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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 68, de 14/03/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 68
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 64
celebrada el miércoles, 14 de marzo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 3336)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas
que permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los Menores. (Número
de expediente 172/000070.) . . . (Página
3361)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas previstas para la
prevención de accidentes en el mar. (Número de expediente 172/
000071.) . . . (Página 3370)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
consecuencias para España de la ampliación de la base naval de Rota.
(Número de expediente 172/000072.) . . . (Página
3378)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 3336)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Por qué ha condecorado el Gobierno al Comisario Melitón
Manzanas, identificado con la tortura y represión de la dictadura
franquista? (Número de expediente 180/000527) . . .
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
reducir la siniestralidad laboral en nuestro país? (Número de
expediente 180/000528) . . . (Página 3338)
Del Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a su anunciado
propósito de remitir a la Cámara el Proyecto de Ley Reguladora del
Derecho de Asociación? (Número de expediente 180/000541) . . .
(Página 3339)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno. ¿Considera el Gobierno
que ha aplicado la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con
las víctimas del terrorismo, con carácter no restrictivo de acuerdo
con el espíritu con el que se redactó esta iniciativa legislativa
para así poder amparar al mayor número de víctimas? (Número de
expediente 180/000540) . . . (Página 3340)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y
Ministro de Economía: ¿Cree el Sr. Rato que amenazar con una nueva
reforma laboral es el mejor modo de impulsar el diálogo social?
(Número de expediente 180/000529) . . . (Página
3341)
Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué principios
inspiran el Proyecto de Ley Financiera que el Gobierno va a remitir
próximamente a las Cortes? (Número de expediente 180/000544). . . .
(Página 3342)
De la Diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál va a ser la
política de inversiones de Paradores de Turismo en esta Legislatura?
(Número de expediente 180/000545) . . . (Página
3343)
Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Qué
decisión va a tomar el Gobierno en relación con el futuro de la
Empresa Nacional Santa Bárbara? (Número de expediente 180/000530) . .
. (Página 3344)
Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Administraciones
Públicas: ¿Cuándo piensa el Gobierno remitir a la Cámara el informe
elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas en relación
al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación? (Número de
expediente 180/000533) . . . (Página 3345)
Del Diputado don Germà Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Se
propone el Gobierno establecer subvenciones fiscales y financieras
para las futuras concesiones de autopistas de peaje? (Número de
expediente 180/000532) . . . (Página 3346)
De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿A qué
razones se debe el hundimiento del puente ferroviario de Veguellina
de Órbigo? (Número de expediente 180/000557) . . .
Del Diputado don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál va a ser la
política del Gobierno en materia de modernización de regadíos durante
el presente año 2001? (Número de expediente 180/000548) . . .
(Página 3348)
De la Diputada doña Francisca Pol Cabrer, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el volumen
de reservas existentes en nuestro país en las distintas cuencas
hidrográficas, después de las lluvias caídas en los últimos meses?
(Número de expediente 180/000552) . . . (Página
3349)
Del Diputado don Jaime Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Tiene conocimiento el
Gobierno de la existencia de centros privados que imparten enseñanza
universitaria sin autorización? (Número de expediente 180/000535) . .
. (Página 3350)
Del Diputado don Francisco Murcia Barceló, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede facilitar el Gobierno sobre la implantación de las nuevas
tecnologías en los centros de enseñanza estatales? (Número de
expediente 180/000543) . . . (Página 3351)
Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Ciencia y Tecnología: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar el
Proyecto de Ley sobre Comercio Electrónico? (Número de expediente
180/000539) . . . (Página 3352)
Del Diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿Piensa tomar medidas el Ministro de Trabajo por la
sucesión de prácticas fraudulentas que se están produciendo en la
utilización de los fondos para la Formación Profesional en varias
Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000531) . . .
(Página 3353)
Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV), que formula al Gobierno: ¿Qué cantidad (millones de
pesetas) ha recaudado en la Comunidad Autónoma Vasca la
Administración del Estado, durante el ejercicio del año 2000 por la
aplicación del porcentaje legalmente establecido a la base de
cotización para la financiación de la Formación Profesional? (Número
de expediente 180/000537) . . . (Página 3354)
De la Diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Para cuándo tiene
previsto el Gobierno la determinación reglamentaria de los derechos
correspondientes a los integrantes
del extinguido régimen de previsión de los médicos de asistencia
médico-farmacéutica y de accidentes de trabajo? (Número de expediente
180/000538) . . . (Página 3355)
Del Diputado don Miguel Prim Tomás, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones está
realizando el Gobierno para favorecer la exportación de cítricos
españoles? (Número de expediente 180/000546) . . .
Del Diputado don Pío Pérez Laserna, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones está llevando
a cabo el Gobierno para favorecer la exportación de productos
ecológicos españoles? (Número de expediente 180/000547) . . .
(Página 3357)
De la Diputada doña María Reyes Costas Manzanares, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para la creación de un
espacio común de Justicia? (Número de expediente 180/000551). . . .
(Página 3358)
Del Diputado don Joaquín Calomarde Gramage, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué alcance tiene
la denominada «Operación Pentágono» sobre la que el Ministro de
Defensa se ha expresado recientemente? (Número de expediente 180/
000549) . . . (Página 3359)
Del Diputado don Jesús Andrés Mancha Cadenas, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno sobre el Real Decreto para la finalización del Servicio
Militar Obligatorio, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado
viernes? (Número de expediente 180/000555) . . .
Interpelaciones urgentes . . . (Página 3361)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas que
permitan la plena aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores . . .
(Página 3361)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Barrero López. Se trata de una interpelación
sobre la Ley penal del menor que su grupo considera progresista,
moderna, actual, que valora especialmente el interés superior del
menor y que busca reparar el daño causado en lugar de la sanción
puramente represiva; es una ley, añade, que recoge valores y
principios socialistas, valores queridos por su partido y por su
grupo parlamentario, y convierte en realidad jurídica algunas viejas
y nuevas aspiraciones que ellos fueron desgranando en el debate del
Código Penal de 1995. Pero esta ley necesita para su correcta
aplicación suficiencia de medios humanos y materiales y, a su
entender, el Gobierno del Partido Popular ha mantenido una actitud
negligente, en ocasiones irresponsable, despreocupándose de manera
total y absoluta de las dificultades por las que pasan, han pasado, y
confía en que ya no pasen, las comunidades autónomas a la hora de
crear las infraestructuras necesarias para hacer posible la ejecución
correcta de la ley. Expone las deficiencias existentes en la
aplicación de la ley y las críticas vertidas por diversos estamentos
de la sociedad. Por todo ello, su grupo parlamentario pide al
Gobierno que dicte un reglamento de desarrollo de la ley que aborde
la regulación del régimen disciplinario, y lo haga dialogando con las
comunidades autónomas y con todos los colectivos implicados.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia
(Acebes Paniagua). Muestra su conformidad con la importancia de la
Ley de responsabilidad penal del menor, pero considera que hacer una
visión catastrofista de la misma no beneficia en nada su aplicación
ni su mensaje y que transmitir una imagen falsa de la aplicación de
los medios materiales y personales para su entrada en vigor es una
irresponsabilidad que sólo se explica desde un punto de vista
partidista. No considera justas las imputaciones que ha hecho el
interpelante al Ministerio de Justicia, porque tanto la aprobación de
la Ley del menor como su tramitación y los presupuestos son
competencia de esta Cámara, y afirma rotundamente que desde el 13 de
enero, fecha en que entró en vigor la Ley de responsabilidad penal
del menor,
estaban adoptadas todas las medidas necesarias tanto legislativas
como materiales y personales que correspondían al Gobierno, en
concreto al Ministerio de Justicia, por atribución de este Parlamento
que expresamente había señalado qué competencias, atribuciones y
responsabilidades tenía el Gobierno de la nación y cuáles las
comunidades autónomas. Explica estas medidas (legislativas, relativas
a la creación de órganos o a la formación), afirmando que se ha hecho
un gran esfuerzo, acreditado por los datos que ha puesto de
manifiesto, y que el Gobierno ha aplicado en un tiempo de «vacatio
legis» que se había acordado todos los medios personales y materiales
para que una ley de estas características pudiese entrar en vigor con
las plenas garantías en cuanto a las responsabilidades que le eran
atribuidas.
Replica el señor Barrero López, duplicando el señor ministro de
Justicia (Acebes Paniagua).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas previstas para la
prevención de accidentes en el mar . . . (Página
3370)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Vázquez Vázquez. La interpelación que presenta el
Bloque Nacionalista Galego hace referencia a un problema que
consideran de primer orden ante el que ni el Gobierno ni nadie puede
permanecer impasible, como es el elevadísimo número de accidentes,
muchos de ellos con el resultado de muerte, que se producen entre los
trabajadores del mar. Considera necesario debatir sobre la
siniestralidad laboral en otros sectores, pero se queja de que los
debates sobre los accidentes en el mar sean mucho más escasos,
a pesar de ser el sector en el que se produce una mayor tasa de
accidentalidad. Esta situación merece la atención de esta Cámara,
añade, y por supuesto la actuación del Gobierno, en la medida en que
es competente en la materia, para prevenir y limitar este alto número
de accidentes. Afirma que la actuación del Gobierno debe ser
concreta, clara y sobre todo eficaz, siendo necesario analizar las
causas de esta accidentalidad en el mar y poner en marcha mecanismos
claros de actuación que la prevengan y la limiten. Asimismo se queja
de la deficiente inspección que se realiza tanto de las condiciones
de seguridad de los buques como de las condiciones laborales de los
trabajadores y se refiere a las nuevas circunstancias por las que
está atravesando el
sector pesquero: por una parte la desregulación, la necesidad de
competir o la aparición cada vez mayor de las banderas de
conveniencia; y por otra, la pérdida de caladeros tradicionales que
está empujando a los marineros a enrolarse en lo que salga. Por
tanto, concluye, se está ante un problema complejo, que requiere
actuaciones multisectoriales y que es necesario abordar con seriedad
y rapidez.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Coincide en la idea de que no se
puede uno quedar en el lamento cada vez que se produzca un siniestro
en el mar sino que hay que trabajar para conseguir que las cifras de
siniestralidad, que históricamente han caracterizado al sector
marítimo, sean las menores posibles. Comparte no sólo la preocupación
sino, en buena medida, el análisis realizado por el interpelante y
está de acuerdo en que es bueno pormenorizar las causas, sobre todo
para luego intentar actuar. Da una serie de explicaciones sobre los
diferentes tipos de accidentes que se producen entre los que trabajan
en el mar y recuerda que en el año 1997 la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo promovió un grupo específicamente
asociado al trabajo y a los riesgos del trabajo en el mar, en el que
estaban representadas la Secretaría General de Pesca Marítima, la
Dirección General de la Marina Mercante, el Instituto Social de la
Marina, las administraciones autonómicas con representación de la
Junta de Andalucía, del Gobierno vasco y de la Xunta de Galicia,
representantes de la patronal, asociaciones de armadores de Galicia y
del País Vasco y representantes de los sindicatos UGT y Comisiones
Obreras, dirigiendo los trabajos el Instituto Social de la Marina. Se
refiere a la ponencia elaborada por dicho grupo de trabajo y da
cuenta de las actuaciones llevadas a cabo y de las que están por
desarrollar.
Replica el señor Vázquez Vázquez, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Díaz Díaz, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
consecuencias para España de la ampliación de la base naval de Rota .
. . (Página 3378)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Centella Gómez. El motivo de
esta interpelación, explica, fue la intervención del ministro de
Asuntos Exteriores del día 28 de febrero en la Comisión
correspondiente. Considera que, al contrario de lo que se dijo
en aquella ocasión, la declaración conjunta no fue un éxito del
Gobierno español sino una claudicación a los intereses de los Estados
Unidos. Y para que se comprenda lo que fue esa claudicación pasa a
analizar la declaración conjunta en el marco de lo que es el nuevo
concepto estratégico de la Alianza Atlántica, concepto que trata de
plasmar todos los procesos que se habían ido gestando años antes, eso
sí, sin ningún soporte de legalidad internacional. Por lo tanto
considera evidente que Estados Unidos trata de imponer su logística
militar y acusa al ministro de Defensa y al Gobierno en general de ir
camino de convertir a España, y muy concretamente a la comunidad
andaluza, en la zona europea que más cargas tiene que soportar para
garantizar técnicamente los bombardeos de la OTAN. Acusa al Partido
Popular de incumplir el referéndum de 1986, en el que se contemplaba
la progresiva reducción de las tropas de Estados Unidos, y asegura
que Izquierda Unida exigirá aquí y en el Parlamento de Andalucía que
se cumpla escrupulosamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía,
oponiéndose aquí y también en la calle y en las instituciones, junto
con miles y miles de españoles, a la ampliación de la base de Rota.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Defensa (Trillo-
Figueroa y Martínez-Conde). Comienza manifestando su profundo respeto
y el del Gobierno por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y por
las opiniones que se manifiesten legítima y democráticamente en esta
Cámara y fuera de ella, así como su afecto personal por los señores
Centella y Alcaraz, ambos firmantes de la interpelación, pero no
puede dejar de aclarar que su discurso le suena postmoderno, es como
la reconstrucción a trozos de un gran discurso del pasado,
insistiendo en cosas que pertenecen al llamado pequeño siglo XX, que
terminó en 1989, según Hobsbawn, cosa que parece les cuesta asumir.
En cuanto a la falta de legalidad internacional del nuevo concepto
estratégico de la Alianza Atlántica, explica que el Tratado de
Washington es la legalidad internacional a la que España pertenece
por decisión de este Parlamento y la que tiene que respetar, porque
es un Tratado vigente que tiene además la legitimidad de ser la única
alianza en el mundo que ha defendido los principios democráticos y
los derechos fundamentales en que se sustenta el orden democrático.
Por lo tanto, afirma, no se puede poner en cuestión permanentemente
ni la legalidad del Tratado de Washington ni la legitimidad de la
Alianza Atlántica. Contesta a los planteamientos del interpelante
sobre la nacionalidad de la base de Rota que, aclara, está bajo mando
español, y acepta que ha crecido en importancia estratégica, cosa de
la que opina hay
que alegrarse, pero no por la nueva concepción de la Alianza.
Finalmente contesta a las insinuaciones sobre los atraques y fondeos
de buques militares norteamericanos, asegurando que España no ha
consentido ni consiente que haya introducción y transporte de
armamento nuclear en su territorio, y decir lo contrario sería faltar
a la verdad. Finaliza aconsejando al señor Centella que actualice su
discurso. Confía en que la Cámara apoye la ampliación de la base
naval de Rota, siendo capaces de optimizar su rendimiento, de
garantizar los puestos de trabajo, de crear una riqueza para Rota, de
garantizar la soberanía que se ha recuperado plenamente sobre el
territorio y la mar territorial española y de tener el puesto que nos
corresponde en el concierto internacional.
Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor ministro de
Defensa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Marsal
Muntalá, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia Robledo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la
noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS.
- DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ HA CONDECORADO EL GOBIERNO AL
COMISARIO MELITÓN MANZANAS, IDENTIFICADO CON LA TORTURA Y REPRESIÓN
DE LA DICTADURA FRANQUISTA? (Número de expediente 180/000527.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día: preguntas. En primer lugar, preguntas
dirigidas al señor presidente del Gobierno.
Pregunta número nueve, que formula el diputado don Luis Felipe
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, ¿por qué ha condecorado el
Gobierno a Melitón Manzanas, identificado con la tortura y la
represión franquista?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señoría.
Porque es obligación del Gobierno aplicar la ley que esta Cámara
aprobó por unanimidad. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, no es usted riguroso, y lo
sabe; quiero decir, que no dice usted la verdad. (Rumores.) La
gravedad de esta condecoración radica en la falta de conexión entre
la aplicación de la norma y los valores democráticos. Señor Aznar,
ninguna norma puede amparar o comprender la tortura. Además, ninguna
ley puede tener una aplicación absolutamente automática, como usted
ha dicho. Si es así, ¿habría que condecorar a los narcotraficantes
asesinados por ETA, señor Aznar? Si así, ¿habría que condecorar a los
miembros de ETA asesinados por el GAL o por algún otro grupo armado?
Según su teoría, sí. Según la lógica democrática, el sentido real de
la ley y el artículo 10 de la Constitución, no. Señor Aznar, el
Gobierno debe aplicar esta ley teniendo en cuenta el preámbulo, la
discusión que mantuvimos los grupos, el artículo 10 y los convenios
aquí aprobados; y no se ha hecho así. Están falsificando la voluntad
de los grupos parlamentarios. En todo caso, ya que usted dice lo que
ha dicho, acto contiguo tenía que haber dicho: acepto una reforma de
la ley. Se ha infringido una ofensa muy grave a los luchadores
antifranquistas y a la memoria de la libertad en este país. Han dado
ustedes una bofetada fuerte a los demócratas de este país. Ustedes
hacen una apuesta por razones ideológicas, quizá incluso por razones
políticas y electorales -el voto de ultraderecha, etcétera-. Pero,
¡ojo! Porque pueden estar montando ustedes una estrategia política
para blanquear la cara de la memoria negra, sucia y viscosa del
franquismo. Señor Aznar, deje usted de erosionar y de provocar la
política y la cultura de la reconciliación. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, usted formó
parte del grupo de trabajo que redactó la ley que aprobó esta Cámara
por unanimidad, señor Alcaraz, y la ley establece dos criterios con
claridad meridiana: el primero es que se aplica a
las víctimas del terrorismo a partir del 1 de enero de 1968 y el
segundo es que el Gobierno concederá la Gran Cruz de reconocimiento
civil, a título póstumo, a los fallecidos por actos de terrorismo
cuando sus herederos lo hayan reclamado. Al Gobierno le corresponde
aplicar la ley y no le corresponde ni vulnerarla ni mucho menos
actuar con arbitrariedad en su aplicación. Le quiero decir que el
Gobierno no ha hecho ningún enjuiciamiento sobre la acción policial
ni profesional del señor Manzanas. Le puedo decir que el Gobierno no
ha hecho ningún enjuiciamiento positivo ni negativo, de ningún tipo,
sobre los hechos execrables que se le imputan al señor Manzanas y que
es el Gobierno y el presidente del Gobierno el primero en refutar,
rechazar y condenar. Quiero recordar que el señor Manzanas fue
asesinado por la banda terrorista ETA y que sus asesinos, quiero
recordar también, fueron amnistiados por la generosidad de los
demócratas en 1977. Permítame que le diga, señor Alcaraz, que S.S.
mejor haría guardándose al menos una parte de su indignación por la
libertad, por la democracia y por el reconocimiento de las víctimas
pensando justamente en algunos compañeros de viaje de su grupo
parlamentario en el País Vasco en el Pacto de Estella. (Rumores.-
Aplausos.) Mejor haría recordando eso. Porque, señoría, no le hace
falta mirar hacia atrás para encontrarse torturadores o para
encontrarse criminales sino con aquellos en algunos casos con los que
ustedes firmaron el Pacto de Estella. Ahí es donde están ahora y esos
les han hecho a ustedes socios suyos, para vergüenzas de su grupo y
para vergüenza de las ideas que usted ha defendido esta tarde en esta
Cámara. (Aplausos.-Protestas.-El señor Alcaraz Masats pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Alcaraz. Señorías, ruego guarden
silencio. Esta Presidencia no necesita auxilio de ningún diputado que
está en los escaños.
Señor Alcaraz, sabe perfectamente, tan bien como esta Presidencia, lo
que dice el reglamento. Usted sabe que el turno de preguntas es un
tiempo tasado y, señor Alcaraz, esta Presidencia entiende que no ha
sido ofendido el decoro ni la dignidad de su grupo parlamentario, de
la misma manera que no le ha corregido a usted cuando le ha acusado
al señor presidente del Gobierno de no decir la verdad. Señor
Alcaraz, no tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, pido la palabra.
La señora PRESIDENTA: Dígame el artículo, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, según los artículos 71 y
73 y fundamentalmente porque nos sentimos aludidos en el decoro
personal y colectivo de este grupo...
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, perdóneme. Me ha dicho el
artículo y yo le había adelantado que desde esta presidencia no se
entiende que haya habido ofensa ni al decoro ni a la dignidad de su
grupo. Muchas gracias, señor Alcaraz. (Rumores.-Protestas.- Varios
señores diputados del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
pronuncian palabras que no se perciben.)
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA
SINIESTRALIDAD LABORAL EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/
000528.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10 que formula el diputado don
José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, en los últimos días le hemos visto comparecer ante los
medios de comunicación recordando el aniversario de su victoria
electoral del 12 de marzo. Es verdad que en esas comparecencias se
han prodigado las críticas a la oposición, alguna regañina también a
los suyos y no es menos cierto que ha habido algo también donde nos
ha recordado el alto concepto que tiene usted de sí mismo (Risas.)
Pero la verdad es que no ha hablado nada de muchos problemas sociales
que preocupan a los ciudadanos, de muchos problemas de seguridad,
desde la seguridad por la violencia doméstica, la vial y
fundamentalmente una que hoy traigo aquí que me parece vital que es
la siniestralidad laboral y los datos que estamos aportando. Le
quiero recordar que en España hay una media de cuatro muertos por
accidentes de trabajo al día. Desde el año 1996 al año 2000 ha habido
un 40 por ciento más de accidentes de trabajo, hay 245 accidentes
graves de trabajo a la semana en nuestro país. Son las cifras del
drama y de la desidia.
Por eso le quiero preguntar, señor Aznar, qué medidas piensa adoptar
ante la siniestralidad laboral en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el Gobierno
adoptará las medidas oportunas a la luz del informe que a petición
mía ha elaborado el presidente del Consejo Económico y Social y de
los acuerdos a los que deseamos que lleguen los agentes sociales en
materia de prevención de riesgos laborales.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, el problema es que esto ya lleva mucho tiempo muy mal y
su Gobierno no ha hecho nada. Basta de planes que no se cumplen,
basta de esperar informes y gobiernen, tomen decisiones y tomen
medidas. Ayer su grupo rechazó 20 propuestas del Grupo Socialista
para abordar el problema en esta Cámara. Le quiero recordar algunos
de los temas vitales. Hay un problema serio de temporalidad y de
precariedad; su reforma laboral no camina en la buena dirección sino
en la contraria. Escuche cuando se presente la alternativa del Grupo
Socialista. Hay un problema serio de subcontratación; hay que hacer
una ley que regule la subcontratación en España, porque es el foco de
mayor siniestralidad laboral. La situación de nuestra inspección es
claramente deficiente: mientras en Europa hay 5.000 trabajadores por
cada inspector aquí hay 17.000. Rectifique, como viene haciendo estos
días en el Plan hidrológico, o como viene haciendo su ministro de
Interior con el problema de los inmigrantes ecuatorianos. Es verdad
que el hecho de rectificar significa que ha habido un error previo,
pero rectifique, considere las alternativas del Grupo Socialista y
pongamos a nuestro país no a la cola, como está, en materia de
seguridad de los trabajadores, sino a la cabeza de la protección y
defensa de sus derechos. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sin duda aborda S.S.
un problema que es extraordinariamente serio, como son las cifras de
siniestralidad y la realidad de la siniestralidad laboral en nuestro
país. Además es un asunto que produce pesar a cualquiera, produce
pesar también al Gobierno cuando uno piensa en accidentes laborales
que cuestan la vida de trabajadores.
Le quiero decir que sin duda estamos ante un problema serio, ante un
problema de fondo de la realidad laboral española, y por eso en el
mes de julio con los agentes sociales convine personalmente encargar
un informe que analizase la realidad de lo que es la situación de la
siniestralidad laboral en nuestro país. Encargué ese informe al
presidente del Consejo Económico y Social, quien me hizo entrega del
informe ayer y justamente a la luz de él, que me parece serio y
riguroso, como le he dicho, podremos impulsar las medidas que
consideremos necesarias.
Le quiero decir al respecto que también existe en el diálogo social
la mesa de prevención de riesgos laborales y que una de las cosas que
vamos a hacer es remitir el
informe elaborado por el presidente del Consejo Económico y Social a
los agentes sociales a los efectos de esas decisiones
correspondientes. Pero el Gobierno tampoco ha estado esperando eso.
En 1998 se puso en marcha un plan de acción contra la siniestralidad
en aquellos sectores económicos donde más se producía, como recoge el
propio informe, señoría, y está dando unos resultados positivos. Si
S.S. tuviese la amabilidad de leerse el informe (Rumores.), vería que
alguno de los tópicos...
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Si S.S. tuviese la
amabilidad de leerse el informe vería que alguno de los tópicos en
los que ha caído en su intervención son más o menos inexistentes. En
todo caso, señoría, le quiero decir que me resulta chocante criticar
al Gobierno por penalizar la temporalidad de los contratos viniendo
de usted, que fue el que apoyó una reforma que consistía en
temporalizar, en hacer temporal el 35 por ciento de los contratos
laborales de los trabajadores en nuestro país. (Rumores.) Resulta un
poco singular y un poco curiosa esa imputación.
Por último le quiero decir, señoría, que el presidente del Consejo
Económico y Social ha declarado que en sus veinte propuestas se han
limitado a copiar el informe (al que alguien de su grupo
parlamentario ha tenido acceso, por supuesto sin decir cómo),
planteándolas como una moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Señoría, yo creo que la.... (Protestas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente. Le quedaba un
segundo cuando le han interrumpido.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DAR CUMPLIMIENTO A SU ANUNCIADO
PROPÓSITO DE REMITIR A LA CÁMARAELPROYECTO DE LEY REGULADORA DEL
DERECHO DE ASOCIACIÓN? (Número de expediente 180/000541.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don
José Antonio Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, el desarrollo del derecho de
asociación, contemplado en el artículo 22 de nuestra Constitución,
fue uno de los compromisos recogidos en el programa electoral con el
que concurrimos a las pasadas elecciones generales; compromiso que
fue ratificado ante esta Cámara en su discurso de
investidura. Es más, la primera iniciativa parlamentaria del Grupo
Popular en la presente legislatura fue precisamente una proposición
no de ley por la que se instaba al Gobierno a remitir a Las Cortes un
proyecto de ley orgánica que desarrollase el derecho de asociación;
iniciativa que, como todos los grupos recordarán, fue aprobada por
unanimidad. Y es que después de más de 20 años de vida de nuestro
texto constitucional continúa todavía vigente una norma proveniente
del pasado, la Ley de Asociaciones de 1964, en parte no derogada por
la Constitución, pero inspirada en principios políticos incompatibles
con ella. De ahí la necesidad de desarrollar este derecho que forma
parte esencial de la historia del constitucionalismo español y que en
su ejercicio es un fenómeno muy extendido y fuertemente arraigado a
nuestra sociedad. Prueba de ello es que actualmente en España hay más
de 230.000 asociaciones de ámbito, naturaleza y fines muy diversos,
lo que da idea de la importancia que el fenómeno asociativo ha ido
cobrando en nuestra sociedad. Y es que, señor presidente, estamos
hablando de un derecho que es uno de los pilares básicos de nuestra
democracia; un derecho que contribuye a crear una sociedad civil
fuerte, impulsando la participación, la solidaridad y la cooperación
entre los ciudadanos; un derecho que merece superar su actual
normativa preconstitucional, pues cumple una función clave en nuestra
sociedad al dar cauce a uno de los elementos básicos de nuestro
sistema democrático: el pluralismo político, social y cultural.
Por ello, señor presidente, le formulo la siguiente pregunta: ¿cuándo
tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a su anunciado propósito
de remitir a la Cámara el proyecto de ley orgánica reguladora del
derecho de asociación?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, los derechos
fundamentales de asociación y de petición son los dos últimos que
regulaba nuestra Constitución y que estaban regulados por leyes
anteriores a la transición democrática.
Hace unas semanas el Gobierno remitió a la Cámara el proyecto
regulador del derecho de petición y próximamente lo hará con el de
asociación, no solamente en cumplimiento de un programa electoral y
compromiso del discurso de investidura, sino para dar prácticamente
por ultimado el edificio de nuestro Estado de derecho en materia de
derechos fundamentales y libertades públicas, plenamente adaptado a
la Constitución. Sólo habrá en materia de derechos fundamentales una
norma de la transición, como es el Decreto-ley de 1977, regulador del
derecho de huelga.
La Ley de asociaciones es mucho más para nosotros que la apertura de
un cauce jurídico, señoría, es también
la capacidad de los ciudadanos para emprender iniciativas y para
tomar decisiones. El proyecto del Gobierno quiere mejorar el régimen
de estas entidades sin fines de lucro, quiere reforzar el derecho de
los asociados, quiere que se acentúe la transparencia y la democracia
interna y, por supuesto, desde el evidente respeto de todos los
poderes públicos a las asociaciones, a la libre voluntad de los
asociados, establece el control de los tribunales con arreglo a la
ley y se sujeta a la doctrina del Tribunal Constitucional. La Cámara
también persigue fomentar el asociacionismo que se desarrolla en
ámbitos de interés general, y espero, con el mayor interés, que se
pueda producir a lo largo del debate parlamentario.
Sabemos que algunas asociaciones, las organizaciones no
gubernamentales especialmente, desarrollan una tarea importantísima
de canalización de esfuerzos a la sociedad en asuntos que a todos nos
preocupan. Esta ley va a ser un marco general de fomento y promoción
de actividades sin perjuicio de los desarrollos específicos de la
legislación sectorial. Hace poco acordamos con las organizaciones no
gubernamentales esta puesta en marcha de la Ley de asociaciones,
acogimos su propuesta con el mayor interés y han sido incorporadas al
proyecto que enviaremos al Parlamento en las próximas semanas. Quiero
agradecerles su colaboración y expresarles mi gratitud por su tarea y
sus aportaciones. El anteproyecto de ley ha sido enviado el día 19 al
Consejo General del Poder Judicial y, una vez recibido el informe del
Consejo General del Poder Judicial, será remitido al Consejo de
Estado. Una vez que el Consejo de Estado haya emitido su informe, el
Gobierno lo remitirá al Congreso de los Diputados, donde espero que
ese derecho fundamental cuente también con el mayor consenso posible
en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO
QUE HA APLICADO LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, CON CARÁCTER NO RESTRICTIVO DE ACUERDO
CON EL ESPÍRITU CON EL QUE SE REDACTÓ ESTA INICIATIVA LEVISLATIVA,
PARA ASÍ PODER AMPARAR AL MAYOR NÚMERO DE VÍCTIMAS? (Número de
expediente 180/00540.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
primero y ministro del Interior.
En primer lugar, la número 21, que formula la diputada doña Begoña
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente primero, ¿considera el Gobierno que ha aplicado
la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo con carácter no
restrictivo, de acuerdo con el espíritu con el que se redactó esta
iniciativa legislativa, para así poder amparar al mayor número de
personas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor vicepresidente primero.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DELINTERIOR
(Rajoy Brey): Gracias, señora presidenta.
Sí, señora Lasagabaster, considero que el Gobierno está aplicando
esta ley con voluntad abierta y solidaria.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente primero, esta Cámara aprobó de forma unánime una
ley que quería ser la expresión de reconocimiento y solidaridad con
todas las víctimas. Todas, sin exclusiones, fueran víctimas como
resultado de la acción terrorista de ETA, de otros grupos armados, de
la violencia parapolicial del Estado o de todos aquellos que,
utilizando la violencia, quisieran alterar la paz y la seguridad
ciudadana. ¿Y qué ha ocurrido? Seguimos esperando, señor
vicepresidente primero, que ustedes nos expliquen cómo han aplicado
la ley. Pero lo que es grave es que ustedes lo han hecho con carácter
y criterio restrictivos. No son admisibles algunas denegaciones ni
los silencios en otros casos. Déjeme citarle uno. Deniegan la
condición de víctima y dicen que la muerte de cinco trabajadores en
Vitoria hace 25 años (por cierto, el máximo responsable era el señor
Fraga, imagino que ejemplo de democracia en su grupo) (Rumores.), por
disparos a bocajarro de la policía, cuando previamente habían llenado
una iglesia de gases lacrimógenos, era consecuencia de la demagogia
de los líderes, la sobreexcitación de los trabajadores y en defensa
propia. ¡Es el colmo!
