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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 59, de 13/02/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 59
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 55
celebrada el martes, 13 de febrero de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo
cuarto de la Ley 3/1981, de creación del Parque Nacional de
Garajonay. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 17-1,
de 24 de abril de 2000. (Número de expediente 122/000013.) . . .
(Página 2800)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 43-1, de 12 de mayo de
2000. (Número de expediente 122/000032.) . . . (Página 2808)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre condena del
alzamiento militar del 18 de julio de 1936. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 123, de 22 de enero de 2001. (Número de
expediente 162/000174.) . . . (Página 2818)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
convocatoria de una Conferencia Sectorial monográfica sobre
conciliación de la vida familiar y laboral para promover un Programa
Nacional de guarderías y escuelas infantiles, en colaboración con las
Comunidades Autónomas y Municipios. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 129, de 9 de febrero de 2001. (Número de
expediente 162/000221.) . . . (Página 2828)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión en la crisis
de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). (Número de expediente
173/000038.) . . . (Página 2837)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las
razones del fracaso del Gobierno y la Unión Europea para controlar y
erradicar la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina y
garantizar la seguridad del consumo de estos alimentos entre la
población, así como las medidas a adoptar para que situaciones
similares no vuelvan a repetirse. (Número de expediente 173/000039.)
. . . (Página 2837)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas
empresas. (Número de expediente 173/000040.) . . . (Página 2850)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 2800)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo
cuarto de la Ley 3/1981, de creación del Parque Nacional de Garajonay
. . . (Página 2800)
Presenta la proposición de ley el señor Segura Clavell, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista. Explica que la ley 3/1981 surgió para
proteger los ecosistemas del parque nacional del Garajonay en razón de
su interés educativo, científico, cultural, recreativo, turístico y
socioeconómico. Para el cumplimiento de dicho objetivo, en el
artículo 4.º y anexo II se delimita, dentro del régimen jurídico
especial de protección, una zona periférica de protección,
clasificando sus terrenos como suelo no urbanizable de protección
especial y prohibiéndose toda construcción excepto las de interés
público. Considera que esta normativa no se corresponde con las
necesidades vitales de las poblaciones que habitan en los municipios
que integran la zona y que es necesario modificar los límites
artificiales con los que se dotó a esa zona periférica de protección
en el año 1981.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta
Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Companys Sanfeliú, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Soriano Benítez de Lugo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 4.º de
la Ley 3/1981, de creación del parque nacional de Garajonay, se rechaza
por 116 votos a favor, 176 en contra y 12 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de
modificación de la Ley de Propiedad Intelectual . . . (Página 2808)
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la
proposición de ley para su toma en consideración, con el fin de acabar
con un conflicto que se viene manteniendo a lo largo de los años entre
los autores y todos aquellos sectores que difunden o transmiten su
obra mediante cualquier instrumento idóneo. Adelanta su respeto por los
derechos inalienables de aquellos que dedican sus esfuerzos a la
creación artística, pero con su proposición de ley trata de que, para
garantizar esos legítimos
derechos e ingresos, no se conculquen otros y de manera especial los
de algunos sectores débiles o indefensos, como pueden ser los medios
de transporte o establecimientos hosteleros que, en base al artículo
20.2. g) del Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, deben
pagar a las diversas entidades de gestión un canon, en concepto de
derechos de autor, por la simple tenencia de aparatos de radio o
televisión. Otra cosa es, y reconoce que en este caso los autores
deben percibir la adecuada compensación por el uso de su obra, cuando
en los establecimientos de hostelería se genere un beneficio añadido
como consecuencia de la reproducción o transmisión de imágenes o
sonido a través de videos y aparatos musicales o en el caso de
actuaciones musicales en este tipo de establecimientos. Considera que
algunas de las disposiciones contempladas en la actual Ley de
Propiedad Intelectual provocan confusión e inseguridad jurídica,
dando lugar a situaciones injustas derivadas del cobro de derechos de
autor a establecimientos por el simple hecho de disponer de aparatos
de radio o televisión, y no solucionan adecuadamente el reparto de
los ingresos generados por el cobro de derechos entre las distintas
entidades de gestión. Por todo ello, añade, la Cámara debería
considerar positivamente la toma en consideración de esta proposición
de ley, a la que da lectura.
En turno en contra interviene el señor Leguina Herrán, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Replica el señor Vázquez Vázquez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, de modificación de la Ley de Propiedad
Intelectual, se rechaza por seis votos a favor, 281 en contra y 23
abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 2818)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), sobre condena del alzamiento
militar del 18 de julio de 1936 . . . (Página 2818)
Presenta la proposición no de ley el señor González de Txabarri
Miranda, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Critica
el hecho de que aún en determinadas zonas de España se sigan
exhibiendo símbolos y monumentos que rememoran acontecimientos
golpistas, ideologías totalitarias y personajes fascistas y, sobre
todo, el hecho de la concesión de la Gran Cruz al Mérito Civil al,
para él, agente de la más cruel represión en el franquismo, Melitón
Manzanas. El acto, añade, denigra cruelmente a aquellas personas que
fueron torturadas y vejadas por defender un régimen de libertades
y asegura que no se puede ser demócrata y franquista a la vez, porque
es una contradicción en sí misma, por lo que en este país para ser
demócrata hay que ser antifranquista. Por otra parte afirma que el
principio de la aceptación de la pluralidad es base imprescindible
para la cimentación de la arquitectura de la paz, y condena las
actitudes violentas e intolerantes de ETA que les lleva a matar al
adversario, así como -y espera que lo acuerde la Cámara-el golpe
fascista del 18 de julio de 1936. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) entiende que la iniciativa que plantea a la Cámara presenta una
especial relevancia puesto que condena el fascismo, reivindicando
ámbitos de libertad, de pluralidad y de democracia, apuesta por la
pluralidad, por el respeto mutuo, por la cooperación desde la
diversidad, y remite a los museos los símbolos, emblemas y monumentos
franquistas, para que la nuevas generaciones conozcan con rigor los
hechos históricos y tengan la oportunidad de optar en democracia y
libertad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista; Robles Fraga, de
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Rodríguez
Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puigcercós
i Boixassa y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, y López de
Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor González de Txabarri Miranda.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), sobre condena del alzamiento militar del 18 de julio
de 1936, con el contenido que ha sido puesto de manifiesto por la
enmienda transaccional leída por el señor
González de Txabarri, se rechaza por 151 votos a favor, 164 en contra
y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
convocatoria de una conferencia sectorial monográfica sobre
conciliación de la vida familiar y laboral para promover un programa
nacional de guarderías y escuelas infantiles, en colaboración con las
comunidades autónomas y municipios . . . (Página 2828)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, la señora Estarás Ferragut. La iniciativa
tiene como objeto conciliar la vida familiar y laboral y acometer,
entre otros muchos aspectos, un futuro plan nacional de guarderías.
Explica los cambios experimentados por la sociedad española en
relación con el empleo femenino, poniendo de relieve la incorporación
progresiva y creciente de la población femenina al mercado laboral,
cada vez con mayores cualificaciones y niveles formativos, pero
teniendo que hacer frente a las mismas responsabilidades familiares
y domésticas, lo que lleva a la mujer a plantearse la maternidad. Se
refiere a la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral del
año 1999, de la que, dice, se van recogiendo sus frutos y en base a
la cual es necesario adoptar las medidas necesarias para romper las
barreras que todavía existen para lograr la normalidad y la verdadera
integración. Resalta el papel de las guarderías infantiles, que
considera de vital importancia tanto para la educación preescolar
y la socialización de los niños como para conseguir la verdadera
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La oferta pública
de guarderías es insuficiente y los centros privados son muchas veces
inasequibles para una familia de renta media, por lo que es necesario
impulsar decididamente las medidas y planes que mejoren la situación.
Considera que es el momento de instar al Gobierno a que en el orden
del día de la próxima conferencia sectorial de la mujer se aborde, en
colaboración con las comunidades autónomas y los municipios, el plan
nacional de guarderías y de escuelas infantiles, con el objetivo de
proporcionar una oferta que garantice una plaza a todos aquellos
menores de cero a tres años que así lo demanden, debiendo estudiarse
al mismo tiempo una línea de financiación con ayudas a las familias
en función de sus rentas. El programa, añade, debería garantizar a
los padres la libertad de elección de centro y comprendería una
oferta mixta de centros de titularidad pública e iniciativa social.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Navarro
Garzón, del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez
Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto, y el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Castro Fonseca,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas planteadas
interviene la señora Estarás Ferragut y, a continuación, el señor
Campuzano i Canadès, al objeto de manifestar la aceptación del texto
transaccional propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la convocatoria de una conferencia
sectorial monográfica sobre conciliación de la vida familiar y
laboral para promover un programa nacional de guarderías y escuelas
infantiles, en colaboración con las comunidades autónomas y
municipios, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda transaccional que ha sido puesta de
manifiesto por la ponente, se aprueba por 184 votos a favor, 123 en
contra y cuatro abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 2837)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión en la crisis de
la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) . . . (Página 2837)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones
del fracaso del Gobierno y la Unión Europea para controlar y
erradicar la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina
y garantizar la seguridad del consumo de estos alimentos entre la
población, así como las medidas a adoptar para que situaciones
similares no vuelvan a repetirse . . . (Página 2837)
Presenta la primera moción, consecuencia de interpelación urgente,
relativa a la encefalopatía espongiforme bovina el señor Cuadrado
Bausela, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que
el Gobierno está llevando a cabo una política errática que no
responde a los grandes desafíos de una crisis de seguridad
alimentaria, lo que considera grave desde el punto de vista de la
responsabilidad de un gobierno. Presenta a continuación la moción de
su grupo y explica sus propuestas alternativas para la gestión de
esta crisis, con el ruego de que sea el que sea el resultado de la
votación, las señorías del Grupo Popular las hagan llegar al
presidente Aznar, puesto que de manera reiterada ha venido repitiendo
en la Cámara que el Grupo Socialista no presentaba alternativas
cuando en realidad no ha hecho más que recibir la negativa del
Gobierno y del partido que lo sustenta a todas sus propuestas. Tras
explicar los puntos de su moción, pide la reprobación de los
ministros de Agricultura y de Sanidad.
Defiende la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
el señor Frutos Gras. Propone en nombre de su grupo una moción con
una serie de puntos para intentar abordar el conjunto de problemas,
conocer a fondo lo que está ocurriendo y erradicar la enfermedad, lo
que exige planes concretos de trabajo, recursos económicos y, sobre
todo, cambiar algunas pautas de producción de carne y de alimento
humano. Asimismo pide el cese del ministro de Agricultura y la
reprobación de la ministra de Sanidad.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka
Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Madero Jarabo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen los señores Cuadrado Bausela y Frutos Gras.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión en la crisis de
la encefalopatía espongiforme bovina, con la incorporación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, que han sido aceptadas por
el grupo proponente, se rechaza por 129 votos a favor, 187 en contra
y dos abstenciones.
Sometidos a votación, en primer lugar y de acuerdo con la petición
del Grupo Parlamentario Socialista, aceptada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, los apartados 1, 6, 7, 11 y
12 de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del
fracaso del Gobierno y la Unión Europea, para controlar y erradicar
la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina y garantizar la
seguridad del consumo de estos alimentos entre la población, así como
las medidas a adoptar para que situaciones similares no vuelvan a
repetirse, se rechazan por 14 votos a favor, 187 en contra y 117
abstenciones.
Sometidos a votación, a continuación, los apartados 2, 3, 4 -excepto
el punto 3- 5, 8 y 9 de la referida moción, se rechazan por 125 votos
a favor, 187 en contra y seis abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas
empresas . . . (Página 2850)
El señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), explica que el objetivo de la moción que
presenta su grupo es que el Gobierno adopte e impulse una serie de
medidas orientadas a sensibilizar, informar y dar a conocer a los
agentes sociales y económicos, a la sociedad en general y
especialmente al sector de las pequeñas y medianas empresas, cuáles
han de ser los procesos de adaptación para el cambio de pesetas al
euro, procesos que tendrán que realizarse forzosamente entre el uno
de enero y el 28 de febrero del año 2002. Muestra su convencimiento
de que la sustitución de las monedas nacionales por una divisa única
es un acontecimiento histórico financiero y que la unión económica y
monetaria ofrecerá, especialmente a las pequeñas y medianas empresas,
oportunidades comerciales que les permitirá adquirir solidez y
competitividad, en primer lugar, por la desaparición del riesgo del
tipo de cambio; en segundo lugar, por la competencia en el sector
bancario, que llevará a una disminución de los tipos de interés; y en
tercer lugar, por la sustitución del mercado interior por un gran
mercado de abasto europeo. Entiende que ante esta perspectiva existe
un claro clima de relajación en el sector de las pequeñas y medianas
empresas y de todos los agentes sociales y no hay información, por lo
que su grupo presenta esta moción que consta de ocho puntos que pasa
a explicar. Finalmente fija la posición de su
grupo en relación con las dos enmiendas que han sido presentadas a su
moción, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo
Parlamentario Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Costa
Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Delgado Arce,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previstas adoptar el Gobierno para acelerar el
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas
empresas, en los términos derivados del debate y con la incorporación
de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se
aprueba por 249 votos a favor.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
CUARTO DE LA LEY 3/1981, DE CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE
GARAJONAY. (Número de expediente 122/000013.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación
del artículo 4 de la Ley 3/1981, de creación del parque nacional de
Garajonay.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición
de ley de modificación del artículo 4 de la Ley 3/1981, de creación
del parque nacional de Garajonay. Como saben muy bien SS.SS., el
parque nacional de Garajonay, situado en la isla de la Gomera, en la
comunidad canaria, se creó por
ley el 25 de marzo del año 1981 y surgió como consecuencia de la
necesidad de sistematizar, de proteger la laurisilva canaria y con la
finalidad de establecer un régimen jurídico especial de protección
del conjunto de los ecosistemas del ámbito territorial que constituye
ese parque nacional. Señorías, esa ley surgió como finalidad para
proteger la integridad de la GEA, la fauna, la flora, la vegetación,
el agua y la atmósfera, así como sus valores arqueológicos y, en
definitiva, para proteger al conjunto de los ecosistemas del parque
nacional de Garajonay en razón de su interés educativo, científico,
cultural, recreativo, turístico y socioeconómico.
Para el cumplimiento de dicho objetivo, en esa ley se recogieron las
normas por las cuales se delimitaba dentro del régimen jurídico
especial una zona periférica de protección, y así se recoge en el
artículo 4 y en el anexo II de dicha ley. Con esa zona periférica de
protección, cuyos fines eran los de garantizar una completa
protección de los recursos naturales y evitar los posibles impactos
ecológicos y paisajísticos procedentes del exterior, el parque
nacional de Garajonay ha tenido a lo largo de estos últimos 20 años
un mecanismo de defensa y salvaguarda del que todos los canarios nos
sentimos orgullosos y por el que todos los españoles se sienten
satisfechos también. Además, años después -en 1986-, la Unesco
declaró al parque nacional de Garajonay patrimonio de la humanidad.
A lo largo de los últimos años, en el desarrollo de la normativa
recogida en la Ley de 1981 en cuanto a la zona periférica de
protección, se ha puesto de manifiesto la existencia de dos elementos
negativos. Por un lado, lo relacionado con la calificación de sus
suelos como no urbanizables y de protección especial, en los que se
prohibe toda construcción excepto las de interés público, a pesar de
que en esa zona periférica de protección se incluyen 15 núcleos
habitados históricamente por ciudadanos de la isla, con un número
aproximado de habitantes a día de hoy de 1.200. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Por otro lado,
surge el problema derivado de los límites artificiales con los que se
dotó a esa zona periférica de protección en el año 1981; límites
artificiales que es menester modificar, dado que dentro de ellos no
se incluyeron zonas de gran valor conservacionista como la zona
conocida como el monte verde gomero, con hábitats singulares
escasamente representados en el parque o que juegan un papel
complementario clave en la conservación de determinadas especies
características del mismo.
Así, dentro de la zona periférica de especial protección quedan
planteados dos problemas no resueltos por la Ley de 1981 que indican
la conveniencia, unánimemente aceptada por los miembros que integran
el consejo rector del parque nacional de Garajonay, por los grupos
políticos que integran la institución representativa de la isla -el
Cabildo Insular de la isla de la
Gomera- y por todas las instituciones canarias, de llevar a cabo
modificaciones legales respecto a la misma.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta a la consideración de la
Cámara la modificación de la actual regulación de la zona periférica
de protección tal como se establece en el artículo 4 de la Ley 3/
1981, de 25 de marzo, para que sea admitida a trámite y,
posteriormente, en la tramitación subsiguiente -en la fase de
ponencia, de Comisión, Pleno y en el Senado-, se produzcan los
cambios pertinentes.
Las modificaciones que nosotros planteamos para el artículo 4 no se
sostienen en modo alguno sobre planteamientos dogmáticos. Lo que
queremos es que se abra el proceso de tramitación parlamentaria
necesario para modificar los contenidos de esa zona periférica de
protección, y para ello traemos la proposición de ley para que inicie
hoy su procedimiento legislativo. Sin embargo, tal como nos ha sido
anunciado por el Grupo Parlamentario Popular el procedimiento
legislativo no va a avanzar porque el grupo mayoritario no va a dar
su apoyo a esta iniciativa. Nosotros lo lamentamos profundamente, ya
que incluso la Comisión de Medio Ambiente de este Congreso de los
Diputados, como Comisión institucional de la Cámara, se desplazó a
Canarias hace unas dos semanas aproximadamente, visitando algunos
parques nacionales, y se tomó la decisión, por parte de quien
organizó ese desplazamiento, de no convocarnos a los que no somos
miembros de la misma al menos para un pequeño encuentro con los
colegas diputados que visitaron las islas. No se nos cursó invitación
-obviamente es un hecho constatable- para estar durante la visita
institucional que hicieron los miembros de la Comisión. Alguien
tendrá que explicar, ética o estéticamente, en algún momento la razón
por la que no se nos comunicó a los diputados que representamos a las
dos provincias de la comunidad canaria, y que no somos miembros de la
Comisión, porque hubiésemos tenido la oportunidad de sugerir la
visita al parque nacional de Garajonay y hacer las reflexiones que
estimábamos oportuno hacer.
Tenemos la posibilidad, a lo largo de los meses próximos de
tramitación de esta proposición de ley -en el supuesto de que in
extremis el Grupo Parlamentario Popular tomase la decisión de aceptar
su tramitación-, de analizar in situ en la isla de la Gomera que los
problemas que están dando origen a la necesidad de la modificación de
la Ley 3/1981 son candentes, vivos y hay que darles solución.
La estricta aplicación de la norma actual, de la Ley 3/1981, en su
artículo 4, imposibilita claramente el desenvolvimiento normal de los
caseríos situados en la zona periférica de protección. El patronato
del parque se ha pronunciado, entendiendo la falta de adecuación de
la norma legal a la realidad actual, en el sentido de informar
favorablemente solicitudes de obras y actuaciones que vienen
adoptando los miembros del patronato sin la cobertura jurídica
suficiente, tal como lo han
manifestado por escrito mediante decisiones que vienen siendo
adoptadas por el patronato, pero en franca situación de
irregularidad.
Por otra parte, algunos ayuntamientos, como es el caso de los de
Hermigua, Agulo y Vallehermoso, han iniciado la elaboración de
proyectos de urbanización de estos núcleos de población, hecho del
todo necesario, pero que no tienen posibilidades de ser aprobados
mientras no se modifique el artículo 4 de la ley que nosotros
planteamos modificar. Hoy la mayoría de la Cámara votará en contra,
pero sin duda alguna en un plazo de dos o tres meses el Grupo
Parlamentario Popular va a traer una proposición de ley, o bien el
Gobierno traerá un proyecto de ley, para modificar el artículo 4. Hoy
no lo van a aceptar porque lo propone el Grupo Parlamentario
Socialista, y como lo propone el principal grupo de la oposición la
mayoría parlamentaria ¡cómo va a caer en ese reconocimiento de
negligencia y de insolvencia parlamentaria aceptando que se admita a
trámite la proposición de ley socialista! Pero vendrá dentro de tres
meses, no tengan la más mínima duda, y traerán propuestas
equivalentes a las que nosotros estamos planteando en el día de hoy.
Creemos que los caseríos situados en la zona periférica de
protección, con el fin de garantizar su situación actual y su
incidencia en las funciones protectoras de esa zona -y nos estamos
refiriendo a caseríos como Chipude, El Cercado- necesitan la
cobertura jurídica que nosotros planteamos. Los caseríos de mayor
peso demográfico y actividad constructora -como estos a los que acabo
de hacer referencia en la vertiente sur de la isla, Chipude y El
Cercado- vienen relacionados con su evolución histórica y actual
respecto a la red de comunicaciones internas de la isla.
En cuanto a la tipología, se pueden distinguir los caseríos del sur
del parque que presentan una estructura relativamente agrupada, así
como una población residente y una actividad económica mayor que los
del norte, que representan una estructura dispersa y han sufrido una
mayor regresión demográfica, aunque en algunos de ellos, como en el
de El Cedro y especialmente el de los Acebiños, se ha producido
durante los últimos años una notable actividad de recuperación de
antiguas edificaciones con fines de turismo rural y de segunda
residencia.
Es de destacar asimismo las diferencias que presentan los
asentamientos respecto a su relación con las zonas adyacentes. Los
caseríos del norte se localizan al fondo de barrancos relativamente
estrechos donde las construcciones aparecen salpicadas en el seno de
un espacio agrario, hoy abandonado en una elevada proporción, que
está flanqueado por vegetación de monte verde que se asienta sobre
las vertientes. Los caseríos y los espacios agrarios aquí son
minoritarios y aparecen como cuñas o islas inmensas en el monte
verde, que en esta zona de la isla se extiende de forma notable fuera
de los límites de parque.
No deben olvidarse, de cara a la elaboración de cualquier estrategia
de planificación del parque y su entorno más inmediato, dos
cuestiones centrales: por un lado, el pequeño tamaño de la isla, que
condiciona sus relaciones estrechísimas entre el parque y la isla en
su conjunto, de modo que la orientación que tome el desarrollo de la
isla de la Gomera puede tener especiales repercusiones en el
ecosistema del monte verde; por otro lado, que las expectativas de
crecimiento en los próximos años son importantes, lo que va a suponer
un aumento de la presión sobre el parque y su entorno. Con las
medidas que nosotros proponemos queremos evitar esa presión en la
zona periférica de protección sobre el parque.
A modo de conclusión, señorías, permítanme que les diga lo siguiente.
La zona periférica de protección del parque nacional de Garajonay es
un área habitada con núcleos de población próximos al parque, lo que
la diferencia de todos los restantes parques nacionales españoles.
Por consiguiente, sus normas de protección deben tener en cuenta esa
realidad específica, singular; una realidad que le diferencia de los
otros parques nacionales, requiriéndose, en consecuencia, la
modificación del artículo 4 de la Ley 3/1981, de creación del parque,
ya que lo demandan los colectivos ecologistas, los defensores del
medio ambiente, los defensores del parque, las instituciones públicas
y el propio patronato del parque nacional del Teide. (El señor
Soriano Benítez de Lugo: Del Teide, no.) Del Teide, no; de Garajonay,
señor Soriano.
Esta proposición de ley hoy no va a ser aceptada a trámite por las
razones que he expuesto, a pesar de que es una demanda colectiva
intensa. Basta con leer el «Diario de Sesiones» para recordar que
este grupo parlamentario en la pasada legislatura, si bien es cierto
que no dio tiempo a tramitarla, presentó esta proposición de ley.
Basta recordar también que esta proposición de ley se presentó el 24
de abril pasado. Esperemos que una vez que sea derrotada esta
iniciativa hoy, ustedes, antes de un mes, presenten la pertinente
iniciativa parlamentaria porque si no no sería entendible desde
ninguna óptica por parte de ningún colectivo defensor del medio
ambiente en la comunidad canaria ni por parte de ningún colectivo
académico que desde las distintas facultades, desde los departamentos
vinculados a los estudios de estas materias vienen produciendo las
resoluciones pertinentes.
Curiosamente, la zona periférica de protección está dominada por
formaciones de muy diferente índole, formaciones de monte verde
secundarias en las que las zonas agrícolas y asentamientos como El
Rejo, el Cedro, Acebiño, La Palmita, Cruz de Tierno y Los Loros se
sitúan a lo largo de unos lugares singularísimos y fuera de las zonas
de especial protección. ¿Cómo es posible que nos mantengamos en
situaciones inmovilistas de no modificación de una ley? Señorías,
cojan el «Diario de Sesiones» del año 1981, recordarán
que el mes de febrero de 1981 fue convulso en este país desde
el punto de vista político; el 23 de febrero se produjo un
acontecimiento que todos queremos olvidar, días después se eligió un
nuevo presidente de Gobierno, un nuevo Gobierno y muy pocos días
después, concretamente el día 3 de marzo, se aprobó en las Cortes
Generales la Ley reguladora del parque nacional de Garajonay,
acelerada en su tramitación, sin el sosiego pertinente. Transcurridos
20 años, el Grupo Parlamentario Socialista plantea que se inicie un
proceso parlamentario de mejora de los contenidos del artículo 4.
Les hago una última invocación a la reflexión, al sosiego
parlamentario, al rigor y a la democracia parlamentaria. Este
diputado, en nombre de su grupo parlamentario, a lo largo de esta
intervención en el día de hoy, en la defensa parcialmente argumentada
(es un tema amplio y por el tiempo de que disponemos no es posible ni
razonable exponer con el suficiente rigor) y desde la óptica
política, les dice lo siguiente. No entendemos, ni lo entenderán los
ciudadanos canarios, que en el día de hoy no se acepte a trámite una
iniciativa donde nos prestamos gustosamente a buscar un consenso
parlamentario. La propuesta que nosotros hacemos de modificación del
artículo 4 queremos que se vea consensuada con las iniciativas que en
fase de ponencia y Comisión presenten los diferentes grupos y de esta
manera llegar a un acuerdo, porque estamos hablando de la defensa de
una isla declarada patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco.
Desde el punto de vista parlamentario, en un planteamiento de estas
características no vamos a dar luz verde a una tramitación de esta
índole porque unos jefes de servicio o unos directores generales del
Ministerio de Medio Ambiente dicten órdenes e instrucciones al grupo
mayoritario de la Cámara. Sería lamentable que esto se produjera en
el día de hoy, no sería entendido en ningún lugar de la comunidad
canaria.
Señorías, nosotros planteamos la modificación del artículo 4 en
algunos de los preceptos que figuran recogidos en nuestra proposición
de ley y pretendemos ampliar, extender, alargar la zona perimetral de
protección a unas zonas naturales que quedaron fuera de esa
protección.
Por último, señora presidenta, hemos analizado muy claramente, dado
los ámbitos competenciales que le son propios al Gobierno de la
nación y al Gobierno de la comunidad canaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Segura, le ruego vaya
concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Borro lo dicho de señora presidenta. Al no
haber aquí un retrovisor no he podido hacerme eco de la ocupación de
la Presidencia.
Termino diciendo, señorías, que este no es un temade ámbito de la
comunidad canaria ni del Parlamento
de Canarias, ha de ser consensuado entre ambas administraciones. Hoy
puede admitirse esta tramitación sin que se deteriore, se vulneren
ámbitos competenciales propios de la comunidad canaria, que tendrán
que intervenir en lo que dice el propio estatuto de autonomía y las
funciones transferidas a la propia comunidad.
Nada más, señoras y señores diputados, señor presidente. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura. ¿Algún
grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a apoyar totalmente esta toma en consideración de la
proposición de ley. Si la misma fructifica, rogaríamos al Grupo
Socialista que añadiera un punto sobre el control de una masificación
del turismo en la Gomera. Hasta ahora el control del turismo lo ha
hecho el propio territorio por las dificultades de trasladarse allí.
Sin embargo, conforme va apareciendo el aeropuerto y algún otro
aspecto, el parque de Garajonay, que yo conozco muy bien, puede
peligrar. Estamos de acuerdo en que esas medidas que propone el Grupo
Socialista son totalmente necesarias y vamos a votar a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Para fijar la posición en nombre del Grupo de Coalición Canaria, que
va a ser contraria a su toma en consideración, y lo voy a razonar
aquí.
Como ha recordado en parte el señor Segura, esta iniciativa tuvo su
entrada en la Cámara en abril del pasado año, por lo que tiempo ha
habido para que se pudiera haber visto si tenía una perentoriedad
absoluta.
Se trata de modificar el artículo 4 de la Ley de 1981. Pero es que
desde 1981, estas Cortes han aprobado, en primer lugar, en 1982, el
Estatuto de Autonomía de Canarias, donde una de las competencias que
le señalan al Gobierno autónomo es la cuestión de los espacios
naturales protegidos fundamentalmente. En segundo lugar, que el
Gobierno autónomo de Canarias, desde el Parlamento, con apoyo de
todas las fuerzas parlamentarias representadas hoy en la Cámara (el
Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria) ha
apoyado todas las líneas legales para el desarrollo de las
competencias en materia de medio ambiente, de espacios naturales
protegidos. Prueba y testimonio de ello es que, por ejemplo, creada
la red canaria de espacios naturales protegidos, en este momento en
Canarias hay nada más y nada menos que 145 espacios naturales
protegidos, que equivalen al 40 por ciento del territorio del
archipiélago de Canarias.
Por si esto fuera poco, tendríamos que tener en cuenta que la Ley de
1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestre, que viene a rectificar una serie de planteamientos que
había en la de 1981 -entonces estábamos sin estatuto de autonomía-,
integra todo ello en la red de parques nacionales. Pero es que la
proposición del Grupo Parlamentario Socialista nos coloca ante dos
imposibles. En primer lugar, un imposible legal, porque, de aprobarse
en sus propios términos, de entrada sería inconstitucional y
supondría un conflicto de competencias entre la Administración
central del Estado y el Gobierno de la comunidad autónoma canaria, y
no sólo del Gobierno, sino del Parlamento de Canarias.
Hoy viene esta iniciativa socialista con dos graves carencias: en
primer lugar, que en el párrafo primero de su propuesta de
modificación se habla de un anexo número II. Sin ese anexo, no se
sabe cuáles son las zonas de protección periférica que tiene el
parque nacional de Garajonay. En segundo lugar, existe un defecto de
forma gravísimo, ya que no se puede aprobar aquí, salvo que hayamos
perdido el sentido constitucional de respeto a las competencias de
los parlamentos autonómicos, al no haber un pronunciamiento del
Parlamento autónomo de la Comunidad de Canarias. Lo que no podemos es
patear el derecho constitucional, lo que no podemos es menoscabar de
una manera tan flagrante las leyes orgánicas de los estatutos de
autonomía de las comunidades autónomas y mandar al túnel del tiempo
de 1981 una competencia asentada hoy fundamentalmente.
Sin embargo, les digo más a SS.SS. El parque está definido como una
zona de sensibilidad ecológica en toda su superficie, de acuerdo con
la Ley 11/1990, en prevención del impacto ecológico. Además, la zona
del parque de Garajonay está considerada de especial protección para
las aves, según lo establecido y aceptado por el Gobierno español y
el Gobierno canario, de la Directiva número 409, del año 1979, de la
Unión Europea, sobre conservación de aves silvestres, por si faltara
algo más.
De lo dicho, se deduce, por tanto, que es innecesario proceder a la
ampliación del parque, pues ni se explicita, como ya he dicho, en la
proposición de ley del Grupo Socialista el anexo II, que no aparece
por ningún lado, y quiero señalar a SS.SS. que el Parlamento de
Canarias y su Gobierno tienen en este momento establecido y aprobado
ya el propio parque de Garajonay, que está circundado nada más y nada
menos que
por cinco espacios naturales protegidos; de los 145 que hay en
Canarias, cinco espacios naturales por ley del Parlamento autonómico
protegen el entorno periférico del parque de Garajonay.
En materia de protección de medio ambiente de los parques nacionales,
señorías, se ha olvidado el portavoz socialista de señalar aquí la
sentencia del Tribunal Constitucional, del 26 de junio de 1995, que
puso en orden las competencias estatales con las comunidades
autónomas. La sentencia del Tribunal Constitucional declaró nula la
disposición adicional de la Ley 4 de 1989, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, en cuanto que
esta consideraba de carácter básico el artículo 22 que atribuía
exclusivamente al Estado la gestión de los parques nacionales. El
Tribunal Constitucional señala y advierte que esto es
inconstitucional porque la competencia está reconocida en las leyes
orgánicas de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas
del Estado español. Por consiguiente, hubo que sacar la Ley 41 de
1997, para establecer estas novedades en el régimen de gestión de los
parques nacionales de España y atribuía importantes competencias de
coparticipación a las comunidades autónomas. Por ello, la Ley 41 de
1997, señorías, ha posibilitado la colaboración de estas comunidades
autónomas en la gestión de estos espacios naturales protegidos, lo
que cobra especial importancia política en Canarias, y en sentido
cuantitativo, por ser la comunidad autónoma con mayor número de
parques nacionales, como son los parques nacionales del Teide,
Caldera de Taburiente, Garajonay, que nos ocupa, y Timanfaya, en la
isla de Lanzarote. La declaración de parque nacional, por supuesto,
sigue siendo una competencia de una ley de las Cortes Generales, pero
toda su posterior gestión de desarrollo está en el seno de las
comunidades autónomas. Además, la Ley 4 de 1989, de conservación de
estos espacios -y aquí viene la segunda carencia con que llega aquí
esta iniciativa, señorías, aprobada por este Parlamento-, teniendo en
cuenta ya los pronunciamientos anteriores y las competencias
autonómicas, tiene que hacer, por la sentencia constitucional, una
modificación sustancial, que apoyamos aquí las fuerzas que
defendíamos esta cuestión, inserta en el título VIII de la
Constitución española. Se aprueba aquí, en este Parlamento, la Ley 41
del año 1997 que establece, señorías, que será imprescindible y
necesario un acuerdo previo favorable del Parlamento de la comunidad
autónoma para el caso de declaración de nuevos parques nacionales o
la modificación de los mismos. En la medida que la ampliación del
parque nacional de Garajonay en la isla de Gomera puede incidir hasta
en cinco espacios naturales de competencia autonómica, declarados por
la ley del Parlamento de Canarias, de igual manera es exigible tal
acuerdo previo favorable para la ampliación del parque que nos ocupa.
¿Imagina el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que
aprobáramos esto aquí y se entrara en un
conflicto jurisdiccional tremendo por la sentencia del constitucional
y por el imperativo de la Ley 41 de 1997, habiendo promulgado ya el
Parlamento autónomo de Canarias y su Gobierno las correspondientes
disposiciones locales, se estuvieran anulando los cinco espacios
naturales protegidos que la legislación señala?
En definitiva, señorías -y con esto termino-, por cuestiones de
procedimiento formal fundamentales en todo Estado de derecho, como es
la ausencia en la proposición de los límites exactos que se presentan
o se pretenden por la iniciativa socialista de ampliación del parque,
porque falta ese anexo correspondiente que he señalado, así como por
la inexistencia grave y formal del acuerdo favorable del Parlamento
de Canarias sobre esta modificación, y ante la posible incidencia de
dicha ampliación en los cinco espacios naturales, que son los que
serían agredidos por una intromisión inconstitucional de este
Parlamento, Coalición Canaria en este momento no puede apoyar esta
iniciativa, que viene ya trasnochada, que es obsoleta en cuanto a la
cuestión. Si esto tiene que ser hecho de alguna manera, si cabe
todavía alguna iniciativa, en el escenario constitucional del
Parlamento autónomo de Canarias, bien por iniciativa de los grupos
parlamentarios bien por iniciativa del Gobierno autónomo canario,
donde se debe llevar cualquier otra cuestión de modificación de los
espacios naturales protegidos que circunvalan y protegen, como he
dicho, esta cuestión. Por tanto, generar conflictos competenciales y
de gestión entre ambas administraciones, la estatal y la autonómica,
no está en el sentido común ni en la lógica de los acontecimientos.
