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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 60, de 14/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 60
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 56
celebrada el miércoles, 14 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 2860)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política
general en materia de residuos. (Número de expediente 172/000059.) .
. . (Página 2884)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha
para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la
ciudadanía de Teruel, de manera masiva, el día 29 de noviembre de
2000. (Número de expediente 172/000060.) . . . (Página 2894)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
razones de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y
en particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero
de 2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido (Almería).
(Número de expediente 172/000062.) . . . (Página 2905)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 2860)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para responder a
las demandas de los empleados públicos y facilitar la negociación
colectiva en la Administración Pública? (Número de expediente 180/
000441.) . . . (Página 2860)
Del Diputado don Rafael Cámara Rodríguez- Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las razones que van a llevar al Gobierno a la aprobación
de un Proyecto de Ley General Tributaria? (Número de expediente 180/
000462.) . . . (Página 2862)
Del Diputado don Josu Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Administraciones Públicas: ¿Considera usted positivo que
las Administraciones Públicas promuevan la defensa y protección de su
patrimonio cultural? (Número de expediente 180/000452.) . . .
(Página 2862)
De la Diputada doña Alicia Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
repercusiones que tendría para España la reciente decisión de la
UNESCO de declarar determinados bienes del territorio español como
Patrimonio de la Humanidad? (Número de expediente 180/000464.) . . .
(Página 2863)
De la Diputada doña Antonia Febrer Santandreu, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actividades va a emprender el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para la conmemoración del centenario del nacimiento del
Maestro Rodrigo? (Número de expediente 180/000465.) . . .(Página 2864)
Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el
Gobierno remitir al Parlamento un Proyecto de Ley de retribuciones de
los Jueces y Magistrados prevista en el art. 403 de la Ley Orgánica
6/1985 del Poder Judicial? (Número de expediente 180/000440.) . . .
(Página 2865)
Del Diputado don Ismael Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones acerca del comienzo de las obras del nuevo edificio del
juzgado de Fuenlabrada? (Número de expediente 180/000466.) . . .
(Página 2866)
Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la
evolución de la siniestralidad laboral en el último año? (Número de
expediente 180/000456.) . . . (Página 2867)
Del Diputado don Carlos Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Gobierno: ¿Cuáles son, a día de hoy, los resultados
prácticos del Plan de adquisición de bovinos de más de 30 meses,
aprobado por la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 2000? (Número
de expediente 180/000442.) . . . (Página 2868)
De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación:
¿Considera suficiente el Gobierno las ayudas a los
ganaderos y sectores productivos afectados por el mal «de las vacas
locas»? (Número de expediente 180/000444.) . . . (Página 2869)
Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la
financiación de la retirada de materiales de riesgo y cadáveres de
animales afectados por el mal «de las vacas locas»? (Número de
expediente 180/000445.) . . . (Página 2870)
Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuales son las razones del
desmesurado incremento de puestos de trabajo en los niveles más altos
de la Administración del Estado en el año 2000? (Número de expediente
180/000469.) . . . (Página 2871)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el
Gobierno iniciar las transferencias de funciones y servicios del
INSALUD a las Comunidades Autónomas que todavía no han recibido este
traspaso? (Número de expediente 180/000458.) . . . (Página 2872)
De la Diputada doña Matilde Valentín Navarro, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Puede asegurar la Ministra de
Sanidad y Consumo que ha tomado todas las medidas para evitar el
riesgo de la transmisión a seres humanos del mal «de las vacas
locas»? (Número de expediente 180/000446.) . . . (Página 2873)
De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y
Consumo: ¿Garantiza la Ministra de Sanidad y Consumo la seguridad
alimentaria de los españoles? (Número de expediente 180/000447.) . . .
(Página 2875)
Del Diputado don Jordi Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Cuándo prevé el Gobierno aprobar el Real
Decreto por el que se regula la venta y utilización de aparatos de
bronceado mediante rayos ultravioletas? (Número de expediente 180/
000453.) . . . (Página 2876)
Del Diputado don Carlos Revuelta Méndez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas se
están abordando desde el Ministerio de Sanidad y Consumo respecto
a la promoción de la salud, en particular a la educación para la
salud? (Número de expediente 180/000457.) . . . (Página 2877)
De la Diputada doña Marisa Arrúe Bergareche, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué novedades
recogen las recientes convocatorias del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en especial por lo que se refiere al personal
investigador en formación? (Número de expediente 180/000463.) . . .
(Página 2878)
Del Diputado don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Medio Ambiente: ¿Por qué el Gobierno no ha llevado a cabo
las obras de encauzamiento de los arroyos que hubieran evitado las
recientes inundaciones de las ciudades de Mérida y Badajoz? (Número
de expediente 180/000448.) . . . (Página 2879)
De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento:
¿Condiciona el Gobierno la continuidad de los proyectos pendientes en
Galicia a que siga gobernando el Partido Popular en la Comunidad
Autónoma Gallega? (Número de expediente 180/000449.) . . .
(Página 2880)
De la Diputada doña María Amparo Ferrando Sendra, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
planes contempla el Gobierno para dotar al correo público del mismo
nivel tecnológico que los países de la Unión Europea? (Número de
expediente 180/000459.) . . . (Página 2881)
Del Diputado don Antonio Merino Santamaría, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición
española respecto a la iniciativa comunitaria para el establecimiento
del «cielo único europeo»? (Número de expediente 180/000460.) . . .
(Página 2882)
Del Diputado don Héctor Esteve Ferrer, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué está haciendo
el Gobierno para que la Base Aérea Militar de Los Llanos pueda ser
utilizada por el transporte civil? (Número de expediente 180/000461.)
. . . (Página 2882)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 2884)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general
en materia de residuos . . . (Página 2884)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Morlán Gracia. Considera que es el momento
adecuado para hablar de la gestión de los residuos y, aunque son
conscientes del reparto competencial que existe con las comunidades
autónomas en materia de residuos, en esta interpelación
no se habla de lo que pueden o deben hacer otras instituciones
sino de la capacidad de gestión y de iniciativa política que tiene el
propio Ministerio de Medio Ambiente y de qué es lo que está haciendo
en el desarrollo de la política de residuos en España, en especial en
estos momentos en que está sobre la mesa la crisis de la
encefalopatía espongiforme bovina. A continuación repasa la
legislación existente en la materia y se refiere a la Ley de residuos
de 1998, que incorporaba la directiva comunitaria 91/156 de las
Comunidades Europeas. Su Grupo entiende que esta ley todavía no tiene
desarrollo reglamentario y no se han dictado normas específicas para
determinados tipos de residuos. Dicha ley recogía la necesidad de
elaborar distintos planes nacionales de residuos y hasta ahora sólo
se ha aprobado el Plan nacional de residuos urbanos, del que quedan
excluidos los residuos peligrosos. Pregunta qué ha pasado con toda la
serie de planes que figuraban en la ley, pero que no se han
desarrollado, y que tan beneficiosos hubieran sido en la crisis de
las vacas locas, problema en el que se centra la interpelación.
Considera que el Ministerio de Medio Ambiente tiene mucho que hacer
en el tema y pregunta si el señor ministro está de acuerdo con la
incineración o el enterramiento y cuáles son las condiciones de
eliminación de estos residuos.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Medio Ambiente
(Matas i Palou). Considera que la labor de planificación y
legislación que se ha desarrollado conjuntamente con las comunidades
autónomas en materia de residuos en España ha sido muy importante, no
sólo en los nueve o diez meses que lleva este Gobierno sino también
en la legislatura anterior. Este es un hecho objetivo que reconocen
todas las comunidades autónomas y las autoridades de la Unión
Europea. También se refiere a la Ley de residuos de 1998 y al Plan
nacional de residuos urbanos que fue aprobado en la conferencia
sectorial con el consentimiento de las comunidades autónomas, aunque
no se trajo a las Cámaras por no estar operativas. Explica a
continuación la serie de normativas que se han desarrollado desde el
Ministerio a partir de ese Plan nacional de residuos y el reparto de
competencias con las comunidades autónomas. El Ministerio de Medio
Ambiente es competente sólo en legislación básica estatal y las
competencias exclusivas e incluso el desarrollo de la competencia
legislativa son potestad de las comunidades autónomas. Se refiere en
concreto a la planificación y admite que los planes sometidos a
exposición pública llevan cierto retraso, comprometiéndose
a aprobarlos en cuanto se hayan cumplido los períodos preceptivos, pero
añade que los planes de residuos en los mataderos que ya estaban
elaborados hay que ponerlos de acuerdo con las directivascomunitarias
que se están negociando todavía.
Considera que se aprovecha la interpelación para poder preguntar al
ministro de Medio Ambiente sobre lo que se ha hecho en relación con
la enfermedad de las vacas locas, y recuerda que la Ley de residuos
establece una clasificación de residuos de la queexceptuando los
urbanos y los especiales, todos los demás son competencia de
desarrollo de ordenamiento sectorial y sólo en el caso de que no
exista ese ordenamiento sectorial es cuando entra en vigor de forma
complementaria la normativa medioambiental, por un principio básico
en medio ambiente que es que el productor del residuo es el
responsable del residuo. Por lo tanto, aclara, la normativa del
residuo tiene que ser sectorial y por eso el decreto del mes de
noviembre es del Ministerio de Agricultura. La responsabilidad del
Ministerio de Medio Ambiente es garantizar que las medidas que se
toman desde los ministerios sectoriales, y en cualquier caso desde el
Gobierno del que forma parte, se tomen con toda las garantías
medioambientales posibles, y eso es lo que se ha hecho. Continúa
explicando todo el proceso seguido en la eliminación de los residuos
de las vacas locas y reconoce que a falta de instalaciones
incineradoras, habrá que encontrar soluciones temporales como la de
las cementeras, las térmicas o las ladrilleras, garantizando que la
eliminación se haga siempre respetando el medio ambiente y la salud
de los ciudadanos.
Replica el señor Morlán Gracia, duplicando el señor ministro de Medio
Ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el
señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas a poner en marcha
para dar una respuesta justa a las demandas reclamadas por la
ciudadanía de Teruel, de manera masiva, el día 29 de noviembre de
2000 . . . (Página 2894)
Presenta la interpelación el señor Labordeta Subías, del Grupo
Parlamentario Mixto. Llama la atención sobre una provincia bastante
desconocida como es Teruel y para la que pide más atención
presupuestaria. Explica que Teruel se divide en dos terueles: el bajo
Aragón, muy conectado con Zaragoza y con unas posibilidades
económicas importantes, y las sierras de Teruel, Albarracín, Gúdar,
el Maestrazgo, tierras mucho más difíciles, desoladas y solitarias.
Recuerda la jornada reivindicativa que vivió Teruel
el 29 de noviembre pasado, cuando secundó masivamente una huelga
general convocada por la coordinadora ciudadana 'Teruel existe' y por
las organizaciones sindicales y agrarias de la provincia, reclamando
unas inversiones que permitan dar un giro de 180 grados a su
situación de abandono. Critica el desarrollismo franquista de los
años 60 y 70 y el colonialismo interior llevado a cabo por el Estado
en aquella provincia. Da una serie de datos sobre la situación actual
de Teruel en todos los órdenes de la vida y se queja de la poca
atención prestada por el Estado, preguntando sobre las medidas piensa
adoptar el Gobierno para poner en marcha esta provincia y la España
interior que agoniza.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento
(Álvarez-Cascos Fernández). Asegura que todo el panorama desolador
que ha expuesto el interpelante en relación con Teruel y que se ha
descubierto por la plataforma 'Teruel existe' en el año 1999 ya había
sido abordado por el Gobierno del Partido Popular en el año 1996. Por
lo que llevan cinco años de ventaja, no haciendo de cigarras cantando
las tristezas de Teruel, sino de hormigas trabajando desde el
Gobierno de Aragón, cundo era del Partido Popular, y desde el
Gobierno de España para paliar y resolver todos los déficits
señalados por el interpelante. Expone una serie de datos documentados
sobre las inversiones llevadas a cabo en Teruel en el ámbito de las
infraestructuras, de la minería, becas, incentivos empresariales,
etcétera, y se pregunta por qué se ponen en marcha plataformas
reivindicativas precisamente ahora, cuando se está dando respuesta a
todas las necesidades, llegando a la conclusión de que es para poder
decir que se hicieron todas las inversiones gracias a su lucha,
cuando en realidad es gracias al Gobierno de José María Aznar, que
empezó a trabajar en el año 1996 para dotar a Teruel de las
infraestructuras viarias y ferroviarias que necesita para no quedar
descolgado y ser una bolsa aislada del conjunto del territorio
español. Aconseja al señor Labordeta que se estudie los Presupuestos
Generales del Estado dividiendo el presupuesto de inversiones del
Estado por el número de habitantes en cada provincia y se encontrará
con que siendo la media de inversión en España de 53.000 pesetas por
habitante, este Gobierno, sin contar el capítulo 7, ha asignado en el
año 2001 a Teruel 105.600 pesetas por habitante. La diferencia entre
los dos discursos la centra en que unos tienen que esperar a las
manifestaciones para que se movilicen los gobiernos y otros, mucho
antes de que se movilice cualquier manifestante han puesto en marcha
las autovías, la alta velocidad, los fondos mineros, los fondos de
Economía y el Plan hidrológico, para hacer que Teruel recupere el
puesto que debe tener en el conjunto del Estado español.
Replica el señor Labordeta Subías, duplicando el señor ministro de
Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y los
señores Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones
de la actuación del Gobierno en general ante la inmigración y en
particular por el incumplimiento de los acuerdos de 12 de febrero de
2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido (Almería) . . .
(Página 2905)
Presenta la interpelación el señor Centella Gómez, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Recuerda en primer
lugar unas manifestaciones del presidente del Gobierno, refiriéndose
a una traslado irregular de inmigrantes desde el aeropuerto de Málaga
a diversos países africanos, en las que decía que existía un problema
y que ese problema se había resuelto con la expulsión de los
emigrantes, para asegurar a continuación que esa es la filosofía que
sigue aplicando el Gobierno respecto a la inmigración. Tras hacer una
dramática e irreal exposición de la situación de los inmigrantes,
asegura que la evolución, tras la aplicación de la ley ha puesto en
evidencia las políticas del Gobierno al iniciar la contrarreforma
legislativa, la ineficacia en los recursos y las graves deficiencias
e irregularidades en que incurre. Cree que el Gobierno está
gobernando en función de unos intereses muy concretos, que son los de
aquellos que quieren mantener a la inmigración como una mano de obra
barata, y por eso su grupo le pide cuentas y presenta esta
interpelación. No se puede justificar la ley con la necesidad de
controlar u ordenar los flujos migratorios, porque los flujos
migratorios no se controlan así, sino que habría que hablar de la
condonación de la deuda externa o de las medidas que habría que
adoptar para evitar que una gran parte de la humanidad huya de sus
países porque no puede vivir en ellos. Considera que hay que abrir un
nuevo proceso de regularización con transparencia y buena voluntad y
comprometerse con medidas concretas en el cumplimiento de los
acuerdos de El Ejido, porque de lo contrario el Gobierno se
convertiría en cómplice de las mafias.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior
(Mayor Oreja). Manifiesta que también él está en total desacuerdo con
la política de
inmigración que ha descrito el interpelante, pero asegura que esa no
es la política del Gobierno y afirma que la política de inmigración
en España no puede ser abordada ni valorada de forma individualizada
sin hacer un enjuiciamiento simultáneo de los criterios políticos que
determinan los esfuerzos de la Unión Europea para afrontar la
inmigración. Se refiere al Tratado de Amsterdam y explica que el
Gobierno ha emprendido el camino de fomentar el hábito de la
inmigración regular con un plan ambicioso, aunque reconoce que la
inmigración irregular siempre existirá. Expone los criterios seguidos
en el plan de regularización y se centra en los sucesos de El Ejido y
en los supuestos incumplimientos. Termina diciendo que todos los
responsables políticos europeos, en materia de inmigración , tratan
de buscar el equilibrio, lo razonable, lo prudente, el sentido común,
al margen de cualquier ideología, y lo que el Gobierno del Partido
Popular viene a decir con esta ley y con la política que lleva a cabo
es que no les debe guiar el miedo, pero sí la prudencia; que no les
debe atraer la radicalidad, sino la búsqueda permanente de un
equilibrio y, el Gobierno, en la elección y en la definición de esa
actitud, tiene un gran reto en materia de inmigración.
Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor ministro del
Interior.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); De
la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se levanta la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSAADOPTAR EL GOBIERNO PARA RESPONDER A LAS
DEMANDAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y FACILITAR LANEGOCIACIÓN
COLECTIVA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA? (Número de expediente 180/
000441.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar, pregunta
dirigida al vicepresidente primero del Gobierno, que formula el
diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rajoy, ¿cómo piensa responder el
Gobierno a las demandas de los trabajadores públicos y a su deseo de
negociación colectiva?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno continuará en la misma línea que ha mantenido hasta el
presente, cuando hay abiertas tres mesas de negociación con las
organizaciones sindicales y ocho comisiones de negociación sobre las
condiciones laborales de los funcionarios y del personal laboral.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rajoy, tiene usted respuestas de mal
pagador. Los trabajadores públicos están demandando, primero, que se
les pague y, segundo, que se negocie con ellos. Por lo tanto, hay que
pagar, señor Rajoy, hay que pagar y dialogar. Cuando usted, para los
presupuestos de 1997, dijo: Congelación, y no hay nada que hablar, no
sólo se ponía contra el diálogo un gobierno centrista, recuerde, que
dialogaba, sino que caía usted en la ilegalidad -léase el artículo 35
de la Ley 7/1990- e incluso ahora, cuando les tocaba a los
trabajadores cobrar y a ustedes pagar, ahora, porque eran los
trabajadores, no querían pagar y el señor Montoro, el señor Aznar y
usted mismo sacaban todos los caballos del miedo a la palestra: que
si va a haber inestabilidad, que esta vez pagamos todos, no
fundamentalmente el Gobierno, e incluso se ha hablado de un impuesto.
Es decir, se trataba de enfrentar al pueblo con los trabajadores
públicos y con la irresponsabilidad de ciertos jueces. Ese ha sido
fundamentalmente el intento. Por cierto, que no siempre han esgrimido
ustedes estas razones: las eléctricas han cobrado ya 400.000
millones, señor Rajoy. ¿Quién ha pagado, el señor Aznar o el pueblo?
En 1999 pagaron ustedes 64.000 millones a los concesionarios de
autopistas. ¿Quién pagó, el señor Aznar o el pueblo? Pero todavía
más, señor Rajoy. Ustedes han subido a los secretarios de Estado el
30 por ciento respecto a su salario en un momento de congelación
para los trabajadores públicos. Señor Rajoy, ¿quién pagó aquí
también, el señor Aznar o el pueblo?
Si ustedes siguen así, verán pronto a las puertas de la Moncloa al
hombre del frac instalando una tienda de campaña.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Yo no sé a quién veremos a las puertas de
la Moncloa, pero me temo que usted está bastante lejos, y con
intervenciones como la del día de hoy se aleja más todavía. (Risas.-
Rumores.) Nunca se sabe, es cierto.
Si algún Gobierno ha acreditado su capacidad de negociación con las
organizaciones sindicales, ese es el nuestro. Sólo en el ámbito de la
Función pública y desde 1996, ya que usted se remonta a aquella
época, ha habido 19 acuerdos en el ámbito de la mesa general de
negociación, 21 acuerdos dentro de la mesa de la comisión negociadora
del convenio único y 37 en las mesas sectoriales, de los cuales 23
corresponden a sanidad, tres a justicia, tres a educación y ocho a
correos y telégrafos.
En estos momentos, como le he dicho antes, tenemos varias mesas
abiertas con las organizaciones sindicales. Creo que la
predisposición del Gobierno al diálogo con los sindicatos y con los
empresarios ha quedado suficientemente acreditada en la última
legislatura y aun hoy se están produciendo negociaciones sobre temas
importantes, como usted muy bien conoce.
Es verdad que el Gobierno ha dicho que no va a pagar la sentencia a
la que usted ha hecho referencia porque, como usted sabe -y estoy
absolutamente convencido de ello-, no se trata de una sentencia
firme. Entiendo perfectamente que usted tenga que apuntarse a lo que
se apunta, aunque, en el fondo, es usted tan consciente como yo de
que es una sentencia al menos discutible y de que el Gobierno tenía
al menos el derecho -y además la obligación- de recurrir y lo ha
hecho. Entre otras cosas, no parece muy serio que el Gobierno pague,
estando todavía pendiente de resolver el recurso, en contra de lo que
dice la Ley de presupuestos del año 1997 que fue aprobada
mayoritariamente por esta Cámara.
Señor Alcaraz, ni nos enfrentamos a los empleados públicos, como ha
quedado demostrado, ni tampoco a los jueces. Buena prueba de que no
nos enfrentamos a los jueces es que hemos recurrido al Poder Judicial
en contra de una sentencia que considerábamos lesiva para los
intereses generales. Pero esto como cualquier ciudadano, como
cualquier persona que tiene perfecto derecho de recurrir y lo hace
cuando cree que es su
derecho; en este caso, no es el nuestro sino los intereses generales
de los españoles que han sido lesionados.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE VAN A LLEVAR AL GOBIERNO A LAAPROBACIÓN
DE UN PROYECTO DE LEY GENERAL TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/
000462.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Hacienda, que formula el diputado Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, como toda la Cámara sabe, la Ley General
Tributaria constituye el pilar básico del ordenamiento tributario
español ya que en ella se regulan aspectos fundamentales de éste,
como son: los principios generales del ordenamiento tributario, las
clases de tributos, los aspectos fundamentales de éstos, el régimen
de infracciones y sanciones tributarias y, en definitiva, los
aspectos más importantes de los procedimientos tributarios de
gestión, recaudación, inspección y revisión en vía administrativa.
Sin embargo, la Ley General Tributaria se aprobó en el año 1963 y, si
bien ha sido objeto de diversas modificaciones de las que la más
importante fue la del año 1995 y algunas de las introducidas con
ocasión de los debates de la Ley de presupuestos de cada año, parece
razonable afrontar una revisión en profundidad de tan importante
materia legislativa. Mas aún cuando el Gobierno del Partido Popular,
en cumplimiento del compromiso establecido en su programa electoral,
ha acreditado con éxito yo creo que incontrastable una notable
capacidad para introducir mejoras para los contribuyentes españoles
que hoy son una realidad en manos de todos.
Por eso, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son las razones que van a llevar al Gobierno a la aprobación de un
proyecto de ley general tributaria?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, como muy bien planteaba S.S., la vigente Ley General
Tributaria data del año 1963, lo que hace necesaria su actualización
y puesta al día en el sentido de incluir
nuevos conceptos fiscales e instituciones que actualmente no se
contemplan en el texto de la ley, incorporando de una manera más
decidida lo que aporta el tratamiento de la nueva tecnología a todo
lo relacionado con el ámbito tributario. Entre otras cuestiones se
crearán nuevas figuras que sustituyan el conflicto fiscal por la
conciliación y se articularán mecanismos para acabar con el fraude de
ley.
Las razones fundamentales para llevar adelante este nuevo proyecto de
ley general tributaria serían, en resumen, incorporar a sus preceptos
los principios del texto constitucional, así como las nuevas figuras
surgidas del proceso de reforma tributaria, citando, como he dicho
antes, la utilización de los medios telemáticos en las relaciones
cada vez más fluidas entre la Administración y los obligados
tributarios.
En segundo lugar, reflejar el cambio que ha supuesto para las
relaciones entre la Administración y los ciudadanos la aprobación de
la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los
contribuyentes, tratando de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de garantizar los derechos que asisten a
los contribuyentes.
En tercer lugar, mejorar los procedimientos tributarios, tratando de
aplicar en todo lo posible el nuevo régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
También tratamos con el nuevo proyecto de ley de introducir
mecanismos que faciliten la lucha contra el fraude fiscal. En este
punto se puede y debe destacar el establecimiento de una cláusula
antiabuso que mejorará el sistema antiguo del fraude de ley y una
regulación completa de las actuaciones de control a realizar por los
distintos órganos de la Administración tributaria.
Una última razón es la mejora de los sistemas de resolución de las
controversias que se plantean en relación con la aplicación del
sistema tributario, con la intención de lograr un período más corto
entre su planteamiento y su terminación.
En definitiva, la nueva ley general tributaria se enmarca dentro del
proyecto de acometer en esta legislatura una reforma fiscal
ambiciosa, completa que lleve adelante la modernización de las
relaciones entre el ciudadano y el contribuyente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSU ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿CONSIDERA USTED POSITIVO QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PROMUEVAN LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE SU PATRIMONIO CULTURAL? (Número
de expediente 180/000452.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, pregunta número 18 que formula el diputado don Josu
Erkoreka Gervasio.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿considera usted positivo que las administraciones
públicas promuevan la defensa y protección de su patrimonio cultural?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Como sabe S.S., el artículo 46 de la Constitución encomienda a los
poderes públicos la conservación del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. En
consecuencia, el Gobierno considera que las administraciones públicas
deben promover la defensa y protección de su patrimonio cultural, y
aún más, si las administraciones públicas no lo hicieran, tanto en el
nivel de la Administración central como en el nivel de la
Administración autonómica estarían incumpliendo el mandato
constitucional.
Estamos absolutamente convencidos, por otra parte, de que este
mandato constitucional sólo puede entenderse bajo la perspectiva de
una política que respete la pluralidad y que en ella encuentre no lo
que nos separa, sino, por el contrario, lo mucho que nos une.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Me alegra su respuesta, señora ministra, porque efectivamente pone de
manifiesto que no ignora que el artículo 46 de la Constitución
encomienda a todos los poderes públicos la tarea de garantizar la
conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio cultural.
Pero precisamente por ello supongo que convendrá conmigo en la
conveniencia o necesidad -quizás más precisamente- de reprobar la
actuación de la Junta de Castilla y León, sustentada como se sabe por
el Partido Popular, por el recurso contencioso-administrativo que ha
interpuesto contra sendos acuerdos de los ayuntamientos de la Puebla
de Arganzón y del condado de Treviño por los que se acuerda declarar
el euskera como patrimonio municipal de ambos municipios. Fíjese,
señora ministra, se recurre por algo que al parecer
debe ser tan grave como el deseo de proteger su propio patrimonio
cultural.
Guste o no a quienes suspiran por implantar identidades hispanas
homogeneizadoras y homogeneizadas en torno a la lengua castellana, el
euskera forma parte del patrimonio cultural del enclave de Treviño.
Hasta tal punto es así que la propia denominación de gran parte de
los núcleos municipales del enclave donde figuran nombres como
Zurbitu, Askarza, Doroño, Arrieta, Armentia, Marauri o Saseta, por
citar tan sólo algunos ejemplos, ponen de manifiesto que el sustrato
es eminentemente euskérico, clarísimamente euskérico. La lengua vasca
es, por tanto, un innegable patrimonio cultural de Treviño que los
actuales habitantes del enclave, además, se empeñan y desean proteger
y promover, como ponen de manifiesto los acuerdos municipales a los
que he hecho referencia y que la Junta de Castilla y León ha
recurrido ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
Hace unos meses, el ministro de Administraciones Públicas aseguraba
en esta misma Cámara, en respuesta a una pregunta formulada desde el
Grupo Vasco, que el Gobierno tiene en su mente los derechos de los
ciudadanos de Treviño y que va a actuar para la resolución del
contencioso planteado en el enclave, respetando escrupulosamente la
legalidad constitucional. Pues bien, la legalidad constitucional,
señora ministra, obliga a proteger a los pueblos de España en el
ejercicio de sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones.
Señora ministra, haga algo por defender el derecho de los treviñeses
a proteger su patrimonio cultural frente a los embates de un gobierno
autonómico que pretende negárselos injusta e injustificadamente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, no me cabe ninguna duda de que la
lengua vasca es uno de nuestros grandes bienes culturales y debemos
estar muy satisfechos y muy contentos por tener esa gran lengua. Pero
tengo que decirle que tampoco me cabe ninguna duda de que las
acciones que ha decidido emprender la Junta de Castilla y León lo han
sido en función de criterios adecuados y correctos. Así que sobre las
dos cosas, señoría, no me cabe ninguna duda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA CASTRO MASAVEU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
REPERCUSIONES QUE TENDRÍA PARA ESPAÑA LA RECIENTE DECISIÓN DE LA
NUESCO DE DECLARAR DETERMINADOS BIENES DEL TERRITORIO ESPAÑOL COMO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD? (Número de expediente 180/000464.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula la diputada
doña Alicia Castro Masaveu.
Tiene la palabra.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señora presidenta.
Desde que en 1972 la Organización de Naciones Unidas para la Cultura,
la Ciencia y la Educación, la Unesco, promoviese un tratado
internacional bajo el título de Convención referida al patrimonio
mundial, cultural y natural, 146 países han suscrito y ratificado
dicho convenio internacional comprometiéndose a contribuir financiera
y culturalmente a la protección del patrimonio. La Unesco decide
periódicamente cuáles son los bienes culturales o naturales que
merecen ser inscritos en la lista del patrimonio mundial. La
selección se hace de una forma rigurosa, de la que puedo dar cuenta
porque he sido la responsable del expediente que ha promovido el
Ayuntamiento de Oviedo y que ha permitido que tres bienes más fuesen
inscritos en esta lista, bienes del prerrománico asturiano, que se
sumaron a los dos que ya habían sido reconocidos.
Sólo los monumentos que responden a una obra de arte de un genio
creador o que han ejercido una gran influencia sobre el desarrollo de
la arquitectura y aquellos espacios naturales que representan el
desarrollo de la historia de la tierra o que poseen hábitats
naturales de animales en fase de extinción llegan a estar en esa
lista del patrimonio mundial. Esto constituye, sin perjuicio, por
supuesto, de la soberanía nacional ni de la propiedad de esos bienes,
un patrimonio de toda la humanidad. España es uno de los países que
cuenta con mayor número de bienes inscritos; por tanto, es también
uno de los países que tiene más responsabilidades a la hora de
proteger y poner en valor ese patrimonio. El hecho de que algunos de
nuestros monumentos, de nuestros cascos históricos, parques y
entornos naturales hayan sido declarados patrimonio mundial de la
humanidad es la mejor prueba de la riqueza histórica de nuestro país.
Por eso, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles
son las repercusiones que tendría para España la reciente decisión de
la Unesco de declarar determinados bienes del territorio español como
patrimonio mundial de la humanidad?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, como usted ha mencionado, en
efecto la decisión de la Unesco de declarar bienes del patrimonio de
la humanidad los yacimientos paleontológicos burgaleses de Atapuerca,
las iglesias del valle del Boi, el palmeral de Elche, la ciudad
romana de Tarraco y la muralla de Lugo, supone, no me cabe la menor
duda, en primer lugar, un aumento importante de nuestra lista de
bienes culturales declarados de patrimonio de la humanidad, es una
evidencia empírica.
Con estas nuevas inclusiones el número de bienes declarados
patrimonio de la humanidad asciende a 36, por lo que nos situamos en
el primer puesto a nivel mundial en cuanto a número de declaraciones
se refiere. Ello implica un reconocimiento expreso no sólo de nuestro
amplio patrimonio cultural sino también, y lo que es más importante,
de la calidad del mismo.
Por otra parte, tanto las últimas declaraciones como las ya
existentes significan un incremento también de la responsabilidad en
las tareas de conservación y protección de nuestro patrimonio, además
del cumplimiento de numerosas obligaciones por parte de las
instituciones y administraciones públicas implicadas. Hay que decir
también que estas declaraciones implican un importante desarrollo
local y autonómico, concretado fundamentalmente en un aumento del
sector del turismo y del sector de servicio, para los que tiene un
especial impacto e incidencia estas declaraciones de patrimonio de la
humanidad que se han llevado a cabo en esta ocasión o en momentos
precedentes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑAANTONIA FEBRER SANTANDREU, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTIVIDADES VAA EMPRENDER EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE PARA LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL
MAESTRO RODRIGO? (Número de expediente 180/000465.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula la diputada
doña Antonia Febrer Santandreu.
La señora FEBRER SANTANDREU: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, como usted sabe, en la segunda mitad del siglo XX la
figura del maestro Rodrigo ha contribuido de una manera
extraordinaria a aportar nuevos impulsos a la música española y así
proyectarse a nivel universal. A principios de su carrera, algunas de
sus obras recordaban, por su lenguaje musical, a las de Ravel o
Strawinski, pero pronto se encaminó hacia un
estilo propio y personal basado en las tradiciones de la cultura de
nuestro país. El concierto más célebre de sus composiciones musicales
es el Concierto de Aranjuez, siendo su primera obra que le da fama
universal. El éxito que obtuvo con este concierto fue por la
combinación poco común de guitarra y orquesta clásica, animándole
a componer otros conciertos. También cabe destacar la obra Fantasía de
un gentilhombre y el Concierto andaluz, en donde se refleja su
personalidad y el homenaje que rindió a las distintas regiones y
culturas de España.
El Grupo Parlamentario Popular, consciente de la importancia que en
el campo de la composición musical dejó patente el maestro Rodrigo, y
ante la necesidad de estimular el conocimiento de la obra de este
singular compositor español para las generaciones actuales y
venideras, así como para testimoniar el reconocimiento a quien sin
lugar a dudas fue uno de los máximos exponentes de la composición,
desea formular la siguiente pregunta: ¿Qué actividades va a emprender
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la conmemoración
del centenario del nacimiento del maestro Rodrigo?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Febrer.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, la Comisión nacional organizadora
de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Joaquín
Rodrigo aprobó en su sesión plenaria del pasado 9 de enero el
programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año
2001 y los primeros meses del año 2002. Por su especial significación
y relieve quiero destacar ahora las siguientes iniciativas. En primer
lugar, la edición discográfica conmemorativa especial que contendrá
prácticamente la totalidad de la obra del maestro Rodrigo. En segundo
lugar, la publicación de una serie de libros sobre su vida y sobre su
obra. En tercer lugar, la exposición centenario de Joaquín Rodrigo,
el hombre, el músico, el maestro, de formato amplio y con carácter
itinerante, que se presentará al menos en cinco ciudades españolas.
Su inauguración está prevista en Valencia para la próxima primavera.
En cuarto lugar, en cuanto a la actividad concertística, el Inaem, la
comunidad de Madrid y la Generalitat de Valencia, a través de sus
orquestas y festivales, han previsto nuevos ciclos y conciertos
extraordinarios dedicados al maestro Rodrigo.
En el plano internacional quisiera destacar los conciertos homenaje
que se van a realizar en la Unesco el 26 de marzo, en Berlín el 22 de
septiembre y los festivales Rodrigo en Los Ángeles y en Chicago.
Por lo que se refiere a las producciones escénicas, hay que reseñar
la nueva producción, El hijo fingido,
en el Teatro de la Zarzuela, que se estrenó el pasado 1 de febrero.
