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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 82, de 16/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 82
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 78
celebrada el miércoles, 16 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán
(Convergència y Unió), para la regulación de un contrato de
aparcamiento de vehículos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 70-1, de 9 de junio de 2000. (Número de expediente 122/000061.)
. . . (Página 4118)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre contrato de aparcamiento.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 22-1, de 25 de
abril de 2000. (Número de expediente 122/000018.) . . .
Declaración Institucional . . . (Página 4125)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a promover un plan de calidad total del Sistema Nacional
de Salud que incluya programas de acreditación de los centros
sanitarios. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 126,
de 5 de febrero de 2001. (Número de expediente 162/000189.) . . .
(Página 4126)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno
a adoptar, en el plazo de seis meses, las medidas necesarias para
declarar servicio público universal determinadas prestaciones de
telefonía fija, móvil e internet. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 165, de 20 de abril de 2001. (Número de expediente
161/000273.) . . . (Página 4134)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción de las medidas
necesarias que fomenten la disminución de la siniestralidad en las
carreteras españolas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 176, de 14 de mayo de 2001. (Número de expediente 173/000060.)
. . . (Página 4140)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en relación con las medidas necesarias para la
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros
españoles. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 176, de
14 de mayo de 2001. (Número de expediente 173/000062.) . . .
(Página 4146)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a
favor de la economía productiva. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie D, número 176, de 14 de mayo de 2001. (Número de expediente
173/000063.). . . . (Página 4150)
Preguntas . . . (Página 4155)
Interpelaciones Urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política
general para la adquisición de fármacos y otros productos
farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del INSALUD. (Número de
expediente 172/000091.) . . . (Página 4176)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el
Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación
del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos. (Número de expediente
172/000092.) . . . (Página 4180)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), sobre
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el
sector privado, las situaciones de dependencia. (Número de expediente
172/000094.) . . . (Página 4187)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . .
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán
(Convergència i Unió), para la regulación de un contrato de
aparcamiento de vehículos . . . (Página 4118)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre contrato de aparcamiento .
. . (Página 4118)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Matador de
Matos. Expone que se trata de una proposición cuyo objeto es
establecer una regulación jurídica específica para el contrato de
aparcamiento de vehículos automóviles. Justifica esta iniciativa en
la necesidad de evitar los problemas derivados de encardinar la
regulación del aparcamiento en diversas figuras contractuales
recogidas en nuestro ordenamiento civil, que han llevado a producir
una jurisprudencia contradictoria. El contenido de la misma es
idéntico a la que ya
se presentó en la pasada legislatura, pero que no llegó a ser
debatida, y muy similar a la que hoy también presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, respecto de la que la posición del Grupo
Parlamentario Popular será a favor de su toma en consideración,
habida cuenta de que en trámites parlamentarios posteriores habrá
ocasión de debatirla con más profundidad.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el
señor Silva Sánchez defiende la toma en consideración de la
proposición de ley, señalando que la doble finalidad de la misma es,
de un lado, atribuir una seguridad jurídica a las partes
intervinientes, es decir, al titular del aparcamiento y al usuario
del vehículo y, por otro lado, fundamentar ese régimen jurídico en lo
que podrían considerar una justa equivalencia de las prestaciones.
Añade que se trata de una regulación cuya necesidad se sentía desde
hace muchos años, fijando claramente los derechos y deberes que
incumben a las partes contratantes y donde la protección de los
derechos de los consumidores y usuarios es absolutamente esencial.
La señora López González defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, manifestando
que la misma es similar a la defendida anteriormente por los
representantes de los Grupos Parlamentarios Popular y Catalán
(Convergència i Unió), siendo fáciles de solventar las pequeñas
diferencias entre ambas proposiciones a lo largo de su posterior
tramitación en la Cámara. Alude asimismo a la falta de un desarrollo
legislativo específico de este tipo de contratos, cada día más
numerosos, y a los criterios dispares de la jurisprudencia, todo lo
cual había llevado a una situación de inseguridad jurídica para todas
las partes. Agrega que su Grupo pretende una regulación específica de
este tipo de contratos, donde las obligaciones y derechos de las
partes y las responsabilidades que se deriven estén perfectamente
claras y asumidas por los contratantes.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán
(Convergència i Unió) es aprobada por 288 votos a favor y una
abstención.
Asimismo se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista por 289 votos a favor y uno en
contra.
Declaración institucional . . . (Página 4125)
La señora Presidenta recuerda que el pasado día 6 de mayo fue
brutalmente asesinado en Zaragoza el senador del Partido Popular por
la Comunidad Autónoma de Aragón don Manuel Giménez Abad; en la
madrugada del 12 de mayo un coche bomba explotó en Madrid, hiriendo a
varias personas, y en el día de ayer el periodista Gorka Landáburu
sufrió graves heridas al explotarle un paquete bomba enviado por la
banda terrorista. El Congreso de los Diputados, en su primera sesión
plenaria tras estos viles atentados terroristas, y por acuerdo
unánime de la Junta de Portavoces, hace pública una declaración
institucional condenando con toda firmeza dichos atentados, a la par
que reitera que la libertad y el respeto a los derechos humanos son
principios fundamentales e irrenunciables de nuestra sociedad
y constituyen el pilar básico sobre el que se asiente la convivencia
democrática.
La Cámara aprueba por asentimiento dicha declaración institucional.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 4126)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a promover un plan de calidad total del Sistema Nacional
de Salud que incluya programas de acreditación de los centros
sanitarios . . . (Página 4126)
El señor Burgos Gallego defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. Manifiesta que la proposición
no de ley pretende trasladar a la Cámara el interés del Grupo
Popular, de los profesionales, de los pacientes y de sus familias, en
suma de los ciudadanos en general, por mejorar los resultados de
nuestro Sistema Nacional de Salud y la calidad de los servicios
prestados, una calidad percibida por los ciudadanos. Se refiere
seguidamente a la definición de la calidad total en materia de salud
afirmando que lo importante es la mejora de esa calidad y no tanto el
sistema que se utilice para lograrlo, lo cual constituye una
obligación de quienes gestionan recursos públicos. Termina fijando la
posición del Grupo Parlamentario
Popular respecto de las enmiendas presentadas a la
proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen las señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; el señor Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Burgos Gallego.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, en los términos resultantes del debate y
plasmados en la enmienda transaccional presentada, se aprueba por 287
votos a favor y 5 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
adoptar, en el plazo de seis meses, las medidas necesarias para
declarar servicio público universal determinadas prestaciones de
telefonía fija, móvil e Internet . . . (Página
4134)
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista. Destaca la importancia del tema
objeto de debate, habida cuenta de que el sector de las
telecomunicaciones está adquiriendo una importancia vital en lo que
es el desarrollo de la economía, tanto en los aspectos económicos
como sociales y culturales de todos los ciudadanos españoles. Desde
el Grupo Parlamentario Socialista entienden que la regulación actual,
recogida en la Ley general de telecomunicaciones, es claramente
insuficiente y no garantiza un equilibrio e igualdad social ni
territorial para todos los ciudadanos, estimando de vital importancia
que el acceso a Internet sea considerado servicio universal, por ser
una prestación que obligatoriamente debe prestar el Gobierno para que
todos los ciudadanos puedan disfrutar, en condiciones de igualdad, de
los beneficios que proporciona la nueva tecnología.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i
Guash, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Pleguezuelos Aguilar.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, en los términos derivados del debate, que ha permitido
llegar al texto transaccional presentado, se aprueba por 289 votos a
favor y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción de las medidas
necesarias que fomenten la disminución de la siniestralidad en las
carreteras españolas . . . (Página 4140)
El señor Mayoral Cortés defiende la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista manifestando que a la vista de los datos
sobre inseguridad vial de nuestro país resulta evidente que se trata
de un problema cuyo tratamiento debe ser prioritario para nuestra
sociedad, para esta Cámara y para el Gobierno. Agrega que ante un
problema de tal calibre, el Congreso de los Diputados no puede
permanecer al margen. Por ello plantean la creación de una Comisión
permanente no legislativa de carácter multidisciplinar, al tratarse
de la cuestión más importante que afecta a los españoles desde el
punto de vista de su seguridad personal.
Por otra parte, se insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas
que consideran imprescindibles, básicas y urgentes. Seguidamente
relaciona dicho conjunto de medidas, para las que solicita una
aportación complementaria de carácter financiero por importe de
15.000 millones de pesetas, procedentes de lo que los propios
ciudadanos pagan en concepto de tasas y multas. Termina fijando la
posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto de las enmiendas
presentadas a esta moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción objeto de debate
intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto;
la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y el señor Jané i Guash, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Mayoral Cortés.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en relación con las medidas necesarias para la
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros
españoles . . . (Página 4146)
El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Comienza pidiendo al Grupo Parlamentario Popular,
que sabe que ha recibido muy bien esta propuesta, un esfuerzo para
completar totalmente la transición, que nadie ha querido
patrimonializar, porque la han hecho entre todos. Pide ese esfuerzo
de cara a la rehabilitación moral, simbólica y política respecto a
unas personas que dieron una batalla de enorme importancia y coraje
por la libertad, añadiendo que si se aprueba la moción se daría un
gran paso en la ruptura del olvido. Termina anticipando su
agradecimiento por la aprobación de la moción, si como parece ésta se
produce, y agradeciendo también su lucha a los combatientes
guerrilleros españoles, una lucha absolutamente desigual que supieron
llevar con la mayor dignidad del mundo.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Leguina
Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los
señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene
el señor Alcaraz Masats.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a
favor de la economía productiva . . . (Página
4150)
El señor Sánchez i Llibre defiende la moción del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), cuyo objetivo es recuperar e impulsar
una política industrial olvidada para que sea activa y una economía
productiva que vaya dirigida fundamentalmente a garantizar la
competitividad de nuestro tejido industrial, a potenciar nuestro
sector productivo clásico y también a potenciar e impulsar la
internacionalización de ese tejido industrial, básicamente de las
pequeñas y medianas empresas, promocionando y fomentando las
inversiones en desarrollo tecnológico e innovación industrial.
Menciona a continuación algunas de las medidas contenidas en la
moción, para la que espera contar con el apoyo de todos los grupos
representados en la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen el
señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; la
señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas
interviene de nuevo el señor Sánchez i Llibre.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción de las medidas
necesarias que fomenten la disminución de la siniestralidad en las
carreteras españolas, es rechazada por 117 votos a favor, 164 en
contra y 19 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre política del
Gobierno en relación con las medidas necesarias para la
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros
españoles, en los términos derivados del debate, es aprobada por 296
votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a
favor de la economía productiva, es aprobada `por 291 votos a favor y
nueve abstenciones.
Se suspende la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 4155)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al excelentísimo señor
Presidente del Gobierno: ¿Piensa tomar el Gobierno medidas para
frenar el continuo incremento de la inflación? (Número de expediente
180/000698.) . . . (Página 4155)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al excelentísimo señor
Presidente del Gobierno: ¿En qué va a cambiar su relación el
Gobierno, con el Gobierno Vasco que salga de las elecciones del
pasado domingo en el País Vasco? (Número de expediente 180/000697.) .
. . (Página 4156)
De la Diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas piensa desarrollar el Gobierno para luchar contra la
violencia doméstica? (Número de expediente 180/000682.) . . .
(Página 4157)
De la Diputada doña María del Mar Julios Reyes, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al excelentísimo
señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación a la
implantación del servicio de atención a la mujer, en las islas no
capitalinas de la Comunidad Autónoma de Canarias? (Número de
expediente 180/000670.) . . . (Página 4158)
De la Diputada doña Consuelo Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al excelentísimo señor Vicepresidente Primero
del Gobierno y Ministro del Interior: ¿Qué criterios está siguiendo
el Gobierno en el proceso de regularización de extranjeros?
(Número de expediente 180/000677.) . . . (Página
4159)
De la Diputada doña María José López González, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al excelentísimo señor
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior: ¿Cómo
explica el Ministro del Interior el crecimiento de la inseguridad
ciudadana con el supuesto éxito del Plan Policía 2000? (Número de
expediente 180/000678.) . . . (Página 4160)
Del Diputado don Celso Luis Delgado Arce, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué medida las
actuaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia previstas en la
normativa vigente en la materia pueden potenciar el funcionamiento
competitivo de los mercados españoles? (Número de expediente 180/
000683.) . . . (Página 4161)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
esfuerzos está realizando el Gobierno en materia de desminado?
(Número de expediente 180/000689.) . . . (Página
4162)
Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro de Justicia:
¿Por qué no se ha tramitado el suplicatorio del señor Berlusconi?
(Número de expediente 180/000673.) . . . (Página
4163)
De la Diputada doña Ángeles Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones
está en condiciones derealizar el Ministerio de Fomento para
acometer el soterramiento de la N-340 a su paso por San Pedro de
Alcántara? (Número de expediente 180/000687.) . . .
Del Diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué tipo de
actuaciones tiene previsto adoptar el Ministerio de Fomento en Lleida
con motivo de la llegada de la Alta Velocidad a esta ciudad? (Número
de expediente 180/000688.) . . . (Página 4165)
Del Diputado don Salvador Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al excelentísimo señor
Ministro de Fomento: ¿Qué previsiones de inversión tiene el Gobierno
para el desdoblamiento del Eix Transversal, inversión contemplada en
el Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento y
anunciada por el propio Ministro en su comparecencia ante la Comisión
de Infraestructuras del Congreso de los Diputados el pasado 15 de
junio de 2000? (Número de expediente 180/000695.) . . .
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro de la
Presidencia: ¿Por qué el Gobierno ha impedido el conocimiento público
de la última encuesta realizada por el Centrode Investigaciones
Sociológicas (CIS) sobre intención de voto en las elecciones al
Parlamento Vasco? (Número de expediente 180/000674.) ...
Del Diputado don Máximo Ramón DíazCano del Rey, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro
de la Presidencia: ¿Considera el Ministro de la Presidencia que la
información dada por Radio Televisión Española (RTVE) cumple unos
mínimos criterios de equilibrio y proporcionalidad? (Número de
expediente 180/000675.) . . . (Página 4168)
Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al excelentísimo señor Vicepresidente Segundo
del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Ha
tomado el Gobierno alguna iniciativa en relación con la Moción que,
sobre la empresa SINTEL, fue aprobada por unanimidad por todos los
Grupos de la Cámara? (Número de expediente 180/000672.) . . .
(Página 4169)
De la Diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Gobierno la participación española en el V Programa Marco
de la Unión Europea sobre Investigación 1998-2002? (Número de
expediente 180/000691.) . . . (Página 4170)
Del Diputado don Salvador de la Encina Ortega, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al excelentísimo señor Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Tiene soluciones el Gobierno
a la situación social y económica creada a raíz de no alcanzarse el
acuerdo de pesca con Marruecos? (Número de expediente 180/000676.) .
. . (Página 4171)
Del Diputado don Gabino Puche Rodríguez- Acosta, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno sobre la evolución del mercado del aceite
de oliva? (Número de expediente 180/000685.) . . .
Del Diputado don Javier Ignacio García Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha
llevado al cabo el Gobierno para la mejora de la calidad del aceite
de oliva? (Número de expediente 180/000686.) . . .
Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
principales novedades del Plan de Acción para el Empleo del Reino de
España para el año 2001? (Número de expediente 180/000684.) . . .
(Página 4174)
Del Diputado don Juan Ángel Bustillo Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones viene realizando el Gobierno para que España siga
ocupando el primer lugar a nivel mundial en donaciones de órganos?
(Número de expediente 180/000690.) . . . (Página
4175)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 4176)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política
general para la adquisición de fármacos y otros productos
farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del INSALUD . . .
(Página 4176)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, la señora Valentín Navarro, manifestando que de nuevo
traen a la Cámara una cuestión de vital importancia para el sistema
Nacional de Salud como es la política farmacéutica del Gobierno y su
aplicación en el territorio Insalud. Desde su punto de vista, las
actuaciones públicas han de estar orientadas a lograr un uso más
racional del medicamento y una gestión más eficiente de los recursos
sanitarios públicos. Lamentablemente, tiene la sensación de que entre
las prioridades políticas de la señora ministra no está ninguno de
esos dos objetivos. Alude al informe del Tribunal de Cuentas referido
al año 1998, del que se desprenden una serie de irregularidades en la
gestión del gasto farmacéutico hospitalario y en los distintos
procedimientos de contratación utilizados por el Insalud, preguntando
a la señora ministra si va a asumir ella la responsabilidad del
Gobierno por tan nefasta gestión o, por el contrario, va a echar la
culpa a los médicos, a los profesionales sanitarios e incluso a los
gobiernos socialistas anteriores, como viene haciendo habitualmente
cuando no sabe cómo afrontar un problema. Pregunta finalmente a la
señora ministra si no le produce rubor plantear el
copago de los medicamentos por parte de los pensionistas cuando se
están produciendo tales situaciones de descontrol económico en las
adquisiciones farmacéuticas hospitalarias del Insalud.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad y
Consumo (Villalobos Talero) considerando que sería bueno analizar
esta cuestión desde un punto de vista más sereno y constructivo,
desde el momento en que cree que entre todos deberían resolver un
problema que efectivamente existe. Respecto a los problemas que ponen
de manifiesto los informes del Tribunal de Cuentas en relación con el
Insalud, señala que no son nuevos, afirmando que lo que hoy tiene
lugar es consecuencia de nuestra propia historia, aunque a la
interpelante no le guste hablar de esa historia, como si esos 13 años
de gobierno socialista no hubieran existido. Insiste en que el pasado
está ahí, tanto para lo bueno como para lo malo, y consiguientemente
los problemas que hoy pueda tener el Insalud son en gran parte
problemas heredados, sin que esto signifique acusar de nada a la
interpelante. Menciona la señora ministra el informe del Tribunal de
Cuestan correspondiente al año 1995, cuando gobernaban los
socialistas, y en el que se ponen de manifiesto muchas de las
irregularidades que escandalizan a la señora Valentín y de las que a
su juicio no cabe acusar a los gerentes de los hospitales, sino que
vienen provocadas por la rigidez de la Ley de contratos del Estado y
la imposibilidad de ir a un concurso o subasta para adquirir ciertos
medicamentos respecto de los que sólo existe un proveedor. Alude por
último a algunas de las medidas adoptadas últimamente para corregir
en lo posible esas situaciones, rechazando que se produzca en ningún
momento ninguna ocultación ni despilfarro del dinero público en el
Insalud.
Replica la señora Valentín Navarro, duplicando la señora ministra
Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el
Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación
del Acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos . . .
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
interpelación formulada, manifestando que el Bloque Nacionalista
Galego trae de nuevo a la Cámara el debate acerca del futuro de la
flota que faenaba en las aguas que administra Marruecos y también el
futuro de las comarcas más dependientes de esa actividad y por
supuesto de muchos trabajadores del mar y de sus familias, afectadas
por la no renovación del acuerdo de pesca y con un futuro hoy
bastante negro. Pretende que el señor ministro, en nombre del
Gobierno, responda hablando de líneas de actuación claras y concretas
y no como hasta ahora minimizando ante la opinión pública la
importancia del desastre que supone el fracaso de las negociaciones
con Marruecos, o hablando de planes de reubicación que pertenecen en
este momento más al mundo de los sueños que de la realidad. Agrega
que la no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos supone un
fracaso sin paliativos del Gobierno y de la Unión Europea,
practicando ésta una política claramente perjudicial para nuestros
intereses pesqueros, diseñada para reducir nuestro peso pesquero, una
política insolidaria además con los más débiles. La desgracia es que,
en su opinión, el Gobierno comparte el fondo de esa política. Insiste
por último en la necesidad de retomar las negociaciones, a lo que
Marruecos afirmó que no se cerraba, negociaciones que cabría vincular
a las que en materia agrícola se iniciarán en breve, y justificadas
en su opinión ante la carencia o ineficacia de los planes
alternativos de que habla el Gobierno. Sobre estos últimos, pide al
Gobierno que aclare de cuántos fondos dispone y de dónde va a sacar
la financiación para esos planes.
El señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete)
informa que el Gobierno está trabajando, junto con el sector
pesquero, ayuntamientos de las zonas costeras afectadas y las
comunidades autónomas de Canarias, Galicia y Andalucía para diseñar
un plan de acción que presentarán a la Unión Europea,
independientemente de la demanda de ayudas al margen de los fondos
estructurales, de acuerdo con lo previsto en el Consejo europeo de
Niza del pasado mes de diciembre. El señor diputado sabe que en el
último Consejo de pesca comunitario, del 25 de abril, los Estados
miembros solicitaron de la Comisión que presentase lo antes posible
un plan de acción específico, trabajando el Gobierno en la
elaboración de ese plan alternativo. Menciona también el contenido
del plan de reconversión para la reubicación del mayor número de
barcos en otros caladeros, además de contemplar el Gobierno la
constitución de sociedades mixtas para dar salida a algunos de los
buques afectados, anunciando que el Gobierno dialogará con todas las
comunidades autónomas para establecer el marco de apoyo a los
distintos segmentos de la flota y para propiciar los procesos de
diversificación económica en las zonas en que ello sea necesario.
Replica el señor Vázquez Vázquez, duplicando el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el sector
privado, las situaciones de dependencia . . .
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano i Canadès. Con esta
interpelación y el subsiguiente debate, el Grupo Catalán pretende
incorporar a la acción política de esta legislatura el principal reto
de modernización del Estado de bienestar en España, desarrollando en
la línea de los Estados más avanzados del entorno las políticas
sociales que afronten las situaciones de dependencia, entendiendo por
dependencia aquella situación que tienen fundamentalmente las
personas mayores que no pueden desarrollar con plena normalidad sus
funciones y sus capacidades básicas como ciudadanos y como personas.
Plantean la interpelación en un contexto que consideran oportuno,
dado que el sistema público de pensiones está consolidado y el
sistema de cobertura universal de la sanidad es una ley de carácter
general, aunque la financiación tanto de las administraciones
territoriales como del Estado y el marco legal en el ámbito de los
servicios sociales es insuficiente desde la perspectiva de los
derechos subjetivos de las personas. Explica que dentro de la
atención a personas con discapacidades crónicas que se lleva a cabo
dentro del sistema de salud se empieza a percibir con cierta
preocupación la presión que ejercen sobre el sistema sanitario las
nuevas situaciones de incapacidad de las personas mayores que pueden
considerarse dependientes. Entienden que el cambio demográfico, las
nuevas y mayores necesidades existentes en el terreno de los
servicios a las personas mayores, además de la incorporación de la
mujer al mercado de trabajo, obligan a articular una política global
en materia de dependencia y, en este sentido, muestra su alegría,
como ya lo hizo en la Comisión no permanente sobre el Pacto de
Toledo, porque en el acuerdo para la mejora de la protección social
entre el Gobierno, Comisiones Obreras, la CEOE y Cepyme se haya
incorporado un capítulo específico orientado a que en la reflexión
acerca de las políticas sobre la proyección social en España se deben
incorporar las situaciones de dependencias. Hoy, añade, Convergència
i Unió pretende reforzar desde el ámbito parlamentario la necesidad
de articular en las políticas de protección social las políticas de
dependencia, teniendo como objetivo en la interpelación no sólo
plantear su posición sino conocer también la opinión de los demás
sobre el acuerdo
alcanzado para el desarrollo y la mejora del sistema de la Seguridad
Social en los próximos meses. Asimismo señala que también les
gustaría que la interpelación de hoy sirviera para que el Gobierno
informara sobre cómo se va a llevar a cabo el mandato que se hizo al
Gobierno y que se incorporó en una ley de acompañamiento sobre la
necesidad de que éste hiciese llegar a la Cámara un informe sobre el
desarrollo del seguro de dependencia de carácter privado, informe que
a su grupo no le consta que se haya presentado.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Comparte plenamente el
planteamiento y la preocupación, especialmente de futuro, del señor
interpelante por las situaciones de dependencia, aunque la propia
palabra dependencia es un concepto que no puede considerarse, a
priori, totalmente cerrado. Explica que situaciones de dependencia,
en términos económicos, son las de esa parte de la sociedad que se ve
obligada a depender económicamente de la otra parte que es capaz de
generar y producir riqueza, estando asociadas algunas de esas
dependencias a los procesos de envejecimiento, pero siendo otras
congénitas y otras de distintas graduaciones, por lo que el fenómeno
es real y complejo, yendo el tratamiento más allá de una
consideración tradicional. Considera que el interpelante ha centrado
el problema de las dependencias en las personas mayores que tienen
severas dificultades para ejercer su autonomía personal y funcional,
necesitando de cuidados especiales. Informa sobre el Plan nacional de
acción para la inclusión social que los países de la Unión Europea
presentarán antes del 1 de junio, siendo uno de sus aspectos
preferentes la atención específica a las personas dependientes por
considerar que es uno de los colectivos más vulnerables. Se refiere a
la necesaria coordinación que han de tener las administraciones
relacionadas por sus propias competencias y a la movilización de
recursos sociales que han de poner en marcha las administraciones
locales, que pueden ser determinantes del éxito o del fracaso del
modelo que España proponga como definitivo. Explica los términos del
acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección
social y considera que no se debe menospreciar ninguno de los
recursos y efectivos disponibles, siendo la labor más inteligente en
este caso la de coordinación y sincronización de los recursos de que
se dispone, planteamiento por otra parte dominante en Europa. Afirma
que el Gobierno, entretanto se produce el debate necesario sobre el
tratamiento de la dependencia desde la dimensión pública y la
privada, con la colaboración de las administraciones autonómicas y
locales, está mejorando todos aquellos programas que, desde su propia
responsabilidad, afectan al marco de la dependencia y de la
discapacidad.
Replica el señor Campuzano i Canadès, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALÁN
(CONVERGÈNCIA Y UNIÓ), PARA LA REGULACIÓN DE UN CONTRATO DE
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS. (Número de expediente 122/000061.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CONTRATO DE APARCAMIENTO.
(Número de expediente 122/000018.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día. Toma en consideración de proposiciones de
ley. En primer lugar, de los grupos parlamentarios Popular en el
Congreso y Catalán (Convergència y Unió), para la regulación de un
contrato de aparcamiento de vehículos, que será debatida
conjuntamente con la toma en consideración de proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre contrato de aparcamiento.
Para la presentación de la iniciativa por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Señora presidenta, señoras y señores
diputados. Intervengo en nombre del Grupo Popular para defender la
proposición de ley que hemos presentado conjuntamente con el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que consta de seis
artículos, una disposición derogatoria y una final, que tiene por
objeto establecer una regulación jurídica específica para el contrato
de aparcamiento de vehículos automóviles.
En primer término, se delimita el ámbito de aplicación distinguiendo
los aparcamientos producto de una actividad empresarial, que
constituyen el objeto de la norma, de aquellos otros que por su menor
trascendencia pueden ser tratados al amparo de otras figuras
contractuales. Asimismo se aborda especialmente la responsabilidad
del titular del aparcamiento en orden a larestitución del vehículo y
de sus accesorios y otros
efectos, de forma que se pretende dar respuesta a las dudas
suscitadas en esta materia.
Mi grupo parlamentario justifica esta iniciativa en que es necesario
evitar todos aquellos problemas derivados de encardinar la regulación
del aparcamiento en diversas figuras contractuales recogidas en
nuestro ordenamiento civil, que han llevado a producir una
jurisprudencia contradictoria, que es lo que se trata de evitar con
esta proposición que hoy sometemos a consideración de la Cámara.
Esta iniciativa es de contenido idéntico a la que ya se presentó,
pero que no fue debatida en la pasada legislatura, por el Grupo
Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) Es de contenido y de estructura similar a la
que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista, pero cabe señalar
algunas diferencias como que el Grupo Socialista incluye entre los
aparcamientos excluidos del ámbito de aplicación de esta ley a los
arrendamientos de plazas de aparcamientos que no formen parte de un
todo mayor objeto de explotación mercantil por parte de su titular.
Dichos arrendamientos quedarán sujetos al régimen general del Código
Civil. Estos supuestos no los contempla la proposición que hoy
presentamos. (Rumores.)
Por otra parte, la proposición que ahora debatimos, la presentada
conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en el artículo 5 regula
las responsabilidades donde se establece que nadie responderá en caso
fortuito o por fuerza mayor, supuesto que no contempla la del grupo
Socialista. Por último, nuestra proposición incorpora una disposición
final, en la que a efectos de esta ley se considera relación
contractual la que establezcan entre el titular del aparcamiento y el
del vehículo cuando el mismo haya sido depositado en cumplimiento de
un mandato judicial o administrativo, reservándose acción directa del
titular del aparcamiento frente a la persona titular del vehículo.
Salvo estas diferencias, como he señalado, ambas proposiciones son
similares en estructura y contenido, por lo que adelanto en este
momento que la posición de mi grupo será favorable respecto a la del
Grupo Socialista, dado que nos encontramos en un trámite de toma en
consideración y habrá tiempo en el trámite parlamentario posterior de
debatirla con más profundidad. (Rumores.)
Entrando en el análisis de esta proposición que hoy traemos a la
Cámara, hemos de señalar que el contrato de garaje o aparcamiento,
entendiendo por tal el referido a aquellos supuestos en que la
actividad de un determinado empresario consiste en la recepción de
vehículos en su establecimiento con objeto de proporcionar a sus
titulares un servicio de guarda mediante el ejercicio de un control
sobre los mismos, ha sido objeto de discusiones, tanto en la
jurisprudencia como en la doctrina, acerca de su naturaleza jurídica
y ha puesto de manifiesto la existencia de tres teorías básicas, como
son las del arrendamiento de local, la de depósito y la de contrato
atípico o mixto de naturaleza especial.
La tesis respecto a la naturaleza arrendaticia del contrato fue
mantenida jurisprudencialmente por primera vez en junio de 1929,
entendiendo que la asunción del arrendador de una obligación de
vigilar y custodiar el automóvil en términos generales no llegaba a
desnaturalizar el contrato de arrendamiento para convertirlo en
depósito. La jurisprudencia posterior, fundamentalmente a través de
las sentencias de audiencias y juzgados, se ha mantenido respecto a
esta calificación arrendaticia, pero admitiendo la presencia de
elementos del contrato de depósito a la hora de fijar la
responsabilidad del propietario del garaje. (Rumores.) Un sector
importante de la doctrina estima que este contrato debe considerarse
como un tipo especial de depósito regulado en el artículo 1.763 del
Código Civil, partiendo de que el vehículo es una cosa mueble que se
instaló en el garaje para su custodia y por estimar notorio que el
servicio principal de tales establecimientos es la guarda y custodia
de los vehículos de motor.
Poniendo la atención en la posible responsabilidad del garajista por
los deterioros que pueda sufrir el vehículo y que deben ser evitados,
se ha elaborado también la tesis del contrato mixto, midiéndose la
responsabilidad por la genérica del artículo 1.094 del Código Civil.
Este contrato comportaría tres obligaciones básicas para el
garajista, que sería recibir el automóvil en el garaje, restituirlo y
conservarlo. Por otra parte, el local no sería sustituible por otro
distinto a aquel donde el vehículo se deja, lo que resalta que el
contrato participa en alguna medida de la naturaleza de arrendamiento
de local.
Teniendo en cuenta las diferentes teorías que se han elaborado en
torno a este contrato y dada la importancia que el mismo ha adquirido
en el enorme crecimiento del parque de vehículos de motor,
presentamos esta iniciativa, que establece de modo inequívoco y con
carácter específico el régimen jurídico de este contrato, ámbito de
aplicación, derechos, deberes y responsabilidades, tanto del
propietario del garaje como del dueño del vehículo. Por ello esta es
una excelente oportunidad para regular por vía legislativa un tema
con clara incidencia social, solucionando los numerosos problemas que
en la práctica se han planteado, sobre todo en lo que respecta a la
indeterminación del régimen de responsabilidad aplicable en el caso
de que el vehículo sufriera daños al estar depositado. En definitiva,
pues, de lo que se trata es de hacer efectivo el principio de
seguridad jurídica en esta materia. (Rumores.)
Solicitamos el consenso y el voto favorable de todos los grupos
parlamentarios para esta iniciativa por las siguientes razones. No
existe actualmente una regulación jurídica específica para el llamado
contrato de garaje o aparcamiento en el que un empresario se
compromete a recibir el vehículo con objeto de proporcionar a sus
titulares un servicio de guarda sobre el mismo. A esa falta de
regulación se suman también las dudas sobre el régimen aplicable a
estos contratos que se ha manifestado en diversas teorías elaboradas
en particular por la jurisprudencia y por la doctrina. Ello,
unido a la creciente importancia de este contrato en el tráfico
mercantil, ha creado una cierta inseguridad jurídica, especialmente
por la indeterminación del régimen de responsabilidad aplicable en
los supuestos de daño o menoscabo del vehículo depositado.
Para concluir, la iniciativa que presentamos, en cuanto otorga un
tratamiento legal específico a este contrato y concreta derechos y
obligaciones de las partes con la finalidad primordial de proteger
los intereses de los propietarios de los vehículos sometidos a
custodia ajena, puede contribuir a mejorar la seguridad jurídica,
cosa que sabrán valorar y reconocer todos los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Matador.
Para la presentación por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Silva tiene la palabra.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya ha sido indicado por la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Popular y Convergència
i Unió han presentado esta proposición de ley, que coincide muy
sustancialmente con la presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, con una doble finalidad: de un lado, atribuir una
seguridad jurídica a las partes intervinientes en esta relación, que
en algún momento se ha llegado a denominar relación contractual de
hecho o relación dotada de tipicidad social, esto es, al titular del
aparcamiento y al usuario del vehículo, y al mismo tiempo fundamentar
este régimen jurídico en lo que podríamos considerar una justa
equivalencia de las prestaciones, y por tanto en aquello que
corresponde hacer al titular del aparcamiento, que en última
instancia es poner a disposición del usuario del vehículo una plaza
libre, una plaza expedita, y al mismo tiempo la obligación de
restitución cuando finaliza este estacionamiento, y por parte del
titular o del usuario del vehículo el pago del canon o de la tarifa
correspondiente.
Ciertamente esta necesidad de regulación se sentía ya desde hace
muchísimos años. Quizá a partir de 1996 y con la sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de octubre ha quedado un poco más claro cuál
es la auténtica naturaleza jurídica de esta relación, pero no
simplemente por el hecho de esta clarificación jurisprudencial puede
obviarse algo que es una auténtica necesidad, que es establecer el
régimen jurídico de un contrato que en última instancia, si no
existiese este régimen jurídico típico, si no procediésemos a
modificar el ordenamiento jurídico en este sentido, podría quedar en
manos de condiciones generales de contratación, atendiendo además a
la naturaleza que tiene fundamentalmente de contrato de adhesión, y
al mismo tiempo incluso llegar a depender de lo que son los pliegos
generales de condiciones en aquellos supuestos en los que estamos en
presencia de aparcamientos que tienen
lugar sobre dominio público, en algunos casos incluso gestionados a
través del mecanismo de explotación de servicio público y que, por
tanto, la determinación de su concreto régimen jurídico podría estar,
ya digo, bien en manos de compañías titulares del aparcamiento o bien
incluso en manos de las propias administraciones públicas.
Como ya se ha puesto de manifiesto por parte de la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular parece que ya se encuentran superadas aquellas
tesis que entendían que nos encontrábamos pura y simplemente ante un
contrato de arrendamiento de cosa regulado por el artículo 1.543 del
Código Civil en el que el titular del aparcamiento se limitaba, como
dice ese propio artículo, a dar a otra persona el goce y uso de una
cosa por tiempo determinado y por precio cierto. El planteamiento del
Tribunal Supremo es que estamos en presencia de un contrato atípico,
en la medida en que carece de regulación específica; mixto, en
algunos casos se habla de complejo, en la medida en que las
obligaciones de las partes son equivalentes a las de otros tipos de
contratos, como puede ser el contrato de arrendamiento de cosa o el
contrato de depósito; esa obligación de restitución parece propia del
contrato de arrendamiento de depósito y, por tanto, debe ser objeto
de regulación a través del principio de combinación del régimen
jurídico de estos contratos. El propio Tribunal Supremo llama también
a la regulación de este tipo de relaciones en el artículo 1.258 del
Código Civil, cuando establece que los contratos se perfeccionan por
el mero consentimiento y que a partir de ese momento obligan no sólo
al cumplimiento de lo expresamente pactado sino a aquellas
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe,
al uso y a la ley; y el propio artículo 1.094, también citado
anteriormente, establece que el que está obligado a entregar una cosa
-y obligado a restituir está el titular del aparcamiento- está
también obligado a conservarlo con la diligencia de un buen padre de
familia. El Tribunal Supremo llama también a la regulación de este
tipo de relación en los artículos 1.104, 1.105 y 1.107 del Código
Civil, que establecen la responsabilidad, por negligencia del titular
del aparcamiento, del deber de obligación y custodia, que únicamente
queda exento en aquellos supuestos en los que se produzcan daños por
caso fortuito o por fuerza mayor.
Como decía anteriormente, si bien esta sentencia del Tribunal Supremo
ha servido para abandonar ese debate, de alguna manera ya estéril
entre el arrendamiento de cosa y el contrato de depósito, bien es
cierto que este deber de guarda y custodia debe concretarse
suficientemente en la legislación, no puede dejarse pura y
estrictamente al albur de la jurisprudencia o de condiciones
generales de los contratos, o incluso de los pliegos de condiciones
en las concesiones demaniales o concesiones de servicios públicos que
se acaban otorgando por la Administración pública. De ahí la
necesidad de esta proposición de ley, necesidad sentida, por lo
demás, por los grupos mayoritarios de la Cámara y que en este
caso ya establece una concreta regulación de los derechos y de los
deberes que incumben a las partes y que, por tanto, sientan muy
claramente la obligación de facilitar una plaza libre por parte del
titular del aparcamiento y al mismo tiempo esa obligación de
restitución que lleva implícito, y quizá a través del trámite de
enmienda debiéramos explicitarlo más, ese deber o esa obligación de
guarda y custodia y, al mismo tiempo, efectuar una concreción de cuál
es esa obligación, y desde luego por parte del usuario del vehículo
el pago del canon.
Sin embargo, señorías, creo que no debe quedarse la regulación pura y
simplemente en el planteamiento de las dos proposiciones de ley.
Dentro de lo que podíamos denominar contrato de aparcamiento, ese
concepto genérico, se abordan relaciones muy diversas, algunas de las
cuales están excluidas en la proposición de ley y otras posiblemente
debieran matizarse. Debo señalar que el Tribunal Supremo, en la
sentencia de 22 de octubre de 1996, admitía la distinción entre un
contrato de garaje, que es aquel en el que se da la característica de
un usuario habitual, aspecto que tiene una notoria importancia, una
mayor identificación, si se quiere, del vehículo y, sobre todo,
concertado por un espacio de tiempo que es superior al de los pocos
días y al de las horas, y un contrato más estricto de aparcamiento en
el cual el acceso está controlado a través de la correspondiente
garita o taquilla que todos hemos visto en establecimientos de esta
naturaleza, que se concierta por horas o por días y en el que se
procede a entregar un ticket. De ahí que anime a SS.SS. a que
aprovechemos la oportunidad que nos brindará la admisión a trámite de
las dos proposiciones de ley para efectuar una regulación más
detallada. Porque manteniendo claramente esa obligación de guarda y
custodia, que es un aspecto fundamental y esencial en este tipo de
contratos y que los distinguirían de los contratos excluidos en las
proposiciones de ley, podríamos acudir a esa distinción entre un
contrato de aparcamiento que reúne esas características esenciales
que señala el Tribunal Supremo, un contrato de garaje o de pupilaje
en el que encontramos o no encontramos ese ticket, no encontramos
tampoco esa taquilla y en el que existe una relación sustancial de
confianza y una perfecta identificación de los vehículos, incluso lo
que podríamos denominar un contrato de arrendamiento de plaza de
garaje, que no se ejercita sobre la base de una explotación mercantil
a través de una organización empresarial, pero que también puede
tener una gran virtualidad. Deberíamos proceder a desarrollar también
el derecho de retención que, con arreglo a los principios generales
del derecho, competería al titular del mencionado establecimiento,
así como algunos otros aspectos de cara a obtener mayores garantías,
asumiendo e incorporando los planteamientos de la Ley de defensa de
consumidores y usuarios de 19 de julio de 1984.
Quiero señalar dos salvedades. Mi grupo parlamentario entiende que
las comunidades autónomas gozan de competencia en esta materia a
través de esa competencia que ostentan en virtud de sus respectivos
estatutos
de protección de los derechos de los consumidores y usuarios.
Estamos ante un tipo de contrato en el que esa protección de los
derechos de los consumidores y usuarios es absolutamente esencial en
la medida en que se trata de contratación en masa de contrato de
adhesión, de contrato sometido muchas veces a condiciones generales
de contratación. También hay que poner de manifiesto la competencia
de aquellas comunidades autónomas que, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 149.1.18.a de la Constitución, tienen competencia en
materia de conservación y desarrollo del derecho civil propio. En
estos momentos en el Parlamento de Cataluña se está procediendo a
tramitar un proyecto de ley sobre una materia idéntica a la que nos
incumbe hoy y, por tanto, la regulación que se efectúe debe
salvaguardar las competencias de esas comunidades.
El objetivo de la proposición no es otro que el de atribuir esa
seguridad jurídica a todos, efectuar una auténtica protección de los
derechos de los consumidores y usuarios que podría ser más complicada
a través de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de 19 de julio
de 1984 y respetar ese principio de equivalencia de las prestaciones
en un contrato de esta naturaleza, que es un contrato sinalagmático,
y por tanto, conforme al Código Civil debe garantizarse.
Partiendo de la base de que contará con una amplia votación en la
sesión de hoy, anunciamos el voto favorable a la proposición que
hemos presentado conjuntamente con el Grupo Parlamentario Popular,
así como la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
animándonos a efectuar una regulación más detallada que distinga más
supuestos y que realice una auténtica protección de los consumidores.
Hay que señalar que la jurisprudencia del año 2000 de las audiencias
provinciales -y ya hay sentencias diversas de la Audiencia de
Barcelona, de Valladolid, de Mallorca y de Almería- acoge
perfectamente estas tesis.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la presentación y defensa de la proposición del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a presentar la proposición de ley de
mi grupo parlamentario. Tal como han indicado los dos diputados que
me han precedido en el uso de la palabra, el representante del
Partido Popular y el de Convergència i Unió, efectivamente hay una
propuesta, que ha sido presentada esta mañana, muy similar a la que
presentó el Partido Socialista en su momento. No vamos a incidir en
las diferencias, puesto que ya han quedado puestas de relieve, y así
lo ha manifestado la representante del Partido Popular, que son
diferencias mínimas y que, lógicamente, estandoen la tramitación en
la que nos encontramos, son
fáciles de solventar y quizá después, más minuciosamente, podamos
articular toda la regulación y toda la problemática que nos trae esta
proposición de ley aquí esta mañana. Ya lo adelantábamos en su día en
la exposición de motivos, cuando señalábamos que la realidad social
nos imponía que había una relación legal y jurídica que se establecía
en torno a la figura del aparcamiento de los vehículos de motor.
Efectivamente existía una falta de desarrollo legislativo específico
sobre este tipo de contratos, que llevó a este grupo, mediante esta
proposición, a plantear que los consumidores, los usuarios y los
propietarios de los aparcamientos estaban necesitando una regulación
específica sobre esta realidad social que cada día iba en aumento.
Tal y como han manifestado los dos parlamentarios anteriores, es
verdad que la jurisprudencia, como en la mayoría de los casos, se va
adelantando a las necesidades jurídicas que posteriormente tenemos
que regular, y nos referimos a ello en el momento en que hubo
diferentes sentencias por parte de las audiencias provinciales.
Quizás estas sentencias tenían muy diversa naturaleza, una naturaleza
muy dispar, una naturaleza en la que en algunas ocasiones se
contemplaba el contrato como un contrato de garaje, con la distinción
del contrato de aparcamiento, la distinción entre esos dos contratos
y su naturaleza jurídica dependiendo de si se habían entregado las
llaves, si no se habían entregado las llaves, si efectivamente
existía vigilancia, si no existía vigilancia. La realidad es que a
pesar de que la jurisprudencia tenía una magnífica intención de
empezar a regular todas esas situaciones, como era tan dispar, nos
encontrábamos en una situación de inseguridad jurídica para todas las
partes. Es verdad además que las resoluciones judiciales dependían
también de cual era la parte, quien era el interesado que acudía al
tribunal a hacer la petición de sus derechos. Es verdad que en más de
una ocasión, a pesar de que la intención de la jurisprudencia era
clara, en el sentido de tratar de apoyar, de sostener
fundamentalmente lo que podían ser los intereses de los consumidores,
en muchísimas ocasiones entraban en conflicto con las necesidades de
los propietarios de los aparcamientos, y esas necesidades de los
consumidores no se veían lo suficientemente bien protegidas.
Ya hemos adelantado anteriormente que la naturaleza del contrato
había sido diversa. Habíamos hablado de que podía ser una regulación
que la podíamos residir en el contrato de arrendamiento, un contrato
de arrendamiento un tanto atípico, que tenía unos aspectos de
contrato de depósito, en donde también podíamos a veces pensar que
había, con las dos características de esos dos contratos y de esas
regulaciones jurídicas, un contrato mixto, un contrato en el que eran
diversos los aspectos y la regulación jurídica que se podía resolver.
La realidad es que en el momento en que se produce la resolución del
Tribunal Supremo, en la sentencia del 22 de octubre de 1996, de
alguna manera esta sentencia produce un detonante que nos hace
pararnos y observar cuál es la realidad, cuáles son las necesidades
que nos
están planteando los propietarios de los aparcamientos y qué
necesidades son las que nos está demandando el usuario.
Fundamentalmente creo que debemos de centrarnos en que hay algunos
aspectos de esa regulación mercantil a los que hay que darles un
matiz especial por la trascendencia que pueden tener, como es la
responsabilidad civil, como son los daños y perjuicios, y hay un
aspecto que nos parece imprescindible, que es el que de alguna manera
este tipo de contrataciones se hace a través de un comportamiento un
tanto automático, como es la entrega de un ticket en un aparcamiento,
ya sea privado o público. Esto había producido dificultades en
algunos aspectos. Parecía algo anormal que pudiera establecerse una
relación contractual entre las partes únicamente mediante la entrega
de un ticket. Como decía, esa sentencia nos hizo reflexionar sobre su
contenido jurídico, porque no hacía ninguna distinción entre el hecho
de que el contrato de aparcamiento incluyera o no vigilancia;
cortando a todos por el mismo patrón, decía que no se eximía de
responsabilidad a ningún empresario, aunque no tuviera obligación de
tener vigilancia en el parking según el contrato de aparcamiento, y
añadía que debía responsabilizarse de que el vehículo estuviera en el
mismo lugar y condiciones en los que lo había dejado el usuario
cuando éste pretendiera recogerlo mediante la presentación de su
ticket. Las diferencias que venían dilucidándose en otras sentencias
judiciales se pacifican a partir de esta sentencia y, posteriormente,
todas las audiencias provinciales que han dictado resoluciones
judiciales atienden a la solicitud. A partir de ese momento ha habido
una jurisprudencia pacífica y un consenso en cuanto a los elementos
del contrato.
El Grupo Socialista pretende por medio de esta propuesta una
regulación específica: que las obligaciones y derechos de los
titulares y de los usuarios y las responsabilidades que se deriven de
este tipo de contratos están perfectamente reguladas y asumidas por
las partes que contratan. Nos parece especialmente importante que
exista una regulación clara sobre las responsabilidades de los
propietarios de los parking. Los usuarios, al retirar su ticket a la
entrada del aparcamiento, deben conocer las normas que tendrán que
cumplir para que su vehículo esté perfectamente protegido y la
empresa se responsabilice en el caso de que se produjera alguna
alteración o altercado que le afecte. Aunque la regulación menciona
que el usuario tiene que cumplir las normas desde el momento en que
retira el ticket hasta la presentación del mismo para el pago del
periodo de tiempo por el que ha utilizado el aparcamiento, nos parece
interesante también que se regule la posibilidad de que elementos
ajenos al propio vehículo puedan ser depositados en el parking para
ser vigilados y controlados especialmente y, además, la de que el
propietario del aparcamiento pueda cobrar o establecer diferentes
precios dependiendo del servicio que preste al usuario. Ya he dicho
que, aunque la jurisprudencia ha intentado por todos los medios
proteger de forma efectiva al usuario, se han producido conflictos a
veces.
