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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 71, de 21/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 71
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 67
celebrada el miércoles, 21 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Declaración institucional . . . (Página 3489)
Preguntas . . . (Página 3490)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo modelo de
gestión ferroviaria. (Número de expediente 172/000073.). . . .
(Página 3514)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a
la investigación sanitaria y farmacéutica. (Número de expediente 172/
000075.) . . . (Página 3522)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Declaración Institucional . . . (Página 3489)
La señora presidenta, según lo acordado en la Junta de Portavoces,
propone a la Cámara una declaración institucional con motivo del día
internacional contra el racismo, que es aprobada por asentimiento.
Preguntas . . . (Página 3490)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Va a utilizar el Gobierno el mismo procedimiento de la
Reforma Laboral para abordar una reforma del sistema de pensiones y
de la negociación colectiva? (Número de expediente 180/000567) . . .
(Página 3490)
Del Diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué beneficios
concretos puede reportar a la Comunidad Autónoma de Aragón la
ejecución del Plan Hidrológico Nacional? (Número de expediente 180/
000572) . . . (Página 3491)
Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Primero y Ministro del Interior: ¿Ha aplicado el Gobierno la Ley
Orgánica 8/2000, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en
la manifestación de miles de inmigrantes «sin papeles» que tuvo lugar
en Madrid, el día 18 de marzo? (Número de expediente 180/000585) . .
. (Página 3492)
De la Diputada doña Margarita Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Contempla el
Gobierno efectuar más
rectificaciones en materia de inmigración y extranjería? (Número de
expediente 180/000569) . . . (Página 3493)
Del Diputado don Máximo Ramón DíazCano del Rey, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de la Presidencia: ¿Considera el Ministro de la Presidencia
que la información dada por Televisión Española (TVE) sobre la
manifestación del pasado día 4 realizada en Madrid contra el Plan
Hidrológico Nacional fue veraz, objetiva y plural? (Número de
expediente 180/000560) . . . (Página 3494)
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia:
¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno para garantizar la
participación de los emigrantes en los procesos electorales? (Número
de expediente 180/000559) . . . (Página 3495)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
perspectivas ha abierto para esta Legislatura el Plan Director de
Cooperación Internacional? (Número de expediente 180/000573) . . .
(Página 3497)
De la Diputada doña Ana María Torme Pardo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué cometidos
tendrá el recientemente nombrado Embajador en Misión Especial para
las Migraciones y Protección de los Españoles en el Extranjero?
(Número de expediente 180/000582) . . . (Página
3498)
Del Diputado don José Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Tiene el Gobierno
la intención de dar respuesta a la Disposición Adicional Segunda del
Estatuto de Autonomía de Andalucía en el nuevo modelo de financiación
autonómica
para el período 2002-2006? (Número de expediente 180/000568) .
. . (Página 3499)
Del Diputado don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno
positivos los resultados que viene obteniendo la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria en la lucha contra el contrabando?
(Número de expediente 180/000575) . . . (Página
3500)
Del Diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué objetivos persigue el
Gobierno con la aprobación de las ayudas del Fondo de Cohesión para
entidades supramunicipales? (Número de expediente 180/000583) . . .
(Página 3501)
Del Diputado don Ramón Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿Cree el Gobierno que han sido los socialistas los
responsables de la ruptura del diálogo social entre los sindicatos y
empresarios? (Número de expediente 180/000564) . . .
Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué asistencia
sanitaria está prestando el Instituto Social de la Marina (ISM) a los
trabajadores del mar? (Número de expediente 180/000576) . . .
(Página 3503)
De la Diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
resultados se están obteniendo con el Observatorio de la publicidad?
(Número de expediente 180/000581) . . . (Página
3504)
De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y
Consumo: ¿Puede Vd. garantizar a los españoles que en nuestro país no
se esté consumiendo leche fraudulenta? (Número de expediente 180/
000561) . . . (Página 3505)
De la Diputada doña Leire Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y
Consumo: ¿Mantiene el Gobierno su posición de apoyar a las
multinacionales farmacéuticas en su práctica de comercio de fármacos
en África? (Número de expediente 180/000562) . . .
Del Diputado don Enrique Belda PérezPedrero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el
Gobierno en qué consiste el convenio firmado con el Comité Español de
Representantes de Minusválidos? (Número de expediente 180/000574) . .
. (Página 3507)
Del Diputado don Jordi Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuándo tiene previsto AENA instalar en el
aeropuerto de El Prat (Barcelona) la tecnología ILS que permite a los
aviones operar con visibilidad reducida a sólo 50 metros, cuyo coste
aproximado es de 640 millones de pesetas y permitiría eliminar el
caos que se produce en dicho aeropuerto los días en los que hay
niebla? (Número de expediente 180/000570) . . .
De la Diputada doña María José González del Valle García de la Peña,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Gobierno: ¿Qué medidas tiene pensadas el Gobierno en materia de
transportes de mercancías por carretera para mejorar la
competitividad con las empresas europeas? (Número de expediente 180/
000577) . . . (Página 3509)
Del Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál
ha sido la actuación de la Administración marítima española en
relación con el buque Castor, que con 29.000 toneladas de gasolina a
bordo y una fisura en su casco pretendió entrar en el puerto de
Algeciras? (Número de expediente 180/000578) . . .
Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones
Públicas: ¿Mantiene el Gobierno las conclusiones del informe del
Ministerio de Administraciones Públicas acerca del Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Sr. Arias Cañete? (Número de
expediente 180/000565) . . . (Página 3511)
Del Diputado don Joan Bertomeu Bertomeu, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué aspectos son
destacables, dentro del Plan INFO XXI, en relación con la formación
en las nuevas tecnologías? (Número de expediente 180/000579) . . .
(Página 3512)
Del Diputado don Juan Manuel Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué perspectivas
tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología en relación con los
indicadores para evaluar el desarrollo de la sociedad de la
información? (Número de expediente 180/000580) . . .
Interpelaciones urgentes . . . (Página 3514)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo modelo de gestión
ferroviaria . . . (Página 3514)
Presenta la interpelación el señor Segura Clavell, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión ferroviaria porque
entiende que se acerca
el momento, en los próximos años, de que el Gobierno español tome
decisiones sensatas para culminar la liberalización del transporte,
liberalización que se ha ido abordando en la mayor parte de sus
modalidades menos en el sector ferroviario. Explica las mejoras
notables y consecutivas que se experimentaron con la liberalización
del transporte aéreo, del mercado del flete marítimo o del transporte
discrecional de pasajeros y mercancías por carretera, pero, añade las
tres directivas comunitarias que se aprobaron en el año 1991, y otras
dos en 1995, que se publicaron el el diario Oficial de las
comunidades Europeas, tendentes a permitir la liberalización del
sector ferroviario, no trajeron consigo los beneficios equivalentes a
los que proporcionó a los usuarios y a la formación y consolidación
de ese mercado único en el seno de la Unión Europea la aplicación de
las directivas liberalizadoras del transporte en los otros modos a
los que se ha referido. Pregunta al señor ministro de Fomento, al que
reconoce un afán constructivo de cooperación desde el Gobierno para
impulsar el transporte de mercancías por la vía férrea, sobre unas
declaraciones públicas en las que decía que el Gobierno español iba a
adelantar la cadencia temporal diseñada por las instituciones
europeas para liberalizar el transporte de pasajeros y de mercancías.
Le preocupa la posible intención del Gobierno de establecer un
mecanismo de privatización del sector ferroviario nacional, que no
liberalización, puesto que el ministro de Fomento ha dicho que se
prevé que la compañía Renfe se transfiera a la SEPI.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento
(Álvarez-Cascos Fernández). Muestra su decepción porque después de
haber dedicado tres comparecencias, desde que fue nombrado ministro
de Fomento, al modelo ferroviario, el señor Segura presente una
interpelación basada en declaraciones de periódicos, y vuelve a pedir
la participación de todos en la definición concreta del nuevo modelo
ferroviario. Respecto a las cuestiones planteada por el interpelante
le remite a las directivas europeas y explica que el compromiso es
que en el plazo de dos años, que vence el 15 de marzo de 2003, España
pueda comunicar a la Unión Europea que ha adoptado las medidas
necesarias para trasponer las tres directivas, lo que significa que
se habrán convenido las obligaciones mínimas, pero no que no se
puedan hacer otras cosas, como por ejemplo liberalizar los servicios
de largo recorrido de viajeros. Resalta la conexión existente entre
el modelo ferroviario y el plan de infraestructuras, especialmente en
los tres programas de alta velocidad convencional y de cercanías.
Muestra su buena disposición al diálogo que propicie un acuerdo en el
nuevo modelo ferroviario, y anima a los grupos parlamentarios a
buscar los
instrumentos parlamentarios necesarios para discutir las alternativas
de las que se dispone en la trasposición de la normativa europea,
contando con la colaboración del Gobierno.
Replica el señor Segura Clavell, duplicando el señor ministro de
Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón
Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Ortiz
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
criterios de política general previstos por el Gobierno en relación a
la investigación sanitaria y farmacéutica . . .
Presenta la interpelación urgente la señora Riera i Ben, en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Critica
duramente el convenio de colaboración, firmado por la señora ministra
de Sanidad y Farmaindustria, para la promoción y desarrollo de la
investigación científica y técnica en el ámbito sanitario, tanto en
las formas como en el fondo, y afirma que dicho convenio ni tan
siquiera se corresponde con los fines que persigue. Hace una serie de
preguntas, a las que espera contestaciones concretas por parte de la
señora ministra, sobre los 5.500 millones de pesetas que se
compromete a aportar Farmaindustria al Sistema Nacional de Salud, a
través del Instituto Carlos III, y sobre la participación de los
consejeros autonómicos. Finalmente, y en la línea que caracteriza a
su grupo, ofrece su colaboración, pero aclara que esta colaboración
no está reñida ni con la crítica, que considera necesaria, ni con la
discrepancia que con todo respecto, pero también con todo rigor, ha
querido plasmar en esta interpelación.
Contesta, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad y
Consumo (Villalobos Talero). Comprende la preocupación del grupo
interpelante y la de todos los grupos de la Cámara sobre el futuro de
la investigación en este país, pero no entiende que en la
presentación verbal de la interpelación no se haya hablado para nada
de la política general planteada por el Gobierno, cuando el título de
la misma es «sobre criterios de política general previstos por el
Gobierno en relación con la investigación sanitaria y farmacéutica.»
La señora interpelante, añade, se ha limitado a hablar de un convenio
que no le satisface, y la señora ministra no quisiera que se pudiera
interpretar su intervención como una negativa a responder a las
preguntas que le han sido formuladas,
por lo que pasa a explicar la política de investigación
biomédica planteada por el Gobierno a través del Instituto Carlos
III. Asimismo se refiere al acuerdo firmado con Farmaindustria que
está en la línea de la investigación, y no del control del gasto
farmacéutico, y del que se siente muy orgullosa.
Replica la señora Riera i Ben, duplicando la señora ministra de
Sanidad y Consumo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Fidalgo
Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mingo Zapatero, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Señorías, con motivo del Día internacional contra el racismo, que se
celebra hoy, y en función de lo acordado en la Junta de Portavoces,
propongo a la Cámara la aprobación de la siguiente declaración
institucional.
El Congreso de los Diputados, con motivo del Día internacional contra
el racismo, realiza la siguiente declaración institucional: Todos los
seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Toda doctrina de
superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable,
socialmente injusta y peligrosa y no tiene justificación alguna. El
Congreso de los Diputados reitera su determinación sin reserva de
redoblar esfuerzos para combatir el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, dando a
esa lucha la atención prioritaria que merece. En este compromiso y
con el propósito de hacer del siglo XXI el siglo de los derechos
humanos, el Congreso de los Diputados se compromete a desarrollar su
actividad teniendo siempre presentes los derechos inherentes a las
personas indistintamente de su raza, a promover en el ámbito de su
actuación una cultura basada en la tolerancia, a incentivar planes de
igualdad y contra la discriminación y a luchar contra la exclusión
social y la marginación. El Congreso de los Diputados sigue con
atención los trabajos preparatorios de la Conferencia mundial contra
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia, que se celebrará en Durban (Sudáfrica) del
31 de agosto al 7 de septiembre próximos. El Congreso delos Diputados
insta al Gobierno a que desempeñe un
papel activo en dicha conferencia mundial, contribuyendo de esta
forma al éxito de la misma. El Congreso de los Diputados estima de la
mayor importancia que los documentos finales que se adopten en la
conferencia mundial contengan compromisos firmes de los Estados y de
la comunidad internacional y medidas efectivas para hacer frente en
el presente y en el futuro a los fenómenos racistas,
discriminatorios, xenófobos y de intolerancia conexos allá donde
puedan producirse. ¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.-
Aplausos.)
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿VA A UTILIZAR EL GOBIERNO EL MISMO PROCEDIMIENTO DE LA
REFORMA LABORAL PARA ABORDAR UNA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES
Y DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA? (Número de expediente 180/000567.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Preguntas.
En primer lugar, las dirigidas al señor presidente del Gobierno.
Pregunta número 18, que formula el diputado don Gaspar Llamazares
Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, después del reciente
decreto laboral, ¿piensa usted imponer unilateralmente nuevas
reformas de las pensiones, de la protección social o de otras
materias como la negociación colectiva?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, nuestro
deseo es que en este caso, además de haber diálogo entre los agentes
sociales, existan también acuerdos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, su reciente
contrarreforma laboral significa un cambio de rumbo en su accidentado
viaje hacia el centro. Con el decretazo ha roto usted con el legado
de la transición democrática, interrumpido en el período 1986- 94, de
concertación y diálogo social. Con el decretazo ha desequilibrado la
balanza social en beneficio del
más fuerte, en beneficio de los empresarios, forzando a los
trabajadores a defenderse en el marco de la empresa y de los sectores
y a movilizarse frente a su política.Señor presidente, ha tomado
usted un camino equivocado, el camino de la derechización y de la
imposición. Sin embargo, el interrogante hoy es saber si por
cualesquiera razones -cambio en el ciclo económico, indigestión de la
mayoría absoluta o intención de dejar huella en su política- ese
cambio de rumbo no es solamente accidental sino que se convierte en
un camino sin retorno. ¿Piensa usted aprovechar la reforma del
mercado laboral para introducir de matute una reforma de las
pensiones en la que se extienda el cómputo a toda la vida laboral,
reduciendo las pensiones en más de un 25 por ciento, señor
presidente? Quiero que responda a esa pregunta. Señor presidente,
¿piensa usted modificar la negociación colectiva haciendo tabla rasa
de los derechos de los trabajadores y de su conquista en convenios
anteriores? ¿Piensa usted modificar la protección social al
desempleo? Esas preguntas clarificarán si ustedes solamente están en
un cambio de rumbo o si, por el contrario, han iniciado un camino sin
retorno. Señor presidente, vuelva en sí, reflexione, no atraviese el
rubicón, no queme todas sus naves. Señor presidente, si la huelga se
convoca no la convocarán los sindicatos, no la convocaremos por
supuesto las fuerzas políticas; la convocará usted solito.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, como le he
dicho, la apuesta del Gobierno por el diálogo social permanece
plenamente vigente. Además, sigo pensando que el diálogo social es el
método más útil cuando hay que afrontar reformas de profundidad y de
calado, que son las que necesitamos en nuestro país.
Le quiero recordar, señoría, que en los últimos cinco años ha habido
algunas reformas provenientes del diálogo social y algunos acuerdos
sin duda importantes. Ha habido una reforma laboral en el año 1997 a
partir de la cual se han creado más de dos millones de empleos en
España, ha habido un acuerdo sobre Seguridad Social, ha habido
acuerdos sobre formación continua, ha habido acuerdos sobre salud
laboral y hubo un acuerdo sobre negociación colectiva. Lamento mucho
que no haya habido acuerdos sobre la reforma laboral, respecto a lo
cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones en esta Cámara, pero me
limito a volver a repetir que el Gobierno ha puesto en marcha y ha
presentado ante la Cámara el 90 por ciento de los acuerdos quetenían
prácticamente ultimados los agentes económicos y sociales. Le quiero
decir, señoría, por si tiene alguna duda y para su información, que
el diálogo continúa.
Esa reforma será tramitada en esta Cámara como proyecto de
ley, como ya he dicho, y por lo tanto estamos abiertos a escuchar y a
estudiar las mejoras que se quieran introducir por vía de enmiendas.
Se ha firmado el tercer acuerdo de formación continua, está pendiente
de firma un acuerdo tripartito sobre solución extrajudicial de
conflictos, está abierta la mesa de diálogo sobre salud y riesgos
laborales -de lo cual hablamos la semana pasada-, en este momento se
está dialogando en la mesa de protección social sobre temas de
Seguridad Social. Yo espero que se pueda llegar a un acuerdo, que los
agentes sociales lleguen a un acuerdo, y la voluntad del Gobierno es
impulsarlo. Estamos también prontos a abrir la negociación colectiva,
que fue definida en 1997, pero cuyos acuerdos no fueron efectivamente
desarrollados.
En definitiva, el diálogo social está plenamente vigente y cuando
cada uno cumple su papel y asume sus responsabilidades se llega, como
hemos demostrado a lo largo de estos años, a resultados
extraordinariamente positivos. La apuesta del Gobierno sigue siendo
la del diálogo social y esperamos que cada uno asuma su
responsabilidad.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL CISNEROS LABORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:¿ QUÉ BENEFICIOS
CONCRETOS PUEDE REPORTAR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN LA
EJECUCIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL? (Número de expediente 180/
000572.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don
Gabriel Cisneros Laborda.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señora presidenta, señor
presidente del Gobierno, al grupo parlamentario que sostiene y
respalda la acción del Gobierno le asiste la convicción de que el
Plan hidrológico nacional supone una oportunidad para corregir
definitivamente una de las más graves de aquellas que Ortega llamaba
limitaciones nativas de España. El mismo Ortega nos animaba a
considerar las condiciones geográficas no como una fatalidad que
arrastre, sino como un límite que emplaza. Sus señorías saben bien, y
usted también, señor presidente, que el argumento de la desigualdad
de los recursos hídricos entre las distintas tierras de España y los
expedientes para corregirla es una de las constantes más presentes en
los viajeros y arbitristas de la Ilustración, en el reformismo
agrario de Jovellanos, en los informes y memorias de las reales
sociedades económicas de amigos del país,
en todo el pensamiento regeneracionista y singularmente en la obra
mayúscula del aragonés Joaquín Costa. Sabemos que el Plan hidrológico
es, como su propio rótulo indica, nacional, y que analizarlo en
términos de coste o beneficio, ventaja o daño, para tal o cual
comunidad en lugar de hacerlo desde la perspectiva integradora de la
solidaridad es una forma segura de equivocarse al enjuiciarlo. Sin
embargo, y aun descontada la incidencia de la explotación política
del agravio y del oportunismo partidista, es difícil evitar que ante
el Plan hidrológico nacional, en principio, sean distintas las
actitudes y predisposiciones de los ciudadanos de las cuencas
cedentes de las de los ciudadanos de las cuencas receptoras. Algunas
reacciones sociales aragonesas serían de imposible comprensión y
difícilmente inteligibles, señor presidente, si no se parte del
reconocimiento de que es tan innegable y evidente que el Ebro dispone
de recursos excedentarios como que Aragón adolece de déficit
históricos de regulación y de regadío para la explotación de unas
aguas que discurren en la mayor parte por su territorio. Todo ello
nos anima a preguntarle, señor presidente, qué beneficios concretos
puede reportar a la Comunidad Autónoma de Aragón la ejecución del
Plan hidrológico nacional. (Aplausos.- Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cisneros.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señorías, creo que Aragón tiene mucho que ganar con el Plan
hidrológico nacional. (Rumores.) Las fuerzas políticas aragonesas,
hace unos años, llegaron a formular un pacto del agua, que era un
conjunto de obras sin duda muy relevantes, muy importantes, en virtud
del cual se podía utilizar el agua del Ebro fundamentalmente como
fuente de riqueza; es decir, podían aprovechar lógica y
razonablemente aquello, cosa que hasta ahora no ocurría. El plan
prevé invertir 400.000 millones de pesetas en el desarrollo del pacto
del agua (Rumores.) y, por tanto, en realizar las obras que demandaba
el conjunto de fuerzas políticas aragonesas y, además, convertir en
regadíos 200.000 hectáreas hoy improductivas. Tal vez por eso, en el
Consejo Nacional del Agua el Plan hidrológico nacional ha recibido el
apoyo de todos los regantes de España, incluidos los regantes
aragoneses, que se juegan su futuro personal en el desarrollo y los
beneficios de este plan. Quiero decirle también que vamos a acometer
seis grandes actuaciones de regulación en los afluentes de la ribera
izquierda y 18 actuaciones en la ribera derecha, también en Teruel.
Eso significará que Aragón aumentará el 50 por ciento su superficie
de regadío, lo cual quiere decir a su vez que la productividad de
esas tierras se va a multiplicar por seis. Se va a regular la margen
derecha
para atender las necesidades de pueblos y zonas de Aragón que
todavía tienen dificultad de abastecimiento de agua y,
específicamente la ciudad de Zaragoza, que tiene un mal
abastecimiento, un abastecimiento de baja calidad, va a ver mejoradas
sus condiciones con un nuevo embalse y con nuevas conducciones.
Señorías, el Plan hidrológico nacional -lo he expresado en algunas
ocasiones- es esencial para la vertebración del país. El Gobierno ha
tomado la iniciativa presentando ese plan, aprobado mayoritariamente
por el Consejo Nacional del Agua, y espero y deseo que todas las
comunidades, con el respaldo, a ser posible, de la mayoría de fuerzas
políticas, podamos afrontar esa obra necesaria para nuestro país,
para vertebrar España, y en eso tiene que estar también la Comunidad
Autónoma de Aragón y los aragoneses. No entiendo que se fomenten
políticas de agravios comparativos inexistentes ni que a la hora de
abordar el Plan hidrológico nacional, que produce y producirá esos
resultados, entre otros, en Aragón, se esté en oportunismos o en
actitudes de cortos vuelos políticos. Esto es lo que hace falta en
este momento en este país. (Un señor diputado: ¡Fuera!-Aplausos.-
Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Blanco, le ruego guarde silencio.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
Y MINISTRO DE INTERIOR: ¿HA APLICADO EL GOBIERNO LA LEY ORGÁNICA 8/
2000, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000 SOBRE DERECHOS Y
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, EN
LA MANIFESTACIÓN DE MILES DE INMIGRANTES «SIN PAPELES» QUE TUVO LUGAR
EN MADRID EL DÍA 18 DE MARZO? (Número de expediente 180/000585.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
primero y ministro de Interior. En primer lugar, la pregunta número
15, que formula el diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Rajoy, en relación con la inmigración estos días hemos tenido
dos noticias, una buena y otra preocupante. La buena es que la Unión
Europea destaca que España es un ejemplo de tolerancia hacia los
inmigrantes, que los españoles no se sienten molestos por la llegada
de personas de otra raza o religión -a pesar de su secretario de
Estado señor Fernández-Miranda- y
contemplan a las minorías como un enriquecimiento social y cultural.
La preocupante es su disposición al diálogo en materia de
inmigración. No hacen ustedes todo lo posible por que este desafío se
resuelva de modo positivo. Se lo dice incluso el señor Pimentel, que
fue miembro de su Gobierno. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Caldera.
Señorías, ruego guarden silencio. (Protestas.) Señorías, ruego
guarden silencio.
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Piensa, señorías, que la actitud
del Gobierno -lo dice- la alienta el racismo. Es verdad que su
posición es errática, señor vicepresidente, y por eso yo le pregunto
si su Gobierno está aplicando la Ley de Extranjería, por ejemplo, a
los irregulares sin papeles que por miles se manifestaron el domingo
pasado en Madrid.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey):
El Gobierno aplica la ley siempre, señor Caldera, como no podía ser
menos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: No, señor vicepresidente del
Gobierno; no la aplica. El Gobierno tiene obsesiones y no aplica
adecuadamente la ley. Ya le dije que no resuelve positivamente este
desafío. Han ofrecido el retorno a Ecuador a 25.000 ecuatorianos, y
cuando se han dado cuenta de lo descabellado de esa propuesta han
decidido corregir. Por cierto, señor Rajoy, si ustedes regularizan a
estos ecuatorianos tienen que hacerlo sin discriminación para
personas de otras nacionalidades. O lo que están haciendo en su
posición errática en relación con el ejército profesional: dice el
señor Trillo que quiere incorporar a los inmigrantes como un paso
para llegar a la nacionalidad, pero luego dice que sólo un poquito,
sólo un 2 por ciento de los que se incorporen al ejército. ¿No se da
usted cuenta de que esto es una prevención negativa? Más bien
demuestra la falta de respuesta que ustedes tienen ante este
fenómeno. O la falta de aplicación de la ley: niegan derechos de
manifestación a inmigrantes irregulares, se manifiestan y no les
sancionan; les niegan derecho de reunión y, fíjese usted, su
Administración ha llegado a pactar compromisos con sin papeles en los
cuales incluso establecen procedimientos de regularización.
