la
financiación de las comunidades autónomas, marcado en sus grandes
líneas por la Lofca y con unas características peculiares. Es un tema
marcado por una profunda brecha fiscal, por una profunda distancia
entre la Administración que recauda y las administraciones que
gastan; marcado también por un no diría yo modelo abierto, pero sí un
modelo constitucional no cerrado aún, por un modelo constitucional
dinámico que ha llevado en estos años atrás a no tener un escenario
estable de financiación autonómica; marcado por una falta de
convergencia interregional, puesto que ni siquiera en las décadas de
los ochenta y noventa la convergencia regional entre comunidades en
España se ha comportado tan favorablemente como lo hizo en la década
de los años setenta; marcado también por una diferencia importante de
nivelación de servicios que no se ha logrado corregir y marcado,
sobre todo en el último escenario, en el vigente, por un
enfrentamiento sin antecedentes entre el Gobierno central y algunas
comunidades autónomas, que hace la situación actual más compleja aún
que la tradicional -que es la división entre comunidades forales y
las que tienen el otro sistema-, porque además aquellas se dividen
entre las que aceptaron el modelo del Gobierno y las que no lo
aceptaron.
La interpelación es sobre el futuro modelo y, por tanto, no voy a
entrar en el análisis del modelo vigente, pero sí quiero decir
claramente que este enfrentamiento no ha sido bueno y que, desde el
punto de vista de los andalucistas, en el caso concreto de la
comunidad andaluza, hemos perdido. Yo no sé cómo se habría perdido
más, si aceptando la fórmula del Gobierno o aceptando la fórmula que
sostiene el Gobierno andaluz, pero lo cierto es que Andalucía pierde
por no haber habido consenso. Por tanto, es absolutamente fundamental
que en el escenario que se abre en el nuevo período, sea de cuatro
años o sea de más años, se produzca el consenso.
El tema de la financiación autonómica es muy complejo, complejo de
entender y complejo de explicar; se confunden muchas cosas. En las
cantidades, se confunde el cuánto, en qué criterios se sostiene su
determinación
y en qué forma se suministran esas cantidades, es decir, con qué
corresponsabilidad fiscal o con qué autonomía financiera. Señorías,
yo creo que estamos en el momento de acordar, al menos, los grandes
principios. Quizá no podamos acordar en esta Cámara la determinación
numérica de los mismos, pero sí podemos y debemos interpelarle, señor
ministro, para que usted aquí reafirme las líneas básicas que va a
tener este nuevo modelo. Respecto al cuánto, cómo se va a garantizar
la suficiencia financiera, muy ligada a la población, evidentemente,
porque está ligada al costo de los servicios prestados por habitante,
pero también lo está a otras características, a la superficie, y que
en el caso de Andalucía se agravan por el no reconocimiento de la
deuda histórica -en definitiva, una transferencia mal dotada y, por
tanto, una deseconomía en el mantenimiento de esos niveles- y por el
no reconocimiento del censo, y estamos hablando de suficiencia.
En segundo lugar, respecto a la equidad, a nosotros nos parece que no
se ha alcanzado en este país y que si no se alcanza la nivelación de
servicios ni porque lo diga la Lofca ni por el acuerdo sexto de
financiación autonómica ni por el grupo de trabajo, que no ha logrado
determinar los estándares ni ha logrado determinar, por tanto, cuál
es el desnivel de servicios entre unas comunidades y otras, señor
ministro, si no podemos porque a corto plazo, de un plumazo, no se
puede hacer nivelar los servicios en este país, debemos determinar un
escenario temporal para poder nivelar los servicios. No sé ahora
mismo si ese escenario puede ser de cuatro, ocho o diez años. Desde
luego lo que no se puede hacer es no marcar ni siquiera un escenario
temporal y asignar unas cantidades simbólicas a la nivelación de
servicios, como las que han asignado los gobiernos en los últimos
presupuestos, que se han dedicado a universidades y a no sé que
cuestiones más, pero en cantidades irrisorias para solventar el
desnivel que tiene la prestación de servicios en este país. Habrá que
abordar en qué escenario tenemos previsto que estemos próximos en
todas las comunidades a los servicios medios.