Se trata de buscar el equilibrio entre las necesidades del usuario y
el servicio que presta el propietario del parking. Eso incluye la
regulación de los límites de la responsabilidad civil frente al
usuario respecto de los daños y perjuicios y el reparto de
responsabilidades entre el propietario del vehículo, el usuario, y el
propietario del aparcamiento. En definitiva, el hecho de que la
contratación de la prestación del servicio se realice de forma
automatizada y mediante un resguardo no puede ser excusa para que el
servicio no se contrate con todas las garantías y especialidades, con
todas las condiciones adecuadas a su prestación. Por tanto, y
finalmente, el Grupo Socialista considera que esta propuesta
resolvería una problemática que está sin resolver, que necesita una
regulación específica ya que con otras figuras jurídicas no daríamos
respuesta a todas las necesidades que nos están presentando todos los
agentes que forman parte de este tipo de contratación. Parece que
pacíficamente ya la jurisprudencia ha aceptado que la regulación
específica es absolutamente necesaria. De ahí que el Grupo Socialista
en esta Cámara vaya a apoyar, lógicamente, su propuesta, pero también
la que se ha presentado por el Grupo Popular junto con Convergència i
Unió.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto,
señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Las presentes proposiciones de ley recogen la necesidad de regular
específicamente el contrato de aparcamiento de vehículos, incluyendo
una serie de obligaciones de las partes que permitirán solucionar en
el futuro de manera más clara y rápida multitud de conflictos en los
que se cuestiona el alcance de la responsabilidad de los titulares de
los garajes o estacionamientos y los propietarios de los vehículos,
sin necesidad de que los juzgados y tribunales tengan que hacer
esfuerzos de interpretación sistemática de otras normas. Realmente
debemos asumir un tanto de culpa por no haber acometido una solución
al contrato de aparcamiento con más antelación, pues se trata de un
fenómeno de creciente generalización desde hace ya algunos años que
no había sido regulado por leyes especiales hasta este momento,
generando una situación de incertidumbre jurídica indeseable.
Las dos proposiciones de ley nos parecen, por tanto, positivas por la
oportunidad de abarcar una regulación en materia de aparcamiento y
también porque estamos básicamente de acuerdo con la orientación de
la regulación del contrato de aparcamiento propuesta, donde se
incluye como elemento normal del contrato el deber del titular del
estacionamiento de la guarda y custodia del vehículo estacionado y
también de los accesorios y
objetos depositados en el mismo que ordinariamente puedan hallarse
dentro de él. Se solventa de esta manera definitivamente una eterna
discusión que han tenido que afrontar los juzgados y tribunales
elevando a rango legal la solución más favorable al conjunto de
usuarios de garajes y aparcamientos, de manera que a las empresas
mercantiles que explotan este tipo de instalaciones con ánimo de
lucro les será exigible mayor diligencia en la guarda y custodia de
los vehículos estacionados y no podrán quedar relevadas de toda
responsabilidad por razón de hechos que ocurran dentro de sus
aparcamientos o garajes. Compartimos, en definitiva, desde el Bloque
Nacionalista Galego la naturaleza que esta iniciativa legislativa
atribuye al contrato de aparcamiento. Así, la persona que estaciona
su vehículo en un local destinado a este fin, a excepción, claro
está, de los excluidos en el artículo 2, goza no sólo de los derechos
inherentes al arrendador de una plaza de garaje, sino también de los
derechos de quien ha entregado una cosa en depósito por un tiempo y,
por tanto, podrá reclamar en el mismo momento de su retirada en caso
de pérdida o deterioro del vehículo u objetos introducidos en él. Por
ello, vamos a apoyar las dos iniciativas a efectos de su toma en
consideración para que en el trámite posterior podamos proponer
algunas enmiendas encaminadas a mejorar el texto, sobre todo en lo
relativo a las condiciones mínimas de superficie y acceso de los
estacionamientos y a la solución extrajudicial de conflictos
derivados de la aplicación de esta ley en supuestos de reclamación de
escasa cuantía.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente estas dos iniciativas que se han
planteado, cuyo ensamblaje puede hacerse con gran facilidad
instrumental. Damos este apoyo esperando que la ley definitiva no
esté aparcada un año -como ha estado en el Parlamento la que presentó
el Grupo Socialista en abril y que ahora, en mayo, la presentan
conjuntamente los grupos Popular y Convergència i Unió- para poder
resolver rápidamente este problema que tienen los ciudadanos día a
día. La inseguridad jurídica actual, la indeterminación de no saber
si es un contrato de servicios, un contrato de arrendamiento a tiempo
parcial, cuando no existe documento formal de las cláusulas
contractuales, todo eso que han reflejado sentencias del Tribunal
Supremo constituye precisamente el problema de inseguridad jurídica
que tenemos que resolver. En el nuevo texto de la ley tienen que
quedar explicadas qué responsabilidades tiene el titular del
estacionamiento o aparcamiento, qué responsabilidades tiene el
usuario al estacionar su
vehículo en un aparcamiento en las condiciones que se señalan en la
ley. También quisiéramos que el trámite de ensamblaje no introduzca
nuevas cuestiones de inseguridad jurídica. Hemos de resolver qué tipo
de contrato es el que se da sin un documento formal, como se hace en
la ley contractual, qué exigencias se pueden incluir y evitar
asimismo, como traen algunos de los textos, las responsabilidades que
el usuario del estacionamiento contrae frente al titular. Cuando se
presenten las enmiendas deberíamos hacer las perfecciones
correspondientes. Me refiero, en primer lugar, a cuando se dice que
el titular del estacionamiento tendrá, frente a cualquier persona,
derecho de retención sobre el vehículo en garantía del pago del
precio del aparcamiento; habría que ver lo que dirían de esa
exigencia los tribunales. En segundo lugar, que nadie responderá por
caso fortuito o causa mayor; determinemos qué se entiende en estas
circunstancias por caso fortuito o por fuerza mayor. Otra cosa son
las reclamaciones que se están planteando en este momento ante los
tribunales por los titulares de la propiedad de los estacionamientos
por los abandonos de vehículos para saber quién ha de responder del
abandono del vehículo, porque no sólo se da el caso de que se
abandone un vehículo en la vía pública y que los servicios
municipales, cumpliendo la ordenanza municipal, tengan que retirarlo,
quizá para chatarra, con las responsabilidades civiles y mercantiles
que se derivan del mismo, sino el caso que se está dando cada vez más
-y la ley también tiene que responder a su solución- de los abandonos
de vehículos sine die en los estacionamientos que están en las
ciudades. Por todo ello, creyendo que esto es de mucha utilidad para
unos y otros, titulares y usuarios, mi grupo parlamentario se
congratula de estas iniciativas -ya era hora- y vamos a votarlas
favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRIA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, poco le queda por decir al Grupo Vasco sobre esta
iniciativa, salvo pronunciarnos sobre lo acertado de ella. Estamos
ante una realidad necesitada de regulación y en la legislatura pasada
hubo ya un intento de abordarla, pero decayó. Estas iniciativas
fueron presentadas por las mismas formaciones políticas, por los
mismos grupos que hoy las presentan, a quienes les es atribuible en
todo caso el acierto. A todos nos ha pasado que cuando metemos
nuestro coche en un garaje leemos en muchas ocasiones que la empresa
no se hace responsable de los robos o de los daños en los vehículos
y, sin embargo, estas empresas ofrecen al usuario un servicio
organizado que implica la responsabilidad del titular de la
organización por su funcionamiento deficiente o anormal. La cuestión,
como han dicho
quienes me han precedido, ha sido abordada en numerosísimas
sentencias, que han ido perfilando un cuerpo doctrinal consolidado a
través del que el contrato de aparcamiento se viene considerando como
un contrato atípico y complejo en el que existe una combinación de
elementos, propios de contrato de arrendamiento de inmuebles, que se
concreta en la parcela o porción de terreno que ocupa el vehículo,
que tiene su regulación en los artículos 1.542 y siguientes del
Código Civil. Esta combinación, que va adquiriendo una autonomía tal
que hace perder independencia a los elementos combinados, ha llegado
a identificarse o se ha fundido en una prestación enteriza que
aparece como contraprestación del pago de un precio y que para muchos
tiene adecuado encuadramiento -el señor Silva lo ha manifestado- en
lo que regula la Ley 261/1984, de defensa de los derechos de
consumidores y usuarios. Son elementos combinados de ambas
cuestiones. Se ha teorizado mucho, repito, en numerosas resoluciones
judiciales. Debe tenerse también en cuenta aspectos tan importantes,
sustitutos jurídicos tan importantes, como el de la culpa in
vigilando y -por qué no- también el de la culpa in eligendo de la
empresa titular del aparcamiento en relación con los empleados de que
se vale para la prestación de la obligación de custodia. Todo ello
podrá ser examinado, analizado, cuando sean, como esperamos,
admitidas a trámite estas proposiciones. Hasta ahora, repito, se ha
venido teorizando en sentencias caso a caso. Bien está que ahora se
regule como exige el valor certeza, el valor seguridad jurídica. Por
supuesto,, el Grupo Vasco está absolutamente de acuerdo con este
criterio, con su aceptación a trámite, y las apoya.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Buenos días, señora presidenta, señorías.
En estos momentos, como han recordado los distintos portavoces que me
han precedido, no hay una legislación específica que regule las
relaciones contractuales entre los clientes de los parking y los
empresarios de los mismos. Como ustedes saben, en defecto de ese
contrato específico se ha venido aplicando la legislación sobre
arrendamientos y el Código Civil. Pero todo ello no ha evitado una
sensación -lo han comentado antes tanto el señor Mardones como la
señora Uría- de cierta inseguridad jurídica y muchos problemas con
los empresarios que no quieren hacerse cargo tanto de los
desperfectos, daños y robos de los vehículos estacionados en los
garajes públicos de pago, como de los problemas a los que se refería
el señor Mardones del abandono en los estacionamientos. Ante ello, en
la anterior legislatura, no solamente los grupos parlamentarios sino
el Poder Judicial a través de muchas sentencias
han reclamado un tratamiento legislativo específico para este
problema y la doctrina jurídica española, ante la situación de
inseguridad jurídica, ha convenido en la necesidad de instrumentos
legales propios para este problema; pero, sobre todo, señorías, era
el sentido común de los ciudadanos el que, ante estas situaciones
tremendas de desprotección, reclamaba la tutela necesaria de los
poderes públicos.
Hemos llegado a este momento con un altísimo consenso parlamentario,
y lo demuestra el hecho de que tres grupos parlamentarios hayan
presentado una proposición de ley sobre el asunto, como en anteriores
legislaturas, y -lo que es más revelador, quizá no lo sea tanto- que
hayan presentado exactamente el mismo texto. De la misma manera, es
de esperar que el resto de los grupos parlamentarios apoyemos también
este esfuerzo legislador, como no podía ser menos. El Grupo Federal
de Izquierda Unida apoya este intento de dar un marco legal propio a
los aparcamientos. Vamos a apoyar las proposiciones de ley
presentadas por los grupos Socialista, Popular y Catalán, por
entender que existe un problema que necesita una solución legal en
pos de una mayor seguridad jurídica y una mayor tutela de los
derechos de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las obligaciones
de los empresarios dedicados a los aparcamientos. Por tanto, cuenten
con nuestro voto a favor, con la seguridad de que el grupo
parlamentario al que represento presentará pocas enmiendas parciales
a estas proposiciones de ley que tendrán por objeto incrementar las
garantías para los usuarios de los servicios de aparcamiento.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señorías, iniciamos la votación de la toma en consideración.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de la toma en consideración de la proposición
de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán
(Convergència i Unió) para la regulación de un contrato de
aparcamiento de vehículos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 288; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la iniciativa de
referencia.
Sometemos, a continuación, a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre contrato
de aparcamiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 289; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobada la iniciativa de
referencia.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, el pasado día 6 de mayo fue
brutalmente asesinado en Zaragoza el senador del Partido Popular por
la Comunidad Autónoma de Aragón, don Manuel Giménez Abad. En la
madrugada del 12 de mayo un coche bomba explotó en Madrid, hiriendo a
varias personas. Ayer el periodista Gorka Landaburu sufrió graves
heridas al explotarle un paquete bomba enviado por la banda
terrorista. El Congreso de los Diputados en su primera sesión
plenaria, tras estos viles atentados terroristas y por acuerdo
unánime de la Junta de Portavoces, hace pública la siguiente
declaración institucional: Traslada su más emocionado pésame a la
familia de don Manuel Giménez Abad, a sus compañeros en Las Cortes de
Aragón y en el Senado y a todos los aragoneses que han demostrado a
lo largo de la pasada semana sus sentimientos de solidaridad
y afecto. Condena con toda firmeza este nuevo asesinato que ha costado
la vida a un legítimo representante de los ciudadanos, cuya
trayectoria al servicio de la sociedad constituye testimonio y
ejemplo de responsabilidad cívica y compromiso público. Su condición
de diputado regional y senador autonómico pone de manifiesto de
manera especialmente directa el ataque frontal que todo atentado
terrorista perpetra contra el normal funcionamiento de las
instituciones democráticas. Expresa su más enérgica repulsa ante los
atentados que han tenido lugar en Madrid y contra el periodista Gorka
Landaburu, al tiempo que expresa sus deseos de la más pronta
recuperación. Reitera que la libertad y el respeto a los derechos
humanos son principios fundamentales e irrenunciables de nuestra
sociedad y constituyen el pilar básico sobre el que se asienta la
convivencia democrática. La violencia es, por tanto, radicalmente
incompatible con el ejercicio de la acción política y atenta de forma
directa contra los valores que sustentan el Estado democrático de
derecho que nuestra Constitución consagra. El marco de derechos y
libertades que nos hemos dado los españoles permite la defensa de
cualquier idea o proyecto político. El terrorismo tiene, por tanto,
como único objetivo imponer por la fuerza lo que no logra alcanzar
mediante el debate democrático y es de este modo el fiel reflejo de
un propósito totalitario y excluyente. Combatirlo es, pues, un deber
de toda la sociedad y especialmente de todas las fuerzas políticas
democráticas, y debemos con nuestra acción hacer frente a quienes
sólo buscan destruir la convivencia pacífica y libre de los
españoles. Ante esta amenaza, el Congreso de los Diputados reitera su
firme compromiso con la libertad y su profunda convicción de que la
violencia no dará ningún tipo de
ventaja política a quienes la practican ¿Acuerda la Cámara la
declaración? (Asentimiento.-Aplausos.)
Muchas gracias, señorías.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA
AL GOBIERNO A PROMOVER UN PLAN DE CALIDAD TOTAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD QUE INCLUYA PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS
SANITARIOS. (Número de expediente 162/000189.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
por la que se insta al Gobierno a promover un plan de calidad total
del Sistema Nacional de Salud que incluya programas de acreditación
de los centros sanitarios.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Burgos.(Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen los escaños al objeto de poder
continuar con el debate. Señorías, guarden silencio y abandonen el
hemiciclo los que lo vayan a hacer.
Adelante señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en pocos aspectos como en la atención sanitaria resulta tan
evidente la necesidad de prestar atención no sólo a la política
presupuestaria, no sólo a las competencias de las diferentes
administraciones públicas o a los distintos modos de gestión, sino,
sobre todo, a los resultados en salud, a los resultados en
satisfacción del ciudadano. Demasiadas veces el debate de nuestro
Sistema Nacional de Salud se centra en lo instrumental, en las
herramientas y no tanto en lo fundamental, qué están percibiendo los
ciudadanos y qué esperan realmente. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Esta proposición no de ley pretende trasladar a esta Cámara el
interés del Grupo Parlamentario Popular, de los profesionales, de los
pacientes y sus familias, de los ciudadanos en general, por mejorar
los resultados de nuestro Sistema Nacional de Salud, la calidad de
los servicios prestados, una calidad, además, percibida y percibible
por los ciudadanos. El debate sobre el concepto de calidad integral,
de calidad total, preside hoy el mundo de las grandes organizaciones
de las empresas como factor determinante de su eficacia, de su
eficiencia, de su competitividad, de su capacidad de adaptación, de
su aceptación popular, en definitiva, de su éxito. Este es un debate
ligado a la propia democracia, a la conciencia creciente del
ciudadano de sus propios derechos, en especial a disponer de la mayor
y más adecuada información posible sobre el nivel de calidad de los
servicios que recibe, a que esa información le permita
ejercer su libertad de elección entre opciones diversas y a que
su propia satisfacción sea un factor esencial en el diseño y
funcionamiento de esos servicios, un proceso hoy imparable, señorías,
que coloca cada día más al ciudadano como eje del sistema.
Se podría encontrar más de un centenar de definiciones de calidad
total en la literatura profesional. Calidad total es la que se
entiende como la instrumentación de mecanismos, tanto de evaluación
como de acreditación, que otorguen información fiable a los
ciudadanos, a los gestores, a los profesionales, a los proveedores y
que verifique la responsabilidad pública en la propia marcha de los
centros. La promoción de la excelencia en la provisión de los
servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos son los
pilares sobre los que ha de sustentarse la evolución futura de los
centros, siempre orientados éstos a la satisfacción del paciente y al
incremento de su grado de confianza en el sistema. Atención clínica,
relación personal y concepto de servicio se entremezclan en nuestra
concepción de la calidad y para todos ellos existen, indudablemente,
posibilidades de mejora. La importancia de evaluar en términos de
resultados de calidad es una exigencia de las modernas políticas
públicas. Señorías, lo que se mide y se evalúa es lo que realmente se
puede hacer; porque si no se miden los resultados y la calidad, no
distinguiremos entre el éxito y el fracaso de lo que estamos haciendo
en salud; porque si no sabemos reconocer lo que se está haciendo
bien, no podremos recompensarlo y, si es así, bien podremos estar
recompensando aquello que fracasa; porque si no podemos identificar
lo positivo, no podremos aprender tampoco de ello ni podremos
corregir lo inadecuado; y porque, señorías, si podemos ganar en
calidad y exhibir esos avances, ganaremos en legitimidad y apoyo
social para nuestro Sistema Nacional de Salud. Un Sistema Nacional de
Salud que es un activo muy importante para España, bien valorado aquí
y reconocido internacionalmente, que ha afrontado retos muy
importantes, como la universalización de la asistencia, la
financiación pública prácticamente del más alto y más amplio catálogo
de prestaciones del mundo o su propia descentralización, y que ahora
debe profundizar en la calidad para ofrecer al ciudadano la provisión
óptima de servicios con la máxima atención.
El sector sanitario, bien lo saben SS.SS., tiene especificidades
importantes. Se ha incorporado tardíamente a la utilización de
iniciativas de calidad total y lo ha estado haciendo de forma muy
fragmentaria, a impulsos de profesionales aislados, de centros
comprometidos con las necesidades de mejora o de instituciones
sanitarias con voluntad de reforma. En los últimos años, iniciativas
públicas y privadas en nuestra sanidad están favoreciendo que la
calidad se incorpore con enorme rapidez a la cultura de nuestros
centros sanitarios. Desde la comunidad autónoma de Cataluña, que
lleva un largo trecho recorrido, que cuenta con un modelo oficial de
acreditación de hospitales desde1981 y que está inmersa en la
implantación de un plan
de calidad en todos sus niveles asistenciales y en los ámbitos
público y privado, hasta la Comunidad Valenciana, que tiene su propio
organismo acreditador y evaluador, o la Comunidad andaluza, que ha
anunciado su plan marco de calidad y eficiencia, o la Comunidad
gallega, que exige una acreditación de calidad a todos los centros
que aspiren a ser concertados, o la Comunidad del País Vasco, que
tiene múltiples iniciativas, la última la creación del Instituto de
Innovación y Gestión Sanitaria que formará a los profesionales en
calidad asistencial, y, por supuesto, el propio Insalud, que como
pilar básico de su plan estratégico incluye el plan de calidad total,
que toma como eje el establecimiento de un sistema que permita
gestionar precisamente la mejora continua de la organización en todos
sus niveles. A todo este panorama de importantes iniciativas que se
vienen desarrollando hay que añadir docenas de otras iniciativas que
están surgiendo desde los propios centros sanitarios que hacen que
hoy ya sean comunes las certificaciones de calidad emitidas, por
ejemplo, para los servicios complementarios de los centros
sanitarios, estén éstos externalizado o no, cuestiones como los
servicios de lavandería, sistemas informáticos, seguridad,
hostelería, pero también iniciativas de las propias unidades
clínicas, servicios, institutos, fundaciones, hospitales, que incluso
disponen de acreditaciones en cuestiones como la calidad
medioambiental, el mantenimiento de equipos biomédicos, planes de
garantía de calidad en radioterapia, en medicina nuclear, en
radiodiagnóstico, en urgencias y emergencias, en unidades de atención
al cliente, etcétera; una auténtica fiebre, señorías, por la
aplicación de estos elementos que está suponiendo igualmente una gran
disparidad en los diferentes modelos empleados. Desde quienes optan
por seguir los parámetros americanos definidos por la Comisión de
acreditación de organizaciones sanitarias, las normas ISO en sus
diferentes versiones, las normas EFQM de la Fundación Europea para el
Desarrollo de la Calidad y muchos otros; o una elaboración de todos
ellos en un sistema opcional y ajustado a las necesidades de cada
centro o, incluso, como ocurre en nuestro país, la convivencia en un
mismo centro de unidades o servicios que están utilizando sistemas de
acreditación de calidad distintos. Vaya por delante que nosotros
pensamos que lo importante es la mejora de la calidad y no tanto el
sistema que se utilice para lograrla que, en todo caso, ha de
implicar la mejora continua y que, hoy por hoy, no es una opción ya
en nuestra sanidad, sino una obligación de quienes gestionan recursos
públicos.
Por tanto, un plan de calidad total del Sistema Nacional de Salud que
nazca del consenso con los principales agentes del sistema, que son
las comunidades autónomas, que busque unos puntos de confluencia
comunes, no sólo dará una mayor coherencia al sistema -y este es uno
de los grandes retos de futuro en un contexto postransferencial-,
sino que hará posible que fórmulas exitosas derivadas de la
innovación que están
generándose en nuestro descentralizado sistema puedan ser trasladadas
al resto.
La Subcomisión de este Parlamento para la consolidación
y modernización del Sistema Nacional de Salud así lo entendió en la
anterior legislatura y nuestra proposición no de ley busca enmarcar
precisamente esta cuestión en la definición de una política general
de calidad, de un plan de calidad en todo el territorio, para que
todo el sistema en su conjunto pueda desarrollar iniciativas de
mejora, para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de una
mejor y más personalizada atención y para que sus derechos y
expectativas encuentren justa correspondencia en las prioridades de
la atención sanitaria, y para que se evidencie también el papel de
liderazgo de las autoridades sanitarias, consejerías y Ministerio de
Sanidad. Todas las actuaciones que en esta materia se están
desarrollando hoy deberían recogerse y considerarse como esfuerzos
del Sistema Nacional de Salud. Con la incorporación y extensión de
estas experiencias construiremos una política de mejora de calidad
del sistema, liderada por las consejerías y por el propio Ministerio.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Burgos, le ruego vaya
concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo.
No es voluntad del Grupo Popular traer una proposición no de ley que
pretenda imponer un modelo de calidad y mucho menos a aquellas
comunidades que ya tienen una amplia trayectoria en esta materia. Por
eso, mi grupo, aprovechando esta intervención, va a fijar también la
posición respecto de las enmiendas presentadas, comenzando por
aquella que Convergència i Unió nos plantea y que encaja
perfectamente en lo que pensamos puede ser el diseño de futuro de un
sistema de acreditación. Aquellas comunidades que ya disponen del
sistema de acreditación no han de ver modificadas sus posiciones, ni
mucho menos con la ampliación a todo el sistema de estas políticas
orientadas hacia la calidad. Es más, tendrán que ser el sustrato
fundamental, derivado de sus experiencias, en el que las demás habrán
de apoyarse para que todo el sistema mejore de forma coordinada y
coherente. Por tanto, vamos a aceptar la enmienda de Convergència i
Unió, de la misma manera que, una vez trasladada al Grupo Socialista
cuál es nuestra impresión y nuestra voluntad sobre el papel que han
de jugar las comunidades autónomas -que ha de ser esencialmente de
coordinación a través del Consejo Interterritorial de Salud-, no
vamos a aceptar el primer párrafo de su enmienda porque queda
perfectamente recogido en el espíritu de la de Convergència i Unió,
pero puede ser positivo -y el Grupo Popular siempre ha sido favorable
a ello- que se dé cuenta en el plazo de un año a esta Cámara y a la
Comisión de Sanidad y Consumo, mediante un informe, de las
actuaciones realizadas en esta materia, porque se nos va a agotar
pronto el tiempo ante el proceso de transferencias y es importante
implementar rápidamente estas
políticas y estas decisiones. Esta Cámara tiene que saber y tiene que
conocer qué es lo que se está haciendo en esta materia. El Grupo
Popular no va a aceptar las enmiendas de Izquierda Unida y de
Coalición Canaria porque introducen otras cuestiones que son ajenas
al concepto del plan de calidad que estamos promoviendo. Cuestiones
como la carrera profesional o los sistemas de retribuciones son
importantes, pero tienen tal entidad que difícilmente pueden
incorporarse a un plan de calidad de estas características.
La proposición no de ley que hoy impulsamos -voy terminando, señor
presidente- permite la posibilidad de que la calidad sea también un
instrumento de cohesión y de cooperación, de estímulo y de
reconocimiento al esfuerzo de quienes día a día trabajan por mejorar
la atención de nuestros ciudadanos. Buscamos la implicación de los
profesionales, buscamos su formación y buscamos estimular su
compromiso con la mejora de sus centros, porque ésa será la mejora
del sistema en su conjunto. Esta proposición no de ley pretende ser
una modesta contribución a un debate que marcará el próximo futuro de
nuestro sistema como lo está haciendo ya en otros ámbitos. El Grupo
Popular opina que responderemos así a la exigencia que los ciudadanos
nos están haciendo en la medida en que vayamos haciendo entre todos
un Sistema Nacional de Salud más eficiente y, sobre todo, más
sensible a las necesidades de quienes recurren a él y, por qué no
decirlo, también más cómodo, más cercano y más amable.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Burgos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señoras y señores diputados.
Señor Burgos, empiezo por el final. Me sorprende que los argumentos
para no tener en cuenta las propuestas de Izquierda Unida son o que
nos pasamos o que no llegamos. Voy a defender mi enmienda porque es
pertinente y porque, además, si no se acepta al menos en el 50 por
ciento de su contenido, su plan de calidad será literatura. Así de
claro. Porque, cuando hablamos de calidad, yo no sé de qué estamos
hablando, no sé si realmente tenemos conciencia de lo que significa
hablar de calidad en la sanidad pública.
Nosotros planteamos que en este plan de calidad se comprometan
ustedes de una vez a regular las carreras profesionales de los
sanitarios. ¿Por qué? Porque sin el compromiso de los sanitarios no
hay plan de calidad que ningún gobierno pueda hacer funcionar, porque
el personal sanitario (el médico y el paramédico) es el principal
capital del Sistema Nacional de Salud pública. Por tanto, no me diga
usted que siempre pedimos cosas que no vienen a cuento. Si usted no
contempla el
sistema de información, ¿cómo piensa usted evaluar sin un sistema de
información generalizado, cómo piensa usted evaluar la calidad de las
prestaciones sin informatizar? Sinceramente, creo que hay que cambiar
la lente y empezar a ver a este grupo político como es; un grupo
político responsable, sensato y que hace propuestas que tienen que
ver con la realidad y con las demandas de los profesionales y de los
usuarios de la sanidad pública.
Señor Burgos, como usted sabrá tan bien como yo, más de 200
responsables de calidad de este país se reunieron el último otoño en
España, convocados por la Escuela andaluza de salud pública, para
buscar respuestas a la cantidad de preguntas que todas y todos nos
hacemos relativas al tema de la calidad. Yo creo que usted conocerá
las conclusiones, no obstante, las voy a compartir con SS.SS.
Entre las conclusiones a que se llegaron en ese encuentro se sitúan
la voluntad de crear agencias de acreditación propias, la
conveniencia de utilizar de forma simultánea y complementaria dos
modelos de calidad distintos, la necesidad de reformar los sistemas
de información para que recojan datos suficientes para garantizar que
la evaluación es una evaluación que pueda ser considerada rigurosa y
seria (me refiero a datos tanto clínicos como económicos), el
reconocimiento de las particularidades de atención primaria al medir
este concepto y la regulación, señor Burgos, de la publicidad de los
datos en favor de los derechos de los pacientes.
Una vez más, Izquierda Unida trae a este Parlamento una enmienda que
tiene que ver con las inquietudes que hoy se plantean los
profesionales de la sanidad pública y también las asociaciones de
usuarios. Por tanto, con un consenso muy amplio sobre todos estos
puntos, todavía quedan divergencias por resolver sobre la repercusión
que pueden o deben tener las evaluaciones de calidad en los distintos
centros: ¿ligadas a incentivos?, ¿incluidas en el contrato programa?,
¿en función de la desviación de pacientes que puedan provocar? Hay un
cambio de mentalidad, señor Burgos, en el sistema sanitario y además
hay un peligro y es que los enfermos ya no son pacientes, ni siquiera
son usuarios; cada vez más, los enfermos tienen mentalidad de
clientes, señor Burgos, y como tales exigen calidad. Gerentes, jefes
de unidades clínicas, etcétera, se han hecho eco de este nuevo
concepto que se incorpora a la cultura de los usuarios de la sanidad
pública en nuestro país y, junto a las certificaciones de calidad, el
año 2000 ha sido un año dedicado a investigar nuevas formas de
mejorar y evaluar la satisfacción del paciente, cuestión de la que
nos alegramos profundamente.
En su proposición no de ley hay cuestiones clave sin las cuales,
sinceramente, repito, nos tememos mucho que una vez más este
Parlamento no sea capaz de aprobar un plan de calidad que dé
respuesta a las verdaderas necesidades que tienen las diversas
comunidades autónomas y el Servicio Nacional de Salud en su conjunto.
Entendiendo adecuada la enmienda transaccional
que presenta Convergència i Unió y estando de acuerdo con la
parte que ustedes han aceptado del Grupo Socialista, insisto en que
reflexionen, puesto que todavía estamos a tiempo, para que al menos
acepten parte de la enmienda de Izquierda Unida en lo que se refiere
estrictamente a los sistemas de información. Y le voy a advertir que
hay tres elementos básicos en un plan de calidad que no constan en su
proposición no de ley para que los tengan en cuenta, puesto que
cuatro ojos ven más que dos. Con ese ánimo le planteo cuáles son las
deficiencias de su proposición no de ley.
Los planes de calidad no sólo deben mejorar la satisfacción de los
usuarios sino también, señor Burgos, la motivación de los
profesionales. Los planes de calidad deben estar estrictamente
ligados a la incentivación de los profesionales sanitarios. El actual
sistema no cumple ese objetivo. Por ello, insistimos en que debe
desarrollarse la carrera profesional y aprobarse el estatuto marco.
Una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la sanidad
pública en este país, no sólo en este país sino en los países del
entorno y el contexto socioeconómico, es la humanización de la
sanidad, que también tiene que estar incluida en un plan de calidad,
y desde luego nadie va a avanzar en ese sentido sin el concurso de
los profesionales sanitarios. Difícilmente podemos implicarlos con la
actual situación que padecen. El Sistema Nacional de Salud ha de
organizarse en torno al paciente y no al revés, como ha venido
ocurriendo hasta ahora, por tanto, debe aumentar el confort de los
pacientes y debe evitarse la burocracia, cuestiones en las que parece
que podemos estar de acuerdo. La sanidad pública tiene que avanzar
hacia la búsqueda de la calidad, la eficiencia y la transparencia
informativa como parámetro básico que refuerza la legitimidad y el
aprecio de los ciudadanos.
Con relación a la calidad, deben contemplarse varios factores: que
nadie pague dos veces por la sanidad, debe garantizarse la
accesibilidad al sistema, la continuidad asistencial, la intimidad y
el confort de los pacientes. Los sistemas de información deben
reforzarse, recogiendo todos los datos necesarios para que realmente
podamos hablar de las evaluaciones con rigor y para que podamos todos
aceptarlas como nuestras.
Nada más, señorías, y muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Gracias, señor presidente.
Mi grupo ha presentado una enmienda al texto que hoy estamos
discutiendo.
Por supuesto, nuestro grupo comparte la necesidad de que el
Ministerio de Sanidad evolucione adaptándose a nuevos roles,
adaptándose a nuevas funciones, ya no sólo porque el sector sanitario
evoluciona con gran
rapidez, porque la prestación sanitaria está sometida a un proceso de
constante desarrollo en nuestro país y a nivel internacional, ya no
sólo porque, en general, hay una necesidad de modernización y de
búsqueda de la eficacia en los servicios al ciudadano, sino porque es
una obligación de toda organización, y aún más cuando estamos
hablando de las administraciones públicas.
Además de esto, en la medida en que se está culminando el proceso de
transferencias, en la medida en que se traspase la gestión directa de
los servicios sanitarios a todas las comunidades autónomas, el
Ministerio dejará de jugar un papel de gestor, un papel operativo de
gestión directa. A su vez, creemos que hay que reforzar el papel de
éste como garante de los derechos constitucionales en torno a la
salud, en torno a la protección de la salud, así como su papel de
coordinador del Sistema Nacional de Salud, de la persistencia de los
principios de equidad en el acceso a las prestaciones con
independencia del lugar en donde se viva y de la solidaridad
interterritorial.
El papel que el Ministerio ha de adoptar fundamentalmente implica
adecuarse estructuralmente y en sus funciones a la organización del
Estado de las autonomías, máxime cuando la gestión de la prestación
está absolutamente descentralizada. La Administración del Estado
deberá de ir evolucionando, en concreto el Ministerio de Sanidad, en
la misma línea que lo han hecho los ministerios de países
descentralizados del entorno europeo, con funciones más estratégicas
y de coordinación, sin quedarse anclado en una estructura con
funciones operativas.
En la actual propuesta se hace especial énfasis en desarrollar
programas de acreditación en centros sanitarios. Entendemos que ésta
no es una función fundamental, no es una función del Ministerio de
Sanidad; las funciones de acreditación forman parte de las
competencias de las comunidades autónomas y a éstas les corresponden
las acreditaciones de los centros sanitarios, tanto públicos como
privados. Diferente es que, a través del Consejo Interterritorial, se
impulse un consenso con las comunidades autónomas sobre estándares de
calidad estratégicos para el Sistema Nacional de Salud, pero
generalizar programas de acreditación desde el Ministerio en este
sentido, además de innecesario, puede ser poco operativo e inviable.
Insistimos en que las funciones de planificación operativa, como es
la programación, no sones tanto funcioónes del Ministerio como de las
administraciones autonómicas. Ls y que las funciones de planificación
propias de la Administración del Estado deben centrarse
fundamentalmente en la planificación de carácter político del Sistema
Nacional de Salud y, por tanto, en la planificación estratégica.
Incluso los programas de mejora continua de la calidad en los centros
sanitarios, que, como es lógico, son impulsados por los planes
estratégicos de la mayor parte de los servicios autonómicos de salud
desde los programas de gestión convenida con los centros sanitarios,
etcétera, son realmente eficaces y efectivos cuando éstos son
desarrollados con el consenso
de los profesionales;, esto es, desde los centros y para los centros,
para la población a la que atienden. Así es como se están realizando
hoy en día en muchos centross del Estado, además de en mi comunidad
autónoma, y me refiero tanto a atención primaria como a atención
especializada.
Por estas razones, existen normativas sobre acreditación en muchas de
las comunidades autónomas, existen centros directivos encargados de
las labores de acreditación en muchas de las comunidades autónomas,
pero nos parece más oportuno el enfoque que hemos expuesto en nuestra
enmienda: desarrollar, a través del Consejo Interterritorial, el
inicio de trabajos sobre un plan estratégico de mejora de la
efectividad y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Señorías, si bien a principios de los años noventa las reformas
sanitarias en Europa se centraron en financiación y en cambios
estructurales, en la segunda mitad de esa década, superado lo
anterior, se han ido centrando en la calidad, en los resultados
clínicos y en el papel de los profesionales y de los ciudadanos. En
nuestro país están pendientes verdaderas transformaciones, tanto en
lo referente a la sanidad como en los otros aspectos que he
mencionado, y en nuestra enmienda insistimos en que el plan
estratégico de mejora de la efectividad y de la calidad debe
centrarse en dos aspectos fundamentales que creemos son estratégicos,
para que desde la Administración del Estado y desde el Ministerio se
facilite a los servicios autonómicos, a las consejerías de Salud, la
labor de gestión y de mejora de la calidad. Esto dos aspectos son:
profundizar en los profesionales, que son el valor más importante del
Sistema Nacional de Salud, el motor de cambio ante cualquier proceso
de mejora, tanto en la calidad co mo en la satisfacción del ciudadano
ante las prestaciones que se ofrecen y resolver sin demora la
situación de vacío desarrollando una política de recursos humanos
adecuada a los tiempos modernos. Desde el año 1986, con la Ley
General de Sanidad, está pendiente el desarrollo de un estatuto
marco. Las comunidades autónomas gestionamos con estatutos del
personal sanitario y no sanitario que en algunos casos datan de los
años preconstitucionales y es muy difícil avanzar -y estamos de
acuerdo en que se hayan aceptado las enmiendas transaccionales del
PSOE y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- en un
camino que facilite a las comunidades autónomas, que son las que en
última instancia tienen las competencias de gestión, el profundizar
en los programas de calidad en torno a los servicios y centros
sanitarios sin introducir cambios en lo que se refiere a la normativa
del personal. La legislación actual es una legislación básica del
Estado, que, hoy por hoy, es el que tiene la potestad legal de
desarrollarla. Mientras tanto, se produce un vacío en las comunidades
autónomas, puesto que no tenemos competencias en el desarrollo de los
propios estatutos, que está impidiendo de forma importante el
desarrollo de la carrera profesional, así como introducir cambios
retributivos con conceptos variables que favorezcan la
incentivación del personal. Señorías, el introducir el concepto de
mejora de calidad pasa fundamentalmente por que los profesionales se
involucren de forma más decidida, aunque ya lo están, y eso implica
que los cambios en la política de recursos humanos sean una de las
asignaturas pendientes y cruciales hoy por hoy para el Sistema
Nacional de Salud.
Hay otro aspecto que debe reforzarse, puesto que va a ser
estratégico, y cada vez más porque los recursos son siempre limitados
y el desarrollo de la tecnología, la innovación a nivel de pruebas
diagnósticas, de pruebas terapéuticas, etcétera, es cada vez mayor.
La aplicación de los recursos que tiene el Ministerio, el Instituto
de Salud, el Instituto Carlos III, etcétera, debe ir a políticas que
prioricen y evalúen nuevas tecnologías y prestaciones, introduciendo
criterios de coste y de efectividad. Son elementos que van muy
ligados a la calidad, a la efectividad en los resultados y a su
mejora en función de los recursos de que se dispone.
No estando en desacuerdo con la propuesta del Grupo Popular y con las
enmiendas transaccionales, que parece ser que se han aceptado, lo
cierto es que nosotros estimamos que es necesario no perder
oportunidades, pues la política de recursos humanos sigue siendo uno
de los principales elementos y el no avanzar en este camino hoy por
hoy dificulta el desarrollo de mecanismos de incentivación y de
mejora de la calidad en el Sistema Nacional de Salud.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Gracias, señor presidente.
Señor Burgos, no voy a ser, posiblemente, el único en felicitarle por
su intervención, sobre todo si me escuchan. (Rumores.) Decía que en
su intervención ha mejorado usted notoriamente el texto que
presentaron a debate en enero. Si el texto finalmente queda como el
resultante de la aceptación de las distintas enmiendas habremos
conseguido algo, mejorar un texto, pero no espere usted de mi
intervención una conferencia sobre calidad asistencial, sobre calidad
total, porque no debería ser el lugar en el que se debatiera sobre
estos temas.
Una proposición no de ley intenta instar al Gobierno, como dice, a
que haga algo, y se supone que eso se hace cuando uno tiene la duda
de si el Gobierno lo está haciendo, si el Gobierno lo quiere hacer,
si el Gobierno no se lo ha planteado; o si el concepto sobre el que
se discute es novedoso y no está planteado dentro del horizonte de la
acción del Gobierno, del Ministerio correspondiente. Permítanme SS.
SS. algunas preguntas. ¿Por qué estamos debatiendo este asunto hoy y
aquí, en el Congreso de los Diputados? ¿Porque la calidad
asistencial, por ejemplo, no está contemplada en la Ley General de
Sanidad? No. Tres artículos están dedicados
a la calidad en el Sistema Nacional de Salud, los números 13,
18.16 y 69. Está, por lo tanto, en la Ley General de Sanidad. El tema
no es nuevo, desde 1984 se viene teorizando sobre la calidad en los
servicios. ¿Porque es nuevo pero no se ha hecho nada? Pues no. El
plan de garantía de calidad total en atención sanitaria, programa
marco, primera fase 1986-1990, editado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, es una buena prueba de que hace mucho tiempo que se vienen
tratando y planteando los temas de calidad. ¿Porque se hicieron esas
cosas pero se dejaron de hacer? La respuesta también es no, porque la
Comisión de Aseguramiento y Planificación en su subcomisión de
calidad del Consejo Interterritorial de Salud ha abordado
recientemente este tema en dos reuniones. ¿Pero lo ha hecho y hay
desacuerdo? No, porque el acta de la reunión del 22 de febrero del
presente año se aprueba por unanimidad de las comunidades autónomas
allí representadas. ¿Porque no hay teoría actualizada sobre el
reparto de funciones, el alcance de las competencias o las
actuaciones prioritarias? La respuesta también es no. Parece -y lo ha
dejado usted claro en su discurso- que no hay dudas sobre el alcance
de las competencias, sobre la mayoría de edad de las comunidades
autónomas, o sobre la obligación de establecer sus propios planes de
salud. ¿No hay teoría actualizada? La hay. Tengo aquí el documento de
mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado por
unanimidad por las comunidades autónomas en el Consejo
Interterritorial de Salud. Por tanto, tampoco. ¿Porque el Ministerio
de Sanidad no es partidario de los programas de calidad? No, tampoco.
El 20 de diciembre, «Diario de Sesiones», comparece el secretario
general de Gestión y Cooperación Sanitaria y dice: Dentro de la
acción que está llevando a cabo, el tercer elemento que estamos
introduciendo es el plan de calidad. Y añade: En primer lugar,
elaboración de estándares mínimos de calidad; segundo, establecer y
extender los estándares para la acreditación de los centros; tercero,
instrumento de mejora del sistema con la elaboración de indicadores;
y, cuarto, la creación del observatorio del Sistema Nacional de
Salud.
Pero hay más. ¿Hay contradicción entre los altos cargos? No. El señor
Bohigas, director general de Planificación del Ministerio de Sanidad
y Consumo, dice que desde su Dirección se aportan y hay iniciativas
como las que recoge su superior jerárquico. ¿Porque las comunidades
autónomas no están trabajando en este campo? Tampoco es por eso por
lo que venimos hoy aquí, porque Cataluña, el País Vasco, Andalucía,
Aragón, etcétera, están estableciendo sus propios planes y sistemas
de calidad. Además, les es obligado por la normativa vigente. ¿Por
qué venimos aquí? ¿Porque el Partido Popular no confía en la acción
del Gobierno, muy especialmente en la del Ministerio de Sanidad? Pues
sería una sorprendente coincidencia que estuviéramos discutiendo
precisamente porque el partido que sustenta al Gobierno desconfía de
la acción de Gobierno y le
insta, repito, a través de la proposición no de ley, a hacer lo que
dicen que están haciendo. Entonces, ¿por qué? Si no es por qué, ¿para
qué? ¿Para que se haga lo que se está haciendo? Me permitirán ustedes
decir que roza un poco en lo absurdo: instar al Gobierno a que haga
lo que está haciendo y de común acuerdo con las comunidades
autónomas, con las que ya está de acuerdo, con un objetivo, con el
que también está de acuerdo, yo no sé si es utilizar el tiempo de la
mejor manera. ¿Para que el Gobierno popular sienta el calor del Grupo
Popular? Podrían elegir otros ámbitos para discutir este asunto que
no fueran precisamente éste. ¿Para que no se discutan iniciativas de
la oposición, para que el Partido Popular consuma cupo y no lo
consuman los grupos de la oposición? Como veremos esta tarde en la
sesión de control, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, es
una práctica que se va extendiendo demasiado en esta Cámara. (El
señor Martínez Sanjuán pronuncia palabras que no se perciben.)
Gracias, profesor Martínez.
Quien haya dicho que iba a convertir el Parlamento en el centro de la
vida política nacional, cuando el centro de la vida política nacional
discute la sal yodada o insta al Gobierno a que haga lo que está
haciendo, de común acuerdo con aquellos con los que ya está de
acuerdo, y buscando el objetivo que ya está persiguiendo entre todos
ellos, nos parece, señorías, que no se está haciendo si no lo que ya
he dicho, evitar que vengan a esta Cámara otras proposiciones y
debates.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Arola.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular insta al Gobierno a poner en marcha un plan de
calidad total del Sistema Nacional de Salud que incluya programas de
acreditación de los centros sanitarios, así como otros sistemas de
calidad propios del sector. Nuestro grupo parlamentario, Convergencia
i Unió, comparte el interés del grupo proponente en el tema, como a
estas alturas del debate ha quedado también de manifiesto que lo
comparten todos los grupos que estamos representados en la Cámara.
Estamos tan de acuerdo con el contenido de esta proposición no de ley
que hace 20 años que en Cataluña está en práctica, exactamente desde
1981, cuando Cataluña recibió las competencias en materia de sanidad.
Fuimos pioneros en el Estado español e incluso en el entorno europeo
en tener programas de acreditación y de evaluación que busquen la
calidad y la excelencia.
La acreditación ha sido y es un importante instrumento de evaluación
de los servicios de salud para incidir en el uso eficiente de los
recursos. Sirve también para homologar la calidad que ofrecen
nuestros centros
y genera confianza, tanto a los profesionales como a los usuarios. El
Servei Català de Salut utiliza la acreditación como medida de la
calidad de asistencia que compra a los proveedores del sistema.
Estamos convencidos de que si en Cataluña la cultura de la calidad
o los niveles de excelencia conseguidos están consensuados y son
valorados por la mayoría de los ciudadanos, entre otras cosas se debe
a que hace 20 años que tenemos estos planes de acreditación y de
calidad. El actual modelo que rige en Cataluña, de 1991, está en fase
de renovación y de adaptación, estando ya muy avanzados los trabajos
de remodelación. Este nuevo modelo se ha elaborado teniendo en cuenta
la opinión de los ciudadanos, de los usuarios del sistema, de los
profesionales y de los centros sanitarios. Se ha trabajado
estrechamente con todos los implicados. Se busca y se fomenta la
mejora continua y ha procurado ser realista adaptándose al entorno, a
las características territoriales y a buscar la máxima calidad a un
coste sostenible. El 19 de diciembre del pasado año, por una orden,
se creó el Consell Assessor de la Qualitat Assistèncial, el Consejo
Asesor de Cualidad Asistencial, con el objetivo de promover la
excelencia en los servicios de salud y la eficiencia en el uso de los
recursos. Este consejo asesor ha trabajado y se ha implicado
muchísimo en desarrollar este nuevo modelo de acreditación.