Por consiguiente, teniendo en cuenta el alto grado de protección del
que ya goza el parque nacional de Garajonay y que se dispensa a
Canarias en general y a la isla de Gomera en particular, mi grupo
parlamentario, por estas razones formales y competencias, tiene que
oponerse a esta iniciativa, cuyo sentido y origen no entiende.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, teniendo en cuenta
que es una modificación que tiene interés para la población que está
dentro de la zona periférica de especial protección del parque
nacional de Garajonay y teniendo en cuenta también que lo que aquí se
está planteando es la modificación del artículo 4 de la ley por la
cual se crea el parque nacional de Garajonay, que solamente puede
modificar este Parlamento y no la comunidad autónoma,
por sus competencias, ni unos desarrollos reglamentarios, que no
pueden ir en contra de la ley por la que se creó el parque nacional y
sus zonas periféricas. Por lo tanto, señorías, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unidad va a votar a favor, porque sabemos su
importancia y lo que significa esta modificación legislativa para las
poblaciones que están afectadas por la zona periférica de especial
protección; pero solamente por eso, porque no compartimos el texto
que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. No lo
compartimos por diferentes circunstancias: unas están contenidas en
la exposición de motivos y además incurren, en realidad, en errores
que son bastante graves, a nuestro modo de ver. Por ejemplo, se habla
de la revisión del Plan de uso y gestión del parque nacional, cuando
éste solamente afecta al propio parque nacional y no a las zonas
periféricas de especial protección. Otra de las cosas que tampoco
compartimos es que, tal y como está la redacción de la exposición de
motivos, se dé a entender que las construcciones ilegales que
proliferan en la zona son consecuencia de la declaración de
protección de zona de especial protección, cuando es una situación
que se produce en todos los municipios, no estando afectados algunos
de ellos por la zona periférica de especial protección.
Señorías, entrando en lo que es el texto en concreto de la
modificación legislativa que se plantea, hay algo que, desde luego,
mi grupo parlamentario no puede compartir y es precisamente la
desaparición de la zona periférica de especial protección, con lo
cual, señoría, estaríamos haciéndoles un flaco favor al parque
nacional. Son necesarias diferentes modificaciones, pero, desde
luego, no la desaparición por ley de la zona de especial protección.
Señorías, se vuelve a incurrir en algo que no es correcto, además en
esta ocasión sí que hay una intrusión o una invasión de las
competencias de la comunidad autónoma de Canarias. En el punto 2 se
hace mención, primero, a un plan de ordenación de recursos naturales
cuando la legislación del Estado no puede ordenar la elaboración de
ese plan, porque eso sí que corresponde a la Comunidad Autónoma de
Canarias en este caso. En varias ocasiones se vuelve a hacer otra vez
mención al plan rector de uso y gestión que no afecta a la zona
periférica, sino sólo y exclusivamente al parque nacional. Por lo
tanto, señorías, somos consecuentes y es necesario que se aborde este
tema con el suficiente rigor para no invadir competencias de la
comunidad autónoma y, como se apunta en algunos de los apartados de
la proposición de ley, desde luego, para que las gestiones que se
tienen que hacer no sean solamente una intrusión en las competencias,
sino que además no se vuelva a hacer mención a competencias que no
pertenecen a las zonas periféricas y que solamente corresponden a la
gestión del propio parque como zona, que es la que tiene que
protegerse con los planes rectores de uso y gestión.
Por otra parte, nos parece que es correcto y positivo que en la
iniciativa, cuya toma en consideración debatimos hoy, se prevea la
tutela del patronato precisamente sobre las construcciones que puedan
estar incluidas en los núcleos urbanos con planeamiento urbanístico,
quizá porque sea el propio patronato el que deba evitar de alguna
forma, dentro de ese planeamiento urbanístico, una mayor
proliferación del turismo que pudiera deteriorar el parque nacional;
es decir, se trata de preservar el parque nacional y el entorno, de
forma que pueda tener el desarrollo ecológico y la protección que le
corresponden.Por tanto, es necesario que abordemos esta discusión, y
la mejor forma en que se puede hacer es tomando en consideración esta
iniciativa, que a nuestro grupo parlamentario tal y como está
redactada no le gusta, no le parece que sea la más adecuada, pero
puede servir de base para modificar un artículo que en estos momentos
está perjudicando a una población afectada por una zona de especial
protección y que, en definitiva, tiene que ser la que más cuide el
entorno, la que mejor cuide el propio parque porque las actividades
que desarrolle en esa zona de especial protección no puedan ir en
contra de la conservación del parque nacional de Garajonay.
En consecuencia, mi grupo parlamentario cree que se trata de un
debate que se debe producir, de una modificación que debemos llevar a
cabo en esta Cámara, pero no en las condiciones que está planteando
el Grupo Parlamentario Socialista, que, además, desde nuestro punto
de vista no sólo está invadiendo competencias, sino haciendo
desaparecer una figura de protección que debe mantenerse; lo que no
debe hacerse es llevarla al extremo de que en las zonas afectadas no
se puedan mantener los núcleos de población o no se puedan mejorar
las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos. Por eso,
apelamos a la sensibilidad de la Cámara para que esto se tome en
consideración y, con el acuerdo, con el consenso de todos los grupos
parlamentarios, mejoremos lo que está mal y, al mismo tiempo,
mantengamos la protección del parque nacional de Garajonay.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente. Hablaré
desde el escaño porque voy a ser muy breve.
Quiero felicitar al diputado Segura Clavell por su intervención,
brillante como siempre, y por su preocupación por la naturaleza y, de
forma especial, por la situación en que se encuentra la zona
periférica de protección del parque nacional de Garajonay. He leído
con atención la exposición de motivos de su proposición de ley, he
escuchado su intervención y, si me lo permite, le
diré que soy absolutamente solidario con su preocupación. La mayoría
de los parques nacionales en el Estado español son de protección
reciente. El parque nacional de Garajonay se creó al amparo de la Ley
3/1981 y, por tanto, sólo tiene 20 años de protección, por lo que es
normal que, sobre todo en la zona periférica, haya algún tipo de
actividad humana, que exista una presión urbanística al respecto,
especialmente en un marco tan bello como es la isla de la Gomera,
aunque esto no sea lo deseable. No obstante, el señor Segura Clavell
pone sobre la mesa un problema que siempre está presente en el
momento de establecer algún tipo de protección especial; en el caso
de los parques nacionales, preservar el medio frente al desarrollo
sostenido de la zona. Entiendo su preocupación, pero en esta ocasión
la sensación es que la iniciativa no se ha presentado en el lugar
adecuado. La ordenación de un parque nacional se hace a través de los
planes rectores de uso y gestión de los mismos y el artículo 19.2 de
la Ley 41/1997, de conservación de los espacios naturales, dice: Los
planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales
prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Y sigue: Cuando sus
determinaciones no sean compatibles con las de la normativa
urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos
competentes. Por tanto, se revisará por los órganos de las
comunidades autónomas. El artículo 3 dice: Los planes rectores de uso
y gestión de los parques nacionales serán aprobados por la comunidad
autónoma correspondiente. Por tanto, si en este momento estamos
hablando de la zona periférica, estaríamos comentando los planes de
uso y gestión. Si estamos hablando de la ampliación del parque
nacional, tendría que llegar aquí una propuesta de la comunidad
autónoma, del parlamento o del gobierno, donde se fijasen unos
límites; una vez llegada esa propuesta de la comunidad autónoma,
habría que modificar la ley. Por tanto, le adelanto en este momento
que nosotros no daremos soporte a ninguna propuesta que no venga
avalada por la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la que, a
nuestro entender, tiene las competencias. Nos encontramos frente a un
problema que ha de resolver aquel que las tiene, que en este caso es
la Comunidad Autónoma de Canarias. Y si el Grupo Socialista entiende
que no se gestiona adecuadamente la zona de protección de los
parques, dispone de un magnífico foro de debate, que es el Parlamento
canario, que es donde se tiene que debatir. En consecuencia, no
debemos entrar en este tema porque excederíamos nuestras
competencias, y por ello nos opondremos a la proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Señor presidente, señorías, la
verdad es que después de oír la intervención del señor Segura en la
que anticipaba el sentido del voto del Grupo Popular, casi podría
renunciar a esta intervención porque ya el señor Segura se ha
anticipado, con su claro conocimiento y previsión de los
acontecimientos, al sentido del voto. Pero será porque el señor
Segura sabe, máxime después de oír las intervenciones de las personas
que me han antecedido, que esta ley adolece de graves defectos que
hacen que la mayoría de esta Cámara vaya a votar en contra.También
quisiera anticiparle, señor Segura, que este sentido del voto del
Grupo Popular es un criterio mantenido con plena autonomía, sin
seguir las órdenes de los jefes de servicio, como S.S. ha dicho. Yo
no sé lo que haría su grupo durante los catorce años de Gobierno
socialista, pero sí le puedo decir que los criterios del Grupo
Popular tienen plena autonomía, aunque están también en plena
sintonía con la postura del Gobierno. Me ha extrañado la intervención
porque, como ha dicho antes el señor Mardones, esta proposición de
ley ya fue presentada en la legislatura anterior, en concreto en el
año 1998, y por razones que desconozco no fue admitida a trámite.
Y me ha llamado la atención la postura de la portavoz de Izquierda
Unida porque Izquierda Unida también presentó una proposición de ley
idéntica en sus términos a la del Grupo Socialista, de manera que
ahora me extraña mucho que la portavoz de Izquierda Unida haya hecho
una crítica a esta proposición no de ley cuando su grupo presentó una
exactamente igual en la anterior legislatura, que fue retirada, pero
el hecho de haberla presentada es lo suficientemente significativo.
Entrando ya de lleno en la cuestión, como ya se ha indicado, la Ley
3/1981, del 25 de marzo, crea el parque nacional de Garajonay, y yo
tuve el honor de ser ponente del proyecto de ley siendo senador de la
Unión de Centro Democrático en la primera legislatura. Ya el año
anterior se habían reclasificado los parques nacionales canarios de
la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, del Teide, en la
isla de Tenerife, y de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, siendo
preciso poner aquí de relieve que, tal como ha indicado también el
señor Mardones, en una superficie tan pequeña como son las siete
islas canarias haya cuatro parques nacionales que son de los más
visitados en el conjunto de la nación.El parque nacional de Garajonay
tiene del orden de 4.000 hectáreas y, junto con la superficie del
preparque, supone alrededor del 22 por ciento de la superficie total
de la isla, lo cual nos puede dar una idea de la importancia del
mismo, siendo de destacar que los seis municipios de la isla tienen
terrenos en el preparque y lindando con el parque nacional
propiamente dicho, lo que viene a justificar en parte la idea de la
proposición no de ley del Grupo Socialista. Lo que ocurre es que,
como el señor Segura reconocerá, el criterio que ha seguido no ha
sido el más acertado. El parque nacional -y ya con esto termino- debe
su nombre -a más de uno le extraña y me
ha preguntado qué quiere decir Garajonay- a los amores románticos de
dos nativos canarios, Gara, de la Gomera, y Jonay, de Tenerife, que
terminaron dramáticamente.
La laurisilva, como digo, es el elemento fundamental del parque y, en
consecuencia, todo lo que sea conservar este patrimonio del Terciario
debe estar en el objetivo de todos los grupos políticos. La
proposición de ley que ha presentado el señor Segura tiene por objeto
la modificación del régimen jurídico de la zona periférica del
parque, definida en el artículo 4 de la Ley 3/1981, de 25 de marzo,
de creación del mismo que clasifica a todo el terreno de dicha zona
-esto me parece importante- como suelo no urbanizable de protección
especial, prohibiendo toda construcción excepto de interés público,
denominación de suelo no urbanizable de protección especial que
desaparece por completo en el texto de la proposición de ley del
señor Segura. En la exposición de motivos de la proposición de ley
que hoy se tramita en la Cámara se señala que esta situación comporta
-en esto estamos de acuerdo- una grave limitación para los habitantes
de la zona exterior del parque que comprende, como he indicado, los
seis municipios de la isla y en la que se desarrolla la actividad
agrícola tradicional. Tengamos en cuenta que los citados municipios,
como he indicado, en gran parte están dentro de esta zona. Resulta
evidente, por tanto, que no es lo mismo limitar o condicionar el
desarrollo urbanístico en la zona de protección especial que prohibir
edificaciones que resultan necesarias para la conservación de una
forma de vida tradicional; o que como consecuencia de la existencia
de una zona protegida los habitantes de la isla se vean privados de
la posibilidad de reparar incluso las instalaciones y edificaciones
ya existentes, dado que, como se ha indicado, la zona protegida
abarca núcleos rurales de población, a los que se ha referido el
señor Segura.
La realidad es, señorías, que la actual ley -esto lo reconocemos sin
la menor reticencia- impone un régimen rígido de actuación en la zona
periférica que conduce a la creación de una atmósfera poco favorable
a la integración del parque en su comarca y que de hecho propicia la
clandestinidad y la ilegalidad sin que existan instrumentos eficaces
para impedirlo. En esto la intencionalidad de la proposición de ley
es correcta. El organismo autónomo Parques Nacionales, del Ministerio
de Medio Ambiente, y el propio patronato del parque han reconocido
esta situación así como la conveniencia de dar una solución que
necesariamente conduce a la modificación de la actual ley. No debemos
olvidar que hay el riesgo de que al permitirse un cierto desarrollo
urbanístico en el entorno del parque se ponga en marcha un proceso
urbanístico de difícil control, por lo que siempre existirá la
dificultad de encontrar una fórmula que, dando respuesta a las
lógicas aspiraciones locales, no suponga una quiebra del principio de
control. Por esto, consideramos grave -ya lo he indicado
anteriormente- que en la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista no se haga mención alguna al
carácter de suelo no urbanizable de protección especial de la zona
periférica de protección, lo que supone eliminar el principal
elemento de protección que figura en la vigente ley que se pretende
modificar, cuestión en la que se centra nuestra principal
discrepancia de fondo.
Otra cuestión que necesariamente debemos plantearnos y que también ha
sido apuntada por el señor Mardones es a quién corresponde la
competencia para la modificación legislativa que propone el Grupo
Parlamentario Socialista. La sentencia 102 del Tribunal
Constitucional, de 25 de junio de 1995, en relación con la Ley 4/
1989, de 27 de marzo, de conservación de las especies naturales y de
la flora y fauna silvestres, posterior, como es obvio, a la ley de
creación del parque, ha dejado claro que la competencia legislativa
en materia de parques nacionales corresponde a las Cortes Generales;
pero igualmente ha establecido que las Cortes Generales sólo -repito:
sólo- tienen competencia en materia de parques nacionales propiamente
dicha, no en la zona periférica. Las últimas leyes de parques
nacionales aprobadas en esta Cámara, las de Cabañeros, Picos de
Europa, Sierra Nevada -por citar algunas- han renunciado a establecer
zonas periféricas de protección, porque dicha sentencia también deja
claro que las Cortes Generales no tienen competencia para legislar
una materia atribuida en los estatutos de autonomía a las comunidades
autónomas.
En resumen, señorías, en primer lugar, la proposición de ley es
indudable que parte de una realidad socialmente conflictiva que
requiere solución; en esto estamos todos de acuerdo y hay que
reconocer que la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista está bien intencionada. En segundo lugar, dicha solución
pasa por la modificación legal del régimen jurídico establecido en la
zona periférica de protección del parque nacional de Garajonay y en
concreto de su artículo 4. En tercer lugar, la modificación, sin
embargo, es delicada y exige reflexión, dado que, al propio tiempo
que debe resolver los problemas existentes, no puede propiciar el
desencadenamiento de un proceso generalizado de edificaciones en el
entorno inmediato al parque nacional. De ahí que nos parezca grave
que en la modificación que se propugna, insisto una vez más, no se
haga mención alguna al carácter de suelo no urbanizable en la zona
periférica de protección especial del parque de Garajonay. En cuarto
lugar, al situarse la zona implicada fuera de los límites del parque
nacional es al menos discutible que la competencia para la
modificación corresponda a estas Cortes Generales.
Entrando sucintamente en el análisis del texto propiamente dicho de
la proposición de ley, que supone modificar el apartado 2 del
artículo 4 de la Ley 3/1981 y añadir cuatro nuevos apartados a dicho
artículo, hemos de señalar lo siguiente. Se hace mención, y esto es
importante, a un plan de ordenación de los recursos
naturales en la zona periférica, pero, señor Segura, la legislación
estatal no puede ordenar la elaboración de un plan de tal naturaleza
por la sencilla razón de que ello supone una invasión en las
competencias de la comunidad autónoma canaria. Señor Segura, me
extraña que habiendo sido S.S. presidente del Cabildo Insular de
Tenerife no tenga en cuenta estas competencias de la comunidad
autónoma e incluso de los propios cabildos insulares. También se hace
mención a que el plan rector de uso y gestión incluya actuaciones que
no se refieran al interior del parque, lo que, como ya se ha
indicado, es aplicable al territorio del parque propiamente dicho,
pero en modo alguno a la zona periférica, que es la contemplada en
esta proposición de ley. El punto 3 puede admitir un voto favorable,
pero veo que el fondo de la proposición de ley entra en colisión con
los principios más elementales del derecho. Y en cuanto a los puntos
4 y 5, el plan rector de uso y gestión y la comisión mixta de gestión
no pueden incluir actuaciones que no se refieran al interior del
parque, insisto. Su señoría está adoptando previsiones en la zona del
preparque que no corresponden a las competencias de estas Cortes
Generales. La Ley 41/1997, de 5 de noviembre, que crea las comisiones
mixtas de gestión, lo hace como órgano paritario de cogestión entre
las administraciones central y autonómica con la misión de gestionar
los parques nacionales y no sus zonas periféricas en un ámbito de
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Soriano, le ruego vaya
concluyendo.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Acabo enseguida, señor presidente.
En resumen, es obvio -S.S. ya se ha anticipado- que el Grupo Popular
va a votar en contra por estas razones más que justificadas que he
expuesto. Y como S.S. es inteligente, se ha anticipado también a lo
que el Grupo Popular va a hacer en esta Cámara, que es traer
próximamente, no diría dentro de un mes, puesto que sabemos que en la
Administración los meses pueden convertirse en años, pero sí en el
menor plazo posible de tiempo, una proposición de ley redactada
conforme a derecho, que merezca el beneplácito unánime de estas
Cortes Generales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Soriano. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de
modificación del artículo cuarto de la Ley 3/1981, de creación del
parque nacional de Garajonay.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 116; en contra, 176; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRES. AYMERICH, RODRÍGUEZ Y
VÁZQUEZ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (Número
de expediente 122/000032.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y
Vázquez), de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Vázquez.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y que quienes vayan a abandonar el
hemiciclo lo hagan de la manera más rápida y silenciosa posible, al
objeto de poder continuar con el debate. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego presenta
para su debate y toma en consideración esta proposición de ley de
reforma de la ley de propiedad intelectual, con el fin de acabar con
un conflicto que se viene manteniendo a lo largo de los años y, por
tanto, para dar una solución justa a un problema que indudablemente
existe y que conocen todos los grupos de esta Cámara. Trataré de
hacer una intervención en defensa de nuestra proposición que no
resulte exhaustiva en argumentos, sino simplemente tratando de
enmarcar este problema, sobre el que vamos a discutir y que -como
decía- es de sobra conocido.
Está fuera de duda que la intención de la vigente ley es proteger los
derechos de los autores y en esa medida garantizar que estos perciban
una compensación económica por el uso de sus obras. Creemos también
que es un fin legítimo y, por tanto, lo apoyamos y defendemos. Quiero
dejarlo claro desde el primer momento porque la reforma legal que
proponemos no va dirigida contra los inalienables derechos de
aquellos que dedican sus esfuerzos a la creación artística, sino que
trata de que, para garantizar esos legítimos derechos e ingresos, no
se conculquen otros y de manera especial los de algunos sectores
débiles o indefensos.
El problema del que tratamos -como SS.SS. saben- parte de la
redacción que en su día se dio al artículo 20.2.g) del Real Decreto
legislativo 1/1996, de 12 de abril, que genera una considerable
inseguridad
jurídica al definir acto de comunicación pública como la emisión
o transmisión en un lugar accesible al público mediante cualquier
instrumento idóneo de la obra radiodifundida. Sobre la base de este
artículo se viene exigiendo por parte de diversas entidades de
gestión el pago de distintas cantidades en concepto de derechos de
autor a los establecimientos hosteleros, sean bares, cafeterías,
restaurantes u hoteles, por el simple hecho de disponer en esos
locales de aparatos de radio o televisión, canon que se extendería al
transporte, comercios, etcétera, en definitiva, a cualquier lugar en
el que siendo accesible al público se emitiese o transmitiese la obra
radiodifundida, de aplicarse el referido precepto en toda su
extensión y posibilidades, lo que -como SS.SS. comprenderán- no haría
sino aumentar los conflictos de intereses. A su vez, la Ley 22/1987,
de 11 de noviembre, supuso la superación del monopolio legal que
hasta entonces ostentaba la Sociedad General de Autores, dando paso a
la existencia de diversas entidades de gestión, lo que más allá de
cualquier consideración sobre la bondad o no de esta medida, no hace
más que añadir preocupación y confusión sobre el asunto que tratamos
y al que luego me referiré. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez. (Pausa.)
Adelante.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que, como consecuencia, ¿qué es lo
que está aconteciendo? En primer lugar, sencillamente, que a todo
tipo de establecimientos de hostelería se les están exigiendo, y en
muchos casos cobrando, miles de pesetas anuales en concepto de canon
por derechos de autor, por el simple hecho, como decía antes, de
disponer en sus locales de aparatos de radio o televisión, y este
pago -tenemos que decirlo, porque es así- supone una carga muy
importante, repito, sin entrar a considerar la justeza o no del
mismo, para miles de pequeños establecimientos, que a duras penas
obtienen ganancias para ir tirando. Desde nuestro punto de vista,
esta vía recaudatoria no es la más adecuada para garantizar los
legítimos derechos de los autores, quienes probablemente, en este
momento, los ven peligrar mucho más por la irrupción de las nuevas
tecnologías. Hay que tener presente que este canon se carga sobre
todo tipo de establecimientos, independientemente de su tamaño o
volumen de negocio, y este aspecto debemos tenerlo en cuenta porque
la inmensa mayoría de los establecimientos de hostelería son pequeños
negocios. Además, creo que hace falta deslindar bien este tema,
porque lo que nosotros creemos necesario modificar es la generación
de un canon por la simple tenencia de aparatos de radio o televisión
en un establecimiento por la simple recepción de determinadas
emisiones. Distinto es el caso cuando en los establecimientos de
hostelería -por
decirlo de alguna manera- se genere un beneficio añadido como
consecuencia de la reproducción o transmisión de imágenes o sonido a
través de videos, aparatos musicales o en el caso de actuaciones
musicales. En estas situaciones es absolutamente lógico, y de hecho
nadie lo cuestiona, que los autores tengan derecho a percibir la
adecuada compensación por el uso de su obra.
La simple tenencia de aparatos de radio o televisión como generadora
de canon de derechos de autor, más allá de las distintas
interpretaciones que se dan a esta cuestión en diversos Estados,
tampoco responde, desde nuestro punto de vista, ni siquiera a la
realidad social que hoy existe. Todas SS.SS. saben perfectamente que
más allá de los noticiarios o las retransmisiones deportivas, nadie
va a un bar a ver la televisión o a oír la radio, algo que sí podía
acontecer en otros tiempos, como tampoco es posible concretar el
grado de utilización de estos aparatos.
En segundo lugar, lo que está provocando la ley en vigor es un
sinnúmero de litigios judiciales entre las partes enfrentadas por
esta cuestión dando lugar a resoluciones judiciales contradictorias.
Es conocido que, por un lado, existen sentencias que reconocen que la
simple tenencia de un aparato receptor puede suponer un acto de
comunicación pública que puede encuadrarse en el artículo 20 de la
Ley de Propiedad Intelectual y que, por tanto, está sujeto al pago de
derechos de autor. Por otro lado, un gran número de resoluciones
judiciales considera que no es la existencia de aparatos receptores
en un local abierto al público lo que constituye acto de
comunicación, sino la emisión o transmisión de las obras, y, por
tanto, no considera la simple existencia de estos aparatos como
generadora de esos derechos. Esta realidad, que es incuestionable,
hace razonable pensar en la necesidad de definir y aclarar legalmente
la responsabilidad en orden a la autorización y pago de derechos de
autor, distinguiendo entre la transmisión por parte de la entidad
radiodifusora y el simple acto de recepción que debe quedar ajeno a
la comunicación pública.
Por otro lado y como decía anteriormente, la aparición de varias
entidades de gestión está ocasionando problemas añadidos, en la
medida en que, como ya ha acontecido, puede suceder que a un mismo
establecimiento de hostelería le presenten al cobro cantidades
distintas, por entidades distintas y por el mismo concepto; también
la existencia de distintas entidades de gestión provoca -y eso es una
evidencia- roces o enfrentamientos entre ellas, relacionados con cuál
es la entidad que legítimamente, en función de a qué autores
represente, debe recibir los correspondientes derechos de autor. Para
solucionar esta situación de un modo justo y razonable proponemos que
la recaudación de los derechos por actos de comunicación pública debe
ir acompañada de un mecanismo de reparto entre las entidades de
gestión, de forma similar a la compensación
por copia privada, creando un fondo común que será distribuido entre
las entidades de gestión de manera equitativa y, cuando menos, en
función de la representatividad que ostenten.
En resumen, algunas de las disposiciones contempladas en la actual
Ley de Propiedad Intelectual provocan confusión e inseguridad
jurídica, están dando lugar a situaciones injustas, derivadas del
cobro de derechos de autor a establecimientos por el simple hecho de
disponer de aparatos de radio o televisión y no solucionan
adecuadamente el reparto de los ingresos generados por el cobro de
derechos entre las distintas entidades de gestión. En consecuencia,
esta Cámara debería considerar positivamente la toma en consideración
de esta proposición de ley, que pretende que se aborde y solucione un
problema que, decía, todos los grupos políticos reconocemos que
existe, pero no se sabe por qué misteriosa causa no acaba de
abordarse ni de solucionarse. Hoy tenemos una excelente oportunidad
de hacerlo y esperamos que así sea. Como es sabido, en el proceso de
discusión que siga a su toma en consideración, todos tendremos la
oportunidad de mejorar, si es necesario, el texto que el Bloque
Nacionalista Galego presenta, garantizando por otra parte los
legítimos derechos de todos. En todo caso, insisto, es necesario
también transformar las palabras en hechos y abordar la reforma de la
Ley de Propiedad Intelectual, como están demandando no sólo las
asociaciones representativas de la hostelería, sean patronales o
sindicales, sino también las cámaras de comercio, organizaciones de
consumidores y otras entidades, entre ellas, por cierto, el propio
Consejo Económico y Social, que afirma que para solucionar la actual
controversia relativa al pago de derechos de autor por la difusión de
programas de televisión o radio en establecimientos hosteleros, la
comunicación no debería considerarse pública y, por tanto, sometida
al pago de derechos, cuando se produzca la recepción de una señal
abierta y no condicionada de radio y televisión en un aparato
receptor del tipo, tamaño o dimensiones usuales en el consumo
doméstico. En este sentido, propone modificar el artículo 20.1 de la
vigente Ley de Propiedad Intelectual y derogar la Orden ministerial
de 15 de julio de 1959.
Es de resaltar, y hay que hacerlo en las actuales circunstancias, que
el Partido Popular, hoy mayoritario en esta Cámara, reconocía la poca
adecuación a la realidad de la ley que debatimos al presentar, en
abril de 1995, es decir no hace tantos años, una proposición de ley
en la que precisamente proponía modificar el ya mentado artículo 20
para considerar que no es acto de comunicación pública la simple
recepción de las emisiones o transmisiones de radio y televisión, a
menos que el sujeto receptor, mediante cualquier otro instrumento,
las vuelva a emitir o transmitir a una pluralidad de personas. El
propio Grupo Popular, el Gobierno en definitiva, reconocía la
necesidad de abordar esta cuestión y darle solución al introducir en
la Ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, de 30 de diciembre de
1999, una disposición adicional, la vigesimonovena, en la que se
comprometía a que el Gobierno, en el plazo de seis meses, procedería
a remitir a las Cortes Generales un informe con el fin de eliminar la
inseguridad jurídica en materia de derechos de autor en cuanto a la
recepción de las emisiones o transmisiones de radio y televisión en
locales públicos. En esencia, el propio grupo mayoritario consideraba
que existe inseguridad jurídica y que, por tanto, es necesario
evitarla. Insisto en que existe una demanda social muy importante
para que se resuelva este tema, a tenor de lo manifestado también en
otras ocasiones por otros grupos políticos, y vuelvo a referirme de
manera significativa al que hoy es mayoritario en esta Cámara.
Hoy existe una oportunidad de avanzar en esta resolución si votan a
favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, que
creemos que contribuiría a acabar con la inseguridad jurídica
existente, permitiría que la ley fuese más acorde con la realidad
social, regularía las relaciones entre las distintas entidades de
gestión, beneficiaría a miles y miles de pequeños propietarios de
establecimientos de hostelería e impediría una hipotética extensión
de un conflicto de intereses por la posible aplicación en toda su
extensión de lo contemplado en la ley vigente a otros sectores; todo,
vuelvo a decirlo, en la consciencia y el convencimiento de que los
derechos de los autores, que son una parte fundamental de la
sociedad, deben ser considerados, respetados y protegidos, aunque
para nosotros la solución a esto, insisto, no pase por la vía que hoy
discutimos y que proponemos modificar, sino a través de otras que sin
duda existen y que podríamos encontrar entre todos.
La proposición de ley cuyo texto dispositivo paso a relatarles dice
lo siguiente: Artículo 1. El apartado 1 del artículo 20 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, quedará redactado de la
siguiente manera: 1. Se entenderá por comunicación pública todo acto
por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra
sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se
considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un
ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a
una red de difusión de cualquier tipo. Tampoco se estimará la
existencia de comunicación pública por la simple difusión a través de
aparatos receptores de las emisiones o transmisiones de radio y
televisión en lugares públicos cualquiera que sea el contenido de las
mismas. Artículo 2. La letra g) del apartado 2 del artículo 20 del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, quedará redactado
del siguiente modo: La emisión o transmisión, en lugar accesible al
público, en el que se requiera el abono previo de una entrada de la
obra radiodifundida mediante cualquier instrumento idóneo. Artículo 3.
Se añade una disposición adicional quinta al Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, del siguiente tenor literal: 1.
La remuneración a los autores de los derechos que pudieran generarse
por medio de actos de comunicación pública a que se refiere el
artículo 20.2.g) de la presente ley se realizará a través de un fondo
de derechos de autor constituido por las aportaciones en pago que
realizan las personas físicas o jurídicas que realicen los actos de
comunicación pública comprendidos en el citado artículo. 2. Las
cantidades que se depositen en el fondo de derechos de autor serán
distribuidas entre las entidades de gestión en función de las
autorizaciones conferidas a las mismas por los titulares o
derechohabientes de los citados derechos de autor. 3. El fondo de
derechos de autor será gestionado en los términos que se determinen
reglamentariamente de forma conjunta por el Ministerio de Cultura, o
en su caso los órganos competentes de las comunidades autónomas,
y las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
autorizados por la Administración. 4. Asimismo las reclamaciones que
pudieran producirse para asegurar el cobro de derechos de autor
derivados de los actos de comunicación pública comprendidos en el
artículo 20.2.g) de la presente ley serán obligatoriamente
canalizadas a través de dicho fondo, el cual estará legitimado para
ejercitar las acciones oportunas para reclamar el pago de los citados
derechos, sin que en este supuesto sea de aplicación de lo dispuesto
en el artículo 150 de esta ley. Continúa la proposición con una
disposición adicional, otra derogatoria y una final.
Concluyo, señora presidenta, diciendo que vamos a esperar a ver cuál
es el pronunciamiento de los grupos. En todo caso, aunque no se tome
en consideración esta proposición de ley, cuando menos este debate
servirá para aclarar y acabar con la ambigüedad o falsas esperanzas
que a algún sector se le vienen ofreciendo periódicamente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
El señor González de Txabarri tiene la palabra. (El señor Leguina
Herrán pide la palabra.)
Perdone, señor Leguina, no le había visto. Tiene la palabra para
turno en contra.
El señor LEGUINA HERRÁN: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra, en nombre del Grupo Socialista, para un turno en
contra de esta proposición de ley no porque neguemos el contencioso
que existe entre particulares, sino por la profundidad e importancia
que tiene la ley aquí debatida, que es concretamente el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 12 de abril de 1996.
Yo creo que esta ley representó un gran
esfuerzo, unos acuerdos importantes y, sobre todo, un avance en lo
que a los derechos de los autores se refiere. Es obvio que la cultura
y la producción cultural no se entienden sin los creadores, sin los
artistas, y estos -voy a decir una obviedad- no viven del aire ni de
la caridad pública ni del favor real, como Velázquez, que se pasó
media vida intentando demostrar que era un artista, algo más que un
artesano o un criado. Esto ha venido ocurriendo hasta antes de ayer.
Cuando se funda la SGAE uno de sus fundadores es el compositor
Ruperto Chapí, que estaba verdaderamente harto de que sus zarzuelas,
canciones y música en general se difundieran urbi et orbi sin cobrar
un duro. Hemos avanzado mucho desde entonces. Esto que aquí trae el
Grupo Parlamentario Mixto es un pequeño contencioso comparado con el
que han tenido durante siglos los artistas para llegar a esa ley cuyo
texto refundido se quiere modificar.
El derecho que se recoge en la ley sobre la difusión de la obra es
tanto el derecho primario, que pagan quienes la emiten, como el
derecho secundario, que pagan los reemisores. Evidentemente, el
derecho primario es más caro -hay que pagar más por él- que el
derecho secundario, que en este caso se refiere a la hostelería y
especialmente a los bares. Los autores tienen derechos sobre sus
obras en todas sus formas de explotación; también los autores
foráneos, cosa que se ha obviado, es decir, los autores no españoles
cuyas obras se difunden en España. Estamos legislando, pues, también
para autores que están protegidos por tratados internacionales.
Concretamente, la modificación del artículo 20.1, párrafo tercero,
colocaría al Estado español -caso de aceptarse esta proposición de
ley- como infractor de normas internacionales y, además, fuera de la
posición conjunta que tiene la Unión Europea en un viejo contencioso
con los Estados Unidos. En cuanto a la modificación del artículo 20,
apartado segundo, según la cual la comunicación pública, para ser
tal, requiere el abono previo de una entrada, lo menos que se puede
decir de ella es que es confusa. ¿Qué se entiende por entrada? ¿Es
entrada el pago de una consumición o no lo es? La redacción, tal como
viene propuesta, no es precisamente un ejemplo de claridad jurídica.
Sería aplaudida por todos los colegios de abogados, que encontrarían
ahí una forma de litigar.
El fondo de la cuestión y por lo que principalmente nos oponemos a la
toma en consideración de esta proposición de ley, sin negar el
contencioso vigente, es que pretende resolver un contencioso real
existente entre particulares, concretamente entre los hosteleros y
las entidades de gestión de los derechos de autor, y da la razón a
una de las partes. Este es y debe ser un contencioso económico, por
tanto cuantitativo, que no tiene por qué afectar a los derechos de
autor. Los debates que se abren hoy respecto a la autoría, a los
derechos de autor -y lo acabamos de ver esta misma mañana en
los periódicos- tienen más que ver con el futuro que con si tienen o
no que pagar los bares.