Por último, lo que se puede considerar el broche de oro del
centenario será la celebración en enero del año 2002 del concurso
internacional Joaquín Rodrigo, patrocinado por la ONCE, con la
colaboración de otras instituciones de la Comisión nacional y que
nace con vocación de permanencia, frecuencia de celebración bienal y
con la decidida intención de situarse entre los de primera categoría
a nivel internacional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN
CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REMITIR
ALPARLAMENTO UN PROYECTO DE LEYDE RETRIBUCIONES DE LOS JUECES Y
MAGISTRADOS PREVISTAEN ELARTÍCULO 403 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985 DEL
PODER JUDICIAL? (Número de expediente 180/000440.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Justicia. En primer lugar, la número 8, que formula el diputado don
Luis Mardones Sevilla.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, ¿tiene previsto el Gobierno remitir al
Parlamento un proyecto de ley de retribuciones de los jueces y
magistrados, prevista en el artículo 403 de la Ley Orgánica 6/1985
del Poder Judicial?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Tal y como hemos tenido oportunidad esta mañana de debatir
ampliamente, considero que es preciso replantear el diseño del
sistema retributivo de los jueces. Creo que hay que articular un
modelo incentivador para hacer atrayente la carrera, para garantizar,
por supuesto, no sólo la independencia política, sino también la
económica y para fomentar la formación, el rendimiento y la asunción
de mayores responsabilidades. Esto se materializará mediante la
presentación a estas Cortes del correspondiente proyecto de ley para
su discusión y aprobación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Me congratula, señor ministro, esa respuesta. No podía ser de otra
manera, en lógica consecuencia con lo que usted nos ha expuesto esta
mañana en la Comisión de Justicia, todo un amplio programa de
modernización y puesta a punto de la justicia en España. Eso pasa por
una pieza fundamental, que son los jueces y magistrados. Mi grupo le
ha mostrado esta mañana el apoyo a ese proyecto, en el que vamos a
colaborar, buscando el consenso a través de conversaciones mutuas y
constructivas con las comunidades autónomas. No se le oculta al señor
ministro que los jueces y magistrados desde hace 15 años, desde el
año 1985, demandan esta ley de retribuciones. Se les va a pedir un
esfuerzo en el nuevo proyecto de ley que va a traer el Gobierno y que
usted ha anunciado esta mañana, lo que va a suponer para los jueces
una intensificación de su trabajo y de su productividad. No olvidemos
que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recientemente ha entrado en
vigor, exige a los jueces el principio de inmediación, lo que les
lleva a una dedicación prácticamente exclusiva. En Canarias la
situación es muy problemática y delicada.
Tengo aquí el acuerdo de la junta de jueces de las Palmas de Gran
Canaria, de fecha 15 del pasado mes de enero, que elevan tanto a su
Ministerio como a la Administración de justicia de la Comunidad
Autónoma de Canarias, reivindicando la ley de remuneraciones y
poniendo en evidencia los excesos. Igualmente, en el partido judicial
de Santa Cruz de Tenerife la junta de jueces ha tomado el acuerdo
desde diciembre de limitarse al horario que tienen los funcionarios
de 37 horas y media.
La judicialidad de los temas, el litigio permanente ante los
juzgados, que es una buena reacción democrática del ciudadano que
demanda justicia, ha hecho que empiecen a atascarse una serie de
juicios por la aplicación de las 37 horas y media. Yo comprendo,
señor ministro, la situación que ellos tienen, como usted lo ha
expresado esta mañana. Mi grupo le va a prestar el apoyo para que,
junto con el paquete de nuevas leyes de órganos jurisdiccionales,
competencias, etcétera y del Consejo General del Poder Judicial,
venga la esperada ley de retribuciones, para que no haya ningún
motivo de queja ni de aplicación estricta de aquellos límites.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Efectivamente, señor Mardones, tal y como hemos hablado esta mañana,
es necesario vincular el proceso de reforma de la mejora de las
retribuciones al proceso
general de reforma de la justicia; es decir, una justicia más ágil,
más cercana a los ciudadanos, de mayor calidad es elemento
indispensable en estos momentos en la reforma de la justicia.
Vincular a ello la motivación y la remuneración adecuada, que
garantice la dedicación, la calidad en la prestación de un servicio
tan importante como es el de la justicia, es un elemento esencial en
el que, como esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar, vamos
a trabajar y tratar de llegar a un gran acuerdo en el que estará esta
ley de retribuciones. No obstante, sí tengo que decirle que hemos
trabajado durante este período de tiempo en mejorar esas condiciones
retributivas y hemos empezado por aquellos que era menor su capacidad
adquisitiva o menores sus retribuciones. La refundición de los grupos
8 y 9, que son los grupos inferiores de retribuciones en los
magistrados, como usted bien conoce, ya ha tenido una solución
a través del Real Decreto 1.908/2000, que ha mejorado sustancialmente
las condiciones retributivas de los jueces que tenían las menores
retribuciones de toda la carrera.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ISMAEL BARDISA JORDÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
PREVISIONES ACERCA DEL COMIENZO DE LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL
JUZGADO DE FUENLABRADA? (Número de expediente 180/000466.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31 que formula el diputado don
Ismael Bardisa Jordá.
El señor BARDISA JORDÁ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, en el madrileño municipio de Fuenlabrada
actualmente, como usted sabe, existen ocho juzgados de Primera
Instancia e Instrucción. Estos juzgados están ubicados en diferentes
núcleos de población de dicho municipio, uno en la calle Gerona,
otros en la calle Getafe. Por eso es importante la ubicación de todos
los juzgados en un solo edificio para que así puedan beneficiarse los
ciudadanos de tener una justicia más rápida, más eficaz y más
cercana, como es uno de los principios de nuestra Constitución.
Además Fuenlabrada es un municipio importante dentro de la Comunidad
de Madrid con 180.000 habitantes. De su término judicial también
forma parte el municipio de Humanes y en total son 200.000 los
ciudadanos que están implicados en este programa judicial. Además
Fuenlabrada es actualmente el núcleo industrial más importante de la
Comunidad de Madrid después del núcleo industrial de Madrid capital.
Por
todo eso, desde el Grupo Parlamentario Popular -y estimamos que el
Ministerio de Justicia tomará buena nota de ello- creemos que es muy
importante para Fuenlabrada la ubicación de todos los juzgados en un
solo sitio precisamente para acercar más la justicia a los
ciudadanos.
Por eso, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son las previsiones acerca del comienzo de las obras del nuevo
edificio del Juzgado de Fuenlabrada?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bardisa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señor diputado, efectivamente, en cuanto al edificio del Juzgado de
Fuenlabrada el plazo de inicio de la ejecución de las obras comienza
el próximo día 19 de febrero de este año. Las mismas tienen una
duración prevista de 18 meses, por lo que habrán finalizado
aproximadamente para el mes de agosto del año 2002. La licitación de
las obras fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 7 de
octubre de 2000 y fueron adjudicadas mediante concurso por un importe
de más de 825 millones de pesetas. El contrato de obra se firmó el
pasado día 18 de enero, por lo que, transcurrido el mes previsto para
el replanteo, comenzará, como ya he dicho, de manera inmediata la
ejecución de las obras.
El edificio previsto tendrá una superficie total construida de 8.626
metros cuadrados, de los que 6.466 metros cuadrados están construidos
sobre rasante. Ello permitirá, en primer lugar, un mejor acomodo de
los juzgados actualmente existentes en el partido judicial de
Fuenlabrada, un total de ocho juzgados de Primera Instancia e
Instrucción, centralizándolos en un único inmueble y superando de
este modo la dispersión actual. Además se pretende una mejor
racionalización de espacios y de facilidad de acceso a los ciudadanos
y una adecuada distribución que permitirá en un futuro hasta 16
juzgados en el edificio, con lo que estará preparado para las
posibles ampliaciones de la planta judicial en este partido. En
cualquier caso, y en relación con los juzgados de Fuenlabrada, cabe
destacar que el pasado día 20 de diciembre entró en funcionamiento el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 ya que el
Ministerio está realizando un esfuerzo permanente en analizar la
carga de trabajo y responder a las necesidades existentes en cada
momento. Como ya he dicho, el nuevo edificio está preparado para ir
dando respuesta a todas las necesidades con los medios y la amplitud
que una Administración de justicia moderna y eficaz debe ofrecer.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL
HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL ÚLTIMO AÑO?
(Número de expediente 180/000456.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales. Pregunta número 21, que formula el diputado don
José Eugenio Azpiroz Villar.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nos encontramos prácticamente en el quinto
aniversario de la entrada en vigor de la Ley de prevención de riesgos
laborales. La siniestralidad laboral preocupa a toda la Cámara; de
hecho, en las Cortes Generales ha habido actuaciones diversas
-distintas iniciativas aquí, en el Congreso, y una subcomisión en el
Senado-, ha habido iniciativas gubernamentales, evidentemente bajo el
patrocinio de su Ministerio, para la lucha contra la siniestralidad
laboral y hay iniciativas desde diversas instancias. Incluso, el
pasado domingo, un periódico nacional de gran difusión recogía un
artículo sobre la materia y hacía su editorial dominical en torno a
este importante tema, a esta común preocupación de todos los
ciudadanos. Yo mismo esta mañana he tenido una reunión y una comida
con personas que están trabajando en los servicios mancomunados de
prevención en Castilla.
Lo cierto es que las noticias que se traducen a la opinión pública
son de un progresivo incremento de los accidentes de trabajo, de la
siniestralidad laboral. Cada vez más se transmite la idea de un mayor
nivel de siniestralidad en el trabajo. Yo he de reconocer mi
preocupación esencial en términos principalmente humanos -políticos
también- en cuanto a lo que suponen los accidentes muy graves y, cómo
no, los accidentes mortales, auténticas tragedias irreversibles. Creo
que tenemos una buena ley y que se está trabajando en la materia,
pero creo también, señor ministro, que hay un cierto pesimismo social
al respecto, que es lo que anima mi pregunta. ¿Cuál ha sido la
evolución de la siniestralidad laboral a lo largo del pasado año
2000?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ciertamente este es un tema importante, un tema con
trascendencia social, que ha llamado la atención no solamente de esta
Cámara, sino, como señalaba S.S., también del Senado, creando una
subcomisión a este efecto. Y es un tema en el que las cifras no
pueden satisfacer a nadie, pero sí podemos encontrar en ellas ánimo
para seguir trabajando y perfeccionando nuestro sistema, como ocurre
con las cifras del año 2000. Al igual que en la última comparecencia
en esta Cámara, en el mes de septiembre, hablaba de unos incipientes
resultados, hoy, cuando podemos ponderar todo el año 2000, también
pueden darse datos que animan a seguir trabajando en común.
Voy a hablar especialmente de la tasa de incidencia, el número de
accidentes que se producen por cada 100.000 trabajadores. También me
parece obligado decir que el 98 por ciento de los accidentes en
España, el 98 por ciento -subrayo el dato-, tienen el carácter de
leve. No pretendo en modo alguno minimizar los datos, pero sí
situarnos ante lo que sin duda alguna es aún más importante: ese 2
por ciento de accidentes graves y de accidentes mortales. Pues bien,
la incidencia, esa tasa por cada 100.000 trabajadores, va teniendo,
afortunadamente, una tendencia regresiva; en el pasado año ha pasado
del 13,3 por ciento al 8,26 en diciembre. Si ahora analizamos los que
son -insisto, no en mi criterio, sino en el criterio común- de máxima
gravedad de ese 2 por ciento de mortales y graves, veremos que
solamente los leves han crecido -un crecimiento del 1,75 por ciento-,
pero podemos afirmar que los accidentes graves se han reducido en un
8,69 por ciento y los mortales en más de un 4 por ciento. Insisto,
sin quitar ni un gramo de trascendencia a estas cifras, pero también
encontrando motivos para creer que esto no es fruto de la casualidad,
sino del esfuerzo coordinado de las administraciones, de los
empresarios y de los sindicatos.
También por sectores hay motivos para seguir trabajando. Ha
descendido la tasa de accidentes en agricultura -más del 5 por
ciento-, menos en industria - medio punto- y los incrementos han sido
en un sector difícil, en el sector servicios, aunque también los
accidentes graves del sector servicios se han reducido. La
construcción apenas experimenta modificación, debido al incremento de
los accidentes leves, pero los accidentes graves y los mortales
también descienden; los graves descienden un 5,77 y los mortales el
8,35.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS AYMERICH CANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON, A DÍA DE HOY, LOS
RESULTADOS PRÁCTICOS DEL PLAN DE ADQUISICIÓN
DE BOVINOS DE MÁS DE 30 MESES, APROBADO POR LA ORDEN
MINISTERIAL DE 28 DE DICIEMBRE DE 2000? (Número de expediente 180/
000442.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación. En primer lugar, pregunta número
10, que formula el diputado don Carlos Aymerich Cano.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuáles son a día de hoy los resultados prácticos del
Plan de adquisición de bovinos de más de 30 meses, aprobado por la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 2000?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora presidenta.
En la primera quincena de la puesta en marcha de este plan de
adquisición, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó a las
12 horas del día 16 de enero, se recibieron 16 solicitudes por 174
animales. Para la segunda quincena, cuyo plazo venció el día 6 de
febrero, se han recibido 427 solicitudes por 1.911 animales. Para la
tercera quincena, cuyo plazo de presentación terminará el próximo
martes 20 de febrero, se han presentado, por el momento, 41
solicitudes por 222 animales. En total, se han recibido 464
solicitudes por 2.307 animales a estas fechas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Coincidirá conmigo, señor ministro, en que
son unas cifras muy alejadas de las previsiones iniciales del plan.
Si hablaban ustedes de que hasta junio había que adquirir sobre
180.000 vacas mayores de 30 meses -en Galicia serían unos 43.000
animales-, las cifras que ha dado y el ritmo que estas cifras denotan
suponen un ritmo y unas cifras muy alejadas de las previsiones
oficiales. Yo, si quiere, modestamente le puedo decir cuáles son los
problemas que los ganaderos ponen de manifiesto: la exigencia de
avales, que supone unos costes bancarios por animal de 7.000 pesetas;
la ubicación de los mataderos habilitados -en Galicia sólo hay uno
por provincia, en ocasiones, alejados, como es el caso de Pontevedra,
del lugar de la provincia donde está la mayor parte de la cabaña-,
que hacen que la lejanía encarezca los costes de transporte y
desaniman a los ganaderos a acogerse aeste plan de adquisición; la
falta de agilidad en el procedimiento...
En fin esto nos parece que debería llevar a su Gobierno y
a su Ministerio a reflexión y a modificar aspectos de este plan que,
por cierto, como la exigencia de avales, no vienen reclamados en la
normativa comunitaria.
Nosotros, desde el BNG, pensamos que si hay algún culpable de esta
crisis no son los ganaderos; pensamos que éste debe ser un
razonamiento compartido por toda la Cámara y por todas las fuerzas
políticas. Pero a la luz de la regulación de este plan y, sobre todo,
a la luz de su más que deficiente ejecución, tenemos que dudar de
este convencimiento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señora presidenta.
Este es un plan voluntario para los ganaderos. Nadie puede obligarles
a participar. Es un plan complejo de poner en marcha, porque los
ganaderos tienen que tener un sistema de cocedero de sangre, no vale
cualquier matadero; son mataderos que no pueden matar al mismo tiempo
que se sacrifican las reses ordinarias, y eso ha obligado a contratar
24 mataderos en todo el territorio nacional.
Es cierto que ha habido algunas quejas respecto a los avales. Se han
modificado los avales para facilitar la actuación de cooperativas y
asociaciones de ganaderos, pero el Gobierno sigue estando dispuesto a
revisar a la baja el aval para facilitar esta medida. En todos los
Estados miembros de la Unión Europea es una medida que tiene mucha
dificultad de puesta en marcha por la dificultad de encontrar
mataderos específicos, por la dificultad de proceder a la
incineración de animales y, por ello, dada la dificultad de puesta en
marcha de la medida, el Gobierno español ha pedido que se prorrogue
seis meses más, para que podamos coger la velocidad de crucero
suficiente para sacrificar el número de animales que constituía el
objetivo inicial de la medida.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿CONSIDERA SUFICIENTE EL GOBIERNO
LAS AYUDAS A LOS GANADEROS Y SECTORES PRODUCTIVOS AFECTADOS POR EL
MAL DE LAS VACAS LOCAS? (Número de expediente 180/000444.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 12, que formula la diputada
doña Teresa Cunillera i Mestres.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señora presidenta, señor ministro,
¿considera suficiente el Gobierno las ayudas a los ganaderos y
sectores productivos afectados por el mal de las vacas locas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora presidenta.
Para sostener el mercado del sector vacuno, el Gobierno ha puesto en
marcha todas las medidas establecidas por la Unión Europea.Ante esta
situación, como ante cualquier otra relacionada con apoyos
financieros directos al sector privado, la actuación del Gobierno
está limitada por la normativa europea. La concesión de ayudas
directas a ganaderos con fondos estatales no se puede considerar,
porque vulneraría expresamente la legislación comunitaria.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, presidenta.
Señor ministro, en primer lugar, enhorabuena porque superó usted la
reprobación que nuestro grupo le presentó ayer, gracias a los votos
del Partido Popular. Pero, no se engañe, la que no ha superado usted
es la reprobación social. A usted y a la señora Villalobos el país
les reprueba, sobre todo por la actitud que ustedes mantienen.
Usted no cumple su obligación principal, conjuntamente con el resto
del Gobierno, de llevar la tranquilidad a los españoles, que no saben
en este momento qué pueden o no consumir. A usted, señor ministro, no
le creen ni los ganaderos ni los ciudadanos que han seguido su
actuación hasta ahora en la Comisión Europea, porque ustedes han sido
los que, con su ceguera y sus votaciones allí, nos han traído a la
situación en que estamos. Usted ponga la cara que quiera, pero es
así.
La semana pasada, miles de ganaderos, aquí en Madrid, están al límite
de su confianza y le han dicho a usted que sus previsiones no les
sirven. Ellos le piden con urgencia 130.000 millones de pesetas y, a
cambio, no han recibido ninguna respuesta concreta, han recibido
evasivas, más evasivas. De momento lo que está claro es que de cada
100 pesetas que se destinan a medidas, 55 las ponen las comunidades
autónomas, 30 la Unión Europea a través del FEGA y 10 la
Administración central. Usted podría traer aquí un crédito
extraordinario -cosa nada rara en este Gobierno, porque
los trae justo recién acabados los presupuestos- para añadir ayudas
complementarias a las de la Unión Europea, como han hecho, por
ejemplo, Alemania y Francia. Nos quedamos sin saber cuál es la
aportación concreta que hace su Gobierno a la solución del problema,
y no quiero pensar que pretende ahorrar dinero en un tema de salud
pública.
Vamos a hacer una cosa. Sin escudos ni protecciones de comunidades
autónomas ni Unión Europea, dígame usted -usted, como Gobierno de
España, usted, ministro de Agricultura- qué le dice a un pueblo de la
demarcación por donde yo soy diputada, Juncosa de les Garrigues, con
600 habitantes y una cabaña ganadera de 10.000 terneros. Usted
comprométase hoy aquí, diríjase a esos ciudadanos y dígales qué va a
ser de su futuro, si esos señores y sus hijos podrán seguir viviendo
de la agricultura. Usted va a acabar siendo ministro del campo
despoblado, igual que ya es ministro de las vacas locas.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, si se habla de despoblamiento del campo,
el período socialista registra la mayor pérdida de población activa
agraria en la historia de España. (Aplausos.- Protestas.)
Señora Cunillera, cuando se dan datos, se dan bien. De los 60.000
millones que se han puesto en los seis primeros meses para atajar la
crisis, el 40 por ciento lo ha puesto el Gobierno de la nación, el 40
por ciento la Unión Europea, el 15 por ciento las comunidades
autónomas y el 5 por ciento el sector privado. Cuando se dan datos,
se manejan cifras oficiales. Y el Gobierno ha puesto en marcha todas
las medidas. En primer lugar, las medidas para retirar los excedentes
de carne del mercado. Hemos puesto en marcha compras públicas de
intervención que en este momento totalizan más de 12.000 toneladas,
el 28 por ciento del total europeo, teniendo una cabaña ganadera muy
inferior a dicho porcentaje. Se ha puesto en marcha el programa de
adquisición y destrucción de animales de edad superior a 30 meses que
no sean sometidos. El Gobierno español ha pedido a la Unión Europea
que se prorrogue por seis meses más, para que los ganaderos puedan
tener acceso a disminuir la oferta de carne en los mercados. Hemos
pedido ayudas al almacenamiento privado para carne de novilla, hemos
pedido el incremento del volumen de compras inicialmente previsto por
la Unión Europea y estamos pidiendo una mayor implicación financiera
de la Unión Europea en todos los consejos de Ministro, liderando al
grupo de países que quieren
que en esta crisis se aplique un tratamiento igual que en la crisis
británica.
El Gobierno español está haciendo todas las actuaciones para
tranquilizar. Esta misma tarde se pone en marcha la campaña de
información del Ministerio de Agricultura, con más de 10 millones de
folletos que se van a repartir a todos los ciudadanos. Los que crean
tranquilidad son los que solamente están transmitiendo los mensajes
de los científicos y no los que lanzan, por intereses políticos,
mensajes para crear alarma social injustificada. (Rumores.)
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO PARA LA FINANCIACIÓN
DE LA RETIRADA DE MATERIALES DE RIESGO Y CADÁVERES DE ANIMALES
AFECTADOS POR EL MAL DE LAS VACAS LOCAS? (Número de expediente 180/
000445.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, que formula el diputado don
Jesús Cuadrado Bausela.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para financiar la
retirada de materiales específicos de riesgo de cadáveres animales,
incluida, por supuesto, la que se refiere en este asunto a las reses
de lidia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, yo no me voy a pronunciar, por razones
obvias, que conoce perfectamente el diputado preguntante, sobre las
reses de lidia, pero voy a contestarle, con carácter general, sobre
los temas que me ha preguntado.
El Gobierno ha previsto para la recogida de cadáveres en
explotaciones, traslado y eliminación, siguiendo su tratamiento como
MER, una financiación de la Administración general del Estado de un
33 por ciento del coste total, hasta un máximo de 2.416 millones de
pesetas. El otro 33 por ciento es financiado por las comunidades
autónomas, pudiendo aumentar este porcentaje, y el resto es soportado
por el sector. Esta financiación se encuentra recogida en el Plan
coordinado de actuación de la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas de lucha contra la encefalopatía espongiforme
bovina en España, cuyos criterios de financiación para seis meses se
establecieron en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre, y
fueron asumidos por todas las comunidades autónomas mediante la firma
de los respectivos convenios de colaboración.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias.
Señor ministro, me contesta que ni se sabe. Primero, efectivamente,
como usted acaba de leer, en el plan coordinado se habla de una
financiación de un tercio la comunidad autónoma, un tercio el
Gobierno y un tercio los ganaderos, pero en el mismo plan coordinado
se habla de un seguro que no se sabe cómo se resolverá. Por si fuera
poco, después de eso, el señor ministro de Hacienda habla de una tasa
que nadie sabe si se va a hacer, cuando se va a poner, etcétera.
Señor ministro, usted mismo acaba de responder: No puedo contestarle,
como usted sabe. Efectivamente, lo sé. Usted no puede acometer un
problema tan importante como el que se refiere a las reses de lidia
porque tiene negocios directamente relacionados con el sector.
(Aplausos.-Rumores.) En segundo lugar, el resto de los ganaderos no
pueden resolver el problema con usted, porque no se fían de usted, y
además usted no tiene tiempo porque tiene que aclarara la situación
en relación con sus negocios. ¿Sabe cuál es la cuestión importante
aquí? Se la ha planteado de manera reiterada el Grupo Socialista:
Tenemos que garantizar la retirada de materiales de riesgo, de
cadáveres animales, porque afectan a la salud de los españoles. Hay
que trabajar en esa dirección para tener un sistema homogéneo en todo
el territorio nacional, y es necesario que se haga sin costes para
los ganaderos, porque el Grupo Socialista sabe, y usted sabe, que es
la única manera de garantizar de forma efectiva el cumplimiento de
esta básica medida.
Señor ministro, actúe usted en este tema con la misma diligencia, con
la misma efectividad con la que actuó encargando a sus abogados que
clarifiquen sus negocios. (Una señora diputada: Muy bien.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cuadrado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora presidenta.
Yo sólo he encargado a mis abogados que presenten alegaciones ante la
Inspección General de la Administración del Estado, que es ante quien
tengo que encomendarles gestiones, porque como nunca he tenido
negocios durante mi mandato de ministro, no tengo que encomendar nada
a nadie.
Pero respondiendo a su pregunta, la retirada de los MER en los
mataderos está siendo soportada por el sector ganadero en estos
momentos en aplicación de la teoría general del derecho
medioambiental de que quién genera el residuo es responsable de su
eliminación. No obstante, el Gobierno está analizando con todo el
sector distintas posiciones para consensuar modelos futuros de
financiación y gestión de los MER y los cadáveres. Hoy miércoles ha
habido una reunión del grupo de trabajo sobre MER en mataderos y
retirada con todos los sectores productores, transformadores
y comerciales; se está trabajando en ello. Esta tarde está habiendo una
reunión del grupo de trabajo sobre animales muertos en explotaciones.
Mañana habrá una reunión con los responsables de sanidad y
alimentación animal de las comunidades autónomas para conocer
distintas propuestas sobre eliminación de MER y cadáveres en
explotación, y ver cuál es en este momento la situación en las
distintas comunidades autónomas. El Gobierno ha adoptado todas las
medidas financieras necesarias para que las decisiones de la Unión
Europea que corresponden a las comunidades autónomas puedan ser
apoyadas desde la Administración del Estado, y al igual que otros
países de la Unión Europea, está analizando la posible implantación
de una figura tributaria que pueda permitir financiar estos costes.
Entre ellas, la retirada de los MER sería una de las medidas posibles
a financiar con lo recaudado por esta figura tributaria.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DEL
DESMESURADO INCREMENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LOS NIVELES MÁS ALTOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO EN EL AÑO 2000? (Número de expediente
180/000469.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Administraciones Públicas. Pregunta número 11, que formula el
diputado don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, esta semana hemos conocido que el número de lo que
ustedes llaman personal directivo -altos cargos de la Administración,
altos niveles-, pero que cuando estaban en la oposición llamaban
altos cargos -¿se acuerdan?-, ha aumentado considerablemente
durante su período de Gobierno, sobre todo en el último año. ¿A qué
es debido este crecimiento, señor ministro?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
Si tomamos los niveles de directivos de la Administración del 27 al
30, su crecimiento este año desde luego no es desmesurado, como decía
su pregunta escrita, pero tampoco lo creo considerable. Se ha
incrementado en un 3,8 por ciento y siempre por razones justificadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor ministro, no sí se nos hablará del
pasado, suele ser lo habitual, lo hacen todos los ministros cuando
nos contestan, pero permítame que le recuerde las palabras del señor
Aznar en el discurso de investidura cuando decía: se procederá
a reducir los altos cargos ministerio por ministerio, de modo que se
haga visible la austeridad que el ciudadano reclama. ¡Qué bonito, qué
bellas palabras, qué poesía! (Risas.-Rumores.) No sé si esas palabras
se las ha llevado el viento, las presiones, los compromisos, las
cosas que decían, lo que han hecho o simplemente nos engañaron o
engañaron a los ciudadanos y también a los que forman parte de la
Administración pública española ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde
está lo que decían que iban a hacer? La realidad ha sido distinta. No
sé si es cumplir las palabras del presidente del Gobierno cuando
decía en el discurso de investidura que desde que gobiernan ustedes,
desde 1996, esos niveles del 27 a 30 se han incrementado en más de
2.000 personas. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Sin embargo,
sólo en el último año han crecido por día más de dos altos cargos,
más de 60 al mes, es decir, 702 en el último año -datos oficiales-,
cuando la plantilla que tienen que dirigir estos altos funcionarios o
cargos directivos se ha reducido en la Administración del Estado en
más de 150.000 personas. ¿Esto es la austeridad, esto es el
cumplimiento de sus promesas o es hacer una política absolutamente
distinta y en función de los intereses políticos que ustedes han
defendido dando primacía a los que querían primar y en contra de los
intereses generales del conjunto de la Administración?
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, da unos datos en los que confunde el Boletín
estadístico del registro central de personal, que habla de personas,
con la relación de puestos de trabajo, que unos pueden estar ocupados
y otros no. Dicho esto, me ha adivinado el pensamiento porque para
ver cuál es el ritmo de crecimiento y si se cumplieron o no las
promesas del señor Aznar hay que ver lo que pasó antes. (Una señora
diputada: ¡Qué raro!) Del 1 de enero de 1990 al primero de enero de
1996... (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Decía
que del 1 de enero de 1990 a 1 de enero de 1996, que son seis años,
se crearon 4.953 puestos de estos niveles. De 1996 al 1 de enero de
2001 y siendo en el año 2000 sólo 440 y no 702 -por eso está usted
equivocado-, se crearon 2.093 en un período prácticamente idéntico,
luego hemos reducido a la mitad ese ritmo de crecimiento (Protestas.-
Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor ministro, un momento. Señorías, ruego guarden silencio y
permitan escuchar la respuesta del ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Son
datos que no hay más que sumar. No hay que polemizar sobre lo que es
una simple suma. En algunos casos esto se debe a que hay un acuerdo
de febrero de 1996, que me parece aceptable y estoy de acuerdo con
él, por el que se consolidan una serie de puestos y permite que
algunas de esas personas que dejan de ser director o subdirector
mantengan este nivel. Además la Administración central, después de
este período de transferencias, está más tecnificada y con mayor
nivel.
Le voy a decir lo último. Los puestos de niveles de grado medio,
entre 17 y 24, en el año 2000 han crecido un 6,9 por ciento. Ha
crecido más la subida en los niveles intermedios de jefe de sección y
de negociado que los de los niveles altos, porque lo que estamos
consiguiendo es una Administración más eficaz...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL
GOBIERNO INICIAR LAS TRANSFERENCIAS
DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL INSALUD A LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS QUE TODAVÍA NO HAN RECIBIDO ESTE TRASPASO? (Número de
expediente 180/000458.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23 que formula el diputado, don
Tomás Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nuestro Gobierno ha asumido el reto de culminar en
esta legislatura el proceso de transferencias del Insalud a las diez
comunidades autónomas pendientes de recibirlas. Un compromiso que el
Grupo Popular comparte, que figuraba en nuestro programa electoral y
que supondrá sin duda el comienzo de una nueva etapa en nuestro
Sistema Nacional de Salud, que lo transformará decisivamente. A nadie
se le oculta el enorme reto político que esto supone, y no sólo por
los 134.000 miembros del personal estatutario afectados, por los 79
hospitales o por los 1.068 centros de salud implicados, que sin duda
suponen una enorme complejidad, sino sobre todo por la oportunidad
histórica de cerrar la configuración del sistema sanitario en que
creemos: un sistema profundamente descentralizado, un sistema moderno
y eficiente y un sistema sobre todo orientado hacia la calidad y
hacia la satisfacción del paciente y, ante todo, señorías, muy
cercano al ciudano para atender a sus demandas y a sus necesidades.
Estamos convencidos de que esto exigirá establecer con claridad
nuestro modelo de futuro, los grados de diversidad posibles dentro de
él y, por supuesto, los adecuados instrumentos de coordinación para
su correcto y equitativo funcionamiento. Creemos que hará falta
diálogo, mucho diálogo, lealtad, y que hará falta también
responsabilidad en sus protagonistas. Estamos convencidos de que el
Gobierno estará a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos
es ni más ni menos que la más adecuada cobertura sanitaria posible
para nuestros ciudadanos, objetivo irrenunciable del Partido Popular
en todos sus ámbitos.
Desde estas premisas, señor ministro, me permito preguntarle cuándo
piensa el Gobierno iniciar las transferencias de funciones y
servicios del Insalud a las comunidades autónomas que todavía no lo
han recibido.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
En estos momentos quedan todavía por realizar tres grandes traspasos
que son de enorme importancia para el pleno ejercicio de las
competencias de las comunidades
autónomas del artículo 143, funciones y servicios en materia de
políticas activas de empleo, medios personales y servicios de la
Administración de justicia y la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social gestionada por el Insalud.La importancia de la asistencia
sanitaria se pone de manifiesto no sólo por la valoración de la
sanidad que hacen los ciudadanos sino también por la enorme cuantía
de los recursos económicos. Estas las tienen todas las comunidades
autónomas del 151 ya asimiladas y el funcionamiento de nuestro Estado
autonómico conlleva la necesidad imprescindible de que todas las
comunidades autónomas se encuentren en condiciones de ejercer de
manera plena y efectiva las competencias que tienen asumidas en sus
respectivos estatutos de autonomía. La voluntad del Gobierno es
traspasar cuanto antes esta asistencia sanitaria, desde luego en esta
legislatura. La asunción por parte de las comunidades autónomas del
artículo l43 de la gestión de la asistencia sanitaria es de una
importancia enorme como usted mismo, señoría, ha manifestado con sus
cifras. La mayor complejidad viene de la necesidad de encontrar un
sistema de financiación estable y suficiente que garantice un
equilibrio financiero solidario entre los territorios, así como la
necesidad de establecer un mecanismo de compensación que solucione
los problemas que se puedan generar con la atención de desplazados de
otras comunidades autónomas.
El 25 de enero pasado se reunió el secretario de Estado de
Organización Territorial del Estado con el secretario general de
Gestión y Cooperación Sanitaria para formalizar el proceso de
traspasos y fijar un calendario de celebración de ponencias técnicas.
Yo quiero resaltar aquí, porque es de justicia, la magnífica
disposición y el excelente trabajo que se está haciendo en el
Ministerio de Sanidad para llevar a cabo la transferencia y también
la gran receptividad de las comunidades autónomas. Hoy se ha
celebrado la primera ponencia técnica con la Comunidad de Madrid;
antes de que termine el mes se hará en Asturias, Castilla y León y
Baleares; en el mes de marzo, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha,
Cantabria y Extremadura, y a primeros de abril se terminará esta
primera ronda con la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE VALENTÍN NAVARRO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD
Y CONSUMO: ¿PUEDE ASEGURAR LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO QUE HA
TOMADO TODAS LAS MEDIDAS PARA EVITAR EL RIESGO DE LA TRANSMISIÓN A
SERES HUMANOS DEL MALDE LAS VACASLOCAS? (Número de expediente 180/
000446.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Sanidad y Consumo. En primer lugar, la número 14, que formula la
diputada doña Matilde Valentín Navarro.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta. ¿Puede
asegurar la señora ministra de Sanidad y Consumo que ha tomado todas
las medidas para evitar el riesgo de la transmisión a seres humanos
del mal de las vacas locas?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valentín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señoría, el Ministerio de Sanidad, en el ámbito de sus competencias y
en colaboración y asesorada por el Comité científico, ha tomado las
medidas adecuadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Señorías, ¿por qué el Grupo Socialista
plantea hoy esta pregunta? Porque la respuesta que acaba de darnos la
señora ministra de Sanidad nos plantea serias dudas sobre su
veracidad. ¿Por qué? Porque después de tres meses se presenta en el
Parlamento sin haber hecho sus deberes; porque después de casi tres
horas en la Comisión de Sanidad, la semana pasada, apenas hizo
referencia alguna al riesgo de contagio de la enfermedad en las
personas, pues dedicó todo su tiempo a justificar errores desde que
comenzó la crisis, a exponer de una forma alocada una agenda de
reuniones sin orden ni concierto y a responsabilizar a otros de su
incompetenciapara liderar la crisis.
Señora ministra, cuando existe una situación de riesgo para la salud
de las personas, cuando además ese riesgo es previsible porque hay
experiencias en otros países, las decisiones del Ministerio de
Sanidad se han de tomar hoy de forma inmediata, con las dotaciones
presupuestarias que hagan falta, sin escatimar recursos, ahora que
todavía no tenemos ningún caso declarado de la nueva variante de la
enfermedad de CreutzfeldtJakob. Señora ministra, al menos con la
salud de las personas no hagan lo que han hecho con las vacas. No
esperen a que aparezca un caso para entonces tomar medidas
improvisadas y de forma precipitada. Así, evitaríamos la inseguridad
que padecen en este momento no solamente los ciudadanos sino los
profesionales sanitarios.
