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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 61, de 20/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 61
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 57
celebrada el martes, 20 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para la constitución del
Consejo Nacional de Ética de las Ciencias y las Tecnologías. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 25-1, de 25 de abril de
2000. (Número de expediente 122/000021.) . . . (Página 2923)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre publicidad
institucional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 44-1,
de 12 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000033.) . . .
(Página 2933)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
estimular el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 134, de 16 de febrero de
2001. (Número de expediente 162/000233.) . . . (Página 2940)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
incentivar el mercado de alquiler de viviendas. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 129, de 9 de febrero de 2001. (Número
de expediente 162/000223.) . . . (Página 2940)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre regularización urgente de
los inmigrantes que se encuentran en España. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000208.) . . . (Página 2949)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 5 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000197.) . . . (Página 2949)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), por la que se establece
un proceso extraordinario de regularización y se amplían las vías
ordinarias que permite la Ley 8/2000. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 129, de 9 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000218.) . . . (Página 2949)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas que debe adoptar el Gobierno ante la existencia de un número
importante de inmigrantes en situación irregular. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 129, de 9 de febrero de 2001. (Número
de expediente 162/000222.) . . . (Página 2949)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha
para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la
ciudadanía turolense, de manera masiva, el día 29 de noviembre de
2000. (Número de expediente 173/000041.) . . . (Página 2962)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política
general en materia de residuos. (Número de expediente 173/000042.) .
. . (Página 2968)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
razones de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y
en particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero
de 2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido (Almería).
(Número de expediente 173/000043.) . . . (Página 2975)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de Ley . . . (Página 2923)
Del Grupo Parlamentario Socialista, para la constitución del consejo
nacional de ética de las ciencias y tecnologías . . . (Página 2923)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lissavetzky Díez.
Argumenta la necesidad del consejo nacional de ética de las ciencias
y tecnologías que propone su grupo en base a las nuevas relaciones
entre ciencia, tecnología y
sociedad. Explica que el conocimiento tiene un gran valor y que
campos tan diversos como las biotecnologías, los materiales, las
nuevas técnicas de investigación tienen una gran relación con el
entorno productivo, pero, paradójicamente, esta influencia del
sistema científico-técnico para condicionar y decidir en muchos
aspectos de la vida humana y del futuro de nuestro planeta contrasta
con un alejamiento de los centros de decisión de los propios
científicos, lo que condiciona de alguna manera lo que son las
actitudes sociales ante el progreso y sus consecuencias éticas y
socio-económicas. Parte de la base de que la investigación es vital
para el desarrollo de la humanidad, pero se pregunta cómo se decide
si esos conocimientos se van a utilizar para fines positivos o para
fines perversos. Pone una serie de ejemplos y considera que en la
relación de la ciencia con la nueva economía es necesario el
contrapunto de la política para corregir los defectos que tienen que
ver con las desigualdades. Por ello es necesario un comité de ética
de las ciencias y de
las tecnologías, que asesore e informe y que sea independiente y
plural. Reconoce que fue la diputada del Partido Popular doña Blanca
Fernández de Capel quien trajo por primera vez a la Cámara, en 1998,
una proposición no de ley para crear un comité de las ciencias y de
las tecnologías, que fue aprobada con la abstención de su grupo, pero
que en febrero de 2001 dicho comité todavía está sin crear. Esto es
lo que ha impulsado a su grupo a presentar esta iniciativa,
susceptible de ser enmendada porque la vocación de su grupo es plural
e integradora. Explica el contenido concreto de la proposición de ley
y pide el voto favorable para su toma en consideración.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); la señora Urán González, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista para la constitución del consejo
nacional de ética, de las ciencias y las tecnologías, se rechaza por
126 votos a favor, 157 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura) sobre publicidad
institucional . . 2933
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Explica que su grupo,
Iniciativa per Catalunya-Verds, pretende con esta iniciativa regular
la publicidad pagada por las administraciones públicas, para que ésta
sea veraz, rigurosa y respetuosa con los derechos fundamentales de
las personas y adecuándose a un Estado plurilingüe. Recuerda que en
mayo de 1999 se debatieron en la Cámara dos iniciativas, una del
Grupo Mixto y otra de Izquierda Unida, que, a pesar de recibir
elogios de los otros grupos, fueron rechazadas porque hubo grupos
parlamentarios que consideraron que aquel no era el mejor momento
para iniciar un proceso de regulación de la publicidad institucional
por estar muy cercanos algunos procesos electorales. Se refiere a los
argumentos que dieron los grupos para rechazar estas iniciativas y se
pregunta dónde ha quedado la promesa de la señora Mato, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se presentaría por
su grupo una proposición consensuada con el resto de los grupos.
Explica el contenido de la proposición de ley y termina su
intervención manifestando que su iniciativa no está en contra de
nada, sino a favor de la igualdad, del pluralismo político y del
respeto a las personas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka
Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i
López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las
señoras López González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mato
Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura) sobre publicidad
institucional, se rechaza por 126 votos a favor y 166 en contra.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 2940)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
estimular el acceso a la vivienda en régimen de alquiler . . .
(Página 2940)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para incentivar
el mercado de alquiler de viviendas . . . (Página 2940)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso el señor Ortiz González. Manifiesta que la proposición no
de ley que se propone defender en nombre de su grupo se refiere a la
necesidad de promover fiscalmente la vivienda en alquiler porque, a
pesar de que esta necesidad ha figurado en todos los programas
electorales, la insuficiencia y escasez, cuando no la inexistencia de
mercado de alquiler, sigue siendo un problema pendiente de la
sociedad española. Se refiere al compromiso electoral de su grupo de
fomentar la recuperación del mercado de alquiler propiciando que el
suelo de los municipios provenientes de cesiones urbanísticas se
dedique principalmente a promover viviendas protegidas en régimen de
alquiler y describe el precario mercado de estas viviendas,
analizando sus causas y sus consecuencias y dando una serie de datos
incuestionables
en relación con lo que sucede en otros países del entorno europeo.
Asegura que no hay demanda de viviendas en alquiler porque no hay
oferta suficiente y como la oferta y la demanda no se encuentran, se
produce una elevación importante de los precios. Anuncia el voto
negativo de su grupo a las enmiendas que se salen del esquema del
incentivo fiscal y se refiere a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presentando una enmienda
transaccional a la que da lectura.
En defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Jané
i Guasch. Manifiesta que su iniciativa tiene un objetivo claro y
concreto como es el de promover la vivienda en alquiler. Siguiendo el
razonamiento del señor Ortiz, asegura que estamos en la cola de
Europa con menos del 15 por ciento de viviendas en alquiler.
Considera una necesidad aumentar la oferta de mercado de alquiler
para abaratar los precios y explica los cuatro puntos de su
proposición no de ley: facilitar la adquisición de suelo público a
bajo precio para destinarlo a la construcción de viviendas en régimen
de alquiler, a precio protegido y para la población con menos
ingresos; la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas; la reforma del impuesto sobre sociedades y la incentivación
de la rehabilitación de inmuebles, siempre que sean destinados al
alquiler. Finaliza diciendo que su grupo comparte el espíritu de las
enmiendas presentadas y confía en que la enmienda acordada con el
Grupo Popular sea apoyada por el máximo número de grupos posibles,
para así dar un impulso importante a lo que debe ser una mayor oferta
del mercado de la vivienda de alquiler.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Miralles i Guasch, del Grupo Parlamentario Socialista; el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Txueka
Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen los señores Ortiz González y Jané i Guasch.
Retirada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, se somete a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para incentivar el
mercado de alquiler de vivienda, con la incorporación de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que se aprueba por 173
votos a favor, uno en contra y 128 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre regularización urgente de
los inmigrantes que se encuentran en España . . . (Página 2949)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España . . . (Página 2949)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), por la que se establece
un proceso extraordinario de regularización y se amplían las vías
ordinarias que permite la Ley 8/2000 . . . (Página 2949)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
que debe adoptar el Gobierno ante la existencia de un número
importante de inmigrantes en situación irregular . . . (Página 2949)
En primer lugar, en defensa de la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene la señora Rumí
Ibáñez. Manifiesta que la presentación de su proposición no de ley
sobre la regularización urgente de los inmigrantes que se encuentran
en España responde a una fundada preocupación en torno a la situación
por la que atraviesan miles de personas y sus graves consecuencias en
diferentes ámbitos y a la firme voluntad de su grupo por ejercer una
oposición útil que sirva a los intereses reales de los ciudadanos y
que ofrezca soluciones a los problemas ante la carencia de respuesta
por parte del Gobierno. Critica la dureza de la postura del Gobierno
ante la inmigración irregular y considera obligado dar a la
ciudadanía una explicación realista y veraz sobre la inmigración y
sus circunstancias. Su grupo, dice, es firme partidario de incentivar
una cultura de canalización de los flujos migratorios, pero es
consciente de que la inmigración irregular se va a seguir produciendo
y de que no se puede devolver de manera masiva a los inmigrantes que
viven entre nosotros pero que carecen de documentación. Por ello
intentan buscar soluciones alternativas y presentan esta proposición
no de ley ante la Cámara, que no busca la confrontación
sino aunar esfuerzos. El Gobierno, opina, debería de escuchar
y dar una oportunidad al diálogo ante la opción que hoy le plantean,
que está razonada y recupera experiencias similares en otros países
de la Unión Europea. Finaliza haciendo un llamamiento al grupo
mayoritario y al Gobierno para que acojan esta propuesta desde el
realismo político, con el espíritu constructivo que los socialistas
desean que tengan sus iniciativas y dentro de un planteamiento global
de que la política debe ser ante todo un instrumento útil para
resolver los problemas de los ciudadanos.
En defensa de la segunda proposición no de ley sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, interviene el señor Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Muestra
su perplejidad ante el debate que se está produciendo en torno a los
problemas de la inmigración y las soluciones políticas que se
plantean como posibles. De una parte, afirma, se dice que la
inmigración es crucial, de cara al siglo XXI, para ir tejiendo la
sociedad española mestiza en función de las condiciones materiales
que hay en todo el mundo, y de otra que la inmigración es un debate
que ha de convertirse, como si fuera sinónimo de silencio, en un
pacto de Estado. Deduce de ello que lo que se quiere es silencio
sobre la inconstitucionalidad de la Ley de extranjería y poner la
realidad entre paréntesis durante un tiempo. Su grupo no se presta a
dicho pacto y afirma que si no hay debate político y social que
genera coraje democrático de cara a la política de integración
absolutamente necesaria, el problema no se solucionará sino que se
hará una nueva lectura de la Constitución de cara a una estructura
social b, protegida de manera paternalista en función de intereses
electorales y políticos. Critica duramente la Ley de extranjería y no
entiende como se puede abogar por el hábito de legalidad para el
sector b si no se le reconocen derechos fundamentales como los de
asociación, de huelga, de manifestación o de sindicación. Critica
duramente la política llevada a cabo en El Ejido y el modelo del
hábito de la legalidad que lleva a una estructura social y laboral B,
que necesita un bloque muy amplio de irregulares, y a una lectura
también B de la Constitución, poniendo de relieve su total rechazo a
negociar los derechos fundamentales, porque, afirma, no hay ninguna
posibilidad en la vida cotidiana de tener derechos y solucionar
problemas sin pasar por los derechos fundamentales y por la capacidad
para presionar y movilizarse en esta forma social de intentar
organizar a los inmigrantes, anunciando que su grupo seguirá luchando
por una regularización general.
En tercer lugar interviene el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto, para defender su proposición no de ley, por la
que se establece un proceso extraordinario de regularización y se
amplían las vías ordinarias que permite la Ley 8/2000. Plantea en su
proposición no de ley dos objetivos fundamentales: la ampliación
ordinaria de la regularización de la Ley 8/2000, a través
fundamentalmente de que una oferta de empleo signifique
automáticamente el permiso de residencia y de trabajo, contemplando
aspectos humanitarios, y la apertura de un proceso de regularización
extraordinaria que tenga como límite temporal las personas que
estaban en el Estado español a la entrada en vigor de esta ley. Esta
proposición no de ley coincide, con algunos matices, en la
orientación y en el sentido con las otras tres planteadas, por lo que
considera que es un clamor democrático de la sociedad para abrir un
nuevo proceso de regularización, anunciando que harán todo lo posible
para que la Ley de Extranjería llegue al Tribunal Constitucional y
este diga si se vulneran o no los derechos fundamentales.
Por último, en defensa de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor
Campuzano i Canadès. Manifiesta que con estas cuatro iniciativas se
aborda hoy una de las primeras consecuencias en estos últimos meses
de la conclusión, seguramente en falso, del proceso de regularización
llevado a cabo por la Ley 4/2000. Su proposición, explica, incide en
uno de los temas más persistentes en la política de inmigración no
sólo del Estado español, sino del conjunto de los países occidentales
democráticos avanzados, que es la inmigración de carácter irregular
que, en el caso específico de España, tiene una dimensión especial.
Recuerda los procesos extraordinarios de regularización llevados a
cabo desde el año 1985 para dar respuesta a la persistencia de
inmigrantes en situación irregular, experiencias que no considera
positivas y achaca su fracaso a no haber desarrollado políticas de
impulso real y efectivo del control del flujo migratorio, de lucha
contra la contratación de carácter irregular, de cooperación política
con los países de origen o de lucha eficaz contra las mafias.
Considera que las cuatro proposiciones no de ley, en especial la
suya, entienden que, bajo el objetivo de reducir al máximo la bolsa
de inmigrantes en situación irregular, se impone la utilización al
máximo del conjunto de previsiones que contempla la legislación
española. Asegura que la Ley 8/2000 tiene un margen de actuación que
supera los márgenes de actuación existentes en la legislación
anterior y que su proposición no de ley coincide no sólo con algunos
contenidos de otras proposiciones sino con las manifestaciones del
Defensor del Pueblo, del Sindic de Greuges, con el
conjunto de personas encerradas en diversas iglesias de la Ciudad de
Barcelona, por lo que se trata de una propuesta que se enmarca en el
sentido común, supera lo que es una dimensión estrictamente
partidaria y se sitúa en el único marco en el que hoy se pueden
encontrar soluciones. La posición de Convergència i Unió sobre el
problema de la inmigración es la de no silenciar el debate, sino ser
capaces de construir una posición política y social suficientemente
amplia y generosa para permitir que la inmigración se convierta en un
factor de riqueza del conjunto de nuestra sociedad.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene la
señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Muñoz Uriol,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la proposición no de ley del grupo Parlamentario
Socialista, sobre regularización urgente de los inmigrantes que se
encuentran en España, se rechaza por 123 votos a favor, 159 en contra
y seis abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España, se rechaza por 17 votos a favor, 177 en contra
y 108 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto (señor Saura), por la que se establece un proceso
extraordinario de regularización y se amplían las vías ordinarias que
permite la Ley 8/2000, se rechaza por 126 votos a favor y 176 en
contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que debe adoptar el
Gobierno ante la existencia de un número importante de inmigrantes en
situación irregular, con excepción del punto primero, retirado por el
interviniente, y con la incorporación de las enmiendas de adición
presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, se
rechaza por 25 votos a favor, 162 en contra y 116 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 2962)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha
para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la
ciudadanía turolense, de manera masiva, el día 29 de noviembre de
2000 . . . (Página 2962)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, pide el
apoyo de la Cámara a la moción que nace de una interpelación urgente
debatida en el Pleno de la semana pasada y que tiene por objeto
instar al Gobierno a realizar toda una serie de actuaciones
reclamadas desde hace tiempo por un territorio que como Teruel se ha
echado a la calle para defender lo que cree que es justo.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Labordeta Subías.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha
para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la
ciudadanía turolense, de manera masiva , el día 29 de noviembre de
2000, en los términos derivados del debate y con la aceptación por
parte del proponente de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechaza por 121 votos a favor, 168 en contra y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general
en materia de residuos . . . (Página 2968)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente presentada
el miércoles pasado la señora Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario
Socialista. Considera que no se deben derivar competencias
en la política de residuos en general, porque las autonomías tienen
la suyas, los ayuntamientos las suyas y el Gobierno central no puede
hacer dejación de sus funciones cuando tiene una importante normativa
sin desarrollar y un principio de coordinación y de solidaridad
interterritorial que debería liderar pero que en este momento más
bien parece dispuesto a abandonar. Tras criticar la política del
Gobierno del Partido Popular en materia de residuos, explica los
cuatro puntos de la moción que contienen unas medidas que considera
urgentes y viables y recuerda al Gobierno y al partido que le
sustenta que la sociedad ha despertado en materia de medio ambiente y
que hay que dar respuesta ante los riesgos medioambientales,
encarando los problemas y dándoles solución.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe
Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martí i Galbis, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De
Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Marón Beltrán.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general
en materia de residuos, con la incorporación de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 100
votos a favor, 156 en contra y 12 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones
de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y en
particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de
2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido (Almería) . . .
(Página 2975)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, reproduciendo el debate de las proposiciones no de
ley sobre los problemas de la inmigración, y pide el voto favorable
porque entiende que es la manera de que el Parlamento recupere la
coherencia en la
defensa de los derechos humanos, que es a lo que obliga el juramento
o promesa de la Constitución.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor De la Encina
Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, en primer lugar, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, el punto primero del texto de la moción
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la actuación del
Gobierno en general ante la inmigración y en particular por el
incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de 2000 tras los
sucesos del pasado año en El Ejido (Almería), se rechaza por 83 votos
a favor, 149 en contra y siete abstenciones.
Sometido a votación, a continuación, el punto segundo con los tres
apartados que comprende el texto de la moción, se rechaza por seis
votos a favor, 155 en contra y 78 abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA LA CONSTITUCIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL DE ÉTICA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS TECNOLOGÍAS.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 122/000021)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, para la
constitución del Consejo nacional de ética de las ciencias y las
tecnologías.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para defender una proposición de ley del Grupo
Socialista que tiene como objetivo la creación de un consejo nacional
de ética de las ciencias y las tecnologías. Las relaciones entre
ciencia, tecnología y sociedad han sido motivo de debate a lo largo
del tiempo, pero quizás sea ahora cuando adquieren una mayor
importancia, ya que existen unas relevantes modificaciones en las
mismas. La acumulación de conocimientos científicos es un soporte
básico del fenómeno de la globalización. Se puede decir ahora mismo
que el conocimiento tiene un gran valor y que campos tan diversos
como las biotecnologías, los materiales, las nuevas técnicas de
investigación tienen una gran relación con el entorno productivo.
Paradójicamente, esta influencia del sistema científico-técnico para
condicionar y decidir en muchos aspectos de la vida humana, para
condicionar y decidir con el futuro de nuestro planeta, contrasta con
un alejamiento de los centros de decisión de los propios científicos,
y por tanto condiciona de alguna manera lo que son las actitudes
sociales ante el progreso y sus consecuencias éticas
y socioeconómicas.
La pregunta es ¿para qué se investiga? ¿Para qué van a ser utilizados
los descubrimientos que se hacen en los laboratorios y en los
despachos? ¿Quién controla la aplicación? Partimos de la base de que
la investigación es vital para el desarrollo de la humanidad, para el
futuro, pero la gran pregunta es cómo se decide si esos conocimientos
se van a utilizar para fines llamémosles buenos y positivos o para
fines que son perversos.
Voy a poner dos ejemplos de todos conocidos. Uno de ellos tiene que
ver con la física cuántica. Fue hace más de un siglo cuando un físico
alemán, Max Planck, presentó en la sociedad alemana de física, en el
año 1900, un trabajo sobre distribución de energías en el espectro
normal. Fue el germen de una revolución científicotécnica. Describió
que la energía no era constante, que la energía era discontinua. Se
generó la teoría de la mecánica cuántica y su aplicación cambió
radicalmente nuestra calidad de vida. Se puede decir hoy que más del
25 por ciento del producto bruto mundial depende de la comprensión de
lo que se denominó mecánica cuántica. Los transistores, el láser, la
resonancia magnética nuclear, las células fotoeléctricas, los
semiconductores, los chips y todo lo que ello comporta son derivados
de ese importantísimo descubrimiento que cambió nuestra vida, cambió
nuestro modo de escuchar música, nuestro modo de conducir coches, de
ver televisión, etcétera. Pero frente a esos efectos indudablemente
positivos, también se podría citar algún efecto muy negativo por
parte de la aplicación de la mecánica cuántica. Hablo, por ejemplo,
de lo que fue la fisión nuclear, cómo convertir la materia en energía
y cómo no aprovechar de manera positiva esa energía, sino utilizarla
como un arma destructora. Es un ejemplo que podría completarse con
algún otro que tiene que ver más con nuestros días, como puede ser la
biotecnología. La biotecnología es la aplicación de los principios
científicos y técnicos al tratamiento de materiales por agentes
biológicos, con el fin de obtener bienes y servicios, y que ha tenido
unos efectos muy positivos. Hoy se puede hablar de que existe una
terapia génica, que existe una medicina preventiva, que existe una
epidemiología molecular y estamos viviendo momentos importantísimos,
como es la secuenciación, el descubrimiento del genoma humano, que
permite que se pueda hacer un diagnóstico precoz y establecer
estrategias a través de lo que ya se conoce como medicina molecular
para intentar evitar esas enfermedades que nos están acosando: el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades
neurodegenerativas. Se han podido curar enfermedades importantes que
no tenían tratamiento: la talasemia, la fibrosis, el tratamiento de
la hemofilia, distrofias, etcétera, hasta ahí la parte positiva de la
biotecnología. También ha habido una biotecnología ambiental que ha
permitido avanzar en la compleja cuestión de la biodiversidad; y ha
habido también una biotecnología vegetal que ha permitido incrementar
la producción de alimentos, que ha permitido abaratar estos alimentos
y que ha ayudado a solucionar uno de los principales problemas que
tenemos en el mundo, que es el hambre. Pero también la biotecnología,
si se aplica con otros fines, tiene unos efectos absolutamente
perniciosos. La biotecnología militar ha servido para elaborar una
serie de armas químicas y biológicas y no es infrecuente haber leído
en los periódicos que había esporas de bacilos que causaban muertes
de centenares de personas, que se encontraban en un país -y no voy a
dar nombres- 20 toneladas perdidas de un medio de cultivo de
bacterias, como el cólera, la peste bubónica o la tuberculosis; que
asimismo se ha estado jugando con virus como el Ébola, la fiebre
amarilla, la viruela, etcétera. Evidentemente, ha habido un tratado
para no utilizar esas armas químicas y biológicas, pero yo también me
quedo con la reacción de los científicos que firmaron un manifiesto
declarando que sus investigaciones, que sus descubrimientos no podían
utilizarse para armas químicas y biológicas. Como decía un gran
científico, la ciencia es un juego, pero es un juego con la realidad,
es un juego con los cuchillos afilados.
Por todo ello, creo que estamos en un momento crucial y debemos hacer
una reflexión desde el punto de vista político, porque hoy más que
nunca es importante que haya una hegemonía del poder político sobre
el económico.Hemos visto la relación del conocimiento de la ciencia
con la nueva economía y es necesario que haya un contrapunto que pasa
por la política, que pasa porque desde lo público se puedan corregir
efectos que tienen que ver con las desigualdades, que pasa porque esa
primacía de la política pueda dar una respuesta a la globalización y
permita que los políticos, que somos los que representamos a los
ciudadanos, podamos tomar nuestras decisiones con un sentido lógico,
con conocimiento, aprendiendo de aquellos que conocen más a fondo
temas que tienen que ver con la ciencia y
con la tecnología. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
Por ello, es necesario que exista un órgano en nuestro país, un
comité de ética de las ciencias y de las tecnologías, un comité que
asesore e informe y que sea independiente y plural. Hay que intentar
armonizar, buscar el equilibrio. Nuestra baza debe ser la libertad y
la dignidad del ser humano. Conjugar libertad y dignidad, hacer
compatibles los principios constitucionales de libertad de producción
y creación científica con el derecho al honor, a la intimidad y a la
propia imagen. Ser capaces de conocer que si existen unos
descubrimientos científicos y técnicos pueden llevar a situaciones
que pongan en peligro concepciones éticas personales o relaciones
sociales y ambientales básicas. Saber que tenemos que proteger el
derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia y la
libertad religiosa, el derecho a la objeción de conciencia y los
poderes públicos; tenemos también el deber de velar por el medio
ambiente y mejorar la calidad de vida. Debemos proteger y tenemos
derecho a la protección de la salud. Todo esto muestra que con estos
avances científicos y tecnológicos, como decía antes, estamos en un
momento crucial.
Hemos hablado algo de las nuevas biotecnologías, que han planteado
problemas de repercusión social por las técnicas empleadas. Quiero
hacer aquí el recordatorio de un ex compañero nuestro, el diputado
Marcelo Palacios, que ha sido capaz de elaborar una declaración de
principios que tienen que ver con estas nuevas tecnologías, con estas
nuevas biotecnologías, y que en esa declaración de Asturias ha sido
suscrita por más de 20 países. Tenemos no solamente que buscar y
comprender esas cuestiones de gran calado ético y social en las
biotecnologías, sino también en las nuevas tecnologías de la
información, en el control de la producción de alimentos y en el uso
de las fuentes energéticas.Por todo eso, repito, tenemos que tomar
una decisión y tenemos la necesidad de que exista un comité de estas
características. En nuestro entorno, en los países europeos, ya han
sido creados diversos comités de esta naturaleza, desde los iniciales
comités de bioética u órganos equivalentes que se encargaban de
analizar y dictaminar implicaciones para la sociedad,
fundamentalmente de la biomedicina y de las ciencias de la vida,
hasta comités nacionales de ética y de ciencia y tecnología en
Francia, en Alemania, en Italia, en Dinamarca, en la propia Comisión
Europea, la Unesco, son muchos los ejemplos que hay. ¿Cómo estamos en
nuestro país? En España creo que tenemos un retraso respecto a esta
materia. Tenemos una Comisión de bioseguridad que trata sobre los
organismos modificados genéticamente, es decir la seguridad en la
utilización, liberación y modificación en esos organismos modificados
genéticamente. No tiene demasiado presupuesto, pero esto no es
importante. También tenemos un Comité nacional de ética médica, junto
con los comités específicos o las comisiones hospitalarias
que existen en cada centro y que dirimen fundamentalmente
sobre ensayos clínicos. Es también el momento de reconocer aquí que
fue la diputada doña Blanca Fernández de Capel la que trajo a esta
Cámara, en el año 1998, una proposición no de ley para crear un
comité, se llamaba así, de las ciencias y las tecnologías. No es
menos cierto que después de aprobar en noviembre de 1998 ese comité
que proponía doña Blanca Fernández de Capel (que hizo una
intervención yo creo que excelente, técnicamente bien basada y que
políticamente tuvo el apoyo de esta Cámara aunque mi grupo, por
diversas razones, se abstuvo en ese momento), hay que decir bien
claro que existe un retraso muy grande en la aplicación de esa
proposición no de ley. Se aprobó en noviembre de 1998 y hoy estamos
en febrero del año 2001 con ese comité sin crear. Esto es lo que ha
impulsado al Grupo Socialista a presentar una iniciativa que ya fue
registrada en la anterior legislatura y que no se debatió, entre
otras cosas porque estábamos esperando a que el Gobierno pusiera en
marcha de alguna manera este comité que era tan necesario.
En este sentido, pienso que esta proposición de ley viene a cubrir un
hueco que existe ahora mismo en lo que es la gestión del Gobierno y
una necesidad para nuestro país. Esta proposición de ley de la que ya
anuncio y presento las disculpas en su redacción -entiéndase así-,
puesto que al estar registrada antes de la formación del actual
Gobierno existen algunos términos que tienen que ver con lo que era
la antigua Comisión mixta de investigación científica y desarrollo
tecnológico, y deben sustituirse -en el período de enmiendas podrá
hacerse así, evidentemente si se toma en consideración esta
proposición de ley-, por las correspondientes comisiones. Lo mismo
ocurre respecto a lo que es la estructura del Gobierno, que en la
fecha que se registró en esta Cámara tenía otro tipo de estructura.
Por tanto, hechas estas aclaraciones, sigo defendiendo que es
importante, necesario y bueno para nuestro país, para nuestra
sociedad que se apruebe esta proposición de ley, que podrá ser
enmendada, porque nuestra vocación es plural e integradora. Lo que
presentamos aquí es una regulación de mínimos, porque creemos que es
bueno que haya -llamémoslo de alguna manera- una presencia, una
tutela, no tanto en los nombres que compongan el comité sino en lo
que pueda ser la propuesta de nombres por parte de las presidentas
del Congreso y del Senado.
Creemos que tiene que haber una dependencia orgánica del Gobierno de
la nación, y por eso lo hacemos depender del propio presidente del
Gobierno. Definimos cuál debe ser su funcionamiento y su régimen
económico y presupuestario; por tanto definimos un órgano
independiente, consultivo y de formación, que entenderá de las
implicaciones éticas derivadas de los avances de las ciencias; de las
ciencias de la vida, de lamedicina, de la biología, de las
tecnológicas, así como
el seguimiento de las implicaciones éticas ligadas a esos
conocimientos.
Definimos sus competencias. El análisis sistemático de esas
implicaciones éticas por la aplicación de los progresos a que me he
referido anteriormente, tanto en lo que a biología, medicina o salud
en general se refiere como a la producción y transformación de los
alimentos, como a los aspectos concernientes al ser humano o a la
biodiversidad y los ecosistemas.
Queremos que analice las implicaciones éticas suscitadas por lo
métodos empleados, lo que supone otro tema de debate importantísimo
actualmente, que tenga que ver con los campos medioambientales, que
tenga que ver con esas tecnologías de la información y las
comunicaciones y con la energía, que pueda emitir informes, que pueda
encargar estudios a expertos, que tenga una composición social, donde
planteamos 26 personas que era el número que componía el Comité de
ética que había en Alemania, personas que provengan del mundo de las
humanidades y las ciencias sociales, que provengan que los distintos
campos de investigación, universitarios, etcétera, que provengan de
la propia sociedad, desde los organismos públicos de investigación
hasta el Consejo de Universidades, haciendo un planteamiento de
pluralismo ideológico; que puedan también estar los sindicatos, las
ONG y la Comisión asesora de asuntos religiosos, para tener una
verdadera pluralidad en ese órgano, que para trabajar deberá hacerlo
en una comisión permanente. Por tanto, que el Pleno sea más amplio
creo que no invalida en absoluto el fondo de esta proposición de ley,
y queremos que estén presentes las comunidades autónomas. Hay alguna,
como es el caso de Cataluña, que creó hace ya tiempo un comité de
ética de estas características. Las comunidades autónomas tienen que
estar también presentes en este órgano que queremos crear.
No voy a hacer una mención específica de todos y cada uno de los
artículos que componen esta proposición de ley, pero sí quiero ir
terminando mi intervención pidiendo el voto a favor de la misma,
pidiendo el voto a favor por el fondo. No entremos en los aspectos
más formales, que quizá sean interesantes en otro trámite, el de las
enmiendas a esta proposición de ley; entremos en el fondo porque creo
es lo que están esperando la sociedad, la comunidad científica y el
conjunto de los ciudadanos que debatamos en esta Cámara.
España necesita un comité nacional de ética de las ciencias y de las
tecnologías. Dentro de pocos días, el próximo jueves, vamos a debatir
la trasposición de una Directiva de la Comisión Europea para la
patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. En otros países
existen comités de estas características que han dado sus informes y
han permitido que los gobiernos adoptaran unas u otras posturas en
función de esas reflexiones que han hecho los científicos, de esas
reflexiones que ha hecho la sociedad en su conjunto, allí
representada.
Nosotros, aquí y ahora, no tenemos ese órgano y lo echamos en falta,
en este ejemplo concreto. España
necesita este comité nacional. Pedimos que se vote a favor de esta
proposición de ley porque queremos asegurar los principios de
libertad y dignidad del ser humano. Pedimos que se vote a favor de
esta proposición de ley porque queremos aprovechar esos
descubrimientos científicos para beneficio de la humanidad,
respetando los derechos constitucionales. Queremos que haya un comité
nacional de ética porque creemos en la ética, creemos en la ética
desde la concepción que tenían los griegos en su base metafísica
-cómo debo vivir-, hasta la acepción kantiana en esa concepción
posmetafísica que quería identificar lo que se debe hacer y lo que se
debe evitar.
Por tanto, queremos tener un comité nacional de ética de las ciencias
y tecnologías porque el ser humano tiene que elegir, tiene que elegir
desde la ética, entendiendo la ética como una actitud reflexiva y
aplicando su regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras que
te hagan a ti.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Lissavetzsky.
¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que
deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: El Bloque Nacionalista Galego comparte las
preocupaciones manifestadas por el grupo proponente y coincide en la
necesidad -por cierto, necesidad recogida y desarrollada, como él
mismo ha reconocido, en la declaración de bioética de Gijón- de que
los avances científicos y tecnológicos deban tener en cuenta el
interés general y servir como instrumento no para aumentar las
desigualdades entre las personas y los pueblos sino, por el
contrario, para aumentar el bienestar y la calidad de vida de todas
las personas.
El Bloque Nacionalista Galego también coincide en que los retos
éticos que suscitan en especial las biotecnologías deben ser
resueltos a partir de una constatación esencial: que el pluralismo
-el pluralismo ideológico, el pluralismo político, el pluralismo
social- debe ser aceptado. La resolución de estas cuestiones implica
una discusión con transparencia, no sólo en el seno de un comité de
expertos; no se trata únicamente de una cuestión de técnicos sino que
estamos ante una cuestión abierta al debate público y ante uno de los
asuntos, como demuestra el orden del día del Pleno de esta semana,
que con más periodicidad va a reclamar nuestra atención en el futuro.
Pluralismo y transparencia. Pluralismo que obliga democráticamente a
fijar un marco común intercultural, aceptable por todos, integrado
por principios como que la vida no se puede patentar o que se debe
prohibir la clonación humana, entre otros principios.
En la creación de este marco común debe partirse, antes de nada, de
una correcta información a la ciudadanía. El apartado tercero de la
mencionada declaración de Oviedo reclama textos comprensibles y
rigurosos para introducir la bioética en el sistema educativo y la
participación directa de los ciudadanos y de las ciudadanas.
Desde nuestro punto de vista, es discutible que, para crear este
comité asesor, sea necesario una norma con rango de ley; en cualquier
caso, no nos vamos a oponer. Sí echamos de menos que en la
proposición de ley se haga referencia al título competencial que el
Estado esgrime para regular esta materia. Lo digo porque estamos ante
una materia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas y
para nosotros no es suficiente la participación autonómica prevista
en la proposición de ley. No es suficiente con que las comunidades
autónomas puedan, cuando lo deseen, designar o enviar un
representante a las distintas reuniones de los comités. Como el
defensor de la proposición de ley ha reconocido que en muchas
comunidades autónomas hay ya experiencias de comités de bioética, de
biojurídica, hubiésemos deseado que se aprovechase esta experiencia,
y sobre todo que se garantizase en igualdad de condiciones con los
representantes de otros organismos, una representación permanente de
las comunidades autónomas.
Con estas reticencias, que anuncian una intensa actividad enmendante
del Bloque Nacionalista Galego de ser admitida a trámite esta
proposición de ley, votaremos a favor de la misma, porque de lo que
estamos tratando en esta proposición de ley no es aprobar el texto
tal y como se nos propone sino a partir del mismo comenzar un debate
clarificador y enriquecedor que va siendo urgente acometer en esta
Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Lissavetzky, ha
traído aquí una materia digna de mucha reflexión, por supuesto
política, jurídica y científica. Yo me adscribo porque es una
cuestión tremendamente subjetiva hasta el momento actual. Se trataría
de definir, a través de un consejo nacional, las pautas de conducta,
qué cosas aceptaríamos o no del avance científico y tecnológico; en
una palabra, una comisión de ética. Al final, la comisión de ética
viene a decir qué es lo bueno y que es lo malo, y ahí está el
problema. Semanas atrás, cuando el Parlamento británico aprobó una
ley para permitir la clonación de células embrionarias con fines
experimentales de tratamiento terapéutico en el campo de la medicina
humana, se planteó esta cuestión. En el fondo tiene que haber una
conciencia.
Incluso muchas fuerzas políticas, sociales y religiosas plantean
estos términos, a veces, en la exclusión de una objeción de
conciencia. Yo me adscribo más a una pensamiento liberal. En
principio soy muy reacio a estos comités de ética, porque pienso que
esto debe ser regulado desde otros aspectos del posicionamiento
ideológico, político, religioso o no religioso de cualquiera de las
personas implicadas en este tema. No se trataría tampoco de ponerle
puertas al campo, porque la realidad es que, en el avance humano -el
bueno y el malo-, la ética no ha funcionado en el desarrollo de la
ciencia. La energía nuclear, por ejemplo, tiene una doble vertiente:
se puede emplear para una terapia anticancerosa en el campo de la
medicina o se puede emplear en armas nucleares, como se ha hecho en
Kosovo o como se hizo en Hiroshima y Nagasaki. Uno de los tratadistas
más modernos en el avance de la sociología y de la conducta humana ha
dicho que todo lo que en ciencia es posible, aunque no sea ético,
alguien lo hará. Por tanto, deberíamos tener una ley de conciencia
centralizada para que diga a este comité de expertos (por otro lado
muy amplio; no sé cómo se podría manejar colegiadamente una comisión
de ética de esta extensión) qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que
se puede experimentar y lo que no. Cuando en ponencia y en Comisión
tuvimos la presencia de expertos para que nos asesoraran sobre el
proyecto de ley de reproducción asistida, y también en los casos del
aborto y la reproducción de seres humanos, ya discutimos si era
conveniente o no tener un organismo regulador de las pautas de
conducta. ¿Quién iba a autorizar que se hiciera o no una determinada
actuación científica en razón de que fuera ético o no lo fuera? El
señor Lissavetzky ha citado los colegios profesionales. La
organización médica colegial ha sido tradicional en España, con un
comité de ética médica que venía a desarrollar el juramento
hipocrático. En medicina y en derecho, la ética se centralizaba más
bien dentro de la confidencialidad del médico o del abogado respecto
a las enfermedades o las circunstancias jurídicas del cliente, es
decir el secreto profesional. Recordaremos que en noviembre de 1998,
el Parlamento aprobó una proposición no de ley para crear una
Comisión en este sentido. Por tanto, la materia es compleja. Vuelvo a
decir que mi grupo y yo nos situamos en una posición ideológica
liberal y vemos estas iniciativas de ética con reservas. No
discutimos el fondo, la conciencia de todas las personas, pero luego
tiene que haber una serie de disposiciones legales, que tienen que
estar reflejadas en el Código Penal. Si se prohibe una cosa, tiene
que haber un grado de prohibición, hay que tipificar la figura que se
prohibe y hay que llevarla al área del delito, eso entra en el área
penal, y si entra en área penal tiene que ser modificado en el Código
Penal, porque el comité de ética puede tener todas las restricciones
que tiene aquí. Si esto va a ser así, pediríamos que se cumpliera la
proposición no de ley de 1998, que aprobó esta Cámara por unanimidad,
y que sea el Gobierno el que traiga un
proyecto de ley consensuado con todos los grupos parlamentarios y con
todas las entidades políticas, jurídicas y electorales que tienen
competencia legislativa en la materia -por ejemplo, hay muchas
comunidades autónomas que tienen competencias en el área de la
sanidad o en el área de la investigación científica-, porque este
problema es de gran envergadura. Comparto la gran preocupación que ha
expresado el señor Lissavetzky. Yo lo veo desde una óptica liberal,
tengo mis reticencias y desearía que fuera el Gobierno quien viniera
aquí con un consenso previo con todos los grupos y con un estudio de
derecho comparado. Hay una cuestión fundamental, y es que la ciencia
y la tecnología ya no tienen fronteras, y en España no podemos
limitarlas con un comité de ética. No es posible que en un escenario
como la Unión Europea se diga que determinada práctica científica o
técnica es admisible o inadmisible en Europa, mientras que España o
cualquier otro país de la Unión Europea lo permita o lo restrinja en
su propia legislación. Esto debe hacerse al nivel dónde se comparten
todos los avances científicos y éticos para las prácticas de la
ética. Fijémonos en los últimos pleitos que hemos tenido con la
píldora del día siguiente, las cuestiones relacionadas con el aborto,
sobre los que unos países han aceptado con condicionamientos éticos
una determinada práctica, otros lo han prohibido y otros no han
legislado al respecto.