Todo lo expuesto y muchas más razones que podría añadir pero que
otros portavoces ya han explicitado aquí en la tribuna, son motivos
más que suficientes para evidenciar lo que comentaba ahora el
portavoz socialista, el señor Arola, que tenemos que reconocer que se
puede compartir la música y el espíritu de la proposición no de ley,
pero que no significa una aportación novedosa pues tanto en Cataluña
como en otras comunidades del Estado español es algo que está ya
puesto en práctica. No obstante, con toda sinceridad debo manifestar
que si bien el texto de la proposición no de ley tenía aspectos que
la hacían no asumible a pesar de compartir el espíritu, el señor
Burgos en su intervención ha despejado las incógnitas y las dudas que
teníamos ante un texto que en vez de buscar lo que usted muy bien ha
explicado en un intervención, enriquecer el conjunto del sistema con
las experiencias de todas las comunidades, perseguía más bien el
criterio homogeneizador de café para todos, un criterio unificador,
que de ninguna manera hubiera podido asumir nuestro grupo
parlamentario, y más cuando la Ley General de Sanidad, en el capítulo
I, artículo 40.8, deja muy claro que el Estado sólo tiene competencia
de acreditación en relación con la extracción para el trasplante de
órganos, no con el resto de materias de acreditación que están
totalmente transferidas a las comunidades autónomas. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
Insisto, señor Burgos, en que en su discurso ha sido mucho más
contemporizador y ha aclarado cuál era la voluntad de esta
iniciativa. Por otra parte, con la intervención de los portavoces de
los grupos parlamentarios, podemos llegar al acuerdo de que el
sistema, a través
del Consejo Interterritorial de Salud, y como decía también la
enmienda socialista, informándose debidamente a la Comisión de
Sanidad, pueda enriquecerse con la experiencia de los distintos
planes de salud que ya tienen las comunidades autónomas, y que esto
sea un trabajar cada uno en función de sus necesidades, siendo todos
capaces de enriquecernos con las experiencias, con los conocimientos
que cada uno en su comunidad haya desarrollado. Quiero agradecer el
apoyo que el grupo proponente ha manifestado hacia nuestra enmienda,
como también el de los otros grupos de la Cámara. No tenemos
inconveniente alguno en añadir al texto de nuestra enmienda estas
matizaciones de otros grupos, que clarifican o explicitan cuál es
espíritu que debe guiarnos en esta iniciativa. Les doy las gracias en
nombre de mi grupo parlamentario y esperemos que después de este
debate hayamos dado un paso positivo en buscar esta excelencia en el
conjunto del sistema.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Uría tiene la
palabra.
La señor URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, al leer el texto de la proposición no de ley que hoy nos
presentan ante la Cámara, a mi grupo le han surgido tres órdenes de
cuestiones. La primera es la suspicacia que siempre nos suscita el
hecho de que el grupo mayoritario sea el que propone o el que pide al
Gobierno que se realice algo. Si están en la creencia de que deben
hacerlo, ¿por qué no aborda ya entonces el Gobierno estas políticas?
Realmente, se hace raro. Sé que es legítimo, por supuesto, y que
tiene cabida en el Reglamento; pero resulta chocante y parece que de
lo que se trata es de rellenar estadísticas diciendo: una proposición
no de ley acordada por el Congreso fue luego cumplida por el
Gobierno. Si el Gobierno cree que esto entra dentro de la buena
gestión de la sanidad, debería abordarlo directamente.
En segundo lugar, lo que pretenden evidencia carencias
importantísimas en el ámbito gestionado hoy desde el Estado; que
están ustedes antiguos, si me permiten decirlo así. El proponente de
la iniciativa ha manifestado que estas cuestiones ya se están
llevando a cabo en las comunidades autónomas que tienen competencias
asumidas en esta materia. En el ámbito vasco en concreto, donde
parece que el Gobierno vasco no ha hecho nada bien hasta hace unos
días -¡menos mal que los ciudadanos vascos han opinado otra cosa!-,
la cultura de la calidad comenzó a extenderse hace ya tiempo y el
plan integral data de hace diez años, nada menos. En 1993 se aprobó
el plan Osasuna-Zainduz, que hizo que Osakidetza se vinculase como
miembro fundador desde 1994 al patronato de la Fundación Vasca para
elFomento de la Calidad, hoy denominada Euskalit. Esta
entidad tiene como misión extender la cultura de la calidad total
entre las empresas de la comunidad autónoma a través de la difusión,
formación y aplicación del modelo europeo de gestión de la calidad
total. Para ser una sociedad bárbara, parece que estamos bastante
avanzados. Esta apuesta tomó forma legal con la Ley de ordenación
sanitaria en 1997 y, posteriormente, con los estatutos y el plan
estratégico de Osakidetza, en 1997 y 1998 respectivamente. Además,
hemos recibido certificaciones ISO tanto en áreas de atención al
cliente como en áreas hospitalarias, el hospital de Cruces recogió en
Madrid el certificado de mejor gran hospital docente del Estado y dos
de los hospitales vascos están en posesión de la cruz de plata.
El señor Burgos ha dicho que tenemos proyectos para el futuro; sí,
porque vamos a seguir gobernando. Estamos ya trabajando no sólo en lo
que él ha dicho, sino también en el diseño y creación del instituto
vasco de biomedicina, orientado a promover y estructurar la
generación, intercambio y difusión del conocimiento entre los
profesionales dedicados a esta materia en la Comunidad Autónoma
vasca. Además, hay un segundo proyecto en el que tenemos puesta
enorme ilusión: el de la creación de la escuela de alta gestión
sanitaria. En fin, ya irán ustedes viendo porque vamos a hacer cosas.
He dicho que eran tres las cuestiones que la proposición no de ley
suscitaba a mi grupo parlamentario. La tercera es la que surge
siempre: el aspecto competencial. Cuando se habla de elaborar un plan
de calidad total en el Sistema Nacional de Salud, a nosotros nos
parece que el Gobierno pretende untar alguna salsa - si me permiten
decirlo así-; rebañar algo relacionado con competencias, dicho sea en
expresión coloquial. Es cierto que se habla del Consejo
Interterritorial, pero se emplea una expresión que nos parece
sospechosa. Se dice: programas de acreditación de los centros
sanitarios. ¿Qué va a ser eso? ¿Quién expedirá acreditaciones?
Acreditar es una cuestión práctica, es pura gestión, y es un término
utilizado por los expertos en esta área; sólo lo utilizan los
expertos en gestión, no aparece en ninguna norma legal. Es cuestión,
por tanto, que corresponde a las comunidades autónomas llevar a cabo.
Si me permiten la suspicacia y ser tan malpensada -repito que me lo
dispensen-, podría dar la impresión de que algún consulting ha
conseguido una exclusiva en esta materia que pretende trasladarles a
ustedes. Las comunidades autónomas ya vienen haciendo estos planes de
calidad, el señor Burgos lo ha reconocido. Si lo que quieren es
coordinación o mejor información, no lo hagan ustedes, háganlo con
las comunidades autónomas. El Grupo Vasco les desea que hagan bien lo
que vayan a hacer -puesto que no dudamos de que será aprobado por
mayoría-, que no metan la pata, como suele decirse; pero les ruega
que no toquen aquello en lo que ya somos competentes -en el doble
aspecto- y vienen haciendo nuestras formaciones políticas allí donde
tienen responsabilidades de gestión.
Desde nuestro punto de vista, la enmienda de CiU y lo que han
aceptado de la del Grupo Socialista mejoran lo que ustedes pretenden,
pero no logran del todo disipar nuestras suspicacias y, hoy por hoy,
nuestra preferencia es abstenernos ante la iniciativa que se trae a
esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Burgos, tiene usted la palabra a los solos efectos de indicar
la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo se felicita por el acuerdo básico general al que hemos sido
capaces de llegar y porque se haya hablado de calidad en este
Parlamento a instancias del Grupo Parlamentario Popular. En aras de
ese acuerdo, ya hemos manifestado nuestra aceptación de la enmienda
de Convergència i Unió a la que me gustaría añadir una referencia que
la portavoz de Izquierda Unida nos ha manifestado y que compartimos,
que tendría el siguiente tenor: poner en marcha un plan de calidad
total del Sistema Nacional de Salud que incluya programas de
acreditación de los centros sanitarios para aquellas comunidades
autónomas que no dispongan de programas de acreditación propios, así
como otros sistemas de calidad propios del sector, con especial
atención a las iniciativas de mejora de la información. Creo que esto
añade una sensibilidad especial sobre la cuestión de la información,
que es básica también en los aspectos de calidad y que mi grupo
quiere recoger también en aras del acuerdo.
Y vamos a aceptar, como ya he manifestado, el segundo párrafo de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque a la Comisión de
Sanidad y Consumo le da una oportunidad de seguir debatiendo sobre
estas cuestiones. Yo me felicito de este hecho puesto que a algunos
parece que les molesta que sea el Grupo Parlamentario Popular el que
quiera hablar de calidad.
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, como S.S. sabe, este turno es
para aceptación o rechazo, no para mayores explicaciones.
El señor BURGOS GALLEGO: Lo sé, señora presidenta, por eso vamos a
aceptar esa enmienda, porque queremos seguir hablando de calidad en
el Parlamento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
Señora Riera, ¿acepta la propuesta que hace el señor Burgos relativa
a la modificación de su enmienda?
La señora RIERA I BEN: La acepto, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Riera.
Señor Arola, afecta también a su enmienda, con lo cual S.S. debe
mostrar su conformidad o disconformidad.
El señor AROLA BLANQUET: Se acepta, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arola. (Pausa.)
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a promover un
plan de calidad total del Sistema Nacional de Salud, que incluya
programas de acreditación de los centros sanitarios, en los términos
derivados del debate y plasmados en la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 287; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO
A ADOPTAR EN EL PLAZO DE SEIS MESES LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
DECLARAR SERVICIO PÚBLICO UNIVERSAL DETERMINADAS PRESTACIONES DE
TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET. (Número de expediente 161/000273.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista por la que se insta al Gobierno a adoptar en el plazo de
seis meses las medidas necesarias para declarar servicio público
universal determinadas prestaciones de telefonía fija, móvil e
Internet.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora
Pleguezuelos. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y quienes vayan a abandonar el
hemiciclo lo hagan con diligencia, al objeto de poder continuar el
debate. (Pausa.)
Adelante, señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy hace exactamente un año que debatíamos sobre esto
mismo. El 16 de mayo de 2000 mi grupo presentaba en la sesión
plenaria de esta Cámara una proposición no de ley por la que instaba
al Gobierno a que en un plazo relativamente corto -no especificábamos
el tiempo- llevara a la Comisión de Ciencia y Tecnología un plan
detallado que nos permitiera concretar
las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones
y su financiación. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Pleguezuelos. (Pausa.)
Adelante.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Esa proposición no de ley, señorías, detallaba bastantes aspectos
que, desde el punto de vista de mi grupo, compartido por otras
fuerzas políticas -prácticamente por todas, puesto que se aprobó por
unanimidad-, ese plan debía recoger aspectos tan considerables, tan
importantes como extender la consideración de servicio universal al
acceso a Internet para todos los ciudadanos. Posteriormente hemos
tenido muchos debates en esta Cámara (el Grupo de CIU presentó una
proposición de ley en el mismo sentido y fue aprobada), pero la
realidad es que hoy, un año después, el compromiso del Gobierno de
trasladar a la Comisión ese plan detallado que permitiera concretar
las prestaciones del servicio universal y el acceso a Internet aún no
se ha producido ni en los términos de esas obligaciones ni en los
términos de la financiación. (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Para mi grupo este es un tema muy importante, porque sin duda el
sector de las telecomunicaciones está adquiriendo una importancia
vital en lo que es el desarrollo de la economía, tanto en los
aspectos económicos como sociales y también, por supuesto,
culturales, de todos los ciudadanos españoles. En particular, es muy
importante que el desarrollo de la sociedad de la información nos
permita actualizar esas prestaciones de servicios de telecomunicación
que el Estado está obligado a garantizar. ¿Por qué? Porque desde el
Grupo Socialista entendemos que la regulación actual que recoge la
Ley general de Telecomunicaciones respecto a la declaración de
servicio universal es claramente insuficiente y además no garantiza
un equilibrio y una igualdad social ni territorial para todos los
ciudadanos, sobre todo ante este avance que entendemos que los
instrumentos de la sociedad de la información pueden facilitar a
todos los ciudadanos. Por eso es vital que ya actuemos para que el
acceso a Internet sea considerado servicio universal porque, ni más
ni menos, es lo que entendemos como una prestación que
obligatoriamente debe prestar el Gobierno para que todos los
ciudadanos puedan, en condiciones de igualdad, disfrutar de esos
beneficios que proporcionan las nuevas tecnologías, la sociedad de la
información, porque, señorías, esto además es un elemento básico en
lo que debe ser la cohesión territorial.
Algunas comunidades españolas perdimos el tren, el carro de la
revolución industrial. España no debe permitirse perder el carro de
la revolución tecnológica. En ese sentido, ese carro debe llevar
encima a todos los ciudadanos, no puede dejar tirado ni a territorios
ni aciudadanos con menor poder adquisitivo. Hace tres
años mi grupo denunció que la Ley general de Telecomunicaciones que
aprobó esta Cámara era claramente insuficiente para el futuro de la
sociedad de la información, pero todavía estamos a tiempo de recoger
esas actuaciones. Todos los legisladores, y especialmente quienes
disponen de la mayoría absoluta de esta Cámara, debemos poner esos
instrumentos al servicio de todos los ciudadanos.
Señorías, la realidad es que un año después de todo lo que les estoy
diciendo, exactamente un año, aún no disponemos de ese desarrollo ni
de esa declaración de Internet como servicio universal. Tres años
después de aprobada la Ley general de Telecomunicaciones los
operadores no conocen cuánto van a tener que aportar a la extensión
de ese servicio universal, que parece que ya va a ser una realidad, y
tenemos la certeza de que el operador dominante, Telefónica, ha
paralizado en parte las inversiones que tenía comprometidas al ver
que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está retrasando algo tan
básico como es la declaración de Internet como servicio universal.
Tenemos la obligación, por tanto, señorías, de actualizar los
requisitos mínimos de esos servicios de telecomunicaciones que debe
garantizar el Estado. Los datos en España no son tan buenos como a
veces se dice desde esta tribuna o desde otros foros por parte de la
propia ministra. Les voy a dar sólo dos datos del último estudio de
Telefónica que son, cuando menos, preocupantes, y que aconsejan que
entre todos nos pongamos manos a la obra. Ese estudio de Telefónica
dice que la media de los ciudadanos españoles que acceden
regularmente a Internet es de un 12,5 por ciento. Señorías, este es
un porcentaje muy bajo que no puede congratularnos en absoluto y, si
atendemos a lo que es la distribución territorial de ese acceso por
comunidades autónomas, el dato es aún peor, porque son trece las
comunidades autónomas que están por debajo no de la media, del 12 por
ciento, sino del 6 por ciento en el uso de Internet. Si a esto
añadimos que en la introducción de ordenadores personales en los
hogares también estamos a la cola, no estamos en condiciones de
perder el tiempo. Señorías, hemos de coger ese carro al que me referí
antes de la revolución tecnológica, de la sociedad de la información,
para disfrutar de ella todos los ciudadanos españoles.
Por tanto, tenemos que concretar y ampliar el ámbito de aplicación
del servicio universal para que se beneficien por igual todos los
ciudadanos y todas las comunidades autónomas, porque el acceso a
Internet facilita desarrollo individual, desarrollo cultural y, desde
luego, cohesión territorial y desarrollo económico para un territorio
y para los ciudadanos.
Como ha transcurrido el tiempo y el único obstáculo que se ponía -se
ha dicho en varias ocasiones en esta Cámara y en la Comisión por
parte del Grupo Popular que apoya el Gobierno- era, si no se andaba
más deprisa, que la Unión Europea no lo permitía, quiero decirles,
señorías, que esto no es así. Cualquier país europeo puede declarar
servicio universal, en el marco
de las directivas europeas, por supuesto, los servicios que considere
oportunos para sus ciudadanos y para el desarrollo económico y social
de su país. Lo único que debemos hacer -y de eso sí tenemos que tomar
buena nota- es establecer los sistemas de financiación, y esos
sistemas de financiación pueden ser presupuestarios -en su totalidad,
en parte o como estimemos- o, por ejemplo, pueden aplicarse las tasas
que se pagan hoy por el uso del espacio radioeléctrico a esa
prestación de servicio universal. Por tanto, señorías, no puede
seguir declarándose como un obstáculo, como una barrera el que la
Unión Europea no ha avanzado en este sentido para decir que estamos
retrasando excesivamente este acceso.
Yo quiero felicitar a los grupos de la Cámara y al Grupo Socialista
porque parece que esta iniciativa va a contar con el consenso de toda
la Cámara, ya que hemos llegado a una transaccional, fruto de las
enmiendas que han presentado el Bloque Nacionalista Galego, por el
Grupo Mixto, Izquierda Unida y Convergència i Unió a la iniciativa
del Partido Socialista y que el Partido Popular nos ha anunciado que
va a apoyar. Por fin vamos a poder contar de una vez, siempre en el
marco de las directivas europeas, con esa declaración de servicio
universal del acceso a Internet.
Para finalizar, quería dirigirme al Partido Popular, porque hasta
ahora se han hecho pronunciamientos, declaraciones e incluso apoyos
de iniciativas, pero la realidad es que van siempre a remolque y hay
que insistir constantemente, a trancas y barrancas, tirando del
carro. Pero quiero felicitarnos porque al final vamos a conseguir
-como se hizo en el caso de la tarifa plana, que acabó siendo una
tarifa menos plana, nosotros la llamamos ondulada-, aunque sea con un
año de retraso, y espero que no sea mucho más, que el Partido Popular
haga realidad lo que demandan muchos ciudadanos españoles y, desde
luego, todas las fuerzas políticas de esta Cámara, y es que los
ciudadanos españoles, todos y cada uno de los territorios de España
disfruten, en igualdad de condiciones, de los beneficios que les
aportan las nuevas tecnologías, la sociedad de la información, y eso
no es ni más ni menos que el acceso a Internet, que va a facilitar su
desarrollo personal, individual y también el nivel económico y de
cohesión social y territorial de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora
Pleguezuelos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Como se ha dicho aquí, no es la primera vez que se hace este debate,
arranca del debate sobre la Ley general de Telecomunicaciones, donde
la oposición, y singularmente
Izquierda Unida, tuvo una posición clara, puesto que la
Ley general de Telecomunicaciones daba un marco que constreñía lo
público, el llamado servicio universal, y dibujaba un servicio
universal, o como se suele decir también servicio público universal,
enclenque, raquítico. A partir de ahí ha habido muchos debates. Este
es uno más sobre este tema y yo no me voy a extender. A pesar de que
la señora diputada del PSOE ha tenido un contubernio al margen de la
enmienda de Izquierda Unida, contubernio como siempre de dirección
equivocada, nosotros sí vamos a votar el texto a favor porque nos
parece, aunque es redundante -no por mucho trigo hay mal año-, que
aclara la situación.
Nosotros con nuestra enmienda queríamos insistir en la necesidad de
que este tema afecte por igual a los ciudadanos, con independencia
del territorio donde vivan. No queda totalmente claro este sentido,
porque esta resolución se va a adoptar en el marco de la Ley general
de Telecomunicaciones, pero, si se ha hecho así, votaremos para que
no haya ningún tipo de confusión. En todo caso, esperemos el anuncio,
cuando ya sea presidente de la Unión Europea el señor Aznar, de que,
por fin, se aplica esta resolución, porque es lo que estamos
esperando, dejémonos de cinismos; cuando empiece la presidencia del
señor Aznar se anunciará a bombo y platillo lo que ha supuesto
posiblemente el debate más redundante que ha habido en los últimos
dos o tres años en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez
Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego comparte las líneas generales que
inspiran la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para
extender el servicio público universal de telecomunicaciones a todos
los ciudadanos por igual y ampliar las prestaciones del mismo al
acceso a los servicios de transmisión de datos y correo electrónico.
La enmienda que el Bloque Nacionalista Galego presenta pretende
mejorar el texto inicial haciendo una especial referencia a la
necesidad de sustituir de manera urgente la tecnología de telefonía
rural de acceso celular -TRAC- por otra que sea compatible para
acceder a los servicios de Internet.
Hace una década, para permitir el acceso a los servicios de telefonía
de un sector importante de la población que residía en zonas rurales,
y que en algunas comunidades autónomas supone una porción elevada de
la población total, se optó por la implantación del sistema TRAC, que
permite a los usuarios realizar llamadas estatales e internacionales
y transmitir o recibir datos a una velocidad de 2.400 bits. Esta
tecnología está actualmente desfasada, y muchos de sus usuarios,
que residen en zonas rurales -es el caso concreto de Galicia-, no
tienen acceso a los sistemas de información de Internet, es decir, no
garantizaría el acceso a Internet, cuya consideración de servicio
público universal se propugna en la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista. Además, con el paso del tiempo se está
evidenciando que el sistema TRAC está presentando numerosas
deficiencias en cuanto a la calidad del servicio de telefonía, es
decir, ni siquiera permite a sus usuarios tener un servicio de
teléfono con un mínimo de calidad.
Por tanto, aun considerando que es urgente la renovación de los
teléfonos celulares que existen en el medio rural, con independencia
de la declaración o no del servicio de Internet como universal, vamos
a votar una iniciativa en la que se amplían las prestaciones
incluidas en el servicio público universal de telecomunicaciones,
pero, para ello, consideramos imprescindible que en la misma se
contenga una referencia clara a la necesidad de que los ciudadanos
que viven en el medio rural puedan acceder a Internet en condiciones
óptimas, bajo los mismos estándares de calidad que el resto de
ciudadanos y a un precio asequible que en ningún caso comporte un
coste adicional, lo que comporta, lógicamente, la sustitución de la
actual telefonía de acceso celular por otras que permitan una
transmisión de datos a velocidad suficiente para acceder a Internet.
Esperamos -y parece que va a ser así- que, por lo menos, el espíritu
y la intención de esta enmienda se recoja por su importancia para las
zonas rurales del Estado español y de forma muy específica para
Galicia.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy vuelve a esta Cámara un debate que podríamos calificar
de reiterativo pero no innecesario; reiterativo porque ya no es la
primera vez que en este Pleno debatimos la necesidad de que Internet
tenga la consideración de servicio universal; no es innecesario
porque todavía no la tiene y, por tanto, cualquier declaración que se
produzca y cualquier concreción en la que avance este Pleno en orden
a plasmar lo que ya es una urgencia, bienvenida sea. Que Internet
pueda llegar a todos los ciudadanos, con independencia del lugar en
donde resida y a un precio asequible y similar para todos, es el
objetivo del servicio universal, un objetivo que nuestro grupo
comparte plenamente. Tanto es así que ya presentó nuestro grupo en la
pasada legislatura una proposición de ley modificando el artículo 37
de la Ley general de Telecomunicaciones para que Internet tuviera esa
consideración de servicio universal. Se disolvieron las Cortes y, una
vez iniciada ya esta legislatura,
tuvimos ocasión -porque el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presentó una proposición de ley que fue
aprobada por unanimidad de todos los diputados de esta Cámara- de
modificar el artículo 37 de la Ley general de Telecomunicaciones.
Por tanto, es un debate reiterativo porque la herramienta que tiene
que plasmar legislativamente lo que hoy se solicita mediante esta
proposición no de ley, es una modificación de la Ley general de
Telecomunicaciones, que ya se está tramitando en la Comisión de
Ciencia y Tecnología, que ya se han presentado las enmiendas por
parte de todos los grupos y que estamos en paralelo y a la espera de
la decisión final en el ámbito de la Unión Europea, y solicitamos al
grupo Popular y al Gobierno que, cuando hablamos de la Unión Europea,
como no es un ente abstracto sino que formamos parte de él, nos
impliquemos a fondo e impulsemos esa declaración a nivel de directiva
europea cuanto antes.
Por ello, la proposición no de ley que hoy se nos plantea
consideramos que es oportuna y necesaria, aunque también consideramos
que es un debate que ya se ha producido en otras ocasiones, porque la
propuesta de Convergència i Unió ha sido aceptada por todos y ya se
está tramitando en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero hoy,
ante esta propuesta del Grupo Socialista, nuestro grupo presenta una
enmienda que, por las conversaciones previas que hemos mantenido los
distintos grupos, creemos que será un instrumento de punto de
encuentro entre todos para enmarcar la proposición no de ley dentro
de lo que actualmente se está produciendo en esta Cámara, y es que ya
tenemos un texto legislativo en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La propuesta es correcta y va en la buena línea porque concreta. ¿Y
qué concreta? Concreta la necesidad de hacer extensiva la telefonía
en los hogares, con ancho de banda, capaz de soportar los servicios
de fax y datos. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego hacía una
interpretación muy adecuada cuando nos hablaba de la necesidad de
mejorar el servicio básico de telefonía de tantos y tantos lugares
alejados que tienen el sistema TRAC y que les hablamos de Internet
como servicio universal y ni tan siquiera están recibiendo la
telefonía fija en unas condiciones adecuadas. Por tanto, nuestra
enmienda, en coincidencia plenamente con la propuesta que hace el BNG
y con la propuesta que ya hemos aprobado en la Comisión de Ciencia y
Tecnología, propone también la necesidad de sustituir paulatinamente
el sistema TRAC, el sistema de telefonía rural de acceso celular, por
un sistema que haga compatible Internet. Porque, si declaramos
Internet servicio universal, forzosamente deberemos modificar el
sistema TRAC y, por tanto, esta sustitución debe producirse ya, a
partir de ahora, antes de que se declare servicio universal.
La iniciativa que hoy nos propone y defiende la señora Pleguezuelos
es positiva en cuanto concreta una velocidad de referencia en todos
los hogares cuando deba llegar el proveedor del servicio de Internet,
que
deberá estar en torno a los 33.600 bits, en condiciones de tarifa
plana y a un precio asequible. Todo esto lo recoge también nuestra
enmienda y creemos que es necesaria esa concreción que llega desde el
Pleno del Congreso de los Diputados y que debe tener un carácter
extensivo.
Por tanto, nos congratulamos de que hoy, una vez más, esta Cámara
pueda pronunciarse. Esperemos que sea la última vez que debamos
pronunciarnos y que a partir de ahora todo esto se plasme en una
rápida tramitación de la proposición de ley que ya se ha presentado
en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sabemos que no depende
únicamente de nosotros, depende también del marco europeo y urgimos a
que, en ese marco europeo, el Gobierno español acelere cuanto antes
esa declaración de Internet como servicio universal. En ese camino
van a encontrar siempre a nuestro grupo parlamentario, a Convergència
i Unió, que fuimos los primeros en proponerlo. Por tanto, hoy vamos a
votar a favor de ese texto transaccional, en tanto que el mismo
recoge al cien por cien lo que proponía nuestra enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Jané.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula de la existencia de una enmienda transaccional
que ya conocemos. Vamos a votarla con gran comodidad, porque
prácticamente recoge tanto las aspiraciones que estaban en el texto
original de la proposición del Grupo Socialista como otras
iniciativas presentadas en la anterior legislatura, como ha recordado
el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Dentro del ámbito que supone el acceso a Internet, la limitación de
que todavía no haya sido declarado servicio público universal hace
imprescindible ponernos al día en lo que es una exigencia si queremos
dar facilidades al usuario. Territorios discontinuos, como es el caso
de Canarias, ven con satisfacción que se pueda recoger aquí la
enmienda que han presentado con el mismo texto y la misma finalidad
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Bloque
Nacionalista Galego con respecto a la telefonía rural que, de seguir
con el sistema TRAC, estaría verdaderamente obsoleta. Es una pieza
añeja y hay que dar oportunidades de igualdad con la telefonía urbana
a la telefonía rural.
Creemos muy oportunas las exigencias jurídicas de la declaración del
servicio público universal para Internet, pero, además, este servicio
universal tiene que ir acompañado y garantizado con una serie de
exigencias tecnológicas, que se recogen en esta enmienda transaccional
y que también habían recogido otros grupos, concretamente el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); se hace referencia
no solamente a la extensión urbana y rural del servicio de Internet
como servicio público universal sino también a las condiciones
económicas: que no vaya a prevalecer un interés monopolístico o
pseudo monopolístico de los servidores correspondientes, sino que
esto tenga una garantía económica y, junto a ello, las garantías
tecnológicas. Me estoy refiriendo a que si no tenemos unas
transmisiones con la velocidad que hoy día requiere el ámbito de los
negocios, la puesta a punto de muchas decisiones, si no se dan unas
garantías, no estaremos haciendo plenitud de la utilización al día de
hoy de un servicio público universal. Demos el servicio, demos las
condiciones económicas, demos la particularidad que deban tener las
instituciones de enseñanza y sanitaria y demos las velocidades de
transmisión en la banda ancha. Hoy, el disponer de estas autopistas
de transmisión en banda ancha es fundamental para evitar las
transmisiones defectuosas en tiempo que se están dando en la red de
Internet. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Contestaciones a una pregunta por un buscador de más de
10 ó 15 minutos no son propias de la velocidad que se requiere. Al
estar todos de acuerdo en velocidades de transmisión no inferiores a
los 33.600 bits estamos ya ante un condicionamiento, ante una
exigencia técnica.
Por todas estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar
favorablemente esta enmienda transaccional a la que nos sumamos desde
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en la mañana de hoy debatimos una cuestión importante;
importante no sólo para el Grupo Socialista, que ha presentado la
proposición, sino para todos los grupos parlamentarios y, sobre todo,
para los ciudadanos. Yo diría que todos compartimos el que ésta es
una cuestión básica que hemos planteado en esta Cámara en
innumerables ocasiones, tanto en Comisión como en Pleno. Además, y
también lo han reconocido así los grupos parlamentarios, nuestro
Gobierno ya está realizando las actuaciones necesarias para ampliar
el concepto de servicio universal, para garantizar precios asequibles
de los servicios incluidos en este servicio universal y también del
resto de las cuestiones relacionadas con las tarifas y con la calidad
de los servicios prestados.
Debatimos una cuestión que de hecho está siendo contemplada en esta
Cámara a través de una proposición de ley que presentó el Grupo de
Convergència i
Unió y que se encuentra en estos momentos en trámite de ponencia y
una cuestión que el Gobierno del Partido Popular, en el año 1998, ya
introdujo en una ley. Por cierto, es la primera vez que en España se
contempla el concepto de servicio universal de telecomunicaciones por
ley; ya saben, señorías, que a nuestro grupo le gusta garantizar a
los ciudadanos sus derechos a través de leyes para que no estén a
merced de los gobiernos de turno.
Pues bien, señorías, en el año 1998, se recogió este concepto de
servicio universal, por cierto un concepto de servicio universal que
se define así en la ley precisamente por su financiación. Se lo digo,
señora Pleguezuelos, porque este concepto está armonizado en la Unión
Europea, como usted sabe, y si queremos utilizar otro tipo de
financiación que no sea la armonizada en la Unión Europea podemos
utilizar otra de las fórmulas que se plasmaron en la Ley general de
Telecomunicaciones, como es otras obligaciones de servicio público,
que en ese caso sí estarían financiadas. Por tanto, si estamos
hablando de servicio universal de telecomunicaciones, aunque
quisiéramos no podríamos incluir algunas cuestiones que tienen que ir
a un concepto diferente, plasmado en nuestra ley de 1998, como son
las obligaciones de servicio público.
En cualquier caso, señorías, el Gobierno planteó este tema como un
concepto dinámico. Creíamos que el servicio universal de
telecomunicaciones tenía que ser un concepto dinámico porque las
tecnologías iban muy deprisa, porque se avanzaba muy rápido, porque
en muy poco tiempo la liberalización ha producido unos avances
extraordinarios y por tanto era preciso en el día de hoy, como lo era
el año pasado cuando aprobamos una proposición, y como también lo era
el año anterior, que se hiciera una revisión de lo que era el
concepto de servicio universal en Europa. Inmediatamente, como saben
SS.SS., el Gobierno de España propuso la ampliación del servicio
universal a Internet, lo hizo en reiteradas ocasiones en la Unión
Europea y afortunadamente esa propuesta del Gobierno ha sido aceptada
por los países miembros, que ya están debatiendo qué cuestiones deben
ser recogidas en ese concepto para plasmarlas en una directiva que,
como SS.SS. saben, será de obligado cumplimiento para España; además,
como también saben SS.SS., su incorporación a nuestro derecho también
será inmediata al estar ya en marcha una proposición de ley en ese
sentido.
Señorías, ¿qué está pasando en España desde que se produjo la
liberalización de las telecomunicaciones? Si tenemos en cuenta la
reiteración de las propuestas del Grupo Socialista, el contenido de
las mismas y las reiteradas intervenciones de sus portavoces
parecería que la liberalización no ha llegado a España, que sólo se
han beneficiado grandes empresas además en las llamadas
internacionales, como dice el texto de la proposición, y que nuestros
jóvenes desconocen lo que son y para qué sirven las nuevas
tecnologías. Y, señorías, es precisamente todo lo contrario.
Comienzo por decir que nos queda mucho camino por recorrer, no sólo
para situarnos a niveles similares a los de otros países del mundo,
como decía la señora Pleguezuelos, sino lo que es más importante,
para que las nuevas tecnologías se extiendan a todos los rincones de
España, constituyendo un elemento integrador y de cohesión
territorial para que nadie, por motivos económicos, por motivos
físicos o geográficos, quede marginado de esta nueva sociedad que hoy
ya es una realidad, para que nadie se quede en la cuneta, para que la
llamada sociedad de la información -que nosotros preferimos llamar o
que para nosotros es la sociedad de las oportunidades- sea una
posibilidad real para todos, llegue a todos y todos los ciudadanos
puedan disfrutar de sus beneficios. Nos queda mucho por hacer y por
eso el Gobierno ha puesto en marcha, sin esperar a las directivas,
sin esperar a ninguna propuesta europea, el proyecto Info XXI, una
sociedad de la información para todos, que con una inversión como SS.
SS. saben de más de 825.000 millones de pesetas pretende cuatro
cosas. En primer lugar, asegurar que todos los ciudadanos tengan
derecho, sin ninguna discriminación y en igualdad de oportunidades, a
acceder a este tipo de redes; en segundo lugar, garantizar la
educación y la formación de todos los españoles en estas nuevas
tecnologías; en tercer lugar, crear unas oportunidades garantizando
que sean para todos; y en cuarto lugar, favorecer la aparición de
nuevos servicios y productos porque, señorías, las nuevas tecnologías
significan mayor competitividad, mayor prosperidad y como
consecuencia más empleo. Eso queda por hacer. Pero ¿dónde estamos,
señora Pleguezuelos? Son innegables los avances que se han producido
en España durante los últimos cuatro años, que a nuestro modo de ver
están permitiendo la universalidad de los servicios de
telecomunicaciones. Hablamos en la proposición de precios asequibles,
hablamos de sanidad y hablamos de educación, pero, señorías, si me
permite la Presidencia, ¿qué es un precio asequible? ¿Son más
asequibles los precios que había en telefonía en el año 1996 o son
más asequibles los que hay en el año 2001? Hablan de que sólo se
benefician las grandes empresas y tampoco son esos los hechos. Voy a
dar unos datos. En telefonía fija desde el año 1996 se han reducido
el 66 por ciento las tarifas interprovinciales, el 34 por ciento las
provinciales, el 58 por ciento las internacionales y el 29 por ciento
las llamadas de fijo a móvil. Creo que eso es lograr mayor
asequibilidad para las llamadas en cinco años de Gobierno del Partido
Popular.
Si hablamos de Internet en el año 1996 conectarse 24 horas durante un
mes suponía alrededor de 105.000 pesetas y hoy tenemos una serie de
tarifas y de bonos. Hay una tarifa plana en horario reducido de
2.750, una de ADSL de 6.500, unos bonos que te dan 600 minutos por
700 pesetas o 1.400 en horario no reducido. Hay muchísimas ofertas,
tanto para pequeñas y medianas empresas, como lo que es más
importante para nosotros, para la familia. Quiero recordar también
que las
facturas del móvil han bajado el 42 por ciento desde el año 1996.
Señorías, es verdad que el grado de penetración de Internet en los
hogares es escaso, y es verdad que el numero de PC que hay en los
hogares todavía es escaso; pero también es verdad que ha habido que
hacer unas infraestructuras muy rápidamente. Digo esto porque las
infraestructuras no se hacen de un día para otro, y ustedes saben
señorías que teníamos una red de telefonía única que ha habido que ir
incrementando, innovando para que, al final, pueda dar los efectos
deseados. Eso es lo que todavía no permite dar una tarifa plana al
cien por cien, puesto que se saturaría esa red que todavía hoy no
está absolutamente completa para poder dar las tecnologías tan
avanzadas.
Señorías, es verdad que todavía estamos muy por detrás de otros
países del mundo en lo que significa la introducción de ordenadores
en los hogares, pero también es verdad que el 22,9 por ciento de los
mayores de 14 años, ocho millones de españoles, están ya
familiarizados con Internet; el 19,8 por ciento, siete millones, son
usuarios de Internet, frente al 10,5 que había en marzo del año 2000.
Además, también es verdad que el coste de acceso a Internet en España
es el más bajo que hay en Europa. Por tanto, señorías, aunque tenemos
que seguir mejorando, lo cierto es que los datos demuestran un hecho
y es que se está apostando por las familias con los horarios
reducidos que permiten que los chicos cuando llegan del colegio se
puedan conectar a Internet a un precio bastante asequible para las
familias; se está apostando por las pequeñas empresas, no por las
grandes, con un tratamiento fiscal específico que permite también a
los trabajadores hacerse con ordenadores para los propios hogares y,
sobre todo, con la formación, y se está apostando por la educación y
la formación. Digo esto porque voy a recordar que el 81 por ciento de
los centros de primaria y el 93 por ciento de los centros de
secundaria se encuentran ya conectados a Internet en los colegios
públicos y concertados españoles. Hay un programa que se llama Aldea
digital para que llegue Internet a todas las escuelas rurales y el
programa Aulas hospitalarias ha permitido y está permitiendo que los
niños que se encuentran en hospitales puedan seguir el curso a través
de las nuevas tecnologías. Señorías, saben ustedes que esto, al
final, hace que la sociedad de la información siga adelante.
Finalizo, señorías, porque repetir permanentemente la misma
iniciativa no significa tener su paternidad, ni tampoco abanderar la
sociedad de la información. Sí es abanderar la sociedad de la
información, sí es tener la paternidad de lo que significa el acceso
a Internet la mayor asequibilidad, los mejores precios, los nuevos
servicios, en definitiva apostar por la competencia. Eso es estar en
la vanguardia de las nuevas tecnologías, eso es tener como prioridad
el impulso de la sociedad de las oportunidades, de la sociedad de la
información. En ese sentido, señorías, creemos que era innecesaria
esta proposición de ley. Creemos que el contenido de la proposición
de ley tampoco era correcto con lo que corresponde
al concepto de servicio universal como he explicado. Ahora
bien, creemos que mediante el diálogo, el consenso que nuestro
Partido como siempre sigue promoviendo, vamos a lograr la
presentación de una enmienda transaccional que creo todos los grupos
de esta Cámara van a aprobar. No es una propuesta que diga nada
nuevo, porque todo lo que en ella se recoge son cosas que ya se están
haciendo, que ya están en marcha. En todo caso, es importante que la
sociedad española vea el interés que tiene esta Cámara, el interés de
todos los grupos parlamentarios por seguir avanzando en esta
sociedad. Es un esfuerzo compartido no sólo por el Gobierno, sino
también por todos los grupos parlamentarios.
Al final, ¿qué es lo importante? Los hechos. Hechos son los que he
relatado aquí. Con los hechos se constituye la sociedad de la
información y lo demás, son palabras, palabras bonitas, pero
solamente palabras.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mato.
Señora Pleguezuelos, tiene la palabra a los efectos de aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Dadas las enmiendas del Bloque
Nacionalista Galego y de Convergència i Unió, hemos presentado una
transaccional que está en la Mesa y creo conocen todos los grupos,
aunque si así lo consideran se puede pasar a su lectura.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pleguezuelos.
¿Todos los grupos parlamentarios conocen lo que la señora
Pleguezuelos está manifestando a la Cámara? (Asentimiento.- La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
adoptar en el plazo de seis meses las medidas necesarias para
declarar servicio público universal determinadas prestaciones de
telefonía fija, móvil e Internet, en los términos derivados del
propio debate, que ha permitido llegar al texto transaccional, que se
ha hecho llegar a la Presidencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 289; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición
no de ley de referencia.
Señorías, antes de entrar en el debate de las mociones, quiero
recordar a la Cámara que en función del acuerdo de la Junta de
Portavoces el sistema seguido
para el debate de las mociones va a ser modificado. Van a ser
exclusivamente siete minutos estrictos para el diputado o diputada
interviniente proponente de la moción, cinco minutos estrictos para
el resto de los grupos tanto si han presentado enmiendas como si no,
y al finalizar los siete y los cinco minutos, desde la Presidencia se
rogará al diputado o diputada que ocupe la tribuna que la abandone,
es decir no va a haber, como era habitual antes, plazos ni
flexibilidad de los plazos. Insisto, es acuerdo de la Junta de
Portavoces, de la misma manera que se siguió en el Pleno pasado con
la interpelación.
También, indicar a la Cámara que puesto que a las cuatro de la tarde
tenemos que iniciar la sesión de control, sin que sirva de
precedente, las tres mociones se someterán a votación sucesivamente
al final del debate de la tercera moción.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS
NECESARIAS QUE FOMENTEN LA DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN LAS
CARRETERAS ESPAÑOLAS. (Número de expediente 173/000060.)
La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones
urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre
adopción de las medidas necesarias que fomenten la disminución de la
siniestralidad en las carreteras españolas. Para la presentación
y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, teniendo en
cuenta los datos del problema de inseguridad vial que tenemos en
nuestro país, es evidente que la seguridad vial debe ser una
prioridad para nuestra sociedad, para la sociedad española, para esta
Cámara y para el Gobierno. Ante un problema de tal calibre, el
Congreso de los Diputados no puede permanecer al margen; por ello
planteamos la creación de una comisión permanente no legislativa de
carácter multidisciplinar. Este Parlamento tiene comisiones
permanentes no legislativas para el tratamiento de una serie de
problemas de alto interés general: cooperación internacional, droga,
etcétera. Por tanto, no debe existir ningún problema para que se cree
una comisión de estas características, puesto que, por otra parte, la
cuestión más importante que afecta a los españoles desde el punto de
vista de su seguridad personal es la inseguridad vial. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Se insta por otra parte al Gobierno a adoptar una serie de medidas
que consideramos de carácter imprescindible, básicas y urgentes:
poner en marcha un plan estratégico de seguridad vial conforme a
criterios aprobados
por el Parlamento Europeo y la Comisión; eliminación urgente de
puntos negros y mejora de la señalización y conservación de
carreteras, en colaboración con las comunidades autónomas; creación
de una red estatal, autonómica y local de carriles de bicicletas,
también en cooperación con las comunidades autónomas y ayuntamientos;
creación de áreas de parada y descanso para automóviles que puedan
permitir la utilización de los teléfonos móviles y la lucha contra la
fatiga en el conductor, e incrementar la plantilla de la Guardia
Civil de Tráfico en 2.500 agentes durante los tres próximos años.
Por otra parte, también pedimos al Gobierno que se adopten medidas
para evitar que un 20 por ciento de los coches circule sin seguro;
asistir a las víctimas; mejorar los instrumentos de conocimento e
investigación de las causas de los accidentes para poder tomar las
medidas adecuadas y evitarlos; potenciar el Consejo Superior de
Tráfico; potenciar la investigación, experimentación e incorporación
de mejoras a la seguridad vial; reformar la Dirección General de
Tráfico y cambiarle de denominación para que se llame Dirección
General de Seguridad Vial; mejorar la formación de los conductores
actuando sobre la educación vial que debe ser generalizada, y sobre
las autoescuelas, cuyas exigencias de nivel deben ser incrementadas;
que el Gobierno estudie y proponga a la Cámara la regulación del
carnet por puntos, de manera que se pueda establecer una fórmula más
objetiva, justa y clara en la estrategia de actuación sancionadora de
los poderes públicos; salvar vidas por medio de las intervenciones
más rápidas y coordinadas de los servicios de urgencia y emergencia,
y por último pedimos que todo esto sea garantizado mediante una
aportación complementaria de carácter financiero por importe de
15.000 millones de pesetas procedentes de lo que los propios
ciudadanos pagan en concepto de tasas y de multas y que en este
momento está siendo derivado por el Ministerio del Interior al Tesoro
público, 15.000 millones de pesetas que deben ser instrumento de
reforzamiento de las distintas medidas del plan de seguridad vial.
Pues bien, frente a esta moción se han presentado una serie de
enmiendas que comentaré seguidamente. En primer lugar, Izquierda
Unida ha planteado una serie de aportaciones que nosotros
consideramos en términos fundamentalmente coincidentes en lo que es
la filosofía y la sustancia de sus contenidos. En consecuencia,
planteamos al grupo proponente de estas enmiendas la realización de
un acuerdo de carácter transaccional, del cual ya le hemos dado
información.
Por lo que se refiere a otra enmienda planteada por el Grupo Mixto,
BNG, de adición de un apartado nuevo relativo a la publicidad en
materia de tráfico, nosotros estamos de acuerdo en que se debe
desarrollar una ley de carácter específico que permita una mayor
clarificación en este ámbito.
En cuanto a las enmiendas que plantea Convergència i Unió, créame
señor Jané que lamento la imposibilidad de que encontremos un punto
de acuerdo, que
desde mi punto de vista sería deseable, porque habiendo importantes
coincidencias de fondo existen sustanciales diferencias en lo que se
refiere al método. Sus señorías plantean una subcomisión, y nosotros
creemos que la importancia de este asunto debe implicar
necesariamente la creación de una Comisión, como he dicho
anteriormente. Tenemos comisiones para temas que son muy importantes,
pero éste es todavía más importante.
Por otra parte, también quiero decirle que hay una diferencia que
creo es observable y que impide también un punto de acuerdo, y es que
las medidas que nosotros planteamos van dirigidas al Gobierno.
Nosotros planteamos que el Gobierno adopte una serie de medidas
urgentes, inmediatas, y ustedes plantean que eso lo realice la
subcomisión. No olvide, señor Jané, una cosa muy importante, y es que
esta moción deriva de una interpelación y la interpelación es una
crítica al Gobierno por falta de medidas. Nosotros hemos planteado
medidas alternativas al Gobierno porque creemos que es lo normal, lo
coherente, y lo más ético que en relación a nuestra conducta como
oposición respecto al Gobierno, aparte de la dimensión que nosotros
queremos dar a nuestra oposición, como propuestas útiles que el
Gobierno debiera aceptar para mejorar la situación de la
siniestralidad en el tráfico.
Finalmente, en relación a la enmienda del Partido Popular tengo que
decirle que en el fondo el Partido Popular nos está planteando la
retirada de nuestra moción, puesto que sin aportar nada
sustancialmente alternativo a lo que nosotros presentamos, sin
embargo diluye totalmente nuestras propuestas y por otra parte no
creo que asuma las razones de fondo de nuestra actuación, que son los
graves problemas que tiene la seguridad vial en nuestro país.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Mayoral.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el
señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, con la brevedad que
además hemos ido elaborando bien en la Comisión de trabajo de reforma
del Reglamento, plantear la coincidencia fundamental tanto en la
forma como en el fondo de esta moción que trae el Grupo Parlamentario
Socialista.
Creo que esta mañana hemos tenido dos debates, espero que éste tenga
también el mismo buen resultado que ha tenido el primero de ellos
sobre los temas del aparcamiento, que a lo mejor no suenan a los
grandes debates políticos y no tienen grandes titulares, pero son
esos debates que afectan a la cotidianeidad de los ciudadanos de cuyo
trabajo, bienestar, salud y seguridad debemos cuidar fundamentalmente
desde este hemiciclo.
Es interesante que a pesar de que esté en marcha en esta Cámara el
debate sobre un proyecto de ley del
Gobierno que ha tenido dos marchas, con marcha atrás incluida. A
pesar de eso, señorías, no es mal año por mucho trigo; por tanto es
bueno que en la Cámara se hagan debates que enriquezcan lo que va a
ser el futuro debate sobre la tramitación del proyecto de ley.
En ese sentido hemos presentado una serie de enmiendas y de antemano
quiero decir que estamos de acuerdo con la propuesta transaccional
que presenta el portavoz del Grupo Socialista, cuya finalidad en unos
casos es de mejoramiento técnico, como en la primera, pero en otros,
como la segunda, y a la vista de las tristes y desagradables
experiencias, demandamos la coordinación con las comunidades
autónomas para que haya un plan de adecuación de las llamadas vallas
quitamiedos, que desgraciadamente, y sobre todo para los conductores
de motocicletas pero también para otros conductores en lugar de
quitamiedos se convierten en un elemento de choque, en un elemento
peligroso, en un elemento más negativo en la mayoría de los casos.