Señora Villalobos, en el Diario Médico, especializado y de tirada
nacional, del día 8 de febrero se confirmaba la desorientación y la
preocupación de los médicos ante la crisis de las vacas locas.
Trabajen con
sensatez y con sentido común. Practique una política informativa
clara y transparente. Que las familias españolas sepan a qué
atenerse; que el Sistema Nacional de Salud esté dotado de los medios
necesarios y que los profesionales trabajen con toda la seguridad
posible. Eso es lo que esperan de una ministra de Sanidad y Consumo.
(Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Me alegro de que se haya incorporado a su trabajo y haya superado su
enfermedad. Me da la sensación de que usted no ha leído esa
comparecencia o la ha leído de la forma que ha querido. No puedo
resumir ahora lo que se habló en aquella comparecencia durante cuatro
horas y las acciones que se han llevado a cabo desde el Ministerio,
pero hay una cosa que me preocupa mucho, señora Valentín, viniendo de
usted, sobre la que me hago permanentemente una pregunta. Usted, que
fue consejera de una comunidad autónoma, sabe que las competencias de
salud pública fueron transferidas entre 1979 y 1985 y que el control
sanitario de la producción, almacenamiento, transporte, manipulación,
venta de alimentos, bebidas y productos relacionados directa o
indirectamente con la alimentación humana corresponde a las
comunidades autónomas. Usted conoce, además, las medidas que hemos
tomado en el Ministerio en lo que se refiere a la prevención en salud
humana. Y si esta precaución teníamos que haberla tomado el Gobierno
del Partido Popular hace cuatro años, ¿dónde están sus
recomendaciones como consejera de Sanidad y responsable de salud
pública de Castilla- La Mancha? (Rumores.-Aplausos.) ¿Dónde están sus
peticiones, señora Valentín? ¿Dónde está la presencia en los consejos
interterritoriales y en las reuniones de la Dirección General de
Salud Pública de su Consejería recomendando al Ministerio que tomara
medidas? (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, ruego guarden silencio.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señora
diputada, creo que ante una situación de crisis alimentaria como en
la que nos encontramos, en la que los ciudadanos están preocupados -y
es lógico-, su actitud y la de su grupo siempre es la misma: criticar
todo. Si se habla porque se habla; si se calla porque se calla; si se
viene al Parlamento porque se viene; si no se viene porque no se
viene. El caso es criticar. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Villalobos.
Señorías, ruego guarden silencio para que por lo menos haya un nivel
de audición suficiente para escuchar las intervenciones tanto de los
diputados como, en este caso, de la señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Me gustaría, señora Valentín, escuchar algo positivo de usted. Usted
tiene la decisión: o es usted parte del problema o forma parte de la
solución del problema.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO:
¿GARANTIZA LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000447.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula la diputada
doña Isabel Pozuelo Meño.
La señora POZUELO MEÑO: Señora ministra, los consumidores están
soportando hoy la mayor crisis de seguridad alimentaria en nuestro
país como consecuencia de la frivolidad, la ineficacia y la
irresponsabilidad de usted y de su Gobierno. Usted ha sido incapaz de
prevenir y de garantizar la salud alimentaria de los españoles.
Durante más de cuatro años han estado negando la posibilidad de que
la enfermedad existiera en España, a pesar de las inequívocas y
serias advertencias de los comités europeos, y cuando ya era una
evidencia ocultaron la información incapaces de tomar decisiones y de
afrontar la situación. Pero su mayor fracaso ha sido la información y
la comunicación a los ciudadanos, que ha puesto de manifiesto su
insolvencia para transmitir seguridad, credibilidad y confianza.
Señora ministra, ¿puede usted asegurar hoy que la enfermedad no ha
traspasado la cadena alimentaria? ¿Puede usted garantizarnos la
seguridad alimentaria a los españoles?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
La pregunta dice que si yo personalmente garantizo la seguridad de
los españoles. Señora diputada, yo sola no. Es necesario que en el
Ministerio de Sanidad, con
la colaboración y la cooperación de las comunidades autónomas y del
sector, garanticemos esa seguridad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Señora ministra, usted es la máxima autoridad
sanitaria de este país y su obligación era haber tomado decisiones
eficaces para evitar esta crisis; ejercer el control sanitario para
la producción y comercialización de los alimentos; vigilar la
seguridad de los productos importados; coordinar a todas las
comunidades autónomas; vigilar y controlar el traslado de
enfermedades de los animales al hombre; gestionar la red de alerta
alimentaria; informar adecuadamente a los consumidores sobre qué
pueden comer, pero no con folletos que recomienden tener la carne en
la nevera; garantizar un etiquetado claro e inequívoco. Su obligación
es garantizar a todos la seguridad de los alimentos que van a
consumir, y en lugar de ello usted se ha dedicado a dar consejos
radiofónicos y recetas de cocina. Señora ministra, si hay algún
producto en el mercado que no sea seguro, prohíbalo y retírelo. Su
fracaso y su capacidad de crear alarma han provocado la desconfianza
y el desconcierto, el temor de los ciudadanos ante esta crisis. ¿Cómo
piensa usted recuperarlos? (Aplausos.)
Señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Señorías,
yo creo que ante una crisis de esta naturaleza hay dos posiciones:
una, tomar decisiones, dar soluciones y tranquilizar; otra, armar el
escándalo por armarlo. Usted ha decidido la segunda, y tiene todo el
derecho a hacerlo, pero no acuse al Gobierno de no haber tomado
medidas, que las hemos tomado. Usted, que estaba presente en mi
comparecencia -luego lo suyo es más grave que lo de su compañera-
sabe todas las medidas que estamos tomando, como lo saben los
directores generales que en una reunión de direcciones generales de
Salud Pública de todas las comunidades autónomas dicen taxativamente
que las medidas tomadas por las autoridades sanitarias son las
adecuadas, de acuerdo con el conocimiento científico, para prevenir
que este mal no pase a la cadena humana. Nuestra preocupación desde
el Ministerio de Sanidad es que no pase de ser un problema de
veterinaria a un problema humano. En eso es en lo que estamos.
Sinceramente le voy a decir una cosa, señora diputada. Políticamente
usted puede utilizar lo que quiera, pero los españoles son bastante
más inteligentes de lo que usted se cree, y los ciudadanos españoles
saben perfectamente... (Rumores.) Tranquilícense, señorías. Los
españoles saben perfectamente que los consejos
que ha dado la ministra de Sanidad se corresponden con la obligación
de la ministra de Sanidad en salud pública, que por encima de todo
son las medidas de precaución; y hay hasta sentencias del Tribunal
Supremo que usted conoce. Por tanto, el Ministerio ha hecho lo que
tenía que hacer. Nos gustaría que todas esas competencias que
corresponden a las comunidades autónomas se las dijera usted a sus
compañeros consejeros, porque si al final usted lo que está diciendo
es que recuperemos las competencias transferidas a las comunidades
autónomas, dígalo, pero no utilice usted aquí un lenguaje y otro
diferente en las distintas partes del Estado español. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señora ministra.
Señorías, ruego guarden silencio y dejen intervenir.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): En lo que
se relaciona con la salud de los ciudadanos espero el apoyo del Grupo
Socialista a la creación de la agencia de seguridad alimentaria, que
será una garantía importantísima para que cuestiones como las que
coyunturalmente se han presentado ahora mismo puedan desaparecer.
Espero su opinión, su apoyo y, desde luego, que sea un poco más
constructiva que lo está siendo en el problema de las vacas locas.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JORDI MARTÍ I GALBIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁNDO PREVÉ EL GOBIERNO APROBAR EL REAL DECRETO
POR EL QUE SE REGULA LA VENTA Y LA UTILIZACIÓN DE APARATOS DE
BRONCEADO MEDIANTE RAYOS ULTRAVIOLETAS? (Número de expediente 180/
000453.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula el diputado don
Jordi Martí i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Sanidad y Consumo, ¿cuándo prevé el Gobierno la
aprobación del real decreto por el que se regula la venta y la
utilización de aparatos de bronceado mediante rayos ultravioletas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Señor diputado, el real decreto que regulará la venta y utilización
de aparatos de bronceado mediante rayos ultravioletas puede estar
aprobado en torno al segundo trimestre de este año.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Desde nuestro grupo parlamentario celebramos que los planes del
Gobierno prevean la aprobación de este real decreto en este corto
plazo. Sin embargo, han pasado casi tres años desde que tuvimos
conocimiento del primer borrador del real decreto y todavía no se ha
aprobado. En ese sentido, creemos que ha pasado demasiado tiempo y
que los requerimientos emitidos en su día por los servicios
competentes de la Comisión Europea no justifican la demora que se
está produciendo en la aprobación e implementación del real decreto
de referencia. No entraremos, aunque no por ello sea un tema menor,
en cuestiones relativas a aspectos contemplados en el proyecto de
real decreto que afectan o pueden llegar a afectar a las comunidades
autónomas con competencias en sanidad y consumo. Lo que realmente nos
preocupa, señora ministra, es el correcto ejercicio de la
responsabilidad de los poderes públicos en una materia tan sensible
como la que nos ocupa.
En estas últimas semanas, los problemas relacionados con la salud
pública han sido el centro de atención de la opinión pública de
nuestro país y del resto de Europa. Temas como la EEB, el reactor
nuclear del submarino Tireless o cuestiones menos sangrantes como los
riesgos para la salud humana que producen las ondas electromagnéticas
de los teléfonos móviles y las antenas de telefonía móvil, entre
otros. Los efectos sobre la salud pública de productos transgénicos
se han situado en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos
del Estado. Nos encontramos, pues, ante una excepcional sensibilidad
de la ciudadanía en lo que afecta a la salud pública. En este
sentido, ante la proliferación de centros y establecimientos de
bronceado durante estos últimos años por toda la geografía española,
creemos que ha llegado el momento de regular esta cuestión. Le
instamos, señora ministra, dentro del plazo que nos ha avanzado, a la
aprobación de dicha normativa, pidiéndole desde nuestro grupo
parlamentario que sea desde el máximo respeto a las competencias
atribuidas a las comunidades autónomas en materia de sanidad y
consumo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Es cierto que en este momento en Europa hay una mayor sensibilidad
sobre los temas relacionados con la salud pública. Me parece
importantísimo que así sea y que se tomen precauciones y medidas
adecuadas. En esa línea está la preocupación del Gobierno que se
plasma en este real decreto.
Como sabe S.S., antes de poder discutir este real decreto con las
comunidades autónomas, necesitamos el consenso en el seno de la
Organización Mundial del Comercio y de la Comisión Europea. Ha sido
complicada y difícil la negociación con la Unión Europea para
conseguir que la norma aprobada por España estuviera dentro de las
normas de la propia Unión. En este momento estamos convencidos -por
eso puedo darle fechas- de que ya hay un consenso entre el Ministerio
de Sanidad y la Unión Europea para que este real decreto vea la luz.
En función de las competencias que en salud pública son de las
comunidades autónomas, se presentará el real decreto en el seno de la
Comisión de salud pública del Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y será discutido respetando escrupulosamente, como
no podía ser menos, las competencias de las comunidades autónomas.
Estoy convencida de que en este segundo trimestre aprobaremos este
real decreto. Sabemos que existe gran preocupación por la venta y
utilización de estos bronceadores sin un control sanitario hasta el
último momento que garantice la salud de las personas que lo puedan
utilizar.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS REVUELTA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN
ABORDANDO DESDE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO RESPECTO A LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN PARTICULAR A LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD?
(Número de expediente 180/000457.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don
Carlos Revuelta Méndez.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, que prevenir es mejor que curar lo dice la sabiduría
del refranero popular español. Sin embargo, no fue hasta 1974 cuando
a raíz de los estudios del ministro canadiense Lalonde sobre los
determinantes de la salud y del gasto sanitario se pudo demostrar de
una manera científica y contable que invertir en el medio ambiente y
en los estilos de vida es la forma más eficaz y eficiente de
contribuir a mejorar la salud de las poblaciones. Desde entonces, la
educación
para la salud es una de las tareas fundamentales de los
profesionales de la salud y de las administraciones sanitarias. Sin
embargo, a pesar de que la educación para la salud es preconizada por
todos los organismos internacionales, en España durante muchos años
ha quedado este tema relegado a la actuación de distintos colectivos
y asociaciones a título personal. Así, creo conveniente señalar en
estos momentos la actuación de la asociación Alezeia de educación
para la salud, colectivo multidisciplinar presidido por la doctora
Isabel Serrano González, que edita la revista A tu salud, reconocida
de interés científico sanitario por la Unesco y que desde hace muchos
años viene interviniendo y siendo un referente para todos los
profesionales en este campo. Porque creemos que invertir en promover
la salud es la mejor manera de ahorrar en conservar, recuperar
y rehabilitar la salud, porque creemos que ha llegado el momento de que
las administraciones públicas apoyen de una manera decidida y sin
reservas este tipo de intervenciones y porque creemos que el Gobierno
también lo cree, es por lo que le formulo, señora ministra, la
siguiente pregunta: ¿Qué medidas se están abordando desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo respecto a la promoción de la salud y
en particular a la educación para la salud?
Muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Revuelta.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Efectivamente, señor diputado, la prevención, que hace unos años
formaba parte casi de un accésit en la responsabilidad, la
competencia y el trabajo habitual del Ministerio de Sanidad y
Consumo, se ha convertido en un eje fundamental, porque es cierto que
la prevención en la salud es la mejor forma de invertir en sanidad
para el futuro, y en este sentido se han tomado medidas adecuadas
para que la prevención se convierta en la base fundamental del
trabajo cotidiano de los responsables de sanidad. En el año 1998 se
creó un grupo de trabajo de promoción de la salud en el seno del
Consejo interterritorial, es decir, con todas las comunidades
autónomas, para ofrecer un marco permanente en el intercambio de
experiencias para mejorar la calidad de las actividades de promoción
y educación de la salud. Este grupo de trabajo está desarrollando en
este momento el sistema de información en promoción y educación para
la salud, Sipyes, que se dedica a fomentar la participación española
en promoción y educación, firmar convenios de colaboración anual para
la promoción de la salud en sectores claves con el Ministerio de
Educación, lógicamente, puesto que tiene la responsabilidad de la
educación y por tanto de la escuela.En este convenio con el
Ministerio de Educación
hemos invertido 65 millones de pesetas; con el Instituto de la Mujer,
6.800.000 pesetas; con la Sociedad Española de familia y medicina
comunitaria, 6 millones, y con el Instituto de la Juventud estamos
negociando en este momento este mismo convenio. Las actuaciones
tendentes a estas acciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Sanidad y Consumo se dirigen a la coordinación de actividades de
educación sobre la salud, a la que destinamos 180 millones de
pesetas; a transferencias a las comunidades autónomas para programas
de prevención y promoción de la salud, 400 millones de pesetas; a
transferencias a las comunidades autónomas para programas autonómicos
derivados del Plan nacional sobre el sida, 785 millones de pesetas y
a actividades relativas a la lucha contra el sida, 704 millones de
pesetas. El esfuerzo que el Ministerio tiene que hacer cada vez más
por la prevención está en el eje fundamental de nuestro trabajo. Unos
españoles cada vez más sanos, más mayores pero en mejores
condiciones, es una de las metas que nos hemos marcado desde el
Ministerio de Sanidad y Consumo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARISA ARRÚE BERGARECHE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ
NOVEDADES RECOGEN LAS RECIENTES CONVOCATORIAS DEL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN ESPECIAL POR LO QUE SE REFIERE AL PERSONAL
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN? (Número de expediente 180/000463.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula a la señora
ministra de Ciencia y Tecnología la diputada doña Marisa Arrúe
Bergareche.
La señora ARRÚE BERGARECHE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la economía y la sociedad española necesitan un
fuerte impulso en materia de desarrollo científico y tecnológico. En
la década de los noventa vimos cómo el esfuerzo tecnológico español
no aumentaba y mantenía una gran distancia respecto a los países más
avanzados del mundo desarrollado. Quizá por ello se entiende mejor el
empeño que el Gobierno del Partido Popular está poniendo en el
desarrollo del nuevo Plan nacional de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnológica 2000-2003. Uno de los objetivos
pretendidos en este plan es el fortalecimiento de la capacidad
investigadora, tanto en el sector público como en el sector privado,
y para ello confía en la potenciación de recursos humanos que lo
hagan posible. Entre los medios que contribuyan a alcanzar este
objetivo, el citado plan propone un sistema de becas y
de ayudas que permita al investigador que ha acabado el ciclo de
formación superior dedicarse por entero a las tareas de investigación
científica sin otra preocupación que la de realizar un excelente
trabajo.
En los presupuestos para el año 2001, el Ministerio de Ciencia y
Tecnología prevé gestionar un conjunto de actuaciones que sin duda
potenciarán el capital humano de mayor nivel. La combinación de
becas, las estancias subvencionadas en centros extranjeros y los
contratos de incorporación de doctores favorecen la movilidad, la
formación y el perfeccionamiento de nuestros más prometedores
investigadores científicos. Ahora bien, es importante conocer
exactamente cómo se ha articulado la más novedosa de estas
actuaciones. Por eso, señora ministra, me parece oportuno hacer la
siguiente pregunta: ¿Qué novedades recogen las recientes
convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en especial por
lo que se refiere al personal investigador en formación?
Muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arrúe.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Señoría, efectivamente, con estas órdenes que corresponden al 12 y al
31 de enero de 2001, por las que se convocan respectivamente becas
predoctorales de formación de investigadores y ayudas para la
realización de proyectos de investigación y desarrollo en el marco de
los trece programas nacionales del Plan nacional de investigación,
desarrollo e innovación 2000-2003, se han dado pasos importantes
cualitativa y cuantitativamente para el desarrollo de nuestro sistema
de ciencia y tecnología, tanto en materia de recursos humanos de
investigación como en la promoción de la investigación de calidad.
Hay una relevante dotación presupuestaria que amplía las
posibilidades para el personal investigador en formación aumentando,
en este caso, la dotación de las becas predoctorales a 160.000
pesetas, sea cual sea la anualidad de disfrute de la beca; es decir,
para los nuevos y para los 1.110 becarios existentes en la
actualidad, que se benefician de incrementos que llegan a entre el 28
y el 39 por ciento. Asimismo, hemos dotado e incrementado el número
de becas que se convocan en un 47 por ciento, lo que significa 750
convocadas para el año 2000. Además, se establecen condiciones
especiales por lo que se refiere a la fecha de terminación de
estudios para aquellas personas que se hayan dedicado al cuidado de
hijos menores, hayan colaborado con una ONG o hayan trabajado en una
empresa. Se mejoran las prestaciones sociales de las becas con el
establecimiento del permiso de maternidad, durante el cual se cobrará
el 75 por ciento de la cuantía de la beca. Por otra parte, las ayudas
para
la realización de proyectos de I+D en el marco del plan nacional de
la Orden de 31 de enero podrán destinarse a la financiación de
personal en régimen de formación predoctoral, requiriéndose que su
régimen retributivo sea el establecido por la Orden de las becas
predoctorales. Es decir, una actuación clara que beneficia los
proyectos de investigación y a sus investigadores, y además evita que
las ayudas acaben generando contratos precarios. También aumenta el
presupuesto en un 50 por ciento y se mejoran los mecanismos de
gestión y evaluación. Por tanto, hay avances significativos en cuanto
al papel de los becarios en la definición de la carrera del
investigador, para darle fortaleza y reconocimiento social y
desterrar la precariedad y la endogamia.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE MEDIO
AMBIENTE: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO HA LLEVADO A CABO LAS OBRAS DE
ENCAUZAMIENTO DE LOS ARROYOS QUE HUBIERAN EVITADO LAS RECIENTES
INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE MÉRIDA Y BADAJOZ? (Número de
expediente 180/000448.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, dirigida al señor ministro
de Medio Ambiente y que formula el diputado don Francisco Fernández
Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señor ministro, desde
hace algunos meses el riesgo se cierne sobre numerosos ciudadanos de
Extremadura y de las zonas más pobladas de la misma, viven inquietos,
alarmados y temerosos. Han visto y padecido crecidas y
desbordamientos de sus ríos, cortes de carreteras, inundaciones que
aislan sus barriadas, que llenan sus casas de agua, de barro, de lodo
y sobre todo de impotencia. Vienen sufriendo un ciclo fatídico en el
que en el mejor de los casos lo que abundan son desalojos,
evacuaciones, y pérdidas en sus enseres y en sus pequeños negocios.
Esos ciudadanos creen, además, que los gobernantes fácilmente olvidan
determinados hechos y que están siendo víctimas de la lentitud y de
las promesas incumplidas. Se preguntan con razón qué tiene que pasar
de nuevo para que se arreglen los problemas de encauzamiento de los
ríos que les son más próximos.
A usted, señor ministro, le corresponde dar una respuesta
satisfactoria a las inquietudes de estos ciudadanos. En Mérida y en
Badajoz hay un grave problema de seguridad física que nos debe llevar
a que no vuelva a
ocurrir aquello que está ocurriendo, aquello que aconteció en
noviembre de 1997, aquello que acaba de pasar hace siete días. Señor
ministro tiene usted que comprometerse con cantidades, con plazos,
con fechas en la resolución de los problemas de estos ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señoría, quiero iniciar esta respuesta diciéndole que estoy de
acuerdo con su inquietud; estoy de acuerdo absolutamente y comparto
naturalmente la voluntad de solucionar este problema, el
encauzamiento de estos arroyos a los que usted hace referencia y es
compromiso de este Ministerio hacerlo de esta manera.
Quiero decirle simplemente -respondiendo estrictamente a su pregunta-
que este proyecto fue declarado de interés general en el año 1998,
que se iniciaron los trabajos de redacción del proyecto y que
efectivamente en estos momentos, en el mes de enero se ha aprobado el
proyecto, incluso se ha aprobado el expediente de información
pública, un proyecto de 4.892 millones de pesetas, y en los primeros
días de febrero se ha iniciado el expediente de expropiaciones y de
autorización del Consejo de Ministros.
Pero su pregunta era: ¿por qué ha sufrido retraso este proyecto? El
retraso ha obedecido al estudio de impacto ambiental que ha exigido
una serie de modificaciones muy importantes y yo le pregunto a usted:
¿está usted de acuerdo -usted sí que lo entenderá, estoy seguro- en
que hagamos y respetemos las prescripciones que se establezcan en
este estudio de impacto ambiental?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor ministro, hace poco un compañero
suyo le decía a la ministra de Sanidad que era mejor prevenir que
curar. Mire, señor ministro, le he planteado un problema de seguridad
física de dos núcleos de población muy importante, y no he querido
recordarle que su departamento es el que peor realización tiene en el
grado de inversión pública que anualmente aprobamos en esta Cámara.
Creo que en este momento todos, usted también, tenemos que extremar
el celo con el fin de que no vuelvan a repetirse lamentables sucesos
como los que han vivido los ciudadanos de Mérida y de Badajoz.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias.
Brevemente, pero cuando hable de ejecución con respeto le pido que se
atenga a los últimos datos de este año y verá que esta afirmación no
es cierta.
Segundo, son muy importantes, lo más importante, las vidas de estas
personas que pudieran estar en peligro, de ahí el compromiso del
Ministerio. Pero usted no me ha contestado a la pregunta que le he
hecho. Esto es el Ministerio de Medio Ambiente, las obras tienen que
hacerse respetando el impacto ambiental y la conservación de nuestro
patrimonio natural, que es lo que en estos momentos debe plantearse a
la hora de iniciar cualquier tipo de obras de estas características.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONDICIONA EL
GOBIERNO LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS PENDIENTES EN GALICIA A QUE
SIGA GOBERNANDO EL PARTIDO POPULAR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GALLEGA?
(Número de expediente 180/000449.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Fomento.
En primer lugar la número 17, que formula la diputada doña Carmen
Marón Beltrán.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado día 4 leímos en la prensa: El señor Aznar
condiciona los proyectos pendientes a que el PP siga gobernando en
Galicia. ¿Ratifica usted estas declaraciones?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señoría, esa eventualidad que S.S. plantea en la pregunta
y que a mí me parece remota, ¿tiene algún dato fiable con el que S.S.
pueda ilustrar a esta Cámara?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor ministro, el dato fiable son los
titulares de los medios de comunicación gallegos del día 4 de
febrero. Yo no estuve en ese acto, evidentemente.
Galicia, señor Cascos, necesita más inversiones en puertos,
aeropuertos, en tren de alta velocidad, necesita terminar las
autovías, porque le recuerdo que llevamos cinco años de retraso. Lo
cierto es que la inversión real de 1996 a 2001 ha caído el 40 por
ciento. No contentos con esto ustedes chantajean, o pretenden
chantajear a los gallegos diciendo que si Fraga pierde las elecciones
el Gobierno cerrará el grifo. Díganos con claridad: si el Partido
Socialista gobierna Galicia, ¿qué proyectos dejará de financiar?
Cuando el señor Aznar hizo esa afirmación, ¿qué estaba pensando? ¿Que
es su estilo como gobernante? ¿Que quiere condicionar la libertad de
los gallegos? ¿Que duda de nuestra inteligencia? Allí curiosamente el
señor Aznar anunció también su deseo de bajar a la tierra, pero no se
acercó a los mortales gallegos ni a los graves problemas que hoy les
agobian, como la crisis del sector pesquero, el drama que viven
ganaderos y una larga cadena de afectados por el mal de las vacas
locas totalmente hundidos, o los daños por las inundaciones sin
resolver. Ante estos problemas el señor Aznar se ha quedado mudo en
Galicia, ni una palabra. De verdad, de lo que importa a los gallegos,
nada de nada.
Señor ministro, la libertad de voto es la máxima expresión de nuestra
democracia, nada ni nadie puede coartarla y menos el presidente del
Gobierno. Su obligación es invertir en función de las necesidades de
los ciudadanos, gobierne quien gobierne, y no como es su estilo,
queriendo amordazar la libertad de los ciudadanos gallegos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señoría, yo esperaba que nos aportara algún dato sobre
las posibilidades remotas de que se produzca ese hipotético escenario
de que gobierne el Partido Socialista en Galicia (Rumores.), porque
de verdad es la clave de la preocupación de S.S., es el motivo de su
pregunta. (Aplausos.) Me parece tan remota esa posibilidad que creo
que el nivel de preocupación en Galicia debe ser mínimo en estos
momentos, repito, salvo que S.S. tenga datos que no conozcamos el
resto de los ciudadanos.
En todo caso, aunque esa posibilidad fuera remota, quiero disiparle
todas sus preocupaciones, primero, porque usted que es gallega me va
a entender muy bien. En Galicia la palabra dada tiene mucha
importancia y yo creo que usted no tiene ningún motivo para pensar
que la palabra que hemos dado y formalizado en Galicia no se vaya a
cumplir, entre otras cosas porque si algo ha cambiado en la política
española desde el año 1996 es que el Partido Popular cumple sus
promesas,
las hace y las cumple (Rumores.) Es el primer rasgo. Pero si
tiene usted duda de la palabra dada quiero decirle, en relación por
ejemplo con el tema de la alta velocidad, que hay suscrito un
convenio, y ese convenio se ha hecho en aplicación de una ley que
aprobó esta Cámara en el año 1996, que obliga a los ministros a pasar
por el Consejo de Ministros para autorizar y comprometer todos los
gastos plurianuales. Este convenio está autorizado, los gastos están
comprometidos hasta el año 2007 y publicados en el Boletín Oficial
del Estado. El Boletín Oficial del Estado es testigo de un compromiso
del Gobierno de José María Aznar de invertir 130.000 millones de
pesetas en Galicia.
Quiero hacerle una última consideración. Aunque dejara de gobernar
José María Aznar e hipotéticamente gobernara el señor Zapatero,
tampoco podría incumplir la palabra dada. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMPARO FERRANDO SENDRA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ
PLANES CONTEMPLA EL GOBIERNO PARA DOTAR AL CORREO PÚBLICO DEL MISMO
NIVEL TECNOLÓGICO QUE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de
expediente 180/000459.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula la diputada
doña María Amparo Ferrando Sendra.
La señora FERRANDO SENDRA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como ya sabe la Cámara, Correos y Telégrafos ha
obtenido por primera vez beneficios en la cuenta de explotación, con
un resultado neto de 407 millones de pesetas en el ejercicio pasado.
Además, todos conocemos que con la Ley de acompañamiento que el
Gobierno aprobó recientemente se acordó la constitución de una
sociedad estatal para que Correos pudiera competir en un marco de
mayor liberalización.
Por otra parte, el Gobierno tiene previsto un importante incremento
de la inversión, inversión sobre todo en lo que se refiere a la
calidad en el servicio postuniversal; una calidad que se mide, entre
otros parámetros, en el tiempo de entrega de la correspondencia a los
usuarios. Eso va a comportar que se ponga en marcha un plan de mayor
automatización del servicio. La aplicación de las nuevas tecnologías
al servicio de Correos y Telégrafos ha de ser una apuesta decidida
por parte del Gobierno que desde nuestro grupo no dudamos que así
será, en primer lugar para mejorar la calidad de dicho servicio, y en
segundo lugar para garantizar que la puesta en marcha del mismo, es
decir de este plan de
automatización, se dé en las mejores condiciones posibles a los
ciudadanos. Somos conscientes, además, de que la implantación de un
nivel tecnológico aplicado al servicio de Correos y Telégrafos tiene
que realizarse a lo largo de todo un proceso y desde luego por fases,
un proceso que al final culmine con un mayor equilibrio respecto a
los países de la Unión Europea.
En resumen, teniendo en cuenta el excelente resultado en los
beneficios mencionados anteriormente, así como también la aplicación
de las nuevas tecnologías, señor ministro, le formulo la siguiente
pregunta: ¿qué planes contempla el Gobierno para dotar al correo
público del mismo nivel tecnológico que en los países de la Unión
Europea?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ferrando.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Gracias,
señora presidenta.
Su Señoría tiene mucha razón cuando dice que el reto de Correos tiene
mucho que ver con el grado de tecnificación de sus actividades. De
hecho mientras los principales operadores públicos de Correos
europeos tienen el 95 por ciento de su trabajo automatizado, Correos
y Telégrafos de España está en el 16 por ciento. La necesidad de
corregir este déficit de inversiones es una de las razones que
avalaron la propuesta de transformación de Correos en sociedad
estatal, que aprobaron estas Cortes y que permitió incrementar el
presupuesto para este año, el ejercicio 2001, en un 50 por ciento con
relación al año anterior. El presupuesto de inversiones de Correos
para este ejercicio asciende a 40.472 millones de pesetas, con los
cuales pondrá en marcha tres planes: uno de automatización entre los
años 2001 y 2004, otro de contenedores que tiene también el mismo
horizonte, y finalmente un plan de informatización con horizonte
2001-2003. Este primero, el de automatización, tiene un presupuesto
para el cuatrienio de 51.344 millones de pesetas, una parte para
equipamientos y otras para obras en los centros. Hace dos semanas se
adjudicaron los primeros contratos de este equipamiento,
concretamente se han adjudicado 21 equipos a la empresa Siemens, por
importe de 7.500 millones de pesetas, lo cual va a permitir la
automatización de Madrid, Barcelona, Vitoria, Santiago, Oviedo,
Granada, Sevilla, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las
Palmas, Alicante, Zaragoza, Badajoz, Valladolid y Toledo; esto en la
primera fase. En la segunda fase continuará hasta el importe que le
he dicho y concluirá en el año 2004 con ese objetivo de elevar el
grado de automatización en Correos hasta el 80 por ciento en ese año.
A su vez, el plan de contenedores contempla inversiones de 1.500
millones de pesetas y el plan de informatización tiene unas
previsiones
de 29.200 millones de pesetas que quedan cubiertos con las
posibilidades de inversión que hoy tiene la sociedad estatal Correos
y Telégrafos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MERINO SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN
ESPAÑOLA RESPECTO A LA INICIATIVA COMUNITARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO
DEL CIELO ÚNICO EUROPEO? (Número de expediente 180/000460.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don
Antonio Merino Santamaría.
El señor MERINO SANTAMARÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en diciembre de 1999 la Comisión Europea envió al
Consejo y Parlamento Europeo la comunicación sobre la creación de un
cielo único europeo, dirigido a proponer acciones específicas que
resuelvan la situación actual relativa al tráfico aéreo. Para ello se
estableció un grupo de alto nivel sobre espacio único europeo que se
conoce con las siglas HLG. Al parecer y hasta el día de la fecha, han
tenido lugar como 10 reuniones y los progresos del HLG se han basado
en los trabajos llevados a cabo por los cinco subgrupos creados.
Recientemente se ha finalizado el borrador del informe final del HLG,
en el que se destacan una serie de ideas. Al mismo tiempo, es
conocido que la vicepresidenta y comisaria de Transportes y Energía
impulsa el proyecto denominado cielo único, que pretende superar el
modelo basado en la repartición del espacio según las fronteras
nacionales, para llegar a otro de gestión simplificada y
racionalizada, según el concepto similar al ya existente para el
mercado único. Vinculado al mismo debemos contemplar la participación
nacional en el proyecto de navegación por satélite Galileo, uno de
los retos tecnológicos más importantes de España en la actualidad.
Por ello, es el momento de tomar decisiones comunes para solucionar
un problema paneuropeo que admite pocas soluciones individuales
debido a su alto grado de interconexión. Es fundamental establecer un
marco regulador efectivo tanto a nivel europeo como nacional y para
ello es imprescindible el apoyo claro a la introducción de la
separación entre la regulación y la provisión de servicio. La
introducción de separación debería realizarse a nivel europeo y
nacional. La solución no se debe concentrar sólo en medidas
operativas a corto plazo. Las reformas estructurales serán, sin duda,
más difíciles de establecer y necesitarán más tiempo, pero son la
base fundamental para una solución definitiva del problema.
Por todo ello, señor ministro, ¿cuál es la posición española respecto
a la iniciativa comunitaria para el establecimiento del cielo único
europeo?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno español está apoyando desde el primer
momento el proyecto conocido popularmente como cielo único europeo y
que está bajo la responsabilidad de la presidenta y comisaria europea
de Transportes que en estos momentos y después de los trabajos
realizados está a punto de elaborar una comunicación, que todavía no
conocemos, para ser elevada al Consejo Europeo de Estocolmo que
tendrá lugar a finales de marzo. En esta comunicación la Comisión
tendrá que traducir las recomendaciones que hasta ahora se han ido
alcanzando en términos de acciones concretas y también en
proporcionar un plan de acción y una planificación en el tiempo del
desarrollo de este nuevo modelo de gestión del tráfico aéreo.
Quiero decirle que además no sólo estamos de acuerdo con las líneas
básicas, sino que estamos de acuerdo con todos y cada uno de los
puntos en los que hasta ahora ha habido acuerdos del grupo de alto
nivel. Concretamente, estamos de acuerdo en la urgente necesidad de
establecer un fuerte regulador en la Comunidad para garantizar la
mejor gestión, la óptima gestión del espacio aéreo europeo. En
segundo lugar, que se considere el espacio aéreo europeo como un
recurso común. En tercer lugar, que se establezcan sinergias entre
los organismos de la Unión Europea, concretamente los poderes
reguladores y el actual organismo Eurocontrol; que se establezca una
cooperación activa y operativa entre las autoridades militares que
gestionan una parte muy importante del espacio aéreo y las
autoridades civiles, de manera que haya una gestión conjunta civil
y militar en el tráfico aéreo; que además se aproveche la oportunidad
de incorporar las nuevas tecnologías, respetando la prioridad a favor
de la seguridad y mejorando la interoperatividad entre los distintos
sistemas; y finalmente, que contemple también la necesidad de
impulsar el diálogo social en el ámbito comunitario, para que
progresivamente mejore la capacitación del conjunto de personas que
sirven a este sistema en toda Europa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON HÉCTOR ESTEVE FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO
EL GOBIERNO PARA QUE LA BASE AÉREA MILITAR DE LOS LLANOS PUEDA SER
UTILIZADA POR EL TRANSPORTE CIVIL? (Número de expediente 180/000461.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula el diputado don
Héctor Esteve Ferrer.