Evidentemente, en su momento, el Gobierno debiera plantear una
reforma de esa ley, pero una reforma que abordara los problemas
tecnológicos que hay en este momento. Dicho de otra forma, el gran
problema que se plantea para los autores, no sólo en Europa sino en
todo el mundo, es cómo cobrar por la difusión a través de medios que
hace muy pocos años no existían. Tendrán que intervenir los
legisladores y los jueces. Creo que este contencioso tiene una
solución mucho más sencilla que no traer a las Cortes la reforma de
una ley. El Gobierno, legítimamente, puede ejercer un liderazgo para
arbitrar o para mediar entre esos particulares sin que esto se tenga
que convertir en una nueva ley o en una reforma de la que ya existe.
Dice el vulgo, y dice con razón, que no conviene matar las pulgas a
cañonazos. Los contenciosos corporativos los dirimen los jueces y ya
se sabe que un acuerdo siempre es mejor que un pleito; ese acuerdo se
puede y se debe conseguir con la mediación de los poderes públicos.
Yo creo que la mediación lógica es la del Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
Señor Vázquez, al haber habido turno en contra, hay réplica, si
quiere usted hacer uso de ella.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Comprendo las razones que el señor Leguina acaba de utilizar en su
turno en contra. Lo que nos viene a decir al final es que ese
contencioso puede dirimirlo el Gobierno o que se puede dirimir entre
las partes. El problema, señora presidenta, es que pasa el tiempo y
esto no se soluciona. Efectivamente, no se trata de matar moscas a
cañonazos sino de solucionar un problema real en este momento que no
se solucionó entonces. Hubo mucho tiempo para hacerlo, pero no tiene
visos de solucionarse, aunque en lo fundamental no cuestiona los
legítimos derechos de los autores, simplemente trata de corregir un
aspecto que nosotros estimamos que no es la mejor forma de defender o
garantizar esos derechos de autor.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Leguina. (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vemos otra vez que la Ley de Propiedad Intelectual y su
aplicación están de actualidad porque el sector de la hostelería no
entiende razonable pagar
en concepto de derechos de autor por la instalación de un equipo
receptor de televisión. Desde 1987, fecha en que se aprobó la Ley de
Propiedad Intelectual, es un debate reiterado en esta Cámara: se
plantea, no se toma en consideración y se hacen promesas que luego no
se cumplen o se incumplen sistemáticamente. Asistimos a una discusión
con mucho electoralismo y poca coherencia.
Una vez más, queremos reiterar la posición del Grupo Vasco, del
Partido Nacionalista Vasco, con relación a este tema, que es
coincidente con los planteamientos básicos que ha realizado, en mi
opinión correctamente, el señor Leguina en su intervención, por lo
que voy a intentar no ser reiterativo y subrayar aquellos aspectos
que me parecen más determinantes. Como grupo parlamentario defendemos
los derechos de autor, una defensa, tanto en su acepción moral como
en su acepción económica, que nos parece propia de una sociedad
moderna. Hay quien quisiera ver el mundo de la cultura como un mundo
que viviera de las subvenciones o que sencillamente malviviera.
Nosotros entendemos que ese no es el camino. Sensu contrario,
estimamos que la puesta en vigor de leyes como la de propiedad
intelectual, la de fundaciones o la de mecenazgo, han establecido un
corpus legal que garantiza una financiación plural y autónoma de la
creación artística. Resulta inverosímil, en nuestra opinión, que
ahora exista un impulso político para cerrar los grifos que
garantizan esa financiación de las obras culturales.
El Grupo Parlamentario Vasco se ha mostrado siempre partidario, en
los debates sobre estas fuentes de financiación, del estudio de
recursos alternativos a las fuentes establecidas en la actualidad,
que sin duda admiten discusión y márgenes razonables de
discrecionalidad. ¿Es razonable que los hosteleros paguen este canon
a las entidades de gestión por instalar un receptor de televisión en
su establecimiento? ¿Sí o no? En nuestra opinión, se puede argumentar
sin necesidad de reducir los planteamientos al absurdo, porque la
respuesta a esta pregunta es abierta y, en caso de respuesta
negativa, admite caminos alternativos que garanticen flujos
económicos plurales y suficientes para los autores, y máxime en una
coyuntura como la actual en la que los avances en las nuevas
tecnologías van desplazando el protagonismo de los agentes emisores y
receptores de la acción cultural.
Es necesario realizar el debate en clave positiva: cómo se garantiza
que el conjunto de autores reciba una compensación justa y ajustada
al mercado por derechos de propiedad intelectual. Ese es el debate,
señorías. No parece razonable seguir discutiendo exclusivamente de la
defensa corporativa de los que no quieren pagar. Hay que señalar
quién es el pagador alternativo o si se opta por un modelo de
financiación cultural subsidiado por las arcas públicas. El debate,
tal y como se ha planteado por el grupo proponente, tiene un segundo
nivel en
relación con la organización territorial de las entidades de gestión.
Como saben SS.SS., la Ley de Propiedad Intelectual, de 1987, fue
recurrida, en lo que se refiere a este apartado, por el Gobierno
vasco ante el Tribunal Constitucional que en su fallo admitió la
posibilidad de constitución de entidades de gestión
territorializadas, disintiendo de un modelo único y exclusivo. El
Tribunal Constitucional atendió la argumentación del Gobierno vasco
y, en consecuencia, los autores gozan de la posibilidad de opción de
modelos de entidades de gestión. A partir de que la opción queda
abierta, son los propios autores los que libremente deciden su
adscripción a una entidad de gestión u otra, en la medida en que
éstas salvaguarden sus intereses corporativos en los distintos
ámbitos culturales en los que se recibe la creación artística. En
resumen, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Vasco ratifica su
posición en relación con la consolidación del derecho de autor y del
concepto de propiedad intelectual y entiende razonable el debate
sobre la adecuación o no de las actuales fuentes de financiación de
los autores y de las entidades de gestión siempre que se antepongan
las fuentes que garanticen los recursos para una financiación
autónoma y plural de la cultura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, permítanme que
empiece recordando que hoy asistimos a este debate porque el Gobierno
ha incumplido un compromiso legal, un compromiso al que le obligaba
la Ley de acompañamiento de los Presupuestos del año 1999, que
reclamaba que, en el plazo máximo de seis meses, debía presentar una
propuesta a esta Cámara. El incumplimiento de presentar ese informe
que permitiese armonizar los intereses en cuestión, es lo que hace
que hoy, casi dos años después, tengamos que discutir aquí de nuevo
sobre este problema.
Sabemos que es un asunto complejo -ya lo han dicho otros portavoces y
no me voy a extender más-, que es un asunto difícil, pero no lo es
menos, señores del Partido Popular, que dejando pasar el tiempo no
solamente no se resuelve el problema sino que, antes al contrario,
cuanto más tiempo pasa más se encona la situación y más problemas
surgen. Izquierda Unida hace años intentó propiciar lugares de
encuentro, mesas de trabajo, etcétera. Así lo hicimos ya en una
proposición no de ley del año 1997, en la que pedíamos precisamente
que se propiciase esa negociación entre las partes para alcanzar un
acuerdo. Nos dijo el Gobierno que esperásemos, que la Unión Europea
podía resolver el problema de forma rápida, pero la realidad es que
no
ha sido así, por el contrario, una vez tras otra el Gobierno ha ido
aplazando la solución del problema y ha generado una situación cada
vez más confusa porque no estaba nada claro lo que el propio Partido
Popular proponía. Al día de hoy el Gobierno no tiene visos de cumplir
ese compromiso, al menos en este momento no tenemos la certeza de que
se vaya a cumplir. Nos abstuvimos en octubre de 1999, cuando se
debatía la proposición del Partido Popular, porque no nos lo
creíamos; les dijimos que lo que ustedes pretendían era ganar seis
meses, que no eran seis meses cualquiera, eran los seis meses que nos
llevaban a las elecciones generales de marzo de 2000. Efectivamente
ustedes ganaron ese tiempo, se permitieron decir lo que quisieron en
la campaña electoral, pero a la hora de la verdad no han cumplido y
han dejado que este tema vaya cada vez a peor.
Lamentamos que el tiempo nos dé la razón, pero lamentamos mucho más
que hoy tengamos que seguir asistiendo a un conflicto en el cual
estoy convencido de que ninguna de las dos partes está a gusto,
porque la realidad es que ambas se necesitan, pueden y deben
armonizar sus intereses. Hoy podrán decirnos lo que quieran, pero
entenderán que su credibilidad es mínima mientras no cumplan con su
obligación legal, que es traer el documento a la Cámara. Todo lo que
ustedes digan hoy no significa otra cosa que ganar tiempo, no sé para
qué. La realidad es que, igual que no fueron capaces de resolver el
grave daño que le causaba al pequeño bar la retransmisión de los
partidos de fútbol la tarde de los sábados -alargaron el problema,
así les ha ido, hecho que ha ocasionado graves perjuicios en este
sector-, tampoco están en disposición en este momento de resolver
esta situación. En nuestra opinión, hay una serie de elementos que
deberían quedar claros, porque parece que todos los tenemos claros
pero a la hora de la verdad no es así.
He escuchado la intervención del portavoz del Bloque Nacionalista
Galego. Aquí nadie discute los derechos de autor, nuestro grupo
tampoco; nadie pone en duda que el mantenimiento de una riqueza
cultural como la española, plural, necesita el derecho de autor; un
derecho que, como ha dicho el portavoz socialista, ha costado años de
trabajo y de lucha de los autores para que se les reconozca. Por otra
parte, en este momento es insuficiente porque las nuevas tecnologías
no se contemplan, y eso sí que supone un grave peligro. Nosotros
trabajamos porque, de verdad, el derecho de autor suponga el salario
del artista que se merece. Nadie puede poner en duda que el sector de
la hostelería debe mucho a la cultura, que los turistas vienen a
España, entre otras cosas, porque tenemos una gran riqueza cultural y
folclórica. Es cierto que la hostelería debe ser solidaria con su
mantenimiento, pero también es cierto que en el cobro de los derechos
de autor a los bares hay cierta injusticia. Hay situaciones que deben
resolverse, porque estos pequeños bares no solamente
pagan los derechos de autor, sino que también tienen que pagar los
impuestos municipales, autonómicos y estatales. Izquierda Unida
estima que hay que resolver este problema para que no sean ellos los
que terminen pagando una situación de conflicto que el Gobierno es
incapaz de resolver. Hay que conseguir poner a salvo el derecho de
autor, porque se puede poner en peligro si no se resuelve este
conflicto. En primer lugar, por el propio interés de los autores y,
en segundo lugar, para que el sector de la hostelería vea que las
palmaditas que se les da en la espalda, como hace unos días en Fitur,
no son meros halagos sin base sino que representan un compromiso de
este Parlamento y del Gobierno con una problemática, que podrá ser
menor o mayor -no vamos a entrar a calibrarlo-, pero que es real y
existe. Es imperdonable que, al día de hoy, el Gobierno todavía no
haya gobernado, que es su obligación, gobernar y traer aquí
propuestas para que se puedan discutir. Si se puede conseguir un buen
acuerdo sin modificar la ley, mucho mejor. El Gobierno debe propiciar
ese acuerdo y gobernar.
Estamos ante una situación compleja porque no son iguales las
distintas casuísticas; no es lo mismo tener un pequeño bar, donde hay
una televisión en un rincón, que un bar donde hay una televisión
panorámica y se cobra un precio extra por la bebida; no es lo mismo
tener una televisión en una zona común de un hotel que tenerla en una
habitación particular del hotel. Hay que buscar soluciones a un
problema que está ahí. Creemos que estas soluciones pueden existir en
la medida en que se garantice el derecho de autor a esos artistas que
lo necesitan para vivir.
No discutimos el texto concreto que nos presenta el Bloque
Nacionalista Galego, texto que debería ser entendido -y así lo
entendemos nosotros- como una provocación para el debate. En este
trámite no se entra a desmenuzar esa propuesta. Nuestro grupo estima
que es grave que se impida la simple discusión de cualquier texto que
se presente, aunque no estemos de acuerdo con él. Precisamente una de
las labores de la oposición es proponer debates e iniciativas
legislativas que deben ser valoradas en su trámite ordinario, en la
ponencia o en la Comisión, pero frenar desde aquí la discusión no es
justo y, además, impide que profundicemos de verdad en ese debate. No
estamos de acuerdo globalmente con la proposición del Bloque
Nacionalista Galego pues estimamos que hay extremos que deberían
mejorarse, incluso cambiarse totalmente. Como ya ha dicho el portavoz
socialista, con el cual estamos de acuerdo, debería cambiarse el
concepto de entrada por ambiguo, porque hay lugares donde no se cobra
entrada pero se cobra más por la consumición si en el local existe
televisión. No hay entrada, la entrada se cobra cada vez en menos
sitios, se utilizan otros medios como el de aumentar el precio de la
consumición, etcétera. Es un elemento confuso, pero eso no puede
llevarnos a quedarnos
ahí y no entrar en el fondo del asunto, que es el problema que
aquí nos trae.
Hay otros elementos que se pueden mejorar y ante los hay que formular
propuestas concretas y el momento idóneo para hacerlo sería el de la
tramitación en el que hay que alternativas a discutir que pueden
llevarnos a la solución del problema y ver hasta dónde garantizamos
el derecho de autor y que no sean los pequeños y medianos bares los
que sufran la situación. Estamos de acuerdo con la idea de que se
resuelva este tema en el mejor marco posible, el del encuentro de los
dos sectores, que no pueden seguir enfrentándose ni distanciando cada
vez más sus posturas. También es interesante hablar de la ventanilla
única -quizá no como lo plantea el Bloque Nacionalista Galego- que
resuelva situaciones y que genere seguridad. Decía que en este
aspecto no estamos de acuerdo con la iniciativa del Bloque porque su
propia creación la haría inservible, pero estimamos que debe existir
algún tipo de ventanilla única que tanto al hostelero como al autor
le dé la garantía de que los derechos se van a cobrar.
Mi grupo considera que este debate debe resolverse, pero nos vamos a
abstener porque lo que reclamamos es que el Gobierno cumpla con su
obligación de gobernar y traiga aquí el documento con el que se
comprometió y que se aprobó en los presupuestos del año 1999. Hay que
llegar a un acuerdo. Ya he dicho que mi grupo está dispuesto a
participar en cuantas subcomisiones y mesas de trabajo se convoquen
porque es importante que los autores salgan convencidos de aquí de
que el Parlamento no les da la espalda, pero también es importante
que el sector de la hostelería salga convencido de aquí de que el
Parlamento no legisla siempre en contra suya. Lo que no es posible,
señorías, señora presidenta, y voy terminando, es que de este debate
salgamos pensando que los autores son unos malvados que están
arruinando a nuestra hostelería, pero tampoco sería justo pensar que
el sector de la hostelería son unos rácanos que condenan a la miseria
a los autores y que van a cargarse la producción cultural de este
país. Antes al contrario, hay que decir que la riqueza cultural de
nuestro país necesita del derecho de autor y que el sector de la
hostelería es un sector dinámico que mantiene cientos de miles de
puestos de trabajo y que merece ser escuchado y tenido en cuenta. El
acuerdo final es difícil pero es posible en la medida que el Gobierno
gobierne y que se propicien esos lugares de encuentro.
Para dejar clara la postura de Izquierda Unida, termino diciendo que
estamos dispuestos a colaborar, a propiciar los lugares de encuentro.
Defendemos los derechos de autor, incluso en estos momentos los
consideramos escasos y que deben ser más protegidos, pero lo que está
en cuestión no es el derecho de autor, que repito debe ser aumentado,
sino quién paga, cómo se paga y si se cobra este derecho de autor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ya queda dicho por los portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra, estamos ante un conflicto que no es nuevo, un
conflicto que viene de lejos, un conflicto donde hasta ahora se han
hecho siempre múltiples afirmaciones, algunas de las cuales no
ajustándose a la verdad por parte de quienes en ella intervienen y a
veces incluso de responsables políticos; un conflicto en el que
nuestra responsabilidad como Parlamento y la del Gobierno, pero
concretamente la nuestra, es la de intentar mantener la cabeza
bastante más fría que la de aquellos que protagonizan en este momento
esta controversia, una controversia que tiene la base en una
redacción incorrecta de la Ley de Propiedad Intelectual, que sin duda
permite -y así lo acreditan sentencias contradictorias de los
tribunales- entender que existe un derecho en ambas partes. Un
conflicto en el cual el Gobierno -y por ahí es por donde querría
empezar- está especialmente en falta, porque es al Gobierno a quien
le corresponde gobernar, y cuando una ley, por las razones que sea,
permite una respuesta y una aplicación dudosa, según se manifiesta en
la propia contradicción de los tribunales, cuando sectores económicos
-particulares, decía el portavoz del Grupo Socialista- están
enfrentados entre sí, quien tiene la obligación de poner los medios
para corregir esa situación es, en primer lugar y por encima de nadie
más, el Gobierno y en este caso, quizá, la mayoría parlamentaria que
le sustenta. No sólo tiene esa responsabilidad en abstracto, la tiene
porque así se lo impuso, como ya ha sido citado anteriormente, una
ley aprobada por esta Cámara, una ley que es mucho más -que ya sería
bastante- que una moción o proposición no de ley; una ley que
prudentemente obligaba al Gobierno, en el plazo de seis meses desde
la aprobación de la Ley de acompañamiento del año 1999, a remitir a
las Cortes Generales un informe con el fin de eliminar la inseguridad
jurídica en materia de derechos de autor en cuanto a la recepción de
las emisiones o transmisiones de radio y televisión en locales
públicos.
Este mismo diputado, con fecha 31 de julio del año 2000, recibió una
respuesta del Gobierno sobre el estado en que se encontraba ese
informe. Esa respuesta, recibida, insisto, de un gobierno que ya
entonces tenía la mayoría que hoy ostenta y, por tanto, las
capacidades de resolver los conflictos que en otros ámbitos ha
demostrado que va a poder hacer con o sin consenso, aunque,
evidentemente, esperamos que aquí lo haga con consenso, no pudo ser
más decepcionante. Preguntado por las previsiones acerca de este
informe, el Gobierno sólo supo contestar que los ministerios de
Economía y de Educación, Cultura y Deporte trabajaban en la redacción
del informe a que se refería la disposición adicional vigesimonovena,
que dicho informe sería enviado por el Gobierno al Congreso de los
Diputados tan pronto como estuviera ultimado su texto definitivo.
Auténtica huida de estudio -expresión que decimos en catalán- para
evitar enfrentarse a una cuestión, que sin duda sabemos espinosa pero
que corresponde al Gobierno intentar resolver con el consenso de los
demás.
Desde mi grupo parlamentario en el pasado -y no es el momento de
plantearlo ahora porque éste no es un debate sobre el fondo- hemos
hecho algunas propuestas en ese sentido. Hemos adelantado algunas
soluciones, soluciones que contentaban más a unos que a otros,
soluciones que partían de la base de reconocer los derechos de autor,
como no puede ser de otra manera. Como bien han dicho todos los
portavoces que me han precedido, aquí no está en juego el
reconocimiento de los derechos de autor. Y soluciones que eran y son
coherentes con lo que ha sido, es y sigue siendo la posición de mi
grupo parlamentario, reflejada expresamente en el programa electoral,
donde decíamos, y leo literalmente -es un compromiso que no queremos
que pase desapercibido en las páginas del programa electoral; está
ahí y no nos ocultamos ni nos importa decirlo en voz alta-:
Impulsaremos la eliminación del canon obligatorio que pagan los bares
y los restaurantes por la recepción de radio y televisión, sin que
eso revierta negativamente en los ingresos que deben recibir las
sociedades de autores. Es un compromiso firme que tiene mi grupo ante
un canon injusto a juicio de aquellos que lo tienen que pagar, lo
cual ya de por sí es suficiente para justificar la preocupación de mi
grupo parlamentario. Esa ha sido, por tanto, la preocupación de mi
grupo que nos ha llevado en algún caso a plantear soluciones
imaginativas -decía-, que es lo menos que se puede esperar, por
ejemplo vinculando a las propias televisiones.
No quiero adelantar propuestas, le corresponde al Gobierno hacerlo.
Lo único que está claro es que esto debe ser resuelto, que es posible
y comprensible la percepción como injusta que tienen muchos de
quienes están pagando en este momento este canon, como es
comprensible la necesidad de preservar los derechos de autor. Por
eso, la posición de mi grupo en esta votación de hoy será de
abstención. Sabemos que aquí hay un problema. Exigimos al Gobierno
que cumpla con el mandato y traiga por lo menos una propuesta -ni
siquiera se le pide que traiga una ley- para que la podamos debatir y
enriquecer, propuesta que puede ir en la línea que formulaba el
portavoz socialista -si no me equivoco, era él- de intentar alguna
fórmula de mediación. Cualquier propuesta es válida, lo que no
compartimos es la literalidad del texto que hoy se nos somete a
votación; no compartimos la solución drástica que hoy plantea con su
iniciativa el Grupo Mixto, ni en
su literalidad ni en su contenido, por cuanto no creemos que en sí
misma vaya a dar respuesta al problema que estamos debatiendo. Esa
es, por tanto, la justificación de nuestra abstención, que queremos
-y termino señora presidenta- que suene y sea percibida por el grupo
mayoritario de la Cámara como una llamada de atención y una llamada a
la exigencia de que asuma sus obligaciones. Las mayorías tienen una
serie de responsabilidades que no tenemos quienes no las ostentamos.
Gobernar obliga a decidir y no se puede mantener la pasividad y
simplemente permitir que determinados problemas que tienen una base
objetiva se pudran por el solo paso del tiempo. El portavoz
socialista, señor Leguina, ha afirmado que este problema hoy ya puede
plantearse de una forma distinta a como se planteó hace cinco años,
que en el mismo momento en que estamos debatiendo este asunto aquí se
ha discutido esta misma mañana en el Parlamento Europeo una directiva
sobre los derechos de autor en la sociedad de Internet y en la nueva
sociedad de la información. Toda esta dinámica hace que esto sea
absurdo y es nuestra responsabilidad sacarlo de ahí. El problema no
es bares sí, bares no, es mucho más amplio y es en ese contexto mucho
más amplio de protección de los derechos de propiedad intelectual y
de protección del pequeño empresario, que está pagando una cantidad a
veces exorbitante, es donde este problema debe ser resuelto. Es una
responsabilidad del Gobierno, que debe tomar la iniciativa
legislativa que le corresponde y ofrecer aquí una solución que pueda
ser aceptable para todos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez
Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, trataré de fijar la posición del Grupo Popular en esta
proposición de ley que se estructura en tres artículos, una
disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición
final. El grupo proponente justifica esta reforma legislativa en la
necesidad de aclarar el concepto de acto de comunicación pública,
regulado en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, cuya
literalidad ha dado lugar a diversas interpretaciones judiciales y
doctrinales que han ocasionado una notable inseguridad jurídica.
Junto al problema señalado, se alude a la creación de un fondo de
derechos de autor para remunerar a los autores por los actos de
comunicación pública, el cual, además, estaría legitimado para
reclamar el pago de los citados derechos. En lo que respecta a este
segundo punto -más adelante comentaré el primero-, se pretende que el
fondo de derechos de autor sea gestionado de forma conjunta por la
administración y una serie de entidades
privadas que actúan en interés de particulares, con el objetivo de
ocuparse del cobro de los derechos de autor. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Esto,
señorías, a juicio del Grupo Popular, podría suponer no sólo la
creación de una persona jurídica de naturaleza incierta, sino,
además, el absurdo de admitir la intervención de la Administración en
actividades mercantiles estrictamente privadas, incluso a través del
ejercicio de acciones judiciales. El grupo proponente pretende
asimismo que las cantidades que se depositen en dicho fondo sean
distribuidas entre los titulares o derechohabientes, desconociendo
que pueden ser acreedores también los titulares de derechos afines o
conexos, como los artistas, productores, etcétera. Quiero decirles
que las cantidades recaudadas no se distribuyen en función de las
autorizaciones conferidas a la entidad de gestión por los titulares
del derecho, sino en función de las utilizaciones del repertorio que
se lleven a cabo. Por estas razones, y otras de menor entidad,
creemos que no podemos entrar a considerar lo relativo al fondo de
derechos de autor, que exigiría una modificación en profundidad del
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y, por tanto, de
los estatutos de las ocho entidades de gestión autorizadas por el
Ministerio.
Antes de pasar a la segunda parte quiero hacer un inciso: las
señorías del Grupo Mixto quieren derogar una Orden Ministerial de 15
de julio de 1959. Me ha dejado perplejo, porque esa orden ministerial
tiene por objeto crear la medalla del cuerpo facultativo de archivos,
bibliotecas y museos. Yo no sé qué les han hecho, pero, como veo que
están despistados y no se enteran, les voy a decir que se han
equivocado de fecha y que me imagino que lo que han querido derogar
es la orden relativa a los derechos de autor en transmisiones por
televisión, de fecha 15 de junio, señores ponentes. Es junio, no
julio. De todas formas, aunque sea la de 15 de julio la que quieren
derogar, quiero decirles que esa orden constituye un acto
administrativo y no una norma reglamentaria. Lo que se hace es
resolver un recurso concreto, el de la Sociedad General de Autores,
contra la suspensión ordenada por el gobernador civil de Barcelona.
Me referiré, señorías, a continuación a los artículos 1 y 2, que creo
que son el núcleo de la proposición de ley, que al parecer pretenden
neutralizar el conflicto entre las partes originado fundamentalmente,
como han dicho algunos portavoces, en la distinta interpretación del
concepto de acto de comunicación pública. Pues bien, conocen SS.SS.
que la Directiva comunitaria 93/83 no entra a regular este extremo,
que, como señala una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, corresponde determinar a los Estados
miembros. ¿Cuáles han sido las iniciativas planteadas en el
Parlamento español al respecto? Sus señorías lo conocen bien y por
eso voy a relatarlo con brevedad. En diciembre de 1994 se aprobó en
el
Senado una enmienda y cinco días después, cinco días, el Congreso de
los Diputados la rechazó. Seis meses después, ya en 1995, el Congreso
de los Diputados volvió a rechazar una iniciativa similar, una
proposición de ley del Grupo Popular. Y ya en la legislatura pasada,
este modesto diputado que les habla, siguiendo instrucciones de su
grupo, intentó identificar un texto que tuviera el consenso
suficiente para arreglar el problema. Pero las dificultades no
parecen residir solamente en el Parlamento español; prueba de ello
son las diversas interpretaciones y pronunciamientos mantenidos por
juzgados y tribunales sobre los litigios planteados: 78 por ciento de
sentencias favorables a las entidades de gestión y 22 por ciento de
sentencias favorables al subsector de hostelería y hoteles. En el
ámbito del derecho comparado, tampoco hay una postura clara. Países
como Estados Unidos y el Reino Unido no consideran comunicación
pública las emisiones o retransmisiones producidas en hoteles y
bares, mientras que Francia y Alemania, por ejemplo, hacen una
interpretación extensiva de los supuestos de comunicación pública.
Podríamos también comentar la sentencia del Tribunal Supremo en la
que se condena a un establecimiento hotelero al pago de una
indemnización por el duplo de los derechos devengados, o, por contra,
la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia en la que se
habla de posición de dominio de las entidades de gestión.
Son quizás estas, señorías, y otras muchas razones las que hacen que
el grupo proponente entienda que es urgente definir y clarificar,
como dice en su exposición de motivos, la normativa vigente.
Nosotros, desde el Grupo Popular, y vista la evolución de los
acontecimientos -y en eso coincidimos con el señor Leguina y el señor
Guardans-, creemos que lo que hay que hacer es adecuarla a los nuevos
tiempos y a las nuevas tecnologías. Pocas leyes quedan obsoletas a
los pocos años de su aprobación y sin embargo el contenido de la ley
pudiera -y digo pudiera- haber quedado sobrepasado por una serie de
cambios trascendentales, curiosamente producidos por un mundo que en
principio puede considerarse algo alejado de la cultura: el de las
nuevas tecnologías. Por poner un ejemplo -creo que ha hablado algún
portavoz sobre ello-, creo que esta misma mañana se ha votado en el
Parlamento de Estrasburgo una propuesta con el objetivo principal de
proteger las obras musicales de la piratería en Internet.
Por tanto, señorías, estamos ante la necesidad de modificar la Ley de
propiedad intelectual para adecuarla a la nueva realidad de las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Este puede
ser el momento en que los grupos parlamentarios reflexionemos sobre
la oportunidad de dar una solución definitiva a este conflicto. Pero,
señorías del grupo proponente, si ustedes hubiesen tratado de
consensuar esta iniciativa, nosotros habríamos puesto sobre la mesa
algunos elementos para la reflexión distintos de los contemplados en
su proposición de ley. En primer
lugar, existe una reciente resolución del órgano de solución de
diferencias de la Organización Mundial de Comercio en la que se
determina que el apartado 5.a de la ley estadounidense, conocido como
excepción Aiken, es conforme al Convenio de Berna. Dicha excepción
doméstica exime del pago de tarifas a todos los pequeños comerciantes
de los Estados Unidos, incluidos bares y restaurantes, siempre que
dispongan de un único aparato receptor, del tipo de los que
utilizamos en los domicilios, y que no cobren por ver u oír la
emisión. Por tanto, esta resolución viene a despejar las dudas que
había con relación a la adecuación de una excepción de este tipo al
derecho internacional y particularmente al Convenio de Berna. En
segundo lugar, se ha producido una resolución del Tribunal español de
Defensa de la Competencia -y he hablado de ello de pasada-, donde se
demuestra el abuso de posición de dominio de determinadas entidades
gestoras, resolución, señorías, que nos invita a reflexionar sobre
posibles mecanismos que incentiven la negociación entre las partes y
en su caso haga posible una solución arbitrada. En tercer lugar, la
Cámara es consciente de la existencia de ocho entidades gestoras que
podrían llegar a exigir el pago por derechos, que, si bien responden
a un repertorio diferente en cada caso, desde el punto de vista del
sector turístico, se derivan de un único hecho, que es recibir señal
en abierto en una televisión.
Nosotros pensamos que la importancia del tema, vital para que
continúe dándose un adecuado desarrollo de la cultura en España, no
permite pensar en soluciones como las que propone el Grupo
Parlamentario Mixto en la iniciativa que hoy debatimos. Sería poner
un parche a una ley que debe ser objeto de una reforma profunda y que
debe llevarse a cabo escuchando a todas las partes involucradas,
autores, empresas y consumidores, para que el objetivo fundamental de
la misma, que no es otro que el desarrollo cultural, sea alcanzado
con el máximo consenso. Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a
poner todo nuestro empeño en adecuar la Ley de Propiedad Intelectual
a las exigencias de las nuevas tecnologías y del comercio
internacional. Es un compromiso que adquirimos en la última campaña
electoral, señorías, y lo vamos a cumplir. Por eso, ya les anuncio
iniciativas en esa dirección, y de paso, como han hecho algunos
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, invito al
Gobierno a que presente el informe con la mayor celeridad y a SS.SS.
a que hagamos los esfuerzos necesarios para poder identificar un
texto que cuente con el consenso del mayor número posible de grupos
de esta Cámara. Señorías, espero que coincidamos en el diagnóstico y
también en la solución.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Gómez Darmendrail. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de
modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, seis; en contra, 281; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la referida proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE CONDENA DEL
ALZAMIENTO MILITAR DEL 18 DE JULIO DE 1936. (Número de expediente
162/000174.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre
condena del alzamiento militar del 18 de julio de 1936.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el
señor González de Txabarri. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Comenzaré argumentando por qué se presenta esta iniciativa. El Grupo
Parlamentario Vasco observa en esta sociedad síntomas de recuperación
de un espíritu totalitario, uniformador, excluyente. Comprobamos...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor González de Txabarri.
Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señorías,
guarden silencio! Con este murmullo es imposible continuar con un
debate. (Pausa.)
Adelante, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco comprueba que cualificados dirigentes
políticos de la dictadura se han sacudido los complejos, si alguna
vez los tuvieron, e imparten
clases de democracia a diestro y siniestro. A pesar de haber
transcurrido más de 25 años desde la muerte del dictador, calles y
plazas siguen bajo su advocación, otras, dedicadas a políticos
fascistas o a militares golpistas, desde Franco a Víctor Pradera o al
general Mola, hacen exhibición flagrante y ostentación de valores
antidemocráticos. Veinticinco años después, en ciertas zonas de
España, todavía se exhiben símbolos y monumentos que rememoran en
lugares céntricos y destacados de dichas localidades acontecimientos
golpistas, ideologías totalitarias y personajes fascistas. El Valle
de los Caídos es basílica y necrópolis erigida en memoria de los
caídos por Dios y por España, caídos durante la guerra civil, pero
sólo los del bando franquista. Nada honra a los caídos por la
República ni a los republicanos que, presos, fueron obligados a
construir tamaña mole faraónica y que allí murieron de frío y de
hambre en trabajos forzados.
Observa el Grupo Parlamentario Vasco, señorías, entre indignado y
sorprendido, múltiples actitudes políticas obstinadas en resucitar
fantasmas del pasado, de un pasado negro, abyecto, fascista y
antidemocrático. La concesión de la Gran Cruz al Mérito Civil a un
torturador nazi, agente de la más cruel represión en el franquismo,
sobrepasa con creces los límites, señorías, de lo razonable en un
régimen democrático. Que se pretenda presentar por mérito,
reconocimiento y dignidad, en una sociedad democrática, nada más y
nada menos que imponiéndole la Gran Cruz del Mérito Civil, a uno de
los más salvajes representantes de la represión ejercida sádicamente
por la brigada políticosocial franquista contra los demócratas
antifascistas vascos, que se reivindique a un colaborador de la
Gestapo en la persecución de los judíos es una ofensa, una grave
ofensa, para miles y miles de ciudadanos del mundo libre y en
particular un insulto dirigido a aquellos ciudadanos antifranquistas
que se dejaron la piel en el empeño de derribar el régimen
dictatorial de Franco. Denigra, señorías, cruelmente a aquellas
personas que fueron torturadas y vejadas por defender un régimen de
libertades. La Asociación de ex presos y represaliados políticos
antifranquistas nos lo comunicaba recientemente en una carta. Decían
en la misma que hace unos días conocimos con indignación a través de
la radio y prensa nacionales que ha sido condecorado e indemnizado
con muchos millones de pesetas el tristemente célebre comisario
Melitón Manzanas, torturador, máximo responsable de la muerte de
muchos demócratas, pues a veces el criminal no es el que ejecuta a la
persona, sino el que facilita los medios, y Melitón Manzanas fue uno
más en ese engranaje represivo, como lo fueron en Madrid Yagüe,
Carlitos, Conesa, etcétera. Y nos preguntan, ¿cómo es posible,
señores del Gobierno y diputados, que hagan semejante barbaridad?
Ustedes siempre han respondido a nuestras justas propuestas
diciéndonos que hay que dejar el pasado y no estar removiendo los
hechos luctuosos de la guerra
civil. No se trata de eso, sino de reparar las injusticias y de
hacerlo con la dignidad que merece nuestra lucha y nuestro
sacrificio. La reconciliación, señorías, ha de ser un hecho histórico
para todos los españoles.
En este contexto, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco aboga por
que todos estos símbolos franquistas, monumentos, esculturas,
pinturas, sean retirados por las autoridades competentes a museos que
los acojan, para que las siguientes generaciones observen con sus
propios ojos la cruda realidad de la imposición, la vergüenza de la
opresión ejercida sobre una sociedad por un régimen totalitario y que
estas generaciones sean educadas en la libertad, en la pluralidad y
en el respeto a la diferencia. En este país, señorías, se ha querido
glorificar la transición de la dictadura a la democracia subrayando
la perfección de los comportamientos de los ciudadanos y de sus
representantes políticos. Veinticinco años después la historia deja
margen suficiente como para comprobar que una de las dos Españas fue
mucho más generosa que la otra, que sólo una de las dos Españas optó
por la amnesia, dejando de mirar hacia atrás empeñada en construir un
país libre y democrático. Veinticinco años después, señorías, la
España sociológicamente franquista da la impresión de que quiere
volver por sus fueros, que suspira y añora la España una, grande y
libre. Lo expresó ayer con meridiana claridad el escritor Juan
Goytisolo, en el coloquio que se celebró con motivo de la publicación
de su libro El pájaro que ensucia su propio nido, en el Círculo de
Lectores de Madrid. Decía el señor Goytisolo: Creo que ahora existe
una censura, un miedo al Gobierno o a los grupos mediáticos, una
censura comercial del dios mercado que me parece mortífera.