Por último, además de la suficiencia y la equidad, está la
solidaridad. ¿Hasta qué punto resiste un análisis la dotación de
recursos del Fondo de compensación interterritorial? ¿Hasta qué punto
no hay que hacer un esfuerzo mayor para conseguir la misma capacidad
de generación de riqueza en todas las comunidades -no la misma
riqueza, sino la misma capacidad de generación de riqueza- y, por
tanto, el esfuerzo inversor? Esto determinará el cuánto, la cantidad.
Después habrá que ver cómo varía esa cantidad con los años. Parece
evidente que tendrá que ir ligado a la variación de la población,
indexada o no con la variación de los ingresos fiscales, pero habrá
que establecer una fórmula para que eso vaya cambiando año a año. Se
trata de un tematécnico que se resolverá con facilidad.
Otro aspecto importante es cómo se reciben esos medios por las
comunidades, con qué corresponsabilidad fiscal, con qué autonomía
financiera. Desde nuestro punto de vista no se debe confundir nunca
esfuerzo fiscal con recaudación fiscal de una comunidad. Por lo menos
los andalucistas no estamos dispuestos a confundirlo ni a creer que
la aplicación directa de lo que recaudan las comunidades las
clasifica en cedentes y en receptoras, porque se puede dar el caso de
comunidades que en parte recaudan lo que se produce en otras
comunidades. Todos sabemos cuántas empresas, cuántos bienes y cuánto
patrimonio tributa en un sitio y está situado en otro. Nosotros hemos
hecho unos números sencillos de una bolsa de impuestos ligada al
consumo y en el año 1997 esa bolsa de impuestos referente a
Andalucía, de IRPF, de IVA y de sociedades, nos da unos ingresos de
aproximadamente el 8 por ciento del país. Ese mismo año, mientras
Andalucía recauda el 8 por ciento de los impuestos, Madrid y Cataluña
recaudan el 64. Es evidente que el trabajo de los que habitan en la
comunidad de Madrid y en la comunidad de Cataluña no puede sumar ocho
veces la recaudación de Andalucía. No hay elementos correctores de
ese efecto sede central que se paga en un sitio, mientras que el
empleo se localiza en otro. Esto se puede corregir aplicando una
variable como la producción interna. Solamente esa variable
proporciona 800.000 millones más a Andalucía. Quiere decirse que no
se admiten correlatos entre lo recaudado y la cesión lineal de una
recaudación, que es lo que le corresponde a cada comunidad. Tiene que
haber una mayor corresponsabilidad, tiene que haber una participación
de las comunidades en un tanto por ciento de los impuestos de los que
hablamos -ahora veremos de cuáles- y tiene que haber intervención en
la capacidad normativa, porque si no se tiene intervención en la
capacidad normativa no se tiene corresponsabilidad fiscal, con
precauciones, porque no puede haber comunidades con superávit y
comunidades con déficit, ya que eso puede provocar tentaciones de
desnivelación de circunstancias fiscales para la localización de
empresas en distintas comunidades.
Se ha hablado técnicamente de muchos impuestos, de muchas bolsas
-espero que me responda-, de los impuestos indirectos, de los
impuestos especiales, de estudiar el 50 por ciento del IVA
modificando el reglamento sobre un IVA minorista, de un incremento
del 30 por ciento al 50 por ciento del IRPF. ¿Qué bolsa de impuestos
es la que el Gobierno tiene previsto cambiar respecto al modelo
existente para que las comunidades alcancen un mayor grado de
autonomía financiera y presupuestaria, en definitiva, un mayor grado
de corresponsabilidad, qué grado de participación van a tener las
comunidades en la Agencia Tributaria?