El señor ESTEVE FERRER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nunca en el tiempo Albacete ha acumulado un mayor
número de proyectos que los que ahora están en marcha. Como usted
conoce, pues no en vano el Ministerio de Fomento está realizando un
gran esfuerzo inversor en mi provincia y fundamentalmente en la
ciudad de Albacete, hasta el punto que yo me atrevería a decir que
Albacete va a llevar a cabo una transformación que será la más
radical de su historia y que ha venido siendo demandada por su
sociedad.
Uno de los proyectos que confirman el deseo que tienen los ciudadanos
de Albacete de ganar el futuro, de iniciar este nuevo siglo con una
moderna red de infraestructuras que permitan el despegue definitivo
de la ciudad con mayor crecimiento de Castilla-La Mancha, es la
posibilidad de hacer realidad un histórico sueño de los albaceteños:
el uso civil de la Base Aérea Militar de Los Llanos.
Hoy día en Albacete nadie duda de que el Gobierno del Partido Popular
hará posible que Albacete cuente con el primer aeropuerto de
Castilla-La Mancha. Se ha avanzado bastante desde que en marzo de
1999, en contestación al entonces alcalde popular del Ayuntamiento de
Albacete, el coronel jefe de la base constatara que por parte del
Ministerio de Defensa no existían inconvenientes para la apertura al
tráfico civil de la Base Aérea de Los Llanos. Creo que el Partido
Popular también ha contribuido a dicho avance desde entonces,
canalizando las expectativas de progreso que para los albaceteños
supone este proyecto, consiguiendo por ejemplo que el 17 de febrero
de 2000 el pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha
decidiera por unanimidad apoyar una proposición no de ley presentada
por el Partido Popular, que tenía como finalidad reclamar la
utilización compartida de la base aérea a los ministerios de Defensa
y de Fomento o como también ocurrió el 25 de febrero de 2000, cuando
el Ayuntamiento de Albacete en pleno aprobara por unanimidad una
propuesta del Grupo Popular a una iniciativa similar.
Por ello, señor ministro, desde el reconocimiento al impulso político
que usted ha sido capaz de dar a este gran proyecto desde que el 21
de septiembre pasado en su comparecencia en la Comisión de
Infraestructuras del Senado adelantara que los ministerios de Fomento
y de Defensa estaban estudiando un convenio de aprovechamiento
conjunto de la Base militar de Los Llanos, de Albacete, que
permitiera a AENA habilitarlo
para vuelos comerciales, lo cual se plasmó en un protocolo de
intenciones que firmaron el ministro de Defensa y usted mismo en este
Parlamento días después o el acuerdo de colaboración que, junto con
la administración autonómica, firmaron en Albacete el pasado 2 de
febrero de 2000, le pregunto: ¿qué está haciendo el Gobierno para que
la Base Aérea Militar de Los Llanos pueda ser utilizada por el
transporte civil?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Esteve.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señoría, en estos momentos estamos poniendo en marcha los
compromisos que se derivan de los protocolos y de los acuerdos que ha
citado S.S. y que han sido fruto de unas gestiones laboriosas que a
instancia, por supuesto y como ha citado, de las autoridades y las
instituciones de Albacete, y muy particularmente del programa
planteado en distintas instancias por el Partido Popular, tenían como
objetivo la apertura al tráfico civil de la base militar de Albacete,
que hoy es ya la séptima base aérea militar abierta al tráfico civil
y que junto con los nueve aeropuertos de uso compartido con el
Ejército del aire y los 30 aeropuertos de interés general, forman
parte de una red de 46 aeropuertos españoles de interés general.
Como consecuencia del protocolo nos hemos comprometido, para
facilitar el uso civil de la base, a garantizar la permanencia e
impermeabilidad de las instalaciones militares, la continuidad de los
servicios que actualmente se prestan, la prioridad de las operaciones
aéreas en beneficio de la defensa nacional y la ausencia de coste
para el Ministerio de Defensa; es decir las inversiones las
realizarán el Ministerio de Fomento y AENA con cargo a sus propios
presupuestos. Estas inversiones, sobre las que actualmente se está en
fase de estudios y proyectos, se contemplan en el convenio firmado el
29 de enero entre el Ministerio de Defensa y AENA, concretamente en
el área de maniobra la construcción de una plataforma de
estacionamiento aproximadamente de 20.000 metros cuadrados, un
edificio terminal de unos 1.500 metros cuadrados con capacidad de
procesamiento de 220 pasajeros y distintas inversiones para accesos,
aparcamiento de vehículos, servicio de extinción de incendios,
medidas de seguridad y mejoras en las instalaciones de navegación
aérea. En total los estudios actualmente en marcha y los proyectos
iniciados suponen un coste aproximado para AENA de unos 1.800
millones de pesetas, que si no surge ningún inconveniente, y creo que
los acuerdos con la comunidad autónoma facilitarán que desde el punto
de vista urbanístico haya colaboración de todas las instituciones,
tal como se prevé en el protocolo firmado
por el presidente de la Junta de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, en el plazo previsto de dos años esté...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA
GENERAL EN MATERIA DE RESIDUOS. (Número de expediente 172/000059.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre
medidas de política general en materia de residuos.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, formulamos esta interpelación en un momento
que nosotros estimamos idóneo hablar de un tema tan importante y tan
en boga, al menos desde nuestro punto de vista, como es lo que tiene
que ser la gestión de los residuos en España. Somos conscientes del
reparto competencial que existe con las comunidades autónomas en
materia de residuos, y por tanto no me gustaría que se fuera por esa
línea a la hora de las responsabilidades y dijera que no hay
responsabilidad porque esto es culpa de las comunidades autónomas. La
Administración central tiene unas competencias, las comunidades
autónomas tienen otras y los ayuntamientos, las suyas. En esta
interpelación no estamos hablando de lo que pueden o deben hacer las
otras instituciones, en esta interpelación, señor ministro, estamos
hablando de la capacidad de gestión y de iniciativa política que
tiene el propio Ministerio de Medio Ambiente y de qué está haciendo
en el desarrollo de la política de residuos en España y más en estos
momentos en que tenemos sobre la mesa la crisis de la encefalopatía
espongiforme bovina, vulgarmente denominada EEB.
Me decía el otro día, señor ministro, respondiendo a una pregunta,
que yo desconocía nuestra legislación. Me lo decía con humildad. Con
la misma humildad le tengo que decir que no es cuestión de ver quién
sabe más, a lo mejor por ser usted ministro existe la percepción de
que sabe más; no lo sé. Sí sé que en materia de residuos hay una
serie de actuaciones que usted tiene que llevar a cabo y que no
dependen tanto del conocimiento de la ley, sino de la capacidad que
usted tenga de dirigir un Ministerio para que esas medidas se pongan
en marcha. No voy a entrar en el mayor o menor conocimiento; no
estamos aquí ante un examen, y si fuera así sería el suyo, no el mío
ni el de mi grupo. Lo
que sí sé también es que en relación con la situación actual de la
política de residuos, de lo que debiera hacerse o de lo que han hecho
ustedes en el último tiempo habría que decir lo siguiente.
En 1998 elaboraron la Ley de residuos, que incorporaba una Directiva
comunitaria, la 91/156 de las Comunidades Europeas, que se aplicaba
de manera supletoria respecto a la eliminación y transformación de
animales muertos y desperdicios de origen animal a lo no regulado en
el Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre. Esta ley, señor
ministro -y hablamos de 1998-, todavía no ha tenido desarrollo
reglamentario, y si lo ha tenido espero que diga cuál es; nosotros
entendemos que no ha habido desarrollo reglamentario y que no se han
dictado normas específicas para determinados tipos de residuos. Dicha
Ley recogía la necesidad de elaborar distintos planes nacionales de
residuos y hasta ahora sólo han aprobado el Plan nacional de residuos
urbanos, del que como usted sabe perfectamente quedan excluidos los
residuos peligrosos. Este Plan 2000-2006 fue aprobado en el mes de
enero del año 2000, tres meses antes de celebradas las elecciones,
cuando nosotros ya no estábamos aquí, porque se habían disuelto las
Cámaras; por tanto no tuvo ningún debate, no hubo ninguna reflexión
en esta Cámara y nada se pudo hacer sobre el conocimiento de ese plan
hasta septiembre/octubre del año 2000, cuando la secretaria general
de Medio Ambiente lo expuso en la Comisión. Curiosamente, cuando
expuso sus contenidos reconoció de manera muy explícita la carencia
de datos fiables en su elaboración. Los que se usaron eran antiguos,
según sus propias palabras. Es decir, en la elaboración de un
ambicioso plan, con muchos programas, se partía o estaba basado en
datos insuficientes. Su plan se desarrollaba a través de cuatro
programas: un programa nacional de prevención; un programa nacional
de recuperación y reciclaje, que contenía otra serie de subprogramas,
por decirlo de alguna manera, que hacían referencia a envases y
residuos de envases, al compostaje, a la valoración energética, a un
subprograma nacional de eliminación; había un programa de
sensibilización pública y concienciación ciudadana, y un programa de
formación de personal especializado. Este es su marco: la ley
desarrollada a través de unos planes, y de esos planes, señor
ministro, salvo el que le he comentado de residuos urbanos, no hay ni
uno en marcha, no los conocemos. Y ustedes, sin embargo, sí que
recibieron una herencia, que no la quieren reconocer, y es que desde
1995 al 2000 se puso en marcha un plan de residuos tóxicos y
peligrosos que paralizaron, como he dicho anteriormente, y que lo
hicieron de tal manera que en el año 1997, de los 1.300 millones de
pesetas que tenían que transferir a las comunidades autónomas para la
ejecución de dicho plan, únicamente transfirieron 76 millones de
pesetas, y al día de hoy no hay, como le decía antes, ningún plan
nacional de residuos
peligrosos. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
El plan nacional de residuos urbanos establece que habrá un plan
nacional de residuos especiales, y la señora Tocino dijo en sus
declaraciones en esta Cámara que elaboró borradores pero ninguno ha
visto la luz. En septiembre del año 2000 su Secretaría General
anunció también que estos planes de residuos especiales habían sido
sometidos a información pública y serían aprobados en breve. Estos
planes eran: plan nacional de neumáticos fuera de uso; plan nacional
de vehículos fuera de uso; plan nacional de residuos de matadero,
decomisos y animales muertos, que ojalá estuviera en marcha, señor
ministro, porque en estos momentos tendría usted un instrumento sobre
el que trabajar para llevar a cabo el tratamiento adecuado de los
residuos derivados de la enfermedad de las vacas locas; un plan
nacional de lodos de depuradoras; un plan nacional de residuos
voluminosos y un plan nacional de residuos de construcción
y demolición. Y con todos esos planes, señor ministro, me gustaría
saber qué ha pasado, con todos; si usted me quiere decir algo en
especial sobre alguno de ellos, no me importaría, pero sí que me
gustaría que me dijera sobre esos planes qué tipo de previsiones
tienen en estos momentos.
En definitiva, tienen el marco jurídico, tienen los planes, y surge
el problema de las vacas locas. Y si ustedes hubieran actuado con la
diligencia que es exigible a todo buen gobernante, cuando en el mes
de junio del año 2000 ustedes tienen comunicación de la Unión Europea
de que hay que empezar a tratar el problema de las vacas locas porque
hay indicios de que esto va en serio, ustedes hubieran hecho algo,
pero no hicieron nada. Y usted, concretamente, su Ministerio, a pesar
de que ha habido otros ministros, como el ministro de Agricultura, o
la ministra de Sanidad, que han salido a la palestra, han dado la
cara (mal dada, y la prueba es que les han abofeteado,
simbólicamente, y no se ha aceptado una reprobación porque su grupo
no ha querido), usted, señor ministro, ha estado fuera de todo este
proceso.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado? La propia ley que usted
me decía que yo desconocía, señor ministro, le obliga a usted a que,
sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos y
métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin
crear riesgos para el agua, el aire o el suelo ni para la flora ni la
fauna, sin provocar incomodidades por el ruido o por los olores y sin
atentar contra los paisajes y lugares de especial interés, deberían
haber llevado a cabo el desarrollo de ese plan de residuos. ¿Usted ha
actuado en todo este proceso de acuerdo con estos objetivos? ¿Usted,
señor ministro, piensa que esta norma que le acabo de leer, que usted
no ha desarrollado, es la norma que le ha servido de pauta para
marcar los caminos a seguir en todo el proceso de tratamiento
del problema de las vacas locas desde el punto de vista
medioambiental?
Señor ministro, hasta el día 24 de noviembre no se regula la
destrucción de los MER y, según este decreto que regula los MER,
después de su extracción deben ser destruidos completamente o
entregados a la industria de transformación autorizada para su
posterior eliminación.
El siguiente paso es que, para llevar a cabo este tratamiento,
ustedes firman un acuerdo con las industrias cementeras y, señor
ministro, en ese acuerdo, que tengo por aquí, usted no aparece, y el
título del acuerdo es: Acuerdo marco de colaboración de Agricultura y
Oficemen para la adopción de medidas de apoyo a la lucha contra la
encefalopatía espongiforme bovina en materia de destrucción de
harinas de carne. Y esto tiene consecuencias medioambientales, puede
tener consecuencias de contaminación y eso, por mucho que me diga,
señor ministro, lo tenía que haber firmado usted o, al menos, los
dos; puesto que quieren firmar un convenio con estas empresas para
eliminar este tipo de residuos, lo tienen que firmar ustedes dos y
ustedes no lo han hecho.
Señor ministro, sinceramente, espero que usted me diga qué medidas se
han puesto en marcha desde que se inicia todo este proceso, qué
participación ha tenido usted y qué le parece la incineración, el
pretratamiento, el enterramiento, es decir, qué reacción tiene usted
ante las imágenes de los enterramientos que se han producido, por qué
razón el Ministerio de Medio Ambiente no ha puesto encima de la mesa
una serie de pautas (para que las conozcamos todos, no para que las
conozcan, según parece, algunos miembros del Gobierno) que nos
indiquen que usted ha tenido una sensibilidad especial en el
tratamiento de los residuos derivados de la enfermedad de las vacas
locas en España.
Lo que sí ocurre, señor ministro, es que las instalaciones que hay
son escasas. Hay vertederos controlados, indudablemente, pero la
ubicación de estos residuos en los vertederos controlados tiene que
hacerse en determinadas condiciones para no producir contaminación
del suelo. Hay ocho incineradoras en total, cinco en Cataluña, una en
Mallorca, otra en Madrid y otra en Melilla, pero están restringidas
para los MER y hay que adecuarlas. Se puede hacer la incineración en
instalaciones de lecho fluido, pero solamente existen en
Valdemingómez, en Madrid. Es decir, estamos carentes de instalaciones
y usted, señor ministro, tenía que haber acometido, desde el
principio de este proceso, una previsión de financiación que tenía
que haber tenido su reflejo en los presupuestos para el año 2001,
porque cuando se presentan los presupuestos y se discuten en esta
Cámara usted ya sabe que este problema existe, y usted ya sabe, o
debiera saber, que hay déficit de instalaciones adecuadas para hacer
frente al tratamiento de estas materias.
Usted, señor ministro, lo primero que hace, el día 25 de enero -que
yo sepa, y espero que me lo aclare ahora-, además de pertenecer a la
famosa comisión
del señor Rajoy, que depende del MAPA, en la que usted está de
invitado y donde se elaboran algunas normas (algún día nos
enteraremos qué estudios previos han tenido ustedes para hacer esas
normas), es elaborar un documento de dos folios, que se llama
Bosquejo del futuro plan nacional de eliminación de MER y otros
residuos animales. Y cuando uno lee los contenidos y los requisitos
para la redacción del Pemra, nos encontramos con que son
generalidades y demuestra que no ha dado un paso hasta ese momento
para llevar a cabo la redacción de este documento. Desde el 25 de
enero hasta ahora ya han pasado unos días, y si usted puede demostrar
que éste es un plan que ha sido concertado con las comunidades
autónomas (ojalá fuera así, señor ministro, ojalá las comunidades
autónomas y el Gobierno concertaran el tratamiento de este tipo de
residuos, para evitar posibles riesgos innecesarios), si usted
demuestra que este plan es el más adecuado, nosotros no tenemos
ningún problema en asumirlo, pero queremos conocerlo.
Como le decía el otro día, señor ministro, estamos en la primera
fase, en el inicio de conocer, desde su perspectiva de Ministerio de
Medio Ambiente, qué es lo que ha hecho, en qué ha trabajado durante
todo este proceso para hacer frente a los riesgos que entraña el
tratamiento de los residuos derivados de la enfermedad de las vacas
locas. Porque los precedentes que existen, es decir, lo que han hecho
desde el año 1996 hasta ahora y lo que ha hecho desde el año 2000
-cuando usted tomó posesión- hasta ahora, en nada avala que tengan
medidas suficientes para hacer frente, en estos momentos, a todos los
problemas que se están derivando del tratamiento de los materiales
específicos de riesgo. A mí me gustaría saber si usted está de
acuerdo con la incineración, con el enterramiento, en qué condiciones
y cómo fija las condiciones de eliminación de estos residuos, es
decir, algo que nos permita abrir los ojos a una cierta esperanza de
que el Gobierno ha tomado en cuenta el problema real y se ha puesto a
trabajar en la dirección más correcta, que es la de tranquilizar a la
opinión pública y hacerle entender que ni el aire ni el agua ni el
suelo van a tener ningún tipo de consecuencia negativa por una falta
de tratamiento adecuado de los residuos derivados de este proceso al
que he hecho referencia.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Morlán.
Señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Señor
presidente, señorías, intentaré responder al contenido estricto de su
interpelación.
Para empezar, creo sinceramente que lo que se ha hecho en materia de
residuos en los últimos años es
mucho y muy importante, y no lo digo para comparar con lo que se
pueda haber hecho en épocas anteriores, ni muchísimo menos,
simplemente es un dato objetivo. La labor de planificación y de
legislación, conjuntamente con las comunidades autónomas, en materia
de residuos ha sido muy importante en España, y además no en los
nueve o diez meses que lleva este Gobierno, sino en la legislatura
anterior. Sinceramente, creo que se ha avanzado mucho. Este es un
hecho objetivo, y es algo que reconocen -insisto- todas las
comunidades autónomas y también las autoridades del ámbito de la
Unión Europea.
Efectivamente, la Ley de residuos se aprueba en el año 1998, y en el
mes de febrero del año 2000 se aprueba un Plan nacional de residuos
urbanos. Usted sabe que además se le quita la palabra sólidos, y sabe
perfectamente por qué se hace. Señoría, ya tuve ocasión de
responderle, mencionándole que lamentaba mucho que se hubiera
aprobado en un período en el que estas Cámaras no estaban operativas,
pero sinceramente creo que el hecho de que este Plan nacional de
residuos se haya aprobado con el consentimiento de las comunidades
autónomas, exactamente igual que la propia ley, es un atenuante muy
importante. Es decir, los grupos de esta Cámara están representados
en cierto modo en los gobiernos autonómicos, y el hecho de que la
conferencia sectorial haya aprobado unánimemente este proyecto le da
un cierto aval que usted, sin duda, no me negará.
Pues bien, a partir de este Plan nacional de residuos del año 2000,
desde el Ministerio se han desarrollado toda una serie de normativas.
A usted quizá no le guste escucharlo, pero tengo que recordárselo: el
Ministerio de Medio Ambiente es competente sólo en legislación básica
estatal, porque las competencias exclusivas, e incluso el desarrollo
de la competencia legislativa, son una potestad de las propias
comunidades autónomas, como usted conoce mejor que yo. Desde esa
fecha, se aprueba la Ley 11, de envases y residuos de envases; la Ley
10, de residuos; el Real Decreto 7/1982, en el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de envases y residuos de envases;
la orden por la que se establecen las cantidades de depósito y el
símbolo de los envases, aprobada en 1998; el real decreto relativo
a pilas y acumuladores, en atención a lo establecido en la directiva
comunitaria de 1991; el Real Decreto 952/1997, que modifica el Real
Decreto 833/1989, sobre residuos peligrosos; el real decreto sobre
PCB y sobre PCT; el real decreto de ordenación del sector ganadero
del porcino, elaborado en colaboración con el Ministerio de
Agricultura; la resolución en la que se publica el catálogo europeo
de residuos; las órdenes de subvención de aceites industriales y
usados de 1997 y 1999 y otras normas de gestión de residuos agrícolas
y ganaderos.
En materia de planificación, a la que usted ha hecho referencia,
permítame que le diga que no puedo estar de acuerdo con el hecho de
que usted diga que no conoce
esos planes que ha elaborado el Ministerio en desarrollo de esa
clasificación de los residuos especiales. Señoría, si los planes se
elaboran y se ponen a exposición pública de forma preceptiva, porque
el ordenamiento legal así lo establece y así lo exige, S.S. no puede
mostrar desconocimiento de esos planes. En su momento esos planes se
convertirán en la norma legal correspondiente, pero el hecho de que
estén expuestos preceptivamente a exposición pública no le puede
permitir a usted decir que los desconoce. Quiero recordarle que de
los planes especiales que se establecían en la legislación, el plan
de neumáticos usados ha estado ya a exposición pública; el de lodos
de depuradoras, también, y el de residuos de construcción y
demolición, también. Si usted me dice: ministro, además de haberlos
sometido a exposición pública lleva cierto retraso y ya tendría que
haber aprobado estos planes. Se lo podría admitir, señoría. No tengo
ningún inconveniente y, en cualquier caso, reciba usted mi compromiso
de que vamos a aprobar estos planes en cuanto hayamos terminado esos
períodos preceptivos de exposición pública, porque es mi voluntad el
desarrollarlos, como puede comprender.
Pero usted, con todo el derecho del mundo, me puede preguntar por los
restantes planes, por el de vehículos fuera de uso, por el de
residuos voluminosos e incluso por el de residuos de mataderos, que
hoy está en boga por esta crisis a la que usted ha hecho referencia.
Pues bien, estos planes también estaban elaborados sobre unos
borradores establecidos en el Ministerio, pero las directivas
europeas que hoy están en vigor o que se están tramitando básicamente
nos exigen que no hagamos un trabajo baldío y que reconduzcamos estos
borradores que habíamos elaborado inicialmente para que cuando los
podamos aprobar estén de acuerdo con la normativa europea que
establezca la propia directiva. Creo que esto lo comprenderá y lo
compartirá conmigo. Señoría, vamos a retrasarnos un par de meses en
estos proyectos siempre y cuando al final estén de acuerdo los planes
que aprobemos y sean coherentes con lo que establezcan las directivas
europeas, que se están negociando todavía, es decir, no están
aprobadas y, por tanto, todavía no estamos en disposición de
incorporarlas.
En cuanto a lo que usted ha querido referirse aquí, en tono coloquial
le diré que usted probablemente aprovecha la interpelación a modo de
excusa (se lo digo sin acritud) para poder interpelar a este ministro
sobre lo que hayamos hecho respecto a la famosa enfermedad de las
vacas locas. Yo no tengo que exigirle a usted que conozca ni que deje
de conocer. Lo que usted no puede hacer es tergiversar ni la realidad
ni los hechos, y eso sí tengo derecho a exigírselo. Me explicaré.
La propia Ley de residuos establece una clasificación de residuos en
urbanos, especiales, industriales, ganaderos, nucleares, etcétera, y
usted sabe perfectamente que todos, menos los urbanos y los
especiales,
son competencia de desarrollo de ordenamiento sectorial. Lo siento,
pero es así. Sólo en el caso de que no exista ese ordenamiento
sectorial es cuando entrará en vigor de forma complementaria la
normativa medioambiental, por un principio básico en medio ambiente.
Esta ley está muy bien hecha y el principio básico es que el
productor del residuo es el responsable del residuo, y ese principio
-que es básico en esa ley- es el que establece que esa normativa del
residuo tiene que ser sectorial. Yo estoy de acuerdo con este
principio que aprobaron ustedes -no tuve la suerte de aprobarlo yo-,
por eso la orden es del Ministerio de Agricultura, por eso el decreto
del mes de noviembre es del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es la
responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente? Garantizar que las
medidas que se toman desde los ministerios sectoriales y, en
cualquier caso, desde el Gobierno, del que soy responsable,
afortunadamente, se toman con todas las garantías medioambientales
posibles. Eso es lo que se ha hecho, señoría. En dos ocasiones se han
convocado sendas conferencias sectoriales de directores generales de
Medio Ambiente, que, además, están en la misma situación que este
ministro con relación a sus respectivos órganos de Gobierno, y eso
usted también lo comprenderá perfectamente, porque el esquema
competencial es el mismo. Y en esas conferencias sectoriales, que
culminamos con una conferencia sectorial con todos los consejeros de
Medio Ambiente de las comunidades autónomas, lo que se pacta
básicamente son tres medidas que se pueden desarrollar y que se
desarrollan dentro del ámbito del medio ambiente.
La primera, a petición de las propias comunidades autónomas, que es
la modificación de la Ley de residuos. Las comunidades autónomas, que
aceptan con el Ministerio de Agricultura la solución temporal, pero
válida, que se da a la eliminación de ese tipo de residuos,
subvencionando la fabricación de harinas, y desde el Ministerio de
Agricultura, naturalmente, porque es el responsable sectorial,
estableciendo convenios con las cementeras, con su financiación, para
la eliminación de esos residuos, siempre que Medio Ambiente garantice
que esa eliminación se hace sin dioxinas y sin furanos (cosa que se
garantiza al estar incinerando a una temperatura de más de 1.200
grados, entre 1.200 y 1.800, y usted sabe mejor que yo que a partir
de 800 grados las dioxinas y los furanos no existen, con lo cual
garantizamos precisamente la no existencia de ese riesgo ambiental);
pues bien, esa fórmula de eliminación de los residuos, temporal pero
válida -insisto-, de la fabricación de harinas y de la eliminación de
esas harinas, a través de los convenios con las cementeras, es lo que
los propios consejeros de Medio Ambiente, el propio Ministerio de
Medio Ambiente valida desde el aspecto estrictamente medioambiental,
porque la ley establece que la responsabilidad es una responsabilidad
legislativa sectorial, como debe ser.
Todas las comunidades autónomas aprueban ese plan, firman esos
convenios con el Ministerio de Agricultura y nos piden a nosotros que
modifiquemos la Ley de residuos, porque resulta que, en este país,
cuando las comunidades autónomas deciden incinerar estas harinas en
determinadas cementeras, se encuentran con que hay ayuntamientos que
les ponen pegas y problemas porque son de distinto signo político o
por lo que sea. Y es igual, hay de todos los colores. En unos mandan
y los otros dicen que no; en otros mandan los otros y los unos dicen
que no. Es igual, es lo de siempre.
Nosotros accedemos a modificar la Ley de residuos, pactamos el texto
con las comunidades autónomas, y este decreto que se aprobará,
espero, en el próximo Consejo de Ministros y que ha tenido la
aprobación por unanimidad de las comunidades autónomas, esa
aprobación lo que hace es permitir que la eliminación de esas harinas
se va a realizar en cementeras, se va a realizar en centrales
térmicas (era una petición expresa me parece que de Asturias),
incluso en ladrillerías, sin el cambio de licencia de actividad y sin
la autorización de la comunidad autónoma. Que quede claro que quien
pide esa exención y, por tanto, esa recuperación de competencias
desde el Estado son las propias comunidades autónomas, que quede
claro, a petición suya.
Segunda, la elaboración de un plan nacional de eliminación, a medio y
a largo plazo. Perfecto. Naturalmente. No es que demos dos hojas, es
que lo que asumimos es un compromiso de elaborar conjuntamente con
las comunidades autónomas un plan de dotación de infraestructuras a
medio y a largo plazo. ¿Por qué? Porque el proceso que hoy nos hemos
dado todos de eliminación y de fabricación de harinas y de
eliminación de esas harinas es una solución que temporalmente se
podrá aceptar, pero usted comprenderá conmigo que es una solución
cara. Esta solución cuesta dinero a las comunidades, cuesta dinero al
Gobierno, y naturalmente en el largo plazo habrá que encontrar
soluciones definitivas. Como en eso estamos de acuerdo todos y como
al final, afortunadamente, las comunidades autónomas (a veces yo creo
que con más sentido de Estado que algunos partidos políticos) saben
que este es un problema de Estado, que todos han de arrimar el hombro
y que lo que han de hacer es solucionar el problema entre todos, ¿qué
hacen? Proponen soluciones para que, conjuntamente, podamos elaborar
este plan nacional de dotación de infraestructuras, que tendrá que
pasar, naturalmente, por la dotación de infraestructuras de
incineración, básicamente. Pues bien; usted sabe que la competencia
de la incineradora es de la comunidad autónoma, la competencia de
velar por qué tipo de residuos elimina es de la comunidad autónoma,
la competencia de velar por que efectivamente está cumpliendo los
requisitos de contaminación y de emisión de residuos es de la
comunidad autónoma, por lo tanto este plan se debe hacer
conjuntamente.
Nosotros proponemos liderarlo desde la conferencia sectorial, lo
aplauden las comunidades autónomas y les pedimos una documentación.
¿Por qué les pedimos documentación? Porque son los competentes y nos
tienen que decir qué es lo que hacen, qué es lo que tienen, que es lo
que no tienen y qué es lo que están dispuestos a hacer. Son los
competentes. Tienen competencia exclusiva. Como a nosotros nos tocará
hacer la legislación básica, tenemos que conocer esta realidad y
contar con ellos. Por eso el plan tiene que ser coordinado y tiene
que hacerse de acuerdo entre todos.
Tercera. Para que nadie pudiera decir que no llegábamos más lejos, y
a petición de las propias comunidades autónomas, nosotros sí les
entregamos unos estándares orientativos, naturalmente, porque cada
comunidad autónoma tiene absoluta libertad en su ámbito competencial
para poder legislar lo que quiera en este sentido. Les entregamos
unos estándares de los niveles de emisión que este tipo de residuos,
a nuestro juicio, tienen que tener. En eso estamos. Esa es la labor
del Ministerio de Medio Ambiente en toda esta batalla. ¿Cuál es el
resultado? El resultado, insisto, es que desde las autoridades
medioambientales, por legislación, tenemos que velar para, primero,
ayudar a que las soluciones que se tomen desde el ámbito sectorial,
no por capricho, porque lo establece la ley (y usted la ley no la
puede negar, la ley es así y la reconocen todos los competentes en la
materia, y estoy convencido de que usted), tienen las garantías
medioambientales. En este caso ¿cuáles son las garantías
medioambientales? Tenemos que garantizar, sobre todo, que esa
eliminación de harinas es de residuos inertes. Eso es lo que
certificamos. Estamos hablando siempre de un proceso de eliminación
de harinas una vez que (yo técnicamente no sé muy bien cómo se dice
esto) el prión se ha convertido en un residuo inerte gracias a las
actuaciones que se han hecho sobre el mismo. Pues bien, como se ha
convertido en un residuo inerte, se puede incinerar y, en este caso a
falta de otro tipo de instalaciones, (desgraciadamente, y se lo tengo
que reconocer; yo desearía que todas las comunidades autónomas
pudieran tener estas instalaciones y hoy no las tienen), habrá que
encontrar soluciones temporales, como la de las cementeras, como,
hoy, la de las térmicas, como la de las ladrilleras, que den
soluciones y que garanticen que esas condiciones de eliminación se
hacen siempre con el respeto al medio ambiente y las garantías que
necesitan los ciudadanos en este sentido.
Nada más, señoría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no confunda usted los términos. La interpelación que
le hace mi grupo es sobre la gestión de residuos en España y hace una
especial incidencia en un problema del que usted ha estado ausente,
por mucho que usted diga. Usted ha estado dedicado a otras cosas. Ha
estado dedicado a ver si ponía a prueba algunas comunidades autónomas
nuestras para hacer política de aguas y se ha olvidado del tema de
los residuos.
Yo, señor ministro, le he planteado que ustedes han dispuesto de un
marco jurídico, que es su ley. Ley que usted dice que es muy buena,
pero nosotros no la apoyamos, entre otras cosas, porque todo lo que
nosotros planteamos ustedes lo primero que hacen es rechazarlo. Luego
hablan de diálogo pero, cuando llega el momento, ustedes rechazan
todo lo que formulamos. Le he planteado que ustedes tenían y se
comprometían a elaborar unos planes, y usted me dice: Señor Morlán,
es que los hemos sometido a información pública.
En esta Cámara, señor ministro, cuando se anuncian planes y se
presentan planes, se presentan en esta Cámara, porque, como
comprenderá, yo tengo perfecto derecho a acudir a su Ministerio a ver
el tablón de anuncios y ver si tengo un plan preparado para alegar.
Pero donde usted tiene la obligación de informar a los responsables
políticos es aquí, y si usted se ha comprometido a tener unos planes,
los tiene que traer aquí y discutirlos aquí. No puede ser que usted
me remita al tablón de anuncios de su Ministerio para saber lo que
hace o lo que deja de hacer, porque la obligación de plantearlo allá
es suya pero también la de formularlo aquí. Si le hemos hecho esta
interpelación indudablemente es porque en materia de residuos utiliza
grandes palabras, que lo sabe hacer, usted es un hombre ponderado,
tranquilo, dialogante, pero después da el corte. Con ese otro
proyecto que tenemos en ciernes y que pronto vendrá por aquí ha
ocurrido eso, y en este caso concreto está pasando lo mismo. ¿Por qué
hemos descendido al tema de las vacas locas? Porque usted, que es una
persona que sabe hablar y que sabe estar en los medios de
comunicación, no ha estado. Usted tenía responsabilidad, y no me
venga con lo sectorial, señor ministro, que ustedes cuando quieren
invadir competencias invaden ministerios e invaden comunidades
autónomas, se sientan con ellos y les dicen: mire usted, o aceptas lo
que yo digo o te quedas sin nada. Y eso ha pasado. Entonces no me
venga ahora justificando su posición con que como es un tema
sectorial únicamente tiene que ser el Ministerio de Agricultura.
Señor ministro, si usted no viera en televisión esos enterramientos a
medias, si usted no viera el problema que ha habido con la gente de
este país por esto, con la sensibilidad que hay encima de la mesa,
estoy convencido de que usted hubiera aparecido con el señor ministro
de Agricultura firmando el documento con las cementeras. Ha sido
hábil, si no estaría tan reprobado
como los otros dos. La impresión que tiene mi grupo es que usted no
ha actuado tal y como debía.
Me ha dicho, señor ministro, que el Plan general de residuos había
sido debatido por el CAMA. El Consejo Asesor de Medio Ambiente no
discutió ese plan. Con las comunidades autónomas yo espero que sí,
ahora, no sé si ha sido trágala o ha sido negociación, pero desde
luego el Consejo Asesor de Medio Ambiente no conoció el plan; eso que
le quede bien claro. Me parece muy bien que ustedes establezcan
medidas de acuerdo con las comunidades autónomas, que se sienten con
ellas, porque es su obligación, pero no puede ser que usted me venga
aquí a decir que si hay que hablar de modificación de la Ley de
residuos es porque me lo dicen las comunidades autónomas; que si hay
que hablar del Plan de eliminación y de la gestión de
infraestructuras es porque me lo dicen las comunidades autónomas; que
si hay que hablar de los estándares orientativos y los niveles de
emisión, yo se lo digo a las comunidades autónomas, que lo sepan las
comunidades autónomas. Oiga, ¿qué pinta usted? Monte un gabinete
técnico, yo creo que con un nivel de subdirección general valdría, no
hace falta tener un Ministerio de Medio Ambiente si es que todo lo
que hay que hacer lo tienen que hacer las comunidades autónomas.