Por esa razón, con estas reservas y participando de este tema,
deseamos que esto venga por otro orden de discusión. No somos
partidarios, en principio, de esta regulación en sentido total,
estatal, porque haríamos algo verdaderamente inútil. Sería inviable
el cumplimiento de unas normas éticas en una España inserta en un
concierto internacional donde no hay fronteras en ciencia y
tecnología, y creemos que es el Gobierno de turno el que tiene que
consensuar con todos los grupos parlamentarios de la Cámara un texto
unificado sobre esta materia que, vuelvo a decir, está en las
conciencias y cada profesión debe regular lo que puede hacer, y esta
Cámara debería llevar al Código Penal la resultante de esas conductas
que tengan que ser penadas, porque lo ético implica prohibición,
implica también autorización, y ni las autorizaciones se pueden
obligar ni las prohibiciones se pueden omitir en el Código Penal.
Por esta razón, mi grupo no va a votar favorablemente esta
iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señor González de Txábarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entiende razonable que esta
Cámara tome en consideración una proposición de ley, con los
contenidos que presenta el Grupo Socialista, con relación a la
constitución de un
consejo nacional de ética de las ciencias y de las tecnologías. En
este momento el planteamiento es oportuno, es coherente, tanto desde
el avance de las ciencias en esta materia como por la problemática
que la sociedad con relación a estas materias se está planteando.
Como ha indicado el señor Mardones, en distintos Parlamentos europeos
se está legislando con relación a estas materias y creemos razonable
que exista un órgano en el que, con características y naturaleza
pluridisciplinar, se pueda abordar el debate de forma razonada,
estructurada y que pueda presentar en sociedad una serie de valores y
planteamientos para la reflexión como dictamen de grupos distintos de
trabajo que puedan ir abordando estos temas. Esa es la premisa mayor
desde la voluntad del Grupo Socialista.
A partir de ahí, la proposición de ley, tanto en su exposición de
motivos como en su parte resolutiva, en caso de ser tomada en
consideración, conocería bastantes enmiendas al articulado por parte
del Grupo Vasco. A nadie se le oculta que en el día de hoy se pueden
plantear objetivos bastante más serios, profundos y, en todo caso,
más ambiciosos. Se nota que es una proposición de ley de hace casi un
año. En un año se ha ido trabajando en estas comisiones, la propia
sociedad ha ido abordando estos temas y el texto necesita bastante
actualización en su exposición inicial.
En lo que respecta a la composición que se plantea, me permitirá
señor Lissavetzky decirle que es bastante ombliguista, he oído en
alguna intervención anterior que es estatal. Usted mismo en su
intervención ha intentado excusarse desde su planteamiento y ha dicho
que las comunidades autónomas deberían estar presentes; pero es que
no son las comunidades autónomas, es que este Estado tiene la
naturaleza que tiene y las instituciones que tiene, y, si no, estamos
en lo mismo. Yo creo que este es un planteamiento preconstitucional,
señor Lissavetzky, y hay que ponerse al día en estas materias y
entender que existen grupos de trabajo, algunos de naturaleza
administrativa, otros de naturaleza científica o académica, que
trabajan en distintos ámbitos o en los que están planteados en este
nivel. Por eso digo que conocería por nuestra parte (en caso de que,
como entendemos razonable, sea tomada en consideración esta
proposición de ley) esta composición que aquí se plantea en su
conjunto un ámbito bastante más razonable de lo que es hoy la ciencia
y la tecnología en España, porque seguramente tendrá ámbitos más
extensos y más ambiciosos en su planteamiento.
Pero no es esa la cuestión de fondo. Nosotros la cuestión de fondo la
entendemos razonable, porque consideramos que es necesario en este
momento, tanto por el avance de las ciencias como por la problemática
que se está suscitando, que exista un órgano de debate, que exista un
órgano donde, desde distintas perspectivas, la académica, la ética,
la propia de investigación, los distintos expertos vayan avanzando en
lo que son los valores que una sociedad debiera tener, tanto desde un
punto de vista ético como desde un punto de vista
científico, y fuesen capaces de ir ahormando criterios que en una
sociedad moderna y de futuro debían estar presentes.
Nosotros entendemos razonable la toma en consideración de esta
proposición de ley porque observamos que vivimos en una sociedad en
la que cuesta ahormar esos criterios, y parece que es razonable que
exista un ámbito de discusión estructurado en el cual esos
planteamientos puedan hacerse con libertad desde las distintas
perspectivas, pero en todo caso socializando un ambiente de opinión
con relación a estos temas, de forma que esta sociedad sea madura, de
forma que esta sociedad sea capaz de abordar el avance científico y
tecnológico desde la perspectiva ética y pueda gozar de unos
criterios elaborados por unos expertos que, cada uno desde su
perspectiva, sea capaz de aportar a la sociedad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de
Txabarri.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
apoyar la proposición de ley planteada por el Grupo Parlamentario
Socialista porque entendemos que es necesario que en nuestro país se
cree un consejo nacional de ética de las ciencias y las tecnologías,
o, si quieren ustedes, una comisión, como se reclamaba en 1998, pero
que tenía el mismo sentido que tiene la iniciativa que plantea hoy el
Grupo Socialista.
Desde 1998 hasta aquí, cuando se aprobó por unanimidad o práctica
mayoría la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, la ciencia, la
investigación han avanzado lo suficiente para que se haya creado
todavía más, si cabe, lo que en aquel entonces se decía, que era el
divorcio entre la investigación, la utilización de la investigación,
sus resultados y la sociedad en general.
Por tanto, señorías, cada vez se hace más acuciante la necesidad de
crear un organismo de estas características que no solamente vele por
la ética, sino que, además, informe a la población y se pueda tener
en cuenta que la aplicación de la legislación española, la que existe
hoy y la que puedan estas Cámaras ir aprobando, se aplica con
rigurosidad en la investigación.
Desde nuestro punto de vista, creemos que lo necesario también es que
un órgano de estas características, probablemente yendo más allá de
lo que plantea hoy por hoy el Grupo Parlamentario Socialista en su
iniciativa, también vigile y cumpla con los requisitos de que la
investigación pueda no solamente no inducir a que ninguno de los
derechos constitucionales de nuestra ciudadanía se vean afectados por
las investigaciones, sino que además los resultados de las
investigaciones puedan estar al alcance de toda la población, es
decir,
que los beneficios sociales de la investigación no se queden
reducidos en las manos de aquellas empresas u organismos que puedan
estar financiando la investigación, sino que sea un bien social que
pueda aplicarse no solamente en cuestiones de salud sino en
cuestiones educativas y, por qué no, también en cuestiones
medioambientales, no solamente para vigilar que no puedan estas
investigaciones afectar a nuestra salud, sino para que en el momento
en que esas investigaciones sean positivas, esos avances sean
positivos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de
las ciudadanas, se puedan aplicar y que esa aplicación llegue a todos
sin exclusión por razones sociales, económicas o de otro tipo de
características.
Creemos que es necesario, y además los países de nuestro entorno
están cada vez más predispuestos a crearlos, cuando no se hayan
creado ya, precisamente porque la investigación avanza cada vez más
deprisa. Y si en 1998 estábamos de acuerdo en que eran necesarios,
casi tres años después, todavía tenemos que concluir que debíamos
estar mucho más de acuerdo. Señorías, no hace muchos días se ha
presentado el genoma humano y las investigaciones que a través de él
se puedan llevar a la práctica. No solamente hay que beneficiar a la
ciudadanía, sino también controlar el que ese tipo de investigaciones
no afecten o no puedan ser motivo para que determinadas empresas se
beneficien de ellas y perjudiquen, en general, a sus empleados o a la
ciudadanía que la pueda poner en práctica. No vamos a entrar en el
fondo de la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista, porque
hay algunas carencias que a nosotros nos parecen llamativas, pero sí
creemos que el debate es necesario, apropiado en estos momentos en
esta Cámara y mucho más apropiado si tenemos en cuenta la inquietud
que hace casi tres años ya existía por la necesidad de la creación de
un consejo de estas características.
Esperamos que esta proposición sea tomada en consideración para que,
de una manera constructiva, mi grupo parlamentario pueda hacer las
aportaciones a través de las enmiendas que cree que necesita esta
iniciativa del Grupo Socialista. Pero, sobre todo, creemos que es
necesario que se tome en consideración porque llevamos ya bastante
tiempo de retraso, sabiendo además que prácticamente toda la Cámara
estaba de acuerdo en la necesidad de la creación de un consejo de las
características que hoy se plantea aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mis primeras palabras deben ser de felicitación al Grupo
Parlamentario Socialista y al señor Lissavetzky por la oportunidad de
su propuesta. Ciertamente se trata no sólo de una propuesta
necesaria, sino,
como ha destacado también algún otro portavoz, de una propuesta que
pone de manifiesto un retraso, una mora en el cumplimiento de una
proposición no de ley que data ya del año 1998, algo más de dos años.
No hay que poner de manifiesto a SS.SS. estos días, estas semanas,
los grandes avances que está produciendo la ciencia en estos
momentos; avances que, además, son percibidos por la sociedad en
grados diferentes; grados que van del miedo a la euforia y que, si
tuviésemos que trazar una nota media, la podríamos situar en la
desconfianza. Hay algunos ciudadanos, quizá añorantes de un paraíso
perdido del que poco a poco nos vamos alejando, que reciben estas
invenciones con miedo, conscientes también de lo que podríamos
denominar una ley de Murphy de la investigación científica. Y es que
es cierto que todo descubrimiento o toda invención que tenía alguna
utilidad para el mal al final ha acabado obrando ese mal, y podemos
partir de las piedras de sílex, pasando por el bronce y el hierro,
para acabar con la fusión nuclear. Por tanto, podrían tener estos
ciudadanos algún motivo. Frente a estos, nos podemos encontrar otro
extremo de la ciudadanía que recibe estas innovaciones con una
euforia, pero una euforia que no nos puede llevar a pensar, como sí
ocurre con algunas personas, que la técnica por sí misma puede fijar
las reglas de la existencia humana; ni una cosa ni la otra.
Por tanto, no se trata de que la ética ante las investigaciones
científicas y técnicas deba representar ese papel que hemos visto en
muchas casas, ese cartel de: cuidado con el perro (porque es un
planteamiento absolutamente pesimista de la ciencia y de la
investigación), pero tampoco podemos caer en el otro extremo de
entender que todo lo que puede hacerse con el conocimiento que
tenemos debe hacerse o está bien que se haga.
Mi grupo, señorías, se sitúa en un planteamiento de confianza
razonable en la valoración de la investigación científica y técnica.
Podríamos decir que el hombre no roba como Prometeo el fuego de los
dioses y luego está sometido a una condenación eterna, sino que para
aquellos que son creyentes participan de la obra creadora de Dios, y
para los que no lo son avanza muy positivamente en el alivio del
sufrimiento humano y en el bienestar de las personas. Desde esta
perspectiva, como decía antes, ni cuidado con el perro, ni una
omisión absoluta de los planteamientos éticos. La ética ha de ser una
fuerza amiga, colaboradora, de la investigación científica y técnica,
una fuerza no hostil, porque de lo que se trata, en suma, señorías,
es de que aquellos espacios que son ganados para la ciencia y la
tecnología no sean perdidos para la libertad de las personas, para su
igualdad, para su dignidad, para los derechos sociales, para la
solidaridad de los pueblos, para la protección del ecosistema. En
última instancia yo creo que lo que nos piden los ciudadanos es que,
al mismo tiempo que vamos incrementando ese acervo de conocimientos
científicos y técnicos, también se equilibre esa
adquisición de conocimientos con el incremento del acervo de reglas,
reflexiones, planteamientos éticos, para su correcta utilización.
Yo creo, señorías, que los ciudadanos se alegran mucho de estas
invenciones y de los descubrimientos, pero lo que nos piden también a
los representantes políticos es que seamos capaces de obtener, junto
a estas invenciones y descubrimientos, aquel folleto que se suele dar
con los electrodomésticos que establece precisamente las normas para
su uso correcto.
Desde esta perspectiva ciertamente el planteamiento del Grupo
Parlamentario Socialista es correcto. Hace falta un comité nacional
de la ética para las ciencias y las tecnologías, así lo reclamamos en
esta Cámara hace dos años; lo pone de manifiesto la existencia de
comités o de consejos sectoriales en materia de bioseguridad,
trasplantes, fecundación asistida; lo ponen de manifiesto
declaraciones internacionales, como la de Helsinki de 1964, o Tokio
de 1975, que reclaman precisamente la creación de estas comisiones o
estos consejos de ética; lo pone de manifiesto la Constitución de
1997, como señalaba muy amablemente el señor Lissavetzky, la Comisión
de ética para las ciencias y las tecnologías en Cataluña, sucesora de
la Comisión de bioética de 1995; y nos lo pone de manifiesto un
examen por el derecho comparado. Tanto la Unesco, como el Consejo de
Europa, como la propia Unión Europea, cuentan con estos comités
éticos; cuentan otros países como Italia, Francia, Canadá, Australia,
etcétera. Por tanto, sin lugar a dudas este es un comité que debería
crearse.
La satisfacción del señor Lissavetzky llega hasta este punto, porque
a partir de este momento mi grupo parlamentario lo que hace es otra
reflexión. Estamos en presencia de una materia que requiere en su
legislación una participación amplísima de sectores. Si hay materias
que reclaman el cumplimiento de un procedimiento legislativo, la fase
de audiencias previas, la fase de consultas a organismos diversos, a
universidades, a centros de investigación, es precisamente una
materia como esta. Y poniendo de manifiesto y constatando la mora y
el retraso que se ha producido por el Gobierno, mi grupo sigue
entendiendo que es la vía del proyecto de ley la más correcta para su
regulación.
En la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista se produce también una cierta omisión de orden autonómico,
pues si bien reconoce que a esa comisión que plantea podrían asistir
aquellos representantes de las comunidades autónomas que tuviesen por
conveniente, no parece que su intervención sea estructural sino más
bien de orden accidental.
Por tanto, lo que nos incumbe en estos momentos, señorías, es volver
a reclamar del Gobierno el envío de un proyecto de ley para la
creación de una comisión ética de las ciencias y las tecnologías.
Queremos poner de manifiesto que el nivel de la bioética o de la
ética de las ciencias y de las tecnologías en España es más que
notable, que contamos con centros tan distinguidos
como la cátedra de derecho y genoma humano de Deusto, la universidad
de Comillas, el Instituto Borja de Bioética. Aquí se ha puesto
también de manifiesto la labor de Marcelino Palacios respecto del
convenio de Oviedo de Bioética; tenemos en la tribuna también al
presidente de la Asociación Española de Bioética. Hay elementos
suficientes como para impulsar la realización de este proyecto de
ley.
En consecuencia, lo que rogamos es que doña Blanca Fernández, que
tuvo una intervención tan destacada hace dos años en la defensa de
esta proposición de ley, nos traiga también las buenas noticias, de
alguna manera ya anunciadas por el secretario de Estado de Ciencia
y Tecnología el pasado jueves en la Comisión de Ciencia y Tecnología
donde, hablando precisamente de un apartado fundamental respecto del
Plan nacional de ciencia y tecnología, como es la relación entre
ciencia y sociedad, nos hablaba precisamente del proyecto del
Gobierno de crear este comité ético de ciencia y tecnología.
Señorías, esta es la posición del Grupo Parlamentario Catalán, y
esperamos que cuente sin lugar a dudas con la comprensión del resto
de los grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venía, señor presidente.
Señorías, esta tarde he percibido una intervención entrañable del
diputado señor Lissavetzky, entrañable desde el punto de vista
científico, y me es muy grato cuando puedo hablar con él en estos
términos, porque coincidimos en muchas cosas, señor Lissavetzky, y
usted lo sabe. El hombre es fin y no medio, estamos de acuerdo. La
salvaguarda de la dignidad humana por encima de las cosas. Nunca
instrumentalizar al hombre al servicio de nada; todo al servicio del
hombre, entendiendo en este todo, todo lo material, todo lo
científico, todos los medios al servicio del hombre. El hombre nunca
medio y siempre fin. Pero también estoy de acuerdo con usted en
desterrar ese positivismo ético, que algunos pregonan, de que todo lo
que puede hacerse debe hacerse. Nada más terrible que un positivismo
ético que nos permita que, como podemos hacer una cosa, estamos poco
menos que abocados, con una maldición bíblica o griega, a nuestro
propio destino de autodestrucción porque somos capaces de la
destrucción. Nuestro grupo nunca estará al lado de eso.
Sin embargo, diferimos en otras cosas. Diferimos en los medios,
porque cuando usted reclama en esta Cámara la creación de un órgano,
los medios que usted pone dan como resultado un organismo distinto al
que nosotros creemos que es el adecuado. En ese sentido, señor
Lissavetzky, yo sé que tengo siempre con usted un interlocutor válido
y abierto a cualquier posición.
Decían algunos grupos que el contenido de esta proposición era el
mismo que el que propuso el Grupo Parlamentario Popular a finales de
1998. No es verdad. El contenido varía enormemente. Tampoco quiero
que quede en la Cámara la sensación que ha habido en algún momento de
que estamos desprotegidos. Eso no es verdad. España tiene una
legislación muy avanzada, aunque sí necesita una reestructuración
desde un punto de vista organizativo y de eficiencia. Pero, en este
momento, y la sociedad debe saberlo, hay una gran protección en
muchos aspectos, mucha más que en otros países que no han ratificados
convenios internacionales en los que España se encuentra inmerso.
Esta iniciativa que nos ocupa fue presentada en enero de 1999 -y es
importante la fecha- y caducó en virtud del artículo 207 del
Reglamento del Congreso. Hoy se presenta nuevamente dicha iniciativa
demandando la creación de un órgano de amplísimas competencias,
pluralidad en la composición y también una amplia representación de
sectores que podríamos llamar implicados. Se propone: con dependencia
de la Presidencia del Gobierno así como con la tutela de las Cortes
Generales y ligado -como usted bien ha dicho ya no debe estar ligado-
a la extinta Comisión mixta CongresoSenado de Ciencia y Tecnología.
Señorías, como quiera que el 10 de noviembre de 1998 el Congreso de
los Diputados acordó, después de plantear muchas cuestiones, instar
al Gobierno a la creación, de acuerdo con las comunidades autónomas,
no con representación, sino de acuerdo con ellas, de un comité de
ética para la ciencia y las nuevas tecnologías (que ese era el nombre
y no otro, como se ha dicho aquí) que pudiera representar a España en
los organismos internacionales pertinentes y que sirviera de puente
de conexión entre sociedad y ciencia, en virtud de aquel acuerdo y
con este mandato corresponde al Gobierno elaborar y tramitar la norma
de creación de este organismo, bien como un proyecto de ley o como
una disposición de carácter reglamentario, dependiendo de la
personalidad jurídica que se dé a dicho comité, y concretar en
cualquiera de los casos su composición, competencias y régimen de
funcionamiento.
Este acuerdo parlamentario que tenemos desde 1998 obliga a crear un
organismo sin precedentes, a nivel internacional, que deberá entender
de todos los problemas éticos derivados de los avances, no sólo, como
se sugiere algunas veces, de la ciencia de la vida, sino de todas las
nuevas tecnologías y de todos los avances que no tienen que ver con
la ciencia de la vida en sus aplicaciones, y que hiciera un
seguimiento atento de la investigación en todos los campos. Todo
aquello fue analizado y aprobado por esta Cámara.
Actualmente, un comité de dichas proporciones no existe en la Unión
Europea, porque son muy amplias las atribuciones que en ese momento
el Parlamento contempló, y esas competencias no las tiene ninguno de
los países de la Unión Europea, porque además tiene el mandato
general, el mandato de la Cámara de hacer
ese comité. Ustedes saben, señorías, porque ya se ha anunciado en
esta Cámara, que el Gobierno tiene esa intención y en ello está
trabajando.
Señor Lissavetzky, usted ha dicho que ha pasado tiempo, es verdad,
pero tampoco la proposición tuvo paciencia, porque esta misma
proposición que ustedes han vuelto a presentar, sacándola de su
archivo, porque están en su derecho, se presentó exactamente en enero
de 1999, un mes y medio después de haberse aprobado la proposición de
1998 a la que estamos haciendo referencia, y había en medio unas
Navidades y un período en el que no había Plenos en la Cámara. Por
tanto, señor Lissavetzky, no fue la paciencia precisamente lo que le
hizo traer este proyecto. Yo comprendo que se ha retrasado un poco,
pero se está trabajando en ello; ha habido una reestructuración de
los sectores relativos a la ciencia y a la tecnología, ha habido unas
elecciones por medio. Ustedes, evidentemente, han sacado, y están en
su derecho, esta propuesta de la anterior legislatura, y veo también
que han rectificado esa incongruencia de hacerla depender de la
Comisión mixta Congreso-Senado, que se creó en virtud de la Ley de la
ciencia de 1986 para el seguimiento del plan nacional, y que ya ha
desaparecido en esta Cámara en virtud de la creación de una nueva
Comisión, dependiente solamente del Congreso, que fue aprobada por
todos los componentes de la misma.
Sin embargo, la propuesta que hoy nos ocupa, si hacemos un análisis
de contenido, revela (al margen de algunos elementos que podrían ser
tenidos en cuenta, como aspectos relativos a sus competencias,
composición y funcionamiento) una alternativa que desborda el acuerdo
parlamentario que se tomó en esta Cámara, porque en la propuesta de
ustedes figura un comité dependiente de las Cortes Generales y
adscrito al Ministerio de la Presidencia. Esta dependencia
parlamentaria, que si bien podría resultar beneficiosa, y algunos
grupos así lo pueden creer, desdibujaría -y la experiencia nos lo ha
demostrado en cierto modo- su carácter de foro de reflexión técnico e
imparcial al quedar sometido, como en muchos países donde así sucede,
a los cambios de las mayorías políticas, y a veces unas mayorías muy
breves, y esto es así, y el Grupo Socialista lo sabe, y tenemos el
ejemplo en muchos países europeos. Ya en 1998, desde esta tribuna,
quien tiene el honor de dirigirse a ustedes les alertaba del peligro
que representaba, rechazando una enmienda en este sentido, que
deberíamos aprender de estos errores, porque en otros países donde
este comité se ha ligado al Parlamento se ha visto sujeto a avatares
políticos, a avatares de mayorías, y en algunos casos de mayorías
brevísimas, cambiando el comité de un momento a otro y haciéndole
totalmente ineficaz e ineficiente. Y añadíamos que si esto sucedía
así se desvirtuaría la idea de que el Parlamento dio un mandato
distinto. Ese fue el mandato de 1998, un mandato distinto, un mandato
de no dependencia de ese órgano del Parlamento. Igualmente sucedería
con la inclusión de algunas representaciones
muy dignas, que merecen total respeto, pero que harían
inoperante un órgano mastodóntico por lo ineficaz.
En cuanto a las competencias que se proponen, son tan amplias y
complejas que, aunque el intento es loable, a veces tiene unas
vinculaciones desmesuradas. Y esto ya lo hemos visto en otros países.
Nuestra posición es contraria por diferentes razones y que afectan a
la composición, al sistema de elección, a las competencias y a la
naturaleza del organismo que se propone. Primero, porque existe un
mandato de esta Cámara en virtud del cual corresponde al Gobierno la
creación y regulación de dicho organismo, y debemos respetar ese
mandato parlamentario porque así nos lo exigen las buenas normas. La
proposición configura un órgano dependiente de las Cortes Generales,
lo que excede claramente a los términos del mandato del Parlamento.
Hay carencias, como una gran dependencia de unos órganos y un
alejamiento excesivo de otros, como el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, y nos plantea también una descoordinación con organismos
análogos supranacionales existentes, que era precisamente la
intención que tuvo el anterior legislador de que esas directrices
fueran así.
El Grupo Socialista presenta un órgano híbrido que no tiene
personalidad definida. Es verdad que se está creando en este momento,
pero también lo es -permítame que lo diga- que en el año 1991 el
Grupo Socialista creó un órgano de este estilo que recibió un informe
favorable del Consejo de Estado y nunca vio la luz. Además, puesto
que estamos tratando de una materia sobre la que el Parlamento ya se
ha pronunciado, tendremos que defender lo que el Parlamento
manifestó: un órgano articulado en la sociedad científica
internacional, en coordinación con todos los órganos éticos
internacionales y con las comunidades autónomas.
Por último, quiero recordar al señor Lissavetzky y a los demás
representantes de la Cámara que España firmó el Convenio de Oviedo de
1997, ratificado posteriormente por el Congreso de los Diputados y
que entró en vigor en 2000. Además, para no dar la sensación de que
estamos desprotegidos, a ese modelo del Convenio de Oviedo -se llama
de Oviedo porque los convenios son de la ciudad en que se firman,
como ustedes saben- es al que deben remitirse todas las propuestas
legislativas que se hagan. Yo tuve el honor de defenderlo en el 50
aniversario del Consejo de Europa y, como le decía, se firmó en 1997,
fue ratificado por esta Cámara en 1999 y entró en vigor en enero de
2000.
En consecuencia, al tener esa regulación máxima y ese mandato
parlamentario, lamentamos muchísimo tener que votar desfavorablemente
su propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Fernández de
Capel. (La señora presidentaocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar del Grupo Parlamentario Socialista para la
constitución del consejo nacional de ética, de las ciencias y las
tecnologías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 126; en contra, 157; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia queda rechazada la iniciativa.
- DELGRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL. (Número de expediente 122/000033.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre publicidad institucional. Para
la defensa y presentación de la misma, tiene la palabra el señor
Saura. (Rumores.)
Señorías, ruego a quienes vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan
de la manera más rápida posible y en silencio, a ser posible también.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender, en nombre de Iniciativa
per Cataluña-Verds, esta proposición de ley que pretende regular la
publicidad institucional, es decir, aquella publicidad pagada por las
administraciones públicas. El objetivo de esta iniciativa es bastante
sencillo, pretende cubrir un vacío legal -no digo que no exista
legalidad que cubra este campo, pero sí que existe un vacío legal-
para evitar cualquier tentación partidista en la comunicación
institucional. Por tanto, es una iniciativa que tiene como objetivo
asegurar que la publicidad institucional es veraz, rigurosa,
respetuosa con los derechos fundamentales de las personas y también
incorpora que la publicidad institucional se adecue a un Estado
plurilingüe.
Estoy seguro de que estos objetivos generales son coincidentes con
objetivos parecidos de todos los grupos políticos y hace ya casi un
par de años, en mayo de 1999, en concreto el 18 de mayo, en esta
Cámara todos los grupos parlamentarios expresaron que una iniciativa
de este tipo...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Saura, por favor. (Pausa.)
Continúe.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Decía que en mayo de 1999 todos los grupos parlamentarios, en un
debate que se celebró en esta Cámara en relación con dos iniciativas,
una nuestra y otra del grupo de Izquierda Unida, expresaron que eran
pertinentes y positivas, a pesar de que se rechazaron. En aquellos
momentos fueron dos argumentos importantes los que se utilizaron por
parte de algunos grupos políticos para rechazar estas iniciativas. El
primero fue la proximidad del ciclo electoral a nivel del Estado;
estoy hablando de mayo de 1999 y en junio de 1999 se celebraban en
todo el Estado elecciones municipales, europeas y si no recuerdo mal
también elecciones autonómicas en algunas comunidades autónomas. Por
tanto, hubo grupos parlamentarios que consideraron que aquel no era
el mejor momento para iniciar un proceso de regulación de la
publicidad institucional. Otro argumento lo dio la portavoz del Grupo
Popular, la señora Mato, quien para justificar su voto negativo en
mayo de 1999 dijo literalmente: Dicho esto, y reconociendo la recta
voluntad de los grupos parlamentarios proponentes, las iniciativas
que presentan no las podemos tomar en consideración porque nos
gustaría poder madurar un poco más estos temas y traer una
proposición, que ofrecemos desde ahora consensuada con el resto de
los grupos parlamentarios. Es decir, los dos argumentos de rechazo de
esta iniciativa hace dos años fueron que estábamos muy cerca de un
ciclo electoral importante y que el Partido Popular o el Gobierno
tenían previsto, de forma inmediata, presentar una iniciativa de
estas características, que además el Partido Popular o el Gobierno
pensaban consensuar con el resto de partidos políticos.
Nosotros presentamos hoy esta iniciativa, en primer lugar, porque a
pesar de que hoy hemos sabido la fecha de las elecciones vascas, el
ciclo electoral general del Estado español está muy lejos, en todo
caso está suficientemente lejano para que podamos debatir y aprobar
esta ley y, en segundo lugar, porque después de haber pasado casi dos
años desde que la señora Mato pronunciara esas palabras no se nos ha
presentado una iniciativa parlamentaria como la que se prometió. Por
tanto, aceptando que seguro que nuestra iniciativa es mejorable
o criticable en determinados aspectos, creo que hoy globalmente no se
puede justificar una negativa a esta iniciativa parlamentaria.
Quiero decir, además, que reconocemos que es importante la publicidad
institucional y que esta es un bien democrático, es un mecanismo para
reforzar la comunicación entre los administrados y las
administraciones públicas; pero precisamente por la gran importancia
y por el bien democrático que supone ha de permitir que no exista
ninguna instrumentalización. Al mismo tiempo queremos recordar que en
algunas comunidades autónomas, de forma distinta, en algunas como ley
y en otras como decretos, se han aprobado iniciativas de estas
características, por ejemplo, en Galicia, en Andalucía, en
Extremadura, y en Cataluña
en diciembre del año pasado con el voto unánime de todos los grupos
parlamentarios.
El contenido de la proposición de ley es corto desde el punto de
vista del espacio, pero creo que importante. En primer lugar, se
define estrictamente lo que se entiende por publicidad institucional.
Dice el artículo 2 que sólo podrá referirse a publicidad
institucional la información a los ciudadanos de sus derechos, la
información sobre la composición y funcionamiento de las
instituciones, la información de los servicios que presta la
Administración, la defensa de la existencia de los valores de la
Constitución, el promover la venta de bienes o servicios y la
difusión en otros Estados de la imagen del Estado español.
En el artículo 3 establecemos cuáles son los límites objetivos de la
publicidad institucional. Quiero señalar tres límites: en primer
lugar, la vulneración de algunos principios constitucionales,
especialmente en este caso del principio del pluralismo político; en
segundo lugar, que no ha de vulnerar la dignidad de las personas; en
tercer lugar, un límite presupuestario que situamos en el máximo del
5 por ciento de los créditos del ente o institución correspondiente.
También en la iniciativa legislativa fijamos límites específicos en
períodos preelectorales; no consideramos los mismos que se establecen
en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sino que a efectos
de publicidad institucional fijamos el período preelectoral desde la
convocatoria de las elecciones correspondientes.
Por último, en el artículo 6 hay una novedad que consideramos
importante, como es que en aquellas comunidades autónomas en las que
además del castellano exista otra lengua oficial, la publicidad
institucional contemple las dos lenguas.
Nada más. Simplemente quiero decir, señoras y señores diputados, que
esta ley no está en contra de nada, sino a favor de la igualdad, del
pluralismo político y del respeto a las personas. Insisto en que fue
rechazada con dos argumentos que nosotros creemos no son válidos para
rechazarla y esperamos que todos los grupos parlamentarios,
especialmente el mayoritario, voten afirmativamente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
El grupo al que represento quiere felicitar la iniciativa del Grupo
Parlamentario Mixto, ya que considera que es acertada y muy oportuna.
No hace falta exagerar para darse cuenta de que durante los últimos
decenios el fenómeno de la comunicación ha experimentado
unos profundos y relevantes cambios en el ámbito de las sociedades
democráticas del mundo occidental. El régimen de libertad que todo
sistema democrático comporta casi inexorablemente, por definición
podría decirse, de cara al flujo de ideas, informaciones y opiniones,
unida al extraordinario desarrollo que ha adquirido la tecnología
aplicada al mundo de la comunicación, ha convertido a ésta, a la
comunicación, en un potente instrumento de influencia política,
social y económica. Hasta tal punto esto es así que puede afirmarse
que en nuestros días no cabe concebir un proyecto de cierta
envergadura, de cierta relevancia, ya sea, insisto, de naturaleza
política, social o económica, que no vaya acompañado de la
consiguiente estrategia comunicativa, orientada a garantizar su
difusión y a facilitar su aceptación por parte del electorado, de la
sociedad o, en su caso, por el mercado.
La publicidad es solamente una más de estas estrategias
comunicativas; una más, pero especialmente relevante, ya que está
específicamente concebida y diseñada para incidir en los
destinatarios de una determinada conducta en relación con el objeto
publicitado; objeto publicitado que puede ser un proyecto ideológico,
un modelo de convivencia, una referencia ética o sencillamente un
producto de consumo. Evidentemente ni el sector público en general ni
la Administración pública en particular se sitúan al margen de esta
eclosión del fenómeno comunicativo y publicitario. A nuestro juicio,
además, no sería bueno que lo hicieran, puesto que despreciar el
enorme poder de influencia que las modernas técnicas comunicativas y
publicitarias ofrecen de cara a la difusión de los valores
democráticos, a la promoción de modelos de conducta que contribuyan
a mejorar la convivencia o sencillamente para poner en conocimiento de
los ciudadanos los servicios que presta la Administración,
equivaldría lisa y llanamente a abdicar de una de las principales
misiones que atañen hoy a los poderes públicos.
En línea con estas consideraciones, hoy en día puede decirse que
prácticamente todas las organizaciones administrativas cuentan con un
plan de comunicación, con una estrategia de publicidad, siendo
ingentes los recursos que las administraciones públicas arbitran de
cara a financiar estas estrategias de comunicación y en esto,
evidentemente, la Administración general del Estado no puede decirse
que sea una excepción. Sin embargo no todo es oro en la publicidad
institucional. Las estrategias comunicativas que el Gobierno pone a
disposición de su proyecto programático son con frecuencia armas de
doble filo, en las que la legítima finalidad de promover valores
positivos para la convivencia o de informar a los ciudadanos en
relación con sus derechos y libertades puede verse entremezclada, y
con frecuencia se ve, con objetivos espurios, más directamente
vinculados con los intereses del partido político que sustenta al
Ejecutivo o con la promoción personal de alguno de los miembros del
Gobierno que con el servicio objetivo del interés general.
Precisamente porque
constituye una actividad en principio positiva, pero que puede
ser adulterada cuando se pone al servicio de finalidades espurias,
resulta a nuestro juicio absolutamente imprescindible sujetar la
publicidad institucional a un conjunto de reglas que determinen
cuándo resulta lícita y admisible y en qué casos, por el contrario,
debe ser proscrita.
Supuesto todo esto, cabe preguntarse: ¿Y cuáles son los instrumentos
jurídicos que en el momento actual disciplinan la actividad
publicitaria del Ejecutivo estatal? Ciertamente muy pocos, hay que
reconocerlo. Hoy por hoy, el ordenamiento jurídico español carece de
herramientas normativas específicas que regulen esta importantísima
parcela de la actividad del Ejecutivo estatal. La Ley 34/1988, de 11
de noviembre, general de publicidad, apenas afecta a la publicidad
institucional, ya que según previene su artículo 2.º solamente regula
la comunicación realizada por personas jurídico- públicas en el
ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la
contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y
obligaciones; es decir, excluye de su ámbito de aplicación el grueso
del amplísimo universo que hoy en día conforma la actividad
publicitaria pública. Pero al margen de este precepto, que solamente
de modo indirecto es de aplicación en el ámbito de la publicidad
institucional de la Administración del Estado, la actividad
publicitaria se encuentra casi huérfana de marco jurídico. Es más,
puede decirse que prácticamente las únicas normas que le son de
aplicación son las que en general disciplinan la actividad
administrativa. Cabe señalar en este sentido que la publicidad
institucional, al igual que el conjunto de la actuación
administrativa, ha de estar orientada a servir con objetividad los
intereses generales, a desarrollarse con escrupuloso respeto a los
principios de igualdad y a la máxima del pluralismo político, que son
efectivamente valores superiores del ordenamiento jurídico,
posibilitados por la propia Constitución a través de diferentes
normas, pero poco más.
Como puede verse, se trata de un marco normativo excesivamente
genérico para una actividad como la publicidad institucional,
creciente y llamada a experimentar un importante desarrollo en los
próximos años. Se trata, por tanto, de una normativa claramente
insuficiente para una actividad en la que se emplean importantes
fondos públicos y que mal utilizada puede distorsionar gravemente el
buen funcionamiento del sistema democrático.
El artículo 103 de la Constitución proclama que la actuación
administrativa se desarrolla con pleno sometimiento a la ley y al
derecho. Pero una ley y un derecho tan extremadamente exiguos como
los que hoy en día regulan la actividad publicitaria de las
organizaciones administrativas, hacen que de hecho esta actividad
publicitaria se desarrolle libérrimamente sin sujeción a disciplina
normativa alguna. Y eso es lo que ocurre hoy
en día, donde paradójicamente la publicidad comercial cuenta con un
régimen jurídico más completo que la publicidad institucional, y ello
aun a pesar de que el sometimiento a la ley y al derecho se subraya
de manera especial en el caso de la Administración pública y no en el
caso de las organizaciones privadas, que son las que fundamentalmente
promueven la publicidad comercial.