Señor Rajoy, escuche a la sociedad española. Resuelvan este desafío
de modo positivo, no vergonzante, dialogante. Acepten las propuestas
del Partido Socialista porque serán positivas para toda la sociedad
española. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey):
Usted me ha pedido que acepte las propuestas del Partido Socialista
porque serán positivas para la sociedad española, y no lo descarto.
(Rumores.) Pero convendría que me aclarase algunas cosas, porque
ustedes aprobaron la Ley...
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señor Rajoy.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey):
Ustedes aprobaron la Ley de Extranjería en el año 1985, por cierto,
recurrida al Tribunal Constitucional, como recordarán. El reglamento
se aprobó once años después, en 1996. En 1999 votaron aquí a favor de
una ley distinta a la de 1985. En el año 2000 aceptaron la práctica
totalidad de la ley que presentó el Gobierno, salvo la cuestión de
los derechos, volviendo a cambiar de criterio. Luego el señor
Zapatero dijo que no iba a recurrir la ley, pero después en el País
Vasco se abstuvieron en la votación en lo relativo al recurso de
inconstitucionalidad, en Cataluña votaron a favor y en Baleares
también recurrieron en contra del dictamen del Consejo consultivo,
aunque nada más espectacular que lo que hicieron en Asturias, donde
en el Parlamento se abstuvieron y luego el Gobierno asturiano decidió
votar el recurso de inconstitucionalidad. Como consecuencia de todo
ello les obligaron a recurrir la ley, y encima quieren pactar. Aun
así, yo quiero pactar porque eso demuestra su voluntad de
colaboración con el Gobierno. Por cierto, si usted tiene verdadera
voluntad de colaboración con el Gobierno debería decirme a mí, que
soy el ministro del Interior, quiénes son esos inmigrantes ilegales
que se manifestaron el otro día en Madrid, porque yo he visto al
señor Frutos, a la señora Sabanés y al señor Llamazares (Protestas.),
que no son precisamente inmigrantes ilegales. (Protestas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.)
Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que transcurran los
turnos, tanto de los diputados preguntantes como del Gobierno,
cumpliendo las normas del Reglamento para que podamos hacer el debate
más ágil
y no sea preciso que desde esta Presidencia tenga que interrumpirlo.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Por cierto, señor Llamazares, ¿le ha preguntado al señor Caldera por
qué no estaba allí el domingo? ¿O es que estaba disfrazado?
(Protestas.-Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONTEMPLA EL
GOBIERNO EFECTUAR MÁS RECTIFICACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA? (Número de expediente 180/000569.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula la diputada
doña Margarita Uría Etxebarría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, desde que usted se hizo cargo de la cartera de
Interior ha habido algún cambio que supone enderezar torpezas
anteriores como esos viajes de ida y vuelta de ciudadanos
ecuatorianos como cauce de obtención de una regularización en sus
papeles. No sé si han primado razones humanitarias o de mera lógica.
Me temo que no. Más bien ha pesado el costo para el erario público.
Pero está bien enderezar comportamientos poco correctos. ¿Piensan
hacerlo en más materias o aspectos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Señora Uría, yo no tengo constancia de que el Gobierno
haya efectuado ninguna rectificación en materia de inmigración y de
extranjería. (Rumores.) Se refiere usted a un asunto muy concreto, el
de la regularización de los 24.000 ecuatorianos que han pedido
acogerse al plan del Gobierno, que es una apuesta por la legalidad
por parte del Gobierno y también una apuesta por la legalidad por
parte de esas 24.000 personas. Esas 24.000 personas cumplirán lo que
ha dicho el Gobierno. Lo que sucede es que en este momento, como
usted muy bien sabe, estamos en un proceso de regularización de
oficio previsto en la propia ley aprobada en estas Cortes Generales
y, además, es nuestra intención aplicarlo no sólo en esa parte, que
es la disposición adicional, sino teniendo en cuenta los criterios
que la propia ley establece en su artículo 31,
con lo cual no será necesario que se produzca el viaje de todas las
personas a las que usted acaba de hacer referencia.
En cuanto al futuro, no tengo pensado hacer más rectificaciones, en
el supuesto de que ésta lo fuera, que como acabo de decirle no es
sino una aplicación estricta de la ley: disposición transitoria y
artículo 31.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEVARRÍA: Señor vicepresidente, por lo menos hemos
terminado con las idas y vueltas. Pero hay más cuestiones.
Cuando tramitábamos la Ley 4/2000 ó la Ley 8/2000 parecía imposible
pensar que los inmigrantes pudiesen desarrollar cualquier función
pública. En el texto de la Ley 4/2000 podían desarrollar empleos
laborales, en el de la 8/2000 se restringe sólo a los residentes y
ahora resulta que otro criterio humanista -la falta de vocaciones
militares, según parece- les ha llevado a llamarles a filas. Antes
había pegas legales que ahora parece que pueden solventarse y no se
les llama para ejercitar función pública sino lo que se llama defensa
nacional, para lo que desde luego habrá que salvar muchísimos
escollos. Mi interés, el interés de mi formación política por lo
militar es prácticamente inexistente; es más, nos suena a lo de los
Regulares y la Guardia Mora. Pero realmente abre un camino
interesante; un camino que lleva a pensar que puede haber empleos
públicos, un camino de posibles ocupaciones que quizás debiera
ampliarse. Si se quiere, si se acredita que se necesita, como pasa
con el caso del ejército, se ve que es posible remover los
obstáculos.
Hay otras materias. Ha hablado usted del proceso de regularización
para justificar la no necesidad de idas y venidas de los
ecuatorianos. Respecto de esto, todos los medios de comunicación
insisten en que todas las formaciones políticas poseen el borrador
del reglamento. Nuestra formación política desde luego no lo tiene,
produciéndonos este feo político un cierto desasosiego puesto que no
podemos participar en las aportaciones que pudiéramos hacer al
respecto. Además, hay otras cuestiones, como los motivos por los que
no se presta asistencia jurídica a los que pretenden acogerse como
refugiados en las costas españolas. Esto no tiene base legal, señor
Rajoy. Las instrucciones de los delegados del Gobierno son del mes de
agosto y no coinciden ni con la fecha de entrada en vigor de la Ley 4
ni de la Ley 8. Sería bueno que se rectificase. El derecho a...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR
(Rajoy Brey): Señora Uría, la política del Gobierno en materia de
inmigración es la que usted ya conoce y se basa en los siguientes
pilares. La ley en vigor, la que han aprobado recientemente las
Cortes Generales, es el instrumento básico de esa política y fija las
líneas y los criterios generales. En ella se establece que los
inmigrantes en situación legal tienen exactamente los mismos derechos
que los ciudadanos españoles, como usted muy bien sabe. En segundo
lugar, esa ley será desarrollada por un reglamento que yo ya he
dicho, y lo reitero ahora, que nuestra voluntad es pactar con todas
las fuerzas políticas y naturalmente con la suya. El pasado viernes
di instrucciones para que el proyecto de reglamento se remitiese a
todas las fuerzas políticas y entiendo que las mismas se han cumplido
y que por tanto lo tienen ustedes en su poder. Si no tienen el
proyecto de reglamento, lo siento, pero no ha sido por decisión mía y
en cualquier caso les será remitido inmediatamente. En tercer lugar,
el objetivo fundamental de la ley, que es el punto clave de la
política de inmigración, es hacer una apuesta por la migración legal.
De ahí la política de convenios con otros países y nuestra voluntad
de acordar con empresarios y sindicatos, piezas claves para llevar a
buen término esta política. Y la segunda parte de esta política es la
lucha contra la ilegalidad y particularmente contra las mafias y
organizaciones criminales. Es decir, la misma política que hace muy
poco tiempo en el Consejo Europeo de Bruselas de ministros de
Justicia e Interior aprobaron todos los países de la Unión.
(Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON MÁXIMO RAMÓN DÍAZ-CANO DEL REY, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA QUE LA
INFORMACIÓN DADA POR TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) SOBRE LA MANIFESTACIÓN
DEL PASADO DÍA 4 REALIZADA EN MADRID CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL FUE VERAZ, OBJETIVA Y PLURAL? (Número de expediente 180/
000560.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de la
Presidencia.Pregunta número 12, que formula el diputado don Máximo
Ramón DíazCano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Fue una lástima que la semana pasada el Gobierno no quisiera
responder a esta pregunta, pero como tenemos una gran curiosidad,
señor ministro, queremos saber si usted considera que la información
dada por Televisión Española sobre la manifestación del pasado día 4
de marzo realizada en Madrid contra el Plan hidrológico nacional le
parece que fue veraz, objetiva y plural.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Jiménez): Gracias, señora
presidenta.
El Gobierno entiende que la información dada por Televisión Española
a la que ha hecho referencia S.S. no ha vulnerado el artículo 4 del
Estatuto de la Radio y la Televisión, el cual establece los
principios de objetividad, veracidad e imparcialidad. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: No sé si tomarme su respuesta como fruto
de la ignorancia o como un insulto a nuestra inteligencia. Más bien
creo que por lo primero, puesto que lleva usted poco tiempo en el
Gobierno y a lo mejor en Castilla y León no estaban acostumbrados a
hacer estas cosas, aunque lo dudo.
En cualquier caso, señor ministro, quiero contarle, porque creo que
no lo sabe, lo que se vio en el telediario del día 4 de marzo. Ese
día cientos de miles de personas procedentes de muchos rincones de
España vinieron a manifestarse a Madrid contra el Plan hidrológico
nacional y Televisión Española, como todos los medios de
comunicación, fue a cubrir esa información. Allí había muchos
dirigentes de organizaciones agrarias, sindicales e incluso
políticas. Estaba también el presidente del Gobierno de Aragón, pero
Televisión Española o no lo vio, o si lo entrevistó no lo emitió. Sin
embargo, sí vio a un responsable de una organización ecologista
respetable, a quien, comportándose como dictan las normas éticas,
Televisión Española le preguntó lo siguiente: ¿Qué opina usted -se
estaban manifestando contra el Plan hidrológico nacional del
Gobierno- sobre la propuesta del Partido Socialista en relación con
el Plan hidrológico nacional? Esto, señor ministro, en cualquier
Facultad de Ciencias de la Información se enseña como manipulación de
libro, con mayúsculas, siendo lo que hace Televisión Española
permanentemente. (Aplausos.) La manipulación es permanente y
sistemática. Le voy a dar un dato, por si no se lo han pasado
todavía, señor ministro. En tan sólo un día el ex ministro del
Interior y el presidente del Gobierno salieron más tiempo en
televisión que durante 20 días José Luis Rodríguez Zapatero, Jesús
Caldera,
José Blanco y Nicolás Redondo Terreros. Y esto lo hacen porque
les molesta que el Partido Socialista tenga propuestas. Esto es lo
que les molesta, señor ministro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Jiménez): Gracias,
señoría.
Usted sabe que aquí hay una Comisión de Control de Radiotelevisión.
(Rumores.) La información a la que S.S. hace referencia fue una
información bien valorada en la estructura del telediario. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Jiménez): Hace años que un
Gobierno ya no hace los telediarios. (Risas.) Fue una información
bien valorada, ya que ocupó el primer lugar de la primera edición del
mismo, con una duración de tres minutos, cuarenta y un segundos, es
decir, la décima parte del telediario, y fue la segunda noticia en la
edición de las nueve de la noche. La información recogió la amplitud
de la propuesta. Reiteró que se trataba de una manifestación masiva
que había reunido en Madrid a decenas de miles de aragoneses y
catalanes y dio la voz a todos aquellos que se oponen al trasvase. Se
resaltó que habían sido más de 30 las organizaciones convocantes y,
entre ellas, había organismos, entidades, partidos políticos,
etcétera. Señoría, es cierto que hay diferentes voces en ese
reportaje, porque son muchos los que han convocado la manifestación,
pero como hay diferentes manifestaciones en su partido. (Rumores.) Es
más, le diría que, perteneciendo usted a Castilla-La Mancha, a
Cuenca, no me extrañaría nada que el próximo miércoles me haga una
pregunta sobre las bondades del plan.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ
MEDIDAS TIENE PREVISTAS ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA
PARTICIPACIÓPN DE LOS EMIGRANTES EN LOS PROCESOS ELECTORALES? (Número
de expediente 180/000559.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas alseñor ministro de Asuntos
Exteriores.
En primer lugar, pregunta número 11, que formula la diputada doña
Consuelo Rumí Ibáñez.
La señora RUMÍ IBAÑEZ : Señor Piqué, me gustaría que le dijese a su
compañero señor Rajoy que no haga bromas con la tragedia de miles de
inmigrantes que son tan seres humanos como todos ustedes. (Aplausos.)
¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno para garantizar la
participación de los emigrantes en los procesos electorales?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoría.
Debo decirle, aparte de contestar a la pregunta con mucho gusto, que
el Gobierno nunca hace broma sobre un tema serio, ni tampoco
demagogia, ni hace planteamientos que, al final, objetivamente a
quienes favorecen es a aquellos que trafican ilegalmente con las
personas y las ponen en riesgo. Eso es lo que nunca va a hacer el
Gobierno, señoría. (Rumores.)
Respondiendo a su pregunta: muchas medidas, porque, efectivamente, es
un tema que no ha sido exactamente bien resuelto desde hace
muchísimos años, y hemos adoptado una serie de medidas entre las
cuales destacaría las siguientes: El voto de los españoles que se
encuentren temporalmente en el extranjero durante un proceso
electoral en España queda facilitado por la aprobación del Real
Decreto 3425/2000, del pasado 15 de diciembre, sobre inscripción de
los españoles en los registros de matrícula de las oficinas
consulares en el extranjero. Desde ahora, todo español que se
encuentre fuera de España y desee participar con su voto, podrá
hacerlo siempre y cuando se inscriba en el registro de matrícula
consular como residente y simultáneamente en el CERA, dentro de los
plazos legales establecidos. Las oficinas consulares les aconsejarán
inscribirse como residentes tanto en el registro como en el CERA,
como ya he dicho. La inscripción debe cursarse dentro del plazo
máximo legal para poderse inscribirse en el censo, que es el último
día de la exposición de listas electorales en las oficinas
consulares. La inclusión en el CERA será por la vía de las
reclamaciones, que se adelantan por fax, y que están contempladas en
el artículo 39.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Al
regresar a España, o a otra circunscripción consular, al término de
su estancia temporal en el extranjero, deberán darse de alta en el
padrón municipal o en el correspondiente registro de matrícula
consular. Además de eso se va a proponer (y eso hace falta hacerlo a
través de un proyecto de ley que será discutido próximamente en estas
Cortes) ampliar el plazo en cinco días para enviar la documentación
electoral, al
electorado residente en el extranjero. También se propone que el
escrutinio empiece dos días más tarde, para que haya más margen para
la remisión del voto por correo, y se amplía el plazo de depósito del
voto en los locales consulares en tres días. Todo ello, como ya he
dicho, debe ser aprobado en sede parlamentaria, pero responde además
a las peticiones que nos ha hecho el Consejo General de Emigración y,
en general, las representaciones de los emigrantes, que nosotros
hemos atendido con mucho gusto porque creo que tienen razón.
Gracias, señoría. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor Piqué los términos de la pregunta eran
muy precisos. Hablamos de garantizar la participación y la
transparencia, no de captar votos, no de inscripciones fraudulentas
en el censo de residentes ausentes. De esto tiene que dar
explicaciones, porque estamos ante la denuncia de hechos muy graves
que implican ahora a un ex presidente de una comunidad autónoma, a
dos ministros, y ya veremos dónde acaban las sospechas de fraude
electoral en Baleares.
No pongan trabas a la investigación, porque ese escándalo afecta a
derechos constitucionales que el Gobierno debe garantizar. Si no
tienen nada que ocultar no deben temer a la verdad de lo ocurrido en
Baleares con el voto de los emigrantes en las elecciones de 1999. No
vean a los emigrantes como una bolsa de votos; respétenlos, y no se
acuerden de ellos sólo cuando quieren su apoyo. Eso es lo que han
hecho y por eso sus demandas siguen en el olvido.Ahora sí, se acercan
procesos electorales en Galicia, en el País Vasco, y ustedes empiezan
a correr, cuando tienen completamente abandonados los cauces de
participación de los emigrantes.
Señor Piqué, no han incrementado ni una sola peseta los presupuestos
destinados a los Consejos de residentes. Los consejeros tienen que
pagar de su bolsillo los sellos de las cartas -aquí tengo la
notificación del consulado, no me lo estoy inventando-, así que
ustedes fomentan la participación electoral de esta forma, sólo
cuando les interesa. Se están produciendo elecciones en los Consejos
y la precariedad de medios impide que se hagan con garantías. Llevan
cinco años sin atender a los emigrantes. El Gobierno no ha sido capaz
de presentar un proyecto para la reforma de la ley de nacionalidad,
lo hemos hecho los socialistas, y ahora su grupo reacciona porque
temen perder votos.
Le recomiendo que se lea todos los informes del Consejo General de la
Emigración, verá que son muchos los problemas que tienen, que
demandan muchas reformas, pero sobre todo no quieren que se juegue
con ellos y tampoco que el voto del exterior aparezca
complicado, con fraude y con manipulaciones. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señor ministro, le advierto que le quedan diez segundos, pero los
tiene.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): En diez
segundos le voy a decir a S.S. que ya me extrañaba que a usted le
preocupara el tema del voto de los emigrantes. Usted lo que quiere es
volver a resucitar un tema que está suficientemente claro simplemente
para desgastar al Gobierno. Lo lamento profundamente. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUÁREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PERSPECTIVAS HA ABIERTO PARA ESTA LEGISLATURA EL PLAN DIRECTOR DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/000573.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don
Pablo Marcial Izquierdo Juárez.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señor ministro, señorías, este grupo
parlamentario siempre ha pensado y defendido que el derecho al
desarrollo, al bienestar, como dice la Constitución española, o a la
felicidad, como también señala la Constitución americana, que tiene
más de doscientos años, es un derecho humano más, y por eso las
políticas de cooperación internacional o la solidaridad internacional
debe basarse en eso mismo, en la defensa de la justicia
internacional.
Creo que fue en 1994 cuando Naciones Unidas, a través de su programa
para el desarrollo, el PNUD de ese año, indicaba que el futuro de la
cooperación internacional y de la lucha contra la pobreza iba a
depender de las decisiones políticas que los gobiernos tomaran. En
ese sentido, a principios de la pasada legislatura una decisión
política fue la aprobación por parte del Gobierno de la Ley de
Cooperación y después su aprobación por esta Cámara con amplio
consenso parlamentario. Luego siguieron otras decisiones políticas,
como ha sido la cooperación española, bien reciente, de haber
duplicado en pocos años los recursos para poner a la cooperación
española de acuerdo con el papel que España quería jugar y que juega
hoy en el mundo. De hecho, podemos decir que hoy la cooperación
internacional para el desarrollo que realiza España es una de las
señas de identidad de nuestro país en el mundo.
También en 1994 el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, en su
examen periódico de las políticas
españolas de cooperación, nos indicaba que esa cooperación joven que
crecía y despuntaba adolecía de elementos de planificación y de
evaluación, y coincidimos nosotros exactamente con ese informe, en el
sentido de que las políticas de desarrollo tienen que ser
precisamente de desarrollo, no la ayuda por importantes que sean las
transferencias de recursos.
Señor ministro, ¿qué perspectivas ha abierto, en esta legislatura y
para el futuro, el Plan director de la cooperación española?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoría.
Como usted ha dicho, el Plan director de cooperación es el elemento
básico que utilizamos para planificar nuestra política de cooperación
al desarrollo, que después se concreta a través de planes anuales. Lo
aprueba el Consejo de Ministros, pero pasa por la Comisión
parlamentaria de Cooperación Internacional, también por la Comisión
interministerial de Cooperación Internacional y el Consejo de
Cooperación para el Desarrollo, así como por la Comisión
interterritorial de Cooperación al Desarrollo. El Plan prevé, para el
período 2001-2004, la aplicación a la ayuda oficial al desarrollo de
1.200.000 millones de pesetas; por tanto, estamos hablando de un tema
muy serio.
Desde el punto de vista de las prioridades y yendo a los criterios
que usted me demanda en su pregunta, la zona principal de nuestra
cooperación será Iberoamérica, con el 45 por ciento aproximadamente
de la ayuda bilateral prevista. Ahí hay una serie de prioridades en
cuanto a países, como es lógico. En Centroamérica, en concreto, para
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; en el Caribe, para la
República Dominicana y Cuba; y en América del Sur, para Bolivia,
Ecuador, Perú y Paraguay. Debo decirle también que, para el caso de
Colombia, hemos puesto en marcha un programa especial para acompañar
el proceso de paz, que se está desarrollando en este país con una
clara cooperación española, como S. S. conoce.
Después de la zona iberoamericana, el Magreb es la zona de mayor
interés, como es lógico por nuestro interés estratégico en el
Mediterráneo. A ella dedicamos aproximadamente el 8 por ciento de las
previsiones presupuestarias, con países-programa que son Mauritania,
Túnez, Argelia, la población saharaui y, sobre todo, Marruecos,
concentrando nuestras ayudas en la región del norte de ese país.
En Oriente Medio, dentro de los esfuerzos para coadyuvar al proceso
de paz, también estamos desarrollando una colaboración activa en los
territorios palestinos, que son el único país-programa de la región,
a los
que dedicamos un 5 por ciento de nuestras previsiones
presupuestarias.
Asimismo, en el África subsahariana, a la lucha contra la pobreza,
que es un objetivo esencial de nuestra ayuda, prevemos dedicarle, y
eso es muy importante, más de un 19 por ciento de nuestras
previsiones presupuestarias. Se concentran en países como Senegal,
Cabo Verde, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé, Mozambique,
Angola, Namibia y Sudáfrica, muchos de ellos del África lusófona,
pero muchos de ellos también países de origen de las corrientes
migratorias, por lo que nos interesan especialmente.
Así podría seguir enunciándole toda una serie de áreas, pero sí
quiero expresarle que el Plan director quiere articular de manera
eficaz nuestra solidaridad con esos países y hacer lo que corresponde
a un país de nuestras características, moderno y profundamente
transformado, como lo es España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ COMETIDOS
TENDRÁ EL RECIENTEMENTE NOMBRADO EMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA
LAS MIGRACIONES Y PROTECCIÓN DE LOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO?
(Número de expediente 180/000582.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula la diputada
doña Ana María Torme Pardo.
La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, una de las acciones primordiales de la política
exterior del Gobierno es la protección y asistencia a los ciudadanos
españoles que viven en el extranjero. Son muchos los españoles que,
en décadas anteriores, salieron de España buscando nuevas
oportunidades. Hoy podemos hablar de aproximadamente dos millones de
españoles que residen fuera de nuestro país, y es que España ha sido
tradicionalmente un país de emigrantes, pero esa tendencia se ha
invertido. Los cambios políticos y económicos vividos por nuestro
país en los últimos veinticinco años nos han situado en la vanguardia
de los países desarrollados. Estamos en condiciones de compartir y de
extender nuestro bienestar. De ahí que hayamos pasado de ser un país
receptor de ayuda oficial al desarrollo a ser un país donante o que,
de ser un país de emigración, hayamos pasado a ser un país receptor
de emigrantes. De hecho, el fenómeno de la inmigración es uno de los
principales retos que tiene que afrontar España en los próximos años;
es
un fenómeno beneficioso no sólo para la sociedad española sino
también para el conjunto de los inmigrantes, que se integran
plenamente en nuestro país. Pero, para ello, es fundamental
planificar y ordenar los movimientos de población de acuerdo con la
propia capacidad de absorción que tiene España. De ahí que una de las
principales líneas de actuación en la política de inmigración sea la
de regular los flujos migratorios desde los mismos países de origen.
Este grupo parlamentario es consciente de la importancia que tiene
articular debidamente esta política de inmigración y, a la vez,
prestar asistencia y apoyo de manera permanente a los ciudadanos
españoles que viven en el extranjero. Para el Grupo Parlamentario
Popular cualquier iniciativa en esta línea resulta de gran interés.
Por ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
cometidos tendrá el recientemente nombrado embajador en misión
especial para las migraciones y protección de los españoles en el
extranjero?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.
Las funciones de un embajador en misión especial, en términos
generales, son las de representación, negociación, información,
protección de personas e intereses y cooperación y fomento de
relaciones amistosas con los diferentes países. Por eso hemos
decidido nombrar a uno especialmente para las migraciones y
protección de los españoles en el extranjero.
El campo de la protección de nuestros conciudadanos representa una
prioridad de nuestra política exterior que quiero reiterar hoy aquí.