Entiendo que hay una responsabilidad compartida y que la gestión de
residuos es de las comunidades autónomas, pero cuando hay momentos
delicados, un proceso de crisis en un país, señor ministro, usted
tiene que tener más iniciativa que la que ha planteado en este caso
concreto, les guste o no. Se lo digo con todo el respeto y toda la
consideración que me merece, pero usted tenía que haber estado desde
el principio de este proceso metido en el ajo, como se dice en mi
tierra, y haber ido codo con codo y mano con mano con los otros dos
ministros analizando medioambientalmente las medidas que iban
proponiendo.
Se ha hablado de enterramientos. Le he oído decir algo sobre ese tema
pero, ¿sabe usted en qué texto legal está basado? ¿En qué se basa la
norma? ¿Hay alguna ley, alguna decisión, algún decreto en el que se
plantee que los enterramientos se pueden efectuar? Cuando yo le estoy
haciendo estas preguntas, señor ministro, es porque tengo la misma
duda que tienen muchos ciudadanos, porque no sé en qué se basan esas
declaraciones que de vez en cuando salen, y usted ha hecho pocas esta
vez, quizá porque tampoco le interesaba y sabía lo que hacía, que es
hábil. Usted cuando habla de enterramientos, o de las incineraciones,
o de muchos de estos temas, señor ministro, lo hace con extremada
cautela porque no lo tiene claro, y a lo mejor es bueno, pero sí que
tiene que hacer algo más que hablar. Y aunque me diga que es
competencia del Ministerio de Agricultura, usted tendría que estar
sentado con el ministro de Agricultura. Ese es mi criterio. Alo mejor
estoy equivocado y resulta que hay que aceptar que usted lo ha hecho
de maravilla, que ha pasado la pelota a las comunidades autónomas y
que se apañen. Pero el Seprona cuando
actúa lo hace porque lo dice el Gobierno, y el Seprona cuando acude a
las explotaciones ganaderas lo hace porque tiene la instrucción de
hacerlo. Me parece muy bien que lo haga, no lo discuto, pero es la
misma actuación que debe tener usted en este proceso del que, le
reitero, ha estado ausente.
Vuelvo al documento que le he comentado antes y del que no me ha
dicho nada. No sé si se refiere usted a este plan o a cuál. Día 25 de
enero: bosquejo del futuro plan nacional de eliminación de MER y
otros residuos animales. ¿Es este el documento que está elaborando
con las comunidades autónomas cuyos requisitos, que plantea en la
página segunda, son los que tienen las comunidades autónomas y que le
tienen que facilitar a usted? ¿Este es el documento base de esa
actuación a medio y largo plazo que ha puesto usted encima de la
mesa? ¿Qué soporte documental tiene en estos momentos? ¿De qué manera
puede tranquilizar, no a medio plazo sino ahora mismo, a los
ciudadanos de este país diciéndoles que no se preocupen porque el
Ministerio y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo?
Porque, además de lo de las cementeras, ha puesto usted encima de la
mesa otro tema que es el de las térmicas. Es la primera vez que lo
dice porque yo no le había escuchado nunca ese término. Me parece muy
bien, usted ha tomado esa iniciativa, habrá que valorar si es
acertada o no. Pero, aparte de eso, ¿han hecho algo más? Le he puesto
encima de la mesa algunas actuaciones que no sé cómo se han
practicado. Cuando le hablo de enterramientos es porque sé que ha
habido alguna iniciativa en esa dirección, cuando hablo de
incineraciones sé que hay alguna iniciativa en esa dirección, pero no
sé qué tipo de tratamiento están estableciendo ustedes, no sé que
tipo de instalaciones están utilizando.
No iría más allá sino para plantearle si se han medido las
consecuencias ambientales de ese tratamiento que ustedes están
haciendo a los materiales específicos de riesgo o a todos los
desechos de las vacas locas. Me gustaría saber qué se está haciendo
concretamente a medio y largo plazo, si ese es el programa que usted
está estableciendo, qué hilo conductor va a tener, qué tipo de
financiación. Porque cada vez que oigo a todos los ministros hablar
de pesetas no lo entiendo. Hoy en este hemiciclo se ha hablado de
miles de millones de pesetas, y entre eso, el plan hidrológico, las
infraestructuras y no sé qué más, se gastan ustedes el presupuesto de
los próximos veinte años. En algún sitio está el fallo. No me diga
luego lo del déficit cero porque no cuadra. Por eso me gustaría que
nos lo aclarara de manera definitiva. Y si no le presentaremos una
moción la próxima semana para ver sin son capaces de aceptar nuestros
planteamientos, su posición y sus actuaciones de manera inmediata en
este proceso, la evaluación de los riesgos ambientales que tienen las
decisiones que se van tomando y si este plan a medio y largo plazo
está suficientemente financiado para sacarlo adelante. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Morlán.
Tiene la palabra le señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor
presidente. Señoría, brevemente.
Estoy de acuerdo con usted en que el plan del año 2000 se aprueba
después de la legislación de 1998, que fue consensuada. Quiero
insistir en que usted no quiere dar relevancia al hecho de que este
Plan nacional de residuos urbanos se haya elaborado conjuntamente con
las comunidades autónomas y que se haya aprobado por unanimidad con
ellas. Yo no estaba. No sé si actuó el CAMA o no y le pido disculpas,
lo que sí sé es que todas las comunidades autónomas de todos los
colores políticos están de acuerdo con este plan. Y no volvamos a las
andadas, señor Morlán. Si están de acuerdo las comunidades de su
partido, estará de acuerdo su partido. Eso espero, y estoy
convencido, en un proyecto de estas características.
Yo he intentado explicarle la situación de los planes que se
desarrollan. Hay unos planes que se han expuesto públicamente y
teníamos hechos los borradores de todos. Hace un año que se ha
aprobado el plan, tampoco es que hayamos perdido mucho tiempo, pero
lo que es importante es que estos planes tienen que seguir el momento
procesal oportuno y tienen que seguir la tramitación administrativa
que requiere un plan de estas características. Y, naturalmente, si
llega el momento en que se han de discutir en el Parlamento, será
cuando se debatan en el Parlamento, pero antes se han de tratar en
los ámbitos que correspondan. Yo le he insistido a usted en que en
estos momentos hay varios planes que están en periodo de exposición
pública, pero que hay otros que es verdad que los hemos retrasado. Yo
se lo reconocía y le he dicho por qué los hemos retrasado. No es que
no asumamos nuestra responsabilidad; al contrario, intentamos
asumirla totalmente. Si nosotros sacamos ahora este plan y tengo
conocimiento de que nosotros estamos negociando en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea -porque la Unión Europea no es un ente
abstracto que no nos toque a ninguno- una serie de directivas que me
pueden condicionar ese plan, creo que sería un ejercicio de
irresponsabilidad que yo sacara un plan que tuviera que modificar a
los dos días, y usted sería el primero que me acusaría de ello con
toda la razón del mundo. Por lo tanto, simplemente he intentado
explicarle una situación y unos hechos.
Yo respeto su criterio, pero le pido que no cambie el criterio de la
ley, que es lo que usted no puede hacer. Si la ley establece que para
determinados residuos habrá un desarrollo legislativo sectorial, a
usted le sabrá muy mal, pero tendremos que cumplir la ley. Y el
desarrollo sectorial, en este caso de residuos ganaderos, es el que
hace el Ministerio de Agricultura mediante el decreto del mes de
noviembre, que en su disposición adicional
establece además que el Ministerio de Agricultura podrá dictar las
condiciones de excepcionalidad del tratamiento de estos residuos, que
incluyen los enterramientos -repito, que incluyen los
enterramientos-, y es precisamente esa legislación sectorial la que
declara la excepcionalidad de ese tipo de residuos para que no sean
considerados peligrosos en el campo del medio ambiente, ni otro tipo
de residuos, sino residuos ganaderos y que están sujetos a esa
legislación. Y de ahí que el Ministerio de Agricultura, cumpliendo la
legislación vigente, que a usted no le gustará, pero es la
legislación vigente, desarrolla esta normativa sectorial, y es el
Ministerio de Agricultura, naturalmente, con el apoyo y con la
corresponsabilidad de este ministro como miembro del Gobierno, el que
dicta las normas, si las dicta, y las condiciones en las que pueden
establecerse según qué tipos de enterramiento y contemplará todas las
cautelas medioambientales que exige también una norma de estas
características. Esta es la realidad, y desgraciadamente no podemos
cambiarla.
Respecto al Plan de eliminación y a la financiación, comprendo que a
usted le cueste entender pero, por lo que he oído en mi Ministerio,
he tenido la gran suerte de llegar a un ministerio en el que no
existían deudas anteriores y en el que efectivamente tenemos
disponibilidades y podemos afrontar grandes proyectos de inversión.
Este Gobierno ha conseguido mantener unos niveles de inversión
pública muy importantes, que condicionan la creación de empleo y la
creación de riqueza en este país, y además lo ha hecho sin cargarlo a
las generaciones futuras, sin dejarles ningún embolado sino todo lo
contrario, dejándoles las cuentas saldadas y sin ningún
endeudamiento. Le digo esto porque lo que quiero anunciar aquí es
precisamente que el plan que vamos a elaborar con las comunidades
autónomas dispondrá de financiación del Gobierno del Estado,
naturalmente; así lo anunciamos a las comunidades y así se lo anuncio
a usted hoy una y otra vez. Le digo esto porque yo tampoco quiero
asustarle, ya que usted ha hecho una referencia a los presupuestos
del 2001, me parece, y creo que lo ha hecho por error. Las
comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen 500.000 millones de
pesetas para el periodo 2000 a 2006, tramos autonómico y local;
fondos de cohesión del Estado que figuran gestionados por el
Ministerio de Hacienda -como debe serlo este tipo de fondos- para
desarrollar y financiar la planificación de residuos que se ha
aprobado en estas Cámaras y que sale de la legislación básica del
Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es la realidad? Este plan lleva
ya dos ejercicios aplicándose, 2000 y 2001, y las peticiones las
hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Aquí figuran las
peticiones que han formulado las comunidades autónomas y los
ayuntamientos. ¿Sabe, señoría, cuántas incineradoras han pedido los
ayuntamientos y las comunidades autónomas que les financie el Estado?
Por desgracia, prácticamente ninguna.
Esa es la realidad de la situación y esto lo que este plan tiene que
intentar reconducir, naturalmente con apoyo financiero del Gobierno
de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, la verdad es que esperaba que, tras la
interpelación que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista,
nos fuéramos de esta Cámara con las ideas mucho más claras sobre
cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo a corto plazo,
que es el problema fundamental que se plantea en estos momentos. Y no
solamente las que el Ministerio de Agricultura pueda tener en marcha
o pueda tomar, sino también las que está adoptando el Ministerio de
Medio Ambiente. La verdad es que a esta diputada no le ha quedado
absolutamente nada claro y en cambio algunas de las medidas que ha
expuesto usted sí nos han parecido al menos preocupantes.
Preocupantes, señor ministro, porque, con independencia de que el
desarrollo de determinados aspectos de la Ley de residuos sea
sectorial y de que cada Ministerio o las comunidades tengan que
acometer las excepciones que se puedan producir, lo que está
ocurriendo en estos momentos con los residuos de las vacas locas es
una excepción de tal magnitud que las decisiones no las tiene que
tomar sólo y exclusivamente un Ministerio; de hecho, su propio
Gobierno ha creado un gabinete de crisis. Por ello, sin dudar que las
decisiones del Ministerio de Agricultura puedan considerar todas las
cautelas medioambientales que se requieran, se supone que el
Ministerio de Medio Ambiente, al ser el más especializado, debería
trabajar conjuntamente con él para salvaguardar el medio ambiente y
para no poner en peligro la salud de las personas.
Después de sus intervenciones, señoría, al menos a mí no me han
quedado muy claras las cosas. Sabemos que está negociando usted un
plan de eliminación a medio y largo plazo, pero seguimos sin saber si
continuaremos manteniendo los enterramientos de las vacas, qué es lo
que va a pasar con los residuos cárnicos que se están produciendo en
estos momentos o que pasará con los despojos contaminados.
Se nos ha comentado que se van a utilizar las cementeras, lo que
desde mi punto de vista quizás no sea la solución ideal aunque pueda
resuelva el problema de las harinas, pero, en realidad, este no es el
problema más acuciante en estos momentos. Las harinas, bien
almacenadas y protegidas en un sitio, no son el problema más grave;
es un problema serio, pero no es el más grave; el
más grave es el de los residuos que se están produciendo por el
sacrificio de las vacas que tienen el mal.
Esta excepción ha demostrado que no estamos preparados para acometer
planes con los que, en un momento determinado, el Estado, junto con
las comunidades autónomas que tienen las competencias -eso lo tenemos
todo claro-, sea capaz de dar respuesta a una situación de riesgo de
las características y la peligrosidad de la que se ha producido.
Mi grupo parlamentario esperará a la moción que presente el Grupo
Parlamentario Socialista para fijar su posición en cuanto a las
soluciones o alternativas que plantee este grupo. Sin embargo no
quiero acabar mi intervención, señorías, sin mencionar varios apuntes
que ha hecho el señor ministro en sus intervenciones. Yo estuve en el
debate de la Ley de residuos y no es una ley consensuada, es una ley
aprobada en la legislatura pasada con la mayoría de los votos del
Grupo Popular y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y,
ahora no recuerdo, seguramente de algún otro grupo más, pero desde
luego no consensuada con el resto de la Cámara. Señor ministro, el
Plan nacional de residuos probablemente esté aprobado y consensuado
con todas las comunidades autónomas, pero no con la representación de
los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque hay grupos
parlamentarios que aunque seamos pequeños nos merecemos el respeto de
estar informados, de participar aunque no tengamos obligaciones de
gobierno en las comunidades autónomas. Mi grupo parlamentario no solo
no lo comparte, sino que no ha participado en la elaboración, el
debate y al menos el intento de aportación de algunas de las cosas
que a nosotros nos parecerían adecuadas en un plan nacional de
residuos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, señor ministro, señorías,
intervengo en nombre del Grupo Catalán para fijar la posición
respecto de la interpelación urgente presentada por el Grupo
Socialista en materia de residuos.
Es cierto que en estos últimos años se ha avanzado de manera
importante, como afirmaba hace unos instantes el señor ministro, en
la gestión de residuos. También es cierto que se ha avanzado de
manera desigual en las diferentes comunidades autónomas del Estado,
por diversas razones. También es cierto que la Ley de residuos de
1998 y el Plan de residuos aprobado por el Consejo de Ministros el 7
de enero del año pasado sentaban unas bases y contemplaban unos
recursos económicos, creemos que estrictamente necesarios, para hacer
realidad los objetivos establecidos de reducción
y tratamiento de los residuos urbanos, aunque debemos reconocer
-opinión compartida por alguno de los grupos de esta Cámara- que se
ha concretado poco durante el año 2000 al respecto, más allá de los
periodos de información y exposición pública de los diferentes planes
sectoriales a los que ha aludido el señor ministro hace unos
instantes. Entendemos, pues, que le corresponde al Gobierno impulsar
con una cierta urgencia las previsiones contenidas en el plan de
residuos, asumiendo el compromiso que el mismo señor ministro ha
adoptado en estos momentos y con una determinación política
importante para recuperar el tiempo perdido. Quiero recordar que en
su primera comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente el pasado
6 de junio el señor ministro adquirió un compromiso claro de
desarrollar el Plan de residuos urbanos e intensificar políticas de
reciclaje, etcétera. También la secretaria general de Medio Ambiente,
como alguien ha dicho anteriormente, en su comparecencia ante la
misma Comisión de Medio Ambiente el pasado mes de septiembre, asumió
el compromiso de aplicar el Plan de residuos, plan que según mis
informaciones prevé destinar unos 250.000 millones de pesetas a
diversas acciones en el período 2000-2006.
También conviene recordar que la misma Comisión de Medio Ambiente
aprobaba el pasado mes de noviembre una proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular inocua o de puro
trámite, pero importante porque era un recordatorio de lo que
teníamos pendiente, por la que se instaba al Gobierno a continuar e
incrementar los esfuerzos destinados a hacer posible que las
comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan poner en
marcha el plan de residuos urbanos.
Ha pasado más de un año, pues, desde la aprobación del Plan de
residuos y la verdad es que su desarrollo y su implementación no han
alcanzado los niveles por todos deseados, aunque confiamos plenamente
en las palabras del señor ministro en cuanto a que esos dos meses de
tiempo perdido se van a recuperar con una cierta urgencia. Como se ha
comentado en lo que llevamos de debate sobre esta interpelación y
como es costumbre en toda acción de gobierno, creemos que los planes,
los programas y las buenas intenciones han de ir siempre acompañadas
de la correspondiente financiación, en definitiva de dotaciones
presupuestarias suficientes que garanticen que los objetivos puedan
convertirse en realidades tangibles. Sin embargo, como decía antes el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hace unos meses además
el Estado español en su conjunto ha tenido que abordar, del mismo
modo que el resto del continente, la problemática de la EEB con
claras repercusiones y derivaciones en el ámbito del medio ambiente.
En ese sentido hace pocas fechas el Gobierno ha anunciado su
intención de modificar la Ley de residuos para facilitar desde el
punto de vista administrativo y con todas las garantías
medioambientales
la eliminación de las harinas de origen cárnico en cementeras y
centrales térmicas. Esta iniciativa, como sabe el señor ministro,
tiene el apoyo de las comunidades autónomas y, por tanto, nuestro
apoyo desde Cataluña, también desde el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió en el Congreso, y deberá implementarse en
paralelo con la elaboración de un plan de infraestructuras, al que
también se ha referido el señor ministro, en colaboración con las
comunidades autónomas para eliminar los residuos ganaderos. Pero otra
vez nos encontramos ante la necesidad de que esta iniciativa vaya
acompañada de la dotación presupuestaria correspondiente, compromiso
también adquirido por el Gobierno -y que celebramos-, en concreto por
el señor ministro de Medio Ambiente.
Estamos, pues, ante un grave problema ambiental, pero especialmente
ante un problema de financiación al que entre todos debemos dar una
solución satisfactoria, aunque desde nuestro grupo parlamentario
entendemos sinceramente que corresponde al Gobierno especialmente el
mayor compromiso presupuestario, si bien es cierto también que
debemos reclamar -y me consta que ya se ha hecho- de manera especial
que la Unión Europea aporte los fondos comunitarios correspondientes.
Nuestro grupo parlamentario entiende, pues, que ante la necesaria y
urgente implementación del Plan nacional de residuos urbanos, y muy
especialmente ante los requerimientos que se derivan de la
modificación anunciada de la Ley de residuos y del Plan de
infraestructuras, al objeto de eliminar los residuos ganaderos como
consecuencia de la problemática de las vacas locas, el Gobierno
deberá poner en marcha, deberá poner encima de la mesa, desde el
diálogo y la colaboración con las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, los recursos presupuestarios suficientes para
dar solución a esta grave crisis, a esta grave situación que marca la
agenda política de nuestros días en nuestro país. En ese sentido -veo
que se me acaba el tiempo- desde el compromiso de nuestro grupo
parlamentario expresado en distintas ocasiones para contribuir al
avance de las políticas de gestión de residuos, esperamos la
presentación de la moción subsiguiente por parte del grupo
interpelante para hacer aquellas aportaciones que nos parezcan más
adecuadas y que forzosamente deberán contener algunas de las
consideraciones a las que me acabo de referir.
También quería expresar, señor ministro, para acabar mi intervención,
nuestra preocupación en relación con los problemas que ha habido para
concretar algunos de los convenios que tenía que hacer el Ministerio
de Medio Ambiente con las comunidades autónomas y que en estos
momentos creemos que repercuten negativamente en el proceso de
tramitación de los expedientes de solicitud de ayudas presentados por
las corporaciones locales. Pensamos que las comunidades autónomas que
tienen prioridades y pautas muy avanzadas
en la gestión de residuos deberían ser las responsables de
coordinar y presentar ante la Administración General del Estado las
diferentes peticiones y solicitudes de ayuda de las corporaciones
locales en el ámbito de cada uno de los planes nacionales de
residuos.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martí.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero iniciar mi intervención agradeciendo al Grupo
Parlamentario Socialista la interpelación planteada, que ha permitido
que el ministro de Medio Ambiente informe a esta Cámara sobre la
política de su Ministerio en materia de residuos, tema estos días de
la mayor actualidad. Mi grupo parlamentario apoya decididamente los
logros del Ministerio en este campo y agradece al ministro su amplia
exposición. Como no puede ser de otra manera, no comparte muchas de
las opiniones expresadas hoy aquí por algunos grupos de la oposición.
En mi intervención no voy a repetir los datos que ya se han dado
aquí, sino que voy a referirme a cuatro aspectos que en mi opinión
conviene destacar y que pretenden ser una síntesis de la situación en
la que hoy nos encontramos, situación radicalmente distinta de la que
existía en 1996. En primer lugar -y creo que SS.SS. estarán de
acuerdo conmigo-, por primera vez se ha conseguido tener en España un
marco jurídico completo y coherente para el tratamiento de los
residuos, que ha incorporado a nuestro ordenamiento los principios
básicos de prevención, priorización y tecnologías menos
contaminantes, todo ello, señorías, partiendo de la caótica situación
que en materia de residuos existía en 1996 cuando se creó en España
el Ministerio de Medio Ambiente; caótica situación que no hace falta
que recuerde a SS.SS. porque está en la mente de todos. En segundo
lugar, quiero resaltar la importancia del Plan nacional de residuos
urbanos 2000-2006, aprobado por unanimidad por la Conferencia
sectorial de medio ambiente, y cuyas inversiones, valoradas en
500.000 millones de pesetas, serán financiadas con fondos de cohesión
de la Unión Europea. Fíjense, señorías, en que he destacado dos
aspectos: unanimidad y financiación. Este es, en opinión del Grupo
Parlamentario Popular, un modo de actuar serio, riguroso y eficaz.
Los planes nacionales deben aprobarse cuando se cuenta con
financiación adecuada y con el consenso de las comunidades autónomas;
de otro modo, y experiencias ha habido de ello durante el mandato
socialista, se convierten en un brindis al sol en planesde imposible
cumplimiento.
En la motivación de la interpelación duda el interpelante de la
capacidad del Gobierno para ejecutar el conjunto de planes y
programas contenidos en el Plan nacional de residuos. Dudar de la
capacidad del Gobierno no deja de ser un juicio de valor y, como tal
juicio de valor, no merece ningún comentario. Pero la duda en este
caso supone un desconocimiento absoluto del reparto competencial, ya
que son las comunidades autónomas quienes deben ejecutar el conjunto
de planes programados. Por consiguiente, creo, señorías, señor
interpelante, que es muy grave que a estas alturas todavía no sepa
usted quién debe ejecutar estos programas.
En este momento ya se han presentado en los fondos de cohesión
iniciativas por importe superior a los 150.000 millones de pesetas,
es decir, casi el 30 por ciento del presupuesto total del Plan
nacional de residuos urbanos. Por otro lado, hay prevista
financiación directa del Ministerio para I+D en prevención y
minimización de residuos. Según cual sea la línea de investigación,
y dependiendo de que se trate de pequeñas y medianas empresas o no, la
financiación puede llegar al 75 por ciento del proyecto. Creo que hay
mecanismos y fondos suficientes para garantizar el correcto
desarrollo del Plan nacional de residuos urbanos, desde el punto de
vista financiero, y hay voluntad del Ministerio de coordinar e
impulsar -estas son las funciones del Ministerio- las actuaciones de
las comunidades autónomas.
El tercer aspecto son los planes nacionales de residuos especiales.
Ya nos ha informado el señor ministro de los distintos planes
elaborados, la mayoría de ellos ya sometidos a información pública.
En algunos su aprobación se ha visto retrasada porque están en
discusión una serie de directivas europeas al respecto y parece
prudente esperar el avance de estas discusiones para elaborar la
normativa específica coherente con la europea. En otro tipo de
residuos, como son los animales muertos y otros desperdicios de
origen animal, la Ley de residuos sólo es de aplicación en aquellos
aspectos no regulados por su normativa específica.
Para dar cobertura al problema surgido con los residuos en relación
con la encefalopatía espongiforme bovina, nos parece acertada la
propuesta de modificación de la Ley de residuos, así como el Plan
nacional de eliminación de materiales específicos de riesgo y otros
residuos animales que el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando
para solucionar, a corto y medio plazo, el problema surgido.
En cuarto y último lugar, señorías, y enlazando con lo anterior,
quiero hacer una reflexión sobre el problema que supone la
eliminación de esos residuos, MER, de los despojos de los mataderos y
de las harinas cárnicas. El convenio marco firmado con el sector
cementero para la incineración de las harinas cárnicas, en plantas
industriales y cementeras en particular, es indudablemente una buena
solución a corto plazo, pero posiblemente planteará problemas a las
comunidades
autónomas que deberán vencer las reticencias de los ayuntamientos y
de los vecinos, que se oponen tanto a que se depositen temporalmente
estos residuos en vertederos como a que sean incinerados en las
plantas cementeras. Creo que este es el momento en que la
colaboración entre las administraciones es más necesaria y también es
el momento en que es absolutamente necesario dejar a un lado la
demagogia sobre la incineración con recuperación energética.
Desde el punto de vista ambiental, la valoración energética en estas
instalaciones no supone riesgo alguno. La temperatura de los hornos
de la cementera es de 2.000 grados en el punto más elevado, de 1.200
en el punto más bajo. No existe, por tanto, riesgo ambiental alguno
al alcanzarse la temperatura superior a los 800 grados necesarios
para que las dioxinas, los furanos se destruyan. Repito, señorías,
800 grados centígrados, esta es la temperatura y es un dato objetivo
el de la temperatura en que se produce la reacción química que se
descomponen las dioxinas y los furanos. Por consiguiente, este dato
está fuera de todo debate político.
En este contexto se pone de manifiesto lo correcto de considerar la
incineración con recuperación energética como una alternativa para
los residuos no recuperables ni reciclables, ya que varias de las
incineradoras de residuos sólidos urbanos existentes en nuestro país
podrían quemar los residuos de ganado asimilables a urbanos, todo lo
que no sea MER, con tal de controlar el proceso de combustión dentro
de los parámetros técnicos descritos y quemando las harinas en
proporciones adecuadas.
Es irónico que el portavoz del Grupo Socialista nos haya criticado en
la interpelación la falta de infraestructuras para tratar estos
residuos, cuando de manera sistemática y demagógica se ha criticado y
rechazado la construcción de incineradoras en todo el país, repito de
manera demagógica, porque cuando el Partido Socialista estuvo en el
Gobierno el entonces ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente hizo
unas afirmaciones en que decía que apoyaba la incineración siempre
que los límites de emisión fueran aceptables. A la vez que el
ministro de Medio Ambiente entonces construía la incineradora en
Mataró, la incineradora en Melilla y todas esas incineradoras, los
líderes socialistas se ponían a la cabeza de las manifestaciones
contra la incineración. Creo, señorías, que debemos dejar a un lado
la demagogia y con los datos técnicos en la mano debemos todos
colaborar, junto con el Ministerio de Medio Ambiente, para que la
eliminación de estos residuos sea un hecho como así esperamos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora De Lara.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS A PONER EN MARCHA
PARA DAR UNA RESPUESTA JUSTA A LAS DEMANDAS RECLAMADAS POR LA
CIUDADANÍA DE TERUEL, DE MANERA MASIVA, EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE
2000. (Número de expediente 172/000060.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate, damos
paso a la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto sobre las
medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las demandas
reclamadas por la ciudadanía de Teruel de manera masiva el día 29 de
noviembre de 2000. Para su defensa, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, señorías, señor
ministro, hoy vamos a hablar de un territorio bastante desconocido,
que es la provincia de Teruel. Desgraciadamente, durante muchísimos
años se ha tenido una visión de mucha gente que pasó por allí durante
la Guerra Civil. Cientos de jóvenes pasaron los inviernos terribles
de aquella guerra y el recuerdo de los fríos inviernos ha seguido
manteniéndose a través de los partes meteorológicos, que siempre
hablan de Teruel con una de las temperaturas más bajas de España. De
pronto esa provincia, que estaba alejada, perdida en el mapa de
nuestro país, de España, se pone en marcha y comienza a reivindicar
su existencia.
Me gustaría decir que en Teruel hay dos terueles: el bajo Aragón, que
es el territorio que estaría muy conectado con Zaragoza, que es un
territorio con unas posibilidades económicas importantes y que a
veces ellos se encuentran un poco desolados porque se les mezcla con
la zona de la sierra; y el sur de la provincia, las sierras de
Teruel, Albarracín, Gúdar, el Maestrazgo, esas tierras mucho más
difíciles, mucho más desoladas, mucho más solitarias. Durante años
esta provincia va casi desapareciendo y en un momento determinado,
cuando se llegan a plantear los presupuestos del Estado en esta
Cámara este último año, los turolenses tienen la esperanza, porque
así se les ha dicho, de que van a recibir más dinero, pero no fue
así. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Nosotros, el Grupo
de la Chunta Aragonesista, reclamamos 10.000 millones de pesetas más
en los presupuestos y nos fueron rechazados.
Desgraciadamente, ante esta situación, el miércoles 29 de noviembre
(esta interpelación está presentada hace mucho tiempo, pero la
burocracia parlamentaria es lenta; mi grupo está representado por un
solo diputado y es difícil conseguir que se incluyan estas
iniciativas) la provincia de Teruel vivió una jornada reivindicativa
histórica y sin precedentes en esta tierra, tradicionalmente
abandonada por la Administración estatal. Ese día sus habitantes
secundaron masivamente una huelga general, convocada por la
coordinadora ciudadana Teruel existe y por las organizaciones
sindicales y agrarias de la provincia. Toda una provincia tuvo
que echarse a la calle para reivindicar su derecho a tener alguna
posibilidad de desarrollo futuro y no verse abocada a la emigración.
Toda una provincia secundó una huelga convocada no por motivos
sociolaborales, sino para reivindicar unas inversiones que permitan
dar un giro de 180 grados a su situación de abandono y le permita
afrontar el futuro sin sentir sobre su cabeza la amenaza de la espada
de Damocles, de la desaparición.
El éxito y el eco que tuvieron a nivel estatal los diversos actos
reivindicativos realizados durante la jornada de huelga fueron
totales. El paro laboral fue prácticamente del cien por cien. Sólo en
la capital la manifestación convocada para la tarde fue secundada por
más de 30.000 personas, algo insólito tanto en esta provincia como en
el resto del Estado si tenemos en cuenta que, precisamente, la
población de esta ciudad es de 30.000 habitantes, toda una ciudad en
la calle en defensa de su futuro. Una reivindicación de tal calado no
puede surgir de la nada. Supone el fruto, el colofón de una serie de
actos reivindicativos que viene desarrollando la ciudadanía turolense
desde que hace algo más de un año echara a andar el movimiento
ciudadano Teruel existe.
Hasta no hace mucho, la ciudadanía turolense había sufrido en
silencio y lenta agonía un largo siglo de expolios, acentuados desde
el desarrollismo franquista de los años sesenta y setenta. Permanecía
callada mientras el Estado español aplicaba, tanto a Teruel como a
las otras dos provincias aragonesas, una moderna forma de
colonialismo que la ciencia política ha acuñado con el término
colonialismo de interior, fórmula mediante la cual es el propio
Estado el que deliberadamente practica el expolio de los recursos de
todo tipo en diversas zonas de su propio territorio y utiliza
deliberadamente sus mismos recursos para el desarrollo de otras zonas
determinadas de antemano desde el poder central del Estado; un modelo
que en España ha propiciado un desarrollo insolidario e insostenible
de la periferia costera, y que todavía continúa, y del centro
capitalino en detrimento de esa España del interior de la que Teruel
es un ejemplo más grave.
Los turolenses asistían en relativo silencio al constante expolio de
sus recursos, tanto naturales como humanos, hasta que hace algo más
de un año recuperaron su dignidad como pueblo y dijeron basta al
secundar masivamente un paro silencioso que paralizó la capital y
parte de su provincia.
Las reivindicaciones del movimiento ciudadano Teruel existe, que
representa sin partidismos a toda la provincia, están más que
justificadas y exigen principalmente inversiones en infraestructuras
que permitan un desarrollo económico que frene la continúa
despoblación de la provincia y la progresiva sangría de jóvenes que
se ven obligados a abandonar su tierra ante las nulas expectativas de
futuro que en ella encuentran.
Los números no mienten y sólo la enumeración de los siguientes datos
dan muestra de la situación crítica
de esta tierra. Con 14.808 kilómetros cuadrados de superficie, Teruel
es la décima provincia del Estado en extensión. Sin embargo, se trata
de la provincia con menor densidad de población de todo el Estado,
poco más de nueve habitantes por kilómetro cuadrado. Teruel ha
perdido casi el 50 por ciento de su población en menos de un siglo.
En 1910 contaba con 265.908 habitantes y hoy cuenta con poco más de
136.000 habitantes. Entre 1981 y hoy ha perdido el 11 por ciento de
su población. De seguir esta progresión, en unas décadas apenas
quedará nadie.
La escasez de jóvenes y el envejecimiento de la población generan una
de las mayores tasas de inactividad de España, el 54,7 por ciento
frente a la media española de 49,6 por ciento. En agricultura, en un
momento en que el nivel de subdesarrollo de un territorio se mide por
el nivel de población activa que ocupa el sector productivo agrario,
Teruel ocupa todavía el 18 por ciento de su población activa en
agricultura mientras que la media española es del 7,7 por ciento. En
educación, Teruel pierde anualmente el 1,15 por ciento de su
alumnado, es la provincia con menor oferta en titulaciones
universitarias de todo el Estado. Los jóvenes se ven obligados a
emigrar para formarse y rara vez regresan. En sanidad, el transporte
sanitario, tanto el convencional como el de emergencias, es
extremadamente deficiente. En una provincia que es más grande que
todo el País Vasco sólo existen dos UVI móviles, una en Teruel y otra
en Alcañiz, es decir, una en cada punto de la provincia para atender
cualquier emergencia sanitaria. Las urgencias psiquiátricas son
inexistentes. Las parturientas carecen todavía de anestesia epidural,
siguen pariendo como sus madres y sus abuelas.
En infraestructuras, Teruel es la única provincia de España que no
tiene ni un solo kilómetro de autovía o autopista terminada. Sus
carreteras nacionales soportan una elevada intensidad de tráfico,
especialmente de vehículos pesados al ser zona de paso entre las
pujantes Levante y País Vasco. A pesar de este nivel de tráfico,
muchos de sus tramos se encuentran en muy mal estado, lo que, unido
al volumen de tráfico, convierte la conducción por ellas en una
actividad de alto riesgo, y esto se lo dice una persona que viaja
mucho de Zaragoza a Teruel. Ferrocarril. Teruel es la única capital
de provincia sin conexión ferroviaria directa con Madrid, y ha
perdido una ocasión porque en la discusión del AVE podía haber pasado
por esa zona. Sólo existe una línea férrea que discurre entre
Zaragoza y Valencia, solamente pasan seis trenes al día, tres en
dirección Zaragoza y tres en dirección Valencia. Las condiciones del
trazado pueden calificarse de tercermundistas. Los trenes sólo pueden
circular a velocidades bajas. El mal estado de la vía ha provocado en
1999 ocho descarrilamientos y 44 incidentes de consideración; algunos
trenes han descarrilado hasta dos veces. Paradójicamente, las
inversiones del Ministerio de Fomento durante ese año 1999 fueron
sólo de 7 millones de pesetas, pero
todas ellas destinadas a actuaciones de desmantelamiento de la vía.