El pasado día 13 de diciembre, la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas debatió una proposición no de ley,
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que
aspiraba a cubrir parcialmente esta laguna normativa. Aspiraba a
instar al Gobierno a la elaboración de un proyecto que regulase con
mayor rigor la publicidad electoral. Esta iniciativa fue rechazada
con el voto del Grupo Popular, que adujo como pretexto la existencia
en la iniciativa de deficiencias técnicas insalvables.Ya entonces
nuestro grupo puso de manifiesto que el problema debatido en la
sesión trascendía los estrechos límites de la publicidad
institucional y revestía una envergadura mucho mayor que la que
resultaba de los literales términos en los que se formulaba, para
entroncar con un problema más amplio, más general, que es el de la
publicidad institucional.
Pues bien, ahora se nos presenta de nuevo la ocasión de pronunciarnos
sobre el particular y vamos a hacerlo con nuestro voto favorable a la
toma en consideración de esta iniciativa porque, sin coincidir
absolutamente con las soluciones normativas que en ella se proponen,
constituye a nuestro juicio un paso adelante imprescindible y creemos
que inaplazable de cara a ordenar la actividad publicitaria de la
Administración del Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor
Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Sí, señora presidenta.
Sirva mi intervención además de para pronunciarme sobre el texto en
cuestión y para adelantar el voto afirmativo, como no podía ser
menos, a la toma en consideración, como un pequeño homenaje a la
contumacia y a la tozudez, noble tozudez del que presenta, en nombre
del Grupo Mixto, esta iniciativa, porque cambiando pequeñas palabras
de la exposición de motivos, es la misma que podría haber defendido
como Grupo Federal de Izquierda Unida, como grupo Mixto o como quien
la defiende en este momento. Son muy buenas, sobre todo en estos
tiempos que corren, algunas veces la contumacia y la tozudez. Lo malo
es cuando se mantienen las cosas y la realidad ha ido cambiando; ha
ido cambiando a más complejidad. Es decir, hoy en día es mucho más
necesaria que hace dos o tres años una ley de publicidad
institucional. Coincido plenamente con la intervención del portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco, hoy es más necesaria. Por eso, porque
se han
introducido unos determinados cambios, porque se está avanzando en el
estudio de comportamientos de voto, comportamientos de segmentos de
la población, hubiera sido conveniente traer una proposición de ley
más rica. No obstante, vamos a votar a favor. Ojalá a todos nos dé
por votar a favor y en la ponencia y en comisión se vaya mejorando.
Señorías, saben mejor que yo aquel famoso debate que hubo entre el
abad de Sieyès y Juan Jacobo Rousseau acerca de si la democracia
directa, tipo ágora ateniense, o la democracia representativa, de la
que en cierta manera somos destinatarios, somos hijos. Está claro,
por el bien de muchas cuestiones, que en aquel debate venció el abad
de Sieyès. Lo bueno y lo interesante siempre será a partir de ese
momento vigilar, no solamente desde los poderes públicos sino desde
la sociedad civil, que la opinión o el sentir del electorado, de la
sociedad se traslade tal cual a la conformación de las distintas
Cámaras. Por eso es conveniente combatir o poner cortapisas a
cualquier medida que de una u otra forma, de una forma más o menos
tendenciosa, de una forma más o menos subliminal, pudiera cambiar,
pudiera sesgar la opinión política, en tiempo y sobre determinados
segmentos sociales, a la hora de depositar su voto. En estos momentos
hay muchísimos ejemplos, no solamente aquí en España, en las
comunidades autónomas, sino en el ámbito occidental, de denuncias
sobre publicidad institucional tendenciosa. De ahí que ante la
complejidad del tema, como se defendía en su momento en el año 1999 y
se ha defendido hoy aquí, no sea suficiente una ley general de
publicidad ni una ley de contratos de la Administración pública, sino
una ley directa de publicidad institucional, que mantenga las
relaciones correspondientes que se tienen con leyes de distintos
niveles. Por muchas razones. Si vamos a la práctica, a la
cotidianeidad de muchos de los procesos políticos y electorales que
se han vivido, muchas de las campañas de publicidad institucional que
se han visto y quedarán por ver parecen salidas del mismo molde
cuando no del mismo estudio de publicidad que las campañas del propio
partido del Gobierno, no solamente en colorido, en tipología o en
eslogan, algunos ya hasta casi con el mismo eslogan -lo he vivido en
la comunidad autónoma andaluza-, se han realizado, con millones del
erario público, campañas que han servido para apuntar, respaldar,
potenciar o elevar el tono muchas veces de campañas meramente
partidistas, que son legítimas indiscutiblemente. Pero, señorías,
aquí estamos vigilando y controlando en este caso el dinero público y
son muchos millones de pesetas los que de una forma directa o
indirecta se van invirtiendo, se van gastando a través de esta
publicidad institucional.
También hay situaciones como la petición de voto, respecto de la que
sería muy conveniente, señorías -y me atrevo humildemente a
plantearlo-, que en el futuro en el Congreso de los Diputados y en el
Senado se incluya el presupuesto necesario, por la traslación
correspondiente desde el Ministerio del Interior, con
las partidas suficientes para que sean las Cortes Generales las que
demanden el ir a las urnas en procesos electorales, entre otras
cuestiones porque sin duda el control de las distintas mesas de las
Cámara, Congreso y Senado, darían una mayor garantía, ya que todo el
país estaría pidiendo a todo el país que vote y además nadie tendría
dudas sobre la parcialidad o no de determinadas campañas de petición
de voto.
Señorías, también es conveniente una ley de publicidad institucional
que controle en cierta manera, más allá de la Ley de publicidad o de
la de contratos de administraciones públicas, lo que en determinados
momentos pudiera ser premiar a los míos y castigar a los otros. Todos
hemos asistido -no expongo nada nuevo- a muchas denuncias sobre
realidades de distintos gobiernos que han premiado a determinados
medios de comunicación en campañas institucionales y que sin embargo
han castigado a otros, con la importancia que tiene la relación entre
política, instituciones y medios de comunicación que se produce en
estos albores del siglo XXI. Si al final y por mor de lo que sea, hoy
en día se plantea esto y pasa a ponencia y comisión, muchas de las
cuestiones técnicas que en su día planteó el PNV a través de su
portavoz, la señora Uría, deberían ser tenidas en cuenta porque dan
mayor entidad a esta proposición de ley.
Señorías, como grupo también nos gustaría empezar a plantear un
debate. Por archisabido, casi por considerarse que es algo
consuetudinario, la publicidad, las campañas, incluso los carteles
que pone en las obras de las carreteras el ministerio de turno
producen una apropiación de símbolos y de palabras de las que son
solamente parte. El eslogan de aquí está invirtiendo el Estado
pudiera ser perfectamente utilizado, constitucionalmente, por una
obra del Ministerio de Fomento, una obra de una consejería de Obras
Públicas de cualquier comunidad y una obra de cualquier ayuntamiento.
Por una parte se están produciendo, generalmente por el Ejecutivo,
apropiaciones de nombres, de terminologías e incluso de símbolos que
no le son propios; la parte nunca puede sentir que representa al
todo.
Para terminar, señorías, quiero pedir al Partido Popular que de la
misma manera que demandaba esa ley cuando estaba en la oposición al
PSOE, de la misma manera que conjuntamente con mi grupo votamos una
ley similar a ésta en Andalucía para embridar al Gobierno de la Junta
de Andalucía, en estos momentos voten a favor de la toma en
consideración -otra cosa son las enmiendas- porque no nos debe mover
a decir una cosa el estar en la oposición y otra distinta el estar en
el Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario entiende que la propuesta que
viene del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de Iniciativa per
Catalunya- Els Verds, del señor Saura, es un texto sugerente, al
menos en sus objetivos, porque aparece como seguro y necesario
regular la publicidad institucional para evitar la confusión entre
acción de gobierno y acción de partido en el Gobierno, sobre todo
para no camuflar el interés partidario en lo que es y debería ser,
simple y escuetamente, información institucional. La verdad es que
esa publicidad institucional, como ha expresado el proponente señor
Saura, ha de ser perfectamente identificable, no ha de confundir a
los ciudadanos, ha de tener unos elementos de identificación
suficientemente nítidos para evitar confundir lo que es la
información con lo que es publicidad de una acción de gobierno,
además orientada en rectas electorales.¿Qué ocurre? Que estando de
acuerdo con la formulación del debate y con la necesidad de regular
por ley esta cuestión, por tanto suscribiendo la bondad de la
propuesta, nuestro grupo parlamentario no puede suscribir la misma en
base a la articulación concreta que se nos presenta por el Grupo
Mixto. No puede hacerlo porque, si bien parte del principio
-principio lógico teniendo en cuenta que estamos en el Congreso de
los Diputados- de regular la publicidad institucional de la
Administración central del Estado, en alguno de sus artículos,
concretamente en el 4, también hace una incursión en las comunidades
autónomas, con lo cual va a convertir este proyecto legislativo en un
proyecto de bases que va a coartar de alguna manera la capacidad
legislativa de los parlamentos autonómicos. Pienso en Cataluña,
nuestra nación, donde su Parlamento, de manera absolutamente
consensuada entre los distintos grupos, ya tiene su propia Ley de
regulación de la publicidad institucional -una ley que difiere
sensible y notablemente de la propuesta por el Grupo Parlamentario
Mixto- a la cual este grupo parlamentario se debe por coherencia -la
votamos-, por su contenido -estamos absolutamente de acuerdo- e
incluso institucionalmente, al ser la opción política que sostiene en
estos momentos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Por estos
motivos, señora presidenta, señorías, no podemos aceptar la toma en
consideración de esta propuesta, aunque -repito- nos sea sugerente,
tanto que el Parlamento de Cataluña ya tiene aprobada esta ley desde
hace tiempo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, he de felicitar al diputado señor Saura
porque me parece que hace una propuesta sensata y adecuada en la
situación en que nos encontramos actualmente. Es una proposición de
ley donde se aborda un problema que no sólo constituye una
preocupación para la clase política sino que también está generando
al cabo de los años una preocupación en la ciudadanía, en la sociedad
a la que representamos en esta Cámara. Es una cuestión que, además,
reviste gran transcendencia si queremos abordar de forma seria el
buen funcionamiento global de todo un sistema democrático. Este sería
un elemento más para abordar ese buen funcionamiento del sistema
democrático. Por otra parte, hay varios principios constitucionales
que así lo mandatan, en concreto el artículo 103, que cuando hace
referencia a la Administración pública nos dice que debe servir a los
intereses generales con objetividad. Pensamos que esta proposición de
ley está, de alguna forma, fundamentando y dando un elemento más a
ese mandato constitucional.
Como antes ha dicho el señor Saura, la primera vez que se presenta en
la Cámara es en mayo de 1999 y en aquel momento el Grupo Socialista
se posicionó favorablemente. Hoy de nuevo se va a posicionar
favorablemente, pero yo creo que en esta ocasión con mucha más
contundencia y, si me lo permiten, quizá con ese ánimo de trasladar
al grupo mayoritario que se atreva y acepte esa proposición de ley y
seamos capaces en esta Cámara, como legisladores que somos, de
arbitrar y regular una situación que se está produciendo en nuestra
sociedad. Y lo digo porque, habiendo transcurrido determinado tiempo,
hoy todavía estamos más convencidos de que esa regulación es
necesaria cuando hemos visto o hemos padecido (dependiendo de con qué
cristal lo queramos mirar) la actitud de manejo del Gobierno del
Partido Popular.
Como decíamos, son muchas las razones que hoy nos llevan a mostrar
nuestro posicionamiento favorable, pero hay algunas que nos parece
importante hacerlas explícitas ante esta Cámara. La primera sería que
no es malo regular, en absoluto es malo regular. La excusa que el
Partido Popular nos adelantó el día 13 de diciembre del año 1999 en
la Comisión de Administraciones Públicas, cuando la iniciativa de
Izquierda Unida fue discutida y este grupo presentó enmiendas
precisamente para mejorarla, ya nos puso de manifiesto de alguna
forma cuál iba a ser su actitud, pero entendemos que no hay
incompatibilidad entre la regulación que se hace en la Ley electoral
ni la que se hace en la Ley general de publicidad. Creo que este es
un tema mucho más concreto y aborda una situación que, como decíamos,
viene generando la propia vida democrática de nuestro país en las
elecciones. Por tanto, parece que no es malo abundar en algo cuando
así nos lo está demandando la sociedad.
Hay una segunda razón que también nos parece importante, y nos
referimos a que, cuando se produce una regulación, no sólo se regulan
los mínimos sino que
de alguna manera tratamos de regular los límites que no debemos
transgredir, porque pasar de la publicidad a la propaganda es
relativamente fácil, como hemos podido ver en algunas ocasiones. De
forma que con esta regulación también podríamos evitar algunos abusos
-que de hecho se han producido y todos somos conscientes de ellos-
para no dar pie a que desde los gobiernos se hagan campañas
partidistas y no, como deberían ser, campañas objetivas desde las
instituciones.
Un tercer motivo es el principio de pluralidad, con el que
trataríamos de no reproducir algunas de las actuaciones arbitrarias
que desgraciadamente ya se han producido y que en algunas campañas
electorales hemos sufrido de forma bastante ostensible.
Hay una cuarta razón de fondo que sería la de garantizar el contenido
de esa publicidad institucional. Todos conocemos que incluso la
publicidad privada tiene una asociación que autocontrola sus
contenidos con el fin de saber si esa publicidad es perniciosa o
transgrede alguno de los límites de la publicidad privada. ¿Por qué
no lo vamos a hacer desde las instituciones públicas si, además,
estamos haciendo una publicidad institucional con dinero público?
Cuando la actividad privada nos está demostrando que eso funciona
bien, ¿por qué no podemos dar ese paso adelante desde las
instituciones públicas y somos capaces de ejercitar ese autocontrol?
Hay una quinta razón y es que la publicidad institucional ha de
promocionar, informar y difundir los servicios que se prestan desde
las instituciones públicas, pero no promocionar al Gobierno. Si
reguláramos esa situación a través de esta iniciativa que presenta el
señor Saura, todos sabríamos en qué momento y en qué situación nos
encontramos en cada instante.
Por último, hay una razón que es el fin público en sí mismo de la
publicidad institucional, qu ha de prevalecer sobre cualquier otro.
Hemos de tener en cuenta que hay aspectos que la Ley electoral no
prevé y que hay aspectos que la Ley general de publicidad no prevé, y
sería muy recomendable tener en cuenta que ese fin público se podría
conseguir con esta legislación. Por otra parte, deberíamos tomar
nota, en sentido positivo, de algunas circunstancias que han rodeado
la publicidad institucional. No es la primera vez que las
instituciones públicas han tenido sentencias en contra por haber
hecho una publicidad incorrecta y se han tenido que retrotraer
determinadas actuaciones al momento en que se produjo ese hecho. Lo
que eso pone de relieve no es otra cosa que los medios de
comunicación, en concreto la publicidad, son muy importantes y
llegamos a los ciudadanos hasta tal punto que a veces ellos mismos
nos trasladan que los asediamos y bombardeamos exageradamente. Esa
legislación sería una forma de regular ese tipo de situaciones y de
establecer cómo podría hacerse esa publicidad institucional. Sólo les
voy a dar un ejemplo que les puede parecer anecdótico pero que a mí
me pareció realmente divertido, fundamentalmente porque no sabía si
lo que estaba leyendo era publicidad o realidad virtual. Hace muy
pocas campañas
electorales, la Comunidad Autónoma de La Rioja envió a los
ciudadanos un folleto con una publicidad sobre la gestión de un
Ministerio en el que aparecía un aeropuerto, incluso con los aviones
de Iberia. Fue muy gracioso porque el proyecto ni tan siquiera estaba
presentado, pero a los ciudadanos les llegó la maravillosa, estupenda
y ágil gestión que había hecho ese Ministerio, que en realidad no se
había llevado a cabo pero que en un momento muy próximo a las
elecciones aparecía en aquella publicidad.
Como les decía, el Partido Popular no debe tener ninguna excusa y
debe afrontar que la realidad social y la democracia plantean toda
una serie de modificaciones y de actitudes que deben ser reguladas.
Nuestra obligación como legisladores ha de ser esa: regular lo que la
sociedad nos está demandando. De todas formas, si el Partido Popular
no tiene en cuenta esta consideración, mucho me temo que,
desgraciadamente, lo que pretende es no ser controlado y tener carta
blanca y legitimidad para actuar con su mayoría absoluta como le
parezca conveniente, sin control de ninguna clase.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición
con relación a la proposición de ley que, relativa a publicidad
institucional, presenta ante esta Cámara el Grupo Parlamentario
Mixto. Nuestro grupo, por las razones que explicaré, va a votar en
contra de la admisión a trámite de esta proposición de ley.
He de empezar diciendo que resulta llamativa la intervención del
Grupo Parlamentario Socialista, que se muestra favorable a la toma en
consideración y lo hace con el mismo entusiasmo -contundencia lo
llama la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- con el
que rechazaba este tipo de leyes cuando ostentaba la mayoría
parlamentaria y también, por cierto, con el mismo entusiasmo con el
que se ha opuesto a tal regulación en las comunidades autónomas en
las que gobierna. Hablando de autonomías, hay una primera razón para
que nuestro grupo se oponga a la toma en consideración de esta
proposición. Una ley estatal sobre publicidad institucional podría
chocar, en primer lugar, con las competencias transferidas a las
comunidades autónomas. La publicidad y las materias que la afectan
-todas las materias que se refieren a publicidad- están ya
transferidas a las comunidades autónomas, de tal suerte que de
proceder a una legislación complementaria es en el seno de los
parlamentos y cámaras autonómicas donde debe abordarse la cuestión.
La admisión a trámite en el día de hoy, si nos pusiéramosen el
extremo, resultaría incluso poco respetuosa
con el Estado autonómico y con el respeto competencial que ha
amparado la Constitución española. Señor Saura, ¿vincularía esta ley
a las comunidades autónomas? Si me responde que no, que se refiere
sólo a la legislación del Estado, si sólo es para el Estado,
consideramos que la iniciativa que ustedes nos han ofrecido no aporta
nada nuevo al actual ordenamiento jurídico. Hay que tener en cuenta
que la publicidad institucional ya viene regulada en sus aspectos
contractuales en el Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos del
Estado; en segundo lugar, en sus contenidos publicitarios por la Ley
general de publicidad, la cual me permito recordarles ya contiene una
adecuada y completa normativa que regula los contratos de las
administraciones públicas así como su régimen presupuestario; y en
tercer lugar, en los aspectos de propaganda y actos de campaña
electoral en la Ley 5/1985, de 19 de junio, reguladora del régimen
electoral general. Cuenta además, como saben SS.SS., con los
controles que se establecen a través de la Intervención General de la
Administración del Estado, por parte del Tribunal de Cuentas y sin
olvidar el control de las Cortes Generales. El Grupo Mixto también
olvida la característica inherente a la publicidad institucional, que
es ser una actividad más de la Administración y como tal sometida a
los principios rectores de toda actividad administrativa contenidos
en la Ley sobre organización y funcionamiento de la Administración
general del Estado. Si tenemos todo esto en cuenta coincidiremos en
que esta iniciativa es innecesaria porque la legislación
y reglamentación de desarrollo vigentes regulan de forma suficiente
esta materia.
Señorías, tengo que recordar, como ya lo ha hecho algún otro grupo en
la Cámara, que estamos debatiendo esta proposición de ley por segunda
vez y es verdad que los grupos parlamentarios tienen todo el derecho
a reiterar la misma iniciativa cuantas veces lo permita el
Reglamento, pero también les tengo que hacer saber que resulta muy
difícil que prácticamente dos años después de rechazarse una
iniciativa muy similar podamos los grupos parlamentarios cambiar los
argumentos cuando las circunstancias de fondo no han variado.
Señorías, desde mayo de 1999 a febrero de 2001 no se ha producido
ninguna circunstancia, ningún acontecimiento que haga necesaria una
regulación específica de la publicidad institucional.
Señoras y señores diputados, en España hubo una época,
afortunadamente ya pasada, en que algunos medios de comunicación
tenían que acudir a los tribunales para que la Administración, el
Gobierno insertara en la misma los anuncios a los que por ley y por
su difusión tenían derecho. En España hubo una época, afortunadamente
también superada, en que la publicidad institucional se utilizaba
para condicionar la libertad de expresión y más en concreto la línea
editorial de los medios de comunicación. Por cierto, en alguna
comunidad autónoma se sigue haciendo todavía y
siguen produciéndose las denuncias; y no me estoy refiriendo
precisamente a La Rioja sino a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con la mayor sinceridad creo y comparto con la señora López González
que el estado de la libertad de expresión, el grado de independencia
de los medios con relación al Gobierno es un gran termómetro para
valorar la salud de los sistemas democráticos. En la etapa actual de
gobierno del Partido Popular ningún medio de comunicación ha sido
discriminado desde la Administración, ningún medio de comunicación ha
tenido que llegar hasta el Supremo para que se le reconozca su
derecho a inversiones publicitarias y, sobre todo, ningún medio de
comunicación ha dicho nunca que a través de la publicidad
institucional el Gobierno pretendía condicionar la independencia
legítima de su línea editorial.
Señorías, esta proposición de ley no aporta nada nuevo, está llena de
buena voluntad pero no aporta nada nuevo. Como también ha dicho algún
grupo parlamentario, es un refrito de principios constitucionales
y de normas y procedimientos que ya se contemplan en otras normas
vigentes, y por ello no podemos aceptarla en el día de hoy. La
referencia a los procesos electorales, que también hacen ustedes, no
tiene sentido por dos motivos: en primer lugar, porque también en
épocas electorales es imprescindible la realización de algunas
campañas institucionales (podemos pensar en las campañas de tráfico
si coinciden con unas elecciones en los meses de julio, agosto o
septiembre) y en segundo lugar, lo que es más importante, porque por
activa y por pasiva las juntas electorales han demostrado su celo en
esta materia en aplicación, como he dicho, de la Ley orgánica de
régimen electoral general.
Voy terminando, señorías. El Grupo Mixto contaría con nuestro apoyo
si viéramos que hoy esta iniciativa favorece el fortalecimiento de la
libertad de expresión y la independencia de los medios de
comunicación, que afortunadamente no está en absoluto cuestionada. La
transparencia necesaria, la objetividad, la imparcialidad en el uso
de los fondos públicos que se destinan a publicidad institucional
están garantizados por leyes vigentes y por los controles que a
priori y a posteriori nos ha dado nuestro Estado de derecho. Por
ello, agradeciendo sin ninguna duda la buena voluntad de Grupo Mixto,
reitero nuestro voto en contra a la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Mato.
Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo
Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre publicidad institucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 126; en contra, 166;
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la toma en
consideración de la referida proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA
ESTIMULAR EL ACCESO A LA VIVIENDA EN RÉGIMEN DE ALQUILER. (Número de
expediente 162/000233.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ ) PARA
INCENTIVAR EL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDAS. (Número de expediente
162/000223.)
La señora PRESIDENTA: Proposiciones no de ley. Debate conjunto de la
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
estimular el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, y de la del
Grupo Parlamentario Catalán, para incentivar el mercado de alquiler
de viviendas. En primer lugar, para la presentación y defensa de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señorías, la proposición no de ley que ha
formulado mi grupo parlamentario, que me propongo presentar y
defender en este trámite, se refiere, como se desprende de su
enunciado y del petitum final, a la necesidad de promover, es más, de
promover fiscalmente, la vivienda en alquiler. Señorías, a pesar de
que esta exigencia, esta necesidad ha figurado en todos los programas
electorales, también en el de mi partido en las elecciones de 12 de
marzo del pasado año, es lo cierto que la insuficiencia, la escasez,
cuando no la inexistencia de mercado de alquiler sigue siendo una de
las asignaturas, como se dice ahora, pendientes, o un problema
pendiente de la sociedad española y, por ende, de las
administraciones o de los gobiernos de España desde la transición. Mi
propio partido en su programa electoral, después de hacer referencia
a lo hecho en materia de vivienda en los últimos años (se han
construido casi dos millones de viviendas nuevas; se ha mejorado la
accesibilidad de la vivienda, de tal manera que el esfuerzo de una
familia normal para acceder a la vivienda se sitúa en el entorno del
30 por ciento -la cifra se habrá deteriorado algo en los últimos
tiempos-), después de subrayar que el gasto fiscal en vivienda es muy
importante, se acerca a los 900.000millones de pesetas, formula un
compromiso concreto: fomentar la recuperación del mercado de alquiler
propiciando que el suelo de los municipios provenientes de cesiones
urbanísticas se dedique principalmente a promover viviendas
protegidas en régimen de alquiler. He aquí, por tanto, señorías, que
a la hora de formular esta
iniciativa y de defenderla mi grupo está cumpliendo ni más ni menos
que un compromiso electoral. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la Presidencia.)
Señorías, el fenómeno que me propongo describir y después analizar
sus causas y sus consecuencias está ahí, y los datos son tozudos e
incuestionables. Actualmente en España hay un parque de viviendas del
orden de 19 millones de unidades, de los que aproximadamente doce son
viviendas principales, y de éstas, según las estadísticas oficiales y
privadas, apenas un 15 por ciento lo son en alquiler. Sin embargo,
esta cifra, como se ha dicho en esta Cámara muchas veces, se compara
mal con los datos de los países de nuestro entorno y singularmente
con los datos de la Unión Europea. En concreto, tengo los últimos
datos, en Alemania el porcentaje de viviendas en alquiler es el 57,9,
se acerca pues casi al 60 por ciento; en Holanda el 55; en Dinamarca
el 41; en Francia el 36; en Portugal el 36; y así sucesivamente,
ocupando los últimos lugares España con el 15 y Grecia con el 2,1.
Estamos, consiguientemente, señorías, en presencia de un fenómeno
estadísticamente claro, al que hay que añadir que, según estimaciones
más recientes todavía, el porcentaje debe de estar en el entorno del
13, a lo sumo el 14 por ciento. Y lo grave, señorías, es que la
evolución de estos ratios no sólo no es progresiva sino que es
claramente regresiva. Así, en el censo del año 1970 las viviendas en
régimen de alquiler eran el 30 por ciento; en el censo de 1981, el
20,79; en 1991, el 15,17; e, insisto, según datos de encuestas
fiables, nos encontramos en un porcentaje del orden del 13 o el 14
por ciento. Por tanto, estamos en presencia de un fenómeno claro de
ausencia de viviendas o de insuficiencia de viviendas en alquiler. La
pregunta inmediata que el espectador curioso e inteligente se formula
es: ¿Es que no hay demanda? La respuesta de los expertos es clara, y
no es la pescadilla que se muerde la cola. No hay demanda
sencillamente porque no hay oferta suficiente. Y como quiera que la
oferta y la demanda no se encuentran, nos hallamos con la fórmula que
la economía utiliza para despejar estos desajustes, que es una
elevación importante de los precios. A tal punto de que estamos entre
los países de precios más altos de toda la OCDE.
Sin que se puedan dar cifras de validez nacional, porque el fenómeno
es muy distinto en las grandes poblaciones que en las medianas y en
las pequeñas, incluso en el ámbito de una misma población es muy
variable, se pueden utilizar los promedios de los expertos. Por dar
una idea a SS.SS., en ciudades como Madrid y Barcelona, donde el
problema de la vivienda y la falta de alquiler es mas grave, el
precio del alquiler se sitúa en torno a 1.500 y 2.000 pesetas metro
cuadrado/ mes, lo cual significa para una vivienda de 70 metros
cuadrados alquileres entre 100.000 y 150.000 pesetas. En definitiva,
señorías, este es el fenómeno: la ausencia de viviendas en alquiler,
la carestía, el altísimo precio de las que están en el mercado y su
comparación muy desfavorable con el resto de los países de la
Unión Europea. En síntesis, se puede decir que mientras en la Europa
de nuestro entorno de cada tres viviendas en el mercado una es en
alquiler, en España sólo de cada siete viviendas una está en
alquiler. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Podríamos hablar
fundamentalmente de tres. En primer lugar, lo que se ha dado en
llamar la cultura de la propiedad, expresión que se ha utilizado en
esta Cámara en las muchas iniciativas que se han producido en esta
materia de vivienda, esto es, un hábito social o comportamiento
colectivo que determina que el esfuerzo de ahorro familiar de los
españoles se oriente fundamentalmente a la formación de un patrimonio
que es la vivienda en propiedad. La causa de este fenómeno, a juicio
de los expertos y de este portavoz, no es otra que una legislación
arrendaticia, cuyo impacto se ha prolongado en exceso, que arranca de
los años de la postguerra, singularmente de 1946, y que se prolonga
hasta la Ley de arrendamientos urbanos de 1994; normativa
arrendaticia protectora en exceso del arrendatario y correlativamente
penalizadora de los propietarios. Pero esta legislación arrendaticia,
esta idea de que el arrendamiento es para toda la vida, a través de
un mecanismo de subrogaciones ad infinitum, ha hecho impacto en la
sociedad española y ha cristalizado en esta forma de la llamada
cultura de la propiedad. En tercer lugar está, sin duda, la falta de
estímulos fiscales y financieros a favor del arrendamiento, entre los
que no es el menor el bajo nivel de los tipos de interés en los
préstamos hipotecarios en los últimos tiempos, aunque en los de más
atrás, si me permiten ustedes la expresión, porque los préstamos
hipotecarios han vuelto a endurecer sus tipos.
Analizadas las causas, ¿cuáles son las consecuencias? Son múltiples.
Voy a referirme sucintamente a las más llamativas. El retraso en el
proceso de emancipación de los jóvenes, la escasa movilidad de los
trabajadores, la dificultad consiguiente de las migraciones, la
inadecuación de la vivienda para la tercera edad. Según estudios
recientes la propensión por el régimen de propiedad desde el arranque
de la vida en pareja es un obstáculo grave y serio a la fluidez del
ritmo normal de formación de hogares, aunque el factor fundamental no
es este sino el difícil acceso al empleo. En términos de formación de
nuevos hogares, cada año de retraso en la edad de emancipación
representa aproximadamente unos 200.000 hogares menos. Si se lograra
recuperar tan solo dos años de este retraso, situando la edad de
emancipación de los 29, 30 años -algo menos en las mujeres- a los 27
años, se generarían 400.000 nuevos hogares, lo que llevaría a un
panorama mucho más normal en nuestra demografía: menos convivencia
tardía con los padres, mayor grado de autonomía generacional y mayor
natalidad. Con estos enunciados se percibe cómo el tema tiene una
trascendencia social fundamental, y cómo hay unos protagonistas, en
este caso pasivos, que son los jóvenes. Por otro lado, escasa
movilidad del factor trabajo. Es obvio que la persona que podría
tener un empleo en otra población ni se lo plantea
si ha logrado el milagro de tener una vivienda en propiedad. Esto
comporta una dificultad importante en las migraciones, tanto de
familias enteras como de sus miembros aislados. Está claro que la
disponibilidad de una vivienda en alquiler fluida, intercambiable,
supondría un progreso en la materia. Finalmente, inadecuación de la
vivienda para la tercera edad, a la que se ofrece como alternativa al
llegar a este nivel de ancianidad o bien una vivienda en alquiler, o
bien una residencia, o bien permanecer en una vivienda que con
frecuencia es antigua, no cuenta con los servicios necesarios y es
también grande para las necesidades familiares. En definitiva, estas
son las causas, estas son las consecuencias y es forzoso plantearse
una política más abierta, más seria, con impacto no sólo económico,
sino también en términos de bienestar social y de impacto en la
demografía.
La segunda afirmación que quiero hacer aquí hoy es que es necesario
entrar en el camino de los incentivos fiscales, no de los incentivos
fiscales genéricos de la política de vivienda -ya he dicho que el
gasto fiscal en España según el presupuesto para el año en vigor, el
2001, se acerca a los 900.000 millones de pesetas-, sino del
incentivo fiscal específico para la vivienda en alquiler. A pesar de
lo que se ha hecho en la recuperación y dinamización del mercado de
alquiler, está claro que lo hecho no ha bastado. Fue fundamental la
reforma de la Ley de arrendamientos urbanos por la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, obra del Grupo Parlamentario Socialista, a la que el
Grupo Popular prestó su consenso en temas fundamentales, como la
actualización de las rentas. Pero como siempre dijimos, la Ley de
arrendamientos urbanos y su reforma era condición necesaria pero no
suficiente. También hay que citar en este capítulo de lo hecho la
modificación de los fondos de inversión inmobiliaria por Ley de 1 de
julio de 1998, en la que se estableció un tipo reducido del 1 por
ciento, equiparado al que corresponde a los fondos de inversión
mobiliaria, porque si no se hacía una aproximación entre unos y otros
era difícil que prosperaran los fondos de inversión inmobiliaria. A
pesar de todo, no se ha movido sustancialmente el mercado de alquiler
y lo mismo las medidas en lo que concierne al alquiler que figuran en
el vigente plan de vivienda aprobado por Real Decreto de 12 de junio
de 1998, el famoso Plan 1998-2001, que ha sido recientemente
modificado por Decreto de 9 de febrero de este año. A pesar de todos
estos esfuerzos y de que, singularmente, en el plan de vivienda, por
obra y gracia de este real decreto, las ayudas a los promotores de
vivienda en alquiler suponen una subvención del 15 por ciento del
precio de la vivienda y hasta una reducción del 50 por ciento en las
cuotas de amortización, el mercado de vivienda en alquiler sigue sin
moverse.Finalmente, señorías, no puedo dejar de referirme a lo que
significaría una incentivación fiscal de la construcción de viviendas
en alquiler, por el peso que tiene el sector de construcciónen
nuestra economía. Piénsese que por cada cinco
millones de pesetas de inversión en construcción se genera un puesto
de trabajo. Piénsese que una peseta en inversión en esta materia
tiene un efecto multiplicador del 1,8, lo que quiere decir que genera
1.860.000 pesetas en otros sectores productivos.
En definitiva, es forzoso promover el mercado de alquiler y hacerlo
con medidas fiscales, ya que han fallado las de otro tipo, como he
explicado. Esta es la razón de nuestra proposición no de ley, que
consta en el texto de que disponen SS.SS., pero que ha sido objeto de
una modificación por vía indirecta, si quieren ustedes, en forma de
enmienda transaccional a la proposición no de ley de Convergència i
Unió, que compartimos en sus aspectos fundamentales. Esta enmienda
a la proposición no de ley de Convergència i Unió o autoenmienda a
nuestro texto es la que leo a continuación y naturalmente está en
poder de la Mesa: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
desarrollar las medidas oportunas que fomenten la oferta de vivienda
en alquiler en España estableciendo, en su caso, incentivos fiscales
a la misma. En particular, se considera necesario que en el anunciado
proyecto de reforma del impuesto de sociedades se establezcan: a)
incentivos para las empresas que, entre sus actividades, lleven a
cabo la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento; b)
beneficios destinados a la rehabilitación de inmuebles cuando estos
se vayan a destinar al alquiler. Esta, señorías, es nuestra
proposición final después de una transacción con el Grupo de
Convergència i Unió. Espero que, si el Gobierno nos hace caso
-permítanme la expresión coloquial-, se vuelvan a restablecerse
mecanismos de incentivación que ya estuvieron presentes en la
historia de nuestro país; no puedo dejar de referirme a la vieja Ley
Larraz, de 16 de diciembre de 1940, que establecía una modificación
nada menos que del 90 por ciento de la cuota de beneficios de
entonces -de la tarifa tercera de utilidades- para aquellas empresas
que se dedicaran en exclusiva a la construcción de viviendas en
alquiler. Gracias a esta ley, nuestro país pudo contar en la
postguerra con un importante parque de viviendas en alquiler. Si esta
iniciativa cuenta con los votos de todas SS.SS., no duden de que
entraremos en el buen camino en cuanto a la vivienda en alquiler,
resolveremos un problema social e incentivaremos el sector de la
construcción que, en estos instantes, después de dos años de vigor,
necesita algún lanzamiento.
Quiero añadir, con la venia del señor presidente, que hay algunas
enmiendas de otros grupos cuyos objetivos compartimos, pero que se
salen absolutamente del esquema del incentivo fiscal a la vivienda en
alquiler. Tendrán su momento en otros debates.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortiz.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta hoy esta proposición no de ley con un objetivo claro, nítido
y concreto, y proponemos en el texto cuatro puntos que expondré más
adelante.¿Cuál es el objetivo? El objetivo es promover la vivienda de
alquiler en España; fomentar el alquiler. Ha llegado el momento de
articular medidas concretas desde los poderes públicos dirigidas
a promover el mercado de alquiler de forma directa. Lo decía hace unos
momentos el portavoz del Grupo Popular, señor Ortiz, hablaba de cómo
está el mercado de alquiler en Europa. Si echamos una mirada rápida
veremos que estamos en la cola de Europa, países como Suiza o
Alemania superan ampliamente el 50 por ciento de vivienda de
alquiler. La mayoría, la práctica totalidad de los países europeos
tienen un porcentaje de vivienda de alquiler que supera el 30 por
ciento, en España no superamos el 15 por ciento; sólo va por detrás
de nosotros Grecia. Por tanto, señorías, no es que sea un capricho
intentar aumentar esta oferta de mercado de alquiler, es una
necesidad para abaratar los precios. Ante tan poca oferta de vivienda
de alquiler los precios son elevadísimos y la vivienda de alquiler es
una alternativa que debe ser viable para personas que quieren acceder
a una vivienda; hay personas jóvenes que por razones de movilidad
laboral se desplazan a otra ciudad distinta a la que era su
residencia habitual y deben alquilar, comprobando que el precio es
carísimo porque la oferta de vivienda de alquiler es muy baja. Por
tanto, el primer objetivo que tiene nuestro grupo parlamentario con
esta proposición no de ley es que ese mercado de viviendas de
alquiler se aumente de forma significativa.
Para conseguir este objetivo nuestra propuesta consta de cuatro
puntos. El primero se dirige a facilitar la adquisición de suelo
público a bajo precio para destinarlo a la construcción de viviendas
en régimen de alquiler, a precio protegido, y para la población con
menos ingresos. Este es un objetivo que debe compartir la
Administración general del Estado, también las administraciones de
las comunidades autónomas, y que deberemos contemplar en el próximo
plan de viviendas. Una segunda medida es la reforma del IRPF. Están
anunciadas reformas del nuevo impuesto sobre la renta de las personas
físicas, y en ese marco de reforma del IRPF consideraríamos adecuado
plantearnos reinstaurar la posibilidad de deducir parte de los gastos
de alquiler para aquellos contribuyentes con rentas bajas. Asimismo,
deberíamos también facilitar el incrementar el porcentaje máximo de
amortización del 2 al 5 por ciento. También cree nuestro grupo que
estas dos medidas en el IRPF fomentarían la vivienda de alquiler.