Espero que S.S. me aclare la posición del Gobierno sobre estas
cuestiones, que pueden y deben alcanzar un marco de consenso. Es
fundamental conseguir que las
fórmulas de financiación autonómica que ponga el Gobierno encima de
la mesa, con los correctores que se necesiten, produzcan similares
grados de autonomía financiera en las comunidades autónomas. Es
evidente que habrá una distancia entre las que más reciben y las que
reciben menos, en función de que obtengan fondos europeos o fondos de
cohesión y que cuadren las cantidades totales, pero no es razonable
producir un modelo o una fórmula que produzca variaciones muy fuertes
de autonomía financiera en las comunidades. Parece más razonable
conseguir una fórmula que indexada de determinada manera dé un
resultado similar de autonomía financiera en las comunidades.
Hay muchos temas puntuales y técnicos que ver, pero hoy es el momento
de la filosofía. Nosotros lo resumiríamos diciendo que es posible
conseguir una bolsa de impuestos cedidos a las comunidades autónomas
con un grado de autonomía suficiente, que tenga unos topes y unas
limitaciones; topes a determinadas ventajas fiscales de unos y otros,
y ahí quiero hablar de las singularidades y de los conciertos. Como
andalucistas respetamos las singularidades de los conciertos fiscales
con las comunidades que los tienen, singularidades derivadas de su
identidad histórica, pero en ningún caso que de ellas se puedan
derivar privilegios económicos que descompensen los niveles de
prestación de servicios en unas comunidades y otras; que tengamos que
tener esos índices correctores del efecto sede central y que no
exista -que haya un tope- superávit fiscal en ninguna comunidad.
Pedimos que se definan de verdad los niveles de servicio estándares,
que se definan de verdad las necesidades con una ratio clara y
coherente para todas y que todas alcancemos el mismo grado; que no
haya excedentes y que no haya receptoras. Por último, que respecto a
las cantidades que el Estado transfiere directamente, que sean
finalistas o no dependa de su carácter. Es razonable pensar que la
autonomía financiera afecte en una comunidad a su funcionamiento,
afecte al menos a sus gastos corrientes, a sus inversiones de
reposición y mantenimiento. Nos parece que debería haber autonomía
financiera para empezar a andar, para pagar nóminas, para funcionar,
que otra cosa será la bolsa de inversiones especiales que requiera el
Estado, donde sí tendríamos que estar todos en la mesa viendo la
fórmula de cómo se reparte ese esfuerzo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señor Núñez, como S.S. recordaba -de ahí la conveniencia y la
oportunidad de esta interpelación-, el próximo año termina la
vigencia del actual modelo de
financiación autonómica. Por ello estamos realizando un estudio,
debatido y compartido con otras fuerzas políticas y con otros
gobiernos de comunidades autónomas, desde hace meses para alcanzar lo
que debe ser un nuevo modelo de financiación autonómica en España, un
modelo estable que no requiera de futuras modificaciones y que cumpla
con los principios fundamentales de suficiencia financiera, de
solidaridad y de corresponsabilidad.
Quiero agradecer el tono constructivo de su intervención, aunque
deseo también mostrarle mi discrepancia en lo que se refiere al punto
de partida, a la valoración del sistema de financiación de
comunidades autónomas actualmente vigente. Si hay algo que
caracteriza al actual sistema que está a punto de finalizar, ha sido
precisamente su espíritu y su voluntad de diálogo, que ha estado
siempre presente y que ha permitido, para que S.S. lo conozca,
avances muy importantes en materia de suficiencia financiera de
nuestras comunidades autónomas, avances de solidaridad y, sobre todo,
avances de corresponsabilidad fiscal. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.)