Señor vicepresidente, tiene la obligación de aplicar esta ley de
manera que estas y otras personas también sean consideradas como
víctimas, reconocidas y reparadas moral, social y económicamente. Si
hay que reformar la ley, háganlo; si hay que crear una comisión para
que también ampare otros ámbitos temporales, hagámoslo. Por cierto,
nosotros ya lo hemos propuesto. Sólo le pedimos que lo hagan con la
misma diligencia con la que han concedido la medalla al señor Melitón
Manzanas, quien conculcó
durante tanto tiempo los derechos fundamentales. Por cierto,
usted, que es un político de gran categoría, no me venga con
argumentos de pactos de política ficción, más propios de novelas que
de políticos de su categoría.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DELINTERIOR
(Rajoy Brey): Yo no estoy de acuerdo con usted, qué quiere que le
diga. Yo creo que el Gobierno aplica la ley con absoluta generosidad,
que es exactamente la misma con la cual los grupos políticos
plantearon el texto legal desde un criterio amplio de reconocimiento
de los derechos de las víctimas y de solidaridad. Y hay datos, que no
discursos, que demuestran sin duda esa buena voluntad del Gobierno.
Primero, en 14 meses se han resuelto 5.100 solicitudes, siempre desde
las prescripciones de la ley, pero siempre con criterios amplios. En
este momento sólo quedan pendientes un total de 400 solicitudes, que
siguen tramitándose. Segundo, el 85 por ciento de las resoluciones
han sido estimatorias y sólo un 5 por ciento han tenido carácter
negativo, por cuanto se trataba de hechos que quedaban absolutamente
fuera del ámbito de aplicación de la ley. Tercero, yo quiero decirle
a usted que, a pesar de tratarse de actos administrativos que se
producen a instancia de parte, el Ministerio del Interior, con ese
mismo espíritu de solidaridad, ha iniciado de oficio expedientes para
probar la existencia del nexo causal del acto terrorista. Por último,
hay casos en los cuales la aplicación de la ley no es posible, y no
lo es porque lo diga el Gobierno (que se limita, como es natural, a
aplicar la ley, que para eso está), sino porque existen sentencias de
la Audiencia Nacional que no reconocen determinados hechos como actos
terroristas. Dicho esto, yo no sé a qué viene hablar de pactos, de
acuerdos, etcétera. No sé exactamente a qué se refiere cuando me dice
esto. Si lo supiera, probablemente dijera lo mismo; pero es que,
además, ni siquiera lo sé.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS YMINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CREE EL
SEÑOR RATO QUE AMENAZAR CON UNA NUEVA REFORMA LABORAL ES EL MEJOR
MODO DE IMPULSAR EL DIÁLOGO SOCIAL? (Número de expediente 180/
000529.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente
segundo del Gobierno. En primer lugar, la pregunta número 11, que
formula el diputado don Jesús Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Rato, créame que no pretendo reprenderle, ya lo hizo el señor
Aznar el lunes en la junta del PP (Rumores.-Risas); lo digo por lo de
la sucesión. Pero aunque usted parece haber decidido pasar a una
segunda actividad, una especie de ejercicio en funciones, sigue
siendo miembro del Gobierno y sus decisiones son importantes. Por
eso, ¿cree usted que es el mejor modo de estimular el diálogo social
amenazar con una nueva reforma laboral?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor diputado.
Lo que yo creo señor Caldera, es que desde el punto de vista del
Gobierno lo importante son los intereses generales, especialmente los
de los parados. Y tengo que decir que extender las posibilidades del
empleo estable, dar derechos a los trabajadores temporales que no los
tenían y dar mejores oportunidades a las mujeres paradas para
encontrar empleo sólo los socialistas lo consideran una amenaza.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: No le quiero complicar las cosas,
señor Rato. A pesar de los aplausos ficticios bastante se las
complican a usted sus propios compañeros. (Rumores.-Un señor
diputado: ¡Fuera!) Debe ser consciente de que cuando usted amenaza
con contrarreformas, en este caso laborales, el diálogo social se
resiente. Espero que coincida conmigo en que esos píos propósitos que
anuncia tienen más eficacia si se hacen desde el diálogo social. Para
nosotros el diálogo social, señor Rato, tiene un valor inmenso;
espero que para usted también. (Fuertes rumores.) Sí, lo tiene.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Caldera.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que se desarrolle el
punto de las preguntas con regularidad.
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Decía que tiene mucha importancia,
señor Rato, y espero que para ustedes también. A juzgar por el uso
que en su beneficio hicieron cuando los agentes sociales llegaron
a acuerdos, parece que sí la tiene. En esta Cámara han dejado
constancia de ello el presidente del Gobierno, el señor Arenas,
usted, que se ponían un día sí y el otro también todas las medallas
cuando el diálogo social entre los interlocutores tuvo éxito. El 7 de
octubre de 1998 su presidente de Gobierno decía: Seguimos apostando
por el diálogo social. Negar a este Gobierno la práctica del diálogo
es muy poco afortunado. Y el señor Piqué, portavoz del Gobierno, el
24 de marzo, decía: El Gobierno incita a los interlocutores y los
anima a que profundicen en esa negociación, sin condicionamientos
previos, a que se tomen el tiempo que consideren necesario, porque
siempre es mejor un buen acuerdo, aunque cueste un poco más, que
intentar precipitar las cosas. ¿Qué ha quedado de todo esto, señor
Rato? Yo se lo diré, señor ministro de Economía en funciones
(Rumores.), un acuerdo más en la sombra que en la luz entre el
Gobierno y la CEOE. Yo le hago una oferta, ¿por qué no convocan
ustedes a los interlocutores antes de la tramitación parlamentaria de
la reforma? Eso demostraría talante moderado y que ese viaje al
centro del que presumen no es un viaje virtual -que yo creo que lo
es-, demostraría tolerancia y no, señor Rato, imposición ni
conservadurismo, que será malo para la sociedad española. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor Caldera.
Indudablemente, a un año de las elecciones generales encontrarnos con
que hay un pacto de Izquierda Unida con el PSOE para convocar una
huelga general es esclarecedor. (Rumores.) Es esclarecedor de la
sabiduría de los votantes españoles cuando no quisieron que ustedes
gobernasen. Y va a ser todavía más esclarecedor cuando comprobamos
que el señor Caldera nos dice que el diálogo social para ustedes es
valiosísimo. Indudablemente, porque ustedes no han hecho una sola
propuesta sobre empleo en dos legislaturas. (Risas.) Están ustedes
vacíos de propuestas. Teniendo en cuenta que son ustedes responsables
de cuatro millones de parados y de la aprobación en España por
primera vez en la historia laboral de contratos sin derechos
sociales, no cabe duda de que cuando están ustedes en el Gobierno lo
que producen es paro y precariedad y cuando están en la oposición lo
que producen es vacío. A partir de ahí, somos plenamente conscientes
de que el Partido Socialista considera que casi
un año de conversaciones sobre el empleo no es suficiente, que no
tenemos que responder a los intereses generales. Entendemos
perfectamente el mensaje, señor Caldera. Cuando queramos saber lo que
opina el Partido Socialista sobre empleo, sobre paro o sobre política
social, le preguntaremos a don Cándido Méndez porque ustedes no
saben.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.- Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, ruego guarden silencio.
- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PRINCIPIOS INSPIRAN EL PROYECTO DE LEY FINANCIERA QUE EL GOBIERNO VA
A REMITIR PRÓXIMAMENTE A LAS CORTES? (Número de expediente 180/
000544.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don
Juan Manuel Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias señora presidenta.
Señor vicepresidente, el fenómeno de la globalización, la creciente
internacionalización de las entidades financieras españolas, nuestra
pertenencia a la unión monetaria y consecuente participación desde el
primer momento en la zona del euro, la interconexión de los mercados
bursátiles a nivel planetario, el nacimiento de nuevos instrumentos
financieros, determinadas directivas comunitarias que hay que
trasponer a nuestra legislación, el desarrollo de la banca
electrónica, la protección de los ahorradores, etcétera, supongo que
son algunas de las razones que motivan ese proyecto de ley financiera
que el Ministerio de Economía tiene en el horno.Para hacer frente a
los fenómenos económicos citados, creo que es de sumo interés que los
ciudadanos y los mercados sepan qué principios inspiran el proyecto
de ley financiera que el Gobierno va a remitir próximamente a las
Cortes. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Un momento, señor vicepresidente, por favor.
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. Es imposible,
con el murmullo que hay en la Cámara, poder escuchar las
intervenciones tanto de los diputados como de los miembros del
Gobierno.
Adelante, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta, gracias, señor diputado.
En efecto, el Gobierno está ultimando un borrador de anteproyecto de
ley financiera, que está siendo sometido a consulta pública de los
sectores y que presentará en la primavera en esta Cámara.
Indudablemente el sistema financiero español hoy goza de muy buena
salud y es plenamente competitivo con el de nuestros socios europeos,
pero también es verdad que es probablemente uno de los mercados en
los que se están produciendo transformaciones prácticamente todos los
años, incluso en menores tiempos, que exigen del Gobierno adecuar
nuestra realidad financiera a la globalización de los mercados.
En ese sentido, preocupa al Gobierno garantizar una mayor y más
fluida canalización del ahorro hacia la inversión, especialmente para
la mejora de la financiación de las pequeñas y medianas empresas, y
también la incorporación y el papel de las nuevas tecnologías en un
mercado tan fluido y de tamaño mundial como el mercado de capitales,
además de incrementar la competencia y la transparencia.Para esto y
respondiendo a tres principios básicos, la ley pretende aumentar la
eficiencia y mejorar la competitividad, con la integración de los
sistemas de compensación y liquidación de valores, lo cual va a
suponer un ahorro considerable de costes. También contiene unas
medidas dirigidas a la protección de los ahorradores, primero, para
que en todas las entidades financieras haya la obligación de crear un
defensor del cliente que atienda las reclamaciones directamente y, en
segundo lugar, unificar los servicios de reclamaciones de las
instituciones públicas que tratan con los ahorradores, manteniéndolos
en cada una de ellas, pero unificando un único responsable, que será
el defensor del ahorrador. En otro orden de cosas, pero también en
beneficio de los ahorradores, pretende mejorar nuestra legislación en
cuanto a la regulación de la información relevante y la información
privilegiada. Además, como he dicho al principio de mi intervención,
se tomarán y se propondrán a la Cámara medidas para mejorar las
condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas,
facilitando a las pequeñas y medianas empresas que presten servicios
en las administraciones públicas que puedan financiarse a través de
fórmulas como el factory, es decir, la utilización en los mercados
financieros en sus contratos con las administraciones públicas, y
también ampliar el objeto de la participación hipotecaria para
facilitar la titulización de operaciones con garantía hipotecaria no
vinculadas a la adquisición de viviendas, que también favorecen
directamente a las pequeñas y medianas empresas.
Creemos que esas medidas del Gobierno, junto con otras que está
preparando el Ministerio de Hacienda, servirán para que nuestras
empresas puedan competir más claramente en los mercados europeos y
crear más empleo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DE LADIPUTADADOÑASUSANACAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAALGOBIERNO: ¿CUÁLVAASER LA
POLÍTICA DE INVERSIONES DE PARADORES DE TURISMO EN ESTALEGISLATURA?
(Número de expediente 180/000545.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula la diputada
doña Susana Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente segundo. Como usted
sabe, la actividad turística española está atravesando por uno de los
momentos de más auge de las últimas décadas. En los últimos cinco
años a los récord en número de visitantes e ingresos se añade la
importancia creciente de su aportación al equilibrio exterior por
cuenta corriente de la economía española y la evolución tan positiva
que está teniendo en términos de empleo y de crecimiento de la
actividad cada vez más desestacionalizada. En todo caso, todos estos
hitos y fenómenos exitosos deben entenderse como el resultado de la
acción continua del sector y de las administraciones públicas, que
está claramente orientada a la consecución de un producto
diversificado y de calidad. Los paradores nacionales son,
tradicionalmente, una herramienta de desarrollo y calidad en el
turismo español. Lógicamente, esta calidad tiene mucho que ver con
mantener las condiciones de los servicios ofertados por estos
establecimientos públicos. Para ello es imprescindible mantener una
clara política de apoyo a la inversión que permita y desarrolle la
mejora continua de la calidad.
Es cierto que desde 1996 la política de inversiones en la red de
paradores se ha reforzado. De hecho, de acuerdo con los datos del
propio Ministerio de Economía, de los 1.000 millones que se
destinaban en inversión entre 1994 y 1995 se ha pasado a casi 4.000
millones en el año 2000, gracias, entre otras cosas, al Plan
extraordinario de inversiones 1998-2000 que dispuso el Gobierno del
Partido Popular. Finalizado este plan, sabemos que para el período
2000-2004 se contempla la expansión de la red con nuevos
establecimientos y la renovación de los ya existentes. Por todo ello,
parece lógico, señor vicepresidente, interesarse por el futuro de las
inversiones en los paradores nacionales, por lo que creemos oportuno
hacer la siguiente pregunta al Gobierno: ¿cuál va a ser la política
de inversiones de paradores de turismo en esta legislatura?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Camarero.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora diputada y
señora presidenta.
Indudablemente, los paradores de turismo son un instrumento de la
política turística desde hace decenios y, sin duda, han permitido
proyectar una imagen de modernidad y de calidad a nuestro turismo en
el exterior y también han contribuido a una integración territorial,
con conservación de tradiciones y especialmente de patrimonios
histórico-artísticos, pero una continuidad de políticas que ha ido
extendiéndose a lo largo de varios gobiernos. En estos momentos las
propuestas que tiene el Ministerio de Economía sobre la política
turística, en concreto sobre la red de paradores, cumplen los
siguientes objetivos: por un lado, ampliar la red de paradores en las
distintas regiones de España y, en segundo lugar, modernizar esa
misma red, poner en marcha planes de calidad y contribuir al
prestigio profesional de la hostelería española, introduciendo una
nueva actividad en la política de paradores, que sería la actividad
de formación, de formación de calidad desde el punto de vista de
crear en España puntos de referencia del trabajo turístico y
especialmente del trabajo hostelero y llevar a cabo lo que pueden ser
propuestas profesionales que puedan competir a nivel internacional.
En cuanto a los planes de inversión para los años 2001-2004, en este
momento el Gobierno está estudiando la aplicación de aproximadamente
28.000 millones de pesetas a través de la Sociedad Anónima Paradores
y al mismo tiempo una inversión a través de Turespaña de 2.000
millones de pesetas anuales, también en nuevos paradores, lo que hace
un total de 36.000 millones de pesetas, que se distribuirán de la
siguiente manera por regiones: en la región norte, 7.700 millones; en
la región centro, 6.200; en la región este, 7.600; en la región sur,
6.000 y en la región de Canarias 661 millones. Esto va a permitir
finalizar la construcción de los paradores ya iniciados en Lerma,
Monforte de Lemos y Limpias, así como las ampliaciones de los
paradores de Alcañiz, Mazagón y Úbeda y estamos en una fase inicial
de elaboración de proyectos de construcción de dos nuevos paradores
en Lorca y en Morella. En ese sentido, las propuestas del Gobierno
para que la red de paradores mantenga su nivel de prestigio y al
mismo tiempo pueda adentrarse en una nueva política de modernidad y
de calidad en todas las regiones españolas se garantiza, además de,
cómo le digo, nuevas propuestas que estarán relacionadas con la
formación y con la existencia en España de referentes de formación a
nivel internacional de máxima calidad en el sector de la hostelería.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señorías, antes de entrar en el turno de preguntas correspondientes
al ministro de Hacienda, quiero
comunicar a la Cámara que en la tribuna de invitados nos visita esta
tarde una delegación parlamentaria de El Salvador, a quienes damos la
bienvenida y les agradecemos su presencia. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA
ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ DECISIÓN VAA TOMAR EL
GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL FUTURO DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA
BÁRBARA? (Número de expediente 180/000530.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Hacienda, la número 12, que formula el diputado don Antonio Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ahora que andan ustedes de celebraciones, ¿se
acuerdan que existe una empresa que se llama Santa Bárbara y piensan,
tras cinco años de no hacer nada, tomar alguna decisión?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, le veo muy incisivo en la entrada a su pregunta. La empresa
Santa Bárbara es una empresa que está viviendo un proceso de
saneamiento financiero muy importante. En el año 1995 registraba
pérdidas superiores a los 27.000 millones de pesetas, que se han
reducido hasta el año 1999 a menos de 3.000 millones de pesetas, es
decir, hemos avanzado mucho. La intención del Gobierno es proceder a
la privatización precisamente para garantizar el futuro de la empresa
Santa Bárbara, de sus trabajadores y de sus centros de producción.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Montoro.
Lo importante en esta empresa, que incluye un factor muy importante
como es el sector de defensa, es tomar una decisión estratégica. Ahí
ustedes no hacen nada. Su política en Santa Bárbara se puede definir
con tres palabras: parálisis, confusión y propaganda. Parálisis
porque llevan cinco años, como he dicho al principio,
sin hacer absolutamente nada. La carga fundamental de trabajo de
esta empresa se refiere al programa Leopard y al Pizarre. No han
tomado ninguna decisión sobre el Leopard y lo tienen absolutamente
embarbascado y no tienen ninguna posibilidad a corto plazo de
solucionarlo. Es una confusión porque mañana votaremos aquí un
convenio en el que ustedes están de acuerdo con llegar a una política
europea de defensa y, sin embargo, sus decisiones en la empresa van
en sentido contrario. No se entiende, no lo entiende nadie, ni en
Europa. Y propaganda porque mientras que no hacen nada, están
vendiendo humo, están vendiendo que trabajan por los intereses de
todos y, en realidad, lo único que pretenden es, como han hecho en
otras muchas empresas, privatizarla y dejarla en manos privadas, bien
saneada, como usted ha dicho, con buenos contratos y en condiciones.
No sabemos si muchos de sus compañeros de gabinete, como ha pasado
antes, podrán tener un futuro prometedor en este tipo de empresa.
Señor Montoro, le pedimos solamente tres cosas y que escuche porque,
cuando lo hacen, rectifican y aciertan, como ha pasado muy
recientemente con el plan hidrológico o con la Ley de inmigración.
Escuchen y, por lo tanto, tomen nota. Tengan en cuenta a los
sindicatos, tengan en cuenta nuestra política europea de defensa y
presente una oferta viable y válida para Santa Bárbara, que se la
dejamos bien y en condiciones de afrontar estos problemas. Señor
Montoro, en este asunto no solamente estamos hablando de una empresa,
estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de un sector muy
importante para todo el país. Hágannos caso y seguramente acertarán
en algo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Le haremos caso cuando sepamos lo que usted quiere porque yo no me he
enterado de nada, señoría. ¿Hagámosle caso en qué? En 1995 Santa
Bárbara tenía una pérdida exactamente de 27.547 millones de pesetas
y una cartera de pedidos de 14.600 millones de pesetas, que ha pasado
en el año 1996 a 53.500 millones de pesetas. ¿Sabe usted la
diferencia que hay entre 14.000 millones de pesetas y 53.000 millones
de pesetas o quiere que se lo repita, señoría? El propósito del
Gobierno es, una vez procedido al saneamiento de una empresa,
garantizar su futuro mediante la inserción en un socio de carácter
multinacional que aporte la tecnología suficiente, que garantice los
puestos de trabajo y que le dé viabilidad de futuro, exactamente la
política contraria a lo que fue la privatización de otras empresas -y
permítame que le recuerde a Sintel, privatizada dos meses antes de
las elecciones generales, en unas
condiciones que hoy padecemos, señoría-. O sea que como sigamos
haciéndoles caso a ustedes realmente el futuro de estas empresas
públicas sería su ruina, la destrucción de puestos de trabajo y la
destrucción realmente de los centros de producción, que es
exactamente lo contrario de lo que pretendemos hacer con la política
de privatizaciones del Gobierno de España. Si usted tiene un proyecto
concreto y quiere, ofrézcalo a esta Cámara; un proyecto que no
ofrezca palabras vacías, vacuas, como las que ha ofrecido a este
Gobierno.
Realmente, el proyecto del Gobierno es encontrar ese socio y no vamos
a tener prisa a este respecto, porque lo que nos interesa es el
futuro de la empresa, el futuro de sus trabajadores, el futuro de
esos centros de producción, hoy repartidos a lo largo y ancho de la
geografía española.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO REMITIR A LA CÁMARA EL INFORME
ELABORADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN
AL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN? (Número de
expediente 180/000533.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Administraciones Públicas, pregunta número 15, que formula el
diputado don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor Posada, han pasado ya 22 días desde
que, tras absolver a su colega Cañete, dijo que estudiarían nuestra
petición de obtener el informe que ha elaborado su Ministerio.
¿Cuándo nos lo van a enviar?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
Remitiré a la Cámara el informe elaborado por la Dirección General de
Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios sobre las
actividades del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación cuando
tenga la certeza jurídica de que la remisión no conculca ninguna
norma.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor ministro, parece que no nos lo van a
dar y no sé si porque no pueden o porque no quieren, y no sólo por
motivos jurídicos, porque tengo la sensación de que es un escándalo.
Hasta el periódico El Mundo ha dicho que el informe que han elaborado
fue modificado a última hora y que tiene lagunas -no sé si lagunas u
océanos- y, desde luego, desde su Ministerio nadie les ha
rectificado.
Es un escándalo que el señor Cañete haya ocultado la verdad y ustedes
hayan creído más que en los documentos oficiales en las palabras de
algunos personajes. Es un escándalo que el señor Cañete haya
simultaneado durante 20 años decenas de cargos privados con cargos
públicos, porque, según las palabras del ministro, no ha querido
hasta ahora dedicarse por completo a la política y, además, le gusta
la abogacía. No tengo esa sensación, porque parece que se ha dedicado
mucho más a unas cosas que a otras. Es un escándalo, señor ministro,
que el señor Cañete haya gestionado intereses de una financiera
holandesa, haya representado a dos compañías de Panamá que
invirtieron en sus empresas y se dedican a negocios agroganaderos,
¡qué casualidad! Es un escándalo que se haya vulnerado la Ley 5/1992,
que el Gobierno haya mirado para otro lado y que el señor Cañete siga
todavía sentado en el Consejo de Ministros. Han tratado, señor
ministro, de echar tierra sobre el asunto, pero esto no ha hecho más
que empezar. Señor Posada, va a tener que volver a comparecer porque
así se lo vamos a demandar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
En absoluto este asunto es un escándalo, lo que puede ser un
escándalo es la forma que ha tenido usted de referirlo, porque en la
comparecencia que yo tuve, aporté, junto a las conclusiones del
informe, una gran cantidad de información. Si el periódico El Mundo
ha dicho que ha habido una adenda a ese informe, fue porque yo lo
conté en la comparecencia; repásela usted. En efecto, había una
empresa en la que habíamos dicho que el señor Arias Cañete no había
participado y apareció en una adenda que había sido nombrado
consejero en 1990 y cesado en 1995, y lo conté. Conté todo lo que
había ocurrido y dije, además, que yo garantizaba que en el informe
no había nada relevante que yo no estuviera contando y hablé del
período en el que el señor Arias Cañete ha sido ministro de
Agricultura,
Pesca y Alimentación, es decir, desde marzo de 2000. Por tanto, no
hay nada que ocultar. Dije también que yo no me oponía a enviar a la
Cámara ese informe que se ha hecho por la Dirección de Inspección;
ahora bien, en ese informe hay datos que corresponden a terceras
personas y no sé si eso afecta al artículo 18 de la Constitución, que
defiende el derecho a la intimidad. Por tanto, cuando recibí su
petición oficial del informe a través del presidente de la Cámara, el
23 de febrero, ese mismo día oficié a la Dirección General del
Servicio Jurídico del Estado para que me asesorase jurídicamente
sobre si ese informe se puede enviar o no. Si se puede, tenga usted
la seguridad de que lo enviaré encantado porque no hay nada que
ocultar. Lo que yo estoy haciendo es respetar la legalidad, cosa que
he hecho siempre, y me parece un consejo conveniente para todos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GERMÀ BEL I QUERALT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE FOMENTO: ¿SE PROPONE EL
GOBIERNO ESTABLECER SUBVENCIONES FISCALES Y FINANCIERAS PARA LAS
FUTURAS CONCESIONES DE AUTOPISTAS DE PEAJE? (Número de expediente
180/000532.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Fomento. En primer lugar, la número 14, que formula el diputado don
Germà Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor ministro, ustedes tienen un texto de
ley de financiación de infraestructuras que se discutió en La Toja en
octubre pasado y sobre el cual un periódico capitalino nos hace
entregas semanales de información. Pero aquí no hemos sabido nada.
¿Se propone el Gobierno establecer subvenciones fiscales y
financieras para las futuras concesiones de autopistas de peaje?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señorías, tal como anuncié el día 15 de junio en la
Comisión de Infraestructuras de esta Cámara, el Gobierno está
estudiando -cito literalmente- un nuevo proyecto de ley que sirva de
marco jurídico para la financiación privada de infraestructuras de
interés general.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor ministro, a estas alturas, usted, yo y
el resto de los españoles hemos pagado 26.000 pesetas actuales de
subvención a las autopistas privadas en concepto de seguro de cambio,
un impuesto oculto muy oneroso para las generaciones futuras. En
segundo lugar, en la pasada legislatura ustedes emprendieron
prórrogas de concesiones con rebajas insuficientes -el caso de Aumar
fue el más claro-, rebajaron los peajes el 30 por ciento y
prorrogaron la concesión restante en un 144 por ciento. Esto quiere
decir pagar algo menos durante mucho más tiempo, más ingresos para
las concesionarias, más pagos de los usuarios. Y en último lugar, el
pasado viernes ustedes rebajaron el 7 por ciento el peaje global en
Aumar, con una sobrecompensación porque no han tenido en cuenta que
al bajar el peaje aumenta el tráfico, el aumento del tráfico induce
aumento de ingresos y ese aumento de ingresos repercute en los
beneficios. Son cosas -usted lo sabe- de la elasticidad demanda-
precio y la estructura de costes marginales de la autopista. Y todo
ello sin resolver los problemas de igualdad de trato a los españoles
y de ruptura de la unidad de mercado que hoy los peajes implican en
España. Si las noticias que nos han llegado sobre las fórmulas de
subvención financiera y fiscal que ustedes están analizando son
correctas, señor ministro, el Estado va a asumir los riesgos
constructivos, financieros y comerciales, incluso van a llegar a
garantizar el beneficio industrial normal. Por eso, señor ministro,
le pido que hable del futuro y sea más concreto: ¿cuáles son los
subsidios financieros y fiscales que se proponen establecer? Porque,
señor ministro, si las cosas son como las hemos oído, le van a pedir
construir autopistas de peaje hasta sobre el mar. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señorías, no sé si la Cámara lo ha entendido, pero yo no
he entendido si en el importe que estamos pagando cada español por el
seguro de cambio contaba usted lo que se pagó entre 1982 y 1996. (El
señor Bel i Queralt: En un año.) Bien, en un año, pero es que de 1982
a 1996 ha habido 13 años para arreglar ese problema y parece que el
problema lo tenemos ahora. Ustedes, que han tenido la oportunidad de
resolver estas cuestiones que tanto les preocupan, resulta que
solamente las utilizan como elemento demagógico de crítica contra la
política de autopistas en el caso de que gobierne un partido que no
sea coincidente con el de S.S.
El Gobierno está estudiando esa ley marco para estimular la
financiación privada de infraestructuras de interés general, y ahí
cabe una posibilidad enorme y variada de iniciativas de las que el
Gobierno responderá cuando remita a esta Cámara el correspondiente
proyecto
de ley. No veo que en estos momentos sobre lo que opinen
terceros o cuenten los medios de comunicación yo deba dar mi opinión.
Pueden ser propuestas muy respetables que, mientras no las haga suyas
el Gobierno, no constituyen elemento de referencia para generar
responsabilidad política del Gobierno. Quiero decirle que además
usted pregunta por las exenciones fiscales, y hoy no hay
bonificaciones fiscales, no las hay. Sabe S.S. que solamente quedan
vivas aquellas que pertenecen a sociedades concesionarias de
autopistas de peaje que tuvieran reconocidos estos beneficios el día
1 de enero del año 1979. Repito, entre 1982 y 1996 no tuvieron
ustedes ningún interés en privarles de estas exenciones. Y nosotros
tampoco; entre otras cosas porque usted ha hablado con enorme alegría
del equilibrio financiero y cualquier propuesta que respete el Estado
de derecho debe ser consecuente con el mantenimiento del equilibrio
financiero de las cuentas de las concesionarias. Lo demás es arruinar
las expectativas en el sistema concesional, es decir arruinar las
expectativas de que haya financiación privada para infraestructuras
de interés general.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE FOMENTO: ¿A QUÉ RAZONES SE
DEBE EL HUNDIMIENTO DEL PUENTE FERROVIARIO DE VEGUELLINA DE ÓRBIGO?
(Número de expediente 180/000557.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, que formula la diputada
doña Amparo Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
El pasado viernes se produjo un accidente ferroviario a causa del
hundimiento de un tren que transportaba mercancías. No hubo que
lamentar víctimas. Veinte minutos más tarde tenía previsto el paso un
tren de viajeros con 200 personas a bordo. Esto causó una gran alarma
social porque se pudo haber producido una tragedia. Cinco días más
tarde, ni el Gobierno ni Renfe han dado explicaciones ni han asumido
ninguna responsabilidad. Señor ministro, ¿puede usted explicar esto?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señoría. Renfe ha encargado a don Hugo Corres,
catedrático del departamentode Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de
las Estructuras un informe urgente de las causas del colapso, del que
aún no disponemos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor ministro, lo que ha sucedido en
Veguellina de Órbigo no fue ni un accidente inesperado ni un hecho
aislado. Desde el pasado mes de diciembre saben que en la provincia
de León hay seis puntos de riesgo previsible. También saben desde
hace al menos tres meses que hay tres puntos que necesitan vigilancia
permanente. Saben, desde hace 15 días, porque se lo comunicó el
alcalde de la localidad, la situación precaria de este puente. Pero
conocían desde ocho horas antes, porque así se lo comunicó un
inspector de vías y obras de Renfe, la situación delicadísima de ese
puente. Solo adoptaron una medida: poner una señal de reducción de
velocidad a 20 kilómetros por hora, algo claramente insuficiente a la
vista de los hechos. Por eso les exigimos responsabilidades.
Señor ministro, no sólo no es un hecho inesperado sino que tampoco es
un hecho aislado, porque saben que en situación parecida -lo que se
llaman puntos de riesgo previsible- no sólo los hay en León, en
Castilla y León o en Galicia sino también en otros puntos de España.
El Gobierno sólo acierta cuando escucha las propuestas del Grupo
Parlamentario Socialista. (Risas.)
Señor ministro, tome buena nota: le pido que tome buena nota. Le
vamos a hacer dos propuestas. Una, que deben poner en marcha una
auditoría para revisar toda la red ferroviaria, precisamente para
garantizar la seguridad. Segunda propuesta: le pedimos que habilite
un crédito extraordinario para hacer frente a las reparaciones de los
denominados puntos de riesgo previsible. Olvídense del déficit cero.
Por favor, inviertan en seguridad. ¿Qué nos proponemos? Solamente
recuperar la confianza de los ciudadanos en su red ferroviaria. Lo
que queremos es que este país, también en seguridad, sea un país
desarrollado. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora
presidenta, señorías. Debería usted saber que desde hace muchos años,
incluidos los del Gobierno del Partido Socialista (Rumores.) está
operativo un sistema de auscultación de puentes en la red de Renfe.