Nuestro grupo considera que estas dos primeras propuestas, que no son
objeto de transacción, son oportunas pero cree, en aras del consenso
hoy y de la aprobación en esta Cámara de una proposición no de ley de
nuestro grupo transaccionada con la del Grupo Popular, que creemos
importante, que se deben centrar en dos grandes aspectos: el primero,
en el impuesto sobre sociedades -impuesto que el propio ministro de
Hacienda ha anunciado que va a reformarse y a partir del año 2002
existe esa posibilidad de tener un nuevo régimen fiscal en el ámbito
de las sociedades- ha llegado el momento de que incorporemos
beneficios fiscales expresos, específicos y, si me lo permiten,
deberían ser notables, para aquellas sociedades que quieran fomentar
la vivienda en alquiler, que vayan a construir viviendas para ser
destinadas a alquiler. Esta debe ser una condición y deberemos exigir
-ya arbitraremos en esta Cámara la manera concreta- que quien se
acoja a ese beneficio fiscal forzosamente deba ofertar vivienda en
alquiler durante un mínimo significativo de años. Vamos a establecer
un beneficio fiscal cuya finalidad última sea precisamente que esa
promotora de viviendas considere que le es rentable ofertar vivienda
en régimen de alquiler, sólo así va a hacerlo. Si sigue siéndole más
rentable ofertar esa vivienda en propiedad, no aumentaremos el
mercado de alquiler. Por tanto, ese objetivo, la reforma del impuesto
sobre sociedades para que fomentemos la construcción y la oferta de
nuevas viviendas siempre que las mismas se destinen a alquiler,
creemos que va a ser un gran estímulo y una gran medida que pensamos
que es muy adecuada.
Decía ahora el señor Ortiz que ya modificamos el tema de los fondos
de inversión inmobiliaria a través de una ley aprobada en esta Cámara
en el año 1998. Esa ley también tendía a estimular, señorías, el
régimen de alquiler. No obstante, ya en su día -concretamente consta
en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara, del 22 de mayo del año
1997-, el entonces portavoz económico de nuestro Grupo, Francesc
Homs, actualmente honorable conseller de Economía, Finanzas y
Planificación de la Generalitat de Catalunya, decía expresamente en
esta Cámara que era adecuado fomentar los fondos de inversión
inmobiliaria, pero que eran un mero instrumento más y que no debíamos
olvidar la reforma del impuesto sobre sociedades. Y decía
concretamente Francesc Homs: Hay que revisar también el régimen
fiscal de las sociedades. ¿Para qué? Para fomentar, para incentivar
la promoción de nuevas viviendas en régimen de alquiler.
Este es, señorías, un aspecto nuclear de nuestra proposición no de
ley, aspecto que tenemos acordado también con el Grupo Popular.
Esperamos que el resto de grupos de esta Cámara sean sensibles a lo
que va a ser sin duda un acuerdo de esta Cámara de impulso de lo que
debe ser una importante reforma fiscal en este ámbito que incentive
el mercado de alquiler.
Un último aspecto de nuestra propuesta, que también es objeto de
acuerdo en el texto transaccional, es el de la rehabilitación.
Incentivemos, beneficiemos a aquellos particulares o a aquellas
sociedades que rehabiliten inmuebles, siempre que los mismos sean
destinados también a alquiler. Para nosotros esta es también una
medida importante que creemos que podrá dinamizar una mayor oferta de
vivienda de alquiler en el Estado español.
A nuestro grupo parlamentario, a Convergència i Unió, le preocupa
este tema. Si repasamos la exposición de motivos de la Ley de
Arrendamientos Urbanos -en cuyo consenso nuestro grupo tuvo un papel
crucial- que se aprobó en el año 1994 con el Grupo Socialista
-entonces mayoritario-, veremos que el objetivo era claro: intentar
promover la vivienda de alquiler en España. No hemos dado ese
necesario empuje y creemos que debemos aprobar, como haremos hoy,
proposiciones no de ley que insten a cambios normativos fiscales que
sean realmente atractivos.
Hace poco, señorías, el pasado 17 de octubre se aprobó en esta Cámara
una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario en la que se
pedía una revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos; también
pedimos, y el Gobierno deberá presentarlo en octubre de 2001, un
amplio informe de cómo se está aplicando la ley. Entre sus aspectos
el primero era ver qué impacto ha tenido la Ley de Arrendamientos
Urbanos en el mercado de la vivienda de alquiler. ¿Por qué? Porque
nos tememos que el impacto ha sido demasiado débil. Es objetivo de
todos los grupos que el Estado español no siga en la cola del mercado
de alquiler. No puede ser que ocupemos los últimos lugares en ese
ranking. ¿Por qué? Porque, repito, sólo si hay mayor oferta de
viviendas en régimen de alquiler conseguiremos lo que al ciudadano le
interesa, que es que los precios se abaraten y así se cumpliría la
regla de que a mayor oferta precios más bajos. Si nosotros damos
incentivos fiscales para aumentar la oferta, finalmente lograremos
que los precios de los alquileres lleguen a un nivel que sea más
asequible. Con ello seguro que contribuiremos al acceso a la vivienda
de muchos colectivos, por ejemplo, del colectivo de personas jóvenes,
también para que se pueda facilitar la movilidad laboral, porque el
propio Consejo Económico y Social denuncia que esos precios y esa
falta de oferta de alquiler en España está mermando gravemente la
movilidad laboral y seguro que si aumentamos la oferta y se bajan los
precios, con unos alquileres más asequibles, daremos también un mejor
cumplimiento al derecho a la vivienda que reconoce nuestra
Constitución.
Es cierto que todos compartimos la cultura de la propiedad que emana
del derecho romano, pero también es cierto que no siempre es posible
acceder a una vivienda en régimen de propiedad y, cuando la
alternativa es el alquiler, que lo es en muchos casos por razones
económicas, por razones de necesidad puntual, por estar una persona
trabajando o por motivos de emancipación,
de querer salir del hogar paterno e iniciar una vida
independiente, sólo si los precios se abaratan ese objetivo es
posible.
Nuestro grupo comparte el espíritu de las enmiendas presentadas por
los demás grupos, creyendo que a través de esta transacción acordada,
que esperemos sea apoyada por el máximo número de grupos posibles,
daremos un impulso importante a lo que debe ser una mayor oferta del
mercado de la vivienda de alquiler.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que el diagnóstico de la situación de la vivienda en
España es compartido por todos los grupos de esta Cámara, y cito a
Convergència. Durante los últimos años se ha venido produciendo en
nuestras ciudades un creciente desequilibrio entre la oferta y la
demanda, lo que se traduce en un aumento de la dificultad para
acceder, y subrayo acceder, a las mismas por parte de sectores
específicos de la población, como jóvenes, familias con bajos
ingresos o personas con ingresos irregulares. En términos
cuantitativos, esta referencia cualitativa se puede expresar de la
siguiente forma. El esfuerzo financiero de las familias para la
compra de una vivienda supera ya en España el 33 por ciento de la
renta familiar, estando creciendo el precio de la vivienda a un ritmo
medio anual del 10 por ciento, más elevado por cierto en los
municipios de más de 100.000 habitantes. Este ritmo es cuatro veces
superior a los precios de consumo y a los salarios. El empeoramiento
de las condiciones de acceso a la vivienda que nos indican estas
cifras implica que las fuertes elevaciones experimentadas en los
precios de la vivienda han superado el efecto compensador derivado de
los menores tipos de interés existentes en los créditos de la
vivienda. Anotemos este análisis y pensemos en el momento de gran
oferta en el cual ha sido construido. Por cierto, estos datos los he
extraído de una publicación del propio Ministerio de Fomento.
Ante esta coyuntura, las políticas del Gobierno están siendo, por
desajustadas, sorprendentes. La promoción de viviendas de protección
oficial ha bajado un 20 por ciento en el primer trimestre del año
2000 con respecto al primer trimestre del año 1999. El grado de
cumplimiento del Plan 1998-2001 ha sido, por decirlo de forma amable,
reducido. En 1999 sólo se han cubierto el 15,8 por ciento de los
objetivos en términos de financiación concedida y el 11,7 en cuanto a
las actuaciones protegibles efectivamente financiadas. Datos sacados
de la misma publicación del propio Ministerio. En los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 se
contempló una previsión de gasto público destinada a la ayuda al
acceso a la vivienda de un 2,8 por ciento menor que la que tuvo esta
protección en 1999. En este mismo año la construcción de viviendas de
alquiler fue sólo de 3.172 unidades para toda España, lo que
significa 66 viviendas por provincia en un año. Siento no poder
ofrecerles estos datos para el año 2000 porque el Ministerio aún no
los ha facilitado. Nuestro grupo ha presentado una pregunta al
respecto.
Además, la legislación no favorece la vivienda de alquiler. La
legislación sobre el suelo no favorece la inversión en vivienda
social en alquiler. Las promociones de compra-venta tienen
bonificación de IBI durante su período de construcción; las de
alquiler no. Además, el IVA que soportan las promociones de alquiler
no son deducibles, penalizando por tanto la realización de
promociones de alquiler y gravando innecesariamente el alquiler de
protección oficial. Nuestro grupo ha presentado ya una proposición no
de ley al respecto.
Pero lo que al Grupo Socialista le parece más increíble es que los
grupos que ahora reclaman medidas para incentivar la oferta de
vivienda destinada a alquiler votaran a favor de suprimir el
incentivo fiscal de la deducción del alquiler en la nueva Ley del
impuesto sobre la renta 40/1998.
De todo ello se deduce que el peso sustancial de la política de
vivienda en España sigue descansando en la desgravación fiscal de la
compra de vivienda en el IRPF. Y esta medida fiscal no garantiza el
acceso a toda la población a la vivienda, frente a otras políticas de
ayuda directa a los inquilinos que aplican distintos países europeos
que explican tan bien la gran cantidad de oferta que en estos países
tiene el alquiler. Todo ello remite a un problema de acceso a la
vivienda, focalizado en unos segmentos de población y agudizado en
las ciudades de mayor tamaño. Este, creemos, es el concepto
fundamental: la accesibilidad a un bien básico protegido por la
Constitución como es la vivienda; una accesibilidad que está
distribuida social y territorialmente de forma desigual, por lo que
las medidas a aplicar deben asumir estas asimetrías. Por lo tanto,
las medidas requeridas no son sólo las que promueven la oferta, que
aunque necesarias no son suficientes. Se requiere vivienda de
alquiler, es cierto, pero también que esta oferta tenga un precio
asequible. La oferta indiscriminada de alquiler que resultaría de los
precios de mercado sería tan inaccesible como la de compra.
La reivindicación de ayudas a la vivienda de alquiler para jóvenes o
de carácter social tiene que ir supeditada siempre a precios máximos
acotados, es decir, protegidos. Además, tendríamos que saber en qué
zonas y en qué ciudades la población tiene una especial dificultad
para el acceso a la vivienda.Por lo tanto, las medidas para fomentar
el alquiler no pueden ir aisladas, sino que tienen que contemplar
distintos aspectos a la vez. No pueden, por lo tanto, concentrarse
sólo en la oferta o en la construcción de vivienda, sino también en
el suelo disponible y en su precio, y especialmente tienen
que ir encaminadas a aumentar el acceso de cierta población a la
vivienda.
Por eso, nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición con
cinco puntos, en los que se contemplan medidas para fomentar el suelo
y que apoyan directamente a la población que tiene que acceder a esta
vivienda.
Y ya sólo un último punto. Lo que no entendemos es que un compromiso
electoral del Partido Popular no lo traiga a esta Cámara el propio
Gobierno y que tenga que aparecer en una proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Miralles.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas de adición a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para estimular
el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. La primera se basa en
los siguientes argumentos: es evidente que la actuación prioritaria
que debe emprender el Gobierno para el aumento del parque de
viviendas en alquiler es impulsar la promoción pública de viviendas
en este régimen, contando para ello con la colaboración de las
comunidades autónomas en las que residen también competencias en
materia de vivienda. Tenemos que decir que pretender el estímulo de
acceso a la vivienda en régimen de alquiler por medio de estímulos
fiscales permitirá adoptar medidas en beneficio exclusivo de los
propietarios arrendadores y responde a una política liberal en la que
el Estado y la acción pública desaparecen como promotores de la
actividad económica, que es lo que se encomienda en el artículo 128.2
de la Constitución española, por lo que se ve muy olvidada a este
respecto. Por ello, creemos que en la proposición no de ley del Grupo
Popular o se está haciendo demagogia con esta propuesta o, por el
contrario, es inconcebible pretender diseñar y emprender un plan para
desarrollar el mercado de viviendas en régimen de alquiler sin que
haya un compromiso por parte de las administraciones públicas
competentes en materia de vivienda, de erigirse ellas también y
fundamentalmente en animadoras principales del mismo.
La segunda enmienda se refiere a los incentivos fiscales. Aunque en
la proposición no de ley del Grupo Popular no se citan las medidas
que se adjetivan de oportunas para estimular el acceso a la vivienda
en régimen de alquiler, de la exposición de motivos se desprende que
la intención del grupo proponente es orientar esas medidas hacia los
propietarios de viviendas, los arrendadores, y no hacia los usuarios,
arrendatarios. Al mismo tiempo que se estimula el crecimiento del
parque de viviendas en alquiler, pensamos que es
necesario se recojan explícitamente actuaciones a favor de las
personas que viven alquiladas, eliminando las discriminaciones
respecto de aquellas que adquieren vivienda en propiedad. Una de las
discriminaciones que perviven es la imposibilidad de que los gastos
destinados a satisfacer la renta de alquiler de la vivienda habitual
no sean deducibles en el IRPF desde que se aprobó la nueva regulación
de ese tributo. Está claro que se trata de un gasto perfectamente
justificable y no suntuario, que debe ser objeto de deducción en el
IRPF en las mismas condiciones que las cuotas satisfechas por compra
de vivienda habitual. Por eso creemos conveniente introducir esta
adición, ya que una política de estímulo al acceso de viviendas en
régimen de alquiler no proporcionará resultados positivos si
únicamente se adoptan medidas para favorecer a una parte y se elude
restablecer estímulos fiscales justos a los arrendatarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la
señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no es la primera vez que en esta Cámara, y sobre todo al
inicio de esta legislatura, hemos debatido de una manera más global
sobre el problema de la vivienda, y hemos debatido y seguiremos
debatiendo sobre el problema de la vivienda en nuestro país. Hoy
vamos a hablar de un tema más puntual, que es el acceso a la vivienda
de alquiler o los problemas para poder acceder a la vivienda de
alquiler que tiene una parte importante de nuestra sociedad, con
independencia de que las viviendas de alquiler que hoy están a
disposición de la ciudadanía sea un porcentaje mucho más reducido de
lo que es en otros países de nuestro entorno o en los países de la
Unión Europea. Desde esta tribuna, por las personas que me han
precedido en el uso de la palabra se han expuesto diferentes
argumentos, unos podemos compartirlos y otros no. Pero lo que está
claro es que la solución al problema del acceso a la vivienda de
alquiler de determinados sectores de la población no puede sólo y
exclusivamente venir de la mano de los incentivos fiscales a las
empresas; y no puede venir sólo y exclusivamente de la mano de estos
incentivos fiscales porque hay sectores de la población que, además
de no verse reflejados en estos incentivos en la declaración del
impuesto sobre la renta, van a seguir teniendo dificultades para
poder acceder a ella.
La iniciativa que en un principio presentaba el Grupo Parlamentario
Popular, a nosotros, como Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, nos parecía más un brindis al sol que una iniciativa que
viniera realmente a paliar los problemas que tiene la vivienda de
alquiler en nuestro país. Señorías, tiempo tienen y han tenido el
Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular
para plantear de una manera mucho más seria y rigurosa cuáles son
esos problemas.
Les recuerdo que en 1999 y en la Comisión de Infraestructuras se
aprobó por unanimidad una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular
para que el Gobierno realizara una encuesta sobre los problemas que
tenía el acceso a las viviendas de alquilar, para que se pudiera
establecer, junto con los resultados de esa encuesta, una política
estratégica para beneficiar y ampliar la oferta de viviendas en
alquiler. No sabemos cuál ha sido el resultado de esa iniciativa que
se aprobó por unanimidad en la Comisión de Infraestructuras y ahora
sólo se nos plantea que tenemos que beneficiar, a través de una
reducción en el impuesto de sociedades, a las empresas promotoras de
viviendas, pero el problema es mucho más amplio. No sólo hay que
beneficiar a las empresas (no decimos que no, aunque saben ustedes
que nuestro grupo no es precisamente dado a este tipo de
reducciones), sino que hay que ir a causas mucho más profundas. Una
de ellas es la falta de suelo público para que, con los beneficios
que las administraciones puedan tener en ese suelo público, se puedan
ofertar viviendas de alquiler a aquellos sectores de la población que
con los beneficios fiscales a las empresas van a seguir sin poder
acceder a una vivienda de alquiler.
En ningún sitio aparece que haya que tener un control sobre los
precios, lo dejan ustedes -voy a ser ingenua- al libre mercado y a la
competencia de ese libre mercado que, por la experiencia de las
liberalizaciones de los últimos años, está claro que no va
precisamente en beneficio de aquellos que más necesitan poder acceder
a una vivienda. Lo dejan ustedes en manos del mercado, como si una
mayor oferta fuera a quitar de en medio el problema que tienen las
personas jóvenes cuando van a acceder a un alquiler, sea de la
cuantía que sea, y sólo pueden presentar un contrato de trabajo por
seis meses, por lo que no se les puede alquilar el piso, porque una
sociedad privada no va a alquilar un piso a quien no puede demostrar
que puede pagar el alquiler más allá de esos seis primeros meses.
Es una lástima que en la enmienda transaccional, que al final se va a
convertir en la iniciativa que se va a votar en esta Cámara, el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió haya renunciado a una de las
partes que tenía su iniciativa, que era precisamente el fomento y la
ayuda al aumento de suelo público para que las administraciones
pudieran incidir en este tema. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Las enmiendas que hemos presentado iban dirigidas a que se pudieran
constituir patrimonios públicos de viviendas de alquiler, para que
pudieran acceder a ellas aquellos sectores de la población que, por
razones sociales, van a seguir teniendo problemas para acceder a una
vivienda de alquiler. Y no son solamente las personas jóvenes, son
también otros sectores de la población como las personas mayores o
las familias monoparentales. Y si no se tiene esa ayuda pública, esos
patrimonios públicos de vivienda de alquiler, con precios
más bajos y en los que no sea necesario tener un contrato de
trabajo indefinido, difícilmente esos sectores de la población, los
jóvenes, las personas mayores y las familias monoparentales, van a
poder acceder a esa vivienda.
Además, nosotros planteábamos otra enmienda. No nos negamos a que
pueda haber incentivos fiscales para las sociedades que construyen
nuevas viviendas de alquiler, pero hay un parque de viviendas vacías
en nuestro Estado que no se puede seguir permitiendo ante la
necesidad de vivienda que hay. Se puede incentivar para que salgan
esas viviendas al mercado, pero a quienes decidan no sacar las
viviendas al mercado hay que aplicarles un impuesto que les obligue,
por la vía de tener que pagar más impuestos, a sacar estas viviendas
de alquiler al mercado. Si no seguiremos ocupando suelo, seguiremos
ampliando nuestras ciudades y seguiremos teniendo viviendas vacías
dentro de las ciudades, que seguirán sin alquilar, sin tener
rentabilidad social, y no van a servir para mejorar la calidad de
vida.
Estamos convencidos de que la iniciativa que plantean se queda otra
vez en la parte de arriba del problema, no profundiza en él. Desde
nuestro punto de vista, vuelven a favorecer a las empresas
constructoras con beneficios fiscales en la Ley del impuesto de
sociedades y dejan sin protección, una vez más, a los sectores que
realmente necesitan la protección y la ayuda, es decir a los sectores
de la población que no pueden acceder a una vivienda en propiedad ni
a una vivienda en alquiler.
Señorías, siguen sin cumplir la Constitución, que dice que los
poderes públicos velarán por el acceso a una vivienda digna de todos
los ciudadanos y ciudadanas. Ustedes benefician a las empresas y otra
vez dejan a la ciudadanía sin protección y sin acceso a ese derecho
constitucional.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Urán ¿Grupos que desean fijar
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando vimos las iniciativas, tanto del Grupo Parlamentario Popular,
que ha defendido don Luis Ortiz, como del Grupo Parlamentario
Catalán, pensamos que sería positiva una ensambladura entre ambas,
dado que son complementarias. Mi grupo se encuentra cómodo al votar
favorablemente la enmienda transaccional, que ensambla el concepto de
fondo y general que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular con
el de detalle de una política fiscal respecto al impuesto de
sociedades, que trae el Grupo Parlamentario Catalán. Se suprimen
cuestiones muy inviables, como una apelación a disponer de suelo
público barato. ¿Dónde hay suelopúblico barato? Tendríamos que hacer
viviendas de
alquiler en el extrarradio de poblaciones, donde existiría esta
posibilidad. Igual de inviable es la enmienda que trae el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida sobre las viviendas en propiedad que
no se usan, proponiendo que se abran con un impuesto; al día
siguiente, estarían ocupadas por familiares de los propietarios.
El señor Ortiz ha hecho una alusión a lo que se llama en nuestro país
la cultura de la propiedad y ha citado acertadamente unos ejemplos
históricos, las leyes arrendaticias que vienen después de la Guerra
Civil, la Ley de arrendamientos urbanos de 1940. Lo que ocurre en
España es que la cultura de la propiedad convive con la contracultura
del alquiler. En el año 1999, modificamos la Ley de la propiedad
horizontal por la Ley 8, pero años atrás se produjo una verdadera
revolución económica y social en España, la Ley de propiedad
horizontal 49/1960. Le Ley de 1960 despierta en los españoles el afán
de ser propietarios de una vivienda o de un piso. Ese fenómeno con el
que nos encontramos, que ha llevado a la realidad actual, es
necesario cambiarlo. El señor Ortiz ha significado con una cifra lo
que yo llamo la asimetría que hay en España con relación a otros
países; que tengamos aquí 19 millones de viviendas y que solamente un
13 ó 15 por ciento de ellas esté en régimen de alquiler nos está
revelando la tremenda asimetría que hay en España, produciendo ese
fenómeno de rigidez del mercado de alquiler. Por tanto, la
contracultura del alquiler es un enemigo de la movilidad geográfica
para los empleos laborales; en el archipiélago canario, un territorio
fragmentado, es todavía mucho más grave que en la Península.
En la provincia que represento, junto con otros diputados de otras
fuerzas políticas, la de Santa Cruz de Tenerife, con cuatro islas, es
imposible la movilidad geográfica que tienen las provincias
peninsulares para el colectivo laboral que quiera moverse. Si a esto
le sumamos, como ocurre en Baleares, un mercado de construcción
inmobiliaria destinado a la vivienda turística, a la habitabilidad
hotelera o de apartamentos turísticos, el grado de encarecimiento de
una vivienda de alquiler hace que la asimetría que debíamos tener
entre alquiler y propiedad esté totalmente distorsionada. Con los
datos de la cámaras de la propiedad inmobiliaria de que disponemos,
sería conveniente que se viera qué grado de asimetría tiene ese 15
por ciento dentro del sector. En Madrid, es más fácil encontrar el
alquiler de una vivienda de 200 metros cuadrados que el de una
vivienda de 80, 90 ó 100 metros cuadrados. La asimetría es también
evidente con relación a la Europea más cercana a nosotros. Que un
país de la Unión Europea como España tenga sólo el 15 por ciento de
viviendas de alquiler y Alemania tenga más del 55 por ciento en
régimen de alquiler está poniendo de manifiesto que algo está
funcionando sin una cadencia de armonización entre unos y otros.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa porque entendemos
que es necesario atajar la repercusión que este asunto está
produciendo en las familias.
Esta situación del mercado hace prácticamente imposible el acceso de
los jóvenes a una vivienda, es disuasoria. La propuesta que traiga el
Gobierno tiene que tener en cuenta que hay que incentivar también a
las empresas inmobiliarias, que son tremendamente reacias al mercado
de alquiler porque lo que quieren es vender. A fin de cuentas, el que
alquila es propietario y el que va a alquilar o es una empresa
inmobiliaria o es un propietario, porque la Ley de la propiedad
horizontal (la contracultura del alquiler o la cultura de la
propiedad, que decía el señor Ortiz acertadamente) ha llevado a que
la familia española invierta sus ahorros en vivienda y tiene una
primera, una segunda y una tercera vivienda que muchas veces es
destino del ahorro familiar. Tenemos que conseguir una buena ley de
arrendamientos urbanos que no cree las distorsiones del decreto Boyer
ni cree la irritación de los sectores, sino que compagine con la Ley
de propiedad horizontal. Es necesario mantener esa armonización y que
sean también estos propietarios que han dedicado sus ahorros
familiares a adquirir una segunda y una tercera vivienda -que la
pueden poner en alquiler- los que reciban también los beneficios
fiscales que estimulen el alquiler de viviendas. Tenemos que quitar
la tremenda rigidez y el calentamiento de precios que hay en este
momento en la vivienda de alquiler en España.
Vuelvo a decir que desde Coalición Canaria nos vamos a sumar a estas
iniciativas que hoy se nos presentan, porque en nuestro territorio
archipielágico el problema es para nuestra juventud y para los que
tienen ofertas de trabajo, que son incapaces de moverse, lo que en
Canarias está produciendo unos daños en el plan integral de empleo
porque, aunque existen zonas turísticas con demanda de puestos de
trabajo, la propia población del archipiélago no se mueve porque no
tiene capacidad de acceso a una vivienda en alquiler. Además, los
trabajos que se están ofertando en esta economía nueva, al ser los
contratos temporales o muy limitados en el tiempo -uno, dos o tres
años-, no permiten la adquisición de una vivienda por vía de la Ley
de la propiedad horizontal, sino recurrir al alquiler.
Sin más explicaciones y secundando las palabras que han dicho tanto
el portavoz del Grupo Popular, señor Ortiz, como el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán, señor Jané, adelanto que vamos a votar
favorablemente el resultado de esa enmienda transaccional entre los
dos grupos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, buenas tardes,
arratsalde on.
Las proposiciones no de ley presentadas, tanto por el Partido Popular
como por Convergència i Unió, inciden
en un problema común y en una situación que está generando cada
vez mayores dificultades para el acceso a la vivienda de amplias
capas de esta sociedad, fundamentalmente las capas de rentas bajas y
de la juventud en general.Se han argumentado (y yo creo que se ha
hecho una exposición bastante acertada por el señor Luis Ortiz) las
causas que vienen incidiendo en esa problemática. No voy a volver a
repetir toda la argumentación, pero citaremos que la cada vez más
tardía incorporación al mundo laboral y la precariedad salarial,
hacen que a la mayoría de los jóvenes les sea prácticamente imposible
acceder a una vivienda en propiedad, aunque ésta sea VPO. Además de
la precariedad laboral citada, la falta de empleo fijo, existe un
factor que también se ha citado, y es la cada vez mayor movilidad
laboral y geográfica, propia de los mercados laborales actuales y de
las necesidades de las empresas, que sobre todo y a nuestro juicio
motiva una indefinición a la hora de la compra de la vivienda en
propiedad, aunque ello fuera posible.
Casi todos los grupos parlamentarios coincidimos en que la solución
sería que existieran y se fomentaran parques de vivienda en alquiler,
en unas condiciones que facilitaran su acceso a los jóvenes y a los
ciudadanos de rentas bajas. Se ha dicho aquí, y también se han
aportado cifras, que en muchos países de la Unión Europea estos
planteamientos se llevan realizando desde hace años. Son realidades
que sería conveniente estudiar desde el Estado español, ver que
políticas se han desarrollado para hacerlas realidad y para que
exista una cultura en toda la población y en toda la Administración
que haya fomentado estas realidades. Es indudable que la situación
española es completamente diferente. Nos encontramos con una cultura
casi totalmente ligada a la propiedad. Se han citado diferentes
aspectos, pero a nuestro entender se debe fundamentalmente a que en
muchos casos el esfuerzo de los alquileres en las condiciones
actuales no se diferencia excesivamente del esfuerzo de la propia
compra de la vivienda; esto, claro está, para el que tiene
posibilidades, con lo cual tampoco acabamos solucionando el problema.
La realidad es que tenemos un mercado libre que nos ofrece una escasa
oferta, y la existente es muy cara. El sector constructor
inmobiliario no aborda este nicho de mercado por falta de
expectativas y de rentabilidad. El sector público tampoco afronta con
la debida intensidad este nicho de mercado porque requiere grandes
inversiones y sobre todo de una cultura en la gestión, que sí existe
en los países europeos anteriormente citados, en los que estas
políticas son una realidad importante; pero por desgracia en el
Estado español carecemos de estas culturas.
A nuestro entender, la propuesta presentada por Convèrgencia i Unió
enfocaba adecuadamente los tres pilares sobre los cuales hay que
asentar una política en este sentido. Entendemos que la propuesta
presentada por el Partido Popular representa un avance, pero un
avance tímido. De los tres pilares citados -y coincido
también con otras exposiciones realizadas-, el pilar fundamental
sería, a nuestro juicio, posibilitar desde las administraciones
públicas la adquisición y oferta de suelo social con esta finalidad
que estaba en la proposición inicial de Convèrgencia i Unió,
conjugándola con las otras dos medidas mencionadas: adoptar medidas
fiscales incentivadoras que hagan atractiva dicha actividad a la
iniciativa privada y en general al mercado inmobiliario, y adoptar
unas medidas fiscales incentivadoras del alquiler para los
contribuyentes que tengan unas rentas específicas.
A su vez, entendemos que ha habido enmiendas enormemente ricas, como
el control de precios, que hubiesen hecho que esta proposición no de
ley con la transacción planteada hubiese adquirido un contenido más
importante. Entendemos que esta proposición no de ley, señores de del
Partido Popular y señores de Convèrgencia i Unió, supone un avance
débil; un avance débil en el sentido de que las políticas europeas,
de las que tanto hemos hablado, practican algunos avances que no se
han incorporado, como los porcentajes que también hemos citado. Si
esta proposición de ley hubiera incorporado la proposición inicial de
Convèrgencia i Unió y alguna enmienda planteada, hubiera sido
enormemente interesante y la hubiésemos apoyado con enorme gusto.
Vuelvo a decir que es una proposición de ley que nos parece
interesante, pero se ha quedado un tanto descafeinada, por lo cual el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV) se va a abstener en su votación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
A los solos efectos de indicar aceptación o rechazo de enmiendas,
tiene la palabra, en primer lugar, el señor Ortíz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
A pesar de las brillantes intervenciones de los portavoces del Grupo
Socialista, de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego, no
vamos a aceptar sus enmiendas por las razones en las que no insisto y
que he expuesto en mi intervención en la tribuna. Quiero agregar,
para clarificación de las votaciones, señora presidenta, que la
posición de mi grupo está expresada en el texto que he leído,
presentado en forma de enmienda del Grupo Popular a la proposición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Si eso abriga
al planteamiento formal de retirada del petitum de nuestra
proposición no de ley, retiramos ese petitum. Nuestra posición se
expresa, insisto, con aire de fondo transaccional en el texto que
hemos presentado como enmienda a la proposición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Señor Jané, tiene la palabra a los efectos de indicar la aceptación
por su parte de la enmienda presentada.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo valora positivamente el conjunto de enmiendas
presentadas hoy a nuestra proposición no de ley en aras a encontrar
un punto de acuerdo para que hoy esta Cámara pueda aprobar un texto.
Convergència i Unió va a aceptar la enmienda que nos propone el Grupo
Parlamentario Popular, entendiendo que con ello también se acepta
como transacción a su propia proposición no de ley. Por tanto,
nuestro grupo acepta en términos literales la enmienda que nos ha
presentado el Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Como indicaba el señor Ortiz y a efectos de clarificar las
posiciones, el Grupo Popular deberá retirar el texto inicial de su
proposición que no se somete a votación, y se votará la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Catalán con el texto de la enmienda
presentada por el Grupo Popular. (Pausa.)
De acuerdo con el contenido del debate y la voluntad expresada por el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, queda retirada su
iniciativa, que por tanto no se somete a votación, y sometemos a
votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para incentivar el mercado de alquiler de
vivienda con el texto de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 173; en contra, uno; abstenciones, 128.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DELGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REGULARIZACIÓN URGENTE DE
LOS INMIGRANTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESPAÑA. (Número de expediente
162/000208.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE DERECHOS
Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/
000197.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), POR LA QUE SE
ESTABLECE UN PROCESO EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN YSE AMPLÍAN LAS
VÍAS
ORDINARIAS QUE PERMITE LA LEY 8/2000. (Número de expediente 162/
000218.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS QUE DEBE ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA EXISTENCIA DE UN NÚMERO
IMPORTANTE DE INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR. (Número de
expediente 162/000222.)
La señora PRESIDENTA: Proposiciones no de ley que serán debatidas
conjuntamente. Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
regularización urgente de los inmigrantes que se encuentran en
España; del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España; del Grupo
Parlamentario Mixto, por la que se establece un proceso
extraordinario de regularización y se amplían las vías ordinarias que
permite la Ley 8/2000; y del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas que debe adoptar el Gobierno
ante la existencia de un número importante de inmigrantes en
situación irregular.
En primer lugar, para la defensa de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la presentación por el Grupo Parlamentario Socialista de la
proposición no de ley sobre regularización urgente de los inmigrantes
que se encuentran en España, responde a una fundada preocupación en
torno a la situación que atraviesan miles de personas y sus graves
consecuencias en diferentes ámbitos de nuestra realidad; también a
nuestra firme voluntad por ejercer una oposición útil que sirva a los
intereses reales de los ciudadanos, y que ofrezca soluciones a los
problemas ante la carencia de respuesta por parte del Gobierno.
Señorías, no ha llegado, siquiera, a transcurrir un mes desde la
entrada en vigor de la reforma de la Ley de extranjería, y el
Gobierno está enrocado en una posición que no contribuye sino a
dificultar, cada vez en mayor medida, la situación de miles de
inmigrantes que viven en España y a complicar de manera innecesaria y
gratuita su gestión, que ya es por si misma compleja en este fenómeno
que tratamos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Rumí. (Pausa.)
Adelante, señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Desde la reforma de la Ley de extranjería
asistimos a un proceso en el cual el Gobierno parece querer dar una
visión de contundencia, de dureza ante el fenómeno migratorio y
especialmente
ante la inmigración irregular. Lo que nos atrevemos a calificar
de una pose gubernamental no se comparece con la importancia y la
cuantía del flujo migratorio que se dirige hacia España. Ahí están
las cifras; cifras que prueban lo que decimos.
Por supuesto hay una mayor llegada de inmigrantes a las costas
andaluzas o a Canarias, pero también es obligación del Gobierno
explicar a los ciudadanos a qué se debe este hecho. Todos sabemos que
es porque se consiguió, al menos durante unos meses, controlar las
entradas irregulares a través de las ciudades de Ceuta y Melilla, y
como consecuencia de ello los inmigrantes y las redes que les
canalizan que antes utilizaban estas vías para entrar en España, lo
intentan ahora por nuestras costas. La pedagogía política tan
necesaria en esta materia y en la que tanto insistimos desde el
Partido Socialista debe ser puesta en práctica por el Gobierno para
explicar a los ciudadanos el fenómeno de la inmigración y
circunstancias como las que le acabo de exponer. No puede, incluso es
irresponsable, trasladar imágenes irreales de presiones migratorias
desmedidas o peligrosas.
La irregularidad es una consecuencia de las migraciones que,
señorías, nos preocupa a todos. No podemos estar de acuerdo en
amparar situaciones o en promover procesos que faciliten la estancia
irregular de los inmigrantes. Nosotros también somos firmes
partidarios de generar hábitos de regularidad, de incentivar una
cultura de canalización de los flujos migratorios. No nos engañemos,
los hábitos y las costumbres se pueden inculcar cuando las medidas
que desarrollamos para generarlos se dirigen siempre a las mismas
personas; pero es muy difícil inculcar hábitos de regularidad a un
grupo indeterminado y cambiante de personas. Por tanto, y
compartiendo la idea de que debemos canalizar los flujos migratorios,
de que debemos iniciar campañas para informar a los futuros
inmigrantes de que es mejor emigrar legalmente, también debemos ser
conscientes de que las migraciones se van a seguir produciendo con
ciertas dosis de desorden y, como consecuencia de ello, no vamos a
ser capaces de controlar los flujos de tal manera que todos los
inmigrantes que entren en España lo hagan de forma regular. Por este
motivo, y ante la evidencia de que tampoco podemos expulsar o
devolver de manera masiva a los inmigrantes que viven entre nosotros
pero que al mismo tiempo carecen de documentación, es por lo que
intentamos buscar soluciones alternativas, y eso es lo que
precisamente hace hoy el Grupo Socialista y lo hace en esta Cámara.
Presentamos una proposición no de ley mediante la que creemos se da
respuesta a los problemas que plantea, tanto para los inmigrantes
como para los españoles, la carencia de documentación por parte de un
número significativo de personas que se encuentran en España y que
disponen de una oferta de trabajo. Hoy defendemos una propuesta de
respuesta a estos inmigrantes, pero no se asusten, esto no significa
ni más ni menos que ajustar o poner orden en una cosa.
En este caso se trata de ordenar esta situación, la de los
inmigrantes que se encuentran en España y nadie se debe sorprender
cuando reclamemos que desde el Gobierno se adopten las medidas
necesarias para ordenarla. Esto no quiere decir que el Gobierno no lo
quiera hacer; esto no quiere decir que el Gobierno lo vaya a hacer,
pero ¿qué problema hay en que en esta Cámara y entre todos hagamos
una propuesta que nos una para regular el fenómeno de la inmigración?
Es una apuesta por la integración, es una apuesta por el futuro.
Podrán alegar que se están poniendo medios para ordenarla, que a los
inmigrantes, o mejor dicho a una parte de ellos, se les está
ofreciendo la posibilidad de ordenar su situación a través de viajes
de ida y vuelta a sus países de origen pero, señorías, sinceramente,
¿podemos defender un procedimiento de ordenación que exige a personas
que ya se encuentran en España volver a sus países, cuando todos
sabemos que disponen de ofertas de trabajo, que están siendo
reclamados por agricultores y por empresarios, cuando conocemos,
a través de sus testimonios desgarrados, que han contraído cuantiosas
deudas y que se van porque ya no pueden más, porque ésta es la única
alternativa que les ha ofrecido este Gobierno? (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Permítanme decirles que este procedimiento, estos viajes alocados no
puede ser la posibilidad que el Gobierno esté ofreciendo como única
solución a los inmigrantes que están en nuestro país. Esto no sólo lo
pedimos los socialistas, lo reclama el Defensor del Pueblo, los
empresarios, las organizaciones sindicales, los responsables
municipales que ven cómo se están desperdiciando oportunidades
económicas y sociales en sus municipios, también en los del Partido
Popular; lo piden las organizaciones no gubernamentales, las
asociaciones de inmigrantes, y finalmente hoy en esta sede lo estamos
pidiendo con distintos matices la práctica totalidad de la oposición.