La tercera de nuestras enmiendas también nace de una necesidad, no
sólo de los accidentes, sino de algo totalmente obsoleto que recuerda
a la España de hace dos siglos, y es la persistencia, más que
existencia, de los numerosos pasos a nivel incontrolados e
incontrolables en grandes zonas y en grandes líneas de los
ferrocarriles españoles. Este Gobierno y el anterior han dicho
siempre que había un plan para ir sustituyendo los pasos a nivel,
pero no lo hemos visto. Nosotros planteamos que haya un plan
plurianual muy detallado sobre la supresión de estos pasos.
En cuanto a la cuarta enmienda, si bien hay una serie de competencias
que están en manos de algunas comunidades autónomas -quiero recordar
Euskadi y Cataluña- sobre el modelo, la normalización y los tipos de
señales de tráfico, no es menos cierto que al Ministerio del Interior
le corresponde el diseño y normalización de nuevas señales de
tráfico. En estos momentos tenemos que responder al debate y
preguntarnos si están cubiertas todas las necesidades de
señalización. Entendemos que no. Hay un elemento que está
apareciendo, no sólo en las ciudades sino en los entornos urbanos, en
las cercanías de las carreteras con zonas de segunda residencia, con
barriadas periféricas, en donde aparecen gran cantidad de
contenedores, por ejemplo de basura, que están blindados unos con
vallas de hierro y otros, por ejemplo en Ceuta, como auténticos
búnker de hormigón. Son problemas que entorpecen el desarrollo del
tráfico. Desde el respeto a las competencias que existen, debe haber
una señalización y corresponde al Ministerio del Interior la
normalización.
Para terminar, me quiero referir a los triángulos. Son algo
interesante en caso de avería o de problemas en el vehículo. Se han
hecho obligatorios y bienvenidos sean, pero en caso de avería se
introduce un elemento, que es móvil, que debe de indicar su
presencia, y es el conductor que intenta cambiar la rueda o moverse
en el entorno del automóvil. Proponemos la obligatoriedad de que se
lleve una especie de traje o soporte que se
adhiera al cuerpo con señalizaciones fluorescentes que, junto a los
triángulos, aumenten la seguridad.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, no es necesario insistir en que el
número de siniestros en las carreteras es excesivo. Hay quien dice
que causa más bajas que muchas guerras. Ante esta situación es
necesario no sólo lamentarse o darla por inevitable, sino adoptar
medidas concretas que disminuyan esta sangría y en líneas generales
nos parece bien lo que plantea la moción del Grupo Parlamentario
Socialista.
El Bloque Nacionalista Galego presenta una enmienda que se refiere a
la necesidad de reformar la publicidad en materia de tráfico y
vehículos a motor que, de antemano, quiero agradecer que haya sido
aceptada por el grupo proponente. Presentamos esta enmienda porque
creemos que, dentro de ese paquete de medidas básicas y urgentes para
combatir la alta siniestralidad en las carreteras, debemos contar con
una legislación publicitaria específica en materia de tráfico, que
limite prácticas publicitarias agresivas que están contribuyendo
a generar conductas temerarias al volante que ponen en peligro a
quienes las practican, pero también a los restantes usuarios de la
vía. Debemos tener en cuenta, además, que esa publicidad va dirigida
generalmente a los jóvenes, que son precisamente los más inexpertos
en la conducción. De alguna manera se les genera una falsa seguridad
en sí mismos que como conductores no tienen. Ese tipo de publicidad,
muchas veces subliminal, está incentivando esas conducciones
temerarias. Por tanto creemos que regular la publicidad de los
vehículos, de manera que se incentiven otras cuestiones, como la
seguridad activa y pasiva, el confort, las garantías, los servicios
adicionales, el ahorro en el consumo, la financiación, etcétera, debe
ser la vía a seguir y desde luego eliminar aquellos rasgos de la
misma que estén potenciando conducciones temerarias.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero iniciar esta intervención destacando, en un primer
lugar, que el Grupo Parlamentario Popular comparte con el grupo
proponente, con el resto de grupos parlamentarios presentes en esta
Cámara y también, por supuesto, con el Gobierno, una misma
preocupación acerca de toda la problemática ligada al
tráfico y especialmente a las graves consecuencias derivadas de la
siniestralidad en las carreteras españolas, preocupación que hace que
abordemos este tema de una forma prioritaria y, por tanto, que no
pueda permanecer esta Cámara ajena al mismo. Igualmente tenemos un
objetivo común, que no es otro que el de reducir precisamente los
índices de siniestralidad en nuestras carreteras, mejorando, mediante
todas las medidas posibles, la seguridad vial. Por tanto compartimos
la filosofía que late en esta moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, en la medida en que precisamente esa moción
nace de una preocupación y de un objetivo comunes, pero discrepamos
en algunas de las cuestiones, discrepamos en los instrumentos
concretos que se proponen en el texto de esta moción, así como en lo
que es ya la concreción de las distintas medidas que aparecen
enunciadas en la misma.
En primer lugar, en la moción se aborda la creación de una Comisión
permanente de carácter no legislativo. A este respecto el Grupo
Parlamentario Popular considera muy adecuado que se constituya un
foro de reflexión, un foro en el que podamos tener un debate
sosegado, un estudio profundo de todos los temas que afectan a la
seguridad vial. Nos parece adecuado crear ese espacio, pero
discrepamos en cuanto al instrumento. Nosotros creemos que el
instrumento adecuado es la constitución de una subcomisión,
precisamente para abordar ese estudio de todos los temas ligados a la
seguridad vial, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior. El
trámite temporal en el que creemos que ha de ser creado es una vez
concluya la tramitación parlamentaria actualmente en curso del
proyecto de ley de reforma de la ley vigente en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial y, por supuesto,
con arreglo al procedimiento reglamentario establecido en la Cámara,
así como a las resoluciones de la Presidencia dictadas expresamente
al efecto para la constitución de subcomisiones. En esta línea hemos
presentado una enmienda en la que manifestamos la voluntad del
Congreso de los Diputados en cuanto a la creación de una subcomisión
específica para el estudio de todas estas cuestiones ligadas a la
seguridad vial y en el seno de la Comisión de Justicia e Interior,
con arreglo a ese procedimiento establecido y una vez concluya la
tramitación parlamentaria.
En la moción presentada por el Grupo Socialista se abordan un amplio
conjunto de medidas, unas medidas que se enumeran y yo creo que
llegan hasta 18, a las que se califican como necesarias, y en esa
misma calificación coincidimos con el Grupo Socialista. Consideramos
que se trata de medidas necesarias, consideramos que son medidas
fundamentales y, por tanto, ahí estaríamos de acuerdo también con el
Grupo Socialista. Pero he de señalar que precisamente porque son
medidas fundamentales ligadas a la seguridad vial el Gobierno viene
trabajando en las mismas, viene realizando un importante esfuerzo
para ponerlas en marcha, desarrollándolas. En ese sentido, teniendo
en cuenta
que estas medidas que puede parecer que se presentan como algo
novedoso no lo son, no son innovadoras, como tales no las podemos
votar, no como medidas novedosas. De ahí el sentido de nuestra
enmienda, en la que instamos al Gobierno a continuar impulsando las
medidas pertinentes para reforzar el conjunto de iniciativas y de
recursos públicos disponibles en los distintos ámbitos sectoriales
que inciden en el tráfico y en la seguridad vial. Se trata de medidas
muy amplias cuyo estudio no podemos abordar ahora por el tiempo de
que disponemos. De todas formas a lo largo de los trabajos de la
ponencia para la reforma de la Ley de tráfico, así como en la
Comisión de Justicia e Interior o, llegado el momento, en la propia
subcomisión, podremos abordarlas y estudiarlas con sosiego.
Concluyo señalando que nuestra enmienda supone un llamamiento al
Gobierno para que continúe impulsando el conjunto de actuaciones
sectoriales que afectan a la seguridad vial. En segundo lugar,
expresamos nuestro compromiso en cuanto a la creación de la
subcomisión y reiteramos nuestra voluntad de diálogo, de acuerdo con
los demás grupos parlamentarios, para no hacer nunca de la seguridad
vial un elemento de confrontación partidista. Seguimos así con el
enfoque que se ha dado a la cuestión a lo largo de los últimos años
en todos lo debates parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Torme.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo
parlamentario tuvo la oportunidad de centrar su propuesta en materia
de tráfico el pasado 8 de marzo, cuando se debatió en esta Cámara la
enmienda a la totalidad del proyecto de ley de reforma de la Ley de
tráfico y seguridad vial. Si consultan el «Diario de Sesiones» de
entonces, SS.SS. comprobarán que ese día este portavoz que les habla
propuso a esta Cámara la necesidad de tratar los temas de tráfico con
serenidad, con preocupación, sin prisas y en el marco que
proponíamos: una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia e
Interior.
Compartimos la música de la moción que ha presentado hoy el señor
Mayoral, pero no compartimos el método que propone. Todos los grupos
parlamentarios vemos con preocupación el alto índice de accidentes
que tiene España. Todos nos preocupamos cuando, después de Semana
Santa o después de las vacaciones de verano, las cifras ponen de
manifiesto ese alto índice de accidentes. Sin embargo no queremos
hacer de esto un arma en contra del Gobierno; queremos hacer una
aportación positiva a la solución de este problema y ver de qué forma
podemos mejorar la educación vial y, en conjunto, todos los factores
que condicionan la existencia de tal número de accidentes de tráfico
en España.
Estamos entre los países de Europa que tienen más accidentes, pero
esto no es culpa del Gobierno; también con gobierno anteriores
teníamos índices altos. Tampoco es únicamente culpa del estado de las
carreteras, aunque también es ésta una razón. En definitiva, debemos
hacer una reflexión serena encaminada a mejorar la seguridad vial en
España, una reflexión que no vaya en contra de nadie, sino a favor
del conjunto de la ciudadanía.
Nuestra enmienda de hoy es una enmienda positiva. En ella decimos lo
mismo que dijimos en esta Cámara el pasado 8 de marzo. Consideramos
oportuno que se cree una subcomisión y, a tal efecto, ya presentamos
una propuesta específica el 28 de marzo pasado. Por tanto, no podemos
votar ahora una comisión permanente no legislativa. El método que nos
hemos dado, compartido también por el Grupo Socialista en muchas
materias, es el de constituir una subcomisión que elabore unas
propuestas finales para llevarlas al Pleno. Allí es donde debemos
concretar cada una de las medidas; por eso digo que compartimos el
espíritu de la propuesta, pero no la forma en que se nos expone hoy.
Por ejemplo, ahí está la medida del carnet por puntos. Nos
congratulamos de que el Grupo Socialista la introduzca, pero nuestro
grupo la propuso ya en ese Pleno del 8 de marzo y la ha propuesto en
enmiendas. ¿Cuántas medidas concretas tendremos oportunidad de
debatir, señor Mayoral, en las próximas semanas en la Comisión de
Justicia e Interior, en la ponencia y Comisión sobre la Ley de
tráfico? Es allí donde deberemos concretar.
Nuestro grupo se lo ha tomado muy en serio, con mucha preocupación, y
ha presentado más de 60 enmiendas. Seguro que el Grupo Popular no
está en contra de ellas en principio, querrá estudiarlas y quizá en
algunas de ellas -y por eso coincido también con la portavoz del
Grupo Popular- decir: La subcomisión después de la ley, porque quizá
la forma adecuada de abordar la subcomisión es, una vez tengamos la
ley aprobada, ver qué temas nos han quedado pendientes de estudio y
que realmente requieren de ese sosiego parlamentario que es una
subcomisión.
Por tanto, coincido con la necesidad de abordar con sosiego, con
serenidad los temas de tráfico, con la necesidad de proponer medidas
activas -el carnet por puntos creemos que lo es de forma definitiva,
sería una medida que ayudaría muchísimo a cambiar la educación vial-;
creemos que debemos hacerlo con sosiego y por tanto proponemos esta
enmienda, que no es contradictoria con la propuesta del Grupo
Socialista, pero que sería coherente con lo que había propuesto
nuestro grupo el pasado día 8 de marzo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Jané. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Compartimos plenamente una preocupación de fondo, el tema de la
seguridad vial, los problemas que año tras año y sobre todo en las
grandes aglomeraciones de automóviles con motivo de festividades,
vacaciones, etcétera, se vienen produciendo en las carreteras
españolas y que generan estadística y lamentablemente una alta
siniestralidad. Eso necesita, por tanto, una atención de esta Cámara
para que con los medios legislativos de impulso, de control al
Gobierno en todos los órdenes se pueda atender a la búsqueda de
soluciones para este grave problema.
Ahora bien, la iniciativa que aquí trae el PSOE, junto a un
planteamiento de fondo en el que coincidimos, pedimos que tenga una
meditación en otro escenario, porque podría haber, de aprobarse
literalmente la iniciativa socialista que debatimos aquí, una
contradicción entre los apartados A) y B) El apartado A), en primer
lugar, plantea la creación de una comisión no legislativa -nosotros
buscaríamos siempre la alternativa de las subcomisiones dentro de las
comisiones adecuadas, en este caso la de Justicia e Interior- y
resulta que lo que justifica en el apartado A) la creación de esta
denominada comisión no legislativa permanente es adoptar una serie de
medidas, escuchando, supongo, a los expertos que pasarían por esa
comisión para darnos cada uno su parecer en las distintas materias
que se tratan de regular después en el apartado B). Por tanto, está
en contradicción, porque resulta que el apartado B) dice: proponemos
ahora una secuencia de 15, 20 medidas que son urgentes y básicas. Si
se aprueba el apartado B) sobra el A). Si aprobamos todo lo que viene
en el apartado B) en toda la secuencia de puntos que se nos traen
desde el número 1 hasta el 18 estaríamos suplantando y haciendo
innecesaria la comisión de estudio porque ya se darían aquí las
pautas correspondientes. En segundo lugar, habría que determinar qué
medidas son básicas y cuáles son urgentes, porque aquí se hacen
algunos planteamientos de medidas a las que nosotros no nos oponemos,
pero siempre y cuando vengan a una subcomisión de estudio los
expertos que nos informen de cuál es el alcance y la gravedad, para
determinar si eso por su alcance tiene que ser básico o no y si por
su gravedad su corrección tiene que ser urgente o no.
Por tanto, entendemos que debe ser prácticamente una cosa limitada al
fondo y al contenido del apartado A) y que bajo la forma
parlamentaria de una subcomisión de estudio dentro del seno de la
Comisión de Justicia e Interior nos indique, después de escuchar a
todos los expertos en la materia, qué soluciones quedan avaladas con
el conocimiento profesional y técnico de éstos, porque desde luego en
el apartado B) se traen muchas cuestiones y en algunas declaro
nuestra ignorancia estadística y técnica. No podemos entrar incluso
en valoraciones presupuestarias, como las que se traen
aquí, de 15.000 millones y saber si son muchos, suficientes o pocos.
El problema tiene una gravedad que requiere una responsabilidad por
parte del Congreso de los Diputados para saber en qué laberinto nos
metemos para tratar de resolver un problema grave, pero no crear un
confusionismo en la adaptación de medidas. Me parece en este momento,
dentro de las enmiendas presentadas, lógica la enmienda que trae el
Grupo Parlamentario Popular. Vamos a remitir eso a una subcomisión
que lo estudie, que escuche las voces de las personas autorizadas
y que sobre todo podamos añadirle una experiencia de ejercicio una vez
que se apruebe el proyecto de ley que estamos tramitando aquí en el
Parlamento. Hemos debatido un proyecto de ley que trae causa del real
decreto legislativo correspondiente que propone una serie de medidas
que incluso afectan a las autoescuelas en cuanto a aquellas
penalizaciones en que se obligue a un infractor a volver a pasar un
reciclaje. Hay que ver qué grado de respuesta tiene la siniestralidad
en las concentraciones temporales o coyunturales de tráfico en las
carreteras españolas, si se trata de responsabilidades humanas, por
el comportamiento de los conductores, o estructurales de nuestras
carreteras, qué grado de participación tiene que tener la agrupación
de la Guardia Civil de Tráfico, qué controles se tienen que ejercer
sobre los móviles o sobre las zonas de aparcamiento, porque una de
las proposiciones que hace el apartado B) es crear en las carreteras
españolas unas zonas de aparcamiento para llamar por el móvil. Una
cosa es un voluntarismo y otra cosa es enfrentarse con la realidad de
solventarlo técnicamente, porque la anchura de nuestras carreteras es
la que es, la de los arcenes es la que es y en muchas partes no se va
a poner un cartel, como si fueran estaciones de servicio, que diga:
Párese usted aquí para efectuar o recibir llamadas...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Mardones, ha
concluido su tiempo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señora presidenta...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): No, señoría. Ha
concluido su tiempo. Termine, señoría.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias.
Nuestra idea es apoyar al Grupo Popular...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Ha concluido su tiempo,
señor Mardones.
Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
En el tiempo de que disponemos es muy difícil hacer una valoración
pormenorizada de las distintas medidas que contiene la moción. Por
tanto, me voy a ver forzada a hacer una valoración global. No
obstante, en un día en el que al menos creo que nos está permitido a
los del Grupo Vasco exhibir los logros propios, o lo que en el ámbito
vasco ya se ha hecho, se ha hecho antes y se ha hecho mejor, me
gustaría hacer alguna referencia a lo que es el apartado que en la
moción se dedica a la necesidad de estudios y de investigación.
Estaría bien que desde el Gobierno, además de realizar estas
investigaciones, se procediera a regular la organización de los
sistemas telemáticos de gestión de tráfico y sus centros de control
como ya se ha hecho en la comunidad autónoma vasca con un criterio
novedosísimo; ayer se aprobó el anteproyecto por el Consejo de
Gobierno y el martes que viene se le dará luz verde en el acuerdo del
Consejo de Gobierno. Repito, con los medios de que hoy podemos
dotarnos creemos que hay cosas que sería absolutamente conveniente
que se generalizasen y no sólo poner otras medidas que palian
pequeñas deficiencias, sin que lleguen a abordar o a dar una imagen
de la globalidad. Los sistemas telemáticos de gestión del tráfico son
absolutamente imprescindibles en los tiempos actuales.
En cuanto a la valoración global de lo que se propone, me parece
importante señalar que la moción reproduce prácticamente la totalidad
de lo que el propio Grupo Socialista tiene presentado como enmienda
124 al proyecto de ley de seguridad vial que está actualmente en fase
de tramitación parlamentaria. Resulta, por consiguiente, reiterativa
cuando al tiempo se pretende su inclusión en el proyecto de ley. En
las propuestas de la moción se aprecia cómo quiebra, además, el
procedimiento del Plan de seguridad vial al encomendarse su
elaboración al Gobierno y con ella la determinación de los principios
y criterios estratégicos, relegándose así al Consejo Superior de
Tráfico de la función proponente que en esta materia creemos que es
importantísima, porque no es solamente un mero informante. El plan no
sería el resultado de mecanismos de colaboración formal sino de una
supuesta potestad derivada del Gobierno, de unas supuestas
competencias de tráfico y circulación de vehículos que no siempre
tiene, lo cual no es claro cuando, por ejemplo, se trata de mejoras
en las carreteras o en la organización de los servicios de control de
tráfico. Es cierto que en la propuesta se remiten en ocasiones a la
coordinación con las comunidades autónomas y con los entes locales,
por ejemplo, en el Plan de mantenimiento y conservación de la red
viaria o en las inversiones en carriles bici, pero en ambos casos se
dice que las previsiones deberán incorporarse al Plan estratégico de
seguridad vial, el cual recogerá sus inversiones y plazos de
ejecución. Nos parece que esto no está en la delimitación
competencial actual.
Todo ello revela que la propuesta, siendo bienintencionada, puede
requerir de una mayor reflexión y varios grupos lo han dicho así.
Resulta en cierto modo
poco congruente proponer medidas urgentes y perentorias de carácter
estratégico, máxime cuando, como ya he dicho, nos encontramos en un
momento óptimo para suscitar la reflexión y la regulación de dichos
asuntos aprovechando la tramitación del proyecto de reforma de la Ley
de seguridad vial o en su caso en la comisión o subcomisión
parlamentaria de seguridad vial, si es que llega a crearse, como es
deseo del grupo al que pertenezco.
El señor Jané ha hablado de serenidad en el estudio de los problemas
de tráfico y de preocupación. Hará falta también, desde nuestra
perspectiva, un estudio serio y riguroso como presupuesto del
acierto. Hoy por hoy, aun valorando la motivación que subyace en la
moción, el Grupo Vasco prefiere abstenerse y trabajará, bien sea en
la proposición de ley que tenemos en este momento en la Cámara, bien
sea en la subcomisión, si es que ésta llega a constituirse.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Uría.
A los solos efectos de señalar la aceptación o rechazo de las
enmiendas, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, en mi grupo,
una vez analizadas las distintas enmiendas que se han presentado y
con absoluta serenidad, pausa, sosiego y equilibrio, hemos
considerado que en la línea en que queremos trabajar encontramos
importantes coincidencias, en este caso de preocupación y de
propuesta, por parte de Izquierda Unida y por parte del Bloque
Nacionalista Galego.
Por lo que se refiere a otras enmiendas, no las podremos aceptar
puesto que son muy contrapuestas al sentir y al deseo de nuestra
moción. Por tanto, anuncio a la señora presidenta y a la Cámara que
hemos elaborado una enmienda de carácter transaccional con los grupos
coincidentes en nuestras preocupaciones, de la que hemos hecho
entrega a la Presidencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Mayoral.
¿Los demás grupos parlamentarios que han firmado esa enmienda
transaccional están conformes con la misma? (Asentimiento.) Gracias.
En el momento de la votación se tendrá en cuenta por toda la Cámara.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POLÍTICA
DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA
REHABILITACIÓN A TODOS LOS NIVELES DE LOS COMBATIENTES GUERRILLEROS
ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000062.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Pasamos al debate de la
segunda de las mociones,
consecuencia de interpelación urgente. En este caso, la presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política
del Gobierno en relación con las medidas necesarias para la
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros
españoles.
Para la defensa de la moción, y por el tiempo de siete minutos, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Por fin llega al Pleno de la Cámara,
representante de la soberanía popular, el tema de los guerrilleros
del maquis español, y aprovecho mis primeras palabras para recibir en
la sede la soberanía popular, después de la recuperación de la
democracia, a esta representación nutrida, en lo que puede a estas
alturas, de combatientes guerrilleros españoles. Muchas gracias por
vuestra batalla y muchas gracias por vuestra asistencia. (Aplausos.)
La transición no puede dejar a nadie atrás. Voy a pedirle al Grupo
Popular, y sé que se ha recibido muy bien esta propuesta, un esfuerzo
para completar totalmente la transición, esa transición que nadie ha
querido arrogarse, que nadie hemos querido patrimonializar porque
entre todos la hemos hecho. Yo sé que en el Partido Popular hay mucha
gente que tiene esta sensibilidad, empezando por su portavoz, el
señor De Grandes, y he pedido el esfuerzo de cara a esta
rehabilitación, rehabilitación moral, simbólica, política,
rehabilitación con respecto a gentes que dieron una batalla de enorme
importancia y que la transición no puede olvidar. No se puede cubrir
con un manto de amnesia, de olvido, aquello que fue una respuesta
basada en el coraje, en el valor, en la libertad y en la visión
política. Hablamos de otro tipo de transición, exactamente contraria
a la que se hizo a partir de 1976-1977; aquella fue al contrario.
La transición modélica de la que todos presumimos fue una transición
entre la dictadura y la democracia como eje fundamental, y todos
supimos con paciencia de relojero construir poco a poco una
democracia que va repescando los últimos olvidos, y este es uno de
ellos. Aquella transición fue a la inversa: de una democracia, de un
régimen de libertades popularmente votado se pasó a una dictadura, y
hubo gentes que con un coraje desmedido no aceptaron la dictadura ni
lo que estaba suponiendo en aquellos tiempos durísimos, dolorosísimos
de posguerra; empezaron a luchar como podían, como sabían, como
debían para recuperar el régimen de libertades. Es una transición
exactamente a la inversa y ellos abandonaron porque no podían seguir,
no tenían más fuerza en los años 50. Y no se les puede decir que
tenían que haber abandonado antes, y nadie lo ha dicho, porque en los
años 50 seguía el mismo régimen autoritario de dictadura. Si hubieran
tenido gasolina, fuerzas, tendrían que haber seguido, tendrían que
haber enlazado y su memoria enlaza con los primeros años de la
transición española. Estaban luchando por la democracia y poco a poco
ese mérito se les empieza a reconocer. Hay mociones en muchas
instituciones
(ayuntamientos, diputaciones, alguna comunidad autónoma), hay
algún que otro monumento -todavía pocos- a la lucha desde esta pasión
por la libertad que han demostrado los combatientes guerrilleros. Hay
libros que se están escribiendo constantemente y se requiere de ellos
la reinvención de aquella situación, la rememoración de algo que el
resto no podemos rememorar y que ellos en primera persona están
consiguiendo que se reproduzca, que se mantenga, que se meta en un
banco de dignidad al que ellos pueden aportar todo su esfuerzo. Y hay
películas que ya se están haciendo porque es un tema que interesa
mucho; cuanto más joven se es, más interesa esa carga de dignidad, de
valor, de pasión por la libertad, de defensa del régimen republicano
legítimamente constituido, legítimamente votado en aquel entonces.
El tema de la rehabilitación es de enorme importancia y se puede
conseguir hoy aquí. Son fundamentales las mociones que se están
votando, pero ahora le toca al Congreso de los Diputados, a la sede
de la soberanía popular. Esta moción de hoy, si se aprueba el tema de
la rehabilitación -y parece ser que se puede aprobar-, tendría enorme
importancia para el futuro que también marca la lucha por una
rehabilitación completa. Si es así, si se aprueba este punto -con
independencia de que no se apruebe el grupo de trabajo, ya
trabajaremos después para que todos los documentos se recopilen en el
archivo correspondiente, parece que el más útil y adecuado es el de
Salamanca-, daríamos un gran paso en la ruptura de la desmemoria, del
olvido, supondría un esfuerzo centrista que nosotros vamos a
agradecer, si así se produce. En todo caso, termino como empecé
agradeciendo la lucha de los combatientes guerrilleros españoles.
Ellos han aportado, y mucho -aunque ha tardado su reconocimiento-, a
la lucha por la democracia, a la conquista de la democracia en este
país. La transición repesca los últimos reductos de la desmemoria y
este no es cualquier reducto, es el reducto de la dignidad, de la
pasión por la libertad, de gentes que lo abandonaron todo por una
lucha que no tenía una salida clara; era la lucha de un tigre suelto
contra un perro atado, no era una lucha igual, sino una lucha
absolutamente desigual que ellos supieron llevar con la mayor
dignidad del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia
de interpelación tiene la palabra, por cinco minutos, el señor
Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señora presidenta, subo aquí porque desde
los escaños hay que encorvarse demasiado y no es muy agradable, no
porque vaya a pasarme de los cinco minutos, lo que usted no me va a
permitir.
Doy también la bienvenida a la representación de los guerrilleros.
Quisiera recordar simplemente que en todos los documentales que
todavía se ponen, cuando la liberación de París en 1945, hay algunos
carros de combate que llevan nombres españoles, por ejemplo, Teruel.
Son estos mismos guerrilleros los que recibieron la legión de honor y
todos los honores por luchar contra el nazismo y por la libertad de
Francia, que luchaban por la libertad de todos; son las mismas
personas en muchos casos. La vindicación que en países como Italia o
Alemania se ha hecho de los resistentes contra el totalitarismo
debiera ser un buen ejemplo para seguir exactamente esa línea. La
democracia recuperada en España tiene una deuda todavía con estas
personas. Hemos presentado una enmienda, pero dado el carácter que
está tomando este debate tiene bastante poca importancia. La enmienda
significaba retirar el punto 2 de Izquierda Unida que habla de los
derechos militares, del carácter militar de aquella lucha, de lo cual
no dudamos -ya mi compañero, del que soy deudor en mi intervención,
Ricardo Pérez Casado, lo explicó en la Comisión de Defensa
ampliamente-, pero hemos pedido retirar ese punto para facilitar al
Grupo Popular, que en aquella Comisión hizo argumentaciones sin duda
pertinentes de carácter administrativo, que pudiera votar esta moción
presentada por Izquierda Unida, que en su contexto apoyamos
enteramente y con cuyo texto también estamos completamente de
acuerdo, entre otras cosas porque la moción presentada por Ricardo
Pérez Casado en la Comisión de Defensa era prácticamente la misma.
Yo hago un llamamiento a los señores diputados y señoras diputadas
del PP. El presidente del Partido Popular y presidente de Gobierno ha
hecho desde hace años alusión muy permanente a don Manuel Azaña,
presidente que fue de la república española, y he de recordar aquí
uno de los últimos discursos de don Manuel Azaña en plena guerra
civil con una frase que significaba algo necesario en aquellos
momentos. Él habló de paz, piedad y perdón, tres pes necesarias
entonces y necesarias siempre, y cualquiera que se siente sobre la
historia reciente de España sabe que no hubo tres pes, sino tres
uves: no hubo paz sino victoria, no hubo piedad sino vejación y no
hubo perdón sino venganza. Es esa la realidad y también lo es que hay
personas aún humilladas y ofendidas en los textos todavía legales, y
es necesario acabar con esa vejación, con esa victoria en nombre de
la paz y con esa venganza. Si queremos tener el futuro en concordia
debemos aclarar nuestras posiciones sobre el pasado, sobre los
errores y sobre los crímenes, sobre una España partida, sobre una
España dividida, y necesariamente tendrá que llegar la paz, la piedad
y el perdón, que es lo que significa la Constitución española de
1978. Tras la reconciliación nacional que desde el Partido Comunista,
concretamente, se predicó y se aceptó por todos, me parece que merece
la pena que estos restos no queden ahí. Esta gente, mucha
ya muerta, enterrada en fosas sin nombre, merece un recuerdo amable
por parte de la democracia.
Y termino con una recomendación que estoy seguro que todos van a
aceptar. En estos momentos en los cines españoles hay una película
que se acaba de estrenar hace muy poco que tiene un título bien
simbólico -es una hermosa película desde cualquier punto de vista;
recomiendo a quien no la haya visto que la vaya a ver, no se va a
arrepentir, se lo aseguro-, se llama El silencio roto. Hagamos caso
al título y rompamos aquí, en la sede de la soberanía nacional, el
silencio que se ha extendido sobre unos hechos y unas personas dignas
de mejor causa de la que han tenido.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Leguina.
Para fijar su posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la
palabra, en primer lugar y por un tiempo de cinco minutos, el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi intervención será más breve ya que el proponente expuso con
claridad el tema que nos ocupa en este momento. Por tanto,
simplemente quiero decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar
a favor de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que, en esencia, demanda la necesidad de reconocer a
los guerrilleros antifranquistas como personas que lucharon y
entregaron lo mejor de su vida en defensa de la libertad. Al margen
de cualquier otra consideración, está claro que ese fue su papel. A
estas alturas, cuando se habla constantemente de una democracia
consolidada, que se les siga considerando oficialmente como
bandoleros y malhechores es excesivo, por no decir vergonzoso. Por
tanto, es de justicia reconocer su papel como luchadores por la
libertad, como, por cierto, ya se hizo en otros Estados. Es necesario
hacerlo por la propia credibilidad de la democracia, es
imprescindible incluso desde el punto de vista educativo. Porque a
las generaciones futuras no se les debe transmitir por el Estado
democrático que quienes lucharon por la libertad al final eran
simples bandoleros, porque, evidentemente, ese no fue su papel. Por
lo tanto, vamos a apoyar esta moción.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría. Perdón, señora Uría. Discúlpeme, señoría, pero no había
visto que el señor Labordeta también había solicitado la palabra.
Tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBíAS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, desde Chunta Aragonesista queremos dar la bienvenida
a los representantes de la lucha guerrillera antifranquista y vamos a
apoyar la moción de Izquierda Unida porque creemos que es hora ya de
justicia. En este país en un momento determinado, como decía el
diputado señor Leguina, todos decidimos amnistiarnos, perdonarnos,
pero hubo un pequeño grupo de españoles a los cuales ni amnistiamos
ni perdonamos y han seguido en su condición de bandoleros. Ya estamos
a mucha distancia de esa guerra civil, de esa guerra intemacional, de
esa guerra mundial, en la cual ellos participaron, gente que empezó
la guerra con dieciocho años y acabó, a veces, en los campos de
concentración alemanes y luego pasaron la frontera española, con todo
lo que significaba pasarla en esos momentos. Yo recomendaría a mucha
gente que leyera las memorias de López Raimundo cuando justo llega a
la frontera y le recuerdan que esa misma mañana ha sido fusilado un
militante: el secretario del Partido Comunista en España, con el
dolor y la brutalidad que eso significaba. Ha llegado la hora de que
aceptemos y confirmemos todo lo que Izquierda Unida plantea en la
moción.
Nosotros, la Chunta Aragonesista, vamos a votar a favor porque ellos
fueron el primer aire de lucha democrática que llegó a este país en
un momento muy dramático para todos los españoles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Labordeta.
Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra
la señora Uría.
La señora URíA ETXEBARRíA: Muchas gracias, señora presidenta.
Me bastará con intervenir un minuto puesto que nadie dudará de cuál
va a ser el sentido de nuestro voto, como inequívoca fue también
nuestra postura en la república, en la dictadura y en la transición,
no tan modélica como se ha pretendido, porque de haberlo sido no
estarían hoy aquí todos ustedes. El señor Alcaraz aludía a la
necesidad de rehabilitación moral y política de quienes lucharon por
la libertad. Estamos plenamente de acuerdo. En el Grupo Vasco nos
gustaría, además, que la rehabilitación fuese jurídicamente real de
una vez. Reciban, por tanto, todos ustedes nuestro apoyo, que les
consta que siempre han tenido, y reciba la iniciativa de Izquierda
Unida nuestro voto con las modificaciones que el propio grupo
proponente acepte.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LóPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición de nuestro grupo que, obviamente, no puede
ser discrepante respecto de la propuesta del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, habidos nuestros antecedentes
absolutamente democráticos, aparte de que el Parlamento de Cataluña,
con nuestro voto, hace ya tiempo que aprobó una petición expresa al
Gobierno español de reconocimiento de la dignidad de quienes lucharon
a favor de los derechos humanos, de la república y de la Constitución
de entonces. En esa misma lógica, entendemos, como ha dicho muy
acertadamente el señor Alcaraz, que la transición no puede dejar
atrás a nadie. La transición se hizo como se pudo y el resultado
final es altamente positivo, pero no podemos olvidar que quienes
tuvieron dignidad deben tener el reconocimiento de esa dignidad por
parte de esta Cámara. La Constitución de 1978 simboliza, como ha
dicho acertadamente el señor Leguina, la reconciliación del país, la
voluntad de mirar hacia adelante para construir un futuro mejor y el
hacerlo desde el respeto a la discrepancia, a lo diverso y a la
pluralidad. Adoptar las medidas necesarias para la rehabilitación
total de los combatientes guerrilleros españoles para modificar una
desafortunada, pero entonces explicable, calificación de bandoleros y
malhechores es lo mínimo que puede hacer este Congreso de los
Diputados.
Nada más, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la moción que acaba de ser
defendida por el señor Alcaraz en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
En primer lugar, quiero decir que sobre este asunto, fruto de una
interpelación en la última sesión plenaria, ya tuvimos oportunidad de
hablar en la Comisión de Defensa el pasado 27 de febrero. Entonces en
nombre del Grupo Parlamentario Popular fijé la posición en relación
con el asunto que se planteaba: el reconocimiento de determinados
derechos a unas personas que nos merecen el mayor de los respetos. Se
vio -y le agradezco al señor Leguina que haya reconocido que desde el
punto de vista legal había una serie de obstáculos para el
reconocimiento de una serie de derechos pasivos para determinadas
personas- que, terminada la guerra civil, hubo una serie de personas
que desempeñaron su actividad de guerrilla popular antifranquista
y que no pudieron ser encajadas -así había sido desde
la recuperación de las libertades en nuestro país- en ninguna de las
distintas normas, de las distintas resoluciones que, desde la ley de
amnistía y con distinta mayoría, primero de Unión de Centro
Democrático y después del Gobierno Socialista, se abordaron para
resolver esta situación desde el punto de vista formal y jurídico.
Hay una segunda cuestión -y yo le agradezco al señor Alcaraz el tono
de la interpelación el otro día y la intervención del día de hoy-que
es la rehabilitación en términos políticos de las guerrillas
populares antifranquistas, los llamados maquis. Si se desligan las
dos cuestiones, verán que la primera tiene obstáculos graves desde el
punto de vista legal, desde el punto de vista del desarrollo
constitucional en la jurisprudencia del propio Tribunal
Constitucional o del Tribunal Supremo y del reconocimiento a las
milicias populares de su carácter, como ya explicó el propio
ministro. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Popular entiende
que lo que hoy fundamentalmente anima a SS.SS., al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y al conjunto de la Cámara es que se
pudiera producir una declaración del Congreso de los Diputados que
rehabilite en términos políticos a los miembros de las guerrillas
populares antifranquistas. En este sentido, señor Alcaraz, estoy en
condiciones de ofrecerle, de acuerdo con el gesto que usted pidió en
su interpelación y el propio tono y el contenido de su intervención y
del resto de SS.SS., y en aras de ese espíritu de reconciliación
nacional que a todos nos movió desde la recuperación de las
libertades y los pasos que se dieron después con la Constitución y
con muchas decisiones de esta Cámara, dentro de la política de cerrar
heridas, pero respetando los principios de igualdad, una opción para
que podamos buscar una solución a la situación que hoy nos ocupa. Por
ello le ofrezco a S.S. que mantenga su moción en lo que significa
fundamentalmente el punto 1, que es adoptar las medidas necesarias
para la rehabilitación total de los combatientes guerrilleros
españoles de cara a modificar la calificación de bandoleros
y malhechores. Esa es una rehabilitación política que esta Cámara puede
realizar, que no han hecho otras mayorías anteriores, y que por tanto
no afecta a otros problemas de carácter legal y de coherencia con las
decisiones que desde la recuperación de las libertades hemos adoptado
en nuestro país.
Si su S.S. acepta retirar esos puntos puede haber un respaldo unánime
de esta Cámara a esa rehabilitación que todos compartimos, incluso el
Grupo Parlamentario Popular. Con ello daríamos por finalizada alguna
asignatura que pudiera quedar pendiente y que no pudo ser resuelta
por los problemas que planteaba al no pertenecer al período justo de
la guerra civil, aunque sí pudiera afectar a situaciones producidas
en la lucha antifranquista; así se podría resolver el asunto referido
a las guerrillas populares.
El Grupo Parlamentario Popular deja clara su posición de respaldar la
rehabilitación en términos políticos
y, en ese sentido, yo espero la generosidad de S.S. para que toda la
Cámara pueda respaldar la iniciativa defendida por su grupo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Atencia.
Tiene la palabra el señor Alcaraz únicamente a los efectos de su
aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
El señor ALCARAZ MASAST: Guerrilleras y guerrilleros, señora
presidenta, puesto que se me olvidó decir guerrilleras. Que conste
por tanto nuestro homenaje singular a las mujeres guerrilleras.
Aceptamos la propuesta del Grupo Popular y la agradecemos
profundamente. Hablando se entiende la gente. Por tanto, agradecemos
la propuesta presentada y la aceptamos para la votación
correspondiente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO
A FAVOR DE LA ECONOMÍA PRODUCTIVA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 173/000063.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Pasamos a la última
moción, consecuencia de interpelación, presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) sobrelas medidas de carácter general
que tiene previsto adoptar el Gobierno a favor de la economía
productiva.
Por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo de Convergéncia i Unió presenta
esta moción con el objetivo de recuperar e impulsar una política
industrial olvidada para que propicie una economía productiva, que
vaya dirigida fundamentalmente a garantizar la competitividad de
nuestro tejido industrial, a potenciar nuestro sector productivo
clásico como el del automóvil, el textil, el metalúrgico, el
farmacéutico, etcétera; que también potencie e impulse la
intemacionalización de nuestro tejido industrial, básicamente de las
pequeñas y medianas empresas y, como no podía ser de otra forma,
promocione y fomente la inversión en desarrollo tecnológico e
innovación industrial dentro de nuestro tejido empresarial. Es decir,
se trata de recuperar en cierta medida todas aquellas iniciativas que
puedan propiciar un sector industrial moderado, dinámico,
competitivo, de gran calidad y con un importante valor añadido. En
este sentido, presentamos esta moción que, hemos de añadir, ha
contado con la sensibilidad y el apoyo -esperemos- del grupo
parlamentario mayoritario en esta Cámara, que da soporte al Gobierno.
Igualmente hemos encontrado sensibilidad y comprensión hacia nuestras
pretensiones por parte del grupo principal de la oposición, el Grupo
Socialista, que ha presentado unas enmiendas que más adelante
discutiremos.
Nuestro grupo parlamentario presenta una serie de medidas encaminadas
básicamente a cuatro sectores muy importantes, con medidas que
afectan al ámbito fiscal, al financiero, al administrativo y al
legislativo. Desde la perspectiva del ámbito fiscal, nuestro grupo
con esta moción pretende impulsar en la próxima reforma del impuesto
sobre sociedades que el Gobierno remita a esta Cámara una reducción
verdadera de los impuestos y de todas las bonificaciones actualmente
contempladas en el mismo, así como un entorno fiscal que favorezca el
proceso de innovación de las empresas, en especial de las pequeñas y
medianas empresas. Esto pretendemos hacerlo en seis campos de
actuación. En primer lugar está el relativo a los aspectos que
modernicen y transformen la fiscalidad de las pequeñas y medianas
empresas, rebajando su carga impositiva. Estamos convencidos de que
todos los grupos parlamentario de esta Cámara encontraríamos ejemplos
para ponernos de acuerdo en beneficiar a los pequeños y medianos
empresarios que están discriminados en la fiscalidad respecto a las
grandes compañías, bonificaciones para las inversiones en activos
fijos y todos aquellos aspectos que vayan orientados a la reducción
de ciertos tipos impositivos básicamente para las pequeñas y medianas
empresas. También pretendemos impulsar que todas aquellas pequeñas y
medianas empresas que se inicien en sus actividades, como podrían ser
sectores de mujeres, de jóvenes que van a acceder al mercado de
trabajo y de personas que están percibiendo el seguro de desempleo
puedan encontrar un marco de actuación, que definiríamos como el
marco de actuación de los emprendedores, para que puedan gozar de
aspectos legislativos, tanto desde la óptica laboral como fiscal, que
les puedan beneficiar en el inicio de estas actividades. Todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara estamos tratando esta cuestión
en la subcomisión dedicada a crear un instituto de la microempresa y
un estatuto que vaya dirigido a ayudar a los trabajadores autónomos,
y estamos convencidos de que en el marco de esta subcomisión
encontraremos todas aquellas cuestiones que puedan redundar en
beneficio de los pequenos empresarios emprendedores. También
pretendemos introducir mayores estímulos fiscales y financieros para
la innovación tecnológica favoreciendo los procesos de
intemacionalización de nuestro tejido productivo. Desde el ámbito
financiero también proponemos una serie de medidas que pensamos
podrán ser útiles para beneficiar a la economía
productiva, como es una mayor difusión e impulso de los fondos Fiex y
de los fondos Fonpyme, que disponen de gran volumen de recursos y no
están suficientemente publicitados dentro del tejido empresarial,
básicamente de las pequeñas y medianas empresas, así como potenciar
la participación de todas aquellas sociedades de capital-riesgo,
públicas y privadas, orientadas a la intemacionalización de nuestro
tejido productivo.
Desde el ámbito administrativo propugnamos que, de una vez por todas,
sea efectiva la ventanilla única con el fin de que todos aquellos
trámites administrativos que se puedan generar para la iniciación de
los negocios cuenten con una ventanillla única que esté coordinada, a
través de la telemática, con todas las administraciones implicadas
(la Administración central, la autonómica y las locales). Desde este
punto de vista pensamos que vale la pena redundar en todos aquellos
esfuerzos para que esto sea una realidad en esta legislatura. Desde
el ámbito legislativo proponemos que se traigan a este Parlamento una
serie de medidas que no obstaculizarán el impulso de la economía
productiva. Esperamos, por ejemplo, que en esta legislatura sea
realidad que el Gobierno traiga a esta Cámara un proyecto de ley
concursal que desde todos los ámbitos suponga un mayor impulso de la
economía productiva y de todos aquellos aspectos que puedan redundar
en beneficio de las reindustrializaciones. Sería interesante que en
esta legislatura se pudiera diseñar el marco de actuación del
comercio electrónico, así como que podamos aprobar todos los grupos
parlamentarios las modificaciones pertinentes según la sentencia del
Tribunal Constitucional para que las comunidades autónomas dispongan
de las competencias en todas aquellas actuaciones referentes a la
defensa de la competencia. Para el ámbito institucional vale la pena
potenciar e impulsar todas aquellas colaboraciones en el sector
público y privado que beneficien las infraestructuras energéticas
para las telecomunicaciones, el transporte y la distribución
necesarios para el desarrollo tecnológico y la innovación industrial.
Por tanto, esperamos, a través de esta moción. contar con el apoyo
parlamentario de todos los grupos presentes en esta Cámara, ya que en
definitiva vamos a recuperar una iniciativa olvidada en esta
legislatura como es...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón):
Señor Sánchez i Llibre, ha concluido su tiempo.
Gracias, señoría.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Para la defensa de las
enmiendas presentadas a la moción consecuencia de la interpelación,
tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Frutos, por un tiempo de cinco minutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta. Me sobran.
Mi grupo ha presentado tres enmiendas. Todas tienen entidad e
importancia.
La primera enmienda lo es al punto 1. Esta enmienda es de fondo a la
moción de Convergència i Unió, ya que esta moción se fundamenta en la
filosofía de la reducción de impuestos como elemento fundamental del
proceso de consolidación fiscal. A partir de aquí, de esta política
fiscal regresiva y que combatimos, será posible crear nuevos puestos
de trabajo, etcétera. Partimos de una base diferente y por eso
planteamos un punto que modifica y sustituye todos los apartados del
primer punto de la moción de Convergència i Unió, porque nos parece
que parte de una concepción regresiva de la fiscalidad y porque
nosotros, sensu contrario, proponemos un mayor esfuerzo inversor para
el crecimiento económico y para la creación de nuevas empresas, para
una economía productiva frente a la economía especulativa que también
apoyan ustedes con determinadas políticas fiscales regresivas, para
la creación de empleo obviamente y para favorecer los procesos de
internacionalización de nuestras empresas a través de la innovación
tecnológica que favorezcan la modernización y eficiencia empresarial.
Hay un punto 9 al cual también formulamos una enmienda que no
sustituye a ninguno de los ocho puntos que presenta el grupo
proponente, que es un añadido. En ella se regula el cobro de
comisiones por el uso de tarjetas de crédito. El tipo de cobro por el
uso de estas tarjetas es un saqueo al ciudadano, un saqueo que ha
sido suficientemente denunciado -por tanto, no me extiendo-. Nos
parece que para potenciar la economía productiva no estaría mal
recoger lo que dicen muchos pequeños comerciantes o muchos pequeños
trabajadores autónomos, que plantean la necesidad de que las tarjetas
tengan un tratamiento diferenciado que no represente un impuesto
regresivo -no revolucionario- con relación a lo que cobra el Estado.
Hay una última enmienda al punto 10 que plantea un tratamiento para
los trabajadores autónomos por el que se adoptan las medidas
necesarias para modificar el régimen de autónomos de la Seguridad
Social. Se contemplan una serie de propuestas como la creación de la
figura del trabajador autónomo, prestaciones por incapacidad temporal
equiparables a las del régimen general de la Seguridad Social, la
jubilación de los trabajadores autónomos, prestaciones por invalidez
permanente que tendrían las mismas categorías o grados y garantías
que en el régimen general. Proponemos estas enmiendas que no van en
la línea de contestar negativamente a las propuestas que se hacen
para el desarrollo de la economía productiva, pero sí van contra la
filosofía de la que arranca esta moción: consolidar un sistema fiscal
regresivo -que nosotros combatimos- para llegar a una serie de
beneficios para el
conjunto de las pequeñas empresas fundamentalmente. Nosotros partimos
de la base de que debe haber un compromiso de inversión por parte del
Estado superior al que hay en este momento concreto y así
conseguiremos los resultados que se intentan alcanzar a través de los
apartados de la moción de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Frutos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la innovación y el progreso tecnológico es el factor que
más influencia ejerce en el crecimiento económico. La economía
española ha registrado durante estos últimos años una tendencia
expansiva, tendencia que hoy comienza a reducirse, según ponen de
manifiesto todas las previsiones que están a disposición de esta
Cámara. Sin embargo, los factores que permiten alcanzar un
crecimiento sostenido, como es la innovación, no han mostrado la
misma evolución que los indicadores agregados, que no están
recogiendo sino los efectos externos, es decir, la evolución del
ciclo económico.