Señorías, ser demócrata y franquista es una contradicción en sus
propios términos. La democracia del pensamiento único es totalitaria,
porque niega la esencia misma de la democracia. Señorías, en este
país para ser demócrata hay que ser antifranquista. El demócrata
defiende el régimen de libertades. La democracia no se construye
sobre el pilar del pensamiento único de la unidad de destino en lo
universal. Las características fundamentales de la democracia son el
respeto a la pluralidad, a las libertades y a las minorías.
Precisamente, uno de los principios básicos en los que se sustenta la
cultura de la paz es el derecho de las personas a ser diferentes,
garantizándoseles una existencia pacífica y segura en su vida
intracomunitaria. Por ello, hay que ser claro a la hora de establecer
los objetivos y los caminos para alcanzarlos frente a ese mundo
homogéneo y esterilizante del pensamiento totalitario. Es necesario
optar por un mundo plural, en el que la diversidad de culturas y de
opciones ideológicas sea motivo de enriquecimiento mutuo y de
cooperación.
En nuestra opinión, señorías, para la existencia de la cultura de la
paz se deben observar algunos principios que son prepolíticos. Lo ha
repetido hasta la saciedad el actual lehendakari, señor Ibarretxe.
(Rumores.) El
principio de la aceptación de la pluralidad es base imprescindible
para la cimentación de la arquitectura de la paz. Aceptar la
pluralidad, primero, como dato de la realidad; segundo, como actitud
democrática, la aceptación de los diversos en cuanto iguales en
dignidad y derechos; y, tercero, como valor de enriquecimiento
sociocultural. La resolución 53/243, de 6 de octubre de 1999,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la
declaración y programa de acción sobre una cultura por la paz, reza
precisamente así: La paz requiere un proceso positivo, dinámico
y participativo, en el que se promueva el diálogo y se solucionen los
conflictos, en un espíritu de entendimiento y de cooperación mutuos.
Y es verdad que es duro y triste reconocerlo, pero todavía hay un
grupo terrorista, ETA, que mata, que asesina, que chantajea, que
extorsiona y que vulnera sistemáticamente los derechos humanos.
Además, lo hace de una forma indiscriminada. (Rumores.) En nuestra
sociedad se siguen dando manifestaciones violentas de intolerancia,
que llegan al máximo grado de exclusión, la muerte del adversario, y
nada hay más intolerante que matar al que piensa distinto. Nosotros,
el Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, lo
condenamos tajantemente, con rotundidad y sin reservas mentales, como
condenamos, y pretendemos que condene esta Cámara hoy, el golpe
fascista del 18 de julio de 1936. El Partido Nacionalista Vasco ha
condenado el GAL, ha condenado a ETAy ha condenado todos los
regímenes totalitarios, todos y cada uno de ellos, señorías, con
nombres y apellidos.
Desde esta perspectiva y estos planteamientos, el Grupo Parlamentario
Vasco entiende que la iniciativa que plantea hoy en la Cámara
presenta una especial relevancia, puesto que, en primer lugar,
condena el fascismo, la dictadura franquista, y reivindica ámbitos de
libertad, de pluralidad y de democracia. En segundo lugar, apuesta
por la pluralidad, por el respeto mutuo, por la cooperación desde la
diversidad, en oposición al mundo homogéneo, esterilizante y
constreñido del pensamiento totalitario. Remite a los museos los
símbolos, emblemas y monumentos franquistas, para que las nuevas
generaciones conozcan con rigor los hechos históricos y tengan la
oportunidad de optar en democracia y libertad.
Esta es, señorías, la argumentación que sustenta la proposición no de
ley que presenta hoy en esta Cámara el Grupo Parlamentario Vasco,
instando, con nombres y apellidos, a la condena parlamentaria del
golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936, en el
convencimiento, señorías, de que gozará de la aprobación de una
amplia mayoría democrática de esta Cámara.
Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas y señores diputados, de nuevo es menester hablar de
1936 en esta Cámara. Se trata de intentar condenar el golpe fascista
de 1936, golpe contra la legalidad republicana, constituida
institucionalmente, y que sin duda representaba la voluntad popular.
Este debate, señorías, surge, en principio, a raíz de un viaje a
Méjico. Distintos representantes de esta Cámara hacemos un viaje a
Méjico, un viaje de los corrientes en las relaciones entre grupos de
amistad, por lo que tenía un destino fundamentalmente técnico,
parlamentario, en todo caso, si se quiere, basado en la llamada
diplomacia parlamentaria, pero descubre algo. Recién desembarcados en
aquel país, en aquella tierra de histórica acogida, vemos que en
1999, cuando se realiza este viaje, están celebrando, de manera
rotunda, directa y con bastantes medios el sesenta aniversario del
exilio español en aquellas tierras. Lo descubrimos al llegar allí, en
un momento en que habíamos dejado en España la celebración del V
centenario del nacimiento de Carlos V y también se había celebrado la
conmemoración de Felipe II. No conmemorábamos en España nada del
exilio, en absoluto, ni siquiera en razón de agradecer al país de
acogida, al pueblo de Méjico, el recibimiento que entonces nos dio.
Creo que todos los representantes del grupo de amistad de España con
Méjico despertamos a un problema, a una cierta indignación frente al
olvido.
La segunda razón de que se discuta en esta Cámara la presente
proposición es precisamente ésta, el olvido, la desmemoria, el
intento de reinventar, el intento de reescribir, al margen de esa
filosofía de la reconciliación que entre todos hayamos tejido en la
década de los setenta. Al margen de esa filosofía de la
reconciliación, se está desarrollando una reinvención de la historia
que nosotros no estamos dispuestos a consentir desde el silencio; el
olvido como política, la amnesia como estrategia, el olvido como
motor de un proyecto que puede empezar -ya hay señales- a mirar de
reojo a las minorías como elementos molestos e incluso
desestabilizadores. Desde ese punto de vista, nosotros rechazamos esa
especie de tentación absolutista, de tentación monopolizante, que
estamos percibiendo; nosotros tenemos una gran sensibilidad histórica
para percibir este tipo de fenómenos.
De nuevo en este momento, señorías, pensamos que hay que alzar la voz
y pedir un sitio para los demócratas, los republicanos en general,
los añorantes de la libertad, exiliados, perseguidos, ajusticiados.
¡Voluntarios por la vida, matad a la muerte!, había gritado César
Vallejo. Esta muerte era la dueña de aquel momento que ahora
criticamos y que intentamos que se apruebe
en esta Cámara a través de una condena, una muerte que se había
instalado en la vida cotidiana. Se lo decía Celaya a Miguel Labordeta
en 1951, la muerte iba dentro de cada persona y cada persona era un
muerto que andaba, no había libertad, no había posibilidad de vivir
una vida cotidiana aceptable. Pasó lo que pasó y hay que perdonarlo,
lo dice alguien de cierto partido político, pero no se puede olvidar;
no es posible el olvido, no es posible la reconciliación con la
tragedia o con la pesadilla de su repetición.
Nosotros hablamos de otro tipo de reconciliación. Desde 1956, ciertos
grupos venimos hablando de la reconciliación nacional, hace casi
cinco décadas. Venimos hablando de una reconciliación nacional
entendida como un pacto por las libertades, desde el argumento de que
la inmensa mayoría, hubiésemos estado en el lado legítimo republicano
o en el lado de los sublevados, casi todos hemos perdido la guerra;
la ha ganado un grupo de gente que ejerció de manera arrolladora la
dictadura fascista. Esos sí la ganaron, el resto no, hubiese estado
en un bando o en otro. A partir de ahí empezamos a luchar, desde 1956
-ahí está la resolución del comité central en el exilio del Partido
Comunista de España-, por la reconciliación nacional, la
reconciliación de la inmensa mayoría. A nuestro juicio -creo que lo
hemos demostrado-, la Constitución de 1978 es el punto de llegada de
esta política y de esta batalla singular, singularmente desigual.
Votamos la Constitución y la defendimos pueblo a pueblo, calle a
calle, plaza a plaza. Se aprobó la Constitución y la respetamos,
incluidos los puntos que hablan de su propia reforma. Votamos,
aprobamos y respetamos y vamos a defender la proporcionalidad que se
contiene en esa Constitución en el ámbito del respeto a las minorías
y del respeto electoral a las minorías. Por cierto, el ataque a este
principio, señoras y señores diputados, aunque fuese un acuerdo entre
los grandes partidos, supondría para nosotros la ruptura de este
pacto.
Por tanto, pedimos respeto a la memoria histórica y a esa línea
divisoria entre dictadura y democracia, por muy astillada que fuese
la etapa de ruptura o de reforma o de transición que todos vivimos y
que de una forma o de otra todos protagonizamos. Una mayoría absoluta
no puede reescribir la historia, no debe tener esta tentación. No se
puede realzar al franquismo, reescribir lo que fue el franquismo
desde la neutralidad o el restablecimiento de ciertos valores. Que
nadie pase factura de los humillados, encarcelados, perseguidos,
ajusticiados. Nadie pasa factura. Nosotros no pasamos factura. Pero
que nadie se aproveche para vindicar en un cierto pasado desde el
punto de vista del olvido y de la desmemoria e incluso del
restablecimiento de ciertos valores. Sí al perdón, pero no al olvido.
Hay que votar y reconocer la necesidad de restablecer la historia en
sus justos términos, porque si no dará la impresión de que se tiene
miedo a la libertad o a la prevalencia del poder civil. No es
aceptable, señorías, la amnesia como
estrategia política. No podemos trucar las cosas al extremo de
cambiar el espíritu de una ley, la de víctimas del terrorismo,
premiando a gente que ha dado su vida por la legitimidad democrática
y, sin embargo, le damos la Gran Cruz al Mérito Civil a gente que ha
torturado, que no ha sido demócrata y que ha seguido con obediencia
hasta el final, hasta torturar a gente que está viva, defendiendo las
ideas franquistas, nunca la democracia, nunca la construcción de la
libertad. Es una auténtica provocación contra la ley. Que se lea el
preámbulo de la ley y que se establezca una relación con lo que
discutimos para conseguir ese consenso. En absoluto se pensaba que
podía haber una medalla para Melitón Manzanas. No era ése el
espíritu. Había que premiar a los constructores de la libertad, a los
constructores de la democracia y no al señor Melitón Manzanas.
Nosotros hemos presentado una proposición no de ley para que se
retire esta condecoración que no se corresponde ni con el espíritu de
la ley ni con lo que se discutió ni con lo que necesita en estos
momentos este país.
Pero hay otros signos que anuncian la reinvención, la reconstrucción,
la amnesia y el olvido como estrategia política. No se puede hacer un
parangón o poner al mismo nivel la ley de reforma política y la
Constitución. No se puede hablar de Carrero Blanco de cara a la
posibilidad de la concesión de otra Gran Cruz al Mérito Civil. No se
puede hacer del olvido y de la desmemoria el programa nuclear número
uno de los medios de comunicación públicos. No se puede hacer del
olvido de los exiliados algo que no pasó. Sí pasó y lo estaban
celebrando en Méjico de manera rotunda, clara, alegre, festiva,
mientras aquí celebrábamos el V centenario de Carlos V. No se pueden
seguir considerando, cuando en otros países se les da medallas al
mérito civil por su lucha por la democracia y se les tiene como
héroes nacionales y figuran todavía en los archivos de la policía,
los guerrilleros como malhechores. No se puede seguir con esta serie
de cuestiones que nosotros pedimos que este Parlamento restablezca.
No se puede abonar de nuevo el olvido de ex presos y represaliados.
Yo conozco a los dos personajes que han escrito esa carta que aquí ha
sido leída por un diputado. Efectivamente, ellos no han pedido nunca
nada, no han pasado factura, apenas han recibido dinero, muy poco, de
esta situación, pero lo que no comprenden es la condecoración que se
acaba de conceder.
Por tanto, señorías, creemos que el voto de esta resolución, que
tiene un guarismo: 1936, es un voto concreto. No vale elevarse a la
estratosfera, no vale hablar, para intentar la explicación de 1936,
de querellas seculares de este país; es una cosa muy concreta,
situada en un momento concreto de la historia concreta de este país.
A raíz de esta proposición, que nosotros consideramos justa, hemos
propuesto dos enmiendas para que no quepan dudas de ningún tipo. La
primera, para corregir lo que creemos un error semántico: el concepto
de pensamiento
único se ha acuñado ya para explicar ciertos fenómenos de la
globalización; por tanto, pensamos que es mejor poner pensamiento
franquista o, si se quiere, pensamiento totalitario. La segunda
enmienda se refiere a ETA y a su necesaria condena. Presentamos una
proposición no de ley parecida en sus términos a ésta, y voy a leer
el punto cuarto de nuestra proposición no de ley en Euskadi. Decía lo
siguiente: El Congreso de los Diputados condena, una vez más, el
terrorismo de ETA y declara que sólo desde una concepción totalitaria
y fascista puede practicarse el asesinato y la coacción terrorista,
despreciando así el deseo mayoritario de una sociedad que desea poder
convivir en paz, respetando los derechos fundamentales de todas las
personas y trabajando en pro de una profundización en la democracia y
el régimen de libertades.
Esperemos que todos los argumentos estén dados. Esperemos,
consecuentemente, que esta Cámara pueda votar por unanimidad esta
proposición no de ley si se aceptan una serie de enmiendas que
completan el sentido del texto primitivo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señora presidenta, señorías, el Grupo
Socialista es consciente de que, seguramente, al presentar esta
proposición no de ley, las intenciones del PNV no son sólo las que ha
expresado aquí su portavoz; quizá pueda tener la intención de meter
el dedo en el ojo a alguien. Pero los juicios de intenciones no
sirven para mucho y, desde luego, el texto es relevante desde el
punto de vista político y desde el punto de vista moral.
Se trata de condenar el horror que representa el hecho de que
aquéllos a quienes la sociedad ha entregado las armas para la defensa
común se alcen en ellas y destruyan la democracia, se queden con el
poder totalitariamente, perpetrando el espolio, la traición y
acabando con las libertades, sin las cuales no se puede hablar ni de
paz ni de convivencia. (Aplausos.)
Paz, piedad y perdón, cita la enmienda del Partido Popular; la famosa
frase de Azaña. Eso -la paz, la piedad y el perdón- quiso traer la
amnistía que esta Cámara dictó en su momento. Pero algunos, quizá
demasiados, interpretaron la amnistía como la amnesia colectiva, y no
es lo mismo; la amnesia es una enfermedad. (Aplausos.-Varios señores
diputados: ¡Muy bien!) Hay que preguntarse por qué tantas negativas a
mirar hacia atrás, hacia el atrás reciente, en ese machacón discurso
de pretender colocar al general Franco a laaltura geológica de
Indíbil y Mandonio; pues no es
correcto. Además, junto a ese discurso, se cuela de rondón un
pensamiento inmoral como es la pretensión de que la dictadura trajo
la democracia de forma natural, como llega la primavera después del
invierno; y eso no es correcto y es inmoral. Estamos ante algo más
que una mentira histórica, estamos ante un discurso desmoralizador,
pues el expolio de los derechos civiles, la persecución, la tortura,
la cárcel y la muerte de los discrepantes son la expresión brutal,
antes que otra cosa, de una enorme inmoralidad, y la democracia no es
la continuación natural de esa inmoralidad; hay entre la dictadura y
la democracia un corte radical, un salto cualitativo en la política,
pero también en la moral colectiva.
Por eso es conveniente que el Congreso, cualesquiera que sean las
intenciones de los proponentes, apruebe esta proposición, para que no
queden dudas ni silencios ni ambigüedades acerca de un régimen bajo
el que muchos tuvimos que vivir: unos con comodidad, hay que decirlo,
otros con gran incomodidad, incluso algunos, y no pocos, allá donde,
como diría Cervantes, toda incomodidad tiene su asiento, que es la
cárcel. Muchísima gente durmiendo durante una buena parte de su vida
esperando que llamaran de madrugada a la puerta y no fuera
precisamente el lechero. Y todos, los cómodos y los incómodos,
privados del derecho a la palabra, a sindicarse, a manifestarse, a
pertenecer a un partido, etcétera. Creo que no debieran quedar dudas
de que hoy todos condenamos aquella dictadura.
Con su permiso, señora presidenta, me dirigiré a las señoras y
señores del Partido Popular. Creo que les hace un mal servicio, a
ustedes y al conjunto de la representación política, que se les pueda
interpretar lo que hoy voten aquí como una ambigüedad -fíjense que no
digo que yo lo interprete, sino que se les pueda interpretar como una
ambigüedad-, deben salir de esa ambigüedad y votar a favor de esta
elemental condena.
La segunda parte de la proposición, que me parece bastante relevante,
muestra que España sigue siendo un país diferente; como decía aquella
publicidad machacona de hace algunos años -y qué razón tenía quien lo
inventó-, España era diferente, pero en algunas cosas sigue siendo
diferente. ¿Alguien ha visto en Alemania estatuas de Hitler? ¿Alguien
ha visto en Italia estatuas de Mussolini? ¿En Rusia hay estatuas de
Stalin? ¿En Portugal las hay de Salazar? ¿Por qué en España seguimos
homenajeando al dictador y a sus cómplices con estatuas en piedra o
en bronce, con vías públicas a su nombre, con lápidas conmemorativas?
Esta España, que sigue siendo curiosa y diferente, en una ciudad, que
es la capital de la nación, tiene también -no sé si lo saben ustedes-
una calle dedicada al jefe del fascismo francés. No sé cómo la
República francesa no ha protestado, quizá porque al ponerle el
nombre lo castellanizaron, que era lo que había que hacer en la
época, y en lugar de llamarse Charles Maurras, se llama
aquí Carlos Maurrás, pero es el mismo. Y esto creo que forma parte de
la no normalización.
Tuve ocasión en su momento de discutir sobre el cambio de calles,
como ustedes saben, cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid.
En Madrid, el general Franco y sus amigos les quitaron las calles a
todos los militares liberales -también hay que decir que a algún
liberal se la han quitado en Bilbao y no precisamente Franco- y hubo
que reponérselas, pero la gran discusión era si la Castellana seguía
o no llamándose avenida del Generalísimo. Han pasado desde ese
momento, desgraciadamente diré, veintidós años. Creo que ha llegado
el momento, de verdad, de encomendar a las autoridades, tanto
municipales, autonómicas como del Estado, que por fin nos
normalicemos, sin ir muy lejos, con Italia o Alemania, y no sigamos
contemplando, erguido en su caballo de bronce, al general Franco -por
cierto, que es la misma estatua repetida, clonada en varias
ciudades-, que no tiene de verdad ningún sentido, porque si es
arqueología histórica -y ese argumento se ha usado-, váyase con esas
estatuas al museo, pero si es -y lo es- un homenaje, representa un
insulto para todas las víctimas de aquella dictadura, que en el fondo
fuimos todos, los cómodos y los incómodos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Leguina.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que empiece agradeciendo a los portavoces que me
han precedido el tono y la moderación de sus intervenciones. Y
permítanme que señale que, como decimos en la exposición de motivos
de nuestra enmienda, que es la que me toca defender, la discusión
sobre el pasado de España puede constituir a veces -y constituye, sin
duda, en muchas ocasiones- un ejercicio político útil, sobre todo
cuando se busca promover los valores más positivos sobre los que se
fundamenta nuestra convivencia o como modo de afirmar los principios
sobre los que se construyó y se sigue construyendo nuestro proyecto
histórico.
Estoy convencido de que la gran mayoría de los miembros de esta
Cámara coincidirán conmigo en que nuestro hecho fundacional, en que
nuestro momento de legitimidad histórica no es el 18 de julio de 1936
y en que tampoco es el mejor momento de nuestra historia nacional.
Estoy convencido también de que ustedes estarán de acuerdo conmigo en
que nuestro momento fundacional y uno de los mejores momentos de
nuestra historia es la Constitución de 1978; a ella me reclamo y de
ella se reclama mi grupo. Por eso, hemos evitado
siempre -queremos evitarlo ahora y lo evitamos hace unos meses en un
debate similar en la Comisión de Asuntos Exteriores- resucitar viejas
querellas, andar antiguas trincheras o emitir juicios históricos con
consecuencia política. Tengo que decir que la reivindicación que
nosotros hicimos de la reconciliación nacional, de la transición, de
los debates constitucionales, del texto constitucional y de todo lo
que hemos hecho desde entonces, fue sin duda una de las razones por
las que mi partido obtuvo un magnífico resultado electoral que sin
duda ustedes conocen.
La España democrática de hoy no se reconoce -ni la inmensa mayoría de
esta Cámara se reconoce- en las actitudes sectarias y fratricidas de
los años treinta, de aquellos dirigentes políticos que prefirieron la
violencia y la guerra a la concordia y al respeto a las reglas
democráticas. Creo que todos hemos entendido las palabras de Manuel
Azaña cuando hablaba del mensaje de la patria eterna que le dice a
todos sus hijos: paz, piedad, perdón. No sólo eso, los ciudadanos han
condenado una y otra vez electoralmente a quienes han pretendido
inaugurar su campaña electoral con este tipo de actitudes, con este
tipo de lenguajes.
Conviene recordar que esta enorme evolución, esta asunción
intensísima de los valores y principios democráticos que ha hecho la
sociedad española, esta voluntad del pueblo español de refutar su
peor fracaso histórico, que es la guerra civil de 1936 a 1939 y la
dictadura que siguió, de vivir en libertad al amparo de las normas
que nos dimos en el período constitucional y que están encarnadas en
la Constitución de 1978, sigue siendo brutalmente ignorada y agredida
por quienes sirven a un proyecto excluyente y totalitario, que sí es
expresión neta de un pensamiento único liberticida y que es hoy el
terrorismo de ETA. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Al grano!) Y por
eso es importante recordar que la amenaza terrorista etarra es hoy el
único anacronismo, el peor vestigio (Un señor diputado: ¡Al tema!) en
el que se reconocen e identifican los fantasmas totalitarios del
pasado que los españoles decidieron enterrar muy hondo hace 25 años.
Señorías, podemos hacer una consideración política y decidir que el
asunto que trae hoy el Partido Nacionalista Vasco es un tema de
intensa actualidad, que los españoles realmente quieren que hablemos
de la guerra civil. Quizás incluso podríamos hacer un debate -no sé
si éste es el lugar más indicado- sobre el callejero o sobre el
nomenclátor de las calles de las ciudades españolas, pero creo que a
los españoles les importa mucho más que el callejero la lucha
callejera de ETA y sus acólitos y el terrorismo callejero.
(Aplausos.) Creo que ofende mucho más la conciencia cívica y
democrática de nuestro país que, sin duda...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Robles.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que continúe el debate de
la misma manera que se ha permitido con los anteriores intervinientes
y que espero se permita con los posteriores.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias por su amparo, señora presidenta.
Hablando de iniciativas en el Parlamento vasco, mi grupo ha
presentado una enmienda a esa proposición no de ley y creo que es una
obscenidad que se tolere que en las plazas y calles del País Vasco se
paseen las hachas y las serpientes de ETAy los retratos de los
asesinos de ETA; señorías, eso sí que es una obscenidad. (Aplausos.)
Pero, sin trasladar de esta Cámara a otra los debates, espero que
permitan que lea el tenor de nuestra enmienda, que tiene un carácter
comprensivo de todo lo que estoy tratando de expresar, sin duda,
torpemente: El Congreso de los Diputados condena todas las dictaduras
y regímenes autoritarios y totalitarios del pasado y del presente,
que son contrarios a los derechos fundamentales de la persona y sus
libertades y que fomentan la persecución de sus opositores, así como
todos los intentos de destruir, subvertir o derrocar el orden
democrático o la convivencia ciudadana y de provocar enfrentamientos
civiles y cualquier otro tipo de fanatismos. Recuerda el éxito
histórico de nuestra transición a la democracia, expresamente fundada
en la voluntad de reconciliación y en la superación de las querellas
seculares que provocaron la ruptura de nuestra convivencia en 1936.
Reafirma su voluntad de rechazar y derrotar cualquier intento de
destruir nuestra libertad y nuestra democracia y expresa su
convicción de que el terrorismo de ETA es la única amenaza en la que
hoy se reconocen los peores vestigios totalitarios de nuestro pasado
y que, como ellos, también será vencida.
Señorías, podemos tratar de buscar sentidos políticos a las
intervenciones que aquí se han producido, sin duda todas respetables,
y también podemos buscar sentido político a esta iniciativa del PNV,
con la que gasta su pólvora parlamentaria durante muchas semanas,
luego debe ser realmente una iniciativa importante. A mí, y coincido
con el portavoz socialista, esto me huele a elecciones anticipadas en
el País Vasco, porque si el PNV trae este asunto a la Cámara, si se
acuerda de este asunto, evidentemente es porque se acercan esas
elecciones y, una vez más, para ocultar con una hermosa cortina de
humo parlamentaria sus vergüenzas políticas, se trae este asunto a
esta Cámara.
Como muy bien dijo, señaló e interpretó esta iniciativa el señor
Anasagasti, si se pronuncian sobre ella entonces podremos criticar
que el PNV está entre los firmantes, con Herri Batasuna, del Pacto de
Lizarra. Creo que esto es sencillamente una desfachatez, porque ¿qué
hay hoy en la democracia española que la amenaza? ¿Qué pensamiento
único liberticida hay en nuestro país que ponga en duda la
reconciliación, la transición y los valores y principios de nuestra
Constitución?
Además del terrorismo de ETA, estamos ante un hecho político
que sí es competencia también de esta Cámara, y que es la voluntad
del Partido Nacionalista Vasco de renegar de su participación en el
proceso constitucional y estatutario y emprender un camino
soberanista que lleva precisamente a la destrucción de todo lo que
hemos hecho desde 1975. Esa insistencia en el pensamiento único, pues
así figura en el texto de la propuesta del Partido Nacionalista
Vasco, al final lo que hace es afirmar el suyo originario, de base
racista, excluyente y xenófoba y negar el común -eso va también con
el Grupo Socialista y con la mayoría de los grupos de esta Cámara-,
negar las ideas, valores y principios democráticos que han triunfado
en España y en Europa afortunadamente. El sentido de este debate
desde nuestro punto de vista es elegir entre la ciudadanía y la
tribu. Nosotros en 1978 elegimos la ciudadanía y todo lo que eso
conlleva y, por desgracia, el grupo proponente ha vuelto a la tribu.
Terminaré porque creo que este debate ha dado ya bastante de sí.
Hemos hecho una amplia y generosa oferta de consenso, que para
merecer ese nombre necesita del concurso de la mayoría de esta Cámara
que representa el Grupo Popular. Hemos hecho todo tipo de propuestas,
entre las cuales está nuestra propuesta de enmienda. Señorías, hasta
ahora lo que está claro es que el grupo proponente ha contado con
quien ha querido contar, pero desde luego no con la mayoría de esta
Cámara y, por lo tanto, esta no es una propuesta de consenso, sino
que es una propuesta que lo que trata es de dividir a los demócratas
y no unirlos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado dos enmiendas, por parte
del señor Rodríguez y la señora Lasagabaster. En primer lugar, el
señor Rodríguez y después la señora Lasagabaster, para compartir el
tiempo correspondiente.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición no de ley
presentada por el Partido Nacionalista Vasco, tal como queda en su
formulación transaccional, y lo hacemos por tres motivos: el primero,
porque somos una fuerza política que está convencida de que el pasado
reciente de la historia del Estado español, concretamente el
alzamiento fascista de 1936, es un caso ejemplar de subversión desde
dentro del propio Estado que provocó violencia militarista,
confrontación social, asesinatos, destierro y exilio. Además,
pensamos que tuvo una incidencia práctica y real en el comportamiento
social de los ciudadanos del Estado español durante más de 40 años de
dictadura. En segundo lugar, lo hacemos porque acreditamos que el
régimen democrático es específica y cualitativamente distinto a los
regímenes fascistas y totalitarios, y pensamos que sus símbolos y
emblemas significan el resto de la subversión contra el Estado de
derecho, los restos de terror para la población y símbolos
totalitarios que deben ser considerados no una curiosidad de la
democracia, sino elementos refractarios y hostiles al régimen
democrático. Sería peligrosísimo que considerásemos que son lógicas
corrientes dentro de la evolución democrática, en algún momento
peligroso para alguna clase dirigente. Y les voy a poner un ejemplo
sustanciado... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rodríguez. (Pausa.)
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Un ejemplo sustancial que nos afecta a los ciudadanos de Ferrol,
ciudad en la que nació el general Franco aunque no ejerciese nunca de
gallego. Primero, definitivamente, después de 23 de años, con el
nuevo gobierno municipal, con alcalde nacionalista, va a ser retirada
la estatuta ecuestre del general Franco que señoreaba la entrada de
nuestra ciudad, y no por un afán revanchista, sino porque somos
conscientes de que hay que respetar el régimen democrático, sin
sombras amenazantes de ningún tipo. Segundo, porque queremos respetar
a toda la población, especialmente a los que fueron torturados, a los
que fueron asesinados y perseguidos para poder vivir libres de todo
tipo de pesadilla amenazante. Tercero, porque no juzgamos al general
Franco por sus ideas, sino por el papel activo, condicionante y
fundamental que tuvo en la violencia de la guerra civil y, por lo
tanto, porque se trata no de un testimonio histórico, sino de alguien
que tiene una responsabilidad gravísima en los acontecimientos que
fueron luctuosos para gran parte de la población.
Por último, hemos presentado una enmienda al punto 3, que vemos
recogida, por lo menos en su filosofía, en la enmienda transaccional,
que llama la atención de la sociedad del Estado español a favor del
diálogo, del respeto por el pluralismo político ideológico y del
respeto por las instituciones democráticas, que debe ser ejemplar en
un Estado de derecho y la única garantía de que no se vuelva a
repetir ningún tipo de violencia terrorista desde las instituciones.
Para nosotros la violencia terrorista fuera de las instituciones por
grupos armados es condenable, persiguible por las leyes y en eso
estamos como el que más, pero hoy fundamentalmente queremos hacer
hincapié en los peligros que acechan al Estado de derecho si no se
respetan escrupulosamente las reglas de juego como algo vital.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Se nos presenta en esta Cámara un debate y la solicitud de una
votación favorable, en concreto, a la condena expresa por el
alzamiento militar perpetrado el 18 de julio de 1936 por el general
Franco. Es curioso (es la primera vez, aunque no sé si llegará a ser,
en función de lo que voten algunos) que esta Cámara, 65 años después
de un alzamiento militar, no consiga o no llegue mayoritariamente a
condenar un alzamiento que supuso en muchos y para mucha gente la
vulneración de sus derechos humanos.
Veinticinco años después del fallecimiento de Franco, qué curioso,
algunos todavía no pueden hablar de la palabra condena. Quisiera
decir a algunos portavoces -y pasaré a posteriori a explicar el
sentido de mi enmiendo- que no se oculten bajo las filigranas de
tratar de ir contra otros pensamientos legítimos, pacíficos
y democráticos, que expliquen por qué no quieren condenar la dictadura
de Franco, que expliquen por qué quieren olvidarse de esa dictadura,
pero que, en ningún caso, utilicen argumentos injustos y falsos para
ir contra otros pensamientos como el nacionalista vasco, que siempre
ha sido, desde luego, pacífico y democrático, cosa que otros no
pueden decir. Yo creo, como dice el refrán, que ofende quien puede,
no quien quiere, y alguno lo tendría que oír bien y bien alto.
Lo que pretendemos desde Eulko Alkartasuna con esta enmienda es
buscar a aquellas personas, recoger sus testimonios, reparar y
considerar lo que fue un drama y un sufrimiento para ellos. Lo
hicimos exactamente igual con todas las víctimas a raíz de la
proposición de ley de solidaridad con las víctimas. Lo dijimos en su
momento y lo repetimos: las víctimas no tienen color ni se
diferencian unas de otras, padecen el mismo sufrimiento y merecen que
sean reconocidas de la misma manera por todos nosotros. Creemos en
este sentido que determinadas actitudes y acciones, curiosamente,
determinan que se olvide o pretenda olvidarse a mucha gente que en la
dictadura de Franco y por la Administración que en esos momentos
existía le fueron vulnerados sus derechos humanos.
En el debate de esa ley dijimos que había un compromiso que algunos
pretenden no cumplir para reconsiderar, reconocer, reparar moral,
social e incluso económicamente a aquellos cuyos derechos humanos
también fueron vulnerados. Eusko Alkartasuna no hace ninguna
diferencia entre las víctimas que padecen esa vulneración y creo que
esta Cámara no debiera hacerla. Consideramos que actuaciones como la
condecoración del señor Manzanas son un insulto para aquellas
personas que sufrieron torturas, privación de libertad en algunos
casos, por esa misma persona a la que se condecora.
Nosotros -vuelvo a decirlo- nos comprometemos con todas las
víctimas y condenamos todas las acciones que no respetan los derechos
humanos. Quienes no lo hacen así, que expliquen por qué, pero que no
ataquen a los demás.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster. ¿Grupos
que desean fijar posición? (Pausa.)
De manera muy breve, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy asistimos a un acto de coherencia
por parte del Grupo Popular, como fue coherente el señor Fungairiño
cuando quería recurrir el auto de procesamiento del señor Pinochet,
cuando decía que, en Chile, el ejército y la extrema derecha se
levantaron contra la democracia para defender el orden social. Era
coherente el señor Fungairiño y son coherentes hoy los señores del
Partido Popular. Son coherentes con lo que piensan, con la historia
reciente; en definitiva, es la defensa del franquismo, una defensa
que podemos ver aquí. Se hace una maniobra de distracción, pero es un
acto de coherencia por parte del Partido Popular.
Termino. Decía un filósofo catalán, Josep Ramoneda, que existía un
franquismo sociológico que hoy preside la sociedad en ayuntamientos,
consejos de administración de bancos, de grupos públicos o que lo
fueron en su momento, y que hoy aún reinan en la ideología dominante
de muchos medios de comunicación. Un pensador católico catalanista
dijo que había también un franquismo cultural. El franquismo cultural
se basa en el olvido y, gracias al olvido, hoy se puede reescribir la
historia y hoy vemos a algunos pseudo intelectuales negando el
intento de genocidio al pueblo catalán, a la cultura catalana, vasca
o gallega. Esta es la realidad y la condena al franquismo, como se
hizo en Alemania o en Italia, es un hecho necesario en el Estado
español. Sin condena al franquismo y sin un proceso claro de
desfranquización -ya avanzo que nuestro grupo va a presentar una
proposición de ley de desfranquización del Estado- no podremos hablar
en términos reales de democracia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
A mí, como portavoz andalucista, me parece increíble que en esta
Cámara, en el año 2001, no seamoscapaces de rechazar contundentemente
el alzamiento
militar del año 1936 y, por tanto, la violencia y el pensamiento
totalitario, y no seamos capaces de transmitir a la sociedad que hoy
el rechazo a ese pensamiento es también, clara y contundentemente, el
rechazo al terrorismo de ETA. Mal ejemplo damos a la sociedad si esta
enmienda que estoy escuchando -todas son asumibles-, por no llegar
arriba o abajo, no somos capaces de consensuarla. Somos una
generación de personas hijas de las que sufrieron la guerra. Casi
todos tenemos experiencia en nuestras carnes de lo que sufrieron
nuestros padres y abuelos. Tengo antecedentes de un lado y de otro.