Debería saberlo su señoría. Si lo que usted propone es que ese
sistema de auscultación de estructuras se intensifique, yo coincido
con S.S. en que hay que hacer mucho más, y el ejemplo del puente de
Veguellina es una prueba de que hay que hacer mucho más. Con lo que
no estoy tan de acuerdo es con que S.S. trate de trasladar a la
opinión pública que el puente de Veguellina de Órbigo,
construido el año 1945, era seguro hasta el año 1996 y desde ese año
el señor Corsini y el señor Álvarez-Cascos se dedicaron a socavar las
zapatas del puente de Veguellina de Órbigo. Mire, eso no se lo va a
creer nadie.
Segundo. Lo que tiene que vigilar Renfe no son seis puntos sino 6.400
puentes en toda España. Precisamente por eso, señoría, cuando un
Gobierno, consciente de que la red ferroviaria española está
obsoleta, pone en marcha un plan de infraestructuras ferroviarias que
supone invertir tres y cuatro veces más que lo que se gastó durante
13 años en España, en que sólo se invirtió en 470 kilómetros de la
red entre Madrid y Sevilla, no parece que sea el momento más oportuno
para pedir atención a la infraestructura ferroviaria de este país,
porque se lo vamos a recordar todos los días. Porque le vamos a
recordar que este Gobierno ha encargado el estudio informativo de la
nueva línea ferroviaria Madrid-Ponferrada. Este Gobierno, señorías,
no los gobiernos que hacían planes que luego no ponían en marcha. Y
este Gobierno va a hacer el esfuerzo necesario para garantizar la
seguridad de los puentes a la luz de esta experiencia, que no se ha
convertido en una catástrofe gracias al funcionamiento de las medidas
de seguridad adoptadas por Renfe.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL VAA SER LA
POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DURANTE
EL PRESENTE AÑO 2001? (Número de expediente 180/000548.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Medio
Ambiente.En primer lugar, pregunta número 28, que formula el diputado
don Juan José Ortiz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la planificación hidrológica en España tiene para
este diputado una doble vertiente: por una parte, solucionar los
problemas de infraestructura que existen dentro de cada una de las
cuencas hidrográficas mediante un plan de actuaciones y, por otra,
solucionar los problemas en determinadas cuencas motivados por un
déficit estructural de recursos. Con respecto a la primera variante,
con el fin de fomentar el ahorro de agua y teniendo en cuenta que la
demanda de recursos hídricos para usos agrícolas es un potencial
importante, el Gobierno, según se ha podido constatar, tiene la
voluntad inequívoca de acometer inversiones importantes, ya que así
se desprende de los presupuestos del Ministerio
y de la partida económica importante consignada en el anexo de
proyecto de ley del Plan hidrológico nacional. Más de un billón de
pesetas destinadas a la modernización de regadíos no es nada
despreciable, pero, como lo que le interesa a este diputado es
conocer la opinión del Gobierno, le formulo al señor ministro la
pregunta literal que figura en el orden del día.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, gran parte de los regadíos existentes en nuestro país están
dotados de infraestructuras que se pueden mejorar, sobre todo para
conseguir el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva.
Está claro que estas obras tienen que permitir reducir las pérdidas
de volúmenes de agua que hoy se producen, con lo que ello supone
tanto de disponibilidad del recurso como de rentabilidad de las
propias explotaciones agrarias. Hay que tener en cuenta que la
demanda para usos agrícolas es el principal componente de la demanda
total de recursos hídricos; es decir, estamos hablando de fomentar
medidas de ahorro en lo que es el 80 por ciento de la demanda del
recurso del agua, medidas que, focalizadas en fomentar el ahorro en
gran parte del consumo, que es el consumo agrícola, deben tener unos
efectos multiplicadores en términos absolutos mucho más importantes
que los de las otras medidas de fomento del ahorro que, aunque se
deben sostener, quizá no puedan tener el mismo resultado y la misma
rentabilidad.
Por eso, el Plan hidrológico nacional ha priorizado entre sus
inversiones la cantidad de más de un billón de pesetas, exactamente
un billón 23.345 millones de pesetas, para modernización de regadíos
y, en definitiva, para fomentar de forma prioritaria esas políticas
de ahorro que garanticen un concepto integral del uso del agua. En
este mismo ejercicio presupuestario, la dotación económica para este
cometido es de 107.668 millones, que prácticamente duplica la del año
anterior, que fue de 54.460 millones.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA FRANCISCA POL CABRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL VOLUMEN
DE RESERVAS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS EN LAS DISTINTAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS, DESPUÉS DE LAS LLUVIAS CAÍDAS EN LOS ÚLTIMOS MESES?
(Número de expediente 180/000552.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula la diputada
doña Francisca Pol.
La señora POL CABRER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, España es un país que sufre sequías periódicas -así
pudimos observarlo el pasado año, sobre todo- y el agua es un recurso
fundamental y está irregularmente repartida. A pesar de la elevada
pluviometría caída en los últimos meses en buena parte del territorio
español y del aumento de los recursos hídricos disponibles y de las
reservas ecológicas, es importante señalar que la Comisión nacional
del clima, de acuerdo con los modelos climáticos globales, predice
que la situación futura del clima español será ligeramente inferior
en las precipitaciones medias anuales, al igual que el consabido
aumento de las temperaturas. Estos efectos, dependiendo de su
magnitud, podrían dar lugar a una disminución de la escorrentía total
y, por tanto, a una menor aportación de agua a los embalses y a los
ecosistemas acuáticos, generando no sólo problemas de escasez en los
recursos hídricos, sino también problemas ecológicos importantes.
El pasado lunes podíamos observar cómo en la prensa española se daban
unos gráficos de las reservas hidráulicas en los que se veía
claramente que las cuencas eran muy desiguales. No ha llovido igual
en el norte que en distintas cuencas del Duero y del Ebro, pero sobre
todo no ha llovido nada en la parte este de España, por ejemplo en
Almería. Para conocer la situación de las reservas hídricas en todo
el conjunto nacional, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál es el
volumen de reservas existentes en nuestro país en las distintas
cuencas hidrográficas después de las lluvias caídas en los últimos
meses?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pol.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señora diputada, efectivamente, las lluvias -y esto es algo que nadie
pone hoy en cuestión- que se están produciendo en el presente año
hidrológico están aportando importantes recursos al total de nuestros
embalses, pero es cierto, como usted señala, que con una incidencia
desigual en las distintas cuencas. Según el último informe
hidrológico sobre capacidad y reservas de los embalses, la situación
a 13 de marzo es de 41.558 hectómetros cúbicos. El volumen total de
agua embalsada de uso consuntivo es de 25.517 hectómetros cúbicos, lo
cual supone un 71,8 por ciento de la capacidad total. La importancia
de este valor se pone de manifiesto si lo comparamos con los
porcentajes de otro período: en la misma fecha del año anterior, las
reservas eran de un 47,5 por ciento frente a ese 71; la media
de los últimos diez años es del 49,9 por ciento, lo cual evidencia el
considerable volumen de reservas disponibles actualmente.
Sin embargo, quiero destacar, aprovechando su pregunta, que este
excelente año hídrico pone en evidencia una vez más la irregularidad
de nuestro régimen hidrológico y el déficit estructural que padecen
determinadas cuencas. Mientras los valores más altos en cuanto a
reservas se producen en las cuencas del norte, del Duero, del Ebro,
del Guadiana y del Guadalquivir con porcentajes entre el 80 y el 90
por ciento de la capacidad de embalse, en la cuenca hidrográfica del
Segura los embalses están en el 30,7 por ciento de su capacidad, y en
la cuenca del Júcar al 28,5 por ciento. En definitiva, estamos
hablando una vez más de la triste realidad de la España seca y de la
España húmeda, que de nuevo se pone de manifiesto y que reclama
soluciones y exige un plan hidrológico nacional -el nuestro, sí-
valiente, que afronte la solución de los problemas de una vez por
todas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME LISSAVETZKY DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE: ¿TIENE CONOCIMIENTO EL GOBIERNO DE LA EXISTENCIA DE CENTROS
PRIVADOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SIN AUTORIZACIÓN?
(Número de expediente 180/000535.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta número 17,
que formula el diputado don Jaime Lissavetzky.
LISSAVETZKY El señor DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿tiene conocimiento el Gobierno de la existencia de
centros privados que imparten enseñanza universitaria sin
autorización? Simplemente le pido en su primera respuesta dos cosas:
claridad y que no se escude en las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, en primer lugar, el Ministerio no
tiene conocimiento oficial de que se estén impartiendo enseñanzas
universitarias sin autorización. En segundo
lugar, siento no atender a su ruego, pero le tengo que decir que no
tiene que olvidar que, además, las comunidades autónomas son las que,
según la normativa vigente, tienen el control e inspección sobre
estos centros de enseñanza.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Ya me temía yo la segunda parte de su intervención. Muchas veces
hablar de competencias es hablar de incompetencia. Creo sinceramente
que sí existen esos centros, y le pondré algún ejemplo. El sistema de
enseñanza superior es un sistema mixto, público-privado. La LRU
concibe la enseñanza superior como un servicio público y es
obligación de los poderes públicos asegurar la calidad de esa
enseñanza superior. Por tanto, ustedes tienen una responsabilidad,
porque ahora mismo en el sector privado existe un cierto desorden.
Nosotros estamos a favor de las universidades privadas serias, no a
favor de los chiringuitos que, por desgracia, proliferan demasiado en
nuestro país y que algún rector ha calificado de centros de la
señorita Pepis. Por citarle un ejemplo, le mostraría un periódico
nacional del domingo pasado en el que se anuncia una universidad
americana que imparte ingeniería aeronáutica. Esto es publicidad
fraudulenta. Sólo puede impartir estudios de ingeniería aeronáutica
la Universidad Politécnica de Madrid y, dentro de poco tiempo,
espero, la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene que pasar por
el Consejo de Universidades, que depende de ustedes, especialmente de
usted porque lo preside, para que ese título pueda ser homologado.
Este es un ejemplo. Le podría señalar en el mismo periódico algún
otro ejemplo de centro privado, adscrito a una universidad pública de
Madrid, que dice que va a impartir una licenciatura en una
universidad de la Comunidad Valenciana. Hay un desorden, hay un caos,
hay un problema, porque hay una cantidad importante de alumnos y de
padres y madres de alumnos que están sufriendo esa publicidad que es
fraudulenta y engañosa.
Tienen que reaccionar, y usted tiene una responsabilidad. De la
protesta a la propuesta. Elabore, como hemos pedido aquí, un estudio,
un mapa de cómo está la enseñanza superior. Estudiemos entre todos si
hay que mejorar ese decreto de mínimos que regula la calidad de la
enseñanza. Apostemos por esa calidad de la enseñanza, señora
ministra, no esconda la cabeza, no haga la política del avestruz,
porque necesitamos, y usted es ministra de Educación, que se
solucione ya esta situación, porque estamos ahora mismo en un
desorden en el sistema privado de enseñanza que no...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): La preocupación que usted manifiesta, la comparto; la
calificación que hace de esconder el ala o la política de avestruz me
parece sencillamente gratuita e infundada. Como S.S. sabe muy bien, o
debería saber, el Ministerio está trabajando en la elaboración de un
proyecto de ley de universidades que precisamente venga a poner orden
en todo ese sector que la Ley de Reforma Universitaria no puso. Pero
no puso porque entonces no podía ponerlo, porque no había
universidades privadas y este fenómeno no había crecido. Vea la
diferencia de talante. Yo ni siquiera imputo a la LRU, hecha por un
gobierno del partido socialista, que esto no lo haya regulado. No
pudo ser entonces y es obligación nuestra hacerlo ahora. En breve
plazo tendrán en esta Cámara un proyecto de ley de universidades, tal
como he comunicado en diversas ocasiones. Manifieste la opinión, pero
no exprese, cuando no tiene fundamento, afirmaciones gratuitas de esa
naturaleza.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DELDIPUTADO DON FRANCISCO MURCIA BARCELÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN
PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA ESTATALES? (Número de
expediente 180/000543.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don
Francisco Murcia.
El señor MURCIA BARCELÓ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación han supuesto una importantísima transformación de la
sociedad, debiendo adaptarse el sistema educativo a estas nuevas
tecnologías y prepararse para la sociedad de un futuro que ya está
aquí. La creación de campos virtuales en el ámbito universitario o el
desarrollo de las aplicaciones multimedia en los centros de enseñanza
deben suponer importantes cambios en el sistema educativo. El reto
que se nos plantea es el de saber construir una sociedad de justicia
y progreso mediante la creación de una auténtica sociedad del
conocimiento, apoyada en toda la riqueza de la diversidad cultural y
teniendo en cuenta que el objetivo esencial de la educación es formar
ciudadanos
independientes mediante la integración social y el desarrollo
personal. En este sentido, es evidente que las nuevas tecnologías de
la comunicación son un medio excelente para tales fines. Me consta,
señora ministra, que, siendo conscientes desde su Ministerio del
valor estratégico de las citadas tecnologías y de la importancia que
ellas tienen, han priorizado y han intensificado acciones en este
sentido y ampliado el campo de actuación en esta área.
Dicho todo esto, y a la vista de la importancia del asunto y el
interés que para este diputado, por supuesto, tiene el mismo, le
pregunto acerca de la información que pueda facilitarnos sobre la
implantación de las nuevas tecnologías en los centros de enseñanza
estatales prevista por el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Murcia.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, aparte de los proyectos Aldea
Digital, dirigido a las zonas rurales, y Mentor, dirigido a la
formación de adultos a través de las nuevas tecnologías,
específicamente de la página web del Ministerio, que ya están en
marcha, el Gobierno va a promover e impulsar el uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación en educación, como
ya se ha informado en reiteradas ocasiones, a través del plan de
acción Info XXI, y en concreto mediante la primera medida del plan
denominada Internet de la enseñanza. Las actuaciones se ejecutarán en
tres años, 2001, 2002 y 2203. Durante este primer año se van a llevar
a cabo los estudios técnicos y la planificación detallada de las
actuaciones, a través de la conferencia sectorial de educación y de
los grupos de trabajo de ella dependientes que se creen a tal efecto.
En este marco de actuación, mi departamento, en colaboración con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene la voluntad decidida de
impulsar una serie de acciones destinadas a apoyar la integración de
las nuevas tecnologías en las aulas de los centros escolares. En
concreto, las medidas que contemplamos son: facilitar la compra de
equipamiento informático y de comunicaciones destinadas a centros
escolares; promover la instalación de redes de área local en las
escuelas e institutos que posibiliten la creación de Intranet en los
centros; colaborar -y de manera importante en este caso, porque es un
punto crucial- en mejorar el ancho de banda de las líneas de acceso a
Internet y propiciar su uso con finalidad educativa; impulsar los
planes de formación del profesorado en la utilización de herramientas
de la sociedad de la información y en su uso como instrumentos
pedagógicos; y, por último, crear y desarrollar materiales
interactivos de apoyo a la docencia directa en el aula, si éste es el
caso, y en soporte
multimedia que sea también accesible por Internet. Todas estas
medidas van a permitir al Ministerio además un proyecto global de
creación de un gran portal educativo y cultural que será presentado
próximamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DELDIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIAI UNIÓ), QUE FORMULAA LA SEÑORA MINISTRA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO APROBAR EL
PROYECTO DE LEY SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO? (Número de expediente
180/000539.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, dirigida a la señora
ministra de Ciencia y Tecnología, que formula el diputado don Jordi
Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el pasado 18 de enero desde su Ministerio de Ciencia
y Tecnología se daba a conocer un nuevo borrador de anteproyecto de
ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio
electrónico. Ya el año pasado se conocía también otro borrador de
este anteproyecto de ley y una directiva de la Unión Europea del año
2000 nos obliga también a legislar en este ámbito. Ante la gran
expectativa que esta próxima normativa está despertando en todos los
sectores, le pregunto, señor ministra, cuándo tiene previsto su
Ministerio y su Gobierno presentar ante esta Cámara el nuevo proyecto
de ley de comercio electrónico.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, este proyecto de ley de los servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico será presentado como muy tarde
antes de que concluya el actual período de sesiones. Se realiza en el
marco de un conjunto de actuaciones, cinco instrumentos básicos, como
es este propio marco normativo, los programas de innovación
tecnológica y nuevos servicios, los programas para el desarrollo de
las pymes y los empresarios individuales, la introducción de las
nuevas tecnologías en la difusión a nivel de la sociedad para
fomentar la demanda, así como un marco fiscal que favorezca la
presencia de las empresas en la red y los ordenadores en las
familias.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora ministra, le agradezco su respuesta.
Le agradezco también que nos concrete este plazo: antes de finalizar
el actual período de sesiones. Señora ministra, este va a ser un
proyecto de ley de gran importancia, en el que todos los grupos
parlamentarios deberemos participar en la mejora de su contenido. El
proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico va a cambiar la concepción que tenemos todos de
las transacciones comerciales. Abrirá nuevas oportunidades a muchas
personas que viven en núcleos aislados y que van a tener en sus
casas, a través de Internet, una variada y extensa oferta comercial
que ahora no tienen.
Va a ser un proyecto de ley importante. Por medio de él perfilaremos
muy bien la seguridad jurídica en este ámbito -aquí está también el
ministro de Justicia-, la protección de los derechos de los
consumidores y la de los datos personales. Debemos crear confianza en
este proyecto de ley. La nueva normativa será una normativa moderna;
seremos uno de los países pioneros en Europa en esta cuestión y
tendremos, por tanto, la oportunidad de ser punto de referencia en
esta legislación. Yo le ofrezco ya la colaboración de mi grupo
parlamentario para intentar hacer un buen proyecto de ley con el
consenso de todos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, le agradezco su colaboración. Efectivamente, este proyecto
de ley es clave, tanto por la importancia económica que este medio
tendrá en el futuro, puesto que a través de él se realizarán la mayor
parte de las transacciones comerciales en el mundo, como por la
capacidad del mismo para cambiar las reglas actuales que rigen el
marketing, la comercialización, la organización de las empresas y la
cadena de valores de muchos sectores. Además, nuestros ciudadanos
tendrán acceso a él sea cual sea su ubicación física o territorial
o su capacidad de acceso a la información en el momento actual; en
definitiva, tendrán la posibilidad de acceder a unas oportunidades
globales y ello supondrá la mejora de su bienestar y de su calidad de
vida.
Todo esto ha planteado la necesidad de que el proyecto de ley fuera
más allá incluso de los requisitos de la directiva comunitaria y nos
ha llevado a abrir un proceso de consulta pública que empezó en
octubre de 2000. Con ello el texto ha sido mejorado y espero que
continúe siéndolo. Ahora está a falta de los trámites
finales para entrar en este Parlamento. Coincido, por tanto, con
usted y le agradezco su colaboración.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ALBERTO FIDALGO FRANCISCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES: ¿PIENSA TOMAR MEDIDAS EL MINISTRO DE TRABAJO POR LA
SUCESIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN LA
UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN VARIAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000531.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la número 13, que
formula el diputado don Alberto Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señora presidenta, señor ministro de
Trabajo, ¿cuál es la respuesta del Ministerio de Trabajo a la
sucesión de prácticas posiblemente fraudulentas en la gestión y
utilización de los fondos de la Unión Europea que dedica nuestro país
a la formación y mejora del empleo?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fidalgo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, ateniéndome a lo que es su pregunta, el Gobierno español
desea mantener -y lo ha hecho público recientemente en Bruselas-, y
si es posible perfeccionar, los mecanismos de control, que son en
este momento perfectamente comparables a los de cualquier otro Estado
miembro y que se mueven en unos márgenes de eficacia igualmente
comparables, como ha sido reconocido por las autoridades europeas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor ministro, sin embargo, asistimos a
la proliferación en los últimos tiempos de casos de posibles
irregularidades en la gestión de estos fondos; ha ocurrido en cinco
comunidades autónomas. Yo le aseguro que en Galicia la ciudadanía
asiste indignada a la posible desviación de los fondos destinados a
la formación otorgados por la
Xunta a la Confederación Empresarial Gallega -más de 3.200 millones,
en este caso- y utilizados por ésta para actividades particulares.
Llama la atención que este caso haya aparecido con la dimisión del
presidente de la patronal gallega, señor Ramiro, que ha dejado un
agujero de 1.000 millones, un rosario de facturas duplicadas y mucho
agradecimiento a la Xunta. Su presidente, señor Fraga, ha admitido
que pudo haber desvío de fondos pero de poca importancia, en la línea
oficial de considerar cositas cualquier enterramiento de vacas o
descontrol en la concesión de subvenciones oficiales.
Un trasfondo similar aparece en otras comunidades autónomas, siempre
donde el Partido Popular tiene responsabilidades y en conexión con
empresarios ligados al Partido Popular. Algo huele a fango en estos
fondos y la Fiscalía Anticorrupción, que está en ello, así lo
acredita.
Nos jugamos cosas importantes en este asunto: el tratamiento serio y
riguroso del problema del desempleo y de la calidad del trabajo, la
transparencia y la credibilidad de nuestras instituciones y
administraciones y la capacidad de nuestro Gobierno para garantizar
ante la Unión Europea el uso adecuado de estos fondos. Deje el
Gobierno, pues, de levitar y afronte con decisión los problemas de
este país, que no se merece ni el desprecio de las cositas ni la
petulancia de inútiles cuestiones sucesorias. Gobiernen ustedes, que
para eso les han elegido; pero gobiernen para todos y no sólo
favoreciendo a los amigos, como han hecho hasta ahora.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fidalgo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, presidenta.
Podemos coincidir en algunas cosas. No creo que sea bueno dibujar una
imagen de uso fraudulento generalizado por parte de España del Fondo
Social Europeo. No sé si esa es la imagen que S.S. desea trasladar.
Tampoco creo que coincidamos en que usted considere sistemáticamente
ineficientes a todas las administraciones que realicen el control y
la auditoría de cuentas, y me permito recordar que, aunque los fondos
proceden del Fondo Social Europeo, son cada una de las
administraciones las que con sus instrumentos de control hacen esa
primera supervisión de la corrección tanto jurídica como financiera.
Las cantidades, que sin duda ninguna serán llamativas y que
responderán al ánimo de seguir ese manual de busque usted escándalos
desesperadamente, no han llegado ni siquiera al uno y medio por mil
de las ayudas, de las subvenciones de los fondos gestionados en este
quinquenio por el Fondo Social Europeo en España.
Insisto, si usted quiere poner en duda la profesionalidad de
quienes precisamente son los primeros interesados en esclarecer estas
situaciones, que le sirva de ejemplo Madrid, donde quien se ha
personado en los tribunales con ánimo de esclarecimiento ha sido el
Instituto Madrileño de Formación.
Si usted me dice que los únicos que están haciendo acciones intensas
de seguimiento de estos fondos son ciertas administraciones, podemos
coincidir. Si me dice que dibuje, a partir de unas cifras que no
llegan -teniendo importancia de la primera a la última peseta- al uno
y medio por mil, una imagen generalizada de utilización fraudulenta
por parte de España del Fondo Social Europeo, le digo que se hará un
flaco favor a los fines que se atienden, no le digo ya a este
Gobierno sino a la atención de los parados, la atención de colectivos
en dificultad, a las múltiples acciones que se están financiando en
España con cargo al Fondo Social Europeo, y en eso será más difícil
que coincidamos.
Sabe que el principio de subsidiariedad obliga además a eso, a que
sean las administraciones que utilizan los fondos las que realmente
pongan en marcha los controles, y permítame que no actúe por
presunción de incorrección ni de falta de profesionalidad de ninguna
otra administración; creo que no es esa mi función, máxime cuando
muchas de esas unidades de control son las mismas que estaban
funcionando y que han funcionado con gobiernos de distinto signo, lo
cual me parece que nos debe llevar a no poner en cuestión la calidad
de estos trabajos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ CANTIDAD (MILLONES DE
PESETAS) HA RECAUDADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA LAADMINISTRACIÓN
DELESTADO DURANTE ELEJERCICIO DEL AÑO 2000 POR LA APLICACIÓN DEL
PORCENTAJE LEGALMENTE ESTABLECIDO A LA BASE DE COTIZACIÓN PARA LA
FINANCIACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL? (Número de expediente 180/
000537.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula el diputado don
Iñaki Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, ¿cuántos millones han
recaudado en el año 2000 en la Comunidad Autónoma Vasca para la
formación profesional continua y ocupacional, señor ministro?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Según los últimos datos obrantes son 12.721 millones de pesetas los
que se han recaudado para unos fondos que, como usted sabe, atienden
fines muy variados dentro de lo que es el ámbito de la formación
profesional y la mejora de la ocupación y de la ocupabilidad de
nuestros trabajadores.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Txueka.
El señor TXUEKAISASTI: Si le he escuchado bien ha dicho que unos
12.000 millones de pesetas. O sea que con un cálculo del 50 por
ciento para la formación continua serían unos 6.000 millones de
pesetas lo que los empresarios y trabajadores de Euskadi han aportado
para su formación continua. Pues bien, sólo han recibido de vuelta
1.550 millones, es decir, menos del 25 por ciento de lo que hemos
aportado, o sea de cada cuatro pesetas una.
Señor ministro, aunque esta sea ya la tercera pregunta que le dirijo
por este motivo, cada vez le entiendo menos, porque yo ingenuamente
creía que las leyes son para cumplirlas. El porcentaje se establece
por ley y se descuenta en la nómina, con lo que los empresarios y
trabajadores sí cumplen religiosamente la ley. La financiación de la
formación le corresponde al Estado por ley, que para eso lo cobra
directamente de las nóminas, y se supone que lo ha de gastar en la
formación continua como también dice la ley. Pues no. Usted por lo
visto tiene patente de corso porque practica fraude de ley,
mínimamente del espíritu de la ley, con lo que ha obligado al
Gobierno vasco, en representación de los trabajadores y empresarios
de Euskadi, a requerirle e interponerle un contencioso-
administrativo.
Señor ministro, como usted sabe, está en marcha la campaña del norte,
por lo que me imagino que usted también nos visitará. Pues bien,
humildemente le propongo un inicio para sus mítines: usted puede
comenzar diciéndoles a los trabajadores y empresarios de Euskadi que
usted es el responsable de que 5.000 millones de pesetas que han
pagado en el año 2000 para su formación se los ha quedado y que
durante el año 2001 les promete otro tanto de lo mismo. Resumiendo,
que durante los cuatro años de su legislatura les va a escamotear
18.000 millones de pesetas que han pagado de su bolsillo. ¡Ah! Puede
finalizar sus mítines diciéndoles que lo hace para bien de los
vascos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Txueka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señoría, espero haber entendido mal el que yo me
he quedado con una sola peseta pública. Es lo primero que me ha
sonado muy mal y le digo que va más allá de eso que llama usted
la campaña del norte, que desde luego tiene un tono más bélico que
electoral; permítame que se lo diga.
Es la tercera vez, efectivamente, que hablamos de este tema. Vuelve a
dibujar usted una imagen que es absolutamente inexacta, absolutamente
falsa: la de que solamente hay posibilidad de financiar acciones
formativas para trabajadores, para empresarios en el País Vasco, a
través de la fundación Obetus. Eso es absolutamente falso e incierto.
Tal y como usted reconocía, son mayores los recursos que moviliza el
plan FIP, son más de 5.000 millones; tal y como usted reconocía, este
Ministerio ha remitido a la fundación Obetus más de 1.500 millones y
tiene presupuestados más de 2.500 también para este ejercicio. ¿Cuál
es el que yo creo que es el problema para usted? Que usted no
entiende que no se pueda utilizar otra ventanilla que la Obetus. Yo
quiero que sea una opción que puedan ejercer libremente las empresas
vascas. Para usted debe ser una obligación y no debe haber otro
circuito, sus razones tendrá para pretenderlo. Permítame que le diga
otra cosa. En cuanto a las cotizaciones, felizmente para todos, en
este momento puede hablarse incluso de un excedente de cotizaciones
en todos los ámbitos, pero no hace ni siquiera cuatro años el País
Vasco no era capaz de dar cobertura a sus propias prestaciones de
jubilación y de incapacidad. ¿Cuál es su tesis? ¿Que hay que
ajustarse estrictamente a los ingresos en todos los supuestos? ¿Es su
tesis que si se produce un déficit de cotizaciones haya que hacer una
reducción de las pensiones en el País Vasco? Me gustaría saber si esa
es su tesis. En este caso estamos hablando de la solidaridad no entre
territorios, porque para eso ya están las haciendas territoriales,
las haciendas forales, las haciendas locales y la nacional, sino que
estamos hablando de una solidaridad entre personas, entre
generaciones y entre sectores. No es lo mismo, sé que a algunas
personas les cuesta mucho entenderlo, pero no me lleve usted a la
tesis de que en todo momento el País Vasco tenga que adaptarse a sus
ingresos por cotizaciones porque en algún momento hubiese supuesto
reducción efectiva de las pensiones en el País Vasco. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ZOILA RIERA I BEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULAAL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO YASUNTOS SOCIALES: ¿PARACUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LA
DETERMINACIÓN REGLAMENTARIA DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A LOS
INTEGRANTES DEL EXTINGUIDO RÉGIMEN DE PREVISIÓN DE LOS MÉDICOS DE
ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA Y DE ACCIDENTES DE TRABAJO? (Número de
expediente 180/000538.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula la diputada
doña Zoila Riera.
La señora RIERAI BEN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en el año 1953 el Ministerio de Trabajo dictó una
orden en la que se acordaba que la mutualidad de previsión social
Previsión Sanitaria Nacional, adscrita al Consejo General de Médicos,
sería la encargada de cubrir la prestación de jubilación de los
médicos que trabajan en las entidades de aseguramiento sanitario
libre y en las mutuas de accidentes de trabajo. Para cubrir esta
prestación las entidades citadas tenían la obligación de retener el
12 por ciento de los honorarios de los médicos y abonarlos como cuota
a la entidad Previsión Sanitaria Nacional. Apesar de que por ley esta
entidad tenía la obligación, cada cinco años, de remitir un estudio
detallado de cómo estaban sus provisiones técnicas para cubrir las
obligaciones contraídas y de que daba síntomas de no ser merecedora
de garantía, no fue hasta el año 1994 que, ante las cada vez más
fundadas sospechas de que no cumplía con los requisitos de solvencia
exigidos, fue intervenida por la Administración y se transformó en
mutua de seguros, dependiente, por tanto, de la Dirección General de
Seguros. Pero tampoco esta medida sirvió para recomponer el
equilibrio técnico y garantizar la solvencia de la entidad. En 1997,
los administradores nombrados por la Dirección General de Seguros
comunicaron a los afiliados, a los mutualistas, que dejarían de
cobrar las pensiones sencillamente porque no había fondos. Esto sí
que ha sido exacto, ya que desde el mes de noviembre de 1997 ningún
beneficiario ha cobrado la prestación por la cual había cotizado
durante tantos años.
A instancias de mi grupo parlamentario, la Ley 50/1998, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, también llamada de
acompañamiento, dispuso que el Gobierno, en el plazo de seis meses,
presentaría ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda un
informe relativo a las posibles soluciones al respecto. No se
cumplió. En el ejercicio siguiente, la misma Ley de acompañamiento,
la número 55/1999, volvió, también a instancias de mi grupo
parlamentario, a aprobar en la disposición adicional decimoctava que
en el plazo de seis meses el Gobierno debía dictaminar los derechos
afectados.