Los datos presentados por la Comisión Europea en la cumbre de
Estocolmo, referentes a todos aquellos indicadores que están
capturando, que están recogiendo la capacidad de innovación, como son
patentes, exportación de productos de alta tecnología, gastos en I+D+
I o acceso a Internet, muestran que la capacidadde innovación y la
competitividad de nuestras empresas son muy desfavorables con
relación al resto de los países de la Unión Europea. Estamos en la
cola de Europa en lo que concierne a innovación y progreso
tecnológico, y esta situación viene causada en gran medida por la
falta de una política de fomento de innovación como parte de una
política industrial y tecnológica que tiene que ser el marco general
en el que se inserten estas actuaciones.
Es preciso establecer objetivos a medio y largo plazo, y esto lleva a
que el progreso tecnológico y la innovación deben ser el centro de
gravedad de todas las actuaciones. En este sentido, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado dos enmiendas de adición a la
moción presentada por Convergència i Unió, con el ánimo de
profundizar en su propuesta y con la voluntad de reformar y de
reforzar la competitividad de las empresas españolas, especialmente
las industriales, que son en definitiva las que incorporan la
innovación.
Entendemos que toda reforma fiscal tendente a reforzar la innovación
y la internacionalización empresarial requiere de una política
industrial y tecnológica, y es obligación del Gobierno definir dicha
política y poner en marcha una batería de instrumentos no fiscales
que acompañen a los de naturaleza fiscal. Igualmente consideramos que
la innovación no se produce siempre
dentro de las empresas, ello requiere una gran dimensión, caso
que no es el que caracteriza a nuestro sistema productivo. El tejido
empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas,
las cuales realizan sus innovaciones a través de procesos de difusión
que impulsan en una gran parte los centros de excelencia y los
institutos tecnológicos. Y en la línea de lo comprometido en la
cumbre de Lisboa, también defendemos la necesidad de que los
institutos tecnológicos se acojan a las medidas que propone la
moción.
Las pymes, en definitiva, señorías, les guste o no les guste, son las
unidades productivas de las que depende el crecimiento de la economía
española y la capacidad de generación de empleo. De ahí que todas
aquellas instituciones que agilicen e impulsen los procesos de
innovación hacia esas unidades productivas deban tener un tratamiento
excepcional, un tratamiento especial.
Gracias por su atención, señorías, y doy por finalizada mi
intervención, no sin antes manifestar nuestro acuerdo con el resto de
aspectos que contempla la moción, esperando que el Gobierno
rectifique no sólo en cuanto a las actuaciones que figuran en la
moción, sino que además reorganice su actual estructura ministerial
-es el fondo de la cuestión de la moción- y los empresarios tengan un
único Ministerio al que puedan dirigirse, porque la ventanilla única
comienza por aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Costa.
Por el Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra el señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a apoyar la moción, y además hemos presentado una
enmienda, que tiene seis puntos, que espero sea atendida por el grupo
proponente, porque ambos estamos trabajando en la misma dirección. Yo
quiero agradecer al portavoz, señor Sánchez i Llibre, el tono
empleado en su intervención, tanto hoy como en la interpelación, me
parece un tono constructivo, y por eso mi grupo va a apoyar la
moción. Creo que estamos apoyando hoy una moción que va en una línea
esencial, que es estimular la economía productiva. En esta última
legislatura, señorías, no sólo hemos coincidido, como no podía ser de
otra manera, los diputados y diputadas de esta Cámara en un objetivo,
que es hacer crecer la economía, crear empleo y crear bienestar, sino
que el Gobierno y los grupos que le apoyan hemos demostrado que lo
sabemos hacer. Es importante coincidir en la afirmación de que hay
que crecer, hay que crear empleo, hay que crear bienestar, es
importante la coincidencia en esa afirmación, pero mucho más
importante es lo que se ha sabido hacer en los últimosaños, que es
elegir los instrumentos para hacerlo posible,
elegir los instrumentos para que se crezca y se crezca más que
la media, para que se cree empleo y se cree más empleo que en el
resto de los países europeos y para que aumentemos el bienestar, y
todo ello basado en una política de fomento del tejido productivo,
una política de apoyo a las pymes.
Como decía la señora Costa, quieran o no, las pymes son importantes.
Eso lo decíamos en la oposición y lo hemos demostrado en el Gobierno.
Las pymes son importantes, las pymes han sido el motor del
crecimiento y del empleo. Por eso, cuando estaban tan olvidadas,
nosotros decíamos que ese no era el camino, y hemos elegido el camino
adecuado, y hoy, en esta moción que vamos a aprobar, con innovación,
con modernización del sistema tributario, con impulso a la
internacionalización, con potenciación de instrumentos financieros,
fundamentalmente para las pymes, que ha propuesto el Grupo de
Convergència i Unió, y con las adiciones que ha propuesto mi grupo
para potenciar nuestra presencia en Mercosur, que tiene que ser uno
de los elementos claves de la Presidencia española en la primera
mitad del próximo año, para impulsar las instituciones financieras,
las sociedades de capital-riesgo y para mejorar la transparencia en
nuestro sistema tributario, con todo eso estamos dando una respuesta
adecuada. Además, me gustaría hacer referencia a un punto que me
parece esencial, y es que no sólo hemos crecido y hemos creado empleo
cuando los vientos eran favorables, sino que hemos sabido modificar
la estructura productiva española para que con viento favorable
crezcamos más que la media pero para que cuando haya momentos de
desaceleración, como el año 2001, España los sufra en menor medida,
que sigamos creciendo más que la media del resto de los países.
Es importante lo que se ha conseguido en los últimos años, y es
importante que sigamos en esta dirección. Por eso, bienvenida sea su
moción, porque habría que concluir preguntándonos si España va bien.
Pues depende del momento con que nos comparemos; si nos comparamos
con antes de 1996, vamos extraordinariamente bien, y si nos
comparamos con el resto de países europeos, también vamos bien, vamos
mejor que ellos, crecemos más que ellos Esa valoración positiva de
cómo está la economía española está basada en cuatro principios de
futuro que hay que respetar: por un lado, la estabilidad
presupuestaria -por eso, junto a esta moción, es tan importante la
ley de estabilidad presupuestaria que estamos tramitando-; en segundo
lugar, reformas estructurales -y por eso, junto a esta moción, son
también importantes los decretos que se aprobaron en junio del año
pasado y que se han tramitado y se están implementando-; en tercer
lugar, modernizar nuestro sistema tributario, que algo se apunta en
esta moción, y por último, apoyar el tejido productivo, y esta moción
da en el clavo en este tema. Por eso mi grupo va a votarla
favorablemente, creemos que es bueno que se apoye nuestra enmienda y
que con eso estamos contribuyendo al crecimiento, al
empleo, al bienestar y a la mejora de la posición de nuestro país.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Martínez-Pujalte. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a apoyar favorablemente esta iniciativa que nos ha
presentado el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Lo hacemos por
dos razones fundamentales. En primer lugar, porque contiene todo lo
que necesita el sector empresarial para mantenerse en competitividad,
para crear empleo y para soportar los retos que tiene, dos retos
fundamentales. El amplio catálogo de iniciativas que propone el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) da satisfacción a todos
aquellos que hemos tenido un mínimo interés en conocer los problemas
de las empresas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Quiero traer aquí el recuerdo y el agradecimiento de mi grupo, en el
que creo que todos participamos, por el mantenimiento por parte de
esta Cámara y del círculo de empresarios de los programas empresas-
Parlamento, que nos permite a los parlamentarios conocer por dentro
las vicisitudes y problemas que las empresas españolas tienen, desde
las grandes a todo el tejido de las pymes, como bien ha señalado la
portavoz del Partido Socialista en su intervención. Las pymes
constituyen fundamentalmente la base generadora de empleo y es
necesario garantizar su competitividad.
Se plantean dos grandes retos, que creemos que la iniciativa
satisface: uno, la normativa europea; si estamos hablando de libre
circulación de personas y de capitales es necesaria una libertad de
emplazamiento empresarial, pero sobre todo de supervivencia
empresarial. Hay que combatir la plaga de la burocracia, la plaga de
las dificultades que se ponen. En síntesis, nosotros creemos que esta
iniciativa trae más estímulo a las empresas y menos burocracia y
restricciones a sus posibilidades de generar actividad económica,
social y laboral en la sociedad española. Por eso, señora presidenta,
nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa, sumándonos en
forma y contenido a la misma.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, «medidas de
carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a favor de la
economía productiva»,
desde luego suena bien. En todo caso, no resultará tan fácil
compaginar el apoyo a la economía productiva con la naturaleza de las
medidas de carácter general que, por definición, son las que no
tienen la consideración de ayudas públicas en el argot comunitario.
Comparto la argumentación del Grupo Catalán de que hay que tener muy
presente que, junto a sectores emergentes o de la nueva economía, los
restantes subsectores industriales deben hacer frente a importantes
retos que condicionan su futuro y que constituyen una parte muy
importante de la economía productiva española. También comparto
plenamente que de lo que se trata es de crear un entorno adecuado
para que el sector industrial pueda desarrollar todo su potencial,
aunque aquí comienzan mis dudas, porque estos planteamientos son
propios de una política industrial y la pregunta que me asalta y
sobresalta es la de: ¿tiene este Gobierno una política industrial?
Lamentablemente creo que la respuesta es negativa. Tiene un plan de
investigación científica, lógica y mínima consecuencia de una
estructura orgánica en la que desaparecen las referencias a los
sectores productivos (industria, comercio, etcétera), y se apuesta
por las actividades, la ciencia, la tecnología y la innovación. Es
más moderno, más proactivo, pero estoy seguro que más de un comercio
o una empresa de plásticos habrá tenido que hacer malabarismos para
saber a dónde dirigirse.
Si nos referimos a las pymes, los resultados no son nada
esperanzadores. Simplemente algún dato: la iniciativa pymes 1995-1999
tuvo un presupuesto global de 52.000 millones de pesetas, programa al
que, junto a las pymes industriales, se fueron incorporando otros
sectores de actividad. Pues bien, de un presupuesto en 1999 de 23.000
millones pasamos en el 2000 a no alcanzar la cifra de 6.000 millones
de pesetas, y para el 2001 está prevista una partida de 14.000
millones. En su conjunto, el plan de consolidación y competitividad
de las pymes 2000-20006, que sustituye a la anterior iniciativa,
tiene asignados unos recursos financieros estimados en 42.000
millones. Si del conjunto de estas cifras descontamos las
aportaciones del FEDER, que superan el 50 por ciento, podemos
concluir que el esfuerzo de la Administración Central en la
consecución de la competitividad de las pymes españolas es mínimo.
Por lo que se refiere a la política de internacionalización, tampoco
las cosas van mucho mejor. Los presupuestos del Icex se han congelado
en los últimos años y las nuevas prioridades que el secretario de
Estado Juan Costa trata de explicar como eficiencias en la asignación
de recursos han dejado temblando a los sectores tradicionalmente
exportadores, como el textil y la máquina herramienta.
En definitiva, lo que intento transmitir es que una economía de la
innovación no surge por generación espontánea. El futuro se
construye, crear un entorno competitivo cuesta tiempo, esfuerzo y
dinero público y privado. Es verdad que son las empresas las que
tienen que competir y afrontar la creación de más y mejores factores
de producción avanzados y especializados, pero esta
labor debe ser compartida por las políticas públicas que deben
generar un entorno en el que cualquier sector pueda prosperar si las
empresas se muestran dinámicas y consiguen elevados niveles de
productividad. Esto se debe producir tanto en los sectores de alta y
baja tecnología, de manufactura y servicios y en intensivo y mano de
obra en capital o conocimiento. Tanto los poderes públicos como las
empresas deben invertir en la creación de factores, desde la
comprensión de su importancia para la prosperidad económica y desde
el consenso en la necesidad de un esfuerzo continuado y sostenido de
inversiones. En la creación de estos factores, la labor del Gobierno
es manifiestamente mejorable, por utilizar una cortesía
parlamentaria. Se habla mucho y se hace poco, y lo que se hace es con
muy poco consenso. Un ejemplo, la educación y la formación. Lo que el
Gobierno ha asumido como papel propio es el de regular a base de
reales decretos-leyes. No estoy en contra, sino al contrario, de las
políticas de liberalización económica, pero, siendo necesarias, no
pueden ser el único instrumento para dinamizar la economía
productiva. Legislar es barato y no cuesta dinero, pero, como he
dicho antes, crear un entorno competitivo requiere tiempo e inversión
pública en infraestructuras en general y de soporte al desarrollo
técnico en particular, en definir estrategias a largo plazo
horizontales y sectoriales, en fomentar la creación de nuevas
empresas, en incrementar los congelados presupuestos de la política
de internacionalización, en impulsar mecanismos de capital inicial,
capital desarrollo y capital riesgo, especialmente para las pymes,
etcétera.
Iniciaba esta intervención haciéndome la pregunta de si el Gobierno
del Partido Popular tiene una política industrial. Sinceramente creo
que no. Y con independencia de quién deba ejecutarla, sería
bienvenida. La iniciativa presentada por Convergencia i Unió, aunque
tímida, plantea algunos pasos positivos, y es por ello por lo que el
Grupo Vasco va a apoyarla con su voto. Si a partir de aquí se avanza
en la implementación de una auténtica política industrial, tendremos
la oportunidad de profundizar en el tema y de aportar la magnífica
experiencia de las instituciones públicas vascas en materia
industrial.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiazu.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, a los efectos de indicar
la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a
aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular
y por el Grupo Parlamentario Socialista, agradeciéndoles su
sensibilidad, así como al resto de grupos parlamentarios que las van
a aprobar. No podemos admitir la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque esta cuestión se está
tratando en la subcomisión...
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez i Llibre, le recuerdo en qué
turno está.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Iniciamos las votaciones.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre adopción de las medidas necesarias que fomenten la
disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas, que se
somete a votación en los términos del debate cristalizado en el texto
de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 117; en contra, 164; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la referida
moción.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno en relación
con las medidas necesarias para la rehabilitación a todos los niveles
de los combatientes guerrilleros españoles, que se somete a votación
en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 296; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la citada moción. (Fuertes y
prolongados aplausos.)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general
que tiene previsto adoptar el Gobierno a favor de la economía
productiva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor 291; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DE DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA
TOMAR EL GOBIERNO MEDIDAS PARA FRENAR EL CONTINUO INCREMENTO DE LA
INFLACIÓN? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000698.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar, preguntas
dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta número 10, que
formula el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, el dato de inflación del mes de abril ha sido
francamente malo, peor incluso que el de marzo. Usted dijo aquí hace
un mes que no había ninguna magnitud macroeconómica descontrolada.
Espero que no haga un pronóstico de esa naturaleza una vez más,
porque cada pronóstico que hace en esa dirección da como resultado
que nuestra inflación esté peor. Yo le quiero preguntar hoy, después
de dos años de una subida continua de la inflación, que es muy grave,
si de una vez piensa el Gobierno tomar alguna medida seria, creíble
y eficaz.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el Gobierno
no sólo piensa tomar medidas, sino que, en el marco de nuestras
posibilidades, las hemos venido tomando en el transcurso de los
últimos meses.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: La verdad es que la respuesta lleva a
una conclusión fácil. Si han tomado medidas y cada vez la cosa va
peor, sus medidas han dado el resultado de la incompetencia. No,
señor Aznar, no han tomado ninguna medida. Sus portavoces económicos,
cada vez que se conoce el dato de inflación, lo comentan o lo
analizan y esa no es la labor de un Gobierno ni de una política
económica. Lo cierto es que hoy España tiene una inflación que sólo
superan Holanda y Portugal y que esto está dando como consecuencia un
aumento de la carestía de la vida para muchos españoles y una pérdida
de competitividad de
las empresas, una caída clara del empleo y del crecimiento económico.
Su Gobierno aparece sin capacidad para dar una respuesta a la
política económica y a la situación económica; no sólo eso, sino que
además - lo que es más grave incluso- está generando inseguridad en
el ámbito económico por su injerencia, como ha denunciado hace poco
la CEOE. No sé si serán capaces de tomar alguna medida. No hagan más
pronósticos ni más comentarios. Tomen alguna medida, porque lo que se
está poniendo de manifiesto en estos momentos es que este Gobierno,
cuando tiene alguna dificultad, cuando el viento no sopla claramente
a favor, cuando empieza a subir alguna rampa, no sabe pedalear; sólo
han sabido pedalear cuesta abajo y ahora usted no mueve ni la
bicicleta ni el equipo de gregarios que tiene en la política
económica. Esa es la verdad, señor Aznar. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Muchas gracias,
señora presidenta.
Muchas gracias, señor Zapatero, por ofrecer un conjunto de medidas
tan importantes sobre las que el Gobierno pueda reflexionar para
intentar atajar la presión inflacionista; sin duda, ha sido muy
significativo, aparte de decir siete veces tomen alguna medida, la
que sea, pero tomen alguna. En fin, tomamos nota de la carencia de
ideas al respecto.
Le quiero decir que el dato de inflación del mes de abril es un mal
dato; es un mal dato español y un mal dato europeo, señorías.
Desgraciadamente, se esperaba en toda la zona euro que bajasen las
presiones inflacionistas en el transcurso de este mes y no ha sido
así. Ha sido un mal dato para Alemania, para Italia, para Francia
y para España. Si S.S. analiza los diferenciales, verá que
prácticamente no se han modificado, y si S.S. recuerda, sabe que es
muy difícil utilizar herramientas como la política monetaria, porque
la política monetaria no depende del Gobierno español ni de ningún
Gobierno europeo que forme parte de la zona euro. La política
monetaria la fija el Banco Central Europeo.
Respecto a la actividad económica, señoría, el primer trimestre de
este año la economía española ha crecido un 3,5 por ciento, muy
apreciablemente por encima de los demás países europeos. En el último
año -el dato ha salido precisamente hoy y le agradezco mucho la
oportunidad que me da de recordarlo-, según la encuesta de población
activa, repito, publicada hoy, se han creado en España más de 400.000
empleos, señoría. O sea, no me diga que la actividad económica está
muy deteriorada, porque en todos los demás países lo estaría mucho
más, ni que el dato del empleo es malo, porque estamos en la cifra de
desempleo más baja de los últimos 20 años, tanto si la toma usted por
el dato del Inem como si lo hace por la encuesta de población activa,
y hasta ahora -me preocuparía que fuese de
otra manera- no se ha trasladado esa presión inflacionista a la
competitividad de nuestra economía, lo cual nos hace estar muy
vigilantes y seguir con una política de rigor presupuestario, con una
política de reforma y esperar que la reforma laboral -entre otras- y
la adaptabilidad de la negociación colectiva nos permitan seguir
progresando en la tarea de creación de empleo y seguir eliminado
presiones inflacionistas en nuestra economía.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿EN QUÉ VA A CAMBIAR SU RELACIÓN INSTITUCIONAL EL GOBIERNO
CON EL GOBIERNO VASCO QUE SALGA DE LAS ELECCIONES DEL PASADO DOMINGO
EN EL PAÍS VASCO? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000697.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula el diputado don
Gaspar Llamazares Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, ¿en qué medida piensa cambiar
sus relaciones con el Gobierno vasco salido de las recientes
elecciones?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, ya dije hace
algunas semanas que actuaríamos con el Gobierno vasco que surgiera de
las urnas con arreglo a nuestras obligaciones constitucionales y con
arreglo al principio de lealtad que merece una institución del Estado
y espero que en todas las instituciones del Estado se pueda funcionar
y decir lo mismo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, aunque le parezca un
espejismo, ha habido elecciones en Euskadi y ha ganado la democracia
frente a los violentos. Señor Aznar, usted tiene toda la legitimidad,
como presidente del partido, para ser alternativa en el País Vasco,
pero no tiene tanta legitimidad para utilizar el Gobierno frente al
Gobierno vasco, las instituciones frente a las instituciones vascas o
para convertir asuntos de Estado, como la estrategia antiterrorista,
en materias partidistas. Sobre todo, señor Aznar, usted no
tiene legitimidad para convertir una batalla política en una batalla
de desconfianza entre los españoles y los vascos. Por eso es tan
importante que usted rectifique, señor Aznar. Usted puede seguir
considerando que las elecciones son un espejismo, puede seguir
empecinado en una reconquista en el conjunto del Estado, pero tiene
usted que rectificar, tiene usted que abrir la negociación al
conjunto de las fuerzas políticas, al conjunto de las fuerzas
políticas democráticas en torno a la estrategia antiterrorista. Tiene
usted que cambiar también los hábitos en el Gobierno y en la relación
con las instituciones y recuperar el diálogo con el Gobierno del País
Vasco, en lo que se refiere al estatuto y al concierto, y no para dar
respuesta a los contertulios que le piden la utilización del artículo
155 de la Constitución para intervenir en el País Vasco. Señor Aznar,
debe usted recuperar la confianza entre todos los españoles, entre
los españoles y los vascos, y eso significa también cambiar sus
relaciones con los medios de comunicación, favorecer el pluralismo
político y territorial, así como el pluralismo cultural en nuestro
país, porque, señor Aznar, tan importante como administrar una
victoria es encajar la derrota. Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, en primer
lugar, las elecciones en el País Vasco no han sido para mí un
espejismo, pueden haber sido muchas cosas pero desde luego no un
espejismo. En segundo lugar, señoría, yo no pretendo la reconquista
de nada. Solamente pretendo algo tan sencillo y que da tanta
legitimidad democrática como ganar las elecciones cuando se puede,
democráticamente, con los votos y la confianza que nos dan los
ciudadanos, lo cual no me parece que debiera extrañar a su señoría.
El domingo se han celebrado elecciones en el País Vasco -por cierto,
elecciones de las que no todo el mundo era partidario- que han
producido un resultado, con un ganador que es el Partido Nacionalista
Vasco, a cuyo candidato principal yo he felicitado y le vuelvo a
reiterar la felicitación. Ha ganado esas elecciones y por lo tanto
hay que felicitarle por eso. Antes de la elecciones yo dije que mis
convicciones no iban a cambiar y después de las elecciones le tengo
que decir que mis convicciones no cambian, señoría. Yo no cambio de
convicciones o de principios por unos resultados electorales y no voy
a cambiar mis convicciones. Mi convicción en el País Vasco ha sido a
favor de las libertades democráticas, a favor de la Constitución, a
favor del estatuto, a favor del autogobierno, a favor del concierto,
y la voy a seguir manteniendo de cara al futuro.
Naturalmente, cuando se habla de diálogo y de ofrecimiento de
diálogo, señorías, hay que hablar exactamente de diálogo para qué. El
Gobierno que represento está, ha estado y estará siempre abierto al
diálogo institucional. En el diálogo para terminar con las
instituciones el Gobierno no va a participar ni tampoco el partido
que yo represento aquí. En el diálogo para conseguir el mayor
esfuerzo de todos y acabar con el problema fundamental del País
Vasco, que es el del terrorismo y el de la carencia de libertades
fundamentales para centenares de miles de personas en el País Vasco,
en ese diálogo participaremos sin ninguna duda; en cualquier otro
diálogo que pretenda acabar con las instituciones que
democráticamente ha elegido el conjunto de los españoles,
sinceramente no vamos a participar. Hay que tener en cuenta una cosa
muy importante, saber que uno se debe a aquellos electores que le han
votado, así como a un respeto institucional, y no tiene que
rectificar quien nunca lo ha puesto en cuestión; debe rectificar
quien ha intentado acabar con las instituciones en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA EL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS PIENSA DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000682.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula la diputada
doña María del Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, la IV Conferencia mundial de la Mujer
celebrada en Pekín en el año 1995 marcó un antes y un después en la
lucha contra los malos tratos que sufren las mujeres. En aquella
fecha histórica las mujeres del mundo solicitamos a los gobiernos
allí presentes que la violencia doméstica saliera del ámbito
estrictamente privado para pasar al ámbito público, ya que cuando una
mujer sufre malos tratos se están vulnerando los derechos humanos.
Por ello, el Gobierno de España que usted preside aprobó en el año
1998 el I Plan de acción contra la violencia doméstica, plan que
cumplía estrictamente los objetivos de la plataforma de acción de
Pekín y que ha sido capaz de transmitir que la violencia doméstica
contra las mujeres no es un problema de éstas sino de la sociedad en
general. Se ha fomentado la formación y se ha mejorado la protección
legal de las víctimas. Sin embargo, la violencia doméstica sigue
estando hoy presente en la vida de miles de mujeres.
Señor presidente, en su discurso de investidura dejó claros su
sensibilidad y su compromiso de seguir impulsando medidas para acabar
con esta lacra social de la violencia doméstica que sufren las
mujeres. Por ello, el pasado día 11 de mayo el Consejo de Ministros
aprobó el II Plan integral de acción contra la violencia doméstica.
Señor presidente, ¿cuáles son las medidas que piensa desarrollar este
segundo plan para luchar contra la violencia doméstica?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Quintanilla.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, tal como
anuncié a la Cámara hace un par de semanas, el pasado viernes el
Gobierno aprobó el II Plan de acción contra la violencia doméstica,
una lacra contra la que tenemos que luchar con toda energía. En la
legislatura pasada pusimos en marcha el primer plan, el cual
significó un paso importante, y en este segundo plan hemos trazado
nuevos objetivos y queremos llegar más lejos. Se van a destinar al
mismo más de 13.000 millones de pesetas, lo que significa un 63 por
ciento más que al anterior plan; abarcará hasta el año 2004 y
afectará a cinco ministerios, así como a las comunidades autónomas, a
las corporaciones locales y a las organizaciones no gubernamentales,
cuya opinión ha sido tenida en cuenta a la hora de redactar el Plan
contra la violencia doméstica. El primer objetivo del plan es evitar
que se produzcan agresiones y por ello se llevarán a cabo 20 medidas
de carácter preventivo destinadas a transmitir el respeto, a través
del sistema educativo y de los medios de comunicación, a la mujer y a
los menores. Frente a las agresiones que se produzcan, nuestro primer
deber es hacer justicia a las víctimas y por eso traeremos a la
Cámara determinadas iniciativas de reforma del Código Penal y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto, que el agresor pueda ser
privado de la tenencia de armas, incluso con carácter cautelar, desde
el momento de la denuncia; que la Fiscalía impulse el abandono
inmediato del domicilio conyugal por parte del agresor y la adopción
inmediata de medidas cautelares de protección a la víctima y que se
incorpore como pena la inhabilitación especial para ejercer la patria
potestad. Las víctimas, además, deben recibir ayuda por parte de los
poderes públicos y están previstas 17 medidas de apoyo orientadas a
facilitar la protección de los hijos y la capacitación profesional de
las mujeres víctimas de la violencia. En definitiva, es un paso más
en un camino que sabemos largo y desde luego hoy no se puede decir
que el problema de la violencia doméstica en España esté falto de
atención. Estamos en el segundo plan, damos pasos adelante y sabemos
que tenemos que seguir trabajando intensamente para erradicar esta
lacra absolutamente inaceptable e intolerable.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR JULIOS REYES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR
VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁLES
SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA IMPLANTACIÓN DEL
SERVICIO DE
ATENCIÓN A LA MUJER, EN LAS ISLAS NO CAPITALINAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000670.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
primero y ministro del Interior. En primer lugar, la número 9, que
formula la diputada doña María del Mar Julios Reyes.
La señora JULIOS REYES: Señor ministro, ¿cuáles son las previsiones
de su Ministerio con relación a la implantación en comisarías y en
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del servicio de atención a la mujer en
las islas no capitales de provincia de la Comunidad Autónoma de
Canarias?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias,
señora diputada.
Como usted sabe, en este momento existen servicios de atención a la
mujer en Las Palmas y en Tenerife y quiero decirle que el Cuerpo
Nacional de Policía está trabajando en la actualidad para implantar
este servicio en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, en
las que existen comisarías de policía.
Por lo que se refiere a la Guardia Civil, la Dirección General ha
previsto para este año que todos los equipos de Policía judicial de
las islas que no son capitales (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y
Gomera) cuenten con especialistas en atención a la mujer y al menor
para que actúen coordinadamente con el Emume provincial
correspondiente, del que recibirán el apoyo y refuerzos oportunos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor ministro.
Hemos realizado esta pregunta para conocer cuáles son las previsiones
de su Ministerio ante una resolución que aprobó el Parlamento de
Canarias el 13 de diciembre de 2000, en la que se instaba proponer al
Ministerio la implantación de los servicios de atención a la mujer en
las comisarías de policía de las islas periféricas, en un plazo
acorde con las necesidades de cada una de ellas, y en las islas en
donde no existen comisarías, actualmente dos, la Gomera y el Hierro,
que estos servicios se puedan reforzar por medio de los equipos de
mujer y menores de la Guardia Civil. Reiteramos desde el Grupo de
Coalición Canaria la necesidad de
desarrollar estos recursos. Es necesario mejorar opciones y el acceso
a una atención adecuada a las víctimas de malos tratos, de abusos
sexuales o de violencia doméstica, opciones que faciliten realizar
las denuncias pertinentes, el asesoramiento, el trato especializado
de prevención y auxilio. Las cifras sobre Canarias -somos de las
primeras comunidades en número de denuncias- nos indican la necesidad
de duplicar esfuerzos por parte de todas las administraciones
públicas para erradicar la violencia contra la mujer. El desarrollo
de estos servicios por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, junto a los ya existentes por parte de la comunidad
autónoma, por parte del Instituto canario de la Mujer, que actúan en
el ámbito de la prevención, la rehabilitación y el apoyo social,
permitirán que a través de la coordinación ya existente, por medio de
programas transversales que se desarrollan desde el Gobierno de
Canarias, se pueda dar respuesta a este problema, actuando con más
opciones, dando respuestas más ágiles y sobre todo aportando una
mayor seguridad y asesoramiento a la hora de tramitar denuncias por
parte de las personas afectadas e iniciar con garantías los
procedimientos judiciales. Si bien estos servicios ya han sido
creados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, como nos acaba de
expresar, son insuficientes a nuestro juicio para Canarias, pues
existen necesidades no resueltas, producto de los obstáculos
originados por la insularidad. Por ello insistimos en que de forma
progresiva se instalen en el resto de las islas, en función de las
necesidades de cada una.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias.
Yo estoy de acuerdo sustancialmente con lo que ha dicho la señora
diputada del Grupo de Coalición Canaria. Sabe usted también que en
cumplimiento de este plan de acción se ha venido creando estos
servicios específicos de atención a la mujer en gran número de
capitales de provincia. Había 20 servicios en el año 1997, hoy hay 42
y en algunas provincias la competencia en esta materia ya está
asumida por sus correspondientes cuerpos de Policía autónoma. En mi
primera respuesta he omitido decir que respecto de la isla del Hierro
la Guardia Civil tiene prevista la constitución de un equipo de
Policía judicial y que está pendiente en este momento de la
correspondiente asignación de medios económicos y de catálogo de
personal, que intentaremos subsanar con la mayor celeridad posible.
Quiero señalar además que se está produciendo una permanente
actualización y formación del personal que desempeña estas funciones
en los puestos territoriales, porque es básico y fundamental insistir
en la formación constante y en la renovación de conocimientos para
intervenciones básicas con mujeres que son víctimas
de estas agresiones mediante jornadas, seminarios y cursos, con la
colaboración de expertos en estos temas y de diversas instituciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CONSUELO RUMÍ IBÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ CRITERIOS ESTÁ SIGUIENDO EL GOBIERNO EN
EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE EXTRANJEROS? (NÚMERO DE EXPEDIENTE
180/000677.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, que formula la diputada
doña Consuelo Rumí Ibáñez.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: ¿Qué criterios está siguiendo el Gobierno en
el proceso de regularización de extranjeros?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Los establecidos en la legislación vigente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor ministro, no podía contestarme otra
cosa, porque no puede decir que haya un solo proceso de
regularización. Estamos asistiendo a tres procesos en marcha, a no
ser que quiera desautorizar evidentemente a sus subordinados. Vamos
a hacer un recuento. Primera regularización, la de Barcelona, a raíz de
los encierros en las iglesias; segunda, la de Valencia, y aquí tiene
el acuerdo firmado por su representante, la delegada del Gobierno, y,
tercera, la de los ecuatorianos, resultado del fracaso del llamado
paso al Ecuador. Por cierto, señor ministro, aparte del ridículo que
se ha hecho con esta desafortunada operación, ¿alguien va a asumir la
responsabilidad de haberse gastado de manera derrochadora 500
millones de pesetas? Hay tres regularizaciones en preparación:
Almería, Murcia y Madrid. No siga actuando con nocturnidad, por
favor.
En el mes de febrero se le propuso en esta Cámara la regularización
para todas aquellas personas que estuvieran en España antes del día
23 de enero, la fecha de su contrarreforma, y que además estuvieran
vinculadas a una oferta de trabajo. No la aceptaron y esta es una de
las condiciones que aparecen en estos acuerdos, pero con una
diferencia importante, señor ministro: ustedes lo están haciendo de
una forma injusta, discriminatoria y desde luego con inseguridad
jurídica, como si la inmigración no fuese una cuestión de Estado; no
se aplica la ley por igual en todo el territorio. Hay que reconocer
una cosa, señor Rajoy, va a pasar usted a la historia, va a entrar en
el Guinness de los récords como el ministro durante cuyo mandato ha
aumentado de forma récord la entrada de inmigrantes en patera. En
fin, menos mal que el Gobierno quería fomentar el hábito a la
legalidad. Nosotros estamos a favor de la regularización, pero como
lo hemos hecho, de forma seria, rigurosa, en sede parlamentaria. Por
favor, no haga 54 regularizaciones y contésteme algo que tenga que
ver con lo que le he preguntado sin bromas y asumiendo la
responsabilidad que tiene en esta materia. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Está en marcha una regularización. Ha habido una regularización como
consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2000, en la que se
regularizó a 155.373 extranjeros, y está en marcha otra, consecuencia
de la aprobación de la Ley 8/2000, donde se está procediendo a
estudiar, tal y como establece la disposición adicional de dicha ley,
55.000 expedientes, de los cuales, al día de hoy, está resuelto el 64
por ciento. Además, y por eso decía yo que estábamos aplicando los
criterios de la ley, estamos aplicando el artículo 31, que establece
que las personas en las que se den las circunstancias de arraigo o
razones humanitarias puedan ser también regularizadas. Ese es el
criterio del Gobierno, la aplicación de la ley y eso se está
aplicando a los ecuatorianos. Por cierto, ¿usted está de acuerdo con
que los ecuatorianos viajen o está de acuerdo con que no viajen?
Porque antes no le parecía bien y ahora sigue sin parecerle bien. No
estaría de más que S.S. nos dijera con meridiana claridad qué es lo
que quiere. Me gustaría saber si usted no quiere que se regularice a
las personas a las que ha citado de Valencia, Barcelona, Almería,
Murcia y Madrid. ¿O es que quiere que se regularice a todos sin
ningún tipo de criterio? Estamos ante la demostración inequívoca y
contundente de que nosotros tenemos una política de inmigración y
ustedes no la tienen. Apúntense a la nuestra, que es la buena, y ya
verán lo bien que les va.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO EXPLICA EL MINISTRO DEL
INTERIOR EL CRECIMIENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA CON EL SUPUESTO
ÉXITO DEL PLAN POLICÍA 2000? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000678.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula la diputada
doña María José López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo
explica el ministro del Interior el crecimiento de la inseguridad
ciudadana con el supuesto éxito del programa de Policía 2000?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Como la inseguridad ciudadana ha decrecido, no puedo
explicar lo que usted me pide que explique.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor Rajoy, no sé si vamos a poder seguir
creyéndole en esta Cámara, porque la Fiscalía nos aporta unos datos,
que son los mismos que nos proporciona la policía, y usted sigue
manteniendo los contrarios. En el año 1999 eran cinco los muertos
diarios; usted se empeña en que eran tres. El sistema estadístico que
sigue su Ministerio no es en absoluto riguroso. Somos el único país
de Europa que no tiene un sistema oficial estadístico. Eso le permite
lo que usted está haciendo, señor Rajoy, manipular y maquillar las
estadísticas. Es usted un gran vendedor de propaganda, usted y su
Gobierno hacen un magnífico marketing, pero le tengo que adelantar
que ni el programa Policía 2000, ni la policía de proximidad, ni el
diez por diez, lo llame usted como lo llame, han sido eficaces. Han
sido un rotundo fracaso y así lo manifiesta su propia policía. Su
propia policía hace funciones casi de policía local. Usted la ha
desmantelado, le ha quitado funciones, le ha quitado medios, es decir
los policías se han encontrado con que no pueden ser eficaces en la
persecución de delitos.
Señor Rajoy, nuestros datos, los que mantiene el Grupo Socialista,
son duros y muy contundentes. La criminalidad, y usted lo sabe, ha
crecido en el año 2000 el 20 por ciento y en este primer trimestre
del año 2001 ha crecido el 6,8 en relación con el mismo periodo del
año 2000. Le voy a poner un ejemplo humano. En Valencia un policía no
pudo salvar la vida de un ciudadano porque no tenía los medios a su
alcance. Señor Rajoy, cumpla con su obligación y dé seguridad a los
ciudadanos. Los ciudadanos se sienten inseguros y este grupo también
lo está. Le animo a que cumpla con su obligación. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora diputada, usted ha comenzado esta intervención diciendo que no
creían mucho en esta Cámara. (Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Yo sí creo, creo en esta Cámara a pesar de
intervenciones como la que usted ha hecho hoy; a pesar de
intervenciones como la suya de hoy, creo en esta Cámara. Usted, con
gran alegría, sin pruebas, sin argumentos, sin datos y sin razones ha
hecho eslóganes. Usted ha dicho que la inseguridad ciudadana ha
aumentado. No ha aumentado la inseguridad ciudadana. (Varios señores
diputados: Sí.) En el año 2000 descendió un 3,95 por ciento en
relación con el año 1999, lo que supone que hubo 35.274 delitos
menos, y estos son los datos oficiales. Se los hemos reiterado hasta
la saciedad en este Pleno y en Comisión y tengo la convicción, dada
su alegría, de que volveremos a tener que reiterárselos en numerosas
ocasiones a lo largo de las próximas fechas. La elaboración de los
datos del Ministerio del Interior está sujeta a unos rigurosos
criterios y parámetros técnicos establecidos en el programa
estadístico de seguridad incardinado en el Plan general estadístico
del Estado. Los suyos, no sé, tal vez los van contando uno por uno, y
ya me dirá cuál es ese caso de Valencia al que ha hecho referencia.
En cuanto a la estadística de la Fiscalía General del Estado, bajo el
epígrafe diligencias previas incoadas, recoge un sinfín de
acontecimientos judiciales que no hacen referencia a delitos; entre
otras cosas, las diligencias previas incoadas se derivan de partes
facultativos médicos referidos en muchos casos a accidentes de
tráfico, domésticos o laborales, lesiones que no revisten carácter
penal. La policía mide los delitos y la estadística de la Fiscalía el
trabajo judicial. Sería bueno que ustedes nos hicieran caso en eso,
que son puros datos objetivos, y no vinieran aquí a hacer eslóganes,
porque con las mismas razones, los mismos argumentos y los mismos
datos que ha utilizado para decirme que ha
aumentado la inseguridad ciudadana, podría decirme que yo mido 1,10,
por ejemplo. Y mire usted, eso es manifiestamente falso y no es
objetivo. Por tanto, tengo que decirle que no puedo compartir su
criterio; lo siento mucho. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON CELSO LUIS DELGADO ARCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ MEDIDA LAS
ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PREVISTAS EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN LA MATERIA PUEDEN POTENCIAR EL FUNCIONAMIENTO
COMPETITIVO DE LOS MERCADOS ESPAÑOLES? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/
000683.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al vicepresidente segundo y
ministro de Economía, la número 21, que formula el diputado don Celso
Luis Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, el
Tribunal de Defensa de la Competencia ha venido tomando un
protagonismo cada vez mayor en la actividad económica del país,
velando por el respeto de la competencia en aquellos sectores en los
que ha sido necesario. Las características actuales de los mercados
producen constantes y rápidas modificaciones en el entorno de las
empresas que operan en ellos. Por esta razón, se ha mejorado
recientemente la Ley 16/1989, de defensa de la competencia, con
distintas reformas, siendo la más reciente la del 18 de abril en el
seno de la Comisión de Economía, actuándose en la adaptación de las
directivas europeas de reciente aprobación e incrementando la
eficacia del control de las operaciones de concentración.
En esta línea de independencia de actuación del Tribunal de Defensa
de la Competencia, formado por expertos de reconocido prestigio y
teniendo en cuenta las facultades que le confiere la normativa
reguladora, le pregunto: ¿En qué medida las actuaciones del Tribunal
de Defensa de la Competencia previstas en la normativa vigente en la
materia pueden potenciar el funcionamiento competitivo de los
mercados españoles?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS
Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias señor diputado.
Efectivamente, como S.S. ha recordado, tanto el Tribunal de Defensa
de la Competencia como el Servicio, que son las dos instituciones
fijadas en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1989, son las
competentes para entender de una política que supone una parte cada
vez más importante del funcionamiento de nuestra economía, como es
garantizar el juego de la competencia y actuar sobre una serie de
conductas que puedan vulnerar la competencia y al mismo tiempo
modificar, si fuera necesario en interés del interés general, los
legítimos intereses en las concentraciones que decidan entre sí
determinadas empresas. Quisiera recordar que tanto en la Ley de 1989
como en las subsiguientes modificaciones, el Tribunal entiende de
resolver los expedientes sancionadores que le son previamente
instruidos por el Servicio, autorizar acuerdos singulares e informar
operaciones de concentración económica, que después propone al
Gobierno para que sea el que resuelva en el Consejo de Ministros, con
un modelo similar al del resto de los países de la Unión Europea.
Quisiera recordar también a la Cámara que el Consejo de Ministros
ratifica la decisión del Tribunal aproximadamente en el 83 por ciento
de los casos de concentraciones que entiende el Tribunal y que remite
al Consejo de Ministros.
Al mismo tiempo, y esto es interesante para algunas críticas que han
podido surgir en los últimos tiempos, probablemente como consecuencia
del desconocimiento de lo que dice la Ley, el Tribunal puede
interesar la instrucción de expedientes al Servicio de Defensa de la
Competencia, bien por iniciativa propia, bien resolviendo recursos en
casos en los que se plantee el sobreseimiento o archivos de
actuaciones decididos por el Servicio de Defensa de la Competencia.
En ese sentido, es interesante constatar que, en los últimos cuatro
años, se han presentado notables recursos ante el Tribunal de la
actuación del Servicio, garantizando por tanto los derechos de todas
las personas afectadas.
Al mismo tiempo, el propio Tribunal puede examinar de oficio, o a
instancias del Ministerio de Economía, las ayudas públicas concedidas
a empresas en relación con las condiciones de competencia, dictaminar
los proyectos de apertura de grandes establecimientos y puede ser
consultado en materia de competencia por comunidades autónomas y
otras instituciones. Es importante constatar que, por la modificación
del año 1999, el Tribunal puede, de oficio, presentar una propuesta
motivada al Gobierno para que modifique determinados aspectos de la
legislación que puedan vulnerar, a su juicio, el correcto
funcionamiento de los mercados, como ha hecho recientemente con los
procuradores y...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUÉ ESFUERZOS ESTÁ REALIZANDO EL GOBIERNO EN MATERIA DE DESMINADO?
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000689.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Defensa,
la número 27, que formula don Pablo Marcial Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hace algunos años, la opinión pública mundial era
sacudida -yo diría incluso que bien sacudida, conmocionada- por la
campaña para la destrucción de las minas antipersonas, una campaña
impulsada inicialmente por el Comité internacional de la Cruz Roja y
secundada después por numerosas organizaciones sociales de todo el
mundo, que merecieron, como S.S. sabe, el premio Nobel de la Paz.
Señorías, lo que dio en llamarse el proceso de Otawa concluyó con un
tratado internacional del mismo nombre. España no ha sido ajena a ese
proceso. Justo es decir que desde 1994, cuando se establece por parte
de nuestro Gobierno, el Gobierno de España la primera moratoria a la
exportación de minas, y hasta el presente año, Gobierno, sociedad
civil española y este Parlamento han desplegado una posición activa y
de liderazgo contra las minas antipersonas. Baste recordar -lo hará
el señor ministro con toda seguridad porque entonces era presidente
de esta Cámara- la firma y diligente ratificación por parte de España
del Tratado de Ottawa, la ley española de prohibición de minas
antipersonas -de la que tuve el honor de ser ponente, junto con el
resto de los grupos parlamentarios, y que consiguió la completa
unanimidad de la Cámara-, el proceso ejemplar de destrucción de minas
antipersonas que ha llevado a cabo el Gobierno y, en fin, los
numerosos programas que España viene desarrollando.
El problema de la convención de Ottawa, de cualquier tratado
internacional, es su universalización. Sabemos que el Gobierno
trabaja para conseguir que los Estados que no son parte de esta
convención se adhieran a ella, y que también se están planteando
otras iniciativas propias realmente interesantes. Señor ministro,
¿qué esfuerzos está haciendo el Gobierno en materia de desminado?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde):
Gracias, señora presidenta.
Señor Izquierdo, como S.S. ha recordado, España ha sido pionera, a
través de este Parlamento y de los sucesivos gobiernos, en este
proceso de verdadera internacionalización del derecho relativo a esta
cuestión y de la guerra en materia de minas. En enero de 1999 se
ratificó el Tratado de Ottawa por esta Cámara y se publicó
posteriormente, así como, previamente, la Ley de 1998
que S.S. ha referido convirtió a España en uno de los dieciséis
Estados cuya legislación penal establece sanciones y prevenciones
sobre la materia. A su vez, el pasado 3 de octubre del año 2000, el
presidente del Gobierno tuvo la oportunidad de explosionar la última
de las minas que, con dos años de antelación, ha podido culminar el
proceso de destrucción de todas aquellas que, salvo las 4.000 de
reserva, con arreglo a la legislación internacional, ha destruido
nuestro país.
En orden a lo que me pregunta, en el contexto de las operaciones de
paz, España ha participado en el proceso de desminado en Bosnia-
Herzegovina y, en concreto, ha aportado toda su experiencia a la
apertura de la carretera Trebinje-Dubronik, que está hoy
completamente desminada. Al mismo tiempo, participa anualmente con
100 millones de pesetas, a través de la Agencia Española de
Cooperación, y a través de la Organización de Estados Americanos, con
otros 130 millones de pesetas destinados al fondo fiduciario de
Naciones Unidas para el desminado en Centroamérica, los Balkanes,
Angola y Mozambique. Pero de todo ello, señoría, señora presidenta,
podremos hablar con más detalle en Comisión. Me gustaría comunicar al
Pleno que, como consecuencia de la explosión de la última mina por el
presidente del Gobierno, éste tuvo la oportunidad de anunciar la
creación en España del primer centro internacional de desminado, que
se ha puesto en marcha con un primer curso que se está desarrollando
ya en la actualidad y que convierte a la Academia de ingenieros de
Hoyo de Manzanares en un centro internacional de referencia, en el
que en este momento participan instructores rusos, junto con alumnos
libaneses, en lo que constituye la primera iniciativa en esta materia
en el ámbito internacional, a la que seguirán otros cursos con
alumnos de Mozambique, Angola y Centroamérica. Estoy seguro de que
para ello cuento con el apoyo de la Cámara, y tendré oportunidad de
exponerlo con más detalle en Comisión.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿POR QUÉ NO SE HA TRAMITADO EL SUPLICATORIO DEL SEÑOR BERLUSCONI?
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000673.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Justicia, la número 12, que formula el diputado don Juan Fernando
López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hace ya más de dos meses, el Grupo Parlamentario
Socialista trajo a esta Cámara una cuestión
de la que dije que sería bufa si no fuera muy preocupante,
porque afecta a un suplicatorio que lleva casi un año en paradero
desconocido, sin que haya llegado a su destino, y no es un
suplicatorio cualquiera. Afecta a un hombre muy rico, al hombre más
rico de Italia, exponente de una derecha europea que se ha abierto
paso en política a base de un abuso masivo de medios de comunicación
de masas.