De fallecidos en un lado y de fallecidos en campos de concentración
nazi. Hoy día, no saber aquí rechazar el alzamiento militar, rechazar
lo que conllevaba de pensamiento único, gritar por la libertad,
gritar por la libertad de expresión y condenar unánimemente a ETA, me
parece que es un fracaso de esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro
grupo parlamentario se introduce en este debate sabiendo, o al menos
entendiendo, que debatir sobre el pasado sólo tiene utilidad cuando
se produce buscando su superación, sacando lecciones de utilidad
futura, llevando a la ciudadanía a confiar plenamente en los valores
inherentes a toda democracia, que descansa precisamente en el respeto
a la opinión del otro. Sabiendo además que somos herederos -al menos
nuestro grupo así se considera- de aquellos diputados y senadores que
en el trayecto de 1977 a 1978 supieron curar una herida histórica
desde la generosidad y nos legaron un texto jurídico, la Constitución
vigente, en el que se explicitan las reglas para construir
esperanzadamente el futuro desde la reconciliación. Y sabiendo además
que los acontecimientos históricos no deben ser olvidados, claro que
no, pero sí deben ser superados. Hay que rescatar la esperanza de la
fatalidad que ha acompañado durante muchos decenios a este país y hay
que crear futuro sembrando la ambición de ir a más.
La propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
tiene un contenido indudablemente ético y moral. Nosotros lo
compartimos. El alzamiento militar del 18 de julio de 1936 rompe el
principio de obediencia militar al poder civil legalmente
constituido, destruye un Estado organizado mediante una Constitución
receptora de derechos que hoy se encuentran en cualquier catálogo
respetuoso con la concepción del ser humano y, sobre todo, abre una
sangrienta página cuyas secuelas -algunas- todavía perduran
lamentablemente. Pero no es menos cierto que nuestra inequívoca
condena al golpe militar y a la dictadura que la
siguió debe ser compatible -y creo que así es- con la voluntad de
alzar la mirada y trazar rumbos de concordia, entendimiento,
consenso, acuerdo y, ¿por qué no?, definitiva reconciliación.
Condenar el llamado alzamiento nacional, sí; oponerse al
reconocimiento institucional de Militón Manzanas, también; ser
esclavos del retrovisor, nunca, jamás. Entre otras cosas, porque
llevar un país hacia nuevas metas de prosperidad no se puede hacer,
no se hace nunca, con anclajes históricos, sino ofreciendo ilusión y
convenciendo a la gente de que es posible avanzar juntos, incluso
desde la discrepancia.
Nuestro grupo parlamentario dispone en esta Cámara de una trayectoria
que al menos para este portavoz es nítida al servicio de nuevos
escenarios. Nuestra apuesta por la modernización del Estado y nuestro
apoyo a la gobernabilidad y a la estabilidad, nuestro papel en la
incrustación europea del país, nuestra participación en la creación
de un marco legal favorable a la economía productiva y, si se me
permite, nuestra inequívoca actitud de respeto hacia posiciones
distintas, distantes incluso, opuestas a veces, y nuestra voluntad de
encontrar espacios comunes y lugares de encuentro, todo ello, señora
presidenta, señorías, dice que ni miramos hacia atrás con ira ni
somos tampoco prisioneros de la historia. Por el contrario, tenemos
la pretensión de seguir colaborando en la construcción del mañana;
hemos apostado para que España no siguiera en la intemperie, donde la
hallamos en 1977, en la intemperie. Para que la sociedad se
fortaleciera, para que el humanismo guiara los pasos del Legislativo
y del propio Ejecutivo, en esa línea venimos trabajando y en esa
línea vamos a trabajar en el futuro, siempre -y a ustedes les debe
constar- con ánimo constructivo. Vamos a condenar hoy con nuestro
voto unos hechos, cierto; vamos a hacerlo por pudor histórico y por
convicción democrática; lo haremos porque el alzamiento militar
supuso ruptura legal, ruptura moral, ruptura ética, ruptura social y
ruptura histórica.
También vamos a hacerlo -al menos esa es nuestra intención- con
vocación de cerrar nuevamente la puerta, aquella que se cerró con
generosidad en el trayecto histórico, repito, de 1977 a 1978, con la
aprobación de la Constitución. Y vamos a hacerlo con la esperanza de
no volver a debatir algo que la realidad de hoy tiene ciertamente
condenado a través de las elecciones, a través de nuestra propia
presencia aquí: el golpe militar del 18 de julio. Pasemos página, por
favor, porque a nosotros nos preocupa más el futuro que el pasado y
siempre nos va a preocupar muchísimo más el mañana que el ayer. Las
nuevas generaciones, señorías, sólo piensan en mañana, en pasado
mañana, en los próximos años, en su futuro personal, en su futuro
colectivo, y yo digo: afortunadamente. Dejarles ese mañana bien
construido, ese mañana mejor trabado para que sigan haciendo ellos
mismos, las nuevas generaciones, su futuro, es nuestra gran
obligación hoy. Todo lo demás,
hurgar en un pasado de confrontación, en un pasado repleto de odio,
lleno de destrucción. todo eso hoy sobra porque afortunadamente la
concordia lo colocó -y debemos hacerlo permanente- en su sitio con el
deseo de que nunca más volviéramos sobre esos pasos, quizás sobre
nuestros propios pasos históricos.
Nada más, señora presidenta, señorías. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Señor González de Txabarri, a los efectos de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas coincidentes
con la iniciativa original presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) han redactado una enmienda transaccional -que este
grupo parlamentario ha puesto a disposición de la Mesa para ordenar
el debate y la consiguiente votación- en forma de cuatro puntos. En
el primero se condena el golpe de Estado perpetrado el 18 de julio de
1936 en contra de la II República y se lamenta profundamente el
enfrentamiento incivil que aquél provocó; se dice que las
consecuencias sufridas han de servir para enseñar a los españoles que
la vía para resolver los conflictos propios de cualquier sociedad
nunca puede estar en la violencia sino en el diálogo, el
entendimiento y la paz, recogiendo así la primera enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
En el punto segundo se dice que el Congreso de los Diputados
encomienda a las autoridades respectivas que procedan a la retirada
de todos los emblemas o símbolos que hagan referencia en edificios o
vías públicas a la dictadura franquista, cambiándose del texto
original el verbo «insta» por «encomienda», recogiéndose de este modo
la segunda enmienda que planteaba el Grupo Parlamentario Socialista.
El tercer punto dice que el Congreso de los Diputados rechaza todo
intento de fomentar en la sociedad el llamado pensamiento franquista,
y en general todo pensamiento totalitario, por entender que nos
retrotraen a épocas pasadas en las que no se reconocía ni admitía la
pluralidad ni la libertad de ideología, cambiándose la frase
«pensamiento único» de la iniciativa original por «pensamiento
franquista», como plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
adornado por «pensamiento totalitario» recogido en otras enmiendas
como la presentada por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Se añade un cuarto punto indicando que el Congreso de los Diputados
condena una vez más el terrorismo de ETA y declara que sólo desde una
concepción totalitaria y fascista pueden practicarse el asesinato y
la coacción terrorista, despreciando así el deseo mayoritario
de una sociedad que desea poder convivir en paz, respetando los
derechos fundamentales de todas las personas y trabajando en pro de
una profundización de la democracia y del régimen de libertades,
recogiéndose así la enmienda número dos presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Este es, señora presidenta, el texto de la enmienda transaccional que
en el conjunto de enmiendas presentadas por los distintos grupos, y
siempre de aquellos grupos que han presentado una iniciativa
coincidente en su orientación y en su contenido con la iniciativa
original presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), da
pie para el consenso y para la redacción, difícilmente se puede...
La señora PRESIDENTA: Señor González de Txabarri, usted sabe que este
trámite es únicamente para expresar la aceptación o el rechazo. Se ha
concluido con una enmienda transaccional y era lógico que usted diera
lectura a la misma, pero no tiene la palabra para reabrir el debate.
El texto que se somete a votación ha quedado perfectamente claro.
Muchas gracias, señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señora presidenta, he indicado
las enmiendas que son objeto de aceptación y me falta manifestar el
rechazo a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, ya que, en nuestra opinión, por elevación y condena genérica
intenta condenar todos...
La señora PRESIDENTA: Señor González de Txabarri, lo que intentaba
era que no siguiera argumentando de acuerdo con el Reglamento y la
práctica parlamentaria.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Intento decirle...
La señora PRESIDENTA: Únicamente le faltaba manifestar su rechazo y
ya lo ha hecho, señor González de Txabarri.
Muchas gracias.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), sobre condena del alzamiento militar del 18 de julio de
1936, con el contenido que ha sido puesto de manifiesto por la
enmienda transaccional leída por el señor González de Txabarri, con
la cual entiendo que los grupos enmendantes están conformes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 151; en contra, 164;abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POLULAR EN EL CONGRESO,
RELATIVAALACONVOCATORIA DE UNA CONFERENCIA SECTORIAL MONOGRÁFICA
SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL PARA PROMOVER UN
PROGRAMA NACIONAL DE GUARDERÍAS Y ESCUELAS INFANTILES, EN
COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y MUNICIPIOS. (Número de
expediente 162/000221.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la convocatoria de una conferencia
sectorial monográfica sobre conciliación de la vida familiar y
laboral para promover un programa nacional de guarderías y escuelas
infantiles en colaboración con las comunidades autónomas y
municipios.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra la señora Estarás.
(Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en
silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, es imposible continuar con el debate con este murmullo que
hay en la Cámara. Ruego a SS.SS. ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo en silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco aquí para defender, en nombre del Grupo Popular,
una proposición no de ley que tiene como objeto conciliar la vida
familiar y laboral y acometer, entre otros muchísimos aspectos, lo
que es un futuro plan nacional de guarderías. Como saben ustedes,
durante los últimos 20 años, el empleo femenino en la Unión Europea
ha pasado de 46 millones a 61 millones de trabajadoras, mientras que
el número de empleados varones ha permanecido estable en 86 millones.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) La
sociedad española ha experimentado en el último cuarto de siglo un
profundo cambio, que atañe precisamente a las formas de participación
social de las mujeres. Entre el año 1984 y 1994 la participación
laboral femenina en las edades centrales cambió de tal forma que el
proceso de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo pasó de
ser más o menos paulatino a tener un trazo radicalmente distinto.
Así, las mujeres activas entre 25 y 29 años en el año 1984
representaban un 52 por ciento, mientras que en el año 1999 este
porcentaje era de un 75 por ciento. En la franja de mujeres entre 30
y 34 años las activas representaban en el año 1984 un 39 por ciento y
en el año 1999 un 68 por ciento. Todo ello va estrictamente
relacionado con el mayor nivel formativo de las mujeres en los
últimos 30 años, cuyos efectos se han dejado ver en el mercado de
trabajo. Por tanto, se ha producido una incorporación progresiva y
creciente de la población femenina a este mercado laboral cada vez
con mayores cualificaciones y niveles formativos, pero siguen siendo,
sin ninguna duda, las mujeres quienes se ocupan de las tareas
domésticas y de las responsabilidades familiares, bien como actividad
exclusiva, bien como extensión de la jornada laboral extradoméstica.
La difícil conciliación entre la vida familiar y laboral, entre otros
factores, ha originado el retraso de la maternidad y su continuada
reducción. En el ciclo vital de las mujeres hay una coincidencia
temporal entre el periodo de maternidad y la crianza de los hijos y
la integración y la consolidación laboral; la falta de adecuación del
trabajo a esta realidad ha originado que muchas veces las mujeres
tomen decisiones, como tener sólo un hijo, decisiones incluso de no
tenerlo y, aunque en menor medida, la interrupción de su trabajo, de
su carrera laboral. Así, en el año 1999 el número medio de hijos en
España se estimaba en 1,07 hijos por mujer, el más bajo entre todos
los grandes países de la Unión Europea. Por otra parte, son muchas
las mujeres que generalmente se responsabilizan de la prestación de
cuidados a familiares enfermos y ancianos, lo que supone también una
fuerte limitación de sus posibilidades en el sistema productivo al
ser una tarea muy intensa en trabajo y en tiempo durante largos
periodos. Así pues, la doble jornada que realizaban en el año 1999
tres millones de mujeres tiene repercusiones negativas derivadas de
la dificultad de compaginar y compatibilizar un trabajo remunerado
con el trabajo doméstico y la situación de sobrecarga que ello
conlleva. No cabe duda de que la incorporación femenina al mercado
laboral no ha implicado una reorganización de las tareas domésticas
en función de su reparto más equitativo y equilibrado entre hombres y
mujeres. Siguen recayendo con muchísima frecuencia en las mujeres y,
si bien se ha producido un incremento de la participación masculina,
esta es en términos no de colaboración sino muy minoritarios. Las
responsabilidades familiares, y específicamente la maternidad,
constituyen en algunos casos un obstáculo para la integración y la
permanencia de las mujeres en el mundo laboral. Este sería uno de los
factores que explicarían la continuada caída de la tasa de fecundidad
en España desde el año 1976. Precisamente, de los análisis de la
fertilidad de las mujeres entre los 20 y los 44 años se deduce que
las mujeres que no están integradas en el mercado laboral tienen
mayor porcentaje de hijos que aquellas que sí lo están.
Concretamente, en el año 1997 hubo 72 nacimientos por 1.000 mujeres
inactivas, que no estaban en el mercado laboral, frente a 38
nacimientos por 1.000 mujeres que estaban activas, por tanto, en el
mercado laboral. En el caso del cuidado de los hijos, el periodo de
mayor exigencia coincide también con la parte del
desarrollo y la consolidación de la carrera laboral de la madre que
es quien se acoge en la práctica a los permisos de maternidad. Según
los datos de la EPA del último trimestre de 1999, 36.800 mujeres
solicitaron el permiso de maternidad frente a 400 varones; por tanto,
la maternidad es hoy por hoy un factor que influye decisivamente en
el empleo y en la vida laboral de las mujeres trabajadoras. La
conciliación de la vida familiar y laboral constituye, pues, un
desafío y es de vital importancia para las mujeres que puedan acceder
al mercado de trabajo y, por tanto, que se incremente la presencia de
las mujeres en este mercado laboral.
La aprobación de la Ley de la conciliación de la vida familiar y
laboral en el año 1999 -como recordarán SS.SS.- fue un paso decisivo
en las políticas de igualdad de oportunidades y vamos recogiendo
frutos. Es un tema complicado y difícil, porque se trata de cambiar
estructuras sociales y mentalidades, y dicen en toda Europa que
tardaremos -yo pienso que menos- más de cien años. También
recordaremos que se dice que el siglo XXI es el de las mujeres, y
vamos dando pasos en este sentido. En desarrollo de esa ley que se
aprobó en el Congreso de los Diputados, y del que hemos ido
recogiendo frutos, estamos obligados a adoptar las medidas necesarias
para romper las barreras que todavía existen y para lograr la
normalidad y la verdadera integración. Necesitamos saber que el
bienestar de nuestra sociedad y la competitividad de nuestras
empresas requieren una mayor participación de mujeres en la toma de
decisiones. Por ello debemos promover las condiciones que faciliten
la conciliación de la vida laboral con el cuidado de los hijos
menores de edad. En particular, la dotación de guarderías infantiles
es hoy por hoy insuficiente y, por tanto, tenemos el compromiso de
impulsar decididamente las medidas y los planes que mejoren la
situación. A ello se comprometió también el presidente en su discurso
de investidura el 25 de abril del año 2000 y también se recoge en el
Plan nacional de empleo 2000 y es un compromiso que el Partido
Popular llevaba en su programa electoral. La oferta pública de
guarderías, de centros de atención a la primera infancia es
insuficiente y los centros privados que hay son muchas veces
inasequibles para una familia de renta media. Esta situación crea
desigualdad de oportunidades no solamente para las mujeres, sino
también para los niños de cero a tres años, ya que las guarderías
facilitan el proceso de socialización, las pautas elementales de la
convivencia y ayudan a las primeras manifestaciones de comunicación y
de lenguaje. De un estudio que se realizó sobre los servicios de
guardería en Europa se extrae la conclusión de que el porcentaje de
participación laboral de las mujeres en las economías
industrializadas sólo se ha acercado a la participación de los
hombres allí donde existían guarderías infantiles para niños de cero
a tres años. Pongo el ejemplo de Suecia, donde se ha puesto de
manifiesto que el número de guarderías es un factor determinante
con relación a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Sin ninguna duda, cuando miramos al resto de los países europeo vemos
que en su mayor parte, excepción hecha de los países escandinavos,
hay una escasez de guarderías subvencionadas. Así pues, las
guarderías y escuelas infantiles son de vital importancia tanto para
la educación preescolar y la socialización de los niños y las niñas
como para conseguir la verdadera igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. En la última conferencia sectorial, celebrada el
día 23 de octubre del año 2000, se acordó que en la próxima
conferencia sectorial de la mujer se trataría un tema monográfico en
torno al empleo femenino y sus dificultades. Por ello, es adecuado
instar al Gobierno para que en el orden del día de esta conferencia
sectorial introduzca un punto en el que se aborde, en colaboración
con las comunidades autónomas y los municipios, el plan nacional de
guarderías y de escuelas infantiles, con el objetivo de proporcionar
una oferta que garantice una plaza a todos aquellos menores de cero a
tres años que así lo demanden. Al mismo tiempo debería tratarse una
línea de financiación con ayudas a aquellas familias en función de
sus rentas. El programa debería garantizar a los padres la libertad
de elección del centro y comprendería una oferta mixta de centros de
titularidad pública e iniciativa social.
Como saben SS.SS., cuando finalice el año 2002 y el periodo de
adecuación a la Ley orgánica de ordenación general del sistema
educativo en el que está inmerso actualmente el sector de centros de
atención a la primera infancia, se prevé que podrán incluirse en este
programa los centros de educación infantil, tanto de titularidad de
las corporaciones locales como de iniciativa social, como de
entidades sin ánimo de lucro que cumplan una función social. Ello
permitirá, sin duda, contar con una red de servicios de atención a la
primera infancia, de calidad y asequibles económicamente a toda la
población, condiciones que, por otra parte, recoge el artículo 3 de
la recomendación del consejo de 31 de marzo del año 1992, sobre los
derechos y el cuidado de los niños y de las niñas. Como los programas
que tenemos que abordar son -a nadie se le escapa- competencia de las
comunidades autónomas, es necesario propiciar un acuerdo precisamente
en el marco de la conferencia sectorial, donde se reúnen
representantes del Ministerio y de cada una de las comunidades
autónomas, para que allí pueda acometerse la creación de nuevas
plazas de atención a la primera infancia y mejorar su calidad. Esto
significará hacer una planificación de toda España, hacer una
coordinación, hablar de dotaciones. No es el mismo el sistema de
guarderías infantiles en Cataluña que en Extremadura, en Baleares, en
La Rioja o en la Comunidad de Madrid. Concretamente, hace pocos meses
el Parlamento catalán abordó un debate intenso sobre el tema de
guarderías infantiles. Es necesario hacer una planificación, casar la
oferta con la demanda y, al mismo tiempo, decidir el
modelo de gestión desde el punto de vista educativo o social. Hay que
estudiar las líneas de financiación a las familias con menores
rentas.
En definitiva, en la próxima conferencia sectorial creo importante
instar al Gobierno a que aborde ese tema, que es un compromiso de
investidura del presidente del Gobierno, es un compromiso del Grupo
Popular y del Partido Popular en su programa electoral, y eso es lo
que fundamenta que esta diputada inste al Gobierno a que en la
próxima conferencia sectorial aborde el tema de guarderías,
lógicamente en el marco adecuado, con las comunidades autónomas que
tienen la competencia y con los municipios que también tienen muchos
centros infantiles y guarderías de titularidad municipal. No se nos
escape que el Gobierno de la nación ha manifestado en los últimos
cinco años una voluntad continua de aporte presupuestario a la causa.
Si comparamos los presupuestos del año 1996 con los de hoy, en el año
2001, las ayudas a las comunidades autónomas para guarderías
infantiles laborales y para centros de primera infancia han aumentado
un 72 por ciento, de 1.745 millones a 3.500 millones. ¿Estamos
satisfechos con esto? Evidentemente, no. Por ello, instamos al
Gobierno a que aborde ese plan nacional de guarderías, pero hay que
recordar, porque está bien recordarlo, que el Gobierno ha
incrementado un 72 por ciento sus recursos para este tema, que
considera de primer orden y, por tanto, va a tener que abordarse de
manera urgente en esta conferencia sectorial.
He visto algunas enmiendas que hablaban del reglamento de la Ley de
conciliación de la vida familiar y laboral. Es un tema diferente al
que planteamos en esta proposición no de ley, pero el reglamento va a
salir en breve; he tenido una serie de contactos para saber cómo
estaba y parece que saldrá en los próximos meses. Aunque es un tema
diferente a la proposición no de ley, comparto la preocupación de
muchas de SS. SS. El reglamento en desarrollo de esta ley es una
cuestión de uno o dos meses.Otro de los asuntos que trata la
propuesta del Grupo Socialista sobre centros de día de personas
mayores es importante, pero es diferente al del plan nacional de
guarderías. Eso no significa que, vía otra proposición no de ley o en
otro foro, no pueda abordarse este tema. Quiero recordarle que, en
esta línea, el Gobierno está trabajando con el plan gerontológico.
Como saben, a través de este plan gerontológico del Estado se
cofinancian residencias, la reconversión de plazas de válidos en
asistidos, teleasistencia, centros de día, ayuda domiciliaria, clubes
de mayores, y ha experimentado respecto del año 1996 un incremento de
cerca del 57 por ciento, concretamente un 56,78 por ciento, ya que el
Gobierno está invirtiendo en el plan gerontológico, en el año 2001,
6.711 millones, a los que habría que sumar cerca de 1.000 millones
del plan de Alzheimer. Esto no significa que no tenga que abordarse
el tema, que es de importantísimo calado, pero debería ser objeto de
otro debate que podría
tenerse en esta Cámara. El tema central de la proposición de ley que
hoy traemos aquí son las guarderías infantiles, acometer este plan
nacional de guarderías infantiles en la misma línea que ha venido
marcando el Gobierno con este aumento presupuestario de un 72 por
ciento y, por supuesto, con la colaboración y la cooperación de los
que tienen la competencia, comunidades autónomas y municipios. Pienso
que la Constitución nos lo exige, la sociedad nos lo demanda y es
responsabilidad de todos los diputados de esta Cámara dar un paso
adelante en esta lucha por la igualdad de oportunidades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Estarás.
Para defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición, por el
Grupo Parlamentario Socialista, la señora Navarro tiene la palabra.
La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias, señor presidente.
Esta tarde, el Grupo Parlamentario Popular nos sorprende con una
iniciativa. Últimamente, el grupo que sostiene al Gobierno ha
convertido prácticamente en norma ir presentando iniciativas sobre lo
obvio o, como en este caso, presentar una iniciativa, una proposición
no de ley -y leo literalmente la petición que hacen- para cambiar un
orden del día. Dice literalmente esa proposición no de ley que el
Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a que estudie la
posibilidad de cambiar el orden del día de la próxima conferencia
sectorial de la mujer, como si estuviéramos hablando de un gobierno
que no tuviera nada que ver precisamente con el Grupo Popular. Nos
parece una barbaridad que se utilice precisamente el tema de las
escuelas infantiles para presentar una iniciativa con tan poco
contenido y con tampoco calado. En ese sentido, desde el Grupo
Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda en la que
pedimos que directamente se incluya en el orden del día de la próxima
conferencia sectorial el estudio de este tema, del plan general de
escuelas infantiles, pero también que se recoja en los presupuestos
generales del 2002 que se aumenten las transferencias económicas que
se hagan a las comunidades autónomas, porque, como muy bien decía la
portavoz del Grupo Popular, está claro que la competencia es de las
comunidades autónomas, pero no nos podemos pasar la vida diciéndoles
qué tienen que hacer sin darles dinero. También pedimos que se
complete -como todos sabemos ya existe esa red, pero no está
completa- la red de escuelas infantiles y que se complete la red de
servicios sociales para la atención de las necesidades de las
personas mayores y dependientes.
Señorías, hay algo que me llama poderosamente la atención. Hace año y
medio que se aprobó la Ley de conciliación de la vida familiar y
laboral. Se han aprobado
dos Presupuestos Generales del Estado después de aprobarse esa
ley de conciliación, ley a la que se le dio una gran importancia, que
sin duda ninguna la tiene, sobre la que dijimos en aquel momento, a
pesar de que la apoyamos, que era absolutamente descafeinada; pero
como vemos, una de las cuestiones, prioritaria para que esa ley
pudiera desarrollarse, era precisamente la creación de escuelas
infantiles y servicios de atención a personas mayores. Pero eso hay
que tenerlo previsto también cuando elaboramos los presupuestos y,
como digo, son dos los Presupuestos Generales del Estado que se han
aprobado después de aprobar esa Ley de conciliación, que les recuerdo
que fue en el año 1999. Fue una ley muy importante, o eso creíamos,
pero como el movimiento se demuestra andando, nos damos cuenta -y
aquí hay una muestra clarísima- de que la ley se aprobó en 1999 pero
el reglamento que la desarrolle no se ha aprobado todavía. Ahora
conocemos, por la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, que en unos meses estará. Ojalá, pero me parece que una ley
que era tan importante necesitaba que se hubiera hecho un esfuerzo y
se hubiera aprobado ese reglamento que permite precisamente que se
desarrolle la ley.
Quiero darle algunos ejemplos, porque los problemas hay que
abordarlos y no sólo hay que preocuparse por ellos, sino que hay que
ocuparse. Con el ejemplo que acabo de poner entre la disfunción que
hay entre la aprobación de la ley y la del reglamento, claramente se
pone de manifiesto el poco interés que el Gobierno tiene por pasar
del discurso a la práctica y por poner en marcha medidas reales que
posibiliten el avance de las mujeres. Quiero darle algunos datos que
evidencian cómo el Gobierno predica pero no da trigo. Lo estamos
viendo. Curiosamente, esa falta de compromiso está relacionada
siempre, de manera directa o indirecta, con las políticas dirigidas a
las mujeres. Hace un momento la portavoz del Grupo Popular nos daba
algunos datos, que yo también quiero mencionar; parece que sean de
distinta procedencia, pero son bastante claros. Según los datos de la
Unión Europea respecto a la prestación de servicios financiados
públicamente para el cuidado de niños y niñas, en concreto en cuanto
al porcentaje de plazas disponibles en servicios financiados
públicamente para menores de tres años, España ocupa el último puesto
de toda la Unión Europea. El porcentaje de población infantil
cubierta por estos centros en España es la mitad del porcentaje de
menores atendidos en centros de la Unión Europea, y seis veces menor
que el porcentaje de los atendidos en centros públicos de atención
a la infancia en los países nórdicos. Respecto a los servicios para
personas mayores, España ocupa el tercer lugar, por delante de Grecia
e Italia, en el porcentaje de personas atendidas en instituciones,
pero vuelve a ocupar el último puesto en el porcentaje de personas
mayores atendidas en el hogar. Así, los servicios domiciliarios a los
ancianos, por ejemplo, alcanzan sólo
al 1,2 por ciento de los ancianos de España, un promedio mucho más
bajo que el de la Unión Europea, que es un 4,5 por ciento, y, por
supuesto, mucho más bajo que el del norte europeo, un 14,2. España
además es el país europeo que más ha reducido en los últimos años su
gasto social. Hemos pasado del noveno puesto al vigésimo primero, y
eso está ahí. Los problemas no se resuelven sólo con iniciativas como
la que acabamos de conocer esta tarde y que estamos debatiendo,
porque es un puro brindis al sol; hay que concretar. Una de las
contradicciones más evidentes de la derecha española es el contraste
entre el discurso que define a la familia como núcleo central de la
sociedad y el escasísimo desarrollo de las políticas públicas de
apoyo a la familia. No es de extrañar que una conocida revista de
tendencia conservadora le diera hace una semana un suspenso al
Gobierno de Aznar en su política sobre familia; no lo he hecho yo.
Para conciliar la vida familiar y laboral primero hay que tener un
trabajo. Acabo de oír unos datos que no se corresponden con la
realidad: la portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que
tienen más hijos las mujeres que no tienen trabajo; es todo lo
contrario. Si creemos que no incorporando a las mujeres al mercado
laboral va a crecer la natalidad, nos estamos equivocando. Cuando la
mujer tiene empleo y además estable y con seguridad en ese empleo, es
cuando pueden decidir libremente si tiene un hijo o no. En este
momento, las mujeres españolas tenemos más libertad para no tener
hijos que para tenerlos. Como le decía, para conciliar la vida
familiar y laboral primero hay que tener un trabajo, y esto no es tan
fácil para la mayoría de las mujeres españolas. Sabemos que la tasa
de desempleo mayor de la Unión Europea es la nuestra y no podemos
decir que la tasa de actividad haya aumentado mucho en los últimos
años; si de 1982 a 1996 pasó de un 26 a un 38 por ciento, de 1996 a
2001 ha pasado sólo de un 38 a un 40 por ciento. Todas estas
dificultades explican también la baja tasa de natalidad de este país,
pero esa es otra cuestión. Ante estos hechos, es necesario proponer
medidas que equiparen nuestra situación con la de los países más
avanzados de la Unión Europea. Con nuestra enmienda proponemos la
realización de un plan ambicioso que cubra las necesidades de
servicio de atención a la familia y a la infancia, así como a la
tercera edad. No olvidemos que, de manera directa o indirecta, son
servicios que benefician especialmente a las mujeres. Lo ideal sería
que hombres y mujeres compartiéramos esos cuidados por igual dentro
de la familia, pero todos -y especialmente todas- sabemos que eso no
es así hoy por hoy. Por eso, pedimos que se hagan y se complementen
programas de apoyo a la inserción laboral de las mujeres y que se
lleve a cabo con seriedad, con rigor y con presupuesto porque, si no,
nos quedamos, como siempre, en una mera declaración de intenciones.
Quiero dejar muy claro que estamos totalmente de acuerdo con que se
haga un plan nacional de escuelas infantiles, pero vamos a votar en
contra de esta iniciativa. No se puede tratar el tema con la
ambigüedad y la falta de compromiso real con que se trata. No
olvidemos que lo que se pide con la iniciativa es un cambio del orden
del día de la conferencia sectorial, y lo que pedíamos con nuestra
enmienda es que se incluyera de hecho, se debatiera y existiera un
compromiso de financiación en los presupuestos de 2002. Como he dicho
en un principio, estamos haciendo un brindis al sol. Por ese motivo
-y quiero dejarlo muy claro- aun a pesar de que estamos totalmente de
acuerdo con que se elabore ese plan en colaboración con las
comunidades autónomas y con los ayuntamientos, esta tarde vamos a
votar en contra. No queremos más iniciativas vacías de contenido; no
queremos más iniciativas que lo único que hacen es cubrir el cupo,
absolutamente legal y lógico, a que tiene derecho cada grupo
parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Navarro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez y,
posteriormente, la señora Lasagabaster.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Dejando al margen el tono poco inquisitivo y poco prescriptivo que
emplea el Partido Popular para referirse al Gobierno para que este
asuma determinado tipo de iniciativas, pensamos que la proposición no
de ley es excesivamente vaga y merece por nuestra parte dos enmiendas
que nos parecen fundamentales, una de ellas desde el punto de vista
competencial y otra desde el punto de vista estrictamente referido a
las consecuencias prácticas de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, que
afecta exclusivamente y de forma muy clara a la promoción de la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras o, si se quiere, a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
En relación con el primer tema pensamos que todas las cuestiones que
están relacionadas con educación y con asuntos sociales son clara
competencia normativa de las comunidades autónomas y en particular de
la Xunta de Galicia, sean las guarderías, en el caso de la
Consellería de Familia, Muller e Xuventude -que así se llama en
Galicia-, sea de la Consellería de Educación en el caso de la escuela
infantil de tres a seis años. Otra cosa es que los sujetos que puedan
tener iniciativas para montar estos centros escolares sean las
entidades locales, las empresas, entidades privadas u organizaciones
sindicales de todo tipo, en un marco legal donde la
iniciativa puede corresponder tanto a la Administración pública como
a sujetos de carácter privado.
En segundo lugar, nos parecería fundamental que el Partido Popular
aceptase realizar una evaluación de cuáles fueron las consecuencias
prácticas de la Ley 39/1999, que afecta a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, y en concreto cuál es su
influencia en la reducción de la jornada o en las excedencias por
cuidado de hijos; o, por ejemplo, en la equiparación plena de hombre
y mujer ante la lactancia; o si tiene alguna influencia en la nulidad
del despido por embarazo o del despido cuando se solicita el
ejercicio de los derechos reconocidos en la ley; o cómo está
funcionando la protección de la salud y la seguridad durante el
embarazo; en definitiva, para que no sea la jurisprudencia de los
tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas o
incluso el Tribunal Constitucional quienes vayan cubriendo los
evidentes vacíos o la falta de concreción debidos al no desarrollo
reglamentario de la Ley 39/1999. Este es el sentido de nuestras
enmiendas, que están estrictamente ceñidas al objetivo de promover
por lo menos un debate en la próxima conferencia sectorial de la
mujer sobre la conciliación de la vida familiar y laboral.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Estamos debatiendo la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Popular con relación a la posible inclusión, en la
conferencia sectorial monográfica sobre conciliación de la vida
familiar y laboral, de un programa nacional de guarderías y escuelas
infantiles, en colaboración con las comunidades autónomas y
municipios. Nuestra primera intención, la verdad, señora Estarás, era
votar que no, por dos razones. En primer lugar, no parece muy
razonable, y se contradice con lo que usted acaba de afirmar en la
tribuna, que si es un tema tan importante, no se le haya ocurrido al
Gobierno presentarlo de oficio. Parece razonable pensar que el
Gobierno y ustedes que lo apoyan deberían haber planteado este tema
sustancial e importante, con lo cual la cuestión es que o no era
demasiado importante, y por tanto no se les había ocurrido, o lo
introducen con otros objetivos que no son realmente los de darle
relevancia a esta iniciativa. En segundo lugar, como bien decía usted
y han dicho otros portavoces, es evidente que corresponden a las
comunidades autónomas las competencias en esta materia. Tampoco
veíamos reflejada esta cuestión con la suficientemente claridad y
nitidez como para prestarle nuestro apoyo. Es cierto que cuesta votar
en contra porque es un tema en el que hay mucho por hacer, en el que
probablemente hablamos
más que hacemos, y realmente cualquier iniciativa que vaya en pro de
avanzar en esa materia siempre viene bien. Sin embargo, no tengo muy
claro el voto porque nos parece que al no incorporar estas dos
cuestiones, no se le da la suficiente relevancia a este tema, en
contra de lo que usted decía. En todo caso y tratando de hacer una
aportación más constructiva, les pedimos que nos expliquen
exactamente el porqué de que el Gobierno no haya tenido esa
intuición, esa oportunidad o esa iniciativa.
Por otro lado, citan el plan nacional y tenemos siempre la
experiencia de que cuando se habla de planes nacionales, no sabemos
por qué terminan mermando las competencias de las comunidades
autónomas. Les pedimos que recojan de manera clara y nítida que en
ningún caso podría ser en menoscabo de las competencias que en cada
ámbito y en cada actuación corresponden a las comunidades autónomas.