Señor ministro, mi pregunta es la siguiente: ¿Piensa el Gobierno,
además de manifestar su buena disposición, cumplir los mandatos que
se derivan de las leyes que he citado? Si la respuesta es afirmativa,
como supongo, ya que la ley obliga a todos, ¿cuándo?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Riera, como sin duda sabe, en la resolución de este problema,
que es complejo, se trata de que unas personas puedan ser integradas
en el régimen de la Seguridad Social en condiciones iguales a otros
colectivos que, provenientes de ciertos sectores en crisis, han
debido ser integradas, y eso supone tener que abonar los costes de la
integración. Se trata de que no se excedan lo que son las normas
generales de concurrencia de pensiones públicas y privadas y se
trata, evidentemente, de trabajar sobre censos que sean fiables,
porque al fin y al cabo estamos atribuyendo derechos y fondos
públicos. ¿Eso depende del Ministerio de Trabajo en exclusiva? No.
¿De la Secretaría de Estado de la Seguridad Social? No. Tristemente,
la Previsión Sanitaria Nacional, que es la entidad que trae causa, ha
aportado en sus documentos el censo de los pasivos el 29 de noviembre
del año 2000, y el censo de activos en situación de alta y de baja
fue comunicado el 17 de enero de 2001.
Con la mayor rapidez y diligencia posible, hemos podido estimar el
volumen global de recursos que deberían ser aportados para producir
esta integración, y nos encontramos con un problema que tampoco está
bajo nuestra directa órbita y en el que desde luego vamos a colaborar
porque es importante: que el coste que deba asumir Previsión
Sanitaria Nacional no rompa el resto de la labor asistencial y
protectora que realiza esta entidad, que también es digna de
protección. Por esto, estamos pidiendo ya, tanto a la Dirección
General de Seguros como al Ministerio de Economía, que nos auxilie en
la asignación del pago de estos costes de integración. Como decía
antes, confío en que una vez que hemos dispuesto de todos los datos
-y eso sí que ha sido, como decían los clásicos, por causas
claramente ajenas a nuestra voluntad pues no hemos dispuesto de los
datos hasta enero de 2001-, podamos activarlo. Espero que a lo largo
de este ejercicio no sea necesario, como usted decía, tener que
recurrir a ninguna nueva ley de acompañamiento. Comprendo no
solamente la dificultad sino también el enfado de algunas personas,
pero espero que se entienda que no es íntegramente imputable al
Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL PRIM TOMÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES ESTÁ REALIZANDO
EL GOBIERNO PARA FAVORECER LA EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS ESPAÑOLES?
(Número de expediente 180/000546.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
En primer lugar, la número 26, que formula el diputado don Miguel
Prim.
El señor PRIM TOMÁS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la exportación de frutas y hortalizas en nuestro país
superó el año pasado, por primera vez, el billón de pesetas. Es,
señorías, una buena noticia. Ello supuso el 6,5 por ciento de aumento
respecto a 1999. El total de frutas exportadas en 2000 fue de
5.200.000 toneladas, con una valoración de 545.000 millones de
pesetas. La primera especie importante fueron los cítricos, con
3.200.000 toneladas, lo que supuso más de 315.000 millones de
pesetas. Los 3.200.000 toneladas, que son algo más de la mitad de la
producción total española, supuso todo un récord en la exportación de
cítricos, de ellas 2.500.000 fueron remitidas a países de la Unión
Europea y 700.000 a países terceros. Es muy significativo apuntar que
son ya 65 países los que, en más o menos cantidad, reciben nuestros
cítricos, lo cual es señal inequívoca de la capacidad exportadora
española.
Además de la importancia que tiene el mercado de la Unión Europea
para nuestros agrios, habrá que tener en cuenta ese tonelaje remitido
a países terceros, donde Polonia, Estados Unidos, Rusia, Hungría,
Chequia, etcétera, son ejemplos de países a contemplar. Ciertamente,
Estados Unidos recibe unas 90.000 toneladas de clementinas y limones,
y en cuanto a Rusia, si de momento sólo importa nuestros limones, se
prevé a corto plazo la introducción de naranjas y clementinas. Habrá
que seguir muy de cerca países como Polonia o Hungría, que deberán ir
a más en importación de nuestros cítricos, sin ocultar la
satisfacción de que por primera vez se han enviado frutas a Nueva
Zelanda y a Australia.
Es evidente que la diversificación en el envío de nuestros cítricos
es fundamental, pero también es evidente que nuestros cítricos están
ganando un lugar importante fuera de nuestras fronteras. Es por ello
por lo que preguntamos al Gobierno: ¿Qué acciones está realizando
para favorecer la exportación de cítricos españoles?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Prim.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA YALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, como ha señalado S.S. con los datos que ha facilitado
a la Cámara, las exportaciones de cítricos, tanto a países de la
Unión Europea como a terceros países, han experimentado un importante
incremento
desde 1998, batiéndose el récord de exportación en la última
campaña. Para la próxima campaña esperamos comercializar además
clementinas salustianas en Japón, mercado que ha mostrado su interés
por estas variedades.
Para favorecer estas exportaciones, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que en un principio había dirigido las campañas
de promoción hacia el mercado nacional, realizó campañas de promoción
en los países de la Unión Europea ante el descenso apreciado en el
consumo de cítricos frescos, sobre todo de naranjas y clementinas,
principalmente entre el público más joven y su negativa repercusión
en las ventas. Las campañas se realizaron en los países con mayor
potencial de consumo, como Alemania y Reino Unido, y en el resto de
países menos consumidores, pero con potencial de crecimiento alto,
como Austria, Irlanda, Suecia, Finlandia, Holanda, Bélgica y
Dinamarca. El público objetivo de estas campañas es el ama de casa
con hijos en edad infantil, pero también los escolares y el sector de
la distribución. La estrategia fue aumentar el consumo de fruta
fresca y modernizar su imagen en todos los aspectos. Estas campañas,
cofinanciadas con la Unión Europea en un 60 por ciento y aportando el
sector un 40 por ciento, han duplicado su presupuesto. En el año
1998-1999 se destinaron 342 millones de pesetas y en la campaña 2000-
2001, 767 millones. Además, el ICEX viene cofinanciando con el sector
campañas dirigidas también a los Estados Unidos. Con la puesta en
marcha de los nuevos reglamentos de la Unión Europea, de promoción de
productos agroalimentarios en terceros países, estas campañas se van
a hacer también en estos mercados, con un gran potencial de consumo,
en las que el Ministerio de Agricultura participará con una
financiación del 20 por ciento.
Por último, quiero señalar que, por la Orden de 29 de septiembre de
1999 se extendió al conjunto del sector de la naranja y mandarina, de
la clementina y satsuma, en fresco, y a propuesta de la
interprofesional Intercitrus, el acuerdo de ésta de fijar al inicio
de cada campaña la aportación económica del sector y los operadores
comerciales. Esta orden estableció para la campaña 1999-2000 una
aportación obligatoria de 0,2 pesetas/ kilo, correspondiendo 0,1 al
vendedor y 0,1 al comprador; para la campaña 2000-2001 se ha
establecido la misma aportación económica, y para el caso específico
de clementinas exportadas a Estados Unidos, una adicional de una
peseta/kilo para operadoras comerciales.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PÍO PÉREZ LASERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES ESTÁ
LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA FAVORECER LA EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000547.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula el diputado don
Pío Pérez.
El señor PÉREZ LASERNA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en la última sesión de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca se vio una proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa a los productos ecológicos y a
su inclusión en el futuro libro de agricultura. Unánimemente, por los
grupos presentes en la sesión, se reconoció la importancia que este
segmento de la agricultura puede llegar a representar para nuestro
país, dadas las condiciones climáticas favorables que disfrutamos.
Pese a ser todavía pequeño el porcentaje de hectáreas dedicadas a
este tipo de cultivos, el incremento que se está produciendo, de
triplicar la superficie en tan sólo cuatro años, nos da una idea del
potencial que puede alcanzarse. Evidentemente, estos aumentos se ven
respaldados por unas demandas que van creciendo al mismo ritmo y que
mayoritariamente proceden del resto de los países de la Unión.
Por ello, y porque desde nuestro grupo pensamos que si algo bueno
-sólo algo bueno- tienen las crisis ganaderas que estamos padeciendo
en estos momentos, que es el progresivo desplazamiento de los
consumidores hacia la compra y exigencia de alimentos de elevada
calidad, algo que estos productos sí que certifican, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Qué acciones está realizando el Gobierno para
favorecer la exportación de los productos ecológicos españoles?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCAYALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora presidenta.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su vertiente
de promoción alimentaria exterior, y como supervisor y coordinador de
la participación de empresas nacionales en salones, ferias y
exposiciones internacionales, subvenciona desde hace cuatro años la
participación de las empresas nacionales y comités de agricultura
ecológica autonómicos en la feria internacional de alimentos
ecológicos más importante, la Biofach, cuyo certamen se celebra
anualmente en Nuremberg y en la que tienen gran aceptación los
productos españoles. La subvención concedida por el Ministerio para
la participación de estas empresas se ha incrementado notablemente.
Así, desde 1998, cuando la participación
española fue pequeña, tanto a nivel autonómico como
empresarial, con una subvención de 3,5 millones de pesetas, se ha
pasado en 1999 a coordinar y a apoyar la participación de 10
comunidades autónomas y 40 empresas, con una subvención de 15
millones de pesetas; en el año 2000, a 13 comités ecológicos de 13
comunidades autónomas y 48 empresas, con una subvención de 21
millones de pesetas, y en este año 2001 han participado, en el pasado
mes de febrero, 14 comunidades autónomas y 80 operadores, con una
subvención de 32,5 millones de pesetas.
En la feria Biofach de este año se fomentó la participación del
consumidor mayorista y se facilitó la contratación directa, se
instauró un premio al mejor aceite de oliva virgen ecológico, aparte
de los tradicionales premios a los vinos ecológicos. Los productos
ecológicos nacionales, entre los que se incluye una variedad de
productos, como los plátanos canarios, aceites de oliva virgen de
Andalucía, Cataluña, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha,
vinos, turrones de Alicante y Murcia, quesos, pimientos, ajos, miel y
almendras, tienen gran aceptación en el mercado alemán y su potencial
de expansión en este país, como en otros países europeos, va en
aumento. Además, el Ministerio elabora un folleto con los datos de la
agricultura ecológica en España, en el que aparecen todos los comités
de control en alemán, inglés y castellano.
España está situada entre los líderes europeos en producciones
ecológicas, en tercera posición, tras Italia y Alemania y por delante
de Francia. La superficie dedicada a la producción ecológica se ha
triplicado en los últimos cinco años, pasando de 103.743 hectáreas en
el año 1996 a 380.000 en el año 2000. La mayor superficie corresponde
a Extremadura, con 170.000 hectáreas, seguida de Andalucía con
69.000, y de la Comunidad Valenciana con 613. El número de operadores
ha aumentado en cinco años, pasando de 2.401 a 14.040.
España ha sido uno de los primeros países en regular este tema...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA REYES COSTAS MANZANARES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA LA CREACIÓN DE UN
ESPACIO COMÚN DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/000551.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Justicia, la número 31, que formula la diputada doña María Reyes
Costas.
La señora COSTAS MANZANARES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, el Consejo Europeo extraordinario
celebrado en Tampere, en octubre de 1999, supuso un importantísimo
hito en la construcción del espacio europeo de libertad, seguridad y
justicia, que era una de las asignaturas pendientes de la Unión
Europea. Allí se fijaron unas prioridades y unos objetivos para las
relaciones exteriores en el ámbito de la justicia y de los asuntos de
interior. En noviembre del año 2000, España e Italia firman un
tratado de cooperación judicial por el que ambos países se
comprometen a reconocer mutuamente las decisiones de los tribunales
respectivos y a la entrega inmediata de los detenidos, en
determinados casos. Esta iniciativa entre España e Italia significa
la puesta en marcha real de una dinámica imparable hacia la creación
de un espacio de justicia común en la Unión Europea.
Por ello, señor ministro, le pregunto: ¿Qué actuaciones está llevando
a cabo el Gobierno para la creación de un espacio común de justicia?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señoría, efectivamente, desde que el Consejo Europeo de Tampere fijó
como objetivo la creación de un espacio común de libertad, seguridad
y justicia el Gobierno ha trabajado decididamente, por la
trascendencia evidente que esto tiene dentro del marco de la Unión
Europea, para su rápida consecución. Las actuaciones del Gobierno se
han desarrollado, por una parte, en el ámbito multilateral, con su
participación activa en las iniciativas que se han ido adoptando en
los consejos de ministros de Justicia e Interior, celebrados desde
entonces en la Unión Europea. En este ámbito, cabe destacar los
programas de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, tanto
en materia penal como en materia civil y mercantil, entre ellas las
aprobadas el pasado día 30 de noviembre, que tienen una especial
relevancia.
Por otra parte, en el ámbito bilateral hemos estado estudiando con
cada uno de los países de la Unión Europea con los que hemos tenido
posibilidad de entablar este diálogo la forma de superar el
procedimiento clásico de extradición que, en ocasiones, dificulta la
persecución efectiva de los delitos. Los avances logrados desde el
punto de vista bilateral son muy significativos y el primer paso lo
constituyó la creación de un grupo de trabajo hispano-italiano que
concluyó con el tratado firmado en Roma, el día 28 de noviembre, para
la persecución de los delitos más graves mediante la superación
efectiva del procedimiento de extradición, tratado del que en breve
tendrán conocimiento las Cortes Generales para su ratificación.
Mediante dicho tratado
ambos países se convierten en pioneros en la creación de ese
espacio común de justicia y de libertad por el que usted me pregunta.
Este tratado establece un sistema ágil, efectivo y ejecutable de
entrega judicial de las personas buscadas en los delitos más graves,
como son terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de
estupefacientes y de armas, trata de seres humanos y abusos sexuales
de menores.
Este tratado fue recogido por la Unión Europea y, como SS.SS. saben,
la Comisión lo ha hecho suyo. Se está trabajando en esa dirección y,
sin embargo, en el ámbito bilateral continuamos con acuerdos con
Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido. Es decir, trabajando
intensamente para la creación de ese espacio judicial común.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUIN CALOMARDE GRAMAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ALCANCE TIENE
LA DENOMINADA «OPERACIÓN PENTÁGONO» SOBRE LA QUE EL MINISTRO DE
DEFENSA SE HA EXPRESADO RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/
000549.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Defensa. En primer lugar la número 29, que formula el diputado don
Joaquín Calomarde.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, hace algunas semanas,
también en sesión de control, el señor ministro de Defensa informó a
esta Cámara sobre la denominada operación Campamento, relacionándola
con principios esenciales en la gestión de las infraestructuras del
Ministerio de Defensa, y, a su vez, mencionó la posibilidad de la
agrupación de los tres cuarteles generales del Estado Mayor de la
Defensa y del propio Ministerio en un centro común, del que pronto se
habló como Pentágono español. Todo ello está inspirado en los
principios que deben auspiciar el nuevo modelo de las Fuerzas Armadas
profesionales, criterios acordes con las doctrinas de acción conjunta
que garanticen la consideración y eficacia en el desempeño de los
cometidos de dichas Fuerzas Armadas. Para facilitar la aplicación de
esos criterios, conviene superar la dificultad que en ocasiones
representa la dispersión de los cuarteles generales y de los órganos
centrales. Es, por tanto, necesario dotarse de una cadena de mando
ágil, flexible, racional y eficaz para poder ejercer su misión en
términos de eficacia y austeridad, a la vez que dotarse de unas
instalaciones desde donde se pueda hacer el mejor uso de los actuales
recursos.
Consciente de la repercusión que esta agrupación pueda tener para el
funcionamiento del propio Ministerio de Defensa en un futuro, le
formulo la siguiente pregunta: ¿Qué alcance tiene la denominada
operación Pentágono, sobre la que el ministro de Defensa se ha
expresado recientemente?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calomarde.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde):
Gracias, señora presidenta; gracias, señor Calomarde.
En efecto, hay que desglosar la llamada operación Pentágono de lo que
se conoce como operación Campamento, puesto que la operación
Pentágono responde a la necesidad de dar una sede y una proyección de
futuro a uno de los compromisos básicos del presidente del Gobierno
ante esta Cámara en el momento de la investidura, que no es otro que
la potenciación de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, el eje
por el que ha de transcurrir el futuro de los tres ejércitos en el
siglo que ahora comienza. Así, se ha señalado en la directiva 1/2000
por el propio presidente del Gobierno como un principio básico de
actuación que ha de integrar las capacidades específicas de los tres
ejércitos.
Por lo demás, responde a la necesidad de racionalizar las estructuras
e infraestructuras de Defensa, política que también constituye una de
las ideas directrices que figuran en la directiva 1/2000, así como en
la 1/1996. Se trata de lograr una organización no redundante, que
además aproveche el establecimiento de lo que actualmente son los
cuatro cuarteles generales, tres de los ejércitos y uno del Estado
Mayor de la Defensa.
Tenemos el ejemplo de los Estados Unidos, no precisamente como
ejemplo arquitectónico, señorías, sino de integración de la toma de
decisiones y del desarrollo de la acción conjunta de los ejércitos.
Ellos fueron capaces, en plena segunda Guerra Mundial, de realizarlo
en un periodo de algo más de un año. No es ése el objetivo del
Ministerio que, a efectos de integrar los correspondientes estudios,
ha constituido un grupo de trabajo que presidirá un teniente general
o almirante y oficiales generales de los tres ejércitos, que antes
del 31 de diciembre del presente año habrán de presentarme un
estudio, que tendré oportunidad de traer a la Cámara en el
subsiguiente periodo de sesiones, que se detenga en los modelos de
organización de los países aliados, la identificación de los órganos
y dependencias concretas que se trasladarán a esa sede única, la
evaluación de la ubicación, con distintas posibles alternativas, no
necesariamente en Campamento, y los requisitos básicos de lo que
sería el proyecto de obra, para lo cual se incorpora como asesor el
director general del Invifas. En cualquier caso, es una decisión
mucho más
que inmobiliaria, que hace visible una nueva filosofía, necesaria
para entender la política de Defensa del próximo siglo.
Gracias, señora presidenta, gracias, señoría.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS ANDRÉS MANCHA CADENAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO SOBRE EL REAL DECRETO PARA LA
FINALIZACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO, QUE APROBÓ EL CONSEJO
DE MINISTROS EL PASADO VIERNES? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/000555.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don
Jesús Andrés Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Defensa, sin lugar a dudas, el real decreto
aprobado el viernes en el Consejo de Ministros marca un hito sin
precedentes en la historia de nuestros ejércitos. Por un lado, recoge
un compromiso electoral del Partido Popular que el presidente del
Gobierno dio a conocer en su discurso de investidura. Por otro lado,
recoge asimismo una demanda social, inalcanzable por anteriores
gobiernos, y significa saludar una sintonía ciudadana que conjuga con
la idea y los beneficios del modelo profesional.
Se ha dicho, con veracidad, que no son más poderosos aquellos
ejércitos que mayor número de soldados presentan sino los que poseen
una mejor calidad de sus armas y un adiestramiento más correcto de
sus hombres. Esta norma aprobada en la reunión del Consejo de
Ministros logra algo más, permite que, por la buena gestión del
Gobierno, concretamente del Ministerio de Defensa, se pueda adelantar
en un año la finalización del servicio militar obligatorio.Bueno es
recordar que la Comisión Mixta Congreso-Senado establecía el plazo de
finalización no más tarde del 1 de diciembre de 2002. Este nuevo
modelo supera a aquel otro anacrónico, añejo y, por supuesto, alejado
de la realidad deseada por los españoles. De esta manera -como así se
señala en los sondeos de opinión-, hoy el 80 por ciento de los
ciudadanos está a favor de la supresión del servicio militar
obligatorio, un tercio más que hace sólo 15 años. Con ello, señor
ministro, señores diputados, finalizan 231 años de historia en uno de
los aspectos más analizados y en los que también existe una mayor
coincidencia. Fue Carlos III quien generalizó el sorteo anual de
quinta por una real cédula de 1770.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular quiere y debe mostrar
su satisfacción al ministro de Defensa por su extraordinaria gestión
e impulso social en el
cumplimiento de esta promesa y le formula la siguiente pregunta: ¿Qué
valoración hace el Gobierno sobre el real decreto para la
finalización del servicio militar obligatorio, que aprobó el Consejo
de Ministros el pasado viernes?
Muchas gracias, señora presidenta y señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mancha.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Muchas
gracias, señora presidenta; muchas gracias, señor Mancha Cadenas.
Su señoría ha señalado con razón que no debe desdeñarse la dimensión
histórica del real decreto que aprobamos en el pasado Consejo de
Ministros poniendo fin, con fecha 31 de diciembre del presente año,
al servicio militar obligatorio. Se ha realizado ahora, por cuanto es
justamente en estos días cuando se esta produciendo la tercera y
última incorporación de quienes fueron sorteados en el último de
tales sorteos de los antiguos reclutas el pasado 8 de noviembre. Se
les ha dado opción para incorporarse en los meses de enero, febrero y
marzo, de forma que terminarán su servicio militar obligatorio
correspondientemente en los meses de octubre, noviembre y diciembre
poniendo así fin, como S.S. ha señalado, a más de 200 años de un
sistema de servicio militar que, en efecto, no es el que mejor
conecta con la sensibilidad social, pero déjeme añadir, señoría, que
tampoco es el más adecuado para la eficacia operativa de unas Fuerzas
Armadas que han de manejar un material muy sofisticado, han de estar
perfectamente adiestradas, equipadas y preparadas para atender a
misiones multinacionales, a misiones más allá de nuestras fronteras
y, en cualquier caso, a la salvaguarda de los intereses de la
seguridad y de la paz, que es la base de la libertad de los
españoles.
En consecuencia, hemos tomado esa decisión y hemos querido al tiempo
rendir homenaje y tributo de gratitud, que creo que comparten la
inmensa mayoría de los grupos de la Cámara, cuya posición puedo
también en honrarme en agradecer en esta sede, dedicando el día de
las Fuerzas Armadas del próximo 2 de junio, a celebrar en Alicante,
con presencia de Sus Majestades los Reyes, a homenajear a los últimos
llamados al servicio militar, a quienes hemos ofrecido además la
oportunidad de poder suscribir tres meses más, que les dotaría de
carácter profesional, permitiéndonos así incorporar las cantidades
presupuestadas para que puedan cobrar un total de 1.200.000 pesetas
quienes hasta hoy -incluso estamos pensando en ampliarlo- vengan
a incorporarse a las filas del servicio militar obligatorio,
transformadas ya y permitiendo así un tránsito en las nuevas Fuerzas
Armadas profesionales.
Muchas gracias, señor Mancha y señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
QUE PERMITAN LA PLENA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE
ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. (Número
de expediente 172/000070.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la adopción de medidas que permitan la plena aplicación de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Barrero. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, señor ministro,
señor Acebes, la interpelación que hoy realizamos desde mi grupo
tiene, como todas sin duda, un fondo importante, fondo al que toda la
Cámara es sensible. Vamos a hablar de una ley en la que creemos,
vamos a hablar de una ley que queremos que se ejecute correctamente.
Vamos a hacerlo, señor Acebes, porque entendemos que la Ley penal del
menor, que esta Cámara aprobó en su momento, es una ley progresista,
moderna, actual, que valora especialmente el interés superior del
menor, en lo que, me imagino, todos estamos de acuerdo. Busca,
además, reparar el daño causado en lugar de la sanción puramente
represiva, busca conciliar al delincuente con la víctima y aspira a
la reinserción de la persona internada por la vía de la educación,
abandonando el sistema carcelario. Nos parece, por lo tanto, una
buena ley y lo es, además, porque acoge principios y valores
socialistas, valores queridos por mi partido y por mi grupo
parlamentario, y convierte en realidad jurídica algunas viejas y
nuevas aspiraciones que nosotros fuimos desgranando en el debate del
Código Penal de 1995, que fijó la mayoría de edad en los 18 años;
aspiraciones como la instrucción del proceso por parte del ministerio
fiscal, la figura del juez de menores como garante de los derechos de
los menores, la habilitación de medidas no sólo de internamiento
cerrado, sino de internamiento abierto o semiabierto, y otras que
parecen más adecuadas al fin de este cambio legislativo profundo, que
es la prestación en beneficio de la comunidad o la convivencia de
estos menores con personas, familias o grupos educativos, la
realización de tareas socioeducativas, etcétera.
Por tanto, señorías, es una buena ley, pero, como toda buena ley,
señor Acebes, necesita para su correcta aplicación suficiencia de
medios humanos y materiales.
Aquí viene el problema, señor Acebes, porque, a nuestro
entender, el Gobierno del Partido Popular, del que usted forma parte,
ha mantenido una actitud negligente, en ocasiones irresponsable,
despreocupándose de manera total y absoluta de las dificultades por
las que pasan, han pasado y esperemos que no pasen las comunidades
autónomas a la hora de crear las infraestructuras necesarias para
hacer posible la ejecución correcta de la ley. Han dejado, a nuestro
entender, de lado los acuerdos y el diálogo y, en lugar de usar este
instrumento tan espléndido en términos políticos, han impuesto a las
comunidades autónomas, a través de una ley estatal para cuya
elaboración no han sido llamadas y no han intervenido, la obligación
de asumir competencias y transferencias de servicios sin negociar
ningún sistema de financiación ni realizar transferencias de medios
materiales ni personales. No decimos que no sea competente este
Parlamento para confeccionar leyes de carácter estatal que tengan
algunas consecuencias en otros territorios geográficos, es una
obviedad, sino que todo lo que se legisle o parte de lo que se
legisle a nivel estatal que tenga como consecuencia transferencias de
servicios debe llevar aparejado transferencias de capital,
transferencias de dinero, de gastos, de recursos. Parece, por lo
tanto, señorías, que ésta es una nueva fórmula, querida por el
Partido Popular que nos gobierna, para conseguir el tan cacareado y
querido déficit cero. Por un lado, se promulgan leyes que llevan
aparejados gastos -gastos en este caso, por cierto, muy elevados-,
pero se imputa todo el gasto a las comunidades autónomas, que tienen
además que realizar los servicios que las competencias reclaman y,
a su vez, para que haya una cierta esquizofrenia en este asunto, se
solicita de estas comunidades que tengan unos presupuestos comedidos
y se les obliga incluso a equilibrar sus presupuestos mediante el
proyecto de ley de estabilidad presupuestaria al que hace una semana
hemos dado entrada y paso en este Parlamento.
Hubo, señorías, señor Acebes, muchas voces que le advirtieron de las
dificultades de la aplicación de una buena ley, en la que todos, y
especialmente nosotros, creemos. El Defensor del Pueblo le decía que
era recomendable una moratoria mayor con el fin de que se habilitaran
recursos humanos y materiales para su aplicación, y cito: El
presidente del comité español de la Unicef pidió colaboración entre
el Gobierno y las comunidades autónomas para que la ley funcione y
las dificultades que se presenten vayan superándose gradualmente.
Portavoces de asociaciones de jueces y de fiscales se han pronunciado
sobre la materia y todos han reprendido al Gobierno por su
improvisación o dejadez. En algunos casos, Jueces para la Democracia,
incluso la asociación Francisco de Vitoria, advertían al Gobierno de
la desolación que puede significar para el país, para la sociedad,
ver que se formulan buenos principios legales y no se
instrumentalizan después infraestructurasque puedan hacer eficaces
esos instrumentos,
y les recordaban que la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana tuvo un
período de moratoria, de vacatio legis, de cuatro años; es decir, los
necesarios hasta contar con una dotación presupuestaria suficiente.
Las comunidades autónomas, otras voces -éstas ya más interesadas,
obligadas por la materia a aplicar la ley-, singularmente las
gobernadas por los socialistas, pero no sólo las gobernadas por los
socialistas, le han advertido de esta situación en todos los foros
donde les ha sido posible alzar la voz. El 15 de septiembre, en la
reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Administraciones Públicas
con las consejerías de todo color, de distintos partidos políticos,
se llegó a acuerdos como los siguientes: constituir un grupo de
trabajo donde se evalúen las necesidades económicas que para cada una
de las comunidades autónomas supondrá la entrada en vigor de esta ley
y elevar estas conclusiones al Consejo de Política Fiscal y
Financiera para que, por parte de este organismo, se propongan las
medidas oportunas a adoptar. Y en contestación a una diputada de esta
Cámara preocupada por las dificultades de ejecución de una buena ley
que incide en un colectivo por el que estos diputados, los
representantes del pueblo, teníamos que ser especialmente sensibles,
que son los menores, se decía -por cierto, contestación de la
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes-: Aún no está
determinado el montante que el Gobierno transferirá a cada una de las
comunidades autónomas para afrontar las nuevas responsabilidades que
la ley orgánica les atribuye en la ejecución de las medidas adoptadas
por los jueces de menores en sus sentencias firmes. Madrid, 6 de
octubre de 2000, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Todas las comunidades, el 20 de octubre, en Sevilla, en la reunión de
los consejeros de Justicia, le solicitaban transferencias, le pedían
que les ayudara a cofinanciar unas competencias que les habíamos
transferido desde aquí. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha
escuchado las voces, en ocasiones angustiadas, de las comunidades
autónomas. La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha
escuchado sus voces reclamándole atención, señor Acebes, en este
tema. El Grupo Parlamentario Socialista ha tomado varias iniciativas
para que el Gobierno convoque a la Comisión Mixta de Transferencias,
a fin de acordar los traspasos que lleven a la cofinanciación
necesaria para la ejecución de la ley y, por lo tanto, para hacer
posible las competencias que la ley otorga. Estas quejas tan
abundantes -ahora hablaré de otras- han llevado al Gobierno a
solicitar de las comunidades autónomas una especie de estadísticas
que permitan conocer sus necesidades. Yo le hablaré de alguna de
ellas, señor Acebes.
Las comunidades autónomas, de acuerdo con datos que ellas mismas han
aportado, entienden que el coste que significa esta medida nacida del
Parlamento son 45.000 millones de pesetas más, que, si no ayudamos a
su cofinanciación, deben detraerse de otros servicios que también son
necesarios para los ciudadanos que habitan en esas comunidades
autónomas. Le pondré ejemplos: Andalucía, aproximadamente 14.000
millones más; Madrid, 8.500 millones más; Galicia, unos 4.600
millones más; Cataluña, 4.500 millones más. Todas ellas gobernadas
por distintos partidos políticos. ¿Qué dicen fiscales y jueces, señor
Acebes? Dicen que la creación de 129 plazas de fiscales de menores y
de 31 juzgados, anunciada por S.S. en enero, es tardía e
insuficiente; se ha malgastado el tiempo de carencia de la ley, es
decir, no han hecho ustedes sus deberes, seguramente porque no han
querido hacerlos, y la improvisación más absoluta empieza a tener
consecuencias negativas, y en algunos casos, si me permite, señoría,
esperpénticas. El nuevo edificio de la Fiscalía de Madrid, en la
calle Bambú, fue inaugurado por el fiscal general del Estado un día
antes de que entrara en vigor la ley, con gran aparato
propagandístico, obviamente, rodeado de medios de comunicación y, por
cierto, sin entrar dentro de aquellas zonas del edificio en donde las
obras no habían sido todavía complementadas. Dos meses después de
aquella inauguración, un informe de los bomberos de Madrid sostiene
que la parte exterior -cito- del edificio se encuentra en muy mal
estado y muchas de las losas que lo cubren -sigo citando- pueden
desprenderse en cualquier momento. No merece mayor comentario. Señor
Acebes, no hay fiscales titulares suficientes, no ya especializados
en menores, y hay que acudir a la bolsa de sustitutos reclamados por
los fiscales -le daré los datos, no se preocupe, con firma- de
Madrid, Valencia y Barcelona, en palabras del señor Fernández
Bermejo. No hay psicólogos suficientes ni educadores ni trabajadores
sociales porque no se ha realizado a tiempo el concurso y se ha
tenido que contratar de manera interina a los que hay, hasta tal
punto que ayer recibieron algunos de ellos, al menos algunos
fiscales, una nota advirtiéndoles que el 27 de marzo se termina el
contrato. ¿Va a decir que esto tampoco es correcto? Tres meses
después, la improvisación hace que a unos educadores que han sido
formados, bien es cierto que de manera interina porque ustedes
improvisaron, se les advierte que el 27 de marzo, como consecuencia
de la terminación del concurso, llegarán nuevos especialistas.