Ante este panorama, lo lógico sería pensar que los fondos destinados
por las diferentes administraciones, especialmente por parte del
Estado y de la Unión Europea, para paliar esta situación de
subdesarrollo fueran considerables; ocurre todo lo contrario: Teruel,
al igual que el resto de Aragón, está excluido del Objetivo 1 de la
Unión Europea, que acapara el 70 por ciento de los fondos
estructurales. Es absolutamente inconcebible que las gentes de Teruel
que tengan que marcharse a Valencia vean que la Comunidad Valenciana
recibe ayudas del Objetivo 1 de la Unión Europea.
Por su parte, el Estado español todavía agrava más la situación al
excluir a Aragón del fondo de compensación interterritorial al
destinar el mismo a territorios catalogados como Objetivo 1. Esta
situación no se palia ni por asomo con el insuficiente fondo de
inversiones especiales para Teruel. Por si esto fuera poco, la
Dirección de Incentivos Regionales otorga subvenciones a fondo
perdido para la instalación de determinadas industrias en provincias
limítrofes a Teruel, como Castellón y Valencia, con un porcentaje de
subvenciones mucho más elevado que el que se puede conceder en
Teruel.
Señor ministro, señorías, Soria será Teruel; Burgos será Teruel;
mucha parte de la España interior será Teruel. Por eso, nosotros,
desde la reivindicación de un Teruel vivo, preguntamos al Gobierno
qué medidas piensa tomar para poner en marcha a esta provincia y a
esa España interior que está absolutamente agonizando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señorías, señor Labordeta, a pesar del esfuerzo que ha
hecho S.S. en esta tribuna para convertirse en el paladín de la
denuncia de una situación marginal, de una situación que en su
interpelación califica de desoladora al referirse a la provincia de
Teruel; a pesar, digo, de ese esfuerzo, planteado como reivindicación
frente a un gobierno que implícitamente -por la insensibilidad que
demuestra, por ejemplo, ante la enmienda que usted citaba o las
enmiendas a los presupuestos- no atiende las necesidades de Teruel,
quiero decirle que entre su análisis -el de su grupo político- y el
del Gobierno o el del Partido Popular sólo hay una pequeña
diferencia: usted, su grupo político y la plataforma Teruel existe
han descubierto este panorama desolador en el año 1999 y el Partido
Popular y el Gobierno del Partido Popular han hecho el giro de 180
grados en el año 1996. Le llevamos cinco años de ventaja, señor
Labordeta; cinco años no haciendo la cigarra y cantando las tristezas
de Teruel, sino trabajando todos los días,
como las hormigas, desde el Gobierno de Aragón, mientras fue del
Partido Popular, y desde el Gobierno de España para paliar y resolver
todos esos déficit que S.S. ha señalado aquí esta tarde. Yle voy a
dar datos y le voy a dejar documentos que prueban cada una de las
afirmaciones con las que yo le voy a responder esta noche desde esta
tribuna, precisamente por respeto a Teruel.
Es curioso, señor Labordeta, que S.S. se haya alarmado por las
inversiones en Teruel. En el año 2000 ó en el año 2001, en que
ascienden prácticamente a 10.000 millones de pesetas, sin contar las
que en los fondos mineros o en los planes especiales de economía
están en el capítulo VII y que hay que sumar a éstas, o las que en
inversiones previstas, como las de las autovías hechas por el método
alemán, se computan sobre el ejercicio. Lo digo porque en los años
1994 y 1995 a Teruel se le dedicaba solamente la mitad de este
presupuesto. Parece que en aquellos momentos, un presupuesto, la
mitad del que en estos momentos le obliga a usted a presentar esta
interpelación, no era un panoramapreocupante que exigiera
movilizaciones.
Dejando al margen, como digo, el análisis de esta pequeña diferencia
y yendo a los datos, señor Labordeta, Teruel estaba fuera de la red
de autovías, claro que estaba fuera de la red de autovías en el plan
de carreteras 1984/1991, estaba completamente fuera de la red de
autovías, y por eso hoy no hay autovías en servicio porque para
inaugurar una autovía hay que empezar los estudios informativos, la
planificación diez años antes. Le voy a dejar copia literal del
documento para que tenga testimonio fehaciente de que entre 1984 y
1991 se dejó fuera a Teruel de la red de autovías. En el año 1996
este Gobierno se encontró con que entre Teruel y Zaragoza no estaba
terminado el estudio informativo; y este Gobierno culminó el estudio
informativo, lo sometió a información pública, aprobó la declaración
de impacto ambiental y licitó todos los proyectos entre Zaragoza y
Teruel y entre Teruel y el límite de la provincia con Castellón de la
autovía Somport- Sagunto, entre los años 1997 y 1998. Todos los
proyectos, señor Labordeta, licitados, como paso previo a la
construcción, en los años 1997 y 1998: 150 kilómetros de autovía
encargados por este Gobierno.
En el año 1997, un año después, el Ministerio de Economía y Hacienda
aprobó una dotación de fondos especiales para Teruel y sólo para
Teruel, duplicando la dotación existente hasta ese momento. Y por
decisión de este Gobierno, Teruel está recibiendo, aunque usted no
quiera subrayarlo en sus intervenciones, 1.800 millones de pesetas
anuales en un convenio firmado con el entonces Gobierno de Aragón,
que también duplicaba sus aportaciones, para mejorar las dotaciones
de infraestructuras de Teruel, y este convenio está vigente hasta
finales del año 2001.
En el año 1998, señor Labordeta, este Gobierno pactó con los
sindicatos mineros un plan de la minería, para inyectar recursos
especiales a las comarcas mineras
españolas, entre ellas, a las comarcas mineras de Aragón, que
básicamente son las comarcas mineras de Teruel. Aunque en el plan de
la minería el parámetro de asignación de recursos es la pérdida de
empleo minero, habiendo perdido Aragón poco más del 7 por ciento del
empleo minero en toda España, entre los años 1998 y 2001 Teruel ha
recibido, en ayudas para la reestructuración de sus empresas, 31.000
millones de pesetas; y para las inversiones en infraestructura, becas
e incentivos empresariales, ha recibido, entre los años 1998 y 2000,
27.200 millones de pesetas: Aragón, el 13 por ciento de los fondos
mineros, la mayor parte destinados a Teruel. Esta es otra prueba,
otro ejemplo concreto, que no sale en el capítulo VI de los
presupuestos, hay que buscarlo en el capítulo VII de los presupuestos
cada año, para sumarlo a las aportaciones para inversiones del Estado
en Teruel desde que gobierna el Partido Popular, desde que gobierna
José María Aznar.
En los años 1998 y 1999, porque había proyectos, se licitaron los dos
primeros tramos de la autovía Sagunto- Somport: los tramos Santa
Eulalia-Monreal y Monreal- Calamocha, 37 kilómetros de autovía. Salga
usted por España o fíjese bien cuando sale por España. No hay muchas
provincias españolas, señor Labordeta, en las que hoy se estén
construyendo 37 kilómetros de autovía. Hay alguna provincia en la que
se están construyendo 37 y en alguna se está haciendo algún kilómetro
más. Haga usted la lista y verá por delante de cuántas provincias
está Teruel en la construcción de autovías. Usted debe preguntarse
por qué no se empezó antes, pero debe reconocer que este Gobierno
empezó a construir autovías por Teruel y en este momento están en
construcción, iniciados en 1999, 37 kilómetros y que en los años 1999
y 2000 este Gobierno culminó un plan de infraestructuras que, en
relación con planes anteriores, ha completado las necesidades de
Teruel.
En el Plan director de infraestructuras del Gobiernoanterior, el del
año 1993 con horizonte 2007, la vía de conexión Cuenca-Teruel era una
carretera convencional. Pues bien, en el Plan de infraestructuras
2000-2007 el corredor Cuenca-Teruel es autovía, señor Labordeta, con
estudio informativo encargado e iniciándose los trámites para que el
proyecto recorra todo el proceso administrativo de proyecto y,
finalmente, de construcción. En el Plan de infraestructuras de este
Gobierno se incorpora Teruel a la alta velocidad ferroviaria
española. Puede usted buscar Teruel en el Plan de transportes
ferroviarios 1987-2000. Tiene razón, no está Teruel. Puede usted
buscar Teruel en el Plan director de infraestructuras 1993-2007. No
está Teruel, tiene usted razón. Pero, señor Labordeta, en el Plan de
infraestructuras 2000-2007, del Gobierno de José María Aznar, está
Teruel contemplado en todas sus necesidades de comunicación por
autovía y conectado a la red de alta velocidad ferroviaria española.
(Aplausos.) No le dausted importancia y lo comprendo.
Comprendo que estos son datos que describen una realidad que no le
interesa, señor Labordeta, porque desmonta su discurso. Con estos
datos es muy difícil hacer victimismo, señor Labordeta. Además, lo
que es imparable es que detrás de un estudio informativo venga una
declaración de impacto ambiental, detrás un proyecto y detrás una
obra. Por eso, señor Labordeta, en los presupuestos del año 2001 ya
se contemplan dotaciones para nuevas licitaciones de autovía en la
provincia de Teruel, en el eje Somport-Sagunto, y se contempla la
posibilidad de licitar proyectos de alta velocidad en el corredor
Teruel-Zaragoza en aquellos tramos en los que ya están en redacción
los proyectos constructivos de la nueva línea de alta velocidad que,
además de comunicar a Teruel con Zaragoza, va a vertebrar interna y
ferroviariamente la Comunidad Autónoma de Aragón.
Lo va usted a ver este año, señor Labordeta, y eso es lo que está
poniendo nerviosos a muchos. Está poniendo nerviosos a los que nunca
hicieron nada por Teruel durante tantos años de responsabilidad y de
Gobierno y necesitan acreditarse. Y ahora es cuando surgen las
plataformas. Es curioso, no hay plataformas para reivindicar a Teruel
hasta el año 1999. Cuando no se hacía nada por Teruel, cuando Teruel
no estaba en la planificación del Estado, nadie reivindicaba a
Teruel, y ahora que está en marcha la respuesta a todas las
necesidades de Teruel hay plataformas reivindicando Teruel. ¿Sabe
usted para qué? Para, cuando empiecen esas obras, poder decir: Se
hicieron gracias a nosotros. No, señor Labordeta, se están haciendo
gracias al Gobierno de José María Aznar, que empezó a trabajar en el
año 1996 para dotar a Teruel de las infraestructuras viarias y
ferroviarias que necesita para no quedar descolgado y ser una bolsa
aislada del conjunto del territorio español. (Aplausos.)
Quiero decirle, señor Labordeta, que tenga la amabilidad de estudiar
los Presupuestos Generales del Estado en los términos que ahora le
voy a facilitar, que tenga usted la amabilidad de dividir el
presupuesto de inversiones del Estado por el número de habitantes en
cada provincia, y en el año 2001 se encontrará usted, en los
presupuestos que aprobó esta Cámara, con que, siendo la media de
inversión en España de 53.000 pesetas por habitante, este Gobierno,
en el año 2001, sin contar el capítulo VII -que es muy importante-, a
Teruel le ha asignado 105.600 pesetas por habitante. Teruel, en los
presupuestos de 2001, sin haber empezado a cristalizar muchas de las
inversiones que se van a materializar con la puesta en ejecución de
nuevos tramos de autovía o de nuevos tramos de ferrocarril, sin
contar el capítulo VII, los fondos mineros y los fondos de economía,
duplica la media nacional de inversión por habitante. A S.S. le
parecerá poco, pero no podrá decir que, comparándose con otros
territorios españoles, Teruel está agraviado por los Presupuestos
Generales del Estado. Si usted va al Ministerio de Fomento se
encuentra lo
mismo: la media son 32.000 pesetas por habitante, y a Teruel se le
adjudican este año en los presupuestos 71.000 pesetas por habitante.
Esta es la comparación real que hay que hacer para saber si Teruel
está peor o mejor atendido que lo estaba hace unos años. Debe usted
añadir también las previsiones del Plan hidrológico nacional. Eso es
política real, señor Labordeta, no demagogia inútil e improductiva,
invocando el agua y envolviéndose en la bandera del agua; es política
hidráulica real, para crear riqueza en todos los territorios de
España, empezando por Aragón, con unas dotaciones programadas de
44.000 millones de pesetas en obras hidráulicas, en el Plan 2000-2008
del Ministerio de Medio Ambiente.
Señor Labordeta, estos son los datos que permiten que esa pequeña
diferencia que había entre su análisis y el mío, que es simplemente
reconocer que las cosas no han empezado a cambiar en el año 1999,
sino que empezaron a cambiar el año 1996, tenga justificación. Esa es
la pequeña diferencia de nuestros dos discursos, que algunos tienen
que esperar a las manifestaciones para que se movilicen los gobiernos
y otros, mucho antes de que se movilice ningún manifestante, hemos
puesto en marcha las autovías, la alta velocidad, los fondos mineros,
los fondos de economía y el plan hidrológico, para hacer que Teruel
recupere el puesto que debe tener en el conjunto del Estado español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez-Cascos.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor ministro, en
principio yo no me convierto en paladín de nada, primero porque no
soy diputado por la provincia de Teruel, pero sí tengo unas
relaciones sentimentales y familiares con ella, y por tanto tengo
derecho a preguntar qué pasa con ese territorio. Posiblemente he sido
muy cigarra durante toda mi vida, y por eso no he llegado a dónde ha
llegado usted; usted ha llegado a ministro y yo me he quedado en
humilde diputado de la Chunta Aragonesista.
Yo me quedo asombrado, señor ministro, porque sigo viendo dos países
completamente distintos. Yo no voy de ministro, en coche, pasando a
220 por hora por las carreteras, sino que camino y hablo con la
gente, y veo que hay dos países, uno virtual, en el cual los millones
van por todos los sitios, y uno real, que es la realidad que se ve
todos los días. Usted dice que no hay autovías, que se están haciendo
muchas autovías y que la única autovía que se está haciendo en estos
momentos de verdad es la de Teruel. Naturalmente, porque las demás
autovías están ya acabadas. Usted inauguró hace muy poco tiempo una
autovía que habían empezado los gobiernos anteriores, que es la
autovía Zaragoza-Huesca. Yo no vengo aquí a hablar en nombre del
Partido
Socialista, que sustentaba al Gobierno anterior, vengo a hablar en
nombre de los ciudadanos, posiblemente muchos de ellos votantes de
ustedes, que han visto como la esperanza que tenían puesta en el
Gobierno de José María Aznar no se ha cumplido. Ojalá todo lo que
usted me ha dicho aquí se vaya convirtiendo en realidad. En una
campaña electoral, el señor Lanzuela -y ahí está él- dijo que
llevaría a Teruel 300.000 millones de pesetas. Yo le dije: si usted
trae 300.000 millones de pesetas, yo seré el primero que le dirá
chapó por esta acción, porque uno en el fondo quiere a Teruel y no a
los partidos políticos. Yo quiero a los ciudadanos de Teruel, quiero
mucho a Teruel, a la sierra de Albarracín, quiero mucho al Maestrazgo
y si me dice que de pronto estos territorios están pasando a un
estado virtual donde van a tener de todo, me quedo asombrado.
Usted ha dicho cosas que me han asombrado porque habla de que Teruel
va a estar dentro de las líneas de alta velocidad. Hace poco hubo una
reunión donde estuvieron los representantes de las comunidades
autónomas de Valencia, de Murcia, de Castilla-La Mancha y aunque fue
gente de Teruel no se invitó al presidente de la Comunidad Autónoma
de Aragón para preguntarle su opinión. Si vemos el mapa de España, la
línea de alta velocidad correcta y lógica pasaría por Madrid, Cuenca,
Teruel, Castellón. A un niño le dice usted: marca la línea del tren
de alta velocidad de Madrid a Castellón y seguro que marca: Cuenca,
Teruel, Castellón. Usted dice que se va a llevar la alta velocidad a
Teruel y estoy encantado. Estoy reclamando cosas para Teruel desde
hace muchos años, por encima de los partidos políticos que han
gobernado en el país y en mi autonomía. Cuando me dice que van a
invertir 71.000 pesetas por habitante frente a las 32.000 de antes,
le digo que ojalá sea verdad. Lo que pasa es que no me fío mucho de
estas cosas, porque hace poco debatimos aquí una proposición de ley
para el Canfranc y aunque la firmamos todos, está pasando a mejor
historia.
Todas las respuestas que me ha dado se refieren a infraestructuras.
Para Teruel son muy importantes las infraestructuras, pero no nos
olvidemos, y se lo he dicho en la exposición de mi interpelación, que
hay además personas, gente. Yo le he hablado del aspecto de la
sanidad y usted no me ha dicho nada. Le he estado hablando de
Educación y no me ha dicho nada. Naturalmente no lo sabe, no es el
ministro competente y ha venido a hablar pensando en que yo le iba a
preguntar solamente sobre las comunicaciones en la provincia de
Teruel. Hay otras cosas que sacar adelante. El plan Miner no funciona
tal como usted dice. Hay muchos problemas en el plan Miner y la
prueba es que la zona de lo que era la minería está absolutamente
deprimida, con muchos problemas. Le vuelvo a insistir en que no
solamente hay problemas de infraestructuras. La autovía a la que se
refiere es un trozo, son 37 kilómetros, pero cuando uno va hacia
Teruel desde Zaragoza, hay un cartel bien grande que dice: Autovía
Sagunto-Francia. Eso sí, el cartel está puesto. El trozo de autovía
que está hecho es el más sencillo y faltan muchos kilómetros por
hacer. Faltan muchas cosas en Teruel y faltan esperanzas
fundamentalmente. El otro día en un programa de radio una niña decía:
Cuando acabe de estudiar me marcharé. Le preguntaron: ¿Irás a
Zaragoza? La niña contestó: No, a Zaragoza no; me iré a Valencia. Los
turolenses no se llevan muy bien con nosotros porque piensan que
somos los expoliadores de ese territorio.
Tomo en consideración estas promesas que usted ha dicho y dentro de
un año o dos volveremos a lo mismo. También se lo dije al señor
Lanzuela, ojalá traigan los 300.000 millones. Yo no estoy aquí para
estar en contra de nadie. He venido a esta tribuna a estar a favor de
Teruel. Si ustedes invierten en Teruel, me parece estupendo. Yo
levanté la voz en defensa de Teruel cuando había gobiernos
socialistas, cuando había dictaduras. Posiblemente, por ser tan
cigarra estoy donde estoy y no he llegado más arriba, pero no estoy
en contra de ustedes. Estoy a favor de Teruel y lo que pido es que
esas promesas que usted acaba de hacer se vean cumplidas y ojalá un
día venga a inaugurar todas esas cosas que ha dicho y además de todas
esas cosas podamos ver que la gente no tiene que marcharse de Teruel,
que se queda en Teruel y que sea un territorio que tire hacia arriba.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señorías, yo he entendido, señor Labordeta, en esta
segunda intervención, que usted nos concede un margen de confianza;
que usted ha tomado por la palabra mis afirmaciones y nos concede un
margen de confianza, con un escepticismo mayor o menor, pero que nos
concede un margen de confianza.Yo quiero decirle que agradezco su
margen de confianza y que puede tener la certeza que esa confianza la
va a ver usted razonablemente correspondida. ¿Por qué le digo
razonablemente correspondida? Verá usted. La política de
infraestructuras probablemente es la política en la que se concilian
las mayores impaciencias de la sociedad y las mayores dificultades
para ganar tiempo a la hora de su ejecución. Le diría más, es la
política en la que en los últimos años el progreso ha complicado más
la agilidad de su ejecución, porque nos hemos dado un procedimiento
tan garantista, para hacer un aeropuerto, un puerto, una línea
ferroviaria, una autovía, ahora con las nuevas exigencias de la
declaración de impacto ambiental, que en los últimos años el
procedimiento es más largo que lo fue en el pasado reciente cuando no
había un procedimiento reglado tan exigente. Debe usted de saber que
desde que se pone en
marcha un procedimiento para construir un gran eje ferroviario, una
autovía, hasta que se inaugura pueden pasar ocho años, si van bien
las cosas, nueve, diez por término medio. Por eso, a mí me interesa
mucho cada vez que acudo y tengo el honor de presidir una
inauguración de méritos que corresponden a mis antecesores, porque,
salvo pagar las últimas certificaciones, de las cosas que se han
inaugurado en esta legislatura este ministro no tiene ninguna
responsabilidad. ¿Por qué se empezó hace diez años o hace nueve años
o hace ocho años? Yo creo que es bueno decir a la gente de Teruel que
en el año 1996, en 1997, en 1998, ahora, en este mismo año se están
poniendo en marcha muchas cosas que no se pusieron en marcha antes, y
que si no se hubieran puesto en marcha no llegaríamos nunca a ese
momento de la realidad tangible a la que usted se quiere acoger para
valorar de verdad los resultados de una gestión. Eso es lo que yo le
pido que razonablemente contemple.Si usted quiere que mañana empiecen
unas obras, antes hay que hacer un proyecto, y ese proyecto exige
antes una declaración de impacto ambiental, y antes sacar a
información pública para que los ciudadanos digan las objeciones que
tienen a los trazados. No nos lo podemos saltar, ni creo que S.S. me
lo proponga, pero es una realidad que hay que explicar. Hay que hacer
pedagogía también para que la impaciencia de la sociedad tenga un
punto de equilibrio entre lo que es razonable a la hora de juzgar la
tarea y la dedicación de los gobiernos para atender esas
responsabilidades.
Hablaba S.S. como reproche de que, como Teruel no está en el corredor
de Levante, no está en la red de la alta velocidad española. Eso no
es así. Teruel ha estado siempre en la red de alta velocidad desde
que este Gobierno ha presentado su plan. Antes de las elecciones, lo
hemos presentado a las elecciones, yo he presentado en esta Cámara en
el mes de junio el corredor Huesca-Zaragoza-Teruel. De repente, en el
mes de julio del año 2000, si yo me equivoco me aporta usted los
antecedentes, en julio, en relación con la discusión sobre el
corredor de Levante en el que había compromisos de cuatro
comunidades, alguien desde Teruel dice: No, es mejor que Teruel se
incorpore a este otro corredor. Me parece muy respetable, señor
Labordeta. Pero el corredor de Levante llevaba tramitándose tres
años, y la política de infraestructuras no puede ser una política de
ocurrencias, y los planes de infraestructuras no son planes cerrados.
Ahora este Gobierno ha presentado un plan, el que venga detrás podrá
continuarlo, y Teruel tiene abiertas todas las puertas para seguir
con la autovía hacia Cuenca, para seguir con el corredor ferroviario
que hasta Valencia sigue incluido en el programa de ferrocarril
convencional. El corredor de Canfranc no ha sufrido modificaciones.
Los tres tramos Zaragoza-Huesca están en proyecto y S.S. va a
comprobar que se licitan las obras en ancho internacional, tal como
anuncié en la Cámara, dentro del año 2001, si
no surge ninguna dificultad administrativa. ¿O es que el tramo
Zaragoza-Tardienta-Huesca no forma parte del Canfranc? Del resto
tendremos que hacer estudios informativos y seguir acompasando
nuestras exigencias a la realidad de la parte francesa, que después
de su gran declaración de abril del pasado año no ha concretado
proyectos. Nosotros sí.
Quiero terminar, señor Labordeta, con un ejemplo que usted puede
constatar, si se fija con detalle, en sus desplazamientos por la
geografía española, y ver qué dicen en otros sitios, porque usted
habla con la gente y pregunta qué dicen en Teruel. Yo le voy a decir
lo que decían en Andalucía el 10 de diciembre de 2000. Decían que
Andalucía no recibía suficiente dinero por habitante en el Plan de
infraestructuras y destacaba que la primera comunidad en dinero por
habitante del Plan de infraestructuras es Aragón. Esto es lo que
dicen en otras comunidades autónomas, señor Labordeta. Yo le pido que
escuche a todos, que haga ese esfuerzo, y le agradezco su confianza.
Y por favor, señor Labordeta, si me permite una última invitación
para poder seguir haciendo un esfuerzo de acercar posiciones, cuando
mire a Teruel que los árboles no le impidan ver el bosque.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez-Cascos. ¿Grupos
que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, esta diputada lo es desde 1993 y, si no
recuerdo mal, creo haber presentado la misma enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado, tanto con el Gobierno del Partido
Socialista como con el Gobierno del Partido Popular, a dos cosas en
concreto: una, la autovía Somport-Sagunto y la otra la
electrificación del tren Sagunto-Teruel-Zaragoza-Canfranc. Y no ha
sido a partir de 1996, sino desde mucho antes. Probablemente los
ciudadanos y las ciudadanas de Teruel, hartos de soportar una
determinada situación ha llegado un momento en el que han dicho:
basta y ahora empezamos a reivindicar nuestras necesidades que desde
una forma más dialogante, si se quiere, no han sido atendidas y ahora
lo vamos a hacer desde la calle, movilizándonos, y posiblemente con
la intención de conseguir aquellos objetivos que se han planteado.
También, señor ministro, quiero decirle que, tal y como usted nos lo
expresaba en la tribuna, parecía que se iban a construir varias
autovías en Teruel y solamente está en funcionamiento una, la de
Somport-Sagunto; otra que se puede iniciar y sólo hay un tramo en la
autovía de Sagunto a Somport que esté previsto licitarlo por el
modelo alemán, que es el de Escandón-Teruel. ¿Qué
pasa con el resto de los tramos en los que ya están acabados los
proyectos? No es un problema de trámite administrativo, ya están
acabados los proyectos, ¿cuándo se van a licitar? ¿Cuándo vamos a
conseguir que desde Levante, desde Valencia podamos tener una
conexión que permita mejorar determinadas comarcas de las zonas de
Valencia y, además, mejorar la provincia de Teruel y las conexiones
de Teruel saliendo hacia el norte de nuestro país?
Además, señoría, no solamente vamos a hablar de autovías, es que hay
más necesidades. ¿Qué ocurre con otras reivindicaciones, como el
desdoblamiento de la N-232, el de la N-330, o el de otras variantes
que se tienen que realizar para conceder infraestructuras? Y si
hablamos de ferrocarril no solamente está la necesidad de la
electrificación del tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, tantas veces
prometido y que todavía, que nosotros conozcamos, no se ha iniciado
ni siquiera el proyecto para su electrificación y mejora, pero
también hay otras necesidades que no son sólo y exclusivamente esas.
Señor ministro, el Gobierno del Partido Popular, se lo dije a usted
en su comparecencia del mes de junio, nos prometió un AVE en la
puerta de casa a cada ciudadano de este país y una autovía, o una
autopista, pero, ¿qué ocurre con el resto de las infraestructuras que
no son vías rápidas pero sí necesarias para el desarrollo de los
territorios y para el equilibrio territorial? ¿Qué ocurre con ellas?
Aquí se reclaman también otras desde la plataforma Teruel existe, de
las que nos hacemos eco los políticos porque para eso somos
representantes del pueblo en esta Cámara, y de las necesidades que se
ven que son tales las que tienen que utilizarse. ¿Cuáles son las
posibilidades que tiene la línea Caminreal-Calatayud? No es un AVE,
ni tan siquiera es un tren de velocidad alta, sino una necesidad de
comunicación de los ciudadanos. ¿Qué ocurre con ello? ¿Qué va a hacer
el Gobierno? ¿Lo va a cumplir? ¿Lo va a aceptar siquiera cuando está
desmantelando en algunos sitios otras infraestructuras ferroviarias?
Lo que pide la plataforma Teruel existe no son sólo y exclusivamente
infraestructuras, sino algo más, un tratamiento integral para sus
necesidades como ciudadanos, para el desarrollo de su provincia, que
probablemente algunas de ellas no sean solamente competencias del
Gobierno central sino también del Gobierno autónomo e incluso de los
propios ayuntamientos pero, señor ministro, cuando los ciudadanos se
quejan, porque están hartos de esperar las soluciones que desde los
gobiernos no les llegan, nuestra obligación, al menos, es la de
escucharles y la de no ponernos la venda y decir: A partir de tal
fecha nosotros hemos empezado a hacer, sino de que realmente eso sea
visible porque esté hecho, y hay algunos proyectos que no solamente
se reivindican por Teruel sino por otras zonas del Estado español que
llevan muchos años en la cartera y desde luego a través de los
Presupuestos Generales del Estado nunca se van a cumplir los plazos
que se han fijado, entre otras cosas no porque el trámite
administrativo sea largo, sino porque las cantidades que se van
presupuestando cada vez se van aplazando un año más.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero que yo deseo hacer en este trámite es saludar
cordialmente a mi alcalde, al alcalde de la ciudad de Teruel, del
Partido Popular, que está presente en la tribuna del público y al que
yo le doy la bienvenida a esta sesión, y quiero hacerlo porque al
mismo tiempo tengo yo mucho interés en que él esté presente aquí para
que después cuando podamos hablar personalmente en nuestra tierra
podamos comentar lo que hoy se ha dicho aquí.
Señor ministro, no sé sinceramente qué está pasando, porque después
de escucharle y escuchar cuán idílicamente vivimos en Teruel, cuán
contentos podemos estar en Teruel de las cuantiosas inversiones que
este Gobierno está haciendo, de las cuantiosas e importantes
infraestructuras que este Gobierno está poniendo en marcha, yo, señor
ministro, que vivo en Teruel, que recorro permanentemente mi
provincia y mi Comunidad Autónoma de Aragón, no las veo, y como no
las veo se me ocurre empezar por invitarle, señor ministro, a que
usted y yo hagamos un viaje en tren desde Zaragoza a Teruel y a
Valencia para que usted compruebe -yo ya lo he hecho más de una vez-
cómo está la línea férrea. También le quiero invitar a que lo
hagamos, gustosamente pondré mi coche, que no es malo del todo, y le
llevaré a usted gustosísimamente desde Zaragoza a Teruel por la
carretera, porque no podrá usted pasar siquiera un metro de autovía
hasta Teruel, y después hasta Valencia, y cuando usted haga esos
recorridos y vayamos a la zona del Bajo Aragón, que ha citado el
señor Labordeta, y hagamos el recorrido entre Zaragoza y Alcañiz, si
lo desea, yo le invito gustosa y cordialmente a venir conmigo, podrá
comprobar que las cosas no son como usted cree que son, señor
ministro. Yo sé que usted es una persona seria y si comprueba una
cosa usted no la desdice, pero debe comprobarla, pienso yo.
Por zanjar un asunto que me preocupa, porque siempre se dice lo
mismo, quiero aclarar una cosa. Ha dicho usted que la autovía norte-
sur en Aragón es idea y decisión del Partido Popular. Se hartan de
decirlo. Y le ha dicho al señor Labordeta, enseñándole unos papeles:
La autovía no está aquí, está desde que José María Aznar es
presidente del Gobierno. Le voy a enseñar, señor ministro, fotocopias
del Boletín Oficial del Estado, que es más importante que sus
papeles, donde dice
que el 20 de octubre de 1995 (¿le suena quién era presidente del
Gobierno entonces?) se aprobó definitivamente el estudio informativo
de la autovía de Sagunto a Burgos, Alicante a Francia por Zaragoza y
tramo Teruel-Zaragoza. Y el 7 de septiembre de 1995 (¿le suena a
usted quién era presidente del Gobierno entonces?) se aprobó el tramo
entre Sagunto y Teruel. Ustedes en este asunto no han hecho más que
continuar una obra que decidió hacer el último Gobierno socialista
presidido por Felipe González y que, efectivamente, decidió hacerla
tarde. Yo querría que lo hubiera decidido mucho antes, pero esa es la
verdad. Ustedes no han hecho más que continuar lo que nosotros les
dejamos comenzado. Ha hecho desde esta tribuna pedagogía sobre los
trámites que lleva una obra. Y usted ha sido, no yo, pero tiene
razón, el que hay dicho que hay que empezar por el principio para
poder culminar con la creación de la infraestructura. Este Boletín
Oficial del Estado que le enseño es el principio.
Conviene que discernamos una cuestión. Por qué la gente en Teruel se
enfada. Por qué la gente en Teruel se moviliza. Lo que ha ocurrido en
Teruel no es una cosa normal. Todos ustedes tienen que reconocer
conmigo que no es una cosa normal. La gente cree que históricamente
todos los gobiernos que ha habido no han hecho lo suficiente por
Teruel, y creo que la gente tiene razón. Primero, porque ningún
gobierno, haga lo que haga, nunca hará lo suficiente por sus
ciudadanos, pero, además, porque no ha sido lo suficiente. Como
nosotros no habíamos hecho lo suficiente, después de haber hecho un
montón de cosas, los ciudadanos nos dicen que pasemos a la oposición.
Llegan ustedes, que parece que traen el maná, y, ¿cómo estamos en
este momento? ¿Sabe por qué se enfadan los ciudadanos? Por estas
cosas, señor ministro. Si se molesta usted un minuto le muestro unos
periódicos. Diario de Teruel del 26 de septiembre de 1996. El
entonces señor ministro del Partido Popular, don Rafael Arias-
Salgado, en Teruel: En los próximos tres años invertiremos 103.000
millones de pesetas en la autovía (26 de septiembre de 1996, señor
Álvarez-Cascos, 103.000 millones, al 26 de septiembre de 1999) En
este momento han pasado, no tres años, sino casi cinco ¿y sabe cuando
se ha invertido en la autovía? Algo más de 6.000 millones. A este
ritmo en medio siglo a lo mejor acabamos la autovía. La gente se
enfada porque sigue diciendo el ministro que habrá todo el dinero que
sea necesario y las máquinas se van de la autovía después de la
inauguración. Se inaugura virtualmente la autovía, de lo que ya
hablamos un día, y las máquinas se marchan. No hay obra, no hay
máquina, no hay nada. Una desolación absoluta, un cartel inmenso,
como decía el señor Labordeta, y la gente se enfada porque ve que se
le toma el pelo.