Es cierto que se ejercita con carácter permanente a través de
nuestras misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, pero con
este nombramiento queremos actuar en ese contexto con mayor
incidencia social y con mayor especialización técnica, de acuerdo con
las circunstancias específicas de la emigración española en los
países de acogida.
Esta misión especial incluirá visitas informativas que permitirán
hacer llegar al Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores, estudios y propuestas para mejorar la situación de
nuestros conciudadanos en el extranjero y atender a sus necesidades
con medidas de protección de todo tipo -jurídico, económico y social-
cuando las circunstancias así lo requieran.
En el ámbito de las migraciones, estas funciones comprenderán la
participación y colaboración en la política convencional bilateral y
multilateral y en la política comunitaria sobre migraciones, así como
asegurar,
cuando corresponda, la representación del Ministerio de
Asuntos Exteriores en los órganos colegiados con carácter consultivo
o asesor en estas materias.
También, y con esto termino, podrán realizarse misiones especiales
acordadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores a los países de
origen de los flujos migratorios. Éste es un tema muy importante; se
trata de verificar el correcto funcionamiento de los convenios en
vigor y de informar sobre los medios de que disponen embajadas y
consulados para el cumplimiento de sus funciones de protección de los
españoles residentes en los países en los que están acreditados.
Naturalmente, todo eso tiene que desarrollarse teniendo en cuenta las
competencias materiales y de gestión que corresponden a todos los
órganos de la Administración del Estado. En particular, habrá que
coordinarse con la Delegación del Gobierno de Inmigración
y Extranjería, así como con la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos
Exteriores, de las que depende la Dirección General de Asuntos
Consulares y de Protección de los Españoles en el Extranjero.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ NÚÑEZ CASTAIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE EL GOBIERNO LA
INTENCIÓN DE DAR RESPUESTA A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA EN EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA PARA EL PERÍODO 2002-2006? (Número de expediente 180/
000568.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Hacienda. En primer lugar, la número 19, que formula el diputado don
José Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta. ¿Tiene
intención el Gobierno de dar respuesta a la disposición adicional
segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía en el escenario y
durante el período del nuevo modelo de financiación autonómica, es
decir, 2002-2006?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, con la implantación de un nuevo sistema de financiación
autonómica en nuestro país, la intención del Gobierno es llevar
adelante los sistemas en forma
de un fondo de nivelación entre comunidades autónomas que dé
satisfacción también a las aspiraciones que, sin duda, están en las
raíces de la propia historia de comunidades autónomas como Andalucía.
Pero déjeme recordarle, señoría, que, siendo eso cierto de cara al
futuro, en lo que ha sido la aplicación en el pasado de la
financiación autonómica vigente Andalucía ha tenido una merma muy
importante de ingresos que no se explica si no es por una orientación
y una decisión política del Gobierno autonómico, que ha renunciado a
esos ingresos y, por tanto, ha perjudicado los intereses de
Andalucía.
Gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministro.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, hace veinte años que esta
Cámara aprobó unánimemente por ley orgánica el Estatuto de Autonomía
de Andalucía. Hace veinte años, por tanto, que esta Cámara adquirió
el compromiso firme, por su disposición adicional segunda, de dotar a
la comunidad con unas asignaciones extraordinarias para que
consiguiera la nivelación de servicios básicos. Creo que han sido
veinte años de silencios demasiado pronunciados de esta Cámara, en
los que Andalucía no ha tenido fuerza ni poder propio para arrancar
aquello a lo que tiene derecho: el cumplimiento de este compromiso.
Durante quince de ellos ha coincidido el color del Gobierno de España
con el del andaluz y no ha sido posible el cumplimiento de la deuda;
durante cinco años -y estamos en este período- no ha coincidido el
color del Gobierno de España con el del andaluz, y tampoco ha sido
posible cumplir la promesa.
Hace cinco años, esta Cámara, lamentablemente sin unanimidad, aprobó
la renovación de ese compromiso y el Gobierno se comprometió -se le
instó a ello- a elaborar un calendario rápido y a incluir esas
cantidades, una vez resueltas, entre 1996 y la actualidad. Como usted
acaba de citar, en estos últimos cinco años no ha habido acuerdo
sobre financiación autonómica y, como usted ha dicho -y me da igual
quién es el culpable de esa aburrida y estéril operación de
enfrentamiento bipartidista-, Andalucía pierde. Yo creo que son
demasiados años. Los andalucistas no estamos dispuestos a coger esta
deuda y pasarla a fallidos. Seguro que está ya, por el tiempo
transcurrido, en dudoso cobro, pero de su respuesta se desprende,
señor ministro, que hay una ventana abierta al cumplimiento de este
compromiso en el nuevo escenario de financiación. En ese nuevo
escenario de financiación 2002-2005 estaremos los andalucistas y
contará usted, señor ministro, con nosotros en la búsqueda del
consenso, en la búsqueda del diálogo y en la búsqueda de la solución
a esto a lo que Andalucía tiene derecho. No es posible la
construcción de una Europa de las regiones como la que estamos
haciendo sin solucionar los déficit, sin solucionar los
desequilibrios.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, realmente le agradezco una actitud tan constructiva como la
que ofrece al Gobierno en un momento en el que estamos pretendiendo
llevar adelante, a través de un consenso, el diseño de un nuevo
modelo de financiación autonómica. Déjeme recordar a la Cámara que
quien pagó el anticipo de deuda a Andalucía fue el Gobierno del
Partido Popular en el año 1996 como aplicación de un acuerdo de la
Comisión Mixta Gobierno central-Junta de Andalucía conseguido en
febrero de 1996. Es decir, que tuvieron que venir unas elecciones en
las que se anticipaba un cambio de gobierno en España para que se
materializara ese acuerdo, se promovieran los anticipos y fue el
Gobierno del Partido Popular el que realmente llevó adelante el pago
de 20.000 millones de pesetas en forma de anticipo. Desde entonces
hemos promovido la fijación de condiciones para que efectivamente
Andalucía recibiera la financiación a la que tiene derecho. Yo
coincido con S.S. en que ahora tenemos ante nosotros una excelente
oportunidad para, en ese diseño de financiación autonómica, abrir
también la vía de la solidaridad interregional en España y acometer
lo que es el pago de saldos históricos con comunidades autónomas,
como es el caso de Andalucía.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO POSITIVOS LOS RESULTADOS QUE VIENE OBTENIENDO LA AGENCIA
ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA LUCHA CONTRA EL
CONTRABANDO? (Número de expediente 180/000575.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don
Juan Blancas Llamas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, creada en el año 1991 en los presupuestos y desarrollada
durante este año en diversos decretos, comenzó su andadura en el año
1992.
Depositaria de la gestión tributaria del marco fiscal español tiene
encomendada principalmente la gestión, la liquidación y la
recaudación de los tributos estatales así como la gestión de los
recursos de aquellas administraciones que se le encomienden.
La Agencia Tributaria, como ente de derecho público con personalidad
jurídica propia, tiene bajo su dependencia a cerca de 28.000
empleados, como decía el director general, entre funcionarios y
personal laboral. Dentro de este personal, dentro de estos
funcionarios hay un grupo que proviene del cuerpo de Gestión,
inspectores del cuerpo de Aduanas e impuestos especiales, así como
técnicos de administración y el personal afecto al organismo autónomo
de Vigilancia aduanera, que se englobó en la Agencia Estatal
Tributaria. Estos trabajadores, en un número no muy grande, 1.700
personas aproximadamente, están desarrollando una labor para mí
ímproba, también es verdad que en colaboración con otros cuerpos y
fuerzas especiales de seguridad del Estado, del Ministerio del
Interior, pero no cabe duda de que este cuerpo de Vigilancia aduanera
está realizando una labor en nuestras costas, en nuestra frontera con
Francia y en los aeropuertos donde cada día estamos viendo que se
lucha denodadamente contra el contrabando y especialmente contra esa
lacra que es el narcotráfico. De ahí mi pregunta al señor ministro de
Hacienda: ¿Considera el Gobierno positivos los resultados que está
llevando a cabo la Agencia Estatal Tributaria en la lucha contra el
narcotráfico?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Efectivamente, como S.S. destacaba, la lucha contra el contrabando y
el narcotráfico constituye uno de los principales objetivos de la
Agencia Tributaria. Los resultados conseguidos en estos últimos años,
resultados francamente positivos, son consecuencia, en primer lugar,
de una estrategia basada en la integración efectiva del Servicio de
Vigilancia Aduanera en el departamento de Aduanas para así aprovechar
las sinergias existentes, en la creación de unidades especiales de
selección y en el aumento de la colaboración con las fuerzas de orden
público, especialmente con la Guardia Civil.
Por otra parte, debo destacar esta tarde el aumento de las dotaciones
presupuestarias, ya que la Agencia ha invertido en los últimos cuatro
años casi 7.000 millones de pesetas en medios operativos, cifra que
multiplica por diez la del cuatrienio anterior. Todos estos factores
han permitido incautar en los últimos cinco años más de 500 toneladas
de drogas, con un incremento en el año 2000 del 24 por ciento
respecto a 1999. Igualmente, la lucha
contra el contrabando de tabaco ha ofrecido resultados muy
satisfactorios, como lo demuestra el hecho de que el volumen del
fraude por contrabando se ha reducido desde el 16 por ciento de 1996
hasta una tasa inferior al 3 por ciento en la actualidad, según los
datos manejados por la Comisión Europea.
No quiero dejar de recordar hoy ante la Cámara lo que ha sido uno de
los logros más importantes en materia de lucha contra el narcotráfico
en la historia de la Agencia Tributaria: la operación en la que se
incautaron 500 kilos de cocaína que eran transportados en el buque
Abrente y que supone la segunda operación de mayor volumen de
interceptación de droga en el mar en Europa y la tercera
independientemente de la forma de aprehensión. Estos datos ponen de
manifiesto, una vez más, la importante labor de la Agencia Tributaria
en la lucha contra el fraude, en la lucha contra el narcotráfico, en
la lucha contra el contrabando. Ello, desde luego, no es fruto de la
causalidad; cada vez son mayores los éxitos gracias también a la
reducción y simplificación de otro tipo de costes que hoy podemos
dedicar en la Agencia Tributaria al esfuerzo, al objetivo de luchar
contra estas fuentes de delincuencia. Por eso ahora resulta más caro
defraudar y por eso también podemos liberar cada vez más recursos
para una lucha eficaz contra el fraude.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OBJETIVOS
PERSIGUE EL GOBIERNO CON LA APROBACIÓN DE LAS AYUDAS DEL FONDO DE
COHESIÓN PARA ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES? (Número de expediente 180/
000583.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula el diputado don
Rafael Merino López.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el Fondo de cohesión financia proyectos relacionados
con el medio ambiente y las redes de transporte en los Estados
miembros de la Unión Europea cuyo producto interior bruto sea
inferior al 90 por ciento de la media comunitaria. Creado por el
Tratado de Maastricht en 1993, su objetivo principal es reforzar la
cohesión económica y social ayudando a los países menos prósperos a
participar en la unión económica y monetaria. Gracias al fondo de
cohesión países como España, Portugal, Irlanda y Grecia han avanzado
progresivamente en la consecución de los criterios de convergencia,
definidos de cara a la unión económica y
monetaria, sin dejar de invertir en infraestructuras para acelerar su
desarrollo. Por ello, los fondos de cohesión tienden a reforzar y
desarrollar la convergencia económica y social mediante la
solidaridad entre los Estados miembros, con el fin de reducir las
diferencias existentes en los diversos niveles de desarrollo entre
Estados.
Junto a los fondos de cohesión es obligado citar la política
económica del Gobierno del presidente Aznar y la capacidad
negociadora del mismo Gobierno en los órganos de la Unión Europea, lo
que ha contribuido de forma decisiva a lograr que España cumpla todos
los criterios de convergencia y que seamos el país de nuestro entorno
que mayor crecimiento económico está experimentando en los últimos
años.
Para lograr los objetivos antes citados, el Consejo de Europa de
Berlín acordó asignar los fondos de cohesión para el período 2000-
2006, de los cuales España recibirá el 62 por ciento del total. De
esta forma el fondo presta su ayuda, como decíamos al inicio de
nuestra intervención, para proyectos en el ámbito medioambiental, de
infraestructuras del transporte, etcétera.
Por todo ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué
objetivos persigue el Gobierno con la aprobación de las ayudas del
Fondo de cohesión para entidades supramunicipales?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, recientemente, y en aplicación de la política general que
muy bien ha descrito el señor Merino esta tarde ante la Cámara, el
Gobierno ha aprobado la adjudicación de 39.252 millones de pesetas
para un nuevo programa del Fondo de cohesión para mancomunidades,
diputaciones y consorcios de ayuntamientos en proyectos
medioambientales. Con estas ayudas se quiere extender al mayor número
de corporaciones locales los proyectos necesarios para que puedan
cumplir la directiva de la Unión Europea en materia de medio
ambiente. De hecho, se van a beneficiar de estas subvenciones entes
supramunicipales de casi toda España. A esta convocatoria se
presentaron 271 proyectos, que en conjunto suponían una solicitud de
ayuda de 200.000 millones de pesetas, es decir, que se superó con
creces el presupuesto existente.
Finalmente, y de manera rigurosa y técnica, se seleccionaron 76
proyectos; de ellos 35, por importe de 20.615 millones de pesetas, se
han destinado a gestión de residuos; 29, con una inversión de 13.374
millones, a saneamiento y depuración de aguas residuales, y 12 a
abastecimiento de agua, a los que se destinan 5.252 millones. Los
criterios de selección se han basado en la madurez del
proyecto presentado, la prioridad para los dedicados a tratamiento de
residuos, la diversidad geográfica, la importancia para la zona
seleccionada y la participación de las entidades supramunicipales en
otros programas comunitarios. Son, por tanto, casi 40.000 millones de
pesetas que suponen el 80 por ciento del coste de la inversión. Por
eso, a estos 40.000 millones de pesetas hay que sumar lo que será la
inversión de las propias entidades locales, que elevará la cifra
global de inversión hasta 50.000 millones de pesetas.
El Gobierno, durante la negociación de la Agenda 2000, ya puso su
mayor empeño en conseguir todos los recursos presupuestarios que
podían impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en
España. Ahora mantenemos el mismo interés y el mismo esfuerzo por
aprovechar al máximo los fondos europeos y apoyar a las ciudades y
los pueblos de España en sus proyectos de modernización y de mejora
del medio ambiente.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN JÁUREGUI ATONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES: ¿CREE EL GOBIERNO QUE HAN SIDO LOS SOCIALISTAS LOS
RESPONSABLES DE LA RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL ENTRE LOS SINDICATOS Y
EMPRESARIOS? (Número de expediente 180/000564.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la número 16, que
formula el diputado don Ramón Jáuregui Atondo.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señor ministro, en los
días siguientes a la ruptura del diálogo social, diversos portavoces
del Gobierno, entre otros usted, señor ministro, declararon que los
socialistas habían impedido el pacto sobre la reforma laboral entre
sindicatos y la CEOE. ¿Cree usted, sinceramente, señor ministro, que
somos los socialistas los responsables de la ruptura de ese diálogo?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, evidentemente los responsables de la ruptura del diálogo de
una mesa o de que no se produzca un
acuerdo son quienes están sentados en la misma. Si la pregunta que
entonces se me formuló por parte de algunos periodistas y la que
usted me formula es si considero que la actitud que ha mantenido su
partido ha favorecido el diálogo, le diré que evidentemente no.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Yo no sé en qué se basa siquiera para
afirmar esto que acaba usted de decir. Entiendo por sus palabras que
hay una rectificación bastante expresa sobre éstas que usted dijo: El
PSOE ha impedido el pacto sobre reforma laboral entre sindicatos y
CEOE. Entiendo que hay una rectificación, pero ni siquiera le
autorizo a que diga, como acaba de hacer, que no lo hemos favorecido,
¿por qué?
Le voy a ofrecer a usted una lectura mucho más comprensiva de lo que
pasó. Le voy a hacer una reflexión sobre lo que pasó en 1997 y en
2001. En 1997 el Gobierno necesitaba un acuerdo con los sindicatos y
forzó a la patronal a que negociara y obtuviera un acuerdo, y hoy
esto no ha ocurrido, el Gobierno ha dejado que negocien las partes
pero la CEOE ha sabido que tenía siempre una retaguardia muy fuerte
en el señor Rato y en la mayoría absoluta de la Cámara para plantarse
y no ceder, y eso me parece una causa mucho más razonable de la
ruptura del diálogo. Por eso, señor ministro, el éxito de ayer de su
Gobierno, que ustedes han vanagloriado durante años, es su fracaso de
hoy, pero es su fracaso, no el de los demás. Si usted quiere saber
qué queríamos nosotros, le diré que queríamos un acuerdo. (Varios
señores diputados: ¡Ya, ya!) Sí, déjenme que diga lo que quiere el
Partido Socialista y no hagan juicios de intenciones, porque un mal
acuerdo es siempre mejor para los trabajadores y para las relaciones
laborales.
Señor ministro, usted hace oposición de la oposición, como todo su
partido. Y mire, entre la oposición y la opinión crítica o el juego
crítico político y la demagogia hay una frontera muy difusa, muy
tenue, y entre la demagogia y el ridículo, casi ninguna, y usted ha
bordeado las dos, la demagogia y el ridículo; las dos. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señoría, le agradezco en lo que vale su
autorización para que yo explique mis opiniones. A lo mejor también
es una evidencia, un lapsus linguae o una forma de pensar el
autorizar a los demás.
En la pasada legislatura hubo distintos acuerdos y las posiciones, no
los juicios de valor, se demuestran en
las votaciones y ustedes, por ejemplo, en el acuerdo sobre pensiones
votaron a favor en el Congreso, en contra en el Senado y en contra de
nuevo en el Congreso. Cuando se produjo el acuerdo sobre pensiones
mínimas, su partido prefirió anteponer las posiciones sostenidas por
distintos responsables regionales a una posición homogénea en el
ámbito de este Congreso. Eso no favorece los acuerdos, igual que no
favorece los acuerdos el discurso que S.S. acaba de hacer, leerlos
como un triunfo, como un fracaso, como un favor o un desfavor que se
hace al Gobierno. No, señoría, yo, cuando hay un acuerdo, estoy
pensando en la sociedad, estoy pensando en que ese acuerdo favorezca
la protección social, estoy pensando en que ese acuerdo favorezca
nuestro mercado de trabajo. Sé que hay otras interpretaciones, sé que
esas interpretaciones son legítimas, sé que están dentro de la
libertad de expresión, y perdóneme, pero usted y yo tenemos
suficientes años en política como para saber que lo que vale es la
letra pequeña y no la interpretación de los titulares, salvo que
usted sí los ponga en algún medio de comunicación, cosa que yo no
hago. Si me pregunta si considero que con esas frases yo hubiese
titulado unas declaraciones, ya le digo de antemano que no. Pero si
me pregunta, como me ha preguntado usted, si creo que su discurso y,
lo que es más importante, su comportamiento en esta Cámara han
favorecido la elaboración de acuerdos, le diré que no. Hoy mismo,
¿cree usted que se auspicia un acuerdo volcándose de uno de los dos
lados de la mesa? ¿Cree usted que ese es el método correcto? ¿O me
está dando la clave de por qué no alcanzaron ningún acuerdo en los
últimos años de su legislatura? Permítame, se podrá criticar la forma
-y la forma es muy importante en política-, pero, por favor, si
quiere usted juzgar los acuerdos o desacuerdos, lea la letra pequeña
y lea el fondo de los acuerdos. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ASISTENCIA
SANITARIA ESTÁ PRESTANDO EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) A LOS
TRABAJADORES DEL MAR? (Número de expediente 180/000576.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula el diputado don
Carlos Mantilla Rodríguez.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como usted bien sabe, en el día de ayer se aprobó por
unanimidad en esta Cámara una
moción con la cual se pretende seguir impulsando las medidas para
prevenir la accidentalidad y siniestralidad en el mar. En este
consenso no cabe la menor duda de que el Ministerio que dirige usted
ha tenido una parte importante y también es cierto que en estas
medidas de prevención el Instituto Social de la Marina es un
componente tremendamente importante. Por eso, tanto la Unión Europea
como la Organización Internacional de Trabajo han reconocido en
numerosas ocasiones que España cumple fielmente la normativa impuesta
por ambos organismos. Y, según una encuesta de la OIT sobre el
problema de salud y seguridad en el sector pesquero, publicada en el
año 1999, en la mayoría de los países de nuestro entorno se han
organizado servicios de atención médica y sanitaria para los
trabajadores del mar. Así, de conformidad con la legislación vigente,
los trabajadores deben pasar previamente a su contratación un examen
médico obligatorio para ser empleados y con posterioridad deben
realizar con cierta regularidad revisiones periódicas. En la misma
encuesta de la OIT se señala que ciertos países han considerado
incluso conveniente, dentro de sus programas de acción sanitaria,
organizar servicios de prestación sanitaria dentro de los barcos
pesqueros. Para ello se emplea a personal sanitario, tanto a doctores
como a personal de enfermería, para acompañar a las tripulaciones,
generalmente en los grandes pesqueros, o para embarcarse en buques
auxiliares, denominados bases, y ocuparse allí de la salud de los
pescadores.
Por otra parte, se indica que como medida de seguridad los pesqueros
han de llevar el equipo médico y los suministros necesarios, así como
la guía médica internacional. Los trabajadores del mar tienen, sin
embargo, a su disposición servicios sanitarios y médicos en tierra.
Las autoridades sanitarias de las clínicas portuarias de atención,
los ambulatorios, los hospitales y las clínicas que diversas
instituciones marítimas han establecido para la gente del mar ofrecen
un servicio de calidad a las tripulaciones de los pesqueros y en
España el organismo que tiene asumida la competencia para asistir
a los trabajadores en el mar es el Instituto Social de la Marina. Nos
interesa conocer y saber cómo se está cuidando y prestando el
servicio sanitario a los trabajadores del mar, por lo que le pregunto
hoy, señor ministro, qué asistencia sanitaria está prestando el
Instituto Social de la Marina a los trabajadores del mar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mantilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, sirva también esta
pregunta como reconocimiento al esfuerzo de muchos años del Instituto
Social de la Marina a favor de un colectivo de personas
que, sin duda ninguna, tienen un trabajo difícil y unas
especificaciones en su atención que creo que han venido siendo
satisfechas en buena medida desde este Instituto. Son aspectos de
asistencia en tierra a través de un complejo sistema, que abarca
desde las prestaciones de Seguridad Social, pasando también por
prestaciones de desempleo y aspectos de formación profesional, a la
asistencia sanitaria a bordo en condiciones de extraordinaria
penosidad y dificultad, a través de los programas de sanidad
marítima. Abarca también campañas de prevención y, como bien citaba
S.S., los reconocimientos previos al embarque para intentar preservar
unas condiciones no solamente de dignidad, sino de aptitud
psicofísica para un trabajo que, como señalábamos, es especialmente
difícil, así como la formación sanitaria de los trabajadores del mar.
En la interpelación que se produjo la semana pasada hubo ocasión de
explicar que ésta es un área en la que estamos logrando que al menos
cada año entre un 10 y un 12 por ciento de los trabajadores puedan
recibir formación tanto en prevención como en sanidad, lo cual nos
permite pensar que en un plazo razonable rotaríamos a toda esta
población.
Una gran labor muy desconocida pero muy importante es la atención
radiomédica desde el centro de Madrid que atiende las 24 horas del
día cualquier tipo de emergencia o de situación de dificultad
sanitaria en todo el mundo, con tecnologías y con metodologías que
están siendo felizmente imitadas y seguidas por otros países. También
hay un instrumento muy importante y querido por la población pesquera
española que opera en el banco pesquero canario-sahariano y en el
área occidental africana como es el buque Esperanza del Mar, que,
como SS.SS. saben, va a ser al fin renovado en los próximos meses
tras un importante esfuerzo de inversión de en torno a los 3.400
millones de pesetas. Si a eso le unimos que afortunadamente el
Instituto Social de la Marina está extendiendo su acción preventiva y
formativa a países iberoamericanos, con los cuales hemos establecido
programas de colaboración para lograr que también puedan dignificarse
y mejorarse las condiciones de trabajo de los trabajadores del mar,
creo que estamos ante una institución que está prestando un elenco de
servicios y, sobre todo, una actitud realmente ejemplar.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
RESULTADOS SE ESTÁN OBTENIENDO CON EL OBSERVATORIO DE LA PUBLICIDAD?