El nivel del personal administrativo, por su falta de formación, es
bajo, señor Acebes. Ha habido casos de cursillos de formación de 72
horas, aunque le parezca mentira. Que le informen bien. Sólo se
permiten guardias de 24 horas en Madrid y en Barcelona, y únicamente
acompañadas de un funcionario. Señor Acebes, estoy citando informes
de la Fiscalía. No se prevén guardias de los equipos técnicos. Esta
es una cita del representante de la Comunidad de Madrid, gobernada
por su partido, y esto significa que los fiscales, si quieren imponer
alguna medida cautelar en sábados y domingos, al no ser posible la
intervención del equipo técnico,
tienen seguramente que permitir la libertad de menores que, por
ejemplo, hayan violado o cometido algún homicidio. La revisión de las
penas de menores, que la ley obliga que se realicen en dos meses, no
se han realizado en su totalidad, y cientos de expedientes...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Barrero, le ruego vaya
concluyendo.
El señor BARRERO LÓPEZ: Sí, señor presidente.
Cientos de expedientes se encuentran amontonados entre los cuatro
despachos de los juzgados de Madrid de ejecutorias y, por cierto,
algunos calabozos de la nueva sede de la Fiscalía de Chamartín. Que
le informen, señor Acebes. Esto lo decían los fiscales, no yo. ¿Qué
dicen los jueces? La mayoría de los jueces destacan como primer y
principal problema la carencia de medios materiales y humanos. No ha
sido aumentada la plantilla de funcionarios y el trabajo se ha
triplicado; por ejemplo, en Zaragoza, señor Acebes, la plantilla es
la misma que en Teruel, en Soria o en Huesca: un oficial, un auxiliar
y un agente. En Madrid, a pesar de existir un auxiliar más, no ha
aumentado la plantilla y la actual es insuficiente, por ejemplo, para
resolver sobre expedientes de régimen transitorio que están entrando
en los juzgados o que van a entrar y que se calculan en alrededor de
1.630 asuntos. En Madrid, señor Acebes, no funciona la aplicación
informática -le he dado datos sobre Madrid para que no diga que es un
problema de las comunidades autónomas gobernadas por socialistas- y,
por lo tanto, los datos sobre registro y reparto tienen que hacerse
manualmente. Me imagino que estará usted de acuerdo en lo penoso que
puede resultar ese trabajo. Los juzgados números 1, 2, 3 y 4 de
Madrid -ahí sí he estado con el señor López Aguilar- tienen una
situación lamentable no sólo porque están separados de las fiscalías
de menores y de los nuevos juzgados 5 y 6 sino porque sus
instalaciones son obsoletas y carentes de espacio suficiente. Le doy
testimonio de ello, señor ministro, no sólo el de la magistrada juez
decana de los menores de Madrid sino mi testimonio personal. Resulta
especialmente preocupante que no haya especialistas en menores en los
juzgados, por un lado, porque al concurso han accedido jueces no
especialistas, ya que no se ha permitido que los que tenían un curso
de especialización y no tenían suficiente tiempo asegurado en su
destino pudieran acceder al mismo; presentamos una enmienda para
evitarlo, pero no la aceptaron. Por otro lado, en segunda instancia,
porque ustedes impidieron la sección de menores de la Audiencia
Provincial, no hay especialistas en la misma y se puede dar la
circunstancia de que el recurso de apelación a una resolución de un
especialista juez de menor de instrucción la resuelva una persona no
especialista juez de la Audiencia Provincial, es decir, en la segunda
instancia se resolverán asuntos sin criterios ni interpretaciones
especializadas. También
les pedimos que no cambiaran en el Senado las secciones de menores de
las audiencias provinciales.
Termino, señor presidente; seré muy rápido. ¿Qué le pedimos, señor
Acebes? Le pedimos que dicte un reglamento de desarrollo de la ley
que conlleve la regulación del régimen disciplinario, algo que tenía
obligación de hacer y que no ha hecho. Le pedimos que cree un grupo
de trabajo con información proveniente de las comunidades autónomas
-que han solicitado- y de la Administración general del Estado, para
que después den traslado al Consejo de Política Fiscal y Financiera
de una propuesta que ayude a cofinanciar las medidas previstas en la
ley. Permítame, a efectos de ejemplo, exponer algunos de los impactos
de esta ley de la que estamos hablando. Hay un aumento de menores, un
aumento del plazo que ahora no es de dos años sino de cinco, hay un
aumento de la complejidad en el internamiento y en la asistencia
porque no son jóvenes hasta 16 años sino hasta 18 años. Hay una
exigencia de la ley que hace que los centros de internamiento se
dividan en módulos por edad, madurez, necesidad y habilidad de los
menores y hay la obligación legal de crear centros de día. Por lo
tanto, hay mayores competencias, y ustedes no ayudan...
VICEPRESIDENTE El señor (Camps Ortiz): Señor Barrero, ha superado
suficientemente el tiempo. Ya estaba haciendo la petición en concreto
y veo que vuelve otra vez a argumentar.
El señor BARRERO LÓPEZ: Esto era nuevo, señor presidente, pero
termino inmediatamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Fíjese que tiene diez minutos
y ha superado en ocho minutos el tiempo de que dispone.
El señor BARRERO LÓPEZ: Le agradezco muchísimo la atención que tiene
con nosotros, sin duda a la vista de la importancia del tema.
Quiero referirme brevísimamente a dos cuestiones más, porque me
parece que no debo estar aquí más tiempo, dada la advertencia del
presidente, que me parece muy razonable.
Señor Acebes, tenemos que regular la intervención de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en detención, conducción y custodia y
en protección externa de los centros. Hay dificultades -y a usted le
han llegado- por parte de la Fiscalía de Madrid. Por último,
especializar más a todos los órganos, jurisdiccionales, fiscales y
técnicos, y creo que es importante la creación de nuevas plazas de
fiscales.
Señor presidente, cumplo con mi obligación en nombre de mi grupo al
hacer una denuncia real. No me he citado; he citado a otras fuentes y
después, si quiere, se las concreto un poco más. Creo que debe usted
dialogar con las comunidades autónomas y con todos los colectivos.
Estamos a tiempo. Creemos importantísimo
que esta ley se cumpla y la persona adecuada, que en este momento es
usted, es quien debe garantizar en nombre del Gobierno que se cumpla
una ley que es progresista y que es buena y, por lo tanto, que se
garantice que la ley y los derechos de los menores funcionan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Barrero.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señor
presidente.
Señoría, estando de acuerdo en la importancia de la Ley de
responsabilidad penal del menor, si la contemplásemos desde el punto
de vista de los intereses generales seguramente coincidiríamos en que
una visión catastrofista acerca de la misma, de su entrada en vigor,
de sus consecuencias, no beneficia en nada su aplicación ni el
mensaje que transmitimos a los ciudadanos. Pero si es mala una visión
catastrofista, irresponsable es transmitir una imagen falsa de la
aplicación de los medios materiales y personales para la entrada en
vigor de una ley tan importante y que sólo se puede explicar desde un
punto de vista partidista a la hora de hacer una reflexión sobre cómo
ha entrado en vigor esta ley.
De todas las cosas que ha dicho, una es verdad. Ha citado
reiteradamente la Fiscalía de Madrid y ha manifestado que usted y el
señor López Aguilar fueron a visitarla. Es verdad que fueron a verla
acompañados de un gran despliegue de medios de comunicación, por
cierto, pero, como estábamos en los días previos a la entrada en
vigor de la ley, no la quise contestar. Pues bien, ahora la Cámara
debe conocer la visita que ustedes hicieron a los juzgados de menores
de Madrid. Ustedes fueron a ver los viejos juzgados de Madrid,
llevando a los medios de comunicación a visitar las antiguas
instalaciones que el Partido Socialista había habilitado para los
juzgados de menores de Madrid, pero no se acercaron al edificio de
cinco pisos situado en la plaza de Bambú, el cual cuenta con toda
clase de medios nuevos, tecnológicos e instalaciones modernas,
edificio que ha puesto el Partido Popular a disposición de los
menores. Esa es la verdad del tratamiento de unos y otros en relación
con lo que usted ha dicho. (Aplausos.-Un señor diputado:
¡Nostálgico!) Señoría, la intervención que usted ha realizado ha sido
tan confusa, a pesar de ser usted un parlamentario con experiencia y
conocer las competencias de esta Cámara, que me ha sorprendido
escucharle que en la elaboración y aprobación de la ley, el Gobierno
no ha llamado a las comunidades autónomas. Señoría, ha sido este
Parlamento el que ha aprobado y tramitado esa ley. ¿Ha llamado usted
a las comunidades autónomas? El Gobierno puede tener la iniciativa
legislativa, pero, por lo que yo sé, la tramitación y aprobación
corresponde a la soberanía de este Parlamento, que,
insisto, es quien ha aprobado esa ley y quien podría haber
establecido los presupuestos y las transferencias oportunas a las
comunidades autónomas. Si S.S. lo consideraba oportuno, debería
haberlo propuesto y discutido, pero no decírselo al Ministerio de
Justicia, porque ¿a través de qué presupuesto va a hacer una
transferencia? ¿Qué presupuesto va a inventar? Usted sabe que tanto
la aprobación de la Ley del menor como su tramitación y los
presupuestos son competencia de esta Cámara. ¿Desde cuándo es una
competencia del Ministerio de Justicia para hacerle las imputaciones
que usted ha hecho en nombre de su grupo?
Hace dos meses, el 13 de enero, entró en vigor la Ley de
responsabilidad penal del menor y puedo afirmar con toda rotundidad,
como ya he hecho en numerosas ocasiones, que en dicha fecha estaban
adoptadas todas las medidas necesarias, como ahora acreditaré, tanto
legislativas como materiales y personales, que correspondían al
Gobierno y en concreto al Ministerio de Justicia por atribución de
este Parlamento, que expresamente había señalado qué competencias,
atribuciones y responsabilidades tenía el Gobierno de la nación y
cuáles las comunidades autónomas. Usted podrá estar o no de acuerdo
con esas atribuciones, pero son las que los representantes de los
ciudadanos establecieron legítima y libremente.
La ley preveía un año de vacatio legis y aquí, por cierto, se ha
hecho una imputación de nuevo chocante, puesto que se ha dicho que el
ministro de Justicia no ha ampliado la vacatio legis. Sé que es de
Perogrullo decir esto a SS.SS., lo siento muchísimo y me excusarán,
pero es que no se puede decir lo que ha manifestado este
representante del Parlamento: que el ministro de Justicia debe
ampliar la vacatio legis. ¿Desde cuándo un ministro de Justicia tiene
que ampliar una vacatio establecida por una ley? Estaría bueno, sería
una invasión de competencias imperdonable y no acierto a justificar
el porqué de esa imputación. Si usted consideraba que la vacatio
legis era escasa, haber solicitado en su momento que se ampliase, ya
que seguramente su grupo cuenta con el número suficiente de votos
como para haber provocado esa iniciativa parlamentaria y luego las
mayorías decidirían con su voto libre y responsable. Pues bien, en
relación con la vacatio legis establecida por este Parlamento, el
Ministerio de Justicia ha hecho un esfuerzo extraordinario en el año
de plazo que le han dado dentro de su esfera de competencias para que
una ley que tiene tanta trascendencia social y jurídica como la Ley
del menor cuente con los medios legales, materiales y personales
necesarios para su puesta en marcha. Hoy, dos meses después, el
Ministerio de Justicia sigue cumpliendo con las obligaciones que le
corresponden para garantizar el desarrollo de las disposiciones de la
ley, sin desatender las necesidades que están derivando de la
experiencia práctica de su aplicación durante este período de tiempo.
He tenido ocasión de explicar en esta misma Cámara
que las actuaciones del Ministerio de Justicia para que todo
estuviese preparado en la fecha de la entrada en vigor, se dividieron
en cinco grandes áreas.
En primer lugar, medidas legislativas. El Gobierno modificó y trajo a
esta Cámara una iniciativa para provocar la reforma de la Ley
orgánica del poder judicial, el Estatuto del ministerio fiscal y la
Ley de demarcación y planta judicial, para adaptarlas a las
necesidades derivadas de la nueva ley. El Parlamento, en el ámbito de
sus competencias, adoptó de nuevo las medidas que tuvo por
conveniente, a partir de la iniciativa legislativa, que es lo que
corresponde al Gobierno.
En segundo lugar, medidas relativas a la creación de órganos. Le
guste o no, lo que le voy a dar son datos, son hechos, no son
valoraciones de ningún tipo. Se ha elevado la planta a un total de 69
juzgados de menores, lo que ha exigido la creación de 31 nuevos
juzgados, 13 de ellos correspondientes a las comunidades autónomas
con competencias transferidas. Además se ha creado el Juzgado Central
de Menores, dependiente de la Audiencia Nacional, y en cada Fiscalía,
incluida la de la Audiencia, se ha creado, con carácter orgánico, una
sección de menores, hasta un total de 51. En materia de personal, la
afirmación de que no se ha hecho ningún esfuerzo es totalmente
gratuita. La Cámara valorará si se ha hecho un esfuerzo o no cuando
se ha ampliado en 165 plazas la plantilla del ministerio fiscal, lo
que supone un incremento de un 11 por ciento en sólo seis meses. El
interpelante quizás pueda decirme en qué momento de la historia
democrática de España se ha hecho un esfuerzo para la aplicación de
la entrada en vigor de una ley de estas características, creando en
sólo seis meses 165 nuevas plazas de fiscales. Por cierto, también
muestra un desconocimiento absoluto de cómo se cubren esas plazas.
Las plazas de interinos, una vez que se crean, no tienen por qué ser
cubiertas por interinos, sino que, como usted sabe, se crean para
fiscales y es función de quien tiene la responsabilidad atribuírsela
a alguno de los fiscales de carrera que se encuentran en ejercicio.
En cuanto a la plantilla de secretarios judiciales, oficiales,
auxiliares y agentes de Justicia, se ha incrementado en un total de
149 plazas, de las que 26 corresponden a secretarios judiciales.
Efectivamente, ha demostrado mucho rigor al decir que ninguna: 165
plazas para fiscales y 149 para el resto del personal al servicio de
la Administración de justicia.
En cuanto a los equipos técnicos, a cuya escasez también se refería,
en las comunidades autónomas que lógicamente no tienen competencias
transferidas, se han dispuesto 103 psicólogos, 95 trabajadores
sociales y 47 educadores; esa es la plantilla existente en esas
comunidades autónomas. Se han organizado 79 cursos destinados a la
mejor preparación de un total de 1.247 fiscales, oficiales,
auxiliares y agentes, trabajadores sociales, educadores y psicólogos.
Por último, en obras e infraestructuras se han realizado actuaciones
de nueva instalación o de adaptación o rehabilitación en 27
provincias, se han contratado arrendamientos necesarios
o bien se han creado nuevas dependencias y se ha llevado a
cabo la informatización integral de las mismas. Todo esto, señorías,
ha supuesto un esfuerzo inversor que ha superado en estos seis meses
los 4.000 millones de pesetas, desglosados de la siguiente manera: en
gastos de personal, más de 2.000 millones, en concreto 2.206 millones
de pesetas; en gastos de funcionamiento de las nuevas oficinas, se
han superado los 326 millones; en obras y mobiliario, se han superado
los 1.242 millones de pesetas; en informática, se han superado los
287 millones de pesetas y en formación de personal, los 50.984.000
pesetas.
Es cierto que este esfuerzo corresponde al ámbito de competencias
propias del Ministerio de Justicia, pero la ley, insisto, la ley
aprobada por este Parlamento, impone obligaciones a las comunidades
autónomas, algunas de las cuales pedían durante el año de la vacatio
legis, es verdad, que se aplazara la entrada en vigor de la ley, al
no haber adoptado las medidas que les correspondían. Pero, a pesar de
ello, las propias comunidades autónomas manifestaban, en las fechas
inmediatamente anteriores a la entrada en vigor, que habían adoptado
todas las medidas necesarias para la efectiva puesta en marcha de la
ley. Esto quedó reflejado en la reunión de la comisión de
coordinación que, en el Consejo General del Poder Judicial, el
Ministerio de Justicia celebró con todas las comunidades autónomas.
El Ministerio sigue trabajando, una vez que la Ley de responsabilidad
penal de los menores ha entrado en vigor. Es necesario adoptar todas
las medidas que derivan de la efectiva aplicación de sus
disposiciones, con el conocimiento y el seguimiento de las
necesidades, y eso es lo riguroso, ver las consecuencias de que la
aplicación práctica no se está llevando. En relación con las medidas
de carácter normativo, existe ya constituido el grupo de trabajo
encargado de elaborar el reglamento general de la ley, con
representación de los Ministerios implicados, pero también parece
prudente que, a la hora de elaborar el reglamento, tengamos en cuenta
las consecuencias y la experiencia de estos dos meses.
En cuanto a los órganos judiciales, se ha garantizado al menos un
juzgado por provincia, a salvo de lo que pueda resultar ahora de un
análisis detallado de las cargas de trabajo realmente asumidas, y
cuando se disponga de los datos necesarios, se hará esta valoración.
Sobre las medidas personales, las plazas con que han sido dotadas
todas las fiscalías de España, son suficientes, no estando ajustado a
la realidad afirmar que estas plazas tardarán en ser cubiertas, dado
que, como decía antes, es función de cada fiscal jefe asignar a la
sección de menores los efectivos que considere idóneos para ello.
En materia de formación, durante el año 2001 se va a continuar
haciendo un importantísimo esfuerzo. Ya se han programado para el
primer semestre, en colaboración con la Fiscalía General del Estado,
tres cursos para la especialización de fiscales y van a participar
150funcionarios. En los medios materiales, se está haciendo
un seguimiento del uso de las aplicaciones informáticas para
realizar las adaptaciones derivadas de su utilización real.
En definitiva, señorías, se ha hecho un gran esfuerzo. Los datos que
acabo de poner de manifiesto así lo acreditan. El Gobierno, en el
ámbito de las competencias que este Parlamento le había atribuido, ha
aplicado, en un tiempo, como el de la vacatio legis, que se había
acordado, todos los medios personales y materiales, para que una ley
de estas características pudiese entrar en vigor con las plenas
garantías en cuanto a las responsabilidades que les venían
atribuidas. Si otros no han tenido esta responsabilidad o están
empeñados en dar unos mensajes, cuando no equívocos, sí, seguro,
siempre erróneos, serán los responsables de la valoración de la Ley
de responsabilidad penal del menor.
Nada más. Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, vamos a recuperar
un poco la seriedad, señor Acebes, ya que no el respeto, porque
parece que viene usted hoy un poquito faltoso. Y no da la impresión
de que su estilo, al menos externo, sea ese, pero parece que está
entrando usted en esa dinámica. No sé si también forma parte del
síndrome de la mayoría absoluta, tan querido por la oposición,
siempre confusa y confundida. Pero quizá no viniera mal que mostrara
usted un poquito más de respeto. Yo, obviamente, se lo voy a tener.
Le comenté que, al margen de que le resulte o no catastrofista el
discurso, no me estaba citando a mí. Se lo advertí. El desplome de
las losas del edificio de la calle Bambú aparecía el día 13 de marzo,
en un dictamen de los bomberos de Madrid, en los medios de
comunicación. Por tanto, si usted considera que los medios de
comunicación mantienen una actitud catastrofista, alarmista o
mentirosa, debe dirigirse a ellos con ese tipo de calificativos.
Cuando hablaba de los principales problemas y le advertí que hablaba
en nombre de algunos jueces, era por la remisión que al Consejo
General del Poder Judicial hace la magistrada juez María Rosario
Ornosa. (El señor ministro de Justicia, Acebes Paniagua: ¿Quién es?)
Señor Acebes, yo estoy encantado de poder entregarle el papel,
después se lo doy, no se preocupe. Ya veo que consigue más
información cuando viene al Parlamento que en sus propios servicios
técnicos. Ella era la que hablaba del escaso aumento de plantilla de
funcionarios, de la no aplicación informática en muchos juzgados de
Madrid, de la situación obsoleta y carente de espacio suficiente de
los juzgados número 1, 2, 3 y 4. Por cierto, señor Acebes, diferencie
los edificios de fiscales y los edificios de juzgados. El 1, 2, 3 y 4
son juzgado de menores y, por tanto, no
tiene nada que ver con el edificio de la calle Bambú. Cuando uno va a
los sitios, se entera mejor que cuando a uno le informan por los
papeles.
Por tanto, esto de que hay causas depositadas en los calabozos de la
Fiscalía de Chamartín es consecuencia del informe del fiscal jefe de
Madrid -y también se lo daré-, que es el que recuerda además que no
hay los equipos técnicos que prevén la guardia, que hay pendientes
y que prácticamente es inviable la resolución de una serie de asuntos
ya con condena, etcétera. Lógicamente, yo le voy a entregar todos
estos documentos y también algunas de las cosas que dicen sus propios
compañeros en las comunidades que dirigen. Le advertí que no era yo
el que hablaba, sino que lo hacía en nombre de otros. Así que no sé
yo si usted se ha lucido cuando ha intentado agredirme a mí. Sus
compañeros de Madrid, de Valencia y de Navarra le dicen a usted,
señor Acebes: Solicitan al Ministerio de Justicia la transferencia de
los recursos correspondientes al coste de la implantación -ellos no
deben saber sus conocimientos parlamentarios y, como es lógico, no
han asistido a la clase de derecho parlamentario que usted me ha
dado- y señalan la necesidad de que en las futuras modificaciones
legislativas que impliquen compromisos presupuestarios se incluya la
financiación de los mismos. Y firman. También le daré este escrito,
primero, para que aproveche usted para informarse y, segundo, para
darle clase de ciencia parlamentaria, de la que veo, señoría, que
rebosa usted por los cuatro costados.
Por lo que se refiere a lo que antes le he dicho sobre que se van a
hacer transferencias, es el secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes. Asume que no ha habido transferencias suficientes. Lo
hace un miembro del Gobierno, el secretario de Estado de Relaciones
con las Cortes, que, por cierto, estaba en esa tarea el 6 de octubre
del año 2000. También le entregaré esto.
Como sabía yo que toda la culpa la tienen los socialistas, y no
quisiera yo ser solidario en la responsabilidad con la gente del
Partido Popular, que no tienen por qué caerme mal, pero como sabía
que usted iba a decir eso, que es una vieja técnica, por cierto, que
es mejor usar cuando uno no tiene pasado, y ustedes ya tienen cinco
años de pasado. Es mejor usar esta técnica cuando sólo se tiene un
año; cuando se tienen cinco, ya ese tipo de recorridos argumentarles
empiezan a desbocarse. Le traigo lo que dice la consejera de
Servicios Sociales de Madrid. Y, a no ser que sea independiente, es
de su propio partido político. También le dije que hablaba en nombre
de ella, y usted me va a disculpar, porque a lo mejor no soy la
persona más adecuada. En una comunicación que hace el día 3 de enero,
dice: Le comunico que esta comunidad autónoma está llevando a cabo,
con grandes dificultades, por la ausencia de transferencia de medios
por parte de la Administración del Estado, medidas tendentes para el
cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 de la referida
disposición adicional tercera. No es de mi partido político,
forma parte de su partido. Seguro que es una persona especializada,
seguro que trabajadora, en todo caso sincera, que le advierte de que
está pasando graves dificultades porque usted no le ha pasado las
transferencias necesarias para cofinanciar los recursos y los nuevos
servicios que ustedes, que nosotros hemos dado.
Comunidad de Madrid, también. Decía usted que estaba todo bien y que
los jueces y fiscales no dicen la verdad. Decía usted que era yo el
que no decía la verdad, pero advierto ¿a quién se refería usted? Dice
la directora gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia
-no sé de qué partido es; sospecho que no es socialista- el 19 de
febrero de 2000: Le comunico que dejaremos de hacer las guardias de
fin de semana -se refiere al equipo técnico de guardia en Fiscalía-.
Lo voy a leer completo para que no me diga que descontextualizo:
Desde esa fecha y en la actualidad, se viene observando que todavía
no se han organizado las de fin de semana del equipo técnico de
guardia -por cierto, importantísimo para las medidas cautelares que
tengan que aplicar los fiscales-, por lo que en esos días
difícilmente pueden adoptarse esas medidas -sigo citando-. Por este
motivo y a la espera de que acudan todos los participantes que ordena
la ley, le comunico que dejaremos de hacer las guardias de fin de
semana. En el momento en que dicho problema quede resuelto, no
tendremos ningún impedimento para restaurarlas de inmediato. Parece
que el problema no está resuelto. Le advertí que no hacía sino citar
a otras personas. ¿Le parece catastrofista el punto de vista de la
seguridad de que le hablé, señor Acebes? Que le informen.
En documentación que remite el jefe de seguridad ciudadana a la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, informa:
Contamos con un servicio. Habla de la calle Bambú, la que a usted
tanto le gusta. Por cierto, que no han terminado las obras. Esto es
lo bueno de ir a las instalaciones. Vaya usted y verá que no han
terminado las obras; aparte de que se pueden caer las losas, como
dicen los bomberos. En el día de hoy se ha recibido la visita de un
inspector, dice el fiscal coordinador. Jefe de seguridad ciudadana.
Le visita al fiscal coordinador. Y nos ha informado de que contamos
con un servicio de vigilancia...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Barrero, le ruego
concluya.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino ya. Estoy dando los datos que
ofreceré después al señor ministro.
Contamos con un servicio de vigilancia consistente en un vehículo
policial, que va a recorrer la calle Bambú y sus adyacentes, del que
podemos solicitar la ayuda precisa previa llamada al 091. Dice el
comisario al fiscal que le llame cuando quiera y que él le ayudará.
Sala de control de vehículos patrulla. Y dice al final: Esta
seguridad no se tendrá ni los fines de semana ni los días festivos.
Eso se lo dice el jefe de seguridad ciudadana
al fiscal coordinador. Así, el fiscal coordinador se angustia
y remite este asunto al fiscal jefe de Madrid, asunto del que yo le
he dado cumplida noticia en este Parlamento, que es el sitio
adecuado.
De todo esto he estado hablando, señoría. No sé si es catastrofista
pero, en todo caso, dígaselo a estos señores: medios de comunicación,
jueces, fiscales y también, parece, a algunos miembros de su partido
-respetable, como es lógico- que comparten la angustia y la ansiedad
con nosotros. Yo confío, y se lo digo en serio, señor Acebes, porque
una cosa es denunciar y otra no dar propuestas serias para un asunto
serio. Eso lo compartimos los dos. Hay una semana para hacer
propuestas y hay, sin duda, un interés, que compartimos, por hacer
que esta ley se cumpla. Porque, entre otras cosas, irá en beneficio
de ustedes, que serán los que puedan capitalizar un asunto de este
calado; supongo que estará de acuerdo conmigo en que, de esto, poco
podremos capitalizar nosotros.
Pues bien, si hemos sido capaces de hacer posible una ley moderna y
progresista, veamos si es posible también su ejecución en términos de
eficacia, de manera que no le ponga a usted colorado ninguno de estos
señores a los que me he referido. Al ponerle a usted colorado, aunque
a usted no se lo parezca, señor Acebes -y en eso sí le doy la razón-,
ponen colorado a todo el Parlamento, porque todos somos de alguna
forma coautores de una buena ley. Haga usted posible que, además, sea
una ley eficaz, señor Acebes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Barrero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señor
presidente.
Señoría, el Ministerio ha hecho y hará cuanto esté en su mano para
una correcta, adecuada y positiva aplicación de la Ley de
responsabilidad penal de los menores. Los datos -y esos sí son hechos
y no valoraciones- no ha podido usted ponerlos en cuestión y han
desmontado esos principios generales de que no existían medios
materiales ni personales, razón por la cual la entrada en vigor de la
Ley de responsabilidad penal de los menores había tenido algunas
dificultades o algunas críticas. Pero efectivamente, como se ha
constatado en este turno que acaba de consumir, los datos, tanto
inversiones realizadas, dotación de medios personales, dotación de
medios materiales, demuestran un esfuerzo enorme por parte del
Gobierno respecto a las atribuciones y las responsabilidades que
tenía y demuestran la veracidad del planteamiento que le he realizado
en el primer turno de mi intervención.
Lo que no puedo aceptar, señoría, es la imputación de
responsabilidades que no son del Gobierno. Nopuede quedar eso en el
aire. Usted puede citarme escritos
de los consejeros de las comunidades autónomas pidiendo más
dinero, y créame que lo comprendo, comprendo que los consejeros,
porque están en su papel, pidan a todos, al Gobierno, al Parlamento,
más medios y más dinero para las responsabilidades que se les
atribuyen. Pero estamos en estos momentos en el Congreso de los
Diputados y usted es el portavoz del principal grupo de la oposición.
Ahí sí que hay que ser riguroso y las responsabilidades de este
Parlamento y las decisiones libres que este Parlamento ha tomado no
puede usted imputárselas al Gobierno de la nación. Ni el período de
vacatio legis, ni los presupuestos que aprueba este Parlamento, ni
las responsabilidades que este Parlamento distribuye entre el
Gobierno y las comunidades autónomas, ni sus competencias exclusivas.
Yo antes le he dicho que nos manifestase cuáles eran, no ya las
propuestas de su grupo que hubiesen prosperado respecto a estas
cuestiones que usted ha planteado, sino las enmiendas que habían
realizado en esa misma dirección.
Es verdad y reitera un caso que resulta especialmente llamativo. El
ejemplo que pone -más allá del de los consejeros de las comunidades
autónomas, que insisto en que me parece muy bien que hagan lo que
hacen, pedir siempre más dinero y más medios para las
responsabilidades que este Parlamento les atribuye- es el caso de la
Fiscalía de Madrid, y he visto que tiene usted una buena información
al respecto. Es verdad que también han sido abundantes en los medios
de comunicación las valoraciones negativas por parte de la Fiscalía
de Madrid, pero también le voy a contar la verdad, las verdades del
barquero, porque otras cosas son valoraciones por distintos motivos.
En la Fiscalía de Menores de Madrid, la de la calle Bambú, que usted
fue a ver -no intente cambiar las cosas, usted la fue a ver; yo sé
que fue a verla-, vieron que se había desprendido -se lo contó el
fiscal, porque lo dijo también en los medios de comunicación- una
losa -estoy hablando de cinco plantas y más de 2.000 metros
cuadrados- en el sótano. Es todo lo que encontraron. Cómo estaría de
bien que el portavoz del Grupo Socialista y el señor Aguilar, una vez
que vieron aquello y lo inspeccionaron, dijeron: Vayámonos a otro
sitio y convoquemos allí -el mismo día, aunque tres horas más tarde-
a los medios de comunicación.
Pues bien, en la Fiscalía de Menores de Madrid hay una plantilla de
un total de 96 personas, de las que 13 son fiscales, uno es
secretario judicial, dos médicos forenses, 12 oficiales, 24
auxiliares, ocho agentes judiciales, 12 psicólogos, 12 trabajadores
sociales, 12 educadores, al margen del personal de apoyo en labores
de vigilancia, seguridad, mantenimiento y limpieza. Se les dotó,
aparte de todo este personal, de un edificio exclusivo para esta
Fiscalía, el referido de la calle Bambú -ha dicho tantas cosas que ya
no sé si fue a verle o no, pero aquí está diciendo que sí-, con una
superficie de 2.106 metros cuadrados, distribuidos en cinco plantas,
completamente acondicionadas y amuebladas, salvo la baldosa que
encontraron en el sótano, en el que se han gastado casi 46 millones
de pesetas, sólo en obras y mobiliarios, y por el que se paga una
renta anual, del edificio, que supera los 100 millones de pesetas. Y
se han informatizado integralmente las instalaciones, con un coste de
85 millones y medio de pesetas. Pueden sorprender esas afirmaciones
de incapacidad para asumir las responsabilidades que puede tener,
porque si usted hace una división de este gasto que le acabo de decir
por el número de días, le sale una cantidad muy importante. Habrá que
determinar, y seguramente haya que estudiarlo, las responsabilidades
de cada cual. Y asumiremos las nuestras, a la hora de aplicar la Ley
de responsabilidad penal de los menores.