Fíjese, señor ministro, si es sencillo hablar de la autovía. ¿Sabe
cuál es la consignación presupuestaria que han hecho respecto a la
autovía? Seguro que lo sabe. Es por hablar del giro de 180 grados al
que usted
se ha referido. Girar 180 grados, señor Álvarez-Cascos, lo ha dicho
usted muy bien, es dar la espalda al punto al que se miraba antes,
que es lo mismo que han hecho ustedes en Teruel. Ustedes han girado
180 grados en Teruel. Nos han dado la espalda, nos están dando la
espalda a los turolenses. Eso es lo que está pasando. Usted lo ha
dicho muy bien: hemos girado 180 grados. Pues bien, el giro de 180
grados significa que hay 12 tramos pendientes en la autovía, 12
tramos, señorías, entre el límite de la provincia de Castellón y la
ciudad de Zaragoza, pasando por Teruel y toda su provincia. Doce
tramos de los cuales cuatro no tienen consignación presupuestaria, no
hay ni una peseta; otros cuatro tienen una consignación de 10
millones de pesetas cada uno, señorías, 10 millones de pesetas cada
uno para este año. Sumamos ocho tramos, y de los otros cuatro tramos
que quedan uno tiene 110 millones de pesetas, otro no tiene ninguna
porque se hace por el método coloquialmente llamado alemán, al que no
tenemos nada que objetar pero lo que queremos es que se haga, y los
otros dos, que son los únicos que se están ejecutando en este
momento, tienen aproximadamente 6.000 millones de pesetas. Esa es la
realidad: han girado 180 grados, señor ministro. Ustedes giran 180
grados en Teruel cuando incumplen los compromisos que en campaña
electoral hacen sistemáticamente. La gente se enfada por esto, señor
ministro. Ustedes presentan esto en Teruel: vamos a más, y nosotros
tenemos la impresión de que los que van a más son ustedes pero Teruel
no. Están aquí fotografiados mis dignísimos compañeros de escaño, los
candidatos del Partido Popular, pero esto está lleno de promesas que
no están cumplidas. Por ejemplo, hay una promesa muy curiosa: la
conexión ferroviaria entre Caminreal y Calatayud para dar salida
directa al tren desde Teruel a Madrid. Si yo le cuento, señor
Álvarez-Cascos, la que se montó el día que sus compañeros del Partido
Popular legítimamente montaron un acto electoral en Caminreal
llevando a todos los que había en la provincia de Teruel del Partido
Popular, que por cierto como quedamos poquitos tampoco había muchos,
para que vieran lo impresionante que iba a ser el corredor Caminreal-
Calatayud, no sé si hubiera usted tenido valor hace unos días -mejor
dicho, usted no pero sí sus colaboradores- para decirle al consejero
de Obras Públicas de Aragón que se olvidara del tema, que ustedes no
piensan hacer el Caminreal-Calatayud, que no lo piensa hacer su
Gobierno; han dicho que no lo piensan hacer. Además, ustedes han
hecho algo que a mí me parece un agravio innecesario hacia Teruel,
señor Álvarez-Cascos, se lo digo sinceramente y dolido por ello.
Ustedes han dicho que van a arreglar la línea de alta velocidad entre
Teruel y Zaragoza, pero que no van a hacer lo mismo entre Teruel y
Valencia. Y usted, señor Álvarez-Cascos, tiene que saber, lo sabe
seguro, que eso significa convertir a Teruel en un fondo de saco y
condenar a Teruel a la
marginación, por mucho que nos diga que tenemos una línea para
conectar con Zaragoza.
La señora PRESIDENTA: Señor Torres, le ruego que vaya concluyendo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino, señora presidenta.
Esto es así de triste y por eso en Teruel estamos sinceramente
enfadados con ustedes. Y cuando yo le pregunto por escrito qué
piensan hacer para contestar a las reivindicaciones turolenses,
ustedes por escrito -tengo la respuesta aquí- me contestan que ya
está el plan especial de Teruel. ¿Cómo que ya está el plan especial
de Teruel, señor ministro? El plan especial de Teruel existe desde
diciembre de 1990, siendo presidente del Gobierno de España Felipe
González y ministro de Hacienda don Carlos Solchaga, y siendo
presidente del Gobierno de Aragón don Hipólito Gómez de las Roces y
consejero de Economía y Hacienda don Santiago Lanzuela. Desde 1990. O
sea ¿que la solución para Teruel ahora es lo que ya está funcionando
desde 1990? Si nosotros en Teruel no le estamos pidiendo que nos
explique lo que hay; si lo sabemos muy bien, señor ministro. Lo que
le estamos preguntando es qué más, además de lo que hay, vamos a
tener para poder salir del subdesarrollo, del abandono y por supuesto
de la marginación, porque nos estamos quedando sin gente, señor
ministro.
Acabo, señora presidenta, de verdad. Me parece una broma macabra por
su parte hablar de inversión por habitante en la provincia de Teruel.
Señor ministro, se lo digo seriamente, se lo ruego, se lo pido por
favor: no utilice esos datos porque es una broma macabra a Teruel
utilizar la inversión por habitante, y se lo digo con respeto y
cordialmente.
La señora PRESIDENTA: Señor Torres, le ruego concluya. Lleva
consumido más del doble del tiempo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Lo sé, señora presidenta, y se lo
agradezco.
Señor ministro, por favor, cuando salga usted a esta tribuna de
nuevo, dénos alguna esperanza, se lo ruego; la necesitamos y es
absolutamente necesaria si no queremos crear dos Españas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Torres.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular y, en primer lugar, para dar las gracias al señor Labordeta,
que creo que ha actuado con buena fe en su interpelación y nos
ha dado la oportunidad de oír todos los datos que ha dado el señor
ministro. Son datos reales y, desde luego, con plataforma o sin
plataforma, el Gobierno está trabajando desde 1996 hasta estos
momentos, y continuará haciéndolo.
El señor Labordeta está a favor de Teruel; nosotros por supuesto que
también. A este respecto, el hecho de que presentara unas enmiendas y
no se las aprobaran no quiere decir nada. Desde 1983 hasta 1996 este
diputado que les habla, en las Cortes de Aragón y posteriormente en
el Senado y en el Congreso, presentó miles de millones de enmiendas y
la mayoría de aquel entonces las rechazó absolutamente todas. Tengo
que decirle que Teruel, frente a ese discurso que me atrevería a
catalogar de negro -revivir los fríos inviernos, la guerra civil,
etcétera, me parece que está trasnochado-, es una provincia a la que
ojalá los gobiernos anteriores a 1996 le hubiesen dado el trato y la
atención que le está dando el Gobierno de España del Partido Popular.
En ese caso, la interpelación presentada no tendría ningún sentido.
Nunca se ha hecho más que desde 1996 hasta estos momentos. Para
constatarlo no hace falta más que ver los Presupuestos Generales del
Estado de la pasada legislatura y de la actual, que ponen en marcha
inversiones en infraestructuras y en el resto de cuestiones. Por
ejemplo, la autovía Somport-Sagunto, de la que en mayo de 1996 sólo
estaba aprobado el estudio informativo del itinerario Sagunto-Teruel,
sin haberse dictado orden de redacción de ninguno de los proyectos
constructivos en sus diferentes tramos. El 20 de octubre de 1995,
señor representante del Partido Socialista, solamente había la
aprobación provisional del tramo Teruel-Zaragoza. En mayo de 1996, el
estudio informativo se encontraba sin aprobar. En la misma fecha, la
declaración de impacto ambiental estaba sin formular. En ese mismo
mes estaban sin redactar los proyectos de los tramos de la autovía en
la provincia de Teruel. Es este Gobierno del Partido Popular el que
ha realizado en seis meses el estudio informativo del itinerario
Teruel-Zaragoza y ha adjudicado los proyectos de siete tramos de 150
kilómetros entre el límite de la provincia de Castellón y la
provincia de Zaragoza; en cuatro meses, cuando el tiempo normal es de
18 meses. En 1998 adjudicó la ejecución de las obras de los tramos de
Santa Eulalia, Monreal y Calamocha -ya lo ha dicho el señor
ministro-, con 15.944 millones de pesetas. La situación
administrativa de los correspondientes proyectos de ejecución y la
programación económica contenida en los Presupuestos Generales del
Estado para este año 2001 permitirán licitar nuevos tramos de la
autovía en la provincia de Teruel: aparte de los que se han
mencionado, los tramos de Teruel a Santa Eulalia, de Teruel a
Escandón y de Escandón a Sarrión. Eso permitirá generar inversiones
del orden de 10.800 millones en el caso de Teruel-Santa Eulalia,
11.350 en el de Teruel-Escandón y 8.500 en el de Escandón-Sarrión,
independientemente de que las
partidas en los presupuestos sean inferiores. Con poco más de 100
millones de pesetas se permitió licitar el tramo de Santa Eulalia a
Monreal y el de Monreal a Calamocha. En la provincia de Zaragoza hay
otros tramos como Paniza-Torrubia, Torrubia-María de Huerva y María
de Huerva-Zaragoza. Es decir, que el Gobierno del Partido Popular
elaboró en 1999, como ha dicho el señor ministro, el plan de
infraestructuras incluyendo la autovía Cuenca-Teruel, que constituye
un eje vertebrador importantísimo y necesario entre el centro y el
norte de España y la línea de alta velocidad TeruelZaragoza. En el
año 2000 se licitó la redacción del estudio informativo de la autovía
Cuenca-Teruel para iniciar el procedimiento administrativo que
permitiera su ejecución. Igualmente, se han publicado ya las
licitaciones de los estudios informativos y proyectos
correspondientes a los ocho tramos de la línea de alta velocidad
Teruel-Zaragoza. Señor Torres, no va a ser un fondo de saco la línea
Teruel-Valencia, porque independientemente de que haya alta velocidad
de Teruel a Zaragoza y a Huesca hasta el Canfranc, eso no quiere
decir en absoluto que de Teruel a Valencia no se va a poder ir en
tren, ni mucho menos; se va a poder ir, como ha dicho el señor
ministro, en una línea convencional que simplemente se diferencia en
el ancho de vía nada más, pero la velocidad no va a tener nada que
ver con la que hay actualmente.
El interpelante olvida cuando habla en su exposición de motivos de
que se pedían unos mínimos inversores de 10.000 millones de pesetas,
que los presupuestos generales para Teruel en el 2001 superan los
25.000 millones de pesetas frente a los 7.100 millones de pesetas que
de forma reiterada se ha dicho que solamente había por los
convocantes de la huelga del 29 de noviembre. Eso la gente se lo ha
creído y no es verdad. La realidad es esta otra. Podría darle datos
-no tengo tiempo para hacerlo-, pero los conoce perfectamente el
señor interpelante.
Entre 1996 y 2000 se creó en Teruel más empleo y bajó el paro. Cada
día hay más turolenses que tienen un puesto de trabajo y el paro ha
bajado durante estos últimos cuatro años. Teruel se ha convertido en
una de las provincias españolas en la que porcentualmente hay menos
parados -hoy hay exactamente el 6,07 por ciento- y está dentro de las
seis provincias que prácticamente podríamos decir que tienen pleno
empleo. Son datos publicados muy recientemente. También hay más
contratos fijos y hoy en día se firman en Teruel el triple de
contratos fijos que en la etapa anterior. Uno de los compromisos de
José María Aznar con Teruel era iniciar la unión por autovía de
Teruel con Zaragoza y Valencia. Frente a los que no hicieron nada
antes, el Gobierno del Partido Popular está invirtiendo en este
momento más de 17.000 millones de pesetas para construir esta
autovía. También se ha adjudicado la variante norte de Teruel con
1.879 millones y se continúa a buen ritmo para terminarla totalmente.
En carreteras, durante
los últimos cuatro años, los gobiernos presididos por el Partido
Popular invirtieron más de 29.000 millones y sólo en la red
autonómica se construyeron o mejoraron más de 350, como las del eje
Teruel-Maestrazgo-Castellón y la comunicación interna de las cuencas
mineras y los accesos a la sierra de Gudar y Maestrazgo. En la
comunicación por ferrocarril, la sustitución de los viejos convoyes
por las nuevas unidades de trenes regionales diesel ligero han
mejorado la calidad del trayecto entre Teruel y Zaragoza y se están
terminando una serie de estudios para llevar a cabo las licitaciones
correspondientes, aparte de las que ya han salido publicadas, como he
dicho antes, en el Boletín Oficial del Estado. Y la minería
turolense, excluida durante catorce años de cualquier plan nacional
de reconversión, está siendo atendida por el Gobierno de José María
Aznar. Se invertirán 72.000 millones de pesetas hasta el año 2005
para reactivar socioeconómicamente las comarcas mineras turolenses.
El ministro Piqué y el hoy diputado Santiago Lanzuela y el anterior
presidente de Aragón firmaron el protocolo para el desarrollo de las
cuencas mineras.
El Partido Popular, en el fondo especial de Teruel, duplicó la
partida especial que la Administración del Estado y la autonómica
destinan a la provincia de Teruel, fijándola en 18.000 millones de
pesetas para compensarla de sus especiales características de
dispersión territorial y baja densidad demográfica, y así ayudar a
generar mayor renta y riqueza. El ministro Rato y Santiago Lanzuela
firmaron las ayudas del fondo especial de Teruel duplicándolo.
Termina el fondo especial de Teruel el 31 de diciembre del presente
año y será a partir de entonces cuando se hará la ampliación
correspondiente, que es uno de los temas que llevamos en nuestro
programa electoral.
Teruel es una provincia que tiene gentes emprendedoras, tanto
viviendo entre nosotros como en la diáspora, y saben perfectamente
que nuestro futuro depende de lo que seamos capaces de hacer
trabajando, con generosidad, con ilusión y esperanza, con el empuje
de los propios turolenses, sacando partido de sus propios medios y no
desde el victimismo, no haciendo aquí unos discursos catastrofistas
como acostumbra a hacer el representante del Grupo Socialista cuando
dice que el Partido Popular ha dado la espalda a Teruel y que qué
pasa con el Caminreal-Calatayud. No se preocupe, señor Torres, de eso
nos vamos a preocupar nosotros perfectamente.
La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego que vaya terminando.
El señor BUESO ZAERA: Sí, señora presidenta, termino enseguida.
En cuanto a todo lo que ha dicho de los doce tramos, etcétera, no se
preocupe que si en la época del PartidoSocialista -que duró nada más
y nada menos que
catorce años y la nuestra no llega a cinco años-, alguien dijo que
Teruel es el lugar donde no merece la pena invertir, nosotros decimos
que sí merece la pena. En la etapa socialista ningún presidente de
Gobierno español, durante catorce años, llegó a las tierras
turolenses. Con la inclusión en el sistema financiero europeo, la
exclusión de Teruel de los fondos europeos, de los objetivos 1 y 2,
incluso con problemas para la inserción de los fondos 5b), seha
organizado un desequilibrio entre nuestros vecinos y la provincia.
Desde luego el Partido Popular va a llevar a cabo la autovía, la ha
empezado y la terminará; el ferrocarril, que lo desclasificó en 1986
el Partido Socialista, la línea ValenciaTeruel- Valencia, lo
convertirá el Partido Popular en tren de alta velocidad, en el tren
que se merece Teruel en estos momentos; la autovía Teruel-Cuenca, que
el Partido Socialista la consideraba como carretera convencional, el
Partido Popular la ha incluido en el Plan de infraestructuras y la
terminará; el plan Miner supondrá para Teruel, como he dicho antes,
72.000 millones de pesetas, frente a lo que fue anteriormente la
reconversión encubierta durante varios años.
La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego que concluya.
El señor BUESO ZAERA: Termino, señora presidenta.
Quiero terminar diciéndole que frente a este victimismo dibujando un
panorama negativo en la provincia, como hacen algunos, pues la
reivindicación es una cosa y el catastrofismo es otra porque en vez
de favorecer perjudica, el potencial Teruel es muy importante y no
hay que olvidar que hace ya más de un siglo muchos de los problemas
de infraestructuras por los que ahora sentimos anhelos de justicia
eran tema constante de debate y queda sitio para la reflexión
rigurosa, como decía uno de los más grandes turolenses de todos los
tiempos, el polígrafo Domingo Gascón y Guimbau. Esto nos lleva a ser
rigurosos y a no calificar los presupuestos estatales de traición y
puñalada a los turolenses, como hizo hace cuatro meses un candidato
en las últimas elecciones generales. Llevamos nueve meses y nos
faltan más de tres años para rendir cuentas al electorado, porque el
Partido Popular apuesta por el futuro de Teruel poniendo las bases
que se tenían que haber puesto por gobiernos anteriores, pues Teruel
no es como aquella tierra sin mar de la que el interpelante sabe
bastante, sino que es una tierra llena de esperanza, de ilusión y de
gentes que no estamos dispuestos a reblar porque vivimos en Teruel.
Somos turolenses y queremos lo mejor para la tierra donde están
nuestras raíces y desde el Gobierno del Partido Popular haremos todo
lo que esté en nuestras manos...
La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego que concluya.
El señor BUESO ZAERA: ...para que el esfuerzo individual y colectivo se
transforme en realidades y en hechos y convirtiéndolo en un lugar
donde sí merece la pena vivir e invertir.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS
RAZONES DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNOEN GENERAL ANTE LA INMIGRACIÓN Y
EN PARTICULAR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL 12 DE FEBRERO
DE 2000 TRAS LOS SUCESOS DEL PASADO AÑO EN EL EJIDO (ALMERÍA).
(Número de expediente 172/000062.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre las razones de la actuación del Gobierno en
general ante la inmigración y en particular por el incumplimiento de
los acuerdos de 12 de febrero de 2000, tras los sucesos del pasado
año en El Ejido. Para la presentación y defensa de la misma tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señor ministro, usted
como nosotros recordará cómo el presidente del Gobierno dijo en su
día, refiriéndose a un traslado irregular de inmigrantes desde el
aeropuerto de Málaga a diversos países africanos, que existía un
problema y que ese problema se había resuelto con la expulsión de los
inmigrantes. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Esa parece ser la filosofía que todavía sigue aplicando
su Gobierno respecto a la inmigración. Se considera un problema y hay
que resolverlo, simple y llanamente, con la expulsión. Además, si se
tensa el ambiente y se ganan algunos votos, mejor que mejor. ¿Que en
el camino se quedan algunas personas y que se alimentan sentimientos
antirracistas en la población? Esos son simples efectos colaterales,
como se dice, pero no tiene la menor importancia. Lástima, señor
ministro, señorías, que los millones de personas que pasan hambre,
que sufren guerras y persecución en sus países de origen no les
comprendan a ustedes, que no les llegue clara y nítidamente su
mensaje, que no comprendan las bondades de sus leyes, que no aprecien
su buena voluntad al gobernar y al final se acaben dejando engañar
por mafias que les sacan los ahorros de toda su vida y les hacen
jugarse la vida en el Estrecho intentando alcanzar un supuesto
paraíso. Si ustedes fuesen capaces de comprenderlos se acabarían de
inmediato los encierros, las pateras en el Estrecho y los que ahora
vienen a nuestro país se quedarían, eso sí, muriéndose de hambre en
sus lugares de origen, esperando que las virtudes del liberalismo les
resuelvan los problemas, como nos
decía ayer el secretario de Estado para la Cooperación; eso sí, a
nosotros dejarían de molestarnos, así como a todos los hombres y
mujeres de orden de este país. A pesar de eso quedarían decenas de
miles de sinpapeles en nuestro país que ya han llegado. ¿Y a estos
qué les decimos? Les podemos decir, siguiendo esa misma política, que
sigan trabajando en condiciones difíciles por la comida, que vivan en
lugares de miseria pero que no armen ruido, que sigan escondidos, que
desaparezcan del mapa a mediodía después de trabajar y nos dejen
tranquilos, como tiene que ser.
Señor ministro, como usted comprenderá esa no es la realidad ni va a
serla. Usted sabe que la evolución de la situación, tras la
aplicación de su ley, ha puesto de manifiesto las políticas del
Gobierno al iniciar la contrarreforma legislativa; ha puesto en
evidencia la ineficacia en los recursos y ha puesto en evidencia las
graves deficiencias e irregularidades en las que incurre el Gobierno.
Los efectos de esa incapacidad del Gobierno se demuestran
significativamente en estos primeros meses del año para dar una
respuesta a la realidad, una respuesta que sea realmente eficaz. Las
pateras en las costas andaluzas o en las canarias, los encierros que
se suceden en distintos puntos del país, la sobreexplotación, la
marginalidad en el trabajo y las pésimas condiciones de vida
evidencian que ustedes no van por el camino que sería lógico y
deseable. Hay poca credibilidad en su política porque los acuerdos
que se firmaron en El Ejido, hoy por hoy, están muy lejos de ser una
realidad. Ustedes saben que los jueces solamente han admitido dos de
las más de 600 denuncias que en aquellos días interpusieron los
abogados de SOS-Racismo. Además, nos preguntamos qué pasa con las
teóricas actuaciones de oficio que había que haber llevado, porque
nada ha trascendido de las diligencias judiciales abiertas, ni
siquiera hemos sabido qué actuación se ha llevado a cabo en torno a
la grave agresión que sufrió la máxima autoridad, el subdelegado del
Gobierno; no sabemos qué ha pasado, qué medidas han tomado en torno a
aquella agresión.
Desde la Subdelegación del Gobierno se habla de constantes gestiones
para mejorar la situación de los inmigrantes en Almería, pero lo
cierto es que, frente a esas constantes gestiones que dice el
Gobierno que realiza, los sindicatos, las ONG, los colectivos de
extranjeros coinciden en la apreciación de que un año después no se
ha hecho prácticamente nada en El Ejido, que ha sido un año de
congelación total y absoluta, como ha dicho el presidente de Atime.
En El Ejido, hoy por hoy, la entrada de magrebíes en ciertos bares
sigue siendo imposible, sigue siendo vetada. Todavía son marginados
los inmigrantes, que viven apartados de los núcleos urbanos ante la
imposibilidad de poder alquilar casas en el centro y teniendo que
recorrer distancias kilométricas a la hora de ir a comprar o de
tramitar alguna gestión. Usted sabe que hace ahora un año se marchó
alrededor del 60 por ciento de los inmigrantes
que residían en la zona hacia el norte de España, según denuncian los
propios colectivos de inmigrantes. En esta situación ustedes siguen
empeñados en aplicar su ley, que no solamente es evidente que no
resuelve los problemas sino que los está agravando; una ley que
nosotros consideramos -y así lo vamos a hacer- que debe ser recurrida
ante el Tribunal Constitucional porque vulnera derechos
constitucionales que deben ser reconocidos para toda la población. El
proceso de regularización puso en evidencia que las estimaciones que
ustedes hacían eran falsas, porque a día de hoy nadie discute que hay
más de 100.000 personas -señor ministro, personas- que no están
regularizadas en España, que no tienen papeles, no que sean ilegales.
Hay más de 100.000 personas a las que hay que responder, a las que no
se puede expulsar de este país y que son necesarias; eso sí, hay que
mantenerlas en condiciones humanas, en condiciones dignas y no ser
cómplices de que al vivir en unas condiciones tan precarias tengan
que se ser pasto de las mafias. Cambiando la ley no se alientan las
mafias. Precisamente con leyes más restrictivas las mafias tienen más
posibilidades de hacer negocio, cuanto más restrictiva es la ley más
se pone a los inmigrantes en sus manos. Con transparencia, con
regularización es como las mafias no existirían, pero con su ley,
señor ministro, ustedes son cómplices de esas mafias, porque los
inmigrantes no tienen otro camino que ponerse en sus manos para
alcanzar ese paraíso que se les enseña como si fuese la salvación.
Señor ministro, ustedes no pueden ser ajenos a esta situación, no
pueden ser inconscientes ante esta situación. Ustedes son conscientes
de cuál es el camino que lleva su ley. Yo no creo que ustedes
gobiernen a tontas y a locas. Ustedes gobiernan en función de unos
intereses muy concretos, que son los de aquellos que quieren mantener
a la inmigración como una mano de obra barata, como una mano de obra
al servicio de las mafias. Esa es su mayor responsabilidad, señor
ministro. Por eso venimos aquí con esta interpelación a pedirle
cuentas, porque creemos que su Gobierno, repito, va por mal camino. Y
no se lo decimos solamente desde Izquierda Unida, sino que se lo
están diciendo hoy decenas y decenas de colectivos, y por citarle
alguno muy cercano, hasta la propia Iglesia católica les dice estos
días que están actuando de una forma que no sólo no es justa sino ni
siquiera humana. Por eso no puede justificarnos su ley con la
necesidad de controlar u ordenar los flujos migratorios. Usted sabe
que eso no es verdad, que los flujos migratorios no se controlan con
una ley sino de otra manera. No es este el debate pero habría que
hablar de la condonación de la deuda externa o de qué hay que hacer
para que gran parte de la humanidad no tenga que huir de sus países
porque no puede vivir en ellos. Así se controlan los flujos
migratorios, no poniendo muros en el Estrecho.
Izquierda Unida no va en solitario, créanos. Nos sentimos muy
arropados en este debate por decenas y
decenas de personas y por muchos colectivos sociales que están con
nosotros. Hoy se ha presentado en Andalucía otra propuesta de recurso
de inconstitucionalidad de la ley en el Parlamento andaluz, arropado
por sindicatos, por Andalucía Acoge y por otros muchos colectivos.
Y vamos a seguir así porque entendemos que la nueva ley no hace más que
agravar estos problemas, además de poner en cuestión en nuestro país
el respeto a los derechos humanos universales, tal y como recoge
nuestra Constitución, y también los derechos sociales y laborales que
amparan a los trabajadores en los tratados internacionales. Porque
estamos convencidos de eso creemos que es necesario presentar ese
recurso, porque es una ley inconstitucional, y lo vamos a conseguir.
Sabemos las presiones que está habiendo; sabemos que si no hubiese
presiones, entre comillas, razones de Estado, hoy por hoy habría más
de 50 diputados y senadores que habrían presentado ya ese recurso.
Más de 50 diputados y diputadas de todos los grupos políticos, desde
la derecha hasta la izquierda, están convencidos de que es una ley
inconstitucional. Pero a pesar de las trabas lo vamos a conseguir; a
pesar de las trabas se va a recurrir la ley y el Tribunal
Constitucional pondrá a cada uno en su sitio y dejará claro que su
ley es inconstitucional.
También queremos plantear aquí que hay que tomar medidas ya, hay que
intentar abrir un nuevo proceso de regularización. Usted, señor
ministro, no puede decir que la ley no se puede cumplir y no se va a
cumplir. Si la ley no se va a cumplir es mejor cambiarla. Por
consiguiente, hay que impulsar ya un proceso claro y transparente. No
puede un día decir el delegado del Gobierno en Andalucía una cosa y
el delegado en Madrid otra. Eso sí que alienta las mafias, eso sí que
produce efectos divergentes. Que el Gobierno de una vez por todas
abra un nuevo proceso de regularización y que deje claro que todos
los inmigrantes que están en estos momentos en España se pueden
regularizar porque hacen falta, señor ministro, y se lo dicen también
las organizaciones campesinas y agrarias. Hay que hacer ya ese
proceso con transparencia y con buena voluntad, no con las trabas que
en algunos sitios se pusieron al anterior proceso, porque no es de
recibo que en este momento, mientras por una parte se demandan
inmigrantes, por otra el Gobierno saque esa espada de Damocles que es
la expulsión con la que ustedes siguen amenazando.
Para terminar, señor ministro, nos gustaría que hoy usted aquí no
solamente defendiese, como entiendo debe hacer si está convencido, la
ley que ustedes han aprobado, sino sobre todo que se comprometiese
con medidas concretas para que se cumpliesen los acuerdos de El
Ejido, porque ahí su Gobierno pierde credibilidad; que se
comprometiese hoy, y es nuestro planteamiento, a que haya un proceso
de regularización de todos los inmigrantes que ahora mismo hay en
España con todos sus derechos, porque lo contrario, repito,
convertiría a usted y a su Gobierno en cómplices de las mafias ya que
pondríamos a esos inmigrantes en manos de las mafias, y eso, le
repito una vez más, se llama complicidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señorías, la dificultad de una interpelación a una política de
Gobierno, que en mi opinión no tiene nada que ver con la realidad, es
ciertamente su dificultad, su máxima dificultad. Usted ha descrito
una política que no tiene nada que ver con la política del Gobierno,
absolutamente nada, y si usted es adversario de esa política que ha
descrito, yo también soy absolutamente adversario de la política que
usted ha descrito, y estoy tan en desacuerdo con la política que
usted ha descrito como usted, pero hay una diferencia y es que no
tiene nada que ver con la política del Gobierno.
La primera consideración que le quiero hacer, señoría, es que cuando
le he escuchado he tenido la impresión de que S.S. parece olvidar que
la política de inmigración en España no puede ser abordada ni
valorada de forma individualizada sin hacer una valoración ni un
enjuiciamiento simultáneamente de los criterios políticos que
determinan los esfuerzos de la Unión Europea para afrontar la
inmigración.
En el marco de la Unión Europea usted sabe, señoría, que las
cuestiones migratorias han sido tradicionalmente abordadas por los
gobiernos de forma unilateral y han dado lugar a un conjunto de
regulaciones diferenciadas en cada uno de esos países. Pero eso es el
pasado, no tiene nada que ver ya con la realidad, señoría. Parece
usted olvidar que hay un Tratado de Amsterdam que ha previsto lo que
es ya una gradual pero inexcusable comunitarización de estas
cuestiones, que fija plazos, que fija objetivos y prioridades, de
modo que los Estados tenemos que ir sabiendo ceder competencias,
soberanía en esta materia y debe trascender ya lo que es una mera
cooperación intergubernamental.
No quiero reiterarle los principios no ya del Tratado de Amsterdam,
sino de la cumbre de Tampere, pero simplemente los voy a enunciar
porque son los tres grandes ejes que está cumpliendo escrupulosamente
el Gobierno de España en su política de inmigración. En primer lugar,
apertura de un diálogo y colaboración con los países de origen y de
tránsito de inmigrantes hacia la Unión Europea. Usted ha hablado de
cooperación internacional. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Está
empezando a diseñar grupos de alto nivel, entre ellos Marruecos, para
afrontar lo que es una medida global respecto de la inmigración en
origen. Es un esfuerzo aunque lento que lo tiene que hacer el conjunto
de la Unión y que España sola no lo puede hacer. En segundo lugar,
¿qué dice Tampere? Que se integren socialmente en plenitud de
derechos todos los que residen legalmente en los Estados miembros de
la Unión, y eso es básicamente un principio de nuestra Ley de
extranjería. En tercer lugar también dice Tampere, en una marcada
diferencia respecto del anterior enunciado, que hace falta una
adecuada gestión de flujos para hacer frente a la inmigración ilegal.
Señorías, estos no son sólo principios que están ahí. La Comisión ya
ha elaborado un cuadro de seguimiento de actuaciones que debe
realizar antes del 1.º de marzo de 2004 y este año, ya en el segundo
semestre y en Presidencia belga se va a celebrar una conferencia
monográfica sobre el tema de la inmigración, conferencia ministerial,
y el propio Consejo Europeo va a tener que evaluar este año los
resultados conseguidos en la aplicación del programa de Tampere. ¿Qué
quiere decir, señoría? Que en estos momentos en el seno de la Unión
Europea, en los consejos donde abordamos los temas de inmigración,
estamos tratando de construir una cultura común, una doctrina común,
un proyecto y un discurso común en materia de inmigración en el seno
de la Unión Europea.
No sólo tenemos que desarrollar nuestra Ley de inmigración en España,
en el ámbito nacional, sino que en coherencia con los mismos
principios que lo estamos haciendo aquí tenemos que afrontar un reto
europeo. Le voy a poner cinco ejemplos, para que vea que no me estoy
inventando nada; cinco ejemplos y cinco retos inmediatos. El primero,
una directiva europea sobre agrupación familiar simultáneamente con
nuestro reglamento de extranjería; está en pleno debate, está en una
segunda lectura en el Consejo de Ministros de la Unión. El segundo,
una comunicación sobre política de inmigración, que se ha presentado
ya y está en pleno debate en el Consejo. En tercer lugar, una
directiva europea de armonización de regulaciones nacionales sobre
transportistas, sobre lo que significa el grupo de personas que
mediante el transporte negocian con inmigrantes, que ya está
prácticamente aprobado y sólo falta la aprobación de Suecia. Un
cuarto reto: la propuesta directiva sobre el estatuto de extranjeros
residentes legales, que aún no ha sido presentado por la Comisión. Y
quinto, en lo que estamos trabajando Consejo tras Consejo y creo que
estamos ya próximos a alcanzar un acuerdo, es una política común de
asilo europeo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, señoría.
Si usted se olvida de Europa cuando habla de regularización, de lo
que ha significado esta regularización en el año 2000, yo me
preguntaba si estábamos hablando de lo mismo, porque esta
regularización que hemos hecho es la más ambiciosa, con diferencia,
de toda la democracia española. La suma de todos los inmigrantes
regularizados en los tres procesos extraordinarios de los años 1986,
1991 y 1996 sólo representa el 70 por
ciento de todo los inmigrantes que van a ser regularizados en este
último proceso extraordinario 2000-2001. Que estos procesos de
regularización no agotan la inmigración irregular es un dato, pero
una cuestión es saber que siempre va a existir una inmigración de
carácter irregular y otra bien diferente es que la inmigración tenga
una componente esencialmente irregular, que es lo que ha
caracterizado a España en estos años y en ese terreno no podemos caer
en la resignación, por eso es tan importante fomentar el hábito de la
inmigración regular. Ése es el camino más difícil, pero es el camino
que ha emprendido el Gobierno.
Además, aquí hay que buscar y encontrar un punto de equilibrio entre
lo que es un esfuerzo de legalidad, que debe ser el objetivo de la
ley y de aplicación de la ley, con lo que significa la existencia
permanente de una determinada inmigración irregular que existe en
España, existe y seguirá existiendo en todos los países de la Unión
Europea. Pero, señoría, se han presentado 246.599 solicitudes, se van
a conceder 200.000; es decir un porcentaje superior al 80 por ciento,
y es una quinta parte del conjunto de la inmigración regularizada que
tenemos en España. En ese sentido quiero decir que este proceso, que
ya se encuentra en su fase final, probablemente va a tener su remate
en el Consejo de Ministros del viernes, donde vamos a aprobar el real
decreto de revisión que afecta a esos 60.000 inmigrantes pendientes y
que evidentemente será aprobado una vez que conozcamos el dictamen
del Consejo de Estado. En esa línea, quiero decirle que no ha habido
más que objetividad a la hora de abordar la regularización. No es
verdad que en Andalucía y en Cataluña haya habido criterios distintos
y que por ello las cifras de denegación han sido superiores. No es
verdad. Le voy a poner un ejemplo, porque además explica muy bien el
fenómeno de la inmigración irregular. Cataluña, por su proximidad
geográfica con Francia, constituyó en un momento determinado el
objetivo de un importante colectivo de extranjeros que procedían de
los países del Este de Europa y de los países asiáticos, pero que se
hallaban residiendo irregularmente en Francia y en otros países
comunitarios y buscaron en el proceso de regularización una
oportunidad para legalizar su situación y ésa es la razón por la que
en Cataluña se han presentado 62.000 solicitudes de un conjunto de
256.000.
Tercera consideración que le quería hacer: los incidentes de El
Ejido. Señoría, usted se ha referido a un estado de incumplimiento de
lo que son acuerdos del 12 de febrero. De todos los incumplimientos a
que usted se ha referido ninguno compete al Gobierno. El Poder
Judicial tendrá que determinar, en lo que ha significado una agresión
al subdelegado de Gobierno, quién es el responsable, pero no es el
Gobierno. Cuando usted dice que los inmigrantes en ocasiones tienen
problemas para encontrar un factor de convivencia razonable en
determinadas ciudades, eso no depende del Gobierno, ésa es una
actitud de la sociedad.
Señoría, yo no voy a presumir, porque no hay ninguna razón para
presumir de El Ejido. Más bien le quiero decir que soy consciente de
que hubo unas causas profundas que ocasionaron aquel lamentable y
rechazable episodio; pero eso no es fácil de remediar para resolverlo
en profundidad. Cuando la convivencia queda afectada los remedios no
son fáciles, señoría, y ello no significa que se pueda hablar de
inacción o de incumplimiento del Gobierno, y me remito a las
competencias del Ejecutivo en esta materia. Se instalaron
inmediatamente por la Dirección General de Protección Civil 42
módulos habitables para proceder al realojamiento de 300 inmigrantes.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha abonado, tal y como se
comprometió, 232 indemnizaciones por un valor del 100 millones de
pesetas. La Secretaría General de Asuntos Sociales, a través de una
resolución del 29 de mayo, publicó las ayudas y subvenciones, al
amparo del Fondo de emergencia social, a un conjunto de
organizaciones sociales por valor de 300 millones. En el ámbito de la
regularización, quiero decirle que hubo un acuerdo con las
organizaciones no gubernamentales, con los sindicatos y al mismo
tiempo con las asociaciones, y quiero decirle que el resultado en
Almería ha sido que se han regularizado 10.000 inmigrantes en este
período de los años 2000/2001. En el programa de vivienda, señoría,
se ha suscrito un convenio, al que usted no hace referencia, entre la
Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, que prevé la
convocatoria de promoción de viviendas en alquiler, que van a ser
destinadas a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad
temporal.