Tenía la firme convicción de que hoy el grupo mayoritario también iba
a hacer un esfuerzo, porque deberíamos seguir trabajando en aquello
que nos acerca y no en lo que nos separa. Yo tenía la firme
convicción de que finalmente los que nos une sería más fuerte que lo
que nos separa para regular entre todos y hacer posible que la
inmigración no sea un elemento de confrontación sino de unión para
afrontarlo como se merece. Parece que no va a ser así, y lo siento
porque sé que la mayoría del Partido Popular comparte muchas de las
cosas que estamos diciendo aquí, pero seguiremos haciendo el
esfuerzo, no lo dude, señora Muñoz, lo seguiremos haciendo aunque hoy
no sea posible por circunstancias casi ajenas a esta Cámara.
El Gobierno no puede pensar, y no es legítimo que manifieste que
todos los sectores que he mencionado anteriormente busquemos la
confrontación en este terreno. No estamos buscando la confrontación
en este terreno; no podemos seguir oyendo que con este escenario
queremos desgastar al Gobierno o buscar un
enfrentamiento partidista, porque no lo es. El clamor es
generalizado, existen voces documentadas y responsables que reclaman
la misma solución. El Gobierno cuanto menos debería escuchar y dar
una oportunidad al diálogo frente a la opción que hoy les planteamos,
que creemos está acotada, razonada, que recupera experiencias
similares a las que ya se han planteado en España y que se están
haciendo en otros países de la Unión Europea, y lo están haciendo
porque son útiles para sus sociedades en Italia, en Francia, en
Bélgica, en otros países. El grupo mayoritario y el Gobierno deberían
contestar con sinceridad a muchas preguntas que se está haciendo la
sociedad española, pero, sobre todo, a qué soluciones van a dar a los
inmigrantes que ya se encuentran en España y no disponen de un
permiso de trabajo ni de residencia. De la respuesta a esta pregunta
va a depender la credibilidad de su gestión de los flujos
migratorios, salvo que el Gobierno pretenda que nos creamos que la
única solución son los viajes de ida y vuelta. ¿Acaso el Gobierno
está dispuesto a promocionar este tipo de viajes, y a pagarlos, a
todos los países de los que nos provienen los inmigrantes? Si ello no
va a ser posible, si esta solución, que nosotros no compartimos, es
sólo para unos pocos, además de ineficaz, es insuficiente y
profundamente injusta. Porque ¿cuál es el motivo o la justificación
que explica que a ese tipo de procesos puedan acogerse los ciudadanos
de un país y no de otro? ¿Por qué motivo se condena a la
irregularidad a los inmigrantes de una nacionalidad y se embarca a
los de otra en este viaje? Explíquense, por favor, y háganlo pronto,
porque a estas alturas lo único claro es que sólo hay un criterio, no
hay un programa de actuación. Están inmersos en un círculo infernal
de acción/reacción. Este es el drama que tiene el Gobierno: la
carencia de una política migratoria, realista y viable.
Frente a los intentos que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo
los socialistas por fijar las bases de esa política de Estado, el
Gobierno sigue enrocado en soluciones improductivas, en considerar un
ataque cualquier propuesta o iniciativa de solución y en poner
obstáculos al diálogo con condiciones previas. Eso cuando se le
localiza.
Señorías, la proposición que hoy defendemos parte de la base de que
un significativo número de inmigrantes, que hoy están en España y que
carecen de papeles, van a seguir estando con nosotros. Ante esta
realidad no creo que podamos seguir permitiéndonos y, por tanto,
siendo cómplices silenciosos de la injusticia manifiesta que
significa saber que hay personas que están aquí, que son necesarias,
incluso me atrevo a decir que imprescindibles para algunos sectores
como el de la agricultura y que, sin embargo, están abocados a vivir
en la clandestinidad, sin derechos y con el miedo que les infunde la
amenaza permanente de una expulsión.
Esta proposición ofrece una solución adaptada a la situación que
tratamos de resolver. Es una respuesta excepcional a un problema que,
de otra manera, va a
seguir existiendo, aunque queramos mirar a otro lado. Somos
conscientes de que no se puede legalizar a cualquier precio, de que
no todo vale, y sabemos que para acometer un proceso de legalización
hay que poner límites, y nosotros los hemos puesto. También sabemos
que el proceso tiene que basarse en unos motivos, y el principal es
que sus beneficiarios disponen de medios de vida en España, que
poseen ofertas de trabajo. Además, extendemos este proceso a los
familiares de estas personas que ya se encuentran en España, porque
creemos que no tendría sentido dotar de permiso de residencia a un
padre y negárselo a un hijo.
El proceso también abarca a los familiares de los inmigrantes que
residen en España y que se encontraban aquí antes sin papeles. Esta
última propuesta puede parecer que no tiene justificación, pero si
cada uno de nosotros tuviera que esperar meses y meses hasta que la
lenta burocracia de la Administración tramitase el complicado proceso
de reagrupación familiar, también comprenderíamos que esos familiares
hubiesen entrado en España irregularmente, simplemente para hacer
algo tan humano como es el ejercicio del derecho a vivir en familia.
Además, proponemos...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora Rumí, le ruego
vaya concluyendo, por favor.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Termino ya. Además, proponemos que este
procedimiento se resuelva a través de un sistema ágil, que sea útil
de forma inmediata, que dé respuesta desde el mismo momento en que
empieza a tramitarse. Porque la cosecha de la fresa de Huelva no
puede seguir esperando a que vuelvan de esos viajes; pero tampoco el
campo de Murcia tiene la culpa de que los consulados y las embajadas
no dispongan del personal y los medios suficientes para tramitar en
un tiempo razonable los visados; ni el campo de Almería tampoco lo
puede esperar, porque de él depende el bienestar, tanto social como
económico, de miles de familias. Pero tampoco los inmigrantes, que
llevan semanas sin trabajar, a pesar de tener trabajo, pueden seguir
esperando a que el Gobierno les dé soluciones a golpe de encierro, a
golpe de huelga de hambre o de manifestación solidaria.
La señora VICEPRESIDENTA(Becerril Bustamante): Le ruego, por favor,
señora Rumí, que concluya.
La señora RUMÍ IBAÑEZ: Proponemos un sistema por el cual el resguardo
de solicitud sea suficiente para comenzar a trabajar, para tener
acceso a al Seguridad Social, en definitiva, para normalizar la
situación jurídica, laboral y social de los inmigrantes.
Sólo podemos decir, una vez más, que no nos vamos a cansar de
hacerlo, que vamos a seguir haciendo un llamamiento al grupo
mayoritario y al Gobierno para que acojan esta propuesta desde el
realismo político,
con el espíritu constructivo que los socialistas deseamos que tengan
nuestras iniciativas, y dentro de un planteamiento global de que la
política debe ser, ante todo, un instrumento útil para resolver los
problemas de los ciudadanos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venía, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, he de confesar que
singularmente yo, pero también el Grupo de Izquierda Unida, venimos
asistiendo, desde una cierta y creciente perplejidad, a cómo se está
marcando el terreno de juego, el terreno de debate y las soluciones
políticas posibles a los temas de la extranjería y de la inmigración.
De una parte se nos dice que este es un tema crucial de cara al siglo
XXI, a la hora de ir integrando, a la hora de ir tejiendo la sociedad
española mestiza en función de las condiciones materiales que hay en
todo el mundo, pero al mismo tiempo se nos dice que hay que mantener
un pacto de silencio sobre estos temas; es decir, que este tema hay
que sacarlo del debate político cotidiano, de la agenda política, que
este tema ha de convertirse, como si fuera sinónimo de silencio, en
un pacto de Estado; y deducimos inmediatamente que silencio sobre la
no constitucionalidad de la ley, silencio sobre esta lectura de la
Constitución equivale a responsabilidad de Estado, a ser hombres y
mujeres de Estado. A nuestro juicio, esto se parece mucho más a la
responsabilidad de Estado que describía Maquiavelo que a una
auténtica responsabilidad de Estado que, queramos o no, pasaría en
principio por restablecer la lectura correcta de la Constitución con
respecto a los derechos humanos.
Porque ¿de qué se trata, señorías? ¿De poner la realidad entre
paréntesis durante un tiempo, cuando se nos ha dicho además que el
debate o la integración social de este fenómeno puede durar incluso
un siglo? Nosotros pensamos que no se puede poner la realidad en
paréntesis durante un siglo. Si no hay debate político, si no hay
debate social que genere un coraje democrático de cara a la política
de integración, absolutamente necesaria, este problema no se
solucionará, sino que crearemos una relectura de la Constitución de
cara a una estructura social B, protegida de manera paternalista en
función de intereses electorales y políticos.
Se nos pide que comprendamos que no se trata de cambiar la ley, sino
que hay que ir más allá, por una parte, y hay que quedarse más acá,
desde el concepto de utilidad, desde la necesidad de solucionar los
problemas de El Ejido o los problemas de Lorca y que, por tanto, ni
siquiera se debe hablar de ideología y mucho menos en el sentido de
poner presión o poner la intención, el acento fundamentalmente en la
necesidad de
cambiar la ley, porque altera el contenido constitucional. Como si
ser útiles y constitucionales fuese incompatible; no se puede
entender.
Esta ley, señorías, contiene una Loapa social. Lo mismo que en un
momento determinado -a lo largo de 1981- se construyó legalmente una
fórmula racionadora, correctora y restrictiva de las competencias
territoriales, ahora se intenta coartar y restringir el crecimiento
social a través de una política de integración.
Anuestro juicio, no se puede hablar de un ciudadano regular si no
tiene derechos constitucionales; es incompatible. ¿Cómo se puede
decir que tal trabajador en El Ejido o en Lorca está regularizado a
los niveles provisionales que se piden hoy aquí y en función de esta
ampliación de cara al próximo futuro?, cosa que parece que niega el
Partido Popular, porque don Luis de Grandes acaba de dar una rueda de
prensa diciendo que la ley no cambia ni una coma y que no se
procederá a ningún tipo de regularización extraordinaria.
A partir de este sentido, pensamos: ¿cómo se puede ir a una especie
de hábito de legalidad o de regularidad con respecto al sector B, el
sector sumergido, si no hay derechos fundamentales; si no hay derecho
de asociación, derecho de huelga, derecho de manifestación o derecho
de sindicación? Es incompatible. Una cuestión es consecuencia de la
otra y, si no, nos encontraríamos ante ciudadanos sin derechos, o con
una especie de limosna o de paternalismo laboral y social que se
establecería de manera regular manteniendo la ley tal como está y si
se mantiene un pacto de silencio y un pacto de Estado que vayan más
allá y más acá de la ley y que no tengan como objetivo el cambio de
la ley a través del debate correspondiente o a través de un recurso
de inconstitucionalidad que, sin duda, tendría éxito -tenemos el
precedente de 1985-.
Quiero ponerle un ejemplo concreto para entendernos: El Ejido. ¿Qué
pasa en El Ejido? El Ejido es un modelo conservador a la hora de
solucionar este problema. Este asunto tiene una realidad dual en la
concepción filosófica del Partido Popular; se dice: hay que mantener
y promocionar los hábitos de la legalidad; una palabra, por cierto,
que se nos intenta inocular constantemente: legalidad, cuando nadie
es ilegal. Y se ha puesto en práctica ahora haciendo que viajen hoy
cincuenta, mañana cien, después otros cincuenta... -creo que no
llegarán a los cincuenta mil- ciudadanos ecuatorianos, y que vuelvan
pedagógicamente, restableciendo el hábito de la legalidad.
Sin embargo, para que haya hábito de legalidad y éste sea visible,
hace falta que exista siempre un cupo muy amplio de ilegales
-utilizando la terminología del Partido Popular o del señor Mayor
Oreja- que ejemplifiquen el paso de un bloque a otro: del infierno de
la ilegalidad, al paraíso o a la normalidad de la legalidad. Ese
modelo exige esa situación, el mantenimiento de un grupo muy
importante de gente irregular, de gente sin derechos, de gente que
trabajará por debajo del convenio sin poder denunciar al patrón ni a
la mafia
y que, en muchos casos, ni siquiera se atreverá a empadronarse,
porque eso sería tanto como una autodenuncia. Ahí empieza el modelo
de El Ejido.
Ese modelo se basa también en la xenofobia institucional. Desde la
mayoría del ayuntamiento y a través de medios de comunicación local
muy específicos, se le explica las cosas de tal manera a la
ciudadanía que ésta toma una posición mayoritaria en un sentido
concreto que hemos visto todos por televisión. A partir de ahí, se
justifica la posición oficial del alcalde y de la mayoría, porque los
ciudadanos no entenderían otra cosa. Se consigue esa reacción de los
ciudadanos para justificar toda una política y, además, está
absolutamente legitimada, porque se transforma en votos y en mayoría
absoluta y aplastante. Ese es el modelo. Modelo que se intenta a
nivel general cuando se dice: pueden ocupar trabajos de los
nacionales, pueden suponer peligro, aumento de la delincuencia. Se ha
intentado, lo que pasa es que no se ha conseguido. Este no es un país
racista, no es xenófobo y no se ha dejado meter en esa dinámica, en
esa dialéctica, y la mayoría de este pueblo no ve con buenos ojos la
forma política de enfocar este problema desde el Partido Popular. No
se ha conseguido legitimar una acción política en función de una
demanda de los ciudadanos. No se ha conseguido amplificar el modelo
de El Ejido. Esa es la situación que tenemos. Da muchos votos en El
Ejido, eso legitima toda una acción y naturalmente la no actividad
del Partido Popular para corregir no importa qué situación.
Por eso cuando se dice: hay que dejar de hablar de ideología, hay que
dejar de hablar de cambiar los aspectos inconstitucionales o
presuntamente inconstitucionales de la ley e irse a los problemas
concretos de El Ejido para solucionarlos... Estos son los problemas,
con sus consecuencias concretas. Por ejemplo, la primera: el problema
fundamental que tiene este modelo, en el que está fracasando el
Gobierno, y que tiene El Ejido es que el alcalde sí los quiere para
recoger las cosechas, de ocho a tres los quieren allí: recoja usted
la cosecha porque no hay otro que la pueda recoger en función de la
estructura social. Pero a las tres de la tarde ya no los quieren,
tienen que desaparecer. Muchos bares no los admiten o no los han
admitido. En las calles hay inseguridad, se les puede parar, se les
ha podido detener. De las 694 denuncias sólo dos han progresado;
inseguridad total, discrecionalidad total. ¿Dónde duermen? Ha dicho
el alcalde incluso que están muy bien debajo de plásticos, que ellos
se han acostumbrado.
La vivienda. ¿Cuál es la consecuencia primera en el problema
fundamental de El Ejido? Que en los acuerdos que se hicieron hace un
año, el 12 de febrero, la vivienda era fundamental. La Junta de
Andalucía ha tardado un año en publicar el decreto y después se ha
ido allí a pedir terreno, para construir una casa hace falta terreno,
y el señor Enciso ha dicho: No, porque si construimos casas -se
pensaba en 7.000 pesetas mensuales- van a asentarse aquí, van a venir
y van a vivir
aquí a partir de las tres de la tarde. No hay terreno, no hay casas,
y se va al resto de ayuntamientos de la zona de otros colores y
dicen: Si el señor Enciso no da los terrenos nosotros tampoco. Y no
han dado terrenos tampoco otros ayuntamientos con otros signos.
Esto quiere decir que no se nos diga que hay que dejar de hablar de
inconstitucionalidad, que hay que dejar de hablar de ideología para
ir a solucionar los problemas concretos, estoy exponiendo los
problemas concretos del modelo, de El Ejido, que es el que intenta
generalizar la ley del Partido Popular, ese modelo, exactamente ese
modelo. No lo consigue porque este país no es racista, tiene un
sustrato solidario muy importante, y a veces hay fenómenos en un
pueblo, en otro, en Mancha Real, en El Ejido, pero no se puede
generalizar, de ahí que esa ley no se va a poder aplicar de esa
manera.
Pero esa ley se mantiene como una espada de Damocles y, para
preservar los hábitos de la legalidad -utilizando las palabras del
señor Mayor Oreja-, hay que ver las consecuencias que tiene ser
ilegales, y eso lo van a ir visualizando constantemente a lo largo de
este próximo período.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Alcaraz, su
tiempo ha concluido, le ruego vaya terminando, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Voy a terminar, señora presidenta.
A partir de aquí vayamos a los hechos reales. Vamos a una estructura
social B, porque este modelo necesita un bloque muy amplio de
irregulares. Este modelo además supone una estructura laboral B de
explotación, nunca trabajan con salarios de convenio, y se ha visto
en Lorca incluso que hay que preservar esos derechos que nosotros
metemos en nuesta proposición, ni siquiera les pagan, ni siquiera
pueden denunciar ni sindicarse, como se ha dicho anteriormente.
Y vamos también, se quiera o no, a una lectura B de la Constitución a
partir de ahora. ¿Qué pasa, que con este pacto de Estado y de
silencio vamos a negociar el contenido de la Constitución de ahora en
adelante? Nosotros no estamos dispuestos a negociar la Constitución,
a negociar los derechos fundamentales, a negociar los derechos
humanos, a negociar el Convenio europeo de los derechos humanos que
se ha votado por unanimidad, no estamos dispuestos a negociar eso.
Porque además no es ninguna abstracción, no hay ninguna posibilidad
en la vida cotidiana de tener derechos y solucionar problemas sin
pasar por los derechos fundamentales y la capacidad para presionar y
movilizarse en esta forma social de intentar organizar a los
inmigrantes, no hay otra posibilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señor
Alcaraz, que, por favor, concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Por tanto, señora presidenta, vamos a esta
sociedad dual. Nosotros decimos -termino de inmediato-, ¿por qué se
oponen los términos diálogo y confrontación? Se puede dialogar desde
la confrontación. ¿Por qué se oponen los términos arreglar el
reglamento y cambiar la ley? Se puede intentar arreglar el reglamento
luchando por cambiar la ley. ¿Por qué se oponen los términos
facilitar la regularización, como nosotros queremos hacer a lo largo
del segundo punto de la proposición, con la necesidad de establecer
cauces, elementos objetivos no paternalistas, no de una
pseudodemocracia, para la seguridad jurídica y democrática de los
inmigrantes en este país? ¿Por qué se quieren oponer estas
cuestiones?
En definitiva, señorías, nosotros vamos a seguir luchando frente a la
ley. Como figura en el punto número 1, queremos una regularización
general; no la queremos paternalista, hay que establecer elementos
objetivos. Y sentimos muchísimo saber la respuesta de antemano. El
señor de Grandes ha dicho: ni una coma, ni una sola regularización
extraordinaria. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso, en nombre de Iniciativa per
Catalunya-Verds, a defender una proposición no de ley que plantea dos
objetivos fundamentales. El primero es la ampliación ordinaria de
regularización de la Ley 8/2000, fundamentalmente a través de que una
oferta de empleo signifique automáticamente el permiso de residencia
y de trabajo, y que también en la ampliación de la vía ordinaria se
contemplen aspectos humanitarios y que -y esto es fundamental- en
estos dos casos no se exija el visado, que exista exención de visado.
El segundo objetivo que plantea nuestra proposición no de ley es
abrir un proceso de regularización extraordinaria, que detallamos en
nuestra iniciativa, que tenga como límite temporal las personas que
estaban en el Estado español a la entrada en vigor de esta ley.
Esta proposición no de ley que presentamos coincide en la orientación
y en el sentido de las otras tres que se han planteado, con matices,
con ligeras diferencias, y que nosotros ya anunciamos que vamos a
votar favorablemente. Pero quiero destacar hoy aquí que estas cuatro
iniciativas parlamentarias de hoy se inscriben en lo que -si me
permiten- es un clamor democrático de la sociedad para abrir un nuevo
proceso de regularización. Un clamor democrático de la sociedad que
se ha expresado en manifestaciones de miles y miles de personas, que
se ha expresado a través de comunicados y de posiciones de las ONG
más importantes del Estado español, de los sindicatos, de
determinados círculos
de empresarios, de los obispos, del Defensor del Pueblo y también de
algunos diputados y diputadas del PP que, tomando café, están de
acuerdo en esto. Hoy prácticamente toda la sociedad española está
diciendo que hay que abrir un nuevo proceso de regularización. ¿Por
qué razón existen hoy cuatro iniciativas en este Pleno y existe esta
situación en la sociedad española? Porque el proceso de
regularización que se ha efectuado ha sido insuficiente, y este
proceso insuficiente ha puesto en una situación complicadísima a
miles y miles de personas que han hecho miles y miles de kilómetros
desde su país, porque se morían de hambre, y que tienen miedo de ser
expulsados mañana. Sólo en la provincia de Barcelona más del 70 por
ciento de las solicitudes efectuadas han sido denegadas.
Por tanto, el clamor existe porque este proceso de regularización no
ha dado solución satisfactoria al problema de regularización de miles
de personas que no tienen los papeles adecuados. En segundo lugar,
porque toda la sociedad española ha visto que, cuando emerge la bolsa
de inmigrantes no regularizados, una parte importante de este sector
tiene, en cambio, relación laboral. Hay una parte importantísima de
personas que no son potenciales, que no son sujetos para tener
derechos y ser regularizados por la ley, pero que sí son sujetos para
ser sobreexplotados por el sistema económico del Estado español.
Por tanto, si hay miles de personas que no están regularizadas, pero
miles de ellas están trabajando, ¿qué es lo que falla aquí, qué es lo
irregular? Lo irregular es que la aplicación de nuestra normativa no
ha permitido hasta hoy adecuar la realidad a lo que es la ley. Ante
esto, el Gobierno ofrece soluciones que no sé si calificar de
ridículas o de esperpénticas, pero que a mí me dejan atónito, como
pagar a 50 personas el billete de avión a su país. ¿A cuántas más se
lo va a pagar? Yo creo que el señor Rato no lo va a permitir, porque
van a poner ustedes en cuestión el déficit cero. Si en España hay
100.000 ecuatorianos, ¿está dispuesto a pagar el Gobierno 100.000
billetes? ¿Y todo eso para qué? Pues para que vayan a su país y, con
la oferta de empleo que muchos ya tienen, cojan un visado y regresen.
Esto, si me permiten que se lo diga, es absolutamente de Woody Allen,
a quien le hago un mal favor diciéndolo. Un Gobierno que paga a 50
personas el billete de avión a Ecuador para que, con la oferta de
empleo que ya tienen, cojan un visado y regresen. ¿Y a cuántas más se
lo va a pagar?
Señoras y señores diputados, el problema de la regularización no se
arregla no empadronando a la gente ni pagando billetes de ida y
vuelta. En esta Cámara existe hoy una oportunidad constructiva
planteada por cuatro grupos parlamentarios para hacer del sentido
común, de la realidad y de la sensibilidad social diagnóstico de la
misma y aprobar medidas que insten al Gobierno, un Gobierno que yo
diría -no sé si acierto a encontrar la palabra- que está chapoteando
en todo este asunto, un Gobierno que sigue endureciendo su política
de inmigración
y que, de vez en cuando, lanza consignas ilegales, como pedir
a los ayuntamientos que no empadronen a los inmigrantes no regulares,
un Gobierno que paga billetes de avión a los ecuatorianos o dice que
va a revisar los denegados y los expulsados.
En todo caso, señoras y señores diputados, un Gobierno que no ha
resistido un mes de su ley, que está desbordado por su propia ley,
por su propia política, un Gobierno que hoy tiene una crisis y un
desconcierto importante, porque lo que quiere hacer y lo que aprueba
en esta Cámara en contra del resto de los grupos parlamentarios ha
creado un grave conflicto social. Y me van a permitir que haga una
reflexión contrastando el clima social del Estado español del año
1999 en relación con este tema y el clima social que hoy existe. Ayer
por la mañana ojeaba algunos recortes de prensa del verano de 1999,
cuando en esta Cámara, después de un año y medio de llamar a las ONG
y a especialistas, consensuadamente estábamos elaborando una ley, una
ley que significaba que la sociedad española, los políticos españoles
y las Cortes veían la inmigración como una riqueza, dando un salto
hacia delante en la plasmación de políticas de libertades y de
derechos, sin ningún conflicto social. Este era el clima de 1999
hasta que lo rompió el Partido Popular cuando empezó a decir que nos
iban a invadir y que la ley que se había aprobado era una ley de
puertas abiertas, cosa que, como ustedes saben, es absolutamente
falso. Y a partir de aquí una serie de medidas: recorte de derechos
fundamentales, una concepción fundamentalmente policial de la
política de inmigración, un golpe contra la democracia y la
participación en el foro de la inmigración, un Plan Greco sin
consensuar y sin financiación, o un proceso de regularización, como
he explicado antes, absolutamente insuficiente: la contrarreforma.
A mí no me preocupa que el Gobierno esté desbordado, porque me gusta
que este Gobierno esté desbordado, pero no me gusta que lo esté en
este tema. Y les voy a decir por qué. Porque hoy la política española
y el clima social español giran fundamentalmente alrededor de un
tema, que es el de la inmigración, que hoy es un problema. Y eso se
lo debemos al Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular. Hoy
la inmigración de una riqueza, de un consenso, de un clima social de
hace dos años es un problema sobre el que está girando toda la
política de Estado español por la contrarreforma y los mensajes
absurdos y esperpénticos que a menudo ustedes lanzan. En ese sentido,
hoy tienen una oportunidad. ¿Piensan que no hay un problema de
regularización? ¿Piensan que todo el mundo está equivocado? ¿Piensan
que la solución es que el portavoz parlamentario diga que no van a
efectuar ninguna regularización? ¿A dónde nos lleva todo esto?
¿Cuáles son sus propuestas? Porque las suyas y su ley, después de un
mes de aplicación, nos han colocado en esta situación.
Quiero acabar, señoras y señores diputados, con una última reflexión,
si me lo permiten, de futuro. La sociedad española va a ser cada vez
más, y de forma inexorable,
una sociedad con mayor presencia de personas inmigradas. Los
países de la Unión Europea, y España evidentemente, se dirigen hacia
una sociedad con mayor presencia de personas inmigradas y, por tanto,
hacia una sociedad multicultural y multirracial. Ese es nuestro
futuro. Nuestra sociedad va a tener más colores dentro de tres,
cuatro, cinco y de seis años. Esa sociedad de futuro no la podemos
edificar sobre la negación de los derechos de sectores importantes de
personas. La sociedad de futuro, que significa mayor presencia de
inmigrantes, no la podemos edificar hoy negando derechos a muchas de
las personas que están en España y de las que van a venir. En ese
sentido, nosotros, que estamos dispuestos a contribuir
constructivamente, si se nos pide, al desarrollo del reglamento, a
los planes de integración, decimos que un objetivo fundamental
nuestro es cambiar esta Ley de extranjería. Por tanto, vamos a hacer
todo lo posible por que esta ley llegue al Constitucional. Demos la
oportunidad al Constitucional de que diga si se vulneran derechos o
no. Demos al Constitucional esta oportunidad. Antes se ha dicho, y yo
quiero repetir, que los derechos fundamentales no pueden ser ni
vulnerados ni olvidados ni negociados. En ese sentido, nuestra
formación política ha ido al Defensor del Pueblo, ha impulsado un
debate en el Parlamento catalán, que hoy se ha formalizado, para
presentar recurso de inconstitucionalidad y creemos que sería
importante que 50 diputados o diputadas y/o senadores presentáramos
un recurso de inconstitucionalidad. Posiblemente, en este sentido sea
más importante la libertad de conciencia de los diputados que la
disciplina de los partidos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Abordamos hoy con estas cuatro iniciativas de los grupos
parlamentarios de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Grupo
Socialista y Convergència i Unió una de las primeras consecuencias en
estos últimos meses en el ámbito de la política de inmigración como
ha sido la conclusión, seguramente en falso, del proceso de
regularización, resultado de la Ley 4/2000. Presentamos estas cuatro
proposiciones no de ley en este contexto final del proceso de
regularización incidiendo de nuevo en uno de los temas más
persistentes en la política de inmigración no sólo del Estado
español, sino del conjunto de los países occidentales democráticos,
avanzados, occidentales, que es la cuestión de la inmigración de
carácter irregular y que en el caso específico de España tiene una
dimensión especial. Resultado,entre otras cosas, seguramente, de la
ausencia de
muchísimas de las políticas que en diversos ámbitos nos convendrían
para evitar el desarrollo de esa inmigración de carácter irregular.
Es evidente que en España hasta ahora no ha funcionado la posibilidad
de la emigración regular, de la emigración vía el contingente, de la
emigración por la vía del permiso de trabajo; es evidente que hasta
ahora en España no ha funcionado la cooperación política, económica,
social con los países emisores de emigración; es evidente que hasta
ahora en España no ha funcionado tampoco una política contundente de
lucha contra la contratación de emigrantes en situación irregular y
es evidente que hasta ahora en España no ha funcionado una política
eficaz de verdad de lucha contra las mafias. Y todo eso es lo que nos
ha llevado a la persistencia desde 1985 de un fenómeno de emigración
irregular grave. Las políticas que hasta ahora hemos desarrollado han
ido orientadas fundamentalmente a la intervención de las fronteras de
Ceuta y Melilla y, como muy bien ha apuntado la señora Rumí, su
principal efecto ha sido la reconducción del flujo migratorio de
carácter irregular hacia Canarias o hacia el Estrecho vía pateras,
con todas las consecuencias que tenemos, y eso sí, el desarrollo
durante muchísimos años de una activa política de procesos de
regularización por parte de los gobiernos españoles.
Es bueno recordar hoy en esta Cámara que desde 1985 hasta ahora
España ha vivido cuatro procesos extraordinarios de regularización:
el derivado por la entrada en vigor de la Ley de Extranjería de 1985;
el que derivó de un acuerdo parlamentario de 1991, que coincidió con
la exigencia de visados para los nacionales de los países del Magreb;
la que se derivó de la entrada en vigor del acuerdo de Schengen y la
cuarta precisamente derivada de la aprobación de la Ley 4/2000.
Cuatro procesos de regularización para dar respuesta a una situación
grave: la persistencia de emigrantes en situación irregular. Pero
además, y yo creo que es público y conocido por parte de todos, en
este período de años, en concreto desde 1993, haber convertido los
contingentes que constituyen en principio nuestro instrumento de
regulación de los flujos de carácter laboral en verdaderos procesos
permanentes de regularización. Cabe recordar que ha habido
contingentes que han servido para regularizar la situación de
inmigrantes irregulares en España: en 1993, 20.000 autorizaciones; en
1994, 20.000 autorizaciones; en 1995, 17.000 más 8.000; en 1997,
15.000; en 1998, 28.000 y en 1999, 30.000 autorizaciones. Esa ha sido
la política que hasta ahora hemos desarrollado, ineficaz para
controlar el flujo migratorio y obligados a buscar o mecanismos
extraordinarios o la perversión de los procesos de los contingentes.
Añadamos a eso dos factores más curiosos de nuestra política de
inmigración, como han sido las regularizaciones permanentes
producidas en Ceuta y Melilla en 1997, 1998 y 1999 y la autorización
de los mecanismos de la comisión ad hoc para regularizar la situación
de personas indocumentadas.
Este conjunto de experiencias no ha sido positivo, pero seguramente
nuestras responsabilidades se sitúan en no haber desarrollado
aquellas políticas, las de impulso efectivo real del control del
flujo migratorio, de esa lucha contra la contratación de carácter
irregular, esa cooperación política con los países de origen, esa
eficaz lucha contra las mafias. Hoy parece que se apuntan algunas
medidas, se apuntan algunos convenios, se anuncian planes de
actuación de la Inspección de Trabajo, que quizás apuntan buenas
líneas, pero seguramente nos llegan tarde. Es en este contexto global
donde sería bueno situar lo que hoy está sucediendo. Como decía muy
bien el señor Saura, es evidente que el proceso de regularización
marcado por la Ley 4/2000 ha sido insuficiente. No en balde el
viernes el Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley derivado de una
disposición transitoria de la Ley 8/2000 que marcaba esa necesidad y
no en balde, como se ha apuntado, hoy hay planteadas estas cuatro
iniciativas.
Hay un número significativo de ciudadanos extranjeros que
participaron en ese proceso que no se ha podido beneficiar del mismo,
y todos sabemos -y ahí las cifras son discutibles- que el número de
ciudadanos que no han participado en el proceso de regularización
pero que, de hecho, están en España también es significativo. Si con
la previsión de la Ley 4/2000 pretendíamos situar casi a cero el
número de inmigrantes en situación irregular, no lo hemos conseguido.
Esa es la cuestión a la que esta Cámara pretende dar respuesta, al
fracaso del proceso de regularización, y hemos de plantearnos qué
debemos hacer si no queremos volver a caer en la política equivocada
que hemos desarrollado desde los años 1985 y 1993: la utilización de
los procesos extraordinarios de regularización, la utilización de los
contingentes anuales como vías para regularizar. Ahí está el debate.
Las proposiciones no de ley, y muy específicamente la nuestra,
entienden que bajo ese objetivo de reducir al máximo la bolsa de
inmigrantes en situación irregular se impone la utilización, al
máximo, del conjunto de previsiones que contempla la legislación
española. Creo que una activa gestión de los mecanismos que prevé la
ley puede permitirnos, de manera relativamente racional, avanzar a lo
largo de este año 2001 en ese objetivo de reducir la bolsa de
inmigrantes en situación irregular. El desarrollo de una política
inteligente en esta materia nos exige que esa bolsa de inmigrantes en
situación irregular disminuya drásticamente. No digo que lleguemos al
cero, sería prácticamente imposible, pero les puedo asegurar que si
en este año no somos capaces de reducir de una manera significativa
esta situación, nuestro sistema de regulación de los flujos
migratorios quedará de nuevo tocado.
Desde Convergència i Unió entendemos que la Ley 8/2000 nos da un
margen de actuación que supera los márgenes de actuación existentes
en la legislación anterior. Además, en términos generales, nuestra
propuesta coincide no con contenidos concretos de otras
proposiciones no de ley -que también- sino, incluso, con lo que han
sido las manifestaciones del Defensor del Pueblo hace escasísimas
horas, con las posiciones que el Sindic de Greuges ha defendido en
Cataluña hace escasas semanas y, lo que no deja de ser más curioso,
con los propios acuerdos a los que la Delegación del Gobierno en
Cataluña llegó, a raíz de la mediación del Sindic de Greuges, con el
conjunto de personas encerradas en diversas iglesias de la ciudad de
Barcelona. Por tanto, se trata de una proposición no de ley que se
enmarca en el sentido común, supera lo que es una dimensión
estrictamente partidaria y nos parece que es el marco en el que hoy
podemos encontrar soluciones.
Como ustedes sabrán, nuestra proposición no de ley insiste en una
cuestión que el Gobierno aprobó ya el viernes, que es la puesta en
marcha de los mecanismos previstos en la disposición transitoria
cuarta de la Ley orgánica 4/2000, que incorpora la necesidad de
proceder a la revisión de oficio de las solicitudes denegadas por no
haber cumplido el requisito de haber solicitado el permiso de trabajo
o residencia, en alguna ocasión, hasta el 31 de marzo del año 2000,
con la utilización de los mecanismos previstos en el artículo 31.4,
en los dos supuestos, así como los previstos en el artículo 59.
Estamos hablando de permisos de residencia temporal, por razones
excepcionales o por razones humanitarias, en los supuestos en que se
pueda demostrar arraigo o en los supuestos de colaboración con la
justicia.
Estos son los elementos que nuestra legislación prevé para dar
respuesta a este tipo de situaciones. Hoy se nos escaparía que una
posición como ésta no obtuviese el apoyo del conjunto de la Cámara y
muy especialmente del Gobierno. Si fuese así entenderíamos que el
Gobierno se equivoca, que el Gobierno comete un error. Ylo va a
cometer por dos razones, la primera porque el Gobierno no puede
pretender que, desde su soledad parlamentaria, pueda gestionar un
fenómeno tan complejo y difícil como el de la inmigración. El
Gobierno no puede desaprovechar las oportunidades que desde la Cámara
se le ofrecen, las de asumir todos nuestras responsabilidades. El
Gobierno y el Grupo Popular saben que diversos grupos, esta tarde y
estos días, hemos hecho esfuerzos para hacernos corresponsables de la
gestión de esta situación, que no hemos querido dejar solo al
Gobierno ante esa cuestión, y quizás hoy el Gobierno opte por
quedarse sólo al no permitir que la Cámara asuma también sus
responsabilidades. Ahí nos lleva la cuestión de fondo y enlaza, en
parte, con una cuestión que planteaba el señor Saura.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Saura, le ruego
vaya concluyendo, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy terminando, señora presidenta.
El señor Saura afirmaba algo que es importante, o somos capaces de
recuperar la confianza en la gestión del fenómeno de la inmigración,
la confianza entre los partidos políticos, entre las
administraciones, la confianza de la ciudadanía respecto a los
responsables políticos, la confianza de los sindicatos, de las
organizaciones empresariales, de las defensoras de derechos humanos,
de las organizaciones de inmigrantes, en definitiva, o somos capaces
de crear un clima de confianza positiva hacia el fenómeno de la
inmigración o, si no, los vientos que hoy estamos sembrando nos
llevarán a tempestades de futuro.
La posición de Convergència i Unió sobre esta cuestión desde hace
tiempo es clave, no silenciar el debate sino ser capaces de construir
una posición política y social suficientemente amplia y generosa para
permitir que la emigración se convierta en un factor de riqueza del
conjunto de nuestra sociedad. Es evidente que el Gobierno, quedándose
sólo hoy, no nos ayuda a esto.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra, por el Grupo de Coalición Canaria, la señora Julios Reyes.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Paso a defender dos enmiendas presentadas a la iniciativa del Grupo
Catalán. Quiero manifestar que nuestro grupo entiende, y yo lo he
expresado en múltiples ocasiones, que el fenómeno de la inmigración
no es nuevo ni va a dejar de existir. También es cierto que es un
fenómeno que puede y debe ser entendido como un elemento positivo y
de desarrollo en nuestro país. Para que esto sea realmente así es
necesario, a nuestro entender, que todas las fuerzas políticas de
esta Cámara apuesten por algo, que además entiendo que es nuestra
responsabilidad, por buscar los necesarios puntos de encuentro y de
consenso, desde posiciones políticas e ideológicas diferentes, como
es lógico que se produzcan en el desarrollo democrático y
parlamentario; es necesario que seamos capaces de entender que este
problema no debe ser escogido como un tema de confrontación o de
instrumentalización política.