Efectivamente, señoría, los datos son tozudos en todos los ámbitos y
a mí me gusta ser riguroso en las intervenciones. Usted viene a
contarnos que se sabe muy bien lo de las competencias parlamentarias.
Usted también se las sabe. El problema es que venga aquí y las
cambie. Eso es lo que yo le achaco. No le atribuyo ningún tipo de
ignorancia. Lo malo es que suba a la tribuna y atribuya al Gobierno
competencias que son de las comunidades autónomas; incluso algunas de
las que corresponden a los jueces o a los fiscales nos las ha
atribuido a nosotros.
Siempre encontrará al Gobierno -como ha estado- en leyes tan
importantes como la Ley de responsabilidad penal de los menores, pero
con datos, eso sí. Establezcamos los debates necesarios para
mejorarla, para perfeccionarla, para ponerla al servicio de los
ciudadanos y colocar el objetivo, el horizonte permanente, que en
este caso es el interés de los menores, en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, el interés de los ciudadanos, en definitiva, el interés
general, frente al interés partidista, que es lo que ha venido a
defender a esta tribuna.
Nada más. Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, es deseo del Grupo Vasco, en primer lugar,
coincidir con la llamada de atención que la interpelación que el
Grupo Socialista trae hoy a esta Cámara contiene. En segundo lugar,
quisiéramos aportar un enfoque ciertamente distinto, en el deseo de
que finalmente lo que se diga -puesto que la moción es consecuencia
del debate de la interpelación y no del texto literal de la
interpelación- pueda ser recogido en lo que finalmente constituya el
contenido de la moción.
Vaya por delante la afirmación de que desde nuestra perspectiva no se
ha conseguido la plena aplicación dela Ley Orgánica 5/2000, puesto
que una parte de la
misma, la posibilidad referida al tramo de 18 a 21, no ha entrado
todavía en vigor y también nos hemos quejado en esta Cámara -y todas
SS.SS. lo conocen- del recorte que nos parece que ha sufrido la ley
al aprobarse las llamadas medidas antiterroristas. Por cierto, sería
bueno que se aclarase en qué forma se aplican las novedades de la Ley
penal juvenil cuando se detiene a un menor, lo que es absolutamente
imprescindible si tenemos en cuenta los problemas que tuvo la
Fiscalía de la Audiencia Nacional la semana pasada o hace dos
semanas, cuando por primera vez se detuvo a un menor. Tampoco sabemos
si va a ser una ley para una o dos personas. De momento, las
dificultades técnicas que plantea son tremendas y también debiera ser
contemplado por esta Cámara. Admítaseme esta digresión como
paréntesis.
El objeto de debate que mi grupo quería traer y que está enlazado con
lo que ha planteado el señor Barrero es precisamente lo que hace
referencia a la distribución competencial que ha existido en nuestro
ordenamiento en la materia de menores. El artículo 45, que es del que
derivan todos los problemas de la Ley 5/2000, habla de la competencia
administrativa y atribuye la ejecución de las medidas adoptadas por
los jueces de menores en sus sentencias firmes a las comunidades
autónomas. Dichas entidades públicas, dice, llevarán a cabo la
creación, dirección, organización y gestión de los servicios,
instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta
ejecución de las medidas previstas en esta ley.
Estamos ante unos objetivos legales, señorías, muy ambiciosos, cuya
cobertura entraña un coste económico importante y respecto a los que
el sentir unánime de las comunidades autónomas apunta, interpretando
que se han asumido nuevas competencias sin que la Administración del
Estado haya abordado los correspondientes traspasos de servicios.
Simultáneamente habrá que destacar la reacción contradictoria de una
Administración del Estado que huye de planteamientos autonómicos, en
principio, y que no tiene consenso alguno ni sobre el
dimensionamiento económico de asuntos de tanta envergadura ni sobre
los títulos competenciales en juego. Para confirmar estas acusaciones
será bueno hacer un breve repaso a la triste historia reciente, no
sólo de este Gobierno ni del precedente, sino a la historia reciente
que atañe a la trayectoria normativa relacionada con el menor, en el
que situaremos nuestras percepciones sobre el magno problema que
tenemos planteado, problema más de fondo que de hecho, puesto que,
como es conocido, la buena disposición y la dación de medios que ha
propiciado la Administración vasca han hecho que la Ley penal del
menor haya entrado en vigor en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en el ámbito de Euskadi, con menos dificultades que en
otros lugares. Pero me parece interesante tener en cuenta la
trayectoria normativa y el reparto de competencias, no de ahora sino
también pretérito, en materia de menores, que ha sido tortuoso.
Indudablemente, el menor, como concepto objeto de atención y sobre
todo de protección jurídica en el ordenamiento, responde a una
multidisciplinar y compleja perspectiva. Desde la perspectiva
contemporánea de los títulos competenciales en juego, sin embargo,
puede afirmarse que existen dos puntos de vista principales para
abordar la materia que siempre se han mezclado. Por un lado, el plano
de la llamada acción social y, por otro, que puede ser visto como
complementario o incluso como anverso del anterior, el que
protagoniza la acción propia de la justicia. En la base de esta
dicotomía está sin duda la confusión de dos planos entrelazados que,
situando al menor como destinatario genérico de todos los poderes
públicos, responden a los dos objetivos básicos de proteger y de
reformar. El tratamiento constitucional de esta doble visión arrastró
la confusión de los mismos de la anterior etapa preconstitucional
y después, si bien todas las comunidades autónomas asumieron
estatutariamente competencias en materia de asistencia social, la
recepción de las facultades referidas a protección de menores fue
distinta por intentar vincular aspectos civiles o procesales a los
tribunales titulares de menores, llamados tribunales tutelares de
menores, que no eran otra cosa que órganos administrativos encargados
de actuar sobre un colectivo social a efectos asistenciales.
A pesar de que sólo los estatutos de autonomía de las comunidades de
autonomía plena podían intuir el deseo de asumir facultades de
carácter corrector o reformador, el famoso café para todos derivado
del espíritu de la entonces Loapa hizo que la sola inclusión de las
facultades de asistencia social fuese considerada suficiente para que
el Estado comenzara a descentralizar las antiguas juntas provinciales
de menores. Para corroborar más esta distorsión de conceptos,
adviértase lo que decía el artículo 9 del texto refundido de 11 de
julio de 1948, cuando atribuía a los tribunales tutelares de menores
la doble facultad de proteger y de reformar. La primera se decía que
era esencialmente preventiva y la segunda, de reformar, dice que
tendrá carácter represivo cuando se trate del enjuiciamiento de
mayores, porque en los menores el sentido estricto, además de no
tener este carácter represivo, lo tendrá de educativo y tutelar.
Como primera conclusión, creo que debiera denunciarse el hecho de que
la Administración del Estado en todos estos años ha jugado
fraudulentamente con los dos conceptos finalistas repetidos de
proteger y de reformar. No se transformó correctamente como lo exigía
el proceso autonómico previsto en la Constitución, sino que retuvo en
el ámbito central servicios indebidamente, tanto bajo el argumento de
homogeneizar techos competenciales como bajo el argumento colateral
al anterior de posponer una y otra vez un abordaje profundo en la
etapa democrática del régimen jurídico de protección del menor. Esto
ocurrió con toda claridad en el hito que marca la Ley 21/1987, que
reformó el Código Civil en materias de adopción y de tutela, que
tuvo que ser entendida como una desjudicialización de los escalones
primarios de la protección del menor y que tuvo que ser absorbida en
precario, es decir, sin repercusiones en el ámbito del proceso
transferencial, que debió afectar entonces, sin duda alguna, a los
tribunales tutelares de menores que no se transfirieron.
En definitiva, sobre este panorama de distorsión, con unas
comunidades autónomas responsables teóricamente de proteger y de
reformar al menor desde la asistencia social pero con los déficit
propios de un Estado autonómico inacabado, es como se han abordado
las reformas que a lo largo de los años noventa han sido la
asignatura pendiente en esta materia. Un conjunto de disposiciones,
como el nuevo Código Penal, la Ley Orgánica 4/1992, la Ley Orgánica
1/1996 y la culminación de esta ley de la que hoy estamos hablando,
la Ley 5/2000, conforman un nuevo cuerpo normativo, que encierra una
transformación fundamental del tratamiento dispensado al menor con un
cambio ideológicamente profundo, como es el de la expansión y
recreación definitiva de su responsabilidad penal.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Uría, le rogaría que
fuese concluyendo.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señor presidente, lo intentaré. No le
prometo mucho.
Se ha dicho, y aquí está la clave, que la nueva regulación significa
el abandono del enfoque positivo correccionalista y la afirmación de
que la responsabilidad del menor por el hecho pasa a ser imputable
penalmente por merecer su conducta el reproche de culpabilidad. La
cuestión es que, sin embargo, siendo esto ya así, nos enfrentamos a
un redimensionamiento de la función judicial, que hubiera requerido
de una Administración de justicia en forma, dispuesta a asumir nuevos
roles y no, como sucede, pendiente de acometer otros retos -estamos
hablando constantemente del pacto de Estado de la justicia- y, por
qué no decirlo, también excesivamente permeable a la coyuntura
política. Es necesario hacer una recapitulación para que pueda ser
así abordado el asunto de si son necesarias o no transferencias de
bienes y de medios personales y materiales cuando se discuta el
contenido de la moción, volviendo al punto de vista de la
distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas.
Tenemos que advertir que la nueva regulación concerniente al menor se
ha hecho ya contando con el status precedente -este confuso status
precedente- de distribución de recursos. Es decir, la actual
situación puede evocar la idea de que aquello que no fue ya entonces
objeto de descentralización a favor de las administraciones públicas
competentes en materia de asistencia social ya no lo será nunca,
porque hoy se interpreta que debe nutrir los recursos de la
Administración de justicia. Pero esta tesis, que propiciaría una
difícil solución de tabla rasa, debería requerir una
simultánea clarificación del bagaje competencial de corte
administrativo, algo también difícil de aceptar a la vista de la
evolución que han sufrido las propias leyes estrictamente
administrativas y, más en concreto, a la vista del acabado que
muestra el artículo 45 de la ley a la que nos estamos refiriendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Uría, perdone, ha
excedido el tiempo, que es de cinco minutos, pero lleva cuatro
minutos y treinta segundos más del previsto para la fijación de
posición. Debo recordárselo.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, concluiré. Sé que no es
posible hablar de compensación en estas materias, pero normalmente
suelo ser absolutamente estricta en el uso del tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Lo sé y por eso estoy siendo
flexible con usted esta tarde. Pero le rogaría, por favor, que fuese
concluyendo.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Concluiré, señor presidente.
Desde la perspectiva del grupo al que represento, nunca hemos estado
en la idea de posponer la entrada en vigor de la ley. No hubiera sido
eficaz el retraso en la puesta en marcha de esta Ley 5/2000, que como
todas las que abordan cambios ideológicos importantes suelen ser
deficitarias en planificación y programación de los medios necesarios
para su correcta aplicación; pero, si no existieran, también
plantearía un déficit de progreso mayor en las reglas básicas de
nuestra convivencia y en el objetivo último de poder diseñar una
actualización de la acción de los poderes públicos respecto del
menor. La Administración del Estado deberá extremar y acelerar la
colaboración con las comunidades autónomas -y a ello iba- para
clarificar las problemáticas que acarrean los déficit estructurales,
que no son actuales sino históricos, respecto al ejercicio de estas
competencias administrativas.Nos parece que este análisis profundo
debe ser recogido en la moción y en base a ese requerimiento es como
deberá hacerse el planteamiento de pedir por las distintas
comunidades autónomas, en función de las competencias asumidas por
cada una de ellas, los correspondientes decretos de traspasos.
Muchas gracias, señor presidente. Le ruego me disculpe por la
extensión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A MEDIDAS PREVISTAS PARA LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL MAR. (Número de expediente 172/
000071.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pasamos a la siguiente
interpelación, que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a
medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, la interpelación que
presenta el Bloque Nacionalista Galego hace referencia a un problema
que nosotros consideramos de primer orden y ante el que creemos que
ni el Gobierno ni nadie puede permanecer impasible; se trata de un
problema tan grave como es el elevadísimo número de accidentes,
muchos de ellos con el resultado de muerte, que se producen entre los
trabajadores del mar.Como SS.SS. saben -y esto no es ningún reproche,
entiéndanlo bien-, son frecuentes los debates sobre la siniestralidad
en otros sectores laborales -debates necesarios, sin duda, porque la
accidentalidad es muy alta-; sin embargo, son mucho menos frecuentes
los debates sobre los accidentes en el mar, a pesar de ser el sector
en el que se produce una mayor tasa de accidentalidad. Hay cifras que
apuntan a que el porcentaje de la siniestralidad marítima es un 1.200
superior, por ejemplo, a la de servicios y un 300 superior a la que
se produce en la construcción, que sería en principio el sector más
peligroso del trabajo en tierra. También hay datos que nos dicen que
la tasa anual de accidentes a nivel de la Unión Europea está en un 2
por mil en el caso de la pesca, frente al 0,3 por mil en el resto de
las actividades consideradas de alto riesgo, como pueden ser la
construcción, la minería o la agricultura. Por darles algún otro
dato, un informe del Consello Galego de Relaciones Laborales hablaba
de que uno de cada diecisiete trabajadores del mar tuvieron un
accidente en el año 1999. Esta situación de los trabajadores del mar,
desde el punto de vista de la siniestralida merece una reflexión de
fondo, merece la atención de esta Cámara y, por supuesto, merece la
actuación del Gobierno en la medida en que es competente en la
materia para prevenir y limitar este alto número de accidentes. La
actuación del Gobierno debe ser concreta, clara y sobre todo eficaz;
una actuación que debe partir de la convicción del propio Gobierno de
que la situación no puede seguir por más tiempo en los términos
actuales. Y yo tengo que decirles también con cierta claridad que de
nada vale lamentarnos cuando en los medios de comunicación aparecen
noticias refiriéndose a espeluznantes naufragios, que acaban con la
vida de muchos marineros y provocan la ruptura y la penuria económica
de muchas familias. Repito que de nada vale lamentarnos, mejor sería
analizar las causas de esta accidentalidad en el mar y poner en
marcha mecanismos claros de actuación que la prevengan y la limiten.
En lo que va de año, en estos tres primeros meses del año 2001 -voy a
darles algunas cifras- llevamos 24 muertos en el mar en lo que se
refiere a marineros gallegos -son los datos de que dispongo-. Por
citar algunos de los naufragios últimos, con gran repercusión en los
medios, recordaré el hundimiento no hace mucho tiempo del Arosa, con
nueve muertos, del Panchito con cinco, del Hansa recientemente el
pasado 5 de marzo con seis muertos, etcétera, por no hablar de
hundimientos de mercantes como el Kristal o el Zafir, conocidos por
todo el mundo. Esto está provocando una auténtica sangría, una
auténtica tragedia, y ni el Gobierno ni la Unión Europea ni cualquier
implicado en esta materia debe permanecer impasible. Estamos ante una
situación en la que se unen en muchos casos el dolor y el desamparo.
Este elevado número de víctimas no se produce porque sí, no es fruto
de la causalidad o del infortunio, sino que tiene unas causas, unos
factores. Voy a citar un reciente informe del Parlamento Europeo que
determinaba las causas más recurrentes de accidentes. Hablaba de tres
factores genéricos en las causas de accidentes en el mar y citaba, en
primer lugar, los factores humanos, e incluía varios entre ellos: la
fatiga, el estrés, la rutina, el alcoholismo, la falta de descanso,
etcétera. En segundo lugar, hablaba de los factores técnicos: la
ausencia o el mal funcionamiento de los equipos, de los sistemas de
alarma, de la lucha contra incendios, de la utilización de artes de
pesca poco seguros, etcétera. En tercer lugar, hablaba de factores
externos referidos principalmente a las condiciones meteorológicas.
Sepan ustedes que el 40 por ciento de los accidente -dice este
informe del Parlamento Europeo- producidos en el año 1998 son el
resultado de errores humanos; es el primer factor que citaba. Los
factores técnicos serían la causa en el 26,9 por ciento de los casos
y los factores externos, es decir, la climatología y otros
representan el 16 por ciento. Por tanto, para abordar con rigor la
disminución de los accidentes en el mar es necesario actuar sobre
estas causas, y una de ellas, la más importante según estos y otros
informes técnicos, hace referencia al mismo tipo de causalidad: a las
condiciones de trabajo en el mar. Tienen horarios de trabajo
inexistentes en función del ritmo de las capturas -en parte
inevitable, lo sabemos, pero es constatable-, muchas veces sin un
descanso suficiente y adecuado entre las jornadas, con condiciones de
habitabilidad en los barcos no siempre idóneas, en algunos casos
incluso infrahumanas, con permanencias a bordo de más de cuatro o
cinco meses, con ausencia de salarios garantizados, como en cualquier
otro sector, lo que obliga a los trabajadores a realizar cualquier
esfuerzo o a aventurarse a pescar aunque las condiciones de la mar no
sean buenas, para que las capturas sean las mejores posibles, porque
de eso depende la rentabilidad del armador pero también el salario
del marinero que trabaja a la parte, como todos ustedes saben. Si a
esto unimos el aislamiento familiar, el
entorno social, los riesgos de accidente están servidos. En este
sentido, habría que mejorar en lo posible esta legislación,
garantizar tripulaciones mínimas necesarias y formadas adecuadamente,
etcétera, y algunas otras cuestiones a las que me referiré
posteriormente.
La propia seguridad de los barcos y las medidas de seguridad y
supervivencia en más de un caso dejan que desear. Se hace mucho
hincapié en la antigüedad de los buques como uno de los factores de
riesgo, y sin duda lo es, pero no es eso sólo. Señor ministro, no se
incide suficientemente en que las reformas que emprenda un pesquero
garantizan su estabilidad. También existen barcos que, por decisiones
ajenas a los armadores, se ven excluidos, por ejemplo, de las ayudas
del IFOP para la modernización. Es un caso muy notorio el de los
buques abanderados en Gran Bretaña, a los que el Estado español no
concede ayudas del IFOP porque son de bandera británica y el Reino
Unido tampoco, no se sabe por qué motivo. Me parece que esto debería
ser corregido mediante las normativas comunitarias que se quiera,
pero corregido.
Sucede lo mismo con las medidas de seguridad y supervivencia, que
deben ser mejoradas en los buques de pesca y racionalizadas (equipos
contra incendio, localización, trajes de supervivencia, balsas
salvavidas). Hay mucho que hacer aún en este terreno, aunque se
hicieron cosas. En este aspecto no basta con dictar normas sobre
medidas de seguridad, sino que es necesario que se cumplan y además
sean eficaces desde el punto de vista práctico. Un informe de una
autoridad en esta materia ponía un ejemplo que puede servir a SS. SS.
Decía lo siguiente. De poco sirve que se obligue a usar el chaleco
salvavidas si la incomodidad del mismo impide que se trabaje con él,
o que esté guardado en los camarotes; de nada sirve contar con aros
salvavidas si en un arrastrero están colocados en el puente, es
decir, lejos de donde es más posible que se produzca un accidente por
caída al agua de una persona. Por otro lado, señor ministro, debe
saber que existe una queja generalizada sobre la deficiente
inspección que se realiza tanto sobre las condiciones de seguridad de
los buques como sobre las condiciones laborales de los trabajadores.
En este sentido, existe una opinión generalizada, basada en la
experiencia práctica, que incide en afirmar que los barcos se
despachan en muchas ocasiones desde las oficinas de las capitanías en
lugar de hacerlo con seriedad después de las pertinentes inspecciones
a bordo. Esto lleva a que en más de una ocasión los barcos se hagan a
la mar sin reunir las condiciones necesarias que la propia
legislación vigente exige. También es necesario en el terreno de la
inspección llegar a acuerdos, cuando menos a nivel europeo, que hagan
que los criterios de inspección de los barcos estén homologados, sean
similares en todos los Estados miembros. En la actualidad existen
variaciones entre los distintos Estados, tanto sobre la temporalidad
de las inspecciones como sobre la materia a inspeccionar,
pero esto no puede seguir así, más aún cuando, como
sabemos, la bandera del buque varía en función de necesidades y
circunstancias. La misma opinión generalizada existe sobre la
ausencia de las inspecciones que corresponden a Trabajo y Seguridad
Social sobre las condiciones de seguridad y salud y las condiciones
laborales. Por muchas dificultades que las propias características de
este sector impliquen a la hora de realizar inspecciones, resulta
incomprensible que justo en el sector en que la siniestralidad es
mayor la inspección correspondiente brille casi por su ausencia.
En toda esta problemática, tampoco deberíamos pasar por alto las
nuevas circunstancias por las que está atravesando el sector
pesquero; por un lado, las generales de la llamada nueva economía; la
desregulación, la necesidad de competir, la necesidad de ganar más
con menos recursos, por tanto, la aparición cada vez mayor de las
banderas de conveniencia, etcétera. Por otro lado, tenemos la pérdida
de los caladeros tradicionales que está empujando a nuestros
marineros a enrolarse en lo que salga, por tanto en buques del estilo
que citaba antes, de bandera de conveniencia, o, en el caso de los
mercantes, en barcos de compañías de un más que dudoso cumplimiento
de una mínima legalidad. Desde nuestro punto de vista y también desde
el de los expertos, este es un factor que está influyendo mucho. Si a
esto sumamos el tener que arriesgarse más para ganar el salario,
tendremos algunas de las claves de esta cuestión. Por tanto,
deberíamos reflexionar. No deberíamos pasarlo por alto escudándonos
en la imposibilidad de actuar en el sentido que estoy diciendo
porque, si las condiciones de seguridad son deficientes o
insuficientes en barcos de bandera, puede uno imaginar lo que está
aconteciendo a nivel de seguridad y de condiciones laborales en
barcos de bandera de conveniencia y también en algunos barcos de
empresas mixtas, por poner un ejemplo. La pérdida de posiciones a
nivel mundial en el campo de la pesca -para algunos no tiene
importancia- y la desregulación laboral que se está defendiendo está
teniendo consecuencias negativas para los trabajadores desde el punto
de vista sociolaboral o de la seguridad. Aquí lo digo sin ningún
ánimo, pero es un escándalo -se lo digo así, señor ministro- lo que
está sucediendo en algunos barcos, y eso es lo que dicen sus
tripulantes; es un escándalo en alguna de estas cuestiones que
citamos, ante las que los trabajadores se sienten impotentes porque
no tienen a quien recurrir y están desamparados por las
instituciones, instituciones que renunciaron voluntariamente en su
momento a unas competencias que sí tenían.
Voy concluyendo. Hay otros factores, como la formación de los
trabajadores en el uso de nuevas tecnologías, en sistemas de solución
de los supuestos de riesgo, que es muy importante, y en este terreno
también existen importantísimas deficiencias; hay insuficiencias de
cursos, falta de continuidad en los mismos, queson aspectos que
deberían ser corregidos. Y no habría
que olvidarse tampoco en este terreno de la necesidad de incrementar,
a pesar de la mejora habida -que la hubo-, los medios de salvamento
marítimo, tan importantes a la hora de evitar que los accidentes que
se produzcan tengan, cuando menos, las menores repercusiones posibles
para las personas. Señor ministro, estamos ante un problema complejo;
es verdad que requiere actuaciones multifacéticas o multisectoriales,
pero es necesario abordarlo con seriedad y rápidamente. Usted
compartirá conmigo que la actual tasa de siniestros en el mar y de
accidentes es inaceptable, que esa accidentalidad tiene una serie de
causas y, por lo tanto, que se pueda actuar sobre ellas. Sobre esta
cuestión y en este sentido va nuestra interpelación, es decir, qué
medidas va a tomar el Gobierno para prevenir y reducir la
accidentalidad entre los trabajadores del mar. Le digo, señor
ministro, que son unas medidas que esperamos nosotros, pero que sin
duda esperan los trabajadores del mar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señorías, coincido en que no queremos quedarnos en
la tristeza o en el lamento porque todos los años se produzcan
muertes de personas que trabajan en el mar. Tenemos que hacer todo lo
que esté a nuestro alcance. Sabemos que hay, como bien señalaba S.S.,
factores que se escapan a la decisión política, como son los
temporales, como usted decía, o algunas decisiones o errores de
carácter personal. Pero en aquello que esté en nuestras manos,
tenemos que seguir trabajando para conseguir que esas cifras de
siniestralidad, que históricamente han caracterizado al sector
marítimo, sean las menores posibles desde esta perspectiva.
Ciertamente comparto no solamente la preocupación, sino en buena
medida el diagnóstico que ha hecho. En este caso sabe que las
estadísticas nos presentan de forma agregada no solamente el sector
de pesca, sino también el de la acuicultura, dándonos un índice de
incidencia que es siempre el elemento de comparación más valioso. La
tasa de accidente, el índice de incidencia en el año 1999 era de
9.300 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Está por encima de la
media nacional, que sería 7.400, y en ese ranking, por llamarlo de
alguna manera, o en esa catalogación o clasificación de actividades
especialmente peligrosas ocuparía el número 15 entre las 45
profesiones que tienen mayor siniestralidad. La posición no es una
buena, hay que decirlo; no estamos hablando de unas cifras que puedan
satisfacer a nadie. Sí que hay cifras que animan a la esperanza, como
le decía, no a la satisfacción pero sí a la esperanza. El año 2000 ha
sido un año en el que
la siniestralidad del sector pesquero ha tenido un comportamiento
positivo ya que ha descendido respecto a 1999 en casi un 8 por
ciento, un 7,86. También la incidencia de accidentes mortales, a
pesar de la necesaria singularidad de cualquier muerte, ha
experimentado un descenso con respecto a 1999, aunque moderado. Pasar
de 79,3 por cada 100.000 trabajadores a 77,9 es un pequeño descenso,
pero a todos nos hubiese gustado que fuese muy superior. A pesar de
ello, el sector pesquero sigue teniendo una mortalidad alta, ocho
veces superior nuevamente a lo que podríamos denominar la media de
las medias, aunque -insisto- también tiene factores estructurales,
como la propia actividad en el mar, que nos hablan de una
peligrosidad que difícilmente podrá ser superada, aunque la técnica
avanza y la voluntad política es firme. Pues, a pesar de la
disminución, en este caso -y es una de las paradojas estadísticas,
también se lo anuncio- la cifra absoluta se elevó ligeramente por el
hecho de que, como bien sabe, a veces simplemente un barco con una
tripulación media puede alterar de manera sustancial las cifras; en
este caso, la cifra absoluta -ya se lo digo yo también-, a pesar de
haber bajado la incidencia o la frecuencia, fue superior.
En el análisis que usted hacía comparto que es bueno pormenorizar las
causas, sobre todo para luego intentar actuar. No estoy hablando de
un análisis abstracto, sino de un análisis que evidentemente debe
tender a ser más eficaz. La mayor parte de los accidentes se
concentran en tres grupos: caídas a distinto nivel -consecuencia
además del trabajo en una superficie que está en movimiento,
inestable-, agentes generales -los tránsitos, las escaleras- y, si me
permite que haga una reflexión, en los accidentes mortales hay una
especial concentración de agentes causales. Nos dicen que el 51 por
ciento de los accidentes mortales se producen por asfixia,
naturalmente incluyendo los ahogamientos, causas no traumáticas,
problemas de origen médico, que suponen cerca del 20 por ciento del
total de las no atenciones por procesos de patología normal, pero en
los cuales, siendo procesos clínicamente normales, la imposibilidad
de asistencia inmediata también lo complica, pese a que, como luego
indicaré, donde se siguen haciendo todos los esfuerzos es en la
teleasistencia médica. En fin, esa confluencia de accidentes por
asfixia, caídas a distinta altura y el agua, llamado agente materia,
son la descripción de una actividad realizada a bordo de una
embarcación a la que hay que asociar esos fenómenos meteorológicos o
de navegación. También tienen una alta presencia los accidentes
mortales por choque contra objetos móviles, especialmente las grúas,
los elementos mecánicos dentro del buque y las artes de pesca. Cabe
afirmar que es un sector con personalidad propia, también en este
caso tristemente por la propia peculiaridad en sus factores
potenciales de riesgo.
El año 1997 -y subrayo la fecha porque está próxima- la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo promovió un grupo específicamente asociado al trabajo y a los
riesgos del trabajo en el mar. En él, y como no podía ser de otra
manera, están todas las administraciones que pueden y deben opinar:
Secretaría General de Pesca Marítima, Dirección General de la Marina
Mercante, Instituto Social de la Marina, las administraciones
autonómicas con representación de la Junta de Andalucía, del Gobierno
vasco y de la Xunta de Galicia, representantes de la patronal,
asociaciones de armadores de Galicia y del País Vasco y
representantes de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras; en ese
grupo se decidió que dirigiese los trabajos el Instituto Social de la
Marina, el cual me honro también dirigir desde mi departamento. La
ponencia ha sido leída -lo que da idea de que los trabajos son
importantes- en febrero del año 2000. Por tanto, permítame que le
diga también que considero oportuna esta interpelación puesto que
marca unas trayectorias que conviene evaluar si son aquellas sobre
las cuales se está trabajando.¿ Qué es lo que nos decía esta
ponencia? Que los grandes factores de dificultad para actuar son,
como bien sabe S.S., la atomización de empresas y la ausencia de
estructuras medianamente fuertes, el envejecimiento de la población,
el escaso nivel de formación de los trabajadores y el envejecimiento
de la propia flota pesquera operativa. Aesos factores -los señalaba
también S.S. en su intervención- hay que añadir más: jornadas de
trabajo de duración a veces indeterminada, no sólo prolongada, el
escaso tiempo de descanso, la existencia de trabajos destajistas -en
este caso, en la pesca, el llamado trabajo a la parte-,
características del propio lugar de trabajo, las condiciones de
navegación y lo que se da en llamar condiciones de la vida a bordo.
Este contexto ha sido analizado según la información del grupo de
expertos de la Comisión Nacional, que nos pone de relieve la
dificultad de implantar una estructura preventiva, pese a lo cual,
insisto, queremos ser eficaces.Las propuestas sobre las que el
Ministerio está trabajando en la actualidad parten de esa ponencia
elaborada por el grupo de trabajo del sector marítimo y pesquero,
elevada al pleno de la Comisión Nacional en junio del año 2000 y que
ha sido ratificada en enero de este mismo año. Dichas propuestas se
estructuran en una serie de campos, entre los que hay que destacar en
primer lugar los servicios de prevención. Dadas las peculiaridades,
hay que diferenciar la creación de servicios de prevención de los
distintos segmentos, por llamarlo así, del sector: pesca pre y
semiindustrial -empresas muy pequeñas- y pesca industrial, que son
empresas ya más estructuradas. En el ámbito de los recursos
preventivos a bordo hay que garantizar la formación del patrón en
materia de prevención de riesgos laborales, así como la presencia de
personal formado -luego tendré ocasión, espero, en una segunda
intervención, de darle cifras del esfuerzo formativo que se está
haciendo-. Al fin y al cabo hay que considerar que cada buque es un
centro de trabajo
independiente y estamos estudiando posibilitar la elección de un
delegado de prevención en las tripulaciones con más de cinco
trabajadores. La responsabilidad sobre la vigilancia debería recaer
en el Instituto Social de la Marina puesto que este organismo, a
través del Servicio de Sanidad Marítima, es quien se ocupa de la
medicina preventiva y asistencial de los trabajadores.