(Número de expediente 180/000581.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula la diputada
doña María del Carmen Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, los medios de comunicación y los sistemas multimedia
en la sociedad contemporánea constituyen uno de los agentes
fundamentales de socialización junto con la familia y las
instituciones académicas y deben ser primordiales a la hora de
transmitir imágenes que respondan a los tiempos actuales y futuros en
los que hombres y mujeres han de participar en verdadera igualdad en
la vida pública y privada, sin que ninguna de estas esferas quede
reservada de manera prioritaria a uno de los dos géneros. Sin
embargo, señor ministro, los medios de comunicación y agencias
publicitarias persisten en cierta medida en la transmisión de
imágenes que aluden a la diferenciación de papeles entre los hombres
y las mujeres, tendiendo a perpetuar la distribución sexista de
tareas y la discriminación de la mujer. Por ello, el Gobierno, en su
firme compromiso de impulsar las políticas de igualdad de
oportunidades en el avance social de las mujeres, dentro del III Plan
de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, recogió la
potenciación del Observatorio de la publicidad, que tiene como
objetivo primordial eliminar toda forma de discriminación a través de
imágenes discriminatorias de la mujer.
Señor ministro, ¿cuáles son los resultados que se están obteniendo
con el Observatorio de la publicidad?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quintanilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Son
resultados positivos, son resultados razonables y son resultados que
animan al mantenimiento de este observatorio dentro del III Plan de
igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Porque creo
que no ha perdido vigencia una circunstancia que es evitar que a
través de los medios de publicidad se atente contra la dignidad de la
mujer, contra esa igualdad efectiva que persigue nuestro artículo 14
de la Constitución y que se eviten también ilícitos de la propia Ley
General de Publicidad.
Sabrán que las denuncias se reciben en este observatorio, bien
procedentes de entidades privadas, bien de organizaciones -hay una
mayoría incluso de ciudadanos que las remiten particularmente, un 84
por ciento-, se registran, se estudian, se realiza un informe y en
muchas ocasiones, como se verá a continuación, se insta a la retirada
-que felizmente sí que se produce en la mayoría de los casos- de
aquellas campañas publicitarias que se consideran inadecuadas e
inadaptadas a lo que es el marco del artículo 14 de la Constitución
y del artículo 3º de la Ley de publicidad.
Realmente, creo que no cabe bajar la guardia, porque no sólo se
mantienen niveles altos de denuncias (en torno
a las 150/160 denuncias anuales), sino que también se producen
acciones de petición de retirada, que tienen efectividad y tienen
también -por qué no decirlo- cierta intensidad. De hecho, en el año
2000 se ha logrado que se produzca la retirada de 15 campañas
publicitarias. Si quiere algún dato más correspondiente a este año
2000, el observatorio se ha dirigido, como le decía, a más de 15
organizaciones por entender que existían contenidos discriminatorios.
Por razones de sede de muchas campañas publicitarias, no por otras,
la Comunidad de Madrid ha sido la que ha recibido mayor número de
denuncias (en torno a un 40 por ciento de las formuladas) y son en su
mayoría mujeres quienes entienden que todavía existen contenidos
publicitarios indignos e inadecuados.
Creo que es necesario -lo digo con cierta tristeza- mantener este
elemento, no solamente de vigilancia, sino que creo que también es de
readaptación de contenidos. En cualquier caso (vaya por delante que
no se trata de una iniciativa propia de este Gobierno, data del año
1994), no cabe bajar la guardia puesto que todavía, insisto, y pese a
algunas oscilaciones producidas, tanto el nivel de denuncias como el
de retiradas es comparable al de su inicio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO:
¿PUEDE USTED GARANTIZAR A LOS ESPAÑOLES QUE EN NUESTRO PAÍS NO SE
ESTÁ CONSUMIENDO LECHE FRAUDULENTA? (Número de expediente 180/
000561.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Sanidad y Consumo.En primer lugar, la numero 13, que formula la
diputada doña Isabel Pozuelo Meño.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el último año han pasado al mercado 750.000
toneladas de leche fraudulenta y sin control sanitario. Los
productores lácteos han denunciado que empresas como la que está
siendo investigada por la Fiscalía anticorrupción llevan cinco años
comprando leche en el mercado negro y revendiéndola a otras empresas,
que la colocan en el mercado a precios más baratos.
Señora ministra, el comercio irregular de alimentos, en este caso de
un alimento básico como la leche, supone, más allá de un fraude
económico y fiscal, un riesgo para la salud de los ciudadanos. Esas
750.000 toneladas de leche fraudulenta están fuera de control
sanitario. Por eso, le pregunto: ¿Puede usted garantizar a los
españoles que en nuestro país no se está consumiendo leche
fraudulenta?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señora diputada, ni en este momento ni en los últimos tiempos se ha
producido ningún episodio de adulteración de leche o de productos
lácteos, y la red de alerta creada en el Sistema Nacional de Salud no
ha detectado ninguna incidencia en este sentido.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Mi pregunta era muy concreta, se podía haber
contestado con un monosílabo, con un no rotundo. Esta hubiera sido la
única respuesta que podía tranquilizar a los consumidores.
Señora ministra, la venta de leche fraudulenta causa inquietud,
preocupación y alarma entre los consumidores, y esa alarma aumenta
cuando la oyen a usted repetir, de nuevo, los consejos de no comprar
gangas. Ha vuelto a cometer el grave error de confundir el Ministerio
con su casa, de confundir su responsabilidad como ministra con una
tertulia, de confundir a los ciudadanos con sus amigos a los que
puede aconsejar a dónde ir a hacer la compra. ¿No comprende que es
irritante y humillante para los millones de amas de casa que tienen
dificultades para llegar a fin de mes oírle decir que no compren
alimentos baratos? Es especialmente a estas familias a las que usted
tiene que garantizarles que todos los alimentos que están en el
mercado son buenos y seguros.
Señora ministra, le recuerdo que usted es la responsable de
garantizar la salud pública de los españoles, que usted es la máxima
autoridad que debe garantizar la seguridad de los alimentos en
nuestro país. Por eso, quiero que nos diga qué medidas va a tomar
para garantizar que la leche que se vende en nuestro país, sea cara
o barata, es una leche segura y de calidad. Señora ministra, deje de
mirar para otro lado y asuma de una vez su responsabilidad.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señora diputada, yo no confundo mi casa con el Ministerio; parece que
otros sí la han confundido con el afán permanente de estar en el
Gobierno, que es la
actitud que parece que está usted manteniendo en este momento. Desde
luego, si alguien está creando alarma en torno al consumo, es usted
cuando habla de fraude en la leche, de leche fraudulenta. Lo que se
ha producido es un fraude fiscal, lo que ha ocurrido es que una serie
de productores están vendiendo leche a empresas legalizadas que están
fuera del cupo que tiene España dentro de la Unión Europea. (La
señora Romero López: Rato, Rato.) Ese es el problema y es usted la
que está introduciendo esa sensación de alarma.
Efectivamente, yo tengo que garantizar que lo que está en la red
legal de comercialización está garantizado desde el punto de vista
sanitario, y eso es lo que hacemos. Yo no me meto en qué tipo de
consumo hacen los ciudadanos, barato o caro, mi obligación es
garantizar que compren en la red legal de comercialización y no fuera
de ella. Ese es mi mensaje y mi obligación como ministra de Sanidad y
Consumo, señora diputada. El fraude no tiene nada que ver con esto.
Es usted la que está introduciendo esta cuestión. (La señora Romero
López: Rato, Rato.) Además, son las comunidades autónomas las que
tienen que controlar...
La señora PRESIDENTA: Señora Romero.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Déjelo,
señora presidenta, es divertido. (La señora Romero López: Rato,
Rato.- La señora García-Hierro Caraballo pronuncia palabras que no se
perciben.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señora Romero! ¡Señora García, le llamo al
orden!
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Las
comunidades autónomas garantizan que en la red legal de
comercialización exista esa garantía con el marchamo que lleva cada
uno de estos envases de leche, que indica la salubridad de la misma.
Esa es la obligación del Ministerio de Sanidad y Consumo, y la
ejercemos, señoría. Desde luego, su actitud no demuestra más que la
postura demagógica que mantienen ustedes permanentemente respeto al
Gobierno actual. Le quiero decir, y quiero que reflexione sobre ello,
que usted está creando una alarma innecesaria entre los consumidores.
Yo garantizo la leche y usted crea alarma en la sociedad. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE DOÑA LEIRE PAJÍN IRAOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE
FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿MANTIENE EL
GOBIERNO SU POSICIÓN DE APOYAR A LAS MULTINACIONALES FARMACÉUTICAS EN
SU PRÁCTICA
DE COMERCIO DE FÁRMACOS EN ÁFRICA? (Número de expediente 180/000562.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula la diputada
doña Leire Pajín Iraola.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en África el sida es una enfermedad tan extendida
que la falta de recursos y la falta de acceso a la educación la han
convertido en una verdadera epidemia en la que los gobiernos
occidentales y los organismos internacionales deben implicarse de
manera clara. Desde luego, el panorama es desolador. El 70 por ciento
de los adultos y el 80 por ciento de los niños que padecen esta
enfermedad en el mundo están en este continente. El año pasado
murieron dos millones de personas por esta enfermedad. Ante este
panorama, señora ministra, ¿mantiene el Gobierno su posición de
apoyar a las multinacionales farmacéuticas en su práctica de comercio
de fármacos en África?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señora diputada, el Gobierno ni ahora ni antes ha apoyado a las
multinacionales farmacéuticas en su política de comercio de fármacos
con África.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Señora ministra, afortunadamente los
ciudadanos tienen los medios de comunicación para comprobar sus
respuestas. Ayer mismo, en La mirada crítica, volvía a reiterar esta
respuesta, y le tengo que recordar que el problema está en las
medidas que hay que tomar para paliar esta enfermedad. En 1997, el
Gobierno sudafricano impulsó una ley que autorizaba al ministro de
Sanidad a permitir que en caso de una emergencia sanitaria como ésta
se fabricasen o importasen genéricos. Las multinacionales, con las
que usted al parecer está de acuerdo, han presentado una demanda
contra esta ley. Fíjese, la clave está en el acuerdo sobre aspectos
relacionados con el derecho a la propiedad intelectual, en la
Organización Mundial del Comercio, que fija protección a las patentes
durante veinte años, sin embargo dice claramente que esos países
tienen la posibilidad de importar o fabricar medicamentos genéricos
en casos de emergencia sanitaria como ésta. Mientras usted apoya a
las multinacionales, la ONU, el 12 de marzo, apoya el derecho de
estos países, invocando la emergencia para fabricar e importar
genéricos; el PNUD habla en ese mismo
sentido; la Organización Mundial de la Salud, en el mismo sentido; el
Parlamento Europeo ha dictado una resolución sobre el acceso a los
fármacos para las víctimas del sida en estos países; la Cruz Roja
internacional apela a la urgencia de anteponer las exigencias
humanitarias a intereses comerciales, y así la mayoría de las
organizaciones gubernamentales. Señora ministra, se ha quedado usted
sola de nuevo en la defensa de los empresarios y ha desaprovechado la
oportunidad de liderar una causa humanitaria para convertirse en la
delegada comercial de ellos, y eso es muy grave. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Señoría, en primer lugar, yo no soy delegada comercial de nadie. En
segundo lugar, en el tema del sida hay que ser lo menos demagógico
posible. En toda esta línea de reuniones a las que usted se ha
referido ha participado el Ministerio de Sanidad y Consumo del
Gobierno del Reino de España; en todas ellas. En junio se celebra una
reunión monográfica de la ONU sobre el sida, y España, con el resto
de los países de la Unión Europea, está manteniendo dentro del grupo
de trabajo ONU-sida la necesidad de negociar con la industria
farmacéutica unos acuerdos especiales para África. Usted y yo sabemos
que el problema del sida en África va mucho más allá de los
antirretrovirales. Además, le tengo que aclarar una cosa: la
comercialización de productos farmacéuticos está fijada en 10 años,
no en 20. Por lo tanto, el tiempo es bastante menor. Usted está
hablando de otra cuestión, de las patentes, que no tiene nada que ver
con esto.
Lo que sí es cierto es que el grupo de expertos de lucha contra el
sida, la tuberculosis y la malaria, en el que España participa
activamente, así como en el de ONU-sida, está haciendo un
planteamiento global. Es necesario adoptar medidas de prevención, es
necesario cambiar la cultura de desprecio a la mujer en determinados
países africanos, es necesario educar a la población africana para la
lucha contra el sida, es necesario que tengan redes básicas de
sanidad para que puedan utilizar los antirretrovirales a lo largo del
tiempo, son necesarias muchas medidas en torno a este problema para
conseguir acabar con esta pandemia que en este momento sufre África
en su conjunto.
Le rogaría, señora diputada, que no se olvide de Centroamérica, que
tiene un problema de sida similar al de África. En ese sentido está
trabajando el Gobierno de España, pero si lo que está proponiendo es
demagogia pura y dura, ahí no me va a encontrar. Si la solución que
usted tiene es que fabriquemos productos farmacéuticos más baratos en
España, cree usted la empresa, porque con las leyes internacionales
que tenemos la
obligación de cumplir es imposible. Menos demagogia y a ayudar un
poquito más. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ENRIQUE BELDA PÉREZ-PEDRERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR EL GOBIERNO EN QUÉ CONSISTE EL CONVENIO FIRMADO CON EL
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS? (Número de
expediente 180/000574.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don
Enrique Belda Pérez-Pedrero.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en los últimos años la sensibilidad de esta Cámara
hacia los problemas de los discapacitados ha sido evidente y también
la de los gobiernos desde 1996. En los últimos meses hay ejemplos de
iniciativas parlamentarias y del Gobierno. A título de ejemplo
podríamos citar las que van en torno al programa Info XXI, de acceso
de discapacitados a Internet, así como otro tipo de acuerdos con
entidades públicas y privadas. Esta misma semana había una firma de
un convenio del Imserso con la Fundación Telefónica.
También, señora ministra, en el ámbito de su departamento, ha habido
logros y avances evidentes. Quisiera citar, a título de ejemplo, cómo
en las provincias dependientes del Insalud se está dando una ayuda
por prótesis auditiva a todos los niños y personas menores de 16 años
que llega hasta las 120.000 pesetas. En fin, ha habido grandes
cambios a mejor en la situación del trato de los poderes públicos con
los discapacitados.
Desde nuestro grupo parlamentario creemos que hay que seguir
perseverando, por ejemplo, en temas como la prevención de la
discapacidad mediante el impulso de la actividad científica, la
coordinación de los distintos departamentos, como está sucediendo
ahora con su Ministerio y el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología y
el de Educación, en el diagnóstico precoz de deficiencias, en
remoción de obstáculos, de barreras arquitectónicas en edificios
públicos, especialmente en centros de salud. En fin, una serie de
medidas que también han de ser tomadas con la participación de los
propios discapacitados y de sus representantes. La línea del
principio de cooperación y la línea del principio de participación
con aquellas personas que viven día a día la discapacidad es la que
entendemos que debe seguir cualquier actividad de los poderes
públicos y especialmente la de su Ministerio.
Por tanto, la cuestión de esta tarde es preguntarle cuál es el
contenido del convenio que ha firmado su Ministerio con el Cermi, el
Comité Español de Representantes de Minusválidos, y cuál es la
valoración que hacen su departamento y usted de este convenio.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Efectivamente, el 6 de marzo el Ministerio de Sanidad y Consumo firmó
un acuerdo con el Comité Español de Representantes de Minusválidos,
el Cermi, para colaborar en la atención socio-sanitaria, salud y
consumo de las personas con discapacidad.
El Cermi, quiero recordarle, señoría, agrupa a más de 2.000
asociaciones, federaciones, organizaciones y entidades de
discapacitados, a las que está dirigido este convenio. El convenio se
ve completado por una serie de protocolos, con medidas específicas
que lo desarrollan. Además, los acuerdos que se realicen tendrán sus
correspondientes comisiones de seguimiento del Cermi y el Ministerio
de Sanidad.
Por lo que se refiere al convenio, las líneas básicas de trabajo en
materia de prestaciones sanitarias están dirigidas a personas con
discapacidad, por ejemplo, en todo lo que significa la ampliación del
catálogo ortoprotésico, el etiquetado especial de medicamentos para
determinados tipos de discapacidades, de forma que las personas
ciegas y deficientes visuales tengan acceso a la información de los
medicamentos. En el campo de la accesibilidad y la eliminación de
barreras y el diseño para todos, se realizará un plan integral de
eliminación de barreras físicas y de comunicación en los edificios
dependientes del Sistema Nacional de Salud. En esta línea de trabajo,
en la próxima reunión del Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud vamos a presentar este acuerdo para que sea un plan
que llevemos a cabo por todo el conjunto de comunidades autónomas. En
este sentido, el propio Carlos III ha abierto una línea de
investigación que pueda servir para aliviar determinadas
discapacidades y contribuir a la mejora de la vida de esos tres
millones de españoles que en este momento son discapacitados. Estamos
convencidos de que en ese Consejo interterritorial tendremos el apoyo
incondicional de todas las comunidades autónomas.
Gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JORDI MARTÍ I GALBIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO:
¿CUÁNDO TIENE PREVISTO AENA INSTALAR EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT
(BARCELONA) LA TECNOLOGÍA ILS QUE PERMITE A LOS AVIONES OPERAR CON
VISIBILIDAD REDUCIDA A SÓLO 50 METROS, CUYO COSTE APROXIMADO ES DE
640 MILLONES DE PESETAS Y PERMITIRÍA ELIMINAR EL CAOS QUE SE PRODUCE
EN DICHO AEROPUERTO LOS DÍAS EN LOS QUE HAY NIEBLA? (Número de
expediente 180/000570.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Fomento. En primer lugar, la número 21, que formula el diputado don
Jordi Martí i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el pasado día 12 de este mes de marzo el
aeropuerto de El Prat de Llobregat, el aeropuerto de Barcelona, vivió
una jornada negra, una jornada caótica a causa de la niebla,
produciéndose un colapso que afectó a más de 40.000 usuarios de este
aeropuerto. Por ello, señor ministro, le pregunto: ¿Cuándo tiene
previsto su Gobierno, su Ministerio, y en concreto AENA, instalar en
este aeropuerto de El Prat de Llobregat la tecnología necesaria que
permite a los aviones operar con visibilidad limitada a sólo 50
metros, cuyo coste, según cuentan, son aproximadamente 640 millones
de pesetas y que permitiría eliminar el caos que se produce en dicho
aeropuerto, igual que en otros aeropuertos del Estado, los días que
hay niebla?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Gracias,
señora presidenta.
Señor diputado, el sistema está previsto hace tiempo. Actualmente
está en fase de instalación y confiamos en que el sistema de
aterrizaje instrumental de categoría 2-3 esté en servicio el próximo
otoño.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señor ministro, por su información.
Esperemos que se cumplan los plazos. Realmente, lo deseamos todos los
usuarios del aeropuerto de El Prat de Llobregat. Esperamos que en
otoño esté implantado este servicio. Si el sistema se instala lo más
pronto posible se evitará que se reproduzcan las escenas de
indignación y de impotencia que
aquel día y otros tuvieron lugar en el aeropuerto de El Prat.
Nuestro grupo parlamentario es consciente de que hay otros
aeropuertos del Estado que superan los 10 días de niebla de media
anual, que son los que tiene el aeropuerto de El Prat de Llobregat,
pero la verdad es que no creo que haya ningún otro aeropuerto del
Estado, al margen del aeropuerto de Madrid Barajas o quizá el de
Palma de Mallorca, en el que un día de niebla llegue a afectar a
40.000 pasajeros y obligue a cancelar hasta 200 o más vuelos en una
sola mañana. Si no recuerdo mal, hacia abril de 1999 se vivió una
situación análoga que provocó la cancelación de un centenar de
vuelos. Ya entonces se habló de la necesidad de que AENA instalara
esa tecnología en el aeropuerto de El Prat de Llobregat. Han pasado
dos años y estamos sin ese sistema. Confiamos en su información y en
que AENA tenga instalada esta tecnología, a más tardar en el mes de
octubre. De todas manera, usted sabe, señor ministro, que en los
usuarios del aeropuerto de El Prat hay una cierta sensación de
discriminación, por lo que le pediríamos que esta instalación llegue
lo antes posible.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Gracias,
señora presidenta.
Señor diputado, el mes de octubre lo ha dicho S.S., yo he dicho el
próximo otoño. Los equipos electrónicos asociados a la cabecera 25 ya
están preparados para permitir operaciones de categoría 2-3, lo que
falta es que sean complementados con sistemas de luces, cuya
instalación resulta compleja. Para ello están en marcha, en
ejecución, dos proyectos. Uno, por importe de 670 millones de
pesetas, de adecuación de la pista 7/25, que tenía un plazo de 5
meses, y a comienzos de este año se planteó un modificado que ha sido
autorizado en enero de este año y que ha supuesto un incremento del
presupuesto y del plazo. Confiamos en que esta obra concluya en dos
meses. El otro proyecto es el desvío provisional de la carretera de
Barcelona 203, también con la misma finalidad, para situar las luces
de aproximación necesarias en esa cabecera. La previsión de
finalización de estas obras del segundo proyecto es julio de este
año. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es, completados los
balizamientos y las adaptaciones, realizar los oportunos
procedimientos, comprobar el correcto funcionamiento del conjunto de
sistemas con los vuelos de calibración correspondientes, obtener la
autorización de la autoridad aeronáutica para este tipo de
operaciones y también haber procedido a la publicación de este hecho
en todas las publicaciones de información aeronáutica para que sea de
conocimiento general por las empresas de transporte aeronáutico, que
es lo que permitirá que el efecto de estos sistemas sea conocido
a nivel internacional. Si esto lo conseguimos en estos plazos,
en esa fecha también sabremos exactamente las condiciones de
visibilidad mínima permisible para la operación en el aeropuerto de
Barcelona, con todas las garantías de seguridad y con el cumplimiento
de la reglamentación correspondiente, lo que va a evitar la
repetición de sucesos como el que inquieta a S.S.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA
PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PENSADAS EL GOBIERNO EN MATERIA DE
TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD CON LAS EMPRESAS EUROPEAS? (Número de expediente 180/
000577.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula la diputada
doña María José González del Valle.
La señora GONZÁLEZ DEL VALLE GARCÍA DE LA PEÑA: Gracias, señora
presidenta.
Señor ministro, señorías, mejorar la competitividad del transporte de
mercancías por carretera es uno de los objetivos del Ministerio de
Fomento, ya que el sector del transporte de mercancías y sus
problemas preocupan al Gobierno. Es necesario asegurar un nivel de
competitividad suficiente a los transportistas y, consecuentemente,
garantizar la existencia de un sector empresarial de transporte por
carretera preparado para hacer frente a los múltiples retos que
implica el inmediato futuro.
Muchos son los problemas que afectan al sector, como son los
relativos a impuestos, precios, formalización de contratos,
facturación de servicios, carga y descarga, inspección y control del
sector para evitar conductas que dañen la libre competencia,
etcétera. La preocupación del Gobierno se hace patente en los
diversos acuerdos firmados con el sector, como es el trascendental
acuerdo de fecha 4 de octubre de 2000 entre las organizaciones
profesionales de transportistas y de empresas de actividades
auxiliares y complementarias del transporte y los ministerios de
Hacienda, Fomento y Economía, y el acuerdo complementario de esta
misma fecha firmado entre el departamento de transportes de
mercancías del Comité nacional de transporte por carreteras, las
asociaciones de empresas cargadoras y el Ministerio de Fomento.
Asimismo, y con este fin, en el Real Decreto-ley del 23 de junio de
2000 se adoptan medidas urgentes de liberalización en
el sector de transportes con el fin de incidir de forma inmediata en
el comportamiento de los distintos agentes económicos para estimular
la competencia y con ello adaptar a España a su situación dentro del
euro y de la denominada nueva economía. Por tanto, sabiendo que el
objetivo del Gobierno en esta materia es converger con Europa, yo le
pregunto, señor ministro, qué medidas tiene pensadas el Gobierno en
materia de transporte de mercancías por carretera para mejorar la
competitividad con las empresas europeas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González del Valle.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señora diputada. El Gobierno está en estos momentos
ultimando con el sector la aprobación del Plan estratégico del
transporte de mercancías por carretera, denominado plan Petra, en el
que se van a recoger en 10 grupos de medidas las actuaciones
dirigidas a la modernización del sector y el aumento de la eficacia
en el mercado del transporte por carretera.
El primer bloque persigue un mejor dimensionamiento de estas empresas
a través de la promoción de fórmulas adecuadas y de canales de
información sobre ayudas e incentivos que faciliten la concentración
empresarial. En segundo lugar, para aumentar la cualificación, se
contemplan planes de formación profesional. En tercer lugar, para la
implantación de nuevas tecnologías, continuaremos las medidas de
fomento de la inversión, promocionaremos plataformas de comercio
electrónico e incentivaremos la participación del sector en proyectos
tecnológicos, elaboraremos catálogos de ayudas y también
continuaremos el programa de renovación de la flota. En cuarto lugar,
intentaremos mejorar la imagen del sector con manuales de calidad de
empresas, con observatorio de costes, con un observatorio social del
transporte y también con la promoción de un código de buenas
prácticas mercantiles. En quinto lugar, procuraremos mejorar los
procesos de comercialización estimulando la creación de centrales de
compra y promoviendo acuerdos entre transportistas y cargadores. En
sexto lugar, intensificaremos la coordinación entre administraciones.