Quiero destacar que nuestro punto de vista se realiza desde una
comunidad autónoma como la canaria que vive de forma directa el
fenómeno de la inmigración desde los aspectos positivos que este
fenómeno ha aportado y aporta a nuestra sociedad -la comunidad
canaria siempre ha destacado por ser una sociedad multicultural
y tolerante-, pero esta misma sociedad también está viviendo las
consecuencias nefastas de la confrontación social ante este problema,
de la falta de diálogo, de la demagogia y de la no adecuada
resolución, en tiempo y en forma, de la política de integración
social de los inmigrantes, de las políticas de control de flujos
migratorios, de incentivación activa de la inmigración legal y, de
alguna forma, de la regularización del mercado laboral, pero sin
olvidar las situaciones preexistentes de irregularidad de personas
para las que hay que encontrar soluciones dignas, no para mañana o
para ayer, sino para hoy. También es importante que busquemos puntos
de encuentro en el sentido de no generar fracasos en los procesos de
regularización de los inmigrantes irregulares en nuestro país.
Como ya se dijo en el debate de las enmiendas a la totalidad de la
ley actualmente vigente por el portavoz de Coalición Canaria que
expuso nuestras posiciones en aquel momento, señorías, entendemos que
no debemos seguir convirtiendo este debate en un debate entre
tolerantes e intolerantes, entre solidarios e insolidarios, y tampoco
debe de ser así en los futuros procesos de regularización, pues no es
ésta la realidad del problema y, sobre todo, no ayuda a encontrar el
necesario punto de encuentro entre una parte mayoritaria de nuestra
sociedad que apuesta decididamente por la tolerancia y la
integración. También tienen que estudiarse las posibilidades de este
país para acoger en condiciones al máximo posible de inmigrantes.
Entendemos que no debemos seguir favoreciendo una fractura en la
sociedad ante este problema.
Esperábamos que en este debate se produjera un punto en el que se
retomara el encuentro y, por el contrario, no se profundizara en el
desencuentro. Entendemos que esto es responsabilidad de todos, no
sólo de la oposición -en este caso, del partido mayoritario de la
oposición en esta Cámara- sino también, y fundamentalmente, del
partido que hoy por hoy sustenta al Gobierno. Esperamos que sea ése
el camino que se escoja, no sólo en el desarrollo de éste y de otros
debates, sino en el futuro desarrollo reglamentario pendiente de la
ley actualmente en vigor.
Nuestro grupo ha presentado dos enmiendas que pretenden complementar
las medidas ya expuestas en la iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán, con las cuales estamos de acuerdo, con el objeto de buscar
soluciones concretas ante problemas reales. A nuestro entender, tanto
la ley anterior como la vigente permiten buscar fórmulas para
regularizar la situación de los inmigrantes que no han podido
hacerlo, permiten también buscar fórmulas para que, de acuerdo con el
apartado 4 del artículo 31 de la vigente ley -y forma parte de la
enmienda que presentamos-, se desarrollen actuaciones específicas
dirigidas a evitar la exclusión social de los inmigrantes irregulares
con expediente de expulsión abierto y que por diversos motivos dicha
expulsión no puede ser ejecutada por las administraciones
responsables. Entendemos que a estas personas -extranjeros que se
encuentran en situación de vulnerabilidad- se les podrían otorgar,
entre otras cosas, permisos de residencia temporal y, en los casos en
que existan ofertas de trabajo no satisfechas, dichos empleos podrían
ser desempeñados por los mismos, en situación
de temporalidad, mientras se resuelva su situación
administrativa.
Señorías, entendemos que no se trata de generar expectativas -lo
hemos dicho- ni de potenciar la afluencia masiva de inmigrantes
irregulares o las estancias irregulares, pero no podemos continuar en
la parálisis por el análisis. Si me permiten, señorías, les daré
datos de la comunidad canaria. En el año 2000, 381 expedientes de
expulsión, ejecutados, 50; expedientes de devolución, 1.131,
ejecutados, 108. Es evidente que estas personas (y esto sólo es la
punta del iceberg de las personas que no han sido censadas y están en
situación de irregularidad), como hemos dicho en otras ocasiones,
tienen caras, nombres y, además, expectativas. Entendemos que es una
necesidad el afrontar esta situación. No afrontarla no lleva a ningún
sitio y no resolverla, entre otras cosas, conduce a lo que todos
somos conscientes que ocurre: que estas personas existen y que entran
en el denominado círculo vicioso de marginalidad, exclusión social y
conflictividad social. A veces es difícil entender y cada vez es más
difícil explicar al ciudadano situaciones en las que, por un lado,
tenemos empresarios que demandan personas para emplear en situación
de legalidad, y personas que, a su vez, quieren ser empleadas y que
quieren trabajar en situación de legalidad, dure lo que dure el
tiempo del empleo. Señorías, entendemos que hay que hacer un esfuerzo
para afrontar esta realidad que, hoy por hoy, existe en muchas de
nuestras comunidades, en muchas de nuestras plazas y en muchas de
nuestras calles.
Por último, hemos presentado una segunda enmienda en la que instamos
a que se desarrolle con la mayor celeridad posible la disposición
adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2000, en lo referente a la
puesta en marcha de las comisiones bilaterales entre el Estado y las
comunidades autónomas, en materia de residencia y de trabajo de
extranjeros. Tenemos que reaccionar con rapidez y el portavoz de
Convèrgencia i Unió ya lo expresó anteriormente. Voy a hacer
referencia a algunas expresiones expuestas en un artículo por el
Defensor del Pueblo: Es necesario, además de mejorar y fomentar los
flujos y los controles de las fronteras, adecuar el cupo anual de
inmigrantes legales a las necesidades de nuestro mercado laboral, y
es prioritario que se pongan en marcha ya los mecanismos que la ley
contempla para eso. La realidad ha demostrado que las políticas de
control de fronteras no deben de ser el único punto prioritario a
desarrollar en las políticas de inmigración, porque la experiencia,
no sólo en España sino en el resto de Europa, es que conducen al
fracaso. También es necesario avanzar y apostar por la regularización
del mercado de trabajo de la población extranjera que reside en
nuestro país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante):Muchas gracias.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señorías, hoy se presentan en esta Cámara
cuatro proposiciones no de ley, en las cuales se habla
fundamentalmente de regularización. El Grupo Socialista propone una
regularización urgente de los inmigrantes que se encuentran en
España, Izquierda Unida habla de derechos y libertades, Convèrgencia
i Unió sobre medidas a adoptar por el Gobierno ante la existencia de
un número importante de irregulares y el Grupo Mixto propone
establecer un proceso extraordinario de regularización.
Señorías, el Grupo Popular está de acuerdo en la importancia que
tiene la inmigración. Nosotros también pensamos que este debate es
necesario. Es más, les recuerdo que el pasado viernes, el día 16 de
febrero, el propio Consejo de Ministros aprobó el decreto que
desarrolla la disposición transitoria cuarta de la Ley 8/2000,
precisamente para dar cabida a las medidas que pensábamos que se
debían adoptar -así está en la ley- en cuanto a un mayor número de
las personas que van a ver regularizada su situación. Ustedes saben
que ese ha sido el proceso de regularización que establecía la Ley 4/
2000, que nosotros asumíamos, y precisamente en esos términos
-estamos hablando de un acuerdo de Consejo de Ministros de hace
escasos días- se va a regular a todos aquellos inmigrantes que
hubieran presentado su solicitud, pero que no hubieran podido
presentar la documentación que acreditaba que estaban en España antes
del 1 de junio de 1999. Todo eso se va a llevar a cabo en un período
de tres meses. Por tanto, ese decreto que aprueba el Gobierno con una
celeridad muy importante, porque es una ley que ha entrado en vigor
el día 23 de enero, probablemente dé salida -no sé si después de
haberles oído aquí, en la tribuna- a muchos inmigrantes y venga a dar
respuesta a algunas de las cuestiones que se planteaban en sus
proposiciones no de ley.
Ustedes hablan, y es importante, de que la inmigración irregular debe
desaparecer. He tomado por escrito una de las afirmaciones que se
constatan en la proposición de Convergència i Unió. Textualmente dice
que la inmigración irregular debe desaparecer. Estamos de acuerdo. Es
importante que no exista, que no haya inmigración irregular. Ahora
bien, las propuestas que ustedes dan, los métodos que ofrecen al
Gobierno para llevarlo a cabo no son los que proponemos nosotros. Lo
fácil sería decir: ¿qué hay inmigrantes irregulares?, regularícenlos
¿Tenemos inmigración irregular?, quítenla dándoles la regularización.
Eso sería lo fácil y lo cómodo pero no lo acertado. Hemos optado por
un modelo importante para evitar la irregularidad. Nos parece lo
adecuado y el Gobierno está actuando de manera inteligente y para el
futuro.
El Grupo Mixto, el señor Saura, propone un nuevo proceso
extraordinario de regularización. Es más, hablan de que se documente
con un permiso de residencia
y trabajo a todos los que hayan estado en España antes del 23
de enero. Vuelven a abrir otro proceso. Les dicen que pueden tener
una oferta de empleo o, si no, que digan que están buscando un
empleo. Con esa manifestación escrita de que pueden estar buscando un
empleo se abre un abanico importantísimo a muchas personas que están
en situación de irregularidad. A veces me pregunto si nos damos
cuenta de que no tenemos frontera con otros países de la Unión
Europea y de que proponemos leyes diametralmente opuestas a las que
se llevan a cabo allí cuando hacemos estas propuestas. Ustedes hablan
de los criterios para la regularización extraordinaria y proponen que
a todos -me imagino que también a los que vengan después del 23 de
enero porque es una proposición no de ley que va más allá- los que
lleguen a España y tengan una oferta se les dé un permiso de trabajo.
¿Esto conlleva algún modelo de política? Leo textualmente lo que se
plantea en la proposición no de ley: que se documente a todos los que
estuvieran en España antes del 23 de enero presentando oferta de
empleo o haciendo manifestación escrita de que lo están buscando
¿Piensan en algún momento lo que las mafias pueden estar haciendo
cuando les lleguen estas proposiciones no de ley? Saben que el
negocio y la falsificación de ofertas de trabajo está a la vuelta de
la esquina. Lo hemos visto en este proceso extraordinario de
regularización que acaba de terminar y que va a saldarse con más de
300.000 inmigrantes en situación de regularidad.¿Se paran ustedes
a pensar que seguimos teniendo un millón y medio de parados? Muchos de
ellos son jóvenes y muchas son mujeres. Cuando ustedes hacen esa
apuesta de cómo debe orientarse la inmigración, ¿se hacen algún
planteamiento en el sentido de que a todas estas personas y a sus
familiares se les debe dar todo tipo de asistencia exactamente igual
que a un español? ¿Cómo vamos a materializarlo en el tiempo? Hay que
dar educación, hay que dar sanidad, hay que dar asistencia social a
todas esas personas.
Señor Saura, le voy a hacer una última reflexión. ¿Hay algún país que
usted conozca que tenga alguna política similar a la que propone?
Hágamelo saber porque no hay ni un solo país, mucho menos de nuestro
entorno, que conozcamos; probablemente usted sepa de alguno y nos
gustaría ver cuál es su experiencia. Si hablamos de política de
cooperación es otro tipo de política. Aquí hablamos de actuaciones
concretas para regularizar inmigrantes que están en situación de
irregularidad. Sus propuestas llevan a una mayor irregularidad, no le
quepa ninguna duda.
Cuando hablamos de los derechos -no quiero extenderme mucho-, señor
Alcaraz, vuelvo a insistir en que los derechos fundamentales de los
inmigrantes irregulares o no están recogidos en la ley. No hable
usted de derecho social. El derecho a la huelga -siento decírselo- no
es un derecho fundamental. Le remito al informe del Consejo de Estado
y al informe delConsejo General del Poder Judicial, cuyas
recomendaciones
se incluyeron en la ley que se debatió en el Parlamento y dan
hay plena constancia de la constitucionalidad del texto, y si no,
señor Alcaraz, lo veremos. Me extraña que estén ustedes pensando en
recurrir esta ley cuando han sido incapaces de recurrir la anterior,
la Ley 85, que les vuelvo a recordar -por si acaso no se acuerdan de
cómo era- no contemplaba ningún derecho, cero derechos. Es más, no
contemplaba siquiera la reagrupación familiar para los inmigrantes en
situación de regularidad; fíjense si era una ley restrictiva. En esta
Ley 8/2000, no en otras leyes, se habla del derecho a la libertad, a
la educación, a la sanidad, a la tutela judicial efectiva o a la
asistencia jurídica gratuita. Cuando proponen que para la obtención
de un permiso de trabajo no se tenga en cuenta la situación nacional
de empleo, les hago la misma pregunta que hacía al señor Saura.
¿Usted sabe cuántos maestros, médicos o dentistas, por no poner
solamente obreros, hay en paro? Se lo tengo que preguntar, señor
Alcaraz, porque usted dice que no se tenga en cuenta la situación
nacional de empleo, con lo cual, si no tenemos en cuenta la situación
nacional de empleo, podrán venir no solamente de los países que están
viniendo ahora sino también japoneses, americanos y canadienses. ¿Por
qué no van a venir aquí? Usted cree que es una buena política laboral
y pretende que la lleven a cabo y la consensuen empresarios y
sindicatos. Los empresarios no sé lo que van a decir, probablemente
les parezca bien porque va a haber muchísima más oferta -de eso no le
quepa la menor duda-, pero respecto a los sindicatos, a los que he
oído poco porque en este debate están hablando poco, teniendo en
cuenta las manifestaciones que hacen algunos grupos políticos, le
tengo que decir que leí las manifestaciones que hizo el secretario
general de Comisiones Obreras del Campo de Andalucía. ¿Sabe lo que
decía textualmente? Que se tuviera mucho cuidado cuando se hablara de
inmigración, de regularizar la inmigración y de ofertar empleo
a inmigrantes, porque todavía había mucho paro en Andalucía, y que
teníamos que ser muy cautelosos si queremos hacer una buena
inmigración cara al futuro. Eso no se lo estoy diciendo yo; coja un
periódico nacional de ámbito andaluz del mes de junio y tendrá esas
manifestaciones. Cuando ustedes hablan de abrir otro proceso
extraordinario de regularización ¿saben lo que significa? Que no
existe política de planificación. Cuando una política de inmigración
se basa en regularizar permanentemente la inmigración es que no
existe política de planificación. Es más, se incrementa de manera muy
importante la inmigración irregular y, al final, con sus propuestas
tendríamos muchos inmigrantes probablemente con permiso de trabajo
pero sin trabajo. Precisamente por eso y no por otros motivos es por
lo que no vamos a aprobar su proposición no de ley, porque nos parece
que sus propuestas no mejoran la situación de irregularidad de
aquellos que viven en nuestro país.
Me dirijo ahora al señor Campuzano para hablar de la propuesta que se
hace desde el Grupo de Convergència
i Unió. Usted sabe, como decía en su exposición de motivos, que
en Cataluña, concretamente en Barcelona, ha habido un importante
número de expedientes rechazados en este último proceso de
regularización. Pero estoy segura de que usted también sabe que esas
personas que han acudido a la Delegación del Gobierno en Barcelona a
regularizar su situación lo han hecho sin haber estado previamente en
nuestro país, porque era un paso próximo de frontera y porque
probablemente, dado que este proceso de regularización ha contado con
seis meses, sabían que en España estaba abierto este proceso. Como
usted sabe, se van a llevar a cabo las revisiones de todos los
expedientes y ahí veremos cuántos pueden acreditar que en algún
momento han tenido una oferta o han solicitado un proceso de
regularización en nuestro país. El real decreto ya está aprobado
-evidentemente su proposición era previa al acuerdo del Consejo de
Ministros del pasado viernes- y es importante que se haga en los
términos que marcó la ley; ley que se acaba de aprobar y que acaba de
entrar en vigor hace escasamente un mes, por lo que nos parece
importante que esos criterios en los que se basa la disposición
transitoria no se modifiquen. Es más, cuando ustedes dicen que se
aplique el artículo 31.4 en situaciones de arraigo, humanitarias o
excepcionales, tengo que recordar que por tener la Ley 8/2000, que
contempla estos supuestos, el Gobierno podrá dar un permiso de
trabajo o un permiso de residencia a estas personas, porque ni en la
Ley 4/2000 ni en la anterior, la 7/1985, que ya ni la nombramos, se
contemplaban estas situaciones.
Señor Campuzano, estoy de acuerdo con su exposición, pero a la hora
de valorar la otra parte de su discurso me choca un poco que diga que
no se pueden hacer regularizaciones permanentes, que no se puede
tener un contingente que sirva para una regularización encubierta y
que esa política es ineficaz. Nosotros pensamos que la aplicación de
esta ley, la política que está llevando a cabo este Gobierno es la
acertada. Estoy convencida -y usted lo sabe- de que lo que pretende
el Gobierno es que haya un buen clima de diálogo y una gran
aportación por parte de todos los grupos (lo hemos mantenido en estos
meses y lo vamos a seguir manteniendo), y lo que usted expone en la
proposición no de ley queda ampliamente recogido en las disposiciones
de la ley. Le agradezco, desde aquí, que diga que se está yendo por
el buen camino porque para nosotros lo es.
Me voy a referir muy brevemente a la última proposición no de ley,
del Grupo Socialista, en la que intentan cambiar los criterios de la
regularización y precisamente por eso no vamos a apoyarla. Nosotros
no creemos en una política de inmigración que se base en
regularizaciones periódicas. Esto se ha dicho aquí y lo vamos a
seguir manteniendo. Nosotros no creemos que haya que tener otros
criterios para otro período de regularización extraordinario cuando
acabamos de cerrar elanterior y hemos abierto uno nuevo con el real
decreto.
Para nosotros queda claro que estas manifestaciones son una política
de corto recorrido. Cuando se intenta hacer una política de
inmigración en ese sentido nos parece una política miope, de corto
recorrido y con la que ni siquiera ustedes estarían de acuerdo. Usted
dice que el Gobierno es estricto y que su postura es rígida. Yo le
quiero recordar una cosa, señora Rumí. Usted es plenamente consciente
de las ofertas de dialogo constante que se les han hecho llegar desde
el Gobierno. El Gobierno les ofreció durante toda la tramitación de
la ley un pacto clarísimo. El propio presidente del Gobierno desde
esta tribuna, cuando enumeraba las prioridades para esta legislatura,
dijo al Partido Socialista que la inmigración debía quedar fuera de
todo debate de partido y debería ser un pacto de Estado. Ustedes lo
rechazaron claramente. De un día para otro optaron por utilizarlo de
manera partidista, seguramente por decisión de su partido. No podemos
creer, aunque quiero pensar que sí, que ahora van a cambiar
totalmente de opinión. Creo que es importante hablar de diálogo y
tener una idea clara.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora Muñoz, le
ruego que vaya concluyendo. Ya sé que tiene que contestar a cuatro
grupos pero le ruego que concluya ya.
La señora MUÑOZ URIOL: En un minuto termino. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Acabo de manifestar
que la señora Muñoz es la única diputada, puesto que no ha habido
contestación por parte de ningún grupo, que utiliza un turno para
manifestar su posición en relación con cuatro proposiciones no de
ley.
La señora MUÑOZ URIOL: Termino enseguida, señora presidenta, diciendo
al Partido Socialista que aunque han mantenido criterios diferentes,
y lo han hecho en cuestiones muy importantes de la inmigración como
es el propio recurso de inconstitucionalidad, que según reconocen sus
propios dirigentes probablemente se ha debido a criterios políticos o
de presión, yo espero que retomemos una vez más la oferta de diálogo
que hicimos en su día y que, como ha reconocido hoy el señor
Zapatero, se dejen las ideologías para las elecciones y aquí se haga
de verdad un pacto a favor de la inmigración.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Ruego concluya,
señora Muñoz. Por favor, concluya.
La señora MUÑOZ URIOL: Simplemente quiero decir que tanto en la
tramitación de la ley como en el propio Plan Greco esperamos contar
no solamente con su grupo sino con la aportación de todos los grupos.
Creo que es importante que las diferencias internas de
partido se debatan dentro del seno de cada partido y que aquí
tratemos la inmigración con la importancia que merece.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Para la aceptación o
rechazo de las enmiendas el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Dos cuestiones. Una, en aras del rigor de la proposición no de ley
del nuestro grupo, retiramos el primer punto de la misma en la medida
en que el viernes se aprobó el real decreto al cual hacemos
referencia y aceptamos el conjunto de enmiendas de Coalición Canaria
porque refuerzan en este proceso la capacidad de intervención de las
comunidades autónomas, dan respuesta también al estado social de las
personas en situación irregular que no pueden acogerse a algunas de
las actuaciones hoy previstas, y sobre todo instan a la puesta en
marcha de los mecanismos de cooperación interinstitucional que la
propia ley prevé y que pueden ayudar a resolver parte de las
cuestiones que tenemos planteadas.
Lamentamos que esta proposición no de ley no pueda contar con el
apoyo del Grupo Parlamentario Popular precisamente en exigencia del
cumplimiento de la legislación vigente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Campuzano. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre regularización urgente de
los inmigrantes que se encuentran en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
288; a favor, 123; en contra, 159; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señora presidenta, el ambiente de la Cámara
me ha impedido oír cuál de las cuatro proposiciones se estaba
sometiendo a votación.
La señora PRESIDENTA: Tal como viene en el orden del día, señor
Silva. (Rumores.)
Acontinuación sometemos a votación la proposición no de ley, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 17; en contra, 177; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia rechazada la iniciativa
de referencia.
Se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, señor Saura, por la que se establece un proceso extraordinario
de regularización y se amplían las vías ordinarias que permite la Ley
8/2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 126; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia rechazada la iniciativa
de referencia.
Por último, la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas que debe adoptar el Gobierno
ante la existencia de un número importante de inmigrantes en
situación irregular. El texto que se somete a votación es el de la
proposición no de ley, excepto el punto primero que ha sido retirado
por el interviniente, con la incorporación de las enmiendas de
adición presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y
aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 25; en contra, 162; abstenciones, 116.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS A PONER EN MARCHA
PARA DAR UNA RESPUESTA JUSTA A LAS DEMANDAS RECLAMADAS POR LA
CIUDADANÍA TUROLENSE, DE MANERA MASIVA, EL DÍA29 DE NOVIEMBRE DE
2000. (Número de expediente 173/000041.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa
a las demandas reclamadas por la ciudadanía turolense, de manera
masiva, el día 29 de noviembre de 2000. Para
la defensa y presentación de la moción tiene la palabra el señor
Labordeta. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos el debate y es imposible hacerlo
con el nivel de murmullo que hay en la Cámara, por lo que ruego a los
diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio
y rápidamente y a los demás que ocupen sus escaños.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, la moción
para la que estamos pidiendo su apoyo nace de una interpelación
debatida la semana pasada en este Pleno y tiene por objeto instar al
Gobierno a realizar toda una serie de actuaciones reclamadas, desde
hace tiempo, por un territorio que como Teruel se ha echado a la
calle para defender lo que cree que es justo. Creemos que la
respuesta a la ciudadanía no puede ser la indiferencia o las meras y
en muchas ocasiones vacías renovaciones de promesas. Cuando pasa el
tiempo y sólo se escucha más de lo mismo, la desesperanza, la
desilusión y la separación entre la realidad sentida por las gentes y
los políticos que decimos representarlos se agranda y se agrava.
Tienen que ser capaces de admitir que algo estará pasando cuando sale
todo un territorio a la calle como Teruel. Nos alegramos como Chunta
Aragonesista de que por fin en la provincia de Teruel la ciudadanía
se haga oír. Se han rebelado al viento...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Labordeta.
(Pausa.)
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Nos alegramos como Chunta Aragonesista de
que por fin en la provincia de Teruel la ciudadanía se haga oír. Se
han rebelado al viento ante todo y contra todo, quizá con los
peligros sociopolíticos que puede conllevar rebelarse ante todo
y contra todo, pero un soplo de democracia no tendría que asustarles
porque cuando un pueblo toma como lema de su campaña su mera
existencia es que la situación ha alcanzado unos niveles
preocupantes. Señorías, de verdad estamos asistiendo a algo
importante si no se trunca en el camino. Algo importante, si este
algo -esta rebelión, este grito de desesperación- no se traduce luego
en una desesperación mayor o en frustración; ese es el peligro y se
lo hemos hecho saber a la plataforma Teruel existe. Para evitar que
eso ocurra, estamos obligados las instituciones, los representantes
públicos y las distintas administraciones a tratar de cuidar este
grito porque, hoy en día, puede ser tomado por algunos frente a no sé
quién que preside el Gobierno, frente a no sé quién que lo presidió o
frente a no sé quién que estuvo no sé cuántos años. Yo ni siquiera
voy a entrar ahí; ni estamos, ni hemos estado ni se nos puede decir
nada en ese sentido pero, a pesar de todo, no voy a entrar ahí. ¿Por
qué? Porque estamos institucionalmente obligados a mimar y a cuidar
un movimiento
ciudadano como Teruel existe. ¿Por qué? Simple y llanamente,
por una razón: porque habla de posible articulación social, de tejido
social, del canal de participación ciudadana, y lo primero para que
haya actividad socioeconómica, para que haya actividad cultural
y para que haya vida social de verdad es que exista esa articulación y
ese tejido. Teruel existe puede contribuir a esto como grito
desesperado.Por eso pedimos en nuestra moción toda una serie de
infraestructuras para poner a Teruel en el siglo XXI pero, ante todo,
hablamos de la gente: de la despoblación, de que se tome conciencia
de que, si no se hace algo, cientos de municipios turolenses no
tendrán posibilidad de futuro. Hay que fomentar la repoblación en
Teruel, o al menos tratar de evitar la despoblación y el
envejecimiento -por eso casi no existe paro-, como elemento
prioritario en las áreas competenciales que le son propias al
Gobierno del Estado, tal y como se argumenta en un reciente informe
sobre esta cuestión muy bien elaborado por el Justicia de Aragón.
Reclamamos establecer un plan para mejorar las infraestructuras
existentes, tanto de comunicaciones -carretera y ferrocarril- como
sanitarias e hidráulicas, como premisa imprescindible para la mejora
de la calidad de vida y para posibilitar el acceso a una economía
moderna.
Finalmente, hay dos aspectos que consideramos clave para impulsar la
creación de empleo y la riqueza: por un lado, queremos duplicar la
aportación del Estado al fondo de inversiones para Teruel -de los
1.800 millones anuales actuales a 3.600- porque la exclusión de este
territorio del Objetivo 1 es un lastre demasiado pesado para poder
levantar el vuelo. Por otro lado, pretendemos hacer efectivo el
cumplimiento íntegro del compromiso adquirido con la firma del plan
para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, el plan
Miner, que recoge para las cuencas mineras aragonesas la inversión de
72.000 millones de pesetas en infraestructuras durante el periodo
1998-2005.No estamos actuando de manera egoísta al preocuparnos por
nuestro territorio y por eso pedimos el voto a todos los
representantes de todos los partidos políticos presentes en la
Cámara. Somos conscientes de que Palencia es Teruel, de que Orense es
Teruel y de que Soria también es Teruel; son la España que no existe.
Apoyando esta iniciativa estamos dando un motivo a la esperanza.
Sabemos que se han presentado dos enmiendas a esta moción: una, del
Grupo Socialista, que vamos a aceptar en su totalidad porque viene a
añadir puntos que mejoran y, a veces, multiplican las ayudas y los
presupuestos: otra, la del Grupo Popular, que nos es imposible
aceptar si no se cambia durante la discusión porque las propuestas
que hace repiten la mayoría de los aspectos contenidos en la Ley de
presupuestos, y precisamente contra la Ley de presupuestos se declaró
la huelga masiva que repercutió en toda la provincia de Teruel en
noviembre de 2000. Por esa razón nos va a ser imposible aceptarla.
Por esa razón reclamamos la ayuda para Teruel. Por esa razón, porque
Teruel necesita rápida y
urgentemente que se sane su melancolía, su tristeza, su desolación y
un poco su desesperanza, pedimos y hacemos esta moción, para la que
esperamos el apoyo de toda la Cámara, de modo que pueda salir
adelante y llevemos un poco de esperanza a esta gente de Teruel
existe que vienen reclamando desde hace tiempo para su territorio,
para su país, para su provincia, una mejor calidad en todos los
aspectos de su vida.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la
palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, igual que la semana pasada saludé desde esta tribuna al
alcalde de Teruel que estaba sentado ahí arriba en las tribunas del
público escuchando el debate, le di la bienvenida, hoy quiero hacer
lo mismo con los componentes de la coordinadora Teruel existe, que
han tenido la gentileza de venir al Parlamento a escuchar cómo
debatimos sobre Teruel, algo que no ocurre con mucha frecuencia, pero
que sin duda ahora ocurre más que nunca y va a seguir siendo así.
Bienvenidos al Congreso de los Diputados y espero y deseo que este
debate de hoy sea fructífero para Teruel. Mi principal interés hoy es
que vean en la Cámara, sobre todo los parlamentarios del Grupo
Popular que no son de Teruel, cuán sensatos, cuán buena gente somos
los de Teruel. Pueden ustedes mirar a los que han venido o pueden
mirarme a mí, por ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Nosotros somos
buena gente y somos tan sensatos que hemos venido aquí con una
preocupación fundamental y es ayudarles a ustedes, señores
parlamentarios del Grupo Popular, a que cumplan sus promesas en la
provincia de Teruel. Hemos venido a echarles una mano. Mírennos con
buenos ojos, atiendan lo que les decimos porque nosotros queremos que
queden ustedes muy bien en Teruel y en Aragón.Fíjense si es fácil.
Todas las propuestas que el señor Labordeta ha incluido en su moción,
más todas las enmiendas que mi grupo, el Grupo Parlamentario
Socialista, ha incluido, todas ellas están en este famoso
panfletillo, que lo conocen muy bien los de Teruel, Vamos a Más, que
se lo enseñé la semana pasada, pero se lo enseño otra vez hoy, porque
quiero que ustedes tengan conciencia de que hemos venido aquí para
ayudarles, no para complicarles la vida. Fíjense si es fácil: ustedes
no tienen más que votar a favor de la moción que ha presentado el
señor Labordeta con la suma de las enmiendas que ha tenido la
gentileza de aceptar, y yo se lo agradezco, del Grupo Socialista. Así
ustedes van a quedar de maravilla en Teruel, porque gracias a eso van
a poder cumplir sus promesas electorales.Por ejemplo, ¿no querrán
ustedes dejar mal al presidente del Gobierno, a don
José María Aznar? (La señora Cunillera i Mestres: El poeta.) ¿No le
querrán ustedes dejar mal? Pues bien, don José María Aznar en Teruel,
para concretar, en la ciudad de Alcañíz, porque no quiso hacerlo en
la ciudad de Teruel, se comprometió a que la autovía, que nosotros
llamamos mudéjar, iba a estar finalizada en esta legislatura.
Efectivamente, el señor Álvarez-Cascos, a la sazón ministro de
Fomento, como ustedes saben bien, en su comparecencia el día 15 de
junio del año pasado también dijo que terminaría la autovía de Aragón
entre Sagunto y Somport, correcto. Y ustedes vienen a presentarnos
unas enmiendas en las que dicen que la autovía no se acaba en esta
legislatura, sino que quieren acabarla, dicen, en el 2007. La
pregunta que me hago es, ¿y si se les ha deslizado un número y en vez
del 2000 es el 3000? Porque estamos observando que este es el cuento
de nunca acabar. Lo que les digo es: voten ustedes a favor de la
moción, de las enmiendas y quedarán de maravilla con don José María
Aznar porque habrán hecho posible que cumpla con su promesa; no le
dejen mal, por favor. Ustedes saldrán felices de aquí y nosotros
también. Fíjense qué fácil es.
Por ejemplo, ustedes han prometido que iban a hacer la conexión por
vía férrea en línea de alta velocidad, con el AVE, para ir a Madrid a
no sé cuántos kilómetros por hora entre Caminreal y Calatayud; está
puesto aquí. Pues bien, como ustedes en sus enmiendas no lo ponen,
nosotros, que les queremos ayudar, lo hemos puesto en las enmiendas
que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la moción del señor
Labordeta. Por tanto, otro problema más que les acabamos de resolver;
así un montón de cosas que nosotros queremos ayudarles a que puedan
cumplir.Ustedes han dicho lo siguiente: Vamos a presentar una
enmienda a la moción, porque ¿cómo vamos a decir que no sin más, si
estaríamos incumpliendo todas las promesas que hemos hecho y además
dejamos mal al presidente del Gobierno? Es verdad, ustedes han
razonado y han dicho: Vamos a presentar una enmienda a ver si cuela.
¿Qué enmienda han presentado? Han dicho: En los Presupuestos
Generales del Estado para este año, para Teruel 10.000 millones. El
día 29 de noviembre la ciudadanía de Teruel, a la que representamos
todos, pero también las señoras y los señores que están sentados ahí
arriba, han dicho que no estamos de acuerdo con ese dinero, porque
eso no es más que para continuar algunas pocas cosas que se están
haciendo, pero no dan la vuelta a la situación de Teruel, que es lo
que necesitamos imperiosamente y no tenemos tiempo que perder. Les
hemos dicho: Hagan algo más. En la coordinadora Teruel existe, como
bien decía en el texto de su interpelación el señor Labordeta, han
sido hasta modestos (la gente de Teruel somos así, no somos
ambiciosos ni insolidarios, somos gente sensata) y sólo han pedido
para cosas concretas, no crean que para gastárselo en café, 10.000
millones de pesetas más. El día 29 de noviembre la ciudadanía de
Teruel, todos los habitantes de Teruel hemos dicho que no nos gusta,
que no nos
podemos conformar, porque no nos podemos permitir el lujo de
conformarnos con lo que ustedes han puesto en los presupuestos,
después de derrotar sistemáticamente todas las enmiendas de la
oposición, también las del diputado que suscribe, las del grupo que
suscribe, y que queremos algo más: simplemente 10.000 millones.
Ustedes han dicho ahora: Aquí está la enmienda.
Enmienda del Grupo Popular. En vez de en esta legislatura, vamos a
hacer la autovía para el 2007; vaya enmienda. Las cosas que están en
presupuestos las ponemos aquí y decimos que esto es lo que vamos a
hacer. Ustedes han hecho una enmienda en la que absolutamente todo lo
que hay aquí es lo que han puesto ya en los presupuestos y a lo que
el día 29 de noviembre la ciudadanía turolense les dijo que no
aceptaba. ¿Ustedes creen que esto cuela? ¿Pero ustedes creen que
somos tontos? Ni el señor Labordeta ni yo somos tontos y, claro, como
no somos tontos nos hemos dado cuenta. ¿Qué ocurre? Resulta que los
presupuestos los hacen de manera que no nos podamos enterar muy bien
de obras concretas que nos interesan. Dicen: Obras hidráulicas en el
Ebro, otras obras hidráulicas en el Ebro, como si fuera un quítame
allá esas pajas, unas cosillas más en el Ebro, 14.000 millones. No
sabemos qué va ahí. A mí se me ocurrió preguntar al secretario de
Estado de Infraestructuras para que nos dijera de qué iba esto. Me
contesta, señor Bueso, diciendo que todas estas obras hidráulicas que
ponen aquí como si fuera la panacea están contempladas, se van a
iniciar con presupuestos del año 2001 que están con cargo a esas
otras partidas, pero que no aumentan el presupuesto para Teruel, que
están dentro de los 10.000 millones de pesetas que hay para Teruel.
Tengo aquí la respuesta por escrito. Por eso sabemos, aunque no
estaba así especificado en los presupuestos, que es una trampa que
nos están tendiendo. No nos dan ni una sola peseta más, pero ni una.
Además dicen: El fondo especial para Teruel que crezca, que crezca,
pero no dicen cuánto; con lo cual pensamos que sí, que crezca, pero
cuánto. De verdad, créanme, les digo con absoluta sinceridad que
ustedes efectivamente han dado la espalda a Teruel, como cuando le
dije al señor ministro que había girado 180 grados. Efectivamente,
han girado 180 grados en Teruel, pero en este momento tienen ustedes
la oportunidad histórica de dejar bien al señor Álvarez-Cascos y al
señor Aznar, dándose ustedes la satisfacción de ir a Teruel y
pudiendo pasearse por la calle y que la gente les vaya dando la mano
agradeciéndoles el gesto. ¿Qué cosa más bonita, verdad? Se lo hemos
puesto en bandeja. Ustedes sólo tienen que votar a favor de las
enmiendas que presentamos y de la moción del señor Labordeta y habrán
cumplido sus promesas electorales y habrán hecho posible que Teruel
empiece a despegar. Es así de sencillo.
Fuera de la broma, que también hay que hacerla para que aquí nos
podamos entender bien, yo espero que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular no cometa el error de subir a la tribuna a
decir que hace no sé
cuántos años sucedió tal cosa o que no han tenido tiempo. Aquí la
gente pone a cada uno en su sitio y lo dije la semana pasada.
(Rumores.) Hace seis años a nosotros nos dijo la gente que debíamos
pasar a la oposición y es donde estamos, por cierto bien a disgusto,
no se vayan a creer ustedes, que yo por lo menos no lo llevo nada
bien, porque a mí lo que me gusta es hacer cosas. Pero bueno, aquí
estamos, para trabajar. Y ustedes están gobernando y tienen la
responsabilidad de dar respuesta a las reivindicaciones de los
ciudadanos españoles y también de los ciudadanos turolenses.
La señora PRESIDENTA: Señor Torres, le ruego concluya.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Acabo, señora presidenta.
Tienen esa responsabilidad y deben cumplirla. No traten de escudarse
en una relación de cosas que son mentira en el sentido de que no son
nada nuevo. Aquí no hay absolutamente nada nuevo, sino que todo está
en los presupuestos y nosotros queremos que nos digan qué cosas
nuevas van a hacer además de incumplir sus promesas.
Señorías, me retiro de esta tribuna. Confío en que ustedes se lo van
a pensar mejor, se van a arrepentir y no le van a hacer caso a su
Gobierno, que les está diciendo que no se les ocurra moverse del
sitio. Ustedes son un gran grupo parlamentario, tienen mayoría
absoluta en esta Cámara y voluntad de hacer las cosas bien y lo van a
demostrar ahora votando a favor de la moción y de las enmiendas.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Torres.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dar las gracias
a mi grupo parlamentario por hacerme el honor de designarme para
defender la enmienda presentada por el Grupo Popular y fijar la
posición en esta moción. En segundo lugar, quiero dar las gracias de
manera especial a mi querido amigo y compañero Santiago Lanzuela,
diputado, al igual que yo, por Teruel y anterior presidente de la
Comunidad Autónoma de Aragón, quien ha trabajado, trabaja y seguirá
trabajando por Teruel, que es su provincia. Asimismo, quiero dirigir
un saludo especial a todos los turolenses de la coordinadora
presentes y a otras personas que también han venido a escucharnos.