En el capítulo de formación -capítulo segundo- tiene que haber una
formación preceptiva para todos los puestos a bordo, una formación
específica relacionada con el puesto y la formación general en
prevención de riesgos laborales y, naturalmente, en el ámbito de la
formación ocupacional y de la formación continua hay que promover
cursos específicos de prevención, además de los dictados por la
Organización Marítima Internacional, por la OIT y por la normativa
comunitaria. También hay que potenciar la inspección en materia de
prevención de riesgos laborales y esperamos poner en marcha en un
plazo razonable acciones para revitalizar y adecuar a esta nueva
situación competencial de las administraciones autonómicas el
programa Inspecmar (inspección de trabajo y seguridad social a bordo
de buques), puesto en marcha en 1989 por la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Social de la
Marina. Estamos elaborando, y vamos a seguir haciéndolo, guías
técnicas para cada segmento de eslora, de modalidad o de actividad.
Esperamos poder activar un gabinete para el estudio de los accidentes
de trabajo y de la enfermedad profesional en condiciones de trabajo y
de evaluación de riesgos. Promoveremos la creación de mesas de
prevención de riesgos laborales marítimos a niveles provinciales y
autonómicos y es preciso actualizar la normativa en materia de
prevención de riesgos laborales. Por último, se hace necesario buscar
una coordinación entre administraciones que agilice las necesarias
acciones inspectoras, con las piezas claves como la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, la Inspección Marítima del Ministerio de
Fomento y la Guardia Civil del Mar del Ministerio del Interior.
Con el fin de iniciar la puesta en marcha de las citadas medidas, que
como le acabo de indicar fueron recientemente ratificadas -en enero
de este año, como seguramente sabe su señoría- por el pleno de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, está prevista
la celebración de una reunión entre el Instituto Social de la Marina
y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para
coordinar las acciones a llevar a cabo. Propondremos la creación de
dos grupos de trabajo que se encarguen, por una parte, de promover
los servicios de prevención en las distintas modalidades de pesca y
de promover las figuras de delegados de prevención y comités de
seguridad y salud y de formación e inspección y, por otra parte -un
segundo grupo-, de adecuar los aspectos relacionados con la
vigilancia y control de la salud, así como de la creación de las
mesas de prevención a nivel provincial
y autonómico. En esa misma línea de desarrollo de la ley de
prevención del sector marítimo el pasado 8 de marzo se celebró en
Santiago de Compostela una primera reunión para acordar constituir un
grupo de trabajo entre la Secretaría General de Pesca Marítima, la
Dirección General de la Marina Mercante, el Instituto Social de la
Marina y la Consejería de Pesca de la Xunta de Galicia, grupo
orientado a analizar aspectos de seguridad marítima, planes de
prevención en la pesca y asistencia para el control de los botiquines
a bordo. También me permito señalar que desde el año 1997 el
Instituto Social de la Marina viene desarrollando cursos específicos
sobre prevención de riesgos laborales, de supervivencia en el mar, de
seguridad marítima y de formación sanitaria. El ritmo es importante y
estamos hablando de unos niveles de formación que alcanzan a más de
9.000 personas al año. Estamos hablando también de una población
aproximada de 80.000 personas inscritas en el régimen especial del
mar, con lo cual a SS.SS. se les puede antojar un ritmo corto, pero
que es compatible con que no se produzca una merma directa de la
actividad.
En el ámbito formativo tenemos dos grandes dificultades, ya que más
de un 15 por ciento de la población ocupada tiene problemas de falta
de cualificación, incluso de alfabetización y, por otra parte,
sabemos que en muchos casos no es posible pedirles que interrumpan
durante largos periodos su propia actividad económica, esto es, su
fuente de ingresos. Se están realizando estos cursos a través del
centro de formación marítima de Bamio, de las escuelas de formación
náutico- pesqueras y de las aulas de las casas del mar, todos ellos
dirigidos a personal embarcado, tanto de marina mercante como de
pesca.Por otro lado, también hemos desarrollado en los últimos años
un esfuerzo formativo en técnicos del Instituto de la Marina y
médicos de sanidad marítima, que posteriormente trasladan estos
conocimientos al colectivo marítimo y pesquero. Y permítame -y con
esto concluyo esta primera parte de mi intervención- que me sienta
personalmente satisfecho de poder anunciar que en el mes de
septiembre de ese año entrará en funcionamiento el nuevo buque
Esperanza del Mar, que, como se sabe, no solamente presta una
asistencia sanitaria muy querida para quienes operan no sólo en el
área pesquera canario-sahariana, sino en todo ese flanco pesquero, y
no solo en labores de asistencia médica, sino también asistencia
técnica de auxilio en naufragio e incluso de prevención. Creo que es
un gran esfuerzo -el proyecto es de 2.900 millones de pesetas-, que
es la hora de la jubilación del anterior buque, que yo creo que ha
dado un excelente servicio pero que empezaba a presentar severas
deficiencias técnicas, y que es también un ejemplo de tecnología
propia. En este caso, se dice con el orgullo y la satisfacción de
saber que España ha sido capaz de diseñarlo técnicamente, y en este
caso creo que será una buena
tarjeta de visita frente a otras áreas presentar una tecnología de
asistencia marítima.
Para no abusar de los tiempos, le expondré en la segunda parte de mi
intervención las colaboraciones y los esfuerzos que estamos haciendo
con esos terceros países, tanto en el plano de desarrollo de los
convenios de Seguridad Social y de protección del mar como en la
materia a la que usted hacía mención: buscar fórmulas de inspección y
de control de buques que son de bandera extranjera pero de interés
español. Espero tener ocasión de darle más información en la segunda
parte.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente, voy a
intervenir con toda brevedad.
Tengo que agradecer la intervención del señor ministro porque, en la
medida que comparte el diagnóstico en buena parte con mi grupo
político y también comparte la preocupación del Bloque Nacionalista
Galego sobre este problema, por una vez un ministro se sube a esta
tribuna a no decir que todo está perfectamente bien y, por lo tanto,
que tiene una sensibilidad sobre esta cuestión. Y tengo que decir con
toda cordialidad también que espero que esto signifique que el
Gobierno, porque eso sería bueno para todos, esté dispuesto a poner
manos a la obra sobre esta cuestión de verdad yrápidamente.
En todo caso, voy a hacer algunos comentarios marginales. Por hablar
de la formación, yo le digo, señor ministro, que no es que se me
antoje si la formación es mucha o poca, sino que le quiero poner
encima de la mesa que a veces -y eso está constatado por expertos
diversos- no existen suficientes cursos hechos por la Administración.
En muchos casos, son los propios marineros los que tienen que pagarse
sus cursos, algo que, como usted comprenderá, dificulta notablemente
que se acceda a los mismos, o los cursos no tienen continuidad,
etcétera. Hay otras cuestiones que quizá cite usted en la segunda
parte de su intervención, pero yo pienso que las condiciones
laborales son algo sobre lo que hay que incidir, y mucho. Porque en
la primera parte de su exposición nos hablaba de los agentes
causales, caídas, asfixias, etcétera, y todo eso guarda una relación
muy directa con las condiciones laborales de los trabajadores, a las
que usted se refirió posteriormente, como son horarios, falta de
descanso, descanso en malas condiciones, etcétera. Por lo tanto, yo
agradezco al señor ministro que sea receptivo a que hay que abordar
el problema de la alta siniestralidad en el mar y espero que
avancemos en mejorar la legislación laboral, que lleve a que también
las condiciones laborales de los trabajadores del mar sean mejores, a
la efectividad
práctica de las inspecciones de las que hablamos, sean del buque
o de las condiciones laborales, porque este es también un problema
muy importante que, como le decía en mi primera intervención,
constata todo el mundo. Yo creo que sería muy importante también que
el Ministerio, en la medida que le corresponda, potencie el diálogo
social para que de una vez por todas, en un sector tan difícil, que
ya sé que tiene problemas muy concretos, empecemos a tener convenios
colectivos y los trabajadores tengan garantizados algunos derechos
como la formación de la que hablamos; que se mejoren las medidas de
seguridad a bordo, sobre la que, como decía, se ha hecho mucho pero
falta mucho por hacer, y que se renueve y se organice la flota, donde
hay también problemas importantes. Hay informes que nos hablan de la
flota de bajura y que nos dicen que está como está porque las ayudas
son escasas, como las medidas de salvamento, en las que reconocía que
se ha hecho un esfuerzo, pero sobre las que cualquier técnico también
le dirá que es necesario ponernos a la altura de los Estados más
avanzados en esta materia. A mí también me parece muy importante,
aunque sea una cuestión que parezca menos abordable, que se revise la
política que está llevando a la proliferación de los barcos de
bandera de conveniencia o las políticas de desregulación que hacen
que nuestros trabajadores -y efectivamente son nuestros trabajadores-
estén a bordo, por ejemplo, de mercantes con patronales -hay que
decirlo así, y usted lo sabe igual que yo- que son negreros, con lo
que volvemos al siglo XIX o al XVIII, que no sé en qué siglo estamos
porque eso es lo que está pasando.
En el tema de la asistencia sanitaria, que usted ha tocado y que me
parece muy importante, el buque Esperanza del Mar jugó un papel de
primer orden en la asistencia sanitaria. Pero no deberíamos
conformarnos, o no debería conformarse el Gobierno -usted me dirá:
bueno, ya están pidiendo, estos siempre piden más- porque ese papel
que desarrolla el Esperanza del Mar a lo mejor se puede aplicar en
otros caladeros donde también hay concentración de barcos que aunque
no sé de qué bandera son, pero en todo caso el capital es nuestro;
hay que estudiar más esa cuestión.
Agradezco que el Gobierno esté dispuesto a actuar en aquellas
cuestiones que dependen de él. Estaremos pendientes de que eso se
concrete en la práctica. Y quiero advertirle sobre una cuestión,
aunque sea de manera colateral: que el Gobierno debe tener una
posición activa en las instancias supraestatales porque es necesario
que se elaboren normativas y mecanismos de actuación a ese nivel que
las hagan cumplir. Hay un papel que jugar en esas instancias
supraestatales para disminuir esta accidentabilidad.
Concluyo, señor ministro. La semana que viene plantearemos una moción
con algunas medidas que propondrá el Bloque Nacionalista Galego. Ya
que al parecer estamos en esta Cámara en un clima de diálogo
y preocupación esperamos que la moción cuente con aportaciones de
otros grupos, que seguro que la enriquecerán. También confiamos en
que esa moción pueda ser aprobada unánimemente por este Congreso. Lo
digo porque existe mucha desconfianza entre los trabajadores del mar
acerca de la preocupación de los políticos -vamos a dejarlo en
abstracto- sobre su problemática. Por lo tanto, la aprobación el
próximo martes de una moción consensuada en este Congreso daría
esperanza a los trabajadores del mar, cuando menos en el sentido de
que sus problemas van a ser atendidos y que constituyen preocupación
para sus representantes políticos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señoría, si como bien decía ha sido posible el
diagnóstico de los principales problemas del sector e incluso la
forma de abordarlos, muy pacífica, dentro del seno de esa Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, estoy seguro que puede
ser una base, una buena estructura para la moción que haya de surgir
de esta interpelación siempre y cuando trate de enmarcarse en un
desarrollo lo más rápido y lo más intenso posible, sin duda alguna
con las limitaciones que también hemos estado valorando hace unos
instantes. Eso puede propiciar un clima de entendimiento de fuerzas
políticas y de fuerzas sociales.
Como les prometía en la primera parte de mi intervención, el esfuerzo
formativo también se me antoja a veces limitado. Pero debemos pensar
que en cuanto a la prevención de riesgos laborales, tanto en el campo
específico de prevención de riesgos laborales como en seguridad
marítima o formación sanitaria y también prevención de riesgos para
técnicos, hemos realizado en estos últimos años un número de cursos
importante, ya que estamos hablando de un número medio de alumnos por
año en el periodo 1997-2000, que es el que le puedo ofrecer porque es
cuando se ponen en marcha este tipo de programas de más de 9.779
trabajadores, con las dificultades que usted señalaba, en primer
lugar que no se pueden pedir largas ausencias a quien está ganándose
el pan embarcado si no es con una política de becas y de ayudas. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.) Luego están los medios, que
a todos se nos antojan limitados pero son los que podemos administrar
con niveles severos de deficiencia académica: les señalaba que más de
un 15 por ciento sufre lo que podríamos denominar analfabetismo
funcional, y con un problema grave de envejecimiento: el grueso de la
población pesquera española se concentra en la banda entre 45 y 54
años, que es una dificultad adicional a la hora de diseñar las
acciones formativas.
También comparto su preocupación no sólo porque sepamos adaptar el
buque Esperanza del Mar -permítame que en eso me sienta
razonablemente satisfecho- sino en lo que es el conjunto de las
estructuras de apoyo. Soy consciente de que esas bases que durante
muchos años han estado, y recuerdo ahora las de San Juan de
Terranova, la de Namibia, y la que ahora se quiere establecer en el
Océano Índico, también tendremos que adaptarlas a las nuevas
concentraciones de buques españoles. No lo dude, en ese sentido lo
estamos haciendo con la misma filosofía que le indicaba: intentar,
hasta donde sea posible, ir por delante de los acontecimientos y no a
remolque de ellos en el proceso de búsqueda de caladeros y en el
proceso de cooperación con los países. Recientemente, en el mes de
febrero, se ha visitado el Reino Unido e Irlanda para establecer con
las autoridades correspondientes la posibilidad de que buques de
bandera inglesa o irlandesa, pero de interés español, sean
inspeccionados por las autoridades españolas para garantizar una
razonable homogeneidad.
Estamos buscando elementos técnicos que ayuden. El problema principal
de las radiobalizas personales, una de las cuestiones que interesa y
afecta a muchísimos pescadores, es su elevado precio actual, aunque
yo creo que todo lo que se gaste en prevención es poco pero,
lógicamente, tenemos que intentar que se dé un fenómeno de
abaratamiento y de incentivación de este tipo de medios, como habrá
que buscar trajes de neopreno que no solamente aíslen del frío en el
caso de una caída, especialmente en los mares del Norte, sino que
también permitan trabajar con un mínimo de comodidad humana. Aunque
vuelvo a lo mismo: bendita incomodidad aquella que salva una vida, si
se me permite decirlo.
Estamos siguiendo una línea en la que yo creo que podemos
encontrarnos si hacemos un esfuerzo. A veces, y espero que esto se
entienda, hay factores que no dependen solamente de la voluntad
política, algo que presumo es común en todos los grupos, sino de la
voluntad de otros países. Y en este caso, los fenómenos que se están
produciendo de internacionalización de nuestra flota nos obligan a
ser especialmente diligentes a la hora de pedir colaboración, pero no
podemos olvidar que se trata de pedir la colaboración de otros
países. Sí que ha habido una política de actualización de los
instrumentos de cooperación en materia de protección en estos últimos
años en países como Marruecos o Argentina, los cuales tenían
intereses pesqueros, y espero que podamos seguir persuadiendo otras
voluntades para lograr los mejores marcos de asistencia sanitaria
y de prevención para nuestros pescadores.
Finalmente, es una buena filosofía sentar en una mesa a todos los que
son competentes, no solamente a las distintas administraciones sino
también a los propios agentes sociales, en este caso con las
particularidades que a veces ofrece el propio sector. Permítanme que
les diga que, frente a lo que son algunas patronales clásicas,
también las cofradías de pescadores tienen un
papel que jugar, así como otras entidades, que quizá sean difíciles
de entender en otras áreas de la actividad económica, pero que llevan
siglos actuando en el ámbito del mar y cuya opinión entiendo debe ser
tenida en cuenta.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, nuestra postura no
es neutral en este tema, por lo que queremos fijar posición. La pesca
marítima, como se ha dicho, es el sector laboral que presenta un
mayor índice de accidentes de trabajo, comportando un elevado número
de muertes. Esta gran siniestralidad tiene que ver con las especiales
condiciones en que se realiza el trabajo en el mar, diferentes de
cualquier otra actividad laboral. La pesca se lleva a cabo lejos de
tierra firme, en el frágil equilibrio de una embarcación, a merced de
difíciles condiciones meteorológicas y con muy pocas medidas de
seguridad. Estas circunstancias, la mayoría consustanciales con la
actividad -hay que pescar en un barco, barco que se encuentra en el
mar, en donde hay temporales y el trabajo es duro-, tienen muy poco
margen de corrección, pero sí alguno, y se debe actuar para minimizar
los riesgos. Los barcos deben ser más seguros y adaptarse al medio,
debiendo llevar buenos equipos de emergencia y de salvamento.
Por otro lado, hay otras circunstancias que rodean el trabajo en el
mar y que refuerzan la peligrosidad del mismo, siendo éstas las que
se pueden y deben corregir y que en parte se deben al desinterés,
vestido de fatalismo, con que se ven los problemas del mar desde los
poderes públicos en tierra. Entre estos están los horarios de
trabajo, inexistentes en muchos casos. En mercantes, en pesca de
altura y de gran altura ni siquiera los domingos tienen descanso,
trabajan día y noche. El sistema de remuneración también juega un
papel negativo, pues en la pesca se conserva el sistema conocido como
a la parte, es decir, que el salario depende de las capturas,
convirtiendo a los trabajadores en destajistas forzados y forzosos,
lo que a su vez es un elemento más de riesgo. Asimismo, el sistema de
las relaciones laborales también juega un papel negativo, puesto que
no es equitativo o, si se quiere, existe una desregulación laboral
que favorece que la fatiga pueda llegar a la extenuación. El Gobierno
puede y debe hacer algo en este tema.
Otra causa puede estar en las peculiares inspecciones de seguridad
que se realizan más desde los despachos de las capitanías que a bordo
de las embarcaciones; aquí también se puede hacer algo más. En el
sector se desconocen las inspecciones de trabajo, y además
aún no existe una inspección europea que permita actuaciones más
eficaces; también aquí el Gobierno y otras instancias pueden hacer
algo más. Tampoco se controlan los buques de bandera de conveniencia,
cada vez más frecuentes, ni los de algunas empresas mixtas, que
quedan en campos de nadie. Los trajes de supervivencia, como se dijo
aquí anteriormente, siguen sin ser obligatorios a bordo. La mayoría
de los trajes homologados, como dijo muy bien el señor ministro, sólo
sirven para barcos de recreo en los que se trabaje poco, y podemos
incluir aquí los chalecos salvavidas; también aquí se puede hacer
algo más.
Desde el punto de vista pesquero, en este tema también influyen
factores de tipo estructural, como la falta de caladeros o la
reducción del personal en la flota, que obligan a pescar cada vez más
lejos, a trabajar cada vez más y a arriesgarse más para atender a la
dura competencia. A veces, los barcos se ven obligados a faenar en
caladeros para los que no fueron diseñados ni proyectados, obligados
a enfrentarse a embates de mar para los que no fueron concebidos y a
faenar en condiciones extremas de las que a veces se derivan
tragedias. Por otra parte, la progresiva desaparición de nuestra
flota mercante y la disminución de la pesquera están provocando la
emigración de nuestros trabajadores, técnicos y marineros hacia
buques con bandera de conveniencia y de segundo registro, estando
estos buques en muchos casos en malas condiciones de seguridad y a
veces sujetos a nulos controles, pero al final los muertos, cuando
los hay, son nuestros. De todos modos, partiendo de que los barcos
más antiguos tienen la mayoría de las veces más riesgo, debemos
reconocer que no todos los barcos que se hunden son viejos o están en
malas condiciones. Detrás de los accidentes hay casos recurrentes que
podemos agrupar en tres: factores humanos, factores técnicos y
factores externos. De esto ya se habló y no lo voy a repetir. En todo
caso, hay que evitar que estas tragedias se repitan. Sabemos que
detrás de los accidentes hay fallos técnicos, fallos humanos, fallos
de manejo, de fatiga, de medios, fallos que pueden y deben evitarse.
Las administraciones tienen que revisar las normativas de seguridad y
hacer que se cumplan, tienen que mejorar los medios de auxilio,
comunicación y rescate y su funcionamiento.
El sector tiene que asumir también su responsabilidad de forma
activa, mejorando los medios técnicos, formando al personal y
realizando prácticas de emergencia a bordo y evitando imprudencias,
no siempre voluntarias, que matan. Como la situación se repite,
parece que nos estamos acostumbrando a que estas cosas pasen, y
empezamos a verlas como algo natural, y esto no es así, no puede ser
así. La pesca siempre tendrá riesgos, pero su siniestralidad puede
minimizarse y hay que hacerlo. Es cierto que son pocos o nulos los
avances que nos permiten confiar en una rápida reducción de las
catástrofes en el mar, que se convierten después en tragedias en
tierra. Sólo en Galicia, desde 1990
hasta el año 2000, hay que contabilizar 305 muertes, 35 en el último
año; 1.700 en la Unión Europea y 24.000 en el mundo. Detrás de estas
cifras hay personas y hay familias destrozadas. En mi tierra,
Galicia, y en el conjunto del litoral español son demasiadas las
viudas y demasiados los huérfanos por accidentes en el mar. Es tiempo
de decir basta y de poner los medios para que estas tragedias puedan
evitarse, si no todas, sí la mayoría. La moción será el momento de
sumar propuestas, de aportar en positivo. Nosotros, señorías, también
queremos comprometernos en la solución del problema y lo haremos en
positivo en el debate de la moción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
CONSECUENCIAS PARA ESPAÑA DE LA AMPLIACIÓN DE LA BASE NAVAL DE ROTA.
(Número de expediente 172/000072.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre consecuencias para España de la
ampliación de la base de Rota.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señor ministro, no se
preocupe que nosotros tenemos con usted la cortesía que no tuvo en su
día la Mesa con este diputado y no nos importa esperar unos minutos
para que usted pueda participar en este debate. (Un señor diputado:
Segundos.)
Izquierda Unida presenta esta interpelación porque la intervención
del Ministro de Asuntos Exteriores el día 28 de febrero en la
Comisión correspondiente nos dejó seriamente preocupados. El pasado
19 de enero el Gobierno español autorizaba la ampliación por parte de
Estados Unidos de la base de Rota, en Cádiz. Al contrario de lo que
se dijo en aquella comparecencia, la declaración conjunta no fue un
éxito del Gobierno español, sino una claudicación a los intereses de
Estados Unidos. Y para comprender esta claudicación, debemos analizar
esta declaración conjunta en el marco de lo que es el nuevo concepto
estratégico de la Alianza Atlántica, concepto que trata de plasmar
todos los procesos que se habían ido gestando años antes, eso sí, sin
ningún soporte de legalidad internacional. Quedan fijados en este
nuevo concepto estratégico los métodos y un discurso claramente
intervencionista, que ponía fin a una etapa de remodelación de los
medios del ejército de la OTAN y de los Estados Unidos, tras la caída
del bloque soviético. De esta manera, se definía que las fuerzas de
la OTAN, además de garantizar la seguridad y la defensa de los
Estados miembros, y también de
servir de foro de consulta, fundamentalmente trataría de gestionar
crisis. Con esta definición se buscaba una carta blanca para el
intervencionismo militar y el intervencionismo político y se
plasmaban concretamente motivos para la intervención de los ejércitos
de la OTAN, señalando como motivos el movimiento incontrolado de
grupos muy numerosos de población y la defensa de los recursos
naturales, tipificación tan amplia y ambigua que permite intervenir
cuando se desee allí donde los intereses de Estados Unidos lo
demanden, como ha quedado muy claro en la práctica. Porque al hablar
de recursos naturales, señor ministro, no se plantea la defensa de la
Amazonia, sino recursos naturales de interés para los Estados Unidos.
Por otra parte, también quedaba claro que el ámbito de actuación era
eso tan indeterminado como el entorno euroatlántico. Es decir, se
engloba casi todo el planeta con esa lectura amplia del concepto
entorno. Por último se señala que la Alianza Atlántica no necesita el
consentimiento de la ONU para actuar. Permítame que le refresque
estos temas porque es ahí donde se enmarca la ampliación de la base
de Rota por parte de la OTAN o de los Estados Unidos. Tras la entrada
de España en la estructura militar de la OTAN, es cuando la base de
Rota empieza a ser mirada por los Estados Unidos como su principal
base en el sur de Europa y como una base para ser utilizada como
puente aéreo para las intervenciones fuera de zona, para
intervenciones en Oriente Próximo, África y en territorio europeo.
Desde Rota se transportarían, en el menor tiempo posible y de la
manera menos costosa, los contingentes masivos de tropa y de
armamento que se necesitasen. Por eso, de lo que se trata es de
servir a los intereses de Estados Unidos, de servir a los intereses
de una potencia que lo que busca no es ni más ni menos que consolidar
su poderío sobre el resto del mundo.
Se plantea ampliar la base de Rota, con la ampliación del muelle y el
alargamiento y la mejora de la pista, para que se puedan atracar un
mayor número de barcos y aterrizar los grandes aviones de transporte
de tropa y de material, así también como los aviones nodriza para
reabastecimiento en vuelo y los superbombarderos B-52. Desde esta
perspectiva, la anterior Administración había formulado en repetidas
ocasiones al Gobierno español la petición para ampliar la base de
Rota. Tales peticiones se circunscriben, como he dicho, en este nuevo
concepto de defensa estratégica que había aprobado la Administración
Clinton, que de lo que se trataba era, ni más ni menos, que ir
aprendiendo de las lecciones que le habían dado la guerra contra Irak
y la guerra de los Balcanes; lecciones que, por una parte, hablaban
de una debilidad estructural de los Estados árabes aliados y, por
otra parte, sobre todo de la necesidad de situar en la zona de máximo
interés estratégico contingentes masivos de fuerzas propias en el
menor tiempo posible. Todo esto es lo que ha determinado que los
Estados Unidos desarrollen su interés
en la ampliación de la base de Rota. Pero tras la nueva elección de
la Administración americana, la elección de Bush, hijo, como
presidente de los Estados Unidos, el énfasis puesto es todavía mayor,
porque se corresponde a un nuevo incremento del interés de Estados
Unidos por la capacidad de intervención rápida fundamentalmente en
zonas que se consideran de potencial conflicto. Ese es el papel que
ustedes le quieren asignar a nuestro país, un papel de mero
subsidiario de los intereses de Estados Unidos. Por eso nos
sorprendía cuando se planteaba la declaración conjunta como todo un
éxito de la diplomacia española, cuando en realidad no era ni más ni
menos que dar cumplimiento a lo que habían sido peticiones del
Gobierno de Estados Unidos. Por eso a ustedes no les ha preocupado
subvertir lo que fue el acuerdo del referéndum que se celebró en este
país, acuerdo que hablaba claramente de una reducción progresiva de
las tropas de Estados Unidos, de la OTAN en nuestro país.
Evidentemente, ampliar no es reducir. Reducir, señor ministro,
significa -creo que usted lo conoce- ir disminuyendo. A ustedes no
les importa cambiar el resultado democrático de ese referéndum, que
nosotros que perdimos el referéndum sí aceptamos, pero ustedes ni
siquiera en las cláusulas que les podrían obligar, lo han aceptado.
Todavía es momento de plantear el debate de cuál tiene que ser el
papel de España en el concierto internacional, y lo queremos
plantear, en primer lugar, en la defensa de los intereses de este
país, que no se defienden desde el militarismo ni desde el
intervencionismo, se defienden, por el contrario, jugando un papel de
liderazgo en la resolución de conflictos por la vía pacífica y no por
la vía militar, que ya hemos visto qué poco resuelve y adónde van las
resoluciones. Pero también queremos hablar en nombre de los cientos
de miles de españoles que todavía están convencidos de que la
ampliación de la base de Rota no es ni más ni menos que dar rienda
suelta a una forma de entender el mundo donde el conflicto solamente
se puede entender sobre la dominación de una única potencia sobre el
resto de los países del mundo. Creemos que cientos de miles de
españoles están convencidos de que ése no es el camino de nuestro
país y que eso no es lo que más le conviene a nuestro país.
Por tanto, señor ministro, es evidente para nosotros que los Estados
Unidos tratan de imponer su logística militar, tratan de situarnos en
un papel subsidiario, que se enmarca en esa declaración conjunta. Y
esta lógica es la que también dice, como esa propaganda del apache,
que intimidando y dominando es como los Estados Unidos mantienen la
paz. Nosotros no creemos que la paz se consiga ni intimidando ni
dominando. Usted y su Gobierno van a más. Usted y su Gobierno van
camino de convertir a España, y muy concretamente a la comunidad
andaluza, en la zona europea que más cargas tiene que soportar para
garantizar técnicamente los bombardeos de la OTAN.
El Partido Popular -ya se lo he dicho- incumple claramente el
referéndum de 1986, en el que se contemplaba la progresiva reducción
de las tropas de Estados Unidos. Con clara voluntad de sumisión,
ustedes se sitúan a la cabeza de los países más decididos a emplear
la vía militar para resolver conflictos. Ustedes pretenden ser los
aliados fieles a esta lógica militar de Estados Unidos, que tratan de
intimidar y dominar no para imponer la paz sino para imponer su
propio dominio. La paz no se impone con el uranio empobrecido ni
bombardeando poblaciones civiles.
Termino, señor Trillo, diciéndole que Izquierda Unida exigirá aquí y
en el Parlamento de Andalucía que cumplan ustedes escrupulosamente
con el Estatuto de Autonomía de Andalucía; ya que no han cumplido con
el referéndum, les vamos a exigir que cumplan con el Estatuto;
ustedes saben que tienen que informar a la comunidad autónoma
andaluza.
Pero sobre todo queremos que tengan muy claro que seguiremos
oponiéndonos aquí y también en la calle y en otras instituciones,
junto con miles y miles de españoles y españolas, a la ampliación de
la base de Rota. Entendemos que ustedes son contrarios a lo que
merece este país. El actual despliegue de las fuerzas norteamericanas
en el mundo es totalmente inaceptable y no puede servir de ejemplo
para un nuevo marco de seguridad compartida.
Ustedes, lo mismo que nosotros, saben muy bien para qué sirven las
bases americanas: para proyectar fuerzas norteamericanas en cualquier
parte del mundo, sin descartar el uso de las armas nucleares. Con la
alarma que nos produce un submarino nuclear, podemos hablarle de
cuántos submarinos nucleares han atracado en puertos y bases
españolas.
Las bases americanas sirven también como centros de comunicación vía
satélite para asegurar las direcciones de tiro convencionales y
nucleares; y sirven asimismo -usted lo sabe, señor ministro- para
realizar labores de espionaje de las comunicaciones, tal como se ha
denunciado recientemente en el Parlamento Europeo y venimos
denunciando nosotros aquí desde hace muchos años; pero eso parece
preocuparles a ustedes bastante poco.
Entendemos, señorías, señor ministro, que este despliegue de las
fuerzas de Estados Unidos es en sí mismo una amenaza para la paz y
que ustedes, con esta ampliación de la base de Rota, también se
convierten en una amenaza para la paz mundial. Por ello queremos que
se cumpla el texto íntegro del referéndum de 1986; les exigimos que
lo cumplan y que avancen en la progresiva reducción de la presencia
de Estado Unidos en España.
Creo que le ha quedado a usted bastante claro que Izquierda Unida es
contraria a la ampliación de la base de Rota para convertirla en una
base estratégica de abastecimiento para puente aéreo. No es esta la
mejor forma de servir a los intereses de nuestro país. No queremos
convertirnos en la principal plataforma de lanzamiento de
operaciones militares de Estados Unidos. Es más: Izquierda Unida
considera realmente escandaloso que esta decisión se tome de espaldas
al pueblo español. El pueblo español debe ser consultado en un asunto
que afecta a su soberanía y a su seguridad.