Señora portavoz del Partido Popular, señora Estarás, yo creo que está
clara nuestra posición, no el voto, que irá en función de lo que
usted nos diga a posteriori.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
De nuevo llega a esta Cámara un tema que es motivo de una gran
preocupación en buena parte de las familias de nuestra sociedad, que
es esa ausencia de políticas públicas potentes orientadas
precisamente a la conciliación de la ocupación y de la vida familiar,
orientadas a fortalecer a las familias, a lo largo de estos años
extremadamente débiles. Hemos de suponer que la iniciativa del Grupo
Popular pretende precisamente reforzar este compromiso del Gobierno
español en avanzar de verdad en la puesta en marcha de las
previsiones de lo que fue la Ley de conciliación de la pasada
legislatura, pero también de lo que han sido dos debates en el seno
de este propio Pleno en relación con estas mismas cuestiones. En este
sentido, nuestro grupo parlamentario, por medio de la enmienda que ha
formulado, ha querido poner de manifiesto que en esta legislatura, en
concreto el 11 de octubre y el 28 de junio del año 2000, como
resultado de sendas interpelaciones que planteó el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprobaron dos
mociones; la primera, la de octubre, hacía referencia a medidas que
se tienen que adoptar para favorecer la igualdad entre hombres y
mujeres en el mercado de trabajo, que de manera expresa incorporaba
en los mandatos al Gobierno la promoción, en colaboración con las
corporaciones locales y comunidades autónomas, de un plan de
guarderías con fondos públicos. Posteriormente, con la moción que se
aprobó el 28 de junio, resultado de una interpelación sobre las
medidas que tenía previsto adoptar el Gobierno para mejorar el apoyo
a las familias, se aprobaba el impulso, en colaboración con las
comunidades autónomas, de un plan de guarderías y de servicios de
proximidad que facilitara la incorporación de la mujer al mundo
laboral. Por tanto, aquello que es objeto de preocupación en la
proposición no de ley del Grupo Popular, de hecho, ya se contiene en
esos dos mandatos parlamentarios que fueron aprobados también
y básicamente con los votos del Grupo Popular. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.)
En aquellos debates nuestro grupo planteaba que cualquier política
debía incidir en esa necesaria conciliación de la ocupación y la vida
familiar, en ese necesario fortalecimiento de las políticas dirigidas
a las familias, en esa necesaria creación de un marco en el que sea
posible la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en ese
marco, además, donde los hombres asumiésemos nuestras
responsabilidades en el seno de las familias, en esas políticas que
llevasen a hacer efectiva y posible la presencia de la mujer en el
mercado de trabajo, no llevando una doble carga en sus
responsabilidades, etcétera. En ese ámbito es evidente que no
podíamos hablar tan sólo de guarderías, porque una política ambiciosa
de verdad en este terreno tenía que abarcar aspectos muy diversos: la
regulación de los permisos y excedencias paternales, la creación de
un marco favorable para aquellas empresas que optasen por crear
servicios de guarderías en su seno; que incorporase la puesta en
marcha de medidas de promoción del empleo en los denominados nuevos
yacimientos de trabajo, el cómputo de la jornada anual y la
flexibilidad de la jornada de trabajo.
La proposición no de ley que nos plantea el Grupo Popular a nosotros
nos sabe a poco, en el sentido de que entendemos que las necesidades
en esta materia van mucho más allá de la existencia o no de un plan
de guarderías. Coincido con otros portavoces que han intervenido en
que en ese ámbito de las guarderías y en el conjunto del Estado
existe una deficiencia más que evidente. Nuestra enmienda va en la
línea de recordar al Grupo Popular que una política eficaz en esta
materia es la que va mucho más allá del plan de guarderías, que se
tiene que enmarcar en esa visión global, en la línea de lo que ya
aprobó la Cámara en octubre y en junio del año 2000. Quiero añadir,
en el mismo sentido que han defendido los portavoces del Bloque
Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna, que una política en esta
materia debe partir de que el marco competencial está atribuido en
este caso a las comunidades autónomas. Yo no sé si la conferencia
sectorial de la mujer va a ser el mejor espacio de trabajo
unidireccional en este ámbito, porque, por ejemplo, en el caso del
Gobierno de Cataluña, a quien le corresponde el desarrollo de la
política de guarderías es a la Consellería dEnsenyament.
No sé si la conferencia sectorial de la mujer es el marco
idóneo para plantear estas cuestiones o si debemos ir a otros
espacios. Es una duda que planteamos en este momento. Insistimos en
la idea de que cualquier política en esta materia o se desarrolla de
verdad respetando los ámbitos competenciales de común acuerdo con los
gobiernos autonómicos o difícilmente va a ser una política que se
pueda implementar. En este sentido, rogamos a la portavoz del Grupo
Popular que sea sensible a las enmiendas que le han planteado tanto
el Bloque Nacionalista Galego como Eusko Alkartasuna.
Finalmente, le pedimos que tenga en cuenta nuestra enmienda, que
pretende situar esta cuestión, como les decía anteriormente, no
estrictamente en el ámbito de la cuestión esencial, básica,
importante y déficit más que evidente de nuestras políticas públicas,
como es el de las guarderías, sino en una visión mucho más amplia,
más ambiciosa, que incorpore todos aquellos elementos que necesitamos
desarrollar en el Estado español para avanzar y situarnos en la media
de otros países de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano. ¿Grupos que
desean intervenir? (Pausa.)
Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula, desde el punto de vista de solidaridad y
coincidencia con una política social a favor de la mujer, con la
iniciativa que nos ha traído hoy el Grupo Parlamentario Popular y la
vamos a votar favorablemente. La conciliación de la vida familiar y
laboral en España es hoy un problema de hondo calado social y merece
una respuesta política y legislativa. En esa línea de solidaridad va
mi intervención de apoyo a esta medida.
La conciliación de la vida familiar y laboral se basa en que la
pareja tiene que procrear y en que el resultado no tiene que ser un
problema. Se ha dicho desde la tribuna que hoy la mujer tiene mucha
más libertad para no tener hijos que para tenerlos. Es plenamente
cierto; es más, diría que hoy en día es más problemático tener hijos
que no tenerlos. Hay que solucionar el problema, que hoy día actúa
como factor disuasorio, que tienen las parejas, donde la mujer y el
hombre tienen que conciliar su vida familiar de pareja y de núcleo de
creación de una familia con la prole, con una vida laboral exterior.
El problema de la toma de decisión de cara a la maternidad y
paternidad es la carencia de una estructura de guarderías, de
escuelas infantiles para niños hasta los tres años, y es necesario
que las instituciones públicas del Estado, de las comunidades
autónomas y de los ayuntamientos creen el instrumento necesario para
evitar
dicho problema. Vuelvo a repetir que hoy para una pareja que
trate de tener vida familiar y laboral tener hijos es más
problemático y genera más problemas y más dificultades que no
ternerlos. El resultado es algo pernicioso para una estructura
social, como es el descenso tremendo de la tasa de natalidad y la
desaparición de las familias, no digo numerosas, sino con más de un
hijo, precisamente porque ni reciben estímulos de los poderes
públicos fundamentales, ni se encuentran con una infraestructura de
guarderías o de escuelas infantiles para poder dejar a sus hijos en
una institución del tipo de las nombradas durante el horario de
trabajo fuera del hogar. El problema tiene una dimensión que supera
el propio derecho de la pareja a la procreación y tenemos que
instrumentalizar estas medidas.
Voy a dar mi apoyo a esta iniciativa y desearía que el Grupo
Parlamentario Popular, al vincular esto no solamente a la conferencia
sectorial de la mujer sino a cualquier otra instancia -parlamentos
autonómicos, plenos de los ayuntamientos, etcétera, que tienen
competencias en la promoción y el mantenimiento de guarderías
fundamentalmente-, hiciera toda una programación coordinada a nivel
nacional. También estamos de acuerdo con lo que ha traído aquí alguna
de las otras enmiendas. No me refiero a la parte segunda, que
estaríamos dispuestos a apoyar, del Grupo Parlamentario Socialista
sobre las personas mayores. Este será otro problema. Las personas
mayores ya están ahí; ahora nos centramos en las guarderías. Por
supuesto, se nos avecina el tremendo problema de la tercera o cuarta
edad, de la edad terminal y es necesario dar una respuesta a lo que
está ocurriendo en España. Nos quedan puestos de enseñanza escolar
vacíos por la bajada de la natalidad y se nos están llenando los
geriátricos, en los que no tenemos capacidad de atención. Esta será
otra toma de conciencia, sobre la que tenemos que reflexionar
y pronunciarnos en el Parlamento. Me gustaría que se tuviesen en cuenta
aspectos de estas enmiendas, bien de la Grupo Socialista bien la
primera parte de la del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
que traen una amplia gama de medidas complementarias a las de las
guarderías. No podemos quedarnos solamente en que haya guarderías,
sino que hay que estimular también desgravaciones fiscales en el
impuesto de sociedades a las empresas que en su seno creen
guarderías, porque qué mejor circuito para la madre o el padre que
dejar a su hijo en una guardería en su propio centro de trabajo.
Algunas grandes empresas españolas la tienen; otras deberían tenerla
y esas grandes empresas deberían encontrarse incentivadas y
estimuladas desde el poder político, ya que tienen los espacios y
superficies precisos y necesarios para tener instalaciones de
guardería para el personal que trabaja en esas empresas de amplias
plantillas. Esto está en estas enmiendas. Por tanto, es necesaria una
amplia actuación de incentivación del fenómeno de las guarderías, de
tipo fiscal oempresarial, como licencias personales de trabajo,
etcétera. De aquí que nuestra línea sea de apoyo solidario
y votaremos favorablemente si hay una enmienda de consenso, conjunta y
de conciliación sobre un problema que nos preocupa y que estamos
viendo diariamente en el seno de nuestro entorno familiar. No es un
problema, lo ha dicho también la portavoz socialista, que nos quede
muy lejano o nos sea ajeno; quienes formamos parte de familias
mayores ya vemos ese tremendo drama respecto a nuestros hijos y
nietos. El peor discurso que se nos puede hacer es que no hay
proliferación de la población española porque hay una serie de
circunstancias que hacen disuasorio en este momento ser madre y
padre.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es indudable que la conciliación de la vida familiar y
laboral, sobre todo de la mujer, y la adopción de medidas prácticas
será una aportación que hará posible la mayor incorporación de la
mujer al mundo laboral, aumentando así las tasas de actividad y de
ocupación femenina, actualmente las más bajas de la Unión Europea. Es
obvio también que actualmente poseemos los índices de natalidad más
bajos de la Unión Europea y que estamos alejándonos mucho del índice
2, necesario para el equilibrio regeneracional de la población que
tenemos. Algo tendrá que ver la dificultad real de conciliar las dos
funciones, por lo que la convocatoria de una conferencia sectorial
para promover un programa de guarderías y escuelas infantiles que
entronque con las dos necesidades antes planteadas es una obviedad
que el Grupo Nacionalista Vasco no puede más que apoyar y, a la vez,
exigir que se enmarque en un conjunto de medidas más amplio de apoyo
a la familia y del derecho de igualdad de la mujer, sobre todo en
coordinación con los planes que ya varias comunidades autónomas están
elaborando como competencia plena que tienen sobre las prestaciones
sociales y en educación, que, entiendo, son los aspectos que recogen
las enmiendas presentadas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra la
señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Asistimos esta tarde en la Cámara a un nuevo juego floral del Partido
Popular en el que Izquierda Unida no va a participar. Es la primera
cuestión que quiero plantearle,
señora Estarás, con todo el respeto. No he presentado
enmiendas porque esto es lo que yo llamo situar en el centro de la
estrategia el oportunismo político, por no decir el cinismo político.
Vamos a hacer memoria.
Ustedes llegan al Gobierno y en el primer plan de igualdad que sacan
pasan ustedes de negar la mayor -es decir, las mujeres no están
discriminadas, estos son inventos de los de la izquierda, que algo
tienen que decir para pasar el tiempo- a darse cuenta de pronto de
que no se puede ir a Europa sin lavarse la cara y, entonces, en ocho
días, aparecen ustedes en esta Cámara con un plan de igualdad de
oportunidades que no consultaron con ninguna organización de mujeres.
Son ustedes absolutamente un ejemplo de inteligencia política. Yo sé
que tienen que hacer prácticas y aprender de feminismo de las que
somos feministas. En ese sentido, con generosidad absoluta, señora
Estarás, usted me conoce, me parece bien que las haga usted y todas
sus compañeras de partido, porque bienvenidas sean al feminismo las
mujeres del PP y bienvenidos los conversos que ponen dinero encima de
la mesa para resolver los problemas de las mujeres. Pero esta es una
trampa, señora Estarás, una trampa que le han tendido a usted en su
partido y que usted pretende tendernos al resto de las y los
diputados de esta Cámara.
Antecedentes. Las mujeres estamos hartas -y digo estamos porque yo
soy mujer también cuando me siento en estos bancos- de que se pasen
ustedes la vida hablando de nosotras, pero que no resuelvan jamás ni
uno de los problemas que tenemos. Ustedes, el 9 de febrero de 1999
-señora Estarás, me parece que ni usted ni yo estábamos en esta
Cámara-, presentaron esta ley de la que tanto se habla sobre la
conciliación de la vida familiar y laboral: 9 de febrero. Hoy es 13
de febrero, martes 13. (Un señor diputado: Ni te cases ni te
embarques.) Pues muy bien. Ustedes presentaron esta ley a quince días
del 8 de marzo. Esto es un guiño impresentable, y perdóneme la
expresión, a las mujeres, porque el compromiso con las mujeres es que
los señores del banco azul -que, por cierto, gobiernan sin enterarse
de casi nada de lo que decidimos o hablamos aquí, porque nunca están
presentes en los debates- hubieran venido a esta Cámara con un plan
de verdad, con soporte financiero, y han tenido ustedes la
oportunidad en el debate presupuestario que acabamos de tener hace
tres meses. ¿Dónde estaba su preocupación, dónde estaba la
preocupación del Gobierno del Partido Popular? ¿O es que acaso cuando
ustedes pusieron en marcha esta ley -que, por cierto, dos años
después sigue sin reglamentar- no sabían que para conciliar la vida
laboral y familiar hace falta tener redes de apoyo solidario a la
familia?
Ya lo que me deja absolutamente perpleja, señora Estarás, es que diga
usted que las políticas para mayores y para dependientes no tiene
nada que ver con esto.Para que las mujeres (y yo no les niego el
derecho a los
hombres) que trabajamos -porque hay muchas, que son la mayoría, que
no tienen todavía la oportunidad de trabajar- podamos conciliar la
vida laboral y familiar necesitamos no solamente guarderías
infantiles, sino también esas redes de apoyo a los mayores, porque
somos las eternas cuidadoras de la salud de toda la sociedad, y
ustedes lo sabían porque ustedes han aprendido muy rápido, sobre todo
a fagocitar nuestro discurso. Pero aquí no se trata de hablar mucho,
sino de hacer. Yo creo que ha llegado el momento de que dejen ustedes
de tomarnos el pelo. Les advierto una cosa: jamás esta diputada, a
menos que me obligue mi grupo -yo soy disciplinada-, va a entrar en
esta dinámica, en esta especie de procedimiento que a mí me hace
partirme de la risa. Esto es como si el consejero delegado de una
empresa instara al consejo de administración a que pusiera en marcha
políticas cuando dicho consejo tiene poderes para hacerlo. Esto de
instar al Gobierno se ha convertido en una moda. Ya tuvimos que
asistir a que otro diputado instara al Gobierno a proteger la salud
de los consumidores en plena verbena de las mal llamadas vacas locas.
Ahora usted viene con otra especie de verbena. Sinceramente, no
pienso bailar ningún baile que no se comprometa de verdad con las
mujeres, y ese compromiso todavía están a tiempo de adquirirlo aquí,
en esta Cámara, aceptando las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista y las que tienen que ver con las
competencias de las comunidades autónomas. En todo caso y para que no
haya equívocos, quiero decir desde aquí a las mujeres españolas que
esta tarde están viendo la televisión -que, por desgracia,
seguramente no me van a oír a mí, pero por si acaso alguna tiene la
oportunidad- que no se crean sus mentiras, que ya está bien de
cinismo político. Señora Estarás, diga usted a los que
geográficamente están colocados delante de usted, en el banco azul,
que pongan dinero para mejorar la vida del colectivo de las mujeres y
esté usted plenamente segura de que contará no solamente con el apoyo
de esta diputada sino con el del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, grupo en nombre del cual tengo la oportunidad de
hablar en esta Cámara.
Dicho esto, no pienso aburrir a SS.SS. con los datos que ya todos
conocemos y lo único que pido a las compañeras diputadas del Partido
Popular es que no se dejen utilizar por su partido y que no vengan
aquí a contarnos estas historietas. Deje de abrir los brazos, señora
diputada, porque yo he tenido antes que tragarme las lágrimas, tan
sólo hace cinco minutos. Por tanto, estoy en el uso de la palabra y,
si no le gusta, mala suerte.
La señora PRESIDENTA: Perdón señora Castro. Le ruego que en su
intervención argumente con aquello que entienda que aclara el sentido
de su postura, pero no establezca debate con diputadas o diputados
que están en sus escaños.
La señora CASTRO FONSECA: De acuerdo, señora presidenta. Espero que
esto sea para todas y todos los miembros de la Cámara. Lo asumo como
tal.
Señora Estarás, quiero decirle públicamente que tiene usted mi
reconocimiento personal y que respeto su trabajo como diputada; que
nadie interprete que lo que estoy haciendo aquí es meterme con la
ponente, no. Lo que estoy diciendo es que la desvergüenza política
del Gobierno del Partido Popular en materia de la mujer se tiene que
acabar y que si ustedes van a seguir por este camino, no van a contar
con mi silencio ni, jamás, con mi voto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Señora Estarás, a los solos efectos de indicar la aceptación
o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Muchas gracias, señora presidenta.
En relación con la propuesta del Grupo Socialista, diré que el tema
de las personas mayores es absolutamente interesante...
La señora PRESIDENTA: Señora Estarás, no reabra turno de réplica, que
en este trámite parlamentario no está previsto por el Reglamento.
Indique solamente la aceptación o rechazo de las enmiendas.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Por los motivos expresados, no es el tema
que hoy proponíamos y, por tanto, rechazamos la enmienda.
Respecto al tema competencial y las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, está claro que si esto se lleva a la conferencia sectorial es
porque la competencia es de las comunidades autónomas; si no, sería
un plan que el Gobierno haría independientemente. Por tanto, no
aceptamos las enmiendas porque está absolutamente claro que la
competencia es de las comunidades autónomas.
Respecto a la enmienda de Convergència i Unió, le propondría a su
ponente, en la línea de su discurso, una enmienda transaccional que
consistiría en añadir al texto de la proposición no de ley presentado
por el Grupo Popular, después de: la creación y la puesta en marcha
de la conferencia sectorial de la mujer y del plan nacional de
guarderías, de acuerdo con el espíritu establecido en la moción 173/
25, de 11 de octubre de 2000, y en la moción 173/11, de 28 de junio
de 2000. Si Convergència i Unió acepta la transaccional, se
introduciría este añadido, en el mismo sentido que debatimos ya en
esta Cámara hace apenas unos meses.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Estarás.
Señor Campuzano, tiene S.S. la palabra al objeto de manifestar la
asunción o no del texto transaccional.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Mi grupo parlamentario acepta la
propuesta de transacción porque confirma la necesidad de que el plan
de guarderías se enmarque en una visión más amplia de esta política.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la convocatoria de
una conferencia sectorial monográfica sobre conciliación de la vida
familiar y laboral para promover un programa nacional de guarderías
y escuelas infantiles, en colaboración con las comunidades autónomas y
municipios, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda transaccional que ha sido puesta de
manifiesto por la ponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 184; en contra, 123; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAGESTIÓN EN LACRISIS DE
LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB) (Número de expediente 173/
000038.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS
RAZONES DEL FRACASO DEL GOBIERNO Y LA UNIÓN EUROPEA PARA CONTROLAR Y
ERRADICAR LA EPIDEMIA DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA Y
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL CONSUMO DE ESTOS ALIMENTOS ENTRE LA
POBLACIÓN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA QUE SITUACIONES
SIMILARES NO VUELVAN A REPETIRSE. (Número de expediente 173/000039.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
En función a lo acordado por la Junta de Portavoces, se debatirán
conjuntamente la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión en la crisis de la
encefalopatía espongiforme bovina, y la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre las razones del fracaso del
Gobierno y la Unión Europea para controlar y erradicar la epidemia de
encefalopatía espongiforme bovina y garantizar la seguridad del
consumo de estos alimentos entre la población así como las medidas a
adoptar para que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
En primer lugar, para la presentación de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sobre la crisis de las vacas locas la política del Gobierno
le quita a los españoles las ganas de comer. (Rumores.) No lo dice el
Grupo Parlamentario Socialista, lo dice hoy el mismo el responsable
de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme).
Efectivamente, es una política que no responde a los grandes desafíos
de una crisis de seguridad alimentaria y eso es grave desde el punto
de vista de la responsabilidad de un Gobierno. Ni liderazgo, elemento
vital, ni medios para poner en marcha medidas, ahora sí, obligadas
por la Comisión Europea, ni coordinación, sino todo lo contrario, una
política errática que está creando graves problemas al país en
relación con una crisis de seguridad alimentaria. El Grupo Socialista
presenta, una vez más, propuestas alternativas para la gestión de esa
crisis. Quiero pedirle a SS.SS., a las señorías que representan al
Grupo Popular, que, sea cual sea el resultado de la votación de esta
moción, transmitan al presidente Aznar dicha moción con las
alternativas del Grupo Socialista, puesto que de manera reiterada el
señor Aznar ha venido repitiendo en esta Cámara que el Grupo
Socialista no presenta alternativas a las cosas o cositas, como se
les quiera llamar. El Grupo Socialista ha presentado alternativas,
propuestas concretas y lo que hemos recibido en esta Cámara como
respuesta ha sido una posición del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Popular que se identifica con el no. No a cada una de las propuestas
que ha presentado el Partido Socialista desde el pasado mes de
noviembre. No a la eliminación de los materiales específicos de
riesgo. No a la eliminación y a la retirada de las harinas de origen
animal. No a la creación de un comité científico. No a programas
específicos con calendario de información a la población española. No
a una ampliación con medios de los test necesarios para saber el
estado real de la cabaña. No a las medidas de ayuda para un sector
estratégico que está en grave peligro de desaparición. Y podría
seguir diciendo los noes del Gobierno y del Partido Popular a las
propuestas del Grupo Parlamentario Socialista de manera reiterada.
Esta misma mañana han vetado ustedes la creación de una Comisión en
este Parlamento para el seguimiento constante de la marcha de la
gestión de esta crisis, lo han rechazado con su mayoría en la reunión
de la Junta de Portavoces. Democráticamente vienen rechazando
alternativa tras alternativa del Partido Socialista. Pueden
ustedes hacerlo legítimamente, pero no utilicen el truco de
repetir una y otra vez en esta Cámara que el Grupo Socialista no
presenta alternativas. Digan lo que es correcto, que no están de
acuerdo con las alternativas que presenta el Grupo Socialista. Pero
el no del Gobierno del señor Aznar y el no del Partido Popular no ha
sido sólo al Grupo Socialista, sino que ese no se ha venido
repitiendo durante cinco años a las medidas de precaución,
absolutamente razonables y hoy imprescindibles -nadie lo negará- de
la Comisión Europea y de otros países de la Unión Europea. Empezaron
ustedes pronto, en el año 1996, a votar en contra de medidas de
precaución tan imprescindibles como la retirada de los materiales
específicos de riesgo y siguieron haciéndolo en 1997 y en 1998,
facilitando levantamientos de embargo que hoy se demuestran como
claramente peligrosos para la salud de los españoles y ni siquiera
atendieron las infracciones abiertas por la Comisión Europea a la
falta de vigilancia del Gobierno de España en materia de precaución
en relación con una enfermedad que hoy nadie negará que es una crisis
grave de seguridad alimentaria. Son ustedes los que permanentemente
vienen diciendo no en relación con una crisis que ahora les
sorprende. Les sorprende hasta el punto de que no seamos capaces de
poner en marcha en el conjunto del territorio nacional medidas
homogéneas imprescindibles para garantizar esa seguridad alimentaria.
Con respecto a esa situación, que es una situación buscada por la
falta de cautela, por la falta de vigilancia y por la falta de
responsabilidad durante todos esos años, el Grupo Socialista presenta
una vez más alternativas muy concretas.
Hace unos días, el domingo pasado, el portavoz del Gobierno decía
algo que a cualquiera que esté siguiendo las medidas puestas en
marcha por toda la Unión Europea y su traducción en España no podrá
sino escandalizarle. Decía el portavoz del Gobierno que el Gobierno
de España está a la cabeza de todos los países europeos en las
medidas de precaución tomadas con carácter, por cierto, obligatorio y
después de una larga resistencia, como he expuesto anteriormente. El
Gobierno de España a la cabeza. Un simple dato, pero hay muchos más
de hasta qué punto España no está a la cabeza, sino justamente en el
lugar contrario, por la falta de diligencia del Gobierno. El día 23
de enero se publicaba un documento de la Comisión Europea como
resultado de un Consejo de Ministros de Agricultura en el que cada
país presentó el estado de la cuestión en su propio país en relación
con las medidas obligatorias. Hay un documento que tiene varias
casillas con respecto a lo que ha hecho cada Gobierno. Hay una que es
muy significativa: ¿Cuántos test hacen ustedes y a cuántas reses por
semana? Porque ese fue el plan que se aprobó con un calendario. Hay
15 casillas, 14 están cumplimentadas, ocho están en lo que el señor
ministro de Agricultura suele llamar velocidad de crucero; están en
el cupo que les corresponde: las 30.000 de Francia ó
los 400 test semanales de Portugal. Otras casillas tienen un plazo,
que es el más alargado en el tiempo: mediados de marzo. Sólo hay una
casilla que está en blanco. ¿Saben SS.SS. cuál es? La del Gobierno de
España. Y hemos oído de manera reiterada la afirmación de que estamos
cumpliendo todas las medidas. Es más, que estamos a la cabeza en el
cumplimiento de las medidas. Ese es el estado de la cuestión, por no
hablar de la retirada de los MER, de las harinas, etcétera.
Moción del Grupo Socialista. Tiene objetivos básicos y, por cierto,
mínimos; algunas de las propuestas contienen proposiciones no de ley
del Grupo Socialista. La primera. Sin medios no hay posibilidad de
aplicar estas medidas, que, por cierto, son caras. El Gobierno de
España también es único en esto, no tiene un presupuesto específico,
con créditos extraordinarios, para la crisis de la EEB; el único
Gobierno que no lo tiene. Todos lo tienen. Sin eso no es posible
afrontar correctamente una crisis de esta naturaleza; sin medios no
hay posibilidad de aplicar las medidas. Por eso nuestra primera
propuesta tiene que ver con esta cuestión de responsabilidad mínima
para enfrentarse a este problema. Sin medios, señorías, no hay forma
coordinada de actuar sobre todo el territorio nacional.
Con respecto a las propuestas del Grupo Socialista les diré que lo
que está ocurriendo es justo lo contrario de lo que el vicepresidente
del Gobierno señalaba en esta tribuna hace bien poco, la semana
pasada. Decía que teníamos que tener medidas para todo el territorio
nacional de forma homogénea. ¿Y cuál es la situación? La situación es
que cada comunidad autónoma y a veces cada ayuntamiento está buscando
la solución por su cuenta como puede. Esa es la situación real. Hay
comunidades autónomas que han aprobado decretos para enterramientos;
hay comunidades que han pasado la papeleta de los enterramientos, que
son ilegales necesariamente, a las mancomunidades de ayuntamientos;
hay comunidades autónomas que ante el caos del certificado
veterinario, están llegando a acuerdos por su cuenta con sus colegios
de veterinarios para extender un certificado que no es ni el del
primer real decreto ni el de la orden posterior ni el de la situación
actual para adoptar una medida coherente en todo el territorio
nacional. Es necesario aplicar medidas en relación con la salud de
los españoles. No tenemos garantizada en el territorio nacional la
retirada de los materiales específicos de riesgo; no tenemos
garantizada la retirada de los cadáveres animales; no tenemos
garantizada la retirada y su ubicación provisional en lugares
medioambientalmente adecuados de las harinas de origen cárnico; no
tenemos garantizada su eliminación y no sólo no la tenemos
garantizada, sino que estamos lejos de empezar a resolver el
problema, estamos empezando a resolver el problema por falta de
medios, y así es imposible recuperar la credibilidad y la confianza
de los españoles en esta materia.
Señorías, es necesario que el Gobierno de España, igual que otros
gobiernos, entienda que estamos ante una crisis de la cual se derivan
necesariamente cambios radicales en la política ganadera. Por eso
planteamos una propuesta que vaya en esa dirección. Hay que
rectificar la política ganadera en todos sus términos y eso exige una
política nacional, exige recursos, exige medidas y exige recuperar la
confianza de los ganaderos. A veces de manera irresponsable se han
tomado decisiones que crean la imagen falsa de que los ganaderos son
los responsables directos de esta crisis. El Grupo Socialista
considera que para salir de una crisis como ésta y reconvertir el
sector ganadero, es necesaria una alianza, un nuevo pacto entre
consumidores y productores. Sin eso será imposible hacer algo que
pueda llamarse alternativa en el sector ganadero al que me estoy
refiriendo.
Señorías, es imprescindible que esas medidas que propone el Grupo
Socialista sean adoptadas con carácter homogéneo para todo el
territorio nacional. Hay comunidades autónomas que tienen más de un
millón de cabezas de ganado vacuno, que tienen enormes dificultades
-más que otras- para poner en marcha estas medidas y lo han dicho
públicamente. Recordaré la famosa frase de las Navidades: Hay leyes
que no se pueden cumplir. No la pronunciaba el líder de ninguna
comunidad autónoma socialista. Tienen gravísimas dificultades y el
Gobierno no puede darle la espalda a esa situación. Es verdad que hay
comunidades autónomas que tienen 80.000 ó 90.000 cabezas de ganado y
posiblemente en muchos casos más recursos, pero la falta de cohesión
a la hora de aplicar estas medidas deslegitima la gestión, el
liderazgo, la coordinación de la crisis. Por tanto, el Gobierno no
puede dar la espalda.
Lealtad institucional significa en este caso que el Gobierno no le
pase cada una de las medidas a las comunidades autónomas, ya sean
laboratorios, eliminación de harinas, retirada o eliminación de
cadáveres animales; que no le pase cada una de esas medidas a las
comunidades autónomas con el mensaje de ¡sálvese quien pueda!, que
esa es exactamente la situación actual. Lealtad institucional
significa que no se alardee, como se está haciendo desde el Gobierno,
de las diferencias entre comunidades autónomas. Hay comunidades
autónomas que, efectivamente, tienen muchos recursos y pocas vacas,
pero no se puede en este momento alardear de una situación de falta
de cohesión a la hora de adoptar este tipo de medidas.
La gestión del Gobierno está siendo errática y eso crea una enorme
desconfianza que multiplica la propia naturaleza de la crisis.
¿Cuáles han sido las decisiones más importantes que ha tomado el
Gobierno a raíz de las medidas aprobadas con carácter obligatorio en
toda la Unión Europea? Real decreto para crear una comisión de
seguridad alimentaria, cambiada a los pocos días. Real decreto para
la eliminación de los MER y cadáveres animales, cambiado a los pocos
días por una
orden ministerial y aún no resuelta la situación por parte del
Gobierno. Real decreto donde aparece un certificado veterinario,
cambiado a los pocos días. Esta forma errática de gestionar esta
crisis le cuesta muy caro al país. Las contradicciones entre los
propios ministerios en la gestión de la crisis son demoledoras para
recuperar la confianza. Aquí se han producido situaciones en las que
ha habido asuntos de medio ambiente resueltos por el ministro de
Agricultura, asuntos de ganadería tratados por la ministra de
Sanidad, cuestiones relacionadas con la ganadería resueltas con
propuestas por el Ministerio de Hacienda. Ese caos, esa falta de
coordinación no puede continuar en la gestión de esta crisis, que
necesita ser reconducida desde el punto de vista del liderazgo. Se
han cometido gravísimos errores de falta de transparencia. Se ha
preguntado en esta tribuna cuándo el Gobierno recibe los primeros
resultados, los primeros casos, en esta grave epizootia. Se ha dado
la fecha, el 4 de diciembre, por ejemplo. Pero cualquiera sabe
deducir -y la opinión pública al final desconfiará y mirará para otro
lado- que si hay una res que muere el 31 de agosto, necesariamente,
el Gobierno sabe mucho antes del 4 de diciembre los primeros
resultados positivos. Esa ocultación de información es grave en la
dirección de recuperar credibilidad y de ganarse la confianza de la
gente en la gestión de esta crisis. Quizá por eso una de las
comunidades autónomas que tiene más cabaña ganadera y más problemas
en la gestión de la crisis ha apelado, en medio de esta crisis y en
las situaciones difíciles a las que se tiene que enfrentar, al amparo
del Apóstol Santiago para solucionar el problema.
Al final, el Gobierno, dándole la espalda a la gestión de la crisis,
provoca que los propios gobiernos, los responsables públicos,
desconfíen de la solución de la crisis. ¿Qué pensará el ganadero o
qué pensará, sencillamente, el consumidor?
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, le ruego vaya concluyendo.
El señor CUADRADO BAUSELA: Termino con la última propuesta, señora
presidenta. ¿Puede el Gobierno, en su situación actual, teniendo al
frente de sus departamentos dos ministros claves en la gestión de la
crisis desprovistos de credibilidad, gestionar correctamente esta
crisis? El Grupo Socialista piensa que no. Les pondré un ejemplo,
señorías. El Gobierno alemán cometió similares errores en la falta de
evaluación de la crisis, muy parecidos, y necesitó una recomposición
del Gobierno para recuperar la credibilidad y ganar en la iniciativa,
en la gestión y en la salida de este problema. Es un ejemplo. El
Gobierno de España no hace lo que ha hecho el Gobierno alemán sino
justamente lo contrario.
Señorías, ¿puede el ministro de Agricultura, a fecha de hoy, sentarse
con los ganaderos, teniendo su confianza,
para solucionar aspectos graves en la gestión de este
problema? ¿Puede la ministra de Sanidad gestionar una campaña de
información para el conjunto de los ciudadanos, en un tema de salud
pública de gran magnitud e importancia que crea inquietud por sí
mismo? Con la desconfianza entre los sectores profesionales, que
unánimemente descalifican, un día sí y el otro también, la gestión de
uno y de la otra, ¿pueden darle al Gobierno la responsabilidad, la
confianza, la credibilidad necesarias para gestionar esta crisis?
Háganle un favor al país, aprueben esta reprobación y solucionen un
problema grave, vital, de gestión en esta crisis. ¿Es posible que en
las circunstancias actuales se pueda confiar en la gestión, por parte
del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad, cuando en
este momento los sectores profesionales del propio Ministerio de
Sanidad están constante y públicamente manifestando la desconfianza
en la capacidad para dirigir el departamento de la ministra de
Sanidad? ¿Es posible que teniendo un Ministerio, el de Agricultura,
convertido en una gestoría para hacer papeles, se pueda mantener a un
ministro que tiene graves problemas en relación con la demostración
de su propio patrimonio -como él mismo ha reconocido- en vez de
gestionar la crisis?
Ustedes -la derecha española- establecieron no hace mucho tiempo la
doctrina de la responsabilidad política. No les pedimos tanto -ya
sabemos que aquello fue un truco-, les pedimos sencillamente que le
hagan un favor al país y que prescindan de los dos ministros que hoy
más daño le hacen a la salida a una crisis tan grave como la que nos
ocupa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Para defender la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas,... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Frutos, por favor. (Pausa.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
Adelante, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Se trata, a estas alturas del problema, de
conocer a fondo lo que está ocurriendo -bastantes cosas conocemos ya
ahora-, de erradicar la enfermedad, el mal. Esto exige planes
concretos de trabajo, exige dinero, recursos económicos. Y hay un
tercer elemento imprescindible, que es cambiar algunas pautas de
producción de carne y de alimento
humano. Por ello, hemos propuesto una moción con una serie de puntos
para intentar abordar el conjunto de problemas, pensando que ya
prácticamente se ha dicho todo y seguramente lo que falta es
profundizar más en algunos temas, concretar más otros y cumplir con
lo que son imperativos, que se deben poner ya en marcha y que se
deben aplicar en nuestro país y en cualquier otro país.