En séptimo lugar, impulsaremos actuaciones en el ámbito sociolaboral
como, por ejemplo, procesos intensivos de captación de profesionales
del transporte a través del Inem. En octavo lugar, trataremos de
promocionar y fomentar infraestructuras complementarias del
transporte como por ejemplo la elaboración de una tipología de
distintas clases de centros e infraestructuras complementarias y
también centros intermodales. En noveno lugar, promoveremos la
expansión de nuestras empresas en mercados exteriores a través de
convenios bilaterales que resulten convenientes en relación con estas
medidas y
también dando información sobre mercados exteriores. Y finalmente,
trataremos de promover e introducir mejoras medioambientales mediante
la deducción, que ya existe, por vehículos ecológicos y también
promoviendo redes de transporte y bolsas de carga que permitan
reducir recorridos en vacío de los vehículos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
HA SIDO LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA ESPAÑOLA EN
RELACIÓN CON EL BUQUE CASTOR, QUE CON 29.000 TONELADAS DE GASOLINA A
BORDO Y UNA FISURA EN SU CASCO PRETENDIÓ ENTRAR EN EL PUERTO DE
ALGECIRAS? (Número de expediente 180/000578)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula el diputado don
José Ignacio Landaluce Calleja.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, de todos es conocido el interés permanente del ministro de
Fomento, y por ende de su Ministerio, en la mejora constante de
medios humanos y materiales en los centros de coordinación de
salvamento y lucha contra la contaminación, así como en los centros
dependientes de la Sociedad de Salvamento Marítimo. Estas mejoras
humanas se tienen en la calidad, la formación y el entrenamiento en
simulacros de salvamento y lucha contra la contaminación, y también
en las mejoras materiales se evidencia en los equipamientos
electrónicos renovados y actualizados de alta tecnología. También es
conocido el numeroso tránsito de buques que navegan por el estrecho
de Gibraltar -solamente recordar que en el año 1999 fueron más de
85.000 los buques computados y controlados por tarifa tráfico-. Es
conocida por todos la inquietud de los campogibraltareños por el
riesgo potencial que supone este numeroso desplazamiento de buques
así como los que en la bahía suministran carbón a la térmica de Los
Barrios y los que transportan crudo a la refinería. Todas estas
realidades las centramos en un caso concreto y es por lo que
preguntamos al ministro de Fomento cuál ha sido la actuación de la
Administración marítima española en relación con el buque chipriota
Castor, que con 29.000 toneladas de gasolina a bordo y una fisura en
su caso pretendió entrar en el puerto de Algeciras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Landaluce.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el día 31 de diciembre pasado el buque-tanque Castor,
que navegaba desde Constanza, en Rumanía, hacia el puerto de Lagos,
debido al mal tiempo sufrió una fractura de su casco cuando se
encontraba en la proximidad de la costa mediterránea marroquí. En
estas condiciones, el capitán del buque solicitó la posibilidad de
realizar el transbordo de la carga, primero en aguas marroquíes y
después en aguas gibraltareñas, siendo rechazada su petición por
parte de las autoridades marroquíes. A continuación, el armador
solicitó también a las autoridades españolas este permiso.
Ante esta situación, el Ministerio de Fomento, los servicios de
control en Almería que estaban realizando un seguimiento, comprobaron
que el Castor, además de hacer esa solicitud, no se detenía en el
punto que se le había indicado sino que continuaba su navegación
hacia costas españolas sin autorización alguna. La Dirección General
de la Marina Mercante instó al buque a no acercarse a la costa
española -en esos momentos se encontraba a 19 millas náuticas- y
además anunció al capitán del buque el envío de un equipo de
inspectores. Se posicionó un helicóptero de Salvamento de Almería, se
desplegaron y prepararon en la proximidad dos buques de Salvamento y
una embarcación de intervención rápida y se recomendó la evacuación
de la tripulación. El equipo de inspectores confirmó en el informe
que emitieron de la situación como de extrema gravedad, por lo cual
se instó al capitán a abandonar el buque, lo que se efectuó
finalmente a las 21 horas de ese mismo día 5 en el que se habían
producido todos estos acontecimientos. A partir de ese momento, el
buque Castor permaneció sin tripulación, bajo el control de un
remolcador, el Nikolai Chiker, que lo alejaba a la distancia
requerida por nuestras autoridades. El proceso de seguimiento
continuó hasta el día 24, fecha en la que el buque Castor, remolcado
por el Nikolai Chiker abandonó las aguas de responsabilidad española.
Desde el día 5 al 24 se mantuvo en una zona alejada de nuestras
costas -unos 63 kilómetros- y a partir de ahí efectuó una serie de
operaciones sin riesgo ya para nuestras costas, que por falta de
tiempo no voy a relatarles.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿MANTIENE EL GOBIERNO LAS CONCLUSIONES
DEL INFORME DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
ACERCA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, SEÑOR ARIAS
CAÑETE? (Número de expediente 180/000565)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Administraciones Públicas.
Pregunta número 17, que formula el diputado don Ángel Martínez
Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Posada, otra semana más, señor Cañete. (Risas.) ¿Le parece
normal mantener las conclusiones del informe a la luz de las noticias
sobre las empresas en las que ha participado el ministro de
Agricultura?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Pues
sí, señoría. El Gobierno mantiene las conclusiones del informe de la
Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad de los
Servicios acerca del señor Arias Cañete en su período como ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación desde abril de 2000, y que yo
expliqué en una comparecencia en Comisión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Ya veo, señor Posada, que mantienen las
conclusiones de un informe quizá hecho a la medida, que siguen sin
enviar a la Cámara, y que está a punto de concluir el plazo de tiempo
del que disponen, un mes, para o bien enviárnoslo o bien darnos una
razón jurídica que justifique el motivo por el que no nos lo envían y
poder actuar en consecuencia. Siguen absolviendo a un ministro que,
desde nuestro punto de vista, incumple el artículo 2 de la Ley de
incompatibilidades. A ustedes les parece lógico, normal, ético y
legal que el señor Cañete haya representado a empresas como Havorad,
Lucite o Angelmo, que tienen intereses en el mundo agroganadero. Por
cierto, señor Posada, ¿nos puede garantizar que ni el señor Cañete ni
su familia tienen intereses directos en la empresa holandesa Havorad.
¿Les parece normal que el entorno familiar directo del señor Cañete
cuente con más de 60 empresas dedicadas a negocios agroganaderos o
que el entorno de amistades más próximo con el que colaboró el señor
Cañete en Ceuta y en Canarias posea más de 30 empresas, a las que
parece que el señor Cañete les hacía preguntas cuando era
europarlamentario en función de los intereses que
representaba? A ustedes les parece lógico aceptar todo esto y quieren
que nosotros entendamos las razones de su informe. A un ministro que
bajo juramento no responde con su silencio a las conclusiones de un
Consejo de Ministros, contando off the record todo aquello acerca de
lo cual les informa el presidente del Gobierno, no le podemos creer.
Señor Posada, cada día que pasa y el señor Cañete sigue sentado en el
Consejo de Ministros es una muestra más del desprecio de su Gobierno
a millones de españoles que quieren tener dirigentes y gobernantes
éticos y honrados que defiendan los intereses de todos y no los
suyos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias.
Señoría, tengo que rechazar su intervención y lo tengo que hacer
porque usted ha aprovechado una pregunta que me ha hecho sobre un
tema jurídico y político para exponer una serie de argumentos que
repite una y otra vez y que no vienen en absoluto al caso,
dedicándose a atacar la fama del señor Arias Cañete. Los datos que
usted ha dado los repite constantemente. Son los mismos de la
comparecencia, ya lo explicamos y no son datos posteriores a marzo de
2000. Hace observaciones generales que no pueden ser contempladas por
la Dirección General de la Inspección, que actúa sobre hechos. Usted
está haciendo un juicio paralelo y una y otra vez formula esta
pregunta para obtener la misma respuesta. A mí, que me siento
diputado antes que ministro y que creo que este control del Gobierno
es un tema muy importante desde un punto de vista democrático, me
duele que vuelva usted una y otra vez a hacer una pregunta que sabe
que no tiene otra respuesta, no puede tener otra respuesta. Permítame
que le diga que usted ha utilizado de una forma no adecuada este
turno para volver a decir cosas que afectan a la fama personal del
señor Arias Cañete y que quedaron estudiadas, vistas y tratadas en la
comparecencia. No ha hecho usted un uso adecuado del turno.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAN BERTOMEU BERTOMEU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ASPECTOS SON
DESTACABLES, DENTRO DEL PLAN INFO XXI, EN RELACIÓN CON LA FORMACIÓN
EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? (Número de expediente 180/000579.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología.
En primer lugar, pregunta número 29, que formula el diputado don Joan
Bertomeu Bertomeu.
El señor BERTOMEU BERTOMEU: Gracias, señora presidenta Señorías,
señora Ministra de Ciencia y Tecnología. Es evidente la sensibilidad
del actual Gobierno del Partido Popular hacia la sociedad de la
información. La mayor dotación de los recursos presupuestarios, los
nuevos programas, planes y estructuras de funcionamiento, diseñados
desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología así lo atestiguan.
Con referencia a lo manifestado por parte del propio presidente del
Gobierno, el pasado mes de enero presentó el plan de actuaciones Info
XXI para el período 2001-2003, que está compuesto por un conjunto de
iniciativas, más de 300 acciones y proyectos, que representan un
importante impulso para el desarrollo de la sociedad de la
información en España, en el que se hace copartícipe a muchas
carteras ministeriales y a muchos sectores productivos, educativos y
científicos de la sociedad española. La cifra de 450.000 millones de
pesetas en los presupuestos, de los cuales 70.000 millones serán
destinados en el presente ejercicio 2001, es la mejor prueba de lo
manifestado. Sin embargo, el cambio técnico también obliga al
conocimiento y a la formación en las nuevas tecnologías no solamente
de los consumidores y usufructuarios finales de las mismas, sino muy
especialmente de la mano de obra que, para conseguir incrementos de
su eficiencia en su productividad y en su salario real a través de
estas tecnologías, necesita de una formación adaptada a las mismas,
de igual forma que el resto de la sociedad española requiere de una
mano de obra capacitada y entrenada en las nuevas tecnologías para
hacerse beneficiaria de su utilización. De hecho, sabemos que la
atracción de inversiones en alta tecnología no depende únicamente de
los incentivos que se den a su posible ubicación en un determinado
territorio, sino también de la existencia de una mano de obra
cualificada local, capaz de asumir nuevas tareas productivas.
Señora ministra, parece oportuno preguntar al Gobierno lo siguiente:
¿Qué aspectos son destacables, dentro del plan Info XXI, en relación
con la formación en las nuevas tecnologías?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bertomeu.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, efectivamente una de las principales líneas de actuación del
plan Info XXI es precisamente el ámbito formativo en las nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones para garantizar
que el plan de actuación funciona como instrumento catalizador
y aglutinador del fenómeno y desarrollo de la sociedad de la
información en España y una sociedad de la información para todos.
En este sentido, la búsqueda para garantizar la formación de los
empleados y de todos aquellos que buscan empleo, de modo que las
nuevas tecnologías no supongan una barrera para su permanencia y su
incorporación al mundo del trabajo, se complementa con tres grandes
grupos de actuaciones: las acciones de alfabetización digital, las
acciones de formación de ciudadanos en lo que se podría llamar su
capacitación básica y las acciones de introducción del conocimiento
digital, tanto para el profesorado como para los alumnos en los
centros educativos. En este sentido ya se han tomado una serie de
decisiones, consecuencia de este plan de actuación que fue presentado
por el propio presidente del Gobierno en la visita del primer
ministro sueco y presidente del Consejo Europeo, Persson. En este
caso el plan de actuación y el plan de choque hacen referencia al
acuerdo ya suscrito con el mundo empresarial, con el objetivo de
formar e insertar en el mundo laboral a 14.000 profesionales y
técnicos de las tecnologías de la información y la comunicación. Y
hay un compromiso de las asociaciones empresariales de integrar
y contratar en sus empresas el 60 por ciento de estas 14.000 personas.
Además, la integración inmediata de módulos especiales, en lo que es
la formación profesional para las tecnologías de la información y la
comunicación, y el objetivo de la alfabetización digital de un millón
de personas, en lo que se ha venido a denominar la obtención de un
carnet de conducir de ordenadores en el marco de estas tecnologías,
que significa disponer de los mínimos necesarios para moverse en este
ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Todo ello, junto a lo que son las titulaciones en el ámbito
universitario, Internet en la enseñanza, integrando las nuevas
tecnologías en el ámbito educativo, con un conjunto de actuaciones
dirigidas a facilitar también el acceso a la sociedad de la
información y al uso de las nuevas tecnologías a los menos
favorecidos y a los discapacitados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL MORENO BONILLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PERSPECTIVAS TIENE EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN RELACIÓN
CON LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN? (Número de expediente 180/000580.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30 que formula el diputado don
Juan Manuel Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, uno de los mayores retos mundiales, sin lugar a
dudas, es aprovechar el enorme potencial de las actuales tecnologías
informáticas y de las actuales aplicaciones en las telecomunicaciones
para crear en cada Estado lo que se ha denominado la nueva sociedad
de la información.
Es evidente que nuestro país parte con un retraso histórico respecto
a otros países punteros, como Estado Unidos o como algunos países
socios de la Unión Europea, y por ello en esta legislatura se han
puesto en marcha novedosos proyectos. El primero de ellos el estreno
de ese Ministerio, importante Ministerio, de Ciencia y Tecnología que
ha puesto en marcha ambiciosos proyectos, uno de los cuales va a
permitir la convergencia tecnológica con los países más avanzados,
que es el proyecto Info XXI que, como se ha comentado, supone
movilizar ingentes recursos humanos y económicos para conseguir
acercar la sociedad de la información a todos.
De la ratio de esfuerzo tecnológico, gasto en investigación más
desarrollo, hemos pasado a la ratio de esfuerzo innovador y
tecnológico, gastos en I+D+I, y el Gobierno se ha marcado objetivos
muy ambiciosos: el 1,3 para el primero, y el 2 por ciento para el
segundo, en torno al año 2003. La consecución de estos objetivos
marcaría un claro camino de convergencia tecnológica con Europa, lo
que hoy por hoy constituye la mejor garantía de crecimiento y de
bienestar social a largo plazo. En todo caso, dado lo novedoso, tanto
de los objetivos como de los instrumentos puestos en marcha con
motivo de la sociedad de la información, parece obligado saber con
cierta precisión cómo va evolucionando la consecución y la puesta en
práctica de los mismos, lo cual obliga a la elaboración de
indicadores que vayan marcando cuáles son las debilidades y las
fortalezas de la estrategia que se ha puesto en marcha.
Por ello, nos parece oportuno realizar la siguiente pregunta al
Gobierno: ¿Qué perspectivas tiene el Ministerio de Ciencia y
Tecnología en relación con los indicadores para evaluar el desarrollo
de la sociedad de la información?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bonilla.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, efectivamente la sociedad de la información es algo más que
un marco económico que está cambiando las empresas y los agentes
desde un punto de vista del tejido empresarial, y está estableciendo
nuevas reglas y pautas sociales, nuevas maneras de hacer, cambios en
las estructuras de las sociedades y, por
tanto, cambia muchos aspectos relevantes de nuestra vida.En este
sentido es clave el que se establezca este conjunto de indicadores
para poder medir y comparar magnitudes tradicionales, como el
crecimiento económico, la prosperidad social y económica, y la
calidad de vida, como consecuencia de las modificaciones y
transformaciones radicales que irá imponiendo la sociedad de la
información.
Por tanto, el sistema de evaluación comparativa, del cual no dispone
aún la Unión Europea, éste que se denomina en términos anglosajones
como benchmarking, es algo que España de un modo activo, junto con el
resto de socios de la Unión Europea, ha venido propugnando, y así se
ha establecido, para construirlo y disponer de parámetros definidos
para realizar esta comparación, situación, evolución y ajuste en lo
que son los objetivos y el modo de irlos cumpliendo de la propia
sociedad de la información para los distintos países en el marco del
plan de acción de Europa. Con las asociaciones empresariales se han
llevado y se están llevando a cabo una serie de trabajos y estudios
que ya ha definido todo un conjunto de indicadores para hacer este
seguimiento específico y detallado de la penetración de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas,
en las familias, en el conjunto de la sociedad.
Asimismo, España está participando muy activamente en los grupos de
trabajo del Consejo de la Unión Europea que está tratando este tema,
y así, en el propio grupo de servicios de la sociedad de la
información y en su sesión del 22 de febrero de 2001, ya ha
establecido, con el soporte también de España, un conjunto de
indicadores que hacen referencia tanto a los porcentajes de población
que usa habitualmente Internet, cómo se trata en los hogares el coste
de acceso a Internet -del que por cierto España es de los más bajos
de Europa-, el número de servidores seguros por millones de
habitante, porcentajes de empresas que compran y venden en Internet,
porcentajes de alumnos para el acceso regular a Internet...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UN NUEVO MODELO DE
GESTIÓN FERROVIARIA. (Número de expediente 172/000073.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
un nuevo modelo de gestión ferroviaria.
Para presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías,
presentamos esta interpelación sobre el modelo de gestión ferroviaria
porque entendemos que se acerca el momento en que, a lo largo de éste
y de los años próximos, el Gobierno español debe ir tomando
decisiones sensatas en el sentido de ir culminando la aplicabilidad
de las políticas de liberalización que ya se ha ido produciendo en
los años anteriores en los distintos modos de transporte. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Señorías, a lo largo de la pasada década fueron innegables los
avances experimentados en las políticas de liberalización del
transporte en la mayor parte de sus modalidades. No ha sido así en el
sector ferroviario. España se erigió realmente en país pionero, por
ejemplo, en la implementación de las políticas de liberalización del
transporte aéreo. Ello posibilitó la libre competencia y el
crecimiento de las compañías transportistas privadas, que desde
comienzos de la década de los noventa pudieron irrumpir en lo que era
hasta aquel momento un mercado nacional que, en régimen de monopolio,
venía siendo cubierto por la compañía Iberia. Ello trajo consigo
nuevas frecuencias, nuevas rutas, nuevos sistemas tarifarios
competitivos y, sin duda, beneficios para los usuarios y para la
economía de nuestro país. Análogamente, en el mercado del flete
marítimo, se experimentaron mejoras notables y consecutivas, de forma
tal que la apertura liberalizadora que se produjo en el transporte
marítimo también benefició a nuestro país y a lo largo de los años
fueron aplicándose políticas que culminaron, a finales de la década
pasada, con la liberalización plena del cabotaje marítimo entre
puertos españoles y entre puertos pertenecientes a islas de nuestras
dos comunidades archipielágicas.
Señorías, si bien es cierto que también se fue avanzando en el sector
del transporte aéreo, en el marítimo, en el regular o discrecional de
pasajeros por carretera y en el de mercancías por carreteras, no es
menos cierto que aquellas tres directivas comunitarias que se
aprobaron, una en el año 1991 y otras dos en 1995, que se publicaron
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, tendentes a
permitir la liberalización del sector ferroviario, no trajeron
consigo los beneficios equivalentes a los que proporcionó a los
usuarios y a la formación y consolidación de ese mercado único en el
seno de la Unión Europea la aplicación de las directivas
liberalizadoras del transporte en los otros modos a los que he hecho
referencia. Esto, señorías, se ha ido convirtiendo en una de las
asignaturas pendientes de la Unión Europea. Ya el informe del
anterior comisario Kinnock puso de manifiesto que era necesario
reconducir los contenidos de aquellas tres directivas y, por ello, a
lo largo de los últimos años, tanto el Parlamento Europeo como el
Consejo, como las comisiones específicas de política regional y de
transporte, fueron estableciendo contactos con sectores profesionales
y elaborando
iniciativas que han conducido a la sustitución de aquellas tres
directivas de la pasada década, a las que he hecho referencia, y a la
aparición de tres nuevas que se aprobaron por unanimidad en el
Parlamento Europeo. Hay que indicar que el Grupo Parlamentario
Popular Europeo y el Grupo Parlamentario Socialista las apoyaron
plenamente; consiguientemente, es una política mayoritariamente
apoyada por la Cámara europea. Esas tres directivas fueron publicadas
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el pasado jueves 15
de marzo -consiguientemente, están aún fresquitas- y dan a cada uno
de los países comunitarios el marco obligatorio y la flexibilidad de
la trasposición al ordenamiento jurídico de cada uno de los países de
la Unión Europea a lo largo de un periodo de dos años. Es decir, el
Gobierno español tendrá un plazo de dos años, contados desde el
momento de la publicación de las tres directivas, hasta el 15 de
marzo de 2003, para trasponer al ordenamiento jurídico español el
contenido de las mismas. Y aquí es donde empezamos a meternos en
harina, pero era necesario hacer este breve repaso antes. ¿Qué quiero
decir con meternos en harina? El ministro de Fomento, al que no puedo
negar un afán constructivo de cooperación desde el Gobierno para la
implementación de políticas que impulsen el crecimiento del
transporte de mercancías a través de la vía férrea y el consiguiente
trasvase de mercancías de la carretera al ferrocarril, ha hecho
declaraciones públicas a lo largo de los cuatro o cinco últimos
meses, que probablemente hayan sido mal interpretadas -voy a ser
generoso, señor ministro- y han traído consigo editoriales y notas de
prensa por las que se ponía en nuestro conocimiento que el Gobierno
español rápidamente se iba a adelantar a la cadencia temporal
diseñada por las instituciones europeas para liberalizar el
transporte de pasajeros y el de mercancías.
Debemos dejar muy claro que lo que se va a liberalizar en primer
lugar es el transporte de mercancías a través de las redes
transeuropeas de transporte. En segundo lugar, con el paso del tiempo
y de acuerdo con la cadencia temporal recogida en esas directivas
comunitarias, se liberalizará el transporte de mercancías entre los
diferentes países, el cabotaje comunitario y el cabotaje dentro de
cada uno de los países. En resumen, hasta el año 2003 se pueden
trasponer las directivas comunitarias a nuestro ordenamiento
jurídico; dos años después tendrá lugar la liberalización del
transporte de mercancías en las redes transeuropeas; transcurridos
dos más, habrá transporte libre de mercancías dentro de cada país y
allá por 2007 ó 2008 o a finales de la presente década -no hay que
correr demasiado-, vendrá la liberalización del transporte de
pasajeros dentro de la Unión Europea y en cada uno de los países.
Nos preocupa que las declaraciones del ministro hayan puesto de
manifiesto aparentemente la voluntad del Gobierno de acortar plazos.
Por otro lado, ha habido
declaraciones gubernamentales que han diseñado una línea directriz
con la que no coincidimos y que se nos deberá explicitar en esta
interpelación. Parece que el Gobierno conservador español tiene la
intencionalidad, manifestada en declaraciones públicas y no recogida
documentalmente, de establecer un mecanismo de privatización del
sector ferroviario nacional -he dicho privatización, y no la confundo
con la liberalización; no se me diga en la intervención del ministro
lo que yo no he dicho-, porque incluso en comunicados de prensa ha
señalado que prevé que en un futuro -el ministro lo declaraba
recientemente- la compañía Renfe se transfiera a la SEPI. En los
últimos tiempos la SEPI viene siendo una institución dedicada a la
privatización de empresas vinculadas al sector público y nos preocupa
esta línea que parece similar a la que siguió a comienzos de los
noventa el Gobierno británico conservador, con Margaret Thatcher
primero y con el primer ministro Major después, cuando llevó a cabo
la privatización de los ferrocarriles, que ha traído consigo una
serie de problemas que serán analizados en su momento. Tengo en mis
manos, señorías, las características de lo que ha sido ese proceso de
privatización. Tenemos clarísimo que las directivas comunitarias
ponen de manifiesto que es necesaria, en este llamado segundo paquete
de la gestión ferroviaria o segundo paquete ferroviario, la creación
de un operador del transporte, que haya un ente gubernamental
encargado de la regulación; que obviamente los operadores que
utilicen las infraestructuras del transporte no deben tener la más
mínima vinculación con el operador, que nosotros creemos que ha de
ser de titularidad pública, que gestione toda la infraestructura
ferroviaria, desde las catenarias dedicadas al suministro de fluido
eléctrico a las estaciones, a las plataformas intermodales, es decir,
la infraestructura en su conjunto. Sin embargo el gobierno británico
tomó otra línea, es decir, creó el ente gestor de infraestructuras,
en principio lo convirtió en un ente de titularidad pública y
posteriormente lo privatizó. Esa es una línea que no nos gusta, pero
para eso se produce esta interpelación, para comenzar a fijar
posiciones.