En la misma línea mantenida la pasada semana con la interpelación del
señor Labordeta, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto una
enmienda de modificación de la moción presentada que no solamente
mantiene el espíritu de la misma, sino que lo amplía. Se trata, señor
Labordeta, de todo un programa de actuaciones puntuales, muchas de
las cuales las está llevando a cabo este Gobierno y otras las va a
iniciar de manera inmediata, ya que tiene voluntad política y medios
para hacerlo. Uno de los compromisos de José María Aznar con Teruel
era iniciar la unión por autovía de Teruel con Zaragoza y Valencia y
se está cumpliendo. En estos momentos se está construyendo la autovía
entre Santa Eulalia del Campo y Monreal, con previsión de terminación
en el segundo trimestre del 2002, y lo mismo ocurre con el tramo
Monreal-Calamocha. La variante norte de Teruel, que también forma
parte de la autovía, se está construyendo a buen ritmo y con una
inversión de 1.800 millones de pesetas para terminarla pronto y para
este año 2001 se contempla la licitación de las obras de los
siguientes tramos: Sarrión-variante de Teruel (Escandón), que
generará una inversión de 8.500 millones de pesetas; Escandón-Teruel
norte, que generará 11.350 millones y Teruel norte-Santa Eulalia, que
generará 10.800 millones. Dentro de la provincia de Zaragoza, hay una
serie de tramos que se van a impulsar decididamente, ya que todos los
proyectos se encuentran redactados y en fase de supervisión. La
autovía, señor Labordeta, y de manera especial señor Torres, la ha
empezado y la terminará el Gobierno del Partido Popular no en el
2007, sino dentro de esta legislatura. Acerca de todas esas frases
que nos ha dirigido de que nos quieren ayudar y que van a ayudar a
cumplir nuestras promesas, no se preocupe que no va a hacer falta.
Nosotros vamos a cumplir todo lo que hemos dicho. No hay ningún
panfletillo por parte del Grupo Popular que usted ha exhibido aquí de
una forma un tanto chabacana ni tampoco vamos a dejar mal a nadie; no
vamos a dejar mal absolutamente a nadie, ni al presidente del
Gobierno ni al ministro Álvarez-Cascos.
Los Presupuestos Generales del Estado de la provincia de Teruel para
este año no recogen pequeñas cosas, como usted ha dicho de una forma
despectiva. El 29 de noviembre Teruel no dijo no a los Presupuestos
Generales del Estado. ¿Se puede decir no a lo que dice nuestra
enmienda en todo lo que recoge respecto a las infraestructuras? ¿Dijo
Teruel no a que la autovía Sagunto-Somport se llevara a cabo de
manera decidida como está haciendo y se va a continuar haciendo?
¿Dijo Teruel no al desdoblamiento de la N-232, entre Zaragoza y
Alcañiz? ¿Y a la de entre Ráfales y la provincia de Castellón? ¿Y a
las variantes de las poblaciones de Teruel y Alcañiz, de mayor
conflictividad en las N-420, N-211 y N-232? ¿Y al programa de
ferrocarriles de alta velocidad mediante la conexión Teruel-Zaragoza
dijo Teruel no? ¿Y al programa modernización y electrificación de
ferrocarril desde Sagunto a Teruel, dijo Teruel no? ¿Y al impulso
decidido durante esta legislatura de las obras de infraestructura
hidráulica que usted ha calificado, no me atrevo a decir de qué
manera, dijo Teruel no? ¿A las obras hidráulicas de Lechago, de La
Fresneda-Torre del Compte, de la del río
Matarraña, de la presa de Mora de Rubielos, del canal Calanda-
Alcañiz, del embalse de Santolea, del abastecimiento de Alcañiz-
Calanda, Castelserás y otros, a los embalses de los Alcamines, El
Batán, Las Parras, Bergante- Agua Viva y Siscar dijo Teruel que no?
¿Dijo Teruel no a la transformación de 2.400 hectáreas ligadas al
canal Calanda-Alcañiz? ¿Dijo Teruel no a la transformación de 2.000
hectáreas de pequeños regadíos en diversas comarcas de Teruel? ¿Dijo
Teruel no a culminar la remodelación del centro de salud de Alcañiz,
incrementando la dotación de consultas externas del hospital y la
reforma del hospital de Teruel y adoptar las medidas necesarias -no
se le olvide- para garantizar la adecuada atención sanitaria a los
habitantes de Teruel? ¿Y dijo Teruel no a incrementar
sustancialmente, no como usted ha dicho aquí, el fondo especial de
inversiones para Teruel? ¿Y dijo Teruel no a prestar atención
especial a la situación de Teruel en la aplicación de los fondos
europeos,dentro de las condiciones de elegibilidad, al igual que se
ha hecho con la reciente propuesta del Gobierno en la iniciativa
comunitaria Urban? El conjunto de las regiones españolas
beneficiarias de los fondos estructurales europeos de Objetivo 1
contrajeron una deuda política con Aragón y de manera particular con
Teruel, reconociendo la necesidad de compensar a Teruel con el resto
de objetivos a los que se dirigen los fondos estructurales. ¿Y dijo
Teruel no a continuar financiando inversiones de infraestructuras en
las cuencas mineras en las que cuando el Partido Socialista, aunque a
usted no le gusten las comparaciones, llegó al Gobierno había 6.000
mineros y cuando Felipe González dejó el Gobierno había 1.500? En
cambio, ahora se han creado cantidad de puestos de trabajo por medio
del programa Miner ¿Y dijo Teruel no a que se apoyen los proyectos de
inversiones empresariales y la creación de nuevas empresas? ¿Y dijo
Teruel no a la decidida política de apoyo y mejora a la dotación del
Archivo Histórico Provincial de Teruel y a la biblioteca pública de
Teruel y a la realización de obras con cargo al 1 por ciento cultural
en la provincia de Teruel?Señor Torres, esta es nuestra enmienda.
Entrando en lo que ha dicho el señor Labordeta, tengo que decirle que
coincidimos fundamentalmente en los puntos que aquí ha mencionado
respecto de nuestras infraestructuras. Nuestras infraestructuras,
como las suyas, son también para el siglo XXI.En cuanto al fondo
especial de Teruel, coincidimos totalmente. En su día se negociará en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el hecho de no decir en
estos momentos la cantidad no quiere decir que vaya a ser una
cantidad ridícula, porque no lo va a ser; decimos sustancialmente. En
cuanto al programa Miner coincidimos también. Consideramos que los
puntos de su moción, en líneas generales, coinciden con nuestra
enmienda. Lo único que hacemos es ampliarla, como he dicho al
principio. En la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza las actuaciones que el
Ministerio de Fomento tiene previsto realizar, enmarcadas en el plan
de infraestructuras, contemplan la realización de actuaciones de
mejora, de modernización
y electrificación en el tramo que va de Sagunto a Teruel y
adaptación de la alta velocidad del tramo de Teruel a Zaragoza.
Dentro del programa de alta velocidad,en el que se contempla la
transformación del ancho europeo y la electrificación, la semana
pasada hice referencia a las actuaciones que se están llevando a cabo
y han salido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. También
quiero decirle, aunque a usted no le gustan las comparaciones, que al
Grupo Socialista le costó 14 años aprobar el estudio informativo del
itinerario Sagunto-Teruel sin haberse dictado orden de redacción de
ninguno de los proyectos constructivos de sus diferentes tramos y la
aprobación provisional del tramo Teruel-Zaragoza. El Partido Popular,
el Gobierno del Partido Popular ha realizado el estudio informativo
Teruel-Zaragoza en seis meses y ha adjudicado los proyectos de siete
tramos de 150 kilómetros y medio entre el límite de la provincia de
Castellón y Calamocha- Romanos en cuatro meses. En 1998 ha adjudicado
la ejecución de las obras de los tramos a los que he hecho
anteriormente referencia y terminará la autovía, porque es obra
prioritaria para este Gobierno. No juegue con las cifras por el hecho
de que se hable de que son obras de infraestructura 2000-2007. No se
van a terminar el 2007, esté tranquilo, de eso nos vamos a preocupar
nosotros. El Partido Socialista desclasificó la línea Sagunto-Teruel-
Zaragoza de ferrocarril en 1985, calificándola como línea C, que
supone, por si no lo sabe, la no inversión en mejoras y sólo se
pueden hacer trabajos de mantenimiento. Sabe usted que eso es así de
claro. Y el Partido Popular la convertirá en una línea moderna y
competitiva, electrificada y de alta velocidad. El Partido Socialista
hizo una reconversión industrial encubierta, pasando, como he dicho
antes, de sus 6.000 mineros a 1.500; el Partido Popular desde 1998 ha
firmado en Aragón 148 convenios para la realización de
infraestructuras por importe de 22.479 millones y desde 1996 en
Teruel se han concedido subvenciones a 139 proyectos empresariales,
por importe de más de 4.600 millones para generar inversiones por
valor de 26.000 millones de pesetas y crear 985 puestos de trabajo,
asi como se han otorgado 582 becas de formación en Aragón por 422
millones. Y en la etapa socialista, la exclusión de Teruel de los
fondos europeos de los Objetivos 1 y 2 originaron un desequilibrio
entre nuestros vecinos de la provincia, pero el Partido Popular lo
duplicó y lo aumentará sustancialmente, como he dicho anteriormente.
Quiero terminar, señora presidenta, señoras y señores diputados
diciendo lo siguiente: Teruel es una provincia sin fronteras, ni
empieza en el valle del Jiloca ni termina en un mojón de la Iglesuela
del Cid; Teruel, que es Aragón, no quiere tener límites, en su
corazón cabe cualquiera. Teruel será lo que decidamos todos los que
vivimos allí y las personas que han venido a vivir a Teruel y de
manera especial lo que decidan nuestros jóvenes si les creamos, como
es la obligación que tenemos,las condiciones adecuadas para que se
queden en
esta tierra. Porque Teruel es una tierra de gente noble, razonable y
que sabe mucho de sacrificio y vida dura, pero también sabe dónde
debe estar y qué es lo que quiere, porque nadie le quitará la
esperanza y la ilusión, y para ello estamos trabajando muchos porque
es, primero, nuestra obligación y, segundo, porque queremoslo mejor
para esta tierra. Por todo ello, señoras y señores diputados, pido, y
en este caso me dirijo al señor Labordeta, que admita esta enmienda
de modificación de la moción porque con ella no se perjudica a nadie,
con ella se beneficia a una provincia como es la de Teruel, donde por
nuestra parte, independientemente de que la apoye o no, seguiremos
trabajando como lo hemos hecho siempre.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso. (El señor Torres
Sahuquillo pide la palabra.)
Señor Torres, no tiene derecho a turno de réplica. Señor Torres, no
está en el uso de la palabra. Usted sabe perfectamente, porque lleva
muchísimos años en esta Cámara, que en las mociones está la defensa
por el grupo proponente y la defensa de las enmiendas por orden
sucesivo, y ahí termina el debate. ¿Grupos que desean fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Si algo ha tenido la interpelación defendida la semana pasada por el
señor Labordeta, así como su posterior moción, es que constituye el
reflejo de una demanda amplia de la ciudadanía. De una demanda que no
sólo viene a pedir que se les tiene que terminar, adecuar o construir
una determinada carretera, sino que es una demanda integral para una
provincia, en este caso la de Teruel, que no sólo es que exista y
esté en la memoria de los diputados y diputadas de esta Cámara y del
Gobierno, sino que sus habitantes quieren continuar viviendo en su
provincia, quieren que no se despueble y pretenden que se les trate
con el respeto que merecen todos y cada uno de los ciudadanos de este
país.
Lo que nuestro grupo parlamentario quiere es alejarnos, una vez más,
de esa retahila de obras de infraestructuras, de cifras, que da el
grupo que respalda al Gobierno, y queremos centrarnos en lo que es
concreto. Concreto es lo que presenta la moción del señor Labordeta y
de ahí que no hayamos presentado enmienda alguna. Es concreto porque
fija una fecha, el final de esta legislatura, y concreta lo que
quieren, que antes de que acabe esta legislatura y de una vez por
todas esté terminado en Teruel. Y eso es lo que no hace la enmienda
del Grupo Popular. Vuelve otra vez a las declaraciones de
intenciones, a las que tan acostumbrados nos tiene en esta Cámara y
que nunca nos conducen a ningún sitio.
La semana pasada oíamos al ministro de Fomento y ahora oíamos al
portavoz del Grupo Popular volviéndonos a hablar de la autopista
Zaragoza-Valencia o, si quieren ustedes, Sagunto-Teruel-Zaragoza.
Yesta diputada, que lo es por Valencia, lleva siete años en la Cámara
reclamando que se acabe la autovía SaguntoTeruel- Zaragoza, que sigue
sin acabarse y sigue sin que aparezcan los tramos que están no sólo
comprometidos sino los proyectos finalizados en los Presupuestos
Generales del Estado. Seguimos escuchando que se va a electrificar la
línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, y esta diputada les vuelve a decir lo
mismo, llevamos siete años presentando la misma enmienda en los
Presupuestos Generales del Estado, siete años en los que es rechazada
y siete años en los que la línea férrea continúa en la misma
situación.
No hablemos de esas grandes cifras, hay que hablar de fechas. Y quien
mejor se podía comprometer en las fechas era precisamente el grupo
que respalda al Gobierno y que vuelve a presentarnos una enmienda en
la que vuelve a hacer una declaración de intenciones y en la que,
sólo y exclusivamente, nos vuelve a decir que hará aquello que debe
hacer, pero sin comprometer ni fijar las fechas que corresponden, y
sin tan siquiera velar después por que se cumplan en los Presupuestos
Generales del Estado, que al final son los que mandan.
Creemos que se debe respaldar la iniciativa que ha presentado el
señor Labordeta, del Grupo Mixto. Es necesario que, de una vez por
todas, esta Cámara respalde de una manera clara y decidida lo que ha
sido un llamamiento de una población, con un eslogan muy claro:
Teruel existe. Eso quiere decir que lo cierto es que Teruel ha estado
abandonado -me da igual si ha sido por el Gobierno del Partido
Popular o por los gobiernos anteriores- y que desde aquí, a pesar de
que se les ha pretendido defender, se sigue haciendo oídos sordos por
parte del grupo que respalda al Gobierno, el Grupo Popular, y también
se les hace oídos sordos desde el Gobierno. Esperemos que al final
consigamos que Teruel exista, que se les haga las obras de
infraestructura y se atiendan las demás peticiones que hacen en su
plataforma y que recoge la moción del señor Labordeta, para que
podamos hablar de una provincia muy bella y que, además, tiene los
recursos económicos suficientes para que su población viva en
condiciones dignas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
El miércoles de la semana pasada asistimos a una interpelación muy
interesante y con un desarrollo muy bueno. Después de muchos años
aquí he presenciado muchas interpelaciones, interviniendo en algunas
de
ellas, y tanto por la intervención del interpelante señor Labordeta,
como por la del ministro, señor ÁlvarezCascos, la interpelación fue,
repito, interesante y sumamente correcta.
Nos hablaba el señor Labordeta de Teruel con muchos números y datos.
Nos hablaba también, con un tono muy correcto pero muy contundente,
de las reivindicaciones continuas que el movimiento Teruel existe ha
venido presentando desde que, hace un año, echara a andar dicho
movimiento ciudadano. También citaba la jornada reivindicativa del 29
de noviembre pasado. Después de todos sus argumentos, con números
y datos de las cosas que pueden faltar en Teruel, acababa preguntando
al Gobierno qué medidas pensaba tomar para poner en marcha esta
provincia.
Contestaba el ministro con una exposición también rigurosa, con un
tono muy correcto y también contundente. Daba referencias, con
detalles y con citas, del antiguo y caducado plan director de
infraestructuras socialista, de los olvidos de aquel plan respecto a
Teruel. Sé que no gusta que se aluda a tiempos pasados, pero es así.
¿Qué obras, qué proyectos quedaban preparados para continuar la
gestión del Gobierno anterior, el Gobierno socialista? Posiblemente,
como no dejaron ninguno, algo que también ha pasado en otros lugares
de la geografía española, ha habido un lapsus, que queda reflejado en
el «Diario de Sesiones» como razonablemente correspondido. Esas dos
palabras fueron dichas por el señor ministro.
Lo curioso es que, en su segunda intervención, el señor Labordeta,
haciendo continua defensa de Teruel, decía: Yo no estoy aquí para
estar contra nadie, he venido a esta tribuna a estar a favor de
Teruel. Si ustedes invierten en Teruel, me parece estupendo -seguía
más adelante-, estoy a favor de Teruel y lo que pido es que estas
promesas que usted acaba de hacer se vean cumplidas. Lo dijo en un
tono muy correcto y daba la impresión de que era una conversación
positiva a más no poder.
Posteriormente, el ministro contestaba: Señor Labordeta, en esta
segunda intervención, usted nos concede un margen de confianza, con
un escepticismo mayor o menor, nos concede un margen de confianza.
Fue realmente repetitivo y era de esperar una moción a tono con esto.
Creo, señor Labordeta, que hoy se habría podido llevar a Teruel una
moción votada unánimemente y totalmente positiva. Sin embargo,
nuestro grupo no puede dar su apoyo a la que usted ha presentado y
lamenta que se haya preferido la reivindicación en confrontación.
Tenga en cuenta que la exposición de motivos de la moción sólo habla
de las reivindicaciones del 29 de noviembre, de la huelga, y no cita
para nada el muy buen desarrollo del debate que tuvieron usted y el
señor ministro con motivo de la interpelación de la semana pasada. En
realidad, la moción no se corresponde con el buen sentido de todo el
debate. Por tanto, a nosotros, conocedores ahora en positivo de lo
programado, nos
queda la tranquilidad de saber que la reivindicación del movimiento
Teruel existe ya tiene una solución en marcha. Esta solución es una
realidad, por lo que se ha preparado y por lo que va a venir en los
próximos años, y tiene un futuro admirable. Nosotros apoyaremos con
interés que se cumplan las propuestas. Pueden estar seguros los
turolenses de que nuestro grupo seguirá el progreso de estas
propuestas para poder exigir el cumplimiento real de las mismas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Señor Labordeta, a los solos efectos de indicar la aceptación o
rechazo, aunque en su primera intervención creo que ya lo ha hecho.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, como he dicho desde la
tribuna, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y no aceptamos,
por las razones que ya he dicho, la del Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha
para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la
ciudadanía turolense, de manera masiva, el día 29 de noviembre de
2000, en los términos derivados del debate y con la aceptación por
parte del grupo proponente de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 121; en contra, 168; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA
GENERAL EN MATERIA DE RESIDUOS. (Número de expediente 173/000042.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general
en materia de residuos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista presenta hoy la moción consecuencia de
interpelación debatida la pasada semana, sobre medidas de política
general en materia de residuos. Y digo: general en materia de
residuos, porque en el debate se dejó caer la posibilidad del
oportunismo político de esta iniciativa, por la situación creada por
el mal de las vacas locas y la eliminación de MER. Este es un tema
urgente y muy concreto, en el que el Gobierno actuó con cierta
imprevisión y descoordinación. También es cierto -y no pido ni que lo
reconozcan- que el Partido Socialista está actuando con enorme
responsabilidad, y eso no quiere decir que tengamos que vendarnos los
ojos y asentir ante actuaciones incorrectas, insuficientes o en
muchos casos grave dejación. El Grupo Socialista presenta
alternativas, actuaciones en defensa del interés social y exige al
Gobierno que ejerza como tal también en materia de residuos.
El día de la interpelación el señor ministro de Medio Ambiente se
justificaba de alguna manera insinuando, como ha hecho en su
intervención, que se ponían pegas según el signo político de la
autonomía o ayuntamientos. Curiosamente, donde hay un problema muy
serio, como es Galicia -y conste que posiblemente la mayoría de las
vacas estén cuerdas-, por lo mal que lo están haciendo, parece que el
mal se concentra exclusivamente en mi tierra. Además, curiosamente,
el color o signo político de la autonomía es el mismo que el del
Gobierno central, y el de la mayoría de los ayuntamientos también, y
en los que no lo son, me consta que se arrima el hombro y se actúa
con gran sensatez. Por tanto, y hablando del tema que nos ocupa, que
es la política de residuos en general, no derivemos competencias. Las
autonomías tienen las suyas, los ayuntamientos las suyas y el
Gobierno central no puede hacer dejación de sus funciones, cuando
claramente tiene una importante normativa sin desarrollar y un
principio de coordinación y de solidaridad interterritorial que
debería liderar y que en este momento más bien parece dispuesto
a abandonar. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Marón, por favor. (Pausa.)
Adelante, señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta. ¿Hemos avanzado
con el Gobierno del Partido Popular en política de residuos? En
principio hemos dado algunos pasos -faltaría más-, principalmente,
gracias al impulso europeo, a directivas que nos obligan, pero vamos
mucho más a remolque con iniciativa propia. Están aplazando,
demorando, continuamente, lo que anuncian cuando la oposición, en
este caso el Grupo Socialista, les pide cuentas. Tenemos la Ley 10/
1998, sobre residuos sin desarrollar, y mayoritariamente los planes
nacionales que tiene previstos, seis exactamente. Sólo uno, el Plan
nacional de residuos urbanos está desarrollado, pero el resto siguen
esperando y cito: el
plan de vehículos fuera de uso, cuya directiva está desde septiembre
pasado y no vale que luego insten en Comisión a que se trasponga
dicha directiva. Háganlo ya y tengamos la normativa adecuada a
nuestro ordenamiento jurídico. Está pendiente también el plan de
lodos de depuradoras, el de voluminosos, residuos de construcción,
residuos de mataderos y animales muertos y neumáticos fuera de uso,
por citar los seis a los que me refería. Parece ser que, según ha
dicho el señor ministro, están sometidos a información pública, pero
no los conocemos ni hemos tenido la oportunidad de debatirlos.
Curiosamente, en esta revista del Ministerio de Medio Ambiente
observo que estos planes de residuos especiales fueron sometidos a
información pública por resolución de 5 de abril de 2000. Va a hacer
un año. El plazo de exposición pública ha transcurrido con exceso. No
encuentro razón o disculpa para que estos planes se traigan al
Parlamento. Les recuerdo también que el plan de residuos peligrosos
está pendiente, el de residuos hospitalarios infecciosos, el de
productos químicos, incluso con la grave dejación de no dotar
presupuestariamente el antiguo Plan de residuos industriales, con un
gran problema y un gran vacío que curiosamente ni el anterior ni el
nuevo llenan. ¿A qué esperamos a traer el plan de residuos
peligrosos? Por cierto, han modificado por Real Decreto, de 16 de
febrero, la Ley 10/1998 con una disposición adicional octava. Tal
medida viene dada por la situación de emergencia derivada del mal de
las vacas locas. Aclárennos si incinerar residuos cárnicos o harinas
animales en cementeras o térmicas es una medida provisional
y transitoria y en modo alguno supondrá la paralización de la creación
de infraestructuras adecuadas que son tan necesarias. Una situación
de crisis como la que estamos viviendo no puede dar lugar a una
normalización de facto, y ahí me gustaría conocer la respuesta del
grupo que sustenta al Gobierno ¿Quién se encuentra con estos
problemas directamente y con la falta de instrumentos en el amplio
abanico al que afectan los residuos a los que me he referido?
Fundamentalmente, los ayuntamientos, que tienen que dar respuesta a
las demandas ciudadanas y carecen, como digo, de infraestructuras
y de financiación económica.
Permítanme que vuelva nuevamente al Plan nacional de residuos, único
que han presentado como desarrollo de la ley ¿Cómo se van a cumplir
los objetivos de este plan si carece de presupuesto, si lo dejan al
albur de los fondos de cohesión? Y se quejaba el ministro de que los
ayuntamientos no los solicitan ¿Cuántos pueden financiar un proyecto
para presentar? ¿Cuántos ayuntamientos pequeños carecen de
información o de figura jurídica para solicitarlo por número de
habitantes que tienen que constituir un consorcio, mancomunidad,
etcétera? Y no es fácil. Se lo digo, además, desde la experiencia de
un ayuntamiento que sí optó a los fondos de cohesión y acaba de
obtener 2.000 millones. Sin embargo, esa no es la generalidad. La
generalidad son gran cantidad de ayuntamientos pequeños o medianos
que no tienen la capacidad de gestión y sí tienen voluntad política
de gestionar adecuadamente los residuos. ¿Cómo estamos avanzando en
el programa de prevención cuyo objetivo es estabilizar en cifras
absolutas la producción de residuos urbanos al final del 2002, al
nivel de 1996, con una previsión económica, la más pequeña, sólo de
25.000 millones de pesetas? ¿Cómo se están cumpliendo los objetivos
del programa nacional de compostaje, por ejemplo, tratar el 40 por
ciento de la materia orgánica de los residuos urbanos del final del
2001? ¿Qué volumen de separación efectiva de materia orgánica se está
tratando en este momento? No es difícil, pero hay que impulsar desde
el principio la recogida selectiva en origen para que el compostaje
sea una de las prioridades del tratamiento de los residuos orgánicos.
¿Cómo van a avanzar en el cumplimiento de objetivos del programa de
eliminación de vertederos incontrolados? Tenemos ya la Directiva de
vertidos 99/31, que debe estar incorporada a nuestro ordenamiento
jurídico el 16 de julio de 2001, y si no se adoptan urgentísimas
medidas en esa fecha la mitad de los vertederos españoles serán
ilegales. Me estoy refiriendo a una cantidad considerable, más de
cuatro mil vertederos podrán ser ilegales en el mes de julio.
No quiero dejar de precisar algunas cuestiones que se han dicho aquí
sobre la valoración energética derivada de la incineración. Primero,
¿tenemos ya adaptadas las instalaciones, es decir, las incineradoras
a la propuesta de directiva de incineración de residuos? No podemos
olvidar que en las emisiones de dioxinas y furanos, que son exigibles
hoy a las incineradoras de residuos urbanos, se exigen los mismos
niveles de emisión que a las de residuos peligrosos.
Segundo, no confundir o no querer confundir la necesidad que vivimos
en este momento de incinerar MER o harinas animales o residuos
peligrosos por una circunstancia concreta y desgraciada en este caso,
como es la crisis de las vacas locas, que hay que resolver, que hay
que tener la previsión de que puede ocurrir. Hay que tener la
previsión de hacer instalaciones para los residuos peligrosos, que no
las tenemos. De eso a decir y a reclamar, como ha hecho el Grupo
Popular, la bondad de las incineradoras para tratar los residuos
urbanos, hay un abismo. Hay, además, un desconocimiento de la
jerarquía de la Unión Europea y que el propio Plan nacional de
residuos señala, que deja en último lugar, como saben, el vertido y
la incineración.
Hoy ya no es el Grupo Socialista quien apuesta por el reciclaje y por
el compostaje, sino que es la propia normativa quien lo exige.El
Grupo Socialista, para terminar, en su ánimo de aportar en positivo,
de dar alternativas y de contribuir a la solución de los problemas,
presenta la moción centrada en los cuatro puntos que ya conocen,
fundamentalmente desarrollar los planes nacionales de residuos, los
seis planes a los que antes me he referido, y con muchísima urgencia
el Plan nacional de residuos, de mataderos, decomiso y animales
muertos, garantizando la dotación de una red de recogida y
eliminación de cadáveres animales y materiales especificados de
riesgo.
Aprobar en el plazo de tres meses un plan de residuos peligrosos y un
programa específico de gestión de residuos agroganaderos en el ámbito
estatal, de acuerdo también con las comunidades autónomas. Realmente,
nuestro campo está sembrado de plásticos de silos y de invernaderos,
y el Seprona sanciona por esta cuestión. Pero, ¿qué instrumentos hay?
¿A dónde pueden llevar esos plásticos los agricultores? No hay
infraestructuras.
Finalmente, remitir, en el plazo de cuatro meses, un proyecto de ley
para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Directiva
99/31 del Consejo de 26 de abril, relativa al vertido de residuos que
va en la línea del punto segundo de la misma.
Estas medidas, señorías, son urgentes, son viables, son, si me
permiten, de sentido común, y no olvide el Gobierno y el grupo que le
sustenta que en materia de medio ambiente la sociedad ha despertado y
hoy hay que caminar muy deprisa y deben mirar mucho más para el
mañana que justificarse, como suelen hacerlo, en el anteayer.
Si de verdad quieren dar respuesta a una sociedad que se siente
insegura ante los riesgos ambientales, lo que tenemos que hacer es
encarar los problemas dándoles solución y dando esperanza a las
generaciones venideras en el tema del medio ambiente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora
Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario ha sido siempre crítico
respecto a la lentitud con que se ponían en marcha y la falta de
recursos de los planes de residuos, ya fueran el Plan de residuos
urbanos o el Plan de residuos como se llama ahora, o ya fueran los
planes especiales o el Plan de residuos peligrosos. Creo que ha
venido una situación excepcional, si se quiere, que ha demostrado que
realmente nuestro país, nuestro Estado no está preparado y en
condiciones para poder acometer no la excepcionalidad, sino para
poder acometer con garantías para la salud y para el medio ambiente
las situaciones de recogidas de residuos o tratamiento y tan siquiera
los residuos especiales o peligrosos que todavía pueden ser mucho más
inquietantes. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa
la Presidencia.)
Señorías, desde esta tribuna se ha dicho ya que no tenemos recursos
económicos suficientes para que losayuntamientos puedan acometer las
obligaciones que
la Ley de residuos puso en sus manos, que no tienen recursos
económicos para poderse acoger a los fondos de cohesión en lo que se
basa fundamentalmente el Plan nacional de residuos, y que mucho menos
van a tener recursos para poder encarar una situación de emergencia
como la que se ha producido ahora con el mal de las vacas locas.
Nuestro grupo parlamentario comparte el planteamiento que el Grupo
Parlamentario Socialista ha hecho en su moción, consecuencia de la
interpelación de la semana pasada, y únicamente planteamos dos
enmiendas de adición intentando mejorar el texto presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista. La primera añadiría en el punto
número 1 que la red de recogida y eliminación de cadáveres de
animales y materiales específicos de riesgo que se cree esté
financiada en su totalidad por las administraciones públicas, porque
de no ser así, señorías, no sería posible el funcionamiento de esta
red, y estamos hablando de un problema de seguridad pública en lo que
se refiere a la salud y a la contaminación del entorno. Es necesario
que desde las administraciones públicas no solamente se pongan las
condiciones y se hagan cumplir las legislaciones, sino que además se
pongan al alcance de la ciudadanía los recursos para que se puedan
cumplir, y en una situación de estas características se debe de crear
una red como la que se ha planteado en la moción del Grupo
Socialista, y debe estar costeada por la propia Administración.
La segunda enmienda que plantea mi grupo parlamentario es ante la
situación que se ha creado en estos momentos, pues como ustedes saben
no solamente se han hecho declaraciones por parte del ministro de
Medio Ambiente y del ministro de Agricultura, sino que además aquí ha
quedado claro que se podría declarar como una excepcionalidad ante el
problema que tenemos en estos momentos con las reses muertas por el
mal de las vacas locas, que se podía autorizar de manera excepcional
el enterramiento de reses. Señorías, no estamos hablando de enterrar
un animal solamente, estamos hablando de enterrar muchos animales,
y desde mi grupo parlamentario existe inquietud, porque desde nuestro
punto de vista se ha dicho de una forma excesivamente alegre que no
sucede nada. Con esta enmienda a la moción del Grupo Parlamentario
Socialista planteamos que por el Ministerio de Medio Ambiente, en
colaboración con las comunidades autónomas, se emita un informe que
evalúe la contaminación que el enterramiento masivo de reses supone
para el suelo y para el subsuelo y que, además, al mismo tiempo se
plantee cuáles son las medidas que se pueden adoptar para recuperar
estos suelos. Quizá habría que añadir a la enmienda, aunque nos
parece que es obvio, que se tendrían que fijar los plazos, no
solamente para la elaboración del informe sino también para hablar de
la recuperación y de las medidas de recuperación en la contaminación
de estos suelos y subsuelos.
Señorías, desde mi grupo parlamentario creemos que esto demuestra que
tenemos que ir mucho más deprisa de lo que se va, que no podemos
seguir solamente diciendo desde el Gobierno que las competencias de
las comunidades autónomas están en las recogidas de residuos que lo
sabemos que son así; lo tenemos claro. El Gobierno no puede seguir
quedándose al margen, y los planes no solamente de residuos sino de
los residuos especiales y peligrosos que se tienen que poner en
práctica han de contar con una buena financiación, no solamente desde
los fondos de cohesión sino también desde los propios fondos de la
Administración, para que las comunidades autónomas y los
ayuntamientos que tienen las competencias puedan realmente ponerlos
en práctica y mejorar las condiciones de recogida de residuos, con
independencia de que tendremos que ir también mucho más rápido a la
hora de poder adaptar las directivas comunitarias que, desde nuestro
punto de vista, como se vienen haciendo con retraso siempre nos
pillan en situación débil y delicada.
Por eso, señorías, mi grupo parlamentario va a apoyar la moción que
ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Urán.
En el turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
A medida que avanzamos en las reflexiones sobre la eliminación de
todos los materiales específicos de riesgo en la encefalopatía
espongiforme bovina, deberíamos ir aunando unos criterios que fueran,
en primer lugar, compatibles con las disposiciones que tienen las
comunidades autónomas al respecto; en segundo lugar, dentro de la
normativa europea, porque es un problema que no está circunscrito a
ninguna comunidad autónoma española, ni siquiera a toda la superficie
administrativa del Estado español y que está en una serie de países
de nuestro entorno, fundamentalmente de la Unión Europea.
La moción que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista a nosotros
nos resulta imposible aceptarla y la vamos a votar en contra por
varias razones. En primer lugar, en tres de sus apartados, de los
cuatro que trae, se invoca en cooperación con las comunidades
autónomas. Las comunidades autónomas, en este caso la de Canarias, en
la competencia legislativa plena que tienen en las áreas de medio
ambiente, sanidad, y agricultura, ganadería y pesca, ha venido ya
adoptando las disposiciones pertinentes para eliminación de estos
residuos, dentro de la problemática que tiene nuestra geografía
insular de un territorio discontinuo.
En segundo lugar, en coordinación con los Ministerios de Agricultura,
Pesca y Alimentación, y Sanidad, y coordinando con el Gobierno, hemos
hecho la petición de algunos textos legales que permitan el
ensamblaje y la solución del problema, prueba de ello es que esta
Cámara va a tener que pronunciarse en el Pleno sobre la ratificación
del Real Decreto-ley sobre el régimen de intervención administrativa
aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal
procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales,
porque había una materia, que era la utilización por las cementeras
de este producto, que requiere un régimen de intervención
administrativa adecuado, y este Real Decreto-ley lo viene a
solventar.
En tercer lugar, hay un problema y es que las directivas que está
sacando la Unión Europea tienen un tiempo para ser adaptadas al
derecho común de cada país miembro, y el número 4 de la moción (que
es donde está el meollo de la cuestión, porque lo otro en este
momento lo están enfocando las comunidades autónomas con la
competencia plena y específica que tienen en esta materia, para
evitar un galimatías con una mezcla inadecuada en este caso con la
ley número 10/1998, de Residuos) plantea unos problemas si de lo que
se trata es de aprobar que el Gobierno en un plazo de cuatro meses,
es decir de aquí a prácticamente el verano, traiga este proyecto de
ley, proyecto de ley necesario pero en cuanto sea posible adaptar con
tiempo suficiente la directiva que se cita en la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, la número 31, de 26 de abril de 1999, del
Consejo de la Unión Europea. Adaptar a la problemática española esta
directiva que he citado conlleva un trabajo de coordinación con las
comunidades autónomas y aprobar que de aquí a dentro de cuatro meses,
para el mes de junio, entre un texto de proyecto de ley de esta
envergadura, señores, seamos sensatos y responsables, entonces
vendría aquí un mal proyecto de ley. Pediría al grupo que sustenta al
Gobierno que le transmita que apruebe con la celeridad precisa un
texto sobre el que se hayan pronunciado previamente todas las
comunidades autónomas. Los que conocemos las directivas de la Unión
Europea, concretamente la número 99/31, sabemos que no se puede traer
un texto de esta complejidad sin que las comunidades autónomas se
hayan pronunciado, porque podríamos encontrarnos con un problema de
inconstitucionalidad, dicho así de claro y contundente. Por tanto,
pedimos que el Gobierno, con toda agilidad, y lo estimulamos desde
nuestro grupo, tenga redactado y pactado previamente con las
comunidades autónomas el texto del proyecto de ley que haga asequible
la normativa de la directiva europea. En este momento países como
Alemania, Italia o Francia están analizando y estudiando con
prudencia la adaptación de dicha directiva. El propio Parlamento
Europeo está reconsiderando algunas de las medidas que es necesario
coordinar para que su aplicación sea una realidad. Si no, estaríamos
haciendo un ejercicio de inutilidad porque la directiva europea sería
inaplicable por la falta de infraestructura adecuada en muchos de
estos países.
Por esta razón y haciendo hincapié en que es necesario que con el
tiempo suficiente y consensuado con las comunidades autónomas entre
en tiempo pertinente el proyecto de ley del Gobierno para adaptarlo a
la transformación y eliminación de estos residuos, mi grupo no puede
prestar su apoyo a una iniciativa de este tenor.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.
Como representante del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), quiero fijar
la posición sobre la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, consecuencia de la interpelación urgente que la semana
pasada se presentó en esta Cámara sobre el mismo tema. Tanto en el
transcurso de aquella interpelación como lo expuesto en el día de
hoy, nos sitúa entre dos amores, entre Escila y Caribdis. Estamos
entre lo que se dice desde una parte de que hay ayuntamientos y
comunidades autónomas que no tienen capacidad económica y medios
técnicos para desarrollar sus competencias en este ámbito, y dada la
urgencia de ejecutar acciones pertinentes se pide al Gobierno que
tome parte en estas actuaciones y haga lo que entendemos nosotros una
rebaja competencial.
Nosotros pertenecemos a una comunidad que, permítame señora
presidenta, diga que es muy celosa y puntillosa en el respeto y en la
defensa de las competencias que tiene otorgadas. Creemos que son
competencias para ejercerlas, que al Estado en esta materia le
corresponde exclusivamente la legislación básica y, cómo no, la
adaptación a ella de las directrices europeas que emanan del Consejo
y deben ser de aplicación en el Estado español. Insistimos en que las
comunidades, por lo menos la nuestra, está ejerciendo sus
competencias. Si hay comunidades que no las ejercen, podemos entender
esa responsabilidad subsidiaria que se está pidiendo al Gobierno por
parte del grupo proponente; pero, insisto, nosotros estamos entre
estos dos amores, lo he dicho al principio, de la defensa de nuestras
competencias autonómicas y nuestra petición de que el Gobierno actúe
si tiene que hacerlo subsidiariamente en alguna autonomía. A ello no
nos opondríamos. Por tanto, nos vamos a abstener en la votación de
esta moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Otxoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, intervengo muy
brevemente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), en relación con la moción sobre residuos, consecuencia de la
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista que la semana pasada
tramitamos en este Pleno, y quiero avanzar que mi grupo parlamentario
va a abstenerse en la votación de esta moción.