Hablamos en un primer punto de un principio de precaución
y prevención, para que la carne que vaya al consumo sea carne de reses
de menos de 12 meses, entendiendo que no hay ninguna garantía de
poder detectar la enfermedad en las reses de menos de 30 meses, como
se está demostrando. Esto no quiere decir que, según vayan avanzando
nuevos tests y permitan conocer de forma exhaustiva si el ganado está
contaminado o no, no se puedan tomar otras decisiones.
Hay un segundo punto que pide una información veraz y permanente a
esta Cámara en concreto. Por eso nos ha parecido bastante mal o muy
mal por parte de la mayoría de esta Cámara negarse a formar una
comisión de seguimiento del problema, o una subcomisión, como ha
dicho Izquierda Unida. Una información veraz y permanente debería
estar relacionada con los trabajos normales y corrientes de esta
Cámara, no necesariamente a través de preguntas, interpelaciones y
mociones, sino de forma natural, a través de los trabajos de esta
comisión, que informaría debidamente al conjunto de la Cámara. La
información veraz y permanente debería tener una campaña destinada a
los ciudadanos, hablando de la aplicación en todas las comunidades
autónomas de la legislación sobre higiene, métodos de producción de
piensos, tratamiento de materiales de riesgo, inspecciones y
nutrición animal y todo aquello relacionado con la prohibición del
uso de harinas de carne y hueso de forma radical. Estos elementos
deberían formar parte de una campaña de información veraz pero al
mismo tiempo de un control exhaustivo por parte del Gobierno, no
responsabilizando a las comunidades autónomas de algo más que no sean
sus propias responsabilidades.
Un tercer punto propone el cese del ministro de Agricultura por
incompatibilidad. Yo no he dicho en ningún momento en los tres meses
que llevamos de debate de esta crisis: Cañete, vete. Me he callado.
He pensado que a lo mejor el que venía detrás lo haría peor todavía.
Pero, cuando salen incompatibilidades del tipo que se están
expresando estos días en los medios de comunicación, lo que
correspondería hacer por parte del propio ministro es pedir él mismo
su cese, o que se le quitara la responsabilidad, ya que él no puede
llevarla, por ser incompatible con otras responsabilidades que tiene
en la sociedad. Al mismo tiempo, reprobamos a la ministra de Sanidad,
por decir que se está controlando a todas las personas que se les
aplicó en su momento el Amerscan Pulmonate II, cuando no es cierto.
No es cierto que se les esté controlando. Si quieren
discutir ambos casos, y muy en concreto el de la reprobación de la
ministra de Sanidad, convoquen a la Comisión de Sanidad a personas
que puedan dar una información adecuada y luego sabremos exactamente
si, cuando la ministra hace una afirmación rotunda con relación al
control que están desarrollando sobre posibles contaminaciones con
respecto a la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob,
es verdad o no.
En cuarto lugar, pedimos diseñar una campaña de control sanitario de
explotaciones, mataderos e industrias, a través del servicio público
de veterinaria, coordinando las administraciones de las comunidades
autónomas y la Administración central con planes concretos de
actuación. Por cierto, de este punto planteo la retirada de su
apartado 3, por posible contradicción con el 1, posible contradicción
todavía no fehaciente, con relación a la posibilidad de nuevas formas
de test que todavía se están investigando.
Punto quinto, poner en marcha un programa coordinado de erradicación
de la encefalopatía, potenciando la investigación de nuevos tests,
incorporando a los comités científicos respectivos a los mejores
especialistas. Y el mejor método para conocer a los mejores
especialistas sería pura y simplemente convocarles a las comisiones
de Agricultura, de Sanidad, de Ciencia y Tecnología, para que nos
explicaran cada uno de ellos, desde su versión no partidaria sino
desde su versión científica y técnica, cuáles son los elementos que
ellos analizan del problema y cuáles son las propuestas
y alternativas que nos proponen. Dentro de este mismo apartado se
deberían contemplar las compensaciones económicas por animales
sacrificados al cien por cien del valor del mercado, que es la única
forma adecuada para controlar el fraude que se puede producir de que
los ganaderos no reciban el cien por cien del valor de los animales
sacrificados.
La sexta medida sería el desarrollo de medidas sanitarias para
controlar bancos de sangre, materiales o la esterilización de los
materiales en los hospitales, necropsias, medidas urgentes para
garantizar la vigilancia epidemiológica. Y otra medida, que puede
parecer un chiste, una boutade, pero que me sirve como elemento
retórico para tener en cuenta y para retener las responsabilidades de
cada uno en el proceso de esta encefalopatía, que es proponer el
cambio de nombre, llamarlo encefalopatía espongiforme británica, de
la misma forma que hace tiempo, históricamente, se conoció la gripe
como gripe asiática o gripe española. ¿Por qué no? Los británicos,
que han exportado tantas cosas buenas al resto del mundo, que
apechuguen con la responsabilidad de haber permitido y desarrollado
el mal y de no haber avisado adecuadamente a la Unión Europea de ese
mal que se estaba gestando en su casa, y que, sin control y a veces
con impulso por parte del Gobierno británico, se estaba extendiendo
por toda la Unión Europea.
La séptima medida sería un etiquetado obligatorio a partir del 1 de
marzo de toda la carne que vaya al mercado. Asimismo de los piensos,
con especificación de procedencia, composición y caducidad.
Seguimiento, por tanto, de piensos y carnes, que es la única forma de
permitir la erradicación en la parte que corresponde al consumo de la
carne que va al mercado.
Octava medida, desarrollo de los programas de transporte,
almacenamiento e incineración de harinas y otros agentes
contaminados, poniendo todos los recursos encima de la mesa -y va a
ser caro- para que esto sea posible y se pueda realizar con la máxima
eficiencia y urgencia.
La novena medida sería la prohibición total de fabricación,
comercialización y uso de harinas de base animal para todo tipo de
animales. Es la única forma de hacer desaparecer del mercado harinas
que tienen una base animal y de evitar por tanto que continúen yendo
a la alimentación del ganado vacuno o de otro ganado. También podrían
entrar en la misma consideración de producto peligroso, aunque no lo
sabemos todavía con certeza científica.
Décima medida, renovación radical, total y progresiva de la cabaña
tomando el tiempo que sea necesario y un programa de siembra de
forrajes, oleaginosas, habas y demás productos sustitutivos de los
que se han estado utilizando hasta ahora y que son los que han
producido el mal que estamos tratando. Es el momento, a nuestro
entender, de dar la vuelta gradualmente -no se puede hacer de la
noche a la mañana- al tipo de producción y consumo que genera una
forma de vida, una forma de comer y de consumo, que puede enriquecer
al mercado, especialmente a cuatro desalmados que juegan con la salud
y muchas veces con la vida de la gente. Debe haber ya un cambio; todo
lo que está ocurriendo debe hacer que impulsemos en toda la Unión
Europea, y también en nuestro país, un tipo de producción y de
consumo que nos permita hacer frente a todos estos problemas que
hemos detectado y que han demostrado ya su peligrosidad. Es el
momento de darle una vuelta y pensar si esto que estamos viviendo es
algo coyuntural, que nace en un momento determinado, en un momento de
despiste del mercado o de los productores de harinas, o bien es fruto
de un tipo de producción y de consumo que nada tiene que ver con la
salud y con la vida de los seres humanos. La persecución del máximo
beneficio en el menor tiempo posible puede producir desgracias
devastadoras, en este caso concreto en la cabaña de todos los países
de la Unión Europea y posiblemente en las personas en la medida en
que se vaya desarrollando la incubación del mal.
Finalmente hay dos últimos puntos en los que se trataría de proponer
todo lo que compete a este Parlamento, hacer las propuestas para el
impulso de la iniciativa legislativa, para la reforma de la política
agraria comunitaria, para una producción de alimentos sana y
respetuosa con las personas y con la naturaleza. Esto exigiría
impulsar al mismo tiempo las iniciativas legislativas para una
revisión del acuerdo del GATT, de modo que Europa pueda producir las
suficientes proteínas vegetales para que no haya que recurrir a otros
mercados con otro tipo de semillas que tampoco queremos nosotros para
Europa. Todavía no se ha demostrado lo que pueden producir ese otro
tipo de semillas transgénicas en el momento en que vayan
desarrollando su capacidad de intoxicar o no medio ambiente y
personas. Vale más prevenir que luego curar. La última medida sería
aclarar responsabilidades a los gobiernos respectivos, al Gobierno de
la Unión Europea, la Comisión Europea, porque ha tenido desidia,
naturalmente al Gobierno de la Gran Bretaña -y aplíquense ustedes la
medida-, al Gobierno español porque desde hace cinco años que se han
puesto en marcha toda una serie de medidas ha habido, como mínimo, un
tran tran preocupante por parte del Gobierno, cuando ya estaban
encendidas prácticamente todas las luces de alarma, tran tran que en
este último año, el 2000, se ha puesto más de relieve todavía en la
medida en que estaban sobre la mesa ya prácticamente todos los
problemas y aún se estaba diciendo por el ministro de Agricultura,
por el Gobierno en su conjunto, que este no era un problema que nos
afectase a los españoles. Por tanto, aplíquense ustedes también la
medida, como digo.
Nosotros hemos planteado la reprobación de una ministra y al mismo
tiempo el cese -o debería presentar él mismo la dimisión- de un
ministro por incompatibilidad, porque nos imaginamos que el señor
Cañete estará muy preocupado por los negocios particulares, que son
muy legítimos en una sociedad democrática, en una sociedad abierta,
en una sociedad de mercado, pero que en todo caso creemos que son
incompatibles con ejercer tan altas funciones como ser ministro de
Agricultura y mucho más en un momento en que tenemos un grave
problema, que exige la máxima inteligencia y el máximo esfuerzo por
parte de todos los responsables y especialmente por parte de los
responsables más directos. Por tanto, repito -y me retiro de la
tribuna-, yo, que no he dicho en ningún momento eso de: Cañete, vete,
en este momento concreto creo que sería adecuado.
Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro, señoras y señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia
de interpelación urgente, en primer lugar, por parte del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es evidente que si hoy volvemos a
discutir en esta Cámara sobre las medidas a
adoptar por el Gobierno para atajar la crisis producida por la
declaración de casos de encefalopatía espongiforme bovina en la
cabaña ganadera es debido indudablemente a que las medidas puestas en
práctica hasta el momento por el Gobierno y también por muchas
comunidades autónomas son insuficientes para atajar las consecuencias
de una crisis que no sólo está poniendo en peligro las rentas de los
productores y comercializadores, sino que pone en peligro la
viabilidad futura de un gran número de explotaciones y por tanto de
un sector económico básico para algunas comunidades autónomas, por
ejemplo para Galicia, en la que la producción de ganado bovino y su
comercialización genera puestos de trabajo y permite, aunque no sea
en las mejores condiciones, la perviviencia de un sector agroganadero
ya muy agredido en los últimos tiempos, entre otras cuestiones por
las restricciones que a la producción láctea impuso la Unión Europea
y que también, por cierto, el Gobierno español acepta y comparte.
Nosotros seguimos creyendo necesaria una implicación a fondo del
Gobierno central y de las comunidades autónomas, una implicación que
desde luego hasta ahora no se percibe, porque desde la aparición de
los primeros casos de encefalopatía seguimos sin conocer el paquete
de medidas que el Gobierno propone para afrontar esta crisis de una
manera concreta y clara; no la suma de medidas parciales o de forma
rápida, como se está viendo en este momento. Tampoco vemos la
necesaria voluntad de financiar adecuadamente esas medidas,
financiación que es imprescindible para hacer frente a las
consecuencias económicas inmediatas que esta crisis está generando y
para erradicar la enfermedad. Seguimos sin ver esas medidas a pesar
de la constitución del famoso gabinete de crisis, que al parecer
preside el señor Rajoy, que tantas esperanzas despertó en su momento
y que cada vez aparece más difuminado hasta convertirse en un
gabinete fantasma.
Las consecuencias están a la vista de todo el que quiera verlas. Las
pérdidas cada vez son mayores en el sector, existe desconfianza,
desconcierto, intranquilidad, ya sea entre los productores o entre
los consumidores, siguen las protestas, existe malestar y existe
sobre todo incertidumbre sobre el futuro. Las consecuencias de la
crisis, señoras y señores diputados, no deben pagarlas, como está
sucediendo, los sectores más débiles y menos culpables de lo que está
pasando. Es una evidencia que la crisis la están pagando
fundamentalmente los productores y también otros eslabones de la
cadena de comercialización. Pero en este caso si hay alguien que no
es culpable de la aparición de la encefalopatía y de la consiguiente
crisis ese es el ganadero. Los ganaderos, señoras y señores
diputados, no son responsables ni de la falta de control sobre los
mecanismos que provocan la transmisión de la encefalopatía ni por
supuesto de tener que amoldarse, en mayor o en menor medida, según
los casos y las zonas, a un modelo de producción defendido
y extendido por las autoridades competentes, sean europeas,
del Estado o de las comunidades autónomas. Insisto en que los
ganaderos no son responsables como colectivo y no deben ser los
paganos de esta crisis.
En otros debates en esta Cámara ya hicimos referencia, como Bloque
Nacionalista Galego, a diversos aspectos relacionados con esta
crisis, a sus causas, a las evidentes responsabilidades políticas y
hemos propuesto alternativas que no voy a repetir, por el tiempo de
que disponemos y porque figuran en los correspondientes «Diarios de
Sesiones».
Centrándome en las enmiendas, haré referencia a algunas cuestiones.
En una de ellas proponemos, como ya dije antes, incrementar
sustancialmente los fondos destinados por el Gobierno a paliar los
efectos de esta crisis. En este apartado voy a incidir en algunas
cuestiones. Quiero insistir en la necesidad de que no se cargue sobre
los ganaderos el coste del transporte y eliminación de las reses
enfermas. También hay un par de cuestiones importantes en este
momento que deberían abordarse con urgencia, porque son situaciones
por las que están pasando las explotaciones. Una es la necesidad de
que el Gobierno negocie con la banca, o que arbitre cualquier medida
que le parezca oportuna, la gratuidad del aval que los productores
tienen que presentar si quieren acogerse al plan de retirada de reses
mayores de 30 meses; como saben, el productor tiene que poner 50.000
pesetas por cada animal y esto le supone un coste adicional de entre
5.000 y 7.000 pesetas. Otra cuestión es el pago del transporte, que
nosotros creemos que debe ser gratuito, de ese animal hasta los
mataderos autorizados. Son costes añadidos que no deberían tener que
soportar, en un momento, además, en que el precio que están
recibiendo por la res ya es inferior al que regía antes de la
aparición de casos de EEB.
Otra cuestión importante, a la que se debe dar respuesta rápida,
señoras y señores diputados -y también me dirijo al Gobierno-, es
que, a causa de esta crisis, ustedes ya saben que, como consecuencia
de la disminución de ventas, los terneros, por poner un ejemplo,
permanecen en las explotaciones y eso está suponiendo no sólo
pérdidas derivadas de la imposibilidad de venderlos, sino que además
existe un coste añadido derivado de la necesidad de seguir
alimentándolos. Por tanto, nos parece que es evidente que hay que
poner en marcha urgentemente un plan especial de intervención que
posibilite dar salida a estos excedentes y alivie la situación
económica que muchos productores están sufriendo en este momento, una
situación que les quiero decir de verdad que es muy grave.
Haciendo hincapié en otras cuestiones, también creemos necesario -y
vuelvo a repetirlo en esta Cámara- extender y homogeneizar los
controles a toda la cabaña del Estado, por la sencilla razón de que
desde luego dará más confianza a los consumidores, ayudará a un mejor
control, más real, de los casos de encefalopatía, permitirá, por
tanto, conocer mejor la profundidad de esta crisis. Además -y lo
tengo que decir con toda claridad-, porque nosotros no compartimos la
estrategia actual por la cual la mitad de los tests prionics se están
realizando en Galicia, lo que inevitablemente conlleva la aparición
de más casos en esta comunidad y produce el inevitable efecto de que
la ciudadanía sitúe el grueso del problema en esta comunidad, cuando
probablemente eso no sea especialmente cierto. Además establece,
inevitablemente también, una asociación de vacas locas-Galicia, que
perjudica de forma clara a sus productores.
Proponemos asimismo que en el etiquetado de los piensos, más allá de
la necesaria claridad que deben reunir sobre los componentes, figuren
cuestiones que creemos de interés sobre el origen de los mismos, si
contienen productos modificados genéticamente, o los antibióticos que
puedan contener -porque a veces contienen alguno- y especificando
cuáles, porque no tardaremos mucho en abrir un debate sobre esta
cuestión. Y, si no, ya se verá. Insistimos en proponer la prohibición
definitiva de la fabricación de piensos con restos cárnicos y el
control efectivo de esta decisión. Seguimos sin comprender cómo ni
desde la Unión Europea ni desde el Gobierno se adopta esta medida si
está establecido, como lo está por los científicos, que la principal
causa de transmisión de la EEB es vía utilización de este tipo de
piensos, piensos que además es posible sustituir con proteínas de
origen vegetal, si se lleva adelante la política adecuada.
Por último, hacemos referencia en nuestras enmiendas a otras
cuestiones también de interés, como son aumentar los controles de la
importación de reses, impulsar programas de recría, realización de
campañas de información clara y veraz como una de las medidas para
recuperar la confianza del consumidor y por tanto del mercado, frente
a la confusión actual, que desde luego a nosotros nos cuesta entender
por qué se está produciendo. Naturalmente volvemos a insistir en la
necesidad de impulsar políticas dirigidas a fomentar un modelo de
producción de carne de bovino basado en la alimentación natural de
las reses, un debate sobre el que no podemos pasar en un momento como
este, que algún Estado europeo, como Alemania, empieza a abordar y
que es necesario abordar en todos los lados, también en el Estado
español. Un punto que no nos parece superfluo es el referido a que el
Gobierno y todo el mundo que tenga que ver con la Administración
tiene que estar en contacto y en información permanente con el sector
y sus organizaciones representativas.
Estas enmiendas nos parece que complementan las mociones presentadas
por los grupos proponentes y esperamos que sean aceptadas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, se han escrito durante estos últimos meses ríos de tinta
hablando sobre la problemática de la EEB. Hemos interpelado y ha
comparecido en Comisión el ministro de Agricultura, la ministra de
Sanidad, el vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy; hemos
debatido sobre ese tema que tiene desconcertados a los consumidores y
profundamente preocupados a los sectores productores que realizan su
actividad en el entorno de este sector. Hoy estamos aquí debatiendo
la moción con el ánimo de proponer una serie de medidas que sean
capaces de espolear al Gobierno para que adopte las medidas con la
máxima rapidez. Tengo la sensación, y el sector está conmigo en ese
tema, de que una cosa es dar consejos y hacer promesas y otra cosa
muy diferente es tomar las decisiones adecuadas que permitan que la
teoría se convierta en práctica y eso se haga de una forma inmediata.
(La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la
Presidencia.) Podría poner encima de la mesa toda una serie de
ejemplos de temas que no terminan de funcionar. Sería por tanto muy
importante poner hilo a la aguja. No puede ser que en este momento
aún no se haya publicado la orden ministerial destinada a financiar
la retirada de los piensos elaborados con harinas cárnicas y que
prácticamente no haya habido ninguna retirada. También existen
problemas burocráticos en algunos temas que hacen referencia a la
compra y destrucción de animales de más de 30 meses. Pero no voy a
entrar en ese tema en profundidad, no voy a entrar a valorar la
responsabilidad de la situación en que nos encontramos. Lo que está
claro es que los que realmente no son responsables son los ganaderos
y sin embargo son aquellos que tienen que soportar la peor parte de
la crisis.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, voy a ceñirme en este
momento a las dos enmiendas de sustitución que hemos presentado: una
a la moción del Partido Socialista y otra a la de Izquierda Unida.
Básicamente, hemos presentado 16 puntos y, por lo tanto, intentaré
ser lo más breve posible, dada la hora en la que estamos. El primer
punto de la propuesta es la siguiente: el incremento de las
dotaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación que permita al conjunto de las administraciones públicas
del Estado la financiación de las actuaciones y medidas adoptadas
como consecuencia de la crisis de la EEB. En este sentido, es urgente
que se proceda al pago de las cantidades establecidas en los
convenios de colaboración con el MAPA y que se han formalizado con
las distintas comunidades autónomas para la financiación del plan de
lucha contra la EEB. En este momento se tendría que poner en marcha
la financiación por parte del Estado de los compromisos adquiridos
con las propias comunidades autónomas.
Punto número dos. Establecimiento por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación de una ayuda compensatoria,
complementaria a la fijada por la
Comisión Europea, en concepto de medida de intervención de carne de
vacuno destinada al almacenamiento privado, al objeto de equiparar el
precio de intervención al 80 por ciento del precio de referencia o
fijar el precio de referencia como el precio medio vigente el año
anterior a la crisis.
Punto número tres. Supresión de las limitaciones para la venta de
carne de vacuno a la intervención, incrementando el peso máximo
permitido actualmente y abriendo el mercado de intervención al ganado
bovino hembra y a los animales de más de 340 kilos.
Punto número cuatro. Incremento de las indemnizaciones en concepto de
sacrificio de reses en aquellas explotaciones en las que se haya
detectado algún animal con encefalopatía espongiforme bovina.
Punto número cinco. Incremento de las dotaciones presupuestarias
destinadas a la implantación de laboratorios para la realización de
los análisis de la EEB. En este sentido, los recursos a distribuir
entre las comunidades autónomas se tendrían que repartir en función
de la participación de éstas en la cabaña y el volumen de sacrificios
estatales que se están realizando.
Punto número seis. Incremento, con cargo a los fondos comunitarios,
de las ayudas a los ganaderos para que puedan hacer frente a los
gastos generados por la retirada y destrucción de los cadáveres de
las explotaciones y a la eliminación de los materiales específicos de
riesgo, los MER, en los mataderos.
Punto número siete. Publicación inmediata de la orden ministerial
destinada a la financiación de la retirada de los piensos elaborados
con harinas cárnicas, actualmente prohibidas en la Unión Europea.
Punto número ocho. Defensa, ante las instancias comunitarias, de la
implantación de medidas de fomento del cultivo de vegetales ricos en
proteínas como las leguminosas, oleaginosas y proteaginosas,
respetando los acuerdos alcanzados por la Unión Europea en el marco
de la Ronda Uruguay del GATT, al objeto de conseguir un nuevo modelo
de alimentación animal. A tal efecto, entre otras actuaciones, se
tendría que flexibilizar la reglamentación relativa a la retirada de
tierras, se incrementará la cantidad máxima garantizada por la
producción de forrajes y habría que incrementar también las
superficies autorizadas para los cultivos.
Punto número nueve. La solución de homologación ante instancias
comunitarias de los análisis rápidos mediante pruebas de sangre en
animales vivos. Eso supondría mayor rapidez y mayor efectividad en el
control de la enfermedad.
Punto número diez. Mejorar la confianza del consumidor a través de la
mejora del etiquetado de carnes de vacuno, mediante el adelantamiento
de la segunda fase del sistema obligatorio, incorporando cuanto antes
los datos que todavía no son obligatorios, como el país de origen y
la explotación origen del animal. Sería bueno que fuese obligatorio
para principios del segundo semestre del año 2001.
Punto número once. Una mayor coordinación de las actuaciones
comunitarias para controlar antes de su comercialización las
importaciones de productos cárnicos procedentes de países no
comunitarios, al objeto de garantizar que esos productos ofrecen la
misma garantía para los consumidores que los productos elaborados en
la Unión Europea.
Punto número doce. El impulso de campañas informativas y de promoción
del consumo de carne de vacuno por parte de los poderes públicos.
Punto número trece. Permitir a los ayuntamientos la reducción del
impuesto sobre actividades económicas durante ese ejercicio a los
sectores afectados por la crisis y facilitar la celebración de
convenios especiales con la Seguridad Social para los sectores
afectados.
Punto número 14. Propuesta de reducción de los signos, índices y
módulos utilizados para determinar el rendimiento neto de las
actividades ganaderas, de explotaciones de ganado bovino y las de
comercio al por menor de carnes y despojos de productos y derivados
cárnicos, salvo casquerías, epígrafe IAE, número 642, puntos 1, 2, 3
y 4, y comercio al por menor en casquerías, vísceras y despojos
procedentes de animales de abastos, frescos y congelados, epígrafe
IAE, número 642.6, en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas correspondiente al ejercicio del año 2001.
Punto número 15. Establecimiento de líneas de ayuda a las empresas
que obtienen derivados de chicharro y harinas de carne que se hayan
visto obligadas a cesar su actividad. Asimismo, si al finalizar el
plazo de seis meses marcado por la Unión Europea continúa la
prohibición de elaboración de harinas de carne, habría que prever la
puesta en marcha de un plan de reconversión industrial de ese sector.
Igualmente, nuestro grupo parlamentario considera necesaria la
creación en el Congreso de una subcomisión no permanente en el seno
de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para efectuar un
seguimiento de la crisis generada por la aparición en España de los
casos de encefalopatía espongiforme bovina.
Señoras y señores diputados, señora presidenta -y voy terminando-,
ésas son nuestras propuestas. La situación actual es de
intranquilidad para el consumidor y de desolación para el sector.
Éste nos demanda que seamos capaces de reconducir esa sensación de
alarma que se ha creado y que se encuentren soluciones rápidas al
respecto. En base a esas dos premisas, nuestro grupo parlamentario
estaría dispuesto a transaccionar, a fin de encontrar unanimidad en
el conjunto de fuerzas políticas que componen esta Cámara. En esos
casos las mayorías sirven de poco, sólo sirve el consenso en
encontrar la solución o la salida adecuada al problema. Desde luego,
nuestro grupo está abierto a explorar si somos capaces de encontrar
el denominador común que tanto desea el sector. De lo contrario,
mantendremos nuestro posicionamiento.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoras y señores
diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) el señor Txueka tiene la palabra.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratxe aldeon,
buenas tardes.
En la interpelación que mantuvimos la semana pasada, desde el Grupo
Nacionalista Vasco planteábamos que, a estas alturas y después de
todos los debates que hemos mantenido a nivel tanto de comisiones
como de pleno, creíamos conocer cuáles son los puntos críticos de
esta crisis y que lo que cabía era llevar a cabo un testado continuo
sobre las actuaciones realizadas, conocer la situación actual de los
mismos, una autocrítica de los aspectos insatisfactorios y plantear
medidas coherentes a las consecuencias que la crisis está suponiendo
para los sectores afectados. También planteábamos una serie de
cuestiones o preguntas que no voy a volver a repetir porque ya están
en el «Diario de Sesiones». Digo esto porque, al analizar las
mociones consecuencia de dichas interpelaciones, tenemos una cierta
sensación de que se practica una especie de totum revolutum.
Un aspecto, para los nacionalistas vascos importante, para hacer
frente e ir solucionando esta crisis es la responsabilidad y las
actuaciones, tanto desde el punto de vista técnico como económico, de
las diversas instituciones. Me explicaré. Las competencias y
ejercicios en materia de sanidad animal, desarrollo ganadero,
sanidad, consumo y medio ambiente básicamente están en las
comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Tienen que
ejercerlas, actuar y responsabilizarse en consecuencia. Por lo tanto,
a la hora de testar las actuaciones ante la crisis, el Gobierno del
Estado debe garantizar que dichas competencias se están ejerciendo
adecuada y suficientemente en cada caso.
Tenemos la sensación -espero que equivocada- de que desde estas
proposiciones se hace una lectura y consideración de las autonomías
como si de hermanos pequeños se trataran. Se hace un tratamiento de
la capacidad de gestionar sus competencias y de dar respuesta a los
problemas, a nuestro entender, negativo. Estamos escuchando en
demasía expresiones como: el problema nos desborda, es un problema
que sobrepasa las fronteras, es un problema imposible de afrontar
económicamente desde las autonomías, etcétera, para, posteriormente,
provocar actitudes proclives no sólo a promover legislaciones
básicas, sino a determinar su desarrollo reglamentario, así como a
promover actuaciones unitarias y homogéneas en aras a la
racionalización y eficacia. Pues, para que conste, las comunidades
autónomas tienen sus competencias y deben ejercerlas, como el Estado
las suyas, pero sobre todo, todos deben responsabilizarse plenamente
del ejercicio de dichas competencias, porque, siendo competentes las
comunidades autónomas, ¿son incapaces las autonomías de
haber adecuado los laboratorios existentes para efectuar analíticas y
tests de control? Entiendo que no, salvo algunas en las que el peso
ganadero sea pequeño y soliciten al Estado su realización. ¿Son
incapaces las autonomías de organizar servicios de recogida de
animales muertos? ¿Qué se venía haciendo entonces con los que hasta
ahora se producían? Porque, no nos engañemos, los cadáveres de
animales no han aumentado sustancialmente; han aumentado los MER,
pero no los cadáveres. ¿Son incapaces de incinerar o inhumar en
vertederos plenamente autorizados de acuerdo con la Directiva europea
1999/534? ¿Son incapaces las comunidades autónomas de promover por su
cuenta la identificación y etiquetado de las carnes sin tener que
esperar a que llegue el 1 de enero del año 2002 y sea de obligado
cumplimiento? ¿Son incapaces las comunidades autónomas de controlar
el consumo de harinas animales en las explotaciones? ¿Son incapaces
de arbitrar medidas económicas de choque para compensar los vacíos
sanitarios de las explotaciones, los sacrificios preventivos de
animales? Pero si es lo que se viene realizando desde hace más de 15
años en las diversas campañas de saneamiento que se han llevado a
cabo.
Nosotros entendemos que son plenamente capaces. Dígase quiénes no
cumplen con sus responsabilidades, dónde están los déficit; no se
haga un revuelto responsable. Sobre todo, en esta materia hay una
cuestión clave: ¿alguien cree en esta Cámara que si desde las
autonomías no se realizan estas actuaciones propias o se realizan
deficientemente, con los medios y dotaciones económicas transferidas,
el Estado es capaz de realizarlas? Es indudable que en el conjunto de
medidas para afrontar esta crisis y su posterior salida existen otras
en las que la implicación y responsabilidad del Gobierno del Estado
español es evidente y, además, en actuaciones que le competen
totalmente. Por ejemplo: ¿promoverá el Estado, tal y como hemos
solicitado repetidas veces, que a los animales intervenidos se les
realicen los tests para conocer, en su caso, el alcance y el mapa
epidemiológico real de esta crisis? ¿Son SS.SS. conscientes de que a
los animales intervenidos no se les realiza el test y, por lo tanto,
no sabemos la realidad de la epidemia? Otra competencia evidente del
Estado de la que se tiene que preocupar verdaderamente es la revisión
del acuerdo Blair House entre la Unión Europea y los Estados Unidos,
vigente hasta el 2002, para, como han dicho intervinientes
anteriores, promover e incentivar la superficie destinada a la
producción de harinas vegetales. Lógicamente, el Estado ha de
habilitar también partidas para hacer frente a sus responsabilidades
y pagarlas, como hemos comentado. Ha de promover campañas de
información eficaz y veraz que vuelvan a generar confianza en el
consumidor y una larga serie de medidas en el curso de sus propias
competencias.
Aun así, el Grupo Nacionalista Vasco va a apoyar las proposiciones no
de ley presentadas, pero va a condicionar su apoyo a un respeto,
tanto en la literalidad
como en los hechos, a ese ejercicio de responsabilidades que le
corresponden a cada uno por las razones expuestas y, sobre todo, a
una actuación leal de los partidos proponentes a estas proposiciones
no de ley, por la que las actuaciones que, en su caso, se aprueben
han de serlo siempre con el total acuerdo de las comunidades
autónomas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición, tiene la
palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar
nuestra posición en las proposiciones no de ley que nos presentan el
Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
Quisiera, como cuestión previa, dirigirme a mi colega el señor
Cuadrado, porque tantas veces hemos debatido su grupo y el nuestro
sobre esta materia, tantas veces hemos tenido personalmente este
amistoso enfrentamiento, que ya nos conocemos demasiado. Mientras S.
S. intervenía, he confeccionado un estadillo donde tenía apuntadas
las palabras: caos -la ha citado-, crisis profunda -la ha citado-,
falta de liderazgo -la ha citado-, trágala comisiones autónomas -la
ha citado-, etcétera, y al final creí que no iba a poner la cruz en
la casilla de falta de información, pero también la he tenido que
poner porque S.S. nuevamente ha dicho que de la vaca Parrula, que
murió en agosto, hasta no sé qué mes no se vio el análisis. Señorías,
una vez más diré, porque es cierto, que desde que el laboratorio de
referencia de Zaragoza comunicó al Ministerio de Agricultura el
primer caso, el ministro de Agricultura tardó exactamente un cuarto
de hora en convocar a la prensa y dar esa infausta noticia y tardó
pocas fechas en venir a comunicarlo al Parlamento. Por tanto, también
información. (Aplausos.) Además, señorías, se quejan permanentemente
de la inacción del Gobierno, pero es que ya no se quiere escuchar no
ya lo que este portavoz diga, sino tampoco lo que reiteradamente el
ministro de Agricultura, la ministra de Sanidad y todo el Gobierno,
con su vicepresidente al frente, aquí, en el Parlamento, han
expresado. La semana pasada, el vicepresidente, señor Rajoy, hizo un
resumen que a mí me gustaría sintetizar al máximo en estos momentos
para decirlo una vez más, para que conste en el «Diario de Sesiones»,
porque ya sé que SS.SS. ni escuchan ni tienen interés por el tema. El
señor Rajoy dijo que hay un reconocimiento unánime -y desde luego el
Gobierno y nuestro grupo lo han reconocido- de que existen
importantes lagunas -eso es así y hay que reconocerlo- en el
conocimiento de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme. Se
dijo además, y lo reiteramos
hoy aquí -más información-, que no hay vacunas, que no hay
tratamientos veterinarios para los bovinos afectados ni tampoco
existe posibilidad cierta de un diagnóstico analítico en animales
vivos, y que ese es un grave problema. Tampoco existe seguridad
científica de los mecanismos de transmisión a las personas y tampoco
nos sirve, por cierto, el consuelo de haber constatado el hecho
cierto de que la probabilidad de tal transmisión es mínima, es
bajísima. Aquí se informó -y reitero nuevamente- de que los criterios
de actuación del Gobierno responden a tres parámetros, a tres puntos
esenciales: uno, prioritario, la salud del consumidor; segundo,
consecuentemente con el primer punto, erradicación de la enfermedad;
y tercero, afrontar, pero afrontar de verdad y en serio, la gravísima
situación del sector ganadero, que está sufriendo un durísimo golpe.