Nosotros, señorías, creemos que el Congreso de los Diputados está en
condiciones de crear una subcomisión específica en el seno de la
Comisión de Infraestructuras que analice estos problemas. El Gobierno
tiene la obligación también de elaborar un libro blanco y por eso ya
pasamos a formularle una serie de preguntas al ministro para que nos
lo vaya aclarando.
Señor ministro, nos gustaría saber, en primer lugar, si es voluntad
del Gobierno hacer lo que hizo, por ejemplo, el Gobierno conservador
británico en su momento, que fue positivo, que fue la elaboración de
un libro blanco que dio origen a un debate, pero que fue elaborado
con el consentimiento y con el diálogo de los sectores sindicales,
económicos, profesionales, yen nuestro país las comunidades
autónomas, los ayuntamientos
y esta Cámara deberían participar en la elaboración de ese
libro blanco, que podría ser una función a desempeñar a lo largo de
los seis meses siguientes. Luego primera pregunta, señor ministro,
¿estaría dispuesto el Gobierno a la elaboración de ese libro blanco?
En segundo lugar, creemos que Renfe debe convertirse en un operador
potente que compita en Europa. No nos olvidemos que Talgo, por
ejemplo, recorre vías férreas alemanas, que hemos sido pioneros como
país en la elaboración de tecnología potente y en ese sentido nos
parece muy oportuno, señor ministro, que el Gobierno -se lo pedimos y
será uno de los sumandos que integrarán la próxima resolución-
elabore un contrato- programa con Renfe, que no puede seguir en esa
situación de indefinición, de falta de personalidad institucional
como empresa pública dependiendo directamente del Gobierno y del
Ministerio. De 1994 a 1998 disfrutó de un excelente contrato-
programa; el de los años 1999 y 2000 fue una especie de prórroga del
anterior con pequeños retoques y actualmente nos encontramos con un
vacío. Políticas comunitarias -y ojo a este dato, señor ministro-
anteriores al año 1988 en que se aprobó la Ley de ordenación de los
transportes terrestres imposibilitaban desde luego determinados tipos
de ayudas de Estado, de ayudas públicas, por ejemplo, para largos
recorridos o para el transporte de mercancías futuro en las redes
transeuropeas.
En tercer lugar, nosotros creemos que Feve, que está pasando por una
crisis de gestión, como se pone de manifiesto con los ceses que se
han producido en segundos escalones de la misma, debe disfrutar de
otro contrato-programa y le preguntamos si el Gobierno tiene la
intención de hacerlo.
En cuarto lugar, le preguntamos también si es intención del Gobierno
la elaboración y confección de un contrato-programa con el GIF. El
GIF es un ente operador que junto con la Dirección General de
Ferrocarriles, Renfe y Feve constituye el conjunto de los cuatro
operadores de infraestructuras; recibe transferencias financieras del
Gobierno, pero no recibe mandato ni control, por cuanto si no tiene
un contrato-programa previo que le obligue a una cadencia temporal en
el desarrollo de determinadas funciones, ¿cómo se le pude controlar y
exigir o criticar cuando no cumple esos contratos, cuando no cumple
esas cadencias temporales en la ejecución de determinados trabajos?
Señor ministro, nosotros tenemos muy claro -le he formulado cinco
preguntas y tengo otras, pero se plantearán, si no hay tiempo, en la
moción consecuencia de esta interpelación- que la intermodalidad en
el transporte juega un papel fundamental en Europa. No pueden seguir
las carreteras europeas y las españolas colapsadas con la altísima
densidad de tráfico. El 85 por ciento de las mercancías españolas
dentro de nuestro país se transportan por carretera, solamente el 6
por ciento son transportadas por vía férrea y es necesario
que este porcentaje se vea incrementado, por razones medioambientales
y por razones económicas. Hay que dar muchos pasos a lo largo de esta
década, pero pasos firmes. No se puede correr, no se puede acelerar
en un proceso vital.
Señor ministro, sexta pregunta, ¿está dispuesto el Gobierno a la
elaboración de un plan nacional de plataformas logísticas? No podemos
seguir teniendo plataformas logísticas a las que no llega el
ferrocarril, llega solamente el camión. Me estoy refiriendo
esencialmente al transporte de mercancías, porque son las dos
columnas vertebrales que hay que impulsar, son las líneas directrices
básicas para la modernización de estepaís. En la sesión de control
previa, por parte de una señora diputada del Grupo Parlamentario
Popular, se acaba de formular una pregunta sobre el transporte de
mercancías. He visto favorablemente la formulación de la pregunta y
la contestación, porque en esta Cámara tiene que reflejarse la
preocupación por las políticas de transporte. Le he dicho en
reiteradas ocasiones en Comisión que usted debe convertirse en
ministro de transportes, que usted no debe ser sólo el ministro que
desempeña determinadas funciones vinculadas a las infraestructuras;
las infraestructuras del transporte han de surgir de una
planificación previa y falta esa planificación, señor ministro, falta
el flujo de mercancías de una modalidad a otra. Señor ministro,
¿elaborará el Gobierno un plan nacional de plataformas logísticas?
Son muy pocas las que hay. Una de ellas, la de Coslada, puerto seco
de Coslada, fue una iniciativa del ente Puertos del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.
Esa es una de las pocas plataformas a las que llega el ferrocarril.
Es inconcebible que nos encontremos en esta situación. Señor
ministro, es inconcebible que el Gobierno español no haya impulsado
la firma de una serie de acuerdos comunitarios vinculados
precisamente al transporte de mercancías. Nosotros tenemos muy claro
que hay que incorporar la política de transporte de mercancías
española a la política comunitaria. La pregunta que le quiero
formular es por qué razón no se ha suscrito el acuerdo general para
el desarrollo del transporte combinado por parte del Gobierno de
España, ya adoptado por catorce gobiernos comunitarios.
Por último, señor ministro, posibilite los contenidos recogidos en
toda la amplia serie de normas vinculadas al transporte intermodal,
publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a lo
largo de estos cinco últimos años, en cuya referencia, obviamente,
por razones de tiempo, no voy a entrar, pero que ponen de manifiesto
que el Gobierno español, en lo que a estas materias se refiere, no
está dando la talla en las políticas comunitarias. No podemos seguir
siendo el
sur-sur de Europa, sino que tenemos que ser un país auténticamente
competitivo y que posibilite la competitividad no solamente de la
empresa transportista española sino de toda la economía española en
el ámbito de ese mercado común, de ese mercado único europeo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Con la venia,
señor presidente.
La verdad es que para ser un diputado portavoz con vocación de dar
prioridad a los transportes, señor Segura, hoy nos ha decepcionado un
poquito, porque después de las horas que hemos dedicado, en mi
primera comparecencia el 15 de junio de 2000, en mi comparecencia
monográfica del Senado el 15 de febrero y en mi comparecencia
monográfica en esta Cámara hace un mes, más de cuatro horas, para
hablar del modelo ferroviario, que usted ahora haga una interpelación
con declaraciones de periódico me parece que es algo que no
revaloriza esa trascendencia que S.S. le quiere dar al papel de la
Cámara y a la importancia que tiene la política de transportes. Señor
Segura, respondo de lo que dije aquí el 15 de junio y de lo que
procuré hacer, en un ámbito de invitación a la colaboración de los
grupos políticos, igual que hicimos en la conferencia sectorial de
comunidades autónomas con los gobiernos autonómicos y en la reunión
con los representantes sindicales, comparecencias dirigidas sobre
todo a formular una invitación a la participación de todos en la
definición concreta del nuevo modelo ferroviario.
Respecto a alguna de las cuestiones que preocupan a S.S., si hubiera
tenido tiempo de leerse la versión de las directivas europeas que ha
recogido el diario oficial el pasado 15 de marzo, como usted ha
señalado, sus dudas se las habría disipado no el ministro de Fomento
de España sino la propia lectura de esa publicación oficial. Por
ejemplo, a S.S. le extrañaba que el ministro, al explicar qué iba a
pasar al final de un nuevo modelo con Renfe, dijera que no iba a
estar adscrita al Ministerio de Fomento. Coja, por favor, el artículo
30 de la Directiva relativa a adjudicación de capacidad de
infraestructuras ferroviarias. Además de que otra directiva establece
la separación entre gestores de infraestructuras y operadores de
transporte, esta directiva, al hablar de cómo se asigna la capacidad
de infraestructura ferroviaria, dice que los Estados miembros crearán
un organismo regulador y que dicho organismo, que podrá ser el
Ministerio encargado de transportes o cualquier otro, será
independiente de todo administrador de infraestructuras, organismo de
tarifación, organismo adjudicador y candidato en el plano de la
organización de las decisiones financieras, de la estructura legal y
de la toma de decisiones. Es decir, el modelo de competencia
funcionará si cada uno, el regulador, el gestor de
infraestructuras, el operador de transporte, tiene su propia
autonomía. Precisamente, en aras de la autonomía, si el Ministerio de
Fomento se convierte en regulador, no puede ser parte en ese proceso,
señor Segura, porque el modelo no funcionará, ya que los árbitros no
deben ser de uno de los equipos contendientes. Por tanto, lo que he
dicho me parece de sentido común, que se deriva de la letra y del
espíritu de las normas, y no debería causar sorpresa ante una persona
que tiene a gala analizar con profundidad los asuntos sobre los que
interroga e interpela al Gobierno.
Volviendo al tema de fondo, el compromiso es que en el plazo de dos
años, que vence el 15 de marzo de 2003, España pueda comunicar a la
Unión Europea que ha adoptado las medidas necesarias para trasponer
las tres directivas. Eso significa que habremos convenido las
obligaciones mínimas, pero además podemos hacer otras cosas, señor
Segura. ¿Por qué nos vamos a quedar solamente en el transporte de
mercancías en las redes transeuropeas a partir de los dos primeros
años? ¿Por qué vamos a esperar al año 2007 o al año 2008 para
liberalizar las mercancías en el resto de la red? ¿Qué es lo que lo
impide? ¿Por qué vamos a retrasar introducir la competencia en los
servicios de largo recorrido de viajeros? Eso es algo que, con estas
directivas en la mano, tenemos la facultad de arbitrar. Me gustaría
escuchar a SS.SS. sobre la conveniencia de no agotar los plazos
máximos del modelo, sobre la oportunidad que tenemos para beneficiar
al ferrocarril, por las razones que comparto con S.S., porque es el
último modo de transporte que se liberaliza y precisamente por eso ha
estado en riesgo de desaparecer como alternativa de transporte.
Gracias a una nueva tecnología, la de alta velocidad, y a un modelo
en competencia, hoy el ferrocarril tiene futuro en España y en
Europa. No sería justo señalar la importancia del modelo si para que
ese modelo se pueda poner en práctica no hiciéramos un esfuerzo para
modernizar nuestras infraestructuras ferroviarias. Por eso son dos
patas de un mismo proyecto, el modelo ferroviario y el plan de
infraestructuras, especialmente en los tres programas, de alta
velocidad, convencional y de cercanías. Conviene que en este proceso
vayan confluyendo -por eso tendrá mucho que ver- el programa de
apertura a la competencia de la red de transporte ferroviario con la
marcha, mejora y modernización de nuestras infraestructuras
ferroviarias. Será uno de los datos de los que deberemos disponer
cuando discutamos no el qué sino el cómo y el cuándo de la aplicación
del modelo.
Señor Segura, a mí, en estos primeros compases, antes de meternos en
harina, como decía S.S., me parece muy trascendente que le
expliquemos a la sociedad española el reto que tenemos ante nosotros
y también que a la sociedad española no la sometamos a unas
incertidumbres innecesarias. Con el plan de infraestructurasque en
estos momentos está diseñado y en ejecución
-y le recuerdo a S.S. que en este ejercicio el presupuesto de
inversiones del Ministerio de Fomento aprobado por esta Cámara
asciende a un billón 500.000 millones de pesetas, una buena parte, la
principal, dedicada a inversión ferroviaria- vamos a modernizar el
sector, vamos a mejorar su competitividad y vamos a permitir que
facilite el crecimiento de España, la convergencia real y que pueda
crear empleo. Cuando se invierten cinco billones y medio en una nueva
red de alta velocidad, cuando se pone en marcha un programa de casi
un billón de pesetas para modernizar la red convencional -que
permanecerá por lo menos en esta década en ancho ibérico; la red de
alta velocidad será toda en ancho europeo y electrificada- y cuando
se contemplan 300.000 millones para cercanías se puede afirmar que el
aumento del stock de infraestructuras va a generar un incremento de
la riqueza y, como consecuencia, del empleo en nuestro país. Le
reitero los datos que ya anticipé en la Comisión.
Gracias a este plan de infraestructuras y a un sector ferroviario más
competitivo, que pueda ganar cuota de mercado para aumentar el número
de pasajeros -los objetivos son situar la red ferroviaria en una
capacidad de captación de 67 millones de pasajeros actuales-, podemos
hablar de crear 210.000 empleos en esta década. Por eso no es lo
mismo sentarse a negociar con las comunidades autónomas, con los
grupos políticos y con las organizaciones sindicales un plan de
reestructuración que necesariamente conlleva medidas traumáticas, que
sentarse a negociar un plan de futuro que necesariamente conlleva
modernización de la red y creación de puestos de trabajo, de los
cuales 13.000 van a ser puestos de trabajo directamente ferroviarios,
con una simple extrapolación de lo que en estos momentos está
ocurriendo en la línea de alta velocidad que está en servicio. Esto
va a exigir también la inversión en material móvil, rodante, en la
adquisición de nuevos trenes y eso va a dar trabajo también al sector
de fabricación de material móvil; estimamos en unos 6.500 empleos los
que el sector de material móvil ferroviario va a crear en esta década
con este plan. Esto, señor Segura, yo creo que nos coloca en la mejor
de las situaciones para abrir este diálogo y para propiciar un
acuerdo, que es precisamente el espíritu con el que se llegó al
consenso en el Parlamento Europeo por parte de su grupo y el mío a la
hora de abordar el nuevo modelo ferroviario. Yo como ministro de
Fomento deseo ese acuerdo, señor Segura, y lo reitero ante el Pleno
de la Cámara, lo mismo que lo he hecho ante la Comisión de
Infraestructuras en tres ocasiones. A partir de ahora lo que hace
falta es que los grupos parlamentarios busquen los instrumentos
necesarios par discutir las alternativas de las que disponemos en la
trasposición de la normativa europea y para que hagan el esfuerzo
necesario, contando con la colaboración del Gobierno para buscar el
acercamiento de posiciones. Esto es lo que me parece más relevante en
la tarde de hoy, al comienzo de este
debate, justo seis días después de la publicación de las directivas y
con plazo suficiente para que el 15 de marzo del año 2003 el nuevo
modelo ferroviario sea una realidad en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, mi capacidad es la que es y
no va muy allá, pero no cuento con todos los medios de apoyo de los
que dispone un ministro, con centenares de personas dependientes de
los distintos entes integrados en el Ministerio. Sí le puedo asegurar
que ya el viernes pasado simplemente entrando en Internet me hice con
las directivas y me las estudié. Ya las conocía, desde el momento en
que el 1 de febrero pasado el Parlamento Europeo, en régimen de
codecisión, produjo la aprobación unánime de las mismas.
Consiguientemente, no haga referencia a ninguno de los artículos que
los he leído, les conozco desde hace tiempo por cuanto conozco los
orígenes. Son tres directivas que han surgido de las tres anteriores
que integraron el primer paquete, modificando dos de ellas y
sustituyendo plenamente la tercera.
Dejando esto sentado, señor ministro, lo que quise decir fue lo que
dije, está en el «Diario de Sesiones» y se lo reitero, y usted no me
ha contestado a las preguntas, lo hará intuyo en el turno de réplica,
porque la interpelación es eso: el grupo interpelante formula
preguntas al Gobierno. Le reitero las preguntas. En primer lugar,
nosotros creemos en la necesidad de potenciar Renfe, por tanto, ¿cuál
es el futuro de Renfe? Renfe no tiene hoy contrato-programa con el
Estado. Le invitamos -y le apoyaremos- a que elabore un
contratoprograma para cuatro años, la duración de esta legislatura
y el primer año de la próxima, para que los equipos directivos de Renfe
puedan con garantía definir el futuro de la empresa -no puede estar
en situación de incertidumbre- y en ese nuevo contrato-programa se
puedan incorporar contenidos y actuaciones dirigidas, según los
artículos de las tres directivas a que estamos haciendo referencia.
En segundo lugar contéstenos si usted va a impulsar, tal como se lo
pediremos en la moción del próximo Pleno, un contrato-programa con
Feve. En tercer lugar, contrato-programa con el GIF; en cuarto lugar,
señor ministro, si el Gobierno está dispuesto a elaborar un proyecto
de ley o la norma que estime oportuna para definir las plataformas
logísticas que necesita el Estado español; los puntos que hagan más
fluido el amplio tráfico de mercancías a efectos de producir los
trasvases correspondientes de la carretera al ferrocarril. En quinto
lugar, señor ministro, no tenga usted la más mínima duda de que
presentaremos muchas iniciativas para dar satisfacción a las líneas
directrices marcadas por tantos informes parlamentarios
sobre la intermodalidad, por cuanto la Comisión Europea no hace
más que resolver, pidiendo a los Estados miembros que adopten
decisiones, que otros países vienen adoptando y el Gobierno español
no lo viene haciendo. En sexto lugar, señor ministro, nosotros le
pedimos que nos conteste si el Gobierno, en colaboración con
sindicatos, con las Cortes Generales y con los operadores interesados
al respecto, está dispuesto a elaborar, como han hecho otros
gobiernos europeos, un Libro Blanco del transporte ferroviario (ese
libro blanco lo denominamos así -no hagamos bromas con el color de
las tapas- porque así ha sido denominado en otros países), un libro
abierto al debate; que la transformación, que los avances en la
modernidad que tiene que experimentar este sector nazcan de un
consenso, surjan de un diálogo, surjan de una cooperación común. La
de este grupo parlamentario la tendrá y plantearemos nuestras
propuestas. Nuestras propuestas respecto al desarrollo de los
contenidos de esta directiva serán: en primer lugar que es necesario
naturalmente la creación de un ente gestor de las infraestructuras,
ente que va a tener la responsabilidad del desarrollo y mantenimiento
de las mismas en su globalidad, un ente, no varios tal como está hoy
día. Nosotros creemos que es muy positivo que el mismo ente de
titularidad pública y gestionado por un poder público atienda la alta
velocidad, atienda los sistemas convencionales, atienda el transporte
de mercancías. En segundo lugar, señor ministro, no nos parecería
oportuno que ese ente de titularidad pública se cuantificase y se
sometiese a un proceso de privatización posterior. En tercer lugar
entendemos, señor ministro, que ese ente debe estar diferenciado
desde el punto de vista gubernamental de aquel Ministerio encargado
de la norma, del control, de la vigilancia y de la inspección y,
naturalmente, tenemos clarísimo que Renfe se convertirá en un
operador que ha de competir con otros y que no debe depender del
Ministerio encargado de la regulación, de la inspección y de la
sanción. Sobre estos conceptos básicos se sustentará la política que
el Grupo Parlamentario Socialista irá produciendo en esta materia a
lo largo de los próximos meses.
Señor ministro, contéstenos sobre los contenidos y en la línea que se
han de modificar de la actual Ley de ordenación de los transportes
terrestres, a la que tendrán que incorporarse esos preceptos
comunitarios a los que hemos hecho referencia tanto usted como yo, y
si es intención del Gobierno traer a la Cámara un proyecto de ley
específico, monográfico, singularizado en las políticas del
transporte ferroviario, o bien quiere modificar parcialmente la Ley
de ordenación del transporte terrestre.
Desde esa perspectiva global, el Grupo Parlamentario Socialista va a
ir trayendo a la Cámara, a raíz de la aparición de estas directivas,
iniciativas parlamentarias que irán marcando nuestra posición. Como
no es éste el foro, porque probablemente el adecuado desde el
punto de vista reglamentario es la Comisión de Infraestructuras, en
ella presentaremos una iniciativa por la que pediremos a la Comisión
la creación de una subcomisión específica que debata de manera
singular las políticas de transporte ferroviario desde la óptica de
la intermodalidad; no del transporte ferroviario per sé, sino del
impulso, de la potenciación y de la integración de igual a igual con
las restantes políticas y los restantes modos de transporte.
Intuyo, señor ministro, que la singularidad -y yo creo que el rigor-
de este planteamiento es merecedor de un análisis y de la
contestación pertinente por parte del Gobierno en la persona del
señor ministro, que se lo acabo de reiterar tal como lo hice en la
primera parte de mi intervención.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señor
presidente, señorías, en esta segunda intervención he entendido con
más claridad al señor Segura, pero tengo que decir que ahora estoy
menos de acuerdo con el señor Segura que en su primera intervención,
porque me parece un error procedimental que S.S. y yo convengamos el
inicio de un proceso para acordar un modelo ferroviario y S.S. me
induzca a mí a presentar el modelo final. Me parece un error
procedimental porque en el momento que a mí me pillara S.S.
presentando un modelo cerrado, me censuraría por tener ya posiciones
preconcebidas. Quiero demostrarle, señor diputado, que el Gobierno en
el marco de la política diseñada por las políticas comunitarias, en
estos momentos mantiene una posición abierta al diálogo con todos y
mantiene una vocación de acercamiento de posiciones. En el terreno
parlamentario, cuando hablemos de normativa vigente para adaptar las
directivas, y en el supuesto de que deba establecerse alguna decisión
de rango legal, evidentemente tendrá que ser incorporada a un
proyecto de ley sobre el ferrocarril que habrá de llegar a esta
Cámara. Claro que habrá en su momento un proyecto de ley del
ferrocarril, pero no me pregunte usted ahora su contenido, porque le
estoy ofreciendo que su contenido, desde el instante cero que es el
15 de marzo de 2001, lo hablemos, lo dialoguemos y escuchemos a los
demás. ¿Su señoría conoce ya la posición de todas las comunidades
autónomas? La puede conocer, porque su grupo parlamentario tiene
representación en todas ellas. Pues bien, el Ministerio de Fomento ha
celebrado ya una reunión para oír a las comunidades autónomas y puedo
decir que la posición es favorable a la implantación del modelo. Es
verdad que luego hay matices sobre hasta dónde llega el modelo,
porque sabe S.S.
que la normativa dice que el modelo europeo no es obligatorio para
los ferrocarriles de cercanías, como no lo es para el ferrocarril
urbano y suburbano o como no lo es para determinadas líneas
regionales aisladas. Sobre eso, en primer lugar hay que escuchar a
todo el mundo, y después empezar a configurar posiciones y a ser
posible acuerdos. Por eso, señor portavoz del Grupo Socialista, me va
a escuchar muy pocas posiciones predeterminadas, muy pocas; algunas
son inevitables, porque son simple traducción de los textos de la
directiva. Su señoría me dice que Renfe no tiene contrato-programa.
Eso lo dice S.S. gratuitamente; tiene el contratoprograma prorrogado
tácitamente, como tantas veces ha ocurrido en la historia de Renfe,
señor diputado, como tantas veces, y por eso no padece el servicio de
Renfe, porque los objetivos de servicio y las contraprestaciones de
esos objetivos de servicio en el año 2000 están plenamente vigentes
en el año 2001 y están consolidadas presupuestariamente por las
Cortes Generales en la Ley de Presupuestos. Lo que S.S. y su grupo
tienen que decidir es si están de acuerdo, como dice la directiva
sobre liberalización, la directiva que define el nuevo modelo, la de
desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, en que el año 2003
estén separadas las funciones de gestión de las de transporte. Si S.