Creemos que se trata de una abstención que se justifica por el hecho
de que aun considerando la bondad de algunas de las medidas que
incorpora el texto de la moción, y por tanto la oportunidad de dar
nuestro apoyo a las mismas, valoramos en su justa medida el
compromiso del Gobierno, expresado por el Grupo Parlamentario Popular
y por el mismo ministro de Medio Ambiente la semana pasada, en lo
relativo a impulsar, esperemos que en breve plazo, algunas
iniciativas y normativas, como el mismo Plan de residuos peligrosos,
y de una manera muy especial la Directiva comunitaria 99/31, de 26 de
abril, de la que quiero recordar que el plazo para su trasposición a
la legislación interna finaliza el próximo mes de julio. Por tanto,
el Gobierno tendrá que apresurarse para presentar ante esta Cámara,
con el máximo consenso, este proyecto.
Sin embargo, quiero aprovechar esta ocasión para reiterar dos
argumentos a los que hice referencia la semana pasada en nombre de mi
grupo parlamentario, durante la tramitación de la interpelación sobre
este tema de los residuos. En primer lugar, y atendiendo a la
necesidad de que los diferentes planes de residuos sean consensuados
con las comunidades autónomas por dos razones, y creo que han sido ya
expuestas reiteradamente por parte de diferentes portavoces. Por la
razón de la misma distribución competencial, y en consecuencia de la
misma existencia de planes y programas aprobados y desarrollados
desde hace mucho tiempo por parte de diversos gobiernos autónomos.
Por todo ello, creemos que el Gobierno debe poner el máximo empeño y
desplegar toda su capacidad negociadora y su iniciativa política para
lograr el consenso con las comunidades autónomas; pero las
dificultades con que en estos momentos se encuentra el mismo Gobierno
con algunas de las comunidades autónomas, no deberían convertirse en
coartada para justificar más demoras aún en la aprobación de los
planes y los programas de gestión de residuos.
En segundo lugar, tenemos que reiterar uno de los aspectos clave en
toda iniciativa política pero especialmente en el desarrollo y la
aplicación de los planes y programas nacionales de residuos, y no es
otro que el de la financiación, financiación a la que deberán
contribuir las comunidades autónomas, cada una en el ejercicio de sus
correspondientes competencias, pero de una manera principal deberá
recaer sobre el Gobierno del Estado, y ahí coincido con algún
portavoz parlamentario que ha comentado que el recurso a los fondos
de cohesión es un recurso que debemos tener en cuenta
pero que no debe servir para que el Gobierno no aporte fondos de los
Presupuestos Generales del Estado.
En definitiva y finalizando, aunque el año 2000 -seguramente todos
coincidiremos, seamos oposición o Gobierno- no pasará a la historia
como el año de los grandes avances en materia de residuos en el
Estado español, como ya hicimos hincapié en el debate de esta
interpelación y a tenor de los compromisos adquiridos la semana
pasada, repito, por el propio ministro de Medio Ambiente y esperemos
que hoy por el Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo
parlamentario va a abstenerse en esta votación, dejando claro, sin
embargo, que nuestro grupo va a intentar hacer con el máximo rigor el
seguimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno hasta la
fecha, y también los que pueda adquirir hoy en esta materia, durante
los próximos meses.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará negativamente el
texto de la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista
por considerar inadecuados sus planteamientos, máxime después de la
detallada exposición que en la pasada interpelación hizo el ministro
de Medio Ambiente sobre la situación actual de los distintos planes
de residuos.
Nuestro grupo parlamentario no comparte la valoración que ha hecho la
portavoz socialista. Por primera vez, señorías, se ha conseguido
tener en España un marco jurídico completo y coherente para el
tratamiento de los residuos; marco jurídico que junto con los planes
nacionales y la actuación de las distintas administraciones
autonómicas y locales, configuran una política de residuos moderna y
de futuro. No se trata de mirar al pasado ni de señalar la política
inexistente en materia de residuos de la etapa socialista; se trata
simplemente de que aceptemos los hechos con objetividad. ¿Y cuál es,
señorías, el hecho objetivo? El hecho objetivo es que se ha creado
una estructura legal adecuada como nunca había existido en España, y
unas previsiones de financiación realistas para ejecutar las
iniciativas necesarias. ¿No creen SS.SS. que éste es un excelente
punto de partida?
Votaremos en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista,
y paso a analizar brevemente cada uno de los puntos.
El punto número 1 de la moción, solicita que se aprueben con carácter
de urgencia tanto el Plan nacional de residuos especiales como el
Plan nacional de residuos de matadero, que incluye la eliminación de
los MER. Ya indiqué la pasada semana, señorías, que la
mayoría de los planes han sido sometidos a información pública
-proceso previo a su aprobación- y que algunos verán su aprobación
retrasada porque están en discusión una serie de directivas europeas
que les afectan, por lo que parece prudente esperar el avance de
estas discusiones para elaborar las normas específicas en coherencia
con las de la Unión Europea. De nada sirve aprobar con carácter de
urgencia algo que tal vez habría que modificar de manera inmediata.
El Plan de residuos de mataderos está siendo revisado a la vista de
las modificaciones legislativas de los últimos meses por el asunto
que todos ustedes conocen, y ya se dijo aquí la semana pasada. La
prohibición de utilizar harinas de origen animal en la alimentación
del ganado de producción y la necesidad de separar los materiales de
riesgo para su posterior destrucción en condiciones adecuadas de
salubridad e higiene, son medidas que han significado la generación
de una cantidad ingente de productos que hasta ahora no tenían la
categoría de residuos y que es preciso gestionar adecuadamente. Como
ustedes conocen, en la Ley básica de residuos se considera la
valorización energética como opción preferente frente a la
eliminación por depósito en vertedero, por ello ha sido la opción
elegida por el Gobierno; es decir, las harinas cárnicas se utilizarán
como combustible en hornos de industrias cementeras, productos
cerámicos o centrales térmicas, lo cual no supondrá, señorías,
incidencia ambiental alguna. Y no sólo eso, sino que al disminuir la
utilización de combustibles fósiles disminuirá asimismo la emisión de
gases de efecto invernadero.
Para agilizar el proceso, el Consejo de Ministros de 16 de febrero de
2001 aprobó el Real Decreto 4/2001, sobre el régimen de intervención
administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de
origen animal procedentes de la transformación de despojos y
cadáveres de animales; real decreto que modifica la citada Ley de
residuos, tal como afirmó el ministro la pasada semana, introduciendo
una nueva disposición adicional en ella. Creo, señora diputada, que
lo que usted solicitaba con carácter de urgencia está por tanto
resuelto, y ello de acuerdo con las comunidades autónomas, que son
las que deben gestionar estos residuos.
El punto número 2 de la moción solicita que se ejecute con carácter
inmediato el programa nacional de eliminación contenido en el Plan
nacional de residuos urbanos. El Ministerio de Medio Ambiente, señora
diputada, está ya colaborando con las comunidades autónomas con
vistas al fin propuesto, y lo está haciendo desde una doble
perspectiva: por un lado en los procesos de presentación de proyectos
de eliminación de residuos al Fondo de Cohesión en el marco del Plan
nacional de residuos, y por otro financiando con cargo a los
presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente proyectos de clausura,
sellado y restauración ecológica de vertederos en municipios con
escasas posibilidades económicas.
En el punto número 3 se solicita aprobar en tres meses un nuevo Plan
de residuos peligrosos. El segundo Plan de residuos peligrosos está
siendo elaborado, señorías; pero, a diferencia del primer plan de la
época socialista, se está elaborando de acuerdo con las comunidades
autónomas, buscando la financiación adecuada y respetando la
legislación europea. Estos requisitos, en opinión del Grupo Popular,
son indispensables al elaborar un plan nacional. Es conveniente
recordar, señorías, que el hecho de no haber respetado la legislación
europea en la elaboración del primer Plan nacional de residuos
peligrosos de la época socialista dio lugar a una demanda jurídica
contra España por parte de la Comisión de la Unión Europea alegando
sus muchas imperfecciones técnicas y jurídicas. Asimismo, la falta de
acuerdo con las comunidades autónomas condicionó decisivamente su
escasa aplicación.
Finalmente, el punto número 4 de la moción solicita remitir en el
plazo de cuatro meses un proyecto de ley relativo al vertido de
residuos. Efectivamente, señorías, dentro de los plazos establecidos
en la directiva de vertido, el Ministerio de Medio Ambiente propondrá
un texto legal para trasponerla al derecho interno español. El
Gobierno ya tiene elaborado un borrador de esa trasposición, que hará
público próximamente para información de todos los sectores
implicados y previa consulta con las comunidades autónomas.
En este contexto, señorías, nuestro voto al texto de la moción será
negativo, como ya he anunciado, porque consideramos que lo que
solicita ya está hecho o se está elaborando sobre las tres premisas
fundamentales para el Grupo Popular: acuerdo con las comunidades
autónomas, financiación adecuada y respeto a la legislación
comunitaria.
Nada más y muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Señora Marón, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo
de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.
Sí, vamos a aceptar las dos enmiendas de adición que presenta
Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marón.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas de política general
en materia de residuos, con la incorporación de las enmiendas
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida y que han sido
aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
268; a favor, 100; en contra, 156; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda, en consecuencia, rechazada la moción de
referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LAS
RAZONES DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN GENERAL ANTE LA INMIGRACIÓN Y
EN PARTICULAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE 12 DE FEBRERO
DE 2000 TRAS LOS SUCESOS DEL PASADO AÑO EN EL EJIDO, ALMERÍA. (Número
de expediente 173/000043.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las razones
de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y en
particular por el incumplimiento de los acuerdos del 12 de febrero de
2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, a pesar de los
esfuerzos que hizo el señor ministro la semana pasada, a estas
alturas, en estos primeros meses del año, los efectos más sangrantes
de la incapacidad del Gobierno por dar respuesta a la realidad de la
inmigración quedan en evidencia. Las pateras en las costas andaluzas
o en las costas canarias, las repatriaciones a Ecuador, la
sobreexplotación y la marginalidad en el trabajo, las pésimas
condiciones de vida, en definitiva, dejan poca credibilidad a lo que
dijo aquí la semana pasada el señor ministro y a la propia actuación
del Gobierno.
Señorías, hoy en este Estado que presume de democrático malviven
personas de todas las edades que son perseguidas y que se esconden
por miedo a la expulsión o a la reclusión. Y hemos de recordar una
vez más, señorías, que nadie emigra por capricho, que millares de
seres humanos se ven obligados a dejar sus tierras, a dejar a su
familia, entre otras cosas por el saqueo a que sus pueblos están
siendo sometidos por las multinacionales, entre ellas alguna de
capital español; multinacionales, sistema económico que hunde en la
miseria a la mayoría del planeta.
Pero además también tenemos que denunciar que en el Estado español
los intereses de quienes ostentan el poder están fomentando en las
instituciones el racismo y la xenofobia, están fomentando una
situación cuya máxima expresión es la Ley de extranjería, y están
fomentando un rechazo social hacia los inmigrantes; se está
perpetuando una situación laboral de precariedad y
de semiesclavitud, se está perpetuando una situación que pretende
mantener una bolsa de inmigrantes fuera de la legalidad para
utilizarla como empleo precario, repito, a veces en condiciones casi
de esclavitud. Se pretende ocultar interesadamente que el colectivo
de inmigrantes vive y trabaja en los peores sectores de la
producción.
Señorías, a los inmigrantes que vienen a nuestras costas no se les
ven caras ni pintas de universitarios que vienen a quitar el puesto,
como decía la señora Muñoz, a nuestros médicos y a nuestros maestros;
precisamente se ve que vienen a desempeñar las peores labores que no
quieren desempeñar en este país otros trabajadores. Pero es que,
además, no tienen cobertura social y registran un mayor índice de
accidentes laborales.
En este momento, señorías, hay personas en huelga de hambre, y no por
capricho, así como personas encerradas y no para pasar un fin de
semana, sino que están en huelga de hambre y encerradas para reclamar
un derecho innato a la persona, porque la ley que ustedes han
aprobado y que se empeñan en mantener prohibe a las personas, a los
llamados sin papeles, los derechos fundamentales de reunión, de
asociación, de manifestación, de sindicación y de huelga, y la
huelga, señorías, es un derecho fundamental, a pesar de lo que se ha
dicho esta misma tarde desde esta tribuna. Se trata de una ley que
restringe la libre circulación y residencia de las personas y
establece un procedimiento de expulsión sin garantías, porque limita
derechos esenciales de la persona y mantiene centros de internamiento
que son verdaderas cárceles sin garantía. Repito una vez más, no se
garantizan los derechos que toda persona debe tener simplemente por
el hecho de ser persona.
La asamblea de las personas que están encerradas entiende que esta
vulneración -y así lo pensamos también en Izquierda Unida- afecta a
todos los seres humanos que creemos aún en la justicia y en la
solidaridad y que no podemos mirar hacia otro lado cuando se producen
situaciones de injusticia como las que se están dando en este país.
La exclusión de gente desempleada y la exclusión de pueblos
colonizados y saqueados es hoy el reflejo de la inmigración, y por
ello se hace desde todos los sitios -también lo hace Izquierda Unida
desde esta tribuna- un llamamiento a una solidaridad no caritativa,
una solidaridad de desafío activo a una ley injusta y que creemos no
es constitucional, un desafío que ha sido expresado por miles de
personas en las calles de Barcelona, de Madrid y de otros lugares de
este país y que seguirá siendo un desafío activo a una ley que
entendemos no es constitucional, un desafío activo a lo largo y ancho
de este país.
Por eso nos sumamos a la exigencia de que se regularice a todas las
personas que se encuentran en este momento en el Estado español,
porque otra cosa, señorías, y lo volvemos a repetir una vez más hoy,
sería vivir en la hipocresía; no legalizar a los que hoy viven en
este país es condenarlos a que tengan que hacerlo en
condiciones infrahumanas, a que sean ciudadanos de segunda o de
tercera categoría, porque ¿qué van a hacer, cómo van a trabajar, cómo
van a vivir, si no pueden tener un trabajo legal? O son explotados y
no pueden siquiera denunciar a sus patronos cuando cometen con ellos
una injusticia, o si denuncian esa injusticia se están denunciando a
ellos mismos. Y ustedes los quieren condenar a esa situación.
También hay que derogar la ley de extranjería, aquellos puntos que no
son constitucionales, pero ustedes tienen miedo. Están utilizando
todas las formas de presión posible para que esa ley no vaya al
Tribunal Constitucional, y les debería alegrar que fuese si tan
convencidos están de que no va contra la Constitución, puesto que el
Tribunal les daría la razón. No obstante, estamos convencidos de que
la fuerza de la razón se tiene que imponer y al final el Tribunal
Constitucional tendrá que dictaminar sobre esa ley.
Señorías, por mucho que ustedes se empeñen, ningún ser humano es
ilegal, y no puede tener más derechos el capital, para el que ustedes
defienden el derecho de libre circulación, que la persona. No se
puede uno explicar cómo se puede defender la libre circulación de
capitales y no la libre circulación de seres humanos.
En definitiva, señorías, no voy a repetir argumentos que ya se han
manifestado esta tarde aquí en un largo debate anterior, pero las
consecuencias sociales del capitalismo globalizado que a ustedes
tanto les entusiasma están en las pateras y en los muertos que
aparecen en las costas andaluzas. La tragedia de millones de personas
que deben abandonar su país para poder tener una vida digna es el
fracaso de ese sistema que a ustedes tanto les entusiasma, el fracaso
de un sistema que no solamente no ha resuelto los problemas de este
mundo, sino que cada vez los agrava más. Ya dije la semana pasada, y
lo repito hoy, que es una expresión directa de la forma de
capitalismo que utiliza actualmente para su expansión, que el
fenómeno de la inmigración no es ni más ni menos que esa
consecuencia.
La asamblea de personas que están encerradas en Vallecas, en Madrid,
considera que la ley vulnera gravemente los derechos de los
inmigrantes, y a esos a los que ustedes les quieren quitar la voz
Izquierda Unida se la da hoy desde esta tribuna, porque también deben
tener derecho de reunión, de asociación y de huelga.
Pero entendemos que esta vulneración afecta a todos los seres que en
este país consideramos que los derechos humanos son derechos
inalienables de la persona y que su defensa afecta a todos los
ciudadanos. Por eso, desde Izquierda Unida vamos a trabajar, porque
pensamos que no se puede negar a las juntas municipales y a los
ayuntamientos que empadronen a todos los extranjeros, al margen de su
situación legal en nuestro país. No entendemos que no se tramiten
todo tipo de prestaciones sociales, becas, ayudas a los extranjeros
inmigrantes, con independencia de su situación administrativa.
Creemos que no se puede aplicar una ley que es inconstitucional.
También consideramos que es éticamente necesario que las
asociaciones culturales, que las asociaciones de padres, que los
sindicatos afilien y asocien a todos los inmigrantes que lo soliciten
con independencia de que tengan o no residencia legal. Así lo hace y
así lo va a hacer Izquierda Unida, porque entendemos que no puede
haber en este país diferencia entre personas que tengan papeles y
personas que no los tengan para acceder a derechos básicos de la
persona.
Vamos a defender el derecho de manifestación y huelga de estos seres
humanos, pero también entendemos que hay que dar una respuesta
inmediata a lo que ocurrió en El Ejido hace ya un año y que todavía
hoy sigue coleando. Por eso, el primer punto que planteamos en
nuestra moción habla de impulsar el cumplimiento de los acuerdos del
12 de febrero del año pasado, tras los sucesos que se registraron en
El Ejido. Es una vergüenza que al día de hoy todavía no se hayan
cumplido estos acuerdos. Planteamos igualmente un plan coordinado
entre todas las administraciones, la comunidad autónoma, el
ayuntamiento y la Administración central, que haga efectivos esos
acuerdos adoptados aquel día. Realmente, es una verdadera vergüenza
que a estas alturas ni siquiera esos acuerdos, que eran de mínimos,
estén siendo cumplidos.
En segundo lugar, planteamos la apertura inmediata de un proceso que
regularice a los inmigrantes que están en estos momentos en nuestro
país, y que además se haga sin las deficiencias y sin las situaciones
que se vivieron en el proceso anterior. Por eso planteamos un nuevo
proceso de regularización, porque el anterior tuvo muchas
deficiencias y porque se han dado circunstancias en el mundo y en
España que hacen necesario un nuevo proceso de regularización. De
otra manera, repito, es condenarlos a la hipocresía, a que continúen
escondidas en torno a 100.000 personas que en estos momentos ya están
en nuestro país. Nadie se va a creer que van a salir en avión a
Ecuador, como han salido 50, y van a volver. Nadie se imagina
saliendo para Ruanda o para otros países de África en avión, con
billete de ida y vuelta. Ustedes saben que eso no es posible.
Por tanto, al margen del número que ustedes quieran organizar con
inmigrantes saliendo y retornando, creemos que solamente con un nuevo
proceso de regularización se pueden resolver los problemas de los que
ya están en nuestro país.
Con esta moción, lo que hemos pretendido es poner en evidencia que un
año después la situación en El Ejido todavía no es de normalidad y
que todavía no se cumplen los acuerdos que deberían obligar a todas
las administraciones. Asimismo, volvemos a resaltar una vez más esta
tarde que no es posible que el Gobierno de España presuma de vivir en
un Estado democrático y, sin embargo, no sea capaz de reconocer
derechos fundamentales como el derecho a la huelga, a la
manifestación, que son,, repito una vez más, derechos detodos los
seres humanos.
Termino, por tanto, pidiendo el voto favorable para esta moción,
porque entendemos que es la forma en estos momentos de que este
Parlamento recupere la coherencia con la defensa de los derechos
humanos, que es a lo que nos obliga nuestro juramento o promesa de la
Constitución.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Quiero empezar con un artículo que escribía Sair Nair,
europarlamentario francés, el pasado día 4 de febrero en «El País»,
en relación con los sucesos de El Ejido, y que titulaba: Un año
después de El Ejido ¿podía haberse evitado esa situación? Y se
respondía Sair Nair: Estoy convencido de que sí, siempre que la
inmigración no se convierta en un problema político. Y decía también
algo que nos debe motivar una reflexión: Porque una auténtica
política de inmigración no es ni de derechas ni de izquierdas, sino
que obedece ante todo a la justicia y al respeto de los derechos
imprescriptibles del ser humano.
En esa misma línea que escribía Nair Sair insistimos desde el Partido
Socialista, en el sentido de seguir buscando los acuerdos, los
consensos que sean necesarios, e igualmente que se aumente en lo
posible la coordinación entre las distintas administraciones, entre
los distintos gobiernos, aunque sean de diferente signo político,
y también entre las instituciones locales, entidades sindicales,
ciudadanas y otras ONG.
Anticipo que el Grupo Socialista votará favorablemente el punto
primero de la moción que hoy nos presenta Izquierda Unida, porque,
señorías, si todos coincidíamos el miércoles pasado, en el debate de
la interpelación urgente, en que los acontecimientos que se vivieron
en El Ejido son un ejemplo de lo que nunca más puede volver a pasar,
no allí, sino en ningún municipio de España, yo considero que hoy
también tenemos que estar todos conformes en que los acuerdos que se
suscribieron a los pocos días, el 12 de febrero del año 2000, no se
han desarrollado todavía muchos de ellos. Por tanto, nos debemos
plantear que aquellos acuerdos hay que cumplirlos en todos los
sentidos y todas las administraciones, para que nadie aliente y
favorezca en un futuro un nuevo brote, no ya en El Ejido, sino en
cualquier otro municipio de España. Y, además, con referencia a El
Ejido, concretamente, porque cualquiera que hable con los vecinos de
allí coincidirá en que la integración entre los marroquíes y los
españoles todavía es un sueño y que aún siguen abiertas las heridas.
Por consiguiente, nosotros tenemos que decir aquí hoy que el Gobierno
tiene que reconocer que, lo mismo que otras administraciones están
poniendo recursos, incluso más de lo que pueden, todavía tiene que
destinar mucho más recursos para evitar que sigan sin cumplirse esos
acuerdos. Y hablo de acuerdos que hacen referencia a realojamientos
urgentes, a actuaciones sociales, señor Hernando, para que esos
inmigrantes temporeros tengan ya albergues, a las indemnizaciones
a los colectivos, que usted sabe que allí se vieron afectados por el
cierre de sus negocios y sus locales y que todavía no han cobrado, a
la investigación por los hechos que acaecieron y que todavía muchos
de ellos no tienen respuesta ni diligencias, entre ellos la agresión
que sufrió el subdelegado del Gobierno el día de los hechos, que todo
el mundo, lamentablemente, pudimos ver en esas imágenes. (El señor
Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) No se ponga
usted nervioso, señor Hernando.
Y además, por qué no, la regularización. Yo podría aquí sacar la hoja
y decir qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, y tendría
todo el derecho del mundo no sólo por decirlo, sino porque el otro
día la señora Ángeles Amador ponía en duda esas cuestiones. Pero no
lo voy a hacer, porque no quiero entrar en un debate de
confrontación. Están ahí las aportaciones que se han hecho, pero son
también insuficientes. Por tanto, no me voy a escudar en el hecho de
que el Gobierno de la Junta de Andalucía está cumpliendo y el
Gobierno de la nación, el Gobierno de ustedes no lo está haciendo. No
me voy a escudar en eso porque he comenzado diciendo que no quiero
hacer de este tema un debate de mayor confrontación política y, por
consiguiente, no voy a recurrir a ello. Lo que sí le digo, señor
Hernando, es que es necesario que demos una señal positiva a la
sociedad andaluza de que estamos por cumplir nuestros acuerdos y
porque se acometan lo antes posible.
Entrando ya en el punto segundo de la moción, tengo que decir aquí
que también estamos en parte de acuerdo con lo que dice Izquierda
Unida. Pero como la dinámica de la votación hace que no se pueda
pedir votación separada, me veo obligado a retirar dicha enmienda.
No obstante, sí quiero decirle al portavoz de Izquierda Unida que
estamos de acuerdo en que se proceda, de manera inmediata, a un nuevo
proceso de regularización sin las deficiencias del anterior, que las
tiene, y que ha excluido a una parte muy importante de inmigrantes
que estaban trabajando aquí desde hace tiempo, con espectáculos como
los que estamos viviendo.
Sin embargo, quiero decir al Partido Popular -una vez aclarado lo
anterior al portavoz de Izquierda Unida- que no pueden seguir
utilizando la cantinela del efecto llamada, porque, señora Muñoz,
¿cómo se explica usted que, en lo que va de mes y con la Ley 8/2001,
hayan entrado más de 1.000 inmigrantes por las costas andaluzas? Ayer
mismo, en Tarifa, entraban en patera y de madrugada 200 inmigrantes.
Por tanto, queda al descubierto que aquel efecto llamada que ustedes
nos vendieron a todos los españoles como una cantinela, allá
donde iba, era eso, una campaña propagandística del Gobierno y del
Partido Popular contra dicha ley. Señorías, coincidirán conmigo en
que el único efecto llamada que hay es el bienestar de la sociedad
española en los últimos 20 años. Y también nuestra situación
geográfica. ¿O es que, señora Muñoz, cree usted que los inmigrantes
están en Marruecos escuchando, como ha dicho hace un rato aquí, las
propuestas que presenta el Partido Socialista para decir: ahora que
la portavoz del Grupo Socialista ha hecho una propuesta -como usted
ha calificado- poco sensata, me voy en patera para allá?
Mire usted, aquí fuimos inmigrantes, y pregúnteles a esos inmigrantes
por qué salieron de España. Porque tenían hambre. No hablo de los
inmigrantes por represión política. Y ése es el motivo que mueve a
estos señores a venir aquí. Por tanto, no venga a esta tribuna, como
ha hecho hoy, cometiendo -a mi entender- una insensatez, diciendo que
qué van a pensar de todo esto los dos millones de españoles que
tenemos en paro. ¿Qué quieren hacer, otro efecto llamada, ahora que
se demuestra que con la ley de ustedes ese efecto llamada era
mentira? Le pido por favor que, en este ambiente de propuestas de
consenso que queremos, no discurra usted por esa senda peligrosa,
porque lo único que favorece es irritar a esos jóvenes que están en
paro, pero que no quieren los trabajos agrícolas. ¿O es que usted no
se entera, por la propia CEOE, que hace propuestas porque necesita
contratar a esos temporeros?
No les invite usted a pensar, como hizo en el pasado, que hay un
efecto llamada de invasión. Sea sensata y séalo también su partido,
porque, de lo contrario, estaremos conduciendo a la sociedad española
a una situación en la que, cuando vea a un inmigrante, vea a un
permanente enemigo, y nosotros todavía tenemos muchos millones de
inmigrantes fuera de España.
Por tanto, le invito a la cordura cuando suba a esta tribuna y lance
mensajes como los de antes, que conducen a una situación como la que
se produjo en el pasado con el efecto llamada, muy peligrosa. Le dará
votos, pero conducirá a una sociedad muy difícil en la convivencia
con los inmigrantes.
Voy concluyendo diciéndoles que retiramos las tres enmiendas que
habíamos presentado, por la misma dificultad de que por la dinámica
de la votación no se puede votar separadamente y no queremos caer en
la contradicción.
Termino ya diciéndoles lo que dije al principio, que desde el Partido
Socialista les pedimos que reorienten el debate de la extranjería y
de la inmigración, porque hoy la sociedad española espera de nosotros
medidas, compromisos, acuerdos y pactos. Nosotros, desde el Partido
Socialista, los estamos proponiendo; nosotros, desde el Partido
Socialista, los estamos buscando, y nosotros, desde el Partido
Socialista, los vamos a seguir proponiendo y los vamos a seguir
buscando, por lealtad constitucional y por lealtad institucional, que
es la
que tienen muchos países democráticos de Europa en estos asuntos, y,
si no, infórmense ustedes. Y porque la naturaleza de esta cuestión,
de este fenómeno, nos obliga a buscar más puntos de encuentro que
discrepancias, y no echarnos las pelotas unos a otros.
Hemos hecho y vamos a seguir haciendo esos esfuerzos y vamos a seguir
exigiéndoles que ustedes, señores del Gobierno y del Partido Popular,
también cumplan con sus obligaciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta, con mucha
brevedad, después del debate, a raíz de las proposiciones no de ley
que se han planteado en el anterior punto del orden del día.
Dos cuestiones muy simples. En primer lugar, es evidente que los
acuerdos que llevaron a intuir algunas soluciones a la problemática
dramática de El Ejido después de esos lamentables incidentes tienen
que cumplirse. Anosotros nos gustaría que el conjunto de
administraciones implicadas en esa cuestión los cumpliesen. En este
sentido, cualquier posición en esta línea va a encontrar nuestra
complicidad.
En cuanto al segundo punto de esa moción, nos remitimos al debate
planteado anteriormente. Nos parece que no es cuestión de abrir un
nuevo proceso extraordinario de regularización sino de aprovechar los
mecanismos previstos en la ley, en la línea de lo que han defendido
el Defensor del Pueblo, el Sindic de Greuges y el diálogo abierto en
Cataluña en relación a la situación vivida en el Vich.
Quiero reiterar simplemente que creemos que, si no somos capaces de
recuperar la confianza social y política en relación al fenómeno de
la inmigración, seguramente debates que van a ser estériles se van a
prolongar en esta Cámara. Nuestro grupo procurará no contribuir en
ningún sentido a los mismos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Intentaré ser breve, porque la moción es prácticamente una réplica de
la proposición no de ley que hemos debatido hoy. Respecto al punto 2,
ya hemos establecido nuestros criterios a la hora de hablar de un
nuevo proceso de regularización. En cuanto a que, dentro del régimen
general, no se tengan en cuenta los criterios del Inem o esos cupos a
los que quieren dar una
exención de visado, a nuestro juicio vuelven a ser, lo reiteramos,
unos procesos de regularización encubierta. Nosotros pretendemos una
política totalmente diferente. Yo creo que ha quedado clara en la
intervención anterior, y no voy a debatir este punto más en
profundidad, porque ya se ha hecho anteriormente. A juicio del
Gobierno, hacer ese tipo de política no es lo mejor para nuestro
país. Por tanto, independientemente de que esperamos que puedan hacer
muchas más aportaciones a lo largo de toda la legislatura, espero que
las hagan en otro sentido y que no sigan insistiendo en éste, pues
creemos que no es una buena política laboral ni para los inmigrantes
ni para los españoles.
En cuanto al punto número 1, usted habla de impulsar esos acuerdos
que se adoptaron el día 12 de febrero. Yo sí he hecho una
recopilación y tengo datos, porque creo que cuando se sube a la
tribuna es importante hablar de datos. Tengo datos sobre lo que ha
hecho e impulsado el Gobierno. No me he enterado muy bien de lo que
quería decir el señor De la Encina cuando decía que él tenía los
datos de la Junta de Andalucía, porque dice que los tiene pero no los
presenta. Yo sí tengo datos sobre lo que ha hecho el Gobierno de
España.
Cuando se hicieron esos acuerdos entre las ONG, entre las
administraciones autonómicas y la central, asociaciones
empresariales, sindicatos e inmigrantes, se estableció como punto
prioritario alojar a los que habían quedado sin vivienda en esos
momentos, indemnizar a aquellos que sufrieron daños producidos por
aquellos incidentes, hacer un proceso de regularización, que se
comenzaba por aquel entonces, crear centros de información y
proporcionar las condiciones necesarias que garantizaran la seguridad
y la convivencia pacífica en la zona.
Tengo que decir aquí que la Dirección General de Protección Civil
procedió a la instalación de esos 42 módulos para dar una capacidad
de realojo a 336 personas. Esto se concluyó el 8 de marzo, fecha muy
próxima a cuando tuvieron lugar esos incidentes. Estamos hablando de
un mes, lo que nos parece actuar con celeridad, que era lo que se
pretendía en esos momentos. Es más, se llevaron a cabo todos los
centros de información. Esos más de 16 millones que invirtió el
Gobierno para que hubiera centros de información en esa zona para
poder presentar la documentación en el proceso de regularización
reflejaron el firme compromiso que hubo. Hubo un compromiso muy
importante, con una dotación, dentro del Fondo de emergencia del
Ministerio de Trabajo, de 300 millones de pesetas, destinados a ONG
como Cruz Roja, Atime, Mujeres Progresistas y Almería Acoge, para
hacer una labor de mediación local y, sobre todo, para programas de
sensibilización. Se hizo un convenio con la Junta de Andalucía por el
cual se destinaron 450 millones de pesetas para que fueran las dos
administraciones las que llevaran a cabo las actuaciones dedicadas a
aquella zona. Y le tengo que decir que, desgraciadamente, ese
decretovivienda, que tenía que haber aprobado la Junta de Andalucía
con la misma celeridad con que actuó el
Gobierno, no ha visto la luz hasta hace tres semanas, yo creo que
porque tenían un debate en ciernes en el que les iban a poner en
evidencia al decirles cuáles habían sido sus grandes carencias en
esta cuestión.
Tratándose de algo tan importante y tan sensible como es el tema de
El Ejido, antes, el señor Alcaraz, desde esta tribuna, ha hablado de
lo que había sido la actitud del alcalde de El Ejido y yo quiero
decir aquí, muy alto y muy claro, que en ningún caso ha habido una
actuación electoralista y que es incierto -como usted aquí decía- que
lo que este alcalde quería es que desaparecieran los inmigrantes y
tenerlos solamente para trabajar. Tener esas posturas inflexibles,
tener esas posturas preconcebidas y crear esos estereotipos es lo que
ha llevado a que hayamos vivido en Andalucía, en la última semana,
ese episodio tan bochornoso. Yo creo que precisamente por haber sido
tres diputados andaluces los que hemos estado viniendo a defender
este tema, somos conscientes de lo que ha supuesto esa actitud por
parte de unos partidos políticos que sí que han querido sacar rédito
electoral y sí que han querido utilizar el tema de la inmigración
como arma arrojadiza contra un diputado que ha sido bochornosamente
linchado a nivel mediático simplemente por ser un diputado del
Partido Popular, al cual se le atribuyó una frase xenófoba que en
ningún caso, como después se comprobó, pronunció. (Aplausos.) Y eso
viene -hay que decirlo aquí y creo que además honra a esta Cámara
que, cuando hay ese tipo de actitudes, al ser un diputado se
reconozca y se le presenten disculpas públicamente- por el intento,
sobre todo por parte de algunos grupos, de poner un epígrafe en cada
una de las actitudes que ustedes tienen preconcebidas. Quienes
equiparan -y no voy a volver a entrar en el tema vivido en Andalucía,
pero sí quiero dejarlo aquí bien claro- conductas xenófobas con el PP
tienen los pasos muy cortos porque al final se demuestra, y se
demuestra con hechos, que no es así. Con lo cual, señor Alcaraz, lo
que usted ha dicho aquí hoy del alcalde de El Ejido es profundamente
deshonesto, además de ser incierto. Estoy con ustedes en que
situaciones como las de Almería nunca se deberían de producir, y
esperemos que nunca más se repitan; pero, señor De la Encina, no me
diga usted aquí que ese efecto llamada es una cantinela del Partido
Popular, porque ha existido y usted lo tiene bien claro. Simplemente,
pregúnteles a muchas de las personas que vienen aquí si no piensan
que España es un país fácil para poder regularizar su situación. Vaya
a esos sitios en los que usted dice que ya ha estado y pregúnteselo a
los inmigrantes; si usted ha ido, sabrá que eso es exactamente lo que
ellos piensan.
Además, le digo una cosa: No actúen de manera tan irresponsable. Yo
ya sé la línea editorial que a usted le gusta porque el otro día,
cuando subió a esta tribuna, lo primero que citó fue un artículo de
Rosa Montero y hoy nos vuelve a hacer otra vez una introducción del
mismo periódico, esta vez con un editorial. Sé que usted tiende a ir
por ahí, pero es que esa no es la postura, es que no
se puede ser tan partidista ni tener una proyección de miras tan
corta. Si usted quiere hablar de verdad de pacto, como ha dicho al
final de su intervención -que no sé si será verdad o no-; si usted de
verdad quiere hablar de diálogo; si ustedes de verdad, ahora,
recapacitan, reflexionan y se dan cuenta de que la inmigración no
puede ser utilizada como un arma arrojadiza en contra del Gobierno,
porque al final se vuelve en su contra, y tienen muchas voces
discrepantes dentro de su propio partido que cuestionan su actitud en
el tema de la inmigración; si se dan cuenta que después, dentro de su
propio partido presionan, por utilización de arma política, única y
exclusivamente, para tomar decisiones en un tema tan fundamental como
es la inmigración, y cada uno, según la comunidad autónoma, adopta
una postura diferente; si ustedes de verdad piensan que pueden callar
todas esas voces; si ustedes de verdad piensan que pueden -como decía
el señor Rodríguez Zapatero- dejar esos temas para más adelante,
cuando haya una batalla electoral; si ustedes de verdad quieren
reflexionar sobre el tema de la inmigración, nos van a encontrar ahí
seguro, porque ya se lo hemos ofrecido muchísimas veces. Nosotros no
damos el pacto de los siete puntos, ni decimos aquí tenemos un papel,
nosotros se lo decimos y además se lo demostramos con el diálogo
permanentemente. ¿Que ustedes lo rechazan o lo quieren recoger y
hacerse la foto con el pacto? Bienvenido sea. Si ustedes quieren
tener una foto con los siete puntos, bienvenido sea, siempre que de
verdad adopten una postura coherente en materia de inmigración, que
-siento decírselo, señor de la Encina- hasta ahora no han tenido.
Espero que a partir de ahora las propuestas vayan en positivo y
espero que a partir de ahora el tono de intervenciones como las que
usted ha tenido aquí sea de otra manera, porque hablar de coherencia
o decir que nuestra postura es incoherente, con lo que ustedes están
haciendo en materia de inmigración, la verdad es que se nos hace un
poco cuesta arriba. En cualquier caso, le reiteramos nuestra actitud
de posibilitar esa firma y la consecución de acuerdos.
También quiero decir al Grupo de Izquierda Unida que, tal como
exponíamos en la intervención anterior, no apoyamos esta moción,
aunque estamos seguros de que a lo largo de esta legislatura podremos
tener puntos de encuentro que nos hagan avanzar en un tema tan vital
para nosotros como la inmigración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (El señor De la
Encina Ortega pide la palabra.)
Sí, señor de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señora presidenta, deseo pedir votación
separada del punto 1 y del punto 2.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Encina.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Pausa.)
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre las razones de la actuación del
Gobierno, en general, ante la inmigración, y en particular, por el
incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de 2000 tras los
sucesos del pasado año en El Ejido. De acuerdo con la petición de
votación separada formulada por el Grupo Socialista, se somete, en
primer término, a votación el punto 1 del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
239; a favor, 83; en contra, 149; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a continuación a votación el punto 2 con los tres apartados
que comprende el texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
239; a favor, seis; en contra, 155; abstenciones, 78.
La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia rechazado el punto de
referencia.
Se suspende la sesión que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las once y diez minutos de la noche.