Señoría, voy acabando pero por último le quiero hacer una reflexión
sobre una cuarta idea con dos capitulaciones finales. La cuarta idea
es: ¿sabe usted lo importante en la inmigración? Que entendamos que
lo importante es fomentar los hábitos de la legalidad. Ése no es un
esfuerzo baldío. Vale la pena hacerlo y estamos a tiempo de hacerlo.
¿Un instrumento básico? Para hacer lo que debemos, es de verdad
definir, potenciar, actualizar, ordenar el contingente. El
contingente debe ser un instrumento básico para una política de
inmigración. No puede ser un instrumento de regularización de
inmigrantes de carácter irregular en España. Debe ser un instrumento
de ordenación en función de las necesidades de nuestro mercado de
trabajo en los países donde debemos fomentar el hábito de la
legalidad de la inmigración. Tenemos que actualizar el concepto del
contingente y que no siga siendo un instrumento, que no debe ser, de
regularización de inmigración irregular en España, porque eso es
desnaturalizar ese concepto. Por ello, tenemos un gran reto y una
gran dificultad a través de cada comisión de trabajo provincial para
definir y determinar las necesidades de trabajo que necesita el
mercado laboral español.
Termino, señoría. Quiero decirle que todos los responsables políticos
europeos en materia de inmigración
enuncian exactamente los mismos principios dentro y fuera de los
consejos europeos. ¿Qué es un discurso o un proyecto lleno de
limitaciones? Sin duda. ¿De imperfecciones? Sin duda. ¿Qué no
resuelve todos los problemas? Sin duda, pero tratan siempre de buscar
no la satisfacción de una ideología determinada; buscan siempre y en
estos momentos, y algunos gobiernos de Europa lo han entendido ya, el
equilibrio, lo razonable, lo prudente, el sentido común, porque si
este talante resulta indispensable para todos los problemas políticos
ante un fenómeno como el de la inmigración, que nadie sabe y en qué
grado va a evolucionar en las próximas décadas, todavía hay que poner
más el acento en este carácter. Todo aquel que afirme que en una
década ya conoce la evolución del fenómeno de la inmigración, por lo
menos, señoría, es un insensato.
Lo que nosotros decimos con esta ley y con esta política, es que no
nos debe guiar el miedo, pero sí la prudencia; que no nos debe atraer
la radicalidad, sino lo que le he dicho antes, la búsqueda permanente
de un equilibrio. El Gobierno, señoría, en la elección y en la
definición de esta actitud, tiene un gran reto en materia de
inmigración. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señor ministro, tengo que
reconocer que al principio me ha sorprendido porque yo sé que ustedes
han echado la culpa a Europa o a otras zonas de la crisis de las
vacas locas, de los carburantes, y creía que también le iba a echar
la culpa de todo el problema de la inmigración. Eso ha sido algo
cuando menos novedoso en su intervención.
Si hablamos de Europa, podemos hablar de la valoración que han hecho
los europarlamentarios que han visitado El Ejido estos días, podemos
hablar también de la consideración que su ley ha merecido en diversos
gobiernos europeos, y creo que no iban a salir ustedes bien parados
porque su ley no es precisamente una ley ejemplo en Europa.
Usted ha planteado algunos temas que yo creo hay que centrarlos en su
línea. Usted habla de problemas judiciales. Nosotros creemos que el
fiscal general del Estado algo tiene que ver con el Gobierno, y podía
y tenía que haber actuado; que el subdelegado del Gobierno algo tiene
que ver con el Gobierno, y cuando se le agrede el Gobierno tiene que
actuar. Yo quería que usted me hubiese explicado aquí cuál ha sido la
actuación del Gobierno en defensa de la autoridad del subdelegado del
Gobierno, que en otros casos bien la defienden.
También quería que usted hubiese contestado la pregunta que hoy se
hacen los que están encerrados y otrasmuchas personas en este país
preocupadas por el tema,
y es qué va a pasar con los inmigrantes que ya están en España y han
quedado fuera del proceso, que quedan fuera de esos 60.000 que
ustedes dicen que van a legalizar. Efectivamente estamos de acuerdo
con lo que dice la Unión Europea, hay que integrar a los que ya están
legalmente instalados; el problema es que ustedes no los quieren
instalar legalmente. ¿Qué va a pasar con ellos? Solamente hay tres
caminos: se les regulariza, se les expulsa o se les deja en manos de
las mafias. Yo creo que si ustedes no actúan se convierten en
cómplices. Creo que aquí debería quedar claro qué va a pasar, cuál va
a ser la actuación de su Gobierno para evitar que caigan en manos de
las mafias.
Usted ha dicho que en El Ejido se ha legalizado a 10.000, pero no ha
dicho que en El Ejido ha habido un 18 por ciento de denegaciones más
que en el resto del Estado; por eso le hemos dicho que no se ha
actuado en todos los sitios con el mismo talante. Usted ha hablado de
que se han instalado módulos para viviendas, que eran provisionales,
que todavía siguen siendo provisionales y nos tememos que lo sigan
siendo por mucho tiempo. Usted habla de un convenio, pero un convenio
que puede ser papel mojado si no hay terrenos, que puede ser papel
mojado si no hay posibilidad de construir viviendas, y esos módulos
provisionales se convertirán en eternos, como tantas otras cosas
provisionales en este país, y usted también tiene que decir qué va a
pasar en ese caso.
Es verdad que el Gobierno central no tiene responsabilidad, pero sí
tiene alguna relación con el alcalde de El Ejido y algo le puede
decir, porque usted no puede decir que es culpa de la sociedad. El
Gobierno tiene que actuar. El Gobierno no puede mirar hacia otro lado
y decir que es culpa de la sociedad, como usted ha venido a decir
aquí. Alguna autoridad tendrá usted sobre el alcalde de El Ejido. La
realidad es que el Ayuntamiento de El Ejido ha entorpecido las
actuaciones en este sentido. También ha habido otros ayuntamientos,
por desgracia no solamente de su partido, que también han entorpecido
la puesta a disposición de terrenos para la construcción de
viviendas. No solamente son las ONG o los colectivos los que tienen
que hacer campaña, su Gobierno y los ayuntamientos deben hacerla,
pero también tienen que actuar para evitar que se consoliden
situaciones que todos lamentamos. Señor ministro, la realidad es que
no se ha creado ningún albergue ni residencia para trabajadores
temporeros. Es una realidad en El Ejido un año después. Por tanto, no
puede usted subirse a esta tribuna como si todo fuese muy bien,
porque no es esa la realidad.
Para terminar, señor ministro, le repito que la intención de esta
interpelación no es criticar la política de su Gobierno, porque en
eso a estas alturas tenemos ya poca confianza; queríamos interpelarle
para que usted dijese qué va a pasar, porque eso es lo que está
pidiendo la gente. La gente no se encierra y se pone en huelga de
hambre por gusto; se encierran y se ponen en huelga
de hambre porque no ven claro el futuro. Usted tiene la oportunidad
de decir qué va a pasar con los inmigrantes que están hoy en España.
Por supuesto usted quiere fomentar la legalidad. Señor ministro, eso
es relativamente fácil de decir desde esta tribuna y desde nuestra
sociedad; pero vayamos a los lugares de origen y vamos a ver cuál es
la legalidad en ellos. Es evidente que no hablamos el mismo lenguaje,
señor ministro. Usted habla un lenguaje, que es el mismo que hablaba
ayer el secretario de Cooperación, y nosotros hablamos otro lenguaje,
que es el de la solidaridad. Como nosotros creemos en la solidaridad,
como creemos que hay que devolver solidaridad, y que es la única
forma de acabar con las mafias, le vuelvo a interpelar por última vez
para que usted diga si están dispuestos a regularizar, a dar derechos
a todos los inmigrantes que hoy se encuentran en España. Eso es lo
que le demandan no solamente Izquierda Unida, sino las decenas de
encerrados, las decenas de colectivos y gran parte de la sociedad de
este país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señoría, empezando por las cuestiones concretas que usted me plantea
sobre El Ejido. ¿Qué tendrá que ver, señoría, El Ejido con la Ley de
extranjería? ¡Si la Ley de extranjería ha entrado en vigor el 23 de
enero de este año! Ha dicho usted que esta Ley de extranjería produce
los efectos de El Ejido y produce una distorsión en Europa. ¿Qué
tendrá que ver El Ejido con la ley y con Europa, señoría? ¿Quién
puede estar orgulloso de la situación de El Ejido, señoría, de esa
situación que hemos vivido en estos últimos años? En mi opinión, ni
usted, ni yo, ni el alcalde de El Ejido, ni absolutamente nadie puede
estar feliz con esa situación. Quiero recordarle que mi autoridad
sobre el alcalde es ninguna; eran otras épocas. Ahora bien, también
quiero decirle que no ha habido inacción por parte del Gobierno.
Araíz de esos incidentes hubo 200 detenciones a lo largo de esas
jornadas. Evidentemente, al final, cuando se producen las
detenciones, el Poder Judicial, el juez correspondiente es el que
tiene que determinar. Lo mismo le puedo decir del incidente del
subdelegado del Gobierno. Si el subdelegado del Gobierno o cualquier
otra persona ha sido agredida las actuaciones tienen que estar en
función de la investigación que determine un juez, pero no hay una
actuación fundamentalmente gubernativa en ese sentido y en ese
terreno. Solo quiero decirle que estoy de acuerdo en que tenemos que
seguir trabajando en El Ejido desde todas las instancias, porque es
un tema que debemos resolver entre todos, pero estoy seguro que ésa
es la vocación y la voluntad de todos.
Respecto de la ley, quiero hacer una apreciación: lo importante de la
ley es que además de un marco que en nuestra opinión se acomoda bien
a la Unión Europea, tiene un conjunto de políticas activas en materia
de inmigración que con la ley determinarán, definirán una política de
inmigración y eso es lo que habrá que valorar; habrá que valorar
esencialmente si ponemos en marcha los mecanismos de legalidad para
afrontar la inmigración. Lo que habrá que valorar en unos años es si
hemos fomentado un hábito de legalidad en la sociedad española en
esta materia. Sin embargo, eso no se puede evaluar el 12 ó 13 de
febrero cuando la ley se ha puesto en vigor el 23 de enero anterior.
Quiero decirle que en estos momentos la política de inmigración no
sólo es la ley, sino la ley más un conjunto de políticas activas en
esta materia. Vuelvo a insistir en la necesidad de la prudencia. Se
dice que en Alemania hay más emigrantes que en España. Es verdad.
Allí hay el 10 por ciento y nosotros estamos en el 2,5 por ciento;
pero quizá nadie sabe que a lo mejor entre los años 1985 y 1999 si ha
habido 10,5 millones de inmigrantes nuevos en Alemania, 7,5 millones
de personas han salido de Alemania. Quiero decir que esa gran
desproporción en estos años en la evolución de la emigración no es
tan exacta porque en España durante el período 1985-1999 a lo mejor
no hemos tenido una gran diferencia respecto de lo que al final es el
neto en Alemania. ¿Por qué tiene que tener España siempre un factor
de especial prudencia en materia de inmigración? Porque tiene dos
continentes próximos, uno geográfico y otro cultural ¿Quién puede
adivinar lo que va a significar dentro de diez años la situación
política y social de esos países? Estamos a catorce kilómetros del
contienente africano y estamos muy próximos culturalmente de un
continente con problemas económicos y sociales que usted bien conoce.
Vuelvo a decir que no debe ser el miedo el que nos debe guiar en la
política de inmigración, pero sí la prudencia y España principalmente
también y dentro de la Unión Europea no tenemos por qué pensar que
debemos hacer el discurso más vanguardista de todos los países de la
Unión. Hagamos un país de la Unión, una política de la Unión y que
España sea un referente riguroso.
Por eso, y con esto termino, más allá de las descalificaciones, de la
demagogia de esta materia, nosotros en la inmigración queremos dos
cosas: una actitud y una política. Una actitud como antes he dicho,
que busque permanentemente el equilibrio, que siempre es difícil,
pero es indispensable; que siempre es el camino largo, el que está
alejado de la demagogia, pero hace falta una actitud que cale en la
sociedad española, no sólo en los miembros del Gobierno o en la
oposición, sino una actitud en la sociedad española ante esta materia
y siempre en lo razonable, en lo prudente, en el equilibrio.
Hace falta, además, una política. Sin embargo, con lo que usted
manifiesta, es decir no diferenciando el inmigrante
irregular del legal, diciendo que el inmigrante irregular en
cualquier momento puede ser legal, diciendo que no hay ninguna
diferencia en el tratamiento de ambos, diciendo que lo humanitario,
lo razonable es legalizar a todos los ilegales en España, no habrá
nunca política de inmigración; la inmigración será siempre irregular
porque será un saco sin fondo. Si usted acostumbra a que aquí el
hábito de entrada es la irregularidad, por mucho que regularice
vendrá otro tanto de inmigración de carácter irregular. Por eso es un
saco sin fondo. Para que haya política tiene que haber inmigración
legal y regular y si no, no hay política. Por eso, en esa búsqueda de
actitud y en esa política de la inmigración, todas las fuerzas
democráticas encontrarán al Gobierno, porque de esta política no sólo
queremos hacer una política de Estado, sino como antes he dicho,
queremos hacer una política de la Unión Europea. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.-Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Voy a tomar la palabra muy brevemente. Debemos esperar a la semana
que viene para conocer el contenido de la moción que previsiblemente
va a plantear Izquierda Unida.
Queremos hacer algunas consideraciones al hilo del debate al que
acabamos de asistir. En primer lugar, para nuestro grupo, a pesar de
que no representamos a los ciudadanos de aquella comunidad, la
lectura de hace unos días del informe de SOS-Racismo sobre la
situación en El Ejido un año después nos preocupa, esa es una primera
consideración. Un año después, seguramente buena parte de aquellas
medidas, que, como se ha afirmado, corresponden a diversas
administraciones implicadas en aquellos lamentables incidentes, no se
han desarrollado, y el número significativo de personas aún en
situación irregular en la zona del poniente de Almería es
significativa e importante, por lo que es bueno que esta Cámara
realice un toque de atención sobre esta situación con toda la
prudencia necesaria.
Segunda consideración: es evidente que el debate hoy sobre las
políticas de inmigración tiene una dimensión que supera el estricto
ámbito del Estado español. El señor ministro se ha referido a cinco
cuestiones del ámbito de la Unión Europea. Y yo aquí sí querría
recordar dos cuestiones. En primer lugar, que la comunicación que
aprobó la Comisión Europea en noviembre del año pasado al Consejo y
al Parlamento introduce uncambio de perspectiva importante en lo que
han sido
los trabajos políticos y legislativos de la Unión en esta materia.
Una lectura atenta de aquel documento nos hace intuir que en algunos
aspectos nuestra legislación se ha quedado quizá corta y que hay un
cambio de enfoque que yo creo que va a obligar en los próximos años a
España a ir más acorde con una dimensión de la política europea mucho
más amplia de la que hasta ahora ha tenido en la Unión.La Unión hasta
ahora se ha centrado en sus reflexiones en el ámbito europeo quizá
demasiado en los aspectos de control de fronteras, del pretendido
control de flujos y menos en una visión amplia del fenómeno de la
inmigración. La gran virtud de ese documento de la Unión es que
aporta esa visión amplia.
Otra cuestión que afecta al ámbito de las políticas de inmigración
pero que afecta a buena parte de las políticas que está desarrollando
la Unión, es que la Unión va a elaborar próximamente una directiva
sobre agrupación familiar muy terminada, está en marcha la directiva
sobre el estatuto de los emigrantes de larga duración y, en general,
este Parlamento no está debatiendo casi nada de estas actuaciones
legislativas de la Unión Europea. Ahí el déficit democrático de la
Unión yo creo que se pone de manifiesto en cuestiones que, como estos
días estamos viviendo, tienen una especial trascendencia para el
conjunto de la ciudadanía.
Yo pienso, y sugiero al Gobierno, que sería bueno, ya fuese en el
seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, ya fuese en el seno
de la Comisión de Justicia e Interior, hacer algunos debates en
profundidad sobre cuál está siendo la política de la Unión en esta
materia. Es importante precisamente para buscar la legitimidad
política y democrática a esta orientación en este momento en que,
insisto, Europa está dando un salto cualitativo en esta materia.
Tercera cuestión, proceso de regularización. Nosotros vamos a ver qué
es lo que sucede este viernes con el real decreto que va a aprobar el
Consejo de Ministros, mandato, por otro lado, de la Ley 8/2000, pero
yo creo que sería bueno que asumiésemos todos un objetivo que enlaza
con una pretensión del ministro. El ministro decía, con razón, que el
contingente no puede ser un instrumento para regularizar a aquellos
que ya están en España. Pues bien; si queremos de verdad que el
contingente del año que viene o el contingente que hubiese este año
no sirva para eso, sería muy importante que, de aquí a final de año,
procurásemos, en el marco de la actual ley, reducir al máximo el
número de personas extranjeras en situación irregular. Si terminamos
el año 2001 con una bolsa de inmigrantes en situación irregular
importante, va a condicionar negativamente la utilización del
contingente orientado a lo que la ley marca y lo que desde el año
1993 marcaba la legislación española, que es un instrumento de
regulación de los flujos de carácter regular.
Un comentario más por lo que hace referencia a la provincia de
Barcelona y a la cuestión del número elevado
de rechazo de las peticiones de regularización. Desde nuestra
perspectiva, nos queda la duda de qué hizo el Gobierno español en
todo el período de regularización para impedir que, por la frontera
francoespañola, un número tan significativo de ciudadanos de Pakistán
y de Irán entrasen en España. Sería bueno recordar que Bélgica, que
vivió un proceso de estas características hace un par de años, optó
por cerrar sus fronteras.
Es fácil decirlo ahora, y seguramente si el Gobierno hubiese optado
por eso hubiese sido objeto de críticas, pero, visto con perspectiva,
cuando observamos que en Barcelona una parte significativa de estas
personas residían en Francia, indica que alguna cosa no hicimos bien.
Última cuestión, y termino: yo creo que tenemos que ser capaces de
orientar estos debates cada vez con una visión más amplia del
fenómeno de la inmigración que a una estricta cuestión de regulación
de flujos. Este es un fenómeno social de una complejidad absoluta en
el que la simplificación de cualquier tipo no ayuda nunca a resolver
nada. Esperaremos la moción de este próximo martes y, en función de
ella, terminaremos de pronunciarnos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario socialista, tiene la palabra el señor De
la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias señora presidenta.
Señorías, la respuesta a la inmigración es, junto al terrorismo, uno
de los mayores retos que tenemos los españoles para los próximos
años. Y, como bien decía ayer mismo Rosa Montero en su columna de la
página final de El País, el problema de la inmigración es la cuestión
crucial del siglo XXI.
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Campuzano
finalmente de que necesitamos traer aquí al Parlamento aún más
debates, más sesiones, y nosotros entendemos, al menos en el Partido
Socialista, que se deben desarrollar desde una óptica realista,
solidaria, con voluntad de integración y sentido de la anticipación.
Porque, señorías, la inmigración constituye hoy un debate político y
social relativamente nuevo en España, pero esto no quiere decir que
sea un fenómeno nuevo. El hombre lleva emigrando desde que es hombre,
e incluso aquí en España todavía tenemos millones de emigrantes fuera
de nuestras fronteras.
Por otra parte, señorías, quisiera decir que no ha habido un efecto
llamada. Se demuestra que la anterior ley, señor ministro, no era la
ley del efecto llamada, como se mencionó en aquella campaña
propagandística del Gobierno contra dicha ley. El único efecto
llamada,si es que hay alguno, se deriva de nuestra propia
situación de bienestar social y económico, el grado de bienestar de
la sociedad española en los últimos quince años ha sido evidente, y,
usted mismo lo acaba de decir también, por nuestra situación
geográfica, que convierte a España en destino de miles de emigrantes.
Acaba de decir usted que estamos próximos a dos continentes. Por
tanto, señor ministro, nos encontramos ante un fenómeno que no es
nuevo, que no es coyuntural y un fenómeno que no responde al efecto
llamada.
Igualmente a nosotros nos parece fundamental considerar la
inmigración no como un problema, sino como un fenómeno que se produce
históricamente en distintas partes del mundo en función de las
situaciones en las que se encuentra. Por el contrario, señor
ministro, lo que sí ha existido y sigue existiendo es una mala
gestión del Gobierno en la materia de inmigración, que lo trata como
una cuestión partidista, como una cuestión simplificadora de la
realidad del problema, no regulando adecuadamente los fenómenos
migratorios, polarizando el debate entre políticas de puertas
abiertas y políticas de control y restricciones de derecho.
Pero lo más lamentable, señor ministro, es que el Gobierno ha rehuido
el pacto de Estado ofrecido por el Partido Socialista sobre la base
de un consenso político y de un diálogo social porque, quizá, el
Gobierno desprecia la trascendencia del fenómeno migratorio. Y es
que, señor ministro, señores del Partido Popular, ustedes quizá
piensan que sus posiciones y sus iniciativas les pueden ser rentables
electoralmente, craso error, mayúsculo error. Buena prueba de ello es
la conflictividad social que se está viviendo ya en muchos lugares de
España.
En segundo lugar, señorías, quiero decirles que se inicia una nueva
etapa con la reforma que ha aprobado el Gobierno y que entró en vigor
el 23 de enero. Nosotros pensamos que ni la anterior ley, ni ésta, ni
ninguna ley puede olvidar algo que es fundamental: el sentido de la
anticipación. Y, señor ministro, ustedes han hecho una ley que se
aleja bastante de la realidad social, porque, señorías, compartirán
conmigo el criterio de que no podemos estar detrás de una frontera
esperando a los irregulares para detenerles o, después de años,
regularizarlos.
Por tanto, se debe hacer una política de anticipación que acuda a la
raíz de los problemas y no a sus consecuencias, que es la política
que está haciendo el Gobierno del Partido Popular y que ha provocado
hechos como los que se están sucediendo en distintos municipios de
España, como Lorca, Cataluña y Tarifa. Por cierto, señor ministro,
aprovecho para decirle que han entrado ya, desde que entró en vigor
la nueva ley, más de seiscientas personas, con una falta de acogida y
de medios para atenderles impresionante. Se equivocan ustedes si no
adoptan, por tanto, una política que aborde de verdad el fenómeno de
la inmigración.
En consecuencia, señorías, nosotros entendemos desde el Partido
Socialista que deben poner en marcha
políticas que anticipen los problemas a los mismos problemas.
A nuestro entender, urge un pacto de Estado al margen de las
arrogancias de las mayorías de turno, porque esta es una cuestión que
debe plantearse, gobierne quien gobierne, con eficacia. Desde el PSOE
entendemos que la política migratoria debe afrontarse y hacerse como
una cuestión de Estado. Por ello, nosotros proponemos que se afronte
este tema con una política en la que se acuerden las directrices,
como usted bien decía, de la Unión Europea, pero con medidas
efectivas, prácticas y reales.
Señor ministro, yo estoy de acuerdo con usted en que nuestra
pertenencia a la Unión Europea y los acuerdos de Schengen nos
vinculan, pero también usted tendrá que reconocer conmigo que no sólo
se puede aplicar una política de policía excesiva, como lo está
haciendo usted en esta materia, poniendo siempre el acento en medidas
restrictivas y regresivas, ignorando las políticas de integración,
que son las que se están aplicando en esos países de la Unión
Europea.
Señor ministro, también le digo una cosa con respecto a lo que usted
ha dicho: hay que fomentar las acciones en origen. Yo le pregunto,
¿cuánto personal tiene, por ejemplo, en las embajadas y delegaciones
para tramitar las demandas de trabajo? ¿Le pongo el ejemplo de
Ecuador? Un oficial. ¿Usted cree que así se puede afrontar de verdad
la política inmigración?
Señor ministro, ustedes deben darse cuenta de que España precisa una
política migratoria proactiva, planificando a medio, a corto y a
largo plazo, sin improvisar las respuestas y adelantándose a los
acontecimientos y a las necesidades.
Señorías, la integración, la integración, repito de nuevo, debe ser
el objetivo esencial de la política migratoria, fomentándose la
convivencia pacífica, el respeto de las personas aun siendo
diferentes en su lengua, cultura, religión, etcétera, y también
disponiendo de medios económicos suficientes para desarrollarla.
Termino ya, señorías, planteándoles que predomine el consenso interno
en estos debates que tenemos que llevar a cabo y la coordinación con
las instituciones, porque el problema es de enorme envergadura. Por
el contrario, señorías, desde la fractura social todos tendremos
posibilidades muy negativas, pero a la larga se van a pagar en la
sociedad, porque el problema preocupa grandemente a los españoles.
Usted sabe que ya se ha convertido en la tercera preocupación de los
problemas de los ciudadanos de España.
Tendremos mucho que hablar, tendremos mucho que decir, pero, por
favor, hagámoslo desde tres premisas: una, responsabilidad; dos,
seriedad; y, tres, realismo. Desde el PSOE, señor ministro, le
garantizo que seguiremos hablando sin demagogias, proponiendo
acuerdos, pactos, consensos y actuaciones coordinadas con todas las
administraciones, que también tienen que verse involucradas en este
tema.
Termino haciendo muy brevemente una referencia a El Ejido, porque
también se planteaba en la interpelación. Esos acontecimientos
merecen el rechazo de todos nosotros, sin excepción, y deben ser el
ejemplo de lo que no puede volver a suceder nunca más en España. Es
el fracaso de la política de integración y el fracaso de la política
de convivencia. Son situaciones delicadas que también pueden verse,
como se han podido ver, manipuladas o desvirtuadas, y no pueden ser
objeto ni de desvirtuación ni de manipulación, y usted sabe por qué
lo digo, señor ministro, por un compañero suyo al que, por cierto, el
otro día públicamente le recomendaba la lectura de un libro que le
puede venir muy bien para aclarar la empanada mental -perdón por la
expresión-, que es la Europa solidaria, editada por el Grupo
Socialista del Parlamento Europeo.
Termino diciéndole que es necesario hacer un esfuerzo por todas las
administraciones, y, en este sentido, ya que hablo de El Ejido, la
Junta de Andalucía lo está haciendo. La Junta de Andalucía está
aplicando una política modelo en lo que tiene que ser la atención al
inmigrante. La Junta de Andalucía, señora Muñoz, ha destinado 10.000
millones de pesetas, y está publicado. Es la primera comunidad que ha
destinado capítulos específicos. Madrid, es la primera comunidad en
número de inmigrantes, Cataluña es la segunda, pero Andalucía destina
el doble de recursos que esas dos comunidades en todas las materias.
Eso es verdad, señora Muñoz, aunque le cueste trabajo creerlo, pero
está publicado. Por tanto, tienen un espejo donde mirarse para ver
que se está haciendo, desde el ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, una política de cumplimiento de las
directrices europeas, sin olvidar el núcleo gordiano de este
fenómeno: la integración y el respeto a los derechos humanos. Y
ustedes, con la ley que han puesto en vigor, no hacen ni una ni otra
cosa.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De la Encina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Centella, antes de empezar mi exposición me gustaría hacer una
reflexión sobre lo que usted ha dicho aquí. Me imagino que cuando
usted trae una interpelación sobre este tema es porque querrá
presentar una moción. Y yo le pregunto si de todo lo que ha dicho
aquí se puede deducir que su grupo tenga alguna política, algún
modelo en cuanto a inmigración se refiere. Porque no ha habido ni una
sola de las observaciones que ha hecho que haya podido indicar que su
grupo tiene una política de inmigración. Desde luego nuestro grupo sí
tiene una clara política de inmigración, que no es otra que la
política de integración.
Señor Centella, cuando usted habla, y cito textualmente, de que la
ley es errónea y alejada de la realidad, no puede ser más errónea y
alejada de la realidad la exposición de motivos de su interpelación.
Cuando ustedes hablan de sobreexplotación, de marginalidad o de
pésimas condiciones de vida, o cuando dicen que hay dificultades
serias para acometer una vivienda digna, una sanidad, una educación o
una asistencia social y eso lo atribuyen, como muy bien decía el
ministro, a la Ley 8/2000, que lleva en vigor 20 días, ¿creen que con
este tipo afirmaciones la opinión pública puede tener una idea clara
de qué se está debatiendo en este momento en esta Cámara? ¿Creen
ustedes que la opinión pública puede comprender y, sobre todo,
aceptar que una ley que acaba de entrar en vigor es capaz de poner en
marcha todos estos mecanismos contrarios a la inmigración? Tengo que
decir, y seguro que lo sabe, pero creo que es importante volver a
repetirlo una vez más, que la Ley 8/2000 lo que da es asistencia
jurídica gratuita, asistencia de intérprete, tutela judicial
efectiva, asistencia sanitaria, educación a los menores de 18 años y,
además (y no diga que no, señor Centella, porque está recogido en la
ley), todos los derechos fundamentales para todos, tal como avala el
Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial,
independientemente de la situación administrativa. Es más, la Ley 8/
2000 sí que acredita un acceso a la vivienda, sí que acredita una
asistencia y una protección social, una educación superior y una
reagrupación familiar que, siento decirle, no recogía en ninguno de
esos aspectos la ley anterior. Es más: esta ley permite luchar de
manera muy efectiva contra las mafias y contra aquellos que se lucran
con la inmigración irregular, y yo creo que eso es fundamental. Si
queremos hablar de explotación, si queremos hablar de marginalidad,
hay que hablar de esto, porque esta ley es la que va a hacer posible
que no haya situaciones de marginalidad y que se combatan esas
situaciones de explotación.
Fue la Ley 7/1985, que se hizo en época del Partido Socialista, la
que no reconocía ninguno de esos derechos, y a mí me hubiera gustado
que ustedes hubieran hecho aquí esa denuncia tan importante porque,
evidentemente, esa ley no recogía ninguno de esos derechos que usted
dice que no recoge la ley actual, que sí los recoge. (El señor
Alcaraz Masats pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego guarde silencio y
permita que continúe el debate.
La señora MUÑOZ URIOL: Y siento decirle, señor Centella, que aunque
el Partido Socialista está dividido en este criterio, no va a
prosperar su recurso de inconstitucionalidad, porque dependerá de
dónde se gobierne. Probablemente, tal como recogía el señor
Llamazares y como decía algún representante, hay que valorar la
situación política de los parlamentos donde se presenta.
Tal vez prospere en Aragón o Baleares; seguro que no prospera en
Andalucía, porque tienen mayoría absoluta y ahí no va a prosperar.
Pero cuando se habla de ese tipo de actuaciones, me parece que hay
que tener planteamientos mucho más sólidos que condicionarlos a tener
mayoría en uno o en otro parlamento. Yo creo que es cuestión de
criterio, y desgraciadamente el partido que les tiene que apoyar en
esta ley en un número de parlamentos no lo tiene. Siento decirle que
no tienen ese criterio y que no van a llevarla a cabo.
En cuanto al consenso en el pacto de Estado que mencionaba el señor
de la Encina en su intervención, me explicará en algún momento en qué
consiste su pacto de Estado y en qué consiste su consenso, porque
cuando hay una ley negociada hasta el último minuto, hasta el día
anterior, consensuadas todas las enmiendas -y le puedo traer aquí los
«Diarios de Sesiones»-, y después cambian radicalmente, eso
evidentemente no es un pacto de Estado. Y aquí lo ofreció en su
discurso de investidura el presidente Aznar. ¿Qué ustedes han querido
hacer de esto un tema de confrontación al Gobierno? Se equivocan; se
equivocan profundamente; se equivocan porque es un error y están
sembrando una división en la sociedad que no se debe llevar a cabo y
que no se debe hacer con criterios políticos. Ahí se equivocan y se
darán cuenta de su error cuando probablemente sea demasiado tarde
para su grupo.
Para nosotros, señorías, es importante que en el plan que está
llevando a cabo el Gobierno se recoja que debe existir una
regularización para que la persona que acuda a nuestro país lo haga
con un salario digno, con un contrato y en unas condiciones que no
sean las de extorsión por parte de las mafias, vendiéndoles que
España es el país donde es más fácil regularizar su situación, porque
evidentemente así fue en el pasado año. La Ley 4/2000 permitía esa
regularización permanente, y yo les reto aquí, igual que ha hecho el
presidente Aznar, a decir si existe una legislación en la Unión
Europea que pueda ser más avanzada en cuanto a derechos que la que
tiene actualmente España.
Nosotros necesitamos una planificación, señor Centella. España
necesita de la inmigración, pero de la inmigración planificada. Lo ha
recogido muy bien el señor ministro: nosotros pensamos que debe haber
un consenso con ONG, con sindicatos, con empresarios y con todas las
administraciones que haga posible una auténtica planificación en
origen, y precisamente por eso estamos trabajando y por eso ahora el
secretario de Estado está en Polonia negociando un convenio. Y
precisamente por eso el ministro firmó un convenio en Ecuador. Nos
parece importantísimo que se haga una planificación en origen, porque
eso garantiza los intereses de los ciudadanos.
No quiero dejar de referirme -lo voy a hacer muy brevemente- al caso
de El Ejido. Todos estamos de acuerdo en que se produjeron hechos que
no tuvieron que ocurrir y todos esperamos que no vuelvan a ocurrir
jamás, pero poner un sello de xenofobia a una población como es en
este caso El Ejido no creo que sea la mejor manera de restaurar la
convivencia. Para nosotros hay poblaciones de todo el poniente donde
también se debe hacer una política de inmigración. Y lo siento, señor
de la Encina, pero léase el debate de la semana pasada en el
Parlamento de Andalucía: mi grupo, desde el año 1998 -léalo, está en
el «Diario de Sesiones»- lleva pidiendo un plan de inmigración, y el
consejero Isaías Pérez Saldaña ha dicho: Lo tengo preparado, lo voy a
traer, lo traeré en la próxima sesión. Estamos en el año 2001, y no
hay plan de inmigración. No hay. Y el decreto por el cual se
comprometía la Junta de Andalucía a cofinanciar la política de
viviendas lo sacó hace dos semanas. Dos semanas. Dígame usted si las
declaraciones del secretario socialista de Almería diciendo que
ellos, como ayuntamiento, no van a poner los terrenos cedidos para
que la Junta y el Gobierno puedan cofinanciar esas viviendas, son una
buena política de la Junta de Andalucía. Mire usted, Madrid y
Cataluña tienen un plan de inmigración con financiación, Andalucía
está en pañales. Pide mucho al Gobierno central cuando hace una
interpelación o mociones, todo es tirar balones fuera; pero que sepan
que las competencias en muchas de esas materias, y fundamentalmente
en vivienda, son de la Junta de Andalucía. Ahí tienen un gran
suspenso.
Para nosotros esta no es cuestión de partidos, se lo decimos
sinceramente, esta y todas las veces que haga falta; es una cuestión
de criterio y, para nosotros, además, es una cuestión de interés.
Debo decirle, señor ministro, que para nosotros ha quedado totalmente
demostrado que el interés del Gobierno es preparar a nuestra sociedad
para esa pluralidad. Como vemos que el Gobierno tiene interés y
criterio, además de prioridad, siempre contará con nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 59,
correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, martes 13 de
febrero de 2001, en la segunda columna de la última página, y en la
votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre
las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas
empresas, se da cuenta del número de votos emitidos -249-,
omitiéndose, sin embargo, que todos ellos fueron a favor de la moción
debatida.