S. está de acuerdo con lo que dice la directiva, si se aplica el
modelo, Renfe en el año 2003 no podrá ser la misma Renfe que hoy, y
Feve no podrá ser la misma Feve que hoy. En todo caso, Renfe tendrá
que separar la función de transporte de la función de gestión de
infraestructuras. ¿A qué contrato- programa se refiere S.S.? ¿Al de
Renfe operador de transporte? ¿Al contrato-programa de Renfe gestor
de infraestructuras? ¿Al ente resultante del gestor de
infraestructuras de Renfe más el GIF actual? ¿No se da cuenta S.S.
que es necesario que nos pongamos de acuerdo sobre hacia donde vamos
en la definición de los protagonistas del modelo? ¿No se da cuenta de
que no podemos hacer contrato-programa con quien no sabemos qué
configuración va a tener en el año 2002 ó 2003? ¿No se ha parado un
segundo a plantearse esta dificultad metodológica? Estas preguntas
son las primeras que hay que contestar. Yo le digo que estamos
decididos a que el 15 de marzo del año 2003, las empresas
ferroviarias que están obligadas cumplan la normativa europea. Le
hago una afirmación: 15 de marzo de 2003, cumplimiento de todas las
obligaciones que impongan las directivas. Me gustaría que
estuviéramos de acuerdo en que vamos a cumplir los plazos, porque
aquí no hay dilación; en la separación no hay dilación, señor
portavoz, es un plazo taxativo, y Renfe en el año 2003 ya no podrá
ser igual. Luego vendrá otra discusión, y es que a S.S. a lo mejor no
le gusta que la empresa operadora de transporte esté adscrita a un
Ministerio mientras sea pública y deberá estar en otro; sobre eso no
hay nada escrito, pero lo seguro es que el gestor de infraestructuras
estará en el Ministerio de Fomento, el regulador del transporte estará
en el Ministerio de Fomento, y además le adelanto que la gestión
de las infraestructuras seguirá siendo pública, señor Segura. No
traslade equívocos. Nunca ha habido declaración equívoca, señor
Segura. La gestión de infraestructuras siempre será pública y he
tenido oportunidad de decirlo en congresos sindicales donde había
ponencias en las que se ponía en duda el carácter público de la
gestión de infraestructuras; no lo digo de nuevo esta tarde en la
Cámara arropado por mi grupo parlamentario. Señor diputado, creo que
tenemos mucho trabajo por delante en el que podemos coincidir
básicamente y me gustaría que la metodología no nos dificultará el
entendimiento. Por eso he venido esta tarde a esta Cámara a decirle
de nuevo que la única metodología es la que nos imponen las
directivas europeas y el único compromiso es cumplir los plazos. En
la parte que es de libre disposición quiero decirle que comparto con
S.S. que la falta de liberalización del sistema de transporte
ferroviario lo ha retrasado con relación a otros modos de transporte,
y me gustaría también consensuar un proceso adelantado en relación
con los plazos que establece la normativa europea.
Además, señor diputado, no olvide que el Plan de infraestructuras
sólo se justifica si al final los operadores de transporte dan un
mejor servicio, captan más viajeros y prestan su aportación al
proceso de convergencia real de España. Como creo que no hay razones
objetivas para que en estos momentos haya dificultades metodológicas,
termino reiterándole la invitación a consensuar en primer lugar el
método, luego los objetivos y finalmente los calendarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, señor ministro, sin
entrar a fondo sobre el grado de conocimiento de cada una de las
directivas comunitarias, está claro que toda directiva y más las
comunitarias, tienen una horquilla de interpretación/gestión bastante
amplia, y luego hay un margen de actuación autónoma de los propios
gobiernos de los distintos Estados que componen la Unión Europea. Por
tanto, desde mi fuerza política, nos gusten más o nos gusten menos
las distintas directivas comunitarias, vamos a entrar en el terreno
de la realidad, que es trabajar en el margen de esa horquilla
interpretación/gestión de la directiva y en el margen del propio
Gobierno. En ese sentido, señor ministro, demandaríamos de usted no
pedirle el modelo final (pues puedo coincidir con usted en que si
viene aquí con el modelo final en cierta manera intentaríamos
lapidarlo políticamente), sino cuál es el papel, dentro de un diseño
global, el punto de trazadoraque ustedes fijan a esa Renfe distinta
de la que hay
actualmente. En ese camino, señor ministro, señorías, nosotros no
apostamos ni mucho menos por un ferrocarril de dos velocidades. Ya
tenemos dos anchos en este país, el ancho Sartorius y el ancho
romano; ya tenemos dos velocidades en este país, la velocidad AVE y
la velocidad convencional; no demos paso, señor ministro, a dos
velocidades administrativas y de gestión, y sobre todo que la
pervivencia de las dos cosas anteriores tiene precio. Ha habido una
publicación reciente sobre el coste del mantenimiento de esa
duplicidad, que al fin y al cabo parece que va a permanecer durante
mucho tiempo, y la publicación habla de muchos millones. Mientras
tanto, ministro, debemos mostrarle la preocupación sobre cuánto
copoder, permítame la palabra, se va a negociar en esta capacidad de
decisión con las distintas comunidades autónomas.
Me es grato escuchar aquí al señor ministro de Fomento plantearle al
portavoz socialista, señor Segura, si han consultado con las
comunidades autónomas. Yo recordaba la intervención del ministro de
Justicia en la última interpelación sobre la Ley del menor en la que
decía que no tenía que consultar con las comunidades autónomas. Digo
que me alegra, pero al mismo tiempo me preocupa por si detrás de esto
se encuentra ceder la capacidad de abrir concursos para la
adjudicación de servicios de determinadas comunidades autónomas; es
decir, si detrás de la cofinanciación de determinadas
infraestructuras entre el Ministerio de Fomento y determinadas
comunidades autónomas está esto. Nosotros desde luego apostamos por
la participación de las comunidades autónomas a través de criterios
de cooperación por medio de convenios con el operador principal, que
para nosotros debe seguir siendo Renfe, pero garantizando siempre el
papel público de otras empresas que puedan concursar en la
explotación de nuevos servicios.
Señor ministro, mantenemos la preocupación sobre la deuda Renfe,
nosotros hemos opinado siempre que la deuda de Renfe era de la
infraestructura del Estado y no de Renfe. En todo caso, ¿a quién de
los gestores, de los operadores, a cuál de esa Renfe partida o
copartida se le va a colgar la deuda Renfe? Desde luego nos
tranquiliza, nos alegra oír al ministro que la gestión de
infraestructuras siempre será pública. Por último, demandar el diseño
que ustedes tienen sobre el futuro de Renfe, sin que me concrete el
modelo; qué entienden sobre la prestación del servicio público
universal.
Para terminar, tenemos que manifestar nuestro escepticismo en cuanto
a la posible aparición de operadores privados en el ferrocarril
español y europeo, y especialmente en el nuestro, salvo que su
entrada se vea muy apoyada por las administraciones públicas, tal
y como sucedió en el Reino Unido. Contemplamos como escenario más
realista una participación privada en el mercado, muy limitada a
determinados nichos no ocupados actualmente por las empresas públicas
ferroviarias, a través de alianzas con operadores logísticos,
de la cooperación con operadores privados y públicos existentes en el
transporte de mercancías.
Por otra parte y en relación con otras empresas ferroviarias
europeas, debido principalmente al reducido peso relativo de los
costes de personal en España, parece muy difícil la entrada en el
mercado de operadores privados en el transporte de viajeros, salvo
que se les permita trabajar bajo condiciones de dumping social y
técnico que pongan en riesgo la calidad y la seguridad del sistema
actual. Los vectores de modernización y reforma deben preponderar
sobre la privatización. Ciertamente, el modelo británico no es un
modelo a importar. En cualquier caso, el proceso debe apostar por la
estabilidad y el desarrollo del operador dominante.
Concluyo. Con relación a la propuesta lanzada por el ministro, tengo
que decir que todo lo que empecemos a trabajar, lo que se lleve
trabajado, todo lo que vayamos concluyendo debe hacerse en el marco
del máximo consenso posible, a través tanto del proceso legislativo
y reglamentario, y de ello va a depender mucho el tempo utilizado, pero
también indiscutiblemente en el debate con todos los agentes
concernidos, incluidos, cómo no, los representantes de los
trabajadores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como es obvio, la posición de mi grupo en este tema -no habría que
decirlo- es de apoyo al Gobierno, que en este caso se refleja en la
intervención del señor ministro, y no tanto en la intervención del
señor ministro aquí y ahora cuanto sus intervenciones en múltiples
ocasiones y singularmente en la Comisión de Infraestructuras el
pasado 26 de febrero. Hablo así por convicción y no por disciplina
parlamentaria; convicción porque en el planteamiento del ministro hay
una triple coherencia: existe coherencia con el programa electoral
del Partido Popular, una coherencia con el sentido liberalizador de
las medidas económicas del Gobierno, y finalmente una coherencia, por
otra parte obvia, con la política europea de transportes que se
expresa en las directivas comunitarias.
En primer lugar coherencia con el programa electoral. La apuesta por
el ferrocarril del programa electoral del Partido Popular en las
elecciones de marzo del año 2000 es clara. En las primeras líneas del
programa electoral y en lo que concierne a los ferrocarriles se asume
la apuesta de superar el declive secular que viene padeciendo el
ferrocarril como medio de transporte y el propósito de convertirlo en
un medio claramente competitivo. En esa línea se ha movido la
política del Ministerio de Fomento desde la llegada como titular del
señor Álvarez-Cascos.
En segundo lugar, la política de liberalización de la competencia en
el mercado de transportes y en el mercado de transportes ferroviario,
que por otra parte es coincidente con las directivas comunitarias,
está plenamente en la línea de liberalización económica del Gobierno
del Partido Popular, que se expresa entre otras cosas en las medidas,
por decreto ley muchas de ellas, del pasado junio del año 2000.
En tercer lugar, la tercera coherencia clara es la coherencia con las
directivas comunitarias, las de los años 1991 y 1995, que
recientemente se han convertido en las Directivas 12, 13 y 14 del año
2001, dos de ellas coincidentes con las primitivas de los años 1991 y
1995 y otra fundamentalmente nueva, que se han publicado en el Diario
oficial de las Comunidades Europeas el pasado 15 de marzo.
Consiguientemente, insisto, el apoyo de mi grupo parlamentario es por
convicción, por coherencia y por coincidencia.
Refiriéndome a mi antagonista habitual, y a pesar de todo amigo, el
señor Segura, quiero manifestar y subrayar con toda claridad que una
vez más, aparte de su propósito habitual que recibimos con agrado de
exponer las profundas lecciones de su doctrina -me recordaba a un
viejo profesor subido en la tribuna-, ha incurrido en un fallo de
evidente precipitación, que por otra parte le es característica. Como
ha dicho el señor ministro, se abre un proceso el 15 de marzo de
2001, cuando se publican las directivas comunitarias, y el Gobierno
español tiene por delante un plazo de dos años para desde el consenso
y desde el diálogo elaborar el nuevo modelo ferroviario. El señor
Segura ha querido someter a examen al señor ministro hoy haciéndole
una serie de preguntas que el ministro puede contestar hoy o decir
que las va a contestar, como ha hecho, con ayuda de ustedes, después
del diálogo no sólo con los grupos parlamentarios, sino como tuvo
ocasión de decir en la Comisión de Infraestructuras el pasado 26 de
febrero con las comunidades autónomas y -aquí hago una referencia a
la intervención del señor Rejón- con el mundo sindical.
Desde esta apertura del Gobierno, que mi grupo celebra, al consenso y
diálogo, consenso y diálogo que por otra parte es el estilo de este
grupo, el apoyo de mi grupo a la posición del Gobierno expresada en
la intervención del ministro o en las sucesivas intervenciones que ha
realizado últimamente, no puede ser más evidente ni más obvio.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortiz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL PREVISTOS POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN A
LA
INVESTIGACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA. (Número de expediente 172/
000075.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el turno de fijación
de posición, pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) sobre criterios de política general
previstos por el Gobierno en relación con la investigación sanitaria
y farmacéutica.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado día 8 de marzo, usted como ministra de
Sanidad y el presidente de Farmaindustria firmaron un convenio de
colaboración que se define en su enunciado para promoción y
desarrollo de la investigación científica y técnica en el ámbito
sanitario. Manifiesta el preámbulo del acuerdo que el Ministerio de
Sanidad y Consumo considera objetivo primordial de su política
sectorial el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, lo que
supone incrementar los niveles de calidad de la atención actualmente
dispensada e incorporar a su ámbito de actuación la cobertura de
nuevas necesidades emergentes. Dice también en el preámbulo que el
esfuerzo presupuestario que dicha orientación exige debe
complementarse con un mejor aprovechamiento de los recursos
existentes, y en particular con una mayor atención a la moderación
del gasto farmacéutico público y a la promoción del uso racional de
los medicamentos, compatible en todo caso con la cobertura de las
necesidades asistenciales de la población. Reconoce también el
preámbulo que la industria farmacéutica ha colaborado de manera
eficaz con el Ministerio de Sanidad en la consecución de los
objetivos mencionados y que seguir con esta colaboración constituye
una garantía para el progreso de investigación de ámbito sanitario y
la mejora de la atención dispensada. En este contexto de colaboración
para un fin en el que seguro todos coincidimos, se formaliza el
acuerdo por el que Farmaindustria se compromete a aportar al Sistema
Nacional de Salud la cantidad de 5.500 millones de pesetas. Pero,
señora ministra, una cosa es compartir los fines y otra es compartir
los medios. Es más, tal y como se ha formalizado el acuerdo, tal como
se describe en el apartado segundo del mismo, mi grupo parlamentario
opina que la literalidad del convenio ni tan siquiera se corresponde
con los fines que persigue.
Señora ministra, respecto de este convenio mi grupo es muy crítico
tanto en las formas como en el fondo. ¿Por qué en las formas? Se lo
explico. ¿Cree realmente la señora ministra de Sanidad y Consumo que
el recurrir a convenios unas veces con los representantes de las
oficinas de farmacia, otras con Farmaindustria, o con los dos a la
vez, es la forma más razonable de favorecer el Pacto de Estabilidad
en el crecimiento del gasto en medicamentos y en el uso racional de
los mismos? ¿Cómo puede explicarse que después de aprobar esta
Cámara por unanimidad, el pasado 19 de diciembre, una moción del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en la que se instaba al
Gobierno a diseñar conjuntamente con las comunidades autónomas y a
articular a través del Consejo interterritorial del Sistema Nacional
de Salud un plan integran de estabilidad en la prestación pública del
medicamento; contando con todos los sectores implicados: el sector
farmacéutico, la industria, los facultativos, los prescriptores, los
usuarios: todos; cómo es posible, repito, que a dos meses de que
venza el plazo que nos dimos se recurra a una medida tan coyuntural y
que tiene tan poco que ver, desde nuestro punto de vista, con un
pacto global de estabilidad? Que dicho llanamente pasa por decir:
pasen por caja, paguen 5.500 millones de pesetas y además esto no
tiene por qué condicionar futuros acuerdos, en consonancia con la
moción que aprobamos y que por tanto obliga al Gobierno, que
realmente atajen la raíz del problema; acuerdos de fondo y
estructurales, no simplemente con una visión economicista de recaudar
dinero.
Señora ministra, ¿no hemos dicho -ustedes, nosotros, la mayoría de
grupos de la Cámara- que limitarnos a recaudar dinero con convenios o
con recortes de márgenes no soluciona a medio plazo el marco de
estabilidad que defendemos? ¿Se imagina por un momento lo que podría
representar que las comunidades autónomas, cada una con competencias
transferidas para atender las necesidades de financiación que
tenemos, que sabe usted que son muchas, sugiriese, entre comillas, a
la industria la conveniencia de llegar a acuerdos, también entre
comillas? ¿Cree que el sector podría aguantarlo? ¿A qué precio,
señora ministra? ¿Cree que el esfuerzo innovador, que se traduce en
inversiones, en investigación, se consolida con este tipo de medidas?
¿Cree que es este tipo de convenios el que permite el desarrollo
estable, viable y sin sobresaltos del sector desde el punto de vista
económico, tecnológico y del empleo? Recordemos que el sector
sostiene aproximadamente unos 40.000 puestos de trabajo. Podría
extenderme en muchas preguntas que expresan nuestras dudas y nuestra
preocupación, pero creo que es bastante significativo lo que he
expuesto. Por consiguiente, señora ministra, no compartimos el cómo
pero en el qué estamos todavía más distantes.
Dice el apartado segundo del acuerdo motivo de esta interpelación que
Farmaindustria se compromete a aportar 5.500 millones al Sistema
Nacional de Salud a través del Instituto Carlos III, organismo
público de apoyo científico y técnico del Ministerio de Sanidad y de
las comunidades autónomas para que promuevan y desarrollen planes,
programas y actuaciones favorecedores de la investigación científica
y técnica, poniendo énfasis en los ámbitos oncológico y
cardiovascular. He leído casi literalmente el apartado segundo del
convenio. Señora ministra, le voy a formular una serie de preguntas
y le rogaría que por favor me contestase de
manera concreta: ¿Piensa redistribuir los 5.500 millones de pesetas
entre los distintos centros que se dedican a la investigación y que
están altamente cualificados? Si su respuesta es sí, ¿con qué
criterios?, ¿con qué prioridades? ¿Va a tenerse en cuenta el Plan
nacional de investigación? ¿Piensa la señora ministra convocar un
concurso público transparente y abierto para que puedan concurrir
distintos grupos de investigadores? Del texto del convenio, a pesar
de que lo he leído varias veces, no pueden extraerse las respuestas a
estas preguntas que en nombre de mi grupo le formulo; es más, lo que
se extraen son conclusiones que van en otra dirección. No obstante,
señora ministra, lo importante es lo que hoy nos conteste usted aquí,
a lo que usted se comprometa, lo que usted diga.
Mi grupo parlamentario tiene por norma poner más empeño en la
búsqueda de las soluciones a los problemas que en la recreación de
los conflictos. La interpelación que le formulamos debe evidenciar
necesariamente nuestras discrepancias con la secuencia de los hechos
tal y como se han desarrollado hasta ahora. Tengo entendido que ha
convocado usted al Consejo interterritorial de Salud para fechas
próximas. ¿Van a discutir este problema, señora ministra? ¿Va a dar
oportunidad a los distintos consejeros autonómicos para que le
manifiesten sus preocupaciones, sus inquietudes y le propongan
también, ya que el convenio está firmado, las soluciones que crean
más idóneas? ¿O estamos ante un hecho ya decidido y consolidado y que
por tanto no tiene marcha atrás? Señora ministra, en la línea que nos
caracteriza de cooperación y ayuda en todo aquello en lo que ustedes
nos permiten colaborar, porque poseen una mayoría que evidencia que
tienen la opción de actuar con amplitud, en todo aquello en lo que
ustedes busquen esta colaboración mi grupo se la va a ofrecer y le va
a tender la mano -lo hemos hecho siempre-, pero esta colaboración,
señora ministra, no está reñida ni con la crítica, que creemos
necesaria, ni con la discrepancia que con todo respeto, pero también
con todo rigor, he querido expresar en esta interpelación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora Riera, el grupo al que usted representa ha presentado una
interpelación sobre medidas de política general en relación con la
investigación sanitaria y farmacéutica que el Gobierno tenía previsto
desarrollar en el ámbito del Instituto de Salud Carlos III, pero
usted no se ha referido para nada a la política general planteada por
el Gobierno. No solamente comprendo la preocupación de su grupo, sino
la de todos los grupos
de esta Cámara, sobre el futuro de la investigación en este país,
puesto que se trata de algo importante. Desde luego el Gobierno ya ha
demostrado claramente -lo ha demostrado con hechos, con la creación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología- su apoyo para que España
ocupe un lugar importante en la investigación, lógicamente también en
la investigación biomédica, pero usted no ha hablado de esto, sino
simplemente de un acuerdo y de un convenio. No quisiera que mi
intervención se pudiera interpretar como que no quiero responder
a las preguntas de la señora Riera y que, por tanto, perdiéramos la
oportunidad de discutir sobre las políticas de investigación
biomédica planteadas por el Gobierno en la parte correspondiente al
Ministerio de Sanidad y Consumo a través del Carlos III; políticas
que está enmarcadas en el Plan nacional de I+D+I, en el quinto
programa y en la preparación del sexto programa de la Unión Europea
con las prioridades marcadas por la misma, y en el ámbito del
Ministerio de Sanidad y Consumo marcadas por el propio Instituto y
por el grupo de expertos, muchos de ellos de las comunidades
autónomas, que fijan las líneas hacia las cuales hay que dedicar el
esfuerzo general del Carlos III y el FIS a través de los diferentes
grupos de investigadores que se presentan a los concursos abiertos
del Carlos III. Se han producido cambios importantes -dada la
experiencia de estos últimos años- sobre la evaluación de estos
programas que se presentan, el seguimiento de la efectividad y
calidad de los programas que se financian y la rentabilidad social y
médica de cada uno de los programas que se han iniciado a lo largo de
estos últimos años. Quiero agradecer a los científicos españoles de
la Universidad y de los diferentes hospitales del Sistema Nacional de
Salud el esfuerzo que han hecho al participar como evaluadores de
estos programas para que la calidad y la innovación sean la base
fundamental de este dinero que el Estado español dedica a través del
FIS a la investigación biomédica. No quiero hablar de los
presupuestos que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología que, en
colaboración con nosotros, va aprobando a lo largo del año.
Respecto al tema que usted ha planteado hoy aquí le quiero decir, en
primer lugar, que el acuerdo al que usted se refiere no es del 8 de
marzo. El primer documento que se firma entre Farmaindustria y el
Ministerio de Sanidad y Consumo es del 12 de julio del año 2000, pero
como se ha producido un cambio importante en la dirección de
Farmaindustria se ha consolidado el 8 de marzo. Usted puede estar de
acuerdo o no en cómo el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Carlos
III están apoyando los programas de investigación que existen en este
país. Los FIS, a los que usted en cierta forma se ha referido, los
maneja el Carlos III en el reparto no sólo de programas -en este
momento Cataluña tiene el 32 por ciento y Madrid el 27 por ciento-
sino en la cantidad de la financiación. Si tuviéramos tiempo
podríamos hablar de la distribución de los fondos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología hacia la comunidad autónoma que
usted representa. Es cierto que estos fondos están en relación con el
número y la calidad de los investigadores, pero España es mucho más
que Madrid y Barcelona; perdóneme que se lo diga. Por tanto, es
lógico que el Ministerio haga un planteamiento más amplio del que
usted, con todo el derecho del mundo, representando lo que
representa, quiere defender hoy aquí. Por cierto, yo respeto
absolutamente el planteamiento del grupo al que usted representa.
Como usted ha leído la literalidad del convenio no voy a entrar en
él. Pero cuando el Instituto de Salud Carlos III tuvo que plantearse
determinadas líneas de investigación importantes, la cardiovascular y
la oncológica, puso en marcha dos institutos. Espero que nadie ponga
en duda la capacidad y calidad de los científicos españoles que van a
dirigirlos; estoy hablando del profesor Barbacid y del profesor
Moncada, los cuales, como usted bien sabe, se han incorporado uno al
oncológico y otro al cardiovascular. Dentro de la política obligada,
por un lado, y al mismo tiempo voluntaria, porque entendemos que debe
ser así desde el Sistema Nacional de Salud, tenemos que apoyar
proyectos nacionales y, dentro del reparto razonable con el conjunto
de investigadores de la Universidad, de los hospitales, de los
centros de investigación de las comunidades autónomas, también es
necesario apoyar institutos nacionales que nacen con la voluntad de
servicio al conjunto del territorio nacional, que van a trabajar en
red con los investigadores del Sistema Nacional de Salud, tanto en
Andalucía como en la Comunidad Valenciana, en el conjunto del
territorio nacional. A estos centros que no trabajan ni para el
Ministerio de Sanidad ni para el Instituto de Salud Carlos III, sino
para el conjunto del sistema, es necesario que los dotemos con medios
económicos que hagan posible un desarrollo adecuado al nivel de
investigación que necesitan.
El acuerdo que hemos firmado con Farmaindustria, señoría, no está
relacionado con la moción de Coalición Canaria, aprobada por
unanimidad de esta Cámara el 20 de diciembre, sobre una cuestión que
ocupa al Ministerio desde hace bastantes meses: el Plan de
racionalización y de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que tenemos que analizar
todos los parámetros a los que se ha referido -ya lo estamos
haciendo-, pero no solos sino con el conjunto de comunidades
autónomas en el seno del Consejo interterritorial, de forma que en el
mes de junio podamos analizar la documentación para remitirla a esta
Cámara y así cumplir el acuerdo de este Pleno. Lógicamente va a
contener medidas, insisto, planteadas por los técnicos de todas las
comunidades autónomas que abarcarán a todos los sectores a los que
usted ha hecho antes referencia.Usted sabe igual que yo que la
Dirección General de Farmacia del Ministerio actúa de forma decidida
sobre el control del crecimiento no sólo del gasto farmacéutico, sino
de
determinados fármacos, imponiendo sanciones que revierten al Sistema
Nacional de Salud, como así debe ser, para el reparto entre las
comunidades autónomas transferidas y el Insalud, que todavía gestiona
diez comunidades autónomas. Señoría, la pregunta es si el Ministerio
de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III tienen la obligación de
mantener centros nacionales de referencia. Desde mi punto de vista
sí, y desde punto de vista de la política de investigación y médica
del Gobierno al que yo represento sí. Por tanto, es necesario dotar a
esos centros nacionales, que -insisto- están al servicio de la red,
de unos presupuestos para que puedan poner en marcha adecuados
sistemas de mantenimiento.