En relación con la suficiencia financiera, debo recordarles que el
incremento de financiación que experimentan todas las comunidades
autónomas por la aplicación del sistema de financiación 1997-2001 es
superior al que se hubiese producido por la aplicación del método del
quinquenio anterior, 1992-1996, y es superior en una cantidad que
podemos cifrar en 96.000 millones de pesetas. Es decir, el sistema
actual ha allegado más recursos financieros a las comunidades
autónomas. En segundo lugar, el sistema sigue siendo solidario
porque, como ponen de relieve las liquidaciones de los años 1997 y
1988, ha habido un mayor crecimiento de la financiación de las
comunidades autónomas menos desarrolladas, de forma que el 80 por
ciento de los recursos adicionales han sido para las comunidades
autónomas de menor renta.
También decía antes que el sistema actual ha supuesto también un
formidable avance en materia de corresponsabilidad fiscal. Hay que
recordar que los mecanismos financieros del quinquenio 1992-1996
permitían a las comunidades autónomas financiarse sólo por cuatro
vías, tributos cedidos, tasas, participación en ingresos del Estado y
participación en el 15 por ciento del IRPF. Ahora, en contraste, los
mecanismos financieros del quinquenio 1997-2001 permiten a las
comunidades autónomas financiarse por cinco vías: tributos cedidos,
tasas, tarifa autonómica, 15 por ciento, participación del IRPF y
participación en ingresos del Estado, PIE. De los cinco mecanismos,
la autonomía en las tasas es total, eso ya ocurría también en el
quinquenio anterior. En cuanto a los tributos cedidos, el sistema
vigente concede a las comunidades autónomas mayor autonomía, ya que
se les otorga competencia normativa que no tenían en el quinquenio
1992-1996, además de la autonomía de gestión que ya en parte
disfrutaban.La
tarifa autonómica del 15 por ciento concede a las comunidades
autónomas competencia normativa en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas con ciertos límites y también concede participación
en la gestión y, por tanto, estamos también en una participación de
tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, que pasa del 15 al 30 por ciento de la recaudación por IRPF
en su territorio y, en consecuencia, con la misma competencia que
tienen en la tarifa autonómica.
En resumen, la autonomía financiera y la corresponsabilidad se
incrementan con el nuevo sistema, de forma que las comunidades
autónomas por primera vez tienen capacidad normativa y los recursos
impositivos pasan de representar el 26 por ciento de la financiación
de las comunidades autónomas al 50 por ciento. Eso significa,
señoría, que hay más corresponsabilidad, eso significa que las
comunidades autónomas que han aceptado el modelo han disfrutado de
más recursos y de más corresponsabilidad y eso significa que las
comunidades autónomas que no han aceptado el modelo han perdido la
oportunidad de recibir ese incremento de recursos y han quedado
también al margen del ejercicio de la corresponsabilidad fiscal.
Corresponde a los gobiernos de esas comunidades autónomas ofrecer las
suficientes explicaciones. ¿Por qué han perdido esos recursos,
señoría? ¿Por qué han perjudicado a los ciudadanos, en beneficio de
los que gobiernan, cuando sabían lo que iba a ocurrir? En definitiva,
¿por qué han perjudicado la financiación de estas comunidades
autónomas? Eso es algo que S.S. entiende porque S.S. ha sido miembro
del Gobierno andaluz y por tanto seguramente también puede ofrecer
algo o bastante en materia de explicación pública en cuanto a por qué
se han producido las circunstancias políticas que han hecho que las
comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura
hayan perdido en el sistema actual, exactamente porque sus gobiernos
han decidido no acogerse al modelo. El Gobierno de España lo que ha
hecho ha sido aplicar un régimen que paliara y que llevara adelante
unas dotaciones presupuestarias que no fueran congeladas, como se
hizo en el año 1986 con las comunidades autónomas que no aceptaron el
sistema entonces, para las que se estableció una congelación de
créditos.