Además, proponemos a este Gobierno que lidere a nivel mundial la
convocatoria de una convención internacional que prohíba y destruya
ecológicamente el arsenal nuclear, y que nuestras bases se conviertan
en bases de gestión y de ayuda humanitaria en convenio con Naciones
Unidas.
Ustedes tienen aquí mayoría parlamentaria suficiente para acallar
nuestros argumentos, pero es seguro que no acallarán nuestra voz ni
nuestras razones. Por tanto, señor Trillo, aquí y ahora le planteamos
que no se amplíe la base de Rota.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde):
Muchas gracias, señora presidenta, por la deferencia de los segundos
que ha esperado a que pudiera incorporarme al hemiciclo, que no a la
Cámara puesto que estaba en la llamada zona de Gobierno esperando que
finalizara la interpelación que ha visto acortado su trámite, dada su
naturaleza; ha sido el tiempo transcurrido en venir desde esa parte
de Gobierno. En cualquier caso, se lo agradezco también al señor
Centella.
Señoría, quiero comenzar manifestándole mi profundo respeto por su
grupo parlamentario y sabe además que mi enorme afecto por su persona
y por la del señor Alcaraz, que suscriben la interpelación, y desde
luego el respeto del Gobierno a la opinión que SS.SS. manifiestan
legítima y democráticamente en esta Cámara y, si lo consideran
oportuno, fuera de ella. Pero creo que es también leal que en este
momento ya, llegados a este punto y a tales afirmaciones yo también
le sea muy sincero, señoría, y a mí créame que su discurso me suena a
postmoderno. A lo mejor a usted le parece que eso es muy coherente,
pero usted ya sabe que los discursos postmodernos se caracterizan
porque son fraccionarios, son como la reconstrucción a trozos de un
gran discurso del pasado que se nos fue. Ustedes se empeñan en
insistir en cosas que pertenecen al llamado pequeño siglo XX, que
terminó en 1989, según Hobsbawn, y parece que les cueste tener que
asumirlo y hacen un esfuerzo, que yo les reconozco, por mantener esos
fragmentos de lo que fue el viejo discurso.
Me dice S.S. que todo esto deviene del nuevo concepto estratégico de
la Alianza y que eso no tiene ningún soporte en la legalidad
internacional. Señoría, elTratado de Washington es legalidad
internacional a la
que España pertenece por decisión de este Parlamento y yo, señoría,
le pido y hasta le exijo respeto a la legalidad internacional que ha
suscrito España, porque es un tratado vigente, y además tiene no sólo
legalidad, señoría, tiene la legitimidad de ser la única alianza en
el mundo que ha defendido los principios democráticos y los derechos
fundamentales en que se sustenta el orden democrático, señoría, y por
tanto no se puede poner en cuestión permanentemente ni la legalidad
del Tratado de Washington ni la legitimidad de la Alianza Atlántica.
Luego añade que el nuevo concepto estratégico de la Alianza no hace
más que proyectar la ambición imperial de los Estados Unidos.
Señoría, precisamente la nueva concepción estratégica de la Alianza,
debatida y acordada en Washington, es aquella que, por primera vez,
reconoce la identidad europea de seguridad y defensa, es justamente
el momento en el que se produce un giro casi copernicano, de forma
que los Estados Unidos que, efectivamente, han liderado la Alianza
Atlántica hasta esa fecha, reconocen la necesidad de que el esfuerzo
europeo tenga su propia dimensión, ponen en marcha la iniciativa de
capacidades de defensa, conocida como DFI, y además aceptan y
fomentan la identidad europea de seguridad y defensa, y lo hacen
además para promocionar, junto al concepto de defensa colectiva,
previsto en el artículo 5º del Tratado de Washington, el de nuevas
misiones, llamadas en el ámbito europeo misiones Petersberg, que son
aquellas que pueden afrontar los socios de la Alianza en desarrollo
de misiones de paz y humanitarias.
Si S.S. quiere que profundicemos en cuáles han sido las primeras
aplicaciones de las misiones de paz y humanitarias volveremos a
encontrarnos, porque es verdad que SS.SS. no apoyaron la intervención
en Kosovo. Planteamientos muy distintos. El señor Alcaraz matizó que
sí la ocupación posterior, la misión de intervención, pero no
apoyaron la intervención en Kosovo, basada en la misma legalidad y en
la misma legitimidad, señoría, en la legitimidad democrática. Y
porque fue posible la intervención ha sido posible y va siendo
posible, no sin esfuerzo, la democratización. Así que no puedo
compartir en modo alguno su planteamiento y por supuesto tampoco sus
consecuencias.
Me dice, señoría, que el presidente Bush junior (o hijo, como le haya
denominado, es igual) va a reforzar esa capacidad imperial de los
Estados Unidos en los que la Alianza Atlántica no es más que un
instrumento. Señoría, casi me gustaría decirle que así lo desearían
los europeos, pero hasta ahora nuestra preocupación es exactamente la
contraria, es, tal y como ha anunciado el candidato Bush primero y la
Administración Bush después, que se están replanteando su presencia
como aliados en Europa, y que a lo mejor disminuyen su presencia aún
más y que a lo mejor dejan que esa identidad europea de seguridad y
defensa tenga vuelo propio y solitario. Por tanto,
señoría, no alcanzo a entender esa capacidad de profecía de S.S.,
contraria a lo que han sido todos los comunicados del candidato Bush,
primero, y de la Administración Bush, después. Pero, puestos a
compartir algo, compartiría la profecía de S.S.: no sería malo que
efectivamente mantuvieran la misma línea que han suscrito
administraciones norteamericanas anteriores.
Vayamos a Rota. Señoría, usted sabe muy bien que hoy en la base de
Rota ondea la bandera española y está bajo mando español. Como
comparto con S.S. que efectivamente ha crecido su importancia
estratégica, pero no por la nueva concepción de la Alianza, no; ha
crecido su importancia estratégica y es bueno para España que
obtengamos un reconocimiento de nuestro protagonismo y de nuestra
responsabilidad en orden creciente a la consideración estratégica de
Rota. Su señoría, que habla de la nueva consideración de Rota, sabe
que el convenio después del que se firmó en la transición, en 1976,
es el de 1982, firmado por UCD y luego ratificado por el Gobierno
socialista, que actualmente deriva en el vigente de 1989, y que ahí
ya se introduce, en el de 1982 y se refuerza en el de 1989, la
autorización previa y caso a caso de la utilización de la base para
lo que ha denominado S.S. bombardeos, y que ahora veremos qué
bombardeos. Eso constituyó y constituye un logro y es la garantía
plena de nuestra soberanía sobre la base de Rota, sometiendo a un
control estricto cada operación para las que pide autorización el
Gobierno de Estados Unidos.
En efecto, señorías, nos disponemos a revisar ese convenio con base
en el espíritu de la declaración conjunta hispano-norteamericana del
pasado 11 de enero. Queremos reforzar nuestros vínculos de
cooperación y acentuar nuestro protagonismo; eso se plasma en las
consultas del máximo nivel y en el reconocimiento de un comité
bilateral de alto nivel en materia de defensa. ¿Cuáles son las
misiones para las que se prevén esos aparcamientos, señoría? No,
señoría, no se trata de aviones de combate, eso podría ocurrir en
España en otras épocas de la historia, pero no ocurre ahora y sí en
otros países tan democráticos como el nuestro, en otros países
europeos. En eso, señoría, nuestra posición es mejor, es
privilegiada. Se trata, en efecto, de reforzar la base de transporte
estratégico, y eso supone que vengan a Rota, con autorización previa
y caso a caso, los aviones de transporte como el C-5 Galaxia y el C-17,
capaces de movilizar cargas de gran tonelaje. Eso exige que en
nuestro territorio existan aparcamientos idóneos y ampliados que
pueden financiarse o prefinanciarse con cargo a OTAN, que es para lo
que el Gobierno ha autorizado a empezar la tramitación a los Estados
Unidos, haciendo, eso sí, señoría, una salvedad en la que yo quiero
insistir, porque S.S. no se ha referido a ella, y es que además se ha
de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores de Rota. Y
además de garantizarse el poder adquisitivo, tiene que saber S.S. que
eso va a
suponer una fuerte inversión para Rota y para su comarca, porque se
trata de una cantidad en torno a los 125 millones de dólares, que sin
duda convendrá conmigo S.S. en que repercutirán en beneficio de la
situación laboral e industrial del entorno de Rota. Y eso ha de
hacerse, además, en un plazo de cinco o seis años. En consecuencia,
no tema S.S. que vaya a producirse en una intensificación de la
escalada armamentística como la que ha querido traernos hoy aquí.
He de terminar, señorías, señora presidenta, pero no puedo dejar de
referirme a una insinuación que ya va plasmada en el escrito de la
interpelación y sobre la que S.S. también ha deslizado algún
comentario. Se trata de las referencias a los atraques y fondeos de
buques militares norteamericanos. Señoría, España no ha consentido ni
consiente que haya introducción y transporte de armamento nuclear en
nuestro territorio. Decir lo contrario es faltar a la verdad. Los
Estados Unidos han solicitado autorizaciones de atraque cuando no se
trataba de buques de propulsión nuclear; cuando se trataba de buques
de propulsión nuclear, como recientemente, en las pasadas navidades,
ocurrió en Palma de Mallorca, lo que autoriza el Gobierno español a
la armada de Estados Unidos es a que se produzca el fondeo del buque
fuera de puerto y que se traslade a puerto la dotación para su
descanso y esparcimiento durante dos, tres o cuatro días. Fíjese,
señoría, puede ir a Palma de Mallorca y preguntar si eso no beneficia
al pequeño y mediano empresario y comerciante español.
Señor Centella, no soy quién para dar consejo, pero me gustaría que
actualizaran su discurso, que no vinieran aquí con los fragmentos de
un discurso que ya ha pasado. Espero que en esta Cámara encontremos
los suficientes apoyos para que en esas instalaciones de Rota que se
quieren ampliar podamos ser capaces de optimizar su rendimiento, de
garantizar los puestos de trabajo, de crear una riqueza para Rota,
por supuesto de garantizar la soberanía que se ha recuperado
plenamente sobre el territorio y sobre la mar territorial española y
de tener -eso sí- el puesto que nos corresponde en ese concierto
internacional para el que S.S. estaba dispuesto a ofrecer su apoyo,
pero con una música que, sinceramente, no sólo sonaba muy disonante
sino también muy antigua.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señor ministro, desde el
mismo respeto y, si me lo permite, con el mismo aprecio personal con
el que usted se ha dirigido a nuestro grupo, quería hacerle algunas
consideraciones.
En primer lugar, no voy a entrar a discutir sobre calificativos
modernos o postmodernos. Desde la Edad de Piedra al uranio
empobrecido, las guerras son las guerras y nunca se ha preparado la
paz haciendo la guerra, se utilice el hacha de siles o se utilice
uranio empobrecido. Si nuestro discurso es postmoderno, el suyo puede
ser cavernícola, cambiando el hacha de siles por el uranio
empobrecido. Pero estamos hablando simplemente de calificativos, lo
que nos preocupa no es si un discurso es más antiguo que otro, sino
si un discurso defiende más o menos los intereses de nuestro país o
mejor o peor el futuro de la humanidad.
Señor ministro, los bombardeos de Kosovo no estaban dentro de la
legalidad internacional, fueron denunciados por la ONU. Hubo que
cambiar la legalidad internacional -es lo que he dicho en mi primera
intervención-, porque hubo un tiempo donde no se contaba con ella,
para, en una versión jurídica, a tiempo pasado, adaptarse a ella.
Tampoco sabemos si los últimos bombardeos de Irak están dentro de la
legalidad internacional, lo que sabemos es que, tanto en un caso como
en otro, es una verdadera aberración, lo mismo que ocurre con el
bloqueo a Irak.
Si el nuevo concepto estratégico potencia el papel de Europa, la
verdad es que poco se demuestra, y su Gobierno tiene que pasar la
vergüenza de decir por escrito a este grupo parlamentario que no
conocían dónde ni cómo se había utilizado el uranio empobrecido en la
guerra de los Balcanes. Si ese es el papel de España, la verdad es
que es muy triste. (Rumores.) Por mucho que les duela, señores del
Partido Popular, esa es la realidad.
Y, por favor, no repitan más, porque es ofensivo para el pueblo
yugoslavo y para cualquier pueblo, que las elecciones las ha perdido
Milosevic por los bombardeos. Es una lógica que no la puedo admitir,
puede ser la lógica de un militar, no es la lógica de un demócrata
que tiene que ganar las elecciones en las urnas. No puede decir que
Milosevic ha perdido las elecciones por aquellos bombardeos; al
contrario, creo que aquellos bombardeos aguantaron más tiempo a
Milosevic en el poder y, por tanto, unos bombardeos nunca podrán
ganar unas elecciones. Pero son dos lógicas distintas, la de un
militar y la de gente que no cree que esa sea la lógica que debe
imperar.
Ha dicho usted cosas que nos parecen más graves, porque no daba
ningún argumento para defender por qué nos beneficia la ampliación de
Rota, pero al final lo ha dicho, y es un argumento que, como andaluz,
señor ministro, me ha ofendido. Los andaluces somos un pueblo que lo
hemos pasado muy mal históricamente, que hemos sufrido invasiones y
que, efectivamente, no estamos a la cabeza del desarrollo económico y
social del mundo, pero nunca, señor Trillo, hemos vendido nuestra
miseria. Por tanto, no nos diga que tenemos que vender nuestra
soberanía, que tenemos que vender nuestra propia seguridad para ganar
puestos de
trabajo o para ganar inversiones. Esas inversiones Andalucía se las
merece y su Gobierno se las niega, y no tiene que venir mister
Marshall para resolver los problemas de Rota ni de Andalucía. No
vuelvan a utilizar más el argumento de que las inversiones van a
beneficiar a Andalucía porque le repito que, a lo largo de todos los
siglos, los andaluces hemos sido dueños de pocas cosas materiales,
pero sí hemos sido dueños de nuestra propia dignidad, que no se puede
hipotecar teniendo una base militar en nuestro territorio. Señor
Trillo, a los habitantes de los puertos donde atracan los barcos les
podemos preguntar cuáles son los beneficios de los marines; son
beneficios que no queremos.
A partir de ahí, usted ha hecho alusión a los buques nucleares.
Nosotros tenemos la lista de los buques nucleares que han atracado en
puertos españoles, y ustedes se niegan a preguntarles qué llevan,
evidentemente, no como hace un buen aliado, sino como hace un buen
súbdito. Señor Trillo, nosotros creemos que en este momento España
tiene dos caminos. Uno es que el que ustedes han seguido y que
después de su intervención ha quedado claro: la democracia es igual a
bombardeos, las bases americanas son el Bienvenido Mister Marshall
del siglo XXI. Pero nosotros tenemos otra lógica, que es la de la
solidaridad y la de querer jugar un papel importante en el mundo
resolviendo los conflictos, pero no por la vía militar. Se lo dijimos
cuando la guerra de los Balcanes y ustedes no quisieron escucharnos,
pero quizá ahora algunos, al hablar del uranio empobrecido y de otros
síndromes, se acuerden de cuál era la lógica de la confrontación y
cuál era la lógica que ustedes defendían.
Señor Trillo, le vuelvo a repetir lo que, según las encuestas, al
parecer opina gran parte de la población, y es que ustedes no
quisieron plantearlo en la campaña electoral, pero ya tenían el
acuerdo prefijado el 5 de noviembre de 1999, según consta en
documentos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos. Lo aplazaron
hasta después de las elecciones porque no quisieron ir a la campaña
electoral cargando con esa responsabilidad.
Como le decía al terminar mi anterior intervención, ustedes podrán
imponer aquí su mayoría absoluta (espero que no refrendada por otros
grupos), pero estamos convencidos de que la lógica de la mayoría
parlamentaria no es en estos momentos la lógica de los intereses de
este país. Por eso vamos a estar en la calle manifestándonos y
protestando contra lo que entendemos que es un atentado a la
soberanía nacional, a la seguridad de este país y, sobre todo, es un
flaco servicio a una política de seguridad y de solidaridad, que es
la que todos deberíamos defender.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Centella, parece que subiendo el tono del lenguaje, la
intensidad del empleo de determinados epítetos y calificativos no
vamos a entendernos. Por eso, señor Centella, renuncio no ya a
convencerle, ni siquiera a persuadirle. Pero creo que debe quedar
constancia en el «Diario de Sesiones» de cuáles son los principios
(por lo que usted me preguntaba en su interpelación) que van a regir
la renovación y la renegociación del convenio.
Señor Centella, nosotros pensamos que la construcción de los
aparcamientos es beneficiosa no sólo para las relaciones bilaterales
de España con los Estados Unidos, que comprendo que no es un país que
suscite sus simpatías, no lo ha hecho nunca, aunque pensé que por
razones de cierto pragmatismo y de cierto realismo democrático habían
depuesto esa hostilidad, pero ése es un problema de ustedes y de su
alternativa.
Además de ser bueno para la relación bilateral, es bueno para las
Fuerzas Armadas españolas, bueno para España y bueno para su
proyección internacional. Piense, señoría, que esos aparcamientos no
entran en la carrera armamentística que usted ha mencionado, porque,
repito, probablemente se tardan unos cinco años en construir y son
para los aviones del tipo que le he señalado, no para aviones de
combate; piense, señoría, que esos aparcamientos pueden constituir
también la base de coaliciones internacionales legítimas y legales
que España puede liderar y en las que puede aportar mucho, y que
pueden estar bajo el comando de Naciones Unidas, de la Unión Europea,
de la Alianza Atlántica, ¿por qué no?
Y eso es algo, señoría, que se inscribe además en el contexto de lo
que han sido las relaciones de este país con Estados Unidos, con dos
gobiernos democráticos distintos. Después de los gobiernos de la
transición, del acuerdo del ministro de Asuntos Exteriores, Areilza,
y del secretario de Estado, Kissinger, vinieron los acuerdos que
suscribió, insisto, Unión de Centro Democrático y mantuvo el Partido
Socialista, y luego los acuerdos que suscribió el propio Gobierno
socialista. Y nosotros vamos a movernos en el mismo esquema, señoría:
mantenimiento, por supuesto, de nuestra soberanía, no aumento de la
presencia militar, que se ha reducido sensiblemente -recuerde
Torrejón y Zaragoza-, y el aumento de los aparcamientos no implica,
para nada, aumento de presencia en una base que tiene, insisto, mando
español, incluso en seguridad interior, no ya en algo tan importante
como los símbolos de la propia soberanía, y simplemente autorización,
caso a caso, del uso de esas bases; caso a caso y confrontación con
la legalidad internacional. Esos son los principios sobre los que el
Gobierno pretende negociar la renovación del convenio. Usted puede
considerar que eso no beneficia a la comunidad internacional, no
beneficia a
España, no beneficia a la población de Rota y no beneficia
a Andalucía. Nosotros consideramos exactamente lo contrario.
Y si todo lo que S.S. tiene que alegar es el uranio empobrecido como
muestra de su respeto y nuestra contradicción de la legalidad
internacional, más le hubiera valido haberse callado en este punto.
No soy de aquellos que les gusta recordar sus errores a los
adversarios, señoría, pero en esta Cámara dije que el uranio
empobrecido no era relación causal directa de las enfermedades
tumorales y cancerígenas, y en la Comisión hubo personas, de
distintos grupos parlamentarios de la oposición, que convinieron en
ser, al menos, más prudentes en establecer esa relación de
causalidad, no así S.S., que ni entonces ni ahora quiere cambiar su
posición. Pues bien, señoría, si quiere respetar la legalidad
internacional, supongo que admitirá el dictamen de Naciones Unidas,
que se hizo público ayer, en donde se explicita y se pone de
manifiesto que no hay relación causal entre el empleo de las armas de
uranio empobrecido en el bombardeo de Kosovo y las enfermedades
tumorales. Puede aplicarse S.S. su propia medicina, eso es legalidad
internacional.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Trillo. ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente la música que suena (por hacer propia la imagen que
utilizaba el ministro de Defensa y que este portavoz había utilizado
con motivo de otra iniciativa del propio Grupo de Izquierda Unida
relativa a la OTAN) detrás de esta iniciativa no es la de mi grupo ni
la hacemos propia y lo quiero decir también con todo el respeto que
podemos sentir por el Grupo de Izquierda Unida. Desde mi grupo
sentimos no sólo respeto sino apoyo a lo que es, por un lado, un
reforzamiento y una intensificación de las relaciones entre España y
Estados Unidos, un reforzamiento del papel de España en el seno de la
Alianza Atlántica y, evidentemente, de forma absolutamente
inseparable, un reforzamiento y un papel de liderazgo, que esperamos
que sea todavía mayor de lo que es, de España en la construcción de
una iniciativa europea de defensa, inseparable y no contrapuesta a lo
que es el papel de España en el seno de la Alianza Atlántica.
Con esa música de fondo, que es la nuestra y que entendemos que en
este caso está en sintonía con la de la mayoría de la Cámara y por
tanto con la de la mayoría de las fuerzas democráticas en España, no
podemos compartir ese tono de alarmismo que se deduce de esta
interpelación. Por intentar ser constructivos o buscar puntos de
sintonía con los autores de la iniciativa, sí
podemos compartir una reserva a priori por la intervención de hoy y
por la que tuvo en su momento el ministro de Exteriores en la
Comisión ante lo que pudiera haber sido -y aparentemente no lo es
según la información que estamos recibiendo- un cheque en blanco
a los Estados Unidos en el momento en que hay que revisar la relación
bilateral. Desde una perspectiva de alianza y de sintonía entre
aliados, en ningún caso habríamos apoyado que España, en el ámbito de
la relación bilateral y muy específicamente en la base de Rota,
hubiera dado un cheque en blanco a los Estados Unidos. El precedente
reciente de los ataques a Irak, respecto de los que el Gobierno
español reconoció haber sido informado a posteriori, exactamente
igual a como lo fue cualquier corresponsal de prensa, sin mayor
respeto ni deferencia, prueba que no es posible dar cheques en blanco
a Estados Unidos, y eso es compatible con una relación leal.
Nos tranquiliza el mantenimiento de la necesidad de autorización caso
por caso, con una finalidad concreta y especificada de la utilización
de la base de Rota, la absoluta desnuclearización, que también vemos
confirmada en la intervención de hoy y que vimos confirmada el otro
día en la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, a pesar de
que quizá hubiera sido otra la intención de los Estados Unidos, y es
que la base de Rota no pueda ver incrementada -sería partir de cero-
su dimensión o su carácter nuclear, porque el Gobierno que llevara a
cabo esas modificaciones se encontraría con la oposición frontal de
mi grupo. Entendemos que esto no está siendo así, que la revisión del
convenio y la revisión concretamente técnica que hace referencia a
Rota es de un orden menor, aunque no por ello menos importante en
términos de creación de empleo en la zona, en términos de desarrollo
y de operación logística de lo que es transporte de tropas y demás,
por lo que mi grupo no tiene especial problema en prestar su apoyo al
Gobierno en ese punto.
Vamos a ver cómo es exactamente y qué contenido tiene la moción que
traiga el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para ver si
se puede volver a fijar un marco común y de consenso que sirva de
punto de referencia de esa renegociación. Si Izquierda Unida es capaz
de traer a esta Cámara algo que, incluso rebajando lo que serían sus
pretensiones máximas no vaya más allá de lo que no estaríamos
dispuestos a ir, es posible que en este terreno nos pongamos de
acuerdo. Si lo que finalmente aparece en esta Cámara es una moción
del tipo de todo es negativo, suprimamos Rota y, si me permiten la
expresión, yankees go home, ése no es el planteamiento al que mi
grupo prestará apoyo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Gracias, señorapresidenta.
Señorías, agradecemos que haya habido esta iniciativa porque nos
permite el debate en Pleno -otras iniciativas están en la Comisión de
Defensa, donde podremos seguir esta discusión- e ir clarificando una
serie de ideas, de conceptos y, por qué no, de confusiones iniciales
que hubo sobre este tema. Hubo inicialmente una confusión en
declaraciones que vinculaban la modernización de la base de Rota y
Morón con un trato especial por parte del Gobierno americano o
incluso con una presencia de España en el G-7 o el G-8. No fue usted,
señor Trillo, quien hizo estas declaraciones, pero algún otro
ministro más impetuoso de su Gobierno sí se metió por estos caminos
que evidentemente no nos llevaban a ninguna parte. Ha habido también
confusión entre lo que tenía que ser la modernización de la base y la
revisión del convenio y seguramente en este campo aún habrá que
precisar algunos elementos. Hubo también en algunas declaraciones
contradicciones sobre el significado del pago de las obras y en algún
momento hablamos con usted y clarificamos alguno de estos aspectos.
Su intervención va por un camino distinto, va por un camino mucho más
concreto y conciso, camino que puede puede permitir un debate
racional de esta cuestión. Usted lo ha reconocido: el actual convenio
con Estados Unidos supuso un profundo cambio de filosofía y es un
buen convenio, por lo tanto, no es necesario cambiar sus principios y
su filosofía. Procederán ustedes inicialmente, y después en su caso
será ratificado por este Congreso y por el Senado, a una adecuación
técnica del mismo. Los principios que rigen el convenio siguen siendo
básicos y nosotros creemos que no deben modificarse: mantener el
principio de la soberanía y del control de España sobre las bases de
Rota y de Morón; preservar el actual régimen respecto al uso y a las
autorizaciones de uso caso por caso; no incrementar el nivel del
personal autorizado en las bases y mantener las condiciones de
desnuclearización en los estrictos términos que fueron aprobados en
el referéndum por parte del pueblo español.
El proceso de modernización de la base va a suponer también otros
elementos a los cuales el Gobierno y este Parlamento tendrán que
estar atentos. Tendrá que haber un control a fondo sobre la ejecución
de las obras y sus consecuencias, y el Gobierno tiene la obligación
de que se cumplan las garantías sobre la incidencia positiva que esta
modernización puede tener tanto en lo económico como en lo industrial
y en lo laboral para la zona. El Gobierno tiene que aprovechar esta
revisión técnica para la resolución de pequeños contenciosos pero que
son importantes para los afectados, que siguen existiendo entre el
Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno español y las autoridades de
la zona. Tiene que darse una solución ya definitiva a los
contenciosos económico- laborales que siguen existiendo en Rota y
Morón y
tienen también que solucionarse los contenciosos económico- fiscales
que existen con las autoridades locales de la zona.
La relación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Estados
Unidos, entre España y Estados Unidos, es y debe ser una relación
entre aliados, es decir, no de supeditación. El Gobierno español debe
defender los intereses de España mediante estrategias propias, que a
veces coincidirán, y otras no, con las estrategias de sus aliados. En
este sentido, yo le invitaría a estar atento a la redefinición de los
mandos unificados americanos y sus ámbitos geoestratégicos que en
octubre se llevarán a cabo. Estemos atentos a ello, porque esto sí
que puede incidir en algunos elementos del significado y la
utilización de la base de Rota.
El Gobierno, sea del color que sea, debe garantizar la soberanía y la
dignidad de nuestro país en el marco de la seguridad compartida del
que nos hemos dotado democráticamente, debe optimizar sus capacidades
y sus condiciones geoestratégicas no con declaraciones
grandilocuentes, que a veces suenan más a ridículas que a otra cosa,
sino con posiciones inteligentes y realistas, que son las más útiles
para España y sus intereses. Cuando esto se cumpla, no tenga S.S.
duda alguna de que nos encontrarán a su lado como siempre nos han
encontrado; cuando no, ejerceremos responsablemente nuestra condición
de oposición para garantizar los intereses de España, que es lo que
nos debe mover a todos.
Muchas gracias, señora presidenta y señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marsal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Centella, señor ministro, en este turno en el que
estamos, corresponde la fijación de la posición del Grupo
Parlamentario Popular en esta interpelación. Lógicamente el debate,
en lo que significa de posicionamiento de este grupo, se producirá
una vez que conozcamos la moción que, sin duda, presentará el Grupo
de Izquierda Unida. Yo no soy tan optimista como el señor Guardans,
estoy absolutamente convencido que ustedes seguirán, erre que erre,
en lo mismo. No obstante, quisiera hacer algunas afirmaciones en
relación con la cuestión que se ha debatido. En primer lugar, el
convenio de defensa vigente en este momento, suscrito en el año 1989
entre el Gobierno de España y los Estados Unidos, es un buen convenio
y los principios que le inspiran, que se mantienen y que en el futuro
convenio se van a respetar escrupulosamente pero aplicando la
declaración conjunta del pasado día 11 de enero, marcan la línea en
la que lainmensa mayoría de esta Cámara va a estar. Las
intervenciones del señor ministro, del señor Marsal y
del señor Guardans asumen determinados principios que la mayoría
compartimos.
La posición de Izquierda Unida evidentemente no cambia. Ustedes están
en la antigüedad o en la posmodernidad, da igual, es su problema y
allá ustedes con sus consecuencias. Pero hay una realidad y es que
ustedes, erre que erre, se empeñan en no compartir un convenio
e incluso en esta Cámara han planteado su denuncia que la mayoría de
esta Cámara, igual que respaldó el convenio en el año 1989, ha
rechazado, y ustedes han fracasado. Ahora ¿donde nos encontramos?
Después de la declaración conjunta del pasado 11 de enero del
presente año, se ha acordado la revisión técnica del vigente convenio
defensivo entre España y los Estados Unidos. En esa revisión técnica
se contempla el análisis de algunos elementos de las instalaciones de
la base de Rota. Y ustedes ya dan por sentado, utilizando
erróneamente los conceptos o con desconocimiento absoluto de la
realidad, que se habla de una posible ampliación de la base de Rota.
Como perfectamente ha quedado claro, la base de Rota no sólo no se
amplía, sino que tampoco aumenta la presencia americana en España.
Las modificaciones que en todo caso mejoran las modernizaciones que
se introduzcan, sobre las que se está hablando, corresponden a
requerimientos operativos de la nueva situación estratégica en la que
estamos y a requerimientos operativos de las propias Fuerzas Armadas
españolas. Esa es la línea en la que se trabajará. Por tanto,
¿principios inspiradores? Mantenimiento de la soberanía plenamente
recuperada, como ha dicho el señor ministro; mando español al frente
de las dos bases que sigue habiendo en España de utilización
conjunta; no ampliación de las instalaciones ni del número de
soldados o tropas americanas que haya en España y avanzar en unas
líneas que son coherentes
con nuestros compromisos internacionales y con la posición que tiene
España.
Un último comentario respecto a la declaración conjunta. Señor
Centella, significa claramente un gran éxito de la diplomacia
española y usted como español, aunque tenga otras ideas, debería
estar orgulloso de que el papel de España en Europa, en la Alianza
Atlántica y en el mundo se vaya reconociendo; eso como español.
Finalmente, un comentario como andaluz. Yo también soy andaluz,
elegido por los andaluces, por una circunscripción que es la misma
que la suya. La diferencia es que usted tiene unos cuantos votos y yo
represento a un partido que ganó las elecciones con el 46 por ciento.
Su representación es tan digna como la mía, pero lo que no le admito
es que usted se arrogue la representación del pueblo andaluz que no
tiene. Usted tiene la que tiene y, por lo tanto, yo como andaluz
humilde pero que represento al partido mayoritario en España y en mi
circunscripción, le digo que en ningún momento nos ofende ni nos
molesta ni se traiciona el estatuto con el convenio vigente en
materia de defensa que afecta a las bases de Rota y de Morón ni con
la revisión técnica que se plantee; ni se afecta al estatuto ni se va
a tocar, no se tocó antes ni se va a tocar ahora. Usted debería leer
bien el artículo 23 del estatuto o simplemente saberlo interpretar
bien.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las 9 de la mañana.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.