Señor ministro, ¿por qué?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor ministro, le recuerdo que su respuesta debe atenerse a la
pregunta textual.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Sí, señora
presidenta, porque esta costumbre del Grupo Socialista de hacerme una
pregunta por escrito y luego cambiarla cuando viene al Pleno se está
convirtiendo en habitual, y en ésta además de manera reiterada.
Le voy a contestar a la pregunta: ¿Por qué no se ha tramitado el
suplicatorio del señor Berlusconi? Pues mire, por el Gobierno, porque
nadie se lo ha solicitado. Ya es la segunda vez. Creo que se ha
enterado todo el mundo en España menos ustedes. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor ministro, total contradicción con lo
que acaba de decirle su propio Consejo de Estado, con un dictamen no
preceptivo, con un dictamen no vinculante, que sin embargo ustedes
solicitaron en contradicción con actuaciones judiciales que estaban
teniendo lugar en nuestra justicia penal. Toda una cadena de
resoluciones en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional,
dos resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
cuatro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y una del Tribunal
Constitucional señalaban como autoridad competente para tramitar el
suplicatorio al presidente del Tribunal Supremo. Pero ustedes
solicitaron un trámite obstaculizador, un trámite no necesario, un
trámite no preceptivo, que ha dilatado el procedimiento, arriesgando
la prescripción y, en definitivas cuentas, la impunidad.
Pero aquí no venimos a discutir de complejidades de procedimientos
jurídicos, sino de política. Y lo cierto es que, políticamente, por
esta actuación del Gobierno, por estos trámites obstaculizadores,
hemos estado en boca de Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. En el
Parlamento Europeo han criticado la actuación de las autoridades
españolas parlamentarios irlandeses, parlamentarios británicos y
parlamentarios italianos, que han hablado de la desmoralización y del
efecto negativo sobre la Administración tributaria española, sobre la
Inspección fiscal y, sobre todo, sobre la justicia penal,
que no lo tiene fácil para abrirse paso cuando el imputado lo es por
delitos fiscales que importan a la Hacienda pública española miles de
millones de pesetas y en cuya averiguación y esclarecimiento el
Gobierno de España debiera ser el primer interesado, y resulta que el
Gobierno de España no ha interpuesto sino trámites obstaculizadores.
Ustedes pueden pensar que quizás merezca la pena con el objeto de
incorporar a la foto de familia un nuevo conservador europeo, el amo
y señor de Italia a través de un control abusivo de los medios de
comunicación, pero estoy seguro de que la sociedad española no
comparte esa impresión, y tampoco la comparte la justicia penal
española. Sólo puedo lamentar que cuando la justicia española tenga
ocasión -si alguna vez ustedes la dejan trabajar en este
procedimiento- de demostrar que nosotros tenemos razón, no será
gracias a ustedes. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, que no, que no tiene usted razón ¡Hombre! Que nosotros no
hemos obstaculizado nada en absoluto. Que de lo que pueda tener la
responsabilidad es de aquellos suplicatorios que se han solicitado al
Gobierno de España y este suplicatorio no se ha solicitado, ni ha
tenido registro de entrada en el Gobierno de España, por tanto
difícilmente puede obstaculizarlo.
Si usted me está hablando de un informe que ha solicitado el
Parlamento Europeo al Gobierno de España sobre quién es la autoridad
para relacionarse con el Parlamento Europeo, si el Gobierno o no, me
hubiese gustado conocer su respuesta. Si el Gobierno, con toda
sencillez y con la facilidad que usted acaba de decir, debería
contestar que a partir de este momento el Gobierno de España no es
interlocutor para relacionarse en esa materia con el Parlamento
Europeo. Eso tiene una enorme trascendencia y se ha formulado una
consulta al máximo órgano consultivo. ¿Qué quiere usted decir con que
no es preceptiva ni vinculante? Es el máximo órgano consultivo de
España y, por tanto, a él le hemos formulado la consulta, con una
resolución clarísima: que se debe tramitar a través del Ministerio de
Justicia. Pero yo no le estoy diciendo si eso es jurídicamente lo más
correcto o no. ¿Que usted dice que no? Pues para usted la perra
gorda; no es el Ministerio de Justicia, lo que usted quiera, pero eso
tiene una enorme trascendencia y el Gobierno lo que ha hecho es
formular consulta al máximo órgano al que se la debe formular, porque
tiene una trascendencia en política interna y en política
internacional de todo orden. Eso no significa de ninguna manera que
se haya obstaculizado ningún suplicatorio, porque no ha tenido
entrada y porque no se nos ha solicitado ni lo hemos tramitado.
Todavía a la fecha del día de hoy no se ha pedido este suplicatorio
en el registro de entrada del Gobierno. Así
que usted pregunte donde tenga que preguntar, pero no en el Gobierno
de España. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁNGELES MUÑOZ URIOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES
ESTÁ EN CONDICIONES DE REALIZAR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA
ACOMETER EL SOTERRAMIENTO DE LA N-340 A SU PASO POR SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000687.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Fomento. En primer lugar la número 25, que formula la diputada doña
Ángeles Muñoz Uriol.
La señora MUÑOZ URIOL: Señor ministro, desde hace más de 15 años en
San Pedro de Alcántara se ha venido pidiendo el acondicionamiento de
la N-340 y durante este tiempo la gente de Marbella y los ciudadanos
de San Pedro han sabido también del interés, de la prioridad que ha
supuesto esta obra para el Partido Socialista, evidentemente nula. No
lo fue nunca, ni en su etapa de gobierno local, ni en su etapa de
gobierno central y desgraciadamente tampoco lo está siendo en su
etapa de gobierno autonómico. Esta falta de interés por Marbella se
une a la situación de caos en la planificación urbanística que existe
en nuestro municipio, que se debe fundamentalmente a un gobierno
local que no respeta la ley y a un gobierno autonómico que no tiene
ningún interés por frenar esos desmanes urbanísticos. La paradoja se
da con que ahora sí tenemos un gobierno, el Gobierno del Partido
Popular, que quiere y apuesta por las infraestructuras de Marbella,
pero esa obra no se puede realizar mientras no esté incluida en el
planeamiento vigente. Hoy nos encontramos con dos instituciones, el
Ayuntamiento y la Junta, que no saben, no quieren o no pueden
solucionar ese bloqueo, que son incapaces y que están, además,
disimulando esa falta de interés, confundiendo y mintiendo a la
ciudadanía. Es más dicen, y por eso hoy aquí queremos saber su
contestación, que es el propio Gobierno el que no quiere llevar o
ejecutar esa obra.
Señor ministro, precisamente por eso hoy aquí se debe decir claro y
alto cuál es la voluntad política de este Gobierno y qué actuaciones
está en condiciones de realizar su Ministerio, el Ministerio de
Fomento del Gobierno del Partido Popular, para acometer el
soterramiento de la N-340 a su paso por San Pedro de Alcántara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, el Ministerio de Fomento está en condiciones de poner en
marcha las actuaciones incluidas en el proyecto conocido como
travesía de San Pedro de Alcántara, con la licitación de las obras,
cuando esté resuelto el conflicto que en estos momentos enfrenta a la
autoridad urbanística, que es el Ayuntamiento de Marbella, y a la
autoridad competente en la ordenación del territorio, que es la Junta
de Andalucía, y resuelvan las exigencias previas para que el
Ministerio de Fomento acometa el proyecto, que no son otras que las
de la aprobación de la revisión del Plan general de ordenación urbana
en el que se contempla esta solución para la travesía de San Pedro de
Alcántara.
El proyecto, para que no haya ninguna duda, fue adjudicado por el
Ministerio de Fomento durante la pasada legislatura, en abril de
1997, y está concluido. Sin embargo, precisamente porque desde la
Junta de Andalucía no se ha resuelto la confirmación de la aprobación
de la modificación del texto refundido de la revisión del Plan
general de ordenación urbana de Marbella, en el año 1999 el
Ministerio de Fomento aprobó definitivamente el proyecto con una
prescripción que indica que las obras no se adjudicarán hasta que la
Comisión provincial de ordenación del territorio urbanístico de
Málaga de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía
apruebe definitivamente el texto refundido de la revisión del Plan
general de ordenación urbana. Es decir, aquí hay una modificación
propuesta por el Ayuntamiento de Marbella que contiene esta solución
y el rechazo, por las razones que sean, de la autoridad competente en
ordenación del territorio de la Junta de Andalucía, que impide que
este texto refundido esté aprobado. Está en suspenso. Por tanto, el
Ministerio solamente tendría una posibilidad, que es la de acogerse a
la circunstancia excepcional del artículo 10.1 de la Ley de
carreteras, para impulsar una obra en contra de las previsiones del
Plan general de ordenación urbanística. Pero esta excepcionalidad no
está contemplada para resolver conflictos entre dos administraciones;
esta previsión no está para resolver el pleito que en estos momentos
enfrenta a la autoridad urbanística, Ayuntamiento de Marbella, y a la
de ordenación del territorio, Junta de Andalucía. Cuando resuelvan el
conflicto el Ministerio de Fomento, que tiene previsión
presupuestaria, acometerá las obras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
TIPO DE ACTUACIONES TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTERIO DE FOMENTO
EN LLEIDA CON MOTIVO DE LA LLEGADA
DE LA ALTA VELOCIDAD A ESTA CIUDAD? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/
000688.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Pregunta número 26, que formula el diputado don José Ignacio Llorens
Torres.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, Lleida va a ser la primera capital catalana que se va
a incorporar a la alta velocidad. Si se cumplen las previsiones, en
el año 2002 Lleida va a estar a una hora y media de Madrid y en el
2004 Lleida va a estar a poco más de media hora de Barcelona. Estoy
seguro de que los leridanos sabrán agradecer esta importantísima
infraestructura al Gobierno del Partido Popular -el Gobierno del
Partido Socialista tenía otras prioridades- y, al mismo tiempo, con
su proverbial espíritu emprendedor, contribuirán al desarrollo
económico y social que llega con la alta velocidad.
Ahora bien, señor ministro, no se le ocultará que otras capitales
aprovechan la llegada del AVE para plantear una serie de mejoras ante
ese Ministerio. Es cierto que en esas ciudades no se espera a que las
obras lleguen a las puertas de la ciudad para solicitar esas mejoras
y están aprovechando el trámite procesal oportuno, que es el período
de información pública, para presentar las correspondientes
alegaciones, cosa que no se ha hecho en Lleida, donde además el
alcalde, en un acto de deslealtad institucional sin precedentes, ha
publicado un decreto ordenando la paralización de las obras, lo que
ciertamente no ha favorecido el diálogo entre el Ministerio y el
Ayuntamiento, tal como se ha producido y se está produciendo en otras
ciudades. Esa actitud extemporánea del alcalde de Lleida ha provocado
confusión. ¿Por qué en otras ciudades se plantean unas obras que en
Lleida no? A pesar de ello, señor ministro, le agradezco la
sensibilidad de ese Ministerio que ha dejado abierto el diálogo al
Grupo Municipal del Partido Popular y a mí mismo, lo que nos ha
permitido plantear una serie de mejoras que han tenido una singular
acogida, magnífica, por el secretario de Estado de Infraestructuras.
Por ello, señor ministro, aunque soy consciente de que las mejoras
que ya tenían que haberse solicitado están incorporadas antes de su
llegada a ese Ministerio por el GIF, quisiera formularle la siguiente
pregunta: ¿Qué tipo de actuaciones, señor ministro, tiene previsto
adoptar el Ministerio de Fomento en Lleida con motivo de la llegada
de la alta velocidad a esta ciudad?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llorens.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señor diputado,
las previsiones que tiene el Ministerio de Fomento son las de cumplir
con todas las decisiones de carácter administrativo y técnico que se
han ido consolidando en el procedimiento reglado en virtud del cual
se deciden los trazados y se ponen en marcha las grandes
infraestructuras, básicamente los proyectos, y también algunas
modificaciones puntuales que no afectan decisivamente a las
soluciones técnicas y a las que ha hecho referencia S.S., que atañen
a modificaciones en el viaducto de Rufea, acercando aún más la
solución a la declaración de impacto ambiental y reclamado por los
afectados, o hacer de nuevo el puente de Palauet existente para
aumentar la seguridad del trazado ferroviario. En estas
modificaciones hay proyectos complementarios en los que está
trabajando el GIF. Sin embargo, no podemos trasladar a la opinión
pública la idea equivocada de que las modificaciones pueden ser
cualquiera y en cualquier momento y, mucho menos, que es igual la
situación en Barcelona o en Girona, donde se está discutiendo el
estudio informativo y no hay declaración de impacto ambiental, con la
situación afortunada de Lleida que cuenta en la primera parte, el
acceso desde Zaragoza, con declaración de impacto ambiental desde
noviembre de 1994, estudio informativo aprobado en febrero de 1995 y
proyecto aprobado desde abril de 1996 o bien el tramo Lleida-
Martorell donde el proyecto se aprobó en enero del año 2000.
Lo que pretende el señor alcalde de Lleida es que hagamos caso omiso
al procedimiento reglado establecido y el decreto de paralización de
las obras supone una grave contradicción con la actuación del Estado
de derecho porque esta misma autoridad no ha recurrido, es decir, ha
aprobado tácitamente la declaración de impacto ambiental donde se
contienen estas soluciones que están publicadas en el Boletín Oficial
del Estado, los correspondientes estudios informativos y los
correspondientes proyectos. Por tanto, lo que se nos está pidiendo es
que hagamos caso omiso del procedimiento reglado garantista que
pretende asegurar que la Administración cumple siempre y defiende los
derechos de los ciudadanos con transparencia. Por esas razones, señor
diputado, lo que corresponde ahora es ejecutar las actuaciones
aprobadas a lo largo de estos años.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR SEDÓ I MARSAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO: ¿QUÉ PREVISIONES DE INVERSIÓN TIENE EL GOBIERNO PARA EL
DESDOBLAMIENTO DEL EIX TRANSVERSAL, INVERSIÓN CONTEMPLADA EN EL PLAN
DE INFRAESTRUCTURAS 2000-2007, DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y ANUNCIADA
POR EL PROPIO MINISTRO EN SU COMPARECENCIA
ANTE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS EL PASADO 15 DE JUNIO DE 2000? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/
000695.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula el diputado don
Salvador Sedó i Marsal.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué previsiones de inversión tiene el Gobierno para
el desdoblamiento del Eix Transversal, inversión contemplada en el
Plan de infraestructuras 2000-2007 del Ministerio de Fomento y
anunciada por el propio ministro en su comparecencia ante la Comisión
de Infraestructuras del Congreso de los Diputados el pasado 15 de
junio del año 2000?
Señor ministro, en el Plan de infraestructuras del Ministerio, dentro
del capitulo de la red de carreteras de gran capacidad, se habla de
la vía transversal de Cataluña, con una intervención como el Eje
Transversal de Cataluña en una actuación de 153 kilómetros, lo que
nosotros llamamos el Eix Transversal de Cataluña, cuando en realidad
esta actuación es el desdoblamiento de la existente. Como también ya
le he dicho, no sólo figura en el «Diario de Sesiones» sino también
en el documento que publica el Ministerio de Fomento, la actuación
del Eje Transversal, aquí le llaman CerveraGirona, que es en concreto
el tramo que yo le estaba citando, e incluso en el balance de ocho
meses del Ministerio de Fomento, hay un mapa donde figura una gráfica
como una vía en estudio o proyecto. Por lo tanto, dado que es tan
difícil que se pueda tramitar en cuestión de tiempo todo este tipo de
obras, yo quisiera saber no sólo las previsiones de inversión, sino
más bien en qué fase se halla la tramitación de esta actuación.
Sabemos que es necesaria desde hace mucho tiempo y como puede haber
inconvenientes, si los hay, le diré que hablando pueden entenderse la
gente o las instituciones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señores diputados, el Plan de infraestructuras 2000- 2007 no
contempla ninguna previsión de inversión para el Eix Transversal de
Cataluña, y en los planes del Ministerio de Fomento no está prevista
ninguna inversión en cumplimiento del Plan para la financiación del
Eix Transversal de Cataluña. Quizá el equívoco pueda surgir de dos
cosas, primero, que en los documentos del plan figura la trama
completa de la red de autovías española, entre las cuales están las
autonómicas. Usted verá que está la A-92, de Andalucía, que está el
Camino de Santiago, de Castilla y León, que están las autovíasdel
País Vasco y de Navarra y que están también
algunas autovías de Cataluña. Pero si S.S. repara en la presentación
del Plan de infraestructuras por comunidades autónomas, que el día 21
de septiembre hice en el Senado, anuncié cada una de las actuaciones
con la consiguiente financiación y no incluí explícitamente las
autovías autonómicas. Por lo tanto, es verdad que figuran en este
plano, es verdad que figuran en la relación, pero es verdad también
que en los compromisos de financiación de este Ministerio nunca se ha
explicitado esta actuación. La segunda causa de la confusión puede
ser que el Estado ha invertido en la pasada legislatura en el Eix
Transversal de Cataluña, pero para ello ha habido que hacer en la Ley
de acompañamiento una declaración de obras de interés general.
En este momento sólo cabrían dos alternativas, una, que esa carretera
pasara a ser del Estado, que no sé si es una alternativa que
contempla S.S.; otra, que volviera a ser declarada de interés
general, para lo cual esta Cámara tendría que vulnerar un acuerdo de
la semana pasada del Parlament de Catalunya, que acordó que la
ejecutara la Generalitat de Cataluña. Cualquiera de estas dos
alternativas no es una buena alternativa, por lo tanto S.S. con su
proverbial sentido común sabrá cuál es el camino más correcto para
resolver el problema que le preocupa.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor ministro, simplemente en el Plan de
infraestructuras que ustedes tienen lo pueden haber cambiado;
reconozco que en el Senado no constaba esta obra, pero en el Plan de
infraestructuras consta: Eje Transversal de Cataluña, 21.000 millones
de pesetas, 153 kilómetros. La temática, si usted hace referencia a
la votación que hubo la semana pasada en el Parlamento de Cataluña,
fue una solicitud para que el proyecto se haga rápidamente, pero le
puedo decir que si la problemática principal es respecto a la
titularidad, si este es un Plan de infraestructuras 2000-2007 para
quedar completadas del 2010, como usted siempre en sus intervenciones
en Comisión nos ha venido diciendo, creo que si hablan entre las
instituciones se resolverán problemas fáciles y problemas difíciles.
¿Este podría ser uno de los difíciles? Posiblemente, pero si usted me
dice que con mi sentido común puedo trabajar en ello, lo haré para
que no tenga que cambiar el plan de actuaciones que tenía previsto en
un principio, dado que tiene fama de cumplir todo lo que se propone.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Su señoría no
me invitará a tomar decisiones incorrectas, porque o se transfiere la
carretera
al Estado para que invierta el Estado, o se declara de interés
general vulnerando el acuerdo del Parlamento de Catalunya. Los dos
caminos me parecen malos y el camino correcto lo sabe S.S. como lo sé
yo mismo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿POR QUÉ
EL GOBIERNO HA IMPEDIDO EL CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA ÚLTIMA ENCUESTA
REALIZADA POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS) SOBRE
INTENCIÓN DE VOTO EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO? (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 180/000674.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de la
Presidencia.
En primer lugar, la número 13, que formula el diputado don José
Blanco López.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor ministro, diga la verdad a esta cámara y
explíquenos por qué el Gobierno ocultó la última encuesta del Centro
de Investigaciones Sociológicas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Me parece
excesiva esa afirmación de que el Gobierno ocultó, porque no ha sido
así. Según los datos de Presidencia, el informe del CIS tuvo entrada
el día 8 de mayo a las 20,44, y cinco minutos después, salida 15.176,
se daba traslado al portavoz del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor ministro, sólo la soberbia que
caracteriza a este Gobierno le hace negar incluso la evidencia que
han puesto de manifiesto los propios trabajadores del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Ustedes tienen un desprecio reiterado
por la transparencia; tienen un desprecio reiterado por la veracidad;
ustedes intentan sistemáticamente ocultar la realidad, y solamente
pueden justificar esto para instrumentalizar a su servicio un órgano
tan prestigioso como es el Centro de Investigaciones Sociológicas. No
pueden,señor Lucas, seguir menoscabando la imagen y la
profesionalización de las instituciones públicas de este país.
Señor Lucas, los ciudadanos esperan más transparencia de la política
y de los políticos, y los socialistas exigimos a este Gobierno un
mayor compromiso con un nuevo desarrollo de la democracia en este
país, que pasa por no instrumentalizar a su servicio el Centro de
Investigaciones Sociológicas; que pasa por garantizar la pluralidad y
neutralidad de Radiotelevisión Española para que nunca más una
directora de Radio Nacional de España manifieste que el consejo de
administración de Radiotelevisión está al servicio del Gobierno.
No vale todo en política, señor Lucas, señores del Partido Popular, y
lo saben bien, y los errores se pagan. Corrijan ustedes, sustituyan
el autoritarismo por el diálogo, la uniformidad por la pluralidad, el
abuso y la instrumentalización partidaria por la objetividad y la
neutralidad. En definitiva, contribuyan a un nuevo impulso
democrático en este país. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias,
presidenta.
Señor Blanco, para que usted lo entienda le voy a detallar
cronológicamente cómo se han desarrollado los trabajos de este sondeo
del CIS sin tratar de dar un mitin. El cuestionario se cierra el 30
de marzo; el 5 de abril se envía el cuestionario a los coordinadores
de campo; el trabajo de campo se desarrolló entre el 15 y el 25 de
abril; los trabajos de codificación los días 26 y 27 de abril; el 28
de abril se graban los datos en soporte magnético, y el 29 se empieza
con el proceso de tabulación y análisis, para el que la ley prevé un
plazo de 15 días; el CIS lo termina en 10 días, habiendo cuatro de
fiesta, es decir, el 8 de mayo, remitiéndolo al Gobierno, que lo
recibe a las 20,44 horas de ese mismo día.
Como puede ver S.S., el Gobierno cumplió escrupulosamente todos los
datos. El Gobierno los remitió a los grupos parlamentarios. Tome
usted nota, porque a lo mejor se tiene que retractar de algunas cosas
que ha dicho. El Gobierno entendió que los grupos parlamentarios
debían conocer los resultados del CIS y los remitió a los grupos; es
decir, ha hecho bien su trabajo y lo ha hecho cumpliendo sus
obligaciones correctamente. Esto es lo que ha hecho el Gobierno Pero
ya que S.S. quiere saber cosas sobre el CIS, permítame que le dé
algún dato más para que sea consciente de cómo ha mejorado este
organismo desde que el Partido Socialista está en su sitio natural,
que es la oposición. (Rumores.)
Durante toda la época de los gobiernos socialistas, el CIS era un
organismo al servicio del Gobierno. En 1995 se aprobó la ley de
organización del CIS a propuesta de aquel grupo, no lo olvide,
señoría. Pues bien, para ponerle sólo un ejemplo de cómo utilizaban
ustedes el CIS, en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996,
la encuesta que había elaborado el Centro de
Investigaciones Sociológicas se envió a la Junta Electoral Central a
cinco días de las elecciones, es decir, en período de no difusión.
Pero lo grave, señoría, es que dicha encuesta no se elevó a las
Cortes, como obliga la ley. Aquí está la prensa. Ustedes incumplieron
la ley y además no tuvieron la valentía de informar a los grupos
parlamentarios.
Nada más. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MÁXIMO RAMÓN DÍAZ-CANO DEL REY, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA QUE LA
INFORMACIÓN DADA POR RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE) CUMPLE UNOS
MÍNIMOS CRITERIOS DE EQUILIBRIO Y PROPORCIONALIDAD? (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 180/000675.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula el diputado don
Máximo Ramón Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señor Lucas, aquí estamos otra vez para hablar de la política
informativa de Radiotelevisión Española porque no tiene enmienda. Mi
compañero el diputado señor Blanco le ha comentado las declaraciones
que la directora de Radio Nacional hizo el otro día a la Agencia Efe,
en las que decía que las empresas privadas - se refiere a las de
radio- tienen su consejo de administración y nuestro consejo de
administración -dijo la directora de Radio Nacional- es el Gobierno.
Yo le pregunto, en su doble condición de ministro de la Presidencia
y de consejero de Radiotelevisión Española, si considera que la
información que da Radiotelevisión Española cumple unos mínimos
criterios de equilibrio y proporcionalidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidente. No sé si ha dicho que yo soy consejero de
Radiotelevisión, ¡cualquier cosa! Señoría, el Gobierno no hace
valoración de un ente que es autónomo y que funciona con arreglo a
criterios profesionales.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Si lo que pretende, señor ministro, es que me canse de preguntarle
los miércoles, no lo va a conseguir, porque sus respuestas podrían
conducir a la desmoralización, pero tengo mucha moral, y por mi
parte, si el Grupo Parlamentario Socialista lo quiere, aquí estaremos
los miércoles hablando de este asunto hasta que ustedes no lo
corrijan.
Le voy a decir los diez mandamientos, el decálogo de la
desproporción, o, por hablar con claridad, de la manipulación de
Radiotelevisión Española en los últimos cuatro meses, desde principio
de año. Primero, el presidente del Gobierno aparece el doble de
tiempo en Televisión Española que el secretario general del Partido
Socialista. Segundo, Televisión Española también dispensa un trato de
favor al secretario general del Partido Popular. Tercero, Televisión
Española oculta sistemáticamente al secretario general del Partido
Socialista con la intervención de miembros del Partido Popular.
Cuarto, las declaraciones del secretario general del Partido
Socialista no se emiten hasta encontrar réplica del Partido Popular.
Quinto, casi la mitad de las intervenciones en Televisión Española
del secretario general del Partido Socialista se han referido durante
estos cuatro meses al País Vasco. Sexto, según Televisión Española el
secretario General del Partido Socialista no hace oposición ni
presenta alternativas. Séptimo, la cobertura informativa del
secretario general del Partido Socialista es irregular y deficiente.
Octavo, recoge las declaraciones del presidente del Gobierno a otros
medios y las del secretario general no. Podría seguir hasta el
décimo, pero se lo voy a resumir en dos: Hay que amar al presidente
del Gobierno sobre todas las cosas en Televisión Española y al
prójimo, es decir a la oposición, que no salga ni en televisión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias, señora
presidenta.
Tengo que repetir lo que le digo siempre, que a juicio del Gobierno
Televisión Española cumple perfectamente lo preceptuado en el
artículo 4 de su estatuto. Por consiguiente, como organismo autónomo
es la voz de los profesionales y de los dirigentes de Televisión
Española a los que usted no quiere exigir, a través del órgano
correspondiente, que es la Comisión de Control, la dación de cuentas
que a mí me pide.
Le voy a decir una cosa. Usted se empeña, y para mí es una
satisfacción y un orgullo contestar en el Parlamento, en pedir
aclaraciones en el Pleno en vez de hacerlo en la Comisión de Control,
y está en su legítimo derecho. Pero le pasa como a aquel que quería
ganar el maratón y se inscribía en los cien metros lisos. Algo
parecido. Se empeña en traer aquí esta exigencia,
a la cual no puedo contestar porque, insisto, no compete al Gobierno
controlar los informativos de Televisión Española.
Me ha hablado S.S. de los tiempos, y le voy a decir una cosa. Yo
goberné cinco años en Castilla y León, cuando estaba en el Gobierno
el señor González, de triste recuerdo. Y en aquellos cinco años ¿sabe
usted lo que pedía? No salir mucho tiempo, a ser posible no salir
nunca.
Nada más muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO
PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA: ¿HA TOMADO EL
GOBIERNO ALGUNA INICIATIVA EN RELACIÓN CON LA MOCIÓN QUE, SOBRE LA
EMPRESA SINTEL, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS GRUPOS DE
LA CÁMARA? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000672.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología.
En primer lugar, la número 11, que formula el diputado don Antonio
Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, bienvenida al problema de Sintel. Hace seis meses
que estamos en esta Cámara intentando buscar una solución para el
problema. Por fin ha aparecido usted. Es verdad que la pregunta se la
habíamos hecho al vicepresidente Económico por su relación y la
acción de oro que el Gobierno mantiene con Telefónica. El ministro de
Trabajo ya había manifestado que ese no era su problema y que buscaba
que usted se ocupara de él. Esperemos que esto mejore, aunque usted
convendrá conmigo que no es precisamente una continuidad. De todas
formas, la pregunta que hemos planteado es si habían tomado alguna
iniciativa. Díganos qué iniciativa ha tomado y no nos diga que la
convocatoria de la reunión, porque esa ya la tomamos nosotros
haciendo la pregunta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, será usted bienvenido, porque lo que es el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y el Gobierno llevan
tiempo con esta cuestión. En definitiva, la preocupación
expresada por esta Cámara con la aprobación por unanimidad de la
moción citada por Sintel es plenamente compartida por el Gobierno,
que ha adoptado, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de
otros ministerios, multitud de iniciativas encaminadas a lograr la
continuidad del proyecto empresarial y del empleo de los
trabajadores, así como el necesario acuerdo entre las partes antes y
después de la aprobación, el pasado 17 de abril, de la citada moción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Señora ministra, poca convicción veo yo en
el breve texto que ha leído. En el Senado ha dicho usted muy
recientemente que al Gobierno sólo le corresponde favorecer el
diálogo entre los trabajadores y sindicatos de Sintel y no le compete
hacer las propuestas que puedan solucionar la crisis. Esto además es
un lapsus, porque me imagino que no pretenderá usted que el problema
se solucione con que los trabajadores hablen con su sindicato. Me
imagino que algo más tendrá que haber. Yo lo que le he pedido hoy,
para ser constructivos, es que nos diga qué han puesto sobre la mesa
en esa reunión que al parecer han tenido hoy. Le quiero decir con
absoluta claridad para que no se confunda, ya que llevamos seis meses
hablando de este problema, que la resolución del Parlamento a la que
usted ha hecho referencia, que cumple con la convocatoria de la
reunión, dice, además de reunir a las partes, aplicando los mejores
referentes anteriores -me imagino que se la habrá leído, no se la leo
entera-, a fin de negociar una reestructuración de la empresa de
común acuerdo y así zanjar la actual situación de crisis. Por eso, yo
creo que lo serio en esta Cámara es venir y decir si ustedes esta
mañana han planteado en esa reunión algo que tenga que ver con esto,
no con la simple convocatoria. Me parece que, como hemos dicho aquí
repetidas veces (agradecemos, desde luego, que haya algún ministro
que se quiera ocupar de esto, porque se están pasando la patata
caliente de unos a otros), el problema es grave e importante.
Tómeselo en serio y resuelvan el problema de Sintel.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, le agradezco sus palabras, porque no hacen más que reafirmar
lo que hemos venido haciendo en el Gobierno, lo que hemos venido
teniendo claro desde el inicio de esta situación y lo que recoge la
moción, que es seguir impulsando; es decir, que reconoce claramente
el impulso que ya hemos dado al proceso de negociación entre las
partes a fin de buscar la mejor solución para los trabajadores de la
empresa Sintel, dentro del marco legal y aplicando los mejores
referentes. Está claro que esto es lo que hemos venido haciendo y a
lo que se ha instado esta mañana en la reunión que ha continuado con
el proceso que se venía desarrollando en este caso, que es promover
constantemente el diálogo entre las partes para alcanzar un plan de
viabilidad, consensuado entre todos, que permita el apoyo de todos
los instrumentos de la Administración general del Estado que ofrece
el marco legal vigente. Al no lograrse en su momento el plan de
viabilidad -como sabe S.S. los planes de viabilidad son voluntad de
las partes, empresa y trabajadores- se fue diluyendo el interés de
los potenciales socios. Por ello no hemos dejado de insistir en este
proceso.
En la reunión que ha tenido lugar esta mañana para seguir impulsando
la negociación entre las partes y facilitar la búsqueda de
soluciones, dada la difícil situación y a pesar de que no se ha
presentado la empresa, se ha hecho explícita la voluntad de abordar
el análisis adecuado y, en concreto, se ha acordado hacer un
seguimiento conjunto del proceso que, como sabe, se encuentra en sede
jurisdiccional...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora ministra. (Rumores.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁGUEDA MONTELONGO GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL GOBIERNO LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL V PROGRAMA MARCO
DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA INVESTIGACIÓN 1998-2002? (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 180/000691.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula la diputada
doña Águeda Montelongo González.
La señora MONTELONGO GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, este Gobierno está llevando a cabo una política
científica, caracterizada por la mejora de las condiciones de la
investigación científica, y ha dado un decidido impulso político y
presupuestario a las actividades de investigación y desarrollo. El
Gobierno realiza un esfuerzo constante para incrementar el peso de la
investigación en España con el convencimiento de que ésta es una
apuesta estratégica de futuro para el desarrollo del país y el
bienestar de todos los españoles.
De la misma manera, señora ministra, podemos decir que nunca en la
negociación de un programa marco ni en su proceso de aprobación ha
destacado tanto un gobierno de España como en el V Programa Marco de
Investigación de la Unión Europea 1998-2002. Comohan reconocido todos
los países europeos, la posición
de España ha sido una de las más activas, lo que ha supuesto llevar a
cabo actuaciones concretas pactadas y consensuadas con los organismos
de la Administración general del Estado.
Por primera vez, hemos visto un posicionamiento común de los
responsables políticos de España coordinado con los diferentes
ámbitos políticos y administrativos y con las comunidades autónomas.
Ello ha posibilitado, sin ninguna duda, que se negocie un V Programa
Marco mucho más importante para los intereses de España en materia de
investigación.
El V Programa encierra las prioridades de investigación para el
período 1998-2002. Sin embargo, España tiene áreas importantes que
tiene que defender por su propia idiosincrasia y por sus
características, como puede ser la investigación en cuanto al
patrimonio histórico- cultural, la apertura hacia Hispanoamérica, la
ciencia y la tecnología en la industria agroalimentaria, en la
agricultura y en la pesca, la participación de las pequeñas y
medianas empresas o el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Por todo esto, señora ministra, le hago la siguiente pregunta: ¿Cómo
valora el Gobierno la participación española en el V Programa Marco
de Investigación de la Unión Europea 1998-2002?
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montelongo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, la valoración es positiva y avanzamos hacia el futuro.Saben
que entre los objetivos del V Programa Marco se establecieron una
serie de hitos. Interesa, por un lado, el aumento de la participación
de España en términos de retorno, el aumento de las subvenciones,
pero, sobre todo, conviene ir aumentando el equilibrio territorial,
el liderazgo español de los proyectos y el incremento del número de
empresas participantes; en definitiva, el mayor protagonismo de
nuestras pequeñas y medianas empresas.
Los resultados significan un avance importante. Del total de 5.000
proyectos financiados en el V Programa Marco, 1.345 han correspondido
a España -el 27 por ciento- y, además, un retorno total del 6 por
ciento, lo que interpretamos como positivo teniendo en cuenta el
número significativo de países participantes en el programa vigente;
me refiero a países candidatos y a la incorporación de los países del
espacio económico europeo.
Hay que destacar los programas de la sociedad de la información y los
del crecimiento económico y sostenible, entre los cuales están los
que hacen referencia a la agricultura y a otros aspectos que S.S. ha
mencionado. Lo han sido desde el punto de vista cuantitativo y
también lo han sido en comparación con otros como, precisamente, las
pequeñas y medianas empresas y la
innovación o el potencial humano, que, a pesar de un alto retorno
porcentual -estamos hablando de más del 9,5 por ciento en el caso de
innovación en las pymes- , por sus características obtienen un
volumen de fondo más modesto pero con una participación española muy
importante. La tasa de retorno de estos programas es superior al 6
por ciento que nos habíamos marcado como objetivo y además el
liderazgo de España supera el 7,1 por ciento, por lo que hemos
avanzado significativamente y esperamos seguir haciéndolo en el
futuro.
Desde el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas, éstas
han supuesto el 63 por ciento de la participación de las empresas
españolas, lo que nunca antes se había dado, y además han liderado
ellas directamente más del 54 por ciento de los proyectos aprobados
y liderados por las empresas españolas. Por lo tanto, desde este punto
de vista la valoración es muy positiva.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿TIENE SOLUCIONES EL GOBIERNO A LA
SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA CREADA A RAÍZ DE NO ALCANZARSE EL
ACUERDO DE PESCA CON MARRUECOS? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000676.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar, la número 15, que
formula el diputado don Salvador de la Encina Ortega.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿tiene soluciones el Gobierno a la situación
económica y social creada a raíz de no alcanzarse el acuerdo de pesca
con Marruecos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señora presidenta.
El Gobierno ha elaborado un plan de acción para recuperar la
actividad de la flota, que ha visto interrumpida la misma como
consecuencia de no llegarse a un acuerdo con el Reino de Marruecos
por parte de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Le puedo garantizar, señor ministro, que cuando en Galicia, en
Canarias y sobre todo en Andalucía le oyen a usted decir que tiene
soluciones, se echan a temblar, sobre todo en Andalucía. (La señora
ministra de Sanidad, Villalobos Talero, hace gestos al orador.) No,
yo no, los sectores afectados, los pescadores, señora ministra.
Porque usted, señor ministro, les garantizaba -y yo fui testigo en
sus dos visitas a Barbate- que iba a haber acuerdo de pesca con
Marruecos, y luego se produce un fracaso histórico que hoy por hoy
coloca en una situación dramática al sector, a miles de familias, a
miles de empresas, por lo que es lógico que se echen a temblar. Por
cierto, ese fracaso del Gobierno del Partido Popular se une a los
fracasos que ustedes sistemáticamente están cosechando en el ámbito
europeo y en el ámbito del contexto internacional. Y es que, señor
ministro, son ya 17 largos meses los que lleva en amarre nuestra
flota pesquera, y las soluciones realistas, no las de palabra como
las que usted acaba de expresar, brillan por su ausencia.
Señor Cañete, el problema de fondo está en que ustedes carecen de una
estrategia en el ámbito comunitario para conseguir alternativas con
garantía de futuro a medio y corto plazo para sacar al sector
pesquero español de la situación en la que se encuentra, sobre todo
el sector que faenaba en los caladeros marroquíes. Porque a estas
alturas, señor ministro, aunque usted diga hoy aquí que sí dispone de
respuesta, lo cierto es que aún no tiene diseñado un plan de
reestructuración de la flota española y sus medidas son de carácter
provisional. Usted, señor ministro -disculpe que se lo diga-, se está
haciendo experto en certificar defunciones, primero, la del acuerdo
de pesca con Marruecos y, ahora, la del futuro del sector pesquero y
sobre todo de muchos municipios costeros como Barbate, Morrazo,
Arrecife, Isla Cristina, Punta Umbría, etcétera. Ante ello, desde el
Partido Socialista, señor ministro, queremos colaborar porque la
situación es dramática y afecta a miles de empleos. Queremos que
usted abra un proceso de consenso con nosotros y sobre todo con las
comunidades autónomas a las que afecta este problema. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señora presidenta.
El Gobierno ha iniciado un proceso de diálogo con todos los
ayuntamientos afectados -y yo he mantenido reuniones con todos ellos-
y con todas las comunidades autónomas, ha recibido los planes de cada
comunidad autónoma, alguno muy tardíamente, y los ha integrado en un
documento que se va a presentar a la
Comisión Europea en los próximos dos días para justificar la petición
que hemos hecho de 300 millones de euros adicionales. El Gobierno
contempla un plan ambicioso de 540 millones de euros para afrontar el
plan de acción, con medidas de paralización temporal, de paralización
definitiva, transformación de nuevas pesquerías, transformación a
tareas no pesqueras, asociaciones temporales de empresa, sociedades
mixtas, ayudas sociales en forma de primas individuales a los
tripulantes, planes de formación y prejubilaciones y, sobre todo,
diversificación económica de las comarcas afectadas. Y lo hemos hecho
dialogando con todos los sectores afectados, integrando las
propuestas de todos ellos y con la voluntad de crear grupos de
trabajo para luego gestionar el plan cuando haya que llevarlo a la
práctica.
Tenemos muy claro cuál es el objetivo fundamental: que el mayor
número de unidades sigan faenando. Por eso, de las posibilidades
pesqueras que tenemos en acuerdos con terceros países estamos
negociando con cada segmento de flota individual para que se
reubiquen unidades. Y estamos abriendo nuevos caminos a sociedades
mixtas. Dice usted que no estamos haciendo nada. Estamos abriendo
caminos en Túnez, en Libia, en Argelia, en Mozambique; vamos a
abrirlos en Mauritania, adicionales a los actuales existentes, y
creemos que en Senegal tendremos posibilidades adicionales. En
definitiva, buscamos la puesta en marcha del mayor número de
unidades.
En el caladero nacional también vamos a actuar, ubicando unidades en
el mismo y espero que esa oferta que me hace para colaborar en este
plan se materialice en un aspecto muy concreto, en la lucha contra la
pesca ilegal en el caladero andaluz, porque el día que se acabe con
la pesca ilegal podremos ubicar unidades de Marruecos sin ningún
problema. Esa es la colaboración que me gustaría tener y no la
colaboración de palabra. Porque en cuanto a colaboración a nivel
institucional, pregunte usted a los líderes de su partido acerca del
diálogo que existe entre su partido y el mío a los niveles más altos.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DEL ACEITE
DE OLIVA? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000685.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don
Gabino Puche RodríguezAcosta.
El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como usted bien sabe, todos los años, cuando se
inicia la campaña de recolección de la aceituna, se hacen unas
previsiones que vienen sirviendo de base a diversos colectivos para
hacer una valoración de esa campaña: cómo van a fluctuar los precios,
cómo va a evolucionar el mercado, si va a haber tensiones
inflacionistas en el precio, en definitiva, si se va a poder
comercializar toda la campaña. Eso ocurre también al final de la
misma, lo que pasa es que entonces los datos ya son conocidos, como
usted bien sabe: las cifras de producción, el enlace de cosecha y
también cuáles han sido las producciones de los países de la cuenca
mediterránea. Por esa razón, señor ministro, dado que ahora son más
conocidos esos datos, me gustaría preguntarle qué valoración hace el
Gobierno sobre la evolución del mercado de aceite de oliva.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puche.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno hace de esta campaña una valoración muy positiva, tanto
para los agricultores como para el mercado. Siempre hubo agoreros que
anunciaban cifras excesivas de producción que distorsionarían el
mercado, hundirían los precios, felicitándose por resultados muy
negativos. Sin embargo, según los últimos datos que tenemos en este
momento, la campaña ha tenido una producción de 950.000 toneladas de
aceite de oliva virgen. Es un nivel alto de producción, uno de los
mayores obtenidos en las tres últimas campañas, pero no va a tener
ninguna dificultad para ser comercializado ni va a producir tensiones
en el mercado. Partimos de un stock de enlace en diciembre de 200.000
toneladas, pero el aceite comercializado a 31 de marzo de 2001, es
decir a cinco meses del inicio de la campaña, asciende ya a 407.000
toneladas, un 30 por ciento más que en el mismo periodo de la campaña
anterior y un 13 por ciento más que la media de las últimas campañas.
Por eso, el estado de cierre previsible será un stock inferior a las
180.000 toneladas. Y las previsiones de producción en países de la
cuenca mediterránea giran, en Italia, en torno a 450.000 toneladas,
frente a 650.000 de la campaña anterior, y en Grecia a 410.000
toneladas frente a 398.000, lo cual supone que vamos a tener
posibilidades de exportación adicionales. No debe existir ninguna
dificultad para comercializar la totalidad de la cosecha si se
mantienen los actuales precios al consumidor.
En cuanto a los precios en origen, que han sido influenciados desde
el principio de la campaña por rumores intencionados de alta cosecha,
situándose para las dos categorías de aceite, virgen extra y virgen,
por debajo del precio desencadenante del almacenamiento
en privado, han iniciado ya una tendencia al alza. El almacenamiento
privado ha funcionado porque se han realizado cuatro licitaciones,
con unas 38.000 toneladas. En definitiva, estamos en una cosecha
superior a la media, que va a suponer elevados ingresos a los
agricultores, tanto por la venta del producto como por los 167.000
millones de pesetas que tienen garantizados en concepto de ayuda a la
producción tras la reforma de 1998. Esperamos que en el mercado
interior se utilicen 540.000 toneladas, y en el mercado exterior
430.000. Por lo tanto, el consumo de la campaña se debe evaluar en
torno a las 970.000 toneladas, frente a una producción de 950.000.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER IGNACIO GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000686.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don
Javier Ignacio García Gómez.
El señor GARCÍA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, durante estos últimos años hemos estado debatiendo
acerca de todos los aspectos que rodean al sector del olivar y al
aceite de oliva: los precios, la producción, la subvención y el
consumo, habiendo sido muchos los escollos que se han ido salvando
a lo largo de los mismos, sobre todo desde que tiene responsabilidad el
Gobierno del Partido Popular. Pues bien, el aceite de oliva es un
producto necesario y de alto consumo actualmente en España, como muy
bien acaba de manifestar usted en su respuesta a la pregunta anterior
que le han formulado, y hay que ofrecerlo al consumidor con una alta
calidad, pero con calidad no sólo desde el punto de vista del
consumo, sino que también hay que tener en cuenta el cultivo y su
proceso de transformación. Es necesario que las administraciones
públicas, en este caso el Gobierno de la nación, a través y en
coordinación con las comunidades autónomas, presten al sector del
aceite de oliva ayudas para que la calidad del mismo sea cada vez
mejor y más competitiva. Por eso quiero formularle la siguiente
pregunta: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para la
mejora de la calidad del aceite de oliva?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor García.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Muchas gracias, señora presidenta.
El Ministerio de Agricultura, de acuerdo con las propuestas de las
comunidades autónomas y en coordinación con el sector, ha aprobado,
mediante la Orden de 26 de abril de este año, el programa de mejora
de la calidad de la producción de aceite de oliva para la campaña
2001/2002, que se va a extender hasta el 30 de abril del año 2002.
Cuenta con un presupuesto de 2.500 millones de pesetas y el objetivo
es mejorar la calidad de la producción del aceite de oliva y su
impacto en el medio ambiente. Se agrupa en siete subprogramas. El
subprograma 1 prevé acciones que incluyen mecanismos de control,
alerta y valoración de la mosca del olivo y otros organismos nocivos,
actuaciones en zonas ecológicamente sensibles y acciones piloto para
racionalizar los tratamientos integrados en el olivar, con un
presupuesto de más de 1.200 millones de pesetas. El subprograma 2
engloba estudios sobre variedades de olivo, aceitunas y aceites,
zonificación de olivares, técnicas de cultivo, de manipulación y
transformación de aceitunas y de calidad de aceites producidos en
zonas agroecológicas, y actuaciones en zonas piloto de producción
integrada, con una cantidad de más de 221 millones de pesetas. El
subprograma 3 desarrollará un plan de asistencia técnica a las
almazaras para mejorar sus instalaciones y sus procesos industriales
e implantar sistemas de calidad industrial y medioambiental y
sistemas de análisis de riesgos y control de puntos críticos. La
cuarta línea de actuación está orientada a diagnosticar el volumen y
composición de los residuos de trituración producidos en las
almazaras. Los cursos de formación previstos en la quinta línea
desarrollarán programas de demostración y de transferencia de
tecnología y difundirán información sobre buenas prácticas agrarias
en el olivar. La sexta línea de actuación pondrá a disposición de la
unión de productores, cooperativas y envasadores laboratorios de
análisis y métodos analíticos rápidos para determinar la calidad y
cualidades de los aceites y para su clasificación. Y disponemos de
una séptima línea de actuación, con un presupuesto de 338 millones de
pesetas, para desarrollar líneas de investigación en relación con la
mejora de los cultivos, su transformación y su calificación, y del
medio ambiente.
Finalmente, querría señalar que el Ministerio de Agricultura ha
concedido el pasado 10 de mayo los premios a los mejores aceites de
oliva extra españoles de la cosecha 2000/2001, cuarta edición,
premios que tienen el doble objetivo de estimular a los productores a
obtener aceite de calidad y de promocionar el consumo del aceite de
oliva virgen.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
PRINCIPALES NOVEDADES DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO DEL REINO DE
ESPAÑA PARA EL AÑO 2001? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000684.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales. La número 22, que formula el diputado don José
Eugenio Azpiroz Villar.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, estamos ante el cuarto Plan de acción para el empleo
del Reino de España. El primero se aprobó en el año 1998 y el 27 de
abril de este año el Consejo de Ministros ha aprobado el
correspondiente al ejercicio 2001. Los tres primeros planes
supusieron un desembolso de fondos destinados a sus acciones de más
de 4 billones y medio de pesetas, siendo comúnmente conocidos los
éxitos que, en términos de empleo, hasta la fecha se han venido
generando al respecto gracias a las medidas contenidas en planes que
han sido considerados de forma exitosa por la Unión Europea, incluso
en algún momento como los más propicios para la creación de empleo
dentro de los países de la Unión Europea.