Es el momento, señoría, efectivamente, de plantearse el futuro del
sistema y lo hemos de hacer, como decía, a través de un diálogo
político sincero, un diálogo político que aporte soluciones y un
diálogo político que, como S.S. reclamaba, deje atrás viejos
prejuicios. En ese diálogo encontrará al Gobierno y encontrará a este
ministro, señoría. Ha habido una afirmación del autor de un estudio
recientemente publicado por la fundación del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, que decía -no es literal- que, como S.S. ha destacado en
la tribuna, no es verdad que haya regiones pobres y regiones ricas en
un país; hay individuos que tienen más capacidad
económica e individuos que tienen menos capacidad económica, y
esas personas viven en diferentes puntos de nuestra geografía. Esa es
la realidad a la que efectivamente ha de atender y sobre la que ha de
actuar nuestro sistema tributario buscando la equidad y también la
justicia social.
El Gobierno está trabajando para alcanzar un nuevo modelo de
financiación autonómica, un modelo que dé prioridad a los intereses
de los ciudadanos y estamos tratando de llegar a un amplio acuerdo
político en torno a las bases y a las categorías fundamentales de ese
modelo. El modelo debe sustentarse en la estabilidad. En los próximos
años estará prácticamente culminado el proceso de traspaso de
servicios, de transferencia de competencias a las comunidades
autónomas, por lo que estamos en condiciones de acordar un modelo
estable de financiación autonómica que dé continuidad y seguridad
a la financiación de las comunidades autónomas, en definitiva, que
permita su planificación a largo plazo.
El sistema debe garantizar los recursos suficientes para que las
comunidades autónomas puedan atender adecuadamente la prestación de
los servicios asumidos. El sistema debe ser solidario, debe guardar
la prestación de un nivel equivalente de servicios, para lo cual es
posible diseñar los mecanismos suficientes a partir de la experiencia
acumulada, mejorando los resultados actualmente alcanzados. El nuevo
sistema debe dotar a las comunidades autónomas de mayor autonomía no
sólo en la gestión o en la decisión de sus políticas de gasto, sino
en la definición de sus políticas de ingresos. Estamos, entiendo, en
condiciones de alcanzar ese acuerdo político. Subo a esta tribuna
invitando a su grupo político en Andalucía, que hoy participa en el
Gobierno de la comunidad autónoma, y a su grupo político en esta
Cámara a que se sume a ese acuerdo, que debe estar basado en esos
objetivos, y esos objetivos, insisto, debemos alcanzarlos a partir de
la experiencia positiva de la aplicación del sistema vigente, que nos
ha permitido avanzar en el ámbito de la suficiencia, de la
corresponsabilidad y de la solidaridad, como demuestran los
resultados de liquidación del propio sistema. Las experiencias de los
últimos años nos deben hacer reflexionar a todos -lo subrayo,
señorías- de cara a conseguir un sistema de financiación estable para
nuestras comunidades autónomas, en definitiva, para nuestros
ciudadanos. En este último quinquenio hemos dado pasos importantes,
pero qué duda cabe que de cara al nuevo modelo tenemos la oportunidad
de dar el paso definitivo. Estoy convencido de la voluntad positiva
de S.S. a la hora de dar ese paso definitivo en una negociación
política a la que también puede servir la propia iniciativa de la
Cámara a raíz de esa interpelación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Nuñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, voy a hacer algunas matizaciones a su
respuesta, en la que estoy de acuerdo en el tono y en el fondo. He
dicho en mi intervención que no quería volver la vista atrás respecto
al modelo actual, pero no se puede seguir con la cerrazón de decir
que este último modelo es un auténtico ejemplo de diálogo cuando ha
sido la única vez que han estado enfrentadas las comunidades. Si una
de las partes llama diálogo al no acuerdo, bien, pero si nos atenemos
a la realidad, en estos últimos cuatro años no ha habido acuerdo, de
modo que el acuerdo será lo bueno que sea, pero modelo de diálogo,
no. Cuando no ha habido acuerdo las partes tendrán sus
responsabilidades, y eso quizá nos ayude exclusivamente a decir, como
ha expresado su señoría, que no es bueno y que esta vez conviene que
lo haya. A nosotros, por lo menos así lo vemos los andalucistas, no
nos ha ido bien ni cuando hubo, desde nuestro punto de vista,
dependencia entre el Gobierno andaluz y el Gobierno central ni cuando
ha habido enfrentamiento entre el Gobierno andaluz y el Gobierno
central. Siempre nos ha ido mal cuando se ha hecho uso partidario de
los gobiernos y los conflictos legítimos entre partidos se juegan en
la mesa de comedor de los ciudadanos, porque las consecuencias son
para todos nosotros.