Señorías, el Gobierno ha dicho reiteradas veces, y la última el señor
Rajoy el miércoles pasado, que para conseguir estos objetivos ha
tomado una serie de medidas -y son ciertas-, unas de acuerdo con los
ministros de la Unión Europea y otras que son propias del Consejo de
Ministros de España, y en todo caso con información adecuada y en
colaboración con las comunidades autónomas, que son las que tienen
-señor Txueka, es la octava vez que lo repito- que ejecutar los
acuerdos que sobre la materia se adoptan tanto en los consejos de
Bruselas como en los consejos de Madrid. Por tanto, cuando S.S.
habla, en tono no ya pontifical sino de bronca, de lo que está
pasando con el reconocimiento de las comunidades autónomas, supongo
que mira hacia otra parte de la Cámara. Nuestro grupo reconoce de
manera clara y prístina lo que tiene que hacer cada cual, incluidas
las comunidades autónomas. Estas medidas han sido repetidas aquí
hasta la saciedad y yo no las voy a reiterar. Simplemente voy a
recordar que son las medidas recomendadas por los comités
veterinarios de la Unión Europea, apoyadas y consensuadas por todas
las comunidades autónomas, que tienen su correspondiente dotación
financiera y que comprenden los aspectos generales que SS.SS. ya
conocen y que me permito repetir brevemente: investigación de la
enfermedad, se está haciendo; análisis masivos, se están haciendo los
que correspondan (por cierto, señor Cuadrado, cómo vamos a hacer en
España los mismos que en Francia cuando la cabaña ganadera en España
es de seis millones de cabezas de vacuno mientras que en Francia es
de 20 millones); eliminación de los materiales específicos de riesgo,
incluidos los animales muertos en granja; eliminación de harinas;
control del cumplimiento normativo -muy importante- y apoyo al sector
mediante la compra de canales tanto para mantener en lo posible el
equilibrio oferta/demanda, que en estos momentos está desequilibrado,
por desgracia para el sector, como para indemnizaciones por animales
sacrificados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Señorías, hay coincidencia general en que tales medidas son duras,
son de amplio espectro, pero no es menos
cierto que son las medidas que ahora pueden aplicarse con el nivel de
conocimiento que se tiene de la encefalopatía espongiforme bovina. En
este punto hay que constatar con infinita prudencia que existen ahora
mismo garantías para que ningún animal afectado pase a la cadena
alimenticia, punto prioritario del Gobierno español y de los
gobiernos europeos. Por tanto, podemos afirmar que lo que el mercado
ofrece es apto para el consumo, sin riesgos añadidos. Además,
señorías, si miramos otra vez a la semana pasada, es el momento de
que reiteremos aquí las dos preguntas que el pasado miércoles le hizo
al Grupo Parlamentario Socialista el señor vicepresidente primero del
Gobierno y que el Grupo Parlamentario Socialista ni ha contestado ni
contestará. La primera pregunta era: ¿Cuál de las medidas ha sido un
error y no debiera haberse tomado? Todavía no han contestado esa
pregunta ni lo harán. La otra pregunta la hizo aquí el Gobierno: ¿Por
qué todas, absolutamente todas las comunidades autónomas han apoyado
todas las medidas adoptadas por el Gobierno, incluido el plan
nacional acordado en la conferencia sectorial?
Yo comprendo que responder a estas preguntas es empezar por parte del
PSOE a colaborar y a arrimar el hombro en este problema tan grave y
es además empezar a dejar de divagar en cuestiones tangenciales.
Pedir medidas en positivo comprendo que es mucho pedir a sus
señorías. Ahora bien, sepan que nuestro grupo, a pesar de todo, está
abierto al diálogo permanente y a estudiar las propuestas socialistas
y de Izquierda Unida, que hasta ahora sólo se han dedicado a liar más
el problema, a enredar y a desinformar. Veamos la prueba. Medidas
propuestas en las mociones. Hay tres grupos. En el primer grupo hay
unas medidas que, según criterio de mi grupo y según criterio
generalizado, ya están en marcha, ya están tomadas y están
funcionando satisfactoriamente; por tanto, bienvenidas sean, pero
llegan tarde. Hay otro grupo de medidas en las mociones que ahora
debatimos que son absolutamente incompatibles con la normativa de la
Unión Europea. Al respecto, en el Grupo Parlamentario Popular tenemos
una duda. ¿Saben de verdad en el PSOE e Izquierda Unida que existen
ayudas nacionales prohibidas expresamente por la Unión Europea? ¿Lo
saben? Si no lo saben, ya es hora de que lo vayan aprendiendo para no
proponer cosas como las que se nos proponen en estas mociones, y si
tienen conocimiento de esta materia, que lo dudo, la única
explicación que encontramos es su irrefrenable deseo de que los
grupos parlamentarios nos coloquemos en fuera de juego y solicitemos
al Gobierno algo de imposible cumplimiento. Yhay otro grupo de
medidas que se nos proponen en las mociones que también son de
imposible cumplimiento por la sencilla razón de que, como tantas
veces hemos dicho, su ejecución no le corresponde al Gobierno sino a
las comunidades autónomas. Aquí no tenemos ninguna duda. Pensamos que
el Partido Socialista, que es quien fundamentalmente hace las
propuestas en su proposición no de ley, plantea medidas absolutamente
contrarias a la ley, precisamente contra la ley que transfirió en su
día a las comunidades autónomas todo lo referente a la sanidad
animal. Estas transferencias están asumidas desde hace mucho tiempo,
con carácter exclusivo, por todas las comunidades autónomas, por lo
que se propone que se actúe fuera de la legalidad. En este sentido,
la falta de rigor y la ausencia de seriedad por parte de los
socialistas llega a cotas inauditas, repito, proponiendo medidas
absolutamente ilegales. Así pues, señor Cuadrado, le ruego que no nos
pida que demos traslado de sus propuestas, ya que son una birria
(Risas.), porque siguen sin presentar alternativas ni propuestas
serias y viables, lo he dicho varias veces y lo estoy demostrando
esta tarde una vez más. Tampoco nos hable, como le he dicho antes, de
los tests prionics -bueno, háblenos si quiere, aunque yo le
contestaré siempre de la misma manera por pura coherencia-, de si se
está llevando a cabo un mayor o menor número de tests prionics. En
España se están haciendo exactamente los que hay que hacer, los que
se acordaron en la Unión Europea y le he puesto antes el ejemplo de
que, si Francia tiene una cabaña casi cuatro veces superior a la de
España, lógicamente habrá que hacer casi cuatro veces más tests
prionics en Francia que en España. Además, dentro de poco, y lo han
señalado el señor Txueka y el señor Vázquez, del Grupo Mixto,
tendremos que hablar aquí de los tests y de las medidas en general
que ya han sido puestas en marcha por cada comunidad autónoma. Sería
muy fácil para mi grupo señalar alguna carencia en alguna comunidad
autónoma que haría sonrojarse a los diputados socialistas. No pierdan
la esperanza porque lo haremos en su momento, pero no ahora.
Quisiera referirme al punto 13 de la moción presentada por el Partido
Socialista. A su petición se ha enganchado posteriormente, en el
debate, el Grupo de Izquierda Unida, pero quien la ha hecho desde el
principio ha sido el Grupo Socialista. Pide en dicho punto la
reprobación de la señora ministra de Sanidad y del señor ministro de
Agricultura. Señorías, desde que empezamos a debatir hace meses en el
Parlamento sobre la EEB ha habido numerosas iniciativas en las que mi
grupo ha señalado algo que ya todo el mundo acepta, que es que al
Partido Socialista no le importa tanto el problema de las vacas locas
como el presunto desgaste del Gobierno por este tema. Es más, reitero
aquí nuevamente que al Partido Socialista lo único que le interesa es
buscar la alarma social haciendo una oposición que, a mi modesto
juicio, es ciega y errática, y la constatación de mis palabras la
tenemos hoy nuevamente. Después de un período de preparación con
intervenciones tendenciosas y faltas de veracidad, después de una
campaña de auténtica desinformación y confusión, piden hoy la
reprobación de dos ministros del gabinete. Se siguen ignorando y aún
negando hechos evidentes, cuales son las múltiples medidas de
carácter técnico y financiero que de manera acertada se han tomado a
nivel, repito, de la Unión Europea, a nivel nacional y las que
competen a
las comunidades autónomas. Señorías, por parte del Grupo Socialista,
con ocasión o sin ella, se sigue insistiendo hasta la saciedad en
verdades a medias, en mentiras enteras, en insinuaciones veladas y
falsas y se sigue creando, repito, alarma social, mezclándose todo
eso en la coctelera de la demagogia y sirviéndose hoy aquí, en el
Pleno, la petición de reprobación de dos ministros. ¡Vaya cóctel!
¡Vaya cóctel! (Aplausos.) Señorías, este truco ya es viejo y nos
parece una broma pesada y sin gracia el planteamiento que nos hace
hoy aquí el Partido Socialista. Además, señorías, al debatir unas
medidas sobre la encefalopatía espongiforme no nos parecen oportunos
los ataques infundados y extemporáneos contra dos ministros que aquí
se han hecho; de manera muy correcta, pero se han hecho; de manera
muy velada, pero se han deslizado. Señorías, las condenas
apriorísticas e inquisitoriales que aquí hemos oído contra el señor
ministro de Agricultura, en particular, son inaceptables para mi
grupo y para todos aquellos que queremos aproximarnos a la verdad.
El señor Arias Cañete ha solicitado a la Inspección General del
Ministerio de Administraciones Públicas -y aquí está presente el
titular de esa cartera- que se investigue su situación. Nos consta
que en esa Inspección General se ha abierto un procedimiento
administrativo, que esperamos se sustanciará en breve. Mientras
tanto, son exigibles respeto a quienes calumnian y silencio a quienes
condenan sin ser jueces. Pero miren por donde al Grupo Popular se le
brinda una magnífica ocasión para que en nombre de mi grupo exprese
aquí nuestro reconocimiento, afecto y respeto a la señora ministra de
Sanidad y al señor ministro de Agricultura (Aplausos.), reiterando
una vez más que están actuando en sus tareas con rigor y eficacia e
instamos a ambos ministros a seguir en esa línea política dentro del
Gobierno de España y sin fisuras de ningún tipo reciben el apoyo día
a día del grupo parlamentario.
Ya termino mi intervención, señorías, señora presidenta, señalando
que en estas mociones se nos ha servido, lamentablemente, más de lo
mismo, que ya sabemos que el Gobierno no ha contado ni contará con la
colaboración de los grupos interpelantes para una tarea de Estado tan
importante como la que nos ocupa y que la crisis de la encefalopatía
no será ni corta ni su recorrido fácil, como tampoco fácil de
erradicar.
Por ello, instamos al Gobierno a seguir en su tarea certera y posible
en la seguridad de que el problema, aun siendo difícil, repito,
tendrá solución cuando las medidas adoptadas y las que se adoptarán
surtan su pleno efecto.
Quiero finalizar mi intervención... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Quiero finalizar mi intervención con dos mensajes muy claros. El
primero va dirigido a los consumidores en el sentido de que nunca la
carne de vacuno había tenido tantos controles y, por tanto, lo que se
nos ofrece en los mercados es un alimento plenamente sano. Y el otro
mensaje se lo envía mi grupo a los ganaderos, que están soportando
una crisis durísima para sus rentas. Los ganaderos deben tener la
total seguridad de que a las actuales medidas de apoyo seguirán otras
que en buena medida paliarán el grave daño que están sufriendo en sus
explotaciones pecuarias y en sus economías.
Dicho lo anterior, señorías, sólo me resta expresar que votaremos con
un no rotundo las mociones que aquí hemos debatido.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
A los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Mixto como por
el Grupo Catalán, el señor Cuadrado tiene la palabra.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
En relación con las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista
Galego, del Grupo Mixto, aceptamos las siete enmiendas porque
coinciden plenamente con el contenido y enriquecen la propia moción.
Con respecto a la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como ellos mismos saben,
se trata de una enmienda de sustitución coincidente en gran parte con
el contenido de la moción del Grupo Socialista. Por lo tanto, tiene
poco sentido sustituir nuestra moción por la alternativa que su grupo
presenta.
Y en relación con la reprobación, hoy esta Cámara discute...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Cuadrado. Esta Presidencia tiene
que reiterar nuevamente que en este turno, tanto en las proposiciones
no de ley como en las mociones, única y exclusivamente, señor
Cuadrado, se interviene para decir si se acepta o rechaza la
enmienda, no los motivos por los cuales se acepta o se rechaza.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Posiblemente, la señora presidenta no sabe que voy a hacer una
propuesta en relación con la moción de Izquierda Unida, en el sentido
de solicitar una votación separada...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Cuadrado, pero no es el momento.
Una vez que haya intervenido el representante de Izquierda Unida para
decir si acepta o no las enmiendas y a posteriori, cuando se llame a
votación, será el momento de solicitar la votación separada.
Señor Frutos, al objeto también de indicar la aceptación o rechazo de
las enmiendas.
El señor FRUTOS GRAS: Señora presidenta, a lo mejor hubiéramos
ahorrado tiempo si lo hubiéramos hecho directamente. En todo caso, no
puedo aceptar enmiendas porque va a haber votación separada, aunque
las aceptaría muy gustosamente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor Cuadrado, se ha pasado a la Presidencia una nota con la
solicitud de votación separada, que espero que sea coincidente.
Planteaban que hubiera votación separada de los apartados 1, 6, 7, 11
y 12. Y, por otra parte, los apartados 2, 3, 4 -excepto el punto
retirado-, 5, 8 y 9. ¿Es correcta la información? (Asentimiento)
Muchas gracias.
Sometemos a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
gestión en la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, que han
sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 129; en contra, 187; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia
(Aplausos.)
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones
del fracaso del Gobierno y la Unión Europea, para controlar y
erradicar la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina
y garantizar la seguridad del consumo de estos alimentos entre la
población, así como las medidas a adoptar para que situaciones
similares no vuelvan a repetirse.
Sometemos a votación, en primer lugar y de acuerdo con la petición
del Grupo Parlamentario Socialista, aceptada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, los apartados 1, 6, 7, 11 y
12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 14; en contra, 187; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados los apartados de referencia.
A continuación, votamos los apartados 2, 3, 4 -excepto el punto
retirado-, 5, 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
318; a favor, 125; en contra, 187; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados los apartados de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR ELGOBIERNO PARA ACELERAR EL PROCESO
DE ADAPTACIÓN AL EURO POR PARTE DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
(Número de expediente 173/000040.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas
empresas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre. (Pausa.)
Adelante, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario de
Convergència i Unió ha presentado esta moción, consecuencia de una
interpelación urgente, para que el Gobierno adopte e impulse una
serie de medidas orientadas a sensibilizar, informar y dar a conocer
a los agentes sociales y económicos, a la sociedad en general y
especialmente al sector de las pequeñas y medianas empresas, cuáles
han de ser los procesos de adaptación para el cambio de pesetas al
euro.
Como SS. SS. saben, este proceso de adaptación tendrá que realizarse
forzosamente entre el 1 de enero del año 2002 y el 28 de febrero del
año 2002. O sea que, a partir del 1 de marzo del año 2002,
desaparecerán de la circulación financiera las pesetas, en billetes y
monedas, y circularán forzosa y obligatoriamente los euros.
Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está convencido de
que la sustitución de las monedas nacionales por una divisa única es
un acontecimiento histórico financiero que puede generar, sin ningún
género de dudas, muchas oportunidades y retos nuevos. La unión
económica y monetaria ofrecerá, especialmente a las pequeñas y
medianas empresas, oportunidades comerciales y, a nuestro entender,
podrán adquirir solidez y competitividad por tres cuestiones
importantes. En primer lugar, por la desaparición del riesgo del tipo
de cambio en la mayoría de los mercados de la Unión Europea. En
muchos casos, las pequeñas y medianas empresas no han tenido acceso a
la información sobre una medida tan importante como la que antes he
comentado. (La señora vicepresidenta,
Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) En base a este
cambio, tan importante a nuestro entender, también va a existir una
mayor competencia en el sector bancario, con la consiguiente
disminución de los tipos de interés. Por este motivo, las pequeñas y
medianas empresas podrán financiar sus operaciones a un coste mucho
más favorable. Por último, las pequeñas y medianas empresas tendrán
la gran oportunidad de vender sus productos a un mercado muchísimo
más amplio, como es el de la Unión Europea, sustituyendo el mercado
interior por un gran mercado de abasto europeo.
Insistimos en que hay que sensibilizar a la sociedad en general.
¿Cuál es la situación en estos momentos desde la perspectiva de estos
cambios, que a nuestro entender son muy importantes? Entendemos que
existe un clima claro de relajación en el sector de las pequeñas
y medianas empresas y de todos los agentes sociales ante este proceso
de adaptación al euro, porque no existe la conciencia del tiempo en
que se ha de aplicar esta adaptación y también porque no ha existido
información clara, precisa, concreta y específica por parte de las
autoridades, tanto nacionales como autonómicas, sobre la actuación a
seguir.
Por estos motivos, por la falta de información, por la falta de
sensibilización y por el relajamiento que existe en la sociedad en
general, es por lo que nuestro grupo parlamentario ha presentado esta
moción dedicada a sensibilizar y a impulsar una serie de medidas que
entendemos muy importantes para que, a partir del 1 de enero del año
2002, este sector tan importante de las pequeñas y medianas empresas
y los agentes económicos y sociales tengan el conocimiento para que
esta adaptación se pueda producir sin traumas y sin costes
importantes para sus negocios.
Hemos presentado una moción que consta de ocho puntos, orientado el
primero de ellos a aumentar, lógicamente en colaboración con las
comunidades autónomas, la información del proceso de sustitución de
la moneda y, así, facilitar a todos los agentes económicos y sociales
la planificación de sus actividades y sus inversiones para que
efectivamente puedan llevarlas a cabo antes del 1 de enero del año
2002.
Pretendemos que exista un claro impulso por parte de todas las
autoridades competentes, para que antes del 1 de enero del año 2002
las pequeñas y medianas empresas hayan podido adaptar sus
contabilidades y sus aplicaciones informáticas al cambio de la moneda
de pesetas a euros.
Proponemos intensificar durante este año 2001 una serie de campañas
de información de tipo social y educativa, dirigidas básicamente al
sector de las pequeñas y medianas empresas y especialmente a los
ciudadanos, como consumidores que van a ser, acerca de los aspectos
claves de la introducción del euro en el calendario y sus
implicaciones contables jurídicas y fiscales.Al mismo tiempo,
proponemos que exista por parte del
Gobierno y de los medios públicos de comunicación una campaña de
información dirigida a todos los agentes sociales y económicos y a
todas las organizaciones y consumidores en general.
Otro aspecto importante es priorizar, a través de los programas de
formación continua, una formación específica orientada a todos los
mandos intermedios de las pequeñas y medianas empresas. Esta
formación no va a tener ningún coste para ninguna administración y,
sin embargo, al ir dirigida a los mandos intermedios de las pequeñas
y medianas empresas, va a posibilitar que estas adaptaciones se
puedan realizar sin los traumas que podría proporcionar una
adaptación fuera de tiempo y con prisas dentro del año 2002.
Igualmente, proponemos que estos aspectos de formación estén
orientados a los gestores administrativos y a los asesores de las
empresas. Pretendemos impulsar un programa específico de información
sobre la introducción al euro básicamente en sectores tan importantes
como el pequeño comercio y el sector de la hostelería. A tal efecto,
proponemos una serie de medidas para que se puedan adoptar en los
pequeños comercios con las monedas correspondientes, con los
etiquetajes correspondientes, así como también acelerar el proceso de
adaptación de las balanzas, de las cajas registradoras y otros
instrumentos que proporcionen el precio con expresiones de decimales.
Proponemos que esta información llegue también a todas las
organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios más
representativos del Estado, para que pueda ser efectiva, a través de
los comités de seguimiento correspondientes, en la última fase del
período transitorio.
Por último, proponemos un aspecto que creemos muy importante, aunque
de entrada quizás parezca que no se le haya dado la importancia que
merece, como es que el Gobierno y las autoridades monetarias deben
analizar el impacto que la conversión en euros y el posterior
redondeo puedan tener en la política comercial y en el control de la
inflación. Estamos convencidos de que va a haber pequeñas operaciones
que hoy se pueden contabilizar con pesetas, con monedas que no van
a llegar al redondeo del euro, y que en la traducción en euros pueda
haber un redondeo de que lo que cuesta ahora 125 ó 150 pesetas se
pueda transformar en un euro, con el consiguiente incremento de los
costes y de los precios de ventas que nosotros entendemos que pueden
ser de especial incidencia para el control de la inflación.
Hemos presentado esta moción con el objetivo de impulsar la
información para todos los agentes sociales y económicos, y
especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para que tengan
conocimiento de todo lo que se haga durante 2001 y se puedan adaptar
al cambio de la peseta al euro sin traumas y sin el consiguiente
aumento de costes que hagan inflacionario dicho cambio en el Estado
español.
Por todo esto, señorías, pedimos la aprobación por parte de todos los
grupos de la Cámara de la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Con objeto de ahorrar tiempo, me adelanto a precisar cuál es la
posición de nuestro grupo respecto a las dos enmiendas que nos han
presentado, respectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista y el
Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a aceptar gustosamente la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista al primer punto de nuestra moción.
Entendemos que la enmienda hace más fructífera la información con la
incorporación de las corporaciones locales. Va a ser muy positivo que
las corporaciones locales estén implicadas en todas estas
apreciaciones y mecanismos que se pongan en marcha.
También aceptaremos la enmienda que ha presentado el Grupo Popular,
que incorpora una serie de puntos que consideramos importantes porque
complementan el objetivo fundamental de la moción que hemos
presentado ante la Cámara del Congreso de los Diputados. A nuestro
entender, existen algunos puntos coincidentes; concretamente, el 5,
el 6 y el 8. Aceptamos que el punto 7 presentado por el Grupo
Parlamentario Popular sustituya nuestro número 7, y aceptamos,
asimismo, los puntos 9 y 10 de su enmienda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere poner de manifiesto su
preocupación, como ya señaló en la sesión anterior en la que se
presentó la interpelación urgente, respecto al retraso de las
pequeñas y medianas empresas en el proceso de adaptación al euro. De
no remediarse la actual desventaja respecto a las grandes empresas,
entendemos que se van a producir efectos indeseables en nuestra
economía.
Sabemos que este problema no afecta sólo a las pequeñas y medianas
empresas españolas; también las europeas padecen una gran desventaja
con relación a las grandes en el proceso de adaptación al euro. Sin
embargo, los datos que están a disposición de todos aquellos que
quieran obtener en Internet la información que suministra la Unión
Europea señalan que esa desventaja es más intensa en el caso de las
pequeñas y medianas empresas españolas.
Este dato se complementa con otro. El tejido empresarial español se
caracteriza por tener una empresa cuyo tamaño medio es inferior a la
media europea. De
hecho, España e Italia son los dos países que tienen tamaños medios
más reducidos dentro de la Unión Europea y, en concreto, de la unión
económica y monetaria. Eso se proyecta en una consecuencia inmediata,
y es que el censo empresarial de pequeñas y medianas empresas es en
España mucho más alto que en el resto de países europeos. Si tenemos
en cuenta estos dos datos, el hecho de que nuestras pequeñas y
medianas empresas están más atrasadas que las europeas en el proceso
de adaptación del euro y que estas son mucho más numerosas en nuestra
economía, los efectos indeseables a los que me refería al inicio son
evidentes en cuanto tienen unas consecuencias muy importantes en la
generación de empleo y en la propia capacidad de crecimiento. Ese
desigual proceso de adaptación respecto al euro entre las grandes y
pequeñas empresas puede entorpecer, como mínimo, el objetivo ya
inmediato de libre circulación a la nueva moneda, dando lugar a
desequilibrios de orden macroeconómico al manifestarse sus efectos en
aumentos de precios y pérdida de capacidad competitiva de las
pequeñas y medianas empresas, ya que el sistema de pago afecta,
lógicamente, a todo el sistema de compras de la cadena de
transformación y de distribución de los bienes y servicios. Y las
medidas hasta ahora aplicadas por el Gobierno, que se concretan en el
segundo plan nacional de transición al euro y en la Sociedad Estatal
de Transición al Euro (SETE), no han sido eficaces y la muestra son
los datos a los que me he referido: menos del 10 por ciento de
nuestras pequeñas y medianas empresas están en condiciones de
trabajar con euros a partir del 1 de enero. Otra lectura inmediata es
que más del 90 por ciento de nuestras pyme tienen serios problemas
para operar con euros a partir del 1 de enero.
Este problema debe asociarse, como ya lo hemos denunciado respecto a
otras cuestiones que conciernen a la pequeña y mediana empresa, con
la desacertada o mejor dicho inexistente política sobre las pyme del
Gobierno. El Gobierno y el Grupo Popular hacen de las pyme un totum
revolutum que no es sino la plasmación de que no entienden realmente
-soy benevolente- qué quiere decir competir en un mercado global con
un tejido empresarial formado por pequeñas y medianas empresas. Y una
vez más -decía el día anterior- se ha perdido una ocasión para
desarrollar un programa integral de mejora de la competitividad de
este colectivo empresarial; abandono cuyos efectos tendremos que
medirlos a medio plazo y posiblemente -estoy segura- ya no gobernará
el Partido Popular. Pero el nuevo gobierno socialista tendrá que
acarrear con las consecuencias de su falta de decisiones, que se
concretaría en esa merma del potencial de crecimiento económico y de
creación de empleo. A estas alturas, en el mes de febrero del año
2001, del proceso de implantación del euro es inevitable afrontar el
retraso de las pyme en la adaptación a la nueva moneda de forma
urgente y sin embargo parcial, ya que no se abordarán más que cuestiones
de tipo contable, de tipo formativo e informático. Para ello
deben aumentarse los recursos y los instrumentos para aproximar a las
pyme para crear programas específicos que atiendan a los aspectos
concretos de las pequeñas y medianas empresas vinculados esos
problemas no sólo al tamaño, sino al tipo de actividad y al
territorio en el que se localizan. De ahí que estemos de acuerdo con
el contenido de la moción presentada por el Grupo de Convergència i
Unió, a la que incorporamos la necesidad de establecer relaciones de
colaboración no sólo con las comunidades autónomas sino también con
las corporaciones locales en la planificación y realización de las
actividades de difusión y formación de los recursos humanos para que
las pyme adapten, como señalaba, sus sistemas contables, sus
aplicaciones informáticas, conozcan el nuevo marco jurídico, sus
derechos frente a posibles comportamientos oportunistas de la banca
en el cobro de comisiones no autorizadas por ley por la conversión de
sus cuentas actuales en pesetas en euros y también por los efectos
del redondeo y por las consecuencias fiscales que de todo ello se
derivan.
En definitiva, señorías, nuestro grupo va a votar a favor de la
moción, reservándonos -ya lo decimos desde la tribuna- futuras
propuestas que complementen la modernización de las pyme españolas
que no solamente están pendientes de adaptarse al euro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Costa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado miércoles, con ocasión de la interpelación
formulada al señor ministro de Economía, todos tuvimos ocasión de
intervenir en este debate y pusimos de manifiesto la enorme
trascendencia de la cuestión a debatir, nada menos que un hito
histórico en la vida económica y social de España: la desaparición de
la peseta, la implantación de una nueva moneda, el euro, y todo ello
con un horizonte muy próximo, porque llegará dentro de 321 días, el 1
de enero, fecha en la que estarán coexistiendo dos monedas durante
dos meses y a partir del 1 de marzo solamente estará el euro.En aquel
momento entendimos que era muy pertinente la presentación de la
interpelación, tanto por el momento como por la orientación, porque
nos permitía reflexionar sobre este importante tema, sobre cómo
estábamos actuando, sobre cómo estaban actuando nuestras pequeñas y
medianas empresas. En aquel momento entendimos que la intervención
del vicepresidente y ministro de Economía, señor Rato, fue bastante
clarificadora; pudimos conocer las medidas que el Gobierno de España
estabaadoptando al respecto para acelerar el proceso de adaptación
al euro de las pequeñas y medianas empresas en torno a cuatro
grandes ejes de actuación. Entre ellas está, en primer lugar, la
elaboración de un plan de información sobre el euro, dirigido a las
pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que por su dimensión
están más necesitadas de recibir este tipo de información, y también
a aquellos colectivos que desarrollan un papel de intermediación, de
asesoramiento a las pyme, como son las consultorías, las gestorías,
las asesorías fiscales, las asociaciones empresariales y en general
las empresas que desarrollan software empresarial. Conocimos los
acuerdos de carácter sectorial que se habían suscrito con los
diferentes sectores de la economía española, qué medidas se habían
adoptado por la Administración para lograr la adaptación al euro y
qué se había hecho para cubrir el importante tema logístico de la
predistribución de monedas y billetes antes del día 1 de enero de
2002.
Decían los intervinientes que la situación para las pequeñas y
medianas empresas no era excesivamente ventajosa. Yo tengo que añadir
que no estamos satisfechos, lógicamente, del grado de adaptación que
en este momento las pyme han conseguido, pero también podemos decir,
sin ningún género de dudas, que nuestras empresas están muy por
encima de la media de los países de la Unión Europea en relación con
este tema.Hace muy pocos días el eurobarómetro de enero de 2001 ponía
de manifiesto en una encuesta realizada por la propia Comisión
Europea cómo el porcentaje de empresas ya preparadas en la zona euro
es un 26 por ciento en tanto que en España era ya de un 29 por
ciento; esa misma encuesta reflejaba cómo las empresas que
consideraban necesario adaptarse al euro a lo largo de este año eran
el 51 por ciento en la zona euro y ya era de un 64 por ciento en
España. Esto no significa que tengamos que estar plenamente
contentos, pero lo cierto es que nuestra situación en principio es
más favorable que la de la Unión Europea y que, pese a todo, nosotros
seguimos alerta, vamos a intensificar este tipo de medidas, como se
exponía en la interpelación y como se expone muy acertadamente en la
moción que nosotros compartimos. Por eso, anunciamos nuestra
intención de votarla favorablemente con la adición de los apartados
que luego comentaré. Es muy pertinente, como se ha dicho, aumentar,
en colaboración con las comunidades autónomas y -por qué no-, como ya
se está haciendo, con las corporaciones locales a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias, todos los esfuerzos
de información sobre el proceso de sustitución de la moneda. El
próximo día 27 se va a suscribir un importantísimo acuerdo con las
comunidades autónomas para garantizar la difusión generalizada de la
llamada euroetiqueta. Claro que es fundamental impulsar la adaptación
de las contabilidades, de las balanzas, de las cajas registradoras y
habrá que hacer un esfuerzo suplementario en esta materia, como
también -y fue explicado el otro día- nuevas campañas de comunicación
social directas a través de
los medios de comunicación de todo tipo para informar sobre los
aspectos claves (calendario, implicaciones contables, jurídicas y
fiscales) del paso al euro. Es muy importante que la moción recoja la
introducción en los programas educativos de formación continua de
módulos específicos relativos al euro -indudablemente ese es un canal
de información que habrá de rendir extraordinarios resultados- y,
cómo no, un esfuerzo especial en relación con el sector del comercio
y con el de la hostelería, aquellos que por su relación directa con
el público van a tener que jugar un papel más importante de
adaptación. De ahí que celebramos que se haya llegado ya a acuerdos
voluntarios con el comercio minorista que se plasman en lo que
conocemos todos con el código de buenas prácticas, que introduce un
conjunto de diez compromisos que se refieren a áreas de información,
de formación de personal, de seguridad en la conversión, de algo muy
importante: el redondeo sobre la cifra final, la devolución del
cambio en euros, etcétera. También son muy importantes los acuerdos
llevados ya a la práctica en relación con la euroetiqueta, que
pretende garantizar justamente relaciones de confianza entre los
comerciantes y los consumidores, fundamentalmente en lo relativo al
mantenimiento de los precios, vigilando así que esta transición no
tenga efectos negativos sobre la inflación, como creemos nosotros que
no va a tener. Conocimos también el acuerdo firmado con las grandes
empresas de distribución, que indudablemente juegan ya, y jugarán, un
papel más decisivo, como efecto imán, sobre el conjunto de la red de
distribución, tanto de proveedores como de consumidores.
Anunciado nuestro voto favorable a la moción, explicamos brevemente
en qué consisten los puntos que incluimos en nuestra enmienda. Por
una parte, estamos plenamente de acuerdo con que se introduzca a los
consumidores dentro de las actividades de seguimiento de este
proceso, y eso lo entendemos residenciable dentro de los llamados
observatorio local y observatorio autonómico. Por lo que se refiere a
los dos puntos que pretendemos adicionar, el primero de ellos se
refiere a cuantas medidas sean necesarias para la introducción del
euro en la Administración general del Estado con efectos anteriores
al 1 de enero del 2002, y nos referimos a las liquidaciones a la
Seguridad Social que se realicen por vía telemática o en las propias
nóminas del personal al servicio de la Administración del Estado,
medida que tendrá un efecto ejemplar sobre la pequeña y mediana
empresa, así como en lo referente a los contratos públicos con
vencimiento posterior a 31 de diciembre de 2001. También queremos, y
así lo incluimos en un punto de la moción, que el Gobierno impulse
todos los programas dirigidos a los colectivos con especiales
dificultades. ¿Cuáles son estos? Indudablemente los destinados a las
personas mayores, y sería en torno a los ejes de formación directa,
mediante materiales didácticos y juegos con enfoque práctico, y
también a los formadores y responsables de residencias donde viven
estas personas
mayores. Hay que prestar especial atención también a los deficientes
visuales y auditivos, porque lo merecen y lo necesitan. Hay que hacer
un esfuerzo especial en relación con el medio rural. Los que vivimos
en medios rurales donde la población está tan diseminada sabemos las
necesidades más imperiosas que tienen de que les llegue la
información, por eso habrá que hacer un especial esfuerzo, así como
también a la población escolar que, en definitiva, necesita esa
información y la traslada a todos los miembros de la familia.
Finalizo, señorías. Esta moción, que anuncian prácticamente todos los
grupos que va a ser votada por unanimidad, es importante, es un
asunto importante, un auténtico asunto de Estado y nos alegra mucho
que esto suceda así. Confiamos en nuestras empresas, en nuestras
pequeñas y medianas empresas, y estamos seguros de que estarán a la
altura de las circunstancias y que este proceso de adaptación lo
cubriremos perfectamente, máxime teniendo en cuenta que los seis
primeros meses del año 2002 serán los de la presidencia de la Unión
Europea, que todos los ojos estarán puestos en nuestro país, que
seremos un punto de referencia, un punto de referencia muy favorable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): En el turno de
fijación de posición, por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Con gran brevedad. Mi grupo va a votar favorablemente el texto
resultante, dada la posición flexible y abierta que ha anunciado el
portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que ha presentado
la iniciativa de esta moción, aceptando la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista. Es lógico que se reconozca aquí, junto a la
comunidad autónoma, a las corporaciones locales, dado que ellas
tienen las oficinas de información al consumidor y son un instrumento
para dar esta pedagogía fundamental del cambio de mentalidad de ver
el precio de las cosas pasando de pesetas a euros. La finalidad que
tenía la iniciativa del Grupo Catalán se enriquece con la enmienda
que presenta el Grupo Parlamentario Popular, y no está solamente en
que las grandes superficies, las grandes entidades que tienen
capacidad de gestión y de presentación
puedan hacer esta labor didáctica y pedagógica con la
ciudadanía, sino en volver a la esencia de la iniciativa, que es la
pequeña y la mediana empresa. España es un país de comercio
minorista, que a veces está tan atomizado que cualquier producto se
vende en fracciones muy pequeñas. Esto se da no solamente en una
sociedad como la que trae la iniciativa del Grupo Catalán, sino que,
por ejemplo, en Canarias nos encontramos con un doble reto: una
estructura de un comercio minorista que necesita esta labor de apoyo
frente a una verdadera invasión de euros que van a llegar de Europa
en manos de 10 millones de turistas de la Unión Europea que están en
Canarias y que van a ir a comprar a este pequeño comercio minorista,
y es necesario que exista esta labor de aproximación de una manera
distinta de pensar.Por tanto, esta iniciativa, con la adición de las
enmiendas que se aceptan, nos parece digna de apoyo, porque significa
un instrumento para favorecer lo que va a ser una revolución en las
cifras de los precios de compra y venta de los productos. No podemos
dejar pasar ni un día más sin dar este estímulo, porque son las
pequeñas y medianas empresas las que carecen de los instrumentos para
una adaptación rápida al sistema. De aquí, señora presidenta, nuestro
voto a favor.
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.)
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las
medidas que tiene previstas adoptar el Gobierno para acelerar el
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas
empresas en los términos derivados del debate y con la incorporación
de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249.
La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia aprobada la iniciativa de
referencia.
Se suspende la sesión que se reanudará mañana a las 4 de la tarde.
Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.