Se han abordado acciones muy concretas para colectivos desfavorecidos
en su empleabilidad, muy singularmente respecto al problema de la
inserción de la mujer en el mercado laboral. También se han abordado
muy sustancialmente las cuestiones relativas a la formación como
elemento de integración y capacitación activa dentro del trabajo y
del mercado laboral. Hemos visto cómo ha habido un gran aumento del
número de empleos a los cuales no me voy a referir. Tenemos hoy datos
de la encuesta de población activa, sobre los que algunos se han
apresurado a hacer valoraciones de urgencia, según mi criterio, y no
siempre con la perspectiva que estas cuestiones requieren. Todo ello
nos parece que hace más que oportuno que al día de hoy nos planteemos
cuáles son las novedades que incorpora el Plan de acción para el
empleo del Reino de España, qué nuevas medidas contiene, qué dotación
tiene y cuáles son las perspectivas y objetivos que en este caminar
para la creación de empleo tiene el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, como muy bien señalaba, este plan para elaño 2001 es el
cuarto que presenta España, siguiendo
la llamada estrategia de Luxemburgo. Debo decir que todos los planes
anteriores han tenido una notable calificación por parte de las
autoridades comunitarias y, lo que es mejor, unos resultados
objetivos que yo califico de altamente positivos, como es que hoy
podamos hablar de 1,7 millones de nuevos ocupados, un millón menos de
parados, que se haya reducido la tasa de paro en 6,7 puntos y que el
empleo haya crecido en un 7,2 por cierto, valores todos ellos
positivamente superiores a las medias europeas. Por eso, España
seguirá profundizando en la línea de los planes anteriores, siguiendo
los cuatro grandes pilares que establece la estrategia de Luxemburgo:
empleabilidad, adaptabilidad de trabajadores y de empresas, espíritu
de empresa e igualdad de oportunidades, a la vez que se introducen
importantes novedades.
Cabe destacar que el nuevo plan también ha sido realizado contando
con la participación de comunidades autónomas y agentes sociales y
que se verá complementado por el primer plan de inclusión social, que
se presentará el próximo mes de junio. Destaca además el papel
creciente de las comunidades autónomas en la aplicación del mismo.
Las novedades principales son la incorporación de la reforma laboral
para el fomento de la contratación indefinida y el fomento del
trabajo a tiempo parcial, medidas dirigidas a la prolongación
voluntaria de la vida activa, recogido en el acuerdo de protección
social suscrito entre el Gobierno, Comisiones Obreras y la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la puesta en
marcha de los acuerdos que se derivan del tercer acuerdo nacional de
formación continua y el establecimiento de una estrategia nacional de
formación a lo largo de toda la vida, siguiendo las orientaciones de
la cumbre de Lisboa. Se propone en el plan un nuevo modelo de
creación de empresas y acuerdos con las empresas del sector de nuevas
tecnologías para contratar y formar a más de 14.000 profesionales en
técnicas de la sociedad de la información. Se modifica, por
ampliación en este caso, el programa de renta activa de inserción, se
integra parte de las actuaciones del plan Info 21 para desarrollar la
formación en la sociedad de la información, se profundiza en la
modernización de los servicios públicos de empleo, dotándoles de más
y mejores infraestructuras para configurar esa red nacional. Y en el
plano financiero, pese a esa importante reducción, que antes le
señalaba, del paro, moviliza recursos que ascienden a 2,1 billones de
pesetas, esto es, 185.000 millones más que el año anterior, elevando
el total acumulado a 6,8 billones de pesetas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ÁNGEL BUSTILLO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES VIENE REALIZANDO EL GOBIERNO PARA QUE ESPAÑA SIGA
OCUPANDO EL PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL EN DONACIONES DE ÓRGANOS?
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000690.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Sanidad y Consumo. La número 28, que formula el diputado don Juan
Ángel Bustillo Gutiérrez.
El señor BUSTILLO GUTIÉRREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es conocida en todo el mundo la generosidad, la seriedad y
la solidaridad con que los españoles hacen frente a un tema tan
delicado como es el de los trasplantes. El número de donaciones en
España, según es público y notario, se sitúa en primer lugar a nivel
mundial. Y me refiero, como SS.SS. saben, a las donaciones
voluntarias, pues es también conocido que nuestras leyes aseguran
tanto el altruismo de las donaciones como el propio derecho al
trasplante, que en cualquier caso se realiza de forma gratuita bajo
las garantías que ofrece nuestro Sistema Nacional de Salud.
Estamos por ello legítimamente orgullosos del ejemplar altruismo de
los españoles en este asunto, que requiere no sólo nuestra atención,
sino también nuestro mayor esfuerzo para continuar a la cabeza de las
donaciones y, sobre todo, para asegurar que la actividad
trasplantadora puede, como así nos dicen hoy las estadísticas, ser
superior en muchos órganos a la media europea. Estamos convencidos,
señorías, de que este panorama de liderazgo mundial en donaciones es
fruto de una adecuada política que hasta hoy ha dependido y depende
casi con exclusividad del Ministerio de Sanidad y Consumo y, en su
virtud, del órgano competente dependiente del Consejo
interterritorial de Salud. Sin embargo, el Grupo Parlamentario
Popular es consciente de que en un plazo de tiempo inminente las
competencias sanitarias van a ser legítimamente transferidas a las
comunidades autónomas que aún no han podido asumir estas
responsabilidades. Todo ello, junto con la aparición en diversos
círculos de informaciones que, a juicio de este diputado, son
confusas o cuando menos poco tranquilizadoras sobre los transplantes
en España, nos obliga a trasladar a la señora ministra la siguiente
pregunta: ¿Qué actuaciones viene realizando el Gobierno para que
España siga ocupando el primer lugar a nivel mundial en donaciones de
órganos?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bustillo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señorías, en la década de los noventa más de 100.000 españoles han
podido sobrevivir gracias al
funcionamiento de los trasplantes en España. En primer lugar, quiero
decir que la estructura de trabajo del sistema español está
organizada en tres niveles diferentes: el nacional, el regional o
autonómico y el hospitalario. En el ámbito hospitalario, hay 139
equipos de coordinación que están autorizados para llevar a cabo
programas de donación, compuestos por 233 profesionales médicos y de
enfermería. En este sentido, debo decir que la estructura de la
Organización Nacional de Trasplantes en España es absolutamente
modélica. Está estructurada en una absoluta coordinación con las
comunidades autónomas y con los diferentes hospitales que hacen
trasplantes de órganos en nuestro país. Por tanto, al margen de las
transferencias, está absolutamente garantizada la Organización
Nacional de Transplantes, como una estructura independiente, que en
el seno del Consejo interterritorial funciona de forma ejemplar y
seguirá funcionando de esa forma.
Efectivamente, España es un modelo a seguir por otros muchos países
no solamente de la Unión Europea, sino de más allá, incluidos los
Estados Unidos. El problema que podemos empezar a tener es que los
españoles dejen en un momento determinado de donar órganos para un
trasplante. En España, en estos momentos, para la realización de un
trasplante cardiaco los españoles esperan dos meses, que es la cuarta
parte de lo que tiene que esperar cualquier otro europeo, y esto es
posible por la generosidad de los españoles. Por tanto, es nuestra
obligación mantener viva la llama de esa solidaridad y de esa entrega
de los españoles donando sus órganos a otros que lo necesitan. En ese
sentido, el Ministerio y la Organización Nacional de Trasplantes
están trabajando en coordinación con las comunidades autónomas. Se ha
aprobado hace unos días, y así ha sido presentada, la cartera de
servicios; estamos trabajando en garantizar una calidad mayor porque
cada vez más los españoles transplantados consiguen sobrevivir muchos
más años. La media de supervivencia es el doble de la de cualquier
otro país de la Unión Europea y estamos trabajando en la garantía de
calidad de esas prestaciones en todo el Sistema Nacional de Salud. Se
está preparando el sistema nacional de acreditación de unidades de
donación y trasplantes para garantizar al que dona y al que recibe la
mayor calidad posible.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CRITERIOS DE POLÍTICA
GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS Y OTROS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS EN LOS HOSPITALES DEL INSALUD. (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 172/000091.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
criterios de política general aplicados por el Gobierno para la
adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y sanitarios
en los hospitales del Insalud.
Recuerdo a SS.SS. que seguimos con el nuevo sistema de celebración de
las interpelaciones. El diputado interpelante tiene un tiempo
estricto de 12 minutos, el mismo tiempo el señor ministro, en este
caso la señora ministra, y las réplicas también son de 5 minutos
estrictos, sin fijación de posiciones.
Para la presentación de la interpelación, tiene la palabra la señora
Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Señorías, señora ministra, el Grupo Socialista presenta esta
interpelación urgente y de nuevo trae a debate ante esta Cámara una
cuestión de vital importancia para el Sistema Nacional de Salud como
es la política farmacéutica del Gobierno y su aplicación en el
territorio Insalud. Desde nuestro punto de vista, las actuaciones
públicas han de estar orientadas a lograr un uso más racional del
medicamento y una gestión más eficiente de los recursos sanitarios
públicos. Lamentablemente, señora ministra, me da la sensación de que
entre sus prioridades políticas no está ninguno de estos dos
objetivos.
El informe del Tribunal de Cuentas referido al año 1998 analiza la
contratación del Insalud como entidad gestora de la Seguridad Social,
por ser una entidad de derecho público y estar plenamente sujeta a la
Ley de contratos de las administraciones públicas en materia de
contratación. Señorías, de la lectura del informe se desprende una
serie de irregularidades en la gestión del gasto farmacéutico
hospitalario, así como en los distintos procedimientos de
contratación utilizados por el Insalud. Por ejemplo, en el año 1998,
el Insalud fue la entidad que mayor volumen de gasto ha tenido en
obras y, sin embargo, al igual que ocurrió en el año 1997, en ningún
momento utilizó la subasta como forma normal de adjudicación, según
dispone el artículo 76 de la Ley de contratos de administraciones
públicas. El Insalud también fue la entidad que modificó contratos de
obras por mayor importe, lo que altera los costes, desvirtúa las
bajas, produce retrasos en los plazos de terminación inicialmente
previstos y, en definitiva, perjudica el interés social.
Existen contratos no remitidos al Tribunal de Cuentas, a pesar de
haberlos reiterado, aunque tampoco me extraña nada esta actitud del
Ministerio de Sanidad, ya que el Grupo Socialista solicita
reiteradamente información, por ejemplo, sobre listas de espera y
tampoco la recibimos mensualmente, tal como la solicitamos.
Son contratos del Insalud, señora ministra, que tienen notables
diferencias en cuanto a sus contenidos, lo que hace imposible un
análisis sobre la eficiencia y el
control del gasto, aunque el propio Insalud quisiera hacerlo.
Contratos de mantenimiento realizados totalmente al margen de la
legislación administrativa. En resumen, son actuaciones que en muchos
casos vulneran los principios de publicidad y concurrencia en la
contratación administrativa, los de economía y eficiencia del gasto
público y, en todo caso, el principio de legalidad.
El informe dedica un apartado específico a analizar las adquisiciones
de productos médicos y farmacéuticos en el Insalud, que evidencian un
cierto despilfarro y descontrol en la gestión de una partida tan
importante que supone aproximadamente el 20 por ciento del gasto
farmacéutico público. Estamos hablando, señorías, de una partida
presupuestaria cuyo gasto se incrementó en 1998, con respecto al año
anterior, en un 18,20 por ciento, y en el año 1997 en un 22,7 por
ciento. La mayor parte de las adquisiciones de medicamentos en los
hospitales del Insalud, según el informe del Tribunal de Cuentas,
están al margen de los procedimientos de contratación previstos en la
Ley de contratos de las administraciones públicas.
Los hospitales recurrieron a procedimientos que en modo alguno se
ajustan a la legalidad que rige este tipo de contratos. Se utilizaron
contratos menores, aquellos contratos de suministros de cuantía
inferior a dos millones de pesetas, de manera fraudulenta y se
fraccionó el objeto del contrato para eludir los requisitos
procedimentales comunes a la contratación, contraviniendo la
prohibición expresa contenida en el artículo 69.2 de la Ley de
contratos de administraciones públicas.
Las adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos sin
sujeción a los procedimientos legales han sido, según el informe del
Tribunal de Cuentas, una práctica generalizada en los hospitales del
Insalud que han sido analizados, eludiendo los requisitos de
publicidad y concurrencia. Por poner un ejemplo, un mismo
medicamento, con un mismo principio activo y que se presentaba con un
mismo formato tiene una diferencia de precio de una marca a otra de
más del 73 por ciento. Otro ejemplo, el de las diferencias
sustanciales de precios pagados por un mismo producto, de una misma
marca comercial en este caso, por distintos hospitales del Insalud.
El hospital de La Paz de Madrid, con un volumen de compra superior al
del resto de los hospitales del Insalud analizados, ha pagado los
precios más caros de los fármacos objeto del análisis del Tribunal de
Cuentas; en algunos casos, hasta un 104 por ciento más caro que otro
hospital del Insalud analizado.
Señora ministra, yo no creo que sea admisible que los centros del
Insalud paguen por un producto médico o farmacéutico un precio
superior al que se encuentra en el mercado. Tampoco es admisible que
diferentes hospitales del Insalud paguen precios distintos, con gran
diferencia, por un mismo medicamento, tal como se evidencia en el
informe del Tribunal de Cuentas.
Señora ministra, el día 25 de enero de este mismo año, el Grupo
Socialista, conociendo el informe del Tribunal de Cuentas, formuló
una pregunta al Gobierno
sobre qué medidas se pensaban adoptar para adecuar el gasto
farmacéutico hospitalario a la gestión eficiente de los recursos. La
respuesta del Ministerio de Sanidad, señora ministra, era que las
actuaciones a emprender se relacionan con la implantación de una
política adecuada de adquisiciones, el establecimiento de protocolos
de utilización de medicamentos y el impulso del eficaz funcionamiento
de las comisiones de farmacia y terapéutica.
Ya que estamos hablando de un informe del Tribunal de Cuentas del año
1998, me gustaría saber si el Ministerio de Sanidad o el propio
Insalud no sabían que se estaba produciendo este descontrol, puesto
de manifiesto por el informe del Tribunal de Cuentas, en cuanto a las
adquisiciones de fármacos, productos farmacéuticos o productos
sanitarios. Me gustaría saber qué se ha hecho desde entonces para
corregir todas estas irregularidades que denuncia el Tribunal de
Cuentas como auditor externo. Si no se ha hecho nada, me gustaría
saber -y ése es el objeto de esta interpelación- qué se va a hacer de
ahora en adelante. ¿Se va a seguir permitiendo este descontrol, el
incumplimiento de la ley, los sobrecostes y el descontrol en la
gestión de los hospitales de los que usted es responsable directa?
Señora ministra, ¿va a asumir usted la responsabilidad del Gobierno
del Partido Popular por esa nefasta gestión en los hospitales del
Insalud o, por el contrario, va a volver la cabeza hacia otro sitio
echando la culpa a los médicos, a los profesionales sanitarios o,
mejor todavía, a los gobiernos socialistas anteriores, como viene
usted haciendo habitualmente cuando no sabe cómo afrontar un
problema? ¿No le produce rubor plantear de vez en cuando el copago de
los pensionistas cuando van a comprar medicamentos que consumen
porque los necesitan y su médico se los receta, sobre todo cuando se
están produciendo situaciones de descontrol económico en las
adquisiciones de la farmacia hospitalaria de los hospitales del
Insalud? Señora ministra, usted anuncia este tipo de recortes de
prestación farmacéutica, que luego desmiente permanentemente, y se ha
producido un incremento espectacular de las listas de espera durante
los primeros ocho meses de su mandato. ¿Se da cuenta de que estos
problemas se podrían solucionar en gran parte si se actúa con más
rigor, con más trasparencia en el manejo de los fondos públicos y con
sujeción a la legalidad?
Señora ministra -y con esto termino-, me gustaría conocer cuáles son
los criterios de política general que el Gobierno del Partido
Popular, el Ministerio de Sanidad, ha puesto o va a poner en marcha
para evitar este tipo de situaciones de despilfarro en la adquisición
de medicamentos, productos farmacéuticos o sanitarios en los
hospitales del Insalud.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Valentín.
Señora ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidente.
Señora Valentín, creo que sería bueno analizar esta cuestión desde un
punto de vista más sereno, más constructivo, desde el momento en que
creo que entre todos deberíamos resolver algo que efectivamente es un
problema y que creo que entre todos intentamos resolverlo, cada cual,
en cada momento, desde la responsabilidad que los ciudadanos han
decidido colocarnos. Creo entender que su partido, cuando estaba en
el Gobierno, pretendía resolverlo y en este momento es el Partido
Popular, soy yo, nombrada por el presidente del Gobierno, la
responsable de intentar resolver esta cuestión.
Los problemas que ponen de manifiesto los análisis del Tribunal de
Cuentas sobre el Insalud no son nuevos. A usted no le gusta hablar de
la historia, pero es que lo que hoy tenemos es consecuencia de
nuestra propia historia, es algo que no podemos evitar, y lo que me
preocupa es su constante interés, y el de su grupo, en pretender que
esos 13 años de Gobierno socialista no han existido. Yo no lo
entiendo muy bien. Cada vez que se hace referencia a algo que tiene
que ver con lo que estamos hablando, inmediatamente ustedes dicen que
no hablemos del pasado. El pasado está ahí para lo bueno y para lo
malo. Los españoles decidieron mantener a su partido en el Gobierno
durante equis años y después decidieron que pasara a la oposición.
Eso es así de simple y de claro. Por lo tanto, los problemas que
pueda tener el Insalud hoy son consecuencia, en gran parte, de
problemas heredados, pero lo digo sin ningún tipo de acritud, lo digo
sin acusarla a usted de nada, porque es un problema consustancial con
el sistema. Y digo esto porque aquí tengo el informe del Tribunal de
Cuentas del año 1995, cuando, si no me equivoco, una compañera suya
era ministra de Sanidad y Consumo. Pues bien, en ese informe se ponen
de manifiesto muchas irregularidades de esas que a usted incluso le
escandalizan y dice que a dónde vamos a llegar. Por ejemplo (aquí lo
tengo todo subrayado, señora diputada), el informe señala que el 80
por ciento de los contratos no habían sido elaborados de acuerdo con
la Ley de contratos del Estado; que en 27 contratos se ha puesto de
manifiesto la existencia de retrasos en los plazos; que los contratos
reformados (ya que usted ha aludido a un tema que no tenía nada que
ver con la farmacia, como son las inversiones en obras) no han sido
fiscalizados; que los contratos de proyecto de obras se han hecho a
dedo y no han sido fiscalizados; que los contratos de asistencia
también han sido directos y no han sido fiscalizados; que en los
contratos de los hospitales se han encontrado irregularidades, que
han ido a los contratos directos y no a los contratos por subasta, y
podríamos seguir.
La pregunta es: ¿Esto responde a que los gerentes de los hospitales
se han hecho de oro gracias a estos contratos directos? Usted misma
dice que no con la cabeza y yo lo comparto. Por supuesto que no, ni
en el año 1995 ni en el año 1998, señora diputada. Eso quiere
decir que se han producido malas prácticas por parte de los gerentes
de los hospitales del Insalud y (me da la sensación, casi tengo la
convicción) en el resto de los diferentes servicios de salud ya
transferidos, por la rigidez de la Ley de contratos del Estado, por
la dificultad que conlleva el número de medicamentos que existen (hay
más de 6.000 medicamentos diferentes), por la dificultad que
conllevan algunos medicamentos que necesariamente hay que comprarlos
a un solo proveedor porque son exclusivos de esa empresa y, por lo
tanto, es imposible ir a un concurso o a una subasta, puesto que
solamente puede concurrir uno. Hay diferentes modalidades que se han
ido produciendo a lo largo de los años en los hospitales a la hora de
contratar medicamentos. ¿Esto quiere decir que el Gobierno
socialista, su compañera o sus compañeros anteriores, no intentó
resolverlo? Estoy convencida de que sí lo intentaron, exactamente
igual que estamos haciendo nosotros en estos momentos.
Habla usted de medidas de política general, y le quiero decir que, en
el contrato de gestión para el año 2001, el Ministerio ha introducido
ya criterios importantes para obligar a los hospitales a utilizar el
sistema de concurso subasta que menciona la Ley de contratos del
Estado. De esta forma intentamos que los suministros, no solamente
farmacéuticos, sean eficientes en el gasto y, sobre todo, que la
gestión de las contrataciones sea transparente. Se ha elaborado ya la
guía de farmacoterapia del área; se ha llevado a cabo una mayor
implantación de sistemas unidosis de dispensación o mejora en la
implantación de las primeras recetas en consultas externas; se han
establecido objetivos de calidad, tanto de carácter científico-
técnico como de gestión clínica, y de la calidad percibida por los
pacientes al facilitar recetas con el alta médica. Como tercera línea
de mejora, se desarrolla la monitorización de una serie de estudios e
indicadores específicos. A través de estas reformas que se han
introducido en los contratos de gestión para el año 2001 en los
hospitales del Insalud, estamos convencidos de que iremos
consiguiendo que estos contratos sean transparentes para la gestión y
que, al mismo tiempo, signifiquen un ahorro.
En su interpelación, usted también hablaba de ahorros y de gastos y,
aunque le ha dedicado poco tiempo, del incremento de gastos en
productos farmacéuticos hospitalarios en atención especializada.
Quiero decirle, señora diputada, que es cierto que el crecimiento en
la adquisición de productos farmacéuticos existe, pero ha sido
razonable. De hecho, el incremento de la tasa acumulada desde 1994
hasta el año 2000 ha sido del 5,9, en el territorio Insalud. Sin
embargo, donde se ha producido un mayor incremento en el gasto ha
sido en los productos farmacéuticos de dispensación ambulatoria, pues
ha habido un incremento por encima del 15 por ciento. ¿Por qué se ha
producido esta diferencia tan profunda, cuando la media del gasto
farmacéutico en atención especializada está en el 12 por ciento?
Quiero recordar que, hasta el año 1999, el incremento del gasto
farmacéutico en asistencia primaria era del
12,7. En este momento, año 2001, está creciendo al 5 por ciento, como
usted bien sabe. La media de incremento en productos farmacéuticos en
atención especializada, es decir hospitalaria, es del 12 por ciento
todavía. ¿Pero por qué crece de forma tan importante en atención
ambulatoria? Usted lo sabe como yo, pero es necesario hacer un
recordatorio. Por ejemplo, el crecimiento en el número de
tratamientos de pacientes con sida. Como usted sabe, los medicamentos
para el sida son ambulatorios en asistencia especializada. En el año
1997, el número de pacientes tratados con sida era 10.426. El
incremento en el año 1998 sobre 1997 ha sido de 2.819 pacientes, un
27 por ciento. Y el incremento en el año 1999 ha sido de 1.450, un
10,95 por ciento, de pacientes tratados con antirretrovirales en
asistencia especializada, en los hospitales, asistencia ambulatoria.
Al mismo tiempo, la complejidad del tratamiento del sida, que antes
se trataba sólo con un fármaco, hace que ahora se suministren a cada
uno de los pacientes cuatro fármacos diferentes combinados, con un
coste medio superior al millón de pesetas. Ha aumentado también la
complejidad del número de medicamentos farmacéuticos que se expenden
en la asistencia hospitalaria ambulatoria, en lo que se refiere
a tratamientos oncológicos, de hepatitis y enfermedad de Gaucher, que
son tratamientos que se dan en los hospitales con recetas, pero no en
las oficinas de farmacia, como usted sabe, porque requieren un
necesario control médico y esta es la mejor forma de hacerlo.
Habla usted del hospital de La Paz y vuelve a llamar escándalo a lo
que está pasando. Le quiero aclarar, señora diputada, que, en el
hospital de La Paz, los fármacos a los que usted se refiere se están
pagando al mismo precio que en el resto de los hospitales. Y tengo
las facturas. Por ejemplo, usted habla del Mopral. El Mopral se está
adquiriendo por el hospital de La Paz con un descuento del 50 por
ciento, que le sitúa exactamente en el mismo precio del resto de los
hospitales. Pero es que el Omeoprazol, al que usted también se
refiere, también tiene un descuento de más del 50 por ciento. El
precio de adquisición del Omeoprazol cuarto, 40 gramos, en el
hospital de La Paz, en el año 1998, sin IVA y sin descuento, era de
639 pesetas. Aquí está la fotocopia, que le he mostrado antes, del
laboratorio que lo suministra a La Paz. La rebaja que hacían a La Paz
en el Omeoprazol, en 1995, era del 70 por ciento y, en 1998, del
87,75 por ciento. ¿En qué se equivoca el gerente del hospital de La
Paz? En ir a la negociación directa con el laboratorio. El precio
final que se paga por el producto es exactamente el mismo en todos
los hospitales del Insalud ¿En qué se equivocan, insisto, estos
hospitales, que han sido analizados por el Tribunal de Cuentas? En
que van a la contratación directa, a la negociación directa. Pero no
hay ocultación, no hay enriquecimiento de nadie ni hay despilfarro
del dinero público en el Insalud, en ningún momento y en ningún caso.
Lo que estamos haciendo en este momento, señora diputada, es tomar
estas medidas
con el nuevo contrato del año 2001 y al mismo tiempo...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Termino,
señor presidente. Y al mismo tiempo negociando con la industria
farmacéutica, para conseguir un precio adecuado para todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
Señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo no digo nada. No he hecho mención ni una sola vez
a la marca de medicamentos que usted ha mencionado. Lo dice el
Tribunal de Cuentas en su informe de 1998.
Yo no he dicho que el hospital de La Paz sea el hospital que más
caros paga los medicamentos, determinados fármacos analizados por el
informe. Lo dice el Tribunal de Cuentas en el informe de 1998. No sé
si este informe le merece a usted la pena o quizá considere que
también tendrían que saltarse este tipo de controles para poder hacer
y deshacer a su antojo, señora ministra.
Sinceramente, es una pena, después de escucharla, señora ministra,
porque me da la sensación de que usted no ha asumido el papel de
ministra de Sanidad con responsabilidad de Gobierno en este país y
que todavía está usted hablando desde la oposición. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Si no
sabe gestionar y no sabe resolver problemas, que es la principal
función de un ministro del Gobierno de España, no me extraña que se
tenga que dedicar a hacer oposición de la oposición. Estoy muy
orgullosa, señora Villalobos, de la gestión realizada por el Gobierno
socialista durante 13 años, en este país, en materia sanitaria, cosa
que a ustedes quizá no les gustara tanto en su momento, incluso
cuando se trajo a esta Cámara y se debatió uno de los pilares
fundamentales del Sistema Nacional de Salud, como es la Ley general
de Sanidad del año 1986, presentada en esta Cámara por el ministro
socialista Ernest Lluch. No tengo que recordarles el voto del Grupo
Popular en aquel momento respecto a esta ley. Estoy orgullosa de
haber universalizado la asistencia sanitaria y de que más de siete
millones de personas que no tenían derecho a una asistencia sanitaria
gratuita quedaran incluidas en el sistema sanitario público, gracias
a la actuación de gobiernos socialistas.
No he hablado yo, señora ministra, de que nadie se enriquezca con
esta mala gestión de la farmacia hospitalaria y de las adquisiciones
en hospitales. Ha sido usted. Lo único que le digo es que no puede
hacer oídossordos al informe del Tribunal de Cuentas y actuar
como si aquí no hubiera ocurrido nada. Existe desorden en el gasto
público, opacidad impuesta a cualquier asunto sanitario desde que
ocupa usted el Ministerio y actuaciones al margen de los
procedimientos legalmente establecidos. Ni es derrotismo, ni es ánimo
de crear alarma social. Todos sabemos que tenemos uno de los mejores
sistemas sanitarios, somos conscientes de que el capital humano, los
profesionales sanitarios y no sanitarios, son el eje y los cimientos
del sistema y el Grupo Socialista no parte de la hipótesis de que los
directores de los hospitales sean los culpables o se hayan
enriquecido lo más mínimo con estas actuaciones. Usted y su Gobierno
son los únicos responsables de que se haya producido esta gestión
nefasta en los hospitales públicos, con falta de transparencia, de
rigor, de publicidad y de concurrencia. Ponga en orden la casa, su
casa, lo primero, el Insalud y, después, podremos hablar de algún
otro tipo de medidas que sería necesario introducir.
Y desde este momento anuncio que el Grupo Socialista presentará una
moción la semana que viene, por si le interesa escuchar lo que el
Grupo Socialista tiene que decir y tiene que proponer con respecto a
la mejor gestión y más eficiente de los recursos sanitarios públicos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Valentín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Me encantaría escucharle algo más que una crítica permanente, señora
Valentín. Usted mide la capacidad que tiene de controlar al Gobierno
en función de las ofensas que puede hacer en cada momento. Es su
método, allá usted. Seguro que disfrutará. A mí me parece triste. El
Partido Socialista tiene cosas mucho más importantes que hacer y que
decir sobre la sanidad que lo que acaba de hacer usted en la tarde de
hoy. Me desconcierta porque dice que yo no lo reconozco. Le he dicho
claramente que es un problema que llevamos arrastrando en los
hospitales españoles desde hace mucho tiempo y que todos los
ministros de Sanidad que ha habido a lo largo del tiempo han
intentado introducir mejoras para resolverlo. Como se trae las cosas
escritas, tiene que decir lo que usted piensa que le voy a contar. Lo
siento. Aprenda un poco más de parlamentarismo.
Señora Valentín, me alegra oírle decir que no ha habido lucro por
parte de ningún gerente. De su primera intervención se podría
entender que sí. (La señora Valentín Navarro: Eso lo ha dicho usted.)
Parece que no respeta absolutamente nada la autonomía de los
hospitales. No sé qué le dirán sus compañeros que gobiernan en alguna
comunidad autónoma y que creen profundamente en la autonomía de los
hospitales.
Y quiero aclararle, señora Valentín, que no es mi casa. Mi casa es
otra cosa. Los hospitales del Insalud son la casa de los españoles,
no la mía. Yo tengo la obligación de hacer que funcione y que
funcione bien para el conjunto de los españoles, pero no es mi casa.
Usted tiene un sentido patrimonialista y yo, no. (La señora Valentín
Navarro: Sí, sí.) Yo, no. Y, por supuesto, no ha sido usted ni su
partido quienes han inventado el Sistema Nacional de Salud. Usted
habrá intentado perfeccionarlo y nosotros estamos en la obligación, y
lo hemos hecho, de que vaya a más. Y me alegra oírle decir que está
orgullosa del Sistema Nacional de Salud. Hacía mucho tiempo que no
oía a un socialista hablar en esos términos.
El contrato del año 2001 del Insalud con los hospitales plantea
claramente fórmulas de gestión que sean transparentes y estamos
negociando con Farmaindustria un contrato marco que haga posible esa
transparencia, trasladada a cada uno de los hospitales del Insalud.
Pero me va a permitir que considere a los hospitales, a los gerentes,
a los médicos, a las enfermeras, a los que manejan el hospital, que
los pueda considerar mayores de edad, con capacidad para negociar.
Por lo tanto, iremos introduciendo controles cada vez mayores -ahí
está el Tribunal de Cuentas-, iremos mejorando lo que ha sido un
problema desde hace muchos años, mucho antes del año 1995 y del año
1993, señora Valentín, en lo que se refiere a las contrataciones de
los hospitales. Iremos mejorando entre todos y espero que esa moción
que ustedes van a presentar contenga de verdad ganas reales de echar
una mano. Porque de usted, señora Valentín, hasta ahora, no he visto
nada que signifique eso. En otras compañeras suyas, sí; en usted,
siento decirle que no. Espero que el sentido común de los socialistas
prevalezca y podamos seguir trabajando en la línea que he expuesto en
mi intervención.
Siento mucho que no tenga usted ni una palabra ni a favor ni en
contra de la propuesta concreta que he hecho esta tarde en esta
interpelación. ¿Usted quiere seguir por esa línea de que yo no me
considero ministra? Me considero ministra, claro que sí,
posiblemente, no soberbia. (La señora Valentín Navarro pronuncia
palabras que no se perciben.) Cada uno hace lo que quiere. Me siento
responsable de lo que soy, profundamente responsable, y espero que
usted también se sienta responsable de los votos que democráticamente
representa en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora
ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS QUE VA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA NO RENOVACIÓN
DEL ACUERDO DE PESCA CON EL REINO DE MARRUECOS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE
172/000092.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Interpelación que
formula el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar
el Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no
renovación del acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Bloque Nacionalista
Galego, como no podía ser de otra forma, trae de nuevo a esta Cámara
el debate acerca del futuro de la flota que faenaba en las aguas que
administra Marruecos, acerca también del futuro de las comarcas más
dependientes de esta actividad y, por supuesto, acerca del futuro de
muchos trabajadores del mar y sus familias, afectados por la no
renovación del acuerdo de pesca y con un futuro, hoy, bastante negro.
Sobre esto es sobre lo que queremos que el señor ministro responda,
en nombre del Gobierno, con líneas de actuación concretas y claras y
no, como se viene haciendo hasta ahora, minimizando ante la opinión
pública la importancia del desastre que para esta flota y toda la
actividad que conllevaba a su alrededor supone el fracaso de las
negociaciones con Marruecos o hablando de planes de reubicación que
pertenecen en este momento más al mundo de los sueños que de la
realidad. De este debate que hoy suscita el Bloque Nacionalista
Galego esperamos respuestas para la flota, para los trabajadores y
para las comarcas, sumidas en la desesperanza, tengo que decírselo,
señor ministro, ante la inoperancia mostrada hasta el momento por el
Gobierno.
La no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos supone un fracaso
sin paliativos del Gobierno y también de la Unión Europea. Por
cierto, vuelvo a insistir, una Unión Europea que practica una
política claramente perjudicial para nuestros intereses pesqueros,
una política diseñada con precisión para reducir nuestro peso
pesquero. Y eso no es que lo diga yo o lo diga el Bloque Nacionalista
Galego. Cada vez más analistas pesqueros están convencidos de esta
cuestión. Una política, señor ministro, insolidaria con los más
débiles, con aquellos que más dependemos precisamente de esta
actividad, lo que coincide casualmente con los que menor nivel de
desarrollo tenemos en el marco de la Unión. En ese diseño político se
enmarca la ausencia de voluntad real de la Unión Europea para renovar
este acuerdo. Y la desgracia es que el Gobierno comparte y no
cuestiona el fondo de esa política.
Sabiendo incluso que ustedes tienen tomada la decisión de no hacer
ningún esfuerzo negociador serio para llegar a un acuerdo de pesca
con Marruecos, permítame que le insista en la necesidad de retomar
las negociaciones, posibilidad a la que, por cierto, Marruecos afirmó
no cerrarse. Por tanto, insisto en que cambien de decisión e impulsen
la negociación de un acuerdo,
ya que, sin él, las posibilidades de seguir faenando de buena parte
de la flota fletada son nulas. Y ustedes lo saben. Nosotros lo
afirmamos por activa y por pasiva y hoy lo volvemos a reiterar. En el
marco tan amplio de relaciones de todo tipo que mantienen la Unión
Europea y el Reino de Marruecos cabe un acuerdo pesquero.
En breve, por cierto, se iniciarán las negociaciones en materia
agrícola. Estoy seguro de que cabría vincular ambas negociaciones. Yo
ya sé que no lo harán, pero yo creo, señor ministro, que no lo harán
porque, diga usted lo que diga, no creen de verdad en la pesca y, en
consecuencia, tampoco tienen ninguna política al respecto. Para
ustedes la pesca es un sector marginal, que afecta además a
comunidades autónomas marginales y también marginadas dentro de los
esquemas de las políticas generales del Gobierno. Eso es lo que les
mantiene en la inoperancia, una inoperancia que a veces, incluso,
convierte en patéticas declaraciones como las del señor Aznar acerca
de las repercusiones que la no renovación del acuerdo de pesca iba a
tener en las relaciones con Marruecos. Y no es habitual que esto
suceda, pero varios ministros ya se encargaron de colocar las cosas
en su justo sitio: ese escenario no iba a tener lugar. ¿Qué ha hecho
el Gobierno después de este fracaso? Usted, por supuesto, cuando
intervenga, dirá que ha hecho mucho, pero en realidad le voy a decir
que nada práctico. En primer lugar, dedicarse a transmitir a la
sociedad que las repercusiones de la falta de acuerdo de pesca con
Marruecos no son tan importantes como se dice. Sólo estarían
afectados 326 barcos y 2.600 tripulantes, poca cosa, según ustedes.
Naturalmente, tampoco nos hablan, en ese cómputo de afectados, de las
repercusiones que para la economía de las comarcas tiene esta
situación ni de aquellos trabajadores que se ven afectados, que
precisamente desarrollaban su actividad, en otro tipo de industrias
auxiliares, alrededor de la actividad de la flota que faenaba en
aguas de Marruecos.
La segunda cuestión que ustedes se dedican a transmitir a la sociedad
es que hay soluciones alternativas. Tranquilos todos, que hay
soluciones alternativas. Ustedes nos hablan de reubicaciones, de
ayudas para los trabajadores, de planes de diversificación económica,
de algún desguace, por supuesto sólo para aquellos barcos de más
antigüedad, etcétera. Y, además, para este plan alternativo al no
acuerdo, habrá fondos más que suficientes, que fundamentalmente
aportaría la Unión Europea. Sin embargo, señor ministro, estos planes
alternativos, quiero recordarle que, en realidad, deberían ser
complementarios al mantenimiento de la actividad de la flota en el
banco canario-sahariano, porque la situación económica y social de
esas comarcas, aun con la flota en activo, requeriría de todas las
medidas de impulso del empleo y porque la necesidad de buscar nuevas
posibilidades de pesca para la flota es más que evidente, aun
manteniendo la presencia en aguas saharauis. Y no le voy a hablar
ahora de por qué
muchos barcos de capital español están faenando con bandera de
conveniencia o incluso por qué se dedican al puro y simple pirateo.
Simplemente porque no hay posibilidades reales de pesca en alguno de
esos caladeros que habría que buscar, no como alternativos, sino como
complementarios.
Ustedes lo plantean como alternativo. Pero es que ni siquiera tienen
esa alternativa mínimamente concretada, señor ministro. Y no será por
falta de tiempo, ya que la situación de la flota en este momento no
surgió ayer. A nosotros nos preocupa, porque estamos ante la
posibilidad gravísima y real de que, al fracaso de la negociación, se
sume ahora el fracaso a la hora de conseguir alternativas para
reubicar a esta flota. La flota, señor ministro, está amarrada desde
hace año y medio. En todo ese período, deberían haber tenido
suficiente tranquilidad o suficiente tiempo para tener perfectamente
perfilados esos planes, Más aún cuando las negociaciones, tal como se
plantearon, hacían bastante previsible, como hemos repetido aquí una
y otra vez, no llegar a un acuerdo o llegar a un mal acuerdo. Por
cierto, ya nos avisaban de ese posible escenario cuando en los
Presupuestos Generales del Estado nos decían que aquellos famosos
5.000 millones de pesetas que se incluían para esta finalidad eran
precisamente porque cabía estar en un escenario de no acuerdo o de no
renovación de ese acuerdo. Tuvieron tiempo más que suficiente para
tener perfilados esos planes y, sin embargo, insisto, no existen.
Y le quiero decir con toda cordialidad que o estamos ante un Gobierno
absolutamente ineficaz o el Gobierno sabe que no existen alternativas
serias y reales y pretende ir saliendo del paso como pueda.
Permítame, señor ministro, que le diga que, salvo que hoy nos lo
desmienta, con hechos constatables, con planes concretos, el
escenario en que nos está situando la política del Gobierno es que, a
más corto o más largo plazo, va a haber una importante reducción de
flota y del empleo. Ese es el escenario en el que estamos y no otro.
Y también en línea con los deseos de la Unión Europea, que, por
cierto, sigue empeñada en reducir nuestra flota. No sé por qué será.
Señor ministro, cuando usted nos habla de reubicar barcos en aguas
propias en el llamado caladero nacional, tendrá que explicarnos a qué
se refiere en concreto. A estas alturas sabrá cuántos barcos va a
reubicar, en qué caladeros concretos y para pescar qué especies. Eso
es lo mínimo que podemos esperar ahora. Tendremos que tener la
certeza de que ustedes ya tienen estudiado perfectamente que la
introducción de nuevos barcos en esos caladeros es posible, porque no
afecta a la rentabilidad de los que están ya instalados. Cuando usted
nos habla de reubicar barcos en terceros países, señor ministro, y
nos cita la cantinela de Túnez, de Argelia, de Senegal, de
Mauritania, etcétera, díganos cuántos barcos tienen previsto ubicar
en cada caladero, a qué especies dirigirán su actividad y si han
estudiado incrementar el número de barcos en esos caladeros. Por
cierto, de aceptar el Estado la forma en que se pretende
hacer el acuerdo de incrementar los barcos, ¿permite mantener la
rentabilidad de los que ya están ubicados? Díganos qué ayudas
concretas va a poner a disposición de aquellos que necesiten adaptar
sus barcos, sus aparejos, para dirigirse a esas nuevas actividades.
Hay demasiadas interrogantes en el aire y que usted debería
responder, cuando, además, tiene que presentar en Bruselas dentro de
dos días, y usted acaba de hacer referencia a ello, el plan concreto
de actuación en esta materia. Debería saberlo ya, porque no me
convencerá ahora de que le faltan aún dos días para perfilar ese
asunto.
No es serio, señor ministro, hablar de reubicar barcos en Senegal,
cuando ni siquiera tienen renovado el acuerdo anterior, que expiraba
el 30 de abril. No es serio hablar de Túnez y Argelia como aguas
alternativas, cuando no sólo no tienen cerrado ningún acuerdo, sino
que no sabemos qué posibilidades reales hay. De Mauritania habría
mucho que discutir. Usted me dirá que caben muchos más barcos. Hay
quien dice en el sector que en este momento ni siquiera los que están
allí resultan rentables. Tampoco podemos cubrir el expediente, señor
ministro, con el tema de las campañas experimentales. No podemos.
Usted no será el responsable directo, pero le voy a contar una
anécdota, campañas experimentales de dudosa rentabilidad, pero que en
algún lugar, en concreto en mi comunidad, se anuncian a bombo y
platillo. Los famosos seis barcos de Ribeira, en alguna televisión
que yo me sé, salieron por lo menos 15 veces hacia los caladeros
alternativos para planes experimentales. Parecía que salieran 300,
pero en realidad seguían saliendo los mismos. Ya sé que usted no es
responsable de eso, pero por ahí tampoco podemos resolverlo.
Hay otra cuestión muy importante que debería aclarar. Supongo que a
estas alturas se habrá negociado, y si no debería hacerlo, con los
sindicatos representativos, la cobertura social de los trabajadores
que queden definitivamente en paro. Resulta alarmante que a estas
alturas no estén definidas por lo menos las líneas maestras de esa
cobertura social, porque estos trabajadores del mar no pueden ser los
paganos de la no renovación del acuerdo. Hablando de los planes
alternativos, señor ministro, para esa famosa diversificación
económica de las comarcas, espero que el Gobierno nos presente algún
plan más serio, más concreto y más adaptado a la realidad de las
distintas comarcas que el famoso plan del que ya hemos hablado o lo
que aparece en la prensa que acaba de presentar el señor conselleiro
de Pesca de la Xunta de Galicia, basándolo todo en la creación de
suelo industrial y mejoras de la comunicación. Sepa que esos planes
no dan resultado y además serían absolutamente inaceptables.
Por último, ya que veo que se me está acabando el tiempo, debería
aclararnos también con cuántos fondos y de dónde van a sacar esa
financiación para estos planes alternativos. Ya en la primera
intención, la Unión Europea rechazó sus pretensiones iniciales. Hoy,
el señor Fischler vuelve a decir públicamente que se tendrá
en cuenta pero lo estudiaremos. Esto me recuerda aquello de que
uno, a veces, aparte de burro, queda apaleado. Porque, a pesar de
aplaudir el señor Fischler...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Vázquez, le
ruego concluya; su tiempo ha terminado.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo, señora presidenta.
A pesar de decirle, efectivamente, que aplaude su política, ni
siquiera le compensa después con la financiación adecuada.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor ministro de
Agricultura y Pesca.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, señorías, el Gobierno está trabajando
junto con el sector pesquero, ayuntamientos de las zonas costeras
afectadas y las comunidades autónomas de Canarias, Galicia y
Andalucía para diseñar este plan de acción que vamos a presentar a la
Unión Europea, y además está demandando ayudas al margen de los
fondos estructurales, de acuerdo con lo previsto en el Consejo
Europeo de Niza del pasado mes de diciembre. Somos conscientes de que
la no renovación del acuerdo afecta a más de 326 barcos, 2.600
tripulantes y actividades económicas directamente relacionadas con el
mismo, con grandes repercusiones económicas en zonas altamente
dependientes de la pesca, todas ellas en regiones de Objetivo número
1. La perspectiva de no renovación del acuerdo estuvo ya presente en
el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000, cuando los jefes de
Estado y de Gobierno aprobaron una declaración en la que se instaba a
la Comisión a negociar un acuerdo y, en caso de no conclusión del
mismo, a elaborar un programa de acción específico para reestructurar
la flota comunitaria que faenaba en este caldero.
Como conoce S.S., en el último Consejo de Pesca comunitario del 25 de
abril, los Estados miembros solicitaron de la Comisión que presentase
lo antes posible un plan de acción específico. El Gobierno ha
trabajado en la elaboración de este plan alternativo (como he dicho,
hemos recibido las últimas aportaciones de alguna comunidad autónoma
que muy recientemente se han incorporado al mismo) y se va a
presentar a la Unión Europea para justificar nuestra petición de 300
millones de euros adicionales. Somos conscientes de que hay
municipios en Galicia, la península del Morrazo, Ribeira y La
Guardia, en Andalucía, Barbate, y en Canarias, Arrecife, que están
muy afectados social y económicamente por la alta dependencia de este
caladero. Los planes alternativos, por tanto, tienen un componente de
diversificación económica que ofrezcan nuevas alternativas
sociolaborales para estas zonas costeras.
La estimación inicial de este plan de diversificación asciende
a 125 millones de euros. Y no minusvalore usted las propuestas que ha
hecho hoy el consejero de Galicia. Yo me he reunido con todos los
alcaldes responsables del Morrazo y han hecho tres tipos de
peticiones: polígonos industriales, puertos deportivos y apoyo a
infraestructuras turísticas, y mejoras de las vías de comunicación.
En los tres ejes vamos a actuar. Yo creo que criticar la puesta en
marcha de polígonos industriales, que es lo que permite la
diversificación económica y la instalación de actividades
complementarias, es un mal camino si queremos apostar por la
diversificación. Hasta ahora, todas las reuniones que se han tenido
con responsables municipales apuntan en estas líneas y por ahí
tendrán que ir los procesos de diversificación. El Ayuntamiento de
Barbate ha presentado su propio plan de diversificación y el
componente turístico y el componente de desarrollo industrial, a
través de polígonos, forman también parte integrante de ese eje de
desarrollo que desea promocionar este ayuntamiento, en unas
iniciativas en las que el Gobierno espera participar en colaboración
con la Junta de Andalucía.
El plan de reconversión, además del mantenimiento de ayudas para la
paralización de flota, de las ayudas sociales que vamos a mantener
hasta que el plan de puesta en marcha de la flota tenga velocidad de
crucero, considera prioritaria la continuidad de la actividad
pesquera de la mayor parte de la flota. En este sentido, el Gobierno
está considerando la reubicación del mayor número de barcos en otros
caladeros. Eso no sólo comporta la reubicación en acuerdos con
terceros países ya negociados por la Unión Europea, sino la búsqueda
sistemática de nuevos caladeros en la zona económica exclusiva de
terceros países. A juicio del Gobierno, las posibilidades de
recolocación que contempla el plan y que estamos negociando
individualmente con los distintos segmentos de flota suman un número
de barcos superior incluso al de los que están paralizados, pero son
los armadores los que tendrán que tomar sus decisiones y, por eso, el
volumen de esfuerzo financiero que tengamos que hacer luego en
diversificación, formación profesional, promoción de empleo y apoyos
sociales estará en función de la capacidad de ubicación. El Gobierno
contempla que hay un suelo mínimo de un 60 por ciento de barcos que
en este momento están dispuestos a dirigirse a otros calderos. Hay
posibilidades para todos. Hay un 60 por ciento de armadores que están
esperando conocer la formulación definitiva que se le dé al IFOP y
cuáles son las primas de sociedades mixtas y de desguaces para ver
qué decisiones económicas toman, pero están dispuestos a acudir a
otros caladeros.