Quisiera matizarle, señor ministro, que yo no confundo -no sé si
estamos hablando de lo mismo- o no meto en el bloque de la
solidaridad la equidad; es decir, una cosa es conseguir el mismo
nivel de servicio, que es de justicia en este país y, como el punto
de partida no es tener el mismo nivel de servicio, hay que prever
unos fondos para que los servicios tengan las mismas infraestructuras
y medios en todos los lados y puedan ser prestados. Estos fondos no
los confundo con los fondos de solidaridad. Hay unos territorios con
más capacidad de generar riqueza que otros, y habrá que dar ayuda, no
ya a las rentas sino a la capacidad de generar rentas, a los
territorios con menos capacidad. El modelo que vence este año, señor
ministro, es un modelo que contiene dentro la solidaridad, la
equidad, como todos los modelos, pero es absolutamente insuficiente.
Estará conmigo en que, dados los desequilibrios existentes en este
país -y hemos debatido al respecto-, las cantidades previstas en el
esfuerzo de los Presupuestos Generales del Estado para la
equiparación de estos niveles de servicio, ese fondo de nivelación,
son absolutamente ridículas para conseguir la equiparación en un
tiempo razonable, y las cantidades con que hemos dotado al FCI son
absolutamente simbólicas. Por tanto, espero que cuando en este modelo
se incluyan los tramos de solidaridad y de equidad no se incluyan a
modo simbólico, sino a modo real, y tampoco a modo demagógico, de
querer meter una cantidad que no hay o querer resolver un problema en
un año. Lo que estoy
diciendo es que hablemos de plazos, ¿en cuántos años se van a liberar
los servicios en este país, en diez, en ocho, en cuatro? Hay que ver
las cantidades para nivelarlo. No podemos seguir diciendo: Es verdad
que unas están más arriba y otras están más abajo, luego pongamos una
cantidad para que se vayan equiparando, porque los datos de
convergencia dicen que las que están más altas cada vez están más
separadas de las que están más bajas. Aquí, o hacemos algo importante
en cantidad y cualidad, o seguimos navegando, tranquilizando nuestras
conciencias diciendo: Como hemos dedicado fondos a la solidaridad,
vámonos. No son suficientes ni los fondos de nivelación ni los fondos
de solidaridad.
Es posible -y vuelvo a coincidir con S.S., señor ministro- en esta
Cámara consensuar un bloque de medidas, un bloque de filosofía a los
que adscribirse el resto de los grupos y que todos participemos.
Estoy de acuerdo, y si podemos ayudar en el caso de la moción que
presente, consecuencia de esta interpelación, en conseguir el
consenso de la Cámara, con ese espíritu se hará. En ningún caso aquí
se interpela sobre el modelo de financiación autonómica con voluntad
simbólica o de discrepar o de decir que no; si se discrepa se va a
decir, pero es en la búsqueda de la eficacia y del consenso de un
modelo para todos. Estoy seguro de que nos irá mejor que en el
período anterior, donde había disputa entre los dos grandes partidos
sobre las ventajas e inconvenientes de aceptar o no el modelo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor
presidente.