Este acuerdo que se firma el 12 de julio con Farmaindustria está en
la línea no del control del gasto farmacéutico, sino de la
investigación. Usted tiene que entender, señora Riera, que es
necesario vincular la industria farmacéutica al avance de la
investigación en España. España tiene grandes investigadores a lo
largo de todo el territorio nacional, y todos ellos necesitan el
apoyo decidido de las administraciones para poder hacer su
investigación con medios económicos adecuados, y en eso estamos
trabajando. Lógicamente, la industria farmacéutica tiene que estar
muy ligada al desarrollo de esa investigación, como no podía ser
menos, porque al final ella es la beneficiaria de determinadas
investigaciones. Por tanto, las líneas de investigación tienen que
estar financiadas por las grandes industrias farmacéuticas y a cambio
de nada, a cambio de la obligación que tienen de hacerlo, que de
hecho se hace, por ejemplo, en la Fundación antisida, dependiente del
Ministerio de Sanidad, donde se están consiguiendo grandes logros en
investigación y en donde están participando grupos de investigadores
tanto catalanes como madrileños, andaluces, valencianos, castellano-
manchegos, castellano-leoneses, riojanos y de Baleares, de todo el
conjunto del territorio nacional. Yo me niego a la discriminación y,
por tanto, es necesario que estos otros grupos de investigadores
tengan acceso, porque si no seguiremos manteniéndola. Efectivamente
este acuerdo, que está fuera de esta negociación -insisto- porque es
anterior a la moción, está planteado en gran medida para el
sostenimiento de estos centros nacionales de investigación
cardiovasculares y oncológicos. La otra parte de este dinero será
repartida en el conjunto del territorio nacional de acuerdo con los
grupos de investigadores que presenten los diferentes programas que
estén entre las prioridades marcadas por el Sistema Nacional de
Salud.
La forma ha sido absolutamente legítima, clara, transparente y
voluntaria por parte de la industria farmacéutica y, desde el
principio, analizando las posibilidades que le he mencionado a lo
largo de mi intervención. En cuanto al fondo, me preocupa muchísimo
que usted no esté de acuerdo con el qué, me preocupa bastante porque
creo que el qué es la base fundamental de
este acuerdo. El qué, como le he dicho al principio, es la necesidad
de poner en funcionamiento estos centros nacionales al servicio de
los investigadores del conjunto del territorio nacional como centros
de referencia, a cargo de los cuales están grandes investigadores
como el profesor Moncada y el profesor Barbacid. La voluntad de este
Gobierno no es recaudar dinero por recaudar dinero, señora Riera; yo
podría interpretar su intervención en ese sentido pero no lo voy a
hacer. Lo que hemos intentado simplemente es -insisto- el apoyo
decidido a la investigación biomédica. El sábado, cuando se celebre
la reunión ordinaria del Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, vamos a hablar de esta cuestión, como de otras
muchas. Lógicamente, como no podía ser de otra manera, voy a escuchar
a los consejeros; lo contrario sería antidemocrático. Claro que voy a
escuchar a los consejeros, a los transferidos y a los no
transferidos. Insisto en que la investigación no está sólo en las
comunidades transferidas. En España se hace mucha y muy buena
investigación en la Universidad, mucha y muy buena investigación en
los hospitales y también en centros de las comunidades autónomas.
Esta es la línea de trabajo que hemos planteado. Creo que nos podemos
sentir orgullosos de este acuerdo que hemos firmado, al margen de los
acuerdos coyunturales que se han ido firmando con la industria para
el sostenimiento del sistema. Le puedo garantizar que ese acuerdo, en
cumplimiento de la moción de Coalición Canaria, estará en tiempo y
forma en este Parlamento, lógicamente habiendo pasado por el Consejo
interterritorial del mes de junio y con la aprobación expresa de los
consejeros. Cuando sea remitida a esta Cámara, será discutido y se
tomarán las medidas adecuadas que decidan los grupos parlamentarios
después de un amplio debate.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, he procurado escucharla atentamente, con alguna
dificultad, lo confieso; dificultad no atribuible a usted, que lo ha
observado, por lo que le pido disculpas. Por lo que he seguido, he de
confesarle que su intervención no sólo no disipa las dudas que tenía,
sino que añade un factor más de preocupación. Señora ministra,
intentaré seguir el guión de lo que usted ha dicho.
Naturalmente que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está a
favor de la investigación, no faltaría más. Además, usted sabe que
buenos centros de investigación los hay no sólo en Madrid, sino en
Cataluña, en Andalucía, en Galicia, en el País Vasco. Señora
ministra, en mi intervención no he hablado de que el mundo termine en
Barcelona y en Madrid; ni termina
ni empieza, no lo he dicho. Precisamente le he dicho lo contrario. Le
he dicho que en el convenio se dice que los 5.500 millones de pesetas
son para el Sistema Nacional de Salud, y el Sistema Nacional de
Salud, señora ministra, somos todos y, por suerte para este sistema,
además de en Barcelona y en Madrid existen centros de alta categoría
y de alta competencia ubicados en otras ciudades. Simplemente le
pedía que me definiese con qué criterios iba a redistribuir este
dinero. Usted me ha contestado a medias. Pero además hay otra cosa,
señora ministra. Tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología cuya
titular es paisana mía; tengo el honor de compartir con ella que las
dos somos de Girona. Creo que los proyectos de investigación deben
ser escogidos y priorizados a través de este Ministerio y que él debe
garantizar que sean posibles en cuanto a financiación. No discrepo de
lo que usted ha dicho, señora ministra, de que la industria debe
comprometerse también en estos proyectos. ¡Naturalmente que sí! No se
trata de que destinen recursos a investigar la aspirina, que hace
tiempo que se inventó. ¡Evidentemente! También es evidente que hay
que ejercer una función de control sobre a qué destina la industria
los recursos cuando investiga y sobre si los recursos que dedica a la
investigación se corresponden con las necesidades del Sistema
Nacional de Salud. Por supuesto, señora ministra; pero todo eso
debería hacerse, priorizarse y canalizarse, en coordinación con las
universidades, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que
para eso está, entre otras cosas. Sería incluso más cómodo para su
Ministerio que distinguiéramos el grano de la paja o las naranjas de
los limones. No seamos tan cándidos, tan inocentes. Usted consigue
firmar un convenio con Farmaindustria, que insisto en que se firmó el
8 de marzo pasado; la fecha que usted ha dado es la del preconvenio
que mi compañero Jordi Martí discutió en Comisión con el
subsecretario de Sanidad, al que le hizo preguntas y tampoco en
aquella ocasión aclaramos demasiadas cosas. Si usted consigue dinero,
aunque sea para fines tan nobles como la investigación, ¿qué pasa
luego? ¿Cómo va a negociar después los pactos de estabilidad? ¿No
cree que sería más lógico y más razonable que cada Ministerio se
ocupase preferentemente de sus labores? Eso no quiere decir que no
trabajen coordinados; deben trabajar coordinados, pero cada uno a lo
suyo.
Le he dicho que, con nuestro ánimo de costumbre de buscar solución a
los problemas, como el convenio estaba ya firmado, íbamos a poner más
énfasis en la segunda parte que en la primera. Nosotros no lo
hubiéramos hecho así, pero ya está hecho, ya está firmado. Por tanto,
la cuestión es cómo vamos a distribuir el dinero. Aunque le parezca
imposible, no estoy únicamente pidiéndole dinero para los centros de
investigación de Cataluña. Ya sé que siempre le pido más
financiación, ya lo sé; pero estamos hablando de otra cosa. No se
trata sólo de pedirle dinero para los centros de
Cataluña, que bien podría hacerlo. De entrada, porque usted
reconocerá que parte de lo que se recauda ha salido de las industrias
que están en Cataluña; no por otra cosa más que porque están ubicadas
allí. Pero no voy a hablarle de esto, como no le voy a hablar de los
proyectos que se vienen implementando en Cataluña ni de los recursos
que se destinan. Quiero hablar del conjunto del Sistema Nacional de
Salud. Esta no es una discusión entre el Carlos III y Cataluña. Se
discute si los proyectos de investigación que se financian tienen que
estar sometidos al rigor centralista de que todo pase por el Carlos
III o existe la obligación de que el Sistema Nacional de Salud
reparta para posibilitar los proyectos que se están llevando a cabo
en otros sitios. Para nosotros esta parte es muy importante, señora
ministra. ¿Por qué no lo discute en el Consejo interterritorial de
Salud? ¿Por qué no lo habla con los consejeros? ¿Por qué esta
política de hechos consumados? ¿No ve, señora ministra, que de seguir
con esta forma de actuar podríamos llegar, como le decía al principio
de mi intervención, a situaciones de desconcierto total en que cada
comunidad autónoma con competencias llegara a la conclusión de que ya
se entenderá unilateralmente con la industria farmacéutica? No
podemos ir por esta vía. Claro que se llega a acuerdos, pero entre
comillas, porque, ¿les queda otra opción? Usted me podrá decir: Sí,
podrían no firmar. ¿Pero es sensato? ¿Es creíble que quien tiene la
potestad de decir qué medicamentos se financian, qué medicamentos
están en el sistema pueda de una manera tan neutral decidir qué
dineros hay que aportar o no? ¿Es creíble, señora ministra?
Evidentemente, usted consigue convenios y acuerdos, usted o el
ministro de turno, no me estoy refiriendo a usted...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Riera, le ruego vaya
concluyendo.
La señora RIERA I BEN: Voy concluyendo, señor presidente.
Pero es que en este caso los convenios y los acuerdos casi están
firmados de acuerdo con el protocolo, pero obligados por la
necesidad. ¿O es que alguien realmente puede creerse que la industria
farmacéutica puede permitirse el lujo de no entenderse con el
Ministerio de turno? Señora ministra, no son planteamientos serios,
no son planteamientos de futuro y sobre todo nosotros opinamos que no
son planteamientos que nos lleven a conseguir los objetivos que,
insisto, todos compartimos.
No obstante, señora ministra -y concluyo ya-, le rogaría que
aprovechara la reunión del Consejo interterritorial de Salud que se
va a celebrar muy pronto para conseguir de los consejeros autonómicos
un acuerdo en este tema. Lleguen ustedes a una conclusión, ya que el
Sistema Nacional de Salud va a ingresar 5.500 millones de pesetas,
sobre la forma de repartirlos para que sea la más equitativa, la más
justa y que realmente sea
representativa del Sistema Nacional de Salud, que no sea simplemente
esta aportación de Farmaindustria la manera en que el grupo que
sostiene al Gobierno tiene de implementar un compromiso electoral del
Gobierno del Partido Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señor presidente.
Señora Riera, he intentado ser profundamente respetuosa y no he
querido introducir términos que usted ha introducido en esta segunda
parte y que me preocupan. ¿Está usted acusando a los ministros de
Sanidad anteriores a mí y a mí misma de que obligamos a la industria
farmacéutica a firmar convenios a cambio de determinadas ventajas a
la hora de meter en el sistema determinados productos? Usted ha dicho
que no es sensato ni creíble pensar que lo hayan hecho porque sí,
luego está usted acusando a todos los ministros anteriores a mí,
incluida yo misma, y lógicamente me imagino que a los que vengan
detrás, de que nos dedicamos a chalanear con la industria
farmacéutica. Esto sería profundamente peligroso, señora Riera,
porque pone en cuestión la honorabilidad de los propios ministros y
también de la industria. En cualquier caso me preocupa bastante más
la honorabilidad de los ministros de Sanidad, eso sí me preocupa, los
de la industria ya se defenderán ellos; ahora, de los ministros que
han sido anteriores a mí y que han firmado acuerdos con la industria
farmacéutica por la sostenibilidad del sistema no me diga usted que
estaban chalaneando: Tú me metes 5.000 millones y yo a cambio te
apruebo tres medicamentos. Es lo que usted ha insinuado aquí. Estoy
convencida de que no, pero, como esto queda en el «Diario de
Sesiones», me gustaría dejarlo así de claro aunque estoy convencida
de que usted no ha querido decir eso, pero es lo que podría quedar en
el aire y estas cosas no se deben quedar nunca en el aire, y yo
quiero responder en nombre de todos mis antecesores y antecesoras,
porque también las ha habido, pocas pero las ha habido -alguna está
aquí presente-, de su honorabilidad a la hora de negociar. Porque
negociar con la industria farmacéutica es complejo. De hecho, hace
nada conseguimos firmar y que nos pagaran lo de los años 1998 y 1999,
porque había decidido la industria farmacéutica no pagar el convenio
que habían firmado con el ministro de aquel momento. Si nos tuvieran
tanto miedo no habrían pagado. Por tanto no se crea usted que las
cosas son efectivamente tan simples, señora Riera, no lo crea.
Es cierto que tenemos que obligar a la industria farmacéutica a que
invierta en investigación, pero permítame que le diga que no toda la
industria farmacéutica está en Barcelona. La única industria
farmacéutica
multinacional que tiene investigación no está en Barcelona, la única
multinacional. Ahora, si resulta que Cataluña es propietaria de la
industria española, dígaseme; yo entendía que era una industria
nacional, en el sentido de que era de todos los españoles. ¿Que es
grande? Muy bien, pero exactamente igual que si mañana hay una línea
de investigación con un enorme éxito en Andalucía, en Galicia o en
Cataluña nos sentiremos todos orgullosos de nuestros investigadores,
todos. No me lo parcele todo tanto; usted habla del Sistema Nacional
de Salud, pero inmediatamente se va del todo a la parte y se queda en
la parte.
Su interpelación habla de política general de investigación y habla
de la política general que tiene previsto adoptar el Gobierno en
relación con la investigación sanitaria y farmacéutica. Y me la hace
a mí, lo cual es normal, y espero que no sea simplemente porque la
ministra de Ciencia y Tecnología es de Girona (o de Gerona, como se
diría en mi tierra). No tiene nada que ver con esto, pero si a la
hora de hacer números a usted le conviene, ese es su problema, no el
mío.
La investigación biomédica no puede estar ubicada sólo y
exclusivamente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología; la
investigación biomédica tiene que tener una presencia importantísima
del Ministerio de Sanidad, y así está reconocido en la estructura
organizativa de los diferentes ministerios que se decidió a raíz de
las últimas elecciones y la constitución del Gobierno al que yo
represento en este momento. Ciencia y Tecnología lógicamente tiene
centros de investigación biomédica, pero no pida al Ministerio, que
trabajamos permanentemente con los investigadores de la medicina, que
no estemos ahí, porque no se entendería. Lógicamente, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, cuando tiene que dar prioridad a programas
de biomedicina y apoyar y apostar por determinados proyectos,
consulta con el Ministerio de Sanidad y Consumo. ¿O pretende usted
que las sociedades científicas no tengan nada que ver con esto?
Nosotros sí, y esto está, permítame que se lo diga, en el Ministerio
de Sanidad. Por tanto, la investigación está en Ciencia y Tecnología,
salvo la biomedicina, que está a caballo entre los Ministerios de
Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo. Hay una perfecta
y magnífica relación entre los dos ministerios, no solamente entre las
dos ministras, sino también en el funcionamiento normal entre los dos
Ministerios. Por tanto, creo que está donde tiene que estar.
El FIS, que es el Fondo de investigación sanitaria, en los últimos
cuatro años ha enviado a Cataluña 5.497 millones de pesetas, a
Madrid, 5.000 millones, a Andalucía, 1.300 millones, a la Comunidad
Valenciana, 1.000 millones, a Castilla-La Mancha, 168 millones de
pesetas. Es decir, desde el Ministerio entendemos que es cierto que
en Cataluña y Madrid en este momento hay más investigadores, por
razones que no vienen al caso, pero como ministra de Sanidad tengo la
obligación de potenciar en Castilla-La Mancha, en Castilla y León
líneas de investigación, porque también hay investigadores. Porque
además usted sabe que la investigación moderna, aparte de trabajar en
red, está muy ligada a la clínica, es decir, a las instituciones
sanitarias, a los hospitales y a los médicos de los hospitales. Esa
es la línea en la que estamos trabajando.
Decidimos, efectivamente, que los dos centros nacionales están al
servicio del Sistema Nacional de Salud y forman parte del Sistema
Nacional de Salud, no vaya a ser que solamente las comunidades
autónomas transferidas formen parte del sistema y que los demás no
formemos parte del Sistema Nacional de Salud; no vaya a ser que en el
momento en que tengamos completado el mapa transferencial el
Ministerio ya no forme parte del Sistema Nacional de Salud. Sigue
formando parte del Sistema Nacional de Salud como garante del Sistema
Nacional de Salud. Y en el ámbito del Carlos III, que forma parte del
Sistema Nacional de Salud y está al servicio del conjunto del
territorio nacional, existen dos fundaciones que forman parte de ese
Sistema Nacional, que están al servicio del Sistema Nacional, que son
el CNIO y el Cardiovascular. El CNIO está investigando en los
programas de oncología molecular, genética del cáncer, patología
molecular y terapias experimentales, y está trabajando en red, con
médicos de todo el territorio nacional. Por tanto, vía el CNIO y el
Cardiovascular, esos investigadores, por ejemplo, del Clínico de
Barcelona y de otros centros de Cataluña o del resto del territorio
nacional, recibirán fondos.
Por tanto, no nos hemos salido para nada de nuestra obligación, de la
visión global de la investigación biosanitaria, biomédica en España,
de las prioridades marcadas por el Plan nacional y por la Unión
Europea, de la utilización cada vez más eficaz de los fondos, del
control de la investigación que se hace, de la aplicación de los
resultados y de la valoración de la calidad de esa investigación que
se hace para que España, con los fondos que tenga, pueda ser capaz de
llegar cada vez más lejos en la línea de investigación.
Siento que no comparta conmigo que el Centro Nacional de
Investigación Oncológica, el CNIO, y el Centro Cardiovascular no
formen parte del Sistema Nacional de Salud. No es diferente al
Sistema Nacional de Salud. Cuando se financian centros como estos se
está financiando el Sistema Nacional de Salud, se está financiando la
investigación española, se está financiando a los investigadores
oncólogos y cardiólogos de todo el sistema sanitario español. Espero
y confío que en un breve plazo tengamos importantes resultados de lo
que estos grandes investigadores puedan aportar a nuestro sistema
sanitario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor presidente, señorías, señora
ministra, me corresponde a mí fijar la posición del Grupo Socialista.
La verdad es que cuando conocimos el texto de la interpelación
teníamos nuestras dudas, dado que hubo múltiples ocasiones en que el
Ministerio expuso las líneas de política general que tenía previstas
con relación a la investigación sanitaria y farmacéutica. Sin
embargo, no han quedado claras esas líneas, por eso nos explicamos la
urgencia de esta interpelación. Asistimos a la explicación de esta
interpelación y después de lo expuesto compartimos muchas cuestiones
con la señora Riera, sobre todo en cuanto a las formas, aunque
discrepemos en otras muchas relativas a los fondos.
Es verdad que hubo una falta de transparencia, y la hay, en todos los
temas relativos a la investigación biomédica y, sobre todo, en la
concreción práctica de los proyectos. Asistimos una y otra vez a la
diferencia entre la exposición teórica de lo que el Gobierno pretende
y la concreción práctica después en las líneas de investigación. Esa
falta de continuidad o de transparencia que viene caracterizando
últimamente al Ministerio de Sanidad, al igual que en la anterior
legislatura, ha hecho que se dejaran de publicar las memorias, los
anales y los anuarios del FIS, instrumento fundamental para hacer el
seguimiento de la línea de investigación de este organismo.
Tampoco sabemos por qué otras prioridades en las líneas de
investigación han sido suprimidas como, por ejemplo, lo relativo al
estudio de neurociencias para los próximos años; incluso no se ha
dado información detallada relativa al ostracismo en que se ha dejado
caer el plan estratégico. Es tan preocupante esta situación que el
propio Partido Popular el 28 de noviembre del año 2000 instó al
Gobierno a cuantificar, evaluar e impulsar, a través de acciones
pertinentes, la investigación sanitaria en España. Dicha moción, con
las enmiendas de CiU y socialistas, fue aprobada por unanimidad,
reflejo evidente de que en toda la Cámara tenemos una preocupación
profunda por estos temas.
También ha sido confusa la argumentación de un pretendido incremento
en los presupuestos del Ministerio dedicados a la investigación,
cuando la realidad es que el presupuesto del FIS se incrementa
solamente el 1,7 por ciento de 1996 a 2001. Y, desde luego, dedicar
el 0,4 por ciento de los presupuestos sanitarios a la investigación
queda bastante lejos del 1 por ciento recomendado en la Ley de
sanidad. Quizá por ello en la comparecencia el señor director del
Instituto Carlos III se comprometió a conseguir financiación
adicional exterior por importe de 5.500 millones. No deberíamos
compartir esta situación, dado que, si es así, admitimos que el
déficit cero está condicionando de alguna manera la investigación en
España, y tener que recurrir a esos
fondos exteriores es una medida legítima, pero preocupante.
De todas formas, nosotros no vamos a rechazar esa opción y bienvenido
sea el convenio que han suscrito. Pero, por los indicios aparecidos
en los medios de comunicación, parece que esa financiación adicional
proviene de la industria farmacéutica, como aquí ha quedado claro. Si
así fuese, no lo vamos a rechazar, aunque nos preocupa profundamente
la falta de transparencia en la metodología utilizada y sabiendo que
no están definidos a priori claramente qué proyectos concretos van a
afrontarse, desde la investigación, por el Instituto Carlos III.
Creemos que la ausencia de esos proyectos concretos en investigación
puede condicionar el resultado de ese convenio. Quizá pueden quedar
determinadas prioridades que no sean estrictamente las de interés
general de los ciudadanos, sin mencionar además la dependencia que
ello generaría.
Por tanto, le agradecería a la señora ministra que garantizara que
esos fondos adicionales externos van a ser aplicados en beneficio del
Sistema Nacional de Salud, en beneficio del interés general, y que no
quedará condicionada la línea de investigación del Instituto a la
procedencia externa de esos fondos.
Sería recomendable la comparecencia del director general del
Instituto Carlos III para que aporte de forma detallada los
pormenores del convenio de financiación y sobre todo las prioridades
de investigación que a priori serían afrontadas y si éstas estarían o
no condicionadas externamente. Es decir, queríamos saber exactamente
el origen de los fondos adicionales, qué contraprestaciones ha
comprometido el Instituto de Salud Carlos III, si es que ha habido
contraprestaciones, y para qué se están utilizando y se van a
utilizar esos fondos.
Creemos que el Parlamento es la sede adecuada para dar todo ese tipo
de explicaciones, así se lo demandamos, pero también estamos de
acuerdo en que debe utilizarse el Consejo interterritorial, pero no
como un ámbito de negociación bajo cuerda. Pensamos que el Consejo
interterritorial es un órgano capaz de garantizar la unidad de todo
el sistema y, en ese sentido, estamos de acuerdo con usted en que,
después de oído, es el Ministerio el que debe fijar siempre las
prioridades de investigación del sistema, al margen de las
comunidades autónomas, que también tienen su derecho de tener las
líneas y las prioridades de investigación. Insistimos, y nosotros
estamos plenamente de acuerdo, en que el propio Ministerio y el
Instituto son los que deben fijar las prioridades de investigación
global para todos los españoles. Esperamos que la señora ministra se
comprometa a garantizar que no quedará condicionado el futuro de la
investigación en España por la procedencia de los fondos adicionales.
Así se lo solicitamos y se lo ponemos encima de la mesa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fidalgo.
Señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular
para fijar nuestra posición en relación con la interpelación urgente
que Convergència i Unió realiza sobre política de investigación
sanitaria y farmacéutica. Como es natural, la posición de mi grupo es
en defensa de la señora ministra de Sanidad y Consumo, que ha hecho
una doble intervención, centrándose ampliamente en lo que la
interpelación pedía, que era la política de investigación sanitaria
del Gobierno. En este sentido, muy brevemente, repito, señor
presidente, quiero incidir una vez más en la política que el Gobierno
y el Ministerio de Sanidad y Consumo está realizando en la
potenciación de la investigación, no solamente de la investigación
biomédica, de la investigación clínica, sino de las líneas abiertas
en relación con la investigación epidemiológica y con la
investigación sociosanitaria.
Quiero manifestar una vez más que este tema lo hemos discutido ya en
varias ocasiones, y probablemente SS.SS. no lo recuerdan, pero el
director general del Instituto de Salud Carlos III, en comparecencia
ante la Comisión de Sanidad y Consumo, expuso perfectamente cuáles
eran las líneas y cuáles eran las partidas presupuestarias que se
iban a dedicar al acuerdo que ya la ministra, el subsecretario y el
propio director general del Instituto de Salud Carlos III habían
manifestado en los últimos meses del pasado año. Se insistió -y se
clarificaron- en cuáles eran las líneas de investigación a que se
iban a dedicar las partidas presupuestarias de este convenio -por
otra parte legítimo, oportuno, transparente y adecuado-, y no
solamente las partidas presupuestarias extraordinarias, sino todos
los incrementos en las partidas para investigación de los
Presupuestos Generales del Estado en materia de sanidad y consumo
para el año 2001, todos ellos por encima de un 11 por ciento.
Estamos esperando ver cuál será la moción resultante de esta
interpelación para valorar la posición de nuestro grupo
parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mingo.
Concluido el debate, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve
de la mañana.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.