En cuanto a la ubicación del caladero nacional, los estudios que se
han llevado a cabo no ofrecen posibilidades extraordinarias. Se puede
admitir un cierto número de unidades en el ámbito de la pesca de
pequeños pelágicos en aguas del golfo de Cádiz y en la zona
mediterránea colindante con Ceuta. La flota que operaba
en la modalidad de cerco norte ya alternaba las aguas de Marruecos
con la pesquería en aguas nacionales, por lo que también se podrá
permitir la incorporación de unidades de cerco norte al caladero
nacional. Dentro de esta misma zona podrán operar algunas unidades de
palangre de pequeño porte dedicadas a la captura de grandes
migradores; aquellos buques que disponen de cuota para pez espada
asignada para el Atlántico Norte. En aguas de Canarias se podrán
integrar buques destinados a la modalidad de artesanales para captura
de nuevas especies, como tiburones de profundidad, o bien mediante su
reconversión en unidades atuneras. No existe posibilidad -hay que
reconocerlo- de incrementar el esfuerzo de las modalidades de
arrastre o de palangre de fondo porque las aguas nacionales están
sometidas a plena explotación con estas técnicas.
En aguas internacionales y dentro de los acuerdos suscritos por la
Unión Europea con terceros países se ha buscado espacio en aquellos
acuerdos en que había infrautilización de posibilidades asignadas y
existencia de recursos. En este momento, más de 20 unidades de las
afectadas por el acuerdo de Marruecos están desarrollando su
actividad al amparo de acuerdos suscritos con Mauritania, Senegal,
Guinea-Conakry, GuineaBissau y Angola. En breve, como tenemos margen
en estos caladeros, mandaremos más unidades a ellos. Para los buques
dedicados a la pesca de marisco hay espacio disponible en los
acuerdos con Senegal, Guinea- Bissau y Guinea-Conakry, lo cual
posibilita el acceso de la flota de arrastre congeladora. Para la
flota palangrera de fondo, el acuerdo actual con Mauritania admite la
ubicación de unidades de palangre de fondo y de merluza negra de
Marruecos. La flota cefalopodera dispone de espacio para 3.908
toneladas repartidas entre los acuerdos de Senegal, Guinea-Bissau,
GuineaConakry y Angola, con lo que también cabe recolocar nuevas
unidades que se unirían a los cuatro buques que se han integrado ya
en Mauritania. El acuerdo de Mauritania, por su parte, permite el
acceso a posibilidades para la pesca artesanal. Igualmente, la
presencia de cangrejo real en aguas de Mauritania y Senegal es una
posibilidad para parte de la flota de palangre de fondo.
Evidentemente habrá que reconvertir los buques para utilizar las
nasas, pero ante la próxima renovación de estos acuerdos vamos a
poner en marcha programas de promoción para facilitar estos cambios.
La próxima renovación del acuerdo con Mauritania podría permitir la
ampliación del número de buques comunitarios en las categorías de
marisco y cefalópodo, habida cuenta de la reducción del esfuerzo
pesquero en el caladero como consecuencia de la salida de otras
flotas extranjeras. Sin embargo, la cifra final de buques con
posibilidad de acceso estará en función del estado del recurso que se
está analizando.
En aguas internacionales de terceros países se han financiado,
durante los últimos años, acciones piloto de pesca experimental
encaminadas a encontrar alternativas a la actividad de la flota. Hay
que destacar la experiencia
en aguas internacionales cercanas a Canarias para la captura
con palangre de especies de mersales, o las que se han emprendido en
Brasil para la captura de meros y especies de fondo. Tenemos en
preparación otras en Túnez o Méjico.No se pueden descalificar las
campañas experimentales. El fletán, por ejemplo, es fruto de una
campaña experimental y tenemos ahora mismo una pesquería que podemos
utilizar. El cangrejo real es fruto de campañas experimentales. En
definitiva, hay muchas que han surtido efecto; otras muchas no lo han
tenido, pero el Gobierno seguirá promoviendo campañas experimentales
en la búsqueda incesante de nuevas posibilidades pesqueras. También
existen posibilidades de reorientar el esfuerzo de parte de la flota
hacia aguas internacionales, principalmente en palangre de
superficie, que ya ha sido emprendido y se podría potenciar. A las 16
unidades de palangre de superficie procedentes del caladero marroquí,
que ya se han incluido en la pesquería de aguas internacionales de
palangre de superficie, se pueden unir otros barcos que ya poseen
cuota de pesca para el Atlántico. Las unidades dedicadas a la captura
de túnidos mediante cebo vivo y caña con base en puertos canarios
podrán continuar su actividad en aguas internacionales y en el
entorno de las islas. No podemos descartar las posibilidades que
ofrecen nuevas pesquerías en aguas internacionales para especies de
mersales de profundidad que podrían absorber algunas unidades
palangreras. Lasaguas internacionales del Atlántico Sur también
permiten albergar más buques cefalopoderos y en los océanos Índico y
Pacífico se puede acoger a diversas unidades en la modalidad de
palangre de superficie, dado el incipiente desarrollo de esta
pesquería en estos océanos, siempre que haya una adaptación
estructural previa de las unidades existentes.
El Gobierno contempla, además, la constitución de sociedades mixtas,
que pueden ser la salida para algunos buques afectados, no sólo para
acceder bajo dicha fórmula a las aguas de Marruecos sino también a
otros países como Argelia o Túnez. En el caso de Argelia hay que
destacar la excelente colaboración que existe entre las
administraciones y la plena disposición a facilitar el
establecimiento de sociedades mixtas. En este momento tenemos siete
sociedades mixtas con diez buques en aguas de Argelia, que se van a
poder incrementar en otros diez o doce arrastreros o marisqueros
tanto de fresco como de congelado. En aguas de Túnez se pueden
integrar hasta ocho unidades de arrastre dedicadas a la captura y
congelación de marisco. No hay límites de edad para los buques y se
puede invertir hasta un 66 por ciento de capital extranjero. Sólo se
puede acceder a la zona norte del país, pero está asegurada la
abundancia de marisco de profundidad en esta zona con rendimientos
razonables. Y al igual que en el caso anterior, es cierto que las
limitaciones existentes en Marruecos en cuanto a edad de buques y
porcentajes de capital obstaculizan en parte la constitución de
sociedades mixtas, por lo que estamos pidiendo derogacionesde la
normativa comunitaria para facilitar su
implantación. No obstante, cabe estimar que unas 20 ó 22 unidades
destinadas a marisco, siete u ocho de las palangreras y 18 ó 20
cefalopoderos se podrían integrar en este país, porque los armadores
conocen a la perfección el caladero y el país. Por último, hay que
señalar que han mejorado los contactos con países como Brasil, Perú o
Mozambique, donde también nos han ofrecido la fórmula de sociedades
mixtas para el establecimiento de unidades pesqueras.
Como habrán visto SS.SS., la recolocación es objetivo prioritario del
Gobierno, pero además están previstas acciones para las tripulaciones
que engloban la continuidad de las ayudas, cursos de formación o
primas individuales por cese de actividad y acciones sobre las
comarcas dependientes que incluyen los planes de diversificación
económica y el apoyo a la industria no extractiva. Esta tarea,
evidentemente, requiere medios. En este momento disponemos de 240
millones de euros con cargo a nuestro IFOP y estamos solicitando a la
Unión Europea 300 millones de euros para concretar las medidas
específicas de solidaridad que el Consejo Europeo de Niza evidenció.
Está claro que en el presupuesto comunitario la no conclusión del
acuerdo con Marruecos supone unos ahorros de 125 millones de euros
año y que 500 millones de euros están situados en la categoría 2,
pero se pueden hacer esfuerzos presupuestarios y en este sentido el
Gobierno va a presentar un plan detallado justificando el volumen de
sus peticiones para poder disponer del mayor número de recursos
posibles. Es obvio que el volumen financiero necesario para acometer
este proceso de diversificación, de modernización de unidades, de
adaptación y de búsqueda de nuevos caladeros dependerá mucho de las
decisiones individuales que tomen los armadores. Por eso, en este
momento las negociaciones que se están llevando a cabo con los
segmentos de flota son fundamentales para ver qué decisiones toman
los armadores a la vista del marco jurídico y económico que estemos
en condiciones de ofrecerles. En todo caso, el Gobierno va a dialogar
con todas las comunidades autónomas para establecer el marco de apoyo
a los distintos segmentos de flota y para propiciar los procesos de
diversificación económica en aquellas zonas en que sea necesario
abordar estos procesos porque haya problemas para la plena ubicación
de las unidades en ellas establecidas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, voy a decirle con toda brevedad que yo, desde luego,
esperaba hoy de usted alguna respuesta más concreta y que en el
transcurso de su intervención no ha habido ninguna. Usted habla de
hipótesis, pero no tiene concretado nada, con lo cual, si entraba
preocupado y le decía que al fracaso de la negociación se podía sumar
el fracaso de la recolocación que ustedes anuncian, salgo más
preocupado aún. Empieza por decir -por aclarar algunas cosas- que el
Gobierno ha trabajado mucho, y puede ser así en estos últimos
minutos, pero no desde luego con el tiempo suficiente, y cuenta una
historieta sobre la que tengo que decirle que yo no critico que se
hagan polígonos industriales, los que se llamaban polos de
desarrollo. ¿Cómo voy a criticar la creación de suelo industrial?
Otra cosa es que usted me diga que porque se lo dicen tres alcaldes
de su partido o un conselleiro de la Xunta tenga un mínimo viso de
realidad práctica para conseguir alternativas de empleo. Porque si la
creación de suelo industrial tuviese relación directa con la creación
de empleo, tendríamos solucionado el problema del empleo desde hace
mucho tiempo, y si no la han aplicado ustedes antes, que venga Dios y
me lo explique. La creación de suelo industrial, señor ministro, no
crea por sí misma empleo. Eso lo sabemos todos. Por otra parte, yo ya
asistí, porque tengo bastantes años a pesar de esta apariencia
juvenil, a crisis de comarcas industriales en las que se prometieron
diversos planes de diversificación que nunca se cumplieron; nunca. Y
todo pasaba por este tipo de cuestiones que dice usted: creación de
puertos deportivos. Efectivamente, a ver si vienen los magnates de la
pesca marroquí, que se van a quedar con ella, a Cangas de Morrazo.
¡Un poco de seriedad! Otras cuestiones son el turismo y el plan de
las comunicaciones. Todo lo que usted quiera, pero fíjese que estas
alternativas que a usted le están proponiendo y que le parecen tan
satisfactorias es lo que debería estar haciendo el Gobierno
normalmente. Esto no tiene cabida en un plan alternativo. Lo que
estamos pidiendo es que el Gobierno ponga encima de la mesa cosas
mucho más concretas capaces de generar empleo, y no simplemente suelo
industrial. Le vuelvo a repetir que con este tipo de medidas no se
crea plan alternativo. Insisto en que si creación de suelo
equivaliese a creación de empleo, el problema del empleo estaba
resuelto desde hace mucho tiempo, porque otra cosa no tendremos, pero
suelo, francamente, un poco.
Vuelve usted a decir que los armadores están dispuestos a acudir a
caladeros alternativos. ¡Faltaría más! Los armadores querían y
quieren el acuerdo con Marruecos. En la situación de no acuerdo,
faltaría plus que no quisieran acudir a caladeros alternativos,
porque entonces la opción sería desguazar inmediatamente. ¡Claro que
quieren acudir a caladeros alternativos! No les queda más remedio.
Porque cuando menos en Galicia -igual lo conoce usted mejor que yo-
los armadores saben de sobra buscarse los caladeros, los han buscado
toda su vida con o sin apoyo del Gobierno; en pesca no les va a
enseñar nadie a buscarse un caladero. Por tanto, para acudir a esos
caladeros alternativos -dice usted que después dependerá de la
voluntad individual- están esperando a conocer las condiciones que
ofrece el Gobierno sobre la rentabilidad de esa nueva aventura. De
eso es de lo que estamos
hablando en este momento. Y usted me habla de Mauritania, donde por
cierto a este ritmo vamos a tener que poner semáforos en el mar
porque parece la gran solución, pero usted no sabe ni cuántos barcos
tiene que colocar. Y así sucesivamente. Me habló de Túnez y de no sé
qué más, pero no sabe cuántos. Me habló de hipótesis de colocación.
Dice que es posible que se coloquen, que 20 están en este momento en
Mauritania y que se mandarán más. En esencia, señor ministro,
¿cuántos vamos a desguazar a este ritmo?
Por último, yo no descalifico las campañas experimentales, señor
ministro. Lo que le dije es que no podíamos cubrir la papeleta a
través de campañas experimentales o haciendo propaganda al respecto.
Sabe igual que yo que unas son un éxito y otras un fracaso, y muchas
veces los armadores tienen que acogerse a esas campañas
experimentales porque no tienen adónde ir y simplemente tienen que
acogerse a ellas. En cuanto a la financiación, dada la posición del
Estado español y del señor Aznar, que es un dirigente de primer orden
en la Unión Europea, ojalá triunfen en la consecución de los fondos
comunitarios. Hoy vuelve a decir el señor Fischler que habrá que
estudiarlo. Yo no le digo más que eso. Le sugeriría que para esos
fondos comunitarios presentara un plan más concreto que el que nos
acaba de anunciar.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Vázquez, le
ruego concluya.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo.
Porque supongo que cualquier financiación requerirá hacerse sobre la
base de un plan bien concreto y no sobre abstracciones. En todo caso,
señor ministro, esperamos una respuesta mejor para la flota que la
que acaba de dar en este momento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señor diputado, creo que he sido muy concreto. Le he dicho
en primer lugar que en este momento las posibilidades que existen de
reubicación cubren prácticamente la totalidad de la flota (existen
posibilidades de reubicación) y en segundo lugar que armadores que
hayan manifestado su voluntad de reubicarse hay en este momento un
porcentaje próximo al 60 por ciento; otros tienen menos voluntad de
tomar esa decisión. Por tanto, esos son los dos parámetros
fundamentales en que nos estamos moviendo. Le estoy diciendo que
tenemos muchos acuerdos. Con acuerdos negociados hay en este momento
posibilidades para 114 barcos; distintas posibilidades según
distintos segmentos de flota. Y el Gobierno entiende que utilizando
aguas internacionales, sociedades mixtas y caladero nacional podremos
hacer un esfuerzo para que la práctica totalidad se pueda reubicar.
Esa es la situación real. En ese contexto, ¿cuáles son las acciones?
La flota lleva parada 17 meses, pero no ha dicho usted que no ha
habido un solo problema porque se han mantenido las ayudas a
tripulantes y armadores desde el primer día que se paró la flota. Y
esos mecanismos de apoyo van a continuar hasta que el plan tenga
velocidad de crucero porque los armadores tardan en tomar sus
decisiones, tardan en preparar barcos que han estado amarrados 17
meses y tardan en hacer los cálculos económicos de cuál pueda ser la
rentabilidad. Por eso estamos haciendo campañas experimentales, para
saber cuál será la situación si mandamos barcos al caladero de Túnez,
a Argelia, a Perú, a Méjico o a Brasil. Yo no he dicho que usted las
descalifique, sino que es muy escéptico. Yo sí creo en las campañas
experimentales y siempre que un Estado tercero me permita ir a faenar
a sus aguas para evaluar el volumen de los recursos y hacer una
negociación de sociedades mixtas sobre bases científicas sólidas lo
voy a hacer. Le he dicho también que voy a afrontar un proceso de
diversificación económica y le he comentado la dotación
presupuestaria: 125 millones de euros, que es la cantidad que
consideramos necesaria en este momento para afrontar este proceso.
Así pues, el Gobierno es muy concreto en relación con los planes que
tiene en este momento; posteriormente veremos en el marco de la
diversificación, en el diálogo que mantenga con los ayuntamientos y
con las comunidades autónomas, qué criterios tiene. Ahora bien, le
tengo que decir que todos los alcaldes gallegos han manifestado que
tienen peticiones de suelo industrial en sus ayuntamientos de las
zonas afectadas que en este momento no pueden atender. Evidentemente,
el suelo por sí mismo no crea ningún empleo, pero en momentos de
crecimiento económico sostenido en un país como España, en el que se
está creando empleo neto -recordemos las cifras importantes del año
pasado que nos ha dado el presidente del Gobierno- o hay suelo
industrial o no hay diversificación económica. Pues bien, todos los
alcaldes, los cuales conocen su ciudad mejor que el Gobierno, nos
están diciendo que no pueden atender proyectos que se quieren
instalar en sus ciudades porque no tienen suelo industrial en este
momento, porque no tienen capacidad financiera para adquirirlo y
porque no tienen capacidad para urbanizarlo. En ese sentido, lo que
está haciendo la Xunta de Galicia es apoyar a esos ayuntamientos
dotándoles de suelo industrial y mejorando las infraestructuras.
Usted conoce Galicia mejor que yo y sabe la dificultad que tiene la
red viaria del Morrazo, por lo que hacer un corredor que permita el
tráfico fluido es una manera de crear empleo. Y eso el Gobierno lo
hace dialogando con la Xunta de Galicia y vamos a seguir trabajando
en esa coordinación permanente.
En este momento estamos discutiendo cuál es el volumen de recursos
que la Unión Europea nos va a asignar. La Unión Europea nos obliga a
justificar con detalle para qué queremos el dinero y eso es lo que
vamos a hacer en todas las líneas que le he comentado a S.S. Le he
especificado las medidas sociales, las medidas de paralización
temporal, las medidas de sociedades mixtas, las medidas de desguace y
los costos de adaptación de la flota para poder reubicarlas, además
de los procesos de diversificación económica. Por tanto, el Gobierno
tiene un plan concreto cuyos detalles consensuará con las comunidades
autónomas cuando tenga la financiación definitiva, y será un plan
plurianual, porque los procesos de diversificación económica no se
ponen en marcha de la noche a la mañana. Y esto no es una tarea que
el Gobierno tendría que haber hecho o no. Había comarcas que contaban
con un sector pesquero que les permitía mantener su actividad -un
monocultivo industrial- y en este momento no tienen esa fuente de
ingresos, por lo que cualquier Gobierno responsable, nacional,
autonómico o local, tendrá que buscar fuentes de ingreso
alternativas. En esa tarea está instalado el Gobierno, por eso
estamos en este momento en conversaciones con la Unión Europea y por
eso he dicho yo que voy a pedir el apoyo de los parlamentarios
europeos, porque no se olviden, señorías, que la autoridad
presupuestaria en la Unión Europea es el Consejo y el Parlamento y
hace falta el concurso de voluntades de ambos para destinar recursos
financieros a cualquier política comunitaria. Este debate lo
tendremos con la Comisión en los próximos meses, así como a la hora
de discutir el presupuesto de este año y probablemente en años
sucesivos en el Parlamento Europeo, y estoy seguro de que todos los
grupos políticos españoles en el Parlamento Europeo apoyarán las
pretensiones que el Gobierno, en nombre del sector y de las
comunidades autónomas, va a poner encima de la mesa. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA AFRONTAR, DESDE EL SISTEMA PÚBLICO Y EN COLABORACIÓN CON EL
SECTOR PRIVADO, LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE
172/000094.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Interpelación que
formula el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el
sector privado, las situaciones de dependencia.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Catalán trae al Pleno de la
Cámara una interpelación sobre qué medidas tiene previsto impulsar el
Gobierno para afrontar todas las políticas necesarias en el ámbito de
las dependencias desde el sistema público y en colaboración con los
sectores privados. Con este debate que hoy trae el Grupo Catalán a la
Cámara pretendemos incorporar en nuestra acción política en esta
legislatura el principal reto de modernización del Estado de
bienestar en España, el principal reto para poder desarrollar
nuestras políticas sociales en la línea de los Estados más avanzados
de nuestro entorno. Y lo hacemos entendiendo por dependencia aquella
situación que tienen fundamentalmente las personas mayores que no
pueden desarrollar con plena normalidad sus funciones, sus
capacidades básicas como ciudadanos y como personas, y para ello
terminan dependiendo bien de sus familiares, bien del apoyo que se
les presta desde los sectores formales o informales que pueden
proveer los correspondientes servicios.
Planteamos esta interpelación en un contexto que nos parece oportuno.
Hoy el sistema público de pensiones, resultado de los esfuerzos que
ha realizado el conjunto de la sociedad y de los gobiernos, es un
sistema consolidado; en la perspectiva de los próximos años, es
evidente que nuestro sistema de protección social está consolidado.
Los acuerdos del Pacto de Toledo y su desarrollo en la anterior
legislatura, más la orientación de crecimiento de nuestra capacidad
de empleo y de nuestra economía, consolidan ese sistema público junto
con los sistemas complementarios que desde hace pocos años hemos ido
desarrollando. También tenemos un sistema de cobertura universal de
la sanidad, resultado del esfuerzo del conjunto de la sociedad y de
los gobiernos, fundamentado en una ley de carácter general, lo que
nos permite decir que en este sentido España se sitúa en la línea de
la normalidad del conjunto de Estados de la Unión Europea. Asimismo,
desde el voluntarismo de las administraciones territoriales -la local
y la autonómica- y desde el compromiso de la Administración del
Estado en el terreno de los servicios sociales tenemos una
financiación sin lugar a dudas insuficiente por las necesidades en
esta materia y un marco legal en ese ámbito de los servicios sociales
insuficiente también desde la perspectiva de los derechos subjetivos
de las personas. Tenemos también -y existe una problemática
creciente- una utilización adecuada de nuestro sistema sanitario para
atender a personas con discapacidades crónicas, resultado entre otros
del éxito de nuestro sistema de salud, pero que hoy empieza a
percibir con cierta preocupación y con perspectivas de agravamiento
de esta situación la presión que ejercen sobre nuestro sistema
sanitario esas nuevas situaciones de incapacidad de las personas
mayores.
Hoy, cerca de 1.200.000 personas ancianas pueden ser consideradas
dependientes, cerca de un 20 por ciento necesita una atención directa
y cerca de un 70 por ciento recibe un apoyo por el compromiso de sus
familias
o del voluntariado que se organiza a través de las asociaciones
sin ánimo de lucro. El gasto en las políticas formales en esta
materia, según cifras de 1998, es de cerca de 400.000 millones de
pesetas -quizás el ministro nos pueda dar cifras más ajustadas-, de
los que un 75 por ciento se destina a residencias sociosanitarias, un
11 por ciento a la atención domiciliaria y el resto a la atención de
día; además de las cifras correspondientes a enfermos crónicos
atendidos por la red sanitaria. Todo esto configura una situación que
quizás hoy no provoque aún una excesiva preocupación a corto plazo,
pero que evidentemente la evolución de nuestra demografía va a
requerir que empecemos a adoptar las políticas absolutamente
necesarias. Es evidente que estas cifras, esta movilización de
recursos, este marco legal en el que nos estamos desarrollando hacen
mucho más vulnerables a las personas mayores que viven solas,
especialmente a las mujeres, a las que nuestras prestaciones
contributivas y no contributivas no pueden dar respuesta. Los
esfuerzos realizados a través del plan gerontológico y de los otros
instrumentos que desde el Estado se han puesto en marcha para
desarrollar estas políticas no han dado respuesta suficiente. Además
hay que configurar también una oferta privada para atender a esas
necesidades, que en algunos casos es realmente atractiva pero al
mismo tiempo extremadamente cara para muchas personas de este
colectivo y asimismo muchas veces las ofertas más asequibles para
estas situaciones de dependencia tienen una calidad discutible. Por
otra parte, se desarrollan diversas ofertas, no sólo desde el sector
privado sino también desde el sector sin fines de lucro, que van a
requerir de una ordenación desde el ámbito público.
A nuestro entender, el cambio demográfico, las nuevas y mayores
necesidades de servicios a las personas mayores, además de la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que es un gran
objetivo que el conjunto de la sociedad comparte, nos van a obligar a
articular una política global en materia de situaciones de
dependencia. En este sentido, y tuvimos ocasión de manifestarlo la
semana pasada en el seno de la Comisión no permanente sobre el Pacto
de Toledo, nos alegramos profundamente de que en el acuerdo entre el
Gobierno, Comisiones Obreras, CEOE y Cepyme para la mejora de la
protección social se haya incorporado un capítulo específico, si
usted quiere quizá muy genérico, muy amplio y muy poco concreto,
orientado a que debemos incorporar la cuestión de las dependencias en
la reflexión acerca de las políticas sobre la protección social en
España. Nos parece que esa voluntad expresada por los agentes
sociales y el Gobierno va en la buena línea.
Hoy con la interpelación que se plantea desde Convergència i Unió
pretendemos reforzar desde el ámbito parlamentario o legislativo la
necesidad de articular en el área de la protección social las
políticas sobre situaciones de dependencia. Para Convergència i Unió
el desarrollo de una política en esa materia debe constituir un nuevo
pilar de nuestro sistema de Estado del bienestar, un nuevo pilar de
nuestro sistema de derechos sociales
y vamos a apostar para incorporar en las conclusiones del Pacto
de Toledo esa necesidad. En el debate que ahora se abre, vamos a
apostar por una prestación de carácter público incorporada a nuestro
sistema de Seguridad Social, de carácter no contributivo, una
prestación universal y de derecho subjetivo para todas aquellas
personas que así lo necesiten, garantizado en función de los niveles
de dependencia, gradual según la gravedad de las situaciones de
dependencia y condicionado a los niveles de renta de las personas en
cuestión; un sistema que debe ser compartido entre el Estado, las
comunidades autónomas y las administraciones locales, dotado y
regulado por el Estado, pero desarrollado y gestionado a nivel
autonómico y a nivel local y además complementado también con las
ofertas que desde el sector privado se puedan producir a través de
los correspondientes aseguramientos. Esa es la apuesta de la que
Convergència i Unió parte en el debate que entre todos vamos a tener
sobre situaciones de dependencia. Estamos convencidos además de que
por razones de equidad y justicia social va a ser importante resolver
esta cuestión planteando una política en esta materia accesible al
conjunto de los ciudadanos. Además, desde la perspectiva de la
creación de puestos de trabajo -y tuvimos ocasión de mantener con el
señor ministro otro debate monográfico sobre esta cuestión- se genera
un importante filón o nuevo yacimiento de ocupación -algunos informes
hablan de cerca de 200.000 puestos de trabajo que se pueden
implementar en relación con las políticas sobre situaciones de
dependencia- y, al mismo tiempo, se introduciría una mejor
utilización de los recursos sanitarios que España deberá movilizar en
los próximos años, desde la lógica de la racionalidad y de la
sostenibilidad del sistema. Esta política debe ser el resultado de
ese acuerdo a nivel institucional entre comunidades autónomas y
administraciones locales, pero también debe ser el resultado de un
acuerdo en profundidad con los sectores sociales implicados, desde
los sectores estrictamente privados -el sector asegurador y el
financiero, los sectores prestadores de servicios desde el ámbito
privado- al sector sin fines de lucro, el tercer sector. Estamos
convencidos de que una política global y ambiciosa en esta materia
puede expandir una oferta privada de calidad en servicios de cara a
situaciones de dependencia.
El objeto de nuestra interpelación no es tan sólo plantear nuestra
posición sino conocer cuál se piensa que puede ser -una vez que se ha
llegado a ese acuerdo por parte del Gobierno con Comisiones Obreras,
la CEOE y Cepyme- el desarrollo y la mejora del sistema de la
Seguridad Social en los próximos meses contando con que ya en la
pasada legislatura desde el Grupo Parlamentario Catalán se planteó
una iniciativa específica en esa cuestión, que contó con el apoyo del
Gobierno y que se incorporó en una ley de acompañamiento, señalando
la necesidad de que el Gobierno hiciese llegar en seis meses un
informe sobre el desarrollo del seguro de dependencia de carácter
privado,informe que al menos a nuestro grupo no le consta que
se haya realizado aún, y nos gustaría que esta interpelación de hoy
sirviese para orientarnos sobre cómo piensa el Gobierno realizar esta
política y, respecto de ese mandato de ley que esta Cámara aprobó,
qué información nos puede facilitar.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Campuzano.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparto plenamente el planteamiento y la preocupación
presente y especialmente de futuro por las situaciones de dependencia
en nuestro país, aunque la propia palabra dependencia no es un
concepto que podamos considerar a priori perfectamente cerrado.
Situaciones de dependencia, en términos económicos, son las de esa
sociedad que se ve obligada a depender económicamente de la que es
capaz de generar y de producir riqueza. Algunas de las dependencias,
como bien ha dicho su señoría, están asociadas a los procesos de
envejecimiento, otras son congénitas y otras tienen distintas
graduaciones, por lo que ciertamente el fenómeno es real y complejo.
Desde este mismo instante le puedo decir que su tratamiento tiene que
ir más allá de una consideración tradicional, sin duda ninguna,
máxime después de su intervención, que, repito, lo asocia en gran
medida a los problemas o a las cuestiones relacionadas con el
envejecimiento. A partir de ahí, entendemos que vamos a hablar de las
personas que tienen severas dificultades para ejercer su autonomía
personal y funcional y que requieren cuidados especiales.
El problema de la dependencia concierne al conjunto de la Unión
Europea yo diría que con mayor intensidad, porque aspectos
relacionados con el envejecimiento o con la recuperación demográfica
han tenido un calendario distinto en el caso de la Unión frente a
España. También está asociado -¿por qué no decirlo?- a los fenómenos
que ahora denominamos -en positivo- de inclusión social o -en
negativo- de exclusión social. Ya hubo ocasión, el pasado 9 de mayo,
de informar en la Comisión de Empleo y Política Social, a la que
pertenece S.S., de lo que también considerábamos una pieza importante
a este respecto, el Plan nacional de acción para la inclusión social,
que todos los países presentaremos antes del día 1 de junio. Uno de
los aspectos que sin duda concierne a este plan es la atención
específica a las personas dependientes, porque creemos que
constituyen uno de los colectivos más vulnerables. Tal y como le
manifesté en dicha comparecencia y en línea con los objetivos
definidos por la propia Comisión, uno de los ámbitos preferentes será
en relación con el fomento del acceso a los recursos, derechos,
bienes y servicios, con vistas a que los sistemas de protección
social puedan garantizar a todas las personas los recursos necesarios
para vivir en condiciones
dignas, así como con el desarrollo de políticas que tengan por
objetivo el acceso de todos a los cuidados necesarios para su estado
de salud, incluso en el caso de dependencia.
Ha dicho también S.S., y coincido plenamente, que estamos ante una
cuestión no sólo multidimensional desde el punto de vista de las
distintas situaciones de dependencia sino también desde la necesaria
coordinación que han de tener las administraciones que se ven
relacionadas por sus propias competencias. Ha citado el caso de las
comunidades autónomas en su dimensión sanitaria. Yo le citaría
también, evidentemente, la movilización de recursos sociales que
lógicamente han de realizar las administraciones locales y que sin
duda ninguna puede ser determinante del éxito o del fracaso del
modelo que España proponga como definitivo. Cuando hubo que explicar
el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección
social ya tuve ocasión de señalar a S.S. que en el marco de este
acuerdo se constituiría una comisión, con la participación de los
ámbitos competentes de las tres administraciones públicas, cuyos
trabajos deberían estar finalizados antes del 30 de junio del año
2002, con la finalidad de llevar a cabo un análisis y elaborar las
propuestas adecuadas sobre el marco jurídico en el que ha de
incardinarse la cobertura de las situaciones de dependencia, así como
para la elaboración de las líneas básicas de actuación en esta
materia. Creo que el acuerdo se expresa con un gran respeto hacia las
instancias políticas, reconoce que el interlocutor en la génesis del
acuerdo, el Gobierno de la nación, sería insuficiente como tal
interlocutor para comprometer esas políticas que citaba, que hoy
están gestionadas bien por las comunidades autónomas bien por los
ayuntamientos, y establece un plazo razonable. Evidentemente, el
concurso de voluntades siempre tiene su propia complejidad y espero
que sea posible llegar a buen puerto, estoy seguro. También se
expresa con prudencia política y lo hace buscando algo que se ha
demostrado positivo para la protección social en España, que es
tratar de trabajar sobre cimientos políticos firmes, pero buscando
ese consenso social, ese añadido de valor de consenso de los agentes
sociales como fórmula de compromiso, sobre todo si es que, al final,
la propuesta ha de vincularse también con el propio sistema de
protección social, especialmente su área contributiva, si estamos
hablando de que una parte de la solución vendrá de los esfuerzos
contributivos. No hay ninguna posición predeterminada, se lo digo con
absoluta claridad. En Europa tampoco existe un modelo homogéneo. La
inserción de los núcleos básicos de dependencia se ha hecho
alternativamente en el ámbito no contributivo, respecto del que he
entendido que S. S. se expresaba como preferente, pero hay países
como Alemania que lo han insertado en su ámbito contributivo, lo que
de hecho en este momento ha abierto un proceso que yo llamaría de
reconsideración, al igual que lo ha hecho también otro referente
clásico para la protección social española como es Francia, donde
también están en un proceso
de readaptación. Afortunadamente, por la menor presión en cuanto a
calendario se refiere, incluso presión demográfica, España tiene
también esta oportunidad de observar cuáles son los aciertos y cuáles
son los errores de esos países que tradicionalmente hemos tomado como
referencia.
Como le decía, es un problema que no debe limitarse sólo a la
dimensión que hoy empieza a percibirse como más novedosa, la asociada
al envejecimiento. Sirva la reciente encuesta sobre discapacidades,
deficiencia y estado de salud, realizada el año 1999 entre el
Imserso, el Instituto Nacional de Estadística y la ONCE, para saber
que con algún grado de discapacidad, bien que muy distintos,
estaríamos hablando de unos tres millones y medio de personas. Lo
digo para entender la dimensión social y evidentemente la economómica
que conllevaría. De ellos, no es despreciable el número de personas
estrictamente menores de edad, incluso menores de 6 años, unas
50.000; en torno a 1.400.000 tendrían edades comprendidas entre los 6
y los 65 años y 2.072.000 son personas de 65 o más años. No todas las
personas, a pesar de tener algún grado de discapacidad o deficiencia,
admiten la misma calificación. Estaríamos hablando de unas 800.000
personas con algún nivel, de unas 250.000 menores de 65 años y de
unas 550.000 mayores de esta edad, respecto de las que podríamos
hablar ya de un nivel de dependencia; al margen de lo que sea la
consideración o existencia de una discapacidad, ya estaríamos
hablando de un nivel de dependencia, aunque también calificable a su
vez de ligera, grave o severa. Como le decía, el tema no está
solamente unido al fenómeno del envejecimiento, sino que creo que
puede y debe tratarse de una manera global.
De las palabras de S. S. he entendido que parece prudente y oportuno
dar un margen de confianza a ese estudio que han de realizar en la
comisión de seguimiento del acuerdo. Ciertamente, al Gobierno también
le ha parecido oportuno retener, por qué no decirlo, parte del
estudio anterior, puesto que se vería de difícil presentación
únicamente la pieza o, en este caso, los aspectos que conciernen al
aseguramiento privado sin tener en cuenta esa visión que S. S.
reclama, una visión más global, pues quizás diera una imagen
incompleta de la cuestión que todos queremos abordar. Del mismo modo,
también cabe pensar en dar un margen de confianza y estoy seguro de
que estas referencias que antes le citaba de lo que resulta más
fácilmente insertable en el ámbito contributivo o no contributivo van
a ser útiles, sobre todo a la vista de los últimos acontecimientos en
la Unión Europea. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Como le decía, no hay un único modelo. A mí me gustaría también que
no se perdiera mucho tiempo - porque en eso creo que hay una cierta
coincidencia o un cierto consenso social- en la contraposición que ha
sido clásica en el debate político entre lo público y lo privado en
estos últimos años en materia de protección social. Creo que ese
artículo 41 de la Constitución, al
que necesariamente hemos de remitirnos cuando hablemos de protección
social, ya marca la ineludible obligación del Estado de sostener un
sistema de Seguridad Social público sano y fuerte, pero también en
ese mismo artículo hay un segundo apartado en el que se sugiere o se
aconseja la existencia de sistemas libres complementarios privados.
Yo creo que debemos facilitar lo que sin duda alguna ha sido un
camino semejante al que se ha conseguido en materia de prestaciones o
de de pensiones, que es ver con naturalidad, incluso como elemento
positivo, tanto en el plano individual como en el colectivo, las
fórmulas de aseguramiento. Dicho de otra manera, bien si hablamos de
prestaciones, bien si hablamos de asistencia sanitaria o de cualquier
otro tipo, no creo que España esté todavía en condiciones de
despreciar o de menospreciar todos los recursos y efectivos
disponibles para la atención de este tipo de materias. A mi juicio,
la labor más inteligente es en este caso la de coordinación y de
sincronización de los recursos de que disponemos y ese parece ser
también, como le decía, el planteamiento dominante en Europa, en el
que se va dando una razonable cabida a la existencia de recursos
privados, pero -también lo debo decir desde el primer instante- con
intensas garantías públicas, especialmente garantías de acceso y de
no discriminación en razón de las rentas preexistentes. Eso es lo que
ya ha conseguido España en otras grandes áreas como la sanidad y los
servicios sociales, y a la hora de abordar esta cuestión,
lógicamente, también debería ser una pauta recomendable establecer un
marco sólido de garantías, sin perder el tiempo innecesariamente en
discusiones de contraposición de lo público contra lo privado y menos
aún, espero, de contraposición o de confrontación entre las
administraciones, que sin duda tienen mucho que decir porque son
determinantes. Entre tanto se produce este debate -con esto voy
concluyendo la primera parte de mi intervención- no puede haber una
espera estática. Afortunadamente, el Gobierno está inmerso en este
proceso de reflexión y propuesta, pero también está mejorando todos
aquellos programas que, desde su propia responsabilidad, conciernen
o afectan al marco de la dependencia y de la discapacidad. Yo creo que
la atención preferente al plan gerontológico, el impulso -como
novedoso- de un plan para el alzheimer y la encuesta que le citaba
para tener una imagen fiel y cierta son medidas claras que demuestran
no solamente una voluntad de mejorar la situación de la dependencia,
sino también, en tanto se produce -ojalá, y a lo mejor aquí estoy
expresando un deseo- una definición aceptable para todos de cuál debe
ser el tratamiento desde la dimensión pública y desde la dimensión
privada de la dependencia, una voluntad de seguir reforzando lo que
son medidas paliativas, de seguir actuando a través de los distintos
planes que el Estado mantiene en colaboración y de seguir buscando
-con esto ya concluyo definitivamente- que piezas tan determinantes
como la sanidad o su propia financiación tengan también, si es
posible, un marco de consenso político y, sobre todo, un marco de
estabilidad y de confianza comparable al que se ha logrado en el
ámbito de las pensiones, en el ámbito de las prestaciones públicas.
Yo siempre he dicho que hay un Pacto de Toledo que concierne a las
prestaciones públicas, pero que sería deseable que ese mismo espíritu
alcanzase a áreas tan determinantes como la sanidad, sin la cual
también sería muy difícil entender y atender el problema de la
dependencia. Confío en que ese período de reflexión que ahora se abre
ante nuestros ojos dé sus frutos en forma de consenso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, coincido con buena parte de sus consideraciones y, de
entrada, con las tres primeras cuestiones que usted ha planteado. En
primer lugar, este es un debate hoy abierto en el conjunto de la
Unión Europea. Incluso Estados europeos que tienen más desarrollados
sus sistemas de protección social en el ámbito de las dependencias
también afrontan esas cuestiones. El gran reto del cambio demográfico
nos concierne a todos. En segundo lugar, hoy un planteamiento en el
ámbito de las dependencias que supera estrictamente el problema del
envejecimiento. Seguramente el gran cambio que nos obliga a abordar
esta cuestión en la perspectiva del medio plazo es el incremento del
número de personas mayores de 80 años, que van a necesitar lo que los
expertos denominan servicios derivados de su grave o severa
dependencia. Usted ha hecho una breve referencia al alzheimer y creo
que cuestiones como esa son las que van a plantear muchas más
necesidades a medio plazo. En tercer lugar, coincido con usted en la
necesidad de que el análisis del seguro privado se deba producir en
un contexto más amplio del conjunto de la política sobre situaciones
de dependencia. Por tanto, es necesaria una reflexión en el marco
europeo, impulsada en la dimensión social de la Unión Europea que
todos exigimos, que supere estrictamente las políticas para las
personas mayores, pero poniendo especial énfasis en las necesidades
de éstas, y es necesario que nuestra reflexión en el ámbito del
seguro de dependencia tenga una visión mucho más amplia. Usted lo ha
dicho y nosotros le tomamos la palabra. El propio señor Fidalgo, la
semana pasada, en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo, lo
formuló en estos términos. Sería necesario que en torno a las
políticas sobre situaciones de dependencia se llegase a un gran pacto
institucional entre todas las administraciones. Por tanto, el
esfuerzo que debe liderar el Gobierno en los próximos meses, en el
marco de esa comisión de trabajo que se ha creado, debe ir encaminado
precisamente a lograr ese amplio acuerdo con el conjunto de las
administraciones.
Nosotros, entre las recomendaciones del Pacto de Toledo, vamos a
defender la incorporación de una específica
que haga referencia a las políticas sobre situaciones de
dependencia, precisamente para centrar esa cuestión en el ámbito de
un blindaje que permita al conjunto de las fuerzas políticas
-aquellas que gobiernan o aquellas que participamos en la
gobernabilidad- convertir la política para las personas dependientes
en una política de Estado, una política de largo alcance con la que
podamos consolidar servicios, programas y actuaciones orientadas en
la lógica de la justicia y de la equidad. En esta doble línea de
pacto institucional y de incorporación al Pacto de Toledo de la
política sobre situaciones de dependencia Convèrgencia i Unió va a
ser activa y va a apoyar al Gobierno en aquello que sea necesario.
Es evidente que se abre un debate sobre cómo vamos a financiar estas
nuevas políticas. Nuestro grupo entiende que habría que hacer un
esfuerzo vía Presupuestos Generales del Estado. Seguramente habrá que
plantear al conjunto de la sociedad española que estas nuevas
necesidades van a requerir la movilización de más recursos
económicos. Habrá que abrir un debate sobre cómo vamos a ser capaces
de generar la financiación para estas políticas. Se nos va a plantear
un reto complejo -y el señor ministro ha hecho una breve referencia a
esto al final de su intervención-, que es cómo administramos ese
período de transición entre la configuración de las políticas que nos
van a hacer falta dentro de diez o quince años y las necesidades que
tiene hoy nuestra sociedad en esta materia. En ese período de
transición, todas las administraciones van a tener que poner de su
parte.
Entendemos -y nos gustaría conocer su opinión- que debemos configurar
un marco legal, una ley reguladora del acceso a esos derechos
sociales básicos. De la misma manera que tenemos una Ley general de
la Seguridad Social o una Ley general de la sanidad, debemos ir a una
ley reguladora a nivel estatal de los servicios sociales. Nos parece
que ese marco legal va a dar también a esta política la proyección
necesaria y suficiente. En todo ello, como siempre...
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, le recuerdo el compromiso.
Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.
He intentado explicar en la primera parte de mi intervención que
estamos ante un tema realmente multidimensional, que compromete
distintas voluntades políticas y, por qué no decirlo también,
voluntades sociales. Me gustaría destacar en esta segunda parte que
el Gobierno no está en una espera pasiva en orden a esa reflexión que
pueda producirse en el marco del acuerdo o en cualquier otro. Durante
estos años el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante a favor de los
principales segmentos de población que pueden verse afectados porel
fenómeno de la dependencia. Sirva como ejemplo el
plan gerontológico, en el cual las dotaciones presupuestarias
prácticamente se han doblado, puesto que se ha pasado de 3.700
millones de pesetas en el año 1996 a 6.700 millones de pesetas para
este año 2001 -prácticamente se han duplicado-. Sabe S.S. que eso ha
permitido también, sin duda ninguna, mejorar, tanto en cantidad como
en calidad, el número de plazas en residencias y en centros para
estancias temporales o no, así como para simples estancias diurnas.
También ha sido posible poner en marcha el primer programa de
atención a enfermos con alzheimer, si se quiere con una cuantía
limitada, pero que demuestra también que esta Cámara, y especialmente
el Gobierno, están teniendo una sensibilidad sobre este tema.
También, en el año 1997, se aprobó un plan de acción para las
personas discapacitadas. El presupuesto de este plan que, como le
decía, se puso en marcha con 400 millones, alcanza ya los 714. Son
aumentos que están muy por encima de lo que ha sido el simple
incremento de los precios o del propio IPC. Los programas de
teleasistencia, determinantes de la calidad de vida de muchas
personas sujetas a situación de dependencia, han pasado ya de los 656
millones del año 1996 a 1.800, prácticamente se han triplicado el año
2001, lo que ha permitido que indudablemente también se triplique el
número de usuarios, que estarán al acabar este ejercicio en torno a
los 42.000.
Me gustaría destacar que en lo que son áreas directas de
responsabilidad del propio Gobierno, se han introducido mejoras que
considero muy razonables, no solamente las que son propias del mundo
de las pensiones y de las prestaciones que tienen estos mayores,
sujetos en muchos casos a situación de dependencia -creo que ha
habido ocasión suficiente de comentar en esta Cámara cuál ha sido la
evolución de las pensiones, pensiones mínimas y pensiones en
general-, sino también en su tratamiento fiscal. Que la Ley 40/1998,
del IRPF, haya aumentado y mejorado la deducción por inversión en la
vivienda habitual de los contribuyentes minusválidos; que les dé
derecho a deducción de las obras, aun en el supuesto de que sean
arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios; que se haya
permitido una mejora importante de la fiscalidad en las aportaciones
realizadas a planes de pensiones a favor de personas con minusvalía,
declarar renta exenta las cantidades percibidas de instituciones
públicas con motivo del acogimiento de personas con minusvalía o
mayores de 65 años o permitir tributaciones conjuntas a los hijos
mayores de edad, pero que tienen esa incapacidad judicial
porque tienen esa dependencia, creo que son ejemplos claros de
lo que es esperar, pero esperar actuando: esperar ese acuerdo
político que yo deseo con el mismo ánimo que S.S. buscando si es
posible también su implementación y complementación con un acuerdo
social, pero, insisto, no desde la inacción, sino desde un llevar a
la práctica la sensibilidad que estoy seguro que todos los grupos de
la Cámara comparten. Modificaciones como las habidas en la nueva Ley
de propiedad horizontal o como las contempladas en la propia Ley de
conciliación de la vida laboral y familiar, en la cual se mejora la
situación laboral de quienes desde la propia familia atienden
situaciones de dependencia, concediéndoles derechos de reducción de
jornada y las posibilidades de excedencia que se abren en esta ley,
creo que también nos dan una idea de que es una de las grandes
apuestas. Estoy seguro de que cuando hablábamos antes de los recursos
disponibles en la sociedad española no nos estábamos limitando sólo a
las administraciones sino que nos referíamos también al propio
concepto de asistencia familiar, que al menos quien les habla sigue
considerando que es uno de los rasgos más positivos de la propia
sociedad y que también forma parte del diseño legal que se ha
establecido en países como Alemania, donde hay un apoyo directo a las
familias que atienden por sí las situaciones de dependencia; apoyo
que se podrá considerar siempre insuficiente, pero apoyo que yo
considero conceptualmente muy lógico. También cabe citar la apertura
que se hizo en Ley de familias numerosas a que la existencia de una
discapacidad o una situación de dependencia permitiese su mejora,
iniciativa que sin duda conoce bien su señoría. Creo que estas
acciones, unidas sobre todo a las que involucran y comprometen
también al conjunto de la sociedad, son las que nos pueden permitir,
insisto, que esta reflexión no sea simplemente una reflexión pasiva,
sino una reflexión en la cual, y hasta que se pueda producir ese
consenso, introduzcamos mejoras efectivas y apreciables por la propia
sociedad que tiene dependencia.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.