Señoría, en primer lugar, vuelvo a agradecer el tono de su
intervención. Estoy seguro de que será también constructiva la moción
que redactará S.S, y su grupo parlamentario y, en opinión de este
Gobierno, debe merecer el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios a efectos de conseguir un acuerdo que sería
importante, por parte de la Cámara, en el momento que estamos
llevando adelante el diálogo relativo a la fijación del sistema de
financiación autonómica que debe regir en las comunidades autónomas
de España durante mucho tiempo.
Como decía en mi primera intervención, este modelo está ya muy
avanzado, porque estamos a punto de completar el proceso de
transferencias a las comunidades autónomas. Decía S.S. en su
intervención que solamente quería insistir en un punto, y es que ha
habido una divergencia entre los niveles de servicios prestados por
las comunidades autónomas en España. Yo discrepo de esa opinión. Yo
creo que ese no es el balance del
sistema actual de financiación. El sistema actual de financiación es
perfeccionable, como he dicho en mi primera intervención, pero no
necesitamos corregirlo por esa razón, porque de lo que estamos
hablando, en definitiva, es de la financiación de la oferta de
servicios públicos que hoy tienen en su mano los gobiernos
autonómicos, servicios públicos decisivos para el bienestar de los
ciudadanos y servicios públicos que debemos ser capaces de garantizar
en sus niveles y en su calidad, con independencia de dónde residan
los ciudadanos a lo largo y ancho de la geografía española. Esa es la
gran cuestión, de eso estamos hablando y a eso sirven los principios
que he enumerado en mi intervención en cuanto a procurar los recursos
financieros para nuestras comunidades autónomas, a la hora de
procurar que haya un acercamiento en la calidad y en el nivel de los
servicios públicos facilitados desde las comunidades autónomas en
España.
No hay que confundir eso con el nivel económico general de los
ciudadanos y la convergencia económica completa de las comunidades
autónomas. Esas son dos cuestiones diferentes. Sin duda alguna una
sirve a la otra, pero también debo aclarar a la Cámara esta tarde que
un sistema de financiación autonómica como el que he descrito,
asentado en los principios que he descrito, de lo que tampoco va a
ser capaz es de servir a un equilibrio económico regional en España;
debe ser un instrumento eficaz para ello, pero no va a ser condición
suficiente, hacen falta otros elementos, otros componentes de esa
política económica, que afortunadamente está haciendo que el
crecimiento económico actual sea un crecimiento equilibrado entre las
diferentes regiones españolas y sea un crecimiento que lejos de
ahondar esas diferencias lo que está consiguiendo es reducirlas
y está reduciendo también esas diferencias en el ámbito de la tasa de
paro.
Esta tarde, señorías, estamos hablando de oferta de servicios
públicos y de su financiación, de una financiación -insisto- que
procede de los impuestos, de los tributos que pagan los ciudadanos, y
estamos hablando de cómo hay que acometer la distribución territorial
de los tributos que acaban pagando nuestros contribuyentes, nuestros
ciudadanos. De eso es de lo que estamos hablando y de cómo podemos
avanzar en la corresponsabilidad, es decir, en que la propia
comunidad autónoma decida cuál es el grado de tributación última que
va exigir a sus ciudadanos a la hora de ofrecerles un grado de
servicios públicos determinados y vamos a hacerlo con las garantías
de que haya una suficiencia en la financiación de nuestras
comunidades autónomas, para evitar que comunidades autónomas con
menor capacidad económica o con menor número de individuos, como he
citado en mi primera intervención, capaces de pagar esos tributos,
puedan tener diferencias sustanciales en la oferta de esos bienes y
servicios públicos. Todos estos son objetivos que se pueden
armonizar, que se pueden conseguir y, por tanto, podemos
y debemos esperar mucho de la moción consecuencia de
interpelación, a efectos de recabar la voluntad unánime de la Cámara
en la definición de los principios que deben animar y estimular el
nuevo sistema de financiación autonómica en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Se suspende la sesión. Se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.